El periodo que dio comienzo en 1917 es, posiblemente, uno de los más relevantes del siglo XX español. En el año de la Revolución rusa, ha pasado desapercibido el triple proceso revolucionario que tuvo lugar en España, cuyos protagonistas fueron un sector del Ejercito —⁠las Juntas militares—, el movimiento obrero —⁠que convocó una huelga general revolucionaria⁠— y la Asamblea General de parlamentarios catalanes, que exigió el derecho de autodeterminación y participó en la conspiración que fraguó el golpe de Estado del general Primo de Rivera. La revolución española de 1917 fue una de las rupturas políticas más impactantes del Occidente europeo. Inspirada en la revolución rusa de febrero/marzo de ese año y en medio de la Primera Guerra Mundial, la revuelta conjunta de republicanos, sindicalistas, nacionalistas catalanes y militares junteros se convirtió en el suceso más trascendental de la historia de España del siglo XX, porque destruyó el funcionamiento normalizado de la Monarquía constitucional, cortó en seco el nacimiento de la democracia española y abrió las compuertas al largo ciclo autoritario que conoció el país durante el siguiente medio siglo. La revolución española desató las fuerzas que estuvieron tras las dictaduras de Primo de Rivera y Franco, una república inestable y una fratricida Guerra Civil.

Roberto Villa García

1917. El Estado catalán y el soviet español

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Titivillus 18.08.2022

Roberto Villa García, 2021

Editor digital: Titivillus

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A Stanley G. Payne,

mi maestro y mi amigo, con afecto y gratitud eternos.

Prólogo

La trágica muerte de la España liberal

1917 fue el año revolucionario por excelencia del siglo XX. Es fácil identificarlo como el pórtico cronológico de la Revolución rusa, cuya resonancia mundial solo fue comparable a la francesa de 1789. Es bien conocida la fase bolchevique de esa revolución y el movimiento sísmico que ocasionó en Europa tras la Primera Guerra Mundial, pero se ha prestado menos atención a la oleada revolucionaria que provocó la guerra misma y que espoleó el derrocamiento del zar de Rusia en marzo de 1917. Quizá ha sido así porque esta oleada apenas produjo, de primeras, cambios bruscos en los regímenes políticos de los distintos países del continente. Sin embargo, la marejada subversiva fue lo suficientemente potente como para provocar crisis muy graves que afectaron a todos los Gobiernos constitucionales europeos, no solo a los de las naciones beligerantes, sino también a los de las neutrales. En muchos casos, estas crisis ya no encontrarían reequilibrio en los años sucesivos y estuvieron tras la quiebra final de los regímenes liberales.

Este fue el caso de España, entonces la potencia neutral más extensa y poblada de Europa. Su particular revolución de 1917, una de las más importantes del continente, se inspiró directamente en el proceso revolucionario ruso. La revolución española tomó la forma de una revuelta republicana y sindicalista, que potenció la sedición del poder regional en Cataluña, gobernado entonces por los nacionalistas. La hizo posible una sublevación militar que, desde el 1 de junio de ese año, provocó que el poder constituido perdiera el control del Ejército. Antes de esa fecha, los republicanos y los socialistas ya habían intentado forzar esa coyuntura revolucionaria presionando a favor de la ruptura diplomática con los Imperios centrales, incluso si ello suponía la entrada de España en la Primera Guerra Mundial.

Todo esto tuvo lugar en un país muy distinto de la imagen que todavía hoy se divulga en los medios de comunicación o en el sistema educativo. La España de 1917 poco tenía que ver ya con esa caricatura que, cuando alude a los aspectos sociales y económicos, se define en términos de «atraso», «estancamiento» o «fracaso», y que cuando se menciona lo político se etiqueta con «oligarquía» y «caciquismo», el manido lema de Joaquín Costa. La España de hace un siglo era una nación dinámica y progresiva. Ya antes de la Gran Guerra experimentó un desarrollo acelerado que comenzaba a acortar las distancias con las economías más potentes de Europa occidental, y a salvar la brecha abierta durante el medio siglo (1793-1840) de continuas y destructivas guerras externas e internas que había sufrido el país.

Desde el punto de vista político, España se regía por medio de una monarquía constitucional con un gobierno parlamentario. Su entramado de reglas e instituciones era equiparable al de cualquier otro país liberal y poseía innegables potencialidades democráticas, culminadas con la concesión del sufragio universal masculino en 1890. Quizá esta medida había sido temprana, pues reconocía el voto a masas de electores que, a finales del XIX, todavía estaban escasamente alfabetizadas y preparadas para participar en la vida pública. Los ritmos de esa politización podían parecer desesperantemente lentos, sobre todo para los que concebían de forma errónea la activación del voto como algo súbito, desligado del incremento de la competencia y de la paciente movilización electoral de los partidos. Sin embargo, hacia 1917 el sufragio universal funcionaba cada vez mejor y las elecciones fueron progresivamente más disputadas y limpias, comparadas con las del siglo XIX. Cabían pocas dudas de que, de mantenerse la arquitectura del régimen político, esa evolución electoral anticipaba la democracia liberal. En otras palabras: el turno entre los partidos Conservador y Liberal —⁠instituido en tiempos de Cánovas y Sagasta⁠— tenía un horizonte finito y tarde o temprano habría sido sustituido por la competencia electoral o por acuerdos parlamentarios que incrementaran el peso de los votantes a la hora de decidir el partido que debía gobernar.

Por tanto, la revolución no llegó a una España estancada hasta el atraso, sino a un país inmerso en un proceso de cambio acelerado, a cuyos avances correspondían también problemas nuevos y desafíos temibles. Pero hasta la Primera Guerra Mundial —⁠el cataclismo que multiplicó las oportunidades de subversión⁠— nadie hubiera sido capaz de anticipar que estos problemas y desafíos fueran de una magnitud tal que pudieran destruir la España liberal. Un español de 1916 habría reaccionado con el mismo asombro e incredulidad que otro de comienzos del siglo XXI si se le hubiera dicho que su mundo comenzaría a hundirse apenas unos meses después. Menos aún habría podido concebir que, en apenas dos décadas, sería testigo de la caída de la monarquía constitucional, del establecimiento de una república convulsa, de una sangrienta guerra civil y de dos dictaduras militares.

Los sucesos de 1917 tuvieron la fuerza extraordinaria de abrir las compuertas a la tragedia de los veinte años posteriores. Ese proceso revolucionario, cerrado en falso en marzo de 1918, echó abajo los fundamentos políticos trabajosamente construidos desde 1875, que ya no pudieron redefinirse para facilitar el tránsito a la democracia liberal. La hondura de la crisis provocada por la revolución de 1917 no solo impidió un reequilibrio democrático, sino que ofreció la coyuntura ideal para que triunfara la primera dictadura de 1923, que inauguró un ciclo autoritario del que España ya no se apartaría hasta la muerte de Franco.

Los protagonistas de aquella revolución fueron las fuerzas que habían impugnado tradicionalmente la España liberal: las izquierdas republicana, socialista y anarcosindicalista, por un lado, y el nacionalismo catalán, por otro. Todas ellas percibieron la Primera Guerra Mundial y sus graves secuelas económicas, sociales y políticas como una ocasión de oro para derribar la monarquía constitucional vigente, con el fin de implantar los sistemas de gobierno que patrocinaban. Las izquierdas coincidieron en que el objetivo debía ser una república gobernada exclusivamente por ellas, una república que debía institucionalizar un reforzado poder sindical para el que la CNT y la UGT se inspiraban en el soviet ruso de Petrogrado, y que debía abrir la puerta a una evolución hacia el socialismo, ya fuera de inspiración marxista o bakuninista. Para el nacionalismo integrado en la Lliga, el objetivo era erigir un Estado catalán distinto del español, con fórmulas de relación muy tenues cuando no inexistentes, y sobre el cual el catalanismo pudiera establecer un monopolio político. Ambos proyectos convergían en una república confederal, cuyo nexo fue la pomposamente denominada «asamblea de parlamentarios», un órgano con pretensiones de constituirse en un sucedáneo del Bloque Progresista de la Duma rusa que acabó con la monarquía del zar Nicolás II.

Con todo, ni siquiera los costes diplomáticos, económicos y sociales que la Gran Guerra cargó sobre España habrían bastado para abrir una coyuntura revolucionaria si todas estas fuerzas no hubieran contado con el auxilio de una rebelión militar que, a partir de junio de 1917, destruyó la disciplina en el Ejército e instauró un poder rebelde, las llamadas Juntas de Defensa, frente a la autoridad de la Corona y del Parlamento. Lo destacable era que, aunque entre los oficiales rebeldes había republicanos —⁠como su máximo exponente, el coronel Márquez⁠—, la gran mayoría eran realmente partidarios de un regeneracionismo de derechas, muy próximo a la tendencia autoritaria que afloraba en un sector del movimiento maurista, esto es, de los seguidores de Antonio Maura. Esta derecha antiliberal y militarista, con la que se identificaba también el catalanismo lligaire, acabaría inspirando las posteriores experiencias dictatoriales de los generales Miguel Primo de Rivera y Francisco Franco.

Frente a las interpretaciones tradicionales, esta investigación muestra la revolución española de 1917 como un proceso único. No hubo tres revoluciones inconexas, sino iniciativas que, aun con protagonistas distintos, acabaron entrelazándose a partir de junio de ese año en una acción revolucionaria común. Este trabajo constata que sus promotores —⁠izquierdas republicanas y obreristas, nacionalistas y junteros— no fueron fuerzas democráticas a las que un sistema oligárquico se negaba a integrar, sino movimientos que aspiraban a derribar una monarquía representativa. Eran adversarios doctrinales de la democracia liberal, que quedaba subordinada, cuando no abolida, a una serie de proyectos maximalistas —⁠la república de izquierdas, el socialismo en sus distintas vertientes, el Estado catalán—, que excluían en todo caso la supervivencia del modelo constitucional de 1876. Eso explica que sea erróneo concebir la asamblea de parlamentarios como una plataforma democratizadora dentro del sistema político. Por el contrario, fue un poder revolucionario, paralelo al del Gobierno, que pretendió constituirse en la cobertura civil de dos golpes de Estado: el de la insurrección republicana que debía iniciarse con la huelga revolucionaria de UGT y CNT (julio-agosto de 1917) y el de las juntas militares que derribaron al Gobierno Dato (octubre de 1917).

La monarquía de la Restauración sigue teniendo sus detractores a izquierda y a derecha, y no puede decirse que en 2021 se haya difuminado, ni en la historiografía ni menos aún en la enseñanza regular o en los libros o artículos divulgativos, la imagen distorsionada de «oligarquía» y «caciquismo». Esta construcción regeneracionista fue amplificada a posteriori, sucesivamente, por la dictadura de Primo de Rivera, la izquierda republicana y socialista y la derecha católica y corporativa de la Segunda República y la dictadura de Franco, para afirmar la legitimidad de sus respectivos proyectos políticos frente al liberalismo constitucional. Ello explica la ligereza en considerar hoy como precursores de la democracia actual a las fuerzas que, en 1917, y a izquierda y derecha, se coaligaron para destruir una monarquía democrática ya en ciernes.

Adolfo Posada, un afamado profesor de Derecho Constitucional republicano y crítico con aquella monarquía, no dudó en reconocer ya durante el franquismo que nunca España estuvo más cerca de una evolución democrática, parecida a la inglesa o a la belga, como en la Restauración; ni siquiera con una República a la que Posada no dudó en calificar de «desdichada», «agria» y «lóbrega»[1]. A ese camino a la democracia se añadían las libertades que los españoles disfrutaban ya antes de 1923, «una libertad que entonces parecía imperfecta», señalaba otro testimonio crítico como el de Gregorio Marañón, pero que para él se demostraría muy superior a la que se experimentó a partir de ese año y hasta 1975. «Ha sido preciso el gran dolor de estos días —⁠sentenciaría el propio Marañón en sus Ensayos Liberales, al recordar todo lo sucedido tras la caída de la monarquía constitucional⁠— para que nos demos cuenta del bien perdido y de su magnitud»[2]. Hasta Manuel Azaña, desengañado ya del sectarismo político de los años 30, hizo decir a uno de sus personajes de La velada en Benicarló lo siguiente: «En cierta ocasión escribí que entre los valedores de la República debía establecerse un convenio, un pacto como aquel que se atribuyó a los valedores de la Restauración»[3].

Lo valioso de esos testimonios, por tratarse de afines al republicanismo, no debe ocultar los de quienes, ya el mismo año de 1917, se hicieron cargo de lo que suponía aquella ruptura antiliberal. Uno especialmente significativo fue el del embajador británico Arthur Hardinge, ajeno a las luchas políticas españolas y que procedía de un país al que entonces se reconocía como el modelo de gobierno parlamentario. En uno de sus informes reservados, citado en este libro, Hardinge advirtió a su Gobierno de que la revolución española de 1917 se disponía a derribar un régimen constitucional que, con todos sus defectos, era homologable al británico, para implantar una república que convertiría a España en el «México de Europa». En otras palabras, y refiriéndose al caso español, Hardinge aludía a una república inestable y autoritaria, tutelada estrechamente por unos militares rebeldes, abierta a la apropiación sindical de la economía y dispuesta a deconstruir la nación liberal para otorgar un estatus específico a una Cataluña gobernada por y para los nacionalistas. Un horizonte que guarda no pocas semejanzas con determinadas fases de la república de 1931 a 1939, y que poco tenía que ver con el de una democracia liberal.

Este libro se planteó inicialmente como una historia política sobre la quiebra de la monarquía liberal. Acabó convirtiéndose en una historia de la revolución española de 1917 ante la magnitud de los aspectos que aún quedaban por aclarar y analizar, y las enormes posibilidades que todavía ofrecían las fuentes archivísticas y hemerográficas. Pero también se tratan con la profundidad imprescindible, para huir de la superficialidad de tantos relatos, las claves de la grave crisis política que generó, las enormes secuelas que esta produjo, y que, al no poderse solventar durante el quinquenio posterior, dieron al traste con el régimen constitucional.

Por tanto, aquí se defiende que el año revolucionario por excelencia del siglo XX fue también el punto de ruptura más trascendental de la Historia de España en toda esa centuria, hasta el punto de condicionar nuestra vida política en sentido contrario a la democracia durante las seis décadas siguientes. 1917 actuó como un veloz corredor de tiempo que iba a alejar a generaciones de españoles de la política constitucional y la libertad civil. Inauguró un periodo de ensayos exclusivistas y autoritarios que, a excepción de los breves intersticios abiertos por los epígonos del liberalismo (1918-1923, 1930-1931, 1933-1936), ya no iban a cancelarse hasta 1975.

Como curiosidad última, el lector podrá reconocer en estas páginas a casi todos los actores que entre 1923 y 1939 iban a disputarse violentamente el monopolio del poder. Lo sorprendente es que en 1917 no aparecen enfrentados, sino actuando en una insólita coalición para destruir la vía media que representaba aquella monarquía liberal.

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La España de 1917

La nochevieja de 1916 fue tristísima en aquella Europa en llamas. El año nuevo de 1917 se recibía sin perspectivas de que terminara la Primera Guerra Mundial, iniciada hacía casi dos años y medio. Por entonces, muy pocos países europeos escapaban de la tragedia y España era la más extensa y poblada de las naciones neutrales. En contraste con la penuria y la oscuridad impuesta por el racionamiento de carbón en otras capitales europeas, Madrid pudo permitirse recibir con alegría el estreno de 1917. La Puerta del Sol lucía espléndidamente iluminada, y en la plaza se arremolinaban las gentes que, con disfraces, se disponían a participar de la fiesta. El presidente del Consejo de Ministros en ejercicio y líder de la izquierda constitucional, conde de Romanones, contemplaba con satisfacción los bailes y la algarabía desde la balconada del Ministerio de la Gobernación, instalado en la antigua Real Casa de Correos. Ya por entonces era costumbre apurar las doce uvas antes de año nuevo, pero, por vez primera, se haría al son de las campanas[4]. El júbilo por haber cruzado el umbral de 1917 solo anunciaba el principio del jolgorio, pues en aquel Madrid también se trasnochaba hasta el amanecer. La mañana del 1 de enero servía para desembotarse, dormir y recuperar fuerzas. Por la tarde se ofrecían nuevos festejos, entre los que no faltó, gracias al buen tiempo, la clásica novillada. Los toros eran entonces un verdadero espectáculo de masas.

Más solemne había sido, como correspondía a la etiqueta, la entrada de año nuevo en el Palacio Real. No había faltado en la capilla el tradicional Te Deum con el que se agradecía el feliz término de 1916, pero acompañado de rogativas para que el nuevo año fuese el último de la guerra. No estaban de más, pues España se sustraía con cada vez más dificultad de aquel conflicto global.

A la ceremonia había acudido la familia real en pleno, con Alfonso XIII al frente. Rey constitucional desde su nacimiento, llevaba en ejercicio desde 1902. El monarca todavía era joven: solo contaba treinta años. De estatura media, esbelto, moreno, tez pálida y rasgos habsbúrgicos, su parecido con Felipe IV, el penúltimo Austria, se evidenciaba con los años. El rey era de porte elegante y distinguido, rasgo este compartido con su madre, María Cristina de Habsburgo, reina regente de España de 1885 a 1902 y discreta tutora del monarca durante sus primeros años de reinado. Aunque se mantenía en un segundo plano, seguía desempeñando el papel de consejera de la máxima confianza del rey. Prima del emperador Francisco José de Austria-Hungría, austriaca ella misma hasta su matrimonio con Alfonso XII y hermana del comandante supremo de los ejércitos imperiales, el archiduque Federico de Austria, María Cristina tendría que «haber dejado de ser humana» si no hubiera sentido en aquella guerra «natural simpatía por su país de nacimiento»[5]. Como Austria se batía junto a Alemania, se daba por hecho que María Cristina era el puntal más firme de la germanofilia en Palacio.

Sin embargo, eso era ir demasiado lejos. Desde hacía décadas, la exregente identificaba el interés de su dinastía con el de España y nunca llegó a postular la alineación, abierta o velada, de su país con las potencias centrales. Tampoco interfirió en la política exterior la esposa del rey, Victoria Eugenia de Battenberg, un año más joven que Alfonso XIII y a la que se le presuponía, y así era, una firme anglofilia. De gesto regio, rasgos finos, ojos azules y tez clara, la reina había pertenecido, antes de casarse, a la familia real británica, como nieta de Victoria I. Aunque el matrimonio no había sido un mero un negocio de Estado, sí supuso para España una elección diplomática: la de estrechar lazos con la monarquía británica, todavía la más poderosa del mundo. En 1917 ya habían nacido los seis hijos del matrimonio real, cuatro varones y dos mujeres, de modo que la sucesión habría estado más que asegurada si no fuera por la hemofilia, una enfermedad hereditaria que afectaba a dos de los niños.

En todo caso, Alfonso XIII pudo desenvolver, sin demasiadas presiones de su entorno familiar, su política personal respecto de la Gran Guerra. Inclinado personalmente hacia la alianza franco-británica, en cuya victoria aún confiaba, y nada afín al altivo káiser alemán Guillermo II, el rey entreveía que la prolongación del conflicto y el equilibrio entre los bandos harían ineludible una paz negociada, idea que, además, abonaba el creciente hastío de la opinión pública en los países contendientes y el riesgo de una quiebra revolucionaria. Alfonso XIII soñaba con erigirse en mediador, instalando la conferencia de paz en Madrid y realzando de esa forma el papel internacional de España. Expectativas que, por entonces, se alentaban desde Viena, pues hacía poco más de un mes que había muerto el longevo emperador Francisco José, al que sucedió su sobrino nieto, Carlos I, que patrocinaba prudentemente la salida de Austria-Hungría del conflicto. Con el cambio de monarca, la gran obsesión de Alfonso XIII era coadyuvar a esa paz por separado. Abogó repetidamente por ella ante los embajadores y agregados militares de Reino Unido y Francia. De hecho, el rey ganó para esta causa al agregado francés, general Denvignes[6].

La ambición del monarca coincidía con un diagnóstico de la situación bastante realista. En aquella Navidad se había agotado el espíritu alegre y combativo con el que gran parte de los jóvenes de las naciones beligerantes afrontaron el comienzo de la Primera Guerra Mundial, en agosto de 1914. Imbuidos en la idea de que la guerra era a un tiempo una fatalidad inevitable de la vida nacional y una «prueba máxima de la virtud cívica»[7], en tanto que suprema demostración del valor y el patriotismo, aquellos millones de soldados no sabían que estaban destruyendo la Belle Époque y protagonizando la primera de las tragedias europeas del siglo XX. La Gran Guerra inauguró lo que un observador privilegiado del periodo, el historiador Élie Halévy, llamaría veinte años más tarde «La era de las tiranías», es decir, el imparable retroceso del liberalismo en el viejo continente en beneficio de las ideocracias comunista y fascista.

El conflicto y su onda expansiva, prolongada años después de la Paz de Versalles, socavarían las democracias erigidas de cero durante la posguerra en las nuevas naciones creadas a partir de la desintegración de los imperios centrales. Además, el constitucionalismo experimental del periodo de entreguerras dotaría a estas democracias de lo que Ferdinand Hermens calificó de canales impropios de gobierno: el escrutinio proporcional y su secuela de parlamentarismo fragmentado e inestabilidad gubernativa. Estos fenómenos facilitaron la penetración de las fuerzas revolucionarias desatadas en la guerra dentro del sistema, y permitieron el uso de las reglas e instituciones democráticas contra la democracia misma[8]. La amenaza revolucionaria sobre marcos nacionales inéditos e instituciones inestables generó —⁠polarizadas entre el bolchevismo ruso y el fascismo italiano⁠— una floración de dictaduras militares que acabaría arrinconando al constitucionalismo en los extremos occidental y septentrional de Europa.

Los Gobiernos de 1917 abrieron los ojos poco antes que sus soldados, preocupados por la erosión que aquella guerra sin final producía en los fundamentos políticos de sus respectivas naciones. Tres años antes no habrían creído que la contienda llegaría a convertirse en la más sangrienta y «democrática» de la historia de la humanidad, pues por vez primera implicó a todos los ciudadanos de los países beligerantes, sin las intermitencias que aliviaban los desastres bélicos del siglo XIX. Ni siquiera los habitantes de los países neutrales como España escapaban a sus coletazos.

Pero si Alfonso XIII esperaba que del agotamiento y hastío de los pueblos surgiera el impulso para una paz negociada, se engañaba. Era cierto que contendían países constitucionales o semiconstitucionales, como Rusia desde 1905, y algunos, como Francia o Reino Unido, tenían Gobiernos responsables ante el Parlamento y la opinión pública. En otros, como Alemania o Austria-Hungría, la fiscalización de los Gobiernos se realizaba a través de sus respectivas cámaras, que ejercían importantes funciones legislativas y económicas. Sin embargo, lejos de estimular la desescalada, esas formas de gobierno incentivaron la prolongación del conflicto. Los sufrimientos acumulados en dos años y medio habían sido tan grandes, y los muertos y mutilados tan numerosos, que ningún político se atrevía a dar tan inconmensurable esfuerzo por inútil. ¿Cómo dar el primer paso y defender una paz negociada sin quedar como traidor? «Cuanto más dure la guerra, más va a durar», sentenciaba el filósofo francés Alain, y lo peor es que iba a aniquilar «la democracia, de la que sin embargo recibe lo que perpetúa su curso». La muerte de la democracia, completaba Halévy, haría imposible volver al equilibrio europeo de 1914. Habría un estado de guerra permanente salpicado de «paces falsas, paces precarias», que haría estallar el juste milieu («justo medio»), representado por el constitucionalismo liberal, en beneficio de los constantes bandazos entre un «socialismo de Estado» y otro «revolucionario y anárquico». De ahí que Halévy, dos décadas después, considerara al comunismo y al nazismo como la culminación de ese proceso revolucionario del que la Gran Guerra había sido catalizador y precipitante: ambos significaban la instauración de un «régimen de guerra» en tiempos de paz, una mutación que a Alfonso XIII no se le escapaba. En julio de 1917, el rey aventuró, ante un corresponsal del Daily Express, que ante los «inmensos movimientos» que la guerra causaba en todos los países, «los Gobiernos futuros habrán de iniciarse hacia un socialismo, a un género de socialismo de Estado»[9].

El suicidio de Europa

El rey, como Halévy, solo constataba la tendencia de los cambios introducidos por la guerra en todos los ámbitos de la vida. El primer conflicto total de la historia de la humanidad exigió una movilización tan ingente de seres humanos y recursos materiales que los caminos por los que discurrían la política y la economía se desvirtuaron. Los ejércitos sustrajeron millones de hombres jóvenes a todos los sectores de la vida social, un hueco que los varones maduros no pudieron cubrir y que aceleró la lenta, aunque perceptible, incorporación de las mujeres a la vida pública. La crueldad de la guerra no se explicitó solo en la muerte de millones de combatientes, sino en la violación constante de las convenciones internacionales que trataban de humanizar la lucha. Ni las retaguardias, tomadas como objetivo bélico en aquella grandiosa batalla de desgaste, pudieron resguardarse de las privaciones, de los bombardeos, de las deportaciones e incluso de la política de tierra quemada impuesta por los movimientos de frontera.

En la esfera económica, los Gobiernos de los países beligerantes extendieron hasta lo inverosímil su intervención en tiempos de paz ante la necesidad de desviar una cantidad ingente de recursos pecuniarios, alimentarios, textiles, energéticos, médicos y de transporte a ejércitos gigantescos. La carestía que esto provocaba en la retaguardia, agravada por los bloqueos marítimos, se reflejó en las enormes alzas en los precios, sin precedentes al menos desde 1850. La velocidad de la escalada aumentó con la devaluación de las monedas. Los Gobiernos suspendieron su conversión en oro e incrementaron la circulación fiduciaria para cubrir parte de los gastos extraordinarios. No bastaban para financiar la guerra ni la notoria elevación de los impuestos ni la requisa selectiva de la propiedad privada. Entre 1913 y 1918, los precios se multiplicaron por 3,1 en Alemania, por 2 en Reino Unido, por 2,1 en Francia y por 2,6 en Italia. En Rusia lo hicieron por 4 solo entre 1914 y 1917[10]. Las consecuencias calamitosas que para el consumidor tuvo el encarecimiento de los productos de primera necesidad obligaron a los Gobiernos a controlar progresivamente los grandes medios de producción, distribución e intercambio, y a fijar precios y salarios. El racionamiento se convirtió en la práctica señera para combatir la carestía y la inflación, y prolongar la capacidad de resistencia de los ciudadanos. Ese «estatismo» reforzó el corporativismo como forma de organización productiva, y el sindicalismo para controlar las relaciones laborales. Pero, a su vez, los intereses de los agentes económicos quedaron supeditados a las prioridades de los Gobiernos, cuyo objetivo supremo era la victoria bélica.

El dominio del Estado llegó también a la esfera del pensamiento. La dilatación y la dureza del conflicto hicieron imposible tolerar las expresiones abiertamente desfavorables al esfuerzo de guerra, ligado ya a la supervivencia misma de la nación. Los pacifistas, a los que se consideraba difusores de una desmoralización que servía al enemigo, fueron silenciados: si levantaban la voz contra las disposiciones del estado de guerra, eran multados o encarcelados. A las minorías lingüísticas y religiosas desafectas también se las veía como un obstáculo para la regimentación de la retaguardia, por lo que fueron sometidas a estrecha vigilancia y se aceleró su asimilación forzada a la cultura predominante. Era el sueño de un nacionalismo que se había extendido por la Europa central y oriental antes de 1914 pero que ahora se había radicalizado con el conflicto. Algunas de estas minorías fueron incluso peor tratadas que el enemigo de guerra. Un caso extremo fue el de los cristianos ortodoxos bajo dominio turco y su expresión más cruel: el genocidio armenio.

Pero el control del pensamiento no fue exclusivamente campo para la represión. Los Gobiernos combatieron el hastío organizando el entusiasmo. La propaganda, gracias a la creciente influencia de los medios de comunicación de masas como la prensa y los nacientes cinematógrafo y radio, disipó la desmoralización en el frente y la retaguardia y dio razones para aceptar los sacrificios. Aquella regimentación parecía ineludible. El costoso servicio de armas, la militarización de la vida en retaguardia, la inflación y la carestía, la requisa de la propiedad o el establecimiento de nuevos impuestos, podían generar con el tiempo una insatisfacción desestabilizadora. La unidad y el espíritu de sacrificio que habían mostrado los ciudadanos de los países contendientes hasta 1917 señalaban la eficacia con que se había difundido el patriotismo cívico en Europa occidental y la ideología nacionalista en la central.

Precisamente, otra peligrosa secuela de aquella guerra total fueron las técnicas desarrolladas por los beligerantes para destruir la cohesión política de la retaguardia enemiga. Agentes a sueldo sobornaban a directivos sindicales para agudizar la conflictividad laboral y paralizar la producción, o azuzaban a los movimientos separatistas contra sus Gobiernos con promesas de que la victoria les otorgaría, mediante una futura reordenación territorial, su Estado independiente. Los aliados se lo prometieron a los grupos eslavos de Austria-Hungría, o a los árabes de Turquía. Pero fue Alemania la que subvirtió con fruición la retaguardia de sus adversarios; no solo hizo promesas a fineses o lituanos para socavar a Rusia, sino que, además, patrocinó la yihad en las posesiones musulmanas británicas, el independentismo marroquí contra Francia[11] o la rebelión de los nacionalistas irlandeses en 1916. Los alemanes también financiaron movimientos pacifistas y sus ramas revolucionarias en los partidos socialistas francés, ruso o italiano, así como al anarquismo y al sindicalismo revolucionario, incitándoles a cometer huelgas y sabotajes.

En 1917, cuando se extendiera la percepción de que solo una victoria total garantizaba la supervivencia nacional y la de la forma de gobierno, la desestabilización de las retaguardias, al calor de las privaciones y el hastío bélico, se generalizaría por todo el continente. Para alcanzar una paz favorable a sus intereses, Berlín se fijó como objetivo sacar de la guerra a Italia y a Rusia, debilitada ya su capacidad de resistencia. El auxilio que los alemanes dieron a las fuerzas revolucionarias de estos dos países tendría consecuencias trascendentales para el futuro inmediato, especialmente en el Imperio de los zares.

La intensa y prolongada intervención de los Gobiernos en la vida de los ciudadanos no fue la misma en todas las naciones europeas: existían diferencias notables, por ejemplo, entre un Reino Unido liberal y una Alemania que experimentaba su «socialismo de Estado». Sin embargo, en todas partes se normalizó la omnipresencia de un Gobierno sin límites para entrometerse en la esfera privada de los individuos y con pretensiones de reorganizar a la sociedad civil. ¿Cómo no iban a ampliarse las expectativas de aquellas doctrinas socialistas o nacionalistas que habían visto en el Estado un medio ideal para construir un hombre nuevo? Y más cuando los beneficios inmediatos de esa intervención estatal —⁠racionamiento alimentario, estabilidad laboral, asistencia sanitaria⁠—, que para muchos europeos eran inseguros antes de 1914, hacían que los ciudadanos fuesen cada vez más permeables a dicho control. Casi todo el mundo atisbaba que el fin de la guerra supondría también la cancelación de unos beneficios que unos Gobiernos endeudados y unas sociedades sometidas a una inflación galopante no podrían mantener. La anunciada depresión de posguerra, que devendría del ajuste presupuestario, el incremento del tipo de interés y las medidas deflacionarias, abrían la tan apetecida coyuntura que permitiría pasar de ese «socialismo de Estado» al «socialismo revolucionario», si es que no lo hacía antes la desafección por un conflicto interminable.

Halévy supo detectar el vínculo existente entre la guerra total y la pasión revolucionaria, que a él le parecía dormida desde el fracaso de la Comuna parisina en 1871. Pertenecía a una generación, la de los nacidos alrededor de la década de los setenta del siglo XIX, que había crecido en una era de baja conflictividad, comparada desde luego con la centuria inmediatamente anterior (1775-1871). Por ello no es de extrañar que la Gran Guerra marcara una impronta traumática en sus vidas. Cierto que el incremento de los conflictos entre 1905 y 1914 había hecho predecir a los intelectuales socialistas y nacionalistas una guerra internacional cuyos efectos desestabilizadores iban a desbloquear esa ansiada revolución que debía conducir a un mundo nuevo, pero sus profecías se tomaban con escepticismo.

El terremoto de la Gran Guerra no era la culminación de una quiebra previa de la forma de gobierno liberal; por el contrario, interrumpía una tendencia, problemática pero cierta, hacia la universalización del principio de libertad en política y en economía, y su secuela de prosperidad y derechos civiles más amplios y mejor garantizados. En 1914 despuntaba ya la primera globalización económica, los Gobiernos europeos convergían política y jurídicamente en torno al constitucionalismo liberal, con sus variedades nacionales, y había una cultura científica y unos valores comunes. Halévy no exageraba al evaluar el corte brusco que la guerra significó en la vida de los europeos. Bastaron cinco semestres para torcer esa tendencia. 1917 se estaba convirtiendo en un «violento corredor de tiempo comprimido» que alejaba irrevocablemente a los europeos «del mundo de 1914»[12].

Un conflicto estancado

Al alborear el año revolucionario por excelencia del siglo XX, Mariano Marfil, cronista de guerra de la revista Nuestro Tiempo, abonaba a la vez las esperanzas y los temores de Alfonso XIII. Profetizó que, o se anudaba en 1917 la paz, o las retaguardias de los beligerantes harían explosión en el cuarto invierno bélico[13]. Pese a esta acertada predicción, las operaciones militares parecían conducir a un estancamiento, a un empate continuo que alejaba la paz. Esto engrandecía el prestigio de las potencias centrales —⁠Alemania, Austria-Hungría, Turquía y Bulgaria⁠—, que habían sido capaces de mantener a raya a una alianza décuple que, agrupada tras Reino Unido, Francia y Rusia, sumaba a Japón, Italia, Bélgica, Serbia, Portugal, Montenegro y Rumania. Era esta amplia Entente la que daba tono mundial a un conflicto básicamente europeo, pues las colonias ultramarinas de Alemania ya habían caído en manos aliadas. El optimismo que en 1916 despertaba la expectativa de un triunfo militar de la Entente se había enfriado. Es verdad que la Marina aliada, liderada por los británicos, resistía la incursión de los submarinos alemanes y consolidaba su dominio del océano tras encajonar a la flota germana en la batalla de Jutlandia. El bloqueo marítimo contra las potencias centrales, declarado en septiembre de 1914, se estrechaba y la Marina aliada registraba y se incautaba de la carga de cualquier mercante sospechoso de enfilar puerto enemigo. Franceses y británicos no solo eran capaces de defenderse con éxito de las acometidas alemanas, como Verdún acreditó nuevamente en 1916, sino que respondían con potentes contraofensivas, como la que desembocó en la terrible batalla del Somme, que diezmó a ambos contendientes y provocó un importante repliegue de los alemanes, que perdieron parte de las posiciones que ocupaban desde el inicio de la guerra en Bélgica y el norte de Francia.

Pero las potencias centrales también acreditaron una notabilísima capacidad de resistencia y una admirable organización de la retaguardia. No solo consiguieron frenar la ofensiva del Somme, sino también los ataques combinados de los italianos en la frontera sur, de los rusos en Galitzia y de los rumanos en Transilvania, operaciones casi simultáneas con las que los aliados esperaban destruir a sus rivales. Fueron precisamente los éxitos defensivos de los centrales los que harían que, nuevamente, millones de soldados se inmovilizaran en las célebres e insalubres trincheras durante el invierno de 1916 a 1917, a la espera de que la meteorología facilitara nuevas ofensivas. La Entente tan solo podía vanagloriarse de que sus ofensivas de 1916 dejaran maltrechos a los aliados de Alemania, una situación que impulsó a Berlín a aprovechar sus éxitos para abrir negociaciones de paz el 12 de diciembre de ese año. La exploración fue rechazada abruptamente por los aliados, que no querían parlamentar en un contexto militar que no les favorecía, pues Alemania aún controlaba Serbia, Montenegro, Polonia, Bélgica y varios departamentos franceses. Los aliados estaban convencidos de que solo Berlín sostenía el esfuerzo bélico de los centrales y de que Austria, Turquía y Bulgaria habían llegado ya al límite de sus fuerzas, mientras que sus adversarios no habían desplegado aún todo su potencial, con el que esperaban cambiar el curso de la guerra en 1917.

Pero para el observador imparcial aquello no pasaba de ser una esperanza. En enero de 1917, los ejércitos austro-alemanes completaron la ocupación de Rumania, que quedó fuera de juego al poco de entrar en la guerra. Los centrales aseguraban el contacto territorial con sus aliados búlgaro y turco, plantaban su avanzada en la llanura moldava y amenazaban a una Rusia cada vez más aislada de franceses y británicos. La sensación de cerco del zar Nicolás II se incrementaba tras perder Polonia y después del fiasco aliado en su desembarco de Galípoli. Los avances rusos apenas servían para desgastar al ejército austro-húngaro y las fuerzas aliadas en Salónica permanecían inmovilizadas, contenidas por el ejército búlgaro, sin completar su misión de aislar tanto a turcos como búlgaros de los alemanes y austriacos, ni de contener el derrumbe rumano. En realidad, no servían más que para ejercer presión sobre el rey de Grecia y su Gobierno, a los que se intentaba convencer de que entraran en la guerra al lado de los aliados. Los británicos se sentían impotentes para abrir una vía de contacto en Próximo Oriente, donde los alemanes habían conseguido completar el ferrocarril que enlazaba Hamburgo con Bagdad. En esas condiciones, ningún observador encomendaba en 1917 el fin de la guerra a una batalla decisiva. El recrudecimiento de un conflicto que debía encontrar nuevas vías para desgastar al enemigo, anticipaba el incremento de las dificultades diplomáticas y económicas para una España cada vez más amenazada por los coletazos de la hidra.

Una neutralidad a contracorriente

Contra el tópico, la neutralidad española no vino determinada por el aislamiento internacional, la falta de una diplomacia definida o, ni siquiera, las supuestas carencias militares y económicas, aun cuando esas flaquezas fueran motivos disuasorios. Por diversas causas, países más débiles y pobres que España se enrolaron en el conflicto y ni siquiera vecinos con tanta afinidad como Italia o Portugal se inhibieron.

Entre 1902 y 1913, España se había volcado en estrechar relaciones con Francia y Reino Unido, sobre todo para asegurar sus propias fronteras europeas, sus asentamientos africanos (Río de Oro —⁠el actual Sahara⁠— y la Guinea) y un perímetro de seguridad en el norte de Marruecos, que desde 1912 había tomado forma de protectorado después de que Francia decidiera dar por muertas las estipulaciones de la Conferencia de Algeciras (1906) y acabar con la independencia del sultanato marroquí. La orientación diplomática de España era, por tanto, defensiva y no expansionista, y su objetivo era apartarse de cualquier conflicto que no tuviera que ver con sus intereses nacionales.

Pero una cosa era declarar la neutralidad y otra garantizarla en medio de aquel cataclismo. Ser una potencia no significa más que la posibilidad de limitar la capacidad de maniobra de otra potencia, y ese no era el caso de España, al menos ante las naciones que lideraban los bloques en disputa. La neutralidad no era, como se repite con simpleza, un acto de impotencia o de mero voluntarismo. La conexión de la economía española con las de otros países nunca había sido tan fuerte como en 1914, y existía una clara interdependencia con todos los beligerantes, sobre todo con Francia y Reino Unido. Por ello, la guerra y sus bloqueos terrestres y marítimos trajeron consigo turbulencias financieras y comerciales, que a su vez afectaron al abastecimiento de las materias primas y la maquinaria que España necesitaba comprar.

Aún peor, la prolongación del conflicto previsiblemente iba a multiplicar las presiones diplomáticas de las grandes potencias para obligar a los neutrales a decantarse por un bando e incluso entrar en el conflicto. Si, antes de 1917, la presión se hizo preferentemente por medio de tentadoras ofertas de ganancias económicas y territoriales, a partir de ese año ganaría terreno la coacción directa a los Gobiernos bajo amenaza de represalias económicas y políticas. En aquella guerra a muerte, hasta la neutralidad comenzó a interpretarse como indiferencia inamistosa.

En España, la propaganda de los contendientes propició que la opinión pública —⁠los españoles interesados en la política⁠— se polarizara entre aliadófilos y germanófilos, una división que se acentuaba en los partidos extremos, pues el grueso de los republicanos y los socialistas se decantaba por la Entente, mientras que la mayoría de los carlistas y la derecha católica lo hacía por los Imperios centrales. Indirectamente, ambos sectores ligaban el triunfo de sus principios y de las formas de gobierno que promovían a la victoria de uno u otro bando[14]. Pensaban que las oportunidades de implantar esos principios aumentarían si la guerra la ganaba el bando al que apoyaban, decantando a su favor el punto de equilibrio que suponía la monarquía constitucional vigente. Por tanto, para los Gobiernos, la neutralidad no era solo diplomacia, sino política interior, y política activa y vigilante. Y de suma dificultad, pues lo fácil era dejarse llevar por el sumidero de la guerra.

Si España había logrado mantenerse fuera del conflicto era no solo por un estado de opinión contrario a involucrarse, sino porque la defensa de la neutralidad era compartida por Alfonso XIII y la mayoría abrumadora de los políticos constitucionales. Podían tener sus preferencias particulares y, de hecho, había aliadófilos y germanófilos en los dos grandes partidos del periodo, el Liberal-Conservador y el Liberal, con predominio en ambos de los simpatizantes de la Entente. Pero estas preferencias estuvieron subordinadas al hecho de que la neutralidad era la única postura posible, razonable y deseable para España. Excepción notoria, por ser el jefe de la izquierda constitucional y el presidente del Gobierno desde diciembre de 1915, era la de Romanones. Al contrario que Eduardo Dato, líder de los conservadores y artífice de la neutralidad por haberla declarado y sostenido desde julio de 1914, el conde había postulado desde el comienzo de la guerra la alineación abierta de España con la Entente franco-británica. Consciente de la impopularidad de una intervención militar, Romanones no la veía como una necesidad ineludible, como sí lo defendió el dirigente más conspicuo de la izquierda republicana, Alejandro Lerroux. Pero en su opinión, España debía arriesgarse y suministrar a París y a Londres apoyo moral, económico y diplomático, asumiendo las consecuencias negativas que dicho apoyo tendría en las relaciones con las potencias centrales.

Las sospechas de que Romanones pretendía veladamente conducir a España a la intervención las confirmó el tiempo. El conde no modificó su postura cuando el conflicto mudó en guerra total, y eso que el abandono de la neutralidad podría conducir a un incremento de las operaciones de desestabilización por parte de las potencias centrales y a una ruptura de las relaciones diplomáticas que habría puesto a España en la misma tesitura que Italia y Portugal. Pese a la firmeza de su planteamiento, Romanones era consciente de que no lo compartía el grueso de su partido, y el conde no estaba dispuesto a perder la jefatura. Además, si los españoles percibían a los liberales como aliadófilos intervencionistas, les resultaría imposible acceder al poder, al menos hasta que no se entreviera con claridad la derrota de los Imperios centrales. Por eso, tras tomar posesión de la Presidencia del Gobierno, Romanones se comprometió a no modificar la política de neutralidad de Dato, aunque nunca se sintió cómodo con ella ni fue capaz de transmitir a la opinión pública y a las cancillerías extranjeras que la continuaría con la misma firmeza. La exacerbación interna entre aliadófilos y germanófilos y el empeoramiento de las relaciones con Berlín y Viena derivaron no poco de los equívocos del presidente, y mostraban que el amplio consenso social en torno a la neutralidad tan solo estaba garantizado si el Gobierno respondía con sus actos a ese anhelo.

La guerra sacude España

El matiz es importante para valorar la pericia que había mostrado el antecesor de Romanones en el cuidadoso manejo de las relaciones internacionales. La firmeza de Dato en la política de neutralidad, incluso cuando España quedó rodeada de beligerantes o hubo de asumir la representación diplomática de los contendientes ante sus enemigos, permitió que en 1915 las cuestiones más espinosas quedaran resueltas. Las hubo graves, como el peligroso roce con la Entente a cuenta de los militares alemanes refugiados en la Guinea tras la ocupación aliada del Camerún, o el intento del bajá de Arcila, Ahmed al-Raisuli, de obtener el respaldo alemán para evitar el control español de la Yebala, en el extremo occidental del protectorado. El Gobierno conservador tuvo que hacer frente a una crisis humanitaria con la repentina llegada, desde Francia, Argelia e Hispanoamérica, de 46 000 españoles que escapaban de la guerra o de la miseria por ella provocada, a quienes hubo que alojar en albergues y campamentos antes de devolverlos a sus localidades de origen.

Igualmente grave fue la debacle económica. No es cierto que España se beneficiara inmediatamente de su neutralidad. La retirada de capital extranjero provocó el cierre de numerosas empresas y un incremento del paro, que el Gobierno Dato intentó paliar con créditos para obra pública. El pánico financiero se extendió por Europa tras la decisión de los beligerantes de cerrar las bolsas, suspender la convertibilidad monetaria y el giro internacional, y de solicitar moratorias en los pagos. En España, a la suspensión sine die de las operaciones financieras siguieron la depreciación de los valores extranjeros en los que habían invertido varios bancos nacionales, el pavor de los ahorradores y la retirada masiva de sus fondos, cambiando sus billetes por plata. Todo ello disparó los apremios bancarios a los deudores y contrajo bruscamente el crédito disponible. El Gobierno anduvo rápido de reflejos: para restablecer la confianza, se negó a cerrar la Bolsa de Madrid o a suspender la convertibilidad de la peseta, autorizó el aumento de la circulación fiduciaria hasta un máximo de 478 millones de pesetas, alentó la intervención del Banco de España para sortear la quiebra de una parte de la banca privada y respaldó los créditos necesarios para auxiliar a la industria y el comercio. Estas medidas le dieron el margen suficiente para negociar con los beligerantes la suavización de las moratorias, de modo que a mediados de 1915 la situación financiera se había estabilizado.

Esto tuvo un impacto positivo en el comercio exterior, que había sufrido una contracción en 1914. Al año siguiente, las exportaciones volvieron a crecer en tonelaje y valor, al tiempo que las gestiones del Gobierno con los beligerantes permitieron que las restricciones que estos habían impuesto a la salida de productos estratégicos, o la proscripción de su tráfico como «contrabando de guerra», no privaran a España de las principales materias que su economía necesitaba: carbón, ferromanganeso, caucho, salitre, lino, cáñamo, cuero, madera, yute, algodón y materiales de aerostación, automovilísticos y ferroviarios. En el bienio 1914-1915, el Gobierno pudo acordar la exportación de cítricos a los aliados y neutrales, y de hierro a los centrales. Las importaciones no eran tan abundantes como en la preguerra y su precio se elevó, pero el abastecimiento parecía asegurado y en cantidades suficientes y asequibles como para que la producción nacional no se paralizara[15].

No fue positivo que en el segundo semestre de 1915 el bloqueo aliado interrumpiera los intercambios con los Imperios centrales. Aun así, el tráfico con estos era ya marginal, pues el comercio español se había volcado hacia Francia y Reino Unido, que acaparaban el 62 % de las ventas españolas en 1915 y el 60 % en 1916. Del resto, la mayor porción iba a América: no solo a la hispana, sino también a Estados Unidos. El tirón de la demanda externa intensificó la actividad económica y elevó hasta cotas nunca alcanzadas los saldos positivos de la balanza comercial. España importaba de Reino Unido menos de lo que exportaba, y aunque en 1915 y 1916 el saldo se estaba equilibrando, el dato no era positivo para el abastecimiento nacional, puesto que había que compensar en los mercados británico y norteamericano lo que ya no podía adquirirse del alemán. Sucedía lo contrario con Francia, donde el valor de las exportaciones españolas quintuplicaba el de las importaciones. Los saldos eran notoriamente favorables con Italia, Portugal y Rusia. En 1916 se había batido el récord histórico de 1913 en el valor de las exportaciones españolas.

El encaje de oro y plata en el Banco de España crecía constantemente. La peseta se revaluaba sin que padecieran las exportaciones y el respaldo en oro del dinero circulante se aproximó al 100 % gracias a la prudente política de emisión fiduciaria. El Banco de España se convirtió así en el cuarto del mundo por su volumen de reservas. El Gobierno alentó la repatriación de los títulos de deuda española comprados por extranjeros y el capital autóctono adquirió participaciones crecientes, cuando no la exclusiva, de numerosas empresas foráneas radicadas en España, especialmente en la minería, la industria y los ferrocarriles. El crecimiento de la actividad económica procuró al Gobierno dinero suficiente para financiar los gastos extraordinarios que la guerra cargaba en el presupuesto. Aunque había suspendido el arancel para facilitar la compra de determinados alimentos, materias primas y maquinaria industrial, la baja en la renta de aduanas fue rápidamente compensada por los ingresos procedentes de otros impuestos, cuyo monto superó las cifras de la preguerra. Esta tendencia reflejaba la evolución general de la economía: si el bache de 1914 supuso una contracción del 2 % del PIB español, en 1915 creció un 0,6 %, y en 1916 se disparó a un 4,4 %, su máximo histórico.

A comienzos de 1917 la economía todavía daba suficientes satisfacciones como para sentirse optimista. Agricultores, ganaderos, fabricantes, comerciantes, transportistas…, los empresarios españoles ampliaban sus márgenes de beneficio, especialmente en los sectores alimentario, textil, minero, metalúrgico, químico, naviero y armamentístico, y la frenética actividad generó un enorme contingente de empleos y acabó con el paro estacional, no solo en los centros mineros e industriales de Asturias, Barcelona, Guipúzcoa y Vizcaya, sino también en las provincias agrarias del centro y sur de España. En vísperas de la huelga general que los socialistas convocaron el 18 de diciembre de 1916 junto a los anarcosindicalistas de la Confederación Nacional del Trabajo (CNT) para protestar por la inflación, sus dirigentes no dejaban de reconocer que el país prosperaba. «Realmente, en Asturias no hay más que problema de subsistencias —⁠relataba Isidro Acevedo— ya que las principales fuentes de trabajo (minería y metalurgia) se ensancharon con motivo de la guerra». Aunque se quejaba de las exportaciones clandestinas de ganado y fruta a Francia, los alimentos «no alcanzan en Asturias la elevación de otras regiones». «Hablando con absoluta sinceridad —⁠informaba Indalecio Prieto refiriéndose a las provincias vascas—, en esta región no hay crisis de trabajo». Y aunque la situación podría cambiar por la constante llegada de braceros de las provincias castellanas, hasta entonces «la vida para el proletariado» se hacía en «favorables circunstancias» que solo estorbaba la inflación[16].

Hasta aquella huelga general, la elevación del precio de las subsistencias no había provocado una conflictividad social considerable. El Gobierno Dato temía más las ruidosas y diplomáticamente inconvenientes manifestaciones de apoyo aliadófilas y germanófilas, así que las restringió al mínimo. No precisó suspender ni una sola vez las garantías constitucionales, que rigieron íntegras desde agosto de 1914 hasta diciembre de 1915, y la relativa paz social continuó hasta la huelga de ferroviarios de julio de 1916 que hubo de afrontar ya Romanones. En 1914, se produjeron 212 huelgas, cifra pareja a la del año anterior y que se consideraba bastante alta para la España de entonces. Los paros se declararon por cuestiones de salario y jornada laboral, pero también asomaba la exigencia de que los patronos reconocieran a los sindicatos como interlocutores para renegociar las condiciones de trabajo, y no al asalariado individual o a la sociedad obrera establecida en la empresa. A la resistencia de los empresarios de tratar con elementos extraños, se añadía el bajo grado de sindicación y la consiguiente falta de representatividad de esas organizaciones, que repercutía en su capacidad, aún incipiente, de imponer lo acordado a todos los asalariados. En cualquier caso, el número de huelgas era irrisorio comparado con el de Alemania, Francia o Reino Unido en la preguerra, e incluso descendió a 169 en 1915.

Sin embargo, en 1916 se produjeron 237 huelgas, implicando a 100 000 empleados, la cifra más alta en lo que iba de década. El 70 % de todas las huelgas se concentraba en la provincia de Barcelona, el centro fabril más importante de España. Como de costumbre, estas cifras confirmaban que la conflictividad no se correspondía con los años de recesión; por el contrario, y como reconocía el dirigente ugetista Amaro del Rosal, no eran protestas contra las condiciones generales de trabajo, sino para conseguir mejoras aprovechando «situaciones relativamente boyantes». Esto no ocurría solo en la industria y los servicios, sino también en el sector agrícola. Díaz del Moral destacó que las primeras señales de agitación campesina en Córdoba se concentraban en la campiña, la zona más rica y que más prosperaba, mientras eran reducidas en las comarcas serranas, donde el crecimiento económico era lento y no había modificado significativamente las formas de vida tradicional[17].

Ansia de paz social

Era una descripción exacta de la realidad. El dinamismo de la economía española en los años de la preguerra había incrementado las expectativas respecto de salarios y condiciones de trabajo. Por tanto, la estrecha relación que suele establecerse entre la huelga laboral, el deterioro económico y la conflictividad social en la España de entonces es engañosa. Lo que se observaba claramente era la aclimatación de las pautas modernas de acción sindical para la consecución de mejoras. Había más huelgas porque los asalariados estaban mejor y más ampliamente organizados, y las huelgas eran un instrumento cada vez más eficaz. Muestra terminante era la creciente capacidad de los sindicatos de generalizar una huelga de oficio en una localidad para doblegar la resistencia patronal y forzar la mediación de las autoridades, lo que solía garantizar algún logro. Los Gobiernos y sus delegados, implicados por razones de orden público en los conflictos enquistados, distaban de encarnar los «intereses de clase» que les endilgaban marxistas y anarquistas. Por el contrario, se mostraban favorables a solicitar de los empresarios revisiones al alza de los salarios y reducciones de la jornada laboral. Fue precisamente la receptividad de las autoridades lo que impulsó a Georges Sorel a defender las virtudes de la violencia para arrancar concesiones que desbrozaran el camino a la revolución. Dado el arraigo que tomarían las tácticas sindicalistas, lo que describía para la Francia de su época era aplicable a España, al menos en las provincias más dinámicas:

Una de las cosas que parece haber producido más extrañeza a los trabajadores, en el decurso de los últimos años, es la timidez de la fuerza pública ante los motines: las autoridades, que tienen derecho a requerir el empleo de las tropas, no se atreven a utilizar ese poder sino en último extremo, y los oficiales soportan injurias, y hasta golpes, con paciencia que antaño no se les conocía. Se ha evidenciado, y el hecho no cesa de afirmarse, que la violencia obrera posee extraordinaria eficacia en las huelgas. Los prefectos, que temen tener que servirse de la fuerza legal contra la violencia insurreccionista, actúan sobre los patronos para obligarlos a ceder; la protección de las fábricas se considera, ahora, como favor del cual dispone a su guisa el prefecto, quien, por tanto, dosifica el uso de su policía para intimidar a entrambas partes y conducirlas diestramente a un arreglo.

Los jefes de sindicato no necesitaron mucho tiempo para darse cuenta de la situación, y es de justicia reconocer que utilizan con excepcional fortuna el arma que se les pone en la mano. Se esfuerzan en amedrentar a los prefectos con manifestaciones populares susceptibles de producir conflictos graves con la policía, y preconizan la acción tumultuaria como la más eficaz para obtener concesiones. Pocas veces la Administración, obsesa y espantada, deja de intervenir, al cabo de algún tiempo, con los jefes industriales y de imponerles transacciones que resultan alentadoras para los propagandistas de la violencia[18].

Esto ocurría en España incluso cuando intervenían los gobernadores militares. A los generales les repugnaba la guerra social que promovía la extrema izquierda, pero estaban convencidos de que el orden también dependía del reconocimiento de la legitimidad de las reivindicaciones obreras y de la existencia de sus sociedades, siempre que abandonaran la subversión y se atuvieran a la conquista de mejoras laborales. Incluso los propios socialistas informaban repetidamente a su Internacional de que, entre 1900 y 1914, los Gobiernos y la prensa españoles no se conducían sistemáticamente «de manera parcial e injusta», que las «vejaciones y arbitrariedades» se reducían, y que las reivindicaciones laborales encontraban eco y simpatía en ambas instancias[19].

Esto también se reflejaba en el resultado de las huelgas: si en 1913 el número de huelgas ganadas total o parcialmente por los obreros alcanzaba el 55,2 %, en 1914 subió hasta el 59,3 %, en 1915 se mantuvo en el 58,2 % y en 1916 ascendió al 65,7 %. Los incrementos salariales que se derivaron de ellas, perceptibles en la preguerra, se aceleraron en los años 1915 y 1916 para compensar la inflación. Durante el quinquenio bélico los sueldos se duplicaron y aumentaron proporcionalmente más en los sectores menos cualificados y peor pagados, especialmente entre las mujeres. Estos avances se reforzaron con la reducción de la jornada laboral: si a comienzos del siglo XX las doce horas de trabajo diario eran comunes en la mayoría de los oficios, en 1908 se limitaron a diez. Cuando estalló la Gran Guerra, el 64 % de los asalariados trabajaba diez horas, mientras un 10 % estaba ya en las nueve y un 14 % en las ocho. El cenetista Adolfo Bueso reconocía que en 1914 el «mito de las ocho horas» empezaba a «dejar de serlo». Solo la guerra, con su secuela de pedidos extranjeros y horas extra, interrumpió esta dinámica. Precisamente, la CNT había surgido como una reacción anarcosindicalista a la creciente eficacia de la huelga reglada y de la mediación gubernativa para resolver los problemas laborales, ya que los ácratas temían que dicha mediación matara las ínfulas revolucionarias del «proletariado». Las victorias totales y parciales, sancionadas por las autoridades, eran un reclamo para que los asalariados se afiliasen a los sindicatos triunfantes, persuadidos de la eficacia de la presión colectiva para conseguir nuevos beneficios. Los funcionarios, que no podían ir a la huelga y a los que la inflación les estaba comiendo porciones crecientes de su estacionario sueldo, tomarían nota del éxito de los empleados del sector privado para mejorar sus condiciones de trabajo[20].

Por tanto, la huelga puramente laboral estaba perdiendo, ya antes de 1914, esa connotación de protesta violenta heredada del siglo XIX. Los paros canalizaban el descontento coyuntural hacia formas de reivindicación previamente concertadas y que requerían una mayor disciplina organizativa. Así, las huelgas formalizadas mediante oficios y verificadas dentro de los procedimientos legales ganaban peso frente a la protesta tradicional; es decir, la conflictividad laboral se civilizaba conforme la sociedad española se hacía más libre y próspera, pues la protesta reglada era propia de los segmentos crecientemente cualificados y mejor retribuidos.

Tampoco los políticos constitucionales percibían la huelga como una actividad subversiva. En España, la huelga quedó despenalizada de facto en 1902 por el Tribunal Supremo, aunque su reconocimiento legal no llegó hasta 1909. Curiosamente, su artífice fue quien ocho años después encabezaría la fracción más conservadora del constitucionalismo, Antonio Maura, quien desde hacía años defendía la legitimidad de las coligaciones de empleados para defender sus intereses, pues ellos eran los propietarios de su fuerza de trabajo. El lapso temporal entre el reconocimiento de iure y el de facto se debió a los obstáculos interpuestos no solo por la patronal, sino por la socialista Unión General de Trabajadores (UGT), que, por boca de Pablo Iglesias, se oponía a cualquier plazo para notificar una huelga, incluso para los servicios públicos, y también a que se proscribieran las huelgas generales, las que provocaran falta de luz, agua o comida, o las que supusieran un riesgo para la salud pública. Su noción de huelga, ligada a su oportunismo revolucionario, no dejaba espacio para los servicios mínimos[21].

Más aguda fue la controversia en torno a la libertad de trabajo. Los Gobiernos prohibieron las coacciones contra quienes no secundaran las huelgas, en un momento en que los sindicatos de la izquierda colectivista, UGT y CNT, encontraban legítimo forzar el paro de los que denominaban despectivamente «esquiroles», nombre con el que no solo designaban a los contratados para cubrir las vacantes de los huelguistas, un fenómeno común en los trabajos de baja cualificación, sino a los que se negaban a apoyar una huelga. Incluso lo extenderían, comenzada ya la Gran Guerra, a los que se resistían a sindicarse y a pagar una cuota. Finalmente, pasaría a aplicarse también a los asalariados que no aceptaban la doctrina o los procedimientos de la «lucha de clases».

En cualquier caso, el reconocimiento de la huelga moderna llegó antes de que esta eclosionara en España. Su bajo número, comparado con el de los países más desarrollados de Europa, mostraba que la economía española estaba aún poblada de un sinnúmero de trabajadores no cualificados y con bajos salarios, con unas relaciones laborales caracterizadas por esa combinación decimonónica de paternalismo y protesta informal y violenta. Además, el sindicalismo revolucionario español comenzaría a desmentir la máxima de que la organización de los obreros, por sí misma, civilizaba los conflictos. Pero, a principios de 1917, a Pablo Iglesias todavía se le creía cuando defendía que en las huelgas solo eran los «obreros no organizados, los que no piensan en reunir fondos», quienes solían «atacar a las personas y destruir las máquinas». De ahí que «tratar de destruir la organización obrera es procurar que vuelvan a producirse las huelgas como en los tiempos primitivos de la gran industria»[22].

Esto explica que, con el cambio de siglo, los Gobiernos se mostraran dispuestos a reconocer a las sociedades obreras como coordinadoras y sistematizadoras de las reivindicaciones laborales y a permitir, regulándola, la huelga. Este reconocimiento no devenía solo de razones de orden público sino, también, del ansia de los dirigentes conservadores y liberales por integrar en la monarquía constitucional al obrerismo organizado, revalidando la exitosa captación, realizada décadas atrás, de los demócratas del campo republicano, y los católicos del carlista. Estos intentos de asimilación llegaban incluso a los sindicatos de ideología revolucionaria, UGT y CNT, con el objetivo de encauzarlos en vías exclusivamente legales. Sus elementos directivos, aunque no deseaban un ralliement obrerista, no dudaron en instrumentalizar esa ansia. Los dos sindicatos funcionaron como grupos de presión que arrancaban concesiones, e incluso cuando los Gobiernos sofocaban la actividad insurreccional de ugetistas y cenetistas, la represión era breve; pronto se restablecía la interlocución y, como prenda de conciliación, proliferaban los indultos masivos.

Aunque el oportunismo político por ambas partes era innegable, no era la única razón que abonaba el reconocimiento de la huelga y la interlocución sindical. En realidad, antes de la Gran Guerra se había aclimatado en España la intervención del Gobierno en la cuestión social. La protección de las «clases trabajadoras» ya no era un simple expediente para prevenir la miseria y la desafección, sino que expresaba una preocupación creciente por ayudar a mejorar el estado físico y moral de los españoles. En materia laboral, implicó que el Gobierno adquiriera un papel creciente de árbitro y regulador similar al de otros Gobiernos de Europa occidental. Así, el acceso de Canalejas a la jefatura del Partido Liberal generó, además, un consenso en la «cuestión social», en la que los conservadores habían sido los adelantados[23]. Desde Cánovas, la derecha constitucional postulaba el «intervencionismo» del Estado, mientras que varios liberales y republicanos comenzaron, a la vuelta de 1910, a autodenominarse «socialistas», entendiendo que su socialismo era más bien un «solidarismo» enmarcado en parámetros liberales, esto es, supeditado a la máxima de que la iniciativa privada, independiente del Gobierno y en concurrencia competitiva, debía continuar siendo la fuente de la riqueza. Conservadores y liberales coincidían en que la intervención del Gobierno debía ser un auxilio y un estímulo para esa creación de riqueza, pero en ningún caso debía adormecer la responsabilidad de cada ciudadano de procurarse el sustento.

Sin embargo, esto no diluía la necesidad de que el Gobierno protegiera al asalariado, al que ya se consideraba la parte más débil en los conflictos con su patrono. Más aún, debía suplir las insuficiencias de la beneficencia con la previsión social. Precisamente, para tratar científicamente la cuestión social y, específicamente, la laboral, se creó en 1903 el Instituto de Reformas Sociales, que debía asesorar a los Gobiernos, preparar la legislación social, velar por su cumplimiento y confeccionar las estadísticas informativas. Al instituto le siguieron los consejos de Conciliación y Arbitraje, y los tribunales industriales, que institucionalizaron en 1908 la mediación gubernativa en las relaciones laborales. Ese mismo año vio la luz el Instituto Nacional de Previsión, la primera seguridad social española, que diez años después gestionaba las pensiones de jubilación e invalidez de unos 79 000 cotizantes. A estas instituciones se las rodeó de un número creciente de leyes, casi todas de los conservadores, sobre accidentes de trabajo, protección de mujeres y niños, descanso dominical, limitación de la jornada de trabajo, responsabilidad patronal, seguro de vejez, inspección de trabajo, viviendas y escuelas obreras, casas de préstamo y colonización interior.

Esta obra culminaba el creciente interés de las Cortes españolas por esas materias. Entre proyectos de ley, interpelaciones, ruegos y preguntas, la cuestión social sumó en sus múltiples vertientes más horas de discusión entre 1910 y 1923 que en los treinta y cuatro años anteriores de la Restauración. La intervención gubernativa también se canalizó a través de una gran cantidad de reales decretos que completaron el nuevo derecho social, sin que la sucesión de Gobiernos conservadores y liberales rompiera esa obra acumulativa. Se ha tendido a menospreciar el calado de aquella legislación social, que el ugetista Amaro del Rosal calificaba de «una de las más avanzadas» gracias a «la atención concedida a lo social, especialmente por el Partido Conservador». En efecto, Del Rosal otorgaba «gran valor» al Instituto de Reformas Sociales[24].

Pero la realidad económica de aquella España limitaba su eficacia. Había relevantes obstáculos de partida: el insuficiente despliegue de la Administración y su falta de recursos, la poca implantación de las sociedades obreras como contrapeso eficaz a los patronos, el peso de tradiciones que consideraban lo laboral como un asunto que competía únicamente a empleado y empleador, la incapacidad de los pequeños negocios para asumir el coste de la legislación social y la abundante oferta de trabajadores de escasa cualificación, patente en coyunturas de crisis y consecuencia del crecimiento demográfico en las provincias más pobres.

Aun así, esa legislación calaba progresivamente, más por la activa intervención gubernativa que por la acción sindical. Las estadísticas de la inspección de trabajo mostraban, entre 1911 y 1916, un lento crecimiento del número de visitas a centros fabriles y la reducción a la mitad de las infracciones laborales, tendencias que se aceleraron en los últimos seis años de la Restauración. El despliegue del Instituto de Reformas Sociales, a través de las juntas locales, propulsó también la organización de los patronos y los obreros en asociaciones con un número de afiliados jamás visto, lo que sirvió para que unos y otros se acostumbraran a la negociación colectiva de las condiciones de trabajo. Por último, las subvenciones gubernativas estimularon la creación de sociedades cooperativistas, de socorros mutuos y previsión: en 1916, había ya unas 5000 que ofrecían cobertura a más de un cuarto de millón de socios[25].

Una guerra no tan provechosa

Si la situación social de España distaba de ser dramática y la economía había superado el bache de 1914, con la prolongación de la guerra se divisaban nubarrones en el horizonte. El más oscuro, por su capacidad de generalizar la insatisfacción, era la inflación. Si el incremento de la competitividad comercial había supuesto la entrada de un caudal de oro y divisas, el aumento de la circulación fiduciaria, necesario para evitar la contracción del crédito, contribuyó a elevar suavemente los precios. De 1913 a 1917 la moneda circulante pasó de 1931,7 a 2798,6 millones de pesetas, crecimiento que multiplicaba por 2,5 el del periodo 1900-1913. Durante los Gobiernos de Dato y Romanones no se monetizó todo el metal precioso, y su prudente política monetaria hizo que el respaldo en oro y plata de los billetes del Banco de España llegara en 1917 al máximo del 99 %, cuando había sido del 68 % en 1913[26].

Sin embargo, los efectos inflacionarios de esa expansión monetaria se sumaban a los de la demanda externa de materias primas y manufacturas españolas, entre las que figuraban alimentos hasta entonces destinados al mercado nacional. Además, la guerra dificultaba aprovisionarse de lo que España no producía: los beligerantes restringían las ventas al exterior para no desabastecer sus retaguardias, y competían con los compradores españoles en los mercados de otros neutrales. Si los acuerdos comerciales de Dato habían permitido superar la crisis de 1914, y las importaciones aumentaron notablemente, estas no llegaron al valor de la preguerra. La contracción encarecía las materias primas y manufacturas importadas, aumento que se trasladaba a los precios finales.

El problema no se paliaba solo con producir más. Durante la guerra proliferaron las quejas por la desorganización del comercio interior, y las distorsiones en la distribución también generaron un coste. La red y los medios de transporte parecían insuficientes para responder al aumento de la actividad económica y satisfacer la demanda de bienes de consumo. La monarquía liberal abrió el mayor número de kilómetros de carretera en la historia del país pues de los 16 599 de 1875 se pasaron a los 58 022 de 1917. Aun así, el tráfico a motor, con camiones, era incipiente y no podía descargar al saturado ferrocarril. Además, la red ferroviaria no tenía la densidad de los países más avanzados, y aunque la construcción de los ferrocarriles de vía estrecha palió parte del problema, faltaban conexiones que permitieran acortar las distancias entre los centros de producción y los mercados urbanos. Entre 1913 y 1917, las vías en explotación se incrementaron en 580 kilómetros, un 4 % de la red total. En ese mismo cuatrienio se elevó el número de viajeros un 23,4 %, hasta los 71 millones anuales, y un 11,2 % el tonelaje de mercancías, hasta los 35,5 millones.

No obstante, un uso más intensivo del ferrocarril requería maquinaria y repuestos. España ya producía vagones, pero necesitaba importar locomotoras, un producto sobre el que los beligerantes impusieron fuertes restricciones. A esto se añadía que, en 1916 y por vez primera, los cuantiosos beneficios por el aumento del tráfico no compensaban los gastos de combustible y el mantenimiento y la sustitución del material rodante. Los precios del carbón y del utillaje ferroviario y los costes de personal, al incrementarse el número de empleados y sus salarios, se multiplicaron. Sometidas al régimen de concesiones, las compañías ferroviarias trabajaban con tarifas rígidas, lo que las hacía vulnerables al incremento súbito de los gastos de explotación. Por ello exigían al Gobierno que les permitiera revisar al alza esas tarifas. Dato y Romanones se resistieron: no querían alimentar la inflación encareciendo el precio de las mercancías ni incrementando el coste de los billetes de tren, de modo que recurrieron a adelantar a las compañías las subvenciones estipuladas en la concesión a la espera de que el fin de la guerra normalizara el tráfico.

Las limitaciones del transporte ferroviario encarecieron sobre todo las subsistencias en las provincias del interior, pues las costeras contaban con el comercio de cabotaje, un alivio más que un sustitutivo, porque no fue hasta la Gran Guerra cuando España comenzó a modernizar y ampliar sus puertos de interés general. Además, faltaban barcos. Antes de la guerra, dos quintas partes del tráfico marítimo nacional recaía en buques extranjeros, pues la flota mercante española no podía hacerse cargo, por sí sola, del comercio nacional e internacional. Entre 1914 y 1916 se botaron buques como nunca, pero pronto comenzaron a comprarlos los países beligerantes, que necesitaban reponer o incrementar su tonelaje. Dato hubo de proscribir la venta al exterior de los barcos superiores a 500 toneladas, que Romanones extendió a los traspasos entre españoles, pues muchos actuaban como testaferros de empresas extranjeras. En realidad, traspasados o no, los buques españoles coadyuvaban al esfuerzo de guerra de la Entente franco-británica, y por eso en 1916 empezaron a ser interceptados y torpedeados por los submarinos alemanes. A comienzos de 1917, el tonelaje de la marina mercante era un 11 % inferior a la de 1913. En ese contexto, el coste de los fletes y los seguros de navegación se disparó y, con ellos, también el precio final de las mercancías[27].

El espectro de la inflación

La combinación de todos estos factores provocó el alza sostenida de los precios. En España, antes de la guerra los precios habían sido muy estables, alternando suaves periodos de inflación y deflación, por lo que los españoles no estaban acostumbrados a incrementos que recortaran tan rápidamente su poder adquisitivo. Pese al notable aumento, un 27 %, de la producción agraria entre 1913 y 1916, en septiembre de ese año los precios de los alimentos de primera necesidad eran un 20,1 % más altos que en la preguerra, y en marzo de 1917 alcanzaron un 22,3 %. Todavía más dramático era el precio del carbón mineral, que los españoles consumían para cocinar y calentarse y que en la Navidad de 1916 valía ya el doble que en la preguerra. El carbón seguía siendo el pan de la industria, y aunque el rápido desarrollo de la energía hidroeléctrica había aminorado esa dependencia, aquel seguía siendo insustituible en el transporte y el alumbrado. En 1916 la producción nacional había alcanzado el récord de 5,5 millones de toneladas, pero tan solo suponían las dos terceras partes del carbón necesario. Además, su calidad era inferior al del carbón inglés: su potencia calorífica era menor, e incluso dañaba las calderas de locomotoras y barcos.

Con todo, la inflación en España era más baja que la de los beligerantes. En diciembre de 1916, los precios en Reino Unido eran un 45 % mayores que en la preguerra; en Francia e Italia, un 34 %; en Portugal, un 47 %, y en Alemania, un 70 %. Comparativamente, España también salía favorecida respecto de los otros países neutrales, cuyo aprovisionamiento dependía más del exterior. La inflación española era, en aquellas fechas, la mitad de la sueca o la holandesa, y un cuarto de la noruega[28]. Además, el crecimiento económico de 1915-1916 tiró al alza los salarios, y al año siguiente los empleados del sector privado habían recuperado el poder adquisitivo. Únicamente los funcionarios padecían por la rigidez de sus sueldos, al tiempo que se desvalorizaban los ahorros y las rentas fijas.

La inquietud por la inflación propició una intervención gubernativa en el mercado sin precedentes. Dada su tradición intervencionista, lo hicieron con menos prejuicios los conservadores. En 1915, el ministro de Hacienda, Gabino Bugallal, promovió la Ley de Subsistencias, que autorizaba al Gobierno a mover el arancel, franquear las importaciones y gravar las exportaciones según conviniera al abastecimiento nacional. El Gobierno también podía intervenir el mercado comprando o vendiendo directamente los artículos de primera necesidad que estimara necesarios para restablecer los precios, e incluso se le permitía incautarlos por causa de utilidad pública para sortear su almacenaje con fines especulativos, pero pagándole al incautado tras la venta del producto.

Sin embargo, esa intervención necesitaba de estadísticas de producción y consumo que determinaran si el mercado estaba abastecido, y en España se carecía de ellas. Mientras el Gobierno Dato evaluaba las necesidades, manejó con mesura las facultades de la ley. Además de rebajar o suspender el arancel para las importaciones de primera necesidad, se limitaron las exportaciones de acuerdo con los países beligerantes, pensando más en que no faltaran productos en el mercado que en su abaratamiento. Se prohibió exportar materias primas y productos industriales de los que España era deficitaria, como carbón y abonos químicos; aceites, sales, ácidos y aleaciones, todas industriales; azufre, caucho, cueros, margarinas, yute y medicinas[29].

Los conservadores eran doctrinalmente proteccionistas y deseaban que los productores españoles asumieran como un deber el abastecimiento del mercado nacional que el Parlamento les había reservado con ventaja. Eduardo Dato intervino el mercado triguero: las compras se habían encarecido al exigirse el pago al contado, y como solo el Gobierno tenía capacidad para realizar esas operaciones, compró grandes cantidades que luego vendió con bonificación a los harineros. Había «que asegurar las subsistencias del pobre», afirmó el presidente en el Senado en marzo de 1915: «Si a la disminución del trabajo, si a la reducción de jornales, corresponde un alza en los artículos de primera necesidad, pronto asoma el espectro del hambre, y el hambre, señores, es un gran elemento de perturbación». Los conservadores se habían impuesto «asegurar los precios actuales de los artículos de primera necesidad en el país, y eso, cueste lo que cueste»[30]. Pero únicamente consiguieron suavizar el incremento. Tampoco pudieron extender más allá del trigo la política de compra directa y lanzamiento de producto al mercado, pues el aumento internacional de los precios lo hacía prohibitivo. Ningún Gobierno podía evitar las repercusiones de la guerra en el mercado español, y por ello, en el segundo semestre de 1915, Dato se concentró en paliar los desajustes del transporte y asegurar que no se paralizaba la actividad económica, pues solo el empleo y el salario garantizaban la capacidad adquisitiva.

La llegada de los liberales al poder replegó la acción gubernativa a la política arancelaria, pues el ministro de Hacienda del nuevo Gobierno, Ángel Urzaiz, era enemigo de intervenir el mercado. Decidió, con carácter general, eliminar las restricciones a la exportación y, a cambio, gravarlas sustancialmente. El ministro no se aseguró de que existieran sobrantes exportables una vez abastecido el mercado nacional, ni exigió a los beligerantes que suprimieran los cupos máximos de ventas a España. Su plan tenía, ante todo, un objetivo recaudatorio: era una participación del Estado en los «beneficios extraordinarios» de los productores y comerciantes que se enriquecían con la guerra; pero como estos cargaban los impuestos en las ventas a los aliados, que necesitaban los productos españoles, Londres y París amenazaron con una guerra comercial si las tarifas no se rebajaban.

La política de Urzaiz explica que en 1916 se acelerara la inflación. Fue en ese año cuando se hizo clamorosa la queja contra los «exportadores», los «acaparadores» y los «agiotistas», esto es, contra quienes contribuían a la subida de los precios vendiendo fuera de España. No se distinguía entre quienes lo hacían legalmente y los que eludían las disposiciones gubernativas, o entre los que almacenaban sus productos para colocarlos en el extranjero y los que simplemente aprovechaban el incremento coyuntural de los precios interiores para aumentar los beneficios. Por si fuera poco, los alemanes financiaron esa campaña para darle mayores vuelos, pues de ese modo presionaban al Gobierno español para que restringiera los intercambios con los aliados. Urzaiz intentó compensar su política de exportación con una supresión casi general de derechos de importación, pensando que así lograría frenar la escalada de precios de los productos que España compraba, aunque, como estos dependían de la demanda externa y de los altísimos fletes, su previsión no se cumplió.

Con todo, España aún estaba lejos de la escasez. Había un problema de precios por el crecimiento de la demanda, pero los mercados estaban abastecidos. Solo los agricultores de cítricos y uva del Levante vieron cómo se reducía dramáticamente la demanda internacional de sus productos, con el consiguiente aumento del desempleo. El ministro de Fomento del Gobierno Romanones, Rafael Gasset, presumía en la Navidad de 1916-1917 de que en España no se necesitaba racionar alimentos, como en Suecia, subvencionarlos por sus precios prohibitivos, como en Portugal, o restringir el consumo de algunos en determinados días de la semana, como ocurría en Suiza. Ni siquiera se sustituyó el pan blanco por el «pan de guerra» que se consumía en casi toda Europa y que se hacía con cereales dedicados antes al forraje. España parecía un oasis de paz y relativa abundancia a los extranjeros que la visitaban o a los españoles que retornaban desde otros países del continente.

Pero ese contraste con Europa comenzaba a estrecharse. La subida de los precios fue tan notoria en aquella Navidad que el Gobierno se vio obligado a distribuir pan y socorros económicos en Madrid y otras capitales importantes para reducir la bolsa de descontentos y evitar disturbios. Los asaltos a tahonas y tiendas de comestibles fueron excepcionales en 1914 y 1915, pero se incrementaron en 1916. Una señal preocupante era la violencia de algunos de los choques entre los huelguistas y la fuerza pública. En marzo de 1916 hubo un muerto en Logroño durante un paro general impuesto por la CNT, y otros siete fallecieron en La Unión (Murcia) cuando los piquetes trataron de imponer la huelga en una fundición. «Entre todas las clases sociales —⁠afirmaba lúgubre La Gaceta de la Bolsa⁠— cunde el malestar precursor de las grandes catástrofes». Coincidía con el semanario anarquista Tierra y Libertad, que animaba a la CNT a perseverar por la vía revolucionaria: «La situación es propicia a próximos grandes acontecimientos»[31].

¿Por qué esos augurios si la guerra golpeaba indirecta y menos gravemente a España que a otros países? Los españoles damnificados por la inflación no tenían por qué ocuparse de lo que ocurría en otras partes, más cuando en 1917 todavía había una parte muy sustancial de las familias que gastaban el grueso de sus rentas en alimentos y otros bienes de primera necesidad. Aquella inflación creciente y constante suponía un duro golpe para los ciudadanos, pues el nivel de vida en España era, solo tras Portugal, el más bajo de Europa occidental.

«Una España más culta y rica»

La gran transformación suscitada por la segunda revolución industrial había llegado a España con retraso y este seguía siendo un país agrario. Los españoles dedicados mayoritariamente a la industria y los servicios se concentraban en unas pocas grandes urbes y en las zonas mineras, una localización geográfica que no repercutía en el tamaño y la concentración de las empresas y los bancos, donde predominaba el pequeño y el mediano negocio, volcado en el mercado interior.

Existía una estrecha correspondencia entre el peso de los diversos sectores económicos y la distribución de la población total. El censo de 1920 contabilizaba 22 millones de españoles, tres millones más que en 1900, pero solo un 26,4 % vivía en las capitales de provincia o en núcleos mayores de 20 000 habitantes. Dos ciudades sobrepasaban los 700 000 habitantes: la capital, Madrid, era la mayor del país, seguida muy de cerca por Barcelona. Otras dos superaban los 200 000: Valencia y Sevilla, y otras cinco los 100 000: Málaga, Murcia, Zaragoza, Bilbao y Granada. El notorio crecimiento de la población, debido a la constante reducción de la mortalidad, venía lastrado por la mortalidad infantil. De cada cien niños nacidos en 1916, quince no superaron su primer año de vida y otra docena moría entre los uno y los cuatro años. Eran cifras más altas que las de los países noroccidentales o escandinavos, semejantes a las de la Europa del sur e inferiores a las de Europa central y oriental. La emigración exterior recortaba también el crecimiento de la población, pero procuraba una válvula contra el paro y una fuente de divisas tan sustanciosa que los Gobiernos intensificaron la tutela diplomática del emigrante y estimularon la rebaja de los billetes de barco. Pero la emigración se cortó bruscamente con la Gran Guerra: solo en 1916 las salidas volvieron a incrementarse lo suficiente para superar, levemente, a las entradas[32].

La mortalidad infantil y la emigración eran reflejo de una España rezagada y con bolsas importantes de subdesarrollo. Pero sería una distorsión pintarla como un cuadro de los horrores, un país al margen de Europa del que solo cabía marcharse si se quería eludir la mera subsistencia. El retraso era indudable si se la comparaba con los países de su entorno más cercano, excepto Portugal. Pero España también había participado del crecimiento de las cuatro décadas anteriores a la Gran Guerra, mostrando una tendencia a la aceleración con el cambio de siglo. Entre 1900 y 1920, aun con la recesión de la última parte de la guerra y la posguerra, el PIB del país se ensanchó un 37 %, y un 20 % el PIB por habitante. Si hasta 1910 el crecimiento era un pálido reflejo del occidental, en la preguerra era lo suficientemente claro y sostenido como para recortar las distancias con los vecinos del norte.

Por supuesto, el desarrollo explica la mejora, lenta pero perceptible, de la capacidad adquisitiva de los españoles, la reducción de la pobreza y una densidad de las rentas medias inédita hasta entonces. Esto ocurría igualmente en las zonas rurales, donde la literatura «anticaciquil», obsesionada por mostrar el sometimiento de los campesinos a terratenientes sin ley, distorsionaba la realidad de una transformación agraria que había elevado la productividad y modificado la vida de los pueblos. «Los agitadores, el hambre aguda, la telera y el gazpacho —⁠enumeraba Juan Díaz del Moral⁠—, el atraso en los cultivos, la despoblación de los campos, el absentismo, la usura, los jornales irrisorios, la subida enorme de las rentas, los latifundios, el caciquismo» se situaban ya en el «ánfora de los tópicos, de las frases hechas y de las ideas de cliché». El campo español dejaba atrás el espectro de la miseria incluso en provincias como Córdoba, que en 1918 iba a convertirse en epicentro de las revueltas agrarias del llamado «Trienio Bolchevique»:

El proceso parcelario de los latifundios, empezado en el pasado siglo, había llegado a alcanzar una gran intensidad en los últimos años; desde 1905 no se había conocido el hambre en estas campiñas; el progreso agrícola era mayor que el de casi todas las provincias españolas; la usura había desaparecido en muchas partes; el absentismo no era ni había sido nunca un mal de la región; la población se elevaba en algunos términos municipales a 100 habitantes por kilómetro cuadrado; no se conocía la emigración; se podían citar poblaciones en las que no se encontraba ni una sola finca mayor de 100 hectáreas; en otras estaba tan dividida la propiedad, que eran contadísimos los cabezas de familia que no fueran propietarios; los jornales habían subido en el año 1917 y en los meses anteriores a las agitaciones obreras; las comidas de los trabajadores, aunque poco variadas, eran sanas y abundantes; ciertos señoríos (Medinaceli, Alba, Infantado) habían elevado muy poco sus rentas, y aun donde alcanzaban subidas cotizaciones, no impedían prosperar a los pequeños y a los grandes colonos; por el traspaso de una fanega de tierra llegó a pagarse a veces hasta 400 pesetas; la provincia entera atravesaba un periodo de indudable prosperidad, iniciado mucho antes de la guerra[33].

Esta descripción reflejaba, en una provincia «jornalera», las transformaciones del agro español. Su prosperidad ya no se medía por el número de hectáreas ganadas a los terrenos incultos, aunque durante la Restauración se pusieron en explotación dos millones más de hectáreas. Importaban más los rendimientos, en aumento constante y con saltos muy relevantes en la producción de trigo, maíz, remolacha azucarera, uva, naranja y aceituna, impulsados por la importación creciente, antes de la guerra, de abonos químicos. Perceptible, aunque más lento, fue el crecimiento de la producción de hortalizas y frutales, tan ligadas al impulso de las políticas de embalse y canalización. Entre 1891 y 1922, el valor de la producción agraria se triplicó. Estos rendimientos se producían en un país con una climatología extrema, sequías estacionales y terrenos altos y montañosos, menos aptos que los de Europa del norte. El olivar protagonizó la conquista de los baldíos e impulsó la industrialización agropecuaria: los antiguos molinos aceiteros dieron paso a modernas instalaciones que funcionaban con vapor o electricidad. Entre 1900 y 1920, la producción de aceite se multiplicó por seis, su consumo por cinco y su difusión se consolidó por toda España[34].

Las almazaras fueron la vanguardia de una modernización en la que participaron las azucareras, harineras y conserveras. Pero la participación de España en la segunda revolución industrial también se reflejó en la consolidación de la industria química, del papel y el cemento, y en la aparición de astilleros modernos y fábricas de automóviles y maquinaria industrial al calor de la demanda interna y de la mayor inversión en infraestructuras de los Gobiernos, que diversificaron el peso tradicional del textil en el sector secundario. La consolidación y el crecimiento de una industria metalúrgica —⁠que se concentró sobre todo en Vizcaya⁠—, capaz de absorber parte de la producción minera y de hacer frente a la demanda nacional, fueron los signos distintivos de esta etapa gracias a la política proteccionista de todos los Gobiernos desde el arancel de 1891, reforzado en 1906.

Se había cancelado la vieja polémica entre librecambistas y proteccionistas que se había desatado en el siglo XIX. No cabía otra opción: había que defender la producción nacional frente al incremento internacional de los aranceles, que venía de 1875, y era necesario dotarse de una posición de fuerza para negociar tratados comerciales. Sin embargo, el proteccionismo creó ineficiencias que se justificaron con la aspiración política, en boga entonces, de sustituir en lo posible toda dependencia extranjera por la producción propia. Al lado de empresas dinámicas surgieron otras menos competitivas que ofrecían al consumidor productos más caros. Se protegieron actividades obsoletas y los aranceles ralentizaron la modernización del aparato productivo, la innovación tecnológica y el incremento de la productividad, carencias que estimulaban nuevas exigencias de legislación protectora y la búsqueda del favor gubernativo frente a la competitividad externa.

Por tanto, la industria española aún estaba volcada en el mercado interior. El vino, el aceite, el corcho y las frutas todavía suponían, junto a los minerales y metales, una parte sustanciosa de las exportaciones de España al extranjero. Pero el progreso de esas dos décadas las diversificó hasta el extremo de que, en 1920, estos productos significaban ya menos de la mitad del valor total de lo que se vendía al exterior. Las manufacturas españolas, principalmente el textil, despuntaban tras abrirse camino en la Gran Guerra y nunca antes la participación del sector secundario en las exportaciones había sido tan relevante.

Pero España venía ya incrementando su competitividad comercial desde antes del conflicto. Pese a que era de los países que más se protegía de la competencia extranjera, el valor de sus exportaciones creció a una media del 3 % anual entre 1883 y 1913, por encima de la media de los países menos desarrollados (2,4 %) y cerca de la de los desarrollados (3,5 %). La industrialización española fue efectiva: el crecimiento de la producción fabril fue, entre 1900 y 1920, el más importante del continente solo después del sueco. Nunca hubo mayor número de fábricas, incluidas aquellas que daban trabajo a más de cincuenta personas. El progreso económico llegó al sector bancario y los seguros, e incluso a los servicios públicos. La recaudación fiscal, con una peseta bastante estable en su valor, se multiplicó por 2,5 entre 1875 y 1916. Si la Gran Guerra acabó duplicando los precios entre 1900 y 1920, en ese mismo periodo la renta per cápita de los españoles se triplicó[35].

La transformación industrial y de los servicios requirió nuevos efectivos, lo que aceleró la urbanización. Cierto que, como se ha visto, entre 1900 y 1920 poco más de la cuarta parte de los españoles vivía en poblaciones mayores de 20 000 habitantes. Pero 1,3 millones de españoles se trasladaron en ese periodo del campo a la ciudad, tendencia que tiró de la industria de la construcción y reforzó el crecimiento del sector secundario. Como la construcción iba a rebufo de los movimientos de población, la vivienda disponible se encareció y, con ella, los alquileres. Se incrementaron las barriadas de aluvión, con viviendas mal acondicionadas y fenómenos de chabolismo.

Aun así, entre 1900 y 1920, el sector agropecuario pasó de emplear del 66 % de la población activa al 57 %. En términos absolutos, decreció en 700 000 efectivos absorbidos íntegramente por la industria, que alcanzó ya el 22 %. Los servicios crecieron en 300 000, representando un 21 % del total y, en sus diversas categorías, despuntaban las profesiones liberales.

La mayor complejidad, diversificación y especialización de la economía necesitaba trabajadores mejor cualificados, lo que redujo analfabetismo, endémico en España, que coartaba las oportunidades de emancipación individual y el ascenso social. Pese al crecimiento demográfico, la población que no sabía leer ni escribir pasó del 57 % en 1900 al 41 % en 1920. En los varones se redujo del 45 % al 33 %, y en las mujeres descendió vertiginosamente del 68 % al 49 %. Las mujeres se incorporaron a la enseñanza secundaria y la universitaria, donde el número total de alumnos creció en más de un 50 % entre 1906 y 1920[36].

Estas cifras eran el reflejo del esfuerzo del Ministerio de Instrucción Pública por desplegar un número mayor de escuelas de primaria y por graduarlas en las poblaciones con más de 2000 habitantes, dividiendo a los alumnos por tramos de edad y conocimientos adquiridos. También aumentó el número de escuelas de adultos, y se profesionalizó, funcionarizó y se incrementó la retribución de los maestros, al tiempo que se iniciaban los estudios pedagógicos y la inspección educativa. La alfabetización tuvo su impacto en el consumo de la prensa periódica, que alcanzó los 2289 títulos, y aprovechó la oportunidad de un mercado mayor en la difusión de noticias e ideas. Los logros de estas dos décadas sentarían las bases de la prosperidad económica de los años veinte, que intensificaría positivamente todos los indicadores demográficos, económicos y culturales hasta un nivel en el que la convergencia con los vecinos más ricos ya no parecería una quimera.

Un crítico entonces tenaz, el republicano Ramón Pérez de Ayala, caracterizaba a la España liberal en la que vivió como un país dinámico, nada estancado y rutinario: «El cuerpo vivo de la nación mostraba patentes signos de robustecimiento y regeneración». Los Gobiernos de la monarquía constitucional no entorpecieron esta dinámica e incluso la excitaron, liberando la iniciativa individual, erigiendo un marco regulatorio nacional, y facilitando la circulación de mercancías y la movilización de la riqueza. «La España de 1914 —⁠recordaba Pérez de Ayala⁠— era comparada con la España de 1894, una España más culta, más adelantada, más fuerte, más rica, en el amplio sentido económico; y el progreso se había verificado no conforme a una ratio lenta y morosa, sino conforme a una ratio rapidísima». La Gran Guerra «perturbó» esa ratio y fomentaría hasta un grado desconocido la «agitación política y social»[37].

2

Vísperas revolucionarias

La insatisfacción de 1917 no era la de una España estancada, con un sistema político y una economía que sumían en la miseria a sus ciudadanos. Devenía de una de las numerosas crisis que solían frustrar las expectativas tras un periodo de prosperidad y que jalonaron el desarrollo económico del siglo XIX y principios del XX. Tampoco era producto de causas internas, sino de una guerra que sacudía a todos los países europeos, beligerantes o neutrales, avanzados o rezagados. Ni siquiera a comienzos de 1917 cabía confundir la insatisfacción económica con la desafección política. La primera solo podía convertirse en la segunda si había fuerzas dispuestas a encauzar el descontento y dirigirlo contra el Gobierno, los partidos y el sistema constitucional, de modo que los insatisfechos asociaran la superación de los problemas económicos a un cambio de régimen.

Todavía sobrevivían los dos movimientos que históricamente habían puesto en jaque a la monarquía constitucional: los republicanos y los carlistas. Pero ambos estaban debilitados, divididos hasta la atomización, y sus ínfulas rupturistas se habían diluido, porque habían perdido su atractivo entre los militares. No habían renunciado a derrocar violentamente al Gobierno, pues esa era la única vía en la que confiaban para propiciar un cambio de régimen, pero el descrédito de la Primera República de 1873 con su epílogo dictatorial y la definitiva derrota del carlismo en 1876 les había restado apoyos. El repetido fracaso de sus conspiraciones e insurrecciones, a partir de ese año cada vez más irrelevantes, les impulsó a aplazar sus planes a la espera de una coyuntura con expectativas de éxito.

Con el tiempo, las fracciones más importantes del republicanismo y del carlismo optaron por la actuación dentro la legalidad. Aprovecharon las libertades civiles para hacer prosélitos, ganar cuotas de poder local y provincial con las que acceder a recursos para sostener sus organizaciones, y usar esas plataformas y el Parlamento para amplificar su mensaje deslegitimador contra la monarquía. Pero la consolidación del régimen les hizo perder adeptos y sus alas más moderadas fueron integrándose en los dos grandes partidos constitucionales. El desprendimiento de personalidades y grupos procedentes del republicanismo y del carlismo, satisfechos los primeros con el sufragio universal y los segundos con la protección al catolicismo, se prolongó hasta la víspera de la Gran Guerra, cuando a los fieles a la república y a la monarquía tradicional ya solo les quedaba confiar en que el terremoto bélico desestabilizara al liberalismo.

No obstante, aun cuando eso sucediera, difícilmente la nueva situación podría ser canalizada por dos fuerzas que, tras un efímero repunte a principios de siglo, en 1917 ya no eran ni sombra de lo que fueron. El republicanismo y el carlismo parecían destinados a convertirse en una reliquia del pasado, como ya ocurría con sus correligionarios en la Europa monárquica, unas opciones políticas que reflejaban el retraso político de España respecto a sus vecinos del norte y que se irían diluyendo a medida que los españoles se educaran y enriquecieran.

Los enemigos del liberalismo

Si, a diferencia de un carlismo amortizado, el republicanismo ralentizó su declive y preservó su condición de movimiento señero de extrema izquierda fue porque supo sacar algún rédito de la oleada anticlerical que sacudió el Occidente europeo en la primera década del siglo XX. Se trataba de un proyecto de mudanza total de la cultura europea que pretendía erradicar la influencia de las Iglesias cristianas y sustituirla por una nueva fe fundada en una enigmática fusión de cientifismo y nacionalismo. Así, en los países católicos se denunció al Papa como un poder extranjero y se impuso la necesidad de subordinar la Iglesia al Estado, según el patrón adoptado por la República francesa. Esta bandera concedió a los republicanos españoles un nuevo argumento con el que convencer a los liberales de izquierda de la necesidad de derrocar al rey: había que abolir un Estado reaccionario que impedía el progreso de España porque protegía el «oscurantismo» eclesiástico. Sin embargo, cuando llegó el momento de solidificar los apoyos y constituir un gran partido unificado, fracasaron una y otra vez. En realidad, no podía hablarse de un partido republicano dividido, porque el fraccionamiento era el estado natural de ese movimiento, sino de una suerte de frente de combate, en constante formación y disgregación, que agrupaba a toda la izquierda revolucionaria española; es decir, a gentes con ideales y motivos diversos e incluso contradictorios.

Los republicanos que no abjuraron de la revolución buscaron sustituir el quimérico apoyo de los militares por el del obrerismo de izquierdas, en sus ramas bakuninista y marxista. Las relaciones entre los republicanos y los socialistas de diversa procedencia distaban de ser armónicas, hecho que no podía sorprender a quien conociera el marcado exclusivismo «de clase» de esas secciones españolas de las dos Internacionales obreras. Pero los republicanos se esforzaron por lograr un cierto ajuste de intereses, dirigiendo la creciente conflictividad laboral hacia la sustitución de la monarquía liberal por una república.

Sin embargo, para los socialistas y anarquistas esa conflictividad era una expresión más honda y trascendental de la «lucha de clases». Dicho de otro modo: lo que para los republicanos era un fin, para los obreristas era una etapa que debía allanarles el camino hacia su futura sociedad colectivista, que cada uno definía en función de sus doctrinas privativas, comunalistas precedidas (marxismo) o no (bakuninismo) de una fase estatista. En su universo mental, la insatisfacción económica era la energía que alimentaba la futura descarga revolucionaria.

Las Internacionales en España

A comienzos de 1917, el obrerismo de izquierdas estaba lejos de representar al conjunto de los asalariados, ni siquiera a los reunidos en sociedades obreras, profesionales o mutualidades. La mayor parte de esas organizaciones no vivía de una contraposición esencialista y bélica entre los patronos y los obreros; tampoco se ligaba a ningún movimiento político, aunque había sociedades obreras adheridas a los republicanos, y otras, con renovada pujanza, al catolicismo político, cuyo abanico de relaciones iba de los liberal-conservadores y los mauristas hasta los carlistas.

Los socialistas tenían en la UGT a su sindicato de referencia. Más reciente era la CNT, que amalgamó al anarquismo decimonónico con el sindicalismo revolucionario importado de Francia. A ambas organizaciones las unía el odio a la civilización liberal, a la que llamaban despectivamente «capitalismo» y a la que consideraban la causa de la creciente diferenciación social, por lo que estaban dispuestas a aprovechar la oportunidad que ese capitalismo parecía estar dándoles. La industrialización y el incremento de la riqueza no solo producían más profesionales independientes con niveles de vida cada vez más altos y que sustentaban la divisa de libertad y orden, sino, además, masas de empleados en las fábricas, en las minas, en los puertos y en la construcción. A estos se dirigían los activistas de la izquierda socialista y anarquista, que habían tratado de organizarlos y convencerles de que tenían que hacer con los «burgueses» lo que los «burgueses» hicieron décadas antes con la antigua nobleza.

Sus sociedades ideales aspiraban a vidas sencillas en comunidades homogéneas. Las predicciones de Bakunin y Marx partían del supuesto de que la libre empresa no incrementaba la riqueza, sino que empobrecía a la mayoría al concentrarla en cada vez menos manos. Esto había sido desmentido por la Segunda Revolución Industrial, pero la tesis conservaba audiencia entre los que creían contradictorio el indudable progreso técnico y el crecimiento de la riqueza con la persistencia de bolsas de pobreza y la lentitud con la que mejoraban las condiciones de vida y trabajo de los asalariados. Siguiendo a Marx y a Bakunin, pensaban que esta contradicción era imputable a la propiedad privada y al sometimiento a las reglas del mercado y sus frustrantes fluctuaciones. Entendían, no sin razón, que la libertad económica iba de la mano de la política, pero los bakuninistas y los marxistas concluían en la necesidad de abolir ambas, incluida la política constitucional, que ellos consideraban una organización legal e institucional erigida por los «burgueses» para defender sus intereses de clase.

La «libertad» de los socialistas y los anarquistas no era la liberal, sino algo antagónico a todo tipo de autoridad o coerción. Para ellos, la destrucción del mundo liberal redimiría a los individuos de sus constreñimientos sociales, liberaría su bondad innata y erigiría una nueva sociedad depurada de toda injusticia, donde reinaría la abundancia, y que se regiría por una ideocracia comunalista o comunista, en alguna de las diferentes versiones de sus teóricos. Como el sujeto revolucionario que salvaría a la humanidad sería el «proletariado», que Marx identificaba con los asalariados industriales y que Bakunin extendía a los jornaleros rurales, se entendía que las secciones españolas de sus respectivas Internacionales debían subordinar las relaciones laborales al activismo político. Ambos movimientos desarrollaban estrategias de secta: esperaban y trabajaban por un fin apocalíptico que alumbraría el paraíso en la Tierra.

Por tanto, la finalidad de la UGT y la CNT no era mejorar las condiciones materiales de sus afiliados en el seno de una economía libre. Ambas organizaciones socializaban a sus afiliados en la idea de que las disonancias ocasionales con sus empleadores eran, en realidad, manifestaciones de una lucha trascendente entre «clases», de una guerra general entre «burgueses» y «proletarios». Y como esta guerra debía acabar con la desaparición de los primeros, los dos sindicatos coincidían en postular una «autarquía proletaria» que abjuraba de cualquier colaboración interclasista, pues «solo el proletariado poseía, a título de la clase explotada universal, la clave del futuro emancipador de la sociedad»[38]. Los sindicatos no se organizaban para la defensa de unos intereses en la realidad presente, sino que construían los fundamentos de la sociedad del futuro, sin clases y sin Estado, que se impondría mediante un cambio revolucionario. Dicho cambio surgiría de una polarización social que los propagandistas marxistas y bakuninistas no atribuían paradójicamente a su propia estrategia, sino a la sociedad y a la forma de gobierno que pretendían derribar. Como esa zanja social irreconciliable se delimitaba a través de las diferencias económicas y de estatus, es comprensible que la centraran en el mundo del trabajo, pues en ningún otro contexto esa relación desigual entre el patrono y el obrero se hacía tan distinguible.

Pero incluso en la España de entonces esa dicotomía no reflejaba la complejidad de una sociedad cada vez más influida por la creciente división y especialización del trabajo. Fuera del mundo de la empresa, esa delimitación dual entre el «proletariado» y sus enemigos era puramente ideológica. Al final, se redujo a identificar al enemigo por exclusión: lo eran todos aquellos que se negaban a formar parte de la clientela marxista o bakuninista. Curiosamente, la mayoría de los asalariados llegaron a convencerse de la existencia de esa contraposición esencialista, ni un nutrido cupo de «burgueses» dejó de enrolarse en esas organizaciones de «clase», asumiendo un destacado papel como revolucionarios profesionales.

En realidad, la apertura de una trinchera social servía para difundir la «conciencia de clase», un despertar ideológico y una preparación psicológica para que los elegidos tomaran conciencia de sí mismos como grupo explotado, pero también como redentores de toda la humanidad frente al capitalismo alienante y empobrecedor. Como captó agudamente Raymond Aron, el marxismo y el bakuninismo eran utopías sustitutivas del cristianismo, que no caían en el vacío en sociedades más providencialistas que las actuales. La austeridad, el desprendimiento y la moralidad de los que presumían sus dirigentes suponían la secularización de las virtudes cristianas, como préstamo era también la denuncia radical de las desdichas del presente y la promesa de un porvenir mejor. Marx y Bakunin habían dado una pátina de pseudociencia a un profetismo que, como el de tantas religiones antiguas, remitía a un acontecimiento futuro que cambiaría la realidad de golpe y por completo[39].

Sin embargo, la recreación de esa zanja social que separaba al «proletariado» de sus enemigos no se hacía a base de discursos, sino convirtiendo las demandas laborales en ariete, y las mejoras en el botín de la guerra social. Los directivos sindicales aleccionaban a sus afiliados para que no vieran las concesiones materiales como una conciliación con el patrón, como una muestra de flexibilidad de la economía liberal o de la receptividad de las autoridades cuando mediaban. Las mejoras no eran el objetivo de la «acción colectiva» del «proletariado», sino un logro en el proceso de debilitamiento del «orden burgués» y de su «aparato coactivo». Como tales, esas mejoras siempre eran insuficientes, porque las devaluaba la persistencia de una sociedad inherentemente injusta. Solo la victoria total en una revolución podría cancelar definitivamente la guerra social, y, por ello, las huelgas debían fomentar el desgaste del «capitalismo» con demandas nuevas y acciones exitosas, con independencia de que fueran asumibles económicamente. Esas acciones fortalecían la «conciencia de clase» proletaria y acercaban el día de la revolución redentora.

De ahí que la UGT o la CNT jamás asumieran la libertad de no ir a la huelga. Ambos sindicatos entendieron el «derecho» de huelga como una licencia para imponer el paro a los militantes de otro sindicato o a los no sindicados. La sindicación no era consecuencia de la libre asociación o elección de oficio. Su exclusivismo les marcaba la necesidad de que sus respectivas organizaciones encuadraran a todo el «proletariado» y lo disciplinara en la consecución de sus propios fines. De ahí la enconada rivalidad entre ambos sindicatos y su falta de complementariedad. Por entonces, en el municipio u oficio donde la UGT estaba implantada, no había CNT, y viceversa.

La contraposición entre marxistas y bakuninistas era total y se remontaba a las diferencias que partieron en dos a la primigenia Internacional obrera hacía medio siglo. Asimismo, esa confrontación se extendía al resto de las sociedades obreras y profesionales. El pluralismo se aceptaba con resignación, como algo impuesto por la incapacidad de una de las organizaciones de absorber al resto, por las buenas o por las malas. Además, quien tenía el monopolio legal de la fuerza, que era el régimen constitucional, había consagrado la libertad de asociación, y ninguna de las dos organizaciones sindicales tenía el suficiente poder como para abolir esa libertad a su favor. Precisamente, esta debilidad explica que la UGT y la CNT no descartaran acuerdos coyunturales en su lucha común contra el «orden burgués».

Por supuesto, la guerra social implicaba que las obligaciones del asalariado, convertido en proletario, se agotaban en su sindicato y en su «conciencia de clase», y excluían cualquier compromiso con los intereses de la producción en general y con los del patrón en particular. «Insolidarios de la sociedad actual», apuntaba José Ortega y Gasset, estas organizaciones se consideraban «no una parte de la sociedad, sino el verdadero todo social, el único que tiene derecho a una legítima existencia política». Así, autoproclamados dueños de la «realidad pública», nadie podía «impedirles que se apoderen directamente de lo que es suyo». Esto explica su insolidaridad originaria con la «política burguesa»: «La acción indirecta o parlamentarismo equivale a pactar con los usurpadores, es decir, con quienes no tienen legítima existencia social»[40].

El optimismo revolucionario, basado en la fuerza apabullante del número y en la predestinación de los «burgueses» a rendirse o a ser aplastados, descartaba que la impugnación subversiva de la monarquía constitucional pudiera desencadenar una reacción violenta de superior fuerza. Por el contrario, los anarquistas estaban convencidos de que un Gobierno liberal y parlamentario no podría soportar dosis indefinidas de acción directa, ilegal y violenta, que harían disminuir la confianza de la opinión pública en el imperio de la ley. Además, el recurso prolongado a los estados de excepción haría que de las instituciones liberales ya no quedara más que una fachada. De este modo, las masas entenderían que ya no había otra alternativa «que la de las dos formas o los dos colores de la violencia», y esto cohesionaría al «proletariado» bajo la bandera ácrata[41].

Los anarquistas retornan al sindicato

La CNT no era solo un sindicato, sino también un partido de facción o una secta en su acepción clásica, tal y como se entendía desde el siglo XVIII. Es decir, actuaba como una organización antielectoral y antiparlamentaria que identificaba el boicot activo de las elecciones (el voto era obligatorio en España desde 1907) con el compromiso revolucionario, como ya lo hicieron antes otros partidos rupturistas en la España del siglo XIX. Los anarquistas consideraban que el Estado debía ser destruido, porque solo era una palanca de la «burguesía» para apuntalar su dominio económico. Por eso, la CNT abominaba de las instituciones representativas y laborales, de todos los partidos, incluidos los obreros, y de la participación electoral.

El sindicato se fundó en 1910 para reunir a aquellas sociedades de oficio procedentes del sindicato Solidaridad Obrera en las que había arraigado el anarquismo. Estas sociedades decidieron escindirse de cualquier colaboración con las de signo socialista y republicano, y constituirse en alternativa nacional a la UGT. La CNT pretendía combinar los fines anarquistas y los objetivos y estrategias del sindicalismo revolucionario, y por eso se la etiquetaba de anarcosindicalista. Pero la mezcla no carecía de incongruencias, como denunciaban los más puristas, que se resolvieron contra los sindicalistas no anarquistas, minoritarios y apartados de los puestos directivos[42].

La tutela anarquista sobre la CNT explica su voluntarismo revolucionario, su creencia en que únicamente la rebeldía constante contra el statu quo en todos los frentes precipitaría la ansiada ruptura. La revolución sería obra de la acción espontánea de las masas, a las que el proselitismo ácrata debía revelarles su situación de explotación y la existencia de un modelo social promisorio, hacia el cual los líderes anarquistas reconducirían la revuelta. En la última década del siglo XIX y primera del XX intentaron despertar a las masas mediante acciones terroristas individuales o de pequeños grupos. Tan solo consiguieron que su clientela potencial, espantada, se marchara con los republicanos de Lerroux, cuyo éxito impulsó a los anarquistas a redescubrir los sindicatos, que debían suministrarles el sujeto revolucionario que les faltaba. Postularon penetrar en las sociedades obreras para controlarlas y ponerse al frente de las luchas laborales, para disuadir a los asalariados de que con las mejoras aparcaran la destrucción de la «sociedad burguesa». Disciplinadas con los mecanismos de la acción directa del sindicalismo revolucionario, querían convertirlas en un ariete eficaz[43].

Este último matiz es importante: los anarquistas tomaron los métodos del sindicalismo revolucionario, pero no renunciaron a sus objetivos primigenios. Este sindicalismo postulaba revolucionar mediante la «expropiación de la burguesía», esto es, una toma de control progresivo de toda la economía nacional. Para ello debía eliminarse la capacidad de los patronos de decidir sobre contrataciones, despidos, producción y distribución, que caerían en manos del sindicato. Así, los «proletarios» se irían instruyendo en la gestión del negocio hasta que una «huelga general» permitiera tomar las fábricas, los comercios y las explotaciones.

Como no sea por su gradualismo, es erróneo tratar a los sindicalistas de «moderados». Del mismo modo que los anarquistas, los sindicalistas no estaban interesados en la «política», ni en las elecciones, ni en las alianzas con otros partidos. Conceptos como «interés público» o «bien común» poco les decían. Nada esperaban de la buena voluntad de los Gobiernos, de las leyes o de los pactos. Odiaban al Estado tanto como al patrón y detestaban incluso la idea de un Estado-providencia, con sus reglamentaciones y beneficios sociales. Su denuncia de las condiciones de trabajo no iba dirigida a mejorarlas, sino a deslegitimar la sociedad liberal y a fortalecer sus organizaciones por medio de una agitación permanente.

La huelga era su medio de acción preferido, y el sabotaje y los choques con la Policía se consideraban inseparables de los paros laborales. La revolución por medio de la «huelga general» solo vendría de una intensificación de la «acción directa». Los anarquistas apreciaban el potencial revolucionario de la huelga general de los sindicalistas, pues debilitaría la resistencia del «Estado burgués» al aislársele de su «base material», pero pensaban que debía añadirse una acción insurreccional que destruyera dicho Estado. En todo caso, la CNT debía ser ese sindicato nacional expropiador que cohesionara a todo el proletariado español. Se articulaba sobre la federación de sindicatos locales, que, a su vez, se organizaban en federaciones regionales, aspirando a formar una gran organización nacional carente de «funcionarios» estables y de una «burocracia» que asqueaba a los ácratas, pues la consideraban esencialmente antirrevolucionaria.

En realidad, la controversia que más dividía a anarquistas y anarcosindicalistas pasaba por el papel del sindicato en su sociedad futura, el llamado «comunismo libertario». Para los anarquistas debía desaparecer, pues sobraba en su sueño colectivista de comunas locales, libremente federadas y propietarias de los medios de producción. Para los anarcosindicalistas, el sindicato no era solo el instrumento revolucionario, sino el adelanto organizativo de la nueva sociedad posrevolucionaria. Es decir, el Estado y los empresarios serían sustituidos por la CNT que, en adelante, se encargaría de gobernar la producción y la distribución. Los anarcosindicalistas recurrían a Bakunin para sortear el prejuicio antiorganizativo de los más puristas seguidores de Kropotkin. El primero ya había defendido a los sindicatos como instrumento de disciplina y encuadramiento revolucionario del proletariado, y futuro propietario de los medios de producción. Asimismo, había otorgado a la huelga un papel decisivo en su repertorio revolucionario e incluso había tolerado las mejoras de los salarios y las condiciones de trabajo como «conquistas» arrancadas a la burguesía. Por el contrario, a los anarquistas kropotkianos repugnaban por antirrevolucionaria la lucha por los beneficios sociales, lo que explica que se opusieran con éxito, una y otra vez, incluso a toda actividad mutualista dentro de la CNT.

El reencuentro con Bakunin, remozado con el sindicalismo revolucionario, permitió armar una organización que con el tiempo se convertiría en masiva. Dio justificación ideológica a la recluta forzosa de todos los asalariados en el sindicato, obviando sus diferencias políticas y bajo una disciplina férrea. En cada empresa, el sindicato debía ser «único», es decir, no debía tolerar otras sociedades obreras.

La unificación se conseguiría al modo sindicalista, erigiéndose en el único canal para reivindicar mejoras en las condiciones laborales y limitando progresivamente la autonomía del patrón. Estas conquistas eran «expropiaciones parciales», verdaderas actividades revolucionarias, unas concesiones sobre las que se fundamentarían las demás y que servirían, a su vez, para fortalecer la cohesión y la disciplina sindical hasta que la madurez organizativa y una coyuntura favorable indicaran el momento de la revolución final. Todo este proceso organizativo debía comenzar lo antes posible, pues era requisito para el éxito de la huelga general y la insurrección revolucionaria. De ahí que en 1918 los cenetistas dieran una nueva vuelta de tuerca a la disciplina interna y constituyeran sindicatos de ramo o industria, que agrupaban a varios oficios. Querían acabar así con lo que juzgaban el «espíritu corporativista» de los obreros, reuniéndolos a todos en un amplísimo sindicato que permitiría extensas huelgas de solidaridad en los conflictos laborales enquistados[44].

Una «solidaridad» sindical forzada

Pero, a comienzos de 1917, la CNT estaba lejos de esa meta. El sindicato era fuerte en Barcelona y contaba con núcleos débiles y desperdigados en otras provincias de España. El secretario nacional era, desde agosto de 1916, Francisco Jordán, pero la relevancia de la regional catalana dio peso específico a Ángel Pestaña, su futuro secretario y director de Solidaridad Obrera, y, especialmente, a Salvador Seguí, considerado el más pragmático dirigente de la organización. Pintor convertido al anarquismo en la Escuela Moderna de Francisco Ferrer Guardia, Seguí personificó como nadie su mixtura con el sindicalismo. Esta cualidad lo hacía más gradualista que otros anarquistas, pero, en realidad, nunca fue un «moderado» ni abjuró de la violencia. Se le llegó a relacionar con Juan Rull, autor de varios atentados con bomba en la primera década del siglo XX y tuvo que huir de Barcelona al verse implicado en los sucesos de la Semana Trágica de 1909.

Seguí consideraba el sindicalismo revolucionario como «la base, la orientación económica del anarquismo». El sindicato permitiría al proletariado «incautarnos de esa transformación» y asegurar «la producción y el consumo» como los marxistas nunca podrían. Seguí se diferenciaba de los anarquistas por su oportunismo revolucionario. Por supuesto, consideraba la revolución indiscutible: la CNT iba «al comunismo… a la socialización de todos los bienes de la tierra», y los procedimientos serían «aquellos que las circunstancias nos aconsejen, sin apartarnos de aquel camino que nos hemos trazado de antemano». Pero, fiel a su sindicalismo, quería fortalecer la organización y no debilitarla planteando batallas inútiles que alejaran el objetivo de la huelga insurreccional, que para Seguí no era ni una quimera ni un futurible. No era un hombre dogmático y defendió, frente a los anarquistas puros, las mejoras materiales, esa «expropiación parcial de la burguesía», y mostró comprensión hacia el mutualismo, que veía útil para retener y captar afiliados. Seguí fue el paladín de la colaboración con la UGT, el iniciador de un camino hacia una fusión acordada, no impuesta, que debía hacerse sobre bases sindicalistas para abstraerse de las diferencias doctrinales y evitar el predominio socialista y cualquier participación en la «política burguesa» a través de partidos obreros[45].

Ninguna diferencia había entre Seguí y el resto de los directivos cenetistas a la hora de enfocar la lucha sindical en la acción directa contra el patrón. Había que darle la batalla, debilitar su resistencia y ejercitar a los obreros en la «gimnasia revolucionaria» mediante la huelga, el boicot, el sabotaje e incluso la violencia directa contra el «enemigo de clase» y los «esquiroles». Por tanto, la adopción del sindicalismo no eliminó la violencia ácrata, tan solo la resituó en el mundo del trabajo. Las Reflexiones sobre la violencia (1908)de Georges Sorel habían prolongado esta mística de la violencia, no solo como «partera» de la revolución sino como palanca de lucha en la «guerra social» en la que debía curtirse el «proletariado». El autor francés rechazaba el determinismo marxista, porque, según él, una revolución podría acontecer en cualquier lugar, siempre que hubiera una élite de activistas capaces de movilizar a las masas con «mitos revolucionarios». En realidad, el «sorelianismo» fue una reactualización autojustificativa del anarquismo, que ya había postulado la violencia colectiva —⁠insurrecciones— o individual —⁠atentados, atracos— como acciones revolucionarias contra la «opresión» que ejercía la «sociedad burguesa».

Pero si el sindicalismo francés contemplaba la violencia contra los obreros contrarios a la huelga, la «caza del esquirol», en España su adaptación ácrata incluyó el atentado personal contra los «enemigos de clase». Trasladado al mundo del trabajo, se confiaba en la virtud del terrorismo para desgastar al «capitalismo» como ya desgastaba al «Estado». Los anarquistas aún consideraban que el terrorismo era parte esencial de la «propaganda por el hecho», pues, además de privar al «Estado» de sus hombres más valiosos y de impedir el funcionamiento normalizado de sus instituciones, la subsiguiente represión del «Estado burgués» desmentiría su liberalismo y explicitaría ante las masas su naturaleza opresiva.

Se comprende que, con tales planteamientos de guerra social, los anarquistas se opusieran a la mediación de las autoridades y a la legislación social, que consideraban adormideras de las ínfulas revolucionarias. Suscribían la máxima sindicalista de que el sindicato, por sí mismo, era una «práctica revolucionaria», una «institución obrera» nacida para oponerse a las «instituciones capitalistas» y que negaba cualquier autoridad «en el taller, en el Estado y en la sociedad»[46].

Estas ideas no se quedaron en la teoría. En la CNT hubo grupos de acción dispuestos a imponer violentamente la primacía de su organización a patronos y obreros recalcitrantes. Por eso, hay que desligar esta violencia y su forma más extrema, el terrorismo, de las clásicas explicaciones que aluden a la dureza del trato patronal y al incumplimiento de la legislación social. Ambos factores existían y coadyuvaban a crear audiencia potencial al sindicalismo radical, pero ya se vio que en estos años las condiciones de trabajo no empeoraron. Los patronos se mostraban más transigentes que antaño y, en todo caso, distaban de comportarse como un bloque. La falta de mecanismos de mediación entre patronos y obreros se paliaba con la intervención, cada vez más frecuente, de las autoridades, pero resultaban inútiles ante el rechazo que estas suscitaban en los cenetistas.

No es cierto que la violencia fuera ineludible en las huelgas. Los informes del Instituto de Reformas Sociales revelan que la mayoría de las sociedades obreras no recurrían a la violencia ni la necesitaron para abrir negociaciones y obtener mejoras. La crisis de trabajo y la pugna entre patronos y empleados fueron fenómenos extendidos, en mayor o menor medida, a toda España, y también lo fue otro que explica en parte esta violencia: el espionaje y las luchas soterradas entre los que trabajaban al servicio de las embajadas de los beligerantes en la Gran Guerra. Pero, significativamente, todas estas acciones tan solo se tradujeron en actividades terroristas en el bastión anarcosindicalista de Barcelona o en otros lugares donde la CNT contaba con arraigo.

Al recuperar el sindicato como vehículo privilegiado de la «guerra de clases», los anarquistas inscribieron en su seno la acción de los «grupos de afinidad» que, desde el cambio de siglo, estaban atraídos por la mística del terrorismo como acelerante de la revolución. No hubo que esperar a que entraran en la CNT esos «jovenzuelos ladrones» y esos «hombres que viven en la frontera indefinida entre el trabajo y la delincuencia común», a los que los autores anarquistas atribuyeron los atentados. Ya había anarquistas de acción, a quienes se sumaron aquellos sindicalistas que habían asimilado acción directa a acción violenta contra los «enemigos de clase», y de esa unión saldrían los efectivos que acabaron sistematizando y profesionalizando la violencia en las huelgas.

Por supuesto, los directivos más conspicuos de la CNT toleraban —⁠si es que no estaban directamente implicados⁠— los atentados, sin que esas acciones violentas les causaran problema alguno. Salvador Seguí o Ángel Pestaña distinguían el «terrorismo» (la fría industrialización del atentado) de los atentados producto de «la exaltación que en los sentimientos de un individuo cualquiera puede producir una injusticia cometida contra la colectividad». Terrorista era, para ellos, el pistolero profesional que mataba por dinero, pero no el anarquista revestido de un «idealismo místico y apocalíptico», que usaba la violencia como una forma de «lucha de clases»[47].

Estas distinciones eran solo autojustificaciones. Los directivos de los sindicatos tiraban de estos anarquistas de acción, sea cual fuere su motivación, pues lo que importaba era que el terrorismo disciplinara al militante, aterrorizara al «esquirol» y a la competencia sindical (como antes se había intentado con la competencia «política» de los republicanos de Lerroux) y doblegara al patrón. A este se le intimidaba con incrementarle, de un conflicto a otro, los costes de producción para que aceptara la interlocución exclusiva de la CNT y el control sindical de sus operarios, que no eran contratados o no podían permanecer en la empresa si no se afiliaban.

Este carácter instrumental lo convertía en un terrorismo proactivo y no reactivo. No fue una respuesta a las agresiones terroristas de otras sociedades obreras, de los patronos o amparadas por las autoridades, que no se registrarían hasta el bienio 1919-1920. Sencillamente, los sindicatos cenetistas apostaban fuerte en los conflictos laborales porque se jugaban la cohesión interna de sus organizaciones. Solo las mejoras que obtuvieran podrían compensar a sus afiliados por renunciar a su libertad personal y laboral, y obligarles a pagar la cuota sindical y la de solidaridad para mantener a otros huelguistas. El éxito de la huelga les mostraba las ventajas de la sindicación y la unificación sindical; de ahí que la violencia no fuera exclusiva de España. En Italia y Francia los sindicalistas revolucionarios agredían e incluso podían asesinar a otros obreros. Especialmente célebre fue en 1910 el caso de Jules Durand, un directivo de la francesa Confederación General del Trabajo (CGT), que instigó el asesinato de un estibador que se negó a holgar[48].

Pero Barcelona pronto se vio envuelta en una espiral agravada de violencia en la que, de la intimidación y el maltrato al «esquirol», se pasó a los atentados con arma blanca y de fuego, que se extendieron a patronos, encargados y oficinistas. En las huelgas de la CNT se hicieron habituales la aparición de explosivos y el uso de artefactos incendiarios en los centros de trabajo. Ya en 1910 contrastaban la multitud de paros pacíficos con la durísima huelga general de los metalúrgicos anarcosindicalistas adheridos a Solidaridad Obrera, cuyo objetivo era imponer la sindicación a todos los obreros y erigirse en intermediarios únicos ante los patronos. Sus promotores blandieron pistolas para obligar al paro, estallaron dos bombas, se rompieron de cristales y se destruyeron máquinas y mercancías. Como los patronos no cedieron, apalearon a los obreros que no holgaban y cometieron diversos atentados. En apenas doscientos días hubo 117 agresiones y 47 víctimas, entre ellas dos capataces muertos. Los anarcosindicalistas de Gijón importaron el método y, en un paro ferroviario ese mismo año, se produjo un rosario de atentados que afectaron no solo a «esquiroles», sino a dos patronos. Domingo Orueta (un republicano reformista del partido de Melquíades Álvarez) salió ileso, pero Celestino Lantero fue asesinado, acción que apartó a los socialistas de la huelga[49].

En la Ciudad Condal, la violencia se extendió a la huelga de estibadores y carreteros entre 1910 y 1911, con dos muertos (un policía y un «esquirol»), 25 heridos (nueve de bala) y un patrón ileso tras un atentado. La de cocheros de 1912 se saldó con un herido grave y otros diez de consideración. En la del textil, cinco patronos sufrieron atentados: uno de ellos, Carlos Bargalló, murió, y a él se sumó otro «esquirol». La huelga de carreteros de 1914 provocó otra oleada de atentados y agresiones, esta vez respondidas por los obreros contrarios a la huelga, que comenzaron a armarse. Las reyertas se saldaron con dos muertos, diez heridos de bala, y trece por arma blanca.

En el bienio y medio de la Primera Guerra Mundial, hubo 138 episodios de violencia laboral, con siete muertos y 67 heridos graves. De ese total, tres muertos y 22 heridos se registraron solo en 1916. La peor parte se la llevaron los «esquiroles», pero en el listado hubo también patronos, encargados, policías y cenetistas. Ocho patronos salieron ilesos de otros tantos atentados. Hubo 54 sabotajes, de los que 25 se produjeron en 1916. En una huelga de ebanistas, el comité nacional de la CNT alentó sin disimulo la violencia contra patronos y «esquiroles», con saldo de un muerto y siete heridos graves. En el estío, se pudo constatar que el sindicato cenetista de contramaestres del textil El Rádium usó a los «grupos de acción» para amenazar a los patronos que se negaban a subir los salarios y a obreros que no querían sindicarse. En el mes de agosto, su directiva encargó y subvencionó el asesinato de uno de esos obreros, Lorenzo Casas[50].

Esta guerra social no dio todos los resultados apetecidos. Si la intimidación arrancó concesiones, también incrementó la resistencia de los patronos, que recurrieron con mayor frecuencia al lock-out (cierre patronal) para destruir a los sindicatos cenetistas e impedir que personas ajenas a sus negocios controlaran a sus empleados. Tras un periodo de confusión, las autoridades se cercionaron de lo que separaba al anarcosindicalismo de la práctica reivindicativa de otras sociedades obreras, y comenzaron a tratar al primero como problema de orden público. La brigada antianarquista de Barcelona, que lideraba el comisario Francisco Martorell, herido él mismo de bala por un anarquista argentino en 1915, infiltró confidentes en la CNT para prevenir los atentados. Pero el despliegue policial, el desarrollo de la investigación criminal y la propia red de confidentes eran incipientes y, por tanto, no pudieron contener la violencia de los pequeños grupos cohesionados que actuaban oculta, clandestina y sorpresivamente, y tampoco se lograron más condenas que las de los detenidos in fraganti. Pese a todo, el terrorismo aún era esporádico, indesligable de las huelgas, como hemos visto, y estaba lejos de las cifras de pérdidas humanas y materiales que se producirían de 1918 en adelante[51].

Un PSOE al servicio de la UGT

Dentro de la estrategia revolucionaria común, la UGT y el PSOE defendían tácticas diferentes a las cenetistas. Abonados al determinismo marxista, los socialistas pensaban que el cambio revolucionario dependía menos de la voluntad que de las insoslayables contradicciones del «capitalismo». Por tanto, el énfasis en el encuadramiento del «proletariado» y en el fortalecimiento de la organización era superior al de la CNT. Solo el sindicato imbuiría al asalariado de esa «conciencia de clase» que debía diferenciar sus intereses de los del patrón, y le convencería, conquistando diversas mejoras, de las ventajas de la acción común y la disciplina. Así estaría preparado para cuando llegara el momento revolucionario supremo.

La revolución era dogma y meta sagrada del socialismo. Para Luis Araquistáin, uno de sus dirigentes, se trataba de «una necesidad del progreso histórico». Ni siquiera había contraposición con la reforma porque «donde no ha habido revolución tampoco ha habido reforma»: «Un pueblo que no ha podido revolucionarse nunca, o que renuncia a revolucionarse para todo porvenir, está destinado a estancarse y pudrirse, a decaer y perecer». Así, un Gobierno constitucional conectado a la opinión pública nunca podía ser una alternativa de transformación pacífica. La política «de concesiones continuas y substanciosas» entre 1815 y 1914 era espoleada «por el espíritu de la Revolución francesa» y por unos dirigentes que temían «los síntomas revolucionarios que se advierten en los pueblos muy industrializados». «De suerte que la reforma —⁠concluía Araquistáin— es siempre hija de la revolución, consumada o potencial; pero no la evita y, a lo sumo, la dilata o la suaviza… Revolución y reforma no se excluyen, sino que completan el proceso histórico». «Tenemos, pues, que reconocer las revoluciones y que santificarlas —⁠corroboraba el directivo ugetista Eduardo Torralba—. Nuestra labor toda es esencialmente revolucionaria, y si no lo fuera… sería indigna de los ideales propios de hombres del siglo XX. Todo lo que no es revolucionario, es conservador, y todo lo conservador pertenece al pasado; esto es, a lo muerto»[52]. Por supuesto, la revolución implicaba la toma insurreccional del «Estado burgués» y el establecimiento de una «dictadura del proletariado». Esta convertiría al Estado en un instrumento de transformación que liquidaría la «dominación burguesa». El Estado solo desaparecería tras cumplir esta misión.

Pero los socialistas diferían esa insurrección revolucionaria más que la CNT, porque consideraban que el capitalismo español era incipiente y carecía de la madurez del alemán o el británico. Por tanto, no creían que la atrasada España pudiera ser pionera en el camino al socialismo, y eso implicaba abandonar un aventurerismo revolucionario que ponía en riesgo a las organizaciones obreras. Esta posición hacía que los Gobiernos constitucionales y los patronos tuvieran mejor opinión de la UGT que del revolucionarismo impenitente de la CNT[53].

Originariamente, la UGT había nacido como brazo sindical del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), aunque, en realidad, este progresivamente se convirtió en el instrumento político con el que obtener del Parlamento y los ayuntamientos ventajas legales y materiales que fortalecieran al sindicato. No es de extrañar que en 1917 la relación de poder se hubiera invertido, de modo que el partido se hizo cada vez más dependiente de la UGT. A ello contribuía el desequilibrio de fuerzas: el sindicato estaba en torno a los 100 000 afiliados, frente a un PSOE que no sobrepasaba los 16 000.

Además, había que tener en cuenta la reciente reorganización de la UGT, que, imitando al sindicalismo francés, era ya una federación de sindicatos industriales que trascendía las viejas y reducidas sociedades de oficio. Esto permitió acabar con la dispersión de sus organizaciones, coordinar en acciones comunes a un número mayor de afiliados y comprometer más fondos, de modo que las federaciones aumentaron su capacidad de presión con huelgas más amplias y duraderas y mejor financiadas.

La subordinación del PSOE a la UGT también se explicaba en que el sindicato no era un mero instrumento de encuadramiento sindical, sino que, al igual que ocurría con la CNT, era núcleo que anticipaba la nueva sociedad socialista. Por el contrario, el PSOE sufriría la misma suerte que el «Estado burgués» tras cumplir su misión en la fase «transformadora» de la «dictadura del proletariado»: desaparecería. Pero esto no suponía amortizar los liderazgos, pues prácticamente las mismas personas dirigían las dos organizaciones.

A los socialistas no les apasionaba la participación en la «política burguesa», pero no renunciaron a las posibilidades que ofrecían las elecciones para conseguir seguidores y amplificar su mensaje deslegitimador de la monarquía liberal. Tampoco desdeñaban la instrumentalización de las instituciones políticas y laborales, como el Instituto de Reformas Sociales, para fortalecer sus organizaciones, de manera similar a como lo hacían los partidos republicanos. Como sostenía Largo Caballero, debían aprovechar las «concesiones» del capitalismo para ir asaltando «poco a poco los baluartes de los defensores de este régimen social». El partido trasladaba a la vida electoral y parlamentaria esa «guerra ruda y constante» proveniente del mundo del trabajo, llevándola a los «partidos burgueses, llámense como se llamen»[54]. Pero lo hacía sorteando los riesgos de que su movimiento pudiera ser proscrito por el Gobierno, una táctica oportunista que los socialistas percibían como más pragmática y responsable que la explosividad anarquista.

El PSOE no era, por tanto, una opción más de gobierno o de oposición que actuaba dentro del régimen constitucional como mediador entre los electores y el Gobierno, sino el instrumento de una microsociedad organizada en forma de sindicato que contenía en su seno un nuevo régimen político. Su triunfo equivalía, conforme al viejo exclusivismo político del siglo XIX, a su imposición total. Así pues, la conquista del «Estado burgués» no se dejaba —⁠como la revolución⁠— para el mañana, pues las pequeñas palancas de poder ocupadas por los socialistas mediante la participación en la política constitucional debían ir debilitando a los «burgueses». Pero esas palancas no justificaban corresponsabilizarse en la gestión de ese «Estado burgués», por el que los socialistas no se sentían concernidos. El oportunismo revolucionario descansaba, así, sobre una consideración instrumental de la lucha legal, y esta se justificaba solo si existía una contraprestación que permitía avanzar hacia el socialismo.

La franqueza al respecto de Pablo Iglesias, fundador del movimiento en España, era rotunda, incluso en sede parlamentaria: «El Partido Socialista viene a buscar aquí lo que de utilidad puede hallar, pero la totalidad de su ideal no está aquí, la totalidad se entiende que ha de obtenerse de otro modo. Es decir, que este partido no ha cambiado de opinión respecto a este particular; estará en la legalidad mientras la legalidad le permita adquirir lo que necesita; fuera de la legalidad… cuando ella no le permita realizar sus aspiraciones». Tardara más o menos en llegar, se trataba de algo inevitable, pues para Iglesias nada podía esperarse del «espíritu de justicia» de los partidos burgueses, ya que por encima «están los intereses de la clase que representáis»[55].

Por tanto, la participación en la vida política de la monarquía liberal no era una señal de «moderación» ni una táctica que contradecía el postulado axial de la «lucha de clases» o que diluía la ineludible toma revolucionaria del poder. Lo que ha venido en llamarse tradicionalmente «reformismo pablista» era en realidad puro gradualismo, una adaptación de la ortodoxia marxista a un medio especialmente desfavorable como el español. El gradualismo consistía en que, en lugar de postular la inmediata implantación de una «sociedad socialista», la revolución traería primero una «república burguesa», entendiendo que dicha república venía para allanar la futura posición hegemónica del PSOE y la UGT. Así pues, nada de «repúblicas conservadoras» que cortaran a los socialistas su camino a la primacía. En realidad, su pretendido «reformismo» postulaba un cambio de régimen que abría un proceso constituyente por vías revolucionarias.

Este posicionamiento alejaba a los socialistas españoles de la mayoría de sus correligionarios europeos en las otras monarquías constitucionales, más propicios a estrechar sus relaciones con la izquierda monárquica como paso previo para capitalizar su fuerza electoral en poder político y legislación social y sindical. Si Iglesias era renuente al insurreccionalismo anarquista no era porque no quisiera «destruir las instituciones, que odiamos mortalmente»[56], sino solo porque lo concebía como un método falsamente revolucionario, por mal organizado y a destiempo. En el socialismo español apenas existía nada parecido al «revisionismo» socialdemócrata de Eduard Bernstein o al socialismo patriótico de Jean Jaurès; esto es, una opción contraria al catastrofismo revolucionario, descreída de las profecías marxistas y, por tanto, partidaria de colaborar con el «Estado burgués» para abrir una vía progresiva que desterrara la desigualdad mediante la tecnología y la intervención pública.

Cierto que, dentro de ese oportunismo «pablista», existían comportamientos pragmáticos, como el de Manuel Llaneza, dirigente del sindicato minero, o los líderes del socialismo bilbaíno (Indalecio Prieto) y vallisoletano (Óscar Pérez Solís). Este último defenderá, tras el fiasco revolucionario de 1917, apartar la república como objetivo: «El Partido Socialista está obligado a pensar en España antes que en la República —⁠razonaba⁠—. Los partidos se constituyen para gobernar, no para estarse la vida mirando torvamente a los poderes constituidos». Y seguía:

Ganar moralmente unas elecciones será magnífico; pero lo importante es ganarlas de verdad. Y si el Partido Socialista, que seguramente no tendrá la absurda idea de realizar de golpe y porrazo todo su programa, quiere ir efectuando la conquista del poder político, le hará falta un oportunismo que dé flexibilidad a su táctica… Si él quiere la República… la traerá por sí mismo como consecuencia de su paulatina invasión en el poder político… Lo que yo aconsejo es que el Partido Socialista sea útil a España desde el Gobierno… No sé por qué razón singular han de gobernar los socialistas en otras partes con la república o con la monarquía y en España no… Yo creo que el Rey, de quien no tengo derecho a suponer que quiere mal a España y al que supongo a bien con su corona, no querrá que la sopera se vuelque[57].

Pero esta sería una voz en el desierto. Ese pragmatismo estaba relegado a lo económico y laboral, y ningún político socialista español llegó a valorar positivamente, por sí mismas, las libertades civiles y las instituciones constitucionales, como sí lo hicieron los dirigentes más visibles del laborismo británico o de la socialdemocracia sueca. Este último caso es significativo, pues los suecos actuaban en una monarquía donde, a diferencia de España, aún no existía ni el Gobierno parlamentario ni el sufragio universal. Y ya en los años ochenta del siglo XIX los socialistas suecos rechazaron que su misión fuera propiciar revoluciones, pues «estas no podían ser hechas». El paso a la sociedad socialista surgiría de un estallido espontáneo y generalizado de los trabajadores contra la «clase dominante» que el partido encauzaría hacia el objetivo de la «sociedad sin clases». Mientras este estallido no se produjera, no debían alentarse las insurrecciones ni conspirar. Los socialdemócratas suecos apostaron por trabajar dentro de las instituciones y para ello se pusieron como objetivo principal conseguir el sufragio universal por el que sus correligionarios españoles no mostraron interés, para lo cual anudaron una alianza estable con los liberales monárquicos. En 1917, los socialistas suecos ya estaban a las puertas del poder, mientras que los españoles se quedaron electoralmente atascados durante décadas y limitados, políticamente, a ser un satélite del movimiento antisistema tradicional, el republicano.[58]

Los socialistas y la monarquía liberal

Aun así, el PSOE adquirió bastante respetabilidad en la España liberal y una relevancia que no guardaba proporción con lo menguado de sus fuerzas. Pero esa aceptación no era más que un reflejo del prestigio de los socialistas en otros países. En 1914, su Internacional contaba 9 millones de electores y 400 diputados en los distintos Parlamentos, y otros 5 millones de afiliados sumaban sus poderosos e influyentes sindicatos. El rey y los dirigentes constitucionales percibían al PSOE como una fuerza de futuro que tendría mayor peso conforme se activara competitivamente el sufragio universal, como ocurría en países más adelantados.

Los liberales y los conservadores esperaban que el acceso del PSOE al Parlamento, a los ayuntamientos, al Instituto de Reformas Sociales e incluso a las juntas provinciales de Subsistencias impulsara a los socialistas a afirmar su legalismo y rehuir la revolución[59]. La Gran Guerra había alimentado esas expectativas de integración y los socialistas, como partido o a través de alguno de sus dirigentes, participaban en los Gobiernos de Reino Unido, Francia y Bélgica. Asimismo, los socialdemócratas también cooperaban estrechamente con el emperador Guillermo II en el esfuerzo de guerra alemán. Por su parte, los políticos españoles pensaban que el fortalecimiento de la UGT, junto a la legislación social y la progresiva mejora de las condiciones laborales desincentivaría cualquier movimiento insurreccional.

Pero la desconfianza hacia el socialismo español subió enteros cuando el PSOE suavizó su exclusivismo «de clase» para colaborar, a partir de 1909, con los republicanos y no con la izquierda constitucional, como sucedía en Reino Unido, Suecia, Holanda o Bélgica. Esto significaba que el movimiento daba el paso de ponerse abierta y decididamente contra la Corona. Y aunque, más tarde, esa alianza con los republicanos se debilitó, no lo hizo el fervor antimonárquico del PSOE. Su X Congreso, de 1915, declaró a la monarquía liberal y sus instituciones «incompatibles con el desarrollo de la civilización moderna en España». Cualquier dirigente político que salía del «alcázar» regio lo hacía impotente «para el bien y para la civilización y la democratización de la vida española» por quedar «envuelto y sin acción ni movimiento entre las mallas de la red tradicionalista y reaccionaria». No se trataba de una declaración sobre la monarquía española, sino de una afirmación general, dogmática, contra las monarquías que «en todas partes resisten por su naturaleza esencial al espíritu democrático». Los contraejemplos de Reino Unido, Bélgica u Holanda se calificaban de mero «barniz»[60].

Por tanto, para el PSOE era fundamental sustituir la monarquía liberal por la república, porque si no, la senda hacia el socialismo permanecería obturada. Esto convertía al socialista en un partido doblemente subversivo, por republicano y por clasista, y se cerraba el camino a convertirse en el motor para democratizar la monarquía y erigirse en la izquierda constitucional del futuro[61].

De hecho, cuando los socialistas hablaban de «democratizar», solo se referían a una igualación social que destruyera toda distinción y jerarquía. Como Iglesias reveló a las Cortes, los socialistas venían a «concluir con los antagonismos sociales» y a «establecer la solidaridad humana», lo que significaba «la supresión de la magistratura, la supresión de la Iglesia, la supresión del Ejército y la supresión de otras instituciones necesarias para este régimen de insolidaridad y antagonismo», en referencia a la Corona[62]. Nunca les interesó la «democracia burguesa», como los socialistas denominaban despectivamente al régimen pluralista de los partidos que competían por el poder desenvueltos en un marco de libre concurrencia. En su futurible, la política constitucional era algo destinado a eliminarse.

A comienzos de 1917, el PSOE estaba inmerso en un proceso de relevo en el liderazgo. Pablo Iglesias, viejo y enfermo, perdía influencia en beneficio de Julián Besteiro y Francisco Largo Caballero, que mostraban la pujanza del socialismo madrileño. Todavía entonces un tercio de los afiliados ugetistas vivía en la capital de España. A diferencia de Largo Caballero, un obrero estuquista aferrado a la ortodoxia «pablista», Besteiro era un catedrático de Lógica atraído por el marxismo. La presencia de un «burgués» no suavizó, sino que reforzó el mesianismo revolucionario del PSOE. Para Besteiro era indiscutible que el marxismo había predicho científicamente el fin del capitalismo, aunque su determinismo no era un «fatalismo» que excluyera la acción socialista en el presente para acelerar la llegada de la revolución. Al contrario, consideraba que los socialistas eran «revolucionarios» que perseguían «el cambio económico actual por los medios más rápidos y menos cruentos para la humanidad». Por tanto, tenían el deber moral de impulsar ya ese cambio y prepararse para hacerlo realidad a la menor oportunidad, un activismo susceptible de abrir una colaboración revolucionaria más estrecha tanto con los republicanos como con la CNT[63].

Esta convergencia teórica venía reforzada por la aceptación, cada vez mayor en la UGT, de los métodos sindicalistas. En la década anterior a la Gran Guerra, las huelgas ugetistas que se enquistaban mostraron un uso creciente de la violencia en los conflictos laborales: agresiones de piquetes a «esquiroles», destrucción del utillaje y de las instalaciones fabriles con métodos que fluctuaban entre las pedreas y el uso de explosivos, el derribo de postes telefónicos o el levantamiento de vías férreas. Estas acciones perseguían debilitar la resistencia patronal y forzar, si esta no cedía, la intervención de las autoridades.

En las huelgas de mineros y metalúrgicos ugetistas había muertos y heridos, porque ambos tenían la costumbre de elevar a paro general de todos los sectores sus conflictos sectoriales, lo que provocaba choques con otros obreros y con la Policía. Mineros y metalúrgicos estaban bien organizados y disfrutaban de salarios más altos y regulares que la media, proporcionales a la dureza de su oficio y al alto riesgo de incapacidad laboral y muerte.

También se observó un aumento de actos violentos entre los ferroviarios de UGT. Así, la presencia de un sindicato católico que decidió no sumarse a la huelga general del sector en julio de 1916 se saldó con diversas represalias de los ugetistas: un agente del depósito de máquinas y un ferroviario fueron brutalmente apaleados en Santander; un guardafreno fue acuchillado en Monforte de Lemos (Lugo), y otros tres maquinistas y la hija de uno de ellos fueron apedreados en Valladolid. El 12 de noviembre, los ferroviarios ugetistas asaltaron y agredieron a los que asistían a la inauguración en Medina del Campo (Valladolid) de una sede del sindicato católico rival.

Este uso de la violencia no era oficialmente reconocido como parte de la «acción colectiva» porque no gustaba a Pablo Iglesias, que la consideraba un retorno al ludismo y a la violencia de los paros decimonónicos. Iglesias rechazaba la espontaneidad huelguística de los anarcosindicalistas y le obsesionaba que la protesta no se saliera de los cauces marcados por el sindicato. Como la disciplina interna era un valor en la UGT, la violencia fue menos intensa y sistemática que la de los cenetistas; no recurrían a los atentados y los choques con las fuerzas de orden público eran la excepción y no la regla[64].

Probablemente, la UGT tenía más en cuenta que la CNT el hándicap que para la socialización revolucionaria suponía hacer política a través de canales no políticos, como los laborales. El principal problema era la confusión —⁠incluso contraposición de intereses⁠— entre los dirigentes de estos sindicatos y sus militantes de base. Los primeros interpretaban la lucha sindical como un medio subversivo, pero la mayoría de los militantes estaban poco imbuidos en esos objetivos de largo alcance, y muchos apenas habían asimilado el marxismo o el anarquismo. El afiliado a la UGT y a la CNT, así como el de otras sociedades obreras, ingresaba para estar a buenas con sus compañeros de trabajo, obtener protección y evitar coacciones. También lo hacía para conseguir mejoras en sus condiciones de trabajo, porque percibían que los trabajadores organizados eran los que más lograban: de hecho, los mayores incrementos salariales en 1915 y 1916 fueron para ellos.

Esa divergencia de expectativas era una vieja cuestión, heredada del siglo XIX, que había dividido a los dirigentes sindicales en revolucionarios ortodoxos y pragmáticos. Los primeros siempre habían concebido al sindicato como una forma de conseguir recursos humanos para la acción directa contra la «sociedad burguesa». Por su parte, los pragmáticos recelaban de cualquier ruptura que no tuviera expectativas ciertas de triunfo, porque priorizaban conservar el sindicato y los beneficios ya conquistados al «capitalismo». Por supuesto, se esperaba que esa diferencia de planteamiento acabara cuando todos los afiliados alcanzaran la «conciencia de clase». Y, aunque la politización marxista existió entre las bases, el afiliado de base era reacio a jugarse su integridad física por la causa. Incluso la antijerárquica CNT reconocería, especialmente tras la Revolución rusa, que no cabía apostarlo todo a la espontaneidad de unas masas tan medrosas. Estas debían ser no ya guiadas, sino arrastradas por unos cuantos líderes escogidos.

La disociación entre dirigentes y bases, junto a la relativa debilidad de la UGT y la CNT, explica que el incremento de la actividad huelguística entre 1914 y 1916, en la que ambas centrales tuvieron un papel relevante, no tendiera hacia una subversión inmediata. Si ambas organizaciones no diferenciaban las luchas laborales de las «transformadoras», sus huelgas únicamente tenían matiz subversivo cuando eran preparación y prolegómeno de una huelga general revolucionaria. Y tengamos en cuenta que ambos adjetivos, «general» y «revolucionaria», eran inseparables: frente a las huelgas sectoriales, la general era expresión y recordatorio de los fines antipolíticos de ambas organizaciones sindicales. Quien mejor resumió este proceso fue el sindicalista revolucionario Pierre Monatte: «De malestar en malestar, de huelga en huelga, de la huelga semieconómica y semipolítica a la huelga puramente política, vamos directos al desahucio de la burguesía, esto es, a la Revolución»[65].

La táctica de la huelga revolucionaria

En la UGT, como en la CNT, había ganado fuerza la idea de que toda insurrección contra el «Estado burgués» debía ir precedida de una huelga que paralizara la economía y permitiera la toma revolucionaria de todos sus sectores, una táctica que parecía ofrecer mayores garantías de éxito que los viejos motines decimonónicos. Reconocido el derecho de huelga, los revolucionarios podían organizarla desde la legalidad, «a la luz del día y sin que sea lícito a los Gobiernos estorbarlos y cohibirlos» con medidas preventivas de orden público. Bastaba anteponer pretextos de orden laboral. Una vez iniciada la huelga, se le daría «carácter revolucionario»[66], sin que el Gobierno supiera si se enfrentaba a uno de los tantos conflictos sociales o a una revuelta política. Las reivindicaciones laborales servían, además, para extender la huelga con amparo legal a otros sectores económicos, a los que se pedía que pararan por solidaridad, entendiendo que la «solidaridad» se recababa de buen grado —⁠instrucciones internas, mítines y manifestaciones cerca de los lugares de trabajo⁠— o señalando a los «esquiroles» y recurriendo a los «grupos de acción». Estos grupos, formados por manifestantes bien aleccionados, debían paralizar el transporte público y privado, para impedir que los que no deseaban holgar pudieran llegar a su trabajo, cerraban el paso al abastecimiento de mercados y comercios, y cortaban la luz y el agua.

Así, una huelga podía ser más dañina y suscitar inicialmente más apoyo que una insurrección. Incluso los empleados no comprometidos estaban más dispuestos a no trabajar, a ocupar su centro de trabajo para sumar al reticente, a impedir la actividad económica o a acudir al mitin o a la manifestación que a enrolarse de primeras en un combate directo con la fuerza pública. Además, los sindicalistas sabían, por la experiencia de paros anteriores, que buena parte de los policías y de los militares era reacia a implicarse en un supuesto conflicto entre patronos y obreros, e incluso simpatizaban de manera instintiva con los segundos cuando enarbolaban unas reivindicaciones materiales que parecía que no hacían peligrar los fundamentos de la sociedad política. De modo que, enquistado el conflicto varios días y en suspenso los servicios más precisos, la división del elemento «burgués» y la inhibición de una parte significativa de la fuerza armada permitiría canalizar el desconcierto y la desafección contra un Gobierno debilitado y desencadenar así la insurrección definitiva.

Con todo, bastantes elementos escapaban al control de los revolucionarios. La imposición de la huelga general presuponía una extensa sindicalización y un intenso proselitismo. Pero, aun con eso, la táctica de la huelga revolucionaria suponía un desafío más serio para el orden constitucional que el romanticismo insurreccional del siglo XIX y su plétora de motines con barricadas. Fue aleccionadora la huelga general de Barcelona de 1902, la más importante de Europa en una década, cuando el paro de los metalúrgicos se enquistó y los anarquistas coadyuvaron a su extensión con un uso intensivo de los piquetes. Durante varios días dejaron de funcionar fábricas, comercios y transportes. Hubo desabastecimiento y asaltos a tiendas, fielatos e incluso conventos, que el ejército resolvió con bastantes dificultades. La huelga tuvo derivaciones en Madrid, Tarragona, Valencia y Zaragoza. Si ese jaque al Gobierno Sagasta no se materializó en nada más fue porque la fuerza pública no perdió el control de la calle, pese a que los choques con los huelguistas generaron 12 muertos y 44 heridos graves. Además, sirvió para reafirmar a sus promotores de que el paro a secas no llevaba a la revolución, sino al agotamiento de la resistencia de los huelguistas, lo que revelaba la necesidad de ligar la huelga a una rápida insurrección[67].

La experiencia de Barcelona impresionó a los por entonces renuentes socialistas, que retrasaban el desencadenamiento de la huelga general hasta el momento revolucionario último, cuando la organización se dispusiera a conquistar el «Estado burgués». Pero, a partir de 1902, comenzaron a aceptarla tal y como la postulaban los sindicalistas; es decir, no solo para derrotar la resistencia patronal en los conflictos laborales, sino, sobre todo, contra los Gobiernos hostiles a la «clase trabajadora». Iglesias pretendía limitar su uso a los bastiones locales, porque traspasar ese ámbito era un desafío revolucionario que ningún Ejecutivo estaría dispuesto a permitir. Además, la UGT distaba de ser un sindicato bien implantado en toda España, circunstancia que hacía inútil la huelga general. Sin embargo, los dirigentes que rodeaban a Iglesias pensaban que debía comenzar a ensayarse, pues la huelga general era un modo de ejercitar y de poner a prueba tanto la disciplina como la cohesión de sus organizaciones en el activismo revolucionario[68].

Del dicho al hecho, y tras diversos tanteos en las enconadas y violentas huelgas de 1903 a 1906 en Vizcaya, los socialistas tomaron parte, junto con anarquistas y republicanos, en las huelgas generales revolucionarias de 1909 y 1911, que pretendían dirigir el descontento por el traslado de reservistas a la guerra de Marruecos hacia una insurrección para proclamar la república. La huelga de 1909 es conocida por los graves sucesos de la Semana Trágica de Barcelona, que tuvo un saldo de 113 muertos, 421 heridos graves y más de un centenar de edificios asaltados e incendiados. Menos conocido es que el levantamiento se extendió también por la provincia y que hubo violentos choques entre los rebeldes y la Policía en Alcoy (Alicante), Bilbao, Gerona, Madrid, Santander y Tarragona. Se trató de fomentar la indisciplina entre soldados y policías presentando el movimiento como una protesta antibelicista. Aunque la táctica no funcionó, en episodios aislados sí se percibió la renuencia de los agentes a actuar[69].

La huelga revolucionaria de 1911 pretendía emular el éxito de la revolución portuguesa del año anterior, que había destronado a Manuel II e implantado la república. Los socialistas se comprometieron aquel verano a declararla para coadyuvar a la intentona republicana, que se redujo al motín de la fragata Numancia. El alzamiento se retrasó al mes septiembre, al calor de varios conflictos laborales enquistados y a la reactivación del envío de tropas a Marruecos. La insurrección duró doce días. Valencia y Vizcaya fueron sus focos importantes, pero se extendió a Barcelona, La Coruña, Madrid, Málaga, Oviedo y Sevilla[70]. El Gobierno de entonces, presidido por el liberal José Canalejas, apresó al comité nacional de la UGT y disolvió la CNT, que ya no pudo actuar en la legalidad hasta 1914. De este episodio, ambos sindicatos tomaron conciencia de la necesidad de comenzar la huelga insurreccional paralizando el servicio ferroviario, para interrumpir las comunicaciones y el abastecimiento, y multiplicar rápidamente el número de huelguistas forzosos. Pero en la huelga general ferroviaria de 1912, patrocinada por la UGT, Canalejas llamó a filas al personal que figuraba como reservistas del Ejército, a imitación de lo que previamente había decretado su homólogo Aristide Briand en Francia.

El pacto revolucionario de Zaragoza

Estos precedentes muestran que el oportunismo revolucionario de los socialistas no quedaba en disquisiciones teóricas ni en pura retórica. Sin embargo, los fracasos mantuvieron la huelga general en el congelador hasta mayo de 1916. Ese mes, la UGT decidió abrir un periodo de colaboración revolucionaria con la CNT. Lo hacía en un contexto desfavorable, porque los cenetistas prosperaban hasta consolidar su bastión barcelonés y extenderse a Valencia y Zaragoza, mientras que la UGT llevaba un cuatrienio de acentuado declive. Si en 1913 alcanzó su máximo histórico de afiliados, con 147 729, a comienzos de 1917 estaba en 99 520. El sindicato socialista todavía era más fuerte que el cenetista, pero este ya amenazaba la primacía de la UGT en la izquierda obrera. Los dirigentes ugetistas leyeron estos datos como una apuesta del «proletariado» por la radicalización, atraído supuestamente por las estentóreas protestas de la CNT contra la inflación, las condenas a huelguistas por diversos episodios violentos entre 1915 y 1916 y la reanudación de las operaciones en Marruecos. Por ello decidieron frenar la sangría aceptando el envite[71].

La CNT había promovido una asamblea sindical en Valencia, abierta a sociedades obreras ajenas al anarcosindicalismo, con el objetivo de captarlas. El 14 de mayo de 1916, los cenetistas aprobaron una resolución para pasar de la protesta a la conminación al Gobierno Romanones, que debía amnistiar a sus militantes, paralizar cualquier acción bélica en el norte de África y devolver los precios a sus niveles de preguerra. El encarecimiento de las subsistencias lo atribuían a «la avaricia y el afán de lucro de unos cuantos acaparadores y exportadores que se enriquecen a costa de las hambres de los pueblos», mientras que unos «gobernantes torpes, prevaricadores o cobardes no se atrevían o no se querían imponer a los explotadores del hambre nacional». La CNT iniciaría una campaña para preparar el ambiente de la huelga general revolucionaria si Romanones no atendía sus exigencias, y la asamblea aprobó proponer a la UGT ir de la mano. La hermandad entre las dos organizaciones sindicales se selló en el mitin de clausura, donde el secretario de la regional catalana de la CNT, Francisco Miranda, se fundió en un abrazo con el dirigente socialista valenciano Andrés Ovejero[72].

La respuesta de la UGT parecía prejuzgada cuando adelantó su XII Congreso a ese mismo mes «para examinar la situación creada por la falta de trabajo y la elevación de las subsistencias». Empezó el 17 de mayo, tan solo tres días después de la clausura de la asamblea de la CNT; duró hasta el 24 y contó con la presencia de dos cenetistas, Mauro Bajatierra y Eusebio Carbó. Por tanto, no parece que la alianza con la CNT se debiera, como suele presentarse, a un acto fortuito impulsado por una iniciativa victoriosa de los delegados asturianos Isidoro Acevedo y Manuel Llaneza, y aceptada los dirigentes ugetistas para evitar que esa federación se embarcara en solitario en la campaña subversiva cenetista. Con independencia de la poca estima que pudieran sentir por la CNT personalidades como Iglesias, Besteiro o Largo Caballero, las reuniones previas del comité ejecutivo nacional de la UGT mostraron que la dirección estaba dispuesta a ir a la protesta de la mano de los anarcosindicalistas. Y eso que Besteiro reconoció, en el comité del 15 de mayo, que no se conocía el verdadero alcance de la crisis de subsistencias y trabajo, pues alegaba «falta de datos para un estudio acabado del mismo». En esas condiciones, Largo Caballero y Besteiro coincidían en que era «muy peligroso concretar las peticiones» al Gobierno «por la responsabilidad que pudiéramos contraer». Aun así, debían seguir adelante, «pues el poder público no atiende las demandas que se le hacen».

En esa misma reunión también se acordó un paro general de veinticuatro horas, al que sucedería la «huelga general indefinida». A esto Iglesias se opuso, ya que la organización no tenía suficiente fuerza y la CNT era un aliado débil. Era «una equivocación» ir a la huelga porque «un pueblo hambriento, falto de idealidad, no puede realizar sino movimientos epilépticos». Pero Besteiro, con el apoyo de todos los demás, le contradijo. Era «de necesidad suma no mantener el escepticismo entre las masas», pues «el atraso general de las clases directoras y la pequeñez de ideales políticos es una consecuencia de la situación de la clase obrera», que debía ser «estimulada» con la huelga. Para reducir a Iglesias, Largo Caballero y el dirigente ferroviario Daniel Anguiano propusieron anteponer al paro general de veinticuatro horas una campaña de agitación con mítines y manifestaciones simultáneas en toda España para dar sensación de fuerza. El «abuelo» se rindió: era conveniente «si el Gobierno no hiciese algo eficaz»[73].

En realidad, la simultaneidad de las propuestas y la presencia de hombres del otro sindicato en los congresos mostraban la existencia de un acuerdo tácito. Varios editoriales de El Socialista del mes de abril habían postulado sustituir la monarquía constitucional por una «república burguesa» que hiciera frente al «problema social». En el mitin inaugural del Congreso de la UGT, se abogó con insistencia por acentuar «con mayor fuerza la acción política» en la táctica sindical, pues desertar de la «lucha política» era hacerlo «de la defensa de los intereses del proletariado». Pablo Iglesias concretó más haciendo una velada alusión a la huelga general: el congreso debía «examinar los medios que nos será conveniente emplear» y evaluar «si no será necesario recomendar a todos los trabajadores que su fuerza pese en todos los sentidos», pues «si nuestra fuerza es empleada solo en una parte, los Gobiernos no nos atenderán»[74].

La posición de la UGT quedó fijada en una resolución de su congreso, que redactó Besteiro, en la que se exigía del Gobierno —⁠con esa falta de concreción que eludía el compromiso de explicar cómo hacerlo⁠— que bajara los precios abaratando los medios de transporte, fomentando la obra pública, regularizando «el intercambio de productos» y suprimiendo «privilegios industriales». También debía eliminar «gastos improductivos», como los de la «criminal guerra de Marruecos». En caso contrario, el congreso daba poder al comité nacional para celebrar mítines y manifestaciones de protesta como paso previo a un paro general de un día, y recabando las colaboraciones necesarias, en alusión a la CNT. Se rechazó la propuesta del asturiano Acevedo de ir a ese paro general en el plazo perentorio de un mes desde el fin del congreso. Si, tras la huelga, el Gobierno seguía sin cumplir esas exigencias, el comité nacional quedaba facultado para reunir a los representantes de las regiones y fijar «la línea de conducta que deba seguirse, con arreglo a lo que las circunstancias aconsejen». El Socialista lo explicitó en el número de cierre del congreso:

Si, como es de suponer, desde las alturas no se da satisfacción a lo que nuestra clase reclama… la gran masa de trabajadores organizados… comprenderá que para conseguir lo que tanto necesita y se propone tiene que vencer la más importante de las resistencias, constituida en régimen político que dirige los destinos de la nación… y su acción a conquistar para el país un régimen político que dé satisfacción a las momentáneas aspiraciones del pueblo.

Sobre los Gobiernos y sobre «quienes con su confianza los mantienen en el poder, caerá la responsabilidad de lo que suceda», en inequívoca referencia al rey y a las Cortes[75].

La revolución como ultimátum

Aprobada la resolución por el congreso, el 1 de junio se envió la circular a las federaciones sindicales para comenzar la agitación. Se pidió a la Casa del Pueblo de Madrid y a los delegados regionales que trabajaran «por que la campaña tenga el mayor éxito posible». Una semana después, el día 8, el comité ejecutivo de la UGT visitó a Romanones para notificarle sus exigencias.

El presidente no se llamó a engaño: como se demandaba del Gobierno la solución a problemas que no estaba en su mano resolver mientras durase la Gran Guerra, aquello no era más que un «pretexto» para «hacer una campaña de orden político». Incluso Largo Caballero lo admitió. Romanones trató de contentarles con promesas de obras públicas que ensancharían las comunicaciones, regularizarían el abastecimiento y permitirían absorber el paro y detener la inflación. Únicamente se negó a la amnistía total para los condenados por delitos «políticos y sociales». Besteiro le advirtió de «que la organización obrera llegaría hasta el último extremo en la conquista del programa que se le entregaba»[76].

El mismo mes de junio, la UGT inició el programa de actos y huelgas escalonadas que jalonaba el camino al paro general. Pero los plazos para la gran huelga general no coincidían con los del plan de la CNT, que, por medio de la asamblea de Valencia, convocó a los ugetistas a una reunión en Zaragoza «para definitivamente ponerse de acuerdo». La UGT envió como delegados a Largo Caballero, Besteiro y al líder ferroviario Vicente Barrio, que el 8 de julio se reunieron con los cenetistas Salvador Seguí y Ángel Lacort, presidente del centro obrero zaragozano. Allí pactaron organizar conjuntamente la campaña de agitación y el paro general de un día. Si el Gobierno no reducía drásticamente la inflación y decretaba una amnistía para los condenados de ambos sindicatos, se iría a una huelga revolucionaria que debía organizarse en tres meses.

El pistoletazo de salida fue el 16 de julio con un mitin en Zaragoza, al que le siguió otro en Barcelona. Besteiro y Caballero acudieron allí con Seguí para intervenir en un acto con los fogoneros y marineros en paro. Pero los tres fueron detenidos durante la huelga ferroviaria que tuvo lugar esa semana de julio[77].

Esa huelga había comenzado como una protesta contra la Compañía de Caminos de Hierro del Norte de España, conocida popularmente como Compañía del Norte, para solicitar un aumento salarial consolidado de dos reales diarios, rechazando así la gratificación que se adelantó a ofrecer la empresa. Sin embargo, la disputa salarial buscaba apoyos para un objetivo más relevante, aunque menos comprensible para los empleados: que la compañía reconociera al Sindicato Norte de la UGT como único interlocutor para negociar en adelante y colectivamente las condiciones laborales.

Ir a la huelga era un asunto grave. El ferrocarril estaba declarado servicio público esencial y su paralización suponía la de casi todo el comercio interior y el exterior con Francia y Portugal. El Gobierno medió para evitarla y logró convertir la gratificación en un aumento salarial estable, pero el ministro de Fomento, Rafael Gasset, se negó a imponer a la compañía las restantes condiciones de la UGT. Los socialistas le acusaron de «propósitos ocultos de provocar una huelga ferroviaria, vencerla y deshacer de este modo aquella organización», con la complicidad de la compañía y de los «sindicatos católicos y amarillos»[78].

Las sociedades profesionales y católicas eran minoritarias en aquella compañía y consideraban contraproducente paralizar el ferrocarril una vez conseguido el aumento salarial. Además, sabían que se jugaban su existencia si el Sindicato Norte obtenía esa interlocución privilegiada con la empresa, motivo por el que no se sumaron a la huelga cuando los ferroviarios ugetistas la declararon el 12 de julio y requirieron a su sindicato matriz que la extendiera a otros sectores. El comité ejecutivo de la UGT, contra el criterio de Pablo Iglesias, anunció un paro de solidaridad si se militarizaba a los ferroviarios, y aprobó adelantar la fecha de la anunciada huelga general y avisar a los delegados regionales. Varios miembros del comité ejecutivo viajaron a La Coruña, Oviedo y Bilbao para extenderla.

El riesgo de parálisis económica y el temor a que ese paro fuera la señal para la tan temida huelga revolucionaria impulsaron a Romanones a emular a Canalejas. El presidente del Gobierno ordenó llamar a filas a aquellos ferroviarios que figuraran como reservistas del Ejército. Para evitar que la huelga se generalizara, mandó suspender las garantías constitucionales en toda España el 13 de julio. La UGT requirió a la CNT para paralizar otro sector vital: la minería del carbón. Sin los trámites que exigía la ley para abandonar el trabajo, la huelga se extendió a las explotaciones asturianas, leonesas, palentinas y a Figols (Barcelona). Holgaron también los metalúrgicos vizcaínos y, el 15 de julio, la CNT impulsó una huelga general del textil en Barcelona. Los paros de solidaridad se extendieron a los ferroviarios de La Coruña y a los trabajadores de los trenes mineros de Oviedo y Vizcaya[79].

Ese 15 de julio, el Gobierno temía el desabastecimiento de carbón. Pero los ferroviarios que no holgaron y los reservistas evitaron la parálisis de las comunicaciones. Los dirigentes de la UGT reconocieron que el sindicato seguía careciendo del arraigo suficiente como para imponer un paro nacional: el que habían declarado «resultaba días después de comenzada la lucha insuficiente para vencer al poder público y aun para resistirle»[80]. La federación ferroviaria de la UGT reculó al notar el grave decaimiento de los maquinistas y los fogoneros de Madrid, Oviedo, Valladolid y Zaragoza, y decidió proponer al Gobierno someter el conflicto al arbitraje del Instituto de Reformas Sociales. Romanones, deseoso de restablecer el servicio, accedió y liberó a los detenidos. El arbitraje desechó las abultadas reivindicaciones de la UGT y propuso a la compañía aumentar un real diario a los trabajadores que cobraran menos de 1500 pesetas anuales. El instituto pidió a la empresa que reconociera al Sindicato Norte y negociara colectivamente las condiciones de sus asociados, pero sin monopolios. Romanones deseaba congraciarse con la UGT para que abandonara sus planes rupturistas y el 11 de agosto decretó que todas las compañías concesionarias de servicios públicos reconocieran a los sindicatos. En adelante, debían considerarlos interlocutores autorizados para negociar o revisar las condiciones de trabajo[81].

Era una cesión relevante que convertía en victoria parcial una huelga derrotada. Sin embargo, pese a la transigencia de Romanones y el desgaste de la huelga, la UGT decidió retomar, junto a la CNT, su estrategia de desestabilización. Ambos sindicatos intensificaron la constitución de comités locales encargados de movilizar a sus afiliados para una nueva campaña de agitación y el paro general de un día. Los comités estarían ligados a los órganos nacionales a través de los delegados regionales. El 15 de octubre tuvieron lugar mítines en distintas ciudades, a los que siguieron una oleada de marchas el 12 de noviembre. La UGT y la CNT también colaboraron en varias huelgas sectoriales.

Los anarcosindicalistas tenían prisa por ir al paro general y el secretario nacional de la CNT, Francisco Jordán, pidió el 19 de octubre reunir a los delegados regionales para declararlo no más tarde del 15 de noviembre. Y «si el Gobierno atropellara en alguna forma a los trabajadores», Jordán exigía que esa fuera la señal para «proseguir la lucha en las circunstancias adecuadas a repeler los atropellos autoritarios y el triunfo de nuestras peticiones», esto es, para declarar la huelga revolucionaria.

Pero los socialistas dudaban. Los mítines y las manifestaciones no habían tenido el éxito de convocatoria esperado y uno de los miembros del comité ejecutivo de UGT que más ardientemente había defendido la acción revolucionaria, el joven tipógrafo Andrés Saborit, planteó el 16 de noviembre retrasar los preparativos. El Gobierno Romanones había anunciado restricciones a la exportación de alimentos y aprobado una nueva ley de abastecimientos que otorgaba a los socialistas dos representantes en la Junta Central de Subsistencias, con poder para tasar los precios. Sin embargo, para Largo Caballero aquello era «una de tantas añagazas del Gobierno», que ni siquiera había decretado la amnistía para los sindicalistas presos. Era consciente de que las exigencias de mayo no iban a resolverse, así que expresó ante el comité ejecutivo su decepción por lo exiguo de la movilización sindical. Malhumorado, espetó a sus compañeros «que había que llegar hasta el final de la campaña» y que esto era «consecuencia de tomar resoluciones sin tener en cuenta la realidad de la fuerza de la organización»[82].

La reunión de los delegados regionales se celebró, finalmente, el 19 de noviembre de 1916 en Madrid. Se aprobó un ultimátum al Gobierno y una fecha fija, el 18 de diciembre, para el paro general de un día. Si este no surtía los efectos deseados, debían «proseguir la acción en los términos que exijan las circunstancias». La CNT ya tenía concretados esos términos: una «huelga indefinida hasta conseguir los fines que la clase trabajadora demanda». Jordán reveló ante el comité nacional de la UGT y los delegados regionales que los cenetistas habían aprobado que las dos huelgas se solaparan porque «habrá represalias». El comité ugetista y sus delegados no aceptaron la propuesta de Jordán, pero coincidieron con la CNT en que después del 18 de diciembre ya solo se trataba de «alcanzar órganos de dirección política nacional que no sean un estorbo, sino un acicate al progreso»; esto es, se iría a derrocar al régimen constitucional[83].

Como estaba previsto, el 18 de diciembre de 1916 se verificó el paro general. El seguimiento excedió con mucho los efectivos de ambas sindicales y puso de relieve la insatisfacción creciente con la inflación, especialmente en Madrid, Barcelona, Bilbao y otros centros mineros e industriales. Más desigual fue en el resto de las capitales y en otros municipios con sindicatos organizados. Participaron como inesperados auxiliares los pequeños comerciantes, para sortear las coacciones, e incluso un buen número de funcionarios, quejosos de su salario carcomido. Para muchos fue su bautismo de fuego. No hubo alteraciones graves de orden público, pero sí asaltos aislados a tahonas y tiendas de comestibles, pedreas a los escaparates de los negocios que abrían e intentos de paralizar los tranvías, lo que en ciudades como San Sebastián supuso choques con la fuerza pública.

El inesperado éxito desató la euforia de los dirigentes ugetistas y cenetistas, que habían demostrado que, si se lo proponían, podían paralizar significativamente la economía nacional. El 21 de diciembre todo eran parabienes en el comité nacional de la UGT. Largo Caballero propuso publicar una circular en El Socialista «mostrando la satisfacción del comité por la unanimidad con que ha respondido la organización al movimiento de protesta del día 18 y estimulándola a proseguir la campaña». Anunció que pediría audiencia a Romanones para exigirle «resoluciones eficaces contra la carestía de las subsistencias y la crisis de trabajo; intervención de la clase obrera en las juntas provinciales de Subsistencias y en la de Aranceles y Valoraciones», además de la amnistía. La misma euforia existía en la CNT, que consideraba aquella acción conjunta como el principio de la unificación sindical. «Y como el Gobierno no podría atender sus reivindicaciones, “habrá que cumplir el acuerdo del congreso” y volver a reunir a los delegados regionales y las representaciones de ambos sindicatos para preparar la huelga revolucionaria»[84].

Romanones tenía razones para estar preocupado: pensaba que se enfrentaba a una revolución a plazo fijo y no podía ofrecer los imposibles que los dos sindicatos solicitaban. La convergencia de la UGT y la CNT, bien organizadas en los centros neurálgicos de la minería, la industria y los transportes, era temible para el orden público y el normal desenvolvimiento de la economía. El presidente nunca había creído que los dos sindicatos llegaran a colaborar tan estrechamente en una empresa común y que pudieran obtener un éxito semejante. Atrincherados en sus utopías y en sus respectivos baluartes territoriales, la hostilidad que se profesaban socialistas y anarquistas presuponía la derrota de la izquierda obrera en cualquier movimiento de ruptura revolucionaria. Preocupado por la cohesión del frente sindical, Romanones reconoció en la reunión que mantuvo con el comité de la UGT la importancia del paro del 18 de diciembre, y trató de justificarse atribuyendo al Parlamento «la responsabilidad de no ayudar al Gobierno, dificultando la aprobación de los proyectos económicos». Largo Caballero le replicó que los ugetistas no aceptaban excusas: Romanones tenía mayoría parlamentaria y, si no era así, debía dimitir. Si no se atendían sus demandas, «habrá que insistir en la campaña emprendida»[85].

Romanones trató de disuadirles aprobando una limitada amnistía. Su Ley de Subsistencias, que apenas modificaba la conservadora de 1915, no prometía frenar la inflación. De ahí que el Gobierno prohibiera cualquier incremento de los precios en bienes de primera necesidad sin la autorización previa de las juntas provinciales de Subsistencias. Como estas actuaban sobre los precios finales, los comerciantes se negaron a vender sin margen o por debajo de coste. Sin policía de abastos, las disposiciones de las juntas quedaron sin aplicarse. También se atascó en las Cortes el presupuesto de obras públicas con el que Romanones había pretendido reducir el paro. Por eso, como contraprestación, prohibió a finales de noviembre de 1916 que saliera de España una amplísima gama de alimentos: cereales y sus harinas, forrajes, legumbres, carne salada y caza, mantecas, ganado, aves de corral y huevos[86].

La CNT recibió con indiferencia estas medidas. En enero de 1917, una asamblea de su regional catalana, que entonces era como convocar a casi toda la CNT, aprobó ir sin ambages a la huelga revolucionaria. Instruyó a los suyos para ahorrar fuerzas y no declarar más paros de los indispensables. Contactó con la UGT para que lo secundara, pero su comité alegó, el 25 de enero, que debía comunicarse antes con las secciones y que el pacto de Zaragoza determinaba que el movimiento no podía ser unilateral. El 15 de febrero, la UGT discutió ir a la «huelga indefinida o violenta» para «un cambio de régimen político». Vicente Barrio lo defendió como consecuencia inevitable de la resolución del Congreso de 1916. Pablo Iglesias permanecía inhibido y Largo Caballero se opuso, ya que no confiaba aún en el éxito. Pero el 22 de febrero, el comité de la UGT acordó informar a los delegados regionales de que «ante la conducta seguida por el Gobierno y el Parlamento, desatendiendo las justas demandas de los trabajadores», debían acudir a Madrid y reunirse con la dirección el 25 de marzo «para marcar la línea de conducta que ha de seguir en las actuales circunstancias». En el ínterin debían informar del estado de sus organizaciones e intensificar la campaña de agitación y protesta. Ambos sindicatos habían decidido jugarse el todo por el todo[87].

3

La democracia española

La revolución que alentaban la UGT y la CNT, ¿qué sistema político pretendía derribar? La forma de gobierno de España en 1917 era la monarquía constitucional. Casi sin interrupción lo había sido desde 1834. Por tanto, a semejanza de otros países del Occidente europeo, en España ya se habían desterrado las instituciones soberanas y se hallaban establecidas las libertades civiles. La Corona ya no era la cúspide de una monarquía pura, la del Antiguo Régimen, sino que se intitulaba «constitucional», lo que implicaba que, aun cuando la Constitución de 1876 le reconociera sus prerrogativas históricas, el rey no las ejercía directamente y ni mucho menos gobernaba.

¿Cuáles eran estas prerrogativas? Alfonso XIII compartía con las Cortes la iniciativa legal, sancionaba y promulgaba las leyes, las hacía ejecutar expidiendo las normas de rango inferior, nombraba a los senadores vitalicios, velaba por la acuñación de moneda y la administración de una justicia que se hacía en su nombre e incluso indultaba. El rey conservaba el orden interno y la seguridad exterior de España y por ello declaraba la guerra y firmaba la paz. Tenía el mando supremo del Ejército y, con arreglo a las leyes, concedía los grados, ascensos y recompensas militares. Como jefe supremo de la Administración, confería los empleos civiles y los honores y distinciones de todas clases y, además, dirigía las relaciones diplomáticas y comerciales con las demás potencias. Esenciales eran sus funciones constitucionales de nombrar y separar libremente a sus ministros, de convocar y disolver las Cortes o de cerrarlas y suspender sus sesiones.

Pero la misma Constitución que le otorgaba esas facultades declaraba al rey «inviolable», y a sus ministros, «responsables». Ningún mandato de Alfonso XIII podía llevarse a cabo sin el refrendo de los ministros. En la práctica, la Constitución había transferido el ejercicio normal de todas esas funciones al Gobierno, aun cuando el monarca inspeccionara la labor de sus ministros y tuviera iniciativas en los ramos más vinculados a la Corona. El rey había sido desplazado del gobierno a una esfera superior dentro de la organización de los poderes del Estado, desde la cual moderaba y arbitraba activamente, no como el rey de una monarquía parlamentaria. Su arbitraje amortiguaba cualquier choque entre los poderes ejecutivo y legislativo, o los que pudieran producirse entre las dos cámaras que componían las Cortes españolas: el Congreso de los Diputados y el Senado. De ahí que el artículo 54 de la Constitución declarara «libre» su facultad de nombrar y cesar Gobiernos, de disolver el Congreso y la parte electiva del Senado, de convocar elecciones (para ambas cámaras o separadamente para cada una de ellas) y de nombrar senadores.

La consideración del monarca como árbitro supremo entre los poderes se enraizaba en los postulados del constitucionalismo del XIX que expuso como nadie Benjamin Constant. La división y el equilibrio de los poderes eran las máximas garantías que preservaban las libertades individuales, si bien, en la práctica, esa división conllevaba el riesgo de que los poderes se combatieran entre sí y generaran, o una situación de bloqueo, o la imposición abusiva de uno sobre otro. Era necesario que cooperasen para hacer gobernable el Estado sin que el equilibrio se rompiera. Para Constant, solo el rey podía encarnar esa magistratura neutra y arbitral que, al margen de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, y en una posición superior a ellos, resolviera en última instancia cualquier bloqueo, en armonía con el interés nacional y el estado de la opinión pública. Como el rey estaba por encima de los partidos, podía interpretar ese interés y auscultar a la opinión sin sectarismos.

Esta idea de la monarquía se complementaba con la del liberalismo doctrinario, que había inspirado el modelo originario de la Restauración española. Un rey constitucional tenía que ser, según sus postulados, no solo un árbitro activo, sino también el guardián último de la Constitución y de la integridad nacional. No podía tener otro interés que el del bien común que personificaba. Su legitimidad era histórica y dinástica, representaba la continuidad y la grandeza de la nación, y ello le permitía situarse al margen de las fluctuaciones coyunturales de la opinión pública.

Para los liberales españoles, aquí residía la superioridad del monarca sobre un presidente de la República como supremo árbitro y guardián. El rey no era hechura de ningún otro poder, y menos de un partido, y eso le ponía a salvo de los intereses y pasiones propias de una sociedad libre. Estas eran las enseñanzas que había recibido Alfonso XIII de su profesor de derecho constitucional, Vicente Santamaría de Paredes, y por ello no podía concebirse a sí mismo como un monarca parlamentario que aconseja, anima y advierte, pero que no decide sobre nada[88].

Alfonso XIII, rey constitucional

Eso sí, esta función arbitral, donde indudablemente pesaba la iniciativa regia, también estaba sometida al refrendo ministerial. Y en España regía, desde los años treinta del siglo XIX, la convención de que los ministros eran políticamente responsables ante las Cortes, lo que significaba que el rey debía nombrarlos de entre los miembros de la mayoría parlamentaria, si no tomaba la decisión de disolver las Cortes. Esa convención constitucional convertía a la monarquía española en una de doble confianza que, en la práctica, funcionaba como un sistema de premier a la inglesa, donde la decisión política residía, en realidad, en un presidente del Consejo de Ministros sostenido a la vez por la Corona y las cámaras.

Es erróneo equiparar al rey de España a monarcas como el káiser alemán, que unían a su magistratura la presidencia efectiva del poder ejecutivo[89]. España no era solo un país con Parlamento sino, además, parlamentario. No funcionaba como una monarquía limitada o una república presidencialista, regímenes ambos con una rígida separación de poderes y con Gobiernos que dependían exclusivamente de la confianza del jefe del Estado. El Consejo de Ministros español enlazaba al rey con las Cortes y aseguraba el concurso conjunto de ambas instituciones en la confección de la ley, que era lo que establecía el artículo 18 de la Constitución.

Por tanto, la «libertad» del rey no consistía en su capacidad ilimitada de seleccionar como presidente del Consejo a quien quisiera, sino a la libertad del árbitro interpuesto entre los poderes ejecutivo y legislativo, esto es, entre el Gobierno y las mayorías parlamentarias. Cuando existía disparidad entre ambos, el monarca decidía si los ministros debían ser sustituidos por otros más conformes con la composición de las cámaras o si, por el contrario, estas debían ser disueltas porque no representaban el estado de opinión que las formó o porque las mayorías habían desaparecido por las divisiones internas, y había que convocar nuevas elecciones.

Además, como España era un país parlamentario, los ministros no eran altos funcionarios de la Administración seleccionados personalmente por el rey, como ocurría en Alemania o en Suecia, sino políticos, hombres de partido que ascendían a la política nacional a través del Parlamento. Únicamente en el caso de una crisis constitucional en la que los demás poderes dejaran de actuar, podía el rey de España, como el monarca británico, tomar un papel activo en el Gobierno. Sus prerrogativas históricas, por tanto, permanecían en la reserva como válvula de seguridad última del sistema político, para llenar los vacíos y corregir las disfuncionalidades que los políticos no pudieran resolver, pero conociendo que esa intervención no debía prolongarse una vez restablecido el juego normal de los partidos.

Un Gobierno parlamentario

La convención constitucional de que la Corona no podía nombrar un Gobierno al margen de las mayorías parlamentarias se ha minusvalorado tradicionalmente por el hecho de que, en aquella España, cada Ejecutivo fabricaba su mayoría manipulando las elecciones. Pero no era ni el rey ni el fraude los que explicaban esta mecánica, sino el pacto electoral entre los conservadores y los liberales. Este pacto se sustentaba en un supuesto previo: el que pasaba a la oposición no competía, sino que auxiliaba al que gobernaba a ganar las siguientes elecciones y refrendar así el cambio concertado entre ambos partidos con el monarca. Este auxilio se hacía previo reparto de las candidaturas, el encasillado, que aseguraba la mayoría de los escaños al partido en el Gobierno y una destacada minoría para la «oposición de Su Majestad».

Con todo, a los diputados no les ataba una férrea disciplina, por lo que la correlación de fuerzas en las cámaras sí influía decisivamente en la formación de los Gobiernos. Bajo el reinado de Alfonso XIII y hasta 1917, diecisiete de sus veintitrés Gobiernos se habían formado después de las elecciones, y con idéntica significación política a las mayorías de unas cámaras ya constituidas. Por otra parte, la necesidad de la confianza de las Cortes no era menos real porque no existiera una votación de investidura del presidente, un mecanismo prácticamente inexistente en el constitucionalismo europeo de entonces. Para sobrevivir, el Gobierno necesitaba que las cámaras convirtieran en leyes el preceptivo presupuesto de ingresos y gastos y el programa que el Gobierno insertaba en el «discurso de la Corona», con el que el rey inauguraba cada nueva legislatura.

El Gobierno parlamentario no estaba formalizado normativamente, sino que se basaba en una serie de convenciones que introdujeron en España (como en las monarquías belga, holandesa, italiana, noruega o la portuguesa de la Regeneraçao) los políticos liberales con el fin de adoptar el sistema Westminster británico[90]. Este sistema de reglas no escritas, que desembocaban en lo que los constitucionalistas llaman «parlamentarismo negativo» en contraste con el «racionalizado», curiosamente hacían más influyentes las defectuosas elecciones españolas a la hora de nombrar y estabilizar el poder ejecutivo que los más competitivos y limpios comicios alemanes. Además, la agrupación de los liberales españoles en dos grandes partidos nacionales restaba al rey la libertad de maniobra de la que disfrutaba, por ejemplo, Víctor Manuel III de Italia, con Parlamentos fragmentados y maleables. No por casualidad, el mayor activismo de Alfonso XIII entre 1902 y 1907 había coincidido con las pugnas coyunturales por el liderazgo que dividieron tanto a los conservadores como a los liberales.

Pero el rey de España disfrutaba, todavía en 1917, del poder que le había otorgado el modelo originario de la Restauración y que el sufragio ya había hecho perder a los monarcas británicos. Alfonso XIII arbitraba la alternancia entre los dos grandes partidos constitucionales, que se turnaban en el poder atendiendo a determinadas reglas, menos claras e inmutables de lo que dan a entender las explicaciones mecanicistas. La intervención del rey era básica para evitar que las ventajas que otorgaba el poder, y que aún se consideraban decisivas para ganar las elecciones, no convirtieran el Gobierno constitucional en el monopolio de un único partido. Aquella monarquía liberal se había diseñado para que no retornase el exclusivismo sectario del periodo de 1834 a 1874, pues se temía que el partido en el Gobierno usara la Administración para cortocircuitar la alternancia e implantar su propia Constitución, o que los de la oposición, ávidos de alcanzar los favores del poder para evitar su desintegración, recurrieran al pronunciamiento militar o a la revolución para obligar a la Corona a destituir al Gobierno. Ese exclusivismo por partida doble había supuesto la intrusión creciente de los militares en la vida política y arruinado tanto el constitucionalismo isabelino como el de la «Gloriosa». En la Restauración, la Corona garantizaba a la «oposición de Su Majestad» que su postergación no sería definitiva y que el partido en el poder no podría abusar de su posición, perseguir a sus adversarios o arrogarse beneficios ilegítimos[91].

Por añadidura, la concentración de todos los liberales en dos partidos iba dirigida a evitar la faccionalización. Con ella desaparecería esa competencia desaforada de los políticos por hacerse con el favor de la Corona, que estimuló el intervencionismo, alentado por sus consejeros, de María Cristina de Borbón, Isabel II y Amadeo I. Dos grandes partidos permitían combinar el criterio de gobernabilidad con la esencia del parlamentarismo liberal, que confiaba que todas las cuestiones podían ser resueltas en las cámaras por medio de una discusión racional entre caballeros bien educados.

El pacto entre conservadores y liberales era la versión española de otras convenciones europeas que, hasta la activación del sufragio universal, se habilitaron para estabilizar la libertad civil como una vía intermedia frente al despotismo revolucionario y el cesarismo reaccionario. Ambos partidos formaban un gran centro político sostenido sobre el asentimiento difuso pero firme de la opinión pública, de los españoles interesados en la política, a favor de la libertad, el orden, el progreso económico y la apertura democrática.

Ciertamente, unos partidos fuertes, cohesionados, que marcharan de acuerdo tanto en los principios básicos como en la práctica del régimen constitucional se bastaban para reducir las iniciativas de la Corona en el ejercicio de sus prerrogativas. Ya lo demostraron Cánovas y Sagasta: fueron ellos, y no Alfonso XII o María Cristina de Habsburgo, los que concertaron las alternancias entre 1884 y 1896. Obtuvieron la sanción de los monarcas acotando al máximo su libertad de seleccionar al primer ministro, que conseguían al limitar a los presidentes y expresidentes del Gobierno y de las cámaras aquel cuerpo de consejeros que el rey podía llamar a consulta durante las crisis.

Este concierto entre ambos líderes objetivó una serie de reglas de situación que definieron el momento de la alternancia y que otorgaban a la Corona una guía aceptada por todos. Las más básicas eran la desaparición de la mayoría parlamentaria por divisiones o escisiones, y una declaración de hostilidad de la oposición constitucional, ya fuera en forma de obstruccionismo o de retirada parlamentaria, pues la tolerancia de la oposición valía tanto como la misma mayoría para sostener al Gobierno[92]. El partido en el poder asumía que debía marcharse siempre que el otro mostrara suficiente cohesión y fortaleza para recibir el decreto de disolución, y refrendar la acción del rey ganando una mayoría parlamentaria en las futuras elecciones. La cohesión y la fuerza eran prerrequisitos para convertir el poder en una palanca electoral eficaz y para negociar en condiciones ventajosas con el otro partido constitucional una coalición para las votaciones. De ese modo, el partido gobernante podía presentar a los candidatos que necesitaba para la mayoría sin que los aspirantes de la «oposición de Su Majestad» estorbasen su victoria.

Todas estas reglas evitaban que la decisión de la Corona a favor de un partido se interpretara por los demás como un arbitrio derivado de la voluntad del rey o de su preferencia personal por un determinado programa político, con riesgo de someter al monarca a la controversia partidista. Bien que mal, tales reglas seguían observándose a comienzos de 1917 con Dato y Romanones. La lealtad básica de sus partidos a la monarquía constitucional desincentivó intervenciones aparatosas, como la de Carlos I de Portugal (1889-1908), que desgastaron su legitimidad durante la última década del siglo XIX y la primera del XX: la más relevante, el recurso a la suspensión sine die de las sesiones parlamentarias, que los políticos del país vecino inducían a cometer a su monarca[93].

Ni oligarquía ni caciquismo

Por lo demás, la intervención de la Corona para regular la alternancia era, en 1917, lo común en las monarquías con Gobiernos parlamentarios. España no era ninguna excepción. La doble confianza y el turno de los partidos eran la traducción nacional de las convenciones que hacían posible, en la Europa de aquel tiempo, la gobernabilidad en sistemas parlamentarios predemocráticos; es decir, en regímenes donde las elecciones todavía no determinaban qué partidos gobernarían y cuáles quedarían en la oposición. En España, el turno resolvía la «antinomia absurda» entre el «raquitismo cívico nacional» y «la corpulencia democrática del estatuto legislado»[94]. La temprana ley del sufragio universal de 1890 había bloqueado la vía británica de ampliar el voto conforme los partidos movilizaban a nuevos contingentes de españoles. Con una raquítica brújula electoral, la alternancia descansaba en el compromiso de los «alfonsinos» que restauraron la monarquía en 1874 con «las fuerzas involucradas en el Sexenio [los que habían derrocado a Isabel II]» para renunciar «a los procedimientos revolucionarios… para hacerse con el poder, a cambio del compromiso directo de la Corona de asegurarles el acceso al gobierno a intervalos no muy largos y darles el decreto de disolución y elección de Cortes»[95].

El discurso de «oligarquía y caciquismo» y el error de juzgar aquel sistema político desde la óptica de la democracia actual ha devaluado la importancia del turno para civilizar la lucha entre los partidos y asentar el régimen constitucional tras una revolución y tres guerras civiles. El constitucionalismo dio forma a la amplia coincidencia de la mayoría de la élite política y la opinión pública en el rechazo, tras la experiencia del Sexenio, a la república y a la monarquía carlista. La alternancia pactada acostumbró a los españoles a los cambios en el Gobierno sin rupturas del sistema político, y a los políticos a reconocer la legitimidad del adversario para gobernar o fiscalizar desde la oposición. Esto facilitó la integración de los partidos al margen del turno.

Si los republicanos y los carlistas no renunciaron a derrocar el sistema político, la apertura de canales electorales y parlamentarios fortaleció a sus alas más legalistas y restó audiencia a los que dirigían sus esfuerzos a una actividad subversiva inmediata. El bipartidismo alternante asoció el gobierno representativo a la oscilación entre un principio de «conservación» y otro de «progreso», donde primaban la moderación y la reforma sobre el espíritu revolucionario. Ambos principios se equilibraban y complementaban en una acción común, la fórmula que la experiencia británica había revelado como la de las sociedades políticas bien ordenadas. El bipartidismo lo encarnaban un partido «liberal-conservador» y otro «liberal-fusionista», que se popularizaron como «conservador» y «liberal».

La estrecha entente entre conservadores y liberales se atribuye a que no eran verdaderos partidos, sino una oligarquía indiferenciada, articulada de arriba abajo por una maraña de relaciones clientelares y partida en dos para garantizar la existencia de una opción de recambio dentro del sistema. Cierto que ambos partidos compartían el consenso liberal de entonces, de un modo apenas distinto a como hoy los partidos comparten el consenso democrático. En 1917, conservadores y liberales defendían la Constitución de 1876 y las convenciones de la monarquía constitucional y el gobierno parlamentario. Por eso compartían un espacio común, un amplio centro político que dejaba espacio a que cada partido reformulara sus programas adaptándolos a los nuevos desafíos, pero sin que la alternancia estorbara la continuidad de las tareas gubernativas. Consagrados constitucionalmente los principios liberales, ambos partidos devinieron en instrumentos para hacer gobernable la monarquía.

Sin embargo, las ideas nunca dejaron de tener un papel relevante, especialmente entre los dirigentes nacionales de ambos partidos. La mayoría de los notables no mudaban su fidelidad política al compás de los cambios de gobierno. Las victorias alternantes entre conservadores y liberales dependían del número de candidatos que cada uno presentaba en función del papel de Gobierno u oposición que les tocara representar, y no de un masivo baile de «caciques» entre un partido u otro. Los liberal-conservadores eran los herederos del Partido Moderado y la fracción mayoritaria de la Unión Liberal que, entre 1874 y 1876, apoyaron la restauración de la monarquía en la persona de Alfonso XII. Los liberales procedían del Partido Progresista y de aquella parte de la Unión Liberal todavía fiel a los principios de la Constitución de 1869.

Los perfiles de ambos partidos se afirmaron con la política de atracción por los extremos que practicaron durante el último cuarto del siglo XIX. La izquierda constitucional logró absorber a los demócratas del campo monárquico y del republicano, que tenían como postulado indeclinable el sufragio universal. La derecha constitucional hizo lo mismo con los «neocatólicos», que se habían movido a mediados del siglo XIX entre el liberalismo y el carlismo, lo que consolidó la integración de la Iglesia en el sistema y diluyó la confrontación entre liberalismo y catolicismo anterior a 1875. Esta política de atracción, junto a la constante reabsorción de las escisiones de cada partido constitucional, contribuyó a mantener y a ampliar las bases de apoyo a la monarquía y a arrinconar a sus impugnadores. A comienzos de 1917 no se había invertido esa tendencia.

Pero la alternancia pactada entre liberales y conservadores tenía también costes importantes. Aprobada la Constitución, las Cortes de la Restauración se habían concebido como el instrumento de un Gobierno mayoritario, y no para forjar consensos. Sin embargo, al priorizarse la atracción y la preservación de la lealtad primero de la izquierda constitucional y después de las fracciones más moderadas del carlismo y del republicanismo, las cámaras se aproximaron con el tiempo a una versión del polaco liberum veto, como, entre preocupado y socarrón, lo definió Gabriel Maura[96]. Desde la última década del siglo XIX aumentó la inquietud por la capacidad de una exigua minoría de diputados de retrasar la aprobación y hasta de forzar la retirada de proyectos de ley. Sin la unanimidad o, al menos, la inhibición de la totalidad de los grupos, no había Gobierno que llevara adelante sus planes, aun contando con la mayoría parlamentaria, y ello desvirtuaba una institución básica del gobierno representativo como lo era el Parlamento. A las fuerzas antisistema se les otorgaba la oportunidad de convertirlo en un organismo que bloqueara la toma de decisiones para deslegitimar, con dosis crecientes de ineficacia, a la monarquía constitucional[97]. La integración de estas fuerzas a través de la política parlamentaria, destinada a desalentar toda acción insurreccional, se hacía a costa de sacrificar la regla de la mayoría (majority rule) inherente a cualquier Gobierno constitucional. Esa disfuncionalidad pudo apreciarse en la coyuntura crítica de la Primera Guerra Mundial, cuando arreciaron las demandas de reforma legislativa por parte de los diversos grupos de interés administrativos y económicos, que se estrellaron ante un Parlamento ineficaz.

La política de neutralizar atrayendo a esas minorías contestatarias no podía ignorar la necesidad de impedirles usar los mecanismos legales e institucionales contra el sistema mismo. El problema era que esas minorías se parapetaban en la defensa de los principios del parlamentarismo liberal, en esencia deliberativo y discutidor. En el siglo XIX, las Cortes se habían considerado un foro de notables que buscaban en diálogo elocuente un compromiso entre opiniones distintas. Por ello, los viejos reglamentos otorgaban un derecho casi ilimitado a los diputados y senadores para fiscalizar al Gobierno y obstruir la labor legislativa. Los partidos conservador y liberal se encontraban con el desafío de adaptar el viejo ritual parlamentario a la necesidad de que las Cortes actuaran como un órgano de gobierno que no solo vigilara, sino que legislase. Oídas y atendidas —⁠en lo que no contradijera los fundamentos de un proyecto de ley⁠—, las observaciones de los diputados de la oposición, el Gobierno parlamentario quedaba subvertido si no prevalecía el peso de los votos. La obstrucción para evitarlo era, como apuntó el constitucionalista italiano Sidney Sonnino, la «negación práctica del principio básico de las instituciones representativas», esto es «el derecho de la mayoría legal de decidir después de haber oído las distintas opiniones».

Los líderes constitucionales lo tenían claro. Pero también temían provocar oposiciones irreductibles y retraimientos que obstaculizaran la política de integración propia del modelo originario de la Restauración. Todavía las imponentes mayorías parlamentarias de Cánovas y Sagasta, y el liderazgo cohesivo de ambos, contrapesaron este vicio. Desaparecidos estos, y menguadas las mayorías parlamentarias a poco más de la mitad de los escaños de ambas cámaras, el problema se agravó. En ese parlamentarismo, una mayoría debía componerse al menos de un 60 % de los escaños para compensar las ausencias y autorizar desacuerdos puntuales. Esa flexibilidad era indispensable para evitar las escisiones cuando las medidas de gobierno contradijeran causas defendidas individualmente por algunos parlamentarios de la mayoría o tocaran gravemente los intereses de sus electores[98]. En España, de 1899 a 1916, solo en dos elecciones (1901 y 1907) los partidos vencedores se acercaron a ese 60 %: el resto fueron mayorías raspadas.

España no era diferente

La monarquía liberal española y su Gobierno parlamentario distaban de ser una aberración o un pseudoconstitucionalismo en un continente democratizado. Ni siquiera el arbitraje activo tal y como lo ejerció Alfonso XIII era un hecho diferencial. La abstención de la Corona en un régimen de competición electoral entre los partidos no era plena en ninguna parte de Europa. Ni siquiera en Reino Unido, cuna del parlamentarismo liberal. Sí es cierto que la política británica vivía, desde 1868, en un proceso de democratización que derivaba de la disputa electoral entre los conservadores (tories) y los liberales (whigs) por un sufragio amplio, pero no hubo sufragio universal hasta 1918. Lo normal era, sin embargo, que cuando se agotaba la vida legal de la Cámara de los Comunes, o el premier perdía antes su mayoría, la Corona traspasara el Gobierno sin elecciones al jefe de la oposición.

Esta convención se sostenía en que, antes de la gran competencia electoral de 1868, la acción de la Corona siempre había iniciado la alternancia, que luego el beneficiario consolidaba ganando la mayoría parlamentaria desde el Gobierno. Porque, desde finales del siglo XVIII, los Gabinetes británicos con una mayoría hostil en los Comunes no solían dimitir, sino que disolvían la Cámara y apelaban al cuerpo electoral. Hasta la reforma electoral de 1832, estos Gobiernos siempre ganaron las elecciones. Entre esa fecha y 1868 sufrieron solo dos derrotas, en los comicios de 1835 y 1841.

Fueron precisamente esos dos episodios los que consolidaron otra costumbre: la de que los Gobiernos ya no debían depender solo de la confianza regia, sino también de las cámaras. A partir de entonces, un premier no debía apelar al rey para que disolviera si no tenía una expectativa cierta de poder fortalecer su posición en el Parlamento. Su decisión no debía comprometer a la Corona, exactamente la misma convención que rigió en España hasta 1923. El rey podía conceder o denegar el decreto de disolución, una prerrogativa que ejerció para facilitar la alternancia cuando, a través de las by-elections (elecciones en distritos vacantes), detectaba una disonancia entre la mayoría parlamentaria y el electorado.

Todavía más sorprendente es ver a la Corona británica interviniendo activamente en la selección de los Gobiernos. De hecho, la coyuntura de 1841 a 1868 se lo facilitó, pues whigs y tories se dividieron ambos en dos grupos y ninguno de ellos alcanzó en solitario la mayoría parlamentaria. El repliegue de la Corona comenzó entre 1868 y 1885, cuando se rompió repetidamente la costumbre de que quien disolvía, ganaba. El hecho culminante fue que, en las elecciones de 1868, y al conocer que no tendría mayoría, el conservador Benjamin Disraeli dimitió y no se presentó a los Comunes.

Fue, por tanto, en ese periodo cuando la reina Victoria I se acostumbró a sancionar el resultado electoral entregando el poder al vencedor y no hizo falta ninguna reforma constitucional. La competitividad electoral, por sí misma, había reagrupado a las distintas fracciones en un sistema bipartidista, y este se bastó para reducir la influencia de la Corona en la provisión de los Gobiernos o la disolución de los Comunes.

Pero aún no se trataba de una convención consolidada. Fue decisión de Victoria I el nombrar, en 1885, premier al conservador Salisbury, pese a la mayoría liberal en los Comunes. El indisimulado alineamiento de la reina contra el liberal William Gladstone y su proyecto de autonomía para Irlanda le hizo repetir esa misma operación dando el poder a Salisbury en 1895. Y si en 1917 aún predominaban los liberales británicos fue porque Eduardo VII entregó el poder en 1905 a su entonces jefe, Campbell-Bannerman, y, acto seguido, el decreto de disolución de unos Comunes con mayoría conservadora. Aparte de su papel de mediador para evitar una ruptura entre liberales y conservadores en la crisis constitucional de 1910-1911, su sucesor, Jorge V, intervino para conformar el Gobierno Nacional de la Gran Guerra. Suya fue también la decisión, en diciembre de 1916, de nombrar premier al liberal Lloyd-George, prescindiendo del líder del partido, Herbert Asquith. El rey pensaba que solo Lloyd-George podría recabar el apoyo de conservadores y laboristas.

Pero es que la Corona británica también retenía la prerrogativa de seleccionar de entre las distintas figuras de los dos grandes partidos a su primer ministro. Ese nombramiento convertía al nuevo premier, casi automáticamente, en el jefe de su formación política. Por supuesto, el rey ponderaba los apoyos que dentro de los partidos tenían los distintos dirigentes y, si existía un liderazgo indiscutible, a él le correspondía formar gobierno. Pero la decisión última era de la Corona y esta pesaba especialmente cuando no existían esos liderazgos. En esos casos, los dos grandes partidos estaban dispuestos a sortear la lucha interna por las jefaturas y a someter la cuestión al arbitraje externo y prestigioso del rey. La costumbre perduraría hasta la segunda mitad del siglo XX[99].

Bélgica era el otro gran referente de los monárquicos constitucionales por su temprana parlamentarización. Su Constitución de 1831, al igual que la española, no establecía más que una monarquía constitucional donde la Corona nombraba libremente a su Gobierno. Pero en los años cuarenta del siglo XIX ya se había consolidado la alternancia entre los partidos liberal y católico. Cuando las derrotas electorales provocaron la dimisión de sendos Gobiernos en 1845 y 1847, la Corona comenzó a contar con las mayorías parlamentarias para decidir a qué partido otorgaba el poder. La cohesión interna de los partidos belgas, superior a la de los británicos, convirtió al Gobierno en el centro de decisión política. Pero el empeño de los dos primeros monarcas, Leopoldo I y Leopoldo II, de desarrollar un papel político activo, retrasó la separación efectiva de la Corona respecto del poder ejecutivo, de manera que la aparición de un presidente del Consejo de Ministros se hizo esperar más que en Reino Unido y en España. Además, el rey belga todavía podía nombrar un Gobierno minoritario con decreto de disolución (1857) o escoger a un presidente distinto del líder de la mayoría (1871).

La preponderancia parlamentaria de los católicos entre 1884 y 1914 redujo progresivamente el activismo independiente de la Corona belga a la hora de negar o retrasar la sanción de alguna ley, o de expresar determinadas reservas a la política del gobierno o de algunos ministros. Pero esa prerrogativa volvió a emerger durante la Gran Guerra, cuando Alberto I se empeñó en que los socialistas entraran en el gobierno de unión nacional a cambio de una reforma electoral. Después de 1918, incluso aumentó el papel de la Corona a la hora de ajustar alianzas y seleccionar al primer ministro, cuando la combinación de escrutinio proporcional y voto igual potenció los Parlamentos sin mayorías claras[100].

Holanda también había alcanzado en 1917 una completa parlamentarización. Había vivido bajo una monarquía limitada, con un rey que encabezaba el poder ejecutivo, hasta 1848. Entre ese año y 1868 hubo un lento proceso de ajuste entre el derecho de la Corona de nombrar su Gobierno y la mayoría parlamentaria. Entonces se consolidó la costumbre de que el Gobierno que disolvía pero que luego no obtenía una mayoría de escaños, debía marcharse.

Con todo, la Corona continuó siendo una instancia muy activa, porque en Holanda el desarrollo de los partidos fue lento dentro y fuera del Parlamento, y también porque los reyes se mantuvieron como cabezas del poder ejecutivo y retrasaron aún más que en Bélgica la aparición de un primer ministro. Los diputados se organizaron en dos grandes tendencias, liberal y antirrevolucionaria, más un tercer grupo católico que defendía la igualdad de derechos civiles con los protestantes. Las dos grandes tendencias nunca formaron partidos, y cuando estos se organizaron, no pasaron de una multitud de pequeños grupos que prolongaron el arbitraje activo del rey. Fue Guillermo III el que, en los años setenta y ochenta del siglo XIX, trató de ajustarse estrictamente a la composición del Parlamento para alentar coaliciones mayoritarias e instituyó una costumbre que siguió rígidamente la reina Guillermina. Y aunque terminaron por ser más respetuosos con esta costumbre que los reyes belgas, la mayor fragmentación del Parlamento holandés y las crisis prolongadas de Gobierno hicieron que la Corona continuara seleccionando a la persona que iniciaba la formación del Ejecutivo[101].

Si la mecánica bipartidista fue el método más limitativo de las iniciativas de la Corona, eso explica por qué el rey de Italia conservaba mucho margen de maniobra. Como el monarca español, el italiano nombraba libremente al primer ministro, y su decisión precedía a la confianza de una Cámara de Diputados que, a diferencia de la española, estaba fragmentadísima. Exclusiva del rey era también la decisión de convocar elecciones, tras ponderar la situación política y de los partidos. Pero en Italia la disolución era un mecanismo que la Corona puso a disposición de su Gobierno para disciplinar a los diputados de la mayoría o para renovar una mayoría favorable a los grupos ya coaligados en el poder.

A diferencia de Reino Unido y a semejanza de la Francia republicana, en Italia no había alternancia, sino continuos ajustes de la coalición gubernativa (el rimpasto), que se saldaban con la entrada o salida de los diversos grupos personalistas, todos pertenecientes a un mismo y amplísimo bloque liberal. Dicho bloque había nacido en 1882 de la convergencia de los sectores moderados y mayoritarios de los dos partidos históricos, la Destra y la Sinistra. Con todo, como la Corona auxiliaba a la estabilidad de sus Gobiernos con el decreto de disolución, el equilibrio entre los poderes ejecutivo y legislativo era mayor en Italia que en Francia, y los Gobiernos más estables. En este contexto, las elecciones no decidían ninguna alternancia. Hasta 1917, en Italia los partidos en el poder siempre las ganaron, con un sufragio que tampoco era aún universal[102].

¿La Escandinavia del sur?

Tampoco la monarquía española desmerecía a las escandinavas. Suecia vivía bajo una monarquía limitada parecida a la alemana, con el rey como cabeza del poder ejecutivo, con plena libertad para nombrar a su «ministro de Estado» (primer ministro), y con un sufragio amplio pero restringido a quienes pagaran impuestos y hubieran cumplido el servicio militar. Solo en 1917, por vez primera, la Corona se sintió obligada a encargar el Gobierno a los jefes de una coalición parlamentaria, en este caso de liberales y socialdemócratas, que aprobaron al año siguiente el sufragio universal y democratizaron el Senado. Pero el Gobierno parlamentario no se consolidó hasta la etapa de entreguerras y la Corona intervino activamente en la formación de sus Ejecutivos entre 1920 y 1932[103].

El establecimiento del Gobierno parlamentario en Noruega fue más rápido que en Suecia. El hecho de que fuera su Parlamento, el Storting, el que promoviera la separación de esos dos reinos y proclamara un nuevo monarca, Haakon VII, consolidó su primacía. Hubo, además, una temprana democratización al introducirse elecciones directas por sufragio universal en 1906, con un esquema bipartidista de liberales y conservadores que solo se erosionaría a partir de 1919.

Parecida fue la evolución danesa. Hasta 1901, Dinamarca fue una monarquía limitada donde la Corona nombraba al Gobierno al margen del Parlamento (Folketing). Las luchas entre el Gobierno del rey, conservador, y la mayoría liberal de la Cámara Baja, enconadas en las últimas tres décadas del siglo XIX, acabó con la entrega del poder a la mayoría parlamentaria. Pero la división de los liberales y la emergencia de los socialistas propiciaron el fin de las cámaras con mayoría de un solo partido a partir de 1913, un fenómeno que consolidaría el escrutinio proporcional en 1918, y que volvió a incrementar el peso de la Corona en la formación de Gobierno. Solo la crisis constitucional de 1920, motivada por una disputa entre el rey y el Gabinete Zahle a cuenta de la reanexión del ducado de Schleswig, despejó el camino. Tras tres Gobiernos, tres elecciones ese mismo año y una amenaza de huelga general por parte de los socialdemócratas, Cristián X se avino definitivamente a no formar Gobierno sin el acuerdo de los líderes de los partidos del Folketing[104].

La analogía puede llevarse a determinadas áreas donde el rey de España, como sus homólogos europeos, centraba especialmente su actividad. Aunque no gobernaba, era cierto que la limitada duración de los Gobiernos elevó a Alfonso XIII como la institución de continuidad y enlace entre unos y otros. Esto le dio mayor peso, a cubierto del refrendo, en dos áreas que tradicionalmente se consideraban por encima de la política de partidos y de los flujos y reflujos de la opinión pública: la diplomacia y el Ejército. El despacho de estos asuntos lo llevaban los ministros de Estado y Guerra, respectivamente, pero ambos debían tener presente que el rey tenía derecho a ser consultado, a vetar y a tener iniciativas sobre las decisiones más importantes de sus respectivos departamentos.

Nada de esto resulta extraño si se recuerda la posición constitucional del rey. Como jefe del Estado y representante máximo de la persona jurídica de la nación, era el diplomático de más alto rango y, en calidad de tal, tenía una relación asidua con otros jefes de Estado, embajadores y agregados militares. El hecho de que en Europa solo hubiera tres repúblicas (Suiza, Francia y Portugal) reforzaba la posición de Alfonso XIII, que tenía una relación directa, incluso familiar, con otras casas reales. También el monarca era el jefe supremo de las Fuerzas Armadas.

De hecho, la política militar era campo de acción especial del rey en virtud de la ley constitutiva del Ejército de 1878. Aun sometido al refrendo ministerial, dicha ley le otorgaba iniciativa y examen en la provisión de mandos, grados, empleos y recompensas militares. El rey también era el general en jefe del ejército de operaciones cuando tomaba el mando en campaña. La milicia actuaba, en la monarquía liberal, como una corporación autónoma dentro de la estructura gubernativa, con su correspondiente cuota de ministros militares, que estaban ligados a los partidos constitucionales, pero que veían en Alfonso XIII a su verdadero jefe.

El ministro de la Guerra siempre fue el encargado de la organización y el gobierno del Ejército. Pero Alfonso XIII, militar él mismo, asumió con verdadero gusto su papel de máxima autoridad castrense. El cultivo de la relación con generales, jefes y oficiales fue una constante, y se incrementó tras la revolución portuguesa de 1910 para sortear todo contagio republicano. Los militares todavía podían mediatizar la vida política, como mostró la crisis de 1905-1906, que trasvasó a sus tribunales, en virtud de la célebre Ley de Jurisdicciones, los ataques orales o escritos al Ejército. Pero la era de los generales políticos que conoció España hasta 1875 —⁠un factor de perturbación constante⁠— había pasado a la historia.

A principios de 1917, nadie dudaba de que los pronunciamientos militares eran la reliquia de un periodo turbulento, y que el Ejército era basamento fiel de la monarquía constitucional y un factor de estabilización, que no de subversión. La relación directa del «rey-soldado» con los mandos militares, concebida como un contrapeso frente a la captación del Ejército por los partidos políticos, funcionaba. Y, en esto, Alfonso XIII nunca se comportó de forma diferente a los monarcas británicos, holandeses, belgas o escandinavos, que lo hacían con la aquiescencia de sus primeros ministros. Las disonancias del rey de España con sus Gobiernos no eran comunes y rara vez, sobre todo al inicio de su reinado, se saldaron con la dimisión de su presidente o sus ministros. En vísperas de la Primera Guerra Mundial, desencuentros con ese resultado también los tuvieron Alberto I de Bélgica o Gustavo V de Suecia, ambos firmes partidarios de rearmar y reforzar a sus respectivos ejércitos frente a los recortes que sus Gobiernos pretendían realizar en el gasto militar[105].

Una democracia in the making

La intervención de Alfonso XIII en la vida política distaba, como ya se ha dicho, de obedecer a caprichos o ambiciones de poder personal: las convenciones constitucionales le reservaban facultades que la hacían ineludible. El rey las ejerció con un criterio bastante emancipado del influjo cortesano, en guardia contra toda suposición de que «camarillas» de Palacio mediatizaban sus prerrogativas, que fue la crítica que lastró a su abuela, Isabel II, o a su bisabuelo, Fernando VII.

El comienzo de su reinado coincidió con el momento de mayor intervención de un monarca adolescente. Pero al estabilizarse los liderazgos de los grandes partidos en el quinquenio 1907-1912, Alfonso XIII «escatimó más las iniciativas, y menos la confianza, y acabó extremando la parsimonia», recordaba Gabriel Maura, «hasta el punto de que, lejos de multiplicar imposiciones propias, fue, en la segunda mitad de su reinado, víctima frecuente de las ajenas». En conclusión, su «tutela como rey de España no adoleció, en su conjunto, de caprichosa, ni menos todavía de tiránica»[106].

Pero el rey sí estaba imbuido de una mentalidad regeneracionista, hija del desastre de 1898, que abonaba un cierto escepticismo sobre los rendimientos de aquella monarquía liberal. No creía que la opinión pública quedara acotada en unos Parlamentos donde el pacto de los partidos constitucionales suplía, donde persistía, la apatía del sufragio universal. El contacto directo entre la Corona y los españoles lo explicitaba no solo el afán del rey por entablar relación directa con políticos ajenos al turno, militares, diplomáticos, jueces, empresarios, académicos o periodistas, sino también las actividades reservadas a la reina. Victoria Eugenia, nada aficionada a la política, ejercía bien su papel de consorte y, al margen de las actividades protocolarias, empleaba el tiempo en patrocinar obras benéficas que mantuvieran e incluso acrecentaran el prestigio de la Corona.

Esas actividades eran relevantes, pues relegitimaban la monarquía en aquel «reino de la opinión» en el que se había convertido la España liberal. La Corona contaba aún con un gran depósito de legitimidad como institución medular, incluso como cohesivo nacional. Pero Alfonso y Victoria Eugenia eran conscientes de que, entre los españoles interesados en la política, la tradición ejercía cada vez menos influjo para explicarse el sentido de sus instituciones. Los reyes se esforzaron en incrementar su popularidad. Y no les faltó fortuna. El líder más conspicuo de los republicanos, Lerroux, asociaba en febrero de 1917 el declive de su movimiento a la adhesión que suscitaba el titular de la Corona. Ante los políticos franceses razonó que en España no era posible «hacer política republicana» porque el rey contaba con «grandes simpatías»[107].

En realidad, como otros reyes europeos, Alfonso XIII había interiorizado que las sociedades debían gobernarse por medio de una Constitución, un Parlamento y otras instituciones que preservaran la libertad y el pluralismo político, así como los derechos políticos básicos de expresión, reunión y asociación. En 1917, el liberalismo en España no era solo un régimen político, sino la cultura política oficial. Ser liberal no era, como se cree hoy, postular una sociedad pluralista donde no hubiera más nexo entre los individuos que las relaciones económicas. El objetivo del liberalismo era construir una nación unificada, articulada e interdependiente de ciudadanos autónomos, instruidos, con medios de vida propios e iguales ante la ley, para los que la actividad política pudiera constituir la forma más alta de realización personal. Al proceso de consecución de estos objetivos se denominaba por entonces «civilizar». El sentimiento de pertenencia, adhesión y lealtad a esta nación se llamaba «patriotismo», y evocaba escenas heroicas y de sacrificio, altruismo y devoción. Solo se consideraba patriota a aquel que era capaz de trascender del interés sectario al bien común. Este era, en última instancia, el objetivo del liberalismo político: ciudadanos que, alcanzada su autonomía individual, fueran capaces de vencer toda consideración mezquina y se dedicaran a la mejora de la condición humana. Esta llamada no estaba reservada a ningún estamento o grupo concreto de la población; por el contrario, era motivo de «ennoblecimiento social» para cualquier español, viniera de donde viniese.

El proceso se completó con la conversión del sufragio universal en un derecho, que culminaba la igualdad civil de todos los españoles tal y como se concebía entonces, todavía sin la incorporación de la mujer a la vida pública. Pero era cierto que, desde hacía décadas, a los ciudadanos se les aplicaban las mismas leyes y se les reconocían los mismos derechos dentro del territorio nacional, por el que podían moverse libremente y cambiar su residencia sin que sus libertades se vieran afectadas. La protección y la libre disposición de la propiedad, que no tenía solo una vertiente económica sino, ante todo, política y ética, se combinaba con la libre elección de oficio y de cualquier otra actividad productiva y mercantil.

Aun con los límites impuestos por el reconocimiento del catolicismo como confesión oficial del Estado, reflejo de su absoluto predominio social en España, la tolerancia religiosa consagrada en la Constitución había abierto espacios a la secularización y a cierto pluralismo confesional en el ámbito privado, a fin de cuentas, el lugar que los liberales otorgaban a la religión. El mantenimiento de una Iglesia oficial concedía un lugar preeminente a la jerarquía eclesiástica y, por extensión, al bajo clero en el ámbito local, pero también daba influjo a los Gobiernos liberales en la selección de esa jerarquía y en la administración de la Iglesia española a través del Ministerio de Gracia y Justicia. Se evitaba así que la Iglesia deviniera en una poderosa corporación al margen del Estado liberal, gobernada por adversarios acérrimos del constitucionalismo.

No obstante, las rigideces de una sociedad más jerárquica y menos móvil que la actual obstaculizaban el ejercicio efectivo de las libertades. Las bolsas de analfabetismo suponían una importante barrera para la conciencia política y el ascenso social. El abstencionismo electoral, cuando desde 1907 el voto era obligatorio, y la significativa evasión del fisco y del servicio militar mostraban límites explícitos al sueño liberal de una ciudadanía activa y responsable. Muchos españoles no terminaban de apreciar a ese Estado que cobraba impuestos, llevaba a los mozos a los cuarteles, impartía justicia con códigos y procedimientos que no entendían —⁠cuando la disputa trascendía del juez municipal⁠—, les arruinaba con abogados costosos, e inspeccionaba a los agricultores, industriales y comerciantes la calidad de sus productos, sus pesos y medidas. Aun así, la presencia de la Administración se había normalizado y asimilado. En comparación con otras épocas, la sociedad española del primer cuarto del siglo XX también era menos rígida e indocta, y cada vez estaba menos aislada en compartimentos estancos. Es decir, era más permeable y porosa que cualquier otra anterior.

Además, los derechos no eran meramente declarativos: la mayoría de los españoles los habían asimilado hasta interiorizarlos. Incluso el más reciente de asociación se usaba por entonces de forma prolífica: la sociedad civil asistió a un inusitado encuadramiento que desbordaba el plano de los partidos para alcanzar el de las asociaciones económicas (agropecuarias, industriales, mercantiles), laborales (sociedades patronales y obreras) y culturales. De esta libertad se beneficiarían algunos movimientos cuyos fines, a izquierda y derecha, eran poco o nada compatibles con ella y buscaban su abolición; de hecho, los Gobiernos constitucionales eran los más propicios a ser apoyados, pero también a ser combatidos por sus ciudadanos, pues permitían definir la orientación del poder ejecutivo por medio de la elección de representantes parlamentarios. Las leyes dejaban amplio espacio a campañas de agitación para mudar la opinión del Gobierno y de otros ciudadanos por medio de la propaganda y otras medidas de presión sobre las autoridades: peticiones, reuniones, canvassing, panfletos, periódicos, asociaciones, clubes, etcétera[108].

¿Un régimen antidemocrático?

Nadie podía negar que en España imperaba un régimen liberal, constitucional y parlamentario. Pero, como tal, ¿era inherentemente antidemocrático? Más por la persistencia del tópico regeneracionista o republicano, todavía se mantiene en la historiografía una respuesta afirmativa que los hechos no justifican. A comienzos de 1917, el sistema de la Restauración era no antidemocrático, sino, al contrario, proto-democrático[109]. Siempre que se entienda la democracia en un marco liberal, esto es, como un gobierno constitucional y representativo, con sufragio universal, donde el voto es menos una función que un derecho ciudadano, y el Gobierno depende de la confianza de los electores, que se superpone y va desplazando a la del jefe del Estado y la del Parlamento.

Aquella monarquía, atendiendo a su modelo originario, nunca pretendió ser un remedo contemporáneo de la democracia directa «estilo Rousseau» o una adaptación del modelo revolucionario francés; esto es, un régimen de «Convención» donde los electores no se limitan a votar a los diputados de una asamblea, sino que a través de ella pretenden hacer visible la nación y transferirle la soberanía. Esa democracia asamblearia, que en la práctica entrega el poder absoluto a un colectivo electo de individuos, nada tiene que ver con el constitucionalismo democrático, que, precisamente por constitucional, divide el poder para abolir al soberano. El ideal de la democracia liberal no es la «Convención», sino el gobierno mixto, es decir, la erección en equilibrio de diversas magistraturas y órganos que colaboran y se contrapesan entre sí.

Por eso, la Constitución de 1876, en consonancia con el constitucionalismo posrevolucionario, no reconocía una institución soberana, sino una dualidad, las Cortes y el rey, que aseguraba la división del poder. Solo con su concierto se gobernaba y se legislaba. Aunque la reformulación era enteramente liberal, este modelo tenía hondas raíces españolas y, a la vez, se asemejaba al británico, donde la Corona aparecía integrada en el Parlamento para la función legislativa[110].

Por todo ello, la Constitución española era potencialmente democrática: sin romper la preeminencia de la libertad civil y de la división del poder, era compatible con cualquier ampliación del sufragio hasta universalizarlo, como de hecho ocurrió en 1890. Además, España había incorporado en sus convenciones constitucionales los tres componentes fundamentales del modelo Westminster. El primero era la compatibilidad entre el cargo de presidente del Gobierno y el de diputado o senador, que permitía nombrar premier al jefe de la mayoría parlamentaria. El segundo consistía en la disolución ilimitada de las Cámaras, que admitía apelar al arbitraje del cuerpo electoral cada vez que existiera un conflicto entre los poderes ejecutivo y legislativo. Y el tercero radicaba en una ley electoral de mayoría simple y distritos uninominales o plurinominales con pocos escaños, que otorgaba al electorado la capacidad de decidir clara y terminantemente si ese conflicto se resolvería a favor de los amigos o de los adversarios del Gobierno, justo el mecanismo que hizo cuajar y reforzó el sistema de los dos grandes partidos. Estos tres componentes, juntos, incrementaban al máximo los incentivos a la integración del cuerpo electoral en unos pocos partidos para estimular la gobernabilidad y erigir al Ejecutivo como enlace entre la Corona y las Cortes.

Por tanto, si con esos tres incentivos España conservaba el esquema de dos formaciones políticas capaces de obtener por sí solas una mayoría parlamentaria, y sus liderazgos se fortalecían hasta el punto de disciplinar a los diputados y senadores, la activación del sufragio permitiría otorgar a los electores, íntegramente, la decisión de quién debía gobernar. Como la confianza de las Cortes era vital para retener el Gobierno, los británicos ya habían señalado a los españoles la senda por la que la democracia podía acoplarse al Gobierno parlamentario: solo la competición electoral, canalizada a través de grandes partidos que articularan e hicieran gobernable el Parlamento, sustituiría paulatinamente a la Corona como árbitro de la alternancia.

Justo en la práctica del Gobierno parlamentario residía la diferencia básica entre británicos y españoles. El marco institucional y legislativo español no era menos liberal que el del Reino Unido, pero aquí la Corona pesaba más en la distribución del poder, pues, con el turno, los dos grandes partidos renunciaban a conquistar el Gobierno priorizando la vía electoral. Temían que, sin rotación, se estableciera el predominio largo de un partido y el retorno a las luchas extralegales. Este temor se fundaba en que, aunque España llevaba en 1917 casi tres décadas seguidas con sufragio universal, todavía una parte de los electores no lo ejercía, lo que dejaba ancho campo al arreglo fraudulento de las votaciones. Otro segmento de los votantes lo hacía mecánicamente a favor del partido en el poder y de acuerdo con los notables locales, es decir, las personas con influencia política en su municipio, fuese por deferencia o a cambio de favores. Nada distinto a lo que seguía ocurriendo, en mayor o menor medida, en otros países de Europa occidental.

Las razones de este comportamiento electoral eran diversas. La principal residía en el bajo nivel de politización o encuadramiento partidista, porque aún primaba el localismo y la desconexión de la política nacional. Sin duda, influían notablemente las altas tasas de analfabetismo, apatía y desinterés por la política. Pero también se habían atenuado las líneas de fractura que en el siglo XIX alinearon a una parte de los europeos en torno a grandes causas políticas (monarquía/república, religión/secularismo o librecambismo/proteccionismo), mientras en España solo de manera incipiente aparecieron los «clivajes» del siglo XX: los de «clase», introducidos por los socialistas, y los «etno-lingüísticos», por los nacionalistas. A la combinación de estos factores suele atribuirse la lenta activación del sufragio universal. De hecho, su introducción temprana en una España apenas politizada más bien obstaculizó el desarrollo de esos prerrequisitos de competitividad y limpieza que permitían que las elecciones fueran ganando peso en los repartos de poder[111].

La necesidad de extinguir el exclusivismo para matar el riesgo de otra revolución como la de 1868, y la de ir activando el sufragio, explican la duración del turno en España. Este mecanismo, por sí mismo, aunque no hacía imposible la democratización, sí la frenaba, ya que se sostenía en el acuerdo electoral monótono y constante de los dos partidos que, por su mayor fuerza, hubieran estado llamados a constituirse en los principales agentes para movilizar a los electores. Sin embargo, ambos parecían conformarse con esa expectativa de poder a plazo fijo. Esa gran coalición electoral, y no el fraude o la corrupción, explican que los comicios de la Restauración fueran tan previsibles.

El partido que abandonaba el Gobierno lo hacía por algún problema dentro o fuera de las Cortes que había sido incapaz de resolver, o porque las escisiones lo habían dejado dividido y sin mayoría. De ahí que ese partido no concibiese volver al poder de inmediato ni intentara vencer en las elecciones mientras persistieran esos problemas irresolubles o su fragilidad interna. Su marcha era una confesión de incapacidad que descorazonaba a sus notables, que o se abstenían, o se conformaban con los escaños de la minoría y no mostraban garra en la campaña. Las elecciones no podían deshacer una previa alternancia no solo porque el partido en el poder contara con sus recursos, sino porque su antecesor no preveía gobernar por algún tiempo.

La supremacía de conservadores y liberales en un marco de elecciones subcompetitivas los mantuvo como organizaciones mixtas, formadas por amigos y parientes de políticos en los distritos rurales, y por máquinas electorales en las grandes ciudades, donde las personas ya no estaban tan ligadas por lazos de parentesco, amistad o dependencia como en los pueblos, y la propagandaera corriente[112].

El predominio del electorado rural sobre el urbano daba a los partidos ese aspecto arcaizante, de pequeños comités ligados a un notable. Esto, y que no representaran a una «clase» o a un «sistema filosófico» alternativo, ha llevado a despreciar su organización, si bien esta se correspondía con el grado de movilización de una sociedad diferente a la actual y con objetivos también distintos. Cuando este factor se tiene en cuenta, se observa que eran partidos muy eficientes.

Había, por tanto, factores que retrasaban la democratización, pero no eran obstáculos infranqueables. España era una democracia in the making, por usar la expresión con que Gaetano Salvemini definió al sistema italiano antes de la Gran Guerra. Desde 1899, las elecciones indicaban que la apatía y el fraude se estaban reduciendo, y de forma más acelerada a partir de 1907. En virtud de la ley electoral de ese año, España ya contaba con una administración electoral distinta del Gobierno y de los ayuntamientos. Se notaba una presencia de organizaciones electorales acarreadoras de votos en un número creciente de circunscripciones y distritos, incluso en los rurales que antes habían permanecido desmovilizados. Los partidos a izquierda y derecha de los dos grandes (socialistas, republicanos, nacionalistas, católicos y carlistas) se animaron a competir en mayor número de provincias. Pero más relevante fue que los notables liberales y conservadores adquirieran cada vez más fuerza en sus bastiones, se negaran a respetar el pacto de sus jefes nacionales y se animaran a disputar los escaños a los candidatos oficiales. Incluso un crítico impenitente como Gabriel Maura reconocía que con el cambio de siglo «se reprobaron con mayor unanimidad los trampantojos electorales de Gobernación», «el apasionamiento colectivo alcanzó a núcleos más densos de electores», «los distritos rurales rechazaron más frecuentemente candidatos cuneros» o estos «arraigaron en la demarcación»; en definitiva, «la sola protección gubernativa no bastó ya para procurar un acta de diputado sin alguna considerable aportación de votos o de sacrificios pecuniarios»[113].

La competitividad electoral emergió como un fenómeno normalizado. En las Cortes se hallaban presentes, sin grandes dificultades y junto a cortas mayorías de gobierno, todos los partidos con alguna fuerza electoral, por mínima que fuese, aunque los liberales y los conservadores continuaban reclutando e integrando mayoritariamente a cuantos elementos políticos organizados podían recogerse en el país. Su predominio distaba de ser artificioso. Ambas fuerzas comenzaban a adaptarse a unas elecciones que, con sus defectos ya en declive, eran en la segunda década del siglo XX las más dinámicas y auténticas de la historia del sufragio universal en España. Y abrían la puerta a que, en un futuro próximo, los votos dejaran de refrendar las previsiones del turno[114].

Romanones se inclina hacia los aliados

En aquel «reino de la opinión», el conde de Romanones apenas pudo paladear la tregua navideña. A comienzos de 1917, todavía formaban parte de su Gobierno todas las sensibilidades del Partido Liberal. Su unidad parecía restablecida tras la disputa por el liderazgo que había sucedido al asesinato de Canalejas hacía más de un cuatrienio. Había sido éxito de Romanones, hombre simpático y maniobrero, de frente despejada y bigotes curvos y puntiagudos. Sus ojos pícaros y su sonrisa perenne reforzaban una apariencia maquiavélica que el presidente no se cuidaba en disimular. Gustaba que lo asimilaran a su homólogo italiano Giovanni Giolitti, y aunque su política parecía de escasos horizontes, oportunista y centrada en la gestión del día a día, Romanones era un político de sinceras convicciones liberales, notable sentido de la realidad y una lealtad inexpugnable hacia sus colaboradores y deudos, que explicaba las fuertes fidelidades que el conde suscitaba. Su lealtad se extendía al rey, con quien Romanones había trabado estrecha amistad.

Versado en la política exterior, el presidente del Gobierno se había reservado su dirección al depositar la cartera de Estado, como entonces se llamaba la de Exteriores, en un hombre de su máxima confianza, Amalio Gimeno. El resto del Gobierno lo formaban experimentados próceres del partido. El general Agustín Luque, Julio Burell y Rafael Gasset eran los sempiternos ministros liberales de Guerra, Instrucción Pública y Fomento, respectivamente. Juan Alvarado, en Gracia y Justicia, regentaba su tercer ministerio, tras haber ocupado los de Marina y Hacienda en otros Gobiernos. Joaquín Ruiz Jiménez, muy afecto al presidente, había ascendido al flamante Ministerio de la Gobernación, catapultado por su gestión en la Alcaldía de Madrid, mientras que la cartera de Hacienda la ocupaba Santiago Alba, el político más joven y el de mayor proyección del partido. Con carácter de técnico, Romanones había confirmado al vicealmirante Augusto Miranda en el Ministerio de Marina, que ya había pertenecido al anterior Gobierno conservador de Dato y a quien se le había encargado un nuevo plan para remozar la Armada conforme a los avances y enseñanzas de la Gran Guerra. Hasta cinco de aquellos ministros habían militado en su juventud en el republicanismo. Mediante sucesivas captaciones, los liberales continuaban desactivando al movimiento más peligroso para la monarquía. Completaban el cuadro el veterano Miguel Villanueva en la Presidencia del Congreso, mano derecha durante muchos años del fundador del partido, Sagasta, y Manuel García Prieto, antiguo rival de Romanones por la jefatura del partido, en la del Senado.

Los germanófilos contra el presidente

El año 1917 se había inaugurado con un escándalo que dañaba la imagen de Romanones. En unas declaraciones del embajador de Austria, el príncipe Fürstenberg, al subdirector del diario La Nación, Juan Pujol, se acusaba al presidente de lucrarse con las exportaciones que se hacían a los aliados. El Gobierno de Viena andaba disgustado con el rechazo del español a sumarse a la iniciativa norteamericana de una paz negociada, y también por el veto de Romanones a que Alfonso XIII asistiera a los funerales del emperador austriaco Francisco José. Como si esas declaraciones fueran una señal convenida, varios diarios intensificaron las noticias que ligaban a Romanones con empresas a las que se acusaba de acaparar y exportar carbón, plomo y platino, minerales sometidos en España a fuertes restricciones de consumo.

El fomento de esos negocios privados era el remate de otra acusación previa: la de que su Gobierno hacía la vista gorda a las limitaciones a la exportación. Se culpaba al conde de desabastecer el mercado nacional para favorecer a Reino Unido y, sobre todo, a Francia, a la que se vendían grandes cantidades de alimentos, minerales, mulas y cartuchos. Así, Romanones el «contrabandista» aparecía como responsable de esa inflación creciente que provocaba los conflictos obreros.

Las denuncias fueron acogidas tanto por la prensa abonada al escándalo para impugnar el régimen liberal —⁠la de republicanos, socialistas, carlistas y católicos— como también por la ligada a fracciones constitucionales como La Acción, afín a los conservadores de Antonio Maura, y El Día, inspirado por Niceto Alcalá-Zamora, un notable liberal distanciado de Romanones. La tolerancia con las exportaciones a Francia era un secreto a voces. Lo que no pudo demostrarse era la participación directa de Romanones: para 1917 solo constaba su presencia en el accionariado de la Sociedad Peñarroya de plomos, que databa de varios años antes de la preguerra. Quizá la repuesta de la Fiscalía —⁠que denunció y recogió varios de esos diarios, con la consiguiente protesta del resto de la prensa— amplificó unas sospechas que solo abonaban la conocida relación del presidente con los negocios mineros. Él se negó a contestar a lo que calificó de una campaña de difamación[115].

No ayudaba a la credibilidad de los denunciantes que, excepto El Socialista, todos fueran declaradamente germanófilos, y que las embajadas de los Imperios centrales estuvieran implicadas. A Alemania y a Austria-Hungría les interesaba forzar la caída del aliadófilo Romanones y, de hecho, el Gobierno francés interceptó y entregó al español un radiograma del embajador alemán, Max de Ratibor, a Berlín pidiendo dinero para El Día, La Nación y España Nueva, con objeto de perseverar en la campaña de descrédito.

El presidente no había escondido su francofilia desde que en su célebre y polémico artículo «Neutralidades que matan» (Diario Universal, 19 de agosto de 1914), apenas matizado por otro del 4 de septiembre, abogó por una clara alineación de España con la Entente franco-británica, a la que debía auxiliar económica y diplomáticamente aun a riesgo de romper con las potencias centrales. La publicación del artículo había coincidido con el desembarco de las primeras tropas británicas en Francia, y ya en 1913 Romanones, con el apoyo del rey, había pensado en garantizar al presidente francés, Raymond Poincaré, que, en caso de ataque alemán, España adoptaría idéntica postura que Reino Unido. Romanones quiso autorizar el paso de las tropas francesas por la península en su tránsito desde el norte de África hacia la metrópoli, y prometer, en el caso de que Italia declarara la guerra a Francia, que el Gobierno español intervendría a favor de esta. Finalmente, no hubo acuerdo porque esa ayuda se subordinaba a que París se abriera a traspasar Tánger a España[116].

La postura de Romanones seguía siendo puramente personal y no la compartía el grueso del Partido Liberal, inequívocamente alineado con la política de neutralidad. La desconfianza de los notables del partido hacia su propio jefe en materia internacional era tal que llegaron a pedirle garantías de que no modificaría la política exterior de Dato. Los conservadores consideraban la presencia en el poder de los liberales como inoportuna por temprana, pues en 1916 la Entente estaba lejos de la victoria y Dato había conseguido ganarse la confianza de todos los beligerantes. Pero Romanones había roto la union sacrée parlamentaria con los conservadores por razones domésticas, ya que creía que consolidaría mejor su inseguro liderazgo de los liberales si estaba en el Gobierno y no en la oposición.

Las potencias centrales y sus partidarios en España consideraban que Romanones era el único dirigente capaz de declararles la guerra. Iguales expectativas se tenían en Londres y, sobre todo, en París. Por eso, los Imperios centrales se dispusieron a explotar el idealismo y la venalidad de los periodistas españoles para intimidar y descalificar a Romanones y abreviar su estancia en el poder. Buena parte de la prensa española, apurada económicamente con el incremento del coste del papel y los salarios, había comenzado a aceptar dinero de los beligerantes a cambio de defender su causa o incluir noticias favorables a esta. Alarmados, los directores de varios medios, especialmente Torcuato Luca de Tena (ABC), Miguel Moya (Sociedad Editorial Española, que reunía a El Imparcial, El Liberal y Heraldo de Madrid) y Alfredo Escobar (La Época), solicitaron del Gobierno un anticipo reintegrable para la prensa. Podrían así enjugar los gastos crecientes y evitar que el dinero extranjero convirtiera a los periódicos en un peligro para la neutralidad española y que la opinión pública pasara a ser un juguete de los contendientes[117].

Romanones facilitó las cosas a sus enemigos. Con los precedentes de Italia y Portugal, que guerreaban junto a la Entente, el deslizamiento de España hacia Francia desde junio de 1916 suscitaba cada vez más recelos. Al Gobierno francés de Aristide Briand, desesperado con el estancamiento bélico, le satisfacía cada vez menos la neutralidad de España, pese a que le había permitido desguarnecer su frontera sur y sus dominios norteafricanos. Briand aprovechó que el Gobierno español se encargaba de los intereses galos ante Alemania para solicitar de Romanones que interviniera activamente contra las deportaciones y los trabajos forzados que sufrían 25 000 ciudadanos franceses residentes en los departamentos invadidos.

Dato ya se había mostrado activo y voluntarioso en minimizar las represalias contra los soldados prisioneros y la población civil, y Alfonso XIII había montado en Palacio, de su peculio y con un coste de un millón de pesetas, una oficina dependiente de su secretaría en la que el mismo rey se implicó personalmente. Ese departamento asumió la localización de los prisioneros de guerra y la comunicación entre las familias separadas por los frentes, e hizo gestiones para evitar represalias en los campos de presos, que beneficiaron especialmente a Bélgica, Francia y, en menor medida, a Austria-Hungría. Hasta julio de 1917, los veinticinco empleados de Palacio contestaron 260 219 peticiones de noticias de familias de desaparecidos tanto civiles como militares, una cifra que se duplicó al final de la guerra. Además, giraron envíos de fondos con cargo a la Casa del Rey y gestionaron exitosamente 6022 repatriaciones y cuarenta indultos a pena de muerte, que ascendieron a un centenar al término de la guerra. Pero una cosa era esto y otra, como pretendía París, entrar en una disputa diplomática con Alemania, con la que España deseaba mantener relaciones cordiales[118].

París pretende la intervención española

Francia no cejó en su empeño de sumar para la guerra a la última de las potencias latinas neutrales. El 23 de agosto de 1916 redobló la presión en una nota conjunta con el Gobierno británico. Romanones debía oponerse a la guerra submarina alemana e impedir todo aprovisionamiento y repostaje de sus sumergibles en puertos y aguas españoles. La nota era inconsecuente, pues los alemanes replicaban el bloqueo marítimo aliado y España otorgaba a la marina franco-británica un trato semejante.

La participación de Londres en la nota, más renuente que Francia a la entrada de España en la guerra, fue consecuencia de la torpeza del rey y de Romanones al permitir, en junio de 1916, el arribo de un submarino alemán a Cartagena, en visita oficial, supuestamente para transmitir un mensaje de agradecimiento de Guillermo II a Alfonso XIII por haber acogido a los alemanes huidos del Camerún en la Guinea española. La embajada alemana aprovechó la visita para organizarle un festejo al submarino que se convirtió en un exitoso acto público de los germanófilos españoles y en un acto de presión a la Corona y su Gobierno para que no se saliera de la neutralidad. Peor aún fue que, en su viaje de ida y vuelta desde el puerto austriaco de Cattaro, torpedeara y hundiera varios barcos aliados[119].

Las exigencias de los aliados con la guerra submarina y los prisioneros, reforzadas por la creciente dependencia comercial de España respecto a Reino Unido y el dominio marítimo británico, fueron las razones con las que Romanones esperaba convencer a su Gobierno y a la opinión pública de la necesidad de un cambio en la política exterior. La aliadofilia del presidente se había desbordado con los sucesos militares del verano de 1916. El éxito momentáneo de la ofensiva rusa en Galitzia, la entrada de Rumania en la guerra y el fracaso de los alemanes y austriacos en los frentes francés e italiano, respectivamente, fueron percibidos por el presidente del Consejo como el principio del fin de los centrales.

Romanones creía llegada la hora de orientar la neutralidad hacia Londres y París para preservar los intereses españoles y obtener concesiones en la futura conferencia de paz. Así, el 1 de septiembre remitió un memorándum al rey y, tres días más, tarde obtuvo su aprobación para abrir conversaciones con Francia. Sorprendentemente, no contó con Dato, sino con Antonio Maura. El presidente pensaba que el neutralismo del líder conservador le descartaba como aliado, mientras veía propicio a Maura. El viejo expresidente había propiciado el acercamiento de España a Reino Unido y a Francia en la década anterior, y estaba cada vez más a disgusto con la política de Dato, a la que achacaba haber aislado a España. Maura, anterior líder de los conservadores, ya había mostrado prudentes inclinaciones aliadófilas en su discurso del Teatro Real de Madrid, en abril de 1915[120].

Romanones consiguió el apoyo del rey y de Maura en unos términos que publicitó veladamente este último seis días después en su mitin de Beranga (Santander). Allí Maura criticó la neutralidad española tal y como se había ejercido desde agosto de 1914. Cierto era que la intervención directa en la guerra «no podía admitirse ni en hipótesis», ya que las limitaciones económicas y la falta de preparación militar lo impedían, y los recursos debían concentrarse en Marruecos. El rechazo de la opinión pública era también evidente. Pero una cosa era abstenerse y otra romper el vínculo con la Entente franco-británica, porque ello dejaba a España fuera del «grupo occidental», con el que mantenía «extensa y honda comunidad de intereses». La política exterior española estaba a la deriva y esto explicaba la división cada vez más honda entre aliadófilos y germanófilos, pues era consecuencia de que el Gobierno no imprimía una «unidad fija de propósito colectivo». Maura observaba que Francia y Reino Unido debían corresponder a esa inclinación, fortalecer la posición internacional de España y satisfacer parte de sus reivindicaciones, invirtiendo la tendencia a debilitarla de los últimos «tres siglos». Esa tendencia explicaba que un importante núcleo de opinión, fuerte entre los mismos mauristas, simpatizara con las potencias centrales «contra la corriente natural de nuestros intereses y afinidades».

Maura, que era partidario de la victoria aliada, había planteado un dilema. La política exterior necesitaba un cambio, y su espaldarazo a Romanones fue explícito cuando afirmó que era al Gobierno al que incumbía «elegir oportunidad para plantear y resolver la disyuntiva». Por de pronto, apoyaba la decisión de Romanones de no admitir la entrada de submarinos alemanes en los puertos españoles, privándoles así de un tratamiento asimilable a los «barcos de guerra». Su discurso suscitó enorme aplauso en la prensa ministerial y la opinión aliadófila, pero incurría en la misma inconsecuencia que Romanones cuando razonaba que era posible que España se mantuviera al margen de la guerra a la vez que se inclinaba por uno de los contendientes[121].

Con el respaldo que deseaba, Romanones tuvo sendas entrevistas en San Sebastián con dos emisarios del Gobierno francés de bastante altura: Jules Cambon, exembajador en Madrid y alto funcionario del Ministerio de Asuntos Extranjeros, y Stéphen Pichon, antiguo ministro de Exteriores entre 1906 y 1911 y hombre de confianza de Georges Clemenceau, líder de la fracción partidaria de una victoria total sobre Alemania. Ambos habían sido los artífices del acercamiento diplomático franco-español de la primera década del siglo XX y del ajuste de los intereses de ambos países en Marruecos.

Cambon y Pichon presionaron a Romanones con los inconvenientes que se derivarían para España si no asistía del lado de los vencedores a la futura conferencia de paz. Pero no pudieron concretar qué ventajas recabaría España de un alineamiento más estrecho con la Entente. Las reivindicaciones españolas, cifradas en Gibraltar y Tánger, y en un hipotético apoyo franco-británico a una intervención que restaurara el orden e incluso la monarquía en el convulso Portugal, chocaban directamente con los intereses de París y Londres. Romanones franqueó el paso a ambos emisarios a Palacio, pero las buenas palabras sin concesiones no convencieron al rey. Si el presidente del Gobierno había despertado expectativas en Alfonso XIII, estas se diluyeron tras la entrevista[122].

A partir de entonces, la política exterior distanció al rey y a Romanones. El presidente del Gobierno estaba convencido de la derrota de Alemania, de que la neutralidad solo aumentaría las dificultades de una España rodeada por los aliados, y temía cesiones onerosas a cambio de integrarse en el mundo de posguerra. Más prudente, Alfonso XIII no estaba convencido de que la situación militar conllevara la derrota total de las potencias centrales y no quería cambiar la política de Dato. Le tranquilizaba que los compromisos con Londres y París respecto a Marruecos y el statu quo del Mediterráneo occidental no quedaran derogados por la neutralidad española.

Pero al presidente no le llegaban los problemas de la Corona, sino de su propio partido. A mediados de septiembre acudió a Madrid y convocó un Consejo de Ministros para dar cuenta de sus gestiones y recabar su apoyo. El ambiente estaba enrarecido: el hecho de que Romanones hiciera de ministro de Jornada del rey y veraneara cerca de la frontera francesa había disparado los rumores, e incluso los medios germanófilos insinuaron que se preparaba la entrada de España en la guerra. Cuando Romanones se bajó del tren en Madrid, se encontró con una manifestación hostil. Aun así, parecía decidido a seguir adelante y reveló a Alcalá-Zamora, antes del Consejo, que había pedido los precedentes parlamentarios sobre las declaraciones de guerra[123].

Su reunión con los ministros fue accidentada y trascendieron rumores de crisis. Aunque Romanones les aseguró que no se trataba de ir a la guerra, existía el temor de que se iniciara la senda hacia ella. La neutralidad implicaba abstenerse de participar moral y materialmente, así como una postura equidistante entre los contendientes, sin pretensión alguna de decantar el conflicto. Una cosa era que la situación geográfica del país y la propia marcha de la guerra inclinaran a España a mantener relaciones comerciales intensas con la Entente, una imposición de las circunstancias, y otra muy distinta entregarle voluntariamente los recursos económicos y diplomáticos de la nación. Lo segundo conduciría ineludiblemente a la ruptura de relaciones con los centrales. Todos los ministros, salvo el de Estado, Amalio Gimeno, coincidieron en que no cabía asumir riesgos. Alfonso XIII zanjó los rumores el 25 de septiembre: tras una audiencia con el presidente de la patronal Fomento del Trabajo Nacional, José de Caralt, le encargó que asegurara a los periodistas que la Corona garantizaba la neutralidad de España[124].

La inquina de las potencias centrales y sus medios afines en España, sumadas a las actitudes equívocas de Romanones, debilitaron la posición del conde dentro del Gobierno y del Partido Liberal cuando quiso mostrarse enérgico con los torpedeamientos alemanes de mercantes españoles. 1916 se había cerrado con dieciséis buques hundidos o averiados que representaban 37 255 toneladas, casi un 5 % del tonelaje total. Dichos hundimientos tenían un impacto económico en el comercio español, aunque no exclusivo, pues parte de esos mercantes estaban al servicio de los aliados. Los buques se vieron obligados a tramitar salvoconductos ante los consulados alemanes, una situación que subordinaba la libre navegación a los requerimientos de un beligerante sin que eso eliminara el riesgo de torpedeamientos. Esos salvoconductos permitieron una vía para el comercio frutero que los contendientes consideraban a esas alturas contrabando de guerra y que Berlín había concedido únicamente a España. De hecho, los ingleses impedían la salida de fruta española a otros neutrales, como Dinamarca, Holanda o Noruega, por miedo a que luego se revendiera a Alemania[125].

Los torpedeamientos justificaban la firmeza de Romanones frente a los centrales, pero los neutralistas de su partido temían que su presidente los usara como pretexto para romper relaciones. De hecho, pensaban que la frecuencia de los ataques guardaba relación con la hostilidad de Berlín hacia Romanones por sus devaneos aliadófilos y por su descarada vista gorda respecto a la venta de armas y suministros para el ejército francés, que estaba explícitamente prohibida para los neutrales desde la Conferencia de La Haya (1907). La cronología abonaba la sospecha. En marzo de 1915, Alemania comenzó su campaña submarina, pero solo un mercante, el Isidoro, fue torpedeado durante el Gobierno Dato. Los otros quince lo fueron entre el 31 de marzo y el 23 de diciembre de 1916, estando ya Romanones en el poder.

Menos ayudaba al presidente que solo los republicanos estuvieran dispuestos a apoyar las posibles represalias contra Alemania. Eran aliadófilos por su inveterada francofilia, pero también porque creían que su victoria generaría una oportunidad para acabar con la monarquía. Los republicanos exageraban a 80 000 las toneladas perdidas por España para causar mayor hostilidad hacia Alemania, urgían en las Cortes a que la Marina de guerra defendiera a los mercantes y acusaban al Gobierno de debilidad e inactividad. No es que Romanones permaneciera pasivo, porque el Gobierno no dejó de reclamar a Berlín cada torpedeamiento, pero como las gestiones para sortear los conflictos diplomáticos no eran públicas, la discreción se interpretaba como indiferencia.

El 28 de diciembre de 1916, un Romanones cada vez más indignado con Berlín consiguió de su Gobierno que publicara una nota de descargo en la que reconocía la obvia existencia de contrabando favorable a la Entente, aunque recordaba que lo legítimo era decomisar, no torpedear. En tonos más encendidos, la nota criticaba que Alemania también calificara de contrabando el comercio lícito de un neutral con países en guerra. Si los torpedeamientos se prolongaban, el Gobierno no se limitaría a formular reclamaciones, sino que tomaría medidas más enérgicas. Aunque París y Londres esperaban una postura más resuelta, veían a España al borde de la ruptura con Berlín[126].

Fue precisamente en este contexto cuando Romanones vetó la posible mediación de Alfonso XIII a favor de Austria-Hungría tras el ascenso de Carlos I al trono. El nuevo emperador era contrario a continuar la guerra y parecía dispuesto a sondear a la Entente para firmar una paz por separado. Deseaba hacerlo a través del rey de España con el patrocinio de la reina madre, bien dispuesta a la gestión. Ante la negativa de Romanones, la ayuda se limitó a facilitar contactos oficiosos entre el emperador y el presidente francés, Poincaré, a través de Sixto de Borbón-Parma (cuñado de Carlos I) y Jules Cambon, que se frustraron por el compromiso de los aliados de otorgar a los nacionalistas checos y polacos un Estado propio a costa de Austria.

Como se vio, Carlos I también había acuciado a Guillermo II a que iniciara conversaciones de paz aprovechando los éxitos militares de los centrales en el segundo semestre de 1916. El 12 de diciembre de ese año, Alemania sondeó al Gobierno español, junto al norteamericano y al suizo, para que propusieran el inicio de las negociaciones. Estados Unidos se adelantó y trató de aunar a los neutrales en una apelación a los contendientes para que expusieran sus pretensiones como paso previo a una negociación.

Romanones pensó en un principio que el rey tomara la iniciativa, para que España no quedara descolgada, pero el Gobierno español, informado de que los aliados no aceptarían negociar la paz en una coyuntura que no les favorecía, decidió salvaguardar su credibilidad como mediador y se negó, el 30 de diciembre, a sumarse a la iniciativa norteamericana. De acuerdo con Dato y Maura, Romanones introdujo, además, un matiz aliadófilo a su respuesta. No se hizo requerimiento alguno a la paz y, en cambio, se solicitó a los neutrales que se concertaran para defender sus intereses marítimos y comerciales, una inequívoca alusión a la guerra submarina alemana que fue elogiada en Londres y París. Fue precisamente tras publicarse la nota cuando arreció la campaña contra la honorabilidad de Romanones en la prensa germanófila y se quebró la cohesión del Gobierno respecto de la política exterior[127].

El partido liberal se resquebraja

La disonancia creciente entre los ministros también se debía a razones de política interna. Habían fracasado en la aprobación del presupuesto de 1917, que incorporaba las reformas hacendísticas y los planes de obras hidráulicas, carreteras, ferrocarriles secundarios y dotación escolar, que fueron bandera de los liberales al acceder al poder. Como tampoco se había aprobado el presupuesto de 1916 y la Constitución prohibía prorrogar por segunda vez los de 1915, Romanones consiguió de los jefes de los restantes partidos que los votaran como si fueran unos nuevos presupuestos. Pese a la significativa mejora de la recaudación, el déficit no era ya el previsto en 1915, de 184 millones, sino que se amplió a 214.

En realidad, el apaño presupuestario debía dar un margen para que el Gobierno presentara una Ley de Autorizaciones que permitiera aprobar sus planes económicos por decreto. Como Romanones confesó a su correligionario y embajador en Roma, Fermín Calbetón, el Parlamento liberal ya «no es instrumento útil para el país», lo que dejaba malparado a su mismo partido, con mayoría en las cámaras[128]. El presidente quería clausurarlo y decretar lo que pudiera de las reformas económicas para salvar su gestión. Cuando rompió la colaboración parlamentaria con Dato y este dimitió, en diciembre de 1915, lo había justificado aludiendo a que los conservadores priorizaban la reforma militar cuando lo relevante era combatir el déficit presupuestario y la carestía de la vida. La cuestión económica, y, específicamente, las reformas de Santiago Alba en Hacienda, habían monopolizado el debate parlamentario de junio a diciembre de 1916. Pero habían provocado una tempestad política que convirtió al mismo Alba en un remedo poco exitoso del británico Lloyd-George y su oneroso «presupuesto del pueblo».

Alba y Cambó desestabilizan el Gobierno

La cuestión que más batalla suscitaba era el proyecto de «utilidades de guerra», un impuesto directo y progresivo a sociedades y particulares que gravaba los llamados «beneficios extraordinarios» obtenidos durante el conflicto. Alba catalogaba así las ganancias por encima de un 7 % sobre el capital invertido en operaciones industriales y mercantiles o, en caso de que ejercieran su actividad antes del 1 de agosto de 1912, un promedio de los beneficios obtenidos por encima de las utilidades declaradas entre esa fecha y el 1 de agosto de 1914. Las escalas detraían entre el 25 y el 40 % de esas ganancias para el fisco. El proyecto tenía, además, carácter retroactivo, pues se aplicaría a los beneficios obtenidos desde el 1 de enero de 1915.

El nuevo impuesto era la novedad de una reforma fiscal que retocaba levemente otros ya existentes: suprimía numerosas bonificaciones y recargaba la contribución territorial sobre solares y dehesas; creaba un impuesto sobre las plusvalías de los bienes inmuebles; incrementaba las utilidades en industria, el impuesto sobre grandeza y títulos de Castilla, los del azúcar, los alcoholes, el timbre y el transporte, y los derechos reales en la tarifa de sucesiones, donde se establecía la progresividad del impuesto para hijos y cónyuges, herederos que pagaban un porcentaje fijo del 2 %. Estas subidas buscaban compensar la falta de ingresos por la renta de aduanas, a la baja por la restricción de las exportaciones y la reducción, e incluso suspensión, de los aranceles a la importación con las que los Gobiernos intentaban sortear el desabastecimiento[129].

Como el alza de los ingresos no paliaba el incremento de los gastos, Alba impuso la austeridad administrativa. Estableció que todos los servicios, excepto enseñanza y catastro, amortizaran un cuarto de las vacantes de funcionarios. Los liberales habían prometido poner coto a lo que consideraban el aumento desmedido de la burocracia civil y militar, a la que culpaban de los déficits presupuestarios constantes desde 1908.

En realidad, este aumento general de gasto, que en quince años había crecido un 67 %, iba en la línea de un Estado cada vez más interventor y del que se demandaban cada vez más servicios y obra pública, a lo que se sumaba el coste del protectorado marroquí. Los ingresos no iban a la par por las numerosas desgravaciones impositivas introducidas por los mismos liberales en la época de Canalejas, que se combinaban con lo defectuoso de la administración fiscal. Lo alarmante es que los gastos extraordinarios de los conservadores por la Gran Guerra (sobre todo, armamento y trigo), la baja de la renta aduanera y las operaciones militares en Marruecos habían disparado el déficit: si el presupuesto de 1913 se había liquidado con uno de 96 millones, en 1914 ascendió a 176 millones, y en 1915, a 413 millones. La progresiva pacificación marroquí, casi permanente hasta 1919, la suspensión del rearme y los ingresos aduaneros obtenidos por la política comercial de Urzaiz, el anterior ministro de Hacienda, habían permitido reducir el déficit a 246 millones en 1916[130].

El plan de Alba era eliminarlo sacando del presupuesto los «gastos reproductivos», esto es, las inversiones hidráulicas, escolares y de comunicaciones, los créditos a la agricultura, la industria y el comercio, y los de modernización del Ejército. Así, preveía que, con la reducción del gasto burocrático y la reforma tributaria, el presupuesto de 1917 presentaría un superávit de 95 millones[131]. Las inversiones irían a un presupuesto extraordinario de «reconstitución nacional», de carácter decenal, que se financiaría exclusivamente con emisiones de deuda. La inversión pública en regadío, escuelas, carreteras y enlaces ferroviarios no era caprichosa. España apenas consumía un 10 % de su magro presupuesto en ese equipamiento, fundamental para incrementar la productividad y sortear el estrangulamiento económico. Tampoco lo era el gasto militar. La Gran Guerra obligaba a España a un esfuerzo para no quedarse más rezagada aún en lo técnico y en lo instructivo, y a mejorar las instalaciones, pues faltaban cuarteles para alojar al contingente del servicio militar obligatorio.

Pero la oposición conservadora calificó ese doble presupuesto como un maquillaje de las cuentas públicas para esconder el déficit real. Criticaban que los recursos obtenidos para el presupuesto extraordinario los orientara Alba a la consolidación de la deuda flotante y a cubrir el déficit de 1916. Solo después habría dinero para una serie de obras y servicios que se financiarían en diez años. Sangrante era el presupuesto de Fomento, donde se preveía una inversión de 1074 millones en diez años, de los que 950 se sacaban del presupuesto ordinario. La apelación al crédito solo incrementaría esa inversión decenal en 124 millones. Lo peor es que más del 70 % de ese gasto era obra pública en ejecución, de modo que el gasto nuevo en ferrocarriles, puertos, carreteras, regadío y obras de interés agrícola y minero era irrisorio: 371 millones en total para una década. La escasez de dinero se agravaba con la dispersión de las inversiones, cuando la coyuntura bélica exigía concentrar los recursos en solventar la congestión del transporte y en las comarcas que necesitaban urgentemente el regadío[132].

Romanones defendió públicamente a su ministro, pero en privado reconoció la falta de solidez y de realismo de los proyectos de Alba, que los había acompañado de un paquete de leyes complementarias. Una debía crear un banco agrario que acercara el crédito a los labradores, aunque con escasa dotación de partida. Otra creaba otro banco de comercio externo que, junto a una ley de protección y fomento de la industria nacional, se concebía como herramienta del proteccionismo económico, tan en boga entonces. Debía ofrecer créditos a los exportadores y desalentar la emigración del capital español y la inversión en títulos extranjeros. Así no se privaría de recursos a las diversas operaciones de crédito del Estado y se pondría a España a cubierto de los problemas de solvencia de otros países.

El plan económico era tan amplio que amenazaba con acaparar la acción gubernativa y parlamentaria de los liberales para varios meses, con quejas cada vez más estentóreas del resto de los ministros. El presupuesto extraordinario decenal suscitaba la hostilidad de los conservadores, porque hipotecaba el recurso al crédito para sucesivos Gobiernos. Alba no podía desconocer las dificultades de su empresa, y más en el marco de aquel parlamentarismo discutidor. Por eso, sus correligionarios sospechaban que los proyectos eran, en realidad, una bandera política con la que erigirse en sucesor de Romanones como jefe del partido. El mismo Alba abonó las sospechas al no ocultar que aspiraba a desplazar al presidente e, imitando a Canalejas, unir a romanonistas y garciaprietistas en torno a su liderazgo.

A esto se sumaba que el impuesto de «utilidades de guerra» había polarizado el debate político y puesto a toda la oposición de derecha (conservadores, nacionalistas y tradicionalistas) contra el Gobierno. Hubo una campaña de mítines en la que participaron las asociaciones de industriales y comerciantes, e incluso se cuarteó la disciplina interna de los liberales, pues a muchos de sus diputados no les gustaba el gravamen. Los críticos denunciaban la exención de las actividades agropecuarias, tan beneficiadas por la coyuntura como las demás, mientras quienes comercializaban esos productos sí tendrían que pagar el impuesto. Indignó su carácter retroactivo y su mismo diseño, que ligaba las ganancias a un porcentaje arbitrario atribuido a la coyuntura bélica y no a la competitividad o a la productividad de las empresas.

La oposición arreció cuando, en plena tramitación, Alba decretó que los administradores legales de las sociedades afectadas por la futura contribución serían responsables subsidiarios de las cantidades abonables, para evitar que la disolución de aquellas hiciera imposible el cobro. Como el decreto no podía apoyarse en ninguna ley anterior, su inconstitucionalidad dejó el flanco expedito para que las oposiciones lo atacaran a placer. Para salvar a su ministro, Romanones hubo de requerir un voto de confianza, aunque, pese al refuerzo de los republicanos, solo alcanzó 152 votos de los 409 que componía el Congreso. Iniciado el trámite parlamentario en junio de 1916, todavía en enero de 1917 las utilidades no habían podido aprobarse.

Alba había recibido el apoyo de los reformistas y los republicanos, que lo ensalzaron mientras criticaban la postura «equívoca» de Romanones. Sin embargo, en 1917 los reformistas comenzaron a desmarcarse. Más sorprendió la postura del PSOE. Si Pablo Iglesias se comportó en las Cortes como un republicano más, El Socialista criticó las utilidades afirmando que se trataba de un impuesto que perjudicaba a los trabajadores. El director socialista de la revista España, Araquistáin, solo vio en él una disputa artificiosa por el liderazgo del Partido Liberal. El máximo impugnador de los planes de Alba, el catalanista Francisco Cambó, fue invitado a disertar el 2 de junio a la Casa del Pueblo de Madrid y se ganó al auditorio dándole al PSOE el mismo estatus de «fuerza real» que otorgaba a su partido, la Lliga[133].

Si no estuvo todo perdido fue porque Dato no deseaba que los conservadores volvieran tan pronto al poder, persuadido de que Romanones, contra lo que se decía de su tibieza, ligaba la suerte de su Gobierno al plan Alba. Se mostró dispuesto a una transacción a cambio de rebajar el gasto en el presupuesto ordinario y, además, pidió que en las utilidades de guerra se eliminara la retroactividad para no gravar capitales ya consumidos o invertidos. Dato quería que se redujeran las escalas impositivas para no ahuyentar la inversión industrial y mercantil, sectores que debían potenciarse, y deseaba introducir excepciones para la minería del carbón y para las industrias militar, agropecuaria y minera, actividades estratégicas mientras durase la guerra. El producto de la rebaja podría compensarse subiendo los impuestos ya existentes y dotando de mayores recursos a la administración fiscal para combatir la elusión. Con ello el Gobierno dispondría de una fuente de ingresos estable para combatir el déficit, que no dependiera de recursos ligados a la coyuntura bélica[134].

La postura de los conservadores nada tenía que ver con la de los catalanistas de la Lliga Regionalista, que era de pura obstrucción. Esta formación contaba con la colaboración de un grupo de diputados carlistas y republicanos de Vizcaya y Santander, donde radicaban buena parte de las sociedades a las que perjudicaba el nuevo impuesto. Cambó no transigía y argumentaba, dentro y fuera de las Cortes, que el Gobierno no podía llevarse una porción de beneficios a los que no había contribuido en forma alguna. Pura demagogia, pues esas actividades económicas las hacían posible el marco general de libertades que aseguraba la monarquía constitucional, una neutralidad de difícil gestión ante la Gran Guerra y, además, la reducción temporal de los aranceles, que beneficiaba a los empresarios. Con lo que sí transigía la Lliga era con que Alba priorizara el presupuesto extraordinario de «reconstitución nacional», esto es, que incrementara el gasto y lo financiara con deuda pública. A esto se opusieron los conservadores, porque pensaban que así se encarecerían los costes de la emisión de la deuda.

La obstrucción de la Lliga fue la clave para que, tras un semestre, no se hubiera convertido en ley ninguna pieza esencial del programa económico del Gobierno. Buscando una transacción imposible con Cambó, que adoptó una actitud de acoso y derribo al ministro de Hacienda, el mismo Alba contribuyó al naufragio de sus proyectos. En lugar de propiciar un debate ordenado, priorizar el presupuesto ordinario (con los recortes en la Administración, la reforma fiscal y las garantías de amortización del futuro empréstito) y, tras él, abordar el extraordinario, Alba se encastilló en aprobar este último y luego aceptó una transacción del portavoz conservador, Augusto González-Besada, para que se simultaneara la discusión de ambos. Opuesta frontalmente la Lliga al presupuesto ordinario, y veladamente hostiles los conservadores y los reformistas al extraordinario, ninguno llegó a aprobarse[135]. Cambó y los diputados catalanistas lo celebraron indisimuladamente. Culminaba un plan previamente trazado: el de esterilizar la situación liberal.

4

El Estado catalán

La obstrucción del nacionalismo a los planes de Alba iba más allá de preocupaciones fiscales. Se trataba de una estrategia más amplia de oposición frontal al poder central que, si bien hundía sus raíces en el anterior Gobierno Dato, se acrecentó con Romanones. A comienzos de 1917, la Lliga se mostraba no solo consolidada, sino pujante, desde que consiguiera su primera representación en las Cortes hacía dieciséis años. No era, de hecho, la única expresión del nacionalismo catalán. A su izquierda existía un movimiento republicano, a partir de una escisión lligaire, que se había fusionado con el viejo federalismo en la Unión Federal Nacionalista Republicana. Pero el declive de esta formación en las elecciones de 1916 dejó el campo libre a una Lliga cuya cabeza visible era el entonces presidente de la Mancomunidad de Cataluña, Enric Prat de la Riba.

L’Espanya gran

Incansable activista y eficaz organizador, Prat de la Riba había convertido el catalanismo folklórico de finales del siglo XIX en un exitoso instrumento político y electoral, que le permitió rentabilizar a favor del nacionalismo el malestar económico y administrativo que existía en Cataluña tras la pérdida de Cuba, Puerto Rico y Filipinas en la guerra de 1898. El catalanismo logró cierta audiencia entre quienes se quejaban de las deficiencias en el funcionamiento de los servicios públicos en Barcelona, que contrastaba con la próspera vida empresarial de la ciudad, golpeada por la traumática pérdida de los mercados ultramarinos. En este contexto, la reforma fiscal de Raimundo Fernández-Villaverde, ministro de Hacienda del Gobierno conservador de Silvela, impactó en una provincia tan rica, porque los impuestos aumentaron para equilibrar los presupuestos y enjugar la abultada deuda de la guerra.

El descontento y la protesta contra los partidos del turno encontró en la Lliga una alternativa que ensalzaba el dinamismo catalán frente a la ineficacia del poder central y su fracaso en la política exterior, y el rutinismo abúlico de las otras regiones. Los nacionalistas pensaban que el adelanto económico de Barcelona se debía al exclusivo esfuerzo de los catalanes y a un genio que los seguidores del doctor Bartomeu Robert, alcalde lligaire de la Ciudad Condal, atribuían a explicaciones raciales y, en especial, a la «supuesta perfección de su estructura craneal»[136].

La veta biologista del nacionalismo estuvo presente, pero más importante fue su afirmación lingüística y culturalista. La prosperidad de Barcelona creó entre los catalanistas una conciencia de superioridad que exteriorizaban asimilándose a los prusianos o a los piamonteses, los reinos expansionistas que propiciaron la unidad de Alemania e Italia, respectivamente. Esa superioridad no la creían reconocida por el marco político español; por el contrario, consideraban que las provincias catalanas estaban sujetas, por medio de la centralización, a unos poderes que gobernaban mal y administraban peor. Ese mal era incluso esencialista. Por circunstancias fortuitas, los nacionalistas se creían ligados a un Estado decadente y moribundo, un mensaje que caló con el tremendismo regeneracionista del 98. Ese Estado englobaba dos «nacionalidades», Castilla y Cataluña, que eran dos supuestas comunidades etno-lingüísticas históricamente contrapuestas, con una Cataluña secularmente tiranizada por Castilla.

La tentación independentista no dejó de manifestarse desde los orígenes del movimiento catalanista. Fue determinante su simpatía hacia el separatismo cubano contra los mismos intereses económicos de su región, y esa adhesión solo la veló el temor a la impopularidad y a vérselas con las autoridades. Era nacionalismo y no regionalismo, como pensaban inicialmente quienes se acercaron al movimiento o los políticos liberales y conservadores que deseaban integrar a la Lliga en el sistema político. Como aclaraba en 1905 un ideólogo del partido, Lluís Duran i Ventosa, usaban nacionalismo y regionalismo como sinónimos, pues su movimiento ya no era la simple exaltación de un particularismo en el marco de la nación española.

Los tiempos del regionalismo descentralizador de fines del siglo XIX habían pasado ya. La Lliga se consideraba el vehículo para crear una conciencia nacional que identificara a los habitantes de Cataluña como miembros de una comunidad natural, anterior y superior a la voluntad de sus individuos, y definida en términos de un idioma y un derecho común propios y distintivos. Esta toma de conciencia, sostenida en supersticiones de filólogos, excluía cualquier identificación con España, entidad puramente estatal y superpuesta a las «nacionalidades ibéricas» por imposición del expansionismo castellano.

Aquí radicaba la veta antiliberal de la Lliga, que subordinaba las libertades individuales que la Constitución de 1876 reconocía a todos los ciudadanos españoles que residían en Cataluña a la comunión con una supuesta comunidad nacional en construcción. Sus márgenes los delimitaba la Lliga, y solo dentro de ellos se reformularían los «derechos de los catalanes», con exclusión del resto. Por eso, el interés de la Lliga y el de «Cataluña» (no la región española sino esa comunidad nacional in the making) eran para los nacionalistas uno y lo mismo. Es verdad que el nacionalismo quedó lejos de ser un movimiento mayoritario durante la monarquía liberal, pero sí logró mantener en Cataluña a sus adversarios monárquicos y republicanos a la defensiva, a excepción de los anarcosindicalistas de la CNT[137].

El «problema catalán»

Estas claves hacían inteligible los objetivos políticos del movimiento. Se resumían en la creación de un Estado catalán, esto es, en abolir toda jurisdicción de las instituciones nacionales en Cataluña, incluidas la que salvaguardaban las libertades civiles frente al poder regional. Desempolvando las Bases de Manresa (1892), de las que Prat fue artífice aunque defendiendo una ponencia más acentuadamente nacionalista, la Lliga pretendía que el Gobierno central renunciara en Cataluña a funciones básicas como las de recaudar impuestos o levantar ejércitos. El catalán debía ser, en exclusiva, la lengua oficial. Todos los funcionarios, jueces y magistrados debían haber nacido en Cataluña, y sus tribunales debían fallar pleitos y causas en última instancia. Unas Cortes propias tendrían pleno poder legislativo y fiscal, y sus tropas solo prestarían servicio dentro de la región. Todo «gobierno interior» se reservaba, por tanto, a un Estado ligado al resto de España por una política exterior y aduanera comunes, y esta última porque debía asegurarse a la producción catalana el mercado nacional.

El Estado propio era el objeto codiciado por los nacionalistas, que velaban en Madrid tras vocablos como «descentralización» y «autonomía integral», y que no pocos trabajos históricos aún emplean como si la meta de los nacionalistas fuese la autonomía en un Estado como el de la Constitución de 1978. Las Bases de Manresa convertían a España en una versión agravada del rompecabezas austro-húngaro, una estructura confederal donde el Estado catalán quedaría consagrado por siempre y sin más vínculo político con las otras provincias que la unión personal del monarca. Conviene insistir en la imagen del rompecabezas, y no en la de una confederación dual castellano-catalana, porque en los años de la Gran Guerra la Lliga ya no aspiraba al modelo de Imperio austro-húngaro de 1867. Pretendía liderar el despertar regionalista en otras partes de España, especialmente de vasco-navarros, gallegos, asturianos, leoneses, aragoneses y andaluces. Así, la influencia de los castellanos quedaría confinada estrictamente a los territorios que los catalanistas consideraban «de su nacionalidad», para que no volvieran a imponer una España unitaria.

La Lliga también patrocinaba movimientos similares en Valencia y Baleares, pero para confederarse en un revival etno-lingüístico de la Corona de Aragón. Prat de la Riba se declaraba partidario «filosóficamente» del derecho a la secesión de esta gran Cataluña, aunque afirmaba que a esta no le convenía para no verse absorbida por una Francia asimilista, el Estado más unitario de Europa. Su ideal era la Espanya Gran: el «renacer» de las diversas nacionalidades ibéricas convertiría España en un imperio. Ese proyecto lo comandaría la Lliga como punta de lanza de una «nación viva, con conciencia de serlo», la catalana, que «podía aspirar a dictar su imperio»[138].

El éxito de la Lliga radicó en que se percibiera su programa nacionalista como el que mejor encarnaba los intereses y aspiraciones de los catalanes, incluidos los materiales. A diferencia de los otros partidos que actuaban en la región, a los nacionalistas no les ataban los intereses del resto de España. Los lligaires incluso lograron identificar al «buen catalán» con aquel que anteponía el interés de esa Cataluña definida en términos nacionalistas al de toda España, una etiqueta ideal para intimidar a sus potenciales adversarios dentro de la región y, especialmente, a aquellos que hacían política dentro de los partidos nacionales. De ahí que, pese a no representar nunca a una mayoría de los habitantes de la región, la Lliga identificara su programa con «las aspiraciones de Cataluña», y catalogara a sus adversarios como los de Cataluña.

En las Cortes españolas, y mientras fortalecían su movimiento, los nacionalistas fueron capaces de graduar sus objetivos en función de la coyuntura para obtener concesiones parciales. Y aunque había en la Lliga auténticos regionalistas, los directivos jugaban con la semántica de las palabras, combinando las protestas de lealtad a España en Madrid con un mensaje inequívocamente nacionalista en Cataluña. En esta región, las restantes fuerzas políticas comenzaron a pensar y debatir el «problema catalán» con las categorías nacionalistas, entonces muy en boga en las materias jurídicas e históricas. Así se extendió la idea de que existía un «hecho diferencial» que exigía un tratamiento político particular. Incluso se asumió el éxito creciente del nacionalismo como una consecuencia de las insuficiencias y defectos de la monarquía constitucional, de la Administración o de los distintos Gobiernos, sin reparar en que eran comunes a toda España y que en ningún otro lugar salvo Vizcaya generaban ese tipo de reivindicaciones. Esas quejas tampoco las abonaba una Administración constantemente disfuncional, sino, al contrario, el crecimiento de las expectativas respecto de un Estado liberal cada vez más activo y responsable en esferas que hasta no hacía tanto habían quedado tradicionalmente fuera de su cometido.

No obstante, hacia 1917 seguía de moda la crítica a las insuficiencias del liberalismo centralizador y asimilista que eclosionó tras el desastre de 1898. Buena parte de los políticos monárquicos y republicanos se convirtieron a la descentralización administrativa. Pensaban que podrían integrar a la Lliga en la política nacional y depurarla de sus maximalismos a cambio de un arancel más firmemente proteccionista y de una reforma territorial descentralizadora e incluso federalizante. Abonaba esas esperanzas que tanto Prat como Cambó diluían el separatismo porque, afirmaban abiertamente, «Cataluña» se asfixiaría sin el mercado español. Argumento con el que esperaban ganar el concurso de los empresarios de la región, pero que para sus adversarios demostraba que solo un interés económico acreditaba la lealtad de los nacionalistas a España.

El gradualismo oportunista de la Lliga lo representó en las Cortes un Cambó que no rechazaba alianza de la que pudiera obtener algo, y ello le creó un aura de regionalista transigente entre 1908 y 1914. Cambó quería envolver al catalanismo en un proyecto que trascendiera lo regional y que convirtiera a Cataluña, «reconquistada su nacionalidad» y obtenido su Estado propio, en la Prusia española. La Cataluña lligaire dirigiría esa confederación de pueblos ibéricos que iba a refundar, modernizar y «desafricanizar» España, expresión frecuente en su vocabulario e indesligable de las doctrinas del publicista Pompeu Gener, que representaban al Ebro como frontera racial entre los elementos arios y godo-latinos europeos, en minoría frente a los «elementos semíticos y negroides» del sur. Dicho reparto racial era responsable de todos los atrasos imaginables, un discurso entonces en boga en todos los movimientos nacionalistas[139].

La coalición de la Solidaridad Catalana de 1907 había dado a la Lliga proyección nacional al embarcarse en una plataforma conjunta con el carlismo, los federales y la Unión Republicana, de la que se escindieron Lerroux y sus radicales, máximos adversarios del catalanismo. La Solidaridad se formó como protesta contra la Ley de Jurisdicciones que, como se vio, autorizaba desde 1906 a los tribunales militares a juzgar cualquier ultraje al Ejército. Pero la Lliga consiguió, además, que en el programa de la Solidaridad figurara una versión suavizada de las Bases de Manresa. Republicanos y carlistas se avenían a defender una Cataluña autónoma, dotada de una hacienda y un derecho civil propios, y con competencias exclusivas en obras públicas, beneficencia y enseñanza. El proyecto encontró eco en el Gobierno conservador de Antonio Maura, que llevaba defendiendo desde hacía dos décadas la descentralización administrativa.

Los minoritarios nacionalistas estaban dispuestos a aceptar todo lo posible sin renunciar al programa máximo. Cambó aseguró, poco antes de publicarse el programa de la Solidaridad Catalana, que se trataba de una transacción que no agotaba las aspiraciones de la Lliga de dar forma estatal a la «conciencia nacional» catalana. Era «un medio para llegar a un fin… el primer paso para un camino», pues «cada concesión que obtengamos no nos ha de servir para reposar y disfrutarla tranquilamente, sino que nos ha de servir para ponernos en condiciones de disfrutar una libertad mayor». Debía ser así porque España era inviable: Cambó consideraba «hecho indiscutible» la «bancarrota absoluta de una unidad nacional artificial» basada en «la hegemonía de un pueblo que es diferente al nuestro». La descentralización del programa de la Solidaridad sería la base de un nuevo «régimen autonómico» y «federativo» que permitiera desenvolverse libremente a los pueblos de España y sustituir la hegemonía castellana por la catalana. Solo así no habría secesión: «Yo no sé si seremos un día dignos de que se cree la verdadera unidad nacional alrededor de la personalidad catalana; si no lo logramos, la culpa no será nuestra»[140].

Discursos así confirmaban los temores de quienes, como Segismundo Moret, el entonces jefe del Partido Liberal, pensaban que cualquier concesión a los nacionalistas sustituiría en Cataluña el pactismo originario de la Restauración por el exclusivismo de «una oligarquía intolerante, dentro de la cual los débiles por el número o por la falta de organización, que son precisamente los que más necesitan la garantía del derecho, quedarían a merced de los egoísmos organizados, que además dispondrían de la fuerza»[141]. Es decir, el peligro de que los nacionalistas instrumentalizaran en su beneficio los servicios que se les delegaran para construir compulsivamente y contra sus adversarios políticos su «nación catalana». Pero tales temores se supeditaron en Madrid a la aspiración de atraer a la Lliga al campo constitucional, separándola de los republicanos «solidarios» e integrándola en alguno de los dos grandes partidos monárquicos, aun al precio de asumir una cierta cantidad de regionalización administrativa. Lo que Maura había iniciado lo continuaron sus sucesores: el liberal José Canalejas y el conservador Eduardo Dato.

El asalto nacionalista al Turno

El resultado fue la Mancomunidad de Cataluña, creada por Eduardo Dato en 1914 al desgajar el primer artículo de un proyecto de ley promovido por Canalejas y que ya había sido aprobado por las Cortes. La Mancomunidad era una institución regional que asumía todas las competencias relevantes de las cuatro diputaciones provinciales de Cataluña —⁠obras públicas y comunicaciones, beneficencia y cultura⁠—, pero también se constituyó como órgano de descentralización al que podrían delegarse servicios o facultades de la Administración central. Constaba de una asamblea formada por todos los diputados provinciales, que elegía un consejo permanente de ocho vocales y un presidente que lo era de ambos órganos.

La concesión no modificó, sin embargo, la postura de la Lliga respecto de la monarquía constitucional: no se mostró dispuesta a diluirse en los partidos constitucionales o a renunciar a sus maximalismos, ni tampoco se adhirió al modelo de descentralización administrativa. La Mancomunidad fue saludada por los nacionalistas como la reversión del proceso de integración política y jurídica que había suprimido los viejos consejos del Ciento y la Generalidad, y que recuperaba la «unidad material de Cataluña» y el «Gobierno nacional de Cataluña». En ello insistió Prat en su primer discurso como presidente del organismo, al que había sido aupado por las fuerzas monárquicas, pues la Lliga contaba solo con 22 de los 96 diputados provinciales. Para Prat, comenzaba una nueva era «que sería triunfal para Cataluña». Al fin, contaba con una institución representativa de toda la región, que daría «fuerza corporal a su unidad espiritual, organización jurídica a su personalidad»; o, como agudamente apuntó el embajador británico Hardinge, que permitiera a Gerona, Lérida y Tarragona «cambiar políticamente por la más estrecha y constante presión administrativa de Barcelona, el control hasta entonces ejercido sobre estas provincias desde Madrid»[142].

Por la «soberanía integral»

En definitiva, la nueva descentralización administrativa y la delegación de servicios iban a ser instrumentos de construcción nacional. Prat nunca lo ocultó: el problema de Cataluña no era de regionalización del poder, ni siquiera de «administración» buena o mala, sino de «nación» y, por tanto, de autogobierno. Los «castellanos» podrían sufrir el mal gobierno, completaba Rovira i Virgili, pero no sufrían como los catalanes «la imposición de otra lengua, de otras leyes, de otra cultura, de otro espíritu, y esta imposición es, en suma, lo que constituye la cuestión nacionalista». Por tanto, «no pedimos a los ministros que nos gobiernen bien…; no pedimos a los gobernadores que gobiernen bien… ni a los magistrados y jueces que hagan justicia recta, ni a los delegados de Hacienda que administren con probidad y miramientos; a todos esos señores, en cuanto son representantes o funcionarios del Poder central, les pedimos que se marchen»[143].

Realmente, la Mancomunidad, en tanto que puso a todas las provincias catalanas bajo un gobierno común, solo amplió la esfera de influencia de la propia Lliga, que se sostenía mediante la coerción administrativa de todos los municipios de la región o su atracción a través de obra pública. La imprevisión de Canalejas y Dato, al desgajar las mancomunidades del proyecto más amplio de reforma local y provincial de Maura con el prurito de acelerar su aprobación, había facilitado que los nacionalistas pudieran extender su influencia incluso a provincias como Lérida y Tarragona, donde carecían de todo arraigo. Al no acrecentar antes la autonomía municipal, la Mancomunidad de Cataluña asumió el papel de las diputaciones como superiores jerárquicos de los ayuntamientos, incrementando de ese modo su capacidad en virtud de la ley provincial de 1882 de revisar sus acuerdos, girar visitas de inspección, recaudar las contribuciones con destino al propio organismo regional y conceder o denegar obra pública. Como las diputaciones también habían cedido sus competencias más importantes a la Mancomunidad, pronto se habló de un neocentralismo que superponía una nueva estructura regional. Lo que Gabriel Maura tildó de «aparatoso tingladillo caciquil centralizadamente barcelonés» complicó los servicios que antes prestaban los organismos provinciales. Ese poder regional se sustrajo también al contrapeso de los gobernadores civiles, que no podían trascender de su jurisdicción provincial. A la coerción se le sumó el favor. Los pueblos «mejor atendidos» eran «los que más pronto se sometían a la influencia avasalladora de la Lliga», que administró la concesión de servicios y favores a los ayuntamientos con vistas a debilitar y diluir en su beneficio a los partidos adversarios, sobre todo a los monárquicos[144].

Ese instrumento de «nacionalización» y núcleo de un nuevo Estado era también la plataforma ideal, en tanto que institucional y no ya de partido, para sostener con más energía y medios la pugna con el poder central. Se esperaba que este último reforzara a la Mancomunidad con delegaciones de servicios acompañadas de dotación económica, esto es, de la cesión de impuestos. Un simpatizante de Cambó como Gabriel Maura no dudaba en calificar de «parasitaria» la conducta de la Lliga, pues, «lejos de supeditar los intereses del partidismo local a la buena marcha del Parlamento y del Gobierno nacionales», el plan era «sacar de quienquiera todo lo posible… interpretando el verbo en su más sórdida acepción, a sabiendas de que el botín sería tanto mayor cuanto peor defendiesen los ministros el acervo común español, político y económico».

La inmediatez en la exigencia de delegaciones, recién concedida la Mancomunidad, contrariaba a Dato y a Romanones. El primero creía haber encauzado las aspiraciones de los nacionalistas y distraído a la Lliga de nuevas exigencias. Ambos opinaban que no debía plantearse delegación alguna a un organismo que no había verificado aún su capacidad administrativa, y más cuando las diputaciones y los municipios catalanes no gestionaban mejor que los del resto de España.

Cuando Prat comenzó a gobernar, pronto se añadieron otras desconfianzas. Los dirigentes constitucionales pudieron percatarse de que la Mancomunidad no suponía mejora en la gestión, sino que se convirtió en una mera prolongación de la Lliga, en su «lista civil», como se la denominó, por favorecer con empleos o gratificaciones a militantes de esa formación y porque conspicuos dirigentes acumulaban cargos y sueldos. Se resistía a someter sus presupuestos al Tribunal de Cuentas, con déficits crecientes y sostenidos sobre la emisión de empréstitos de los que se culpaba a la escasez de recursos transferidos[145].

Esto tampoco suponía una novedad en la política española, donde los partidos usaban la Administración para tonificar sus organizaciones y fijar por mecanismos clientelares a sus cuadros y electores. Lo novedoso es que se trastocaba la división territorial de España para primar, bajo una supuesta bandera de «catalanización de los catalanes» y de búsqueda de «la unidad moral y espiritual de Cataluña», un proyecto que debilitaba la legitimidad no solo de la monarquía constitucional, sino de la nación política que le servía de sustento. Instrumento de dominación política, la plantilla de funcionarios fue cuidadosamente seleccionada de entre los núcleos catalanistas. Las enseñanzas en las escuelas sufragadas o subvencionadas por la Mancomunidad, incluidas las de artes y oficios, se impartían exclusivamente en catalán, los profesores y bibliotecarios eran contratados sin concurso entre conspicuos nacionalistas y un consejo de investigación pedagógica organizaba visitas de inspección a la plantilla fija, donde se sancionaba a los políticamente desafectos y se despedía a los temporales que no conocían la lengua regional.

En las Cortes, el jefe republicano radical, Alejandro Lerroux, denunció la distribución entre los escolares, a modo de cartillas para la asignatura de Historia, del Compendi de la Historia de Catalunya, redactado por el propio de Prat de la Riba, donde divulgaba sus elucubraciones nacionalistas, sustentadas sobre tergiversaciones y reinvenciones históricas. La Mancomunidad financiaba también unas Escolas de Mestres i de Administració, creadas previamente por la Diputación de Barcelona bajo los auspicios del mismo Prat y con personal afecto a la Lliga. El objetivo era suministrar los cuadros de «buenos catalanes» que monopolizarían los empleos en la enseñanza y la administración regional y local. De facto se convertirían en agentes políticos de la Lliga y, al tiempo, en un auxiliar poderoso en «la demanda de un Estado catalán, órgano de la nación catalana» por el ensanchamiento administrativo de la autonomía y la exclusión de la función pública en Cataluña para todos los no catalanes. Nada distinta fue la actuación del organismo en la promoción cultural, del teatro y de la literatura. Prat incluso había estrechado sus alianzas con el arzobispado y los obispados para procurar que los curas fuesen «del país» y reforzaran la predicación exclusivamente en catalán[146].

Así las cosas, la constante exigencia de Prat de que se le concediesen nuevos servicios y recursos comenzó a ser ignorada por Dato. Este y sus ministros empezaron a pensar que cualquier nueva concesión sería dar instrumental a la Lliga para afianzar su dominio y permitirle erigir un Estado dentro del Estado. Se añadía la dificultad de que toda delegación debía concederla las Cortes, y entre la gran mayoría de los parlamentarios, sin diferencias de partido, había aumentado la suspicacia hacia el nacionalismo.

Las relaciones entre Dato y la Lliga se agriaron por las presiones de esta, que había recabado el apoyo de otros diputados liberales y republicanos de Cataluña y de empresarios de la región para que se estableciera en el puerto de Barcelona una zona franca, exenta de derechos aduaneros y de transporte. Cambó defendió que facilitaría el abastecimiento del mercado interior y orientaría hacia la Ciudad Condal el comercio transatlántico de los países beligerantes, desplazado de sus puertos por la guerra marítima. Hasta entonces, el Gobierno solo había autorizado, como vía de ensayo y a petición de la Cámara de Comercio de La Habana, un depósito franco en el puerto de Cádiz, es decir, unos almacenes sometidos a la vigilancia e intervención aduanera para asegurar que las mercancías allí guardadas no se introdujeran en el mercado español sin pagar los correspondientes derechos. Como lo que pretendía la Lliga era una zona exenta de ese control, se movilizaron los sectores económicos de otras partes de España, que veían en ello un agravio comparativo. Dichos sectores alegaban que esa excepción debía ir precedida de un replanteamiento del arancel, que beneficiaba especialmente a la industria catalana, y de una política de créditos e inversiones en transporte que evitara ahondar en el desequilibrio económico entre Cataluña y el resto de España. La oposición de los liberales y del grueso de los conservadores paralizó el proyecto de zonas francas, sin que Dato accediera, como con la Mancomunidad, a concederlas por decreto[147].

Entonces la Lliga decidió, cuando se reanudaron las sesiones parlamentarias de otoño de 1915, obstruir el proyecto de reformas militares de Dato. El parlamentarismo de entonces, comprometido con la defensa de los derechos del diputado para preservar el carácter deliberativo de las cámaras, dio cobertura a la táctica: largos discursos, petición de votaciones nominales, constantes alusiones a otros diputados para propiciar su intervención, presentación de proposiciones incidentales y, sobre todo, innumerables enmiendas a cada artículo del proyecto de ley, que debían ser discutidos de uno en uno. Ese filibusterismo, que impedía aprobar todo lo que resultara indiferente a los nacionalistas, iba dirigido a rendir la voluntad del Gobierno conservador.

Nacionalistas contra liberales

Cuando Dato fue sustituido por Romanones, en diciembre de 1915, el nuevo presidente y su entonces ministro de la Gobernación, Santiago Alba, decidieron batallar contra la Lliga en las elecciones de 1916 para evitar que les pasara lo mismo. Para ello articularon el llamado Pacto de la Castellana, una extensa alianza electoral en la que, junto a los liberales, se enrolaron los conservadores y todas las fracciones republicanas. Querían reducir la representación de los lligaires, persuadidos de que era la división de sus adversarios la que permitía la preeminencia nacionalista. Romanones deseaba que su partido, que en Cataluña se denominaba Liberal Autonomista y al que había atraído a antiguos republicanos, como Joaquín Salvatella o Emilio Junoy, funcionara como una fracción autónoma y desalojara a la Lliga de sus bastiones, especialmente en Barcelona. Fracasó en este último objetivo, pero los de Prat quedaron fijados en trece escaños, poco más de una cuarta parte del total regional, y concentrados en las provincias de Barcelona y Gerona.

La reacción de la Lliga no se hizo esperar. Tras la maniobra de Romanones, Prat y Cambó se convencieron de que su objetivo debía ser más ambicioso: acabar con el turno entre conservadores y liberales, pues solo así se propiciarían Gobiernos de concentración que, con participación de ministros catalanistas, dieran vía libre a delegar servicios y recursos a la Mancomunidad. Esto explicaría la hostilidad de Cambó hacia Alba y la obstrucción total a sus proyectos cuando este pasó de Gobernación a Hacienda[148].

Pero estas delegaciones ya no se harían en un marco de descentralización administrativa. La Lliga organizó un gran acto de «Unidad Catalana» el 20 y el 21 de mayo de 1916, en el que figuraron invitados parlamentarios roselloneses. Aquí se consagró la alianza entre Cambó y los diputados franceses Emmanuel Brousse, Jules Pams (que sería ministro del Interior con Clemenceau en noviembre de 1917) y también con un hermano del presidente de la República, Lucien Poincaré, todos simpatizantes del nacionalismo. Parecía un acto de intimidación al Gobierno, pues visualizaba que la Lliga buscaba el apoyo de Francia para promover la «liberación» de Cataluña.

En presencia de esas figuras, Cambó anunció en un discurso el abandono definitivo de la vía «regionalista» al poco de que fuera inaugurada. Podía ser conveniente para otras regiones de España, pero no para Cataluña, que debía encaminarse a la «soberanía integral» que derivaba del derecho de los catalanes como «nacionalidad» a «regir su propia vida». Anunció que el primer acto de la Lliga en las Cortes sería plantear el «problema nacionalista catalán», que se sustentaba en la oficialidad de la lengua catalana y la soberanía encarnada en una asamblea y un poder ejecutivo con funciones «propias de Cataluña», sin intervención alguna del poder central. Si el Parlamento español se negaba, la Lliga plantearía el problema ante la comunidad internacional, porque el fin de la Primera Guerra Mundial iba a traer «una revisión» de «todos los Estados de Europa». «Y el que no pueda hablar de una nación unida —⁠advirtió Cambó⁠—, corre peligro de que la paz sea para él la muerte fulminante» o «la más vergonzosa resultante de una mediación diplomática como preludio de una dominación extranjera»[149].

No era mera retórica. Los nacionalistas creían que al finalizar la Gran Guerra los ganadores reordenarían las fronteras de los vencidos y también de los neutrales tomando como base las «nacionalidades», que se definirían por criterios lingüísticos y culturales. Por tanto, parecía una coyuntura ideal para presentar a Cataluña ante las potencias vencedoras como una «nación» a la que se le negaba el «derecho» a su propio Estado.

Los catalanistas incrementaron los contactos con la alta política francesa, aprovechando la circunstancia de que otro rosellonés, el mariscal Joffre, era figura sobresaliente del ejército francés. No era solo que la abiertamente separatista, pero irrelevante, Unión Catalanista asimilase en sus propagandas a Cataluña con Serbia, oprimidas por «monarquías absolutas y militaristas», o tratara de rentabilizar para su causa la presencia de un par de miles de voluntarios catalanes en el ejército francés[150]. Era la Lliga la que intervenía activamente en la Oficina de las Nacionalidades de París y la usaba para difundir que «su país» estaba subyugado por el resto de España.

Cierto que a los políticos y diplomáticos aliados les parecía una propaganda paradójica. Bien informados de la situación económica de España, no entendían que los nacionalistas presentaran como sojuzgada a una región desarrollada que obtenía del régimen constitucional no pocos provechos, «entre ellos el mayor de la política arancelaria». Pero los nacionalistas no se paraban en la coherencia de su mensaje, porque pensaban que lo importante era equipararse a otros movimientos europeos que reivindicaban un Estado independiente. En otra publicación, los Anales de las Nacionalidades, los lligaires incluso desempolvaron el anexionismo pro-francés, siempre que París les concediera la autonomía que España les negaba. Lo más curioso era que la aliadofilia no era un sentimiento compartido en sus filas, dispuestas a patrocinar al contendiente que mejor pudiera servir a su causa. Aunque sin estridencias, Prat de la Riba era un convencido germanófilo, posición que abundaba en el catalanismo[151].

En todo caso, estas propagandas culminaban, como observó Salvador Canals, un conservador afín al regionalismo, otras muchas demostraciones de «una odiosidad inexplicable y mortificante para todo el resto de España, un exclusivismo sistemático y unos tan rebajados puntos de vista, que, de continuar así, pudiera suscitar, en la mayoría del país, otro sentimiento opuesto de repulsa y hostilidad recíproca». Como en el periodo turbulento de 1899-1900, la marea nacionalista volvió a exteriorizarse, durante 1916, en nuevos ultrajes a la bandera de España, en el uso exclusivo de la enseña catalana y en la contraposición a la Marcha Real de Els Segadors, para Canals «magnífico canto regional, pero que tiene de inaceptable la hostilidad a España». O la conversión de la lengua catalana de instrumento de comunicación en otro indentitario, de expresión del volksgeist nacionalista, que se traducía en «la monomanía de emplear el idioma regional… en momentos y ocasiones en que el asunto no es de índole que lo requiere, o el público es heterogéneo o tiene suficiente cultura para entender el castellano»[152].

Esa campaña culminó con la apertura de las Cortes, donde Cambó cumplió lo anunciado. El 5 de junio de 1916, la Lliga presentó en ambas cámaras una enmienda al discurso de la Corona en la que pedía la autonomía local y regional para toda España excepto para Cataluña, que, como nacionalidad, solicitaba la oficialidad de su idioma, de modo que pudiera usarse en los tribunales, la Administración, los documentos públicos y la enseñanza dependiente del poder central. Además, exigía un «régimen» que le permitiera «regular y regir su vida interior» a través de «una Asamblea» y «un poder ejecutivo». Solo así España sortearía una «grave imprevisión de funestas consecuencias»: la de no resolver antes del fin de la Gran Guerra el «problema nacionalista catalán»[153]. Cambó reconoció que su discurso contenía «las más radicales afirmaciones nacionalistas que jamás se hubieran hecho en el Parlamento español»[154]. Precisamente por ello, su enmienda, mal recibida por la inmensa mayoría de las cámaras, monopolizó el debate posterior.

Liberales y conservadores reprocharon a los nacionalistas que amenazaran con debilitar la posición internacional de España y que plantearan ese debate tan solo dos años después de concedida la Mancomunidad, en un contexto crítico como el de la guerra mundial, con un oportunismo que recordaba a sus presiones justo tras la pérdida de las provincias ultramarinas en 1898. Coincidieron en negarse a conceder lo que exigía Cambó y, en el debate del Senado, el conservador Francisco Bergamín marcó la senda por la que transitarían los otros portavoces de los partidos constitucionales. Para Bergamín, la enmienda de la Lliga atentaba contra la Constitución de 1876, que consagraba una «monarquía constitucional y parlamentaria» en un cuerpo político soberano, el español. Por tanto, no cabía una «monarquía federativa» que dispersara la soberanía en las autoridades regionales. Consagrar una Cataluña soberana conduciría, en manos de los nacionalistas, a su separación inevitable.

Nada distinto dijo Romanones en el Congreso. Más conciliador tras su fiasco electoral en Cataluña y consciente de que los diputados catalanes de su partido eran partidarios de las delegaciones, el presidente se abrió a negociarlas, se comprometió con la vía de la descentralización administrativa y también con la autonomía local, algo que ya no interesaba a los nacionalistas. Romanones se mostró favorable a que el catalán se usara en los organismos locales y regionales de Cataluña, pero no en los nacionales allí radicados, y menos en las relaciones internacionales. En las escuelas, el catalán solo debía usarse en la escolarización temprana, para que los niños catalanoparlantes aprendieran el español cuanto antes. Romanones defendió que el ejercicio de los derechos y la defensa de los intereses individuales en toda España exigían que la enseñanza pública incrementara, y no redujera, el número de ciudadanos que dominaran la lengua común. Eso requería, como aducían los liberales autonomistas y los nacionalistas, maestros de primaria que supieran el catalán en las comarcas donde su uso era predominante. El presidente pidió que el problema de las delegaciones se planteara tras la Gran Guerra, pues la realidad bélica marcaba las prioridades.

Romanones encontró apoyo no solo en Dato, sino en los carlistas y los republicanos de todas las tendencias. Hasta el federal Salas Antón, diputado por Sabadell, impugnó la oficialidad del catalán por temor al «encorsetamiento cultural» de Cataluña y acusó a la Lliga de pretender privar a los obreros de un «instrumento tan valioso» como la lengua española, que les permitía prosperar en cualquier provincia del país y en el continente americano. El debate duró dos semanas y apenas sirvió para reafirmar la hostilidad al nacionalismo del resto de los grupos. Cambó retiró su enmienda, pero anunció una oposición frontal de la Lliga hasta que esta se tomara en consideración. El Gobierno trató de aminorarla y, en el otoño, Alba anunció su disposición a introducir cambios en sus reformas para contentar a los nacionalistas y, como se vio, simultanear el debate de los presupuestos ordinario y extraordinario. En octubre de 1916, Romanones ordenó dar vía libre a la instalación de un depósito comercial en Barcelona y otorgó una subvención de 10 millones de pesetas para la Exposición de Industrias eléctricas que organizaba el ayuntamiento de la Ciudad Condal, entonces en manos de la Lliga[155].

Pero los nacionalistas no modificaron su postura y reforzaron a quienes, como el conservador Bergamín, defendían la conveniencia de combatirles. El liberal El Imparcial enumeró las dádivas de los distintos Gobiernos a la Lliga y concluía que «sobre las demandas de ese partido antiespañol» no era conveniente «ceder» más. Esas cesiones solo eran antesala de otras mayores, porque, «ante el público», el nacionalismo «presenta lo concedido como victoria de las violencias, como imposición que no merece gratitud».

Confirmando estas tesis, a comienzos de 1917 Cambó sumó a su estrategia antiturnista a los nacionalistas vascos. En tres actos conjuntos entre enero y mayo (Bilbao, San Sebastián y Barcelona), les alentó a seguirle por la vía nacionalista, de «libertad y la consagración legislativa de los hechos vivos nacionales», y a reivindicar su idioma como punta de lanza de su nacionalidad. Apelaba además a aquella «Castilla nacionalista» territorialmente «más modesta, sí, pero más fuerte», para que apareciera «ella y solo ella» como demostración de abandono de sus pruritos expansionistas. De esa forma, «el pleito de la reconstitución de España será un pleito allanado», y la «grandeza de los pueblos de Iberia… no se conseguirá por una guerra exterior, sino por la fusión de las almas»[156].

Prat de la Riba y las autoridades de la Mancomunidad tensaron más la cuerda cuando, ignorando que formaban parte del Estado, frustraron la visita oficial de Alfonso XIII a Barcelona el 7 de enero de 1917. Anunciaron al gobernador civil, Félix Suárez-Inclán, que la boicotearían por la falta de receptividad a las «reivindicaciones de Cataluña». Suárez-Inclán aconsejó al Gobierno suspenderla y, como el rey se negó indignado, el gobernador dimitió por no poder garantizarle que los nacionalistas no perturbaran su estancia. En otro gesto de acercamiento a la Lliga, Romanones lo sustituyó por José Morote, bien visto por los catalanistas. Morote quiso iniciar una distensión y medió para que fueran satisfechas algunas demandas económicas de la Mancomunidad. En este ambiente, la Lliga se abriría a aprobar, a cambio de nuevas concesiones en su articulado, las dos leyes económicas a que iba a quedar reducido el plan Alba, la de autorizaciones y la de protección a la industria nacional[157]. Los nacionalistas no podían saber aún que, en un trimestre, el perspicaz activismo de Cambó iba a destruir el turno y erigirles en la clave de la política española.

5

La tempestad que llegó del este

El 9 de enero de 1917, y por sorpresa, Romanones dimitió y declaró la crisis total de su Gobierno. Sin embargo, no tenía intención de marcharse. Sabía que ni los conservadores ni el sector crítico de los liberales, que volvía sus ojos a García Prieto, deseaban el poder. El presidente pretendía reforzar su liderazgo tras los ataques a su honorabilidad, y vivificar la situación liberal con la renovación explícita de la confianza tanto del rey como de las Cortes. Era un procedimiento típico de aquella monarquía constitucional. El rey abría un periodo de consultas donde llamaba a los presidentes de ambas cámaras y a los jefes de los partidos antes de tomar una decisión que, en todo caso, debía someterse al refrendo automático del Gobierno saliente.

Romanones no inspira confianza

Desde la óptica de una monarquía parlamentaria con partidos disciplinados, el gesto de Romanones parecería innecesario toda vez que, al disfrutar de una mayoría absoluta, debería dar por descontada la confianza de ambas cámaras. Pero las Cortes españolas seguían imbuidas en las convenciones decimonónicas. El Parlamento, aparte de registrar los cambios de opinión y las mayorías y minorías que generaban, era ante todo un órgano discutidor que legislaba y fiscalizaba por medio de debates que decidían por sí mismos las votaciones. Esto presuponía que los parlamentarios no estaban constreñidos por mecanismos explícitos de disciplina, de modo que los jefes apenas podían condicionar el voto de sus diputados y senadores, que ni siquiera pertenecían «oficialmente» a grupos parlamentarios, ya que estos carecían de existencia reglamentaria.

No obstante, en la práctica, la Restauración había supuesto un avance desde los atomizados Parlamentos de mediados del siglo XIX. Al agruparse la mayoría de los diputados y senadores en dos grandes formaciones, era aún eficaz una convención no escrita: el líder con un número inmanejable de rebeldes castigaba la indisciplina abandonando el poder y privando a todo el partido de sus ventajas. Entregárselo al otro partido constitucional presuponía tanto la disolución de unas cámaras en las que el nuevo Gobierno carecía de mayoría como la convocatoria de nuevas elecciones, y así los díscolos perdían sus escaños. Como alternativa, si el presidente del Gobierno en ejercicio no quería acudir al recurso extremo de abandonar el poder, debía, como Romanones, someterse a periódicas ratificaciones de la confianza para mantener la cohesión de su Gobierno y sus parlamentarios. La amenaza de dimitir solía calmar a los críticos, que no querían arrostrar la responsabilidad de que su partido pasara a la oposición.

No obstante, la jugada del presidente salió mal, porque únicamente sirvió para visibilizar el desgaste de su liderazgo. Su caída tan solo la aplazó Eduardo Dato, al aconsejar al rey que continuaran los liberales en el poder. Romanones se encontró con que el presidente del Senado, García Prieto, condicionó su apoyo a que el Gobierno se rehiciera y a que el presidente se aviniera a retrasar la convocatoria de las Cortes para renegociar su programa legislativo. Al hacerse explícita la división de los liberales y al no poder conocer la correlación de fuerzas en unas Cortes cerradas, el rey se negó a una ratificación incondicional de la confianza y solo confirmó a Romanones en el poder a la espera de que el Parlamento se abriera. Pero Romanones no quería negociar con García Prieto, así que decidió presentarse ante las cámaras el 29 de enero y continuar veinte días más con el mismo Gobierno[158].

Si el presidente no lograba restablecer la unidad de su partido, se avecinaba un problema de gobernabilidad. La alternativa a los liberales, el Partido Liberal-Conservador, convalecía de sus escisiones y no se había cohesionado en la oposición, uno de los requisitos fundamentales de la alternancia. El turno bipartidista español presuponía que, ante el desgaste y la división del partido en el poder, existía otro sobre el que podía recaer con garantías la formación de Gobierno. Esas «garantías» se traducían en la capacidad de ese partido de ganar las elecciones y conseguir una mayoría parlamentaria que le permitiera recabar la confianza de las Cortes y cubrir así la responsabilidad regia por la disolución de las anteriores.

En realidad, lo que ha venido a achacarse, con simpleza, al turno provenía de las convenciones constitucionales típicas de una monarquía de doble confianza. El cambio de Gobierno no presuponía siempre el decreto de disolución. El rey lo concedía, en su condición de árbitro entre los dos poderes, cuando las mayorías parlamentarias negaban su concurso en aquellas medidas que el Ejecutivo consideraba de inexcusable necesidad. Como se dijo, la libertad del rey de nombrar Gobierno y disolver las Cortes no era soberana, como no lo era ninguna otra facultad o mecanismo del régimen constitucional. De hecho, esa libertad se limitaba normalmente a la resolución de ese conflicto de poderes.

En resumen, no podía ser llamado a gobernar cualquiera, sino solo aquellos jefes de partido que dispusieran de programas generales de gobierno —⁠que no representaran un interés sectario de carácter territorial o societario⁠— y una organización suficiente como para obtener una mayoría electoral y parlamentaria. Se hacía, además, siendo conscientes de que a sus líderes los elegían internamente los mismos partidos, y solo en situaciones de crisis de liderazgo y a través del consejo emitido en las consultas, el rey podía recurrir a individuos que estuvieran al margen de las jefaturas.

Esa previsión, cumplida mecánicamente en el último cuarto del siglo XIX, había comenzado a renquear desde 1899. La muerte de Cánovas y de Sagasta había sumido a sus partidos en una redefinición de sus jefaturas que dificultó a Alfonso XIII la elección de presidente del Gobierno, especialmente entre 1902 y 1907. Además, desde 1899, las mayorías parlamentarias eran cortas y cualquier escisión era susceptible de acabar tempranamente con el ciclo gubernativo de uno u otro partido. Con el cambio de siglo ya no se podía decir que los Gobiernos «hicieran» las elecciones. Dada la insuficiencia de los resortes de la Administración para ganar una mayoría, las elecciones debían ser pactadas con más ahínco y el partido en el poder necesitaba de la tolerancia del otro para completar el ciclo de la alternancia. Más aún, la relación institucional entre los conservadores y los liberales sufría desde 1909 un grave quebranto, con riesgo cierto para el turno. Solo a partir de 1913, cuando Dato accedió a la Presidencia del Gobierno, se recuperó el sistema de pactos anudado en los años ochenta del siglo XIX.

Maura contra Dato

Pero en 1913, los conservadores volvieron al poder sin su jefe, Antonio Maura, que se había negado a alternar con el Partido Liberal. Desde 1909, Maura consideró rotas las relaciones con la izquierda constitucional a raíz de la ofensiva parlamentaria que su líder, Segismundo Moret, aliado entonces con los republicanos, había acometido para derribar al Gobierno conservador tras el bronco debate que siguió a la liquidación judicial de la Semana Trágica de Barcelona. En 1910, Moret fue sustituido por Canalejas, que intentó restablecer la solidaridad constitucional con los conservadores, proceso que continuó, tras el asesinato de Canalejas en noviembre de 1912, su sucesor, Romanones. Pero Maura rechazó repetidamente sustituir a los liberales y no se privó de continuar criticando al rey por haber dado paso en 1909 a Moret. Le achacaba haberse plegado a las presiones de los liberales, aun cuando reconocía que el monarca había actuado conforme a las convenciones constitucionales[159].

Cuando, en 1913, Romanones perdió la mayoría parlamentaria, Alfonso XIII ya no pudo recurrir a su pieza de recambio. El peligro de que el sistema colapsara hizo que el grueso de los exministros y de los parlamentarios conservadores se desentendiera de la negativa de Maura a formar Gobierno. Consideraban que esa decisión sustraía a la monarquía de su derecha constitucional, impedía el normal desenvolvimiento de las prerrogativas regia y parlamentaria y abolía la regla de oro de que uno de los partidos no podía disolver las Cortes por segunda vez y de manera consecutiva, que era lo que evitaba el tan temido exclusivismo. De ahí que los notables conservadores decidieran sostener a Dato, segunda figura del partido, cuando el rey le traspasó la responsabilidad de gobernar.

Dato siempre fue consciente de que su llegada al poder en 1913 contravenía otra regla no escrita que tonificaba la cohesión de los partidos. Si el liderazgo no estaba cuestionado, debía ser el jefe, y no otro, quien presidiera el Gobierno. Dato consideró que el suyo sería un paréntesis para salvar la prerrogativa regia y convencer a Maura de que volviera de su veto y liderara el que sería el auténtico Gobierno conservador. Pero la fracción maurista del partido se organizó como grupo parlamentario aparte y se abstuvo de apoyar a Dato. Los distintos intentos de conciliación fracasaron y Dato acabó aceptando la jefatura de los conservadores en una fecha tan tardía como el 30 de junio de 1915. Justo entonces se anunció la constitución del maurismo como partido independiente, y Maura se inhibió de la política mientras sus seguidores se sumaban a la oposición. Nacían debilitados, pues surgió otra fracción liderada por Juan de la Cierva, exministro de Gobernación, con don Antonio, que se negó a sumarse al maurismo o a constituirse en partido y buscó la avenencia de todos los conservadores.

Tampoco la Gran Guerra atenuó la división. Maura cerró filas con Dato respecto a la neutralidad, pero cuando Romanones asumió el poder, Maura modificó su actitud para apoyar el giro aliadófilo del nuevo presidente y restableció sus relaciones con el rey. A comienzos de 1917 parecía que, si se agotaba la situación liberal, Alfonso XIII propiciaría la reunión de los conservadores en un Gobierno presidido por Maura, que incluiría a los ciervistas y a la Lliga. El rey ya había intervenido para que Cierva no constituyera grupo propio y se uniera a Dato, aunque él, manteniéndose leal a Maura, no aceptó[160].

La oposición de los mauristas a los conservadores entre 1913 y 1915 fomentó en estos últimos un rechazo creciente a acatar de nuevo el liderazgo de Maura. Incluso Dato había buscado mejorar las relaciones con la Lliga para evitar que los catalanistas apoyaran un Gobierno maurista. En varias conversaciones entre diciembre de 1916 y enero de 1917 se barajó la participación de los nacionalistas en un Gobierno presidido por Dato para que la derecha constitucional obtuviera una mayoría parlamentaria sin necesidad de unirse a sus escisiones. Dato estaba ahora dispuesto a hablar de las delegaciones de competencias a la Mancomunidad, del empleo del catalán en la Administración y los actos jurídicos de la región, y de la protección al derecho civil foral, pero, para él, esas nuevas concesiones no eran un apaciguamiento, sino que debían servir para finiquitar el nacionalismo, algo que solo podría suceder si la Lliga aceptaba integrarse en el Partido Liberal-Conservador. Como Cambó y Ventosa se negaron sistemáticamente a dar este paso, las relaciones entre ambos partidos se enfriaron.

Dato necesitaba exigir esa garantía porque la hostilidad de los conservadores hacia los nacionalistas era agudísima. Sin embargo, Cambó aspiraba no ya a participar en un Gobierno conservador, sino a que el jefe conservador liderara un Gobierno de coalición multipartidista que liquidara el turno. Las posturas estaban demasiado alejadas. Cuando Dato pudo cerciorarse de que sería él quien sucedería a Romanones si este caía, canceló abruptamente las conversaciones con la Lliga el 14 de febrero de 1917. En su última conversación con Cambó, aclaró que los conservadores no coadyuvarían a la ruptura del turno ni a la «autonomía integral» de Cataluña. Y no era solo por la oposición irreductible del ala unitaria del partido, capitaneada por los gallegos González-Besada y Bugallal. Incluso un simpatizante del regionalismo como Joaquín Sánchez de Toca, segundo de Dato, calificó la «autonomía integral» de la Lliga como disgregadora «de la cohesión unitaria de la patria», a la que convertiría en una «taifería del nacionalismo descompuesto»[161].

Definitivamente roto su último intento de ligarse a alguno de los partidos constitucionales, Cambó tomó una decisión trascendental. Se reafirmó en que la Lliga no renunciara a gobernar España, pues debía «proteger» a la Mancomunidad y «ensanchar… el campo de su actuación» con «funciones del poder central con la correspondiente compensación económica». Esta aspiración de los catalanistas debía servirles para recabar apoyos en el resto de España, al demostrar que podían «colaborar eficazmente» en su «engrandecimiento» y formar así un Parlamento en el que recabar una mayoría favorable a la autonomía integral. Pero Cambó tenía claro que «para nosotros el camino al poder estaba cerrado mientras no destruyéramos el sistema del turno». Por tanto, la Lliga debía aprovechar cualquier ocasión «para debilitar a los dos partidos», el conservador y el liberal, y «quitarles el poder de las manos». Y como los catalanistas, autoconfinados en solo cuatro de las 49 provincias, no podrían hacerlo por la vía electoral, debían asociarse con las oposiciones antimonárquicas[162].

Ningún efecto causó el giro de los nacionalistas entre los conservadores, pues sus conversaciones con la Lliga habían sido puramente utilitarias: eran la parte discreta de una operación destinada a hacer entender al rey que la derecha constitucional solo volvería al Gobierno de la mano de Dato. La parte pública tuvo lugar el 14 de enero de 1917, cuando los expresidentes de las cámaras, exministros, parlamentarios y exparlamentarios del Partido Liberal-Conservador se reunieron en Madrid para homenajear a su jefe en un multitudinario banquete y testimoniarle la «cohesión indestructible» en torno a su liderazgo. La inequívoca significación del acto, mal recibido por unos mauristas que lo percibieron como un intento de cerrarles el paso al poder, hizo que Dato se mostrara conciliador. Varias veces afirmó que había en el partido alternativas a su liderazgo y que él no sería obstáculo para un cambio que hiciera retornar tanto a mauristas como a ciervistas a la casa común[163].

No obstante, como aviso a los escindidos, Dato no desaprovechó la oportunidad para marcar la línea doctrinal. Él era un histórico del Partido Liberal-Conservador y había ascendido en el escalafón durante la jefatura de su fundador, Cánovas; se marchó con Francisco Silvela, cuando este se escindió en la última década del siglo XIX, y se reintegró cuando Silvela volvió a liderarlo. Dato era delgado, de cráneo limpio del que partía una melena parca, con bigote gris. Enfermizo, culto y de expresión reposada, el liderazgo y la oratoria del jefe conservador resultaban menos atrayentes que los de Maura, pero los compensaba su laboriosidad y un carácter empático y conciliador, capaz de tejer lealtades duraderas. Su pragmatismo, bien avenido con la definición canovista de la política como «arte de lo posible», y sus maneras corteses dulcificaban un ademán enérgico y resolutivo. «Las energías de los temperamentos suaves son muchas veces las más temibles», recordaba Romanones, que reconocía en su adversario a un hombre «muy inteligente» y «de gran sentido político». Personificaba la tradición más pura del liberalismo conservador, al que Dato otorgaba una función estabilizadora de la monarquía constitucional[164].

Pero esa función solo era factible, como aclaraba Dato en su discurso de respuesta al homenaje, si los conservadores, con «tranquilas evoluciones» y transacciones «justas y razonables» con la realidad, adaptaban «aquellas reformas que, por haber arraigado en la conciencia nacional, si tropezaran con obstáculos invencibles e insuperables, podrían ser impuestas violentamente por la fuerza». El jefe conservador enfatizaba «las reformas sociales» que, fundadas «en un sentido de justicia» y «en un principio intervencionista del Estado», solventaran la tan traída y llevada «cuestión social». Dato había expresado constantes simpatías hacia los «partidos obreros» con sus «programas de mejora de salarios, de reducción de las jornadas, de cajas de socorros, de auxilios para la vejez». Estos partidos merecían «el apoyo de los poderes públicos» siempre que «reduzcan sus aspiraciones a términos razonables y posibles, y las lleven por caminos pacíficos, dentro de los medios legales».

A los conservadores les correspondía, siguiendo el ejemplo británico, abrirse a las aspiraciones obreras y «atenderlas en lo que tengan de legítimo», porque «es obra de pacificación, obra conservadora y obra patriótica». De esa manera se impediría que prosperasen «los partidos radicales dedicados con preferencia a subvertir el orden social».

Dato había marcado la pauta. Como ministro de la Gobernación de Silvela (1899-1900) patrocinó con éxito la ley de accidentes de trabajo y otra de protección laboral de las mujeres y los niños, alrededor de las cuales renació el asociacionismo obrero en la minería y la industria. La «solidaridad social» que defendía estaba desligada de toda idea socialista. Los que militaban en la derecha constitucional eran, para Dato, «liberales en la idea y conservadores en los procedimientos de gobierno» y, en todo caso, adictos a un «régimen parlamentario insustituible, la más firme garantía de los derechos del ciudadano»[165].

Como debía asegurarse el pleno rendimiento de las instituciones y las convenciones de la Restauración, Dato aclaró en el homenaje que los conservadores no solicitarían todavía el poder. Había una necesidad ineludible de fortalecer la eficacia del sistema político, y esto solo se lograría con «Gobiernos largos y permanentes» y Parlamentos duraderos. Las extraordinarias circunstancias de la Gran Guerra reforzaban la necesidad de sostener al Gobierno Romanones y reconstruir el remedo de «unión sagrada» parlamentaria entre los dos grandes partidos que había existido entre 1914 y 1915. Pero Dato avisó que ello no suponía corresponsabilizarse de la obra de gobierno. De ese modo, cuando los liberales se desgastaran, el rey tendría una alternativa constitucional a la que recurrir[166].

Cercados por tierra y mar

Esta declaración de apoyo a Romanones fue oportuna porque las secuelas de la guerra iban a salpicar como nunca a España. Las cámaras abrieron el 29 de enero para retomar la discusión de los proyectos económicos del Gobierno: la ley de fomento y protección de la industria, la adaptación del presupuesto prorrogado, la reforma fiscal y el presupuesto extraordinario de Fomento. Pero dos días después se recibió oficialmente una nota de los Gobiernos de Alemania y Austria-Hungría, que sus monarcas ya habían anticipado oficiosamente a Alfonso XIII[167]. En ella advertían de que, al no avenirse la Entente a negociar la paz y persistir en su bloqueo marítimo, los Imperios centrales redoblarían el bloqueo submarino a partir del 1 de febrero. Los sumergibles impedirían por todos los medios el tránsito de los mercantes que quisieran arribar a puertos británicos, franceses, italianos y egipcios.

Para España, la decisión era gravísima, porque podía paralizar gran parte de su comercio externo. No solo dañaría a su sector exportador, sino también a su tejido productivo, al privarle del acceso a importaciones clave para su agricultura y su industria. Además, implicaba un desafío para la neutralidad, pues, con esa decisión, Berlín y Viena violaban los convenios internacionales al considerar contrabando cualquier exportación a sus enemigos. Los torpedeamientos podrían obligar a una ruptura diplomática.

Con el fin de evitar que esa ruptura la anticipara el movido debate que se anunciaba en las Cortes sobre el bloqueo submarino, Romanones recabó el apoyo de Dato, Maura y Melquíades Álvarez, jefe de los reformistas (republicanos posibilistas situados a la izquierda del Partido Liberal), para cortocircuitarlo. El presidente informó a la Cámara del contenido de la nota y solicitó la unidad de todos ante un hecho que «ha de producir en España consecuencias graves, horas difíciles». Su afirmación de que el recrudecimiento de la guerra naval no interrumpiría «nuestra vida interior» fue inútilmente tranquilizadora. Solo entre el 2 y el 29 de enero, España ya había sufrido seis nuevos torpedeamientos, los del San Leandro, Manuel, Valle, Nueva Montaña, Algorta y Punta Teno, un ensañamiento que revelaba el propósito alemán de desestabilizar el Gobierno Romanones[168].

El Parlamento se clausura

La inquietud aumentó el 2 y el 3 de febrero, cuando a la noticia de los primeros torpedeamientos de mercantes neutrales, entre ellos el español Butrón, siguió el anuncio de que Estados Unidos rompía relaciones diplomáticas con Alemania. Al tiempo que Washington encargaba a España de sus intereses ante el Gobierno alemán, el secretario de Estado norteamericano, Robert Lansing, alentó a Romanones a que rompiera con Berlín, pero este tan solo logró el apoyo de sus ministros para protestar por el bloqueo indiscriminado.

La delicada situación internacional, la falta de cohesión en la mayoría liberal y la necesidad de sortear todo debate parlamentario que hiciera peligrar la neutralidad —⁠pues los republicanos estaban dispuestos a aprovechar el estado emocional producido por los torpedeamientos para empujar en las Cortes hacia la ruptura⁠— hicieron que Romanones decidiera cerrar el Parlamento. Como todo ello implicaba un nuevo aplazamiento de los proyectos económicos que daría al traste con su Gobierno, el presidente llamó a los jefes de las minorías parlamentarias para comunicarles que dimitiría si no se avenían a negociar una Ley de Autorizaciones que le permitiera gestionar los ingresos y gastos del Estado con carácter de urgencia. Los conservadores y sus escisiones compartían la necesidad de cerrar las Cortes ante el peligro de que pulverizaran la política de neutralidad, como había sucedido en Italia en 1915. Tampoco querían provocar un vacío de poder y aprobaron, no sin renuencia, una ley que permitiría al Gobierno readaptar por decreto las partidas del presupuesto de 1915, siempre que se tratara de aquella parte de las reformas de Alba ya aprobadas por las Cortes o, al menos, dictaminadas por sus comisiones presupuestarias[169].

Las Autorizaciones eran, así, el instrumento para formar unos nuevos presupuestos, con la particularidad de que las Cortes delegaban en el Gobierno, con límites, la redistribución de los gastos. Las circunstancias bélicas, el obstruccionismo parlamentario y el que los presupuestos se hubieran convertido en «receptáculo para todo tipo de reformas administrativas» que dañaban intereses y suscitaban oposiciones irreductibles, como Bugallal reprochó a Alba, hacían inevitable la medida. La nueva ley implicaba que, a cambio de introducir recortes en varios servicios del Estado, el Gobierno obtendría los fondos necesarios para organizar el seguro de guerra, subvencionar las subsistencias y emitir, negociar o convertir deuda pública. Precisamente, la primera decisión de Alba fue emitir deuda por valor de 300 millones de pesetas para cubrir el déficit presupuestario. Para asegurar el éxito de la operación, se autorizó al Gobierno a elevar la circulación fiduciaria en 500 millones de pesetas. Esa última medida era inevitable por la necesidad de cubrir las necesidades del Estado en tan graves circunstancias, sin por ello distraer los créditos para la economía privada. Sin embargo, contribuyó a alimentar una inflación que el bloqueo alemán iba a redoblar con las nuevas restricciones al comercio.

En principio, las Autorizaciones no consignaban dinero para Instrucción Pública y Fomento y hubo de enmendarlas en el Senado para evitar la dimisión de los ministros Burell y Gasset, este último indignado por no poder someter al Congreso las concesiones para construir ferrocarriles secundarios, tras obtener la aprobación de la Cámara Alta el año anterior. La obstrucción de la Lliga se sorteó concediendo a Cambó el aplazamiento sine die del impuesto de utilidades de guerra e incluyendo al textil catalán entre los beneficiarios de la ley de protección y fomento de la industria nacional.

Esta ley, que también se aprobó de urgencia, permitía al Gobierno prestar, reducir impuestos u otorgar subvenciones a la industria española, y concederle preferencia en los contratos públicos. Pero su efectividad se vio lastrada por la limitación de recursos, que contrastaba con el listado enorme de sectores a los que se otorgaba esos beneficios: astilleros, carbón, siderurgia y metalurgia, herramientas y semillas no fabricadas en España, industria agropecuaria, abonos y maquinaria agrícola, saltos de agua de más de 1000 caballos de potencia, química, textil, material eléctrico y científico, medicamentos, libros y, como colofón, cualquier producto de utilidad para Marruecos. El planteamiento que subyacía no era sustituir lo que no podía importarse durante la guerra, sino la descabellada idea de convertir a España en autosuficiente. En la práctica, suponía destinar recursos públicos a fomentar producciones caras e ineficientes en sectores no estratégicos, en lugar de destinarlos a la minería del carbón, la industria agropecuaria, la siderometalurgia —⁠para transformar el mineral español⁠— y la militar, que la guerra hacía imperiosa[170].

En el ínterin, el 8 de febrero, el Gobierno hizo pública la respuesta que había dirigido a los imperios centrales dos días antes protestando porque el bloqueo submarino violaba la legalidad internacional. Alemanes y austriacos se arrogaban el derecho no ya de capturar, sino de destruir los mercantes españoles, con riesgo para la vida de sus tripulaciones, y también de comprometer la economía de un país neutral. La nota recibió el apoyo de todos los partidos, pero no produjo efecto alguno y el tráfico marítimo quedó interrumpido.

Por su posición geográfica, España era el país neutral más perjudicado. Aunque salieron a la mar algunos mercantes, las tripulaciones de otros se negaron y la escasez de barcos se incrementó. Las mercancías españolas se agolpaban en los puertos ante la desesperación de los agricultores y los comerciantes de alimentos, especialmente los de cítricos y de uva del Levante. Los industriales veían menguar, sin poder reponerlas, sus reservas de carbón, yute, aceites minerales, hojalata, celulosa, algodón y fosfatos, estos últimos vitales para producir los abonos químicos que la agricultura necesitaba. La crisis de trabajo en el textil y la incertidumbre por el aislamiento de Europa y la pérdida del mercado americano, con los rumores de entrada de Argentina, Brasil y Cuba en la guerra, redujeron la capacidad de maniobra de los empresarios, que comenzaron a mostrarse menos transigentes con las demandas de aumento salarial. La actividad económica se ralentizaba y, con ella, retornaba el fantasma del paro, sin que por ello la inflación se atenuara[171].

El cierre de las Cortes se hizo urgente el 17 de febrero. Ese día, los republicanos y los reformistas, con apoyo de la Lliga, presentaron una proposición incidental para exigir al Gobierno que explicara qué medidas iba a tomar para restablecer el tráfico marítimo. Como era obvio que España, por sí sola, no podía hacerlo, la maniobra buscaba un pronunciamiento de las Cortes favorable a romper con los Imperios centrales. Romanones estaba de acuerdo con esto, pero hasta que no convenciera a su propio partido cualquier votación de ese tipo destruiría su liderazgo. Los temores que suscitaba la conocida aliadofilia del presidente movilizaron al sector neutralista. Hubo maniobras soterradas para que los liberales impulsaran la sustitución de Romanones por un Gobierno del general Valeriano Weyler, referente militar de la izquierda constitucional, patrocinadas por el presidente del Congreso, Miguel Villanueva, y por el exministro Juan Navarro Reverter. Ambos lograron el apoyo de los mauristas, pero no de los conservadores, cuyos votos eran vitales para el éxito de la operación[172].

Romanones no esperó más y el 26 de febrero, cuando las Cortes convalidaron las Autorizaciones y la protección y fomento industriales, decretó la suspensión de las sesiones parlamentarias, entre el vocerío de los diputados republicanos y el intercambio de imprecaciones con los liberales, que incluyeron vítores cruzados a la república y al rey. Los republicanos se quejaban porque, justo en esa sesión, uno de sus portavoces más importantes, Marcelino Domingo, iba a interpelar al Gobierno sobre Marruecos. Se proponía denunciar una serie de abusos administrativos como continuación de la campaña periodística que venía promoviendo desde meses atrás, y solicitaría la retirada de España del Protectorado, pues atribuía a capricho de Alfonso XIII la intervención militar en Marruecos. El reformista Melquíades Álvarez acusó al Gobierno de mentir cuando sostenía que los soldados y los recursos destinados a las operaciones marroquíes se estaban reduciendo. Esta interpelación y la del bloqueo alemán mostraban hasta qué punto los republicanos estaban dispuestos a rentabilizar contra la monarquía una situación tan delicada[173].

La controversia marroquí

Si a comienzos de 1917 Marruecos aún no había adquirido el estatus de problema capital de la política española que tendría cuatro años más tarde, tras la derrota de Annual, sí que era el objeto prioritario de la acción exterior española. Hacía un quinquenio que España administraba, en nombre del sultán marroquí, los extremos sur —⁠la región de Tarfaya— y norte —⁠el Rif y la Yebala— de su reino, excepto el enclave internacionalizado de Tánger. Desde el convenio de Madrid de noviembre de 1912, lo hacía en régimen de Protectorado junto a Francia, que gobernaba casi todo el país.

La presencia española había estado garantizada, en realidad, por Reino Unido, que no estaba dispuesta a compartir con otra gran potencia el estrecho de Gibraltar, interés que coincidía con el español. Desde Madrid se consideraba, por razones defensivas, que la orilla sur del estrecho solo podía estar en manos del sultán o de España, cuestión en la que concordaban no solo los grandes partidos, sino también los tradicionalistas y el líder del partido republicano más importante, Alejandro Lerroux.

Francia habría querido administrar íntegramente Marruecos, pero su necesidad de aliarse con Reino Unido frente al expansionismo alemán hizo que París se aviniese a compartir el Protectorado con España. Previamente había logrado, a cambio de otras concesiones, que Londres considerara a Marruecos como zona de influencia francesa, lo que debilitó la posición negociadora del Gobierno español y explicaba un reparto territorial tan desigual.

La zona española estaba regida por un representante del sultán, el jalifa, al que el primero elegía de una terna de dos nombres propuesta desde Madrid. El jalifa residía en Tetuán, ciudad que desde 1913 ocupaba el Ejército en precario por su discontinua presencia en el resto del territorio. De los asuntos atribuidos directamente a la Administración española se ocupaba un alto comisario nombrado por el Gobierno. Quedaban fuera del Protectorado, como plazas de soberanía española, las ciudades de Ceuta y Melilla y, al sur, el enclave del Ifni. Las unidades militares españolas se distribuían por tres zonas territorialmente desconectadas: las comandancias generales de Ceuta, Melilla y Larache, ciudad esta última situada en la costa atlántica marroquí[174].

España, potencia protectora

El protectorado definía jurídicamente un tipo de régimen que solía aplicarse a soberanías extraeuropeas, reconocidas como Estados que ejercían jurisdicción sobre un territorio. Sin embargo, al Estado «protegido» se le ponía bajo tutela para procurar su plena incorporación a la civilización occidental. Y aunque la potencia administradora no podía desconocer esta finalidad, en la práctica suponía, en aquella era del colonialismo en la que todavía se encontraban inmersas las potencias europeas, que el protegido quedaba supeditado económica y diplomáticamente al protector.

Con todo, este tipo de organización acarreaba para quien la regía obligaciones ineludibles ante el resto de las potencias, tal como reflejaba el artículo primero del convenio hispano-francés de 1912. A España le correspondía velar por el orden público en su zona y asistir a las autoridades marroquíes en la introducción de reformas administrativas, económicas, financieras, judiciales y militares. Esto y el compromiso de construir infraestructuras anticipaban una serie de desembolsos que se convertían en gastos fijos en los presupuestos de la potencia protectora: en el caso español no bajó en aquellos años del 5 % de sus ingresos, sobre todo por el gasto militar.

Los socialistas, los reformistas y una fracción de los republicanos encarnaban posiciones anticolonialistas y criticaban la presencia española en Marruecos y los gastos que esta generaba. No dudaban en atribuir directamente a Alfonso XIII el impulso de aquella «aventura» africana, que costaba el equivalente a lo que los franceses gastaban en su zona, diez veces más grande, y a la torpeza de los Gobiernos constitucionales, que promovían una acción predominantemente militar frente a la civilista de París.

La crítica partía de una falsa equiparación entre las zonas francesa y española. Mientras que la primera constaba de provincias tradicionalmente controladas por el sultán, no ocurría así en el caso del Rif y de la Yebala, unas zonas pobladas de tribus (cabilas) insumisas a su autoridad. España ejercía su protectorado sobre un territorio políticamente fragmentado que el jalifa, la supuesta autoridad indígena, no podría gobernar como una unidad ni obtendría la sumisión que los jefes cabileños regateaban a la misma corte de Fez si España no la aseguraba. Esa situación se había agravado, además, con el último conflicto sucesorio que, entre 1908 y 1911, había fraccionado en tres lealtades distintas a la población del sultanato. Por eso, en el Rif y en la Yebala la acción militar debía siempre preceder a la civil.

La presencia española en una zona tan difícil distaba de ser un capricho de la Corona o de sus Gobiernos. Menos aún la explicaba la propaganda demagógica que aludía a una supeditación del poder público al interés económico de determinadas empresas interesadas en las minas del Rif. Por el contrario, había sido la exitosa penetración de Francia y los intentos de emulación de Alemania los que obligaron a España a asegurarse la administración directa de los territorios que le habían sido reconocidos como zona exclusiva de influencia desde 1904. Ante todo, la defensa de la frontera sur era el factor primordial, en un momento en que el statu quo territorial estaba estrechamente ligado a la fortaleza militar y se carecía, al margen de las alianzas militares, de mecanismos de estabilización universalmente aceptados. Como potencia secundaria, lo que interesaba primordialmente a España era la integridad de su territorio, y eso mismo le había llevado a estrechar las relaciones con Francia y Reino Unido. Obsesionados con sortear una repetición del desastre de 1898, los Gobiernos españoles se marcaron como objetivo ampliar el perímetro de seguridad sobre su frontera meridional, evitando que en la otra orilla se estableciera una gran potencia. Así, el estrecho de Gibraltar quedaría neutralizado, y el golfo de Cádiz y el mar de Alborán, bañados únicamente por aguas propias.

Desde luego, la falta total de ambición colonial se evidenció en 1902, cuando Francia indujo a España a repartirse Marruecos. Hasta el convenio de 1912, el objetivo de Madrid siempre fue defender la independencia y la integridad territorial del sultanato, para evitar que España quedara envuelta por el expansionismo francés o desplazada, en un área tan sensible para su seguridad, por la potencia germana. No se trataba solamente de la amenaza indirecta que implicaba sobre la península, sino de la directa que afectaba a áreas del territorio nacional, como Canarias, Ceuta y Melilla. La guerra civil marroquí había creado, además, un grave problema de seguridad para estas dos ciudades, sometidos sus arrabales a la acción indiscriminada de unas cabilas rebeldes a cualquier autoridad. Esta circunstancia había obligado a España a implicar a su Ejército en medidas de orden público cada vez más frecuentes y que suponían la toma de posiciones dentro del territorio marroquí para luchar contra esa amenaza. Fue la desintegración del sultanato la que intensificó, desde 1908, la presencia militar de España en el norte de África, pero no para ocupar de iure ningún territorio, sino para delimitar un área de seguridad provisional en torno a Ceuta y Melilla, que se mantendría hasta que el sultán fuera capaz de salvaguardar el orden en la zona fronteriza.

Los ataques cabileños sobre las obras ferroviarias tendidas para comunicar Melilla con las minas de Beni-bu-Ifrur, concedidas por el Gobierno marroquí a un consorcio español, provocaron entre julio y noviembre de 1909 la intervención de unidades españolas por decisión del Gobierno conservador de Maura. Debían pacificar un territorio que en esa última fecha se extendió desde el río Kert al Muluya, y que incluía la costa del cabo Tres Forcas, la mar Chica y el cabo del Agua, frente a las islas Chafarinas. La operación culminó con el dominio del macizo del Gurugú y las poblaciones de Nador y Zeluán. El Ejército profundizaría tierra adentro, en la región del Kert, entre octubre de 1911 y mayo de 1912, después de que el Gobierno liberal de Canalejas lidiara con el levantamiento cabileño de El-Mizzian, que declaró la yihad contra la presencia española.

Precisamente de 1911 databa la presencia militar española en la zona noroccidental. Al margen de Ceuta, cuya retaguardia defensiva había sido ampliada mediante la ocupación de varios puntos del litoral hasta Castillejos, Canalejas se había visto obligado a ordenar la toma de los puertos de Arcila y Larache, y la ciudad de Alcazarquivir. De ese modo cerró el camino de Fez a Tánger a los franceses, que habían ocupado la primera ciudad y penetrado en la zona de influencia española. París manifestó su disposición a extender su dominio por todo el sultanato sin consideración para los derechos reconocidos a España, y solo aquella acción militar lo impidió. Gracias a ella se abrieron las negociaciones que condujeron a la creación del Protectorado español. Cruzarse de brazos ante la envolvente francesa era inconcebible para Alfonso XIII y todos los políticos constitucionales. Habría supuesto una peligrosa muestra de incapacidad para defender unos derechos reconocidos internacionalmente y para delimitar ese perímetro de seguridad que los movimientos de las grandes potencias habían hecho urgente.

Para diciembre de 1915, el Gobierno Romanones había heredado una situación casi estabilizada. Dato, su antecesor, había conseguido atraer al bajá de Arcila, Ahmed al-Raisuli, un jefe tribal y religioso con influjo en las cabilas de la Yebala y que impugnaba la presencia española tras no haber conseguido hacerse elegir jalifa. Era especialmente peligroso porque había aprovechado la Gran Guerra para alargar su insurrección con ayuda alemana, lo que explica el alza de los presupuestos de Guerra y Marruecos entre 1914 y 1915, unos gastos que el Gobierno liberal de Romanones había tenido que prolongar al primer cuatrimestre de 1916 para dominar la rebeldía de las últimas cabilas de la Yebala y coronar la toma del Fondak, el paso que abría las comunicaciones por tierra entre Tánger y Tetuán, y entre Ceuta y Larache. Al tiempo, en la zona del Rif, las tropas habían logrado tomar el monte Mauro y cerrar las defensas occidentales de Melilla tendidas sobre el río Kert.

En mayo de 1916, las operaciones habían terminado. El Gobierno redujo en los meses siguientes los efectivos desplegados en Marruecos de 79 000 a 68 000 hombres, que debían pasar a 60 000 en abril de 1917. En diciembre de 1916, los gastos de Marruecos parecían contenidos: los 138 millones del año anterior bajaron a 129 millones. La partida más elevada correspondía a contener el espionaje alemán, que, desde la zona española, procuraba armas a las cabilas antifrancesas. Berlín promovía un levantamiento general en Marruecos para recomenzar la guerra civil finalizada en 1912 y colocar en el trono al pretendiente derrotado, Muley Haffid[175].

Denuncias de corrupción

Pero para los republicanos, excepto Lerroux, todo gasto en Marruecos era superfluo y erigieron la intervención española en bandera para deslegitimar, en nombre del anticolonialismo, a la monarquía. El republicano catalanista Marcelino Domingo no cejó en el empeño y, ya que no pudo interpelar al Gobierno en las Cortes, desarrolló su discurso-denuncia en la Casa del Pueblo de Madrid el 1 de marzo de 1917. Allí pretendió demostrar que aquella empresa la patrocinaban, en exclusiva, la Corona y el Ejército por un prurito «imperialista», aunque, en realidad, ambos ventilaban turbios intereses privados: primero, los de los contratistas de obras que se hacían con las concesiones de vivienda barata y que, destinada a beneficio de los indígenas, se daban indebidamente a los militares; segundo, los de políticos como Romanones, accionista de empresas mineras extranjeras que no repercutían en la economía española, e interesado en usar los nuevos puestos administrativos para colocar a sus protegidos y ampliar su clientela; y tercero, los de jefes y oficiales que se prodigaban en actividades empresariales o que eran perceptores de dietas y complementos económicos sobredimensionados. Al afán de lucro se unía, para Domingo, la incompetencia. Se pacificaba a las cabilas comprándolas con dinero público, mientras que los indígenas alistados en el Ejército desertaban después y usaban contra España los pertrechos adquiridos[176].

Las acusaciones de ineficacia se mezclaban, por tanto, con las de corrupción. De ser ciertas, quedaba por establecer hasta qué punto implicaban a la Administración española en Marruecos y, más aún, si diluían las necesidades estratégicas sobre las que se había basado la política de intervención. El ministro de la Guerra, el general Luque, anunció la apertura de un expediente depurador, pero cuando Domingo fue citado ante la justicia militar para que aportara los datos concretos que poseía y «puntualizar las responsabilidades de los delincuentes», no acudió. Aun así, el expediente siguió su curso y, como resultado, se depuró a 110 jefes y oficiales. La inmensa mayoría, o eran propietarios legales de casas o fincas, o sufrieron falsas imputaciones por la prensa republicana.

Se demostró, sin embargo, que las denuncias eran ciertas en una decena de casos: un mayor de Intendencia, propietario de un cine en Ceuta; un capitán de Ingenieros que explotaba una cantera en Tetuán; otro capitán de Artillería, socio de un sindicato minero en Melilla; un capitán de Ingenieros, propietario de la red telefónica en esa ciudad; otro comandante de Artillería, casero; un jefe de la Compañía del Mar que estableció una caseta de baños públicos en la playa; un teniente coronel de Artillería que se dedicó al negocio de las maderas; un capitán de Artillería, miembro de una sociedad de máquinas de coser y de escribir; un comandante de Infantería, representante de una sociedad de seguros, y un oficial de la Compañía del mar que se dedicaba a la construcción y empleaba a los soldados como albañiles y carpinteros. Por tanto, había oficiales que se procuraban sobresueldos mientras estaban de guarnición en África, pero las denuncias resultaban insuficientes para atribuir tales comportamientos al grueso de la oficialidad. Por este asunto, los militares desarrollaron una fobia hacia Marcelino Domingo que acontecimientos posteriores no hicieron más que ensanchar[177].

En pleno revuelo por la apertura de este expediente, el Gobierno sufrió un nuevo sobresalto con el general Miguel Primo de Rivera, el anglófilo gobernador militar del Campo de Gibraltar y sobrino del referente de los conservadores en el Ejército, el marqués de Estella. El 23 de marzo, Primo de Rivera dio una conferencia en Cádiz donde criticó la intervención militar en Marruecos, calificándola de «ruinosa y funesta al interés nacional», un gasto inútil porque, en su opinión, bastaban la posición geográfica y el comercio para bombear los recursos norteafricanos hacia España. El dominio español en la zona le parecía, además, inseguro, pues coincidía con Domingo en que las cabilas solo se sometían por medio de constantes dádivas o costosas operaciones militares. Postuló, como alternativa y con escándalo de militares y políticos, la cesión de los derechos marroquíes a Reino Unido y el intercambio de Ceuta por Gibraltar. La nada inocente indiscreción de Primo de Rivera, producto de su impetuosidad y su enorme afán de notoriedad, lo hacía incompatible con el mando militar de aquella zona tan delicada, por lo que el Gobierno tuvo que relevarlo. Además, sacaba a la luz proyectos y contactos diplomáticos con los que Reino Unido había pretendido tentar a España desde el inicio de la Gran Guerra, a cambio de una alineación más estrecha con los aliados. Primo de Rivera se convertiría así en el militar de referencia para los «abandonistas», aquellos partidarios de poner fin a la presencia española en Marruecos, hasta el punto de que los republicanos tratarían de atraerlo a sus filas[178].

El terremoto ruso sacude España

En marzo de 1917, las alarmas en torno al bloqueo submarino y a Marruecos quedaron desplazadas por las noticias que llegaban del lejano Imperio ruso. Rusia era la potencia que sostenía, casi en solitario, el esfuerzo de guerra aliado en el frente oriental, pero los éxitos militares alemanes habían conseguido aislarla de Francia y Reino Unido. En su capital, Petrogrado, la oleada de protestas por la carestía de alimentos y combustible, así como el paro forzoso debido a una industria paralizada por falta de suministros, degeneró, tras once días consecutivos de desórdenes, en una insurrección contra el Gobierno del zar.

La revuelta la capitalizaron las organizaciones socialistas: los populistas revolucionarios y el ala menchevique del Partido Obrero Social Demócrata (POSDR). La conmoción fue enorme cuando se supo que la revuelta había triunfado y que el factor clave había sido la rebelión de la mitad de los reclutas y reservistas de la guarnición, dirigidos por varios oficiales y, sobre todo, suboficiales. El resto de la tropa se inhibió, y ello permitió que los rebeldes derrotaran a la Policía, cuyas comisarías quedaron reducidas a cenizas. Las banderas rojas ondeaban por todo Petrogrado y se izaron en el Palacio de Invierno, que fue tomado por fuerzas que respondían a las directrices de un extraño órgano, el soviet. Este ya había aparecido en la revolución de 1905, que había convertido a Rusia de una autocracia en una monarquía limitada.

La eclosión del soviet ruso

En su acepción revolucionaria e insurreccional, el soviet era un comité de huelga que reunía a representantes de sindicatos de fábrica, unidades militares y partidos socialistas. Su crecimiento lo hizo mutar en un órgano asambleario inmanejable, y ello llevó a la elección de un comité ejecutivo más limitado en el que los partidos socialistas llevaron desde el principio, como fuerzas organizadas y con objetivos políticos definidos, la voz cantante. La imagen de un organismo democrático resultaba engañosa, ya que las directrices no partían de la asamblea parlante, caótica y aclamatoria, sino del comité ejecutivo. Si en 1905 los socialistas habían compartido dicho comité con representantes independientes de los sindicatos de fábrica, en febrero de 1917 lo monopolizaban como sus máximos promotores. No por casualidad, en 1905 los mencheviques (ala marxista ortodoxa del POSDR) se atribuyeron la organización del soviet de Petrogrado, y los bolcheviques (que seguían a Lenin y serían núcleo del movimiento comunista), el soviet de Moscú.

No obstante, originariamente el soviet había nacido como la rama industrial de la organización corporativa Unión de Uniones, una coalición de diversas asociaciones profesionales y gremiales —⁠abogados, médicos, ingenieros y técnicos, profesores y maestros, agrónomos y estadísticos, ayudantes de farmacia, empleados y contables, periodistas y escritores, veterinarios, empleados públicos y representantes de las asambleas agrarias locales⁠— auspiciada por la izquierda liberal para provocar una gran huelga general que obligara al zar a establecer un régimen constitucional.

La mitología comunista suele encubrir que lo que concedió fuerza a ese brazo industrial de la Unión de Uniones fue la adhesión de los «diputados» del Ejército, oficiales, suboficiales y sargentos. Sin su rebeldía, a resultas del hartazgo bélico, y el consiguiente dislocamiento de la disciplina, la revuelta de Petrogrado habría acabado como un motín más. Evidentemente, si el soviet no conservaba la lealtad de esas unidades, nunca podría canalizar la rebelión en una revolución política y aún menos imponer sus resoluciones. Esa fuerza permitió a los comités de los soviets, tras aquella «revolución de febrero» (en el calendario ruso) de 1917, sobrevivir a la revuelta, convertirse en órganos acoplados al Estado y arrogarse la función de vigilar al «Gobierno burgués» para regular y encauzar su labor a conveniencia de las organizaciones socialistas[179].

Con dos tercios del soviet copados por soldados, y advertido el comité ejecutivo de lo que necesitaba para consolidar su predominio, el primer decreto que emitió puso bajo su autoridad a todas las unidades militares de Petrogrado. Les ordenó que cada una constituyera su propio soviet, al que debía entregarse el control del armamento y, por tanto, la capacidad de imponer la disciplina, sustrayéndosela a los oficiales. Además, las unidades sin representación en el soviet de la capital rusa debían enviar a su «diputado». Cuando estas disposiciones se extendieron progresivamente a otras guarniciones y bases navales, la jerarquía militar quedó destruida. Las noticias de Petrogrado habían encendido la mecha en otras ciudades del imperio y los rebeldes organizaron sus propios soviets.

Con el esquema de la revolución de 1905 en mente, los diputados del Bloque Progresista de la Duma —⁠el Parlamento ruso⁠— trataron de encauzar aquella revuelta socialista hacia la constitución de un régimen parlamentario de base democrática. El Bloque Progresista unía a todos los partidos liberales con los socialistas, y sus representantes constituyeron un comité multipartidista el 12 de marzo. Ante la falta de reacción de Nicolás II y el vacío de poder en la capital, este comité se declaró «Gobierno provisional» y ordenó la detención de los ministros del zar. El nuevo Gobierno buscó su fuerza y legitimar sus títulos en el soviet de Petrogrado, para lo cual pactó con su comité ejecutivo una amnistía total, disolver la Policía para sustituirla por una milicia armada, suprimir a los delegados del poder central en provincias y localidades y concederles total autonomía, reconstituir la guarnición de la capital solo con los soldados rebeldes y convocar una Asamblea Constituyente por sufragio universal. Con estas medidas el Gobierno provisional se privó de toda autoridad y eficacia y, en la práctica, convirtió al comité del soviet en el verdadero poder de Petrogrado. El comité no entregó ninguno de los poderes conquistados, de manera que legislaba y administraba sin contar con el Gobierno, dispuesto a profundizar la revolución en un sentido socialista. Los nuevos ministros liberales, desde los conservadores octubristas hasta los demócratas constitucionales, apenas tardarían tres meses en quedar totalmente arrinconados.

Nicolás II se convirtió, así, en el blanco de la desafección en Rusia, desprestigiado por las constantes derrotas y las enormes bajas del Ejército, el deterioro económico y los rumores persistentes de que su Gobierno negociaba una paz por separado y desventajosa con los alemanes. Para detener la revolución y tras constatar que había perdido el apoyo incluso de los generales, el zar aceptó abdicar. Los militares pensaban que así frenarían el contagio de la revuelta al resto de las unidades del Ejército y que de ese modo salvarían la monarquía si Nicolás II reconocía al Gobierno de la Duma, abdicaba en su hijo Alexis y nombraba regente a su hermano, el gran duque Miguel. Pero los ministros liberales del nuevo Gobierno provisional no pudieron establecer la regencia. Los socialistas, apoyados en el soviet y sus milicias, impusieron que fuera la futura Asamblea Constituyente la que decidiera la forma de gobierno.

Más allá de la especificidad de Rusia —⁠un país beligerante con gravísimos problemas militares, administrativos y económicos⁠—, la caída de una Corona centenaria multiplicó por toda la Europa monárquica la aprensión que solo siete años antes había producido la revolución que había convertido a Portugal en la tercera república europea. A Alfonso XIII y sus ministros les cayó como una bomba el rápido reconocimiento de Francia y Reino Unido al nuevo e indefinido Estado ruso. El rey estaba convencido de que la revolución rusa era, en parte, culpa de la propaganda aliada, que había difundido los propósitos infundados del zar y sus ministros de concertar la paz por separado. La ceguera de Londres y París, opinaba, había abierto una brecha que afectaría a toda Europa y, por supuesto, a España[180].

Aquí las fuerzas que cuestionaban la monarquía recibieron los acontecimientos de Rusia con expectación. Para el socialista Manuel Cordero era el «acontecimiento de mayor trascendencia de la actividad política de la vida moderna», que «impresionó a la humanidad» y «dio grande impulso al espíritu revolucionario del mundo». «En nuestro país —⁠reconocía⁠—, ejerció una gran influencia» para crear un ambiente «francamente revolucionario». «El caso de Rusia ha trastornado por aquí muchas cabezas», confirmaba su compañero Óscar Pérez Solís, entonces crítico con la deriva rupturista[181].

No era solo el PSOE; cuando se conocieron los detalles de la revuelta, incluso los republicanos y los nacionalistas la tomaron como referente y modelo para orientar la creciente insatisfacción económica en España hacia un movimiento político que pudiera romper el statu quo, si bien desde distintas posiciones. Estos partidos tomaron buena nota de la acción del Bloque Progresista de la Duma al constituir un Gobierno provisional contrario al del zar, que pretendía «democratizar» Rusia y purgarla de los elementos «autoritarios y germanófilos» que entorpecían el esfuerzo de guerra. Los republicanos y los nacionalistas aliadófilos estaban, además, exultantes, porque aquella revolución daba coherencia doctrinal a la causa aliada en la Gran Guerra. Por fin el conflicto encarnaba una lucha trascendental entre el «progreso» (la Entente) y la «reacción» (los imperios centrales).

Las izquierdas obreristas estaban entusiasmadas, pero los anarquistas se decepcionaron con la «orientación burguesa» de la revolución después de que el soviet pactara con el Bloque Progresista en lugar de asumir directamente el poder. Sin embargo, sus expectativas crecieron al observar que realmente se había establecido un doble poder. Era el soviet de Petrogrado quien, de hecho, dirigía y empujaba al Gobierno provisional.

Los socialistas, atentos a la realidad rusa después del impacto que provocó en ellos la revolución de 1905, dedicaron una serie de ocho largos artículos, entre el 17 y el 24 de marzo, a analizar la significación política de esos sucesos y las claves que cabía entresacar para España. Aquella revolución se había producido «por el choque entre el Parlamento y el poder constituido», al hacerse «incompatible la obra parlamentaria con los intereses de los gobernantes». Eso ocurría porque en Rusia el Parlamento lo constituían «fuerzas efectivas de opinión», mientras que en España, a excepción de los republicanos y los socialistas, los parlamentarios eran «siervos del régimen». Aun así, debía extraerse la enseñanza «para los partidos revolucionarios todos» de que la revolución triunfante en Rusia había sido «de origen parlamentario»[182].

En Rusia, revolución; en España, elecciones

La información que recibían sobre Rusia acrecentó en el imaginario de republicanos y socialistas las semejanzas entre aquel lejano país y España. Creían en la existencia aquí, como allí, de un despotismo monárquico y ministerial que en España se disimulaba con la rotación de dos partidos turnantes. Ambos eran, en realidad, el cascarón de un monopolio político, al margen de las aspiraciones de la opinión pública, que descansaba exclusivamente en la voluntad del rey, verdadero dueño de los resortes del poder. A esto se añadía, como mostró el paro general del 18 de diciembre de 1916, el descontento cada vez más explícito de los españoles a causa del encarecimiento de las subsistencias y el paro creciente, que los bloqueos marítimos incrementaban.

Estos hechos eran incuestionables y se habían agravado en febrero y marzo de 1917. Las huelgas parciales aumentaron con la primavera, y la angustiosa situación del Levante, con el arroz y las naranjas agolpados en los puertos, empeoró la crisis de trabajo en las provincias de Alicante, Almería, Castellón, Murcia y Valencia. Por si fuera poco, el material ferroviario escaseaba y ello amenazaba con desabastecer las ciudades. Especialmente grave era la dificultad de reponer las locomotoras averiadas por el consumo del sulfuroso carbón español. Se había superado un invierno excepcionalmente frío, pero el carbón ya estaba en precios difícilmente asumibles para la mayoría de los hogares. Esta situación creaba, a ojos de los socialistas y los anarcosindicalistas, el ambiente propicio para la huelga general indefinida y revolucionaria que planeaban.

Lo cierto era que el paro o la inflación de España no eran ni remotamente parecidos a los de Rusia y la situación distaba de haber llegado a un punto desesperado para la mayoría de los españoles. Esto muestra hasta qué punto en el acelerón revolucionario de las izquierdas primaban las expectativas políticas de sus dirigentes, que deseaban forzar una coyuntura de cambio de régimen. No había presión significativa desde abajo, de unos afiliados de base que estuvieran masivamente indignados por sus condiciones de vida[183].

Pero las disonancias entre la situación económica de España y Rusia se añadían a factores de partida más relevantes. El constitucionalismo monárquico y parlamentario, las libertades civiles, la igualdad legal, la propiedad privada y la libre empresa eran en el lejano Imperio ruso realidades aún incipientes a principios del siglo XX, mientras que en España ya contaban con una importante legitimación social. Esto se reflejaba en la posición misma de los partidos liberales dentro de cada país. Mientras los rusos estuvieron en el campo de la revolución, sus homólogos españoles llevaban alternándose décadas en el poder y constituían, desde 1834, los puntales que sostenían a la monarquía. Miopía mayor era equiparar las funciones de la Corona y el influjo personal de Alfonso XIII sobre sus Gobiernos, a las del zar de Rusia. Por el contrario, no fueron las convenciones constitucionales españolas, sino su desquiciamiento a partir de 1917, con los intentos de ruptura revolucionaria, las que propiciarían la influencia creciente del rey en la vida política.

Pero el contraste más explícito entre España y Rusia era la propia coyuntura política. Mientras aquel lejano país se sumía en la vorágine revolucionaria, el foco aquí se puso en las elecciones provinciales del 11 de marzo. Los comicios renovaban cada dos años los diputados provinciales de la mitad de las circunscripciones electorales en que se dividían cada una de las provincias españolas y que constaban de cuatro escaños. Regía un sistema mayoritario con voto limitado que permitía a los electores, entonces todos los varones mayores de veinticinco años con dos años de vecindad en un municipio, apoyar solo a tres candidatos. El voto limitado incentivaba el pluripartidismo, pues dejaba el escaño restante a la segunda candidatura más apoyada.

Era obligatorio votar y solo estaban dispensados los electores de aquellos distritos donde se proclamaban tantos candidatos como escaños debían elegirse. Si eso ocurría, dichos candidatos se convertían automáticamente en diputados. Esa proclamación exigía determinar la seriedad y el arraigo de la candidatura. Aquellos candidatos que previamente no hubieran ejercido como diputados provinciales debían contar con el aval de dos diputados o exdiputados provinciales de la misma circunscripción por la que concurriesen o, como alternativa, con el apoyo del 5 % del censo, en propuesta oral y ante la mesa electoral, constituida ad hoc tres días antes de las votaciones. Cuando se proclamaban más candidatos que escaños en juego, la elección se consideraba libre; es decir, el elector podía votar a quien quisiera, con independencia de que tuviera o no avales[184].

De los 666 escaños en juego, se eligieron sin competencia 251, el 37,7 %. Aunque las elecciones provinciales se consideraban más administrativas que políticas, y la coalición entre liberales y conservadores promovía una lucha escasa, el último decenio de la Restauración vio cómo el número de escaños sometido a elecciones competitivas crecía notoriamente. Por eso, el pacto entre los dos partidos constitucionales no solo explicó el buen resultado del Partido Liberal, que, con 353 escaños, se adjudicó el control de la mayoría de las diputaciones. Las peores consecuencias económicas del bloqueo todavía no mermaban los apoyos a la izquierda constitucional, que rentabilizó la reintegración de los demócratas de García Prieto y la notoria recuperación económica de 1916. Los conservadores mantuvieron sus bastiones y alcanzaron 187 escaños, a los que cabía sumar los 26 mauristas, pues acudieron, casi todos, coaligados con su antigua matriz.

Los republicanos continuaban su declive, perceptible desde hacía tres años. Todas sus fracciones sumaron 30 escaños, a los que se añadían 11 del posibilismo reformista. El descenso parecía grave en las ciudades más importantes. En su viejo bastión madrileño, los republicanos fueron superados no ya por la coalición monárquica de liberales y conservadores, sino por una candidatura maurista que se presentaba en solitario. En Barcelona cayeron también frente a la Lliga, que obtuvo un importante éxito en Cataluña con 19 escaños. Ello repercutiría en la asamblea de la Mancomunidad, constituida por los diputados de las cuatro provincias, pues los nacionalistas controlaban ya casi un tercio y sus rivales estaban cada vez más fragmentados. A este triunfo coadyuvó el propio Romanones, que renunció a repetir el Pacto de la Castellana y a coordinar a monárquicos y republicanos contra los nacionalistas, para no soliviantarles. A escala más reducida, también triunfaba el Partido Nacionalista Vasco (PNV), que, con siete nuevos escaños, se hizo con el control de la diputación vizcaína. El resto de los diputados provinciales se repartieron entre 19 tradicionalistas, dos católicos, un agrario y 11 independientes.

Pese al piloto rojo que suponía para liberales y conservadores el avance de los nacionalistas en Cataluña y Vizcaya, los resultados no reflejaban desafección hacia el sistema político. Al contrario: los partidos constitucionales no solo mantuvieron su primacía, sino que los liberales crecieron a costa de los republicanos, mientras que los socialistas se quedaron sin representación[185].

La hora de la revolución

Tampoco les importó. En el PSOE, sus dirigentes se consideraban ajenos a una realidad electoral que despreciaban como una mera emanación del «caciquismo», esto es, de la manipulación del voto por parte del Gobierno, sus delegados y su red de mandamases locales. Los socialistas creían que estaba más acorde con el estado de la opinión pública su éxito en el paro general de diciembre de 1916, y se ilusionaban con los ecos que despertaba la revolución rusa en las retaguardias de otros países europeos. Su efecto había sido eléctrico, hasta el punto de que las dudas sobre ir o no a la revolución parecían haberse disipado.

El 22 de marzo, el comité nacional de la UGT decidió por unanimidad, como quería la CNT, ir a la huelga general indefinida, «el medio más eficaz que posee la clase trabajadora para obligar al Gobierno a solucionar la crisis de trabajo y carestía de las subsistencias». Para ello debía hacerse «una intensa propaganda en este sentido para preparar dicho movimiento con probabilidades de éxito». Besteiro y Largo Caballero se encargarían de redactar el manifiesto, una vez oídos los representantes cenetistas y los delegados regionales; luego se sometería a su aprobación y, tras la reunión, celebrarían un mitin para dar cuenta de las resoluciones adoptadas.

La UGT y la CNT convocaban, así, a sus delegados regionales a una trascendental asamblea mixta que se celebraría el 25 de marzo en la Casa del Pueblo de Madrid. Todos debían acudir con el mandato de sus afiliados de ir a la huelga revolucionaria. En dicha reunión, ambas sindicales negociaron los preparativos de la huelga, y la CNT aceptó que Besteiro redactara el manifiesto conjunto, «verdadero clarín de combate», según la memoria del Instituto de Reformas Sociales[186].

El manifiesto ligaba la creciente «carestía de las subsistencias» y la «falta de trabajo» no a la guerra, sino a «un régimen tradicional de privilegios» y «desenfrenada inmoralidad» que el poder público amparaba. Constataba que el Gobierno Romanones no había cumplido sus promesas de «reformas económicas» y «obras públicas», mientras alentaba el encarecimiento de las subsistencias mirando para otro lado con las «exportaciones clandestinas». Todo ello obligaba a la UGT y a la CNT a reafirmarse en sus propósitos revolucionarios y a declarar la huelga general indefinida, el «arma más poderosa» de los sindicatos «para reivindicar sus derechos» y obligar a las «clases dominantes» a realizar «cambios fundamentales de sistema». La huelga tendría lugar antes de tres meses y, en el ínterin, los 23 firmantes —⁠los comités nacionales de la UGT y de la CNT más los dirigentes más conspicuos de sus regionales⁠— se comprometían a «organizar y encauzar debidamente el movimiento» y se reservaban «determinar la fecha» para cuando se dieran «las condiciones más favorables para nuestros propósitos».

Lo que no decía el texto lo completaron los oradores en el mitin que cerró aquel encuentro, el 27 de marzo, donde se abundó en la glorificación y las muestras de solidaridad para con los revolucionarios rusos, «que habían sabido verter su sangre en aras de la libertad del pueblo». No era baladí porque el manifiesto se publicitaba con el propósito, ya sin marcha atrás, de subvertir la monarquía constitucional. Para el ugetista Largo Caballero, el movimiento no era una mera protesta por las subsistencias, sino una revolución, porque se imponía «apelar a procedimientos extremos y actos decisivos» para perseguir la «transformación completa de la estructura económica del país y de la estructura política también, derribando cuanto contribuye al sostenimiento de lo que por más tiempo no puede subsistir», en inequívoca referencia a la Corona. La huelga general duraría «por tiempo indefinido hasta dar al traste con esta situación». Un matiz que separó a Largo Caballero de los cenetistas fue advertir que solo cabía plantearla «después de bien organizada», si se quería triunfar. Con más prisas, Seguí anunciaba que los obreros habían llegado «a un momento trágico». Ya «no tenían nada que perder» y no cabía sino jugárselo «todo a la última carta» para acabar de una vez «con tanta tiranía». El mismo Besteiro no dudó en reafirmar su «profesión de servicio al proletariado revolucionario», porque «los únicos capaces de hacer una revolución son los proletarios»[187].

Era evidente que la UGT y la CNT estaban dispuestas a capitalizar la insatisfacción económica tomando como pretexto problemas que los Gobiernos constitucionales no podían resolver mientras la guerra continuara agravándose. No estaba en su mano que los precios retornaran a los índices de la preguerra, ni restablecer la normalidad del tráfico marítimo para exportar la fruta almacenada en los puertos, o traer carbón inglés en grandes cantidades. La economía española no vivía, en definitiva, al margen del mundo. Pese a conocer la situación, los republicanos federales y los reformistas de Melquíades Álvarez se solidarizaron con la UGT y la CNT, para sorpresa del Gobierno, que solo contó con el apoyo de los conservadores, si bien estos no se privaron de atacar a Romanones por sus equívocos y sus promesas demagógicas, que le habían servido para descalificar en 1915 la gestión económica de Dato y habían levantado expectativas imposibles de cumplir:

Se dijo que el problema del encarecimiento de la vida había de resolverse… como si se tratara de cosa al alcance de leyes y de disposiciones del poder público. Si no se han logrado esos resultados, ¿cómo no sospechar que es porque no se ha querido, porque se ha claudicado ante egoísmos y codicias de los poderosos? Se presentó un plan de gobierno contra estos, y en pro de las clases trabajadoras. El ministro de Hacienda iba a meter en cintura al capitalismo. El de Fomento iba a dar al pueblo tal cantidad de trabajo que habría falta de brazos para atenderlo. Todo eso se ha abandonado, y los ministros siguen tan satisfechos.

Los conservadores acusaron a la UGT y a la CNT de hacerse eco de las campañas germanófilas respecto de «las exportaciones clandestinas». Con ello solo pretendían crear un estado de opinión contra el comercio con Francia y Reino Unido, cuya paralización agravaría precisamente los factores que venían a denunciar[188].

Romanones, conmocionado por la caída de la monarquía en Rusia, no estaba dispuesto a dejarse sorprender. En una nota oficiosa se quejó de que la UGT le acusara de representar a las «clases privilegiadas» y recordó que su Gobierno había amnistiado a afiliados ugetistas y cenetistas que forzaron huelgas de forma violenta. También había intervenido a favor de los socialistas en el conflicto ferroviario de julio de 1916 y aprobado el decreto que imponía el reconocimiento de sus organizaciones a las empresas que contrataran con el Estado. Incluso había reglamentado la negociación colectiva en los servicios públicos el 23 de marzo de 1917[189].

Previendo la posible declaración de la huelga revolucionaria y, en todo caso, para evitar que los delegados sindicales que partían de Madrid contactaran con las secciones de sus provincias, Romanones ordenó el 29 de marzo suspender las garantías constitucionales e intervenir las comunicaciones postales, telefónicas y telegráficas. En el mitin, los oradores de la UGT y de la CNT habían amenazado con declarar la huelga si alguno de sus militantes era detenido. Aun así, la Fiscalía denunció como sedicioso el manifiesto, y los periódicos que lo publicaron, de significación republicana o socialista, fueron incautados. Sus firmantes fueron detenidos por la Policía, que clausuró la Casa del Pueblo.

El Socialista tachó a España de «imperio de los Romanones», remedo guasón de la dinastía imperial rusa de los Romanov, y publicó una nota del comité nacional del PSOE llamando a una activa protesta contra las detenciones, que el Gobierno interpretó como el principio de la huelga general. El presidente pensaba ya en «la perspectiva de una situación de violencia» con las sindicales de izquierda, que desencadenarían sus secciones ferroviarias y mineras, pero estaba «dispuesto a mantener el orden por todos los medios». Fundamento tenía, a juzgar por los dos días de disturbios que se produjeron en Valladolid. Alentados por el socialista Pérez Solís, uno de los pocos asistentes a la reunión de la Casa del Pueblo que no había sido detenido, el 29 de marzo los ugetistas de los talleres ferroviarios de la Compañía del Norte decidieron declarar la huelga general. Tenían la esperanza de que su ejemplo, trasladado por los ferroviarios del sindicato a otras ciudades, cundiera por toda España.

Pérez Solís estaba seguro, como el Gobierno, de que las detenciones implicaban la huelga revolucionaria. Como él mismo aclaró a la revista España dos semanas después, tras un mitin «demasiado altisonante» y una «proclama sobradamente virulenta» —⁠que anunciaba «una tormenta que iba a dejar casi en mantillas a la revolución rusa»⁠—, se preguntaba «¿a qué tanto ruido para tan pocas nueces?». Especialmente cuando conocían que los sucesos de Rusia habían «tenido repercusiones en el ánimo de los gobernantes españoles» para «acrecentarles el miedo y hacerles pensar más ahincadamente en matar la hidra revolucionaria». Agudamente, Pérez Solís reveló que de aquella acción solo cabía sacar una lección: la «revolución moderna» exigía «inexcusablemente el concurso del Ejército y de la burguesía liberal si no ha de ser una estéril intentona». Los militares darían la fuerza y los partidos de izquierda liberal impedirían el «caos» y «una rápida contrarrevolución, no habiendo, como no hay, una fuerza política burguesa organizada sólidamente para recoger la autoridad arrancada al régimen depuesto». Obviamente, Solís se refería a la necesidad de llevar la alianza revolucionaria a los republicanos. Sus reflexiones mostraban hasta qué punto los socialistas habían asimilado la revolución rusa como modelo[190].

Tenía razón. Los sindicalistas vallisoletanos pudieron impedir la entrada de otros obreros en los talleres ferroviarios, interrumpir el servicio de trenes y tranvías, y forzar el cierre del mercado municipal y de varios comercios céntricos. A la espera de noticias del resto de España, el 30 de marzo comprobaron que solo hubo amagos de huelga entre los ferroviarios socialistas de Miranda de Ebro (Burgos), Castejón (Navarra) y Monforte de Lemos (Lugo), y los mineros ugetistas en Langreo y Sama (Oviedo). Otro enlace socialista, Eladio Fernández Egocheaga, fracasó al intentar sumar a los mineros onubenses de Riotinto. Los dirigentes de la UGT asturiana prefirieron presionar con la huelga al Gobierno para que soltara a los detenidos porque aún no estaban preparados. El triunfo de Valladolid duró lo que tardó el gobernador civil en traspasar su autoridad al gobernador militar, que declaró el estado de sitio y desplegó a la Guardia Civil y a unidades de la guarnición para ahuyentar a los piquetes y restablecer los servicios, normalizados ya el 1 de abril.

Tras cerciorarse, a través de la federación asturiana, de que no habría huelga general, Romanones ordenó decretar la libertad provisional de los detenidos de la UGT y la CNT, que quedaron sometidos a proceso y a una vigilancia policial discreta para prevenir los preparativos insurreccionales. Pocos días después permitió la reapertura de la Casa del Pueblo. Si estas medidas eran prenda de conciliación, no fueron efectivas. Al salir de prisión, los delegados regionales ratificaron en una nueva reunión su decisión de ir a un movimiento revolucionario. El gobernador de Cáceres detectó que los ferroviarios socialistas almacenaban armas y habían comenzado a imprimir proclamas. Los enlaces de los sindicatos se mostraban especialmente activos a la hora de transmitir las instrucciones insurreccionales de sus directivas en las provincias de Barcelona, La Coruña y Salamanca. Aquellos meses fueron de actividad frenética para los extremistas que manipulaban los sindicatos industriales y del transporte[191].

No obstante, la rápida desarticulación del movimiento revolucionario en ciernes había privado de fuerza a la huelga general, e incluso disuadido o enfriado a numerosos sindicalistas, sobre todo de la UGT. Con mofa reconocía, el 12 de abril, la revista España el éxito del presidente. En una viñeta, «Alvarowich Romanoneff», en divertida adaptación rusa de su nombre, aparecía montado en burro y blandiendo un cetro coronado por una mano con el dedo corazón extendido. «¡Revoluciones a mí! —⁠comentaba ufano⁠—. Aprende, zar Nicolás»[192].

España, al borde de la guerra

Pero Romanones no estaba para fiestas porque, sofocado ese incendio, se le descontroló el de la Gran Guerra. Estados Unidos declaró la guerra a las potencias centrales el 6 de abril por lo indiscriminado del bloqueo alemán. La entrada de Cuba en el conflicto y la ruptura de relaciones de Argentina y Brasil con Alemania eran un gravísimo contratiempo, ya que extendía la guerra marítima a las costas americanas y cortaba las pocas rutas comerciales libres de bloqueo con las que contaba España. Como no se vislumbraba el fin del conflicto, por primera vez los conservadores pidieron una intervención más drástica en la economía para ampliar el transporte ferroviario y la navegación de cabotaje. Había que intensificar la producción agraria, minera e industrial para suplir las importaciones de urgencia y, entre tanto, introducir el racionamiento de los alimentos de primera necesidad y del carbón[193].

Con ser esencial, la preocupación por la escasez era menos inmediata que las peligrosas derivaciones diplomáticas del bloqueo alemán. Berlín comprendió que Alfonso XIII no sustituiría a Romanones y que el alto ritmo de torpedeamiento de mercantes españoles podría llevar a Madrid a romper relaciones. De ahí que Alemania decidiera reducirlo. Entre el 14 de febrero y el 13 de marzo cayeron tres mercantes: el Mar Adriático, el Gracia y el Virina. Sin embargo, la tensión marcó un punto de no retorno cuando el 5 de abril fue torpedeado el buque San Fulgencio, que llevaba carbón británico a España. Que se hiciera sin previo aviso y a un navío que transportaba mercancía para un neutral era una represalia injustificable. Se trataba, además, del séptimo buque interceptado desde el recrudecimiento del bloqueo submarino, y ya se llevaba tanto tonelaje perdido como en todo 1916. Con todo, mientras los alemanes incrementaban el ritmo general de torpedeamientos, que pasó de 540 000 toneladas de embarcaciones de distintas nacionalidades en febrero a 578 000 en marzo y 847 000 en abril, específicamente los ataques a los mercantes españoles marcaban ya una tendencia descendente[194].

Negociaciones secretas y un convenio trampa

Sin embargo, el bloqueo alemán había impulsado a Romanones, ya en febrero de 1917, a retomar en secreto las conversaciones con Francia, detenidas hacía seis meses, a la búsqueda de alguna ventaja que permitiera justificar la ruptura con las potencias centrales. Se trataba de una decisión que el embajador en París, Fernando León y Castillo, alentaba con insistencia, y Romanones, dado el enorme interés del Gobierno francés, creía que la coyuntura era inmejorable para un alineamiento más estrecho de España con la Entente. El presidente consideraba que la ruptura de Estados Unidos con los centrales, y con varias repúblicas hispanoamericanas dispuestas a imitar a Washington, haría insostenible el aislamiento de España si no se seguía su ejemplo.

León y Castillo creía que aún era posible romper relaciones sin entrar en el conflicto. Se equivocó cuando previó que eso mismo haría Estados Unidos, y tampoco pensó que la postura de España podía provocar la declaración de guerra de los centrales. El embajador anunció a Romanones que los republicanos españoles, por boca de Lerroux, le apoyarían si daba el paso. El presidente, consciente de que «la presión de la opinión es tan grande», comunicó a León y Castillo que «el miedo a vernos envueltos en la guerra, tan enorme que domina todas las latitudes, desde las más bajas hasta las más altas, [me lleva a tomar] la resolución de no hacer gesto alguno que pueda comprometernos». Es decir, Romanones no podía «hacer imposibles» y «llegar a la ruptura con Alemania» de inmediato, aunque pensaba la opinión pública pronto variaría, «cuando hayan ocurrido sucesos que la impresionen»[195].

Cuatro días después de que Washington rompiera relaciones con Berlín —⁠el 10 de febrero⁠—, León y Castillo sondeó a Jules Cambon para averiguar si Francia estaba predispuesta a apoyar la cesión de Tánger y Gibraltar, y reconocer a Portugal dentro de la esfera de influencia española. En ese caso, España rompería con Alemania, expulsaría a sus espías, abriría los puertos españoles a los aliados e intensificaría las exportaciones y la producción de armamento y pertrechos para ellos. Cambon, que simpatizaba con este planteamiento, consultó con su Gobierno el 22 de febrero. En el ínterin se descubrió un depósito de explosivos alemán en Cartagena y se hizo una redada con detenidos, entre los que se hallaba el cónsul de este país en la ciudad. Todos pasaron presos al acorazado Pelayo[196].

Reforzado con este gesto, Romanones autorizó a León y Castillo a negociar las condiciones de ese paso tan arriesgado. Entre tanto, el presidente debía convencer a su Gobierno y al Partido Liberal de que había que modificar la política de neutralidad. Esperaba poder hacerlo con las garantías territoriales de París y de Londres, ya que la Entente había recibido la decisión de España con satisfacción. Lejos de minusvalorarla, la diplomacia británica consideraba de enorme importancia la entrada de España en la guerra, sobre todo por las ventajas geoestratégicas y, específicamente, las que se derivaban del uso de las instalaciones militares y los puertos peninsulares. También había que tener en cuenta los beneficios económicos, pues España pondría sus valiosos recursos agropecuarios y mineros al servicio del esfuerzo bélico. Destacaba lo valorada que era la fuerza militar española, cuya Armada, renovada tras el desastre de 1898, estaba compuesta por tres acorazados, siete cruceros, seis destructores y una decena de cazatorpederos. A la espera de que se completara la mejora de los arsenales y la construcción de la segunda escuadra en la que trabajaba el vicealmirante Miranda —⁠que constaría de cuatro cruceros rápidos, 28 submarinos y seis cazatorpederos[197]⁠—, los barcos españoles liberarían a ingleses y franceses de vigilar las costas peninsulares y de combatir a los submarinos alemanes, que ya no podrían internarse en ellas.

La Entente creía que España podría movilizar y mantener por sí misma un cuerpo de Ejército de 250 000 soldados bien armados y con material «de gran valor», con fusiles Mauser y artillería de campaña Schneider-Canet, que podrían enviarse a los Dardanelos o a los frentes italiano o francés. Por último, España sostendría a Portugal —⁠país en el que la escasez era verdaderamente alarmante⁠— con subsistencias como harina o carbón.

El problema era que España reivindicaba territorios o influencias que iban en perjuicio de los aliados, no de sus adversarios. En Londres, se llegó a discutir el intercambio de Gibraltar por Ceuta, pero, finalmente, el mensaje que transmitió el embajador inglés en Madrid, Arthur Hardinge, fue que Reino Unido no estaba preparado para negociar sobre el peñón. Para inclinar a España hacia una postura aliadófila, el embajador británico proponía presionar a Francia para que firmase un acuerdo secreto por el cual cediera Tánger, pero París tampoco estaba dispuesto a hablar del asunto. La Entente solo se abría a negociar sobre Tánger cuando la guerra terminase y sin garantías de cesión, y en ningún caso de Portugal. A cambio, ofreció ampliar la Guinea continental española con una parte del Camerún alemán y devolver las islas Carolinas, vendidas a Alemania en 1899. Sin embargo, antes de sentarse a negociar, España debía entrar en la guerra y hacerse con los barcos germanos fondeados en sus puertos[198].

Aunque la oferta rebajaba las expectativas de Romanones, este se dispuso a seguir adelante. Paralelamente, había enviado a un hombre de su confianza, el marqués de Cortina, para negociar un convenio comercial con Reino Unido. Por entonces, Londres había comenzado a presionar a los neutrales inclinados hacia los imperios centrales, en especial a Suecia, con el bloqueo marítimo, con el fin de obtener un mejor trato comercial. Para que esos países neutrales accedieran al mercado norteamericano, los aliados exigían mayor compromiso en la expulsión de los submarinos alemanes de sus aguas[199]. Los británicos querían que el Gobierno de Madrid incrementara el suministro de minerales básicos —⁠hierro, cobre y plomo⁠— y alimentos, porque a la Entente le perjudicaban las restricciones a la exportación y la Ley de Subsistencias españolas.

Romanones se daba cuenta de que la coyuntura era buena para asegurar las importaciones de España y capear las consecuencias de una ruptura con Alemania. Instruyó a Cortina para que solicitara de su interlocutor, el exembajador británico en Madrid, Maurice de Bunsen, una cantidad fija de carbón, maquinaria y productos químicos. El convenio fue ajustado por los negociadores el 13 de abril, a la espera de que ambos Gobiernos lo confirmaran. Reino Unido suministraría 150 000 toneladas de carbón mensuales, 300 de hojalata y 120 de ferromanganeso, y compraría el equivalente al 25 % de las naranjas dulces adquiridas en 1916 y el 50 % del vino importado en 1913. Pero, a cambio, España debía comprometer a más de la mitad de su flota mercante —⁠400 000 toneladas⁠—, pues la flota británica era el objetivo preferente de los submarinos alemanes. Los barcos españoles debían ir a Reino Unido cargados de mineral; no podría estorbarse la venta de hierro, plomo y piritas a la Entente, y se rebajarían los fletes, que los británicos consideraban exorbitantes. Romanones debía permitir el alquiler de buques españoles, o incluso su venta a los aliados, y también la salida de conservas alimenticias, 30 000 toneladas de patatas y otras tantas de forrajes. Más que un convenio hispano-británico, España iba a acoplar sus necesidades comerciales a las de toda la Entente.

Cuando Alfonso XIII conoció el texto del acuerdo, se negó a ratificarlo y pensó que Cortina se había excedido. Aquello suponía poner a la marina mercante española al servicio de uno de los contendientes y, como reveló al embajador Hardinge, temía que ello implicara «la declaración de guerra en las veinticuatro horas siguientes a la ratificación del tratado por las potencias centrales».

Y aunque no fuera así, igualmente era la guerra a corto plazo. El rey sabía que se habían puesto sobre la mesa los 87 barcos alemanes fondeados en puertos españoles, ya que los aliados consideraban que actuaban como base de aprovisionamiento, intercambio y descanso de los submarinos enemigos. Sin duda, los alemanes considerarían hostiles a los barcos españoles que se encargaran del comercio con Reino Unido o los alquilados sin restricciones a la Entente, y comenzarían a atacarlos sistemáticamente. Como España debía asegurar su comercio, no quedaría más remedio que sustituirlos por las naves alemanas refugiadas, y esto provocaría la declaración de guerra por parte de Berlín, en términos parecidos a lo ocurrido con Portugal. Reino Unido ya había incitado a Lisboa a hacerse con los buques germanos a cambio de ayuda financiera. El mismo Cortina sabía que su misión «o era una imbecilidad sin objeto, o significaba una aproximación, siquiera fuese puramente económica, a los aliados». «En el germanofilismo desencadenado —⁠comentó con pesadumbre⁠—, se llegó a decir que se estimaba en altas esferas que de ser militar me hubieran fusilado»[200].

La rebelión del Partido Liberal

Romanones no cejó en su empeño. En el mes de abril, consideraba improrrogable la espera y comunicó al embajador francés que España debía unirse a los aliados y estos decidir la fecha que más podría convenirles. Pensaba que el hundimiento del San Fulgencio, la entrada en guerra de Estados Unidos y la disposición de Argentina a romper relaciones con Alemaniaconvencerían a sus ministros de la necesidad de abandonar la neutralidad. Presionado por León y Castillo, no esperó más, y el 11 de ese mes, el presidente llevó al Consejo de Ministros un enérgico borrador de reclamación a Alemania en el que criticaba sus procedimientos de «inusitada violencia» que, «al pretender hacer imposible la vida económica de sus adversarios, pone en gran peligro la de las potencias amigas y neutrales». España constataba así que el Gobierno alemán no le reconocía su derecho de comerciar libremente, «reiterada y justificadamente demandado», por lo que reclamaba la potestad de defender su vida económica. Un nuevo torpedeamiento sin previo aviso haría, avisaba el documento, inevitable la ruptura de relaciones diplomáticas y obligaría a España a resarcirse del tonelaje perdido con los intereses alemanes en nuestro país, una inequívoca mención a incautarse de sus buques en los puertos españoles. Con el precedente de Portugal, esto implicaría la guerra con los imperios centrales.

El planteamiento del presidente impresionó a los ministros, pero Romanones les ofreció compartir con las Cortes la responsabilidad de los términos de la nota. El presidente se jugó el todo por el todo y anunció que dimitiría si la reclamación no se hacía en estos términos. Como le confesó al embajador francés, Geoffray, él no estaba dispuesto a llegar a más y convertirse en el Venizelos español, en referencia al primer ministro liberal griego que se rebeló contra Constantino I e impulsó un Gobierno rebelde en Macedonia para forzar la entrada de Grecia en la guerra al lado de los aliados. Romanones preferiría marcharse antes que imponer al rey o a su partido la entrada en la guerra[201].

La jugada no le salió bien y la mitad del Gobierno se declaró en rebeldía. Muy contundente fue el rechazo de los ministros de Justicia, Alvarado, e Instrucción, Burell. Todos coincidían en que el tono de la reclamación debía ser enérgico, pero Alvarado y Burell se opusieron a concretar represalias que llevaran a abandonar la neutralidad. El forcejeo dentro del Gobierno duró hasta el 14 de abril, cuando Romanones pudo constatar la oposición de la mayoría de los diputados y senadores de su partido, liderados por los mismos presidentes de las cámaras, Villanueva y García Prieto. Con sus bigotes puntiagudos y su característica vehemencia, Villanueva, al que se atribuía el liderazgo de los liberales germanófilos, desautorizó públicamente a Romanones. Ante los periodistas declaró que la intervención en la guerra «sería la ruina de España» y que contra ella «nos levantaríamos todos». Romanones tan solo recibió el respaldo de los republicanos y los reformistas; por la derecha, ni Maura ni Dato le apoyaron. Cierva escribió a Maura, el 14 de abril, alarmado por la «inexplicable actitud de Romanones»: «Todos esos embrollos mantienen la incertidumbre y el temor en las gentes. Quiera Dios poner tino en los que nos guían»[202]. Únicamente recibió la comprensión del portavoz conservador en el Senado y verso suelto habitual, Sánchez de Toca, quien, como anglófilo y presidente de la Liga Marítima, estaba cada vez más indignado con los torpedeamientos.

Por supuesto, la prensa germanófila de todos los colores arremetió contra Romanones. Preocupaban especialmente las publicaciones del Ejército. La Correspondencia Militar, que se leía en los cuartos de banderas, pintaba una oficialidad, «arma al brazo» y «con estoica resignación», aguardando «las supremas resoluciones». Pero escudriñaban un «porvenir negro» y estaban seguros de que el pueblo quería ser neutral y que estaba resuelto a no ir a «una lucha que no es nuestra» y aliados a los mismos Estados Unidos que despojaron a España de sus provincias ultramarinas en 1898. Romanones y la prensa aliadófila no buscaban sino «pretestos [sic] y habilidades de leguleyo, que por demasiado manidas no convencen a la opinión sana del país, y menos al Ejército». «Si por fin se deciden a intentar llevarnos al conflicto, no lo conseguirán, no lo conseguirán, no lo conseguirán», insistía el 16 de abril, porque aquello supondría el envío de «varios cuerpos de Ejército» al frente francés, «que es lo que no se dice, pero se pretende lograr».

Contribuyó al estado de nervios militar el discurso de Alfonso XIII en la revista del regimiento de Covadonga, recién llegado de Marruecos: «Aunque la vida de guarnición es más tranquila que la de campaña —⁠aseveraba el rey⁠—, es más pesada, por faltar en ella las emociones naturales de la guerra; hay que estar siempre preparados, aunque el propósito de España sea permanecer en la neutralidad»[203]. Como se verá más adelante, la inquietud en las guarniciones había llegado a un punto muy distinto al de la «estoica resignación» señalada por el periódico militar, y anunciaba un próximo estallido.

Sin apoyos, Romanones cedió. La ruptura de relaciones y la alusión velada a la incautación de buques fueron sustituidas en la nota diplomática por una coletilla conciliadora. El Gobierno español «quería confiar» en que Berlín apreciaría «el sentido y alcance de esta nota» e inspiraría en adelante sus actos «en el respeto a la vida de nuestros navegantes y a la seguridad de nuestros barcos». El texto insinuaba que España pasaría a mayores, pero el tono hacía visible la derrota del presidente.

Ciertamente, el intento de involucrar al país en un conflicto implicaba asumir un coste desmesurado en todos los órdenes que no compensaba el de los torpedeamientos. Pero también parecía ineficaz la protesta diplomática gestionada con discreción. El Gobierno no se planteó la denuncia pública y someter los torpedeamientos a la jurisdicción de la Marina española con objeto de respaldar las reclamaciones con sentencias judiciales firmes que reflejaran las extralimitaciones delictivas de los marinos alemanes, las penas en caso de que estos fueran interceptados en aguas o puertos nacionales y el monto de las indemnizaciones para los navieros españoles perjudicados[204].

Sea como fuere, Romanones, despechado, no presentó la dimisión, sino que intentó resarcirse de la derrota y recuperar el control del Gobierno y de su propio partido apelando al rey. Tras conocerse el torpedeamiento de otro buque, el Tom, el 14 de abril, al día siguiente envió a Alfonso XIII una relación de agravios de Alemania a España. Pretendía recabar su apoyo para forzar la ruptura con las potencias centrales y alinearse con la Entente, incluso si ello conllevaba destituir a los ministros renuentes. En caso contrario, Romanones se marcharía, pues no quería mantener una política de neutralidad en la que no creía y que en ese momento le parecía más inoportuna que nunca. La decisión era grave, pues ponía a la Corona en el trance de corresponsabilizarse de un cambio de orientación en la política internacional de España, con el añadido de que, si Alfonso XIII no intervenía para apoyar a Romanones, su dimisión daría al rey y a su futuro Gobierno un tono de germanofilia ante la opinión pública y, más grave aún, ante París y Londres[205].

No obstante, Alfonso XIII no estaba dispuesto a romper con Alemania, pues seguía sin ver qué provecho se sacaría si España se alineaba con los aliados. En cambio, sí estaba alarmado por los efectos de la revolución de febrero en Rusia, y no solo por la caída del zar, sino también porque preveía el coste que ese cambio supondría para el esfuerzo de guerra ruso, que alejaba una eventual victoria de la Entente. En las cancillerías extranjeras se conocía una conminación del nuevo Gobierno de Petrogrado a sus aliados para concertar la paz general en tres meses; de lo contrario, Rusia lo haría por separado. Si eso ocurría, el secretario de Estado del Vaticano reveló al embajador español, Fermín Calbetón, que el Gobierno italiano se plantearía hacer lo mismo porque consideraba «aniquilada» su capacidad de resistencia.

Al rey le disgustaban los torpedeamientos, fruto de los bloqueos y contrabloqueos bélicos, pero su coste era ínfimo comparado con una entrada en la guerra. No había que ser germanófilo para apreciar que lo que postulaba Romanones era un salto al vacío económico y político, y sin perspectivas de que el sacrificio de los intereses de España tuviera adecuada recompensa. Tomando como referencia los casos de Italia y Portugal, la razón estaba del lado de los neutralistas. Además, la neutralidad no era incompatible con mantener enérgicas reclamaciones a Alemania amagando con la ruptura diplomática, ni tampoco con comerciar con la Entente. La división de la opinión pública y la falta de preparación del Ejército fueron las razones que Alfonso XIII blandiría para justificar su posición ante el agregado militar francés. España neutral, argüía, reportaba mayores beneficios a los aliados[206].

Conocida la postura del rey, Romanones telegrafió el 18 de abril a León y Castillo para adelantarle confidencialmente su renuncia. Ese día reunió al Consejo de Ministros y les planteó un ultimátum: declararía la crisis total si sus ministros no se avenían a romper con Alemania. Apeló a su autoridad como jefe del partido para que le obedecieran, pero Alvarado y Burell se negaron a acatar la decisión y anunciaron su marcha. Romanones tampoco encontró el apoyo de Alba y Gasset. Ninguna fracción del partido, salvo la suya, reconocía su liderazgo. Al día siguiente, 19 de abril, el Consejo volvió a reunirse con el rey y allí Romanones formalizó su dimisión.

Tras perder el apoyo de la mayoría parlamentaria, publicó la nota que había entregado a Alfonso XIII para justificar su marcha. En ella expresaba que se iba por su «profundo convencimiento» de que la defensa de «las vidas e intereses españoles» no podía «hacerse eficaz mientras nuestra política ante la guerra se desenvuelva dentro de las mismas limitaciones que hasta ahora»[207]. También anunció que no se separaría del partido a causa de la discrepancia. Aunque la mayoría de los parlamentarios le habían desautorizado, tampoco dimitiría de la jefatura. No se corresponsabilizaría de la neutralidad, pero, por disciplina de partido, los diputados que aún le seguían sostendrían al Gobierno liberal que se formara. De esta manera, los presidentes de las cámaras pudieron comunicar al rey que se mantenían las mayorías y la crisis fue resuelta, sin más consultas, encargando la formación de Gobierno al presidente del Senado, Manuel García Prieto, que, por su decidido compromiso con la neutralidad, era la figura que más apoyo suscitaba dentro del Partido Liberal. El nuevo presidente no podía imaginar que en mes y medio iba a gobernar sobre un volcán.

6

Los militares se sublevan

La noche del 19 de abril se publicó la lista del nuevo Gobierno, en la que era ostensible la ausencia de los amigos del anterior presidente. Flanqueaban a García Prieto los dos ministros que encabezaron la oposición a Romanones, Alvarado y Burell, que ocupaban las dos carteras más relevantes, Estado y Gobernación, respectivamente. El nombramiento de Alvarado tranquilizó a las potencias aliadas, pues, aunque contrario al intervencionismo, simpatizaba con la Entente. Del anterior Gabinete, el nuevo presidente mantuvo en Marina al vicealmirante Miranda, y en Hacienda, a Santiago Alba. Inquieto e independiente, a Alba se le había considerado hasta entonces del sector romanonista. El ministro de Hacienda justificó su continuidad con que iba a culminar sus proyectos económicos, si bien la decisión supuso la ruptura total con su antiguo jefe[208].

Para Gracia y Justicia, García Prieto recuperó a Trinitario Ruiz Valarino, jurisconsulto que había ocupado dos veces la misma cartera con Canalejas. Tres hombres ascendían a un ministerio por vez primera: en Instrucción Pública se nombró a José Francos Rodríguez, célebre periodista, exalcalde de Madrid y exdirector general de Correos y Telégrafos. El general Francisco Aguilera iba al Ministerio de la Guerra, con su reciente prestigio adquirido en Marruecos. A Fomento ascendió Martín de Rosales, duque de Almodóvar del Valle, alcalde de Madrid hasta la víspera y hombre de confianza del presidente. García Prieto designó a Alejandro Groizard para cubrir su vacante en la Presidencia del Senado. Con ochenta y siete años, había sido varias veces ministro con Sagasta, la primera en los lejanos años del Sexenio Revolucionario. Quedó fuera de la combinación Niceto Alcalá-Zamora, ministrable desde hacía tiempo. La crisis había surgido de una disensión por la política exterior, y la abierta germanofilia de Alcalá-Zamora habría dado una significación al Gobierno que García Prieto quería evitar[209].

Aliadófilos contra germanófilos

Tras la jura de los ministros, García Prieto aseguró en una nota que asumía como propia la política de neutralidad, orientación que no modificaría sino de acuerdo con las Cortes. Para disipar toda sensación de interinidad, declaró que las cámaras se reabrirían a fines de mayo y en ellas recabaría la segunda confianza.

Nominalmente, el Partido Liberal no se había dividido, ni García Prieto interpretó su Gobierno como una ruptura con Romanones, ya que el nuevo presidente del Consejo de Ministros no parecía desear la jefatura del partido. Para limar cualquier aspereza, dejó claro que, salvando la política exterior, el programa de Gobierno era una estricta continuación del de Romanones. García Prieto era un hombre serio, educado, afable y modesto, de ojos claros, bigote imperial y voz de dos tonos, grave y atiplado, que movía a broma. Por su carácter equilibrado y conciliador, se le consideraba falto de energía. Como su suegro, el expresidente liberal Eugenio Montero Ríos, García Prieto era jurisconsulto y diplomático experto. El rey le había concedido el marquesado de Alhucemas por conducir con pericia la negociación del convenio de 1912 con Francia, que reconocía el Protectorado español en Marruecos. García Prieto no era germanófilo; tan solo lideraba, dentro de la izquierda constitucional, a quienes consideraban que el interés de España pasaba por mantenerse al margen del conflicto. Aunque representaba una tendencia, la democrática, más de izquierda dentro del Partido Liberal —⁠identificada con la política de Montero Ríos y Canalejas⁠—, García Prieto era reacio a converger con los republicanos y los socialistas, y defendía la solidaridad constitucional con los conservadores. Creía sinceramente en los logros del régimen liberal de 1876 en términos de libertad y estabilidad, y se negaba a realizar cualquier maniobra que los pusiera en riesgo.

Aunque García Prieto no pretendía disputarle la jefatura, Romanones sabía que los demócratas deseaban aprovechar el cambio de Gobierno para encumbrar a su líder. Por ello, si no quería perder su liderazgo, el conde no podía dejar que el Gobierno se consolidara. Cuando el 6 de mayo García Prieto sondeó el apoyo de Romanones para presentarse a las Cortes, este le advirtió de que, si se planteaba un debate sobre política internacional o sobre el significado de la última crisis, no le quedaría más remedio que explicitar su desacuerdo con el Gobierno. Esta «hipótesis» tomó cuerpo cuando los republicanos, por boca de Lerroux, anunciaron una interpelación sobre esos dos asuntos, y el diputado romanonista Juan Pérez-Caballero, otra sobre política internacional. Alba y Burell presionaron a García Prieto para que, en una votación parlamentaria, aceptara el envite y privara de la jefatura a Romanones. Pero ante la posibilidad de que la mayoría liberal se partiera en dos, el presidente pospuso la reunión de las Cortes para darse un tiempo y conciliarse con su antecesor[210].

La prioridad de Romanones ya no era otra que relanzar su jefatura de la izquierda constitucional, para lo cual aspiraba a recuperar el poder situándose al frente de una amplia plataforma en la que cupieran reformistas, republicanos y socialistas. La aliadofilia y la ruptura de las relaciones diplomáticas con Alemania debían ser la argamasa de esa alianza, que se sustanciaría también en un programa de «democratización política» y de intensificación interventora del Estado en la economía y las relaciones laborales.

Melquíades Álvarez, crítico con el rey por no haber promovido un giro proaliado, parecía abierto a esa convergencia. Su opinión coincidía con la de Romanones: era fundamental que España no quedara al margen de la conferencia de paz y que no rompiera «el consorcio espiritual y económico con las Repúblicas hispano-americanas». Aunque conocía que entre los militares no gustaba esa opción, Álvarez estaba tranquilo: «El Ejército [cumpliría] en todo caso con su deber». Los reformistas publicaron el 26 de abril un manifiesto en el que criticaban la tibieza de los liberales, culpaban indirectamente a Alfonso XIII y mostraban su acuerdo con la nota de dimisión de Romanones y su orientación antineutralista: había que romper con Alemania, aunque supusiera la entrada de España en la guerra. El Ejército, «paladín vigilante y acucioso del honor nacional», no debía «tolerar el agravio» de los últimos torpedeos[211].

La Gran Guerra divide a la izquierda obrera

El manifiesto se refería al ataque de dos pesqueros españoles en aguas del Cantábrico, aunque después se supo que el hundimiento se había producido durante un combate entre un submarino alemán y un buque francés. La indignación aumentó cuando el 27 de abril fue torpedeado el mercante Triana, con un muerto y un herido grave. Los dirigentes republicanos y el socialista Pablo Iglesias se alinearon públicamente con la postura de los reformistas. La UGT hizo circular una nota entre sus sociedades adheridas para requerirles su participación en la campaña intervencionista, al tiempo que se les sondeaba sobre la posible entrada de España en la guerra.

La nota casi rompe la alianza con la CNT, que en el mes de abril parecía más consolidada que nunca, tras las visitas de Besteiro y Largo Caballero a Barcelona y la de una delegación cenetista a Madrid con parada en la casa de Pablo Iglesias. Este, enfermo, se mostró a favor de un «cambio de régimen» mediante la convocatoria de una huelga revolucionaria, si bien advirtió a los cenetistas de que carecían de «elementos políticos extraños a la organización obrera» para hacerse cargo del poder, por lo que les pidió ampliar la alianza a los republicanos[212].

Sin embargo, los anarcosindicalistas estaban molestos con los escarceos belicistas de sus socios, pues sabían que «algunos llamados socialistas» trabajaban ya en «preparar a las masas para que secunden sin protesta una intervención armada»[213]. La mayoría de los dirigentes cenetistas no apreciaba diferencias en ninguno de los «Estados burgueses» en pugna y su idea fundamental era que la guerra debía terminar con una revolución social que los destruyera todos. «¡Trabajadores! —⁠anunciaba uno de sus panfletos⁠—. Antes que la guerra, la revolución. Antes que las trincheras, las barricadas». Los anarquistas se habían mostrado activos en el boicot de los actos «guerreístas», especialmente contra los de los republicanos radicales en Barcelona a favor de Francia.

Esta postura ya había quedado consagrada en su semiclandestino Congreso de El Ferrol (1915), donde la presencia de media docena de delegados extranjeros, entre anarquistas portugueses, brasileños y franceses, permitió solapar esa reunión con un pomposo «Congreso Internacional por la Paz». Allí acudieron también ácratas aliadófilos, como el célebre publicista Federico Urales o varios núcleos de las federaciones locales de Gijón, Menorca y Zaragoza, que estaban dispuestos a seguir a los anarquistas rusos y franceses en su oposición al «imperialismo alemán». Pero la mayoría abrumadora de la CNT reafirmó su rechazo a hacer cualquier distinción, y defendió la necesidad de preparar movimientos revolucionarios en los países beligerantes y boicotear la producción de los neutrales, lo que explicaría en parte la escalada huelguística de 1916 en España. Para ello, el congreso resolvió redactar una alocución, que difundiría cada quince días en distintos idiomas extranjeros, con el fin de atraer a los militantes socialistas denunciando el seguidismo de sus dirigentes hacia causas puramente burguesas.

Llamativa era la sintonía de la CNT con las tesis de Lenin en la Conferencia de Zimmerwald (1915), el pueblo suizo donde se reunieron los «socialistas no alineados», virtualmente escindidos de una Segunda Internacional que se negaba a condenar la guerra. Lenin había llamado a sustituir «la guerra imperialista entre los pueblos» por «una guerra civil de las clases oprimidas contra sus opresores» que permitiera la toma del poder por los «proletarios», expropiar sin dilación a la «clase capitalista» e implantar el socialismo. Su postura influyó en el manifiesto final, donde los socialistas de Zimmerwald exigieron renunciar a la guerra y «permanecer sobre el terreno de la lucha de clases irreductible».

Como Lenin, la CNT interpretaba la Gran Guerra como un «crimen» que, con fines egoístas, había cometido un colectivo de malhechores llamado «burguesía», donde agrupaba a los empresarios y los políticos que se enriquecían con el conflicto. Por ello, los ácratas quedaron encantados cuando esos socialistas disidentes exigieron en otro encuentro en Kienthal (1916) la ruptura de todos los partidos de la Segunda Internacional con sus Gobiernos «burgueses» y el veto a cualquier renovación de los créditos de guerra[214]. No era de extrañar que los anarcosindicalistas españoles se sintieran tan atraídos por los bolcheviques rusos.

Como estos, la CNT y los grupos anarquistas fueron las organizaciones españolas de izquierda más infiltradas por el espionaje alemán. La embajada de este país contactó con varios militantes ácratas, entre los que destacó Miguel Pascual, uno de los delegados más furibundamente antibelicistas del Congreso de El Ferrol. Interesado en la campaña de boicot general de la producción, el embajador Ratibor comisionó a uno de sus empleados para que ofreciera a Pascual financiar la propaganda contra la guerra, la exportación de alimentos y la emigración de españoles a Francia. La CNT debía llevar a Madrid —⁠donde no contaba con arraigo⁠— la campaña que había comenzado en Barcelona.

En la Ciudad Condal, la ayuda alemana había permitido que la CNT creciera y había salvado a los periódicos ácratas Solidaridad Obrera y Tierra y Libertad, a cambio de que publicaran artículos redactados por la inteligencia germana. Varios mítines anarquistas contra la guerra, la inflación y la «avaricia» de Romanones también fueron generosamente regados con dinero alemán. Las embajadas aliadas culpaban a los agentes enemigos de las constantes huelgas que la CNT promovía en Barcelona, destinadas a boicotear la fabricación y exportación de material de guerra a Francia. La embajada alemana alentó no solo a Pascual, sino también a Jordán, secretario nacional de la CNT, para que le dieran un matiz insurreccional al paro general del 18 de diciembre de 1916. Y ya vimos que Jordán defendió insistentemente la necesidad de adelantar a ese día la huelga revolucionaria, aunque no convenció a la UGT. El anarcosindicalista aún hizo más: intentó alentar el levantamiento el mismo 18 de diciembre al enviar un telegrama a Madrid donde informaba de obreros muertos y heridos en Barcelona, pero el juego fue descubierto y no hubo insurrección. Pero Jordán no representaba una postura minoritaria en la CNT. La asamblea de la regional cenetista catalana volvió a presionar a la UGT, en enero de 1917, para ir a la huelga revolucionaria cuanto antes. Y aunque Jordán fue sustituido el mes siguiente por Francisco Miranda, el nuevo secretario nacional encarnaba la misma tendencia maximalista que su antecesor[215].

Los cenetistas lamentaban que los socialistas españoles no fueran como los de los congresos de Zimmerwald y Kienthal, pero no renunciaron a marcar una línea roja sobre la guerra. El 19 de marzo, un manifiesto conjunto de «anarquistas», «socialistas libertarios» y «sindicalistas revolucionarios» se opuso a que España participara en la «chacina de hombres». Había que vigilar y no dejarse arrastrar al conflicto «por el enemigo verdadero, que está aquí»; contra la «burguesía» había que dirigir esas ínfulas guerreras y «combatir el despotismo de los tiranos».

Los grupos de acción de la CNT preparaban el ambiente para la huelga revolucionaria, e incluso reaparecieron los explosivos entre abril y mayo de 1917 en Barcelona. Un obrero que se negó a sindicarse, Miguel Alonso, fue herido de bala el 1 de abril, y el 18 lo fue Juan Camps, un encargado de fábrica. Una bomba explotó en la sede de la patronal Fomento del Trabajo Nacional el 14 de abril y el 17 estalló otra en la redacción del diario La Publicidad, cuyo personal rechazaba afiliarse a la CNT. En el contexto de otra huelga del textil, el 9 de mayo ardió la puerta de la patronal del Ramo del Agua. El 18 de ese mes estallaron un total de nueve bombas en cuatro fábricas textiles, y tras dos atentados a contramaestres contrarios al paro, el 31 de mayo fue asesinado Federico Roigé, un antiguo militante cenetista acusado de confidente de la policía. Solidaridad Obrera apelaba a la violencia contra la fuerza pública, a cuyos miembros había que «cazar como perros». Los patronos eran unos «vampiros» y debía aplicárseles «la ley del Talión: ojo por ojo y diente por diente», si no cedían a los requerimientos de la CNT[216].

Ultimátum cenetista

El 10 de mayo de 1917 se celebró una asamblea de la regional cenetista catalana con grupos anarquistas y ateneos sindicalistas, a la que se adhirió por sorpresa la Juventud Socialista de Barcelona. Allí se anunció la ruptura total con el Partido Radical de Lerroux, por su postura aliadófila, y la oposición activa a la campaña intervencionista de las izquierdas. La asamblea publicó un manifiesto contra la «guerra imperialista»[217] y encargó al director de Solidaridad Obrera, José Borobio, que fuese a Madrid y advirtiera a los ugetistas que, si no desistían de participar en la propaganda belicista, se dejaría en suspenso el pacto de Zaragoza.

Borobio asistió al comité nacional de la UGT el 17 de mayo. Informó que la unidad de acción era completa en Barcelona y que incluso se había llegado a un acuerdo con los sindicatos republicanos, aunque en la asamblea se había criticado duramente la postura aliadófila y prointervencionista de los socialistas. La regional catalana de la CNT quería saber qué había de verdad en ello. La UGT y la CNT debían redactar un manifiesto conjunto reafirmándose en el propósito de ir a la «huelga general indefinida», pero «absteniéndose en tanto los compañeros de emitir opiniones, aunque sean de carácter particular, respecto de la actitud que haya de seguir la clase obrera en la cuestión internacional», porque el «choque de opiniones» derivaría en un «ruptura de relaciones». Borobio pidió a los dirigentes socialistas que dieran ejemplo y no participaran, «en miras de consagrar toda la actividad en pro del éxito de la huelga general».

Largo Caballero rechazó que una organización regional pidiera cuentas al comité nacional de la UGT, se reafirmó en el pacto con la CNT e informó de que nada había decidido el sindicato sobre la posible ruptura con Alemania, aunque, como no se había pactado nada con los anarcosindicalistas sobre cuestiones internacionales, no limitaría la libertad de expresión de ningún militante socialista. El 25 de mayo, el comité nacional de UGT, a requerimiento de Pablo Iglesias, envió una circular a las secciones para convocar un congreso el 1 de julio en el que se decidiría si la UGT apoyaría o no a un Gobierno que rompiera relaciones con las potencias centrales. Los socialistas eludían así una toma de posición que significara una ruptura con la CNT, pero esta, enterada por Borobio de los propósitos de la UGT, convocó otra asamblea de sindicatos y grupos anarquistas el 24 de mayo. Esta asamblea aprobó que, si los ugetistas participaban en alguna campaña belicista, se suspendería la acción revolucionaria conjunta. Un manifiesto de «entidades obreras y anarquistas» denunció «la conducta de los intervencionistas» y «de determinados individuos que se titulan representantes del proletariado y trabajan en favor de la intervención».

Los medios aliadófilos, alarmados por el empuje de la campaña anarcosindicalista, contraatacaron denunciando que los cenetistas y sus periódicos Solidaridad Obrera y Tierra y Libertad recibían fondos de los alemanes. Besteiro los acusó directamente de germanófilos. Pero lo uno no presuponía lo otro: la relación ácrata con el espionaje alemán era indudable, pero también instrumental, ya que Berlín amplificaba con su dinero una propaganda coherente con el maximalismo revolucionario de la CNT, que incluso había llegado a romper con la CGT francesa —⁠referente organizativo de los sindicalistas revolucionarios⁠— por apoyar al esfuerzo de guerra francés[218].

En un supremo esfuerzo por que no se rompiera la alianza con la UGT, el 25 de mayo el secretario nacional de la CNT, Francisco Miranda, el de la regional catalana, Ángel Pestaña, y el de la asamblea de Valencia, Salvador Seguí, publicaron un manifiesto conjunto en el que se quejaban de la «mentalidad de encasillamiento» en virtud de la cual «si no eres aliadófilo, eres germanófilo, o viceversa». Los cenetistas hacían profesión de fe «internacionalista» con vistas a la «revolución social» y «la desaparición del régimen capitalista». Se declaraban más cerca de los proletarios de Francia, Alemania o Rusia que de la «burguesía» española y su «Estado». Ni siquiera se sentían concernidos por la «integridad nacional», por el «concepto vulgar del patriotismo» o por las «uniones sagradas de ricos y pobres… de lobos y ovejas». «El enemigo de cada pueblo… está dentro mismo de las fronteras de cada Estado, constituido por las clases privilegiadas», y contra ellos había que actuar, imitando a los revolucionarios rusos o al «pueblo portugués», que «diariamente exterioriza su descontento» contra la república. Había que abrir «el sepulcro a esta civilización capitalista, sanguinaria y cruel» y someter «a juicio final a sus respectivos Gobiernos».

Los cenetistas solo serían aliadófilos si estallaba una revolución en Francia que acabara con el capitalismo: únicamente ese nuevo régimen merecería ser defendido contra las «bayonetas prusianas». La CNT anhelaba una «vida nueva» que no podrían alcanzar «los Gobiernos de la monarquía y que tendrá que satisfacer el pueblo mismo en contra de la existencia del régimen», pues «cuando la Administración pública y los órganos de gobierno están relajados y podridos, como sucedió en España, la revuelta ha de ser inevitable y es salvadora». Para ello pedía unidad, también a aquellos cenetistas enfadados con la «propaganda intervencionista de la UGT»[219].

El intervencionismo socialista y el boicot cenetista a aquella «guerra burguesa» había puesto a los dos sindicatos, a finales del mes de mayo, al borde de la ruptura. Los anarcosindicalistas no entendían que la postura del PSOE y de la UGT era la proyección internacional de su alianza con los republicanos. Los socialistas sí diferenciaban entre los «regímenes burgueses», y consideraban más negativamente al «kaiserismo germano» y su «militarismo» agresivo que a la República francesa, a la que creían la vía más propicia para ensanchar la influencia del socialismo y el verdadero pórtico a su monopolio político. Desde el X Congreso del PSOE (octubre de 1915), y por impulso de Besteiro, esta era la posición oficial. Besteiro sostenía que el «capitalismo» era responsable último de la lucha, pero la Entente estaba «menos tocada de imperialismo» y más influida «por un espíritu democrático», por lo que su victoria en la guerra traería consigo los cambios políticos que favorecerían la causa del socialismo. En apoyo de esa tesis, Besteiro citaba a Kautsky, cabeza visible de la ortodoxia marxista alemana, que aducía que en su país todo estaba corrompido por el «kaiserismo» y, por ello, la revolución sería posible antes en Bélgica o Rusia que en Alemania[220].

Socialistas beligerantes

Todas estas teorizaciones justificaban lo esencial: la mayor afinidad y solidaridad de los socialistas españoles con sus homólogos franceses. Esa afinidad la simbolizaba mejor que nadie Pablo Iglesias, que se adhería a una relectura personal del marxismo de Jules Guesde, con su oportunismo revolucionario y su hostilidad a todo compromiso gubernativo con la «izquierda burguesa». Durante la guerra, Guesde dejó a un lado las doctrinas y se integró como ministro sin cartera en un Ejecutivo de Unión Sagrada.

Iglesias entendía lo excepcional de la presencia de sus correligionarios franceses en un Gobierno «de defensa nacional» y afirmaba que la neutralidad de España la imponía la debilidad del país: si no fuera así, postularía la intervención junto a la Entente. El «pacifismo socialista», por tanto, no debía interpretarse como un absoluto, porque los socialistas no habían renunciado, ni lo harían, «a emplear los métodos violentos» para «transformar el régimen burgués». «¿No se podría dar el caso de que los socialistas tuvieran que guerrear con la clase capitalista dentro de cada nación?», se preguntaba Iglesias:

Cuando los sucesos de 1909 en España, sucesos provocados por un sentimiento nacional contra la guerra de Marruecos, ¿no hubiéramos apelado los socialistas españoles a las armas, a la revolución, si hubiéramos tenido medios para ello? Sí. Y si esto se admite, porque no está en pugna con nuestro pacifismo, ¿no se ha de admitir en el mundo internacional, en la vida internacional, por los partidos socialistas, que son… esencialmente internacionales?[221].

Iglesias podía apoyarse en Marx y Engels, que, atentos a los conflictos de su tiempo, no se cansaron de repetir que solo las conmociones violentas —⁠conflictos internacionales incluidos⁠— engendraban las nuevas sociedades. Marx no había dudado en aplaudir la guerra franco-prusiana de 1870 y pensaba que la unidad alemana permitiría cohesionar a su «proletariado». Para él, Alemania representaba una etapa más «avanzada» del desarrollo capitalista y tenía un movimiento socialdemócrata más fuerte que el francés, que aún pugnaba con el proudhounismo y el bakuninismo. Por eso Marx incluso se había mostrado favorable a revalidar el belicismo alemán contra la Rusia zarista.

Pero más que del fundador del movimiento, el intervencionismo bélico del PSOE recibió inspiración de Antonio Fabra Ribas y su libro El socialismo y el conflicto europeo (1915). Fabra era un socialista muy ligado a sus correligionarios de la Sección Francesa de la Internacional Obrera (SFIO) y en su libro fantaseaba con la entrada de España en la guerra para hacer frente al «kaiserismo». Sin embargo, reconocía que esto era impensable por la falta de preparación militar y porque el Ejército español no era una «institución nacional», sino «monárquica». Por tanto, a los socialistas españoles no les cabía otra opción que alinearse espiritualmente con la Entente. Estos argumentos los popularizaría otro socialista, Araquistáin, desde la muy francófila y subvencionada por París revista España[222].

Los socialistas españoles eran los únicos de un país europeo neutral en defender una aliadofilia exaltada, rayana en la intervención. No les importaba que la ruptura con los imperios centrales implicara una declaración de guerra. El PSOE prefería «la guerra por no ser viles… a una paz sin honra, sin dignidad, sin grandeza moral». En febrero de 1917 el partido pedía que se imitara la postura norteamericana de romper con Alemania, ya que «si se nos pretende tratar como a castrados, debemos responder como hombres». El 6 de marzo, los socialistas publicaron un manifiesto donde urgían al Gobierno a tomar «todas las medidas eficaces para garantizar la normalidad de la vida económica española», pues la neutralidad no justificaba la «pasividad» frente al bloqueo alemán. «No rechazamos ese calificativo de intervencionistas», aclaraba El Socialista, ya que «en puro idealismo somos intervencionistas»[223].

Pero no todos lo eran. En el partido había un núcleo que postulaba la inhibición ante una guerra «burguesa» e «imperialista». Se denominaba «pacifista» pese a que solo se oponían al conflicto porque desviaba de la verdadera guerra, la de «clases». En el X Congreso del PSOE, este sector, ampliamente derrotado, tuvo a su teórico más destacado en el catedrático de Instituto José Verdes-Montenegro, y a su figura más relevante en el presidente de la agrupación socialista madrileña, Mariano García Cortés.

La postura de ambos era la que iba adquiriendo peso en los partidos socialistas de los países beligerantes. Esa tendencia era alentada por el SPD alemán, la matriz marxista, en apoyo de la propuesta de paz que había hecho su Gobierno en diciembre de 1916. En el congreso nacional de los socialistas franceses, el viejo Guesde se las vio y se las deseó para derrotar una moción favorable a restablecer la relación con sus correligionarios austro-alemanes. Los diputados socialistas italianos ya habían suscrito dos proposiciones de paz en su Parlamento, una resolución que también ganaba adeptos entre los laboristas británicos. El agotamiento de los contendientes contrastaba con las ínfulas belicistas de las izquierdas españolas.

Maura, neutralista

La aguda ofensiva republicano-socialista contra Alfonso XIII por no sostener al aliadófilo Romanones provocó la indignación de Antonio Maura. Este no había apoyado a Romanones en abril de 1917 por la misma razón que tampoco lo hizo en septiembre de 1916: por la falta de contrapartidas a la intervención española. Pensaba que París y Londres estaban detrás de la campaña de los liberales fieles al expresidente y de las izquierdas para inclinar a España a romper con las potencias centrales, y por ello Maura moderó sus posiciones favorables a la Entente[224]. Se decidió a participar en un gran acto contra la intervención que el 29 de abril organizaron sus seguidores madrileños en la plaza de toros. Allí, Maura pidió que España fortaleciera su neutralidad, pues «no debemos infamarnos llevando las armas nuestras a pelear por lo ajeno». Los torpedeamientos debían criticarse enérgicamente, pero sin romper con Alemania, pues su bloqueo no se dirigía contra España, sino contra sus enemigos. Una cosa era estrechar lazos con Reino Unido y Francia —⁠conveniente en tanto que los españoles pertenecían al «grupo occidental» de naciones⁠—, y otra muy distinta era servirles de paje de armas en un conflicto donde «no se litiga ningún interés español», y solo por miedo a un improbable aislamiento en el mundo de posguerra.

Pero Maura debilitó la lógica de sus argumentos al recordar a Londres y a París, de forma desabrida, los «agravios» inferidos a España por Gibraltar, Tánger y el recorte del protectorado marroquí. Aquí se contradijo con la «incapacidad militar» que, en otro pasaje, endosó imprudentemente a España. Si esta era cierta, nada cabía pedir a cambio de la neutralidad, y menos cuando su Ejército no tenía medios para defender su propio territorio, como Maura también dejó caer. Ese alarde de debilidad lo hacía el expresidente en un momento en que el nacionalismo catalán buscaba, con apoyo del vasco, instrumentalizar la Gran Guerra para redefinir las fronteras de España. El propio Maura se hizo cargo de este desafío al pedir a los suyos que distinguieran la política regionalista, «que en sí es muy buena», de las «insensateces de desmembración». Por todo ello, era innecesario publicitar imprudentemente el estado del Ejército por cuanto el orador ya había aclarado que, aunque tuviera unas Fuerzas Armadas imponentes, «España debería quedarse tan quieta como lo está ahora».

Lo peor es que, en medio de una campaña contra la monarquía, Maura se negó a bajar el pistón en su crítica a las instituciones, que llegó al paroxismo. La Constitución le parecía un «escarnio» y las Cortes, una «parodia»; los ministros gobernaban por voluntad del rey y eran «parásitos del trono»; la política española era una «gusanera caciquil» y tampoco había Ejército, pues aún no se había producido «la inversión del trato que se viene dando a las cuestiones militares». El Ejército necesitaba «toda la dotación de material de que carece» y «una organización adecuada para la verdadera defensa nacional». Había que «poner las bases navales en segura defensa y habilitarlas para nosotros y para quienes sean aliados nuestros» y «nacionalizar en España los elementos indispensables para guerrear», para no depender de las compras en el extranjero. Los asuntos militares no hacían más que postergarse, con riesgo de que «aun centuplicando las cualidades personales y el heroísmo y la virtud», en el enfrentamiento con otro Ejército el español «antes del combate estaría aniquilado».

Estos argumentos causaron una excelente impresión entre unos oficiales reacios a cualquier intervención bélica, cada vez más enfadados con una inflación que se comía su salario, y que criticaban la escasez de medios para la guerra moderna. Pero como quien hablaba era un expresidente del Gobierno y exlíder de uno de los dos grandes partidos, La Época se preguntaba qué había pasado «aquí en España, desde que el señor Maura no dirige o influye… para que todo sea podredumbre y corrupción»: «¿Qué virtud mágica atesoraba el señor Maura para que lo mismo que con él era bueno, y los mismos que con él eran excelentes, sin él sea malo y sean perversos?»[225].

Los republicanos quieren la guerra

Si el discurso de Maura pretendía cauterizar la división cada vez más amplia que causaba la guerra y fortalecer la política de neutralidad, el efecto fue el contrario y se agravó al mezclarla con la crítica a las instituciones. Las izquierdas aliadófilas, alegando la autorización que García Prieto había concedido al mitin del expresidente, intensificaron su campaña a favor de la ruptura con Alemania. Se celebraron mítines en Valencia y Zaragoza, y el segundo terminó con una concentración hostil ante el consulado alemán que provocó la protesta de Berlín.

Pero el acto más multitudinario fue el que se organizó para dar réplica al de Maura, en la misma plaza de toros de Madrid (27 de mayo), en el que intervinieron, como estrellas, Miguel de Unamuno, Melquíades Álvarez y Alejandro Lerroux. Aunque no asistió, Romanones apoyó decididamente el evento, pues, como reveló al embajador francés, serviría de advertencia al rey acerca de los peligros de persistir en la política de «neutralidad absoluta». Los socialistas no participaron oficialmente, pero apoyaron un acto que consideraban «simpático y oportuno», y aconsejaron a los suyos que asistieran. De hecho, en el plantel de oradores intervino, «a título personal», el socialista valenciano Andrés Ovejero. Como los reformistas se negaron a explicitar en el mitin el propósito de derrocar al rey, los socialistas no se adhirieron a la campaña para no romper su pacto con la CNT[226].

En los discursos, las expresiones de comunión espiritual con Francia se alternaron con la interpretación tópica del conflicto como «una guerra civil entre la libertad y la reacción, entre el militarismo y el civilismo, entre la civilización y la monstruosidad del dominio universal»; en definitiva, una lucha «de izquierdas y derechas, progreso y reacción, derecho y despotismo»[227]. Esa lucha trascendental obligaba a España a romper con las potencias centrales «aceptando las consecuencias que se deriven de esta actitud», como rezaban las conclusiones del acto en inequívoca referencia a la guerra. Para Melquíades Álvarez, la inhibición de España implicaría su «aislamiento suicida», precursor de la «abyección moral» y la «muerte» como nación. Por el contrario, la ruptura con Alemania supondría participar de la victoria aliada y del «mundo nuevo» de la paz, que traería una sociedad «más generosa, más racional, más progresiva, más humana», y actuaría como el detonante para revolucionar la monarquía con resultados equivalentes a los de Rusia, donde el zarismo había dado paso a un Gobierno provisional de liberales y socialistas.

Precisamente porque Alfonso XIII se había opuesto a la ruptura, las izquierdas insistieron en identificar la aliadofilia con la república, entre constantes alusiones a la revolución rusa y el destronamiento del zar. Lerroux asoció al rey con la germanofilia: la neutralidad española tenía, por ello, la misma significación que la holandesa y la griega. Unamuno pidió a Alfonso XIII que abanderara la ruptura con Alemania, se pusiera el «gorro frigio» y aceptara ser un «rey republicano» en un régimen de «opinión pública». El monarca no debía temer que España se convulsionara, porque el país ya estaba espiritualmente en «guerra civil», como el resto de Europa. Si no se decidía, Alfonso XIII debía saber que ya no era «indispensable» ni «insustituible». «Desaparecerá», añadió explícitamente Álvarez, si no se alineaba con París y Londres, Gobiernos a los que envió la solidaridad de las izquierdas.

Sin embargo, para el socialista Ovejero la apelación al rey estaba de más. Aquel conflicto era una «guerra revolucionaria», como su Internacional ya ratificó en la Conferencia de Stuttgart de 1907. Subrayó que los revolucionarios rusos, como en su momento los ingleses o los franceses, habían llamado a Nicolás II a declarar ante un tribunal de obreros y soldados, en inequívoca alusión a que Alfonso XIII respondería de igual modo por sus actos. El acto terminó como el rosario de la aurora, con peleas entre aliadófilosy germanófilos, y conatos de agresión a Álvarez y Lerroux. Por ello, García Prieto cortó por lo sano y prohibió, el 30 de mayo, cualquier propaganda relacionada con la guerra.[228]

Contrariado por el tono de los discursos, a García Prieto le causó estupor la asistencia de romanonistas al mitin y el refrendo del expresidente al acto aliadófilo en una entrevista concedida al republicano El País. Romanones mostró su acuerdo con Melquíades Álvarez: era la hora de que España «definiera su posición» y se apartara de Alemania. En caso contrario, el aislamiento internacional llevaría su «vida nacional» a «términos de dificultad lindantes con la muerte por asfixia»[229]. Por tanto, cuando Alfonso XIII ponderó públicamente los beneficios de la neutralidad española en la inauguración de un congreso científico en Sevilla, su posición ya no encarnaba una transacción entre todos los partidos constitucionales. García Prieto lamentó que Romanones rompiera el consenso neutralista, provocando que el conflicto interno entre aliadófilosy germanófilos se multiplicara, y con riesgo de que los Gobiernos de la Entente potenciaran sus simpatías hacia los antimonárquicos españoles. Que pudiera asimilarse la neutralidad a la germanofilia contribuía, además, a desacreditar la estrategia de García Prieto de negociar con Berlín la atenuación del bloqueo y la ampliación de las zonas de libre navegación para los mercantes españoles.

Romanones tampoco le ponía fácil a García Prieto el apaciguamiento de los socialistas. El 21 de abril, el presidente había restaurado las garantías constitucionales y autorizado a los sindicatos a celebrar el Primero de Mayo. Los socialistas, en medio de los preparativos para la huelga revolucionaria, se llevaron un fiasco, porque, en contraste con los actos de aliadófilos y germanófilos, la manifestación ugetista no congregó en Madrid a más de tres mil personas. Aun así, García Prieto recibió personalmente de los delegados del PSOE, Besteiro y Largo Caballero, las conclusiones de costumbre. Procuró ganárselos con nuevas medidas contra la inflación y el paro, y anunció la creación de una oficina de colocación de obreros para relacionar la oferta y la demanda de empleo y subvencionar el traslado de trabajadores de una provincia a otra. Suprimió la Junta Central de Subsistencias y la de transportes terrestres, que resultaban inoperantes, y el Gobierno asumió sus competencias. Paralizó también el convenio comercial con la Entente. A García Prieto no le satisfacía suministrar más alimentos ni la venta ilimitada de minerales —⁠que Berlín interpretaría como una inclinación resuelta hacia sus enemigos⁠— ni exponer a la Marina mercante a nuevos torpedeos que incrementaran las complicaciones diplomáticas. Anunció que una modificación del convenio Cortina-Bunsen se sometería al voto de las Cortes, con las que deseaba compartir la responsabilidad. Aunque la prudencia de García Prieto estaba justificada, la congelación del acuerdo condujo a los británicos hacia el mercado norteamericano, en perjuicio de los exportadores españoles de cítrico y uva[230].

Los torpedeamientos alemanes habían bajado su ritmo y Berlín se mostraba dispuesto a negociar una suavización de los efectos del bloqueo submarino sobre España. Pero al ataque del mercante Alu-Mendisiguió, días después, el internamiento de varios sumergibles alemanes en aguas españolas del Cantábrico para escapar de la Marina aliada. Cuando en esas mismas aguas los submarinos hundieron dos mercantes franceses, el 15 de mayo, París envió una dura nota: si España no vigilaba sus costas, en adelante lo harían los barcos de la Entente. Tras diversas gestiones reservadas de Alvarado con los embajadores británico, francés y alemán, el Gobierno español ordenó la salida de dos destructores para patrullar la costa norte.

Apagado un fuego, apareció otro el 17 de mayo, cuando un submarino alemán torpedeó, sin previo aviso, al mercante Patricio, que transportaba carbón inglés a Barcelona. El episodio puso al Ejecutivo al borde de la ruptura con Berlín, no solo por lo injustificado del ataque, sino porque el Gobierno alemán tramitaba las reclamaciones con excesiva lentitud. La nota redactada por García Prieto no admitía diálogo ni justificaciones de Alemania: se demandaba una inmediata reparación y una garantía de que no se producirían más torpedeamientos. El 18 llamó al embajador alemán, Ratibor, para enumerarle los agravios pendientes y advertirle de las «graves complicaciones» que para la neutralidad española suponía llevar la guerra marítima tan cerca de sus costas. La tensión subió a máximos el 24 de mayo, cuando fue hundido en aguas francesas el Begoña III, que transportaba mineral a Reino Unido. El Gobierno alemán decidió rebajarla disponiendo una indemnización por el Patricioy un acto de desagravio al pabellón español, pero su nota llegó el 2 de junio, a la vez que era torpedeado el vapor Ereaga, que traía pintura y carbón a Bilbao[231].

La irrupción de las Juntas militares

Para entonces, el terreno ya se había hundido bajo los pies del Gobierno. Polarizada la opinión pública en torno a la guerra y sus consecuencias, sorprendieron unos rumores que apuntaban a inquietud en el Ejército. El 30 de mayo se hizo público un decreto del ministro de la Guerra, Aguilera, que regulaba los destinos militares. Pero al mismo tiempo se sabía que varios jefes y oficiales de la guarnición de Barcelona permanecían detenidos y que se había destituido al capitán general de aquella región militar, Felipe Alfau. El 1 de junio aparecieron en la Gaceta —⁠antecesora del BOE⁠— una cascada de decretos relacionada con la milicia. Una combinación de mandos confirmaba el cese de Alfau, al que sustituía José Marina, capitán general de Madrid, que contaba con un alto prestigio por su participación en las campañas marroquíes. A su vez, para ocupar la vacante que dejaba Marina se nombraba a Ramón Echagüe, exministro de la Guerra con Dato.

También se publicaba el decreto sobre destinos. Aguilera establecía que, en adelante, se realizaran siguiendo un criterio de estricta antigüedad, previa solicitud y sin permuta entre los interesados. La antigüedad regiría en todos los destinos peninsulares de teniente coronel a segundo teniente —⁠como así se estableció desde abril de 1914, por orden del conservador Echagüe, para los de Baleares, Canarias y África⁠—. Se exceptuaban por su carácter técnico los destinos en el Ministerio de la Guerra, el Estado Mayor Central, las escuelas y academias militares, los colegios de huérfanos, el Depósito de Guerra, la Casa Militar del Rey, el Consejo Superior de Guerra y Marina, el servicio de aeronáutica, las agregadurías militares en el extranjero, las primeras jefaturas de cuerpos y unidades armadas, las ayudantías de campo y de órdenes de generales y similares, y algunos mandos y puestos de Caballería, Topografía, Artillería, Ingenieros, Intendencia y Sanidad Militar: un 11 % del total. La rigidez de la antigüedad se compensaba con una preferencia a favor de los diplomados en la Escuela Superior de Guerra y de los oficiales con la Cruz Laureada de San Fernando, máxima distinción al valor.

La medida era una antigua reivindicación entre los oficiales, ya que los concursos vigentes y los turnos de elección habían dado lugar al patrocinio y a la recomendación, y se esperaba que el automatismo de la antigüedad los eliminara. Las excepciones evitaban que en los puestos técnicos rigiera un criterio tan tosco: los méritos seguirían siendo un incentivo para los oficiales que aunaban juventud, preparación y dinamismo[232].

El 1 y el 2 de junio, los periódicos comenzaron a relacionar estas disposiciones con unas juntas de Infantería que el general Aguilera trataba de disolver. Esas juntas de jefes y oficiales distaban de ser novedosas: en los cuerpos facultativos de Artillería, Ingenieros y Estado Mayor funcionaban ya como asociaciones informales, admitidas de facto por los generales, que cuidaban de los intereses colectivos de los mandos intermedios. Lo reducido de estos cuerpos y las complicidades tejidas en sus respectivas academias y escuelas había facilitado su cohesión. Entre los artilleros y los ingenieros, las juntas servían para velar por un sucedáneo de la vieja escala cerrada abolida en 1889, esto es, de los ascensos regidos exclusivamente por la antigüedad. Cuando, a partir de esa fecha, algún oficial de esos cuerpos obtenía un ascenso por méritos de guerra, su junta le conminaba a cambiarlo por una condecoración pensionada o a marcharse a Infantería.

La organización modelo fue siempre Artillería, que constaba de una junta central con representaciones de toda España y juntas locales o de guarnición. Incluso tenía un reglamento, cuyo artículo primero proclamaba que su fin era «velar por sus intereses, que son los del Ejército y los de la Patria, dentro siempre de la más estricta legalidad». Esto implicaba que podía resolver dentro de sus escasas atribuciones, y hacer peticiones al jefe de la sección de Artillería del Ministerio[233].

El modelo artillero exigía una unidad difícil de lograr en el arma de Infantería. Su número de jefes y oficiales se contaba por miles, y los compromisos, las presiones o los vacíos se sorteaban con facilidad. En Infantería, los ascensos por méritos de guerra suscitaban, tradicionalmente, menos rechazo que en los cuerpos facultativos. Aunque en tiempos de paz regía la antigüedad, se aceptaba que en guerra el ascenso recompensara acciones militares destacadas, donde los infantes solían asumir más riesgos. Era en el momento supremo de la batalla, y no dentro del cuartel, cuando se demostraba la pericia del oficial. Nadie esperaba que unas juntas como las artilleras arraigaran en Infantería e impusieran de facto el ascenso por antigüedad. Sin embargo, la tolerancia con las juntas en los cuerpos facultativos dejaba la puerta entreabierta a que se extendieran a todo el Ejército. Por eso, cuando aparecieron las de Infantería, casi ningún general las vio con aprensión y hasta les pareció un agravio prohibirlas.

Un nuevo juntismo

Eso explica el ambiente favorable con que nació la primera junta de Infantería, la de la guarnición de Barcelona, en abril de 1916. Entonces existía una insatisfacción larvada hacia los planes de Romanones de reducir el sobredimensionado número de oficiales amortizando vacantes. Las cifras habían vuelto a crecer con las campañas marroquíes y consumían buena parte del presupuesto militar. El ministro de la Guerra de entonces, Agustín Luque, anunció la eliminación del 50 % de las vacantes de 1916, unas 272, lo que suponía suprimir otras tantas posibilidades de promoción y destino. Para el ministro sobraban aún unos 4394 mandos entre las escalas activa y de reserva, y faltaban 678 oficiales subalternos. Los jefes y oficiales de Infantería estaban descontentos; desde 1898, el arma había reducido ya el 25,7 % de sus efectivos, pasando la escala activa de 7712 a 5727 oficiales, mientras Caballería los había mantenido y se habían incrementado los de Artillería, Ingenieros, Sanidad e Intendencia[234].

A esto se sumó el turno de elección, el sistema que facilitaba a los oficiales con influencia en el Ministerio de la Guerra y el Cuarto Militar del Rey obtener los mejores destinos «por conveniencias del servicio». Los ministros y el jefe del Cuarto Militar aprovechaban para cultivar a su clientela en los distintos escalafones del Ejército, actitudes que se distinguían poco de lo que sucedía en la Administración civil. Los oficiales acantonados en Madrid tenían más facilidad para hacer relaciones y, por ello, su situación era más ventajosa que la del resto.

Pero había más agravios. El Gobierno liberal había descartado revisar al alza los salarios de los funcionarios y la inflación consumía los menguados haberes de civiles y militares. Los oficiales padecían especialmente las estrecheces porque las convenciones de su «estatus social» les vedaban el pluriempleo. Además, el salario estaba directamente ligado al ascenso. La reducida soldada en los escalafones más bajos de la oficialidad suscitaba una presión constante por abandonarlos lo antes posible, pues no se percibían complementos por antigüedad. De ahí que el Ejército tuviera un déficit crónico de alféreces y tenientes, mientras sobraban oficiales de capitán hacia arriba. Sin embargo, en 1916 incluso el sueldo de un capitán había dejado de ser decoroso[235].

En esta situación de descontento, Luque decidió elevar el nivel de exigencia de la oficialidad para paliar los defectos observados en las campañas marroquíes. En enero de 1916 interpuso a los ascensos por antigüedad unas pruebas de aptitud que permitirían separar del servicio a quienes se mostraran físicamente inútiles. La medida se reglamentó de una manera defectuosa. Cada capitán general debía diseñar las pruebas en la región de su mando y la revisión se hizo con tal disparidad de criterios que, mientras en unas guarniciones fueron un puro trámite, en otras primó la exigencia. Esto aumentó la irritación, sobre todo entre los oficiales que vegetaban en la burocracia militar. En su manifiesto de 13 de junio de 1917, los junteros de Barcelona reconocieron que las pruebas fueron el detonante de su asociación:

El decreto de selección publicado en 1916, tal vez hijo de buenos propósitos, mas llevado a la práctica con notable torpeza, pues en su aplicación, en lo que a Infantería concierne, solo se vieron ridículas mogigangas [sic], incapaces de determinar ningún valor militar y sin otra finalidad que la de causar vejaciones o servir de arma a incalificables propósitos, colmó la medida de la paciencia, con tanto más motivo cuanto que los labios de la oficialidad sentíase quemados por la lógica pregunta de y a ellos ¿quién los selecciona?[236].

Los junteros se referían a los generales y, específicamente, al capitán general Alfau, que había secundado a Luque en su propósito de alentar vacantes que amortizar. Diseñó, para ello, unas maniobras que precisaban de aptitud física y habilidad en el mando de tropas. Alfau les dio su carácter público y permitió la asistencia de civiles, y muchos jefes y oficiales interpretaron este gesto como una humillación para los que no dieran la talla. Los artilleros se negaron a concurrir y su presión solidaria hizo que Alfau les librara de las pruebas[237]. No hizo falta más para que varios comandantes y capitanes de Infantería les imitaran y se organizaran en una junta para boicotearlas. Los promotores de la protesta, los capitanes Guillén Pedemonti y Álvarez Gilarrán, convencieron a sus compañeros de que ese esfuerzo organizativo debía servir para establecer la escala cerrada «coactiva» de los artilleros, tanto en destinos como en ascensos. Así, las pruebas de selección quedarían neutralizadas como mecanismo de promoción.

No obstante, si con el turno de elección proliferaban las recomendaciones, la antigüedad como criterio exclusivo creaba nuevos vicios, especialmente en los ascensos. «Aquel que ingrese más joven en la Academia —⁠reputaba el comandante republicano Eduardo Benzo⁠—, o conserve fuerte su estómago más tiempo, será el generalísimo del Ejército». Así, la antigüedad producía

… una verdadera selección al revés; el enemigo y las enfermedades adquiridas en campaña o por la fatiga del trabajo se encargarían de ir eliminando a los que se dejasen arrastrar por sus entusiasmos, por el deseo de adquirir experiencia profesional o por el afán de estudio y de la investigación, en beneficio de los que se contentaron con un mínimo esfuerzo.

Como colofón, la antigüedad impediría al Gobierno seleccionar al «personal que ha de regir el ejército»[238].

Sin embargo, primó acabar con el odiado turno de elección. En junio de 1916, los junteros habían sumado la adhesión de los coroneles y tenientes coroneles de Barcelona, aunque el hecho de que lo hicieran con un documento que comprometía al firmante a sostener la «unión sagrada del arma de Infantería» por encima de la disciplina, disuadió a una parte de los oficiales. Pero Guillén y Álvarez convencieron al coronel más antiguo de la guarnición barcelonesa, Benito Márquez, para que presidiera la junta de Infantería. Este militar de cincuenta y nueve años, fornido, calvo, de largos bigotes y cierta sordera, carecía de una trayectoria brillante en el Ejército, aunque había participado en las campañas de Cuba y Filipinas. Pero se mostró como un organizador entusiasta y supo cultivar una imagen de hombre íntegro, con buenas intenciones y una apasionada lealtad al nuevo sindicato de oficiales. Sin experiencia política, su posterior encumbramiento revelaría a un hombre vanidoso, indiscreto y ambicioso hasta la megalomanía. Se creería árbitro de los destinos de España, futuro presidente del Consejo de Ministros, e incluso se dejó llamar con complacencia «Benito I». A esto contribuyeron los cientos de cartas y telegramas que en 1917 le señalaron como «salvador», «redentor» o «esperanza» de la nación. Dentro de la junta, Márquez representó una tendencia de izquierda que pronto derivaría en un cripto-republicanismo que contrastaba con las inclinaciones mayoritarias de sus compañeros de aventura[239].

Es indudable que el Gobierno Romanones atizó el origen y el desarrollo de las juntas, pero, a posteriori, el expresidente se defendería aduciendo que las amortizaciones de vacantes y las pruebas de aptitud eran medidas desglosadas del proyecto de reorganización militar que había diseñado el anterior Gobierno conservador. Sin embargo, fue el liberal Luque el que dispuso, contra el criterio de su antecesor Echagüe[240], dejar al arbitrio de los capitanes generales esos exámenes, creando así grandes desigualdades. Peor era que el Gobierno liberal privara de coherencia y significación a la reforma militar supeditándola, en plena guerra, al ahorro de recursos. Romanones lo hizo, a su vez, presionado en las Cortes por las minorías republicana y de la Lliga, que insistían, en medio de las operaciones contra al-Raisuli, en obstruir cualquier incremento del gasto militar.

Una reforma frustrada

En este sentido hubo una clara discontinuidad con el Gobierno Dato que le precedió. Los conservadores habían aumentado el presupuesto del Ejército un 33,6 %, esto es, unos 69 millones de pesetas de los que 64 millones se destinaron a las unidades que operaban en África. También incrementaron hasta 140 761 soldados la fuerza militar permanente en 1915, la más alta desde 1898. Para mejorar el armamento, a finales de 1914 Dato logró que los liberales votaran unos créditos ampliables dentro del presupuesto de Guerra y se esperaba que la reforma Echagüe aumentara el rendimiento de los recursos que ya se destinaban al Ejército. De hecho, los ahorros por las amortizaciones de las vacantes irían íntegros a elevar los salarios de los oficiales. El plan de los conservadores era de inversión y rearme, el equivalente en tierra al que ejecutaba desde Marina el vicealmirante Miranda[241].

De hecho, la reorganización de Echagüe era «una de las más profundas y meditadas que han existido»[242]. Recuperaba el Estado Mayor Central como organismo estrictamente técnico para que ejecutara y diera continuidad a los planes de operaciones, táctica, maniobras, movilización y comunicaciones, de modo que no los modificaran los cambios de Gobierno. La remozada unidad de doctrina estaría asegurada por un nuevo Consejo Superior del Ejército, que proporcionaría las líneas generales de los planes que debía desarrollar el Estado Mayor Central y donde estarían presentes los ministros y exministros de la Guerra. Al mismo tiempo que se desplegaban inspecciones de instrucción y servicios, se ahorraban recursos al dividir al Ejército en unidades más grandes, desburocratizadas, con menos mandos y con sus propios efectivos de intendencia y sanidad, lo que permitía disolver las organizaciones centrales de ambos organismos. Se reducirían generales, jefes y oficiales rebajando su edad para el pase a la reserva y a la «segunda situación», veteranos que se encargarían de hacer el trabajo de oficina. La reorientación del gasto se explicitaba en el cuerpo de Ingenieros: se incrementarían las unidades de zapadores, pontoneros y comunicaciones, a las que la guerra había dado relevancia, y se reduciría al mínimo los efectivos para edificaciones.

La instrucción militar tendría lugar en batallones específicos. Se creaban nuevas unidades de ciclistas y ametralladoras, y se renovaría y dotaría de elementos móviles a la Artillería. Como esto debía hacerse con urgencia, para evitar que España se quedara atrás con la guerra mundial, el Gobierno Dato había intensificado la compra a crédito de municiones y piezas de Estados Unidos, mientras reforzaba el artillado de las costas. La Gran Guerra aceleraba un fenómeno angustioso: las armas quedaban anticuadas con mayor rapidez y adquirir otras nuevas lastraba cada vez más el reducido presupuesto nacional. Por ello, la reforma Echagüe preveía que fueran fábricas españolas, públicas y privadas, las que las suministraran con prioridad. El Gobierno les concedió subvenciones y créditos para que modernizaran la cadena de producción y aseguraran la autosuficiencia española, al menos en los aprovisionamientos básicos del Ejército. La reforma incluía, por último, una ley de estadística militar y requisición, que establecía pautas para transformar en poco tiempo una economía de paz en otra de guerra. Una ley de recompensas disminuía el favoritismo al centralizar la decisión final en el Consejo Superior de Guerra y Marina, y ahorraba recursos al prohibir que se percibiera más de una retribución a los que ganaran más de una medalla pensionada[243].

En definitiva, la reforma Echagüe había tratado de poner al Ejército a punto, señalándole un horizonte bélico derivado de una potencial agresión externa en aquella convulsa Europa. Como captó agudamente Ortega y Gasset, «sin guerra posible no hay manera de moralizar un ejército, de sustentar en él la disciplina y tener alguna garantía de su eficacia»[244]. El descontento con los salarios, el deficiente armamento y las recompensas mostraron que la prioridad otorgada por los conservadores a la reforma militar en las Cortes de 1915, con decidido apoyo del rey, distaba de ser caprichosa. Por supuesto, generó sus disconformes, pero se trataban de las individualidades que aparecían con cada reforma, no de movimientos colectivos de protesta como las juntas.

Si la reforma se frustró fue porque Romanones se negó, en diciembre de 1915, a que se aprobara antes del presupuesto que necesitaba para acceder al poder. Como la postergación de la reforma suponía la dimisión de Echagüe, Dato propuso a Romanones aprobar al menos la rebaja de edad de retiro de generales, jefes y oficiales, y del Estado Mayor Central, al que se sometería el resto de las disposiciones. La transacción no tuvo éxito y Dato se negó a darlas de lado. Perdido el apoyo de los liberales, se quedó en minoría en las Cortes y dimitió.

Así, lo que dio pie al estallido juntero fue la política de Romanones de postergar la reforma militar y de anteponer la austeridad a la reorganización y la exigencia, al estímulo. Cierto es que el liberal Luque repuso el Estado Mayor Central y dio el visto bueno a la reforma con pocos retoques. El ministro la llevó como proyecto de ley al Senado el 27 de septiembre de 1916. Como proponía ampliar el Ejército a 184 000 soldados, chocó con las previsiones de gasto de Santiago Alba, que no otorgaba fondos más que para 129 000. La inversión para modernizar el armamento quedó aguada al trasladarse al presupuesto extraordinario, que pausaba las inversiones diez años y, peor aún, se condicionaba su aprobación a la de las partidas de otros ministerios. La contradicción entre el plan y los recursos habilitados no pasó desapercibida a los senadores. El propio Luque no se privó de exteriorizar en la Cámara su «gran desaliento y pesimismo» porque, sin sostén económico, la reforma militar carecía de virtualidad. Aun así, el Senado votó a favor de la reorganización del Ejército, pero, al no aprobarse los presupuestos, quedó paralizada[245].

Un incendio desbocado

Formada la junta de Barcelona, la política del Gobierno Romanones no fue más afortunada. Al calor de la protesta por las pruebas y los destinos, Márquez y su entonces secretario, Álvarez Gilarrán, extendieron la organización juntera a todas las guarniciones de Cataluña. Desde esa plataforma, oficiales bien dispuestos las constituyeron en las cabeceras de las otras regiones militares y de sus guarniciones importantes. Para ello pedían licencia por asuntos familiares o solicitaban nuevo destino. La junta de Barcelona aprobó, en septiembre de 1916, un reglamento y un nuevo texto de lealtad y adhesión a la organización, que sustituyó al de junio. Los adheridos se comprometían explícitamente a desacatar cualquier restricción a la actividad de la junta por las autoridades, a amparar «por todos los medios posibles» a los jefes y oficiales que se implicaran en el movimiento y a «garantizar a los damnificados el sueldo de su empleo activo hasta coronel inclusive». Incluso se estableció un sistema de denuncias a la junta de Barcelona, que juzgaría a quienes faltaran a ese compromiso.

La organización barcelonesa llegó a más y prohibió en adelante cumplimentar orden alguna que pudiera afectar al arma. Los jefes y oficiales comprometidos buscaban «emanciparse de las autoridades naturales: el Ministerio de la Guerra», y que Infantería no acatara otras indicaciones «que las de las Juntas», lo que desbordaba con mucho los propósitos de los viejos organismos de Artillería o Ingenieros. «A la autoridad del Gobierno se intentaba imponer —⁠confesaba Márquez⁠— la de las Juntas y ya en ese extremo se procedió a organizar el Ejército, objeto único para que se las creara». En la Ciudad Condal comenzó a trabajarse secretamente en distintas ponencias para diseñar una reforma militar conforme a las demandas de los oficiales[246].

Los junteros habían comenzado reuniéndose en los paseos públicos, para luego hacerlo de espaldas a las autoridades en diversos cafés de Barcelona, donde se mezclaban irregularmente «representantes» de las diversas unidades[247]. En enero de 1917, la junta de esa ciudad tenía ya sus propias oficinas, donde se recibían diariamente dos centenares de cartas de adhesión a la idea, auspiciada por Márquez, de que la organización barcelonesa se erigiera en la junta central de Infantería y liderase, compactas en una disciplina, a todas las de España. Al terminar el mes, las juntas sumaban ya 4215 socios, esto es, la gran mayoría de los oficiales de la escala activa. Su rápido crecimiento provocó el recelo entre los oficiales ascendidos por méritos de guerra, que temían que la adhesión al nuevo organismo les obligara a permutar su recompensa por una condecoración.

El capitán general Alfau comprobó que la junta de Barcelona se había ganado a casi todos los jefes y oficiales de la guarnición, de manera que, cuando Márquez le pidió que intercediera ante el Ministerio de la Guerra para que se la reconociera del mismo modo que a las de otros cuerpos, Alfau decidió subirse al carro y asumir el papel de valedor. No veía peligro alguno. Interpretó el éxito organizativo juntero porque Infantería era el arma más desfavorecida del Ejército, y eso que no estaba tan sujeta a la burocratización y al rutinismo de artilleros e ingenieros. Como existían juntas en otros cuerpos, no cabía oponerse a las de Infantería. Alfau no solo se comprometió a interceder ante Luque, sino también a revisar el reglamento juntero para hacerlo más aceptable[248].

El Gobierno pierde el control

El requerimiento de Márquez a Alfau se produjo ante la alarma que la organización juntera comenzaba a suscitar en Madrid. El más preocupado era el rey, que, mejor enterado que el Gobierno, informó en el verano de 1916 a Romanones de la protesta de los oficiales. A su vez, este se lo comunicó a un «sorprendido» general Luque, que rechazó con vehemencia el «engendro» juntero. Sin embargo, hasta noviembre de ese año, y por insistencia de Romanones, el ministro no actuó en firme. Para entonces, las juntas ya estaban organizadas en todas las regiones militares excepto Madrid. A esa guarnición también llegaron, en octubre de 1916, las circulares junteras con el reglamento y el acta de adhesión. Pero el capitán general Marina logró que todos los coroneles las recusaran[249].

En un principio, Luque barajó permitir las juntas de Infantería si se inspiraban en el modelo artillero y se convertían en tribunales de honor que depuraran el comportamiento inmoral de los oficiales. Pero dos noticias le disuadieron. La primera era el objetivo juntero de imitar a sus congéneres y organizarse como una única agrupación nacional, designando a la de Barcelona como instancia suprema. A diferencia de los cuerpos facultativos, más reducidos, el arma de Infantería pesaba decisivamente en el Ejército, y si se organizaba de forma autónoma, dejaría al Gobierno sin elemento con el que imponer la disciplina. Una junta nacional convertiría al arma en un poder independiente, obediente a un mando propio que pulverizaría la autoridad del Ejecutivo y de los generales, que habían sido explícitamente excluidos de la organización, ya que en ella solo podían militar de coroneles para abajo, hasta los segundos tenientes.

Más le alarmó a Luque la segunda noticia: sus confidentes ya habían interceptado el reglamento de las juntas, con lo que pudo apercibirse de que la organización poco tenía que ver con las tradicionales. La de Infantería se organizaba, merced a su mayor número de efectivos, en tres estratos. Había juntas locales en cada guarnición, elegidas por los oficiales adheridos, que serían células para proponer, debatir y reivindicar las demandas, y también para reclutar nuevos socios y presionar a los indiferentes. Cada región militar tenía su junta regional, que estaría formada por un coronel, un teniente coronel, un comandante, dos capitanes y dos tenientes. Por último, habría una junta superior del arma, que sería una de las juntas regionales y que representaría a toda la organización ante el ministerio de la Guerra y las juntas de otros cuerpos y armas. La superior no solo era una correa de transmisión, pues también se le permitía tomar por sí, «en casos excepcionales y de reconocida urgencia», un acuerdo «que afecte al arma y pueda tener trascendencia para la sociedad».

Esas decisiones se tomaban mediante procedimientos secretos. El voto se realizaba sin ponderar la graduación, lo que en la práctica concedía un peso desproporcionado a capitanes y tenientes sobre sus superiores, que se reflejaba en la misma composición de las juntas. En la discusión y votación de las proposiciones, cada escalafón actuaba por separado, aunque solo a nivel local y regional. Las decisiones se adoptaban si alcanzaban los dos tercios de los votos, pero solo de los asistentes y sin contar en el cómputo las abstenciones. Pese al escaso quórum, esos acuerdos se consideraban, a partir de entonces, expresión unánime de toda el arma. Desacatarlos, tomar decisiones al margen de la junta o revelar sus discusiones y acuerdos sin permiso, se sancionaba con penas del Código de Justicia Militar.

La analogía de las juntas con el sindicalismo, a modo de «sindicato único del gremio de la espada», como agudamente las denominaría el senador liberal Gabriel Martínez de Aragón, se reforzaba con la cotización obligatoria de 25 céntimos mensuales para el sostenimiento de la junta y el carácter irrenunciable de la adhesión. La obediencia se aseguraba por la fuerza, pues todo el que trabajara activamente contra la organización sería sometido a un tribunal de honor y expulsado del Ejército. Ni siquiera la afiliación era libre. Los artículos 4, 8, 9 y 10 del reglamento obligaban a los junteros a hacer el vacío al que no se adhiriera, a guardar toda reserva ante los recién destinados a una guarnición que no se presentaran con el acta de adhesión firmada, e incluso a forzar el abandono del Ejército de todo el que se resistiera a unirse.

En síntesis, ese reglamento establecía en Infantería una disciplina subrepticia y contraria a la debida, con juramentos que imponían una obediencia ciega que recordaba a la de las sociedades secretas del XIX. El reglamento y «los asuntos que van siendo sometidos a las Juntas locales», insistía Luque, dejaban claro que la junta de Infantería iba «en contra de lo legislado» y destruiría la jerarquía militar en beneficio de «mezquinos intereses personales». Igualmente, antes de ser relevado de su mando en el Campo de Gibraltar en marzo de 1917, el general Primo de Rivera desaconsejó a sus oficiales constituir la junta local, porque le parecía «improcedente, ilegal, extemporáneo y disociador todo propósito» todo aquello que no fuera «crear Juntas que no tuvieran por objeto la vigilancia y depuración del comportamiento personal de cada uno», esto es, parecidas a las de Artillería. El 1 de junio reveló que había aconsejado a Luque que

… se atajara su marcha en los comienzos: porque del sistema misterioso y semianónimo que caracterizaba sus primeros pasos no esperaba nada bueno, ya que tal proceder algo tenebroso, podía ser mala enseñanza para clases modestas del Ejército, que podían imitar esta clase de organizaciones secretas que por velar el conocimiento del verdadero espíritu y de honradas aspiraciones de unas clases respecto a otras, darían vida a la desunión y a la desconfianza[250].

El 13 de noviembre de 1916, Luque ordenó a los capitanes generales que le informaran de los trabajos de las juntas en sus respectivas regiones militares. Y «para evitar resoluciones que pudiera verme obligado a tomar», pedía que informaran a los oficiales superiores de lo contraproducente de la labor juntera. Para defender los intereses del arma se bastaban los generales y los ministros de la Guerra, «quienes nunca se han negado a oír cuantas observaciones y advertencias han querido hacerles y hasta han procurado conocer la opinión de las Armas y cuerpos, siempre que han tenido que ocuparse de algún asunto que pudiera afectarles». Pero la capitanía general de Barcelona, precisamente el centro del movimiento, demoró la contestación. Ante un segundo requerimiento de Luque, el 8 de enero de 1917, Alfau aseguró que estaba en contacto con los junteros y que su organización no iría en desdoro de la disciplina. Elogió a Márquez, que, en demostración de acatamiento, le había sometido el reglamento, al que Alfau había hecho observaciones para que los junteros lo depuraran de todo lo inquietante y que perdiera «el carácter de sociedad secreta». El coronel estaba «bien conceptuado» y le parecía el hombre adecuado para encauzar el movimiento dentro de la legalidad. Pero Alfau no lo contaba todo. Después de tolerarlas, temía que se le ordenara disolverlas en su jurisdicción, donde habían alcanzado más apoyos.

Luque ordenó a Alfau presentarse en Madrid con todos los antecedentes sobre las juntas. El capitán general mantuvo sendas entrevistas con el ministro y con el rey, en las que expuso que los junteros se organizaban principalmente para pedir mejoras económicas, ascensos únicamente por antigüedad que incluyeran el generalato, y destinos por antigüedad de petición. Alfau planteó la posibilidad de reconocerlas siempre que ajustaran sus fines y su reglamento a las juntas tradicionales. Pero sus argumentos no convencieron. Alfau volvió con la orden, que Luque transmitió a todos los capitanes generales, de que disolvieran las juntas. Alfau se la comunicó a la de Barcelona y el 1 de febrero todas las autoridades militares daban cuenta de haberla cumplido. En realidad, Márquez y los suyos continuaron trabajando en la clandestinidad y sin excesivas molestias.

Alfau volvió a Madrid en febrero para convencer al rey y a Luque del agravio que suponía tratar a los oficiales de Infantería de modo distinto a los de otras armas y cuerpos. El capitán general de Barcelona hizo dudar a Alfonso XIII, que se abrió a tolerar una organización como la de los artilleros. Alfau comunicó las nuevas a los junteros, y estos remitieron al capitán general las bases de una nueva «unión de la Infantería», que a este le parecieron aceptables. El 26 de febrero Alfau se las envió a Luque: los junteros se comprometían a aceptar los cambios que propusiera y el ministro podría nombrar al presidente nacional de la organización.

Pero había un grave problema. Alfau no había conseguido que se incluyera a los generales, y el 7 de marzo el ministro se negó a autorizar las nuevas juntas: no las quería en el «arma de las multitudes», la columna vertebral del Ejército. Además, tenía noticias de que las de Infantería mantenían su actividad y de que habían contactado con la de Artillería e Ingenieros para pedirles apoyo, lo que Luque interpretaba como «una tentativa de federación». Alfau insistió en que la nueva Unión contaba con el visto bueno del rey y que incluso Caballería tenía ya la suya desde enero, con un coronel de Húsares y los oficiales de la Escolta Real como primeros firmantes. Pero, el 17 de marzo, Luque contestó que había convencido al monarca de que no se tolerara ninguna. El ministro se aseguraría personalmente de que no volviera a hablarse de «bases para constitución de juntas», pues en adelante se considerarían «facciosas»[251].

Alfonso XIII y Luque habían decidido evitar todo sentimiento de humillación a Infantería optando por disolver las juntas de Artillería, Ingenieros, Caballería y Estado Mayor que, organizada en noviembre de 1916, había logrado ya la adhesión de dos tercios de sus oficiales. Para apaciguar, Luque anunció además que reduciría las amortizaciones de plazas de oficial del 50 al 25 %. El 3 de abril de 1917 escribió a Alfau para comunicarle que todas las juntas habían quedado disueltas, con lo que ya no había pretextos que incomodasen a la oficialidad de Barcelona. Y si «por razones que no se me alcanzan —⁠le espetó⁠— todavía no se hubiese llegado a la completa disolución de la Junta [de Infantería], le encarezco lo haga inmediatamente». Alfau le contestó que había quedado definitivamente disuelta el 14 de marzo, que la «cuestión está completamente terminada» y que «vigilaría para que no volviera a suscitarse». El capitán general no decía la verdad, pero tampoco lo hacía Luque. Cuando el presidente de la junta de Artillería, el coronel Galarza, notificó a los suyos la disolución, la mayoría de las juntas locales, lideradas por la de Barcelona, se negaron rotundamente y se pusieron en contacto con las de Infantería para defenderse. Con menor energía, hubo también resistencias en Ingenieros y en Estado Mayor.

En la segunda semana de abril, Alfau perdió el control de la guarnición de Barcelona. Los insistentes rumores de una posible entrada de España en la guerra tuvieron un efecto electrizante. La organización juntera se reactivó por completo y los jefes y oficiales se colocaron en una postura de abierta resistencia al Gobierno y al capitán general.

A esto no era ajena «la intensa, extensa y continua propaganda que los agentes alemanes han venido haciendo en el Ejército español, singularmente entre la oficialidad», que, como apuntaba un simpatizante de las juntas como el socialista Araquistáin, era «un secreto a voces en todos los círculos militares». Aunque el juntismo no era una simple operación alemana para inutilizar al Ejército español ante una posible declaración de guerra, «no todas sus raíces» estaban «limpias de esa sospecha». El coronel y varios oficiales del batallón de Cazadores Alba de Tormes celebraron una asamblea en la que reivindicaron subidas salariales para ellos y para los soldados, y mostraron su rechazo a entrar en el conflicto. Cuando Alfau les advirtió de que les destituiría si continuaban las reuniones, recibió como respuesta que los oficiales no lo permitirían. Un regimiento de húsares de Madrid llegó a Barcelona para reforzar la autoridad del capitán general, pero los sediciosos recibieron la solidaridad de los oficiales de Palma de Mallorca: el teniente coronel Jaime Vidal, ayudante del general Cascajares, era el alma de la protesta. Los oficiales acordaron en nuevas reuniones desobedecer cualquier tentativa de llevarlos a la guerra. El amotinamiento larvado de una región militar y el descontento del resto fueron la herencia que García Prieto recibió de Romanones[252].

«Medidas enérgicas»

Cuando tomó posesión el nuevo ministro de la Guerra, Aguilera, la organización juntera funcionaba a toda máquina. La de Barcelona emitía circulares al resto y recababa las adhesiones de los jefes y oficiales renuentes. Quizá las 5000 que se dan para estas fechas estén hinchadas, pero que las señalen distintas fuentes ofrece una idea de la extensión del movimiento. Las juntas se organizaban «con una conciencia, una disciplina y una previsión que, de haberse aplicado a los fines propios del Ejército —⁠ironizaba Salvador de Madariaga⁠—, habrían influido del modo más saludable sobre su eficacia y rendimiento». El cambio de Gobierno no ejerció un efecto balsámico, porque continuaba muy vivo el debate entre aliadófilos y germanófilos, y los oficiales temían aún un cambio en la política de neutralidad. Si el mitin neutralista de Maura convirtió al político conservador en ídolo de los junteros, los oficiales de Madrid protestaron por la permisividad del Gobierno con el mitin intervencionista de los republicanos, que veían como el preludio de nuevas presiones de la Entente sobre España. La protesta militar se extendió a Barcelona cuando en mayo se celebró el acto de afirmación nacionalista que reunió a la Lliga y al PNV[253].

En este contexto, Aguilera fue informado por el jefe de la sección de Infantería, el general Figueras, que tres jefes del ministerio se habían adherido a las juntas: el teniente coronel Urbano y los comandantes Pinilla y Abril. El ministro las rechazaba más rotundamente que su antecesor, porque con ese reglamento tendría «una extensión mayor de la que corresponde a un organismo de esa clase, interviniendo… no solo en los planes de reorganización del Ejército, sino en la gobernación directa del Estado». Tras informar al rey y obtener su apoyo, Aguilera ordenó dejar sin destino a los tres jefes implicados, que pidieron amparo a Barcelona, donde su junta ya había sido proclamada «Superior de Infantería».

Cuando el ministro supo que esta Junta Superior había convocado para el 15 de mayo una asamblea de representantes de toda España en Barcelona, ordenó el día 9 a los capitanes generales que prohibieran las reuniones de las regionales e impidieran a los delegados salir de sus guarniciones. También advirtió al capitán general de Barcelona de que debía tomar «medidas enérgicas» contra ese órgano sedicioso. Alfau le respondió que había reunido a los jefes del cuerpo, y estos le juraron que no habían remitido ninguna circular, aunque el capitán general advertía a Aguilera de que, «disueltas oficialmente, existen Juntas de todas las armas»[254].

Como en el Ministerio de la Guerra se interceptaron nuevas circulares y adhesiones, Aguilera telegrafió el 24 de mayo a Alfau para alentarle a tomar una acción más resolutiva. Si los junteros volvían a desobedecer el requerimiento de disolución, debía imponerles un arresto. Alfau le contestó que Márquez había enviado las circulares antes de que le llegara su orden verbal de paralizar los trabajos, que desde entonces la Junta Superior había suspendido su actividad, y que él había ordenado al coronel confirmar por escrito esa suspensión.

Temiendo lo que se le venía encima, Alfau volvió a pedir a Márquez reservadamente que integrara a los generales en su organización. De esa forma, el capitán general podría gestionar de Aguilera que la tolerase. Márquez no accedió, y el 25 de mayo Alfau consultó con el ministro las medidas enérgicas que podría llevar a cabo, aunque aconsejándole no ponerlas en práctica. Así, podría

… dirigir un oficio a cada uno de los jefes del cuerpo y centros de todas las armas, ordenándoles que, en el término de cuarenta y ocho horas, me den cuenta de que todos los jefes y oficiales a ellos inmediatamente subordinados, y que en la actualidad pertenecen a alguna de las Juntas, se han dado de baja en ellas formal y verdaderamente. Una vez comunicados los citados oficios, me creería obligado a proceder severamente contra los coroneles, jefes y oficiales que no cumpliesen exactamente mis órdenes sobre este asunto, imponiendo arrestos, ordenando formación de causas y llegando, si era preciso, a los procedimientos más extremos. Estas medidas trascenderían, indudablemente, al exterior, y los varios elementos que hoy parecen interesados en fomentar nuestras divisiones y discordias podrían sacar partido de ellas para soliviantar a la opinión y hasta para producir disturbios[255].

Como el método causaría «inconvenientes graves de carácter político y aun internacional», el capitán general aconsejaba nuevas gestiones cerca de los jefes de las juntas para que procuraran su disolución, sin medidas disciplinarias ni traslados. Pero una nueva entrevista de Alfau cerca de Márquez, la tarde del 25, no dio resultado. Por ello, decidió conminar públicamente a la Junta Superior de Infantería para que firmara un acta donde se comprometía a disolverse. Acto seguido, debía comunicarlo a las juntas del resto de España para que, en los dos días siguientes, procedieran a hacer lo mismo.

Para ello, el 26 de mayo Alfau reunió en su despacho a todos los generales, coroneles y tenientes coroneles del arma. Allí ordenó a Márquez que firmara la disolución. El coronel le contestó que él solo no podía tomar esa decisión, pues correspondía a toda la Junta Superior. Le pidió a Alfau poder convocarla para que todos signaran el acta, y este accedió.

La reunión tuvo lugar en casa de Márquez, en presencia de los generales Riera y Romero Biencinto. Componían entonces la junta, además del coronel Márquez, el teniente coronel Martínez-Raposo, el comandante Espino Pedrós, los capitanes García Rodríguez y Pérez Palá, y los primeros tenientes González Unzalu y Flores Cohnheim. Cuando Riera ordenó que firmaran, el capitán Pérez Palá se negó y su gesto fue seguido por todos. Alegaban que no podían disolver la junta sin violar el reglamento. Solo una asamblea de representantes, previo debate de las juntas locales, podría tomar esa determinación[256].

Quedaba clara, por tanto, la incompatibilidad del reglamento con la disciplina, y Alfau llamó a su presencia a la Junta Superior. En esa reunión, el auditor les leyó las penas del Código de Justicia Militar en las que incurrirían si no cumplían la orden. Como los junteros se negaron, quedaron arrestados en el cuartel de Atarazanas, por donde pasó de paisano casi toda la oficialidad de la guarnición para solidarizarse. Un juez militar, el general Salavera, instruyó las correspondientes diligencias. A los detenidos se les atribuyeron delitos de desobediencia colectiva y sedición, pero los junteros declararon que hicieron sus trabajos con conocimiento y permiso del capitán general. Alfau ordenó trasladar a los detenidos a la cárcel de Montjuich la madrugada del 28, y comunicó al ministro que les iba a procesar. Aguilera le ordenó no hacerlo y que mantuviera el arresto gubernativo, ya que planeaba repartir a los complicados por otras guarniciones. El capitán general acató la orden, pero declinó toda responsabilidad. Aguilera le exigió que se presentara en Madrid, donde Alfau puso en antecedentes a García Prieto, defendiendo su gestión y a los junteros. Como negó la eficacia de los cambios de destino que planteaba el ministro de la Guerra, fue relevado del cargo[257].

Pronto Aguilera se vio sorprendido por la cohesión de los junteros. A los detenidos en Montjuich les sucedió otra junta suplente, liderada por el coronel Hechevarría Limonta, que coordinó un movimiento de solidaridad que se extendió por toda España del 28 al 30 de mayo de 1917. Los oficiales de las juntas de Badajoz, La Coruña, Lugo, Sevilla, Valladolid y Vitoria se presentaron ante sus superiores para ser encarcelados, en solidaridad con sus compañeros de Barcelona. En La Coruña, un coronel no juntero, que se disponía a sustituir en el mando de un regimiento a uno de los detenidos, no pudo tomar posesión por la rebeldía de los oficiales. El juez instructor renunció también a procesarlos, sin que el capitán general encontrara a nadie para sustituirle. En Lugo, hasta el jefe de la guarnición se solidarizó con las juntas.

Pero en Barcelona sucedían los acontecimientos más graves. Las comunicaciones telegráfica y telefónica se interrumpieron varias veces y algunos oficiales de la guarnición, indignados con las detenciones, se amotinaron. Los artilleros advirtieron de que liberarían por la fuerza a los arrestados si no lo hacían sus compañeros de Infantería. Conocida la destitución de Alfau, la junta de Zaragoza ofreció cortar las comunicaciones ferroviarias entre Madrid y Barcelona y apresar al nuevo capitán general[258].

Fue el 28 de mayo cuando Aguilera informó a sus asombrados compañeros de Gobierno de todo el revuelo, porque necesitaba su visto bueno para sustituir a Alfau. García Prieto se mostró de acuerdo con Aguilera: había que restablecer la disciplina militar. Para desactivar el juntismo, el presidente convalidó el decreto sobre destinos que el ministro había preparado para templar a los oficiales, y, tras hablar con Alfau y el rey, García Prieto encomendó el mando de la IV Región Militar al general Marina, dándole total discrecionalidad para apagar el incendio. Era el indicado por su habilidad para mantener a Madrid al margen del juntismo y salió hacia Barcelona la tarde del 29. Un alarmado Alfonso XIII encargó al diputado conservador y capitán de Caballería Mariano Foronda que consiguiera información directa y desempeñara en su nombre una misión conciliadora ante los junteros. El rey había apoyado a sus dos ministros de la Guerra, Luque y Aguilera, pero le preocupaba la respuesta hostil de tantos jefes y oficiales, que amenazaba su liderazgo militar. «Opuesto a las Juntas de Defensa», el monarca temía «enajenarse las simpatías del Ejército»[259].

El pronunciamiento del Primero de junio

El 30 de mayo ya estaba Marina en Barcelona. Solo acudió a recibirle a la estación el capitán general accidental, el general Fuente. En la reunión del día siguiente con los generales y jefes de la guarnición, Marina insistió en que las juntas estaban prohibidas y no podían funcionar, pero los junteros no le hicieron caso. No tuvo Foronda mejor fortuna. La tarde del 31 se reunió con los arrestados y les ofreció la libertad y el olvido de lo ocurrido a cambio de disolver su organización, pero estos se negaron. El emisario real tampoco logró procurarse apoyo entre sus amigos oficiales de los regimientos de Santiago y Montesa. Mientras tanto, Aguilera ordenó a los sustitutos de Márquez y Martínez-Raposo que fueran a Barcelona a tomar el mando de sus unidades, y también destituyó del suyo al coronel Hechevarría, presidente suplente de la junta.[260]

El golpe que desgarró la Restauración

El 1 de junio, a las nueve de la mañana, los jefes de cuerpo de la guarnición visitaron al general Marina en Capitanía, con Hechevarría al frente. Advirtieron, por su conducto, al Gobierno de que los oficiales del arma de todas las guarniciones de España se estaban adhiriendo a la llamada «Unión y Junta de Defensa de Infantería» y que tenían el apoyo de las juntas de Artillería y Caballería. Por orden de todas ellas, le hacían entrega de una exposición, redactada por el capitán Villar Moreno, que contenía un ultimátum para que pusiera en libertad a los detenidos.

En el texto se enumeraban las insatisfacciones de orden moral, profesional, técnico y económico que habían llevado a constituir la organización. En el mar de literatura florida destacaban por lo concreto la injerencia del favor en ascensos, recompensas y destinos, «que anula el mérito y desmoraliza al que para lograr un beneficio que se le debe tiene que mendigarlo del personaje influyente», y también las amortizaciones de plazas, agravio comparativo respecto de los funcionarios civiles. Hacían breve historia de las juntas no sin señalar, extrañamente, que no habían «obrado a espaldas de la disciplina» ni se habían «escondido para actuar los catorce meses que lleva de actividad», ni le fue «vedada su actuación». De ahí que se mostraban «dolorosamente sorprendidos» de ver a su directiva «arrestada y sumariada… resultando punible, al parecer, su amor a la patria». Exigían «respetuosamente» y «por última vez», no ya a Marina, sino, para mayor garantía, al rey y a su Gobierno, que en un plazo de doce horas reconocieran a la junta de Infantería, aprobaran su reglamento, liberaran y rehabilitaran a los junteros encarcelados o privados de destino y se comprometieran a no tomar nuevas represalias. A cambio prometían respetar a los poderes constituidos y retornar a la disciplina militar, que reconocían haber quebrantado, para no prolongar «esta equívoca situación». El plazo terminaba a las diez de la noche de ese 1 de junio.

El pulso al Gobierno no podía ser más explícito ni podía contar con más fuerza. La junta suplente de Barcelona transmitió a sus homólogas del resto de España que, si a las tres de la tarde del 2 de junio no recibían orden en contra, sus individuos ocuparan las capitanías generales y gobiernos militares de toda España y que cortaran el tren a Barcelona, si al Gobierno se le ocurría enviar tropas para combatirles. Si, ofrecido el mando a los dos generales más antiguos, lo rehusaran, lo ejercería el coronel más antiguo. Quien lo tomara debía jurar ante la junta regional del arma «fidelidad a la Patria, a la Junta de defensa del Ejército y a la Monarquía», orden que anteponía esa organización al jefe supremo de las Fuerzas Armadas. Muchos oficiales ni siquiera querían transigir con la Corona si tenían que emplear la fuerza[261].

Contra el consejo de sus generales, Marina intentó privar de apoyo a los rebeldes. Visitó los cuarteles de Jaime I, Barceloneta, San Agustín Viejo, Santa Madrona y Atarazanas, para revistar a la tropa y presentar a los regimientos sus nuevos mandos. Sin embargo, algunos grupos de oficiales le impidieron el acceso a varios cuarteles o, una vez dentro, le manifestaron que solo obedecerían las órdenes de sus coroneles, no del capitán general. En el regimiento de Vergara, un capitán se quejó a viva voz «de los generales de Infantería, que la abandonan cuando se meten a políticos». Cuando Marina intentó arrestarlo, los demás no obedecieron y el capitán general hubo de echarse atrás. Solo las unidades de Ingenieros, Guardia Civil y Carabineros (la policía de aduanas) se pusieron a las órdenes de Marina, pero sus mandos le comunicaron que no dispararían contra los rebeldes. El juez militar, Salavera, se dio de baja por enfermedad y no se encontró sustituto. Los nervios se encresparon cuando se supo que Lerroux, el jefe del partido republicano más importante, aseguró a varios oficiales que simpatizaban con su movimiento que apoyaría a las juntas. Ofreció 800 hombres armados para sacar a los detenidos de Montjuich, si orientaban su movimiento a proclamar la república.[262]

La revuelta se extendió a la mayoría de las guarniciones de España y, con ello, toda pretensión de firmeza quedó arruinada. En el mejor de los casos, provocaría la división del Ejército, sin que ello garantizara siquiera el apoyo de todos los generales, ya que algunos simpatizaban con las juntas. En el peor, conduciría a un golpe de coroneles y oficiales que acabaría con el régimen constitucional. Aquellos acontecimientos, de no ser paliados de alguna forma, podrían ser para la nación, como aseguraba el coronel Márquez con expresión despectiva, «el principio y el fin; el principio de una nueva España y el fin de la oligarquía y de la bacanal monárquica». Marina informó al Gobierno de la situación: los oficiales de Artillería y Caballería se hallaban virtualmente sublevados, y los primeros le habían instado a soltar a los junteros. Presentó su dimisión por no haber podido dominar la rebeldía, pero García Prieto no se la aceptó y le pidió consejo sobre cómo proceder. El capitán general abogó por poner en libertad a los detenidos y autorizar las juntas, pero guardando algunas formalidades para no aparentar que se cedía al ultimátum[263].

En el Consejo de Ministros de aquella tarde angustiosa, Aguilera se opuso a liberar a los junteros y defendió que se sometiera a los sediciosos por la fuerza. Tras una conferencia con Marina, que, para calmar los ánimos, había anunciado a varios oficiales que pondría en libertad a los detenidos, el resto de los ministros se mostró contrario al criterio de Aguilera. Carecían de medios y el fracaso podría acarrear el fin del régimen constitucional. Cuando el ministro de la Guerra pretendió dimitir, García Prieto le advirtió de que con él se iría todo el Gobierno, pero que la responsabilidad sería solo suya. Un mensaje del rey favorable al criterio de Marina sorteó la crisis. Para su emisario, Foronda, no quedaba sino fusilar a los junteros o soltarlos, y lo primero era materialmente imposible. Otro informante, Jesús Coloma, aconsejaba al rey transigir porque el golpe era serio y la exaltación de los oficiales se extendía a otras guarniciones. Además, el monarca debía acudir urgentemente a Barcelona. Alfonso XIII había perdido «muchas simpatías, porque le atribuyen intervención directa en los destinos y recompensas, sobre todo en los de África».

El conflicto juntero era por su organización y fuerza coactiva —⁠pronto lo sería también por la ambición de sus pretensiones⁠—, incomparable al de 1905, que condujo a la Ley de Jurisdicciones; o al que llevó en 1910 a la constitución de una efímera Comisión Militar como protesta por la desmedida y arbitraria concesión de recompensas por el Gobierno liberal de Moret tras la campaña de Melilla. Tampoco podía ser encauzado por el generalato, de manera que Alfonso XIII no necesitó presionar a García Prieto para que soltara a los junteros y evitara que republicanizasen su movimiento. El Gobierno lo vistió como pudo. En su nota oficiosa aseguraba que la situación se había normalizado en Barcelona y, como el arresto era gubernativo, pondría en libertad a los junteros[264].

Para resguardar su autoridad de la humillación de ceder a la conminación, Marina decidió retener a los junteros presos hasta después del plazo. Cuando este finalizó, recibió la visita de los miembros de la junta suplente. Hechevarría le comunicó que había circulado órdenes para liberar a los presos de Montjuich, pero Marina les advirtió de que solo los soltaría al día siguiente. Antes de ese plazo lo impediría, aunque tuviera que hacerlo solo. Finalmente, los arrestados accedieron a salir la mañana del 2 de junio. Su triunfo era indudable. «Él no nos pone en libertad —⁠comentó Márquez a Foronda sobre el rey⁠—. Nos ponemos nosotros. Puede dar gracias que le dejemos en Madrid». El Gobierno también suspendió la separación de destino de los tres jefes madrileños. El 3 de junio, los junteros acudieron a agradecer a Marina su liberación y a exigir que se hiciera lo mismo con los de toda España, «con promesa solemnísima de que no se ejecutarían represalias de ninguna clase contra ellos». El rey y el Gobierno debían ahora reconocer oficialmente la junta de Infantería y aprobar su reglamento. Ese mismo día, los capitanes generales ordenaron liberar a los junteros en sus respectivas demarcaciones[265].

Pero García Prieto, tras recabar el apoyo de Dato y Maura, reunió al Consejo de Ministros el 4 de junio con la intención de no asumir todas esas condiciones de inmediato. El Gobierno intentó retrasar el reconocimiento de las juntas. El ministro de la Gobernación, Burell, adujo que el Ejecutivo nada podía resolver porque no tenía «noticia oficial de esas Juntas»: carecían de registro o de antecedentes en el ministerio de la Guerra. Al tiempo, para reforzar la posición de su Gobierno, Alfonso XIII intentó aislar a los junteros de Barcelona enviando al general Weyler a las guarniciones de Pamplona y Zaragoza, que pidió a sus oficiales elevar sus peticiones directamente al rey, que aspiraba a un «Ejército organizado convenientemente y pertrechado a la moderna» y que estaba dispuesto a apoyarles «para conseguir las anheladas mejoras dentro de la ley y la disciplina». A Barcelona llegaron, además, los acorazados Pelayo y Carlos V para robustecer la autoridad del capitán general[266].

«La crisis más grave de mi vida política»

La Junta Superior de Infantería no estaba dispuesta a habilidades que retrasaran su triunfo. En público, Márquez reafirmó su lealtad a la monarquía e insistió en que la junta solo pretendía «mesura en las recompensas, justicia en los ascensos, respeto por la antigüedad, reorganización en los cuerpos de Sanidad y Administración, mejoras para el personal y material de tropa, y exclusión de las fuerzas del Ejército en los conflictos civiles» para evitar que entre este «y el pueblo puedan producirse choques peligrosos». Al tiempo mismo, exhortó a los junteros a no aceptar las órdenes que, sobre su organización, emanaran del Gobierno o de los generales. Y para ejercer mayor presión sobre el rey y García Prieto, aceleró el encuadramiento de la oficialidad en las juntas. El 5 de junio anunció que se había constituido una en Madrid y que varios coroneles de esta guarnición se habían solidarizado con los de Barcelona.

La exposición de la junta al capitán general Marina el 1 de junio circulaba por todas las guarniciones, al tiempo que se acumulaban las actas de adhesión firmadas por los jefes y los oficiales de toda España, entusiastas unos, coaccionados otros por el espíritu de cuerpo. Los que se resistían eran tachados de «malos compañeros» y se les trataba con «actitud rara y cierta frialdad» por no adherirse a un movimiento «en defensa del arma» y del «rey y la patria», como le refería a Alfonso XIII su primo, Francisco de Borbón, comandante del Regimiento Inmemorial, quien le suplicaba órdenes urgentes para adherirse o resistirse, en vista de que el Gobierno no les daba instrucciones[267].

El poder público capitula

En la guarnición de Barcelona, la situación se tensó de nuevo porque García Prieto demoraba el reconocimiento de la Junta Superior de Infantería. El 6 de junio, el coronel Moratinos, miembro de la extinta junta suplente, entregó a Marina un memorándum con sus reivindicaciones. En él, los junteros insistían en que se aprobara su reglamento, se exigía la supresión total de los ascensos por méritos de guerra y su sustitución por la escala cerrada, que también debía regir en todos los destinos, incluidos los técnicos, los del Ministerio de la Guerra y el Cuarto Militar del Rey, que conminaban a renovar por completo. Debían incrementarse los salarios y cesar las amortizaciones de puestos. El general Luque pasaría a la reserva y se destituiría al general Jordana, alto comisario en Marruecos, por su connivencia con la Casa Militar del Rey en la política de destinos. Por último, se revisarían varios ascensos al generalato. Como medida de presión, Moratinos señaló que incluso los oficiales del Ministerio de la Guerra estaban firmando la adhesión a la junta.

Marina también observó que la junta local de Artillería en Barcelona, contraria a disolverse en abril, patrocinaba la resurrección de su organización nacional, aunque ahora inspirándose en el reglamento de Infantería. Esta junta local creía deficiente la organización del cuerpo de Artillería: había que «vencer la resistencia que oponen los pesimistas y sobre todo los indiferentes», e ir más allá del «intercambio de opiniones». Por eso convocaba a una reunión de representantes de las distintas unidades con «plenos poderes para discutir y resolver todos los puntos que designe de antemano». Si a esa reunión acudía una mayoría del cuerpo, «se estudiarán los medios de imponer la voluntad a la minoría»[268].

Alarmado, Marina envió a Madrid a su ayudante, el comandante Martorell, para remitir al Gobierno el memorándum de la Junta de Infantería y trasladarle la gravedad de la situación. El 6 y el 7 de junio hubo dos largos Consejos de Ministros que se dedicaron a estudiar esas exigencias. Después de oír a todos los jefes de los partidos constitucionales, García Prieto solo pensaba conceder lo que ya estaba contemplado en la reforma militar, pero no los relevos, destituciones, pases a la reserva o revisiones de ascensos que los junteros demandaban. Respecto del reglamento, tan solo estaba dispuesto a aprobar el primer artículo: el que definía la existencia y los fines genéricos de la junta de Infantería, pero no los aspectos organizativos ni procedimentales. Ceder en esto último supondría darle «un carácter gremial y societario» que consagraría la destrucción de la disciplina militar.

A través del capitán general de Barcelona, García Prieto pidió a Márquez que los junteros aceptaran la aprobación inmediata de unas medidas y progresivamente de otras «en la forma que las desposeyese de carácter de capitulación». A cambio se comprometía a que fuera su Gobierno y no otro el que asumiera la responsabilidad de satisfacerlas, para que el que le sucediera no gobernara con merma de su dignidad. García Prieto aducía que los oficiales de otras guarniciones desconocían el reglamento y no querían adherirse sin examinarlo. Ofreció que la Junta Superior pudiera, a través de la sección de Infantería del ministerio, contactar con ellos para dárselo a conocer y oír sus peticiones y aspiraciones. La obsesión de García Prieto y del mismo rey, que presidió el Consejo de Ministros del día 8, era aceptar de facto a la junta, sin que ello conllevara consecuencias jurídicas. Así se lo hicieron ver a Marina en comunicación reservada[269].

Pero ese día 8, el capitán general telegrafió al gobierno: la Junta Superior daba un plazo de veinticuatro horas para aprobar íntegramente el reglamento, y advertía de que ya había recabado el apoyo completo de los artilleros. Marina aconsejaba hacerlo o, de lo contrario, solicitaría su relevo porque confesaba que no tenía medios para restaurar la disciplina. Esta situación sobrepasó al general Aguilera, que en la tarde del 9 de junio anunció su dimisión. Cumpliendo lo advertido a su ministro de la Guerra, García Prieto acordó declarar a su Gobierno en crisis para dejar franca la prerrogativa de la Corona, «no obstante tener fe en sus soluciones y su política». Para soslayar el ultimátum, filtró la versión de que el capitán general había aprobado «oficiosamente» el reglamento sin autorización del Gobierno y que el Ejecutivo deseaba llevarlo antes a las Cortes para que lo votasen[270].

La «revolución militar», como la llamó un «destacado» y anónimo oficial juntero —⁠probablemente el mismo Márquez⁠— ante un periodista de La Publicidad, triunfaba en toda línea. La victoria se producía, aclaró, contra una supuesta «camarilla del rey» que se había presentado «como comisión técnica, gozando del privilegio por favor y no por competencia», y que era responsable del «escandaloso asunto de las mercedes, de las recompensas, de los ascensos». La intrusión de esta camarilla «inspiraba todas las atribuciones de Gobiernos sin voluntad que viven al amparo de organismos falseados y nada sanos» y, por tanto, debilitaban al poder civil.

Por vez primera, un oficial juntero conectaba el pronunciamiento juntero con un objetivo no ya sindical, sino también político. Justificó la revuelta por «la descomposición y la podredumbre de los partidos políticos» y «todas las trampas y todas las ficciones de la comedia parlamentaria». Este oficial pensaba que se había perdido «un tiempo precioso en España, durante todo el siglo diez y nueve [sic], derrochando energías valiosas en luchas estériles para implantar el régimen parlamentario, para encontrarnos, al comenzar el siglo veinte, con una ficción de Parlamento, con un engaño». «Lo que hemos hecho ha sido patriótico», adujo. Y aunque negó que la política internacional tuviera que ver con el movimiento, el oficial anónimo reconocía que los militares no querían la guerra, porque la falta de medios les haría «ir forzosamente a un fracaso o a un ridículo», del que se responsabilizaría al Ejército[271].

La hora de los republicanos y los nacionalistas

Los junteros recabaron la simpatía de aquella parte de la opinión pública descontenta con el turno de los partidos. No era extraño: la imagen de los militares españoles como una casta apartada del resto de la población se compadecía poco con la realidad. El estatus profesional no los hacía vivir en una burbuja. Su presencia era constante en las calles, y no solo en labores de policía auxiliar. Los oficiales, los sargentos y la tropa frecuentaban los mismos cafés y tabernas que los paisanos, leían la prensa y discutían sobre lo que todo el mundo discutía.

Lo verdaderamente llamativo era que los sectores críticos con el «militarismo», opuestos a dotar económicamente al Ejército o que, como los catalanistas, lo consideraban el instrumento opresivo de una potencia extranjera, saludaran calurosamente el pronunciamiento juntero. «Escritores que toman la política como uno de tantos temas adecuados para hacer literatura —⁠enumeraba La Época⁠—. Agitadores obreros que en ciertas campañas [antimilitares] se destacaron siempre; políticos un poco despistados a la hora presente; facciosos de la extrema derecha, elementos… todos, en mayor o menor proporción… a [los] que corresponde no poca parte de la culpa en el abandono de la efectiva defensa nacional». Esto era inteligible, porque la acción juntera abría una oportunidad de acabar con el turno y hasta con la misma monarquía. Pensaban que esta había perdido el sostén de la milicia. Los tratos con Lerroux anticiparon la actitud favorable no solo de los republicanos, sino también de los reformistas de Melquíades Álvarez, de los tradicionalistas y de la Lliga, que ambicionaban encauzar el pronunciamiento con sus respectivos programas.

Los nacionalistas ya andaban encaminados hacia vías subversivas que, en gráfica expresión de Cambó, podían llevarles lo mismo «al poder, que… a un foso de Montjuich». Habían rechazado una última oferta de Alba en abril de 1917 de integrarse en un Gobierno de concentración, porque, cavilaba Cambó, «o bien fracasamos y la revolución nos pasará por encima y nosotros no podríamos dirigirla, o bien si triunfamos, adquiriríamos prestigio personal pero consolidaríamos el statu quo y aplazaríamos la solución del pleito nacionalista». El dirigente lligaire había mostrado su comprensión a los preparativos revolucionarios de la UGT y la CNT, y criticado con dureza al Gobierno Romanones. Blandiendo el ejemplo ruso, Cambó afirmó que las revoluciones «no las preparan los revolucionarios», sino que «estallan en los pueblos que pierden la esperanza en la enmienda de los que les gobiernan». El horizonte lo apreciaba «oscuro y cerrado, y si algunos destellos se divisan, no tienen claridades de luz: más bien parecen llamaradas de incendio»[272].

La Lliga no estaba tras los junteros pero, a partir del 1 de junio, les mostró su apoyo. La Veu encomiaba el comedimiento de Alfau hacia las juntas, y el 7 de junio los diputados y los senadores catalanistas exigieron a García Prieto la reunión de las cámaras para que, abierta al fin una coyuntura «de honda transformación… el país vea el medio de obtener normalmente satisfacción a sus ansias renovadoras». Para Cambó, la rebelión había ocurrido porque «cuando en un país los poderes constitucionales no cumplen espontáneamente con su deber y no sirven… el interés público, se improvisan poderes subversivos, que a veces encauzan reclamaciones legítimas». Había que «bendecir» la irrupción de las Juntas, porque podrían producir «una renovación… en la política española». Para ello debían desvincularse definitivamente de un «poder central» incapaz de organizar adecuadamente la milicia y abandonar la «aventura de Marruecos», un elemento de disolución para el Ejército «como antes lo fueron Cuba y Filipinas»[273].

Si los conservadores y los liberales hacían oídos sordos a la renovación, Cambó auguró que el pronunciamiento «quebrantará, aún más que lo estaba, el prestigio de la autoridad civil y de los poderes constitucionales». Los Gobiernos «no podrán olvidar nunca la situación de interinidad y de mediatización en que ejercen el mando» y, si lo olvidan, no lo harán «los países extranjeros, que… sabrán que ni la confianza del rey ni el voto del Parlamento llegan a investir al Gobierno español de una autoridad efectiva». En todo caso, anunció que la Lliga era compatible con una «República federal» que satisficiera la reivindicación nacionalista. Estaba, por tanto, dispuesta a jugar la carta antimonárquica y revolucionaria si esta traía la «libertad» de «Cataluña».

Del dicho al hecho, Cambó acudió a Sitges (Barcelona) para hablar con un enfermo Prat de la Riba. Quería obtener su apoyo para que la Lliga encarrilase «el golpe de los militares», que justificaba «la situación de España» hacia «una renovación de la política». Su aspiración era, como resumió el entonces lligaire Eduardo Aunós, «reunir en un haz compacto las fuerzas revolucionarias del país para servirse de ellas a manera de ariete y lanzarlas contra la carcomida fortaleza de los partidos turnantes que acaparaban el régimen». Así iniciaría sobre sus «escombros» una «transformación radical del Estado». Como resumió el mismo Cambó, «dadas las circunstancias del país, lo más conservador es ser revolucionario». Para superar la antipatía de los militares al catalanismo, el dirigente lligaire proponía sin más retraso «españolizar nuestro movimiento, ligándolo a una empresa general española que nosotros iniciaríamos y dirigiríamos». Así podrían constituirse «en el elemento esencial del nuevo régimen que se instaurara en el país,» y eso les permitiría sustituir la Mancomunidad por la «autonomía integral» de Cataluña. Prat se entusiasmó con la idea y autorizó a Cambó a ponerla en práctica. Pactaron que el presidente de la Mancomunidad redactara un manifiesto para publicitarla[274].

El PSOE también se movió rápido. Besteiro pensaba que con el movimiento juntero «la sazón había llegado para declarar en un momento, el más oportuno, la huelga general de plazo indefinido», y convenía acelerar los preparativos. Los socialistas se asociaron al elemento «burgués» que se encargaría de gestionar el cambio de régimen. El 5 de junio, Pablo Iglesias llegó a un acuerdo con Lerroux y Melquíades Álvarez para que la huelga revolucionaria en ciernes, que debía obligar a la abdicación del rey y proclamar la república, desembocara en la constitución de un Gobierno provisional. Lo presidiría el mismo Álvarez, subido ya al carro revolucionario con la ruptura juntera y que enlazaba a unos socialistas y lerrouxistas en malas relaciones.

La presencia de Largo Caballero en la reunión, representando a UGT, aseguraba la conexión entre sindicalistas y republicanos. Pero para ganar el apoyo de los militares, se forzaría al rey a suspender sus prerrogativas si deseaba la «transformación pacífica del régimen monárquico», y se iría a unas Cortes Constituyentes, «previas las garantías necesarias para que la voluntad nacional pudiera manifestarse y ser respetada en la elección». Dado que los coaligados se consideraban los representantes genuinos de esa «voluntad nacional» frente al «caciquismo» de las «oligarquías turnantes», esas «garantías» tenderían a asegurar la victoria electoral de republicanos y socialistas. Mayoritarios en las Cortes, se iría a la proclamación parlamentaria de la república: reformistas, republicanos y socialistas pactaban «no procurar solución alguna de significación monárquica». Álvarez trató de eliminar públicamente todo resquemor con los oficiales. Bendijo a las juntas como «principio de renovación nacional» que había roto la legalidad con «un fondo de razón y de justicia»[275].

Los intentos de enlazar con los junteros empezaron el mismo 5 de junio. Un despechado general Alfau, al que se tenía como patrono e intermediario del movimiento, se reunió con el diputado republicano Roberto Castrovido y el socialista Araquistáin, comisionado por el comité nacional del PSOE. El día 8 se vieron Alfau y Álvarez, y este conoció de primera mano el problema y se reafirmó en su propósito de ganar a los junteros. El reformismo, pese a la pátina de modernidad que suele atribuírsele, no se diferenciaba del viejo republicanismo en su aspiración de emplear al Ejército para forzar un cambio de régimen. En esos días, Álvarez apareció como referente de un sector de las juntas, al lado de Lerroux y Prat de la Riba. Álvarez volvió a reunirse los días 8 y el 9 con Lerroux e Iglesias, y acordaron oponerse a los sediciosos si intentaban establecer una dictadura militar. En caso contrario, debía atraérseles asumiendo todas sus reivindicaciones[276].

La súbita desconfianza de republicanos y socialistas hacia las juntas se explicaba en que la mayoría de los jefes y oficiales tenía por referente a Antonio Maura. Gran parte de la Junta Superior de Infantería, aunque no Márquez, quería verlo como cabeza de un Gobierno de unión nacional que liquidara el turno de partidos, y las primeras declaraciones de Maura abonaban más que desmentían los rumores. Lejos de condenar a las juntas, culpó de la situación a todos los gobiernos constitucionales «sordos y ciegos que ocupan, con la equivocada complacencia del rey, la última grada del trono».

Estas declaraciones pusieron en guardia al PSOE, que consideraba a Maura su bête noire desde la Semana Trágica de 1909. En un manifiesto, los socialistas reclamaban a las juntas que demostraran haberse organizado para «servir a la nación», y para ello «están obligadas a actuar contra el régimen». En caso contrario, «se impondrá al pueblo español la necesidad de crear Juntas de defensa nacional, constituidas por soldados». Los socialistas madrileños apelaron el 8 de junio «a todos sus afiliados, a los obreros y a todos los elementos republicanos» para que se dispusieran «a hacer sentir su fuerza en el desarrollo de los acontecimientos que se avecinan». Era inequívoca la referencia a la huelga revolucionaria, que la Dirección General de Seguridad temía inminente en las provincias del norte. Los socialistas pedían cerrar el paso a un Gobierno Maura, pero sin cuestionar el juntismo, cuya aparición imputaban al «régimen de arbitrariedad practicado por los Gobiernos de la Monarquía» y a un Ejecutivo, el de García Prieto, «vergonzoso e indigno» que abandonaba «los prestigios del poder civil»[277].

Su apelación a las clases de tropa no era casual. Desde los sucesos de Petrogrado, los socialistas y el ala izquierda del republicanismo, liderado por Marcelino Domingo, deseaban que las juntas se extendieran a sargentos y soldados. Con ellos se reforzaría el tono revolucionario de la huelga en ciernes y se multiplicarían las posibilidades de victoria. Tenían altas expectativas sobre los reclutas procedentes de Madrid, Barcelona, Oviedo o Vizcaya, donde el voto a republicanos y socialistas era relevante. Los socialistas y anarquistas comenzaron a hacer propaganda soterrada entre esas clases, pero quién alcanzó mayor resonancia fue Domingo, apasionado del movimiento juntero. Para el político republicano, los junteros habían transformado los «cuartos de banderas» en «logias» y los «patios de los cuarteles», en «focos de insurrección»: «los oficiales iban en grupo por las calles armados de sable y revólver» y «los soldados reuníanse en tabernas y cafés para lanzar proclamas jubilosas y rebeldes»[278]. Domingo lideraba un reciente Partido Republicano Catalán, que pretendía reflotar el agónico catalanismo de izquierdas con un matiz menos nacionalista y más federal y obrerista.

Su órgano, La Lucha, difundió el 6 de junio un llamamiento impreso y repartido profusamente en los cuarteles. «Soldados —⁠anunciaba Domingo⁠—, dentro de breves días, otras clases sociales van a formular públicamente otra demanda… más extensa, más humana que la de vuestros jefes y oficiales». Con esa acción pedirían «que abandone el más alto poder del Estado el hombre que no ha sabido ejercerlo» y «que caiga de una vez la dinastía que ha visito deshacer y arruinar en sus manos toda la gloria y toda la riqueza de este pobre país». Alfonso XIII ya no tenía «a su lado un estado de opinión que lo defienda» y debería acudir «a las bayonetas». «¿Qué hará el Ejército entonces?», se preguntaba. Difundió, falsamente, que Marina fue a Barcelona con «órdenes expresas» del rey para «volarles la cabeza a tiro limpio» a los junteros detenidos en Montjuich. A «estos jefes y oficiales de las Juntas de Defensa, que se han insubordinado contra el régimen actual, ¿qué harán cuando contra el régimen actual se levante en pie de guerra la mayoría de los españoles?». Si se quedaban «quietos en los cuarteles, negándose a salir, dejando la solución de esta lucha civil a la fuerza más fuerte», cumplirían entonces «no solo su deber de soldados de la patria, sino que harán honor a la viril actitud de estos días». Pero si cumplían el mandato del rey, «que no quiere el país», y salían a la calle al servicio «de los Gobiernos constituidos por los peores» y «las oligarquías», había llegado la hora de las clases de tropa: «Ya habéis visto que la disciplina se vulnera en los cuarteles cuando conviene a las peticiones de vuestros jefes». Rota la cadena de mando, Domingo excitaba a sargentos y soldados:

Pensad que por las peticiones que hacen, no vuestros jefes, sino vuestros hermanos, pronto se romperá la disciplina de la calle. Pensad que, en nombre de la justicia, se levantarán, no ya vuestros jefes, sino vuestros hermanos, vuestros padres, vuestras madres. ¿Dispararéis? ¿Haréis fuego? ¿Obedeceréis la orden de abrir la cabeza de los que vienen del campo y de las fábricas, y del taller; del mismo lugar del que vinisteis vosotros cuando fuisteis al cuartel; del mismo lugar a donde iréis vosotros cuando salgáis del cuartel para siempre? ¿Dispararéis contra los de abajo para sostener a los de arriba? ¿Dispararéis contra el que no come para proteger al que vive harto? Nadie, por alto que esté, puede exigiros, en nombre de una disciplina quebrantada, el sacrificio de vuestros entusiasmos y de vuestros deberes de ciudadanos. Un Régimen que solo cuenta con las armas para sostenerse no tiene derecho a contar con las armas de los que solo por deber forzado, y no por espíritu, están con él[279].

Romanones torpedea a García Prieto

En este contexto subversivo, con riesgo cierto de que se cuarteara la disciplina militar hasta un punto no conocido desde la República de 1873, Alfonso XIII debía resolver la crisis de Gobierno tras la dimisión de García Prieto. La noche del 9 llamó a los presidentes de las cámaras, Groizard y Villanueva, que abogaron por la continuación del presidente. Ese era el deseo del rey: que saliera Aguilera del Gobierno y asumiera García Prieto la cartera de Guerra. Llamado a Palacio la madrugada del 10 de junio, García Prieto aceptó, siempre que obtuviera el apoyo de las oposiciones monárquicas para convalidar el reglamento juntero. Por eso, Alfonso XIII citó sucesivamente a Dato, González-Besada y Sánchez de Toca, conservadores, además de a Romanones y a Maura. Todos prometieron apoyar al Gobierno salvo Romanones, que se encastilló en que solo cabía aprobar el artículo primero del reglamento. En indisimulada vendetta contra sus rivales dentro del Partido Liberal, acompañó su declaración de un latiguillo civilista, acusándoles indirectamente de ceder ante los militares. Al embajador francés le reveló que esa maniobra, que mandaba a los liberales a la oposición, le permitiría conservar la jefatura de su partido y le otorgaba opciones de recomponerlo y ser llamado a gobernar una vez que finalizara el turno conservador. García Prieto consideró definitivamente rota su mayoría parlamentaria y aconsejó al rey que llamara a gobernar a los conservadores[280].

El retorno de Dato iba a producirse en una coyuntura todavía más crítica que la que le tocó vivir entre 1913 y 1915. Exageraba Adolfo Posada, un célebre profesor de derecho político afín a Melquíades Álvarez, al razonar que las juntas habían provocado una ruptura constitucional. Los junteros eran responsables últimos de la caída de García Prieto, pero no rompieron aún el turno ni suplantaron a los dos grandes partidos en la gobernación del Estado. La crisis de Gobierno se había tramitado según las convenciones vigentes, sin que en su solución influyeran los oficiales alzados. Sin embargo, estos sí iban a condicionar sus decisiones, y permanecería latente la amenaza de expulsar a Dato del poder. Esa latencia era la que abría la coyuntura revolucionaria que buscaban los impugnadores de la monarquía constitucional, dispuestos a todo para obtener el apoyo del movimiento del Primero de Junio. Hasta entonces, la intervención juntera iba a tomar forma de chantaje directo al poder público y sujetaría al nuevo gobierno a la tutela de una facción organizada del Ejército[281].

Por tanto, lo que la irrupción juntera sí interrumpía era el normal funcionamiento del régimen constitucional, además de trastornar la disciplina militar, el instrumento que debía sostener en última instancia al poder público. Tras el Primero de Junio, las juntas trascendían ya de mero grupo de presión sindicalista. Para observadores tan distintos como Joaquín Sánchez de Toca o Salvador de Madariaga aquello era un «soviet de oficiales», en alusión a su estructura asamblearia y a su dimensión horizontal, que sajaba las jerarquías. De la misma forma lo veían el agregado militar francés, el general Denvignes, y el oficial del Estado Mayor Cándido Pardo: si persistía ese «soviet», se agriarían los antagonismos, «triunfará el número y se descompondrá el Ejército». No todos expresaban esa aprensión. Marcelino Domingo recibió al Gobierno Dato deseando «que coincidieran en una misma aspiración de adecentamiento el sovietmilitar y el sovietpopular», porque «estamos en plena revolución y no en plena corrupción».

La Gran Guerra daba a estos sucesos un fondo tormentoso: los efectos de aquel terremoto, que cuarteaba pueblos e instituciones, «hacían viable toda subversión». A la salida de Palacio, el presidente del Senado, el viejo Groizard, calificó la situación como «la crisis más grave que he conocido en cuarenta y seis años de vida política»[282].

7

El rey se plantea abdicar

Los ministros de Dato juraron la tarde del 11 de junio con el apremio que la situación requería. Retornaba casi el mismo Gobierno conservador que se había marchado en diciembre de 1915. A la vital cartera de Estado volvía Salvador Bermúdez de Castro, marqués de Lema, «discreto y circunspecto» y hábil ejecutor de la política de neutralidad. El enérgico José Sánchez-Guerra desempeñaba por tercera vez la cartera de Gobernación, tras hacerlo en los Gobiernos de Maura y Dato. Gabino Bugallal regresaba a Hacienda, cartera para la cual le hacían apropiado su experiencia al lado de Fernández-Villaverde y González-Besada, y su carácter «infatigablemente laborioso y escrupuloso»[283].

Junto a los hombres de confianza de Dato, retornaban otros dos ministros ascendidos en las postrimerías de la situación anterior: Manuel Burgos y Mazo, a Gracia y Justicia, y Rafael Andrade, a Instrucción Pública. Y hubo tres novedades. A Fomento fue Luis Marichalar y Monreal, vizconde de Eza, a quien Dato apreciaba por su competencia en materias agrarias y que aparecía adscrito, junto a Burgos y Mazo, en el catolicismo social. Sorpresa fue la sustitución en Marina del vicealmirante Miranda por el contraalmirante Manuel de Flórez, afecto a los conservadores. Era un técnico ligado al Estado Mayor de la Armada que aseguraría la continuidad del rearme naval.

Para la delicada cartera de Guerra, Dato recurrió al veteranísimo general Fernando Primo de Rivera, quien, con ochenta y cinco años, era, tras el rey, el militar con mayor graduación del Ejército. La edad no había disminuido su lucidez y su energía, y de él se esperaba que restaurara la disciplina con una mezcla de firmeza y concesiones. Su primera declaración pública no decepcionó. En términos tajantes anunció que llegaba al Gobierno para encontrar la fórmula que permitiera compatibilizar las juntas con los fueros del poder público. Si no la hallaba, se marcharía. Su entrada en el ministerio debía romper el impasse del último año y medio para retomar la reforma de Echagüe y satisfacer aquellas quejas justificadas del Ejército. Se señalaban los decretos de movilización, estadística y requisición, la adquisición de artillería de campaña y baterías de defensa aérea, y la subida salarial. Dato todavía pensaba que el problema podría encauzarse con el rearme y las mejoras económicas[284].

La avalancha juntera

Incluso los críticos furibundos del turno reconocían que aquel era un «buen Gobierno de gestión». Más aún que los liberales, los conservadores contaban «con número nada escaso de exministros y ministrables… que, sin alcanzar talla de estadistas, eran en verdad muy aptos para el despacho expedito, inteligente y probo de los asuntos normales de la administración pública». El problema era que ese Gobierno lidiaba ahora con una situación endiablada. Dato no lo ocultó a los periodistas: las circunstancias eran «las más difíciles que como gobernante había conocido», y añadió que solo por servicio de la Corona aceptaba «el sacrificio que impone encargarse hoy del poder»[285].

Lo primero era acabar con la amenaza juntera. El ultimátum que había hecho caer a García Prieto pendía como una espada de Damocles sobre el nuevo Gobierno, que carecía de medios para imponerse. Su desactivación tuvo lugar la tarde del 12 de junio. En un larguísimo Consejo de Ministros, con tiras y aflojas telefónicos con el capitán general Marina y la Junta Superior de Infantería, quedó aprobado el reglamento, que, sin embargo, sería provisional y solo tendría validez durante un año. Los junteros, reintegrados a la disciplina, debían presentar en ese plazo un nuevo texto que se sometería a enmienda del ministro de la Guerra, compromiso frágil, pero el único posible en aquellas circunstancias. Dato acababa con la rebeldía explícita de los oficiales y se ganaba un margen para limitar su activismo: con las concesiones precisas, creía poder dividir y diluir las juntas.

Pero estas continuaban acumulando adhesiones. La Junta Superior anunciaba a las regionales «descaradamente», como informaba Francisco de Borbón al rey, que «S. M. simpatiza y patrocina con [sic] esa junta y que la Junta Central de Barcelona está autorizada para decirlo por buen conducto y seguridad». Les amenazaban con «la determinación que se va a tomar contra nosotros, los que no queremos firmar». Él y el teniente coronel Mario Muslera rechazaron públicamente esa identificación entre la Corona y las juntas alegando que tenían información «por conductos igualmente seguros». El comandante Borbón afirmaba, además, que, tras esa «Junta atentatoria a la disciplina», había ya «una campaña encubierta y a la sombra de un falso ideal» que trascendía lo puramente militar[286].

Una regencia para salvar la monarquía

El aviso era serio porque muy pronto Dato pudo constatar que las juntas, que habían esperado la formación de un Gobierno de Maura, lo rechazaban porque lo consideraban una mera continuación del de García Prieto. Primo de Rivera había solicitado de la Junta Superior que se constituyera en Madrid para establecer una interlocución fluida y que aceptara incluir en la organización a los generales. La Junta se negó rotundamente a las dos peticiones y únicamente accedió a mantener contacto directo con el rey.

Alfonso XIII sabía que una fracción importante de los junteros no quería que continuara reinando, pues lo culpaban de haber querido disolver su organización por la fuerza. Para que la crisis no derivase en la proclamación de la república, el monarca hizo consultas sobre su abdicación. Quería dar paso a una regencia con el fin de preservar los derechos de su hijo mayor. La titularidad recaería en su esposa o en su cuñado, Carlos de Borbón-Dos Sicilias, bien visto por las juntas porque se había adherido a ellas con los oficiales de su unidad. La autoridad efectiva quedaría en manos de un Gobierno de coalición que, presidido por Santiago Alba, incluyera a la Lliga, los reformistas y los socialistas para facilitar la transición. Aquello recordaba demasiado a la frustrada abdicación de Nicolás II en su hermano, el gran duque Miguel, y al Gobierno provisional de la Duma. La reina madre, María Cristina, intervino para quitarle a su hijo de la cabeza la idea de marcharse[287].

Entonces el rey tomó el camino de conciliarse con la Junta Superior de Infantería y recibió en Palacio a uno de sus miembros, el comandante Espino, para enterrar el hacha de guerra. «No nos deja de agradar que el rey esté a nuestro lado —⁠sentenciaba un desconfiado Márquez⁠—, pero, de todas maneras, a nuestro fin vamos en derechura y nada nos importa que alguien se interponga en nuestro camino». Alfonso XIII no dejaba de ser un rey constitucional que obraba a través de su Gobierno y se guiaba por él, y, por mucho que los junteros hicieran profesión de fe monárquica, si esa lealtad no la extendían al Ejecutivo, la Constitución quedaba no solo subvertida, sino destruida. Pero la suspicacia de la Junta Superior era tan honda que se negó a subordinarse al poder público. Márquez anunció que no se dejaría a Primo de Rivera el diseño de las reformas militares y que ellos la asumirían en exclusiva. No cejarían, además, en su empeño de vengarse de los generales que se les habían opuesto y, para evitar cualquier manejo de Alfonso XIII o de Primo de Rivera, colocaron espías en Palacio y en el Ministerio de la Guerra[288].

Los junteros querían presentarse a la opinión pública y el 13 de junio concibieron un manifiesto, encargado a los capitanes Villar y Herrero, que suponía un paso más respecto a la exposición al capitán general Marina. Pretendían mostrar que su movimiento no había nacido únicamente para defender intereses profesionales. En él se criticaba la «gobernación general… incluida la militar», porque se había ejercido «en beneficio de oligarquías, con constante desprecio de los verdaderos intereses del país». La «repugnante infección de favoritismo» en el Ejército era culpa de una política «sujeta a los vaivenes de la oportunidad, cuando no a los intereses de los grandes cacicatos», y ahogaba «toda iniciativa grande y generosa» y «todo propósito de regeneración». Esa vieja política era imposible de enderezar «si solo se empleaban los medios normales». «La Infantería quería su salvación», pero para «concurrir a la de la patria, si la patria quiere salvarse». Las juntas se presentaban como una colectividad porque sentían «desconfianza absoluta» en la participación individual de los militares en la vida pública, que no conducía a otro fin «que a la entrada en las oligarquías dominantes de tal o cual individualidad». Solo una «acción colectiva» podía «actuar con la persistencia que asegurara el triunfo».

En su manifiesto, la Unión y Junta de Defensa afirmaba que ni gobernaría ni se constituiría en «poder propio y especial» para actuar sobre «los poderes organizados». Rechazaba la existencia de un «poder militar» al margen del poder público y el derecho, y reconocía la falta de «preparación» y «condiciones» de sus individuos. Tampoco sería un «organismo oficial», porque estos se consideraban «tan podridos que su contacto es peligroso», ni se adscribiría a partido alguno. Pero, «unida y compacta», la Junta sí ejercería el poder «internamente», dentro de la Infantería, «cosa necesaria para sus fines morales y para su conservación». Así, influiría «en la dirección del arma con su papel de condensador de opiniones e iniciativas y su acción fiscalizadora de conductas y procederes», estudiaría toda medida, y difundiría su pensamiento y «la solución que apetece y aconseja». De esa forma los junteros se arrogaban el control de la Infantería para constituirse en un grupo de presión irresistible. Y si los Gobiernos consideraban las juntas «y las actualizaciones análogas que en la nación puedan producirse» —⁠en inequívoca alusión a otras que pudieran formarse⁠— contrarias al ordenamiento jurídico, era este el que debía adaptarse. La alternativa sería «perturbaciones» y «trastornos cuyo desenlace es de difícil previsión».

El manifiesto enfriaba la negociación en torno al reglamento. Era «susceptible de modificación», pero «hoy por hoy» no era «oportuna ni conveniente», aunque reconocía que había nacido «en una época de propaganda y luchas más o menos sordas, que, en evitación de represalias y obstáculos insuperables, impusieron la reserva y el secreto», y que faltaba un enlace adecuado entre las juntas y el Ministerio de la Guerra, como el que había existido con las viejas juntas de los cuerpos facultativos. Pese a que «se ha faltado a la disciplina militar», los junteros aclaraban que «no se había quebrantado» y «subsiste aún más firme que antes». Su organización «no es política» y no representaba criterio alguno respecto de la Gran Guerra, más allá de ser «hispanófila»[289].

El contenido del manifiesto era de enorme gravedad. Consagraba a los junteros como una mezcla entre tutor y suplantador del poder público, y violaba el artículo 13 de la Constitución, que prohibía el derecho de petición colectivo a cualquier fuerza armada. No era una organización ligada a la simple defensa de unos intereses profesionales. «Las únicas aspiraciones de las Juntas, a las que primeramente encaminaron todas sus energías —⁠vio con acierto el militar José Coello de Portugal⁠—, eran de un cariz exclusivamente político». El general Alfau, que las conocía bien y que ahora trataba de acercarlas a los republicanos, las calificó como instrumento de «reconstitución nacional» que permitiría desvelar «los focos de corruptela que haya que extirpar». Con latiguillos sacados de Joaquín Costa, Alfau esperaba que las juntas forzaran un Gobierno «cirujano» que, por medio del «bisturí», amputase la «podredumbre» para salvar «el cuerpo nacional»[290]. No podía extrañar que, cuando la Junta Superior se dispuso a publicar su manifiesto, el Gobierno se negara a autorizarlo. Tras varios tiras y aflojas, Márquez lo filtró a la prensa para que saliera a la luz en toda España el 26 de junio. Pero Dato lo impidió al suspender las garantías constituciones y establecer la censura previa[291].

El Ejército de la Restauración había disfrutado de autonomía interna, tanto organizativa como presupuestaria, y endilgar las culpas a los partidos y sus dirigentes era reduccionista. El malestar era imputable a los mismos militares: «Cuando se ha hecho un desatino en el Ministerio de la Guerra, militares lo han cometido —⁠apuntaba el conservador Salvador Canals—. Cuando se ha impedido que un ministro realizase una reforma, solo la oposición de militares ha sido eficaz. Cuando se ha echado abajo algo bueno, militar ha sido el autor. En el capítulo de las injusticias del favoritismo, ¿no han sido militares los beneficiados?»[292]. La falta de medios, el armamento, los uniformes o el rancho no eran problemas nuevos y constituían razones de queja, pero no de insurrección. Las causas reales del descontento aparecían veladas en el manifiesto: una reforma militar que hacía peligrar —⁠con la amortización de las vacantes y las pruebas de aptitud— el automatismo de los ascensos; la rumoreada entrada de España en la Gran Guerra tras una ruptura con Alemania; y, por último, el empeño gubernativo en disolver las juntas y trasladar de guarnición a sus dirigentes.

Pero no era un problema único de España. En Francia se había formado en 1909 una «Solidaridad Militar» que formuló peticiones al Gobierno y que fue disuelta ante el peligro de que la liderara un diputado militar. Muy parecido era el caso de Italia, donde hubo una asociación secreta de oficiales formada en un contexto de paralización de las escalas, lentitud de los ascensos, sueldos bajos y arbitrariedad en el reparto de destinos y recompensas. Dicha asociación se vio impulsada por la prohibición de contraer matrimonio a los oficiales de bajo rango, que fue impuesta por el mando al juzgar insuficiente el salario para mantener un hogar y por las específicas dificultades de ascenso de esos mismos oficiales y de los suboficiales. La asociación tuvo como portavoz al periódico Il Pensiero Militare, que se erigió en denunciante de los abusos en la cúpula del Ejército[293]. Sin embargo, ni en Francia ni en Italia los militares se impusieron al poder público.

En España planeaba el fantasma de los comités de Unión y Progreso turcos, que habían llegado a imponerse al sultán, y aún más el de las Ligas Militares griegas, que condicionaron en la sombra y durante meses a los distintos Gobiernos constitucionales para que transfirieran más recursos a las Fuerzas Armadas. Antes de disolverse en 1910 propiciaron la llegada al poder de un político ajeno a la elite, Eleftherios Venizelos, que debía elegir una Asamblea Nacional para reformar la Constitución. En realidad, Venizelos alentó el desmantelamiento de los partidos constitucionales griegos y estableció una suerte de caudillismo cívico-militar con la resignada anuencia de la Corona. El hecho de que fuera, originariamente, un político de la periferia griega, llegado de Creta, hizo que Cambó y la Lliga catalana tomaran buena nota. En la implantación de ese modelo griego, con la destrucción de los grandes partidos y la convocatoria de Cortes Constituyentes, los catalanistas podían converger con la alianza republicano-socialista.

La alternativa republicana

Los partidos contrarios al turno percibían al Gobierno Dato como un expediente pasajero, el último cartucho de la Restauración. Lo explicaba sin ambages Pablo Iglesias: el plante de la oficialidad demostraba que esta ya no sentía «amor hacia el régimen monárquico». Iglesias exigía a los junteros que obraran en consecuencia y que se pusieran «a tono» con «las numerosas víctimas de la nefasta política de las oligarquías», para que su «arremetida» ocasionara «la supresión inmediata del régimen político». En esta coyuntura, «las izquierdas, las verdaderas izquierdas», estaban obligadas «a establecer una estrecha inteligencia para abrir camino, lo más pronto posible… al régimen republicano». De este modo el líder del PSOE apelaba a hacer público su acuerdo del 5 de junio. En nombre de los republicanos, Lerroux aceptó la invitación de Iglesias, reconociendo que la «cuestión militar» era lo más grave que había sucedido «desde la Restauración acá» y que él sería un «farsante» si, «después de haberme pasado muchos años laborando por la revolución, no aprovechara el momento». Por de pronto, aparcó toda divergencia con los republicanos catalanistas de Domingo. Ambos sellaron una alianza, publicitada con un comunicado dirigido a sus militantes[294].

El frente de oposición antimonárquico se reforzó con una rápida confluencia de las izquierdas con los nacionalistas, que sorprendió a propios y extraños. La relación de la Lliga con los radicales de Lerroux era tradicionalmente mala y apenas era mejor con los reformistas. El «autonomismo» de la mayoría de los republicanos no pasaba de una descentralización administrativa y era bien conocido que personalidades reformistas como Melquíades Álvarez, Gumersindo Azcárate o Benito Pérez Galdós habían rechazado la Solidaridad Catalana creada una década atrás. La Lliga quería, además, mantener su independencia y Cambó deseaba constituirla en pasarela para que la derecha maurista se uniera al frente de oposición. Aunque los nacionalistas no rechazaban la república, no la consideraban imprescindible para obtener la «soberanía» de Cataluña, ya que lo importante era impedir que los conservadores de Dato se consolidaran en el poder ganando las elecciones. Si esto ocurría, continuaría la rotación bipartidista y se frustraría el propósito de forzar al rey a que formara un Gobierno provisional que convocara esas Cortes Constituyentes que llevarían a las izquierdas hasta la república, y a los nacionalistas hasta el Estado catalán.

Todos contra la monarquía

El entendimiento entre estas fuerzas se hizo evidente cuando rompieron pública y casi simultáneamente con la monarquía constitucional. Los días 14 y 16 de junio se hicieron públicos dos manifiestos: el primero, catalanista, redactado por Prat de la Riba, y el otro, de la conjunción republicano-socialista, rebautizada como Alianza de Izquierdas. Ambos eran prácticamente idénticos y presentaban a España como un remedo de la autocracia rusa, donde las Cortes eran «de real orden… de familia» porque «surgen bajo la sombra del poder real». Reinterpretaban el conflicto juntero como la expresión del hartazgo contra «las oligarquías» y el mal gobierno, e instaban a reabrir las Cortes «para que los partidos populares [los firmantes de los manifiestos] puedan esclarecer sombras, exijan responsabilidades y den satisfacción a las ansias renovadoras, iniciando y propulsando una actuación ampliamente constituyente», expresión de la «voluntad soberana» de España, lo que requería la previa desaparición del «régimen político presente». El manifiesto de la Lliga exigía, por añadidura, una nueva «Constitución federativa» que encauzara las aspiraciones del nacionalismo y convirtiera a España en un «Estado compuesto»[295].

En este contexto, la UGT y la CNT aceleraron los preparativos de la huelga revolucionaria. La UGT suspendió el congreso extraordinario en el que pensaba discutir su apoyo a una intervención española en la guerra. La cantidad de pasquines revolucionarios que circulaban dejaba claro el propósito de que «en la República está la salvación de España», resaltando su carácter «federal». A la monarquía «le había llegado su San Martín», así como «a esos bandidos de levita y chistera», en referencia explícita a los políticos liberales y conservadores.

Los paralelismos con la revolución rusa de febrero eran constantes: «En Rusia, la unión del Ejército y del pueblo derribó un régimen de oprobio; aquí debemos estar arma al brazo porque se impone la misma operación». Los panfletos de inspiración cenetista anunciaban que la «monarquía, déspota y tirana, en breve saltará en pedazos al golpe del hacha de todos los rebeldes» y «los muros de los palacios y serrallos conventuales caerán derribados al forjado pujar de la bomba destructora». Había llegado la hora de la revancha por «Alcalá del Valle, Montjuich, Cullera, Cenicero, La Unión, Puerto de Son, Manzanares y otras muchas víctimas» que «claman venganza». «Ciudadanos; procuraos un arma sea como sea», apelaba otra hoja: «si no tienes una pistola, indaga dónde las dan, si no, búscate una daga; ¡prepárate! que pronto vamos a pedir cuentas de sus fechorías a esos que nunca han creído en la eficacia de los trabajadores»[296].

Quejoso de que se impugnara como pseudoconstitucional al régimen español, el Gobierno entró en controversia a través del conservador La Época. Para los conservadores España tenía el mismo procedimiento que «los países parlamentarios», donde «el poder moderador, monarca o presidente de República, cambia de gobernantes, y después el Parlamento mismo o el cuerpo electoral directamente ratifica, o rectifica, la decisión del jefe del Estado». Esta decisión, además, no era caprichosa, como afirmaban sus impugnadores, sino que seguía «las corrientes de la opinión» y se ajustaba «a las posibilidades que de gobernar eficazmente ofrecen… los partidos o las conjunciones de grupos que en el Parlamento actúan». Si las quejas se dirigían a cómo se verificaban las elecciones en España, ello nada tenía que ver con la Corona, sino con «el número de ciudadanos» que «se ausentan de toda intervención consciente en la vida pública». Donde este abstencionismo es importante «pueden prevalecer mejor las artes de los partidos, de todos los partidos, en todas partes del mundo donde se hagan elecciones por sufragio más o menos amplio». Y en España las elecciones eran, «en lo que va de siglo, muy diferentes de lo que eran antes»: allá donde «hay verdadera opinión capacitada para la lucha electoral, se lucha en los comicios». Eso hacía que «cuanto hay de realidad militante en la ciudadanía española» tuviera cauces «por donde circular libremente» y entrar en el Parlamento con facilidad. Recordaba a las izquierdas y a los nacionalistas que su actitud en las elecciones difería poco de la de liberales y conservadores. No se habían privado de buscar «el favor, la simpatía, la benevolencia, algo que sea calor del Gobierno»[297].

El último reproche iba con intención, pues señalaba una de las mayores contradicciones en las que solían incurrir los impugnadores de la monarquía constitucional. La Lliga y la Alianza de Izquierdas tenían razón cuando negaban que el régimen vigente fuese ya una democracia plena, pese a la instauración del sufragio universal masculino en 1890. Pero no dirigían su crítica al pacto electoral entre conservadores y liberales, que reducía la competencia electoral, ni tampoco al uso de los resortes del poder para ganarlas, a los que esas fuerzas de oposición recurrían allí donde podían. De hecho, la intervención del Gobierno en las elecciones era más aguda en la República portuguesa que en la monarquía española y, en 1917, aún no se había extinguido en la República francesa, países los dos que las izquierdas catalogaban ya de «democracias». Curiosamente, las elecciones parlamentarias alemanas eran más competitivas y limpias que las francesas, y eso que el Imperio no era una democracia, porque su Gobierno lo designaba en exclusiva el káiser[298].

¿Cuál era, entonces, la alternativa «democrática» de los impugnadores de la monarquía constitucional? Las diferencias doctrinales entre los nacionalistas de derecha, los reformistas, los republicanos y los socialistas eran muy agudas: se trataba de una coalición unida para oponerse y destruir, pero carecía de un proyecto común que oponer a la Restauración. Eso hacía difícil que cualquiera de sus programas privativos pudiera disfrutar de un grado de legitimidad comparable a la Constitución de 1876. Pero el confinamiento de la Lliga en Cataluña a cambio de la «autonomía integral» y la indiferencia del PSOE por la república «burguesa», siempre que no obstruyera su dominio paulatino y la evolución hacia el socialismo, proporcionaban mayor importancia a la iniciativa de los republicanos y los reformistas. En realidad, como estos últimos procedían del tronco republicano, ambos participaban de los mismos presupuestos ideológicos y las diferencias eran más bien de estrategia y táctica.

Los republicanos, un conglomerado de grupos entre los que solo el Partido Radical tenía apariencia de formación nacional, estaban más a la izquierda que los reformistas. Su doctrina establecía que la modernidad era incompatible con cualquier forma de gobierno monárquico y con el predominio social del catolicismo. Para ellos, la abolición de la Corona y una laicización activa y coercitiva de la sociedad eran las dos caras de una misma moneda. En 1917 ya no existía un fuerte movimiento en pro de la república unitaria; no había facción republicana que no hablara de descentralización y una minoría incluso proponía rescatar el viejo programa federal de 1873. Pero, al mismo tiempo, eran hostiles al particularismo conservador, no se planteaban otro sujeto soberano que España y, por tanto, desconfiaban del soberanismo de la Lliga y del PNV. La tendencia izquierdista de los republicanos se evidenciaba en la aspiración, mayoritaria, de atraer a la CNT y competir con los anarquistas para llevar a los cenetistas a las urnas.

Los reformistas se habían diferenciado de los republicanos desde hacía un quinquenio porque estaban dispuestos a transigir con un rey que trascendiera de su función arbitral y se convirtiera en un promotor activo de la reforma «democrática» tal y como ellos la concebían. Para los reformistas, la democracia no era un régimen pluralista de libertades civiles donde los partidos competían por el voto de los electores para llegar al poder, sino la república, que identificaban, filosóficamente, con la reasunción de la soberanía por el pueblo y la abolición de cualquier atisbo de soberanía regia. Pero podían aceptar a un rey que eliminara los obstáculos legales y materiales que impedían convertir a la monarquía constitucional en una república coronada, con un monarca sometido totalmente a una asamblea soberana. Para ello, Alfonso XIII debía destruir el bloqueo político que propiciaba un electorado al que los reformistas consideraban analfabeto y retraído, y por ello incapaz de romper sus vínculos con los partidos del turno. El rey debía usar su prerrogativa y nombrar a un Gobierno que encarnara la «voluntad nacional», es decir, formado por hombres dispuestos a abdicar totalmente de todo interés de partido para dedicarse en exclusiva al bien público.

Por supuesto, dichos hombres eran los reformistas y sus aliados, que, con los resortes de la Administración, debían desalojar a las oligarquías ineptas y liberar a los españoles de sus lazos de dependencia, para que pudieran fusionarse en esa voluntad nacional orientada al interés público. Esto se materializaría en un Parlamento con mayoría reformista. Su soberanía debía ser reconocida en adelante por el propio rey renunciando a sus prerrogativas legislativas y de convocatoria, disolución y suspensión de sesiones parlamentarias, y nombrando en adelante los Gobiernos solo dentro de esa nueva mayoría.

Por tanto, los reformistas no criticaban que Alfonso XIII interviniera en la vida política, sino que no lo hiciera a favor de su proyecto político. Solo así puede entenderse la paradoja aparente de que Melquíades Álvarez se echara en brazos de los republicanos sin perjuicio de solicitar al rey, reservadamente, que le llamara a gobernar y le concediera el decreto de disolución. Los reformistas querían ahora derrocarle, pero porque lo consideraban identificado con el turno y contrario a sus intereses.

Aun así, y a diferencia de los republicanos, los reformistas no descartaban avenirse con un monarca como tampoco deseaban la ruptura total con el catolicismo. El Estado, que concebían como un activo instrumento de reforma social, debía secularizarse de inmediato, pero no eran partidarios de forjar compulsivamente una sociedad laica. Desconfiaban, además, de una España federal: Melquíades Álvarez se abrió a los nacionalistas de derecha, pero sobre la base de una autonomía administrativa. Y, más allá de ententes electorales con la CNT, la prioridad de los reformistas era atraer al PSOE y a la UGT por medio de legislación social y alianzas políticas[299].

República sin democracia

Por tanto, los republicanos y los reformistas podían oponerse al régimen de «oligarquía y caciquismo» de la Restauración, pero no eran adelantados de las democracias liberales modernas. No pensaban la «democracia» sobre los principios y reglas que organizan la competencia pacífica por el poder, un poder que se divide en diversas instancias que se moderan y equilibran entre sí. La democracia era un programa de igualdad social que abolía las viejas jerarquías sociales y que, por medio de la educación, pretendía crear una comunión cívica con una república identificada por sí misma con el bien común.

Como régimen de «soberanía popular», la república implicaba que los representantes se elegían por sufragio universal. Pero su origen electivo y su adhesión al régimen hacía superflua cualquier otra limitación de poder. Un Parlamento y un Gobierno republicanos, por el hecho de serlo, reflejaban la voluntad del pueblo y eso los convertía, automáticamente, en buenos. Como en España no había arraigado el presidencialismo, la «democracia» de los republicanos equivalía a un sistema parlamentario puro, que consagraba una asamblea soberana, sin límites a su poder, y de la que dependían el resto de las instituciones[300].

Anclados en estas máximas de principios del siglo XIX, los dirigentes republicanos y reformistas habían prestado poca atención a la democratización real: la que se estaba produciendo en Estados Unidos y Reino Unido; es decir, por medio de Gobiernos que sustentaban su legitimidad en una decisión electoral terminante que dirimía el jefe de partido que obtenía el liderazgo de la nación. En los regímenes parlamentarios, la democratización se canalizaba a través de cámaras con grandes partidos, capaces de obtener una mayoría, y en los presidencialistas, por la elección directa del jefe del poder ejecutivo. La democratización no culminaba con el sufragio universal (Alemania lo tenía desde 1871 y no era una democracia), ni con la asamblea soberana o el parlamentarismo puro de las distintas Repúblicas francesas, sino con la competición permanente de los partidos y con unas reglas electorales que transformaban los votos en un veredicto sobre quién debía gobernar.

Por último, la democratización implicaba convertir el poder ejecutivo, y no el legislativo, en el órgano de gobierno por antonomasia. En las democracias plenas, el poder ejecutivo no se limita a «ejecutar» o «aplicar» las leyes, sino que impulsa la vida política: toma iniciativas, prepara normas y presupuestos, nombra y revoca[301]. No solo administra, sino que decide sobre la agenda legislativa y hace valer la ventaja de constituir un equipo más reducido, jerarquizado y cohesionado que el grupo parlamentario. Con la democratización, las facultades reales del Parlamento disminuyen, no aumentan. Así, su papel queda reducido al de intermediario entre el Gobierno y el electorado; deja de ser una instancia deliberativa y decisoria suprema para convertirse en una cámara de registro de los cambios de la opinión pública, que reflejan el momento en el que debe producirse la alternancia. Mientras tanto, el Parlamento sanciona con bastante automatismo los proyectos del Gobierno, al tiempo que hace visible el criterio de los partidos de la oposición.

Por tanto, en 1917 era ya extemporánea la alternativa de los republicanos y reformistas españoles, esto es, el modelo de la Tercera República francesa, que había formalizado, agravándolo, la Primera República portuguesa. Ni una ni otra respondían a esquemas genuinamente democráticos, ya que los electores ni decidían ni casi influían en la orientación de los Gobiernos. En Francia, los Ejecutivos se formaban a partir de una combinación de distintos partidos y facciones, en constante reajuste, dentro del magma en el que se había pulverizado el gran partido republicano de los años setenta y ochenta del siglo XIX. Un presidente de la República que actuaba como delegado del Parlamento era el centro de esas combinaciones gubernativas, formadas por pequeños grupos parlamentarios yuxtapuestos de centro-izquierda y centro-derecha.

Más limitado aún era el modelo en Portugal. Desde 1910 se había instituido el monopolio político primero del Partido Republicano Portugués y, cuando se fragmentó, de una de sus facciones, la «democrática», que mantenía por la fuerza a otras republicanas —⁠como la evolucionista y la unionista⁠— fuera del poder. En ninguna de estas dos repúblicas existía la alternancia: ni siquiera en Francia había una clara diferenciación entre el Gobierno y la oposición constitucionales y la responsabilidad ministerial quedaba, así, diluida. Sus cámaras de diputados no solo eran las instancias supremas legislativas, sino también administrativas. El poder ejecutivo apenas se distinguía de una comisión parlamentaria, tan dependiente que apenas podía decretar por sí la disolución de las cámaras. Eso explica los 106 Gobiernos franceses en los setenta años de Tercera República, con una duración media de ocho meses, y en buena medida los 54 Ejecutivos portugueses en dieciséis años, con una duración media menor a cuatro meses.

La inadecuación estructural del Parlamento para erigirse en principal órgano de gobierno por el número de sus componentes se veía agravada por la atomización faccional de los republicanos en Francia y en Portugal. Dicha atomización retrasaba hasta la parálisis la actividad legislativa y obligaba, tras múltiples e infructuosos intentos, a la formación de Gobiernos con «plenos poderes» que legislaban por decreto y se emancipaban, por tiempo limitado, del Parlamento.

En esos dos países, el sistema impedía generar liderazgos a la elite más capaz. Los Gobiernos no eran más que concentraciones de jefes de facción presididas por una figura gris cuya misión no era liderar, sino servir de punto de equilibrio entre las restantes prima donnas. Gobiernos de ese tipo, formados a partir de coaliciones inestables, eran extremadamente dependientes de una pequeña porción de parlamentarios, muy capaces de sacrificar la estabilidad ministerial por sus intereses electorales y de distrito[302].

Una república antiliberal

El desprecio de los republicanos españoles por el Gobierno mixto y por los frenos y contrapesos que mantenían el equilibrio entre los poderes y limitaban la acción de las cámaras provenía del prejuicio, ya expuesto, de que lo «democrático» era no poner traba alguna al órgano de la «soberanía popular», entendiendo esta como la soberanía del pueblo republicano. Para los republicanos, era inimaginable que pudieran gobernar la república aquellos que no se sentían concernidos o se oponían a los principios que encarnaba, unos principios consustanciales con la verdadera expresión de «voluntad nacional».

Cuando en España los republicanos y los reformistas hablaban de «pueblo», se referían a aquel que, agrupado bajo sus banderas, se contraponía a esa «oligarquía» que representaban los partidos del turno, cuyo carácter corrupto y su adhesión a la política de intereses eran atribuidos a su falta de idealismo. Los liberales y los conservadores carecían de «rigidez dogmática», que los republicanos asimilaban a las «convicciones». Los monárquicos constitucionales eran «escépticos, eclécticos y cínicos», gentes «encanecidas en las componendas, las transacciones y en la busca de la fórmula que permita esquivar las dificultades, aplacar las divergencias de opinión y dejar las cuestiones sin resolver». Eran prisioneros de la «frase precavida, el gesto respetable y el despliegue comedido de emociones» y estaban inmersos en el prejuicio de que un político debía huir del apasionamiento. Y, según Araquistáin, «la pasión, más fecunda cuanto más exaltada, es lo que engrandece a los hombres como a los pueblos. Nada más estéril y triste que arrastrar por la vida un alma de corcho o de hielo», porque «en cualquier democracia, un choque personal, una ligera violencia en las calles es el acompañamiento natural de toda lucha política»[303].

Era irrelevante que los conservadores y los liberales sumaran más votos que los republicanos porque, para estos, solo retenían a aquella parte del pueblo todavía sojuzgada o corrompida por la oligarquía. Los republicanos y los reformistas se arrogaban el monopolio de la representación del pueblo y ello explicaba que la república fuera materialmente el gobierno exclusivo de sus promotores, no un sistema de libre concurrencia. Pensaban que un cambio de régimen conllevaría ineludiblemente la desaparición del viejo sistema de partidos y, con él, de los sostenedores del «antiguo régimen». Los liberales y los conservadores, apartados por siempre del poder, se irían diluyendo, como los monárquicos franceses o portugueses.

Por tanto, las elecciones republicanas no pretendían reflejar ningún pluralismo ni decidir sobre el Gobierno, sino solo ratificar esa comunión entre el sufragio universal y la voluntad general previamente instituida por la república. Era impensable que las elecciones pudieran ir contra la voluntad general y, si esto ocurría, siempre se debía a la falta de educación política de los votantes o al influjo malévolo de curas y caciques, influjo que debía contrapesarse con una intervención del Gobierno en las elecciones para la «defensa de la República» y la protección de sus candidatos. La legitimidad republicana no era la liberal-democrática, la de un Gobierno electo por los ciudadanos, sino que dependía únicamente de la consecución de los objetivos programáticos de los republicanos, identificados con los de la nación entera[304].

Ello también explica que los republicanos y los reformistas no mostraran ningún interés por sustituir las convenciones constitucionales que regulaban el acceso al poder en la monarquía constitucional por otras más objetivables y democráticas. Tampoco presionaron para que se produjera una mayor apertura de las instituciones a la competencia democrática y a la selección electoral de sus cargos, ni se plantearon construir un gran partido nacional, porque no creían que la democracia naciera de imponer la fuerza de los votos para hacer bascular la formación de gobierno desde la Corona y los agregados parlamentarios a la decisión de los votantes. Tradicionalmente, en las elecciones se limitaban a conservar los bastiones conquistados en épocas anteriores, con el visto bueno de los partidos del turno.

En realidad, su «democracia» no saldría de las urnas, sino de la revolución, y adherirse a un régimen como el de la Restauración, que pretendía organizar pacíficamente la alternancia en el poder y que erigía la reforma legal por método, era un acto esencialmente antirrevolucionario. Los republicanos despreciaban la monarquía constitucional porque lo dejaba todo «sin resolver»: su configuración como un sistema de garantías jurídicas, su equilibrio entre el orden y la reforma, esa transacción entre puntos de vista distintos o intereses opuestos, y la vía media que suponía entre la tradición monárquica y católica y el Gobierno representativo de los partidos y la libertad individual[305].

Solo la subversión de la autoridad permitiría salir de esa indefinición, sacudirse el dominio de la «oligarquía» y rescatar la «soberanía popular» del secuestro monárquico. Como ese rescate iría en beneficio de un partido o de un grupo de facciones, la república suponía abandonar toda política transaccional y retornar a la dinámica «amigo-enemigo» anterior a la España de 1875. Manuel Ruiz-Zorrilla, el viejo patriarca de los republicanos y de los reformistas, los había unido en una idea de partido similar a «un ejército que combate» que debía «imponer a la sociedad los principios que constituyen su esencia», de modo que la «legalidad común» solo era «el ideal que simboliza la bandera del vencedor»[306]. Los republicanos hacían gala de esta intransigencia. Así lo percibió el embajador inglés, Hardinge, incluso en Gumersindo de Azcárate, anglófilo, figura del máximo prestigio entre los reformistas y, en su vejez, un moderado contrario al derrocamiento violento de la monarquía. Hardinge le preguntó por las reformas «en las que estaba empeñado» y Azcárate le citó como la «más importante» el matrimonio «civil obligatorio». «Podría ser una bendición dudosa —⁠repuso el embajador—. En España, muchos hombres y casi todas las mujeres, por costumbre y sentimiento, deseaban casarse en la Iglesia… e imponer el doble rito… a la gran mayoría de los españoles sería encarecer el matrimonio, cuando el interés del Estado era hacerlo barato y fácil». Azcárate le objetó que eso «era una visión baja y sórdida». El dinero no debería ser considerado como un factor «cuando el objetivo era afirmar el principio sagrado del estado laico o secular». «Estaba listo —⁠concluía el embajador— para morir por ese principio como cualquier viejo inquisidor… Para él era un dogma, una verdad eterna y universal, y no era posible ningún compromiso»[307].

En definitiva, la sustitución de la monarquía por una república no representaría un continuum democratizador, sino la conquista del Estado por un movimiento sectario que gobernaría limitando, si entraban en colisión con sus propósitos, los derechos civiles de quienes no participaran de su comunión, lo que suponía minar los fundamentos del Estado de derecho. Si la descatolización significaba «republicanizar» la sociedad, «republicanizar» el Estado implicaba que los militantes del republicanismo tuvieran el monopolio del Gobierno y la Administración, individuos todos ellos penetrados de una misión trascendente y a los que se les reservaba por ello la totalidad de los poderes y los privilegios. Estaba en juego la salvación colectiva de los españoles y la fundación de un nuevo país, y, ante eso, todo lo demás se volvía irrelevante o ilegítimo. Los republicanos juzgaban imposible la coexistencia de diferentes concepciones del bien común en una misma nación, y esto explica por qué los liberales y los conservadores consideraban a los republicanos tan fuera del sistema como a los carlistas: temían que su intransigencia acabara con las libertades públicas[308].

La pasión revolucionaria, inseparable de la cultura política republicana que impregnaba al estado mayor reformista, vertebraba su alianza de 1917 con los socialistas y los anarcosindicalistas. Alejados de los nacionalistas de la Lliga, todos coincidían, sin embargo, en representar a grupos humanos supuestamente alienados que debían ser redimidos construyendo comunidades políticas radicalmente nuevas. El ala izquierda de esta coalición estaba convencida de que la revolución era inevitable en una España al margen de la modernidad, que brotaría de una ruptura semejante a la de la Revolución francesa y permitiría abolir para siempre a las fuerzas del «antiguo régimen». Denominaban así al sistema político de la España de 1917, porque imaginaban que todavía no se había producido una «verdadera» revolución liberal en el siglo XIX, como sí había sucedido en Francia.

Sin duda, los republicanos españoles parecían vivir en 1789: consideraban que en su país la monarquía era fuente de todo poder; a su lado, la Iglesia permanecía intacta, en lugar de separada y subordinada al Gobierno, y la «oligarquía feudal» reforzaba su dominio con el caciquismo. Todos sobrevivían bastardeando el constitucionalismo, con su turno vicioso y su apariencia de parlamentarismo y sufragio universal. Esta publicística deslegitimadora había rejuvenecido con la literatura del desastre de 1898, al que se apuntaba como la prueba inequívoca del estado de decrepitud de España. En esa situación, «cualquier cambio, por abrupto que fuese, sería siempre a mejor; cualquier mudanza, aconsejable, y cualquier salida, apacible»[309].

De ese modo, los ejemplos revolucionarios de Rusia en 1905 y 1917, y de Portugal y México en 1910 resultaban más aleccionadores para los republicanos que la fracasada experiencia española de 1868-1874, o la lección de sus homólogos franceses cuando derrotaron en las urnas a los monárquicos en 1876 y 1877. Esto último era impensable sin derrocar antes a Alfonso XIII, cual Napoleón III, y ganar a los militares para cerrar la puerta a nuevas restauraciones. Por eso, el interés de los republicanos por el Ejército se había incrementado: había sido la clave revolucionaria en México, Portugal y Rusia, y ahora podía volver a serlo en España, como en 1868. Mientras los militares se mostraron como un sostén de la monarquía, la crítica «antimilitarista» de republicanos, reformistas y nacionalistas había sido inmisericorde, y su debilitamiento moral y material, labor de sus parlamentarios y publicistas. Pero las juntas demostraban que la situación había cambiado y que el Ejército ya no era un bastión de la Corona. Había que incorporar a las juntas asumiendo el riesgo de que el nuevo régimen que sucediera al «antiguo» naciera tutelado por los militares o con estos en el poder, como tantas veces había ocurrido en la Europa del siglo XIX[310].

Por tanto, existían pocas posibilidades de que el fin de la Restauración desbloqueara el camino a la democracia tal y como hoy la entendemos. Al contrario, la alternativa republicana, con acompañamiento obrerista y nacionalista, parecía retrotraer a España a los tiempos del exclusivismo de partido y al caudillismo militar que caracterizaron la vida política entre 1814 y 1875. Y ello con la secuela de que la apertura de un proceso constituyente mediante un putsch relegitimara la costumbre de derribar Gobiernos y regímenes por la fuerza. A fin de cuentas, ¿cómo podría reprocharse a otros que emplearan esos métodos contra sus mismos beneficiarios?

La efervescencia revolucionaria

Si los republicanos estaban dispuestos a todo para aliarse con los junteros, estos sentían poco aprecio por esos compañeros de viaje. Tan solo Lerroux conservaba alguna popularidad por sus campañas anticatalanistas. El coronel Márquez y sus íntimos admiraban a Melquíades Álvarez y no les disgustaba la idea de colaborar con él si se asociaba a una plataforma más moderada. Pero el respeto por ambas figuras no se extendía al turbulento movimiento republicano. La mayoría de los oficiales tenía en baja estima a los antimonárquicos, y rechazaba su intervencionismo aliadófilo. Ni siquiera les otorgaban el prejuicio favorable que entre los militares disfrutaban las reivindicaciones de los sindicatos. Y, aunque atenuada desde la crisis de 1905-1906, los oficiales mantenían su repulsa a los «separatistas» de la Lliga.

Márquez había logrado que la Junta Superior de Infantería aspirara a que el pronunciamiento del Primero de Junio no solo se orientara a satisfacer demandas profesionales, sino, además, a romper el turno de los partidos y a hacer caer al Gobierno Dato. Consideraba que el nuevo Ministerio era tan enemigo de su organización como el anterior. Pero el punto de coincidencia de los oficiales empezaba y acababa en Maura. Contaban con la simpatía, además, del movimiento maurista, que compartía los propósitos «regeneracionistas» de las juntas. Sus adeptos se sentían decepcionados con el rey, pues habían esperado que llamase al poder a su líder y no a Dato. Por ello, varios jóvenes mauristas se concentraron para abuchear al jefe liberal-conservador a la entrada de Palacio, se escucharon varios vivas a la república e incluso un directivo de las juventudes mauristas, Felipe Salcedo, destrozó de un bastonazo el retrato de Alfonso XIII[311].

Maura, ¿el hombre de las juntas?

El primer contacto entre junteros y mauristas tuvo lugar el 20 de junio. El coronel Márquez y el comandante Díaz Casabuena, en nombre de la junta de Artillería, visitaron a Gustavo Peyra, exdiputado y dirigente del partido maurista en Cataluña, con el fin de que transmitiera a Maura que las juntas iban a forzar la marcha de Dato y obligar al rey, venido «abajo el actual tinglado», a que le encomendara el poder. Márquez, erigido en verdadero árbitro del país, se reservaría la cartera de Guerra para «realizar operaciones de cirugía mayor». Peyra informó a Maura de que Dato no merecía de las juntas «un átomo de confianza», y de que, si no aceptaba el poder, el actual Gobierno «cualquier día puede amanecer sustituido por un Gabinete militar» que los junteros le revelaron que habrían impuesto de inmediato «si hubiese algún teniente general de sólido prestigio» para liderarlo.

Sin embargo, Maura no se dejó convencer y se marchó a su casa de campo en Solórzano (Santander) para sortear las presiones. A Peyra le dijo que solo se encargaría del Gobierno «si me fuere ofrecido derechamente, con tal de que me parezca en conciencia que exista razonable probabilidad de ejercerlo en pro de España». Nunca haría «ni pública ni secreta presión ni sugestión alguna sobre el poder legítimamente constituido a fin de inducirle a que me llame a gobernar», ni tampoco gobernaría sin «plenísima libertad moral». Es decir, Maura no aceptaría la tutela juntera[312].

Pero la Junta Superior no se rindió. Márquez volvió a pedirle a Peyra que intercediera ante Maura porque las juntas solo deseaban «sostener» su Gobierno y sus iniciativas. Se declaraban un «movimiento profundamente dinástico», aunque advertían que «no por afecto, pero sí por convicción». El 29 de junio, Peyra viajó hasta Solórzano acompañado del capitán Pérez Palá para intentar despejar todas las dudas de Maura. Peyra pensaba que las juntas solo eran peligrosas porque no tenían un caudillo, pero con Maura al frente volverían a la disciplina. Sin embargo, este ni siquiera les recibió.

Por su parte, el 26 de junio Julio Amado, entonces director de La Correspondencia Militar y juntero influyente, propuso a Gabriel Maura que su padre tomara la iniciativa de pedir la reapertura de las Cortes. Las juntas forzarían al rey a convocarlas y Dato, en minoría, caería en ellas. De ese modo, Maura podría presidir un Gobierno parlamentario de concentración de diversas fuerzas sin que pareciera que el cambio lo habían forzado los militares. Pero tampoco tuvo éxito. A diferencia de sus compañeros, Márquez no era un entusiasta de la solución Maura, así que, una vez cerrada esa puerta, se dispuso a conseguir que sus colegas «escucharan» las propuestas de las izquierdas y los nacionalistas, y le autorizaran a establecer un enlace oficioso que no comprometiera a la organización[313].

Los reformistas, por boca de Melquíades Álvarez, urgían a los junteros a dar un paso al frente. Tras aprobarse su reglamento, no podía quedar todo en el triunfo de una «sedición» en complicidad con «una política oligárquica que lo ha corrompido todo». El país no estaba para enjuagues y el sistema vigente carecía de enmienda: «Si España quiere salvarse, hay que desear que la revolución siga su curso y que el Ejército se compenetre con el pueblo, a fin de darse un régimen nuevo que tenga por base el acatamiento a la voluntad soberana de la nación y por ideal único la regeneración y el progreso del país».

Alfonso XIII trató de desactivar el movimiento antimonárquico privándole de quien parecía su líder, el propio Álvarez. Su defección pública dolía al monarca porque liquidaba el posibilismo monárquico de los reformistas, que había llevado a Álvarez a ser llamado a Palacio en 1915 para participar en las consultas que dieron el poder a Romanones.

El rey trató de establecer una interlocución a través de Azcárate, venerable patriarca del reformismo, para que no se marcharan al campo de la república. «Es tarde», respondió Azcárate. Los reformistas se habían comprometido con los republicanos y ni siquiera la UGT aceptaría ya, como contrapartida para evitar la revolución, nuevos decretos que ampliaran las pensiones de jubilación y la cobertura por incapacidad. Un Alfonso XIII desmoralizado confesó a Azcárate que no pretendía que su persona fuera causa de una «división del país, con sus consiguientes perturbaciones», y que se planteaba abdicar. Azcárate se lo contó a su vez a los diputados reformistas y, muy probablemente, la indiscreción del rey redobló el optimismo y los trabajos revolucionarios. Alfonso XIII lamentó el oportunismo de Álvarez ante el corresponsal del Daily Express: «Los reformistas, que hace un año eran monárquicos, se [han] colocado ahora al lado de los republicanos, diciendo que yo pertenezco a una década ya pasada»[314].

La revuelta de los funcionarios

La desmoralización del monarca en esas críticas semanas de junio tenía su explicación. El Ejército, una vez destruida la jerarquía, no respondía ya al poder público y los opositores al turno habían trabado una alianza poco antes impensable. Por añadidura, su Gobierno, recién entrado, se enfrentaba a la revuelta de los funcionarios civiles, liderada por los de Hacienda, Correos y Telégrafos que, al calor del descontento salarial, querían constituir sus juntas a imagen y semejanza de las de Infantería y usar sus mismos métodos.

Los más activistas eran los de Hacienda, que ya habían pretendido en 1913 imitar sin fortuna a las antiguas juntas de Artillería. El 9 de junio, en medio de la crisis de Gobierno, anunciaron que «los militares» les habían «dado la pauta» y «cuando el ambiente está viciado, hay que salirse del ambiente». Había que apearse «del redil de la disciplina» pues de él «no hemos logrado sino burlas, promesas incumplidas, que igual nos ofenden como funcionarios que como hombres». El 15 de julio se organizó una junta en Huesca, con ínfulas de junta central y a imitación de la Superior de Infantería. Liderada por Pascual Abad, se dirigió a sus compañeros de toda España y seleccionó sus reivindicaciones fundamentales: salarios, limitación de traslados y ascensos solo por antigüedad. Abad deseaba presentar sus peticiones al nuevo ministro de Hacienda, «de grata recordación para todos», ya que en su etapa anterior (1913-1915) Bugallal les había mejorado sueldo y escalafón, había creado el Cuerpo Administrativo de Hacienda y había condicionado los turnos de elección y la incorporación de cesantes con criterios de antigüedad, experiencia, titulación y exámenes de aptitud. Los funcionarios andaban soliviantados desde que el Gobierno Romanones derogó las dos últimas medidas[315].

Pero la junta central de Hacienda trascendió su condición sindical cuando Abad buscó, y obtuvo, la protección del coronel Márquez, al que se nombró presidente honorario. El coronel estaba encantado con esa aproximación, dada «la importancia que dicha entidad tiene entre los elementos que integran la nación»[316]. Esa protección tenía un fin: los funcionarios iban a presionar al Gobierno con una huelga general indefinida si no atendía sus exigencias y buscaban la alianza con los militares para imponerse al Ejecutivo. Al aceptar, Márquez volvía a dar entrada a los oficiales en una esfera ajena a su competencia, con el propósito de segar la hierba bajo los pies de Dato.

La radicalización de los funcionarios tenía un obvio trasfondo económico. Excepto el magisterio y el profesorado de las universidades e institutos, que desde la década anterior habían obtenido subidas de sueldo de entre un 25 y un 40 % y una ampliación de las plazas, todos compartían el problema de una rigidez salarial que había hecho olvidar los beneficios de la estabilidad laboral y la objetivación de la carrera administrativa logrados entre 1899 y 1914. En los puestos con alguna cualificación se había desterrado ya la figura del cesante, el funcionario contratado y despedido con cada cambio de Gobierno que Pérez Galdós hizo célebre en su novela Miau. Sin embargo, la inflación bélica se estaba comiendo los sueldos y cebando con las categorías inferiores, que eran las más numerosas. Esto redoblaba la presión por los ascensos, pero la amortización del 25 % de las vacantes decretada por Alba los retrasaba más de lo que estaban dispuestos a aceptar[317].

Los activos funcionarios de Hacienda buscaron la connivencia de los descontentos de otros ministerios para amplificar la protesta y obtuvieron buenos resultados en Fomento y Justicia. La Unión Nacional de Funcionarios, hasta entonces una organización débil, sirvió de plataforma común para las pequeñas juntas de funcionarios que proliferaban en los distintos servicios y delegaciones provinciales de España. El ministro de Justicia, Manuel Burgos y Mazo, reconocía que los funcionarios tenían «un fundamento de razón», pero consideraba subversivo el nuevo procedimiento juntero, pues hacía «imposible la vida y la gobernación del Estado y a la postre iba a entregar la administración pública» en manos de «la ineptitud, de la holgazanería y los agentes irresponsables». Para desactivar las juntas, Burgos y Mazo y el ministro de Fomento, el vizconde de Eza, decidieron restablecer los turnos de antigüedad para los ascensos en la magistratura y las plantillas de sus respectivos ministerios. Estos ya habían regido con el anterior Gobierno conservador y ahora, de nuevo, los ministros cerraban a los militantes de su partido las puertas del favor que habían disfrutado los liberales.

Además, Eza subió el salario de los ingenieros de minas y montes, mientras que el resto de los funcionarios de Fomento vieron aumentada su asignación al suprimirse 380 plazas localizadas en los últimos escalafones, para cumplir así la reducción del 25 % que exigía la Ley de Autorizaciones. Por su parte, en Hacienda, Bugallal restableció lo derogado por los liberales y aseguró que el producto de las amortizaciones de plazas serviría para mejorar los salarios[318].

¿Una revolución continental?

Pese a todos estos esfuerzos, el Gobierno conservador era un barco que navegaba a contracorriente y taponando constantes vías de agua. Los vientos de Europa favorecían a los antimonárquicos y casi todo el continente parecía haber entrado en la misma deriva que Rusia.

Ni siquiera el estado de guerra sustraía a los países beligerantes de la inestabilidad interna. Así, la agitación se había adueñado de Reino Unido desde que en abril de 1917 estalló una huelga general de mecánicos y metalúrgicos que interrumpió la producción de municiones. En junio, una convención en Leeds de sindicalistas y laboristas de izquierda llamó a crear soviets de obreros y soldados, y forzar así el fin de la guerra. Hubo soviets en varias ciudades británicas, pero los militares que se sumaron fueron pocos y, al carecer de elementos de fuerza, no pudieron tomar otra resolución que intensificar la propaganda antibélica.

En Italia, entre mayo y septiembre de 1917, se hicieron endémicas las protestas contra la carestía y la guerra, que derivaron en revueltas en Alessandria, Génova, Milán y Turín, en esta última ciudad con choques con la Policía que ocasionaron 40 bajas entre muertos y heridos. El Gobierno liberal de Paolo Boselli hubo de proclamar el estado de sitio en tres provincias, alarmado además por la proliferación de actos de indisciplina y deserciones entre los soldados.

En idéntico estado se encontraba Austria-Hungría, con el añadido de que el sindicato ferroviario socialista se adhirió explícitamente, en mayo de 1917, a la actuación revolucionaria del «heroico proletariado ruso», mientras los metalúrgicos se lanzaron a una oleada de huelgas entre ese mes y el siguiente, que se extendieron a los distritos industriales de Viena, Budapest y Praga.

Las protestas por el precio del pan eran habituales en Alemania y entre los meses de abril y julio se produjeron extensas huelgas en Berlín, Düsseldorf, Gleiwitz y Stettin, donde se formaron los primeros soviets alemanes, con exhortaciones a una paz sin anexiones ni indemnizaciones. En el verano de 1917, la revuelta se extendió a los marineros de dos acorazados, donde la escasez de rancho llevó a varios cabecillas de la USPD, una escisión izquierdista de los socialdemócratas contraria a la guerra y con un ala abiertamente revolucionaria —⁠la Liga Espartaquista⁠—, a ensayar una huelga general de toda la Armada. Aunque los marineros revolucionarios fracasaron, el batallón de Infantería de Marina que debía reducirlos se negó a marchar contra ellos. Finalmente, en agosto la revuelta quedaba extinguida.

Las señales más alarmantes provenían de Francia, cuyo Ejército protagonizó un importante motín. Fracasada la «ofensiva de la victoria» del general Nivelle, que debía romper las defensas alemanas en el frente del Aisne, en mayo de 1917 tuvo lugar un motín que se prolongó hasta el mes siguiente y que afectó a 40 000 soldados distribuidos en dos tercios de todas las divisiones. Las tropas se negaban a ir al frente o a obedecer órdenes, desertaban, se manifestaban con estentóreos «¡Abajo la guerra!» e incluso amenazaban con agredir a los oficiales. Varios regimientos abandonaron las trincheras y ocuparon los pueblos próximos al frente. Los castigos no hacían efecto alguno en los amotinados y las defensas francesas estuvieron a punto de desmoronarse.

Los soldados politizados en los movimientos socialista, anarquista o sindicalista, dieron tonalidad revolucionaria a la revuelta, con cánticos de La Internacional y banderas rojas, e hicieron circular panfletos que invitaban a marchar sobre París. En la capital francesa y otras ciudades industriales (Lyon, Rennes, Bezons, Romans-sur-Isère), obreros de diversos sectores holgaron en cadena, pidiendo aumentos salariales con los que combatir la inflación. En la última semana de mayo tomaron el control de las huelgas el ala izquierda de la SFIO y el sindicato CGT (Confederación General del Trabajo), cada vez más hostiles a la Unión Sagrada con los «partidos burgueses», y partidarios del «pacifismo revolucionario» y de reactivar el combate contra la «República burguesa». El Gobierno de Alexandre Ribot y los generales veían asomar el espectro ruso, y decidieron acabar expeditivamente con la indisciplina militar. En varias redadas se detuvo a 3427 soldados implicados en los motines, se dictaron 554 sentencias de muerte —⁠de las que se ejecutaron 49⁠— y al resto de los detenidos los trasladaron a campos de trabajos forzados. Estas medidas se alternaron con permisos extraordinarios, mejoras en el rancho y el adecentamiento de las trincheras. Los motines se calmaron, pero Francia perdió toda la capacidad de reiniciar una ofensiva[319].

Todavía preocupaban más en Madrid las noticias que llegaban de Lisboa. El 19 de mayo estallaron graves desórdenes por falta de pan y patatas; se asaltaron las tahonas y la intervención de la Guardia Republicana provocó varios heridos. Los marineros y la Guardia Fiscal se unieron a los amotinados, se proclamó el estado de guerra y el Ejército hubo de intervenir, mientras los barcos de guerra disparaban contra los barrios de los amotinados. Los numerosos muertos y heridos no disuadieron a la extrema izquierda republicana y al sindicalismo anarquista de declarar, el 15 de julio, una huelga revolucionaria que de nuevo puso a Lisboa en estado de sitio. Fuerzas de la Caballería disolvieron los grupos de rebeldes —⁠hubo varios heridos⁠— y se detuvo a los cabecillas para conducirlos a los buques de guerra[320].

De la ola de revueltas tampoco se libraban los países neutrales. A Alfonso XIII y su Gobierno les causó mucha desazón la abdicación de Constantino I de Grecia el 13 de junio, casi simultánea a la explosión juntera en España. El monarca heleno se había mostrado un ferviente defensor de la neutralidad de su país, mientras su antiguo primer ministro, Venizelos, defendía la intervención al lado de los aliados para arrebatar Macedonia oriental y Tracia a Bulgaria, y Asia Menor al Imperio otomano. En agosto de 1916, Venizelos se había sublevado contra el rey y establecido un Gobierno rebelde en Salónica, al amparo de la Entente y con el apoyo de los republicanos y los socialistas. La intervención militar de los aliados —⁠Reino Unido, Francia y Rusia, garantes de la independencia griega e indignados con su neutralidad⁠— forzó a Constantino a exiliarse y ser sustituido no por el diádoco Jorge, sospechoso de germanofilia, sino por su segundo hijo, el aliadófilo Alejandro. Venizelos retornó como primer ministro, declaró la ley marcial y, acto seguido, declaró la guerra a los Imperios centrales[321].

De entre los neutrales, Grecia fue un caso extremo. Pero la insatisfacción creciente con la inflación y el paro, consecuencias de la crisis de abastecimiento por los bloqueos y la decisión del Gobierno norteamericano, en junio de 1917, de establecer embargos selectivos a todo país neutral susceptible de comerciar con sus enemigos, era el caldo de cultivo ideal para los propósitos desestabilizadores de los partidos extremistas.

La radicalización del movimiento obrero era patente en Suecia, que sufría una aguda carestía de alimentos, sin que el racionamiento introducido en enero de 1917 la paliara. El ala revolucionaria del Partido Social-Demócrata, sostenida por la mayoría de la Unión de Jóvenes Socialistas, se escindió en febrero; dominaba la organización obrera de Estocolmo y Göteborg, y amenazaba con hacer perder el control del movimiento socialista al reformista Hjalmar Branting, que se había negado a alzarse contra la monarquía y que maniobró para que los radicales se marcharan del partido. Pero estos iniciaron varios motines, acompañados de saqueos de tiendas y granjas, que se extendieron a algunas unidades militares en marzo y abril de 1917. La agitación en el Ejército fue la señal para desencadenar la huelga revolucionaria, y el 20 de abril se organizó un soviet de militantes de la Unión de Jóvenes Socialistas y soldados de la guarnición de la capital, la Asociación de Obreros y Soldados de Estocolmo, que debía orientar la subversión imitando la revolución rusa. Prevista la insurrección para el 1 de mayo, el Gobierno conservador de Carl Swartz concentró varios regimientos leales en Estocolmo y constituyó una «guardia blanca» con civiles armados y encuadrados por oficiales. Estas medidas disuadieron la revuelta, pero no la oleada de motines parciales. Swartz no estaba dispuesto a perder el control de la calle y el 5 de junio disolvió por la fuerza una manifestación de la izquierda socialista frente al Parlamento. Bajo la impresión de los muertos y heridos, la izquierda quiso al día siguiente desencadenar la huelga revolucionaria en toda Suecia, pero los socialdemócratas no la apoyaron por la firme negativa de Branting. Finalmente, la falta de condiciones favorables hizo desistir a los revolucionarios[322].

En la vecina Noruega, donde había idénticos problemas de trabajo y subsistencias, el sindicato metalúrgico lideró grandes huelgas en Oslo, que pronto se extendieron a otros sectores y al resto de poblaciones mineras, industriales y comerciales. La agitación sirvió para que la izquierda del Partido Laborista, afín a los bolcheviques y fuerte en el comité de la capital y en las juventudes, se hiciera con el control de la organización.

El proceso fue muy parecido al de Suiza, donde el radicalizado Partido Social Democrático había sido el único de la Segunda Internacional en adherirse al programa revolucionario de Zimmerwald y Kienthal. Rodeado por beligerantes, el Gobierno suizo había aumentado los cupos del servicio militar y los gastos para evitar una agresión extranjera. Los socialistas se oponían y en septiembre de 1916 —⁠el llamado «Domingo Rojo»⁠— realizaron manifestaciones de protesta contra el Ejército en las ciudades más importantes. Sus contactos con los estratos inferiores de la milicia fructificaron en septiembre de 1917 con la creación de una Alianza Suiza de Soldados, parecida a las juntas españolas. Esta Alianza reivindicaba mejoras en los salarios y en el rancho, y agrupó en poco tiempo a 5000 socios que se negaron a acatar la disciplina militar. La situación invitó a los socialdemócratas a planear seriamente, en octubre y semanas antes del golpe de Estado bolchevique en Rusia, una huelga revolucionaria para hacerse con el poder[323].

Por último, en Holanda la situación era ya angustiosa con el bloqueo submarino alemán. En febrero de 1917, el Gobierno del liberal Pieter Cort van der Linden amplió el racionamiento que el Parlamento había establecido en agosto del año anterior. Sin embargo, eso no evitó la cadena de manifestaciones, huelgas y motines contra la escasez que comenzaron ese mes de febrero y se hicieron muy violentos en julio, tanto en Ámsterdam como en otros centros urbanos. Los partidos liberales y confesionales se veían ante una revolución inminente y trataron de aminorar el descontento aprobando el sufragio universal y otras reformas democráticas. Pero en Holanda la insatisfacción no encontró un agente que pudiera convertirla en una desafección activa contra la monarquía, ya que los socialdemócratas se negaron a sumarse a la insurrección y condenaron los asaltos y los destrozos de la propiedad[324].

En este peligroso contexto… «¿qué espera el rey?», se preguntaba en La Lucha (12 de junio) Marcelino Domingo. Para el ardoroso propagandista republicano, «la guerra europea» había hecho «saltar el cascote sobre el que venía sosteniéndose el Estado español». «¿No lo ve Alfonso XIII? —⁠se preguntaba—. Vivimos en España, hoy, ahora, en estos momentos, en plena revolución. Estamos haciendo ya la revolución», pues «estos obreros que anuncian, preparan y organizan una huelga general con plazo indefinido de duración, son elementos revolucionarios» y «estos militares que constituyen las Juntas de Defensa… son elementos revolucionarios». «¿Qué espera el rey? —⁠insistía Domingo—. ¿Espera que [la revolución] se desenvuelva en la calle de manera cruenta? ¿Espera que se levanten barricadas? ¿Espera que las multitudes expongan la vida para conquistar la soberanía?». En opinión de Domingo, Alfonso XIII debía marcharse «para evitar al país el trance doloroso de liquidar a un mismo tiempo el reinado y el rey».

Pero a los revolucionarios españoles les seguía faltando la conexión con los junteros. El 21 de junio, a colación de un artículo de la juntera La Correspondencia Militar que justificaba la sedición de los oficiales, Domingo calificó de «legítima» la «rebeldía… por el honor del Ejército, por la dignidad de la patria», pero tan legítima «como las de los obreros, como las nuestras [refiriéndose a los republicanos], como las de todo el país». Por ello apeló a «la necesidad de unir, de acoplar todas esas justas rebeldías en aras del bien y del honor de la patria». La revolución no debía ser otra cosa «que un sublevamiento [sic] general de todo el país, de todos los que honradamente se ganan la vida con el esfuerzo de su actividad, para derrocar un régimen de camarilla».

Domingo era el más insistente, pero no el único. Álvarez y Lerroux no solo hablaban, sino que negociaban con las juntas. Cambó las llamó a imitar a las ligas militares griegas para elegir a un Venizelos español que propiciara el tan deseado cambio de régimen. Solo los socialistas desconfiaban de esos oficiales mauristas. Como hicieron sus radicalizados correligionarios europeos, el 14 de junio comenzaron a contactar con las clases de tropa, animándolas a crear sus propias juntas, que deberían actuar como pasarela hacia los tan deseados consejos de obreros y soldados, verdadero motor de la revolución y del futuro «contrapoder» que apuntalaría la influencia del PSOE en la futura «república burguesa»[325].

Estado de excepción

No eran vanas ilusiones. A los socialistas les entusiasmó la solicitud que, el 12 de junio, había dirigido en Barcelona un grupo de suboficiales a la Junta Superior de Infantería «en demanda de afectuosa protección» y «dignificación social». Pedían a sus oficiales que presionaran al Gobierno para que ellos también pudieran obtener mejores salarios y se desbloquearan los ascensos a la oficialidad en la escala de reserva, que había restringido el liberal Luque en 1912. Los suboficiales deseaban cerrar la frustrante brecha que la norma provocaba entre los oficiales de academia y los ascendidos desde la escala de reserva, con salarios bajos y exiguas posibilidades de promoción. Si no se atendían sus demandas, advertían, roto «el lazo de nuestro afecto, habrá llegado el amargo momento de pensar y de creer que nuestros jefes y nuestros oficiales iban a ser el primer muro de contención que tendríamos que allanar cuando a su vez sonase para nosotros la hora solemne de las suspiradas reivindicaciones». Como no obtuvieron respuesta, dos días más tarde (el 14 de junio) enviaron otra solicitud al ministro de la Guerra, Primo de Rivera, en la que reafirmaban su lealtad al Gobierno y no a los oficiales junteros. Pero, a cambio, pedían ascensos por rigurosa antigüedad, turnos para ir a Marruecos y la abolición de la ley Luque de 1912[326].

A finales de junio ya había organizadas juntas de suboficiales en varias guarniciones, con fuertes núcleos en Madrid, Cartagena, Logroño, Sevilla y Valencia. Su proselitismo fue importante, ya que los adheridos se estimaron en unos 5000. Pese al nerviosismo que generaron en el Gobierno y entre los oficiales, la falta de conexión entre las distintas juntas hizo que se fueran diluyendo durante el verano ante la promesa de Primo de Rivera de que la reforma militar recogería sus reivindicaciones.

Los suboficiales más activos se dividieron; unos buscaron ligarse a las juntas de sus superiores y canalizaron sus reivindicaciones por medio de ellas; otros prefirieron aliarse directamente con el ministro de la Guerra, que mostraba una buena disposición hacia ellos para debilitar el poder de la Junta Superior de Infantería. El 1 de julio se constituyeron juntas de cabos y soldados que, «por ser los últimos, los más y los mejores», apuntaba El Socialista, «al hablar y reclamar, lo harán en nombre del pueblo y en interés de toda la nación». También circularon unas bases de organización con vistas a establecer esas juntas en cada unidad, con el fin de trasladar a sus superiores las quejas sobre los abusos de los suboficiales, la calidad y la cantidad del rancho o la distribución de los uniformes. Pero no terminarían de arraigar[327].

Un Ejército dislocado

Aun así, en la primera semana de julio la disciplina militar parecía diluirse como un azucarillo. Ganar o alentar la abstención de los militares era el ingrediente principal para que el levantamiento republicano que se preparaba —⁠con epicentro en Barcelona⁠— tuviera éxito. Puesto que dicho levantamiento debía ir precedido de una huelga general, el cenetista Pestaña urgió a Largo Caballero para que se le pusiera fecha.

El plan insurreccional tenía el regusto de la vieja tradición revolucionaria española del siglo XIX: sería un alzamiento de poderes locales que colapsaría la autoridad política central y destruiría la conexión administrativa con las provincias. Para asegurar el éxito, el levantamiento debía comenzar como una protesta contra la carestía. Así, una huelga ferroviaria y minera paralizaría las comunicaciones y la economía nacional, y los implicados se ocuparían de hacer lo propio en cada una de sus ciudades y pueblos. Los medios republicanos, socialistas y anarquistas preparaban el ambiente y trataban en sus periódicos y panfletos el encarecimiento de subsistencias como un «siniestro problema de hambre».

Mientras, Lerroux envió al diputado de su grupo Giner de los Ríos a Portugal para recabar el apoyo del presidente de aquella República, Bernardino Machado, y pedirle que tanteara el reconocimiento diplomático británico al futuro Gobierno revolucionario de España. También le informó de que los republicanos requerirían la colaboración de Maura para asegurar la adhesión del Ejército. Dato conocía esas concomitancias portuguesas. Su congoja subió enteros cuando supo que un diputado nacionalista irlandés bien avenido con los republicanos y la Lliga, Arthur Lynch, solicitó en la Cámara de los Comunes al ministro de Asuntos Extranjeros, el conservador Arthur Balfour, que los británicos no usaran su influencia contra los que pretendían proclamar una república en España. Para tranquilizar a Lynch, Balfour apeló a la no injerencia británica en la política interior de otros países, lo que provocó el enfado del embajador Hardinge[328].

Los preparativos revolucionarios eran difíciles de disimular. El nuevo gobernador civil de Barcelona, Leopoldo Matos, desplegó a toda la Policía disponible por la ciudad. Aunque Dato creía que podría mantener el orden sin suspender las garantías constitucionales, el ministro de la Gobernación, Sánchez-Guerra, no estaba de acuerdo y presionó para que el Gobierno no esperara más. La filtración juntera a la prensa de su escandaloso manifiesto del 13 de junio precipitó la decisión que se adoptó el día 26 de ese mismo mes.

Sin embargo, no hubo mención pública a este asunto. Ante los periodistas, Sánchez-Guerra justificó la suspensión de garantías aludiendo a «la campaña de agitación» que en varias provincias habían intensificado «algunas personalidades de antiguo consagradas a predicar violencias y procurar desórdenes» y el «desenfreno de algunos órganos de la prensa, que no vacilan en publicar trabajos execrables, encaminados a atacar los fundamentos del orden social, a procurar destruir la disciplina militar y a presentar a España ante el extranjero como un país minado por toda clase de pasiones revolucionarias y próximo a presenciar las mayores violencias y atentados». En adelante quedaban prohibidas las reuniones políticas y se establecía la censura de prensa para toda referencia a las instituciones fundamentales y las juntas militares. La censura también se aplicaría a los manifiestos y a las proclamas societarias, así como a las propagandas aliadófilas y germanófilas[329].

Sánchez-Guerra estaba informado de los planes revolucionarios. El 22 de junio instruyó a los gobernadores para que estuvieran preparados para «sofocar y reprimir en el acto toda tentativa sediciosa de cualquier clase que pudiera intentarse realizar por sorpresa». Debían averiguar «los propósitos y manejos de quienes por sus ideas y antecedentes en su caso pudieran preparar, dirigir o ejecutar actos sediciosos». Si la sedición se materializaba, debían «tener tomadas todas las disposiciones necesarias para cortarla en sus comienzos, procediendo sin vacilación ni contemplaciones, con rápida y resuelta energía» y dirigiendo la acción «contra los inductores del movimiento y directores de grupos, quienes deben ser los primeros en sentir, con la mayor intensidad, los efectos de sus incitaciones, para lo cual convendrá que de antemano los jefes de las fuerzas conozcan personalmente a los presuntos directores». El mismo 26 de junio, día de la suspensión de garantías, Sánchez-Guerra les reveló que el plan insurreccional era «aislar a las autoridades, apoderarse de las dependencias públicas e interrumpir las comunicaciones». El 30 les advertía de que su estallido comenzaría con una huelga de los sindicalistas ferroviarios de la Compañía del Norte, señal para que pararan otros oficios «con el fin de promover un movimiento general sedicioso», de modo que debían redoblar la vigilancia contra las personas que en cada provincia pudieran liderar la revuelta y, en caso de iniciarse, detenerles y clausurar los centros y sociedades que dirigiesen[330].

Conocedor de quiénes serían los iniciadores de la sublevación, Dato pidió cordura a la UGT y a la CNT: los obreros españoles «se ven libres de los horrores de la guerra por la actitud de neutralidad que mantenemos» y «sufren con menos intensidad que los de los otros países neutrales la carestía y escasez de las subsistencias». Pero no se quedó solo en palabras, sino que el Gobierno redobló su desesperada lucha contra la inflación y el paro, y suspendió, hasta la siguiente cosecha, la exportación de aceite. Asimismo, creó un consorcio nacional carbonero para intensificar la producción nacional, que debía alentar la concentración de las empresas explotadoras y anticipar subvenciones del Estado para construir ferrocarriles secundarios, cargaderos de mineral y viviendas para obreros.

El Gobierno también organizó una caja nacional de crédito agrícola dirigida a los pequeños cultivadores, y, con vistas a aminorar el influjo de la propaganda de los beligerantes en España y evitar los cierres de periódicos por la subida del precio del papel, volvió a adelantar recursos a la prensa. Para restar ambiente a la huelga ferroviaria —⁠pistoletazo de salida del levantamiento⁠—, Dato resolvió a favor de los empleados otro conflicto que existía con la Compañía del Norte, cuyos directivos habían acatado la resolución del Gobierno Romanones de subir los salarios un real diario, pero suspendiendo una gratificación que la compañía había asignado previamente a sus trabajadores con menos ingresos para compensarles por la inflación. El Gobierno Dato intervino para que la subida se sumara a la gratificación[331].

Aun así, lo peligroso era el factor militar. Dato redobló sus esfuerzos por ganarse al Ejército, temeroso de que, por mediación de las juntas, los soldados prestaran oídos a cualquier llamada a la indisciplina. Dio de lado a las exigencias de la Junta Superior de Infantería sobre destituciones y pases a la reserva de generales, y se centró en el rearme y los sueldos. El Gobierno tiró de los créditos de la Ley de Autorizaciones para modernizar el material de guerra y habilitó otro crédito especial para, a lo largo de todo el año 1917, subir los sueldos en 25 céntimos diarios, más otros 15 suplementarios para mejorar el rancho del Ejército de África. De acuerdo con el monarca, Primo de Rivera renovó por completo su Casa Militar y se restableció la costumbre, instituida por Alfonso XII, de que los destinos no pudieran prolongarse por más de cuatro años. El rey y Dato trataron de convencer a las cancillerías extranjeras de que el movimiento juntero no era subversivo ni abría una coyuntura revolucionaria, sino que había sido una protesta patriótica y corporativa para que, como puntualizaba Alfonso XIII a los corresponsales, «el dinero votado en el Parlamento tenga el mejor empleo posible» dentro del Ejército. Declaraciones así no eran más que disimulos de una realidad convulsa y difícil de tapar[332].

La voladura del Partido Liberal

Los agobios internos no disminuían los provocados por la Gran Guerra. Los británicos habían celebrado la llegada de Dato al poder porque suponían que el nuevo Gobierno sería, con más discreción que Romanones, favorable a la Entente. Menos lúcido que Hardinge, el embajador norteamericano, Joseph Willard, comenzó a usar los suministros de su país como medida de presión: solo se mantendrían si la política española era amigable a los intereses aliados. Así, Washington ponía en peligro la neutralidad y las relaciones españolas con los Imperios centrales.

Recién llegado al poder, Dato ya tuvo el 11 de junio su primer grave conflicto cuando un submarino alemán averiado arribó al puerto de Cádiz y alegó las convenciones internacionales para hacer reparaciones. Ante el peligro de que Berlín pretendiera convertir, al amparo de aquel suceso, las instalaciones de un país neutral en bases auxiliares de su bloqueo, el Gobierno quiso salvar su responsabilidad y accedió a que el submarino hiciera reparaciones solo si su oficial al mando recibía órdenes por escrito de no iniciar desde Cádiz ningún ataque contra otros buques. En cuanto salió del puerto español, el 30 de junio, el Gobierno prohibió en adelante a todo submarino de cualquier beligerante penetrar en aguas españolas; los que lo hicieran serían internados hasta el fin de la guerra. La decisión provocó la furiosa protesta del embajador Ratibor y una campaña de la prensa germanófila contra Dato a principios de agosto, singularmente de El Debate, El Día y España Nueva[333].

Justo un mes después, el 30 de julio, Dato tuvo que aplicarle el internamiento a otro submarino alemán que entró averiado en El Ferrol. En represalia, otro torpedeó el 6 de agosto, «por error», a la bonitera Campolibre, en el mar Cantábrico, aunque no hubo víctimas. En su reclamación, el ministro de Estado, Lema, denunció «la acción inaudita contra derecho realizada por submarinos alemanes» y los torpedeamientos, «alguna vez en aguas jurisdiccionales y casi siempre en un límite tan próximo de ellas que originan diarias reclamaciones resultando muy difícil en muchos casos el demostrar que no fueron violadas nuestras aguas».

Pese a su interés en mantener buenas relaciones con Alemania, el Gobierno se hallaba resuelto a hacer valer los derechos de España «y rechazar prudentemente, pero con toda firmeza, cualquier intento de desconocerlos». La cuestión de los submarinos empañaba la notoria mejoría en la cuestión de los torpedeos. A los quince buques y veleros atacados entre febrero y mayo de 1917 se sumaron otros tres más en los primeros quince días del Gobierno Dato: el Oriñón, el Bachi y el Iparraguirre. En adelante, y hasta la caída del Ejecutivo conservador a finales de octubre, no se registrarían más torpedeos que el del pesquero mencionado y el del Marqués de Mudela, el 31 de agosto, justo cuando los submarinos alemanes alcanzaban máximos en los ataques a mercantes de otros países. Dato se anotó otro tanto al lograr que Berlín exceptuara de los ataques a los barcos hospitales aliados, a cambio de que oficiales españoles verificaran que no transportaban armas[334].

Pero, para entonces, y en lo peor de la guerra, el remedo de unión sagrada que habían establecido conservadores y liberales en 1914 se fue a pique cuando los segundos desaparecieron como fuerza unificada. La mayoría de sus parlamentarios, liderados por los presidentes de las cámaras, culpaban a Romanones de anticipar el final de la situación liberal al no apoyar a García Prieto en el conflicto juntero. Groizard y Villanueva decidieron forzar a Romanones a que abandonara la jefatura del partido y acordaron con la mayoría de los exministros publicar un manifiesto en el que proclamarían jefe a García Prieto, y al que se adherirían los diputados y senadores liberales. Para evitar que la operación acabara con la división del partido, Groizard intentó convencer a Romanones para que aceptara el hecho consumado, pues su jefatura ya no era acatada.

Sin embargo, el conde se dispuso a dar la batalla y trató de recuperar la iniciativa convocando una asamblea nacional del partido. En ella participarían no solo los diputados y senadores, sino también los jefes provinciales y los de las capitales de provincia y cabezas de partido, los de la juventud liberal y los directores de periódico y asociaciones afines. Romanones creía que en esta asamblea sus apoyos se incrementarían y estableció que serviría no solo para decidir el liderazgo del partido, sino también para renovar el programa.

Romanones contaba con la ventaja de controlar el círculo madrileño, base de la organización nacional del partido fuera del Parlamento. Para legalizar la asamblea, el 5 de julio convocó a los socios, pero a la reunión tan solo acudieron los suyos y un grupo de indecisos que ponderaba la fuerza de cada líder antes de decantarse. Asistieron unos 110 diputados y senadores, poco más de un tercio del total. Los romanonistas censuraron el procedimiento de Villanueva y Groizard para sustituir a su líder, nombraron al comité organizador de la asamblea y aprobaron unas bases programáticas sobre las que la asamblea decidiría.

Redactadas por el exministro Fermín Calbetón, esas bases postulaban, en inequívoca referencia a las juntas, una «concepción civil del Estado» y la «supremacía indiscutida del poder público con carácter civil sobre todos los órganos y clases sociales». Para abrir el partido a la izquierda, se abogaba no solo por la «práctica sincera» de la Constitución, sino por su reforma, que debía inspirarse en una «interpretación extensiva» de los derechos civiles, limitando las suspensiones gubernativas y saneando el sufragio. Asimismo, se afrontaría la cuestión nacionalista procurando atender «las aspiraciones e intereses legítimos de las regiones». Los liberales romanonistas ratificaban el principio intervencionista del Estado en materia económica y social, así como las orientaciones inequívocamente aliadófilas de su líder, postulando la ruptura de relaciones con los Imperios centrales. La reunión terminó con una adhesión a la jefatura de Romanones. La ponencia de Calbetón mostraba que, tras la pugna de personalismos, había también concepciones opuestas en política internacional o en el modelo territorial, pues los demócratas de García Prieto eran hostiles a la autonomía de las regiones.

Los garcíaprietistas no aceptaron la asamblea. Incluso un sector no alineado, liderado por el conde de Sagasta, se negó a reconocer el liderazgo de Romanones y certificó la defunción del partido. El 14 de julio, Groizard y Villanueva entregaron a García Prieto el manifiesto firmado por 23 exministros y 234 parlamentarios —⁠una amplísima mayoría⁠—, con la petición expresa de que aceptara la jefatura y suspendiera la asamblea. Los romanonistas se negaron a acatar ambas decisiones después de que García Prieto hiciera un último tanteo con su líder. El 18 de julio García Prieto aceptaba la jefatura y decidía encuadrar a los que le seguían en un renovado Partido Democrático, cuyos trabajos se encomendaron a Luis Silvela, Francos Rodríguez y Almodóvar del Valle, hombres de su confianza, recuperando así el nombre de la fracción con la que García Prieto se había escindido en 1913, pues quería entroncar, dentro de la izquierda constitucional, con la tradición monterista y canalejista[335].

La disolución del Partido Liberal, cuya etiqueta conservarían los partidarios de Romanones, fue definitiva. Los postreros intentos de reunificarlo fracasaron una y otra vez, fiascos que implicaron un grave problema para la monarquía constitucional y, en concreto, para la eficacia del turno. La apuesta por el partido de García Prieto como recambio de los conservadores —⁠la más lógica ponderando la fuerza de cada grupo⁠— dejaba fuera de la rotación al jefe liberal que más años había ocupado la Presidencia del Gobierno. Romanones lideraba, además, un partido con la fortaleza suficiente como para impedir que los demócratas recogieran el decreto de disolución, pues no parecía que estos, por sí solos, tuvieran fuerza para obtener una mayoría parlamentaria que refrendara la decisión regia. Por último, los conservadores perdían el apoyo de Romanones, que, al quedarse fuera del turno, parecía ahora dispuesto a alinearse con una oposición republicana y nacionalista en abierta ruptura con el régimen constitucional.

8

La Duma española

La indecisión de las juntas y la previsión del Gobierno permitieron a Dato superar la pleamar revolucionaria del mes de junio. El comité republicano-socialista no se atrevía a insurreccionarse si Márquez no podía convencer a los junteros de que se abstuvieran de combatir la huelga revolucionaria. Para desesperación de los impacientes cenetistas, esas prevenciones contagiaban a la UGT. Todos habían tratado de coordinarse para desencadenar el movimiento el 1 de julio, pero la falta de ambiente y el despliegue policial de un Gobierno sobre aviso les hizo echarse atrás.

Cambó toma la iniciativa

Al día siguiente, la Lliga cogió el relevo. Con la cobertura de la Mancomunidad de Cataluña y del Ayuntamiento de Barcelona, controlados ambos por los nacionalistas, la Lliga convocó una reunión de parlamentarios catalanes que debía tener lugar el 5 de julio. Prat de la Riba, de quién salió la iniciativa, ofreció el edificio de la diputación para darle apariencia de unas «Cortes catalanas», y el Consistorio barcelonés votó un crédito de 5000 pesetas para sufragar los gastos de la reunión. El plan era forjar un remedo de la Solidaridad Catalana de 1906, que englobara a todos los partidos de la región, y emitir una petición conjunta a los parlamentarios de otras provincias para exigir la reapertura de las Cortes ante «la necesidad de tomar medidas urgentes para poner remedio a la situación del país». La crisis juntera debía abrir ese proceso constituyente del que Prat y Cambó pretendían conseguir la «autonomía integral» de Cataluña, para la que necesitaban el apoyo de otros partidos. Los republicanos anunciaron su asistencia en bloque y dieron su apoyo a la reivindicación catalanista; incluso lo hizo el Partido Radical, tradicional adversario de la Lliga, deseoso Lerroux de ganar a los nacionalistas para la República. Cambó consiguió lo que no había logrado en 1916, y sin contraprestación alguna: «Conocía muy bien a los republicanos de toda especie —⁠recordaba⁠—, y sabía que eran unos perfectos botarates», a los que «me metería siempre en el bolsillo»[336].

Unas Cortes catalanas

El desconcierto del Gobierno aumentó cuando la sección catalana de la izquierda constitucional —⁠los liberales autonomistas⁠— se sumó a la propuesta de la Lliga. Algunos eran romanonistas, pero la mayoría se había adherido a Santiago Alba mientras se dilucidaba la pugna por la jefatura del Partido Liberal. Alba mantenía entonces una postura independiente, aunque acabaría alineándose con García Prieto. El exministro de Hacienda justificó la presencia de sus seguidores aduciendo que los liberales debían «alentar todo movimiento patriótico e innovador» y defender «que no se limite en lo más mínimo el funcionamiento de las Cortes para que puedan ejercer su soberanía». Esto último era paradójico desde el momento en que Alba pertenecía al partido que había clausurado las Cortes después de que le otorgaran a él facultades extraordinarias en materia económica.

En realidad, Alba llevaba desde el 13 de abril, días antes de la dimisión de Romanones, buscando el apoyo del rey, Cambó y Álvarez para procurarse una plataforma desde la cual liderar un Gobierno de concentración de izquierdas que superara la división de los liberales y procurara la benevolencia de los republicanos. La fórmula había sonado con fuerza durante la crisis juntera, e incluso como recambio a Dato. Alba creía que Alfonso XIII era sensible a su propuesta y que podría ganarse a Cambó. Pero en ningún momento el rey se mostró favorable a romper el turno y Cambó era más partidario de que ese Gobierno lo presidiera Maura.

La decisión de Alba de colaborar en una iniciativa del nacionalismo catalán fue duramente descalificada por la mayoría de los liberales. Su diario de cabecera, El Imparcial, reprochó que se considerara a la Lliga un interlocutor válido para renovar la política española. Afirmaba que a sus dirigentes «nada de España les interesa fuera del régimen arancelario», y por eso no admitirían más que el «sistema federativo», que tan solo sería una etapa más «para llegar a la plena consecución del programa catalanista, que es la unión pura y simple de Cataluña a España por medio de un tratado aduanero, que ha de ser, naturalmente, favorable a las manufacturas catalanas. De lo contrario, no hay unión posible»[337].

El 5 de julio, la asamblea de parlamentarios catalanes mostró la pulverización de la izquierda constitucional. Solo una decena de los 65 parlamentarios de la región, entre diputados y senadores, faltaron a la reunión. Cinco, los liberales Kindelán y Nicolau, el conservador Ramos Cordero, el maurista Monegal y el republicano federal Salas Antón, se desentendieron. Era de suma gravedad que la asamblea obtuviera el apoyo juntero. Allí se presentaron los capitanes Villar y Pérez Palá para entregar el manifiesto de la Junta Superior de Infantería que había prohibido difundir el Gobierno, «como si se quisiera establecer una relación íntima entre lo uno y lo otro». Los nacionalistas correspondieron con una acción de agradecimiento público a los junteros por haber revelado la protesta latente contra los partidos del turno, hecho que llevó a Dato a temer que se hubiera establecido algún tipo de entendimiento entre los asambleístas y los militares sediciosos[338].

Abierta la sesión, los representantes de la Lliga y de los partidos radical, tradicionalista, republicano nacionalista, reformista, federal y liberal autonomista anunciaron su apoyo a un mensaje conjunto. Afirmaban que «ante la gravedad y transcendencia de los momentos actuales», era «voluntad de Cataluña la obtención del régimen de amplia autonomía» y «de gran conveniencia para España transformar la organización del Estado, basándola en un régimen de autonomías». Se aprobaron unas conclusiones en forma de manifiesto que una comisión nombrada al efecto debía transmitir al Gobierno. Formaban la comisión el nacionalista Raimundo de Abadal, el radical Hermenegildo Giner de los Ríos y el liberal autonomista marqués de Marianao.

En el texto se exigía al Gobierno que abriera las Cortes «para que las mismas, en función de constituyentes, deliberen y resuelvan sobre la organización del Estado y la autonomía de los municipios y den solución inmediata al problema militar y a los que las circunstancias actuales plantean con apremio inaplazable para la vida económica de España». Como la «función de constituyentes» implicaba la suspensión de las prerrogativas de la Corona, la supuesta reforma podía hacerse sin el apoyo del rey, y aun contra él, visto que entre sus patrocinadores figuraban mayoritariamente republicanos o, a lo sumo, «accidentalistas», para los que la monarquía era indiferente. Y si el rey y Dato se negaban a esta exigencia, los parlamentarios catalanes invitarían a los del resto de España a concurrir, el 19 de julio, a una asamblea que deliberara sobre todos esos asuntos. Por tanto, si el Gobierno no convocaba a las Cortes —⁠con carácter de Constituyentes⁠—, lo harían los asambleístas, sustrayéndole su prerrogativa legal.

La asamblea desechó una propuesta del nacionalista republicano Francesc Maciá aún más radical que la de la Lliga: a la iniciativa del 19 debía acompañar una revolución liderada por los parlamentarios. Lerroux sí obtuvo un compromiso solemne, tras su intervención, de que no se detendrían ante la revolución si los poderes públicos se oponían a los designios de las fuerzas allí reunidas. Lo confirmó Cambó sin veladuras:

Lo que ocurrió el 1 de Junio, no es un pleito militar, sino que el país entero lo suscribió… al país le ha salido un tumor que no es posible curarlo, sino extirparlo… ¿Qué pedimos nosotros? Pedimos en esta proposición que se abran las Cortes, que se resuelvan los problemas económicos y el pleito militar. ¡Ay de nosotros, señores, si el acto de los militares no va acompañado de una transformación política!… Estos momentos son trascendentales, y es preciso ir a una Asamblea nacional si no se nos atiende. Nos amenaza una revuelta anárquica abajo, y no podemos consentir que se nos niegue desde arriba la ejecución del derecho a discutir problemas que nos afectan[339].

De esas conclusiones se apartaron siete parlamentarios conservadores, dos mauristas y cuatro liberales, que, por indicación de Dato, habían asistido para presentar una alternativa conciliadora. Intentaron encauzar el mensaje hacia la reivindicación de una autonomía administrativa de los municipios y las regiones de España, «sin mengua de la unidad nacional», y a una reapertura de las Cortes de acuerdo con el Gobierno, «en el momento que, a su juicio, las circunstancias lo consientan». Pero Abadal, erigido en presidente de la asamblea, no consintió que esa propuesta se discutiera. De ahí que estos 13 parlamentarios constitucionalistas se abstuvieran de votar la resolución de los otros grupos[340].

Así, Dato pudo darse por notificado del desafío, con tono de ultimátum, que se le planteaba. El 7 de julio recibió en comisión a Abadal, Giner y Marianao. La entrevista fue muy fría. El presidente del Gobierno les reprochó su exigencia de Cortes Constituyentes y «reforma federativa» bajo amenaza de convocar un Parlamento ilegal. El día 8, el Gobierno hizo pública una respuesta a las conclusiones de la asamblea catalanista. En ella advirtió de que la declaración del Parlamento como «constituyente» y la misma conminación a la Corona y sus ministros subvertían explícitamente la legalidad. «Convocatorias semejantes —⁠decía— no se conciben sin previo programa definiendo concretamente ante el cuerpo electoral cuál es la materia sometida al veredicto de los comicios». Era convención establecida, y sancionada indirectamente por el artículo 23 de la Constitución, que unas Cortes no convocadas previamente para esta tarea no podían reformar la ley fundamental. Por lo tanto, era necesario disolver las Cortes y elegir otras nuevas, explicitando en el decreto de convocatoria —⁠a iniciativa del Gobierno o de la mayoría de alguna de las dos cámaras— el propósito de reformar la Constitución y los artículos que pretendían modificarse. Así se había hecho, además, en 1876. Las elecciones decidirían si la reforma obtenía o no una mayoría suficiente como para llevarla a cabo y, para ello, ni siquiera se necesitaba dar a las Cortes ningún carácter «constituyente». En aquella monarquía, el Parlamento no era omnipotente en ninguna circunstancia[341].

El Gobierno recordaba que el Partido Liberal-Conservador siempre había acogido «con mayor simpatía» las medidas que facilitaran «el desenvolvimiento de la vida administrativa y económica de municipios y regiones»; y por eso los conservadores eran los artífices de la Mancomunidad de Cataluña. Pulverizada ya la mayoría liberal, el Ejecutivo consideraba inevitable la disolución de las Cortes actuales. Las elecciones tendrían lugar cuando el orden público permitiera celebrarlas. En todo caso, la Constitución otorgaba «solo al rey, con el consejo de su Gobierno responsable… la prerrogativa de convocar, reunir, suspender o disolver las Cortes», y, por ello, el Ejecutivo no podía avenirse «a que personas que ni gobiernan, ni dirigen, ni tienen la misión constitucional de hacerlo… le sustituyan en el ejercicio de facultades que se reserva por entero ejercitar en el momento en que lo crea conveniente y oportuno, sin fijar de antemano plazo para ello, ni menos consentir que se le fije por quienes no tienen derecho alguno para intentarlo». Advertía también que cualquier remedo de Parlamento que los asambleístas constituyeran sería un acto sedicioso «definido y castigado en varios artículos del Código Penal».

La nota provocó la primera baja: el representante de los liberales autonomistas en la comisión de la asamblea, el marqués de Marianao. Aun así, Abadal y Giner de los Ríos protestaron en un desabrido telegrama contra la prohibición del Gobierno cuando, según señalaron, tan solo pretendían convocar «una asamblea extraoficial de senadores y diputados». El Gobierno no mordió el anzuelo y aclaró que la suspensión de las garantías constitucionales incluía el derecho de reunión. Recordó que era especial obligación de los parlamentarios, en cuanto legisladores, respetar la legalidad y evitar toda causa de «perturbación y desorden» en un «momento decisivo»[342].

El affaire Matos

No había que atar demasiados cabos para observar que, como le explicó el embajador español en Londres al primer ministro Arthur Balfour, los asambleístas trataban de reproducir en España esa confrontación entre la Duma y el zar que propició la revolución en Rusia[343]. Pero los asambleístas no solo ignoraban las radicales diferencias políticas entre ambos países, sino también que los diputados rusos del Bloque Progresista encauzaron una insurrección previa a la abdicación del zar que contó con la inhibición de una parte del Ejército y con el apoyo abierto de otra, al menos en Petrogrado.

En España, aquel sucedáneo de Duma que los asambleístas pretendían reunir al amparo de la contestataria guarnición de Barcelona se planteaba como el pistoletazo de salida de la revolución, con el agravante de que sus organizadores desconocían si la convocatoria suscitaría el apoyo mayoritario de los parlamentarios. El Bloque Progresista ruso había integrado a tres cuartas partes de la Duma, y en él se incluían todos los partidos liberales, a izquierda y a derecha. Descartados en España los liberal-conservadores, la clave para los asambleístas era que la izquierda constitucional acabara sumándose a un frente antigubernamental. Si, contando con la división y ambivalencia de los dirigentes liberales, la asamblea conseguía reunir una mayoría de diputados y senadores, la deslegitimación de un Gobierno sostenido únicamente en la prerrogativa de la Corona haría imposible que el Ejecutivo contara con el apoyo de las Fuerzas Armadas. Y más cuando los junteros deseaban sustituir a Dato y cuando su jefe directo, el ministro Primo de Rivera, al que motejaban «la Momia», no despertaba en ellos ninguna simpatía.

Precisamente porque no funcionaba la interlocución del ministro de la Guerra con la Junta Superior de Infantería, la relación de esta con el Gobierno era cada vez más precaria. A Dato le preocupaba que la indisimulada hostilidad del viejo general hacia los junteros les empujara a la sedición. El ministro de la Guerra se negaba rotundamente a que estos se inmiscuyeran en la reforma de las clases de tropa y, además, promovió a general al coronel Jerónimo Aguado, que se había significado por su oposición a las juntas. Los junteros interpretaron este ascenso como una traición y amenazaron con la ruptura total. Dato paralizó la promoción de Aguado, que solo haría efectiva el 11 de agosto, con la huelga revolucionaria ya en ciernes.

Estos problemas eran consecuencia de que, aparte del Ministerio de la Guerra, no había otros conductos oficiales para que el Gobierno pudiera dirigirse a los junteros. Pese a que Alfonso XIII había pedido al comandante Espino que se pusieran en relación directa con Dato, Márquez se negaba «a darles ni remotamente esperanza de conexión ninguna» para «no ligar nuestra actuación con la de ningún partido político»[344].

Con el desafío asambleario a la vista, era un riesgo para el Gobierno mantener dicha situación. Sabedor de que otros directivos de la Junta Superior eran menos remisos al contacto, Dato decidió abrir una vía de interlocución a través de Sánchez-Guerra, que requirió al gobernador civil de Barcelona, Matos, para que se entrevistara con Márquez. A espaldas de Primo de Rivera, su misión era reunir las demandas de las juntas, que el Gobierno estaría dispuesto a complacer a cambio de que los junteros aceptaran negociar por esa vía. Como las juntas habían anunciado que, en su próxima asamblea, exigirían el pase a la reserva de varios generales, Matos debía enterarse de sus nombres. Por último, el gobernador tenía que sondearles sobre si los junteros tolerarían a un ministro civil en la cartera de Guerra, pues, dada la enemistad de Primo de Rivera y la falta de alternativas satisfactorias en el generalato, Dato estaba pensando en ocupar personalmente la cartera o encomendársela a Augusto González-Besada, su mano derecha en el partido.

Matos preparó una entrevista con Márquez que tuvo lugar el 9 de julio. El gobernador dio a entender que el Gobierno «estaba dispuesto a acceder a cuantas peticiones razonables se le hiciesen». Le sondeó sobre los asuntos que le había encomendado Sánchez-Guerra y tuvieron una conversación de más de dos horas sobre diversos asuntos. El 10 de julio, Márquez reunió a la Junta Superior de Infantería, a la que informó de que Matos, en nombre de Dato, había ofrecido que todas las peticiones del arma de Infantería las hicieran directamente, pues el Gobierno estaba dispuesto a aprobarlas por decreto. Igualmente, les pidió que las aspiraciones de las demás armas y cuerpos también se canalizaran a través de la Junta Superior de Infantería, dándole así a esta una clara preeminencia. El Gobierno sabía que a las juntas no les había gustado el nombramiento de Primo de Rivera y les planteaba la posibilidad de que le sustituyera un civil. Con los generales «la situación es difícil, pues siguen mandando los vencidos», pero el Gobierno estaba dispuesto a «quitar los destinos a cierto número de generales, por pase a situación de cuartel».

El 11 de julio, Márquez le entregó a Matos una nota dirigida a Dato. La Junta Superior contestó, con cajas destempladas, que el Gobierno ya conocía, a través de los dos manifiestos y de su reglamento, cuáles eran sus aspiraciones y que solo las canalizarían a través de la sección de Infantería de su ministerio. Además, se negaba a tomar el «control de las aspiraciones de las otras armas» y, como no tenían por qué inmiscuirse en asuntos políticos, les era indiferente un ministro civil de la Guerra, si reunía «la capacidad y la moralidad necesaria para poder ejercer [el cargo] con acierto, dignidad y justicia». Por último, insistían en su pretensión de exigir responsabilidades a los generales antijunteros, excepto si antes «sus propias conciencias mueve[n] sus voluntades» y se marchaban del Ejército. La conversación se tensó cuando Matos le devolvió la nota, le aclaró que el Gobierno no podía comprometerse a pasar a la reserva a los generales que pedía la Junta y que el sondeo no podía constar como respuesta a una gestión de Dato, sino a otra de carácter particular del propio gobernador[345].

Pero Márquez maniobró para provocar una crisis de Gobierno. Decidió comunicar la conversación y la nota de respuesta de la Junta Superior de Infantería dirigida a Dato al resto de las juntas regionales, ya que era consciente de que por esa vía llegaría a conocimiento del ministro de la Guerra. Pero, además, la filtró a la prensa. Al presidente le costó impedir la dimisión del viejo Primo de Rivera, tan indignado que ni la llegada a toda prisa de Matos a Madrid para darle explicaciones y desligar de su gestión al presidente calmó sus ánimos. Dato escribió al capitán general Marina el 29 de julio para comunicarle que el gobernador, en sus conversaciones «siempre lamentables» con Márquez, nunca había dicho que hablara en nombre suyo. Le rogaba que llamara a su presencia a Matos y a Márquez, para que el primero repitiera el relato de las conversaciones que había hecho ante Dato, Sánchez-Guerra, Primo de Rivera y Echagüe. De ese modo, Márquez «se apresurará a consignar la verdad, pues en otro caso seré yo quien lo haga, con tal publicidad que se enterará todo el país». Dato acusó a Márquez de difundir «una patraña» que no entendía que pudieran haberla creído los restantes junteros y que «lastimaba la dignidad» del presidente del Gobierno[346].

Márquez se negó a dar explicaciones, se reafirmó en su versión y acusó a Sánchez-Guerra de maniobrar para desprestigiarle ante sus compañeros. Los junteros apoyaron al coronel y llegaron al convencimiento de que el gobernador obró de acuerdo con el ministro de la Gobernación. Matos dimitió el 7 de agosto para satisfacer a Primo de Rivera, pero la huelga revolucionaria estaba ya próxima y Dato pidió al gobernador que retrasara su marcha. Este choque, que voló todos los puentes entre el Gobierno y los junteros, solo se entiende si tenemos en cuenta que Márquez y sus hombres de confianza en la Junta Superior habían decidido sostener a los asambleístas y colaborar con ellos para forzar la caída de los conservadores e ir a unas Cortes Constituyentes.

Este durísimo enfrentamiento coincidió con los días críticos que mediaron entre el 9 y el 18 de julio de 1917, cuando los conservadores parecían haberse quedado solos en su propósito de no tolerar la asamblea. Y, por si fuera poco, se sumaba a la agitación de las provincias vascas. Casi simultáneamente, la diputación vizcaína, presidida por el nacionalista Ramón de la Sota, convocó a todos sus miembros y a los de Álava, Guipúzcoa y Navarra a otra asamblea en Vitoria, para solicitar el Estado propio o la reintegración foral. Los navarros no asistieron y los presidentes de las otras dos diputaciones hicieron, el 16 de julio, una declaración más moderada en la que solicitaban, «dentro de la unidad de la nación española», una amplia autonomía «en consonancia con las constantes aspiraciones del país vasco» y donde también protestaban contra el recorte de los fueros en 1876. Los tres presidentes acordaron acudir a las Cortes, cuando estas se reabrieran, para trasladar esta petición[347].

Las Juntas militares ante el parlamento rebelde

El comité de la Alianza de Izquierdas aprovechó ese clima favorable y se reunió el 13 de julio, con el pretexto de concertar su asistencia a la asamblea de parlamentarios, aunque esta se daba ya por descontada. Al encuentro asistieron Lerroux, Álvarez e Iglesias, y también Largo Caballero, en representación de la UGT, pese a que no era diputado. En realidad, los cuatro evaluaron los preparativos del levantamiento contra el Gobierno y convinieron en que se produjera el 19, el mismo día en que se celebraría la asamblea. Debía comenzar como una protesta contra la prohibición gubernativa de que se reunieran los parlamentarios. Así, el comité decidió organizar una multitudinaria manifestación de apoyo a los asambleístas para impedir que la fuerza pública los disolvieran. Junto con el paro decretado por la CNT, la manifestación sería el paso previo a la huelga revolucionaria, que tendría el amparo de los parlamentarios de Barcelona, erigidos así en un verdadero contrapoder legitimador de una insurrección contra el Gobierno.

La huelga ferroviaria que daría inicio a la general ya había sido notificada a todas las secciones de la UGT. El Sindicato Norte, en una circular de 7 de julio firmada por su presidente, Luis Salcedo, y su secretario, Trifón Gómez, pedía estar alerta, pues la fecha de su paro estaba condicionada «a las conveniencias y resoluciones del que con carácter general y con superiores fines tienen acordado para fecha próxima los organismos nacionales del proletariado español».

Desde los ferrocarriles, la huelga debía extenderse rápidamente a las zonas mineras de Córdoba, Huelva, Oviedo y Vizcaya, y de ahí a las industriales. Comités revolucionarios locales se harían cargo de los ayuntamientos que se tomaran. Esos comités no eran solo los de la UGT y la CNT, sino también de republicanos, que habían comenzado a constituirse en junio, especialmente en Cataluña. Las fuerzas a disposición de estos comités eran relevantes en La Coruña, El Ferrol, Barcelona, Valencia, Bilbao, la región asturiana, Cartagena y Badajoz, y, en tres provincias andaluzas —⁠Cádiz, Córdoba y Sevilla—, los anarquistas estaban reconstituyendo con éxito sus organizaciones. Asimismo, se había trabado una relación estrecha con varios suboficiales, sargentos y soldados del Ejército de Tierra y también de la Armada, para que se sumaran a la rebelión. Los tres miembros del comité revolucionario —⁠Iglesias, Lerroux y Álvarez— se ocuparían de activar los preparativos en sus respectivas áreas de influencia. Pablo Iglesias lo haría en Madrid, Castilla y Vizcaya, con apoyo republicano; Alejandro Lerroux se encargaría de Cataluña, Valencia, Galicia, Aragón y Andalucía, con ayuda de los republicanos catalanistas y de la CNT; y Melquíades Álvarez lo coordinaría en Asturias y León con el auxilio de los socialistas.

Iglesias accedió a entrar en el futuro Ejecutivo como ministro sin cartera, emulando a su admirado Jules Guesde y al social-revolucionario Alexander Kerensky, miembro del soviet de Petrogrado y ministro de Justicia del Gobierno provisional ruso. La presencia de Iglesias debía servir para abrir la futura república a las aspiraciones de los socialistas, que no tomarían directamente el poder, pero que, desde las palancas de poder local y sindical que adquirieran gracias a la revuelta, inducirían a sus aliados «burgueses» a proseguir la revolución sin detenerse y crear así las condiciones que sustentaran el predominio del «proletariado organizado».

Por su parte, Largo Caballero enlazaba el comité revolucionario con una CNT afanosa en el acopio de armas y explosivos. «Procúrate un arma, compañero», era la instrucción que la cenetista Solidaridad Obrera prodigaba a sus militantes. Mientras tanto, no había que pisar a fondo en las huelgas parciales y ahorrar fuerzas ante lo que se avecinaba. Ello no evitó que entre el mes de junio y la primera mitad de julio muriera en un atentado ácrata el patrono Antonio Sagarra, y que en otras acciones violentas resultaran heridos de gravedad el patrono Miguel Vall-Llovera, un contramaestre contrario a la huelga del textil llamado José Oller y Antonio Basedas, un obrero no sindicado. Otro contramaestre quedó ileso[348].

Cambó, referente juntero

Pero todos esos planes siempre descansaban sobre un supuesto básico: que los junteros mantuvieran al Ejército en los cuarteles cuando la insurrección estallase, gestión en la que Cambó pasó a desempeñar un papel protagonista. Sabía que las juntas querían presionar al rey para cambiar el Gobierno, pero carecían de un referente unificador tras la negativa de Maura a colaborar. Primero se ganó al general Alfau, implicado en todos los dimes y diretes conspirativos, que hacía denodados esfuerzos por avenirse con los junteros[349]. Luego, a través de los capitanes Villar y Herrero, tuvo una reunión reservada con el coronel Márquez en el convento de los capuchinos de Nuestra Señora de Pompeya, en Barcelona.

Márquez justificó en sus memorias que cumplía un encargo del rey para disuadir al dirigente de la Lliga de reunir la asamblea, pero lo cierto es que el encuentro acabó con el coronel entregado a los proyectos de Cambó, de los que ya no se desligaría hasta noviembre de 1917. Ambos acordaron subir la apuesta: ya no bastaría, para desconvocar la asamblea, con que el Gobierno reabriera las Cortes, sino que se exigiría a los conservadores que se marcharan y dejaran paso a un Gobierno de concentración que finiquitase la Restauración. También acordaron que presionarían al rey: si Dato se negaba a irse, debía ser Alfonso XIII el que procurara «evitar el choque» destituyéndolo para que la monarquía no peligrara.

Para convencer al rey, Cambó le envió tres emisarios: el monárquico independiente Juan Antonio Güell, el liberal autonomista Roig y Bergadá y el maurista Joaquín María de Nadal. El monarca recibió con evasivas a Güell y le remitió a Dato, que le comunicó que no dimitiría. A Nadal, Alfonso XIII le comentó que, como no iba a prescindir de su Gobierno, «no veía solución al conflicto». Se sentía tranquilo porque a la asamblea no acudirían ni los mauristas, ni los liberales, ni siquiera algún republicano. Le preocupaba más que la Lliga hubiera dado «marcha atrás en su nacionalismo para establecer contacto con los militares y que estos, o una parte de ellos al menos, le han establecido con agrado». Aun así, el rey pensaba que el Gobierno contaría con la guarnición de Barcelona y se extrañó cuando Nadal le dijo «que eso no podía afirmarse en absoluto, porque la oficialidad está muy dividida, anhelando una gran parte de ella las soluciones de gobierno» de los asambleístas. El rey transmitió a Nadal, para que le llegara a Cambó, que su proyecto era «infiltrar las diversas corrientes políticas que actúan en España dentro de los dos grandes partidos», pero no destruirlos. Quedaron en volver a verse, pero lo cierto es que ni Nadal, ni Roig y Bergadá, ni Julio Amado —⁠director de La Correspondencia Militar y emisario de la Junta Superior de Infantería⁠—, pudieron ya entrevistarse con el monarca porque «Dato había prohibido que se celebraran audiencias» sin «su permiso»[350].

La contradicción entre la seguridad del rey y las dudas de Nadal respecto a la guarnición de Barcelona tenía sus razones. Márquez todavía debía convencer a la Junta Superior y al resto de las regionales de que, sin Maura, su político de referencia fuese Cambó. Para ello, el dirigente de la Lliga y el coronel concertaron un intercambio epistolar público donde Márquez debía interpelar sobre sus propósitos a Cambó y este disipar la desconfianza de los militares hacia el catalanismo. El 10 de julio, Cambó aseguró en su respuesta que «Cataluña no es ni puede ser separatista». Puesto que el «1.º de Junio» se había iniciado «una crisis que puede ser de salvación o puede ser de total ruina», «Cataluña y el Ejército» debían ponerse de acuerdo para «libertar a España entera de un sistema de política que, de persistir, conduciría a España a la perdición». Los oficiales no debían sentir escrúpulos de legalidad para salvar al país. Para Cambó, no podía esperarse del «sistema de política que ha degradado la vida pública española» la redención y la menor concesión sería una «claudicación arrancada al temor» y no una «reforma obtenida de una convicción». Los españoles «habían aplaudido» el pronunciamiento juntero y para la Lliga eso significaba que «la representación del poder público se ejerce contra la voluntad del país y con el propósito de contrariar su voluntad soberana». La resistencia del Gobierno Dato a la «normal sustitución» de la vieja política era «preparar una convulsión revolucionaria que puede ser de fatales consecuencias».

Un satisfecho Márquez ordenó reproducir la carta de Cambó y enviarla a todas las guarniciones de España. A una semana de que se celebrara la asamblea, los rumores de que los junteros la sostendrían se hicieron insistentes. De hecho, Márquez visitó a Lerroux en su domicilio para notificarle que el Ejército no intervendría contra la asamblea aunque el Gobierno se lo ordenara. De nada sirvió una gestión reservada de la reina madre con el coronel para pedirle que no se alineara con los revolucionarios[351].

Pero Márquez no supo ver que la oficialidad de la guarnición aún no estaba preparada para dar ese paso, pues el rechazo a la Lliga era mayor que toda la solidaridad juntera. Además, las juntas habían bullido por la amenaza intervencionista en la Gran Guerra y los oficiales seguían desconfiando de la izquierda aliadófila. Las turbulencias salieron a la luz el 13 de julio. Un suelto del republicano La Publicidad anunciaba —⁠en un texto con salto de línea para sortear la censura⁠— que «la revolución era inevitable» y que la mayor parte del Ejército estaba con los asambleístas.

Al día siguiente, las juntas barcelonesas de Artillería, Caballería e Ingenieros expresaron su repulsa a colaborar con el catalanismo. El vicepresidente de la Junta Superior de Infantería, el teniente coronel Martínez-Raposo, forzó una reunión de este órgano y, flanqueado por el comandante Espino y el capitán García Rodríguez, se opuso indignado a alinearse con la asamblea. Martínez-Raposo objetaba que la Junta de Infantería no podía «perder el contacto» con sus hermanas de otras armas y cuerpos, y le espetó a Márquez con dureza que «el ambiente de popularidad que le rodeó desde el principio le ha desvanecido», esto es, le había hecho perder los estribos. Márquez defendió en la reunión que las juntas solo debían limitarse a observar una postura pasiva, de inhibición, frente a las órdenes del Gobierno. Tras la «larga y aparatosa discusión», se filtró la posibilidad de que el coronel fuera destituido por sus compañeros, pero logró mantenerse en el puesto y continuó sus contactos con los asambleístas. Sin embargo, Martínez-Raposo impuso, con la anuencia del capitán general Marina, una declaración pública de la Junta Superior que, publicada el 15 de julio, desmentía todo rumor sobre supuestas inhibiciones: el Ejército permanecería «alejado de las luchas políticas» y «fiel a su misión de obedecer los mandatos del Gobierno legítimamente constituido»[352].

Tras salir airoso de su enfrentamiento con Dato por el affaire del gobernador Matos, Márquez sufría su primera derrota al intentar imponer su nueva orientación política. Esta disputa juntera no enfrentó a «políticos» y «corporativistas», a los defensores de las juntas como instrumento de partido frente a quienes las concebían como un vehículo de reivindicación profesional. Solo tres semanas antes, todos habían querido forzar la caída de Dato para que Maura lo sustituyese. Pero ahora la iniciativa de Márquez había dibujado dos partidos dentro de la Junta Superior de Infantería: los afines a la entente nacionalista y republicana, y los que, por rechazo a esta opción, se mantenían fieles a la opción maurista y permanecían en las lindes de la monarquía.

«Parlamento Codorniú»

El 15 de julio, un Cambó aún seguro del apoyo de las juntas, subió el tono para obligar al rey a prescindir de Dato. En unas declaraciones que Sánchez-Guerra ordenó censurar, afirmó que no creía a la Corona «incompatible con esta ansia de renovación»; más bien pensaba que respondería «al clamor general del país y le dará satisfacción», pero, si no lo hacía y, en cambio, otorgaba a Dato el decreto para convocar elecciones, «entenderíamos que la Corona se asociaba a la obra de los partidos de turno, que abomina el país… y entonces lucharíamos contra todo, cumpliendo nuestro deber». A esa declaración filorrepublicana añadió que si Dato «mantenía su intransigencia» y prohibía la asamblea del 19 de julio, sería un «día de sangre en Barcelona» y, si por «las malas artes de la política centralista» esa «iniciativa catalana» no tenía eco en el resto de España, esto habría «de producir en el espíritu de Cataluña… la obra fatal de separación»[353].

Con todo, la nota de la Junta Superior de Infantería desmarcándose de la asamblea había quitado fuerza a la amenaza, que se sumaba al fracaso de Cambó en otros frentes. El rey insistió en que no prescindiría de Dato, lo que hacía que la única gestión exitosa del emisario Güell —⁠conseguir el apoyo de Santiago Alba a sustituir al líder conservador al frente de un Gobierno de concentración con participación de la Lliga⁠— no sirviera para nada. Alba y otro exministro, Burell, se quejaron de que Dato no se aviniera a reabrir las Cortes para frenar la asamblea, pero ambos se negaron a que se declararan «constituyentes».

La obsesión de Cambó era atraer a Antonio Maura y a su partido para que actuaran como contrapeso conservador en la asamblea y, sobre todo, como banderín de enganche de las juntas, esto es, la garantía que necesitaban para abandonar al Gobierno Dato. Ciertamente, mauristas como Ángel Ossorio deseaban acudir a Barcelona y presionaban para que el movimiento se incorporara a la asamblea, pero Maura intervino para impedirlo: «Si ese movimiento derribase la monarquía, yo no quiero participar de lo que sería su triunfo, ni haber contribuido a tal cosa», y si, «contrario al statu quo constitucional, derriba al Gobierno», no quería verse «moralmente obligado a sucederle uncido a tal yugo; ni a compartir con algunos de los elementos que laboraron concertados futuras empresas políticas». Se refería a las izquierdas que sostuvieron y aún sostenían el «¡Maura, no!» desde la Semana Trágica de 1909. Además, como los junteros ya se habían ofrecido a Maura, «no habría necesitado, para hallarme en posesión del poder, el auxilio de ninguno de esos elementos políticos». El expresidente conservador ridiculizó la asamblea al motejarla como «Parlamento Codorniú», aludiendo a que era una espumosa y vacua agitación catalanista, y lo calificó de «nota de insolencia» que deprimía más aún «la personificación del poder y la autoridad». «Solo con ánimo decidido a seguir avante por la vía subversiva —⁠advirtió a Ossorio⁠— sería explicable acudir»[354].

Cambó pidió al maurista Nadal que hiciera una última gestión cerca de Ossorio y Gabriel Maura, diputado e hijo mayor de don Antonio, para que al menos acudieran los diputados mauristas sin su líder. Ossorio siguió insistiendo a Maura en que, si se desentendía, la Lliga iba a redoblar su significación separatista:

Conoce usted la alarma constante en que he vivido estos últimos años… respecto al extravío del nacionalismo catalán y la inmixción de Francia en el negocio. Por razones varias, hoy han tenido que retroceder… aunque no con entera pureza de intención y entrar en la vía española… Si los abandonamos, encontrarán el pretexto que acaso andan buscando para declarar fracasado todo intento de actuar en España.

Pero ni estas advertencias ni el telegrama que le puso Gabriel surtieron efecto: Maura no asistiría. Dejaría en libertad a quien quisiera acudir, pero en ningún caso lo haría en su nombre. El 13 de julio, Gabriel confesaba a su padre que, si él se sumaba al movimiento, tomaría «otro carácter más suave», monárquico, pero «no sería por hacerse él gubernamental, sino por hacerte tú revolucionario». Por ello, el maurismo no se comprometió y la gestión de Nadal fracasó.

No obstante, Maura sí apoyó a Cambó en su propósito de que Dato dimitiera para evitar la reunión de la asamblea. El 15 de julio, el expresidente publicó en la prensa una carta al jefe de los mauristas valencianos en la que afirmó que «jamás se ha visto asistido de menos prestigio el poder público ni más asediado de subversiones y problemas». La situación exigía la «mayor suma de fuerza moral» de un Gobierno de concentración. La labor del Ejecutivo conservador «al dictado de tantas exigencias como le sojuzgan» iba a ser «aciaga» para España. Muy dolido, Dato calificó esa declaración como «impropia de un gobernante» que había pasado por «trances tan amargos» como los de la Semana Trágica[355].

Sin embargo, la firmeza de Dato, sostenido por el rey, respecto a no tolerar la asamblea ni dimitir destruyó las esperanzas de los nacionalistas y los republicanos, que fracasaron en sus intentos de captar a los partidos monárquicos de oposición. Sin la presencia de su líder, los diputados mauristas decidieron no acudir. Por su parte, García Prieto anunció que no autorizaba la asistencia de ningún parlamentario de su Partido Democrático, y Romanones, que en principio se había mostrado favorable, tan solo permitió la presencia de Joaquín Salvatella, y ni siquiera en nombre de los liberales. La dirección nacional de los tradicionalistas desautorizó a sus representantes de la asamblea catalana del 5 de julio y les ordenó que no asistieran a la del 19.

Reforzado por aquella cascada de declaraciones, el Gobierno se dispuso a impedir la reunión. El ministro de la Gobernación suspendió el 15 de julio la publicación de los tres periódicos —⁠El Progreso, La Veu y La Publicidad⁠— que la patrocinaban y que insertaban los folletos destinados a galvanizar a la opinión pública. Como los asambleístas preveían reunirse en el ayuntamiento, con cargo a los fondos municipales, Sánchez-Guerra ordenó al alcalde, Antonio Martínez Domingo, que suspendiera la reunión del pleno del ayuntamiento en la que los concejales nacionalistas y republicanos recibirían a los asambleístas. Martínez Domingo, con el apoyo de la Lliga, dimitiría como protesta la mañana del 20 de julio.

La Policía se empleó a fondo para recoger las proclamas con las que catalanistas y republicanos pretendían crear un ambiente revolucionario en torno a la asamblea. El Gobierno estaba al corriente de que esta podía ser el pistoletazo de salida del movimiento revolucionario, por lo que envió mil guardias civiles, tres batallones del Ejército, tres escuadrones de Caballería, una sección de motocicletas y cuatro barcos de guerra a la Ciudad Condal. Otras dos compañías de Infantería reforzaron a la Guardia Civil de Sabadell. Era una imponente demostración de fuerza que pretendía disuadir la insurrección. Pero el trabajo del gobernador Matos fue contrarrestado por las autoridades regionales, de manera que la Mancomunidad patrocinó un cierre de fábricas y comercios para el día 19 e instruyó a los municipios catalanes para que telegrafiaran adhiriéndose a la asamblea. Los lligaires llamaron a concentrarse en Barcelona a aquellos de sus militantes que pertenecían a los somatenes, una milicia de apoyo a la fuerza pública que tenía sus propias armas, la mayoría viejos fusiles Máuser y algunos rifles Rémington. Además, Matos sabía que la CNT, de acuerdo con la UGT, patrocinaría un paro completo, que el gobernador identificaba con la huelga revolucionaria que preparaban[356].

Sus informes no iban desencaminados. En vísperas de la asamblea, la CNT parecía movida por un optimismo revolucionario sin límites, enfervorizada por los sucesos que se desarrollaban simultáneamente en Rusia. En abril y mayo supieron de las conquistas obtenidas por los partidos y los sindicatos obreros, su veto efectivo a la regencia del gran duque Miguel y el relevante papel de los consejos de obreros y soldados en la gobernación del antiguo Imperio: habían hecho «claudicar» a la burguesía y aceptar la «participación directa y efectiva» del «pueblo» en el nuevo Estado. Más euforia aún les producía que, al margen del Gobierno ruso, los campesinos votaran en sus respectivas comunidades locales el reparto de tierras y que los soldados organizaran huelgas sin desprenderse de sus armas. El «despreciable» régimen burgués no era el final del camino, sino la oportunidad de profundizar en la revolución de la mano de un poder nominalmente dual, pues los soviets se estaban convirtiendo en el soberano real.

Por ello, en el verano de 1917, Rusia era para la CNT el espejo en el que mirarse: su nuevo régimen les parecía un anticipo de esa revolución mundial inminente que iba a traer la Gran Guerra. Dicha revolución destruiría el «capitalismo» y demostraría que no hacía falta ninguna fase intermedia «burguesa», pues el proletariado estaba capacitado para tomar directa y exclusivamente el poder. «La revolución rusa es un aldabonazo que ha sonado en muchas puertas —⁠afirmaba Solidaridad Obrera⁠— y debemos estar preparados por lo que pueda ocurrir». En España, se había abierto una coyuntura inmejorable, «y si llega la revolución, que no se pueda decir que la indiferencia de los trabajadores fue el fracaso de los trabajadores mismos»[357].

Por eso la CNT se negó a mantener el menor contacto con Cambó, pese a que este intentó sondear su apoyo a la asamblea. Los anarcosindicalistas no querían dejarse obnubilar por las iniciativas de la Lliga, «que sabe siempre llevar el agua a su molino y defender los intereses de la burguesía que representa». La asamblea catalana del 5 de julio no había sido más que «el áncora a que se agarra la burguesía ante la tragedia en perspectiva, para contener la avalancha popular con asambleas aparatosas de que algo va a hacerse». Los anarcosindicalistas tan solo se vincularían al esfuerzo común a través de la UGT, pues de lo que se trataba era de desatar la revolución obrera, no una simple «revolución burguesa». Aun así, la regional catalana de la CNT hizo una excepción con los republicanos catalanistas de Marcelino Domingo, con los que mantuvieron frecuentes contactos en la redacción del periódico La Lucha[358].

El 17 de julio, y por su cuenta, el comité revolucionario de la CNT, con el triunvirato Miranda-Pestaña-Seguí al frente, hizo circular la orden de prepararse: «¡En marcha hacia la Revolución! ¡Trabajadores, ciudadanos todos! ¡Ha llegado la hora de reivindicar nuestros derechos pisoteados y de imponer la Libertad y la Justicia! Sepamos ser Hombres en los momentos decisivos, cumpliendo con nuestro deber de libertarios». «Todo tiene un término, y ha llegado por fin la hora ¡tan deseada! de liquidar cuentas», pues no podía seguir esperándose «estoicamente la venida de un Mesías gubernamental que solucionara lo que desde arriba no puede solucionarse». Anunciaba que «la gran campanada, la hora de las revoluciones, de las grandes conmociones sociales va a sonar». Se apelaba a las «mujeres del Pueblo» para que supieran que había llegado «la hora de las grandes venganzas, que es la de las grandes justicias», y se las incitaba a lanzarse a la calle para estimular a los hombres y vengar «todas las injusticias padecidas».

Todas estas consignas —publicadas en Solidaridad Obrera— venían acompañadas de un programa que debía servir de banderín de enganche para el «proletariado». En él se mezclaba una panoplia de reivindicaciones laborales —⁠jornada laboral de siete horas, «semana inglesa», con supresión del trabajo el sábado por la tarde, salario mínimo de cuatro pesetas diarias, supresión del destajo, control sindical de las bolsas de trabajo, pensiones para los incapacitados y los mayores de cincuenta años, prohibición de trabajar a menores de catorce años e impuesto progresivo a los beneficios obtenidos «con propósito del lucro»⁠— con la constitución de un comité sindical que funcionara junto al comité revolucionario de los partidos. Es decir, un doble poder que, abolida la monarquía, debía consolidarse una vez se reuniera la asamblea constituyente, pues, junto a ella, funcionarían asambleas sindicales con capacidad de vetar la legislación, a imitación de los soviets.

En ese esquema dual, la fuerza quedaría monopolizada por los sindicatos. El Ejército sería abolido y sustituido por unas milicias obreras, y ninguna clase de «fuerza armada» podría intervenir en los «conflictos entre el capital y el trabajo»; los comités de huelga serían «inviolables» y se eliminarían las brigadas policiales contra el anarquismo y el terrorismo, así como la diplomacia y el personal afecto a ella. La superación de la «República burguesa» quedaría abierta con la nacionalización del suelo y del subsuelo, del trabajo, del transporte y de los seguros. Habría autonomía regional y local, y se establecería una «separación» de la Iglesia y el Estado que implicaría la confiscación de los bienes eclesiásticos, la supresión de los conventos y la «clausura de las iglesias» y del culto católico «por un tiempo indefinido». Se confiscaría igualmente la propiedad de los «acaparadores» y de los «hombres de la monarquía»[359].

En realidad, los cenetistas no hacían sino reafirmar su designio estratégico: aprovechar una revolución «política» para implementar el comunismo libertario, que era la «razón de ser» de su organización. Este programa debía ser discutido en una «asamblea magna» de obreros que se celebraría en Madrid tras el triunfo, un sucedáneo del soviet de Petrogrado. La CNT se preparaba para consumar la revuelta el mismo 19 de julio y varios panfletos anarquistas animaban, en los barrios obreros y los municipios que circundaban Barcelona, a desencadenar sin más espera una revolución contra «el rey y los ricos». La proliferación de folletos —⁠un relevante esfuerzo publicitario⁠— buscaba arrastrar a las masas que necesitaban para triunfar[360].

Los anarcosindicalistas exteriorizaban así la disparidad de fines y de tácticas de la amalgama revolucionaria. Aquella alianza de organizaciones tan distintas era puramente instrumental: si los dirigentes de la Lliga creían que se estaban sirviendo de las izquierdas republicana y obrera para obligar a la Corona a eliminar los obstáculos para redefinir territorialmente España, los republicanos y los socialistas pensaban que la subversión catalanista les daba una base de poder regional para traer la república, mientras que para los anarcosindicalistas la acción de todos coadyuvaría a un continuum revolucionario que les permitiría abolir de raíz la sociedad y el Gobierno «burgueses».

La revolución manquée

Esa convergencia utilitaria se vino abajo el 16 de julio. El vacío de demócratas, liberales, mauristas y tradicionalistas, y la nota juntera de adhesión al poder constituido hizo que republicanos y nacionalistas decidieran aplazar la revuelta. Cambó, Lerroux y Álvarez estaban de acuerdo en que necesitaban un margen para que el coronel Márquez convenciera a los suyos de desobedecer al Gobierno. El jefe reformista se lo comunicó a Iglesias, que dio la contraorden a la UGT, y Lerroux se lo explicó a sus radicales en la Casa del Pueblo de Barcelona: «Si el 19 intentáramos hacer la revolución, seríamos vencidos», porque habían llegado «demasiadas fuerzas». Lerroux había acordado con los catalanistas «quitar gas al entusiasmo público y aguardar al lunes [23 de julio], que estallará la huelga general, y habrá llegado nuestra hora».

Sin embargo, se mantuvo el acuerdo de que la insurrección se adelantaría si el Gobierno ejercía la menor violencia contra los asambleístas. Lerroux ordenó a sus afiliados que se concentraran en sus sedes a media tarde del día 18 para recibir instrucciones, «arma al brazo, dispuestos y atentos para la Revolución, cuando la señal sea dada», aunque «nada de precipitaciones», pues «conviene saber primero la actitud del Gobierno para con los representantes de la España vital». Un folleto republicano de la víspera se limitaba a llamar al cierre de todos los comercios y establecimientos y solo en el caso de que se ejerciera la violencia contra los parlamentarios, «¡Ah! entonces, ciudadanos, cumplid nuestras órdenes e imitad nuestro ejemplo. ¡Viva la Revolución!»[361].

No obstante, se trataba de un aplazamiento, no de una tregua, y menos aún de una cancelación. La asamblea seguía adelante porque, como rezaban varios pasquines firmados unos por Lerroux y otros por Cambó y Abadal, aquella tenía como fin «reintegrar al país en su soberanía». «Contra un poder que vive sin derecho ni justicia ni responsabilidad» se alzaba el «sacratísimo derecho a la revolución», afirmaba el Boletín número 1 de la Lliga, que sustituía a la suspendida La Veu: «Nosotros fiamos en el pueblo, que espera que el patriotismo de los parlamentarios ponga fuera de la ley a un gobierno que se niega a refrendar constitucionalmente sus poderes».

Sin Cortes Constituyentes, que eran, según el Boletín número 2, «los caminos de realización normal» de un cambio de régimen, vendrían «fatalmente convulsiones violentas, de las que el Gobierno y los que les secundaban serían únicos responsables ante la patria». Advertían a Dato de que iba a arrastrar a la Corona a «su caída inevitable» y que si declaraba «sediciosos» los acuerdos de «los parlamentarios catalanes…, asistidos por la unánime opinión de Cataluña», pondría «fuera de la ley a toda una región española», haría «una labor funesta y antipatriótica de separatismo moral» y provocaría un «resultado fatal e inevitable» de «violencia y anarquía».

Ante el rumor de que el Gobierno disolvería las Cortes el 17 de julio para privar a los parlamentarios de su escaño, el Boletín número 3 aseveraba que «ni la amenaza, ni la fuerza, ni la habilidad podrán detener un momento la revolución en marcha», y calificaba la convocatoria de elecciones de «golpe de Estado que concitará contra el rey, que ejecuta un ataque a fondo contra la nación, todos, absolutamente todos los espíritus y todos los corazones españoles». Esa «dictadura en su forma más repugnante y sublevadora» sería depuesta y, en inequívoca referencia a Alfonso XIII, «realizado el golpe de Estado, no hay que pensar en tranquilas abdicaciones, sino en justicias rápidas y tranquilizadoras, y [en] el escalofriante sepulcro del Escorial»[362].

Indignación anarcosindicalista

La truculenta literatura catalanista no aplacó la irritación de los anarquistas por el aplazamiento. Ante el riesgo de que la CNT actuara por su cuenta, la Lliga y el Partido Radical publicaron sendos manifiestos la víspera de la asamblea, el 18 de julio, en los que pedían a sus seguidores que se abstuvieran de realizar paros o manifestaciones en la vía pública que ocasionaran «conflictos o perturbaciones». Los nacionalistas pedían calma, pues «tenemos tomadas todas las medidas para triunfar, para imponer la voluntad soberana del pueblo contra el despotismo, contra el sistema político que nos oprime y deshonra». «Si llega el momento de dar la batalla con la seguridad de la victoria —⁠advertían⁠— diremos al pueblo, dando nosotros el ejemplo, que ha llegado la hora del sacrificio y del heroísmo». Los republicanos deslizaron nuevas apelaciones a los militares junteros:

¿Qué puede suceder? ¿Qué por instinto de conservación; que por un primitivo concepto de la disciplina… elementos enemigos del Estado en su constitución actual se dispongan a sostenerlo en esta misma constitución, cuando el país se levante contra el Estado?… Si este elemento ha hablado también y también ha criticado y también ha manifestado sus rebeldías ciudadanas, ¿merecerá olvido cuando se le vea sosteniendo lo mismo que repudia; cuando él se ponga contra el país que pretende derruir lo que ese elemento decía que no debía permanecer una sola hora de pie? La disciplina debe servir para defender a la patria contra los enemigos de fuera. Nunca para conservar en su puesto, defendiéndolos, a los enemigos de dentro[363].

Como aún existía la eventualidad de una insurrección, si durante la celebración de una asamblea oficialmente proscrita se producían actos violentos, sus organizadores llegaron, para evitarlo, a un «pastel más o menos bien elaborado» con el gobernador Matos. Con el visto bueno del Gobierno, el gobernador estuvo dispuesto a tolerar la reunión siempre que tuviera un carácter oficioso y sin las solemnidades de un Parlamento. De hecho, Matos «tuvo la víspera en su poder el programa exacto de lo que pensaban hacer los asambleístas el 19 y conoció asimismo en sus menores detalles las conclusiones que habían de votarse»[364]. Todavía la vieja política de «caballeros bien educados» heredada del siglo XIX permitía estos curiosos arreglos de mutua conveniencia, en medio de una lucha que se prometía sin cuartel.

Ante lo que consideraban una nueva traición de los «burgueses», la mañana del 19 Miranda, Seguí y Pestaña acudieron al hotel de Iglesias para conminarle a ir a la huelga revolucionaria en un plazo de noventa horas, es decir, para el 23 de julio y sin más retrasos. En caso contrario, la CNT recobraría su libertad de acción. Anunciaron que los anarcosindicalistas convocarían una asamblea para dar cuenta a los afiliados de la fecha definitiva.

El ultimátum sentó mal al «Abuelo» y Largo Caballero hubo de acudir a toda prisa a Barcelona para asistir a la asamblea cenetista y evitar la ruptura. En la tensa reunión, Caballero se opuso a una huelga revolucionaria sin preparación suficiente. Miranda le echó en cara los pactos de los socialistas con los republicanos, y solo la intervención conciliadora de Seguí y Pestaña mantuvo la alianza, pero con el apremio de que la UGT se decidiera a rebelarse de una vez sin dejar la iniciativa a los «burgueses». Lo que no queda claro es que Largo Caballero impusiera ningún aplazamiento: la fecha del 23 de julio siguió en pie[365].

Ni siquiera llegó a comunicarse a tiempo, a todos los comités revolucionarios, que la revolución no tendría lugar el 19 de julio. En Santiago de Compostela había efervescencia tras la muerte, el 8 de julio, en una reyerta privada, de un directivo de la Sociedad de Agricultores, republicano agrario y cenetista. El alcalde, un demócrata de García Prieto, cambió el itinerario del entierro para evitar desórdenes, pero, después del sepelio, el 10 de julio, tuvo lugar una manifestación de protesta que el alcalde ordenó disolver expeditivamente y que se saldó con varios contusos. Los republicanos agrarios decidieron conectar la protesta a la huelga revolucionaria. Declararon el 16 de julio la huelga general y bloquearon los accesos a la ciudad para interrumpir el abastecimiento alimentario. En la madrugada sabotearon la instalación eléctrica para dejar sin luz a la ciudad, cosa que consiguieron durante tres horas. Al día siguiente se declaró el estado de guerra, el Ejército se hizo cargo del abastecimiento de la ciudad y se detuvo al líder agrario Basilio Álvarez, junto a los radicales Juan José Rocha y Antonio Aguirre, hombres de confianza de Lerroux. Los líderes de la huelga la continuaron para forzar la dimisión del alcalde y la apertura de un expediente al teniente de Seguridad responsable de las cargas del día 10. Consiguieron ambos objetivos y el 25 de junio se levantó el estado de guerra.

En Sevilla, los obreros de las fábricas militares de Artillería fueron a la huelga el 19 de julio, aumentando la inquietud en los ministerios de la Gobernación y Guerra. Las autoridades creyeron ver un embrión de alianza entre soldados y asalariados civiles a imagen y semejanza del soviet. La rápida intervención del capitán general, que satisfizo parte de las demandas materiales, la finiquitó el 23 de julio sin incidentes reseñables[366].

Un simulacro de asamblea

El 19 de julio Barcelona amaneció sin tranvías, paralizados por los cenetistas. Hubo un cierre concertado, de tres a seis de la tarde, de varios comercios, una muestra de apoyo a los asambleístas promovida por la Mancomunidad. En las barriadas, la CNT provocó un motín. Las fuerzas de orden público fueron recibidas con lanzamiento de piedras y otros objetos, aunque los tiros al aire, las cargas y las detenciones bastaron para sofocar la revuelta. En la calle del Conde del Asalto hubo intercambio de disparos entre cenetistas y policías, que se saldó con la muerte de una joven y otros tres heridos, uno de los cuales murió días después[367].

Fueron estos los episodios de violencia más importantes en una ciudad tomada por la fuerza pública, que había cortado los accesos a la plaza de San Jaime para impedir que los asambleístas se reunieran por sorpresa en el ayuntamiento o en la diputación. Finalmente, solo 68 parlamentarios más nueve adheridos —⁠una décima parte del total de las Cortes⁠— acudieron a la asamblea. El descuelgue de casi todos los partidos, incluido a última hora el grueso de los liberales autonomistas, le otorgaba menos representatividad que a la asamblea catalana del 5 de julio.

Los diputados y los senadores se congregaron en el Hotel de Oriente para ser recogidos por varios automóviles. Cada grupo deliberó por separado: los republicanos, en las cercanías del restaurante Casino del Parque; los nacionalistas, en casa de uno de sus dirigentes, José Bertrán y Musitu, aunque se incorporaron después a la comida de fraternidad que tuvo lugar a la una y media en dicho restaurante. En la sobremesa, hubo una nueva deliberación por separado antes de acudir al punto convenido para constituir la asamblea, que, sin acceso al ayuntamiento, se celebraría en el Salón de Industrias Eléctricas del Palacio de la Ciudadela.

Alcanzado el objetivo de que la asamblea no se celebrara bajo el amparo de ninguna institución pública, el Gobierno intentó que sus promotores le dieran forma de reunión privada, sin público ni prensa, a cambio de no interrumpirla. Los asambleístas no accedieron y, como la prohibición gubernativa subsistía, el gobernador no tuvo más remedio que disolverla. Hasta el Palacio de la Ciudadela acudieron medio centenar de guardias civiles y de Seguridad, que despejaron los alrededores de público. Los mandos policiales pidieron en dos ocasiones a los asambleístas que se marcharan, pero, ante su negativa, hizo acto de presencia el gobernador Matos, que entró en la sala e intentó convencerlos. El catalanista Abadal, que hacía las veces de presidente, se resistió a la disolución aludiendo a que la asamblea encarnaba el «poder legislativo» y que por ello no podía someterse «a ningún otro». Acto seguido, comenzó a leerle a Matos los acuerdos a los que habían llegado. Un segundo requerimiento del gobernador recibió la respuesta de que solo se cedería ante la fuerza. Matos entonces les notificó que quedaban detenidos y lo hizo explícito imponiendo la mano sobre el hombro derecho de los parlamentarios, que se disolvieron con apenas unas cuantas protestas verbales y quedaron en libertad nada más salir a la calle.

La Policía impidió un nuevo intento de asamblea en la Casa del Pueblo lerrouxista y los parlamentarios retornaron a sus domicilios y hoteles entre los vítores de sus seguidores. En el Hotel de Oriente, Domingo los arengó: trató de convertir el fiasco en triunfo y declaró la asamblea constituida ya como un «poder efectivo» contra el «poder oficial» que representaban el rey y su Gobierno. Se había iniciado, por tanto, la «revolución» que transformaría «el actual régimen como el pueblo quiere». Unos gritos subversivos bastaron para que la concentración fuera disuelta, sin consecuencias, por la Policía. Al anochecer, Barcelona estaba tranquila y el rey, expectante todo el día, pudo partir hacia San Sebastián. Dato no tomó ninguna medida contra los asambleístas, pues preveía que su condición parlamentaria pronto caducaría. Planeaba solicitar, en agosto, restablecidas ya las garantías constitucionales, el decreto de disolución de las Cortes y convocar elecciones para la última semana de septiembre[368].

Tras quejarse de que el gobernador no les hubiera permitido reunirse, los asambleístas cambiaron la versión para la posteridad alegando, en un manifiesto del 21 de julio, que su encuentro sí había tenido lugar. Si la asamblea llegó a constituirse, parecía «cosa patente» que había sido brevemente y a modo de «simulacro», como transmitió el embajador británico a su Gobierno, o a Maura su enlace con las juntas, Gustavo Peyra. Poco más que una corta prolongación de la que los asambleístas ya habían celebrado en su banquete del mediodía, pues en el supuesto plenario se limitaron a aclamar, sin enmendar, unas conclusiones previamente redactadas[369].

En todo caso, el bajo número de asistentes revelaba que su pretensión de suplantar a las Cortes y erigirse en poder alternativo había fracasado. La declaración de los asambleístas calificaba la actitud del Gobierno Dato como una «provocación a Cataluña y a España entera», «un agravio al Parlamento» y «un obstáculo a que las ansias de renovación que siente el país puedan obtener normal satisfacción». Dado que los liberales no habían hecho causa común con los asambleístas, estos renunciaron definitivamente a reunir las Cortes vigentes para cambiar la Constitución. Ahora exigían disolverlas y convocar otras que con carácter constituyente pudieran «resolver sobre la organización del Estado». Para ello era fundamental que no hubiera un Gobierno de partido «que fatalmente seguiría los habituales procedimientos de adulteración del sufragio», sino que debía convocarlas otro «que encarne y represente la voluntad soberana del país». Como ese Gobierno se constituiría solamente para celebrar las elecciones, y no saldría de ellas, el criterio para verificar si dicho Ejecutivo representaba o no la «voluntad soberana» era, por supuesto, la inclusión en él de los partidos de la asamblea. Sin embargo, la petición ignoraba el riesgo de que de un Gobierno multipartidista salieran unas Cortes fragmentadas, incapaces de acordar reforma alguna coherente, a imagen de lo que ya supuso la Solidaridad Catalana de 1907, «disuelta apenas elegida»[370].

Pero este plan necesitaba el estímulo de la imposición. Los asambleístas apelaron de nuevo a los junteros: a su pronunciamiento, que calificaron como la «gesta del Ejército en 1 de Junio», debía seguir «una profunda renovación de la vida pública española emprendida y realizada por los elementos políticos». En caso contrario, su acto «perdería ante la conciencia del pueblo el carácter de una iniciativa patriótica, para dejar solo el recuerdo de un acto estéril de indisciplina». Mientras las juntas se decidían, los asambleístas acordaron anticipar el trabajo de esas futuras Cortes Constituyentes, y se dividieron en tres comisiones: la primera estudiaría la reforma constitucional y la autonomía municipal; la segunda, la del Ejército, la enseñanza y la justicia, y la tercera, los problemas económicos y sociales. Esas propuestas se someterían a una nueva asamblea en el mes de agosto. A principios de dicho mes, tras barajarse Valladolid y Zaragoza como posibles sedes, se decidió que se celebraría en Oviedo el día 16[371].

En el ínterin, los asambleístas pidieron que todos los ayuntamientos de España se adhirieran a sus conclusiones, como lo había hecho el de Barcelona y otros de las provincias catalanas a requerimiento de la Mancomunidad. Los diputados nacionalistas, en un manifiesto propio que completaba aquellas conclusiones, advertían al Gobierno de que si «continuase en su actuación; si desatendiendo los clamores del país quisiese seguir en el poder y mantener el predominio de las oligarquías políticas» y «si, a pesar de nuestros esfuerzos, tomase forma violenta la indignación popular, la responsabilidad caería por entero sobre los hombres que habrían faltado a sus deberes hacia la patria y las instituciones que fingen defender». No era una bravata. Lo que ninguna de las versiones posteriores registró, pero sí transmitieron los cónsules de la Ciudad Condal a sus respectivos Gobiernos, es que los asambleístas acababan de conminar al rey y al Gobierno con la huelga revolucionaria, que debía estallar el 23 de julio, si no se daba ya paso a un Ejecutivo de concentración nacional[372].

Los sucesos de Valencia

Esa amenaza no caía en el vacío. Si la calma tensa había sido la constante en Barcelona, en otros puntos se produjeron acciones violentas desde el 19 de julio. A ello contribuyeron los diputados republicanos Marcelino Domingo y Félix Azzati, que avisaron a sus partidarios del sindicato de ferroviarios de que la celebración de la asamblea era la «señal» para la declaración de la huelga revolucionaria en toda España, «con la significación de cambiar el régimen político». Coincidían con el nacionalista Francesc Maciá en que, si la revolución del 19 de julio era liderada por la asamblea, obtendrían «la victoria en Cataluña», y el Ejército «no habría podido de ninguna manera hacer frente a la opinión unánime de Cataluña».

Las revueltas de aquel día suelen interpretarse como una sospechosa anticipación de la huelga revolucionaria de agosto para hacerle perder fuerza. Es el problema de transcribir, sin más, la explicación que la UGT dio de su propio fracaso en su XIII Congreso de 1918. Como se ha visto, la sublevación debía desencadenarse el 19 de julio y solo la incapacidad de Márquez para neutralizar al Ejército la retrasó primero al 23 de julio, luego al 9 de agosto y, finalmente, al 13 de ese mes. Subsistía, además, la orden de desencadenarla el 19 de julio si el Gobierno violentaba a la asamblea. Estas eran las instrucciones, que conocían hasta los diplomáticos de las potencias aliadas, y que el mismo Besteiro revelaría a las Cortes en el debate sobre estos sucesos en 1918[373].

Cuando Azzati y Domingo llegaron el 18 de julio a Barcelona se encontraron con la contraorden: el comité revolucionario, de acuerdo con la Lliga, les pidió que retrasaran el movimiento al 23, petición que ninguno de los dos se tomó con agrado. Azzati no entendía que se convocara a los republicanos a una «asamblea facciosa» simplemente para ventilar «los problemas enunciados en los epígrafes», sino para organizar «la resistencia contra el Gobierno», y si este «declara la asamblea sediciosa, el país declare sedicioso al Gobierno» mediante la acción «de todos los hombres de las izquierdas… en sus respectivas localidades».

Domingo opinaba del mismo modo: la asamblea del 19 era la última oportunidad para que los republicanos encauzaran unas fuerzas revolucionarias que «desplazábanse de nuestros organismos»: seguir retrasándola suponía «abandonar la última intervención que nos deparaba la Historia». Ocupado en los preparativos revolucionarios, acordó con Seguí que varios miembros del Partido Republicano Catalán proveyeran a los cenetistas de armas. Pero tanto Azzati como Domingo aseguraron haber comunicado la orden de no ir a la huelga durante la noche del 18 al 19 de julio[374].

Lo cierto fue que en las áreas de influencia de ambos diputados se tomó el 19 de julio como el momento en que debía iniciarse la acción. Al amanecer, sindicalistas republicanos, ugetistas y cenetistas inutilizaron varias locomotoras y cortaron el tráfico ferroviario en Castellón, Tortosa (Tarragona), Játiva (Valencia), Miranda de Ebro (Burgos) y Zaragoza. Los bloqueos y sabotajes en las vías proliferaron en la provincia de Valencia, y uno provocó el choque de dos trenes de mercancías en Játiva. En Utiel, en la misma provincia, un tren que arrancaba de la estación sufrió un intenso tiroteo. Eso obligó a movilizar a los soldados para proteger la salida y circulación de los trenes. El 20 de julio los sindicalistas de Castellón, Tortosa y Játiva, a los que debió de llegar la contraorden, volvieron al trabajo, pero no ocurrió lo mismo en la capital valenciana, donde la acción debía comenzar con la huelga de tranviarios, susceptible de paralizar toda la ciudad.

En los días previos, un sindicato de tranvías afecto a los republicanos había solicitado que la empresa negociara solo con él las bases de un contrato colectivo de trabajo para todos los operarios de la compañía, que debía reglamentar haberes, turnos, horarios y disciplina, y establecer alzas salariales, la reducción de la jornada laboral y la atenuación de los motivos de despido. La compañía se negó al contrato colectivo y a las subidas salariales, arguyendo que los costes de mantenimiento se habían multiplicado por cuatro. Sí se mostró propicia a hablar de una cooperativa de consumo, de una caja para retiros e inválidos y de algunas mejoras en las condiciones de trabajo.

Sin embargo, los tranviarios rompieron abruptamente la negociación y decidieron ir al paro la madrugada del 19. Por la mañana se distribuyeron varios panfletos llamando a la huelga revolucionaria, donde se anunciaba que el movimiento sería «generosamente apoyado» por Reino Unido y Francia. A mediodía, los ferroviarios republicanos y socialistas se sumaron e impusieron el abandono del trabajo. Los comprometidos trataron de paralizar la circulación de trenes y tranvías, pero la Guardia Civil y la de Seguridad lo impidieron cargando varias veces. Aun así, la huelga fue un éxito: solo una quinta parte de los trenes pudo salir, conducidos por soldados de la unidad ferroviaria. El 20 de julio, huelguistas armados asaltaron la estación e incendiaron las casetas de guarda agujas. Atacaron también el depósito y volcaron una máquina en reparación cerca de un puente para impedir el tráfico. Más grave fue el tiroteo con el que los rebeldes lograron intimidar a los empleados contrarios al paro. Recibieron a la Guardia Civil del mismo modo, pero los agentes los pusieron en fuga.

El gobernador también ordenó desplegar a la fuerza pública para proteger la circulación de los tranvías y al personal que se presentaba a trabajar. Pero el 20 de julio los coches fueron tiroteados desde varios balcones y azoteas: un guardia civil murió y otro resultó herido grave. La huelga se extendió a los obreros portuarios, que paralizaron también el tráfico marítimo. Otros grupos consiguieron clausurar el mercado local y varios comercios, talleres y fábricas, y pugnaron con la fuerza pública por interrumpir el suministro eléctrico y el telégrafo. Se construyeron barricadas para resistir la llegada de la Policía y el motín se extendió incluso a los presos del penal de San Miguel de los Reyes, que pensaban que se había proclamado la república.

Ante el cariz de los acontecimientos, el gobernador cedió el mando al capitán general Antonio Tovar, que declaró el estado de guerra el 21 de julio. Unidades del Ejército lograron, no sin resistencia, clausurar los centros republicanos y sindicalistas, y detener a varios de los responsables de la insurrección. El tren correo de Tarragona solo pudo salir tras un intenso tiroteo de los rebeldes. Soldados y policías controlaban la ciudad, pero la normalidad no se restableció hasta el 25 de julio, cuando los comprometidos en la huelga revolucionaria se dieron cuenta de que no había estallado en el resto de España. Tovar gestionó la vuelta al trabajo de los tranviarios sentándolos a negociar de nuevo con la compañía y, acto seguido, se normalizó el servicio ferroviario. El saldo de víctimas fue de cuatro muertos, doce heridos graves y una cuarentena de heridos leves[375].

Las noticias de Valencia alentaron a quienes no querían esperar más para tomar la iniciativa revolucionaria. La insurrección se extendió el 20 de julio al centro industrial de Alcoy (Alicante), lo que obligó a la intervención del Ejército. Lerroux presionó para no retrasarla, bajo ningún concepto, más allá del día 23, fuera cual fuese la postura de las juntas, y por orden suya aparecieron en Barcelona nuevas proclamas anónimas para alentarla.

Sin embargo, pese a que Lerroux era el jefe designado para la sublevación, los socialistas de Barcelona se negaron a sumarse si no recibían órdenes de Madrid. El desánimo empezaba a cundir: «¡Creed en la Revolución! Por encima de todas las desconfianzas, de todos los recelos y abatimientos de los espíritus suspicaces e impresionables —⁠rezaba una hoja republicana⁠—. Os damos la firme seguridad de que nosotros… no dejaremos que el momento se pierda. Iremos a la Revolución, con quienes quieran seguirnos». La Lliga seguía afirmando en sus hojas que «la revolución está en marcha… nadie ni nada la detendrá», y añadía:

… la asamblea del día 19 marca el principio de una ofensiva. Pero en las ofensivas, tanto en la guerra como en política, el asalto, para ser eficaz, debe ir precedido de una preparación intensa y persistente… El pueblo puede tener la seguridad de que una vez terminada daremos la señal de asalto definitivo, irresistible. Esta hora se acerca, pero es condición indispensable, para el éxito, que no se adelante nadie a la señal de los directores[376].

El principal problema era poder mantener a sus seguidores en tensión tantos días, mientras los dirigentes de la revuelta esperaban el auxilio de los junteros o la caída de Dato. La Lliga hizo patente que la Mancomunidad y el Consistorio barcelonés sí habían dejado de obedecer al Gobierno, pues aprobaron resoluciones que desacataban sus órdenes y declaraban único poder legítimo a la asamblea de parlamentarios. Lo más simbólico fue que el Ayuntamiento barcelonés ordenara que la Plaza Real pasara a llamarse del 19 de julio. En la circular dirigida a todos los consistorios catalanes para solicitar su adhesión a la asamblea, se les anticipaba que era inminente un momento de «perturbación» causado por «los desaciertos de los gobernantes», que señalaría «un punto importante» en la historia de las «deseadas reivindicaciones de Cataluña». «Por la dignidad de la patria catalana» les pedía el mantenimiento del orden, «si llegase a vosotros la noticia de que se ha producido un estado revolucionario» conveniente como «medida de energía delante de un Gobierno tiránico». La CNT se preparó para ello y convocó la que debía ser la última reunión de delegados sindicales antes de la revuelta del 23 de julio. Bien informado de ello, el gobernador Matos envió a la Policía a disolverla[377].

Mayor actividad se notaba en el bastión socialista de Vizcaya. El 21 de julio, el sindicato metalúrgico fue a la huelga pese a que los patronos, para sortearla, anunciaron incrementos salariales que oscilaban del 13 al 35 %. La oferta no se tomó en consideración porque, según el secretario del sindicato, Juan de los Toyos, «la revolución se mascaba en el ambiente» y «muy pocos estaban tan preparados y decididos como los metalúrgicos de Vizcaya para hacerla». Una vez extendida la huelga de Bilbao a Amorebieta y Deusto, intervino el gobernador para solucionarla con otro acuerdo favorable a los obreros. Enviado por Pablo Iglesias para liderar en Vizcaya el movimiento revolucionario, Indalecio Prieto instó a los militantes de la UGT a que votaran continuar el paro. Mientras tanto, Prieto gestionaba el encargo de Iglesias de adquirir armas para la revolución, como él mismo reconocería a Nuevo Mundo dos años y medio más tarde. El 22 de julio, víspera de la huelga revolucionaria, abandonaron el trabajo los mineros asturianos de la UGT, tras mostrar idéntico rechazo a todo intento de mediación gubernativa. El 26 lo hicieron los mineros ugetistas de Riotinto, protagonizando numerosas coacciones a los empleados que se negaron a holgar y que obligaron al gobernador a enviar un retén de guardias civiles[378].

Los trabajos para que sargentos y soldados se sumaran a la revuelta se hicieron tan persistentes que llegaron al Gobierno. El ministro Primo de Rivera apercibió a los capitanes generales, que ordenaron diversos registros y detenciones en los cuarteles de varias guarniciones. En las de Barcelona, Tortosa, Gijón, Vigo y El Ferrol, se encontraron hojas con los manifiestos de Marcelino Domingo llamando a la rebelión, y en la última ciudad se encarceló a dos cabos de Infantería de Marina que actuaban bajo las directrices de los rebeldes. En Moaña (Pontevedra), tras una explosión, la Policía decomisó varias bombas y detuvo a un individuo que había repartido proclamas entre los soldados de Vigo. Era la parte visible de una red que abarcaba a sargentos de Infantería y clases de la marina de guerra con simpatías republicanas y socialistas, y cuyos trabajos habían contado con la tolerancia de varios oficiales. El ministro de la Guerra autorizó a la Guardia Civil a registrar los acantonamientos y a averiguar quiénes distribuían los folletos: se descubrió que no solo fue personal militar, sino también civiles vestidos de uniforme a los que se había permitido entrar en los cuarteles. Los registros se trasladaron a las sedes republicanas y a los centros de la UGT y la CNT. Fueron decomisados pasquines con instrucciones sobre cómo combatir a la tropa, impedirles el control de la calle o defender edificaciones, destruir los tranvías o fabricar bombas. Hasta en la localidad murciana de Jumilla fueron recogidos por decenas[379].

Pero gran parte de esos panfletos circulaban ya por las calles. El 23 de julio, una lluvia de pasquines llamando a la huelga revolucionaria cubrió aquellas ciudades y pueblos de España donde los conjurados contaban con arraigo. Proliferaron nuevas reediciones del «¿Qué espera el rey?», de Marcelino Domingo. Pero, aparte de las huelgas registradas, nadie se movió. Los catalanistas permanecieron a la espera en Barcelona. Los sindicalistas ferroviarios se habían comprometido a secundar en la Ciudad Condal la acción de Valencia, pero no aparecieron. Desasistido del apoyo ugetista, con la CNT cercada por la Policía y sin cambios en la postura juntera, Lerroux volvió a acordar con Iglesias y Álvarez el retraso del movimiento hasta el 9 de agosto[380].

La previsión del Gobierno parecía estar ganando la partida a los revolucionarios, pero el éxito de Dato era circunstancial y las espadas seguían en alto. La Mancomunidad se mantenía en franca rebeldía, aunque sin fuerza para imponerse. La muerte de Prat de la Riba el 1 de agosto y la elección de su correligionario Josep Puig y Cadafalch para sustituirle no modificó el estado de las cosas. El Gobierno quiso aparentar normalidad institucional enviando a un ministro al funeral de Prat, pero finalmente no lo hizo para no provocar un problema de orden público después de que la Juventud Catalanista exigiera, con el total respaldo de Puig y Cambó, que ningún comisionado del poder central fuera «a turbar con su presencia aquel acto tan solemne y tan catalán». Además, se redoblaron las presiones a Maura por parte de los suyos para que rompiera con Dato y liderase la revuelta con el apoyo juntero. El 30 de julio, su propio hijo, Gabriel, le pidió que se adhiriese a las conclusiones de la asamblea, pues consideraba que coincidían con el programa maurista. Lo contrario suponía aislarse de la corriente renovadora, de esa nueva política que ya llegaba. Dato no debía continuar. Como Ossorio advirtió a Maura de forma terminante: «Si este Gobierno se consolida y logra hacer unas elecciones, se habrá perdido toda esperanza de rectificación. Contribuir a asfixiarle es obra de patriotismo»[381].

9

Agosto rojo

Cuatro meses después de su manifiesto de marzo, la alianza revolucionaria UGT-CNT había dado pocos frutos. La sujeción de los socialistas al criterio de Iglesias, que no quería actuar sin el apoyo de republicanos y reformistas, desesperaba a unos cenetistas que habían vuelto a verse, el 23 de julio, solos y desahuciados por la previsión del Gobierno.

A efectos revolucionarios, los socialistas dejaron de supeditarse a la asamblea de parlamentarios cuando Iglesias, enfermo, delegó en Julián Besteiro la representación del PSOE en el comité revolucionario de la Alianza de Izquierdas. Besteiro acordó con Largo Caballero esquivar los deseos del «Abuelo» y cumplir el pacto con la CNT. Ambos estaban convencidos de que el «miedo de Pablo Iglesias» no había permitido rentabilizar el pronunciamiento de las juntas y decidieron darle «de lado por viejo»[382]. Les preocupaba la indignación incontenible de los anarcosindicalistas con la inactividad revolucionaria: «La batalla social continúa —⁠avisaba Solidaridad Obrera—. Lo ocurrido indica que esta ha de ser muy dura y cruenta, y que en ella el proletariado no podrá contar jamás con ayuda ajena», en explícita referencia a catalanistas y republicanos. Su colaboración «fue un mal» y no cabía sino burlarse del supuesto «gesto de sublime rebelión» de la asamblea de parlamentarios. «Al proletariado organizado —⁠concluía— solo le queda un recurso y una esperanza; robustecerse y organizarse en forma que, sin ayuda de estos señores marrulleros, pueda obrar por cuenta propia»[383].

Ferroviarios en pie de guerra

La huelga revolucionaria de Valencia del 19 al 25 de julio dio a la UGT y a la CNT una nueva oportunidad. La Compañía Ferroviaria del Norte había ordenado el despido de todos los empleados que no se presentaron a trabajar el día 20. Alegaba que no había sido un paro legalmente tramitado, sino el abandono unilateral del trabajo en un servicio considerado público. El paro tampoco había obedecido a reivindicación laboral alguna, sino «a presiones ajenas para responder al movimiento revolucionario preparado».

Si los motivos eran reales, la medida resultaba desproporcionada. El capitán general Tovar, a petición del Sindicato Norte, intentó convencer a la compañía para que revocara los despidos. La huelga había sido violentamente impuesta a muchos empleados y, por tanto, era difícil diferenciar a los que habían holgado voluntariamente de los coaccionados. El 30 de julio, Tovar consiguió la readmisión de casi todos los huelguistas, pero la compañía, para distinguirlos de quienes se resistieron a sumarse, tan solo accedió a recontratarlos, de modo que perderían los derechos adquiridos por antigüedad. Además, mantuvo el despido de 32 empleados, a los que acusaba de haber promovido la huelga revolucionaria y de agredir físicamente a sus compañeros. Otros habían saboteado el material ferroviario, prendido fuego a las instalaciones o resistido a la fuerza pública. Por ello habían sido detenidos y la mayoría continuaba en prisión.

Como casi todos eran afiliados suyos, el Sindicato Norte vio en la medida una represalia de la compañía con el fin de desarticularlo, algo bastante probable dadas las malas relaciones que sostenían desde la huelga general ferroviaria de julio de 1916. La empresa había acudido a todos los aplazamientos imaginables con el fin de no reconocer a ese sindicato como interlocutor para negociar las condiciones de trabajo, tal como exigían el decreto del Gobierno Romanones de agosto de 1916 y el reglamento de marzo de 1917. Esta situación sublevaba a una sindical que, además, pugnaba por monopolizar la representación de todos los empleados, incluso acudiendo a la coacción.

Cuando se supo que la compañía únicamente recontrataría y que, además, despediría a los cabecillas de la huelga, la sección valenciana del Sindicato Norte acudió a la Federación Nacional de Ferroviarios de la UGT. Esta exigió el 2 de agosto, y tras exponer los numerosos pleitos que mantenían con la compañía, la readmisión de todos los despedidos en las mismas condiciones que antes del movimiento. En caso contrario, convocarían un paro nacional el 10 de agosto y no solo con esas reclamaciones, sino con «el programa de reivindicaciones acordado en nuestros congresos», en clara referencia a los objetivos revolucionarios. Para ejercer mayor presión, las secciones del sindicato en distintas provincias presentaron de inmediato los oficios de huelga ante los gobernadores.

«Dar la batalla a la despótica compañía»

Un paro ferroviario exitoso podría encender la mecha de la revolución. Por ello, el ministro de Fomento, Eza, dirigió una carta a la comisión ejecutiva de la federación ferroviaria de UGT para que se pusiera en contacto con él para arreglar el asunto. Su presidente, Daniel Anguiano, y su secretario, Ramón Cordoncillo, aceptaron la mediación de Eza, a quien explicaron que la compañía no podía aplicar sanción alguna ya que la huelga no había ido contra ella, sino contra los Gobiernos que habían desoído «las frecuentes reclamaciones del proletariado para conseguir que se abaratasen las subsistencias y se proporcionara trabajo a los obreros que de él carecen». Los ferroviarios simplemente se habían visto mezclados en una protesta que no iniciaron, pero que estaba justificada por el «profundo malestar» y el «apasionamiento público» por la «mala dirección del país». Anguiano y Cordoncillo advirtieron a Eza de que la UGT y la CNT se habían puesto de acuerdo para llevar a cabo una acción cuyo objetivo era «procurar en la nación sistemas de gobierno que sirvieran al interés general», postura que había legitimado a posteriori la protesta de las «Juntas de Defensa militares» y la asamblea de parlamentarios con su «pensamiento puesto en el interés nacional»[384].

Que los ugetistas aceptaran la mediación a su favor de un Gobierno al que consideraban ilegítimo y contra el que pretendían alzarse debió de dejar boquiabiertos a los ministros. En realidad, se trataba de una acción coherente con el oportunismo revolucionario de los socialistas. Al tiempo que apelaba a la intervención de Eza, el 4 de agosto el Sindicato Norte instaba a sus asociados a «dar la batalla a la despótica compañía», que, además, «contará con el apoyo incondicional del Gobierno, aunque para prestárselo sea necesario saltar por encima de las leyes». Asimismo, anunciaron que «nuestra norma de conducta se ajustará a la que adopten el Gobierno y la Compañía»: a la concordia responderían con «cordura y sensatez», pero a la imposición contestarían aceptando el pulso[385].

El Ejecutivo era consciente de que los ferroviarios de la UGT tenían aprobada una resolución de huelga general y que esto suponía la interrupción de las comunicaciones y del abastecimiento de los centros urbanos en perjuicio de unos ciudadanos ya castigados por el bloqueo marítimo. Esta parálisis era, además, la oportunidad que esperaban los adversarios del Gobierno para insurreccionarse. Por ello Dato trabajó para evitarlo.

La compañía se negaba a recibir a los representantes del Sindicato Norte que promovieron la huelga del 19 de julio, por lo que Eza se encargó de poner en contacto a ambas partes. Intervino para que la empresa acordara «como gracia especial» que todos los huelguistas readmitidos conservaran sus derechos de antigüedad. Además, logró algo a lo que la compañía se venía resistiendo: que, en lo referente a las condiciones de trabajo, reconociera por fin a los delegados sindicales como representantes de la plantilla.

Eza pidió al Sindicato Norte que desconvocara la huelga para poder negociar sin coacciones, pero la organización sindical se negó repetidamente si no se readmitía a los 32 despedidos. El 7 de agosto, el sindicato parecía que se comprometería a retirar los oficios de huelga, pero dando por sentado que la compañía anularía los despidos si no demostraba las infracciones que habían cometido. Compromiso vacuo, porque en realidad los oficios nunca llegaron a retirarse. Para el secretario del Sindicato Norte, Trifón Gómez, la petición de Eza «se estimó una maniobra y no se llegó a aceptar»[386].

Como puede verse, los sindicalistas planteaban un todo o nada revelador de que lo laboral era un pretexto que envolvía una cuestión política, como explicitaron Anguiano y Cordoncillo en el manifiesto de la comisión ejecutiva de los ferroviarios de la UGT. Ellos no tenían por qué pagar por una situación que había creado la negativa del Gobierno Dato a marcharse, «una tenaz y constante resistencia que adopta, en muchos casos, los carácteres [sic] de una violencia intolerable para gentes que posean un mediano concepto de la dignidad ciudadana». Esta «violencia» del Gobierno era incompatible con «la situación presente del país justificadamente apasionada y anhelante de renovaciones en los modos de gobernar». La pasión de las gentes se había soliviantado con «la mala gobernación de nuestra patria», «la actitud de los militares de graduación constituidos en Juntas de Defensa» y la oposición del Gobierno «a los parlamentarios que se reunieron en la asamblea en Barcelona el 19 de julio pasado». Por ello, a los afiliados de la UGT no les alcanzaba la responsabilidad por el movimiento en Valencia «que envolvió a nuestra organización ferroviaria en aquella región». Sin embargo, se veían obligados a defenderse de la compañía, y para ello estaban dispuestos a llegar «hasta donde nos conduzcan las fuertes resistencias que se lancen sobre nosotros para aniquilarnos»[387].

En resumen, como todo era culpa de un Gobierno que no se iba, del consiguiente ambiente de pasión y de una huelga que «envolvió» a los ugetistas, la Compañía del Norte debía asumir todas las pérdidas y hacer como si nada hubiera ocurrido en Valencia entre el 19 y el 25 de julio. Que esta justificación, así sostenida, haya alcanzado categoría historiográfica junto con la celebérrima «intransigencia de la compañía» se explica en la constante tendencia de los historiadores socialistas a reproducir las razones que los sindicalistas se daban a sí mismos para justificar sus acciones.

Anguiano y Cordoncillo usaban políticamente el conflicto para desencadenar la huelga revolucionaria y, de hecho, así lo decían abiertamente en el mismo manifiesto, cuando aludían «a nuestros compañeros de trabajo, de profesiones diversas, pero aspiraciones e idealidades idénticas», para pedirles «lo que sin demanarlo [sic] nos otorgan anticipadamente: que sigan con atención nuestra lucha por si su auxilio fuera preciso. Sabemos que podemos contar con él en cuanto sea necesario». Concluían con la repetición de lo que servirá para justificar todo lo que ocurrió después, con trágicas consecuencias para los ferroviarios de base: «Vamos con decisión hacia donde se nos empuja, y agregando que en manos de los que nos provocan y no en las nuestras está evitarla», en inequívoca referencia a la huelga insurreccional[388].

Los directivos de la compañía no se dejaron impresionar. Después de varias concesiones, se negaron a que readmitir a los 32 despedidos y a someter una cuestión disciplinaria al criterio del Sindicato Norte. La empresa consideraba inaceptable que una huelga ilegal, que no solo había paralizado el servicio, sino que había causado agresiones al personal contrario a sumarse y desperfectos en las instalaciones y la maquinaria, se saldara con quebranto para ella, pero no para sus promotores. La compañía sabía que sus medidas de gracia habían contentado al grueso de sus empleados, que no estaban dispuestos a ponerlas en riesgo.

Los sindicatos profesionales, los mutualistas y los católicos no intervinieron a favor de los ugetistas, pues no querían que sus afiliados fueran usados como carne de cañón de un levantamiento en ciernes. Al contrario, enviaron múltiples telegramas al Gobierno para agradecerle haber suavizado la postura de la compañía y también para advertirle de que no podría evitar la huelga general «porque se nos quiere arrastrar a ella». A la postre, la colaboración de esas organizaciones sería vital para el funcionamiento del servicio, especialmente en la provincia de Valencia[389].

«No iréis solos»

La federación ferroviaria contactó con el Gobierno para que forzara a la compañía a tratar de los despidos. El 8 de agosto aclaró que no negaba a la empresa el derecho a aplicar los reglamentos y que deseaba exponer «únicamente el conocimiento de cada caso, a título de información sobre los mismos», alegando que la compañía había admitido tácitamente el «derecho a exposición de reclamaciones» al contestar a una en la pasada huelga de 1916. Pero lejos de retirar los oficios de huelga, como Eza había solicitado para continuar la mediación, el Sindicato Norte mantuvo la instrucción a sus secciones con objeto de prepararse para declarar la huelga la medianoche del 10 de agosto: «Vencer a la compañía es cuestión de honor para los que trabajamos por vivir en una sociedad más justa y más humana que la presente», y «si para hacer abortar el movimiento se recurre a la violencia», en referencia a las medidas de sostenimiento de los empleados que no se sumaran a la huelga o a la militarización de los ferrocarriles, «los ferroviarios debemos emplear cuantos medios tengamos a nuestro alcance para conseguir el triunfo».

El choque parecía inevitable. La empresa comunicó al Gobierno que estaba dispuesta a tratar, conforme a la normativa de marzo de 1917, «las peticiones y reclamaciones de carácter colectivo relativas a las condiciones del trabajo; pero de ningún modo las correcciones y separación disciplinaria que la compañía haya impuesto e imponga en lo sucesivo». Así, se negaba «a que las cuestiones que afectan a la disciplina… puedan aparecer discutidas y revisadas en ninguna forma, no siéndole por tanto posible prestarse a conversaciones sobre esta materia, que solo redundarían en daño de la misma disciplina».

Este era quid de la cuestión. Eza pidió a la empresa que se reuniese con los representantes de la UGT y les comunicara las razones de los despidos. Como trasladó Dato al rey el 9 de agosto, el Gobierno quería que el sindicato, después de ser informado, pudiera «tratar de probar algún error cometido en caso concreto». El problema era que los sindicalistas no se conformaban con esa «audiencia informativa», sino que querían «recabar el derecho de deliberación y censura, reclamando en cada caso justificación de las determinaciones de la compañía». Si no sucedía así, continuarían sin aceptar los despidos. Por tanto, de lo que se trataba realmente era de «discutir la facultad disciplinaria de aquella, lo que no es admisible»[390].

Así las cosas, la UGT apeló al Gobierno Dato para que impusiera él mismo las readmisiones. Este no accedió, y no por ello se consideró entonces, más allá de la retórica socialista, que Dato maniobrara para provocar huelga alguna. No ya los periódicos liberales, sino el republicano El País, que combatía a Dato y en breve apoyaría el levantamiento, reconocía el 10 de agosto que «el Gobierno desea evitar la huelga, el presidente y el ministro de Fomento han trabajado mucho por lograr que el conflicto, perjudicial para todos, no llegue a plantearse»[391].

Sin embargo, este no parecía ser el caso de los dirigentes nacionales de la UGT y del PSOE, que hicieron lo posible para enrarecer el ambiente y enlazar el conflicto ferroviario con la huelga revolucionaria inminente. Justo cuando la federación ferroviaria anunciaba la presentación de los oficios de paro, Pablo Iglesias publicó un editorial en El Socialista titulado «¡Fuera el Régimen!», en el que insistía en que era perentorio «para los españoles que el régimen político imperante desaparezca y que se anule a los partidos que con él han desgobernado a la nación». Su existencia era ya dañosa «para todos los grupos sociales» y no quedaba otro camino que no fuera el de «revolverse contra dicho régimen y poner fin a su existencia». Y debían hacerlo no solo los socialistas, sino también sus aliados, y «lo antes posible»:

¡Abajo el régimen monárquico! ¡Paso al régimen republicano, que a la vez que permitirá a la burguesía alcanzar su pleno desarrollo, dará facilidades al proletariado para constituirse en poderosa fuerza, influir notablemente en los asuntos nacionales y acelerar el feliz momento de poner remate a los antagonismos sociales![392].

El 5 de agosto, justo un día después de que Eza iniciara su mediación, El Socialista avisaba al Gobierno de que la huelga iba a desencadenarse «con una magnitud y una extensión que serán los anuncios más seguros de su triunfo», pues «al lado de los obreros ferroviarios, en la forma que sea preciso, en la forma que las circunstancias lo exijan… yendo a donde haya que ir, haciendo lo que haya que hacer, sin preocuparse por las consecuencias de las que él no tendría responsabilidad ninguna, estará todo el proletariado español organizado». Esas «consecuencias» las aclaraba el mismo periódico en otro artículo, en primera plana y citando al republicano federal Francisco Pi y Margall. Allí se decía que «la monarquía es el último vestigio del régimen de las castas» y «la negación de la soberanía del pueblo», y por ello, «no era ya posible admitir este régimen»[393].

También los republicanos vieron el conflicto ferroviario como la oportunidad para desencadenar la revolución. Una hoja del Partido Radical apareció el 5 de agosto apoyando la huelga de esta forma tan significativa:

Obreros; vais a la huelga. No vais solos. No iréis solos. No estaréis solos. Tenéis el deber sagrado de no dejar apagar las hogueras que arden en torno vuestro. Vosotros sabéis que el fin que anheláis no es que suelten a los presos de Valencia; que repongan en su trabajo a los despedidos; que os den, como quien da una limosna, unos cuantos céntimos más cada día. Vosotros sabéis que el fin es otro[394].

Debían llevar la contienda a donde «nosotros hemos querido llevarla» y ofrendar «la última prueba de la apostólica emoción revolucionaria que arde en nuestras almas». «El solo anuncio de la huelga ferroviaria es una etapa más del periodo revolucionario abierto el Primero de Junio en los cuarteles», rezaba otra hoja. Por ello, tanto las juntas como la asamblea no podían «dejar de prestar fervorosa ayuda a la acción de los ferroviarios», porque «desde el Primero de Junio la vida política española entró en un periodo revolucionario que a todos conviene acelerar, porque el peor daño que puede ocasionarse a España, es vivir en la forzada relajación de una peligrosa interinidad»[395].

La asociación entre el conflicto ferroviario y la revolución era tan estrecha que retornaron las apelaciones a romper de una vez la disciplina militar. En Barcelona proliferaban miles de hojas de color verde con este contenido:

¡Soldados! La revolución estallará dentro de breves horas; tal vez mañana, pasado lo más tarde… Vosotros sois los hijos del pueblo; sois el pueblo mismo; pensad que los tiranos del pueblo son también los vuestros… fundíos en un abrazo de amor con los trabajadores, que son vuestra propia sangre; no seáis criminales ni parricidas. ¡Soldados! Uníos con el pueblo para la conquista de la libertad y si vuestros jefes os mandan hacer fuego, matadlos a ellos que son vuestros verdugos[396].

«Si España ha de salvarse»

Con la noticia de que las secciones ferroviarias de Barcelona, Burgos, Castellón, Oviedo, Vizcaya y Zaragoza habían entregado los correspondientes oficios de huelga, el 3 de agosto los directivos socialistas pensaban que, esta vez, a diferencia de lo sucedido el año anterior, se lograría la parálisis total del transporte ferroviario. Las condiciones parecían ideales para una insurrección y una espantá del Gobierno, que era lo que, al estilo de los viejos motines y pronunciamientos militares, buscaban los revolucionarios. De hecho, la creencia era general entre los comprometidos: «La huelga ferroviaria era la huelga general», razonaba Marcelino Domingo, «y la huelga general era el movimiento revolucionario». La paralización del ferrocarril haría lo propio con otros servicios, y los hombres, «libres de manos, se lanzarían a la calle con el propósito de dar al paro la intensidad y la transcendencia de un movimiento revolucionario»[397]. La incógnita sin despejar era la actitud del Ejército. Si Márquez no conseguía que los oficiales se abstuvieran, los republicanos seguirían sin ir a la revolución. Consciente de ello, Iglesias deseaba responder al requerimiento de la federación ferroviaria, cuya huelga consideraba «inevitable», exclusivamente con un paro de solidaridad.

¿Una huelga provocada?

Pero Iglesias estaba solo. Besteiro y Largo Caballero también consideraban inseparables la huelga ferroviaria y la revolucionaria, y esperaban que, una vez en marcha la acción, arrastrarían a sus aliados. El recuerdo de la huelga general de diciembre de 1916 les impulsaba a pensar que, puestos de acuerdo a la vez con la CNT, con los republicanos y con los nacionalistas, tendrían el apoyo de un segmento importante de la población. Forzarían, además, la división del Ejército, pues creían que estaba «en plena rebeldía» y «había hecho concebir muchas esperanzas de que se sumaría al movimiento». Besteiro, que era catedrático, pensaba que incluso se les agregarían los funcionarios civiles. Se inhibirían ante las órdenes gubernativas, hastiados con la inflación y convencidos de que «con el actual régimen político, ni aun considerando la cuestión desde un punto de vista capitalista, puede prosperar España».

Por ello, aunque Besteiro y Largo Caballero pidieran a Anguiano que extremara la transigencia de los ferroviarios, pues todavía se «carecía de organización debidamente adecuada y medios de defensa para la lucha», en inequívoca mención a las armas, no se plantearon disuadirle ni desautorizarle. Creían, como Iglesias, que la huelga era inevitable, pero, a diferencia de este, estaban convencidos de que había que convertirla en general y revolucionaria para «no dejar abandonados a los trabajadores… y, además, para orientarla e imprimirle un carácter político y social». La decisión contraria implicaba, como confesó Largo Caballero ante el XIII Congreso de la UGT en 1918, que «no se podría contar luego con ellos para la huelga general, tanto si triunfaban como si eran vencidos» y, por tanto, «no había más remedio que ponerse al frente de la huelga y fundirla con el movimiento preparado»[398].

Respaldaba la decisión de Besteiro y de Largo Caballero el hecho de que, el 5 de agosto, los metalúrgicos de la UGT anunciaron una huelga en toda España en solidaridad con su sección vizcaína, que convocaron para el 10 de agosto, haciéndola coincidir con la ferroviaria. Poco después la trasladaron al 13 de agosto, fecha de la huelga revolucionaria, «teniendo en cuenta las observaciones que nos hacen algunas secciones». El mismo día 5 el sindicato minero asturiano de la UGT anunció que también paralizaría la extracción de carbón en apoyo a los ferroviarios. La patronal protestó ante esta nueva huelga ya que, tras haber subido los salarios y las horas extra un 70 % entre 1914 y 1916, el nuevo convenio de 1917 había incluido un aumento salarial del 15 % y una subvención al sindicato de 1,25 pesetas por tonelada producida, más otra neta de 200 000 pesetas. Pero la UGT les aclaró que aquel conflicto era revolucionario y no económico[399].

Es obvio que, si la UGT se hubiera negado a convertir el paro ferroviario en una huelga general, habría obligado a su federación a echarse atrás o, al menos, a desconectar su defensa de los despedidos de cualquier movimiento revolucionario. A sus directivos no les hizo recapacitar un hecho significativo. En la comisión ejecutiva de la federación ferroviaria se discutió pedir al Sindicato Norte que retirara los oficios de huelga para que los presentaran a la vez todos los sindicatos del ramo; de esa manera, todos podrían desencadenarla a la vez y ese respaldo legal permitiría recabar con más facilidad la solidaridad de los empleados que no pertenecieran a la Compañía del Norte. Sin esa previsión, los huelguistas serían despedidos por abandonar el trabajo si el paro fracasaba, pues ningún otro sindicato ferroviario lo había convocado legalmente. La propuesta fue derrotada por un solo voto, pero mostró que las demás organizaciones ferroviarias de la UGT eran remisas a mezclarse en una insurrección contra el Gobierno, ni siquiera por los 32 despedidos de Valencia.

Aun así, pese a una votación tan ajustada, Besteiro y Largo Caballero creían que los ferroviarios actuarían como un bloque, porque así se lo había asegurado Anguiano. Los comités nacionales de la UGT y del PSOE se reunían diaria y conjuntamente para seguir el conflicto y tomar con rapidez la resolución de la huelga revolucionaria. Estaban en contacto con Manuel Buenacasa, el delegado que la CNT destacó en Madrid, que les urgía al movimiento. El entonces directivo de la Casa del Pueblo madrileña, Manuel Cordero, expresó el «optimismo» que les «dominaba en aquellos momentos». El movimiento debía tener «sentido político y revolucionario» porque el ambiente era muy favorable: «de todos los puntos del país venían elementos de las organizaciones a la capital para saber cuándo se iba a realizar», y se notaban «impaciencias» entre «los trabajadores organizados y en algunos de los organismos directores de las localidades» al suponer al Gobierno «falto de defensa por la fuerza armada del país».

El 8 de agosto, cuando aún no se habían roto las negociaciones con el Ejecutivo y la Compañía del Norte, los comités nacionales del partido y del sindicato discutieron sobre la conveniencia de declarar la huelga revolucionaria. Enviaron a un emisario a recabar la opinión de Iglesias, que les insistió en la necesidad de disociar el paro de un levantamiento contra la monarquía constitucional. Su propuesta no obtuvo «un solo voto favorable». Besteiro defendió la postura contraria y todo el mundo le apoyó de forma «unánime» y «entusiasta». Así pues, el movimiento revolucionario tendría lugar el 13 de agosto[400].

De manera que la UGT y el PSOE decidieron ir a la revolución por sus propias consideraciones estratégicas, no por una supuesta encerrona del ministro de la Gobernación, Sánchez-Guerra que a menudo se repite sin probar: que este presionó a la Compañía del Norte para que no cediera y, de ese modo, provocar antes de tiempo la insurrección para derrotarla con facilidad. Tampoco, como aducirían Prieto o Lerroux, hubo una supuesta confabulación entre Dato y la CNT para hacer estallar la revuelta y dar, con el deterioro del orden público, un motivo para fortalecer la posición del Gobierno y la disciplina en el Ejército.

No hay que confundir causas con pretextos. En la Historia Universal del XIX y del XX, los revolucionarios siempre han apelado a provocaciones de sus adversarios para autojustificarse, y más aún si luego tiene que eludir responsabilidades por haber llevado a los suyos a una derrota. A fin de cuentas, recordaba Cordero, «el Partido Socialista estaba comprometido en la obra revolucionaria» y «el movimiento estaba en plena organización». Había que cumplir el pacto con una CNT impaciente y eufórica al fin por ver a sus aliados bien dispuestos. Solidaridad Obrera llamaba a convertir en generales los conflictos ferroviario, minero, metalúrgico y también en la marina mercante: «Un empujón, un trastazo simultáneo, en distintas localidades —⁠enfatizaba⁠— y toda esta situación de podredumbre rueda al abismo». Si no se hacía, era por falta de «hombres», de «revolucionarios de verdad» que dejaron escapar la ocasión única del 19 de julio: «Nunca el pueblo estuvo tan unánimemente predispuesto a sublevarse, a no dejar piedra sobre piedra que le recordase la arbitrariedad y la tiranía como en el momento actual». Ahora se planteaba otra coyuntura óptima: «Estemos preparados para que no nos sorprendan los acontecimientos y podamos sacar el mayor provecho posible de las circunstancias»[401].

El 9 de agosto, los comités nacionales del PSOE y de la UGT y los delegados de las regiones aclamaron al comité que dirigiría la huelga revolucionaria, formado por Besteiro, Largo Caballero, Anguiano y Andrés Saborit. El comité envió instrucciones a las sociedades adheridas a la UGT en las distintas provincias, que no pudieron ser interceptadas por el Gobierno «gracias a que en junio, con motivo de la asamblea de parlamentarios, se había practicado un ensayo parecido». De la reproducción y distribución de misivas se ocuparon Saborit y Anguiano. En ellas se ordenaba a los comités provinciales «la huelga general, costase lo que costase». Se llevaron armas desde Éibar a Barcelona, y Saborit acudió allí para contactar con el comité revolucionario de la CNT y con Lerroux, al que, como Iglesias, el paso le parecía una imprudencia. Pero al presentárselo como un hecho consumado, el líder radical anunció su apoyo en un mitin al que también asistió Saborit.

Melquíades Álvarez, que había llegado a toda prisa desde Gijón, intentó evitar que la revolución estallara, ya que consideraba ahora que debía retrasarse a octubre. Su entrevista con Besteiro y Largo Caballero la noche del 10 de agosto fue infructuosa: ya no podía pararse. Los dirigentes socialistas se escudaron en la postura de los ferroviarios y en que ya se habían enviado las instrucciones a provincias. En una nueva reunión el 11 de agosto, Álvarez decidió comprometerse con el movimiento y salir rápidamente para Asturias «con el fin de actuar personalmente, en representación de su partido, cosa que hizo con lealtad y firme resolución», según la memoria del XI Congreso del PSOE (1918). El jefe reformista elaboró un listado de «nombres y direcciones de amigos suyos, militares y paisanos, que pudieran ayudarnos», recordaba Saborit.

Por último, el comité socialista también comunicó el levantamiento a Cambó que, según Largo Caballero, «no hizo otra objeción sino la de que no se atentase contra las fábricas, la propiedad, etc.». Del apoyo discreto pero indudable de la Lliga a la revuelta dio cuenta, el 8 de agosto, su órgano oficial, La Veu de Catalunya. Tras teorizar en un artículo que las sociedades cambiaban por la vía de la renovación o por la de la revolución, afirmaba que los nacionalistas habían intentado siempre la vía de la renovación, pero «cada vez se ha hallado ante el Gobierno, único obturador, único responsable de que la renovación no se haya cumplido». De ahí concluía que «cada cual, en su fuero interno, y según la enseñanza que recoja de los hechos, podrá decidir cuál es la alternativa que en realidad opone a la renovación el Gobierno del señor Dato»[402].

Gestiones para derribar a Dato

Así las cosas, el Gobierno comenzó a prepararse para lo que se le venía encima. Como el primer pulso sería la paralización de los trenes, había que asegurar su circulación, lo que requería proteger la libertad de quienes se negaran a hacer huelga. El 8 de agosto, Sánchez-Guerra instruyó a los gobernadores para que garantizaran el tráfico y evitaran «coacciones, violencias y toda clase de atentados». Debían procurar que no se interrumpieran las comunicaciones telegráficas y postales, y vigilar a los directores de la huelga y a los agitadores para detenerles si cometían algún delito. «Si llegaran a emplear la táctica utilizada anteriormente de enviar a las mujeres o hijos de los huelguistas a ejercer coacciones a dichos puntos o a los domicilios de los que trabajan —⁠avisó⁠—, debe procederse a la detención de unas y otros, así como de los ferroviarios padres o maridos obligándolos a todos a cambiar de domicilio».

La Guardia Civil y la de Seguridad fueron movilizadas para vigilar líneas de ferrocarril, puentes, túneles y otras infraestructuras susceptibles de ser saboteadas. Sus efectivos también se desplegaron en las estaciones de tren. El Gobierno recurrió asimismo al batallón de ferrocarriles para que su personal supliera a los huelguistas. Los reservistas debían prestar servicio de uniforme y armados para disuadir a los piquetes. Pero Dato no se decidió aún a militarizar el ferrocarril, marcando así un contrapunto con Canalejas y Romanones. Los informes revelaban que la mayoría de los ferroviarios no querían hacer huelga, si bien, como advirtió el ministro de Estado, el marqués de Lema, al rey, «empezadas estas cosas, nunca puede calcularse expresamente su extensión y repercusiones»[403].

Lema no especulaba. El Sindicato Norte, en su llamamiento a la huelga, avisó a los operarios contrarios a ella: «Ningún ferroviario puede dignamente permanecer en su puesto de trabajo indiferente al requerimiento de la organización, sin que sobre él caiga, con el estigma infamante de traidor, el odio implacable y justiciero de toda la clase ferroviaria». En una proclama dirigida a los «adictos» de la compañía les advertía de que esta no era una huelga más:

La clase obrera española tan pronto nosotros nos lancemos a la lucha, ellos se declararán en huelga general revolucionaria, y entonces, ¡ay de ti, pobre esclavo!… Adicto: decídete, mañana será tarde; en nuestro poder están vuestros domicilios; la cabeza de los vuestros pagará vuestra traición. ¡Ferroviarios! El que el día 10 no secunde nuestro movimiento, ya sabe lo que le toca. ¡En la guerra como en la guerra! ¡Viva la huelga general revolucionaria![404].

El paro ferroviario era una batalla decisiva porque de su éxito dependía el de la huelga revolucionaria. Contra lo que suele decirse, el Gobierno aún no las tenía todas consigo sobre el estallido de la huelga. Solo si así fuera, Sánchez-Guerra instruyó a los gobernadores para suspender las publicaciones de las sociedades y centros obreros y proceder a la detención, cambio de residencia o destierro de sus juntas directivas, «así como de las personas significadas como agitadores». «Si la necesidad impusiera el empleo de la fuerza», los gobernadores debían combinar prudencia y energía para «disolver por todos los medios a quienes la resistan, sin contemplación alguna, para imponer el imperio de la ley y evitar que al manifestarse la perturbación perdure o se haga crónica». Debían proceder a la recogida de las existencias de todas las armerías privadas y también de la dinamita de las minas, y practicar registros en los centros obreros para decomisar las armas y explosivos que encontraran[405].

En esos días, el Gobierno no confiaba en la respuesta del Ejército, minado por unos junteros cada vez más soliviantados con los conservadores, que además daban pábulo a las expectativas de los revolucionarios sobre el resquebrajamiento de la disciplina. En aquella dramática coyuntura, el coronel Márquez en persona se había sumado a las presiones directas sobre Alfonso XIII para que evitara la revolución cambiando al Ejecutivo. Lo hizo de acuerdo con Cambó, que había enviado de nuevo a Güell para convencer al rey de que iniciara una «evolución sin trastornos» antes del 8 de agosto, porque, de lo contrario, la revolución impulsada por los asambleístas sería ya inevitable[406].

El 3 de agosto Márquez envió ante el rey al capellán castrense de una de las unidades más levantiscas, el regimiento de Cazadores Alba de Tormes. El padre Planas, que así se llamaba, debía entregar al monarca un mensaje redactado por el coronel y los capitanes Herrero y Villar, en el que le advertían de que «entre la nación con todas sus fuerzas vivas» y «los partidos turnantes con sus oligarquías parasitarias», el Ejército, como «brazo armado de la nación», se situaría al lado de la nación «y detrás de V. M., que tiene el deber ineludible y glorioso de guiar a ambos hacia el progreso». Los junteros exigían «hombres nuevos» y «procedimientos nuevos», pues «si España ha de salvarse», no debía ser con «los que hasta ahora ejercieron las funciones de Gobierno sin lograr beneficio positivo para la patria y siendo, en cambio, los factores de propio descrédito». La demostración de su inutilidad era «el estado de indefensión absoluta, material y moral en que nos han colocado y mantenido los partidos turnantes», que obligaba al mantenimiento de la neutralidad bélica. El abandono de esta supondría el «delenda est España» y la «guerra civil», algo que casi sucede «por ligereza de algún gobernante», en clara referencia a Romanones.

Para Márquez y los suyos, los liberales y los conservadores eran culpables de que «la revolución» estuviera «latente en todos los espíritus» y no dejara «de organizarse por determinados partidos políticos». El coronel proponía atacar «las raíces del separatismo» con el programa de la asamblea de parlamentarios y no con el de un Gobierno que persistía «injuriosamente en considerar a cada catalán como un separatista». Reproducía la tesis camboniana de que «la terminación de la guerra» plantearía «en todos los Estados, y reflejamente en el español, gravísimas cuestiones de carácter social, y desgraciado el que no disfrute de una vida robusta y carezca de un dique que contenga y encauce la avalancha», que para los junteros debía ser «el Ejército». La consecuencia de «no acertar con la solución» sería «la pérdida de la Corona, de la dinastía y la de vuestro prestigio ante la Historia». Así, no había más remedio que fuera Alfonso XIII quien se adelantara a hacer la revolución, «que sino [sic] hará el pueblo». Porque «si un rey se opone a las oligarquías, apoyado en su Ejército y su pueblo, ese rey afirma su Corona, pues no ha pasado aún la hora de las monarquías».

La parte más importante del mensaje le pedía al rey encomendar la gobernación del país a «prestigios no gastados», en un Gobierno «de concentración amplísima» al mando de un presidente designado por Alfonso XIII. El general Francisco de Paula Borbón, tío del monarca y que había mostrado claras y sospechosas simpatías hacia las juntas, iría a Guerra. Serían ministros Cambó (Fomento), Alba (Estado), Melquíades Álvarez (Gracia y Justicia) y el liberal independiente Urzáiz (Hacienda). El ministro de la Gobernación debía ser «una garantía de la pureza del sufragio, por ser persona ajena a la política y que de ella nada haya de esperar». Podría ser «un militar, por ejemplo, que, a ser posible, tenga simpatía entre el elemento obrero», en inequívoca referencia al general José Marvá. Instrucción Pública y un nuevo Ministerio de Trabajo se proveerían con dos prestigios de la ciencia ajenos a la política: Santiago Ramón y Cajal y Leonardo Torres Quevedo, respectivamente.

Este Gobierno convocaría «Cortes Constituyentes que puedan ser, por las condiciones anteriores, genuina representación de la voluntad del país, y cuyo objeto sea la organización del Estado y sus funciones». Si el rey temía que las Cortes Constituyentes no se ciñeran al objeto de su convocatoria y supusieran «otros peligros para la Corona», refiriéndose a la proclamación de la república, Márquez le aseguraba que eso no sería así, pues «la nación mantiene aún hoy sentimientos monárquicos» y conocía, además, que «aún la parte sensata de los que no los han tenido nunca aprecian en las actuales circunstancias como una necesidad imprescindible tal forma de Gobierno».

El coronel omitía, o quizá ignoraba, el acuerdo de Melquíades Álvarez con los republicanos y socialistas para derribar la monarquía. Pero, en cualquier caso, si se planteaba el problema del régimen, Márquez garantizaba al rey que «el Ejército… disolvería incontinenti dichas Cortes con aplauso general y reconocido derecho», pues se habrían salido «de la misión para las que habían sido convocadas, faltando a su juramento». Con esa garantía, los junteros pedían a Alfonso XIII que se pusiera al frente de «esta obra que es la de salvar y regenerar España» con la seguridad de que «no os abandonará el Ejército que veló vuestra cuna, os conservó la Corona y tiene derecho a esperar que cumpliréis vuestra misión, para la que os guardó como esperanza de la patria»[407].

Por tanto, era obvio que no sería la democracia lo que saldría de aquella ruptura, sino la primacía de los partidos de la asamblea —⁠casi ninguno monárquico⁠—, en una monarquía tutelada ya sin obstáculos por los junteros.

Alfonso XIII sabía que la opinión pública no se agotaba en las lindes del turno, pero también era consciente de lo peregrino de diferenciar en dos esferas separadas y opuestas a la «nación» y a los «partidos turnantes», sucedáneo del artificio propagandístico de la «España oficial» y la «España real». La propuesta llegó a sus manos, pero se negó a recibir al padre Planas ante la indignación de Márquez. «La Corona consagraba con este desprecio a la voluntad del Ejército, el eterno desprecio de la dinastía por los latidos populares», recordaba el coronel autoproclamándose portavoz de la milicia. Para Márquez, el rey ya no tenía excusa. Conocía en persona «las elevadas miras» de los junteros, que se veían «abandonados» por el monarca. Se hacía así responsable de la «locura de agosto», esto es, de la huelga revolucionaria. La ambición del coronel llegaba ya a atisbar una situación en la que «la responsabilidad del poder se hallase abandonada y la nación presa de la anarquía». Para salvarla, las juntas deberían hacerse cargo del poder[408].

El soviet de los oficiales

Por si Dato tenía pocos frentes abiertos, la Junta Superior de Infantería había convocado una asamblea general de representantes de las distintas regionales de toda España, que comenzaría en Barcelona el 8 de agosto. En un supremo esfuerzo por ganarla para la causa revolucionaria, el republicano nacionalista Maciá, antiguo militar de Ingenieros, redactó una larga comunicación de la que se dio cuenta en la asamblea. En ella Maciá recordaba a los junteros que representaban un sentimiento «noble y elevado» frente a un régimen «disolvente», «infame hasta la deshonra» y que ha colocado a España en una «ridícula» posición internacional desde el desastre de 1898. Habían «matado el espíritu de ciudadanía» y convertido al español en un «pueblo degenerado». Tan solo «Cataluña» había reaccionado protestando «de aquella vergüenza y de aquel estado de cosas tan humillante». Esa región «quería libertad, moralidad, respeto a las leyes, reconocimiento de su personalidad; quería la autonomía para administrar sus intereses y gobernarse; deseaba con anhelo que las regiones hermanas despertasen de aquel letargo, preludio de muerte, en que las habían sumido aquellos desalmados Gobiernos».

Según Maciá, Cataluña, «región viva que esperó con ansia durante un mes vuestra actuación salvadora», apelaba a las juntas para que rompieran con el Gobierno y declarasen su lealtad a la asamblea de parlamentarios, que materializaba políticamente sus anhelos. De ella saldría «un Gobierno nacional, de gran prestigio, moralidad y energía, que sea garantía absoluta de que las elecciones legislativas sean sinceras y la expresión verdadera de la soberanía nacional, que vosotros reconocisteis en el manifiesto, y que estas Cortes sean Constituyentes». «Nuestra actuación —⁠subrayaba Maciá⁠— es derivada de vuestros anhelos patrióticos, acelerada por vuestros actos que demuestran los mismos anhelos». Por ello, los junteros debían cumplir su palabra, esos propósitos de sus manifiestos. Solo así, no habría «derramamiento de sangre»[409].

No hay Ejército

Al dar a conocer esta comunicación de Maciá, el desafío de Márquez era diáfano. Fue el prolegómeno del orden del día de una reunión que pulverizó la autoridad del Gobierno y, específicamente, de su presidente y del ministro de la Guerra.

La asamblea inauguró sus sesiones con una advertencia a los jefes y oficiales que todavía no se habían adherido a las juntas: debían hacerlo «en plazos perentorios». Si persistían en su actitud, se les haría el vacío, «indicándoles el disgusto con que los compañeros ven su permanencia en el Ejército». La asamblea se negó a admitir a dos coroneles en la organización por considerarlos desafectos y se les invitó a abandonar las Fuerzas Armadas. Uno de ellos era Luis Bermúdez de Castro, al que los oficiales de su regimiento en Melilla se habían negado a obedecer por no adherirse a la junta. Su sustituto, José Ruibal, hubo de hacerlo para que los junteros le entregaran el mando de la unidad.

Acto seguido, la asamblea exigió responsabilidades a los «enemigos» de las juntas en el generalato. Estos eran el ministro Primo de Rivera y sus antecesores, Luque y Aguilera, además de los altos cargos del Ministerio de la Guerra que se les habían opuesto, los generales Bazán, Figueras, Carbó y Viñé. Tampoco se libraron Alfau y Riera, a los que se culpó de ceder a las «presiones» de los ministros y encarcelar a la Junta Superior de Infantería. A Alfau se le pidió que dejara de hacer declaraciones públicas de adhesión a las juntas porque «se ha comportado en forma tan poco leal y caballerosa» que «en nada han de hacer variar el concepto formado». A unos generales se les exigía una retractación pública; a otros, «conseguir, por cuantos medios se consideren convenientes, que no desempeñen cargo ni mando alguno en el Ejército». Con esos acuerdos las juntas destruían toda noción de disciplina y jerarquía, pues la propuesta de juzgarlos partía de jefes y oficiales de menos graduación. El precedente, además, invitaba a similares procedimientos entre los escalafones más bajos del Ejército, aunque los junteros no lo aceptaran para ellos. De hecho, establecieron que solo los de su mismo rango podían exigirles responsabilidades[410].

A instancias de la Junta Superior, la asamblea también aprobó combatir «las campañas puestas en juego para desprestigiar a la Unión», de lo que se ocuparían los parlamentarios pertenecientes al arma. Si se negaban, debía obligárseles «a que se separen del cuerpo». En el futuro, para asegurar el control sobre los parlamentarios militares, se estudiaría el medio de que, en las elecciones, «el arma vote uno de los nuestros por región, sea diputado o senador».

Aún de mayor trascendencia fue la sesión del 11 de agosto, con la huelga ferroviaria ya declarada. La Corona no había satisfecho una parte de sus exigencias del mes de junio, ni tampoco un índice de reformas que, elaborado por un subcomité de la junta, se le había presentado a Alfonso XIII. Márquez atribuía esto al Gobierno y, específicamente, al ministro de la Guerra, Primo de Rivera. Por ello proponía presentar directamente al rey un manifiesto-ultimátum reiterando las exigencias, pero con una apelación a que nombrase un nuevo Gobierno. En eso estaban los junteros cuando, el 13 de agosto, la proclamación del estado de guerra por la huelga revolucionaria interrumpió sus deliberaciones[411].

Un asombrado general Denvignes, el agregado militar francés, informó a París de que aquella asamblea era un «soviet de oficiales» asimilable «al que funcionaba en Petrogrado». Usurpaba las facultades de la Corona y del Parlamento, y trataba con el Gobierno «de poder a poder», abusando de los instrumentos coercitivos que se le habían confiado. Además, el ejemplo de los militares cundía, además, entre la Policía. Desde el 27 de junio, el Gobierno supo que varios suboficiales y números de la Guardia de Seguridad habían constituido sus propias juntas en Madrid y Barcelona. Dato escuchó las quejas y ofreció abonarles pluses por los servicios de retén a cambio de que las disolvieran. Nada consiguió y los trabajos continuaron soterradamente hasta que Sánchez-Guerra, apercibido por el director general de Seguridad, Manuel de la Barrera, decidió disolverlas la primera semana de agosto. El día 2 ordenó expulsar del cuerpo a siete cabecillas y trasladar a otros 11 agentes. El 5 de agosto, los policías junteros organizaron un plante en las comisarías madrileñas de Hospicio y Universidad, y hubo conatos de motín en las de Chamberí y Latina, donde numerosos agentes se negaban a tomar el relevo del turno ya terminado por sus compañeros. Los jefes del cuerpo de Seguridad acudieron acompañados de guardias civiles, y ordenaron a los junteros volver al trabajo o marcharse tras depositar la pistola y el sable. La medida surtió efecto, pero, en vísperas de la huelga revolucionaria, el Gobierno tenía razones para dudar de la lealtad de una parte del cuerpo de Seguridad. La impopularidad de Sánchez-Guerra aumentó entre Márquez y los suyos, que habían prometido auxiliar a las juntas de la Policía.[412]

Por su parte, Bugallal, ministro de Hacienda, probó un método más conciliador con los funcionarios civiles, que no estaban sometidos a la disciplina de los cuerpos armados. Sabiendo que los de Hacienda eran la punta de lanza de las juntas civiles, el 10 de agosto publicó una orden para regularlas. Ponía coto a los abusos en la recluta de sus afiliados por medio de «adhesiones recabadas en forma que no siempre garantiza la libre y espontánea manifestación del pensamiento», y también terminaba con la adhesión a unos «compromisos de solidaridad y sumisión a posibles futuros acuerdos», que las juntas requerían bajo amenaza de someter a los disconformes a sanciones aplicadas por tribunales de honor.

Bugallal reconocería la existencia de una junta en su ministerio, pero solo a condición de que no deliberaran más que de asuntos de personal y de mejora del servicio, que someterían «respetuosamente a sus superiores». No podrían imponer sumisión a todos los funcionarios, ni siquiera a los adheridos, y se les vedaba constituir tribunales de honor sin permiso del subsecretario o ejecutar sus resoluciones sin el visto bueno del ministro. Para asegurar que esa orden llegaba a conocimiento de todos sus funcionarios, Bugallal requirió la firma obligada de un «enterado». Cualquier transgresión de la orden debía elevarse al ministro «para la inmediata aplicación de las sanciones que correspondan». Pese a que esas condiciones suponían someter a los junteros a disciplina y privarles de un mecanismo poderoso —⁠la imposición de un «compañerismo» despótico⁠—, su presidente, Pascual Abad, las aceptó. Esta vía fue eficaz y acalló la protesta de los funcionarios civiles durante la huelga revolucionaria[413].

Aun con su autoridad carcomida por las juntas militares, el Gobierno Dato estaba dispuesto a vender cara su piel. Tras disolver a los asambleístas con habilidad, parecía ahora más consolidado que cuando se hizo cargo del poder el 11 de junio, ya que la huelga revolucionaria que se anunciaba, desconectada de la asamblea de parlamentarios, no podía apoyarse en ningún elemento de legitimidad. De la oleada de huelgas entre el 19 y el 23 de julio, solo subsistía la de los metalúrgicos vizcaínos de la UGT. De hecho, este sindicato, la CNT y los republicanos ya habían quemado parte de sus fuerzas. Márquez no conseguía vincular a sus junteros con la asamblea de parlamentarios y, sin ello, ni los republicanos ni los catalanistas terminaban de comprometerse en firme con la revuelta. Si el Gobierno era capaz de retener la lealtad de la fuerza pública, si no perdía el control de la calle y si no permitía que se paralizase la economía nacional, la revolución sería vencida.

«Cosas veredes»

El 10 de agosto, pocas horas antes de que los ferroviarios republicanos y los de la UGT y la CNT fueran a la huelga, el diario tortosino El Pueblo, inspirado por Marcelino Domingo, apareció encabezado por tres vivas a la república. También anunciaba que «esta noche, a las doce, los trenes de todas las líneas dejarán de circular, y mañana, día 11, los obreros de toda España se declararán en huelga». Advertía a sus lectores de que aquella era una «huelga revolucionaria» porque «los ciudadanos españoles sentimos que la monarquía nos ahoga con sus robos y sus crímenes»:

Es la revolución que llega, porque España, harta de sufrir yugos y de oprobio, se levanta airada a dar su merecido a los traidores… ¡Ciudadanos! Mañana es el día en que la República comienza a reclamaros. Formad como un solo hombre, y no desmayéis hasta que el triunfo sea nuestro. ¡Españoles! Mañana empieza la revolución [y] todos los trabajadores, sean o no ferroviarios, deben declararse en huelga el día 11.

La huelga tenía que ser una demostración tal de fuerza que provocara la caída de quienes usufructuaban el poder, y «si el rey y su Gobierno se obstinan en seguir en sus puestos, el pueblo los echará por la violencia»[414]. Sin embargo, la firmeza de propósitos no se correspondía con la coordinación de sus protagonistas. Domingo instruía a los suyos sin conocer que el PSOE y la UGT habían fechado la huelga revolucionaria al día 13. En todo caso, era secuela inevitable de un alzamiento que se concebía en los moldes de la tradición juntista y cantonalista: quebrar la autoridad y el dominio territorial del Gobierno haciendo proliferar una multiplicidad de poderes rebeldes de carácter local, que se organizarían en torno a comités republicanos, socialistas y/o anarquistas dependiendo del predominio de cada cual. Eso sí, con la excepción parcial de Cataluña, donde la Lliga conservaría sus bastiones a través de la Mancomunidad y de sus alcaldes.

Huelga general

Para los comprometidos, más preocupante era que a cuatro horas de la huelga ferroviaria no se notara ambiente alguno en las estaciones y que los trenes continuaran entrando y saliendo con normalidad. Había temor de que los ferroviarios no respondieran, y los militantes de UGT y CNT se pusieron de acuerdo para forzar el paro de inmediato. La Policía detuvo a varios que repartían pasquines sediciosos, tiraban piedras o usaban banderines de «peligro y alarma» para bloquear la llegada y la salida de trenes. Los agentes expulsaron a las mujeres de los sindicalistas que, en la estación, anotaban los nombres de quienes acudían al turno de noche para intimidarles y hacerles objeto de represalias. En la madrugada del 11 de agosto, la huelga se evidenciaba en los pasquines fijados en los cristales, las portezuelas y los estribos de los trenes, así como en los retrasos en algunas salidas y llegadas, aunque hubo muy pocas suspensiones. Igualmente, en los ferrocarriles andaluces, asturianos y gallegos bastó el personal que acudió a trabajar y los soldados de ferrocarriles e ingenieros para mantener el servicio.

Como la paralización de los trenes estaba lejos de generalizarse, la mañana del 11 de agosto aumentaron las coacciones de los huelguistas y, con ella, los desperfectos en instalaciones y locomotoras. En Valladolid, donde había prendido con fuerza porque también se reclamaba la readmisión de los despedidos por la sedición de marzo, una niña del pasaje quedó herida por las pedreas. En Miranda de Ebro (Burgos), el asalto de unos huelguistas al depósito de máquinas para inutilizarlas acabó con uno de ellos muerto por disparos de un soldado. Otro quedó herido en Requena (Valencia) al ser arrollado por un vagón. En diversos puntos calientes, como la Estación del Norte de Madrid o el nudo palentino de Venta de Baños, los ataques o sabotajes a las vías provocaron descarrilamientos, aunque sin víctimas.

La huelga triunfaba en Zaragoza, Palencia, San Sebastián y Santander, pero fuera del área de influencia del Sindicato Norte era marginal. Ni siquiera se sumó la mayoría de los ugetistas o cenetistas de las compañías Madrid-Zaragoza-Alicante y Madrid-Cáceres-Portugal, que no quería hacerlo sin presentar el correspondiente oficio y agotar el plazo legal de ocho días, para no verse en la misma tesitura que los despedidos de Valencia. Esto era un grave contratiempo para los revolucionarios, pues retrasaba al 20 de agosto la incorporación a la huelga de un importante contingente de ferroviarios: solo la sección de Alicante accedió a adelantar el paro.

El 12 de agosto, con la huelga ferroviaria extendiéndose con lentitud, Dato anunció a los periodistas que en varias provincias se habían «repartido hojas redactadas en términos muy violentos» con llamadas a la huelga general el día siguiente. Conocía igualmente que se había insertado la consigna «Cosas Veredes», en El Socialista y periódicos republicanos como El País, y que esta era la señal convenidapara comenzar la rebelión. El Gobierno ordenó la recogida inmediata de los números[415].

La noticia más sobresaliente fue la circulación del manifiesto del comité de huelga madrileño, que firmaban en nombre del PSOE Besteiro y Saborit, y en el de la UGT, Largo Caballero y Anguiano. Anunciaban que había llegado el momento de poner en práctica la huelga general indefinida acordada con la CNT en el pasado mes de marzo. La aparición en escena de las juntas de Defensa y la asamblea de parlamentarios corroboraba la necesidad de ese «cambio fundamental de régimen político» que reclamaban ambos sindicatos. Lo justificaba «cerca de medio siglo de corrupción» que había llevado a las instituciones españolas a la «podredumbre» de un «régimen constitucional ficticio» que sostenía un «régimen económico de miseria y despilfarro» y «un estado cultural mantenido por los oligarcas en el más bajo nivel».

El manifiesto calificaba la «huelga ferroviaria» como la provocación de un Gobierno «de consejeros de poderosas compañías» que se había negado a intervenir en favor de los despedidos. Por ello, el comité ordenaba que la huelga no cesara hasta no obtener «las garantías suficientes de iniciación del cambio de régimen». Dichas garantías debían sustanciarse en «la constitución de un Gobierno provisional que asuma los poderes ejecutivo y moderador y prepare, previas las modificaciones imprescindibles en una legislación viciada, la celebración de elecciones sinceras a unas Cortes Constituyentes que aborden, en plena libertad, los problemas fundamentales de la constitución política del país».

Los promotores pretendían, por tanto, imponer los propósitos de la asamblea de parlamentarios, asimilables al régimen que regía en Rusia desde marzo de 1917. Para mayor identidad, uno de los llamamientos anejos a la proclama apelaba a imitar «el ejemplo ruso» poniendo en marcha la «revolución social»[416].

El manifiesto del comité de huelga venía acompañado de unas instrucciones en las que se ordenaba a los afiliados de la UGT y de la CNT «tomar las medidas necesarias» para «la paralización de todos los trabajos», de modo que «el paro resulte completo», especialmente entre los tranviarios, ferroviarios, cocheros, panaderos, ramo de alumbrado, obreros municipales y dependientes de comercio. Esto suponía dejar a la población incomunicada y desabastecida, sin comida, luz, agua, limpieza o servicios funerarios. Tales «medidas necesarias» no se detenían en la persuasión y el cese voluntario del trabajo, sino que la huelga debía imponerse por la fuerza a los que no quisieran sumarse, y la interrupción de todo transporte era la forma más eficaz de evitar que quien deseara trabajar pudiera hacerlo. El uso de la coacción no debía cesar «hasta que no se hayan obtenido los resultados que se persiguen».

Además, a la fuerza pública debía dársele «la sensación» de que «también están integrados por elementos trabajadores que sufren las consecuencias de la desastrosa conducta del régimen político imperante». Para ello, los huelguistas tenían que alternar los vítores a los soldados, a la república y al pueblo, y si «la actitud de la fuerza armada fuese manifiestamente hostil al pueblo» en su acción revolucionaria, debían adoptarse medidas que el manifiesto llamaba de «legítima defensa», sin por ello caer en «actos inútiles de violencia».

En realidad, como revelaría Besteiro, los socialistas y los anarquistas mantenían la expectativa de que, desencadenada la rebelión y puestos los militares en el trance de enfrentarse con las masas, la mayoría se abstendría. Ello facilitaría que los suboficiales y los soldados «trabajados» por ellos y por los republicanos se unieran a la revuelta, compensando los elementos con los que pudieran contar las autoridades. No habían logrado garantías previas, pero confiaban en que la paralización exitosa de la actividad económica y la impotencia de la fuerza pública para restaurar el orden hicieran caer al Gobierno Dato. Los revolucionarios creían que la posición subversiva de los junteros privaba al Gobierno de su factor defensivo fundamental, de modo que el levantamiento sería el último empujón que derrumbaría al régimen constitucional[417].

Por ello, La Libertad, «periódico de la revolución», llamaba a los soldados y policías a «sumarse al pueblo». Los «jefes y oficiales» del Ejército debían tener presentes «las causas inmediatas de la agitación del país». El 1 de junio, las juntas de Defensa habían dado «un ejemplo de indisciplina saludable»: ¿el Ejército iba «ahora a cargar sobre multitudes no indisciplinadas? —⁠se preguntaba⁠—. ¿Qué moral, qué justicia, qué equidad hay en acuchillar a un pueblo inerme…? El Ejército ha sembrado estos vientos, que lo mismo pueden ser chicos que devastadores. De él depende.

Los revolucionarios aludían al manifiesto juntero cuando se les recordaba que «justicia es que desaparezca el régimen responsable de nuestros desastres… ¿Lucharéis contra el pueblo que pide vuestra misma justicia?… ¡Compenetraos con el pueblo, que es la misión verdadera de un Ejército nacional!». «Soldados —⁠se apelaba a la tropa⁠—. El pueblo se dispone a derribar el régimen que empobrece y degrada a España… ¿Cometeréis el crimen horrendo e imperdonable de disparar vuestras armas contra el pueblo que sois vosotros mismos, que es carne de vuestra propia carne?… Uníos al pueblo. Ayudad al triunfo de la revolución». Los guardias civiles y de Seguridad debían desobedecer a un régimen «que conduce a la patria por caminos de degradación miserable y vergonzosa», o, de lo contrario, «asesinaréis al pueblo… defenderéis a los malhechores de la patria». Pero los alzados hicieron algo más que manifiestos. Instruidos por el comité revolucionario, varios comprometidos vistieron viejos uniformes del servicio militar para mezclarse con la tropa y confundir a la fuerza pública[418].

Sin embargo, el mejor recurso para disuadir a los agentes de emplear la fuerza fue la presencia, bien visible y en vanguardia, de mujeres y adolescentes en los grupos de huelguistas, entre la consternación de los periodistas y la admiración de los cronistas revolucionarios. Protagonistas de las huelgas generales en Barcelona y Bilbao desde hacía más de una década, su presencia causó sorpresa en la capital de España. Ambos grupos, rezaba un panfleto huelguista, «son muy útiles a la revolución», y no ya para desmoralizar a policías y soldados, sino porque tenían «una temeridad extraordinaria» y «un furor de destrucción que hay que dejar expansionar»[419].

El de Madrid fue el manifiesto más célebre de la revolución, pero no el único. En Barcelona, los republicanos declararon su solidaridad con los obreros porque

… piensan en estos momentos, como pensamos nosotros, en una Patria regida por otros hombres, por otras leyes y por otras instituciones. Los obreros van a la huelga con el mismo propósito que fueron los diputados de la izquierda a la reunión celebrada en el Congreso. Con el mismo propósito que fueron los militares a la constitución de las Juntas de Defensa. Con el mismo propósito que fueron los parlamentarios, celosos de su responsabilidad, a la Asamblea de Barcelona[420].

Los sindicatos afectos al Partido Radical declararon el día 13 «la huelga general de todos los oficios en toda España». No se debía volver al trabajo «hasta que los comités respectivos lo ordenen por haber alcanzado el triunfo», y rechazaba «por mentirosa toda información oficial y toda la de la prensa que no sea la autorizada por los comités». Sus instrucciones abundaban en que el paro debía ser «absoluto y total en toda España», los obreros «no deben practicar otras órdenes que las que directamente les dé el comité de su oficio» y recordaba «que no son solo los proletariados los que piden y quieren justicia», sino que la quieren «para todos», y «todos» debían contribuir «a hacerla efectiva».

Instrucciones semejantes, aunque más duras, daba el comité de la CNT a través de Solidaridad Obrera. Exigía disciplina, ir a la huelga sin vacilaciones y contestar «inmediatamente en la misma forma» cualquier agresión a la fuerza armada, sin desperdiciar «vuestras municiones tirando en balde», sino «haciendo blanco si es posible». Anunció que la CNT consideraría «traidores» a todos los que «directa o indirectamente propaguen noticias contra la efectividad de la huelga general» y señaló como «cuadrillas de amarillos, de traidores, de mercenarios ambiciosos e inútiles, escoria del proletariado», a los ferroviarios que no se sumaban a «estos momentos supremos de rebeldía reivindicadora»[421].

¿Un movimiento pacífico?

La lluvia de manifiestos y panfletos llamando a la revuelta bastaron para que el subsecretario de Gobernación, Manuel Sáenz de Quejana, no tuviera que persuadir a los periodistas sobre «el verdadero significado de la huelga ferroviaria». No era una protesta de solidaridad por los despidos, sino que «todo estaba enlazado y dispuesto para una huelga general revolucionaria»[422] y, como tal, violenta.

Es, por tanto, falsa la tesis, tomada de Largo Caballero, de que los promotores de aquella acción pretendían una «huelga pacífica» y que fue el Gobierno el que difundió que aquello era un «movimiento revolucionario» con objeto de lanzar al Ejército contra los huelguistas. Nunca se quiso un paro pacífico, como incluso Saborit reconoció a posteriori:

¿Fue pacífica o revolucionaria la huelga de agosto? Su finalidad era revolucionaria. En la inmensa mayoría del país fue pacífica. ¿Por órdenes de los comités nacionales que prepararon el movimiento? No. Las instrucciones que dimos en las distintas regiones visitadas eran claras y terminantes: huelga general indefinida a toda costa, sin excepciones, hasta triunfar… Si hubo flaquezas no es lícito buscarlas en quienes no las sintieron… Se esgrimió el argumento de nuestra inocencia por haber lanzado a los obreros al movimiento sin armas. Se adquirieron las que fue posible en el corto tiempo de que se dispuso. ¿Se podían comprar más? ¿Dónde? ¿Con qué fondos? ¿Qué obreros estaban preparados para manejarlas?… No hubo más armas disponibles… porque no dio tiempo a comprarlas, ni abundaba el dinero, ni tuvimos suerte con los negociadores… Uno de los hombres que ocupaba posición privilegiada entre nosotros [alude a Indalecio Prieto], comisionado en 1917 para adquirir pistolas, no supo dar cuenta exacta del dinero recibido[423].

Besteiro lo reconoció en las Cortes nueve meses después. Aquello era un «golpe de fuerza» al que le faltaron armas: «hubiese querido que tuviesen armas aquellos obreros que, por el tiempo de su permanencia en las organizaciones, tienen un espíritu cultivado», pero faltaron medios para combatir a aquella parte de la fuerza pública «hostil», llena «de prejuicios contra nosotros».

Menos confiados que los socialistas en ese cuarteamiento de la disciplina militar, los cenetistas mostraron estar mejor preparados y contaron con bastantes rifles, pistolas, explosivos y material para su fabricación. Pero ni siquiera los ugetistas estuvieron desarmados. El 25 de agosto, Sánchez-Guerra se sorprendería ante los gobernadores de que los «agitadores» estuvieran «provistos de armas y municiones en proporciones extraordinarias» y les ordenó que, con la colaboración del Ejército, se incautaran de cuantas se hallaran en todas las provincias[424].

Sin embargo, los tiroteos y las explosiones eran solo la punta del iceberg. Como aclaró Dato, «una huelga general, que tiende a cortar en una ciudad, o en una provincia, o en una nación todos los servicios», por la fuerza y de manera indefinida, no podía ser «nunca una cosa lícita y pacífica». Manuel Burgos y Mazo, un social-cristiano simpatizante de las reivindicaciones obreras, que abogaría por una rápida amnistía para los condenados, no entendía que fuera «pacífica»

… una huelga que suprime el tráfico y la producción de los elementos necesarios para la vida y el trabajo, como el carbón, y coarta violentamente la libertad de los ciudadanos impidiéndoles trabajar… que incendia los registros de la propiedad y corta las líneas telegráficas y telefónicas, y roba dinamita para cometer atentados, y destruye las líneas férreas, y tirotea y hace chocar y descarrilar los trenes, e incendia los tranvías, y levanta barricadas, y asalta y saquea comercios y establecimientos, y ataca, hiere y mata a los agentes de la autoridad, a los guardias civiles y a los soldados[425].

Las hojas de los revolucionarios eran, además, explícitas. Las del comité ferroviario de huelga no dejaban dudas: al tiempo que otorgaban noticias del seguimiento de la huelga, daban también información de los «traidores» que continuaban trabajando, entre ellas la de un maquinista asturiano «muerto por traidor»[426].

La intervención extranjera

Había otro elemento que hacía al movimiento aún más peligroso. Alfonso XIII y su Gobierno pensaban que contaba con el sostén oficioso de la diplomacia portuguesa y de la red de espionaje francés en España. Ambos países se habrían implicado porque, según las autoridades españolas, deseaban una república que pudiera intervenir en la guerra al lado de la Entente.

El exministro conservador Guillermo Osma, entonces en Londres, explicaba el 29 de julio a Dato la razón de la injerencia: desde la caída de Romanones, los republicanos españoles eran tratados como «nuestros amigos» por varios altos cargos gubernativos franco-británicos. El pronunciamiento juntero había vuelto a mostrar a España como un país propicio a toda revolución. Los Gobiernos aliados pensaban que el rey era impopular y que los antimonárquicos tenían una seria oportunidad de proclamar la república.

Sin embargo, no pudo probarse la implicación de ningún órgano oficial o funcionario británicos y, pese a las suspicacias por la actitud pasiva de Reino Unido en la revolución portuguesa de 1910, lo cierto es que su Gobierno permaneció inequívocamente alineado con la monarquía constitucional. Su embajador, Hardinge, se preciaba de conocer bien a los republicanos españoles y transmitió una y otra vez que «sería un desastre si este pobre país, después de casi medio siglo de paz y progreso, retornara de nuevo a ser un México europeo». Los revolucionarios solo contaron con la ayuda económica del Partido Laborista y de algunos sindicatos, como denunció el embajador español en Londres, Merry del Val, al Gobierno británico[427].

Tampoco hubo una intervención firme de Francia, aunque algunos de sus funcionarios sí auxiliaron a los rebeldes. Pese a que la campaña aliadófila e intervencionista de los republicanos y los socialistas despertaba la simpatía de varios cónsules, el embajador Geoffray se negó a toda subversión y se mostró abiertamente hostil a que los antimonárquicos españoles capitalizaran el sentimiento francófilo. Creía que la revolución fracasaría y que en ese «Gobierno de concentración» que debía sustituir al de Dato preponderarían los elementos germanófilos. Pero había quien intrigaba contra Geoffray para sustituirle por alguien más favorable a «nuestros amigos» de España, y este era el exministro y diputado Jules Pams, simpatizante de una «República federal» que satisficiera la reivindicación catalanista, junto con el diputado Emmanuel Brousse, el exministro Joseph Chaumié y el periodista Auguste Bréal, ligado al servicio de propaganda de la embajada francesa. De hecho, Chaumié y Bréal tuvieron estrecho contacto con Lerroux y Álvarez, mientras Pams y Brousse mantenían viva la posibilidad de que su «amigo» Cambó facilitara que Cataluña estuviera «en pocos meses» bajo «el protectorado de la República francesa». Estos contactos eran discretos, pero no secretos, y Hardinge se quejó a su Gobierno de que el apoyo de algún «prominente político francés» a la causa de una Cataluña autónoma o independiente, pero bajo influencia gala, animara a los catalanistas a derrocar un Gobierno tan afín a la Entente como el de Dato[428].

Pero el Gobierno y el mismo Alfonso XIII apuntaban aún más alto. No solo se trataba de esta red de altos funcionarios, sino que creían que era el mismo Ejecutivo francés el que estaba involucrado. Desde mayo de 1917, y por «conductos no germanófilos», el rey recibía noticias de que París incitaba las intrigas de republicanos y reformistas para presionar a las autoridades españolas, y que estas, por temor, satisficieran las exigencias de la Entente.

De hecho, hubo más. Los republicanos no solo enviaron a Giner de los Ríos a buscar el apoyo del Gobierno portugués, sino que el bien relacionado periodista Jaime Brossa movilizó sus contactos en la izquierda francesa para llegar al Gabinete Ribot y, a través del director de The Times, lord Northcliffe, al primer ministro Lloyd George. Brossa transmitió al comité republicano que ninguno de los dos Gobiernos intervendría a favor de la monarquía y que «se mostrarían respetuosos con la voluntad de los españoles en pleno uso de su soberanía, si estos tenían a bien cambiar de instituciones». Cuando el embajador Hardinge se enteró de esas gestiones, puso sobre aviso al subsecretario Robert Cecil para que el Foreign Office y los conservadores británicos se opusieran activamente a toda maniobra contra la monarquía española[429].

Aunque Geoffray se hubiera llegado a enterar de esta maniobra, lo cierto es que no pudo neutralizar a su Gobierno. Los revolucionarios no solo recibieron ayuda financiera de los socialistas y los radical-socialistas franceses, sino que desde el Gobierno de París se otorgó a Luis Simarro, «embajador secreto de la revolución», como le llamó el escritor Corpus Barga, dinero que debía usarse para comprar armas y pagar jornales de los huelguistas. Simarro era un republicano con una impresionante red de relaciones entre los medios franceses de izquierda, presidente de la sección española de la Liga de los Derechos del Hombre y prominente masón. En estas entregas se implicó el ministro francés de Municiones, el socialista Albert Thomas —⁠en estrechísima relación con su correligionario español Antonio Fabra Ribas⁠—, que cesaría el 12 de septiembre tras ser el único ministro que defendió un activo apoyo a la causa republicano-socialista en España. Tras el levantamiento, Thomas y Fabra manejaron un fondo de ayuda para las familias de los revolucionarios. Un enfadado Geoffray informaría posteriormente de que «los principales agitadores» poseían «sumas importantes en billetes de banco franceses» y que, junto a 8000 folletos, la Policía española había decomisado a los revolucionarios pistolas de trinchera del Ejército francés. Estos hallazgos acrecentaban la susceptibilidad de Alfonso XIII, que estaba a flor de piel tras la abdicación forzada de Constantino de Grecia[430].

Las autoridades españolas también sabían que agentes «oficiales» u «oficiosos» franceses mantenían contactos frecuentes con republicanos y socialistas, a quienes animaban a la revuelta. Casos como el del poco discreto cónsul de Barcelona, Gaussen, así lo ponían de relieve, y, de hecho, en la Ciudad Condal se detuvo a otro ciudadano francés. El caso más reseñable ocurrió en Bilbao, donde la autoridad militar tuvo un altercado con el cónsul y se detuvo a otros dos franceses, entre ellos, Auguste Bréal. Geoffray opinaba de este último que era un propagandista que escribía «cosas tontas» y que pertenecía a una rama «impracticable» del republicanismo, «un tipo de religión o de superstición fetichista común entre los republicanos de izquierda». Por último, también se detuvo a un asistente del agregado militar Denvignes en Salamanca y al vicecónsul en Granada. En La Coruña se echó del país a otro asistente del agregado naval. Alguna represalia hubo también contra Alemania: su cónsul en Larache y otros dos ciudadanos fueron expulsados por señalar a mercantes como objetivo para los ataques de los submarinos[431].

En todo caso, estos hechos contribuyeron a soliviantar a los españoles germanófilos, incluso los más cercanos al rey, que pensaron que Francia deseaba derrocarle. Esta es la explicación que daba Hardinge a las suspicacias del Gobierno español y al hecho de que Dato no saliera a desmentir con firmeza las historias sobre los manejos y el oro aliados en la revolución, que afectaban seriamente a la causa de la Entente en España. Los servicios secretos británicos achacaron igualmente a las torpezas de Francia que la propaganda alemana no careciera de credibilidad.

Solo los buenos oficios de Geoffray en la resolución de cada pequeño conflicto diplomático evitaron un deterioro mayor de las relaciones. El embajador francés simpatizaba con Dato, a quien consideraba un político «sobresaliente». Su partido había asumido «el Gobierno en un momento de gran peligro nacional, acudiendo a una llamada del rey como el único ministerio posible bajo aquellas circunstancias». Los conservadores habían «restaurado y mantenido el orden en toda España, confiados en el apoyo del país». Por tanto, Geoffray coincidía con Hardinge en que Dato era el único capaz de asegurar la estabilidad en España, y por ello esperaba que continuara en el poder el mayor tiempo posible[432].

Pese al vocerío germanófilo, el espionaje alemán tampoco fue ajeno a la revolución. Hacía tiempo que se conocían sus trabajos cerca de los anarquistas y de varios socialistas para fomentar una huelga que contribuyera a paralizar la producción española que surtía a la Entente. Con dinero alemán se financió el boletín revolucionario Pueblo de Bilbao y hubo entregas a la UGT vizcaína para prolongar la resistencia de los huelguistas. Además, espías germanos suministraron explosivos a los anarquistas de Barcelona. El espionaje francés no solo denunció la connivencia de esos espías con los agitadores, pues la insurrección les permitió inutilizar varias instalaciones fabriles, ferroviarias y portuarias de interés para los aliados, sino que también acusaron a Alemania de dar 12 millones de pesetas al Sindicato Norte para que sostuvieran indefinidamente la huelga. Verdad o contrapropaganda, las referencias públicas o privadas a esta intervención internacional en la revolución española fueron constantes.

Probablemente, de todos estos rumores se hizo eco el gobernador militar de Asturias, el general Burguete, cuando en su rimbombante bando de guerra acusó a los huelguistas de ser instrumentos inconscientes de «asalariados por agentes del exterior que intentan, para sus fines particulares, llevar a España a la guerra», un «nefando delito» de «traición». Antonio Maura, en una carta dirigida a su hijo Gabriel, pensaba que aquella revuelta unía al «desprestigio de los corifeos de izquierda» una maniobra «repugnante» de «elementos político-crematísticos del extranjero», opinión que Peyra le reforzaría con datos enviados desde Barcelona[433].

Por supuesto, esa injerencia fue complementaria, no el factor principal de la revolución. De hecho, los comprometidos esperaban mucho más de la Entente, especialmente de Francia. Alguien muy próximo a Melquíades Álvarez, el director del diario El Noroeste, Antonio López-Oliveros, se quejaría de que «los aliados habían cometido el error de no apoyar… el movimiento revolucionario de 1917». De haber triunfado, «es más que probable que la postura de España en el drama de Europa hubiese cambiado desde ese mismo instante», en inequívoca alusión a la entrada en la guerra.

El cúmulo de indicios sobre los manejos de los beligerantes permitiría al Gobierno Dato conseguir el apoyo de la opinión pública al erigirse en defensor de la independencia y la neutralidad de España frente a unos revolucionarios que fomentaban la intromisión extranjera y el intervencionismo aliadófilo. Fue así como terminó de restarle fuerza al levantamiento. El Gobierno ganaría el apoyo sin fisuras de liberales, demócratas, católicos y tradicionalistas, así como el vital del Ejército y de la fuerza pública, aislando al coronel Márquez y a aquellos junteros que simpatizaban con los sublevados[434].

La Semana sangrienta

El día 13 de agosto dio comienzo la huelga insurreccional, sostenida en el corte parcial de las comunicaciones. Esa mañana los conjurados paralizaron los talleres de la prensa y repartieron profusamente hojas donde se alentaba a la revuelta. El comité socialista de Madrid insistía a sus afiliados en que se «lanzaran al movimiento»: «A la huelga, camaradas… por nuestra parte no hemos de escatimar ni nuestro esfuerzo ni nuestro sacrificio». Al día siguiente apareció el pasquín más popular y profusamente repartido a lo largo de toda la revuelta:

Ciudadanos: Hoy que ya tenemos noticias oficiales de que el paro es general en toda España, os recomendamos la mayor prudencia y energía en vuestra actitud. Nuestro propósito de un cambio completo del régimen, va por el camino del triunfo. Caminamos hacia un Gobierno nacional y a la convocación de unas Cortes Constituyentes que impongan la soberana voluntad de la nación. ¡VIVA ESPAÑA! ¡VIVAN LOS PUEBLOS DIGNOS! ¡VIVA EL EJÉRCITO DEL PUEBLO![435].

No hacía falta que ese panfleto desvelara el carácter insurreccional de la huelga. La mañana del día 13 aumentaron los desórdenes en varias capitales de provincia y en numerosos centros industriales, después de que los rebeldes que querían imponer la paralización de la actividad chocaran una y otra vez con las fuerzas de orden público. Tras ser informado de que los gobernadores de Alicante, Barcelona, Guipúzcoa, Huelva, La Coruña, Oviedo, Valladolid, Vizcaya y Zaragoza se disponían a resignar el mando en la autoridad militar por carecer de suficientes efectivos, Dato no esperó más y declaró a las dos de la tarde el estado de guerra en toda España.

Precisamente por la extensión de los desórdenes, el Gobierno pretendía ahogar el movimiento en sus inicios para que la fuerza pública no perdiera en ningún momento el control de la calle y cortar su progresión a los municipios donde la UGT y la CNT tenían arraigo. Suspendió las comunicaciones telegráficas y telefónicas para evitar que los revolucionarios las usaran para coordinarse, y el día 14 tomó medidas para incrementar los efectivos a su disposición y asegurar el funcionamiento de los servicios básicos. Se llamó a los reservistas y se militarizaron los servicios ferroviarios, los abastos y el suministro de luz y agua. Sánchez-Guerra creó una Policía honoraria de ciudadanos para colaborar en la protección de los comercios y el alumbrado público, servicios en los que las fuerzas del orden no se podían distraer. La rapidez del despliegue y la eficacia de la fuerza pública tuvieron como contrapartida el excesivo nerviosismo de varios agentes —⁠especialmente en las ciudades en las que se les disparó desde azoteas y balcones⁠—, que se traduciría en el uso frecuente de las armas de fuego[436].

La lucha por Madrid

Los insurrectos hicieron serios esfuerzos para interrumpir la vida económica del país. Si el grueso de los afiliados ugetistas y cenetistas se limitaron a no ir a trabajar, los cuadros y los militantes mejor dispuestos se emplearon en imponer el paro a los más renuentes, cortando carreteras para evitar la llegada de víveres, forzando el cierre de mercados y tiendas, paralizando trenes y tranvías, evitando la salida y la venta de los periódicos, saboteando la telefonía y el alumbrado e interrumpiendo el suministro de luz y agua. Hubo choques de importancia entre la fuerza pública y los rebeldes en sus centros políticos y sindicales, porque había instrucciones de resistirse a su clausura.

Hasta aquí, el impacto de la acción revolucionaria fue serio, pero sus promotores fueron incapaces de dar la batalla a las fuerzas de orden. El comité socialista madrileño, en lugar de coordinar esas acciones y dirigirlas a la toma de los centros oficiales, o gestionar la colaboración juntera, se mantuvo oculto hasta que el 14 de agosto todos sus componentes cayeron en una redada policial. El comité suplente no tardó ni un día más en ser también detenido. Conducidos a prisiones militares, Besteiro, Largo Caballero, Anguiano y Saborit fueron sometidos a consejo de guerra el 29 de septiembre y condenados el 4 de octubre a reclusión e inhabilitación perpetuas, penas que cumplieron en el penal de Cartagena. A los otros cuatro colaboradores del comité de huelga suplente se les impuso penas entre los 14 y los 17 años de reclusión. Dos directivas mujeres quedaron absueltas. La Policía también se incautó en otro registro de un listado de 900 personas: los miembros de los comités que debían encargarse de coordinar en sus respectivas provincias y localidades el levantamiento. La gran mayoría fueron arrestados y las redadas incluyeron a varios dirigentes y militantes republicanos[437].

La rápida detención de los comités revolucionarios hundió la resistencia en Madrid, donde era patente la falta de condiciones para la huelga y, por tanto, la necesidad de forzarla. La mañana había empezado con

… los comercios abiertos y los dependientes en sus puestos tras el mostrador; los tranvías y carritos de los traperos circulando con sus campanas y traqueteos como garantía de que nada iba a suceder; los mil y mil puestos ambulantes de verduras y baratijas ocupaban sus sitios de costumbre entorpeciendo el tránsito de las calles cercanas a los mercados; los cocheros que como los demás obreros debían saber que no debían trabajar, ocupaban sus puntos y sus pescantes[438].

Pero sí hicieron huelga los albañiles, los panaderos y los tipógrafos ugetistas. Los no sindicados y algunos soldados, protegidos por la fuerza pública, reanudaron la distribución de pan y de los periódicos, pero pronto aparecieron grupos de amotinados con piedras y estacas; algunos, poco numerosos y otros, verdaderas manifestaciones de 400 a 2500 individuos. Estos grupos peinaron la ciudad entre el 13 y el 16 de agosto: obligaron al cierre de los comercios, volcaron y destrozaron automóviles, coches de caballos y farolas y hubo un asalto frustrado a una armería en la calle Leganitos.

La verdadera batalla se produjo con la circulación de los tranvías: los conductores y cobradores se negaron a unirse a la huelga, lo que produjo varios intentos de asaltar y volcar los coches, algunos de ellos con éxito. Cuando la fuerza pública disolvió los grupos y dispuso retenes para proteger los tranvías, estos sufrieron apedreamientos. Luego, las vías aparecieron invadidas con un sinfín de objetos, desde planchas metálicas hasta grandes piedras, o postes telefónicos o telegráficos derribados.

Aparte de diversos ataques contra algunos domicilios y huertas, fue precisamente en torno al transporte público donde se desarrollaron las escenas más duras, sobre todo en las barriadas de Cuatro Caminos, Tetuán de las Victorias, Guindalera, Prosperidad y Puente de Vallecas. Para evitar que los tranvías salieran de sus cocheras, hubo sentadas y barricadas construidas con los adoquines y las mesas y las sillas de las terrazas en varias calles. En la de Santa Engracia, varios adolescentes se tendieron sobre los rieles y detuvieron los tranvías. Otros grupos trataron de asaltar el depósito de Cuatro Caminos, causando enormes destrozos, y los empleados tranviarios hubieron de defenderse a tiros hasta que llegaron soldados de Infantería y Caballería. Los agentes que pretendían despejar los grupos eran recibidos con lanzamientos de piedras y disparos, y un cabo fue apuñalado en Cuatro Caminos. En el barrio de Prosperidad se hicieron barricadas desde donde se tiroteó a la tropa, que tuvo que tomarlas. Otro grupo armado intentó asaltar el centro electrotécnico del Ejército, pero, tras un intenso tiroteo, se retiraron. En Ventas, fueron saqueadas varias panaderías y comercios. El capitán general de Madrid, Echagüe, ordenó montar cuatro ametralladoras, que actuaron como elemento disuasorio durante los duros choques entre los soldados y los amotinados del 15 de agosto en Cuatro Caminos y Bravo Murillo.

Pero la acometida más peligrosa se produjo la tarde del día 14. Fuerzas de Caballería de la Guardia Civil y del Ejército lograron expulsar del centro de Madrid, tras cargar durante cuatro horas consecutivas, a los numerosos grupos que trataron de converger hacia la Puerta del Sol desde todas las calles adyacentes. El levantamiento habría terminado el 16 de agosto de no ser por los disparos a un centinela en el paso a nivel de la Florida y, sobre todo, por el motín de la Cárcel Modelo. Los revolucionarios habían dado instrucciones de «intentar la libertad de los presos de todas las cárceles», que «puede llevarse fácilmente a cabo poniéndose de antemano de acuerdo con los reclusos». Tras un intento de asalto a la Modelo para poner en libertad a los detenidos entre los días 13 y 14, varios insurrectos detenidos, casi todos pertenecientes a la sociedad de panaderos de la UGT, y un electricista que prestaba servicio en aquella prisión y que repartía panfletos en los que se anunciaba la proclamación de la república, se concertaron con los presos comunes del grupo de «incorregibles» para llevar a cabo una fuga masiva. Armados con pistolas, cuchillos y barras de hierro punzantes, arrollaron a los empleados de prisiones durante el rancho de la mañana. Los soldados entraron y dispararon contra los amotinados y la Caballería dispersó a los grupos de las inmediaciones. En la refriega, siete penados murieron, entre ellos, dos que se pusieron al lado de los vigilantes, y hubo 22 heridos entre empleados, presos y soldados.

De manera casi simultánea, el día 17 tuvo lugar otro motín en el penal de Alcalá de Henares. Los presos también se sublevaron porque creyeron proclamada la república y porque «les habían ofrecido la libertad en ese caso». Agredieron a los vigilantes con palos y material del taller de carpintería, y en la batalla campal con ellos quedaron 10 vigilantes heridos, y un muerto y 10 heridos entre los presos. También por las mismas causas hubo motines en las cárceles de Figueras (Gerona), donde se frustró un intento de fuga masiva, Santoña (Santander) y Valencia, que respondían al propósito de liberar y reforzar el levantamiento con los presos.

En todo caso, los insurrectos se sorprendieron de la «traición» de los militares: «Nos habían dicho que los soldaditos no tirarían a dar y que se negarían a ello». En Madrid capital, sumados los de la cárcel al de los días anteriores, hubo en total 16 muertos y 67 heridos graves[439].

El baluarte vascongado

Otros cinco focos constituyeron un verdadero desafío al orden público: los de Vizcaya, Barcelona, Asturias, Levante y Huelva. En Bilbao y su cuenca minera, zona de influencia de la UGT, la huelga se generalizó en minas, muelles, fábricas y talleres. Pararon el ferrocarril vasco y los trenes mineros de Portugalete y Triano, pero la huelga comenzó sin otras agresiones que el asalto a varias panaderías y mercados, y las consabidas coacciones para impedir la apertura de tabernas y comercios y la circulación de carros y tranvías.

Mayor violencia hubo en los trenes. Los amotinados intentaron previamente paralizar el tráfico con lanzamiento de piedras, tiros y corte de vías, que generaron numerosos choques con los miñones, la policía de la diputación. Tras un grave tiroteo al expreso de Madrid, otra acción provocó el descarrilamiento de un tren de pasajeros, el correo Bilbao-Tudela. Los insurrectos colocaron una barra de hierro y grandes piedras debajo de las traviesas del raíl y en una zona de curva. Hubo cinco viajeros muertos y 15 heridos graves. Además, el tren descarrilado sufrió tiroteos que hirieron a un guardia civil.

Los insurrectos no carecían de armas. El socialista Prieto, líder de la revuelta, las había transportado desde Madrid, y otras llegaron desde Éibar y Francia. Los días 14 y 15 de agosto hubo tiroteos relativamente intensos en la barriada de La Peña y otros aislados en el resto de la ciudad, cuyo objetivo eran los soldados que vigilaban las calles.

El suceso más grave ocurrió la tarde del 16 de agosto: como si se tratara de una señal convenida, estallaron varios cohetes, y a las siete y cuarto de la tarde los insurrectos dispararon sus pistolas desde las azoteas contra los retenes de la Guardia Civil, del batallón de ferrocarriles y de los soldados del regimiento de León. Varios grupos rebeldes intentaron tomar sin éxito la estación del Norte, el cuartel de San Francisco y la cárcel de Larrinaga. Los soldados respondieron con fuertes tiroteos hacia las casas anexas a la estación que se prolongaron hasta cerca de la medianoche. Hubo 11 muertos y 32 heridos; de ellos, se registró un muerto y ocho heridos entre los soldados, y la mayoría fueron civiles a los que la refriega les sorprendió en la calle.

Estos sucesos impulsaron al gobernador militar, el general Souza, a advertir en un bando que, a partir de las siete de la tarde y para sortear agresiones amparadas en la oscuridad, la fuerza pública haría fuego «sin previo aviso» sobre los que realizaran agresiones o se resistieran. También anunció la proscripción de los «gritos subversivos» y de los grupos «de más de dos personas». Aun así, el día 18 un infante de Marina fue herido de un disparo.

El hecho de que Prieto decidiera ocultarse para luego pasar a Francia y que el republicano Horacio Echevarrieta y el nacionalista Ramón de la Sota se presentaran ante el general Souza para adherirse al Gobierno, terminó por sembrar el desconcierto entre los sediciosos. La Policía les dio el golpe final al hallar e incautarse de las pistolas de trinchera, con sus cargadores y munición, que Prieto había adquirido con cargo a los fondos sindicales, en parte cobrados «con violencia y con coacción a industriales y navieros de Vizcaya» por personas relacionadas con «lazos de amistad» y «lazos políticos» al dirigente socialista.

No hubo más, aunque los metalúrgicos de la UGT no volvieron al trabajo sino progresivamente, y solo el 30 de agosto pudo considerarse finiquitada la huelga del sector. Los tiroteos también fueron intensos en Baracaldo y Sestao y, ya en la provincia guipuzcoana, en Éibar y Beasáin, localidad esta última donde los ugetistas se hicieron con el pueblo hasta que llegaron desde San Sebastián soldados y guardias civiles, que la recobraron al precio de dos muertos[440].

Los junteros se inhiben

Barcelona, cuna de junteros y asambleístas y zona de influencia cenetista, era la clave de la insurrección. Contaba con la ventaja añadida de tener unas autoridades regionales y locales desafectas. Cambó conocía el plan y la Lliga mantuvo una postura de apoyo solapado a la revuelta: la justificaron e incluso colaboraron activamente en generar un clima subversivo, pero no se implicaron directamente en la acción insurreccional. Como apuntó el ministro Burgos y Mazo, los nacionalistas se dispusieron a aprovechar la insurrección, «aunque en forma que le permitiese[n] esquivar en cualquier momento la responsabilidad, sobre todo la penal»[441].

No fue un secreto para nadie —⁠ni para el cónsul británico⁠— ese apoyo activo. Destacados industriales y comerciantes catalanistas transmitieron a sus empleados que no perderían jornal por ir a la huelga. Según Saborit, Cambó «conocía la finalidad del movimiento y estuvo dispuesto a derivarlo en favor de sus teorías nacionalistas si hubiera triunfado». De hecho, el mismo día 13, a mediodía, y solo dos horas antes de la declaración del estado de guerra, el dirigente lligaire se reunió con un «individuo representativo» de la Junta Superior de Infantería, alusión inequívoca al coronel Márquez, en un último intento de que los suyos forzaran la inhibición del Ejército. El comité de la asamblea de parlamentarios decidió suspender su reunión en Oviedo, prevista para el 16 de agosto. Se constituyó en sesión permanente en el Hotel Colón, «otorgando un amplio voto de confianza al jefe del partido radical, don Alejandro Lerroux», supuesto líder de la revuelta, «para que resolviera lo que estimase oportuno». Solo el día 14 de agosto, cuando se constató que el Gobierno podría contar con el Ejército, el comité asambleario entregó una nota al alcalde interino de Barcelona, Durán i Ventosa, para que transmitiera a Dato que se desentendía del levantamiento[442].

La asamblea: ¿cobertura de la huelga revolucionaria?

Pero aquel día 14 también se distribuyó en la hoja lligaire Boletín de Información un manifiesto titulado «Los parlamentarios al país», firmado por Abadal, Giner de los Ríos, Roig y Bergadá, Cambó, Lerroux, Rodés y Zulueta, en el que «los representantes de los diversos grupos que integran el movimiento que se concretó en la asamblea del 19 de julio» lamentaban que el Gobierno no hubiera recogido las aspiraciones formuladas por el Ejército, «dejando abierto un proceso que, mientras no fuese resuelto, había de causar grave perturbación al país». Era culpa del Ejecutivo impedir que los asambleístas, desde el poder, pudieran «conseguir un ambiente de paz pública por todos deseada».

La huelga revolucionaria era, así, «consecuencia lógica y fatal» de la política seguida por Dato y sus ministros, que, al provocar «fatalmente la protesta violenta del pueblo», se convertía en «el único responsable del conflicto actual y de las consecuencias perdurables que su solución anormal y violenta ha de dejar en la vida de España». «La paz pública, el prestigio del poder y el imperio del derecho», en pleito desde el plante juntero, solo podían restablecerse «dando inmediata satisfacción a la voluntad del país» mediante la convocatoria de elecciones a esas Cortes Constituyentes que encarnarían «la verdadera soberanía nacional». Los firmantes entendían, además, «que los actuales acontecimientos les obligan con más apremio a procurar que los acuerdos que en ella se adoptaron obtengan rápida y total realización»[443].

De esta forma, los asambleístas tomaban posiciones por si la revuelta provocaba la caída del Gobierno. Al constatarse que, declarado el estado de guerra, el Ejército no se inhibiría, la Lliga aclaró en un manifiesto «a los ciudadanos de Barcelona» que «la renovación de la vida pública que toda España anhela no puede ni ha de lograrse por medio de procedimientos de fuerza que quizá el Gobierno busca y provoca para ejecutar una represión sangrienta y justificar de este modo su permanencia en el poder, presentándose como defensor del orden y la paz».

Solo el 18 de agosto, ya derrotado el levantamiento, Cambó lo calificó en una carta pública al director de El País, Roberto Castrovido, de «error capital de los socialistas españoles, que aún no se han enterado de que la huelga general ha fracasado en todas partes y que es procedimiento absolutamente desacreditado en todo el mundo». Tampoco fue otra la actitud de Lerroux. Solo porque «se nos ofreció apoyo» desde las juntas, habían colaborado «con todas nuestras fuerzas al desenvolvimiento de aquellos sucesos». Cuando constató que «lo que esperaba no llegó», se abstuvo de tomar parte activa[444].

Quienes se lanzaron con ardor y contra una ciudad bien guarnecida fueron los cenetistas. El 13 de agosto, su comité revolucionario, formado por Francisco Miranda, Salvador Seguí, Josep Viadiu, Tomás Herreros y Ángel Pestaña, coordinador y enlace con los grupos republicanos, ordenó la paralización de los servicios. Esa mañana era ya perceptible el paro en buena parte de las fábricas y el puerto. También se notó en el ferrocarril, donde holgaron los más afectos a la CNT. Se registraron las consabidas coacciones a otros empleados y volaron hojas que llamaban a la rebelión y pedían a los soldados que desertaran y se unieran al «pueblo».

Los grupos de acción anarquistas, bien organizados, armados con pistolas y con los explosivos que les procuró Miranda[445], lideraron el corte de la circulación tranviaria, que contó con la ayuda de militantes de la juventud socialista. No hubo método que no se probara: los disparos, las pedreas para romper los cristales e incluso el derribo de tranvías y ómnibus. Cuatro fueron incendiados y uno estrellado contra otros coches. Una bomba causó fuertes desperfectos en un puente tranviario. Los trenes que salían y entraban a Barcelona fueron tiroteados. Espectacular fue el intento de tomar las cocheras del tranvía y la estación ferroviaria de Sans. El tiroteo con la fuerza pública fue constante y especialmente intenso la tarde del 13, cuando murió un guardia de Seguridad.

Los sabotajes para paralizar los servicios fueron persistentes, desde la rotura de las cañerías de agua hasta los lanzamientos de piedras y palos contra los escaparates de varios comercios. Se hicieron barricadas con los adoquines del pavimento, prolíficas en las barriadas de Sans, San Andrés y San Martín de Provensals, donde dos soldados fueron heridos. El hostigamiento a los agentes desde balcones y azoteas fue, en Barcelona, más intenso que en otras ciudades y hubo dos guardias muertos y otros tres heridos graves. Dos comisarías de Policía fueron igualmente tiroteadas, pero los agentes lograron rechazar los tímidos intentos de asalto.

En los días siguientes murieron en diversos choques dos agentes y dos soldados más. Un casino republicano hubo de ser tomado a viva fuerza por la Guardia Civil. La Mancomunidad esperaba que los Mozos de Escuadra, entonces la Policía de la Diputación barcelonesa, se declararan en rebeldía, pero el cuerpo se puso a las órdenes del capitán general Marina cuando este declaró el estado de guerra. Ello implicó la disolución de los Mozos el 12 de octubre, por decisión de los nacionalistas y los republicanos, y sus agentes quedaron amortizados. Dicha orden de disolución no se levantaría hasta 1921[446].

Marina sabía que, para evitar el triunfo del levantamiento, había que asegurar la circulación de tranvías, el aprovisionamiento de comida, la apertura de los comercios, el alumbrado y el agua, y a eso obedeció el despliegue de la tropa. De acuerdo con Matos, había tomado la precaución de desarmar a los somatenes afectos a la Lliga, y además el capitán general tampoco contó con los junteros. Fue un coronel de la Guardia Civil, González de Escandón, el que a las órdenes del general Romero Biencinto se ocupó de coordinar las distintas unidades. Oficiales de la Benemérita se hicieron cargo del mando efectivo de las tropas o fueron agregados a ellas, pues el Gobierno y el mismo Marina no las tenían todas consigo sobre los mandos de Infantería. El regimiento de Vergara —⁠el del coronel Márquez⁠— fue disgregado y otros destacados junteros tampoco salieron con sus unidades.

El capitán general emplazó baterías de montaña en la Plaza de Cataluña y un cañón en la de Lesseps, para tomar varias casas donde los rebeldes se habían hecho fuertes. Cuando los cenetistas vieron actuar a los militares contra ellos, se desmoralizaron, pues muchos esperaban lo contrario. El comité resolvió «no dejar parar a la tropa, soliviantándola con disparos aislados, con resistencia y ataque en los puntos estratégicos que nos ofrecieran ventaja». Ciertamente, estas acciones hicieron parecer a Barcelona, durante la tarde y hasta muy entrada la noche, «un campo de batalla».

El 14 de agosto, las fuerzas de orden público se hicieron con el control del centro de Barcelona y recluyeron a los rebeldes en las barriadas. En grupos aislados, los insurrectos mantuvieron en jaque a la Policía, lograron cortar el suministro eléctrico en parte de la ciudad y asaltar algunas tiendas de comestibles. El comité revolucionario instó a mantener la tensión, con tiroteos que impidieran el tráfico normalizado de personas y medios de transportes, y varios anarquistas pusieron trozos de hierro forjado en las vías del tranvía para hacerlos descarrilar. La artillería siguió cañoneando para rendir diversos centros de la CNT en los que resistían sus militantes, que tiroteaban a las patrullas o a los tranvías. Un nutrido grupo de cenetistas intentó asaltar la delegación de Policía de la calle de Los Ángeles, pero tuvieron que retirarse tras un fuerte tiroteo. Tampoco hicieron mejor efecto los explosivos: hasta catorce bombas sin estallar fueron recogidas por los agentes en distintos puntos de Barcelona.

Sostenida exclusivamente por anarquistas y sindicalistas, y sin que los republicanos aparecieran por sitio alguno, el 15 de agosto se puso de manifiesto que la insurrección había fracasado. Los tiroteos, intensísimos la tarde del 16, no se acallaron definitivamente hasta el día siguiente. Apercibido por el comisario Francisco Martorell de que el capitán general había ordenado su detención, Lerroux se ocultó hasta que el día 20 pudo cruzar la frontera con Francia. El comisario, en buenas relaciones con el líder republicano, actuó con la connivencia de Matos, que bien podía estar siguiendo órdenes del mismo Dato, amigo personal del jefe republicano. Abona la sospecha el continuo interés que, en los días siguientes, mostraron el Gobierno civil y la Dirección General de Seguridad en que el capitán general les informara de si Lerroux había sido encausado por la autoridad militar. Martorell fue detenido y sancionado con su traslado a Madrid y a Lerroux el Gobierno le autorizó a volver a España en septiembre, cuando ya se había levantado el estado de guerra.[447]

El republicano nacionalista Francesc Maciá estaba exasperado con la inacción de Lerroux y con la deserción de Cambó, que le había negado dinero para comprar armas. Maciá acordó con Marcelino Domingo auxiliar a los cenetistas a instancias de Pestaña, Seguí y Valero, preocupados por la falta de actividad revolucionaria fuera de Barcelona. Pero Domingo no era optimista. Parafraseando a Sorel, pensaba que, sin el apoyo de los soldados, «la guerra civil —⁠y la revolución es una guerra civil⁠— es dificultosísima desde el descubrimiento de las nuevas armas de fuego y la apertura de vías rectilíneas en las ciudades». Aun así, se comprometió a redactar un manifiesto para estimular la lucha y echar a la calle a los republicanos de Tortosa, mientras Maciá marcharía con sus nacionalistas armados del distrito de Borjas Blancas hacia Barcelona[448].

Pero el 16, Maciá se ocultó para evitar su detención y también pasó a Francia. Domingo fue «encontrado en una casa donde se hallaba escondido según costumbre en los caudillos de este movimiento», como puntualizó intencionadamente el ministro de la Gobernación, Sánchez-Guerra, un reproche en el que abundarían después los revolucionarios más combativos. Marina lo trasladó como prisionero al buque Reina Regente: no quería tenerlo en una prisión militar porque conocía la hostilidad que Domingo suscitaba entre los oficiales, que lo creían el líder de la insurrección y estaban soliviantados con los agentes muertos y heridos. Pero la inquina venía de lejos: la propaganda antimilitar del dirigente republicano le había llevado repetidamente a ser acusado por la Ley de Jurisdicciones, aun cuando el Congreso denegara repetidamente el suplicatorio. El capitán general no quería que arrostrara peligro alguno y, como reconocería el propio Domingo, «más que encerrado, me parecía que estaba guardado». Los rumores de que planearon fusilarle sin formación de causa fueron ciertos. El comandante del Reina Regenteinformó al ministro Flórez de que tres capitanes habían intentado llevárselo, y Cambó telegrafió al Gobierno el 18 de agosto protestando por su detención. El día 20, Dato recordó a Marina que, una vez «terminados los esclarecimientos judiciales» del instructor militar, si se encontraban evidencias, debía remitirse a Domingo al Tribunal Supremo, que era el encargado de juzgar a los parlamentarios.

Sin embargo, el Consejo Supremo de Guerra y Marina se declaró competente para procesarle, ya que Domingo estaba implicado en delitos definidos por dos artículos del Código de Justicia Militar. Las juntas presionaban en el mismo sentido, amenazando con «un conflicto insoluble que complicaría enormemente los problemas pendientes y traería consigo consecuencias adversas al prestigio de los altos cuerpos», si a Domingo no se le aplicaba el fuero militar. Los junteros mauristas abogaban por tratarle igual que a los del comité revolucionario socialista, pero el presidente del Congreso, Villanueva, influyó en sentido contrario. Dato hizo lo mismo en gestiones reservadas, con el apoyo de los auditores militares, que se desmarcaron de los junteros. El pulso duró hasta el 25 de octubre y se resolvió a favor del Gobierno, que logró llevar a Domingo ante el Supremo. El alto tribunal lo puso en libertad provisional el 5 de noviembre, después de que Domingo negara su implicación en la revuelta.[449]

En el resto de Cataluña, la insurrección provocó manifestaciones violentas en Lérida, Manresa, Mataró, Tarragona y Tortosa, donde el alcalde dominguista proclamó la república. En Reus fueron brutalmente agredidos varios ferroviarios que se negaron a holgar y Sabadell quedó durante horas fuera de control. Allí el paro tuvo un importante seguimiento el 13 de agosto, después de que un obrero contrario a la huelga fuera muerto a tiros por los revolucionarios. Al día siguiente, una patrulla de la Guardia Civil fue repelida a disparos en una taberna que iban a clausurar, con el resultado de un guardia muerto y otro herido. La llegada de refuerzos permitieron tomarla al precio de cuatro paisanos muertos y varios heridos.

Sin embargo, la verdadera batalla fue cuando los guardias intentaron clausurar la sede de la CNT. Los anarcosindicalistas se atrincheraron en ella y levantaron barricadas en las calles adyacentes. El intento de los escasos guardias de desalojarles fue recibido con un intenso tiroteo y con bombas caseras, y fracasó. El orden se restableció tras la llegada de tres compañías de Infantería del regimiento de Vergara y dos piezas de artillería, al mando no del coronel Márquez, marginado de la lucha, sino de González de Escandón en persona, cuyas fuerzas se usaron para tomar cuatro edificios en los que se habían hecho fuertes los amotinados. La revuelta terminó con 10 muertos y 24 heridos graves.

En Tarrasa, los guardias civiles se desplegaron para disolver a diversos grupos que, armados de palos y pistolas, imponían la huelga el día 13. Por la noche cerraron la sede de la federación obrera, donde se incautaron de cuatro cartuchos de dinamita y otros explosivos caseros. El día 14 encontraron resistencia al clausurar la Casa del Pueblo y en el consiguiente tiroteo se produjeron seis heridos y un soldado murió de un disparo mientras vigilaba. La llegada de una compañía del Ejército acabó con los desórdenes. De la dureza de la confrontación dan cuenta los 44 muertos y 78 heridos que sumaron, en aquellas jornadas, solo los sucesos de Barcelona, Sabadell y Tarrasa. Por parte de la fuerza pública hubo ocho muertos y 33 heridos entre soldados y policías, de los que 17 bajas ocurrieron en Sabadell[450].

La angustiosa huelga asturiana

Menos violento pero más duradero fue el foco de Asturias y León, esencial por la dependencia que la economía nacional tenía del carbón. El comité provincial de huelga había articulado un plan para tomar la cuenca minera, converger sobre Oviedo y ocupar Gijón, muy semejante al que se pondría en práctica en octubre de 1934. Desde los talleres de El Noroeste, su director, Antonio López-Oliveros, hacía de enlace entre Melquíades Álvarez y los sindicatos UGT y CNT: «Se redactaban, imprimían y distribuían clandestinamente los manifiestos dirigidos a las masas huelguistas y los boletines de información de la lucha», que servían para mantener la moral y extender el paro, y «se organizaba y dirigía la asistencia a los heridos». Pero el carismático líder de los mineros ugetistas, Manuel Llaneza, era renuente a la revolución, más aún cuando sabía que la plana mayor de los reformistas y la mayoría de sus militantes no acataría las consignas de Álvarez.

El levantamiento comenzó el 13 de agosto con la completa parálisis de las minas y del tráfico ferroviario, que trató de impedirse con un rosario de sabotajes en las vías: retirada de traviesas, interposición de placas de hierro y postes derribados de teléfono y telégrafo, y voladura de puentes y túneles con dinamita. Hasta 87 kilos de este explosivo y 100 cápsulas se sustrajeron de la Sociedad Hullera Española, según constató el juez de Pola de Lena, y los robos que se repitieron en distintas minas. Varios cartuchos estallaron al paso de dos trenes en el término de Mieres, donde el 26 de agosto volaron la locomotora y varios vagones de un tren. Otros grupos disparaban contra los trenes que circulaban, que sufrieron numerosas pedreas. En una de estas escaramuzas, a la altura de Ujo, hubo un insurrecto muerto y un maquinista herido grave tras un intercambio de disparos entre los revoltosos y los guardias civiles que guarnecían los vagones. En la misma localidad, los guardias dispersaron a otro grupo que se dedicaba a apedrearlos. En Ablaña, a punto estuvo de descarrilar el tren correo Oviedo-Madrid después de que la máquina y varios coches saltaran sobre una placa de hierro colocada en la vía. Los soldados del convoy mataron a un civil al que, al huir, confundieron con un saboteador. Otro tren que transportaba ametralladoras descarriló en Mieres porque la vía había sido volada con dinamita. En Turón, los huelguistas asaltaron un polvorín a tiros, pero tuvieron de retirarse. En Sama dispararon contra la fuerza pública, que repelió la agresión, con resultado de un muerto y un herido. Allí fue tiroteado el tren correo y hubo de parar porque la vía estaba cortada.

El plan para tomar la cuenca minera solo se llevó a cabo en los pueblos en los que no había fuerzas del orden: en algunos de ellos se proclamó la república. Varias armerías, domicilios particulares y el juzgado local de Laviana fueron asaltados, este último para liberar a 16 detenidos, tras un primer intento de hacer lo mismo con el cuartel de la Guardia Civil. Varios pueblos se quedaron también sin luz. En Cabrales hubo asalto de tiendas y en Gijón, tiroteos esporádicos, en los que un cabo y un huelguista resultaron heridos.

En la vecina provincia de León, dos militares quedaron heridos en la capital, mientras en Busfongo se tiroteó al maquinista de un tren. En Cistierna, los mineros ugetistas tomaron el ayuntamiento, proclamaron la república, cortaron la vía férrea y el telégrafo, y requisaron coches y caballos para marchar sobre León. En Sabero, los soldados se tirotearon con unos revoltosos que querían tomar un polvorín, y también fue volada, en varios puntos y con destrozos de consideración, la vía férrea de La Robla a Valmaseda[451].

El general Burguete organizó un operativo imponente, con órdenes severísimas, para aislar toda la cuenca minera y tomarla. Intentando que no hubiera resistencia a la tropa, el 17 de agosto dio cuenta de que castigaría a los «incendiarios, destructores, descarriladores de trenes y dinamiteros». Los tachó de «alimañas» y pidió a los mineros que no fueran instrumento «de asalariados y cobardes jefes que huyeron o se entregaron y os vendieron después de alzarse con el dinero que les dieron para comprar armas». No debían hacer resistencia, con independencia de que trabajaran o pararan, pues «el trabajo es la propiedad de los trabajadores y tienen derecho a hacer de ella lo que estimen».

Desplegados los militares, consiguieron arrestar a 150 hombres dispersados en partidas, a quienes incautaron más de 100 armas, municiones, bombas de mano «fabricadas en Vizcaya y Guipúzcoa» y abundante dinamita. Burguete también ordenó la detención de Melquíades Álvarez, a quien instó, sin lograrlo, a que desautorizara y condenara la revuelta. Sin embargo, sí consiguió que otra parte del reformismo asturiano, liderada por Ramón Álvarez-Valdés, se distanciara públicamente de ella. La ocupación de los pueblos se hizo sin apenas choques con los rebeldes, aunque las acciones de sabotaje y los tiroteos aislados se prolongaron hasta el 29 de agosto.

La revuelta había fracasado, pero los mineros de la UGT decidieron proseguir con el paro, tirando de los abundantes recursos de su caja de resistencia. La instrucción era resistir pasivamente, negándose a retornar al trabajo, conscientes de que la falta de carbón llevaría el colapso económico. Los intentos de Burguete de obligarlos a abandonar el paro fracasaron y, aunque continuó al mando de la brigada de operaciones, tuvo desencuentros con los ministros Eza y Sánchez-Guerra tras la detención de Álvarez y la búsqueda de Llaneza, con quienes aquellos deseaban tratar el rápido retorno de los mineros al trabajo. Dato nombró gobernador militar al general Arráiz de Conderena, más conciliador, que priorizó acabar con el gravísimo corte de la producción carbonífera. «Aunque no haya necesidad de recurrir a las armas —⁠escribía al ministro Primo de Rivera⁠—, si logran que se paralice de nuevo el trabajo y que no vayan a él los que estaban dispuestos a hacerlo, será una contrariedad de importancia que alargará ¡Dios sabe cuánto! la solución de los problemas pendientes».

Pero la reincorporación fue lenta. Cuando se resquebrajaba la política de resistencia pasiva de la UGT y de la CNT, y eran más aguadas las discrepancias entre los mineros entre seguir o no solidarizados con los ferroviarios, se suscitó un nuevo conflicto: los patronos se negaron a readmitir a los cabecillas y a los procesados por la huelga. Solo entre el 14 y el 16 de septiembre, Arráiz logró que se normalizara el trabajo en el ferrocarril y en casi todas las minas. Todavía el 15 de ese mes se produjo un intenso tiroteo en Turón: unos ugetistas trataban de ocultar un depósito de armas, con escopetas, pistolas, bombas de mano y dinamita, y en la refriega mataron a un guardia civil e hirieron a un soldado. Llaneza, escondido en una propiedad de Álvarez, se entregó al gobernador el 9 de octubre y, al negar su participación y no haber pruebas contra él, fue liberado el mes siguiente[452].

Un movimiento nacional

En el Levante, la acción insurreccional se localizó en varias poblaciones, con duros choques entre la fuerza pública y los insurrectos. Sorprendió el fracaso de los paros en la capital valenciana, donde los ferroviarios apenas holgaron a favor de los despedidos por la Compañía del Norte y se reprodujeron, a menor escala, los disturbios del 19 de julio. Un cartucho de dinamita estalló en la estación de ferrocarril y un maquinista quedó herido. El coste habría sido liviano de no ocurrir la rebelión del penal de San Miguel de los Reyes, donde los presos revolucionarios, de acuerdo con los comunes, se enfrentaron a los soldados: hubo cinco muertos y 50 heridos de diversa consideración.

En Utiel, ya en la provincia valenciana, los braceros sumados a la huelga dispararon sobre la Guardia Civil, pero no hubo consecuencias. Alicante permaneció tranquila después de que la fuerza pública disolviera los grupos que trataban de paralizar los tranvías y que llegaron a volcar dos. Esta relativa calma permitió enviar a su guarnición a algunos centros industriales, y así, en Alcoy, la Guardia Civil tuvo que disolver una importante manifestación obrera que se disponía a paralizar las fábricas: pese a las cargas, no hubo heridos. En Cañada y Novelda se restableció la normalidad tras el corte del teléfono y el telégrafo. Elda fue ocupada sin problemas después de que los insurrectos cortaran esas mismas comunicaciones y el tren, tras un violento tumulto que provocó destrozos en la estación y en las líneas.

Más difícil fue en Sax, donde, tras idéntica interrupción de las comunicaciones, los amotinados asaltaron el ayuntamiento y el juzgado. Este último fue incendiado y se quemaron los archivos y el registro. Las fuerzas del orden retomaron el control del municipio y hubo un paisano muerto. Los tiroteos fueron intensos en Villena, donde los insurrectos, liderados por varios concejales del PSOE, impusieron el cierre de comercios y cortaron el alumbrado, el telégrafo y el teléfono. Intentaron asaltar la estación de tren para interrumpir el tráfico, pero los soldados los dispersaron, causando un muerto y varios heridos. En sendos ataques a los trenes quedaron dos maquinistas heridos en Jérica (Castellón), y también otros dos ferroviarios al estallar varios cartuchos de dinamita en el túnel de Monleón, en el límite de esa provincia con Teruel.

Sin embargo, el episodio más sangriento se registró en Yecla (Murcia), donde los rebeldes cortaron el telégrafo y el teléfono. La Guardia Civil acudió a disolver los grupos apostados cerca de la Casa del Pueblo, que impedían el tránsito y forzaban la huelga. Cuando se disponían a clausurar el edificio, los huelguistas, liderados por un concejal socialista, atacaron a los agentes con el propósito de arrebatarles las armas. La refriega terminó con siete muertos y doce heridos, entre ellos, un guardia civil muerto y cinco heridos.

Unidades de la Guardia Civil y del Ejército tuvieron que desplazarse a las minas onubenses de Riotinto y Nerva, además de a Cala y Valverde del Camino, donde las comunicaciones habían sido cortadas. La línea del ferrocarril fue volada con dinamita a la altura de Zalamea la Real, y también cayeron varios puentes. Las coacciones de huelguistas armados con escopetas y pistolas a quienes acudían a trabajar a una fundición acabaron, el 15 de agosto, en disturbios. Un piquete detenido por la Guardia Civil le fue violentamente arrebatado a la pareja de agentes por un grupo de huelguistas. El 16 y el 18 hubo nuevos altercados entre estos y los «esquiroles» en Nerva, con tiroteos incluidos. Guardias y soldados intervinieron y el saldo final fue de siete muertos y doce heridos entre insurrectos y obreros contrarios a la huelga, además de un soldado muerto y un guardia civil herido. En el vecino pueblo de El Campillo, los huelguistas tomaron la estación de ferrocarril y trataron de detener un tren. El choque con la fuerza pública terminó con un muerto y siete heridos, entre ellos un guardia civil.

La violencia en la provincia de Huelva fue el pico en una región, la andaluza, que apenas se sumó al movimiento. En Jaén, holgaron los braceros ugetistas de Baeza y Mancha Real, los mineros de La Carolina y los ferroviarios de Linares. En Extremadura se registró la explosión de un cartucho de dinamita en el domicilio del juez municipal de Puebla de Alcocer (Badajoz), así como el asalto y el incendio frustrado de la casa del magistrado de Aceituna (Cáceres). El canto de cisne en la España meridional fue la tardía extensión de la huelga a los mineros de Peñarroya (Córdoba) y Cartagena. Hubo dos descarrilamientos de tren en la línea Sevilla-Madrid el 16 de agosto, después de que se sumaran a la huelga algunos ferroviarios de la Compañía de Ferrocarriles Andaluces en la capital hispalense, y grupos más reducidos lo hicieron también en Córdoba, Granada y Málaga.

Sorprendió la debilidad del movimiento en Zaragoza. Republicanos y anarcosindicalistas inundaron de pasquines la ciudad, e incluso uno incitaba a la rebelión de los soldados. Pero antes de que pudieran ir más allá, el gobernador ordenó redadas para detener a sus dirigentes. La Guardia Civil disolvió una manifestación el 13 de agosto, al precio de dos heridos. Dispersados, varios grupos de huelguistas trataron de forzar aquel día y el siguiente el cierre de talleres y comercios, con rotura de cristales y algún saqueo, y la parálisis del transporte público. Los distintos choques entre rebeldes y la fuerza pública que protegía los tranvías produjeron un muerto y tres heridos. El 15 de agosto todo había acabado. En la región aragonesa solo alcanzó relevancia el paro en las minas y en el ferrocarril de Utrillas (Teruel).

En Burgos hubo varias colisiones entre las fuerzas del orden y los grupos que obligaban al cierre de comercios, talleres y fábricas, y en los altercados murió un adolescente y fue herido un adulto. También se produjeron tiroteos a trenes en Barruelo de Santullán (Palencia) y Monforte de Lemos (Lugo), así como cortes de telégrafo en Freira (Pontevedra) y Ribadavia (Orense). En este último municipio llegó a proclamarse la república y un grupo armado que se dirigía a la capital de la provincia fue dispersado por la Guardia Civil. En la misma Orense hubo un muerto cuando los guardias disolvieron a otro grupo de insurrectos en una taberna. De menos gravedad fueron los sucesos de Vigo, donde el paro impuesto por los ferroviarios ugetistas de la línea con Orense-Zamora-Madrid estuvo acompañado de redadas y detenciones. Lo mismo ocurrió en La Coruña, Talavera de la Reina (Toledo) o Vitoria, donde se produjeron asaltos a los comercios.

En el resto de las capitales y poblaciones con presencia de la UGT o de la CNT, los efectos de la huelga fueron inferiores a los del paro del 18 de diciembre del año anterior, y en casi todas se repitió el mismo patrón: estado de guerra el día 13, cierre de los centros obreros, detención de los dirigentes más relevantes, retenes de fuerza pública en las calles, alguna intervención esporádica para disolver los grupos, demostraciones de solidaridad de los dirigentes de los partidos constitucionales al gobernador civil y, por último, entre el 15 y el 16 de agosto, vuelta al trabajo de los huelguistas y retirada de las fuerzas a sus cuarteles[453].

Pese a que el 16 de agosto los ferroviarios de la UGT y la CNT habían decidido continuar la huelga confiando en que los de las Compañías Madrid-Zaragoza-Alicante (MZA) y Madrid-Cáceres-Portugal se incorporaran, estos no lo hicieron. Varios empleados de la MZA condenaron la huelga «persuadidos de que no son intereses ferroviarios los que se trata de defender». Tan solo hubo dos conatos de paro en Madrid y Alicante, pero los huelguistas se encontraron con el despliegue de la Policía en las estaciones y sus alrededores. Dato habló personalmente con Ramón Cordoncillo, secretario de los ferroviarios de UGT, tras lo cual las secciones de la MZA se descolgaron de la huelga revolucionaria y cambiaron el paro por un acto de solidaridad con sus compañeros de Valencia para el 20 de agosto. Pese a la insistencia del Sindicato Norte, los trabajadores de la MZA abandonaron la protesta alegando que «después de las terminantes y categóricas manifestaciones del Gobierno de declarar ilegal todo intento de huelga que se pretenda, sería añadir nuevas víctimas a las ya existentes» y los trabajadores «se dan perfecta cuenta de la situación que a todos ha creado la tan cacareada revolución». Un año después, Cordoncillo sería expulsado de la UGT[454].

Un «hecho glorioso de los trabajadores españoles»

Derrotados y sin contacto con Madrid, varios subcomités territoriales de la UGT ordenaron el 19 de agosto la vuelta al trabajo. Excepto el foco asturiano y otros aislados, el día 20 todo había terminado y el Gobierno desmovilizó a los reservistas y desmilitarizó los servicios básicos.

En los últimos días del mes, varias secciones del Sindicato Norte, sobre todo en Barcelona, llamaron a apurar la huelga, advirtiendo de que «el triunfo se acerca a pasos agigantados» y que «el enemigo está tan vencido que ya no volverá a levantarse jamás», e insistieron en mantener el paro ferroviario con la esperanza de dar tiempo a que los focos de rebelión se extendieran. Pero el 20 de septiembre desistieron: con ello solo habían conseguido que las compañías despidieran a los militantes que holgaron o les sancionaran con rebajas salariales por el abandono injustificado de sus puestos de trabajo. El Sindicato Norte quedó muy tocado, ya que la compañía despidió a 1344 empleados de plantilla y a otros 1779 eventuales, militantes la mayoría de su organización[455].

Las secuelas de una revolución frustrada

Con aquella revuelta, los directivos de la UGT y la CNT habían llevado a los suyos al desastre. Los dos sindicatos quedaron desarticulados durante varios meses y no se recuperaron hasta el segundo semestre de 1918, ante las expectativas creadas por la revolución bolchevique. La más perjudicada fue la UGT, que disminuyó en 10 000 afiliados hasta quedar en 89 601, la cifra más baja desde 1913. En el caso de la CNT, no se conocen los datos, pero la revolución paralizó su expansión fuera de Cataluña. Pese a su pretendido carácter nacional, la regional catalana siguió agrupando a 70 000 de los 80 000 militantes de 1918. Con todo, se acentuaron todavía más las tendencias anarcorrevolucionarias dentro del sindicato, con repliegue de quienes, como Seguí, habían alentado el entendimiento indirecto con los republicanos, porque pensaban que la acracia debía ir precedida por una fase previa de «república burguesa». Por supuesto, todo esto repercutió positivamente en otras sociedades obreras, acelerándose la organización y el crecimiento de los sindicatos profesionales y católicos incluso en bastiones ugetistas como la minería o el ferrocarril[456].

El debilitamiento de la UGT y de la CNT también mermó su capacidad de provocar disputas laborales. En el último cuatrimestre de 1917 tan solo se produjo el 22 % de las huelgas de aquel año. El efecto negativo de la intentona revolucionaria se constata al observar que, antes de esta, había tenido lugar la inmensa mayoría de las 306 huelgas registradas en el año 1917 por el Instituto de Reformas Sociales, y que los obreros habían llegado a ganar, total o parcialmente, el 71 % de ellas, todo un récord a su favor en la España de entonces. Además, estas huelgas laborales se distribuían mejor por todo el país, pues la conflictividad se redujo en Barcelona al tiempo que aumentó en provincias como Córdoba, Oviedo, Valencia o Zaragoza.

Sin embargo, a partir de septiembre, en España se produjeron menos huelgas que en el resto de los países europeos, incluidos los beligerantes. Así, de 1916 a 1917, el número de huelguistas en Francia se multiplicó por siete, llegando a los 293 800; en Reino Unido, por 2,4, hasta los 575 000; en Italia, por 1,3, hasta los 174 817, y en la neutral Holanda, por 1,5, alcanzando los 25 879. Por el contrario, en España se pasó de los 96 882 de 1916 a los 71 440 de 1917, un descenso que también se explica por la reducción de los paros generales a nivel local, ya que la UGT y la CNT ahorraron fuerzas para la huelga revolucionaria[457].

Estos dos sindicatos tampoco lograron la repercusión esperada cuando intentaron reeditar la campaña de propaganda de 1909 contra los supuestos abusos de las autoridades. Así, recuperaron los clichés sobre la «represión bárbara» junto con el relato de que la de agosto fue una «huelga general pacífica» a la que el «proletariado español» se había sumado «con admirable unanimidad» y «abnegación», mientras los soldados y los policías respondían «atacando a la población» y «fusilando a los huelguistas sin armas». Esta campaña se proyectó a nivel internacional, y tanto la UGT como la CNT apelaron al apoyo político y financiero de sus respectivas Internacionales para sostener económicamente a los dirigentes sindicales detenidos —⁠que en noviembre sobrepasaban el millar, según los ugetistas⁠—, a las «víctimas de la represión» y a la «prensa obrera», suspendida por el Gobierno.

Sin embargo, las noticias sobre las «brutalidades» del «atrasado» régimen español no tuvieron el eco esperado, salvo en la prensa europea socialista o anarquista. En Reino Unido, por ejemplo, los emigrados españoles consiguieron la colaboración del Partido Laborista Independiente y de los sindicatos mineros del sur de Gales para boicotear la exportación de carbón y de otras mercancías vitales para España. En Francia, el periódico socialista L’Humanité, secundado por otros semanarios afines, como La Victoire y L´Evénement, se erigió en el principal portavoz de los revolucionarios gracias a las gestiones de Fabra Ribas y Prieto. Además, la CGT francesa promovió una cuestación entre sus afiliados, aunque en ningún momento la posición diplomática del Gobierno español peligró[458].

Aun así, la intentona revolucionaria provocó daños de consideración. Solo en las fuerzas de orden público las bajas ascendieron a 225, con 21 muertos y 204 heridos, 29 de ellos graves. Hasta donde se han podido recopilar datos, la revolución de 1917 causó, como mínimo, 127 muertos y 349 heridos graves, y fue el estallido de violencia más grave y extenso desde el fin de las guerras civiles de los años setenta del siglo XIX.

A los daños humanos se sumaron los materiales, especialmente los destrozos en el material ferroviario, que afectaron al comercio interior y al abastecimiento de las ciudades. Junto a las deficiencias técnicas y de sobreutilización del ferrocarril, se añadían ahora los desperfectos en las vías y la maquinaria, que agravaron los efectos de la escasez de repuestos e impidieron el tráfico durante varias semanas. De hecho, continuaron los sabotajes de los trenes con destino a Francia, en ocasiones realizados por el espionaje alemán y a veces por los ferroviarios despedidos por su activismo revolucionario. El 24 de agosto descarriló un tren en La Roda (Albacete) al estallar a su paso un cartucho de dinamita. Entre septiembre de 1917 y marzo de 1918 se produjeron 34 accidentes ferroviarios de diversa consideración, 15 de ellos entre el 3 de septiembre y el 22 de octubre de 1917, a veces por cortes de vías, por averías de maquinaria o por colisiones. Entre estas últimas destacaron las del puerto de Pajares (Oviedo), el 8 de septiembre, con 12 heridos; Velayos (Ávila), el 17 de septiembre, con cinco heridos; Santa Olalla (Toledo), el 20 de septiembre, con 17 heridos; Los Valles (Valladolid), el 23 de septiembre, con 13 muertos y 37 heridos, y Binéfar (Huesca), el 13 de febrero de 1918, con nueve muertos y 46 heridos. Casi todos los accidentes se concentraban en los ferrocarriles de la Compañía del Norte[459].

Todas estas incidencias en los transportes, a los que había que sumar un leve descenso en la producción de cereal y arroz, influyeron en el coste de las subsistencias. En septiembre de 1917, los precios de los productos de primera necesidad ya eran un 40 % más altos que en la preguerra. La inflación acumulada en los últimos doce meses llegó a ser del 16 %, un drama para unos consumidores acostumbrados a fluctuaciones leves y para quienes la comida suponía un importante porcentaje del gasto doméstico. Más incluso que la inflación general, las quejas más estentóreas las provocaban las subidas repentinas de los precios en unos días determinados, que solían corregirse a la baja —⁠sin compensar por completo el incremento⁠— con la llegada de excedentes de otros lugares.

Estos tirones en los precios llevaron al Gobierno a crear, el 3 de octubre, una Comisaría General de Abastecimientos, en cuya dirección se puso al entonces delegado real de Pósitos, Nicanor de las Alas Pumariño, que se encargaría de centralizar las competencias dispersas en Gobernación, Fomento y Hacienda. El organismo no solo se ocuparía de la reglamentación de los precios y de asegurar la distribución de alimentos y combustibles, sino, además, de restringir el consumo y la compra de trigo extranjero. Aunque la producción nacional permitía no establecer aún el racionamiento, el Gobierno prohibió exportar carnes en conserva, pan, harina, pasta y galletas[460].

Más alarmante era la escasez de carbón. Entre agosto y noviembre de 1917 dejaron de producirse y distribuirse al menos 400 000 toneladas, lo que ralentizó la actividad industrial y causó un aumento del número de desempleados. Con el otoño a la vuelta de la esquina y el incremento de la demanda para calefacción, el precio del carbón amenazaba con convertirlo en inaccesible, e incluso en numerosas ciudades se redujeron al mínimo las horas de alumbrado público.

Las consecuencias de la huelga revolucionaria agravaron el declive económico que se preveía para 1917, amenazando con convertirse en una brusca recesión. Que a las distorsiones de la Gran Guerra se añadiera el intento de abrir un periodo constituyente en España —⁠con su secuela insurreccional⁠— impactó en la baja de los valores y en la retracción de las inversiones. El estancamiento económico, la inflación y el paro eran un cóctel brutal, aún más grave sin la espita de la emigración exterior. Tras el pánico de 1914, en los dos años siguientes se habían recuperado algo las salidas a América y Francia, pero en 1917 se produjo una drástica reducción que hizo que la economía española perdiera otra oportunidad de reducir el desempleo e incrementar las divisas[461].

Todas estas consecuencias negativas ponían en cuestión la táctica de la huelga revolucionaria, aunque entre los socialistas no hubo más autocrítica que las voces aisladas de Indalecio Prieto y Óscar Pérez Solís. En realidad, la huelga de 1917 quedó incorporada a la mitología del PSOE y de la UGT como un movimiento «verdaderamente espléndido», en palabras de Amaro del Rosal, del que no cabía obtener otra lección que la necesidad de una acción revolucionaria más centralizada y coordinada que intensificara el componente insurreccional.

El socialista Luis Araquistáin consideró que el movimiento había sido un «éxito», pues ahora sabían los Gobiernos y los empresarios lo que era una «huelga general indefinida». «La clase obrera española —⁠afirmaba⁠— debía estar orgullosa de su esfuerzo», pues había «dado un ejemplo de solidaridad, de organización, de fuerza social, de sensibilidad política apenas igualado por los trabajadores de ningún país». Comparada con las huelgas generales de Bélgica y Suecia, las parciales de Reino Unido, Francia o Italia, y las que en Rusia habían derrocado al zar, «la huelga española de agosto nos parece, por su extensión en tiempo y espacio, por su cohesión y rapidez en declararse, proporcionalmente una de las mayores, tal vez la mayor que se registra en la Historia». Por tanto, no cabía el «desaliento». Si las fuerzas obreras habían cosechado pérdidas, no eran menos «los millones perdidos por los ferrocarriles, las fábricas y las minas» y «la impotencia del Estado para hacer frente a la dislocación y para reorganizar eficazmente los servicios públicos». El Gobierno, en opinión de Araquistáin, no podría afrontar otra huelga como la de «Agosto», que en adelante sería recordada con esa mayúscula[462].

En sus memorias, el mismo Largo Caballero la definió como un «hecho glorioso de los trabajadores españoles», cuyo «sacrificio, la sangre vertida y las prisiones sufridas no fueron estériles». Este «orgullo» era compartido por los anarcosindicalistas: Solidaridad Obrera se felicitaba por el «esfuerzo últimamente realizado por la clase obrera organizada española», que había demostrado que «después de la batalla, el mundo es nuestro». La CNT optó por atribuir el fracaso de la huelga revolucionaria a la inoperancia de los partidos «burgueses», con los que la UGT debía romper definitivamente antes de perseverar de nuevo por la vía revolucionaria.

Este era también el diagnóstico de Pablo Iglesias, que se negó a abrir puerta alguna a la crítica. El movimiento había sido «saludable para la nación» y había tenido una «finalidad noble y elevada». Si no triunfó «fue debido a la actitud que adoptaron otros elementos del país, los cuales, inconsecuentes con lo que habían sostenido, se pusieron resueltamente al lado de los gobernantes culpables o les prestaron ayuda con su pasividad». El reproche no se dirigía solo a los republicanos, sino también a los junteros. Esas fuerzas «debieron alzarse rápidamente y, unidas a los ciudadanos que quieren una España digna y próspera, arremeter contra los culpables». Con todo, la UGT se guardaría de arriesgar sus organizaciones en otro movimiento de este tipo, al menos hasta el levantamiento de 1934, pero nunca hubo una deslegitimación de la táctica insurreccional.

El mito de «Agosto» quedaría muy vivo y, de hecho, inspiraría el ciclo insurreccional de los años treinta. Aun hoy se conmemora como uno de los grandes hitos de la historia de la UGT y del socialismo español, como mostraron los fastos de su centenario en 2017[463].

Un efímero refuerzo para los conservadores

En cuanto al Gobierno Dato, tambaleante desde sus inicios, parecía salir reforzado, sobre todo ante la opinión pública. Contra las esperanzas de los conspiradores, el republicano Simarro reconoció que la huelga revolucionaria no despertó las adhesiones que esperaban y fue «mirada con temor de la opinión general al iniciarse y considerada con recelo al desenvolverse». El ministro de la Gobernación, Sánchez-Guerra, promovió varias suscripciones de dinero procedentes de bancos, sociedades y particulares para premiar a los militares y a los policías, y compensar a las familias de los muertos y heridos a causa de la revolución.

La respuesta leal de la mayoría de los militares fue un acicate para acelerar las inversiones en el Ejército, y así, el 20 de agosto, Dato anunció que el Consejo de Ministros había aprobado los planes del Estado Mayor Central para reorganizar las fuerzas armadas y adquirir material por un valor de 77 millones de pesetas. Las inversiones consistieron en vestuario y equipo militar, ganado, edificios de cuartel, campos de tiro, cartilla militar para la movilización, artillería pesada y antiaérea, y aparatos de aerostación. Los regimientos se ampliaron de dos a tres grupos artilleros, que constarían de más hombres y de tres baterías cada uno. Se formaron dos nuevos regimientos de artillería de campo, que pasaron así de 12 a 14, y cuatro nuevos grupos de artillería pesada. Se adquirieron 500 ametralladoras, duplicando el número de las ya compradas en 1915, y se incrementarían los proyectiles para la artillería de montaña. Se invirtió también en camiones de transporte para Infantería y Caballería, y se terminaron de reequipar con maquinaria nueva las fábricas de municiones de Oviedo, Sevilla y Toledo. La inversión continuaría al año siguiente, y a ella se destinó, además, el ahorro por la rebaja de los gastos militares en Marruecos, que el ministro de Hacienda cuantificó en 18 millones de pesetas[464].

El contexto era propicio para ganarse al Ejército. Tras la revuelta, la convergencia de los junteros con la izquierda antimonárquica parecía imposible, ya que la indignación por las agresiones de los rebeldes se había generalizado entre los soldados y los policías. Contra el criterio de Márquez, la Junta Superior de Infantería exigió el 28 de agosto al capitán general Marina y al ministro de la Guerra que todos los rebeldes fueran sometidos al fuero militar y no a la jurisdicción ordinaria, ya que el grueso de los delitos se había producido en pleno estado de guerra. Pero el Gobierno intervino para impedir que se extremara el rigor. Esta controversia, de la que el caso de Marcelino Domingo fue solo la punta del iceberg, iba a provocar un nuevo desencuentro entre los ministros y los oficiales, que Márquez sabría aprovechar.

Aun así, Dato se mostró conciliador, a la espera de consolidarse definitivamente en el Gobierno. Tras reunirse con el rey, el presidente declaró liquidada la revolución gracias a «las medidas de previsión adoptadas oportunamente por el Gobierno, el celo y la inteligencia de las autoridades civiles y militares, la lealtad y el civismo de millares de obreros que se negaron a secundar la huelga, y el celo, disciplina y decisión del Ejército, de la Armada, de la Guardia Civil, de las fuerzas de Seguridad y de los agentes de Vigilancia», que «hicieron fracasar el movimiento, manteniendo y afianzando el orden público e imponiendo a los alborotadores el respeto a las leyes». El Gobierno continuaría realizando las reformas «que el país anhela, iniciadas ya en los departamentos de la Guerra, Gracia y Justicia y Fomento, en el orden económico, jurídico, social y político, llevando a decretos todo aquello que pueda realizarse dentro de la ley y en virtud de las autorizaciones concedidas por las Cortes, y preparando los proyectos que en su día serán sometidos al voto del Parlamento». En cuanto se normalizara la situación y se restablecieran las garantías constitucionales, solicitaría la convocatoria de elecciones, pero antes formularía el programa ministerial «para que el país… conozca qué son y representan los candidatos adictos a la política del Gobierno, que no será en ningún caso exclusivista»[465]. Dato había llegado a creer que, desligados ya de las fuerzas contrarias a la monarquía constitucional, los junteros aceptarían la continuación del turno de los partidos.

Un hecho abonaba ese optimismo: Márquez parecía haberse quedado sin plataforma civil desde la que oponerse al Gobierno. No solo hubo acusaciones y reproches a la Lliga y a los republicanos por parte de los cenetistas y los ugetistas, sino que también los «lerrouxistas» se quejaron de no haber recibido el suficiente apoyo de los socialistas entre el 19 y el 23 de julio. Con dureza, Cambó no dudó en calificar la huelga revolucionaria de «enorme tontería», de «episodio entorpecedor y retardatario» de la asamblea, de «aventura sin orientación», de «cosa estúpida», de «contratiempo» y de táctica «destinada al fracaso»; descalificaciones que en realidad se referían al método, pero no a los fines.

No obstante, como la asamblea de parlamentarios era sobre todo una iniciativa nacionalista y republicana, no se disolvió y, como si nada hubiera ocurrido, continuó con su labor de oposición, aunque las organizaciones republicanas, como el PSOE, habían quedado muy debilitadas. Así, un descorazonado Melquíades Álvarez vio cómo una importante fracción de sus apoyos dentro y en los márgenes del reformismo se alejaba del partido, disconforme con la deriva revolucionaria. Ninguno de los dirigentes de la oposición, salvo Cambó, podía imaginar que solo dos meses después los junteros volverían a darles una nueva oportunidad[466].

10

Los junteros liquidan el Turno

El 15 de agosto de 1917, desde las cuatro hasta las ocho de la tarde y en plena revuelta, se reunieron en Barcelona los delegados de las juntas de todas las armas de la guarnición. El encuentro lo presidió el coronel Márquez y hubo también representación de la Guardia Civil y de los Carabineros. Tras una acalorada discusión, acordaron en secreto asumir el objetivo de la asamblea de parlamentarios de forzar la formación de un Gobierno nacional en el que figuraran todos los partidos. Su misión sería convocar unas Cortes Constituyentes en elecciones «neutras» que, para mayor garantía, serían organizadas por el general Marvá, un militar experto en cuestiones sociales, que ya apareció en la combinación ministerial que Márquez propuso a Alfonso XIII once días atrás y al que se propondría para asumir la cartera de Gobernación. Se exigiría, además, que Romanones y Dato se retiraran de la vida pública, lo que implicaba no negociar con el Gobierno conservador. También se forzaría la destitución del general Jordana como alto comisario en Marruecos y se modificaría por completo el plan de campaña para ir retirando de allí a las tropas españolas tras acordarlo previamente con Reino Unido y Francia.

En cuanto al rey, solo conservaría el apoyo de las juntas si accedía a este plan y se libraba de sus consejeros militares más cercanos; de lo contrario, debería abdicar. De este modo, la aspiración de Márquez de constituir a las juntas en el «poder moderador» de un nuevo sistema político ganaba fuerza de cara a la reanudación de la asamblea general juntera que tendría lugar en Zaragoza el 12 de septiembre. La habilidad del coronel para incrementar su poder en el organismo se puso de relieve cuando se supo que la asamblea no se convocaba conforme al reglamento. En ella se deliberaría reservadamente sobre asuntos que no habían sido sometidos a los asociados previamente y, en teoría, los acuerdos adoptados «no podían obligar reglamentariamente por faltarles la previa opinión de la mayoría del Arma expresada en votación de las dos terceras partes de la suma de votos en pro y en contra»[467].

Por supuesto, Márquez actuaba de pleno acuerdo con Cambó, padre de la parte política del plan y figura clave en la operación de cambio de régimen. Tras observar que la huelga revolucionaria no serviría para hacer caer al Gobierno, retornaron a la táctica originaria de presionar al rey a través del Ejército, para lo cual era vital que la revuelta sindicalista no provocara ningún tipo de entendimiento entre Dato y las juntas. En una carta pública a El País del 18 de agosto, Cambó culpó al Gobierno de alentar el rumor de que los asambleístas habían apoyado a los rebeldes para abrir «entre el Ejército y el pueblo… un abismo que impidiera toda coincidencia para acabar con las oligarquías gobernantes». Aunque el líder de la Lliga desmintió su apoyo, a su juicio la huelga revolucionaria se había desenvuelto en un «ambiente de simpatía». La calificó de «plebiscito» y dijo que expresaba «el absoluto desprestigio que rodea al poder público y la animadversión general hacia el Gobierno y la política que representa y encarna». En su opinión, lejos de asumir responsabilidad alguna en lo sucedido, era el Gobierno, «para sostenerse en el poder», el que necesitaba «una situación de violencia que pudiera sofocar… Y encontró la ocasión en la huelga ferroviaria, huelga que se cuidó de hacer insoluble». Cambó también anunció que, «pasado el conflicto», la asamblea de parlamentarios proseguiría «su actuación renovadora con más imperio y más decisión que antes», contra un Ejecutivo que, «repudiado por la opinión, no puede vivir más que en un régimen de fuerza y de violencia»[468].

El líder in pectore de la Lliga tras la muerte de Prat de la Riba se lanzó a tejer todas las alianzas posibles en torno a su proyecto para aislar a Dato. En septiembre, se embarcó en una campaña de propaganda para fomentar el regionalismo en Pamplona, San Sebastián, Oviedo y La Coruña, que posteriormente se extendió a Valencia y Palma de Mallorca. El objetivo era doble: ante los otros partidos y, sobre todo, ante los junteros, Cambó pretendía demostrar que el proyecto de la Lliga trascendía lo regional para ocuparse de la «regeneración» de toda España. Además, esas propagandas servirían como base para unir a los regionalistas de toda España en una plataforma comandada por el catalanismo, que tuviera la suficiente fuerza como para obtener un número de escaños decisivo en las futuras Cortes Constituyentes y vinculara la autonomía integral de Cataluña a la reordenación territorial de todo el país.

El fraccionamiento en entidades políticas regionales de la parte no catalana de España debía garantizar la hegemonía de la nueva «Prusia española» y hacer posible la progresiva «catalanización nacionalista» de los territorios irredentos de Valencia y Baleares. Todo ello con un barniz «español» al que aún respondía la alianza con los republicanos en la asamblea de parlamentarios. La apelación a la Corona fue constante en los discursos y en las entrevistas que Cambó concedió. Insistía en que la Lliga sentía «indiferencia ante las formas de Gobierno» y, puesto que no era un partido revolucionario, deseaba «poder conseguir, dentro del régimen actual, la realización de nuestras aspiraciones autonomistas». Pero si Alfonso XIII otorgaba a Dato el decreto de convocatoria electoral, «consideraríamos al régimen actual como incompatible con estas aspiraciones y procederíamos en consecuencia», porque, como declaró al gijonés El Noroeste, «no dudaría en combatir» a la Corona si esta ponía obstáculos a la «solución de los problemas» de España. Alfonso XIII debía ser un facilitador y promover ese Gobierno de concentración con un ministro de la Gobernación «neutro», pues solo así se bloquearía toda posibilidad de una mayoría parlamentaria y, con ello, los nacionalistas podrían intercambiar su colaboración por la autonomía[469].

La ofensiva del coronel Márquez

De forma simultánea, el 7 de septiembre la Junta Superior de Infantería envió una circular de Márquez a las demás juntas regionales para hacerles partícipes de los acuerdos del 15 de agosto. En la carta se criticaba la suspensión de las garantías constitucionales y la declaración del estado de guerra durante la huelga revolucionaria, siendo esta última medida fruto de la «imprevisión» del Gobierno, que hubo de acudir al Ejército para sofocar la insurrección. Por eso, el triunfo pertenecía a los militares y no a Dato. Márquez atribuyó intencionalidad política a esa imprevisión y reveló a sus compañeros que él había avisado de la revuelta al Gobierno pero que este no la impidió, «como si entrara en sus fines el que se realizaran tales temores». Más aún, el Ejecutivo era el responsable de que «una huelga que debió desarrollarse pacífica tomase en algunas localidades el carácter de revolucionaria».

En resumen, se acusaba a Dato de no haber evitado la insurrección dejando su cargo. A sabiendas de que su resistencia a abandonar el poder haría estallar la revuelta, la forzó para que el Ejército interviniera y frustrara una «solución pacífica» que, aunque Márquez no llegara a concretar en qué consistía, era la que la asamblea de parlamentarios ofrecía. La Junta Superior de Infantería eludía así cualquier responsabilidad, cuando su sedición y su intervencionismo político habían creado en los partidos antimonárquicos la expectativa razonable de que los jefes y los oficiales se inhibirían ante una revolución.

A todos estos reproches siguieron nuevas amenazas. Como la suspensión de garantías y el estado de guerra solo habían servido, al decir de Márquez, para que el Gobierno impidiera «manifestaciones pacíficas de orden político» y «amordazar a la opinión pública despertando suspicacias y dejando posiblemente en la sombra manejos reprobables», era conveniente «para el desarrollo de la vida nacional que las medidas de excepción desapareciesen». Justo semana y media después de que los junteros exigieran al Gobierno aplicar el fuero militar a los insurrectos, había que evitar que «habilidades políticas» echaran sobre las Fuerzas Armadas «la responsabilidad de la represión y sus consecuencias» e indujeran al «pueblo» a ponerse «frente al Ejército» por creer que era aquel el que «sostiene el estado de guerra y quien exige escarmientos, más próximos a la cruel venganza… que a la ecuánime justicia».

Tras esta asimilación del «pueblo» con los que simpatizaron con el movimiento revolucionario, Márquez terminaba con un aviso a los junteros más remisos a mezclarse en política, pues «las circunstancias» exigían «fatalmente la sagrada obligación… de intervenir circunstancialmente en la vida nacional» para imponer a los políticos «miras y procedimientos de moralidad». Es decir, la circular no solo pedía a las juntas regionales un «voto de confianza», sino, además, «preparar los ánimos en su región» para apoyar los acuerdos de la próxima asamblea juntera que iba a consagrar esa injerencia política[470].

Los junteros se revuelven contra el Gobierno

Márquez sabía que a los junteros de todas las tendencias les había disgustado aparecer en público imponiendo una dura represión y sosteniendo el estado de guerra para retener a los procesados bajo el fuero militar, como ocurrió en el caso de Marcelino Domingo. Pero el coronel también era consciente de que no bastaba con ese descontento, y deseaba evitar disputas internas como las que estuvieron a punto de hacerle perder la presidencia de la Junta Superior el 14 de julio, cuando se alineó con los asambleístas. Por ello, incluido en la circular y para demostrar los manejos del Ejecutivo conservador contra los junteros, apareció un telegrama reservado a los gobernadores —⁠que Márquez atribuía a Sánchez-Guerra⁠— en el que se afirmaba que las juntas no iban a prosperar «por lo numeroso de sus elementos, por la idiosincrasia propia de la raza, sus cualidades de soberbia, vanidad, cultura superficial y demás pasiones que se desarrollan en los espíritus ociosos». Por tanto, el ministro de la Gobernación ordenaba dejar hacer a las juntas «sin darles importancia», pero vigilándolas «por si hubiera tendencia por algún partido político». Los gobernadores debían averiguar «los nombres y las tendencias de los representantes, para tenerlos en cuenta en su día, pasado el periodo álgido, y proceder con energía».

La maniobra de Márquez volvía a poner al ministro de la Gobernación en el punto de mira juntero. El coronel le acusaba de haber intentado destruir su reputación con el affaire Matos y de no aplicar la censura a algunos sueltos de prensa contra el propio Márquez. Cuando, once días después, el 18 de septiembre, el polémico telegrama se filtró a la prensa, Sánchez-Guerra negó que fuera de su autoría y puso en duda su autenticidad. Sin embargo, Dato solo afirmó que estaba «tergiversado». Aunque apócrifo, lo cierto es que el documento era genuino y se había enviado a principios de julio.

Los políticos más relevantes conocían la hostilidad que el ministro profesaba a las juntas. Como escribía Gabriel Maura a su padre antes de la polémica, Sánchez-Guerra continuaba «tratando de dividirl[a]s», así que para los presidentes de las juntas regionales la revelación de Márquez confirmaba que el Gobierno solo contemporizaba con ellas hasta encontrar una coyuntura propicia para disolverlas. Por eso, la interpretaron como una declaración de guerra[471].

El ambiente en el que se inauguró la asamblea juntera de Zaragoza, el 12 de septiembre, estaba muy caldeado, más aún tras la negativa del Gobierno a levantar la suspensión de las garantías constitucionales, como querían los junteros. Pero Dato, falto de medios para restablecer la disciplina, apenas pudo hacer otra cosa que ocultar a la opinión pública los acuerdos de aquella reunión y, con ello, la gravedad de la situación. La asamblea sirvió, en primer lugar, para convencer a los oficiales en activo de que debían permitir a los de la reserva, procedentes de la escala de suboficiales, formar parte de las juntas. Para compensar a los de la escala activa, se decidió exigir al ministro de la Guerra que de una vez estableciera el criterio de antigüedad para todos los destinos técnicos exceptuados en el decreto de Aguilera de 30 de mayo. Solo se establecía una reserva sobre los de la sección de Infantería del Ministerio y los del Estado Mayor Central, pero la propuesta de candidatos partiría directamente de las juntas. Se aprobó la unidad de acción con las juntas de las restantes Armas y Cuerpos, y se elevó a Primo de Rivera una propuesta de beneficios para los suboficiales y las clases de tropa, en la que se incluyó la adscripción de los reclutas a los regimientos de sus regiones de procedencia, una reivindicación de la Lliga para mermar la eficacia de las fuerzas armadas como vehículo de difusión del patriotismo español. En todo caso, al asumir las demandas de los suboficiales y coligarse con las juntas de las demás armas y cuerpos, Márquez pretendía taponar una potencial división del Ejército que el Gobierno pudiera aprovechar. Los junteros de Infantería podrían erigirse, así, en la genuina representación de todas las Fuerzas Armadas.

El momento culminante llegó el 17 de septiembre, cuando Márquez logró que la asamblea aprobara su circular. Convenció a sus compañeros de que «los enemigos del resurgimiento nacional malograron nuestra santa intención y nos obligan a realizar un acto de fuerza en defensa propia interviniendo sin premeditación ni deseos en la política nacional». El objetivo era aunar «voluntades y energías de los buenos ciudadanos» para «derrocar todo un sistema político, caduco y estulto que ya desentona en los modernos tiempos y el país repudia». Era ya «inútil» buscar solución a sus problemas particulares «mientras continúan gobernando los mismos hombres, con los mismos procedimientos», ineptos para «organizarnos y regenerarnos», sostenidos apenas «por varias oligarquías parasitarias que conducen a la nación a la ruina y la catástrofe».

Por eso, las juntas debían alinearse con toda la España «que no quiere morir, que quiere proceder urgentemente a su reconstitución para que el final de la guerra mundial no la coja desprevenida». Esa España eran los asambleístas, que habían empezado «los estudios para la reconstitución y organización del Estado y de todas sus funciones». «La nación fija ansiosamente sus ojos en nosotros y espera de nosotros la salvación de la patria», y ante esto no cabía «la disciplina ciega que es el servilismo». Las juntas debían servirse de las ordenanzas militares para exigir al rey que se pusiera al frente de la renovación. Por tanto, de manera «circunstancial» y, acordándolo antes con las juntas de otras armas y cuerpos, se estimaba «necesaria» la «acción directa» de los militares «a fin de que se implante el cambio de los procedimientos políticos al uso, consecuentes con el contenido del Manifiesto del 13 de Julio».

La propuesta del coronel fue aclamada y Márquez logró al fin su ansiada coalición de junteros y asambleístas para derribar a Dato. Acordaron preparar cartas «al presidente del Consejo, a los de las cámaras, a los ministros de la Guerra y Gobernación, a los jefes de las minorías y a los directores de los principales diarios». Además, debían redactar un manifiesto al país, otro «a las personas que sabrán aconsejar al rey en las consultas que pueda hacer el soberano», y una circular a los generales. A Dato se le exigiría que levantara el estado de guerra y la suspensión de garantías para desmentir que el Ejército era partidario de su mantenimiento. Las misivas de los presidentes de las cámaras, jefes de minorías y directores de periódicos debían exculpar a los militares del mantenimiento del estado de excepción y el manifiesto al país debía poner de relieve «los peligros que le amenazan, tanto de orden interior como exterior», mientras los partidos turnantes continuaban «prometiendo y no cumpliendo».

Conminación a la Corona

El más trascendental era, sin embargo, el mensaje al rey, cuya redacción se encomendó a una comisión secreta formada por tres miembros de la Junta Superior de Infantería: Villar, Pérez Palá y González Unzalu. El objeto del mensaje era hacerle saber a Alfonso XIII «que existen ingerencias [sic] extrañas que se mueven en torno a nuestra actuación», conminándole a ponerse al frente de la regeneración juntera. Debía destituir al Gobierno Dato y cambiarlo por otro de «concentración monárquica» para el que, «verbalmente», se le podrían indicar algunos nombres. La misión de ese Gobierno sería convocar Cortes Constituyentes a través de unas «elecciones sinceras». El mismo documento también sería llevado por los junteros «a los Ateneos científicos y literarios, ayuntamientos, diputaciones, universidades, institutos, seminarios, cabildos, casinos, centros obreros, centros católicos, cámaras de comercio, maestros de instrucción, comités de exploradores de España y ligas de amigos del país». En el ínterin, la asamblea juntera seguiría constituida «hasta que se obtengan respuestas satisfactorias»[472].

El 18 de septiembre, y en vista de que el Gobierno no levantaba la suspensión de garantías, Márquez filtró a la prensa el polémico telegrama de Sánchez-Guerra sobre las juntas. La maniobra pretendía acallar a los más moderados de entre los oficiales de Infantería y a las renuentes juntas de Artillería, Caballería, Ingenieros y Estado Mayor. Cuando el telegrama apareció en los periódicos, causó turbulencias en el Ejecutivo, pues casi todos los ministros lo desconocían. Su lectura provocó «honda pesadumbre, grande amargura —⁠recordaba Burgos y Mazo⁠— al poner en duda la rectitud de nuestro propósito en bien de la patria y del Ejército». La tercera figura del Partido Liberal-Conservador, González-Besada, pidió a Dato remodelar el Gobierno: Sánchez-Guerra debía marcharse para calmar a los junteros y ser sustituido por el senador Francisco Bergamín. Se rumoreó que el mismo González-Besada desplazaría a Primo de Rivera en la cartera de Guerra por la malísima relación del viejo general con las juntas, pero Dato lo negó. No hubo más cambios que la sustitución de Matos como gobernador de Barcelona por el experimentado Eduardo Sanz Escartín, que ya había ocupado el cargo en el conflictivo bienio de 1899-1900, bajo las órdenes de Dato, cuando este regentó el Ministerio de la Gobernación[473].

Tras la polémica filtración, el 19 y el 20 de septiembre la asamblea juntera se dedicó a llegar a «acuerdos reservados» no transcritos en acta alguna. En realidad, había tenido lugar una reunión paralela de los presidentes de las juntas de todas las armas y cuerpos. Márquez les había anunciado los planes adoptados por la Infantería «de acuerdo con un plan formulado con Cambó» para derribar al Gobierno y sustituirlo por otro en el que figurase el líder la Lliga «prestándose a determinadas concesiones… a cambio del apoyo que darían por otras que a él convienen». Dato supo por un informante que los presidentes de las restantes juntas no querían mezclarse en «nada político» y solo aceptaron a enviar las cartas a las distintas autoridades —⁠rey y presidentes del Gobierno y de las cámaras⁠— para que se levantara el estado de guerra y la suspensión de garantías antes de fin de mes. Si esto no sucedía, las misivas se publicarían «para que sepa el país que no son los militares los que quieren que esos estados se mantengan». Así las cosas, Márquez informó a los otros presidentes de que, con su apoyo o sin él, Infantería seguiría adelante con su plan político. Para no romper la unidad de acción, los otros presidentes accedieron, antes de tomar una resolución definitiva, a una nueva reunión donde se les diera a conocer el mensaje al rey[474].

El 21 de septiembre, Márquez informó a la asamblea de Infantería de sus gestiones. Aprobaron «rectificar todos los acuerdos» para «intervenir en la política», sin las demás juntas, y ya de manera directa e inmediata. Infantería pretendía plantear un ultimátum a Dato para que levantara el estado de guerra, dimitiera Sánchez-Guerra y se reconociera a las juntas en los cuerpos de Seguridad y Correos. Protestaban por los traslados y las sanciones a los junteros más conspicuos de estos cuerpos, mientras se reconocía y trataba con mayor benignidad a los de Hacienda y Telégrafos. Sin veladuras, Márquez estaba de acuerdo en que la Infantería amparara y sumara también a las juntas de la administración civil, de las que el coronel se había convertido en presidente honorario.

Este «memorial de agravios» se entregaría al Gobierno por medio del capitán general Marina. También contenía un veto hacia dos hombres muy cercanos al rey: el marqués de Viana, jefe superior de Palacio, y José Quiñones de León, encargado de negocios de la embajada de España en París. Los junteros no iban a ponérselo fácil a Dato. El mismo 21 de septiembre, filtraron a la prensa la circular de Márquez del día 7 en la que se responsabilizaba al Gobierno de la huelga revolucionaria.

Por último, tras informar el coronel Márquez de sus gestiones con las juntas de otras armas y cuerpos, la asamblea aprobó, para mayor presión, el texto de la propuesta oficial del «Arma de Infantería» a sus hermanas del Ejército con el fin de propiciar un cambio de régimen. Decía que los procedimientos del Gobierno «no han variado ni se notan nuevas orientaciones encaminadas a poner el país sobre las vías de progreso» que exigía urgentemente «la aproximación del fin de la guerra mundial». Esto auguraba «una catástrofe» que llevará «a la patria en la ruina», y así lo entendía la «opinión general», que coincidía con la de «conspicuos estadistas». No nombraba su identidad, pero revelaba que eran los de la asamblea de parlamentarios al afirmar que la situación no tendría solución «con tal o cual proyecto aislado, sino con un plan general y armónico que estudie y resuelva todas las necesidades, todas las aspiraciones y todas las deficiencias que se experimentan en las distintas funciones del Estado». Con los partidos del turno «la moralidad, la justicia, la equidad y el respeto al derecho» no se guardaban y no había ninguna expectativa «de que sean inspiradoras de sus actos en lo futuro». Sus dirigentes no habían manifestado «contrición» ni «propósito de enmendarse», por su rechazo al regeneracionismo de las juntas, a las que intentaron arruinar usando «desde la violencia hasta la calumnia». El arma de Infantería llamaba «la atención sobre los peligros que se ciernen» sobre España, que amenazaban con retrotraerla «a situaciones históricas parecidas a las que se desarrollaron al empezar la Edad Contemporánea».

Por todo ello, las juntas de Infantería sentían la necesidad de exponer su posición al rey «a fin de que tenga un nuevo desinteresado elemento de juicio». El texto contenía la petición a la Corona para que propiciara ese Gobierno multipartidista en el que se vetaba explícitamente la participación no solo de Sánchez-Guerra, sino también de Dato por no haberle destituido tras el affaire del telegrama. Una vez recibido el mensaje, el rey tendría setenta y dos horas de plazo para cambiar de Gobierno, y el nuevo debería convocar elecciones a Cortes Constituyentes. Suspendida la prerrogativa del rey, las juntas serían las garantes del trono, con la misma seguridad que Márquez quiso dar a Alfonso XIII a principios de agosto. Si esas Cortes se plantearan proclamar la república, serían disueltas por la fuerza. «El colmo de la dictadura pretorianesca», escribió el diputado liberal Natalio Rivas en su dietario.

La asamblea de Infantería se clausuró el 25 de septiembre tras adoptar otra resolución que generaría, en el futuro, graves conflictos. Los alumnos de la Escuela Superior de Guerra debían declarar —⁠bajo juramento ante sus respectivas juntas regionales⁠— si pasarían al cuerpo de Estado Mayor o se diplomarían. Si elegían lo primero, no podrían volver a Infantería[475].

Dato, en tierra de nadie

La tempestad provocada por las filtraciones y por el alarmante rumbo de la asamblea juntera forzaron a Dato a trasladarse a San Sebastián el 20 de septiembre para informar al rey y recabar su confianza. Con su estancia veraniega, el monarca trataba de aparentar normalidad y de proyectar una imagen de confianza y solidez de las instituciones que la realidad desmentía con más fuerza.

Alfonso XIII y Dato hablaron de la convocatoria de elecciones, ineludible y urgente para desactivar la entente entre junteros y asambleístas, y para reforzar una situación conservadora que las juntas de Infantería aspiraban a derribar. Tras capear con éxito las distintas oleadas revolucionarias, políticos tan distintos como Maura o Villanueva veían como el escenario más «probable» que Dato presidiera las elecciones. Incluso Cambó reconocía que el rey, «obrando constitucionalmente», no podía prescindir del jefe conservador y, por ello, le firmaría la convocatoria de comicios «tan pronto él lo pida». Como confesó a Maura el 19 de septiembre, en una misiva en que le pedía a dar un paso al frente,

… a mi entender, lo más grave que hoy podría ocurrir sería que la Corona entregase al actual Gobierno el decreto de disolución de Cortes, que implicaría el encargo de continuar la política de ficción que el país entero repudia. Y, no obstante, temo que esto ocurra y que una vez más presida el curso de nuestra historia el triste sino de aplazar las soluciones cuando son oportunas para adoptarlas a cuando ya son ineficaces[476].

Pero Alfonso XIII, al tanto de la fuerza de los junteros, temía por la monarquía si él se identificaba totalmente con un Gobierno al que los oficiales habían declarado una guerra sin cuartel. Con palabras suaves, Dato reveló que no levantaría el estado de excepción bajo la presión de los militares, que no toleraría la expansión de unas juntas como las de Infantería en la Policía o en la Administración civil y que tampoco destituiría a Sánchez-Guerra. En resumidas cuentas, lo que el presidente comunicó al rey era que se dispondría a dar la batalla a las juntas. Eso implicaba, como le había anunciado Alba a Alfonso XIII, que la Lliga se pasaría, ya sin remilgos, al campo republicano.

Tras la entrevista, Dato logró la confianza del rey, pero no el decreto de disolución, que era lo que casi todo el mundo esperaba. Maura empezó a creer que no lo obtendría y que en el monarca se estaba operando, desde el 1 de junio, «una transformación que podía ser salvadora». Dato accedió a continuar en el poder, pero el recado al monarca fue muy claro: anunció a los periodistas que «la cuestión del decreto de disolución» no constituía un problema, porque el rey sabía que no se podía estar en el poder «sin mayoría en el Parlamento». Los conservadores no querían seguir gobernando por decreto, pues debía hacerse «con la confianza de la Corona, pero también con la de la opinión». Dato reveló que su continuidad en esa situación de interinidad tenía un límite y anunció su propósito de celebrar elecciones en enero de 1918, tras la renovación de los ayuntamientos prevista para noviembre. «Pero si, por cualquier circunstancia», en referencia a un cambio de opinión regio, «creyera conveniente la inmediata disolución del Parlamento, haría estas antes que las municipales»[477].

Una política de resistencia

Tras el encuentro de Dato con el rey, ya casi nadie daba crédito a la consolidación de los conservadores en el poder. Se rumoreaba que el Gobierno sería sustituido por el de concentración nacional que deseaban las juntas y que inspiraba Cambó. Los conservadores confiaban en que esa alternativa suscitara antipatías invencibles y creían que le sería fácil apelar a la solidaridad de su contraparte —⁠los partidos Liberal y Democrático⁠— y también a la de los mauristas, que, tras la huelga revolucionaria, no querían oír hablar de asambleas de parlamentarios ni de la «autonomía integral» de la Lliga.

Frente a los nacionalistas, Dato y Sánchez-Guerra proyectaban una coalición electoral monárquica en Cataluña e, inauguradas las nuevas Cortes, una reforma de la ley municipal que permitiera emancipar a los ayuntamientos catalanes de la Mancomunidad. Dato también dudaba de que la alianza Cambó-Márquez suscitara el entusiasmo del Ejército y de que se hubiera olvidado la denigración catalanista de los militares o la constante oposición de la Lliga a incrementar los gastos de Guerra. El periódico liberal El Imparcial advertía contra un futuro Gobierno dominado por los nacionalistas, ya que les permitiría «arrancar hoy una delegación, mañana una función de soberanía o unos cuantos millones para la Mancomunidad barcelonesa». Pero subsistía un grave problema: aunque hubiera oficiales que rechazaran ese Gobierno, no existía una plataforma en el Ejército capaz de contrapesar a Márquez y a la Junta Superior de Infantería, que seguían llevando la iniciativa y estaban consiguiendo arrastrar a las juntas regionales a sus posiciones[478].

Sin embargo, Dato se decidió a cerrarles el paso. El 25 de septiembre se reunió con el capitán general de Barcelona, que le hizo entrega del «memorial de agravios». En unas declaraciones conciliadoras, el presidente se abrió a tratar las reivindicaciones profesionales, pero no las políticas. La suspensión de garantías y el estado de guerra eran «actos de la libre iniciativa y de la exclusiva responsabilidad del Gobierno», aunque consideraba «plenamente justificado» el disgusto de los oficiales sobre los «insidiosos rumores» que les atribuían la responsabilidad «de que sea la jurisdicción militar la que entienda en los procesos incoados por los sucesos del mes de agosto». Se trataba de una «cuestión de competencia» de los tribunales militares «sin que en ello pueda nadie ingerirse». Nadie podía suponerles interesados en el mantenimiento del estado de excepción. Dato anunció que Marina les había comunicado, tanto a él como a Primo de Rivera, que estaban equivocados «los que propalan insidiosamente conceptos que tienden a divorciar del Ejército la opinión», ya que las juntas actuaban exclusivamente en el campo señalado por su reglamento y no sobre asuntos «cuya resolución correspond[e] a otros organismos del Estado»[479].

El Gobierno seguía abonado, con emplastos tranquilizadores, a la táctica de ganar tiempo y apoyos, a la espera de que cuajaran las divergencias entre los junteros. El levantamiento del estado de guerra no llegó hasta el 7 de octubre, una vez se había hecho firme la sentencia condenatoria contra los miembros del comité revolucionario. Se concedió permiso para reabrir la Casa del Pueblo de Madrid y el Gobierno intentó un cierto acercamiento con la UGT invitándola a la Conferencia de Seguros Sociales que patrocinaba el ministro de Fomento. Eza había convocado el 29 de julio a diversas representaciones patronales y sindicales; a organismos técnicos, como el Instituto de Reformas Sociales, el Instituto Nacional de Previsión, la Academia de Medicina y el Instituto Geográfico y Estadístico, y a empresas e instituciones de banca y seguros. La conferencia se celebraría en Madrid entre el 24 y el 31 de octubre y en ella se discutiría implantar la obligatoriedad de los seguros de vejez y enfermedad, ante las insuficiencias detectadas en el modelo de libertad subsidiada y el lento crecimiento del número de asalariados cubiertos. Aunque la conferencia se saldó con éxito para quienes patrocinaban la cobertura obligatoria, a la UGT no le interesaban esos asuntos. Negó su asistencia porque no quería colaborar «con un Gobierno que tan sañudamente persigue a la organización obrera»[480].

Paralelamente, y echando mano de las autorizaciones, el Gobierno sacó adelante facilidades crediticias para los agricultores y un préstamo de 12 millones de pesetas para los naranjeros levantinos, sin interés y reembolsable solo a los cinco años, para que pudieran compensar sus pérdidas. También aprobó la dotación para comenzar a construir los ansiados ferrocarriles secundarios y una rebaja temporal de las retenciones en el salario de los funcionarios civiles con el fin de compensarles por la inflación. El 16 de octubre se reordenaron las plantillas de Hacienda y Gobernación, con la supresión de los escalafones más bajos, una reducción de personal del 18 % y del 24 %, respectivamente, y con el ahorro conseguido se ampliaron los escalafones cualificados y se aumentaron los sueldos entre un 15 % y un 28 %[481].

Los fastos del 12 de octubre, erigidos en festividad común para toda la Hispanidad en declaración simultánea de los Gobiernos de España y de las repúblicas hispanoamericanas, se enturbiaron con las consecuencias diplomáticas de la guerra. El 6 de octubre se había fugado un submarino alemán internado en Cádiz tras recalar allí por una avería. Dato no aceptó la dimisión del ministro de Marina, Flórez, pero en plena efervescencia militar destituyó al general en jefe del arsenal y al comandante general del apostadero, a este último por negligencia. También mantuvo una durísima entrevista con el embajador alemán Ratibor para que su Gobierno hiciera retornar el submarino a Cádiz. Al apuntar el cónsul que Berlín no aceptaba el decreto sobre los submarinos porque contrariaba la legislación internacional, Dato le advirtió de que los alemanes no podían invocar unos convenios que habían violado desde la invasión de Bélgica en 1914; y que, en cualquier caso, España tenía el derecho de regular este tipo de situaciones dentro de su territorio y sus aguas como conviniera a su interés nacional. Un indignado Alfonso XIII sostuvo la protesta y exigió del monarca alemán la renuncia del agregado naval de ese país, Hans von Krohn, a quien consideraba responsable último de la salida del submarino y de que los oficiales alemanes engañaran a los españoles firmando un acta en la que se comprometían a no huir. Krohn fue destituido unas semanas después[482].

Los monárquicos de la oposición cercan al Gobierno

El 13 de octubre el rey debía llegar a Madrid tras su descanso en San Sebastián. Todo el mundo esperaba la caída del Gobierno, pero Alfonso XIII, situado entre dos fuegos, no deseaba la marcha de los conservadores y expresó su «inmenso reconocimiento» a la labor de sus ministros en una nota de felicitación a Dato por su santo. Aunque sorprendió tan efusiva muestra de confianza, sin el decreto para convocar elecciones la nota no despejaba la incertidumbre.

Si el rey flaqueaba por la actitud levantisca de los junteros, las expectativas del Gobierno respecto al apoyo de la oposición constitucional se hundieron. Romanones, sin horizonte gubernativo dentro del turno, decidió sumarse a la idea del Gobierno de concentración nacional. El 3 de septiembre, en una entrevista con Cambó, le confesó que lo que había «aprendido en cuatro meses» le había hecho ver «toda la farsa de la política imperante». No encontraba otra explicación a haber perdido la jefatura de los liberales a que «el Rey me quit[ó] la llave del favor». Pese a que Romanones reconocería posteriormente en sus memorias que el rey ejerció su prerrogativa «con un alto espíritu de imparcialidad», reconvino su falta de convencimiento respecto del turno, que no hiciera «nada por sostenerlo cuando cada vez era más necesario», y su empeño en dividir a los partidos para ganar influencia. En realidad, en este pasaje no hacía más que lanzarle un reproche personal: el que Alfonso XIII no le afirmara a él en la jefatura del Partido Liberal, negándole el encargo de formar Gobierno a cualquier otro de sus notables, incluso si los parlamentarios acordaban desacatar a Romanones y cambiar de líder.

Aunque este célebre pasaje ha sido utilizado para hacer pasar al rey por desleal a las convenciones constitucionales vigentes, lo cierto es que quien había empezado a desacatarlas, «cuando más necesarias eran», fue el propio Romanones, y justo tras perder el liderazgo de la izquierda monárquica a favor de García Prieto. Ahora, frente a Cambó, se arrepentía de no haber abogado por la autonomía catalana y «tenido el valor de imponerme a los Alba, los Burell y los Villanueva». Romanones se negó a adherirse a la asamblea de parlamentarios, pero se comprometió con Cambó a desestabilizar la situación conservadora[483].

De hecho, el jefe liberal pidió públicamente a Dato que, antes de recabar el decreto de disolución y convocar elecciones, planteara con amplitud la cuestión de confianza para que el rey pudiera abrir consultas y comprobar si existía un estado de solidaridad entre las fuerzas constitucionales. En resumen, aquello era una invitación a que se marchara. Más aún, Romanones envió una nota a Alfonso XIII en la que le sugería que, si Dato «se aparta del Gobierno voluntaria y libremente y con él el partido conservador», debía formarse un Ejecutivo de izquierdas que, partiendo de los liberales, incluyera a los reformistas, socialistas y nacionalistas. Esta combinación debía gobernar con las Cortes vigentes, que a partir de entonces se encargarían de formar y derribar los futuros Gobiernos.

El Ejecutivo así formado debía asumir, según el conde, las peticiones de las juntas militares, retomar los proyectos fiscales y sociales de Alba y Gasset, unificar el régimen de flotas y nacionalizar los ferrocarriles y las minas de carbón. Además, convocaría una conferencia especial para diseñar la autonomía catalana, incrementaría el salario de los funcionarios, reformaría el reglamento del Congreso y convocaría a unas elecciones «sinceras» que desligaran al elector rural de los «tiranuelos locales». Esto se conseguiría aboliendo los alcaldes de designación gubernativa, que la ley municipal permitía para las capitales de provincia, las cabeceras de partido judicial y los municipios mayores de 6000 habitantes si superaban la población de sus respectivas cabeceras. Todos los alcaldes de España serían elegidos por la corporación municipal, y los tribunales de lo contencioso-administrativo se ocuparían de los recursos electorales y de los interpuestos por el reparto de las contribuciones fiscales, que los políticos locales solían usar como arma electoral gravando más a los electores desafectos[484].

La petición de Romanones obligó a García Prieto a moverse para no perder la iniciativa como líder de la oposición constitucional. El jefe demócrata no fue tan directo, pero pidió a Dato que tanteara la benevolencia de los partidos monárquicos reuniendo al Parlamento. Afirmó que, si las Cortes se hubieran abierto recién constituido el Gobierno, «se hubiesen evitado los sucesos lamentables del verano pasado», pues se podía haber encauzado «el movimiento popular dentro de las vías legales». Como García Prieto no las abrió en su etapa de Gobierno y era difícil advertir cómo podían ser encauzadas unas fuerzas que pretendían convertir las Cortes en Constituyentes, la prensa atribuyó la inconsecuencia a las presiones de su correligionario Alba, favorable a la solución Romanones porque sabía que era él mismo el mejor candidato para presidir ese Gobierno de concentración.

De hecho, Cambó venía prometiendo desde julio a Alba su apoyo a una coalición de demócratas, liberales, Lliga, reformistas y socialistas. El programa de ese Gobierno que Alba presentaba como alternativa al conservador postulaba explícitamente recoger «las aspiraciones de las juntas de defensa», además de todas las medidas que había expuesto Romanones al rey. A ellas, Alba añadía la reforma de los reglamentos de las cámaras para incrementar la eficacia del Parlamento, sortear el exceso de oratoria y dar mayor amplitud al trabajo en secciones para primar la especialización y los conocimientos técnicos. La apelación al PSOE fue contestada por el veterano Jaime Vera: el programa de Alba no había caído mal, pero los socialistas se excluirían de cualquier solución porque en España era «impracticable» su participación en el Gobierno.

Sin embargo, Alba amortizó sus posibilidades de presidir ese Gobierno cuando entró en el debate nacionalista. Contra lo que siempre había defendido, ahora abogaba por encauzar las aspiraciones de la Lliga mediante concesiones autonómicas. En septiembre y en una entrevista reservada, Cambó le pidió concreción y Alba le aseguró que partiría del principio de la descentralización administrativa, pero guardó un silencio esquivo cuando su interlocutor le planteó reformar la Constitución para hacer de España una monarquía federativa. Con todo, los planes de Alba cayeron como una bomba en el Partido Democrático. A García Prieto no le convencía un Gobierno de concentración, pero de ser inevitable, prefería uno estrictamente monárquico que excluyera a los asambleístas e incluyera a los conservadores. Los exministros Burell y Almodóvar, y el presidente del Congreso, Villanueva, mostraron públicamente su rechazo a coaligarse con la Lliga y a cualquier concesión autonómica[485].

En todo caso, Dato se opuso a reabrir las Cortes vigentes. Sus sesiones de los últimos meses de 1916 y las de febrero de 1917 habían mostrado su esterilidad y hasta el mismo embajador francés las calificó de «espectáculo lamentable». Aunque al presidente le decepcionó la postura de los liberales, se encomendaba a la unión electoral de la derecha constitucional, que concebía como paso previo a la reunificación del partido. Juan de la Cierva, cuyo grupo fluctuaba entre conservadores y mauristas, se mostró bien dispuesto, pero la conciliación de Dato con Maura se vino abajo el 21 de octubre. En unas declaraciones públicas, Maura afirmó que las juntas no habían provocado, sino solo agravado, un problema previo, el de la «crisis del prestigio y la dignidad del poder público», pues «en las personificaciones legítimas de la autoridad no reside el efectivo imperio». Los conservadores no podían subsistir con sucesivas renovaciones de la confianza de la Corona «mientras se distancian más y más de la otra que necesitarían», en inequívoca referencia a la opinión pública. Solo con un Gobierno sostenido sobre esta cabría «restituir a su asiento las principalísimas cosas que están visiblemente desquiciadas». Por ello, el rey debía acoger «el clamor notorio de la opinión nacional» y huir del «prurito insensato de fundir la Corona en el ruin caldero de una mesnada banderiza» destituyendo al Gobierno, pues el camino de sostener a los conservadores no podía «conducir a buen paradero»[486].

La estocada a Dato era casi definitiva, porque los conservadores quedaban políticamente aislados en medio de la grave crisis juntera. Las expresiones de Maura, entre despectivas y gongorinas, no revelaban por qué la «opinión nacional» la representaba menos el Gobierno en ejercicio que otro de concentración que también nombrara la Corona. Pero Cambó no tuvo más que acogerse a esas declaraciones para afirmar, el 22 de octubre, que el Gobierno carecía ya «de la autoridad moral necesaria», lo que conduciría a España a «futuras e irreparables catástrofes» en el movedizo contexto de la Gran Guerra. El líder de la Lliga aducía que «los españoles no catalanes» no se resignarían a vivir «bajo el sistema degradante que hoy impera». De lo contrario, se vería «Cataluña condenada a buscar para ella sola el bienestar y la libertad que quiere compartir con todos los demás pueblos españoles». Su receta para acabar con las juntas no era «inutilizarlas», como pretendía Dato, sino «hacerlas innecesarias, dando al Ejército la sensación de que hay un Gobierno que no es culpable de los males pasados… y que es garantía de que les pondrá pronto y radical remedio», un Gobierno que solo podría ser «de amplísima concentración»[487].

El apoyo de Cambó a las juntas se hizo evidente el 23 de octubre, en una conferencia en el muy catalanista Centro de Dependientes de Comercio de Barcelona. Cambó volvió a desligar a los militares del Gobierno, al que responsabilizó públicamente de provocar la huelga revolucionaria para «ahogar en sangre» a la asamblea de parlamentarios y de intrigar para dividir a las fuerzas armadas con el fin de acabar con los junteros. Toda «solución satisfactoria» debía partir de «la unidad de compañerismo entre las juntas y el Ejército». Para él, no cabía culpar a los militares por su pronunciamiento del 1 de junio, que había tenido «la simpatía del país», y su única responsabilidad estribaba en que ese acto no hubiera tenido «la grandiosidad y la extensión de un golpe de Estado» que habría permitido «extirpar el tumor». Pese a ello, el jefe de la Lliga estaba seguro de que se asistía «a los últimos momentos de las oligarquías que han deshonrado y envilecido a España». Iban «a morir, pero con vilipendio»:

Vamos a pasar las sucias, las cenagosas, las malolientes aguas del río de la política, de las oligarquías que rigieron a España durante cuarenta años y estamos próximos a llegar a la otra orilla, a la tierra de promisión… Estos hombres que no fueron nunca ni patriotas, ni hombres de conciencia, obran en estos últimos momentos de su vida política como seres abyectos[488].

Cambó pidió a Alfonso XIII que no se resistiera más y despidiera a los conservadores. Si, por el contrario, les permitía organizar las elecciones, sería señal inequívoca de que unía su destino al de ellos. En ese caso, los nacionalistas, indiferentes «ante las formas de gobierno», se considerarían incompatibles con el «régimen actual». Y con ellos lo harían los junteros[489].

Así las cosas, incluso los socialistas entreveían ya la hora de la revancha. La UGT y el PSOE acordaron retirar a sus representantes de todos los organismos oficiales, excepto de los tribunales industriales, mientras Dato continuara gobernando. Su actuación «ha sido tan nefasta, cruel y atentatoria a la civilización, las libertades públicas y los derechos ciudadanos como lo fue la seguida por… Maura en 1909». Y pedían recabar el apoyo «de todas las organizaciones españolas y de la Internacional obrera» para extender sobre futuros Gobiernos de Dato el mismo veto que sostenían respecto a Maura y Cierva desde la Semana Trágica[490].

La batalla de los generales

Desde un punto de vista político, el Gobierno no podía estar en peores condiciones para batallar contra las juntas. A eso se sumaba la difícil posición del ministro de la Guerra, Fernando Primo de Rivera, que se sabía desacatado desde agosto y no tenía fuerzas para castigar la indisciplina. Solo el hecho de que la censura no lo hubiera hecho público le permitía mantener su aparente autoridad. Aun así, y con el apoyo de Dato, se dispuso a desafiar a los junteros.

El 11 y el 22 de septiembre, su sobrino, el general Miguel Primo de Rivera, remitió misivas al coronel Márquez y al pleno de la asamblea juntera en las que criticaba duramente a la Junta Superior de Infantería por la interferencia política que había supuesto su circular del 7 de septiembre. El objetivo era provocar una reacción de los oficiales contra Márquez, pero no lo consiguió. El coronel le dio, además, cumplida respuesta el 8 de octubre: en nombre de los junteros mostró su recelo hacia quien había postulado negociar con Reino Unido el intercambio de Gibraltar por Ceuta. Márquez afirmó que, aunque la circular había sido iniciativa de la Junta Superior sin consultarla con nadie, fue aprobada después por la asamblea. Se reafirmaba en sus términos y acusaba al Gobierno de una imprevisión premeditada con el fin de hacer estallar el movimiento «para luego pegar duro y dejar la situación tranquila por una temporada», con el consecuente desgaste de la imagen del Ejército. Rechazó que la circular juntera obedeciera a la indicación política de nadie, en referencia a Cambó, y aunque no era su propósito «imposibilitar a este o a aquel partido la gobernación», afirmaba que «sí podemos y debemos aspirar a que se gobierne bien».

Primo de Rivera forcejea con los junteros

El 21 de septiembre, el ministro de la Guerra desechó deliberadamente la ponencia juntera sobre la reforma del cuerpo de suboficiales y sargentos, y presentó su propio proyecto, que asimilaba, en el trato, a suboficiales y brigadas con los tenientes, y otorgaba el grado de oficial a los sargentos que tenían bloqueada su promoción en virtud de la ley Luque de 1912. Fernando Primo de Rivera creaba, también, un cuerpo de subtenientes y academias regimentales para permitirles el ascenso a la escala activa de oficiales[491]. Sabía que los oficiales de academia se opondrían rotundamente a estas medidas, pero de este modo el ministro pretendía desgajar a los suboficiales de las juntas.

La indignación de los oficiales subió de tono cuando, en una combinación de mandos, Primo de Rivera nombró a uno de los generales antijunteros, Fernando Carbó, subinspector del Ejército para la región militar de Valencia. Carbó había sido subsecretario de Aguilera, el ministro de la Guerra del Gobierno García Prieto, y los junteros se la tenían jurada. Significativamente, y contra lo que Márquez esperaba, el rey firmó el nombramiento.

Las juntas interpretaron que Dato pasaba de la ambivalencia a la oposición directa, por lo que decidieron movilizarse. El capitán general de Valencia, Tovar, informó al ministro Primo de Rivera de que los junteros, por orden de Márquez, habían indispuesto a los oficiales de la guarnición contra Carbó. La repulsa era unánime, sin exceptuar ningún arma, y carecía de medios para imponer la disciplina y dar posesión al general. Ante el riesgo de que se planteara un nuevo Primero de Junio como el de Barcelona, Dato planteó dar una satisfacción a las juntas mediante un escrito de retractación de Carbó. Pero Primo de Rivera y los generales se opusieron a ese escrito, analizado en Consejo de Ministros. El enfrentamiento estaba servido.

El 17 de octubre se restablecieron las garantías constitucionales y se retiró la censura de prensa, pues el Gobierno había convocado comicios municipales para el 11 de noviembre y debía comenzar la campaña electoral. Pero ese mismo día se filtraron a la prensa los polémicos acuerdos de la asamblea juntera y la propuesta de juzgar a Primo de Rivera y a los otros ocho generales. El órgano oficioso de las juntas, La Correspondencia Militar, recusó la filtración, pero confirmó la autenticidad del acuerdo. La maniobra no podía ser más diáfana: forzar la dimisión del ministro al publicitarse su falta de autoridad. Al día siguiente Dato anunció que el anciano Primo de Rivera se marchaba «por motivos de salud», aunque antes de hacerlo dejó aprobada la reorganización que expandía el cuerpo de Artillería para ganarse a sus miembros.

Como gesto conciliador hacia la Junta Superior de Infantería, Dato decidió sustituir a Primo de Rivera por José Marina, capitán general de Barcelona y encargado de la interlocución con los oficiales rebeldes desde el pronunciamiento del 1 de junio. A este cambio siguió un decreto, el 20 de octubre, «admitiendo la dimisión» del general Carbó de su reciente nombramiento. La sensación de derrota no se vio difuminada por la decisión paralela de nombrar capitán general de Madrid al general Ángel Aznar, jefe de la Casa Militar del rey antes de que las juntas exigieran su destitución. Su antecesor, el también antijuntero Echagüe, pasó a presidir el Consejo Superior de Guerra y Marina[492].

Si con el nombramiento de Marina el Gobierno esperaba una tregua, no acertó. Para la Junta Superior, el nuevo ministro «era merecedor de todos los respetos y todas las consideraciones», pero esto no podía confundirse «con supuestas identificaciones de índole moral», porque «ni el veterano general señor Marina, ni hombre alguno en España lograrán por sí que se cambie en el seno de las diversas colectividades que constituyen la nación, la opinión y la actitud de cada una ante el actual Gobierno». El mismo día 20, el nuevo ministro recibió su primer bofetón: una circular firmada por «los jefes, oficiales y clases» —⁠que circuló en el Ministerio de la Guerra y en todas las guarniciones de España⁠— que exigía sin ambages que fueran «separados del Ejército y obligados a pedir el pase a situación de reservar los funestos generales Luque, Echagüe, Aznar, Marina, Jordana, Aguilera y Alfau, por ser los únicos culpables del malestar y disgusto que reina en todo el Ejército lo mismo en los altos que en los bajos». Las juntas debían «influir por que el insigne hombre público y estadista don Antonio Maura sea llamado a formar Gobierno como también que el conde de Romanones no vuelva a actuar en política»[493].

Esto era más de lo que los generales descalificados podían soportar y decidieron protestar también a la luz pública, explicitando que la disciplina había dejado de existir. El detonante fue, ese 20 de octubre, una entrevista de ABC al exministro Primo de Rivera, que reveló que las relaciones entre el Gobierno Dato y los junteros estaban rotas y que él no se había marchado por motivos de salud, sino porque no toleraba ni la censura de que le hacían objeto las juntas ni menos sus imposiciones. La declaración de que estas iban a pedirle responsabilidades lo había «acongojado» y «hecho desistir». Criticó que las juntas de Infantería trascendieran sus fines profesionales para «intervenir en la política», un paso que no habían dado las preexistentes en otras armas y cuerpos, y les afeó que exigieran al Gobierno levantar el estado de guerra, que se permitieran censurarle por su gestión del orden público e incluso dirigirse directamente a los presidentes de las cámaras. Relajada en tal forma la disciplina, «se comprende fácilmente que, así, llegará un momento en que sea imposible gobernar».

Primo de Rivera lamentó su salida del Gobierno, porque estaba «perfectamente identificado con el señor Dato», cuya continuidad consideraba indispensable para superar esa coyuntura «sumamente crítica», y apreció en sus compañeros de Gobierno «verdadera ansiedad de servir al Ejército», como mostraban las mejoras salariales y de equipamiento. Además, hizo dos importantes revelaciones: la primera, que el nombre de Marina lo había aconsejado él, porque «conoce como nadie las juntas, ha estado en contacto con ellas, sabe cuáles son sus aspiraciones y puede actuar en mejores condiciones»; la segunda, que 22 generales le habían visitado para ofrecerse al Gobierno con el fin de restablecer la disciplina.

Con Primo de Rivera se solidarizaron sus antecesores. «¿Es posible que subsista este estado que subvierte las jerarquías? —⁠se preguntaba el general Luque⁠—. ¿A qué concepto jurídico responde ese absurdo de que la disciplina se imponga de abajo a [sic] arriba?… ¿Cómo es posible que los Ministerios se avengan a gobernar, si existe otro poder en pugna con el suyo?… La situación actual es poco envidiable». En privado, sin embargo, Luque descalificaba cualquier maniobra divisiva contra las juntas. La política de Dato suponía asumir el riesgo de un golpe de Estado, porque los oficiales estaban «soliviantadísimos». Para Luque, menos dañoso era que el Gobierno Dato o el que le sucediera transigieran al máximo y «pasaran por todo», al menos hasta advertir un mayor desgaste en el apoyo a las juntas. El general Aguilera no compartía esta opinión y, tras llamar públicamente a la disciplina, desafió la resolución juntera de exigirle responsabilidades: «Poner en entredicho mi cariño y mi idolatría por el arma cuyo uniforme visto desde hace cuarenta y un años, eso no lo tolero, no lo permito ni a las juntas ni a nadie»[494].

Pese a la gallardía de Aguilera, la Junta Superior de Infantería estaba dispuesta a juzgar a todos los generales señalados y expulsarles del Ejército. El 21 de octubre llegaron a Madrid dos de sus miembros, el comandante Espino y el capitán García Rodríguez, para comunicar al ministro de la Guerra la resolución de exigir responsabilidades a los militares y forzar a Marina a que los procesara. Otro de los generales afectados, Bazán, advirtió que los acuerdos de las juntas eran delictivos con el Código de Justicia Militar en la mano, y exigió al capitán general de Madrid que los arrestara. Pero sin recursos coercitivos, esas apelaciones caían en el vacío. Como escribió a Maura su delegado en Barcelona, Gustavo Peyra, la confrontación abierta entre los generales y los junteros podía «cualquier día actuar de detonador, provocando la explosión» y, con ella, la caída no ya del Gobierno sino del régimen constitucional[495].

¿Una reforma democrática?

Además de su misión oficial, Espino y García Rodríguez viajaban a Madrid con otra oficiosa: la de gestionar el apoyo de las juntas centrales de las demás armas y cuerpos para derribar al Gobierno Dato. A principios del mes de octubre, Villar, Pérez Palá y González Unzalu, encargados por la asamblea de Infantería de redactar el ultimátum al rey, ya tenían el borrador que debía negociarse con las juntas regionales de Infantería y con las centrales de todas las armas y cuerpos (Artillería, Caballería, Estado Mayor, Ingenieros, Intendencia, Sanidad, Carabineros y Guardia Civil). A sus presidentes les fue entregado el texto el 8 de octubre, en una reunión en Barcelona, convocada, en principio, con el objeto de discutir el proyecto juntero para las clases de tropa que iba a remitirse al Ministerio de la Guerra. A dicha reunión no asistieron los presidentes de Caballería e Ingenieros.

Márquez reveló a los asistentes que ese mensaje-ultimátum no iba a tramitarse por medio del ministro Marina, sino que unos comisionados de las juntas lo entregarían en mano al rey. La decisión era explicable, pues el Gobierno nunca lo habría hecho llegar a Alfonso XIII, pero violaba la Constitución al ignorar los cauces del tradicional derecho de petición, que tampoco podía ejercer colectivamente una fuerza armada. Mientras las juntas de las otras armas y cuerpos lo discutían, el 17 de octubre el borrador obtuvo el asentimiento de las juntas regionales de Infantería, aunque se notó cierta resistencia en el coronel Martínez Piñeiro, que representaba a la primera región militar (Madrid).

Ese borrador llegó, oficiosamente, a manos del rey el 23 de octubre. El sobresalto por su contenido lo intensificó el hecho de que Márquez, a través de una entrevista en El Heraldo de Madrid, proclamara una adhesión condicionada a la Corona. El coronel insistía en que las juntas se habían creado para denunciar el mal gobierno y defender al rey y al pueblo, y no «para iniciar revoluciones políticas». Por tanto, las juntas encarnaban el interés de toda España y confiaban en que, «en días», Alfonso XIII «responderá a las legítimas aspiraciones de la fuerza armada» y a los «apremios formulados». Una vez que cayera el Gobierno conservador, las juntas pondrían «el éxito» en manos «de los hombres civiles, que son los llamados a gobernar y tienen práctica de gobernantes»[496].

La asamblea resucita la Pepa

Esos «hombres civiles» eran los de la asamblea de parlamentarios, que se disponían a reunirse en Madrid como cobertura civil de un pronunciamiento militar. Los días 26 y 27 de octubre celebraron reuniones preparatorias en una de las secciones del Congreso. El presidente de la Cámara Baja, Villanueva, la autorizó a solicitud del nacionalista Felipe Rodés, que la describió como una reunión «informal» de parlamentarios «con objeto de cambiar impresiones sobre temas de actualidad»[497]. Lo que hicieron en realidad fue estudiar las ponencias redactadas por las comisiones nombradas en el mes de julio.

La más relevante se refería a la reforma constitucional que los asambleístas someterían a unas hipotéticas Cortes Constituyentes. El texto era un catálogo de fórmulas declarativas y pocos cambios prácticos, aunque de relevancia. Los asambleístas querían introducir una mención a que la «soberanía» residía «esencialmente en el pueblo, del cual emanan todos los poderes», y eso implicaba que, en adelante, la potestad de «hacer las leyes» sería únicamente de las Cortes. A la Corona se le reservaba su sanción y promulgación, además de un veto suspensivo. Si, tras unas elecciones, las nuevas Cortes aprobaban una ley vetada anteriormente por el rey, su promulgación sería automática. Esa reforma debilitaba al Consejo de Ministros como nexo entre la Corona y las Cortes, y como la instancia que realmente ejercía las prerrogativas del rey. También contradecía las tendencias democratizadoras del siglo XX, que hacían descansar la iniciativa legal sobre todo en el Gobierno, para devolver a España a una suerte de revival de la Constitución de 1812, un sistema que rompía el equilibrio entre los poderes a favor del Parlamento, y que subordinaba al Ejecutivo hasta un nivel que entorpecía la gobernabilidad[498].

Como ya se vio en páginas anteriores, el arcaísmo de asimilar democratización a omnipotencia parlamentaria ignoraba que la democracia liberal estaba naciendo en Europa al inocular en el Gobierno parlamentario una práctica electoral competitiva. Esto conllevaba cambios en el sistema de partidos y su organización interna para que la decisión de los electores pesara más que la de los reyes o los parlamentos a la hora de nombrar un Gobierno[499]. Tampoco el veto suspensivo, reminiscencia de la Constitución de 1812, era un mecanismo efectivo en un choque entre los poderes, pues si las Cortes aprobaban una ley que la Corona no pudiera sancionar, esto implicaría ineludiblemente el fin de la monarquía. Ocurría que para los republicanos era esencial abolir el principio de que la ley partía de la concordancia entre el rey y las Cortes, porque así se abría la puerta a proclamar la república desde el Parlamento. Esto era lo que realmente explicaba la reforma, no una necesidad práctica, ya que durante la Restauración la Corona nunca había vetado una ley aprobada por las Cortes.

Los asambleístas también pretendían fijar en la Constitución un periodo mínimo de sesiones de Cortes de tres meses. Su deseo de asegurar un margen de fiscalización al Gobierno era lícito, pero por sí mismo no justificaba una revolución. Entre 1876 y 1916, esos tres meses siempre se superaron con creces, excepto en 1897, 1898, 1913 y 1915. Las dos primeras ocasiones coincidieron con las guerras ultramarinas y la última, con la Gran Guerra y las controversias sobre aliadófilos y germanófilos que amenazaban la neutralidad española. Y ni siquiera en estos cuatro años las Cortes dejaron de abrirse para cumplimentar la prescripción constitucional de aprobar las cuentas públicas y fijar la fuerza militar permanente.

Los asambleístas querían también que el decreto de suspensión de las sesiones parlamentarias consignara la fecha de convocatoria. Pero, como no prohibían al Gobierno, juiciosamente, emitir otro modificando esa misma fecha, la reforma carecía de toda efectividad. También proponían que toda suspensión de garantías decretada por el Gobierno, que la Constitución solo autorizaba en situaciones de orden público de «especial gravedad», no se prolongara más de quince días sin reunir a las Cortes. No se exceptuaban los estados de guerra, precisamente el escenario que justificaba esa facultad gubernativa excepcional, que siempre debía someterse, a posteriori, a una convalidación parlamentaria. Los asambleístas no valoraban que en alguna de las cámaras una mayoría hostil pudiera privar al Ejecutivo de los instrumentos para restablecer el orden en medio de una subversión y tampoco preveían que una coyuntura difícil impidiera reunir de urgencia a un número significativo de parlamentarios.

Un Senado corporativo

Por último, el proyecto de reforma constitucional proponía amortizar progresivamente los senadores designados por la Corona para dejar espacio a la representación de «la vida corporativa española». La finalidad era convertir la Cámara Alta en un organismo «en el que todos los elementos sociales organizados puedan hacerse escuchar, y colaborar, en la obra de la ley, y en las tareas de regir la vida económica del país y de marcar el rumbo político de la Nación»[500]. Se daría entrada a la representación «técnica», económica y sindical, como entonces postulaban con especial insistencia desde los reformistas hasta los socialistas. Los primeros lo defendían para integrar al movimiento obrero de izquierdas en el régimen constitucional y disuadir la revolución, pero el PSOE tenía una concepción instrumental del corporativismo: servía para institucionalizar la presencia de UGT en otro organismo público, sin que de ello derivara una mayor lealtad a la monarquía constitucional.

Pero el Senado de los asambleístas no era del todo corporativo, pues mezclaba esta representación con la individual. En parte, el Senado vigente ya tenía esa condición mixta. La reforma quería dar ahora voz a las asociaciones de patronos y a los sindicatos, a los funcionarios y a las profesiones liberales a través de sus colegios profesionales. Los asambleístas también planeaban prescindir de los senadores por derecho propio de la Grandeza de España, para que esos escaños los proveyera la nobleza como corporación específica[501].

Sin embargo, el proyecto asambleísta copaba más de la mitad de la Cámara con escaños corporativos. Se inspiraba en las teorías que postulaban reducir la función representativa de los partidos en beneficio de los grupos de interés y de presión, en especial los económicos y los laborales. El problema era establecer los criterios para determinar qué grupo tendría derecho a intervenir en los asuntos públicos. Superado este primer obstáculo, quedaban los derivados de fragmentar al electorado en múltiples ciudadanías, ligadas a intereses particulares y en pugna constante en las cámaras legislativas.

La idea liberal y democrática del Parlamento era indesligable de la existencia de un cuerpo político nacional, unido a una noción del bien común o de utilidad pública. Erigir cámaras formadas por un número tan elevado de mandatarios de intereses particulares suponía, en España, remontarse a las Cortes del Antiguo Régimen. La democracia liberal no era incompatible con oír a las corporaciones con intereses distintos, pero sí con otorgarles facultades decisorias con las que obtener una situación de privilegio o un derecho de veto sobre todo lo que rozara su interés privado, al precio de bloquear la acción de gobierno. Esto no solo agravaría la ineficacia del Parlamento como órgano de integración de los distintos intereses, sino que contribuiría a romper y diluir la sociedad política[502].

En todo caso, la sustitución de los senadores vitalicios y hereditarios por los corporativos no necesitaba de una reforma constitucional. La Constitución de 1876, en su artículo 23, autorizaba la modificación del Senado por medio de una ley. Su texto solo establecía el número y la calidad de algunos de los senadores, sin especificar cuántas corporaciones o qué cupo les correspondía. La reconversión del Senado era legítima, pero tampoco justificaba una revolución. Los senadores designados o por derecho propio de la Restauración eran políticamente plurales, militaban en todos los partidos y habían sostenido diferentes Gobiernos y distintas políticas, incluso las más extremas dentro de la izquierda liberal. Los senadores por derecho propio, que querían representar tal y como se concebían entonces «los intereses históricos y permanentes de la sociedad», no solían votar contra los Ejecutivos, por distinta que fuera su contextura partidista: o se alineaban con el Gobierno o no asistían, a imitación de lo que ocurría en la Cámara de los Lores británica.

De hecho, el peso de las tareas legislativas solía recaer sobre los senadores electivos de los distintos partidos y, además, la Cámara Alta cumplía su papel de asamblea experimentada de «ancianos». Los cronistas parlamentarios coincidían en que los debates del Senado eran menos espectaculares, más técnicos y elevados, esto es, más libres de las pasiones que dominaban al Congreso. Los senadores activos solían estudiar las leyes con mayor independencia y competencia muy notable, que derivaba de su mayor práctica en los negocios públicos. El Senado no se erigió en obstáculo infranqueable para las reformas que se impulsaron desde la Cámara Baja, ni se inhibió de depurarlas y de influir en ellas, «no por el peso conminador de los votos —⁠advertía Gabriel Maura⁠—, sino por el persuasivo de las advertencias, previsiones y consejos»[503].

Esto quizá explica que los asambleístas no pensaran romper el equilibrio entre ambas cámaras para establecer un bicameralismo imperfecto a favor del Congreso, como había ocurrido en Reino Unido en 1911, después de un año de dura contraposición entre los Lores y los Comunes. Más sorprendente en un programa supuestamente democratizador era la ausencia de propuestas como la de suprimir (o reducir) los criterios económicos —⁠renta anual de 20 000 pesetas o pago anual de 4000 pesetas de impuestos directos⁠— para todos los cargos públicos que desearan acceder al Senado. Solo eso habría reforzado el cupo de los elegibles. Los asambleístas tampoco se decidieron a incrementar en otros 46 los escaños de los senadores electivos (reduciendo los designados) para que todas las provincias, y no solo Madrid, Barcelona y Valencia, tuvieran cuatro escaños. Tampoco introdujeron el voto limitado para facilitar que la segunda candidatura más votada pudiera tener representación, como ya ocurría en las circunscripciones del Congreso. Ni siquiera abolieron el sufragio censitario e indirecto vigente en la Cámara Alta para establecer el universal que desde 1890 existía ya en el Congreso. Un Senado democratizado habría hecho posible que se eliminara la prevalencia de la Cámara Baja en materia tributaria que consagraba el artículo 42 de la Constitución.

Todavía más significativo era que, en un plano más general, los asambleístas no privaran al rey de su prerrogativa arbitral de nombrar y despedir Gobiernos. No propusieron una reforma electoral que ampliara el voto a las mujeres, que adaptara el número de diputados o la división electoral a los cambios demográficos, o incluso que aboliera las circunscripciones plurinominales para separar a las capitales de su hinterland rural, una situación que todavía beneficiaba a los conservadores y liberales, que estaban más extensamente implantados. Estas medidas habrían supuesto la transferencia de varios escaños de las zonas rurales a las urbanas, donde los partidos de la asamblea disfrutaban de mayor arraigo.

El desinterés por estas cuestiones vuelve a constatar que estas formaciones no concebían romper el turno fomentando la competencia electoral y la conquista mediante el voto de una mayoría parlamentaria, esto es, democráticamente. Lo que la reforma dejaba entrever es que querían que el rey les llamase a gobernar, y que les permitiera fabricar desde el poder una mayoría parlamentaria propia. A partir de entonces, su supremacía política, apartando para siempre a los «partidos del turno», quedaría consagrada impidiendo a la Corona que pudiera impulsar un cambio de Gobierno fuera de la coalición asambleísta, y por ello se instituía una vía que permitía al Parlamento votar la abolición de la monarquía. No obstante, al no plantear de primeras la proclamación de una república, los asambleístas esperaban poder atraer a las juntas y a las fracciones del extinto Partido Liberal.

Al embajador británico esta reforma le parecía innecesaria y contraproducente. Hardinge informó a su Gobierno de que España no tenía ningún problema legal o institucional; nadie podía afirmar que no rigiera una «monarquía liberal» con sufragio universal, un Gabinete responsable ante las Cortes y un Senado que mezclaba parlamentarios electos, funcionarios y elementos aristocráticos. La cuestión radicaba en la práctica política, pues «ninguna alteración de la Constitución… persuadiría a la mayoría de los electores españoles que se toman la molestia de votar, que no es de su interés sostener al candidato patrocinado por el Gobierno de turno».

Hardinge desligaba esto de los abusos electorales, pues, según decía, «son menos evidentes que cuando llegué por primera vez a España… en los días finales del anterior reinado». En 1917, la «presión oficial» «probablemente no [era] muy seria», y en España, afirmaba, las votaciones no se verificaban con el «cínico descaro» que él presenció en su posterior misión a Portugal. El embajador concluía que lo mejor era que los conservadores organizaran las elecciones, pues las conducidas por un Gobierno nacional «podría producir una mayor confusión que otras que operasen por los antiguos cauces, e incluso conducir en algunos distritos a escenas sangrientas y de guerra civil». Esto no implicaba «que el viejo sistema tuviera que perpetuarse», pero «cualquier reforma debía hacerse muy cautamente, teniendo en cuenta todo el material combustible que había bajo esta», es decir, bajo el proyecto asambleísta[504].

Hacia una España confederal

Cuestión aparte, por su distinto calado, era la aportación a la reforma de los ponentes catalanistas, que pretendían introducir en la Constitución un «amplio régimen de autonomía» para las regiones y las reglas para acceder a él. Las regiones tendrían «el pleno desenvolvimiento de su vida interna» y «la soberanía para regir su vida interior en todo o en parte de las materias no reservadas a la soberanía exclusiva del Estado español». Se adivinaba la desconfianza de los republicanos al establecer el proyecto un contrapeso a esta autonomía: la necesidad simultánea de reconocer la «plena autonomía municipal».

Con todo, los catalanistas conseguían un resonante éxito, porque la reforma asambleísta solo inventariaba las materias propias e indelegables del poder central, de modo que todas las no mencionadas pasaban íntegras a las nuevas «autonomías». En este punto, los ponentes reformistas y republicanos salvaban su voto, pues consideraban insuficientes las competencias asignadas al poder central, que se reducían a la diplomacia, la defensa nacional y la nacionalidad y las libertades civiles; los aranceles, las aduanas y el abanderamiento de buques; los ferrocarriles y canales de interés general; la legislación penal, mercantil y social; la moneda, las pesas y medidas; la reglamentación de los servicios de Correos y Telégrafos, y la eficacia de los documentos públicos, las sentencias y las comunicaciones judiciales[505]. Por supuesto, la Lliga y sus aliados acordaban enterrar las mancomunidades regionales y las delegaciones de servicios votadas en Cortes, la única vía de descentralización compatible con la Constitución de 1876.

No era difícil concluir que eran los catalanistas quienes salían ganando, sobre todo respecto a unos republicanos y socialistas que debían transigir circunstancialmente con la monarquía. En realidad, el proyecto importaba menos que jubilar el turno de liberales y conservadores en beneficio de un Gobierno y unas Cortes asambleístas, con el añadido de un Estado autónomo en Cataluña regido por la Lliga.

Cuando la reforma constitucional de los asambleístas se publicó en la prensa, Dato aclaró que su partido se opondría a sus términos y, especialmente, a toda autonomía política para las regiones. Para el presidente, este era el aspecto clave del proyecto, el que explicaba el estado de subversión en el que se vivía desde el verano. Acusó a Cambó de ser el «principal promotor» no solo del asambleísmo, sino también del juntismo. El marqués de Lema insistió al embajador británico que el líder de la Lliga estaba detrás de Márquez, que a su vez vetaba a los generales y a los oficiales que desaprobaba. Se quejó no solo de la prensa republicana, sino de periódicos como La Tribuna, El Debate y La Acción, católicos y conservadores, pero entregados a una campaña contra el Gobierno azuzada por los alemanes, cada vez más indignados con el decreto español sobre los submarinos y el aprovisionamiento de minerales a la Entente. Lema estaba seguro de que Berlín había pasado a la ofensiva: quería derribar al Gobierno y conseguir otro más favorable a sus propósitos.

Los conservadores no creían que España tuviera un problema constituyente. No detectaban desafección general al sistema político, sino una insatisfacción coyuntural provocada por las consecuencias económicas de la guerra. Por tanto, para Dato, la cuestión que debía resolverse era

… de producción, de rapidez y facilidad para los transportes, de construcción de ferrocarriles secundarios, de desarrollo de nuestra fabricación, principalmente en lo que respecta a las industrias químicas y metalúrgicas; de abaratamiento de las subsistencias, de establecimiento de escuelas de agentes comerciales y aprendizaje, de facilidades y medios para que se disponga de los créditos necesarios en la agricultura y en la industria, de una política comercial, en suma, que tienda a preparar a España para cuando vayan desapareciendo los mercados actuales que se consideran como transitorios y se creen los que han de ser de carácter permanente y definitivo, donde se ha de colocar nuestra superproducción e intensificar y hacer más productivos los cultivos[506].

En esto era donde querían concentrarse los conservadores, que trabajaban en las leyes que llevarían a las futuras Cortes. Si, como afirmaban sus enemigos, era cierto que el Gobierno carecía del apoyo de la opinión pública, eso se vería en las próximas elecciones locales. Si se saldaban con un mal resultado, Dato dimitiría[507].

Ultimátum para un golpe de estado

Pero la verdadera batalla se libraba en el Ejército. Dato se aferraba a las informaciones reservadas que le llegaban sobre la junta de Infantería de Madrid y las demás armas y cuerpos, que dudaban si sumarse o no a la intimación del coronel Márquez y de la Junta Superior de Infantería al rey, ya que la consideraban «irrespetuosa». Menos aún les gustaba que dos capitanes llevaran directamente el mensaje a Palacio y que no se hiciera por el conducto reglamentario del ministerio de la Guerra. Se estimaba que tres quintos de los oficiales, concentrados en el arma de Infantería, apoyaban sin fisuras a las juntas. Pero otros dos quintos, cuyos bastiones estaban en Caballería y en la Guardia Civil, eran contrarios. También la división era importante en Estado Mayor, en Ingenieros y, sobre todo, en Artillería, donde existía una dura contraposición entre la junta local de Barcelona, adicta a Márquez, y la junta central de Madrid, que era contraria. De hecho, el 30 de septiembre, destacados junteros de Artillería se habían reunido para encontrar una fórmula con la que desmarcarse del mensaje.

El 21 de octubre trascendió una disensión importante en Infantería, ya que el coronel Leoncio Moratinos, miembro de la junta suplente de Barcelona que dirigió a Marina la exposición del 1 de junio, envió una carta a la Junta Superior de Infantería oponiéndose a Márquez y acusándole de desvirtuar la naturaleza profesional del movimiento. Añadía que las iniciativas políticas del presidente juntero eran antirreglamentarias y que sus contactos con los políticos republicanos y nacionalistas habían dado la impresión de que el Ejército estaba con ellos. Por eso, concluía, el coronel Márquez era el verdadero responsable del movimiento asambleísta y de la huelga revolucionaria[508].

Barcelona, con las juntas

Si la intención de Moratinos era arrastrar a otros mandos contra Márquez, no lo consiguió. Había un sector creciente de los oficiales que rechazaba el intervencionismo político, pero la disensión era aislada y estaba muy atomizada, mientras que los partidarios de Márquez contaban con la ventaja de ser los dueños de una poderosa organización. El 24 de octubre, el coronel se reunió en Barcelona con los presidentes de las demás juntas de las diversas armas y cuerpos en aquella región militar para conseguir que apoyaran el texto del mensaje. El rey, con el visto bueno de Dato, había enviado al general Fernández Silvestre, miembro de su Cuarto Militar, con el fin de que convenciera a Márquez de paralizar su entrega o de modificar el texto para eliminar la amenaza.

El coronel accedió a suavizar algunos puntos, pero nada de lo fundamental; tampoco transigió cuando las juntas barcelonesas de Artillería e Ingenieros propusieron un borrador alternativo, sugerido por sus respectivas juntas centrales, que eliminaba el ultimátum al rey. Tras un cruce de cartas entre Barcelona y Madrid, el día 25 de octubre, los ingenieros y los artilleros de la guarnición barcelonesa pidieron a Márquez una fórmula que mantuviera la «unidad del Ejército» sin tener que romper con sus respectivas juntas centrales. El coronel se avino a hablar con ellas, pero advirtió a los artilleros de Barcelona de que, se sumaran o no, Infantería enviaría el mensaje y lo haría directamente al rey. Entonces, a la espera de lo que se decidiera en Madrid, todas las juntas de la región militar de Barcelona mostraron su respaldo al coronel.

Reforzados con ese apoyo, llegaron a la capital de España los comisionados que debían entregar el mensaje al rey, los capitanes Villar y Pérez Palá, a quienes Márquez había pedido que obtuvieran el asentimiento de las juntas centrales de Artillería, Caballería, Ingenieros y Guardia Civil. Pero si la gestión fracasaba, los capitanes debían seguir adelante con el plan. De todo esto informó al Gobierno el capitán general interino de Barcelona, Fuente. Sus noticias cayeron como un jarro de agua fría.

Dato confiaba en la oposición de las juntas madrileñas, que se habían dado cuenta de que los oficiales «estaban haciendo el juego de políticos ambiciosos y sin escrúpulos». El presidente pensaba ofrecer una última concesión a la Junta Superior de Infantería: para determinados ascensos, las secciones del ministerio de la Guerra deberían consultar a representantes de los oficiales elegidos por ellos mismos, un arreglo que ya existía en los Ejércitos francés e italiano. Además, las diversas juntas podrían hacer recomendaciones, nunca peticiones, que serían tomadas en consideración por el ministro de la Guerra, y por medio de este se les permitiría hacer sugerencias al rey sobre asuntos de interés para el Ejército. La oferta fue transmitida por el ministro de la Guerra, Marina, cuando Villar y Pérez Palá le visitaron para confirmarle que no entregarían su mensaje al Gobierno, sino solo al rey. Los capitanes rechazaron la oferta y únicamente transigieron en que Marina pudiera acompañarles a Palacio. Tampoco Sánchez-Guerra logró convencerles[509].

Sea como fuere, Dato no pensaba irse. «No sé lo que podrá pasar —⁠apuntó a los periodistas⁠—. Solo sé que hay que resistir y gobernar, porque esto es lo que aconseja el patriotismo». Contaba con el apoyo del sector resueltamente antijuntero del Gobierno y del Partido Liberal-Conservador, representado por Sánchez-Guerra, Echagüe y Bugallal, que abogaban por elevar otro mensaje al rey para pedirle que les confirmara en su puesto «hasta que esos valientes se atrevan a arrojarles del poder». Sánchez de Toca y Burgos y Mazo representaban, dentro del partido, a los partidarios de llegar a «decorosas transacciones» con las juntas «en el camino legal». Querían consagrarlas como órgano «consultivo», «deliberativo» y «depurador», otorgándoles la condición de tribunales de honor inapelables. Como antes hiciera González-Besada, los dos políticos pidieron un gesto que les hiciera desistir de su rebeldía: la destitución de Sánchez-Guerra, a la que Dato volvió a negarse[510].

El 26 de octubre, en un ambiente muy tenso, Villar y Pérez Palá acudieron al Centro del Ejército y la Armada para reunirse con la junta de Infantería de Madrid y las centrales de las demás armas y cuerpos. Allí presentaron el texto del mensaje que entregarían al rey, donde se insistía en que no cabía «pensar en la posibilidad de que exista en una nación desorganizada un Ejército bien organizado». La «nación» lo había confirmado uniendo «su voz» a los manifiestos de la junta de Infantería del 1 y del 13 de junio. Tras presentar un cuadro pavoroso del estado político, económico, social y cultural del país, con prosa florida y sin análisis de fondo, los junteros exigían en ese mensaje «hombres nuevos» y «procedimientos nuevos», pues, «gastados y desprestigiados», a los liberales y conservadores «no puede fiárseles la reconstitución nacional». Habían corrompido al pueblo y eran responsables del «mal uso que hace de sus derechos de ciudadanía, vendiéndola a la influencia y al dinero», una «inmoralidad electoral manejada por el cacique que la cede a reembolso a los profesionales de la política ayudados por los Gobiernos, que para ello entronizan la corrupción y atropellan la justicia, persiguiendo o desmoralizando a los encargados de la sagrada misión de administrarla». Liberales y conservadores habían entronizado «la influencia, el favoritismo, la burocracia, la demagogia y la anarquía».

Con el mensaje, los junteros querían transmitir al rey que «España no estaba muerta», sino «absorta en ficciones de mentida civilización importada con rotulación extranjera». Se quejaban de que «sus esencias tradicionales se evaporan a impulsos de una literatura enervante y pesimista y de una avalancha de frivolidad social» que despreciaban lo español «para rendir idolátrico culto a falsos ideales que se le ofrecen como panacea salvadora». Es decir, los junteros patrocinaban un giro neotradicionalista que complementaba el propósito de que la nueva política consistiera en «la reconstitución integral del tipo español, robusto de cuerpo, noble de sentimientos, capaz de todas las iniciativas, trabajador e industrioso, inmune al pesimismo, orgulloso de su nombre y necesitado solo de educación adecuada». Esto permitiría erigir una nación que llamaría a un ideal común «de gloria» a los pueblos iberoamericanos. Cuando el deber fuera «norma imperativa», florecerían «vigorosamente todas las energías, todas las iniciativas, la agricultura, la industria, las ciencias, el comercio, artes y literatura, y el Ejército, imagen y reflejo de esta nueva patria, será también fuerte, vigoroso y eficiente para defenderla con gloria».

A esta catarata de lugares comunes se añadían en el mensaje unos «procedimientos para lograrlos [sus objetivos]» que reproducían fielmente los del mensaje que el coronel Márquez había tratado de hacer llegar al rey el 3 de agosto a través del capellán Planas. Curiosamente, los junteros reconocían que señalarlos «no es competencia del Ejército», porque era el rey «quien confiere el poder ejecutivo y quien designa los hombres que han de ejercerlo, asesorándose ampliamente para conocer la opinión nacional», aunque sí se consideraban con derecho a pedir que esos hombres fueran «la representación genuina de los intereses y aspiraciones del pueblo en las Cortes…, prestigios no gastados ni perdidos, conciencias rectas, capacidades reconocidas y preparadas».

La petición de los junteros se convertía en mandato cuando se consideraba que el Ejército se veía en el deber de garantizar «la pureza del sufragio impidiendo, en combinación con un ministro de Gobernación ajeno a la política, el funcionamiento del tinglado político falseador de la voluntad popular». Los militares también se asegurarían de que se convocaran unas Cortes «en funciones de Constituyentes», que se encargarían de reorganizar el «Estado y sus servicios». Aunque ese «temor carece de base», los junteros reiteraban que el Ejército disolvería las Cortes si estas planteaban cualquier debate sobre la forma monárquica.

El mensaje demandaba a Alfonso XIII que se pusiera al frente de «esta obra, que es la de salvar y regenerar España», pero daba por descontada su «probable resistencia» al estar «semisecuestrado» por un Dato que también había mostrado una «resistencia pasiva» a «nuestras aspiraciones y a las del país». Por ello, se «suplicaba» al rey que «acceda a lo que se considera como primer paso para la regeneración, con la posible brevedad por exigirlo la tranquilidad del país y la vuelta a la normalidad». Tenía setenta y dos horas para destituir al Gobierno, «según la nación y el Ejército desean».

Para ejercer aún más presión, cuando le entregaran el mensaje, Villar y Pérez Palá harían saber verbalmente a Alfonso XIII que los presidentes de las juntas regionales de Infantería y los de las armas y los cuerpos adheridos estaban remitiendo personalmente el mismo documento a sus capitanes generales para que ellos, a su vez, lo elevaran al monarca. Pasado el plazo, y si no había ningún resultado, «el Ejército recabará su libertad de acción para proceder como convenga a los intereses nacionales, anticipando que su probable resolución será aprobar los acuerdos que recaigan en la asamblea de representantes del país que se celebre, referentes a la organización del Estado y sus funciones». Esto es, las juntas pondrían al Ejército a las órdenes de la asamblea de parlamentarios que se inauguraría el 30 de octubre en Madrid, y ese «poder legítimo» resolvería «lo más conveniente para la nación» frente a un Gobierno que detentaría ya el poder «contra la voluntad nacional».

El mensaje iba firmado no solo por Márquez, sino por todos los coroneles presidentes de las juntas regionales de Infantería[511].

«Nos van a echar a todos»

Cuando Villar y Pérez Palá terminaron de revelar todos los extremos del mensaje y los pormenores del plan, los presidentes de las juntas de Artillería e Ingenieros se negaron a sumarse. Coincidían en el diagnóstico político, pero reprobaban el ultimátum al rey y que se hablase solo de política y no del problema militar. Tampoco se mostraban favorables a la convocatoria de unas Cortes Constituyentes. Como ya había ocurrido en Barcelona, los artilleros presentaron su propio texto, que suprimía el ultimátum, y a él se sumaron Ingenieros y Guardia Civil. La sorpresa llegó cuando el presidente de la junta de Infantería de Madrid, el coronel Martínez Piñeiro, rompió la unanimidad de su arma y mostró su acuerdo con los artilleros.

La reunión del Centro del Ejército y la Armada se suspendió, y Pérez Palá y Villar consultaron con Barcelona. Márquez recabó el apoyo de la Junta Superior de Infantería para insistir en que la oposición de Martínez Piñeiro no impediría que el resto de las regionales siguiera adelante. Cuando la sesión se reanudó, los artilleros retiraron su texto para no dejar entrever que el Ejército estaba dividido, pero anunciaron que no firmarían el de Infantería. Ante ese cambio de parecer, el delegado de Ingenieros pidió interrumpir de nuevo la reunión para consultar con su junta central, a lo que se adhirieron los restantes cuerpos y el arma de Caballería[512].

Todo se vino abajo la tarde del 26 de octubre. Tanto el rey como el ministro de la Guerra, Marina, recibieron un telegrama del recién nombrado capitán general de Barcelona, José Barraquer, en el que se informaba de que todas las juntas de las armas y los cuerpos de su región militar habían suscrito el mensaje de Infantería. Los coroneles de todas las unidades se habían presentado ante él para desmentir que el Ejército estuviera desunido.

Dato marchó de inmediato a Palacio y, ante un Alfonso XIII escéptico, le aseguró que aquella unanimidad no se vería consumada en Madrid. El rey le dijo que estaba dispuesto a recibir a los comisionados para que le entregaran el mensaje, pues lo contrario supondría perder completamente el control del Ejército, pero el presidente se negó. Dato había recabado el apoyo de los ministros para evitar que Villar y Pérez Palá llegaran a Palacio. Sin embargo, sabiendo que la Guardia Civil y la de Seguridad no actuarían sin el apoyo del Ejército, Sánchez-Guerra sondeó a las unidades de Artillería, Caballería e Ingenieros para ver si se opondrían por la fuerza a la entrega del mensaje, a lo que los oficiales se negaron.

Alba manifestó a Natalio Rivas, un diputado de su intimidad, su estupefacción por el hecho de que Alfonso XIII no cortara de una vez el nudo gordiano. Si se había llegado a esta situación era porque el rey quería que Dato continuara «a todo trance» y porque no deseaba romper con un turno que el monarca ahora identificaba con el jefe conservador y con García Prieto.

Luis Jiménez de Asúa, futuro dirigente socialista y por entonces joven republicano y profesor de Derecho Penal, captó aquella angustiosa situación en un informe para la embajada francesa. Las exigencias de las juntas descubrían una postura «francamente revolucionaria» y habían provocado una «crisis política horrible». «La Corona está en peligro —⁠afirmaba⁠— y los mismos partidarios del orden y muchos de los elementos de la derecha están contra el rey». Así las cosas, era «inminente» el «cambio de régimen»: «Jamás como en estos días estamos a las puertas de la república». En opinión de Jiménez de Asúa, si esta última oportunidad no se aprovechaba, incluso España como nación estaba en riesgo[513].

Al anochecer de ese angustioso 26 de octubre volvió a reanudarse la reunión juntera en el Centro del Ejército y la Armada. Con el espaldarazo de Barcelona, los comisionados Villar y Pérez Palá, a los que se habían sumado Espino y García Rodríguez, se esforzaron para conseguir la unanimidad. La junta de Infantería de Madrid, en vista de que ninguna otra regional se oponía, confirmó su adhesión al mensaje. Los artilleros insistieron en que no firmarían el de Márquez, pero ahora anunciaban su apoyo tácito ante la postura favorable de varias de sus juntas locales. Solo Ingenieros se opuso. Además, la Junta Superior de Infantería había cursado instrucciones a la guarnición de Madrid ordenando que los oficiales situaran tropas en el camino que los comisionados pensaban recorrer para ir a Palacio y evitar así que el Gobierno pudiera detenerlos. «Si el señor Dato —⁠escribió Peyra a Maura⁠— esperaba para dejar el poder a que le echaran las bayonetas, tiene ya señalada la estocada. Falta saber si quiere esperar a que le enristren»[514].

Cuando, a las diez de la mañana del 27 de octubre, Dato acudió a despachar con el rey, este le informó de que, contra sus previsiones, las juntas estaban ya compactas, a lo que el presidente le objetó que solo «exteriormente», porque existían «hondas divisiones». Se aferraba al hecho de que Ingenieros no se había sumado e insistió en obligar a los junteros a transmitir el mensaje por el conducto reglamentario del ministerio de la Guerra y en no permitir la llegada de los comisionados.

Dato no quería dimitir por el ultimátum de las juntas, «sino ante un acto de fuerza de los militares», pero el rey alegó que la «gravedad de las circunstancias» imponía abrir consultas. Como informó a Roma el embajador italiano, el conde Bonin, Alfonso XIII no podía actuar contra los deseos del Ejército porque de su lealtad dependía el futuro de la Corona. A esto se unía que todos los partidos a izquierda y a derecha de los conservadores se oponían a que estos continuaran en el poder. Algunos, los que formaban parte de la asamblea de parlamentarios, estaban dispuestos a servirse de la rebeldía juntera para dar un golpe de Estado, y si el rey sostenía a Dato, este podría arrastrar al trono en su caída. La sombra de una insurrección como la portuguesa de 1910, iniciada por un segmento de las fuerzas armadas y consumada por la pasividad del resto, acechaba hasta para los servicios de inteligencia británicos. «Provoco la crisis —⁠confesó el rey a Sánchez-Guerra⁠—, porque, si no, nos van a echar a todos»[515].

A Dato no le quedaba otra salida digna que adelantarse y ofrecer su dimisión. Se lo comunicó a unos sorprendidos ministros, mentalizados para mantener una resistencia a ultranza. Ante los periodistas, el presidente justificó su marcha ocultando la crisis juntera. Dato anunció que la cascada de manifestaciones adversas a la continuidad de su Gobierno, incluso de las fuerzas monárquicas, había creado «vacilación» en la confianza del rey. Y como él «la necesitaba ilimitada», le había ofrecido su renuncia. Agotado y dolido por la caída de su Gobierno, Dato escondió sus sentimientos. Aseguró que «jamás», mientras los conservadores subsistieran, «se entibiará nuestro entusiasmo por la monarquía», y que siempre prestarían «nuestro apoyo y concurso al Gobierno que nos suceda».

Antes de irse, y en cumplida vendetta por las presiones alemanas contra él, Dato aprobó el convenio comercial con Reino Unido que el marqués de Lema había renegociado a partir del texto de Cortina/Bunsen. Habían desaparecido las cláusulas incómodas sobre el tonelaje de los buques que España debía dedicar obligatoriamente a este comercio, y tampoco se incluía en él a otros países de la Entente. A una mayor intervención de la Marina británica se sumaba una exportación menor de alimentos españoles a Reino Unido. Los británicos podrían sacar de España todo el mineral que necesitaran a cambio de un suministro mensual de 150 000 toneladas de carbón, 300 de hojalata y 120 de ferromanganeso. España colocaría en el mercado británico una importante cantidad de naranjas, uvas, vino, aguardientes, almendras, pasas y cebollas, que producía en abundancia. Los mercantes británicos que transportaran el mineral debían reservar un 20 % de su almacenaje para llevarse estos productos. El futuro Gobierno no tendría más que ratificar el texto ya pactado[516].

Dato aparentó que su dimisión se trataba de un cambio de Gobierno normal, pero el resto de los dirigentes políticos vieron en su caída el final de la Restauración. Para un eufórico Cambó, la crisis era del «sistema»: «Los partidos turnantes acaban hoy para siempre… es toda la política vieja que se derrumba definitivamente». Romanones coincidió en este diagnóstico en unas imprudentes declaraciones: «Cuando yo dimití quedó liquidado el Partido Liberal como instrumento de gobierno turnante» y «hoy en la cámara regia se ha verificado la liquidación del Partido Conservador como la otra rueda gubernamental». Había terminado, por tanto, «el turno de los partidos» y, «si volvemos, será después de un periodo muy largo, de prueba de Gobiernos de grupo».

La insinuación de que Alfonso XIII había liquidado a los conservadores indignó a Dato. El 28 de octubre aclaró que la actitud del rey «no podía ser más constitucional», y se resistía a aceptar la opinión de «algunos elementos políticos» que consideraban «fracasado» al Partido Conservador o «al sistema de los partidos». Además, profetizó que «en todo país constitucional» habrían de gobernar por necesidad «los hombres de partido», porque una nación se volvía más fuerte cuanto más potentes eran los órganos de gobierno «representados por grandes partidos turnantes»[517].

La prensa de izquierda y la maurista recibieron estas palabras con una mezcla de condescendencia y de rechifla: no eran más que una conmovedora defensa del defenestrado «antiguo régimen» por uno de sus capitostes. Sin embargo, solo hubo que esperar unos días para que se demostrara la lucidez de Dato.

El contragolpe de los junteros monárquicos

Cambó consideró la caída de Dato como una victoria propia, identificándose completamente con la operación juntera. A posteriori atribuyó ese «triunfo fulgurante» a «la coacción de la asamblea [de parlamentarios]», aunque sin revelar que esta era el simple cascarón del militarismo. En aquellos días, el concierto entre asambleístas y junteros no era un secreto para nadie. El agregado militar francés llamaba a Cambó «delegado civil de las juntas de Defensa», aunque más bien estas, especialmente Márquez y su círculo de confianza, acabaron actuando como «delegados militares de la Lliga». Cuando Cambó llegó a Madrid el 28 de octubre para participar en la asamblea de parlamentarios, sus indisimuladas entrevistas con Villar y Pérez Palá hicieron que apareciera como el «amo» de las juntas y del futuro Gobierno[518].

Cierva se cruza en el camino de Cambó

Pero la coincidencia política de las juntas no pasaba de la oposición al Gobierno Dato. Desaparecido este, las disensiones volvieron a aflorar. El «partido maurista» de los junteros continuaba oponiéndose a convertir a Cambó en su santón político, pues el nacionalismo pugnaba «con el patriotismo exaltado de los dedicados al noble ejercicio de las armas»[519]. En vista de que Maura seguía en su Olimpo, fue Juan de la Cierva, su exministro de la Gobernación y jefe de una fracción conservadora, quien se interpuso en el camino de Cambó.

La relación de Cierva con las juntas comenzó siendo casual. El capitán García Rodríguez era su amigo y deudo desde hacía años y, desde el mes de septiembre, le había incitado a actuar para que Cierva se convirtiera en un contrapeso a la desmedida influencia de lligaires y republicanos. Cuando Primo de Rivera dimitió, García Rodríguez presionó a sus compañeros para que patrocinaran a Cierva como ministro de la Guerra de Dato a cambio de una tregua, ya que carecían de un general de confianza para el cargo. Márquez se negó, puesto que el objetivo era hacer caer a los conservadores.

El 21 de octubre, como se vio, García Rodríguez llegó con Espino a Madrid para transmitir al Gobierno los acuerdos de las juntas sobre los generales que deberían ser apartados del Ejército. Pero Cierva les quitó la idea de la cabeza. Para entonces, el político conservador había trabado estrecha relación con el coronel Martínez Piñeiro, el presidente juntero más renuente a los planes de Márquez y, como Espino y García Rodríguez, monárquico devoto. A este grupo se incorporó el director de La Correspondencia Militar, Julio Amado, furibundo adversario de la alianza con la Lliga, que, por entonces, también era diputado del Partido Demócrata de García Prieto. El coronel Márquez consideraba a Amado más un político que un militar y se había negado a que su periódico, que había actuado de portavoz oficioso de las juntas, se convirtiera en el órgano oficial[520].

Con ellos, Cierva se dispuso a desviar a las juntas de la vía asambleísta, que las había convertido a la «disciplina política de la Lliga»[521]. Convenció ese grupo de militares de que Márquez tenía propósitos revolucionarios, y que el mensaje al rey era un acto de indisciplina tan grave como el del 1 de junio. Cierva pensaba que los junteros debían alinearse con la Corona y les pidió que, si hacían caer a Dato, sostuvieran un Gobierno Maura, pues preveía que en esa situación de urgencia el expresidente no se negaría a asumir el poder. Satisfechas así las exigencias políticas de las juntas, en vista de sus malas relaciones con el generalato y para garantizar que sus demandas profesionales se cumplieran, Cierva aceptaría ir a la cartera de Guerra, aunque se reconociera lego en la materia. El político conservador ya no veía otra opción para restablecer la disciplina y asegurar la supervivencia de la monarquía constitucional que asumir el programa juntero y ganarse a los oficiales. Aquello era volver al plan primigenio que las juntas habían patrocinado en junio, esto es, un Gobierno Maura que liberara a los oficiales de derechas de la alianza con los republicanos y los nacionalistas, a la que habían ido con repugnancia por no tener una alternativa que oponer a Márquez. Todos se mostraron favorables al plan, y Amado prometió gestionar el apoyo de García Prieto.

Cierva comunicó sus planes al rey y le pidió que, en la tarde del 27 de octubre, accediera a entrevistarse reservadamente con los junteros en la Casa de Campo. Además del mismo Cierva, a la reunión asistieron Amado, Espino, Pérez Palá y Villar. Cierva intentó convencer a estos dos últimos para que no entregaran el mensaje al rey, pero Villar y Pérez Palá, hombres de confianza de Márquez y en buena relación con Cambó, deseaban completar su misión, pues consideraban condición ineludibleno ya que Dato se marchara, sino que se formara ese Gobierno de concentración que exigían en su ultimátum. Tras la reunión, Espino pidió al vicepresidente de la Junta Superior, Martínez-Raposo, que se trasladara desde Barcelona a Madrid. Este teniente coronel, otro anti-lligaire que había impedido a Márquez que sumara las juntas a la asamblea de parlamentarios del 19 de julio, se adhirió al proyecto de Cierva y convenció a Pérez Palá de que también lo hiciera. Martínez-Raposo ordenó suspender la entrega del mensaje al rey y esperar a ver qué Gobierno se formaba[522].

El capitán Villar, el más afín a Márquez, se negó a romper con los asambleístas. De hecho, entre el 28 de octubre y el 3 de noviembre, se entrevistó varias veces con Cambó y el diputado reformista Fernando Zulueta, y actuó de enlace entre la junta de Infantería y la asamblea de parlamentarios. Cambó desconfiaba de los propósitos de Cierva, al que sabía hostil a la asamblea de parlamentarios y a toda concesión autonómica, pero no se oponía en absoluto a que Maura liderase el futuro Gobierno, siempre que fuera de concentración y tuviera ministros lligaires. Sabía de sobra que el expresidente solicitaría la colaboración de la Lliga, y que no toleraría vetos contra el catalanismo.

Cambó temía más la reacción de sus aliados republicanos, reformistas y socialistas, implacables en su hostilidad hacia Maura. Esto pondría a la Lliga en la tesitura de elegir entre el expresidente y la asamblea de parlamentarios. A Cambó le molestaba la persistencia del «¡Maura, no!» entre las izquierdas, renovado después de que el viejo prócer defendiera un neutralismo crítico hacia Francia y Reino Unido. Álvarez, Lerroux e Iglesias preferían un Gobierno liderado por Alba o, mejor, el retorno del aliadófilo Romanones, rejuvenecido ahora por su conversión a la «nueva política». Pero Cambó rechazaba ambas opciones. A Alba no lo consideraba un interlocutor fiable para negociar la autonomía, y sabía que los junteros no querían ver a Romanones ni en pintura. Además, la «renovación» suscitaría la rechifla general si la encarnaba el que solo hacía tres meses había sido el líder de la izquierda constitucional. Cambó también sabía que Márquez desconfiaba de una solución Maura-Cierva y que había intentado convencer a los junteros de que abandonaran esa opción, pues Maura ya había dejado claro que no gobernaría por orden de las juntas. Para no romper la entente entre asambleístas y junteros, Cambó lo apostaba todo a la opción de García Prieto, que lideraba la minoría más importante de las Cortes vigentes y, aunque no era un político nuevo, no había encabezado el Partido Liberal[523].

Alfonso XIII se queda sin recambio

Las súbitas disonancias de junteros y asambleístas se extendieron a los monárquicos de los distintos partidos, que únicamente coincidían en la necesidad de sustituir al Gobierno conservador. Tampoco hubo consenso entre los presidentes de las cámaras, del mismo partido, cuando el rey los llamó a consulta. Groizard aconsejó a Alfonso XIII que Dato continuara con las Cortes actuales y, si esta opción resultaba imposible, que llamara a García Prieto como jefe del Partido Democrático, el más numeroso. Si los junteros se oponían a esta segunda opción, propuso que al mando del Gobierno pusiera al general Weyler, adscrito al mismo partido.

Villanueva —presidente del Senado⁠— no dudó en calificar la situación de «gravísima» y pidió al rey que encargara la formación del Gobierno a García Prieto, pero «con el concurso de la mayor suma posible de elementos cuya colaboración contribuya a realzar la autoridad y prestigio indispensable». No debía descartarse a los asambleístas o a «personas ajenas a la política y al Parlamento». Ese Ejecutivo debía presentar a las Cortes vigentes «todo lo que convenga al supremo interés de la nación»[524].

El rey, que conocía bien el atractivo de Maura entre los junteros, lo llamó a Palacio el 28 de octubre. El expresidente aconsejó un Gobierno que aunara «todas las aportaciones del patriotismo que sean conciliables con el vigor y la firmeza de que la acción gubernativa ha menester», que captara «el apoyo fervoroso de la parte grandísima de la nación que está distanciada de la vida oficial» y que aprovechara «los elementos útiles que dentro de las agrupaciones tradicionales se esterilizan». Ese nuevo Gobierno debía iniciar una «renovación» que solo sería factible si los Ejecutivos que le sucediesen persistían en el mismo empeño, un futurible que restaba toda la fuerza a esa «renovación» antes siquiera de ser concretada. Y, además, Maura insistía en que antes se debían obtener «inmediatamente» las «necesarias obediencias, comenzando por la que debe ser fiadora de todas, plena y ejemplar», en claro recado a las juntas. Si lo segundo no se consiguiera, Maura aconsejaba al rey que «quienes no dejasen gobernar deberían encargarse del Gobierno, asumiendo todas las responsabilidades».

Aunque poco ortodoxa, la recomendación no era una extravagancia. A impulso de Márquez, las juntas contestaron a Maura que ni siquiera con un Gobierno que les fuera afín se plantearían disolverse, y solo cuando los ministros demostraran velar «honrada y justamente por los intereses de la patria» se replegarían «al cumplimiento estricto de su reglamento, pero sin romper la unión en sí, ni con las otras Armas». Eso condenaba al Ejecutivo que se formase a una tutela de las juntas aún más estrecha que con Dato. Puesto que Maura no transigiría con esa demanda, incluso los junteros anti-lligaires se dispusieron a aceptar el plan Cambó: una concentración con presencia asambleísta y presidida por García Prieto, pero siempre que como garantía ocupara Cierva la cartera de Guerra[525].

En cualquier caso, el rey se enfrentaba a una crisis de Gobierno trascendental en la que no podría contar con las convenciones que habían regulado la alternancia durante su reinado. Alfonso XIII se resistía a deshacerse de los conservadores y llamó a consulta a los dos dirigentes del partido más importantes después de Dato: Sánchez de Toca y González-Besada. El segundo defendió ante Alfonso XIII la continuidad de Dato: no habría Gobierno conservador sin su líder, en inequívoco mensaje al veto juntero. Si esto no fuera posible, no cabía otra solución que un Gobierno que contara «con el concurso de las mayorías en las actuales Cortes». En lo mismo incidió Sánchez de Toca: un Gobierno parlamentario con las Cortes vigentes y que «las votaciones del propio Parlamento» regularan los cambios en el Ejecutivo, sin concretar ni cómo ni quién debía formarlo. Sin embargo, esta fórmula se topaba con la realidad de unas cámaras que, con la dispersión de los liberales, ya no podían ser brújula para el rey.

Romanones aconsejó a Alfonso XIII no tomar en cuenta el turno ni considerar vivos a los dos partidos constitucionales, y más cuando la actuación de las juntas ya no era «compatible con un régimen político normal». Debía darse tiempo a que los políticos tomaran contacto con la opinión pública y moldearan «los nuevos partidos conforme a la inspiración de esta». Mientras tanto, era conveniente un Gobierno de concentración compatible con las Cortes vigentes o, si no fuera posible, que organizara unas elecciones «con todas las previas garantías necesarias de que en ellas se manifestaría, sin derivaciones ni eclipses, la voluntad del país».

García Prieto rechazó en su consulta las elecciones porque podían ser un elemento de perturbación en un contexto de «agitación» como aquel. Las Cortes vigentes, aun sin mayoría de ningún partido, podrían ser un instrumento útil si el «patriotismo» se imponía a «todos» y se llegaba a un «concierto de voluntades». García Prieto coincidía con los conservadores en aconsejar un Gobierno que, sobre la base de la extinta mayoría liberal, se ampliara a quienes apoyaran la reorganización del Ejército y un plan de obras públicas y auxilio a la agricultura para paliar el paro y la inflación[526].

Consciente de la falta de contenido de la «renovación» a la que le había llevado la impulsividad juntera, Alfonso XIII llamó a Dato la mañana del 29 de octubre para encargarle un Gobierno de concentración. El rey quería demostrar que no aceptaba el veto de Márquez y los asambleístas a su expresidente. Se arriesgó a dar el paso porque sabía que la bête noire de los junteros era Sánchez-Guerra y pensaba que, si este se hubiera marchado tras la crisis del telegrama, se habrían restado apoyos al ultimátum[527]. El jefe conservador reiteró que no creía en la eficacia de un Gobierno heterogéneo y que, si este era inevitable, prefería marcharse con su partido a la oposición para constituir la reserva de la Corona en el caso —⁠para Dato, muy probable⁠— de que el nuevo Ejecutivo fracasara. Empeñado en que los conservadores lideraran la concentración, el rey pidió a Dato que autorizara a González-Besada a formar Gobierno, pero este secundó a su jefe. Los conservadores solo volverían al poder con un Ejecutivo homogéneo, ampliándolo como mucho a Cierva y a los mauristas.

La unidad de los conservadores se rompió al emerger la tendencia más conciliadora con las juntas que lideraba Sánchez de Toca, que se mostró dispuesto a aceptar el encargo del rey con un programa que llevara al Parlamento vigente las reformas militares pactadas con los junteros, los ferrocarriles secundarios, una regulación de huelgas en los servicios públicos, la reforma parcial de la administración local y una ley de amnistía que eliminara «los estados pasionales y las situaciones aflictivas resultantes de los sucesos pasados». Su Gobierno se circunscribiría a estas medidas urgentes, tras lo cual «había de desaparecer dejando expeditas a la regia prerrogativa todas las facilidades… a un encauzamiento más normal y permanente de la gobernación», que excluiría un proceso constituyente[528].

El rey le encargó el Gobierno con la petición expresa de que integrara en él a catalanistas y reformistas. Cuando Sánchez de Toca requirió el apoyo de su partido, se encontró con que todos los notables se alinearon con Dato y se negaron a colaborar con él. La entrevista con González-Besada fue tensa, pues este le reprochó haber cuarteado la unidad de los conservadores: «Me importa ratificar mi criterio favorable a que el partido conservador mantenga su actual organización, disciplina y jefatura». La indignación de Sánchez-Guerra fue mayúscula cuando supo que su correligionario Toca iba a patrocinar la amnistía para los revolucionarios.

Sánchez de Toca consiguió de Maura una mayor comprensión. Aunque no era «jefe de ningún partido» y no aceptaba la Presidencia del Congreso, sí aconsejaría a sus amigos participar en su Gobierno. Toca reunió en su domicilio, sucesivamente, a Cambó y a Melquíades Álvarez para requerir la colaboración de sus respectivos partidos. Cambó anunció que la Lliga se negaba, «en vista de la estructura y finalidad del gabinete que se propone formar el señor Sánchez de Toca», pues aspiraba a una concentración monárquica que excluía de su programa la autonomía catalana. Por su parte, Álvarez le informó de que el partido reformista tenía un pacto «con los partidos de las extremas izquierdas» republicana y socialista. Solo si Toca presidía una concentración de izquierdas donde estas pudieran integrarse y asumía el programa asambleísta con sus Cortes Constituyentes, le prestaría su apoyo.

Desde luego, como avisó Lerroux, el respaldo de los republicanos a ese Gobierno no significaría avenirse con la monarquía constitucional. Su postura favorable a un Ejecutivo de izquierdas «que gobernase en sentido radical y democrático», provenía de la idea de que «la historia enseña que por tal camino han ido siempre los reyes al suplicio o al destierro». Como Toca se negó a presidir ese Gobierno de izquierdas, los reformistas se excluyeron.

Sin embargo, las gestiones más relevantes las llevó a cabo en el entorno de las juntas, pues Toca mantuvo una entrevista con los comisionados de Barcelona para preguntarles si sus proyectos estaban ya «en forma gacetable», esto es, convenientemente redactados, porque estaba dispuesto a convertirlos en disposiciones oficiales en veinticuatro horas, «por Real Decreto» con «sumario contexto de dos artículos» para responder así a todas sus demandas. Posteriormente daría cuenta inmediata de estas medidas a las Cortes. Apeló al patriotismo y al monarquismo de los junteros, ya que los partidarios del rey estaban al «borde de un acantilado». Los comisionados, en contacto con Márquez, prometieron a Toca su apoyo, dada la «conformidad absoluta» que existía tanto en las «orientaciones genéricas» como en las «resoluciones prácticas». Por ello, Toca se entrevistó con Cierva para integrarlo en su Gabinete de concentración.

La conocida aliadofilia del candidato a presidente le permitió el apoyo de Romanones, que se comprometió a aceptar un ministerio. Pero cuando se lo pidió a García Prieto, este condicionó su colaboración a la de los conservadores, pues sin ellos el Gobierno no sería de verdadera concentración. La reunión de los exministros del Partido Democrático limitó aún más las posibilidades de colaboración. Aleccionados por un Alba dispuesto a escindirse de su propio partido, los exministros aprobaron que solo se integrarían en una concentración de izquierdas. Toca ni siquiera pudo cumplir la condición de García Prieto porque, en una tensa entrevista con Dato, el expresidente volvió a negarle ministros y Romanones se retractó cuando vio que sus rivales demócratas no participarían en el Gobierno. Sin estos y sin los conservadores, ninguna mayoría parlamentaria era posible. Toca dio por fracasadas sus gestiones y la tarde del día 30 de octubre devolvió los poderes al rey[529].

Tras el Turno, el vacío

La reunión de la asamblea de parlamentarios ese mismo 30 de octubre aumentó la presión sobre la Corona. El rey trató de evitarla encargando a Joaquín María de Nadal pedir a Cambó que el encuentro se aplazara, pues de la crisis podía salir un Gobierno de concentración con dos carteras para la Lliga[530]. El líder nacionalista no se dejó cortejar, consciente de que Alfonso XIII buscaba destruir su alianza con las izquierdas. La asamblea se celebró en el Ateneo de Madrid, ya que los presidentes de las cámaras se negaron a volver a prestar sus respectivas sedes para no darles apariencia de una reunión irregular de las Cortes.

El canto de cisne de la asamblea de parlamentarios

Con el traslado a la capital de España los promotores de aquella Duma esperaban sumar más apoyos que en julio, pero pronto salieron del error. Tan solo asistieron 77 de los 769 parlamentarios, entre diputados y senadores. Cuatro más se adhirieron sin asistir. El esperado golpe de efecto, que era la anunciada incorporación de los liberales de Romanones, no fue tal porque el conde se limitó a enviar una carta en la que excusaba su asistencia por sus «deberes de lealtad monárquica y responsabilidades derivadas de mi posición política», que le impedían asistir con «libertad de ánimo». Estaba de acuerdo «con el espíritu de la asamblea», pero no se adhería porque ni él ni su partido compartían su programa. Sí asistieron algunos romanonistas, aunque el grueso de los liberales presentes eran autonomistas catalanes y unos pocos amigos de Santiago Alba.

El presidente de la asamblea, Abadal, lamentó las ausencias. Si el 19 de julio hubieran asistido todos aquellos disidentes liberales y conservadores que querían romper el turno, «habríamos actuado», haciendo caer al Gobierno Dato y «evitando el triste espectáculo que ha dado el poder público con motivo de los pasados sucesos», en referencia inequívoca a la huelga revolucionaria, para los que pidió una amnistía. El pleno de la asamblea aprobó las ponencias que habían sido discutidas previamente en las sesiones preparatorias, incluida la de reforma constitucional. El diputado liberal Pacheco pidió revocar el veto suspensivo y restablecer el equilibrio entre la Corona y las Cortes, en línea con la Constitución de 1876, mientras que los republicanos solicitaron incluir el principio de la autonomía individual, que consideraban requisito para la municipal y la regional, así como la libertad de cultos. Sin embargo, no lograron imponerse[531].

El momento más llamativo llegó con Cambó, que se levantó para anunciar que acudiría a Palacio tras ser llamado por el rey. El líder nacionalista anticipó lo que le diría y pidió la adhesión explícita de toda la asamblea a los acuerdos adoptados, de modo que los partidos representados tuvieran una posición común en las consultas. «Estamos asistiendo al triunfo de los acuerdos de nuestra asamblea del 19 de julio —⁠afirmó exultante—. Han triunfado todas nuestras negaciones; nuestras afirmaciones han conquistado las conciencias y debemos hacer que tengan pronta realidad». Tras felicitarse por la caída del Gobierno Dato, cuya «conducta era una provocación al orden público y al país», avisó que «mientras en España no sea una realidad la soberanía popular, viviremos en revolución latente». «Si se hace lo que nosotros pedimos —⁠afirmó resueltamente—, en España podrá haber perturbadores, pero no revolucionarios»; de lo contrario, «aquí existirá en germen la guerra civil». Tocaba hacer realidad los acuerdos aprobados, pues Cambó no dudaba de que habría un Gobierno de concentración y unas Cortes «con mandato de reformar la Constitución». También advirtió a propios y extraños de que la Lliga ni apoyaría ni prestaría ministros a un Gobierno «cuya estructura y finalidad no estén de perfecto acuerdo con las conclusiones que votamos en la asamblea». Acto seguido, el líder nacionalista abandonó el Ateneo para ir a Palacio.

Los parabienes no ocultaban el deterioro de las relaciones entre los republicanos y los socialistas, de un lado, y los nacionalistas, de otro. Pablo Iglesias estaba indignado por las críticas de Cambó a la huelga revolucionaria. En el comité ejecutivo de la asamblea del 25 de octubre, Iglesias se había mostrado decepcionado, pues pensaba que de este organismo saldría la revolución, y si la república ya no era el objetivo, el PSOE se inhibiría. Como Iglesias no asistió al plenario, hubo de intervenir en su nombre el republicano Roberto Castrovido, que expresó que se sentía desencantado con la pasividad revolucionaria y con la alianza con los junteros. Añadió que con el Ejército que había aplicado «el Código de Justicia militar y la ley de Jurisdicciones» y que había sofocado la sublevación de agosto «no quiero nada, nada, nada: ni la república española». Tras afirmar que la sublevación no fue más que una «huelga enconada», criticó a la Lliga por desvincularse de ella.

El nacionalista republicano Rodés trató de conjurar la amenaza de división. La asamblea no podía desparecer porque representaba a la única fuerza positiva de la política española, que eran «Cataluña y todas las izquierdas». Melquíades Álvarez, indignado con Castrovido, defendió a los junteros, pues «el elemento militar pide lo mismo que la asamblea: unas elecciones sinceras, conclusión de los Gobiernos oligárquicos, y Cortes Constituyentes», y ello merecía sus «simpatías», ya que el movimiento del 1 de junio era una «sedición triunfante y manifiesta» que expresaba «la voz entera del país» ante un «malestar general». Reconoció que las juntas estaban purgando dos errores: «haberse hecho políticas e intervenido en el Gobierno», algo que iba «contra el principio de autoridad», y no haber reconocido que la insurrección de agosto «se había creado en el ambiente revolucionario de las juntas de defensa», coincidiendo «con los anhelos del Ejército y de los asambleístas». El segundo error lo atribuía a que los militares fueron «engañados por el Gobierno y por la prensa reaccionaria», pero Álvarez no veía contradicción alguna entre alentar la intervención de los militares en la política y lamentarse luego de que estos pretendieran condicionarla poniendo o quitando Gobiernos. Para el jefe reformista, bastaba con que se constituyera un Ejecutivo que encarnara «la aspiración nacional»: solo con eso consideraba que el Ejército se restituiría a sus funciones. Además, reconoció que compartía las condiciones que Cambó iba a imponer a la Corona para que los asambleístas participaran en el Gobierno, aunque él exigía una más: la inclusión de un ministro «de la extrema izquierda», republicano o socialista, o al menos que estos dos partidos aceptaran ser representados por los ministros reformistas.

La intervención de Lerroux mostró el deterioro de la unidad de acción asambleísta. Trató de superar la confrontación entre Castrovido y Álvarez añadiendo a las condiciones de Cambó las delineadas por ambas intervenciones, es decir, representación ministerial de republicanos y socialistas, y no subordinación a las juntas. Acto seguido, mostró su escepticismo si la concentración proyectada incluía a los «viejos políticos». Los asambleístas debían aspirar a un Gobierno exclusivamente suyo porque, en caso contrario, serían «engañados» por los monárquicos. Solo ese nuevo Gobierno podía convocar «unas elecciones sinceras». Ese verdadero «Gobierno de izquierdas» contaría con la benevolencia de los republicanos, sobre todo porque con él, antes o después, «esa monarquía acabará en la república».

José Roig y Bergadá, en nombre de los liberales allí presentes, mostró su desacuerdo con este planteamiento e indicó que, como los republicanos y los socialistas solo contemplaban la asamblea con fines revolucionarios, únicamente cabía esperar que las gestiones de Cambó tuvieran éxito para disolverla[532].

La llamada que hizo el rey a Cambó lo presagiaba. Alfonso XIII, dispuesto a desactivar la alianza de los catalanistas con los republicanos para separar así a los junteros de los asambleístas, quería conocer de primera mano las condiciones que permitirían incorporar a la Lliga al Gobierno. Cambó le advirtió de que, como la crisis era de «sistema» y de un turno de partidos «sin arraigo alguno en la conciencia del país», había que orientar la política española «por derroteros enteramente nuevos» para evitar «en la opinión un desencanto». La Corona debía patrocinar un Gobierno que representara «todos los matices de la opinión española». Como presidente Cambó señaló a García Prieto, y la cartera de Gobernación se reservaría «a persona que no procediera de ninguna agrupación política», lo mismo que los Gobiernos civiles de todas las provincias.

Para el político lligaire, las Cortes vigentes, «hijas de un sufragio amañado y corrompido», solo debían reunirse con el fin de votar de urgencia una amnistía y ampliar a 1918 la Ley de Autorizaciones. Después debían ser disueltas para dar paso a unas Cortes Constituyentes que respondieran a las aspiraciones de «Cataluña» y al despertar «que también se manifiesta en otras regiones». Esas nuevas Cortes, «por el prestigio que les diera la pureza de su origen», tendrían «plena autoridad para afrontar y resolver los más graves problemas, aun los de carácter constitucional». Además, «darían estabilidad a la vida política española» y «limitarían e ilustrarían considerablemente las intervenciones de la Corona, pues sería el Parlamento quien señalase la hora en que los Gobiernos deberían abandonar el poder y le darían claras indicaciones respecto a su sustitución». La coincidencia del plan de Cambó con el que trataban de imponer las juntas militares era milimétrico y confirmaba hasta qué punto su inspirador era el dirigente catalanista. Con el poderoso respaldo de las juntas, Cambó advirtió al rey de que no debía maniobrar contra la Lliga, «porque, en España, todos los movimientos antidinásticos han nacido en Cataluña»[533].

«El triunfo de todas las rebeldías»

Así las cosas, Alfonso XIII encomendó, la mañana del 31 de octubre, a García Prieto formar una concentración de izquierdas que pudiera recabar el apoyo de los asambleístas. García Prieto, tras explicar lo que se proponía a Villanueva y Alba, se reunió de inmediato con Cambó y Álvarez para pedirles aclaraciones sobre su proyecto de reforma constitucional. En realidad, y a diferencia de Alba, García Prieto se oponía rotundamente a dicha reforma, e incluso a la misma declaración de las futuras Cortes como Constituyentes. El jefe demócrata se negaba a suspender las prerrogativas de la Corona, como deseaban los asambleístas, y a concentrar todo el poder en unas cámaras soberanas. Lo que García Prieto buscaba era sondear a Cambó y a Álvarez para comprobar hasta qué punto hacían de su reforma constitucional condición irreductible. Cambó se mostró abierto a incluir en el decreto de convocatoria de las futuras Cortes que estas pudieran modificar la Constitución, en lugar de denominarlas como «constituyentes», de modo que se conservaran las facultades de la Corona, pero ni él ni Álvarez estaban dispuestos a abandonar su proyecto de reforma. En esas condiciones, García Prieto acudió a Palacio para declinar el encargo de formar Gobierno[534].

El rey entonces recurrió a Maura, a quien pidió que compusiera un Gobierno de concentración en el que, al menos, pudieran entrar los nacionalistas. Maura se aseguró la aprobación de las juntas al contar con Cierva para la cartera de Guerra y buscó la colaboración de conservadores, demócratas y liberales, incluyendo a cinco ministros sin cartera: González-Besada, Villanueva, García Prieto, Cambó y Azcárate, estos dos últimos para incorporar a los asambleístas. Pero los conservadores se autoexcluyeron y, sin ellos, García Prieto tampoco quiso participar. Romanones no colaboraría sin la presencia de sus rivales demócratas y, como Maura se negó a aceptar los planes de Cambó y a aparecer como un instrumento de nacionalistas y junteros, tampoco pudo contar con la Lliga. Maura dejó claro que su Gobierno no convocaría Cortes Constituyentes, ni designaría a un independiente para la cartera de Gobernación —⁠que sería para un maurista⁠—, ni adoptaría el programa asambleísta. Como las izquierdas antimonárquicas anticiparon su veto a Maura, Cambó creía que embarcarse en ese Gobierno era llevar a su partido al fracaso.

Para Maura, la negativa de Cambó fue un alivio, pues consideraba a Dato la clave de la combinación y este solo colaboraría si los catalanistas no entraban en el Ejecutivo. En una entrevista más cordial de lo esperado, Dato declinó la oferta de Maura de incluir ministros en el Gobierno de concentración monárquica, pero dejó la puerta abierta a que encabezara un Ejecutivo que reuniera a todos los conservadores. Pero Maura ya no creía en una propuesta que vivificara el turno y no hubo acuerdo. Todas sus gestiones estuvieron trufadas de manifestaciones donde se sucedían los vítores hacia el expresidente con gritos de «¡Maura, no!», que acabaron con altercados y la intervención de la Policía. Las protestas republicanas se extendieron a Barcelona y Valencia, aunque los temores de los antimauristas tenían pocas probabilidades de realizarse. Maura declinó el encargo ante el rey la mañana del 1 de noviembre[535].

El vértigo por un vacío de poder que se prolongaba ya seis días puso al régimen constitucional al borde de la quiebra. Las juntas dieron un plazo de dos días, hasta el 3 de noviembre, para que hubiera un Gobierno; de lo contrario, sus dos comisionados, Villar y Pérez Palá, entregarían el mensaje al rey y serían los junteros los que impusieran un Ejecutivo. Los dos comisionados se citarían en un café frente al Teatro Real un día antes de que se agotara ese plazo con el fin de pasar a la acción.

La tarde del 1 de noviembre, García Prieto volvió a Palacio. Alfonso XIII estaba empeñado en que fuera él quien encabezara el Gobierno como muestra de autoridad ante las juntas, «para que tengan que tragarlo los mismos que lo echaron y que esto les sirva de lección, para que vean que yo no aguanto imposiciones de nadie». García Prieto debía formar un Gobierno con aquella cantidad de concentración que se pudiera, y que incluyera a la Lliga[536]. El jefe demócrata accedió a sacar a la monarquía del aprieto, a sabiendas de que los dirigentes de su partido se disgustarían si lideraba una concentración que no fuese de izquierdas. García Prieto, como antes hicieron Sánchez de Toca y Maura, pensaba que Cierva era imprescindible en Guerra para calmar a los junteros. La tarde del día 2, le advirtió en una entrevista que, si rechazaba unirse al Gobierno, devolvería el encargo al rey. Pero Cierva no quería colaborar en un Ejecutivo no presidido por Maura. Cuando García Prieto anunció al rey que Cierva no le había dado su apoyo, Alfonso XIII llamó a este último.

Antes de que acudiera a Palacio, Espino, Amado, García Rodríguez y Villar se presentaron en el domicilio de Cierva para exponerle la difícil situación que se vivía dentro del Ejército, que se mantenía «unido momentáneamente», pero «separado de los generales» y con los sargentos dispuestos a «organizarse independientemente de los jefes y oficiales». Las juntas eran ya para Cierva «una gran fuerza desmandada que podía dar al traste con la disciplina y con el Estado mismo, provocando una revolución que constituyera serio peligro para España entera». Había políticos «que acechaban y querían aprovechar el movimiento» y los oficiales confiaban en que Cierva «les hiciera volver a la disciplina, dando al Ejército las reformas indispensables y el espíritu de justicia y rectitud que necesitaba». Se comprometieron a apoyarle «frente a toda maniobra política», pero Cierva no aceptó.

Cuando el político conservador se entrevistó con Alfonso XIII a las once de la noche, insistió en su negativa porque no confiaba en los Gobiernos de concentración. Tras un tenso tira y afloja, el rey le anunció que «no tenía ya otra solución de Gobierno, y se vería obligado, de no poder formarlo, a abandonar el trono». Cierva retrocedió. Para salvar la cara ante Maura, pidió a Alfonso XIII que le autorizara a publicar una nota expresando que asumía la cartera porque el rey se lo había ordenado «como monárquico». La mañana del día 3, Cierva visitó a Maura para darle explicaciones y después a García Prieto, que se mostró «muy satisfecho» con su aceptación[537].

Pero al presidente in pectore le quedaba otro quebradero de cabeza. Cuando recabó el apoyo de Maura y la colaboración de Cierva, calificados por los dirigentes de la izquierda como un «reto» a la «opinión liberal» del país, Alba le anunció que se marchaba con los suyos del partido para constituir, oficialmente en enero de 1918, la Izquierda Liberal. Contra lo esperado por Alba, otros exministros demócratas no llegaron a tanto, pero estaban tan disgustados que se habló de diversas reuniones de protesta y de nuevas escisiones. Su rebeldía quedó aplacada cuando por Villanueva conocieron las causas que habían motivado el sacrificio de su jefe. Los notables demócratas no entendían que García Prieto desacatara la resolución de entrar solo en una concentración de izquierdas; que, contrario a las juntas, se aviniera a gobernar tras un cambio de Ejecutivo forzado por estas; o, incluso peor, que se coaligase con la Lliga, a cuyas demandas el partido era hostil. García Prieto aludía a la gravedad de la situación: estaba dispuesto a hacer un «sacrificio por el rey y por la patria», aun a riesgo de perder la jefatura del partido[538].

El líder demócrata intentó reducir la resistencia de Dato a cualquier Gobierno de concentración y logró que concediera libertad al marqués de Lema para que continuara, como independiente, en la cartera de Estado. Sin embargo, Lema alegó su absoluta incompatibilidad con la Lliga, y rechazó la propuesta. Por la izquierda, la participación de Cierva disuadió la de los reformistas, alentados por la intransigencia de Lerroux y de Iglesias. La negativa de Melquíades Álvarez a colaborar con el nuevo Gobierno inició su disensión con Cambó, y García Prieto aprovechó para ahondarla al abrirse a negociar la reforma del Senado a cambio de que reformistas y nacionalistas renunciaran a las Cortes Constituyentes y que no hicieran del resto del programa asambleísta un requisito para colaborar. Cambó se mostró dispuesto si se incluía la autonomía integral para Cataluña en el programa del Gobierno, desligando esta del resto de la reforma constitucional. Los nacionalistas alegaron que dicha reforma necesitaba una «intensísima campaña de opinión» que conquistara la conformidad de los electores. Por ello, Cambó intentó convencer a Álvarez, pues había que sacrificar lo accesorio a lo principal, que era el fin del turno y la próxima celebración de unas elecciones sin intervención gubernativa. Pero Álvarez no transigió. La postura de los catalanistas fue duramente censurada por los republicanos, que los acusaron de desdecirse de sus compromisos.

El 3 de noviembre, García Prieto pudo alumbrar un Gobierno que, en puridad, no era suyo. Tanto para el nuevo presidente como para los conservadores, esa combinación era el triunfo de «la revolución vencida… aquel verano», de «todas las rebeldías que levantaron su cabeza durante aquellos aciagos meses» y «la sentencia definitiva en favor de los que abogaban por la destrucción de los grandes partidos y la formación de Gobiernos de grupos».

García Prieto nunca ocultó que se limitaba a cumplir un encargo del rey en una situación desesperada, actitud que explicitaba la debilidad de una coalición que rompía con las convenciones constitucionales vigentes desde hacía más de treinta años. En la práctica, sustituía el sistema de premier a través de la alternancia de dos partidos nacionales por un boceto de sistema parlamentario puro donde el Gobierno se formaría a partir de la combinación inestable de diversas facciones. La trascendencia del cambio la registró un eufórico José Ortega y Gasset: «Nos dirigimos hacia la instauración de una nueva estructura nacional» y «para ello hace falta que todas las fibras españolas entren en conmoción, que todos vivamos más enérgicamente». Frente a los escrúpulos de una vieja política «aldeana», el filósofo consideraba «la aparición de las juntas de defensa» como «el hecho más glorioso, más saludable, más original, más europeo que la España de los últimos cien años puede presentar al mundo». En su opinión, era el «despertar del país real»[539].

El nuevo Gobierno se presentaba, así, como el inicio de una transformación del régimen político sin rumbo conocido: «Allá va la nave. Quién sabe do va», observaba escéptico el conservador Salvador Canals. Los optimismos renovadores no podían ocultar que el fin del turno había creado un serio problema de gobernabilidad. La crisis había durado más de una semana porque el rey se halló «sin instrumento ninguno de gobierno».

Esta crisis fue tan relevante porque anticipaba un fenómeno que se repetiría una y otra vez hasta 1923: Alfonso XIII tuvo que, «penosamente, arriscadamente, estérilmente», forjar esos instrumentos «en el curso de cada crisis total» y ya sin la cobertura de las reglas no escritas que habían servido para objetivar su arbitraje. Si al rey apenas se le podía culpar de la descomposición anterior de liberales y conservadores, la imperiosa necesidad de coaliciones de Gobierno entre 1917 y 1918 iba a acelerar la desmembración de los partidos monárquicos[540].

11

El «Monstruo de Horacio»

La amalgama de ministros del 3 de noviembre de 1917, bendecida por un Alfonso XIII que se jugaba la Corona, no podía ser más artificiosa. La escasa talla del Gobierno de la «renovación» —⁠la palabra del momento, como en 1898 lo había sido «regeneración»⁠— se unía a su incoherencia. García Prieto no había logrado incluir en la coalición a los líderes de los partidos comprometidos, que solo accedieron a prestarle ministros. Casi todos los nuevos gobernantes habían sido adversarios de la víspera y los periódicos, con mucha guasa, empezaron a referirse al nuevo Ejecutivo con el nombre de «Monstruo de Horacio», la criatura mítica con cabeza de mujer, cuello de caballo, cuerpo forrado de plumas y cola de sirena. De «engendro caótico», sin «acuerdo en los principios y directivas precisas en la acción política», lo tachó a posteriori uno de sus adláteres, Romanones. Con todo, en su formación se respetaron dos criterios: por un lado, se trataba de un Gobierno de «hombres nuevos», pues la mayoría accedía por vez primera a los Consejos de la Corona, y, por otro, existía cierto equilibrio entre las representaciones de la izquierda y la derecha, obligado por su misión de convocar las elecciones.

García Prieto había seleccionado a dos ministros de su partido: Niceto Alcalá-Zamora, que ocuparía la cartera de Fomento, y Juan Alvarado, para Estado. Este último se negó a jurar el cargo cuando conoció la estructura del Ejecutivo, y García Prieto debió ocuparse personalmente de la diplomacia. Alcalá-Zamora figuraba entre los ministrables veteranos. Abogado del Estado y jurisconsulto, se había bregado en la Dirección General de Administración local y la Subsecretaría de Gobernación en anteriores Gobiernos liberales. Los medios liberales mostraban hacia él mucho recelo, ya que era el germanófilo más notorio del Gabinete. El tercer ministro de la izquierda era Amalio Gimeno, mano derecha de Romanones, que retornaba por sexta vez a un Gobierno, ahora en la cartera de Marina que ya había ocupado entre 1912 y 1913.

La derecha tenía su representante más relevante en Juan de la Cierva, que no había ocupado ningún cargo ministerial desde que se encargara de Gobernación en el «Gobierno largo» de Maura (1907-1909). Era el hombre de las juntas militares, que tenía la misión de despolitizarlas y reconciliarlas con la monarquía constitucional, pero también era un político independiente y enérgico, y no estaba dispuesto a convertirse en instrumento de los oficiales. Aunque no figuraba en el maurismo, estaba tan comprometido con Maura como el nuevo ministro de Gracia y Justicia, Joaquín Fernández Prida, un competente abogado, catedrático de Derecho Internacional, que se estrenaba como ministro. Ambos iban con su propia significación personal, pues Maura insistía en que «él no tenía partido».

Para la cartera de Gobernación, García Prieto acudió a José Bahamonde y Lanz, vizconde de Matamala, veterano magistrado del Tribunal Supremo que nunca había figurado en política, aunque se le consideraba en la esfera de influencia de los demócratas. Bahamonde debía garantizar la neutralidad gubernativa en las futuras elecciones a Cortes. Como comunicó a la prensa, él mudaba de local, pero no de función, así que continuaría «sin hacer política, administrando justicia»[541].

La asamblea de parlamentarios colocaba a dos hombres, uno de la derecha y otro de la izquierda. El primero era el nuevo ministro de Hacienda, Juan Ventosa, lugarteniente de Cambó en la Lliga. Abogado de talento y experto en asuntos comerciales, se le consideraba más mesurado que Cambó. Ventosa protagonizó la jura más accidentada, pues el anterior ministro, Bugallal, se negó a darle posesión de la cartera, una actitud que evidenciaba la ruptura total entre conservadores y catalanistas. El ministerio de Instrucción Pública, vacante por la negativa de los reformistas a participar, la proveyó Cambó con Felipe Rodés, que, hasta la víspera, había militado en el nacionalismo catalán republicano y ejercido la secretaría de la asamblea de parlamentarios. Lego en las materias de su ministerio —⁠«estudiante de ministro», se calificó a sí mismo⁠—, su presencia levantaba suspicacias. Su nombramiento se presentaba como la adhesión a la monarquía de un republicano, pero esta supuesta ventaja la diluía el miedo a la instrumentalización nacionalista de las escuelas, como ocurría con las que dependían de la Mancomunidad de Cataluña. Curiosamente, el Gobierno reunía a Rodés con Cierva, cuyas opiniones sobre el rearme y la intervención en Marruecos eran diametralmente opuestas, ya que el primero había sido un notorio opositor; y también a Ventosa con Alcalá-Zamora, este último un crítico resuelto de la Mancomunidad catalana[542].

A través de La Correspondencia Militar, las juntas mostraron su «satisfacción», que «no puede ni debe ocultarse», aunque también explicaban que ese Gobierno no era en absoluto «obra suya», y advertían:

Con la política no queremos nada. Si a la política ha sido preciso llegar, demostrado está hoy que fue tan solo por salvar a la patria. Que no la pongan de nuevo en peligro, que no se deje resucitar lo que todos hemos enterrado en estos días, y de la política seguirán apartados los que con tan evidente abnegación y desinterés han sabido contribuir en estos pocos meses a dignificarla y enaltecerla[543].

Es decir, si regresaba el turno, retornaría el juntismo. Por ahora, al nuevo Ejecutivo se le otorgaba cierto margen de confianza. El 7 de noviembre, Villar y Pérez Palá, los encargados de hacer llegar el mensaje al rey, volvieron a Barcelona sin entregarlo[544].

Un gobierno tutelado por el catalanismo

A la heterogeneidad del Gobierno se añadía su escasa autoridad. Se le consideraba un producto de la Lliga, que había capitalizado en su beneficio la acción juntera. De hecho, Cambó estaba muy satisfecho, ya que se había abierto al catalanismo «el camino del poder», que era la «única vía para encontrar una solución satisfactoria a las aspiraciones de Cataluña», con la ventaja añadida de que el nuevo Gobierno representaba, al fin, «la liquidación de los antiguos partidos» constitucionales. Además, Cambó pensaba que García Prieto, al que había patrocinado por su «escasa inteligencia y menor carácter», «sería el que ofrecería menos resistencia a los ministros que representaran a la asamblea». «Con una solución Alba —⁠escribió Cambó a Durán i Ventosa⁠— se creaba un partido albista; con una solución Maura, un partido maurista; con García Prieto queda deshecho el Partido Liberal y no puede crear nada a su alrededor».

Esto explicaba por qué la Lliga había negado su confianza a Maura y se la había otorgado a García Prieto, pese a que ambos rechazaban igualmente los acuerdos de la asamblea. En un banquete con los alcaldes y secretarios nacionalistas del distrito de Castelltersol, Cambó hizo gala de su desprecio por el líder demócrata. A los postres y en un ambiente distendido, aseguró que «se gobierna como queremos», porque García Prieto «es un pobre hombre a nuestro servicio, que yo manejo a mi voluntad, unas veces por medio de Ventosa, otras tirando de los hilos del muñeco directamente. Os reís, pero es cierto»[545].

Así las cosas, no tenía sentido «sacrificarlo todo a la revolución», pues la Lliga no era una fuerza revolucionaria: «Si nosotros, en la política, actuásemos con una finalidad exclusivamente perturbadora —⁠dijo Cambó a los suyos el 8 de noviembre⁠—, yo os aseguro que pudimos en aquellos días dar satisfacción a ese temperamento y hasta llevar a España a una situación semejante a la de Rusia». Lo importante es que, como corroboró Roig y Bergadá, «el rey ha dado el poder a la asamblea, aun cuando haya sido por medio del señor García Prieto». El líder nacionalista se entrevistó con Alba para informarle de sus planes y suavizar el disgusto que había provocado en los liberales de la asamblea de parlamentarios que Cambó no promoviera un Gobierno liderado por el exministro de Hacienda. El dirigente lligaire felicitó a Alba por constituir un grupo propio y rematar así a la vieja izquierda constitucional, y le reveló que ambos serían los hombres del futuro Parlamento, los encargados de regenerar España. García Prieto estaba ahí porque su Gobierno no tenía «más programa que hacer las elecciones» y caería en cuanto abriesen las futuras cámaras[546].

El primero que no tenía fe en el nuevo Gobierno era el propio García Prieto, que se había visto desautorizado incluso por los exministros de su partido. El nuevo presidente no quiso aceptar la enhorabuena de los periodistas y recalcó que era su compromiso con el rey lo que le había llevado a ocupar el cargo. Era tan escéptico como Dato respecto de aquella «renovación». No creía que la desaparición de la alternancia concertada entre liberales y conservadores bastara a trasladar a los electores la decisión respecto a quién le tocaba gobernar. Por el contrario, la desaparición de toda coordinación electoral iba a privar a los líderes nacionales de un medio fundamental de influir en la selección de los candidatos a diputados y senadores, algo que debilitaría la organización central de los partidos y acentuaría la fragmentación parlamentaria en aquellas críticas circunstancias[547].

Hacia el confusionismo parlamentario

España se apartaba así de la vía británica para entrar en las complicadas combinaciones características de la República francesa: composiciones gubernativas de grupos y subgrupos en Parlamentos atomizados que, lejos de guiar a la Corona en la selección de su primer ministro, obligarían al rey a arremangarse, zurcir y componer. Ni en Francia gustaba ya su propio sistema. Aquella Gâchis parlementaire, aquel «lío», como se conocía despectivamente, hacía tiempo que era rechazado por la mayoría de los tratadistas galos debido a la inestabilidad gubernativa, la falta de un criterio homogéneo de gobierno y una confusión que impedía distinguir entre mayoría y oposición y delimitar la responsabilidad de cada partido en la gestión. «Se dislocaba el régimen político en que vivimos —⁠se quejaba el exministro conservador Burgos y Mazo⁠—, se condenaba a perniciosa esterilidad a las Cortes y a los Gabinetes, se dificultaba toda obra de gobierno progresiva, ordenada, sistemática, congruente con una doctrina determinada». Para otro exministro liberal, Antonio López Muñoz, las concentraciones eran una solución circunstancial para «una alta finalidad patriótica, pero reunirse en la misma situación imperante hombres de tendencias políticas contradictorias, sin criterio superior en que se resuelvan» y, además, «ufanándose cada cual de afirmar las suyas frente a las otras, eso… es el absurdo, eso es la descomposición, eso es la demencia»[548].

La concentración de 1917, auspiciada por los «renovadores», adoptaba todos los inconvenientes de la fórmula francesa sin contar con su única ventaja apreciable; esto es, que el Gobierno fuera fruto de un programa previamente pactado que, por su relevancia y su consiguiente capacidad de suscitar oposición, no pudiera acometer un solo partido. Por el contrario, los únicos propósitos del «Gobierno de la renovación» no pasaban de aquietar la efervescencia juntera, desactivar el movimiento asambleísta y gestionar unas elecciones sin encasillado.

El exministro Burell recusó esta última cesión, que tendría una «resultante parlamentaria» concreta: la de primar a los nacionalistas, la única «fuerza coherente», con unos objetivos bien delimitados «frente a una dispersión de átomos que traerán una representación anárquica, inconexa, de los demás distritos». Burell captó bien la fragilidad de una concentración donde había «un maurista que no representa al señor Maura»; un hombre como Cierva, «de gran autoridad entre derechas y partido conservador, que no representa a los conservadores ni a las derechas directamente», y dos asambleístas, «que son ahora rechazados y desautorizados por la asamblea». «No veo gobierno, ni veo la posibilidad de renovación —⁠remachaba Burell⁠—. Veo cosas más viejas, caducas y el triunfo del miedo»[549].

Más destacable era la inversión de prioridades que implicaba asimilar los objetivos de partidos minoritarios como los nacionalistas o los reformistas, que nunca se habían erigido en verdaderos instrumentos de gobierno y cuyos programas privativos retrasaban aquellas reformas urgentes que podían estimular una democratización real. Precisamente porque la «renovación» venía a patrocinar la fragmentación del sistema de partidos, ninguno de sus promotores estaría dispuesto a implantar aquellos correctivos mayoritarios que, como la generalización del escrutinio uninominal en todas las elecciones, paliaran las divisiones internas de los dos grandes partidos, urgentes ya con la desaparición de los liberales como fuerza unificada. Tampoco era un secreto que, de mantener la fragmentación, se incrementaría la ineficacia del Parlamento y con ella la deslegitimación del régimen constitucional.

El primer Consejo de Ministros constató que el Gobierno ni siquiera trabajaría como un solo equipo. Se emitieron no una, sino dos notas: la de García Prieto, avalada por todos los ministros constitucionales, explicaba que «la transcendencia del momento político actual» y «la gravedad de los problemas planteados» habían hecho que fuera necesario unir a hombres de partidos distintos para colaborar «en una obra común». Eso sí, cada uno mantenía la integridad de sus convicciones, pues ese Gobierno no era una fusión, sino solo «una unión circunstancial y transitoria» que mantendría la neutralidad española en la Gran Guerra, afrontaría los problemas económicos y de la defensa, y convocaría unas Cortes «elegidas con abstención de toda intervención gubernativa, en garantía y seguridad de lo cual adoptará el Gobierno medidas y resoluciones adecuadas». Muy cerca ya de las elecciones locales, el Ejecutivo anunció que solo «en casos excepcionales» ejercería su facultad de nombrar a los alcaldes de los municipios importantes.

La segunda nota venía firmada únicamente por Ventosa y Rodés, que se adherían a la anterior, pero, puesto que ellos representaban a las juntas, «que todo lo pueden»[550], añadían una serie de compromisos que ni el presidente ni el resto de los ministros aprobaban. El principal era que mantenían su adhesión «íntegra» a los acuerdos de la asamblea de parlamentarios, que sostendrían dentro del Gobierno y en las futuras Cortes, e insistían en que estas debían actuar «en funciones de constituyentes». La nota era coherente con otra de Cambó en la que afirmaba que el Gobierno estaba en armonía con todas las promesas que la Lliga había hecho en la segunda asamblea, porque «representa el fin del turno pacífico» e iba a facilitar unas elecciones sin «acción oficial» que alumbrarían unas Cortes para afrontar «todos los problemas, aun los de orden constitucional». «En España serán Constituyentes cualesquiera Cortes que modifiquen la Constitución —⁠insistía Cambó⁠—. No es el Gobierno quien ha de definir el carácter de las próximas Cortes; han de ser, primero, los ciudadanos y luego los parlamentarios, con sus votos, los que impongan la reforma constitucional». Al fin sería posible un «sufragio verdad» que permitiría que «lo que ha ocurrido en Cataluña», la quiebra de los «organismos caciquiles», ocurra «en toda España».

La disolución de la asamblea de parlamentarios

En su mitin en el Palacio de la Música Catalana, el 8 de noviembre, Cambó explicó que, al contrario de sus aliados asambleístas, se había negado a obstaculizar la formación del nuevo Gobierno. «Cataluña no nos habría perdonado que hubiéramos cerrado el camino a sus aspiraciones», que era «la plenitud de nuestra libertad». La asamblea ya no era una Solidaridad Catalana o una coalición de partidos ni un «pacto de acción conjunta», sino una coincidencia de opiniones, sin contraer mayores compromisos que limitaran la libertad de cada partido. Significativamente afirmó que un Gobierno de la asamblea era imposible porque «habría reavivado la fuerza de los partidos del turno»:

El Partido Conservador y el Partido Liberal habrían formado una piña externa, como internamente vienen formándola; todos los sectores de la sociedad española que no están con nosotros, porque no hemos hecho la necesaria propaganda, se habrían agrupado contra nosotros y este Gobierno se habría encontrado enfrente de los partidos del turno más fuertes que nunca, más unidos que nunca, más compactos que nunca[551].

De este modo Cambó reconocía la necesidad del divide et impera para combatir a los partidos constitucionales, porque la tesis de que la asamblea de parlamentarios representaba la «voluntad nacional» frente al «turno artificioso» era pura propaganda. Los asambleístas, juntos, aún representaban una porción inferior de la opinión pública que la de los liberales y los conservadores. Por ello, la Lliga no quería romper ni con los reformistas, ni con los republicanos, ni con los socialistas.

Sin embargo, en noviembre, estos grupos declararon muerto su acuerdo al estimar que la presencia de los catalanistas en el Gobierno no garantizaba cumplir el programa de la asamblea, ni tampoco la amnistía o la reunión de las Cortes vigentes. Razonaban —⁠y era cierto⁠— que, si no lo hacía el Ejecutivo, debían ser las mayorías del Congreso y del Senado las que propusieran la reforma constitucional antes de someterla primero a los electores y luego a unas nuevas Cortes ad hoc.

El pacto de los asambleístas se basaba en que ninguno de sus hombres formaría parte de ningún Gobierno que no asumiera su programa y, sin embargo, los catalanistas habían aceptado carteras en un Ejecutivo cuyo presidente no quería reabrir las Cortes. Esta queja también estaba justificada. El Gobierno de concentración carecía de una mayoría parlamentaria y García Prieto temía una maniobra de Romanones que diera lugar a una votación adversa y que le privara de la Presidencia del Gobierno, la única plataforma a su disposición para recuperar el liderazgo de los demócratas[552].

Las críticas a la Lliga por parte de sus antiguos aliados fueron duras. Los socialistas se quejaron de que, de no ser por la traición de los catalanistas, la asamblea habría dejado sin efecto «la facultad constitucional del rey de nombrar un gobierno» con el apoyo de las juntas. Así, se habría nombrado un Ejecutivo que «hubiese organizado, realizado y convocado unas Cortes Constituyentes expresión de la voluntad nacional». Para la CNT, la Lliga culminaba la traición final de los «burgueses» y el fracaso de la táctica de colaboración socialista: «La abstención de las urnas es la respuesta apropiada a cosas como esta».

Los republicanos descalificaron a Rodés, «correligionario de ayer por la tarde y ministro del rey hoy por la mañana». En un acto en la Casa del Pueblo de Madrid el 4 de noviembre, Melquíades Álvarez lamentó que en el «movimiento de agosto» las juntas no hubieran actuado a favor de los sublevados: «Lo digo con pena, con verdadera amargura: si en aquel movimiento hubieran estado unidos Ejército y pueblo, hubiéramos acabado con este régimen». Por ello, «el pueblo no debe separarse de los militares cuando estos vayan a una rebelión santa y sea una verdadera salvación del país». En una conferencia celebrada el 9 de ese mes en Oviedo, Álvarez criticó una crisis hecha para contentar al Ejército más que al país y confirmó que los reformistas continuarían del lado republicano, pues la república era «la forma más perfecta de la expresión de la democracia». Pero como «los principios» primaban sobre «las formas», abrió la puerta a un posibilismo sobre la base de que, en adelante, predominara «la voluntad soberana del pueblo», y «la majestad de la Corona» se convirtiera en su «esclava». Álvarez avisó a Alfonso XIII de que si en adelante no servía al «interés del país rectamente», solo tendría dos caminos: «el del destierro o el del patíbulo»[553].

Álvarez, Lerroux e Iglesias hicieron pública su oposición al Gobierno y la reunión de una nueva asamblea con exclusiva representación de las «extremas izquierdas», aunque esta acabó aplazándose indefinidamente y ya nunca volvería a convocarse. A cambio, buscaron multiplicar los lazos con las juntas. Álvarez seguía en estrecho contacto con el coronel Márquez; Pablo Iglesias informó a los cuatro miembros presos del comité revolucionario de agosto de que el partido volvería a trabajar para «hacer distinciones, señalando nuestra oposición al elemento reaccionario militar y nuestras simpatías por el que tiene carácter liberal», diferenciando así al sector de Márquez de los junteros mauro-ciervistas; y, por su parte, Besteiro se felicitaba de que Iglesias accediera a retomar el contacto con los militares, al tiempo que se indignaba por las resistencias de otros miembros del partido: «¿Pues qué quieren? ¿Un Ejército disciplinado, unánime y compacto, sostén de la llamada legalidad, del rey, de Maura, de Cierva y consortes?»[554].

Esos contactos no eran inoportunos porque el momento revolucionario no había pasado. Lo explicitó el paladín de la nueva situación, Cambó, el 10 de noviembre, en el Teatro del Bosque. Muy seguro del apoyo de las juntas, avisó a Alfonso XIII de que el mantenimiento de sus facultades no implicaba usarlas contra el impulso renovador de las futuras Cortes. Si no triunfaran los «ideales democráticos», habría una «revolución» que solo se podría ahogar «por la violencia o por el escarnio», pues en España había «hombres dispuestos a dar su sangre para que triunfe el ejercicio de los derechos constitucionales». El «pleito de la reforma constitucional» no iba a resolverse «sin dar satisfacción a Cataluña y demás personalidades colectivas de España, que sienten el deseo de regirse por sí mismas», y en caso contrario, «España estará pendiente de una guerra civil». Cambó insistía en que no debía haber pleito constitucional cuando finalizara la Guerra Mundial, porque estaba dispuesto a «internacionalizar el conflicto». Remarcaba que era misión ineludible de las nuevas Cortes reconocer la «nacionalidad catalana» y otorgar a la Lliga un Estado propio que se federara por propia voluntad y conveniencia con el resto de España.

Los confines de aquel Estado propio los definió Cambó el 16 de enero de 1918, cuando equiparó a Cataluña con los dominios británicos. Para el líder nacionalista España debía seguir el ejemplo de Londres, que tenía a sus colonias «libres y prósperas» y prestaban apoyo en los momentos necesarios. Obviamente, tanto ultimátum suponía una traba para que las futuras Cortes funcionaran libremente y con normalidad, aun actuando en función de constituyentes, pues su supuesta soberanía quedaba en entredicho, sujeta a la amenaza de subversión en caso de que la Lliga no obtuviera lo que exigía[555].

Amnistía o revolución

La primera prueba de la renovación llegó con las elecciones locales del 11 de noviembre. Entonces, los concejales de los ayuntamientos se elegían no en su totalidad, sino por mitades y cada dos años. Así, con cada nueva convocatoria cesaban la mitad de los ediles de elección más antigua, y se cubrían sus puestos y también las vacantes del último bienio. Las concejalías se disputaban en circunscripciones que la ley llamaba «colegios electorales». Los municipios con menos de 800 residentes formaban un solo colegio. En los que superaban esa cifra, los votantes no elegían a todos los concejales, sino solo a los del colegio en el que estuvieran inscritos. Igual que en las demás elecciones, regía un sistema mayoritario que se combinaba, en aquellos colegios que eligieran a más de un concejal, con el voto limitado. Los electores —⁠todos los varones mayores de veinticinco años con dos años consecutivos de residencia en un municipio⁠— votaban un candidato menos que las concejalías en juego en los colegios de dos a cuatro escaños, dos candidatos menos en los colegios de cinco a ocho escaños, tres candidatos menos en los colegios de nueve o diez escaños, y cuatro menos en los de más de diez. En cualquier caso, la ley municipal de 1877 establecía que los colegios se diseñaran de modo que cada uno tuviera cuatro escaños o se acercara a esa cifra. Lo mismo que en las elecciones a Cortes y en las provinciales, el voto limitado pretendía estimular el pluripartidismo y dejar escaños a la segunda candidatura más votada.

El voto era obligatorio para los menores de setenta años. España había seguido a Bélgica en su implantación para combatir la apatía electoral y su secuela de votaciones simuladas. Pero diez años después, esa activación forzosa de la «masa neutra» se encontraba en entredicho. Excepto entre los funcionarios, a los que no votar les suponía una nota negativa y una merma salarial, el sistema electoral apenas había estimulado la participación. El Estado no sustituyó a los partidos como motor de la movilización y estos nunca pretendieron llevar a las urnas más que a los electores afines y en la proporción necesaria para ganar. Todos los presidentes que sucedieron a Antonio Maura, el impulsor de la medida, consideraron contraproducente promover la participación con denuncias y sanciones. La censura pública de los que se abstenían, a los que se exponía en un listado y se les recargaba un 2 % los impuestos, fue sistemáticamente ignorada.

Por otro lado, el voto obligatorio se ligaba al artículo 29 de la ley electoral, que dispensaba de votar a los electores de cualquier circunscripción en la que se presentaran tantos candidatos como escaños debían cubrirse, ya que quedaban automáticamente asignados. De este modo se evitaba importunar a los ciudadanos en comicios decididos por falta de competencia y se eliminaban las «elecciones escritas», es decir, la confección fraudulenta de las actas en elecciones a las que nadie acudía a votar. Todos aquellos aspirantes que no hubieran sido concejales tenían que demostrar la seriedad y el arraigo de su candidatura. Para ello, la ley electoral exigía el aval de dos ediles o exediles del mismo término municipal o del 5 % del censo del colegio o del distrito municipal por el que desearan concurrir. Si el número de candidatos era mayor que el de escaños en disputa, la elección se consideraba libre y los electores podían votar a cualquier candidato, incluso si no se había sometido al requisito de la proclamación.

Los monárquicos aguantan el tipo

Aunque las elecciones locales no solían tener una significación política, las de noviembre de 1917 fueron la excepción, y recuerdan a las que catorce años después constituyeron el pórtico de la Segunda República. De hecho, las perspectivas más halagüeñas estaban de parte de la Alianza de Izquierdas de Álvarez, Lerroux e Iglesias, que concurrió unida y bajo la bandera de la amnistía. Los republicanos y el PSOE, optimistas, pensaban no solo que ganarían concejales, sino que triunfarían en las grandes ciudades, un resultado que les permitiría voltear el desgaste de la revolución de agosto[556].

Es verdad que el 57 % del total de concejales se proclamaron sin elección, pero la mayoría abrumadora se concentraban en municipios medianos y pequeños, donde era tradicional la falta de competencia, ya fuera por la inexistencia de partidos rivales a los hegemónicos, o porque los distintos partidos acordaban una sola candidatura. De ahí que la elección automática de estos concejales dispensara de votar a un porcentaje menor del censo: el 44,4 %.

Del 55,6 % restante —⁠esos 2584 175 electores que debían acudir a las urnas en colegios competitivos⁠—, votaron el 59,4 %. La lucha fue intensa en las capitales de provincia, donde solo el 4 % de sus concejales se proclamó sin elección. En ellas, los republicanos, los reformistas, los socialistas y las escisiones de los partidos del turno tenían mayor arraigo[557]. La Alianza de Izquierdas se esforzó por dar a las elecciones un sentido plebiscitario a favor de la amnistía de los que habían sido condenados por la huelga revolucionaria de agosto. Por ejemplo, en Madrid, presentó como candidatos a los cuatro dirigentes socialistas del comité de huelga. Lograron 12 de los 30 escaños en disputa, y los condenados salieron con el mayor número de votos en sus respectivos distritos. A muchos les pareció un «refrendo popular, tardío y cierto» a la acción revolucionaria, pero, en realidad, esos distritos eran bastiones tradicionales de la izquierda madrileña[558]. La docena de concejales fueron un premio a la cohesión, pero no el reflejo de un apoyo mayoritario. La media de votos de la Alianza de Izquierdas fue de 17 700, un 27,4 % de los emitidos, un resultado que explicitaba el declive de los partidos republicanos en un Madrid que siempre había sido su plaza fuerte.

Frente a ellos, los monárquicos sumaron 46 900 sufragios (73,6 %), aunque se dispersaron en tres e incluso cuatro candidaturas distintas, pues en algunos distritos se rompió la sorprendente alianza entre mauristas y romanonistas. Por eso cosecharon, en total, 18 concejales. Con 2,6 veces más votos que sus adversarios republicano-socialistas, solo lograron 1,5 ediles más. De entre los monárquicos, la revelación de las elecciones fueron los mauristas, que, por sí solos, alcanzaron 15 400 votos y ocho concejales, superando a la coalición monárquica de conservadores y demócratas, que se quedó con 12 900 votos y cuatro puestos, y los liberales de Romanones, que mostraron la fuerza de su organización madrileña con 10 500 votos y otros cuatro ediles. Otra candidatura de monárquicos independientes consiguió 8100 votos y dos concejales. En cualquier caso, el resultado mantenía la mayoría monárquica en la capital.

En Barcelona, la coalición formada por la Lliga y los tradicionalistas logró un decepcionante triunfo: 14 concejales frente a los 12 radicales de Lerroux. Pese a las expectativas de Cambó, los nacionalistas no se hicieron con la mayoría en el ayuntamiento. Mejor resultado obtuvo el PNV en Bilbao, que compitió con sus rivales republicanos y socialistas abanderándose como la opción antirrevolucionaria, y les arrebató el control del consistorio. Los datos en el resto de las capitales de provincia, tradicionalmente los más favorables en España a los republicanos y los socialistas, restaron ambiente a la renovación. Los conservadores ganaron más concejales que ningún otro partido, con 162, aunque la suma con los 44 mauristas daba una cifra inferior a los 228 que tenían juntos los liberales y los demócratas. La Alianza de Izquierdas alcanzaba 180, de los que 150 eran para republicanos y reformistas. El PSOE logró los 30 restantes, que sumaba a otros 118 de fuera de las capitales de provincia, una cosecha modestísima. Los nacionalistas de la Lliga y del PNV sumaron 36 en las capitales, por 18 nacionalistas republicanos, 27 tradicionalistas y 69 independientes[559].

Prescindiendo de los independientes, en su inmensa mayoría monárquicos, el ministro de la Gobernación, Bahamonde, destacó que en las capitales de provincia los partidos monárquicos habían obtenido 515 concejales por 181 de republicanos, reformistas y socialistas. Ambos grupos habían aumentado la cantidad de ediles desde 1909, a consecuencia del crecimiento de la población y, por tanto, del número total de concejales. Sin embargo, el incremento de los monárquicos era cuatro veces superior al de los republicanos: 49 frente a 12. Si la comparación se llevaba exclusivamente a las ocho capitales de provincia principales, los monárquicos aparecían con 118 concejales y los republicanos, reformistas y socialistas con 69. En ese grupo, y desde 1909, los monárquicos habían pasado de 63 a esos 118 ediles, mientras que las izquierdas republicana y socialista descendían de 70 a 69. Si se contabilizaban las cabezas de partido judicial y los municipios con más de 6000 habitantes, la mayoría monárquica se elevaba a 2479 ediles, por 431 de la Alianza de Izquierdas. La diferencia se hacía abrumadora si se añadían los municipios medianos y pequeños[560].

Las elecciones se celebraron sin presión gubernativa y sin hombres de partido en los Gobiernos civiles. Bahamonde, recién llegado, había sustituido a los gobernadores civiles de Dato por los presidentes de las audiencias y les había ordenado que no intervinieran en las operaciones electorales y que evitaran la injerencia de los alcaldes y concejales en ejercicio. Debían dejar sin efecto los nombramientos de delegados gubernativos y reprimir severamente «todo acto que pueda atentar al libre ejercicio del sufragio»[561]. Tras los resultados, el Gobierno anunció que solo nombraría, por una real orden, al alcalde de Madrid, mientras que en el resto de las capitales y municipios importantes serían sus ayuntamientos respectivos los que los hicieran. Esta decisión trascendía el plano local, pues el control de los consistorios era un factor que, si bien ya no decidía los resultados de las elecciones a Cortes como en el siglo XIX, todavía influía mucho, especialmente cuanto más pequeño era el municipio.

Por ello, tan importante como la elección de los alcaldes era poner coto a las posibles arbitrariedades de las comisiones provinciales, que eran los órganos ejecutivos de las diputaciones que decidían las denuncias por ilegalidades en los comicios. Como sus resoluciones debían aplicarse de inmediato —⁠incluidas las recurridas ante el Ministerio de la Gobernación⁠—, podían cambiar las mayorías de un ayuntamiento al anular elecciones y nombrar concejales interinos. Esas comisiones estaban formadas por diputados provinciales, es decir, hombres de partido, por lo que el criterio partidista primaba en sus resoluciones.

En realidad, las protestas se habían convertido en una fase más del proceso electoral, donde el partido con mayoría en la comisión provincial pero que había perdido un ayuntamiento clave para las futuras elecciones nacionales usaba el órgano con el fin de revertir los resultados nombrando concejales interinos afines. Para evitar estas maniobras, Bahamonde suspendió la discrecionalidad de esos nombramientos, de manera que las vacantes por anulaciones se cubrirían en adelante con los exconcejales más antiguos, a contar desde las elecciones locales de 1909, las primeras verificadas con la ley electoral vigente. Para que esos concejales interinos no fueran decisivos en la elección de alcalde, ordenó que, en todos los ayuntamientos con al menos un tercio de sus concejales suspendidos, sería automáticamente alcalde el edil con mayor número de votos.

Elecciones municipales de 1917
Concejales electos en las capitales de provincia

Capitales | Liberales y demócratas | Conservadores y mauristas | Alianza de Izquierdas | Nacionalistas y regionalistas | Tradicionalistas y católicos | Otros
Albacete | 6 | 5 | 3 |  |  |
Alicante | 11 | 3 | 5 |  | 1 |
Almería | 2 | 12 |  |  |  | 3
Ávila | 2 | 6 | 3 |  |  |
Badajoz | 6 | 10 | 1 | 1 |  |
Barcelona |  |  | 12 | 13 | 1 |
Bilbao |  | 3 | 6 | 12 | 3 |
Burgos |  | 1 | 6 | 3 | 3 | 3
Cáceres | 5 | 3 | 4 |  |  | 3
Cádiz | 11 | 6 | 2 |  |  |
Castellón | 1 | 2 | 10 |  | 1 |
Ciudad Real | 6 |  | 1 |  |  | 3
Córdoba | 7 | 5 |  | 6 |  |
Cuenca | 2 | 5 |  |  |  | 2
Gerona | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1
Granada | 9 | 12 |  |  |  |
Guadalajara | 6 | 1 |  |  |  | 4
Huelva | 4 | 5 | 1 |  |  |
Huesca | 7 |  |  |  | 3 |
Jaén | 5 | 3 | 1 |  |  | 1
La Coruña | 5 |  | 14 |  |  | 3
León | 5 | 1 | 3 |  |  |
Lérida | 3 | 2 | 2 |  | 1 | 6
Logroño | 10 |  | 2 |  | 3 | 1
Lugo | 8 | 1 |  |  |  |
Madrid | 6 | 10 | 12 |  |  | 2
Málaga | 8 | 7 | 4 |  |  | 1
Murcia | 10 | 12 | 1 |  |  |
Orense | 5 | 5 |  |  |  | 1
Oviedo | 1 | 2 | 9 |  |  | 1
Palencia | 2 | 7 | 1 |  |  |
Palma de Mallorca | 5 | 8 | 4 |  | 1 |
Pamplona |  |  | 1 | 3 | 8 |
Pontevedra | 4 | 2 |  |  |  | 5
Salamanca | 2 | 3 | 7 |  |  | 6
San Sebastián | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2
Santa Cruz de Tenerife | 3 | 4 | 10 |  |  |
Santander | 3 | 8 | 6 |  | 3 |
Segovia | 6 | 4 |  |  |  |
Sevilla | 13 | 9 |  |  |  | 1
Soria | 1 | 5 | 1 |  |  |
Tarragona | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1
Teruel | 1 | 3 | 5 |  |  |
Toledo | 4 | 3 | 5 | 1 |  |
Valencia | 16 | 2 | 13 |  | 3 | 2
Valladolid | 12 | 8 | 2 |  |  |
Vitoria | 1 | 1 | 1 |  | 2 |
Zamora | 5 | 4 |  |  |  | 1
Zaragoza | 6 | 6 | 7 |  | 2 |

Datos elaborados a partir de: AHN, Gobernación 27A/4. ABC, Heraldo de Madrid, El Imparcial, El Liberal, La Época y La Mañana, 12 de noviembre de 1917.

Sin embargo, Bahamonde no pudo implantar su medida más importante: impedir que se ejecutaran las resoluciones de las comisiones provinciales hasta que estas fueran confirmadas por el Ministerio de la Gobernación, ya que los ministros catalanistas, contradiciendo sus propósitos renovadores, se opusieron a ella. No querían que un factor tan importante para controlar la vida local escapara de las diputaciones de su región, tuteladas a su vez por la Mancomunidad. Esto último restaba eficacia a las otras medidas y facilitó que muchos ayuntamientos se usaran como arma electoral en las futuras elecciones a Cortes[562].

Las reformas de Bahamonde y la voluntad del Gobierno de no nombrar los alcaldes determinaron para la Lliga sorpresas desagradables, pues contaba con rentabilizar sus posiciones de poder en el Ejecutivo y, sobre todo, en la Mancomunidad para lograr el control de los ayuntamientos más importantes de Cataluña. En Barcelona, la alcaldía fue para el lerrouxista Juan José Rocha, que recabó el apoyo de los ediles liberales, entre los lamentos del concejal de la Lliga, Bofill y Mates, de que el alcalde «no fuera catalán», esto es «nacionalista» en su argot. El traspiés se extendió a las cabeceras de partido judicial: la Lliga retuvo seis, por cuatro de los nacionalistas republicanos, catorce de los republicanos y nueve de los monárquicos (conservadores o liberales). Fuera de esa región, los partidos monárquicos mantuvieron la abrumadora mayoría de las alcaldías de las capitales de provincia, aunque hubo alcaldes republicanos en Valencia, Castellón o La Coruña. La abstención gubernativa en el nombramiento de los alcaldes conllevaba algún problema indirecto, ya que no eran solo representantes de su localidad, sino delegados del poder central en materia de orden público y, por tanto, jefes de la policía local, de manera que esta quedaba en manos de los que hacía un trimestre habían intentado derribar a la monarquía constitucional[563].

El impacto de la revolución bolchevique

Esa concesión relacionada con el orden público se ofrecía en un contexto crecientemente convulso. En aquel mes de noviembre, al calor de la aceleración de los precios y de la escasez de carbón con el que afrontar el frío, retornaba esa insatisfacción que había sido caldo de cultivo de los sucesos de la primavera y el verano de 1917, y ahora con los militares fuera de control. Aunque los resultados electorales no eran alarmantes para la monarquía constitucional, sí eran sintomáticos de que los republicanos y los socialistas ya se habían repuesto del varapalo del mes de agosto. Eufóricos con su triunfo en Madrid, los buenos resultados en Cataluña y la conservación de sus bastiones en el resto de España, reanimaron la campaña por la amnistía y la readmisión de los que habían sido despedidos por sumarse activamente a la huelga revolucionaria.

Los vocales de la UGT se negaron a reintegrarse en el Instituto de Reformas Sociales porque su presidente, Azcárate, había propuesto a Eza, el exministro conservador de Fomento, para sustituirle. Los concejales del PSOE adoptaron una actitud similar: no asistirían a los plenos municipales sin una amnistía y sin que Cierva, sobre el que mantenían un veto similar al de Maura y Dato, se marchara del ministerio de la Guerra. Los socialistas no se conformaban con un indulto, que implicaba aceptar la culpabilidad de los condenados y les impedía, al subsistir la inhabilitación, ser elegidos para ocupar cargos públicos. Para los socialistas, nadie más que los ministros del Gobierno conservador eran los responsables de la huelga revolucionaria. Como adujeron Iglesias, Álvarez y Lerroux en un comunicado conjunto el 29 de noviembre, el indulto era una «solución equívoca y vergonzante» y «constituiría un verdadero agravio a la opinión liberal, la que, lejos de quedar agradecida, se mostraría indignada». Solo cabía la amnistía como «obra de reparación y justicia»[564].

El Gobierno, favorable al indulto, estaba dividido ante la amnistía. Coincidían en que las penas debían conmutarse, porque consideraban un agravio condenar a los insurrectos de agosto mientras se dejaba impunes a los junteros sublevados el 1 de junio. Cierto que esta rebelión había sido incruenta, pero había abierto la puerta a los trastornos revolucionarios del verano. Presionaban por decretar la amnistía Ventosa, Rodés y Gimeno, este último acuciado por Romanones. García Prieto, secundado por el ministro de Justicia, Fernández Prida, se negaba porque las amnistías debían ser votadas por el Parlamento. Al presidente le preocupaba, además, la actitud levantisca de los socialistas, que se negaban a renunciar a la vía revolucionaria. «El país, inagotable en su clemencia —⁠aducía La Vanguardia⁠—, ha concedido a los revolucionarios indulto tras indulto, amnistía tras amnistía; hora es ya de que los revoltosos concedan su indulto, su amnistía, al país». La cuestión dividía también a los junteros. Si Márquez y sus seguidores estaban a favor de amnistiar, los junteros mauro-ciervistas eran totalmente contrarios[565].

La Alianza de Izquierdas decidió iniciar una campaña para presionar desde la calle. Comenzó con una ardiente propaganda periodística, que debía crear un clima propicio para la oleada de mítines y manifestaciones que se anunciaba por toda España. Estas movilizaciones pro-amnistía coincidieron en el tiempo con una nueva revolución en Rusia. El 7 de noviembre cayó el régimen indefinido y mediatizado por los soviets que había sucedido al zar. Las disputas entre los distintos partidos socialistas se saldaron en beneficio de los bolcheviques, el ala izquierda del Partido Obrero Socialdemócrata, que previamente se había hecho con el control de los soviets de Petrogrado y Moscú. Su éxito fue seguido por un llamamiento a todos los partidos y organizaciones obreras del continente para que secundaran un levantamiento contra el «sistema capitalista responsable de la guerra». Debían desencadenar en sus respectivos países conflictos civiles para extender una revolución que contaría, a partir de entonces, con la plataforma del Estado ruso. «He aquí la revolución verdadera, que pronto secundará todos los pueblos», afirmó el líder de los bolcheviques, Lenin, en enero de 1918, ante el Tercer Congreso General de los Soviets, el órgano al que solo nominalmente había transferido el poder el nuevo Gobierno de los «comisarios del pueblo».

En realidad, los bolcheviques estaban instaurando en Rusia una dictadura de partido liderada por Lenin y sostenida en la violencia sistemática contra todas aquellas formaciones políticas o «grupos sociales» susceptibles de resistirse a su predominio o, aunque no lo hicieran, incompatibles con la futura sociedad comunista. Lenin se dispuso a sacar a su país de la Gran Guerra y redoblar los preparativos para exportar su revolución a Europa central y occidental. «Los rusos nos indican el camino a seguir», clamaba una eufórica Solidaridad Obrera. Para los anarcosindicalistas, se rozaba ya con la punta de los dedos esa meta de «redención del proletariado» tantas veces anticipada en el siglo XIX[566].

No era raro que una CNT tan cercana entonces a las tesis leninistas saludara con alborozo la revolución bolchevique, aunque mostrara algunas reservas sobre su programa. Los socialistas, condicionados por su aliadofilia, recibieron las primeras noticias sobre la revolución preguntándose si Lenin y los suyos, aun representando «elevados y respetados ideales», no estaban sirviendo a los intereses bélicos de Alemania al sacar a su país de la guerra y suprimir así el frente del Este. Pronto, sin embargo, pasaron a defender a la nueva Rusia, convertida en 1918 en el particular Eldorado de la izquierda obrera e incluso del ala izquierda del republicanismo: los catalanistas de Marcelino Domingo y los federales.

Todos creían que los bolcheviques iban a abolir cualquier aparato coactivo y a convertir Rusia en una sociedad igualitaria de trabajadores que convivirían en perfecta libertad y que se gobernarían por medio de sus «ultrademocráticos» soviets. Incluso los más renuentes reconocían el éxito de Lenin al tomar el poder mediante un golpe de fuerza y lo interpretaban como un suceso redentor. Consideraban que la violencia era inevitable en aquella fase de «dictadura democrática» del proletariado que era el objetivo de todos los marxistas. ¿Cómo podía extrañar que los más entusiastas presentaran el bolchevismo como la realización de la utopía igualitaria y la publicitaran a los militantes y simpatizantes de la izquierda como la culminación de sus expectativas y aspiraciones? Era imposible, clamaban los anarquistas de Tierra y Libertad, que un revolucionario de verdad «no sintiera palpitar su corazón de entusiasmo al leer las noticias de Petrogrado y que no considerasen como hermanos suyos en las ideas y la revolución a los revolucionarios rusos», que estaban acabando con «un mundo de tiranía y esclavitud». Así, el cenetista Manuel Buenacasa recordaba que «para muchos de nosotros —⁠para la mayoría— el bolchevique ruso era un semidiós, portador de la libertad y de la felicidad comunes… ¿Quién en España —⁠siendo anarquista— desdeñó el motejarse a sí mismo bolchevique?». Su correligionario Adolfo Bueso consideraba la revolución «como una aurora que se levantaba en oriente y que esperanzaba a todos»[567].

Los cenetistas creían que de la destrucción de la sociedad rusa brotaría el «comunismo anarquista», innato al hombre no corrompido por las convenciones sociales «de clase». La euforia se desató con la noticia de que se repartirían tierras a los campesinos, en abierta contradicción con el programa marxista. Los bolcheviques estaban implantando la «plena libertad económica y política» y el «municipio comunista». Los cientos de soviets que habían germinado en Rusia a lo largo de 1917 y que ahora quedaban, teóricamente, como único sujeto de poder eran la traducción nacional de aquellas comunas bakuninistas, localistas, autónomas y no burocratizadas que para los anarquistas eran la base de su sociedad ideal.

Tendrían que pasar meses para que la CNT matizara su adhesión y evitara confusiones doctrinales con los bolcheviques. Aun así, nunca abjuraron de aquella revolución «salvadora», ni siquiera cuando observaron que no llevaba a la abolición del Gobierno, sino a la concentración de todos los poderes en los dirigentes bolcheviques y en los anarquistas rusos que colaboraban con ellos. Sus correligionarios españoles asimilaron el leninismo hasta el punto de que Tierra y Libertad defendía que la acracia era un proceso largo que necesitaba de «un periodo revolucionario de muchos años». En esta etapa previa, un grupo escogido de dirigentes anarquistas debía ejercer el poder para velar por su realización: «La revolución equivalía a guerra, violencia, y la guerra exigía la presencia de dirigentes y autoridad», es decir, de una dictadura que presentaban como «transitoria». Además, la revolución y la subsiguiente dictadura requerían reducir el papel de lo espontáneo e incrementar la organización y el predominio de una minoría de activistas profesionales que debían erigirse en directores oficiosos del movimiento[568].

Tras unas primeras cautelas aliadófilas, en el PSOE y en la UGT la revolución rusa también provocó un «movimiento de euforia y de entusiasmo revolucionario», que sacudió incluso a los que pensaban que la revolución social no era algo inmediato y que acontecería como un «acto violento y catastrófico». Incluso despertó la pasión revolucionaria entre los pocos que empezaban a mostrarse escépticos respecto de ese determinismo histórico que ligaba irremisiblemente la «maduración del capitalismo» con el «socialismo». El éxito del partido bolchevique era una realidad incontrovertible y «la garantía de la dictadura del proletariado en el contexto de las teorías del marxismo». Los rusos, con su «marxismo activista», habían demostrado que ni siquiera había que esperar a que se cumplieran las «leyes de la historia». Al contrario, parecía más rentable alentar y organizar esas «contradicciones del capitalismo» para asaltar el «Estado burgués» desde una posición ventajosa, y aunque el partido ya era para los socialistas el proletariado autoconsciente, tomó cuerpo la idea de que debía convertirse en una organización de revolucionarios profesionales dirigidos por un comité central que haría las veces de estado mayor en la guerra revolucionaria que se avecinaba[569].

El triunfo leninista supuso un estímulo tan poderoso para perseverar en la estrategia revolucionaria que contagió a intelectuales republicanos y socialistas como Luis de Zulueta o Luis Araquistáin, que se habían socializado en movimientos que ligaban la modernidad a rupturas políticas que se definían como una «necesidad histórica». Admiradores de la Revolución francesa y de la rusa de marzo, sus lamentos aliadófilos no podían disimular su entusiasmo ante lo que intuían como el nacimiento de una sociedad superior a la suya, una suerte de «reino de la justicia» que concebían bajo moldes absolutamente igualitarios. Algunos sectores progresistas, fascinados, comenzaban a adherirse a un «acto de fe» en virtud del cual «violencia, terrorismo y dictadura de clase» permitirían disolver al individuo en el proletariado y hacer emerger así la «sociedad sin clases»[570].

Lo mismo percibían, aunque con aprensión, los liberales y los conservadores. En ellos se recreó el temor —⁠ya sentido por generaciones anteriores con la Comuna de París (1871)⁠— de que el poder estuviera al alcance de una banda de revolucionarios profesionales sostenidos en la agitación de los obreros de izquierda de las ciudades. Más aún cuando el supuesto «pacifismo» de los bolcheviques podía hacer que una parte significativa de la opinión pública percibiera la revolución como el único método para acabar con la guerra mundial y romper «el maleficio que encadenaba las voluntades a una matanza sin fin».

Inquietante era que el terremoto ruso replicara ese mes en otras partes de Europa. En Suiza, el ala izquierda de los socialistas declaró otra huelga revolucionaria, con graves derivaciones en Berna y, sobre todo, Zúrich, donde las autoridades estuvieron a punto de perder el control de la calle y hubo, al menos, cuatro muertos. De mayor gravedad fue lo ocurrido en Portugal, en eterna convulsión desde que se proclamó su república en 1910. Una junta revolucionaria derrocó, entre el 5 y el 8 de diciembre, al presidente Bernardino Machado y a su primer ministro, Afonso Costa. Tras una cruenta lucha en Lisboa, con un saldo de 115 muertos y más de 800 heridos, el coronel rebelde Sidonio Paes se hizo con el poder. Era el líder de una confusa mezcla de civiles republicanos y militares descontentos, cuyos protagonistas eran oficiales y sargentos, artífices del golpe para inquietud del Gobierno español, que miraba de reojo a las juntas. Paes había sido exministro, antiguo embajador en Berlín y muy crítico con la entrada de Portugal en la Gran Guerra. En un primer momento, su revolución se conectó a maniobras germanófilas, pero lo cierto es que Paes mantuvo a su país en el conflicto[571].

¡Amnistía!

En este inquietante contexto, el Gobierno entró en pánico con las posibles consecuencias revolucionarias de la campaña pro-amnistía, que sus organizadores socialistas y republicanos anunciaron indefinida hasta que los presos revolucionarios salieran de prisión. El prólogo había sido un mitin en Cartagena, donde se homenajeó a los miembros del comité revolucionario socialista, pero se inauguró en Madrid el 22 de noviembre con un multitudinario acto en la Casa del Pueblo, donde los republicanos Eduardo Barriobero y Marcelino Domingo llevaron la voz cantante. El primero ya había inflamado al público lo suficiente como para que proliferaran los gritos subversivos, y cuando Domingo aludió a la insurrección de agosto advirtiendo que todos eran «los soldados de un mismo ejército» y que no habían sido los vencidos, sino «los vencedores de una jornada gloriosa», el delegado del Gobierno decidió suspender el acto por exceso de aforo. En el exterior del edificio estaba apostado un grupo de asistentes que no había podido entrar y que se mezcló con el público que salía. Entre vítores al comité de huelga y a Marcelino Domingo y mueras al rey y a Cierva, todos marcharon hacia la Puerta del Sol. Varias patrullas de Seguridad a caballo cargaron contra los manifestantes y pronto cayeron sobre los agentes los ladrillos y cascotes de una obra próxima. La marcha fue disuelta al precio de tres policías heridos y varios contusos entre los manifestantes. Cuando diversos grupos aislados llegaron a Sol, nuevamente se produjeron choques, cargas y detenciones[572].

El domingo 25 de noviembre se celebraron simultáneamente varios actos a favor de la amnistía en toda España. En Madrid marcharon unas 15 000 personas entre las plazas de Cánovas y Castelar, con asistencia de sociedades obreras, centros republicanos y, llamativamente, representaciones del romanonista Partido Liberal, entre las que destacaban sus juventudes. Allí se escucharon vivas a Rusia y a la revolución, mezcladas con cánticos de La Internacional y La Marsellesa, y repetidos mueras a Alfonso XIII, Maura y Cierva. Los gritos de «¡Amnistía!» se hicieron estentóreos cuando la manifestación, al comienzo del paseo de la Castellana, pasó cerca de las oficinas de la Presidencia del Gobierno. El acto terminó con un mitin de Pablo Iglesias, para quien la marcha era una demostración de que el «pueblo» rechazaba la represión de los conservadores y simpatizaba con los condenados. Él mismo se hizo «solidario» con el movimiento de agosto y condenó a quienes lo persiguieron «bárbara» y «sañudamente». Y puesto que allí estaba el pueblo, todo Gobierno que se opusiera a sus deseos era «faccioso». Aunque menos multitudinarios, destacaron también los cuatro mítines celebrados en Barcelona y los 4000 asistentes al acto de Bilbao. Los que tuvieron lugar en otras ciudades apenas sobrepasaron el millar de participantes.

El siguiente domingo, 2 de diciembre, el foco de la campaña pasó a Barcelona, donde Lerroux pronunció un enérgico discurso a favor de los condenados y hubo otra multitudinaria manifestación. En ella pudo apreciarse visualmente la ostensible ruptura de relaciones entre el jefe radical y Marcelino Domingo, pues este último había acusado a Lerroux de no cumplir su compromiso de liderar el levantamiento de agosto. También fueron importantes los actos de Valencia y Vitoria, con 4000 y 2000 asistentes, respectivamente, pero el intento de extender la campaña no dio sus frutos y la asistencia fue modesta en la otra quincena de mítines. Tampoco se hizo efectiva la amenaza del sindicato minero de la UGT y del textil de la CNT, muy debilitados, de ir a la huelga general si no se concedía la amnistía y no se reponía en sus puestos a los ferroviarios despedidos. Este declive se atribuyó al cansancio de los electores republicanos y socialistas, y aunque la campaña pro-amnistía no se desconvocó oficialmente, se limitó desde entonces a unos pocos actos aislados[573].

El Gobierno intentaba contemporizar. A iniciativa de Alcalá-Zamora, Alfonso XIII recibió a una comisión de los ferroviarios despedidos, que solicitó la intervención de la Corona para remediar su «crítica situación». La UGT había perdido el pleito con la Compañía del Norte, tras la sentencia del tribunal industrial de Barcelona que señalaba que los despidos fueron legales. Según el tribunal, lo de Valencia no fue una huelga regular, sino un abandono del trabajo superior a los ocho días estipulados por el reglamento que regulaba la relación de la compañía con sus empleados. Pero no todos los despidos después de agosto estuvieron relacionados con la huelga revolucionaria; algunos empleados, especialmente de la Compañía del Norte, fueron despedidos por despachar vagones en beneficio de determinadas empresas a cambio de cuantiosas comisiones, marginando los turnos establecidos por el Gobierno[574].

Una España asfixiada

Con independencia de cuál fuera el origen de los despidos, lo cierto es que la «crítica situación» a la que aludían los ferroviarios no eran palabras vacías. En la Navidad de 1917 pudo constatarse que la economía española había entrado en una peligrosa estanflación. El crecimiento se había interrumpido por completo, pues 1917 cerró con una caída del 1,4 % del PIB, que contrastaba con el 4,4 % de crecimiento del año anterior. Tan brusco frenazo anunciaba ya la recesión que abatiría España en los últimos años de la década. Y, sin embargo, continuaba acelerándose la escalada de precios. Así, en marzo de 1918, el de los alimentos de primera necesidad alcanzaba ya un 49 % más que en la preguerra y la inflación de los últimos doce meses se situaba en el 24 %. Más angustioso era el precio del carbón mineral, multiplicado ya por 11,5 veces desde agosto de 1914. La producción nacional aún no se había normalizado tras la huelga revolucionaria y la escasez de carbón se convirtió en un quebradero de cabeza para el Gobierno. Las fábricas del litoral, consumidoras tradicionales de carbón extranjero, demandaban cantidades crecientes del español, y esto agravaba la escasez del producto e incrementaba la demanda de transporte[575].

Ante la pavorosa perspectiva de una carestía invernal, el ministro de Fomento, Alcalá-Zamora, obligó a los navieros a traer carbón de Estados Unidos y trigo de Argentina. Bajo amenaza de requisa, debían disponer parte de la flota para el comercio de cabotaje y el abastecimiento directo de España, y reservar un total de 180 000 toneladas para productos de primera necesidad. Sin esa carga les estaría prohibido emprender viaje. Limitó el tonelaje de los barcos que podían ser vendidos al extranjero a 250 toneladas, frente al límite de las 500 vigente[576]. Durante su mandato se duplicó la producción de carbón de Puertollano y en 2700 toneladas diarias el de Peñarroya. El carbón cargado en barcos desde Asturias se incrementó de un 25 a un 40 %, y el ferrocarril de Langreo aumentó su capacidad un 30 %.

Pero no fue suficiente. El carbón vegetal hubo de sustituir al mineral para combatir el frío y su escasez redujo el funcionamiento de las fábricas de gas de las que dependía la iluminación de las ciudades. En Madrid, esta se redujo de ocho de la tarde a tres de la madrugada, y hubo noches en que incluso se apagó antes. En Sevilla, la falta de carbón provocaba cortes en el fluido eléctrico y paralizaba las industrias. La crisis de trabajo afectaba a 2000 obreros y las protestas se hicieron endémicas desde noviembre. Los efectos fueron aún peores en Barcelona y su provincia, donde escaseaban los jornales. Los mineros del carbón se agitaron y hubo paros en las minas de Puertollano y amagos resueltos por las autoridades en las asturianas y en las de Peñarroya. Los trabajadores reivindicaban subidas salariales de entre un 33 y un 40 %, la jornada de ocho horas, indemnizaciones a los sindicatos para la construcción de edificios sociales, comisiones de arbitraje permanentes y la readmisión de los despedidos por los sucesos revolucionarios. Los gobernadores tan solo mediaron para que se les revisaran al alza los sueldos y compensarles por la inflación.

Presiones internacionales

Las expectativas que había despertado el nuevo ministro de Hacienda, Ventosa, pronto se vieron defraudadas. Su realización más destacada fue autorizar el funcionamiento del consorcio que gestionaría el nuevo depósito franco de Barcelona, que admitiría todas las mercancías y operaciones autorizadas para el de Cádiz desde octubre de 1914. Hubo de esperar a principios de febrero para que Ventosa iniciara conversaciones con Estados Unidos y Francia en busca de un acuerdo comercial similar al que Lema había negociado con Reino Unido. Urgía la necesidad de un convenio con los norteamericanos, pues España se surtía allí de una parte de las compras que realizaba tradicionalmente en Francia. Pero la entrada de Estados Unidos en la Gran Guerra y la reconversión de su economía a una de guerra restringieron el acceso a ese mercado.

La situación se agravó en el mes de noviembre. El germanófilo Alcalá-Zamora estaba convencido de que la carestía alimentaria era producto exclusivo de las exportaciones a los aliados, y eso que en realidad ya no podían sacar legalmente de España más que los sobrantes de fruta y vino. Pero el ministro convenció a García Prieto de que, para surtir el mercado interno, anunciara nuevas restricciones a la exportación de alimentos, que afectarían sobre todo a Francia. Washington respondió extendiendo el embargo parcial de los neutrales a España y ello supuso que se limitara la venta de oro, algodón y gasolina y la implantación de un complicado sistema de licencias que retenía más tiempo de lo habitual a los mercantes españoles en los puertos norteamericanos, agravando así la carestía. Con estas medidas, el Gobierno estadounidense esperaba forzar a España a inclinarse de una vez hacia la Entente, lo que le obligaría a poner su economía al servicio de los aliados y a luchar contra el bloqueo submarino y el espionaje alemanes[577].

Cuando la industria textil catalana anunció que solo tenía algodón para dos meses de labor, intervino un malhumorado Alfonso XIII que, el 4 de diciembre, se entrevistó con el embajador norteamericano Willard y, al día siguiente, acordó con García Prieto que debían reanudarse los intercambios con los aliados relajando las restricciones y desbloquear las negociaciones comerciales. Lo hizo requiriendo el apoyo del embajador británico, ya que al rey le preocupaba que una crisis de trabajo alentara una oleada de revueltas en Cataluña. Hardinge intervino en el entorno de Willard para suavizar las disposiciones de Washington y se coordinó con este y con el embajador francés para limitar las exigencias comerciales de sus respectivos Gobiernos al español, y que no parecieran una imposición. El embajador norteamericano insistió en usar la exportación de gasolina para que el Ejecutivo español se mostrara más diligente en la represión del espionaje alemán y el internamiento de los submarinos, pero los tres decidieron requerir de sus Gobiernos que comprasen mayores cantidades de naranjas, uvas y vino para contrarrestar la propaganda alemana.

El rey estaba indignado porque la Entente trataba a su país como un «vulgar neutro» y actuaba contra sus propios intereses. España había sido el único neutral cuyo estatus había beneficiado casi en exclusiva a los aliados, ya que desde 1915 no podía comerciar con los Imperios centrales. Por tanto, era un contrasentido que las restricciones comerciales afectaran a España en la misma medida que a otros neutrales, porque a los aliados les interesaba que la economía española funcionara a toda máquina. Para ello, el monarca solicitó de inmediato suministros de algodón, carbón y material ferroviario procedentes de Estados Unidos, e insinuó que si los norteamericanos y los franceses no levantaban la mano, las exportaciones de plomo y cobre a Francia cesarían[578].

Alfonso XIII y García Prieto intentaron convencer a los aliados de que el cambio de Gobierno no suponía un cambio en la política exterior. Hicieron valer los servicios prestados por España al autorizar exportaciones masivas de minerales estratégicos —⁠plomo, piritas, cobre, hierro, zinc, wolframio⁠—, vitales para la fabricación de municiones y explosivos, ya que, con razón, el agregado militar francés llamaba a España «el arsenal de los aliados». El Gobierno trató de rentabilizar las buenas relaciones con Londres para pedirles que presionaran con fuerza a Estados Unidos para que levantara toda restricción sobre el petróleo y el algodón, y al de Francia para que se aviniera a negociar el traspaso de Tánger.

Precisamente respecto a Tánger, el rey contó con la complicidad del exembajador francés Geoffray y del agregado militar Denvignes, que aconsejaron abiertamente a su Gobierno retomar la negociación a cambio de que España inclinara su neutralidad hacia la Entente y eliminara cualquier influjo alemán en su territorio y en el protectorado marroquí. Recusaron como «estúpidamente inoportuna» la postura inamistosa de la comisión parlamentaria francesa de Asuntos Exteriores, que, repleta de diputados de la izquierda republicana, pedía aumentar las restricciones comerciales a España, y dieron la razón a Alfonso XIII cuando este se quejó del apoyo solapado que algunos políticos galos prestaban a los republicanos y socialistas españoles, sin pensar que las huelgas y las revoluciones paralizaban las producciones que París necesitaba[579].

Pero el Gobierno francés no solo desconfiaba de la orientación del nuevo Ejecutivo español, sino de los vínculos de Alfonso XIII con Austria-Hungría. En estos meses, el rey, conociendo que la Entente no se avendría a una paz negociada, había intensificado sus gestiones para que Viena ajustara una paz por separado con los aliados, y que aceptara cesiones territoriales a Italia y una Polonia independiente, pero constituida en reino y con un Habsburgo al frente. Alfonso XIII concebía al Imperio austro-húngaro como un sólido antemural frente a la Rusia bolchevique. Sin duda, proyectaba los deseos de su madre, María Cristina, que sabía que el emperador Carlos I quería abandonar el conflicto por su estrecho contacto con el embajador, el príncipe de Fürstenberg, y por su propio hermano, Federico de Austria. El agregado militar francés, Denvignes, hizo de intermediario con su Gobierno, que se mostró intransigente, alentado por el nuevo embajador galo en Madrid, Thierry, que desconfiaba de las verdaderas intenciones de los austriacos, a los que veía en España inequívocamente alineados con los alemanes. A esto se sumaba que el Gobierno francés no quería provocar el disgusto del italiano, que aspiraba a sustanciosos territorios austriacos, aun cuando los planes de Alfonso XIII supondrían el aislamiento de Alemania y el fin anticipado de la contienda.

Exploraciones reservadas con intermediación española hubo también ante Estados Unidos, después de que el presidente Wilson enunciara sus célebres 14 puntos para la paz. El embajador español, Juan Riaño, se encargó de transmitir el 27 de febrero de 1918 un mensaje de Alfonso XIII, en nombre del emperador austríaco Carlos I, al presidente norteamericano. Sin embargo, pese a la buena disposición de Wilson, en marzo, las negociaciones todavía no habían comenzado, pues Washington temía la intransigencia de Londres y París[580].

Los altos vuelos diplomáticos del rey no podían ser secundados por su Gobierno, agobiado no solo por el problema del abastecimiento, sino por la situación poco halagüeña de la Hacienda. Aplazada sine die la reunión de las Cortes, contradiciendo el criterio que todos los partidos coaligados observaron en la oposición a Dato, ya no había margen para aprobar los presupuestos. Se prorrogaron, por tanto, los de 1917, que en realidad seguían siendo los de 1915, con las adaptaciones y enmiendas de la Ley de Autorizaciones. La liquidación del presupuesto incrementó el déficit hasta los 313 millones de pesetas, un 27 % más que el de 1916, y la estimación para 1918 lo elevaba oficialmente a 230 millones. Pero todo el mundo sabía que el saldo negativo sería superior, pues se preveía emitir 400 millones de pesetas en títulos de deuda, la cifra más alta de la década junto con la de 1916. Lo peor era que, a diferencia de entonces, el dinero ya no se dedicaría a amortizar deuda en circulación, sino a afrontar la patente elevación del gasto público. La recaudación en 1917 superaba en 35 millones a la de 1916, y eso que este último año había sido de crecimiento y aquel de recesión. Pero el aumento quedaba lejos de compensar las necesidades del Gobierno.

El fantasma del hambre y el frío

Lo peor eran las perspectivas inmediatas. La producción de alimentos se había ralentizado con la acción combinada de un otoño anormalmente seco, donde se recogió menos agua que ningún otro año de la década, y un invierno crudísimo, con máximas bajo cero, copiosísimas nevadas y una de las medias más bajas de todos los registros. La producción de cereal se redujo, lo que subió el precio de la harina y también de la carne, al encarecerse los piensos.

Los irreales precios de tasa con los que el Gobierno pretendía combatir la inflación hacían desaparecer cantidades crecientes de comida del mercado. El ministro Ventosa trataba de explicar a los consumidores que «la tasa inmoderada no remedia el mal, sino que engendra y determina la carestía de los artículos» y que la exportación de alimentos debía prohibirse «en cuanto sea posible»:

Entiéndase bien: en cuanto sea posible. Hay en esto dos límites, el de la reciprocidad y el de la superproducción. Si necesitamos algodones, carbón y otros productos indispensables, precisará la reciprocidad, porque sin ella sería más difícil o imposible la vida. El otro límite está en las materias o artículos que se producen en cantidad superior al consumo, y no puede prohibirse, sin quebranto del agricultor o el industrial, que salga de España el exceso[581].

Era verdad. Pero la sangre fría le duró a Ventosa lo que tardaron en comunicarle la congelación de los saltos de agua por las bajas temperaturas y la necesidad de suplir la energía hidroeléctrica con cantidades crecientes de carbón. Presionado por el clamor de la prensa y el aumento de la insatisfacción popular, se unió a Alcalá-Zamora para combatir la inflación con una lluvia de regulaciones sobre producción, restricción de consumo y precios de venta tan espectaculares como inútiles, e incluso contraproducentes. Ventosa prohibió «la tenencia o posesión clandestina» de alimentos, carbón, petróleo, piensos, granos y semillas o abonos químicos «en cantidades superiores a las del consumo del poseedor y su familia». Todo «excedente» debía ser declarado; en caso contrario, se trataría a los tenedores de contrabandistas, se les decomisaría el producto y tendrían que pagar una multa por el 20 % de su valor. Alcalá-Zamora se prodigó en la requisa de carbón para evitar la subida de precios por los comerciantes y la reventa, y abastecer también las necesidades del Estado[582].

Al amparo de estas normas, aumentaron las incautaciones gubernativas de alimentos y combustibles no declarados, propiedad sobre todo de comerciantes mayoristas. No se reparaba en que ese expediente extraordinario desalentaba la distribución, con riesgo de que en cuestión de semanas no hubiera de qué incautarse. Estas y otras medidas punitivas, como las multas, provocaban conflictos cada vez más agudos entre las autoridades y los comerciantes, especialmente los pequeños, a los que incluso se les denegó el permiso para cerrar sus establecimientos aunque no tuvieran artículos que vender. La confrontación se agravó cuando fueron los mismos vecinos de los pueblos los que se oponían a que se incautaran alimentos para llevarlos a precio de tasa a las capitales. O hasta en las capitales cuando se trasladaban estos productos a otras provincias. Si no se llegó a la completa desorganización del mercado fue porque la limitación de las exportaciones y las incautaciones, aunque molestas, continuaron siendo excepcionales. De las segundas se registraron un total de 73 en toda España durante los primeros tres meses de 1918[583].

A esa acción compulsiva coadyuvaba la prensa de todas las tonalidades, aunque el mayor énfasis lo ponían la republicana, la obrerista y la católica germanófila. Simplificaban el problema atribuyéndolo todo a los acaparadores, esto es, a los productores y a los comerciantes que especulaban con las subsistencias y el aumento de los precios para multiplicar las ganancias. También culpaban a los exportadores de alimentos que, con similar finalidad de lucro, incrementaban la carestía vendiendo al exterior.

Para muchos consumidores, las fluctuaciones de los precios no eran producto de una oferta insuficiente agravada por la tasa regulada por el Gobierno, sino un mero trasunto de la codicia y el engaño. Se destacaba que, en los ocho primeros meses de 1917, el valor de las ventas de alimentos al extranjero superaba el 48 % respecto de 1915, mientras que el de las importaciones se había reducido un 33 %. Como la continuación de la guerra había incrementado el valor de esos productos, el indicador no reflejaba la realidad de las cantidades brutas exportadas.

Lo alarmante era la bajada de las importaciones en 1917, cuyo valor había caído un 11 % respecto a 1916, lo que a su vez reflejaba que el tonelaje de las compras al extranjero había descendido aún más. Esas cifras se agravaron en el primer trimestre de 1918, cuando también bajaron acusadamente las exportaciones respecto al año anterior. Estos índices mostraban que la política de restringir las ventas al exterior había llegado al límite y que España se estaba jugando las importaciones de trigo, carbón, gasolina, algodón, yute, abonos químicos, maquinaria y repuestos industriales que necesitaba para evitar la parálisis de su economía y el consiguiente incremento del paro. La falta de algodón estaba obligando a trabajar a la industria textil a medio gas. El Gobierno decretó, además, el racionamiento de la gasolina. A esa cruda realidad se sometió Ventosa cuando, contradiciendo su severa política de restricciones, hubo de autorizar la venta de alimentos a Italia a cambio de que esta proveyera de cáñamo y azufre a la industria española[584].

Pero el público no podía ver, de primeras, hasta qué punto agravaban la escasez los precios máximos regulados por la Comisaría de Abastecimientos y sus delegados provinciales. Muchos eran tan ficticios que no seguían otro criterio que el de congraciarse con el consumidor, y obligaban al comerciante a vender sin casi ganancia e incluso con pérdidas. Al priorizar los precios sobre unos mercados surtidos y disuadir a productores y distribuidores de poner más producto a la venta, la Comisaría de Abastecimientos no cumplía con la función que señalaba su nombre. En realidad, supeditaba el problema económico al más inmediato de orden público, pues temía la creciente indignación de los consumidores con la inflación.

Las escenas conflictivas eran recurrentes en las tahonas: los panaderos, agobiados por el incremento del precio de la harina y la tasa del Gobierno, recurrían constantemente a la triquiñuela de respetar los precios disminuyendo la calidad y, sobre todo, el peso del producto. Otras veces los altercados se generaban porque en el mercado y en las tiendas de comestibles los comerciantes se negaban a respetar la tasa. Cuando proliferaron las denuncias y las multas gubernativas, muchos tenderos decidieron vender a tasa una pequeña parte de sus existencias y fingir su agotamiento, de manera que volvieron los conflictos. Las agresiones a los comerciantes preocupaban tanto que una comisión del Círculo de la Unión Mercantil, presidida por Antonio Sacristán, se reunió el 7 de diciembre con García Prieto para demandar una mayor protección del Gobierno. A cambio, el organismo se comprometió a que sus socios compraran y vendieran a precio de tasa hasta que se agotaran las existencias en todos los comercios, que pondrían en común sus stocks para retrasar en lo posible esta situación.

El arbitrio no funcionó, las agresiones continuaron y los comerciantes se plantearon cerrar sus tiendas como protesta. Cuando el Gobierno comenzó a multar y a incautarse de producto en los almacenes de quienes eran denunciados como acaparadores, varias panificadoras anunciaron que, si no se aumentaba la tasa del pan en diez céntimos por kilo, pondrían sus hornos a disposición de los ministros para que lo fabricaran ellos. Las de Madrid recordaban que no podía obligarles a la tasa si no se hacía efectiva también para los propietarios cerealícolas y los harineros[585].

Ese era el mayor escándalo. Las tasas, desiguales de una provincia a otra, e incluso dentro de las mismas, seguían incidiendo sobre todo en los precios finales, y mucho menos en los de las materias primas. Su eficacia presuponía que todos los precios quedaran tasados y que fueran las autoridades las que velaran por la distribución del producto en el mercado y racionaran su consumo.

Pero el Estado no tenía ni los recursos humanos ni los materiales para ejercer ese control, por lo que comenzaba a estar justificado que el Gobierno, con el concurso de los ayuntamientos, la beneficencia y las cuestaciones privadas, distribuyera alimentos y carbón en el crudo invierno que se avecinaba. La experiencia de los neutrales, que impusieron el racionamiento desde el segundo semestre de 1916, hacía dudosa la eficacia del método. Pero peor era sostener precios irreales con multas e incautaciones. El «acaparamiento» no solo era especulativo: muchos productores y comerciantes se negaban a vender a tasa y preferían hacerlo en pequeñas cantidades o almacenar a la espera de obtener las cada vez más escasas licencias con las que vender al extranjero.

Con mayor tino, aunque con dificultades insalvables, peleó el Gobierno la cuestión de los transportes. Especialmente el ferroviario contribuía lo suyo a la fluctuación de los precios. En 1917 se habían inaugurado 60 nuevos kilómetros de vía, un incremento de la red del 0,4 %, y se aumentaron las subvenciones consignadas a las compañías para que prestaran el servicio sin tocar los precios. No fue suficiente para evitar que los beneficios de estas se hundieran y, con ellos, los dividendos de los accionistas, que de hecho cesaron en la Compañía del Norte y en los Ferrocarriles Andaluces. Alarmante era que, mientras el número de viajeros volvió a incrementarse un 6,3 % respecto del año anterior, hasta llegar a los 75 millones, el tonelaje de las mercancías se mantuviera estable. Se agravó la falta de locomotoras y repuestos, importados tradicionalmente de Estados Unidos y Bélgica, e incluso de vagones, que España fabricaba pero no en cantidad suficiente. Las fábricas de Beasáin (Guipúzcoa) y Barcelona tenían pedidos que atender de Francia, y la de Zaragoza había sido incendiada intencionadamente en enero de 1917. Los sabotajes alemanes para dificultar las exportaciones a la Entente eran reales y se solapaban con los de los ferroviarios, que protestaban así contra los despidos[586].

Las gestiones en el exterior fracasaron, aunque Fomento sí pudo lograr que la industria metalúrgica nacional fabricara la cantidad suficiente de vagones y raíles como para impedir la parálisis total. Pero un producto de primer orden como el carbón se acumulaba en las minas sin poderse transportar en cantidades significativas a fábricas y mercados. En invierno se ralentizó la distribución del carbón asturiano después de que las nevadas obligaran a cerrar varios puertos de montaña y obstaculizaran la circulación ferroviaria, y sin que los barcos disponibles pudieran compensarlo.

Los platos rotos los pagó Alcalá-Zamora. Lego en estas cuestiones, su intervención directa en el tráfico marítimo y ferroviario no fue afortunada. «Su innegable esfuerzo —⁠juzgaría Cambó, que le relevó en la cartera⁠— no resultó fructífero» y su «celo y actividad» crearon «terribles embrollos». Durante su mandato, los larguísimos trenes de mercancías se acumulaban en las vías muertas y las estaciones distribuidoras, o llegaban con retraso a sus destinos. El rey lo acosaba a preguntas en cada Consejo de Ministros y le urgía con vehemencia a asegurar la regularidad del funcionamiento de los transportes. La perspectiva de una agitación social en el duro invierno que se avecinaba creaba otro contexto propicio a un estallido revolucionario de mayores proporciones, situación que angustiaba al monarca. El agregado militar británico avisaba a Londres de que, si la situación se prolongaba, habría escasez de comida para el verano de 1918 y un paro crónico que amenazaría la estabilidad política de España. «El futuro es arduo para la monarquía», concluía su informe del 17 de diciembre el embajador francés Thierry[587].

Las tribulaciones de la neutralidad

Pero Alcalá-Zamora tenía poca culpa de la sobrecarga de la red ferroviaria, una consecuencia del agravamiento de los bloqueos marítimos. Los problemas de España eran los mismos que sufrían otros neutrales y, dentro de este grupo, la carestía era quizá la más leve. Por supuesto, la situación era incomparable con la de los beligerantes. Sobre esto llamó la atención el corresponsal de La Vanguardia en Francia, Gaziel, cuando retornó después de dos años a España:

Desde el pan blanco, tierno, sabroso que se nos apareció palpablemente en Port Bou, apenas traspasamos la frontera, hasta la facilidad, poco menos que normal, con que aquí se obtiene toda clase de servicios, y los precios, subidos, sin duda, pero no fabulosos como en otras partes… íbamos de admiración en admiración, y sentíamos algo parecido al pasmo bienhechor del que despierta de un mal sueño.

El marqués de Cortina, tras una larga estancia en Reino Unido, recordaba «la satisfacción de verse en España» solo por reencontrarse con trenes que tenían «calefacción y vagón-restaurante», donde «se almuerza sin restricciones». Un adversario del Ejecutivo como era el conservador La Época puntualizaba que en «España, pese a todas las deficiencias de que quiera hacerse culpables a sus gobernantes»,

… es el único país de Europa que, al mediar el cuarto año de la guerra, sigue sin racionamiento de consumo en los víveres, despilfarrando harina, azúcar, carne y todo lo que en otras partes ha sido, hace ya mucho tiempo, intervenido por el Estado… ¿Quiere eso decir que deban dormir los Gobiernos, que no hay nada que hacer? No, ciertamente. Hay que efectuar la distribución de productos; hay que prevenir la escasez de mañana, no olvidando que nos encontramos en el cuarto año de guerra, sin señales de que esta acabe; hay que organizar el intercambio con los países que nos lo permite la situación geográfica; hay que defender nuestro derecho al tráfico, que es el derecho a la vida; hay que intensificar muchas producciones. Todo eso es labor de gobierno, bastante importante. Con ello, y con organizar una política de abastos, de que hoy carecemos, habría tarea bastante[588].

El periódico insistía en el tráfico marítimo y se ufanaba, con razón, de que, bajo el Gobierno Dato, se había aliviado el ahogamiento comercial de España con la práctica eliminación de los torpedeamientos.

Paradójico era que el Gobierno de la concentración, siendo menos aliadófilo que su antecesor, sufriera de nuevo las consecuencias de la guerra submarina alemana. A ello contribuyó el que las potencias centrales ampliaran, el 21 de noviembre, las aguas afectadas por su bloqueo[589], amenazando las rutas de navegación del Atlántico Norte que eran utilizadas por los mercantes españoles que volvían de Estados Unidos. Pero también influyó que García Prieto pusiera en vigor el convenio comercial hispano-británico, alentado por un Alfonso XIII que no solo se limitó a expresar, como era usual, sus simpatías pro-aliadas, sino que se declaró ante el agregado militar británico como fuertemente «antigermano». Y ello en un momento en que los éxitos de las potencias centrales en los frentes ruso e italiano alejaban la victoria de la Entente.

En noviembre fueron interceptados dos mercantes, el Buenaventuray el Lalen Mendi, sin víctimas. El 13 de diciembre, un torpedo averió el vapor Claudio, que llegó a Bilbao a duras penas y con ocho muertos. El 31 de ese mes cayó el Joaquina Mumbrú, que transportaba alimentos a Estados Unidos, aunque Berlín reconoció la improcedencia del torpedeamiento e indemnizó a los perjudicados. En la tercera semana de enero sufrieron ataques el Bonanova y el Víctor Chávarri, este último en el Canal de la Mancha y cuando traía carbón a España.

La tensión diplomática con Alemania volvió a los peores momentos de marzo y abril de 1917 al demostrarse que los buques italianos Participation y Caprera y el francés Ville de Verdún fueron atacados entre el 4 y el 6 de febrero en aguas jurisdiccionales españolas, y, sobre todo, cuando el mercante español Giralda, que hacía comercio de cabotaje entre Huelva y Pasajes de San Juan (Guipúzcoa), aunque transportando piritas que después pasaban a Francia por ferrocarril, fue hundido el 25 de enero. García Prieto no pudo ocultar su irritación por este último hecho al embajador francés, al que reveló también que los alemanes alentaban las huelgas y los desórdenes causados por la falta de subsistencias. La enérgica nota que el Gobierno envió el 7 de febrero no consiguió resultados tangibles, pues, como reveló el embajador Ratibor a García Prieto, Alemania recrudecía la guerra submarina en un supremo intento de ahogar económicamente a sus adversarios.

Quizá por ello los ataques aumentaron justo cuando se abrieron en Madrid las negociaciones comerciales para firmar sendos convenios de España con Francia y Estados Unidos, que cuajaron finalmente el 7 de marzo. Para Francia suponía la compra sin restricciones de minerales, tejidos, armas, municiones y algunos alimentos, para los que España le abriría un crédito de 350 millones. A cambio, se importaría del país vecino copra, fosfatos, alquitranes, hierro viejo, herramientas, maquinaria y el valioso material ferroviario. El mercado francés absorbería grandes cantidades de vino, alcohol, frutas y corcho españoles. Por último, España podría intensificar su comercio con Suiza a través de territorio galo[590].

La respuesta de Alemania no se hizo esperar. En febrero de 1918 fueron atacados el Sebastián —que llevaba sal común a Estados Unidos—, el Ceferino, el Mar Caspio —⁠que llevaba corcho a Nueva York y que debía traer locomotoras adquiridas por la Compañía del Norte—, el Neguri —⁠que hacía la ruta de Nueva York a Marsella— y el Sardinero, cerca de Casablanca. Desde el comienzo de la guerra, 47 buques españoles habían sido ya torpedeados. Con el agravante de que, si España necesitó en la preguerra 1,5 millones de toneladas de buques para asegurar su comercio internacional, ya solo contaba con las 630 000 nacionales para afrontar el último año de guerra. La falta de barcos para transportar los cítricos y la uva del Levante volvió a hacerse angustiosa, y con ella se reprodujo la crisis de trabajo del año anterior[591].

García Prieto se planteó seriamente romper las relaciones diplomáticas con Berlín, pero Alfonso XIII le contuvo. España todavía tenía ases en la manga con los que presionar antes de llegar a esa resolución: paralizar los créditos votados para los refugiados alemanes, hacer salir a sus barcos de los puertos españoles o renunciar a representar sus intereses ante los países con los que Alemania estaba en guerra. Que no se tomara ninguna de estas resoluciones llevó a dimitir, el 22 de febrero, al ministro de Marina, Gimeno, aunque se retractó a petición del rey.

Y es que nada anticipaba entonces la derrota de los centrales. La incontestable victoria de Alemania sobre Rusia y la firma del tratado de Brest-Litovsk consolidaban su dominio sobre Europa del Este. Finiquitado en apariencia aquel lejano frente, se esperaba el traslado de tropas alemanas al occidental para llevar a cabo una gran ofensiva contra franceses y británicos. Para buena parte de la opinión pública, Alemania parecía acercarse a la victoria[592].

12

El soviet de los sargentos

Antes de celebrar las elecciones de febrero de 1918, y con el objetivo de abrir con garantías legales las trascendentales Cortes de la renovación, Juan de la Cierva debía restaurar la tranquilidad y la cohesión de la milicia. El ministro de la Guerra creía que las juntas «pugnaban con la indispensable disciplina en el Ejército», pero, sin resortes coercitivos, el problema debía afrontarse con «miramientos y tolerancias que en otros casos serían inexplicables». «Hombre de grandes condiciones, trabajador infatigable, orador de los que convencen —⁠escribió Romanones— [Cierva] era para la política poco dúctil y en exceso apasionado», aunque por su carácter enérgico e inflexible era el indicado para hacerse respetar entre los militares. «Complexión recia, sólida —⁠recordaba Azorín—, rubio, con una barbita breve, recortada… ojos grises» que interrogan, era un gestor competente, ascendido a ministro por Maura, pero que ya había mostrado su talento construyendo la fortísima organización de los conservadores murcianos. Sin embargo, como representante del ala derecha de este partido, no ha disfrutado de buena prensa en la historiografía socialista, que lo ha caricaturizado como un político autoritario y sempiterno aspirante a dictador[593].

En un primer momento, Cierva intentó ganarse a las juntas, para lo cual solicitó el nombramiento de sus ayudantes para las distintas armas y cuerpos. A la de Barcelona le pidió su asistente de Infantería, lo que dio lugar al primer conflicto. Márquez se había postulado para el puesto, pero Cierva lo vetó porque no quería a su lado al hombre que había derribado a Dato, ya que eso haría que todos creyeran «que el ministro era el coronel». Contra lo esperado, la mayoría de la Junta Superior apoyó a Cierva ante la indignación de Márquez, que amagó con dimitir. Peor efecto aún causó que el ministro mantuviera en su puesto al subsecretario de Primo de Rivera, el general antijuntero Ricardo Aranaz, hecho que para Márquez evidenciaba que sus compañeros habían cometido un error al apoyar a Cierva.

Márquez va a por Juan de la Cierva

Visto que Cierva no iba a ser un ministro cómodo, Márquez decidió moverle la silla. Primero retrasó la carta de salutación que la Junta Superior había aprobado remitirle el 7 de noviembre, y cuando al fin la envió —⁠nueve días después⁠—, el coronel justificó irónicamente la demora diciendo que los comisionados ya le habían dado oficiosamente la bienvenida. Márquez también expresó su disgusto porque Julio Amado había entregado al ministro un escrito con las reivindicaciones de las juntas sin su autorización, y aprovechó la circunstancia para pedir a Cierva que retomara el asunto de la expulsión de los generales antijunteros.

Sin embargo, el ministro le dio largas e incluso decidió ascender a general al coronel de Artillería Ángel Galarza, adversario de las juntas tras haber intentado disolver la suya en abril de 1917 por orden de Luque. En realidad, el ministro no había hecho más que aplicar el criterio de estricta antigüedad acostumbrado entre los artilleros, pero los junteros se pusieron en pie de guerra y llegaron a descalificar a Galarza diciendo que era un militar que «casi nunca había hecho servicios de armas». Cuando Márquez dispuso que el cuerpo de Infantería se solidarizara con los artilleros, Cierva cedió para limar asperezas y se lamentó de esta situación ante Galarza, que equiparó con el ostracismo político que él mismo había sufrido desde la Semana Trágica de 1909. Galarza, enojado, solicitó el retiro, y entonces Cierva decidió que había llegado el momento de ir a por Márquez, antes de que el coronel lo echara a él del ministerio[594].

Ganar al Ejército para la monarquía

Con el consentimiento del rey, el ministro de la Guerra desplegó una extraordinaria actividad para construirse una base sólida de apoyo en el Ejército. Recibió comisiones militares, trabó relación directa con las juntas madrileñas, visitó cuarteles y academias, multiplicó contactos y no usó ni el turno de elección en los ascensos ni los estipendios a los que tenía derecho. Así, pese a que al principio muy pocos junteros le habían apoyado, pronto logró ampliar esa confianza a un cuadro amplio de jefes y oficiales. Esta labor de captación buscaba restablecer la confianza de los militares en la monarquía constitucional, y restarle ambiente a las maniobras de los nacionalistas y los republicanos. Eduardo Benzo, un militar afín a los republicanos, reconocía que Cierva

… supo hacerse cargo del hambre y sed de justicia que formaba en el sentimiento íntimo del movimiento, y procuró satisfacerlo con su conducta ministerial, dirigida a evitar en cierto modo que siguiera derroteros políticos, cosa que podía ocurrir si no se encauzaba rápidamente, pues era aquella fuerza demasiado grande y un tanto acéfala para que pudiera resistir por mucho tiempo los continuados asedios de que era objeto[595].

Para ello, Cierva amplió a 1918 el aumento salarial que Dato había dispuesto para el año anterior. También promovió un decreto que aumentaba la asignación de los tenientes coroneles y concedió una paga extraordinaria de Navidad que beneficiaba a todos los empleos, excepto a generales y a coroneles. Márquez se opuso a esta medida y la Junta Superior de Infantería aprobó que las cantidades se destinaran al Colegio de Huérfanos de Guerra. Pero los oficiales no estaban para donaciones y aceptaron la retribución, lo que en los meses finales de 1917 actuó como calmante ante la inflación acelerada y sirvió para que se adoptaran medidas similares para los funcionarios civiles. Así, a los que cobraban sueldos de menos de 6500 pesetas anuales se les asignó una paga adicional de entre el 5 y el 10 % del salario, con una escala que disminuía el porcentaje cuanto más alto era el salario[596].

El ministro de la Guerra continuó la política de Dato de renovar los cuarteles y dotar al Ejército de equipamiento adecuado. Sin embargo, el apaciguamiento hostil a las juntas de sus antecesores dio paso a expresiones de empatía. En un imprudente discurso ante el Regimiento Inmemorial y el capitán general de Madrid —⁠dirigido a obtener el apoyo de los partidos y de la opinión pública para aumentar el gasto militar⁠—, Cierva subrayó que España carecía de material para sostener durante más de una semana un conflicto armado. El ministro apeló también a la disciplina, virtud «que, una vez perdida, no se recobra», y añadió que los oficiales y suboficiales desde aquel momento debían plantear sus «legítimos deseos» únicamente de «manera legítima». En otro discurso en Valladolid, el 13 de diciembre, calificó de «providencial» la «voz potente» de las juntas «pidiendo renovación» y afirmó que, lejos de ser un peligro, eran «hijas de un movimiento patriótico llamado a purificar la vida nacional y la vida íntima del Ejército». El ministro anunció que esa renovación «para salvar a España, para engrandecer a la patria» ya estaba en marcha, pero solo podría culminar con la monarquía, «nexo que une todas las voluntades y todas las energías» y único régimen que podía asegurar la «prosperidad y el engrandecimiento de España; y si no, pensad en lo ocurrido en otros países y aun en nosotros mismos en otras épocas». Por tanto, los jefes y los oficiales debían mantener su lealtad al rey y velar por las clases subalternas, a las que algunas fuerzas de «espíritu antimilitarista» seguían intentando ganarse.

Como el 17 de diciembre, en otra arenga, Cierva insistiera en sus elogios a las juntas, suscitó las críticas de los jefes de las formaciones constitucionales[597]. Las más graves vinieron de su propio partido, el conservador, al que era difícil callar tras haber sido expulsado del poder por los junteros. Sin embargo, paradójicamente, estas críticas otorgaron a Cierva mayor credibilidad entre los militares. Siendo consciente de lo que se proponía el ministro de la Guerra, Dato contestó con suavidad, en unas declaraciones a El Liberal, diciendo que las juntas habrían sido provechosas si hubieran concentrado su labor en los ascensos y los destinos, y en elevar a su ministerio todo lo relacionado con las mejoras profesionales y la dignidad del Ejército. Sin embargo, no habían permanecido «totalmente separadas de… cualquier injerencia en la política nacional», cuando en ella no cabía otra intervención que la del ministro de la Guerra y la de los capitanes generales en el Senado.

Más duro fue Sánchez de Toca, que en El Imparcial cuestionó la existencia de las juntas, a las que consideraba culpables de la crisis del régimen constitucional, pues habían introducido «el desacato» en «el santuario de las ordenanzas, que son la suprema garantía de la eficacia coercitiva para todas las demás jurisdicciones» y «desmandado» la disciplina y la obediencia debida al poder público. Por eso, los junteros de Infantería, al sobrepasar los límites en que se movieron tradicionalmente los artilleros, eran «la antítesis» de la institución militar.

Para Toca, lo peor era que el ejemplo juntero cundía entre los funcionarios civiles, cuando a ninguno de estos debía permitírseles el «sindicalismo». En su opinión, no podían equipararse los «principales usufructuarios de la lista civil del presupuesto del Estado» con los asalariados de una empresa privada, pues el asociacionismo y la huelga eran los únicos instrumentos que los segundos tenían de mejora. Y menos aún podían hacerlo «los institutos armados», pues era monstruoso que se adjudicaran «el derecho de sindicación de los inermes» valiéndose de las armas «que el poder público les ha confiado». Si el 1 de junio las juntas se impusieron fue por empeño de los escalafones más numerosos del cuerpo de oficiales; esto es, los capitanes y los tenientes. Pero si se seguía por ese camino, más fuerza numérica representaría un juntismo de sargentos y, sobre todo, de soldados, movimientos que Toca sabía ya en ciernes. El expresidente del Senado responsabilizó al Gobierno de García Prieto de no tomar en junio una clara determinación: o aplicarles la ley a los junteros o, si esto no era posible, promover «la acción moral del concurso de los supremos poderes concertados para conseguir un ambiente de paz pública».

Toca también extendió sus críticas a Dato, de quien dijo que heredó un problema exacerbado y que aceptó el poder sin asegurarse antes la obediencia de las juntas. Asimismo, coincidía con Maura en que «el más grave desacierto de un Gobierno es mantener situaciones equívocas, resignándose a convivir con su propia destitución», pues si los militares no volvían a la disciplina, debían ser los propios militares los que se encargaran del Gobierno «asumiendo todas las responsabilidades». En su opinión, fue el mantenimiento de esa confusión lo que propició «las peripecias de julio y agosto»[598].

Así pues, Toca atacaba la política de Cierva y su intento de atraer a las juntas asumiendo sus reivindicaciones, porque, en su opinión, el camino no era recompensar la indisciplina, sino, por el contrario, destinar los recursos a la Guardia Civil y a todas aquellas armas «limpias de juntas». Menos tolerable aún era justificarlas y elogiarlas —⁠como Cierva hacía⁠—, algo irreconciliable «con la dignidad constitucional» y «la paz pública». El político conservador recibió numerosas felicitaciones por sus declaraciones, incluso de varios diputados y senadores liberales, pues lo que acababa de hacer era poner de manifiesto un estado de opinión latente que desmentía la supuesta unanimidad de la opinión pública sobre la virtud «regeneradora» del juntismo.

De lo único de lo que Toca se olvidaba era de que no había otra política alternativa a la de Cierva, ya que la cuestión seguía estando planteada en los mismos términos del 1 de junio de 1917; es decir, los Gobiernos carecían de instrumentos coercitivos para disolver las juntas, que mantenían un amplio apoyo entre la oficialidad y contaban, además, con la tradición de solidaridad de los distintos cuerpos, que les impedía enfrentarse entre sí. Es cierto que sí existía alguna oposición a las juntas dentro del Ejército por su injerencia política y sus devaneos con los partidos antimonárquicos, pero casi nadie entre los jefes y oficiales recusaba las demandas que llevaron a su creación. Si Cierva las reconvertía en algo parecido a las viejas juntas de Artillería y las apartaba de toda connivencia con los republicanos, habría salvado lo principal. Pero las declaraciones de Toca no ayudaban. Como era de esperar, La Correspondencia Militar descalificó duramente al expresidente del Senado, al que recordó que en la crisis de octubre había ofrecido decretar en veinticuatro horas todas las reformas propuestas por las juntas. Cierva consiguió que el Gobierno impusiera la censura de prensa a las cuestiones militares, no sin que el conservador La Época le llamara la atención por seguir alentando el debate al reiterar sus halagos a las juntas en otro discurso en el Centro del Ejército y la Armada[599].

La emancipación de los suboficiales

Las insistentes referencias de Cierva a la obligación que los oficiales tenían de velar por las clases subalternas y apartarlas de los movimientos subversivos revelaban que el ministro estaba al corriente de las tareas de captación tanto de republicanos como de socialistas. En el mes de octubre de 1917, los brigadas y los sargentos habían reanudado los trabajos para organizar su propia junta, la llamada «unión de las clases de tropa», y publicaron una circular de singular dureza contra los oficiales junteros y el Gobierno, ya que el problema salarial y el bloqueo de sus posibilidades de promoción —⁠al no contar con la preparación requerida para acceder a las academias⁠— hacían que el número de descontentos fuera en aumento. Tras el conato juntero justo después del pronunciamiento del 1 de junio, estas clases habían permanecido a la expectativa, esperanzados con la anunciada subida salarial en el proyecto del ministro Fernando Primo de Rivera. Reivindicaciones menores eran también el derecho de voto, la mejora y diferenciación de los uniformes o relevarles de dormir en cuarteles y barracones.

Sin embargo, en noviembre de 1917 bullía el alistamiento de estas clases en sus propias juntas. Estaban insatisfechas al conocer que los planes de Márquez postergaban parte de sus demandas y marginaba a los sargentos, que quedaban reducidos a tropa mientras los empleados inmediatamente superiores eran asimilados al cuerpo de oficiales. De la potencia del movimiento da cuenta que algunas fuentes elevan a 15 000 sus efectivos, in crescendo además por la incansable labor de sus enlaces. Vestidos de paisano, con instrucciones en clave y reuniones secretas, estos visitaban las guarniciones para captar adeptos, las mismas tácticas que desarrollaron los oficiales junteros entre 1916 y principios de 1917. Incluso se implicaron varios sargentos de Alabarderos y Escoltas Reales. Las inconexas iniciativas del verano estaban cuajando en una poderosa organización nacional —⁠por medio de una junta central con sede en Valencia⁠—, que en la Navidad de 1917 lograría jurisdicción sobre toda España.

Sargentos y anarquistas

La Junta de Madrid, hasta entonces competidora de la valenciana, contaba con un comité de acción secreta dirigido por Restituto Mogrovejo, estrechamente ligado a la CNT, que lideraba un grupo de sargentos abiertamente revolucionario cuya misión era actuar como junta suplente en caso de que el Gobierno arrestara a la titular. Si esto ocurría, estaban preparados para dar un golpe que incluiría el secuestro del rey a manos de varios sargentos de su escolta. En diciembre de 1917, Mogrovejo informó de sus planes a Melquíades Álvarez, Lerroux, Azzati, Marcelino Domingo y Pablo Iglesias, con quien contactaron a través de Araquistáin. El patriarca socialista creía que era un golpe arriesgado, pero prometió el apoyo del PSOE y de la UGT. Lo mismo hizo un entusiasmado Mauro Bajatierra en nombre de la CNT madrileña. Las actividades del comité habían llamado la atención de los oficiales del regimiento de Infantería de León, que arrestaron a Mogrovejo y a otros dos sargentos, lo que provocó un movimiento de solidaridad entre sus compañeros y su posterior puesta en libertad[600].

La relación de los sargentos junteros con sus superiores era cada vez más tensa. Los oficiales comenzaron a dormir en los cuarteles, en previsión de motines, y los sargentos rebeldes lo hacían «con el fusil oculto en la cama». También el movimiento juntista comenzó a extenderse entre los soldados. Los sucesos se filtraban a la prensa, que entre finales de noviembre y principios de diciembre de 1917 se hizo eco de diversos rumores que hablaban de la creación de juntas en las clases de tropa. Para paliar el nerviosismo, el 4 de diciembre Cierva emitió una nota en la que negaba la existencia de esas juntas, advirtiendo además que no toleraría la publicación de noticias que afectaran a la disciplina del Ejército y a su condición de sostén de España y de la monarquía. En una de las reuniones de los mandos con el ministro, el general Weyler, entonces jefe del Estado Mayor Central, se encaró con los coroneles junteros, a quienes acusó de haber abierto la caja de los truenos[601].

Cierva no estaba dispuesto a permitir la consolidación de las juntas entre los suboficiales, pues sería el golpe de gracia a una disciplina dislocada y otorgaría una nueva oportunidad para una intentona revolucionaria. El ministro anunció que su reforma se apartaría del proyecto de Márquez para inspirarse en el de Primo de Rivera, que favorecía las reivindicaciones de los sargentos, y ordenó a los mandos de las respectivas unidades que recogieran, junto con sus demandas, las de las clases de tropa.

No le fue difícil convencer a los oficiales junteros, que en su asamblea del mes de septiembre ya habían asumido que era necesario evitar que sus subordinados se organizaran en una junta independiente. Sin embargo, el 11 de diciembre esta no solo se había consolidado, sino que había alcanzado tal fuerza que obligó a Cierva a informar de su existencia a los capitanes generales y gobernadores militares de las diversas plazas. Los jefes y los oficiales cerraron filas con el ministro de la Guerra y los generales, y Cierva contactó con los brigadas y sargentos implicados para comunicarles personalmente las reformas que proyectaba y pedirles que no siguieran adelante con la organización. La rotunda negativa de los sargentos llevó a creer al ministro, como declaró a los periodistas, que «personas extrañas al Ejército» animaban el movimiento con fines subversivos.

Algo de eso había. La misma Junta Superior de Barcelona advirtió en una circular a sus homólogas de otras regiones «de que por personas o colectividades ajenas o enemigas de las instituciones militares y, en especial, de la Unión del Arma de Infantería, se intenta provocar el descontento de las clases de tropa y la desconfianza hacia sus oficiales», por lo que pedía que se hiciera «entender a dichas clases el peligro que corren de convertirse en instrumento de miras y ambiciones de carácter político, si no están muy atentas a rechazar las solicitaciones de que puedan ser objeto». Los junteros se referían a los republicanos, los socialistas y los anarcosindicalistas, que recibían exultantes la organización de los suboficiales. Justo en la resaca de la revolución que había llevado a Lenin al poder en Rusia, Miguel de Unamuno, en sendas conferencias en el Ateneo y en la Casa del Pueblo, se refirió a unos «soviets» de soldados que podrían convertirse en «pueblo armado». «¿Y qué hará entonces —⁠se preguntaba el escritor refiriéndose a Cierva⁠— ese paisano que está al frente del Ministerio de la Guerra, ese dictador en ciernes aunque dictador al dictado?».

El ministro tenía en su poder varios de los telegramas en clave que se enviaban los sargentos junteros —⁠interceptados por la Policía⁠— y que confirmaban sus contactos con los dirigentes antimonárquicos. En los cuarteles de los regimientos de Vergara y Alcántara, en Barcelona, unos sargentos hicieron pintadas contra los oficiales con los lemas «¡Abajo los traidores! ¡Viva la República!». Uno de los telegramas, tras simular un aviso de inasistencia a la partición de una herencia, terminaba con un «Cúmplase la voluntad del “Abuelo”», el apelativo que los socialistas daban a Iglesias. En otros pasquines, los sargentos asimilaban las juntas a los consejos de soldados, es decir, a los soviets, y el mismo García Prieto reveló a sus ministros que estos junteros impondrían al Gobierno el reconocimiento de su asociación con el auxilio de la UGT asturiana, dispuesta a paralizar de nuevo la producción de carbón[602].

Era fundado el temor de que, incluso si la mayoría de los suboficiales implicados lo estaban por reivindicaciones profesionales, se repitieran el chantaje y la suplantación del poder público que se produjo con el pronunciamiento del 1 de junio. Aquellas exigencias que no pudieran ser cumplidas por el Gobierno podrían convertirse en el banderín de enganche que uniera a los junteros con los partidos y los sindicatos antimonárquicos, dispuestos a prometerlo todo a cambio de recabar un compromiso revolucionario. Angustiaba, además, la perspectiva de que tolerar esas juntas implicaba hacerlo también con las que comenzaban a surgir ya entre los cabos y soldados, y, si estas cuajaban, sería «el principio del fin», como confesó el rey al agregado militar británico, pues «inducidos y manejados los soldados y las clases por socialistas y revolucionarios, los vientos de Rusia podrían traer una catástrofe nacional».

Por ello, Alfonso XIII era partidario de una «acción firme», ya que al espectro ruso se añadía la evocación de aquellas «sargentadas» del siglo XIX que cuartearon la disciplina militar y el régimen constitucional. Asimismo, se temía que el movimiento reeditara la revolución portuguesa de 1910, donde los sargentos y los cabos revolucionarios, ligados a la sociedad secreta de la Carbonaria, desempeñaron un papel clave en la caída de la monarquía, además de su reciente protagonismo en la revuelta de diciembre de 1917, que había llevado al poder al coronel Sidonio Paes. Así lo transmitían los embajadores y los agregados militares británicos y franceses, alarmados por el imparable crecimiento del juntismo. Denvignes refirió a París que el estado del Ejército español era una recreación del ruso en vísperas de la revolución de febrero[603].

El desafío juntero se explicitó el 3 de enero de 1918. El Gobierno había anunciado la convocatoria de las nuevas elecciones, para las que García Prieto ya había recabado la firma del rey. Puesto que en periodo electoral se hacía extremadamente difícil suspender las garantías constitucionales e imponer la censura de prensa, la junta de suboficiales aprovechó la ocasión para salir a la luz y anunciar en un manifiesto que la «unión de las clases de tropa era ya un hecho». Solicitaban del ministro de la Guerra el reconocimiento de su organización en los mismos términos con que se reconocieron las de los jefes y oficiales el 12 de junio de 1917, con objeto de tener participación e influencia directa, sin intermediarios, en las reformas que se preparaban. Asimismo, señalaban que «las clases de tropa» no se unían con «fines políticos», ni para «coaccionar la soberanía nacional ni en las personas de sus representantes», sino para pedir «dignificación», e informaban de que trabajaban «en la obscuridad» por «respeto a la disciplina», en inequívoca crítica a las juntas de oficiales. Añadían también que «nuestros ideales han sido tergiversados por los que debieran sustentar su pureza, y en vez de esto son los que achacan a la unión de clases de tropa fines políticos y revolucionarios». Los suboficiales declaraban su lealtad «al primer soldado de España, nuestro querido soberano el rey don Alfonso XIII», y se dirigían al ministro «en tono de súplica… nada de amenazas que lejos están de nuestro ánimo; nada de emplazamientos ni residencias». Sin embargo, acusaban a los oficiales de «ejercer coacción sobre nuestras aspiraciones con el fin de amoldarlas a lo por ellos redactado». Pedían un plazo para elevar a Cierva una síntesis de las aspiraciones de las clases de tropa, lo que presuponía la convocatoria de una asamblea propia patrocinada por la junta central de Valencia[604].

En previsión de que el Gobierno no cedería a sus requerimientos, los sargentos prepararon un golpe que debía producirse la madrugada del 4 de enero, con una consigna —⁠«cuatro horas»⁠— que los destinados en los servicios de telegrafía y telefonía transmitirían a todas las guarniciones. Las comunicaciones se cortarían y los sargentos, de acuerdo con sus soldados de confianza, se harían con los cuartos de banderas, deteniendo a los oficiales, y tomarían el mando de las unidades militares. También ocuparían el Ministerio de la Guerra, las capitanías generales, los gobiernos militares y el Palacio Real, haciendo prisioneros al rey y a sus superiores jerárquicos. El comité de acción secreta se establecería en Palacio y, acto seguido, convocaría a los políticos republicanos y socialistas para proclamar la república[605].

Cierva habló con García Prieto y acordaron que no cederían, que acuartelarían las tropas y suspenderían las comunicaciones telefónicas y telegráficas para evitar una acción simultánea de las juntas, muy fuertes en Madrid, Valencia y Zaragoza. Tras un Consejo de Ministros extraordinario y de acuerdo con el rey, al que García Prieto y Cierva abordaron en el palco del Teatro Real, el ministro de la Guerra se reunió el 4 de enero con el capitán general y los generales y coroneles de la guarnición de Madrid para desmantelar el movimiento. Los jefes y oficiales separaron de la tropa a los sargentos junteros y los arrestaron, al tiempo que ordenaron quitar los cerrojos de las armas y guardarlas bajo llave[606].

En todos los cuarteles se hizo formar a las unidades, y a los suboficiales se les obligó a declarar bajo juramento si pertenecían o no a las juntas y si continuarían militando en ellas si el Gobierno las disolvía. Los oficiales debían licenciar a los cabecillas del movimiento y apartar del Ejército a quienes no se comprometieran a abandonar las juntas. En Madrid solo hubo conatos de resistencia en los regimientos de Saboya y Wad-Ras, y hasta un máximo de 10 suboficiales por regimiento fueron licenciados en la capital, aunque los números fluctuaron entre cero y cinco. En Valencia fueron expulsados un total de 10. El subsecretario de Guerra, Aranaz, reveló que la mayor densidad de junteros se localizaba en la guarnición de Badajoz, fronteriza con el Portugal republicano. Fueron apartados del Ejército 20 suboficiales, 79 brigadas y 149 sargentos, 248 individuos en total, aunque el Gobierno sabía que hasta 2849 se habían comprometido estrechamente con su junta. Entre los expulsados se encontraban Francisco Jordán y Jesús Arenas, animadores del movimiento en Valencia y Madrid, respectivamente.

Los licenciados acudieron a los periódicos para quejarse y reafirmarse en que no pretendían más que crear un organismo de reivindicación profesional. La Policía registró un establecimiento de la calle San Vicente, en Madrid, donde tenía su punto de encuentro el comité de acción secreta, y logró incautarse de numerosa documentación. Como la previsora acción de Cierva había desbaratado el complot antes de que empezara, el 30 de enero de 1918 el ministro pidió a las juntas de reenganche que aplicaran «amplitud de criterios» e hicieran reingresar a todos aquellos expulsados que abjuraran explícitamente del juntismo, lo que benefició a los cabecillas que no tenían relación alguna con las actividades revolucionarias.

Es obvio que la gracia pretendía, aparte de absolver a los junteros no politizados, no causar agravios respecto de unos oficiales a los que no se había podido aplicar ese correctivo después de que subvirtieran la legalidad desde junio hasta octubre de 1917. «Habíamos llegado muy a tiempo —⁠recordaba Cierva⁠— porque estaban las juntas que habían formado al principio de su labor» y «no había surgido ningún choque violento con sus jefes, que hubiera imposibilitado de momento la reconciliación y la adopción de medidas hábiles y suaves». Cinco meses después, tan solo quedaban 56 expulsados. Casi todos engrosarían las filas de la conspiración republicana y volverían al Ejército en julio de 1931. En diciembre de 1918, cinco de ellos impulsaron El Soviet, un periódico bolchevique inspirado por el anarquista y excolaborador de los alemanes Miguel Pascual, y el exsargento Tomás de la Llave, mientras Mogrovejo se convertía en un destacado dirigente de la CNT madrileña[607].

La eliminación del coronel Márquez

El juntismo de los suboficiales alarmó a sus superiores lo suficiente como para que muchos se replantearan la existencia de su propia organización. Los oficiales más comprometidos no estaban dispuestos a abolir las juntas, aunque el sector ciervista bajó el pistón de su activismo y desde 1918 el movimiento juntista comenzó a languidecer. Ello fue posible porque el ministro de la Guerra consiguió apartar a Márquez, el máximo responsable del intervencionismo político de las juntas y el vínculo más poderoso que unía a los oficiales con la Lliga y los partidos antimonárquicos.

La batalla decisiva entre ambos había comenzado el 30 de noviembre de 1917, cuando Cierva envió un cuestionario a todos los generales, jefes y oficiales para conocer su opinión sobre las reformas militares y, especialmente, sobre los ascensos, retiros, sueldos, recompensas y la reorganización de las clases de tropa. Era un paso arriesgado, porque el ministro establecía contacto directo con los militares y privaba a las juntas de su papel de intermediario y único «condensador de las aspiraciones del Arma»[608].

Cuando Márquez se enteró, montó en cólera y se opuso a que los jefes y oficiales del arma respondieran individualmente, pues debía ser la Junta Superior de Infantería la que contestara en representación de todos. Para demostrar a Cierva quién mandaba en el Ejército, el coronel envió una circular a las juntas regionales con un modelo único de respuesta que debían firmar y remitir todos los coroneles al ministro. Cuando Cierva lo supo, amenazó con dimitir, pero el vicepresidente de la Junta Superior, Martínez-Raposo, consiguió que esta modificara la circular, permitiendo a los coroneles dar su opinión siempre que aclararan que era la suya, no la de las juntas.

El 11 de diciembre, Cierva remitió una misiva a la Junta Superior lamentando lo sucedido y quejándose de la desconfianza con que se le trataba. Incluía una postdata en la que decía haber recibido explicaciones satisfactorias de Martínez-Raposo y Julio Amado, y que por ello no se marcharía. Sin embargo, el mismo día salió un aviso de la sección de Infantería del ministerio solicitando que dos comisionados de la Junta Superior se presentasen de inmediato en Madrid. Amado, en nota particular, pidió que uno de ellos fuera el comandante Espino. El coronel Márquez sabía que, tras García Rodríguez, Espino era el más ciervista de los miembros de la Junta Superior, por lo que pidió que le acompañara Pérez Palá, en quien sí confiaba[609].

El coronel tenía un as en la manga para frustrar la conciliación entre el ministro y la Junta Superior. Al día siguiente, 12 de diciembre, filtró a la prensa la carta que había enviado al general Aguilera para requerirle que rectificara sus críticas a las juntas. Márquez quería reactivar la expulsión de los generales antijunteros y la destitución del alto comisario de Marruecos, Jordana, cese que llevaba exigiendo desde junio. Su sorpresa fue mayúscula cuando, en esta ocasión, su propuesta fue recibida con frialdad por los demás miembros de la Junta Superior. Espino y García Rodríguez le comunicaron que habían paralizado esas polémicas exigencias por petición de Cierva durante los días de la crisis del mensaje, añadiendo que el ministro les había solicitado, además, que no insistieran más en ellas para propiciar la reconciliación con los generales. Pero Márquez se negó: el acuerdo había sido votado por la asamblea nacional de las juntas y debía cumplirse. Exigió a Espino y Pérez Palá que, en la entrevista que tendrían con Cierva, le comunicaran los nombres de los diez generales a los que debía exigirse responsabilidades.

Conocedor de la fisura existente en la Junta Superior, el ministro contraatacó y contestó a la filtración de Márquez sobre Aguilera con dos decisiones terminantes que se cuidó de hacer públicas. Cierva se negó a hacer cambio alguno en la Alta Comisaría de Marruecos y, además, rehabilitó con sendos mandos a dos de los generales descalificados por Márquez, Bazán y Riera. Márquez observó que nadie en la Junta Superior ni en las regionales de Infantería protestaba por ello. Las armas de Caballería y Artillería, a las que el coronel requirió su solidaridad, se mostraban «cansadas de política» y recelosas de que sus organizaciones se convirtieran en una herramienta de los políticos, especialmente de los antimonárquicos.

La conspiración que salió del revés

Indignado con Cierva, el coronel Márquez buscó apoyo y asesoramiento en Melquíades Álvarez, que le aconsejó que redactara una carta «invitando» al ministro a marcharse, una maniobra que también puso en conocimiento de Lerroux.

Concertado con ambos dirigentes republicanos, Márquez envió la misiva el 18 de diciembre. En ella protestaba por el cuestionario enviado por Cierva al «restarle autoridad» ante los jefes y oficiales, añadiendo que la Junta Superior era el único órgano condensador «de lo que piensa el Arma». Asimismo, informaba de que no hubo «nerviosidad», sino «acuerdo tomado» cuando se desautorizó al ministro y se aprobó la circular que se envió a las juntas regionales con la carta modelo dirigida a los coroneles. Además, acusó de mala fe a Cierva por enviar el cuestionario cuando ya conocía por Amado, y después por el mismo Márquez, las «bases» junteras para la reforma militar. Por último, contradijo al ministro diciendo que no tenía la confianza de la Junta Superior, «puesto que ella no la tiene del Arma, sino en casos muy limitados»[610].

El desafío de Márquez al Gobierno era la última oportunidad de la Alianza de Izquierdas para que la Junta de Infantería, tras cometer el «error» de no apoyar la huelga revolucionaria, según Melquíades Álvarez, se opusiera al «régimen de injusticia y de abyección política que lleva a España a la ruina». Haciéndose «intérpretes fieles de la nación», Álvarez urgía a los junteros a «destruir sin piedad hasta las últimas raíces de las oligarquías y abrir cauces por donde pueda fluir libremente la voluntad soberana del pueblo, origen único de toda autoridad y de todo poder». Lo mismo pedía el socialista Araquistáin: «El levantamiento militar del 1 de junio fue una esperanza de libertad y de aptitud de Gobierno», y las juntas «pudiendo revolucionar, no han revolucionado», por lo que debían acabar «de alguna otra forma la obra que comenzaron y que han dejado incompleta»[611].

Justo después de enviar la polémica carta, Márquez informó a Espino y Pérez Palá, que se hallaban ya en Madrid. Los dos comisionados, al ver que la maniobra del coronel pretendía la ruptura entre las juntas y el Gobierno, le pidieron que la recuperara e incluso se ofrecieron para interceptarla. Sin embargo, la misiva llegó a manos de Cierva el 19 de diciembre[612]. El ministro informó a García Prieto. Pese a que la carta suponía una desautorización explícita de la Junta Superior a Cierva, el presidente le pidió que se mantuviera en su puesto. Era lo que Márquez esperaba, así que convocó a la Junta Superior de Infantería para que aprobara la carta y la mandase a los periódicos en nombre de toda la organización.

Cierva decidió aprovechar la indignación de Espino y Pérez Palá con Márquez. Les pidió que se concertaran con Martínez-Raposo y García Rodríguez para, entre los cuatro, forzar la caída del coronel. Así, el 26 de diciembre, la reunión de la Junta Superior que debía haber servido para reprobar a Cierva se convirtió en un juicio a Márquez para que respondiera del contenido de la carta enviada al ministro. Sus compañeros le acusaron de actuar en connivencia con los republicanos, «de querer dar publicidad al asunto y de adoptar ciertas actitudes, porque pretendía presentarse a diputado»[613]. Incluso el capitán Villar pidió, junto a García Rodríguez y Pérez Palá, exigir responsabilidades a Márquez por retener, contra la decisión de la Junta Superior, la misiva de salutación a Cierva.

El coronel salió destituido de aquella tormentosa reunión. Le sucedería interinamente Martínez-Raposo hasta que, el 18 de enero de 1918, este cedió la presidencia al coronel José Hechevarría, el mismo que remitió a Marina la famosa exposición del «Primero de Junio». La destitución de Márquez fue avalada, el 7 de enero, por una asamblea de delegados de las juntas regionales y La Correspondencia Militar dio por cancelado el conflicto, ya que «la opinión militar» no sentía «el menor recelo contra el Gobierno» y consideraba que Cierva era el ministro de la Guerra que contaba con más simpatías en el Ejército «desde la época del general Cassola», veinte años atrás.

El 30 de enero, un Márquez despechado contraatacó con otra carta, que apareció en el republicano El Mundo, en la que atribuía la unanimidad de sus antiguos compañeros en torno a Cierva a que este los había comprado con las mejoras salariales que proyectaba en su reforma militar. Difundió varias de las injerencias políticas de las juntas que aún no eran conocidas por el público, lo que llevó a la Junta Superior a acusarle de revelar secretos contra el reglamento y a exigirle que se marchara del Ejército en plazo perentorio, pues de lo contrario se le abriría proceso. Una junta de 24 coroneles del Arma de Infantería sancionó el 3 de marzo la orden de que el coronel pidiera el retiro del Ejército antes de cinco días y, además, se le exigió que, «enterados de que V. S. actúa como presidente honorario de la Junta de Correos…, se abstenga en absoluto de toda actuación directa e indirecta que se relacione con juntas de defensa de colectividades extrañas al Ejército mientras pertenezca a la Unión». Como Márquez no hizo ninguna de las dos cosas, el 12 de marzo un tribunal de honor, compuesto por los coroneles de la guarnición de Barcelona, decretó su expulsión. Fue paradójico que Márquez alegara que no se le podía aplicar ningún artículo del Código de Justicia Militar porque la Junta de Infantería era una entidad «desprovista de todo carácter legal y oficial», circunstancia que no le había impedido a él hacer lo propio con otros generales y oficiales[614].

El 10 de marzo de 1918, Márquez dirigió un manifiesto en el que acusaba a sus antiguos compañeros de convertirse en el «pedestal» de Cierva y de rebajar el papel de árbitro de las juntas al de un organismo meramente «asesor» y «depurador». Apeló en su defensa «a todos los que en horas de aflicción y de esperanza soñaron en hacer una España mejor; a todos los funcionarios que para remediar su desamparo se han constituido en juntas de defensa, y a todos los españoles, pueblo y hombres públicos que conserven vivo y despierto el amor a la patria y a la libertad». Ni la huelga de los junteros de Correos y Telégrafos evitó que el 13 de marzo el coronel Márquez fuera destituido como jefe del regimiento de Vergara y, cinco días después, separado del Ejército. Una circular de Cierva del día 20 impidió que los fallos de los tribunales de honor se elevaran ante el Consejo Superior de Guerra y Marina, pues de ese modo Márquez no podría apelar ni ser readmitido[615].

Desde entonces, el coronel, converso públicamente al republicanismo y a la perentoria necesidad de una revolución en España, mostraría su arrepentimiento por no haber conducido a las juntas, en palabras suyas, a un «golpe de Estado» que acabara con la monarquía constitucional. Intentó ser readmitido en el Ejército y apeló ante el Tribunal Supremo. Melquíades Álvarez asumió su defensa y el coronel trató de convertir su caso en un sucedáneo del affaire Dreyfus, el militar francés injustamente condenado por espionaje y cuyo caso polarizó a la opinión pública francesa en el tránsito del siglo XIX al XX. Sin embargo, su maniobra no tuvo el eco esperado. Algunos historiadores han destacado que su expulsión no se atuvo a los procedimientos jurídicos, insistiendo en que los actos de Márquez se relacionaban «con un movimiento sin entidad legal alguna»[616]. Pero olvidan que el reglamento de las juntas había sido reconocido para regular su régimen interior. En cualquier caso, el proceso fue un expediente sumario, pero legal, para librarse del líder de un pronunciamiento militar, que por sí mismo era un acto que le incapacitaba para continuar en el Ejército por mucho que las juntas no figuraran legalmente en un registro oficial.

Las revelaciones que Márquez había hecho sobre la injerencia política de las juntas volvieron a cuartear la unidad del Ejército y suscitaron nuevas críticas dentro y fuera de la milicia. Cierva intentó disiparlas y el 20 de febrero organizó un acto de reconciliación entre generales, jefes y oficiales que restaurara la disciplina. En dicho acto, las distintas promociones de la Academia General Militar de Toledo (1883-1893), presentes las de todas las armas y cuerpos y entre las que se encontraba lo más granado de los mandos de 1918, acudieron a Palacio con la bandera bordada por la reina madre para rendirle homenaje y explicitar su adhesión a Alfonso XIII. Posteriormente se celebró un banquete en el Hotel Palace al que asistieron, junto al rey y Cierva, 1500 generales, jefes y oficiales.

En el discurso más importante desde que ocupaba el cargo, el ministro afirmó que en medio de las «tristezas» de la situación actual, se percibían «aires de esperanza», que venían «principalmente de quienes han hecho una religión y un sacerdocio del cumplimiento del deber». Para poder exigir ese cumplimiento, había que dotar a los militares de «medios materiales y mantener en él esa disciplina que ciertos elementos avanzados censuran en el Ejército, sin perjuicio de utilizarla luego ellos para manejar a las masas populares». Cierva señaló a las juntas como expresión de un movimiento regenerador, pero añadió que el Ejército debía ser en España «espejo de virtudes y de ciudadanía», lo que le obligaba a permanecer «alejado de las grandes luchas políticas», pues para que «la gran máquina de la patria funcione sin entorpecimiento», los militares debían consagrarse a «la práctica constante de la obediencia y la disciplina». El rey quiso afianzar la reconciliación con suaves menciones a los deberes militares, en especial al deber supremo de la obediencia. Invitó a que todos tuvieran confianza en él y prometió mantener siempre en alto la enseña de la patria: «Seguidme en el camino, en el que yo estaré siempre a vuestra cabeza, y cuyo término es evitar el que nadie pueda mancillarla». Alfonso XIII apoyó eficazmente la labor de su ministro, y lo hizo con la suficiente discreción como para obviar cualquier mención positiva a las juntas.

El entusiasmo de los congregados fue manifiesto. Los servicios secretos británicos informaron del acto como un éxito del Gobierno, añadiendo que las muestras de apoyo habían sido «genuinas» y que las juntas ya no parecían ser un elemento desleal[617]. El éxito sonreía al ministro de la Guerra hasta el punto de que uno de sus adversarios, Romanones, reconoció que había logrado «tener en una mano» aquella «fuerza poderosa»:

Realmente, las juntas, por la hábil gestión de La Cierva, reaccionaron. Modificaron su actitud con los generales, se apartaron de meterse en asuntos de política… y casi, casi hubieran desaparecido totalmente si en mala hora no se hubiese mezclado La Cierva en la cuestión de Correos. Pero, de todas suertes, casi dormían las juntas cuando llegó Maura con el Gobierno de notables[618].

Nadie podía imaginar que un Cierva en la cima de su popularidad podría hundirse un mes después.

Los anarquistas se rehacen

La progresiva desarticulación del juntismo en el Ejército no podía ser más oportuna. La carestía de las subsistencias y la crisis por el desempleo se agravaron notablemente a principios de 1918, los meses más duros que conoció España desde el inicio de la Gran Guerra. La creciente indignación de los consumidores convirtió las tradicionales disputas en mercados y comercios en verdaderos motines. La extensión y la gravedad de los altercados fueron tales que la UGT y la CNT podrían haberlos reconvertido en una fuerte revuelta contra la monarquía constitucional si hubieran desencadenado entonces su huelga revolucionaria.

De hecho, los anarcosindicalistas, obnubilados con la toma del poder por los bolcheviques, trataron de reactivar la subversión. El centro de los desórdenes estuvo nuevamente en Barcelona, pese a que la crisis de subsistencias era menos grave allí que en otras zonas de España. Desengañada la CNT de cualquier revolución «política», retomó su repertorio más violento de «acción directa» para galvanizar a las masas obreras y desestabilizar el sistema. El cenetista Ángel Pestaña pudo apreciar cómo entre los anarquistas el «fervor inigualable hacia el acto individual, hacia el atentado contra los hombres y las cosas», se vio reforzado por el leninismo:

Los que vivimos aquel período, ocupando cargos de responsabilidad en la organización, y que vimos cómo la idea del atentado personal ganaba terreno en nuestros medios… sabemos cómo influían en los elementos jóvenes las noticias que de la revolución rusa llegaban a España.

Una influencia que pesó lo suyo en «la actuación que la organización tuvo en aquel período de tiempo»[619]. «Un simple acto produjo la revolución en Rusia —⁠argüía esperanzado un columnista de Solidaridad Obrera⁠—; una causa igualmente simple podría producirla en nuestro país»[620]. El comité de la Federación Anarquista de Cataluña resolvía así la aparente contradicción entre el «humanitarismo» teórico de los ácratas y su «entusiasmo revolucionario»:

Tratamos de destruir las instituciones, pero cuando los hombres que las representan, se juzgan a sí mismos parte principal de esas instituciones, pierden su carácter humano y se convierten en agentes mecánicos causantes de supremo dolor para todos. Entonces es justo y hasta noble abolirlos[621].

Del dicho al hecho, al fracaso de la insurrección de agosto le siguió un rosario de atentados en Barcelona. Era la secuela, ya experimentada en la primera década del XX, de una acción revolucionaria frustrada que los anarquistas continuaban ahora por otros medios, apelando a la acción individual y esporádica con la que creían mantener la tensión revolucionaria. Aquellos atentados de los grupos de acción, ordenados, protegidos y financiados por los dirigentes de los sindicatos cenetistas y con el conocimiento y la complicidad del comité nacional, comenzaron a desligarse de las represalias maximalistas en el marco de huelgas enquistadas.

En el mes de octubre de 1917 fueron asesinados el industrial Juan Tapias; Jaime Casadevall, hijo de un encargado de fábrica, y Antonio Abad, un carretero que se negó a unirse a la huelga. Otro contramaestre, José Alichandi, quedó herido de gravedad. El Gobierno de García Prieto se estrenó con el asesinato de Miguel Esquirol, cochero del industrial Antonio Trinxet, que resultó herido leve. El 27 de diciembre murió asesinado otro empleado de Trinxet, Juan Llopis. El 29 de ese mes fueron tiroteados tres obreros, y uno de ellos, Andrés Bulbena, resultó herido de gravedad. El 3 de enero de 1918, varios obreros que se negaron a inscribirse en la CNT fueron tiroteados, aunque no hubo víctimas. El 4 de enero, un director de fábrica, Jerónimo Figueras, salió ileso de otro atentado en Hospitalet, y al día siguiente una bomba estalló sin causar daños personales en la puerta de la Jefatura de Policía. Menos suerte tuvo, cuatro días después, un importante empresario del metal, José Alberto Barret, al que emboscaron antes de matarle a tiros. En la misma acción quedó herido su acompañante, el ingeniero Francisco Pastor[622].

Para lavar la imagen de la CNT, Pestaña trató, a posteriori, de endosar la inspiración del crimen de Barret al comisario de Policía Manuel Bravo Portillo, ligado al espionaje alemán. Según el líder anarcosindicalista, el industrial, asociado a un empresario francés, habría sido «represaliado» por fabricar municiones para los aliados. La conexión de Bravo con Berlín parece indudable, pero la trascendencia del vínculo es relativa teniendo en cuenta que la CNT estaba repleta de colaboradores con la embajada alemana, que no tenían problema alguno en aceptar sus cuantiosos sobornos. El asesinato corrió íntegramente a cargo de los cenetistas, inspirados por Eduardo Ferrer, presidente del sindicato metalúrgico.

La confluencia de intereses hace difícil desligar la motivación revolucionaria de los atentados con esa guerra larvada entre los espías y los infiltrados al servicio de los países beligerantes. Sin embargo, no cabe atribuir a los alemanes, sino a la CNT, los orígenes del pistolerismo en Barcelona. La propia Solidaridad Obrera, dirigida ya por Pestaña y sin tiempo para conocer, en teoría, a los autores del asesinato de Barret y sus móviles, no dudó en justificar como «inevitable» ese homicidio «en un estado social que se basa en el crimen y en la explotación del hombre por el hombre». La «represalia» anarquista se inscribía en una cadena de sucesos y en un modus operandi que se intensificaría en los siguientes meses, y que ni mucho menos se cortó con Barret, pues otro patrono, Jaime Pujol, fue tiroteado el 24 de febrero, aunque salió ileso[623].

¿Un Petrogrado español?

La CNT sabía lo que hacía. Los atentados se producían en un contexto cada vez más caldeado por la inflación y la reducción de la actividad industrial, que se manifestaba en un aumento del paro. En la Navidad, los carboneros se negaron a vender al precio de tasa y sufrieron varios asaltos en sus negocios y almacenes. La situación se agravó entre el 11 y el 19 de enero de 1918, justo al día siguiente de publicarse la convocatoria de elecciones, que el Gobierno había tenido que retrasar una semana por el estallido de las juntas de suboficiales. Los anarquistas aprovechaban un contexto en el que el Ejecutivo tenía más restringida la capacidad de suspender las garantías constitucionales.

A imitación de lo que había sucedido en Petrogrado en los meses de febrero y marzo, el 10 de enero las «amas de casa» se mezclaron con las trabajadoras del textil para iniciar una huelga en protesta contra la carestía. Así, numerosos grupos de mujeres armadas con palos y mostrando carteles contra acaparadores y prestamistas llamaban a cerrar los comercios y a sumarse a las mujeres de otros sectores profesionales. Bandas descontroladas rompieron las ventanas de los cabarés y causaron destrozos en los mercados para obligarles a cerrar. Una comisión visitó al gobernador, el exministro Ramón Auñón, de setenta y tres años, que les aseguró que bajaría las tasas del pan, el aceite, la carne y las patatas. Los comerciantes protestaron por la medida y el 12 de enero las huelguistas volvieron a presentarse ante Auñón para exigirle que redujera los precios al nivel de la preguerra o, de lo contrario, el paro y sus consecuencias se extenderían[624].

La noche del día 13, la CNT convocó una asamblea de sociedades obreras a la que asistieron 320 delegados. El objetivo era convertir la protesta en una huelga general para asumir la demanda de las protestatarias y exigir que los precios volvieran a su nivel de agosto de 1914. Además, debían amnistiarse a los «presos políticos» —⁠los condenados por la huelga revolucionaria de agosto⁠—, rebajarse los alquileres y subirse los salarios un 25 %. Esas reivindicaciones, tomadas en bloque, resultaban inasumibles para los patronos y los arrendadores, y la de los precios era directamente un imposible, una prueba de que en realidad los anarcosindicalistas volvían a llamar a otro paro indefinido que debía convertirse el 18 de febrero, seis días antes de las elecciones generales, en una huelga revolucionaria.

La CNT contactó con la comisión ejecutiva de la UGT para que la secundara, pues aún seguía vigente el pacto de Zaragoza y el Gobierno se negaba a conceder la amnistía. Pero los socialistas no aceptaron. García Prieto se había comprometido a presentar a las futuras Cortes, y como primer proyecto, la ley de amnistía, y otra huelga revolucionaria la bloquearía. El comité nacional de la CNT respondió el 24 de enero subiendo el tono: en Barcelona ya estaban prácticamente en «huelga general», y ante la «carestía de subsistencias» se imponía «un gesto gallardo» y no centrarse en las «elecciones». Los anarcosindicalistas advirtieron de que, si los ugetistas no se sumaban, enseñarían la carta de la UGT a los sindicatos barceloneses «con unas deducciones de la Confederación» sobre su negativa a secundar «acuerdos ya tomados». Los socialistas no contestaron. «Seamos revolucionarios —⁠pedía Solidaridad Obrera⁠—. Las multitudes hambrientas se preparan para conquistar con la fuerza el puesto que obstinadamente se les niega en el banquete de la vida». «Inconscientes, ignorantes, faltas de horizontes espirituales», los sindicatos debían centrarse solo en encauzarlas hacia una nueva acción insurreccional[625].

Con la cobertura de la CNT, las mujeres huelguistas organizaron en Barcelona, el 14 de enero, una imponente manifestación contra la carestía. Varios grupos entraron en talleres y fábricas para incorporar, de grado o por la fuerza, a otras empleadas. Un carbonero fue arrastrado, varios carros de carbón asaltados para llevarse el producto y se rompieron los escaparates de numerosos comercios que fueron saqueados junto a panaderías y puestos del mercado, al tiempo que a las criadas que acudían a comprar se les arrebataban los cestos y el dinero.

Los desórdenes se extendieron a Sabadell y tanto allí como en la Ciudad Condal los comerciantes decidieron cerrar sus negocios o almacenar sus existencias para evitar el pillaje. Los altercados agravaban la escasez, que, a su vez, alimentaban la protesta y el vandalismo. La fuerza pública se las veía y se las deseaba para disolver las manifestaciones y los mítines en distintos puntos de la ciudad. Auñón volvió a recibir a la comisión que lideraba la manifestación principal y aseguró que no saldría alimento alguno de Barcelona. Pero no podía aclarar cuándo comenzarían a bajar las subsistencias, y se negó a tasarlas al precio de la preguerra. Esto provocó que la manifestación de mujeres penetrara en el Gobierno Civil. En el piso superior, junto al despacho del gobernador, los guardias cargaron, las mujeres retrocedieron y las que abarrotaban la escalera hicieron ceder la barandilla. Hubo 19 mujeres heridas al caer por el hueco y otros heridos leves durante el desalojo del edificio.

El gobernador había perdido el control de la calle y la creciente inseguridad impulsó a muchos fabricantes, a partir del 15 de enero, a cerrar sus establecimientos para evitar daños, lo que incrementó la escasez de jornales. Los paros, especialmente en aquellos sectores con mayoría de mujeres obreras, continuaron en los días siguientes. A instancias de la CNT, nuevas demandas se añadieron a las ya formuladas: la reducción del coste de los transportes y la readmisión de los ferroviarios despedidos. Cuando el gobernador Auñón volvió a rebajar la tasa de varios productos, la protesta pasó a los fabricantes y comerciantes. Varios fueron detenidos por no querer ajustarse a los precios oficiales.

El 22 de enero, noveno día de huelga, la Policía disolvía mítines y manifestaciones mientras los asaltos a tiendas y almacenes se extendían a las barriadas. Una comisión de huelguistas redactó un mensaje para el presidente del Gobierno en el que le hacían saber sus reivindicaciones, a las que ahora añadían la dimisión del gobernador y la retirada de la fuerza pública de las calles. El día 23, la huelga afectaba a 274 establecimientos, 25 000 mujeres y casi 2000 hombres. Se había expandido, además, a Badalona, donde holgaban los empleados metalúrgicos y del textil. En un mitin organizado cerca de los terrenos de la Exposición de Industrias Eléctricas, la comisión de mujeres huelguistas anunció que, si los precios no bajaban a los niveles de 1914 antes de que terminara la semana, extenderían el paro a los hombres.

Auñón estaba sobrepasado por los acontecimientos: los huelguistas no aceptaban sus rebajas de los precios y las asociaciones de fabricantes y comerciantes lo acosaban con una lluvia de demandas de protección para sus negocios, peticiones que el gobernador no atendía por falta de agentes. Por ello solicitó del Gobierno que le autorizara a declarar el estado de guerra, a lo que el ministro de la Gobernación, Bahamonde, se negó, alegando que no era conveniente hacerlo en periodo electoral. La insistencia de Auñón llevó a su destitución. El presidente de la audiencia se negó a hacerse cargo de la situación y García Prieto llamó de urgencia a Carlos González-Rothwoss, un maurista que había ocupado el cargo de gobernador civil en el trienio de 1903-1905.

El 24 de enero, Barcelona entera estaba fuera de control. García Prieto sabía ya que la CNT era la promotora de una huelga que pretendía convertir en general. Después de tres Consejos de Ministros consecutivos, finalmente el Gobierno autorizó la declaración del estado de guerra y la clausura de los sindicatos, y se suspendieron las comunicaciones telefónicas y telegráficas con la ciudad. El estado de nervios era tal que se ordenó no recurrir a los reservistas, pues se temía que podrían desertar y pasarse a los revolucionarios. Marcelino Domingo volvió a ser detenido junto a varios anarquistas y sindicalistas de la CNT, a los que requisaron armas y municiones. A partir del día 25, y con los soldados compartiendo labores de vigilancia con la Policía, los desórdenes comenzaron a remitir.

No era un secreto ni para el rey ni para los embajadores británico, francés y norteamericano que el dinero alemán coadyuvaba al paro de la CNT y prolongaba su resistencia. El 18 de febrero, los anarcosindicalistas respondieron con la huelga general y la CNT mandó circulares a sus regionales solicitando que le dieran un carácter revolucionario, pero fueron interceptadas por la Policía. No había duda de que los cenetistas pretendían boicotear las elecciones y, de hecho, Lerroux aseguró a la embajada inglesa que preparaban un «motín popular» que sería secundado por los rangos inferiores del Ejército y que preveía «acontecimientos graves» en Barcelona para después de las votaciones. Vigente el estado de guerra, en aquel mes de febrero tan solo estalló una bomba, aparte del atentado sin consecuencias al patrono Pujol. Pero entre el 18 y el 25 de febrero un desconfiado García Prieto volvió a desplegar a las tropas por la ciudad[626].

El trasfondo de la dubitativa actuación del Gobierno entre el 13 y el 24 de enero lo reveló sin tapujos, a su llegada a Madrid, el exgobernador Auñón, que se quejó a los periodistas de que se le hubiera destituido para luego aplicar las medidas que él mismo había solicitado. Culpó de ello a Ventosa, quien, pensando únicamente en los intereses electorales de la Lliga, se había opuesto al estado de guerra. Auñón quitó relevancia a la crisis de subsistencias como motivo fundamental de la protesta y explicó que en Barcelona había «un fermento revolucionario» que había tomado previamente otros pretextos para «la algarada y el motín», como la readmisión de los ferroviarios o la ley de amnistía. Es decir, aquella revuelta no era espontánea, sino que había sido «admirablemente preparada, y realizada mejor todavía», pues a horas fijas, «de siete a nueve de la mañana en los mercados, de nueve a doce en las fábricas», y luego «de tres de la tarde… hasta las ocho» en otras partes de la ciudad, «se reproducía el motín». Las mujeres no ofrecían resistencia a la fuerza pública, sino que se disolvían «sin protesta de ningún género» para luego, «a cien metros, y cuando observaban que la Policía o los guardias habían desaparecido, volver a las andadas».

Auñón aclaró que no había solicitado el estado de guerra «para una represión enérgica», sino para prohibir las manifestaciones y desplegar a los soldados por la ciudad. La Guardia Civil y la de Seguridad, sometidas a «servicios extenuantes», no podían acudir a todas partes ni vigilar «las 10 000 tiendas de la población». Atribuyó la organización de las protestas a la CNT, auxiliada por los republicanos de Marcelino Domingo, pero no por los de Lerroux, que le había asegurado que él no usaba «motines de mujeres para el logro de sus propósitos». De hecho, la organización femenina del Partido Radical había intentado desconvocar la protesta tras conseguir del ayuntamiento más rebajas en el precio de las subsistencias[627].

La revolución de las mujeres

Barcelona fue el foco de unos desórdenes que se desarrollaron simultáneamente en otras ciudades. El ministro de la Gobernación no dudaba de que obedecían a un «plan preconcebido que importa hacer fracasar desde el primer momento» y que, como en agosto de 1917, «involucraba a mujeres y a gran cantidad de adolescentes». El 22 de enero de 1918, a iniciativa de los ferroviarios cenetistas, el Sindicato Norte se reunió varias veces para sumarse a la huelga. Pero, en aquel contexto, Bahamonde no estaba dispuesto a afrontar otra parálisis del transporte y ordenó a los gobernadores que, si ese sindicato convocaba el paro en conjunción con la CNT, procediera a detener a las juntas directivas de sus diversas secciones y suspender sus actividades. Con todo, no hizo falta ninguna medida, porque la mayoría de los empleados de la Compañía del Norte no estaban dispuestos a ir a la huelga, ya fuese por desafección a la UGT o por miedo a perder sus puestos de trabajo. Sin embargo, el 20 de enero los mineros socialistas sí nombraron un comité de huelga con vistas a paralizar la producción de carbón[628].

Las alarmas de Bahamonde se hicieron realidad en varias provincias. En Málaga, el 9 de enero, el gobernador parecía haber resuelto las quejas sobre las subsistencias incrementando el reparto de alimentos. Pero en la tarde del día 14, un grupo de mujeres organizó una manifestación para protestar por la falta de pescado, harina y otros productos en las tiendas y en el mercado, de la que culpaban a los acaparadores. El gobernador anunció que disminuiría los precios regulados y prohibiría la salida de pescado de la ciudad, pero las organizadoras de la protesta se negaron a disolverse e incluso lanzaron piedras contra las ventanas de los domicilios y los negocios de varios comerciantes. Los saqueos se extendieron a los almacenes del puerto, tras lo cual el gobernador hizo intervenir a la Guardia Civil. Cuando esta se desplegó y avisó a los insurrectos —⁠con los tres toques reglamentarios de corneta⁠— de que debían disolverse, los agentes recibieron pedradas y disparos. Cinco agentes resultaron heridos, dos de ellos de gravedad. Los guardias respondieron con sus armas y al final de la jornada hubo dos muertos y catorce heridos.

Los desórdenes continuaron el día 15, cuando otra manifestación de mujeres, que protestaban por los sucesos del día anterior, fue nuevamente disuelta por la Guardia Civil. Los grupos de manifestantes retornaron a los muelles y asaltaron los depósitos de mercancías: varios sacos de cebada y maíz fueron arrojados al agua y un vigilante resultó herido de bala. Los guardias que acudieron al puerto fueron recibidos con lanzamientos de piedras y el teniente al mando ordenó disparar: una mujer resultó muerta. Cuando a las nueve de la noche trató de formarse otra manifestación en el centro de la ciudad, el gobernador envió a la Guardia de Seguridad, que disolvió la marcha con disparos, lo que causó otro muerto y un herido grave que falleció poco después.

El día 17, la UGT y la CNT anunciaron la huelga general. Cerraron comercios, cafés y teatros, y el gobernador militar ordenó acuartelar a las tropas. Se hizo una suscripción para financiar la compra y el reparto de pan, y pagar el entierro de los fallecidos. El gobernador pidió refuerzos a Madrid porque solo contaba con 21 agentes del Cuerpo de Vigilancia en una ciudad con más de 600 calles. La huelga, que complicaba aún más el abastecimiento, se extendió a los días 18, 19 y 20 de enero. En el barrio del Perchel un grupo de amotinados chocó con la Guardia Civil, lo que causó heridas de gravedad a dos agentes y cuatro paisanos[629].

Los desórdenes llegaron el 18 de enero a Alicante. Una manifestación de mujeres asaltó varios almacenes del puerto y arrojó los fardos al mar. También saquearon comercios y destrozaron un importante número de carros que transportaban sacos con alimentos y medicinas. Por la noche, varios grupos asaltaron la lonja y se llevaron la mercancía, y un tranvía fue volcado. Cuando el 19 de enero se agotó el llamado «pan de familia» —⁠el más barato⁠—, hubo un nuevo tumulto en el mercado y varios grupos intentaron imponer la huelga como protesta. Uno de ellos sumó a las cigarreras y, de camino a la fábrica, asaltaron varios domicilios y tiendas y lanzaron piedras a los ventanales de numerosos cafés y bares. Un retén de nueve guardias civiles sufrió pedradas y un tiroteo desde los tejados, y la descarga de los agentes causó tres muertos y cuatro heridos. La huelga se extendió a gran parte de las fábricas y comercios de la ciudad, y finalmente el alcalde decretó que no se vendiera otro tipo de pan que no fuera el «de familia».

Las sociedades obreras decretaron otro paro general para protestar por la intervención de la fuerza pública e invitaron a la corporación municipal a ponerse al frente de la manifestación. El casino promovió una suscripción para financiar el abaratamiento de las subsistencias, que llegó a 110 000 pesetas, y varias entidades, entre las que se encontraban sociedades patronales y mercantiles, se asociaron a la petición de los sindicatos: el gobernador debía ser sustituido porque se le responsabilizaba de la «respuesta excesiva» de la Guardia Civil. Así se consignó en una manifestación de protesta el 21 de enero ante el Gobierno Civil, en la que la autoridad provincial y los guardias fueron denostados. El gobernador dimitiría días después[630].

Menos trágicos, pero relevantes, fueron los desórdenes en otras ciudades. El 18 de enero, diversos grupos de mujeres asaltaron los almacenes del puerto de La Coruña en protesta por la exportación de patatas. Se hicieron con numerosos sacos de trigo y, en una marcha hacia el centro de la ciudad, saquearon varias tiendas. Al día siguiente el despliegue de la fuerza pública disminuyó los desórdenes, aunque los amotinados saquearon un carro de pan y obligaron a un comerciante a repartir sus existencias de patatas. Entre los días 20 y 21 de enero se produjeron enfrentamientos entre los amotinados y los campesinos que llevaban productos a la ciudad, y en la cercana localidad de Betanzos se saquearon varios graneros.

En Burgos, el 19 de enero hubo cargas de la Guardia Civil para evitar que una manifestación desembocara en el asalto al mercado después de que varios vendedores de los pueblos vecinos se negaran a concurrir tras conocer los precios regulados. En Valladolid se produjo el asalto a un tren de carbón, y en Valencia, el nuevo alcalde republicano, Faustino Valentín, reguló los precios tan a la baja que hubo altercados con los comerciantes, y los huertanos se negaron a ir a la capital a vender sus productos. Para evitar el riesgo de una huelga general contra la subida del precio de las subsistencias —⁠que hizo verosímil una gran concentración de protesta⁠—, Valentín se incautó de ganado para proveer de carne y leche a precio regulado y animó una cuestación de varios empresarios destinada a financiar el abaratamiento de las subsistencias. El alcalde la engrosó con el 10 % de lo recaudado por los impuestos locales.

El 21 de enero los desórdenes se trasladaron a Cádiz, donde hubo asaltos a comercios y a almacenes de fruta y vino. El día 22, cuando se anunció en Llanes (Asturias) la subida del precio del pan, varios grupos saquearon las tahonas de la población. También se produjeron altercados del mismo cariz en Castellón, Linares (Jaén), Salamanca, Santander, Segovia y Sevilla. El 25 de enero, la tragedia llegó a Noblejas (Toledo), donde una manifestación de obreros agrícolas que pedía disminuir el impuesto de consumos terminó en una agresión a los pocos guardias civiles que fueron a disolverla. Tras evitar que un grupo cortara el abastecimiento de agua, los agentes tuvieron que retirarse al ayuntamiento, donde quedaron cercados. Hubo un intenso intercambio de disparos y se registraron tres muertos y trece heridos. En Burriana (Castellón), un grupo de amotinados tiró los postes telegráficos, incendiaron la estación de tren y dispararon a la Guardia Civil.

Secuelas de un continente en llamas

Como colofón a las violentas protestas consignadas, después de que en el último trimestre de 1917 bajara la conflictividad, retornaron también las huelgas. Declaradas inicialmente con propósitos económicos, pronto degeneraban, según la memoria del Instituto de Reformas Sociales, «en una apasionada lucha de clases… aun sin razón ni motivo aparente». El bastión cenetista de Zaragoza tomó el relevo del de Barcelona como epicentro huelguístico en España. En la capital aragonesa se solaparon los paros de panaderos, hojalateros y fontaneros, tejedores, peluqueros, constructores de carruajes y cerveceros[631].

Los dirigentes nacionales de la UGT no se sumaron a ninguna de estas protestas, pero las agrupaciones locales socialistas trataron de usarlas para sus propios fines. En las manifestaciones eran visibles sus pancartas y banderas, y los comités nacionales del PSOE y de la UGT redactaron una nota en la que mostraban su apoyo a «las justas peticiones de las mujeres para que se abaratase la vida» frente a unas autoridades en «complicidad moral» con los acaparadores. Aducían la necesidad de «vengar a aquellas víctimas generosas, hermanas nuestras, en lo que es el cerebro inspirador y el brazo ejecutor de cuantos crímenes se cometen con el pueblo: en la oligarquía de traficantes y gobernantes mercenarios del capitalismo, que mantienen el actual régimen político de la monarquía española». Si el Gobierno persistía en la línea dura mostrada en Alicante o en Málaga, los socialistas, aunque todavía no se habían repuesto del esfuerzo revolucionario del mes de agosto, irían de nuevo a la huelga general.

Estos sucesos no pueden entenderse si no tenemos en cuenta el ambiente revolucionario en el que vivía Europa a comienzos de 1918. Lenin había logrado afirmarse en el poder con la violenta disolución, el 19 de enero, de la Asamblea Constituyente rusa, después de que su partido fuera derrotado en las elecciones, y pronto tendría que vérselas con sus adversarios «blancos» en una cruenta guerra civil.

El llamamiento del dirigente ruso a extender la revolución había inaugurado en Occidente el célebre Red Scare, el miedo al contagio bolchevique, y todas las huelgas y desórdenes se contemplaban bajo ese prisma. Los sucesos de las últimas semanas de 1917 en Suiza y Portugal parecían generalizarse. Los soviets se extendían por Austria-Hungría, donde el 20 de enero se declaró una huelga general, con epicentro en Viena, en la que participaron medio millón de empleados y que paralizó toda la industria, incluida la militar. Las deserciones entre los soldados imperiales se extendieron y el 1 de febrero se sublevaron las dotaciones de cuarenta buques austriacos en la bahía de Cattaro, con arresto de los oficiales e izado de la bandera roja. El cerco al que les sometió el resto de la flota y la amenaza de disparar las baterías costeras sobre los rebeldes provocaron la rendición de los sublevados. La tercera semana de enero también se paralizaron varias ciudades alemanas (Berlín, Bremen, Hamburgo, Essen), en cuyas calles centenares de manifestantes pedían «paz y pan». Con un millón de participantes, los socialistas protestaron por las condiciones draconianas que el Gobierno alemán iba a imponer a la Rusia bolchevique. El canciller Hertling declaró el estado de sitio y llamó a filas a 50 000 de los participantes.

El 27 de enero, los socialistas fineses se sublevaban contra el Gobierno liberal-conservador de Pehr Evind Svinhufvud, que había logrado que la mayoría de los países europeos reconocieran la independencia de Finlandia respecto del Imperio ruso, proclamada el mes anterior. Sin embargo, animados por Lenin, los socialistas de Helsinki habían formado, en noviembre de 1917, un consejo revolucionario a imitación del soviet de Petrogrado, que organizó una violenta huelga insurreccional, semejante a la española, con la intención de conectar la declaración de independencia y el gravísimo problema de las subsistencias al establecimiento de la República Socialista Obrera Finlandesa. Los soviets se extendieron a otras localidades y la «Guardia Roja», milicia de la izquierda socialista, se hizo con las ciudades más importantes del país, con un reguero de asesinatos políticos. El Gobierno se negó a capitular y se trasladó al norte, con lo que en Finlandia estalló un conflicto entre blancos y rojos como el de Rusia. Prendía el llamamiento leninista a sustituir la guerra entre naciones por la guerra civil.

En la neutral Dinamarca, los sindicalistas revolucionarios, correligionarios de la CNT española, patrocinaron el 29 de enero una manifestación de parados para exigir que se duplicara el subsidio de paro. Rodearon el Parlamento y fueron disueltos por la fuerza. El 11 de febrero, los sindicalistas saquearon la Bolsa de Copenhague y hubo varios heridos. Por último, en la también neutral Holanda, la Secretaría de Trabajadores, que agrupaba a la izquierda socialista, anunció una huelga general ilimitada en protesta por la carestía de las subsistencias y la exportación de comida a otros países. Propugnaban la requisa de los alimentos y el carbón y su reparto entre el «proletariado», una acción que pudo arrastrar al Partido Socialdemócrata del radicalizado Pieter Jelles Troelstra —⁠al que el triunfo de Lenin había impresionado⁠—, quien llegó a afirmar que, si la agitación llegaba a su país, el partido lideraría la revolución.

La convulsión europea se filtraba en una España que se disponía a celebrar, en ese contexto, sus primeras elecciones sin turno desde 1879[632].

13

Los españoles no quieren la «renovación»

El Gobierno de concentración tenía un único objetivo: convocar elecciones a Cortes. De ahí que los nombramientos de los gobernadores civiles de las distintas provincias se convirtieran en una cuestión controvertida. La Lliga, con el apoyo de Romanones, pretendía que los presidentes de las audiencias continuaran como interinos o fueran sustituidos por funcionarios civiles o militares ajenos a los partidos. Sin embargo, como estos puestos eran eminentemente políticos —⁠cargos de confianza del Gobierno⁠—, se impuso la lógica y los partidos de la concentración optaron por repartírselos y nombrar cada uno al de la provincia que le tocó en suerte. Lo único que distinguió a los ministros de la «renovación» de sus antecesores es que tardaron la friolera de veintitrés días en ajustar la combinación. Como era de esperar, demócratas y liberales se llevaron la mayor parte de los gobernadores, duplicando la suma de regionalistas y conservadores mauristas y ciervistas.

La cuestión de los gobernadores influía —⁠como la de los alcaldes y los concejales⁠— en las elecciones a Cortes, que el Gobierno confirmó sin encasillado, esto es, sin pacto electoral previo. La receta no era nueva: se decía que suprimido «el artificio de una política oficial e impuesta», «la ciudadanía ahejorrada se manifestará amplia, noble, totalmente». Romanones recordó que ya se celebraron elecciones en España sin intervención del poder público, y que la falta de «toda dirección e influencia oficial», lejos de asegurar unas «elecciones sinceras», solo implicó la descentralización de las corruptelas, con el añadido de su impunidad. Los partidos contrarios al turno lo sabían perfectamente, y por ello su aspiración de máximos había consistido en recabar desde el poder la convocatoria de elecciones para obtener con sus resortes una mayoría parlamentaria. Al compartirla con otros, la Lliga se conformaba con que ninguno de los partidos constitucionales lograra esa mayoría[633].

Esto ponía en evidencia que la «política oficial», más o menos virtuosa o corrompida, no era un «artificio» ni estaba disociada del «país real». La vieja censura regeneracionista de que las instituciones liberales representaban un «falso pueblo en aras de intereses particulares inconfesables» y que situaban a los políticos profesionales «al margen de las necesidades reales de los ciudadanos» no pasaba de ser un lema publicitario.

Los partidos Conservador y Liberal agrupaban casi todo lo que había de auténtico en la política española; es decir, a la gran mayoría de los individuos organizados que se dedicaban a la cosa pública. Su existencia había permitido encauzar toda esa fuerza organizada para hacer gobernable al país por medio de canales constitucionales. La disolución de estos partidos como requisito para una supuesta explosión de la ciudadanía era una quimera. Precisamente porque representaban casi todo lo genuino que existía en la vida política nacional, sin el concurso activo y la sanción de un electorado que los sustituyera por otros partidos capaces de hacer gobernables las Cortes, la destrucción de liberales y conservadores significaba la del Gobierno parlamentario y el régimen constitucional. Como observaba Sánchez de Toca, poco entusiasta del turno,

… bajo el señuelo de buscar los elementos para fulmínea renovación, y odres nuevos en lugar de los viejos, y políticos nuevos… y estadistas extraordinarios, cirujanos de hierro, extirpadores inexorables de oligarquías y caciquismos resultaremos ante el desconsuelo de que los partidos históricos no se pueden suprimir sin asfixiar las libertades públicas[634].

Cambó exige elecciones

En un contexto tan convulso como el de comienzos de 1918, García Prieto ya no quería ir a las elecciones prometidas. En realidad, nadie las deseaba, excepto Melquíades Álvarez y Cambó, que presionaban al Ejecutivo para que no las demorara. Las declaraciones de Dato, Villanueva, Groizard, Romanones, Alba o el tradicionalista Vázquez de Mella coincidían en que no eran convenientes, menos aún para implantar, como aducía el último, un «absurdo polinacionalista» justo cuando España necesitaba afrontar las dificultades derivadas de la guerra «más unida y compacta».

Todos pensaban que esos problemas inaplazables no podían subordinarse a las elecciones, la ley de amnistía y la autonomía catalana, y compartían el miedo a unas Cortes fragmentadas, pues, una vez disueltos los partidos, la miríada de grupos personalistas y rivales haría estéril el Parlamento e impediría la formación de un Gobierno efectivo. Alba temía esta situación «incubadora de un golpe de Estado por motivos más calificados aún que los del acto de Pavía», en referencia al general republicano que disolvió por la fuerza las Cortes en 1874 y dio paso a una dictadura republicana[635].

Además, la experiencia portuguesa de 1908-1910 abonaba el pesimismo: rotos los partidos Regenerador y Progresista, que venían alternándose en el país vecino, un Gobierno de concentración presidido por el almirante Ferreira do Amaral convocó elecciones que dieron como resultado un Parlamento sin mayorías. Este devoró a cinco Gobiernos antes de que el último, el de Teixeira de Souza de 1910, presidiera la revolución que destronó a Manuel II y llevó a la Primera República.

Ni siquiera los republicanos de Lerroux o el PSOE deseaban las elecciones. Ambas formaciones seguían convalecientes tras el descalabro de agosto y esperanzadas de que las Cortes vigentes anticiparan la amnistía. Los republicanos y los socialistas reprochaban a la Lliga, que, tras tanto presionar por la reapertura del Parlamento, una vez en el poder perdieran todo el interés.

Sin embargo, era García Prieto el que bloqueaba la reunión de las Cortes elegidas en 1916, porque su Gobierno de concentración carecía de mayoría parlamentaria. Los demócratas, tras la escisión albista, dejaron de ser la primera fuerza en ambas cámaras. En un acto en Sevilla, el 17 de diciembre de 1917, Alba había recabado el apoyo de 133 parlamentarios entre diputados y senadores, la mitad aproximadamente de los que proclamaron líder a García Prieto en el mes de julio. Alba esperaba que los exministros demócratas lo consagraran como líder frente al presidente del Gobierno, pero se topó con la oposición de Villanueva y Groizard, que mediaron para que García Prieto recuperara el control del partido[636].

En todo caso, la negativa recurrente del Ejecutivo a reunir el Parlamento en ejercicio confirmaba que este, desde junio de 1917, había dejado de ser un instrumento útil de gobierno, y que estaba fundada la razón por la que los liberales dieron paso ese mes a los conservadores, y la necesidad que tenía Dato de convocar elecciones para romper el bloqueo político impuesto por asambleístas y junteros.

La «Prusia de los Estados íberos»

Las largas de García Prieto a la convocatoria de elecciones inquietaban a Cambó, cuyas prisas se fundaban en dos razones conexas. La primera era que la Lliga había alcanzado la preeminencia que debía permitirle obtener de una vez la autonomía catalana. Como en las futuras Cortes los liberales aparecerían atomizados y los conservadores disminuidos al quedar fuera del Gobierno y disociados de mauristas y ciervistas, no habría un partido mayoritario que pudiera bloquear las pretensiones de los nacionalistas, y así la Lliga y sus aliados regionalistas en el resto de España serían decisivos en cualquier combinación parlamentaria y gubernativa que se formase.

En noviembre de 1917, Cambó había llegado a soñar con los 150 diputados que le convertirían en presidente del Gobierno. Más realista, un mes después en su desinhibido discurso de Castelltersol Cambó habló de 70 a 80 diputados, que bastarían, en un Congreso fragmentado, para convertir a los lligaires en «los amos del Parlamento» y en la clave del futuro Gobierno. Desde el Ejecutivo, Cambó otorgaría «la autonomía integral a Cataluña» para que «nadie» pudiera «intervenir en nuestros asuntos». Pero ya no se trataba de «gobernar en nuestro país», en referencia a Cataluña: «Las cosas han cambiado, y hemos de mandar en Cataluña y en España», ya que los españoles habían demostrado su «incapacidad absoluta… para regirse medianamente». Por tanto, Cataluña debía reafirmarse como «la Prusia de los Estados íberos», con la «misión providencial de hacer de España un pueblo habitable». Y como los catalanes necesitaban el mercado español, los suyos debían convencerse de que el separatismo es una «tontería» que «no nos sirve ni de espantajo»: «autónomos y mandando en casa de los otros, sería la mayor de las imbecilidades el querer separarnos»[637].

La segunda razón era que los nacionalistas, muy activos desde septiembre de 1917, llevaban ventaja a los otros partidos en la recaudación de fondos y en la propaganda. Cuajaban los entendimientos para formar, a partir de la Lliga, esa gran alianza de regionalistas de toda España que catapultaría a Cambó y que, por estar formada mayoritariamente por disidentes de la derecha, pretendía sustituir al Partido Liberal-Conservador.

Para incrementar sus expectativas, entre noviembre de 1917 y enero de 1918, Cambó realizó una nueva gira por Andalucía, Galicia y Valencia, y reformuló el lema «pratiano» de 1916 «Per Catalunya i l’Espanya Gran» en el más nacionalista «Catalunya Lliure dins l’España Gran». Aparte de captar nuevos adeptos, la Lliga intentaba demostrar que inscribía sus aspiraciones en un proyecto para toda España, con la que los «catalanes» estaban ligados por «lazos morales y materiales». Como Cambó aclaró en Córdoba, los nacionalistas eran la vanguardia de un movimiento «anticaciquil» que permitiría, como ya había sucedido en Cataluña, que «todas las regiones estén representadas… no por los representantes de los partidos políticos, sino por sus propios representantes». La «renovación» que abanderaba la Lliga parecía, de ese modo, el retorno a una representación premoderna que pretendía convertir las Cortes de la España liberal en un Congreso de mandatarios territoriales a imagen y semejanza del Antiguo Régimen.

Esa llama prendía en las provincias vascas. Bajo patrocinio de los ministros catalanistas, varios representantes de las diputaciones de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya se reunieron con un espantado García Prieto para solicitarle la reintegración foral o, al menos, que el poder central se redujera en esas tres provincias a administrar las menguadas competencias que le reservaba el proyecto de reforma constitucional de la asamblea de parlamentarios.

No obstante, en el resto de España los actos de Cambó, no exentos de cierta expectación, fueron desangelados, e incluso en Valencia provocaron hostilidad. Invitado a conferenciar en la sede de la Unión Gremial, la insistencia del líder nacionalista de hablar en catalán a un público que solo en parte conocía el valenciano acabó en trifulca. La entrada en campaña de los ministros Ventosa y Rodés no modificó el estado de las cosas y las muestras de rechazo se repitieron en Castellón, El Ferrol, Granada y Orense[638].

Pero, aparte de estos incidentes, la Lliga parecía pujante en comparación con unos liberales y conservadores cada vez más paralizados y divididos. Además, la alianza con Cambó era el objeto de deseo de los dirigentes escindidos. Desde la izquierda constitucional, lo pretendían Romanones, con su remozado programa autonomista, y Santiago Alba, que declaró bien muerto su antiguo Partido Democrático e insistió en la necesidad de «incorporar» a los nacionalistas a la política española. Cambó, eufórico, acudió al domicilio de Alba para felicitarle y señalarle como el futuro líder de un partido que recogería al electorado de izquierdas. Las muestras de aprecio recíproco reforzaron las especulaciones sobre la constitución de un nuevo bipartidismo sobre la base de una izquierda liderada por Alba y una derecha unida en torno a Cambó[639]. Sin embargo, no fueron más que vanas ilusiones de los cronistas del momento. El líder de la Lliga no se mostraba dispuesto a subordinar su nacionalismo a la construcción de un nuevo partido conservador español y, por su parte, Alba se había limitado, al crear su Izquierda Liberal, a triturar el espacio de la izquierda constitucional.

La diferencia entre ambos estribaba en que Cambó sabía cuál era su meta y tenía una estrategia para llegar a ella, mientras que Alba, constituyéndose en jefe de un grupo reducido, secundaba involuntariamente los planes del líder lligaire. De esa forma, Alba se colocaba por la izquierda en una posición nada distinta a la de Antonio Maura en la derecha.

La oposición de Maura a las convenciones de la Restauración lo convirtieron en el pontífice de la renovación, especialmente tras su conferencia en el Ateneo de Madrid el 11 de diciembre de 1917. Cierto que combatió la condena de los partidos, a los que consideraba necesarios en el régimen constitucional, pues suprimirlos suponía abolir también la libertad pública y la vida política. Pero esta máxima no la aplicaba a España. Para Maura, los partidos españoles estaban «viciosamente constituidos» sobre redes clientelares que apartaban a los ciudadanos de la política y aprisionaban a sus propios jefes. Incluso los mejor dispuestos nada podían hacer cuando llegaban al Gobierno, «porque los vínculos, los engranajes, las tolerancias» del caciquismo «invalidan todo buen propósito».

Desconocedor de la estructura de los partidos en Europa occidental y, más aún, de los cambios que la democratización estaba introduciendo en ellos, Maura negaba que los vínculos de interés fueran consustanciales a toda organización política. Su tesis era que la «renovación» necesitaba que desaparecieran los que se habían turnado en el poder en España, porque los auténticos partidos solo podrían formarse tras «interesar al pueblo», y «hacerle actuar en la política». Esto se conseguiría «fomentando la actividad municipal, que es la gimnasia educativa por donde se llega a la vida pública».

Pero, tras su acostumbrada catarata de metáforas y frases recargadas, Maura no explicaba cómo se cubriría el vacío que seguiría a los partidos del turno; ni qué sucedería con el Gobierno en el impasse que siguiera a la eliminación de liberales y conservadores; ni cómo se formarían nuevos partidos nacionales desde la atomizada vida local. En otras palabras, mientras la receta maurista iba cuajando, si es que cuajaba, ¿cómo podría recabar un Gobierno nombrado por la Corona la confianza de la mayoría en unas Cortes inarticuladas, con diputados no sujetos a partidos nacionales? Como señaló Burgos y Mazo, más allá del «aniquilamiento de los grandes partidos», el «maurista» era un discurso vacío, sin soluciones de gobierno: «Conceptos vagos, confusos, a veces contradictorios, afirmaciones generales, imprecisas, tropos, lugares comunes, algo así como respuestas sibilinas a las que se puede acudir cualquier día de apuro para la interpretación que acomode»[640].

El remate era que el mismo Maura se autodescartaba como líder y motor del cambio, lo que implicaba que su movimiento tampoco sería el instrumento de la renovación. Ni siquiera el éxito de sus seguidores en Madrid durante las elecciones locales le impulsó a implicarse en la tarea de construir un nuevo partido de derecha en toda España. De hecho, los mauristas continuarían siendo el socio menor de los liberal-conservadores, de la Lliga en Cataluña y de los tradicionalistas en Navarra. Para las próximas elecciones a Cortes, Maura invitaba a los suyos a convertirse en escuderos de un Cambó bien dispuesto a cubrir el espacio político que se le regalaba, e incluso a absorber al «maurismo» en su plataforma regionalista. Una aspiración que el mismo Maura facilitó al indicar, en esa misma conferencia del Ateneo, que la Lliga era, por la derecha, la singular excepción en ese panorama «caciquista», es decir, el único partido digno de tal nombre en España[641].

Con ese panorama, no extrañaban las prisas de Cambó por ir a las elecciones. La segunda semana de diciembre lanzó un ultimátum a García Prieto: o reunía a las Cortes vigentes o las disolvía de una vez por todas. De lo contrario, Ventosa y Rodés saldrían del Gobierno y la Lliga le declararía su hostilidad.

García Prieto mostró una de sus principales habilidades: tirar por la calle de en medio y ganar tiempo. Así, el 12 de diciembre de 1917, el Gobierno anunció que sometería la cuestión al rey, pero el presidente recabó un voto de confianza para elegir el momento adecuado y, mientras tanto, continuaría dictando medidas que aseguraran «la ausencia de toda presión gubernativa y la libre emisión del sufragio». Como esto significaba que la amnistía «a los procesados y condenados por delitos políticos y sociales» no sería concedida hasta después de las elecciones, García Prieto tranquilizó a republicanos y socialistas anunciando que sería la primera medida que presentaría ante las nuevas cámaras. Sin embargo, Cambó redobló sus exigencias, e incluso se permitió indicar públicamente la fecha de las elecciones.

«¿Es esto gobernar?», se preguntaba el conservador La Época, molesto, además, porque, bajo el rótulo de elecciones nuevas, en realidad los liberales, desde el poder, iban a disolver el Parlamento por segunda vez, rompiendo el turno. Ya el 20 de noviembre Dato había tenido que conjurar una declaración de los exministros de su partido, que llegaron a pensar en disolverlo si el rey otorgaba al Gobierno de concentración el decreto de elecciones que no había querido dar antes a los conservadores. Con el agravamiento de la situación económica, se quejaban de que el Ejecutivo tuviera al país pendiente de «dos banderas revolucionarias»: «Abajo, la de la amnistía; arriba, la de la disolución de las Cortes». Además, el nuevo Parlamento podría influir decisivamente en la política exterior, ya que los embajadores y cónsules de la Entente conocían que Alemania estaba dispuesta a regar con dinero a cualquier candidato germanófilo. Berlín deseaba una mayoría parlamentaria que sostuviera en España un Gobierno afín a los Imperios centrales o, al menos, una fortísima minoría que vetara cualquier veleidad aliadófila[642].

Un «salto a las tinieblas»

Con el ultimátum de Cambó en el aire, en Navidad García Prieto decidió no retrasar más la disolución de las Cortes. El 3 de enero de 1918 recabó del rey la convocatoria de las elecciones, si bien retrasó su publicación en la Gaceta hasta el día 10. Los comicios al Congreso de los Diputados tendrían lugar el 24 de febrero, los del Senado el 10 de marzo, y el 18 de ese mes debían constituirse las nuevas Cortes. Se consumaba así lo que El Liberal, haciéndose eco de una opinión generalizada, calificaba de «salto a las tinieblas».

Las elecciones al Congreso se celebraban, como las locales, con sufragio universal para los mayores de veinticinco años con dos años de residencia continuada en un municipio, y voto obligatorio y elección automática de los diputados en aquellos distritos donde se proclamaran tantos candidatos como escaños en juego. El artículo 24 de la ley de 1907 consideraba candidato proclamado a todo aquel que ya hubiera sido diputado por el distrito en el que concurriera. A quienes no se les exigía, a semejanza de los comicios municipales, el aval de dos antiguos senadores o diputados, de tres diputados o exdiputados provinciales, o del 5 % de los electores del distrito. De ese modo se aseguraba que al menos uno de los aspirantes tuviera arraigo efectivo o el apoyo electoral de una organización bien implantada. Solo si otro candidato no ponía ese arraigo en duda proclamándose de igual modo, esos avales equivalían a la elección y se aplicaba el artículo 29. Así, el voto obligatorio presuponía la proclamación de un mínimo de dos candidatos con posibilidades serias de competir entre sí.

Como ocurría también en las elecciones locales, cuando se proclamaba un candidato más que escaños en juego, la concurrencia se consideraba libre y los electores podían votar a quienes quisieran: por tanto, un candidato no proclamado también podía ganar las elecciones. En una elección competida, el mecanismo de la proclamación solo otorgaba a los candidatos el derecho de fiscalizar el proceso electoral por medio de interventores y apoderados de su partido en todas las mesas.

El sistema electoral vigente era de escrutinio mayoritario. El Congreso de los Diputados se componía de 409 escaños, que se repartían en 311 distritos que elegían un solo escaño, y 28 circunscripciones plurinominales donde se ventilaban los 98 restantes. En estas últimas regía —⁠como en los comicios provinciales y locales⁠— el voto limitado establecido en 1878 para estimular el pluripartidismo. Así, los electores votaban un número menor de candidatos que diputados se elegían. En las circunscripciones con entre dos y cuatro escaños, los electores votaban a un candidato menos de los que hubieran de elegirse, y a dos menos si la circunscripción tenía de cinco a ocho escaños. Las circunscripciones que elegían más escaños eran las de Madrid capital, con ocho, y Barcelona con su partido judicial, con siete.

No obstante, ese número de escaños ya no reflejaba los que realmente les correspondían a ambas ciudades por el incremento de su población. Aunque la división electoral no quedó inmutable y se reasignaron varios escaños al compás de los cambios demográficos, en 1918 existía cierto desfase. No se suprimieron 19 distritos que ya no cumplían el precepto constitucional de que hubiera un diputado por cada 50 000 habitantes. De ese modo, 16 provincias estaban sobrerrepresentadas: 13 tenían un escaño más de los que les correspondían, y dos más tenían Lérida, Huesca y Canarias, beneficiaria esta última de un criterio complementario de insularidad que, desde 1912, convertía en distritos sus islas menores. Con todo, esas distorsiones solo afectaban al 4,6 % de los escaños. Más relevante era que la cifra total de diputados (409) estaba 30 escaños por debajo de lo que establecía la Constitución. Ese déficit perjudicaba especialmente a las regiones donde más había aumentado la población: Castilla la Nueva —⁠Madrid elegía ocho escaños de menos y Ciudad Real, tres⁠—, Andalucía, Extremadura, Valencia o Murcia.

Lanzadas contra los «molinos caciquistas»

Las elecciones despertaron una gran expectación. Por primera vez en la Restauración, un Gobierno plural no pactaba un encasillado y el ministro de la Gobernación, Bahamonde, ratificó en una circular a los gobernadores que no habría «candidatos ministeriales y de oposición, sino simplemente candidatos».

Bahamonde encontró un estrecho colaborador en el fiscal del Tribunal Supremo, Víctor Cobián, que instruyó a jueces y fiscales para que aseguraran la limpieza electoral: «Si a la estadística fuéramos a atenernos —⁠comentaba con dureza en su circular⁠—, resultaría que en España las infracciones de la ley electoral no existen, o al menos, en tan pequeña cuantía que nos envidiarían Francia o Inglaterra». Para el fiscal esto no era «desgraciadamente así», pues «las llamadas malas y viciosas prácticas han dominado de forma que bien puede decirse que las Cortes jamás han sido la representación genuina del país». Tras hacer breve historia del fraude electoral y, especialmente, de la influencia corruptora de los Gobiernos, describió a sus subalternos los delitos más frecuentes en las tres últimas elecciones. Consideraba que el más grave era la compra del voto, por lo que debían perseguirse

… todos aquellos donativos y liberalidades en dinero o en especie, promesas de favores pecuniarios, de empleos públicos o privados o cualesquiera otras ventajas particulares cuyo objetivo sea influir en el voto de uno o de varios electores, ya directamente ya por medio de un tercero.

Cobián avisaba también sobre las coacciones:

Debe perseguirse a todos aquellos que, por vías de hecho, violenten o amenacen a un elector, haciéndole temer la pérdida ora de su empleo, ora la del edificio destinado a una industria o finca que lleve arrendada, ora una explotación agrícola o industrial cualquiera, daños a su persona, familia, fortuna o propiedad, a fin de determinarle a abstenerse de votar o que lo verifique en un determinado sentido[643].

Incluía la «coacción moral» de los sacerdotes en el púlpito. Según el fiscal, las coacciones de las autoridades provinciales y locales se habían reducido notablemente al ser apartadas por la ley del proceso electoral y carecer de la protección superior que antaño les proporcionaba impunidad. Aun así, debía vigilarse la actuación de los alcaldes y de los auxiliares que nombraran para guardar el orden público, así como velar por la corrección de las detenciones que practicaran en funciones de Policía judicial. También debía prestarse atención a los suplantadores de voto, que aprovechaban los huecos dejados por los muertos o los ausentes que constaban en los censos, y a los cambios de última hora en los locales de votación con el fin de disuadir la participación y amañar el resultado.

El activismo del fiscal pretendía disuadir la comisión de delitos y estimular la recogida de toda denuncia de fraude y corrupción. Quería dotar al Tribunal Supremo de elementos de juicio para anular las trampas.[644] Sin embargo, Cobián limitaba la eficacia de su intervención al no delimitar con claridad lo que debía perseguirse. La circular no definía la coacción como un acto material o una amenaza directa; tampoco diferenciaba la compra del voto de la promesa genérica de beneficios individuales y colectivos.

Era irreal concebir el sufragio como un acto de introspección personal desligado de cualquier estímulo o relación externos. El fiscal parecía desconocer la importancia que tenía —⁠y aún tiene⁠— en la política democrática la expectativa de beneficios materiales para movilizar a aquella parte del cuerpo electoral no politizada o menos encuadrada en un partido. Entonces, como ocurre también hoy, muchos electores no se movían por las doctrinas o los liderazgos, sino por los bienes tangibles que obtenían:

Una comarca pedía tal o cual carretera, el telégrafo, un camino vecinal. Este caserío clamaba por un abrevadero para los animales, aquel por un lavadero cubierto para que las mujeres no se mojasen en los días de colada. Una fuente, el alumbrado eléctrico, una escuela, el destino de los soldados, la indemnización de los daños producidos por un temporal, hasta una imagen para la iglesia, constituían frecuentemente el problema vital de un burgo, que el diputado había de resolver, logrando del Gobierno una subvención o vaciando su propio bolsillo[645].

A esto lo calificaban peyorativamente de «caciquismo» los enemigos del político exitoso. El abuso de esta palabra, apuntaba Burgos y Mazo, engendraba fantasmas que metían en el mismo saco la pura y simple coacción junto con «lo que representaba organización, legítima influencia, predominio de dotes personales o de virtudes cívicas». Esto había afectado de tal manera a los partidos constitucionales que les hizo descuidar

… la propaganda, el cultivo de la colectividad, la asistencia debida a los correligionarios para defenderlos contra los ataques injustos de los adversarios, para ayudarles en sus trabajos, para premiarles sus servicios, para poner en juego todos aquellos medios lícitos y justos de estímulos que ganan la voluntad de los hombres y cooperan poderosamente a que se alisten bajo una bandera combatiente.

Como sabía bien el exministro Burgos, los resortes de «convicción doctrinal» y «el deber a palo seco» no servían para mantener movilizados permanentemente a los votantes[646].

Cobián elevaba el listón moral a una altura difícil de superar, no ya para una práctica electoral con deficiencias como la española, sino para la de cualquier nación occidental de entonces y de hoy. Problema añadido era que los limitados recursos humanos y materiales a disposición de la Fiscalía impedían un control tan ambicioso. García Prieto quiso contribuir a este propósito y ordenó, por vez primera, extender la fe notarial a efectos electorales para todo el personal judicial, civil o militar —⁠en activo o en excedencia⁠—, así como a los funcionarios letrados. De manera que todos los candidatos tendrían la posibilidad de acceder a un número suficiente de notarios para levantar acta de las irregularidades, una prueba que los jueces consideraban definitiva para anular las votaciones.

Para alentar la participación, el ministro de Hacienda, Ventosa, dispuso cómo hacer cumplir las multas a los abstencionistas, sanciones que hasta entonces habían sido incumplidas. Además, obligaba a los eximidos por la ley a solicitar de las juntas municipales del censo un certificado con la causa que les impedía votar[647].

Estas medidas fueron completadas por la circular electoral de Bahamonde, del 17 de febrero, en la que se ordenaba la más «rigurosa neutralidad» a los gobernadores civiles. Su misión era «mantener con energía el orden público» y «amparar con decisión el libre ejercicio de los derechos de los ciudadanos» para que votaran «en conciencia». Los gobernadores debían impedir «la actuación indebida de alcaldes, tenientes y concejales», así como la de los funcionarios. No solo debían abstenerse, sino también intervenir para asegurarse de que se cumpliera la ley. Para ello Bahamonde prohibió el nombramiento de delegados sin su permiso, que sería un recurso excepcional, pues los gobernadores debían valerse de las autoridades locales. Tampoco se designarían agentes de refuerzo para las elecciones —⁠medida a la que recurrían no pocos alcaldes para dar a su partido el control de la calle⁠— y la salvaguardia del orden debía ser competencia exclusiva de las distintas policías. Los gobernadores publicarían en el boletín oficial de su provincia la formación de las mesas electorales con sus miembros, y también las estafetas o carterías que recibirían la documentación de cada colegio. El ministro les instruyó para detectar activamente la compra de votos y entregar las evidencias a los candidatos derrotados para que pudieran denunciarla ante el Tribunal Supremo. Por último, los gobernadores debían alentar la participación recordando la obligatoriedad del voto y decretando el cierre de las tabernas[648].

Maquinarias electorales

Aunque estas circulares suponían una relevante declaración de intenciones, la verdad era que apenas se distinguían de otras anteriores. Tampoco era mayor garantía la composición plural del Gobierno —⁠por más que estuviera formado por una concentración de demócratas, liberales, catalanistas, mauristas y ciervistas⁠—, por lo que nadie esperaba que los ministros y sus gobernadores afines dejaran de ayudar a los candidatos de sus respectivos partidos.

Más que unas elecciones limpias o sucias, lo que garantizaba aquella amalgama gubernativa era un Parlamento sin mayoría, pues reunía a fuerzas tan contrapuestas que dificultaría la intervención en beneficio de un solo partido. Ni siquiera las cinco formaciones que cogobernaban se plantearon concurrir en coalición; solo renunciaron a competir entre sí en los pocos distritos que se consideraban «propios» de cada líder de partido y de los ministros.

Por supuesto, esta circunstancia contrarrestaba casi toda la ventaja que suponía el afrontar las elecciones desde el poder. En la Restauración, la posesión del Gobierno servía para afianzar la organización de los partidos, más densa y compleja que en los tiempos de Cánovas y Sagasta, pero que aún conservaba la estructura piramidal de nexos discontinuos característica del siglo XIX[649].

Así, la base de los partidos la formaban comités locales o comarcales ligados a un jefe provincial o a un diputado, y estos, a su vez, lo estaban a un notable nacional, a través del cual se relacionaban con el líder. Por tanto, eran formaciones débilmente institucionalizadas y sistematizadas, como las de casi todo el Occidente europeo y americano en 1918. Tampoco hacía falta más en un sistema electoral donde primaban los pequeños distritos, con un número manejable de votantes y una práctica electoral subcompetitiva a nivel nacional[650].

Ahora bien, en el momento supremo de las elecciones había que coordinar a todos esos notables y comités en una única masa de maniobra, y ello requería que emergiera una organización nacional que los disciplinara. El instrumento para asegurar esa coordinación efectiva bajo la tutela del líder del partido era el Gobierno y sus delegados administrativos, pues, aunque la influencia electoral se ejercía de muchas formas, los recursos que otorgaba el poder continuaban siendo, como hoy, los más relevantes para ganar las elecciones.

Estas características organizativas, que perdurarían en España hasta 1936, no hacían que aquellos partidos fueran menos partidos que los de hoy día, conforme a un modelo ideal inexistente. Tampoco era cierto que fueran indistinguibles, al menos para el elector español mínimamente informado. Por el contrario, eran bastante reconocibles y la etiqueta con la que se denominaban aludía a un conjunto de ideas e ideales que legitimaban su existencia y servían para identificarles y diferenciarles de los demás. Esto les permitía generar lealtades, más allá del clásico engranaje clientelar por medio de favores.

Además, estos partidos mostraron una capacidad regular de obtener representación y sus organizaciones no carecían de rasgos propios de los partidos de masas, unos rasgos que aparecían cuando se veían obligados a competir y a movilizar a gran número de electores. De hecho, la frecuencia de las elecciones en aquella España había estabilizado y convertido en permanentes numerosas organizaciones, tanto en los distritos urbanos como en los rurales, cuya infraestructura se sostenía sobre los círculos (oficinas electorales reconvertidas, cuando no había comicios, en un club social) y los periódicos.

En realidad, los partidos constitucionales habían formalizado ciertas instancias internas de poder que hacían visible la organización nacional; por ejemplo, las reuniones de los exministros, una suerte de comité ejecutivo con el que el líder compartía sus decisiones, o las de parlamentarios y exparlamentarios, que hacían las veces de acto congresual en el que se elegía o se sancionaba un liderazgo y se ratificaban o modificaban los principios fundamentales del partido y su programa dentro y fuera de las Cortes.

Tampoco necesitaban más, puesto que estas formaciones se concebían exclusivamente como instrumentos electorales, parlamentarios y de gobierno. Los partidos Liberal y Conservador no eran miniestados con ínfulas de sustituir al Estado vigente, ni tampoco se concebían como «microsociedades» cerradas que pretendían parir nuevas «naciones» o «clases», o como movimientos corporativos que debían preservar sus intereses específicos frente al resto de la sociedad.

Si otros partidos, como los republicanos, el socialista o el tradicionalista, se habían dotado de órganos al margen de los exministros o los exparlamentarios era porque, al ser movimientos nacidos fuera de las instituciones representativas, tenían poquísimos parlamentarios y ningún ministro. Esto les obligaba a formalizar, a partir de sus militantes, sus propios comités ejecutivos y congresos, imitación en miniatura del Consejo de Ministros y las cámaras legislativas.

Pero la modernidad democrática de sus estructuras respecto a las de los partidos constitucionales es un mito. De hecho, los republicanos y los carlistas nunca fueron partidos unificados, sino una miríada de grupos locales apenas conectados entre sí. El PSOE carecía de una estructura de partido propia, y era la UGT quien se la procuraba. Y aunque todas eran formaciones con vocación nacional, no estaban realmente implantadas por todo el territorio español y nunca pudieron presentar un número suficiente de candidatos para competir por una mayoría parlamentaria.

En España, de 1880 a 1917, solo habían existido dos partidos verdaderamente nacionales: el Conservador y el Liberal. Igual que ocurría con las instituciones del sistema político español, ambas formaciones recordaban por su estructura y su funcionamiento interno a sus homólogas británicas antes de que desarrollaran una potente estructura nacional y una dirección centralizada y profesional. Y todavía tories y whigs se encontraban inmersos en ese proceso porque, aunque habían adelantado mucho de 1868 a 1918, aún carecían de un alto grado de sistematización organizativa. En el interior de esos dos partidos británicos seguían conviviendo la organización nacional y sus delegaciones territoriales, con viejas maquinarias locales y de distrito cuya supervivencia venía garantizada por sus éxitos electorales. En la mayoría de los distritos, el emergente Partido Laborista era, en realidad, los mismos sindicatos transformados en máquinas electorales[651].

Otro mito que se ha mantenido sobre las elecciones españolas es que, durante la Restauración, la posesión del poder aseguraba la victoria electoral. La realidad es que no era necesariamente así, y en 1918, menos que nunca. Siempre había sido requisito previo que el Gobierno lo ocupara un partido arraigado en toda España y dotado de una mínima cohesión en torno a un liderazgo nacional. Los políticos de la Restauración habían aprendido de épocas anteriores que los partidos fabricados desde el poder en periodo electoral caían irremisiblemente derrotados.

A ello se añadía que, desde 1899, la Administración se había ido profesionalizando, lo que disminuía los recursos públicos a disposición de los partidos. Aun así, todavía eran lo suficientemente relevantes como para alimentar a sus cuadros y contar con una masa fluctuante de políticos locales con intereses que no deseaban sacrificar enfrentándose al Gobierno. Y ahí residía la desventaja de los partidos de la oposición: aunque el partido en el poder observara una neutralidad estricta, sus candidatos contarían con la preeminencia que le otorgaba su condición de ministeriales, esto es, su capacidad inmediata de obtener los beneficios o favores que los electores demandaban.

Sin embargo, esta preeminencia hasta entonces se había dejado sentir solo porque esos recursos públicos se habían dispuesto en interés de un solo partido. Que en 1918 los compartieran cinco partidos que ni siquiera iban unidos a las elecciones prometía reducir notablemente el impacto de esta ventaja.

Pero había algo más. La historia electoral de la Restauración era la de la inversión progresiva de las relaciones entre el partido en el poder y los de la oposición. En las tres últimas décadas del siglo XIX, a la formación gobernante le habían bastado los resortes del Ejecutivo para ganar ampliamente las elecciones, mientras que los partidos de la oposición habían necesitado cierta tolerancia —⁠un cupo de diputados de oposición protegido por el Gobierno⁠— para obtener un número significativo de escaños. Para esto servía el encasillado que, como ya se explicó, consistía en el reparto previo de las distintas candidaturas entre el partido gobernante y los de la oposición. Su finalidad no se agotaba en asegurar un Parlamento mayoritario y gobernable, pues también servía como un correctivo al escrutinio mayoritario. El encasillado garantizaba Parlamentos pluralistas en los que ningún «matiz de opinión» careciera de representación, a veces «anticipándose a una positiva realidad electoral»[652].

Pero con el cambio de siglo, y especialmente en 1918, el fenómeno era el contrario. Los partidos se habían fortalecido tanto que ostentar el poder ya no era un factor que diera, por sí mismo, la victoria. El partido gobernante también necesitaba imperativamente que el principal partido de la oposición no le hostilizara en un número suficiente de distritos como para sobrepasar la mitad más uno de los escaños, y que las Cortes refrendaran el turno iniciado por la Corona. El encasillado pasó a servir a este propósito.

Esa inversión de relaciones era fruto de un lento pero innegable «progreso electoral» y de un «adecentamiento de las costumbres políticas»; en otras palabras, era el resultado de la politización y del vínculo creciente del electorado español con un partido nacional. Esto permitía que los partidos de la oposición combatieran con cada vez más éxito al que estaba en el poder y, precisamente por eso, que se resistieran a cederle escaños en aquellos distritos que habían convertido en sus bastiones. Así se explica que las mayorías parlamentarias que salían del pacto electoral entre liberales y conservadores fueran cada vez más cortas, que el principal partido de la oposición se fortaleciera cada vez más y que las oposiciones al turno consiguieran un número de escaños parejo a su implantación real.

La eliminación de la presión directa del Gobierno sobre los electores durante la Restauración y la mejora gradual respecto no ya a la época de Cánovas y Sagasta, sino a las elecciones del Sexenio Revolucionario (1868-1874), daban la razón a quienes argumentaban que el remedio no estaba en «formar de otra manera las Cortes del Reino», pues la «realidad ciudadana de España» no permitía que las elecciones fueran mejores de lo que eran[653]. Como poco a poco el sufragio universal se estaba activando, no cabía otro camino para superar el turno como mecanismo de alternancia y gobernabilidad que el de perseverar en la tarea de reforzar los partidos e incrementar la competencia electoral.

García Prieto se quita la careta

Es curioso que, en materia de voto, los renovadores innovaran tan poco como los turnistas. Incluso antes de la convocatoria electoral ya había comenzado la pugna entre los cinco partidos que formaban el Gobierno por ver quién dirigía las elecciones. Cambó dio el pistoletazo de salida, pues pensaba que a través de sus dos ministros iba a erigirse en el «gran elector». Pero García Prieto no se dejó desplazar. El presidente era ducho en elecciones y no estaba dispuesto a perder la oportunidad de rentabilizar el poder para recuperar el control del Partido Democrático y convertirlo en el grupo más importante del futuro Parlamento. García Prieto fue previsor y colocó como subsecretario de Gobernación a un hombre de su confianza, Melquíades Enrique Pico, un senador santanderino que lo secundó con eficacia.

Con la fragmentación existente, pudieron considerarse un éxito los 111 candidatos que los demócratas presentaron a las elecciones del Congreso. El número era insuficiente para aspirar a una mayoría propia, pero superaba los 78 de la plataforma regionalista de Cambó, que sumaba a los nacionalistas catalanes y vascos otros grupos locales en diversas provincias. Los candidatos de García Prieto también doblaban a los 62 liberales de Romanones y a los 59 que presentó la Izquierda Liberal de Alba. Si se sumaban los candidatos de esos tres partidos a los otros 22 liberales independientes —⁠que seguían a los exministros Rafael Gasset y conde de Sagasta⁠—, los postulantes del extinto Partido Liberal llegaban a los 254. En realidad, solo peleaban entre sí por 19 escaños y, unidos, podían aspirar a una mayoría parlamentaria de 235 diputados. El maniobrero García Prieto había logrado una impensable coordinación entre todos los antiguos liberales pactando respetar el arraigo de cada partido conforme al mapa electoral de 1916. Como siempre había sucedido en la Restauración, las elecciones aparcaron las rivalidades y ejercieron su función de cohesionar.

A esa unidad contribuyó el empeño de García Prieto en que la dispersión de los monárquicos no beneficiara a la Alianza de Izquierdas. Reformistas, republicanos y socialistas, conscientes de que la debilidad de sus adversarios anulaba la ventaja del poder, repitieron la coalición de las municipales. La Alianza de Izquierdas presentó 115 candidatos, cifra que no le permitía aspirar a la mayoría parlamentaria, pero que era la más importante de la izquierda antimonárquica de toda la Restauración. La Alianza aspiraba a sobrepasar la barrera de los 50 escaños, algo nunca logrado desde 1876, y cuyo valor multiplicaría un Parlamento fragmentado.

Dentro de la Alianza, los distintos partidos republicanos —⁠radical, federal, catalán y otros grupos locales autónomos⁠— hicieron el esfuerzo principal y aportaron 62 candidatos. Muy similar fue el número de candidaturas reformistas, 26, y del PSOE, con 27 candidatos. En realidad, los socialistas sumaban menos candidatos, porque proclamaron repetidamente a los miembros del comité revolucionario: Besteiro concurría por cinco distritos; Largo Caballero, por cuatro; Anguiano, por otros cuatro; y Saborit, por tres. Para asegurarles el escaño, los cuatro se presentaron por las circunscripciones donde se presumía la victoria de la Alianza, esto es, Madrid, Barcelona, Valencia y Oviedo.

Elecciones competitivas

En estas circunstancias, los medios daban por hecho que, aislado y fuera del poder, la víctima propiciatoria de las elecciones sería el Partido Liberal-Conservador. A los acuerdos trabados entre todas las fracciones del antiguo Partido Liberal y el de la Alianza de las Izquierdas se sumaba el pacto de la plataforma regionalista de Cambó con los mauristas[654]. Esta última coalición disputaba a los conservadores la friolera de 44 escaños, y su objetivo era arrebatar a Dato su primacía en la derecha. A esto se añadía también que los conservadores deberían vérselas con candidatos liberales por otros 55 escaños. Y como las alianzas mauro-regionalista y liberal luchaban desde el poder, casi nadie auguraba que Dato pudiera repetir los 88 escaños que obtuvo como principal partido de la oposición en 1916.

Sin embargo, Dato no estaba solo, pues contaba con el grupo de Cierva, que, adversario de la Lliga y partidario de reunificar a todos los conservadores, no deseaba hostilizar al que todavía consideraba su partido. Dato y Cierva llegaron a un perfecto acuerdo electoral, y el ministro de la Guerra prometió su apoyo y cooperación personal si, tras las elecciones, Dato era llamado a gobernar.

Tampoco el maurismo se mostró como un bloque unido. Aunque cooperaron con los regionalistas para combatir a los conservadores en provincias como Alicante, Canarias, Cuenca, Málaga o Palencia, varios notables mauristas aprovecharon la inhibición de su líder para dar largas a Cambó y concurrir junto a los partidarios de Dato.

El aislamiento de los conservadores quedó definitivamente roto cuando, a mediados de enero, García Prieto ofreció a Dato reeditar la coalición de las elecciones locales. A la sintonía personal de ambos políticos, que «fueron siempre amigos», se unía la invencible alergia del presidente a los nacionalistas. Además, necesitaba a la derecha constitucional para cerrar el paso a los republicanos[655]. García Prieto hizo entrar a los conservadores en todas las coaliciones monárquicas de las circunscripciones plurinominales para combatir a la Alianza de Izquierdas, y los de Dato hicieron valer su fuerza para liderarlas en Badajoz, Cádiz, Granada, Huelva, Jaén, Lugo, Málaga, Mallorca, Santander y Zaragoza. Leal al pacto electoral de los dos grandes partidos, García Prieto se desentendió de los planes de Cambó para destruir a los conservadores, de manera que los dos partidos más importantes de España solo disputaron 18 escaños entre sí. Aquel pacto auguraba un futuro entendimiento entre demócratas y conservadores para reconstruir el turno, si la política renovadora fracasaba.

Aunque el objetivo de Dato era mantener los 88 escaños de 1916, presentó 141 candidatos. Sumados a los mauristas y ciervistas, la derecha constitucional tenía opciones de alcanzar 221 escaños. Se producía así una situación inédita en la Restauración: liberales y conservadores iban a ventilar su primacía en las urnas, pues, hasta entonces, el partido constitucional de la oposición no había estorbado la victoria del que recibía la confianza del rey para gobernar. El cupo de la derecha lo reforzaban, además, otros 26 candidatos: cinco católicos, dos monárquicos independientes y 19 tradicionalistas. Excepto en Barcelona, la relación de esta derecha católica con los regionalistas fue sorprendentemente mala y apenas hubo coordinación electoral[656].

Cuando Cambó pudo cotejar el número de candidaturas de sus regionalistas con la alianza que García Prieto había tejido en su contra, quedó estupefacto. El dirigente lligaire había extrapolado la situación de Barcelona al resto de España y supuesto que, para ganar, bastaba con romper ese «duopolio de oligarquías» sostenidas, según creía, en el favor gubernativo. Cambó quedó desagradablemente sorprendido con García Prieto, que ahora se le aparecía «administrando admirablemente su ingenuidad y su aparente tontería».

De nada sirvió que Ventosa y Rodés expresaran su irritación y que incluso amenazaran al presidente con dimitir por disconformidad con «la política electoral del Gobierno». Pero Cambó pidió prudencia a sus ministros. Pensaba que la atomizada distribución de las candidaturas desmentía que se hubiera llegado a «un encasillado completo» y, además, consideraba a García Prieto un «presidente interino». Cuando se formara el nuevo Gobierno, esa supuesta «mayoría electoral» se desharía. Lo importante era que la Lliga obtuviera un número de escaños decisivo[657].

Pero esa previsión se vino abajo a diez días de las elecciones, cuando Cambó pudo cerciorarse de que el entendimiento entre los demócratas y los conservadores era casi completo. García Prieto se había «quitado la careta» e iba «a rodillo» contra los candidatos regionalistas. Cambó anunció al exalcalde de Barcelona, Durán i Ventosa, que a pocos días de las votaciones no daba tiempo para «hacer dimitir a nuestros ministros», pero tras las elecciones debían salir «en el primer momento» para adoptar una «actuación nacionalista más cerrada y decidida». Las futuras Cortes no servirían porque «los antiguos tinglados no tendrán suficiente fuerza para gobernar, pero tendrán bastante para subsistir y no dejar gobernar a los demás, con la esperanza de que venga el restablecimiento del turno». Por ello, Cambó no veía otra solución que un «golpe de Estado» y un «Gobierno, apoyado en el rey y en las bayonetas», que «haga lo que no podrá hacer el Parlamento»[658].

La desesperación del líder de la Lliga estaba fundada, pues vaticinaba los resultados finales con más tino que las previsiones de los periódicos y las cancillerías extranjeras. Dato confirmó al embajador británico su acuerdo con García Prieto, aunque le avisó de que eso no suponía rendir su criterio al de un «Gobierno improvisado». A su vez, García Prieto aseguró a Hardinge que su pacto con Dato evitaría un «Parlamento germanófilo», de modo que el acuerdo entre demócratas y conservadores fue saludado en Londres. Se esperaba que permitiera mantener a los segundos liderando la oposición, aun cuando bajaran a 75 escaños, lo que haría posible una nueva mayoría liberal y la reconstrucción de la izquierda constitucional bajo el liderazgo de García Prieto. Frente a ellos, Hardinge no daba más de 30 diputados a los mauristas y ciervistas, 45 a los regionalistas, 40 a la Alianza de Izquierdas, media docena a los carlistas y el doble a los independientes.

El 8 de febrero se esfumaron esos optimismos. La embajada inglesa ya otorgaba un empate de 80 escaños entre demócratas y conservadores. Los primeros, sumados a liberales y a la Izquierda Liberal, no llegarían a los 150 escaños, pero tampoco lo harían los segundos, aun añadiéndoles a los mauristas y a los ciervistas. Frente a una docena de católicos y carlistas y otra de independientes, se alzaría una imponente oposición asambleísta con 95 escaños, sumados la Alianza de Izquierdas y los regionalistas. El embajador francés Thierry coincidía con Hardinge, e incluso preveía que los regionalistas se alzaran con 80 escaños en toda España, puesto que crecerían a costa de los conservadores, que, pese a su «buena organización provincial», saldrían muy debilitados. Lo mismo auguraba la Lliga: habría 65 escaños regionalistas que, con la colaboración de otros candidatos que recibirían sus votos, podrían superar a los conservadores. Sánchez-Guerra no lo creía, pero consideraba que los partidos monárquicos, muy divididos, tendrían enfrente una imponente oposición antimonárquica de casi 100 escaños que haría imposible el gobierno[659].

El relativo equilibrio entre los diversos bloques era la consecuencia directa de ese Gobierno heterogéneo. García Prieto había hecho matemáticamente posible una mayoría liberal, pero la inseguridad de que esta se consumara estribaba en que, allá donde la izquierda constitucional competía con los nacionalistas, los mauristas y los ciervistas (lo hacían nada menos que por 74 escaños en total), la ventaja derivada del poder quedaba anulada, porque todos los que luchaban eran candidatos ministeriales. Dos fracciones liberales, la izquierda de Alba y los liberales independientes, ni siquiera contaban con marchamo «oficial». Romanones también se quejó de que García Prieto le postergaba en beneficio de los conservadores[660].

En todo caso, aunque en las elecciones de la «renovación» proliferaron prácticas poco renovadoras, sí cumplieron parte de las expectativas. Fueron las más competidas de la historia de la Restauración, con 737 candidatos. Esto aseguró que la animación electoral llegara simultáneamente a poblaciones donde rara vez la habían sentido. La tabla siguiente indica que en 248 de los 339 distritos y circunscripciones —⁠casi tres cuartas partes de España⁠— habría una fuerte lucha. En otras 56, que incluían las circunscripciones plurinominales de Mallorca y Pamplona, se aplicó el artículo 29 al proclamarse el mismo número de candidatos que de escaños en juego.

La elección automática benefició a 62 candidatos, la cifra más baja con la ley electoral de 1907, y contrastaba con los 145 de las anteriores elecciones de 1916. En un último grupo de 35 distritos y circunscripciones, que sumaban 37 escaños, se supo, poco antes de la jornada electoral, que las votaciones se celebrarían con un solo candidato real por escaño. La razón era que sus adversarios se habían presentado solo para evitar que se aplicara el artículo 29, pero no tenían intención de competir. Varios se retiraron a última hora a cambio de concesiones en otros distritos o de candidaturas al Senado. Como sucedía en todos los países con un sistema mayoritario de pequeños distritos, la carencia de competencia en varios distritos la explicaba la existencia de una organización electoral hegemónica, que disuadía la concurrencia de candidaturas alternativas por sus escasas expectativas de victoria.

En todo caso, el reparto de los escaños no competidos apenas permitía atisbar el resultado final. Parecía que, unidas, las fracciones del extinto Partido Liberal podrían repetir la mayoría parlamentaria de 1916, aunque con menos escaños. Sumaron 33 de esos diputados del artículo 29 (19 demócratas, siete liberales, cinco de la Izquierda Liberal y dos liberales independientes), mientras la derecha constitucional ganó 21. Dentro de ella se imponían los liberal-conservadores con 14, por cuatro mauristas y tres ciervistas. Lejos quedaban las otras fuerzas. La Alianza de Izquierdas obtenía tres, todos reformistas; la plataforma regionalista, uno (del PNV); los tradicionalistas, dos, y los dos restantes eran un católico independiente y un republicano nacionalista catalán. La suma de los otros 37 escaños, decididos ya, aunque se abrieran los colegios, confirmaba este resultado. Elevaba a 51 los de los liberales por 35 de los conservadores, cinco de la Alianza de Izquierdas y cuatro de los regionalistas. Con 310 escaños por dilucidar, los electores iban a pesar decisivamente en los resultados.

Candidatos y niveles de competencia electoral en 1918.
Distribución provincial*

Provincias en 1918
Distritos y circunscripciones
Número de candidatos
Elecciones competidas sobre el total
Escaños en disputa

Álava

3

5

2(66,3 %)

2

Albacete

5

11

5(100 %)

5

Alicante

8

19

6(75,0 %)

8

Almería

6

15

5(83,3 %)

7

Ávila

4

9

3(75,0 %)

3

Badajoz

8

22

8(100 %)

10

Baleares

3

8

1(33,3 %)

1

Barcelona

14

36

13(92,9 %)

19

Burgos

6

16

6(100 %)

8

Cáceres

7

12

5(71,4 %)

5

Cádiz

6

22

6(100 %)

10

Canarias

8

19

4(50,0 %)

8

Castellón

7

11

3(42,9 %)

3

Ciudad Real

6

11

4(66,7 %)

4

Córdoba

7

19

6(85,7 %)

8

Cuenca

6

11

5(83,3 %)

5

Gerona

8

15

6(75,0 %)

6

Granada

9

19

7(77,8 %)

9

Guadalajara

5

8

3(60,0 %)

3

Guipúzcoa

5

10

4(80,0 %)

4

Huelva

3

9

2(66,7 %)

4

Huesca

7

12

5(71,4 %)

5

Jaén

7

17

7(100 %)

9

La Coruña

12

23

7(58,3 %)

9

León

10

15

5(50,0 %)

5

Lérida

8

13

5(62,5 %)

5

Logroño

4

8

4(100 %)

4

Lugo

9

15

4(44,4 %)

4

Madrid

6

27

6(100 %)

13

Málaga

9

24

9(100 %)

11

Murcia

6

21

4(66,7 %)

9

Navarra

5

12

4(80,0 %)

4

Orense

9

14

5(55,6 %)

5

Oviedo

12

22

7(58,3 %)

9

Palencia

5

10

5(100 %)

5

Pontevedra

11

14

3(27,3 %)

3

Salamanca

7

9

2(28,6 %)

2

Santander

3

10

2(66,7 %)

4

Segovia

4

6

2(50,0 %)

2

Sevilla

9

22

8(88,9 %)

12

Soria

4

8

3(75,0 %)

3

Tarragona

6

16

6(100 %)

8

Teruel

6

12

5(83,3 %)

5

Toledo

8

17

7(87,5 %)

7

Valencia

13

30

9(69,2 %)

11

Valladolid

4

11

4(100 %)

6

Vizcaya

6

12

5(83,3 %)

5

Zamora

7

13

5(71,4 %)

5

Zaragoza

8

17

6(75,0 %)

8

ESPAÑA

339

737

248 (73,2 %)

310

* Se consideran candidatos solo a quienes obtuvieron el 5 % de los votos de cada distrito o circunscripción. Datos elaborados a partir de: véase nota 656 de este mismo capítulo.

Trabas y juego sucio

Estas cifras eran la expresión numérica de una realidad palpable. Toda la prensa coincidió en que jamás se habían celebrado más mítines, conferencias y banquetes electorales que entonces, y nunca estuvieron más presentes los candidatos en las circunscripciones y distritos por los que concurrían. La falta de encasillado redujo al mínimo la presión gubernativa. No se pudo acusar a Bahamonde de poner su ministerio al servicio de nadie, aunque el subsecretario Pico coordinó a los candidatos del Partido Democrático y les ayudó con disimulo en lo que pudo. Sin embargo, ministros, subsecretarios y gobernadores tuvieron un papel más discreto de lo usual y su inhibición facilitó las «alcaldadas». Varios alcaldes usaron la Ley de Subsistencias para molestar a los adversarios políticos con multas y requisas por ocultamiento de víveres. Incluso el racionamiento de gasolina se aprovechó para privar a algún candidato del automóvil con el que realizaba viajes de propaganda y fiscalización electoral. Ocurrió lo que los políticos constitucionales ya habían previsto: con la abstención de las autoridades, las corruptelas se descentralizaron y las protagonizaron los ediles y los agentes de los candidatos[661].

El Gobierno tampoco pudo evitar la compra de votos. De hecho, la falta de apoyo ministerial había obligado a los candidatos a luchar por la victoria maximizando sus propios medios. Como necesitaban llevar a las urnas a una mayoría de electores poco politizada, que no percibía del voto otro beneficio que su intercambio por un favor, la competitividad conllevó un aumento de la venalidad.

Pero esto no era nuevo en España ni en Occidente. De hecho, era previsible si se tiene en cuenta los mecanismos de movilización electoral usados entonces. Los candidatos de hace un siglo, en lugar de acudir a la televisión para prometer empleos a toda la población, escribían a sus amigos del distrito para que dieran empleo a los electores que conocían. Comparadas con las de hoy, aquellas elecciones eran más personalizadas y el elector tenía más que ganar, porque no era tratado como el componente anónimo de una masa.

Los políticos españoles conocían sobradamente la propaganda a la inglesa y a la americana, y sus manifiestos, carteles y el célebre canvassing —⁠el requerimiento directo del voto al elector⁠—, pero no concebían gastar el tiempo de ese modo en los pueblos pequeños, donde los electores no se guiaban por principios abstractos, sino por el cara a cara y por las opiniones de aquellas personas a las que estimaban o simplemente respetaban. Esas personalidades influyentes (alcaldes, concejales, secretarios de ayuntamiento, sacerdotes, médicos, jueces locales, mayores propietarios…) reclutaban a los electores con los que tenían trato, vínculos o que les debían un favor. La movilización electoral a través de la relación personal y la influencia no sucedía solo en los pueblos, sino también en las ciudades, aunque los contextos urbanos eran más propicios a formas impersonales de propaganda.

Es común asimilar la influencia electoral a los vínculos de patronato y dependencia propios de las famiglias de la mafia. Pero, en realidad, esto es una caricatura, porque la influencia electoral se articulaba mediante relaciones muy diversas y no tan directas como las de las pandillas mafiosas. Los votantes sujetos a influencia podían ser parientes, amigos o empleados del candidato o del notable que le apoyara, clientes de su negocio o despacho, arrendatarios, funcionarios subalternos a su autoridad, deudores de un préstamo o, simplemente, vecinos agradecidos por la gestión de un beneficio colectivo —obra pública— o particular —⁠la condonación de impuestos o del servicio militar—. Podían ser incluso simples admiradores de los inflamados discursos del candidato o de su patrocinador en el centro político local, y si la persona influyente era el cura, podían ser fieles que gustaban de oírle en misa. En definitiva, «relaciones de parentesco, amistad, paisanaje o gratitud con el beneficiario o sus adláteres —⁠aclaraba Gabriel Maura—, entendiéndose por esto último, no tanto la hidalga correspondencia a favores recibidos como la esperanza de seguir recibiéndolos»[662].

Esos hombres influyentes, entre los que se reclutaban los miembros de los comités locales de los distintos partidos, eran el nexo que unía a los electores con los candidatos y la política nacional. Evitaban así un décalage mayor, esto es, una desvinculación entre gobernantes y gobernados que generalizara la apatía electoral. A cambio de las diversas concesiones que sostuvieran y reforzaran su influencia política, estos notables locales otorgaban a los líderes nacionales y a sus candidatos los votos que necesitaban, unos sufragios que eran el reconocimiento público de su derecho a gobernar o a fiscalizar al Gobierno, esto es, la legitimidad por medio de las elecciones propia de todos los regímenes constitucionales y democráticos.

¿Votos comprados?

En 1918, esa legitimidad tuvo un alto coste: los gastos electorales se calcularon en 36,7 millones de pesetas de la época, de los cuales una parte importante se destinó a financiar la prolífica propaganda y, sobre todo, a pagar al ejército de agentes electorales más importante de la historia. Con otra parte se compensó a los electores a cambio de su voto y, en algunos pueblos pequeños, se compró incluso el censo entero. Excepto el PSOE, no hubo partido que no se aplicara a la tarea, más o menos en proporción a su número de candidatos. Pero destacaron los máximos adalides de la renovación, los candidatos regionalistas, seguidos de los mauristas. A juzgar por las protestas, el pico máximo de venalidad se dio en Cataluña y en la provincia de Vizcaya. Un diputado de la Izquierda Liberal, Jiménez de la Puente, reprochó ese comportamiento a la Lliga, que presumía de haber entrado en el Gobierno «para ser una más fiel garantía» de que las elecciones «habían de ser sinceras»[663].

Sin embargo, la tesis tradicional de que esas elecciones se redujeron a una subasta de escaños no se ajusta a la realidad. En una circular enviada tres días después de las elecciones, Bahamonde ordenó a los gobernadores que investigaran y entregaran a los candidatos perjudicados todas las evidencias de compra de voto para incitarles a protestar ante el Tribunal Supremo y que este anulara los comicios corrompidos. La información abierta por Gobernación mostró que las denuncias, probadas o no, afectaron a 59 de las 339 circunscripciones y distritos, el 17,4 %. No es irrelevante, pero está lejos del carácter general que hasta ahora se creía. Además, Bahamonde se quejaba de que «a cientos se han recibido en este Ministerio los telegramas denunciando la compra de votos», pero «ni uno de estos telegramas precisa un caso concreto», pues «todo son generalidades, nadie detalla… nadie denuncia ante los Tribunales, y menos acompañando pruebas»[664].

Esto no era tan anormal si se considera que, tal y como la había definido el fiscal Cobián, la compra de voto no se entendía solo como el intercambio directo de la papeleta por dinero u otra recompensa material, sino también como la promesa individual o colectiva de un beneficio. Si un candidato de 1918 contemplara la propaganda actual, se escandalizaría de que su homólogo de 2021 prometiera empleos, viviendas, prestaciones públicas o rebajas de impuestos a cambio de votos.

Las quejas de Bahamonde eran fundadas. El Gobierno habilitó un ejército de funcionarios para que los candidatos accedieran a la fe notarial y probaran la compra de votos. En realidad, solo a dos de esos 737 aspirantes (en los distritos de Purchena y Olot) las audiencias provinciales les negaron esa intervención, lo que de entrada podría viciar las elecciones. El celo del ministro de la Gobernación facilitó que los resultados de 14 distritos que no habían sido protestados por los candidatos fueran igualmente revisados por la sección de actas electorales del Tribunal Supremo, junto a otros 157 donde se registró alguna otra denuncia. Esto suponía depurar los resultados de 171 elecciones de las 283 que se habían verificado, las tres quintas partes.

Pero los jueces sabían que las luchas electorales suscitaban pasiones que viciaban las protestas y que estas no probaban nada por sí mismas. Con una reacción similar a la de Bahamonde, los jueces se quejaron de la excesiva carga de trabajo a que se les sometía y que no venía compensada con denuncias probados. Desecharon sistemáticamente 61 expedientes de elecciones en los que los candidatos no asistieron a la vista pública para sostener las protestas o no aportaron prueba alguna. También se negaron a anular otras 25 elecciones donde lo único que acompañaba a las protestas eran testimonios de parte, esto es, de agentes o electores del candidato denunciante, sin intervención de los notarios habilitados. Sumadas, esas 86 elecciones suponían la mitad de todas las impugnadas[665].

Aparte de ellas, en otras 53 los magistrados detectaron no solo compra de votos, sino alguna de las irregularidades clásicas en las votaciones del periodo: constitución de las mesas sin los presidentes y adjuntos designados; no exposición de las listas del censo; suspensión ilegal de la votación o cierre del colegio electoral antes de la hora establecida; recepción de las actas electorales por conductos distintos de los legales; coacciones de los alcaldes, concejales, secretarios, jueces municipales, alguaciles y otros funcionarios de los ayuntamientos a los electores para que votaran una determinada candidatura, o a los interventores, notarios y votantes de la candidatura rival; multas de los gobernadores a los alcaldes en periodo electoral; simulación de las votaciones y falsificación de las actas de escrutinio; colegios que se abrieron con papeletas en la urna; documentos de determinadas localidades que no pudieron escrutarse por no llegar a las juntas provinciales del censo o por haber sido sustraídos; roturas o robo de urnas, y candidatos incapacitados parcialmente por ejercer un cargo con autoridad y jurisdicción en pueblos de su distrito. Pero rara vez las anomalías afectaban a todos o a la mayoría de colegios de un distrito, sino que implicaban a una o a unas pocas mesas, de modo que al descontarse esos votos no se modificaba la atribución de los escaños. En esos 53 casos, el Tribunal Supremo también dictaminó la validez de la votación.

Sin embargo, en otras 22 elecciones, los magistrados constataron irregularidades y diversas incapacidades legales de los candidatos por ejercer jurisdicción en parte o todo su distrito. Otros no alcanzaban la edad prescriptiva de veinticinco años para ser diputado o, como era el caso de los candidatos socialistas del comité revolucionario, no podían recibir votos al estar inhabilitados por una condena judicial. Por eso, los jueces propusieron anular los escaños proclamados por el artículo 29 o por votación, y convocar nuevas elecciones en 18 distritos: Almansa, Purchena, Fregenal de la Sierra, Villanueva de la Serena, Don Benito, Santa Cruz de la Palma, Los Llanos, Almagro, Posadas, Loja, Madrid, Yecla, Trujillo, Riaño, Cervera, Ágreda, Teruel y Baracaldo.

Además, en Zaragoza los magistrados proclamaron a un candidato vencido en lugar de al vencedor tras anular los resultados de determinadas mesas, y sancionaron sin representación a los distritos de Sort, Daroca y Calatayud cuando se constató que la compra de votos había sido generalizada a demanda de los mismos electores. Todos estos dictámenes estaban fundados y serían refrendados por el Congreso.

De ellos, solo la anulación de las actas de Don Benito y de Almagro era discutible. Para el distrito pacense, el magistrado generalizó sin pruebas las coacciones que el alcalde de la capital del distrito y los empleados de su ayuntamiento ejercieron en determinados colegios. En el caso de Almagro, el perdedor había sido nada menos que Romanones. Allí se sustrajeron las actas de tres mesas y en otra aparecieron 71 papeletas más que votantes, de manera que los votos de esas cuatro mesas podían variar el resultado. Sin embargo, se había constatado que esas irregularidades las habían cometido agentes del candidato vencido, por lo que, al castigar el fraude y ordenar que se repitieran las elecciones, el magistrado en realidad otorgaba una nueva oportunidad a la candidatura responsable del fraude.

Otros jueces pecaron de lo contrario: validaron favorablemente elecciones en una decena de distritos (Cáceres, Olot, Granada, Baza, Jaén, El Barco de Valdeorras, Carballino, Lalín, Guernica y Puebla de Sanabria) en los que las irregularidades probadas podían variar la atribución de los escaños y, por ello, debieron decretar que las elecciones se repitieran en las mesas afectadas.

Esta falta de uniformidad era el gran defecto del procedimiento de revisión de las elecciones. La sala del Supremo dictaminaba a través de ponencias que elaboraban individualmente cada uno de sus miembros y, dentro de unos criterios generales prefijados, había diferencias de apreciación que afectaban a la coherencia final de los informes. Con todo, conforme al artículo 34 de la Constitución de 1876, correspondía al Congreso discutir y convalidar los informes del Supremo. De los 171 que el tribunal envió a la cámara, solo 14 suscitaron controversia ante el pleno. Como los escaños estaban distribuidos entre los diversos partidos, la proclamación de los vencidos no habría afectado al resultado general de las votaciones.

Más gravedad revistió la violencia política, que no era corriente en las elecciones de la Restauración. Todo el mundo preveía que la inhibición gubernativa, junto con el incremento de la competencia y el deterioro del orden público, se tradujera en un aumento de altercados. Especialmente grave fue el atentado contra el candidato republicano Rodrigo Soriano en Valencia, que recibió dos disparos en el cuello, en un contexto de tradicional enemistad con el Partido de Unión Republicana Autonomista, fundado por Vicente Blasco-Ibáñez. En Barcelona (10 de febrero), aunque el PSOE compartía candidatura con los radicales, un socialista disparó al suelo durante un mitin de Lerroux para forzar la suspensión del acto. También estallaron en la Ciudad Condal cinco bombas atribuidas al boicot ácrata de las elecciones, y elementos cenetistas asaltaron la imprenta de El Poble Catalá. En Granada y Salobreña, en la misma provincia, hubo choques entre liberales y conservadores, que provocaron un total de un muerto y cuatro heridos de bala.

Las perturbaciones se extenderían a la jornada electoral, con derivaciones en Ávila, Badajoz, Cádiz (allí se detuvo al candidato republicano Sánchez Robledo por disparar su arma), Granada (hubo disparos entre la Policía y los agentes electorales, con dos heridos de bala), Sevilla, Écija, Bilbao (cuatro heridos graves después de un altercado entre nacionalistas y socialistas), Valencia y Verín (Orense), donde un socialista apaleó a un conservador. En Mérida, un choque entre liberales y republicanos dejó dos muertos y varios heridos. En Puentedeume (La Coruña) se registró otro muerto en otra pelea entre conservadores y regionalistas, y otros dos más hubo en Oviedo. García Prieto informó de ocho fallecidos durante la jornada electoral[666].

Participación en las elecciones al Congreso de 1918

Provincias
en 1918
Electores
Votantes
Porcentaje

Álava

14 630

11 562

79,0 %

Albacete

67 684

53 045

78,4 %

Alicante

108 691

71 900

66,2 %

Almería

90 205

55 596

61,6 %

Ávila

39 122

30 612

78,2 %

Badajoz

150 180

107 971

71,9 %

Baleares

17 272

10 637

61,6 %

Barcelona

293 686

163 418

55,6 %

Burgos

77 529

63 116

81,4 %

Cáceres

83 345

66 244

79,5 %

Cádiz

109 106

62 935

57,7 %

Canarias

73 940

38 062

51,5 %

Castellón

51 848

29 949

57,8 %

Ciudad Real

81 124

57 455

70,8 %

Córdoba

135 999

83 711

61,6 %

Cuenca

56 384

47 219

83,7 %

Gerona

83 196

58 599

70,4 %

Granada

113 370

78 942

69,6 %

Guadalajara

30 154

22 424

74,4 %

Guipúzcoa

42 743

31 478

73,6 %

Huelva

77 658

52 427

67,5 %

Huesca

46 928

35 054

74,7 %

Jaén

134 946

88 056

65,3 %

La Coruña

141 917

94 948

66,9 %

León

41 889

30 787

73,5 %

Lérida

69 913

47 852

68,4 %

Logroño

42 409

26 959

63,6 %

Lugo

109 938

71 848

65,4 %

Madrid

184 080

112 911

61,3 %

Málaga

118 895

73 045

61,4 %

Murcia

123 886

64 553

52,1 %

Navarra

43 101

36 441

84,5 %

Orense

96 304

61 239

63,6 %

Oviedo

98 407

67 036

68,1 %

Palencia

44 632

38 175

85,5 %

Pontevedra

34 055

19 078

56,0 %

Salamanca

25 559

21 168

82,8 %

Santander

55 309

40 864

73,9 %

Segovia

20 309

16 420

80,9 %

Sevilla

155 415

91 383

58,8 %

Soria

26 167

21 335

81,5 %

Tarragona

94 155

64 684

68,7 %

Teruel

63 746

45 718

71,7 %

Toledo

92 108

72 199

78,4 %

Valencia

230 453

151 734

65,8 %

Valladolid

63 792

46 032

72,2 %

Vizcaya

80 339

57 259

71,3 %

Zamora

50 831

37 861

74,5 %

Zaragoza

96 584

66 225

68,6 %

ESPAÑA

4 183 933

2 798 166

66,9 %

Datos elaborados a partir de ACD, Leg. 129 y AEE 278. La prevalencia aquí otorgada a las actas y las credenciales originales de las juntas provinciales del censo explica las leves diferencias entre los datos de esta tabla y los del anuario. Por eso se obtienen 6043 electores menos y 8002 votantes más.

Urnas contra la revolución

El 24 de febrero se abrieron los colegios para elegir a los diputados del Congreso. La corta ventaja que había procurado a los liberales el artículo 29 y las elecciones no competidas se difuminó conforme se anunciaron los resultados de las circunscripciones y los distritos.

La participación no estuvo a tono con la obligatoriedad del voto. El censo total ascendía a 4634 977 electores. Dispensados 451 044 en virtud del artículo 29, el electorado efectivo constaba de 4183 933, de los que votaron 2798 166, un 66,9 %. Pese a la requisitoria de Ventosa, las autoridades volvieron a demostrar que no querían obligar al voto, y menos con denuncias y sanciones que pudieran mermar sus apoyos electorales.

Eso sí, en 1918 votaron 709 016 electores más que en 1916, un incremento del 33,9 %. El aumento de la competencia, con su consiguiente movilización, explica esta notable subida: una enorme cantidad de electores había quedado disponible al reducirse drásticamente los diputados proclamados por el artículo 29.

Las cifras de participación electoral en la Restauración suelen cuestionarse por la existencia de votaciones simuladas. En ellas, las actas de escrutinio solían reflejar una alta participación y se atribuía una enorme proporción de votos a favor de un candidato cuando realmente esas votaciones o no se habían celebrado o, si el colegio había abierto, la participación era muy pequeña. La simulación pudo existir en algunos de los distritos donde no se aplicó el artículo 29 pero días antes de las elecciones quedó un solo candidato por puesto. No era creíble que la participación en los distritos no competidos de Berja (Almería), Daimiel (Ciudad Real), Priego (Córdoba), Torroella de Montgrí (Gerona), Órgiva (Granada), Aracena (Huelva), Corcubión (La Coruña), Mondoñedo y Ribadeo (Lugo), Ginzo de Limia (Orense), Requena (Valencia) o la misma circunscripción plurinominal de Lugo alcanzaran porcentajes por encima de la media provincial, cuando ya se conocía al vencedor antes de la apertura de los colegios. Pero las votaciones de ese grupo de distritos no siempre eran falsas, pues en otros, como en Ibiza (Baleares), Lanzarote (Canarias), Castellón, Lérida, Carmona (Sevilla), Gandía (Valencia) o Caspe (Zaragoza), reflejaron la falta de competencia con abstenciones por encima del 50 %.

En cualquier caso, en las elecciones de 1918 el impacto de estos votos en los resultados nacionales fue bajo: como mucho, una docena de distritos de los 283 donde se abrieron los colegios. Además, excepto Lugo, todos eran distritos rurales y había pocos electores, por lo que, de existir, las simulaciones no tenían otro efecto que el puramente ornamental, ya que en ningún caso modificaban la atribución de escaños.

La simulación de los resultados era infrecuente en los distritos competidos, aunque los representantes de los candidatos alguna vez llegaron a convenios para repartirse los votos de determinadas mesas. Pero la correspondencia de los datos de participación con la competencia electoral muestra que en las elecciones de 1918 hubo lucha efectiva, y que los datos registrados en las actas de escrutinio fueron auténticos. La máxima participación, por encima del 75 %, se alcanzó en una docena de provincias (Álava, Albacete, Ávila, Burgos, Cáceres, Cuenca, Navarra, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria y Toledo), donde hubo competencia en todos o casi todos los distritos, y entre organizaciones provinciales notablemente articuladas. Ocho de estas provincias se situaban, por entonces, en el tramo más alto de alfabetización y otras tres en el medio. Solo en Albacete existía una débil correlación entre ambas variables, aunque en esa provincia hubo lucha en todos sus distritos y en el de la capital compitieron tres candidatos con fuerte respaldo electoral. En general, este mismo grupo de provincias mantendría elevados índices de participación en la última fase de la Restauración y en la Segunda República, lo que revela que en la España rural había distritos bien articulados políticamente y con una tradición bastante arraigada de concurrencia a las urnas.

Los mínimos de participación, por debajo del 60 %, se registraron en siete provincias (Barcelona, Cádiz, Canarias, Castellón, Murcia, Pontevedra y Sevilla), con déficits de lucha electoral y donde no concurrieron opciones competitivas. La provincia de Barcelona se quedó en un 55,6 % porque en la circunscripción de la capital y en el distrito de Villanueva y Geltrú la lucha se redujo a una confrontación bipolar entre la Lliga y la Alianza de Izquierdas, por incomparecencia de los partidos monárquicos. De todas formas, en una Barcelona sometida a un cambiante y constante flujo migratorio, los defectos censales y el requisito de dos años consecutivos de vecindad para poder votar sobredimensionaron la abstención, a lo que se añadía la falta de encuadramiento político de los nuevos electores.

La inexistencia de alternativas competitivas, especialmente de un republicanismo con capacidad de romper la hegemonía de los conservadores y los liberales en las circunscripciones plurinominales, fue el factor más importante del abstencionismo en las provincias de Cádiz, Murcia, Pontevedra y Canarias, a lo que se añadió, en esta última y en la de Castellón, la retirada de varios candidatos sin fuerza poco antes de la jornada electoral.

En todo caso, la percepción clásica de que las elecciones de la Restauración se falseaban sistemáticamente casa mal con que, ya en 1918, el 91 % de los votos procediera de elecciones competidas, donde la mutua vigilancia de los partidos dificultaba las simulaciones. «Hubieron de chocar las elecciones aquellas con todos los defectos de unas costumbres que no podían transformarse en un día», aseveraba Alcalá-Zamora, pero las de 1918 destacaron por «la sinceridad ejemplar, la sensibilidad inesperada, que auguraba de mantenerse y perfeccionarse el intento, un rápido avance de educación política». «Sinceras», porque, como aclaraba Gabriel Maura, se había respetado «la voluntad del cuerpo electoral, auténtica o amañada, dondequiera que existía». El republicano Marcelino Domingo no dudó en afirmar que el nuevo Parlamento era de «opinión», pues durante aquellas elecciones fue cuando «más pudo evidenciarse el espíritu civil del país»[667].

Las urnas echaron abajo el sueño de García Prieto de revalidar la mayoría liberal de 1916. Fue llamativo el empate técnico en el voto popular con los conservadores, con una leve diferencia a favor de estos. La izquierda constitucional, que se presentó unida, superó en 17 escaños la suma de la derecha. De las 42 provincias donde una de las dos tendencias monárquicas ganó, en 23 lo hicieron los liberales y en 19 los conservadores[668]. Esta diferencia de escaños se explica en parte porque los liberales obtuvieron más puestos por el artículo 29 y en los distritos no competidos. Pero no solo fue por eso.

En los distritos competidos, los conservadores ganaron por más de 30 000 votos de diferencia a los liberales, aunque estos obtuvieron dos escaños más. La configuración de las candidaturas y, en concreto, la estrecha colaboración entre demócratas, liberales de Romanones, Izquierda Liberal y liberales independientes les permitió rentabilizar mejor sus votos. Por el contrario, la derecha constitucional pagó la confrontación de los mauristas con los conservadores en varias provincias. Sin ella, la derecha constitucional también habría alcanzado la victoria en escaños.

Victoria conservadora, derrota nacionalista

El análisis por partidos revela que el de Dato obtuvo un éxito notable. «Los conservadores son los triunfadores del momento», señaló sorprendido el embajador francés[669]. De ser víctimas propiciatorias pasaron a convertirse en la primera fuerza parlamentaria. Fuera del poder, Dato no solo conservó las posiciones adquiridas en 1916, sino que incrementó en 14 sus escaños. Pasó de 88 a 102, y colocó en el Parlamento al 72,3 % de sus candidatos. Fracasó el intento de los mauristas de crecer a costa de los conservadores, lo que explica la baja tasa de éxito de sus candidatos: solo el 44,1 % obtuvo escaño, porcentaje que contrasta con el 72,2 % de la fracción de Cierva, que había seguido la estrategia contraria y obtuvo un triunfo similar al de Dato. Eso sí, mauristas y ciervistas rentabilizaron su colaboración mutua y su presencia en el Gobierno, y pasaron de los 25 escaños obtenidos en 1916 a los 56 de 1918. El favor oficial apenas lo explica, pues ese incremento lo lograron sobre todo en competencia con otros candidatos ministeriales.

El ascenso general del voto conservador, perceptible incluso en las capitales de provincia, indica que una parte del votante liberal giró a la derecha en los meses posteriores a la resaca revolucionaria de 1917. Esta tendencia también se iba a dar en los demás países europeos. La marea conservadora tendría su expresión más llamativa en Reino Unido, donde los tories recuperaron en 1918 la primacía tras quince años de derrotas, y en Francia con el triunfo del Bloc National. Pero fue también significativa en los países neutrales que celebraron elecciones ese año: Holanda, Dinamarca y Noruega.

El mal resultado del tradicionalismo carlista mostraba que el cambio de coyuntura tenía lugar en España con una orientación de centro-derecha y dentro de la monarquía constitucional. Confinados en sus bastiones, los tradicionalistas quedaron estancados en la decena de escaños. Entre ellos no figuraría su orador más ilustre, Vázquez de Mella, que no concurrió a las elecciones. El carlismo, vencedor en Álava y Guipúzcoa, fracasó en Vitoria, donde había liderado una inesperada alianza con los nacionalistas, los republicanos y los socialistas para derrotar a Eduardo Dato, que conservó su escaño con lucida votación[670].

Aunque como bloque conservó la primacía, la más perjudicada en las elecciones fue la izquierda constitucional, que pasó de 230 a 176 escaños, lejos de la mayoría absoluta. Solo la previsora racionalización de sus candidaturas por parte de García Prieto impidió que la disgregación del antiguo Partido Liberal les castigara con más dureza. Con todo, considerando que las elecciones de 1916 se realizaron con encasillado y con el monopolio liberal de los recursos del Estado, la izquierda constitucional resistió en el contexto más desfavorable de 1918. Los demócratas consiguieron la mayor tasa de éxito, ya que hasta un 80,2 % de sus candidatos obtuvieron el escaño. Los liberales de Romanones llegaron al 59,7 %, y la Izquierda Liberal, al 54,2 %.

Más destacable es que no cedieran un solo voto por su izquierda. Los republicanos, reformistas y socialistas aumentaron sus apoyos al presentar un número de candidaturas mayor que en 1916. Pero su Alianza de Izquierdas y la campaña pro-amnistía tan solo les reportaron 32 escaños, uno más de los que cada partido obtuvo por separado dos años antes, y apenas colocó en el Parlamento al 27,8 % de sus candidatos. El resultado fue sorprendentemente bajo incluso para los diplomáticos británicos y franceses, que habían esperado que esas izquierdas doblaran sus escaños tras la efervescencia revolucionaria de 1917. La clave del fracaso fue que en las circunscripciones y los distritos donde la Alianza era pujante, los monárquicos aparcaron sus diferencias y se unieron para combatirlos.

Más relevantes fueron los cambios en la correlación interna de estas fuerzas antimonárquicas. Con el fin de asegurarles el escaño y, con ello, su presumible salida de prisión, los dirigentes socialistas del comité revolucionario se beneficiaron de un mayor número de votos que sus compañeros republicanos de candidatura. Esto permitió que el PSOE pasara de uno a seis diputados y, junto a Iglesias, en las Cortes se sentaran Besteiro, Largo Caballero, Anguiano y Saborit, además de Indalecio Prieto, que consiguió su primera victoria por Bilbao en unas elecciones generales. La Alianza también benefició al Partido Republicano Catalán de Marcelino Domingo, que con siete escaños se hizo con el espacio político del viejo nacionalismo de izquierdas. Por el contrario, salieron malparados los reformistas, que retrocedieron dos escaños, y los republicanos radicales y sus aliados federales y autonomistas, que perdieron nueve. Sus respectivos líderes, Melquíades Álvarez y Alejandro Lerroux, se quedaron sin escaño. El primero fue derrotado en Madrid, Gijón y Castropol, y el segundo, en Madrid y Barcelona, donde los socialistas tacharon los nombres de los tres candidatos lerrouxistas para asegurar los escaños de Domingo y de Largo Caballero[671].

Las derrotas de Álvarez y Lerroux se atribuyeron a la falta de compromiso activo de ambos dirigentes con la huelga revolucionaria, lo que significaba que un importante cupo de electores socialistas se negó a votarles. Pero en comparación con las elecciones de 1916 —⁠donde obtuvieron escaños por sí solos⁠—, parecía también que los mismos votantes de Álvarez y Lerroux no habían refrendado su deriva subversiva. Muy significativa fue la derrota de los reformistas en su baluarte asturiano, donde triunfaron los conservadores.

La Alianza sí conservó los bastiones urbanos de Valencia y Zaragoza, y se situó como la primera fuerza en la provincia de Tarragona, pero cayó derrotada en Barcelona frente a una coalición de la Lliga con los tradicionalistas. El resultado de la provincia de Córdoba, cuya efervescencia anunciaba las violencias del llamado «Trienio Bolchevique», fue decepcionante para republicanos y socialistas. Córdoba había sido una especie de campo de pruebas para desbancar a los partidos monárquicos, pero la coalición entre los demócratas y los conservadores ganó todos los escaños, incluso el del bastión republicano de Montilla[672].

El resultado que obtuvieron los republicanos y los socialistas en Madrid fue también peor de lo esperado. Lograron 10 000 sufragios más que en las elecciones locales, pero fueron derrotados por los monárquicos y quedaron lejos de las mejores votaciones que habían cosechado los republicanos en la primera década del siglo XX. Solo una candidatura monárquica demasiado desplazada a la derecha, liderada por Antonio Maura y otros tres miembros de su grupo, y completada con un candidato ciervista y otro de la Izquierda Liberal de Alba, regaló a la Alianza de Izquierdas un escaño de las mayorías, además de los dos de la minoría.

Si esta coalición monárquica hubiera sido más inclusiva habría triunfado con holgura, pero la candidatura maurista solo sumó los votos de los liberal-conservadores y de la Izquierda Liberal, mientras que la mayoría de los electores demócratas y liberales se abstuvieron. Romanones, despechado con su exclusión de la candidatura, presentó un candidato disidente que facilitó ese escaño extra a los republicanos. Con todo, que una candidatura prácticamente maurista derrotara en votos a una coalición de republicanos, reformistas y socialistas era un claro indicio del giro general a la derecha. Republicanos como Lerroux, Castrovido o Simarro atribuyeron sus malos resultados a la alianza con el «regionalismo miope y reaccionario», cuyo interés en la reforma constitucional no pasaba, según el mismo Simarro, de «poner término a la tiranía de Madrit» y que había «despertado tantas antipatías, como es natural, en las demás regiones y la animadversión de todos los liberales y los demócratas»[673].

No obstante, los resultados también destruyeron las esperanzas de Cambó. Es verdad que la Lliga aprovechó su doble primacía en el Gobierno y en la Mancomunidad para imponerse en Cataluña y aumentar allí sus escaños de 13 a 21. Consiguieron su mejor registro de votos en la circunscripción de Barcelona y la mayoría de los escaños de su provincia y de las de Gerona y Lérida. Sus aliados del PNV se beneficiaron de su dominio de la diputación provincial para irrumpir con fuerza en Vizcaya, donde conquistaron cinco escaños. Sumaron, además, uno en Guipúzcoa y otro en Navarra[674]. Pero la plataforma regionalista, combatida por la coalición de conservadores y demócratas, fue derrotada en todas las restantes provincias. Naufragaron en ellas 38 de los 39 candidatos regionalistas, y Cambó solo pudo sumar un escaño más por Cádiz. El conservador La Época se explicaba este fracaso como consecuencia de una propaganda en la que

… los españoles que no comulgamos en el nacionalismo, hemos sido tratados como algo inferior, como seres de un Estado civilizado ínfimo, a quienes se nos descubría, al modo que nuestros antepasados descubrieron a los indios; a quienes se nos iba a dispensar la merced de abrirnos los ojos a una vida nueva, hoy solo asequible a los cerebros privilegiados de la Liga.

Esa «vida nueva» se trataba de una expectativa poco justificada para este periódico, puesto que el sedicente propósito catalanista de «alumbrar una ciudadanía nueva» no había pasado de la promoción de un rosario de candidaturas cuneras «que se sirve[n] y ampara[n] en el dinero»[675].

Los al menos 70 escaños que preveía Cambó para convertirse en la clave del futuro Congreso quedaron, así, reducidos a 29. Eso hizo que la Lliga aparcara su propósito de enmarcar su reivindicación nacionalista en la reordenación autonómica de toda España. Consumado el «desastre», Cambó entendió que no era posible «un poder parlamentario fuerte y prestigioso». Solo esperaba la concesión de la «autonomía integral» por parte de una dictadura sostenida por Alfonso XIII y el Ejército. Sus reflexiones no quedaron en la intimidad y el 16 de marzo animó a los junteros a que terminaran de derribar la «vieja política», pues «un golpe de Estado militar salvó a Grecia y otro estableció últimamente en Portugal un Estado popular fuerte»[676].

La apelación a la dictadura, aunque extrema, era la única opción a corto plazo para los nacionalistas. Tanto ellos como los republicanos y los socialistas habían partido del supuesto de que existía un malestar imponente, incluso mayoritario, hacia la monarquía constitucional. Sin embargo, los resultados, obtenidos en circunstancias tan críticas para el régimen, mostraban que había desafección, pero todavía era reducida. La suma de liberales y conservadores daba 336 diputados, por 73 de las oposiciones al turno, a izquierda y a derecha. El resumen más ajustado del resultado lo ofreció el nuncio papal: «Parece que el electorado no desea la renovación».

La abrumadora mayoría de los españoles seguía apoyando a los partidos que los habían gobernado alternativamente desde 1875 y, aunque ya existía una organización antielectoral importante —⁠la CNT⁠—, el abstencionismo activo tuvo escaso relieve, incluso en su bastión barcelonés. Cuando más perceptible era «la emancipación gradual del cuerpo electoral» y más difícil «el manejo de las elecciones desde Madrid, y la seguridad de obtener mayorías por parte de los Gobiernos»[677], los votos mostraban que el turno no se había sostenido en una mentira, sino sobre dos grandes núcleos nacionales que reunían casi todo lo que había de opinión pública en España.

Pese a todo, los nacionalistas sí alcanzaron uno de sus objetivos. Las elecciones de 1918 no señalaron un vencedor claro y el Congreso quedó convertido en un mosaico de 16 grupos que dificultaba la gobernabilidad porque no podía formarse ni un Gobierno de la izquierda ni otro de la derecha constitucionales. Tampoco podían encontrar aliados en los republicanos y en los nacionalistas, empeñados en una reforma constitucional que, o bien ponía en peligro a la Corona, o bien alumbraba una España confederal. Se había roto la regla básica que hacía funcional el sistema de la doble confianza: «que las Cortes sirvan para gobernar, que las Cortes no sean absolutamente incapaces de toda obra de gobierno; es decir, que merezcan la representación del país todo, aunque muchas veces no representen más que a aquella parte del pueblo que actúa en la política»[678].

«Los gabinetes, en adelante —⁠puntualizaba optimista el católico El Debate⁠—, surgirán de coincidencias de grupos en la preconización de idénticas soluciones para determinados problemas y serán ministerios de coalición»[679]. Los renovadores seguían pensando que la fragmentación reforzaría el poder del Parlamento y apartaría a la Corona de la formación de los Gobiernos, pero los hechos pronto demostrarían lo contrario. Lo que sobrevendría serían coaliciones puramente circunstanciales, anudadas con una intervención importante del rey y sin el respaldo de las viejas reglas que objetivaban la alternancia y limitaban el desgaste de la Corona.

Por supuesto, esta situación indefinida iba a minar la imagen de Alfonso XIII y descalificaría por ineficaces a los partidos que sostenían a la monarquía constitucional. Para evitar que unas Cortes ingobernables generaran ese coste inasumible en términos de legitimidad, en 1918 ya no cabía otra solución que romper los bloques liberal y conservador y alentar coaliciones transversales que, en el mejor de los casos, debían implicar a tres partidos. Ni siquiera la suma de las dos primeras fuerzas políticas, los conservadores y los demócratas, era suficiente para formar una mayoría parlamentaria. Justo en uno de los contextos más críticos de la historia europea, España iba a experimentar las lacras del parlamentarismo de grupos.

Resultados de las elecciones al Congreso de 1918 por formación política*

Candidaturas | Distritos y circunscripciones competidos | Distritos y circunscripciones no competidos | Artículo 29 | TOTALES
Votos | % | Escaños | Votos | % | Escaños | Escaños | Votos | % | Escaños
Liberales | 885 928 | 35,2 | 125 | 124 995 | 49,8 | 18 | 33 | 1.010 923 | 36,5 | 176
Partido Demócrata | 413 690 | 16,5 | 62 | 63 664 | 25,4 | 8 | 19 | 477 354 | 17,3 | 89
Partido Liberal | 203 791 | 8,1 | 27 | 15 183 | 6,0 | 3 | 7 | 218 974 | 7,9 | 37
Izquierda Liberal | 191 845 | 7,6 | 22 | 27 608 | 11,0 | 5 | 5 | 219 453 | 7,9 | 32
Liberales Independientes | 76 602 | 3,0 | 14 | 18 540 | 7,4 | 2 | 2 | 95 142 | 3,4 | 18
Conservadores | 917 210 | 36,4 | 123 | 94 732 | 37,7 | 14 | 21 | 1.011 942 | 36,5 | 158
Partido Liberal-Conservador | 542 373 | 21,5 | 77 | 76 645 | 30,5 | 11 | 14 | 619 018 | 22,3 | 102
Conservadores mauristas | 233 315 | 9,3 | 24 | 10 085 | 4,0 | 2 | 4 | 243 400 | 8,8 | 30
Conservadores ciervistas | 140 372 | 5,6 | 22 | 8002 | 3,2 | 1 | 3 | 148 374 | 5,4 | 26
Conservadores independientes | 1150 | 0,0 | 0 | — | — | — | — | 1150 | 0,0 | 0
Alianza de Izquierdas | 346 848 | 13,8 | 27 | 11 282 | 4,5 | 2 | 3 | 358 130 | 12,9 | 32
Radicales, federales y republicanos autónomos | 148 268 | 5,9 | 9 | 5869 | 2,3 | 1 | — | 154 137 | 5,6 | 10
Partido Reformista | 80 021 | 3,2 | 6 | — | — | — | 3 | 80 021 | 2,9 | 9
Partido Republicano Catalán | 41 534 | 1,6 | 6 | 5413 | 2,2 | 1 | — | 46 947 | 1,6 | 7
Partido Socialista Obrero Español | 77 025 | 3,1 | 6 | — | — | — | — | 77 025 | 2,8 | 6
Regionalistas | 249 590 | 9,9 | 25 | 19 958 | 8,0 | 3 | 1 | 269 548 | 9,7 | 29
Lliga de Cataluña | 125 339 | 5,0 | 19 | 13 245 | 5,3 | 2 | — | 138 584 | 5,0 | 21
Comunión Nacionalista Vasca | 35 661 | 1,4 | 5 | 6713 | 2,7 | 1 | 1 | 42 374 | 1,5 | 7
Candidaturas regionalistas | 88 590 | 3,5 | 1 | — | — | — | — | 88 590 | 3,3 | 1
Tradicionalistas | 63 361 | 2,5 | 8 | — | — | — | 2 | 63 361 | 2,3 | 10
Tradicionalistas jaimistas | 56 053 | 2,2 | 8 | — | — | — | 1 | 56 053 | 2,0 | 9
Tradicionalistas integristas | 7308 | 0,3 | 0 | — | — | — | 1 | 7308 | 0,3 | 1
Independientes | 57 284 | 2,2 | 2 | — | — | — | 2 | 57 284 | 2,1 | 4
Monárquicos independientes | 14 732 | 0,6 | 1 | — | — | — | 1 | 14 732 | 0,6 | 2
Republicanos independientes | 14 395 | 0,5 | 1 | — | — | — | 1 | 14 395 | 0,5 | 2
Candidaturas indefinidas | 28 157 | 1,1 | 0 | — | — | — | — | 28 157 | 1,0 | 0

* En las circunscripciones plurinominales, los votos se han atribuido calculando la media aritmética de cada candidatura y sumándola a los sufragios de los distritos uninominales. Aparte de los sufragios consignados, hubo otros 26 978 entre votos desperdiciados en las circunscripciones plurinominales, votos a pseudocandidatos y en blanco. Datos elaborados a partir de ACD 129; AHN, Gobernación 28A; y DSC, 19 de marzo a 13 de abril de 1918.

14

La caótica agonía de la Restauración

La consecuencia inmediata de las elecciones del 24 de febrero de 1918 fue acelerar la descomposición del Gobierno de la renovación, que igualmente debía presidir los comicios al Senado y marcar las líneas fundamentales del programa que Alfonso XIII presentaría ante las nuevas Cortes en el tradicional discurso de la Corona. Se entendía que no habría crisis hasta que el Ejecutivo diera cuenta ante el Parlamento de su gestión electoral, pero García Prieto se encontró con que Ventosa y Rodés le comunicaron, durante el recuento, que ya se consideraban «dimitidos». Las elecciones habían dado la puntilla a una situación cada vez más incómoda por los constantes desacuerdos de los dos ministros con sus compañeros de Gabinete, a lo que se añadían las críticas que había suscitado la gestión de ambos[680]. Detrás de las dimisiones estaba Cambó, que deseaba hacer caer a todo el Gobierno. La colaboración puntual de los nacionalistas con la monarquía constitucional había terminado.

El catalanismo pierde el poder

Al principio pareció que García Prieto había convencido a los ministros catalanistas de que aplazaran su decisión hasta después de las elecciones al Senado del 10 de marzo. Cuando Cierva anunció las bases de la reforma militar, que quería que el Gobierno aprobara por decreto, Cambó aconsejó a Ventosa y a Rodés que aguantaran en sus puestos y se opusieran a la medida, «porque nos quitaría a nosotros uno de los elementos necesarios para la dictadura: el concurso de las bayonetas». La Lliga debía aparecer en las Cortes como el padrino de la reforma para «apoderarnos del Ejército»[681].

Sin embargo, la concentración quedó pulverizada en el Consejo de Ministros del 27 de febrero, cuando los ministros catalanistas no solo anunciaron su oposición al decreto de Cierva, sino que se escandalizaron porque el borrador del discurso de la Corona no contemplara un solo punto del programa de la asamblea de parlamentarios.

En efecto, García Prieto había omitido cualquier referencia a la reforma constitucional y a la autonomía catalana. Como la oposición de Ventosa y Rodés era irreductible, el presidente decidió no esperar más. Durante un descanso del Consejo, García Prieto hizo un aparte con Cierva y ambos acordaron forzar la salida de los ministros nacionalistas.

Cuando la reunión se reanudó, el ministro de la Guerra tomó la palabra y anunció que ponía su cargo a disposición del presidente porque no estaba dispuesto a apoyar el programa asambleísta o a la «autonomía integral» de Cataluña. Creía que, como las elecciones no habían señalado una mayoría homogénea, el Gobierno carecía de identidad de convicciones y de una mínima cohesión para «realizar labor provechosa» en el nuevo Parlamento. Por tanto, se debía dar paso a otro Ejecutivo más homogéneo, una «solución definitiva» que pudiera encontrar el apoyo mayoritario de los diputados: se necesitaba un «Gobierno fuerte» para sacar adelante las reformas militares y afrontar el problema del juntismo en la Administración civil. Los demás ministros, salvo Ventosa y Rodés, imitaron a Cierva y dimitieron.

Al día siguiente, 28 de febrero, García Prieto acudió a Palacio a presentar la renuncia. Alfonso XIII le ratificó su confianza y le autorizó a remodelar el Gobierno para restablecer la cohesión. Después, el presidente visitó a Eduardo Dato para recabar su apoyo como líder del primer partido del Congreso y, tras una entrevista «muy cordial», García Prieto anunció que continuaría en el cargo, aunque prescindiendo de Ventosa y de Rodés.

El presidente intentó recuperar a Alba para el Ministerio de Estado, pero este no aceptó que las reformas militares de Cierva se aprobaran por decreto. Para Hacienda fichó a José de Caralt, presidente de la patronal Fomento del Trabajo Nacional y catalán contrario al nacionalismo. Este nombramiento marcaba un hábil contrapunto con los ministros salientes y suponía un importante refuerzo para el Partido Democrático. Caralt había conseguido desbloquear las compras de algodón a Estados Unidos y, con ese bagaje, García Prieto le encomendó culminar la negociación de los convenios comerciales con ese país y con Francia que, como ya se vio, se firmaron el 7 de marzo. El presidente aprovechó la vacante en Instrucción Pública para ascender a un ministrable de su confianza, el demócrata Luis Silvela, que simultanearía el cargo con la Comisaría de Abastecimientos, que ya dirigía.

Cambó nunca había creído que García Prieto fuera capaz de «expulsar» a los suyos del Gobierno: «Jugó con Ventosa y con Rodés —⁠recordaba⁠— como un gato con ratones». La crisis sorprendió al dirigente lligaire de camino a Barcelona y hubo de volver a Madrid requerido por los compungidos exministros. Como el Ejecutivo se desentendía de su programa, Cambó le declaró una hostilidad total[682].

Una reforma militar por decreto

El Gobierno había ganado en homogeneidad, pero la cuestión de la reforma militar reveló que aún no era un equipo unido. Todos los ministros se oponían a que Cierva la decretara, pues querían que se incluyera entre las materias que habrían de someterse a las Cortes.

En realidad, la receta del ministro de la Guerra carecía de originalidad, pues se trataba del mismo método que había pretendido usar Sánchez de Toca durante la crisis de octubre-noviembre de 1917 para encauzar a las juntas en la legalidad. Cierva, que el 2 de diciembre ya había aprobado por decreto el proyecto de requisición y estadística militares, pensaba terminar así con el problema, pues temía que la reforma fuese torpedeada en unas Cortes fragmentadas, que auguraban mayores dificultades para legislar que las anteriores. El juntismo, suprimido ya su elemento más díscolo, aún no era un problema acabado, y la obstrucción solapada de la reforma podría devolver a España a los angustiosos momentos de la sedición de junio de 1917.

Cierva presentaba su decreto como la solución que eliminaría todas las consecuencias de aquel pronunciamiento. «En su misma y personal ambición —⁠señalaba su colega ministerial Alcalá-Zamora⁠— soñaba solo con un engrandecimiento de personalidad que le encumbrase a la altura máxima del poder ministerial, con autoridad indiscutible, teniendo por pedestal la adhesión entusiástica y agradecida del Ejército». En realidad, no era nada distinto de lo que habría pretendido cualquier otro político como compensación por resolver un problema tan grave[683].

Más allá de las aspiraciones de Cierva, su propuesta de reforma respondía a una realidad perentoria: «Desde el general Cassola para acá, y ya ha llovido —⁠puntualizaba Salvador Canals⁠—, no ha habido reformas militares que no hayan sido objeto de todo género de habilidades de un parlamentarismo bizantino». En esos debates se repetía la «puja entre el amor al Ejército» y el deseo de «halagar a la opinión hostil a todo gasto nuevo… y unos de buena fe, otros con no tan plausible intención» contribuían «a retrasar, cuando no a paralizar, la obra reformadora».

Era grave que España fuera de los poquísimos países en los que, en medio de la Gran Guerra, no hubiera culminado ningún plan para rearmar y modernizar su Ejército. Un adversario de Cierva desde el campo liberal, Rafael Gasset, confirmaba la imposibilidad de aprobar proyectos ambiciosos como los de obra pública que él patrocinaba por el obstruccionismo de «los grupos menos numerosos». Por decreto se imponían «las innovaciones más sustanciales de la vida política —⁠se quejaba La Vanguardia⁠—, desde la Mancomunidad a los puertos francos y al aumento de haber de la clase de tropa», y hasta «una porción de disposiciones encaminadas a regular el abastecimiento de nuestro país». Por ello, Cierva ligó su vida ministerial a que el Gobierno aprobara la reforma militar por vía de urgencia[684].

Once bases componían la reforma, susceptibles de ser desarrolladas a posteriori por el Parlamento. En buena medida reproducían la reforma Echagüe, de la que tomaba la organización de los cuerpos armados, la división territorial militar, los preceptos relativos al reclutamiento y la movilización, los pertinentes a la industria militar y casi todo lo referente a la Administración central y territorial. Otros retoques se inspiraban en las bases del Gobierno Dato de agosto de 1917, en un proyecto anterior sobre recompensas del general Azcárraga y en el de Primo de Rivera sobre suboficiales.

Así, se reorganizaban las Fuerzas Armadas en tres grandes agrupaciones: un ejército de primera línea, otro de segunda línea y un tercero «territorial». Se modificaban las regiones militares y se establecía una nueva organización divisionaria. El ejército de primera línea constaría de 180 000 soldados, lo que hacía que los efectivos de España se acercaran a los de los países neutrales. Nominalmente, suponía un aumento del 68 % a partir de los 127 348 de 1917, pero, en realidad, los Gobiernos sostenían contingentes mayores (el cupo de ese mismo año llegó finalmente a 154 209) por las necesidades extraordinarias de la Gran Guerra y de Marruecos[685].

Los 180 000 soldados se distribuirían en 16 divisiones de Infantería y tres de Caballería, con regimientos completos de artillería pesada y ligera, un batallón de Zapadores, una compañía de Telégrafos, una sección de Alumbrado y servicios de Intendencia y Sanidad. Habría también unidades exentas de Montaña, Artillería e Ingenieros. Se preveía incrementar las escuelas de mando e instrucción para los reservistas movilizados y los reclutas que formarían el ejército de segunda línea, mientras que la reserva territorial se nutriría de los veteranos. Se creaban cuerpos de ejército exentos para Baleares y Canarias, con secciones de todas las armas y dotación artillera. Un plan de movilización parcial especificaría los efectivos reclutados, que incluirían al personal de las industrias militares y las civiles que fabricaran elementos de interés bélico.

En ese plan, los servicios sanitarios, de transporte y comunicaciones quedarían militarizados. Para acelerar la movilización en caso de guerra se crearía un cuerpo de automovilistas voluntarios con los conductores civiles de vehículos, y otro cuerpo de oficiales de complemento que permitiría encuadrar las nuevas unidades. Se intensificaría el fomento de la industria militar, estimulando mediante desregulaciones y subvenciones la producción y exportación de armas. Se dotaría a los parques armamentísticos ya existentes y se crearían otros para las nuevas unidades militares. Por último, se organizaba una sección de cría caballar y otra de aeronáutica.

Los ascensos, las recompensas y el retiro del personal militar volvían a regularse. Se disminuía en dos años la edad de jubilación de los generales, pero no se tocaba la de los oficiales, una importante cesión a los junteros. Los ascensos se corresponderían estrictamente con las vacantes de cada arma o cuerpo, para que no hubiera ni excedentes ni destinos sin cubrir. La plantilla de jefes y oficiales constaría de 13 915 efectivos, de los que 11 190 serían de la escala activa. Considerando que a 1 de enero de 1918 había 10 842 en la escala activa y la reserva era de 3263, la reforma de Cierva preveía una leve reducción de la segunda y la práctica conservación de la primera, para dotar de mandos el reforzado cupo de suboficiales y tropa. Pero habría una importante remodelación por escalafones: disminuía el número de generales, coroneles, tenientes coroneles, comandantes y capitanes entre un 8 y un 20 %, dependiendo del empleo, y aumentaba notablemente el de tenientes, un 20 % para paliar la escasez que generaban los ascensos a capitán[686].

La antigüedad se establecía como criterio supremo en los ascensos y los destinos, pero se compensaba con otros requisitos, como una «excelente conceptuación», «mando efectivo en tropa», preparación técnica en el desempeño de destinos de especial cualificación o una «aptitud física comprobada». Los empleos superiores a capitán los evaluaría una junta clasificadora, y los inferiores, los capitanes generales o el ministro de la Guerra, si el militar pertenecía a la Administración central. Cierva no cedió a la aspiración juntera de prohibir los ascensos por méritos de guerra, que los decidiría, mediante expediente con un informador favorable y otro contrario, el Consejo Superior de Guerra y Marina. Aun así, se subrayaba su carácter excepcional, ya que, aunque este órgano informara favorablemente, el ascenso debía aprobarlo las Cortes con rango de ley. De ese modo, al complicarse el procedimiento de ascender por méritos, se imponía un sucedáneo de escala cerrada.

Los suboficiales lograban el grueso de sus aspiraciones y se abolían las restricciones de 1912 para que pudieran acceder a la oficialidad: podrían ascender a la escala activa ingresando en las academias militares mediante pruebas reglamentarias y a cargo del Estado, y también podrían ascender en la escala de reserva hasta el empleo de capitán.

Los salarios, erosionados por la inflación, se revisaban al alza para equipararlos a las diversas categorías de la Administración civil. Todos los generales cobrarían 5000 pesetas más al año —⁠30 000 en total los capitanes generales, 25 000 los tenientes generales, 20 000 los generales de división y 15 000 los de brigada⁠—; los coroneles, 2000 pesetas más, para llegar a las 10 000 anuales; los tenientes coroneles, 1500 más (8000 anuales); los comandantes y capitanes, 1000 más (6500 y 4500 anuales, respectivamente); los primeros tenientes, 500 (3000 anuales) y los alféreces, 385 más (2500 anuales). A los sargentos se les subiría un 30 %, y para los cabos y soldados se consolidaban las 91,25 pesetas al año que Dato les aumentó en 1917. Además, se abonaría a los jefes y a los oficiales una gratificación anual de 500 pesetas por quinquenio de antigüedad en la misma categoría, para que no tuvieran que esperar al ascenso para mejorar su retribución. A cambio, se restringían el número de cruces pensionadas y los diversos complementos que se cobraban por mando, instrucción, equipo y montura, que solo se devengarían a quienes tuvieran «perfecto derecho». También se aumentaban las dietas en comisión de servicios, que no se tocaban desde 1898, aunque aún no se equiparaban a las de los funcionarios civiles. El coste inmediato de la reorganización y los salarios ascendía a 92 millones de pesetas, y la inversión en rearme e instalaciones, a 1200 millones, distribuidos en varias anualidades[687].

Aunque se atendieran las demandas junteras en materia de salarios, ascensos y destinos, resulta reduccionista juzgar el decreto solo como un expediente de urgencia para satisfacer a las juntas[688]. Con la guerra asolando Europa y la pacificación de Marruecos aún incompleta, era ilusorio reducir el contingente militar. El ejército de primera línea permitía la existencia de un núcleo profesional completo y equipado para responder a cualquier eventualidad, y el de segunda línea facilitaba la movilización de efectivos suficientes para poner a España en pie de guerra en caso de amenaza contra la integridad nacional. Las subidas salariales, aunque no compensaban la inflación del último tramo de la Gran Guerra, mitigaban el descontento que alimentó la eclosión de las juntas. Si la antigüedad no parecía un criterio desatinado en los destinos, siempre que se combinara con la cualificación en los técnicos, sin embargo, sí lo era en los ascensos. Incluso la interposición de pruebas de aptitud y la experiencia militar no vacunaban al Ejército contra el ascenso rutinario, que marginaba a los que mostraban su talento en la conducción de tropas, la prueba suprema de la valía de jefes y oficiales. Precisamente esta disposición es la que alegaron los generales y los coroneles antijunteros para oponerse al decreto. Pero Cierva había logrado el acuerdo de los presidentes de las juntas regionales de Infantería, que renunciaban así a los planes preparados en tiempos del coronel Márquez, y por ello presentó su decreto al resto de los ministros como algo ya cerrado, que cabía aprobar o rechazar en bloque, pero no modificar[689].

«¡No parece que pide para una viuda!»

A García Prieto no le gustaba abordar esos cambios por decreto, pero estaba de acuerdo con Cierva en que no podían esperar los meses que duraría la discusión parlamentaria. Cuando el presidente creyó haber convencido a todo su Gobierno, Romanones volvió a cruzarse en su camino y anunció que no apoyaría una reforma que no se discutiera en el Parlamento. Si Cierva imponía su criterio, retiraría al ministro de Marina, Gimeno, aunque aclaró que eso no significaba que se opusiera a la reforma.

Sin embargo, Alba sí impugnó el aumento de gasto y anunció su decidida obstrucción. Cambó también lo hizo y calificó el plan de Cierva como la «deshonra» del futuro Parlamento. Admitía «el posible fracaso del intento de renovación iniciado en la crisis del 30 de octubre» de 1917 y «la posibilidad de que el nuevo Parlamento dé un ejemplo de igual esterilidad, de la misma impotencia que los otros Parlamentos», por lo que concluía que «el momento excepcional que vivimos y el supremo interés del país» aconsejaba «la dictadura». El líder de la Lliga reprochaba a las juntas que hubieran producido «todo el desconcierto del golpe de Estado y la dictadura sin tener su posible eficacia», y le resultaba paradójico que el Ejército, que «atacaba el viejo sistema de los turnos» y que «quiso un Gobierno de concentración para hacer unas Cortes auténticas», exigiera ahora «la degradación del Parlamento, haciendo decretar su incapacidad». Cambó hizo un llamamiento al «nuevo Parlamento»: en sus primeras sesiones debía resolver «el problema militar», pero también hacer efectiva «la responsabilidad de los ministros en la forma establecida por la Constitución», por intentar sustraerle la reforma castrense[690].

Pero la crítica que más afectó al ministro de la Guerra fue la de Sánchez de Toca. Cierva se sentía fuerte tras haber recabado el apoyo de Maura y de Dato. Este último afirmó que el plan del ministro era el de todos los conservadores y que el procedimiento era el único indicado por las circunstancias. Sin embargo, Toca, en declaraciones a El Liberal, rompió ese consenso. Atribuyó las prisas a la presión perturbadora de las juntas militares y dijo que, si el ejemplo cundía, serían los funcionarios civiles los que coaccionarían al Gobierno para que asumiera expeditivamente sus reivindicaciones, lo que aceleraría «los monstruosos desarrollos de un Estado postizo», que suplantaría los poderes «del Estado oficial». Así pues, no había nada que conceder mientras las juntas no se disolvieran. Toca consideraba que Cierva había fracasado pues no había logrado esa disolución el 20 de febrero, en el acto de conciliación de generales y oficiales del Hotel Palace. Toca indignó a los junteros cuando afirmó que «las alegrías principales» de aquel «festín» se habían limitado a «pagas y subsistencias», insinuando así que Cierva había comprado a los militares.

La turbulencia juntera se intensificó cuando, el 4 de marzo, Sánchez de Toca volvió a criticar al Gobierno por su incapacidad de «hacer respetar el principio de autoridad» y por quedar «sometidos al dictado de sus principales guardianes», una situación que no le extrañaba, ya que recibían «los atributos del poder bajo título de capitulación impuesta por esos elementos rebeldes». El Gobierno no podía aprobar el decreto si las juntas no dejaban de ser «de defensa» y si no abandonaban el sindicalismo. Solo en ese caso podrían pervivir como las de otros cuerpos; esto es, como «informadoras en las cuestiones de organización» y con «función moralizadora y disciplinaria en lo relativo a la dignificación del personal en el orden interior de su colectividad»[691].

Los junteros, molestos, sin embargo refrendaron con su actitud las críticas del expresidente del Senado. Vieron en las declaraciones de Toca un intento de sabotear las reformas militares, por lo que el 6 de marzo celebraron una asamblea en el Centro del Ejército y la Armada que se prolongó hasta el día siguiente. Asistieron todos los jefes y oficiales de la guarnición de Madrid que estaban fuera de servicio, incluidos los que dependían del Ministerio de Marina, con el objetivo de presionar al Consejo de Ministros, que esos días iba a discutir el decreto. La asamblea juntera tomaría «una resolución» en el caso de que la propuesta de Cierva fracasara.

Pero el ministro de la Guerra se negaba a rebajarse a ser instrumento de las juntas y rechazó esas presiones eliminando de su decreto la menor traza de imposición y concertando con el rey, Dato y García Prieto una fórmula de arreglo antes de aquel decisivo Consejo de Ministros, con el fin de evitar la dimisión del romanonista Gimeno y de lograr el acuerdo de todos los partidos constitucionales. Las reformas se aprobarían por decreto, pero de las que implicaran un aumento de gasto solo se aplicarían las previstas en la Ley de Autorizaciones de 1917, esto es, los 77 millones de reorganización y rearme, y otros 15 millones para mejorar sueldos, y sometiendo ambas partidas a dictamen del Consejo de Estado. El resto no se ejecutaría antes del 1 de julio, de manera que las Cortes tendrían tiempo para conocer y discutir las reformas. El decreto no seguiría vigente si el Parlamento no lo convertía en ley y no aprobaba los créditos que sufragaran todas las partidas, por lo que lo sustancial de la reforma quedaba supeditado a la decisión última de los diputados y senadores.

García Prieto transmitió a los ministros, uno a uno, esta fórmula e intentó convencerles de que la aceptaran. Incluso Gimeno entendió la necesidad de hacerlo, aunque, cuando pidió la autorización de Romanones, este se negó y le ordenó que rechazara la propuesta en el Consejo de Ministros.

La tarde del día 6 se reunió el Consejo, donde el ministro de la Guerra tuvo un primer escarceo con Alcalá-Zamora, a quien seguía sin convencerle la decisión de decretar las reformas, y después discutió con Gimeno. Cada uno mantuvo sus posiciones y ligaron su continuación en el Gobierno a que se aceptara o rechazara la fórmula. García Prieto intervino para apoyar al ministro de la Guerra y Gimeno se quedó solo.

Finalmente, el decreto fue aprobado. «Gracias en nombre del Ejército», cerró su intervención un emocionado Cierva. «Pues no parece que pide para una viuda», comentó burlonamente el ministro de Instrucción, Silvela. Todos salieron de la reunión con gran alivio. Solo Gimeno tuvo que afrontar un mal momento el 7 de marzo, cuando recibió la pitada de sus subordinados en el Ministerio de Marina[692].

García Prieto no quería que Gimeno saliera del Gobierno en esas condiciones y llamó a Romanones para pedirle que, salvada su oposición, permitiera continuar a su lugarteniente. El jefe liberal se negó y el presidente hubo de acudir para sustituirle a un general de la Armada afecto a su partido, José Pidal y Rebollo. Pero mientras los periodistas especulaban sobre esta crisis parcial, la noche del 7 se toparon con una noticia sorpresa: García Prieto había dimitido.

Sánchez de Toca dinamita el gobierno

Absolutamente opuesto a la aprobación del decreto, el expresidente conservador del Senado, Sánchez de Toca, hizo unas nuevas declaraciones explosivas a El Heraldo, acusando a los junteros de constituirse en plataforma de apoyo a Cierva a cambio de que el ministro les agradara el «estómago». Trató de exculpar al rey, pero insinuó que era rehén de las juntas y que en el banquete del Hotel Palace estuvo «tan fuera de las circunstancias como Luis XVI en la conserjería», aludiendo a la situación de semisecuestro de aquel monarca durante la revolución francesa. Toca alentó al Parlamento a oponerse a la reforma militar y a cualquier exigencia juntera —⁠que consideraba una «amenaza de dictadura»⁠—, si no quería convertirse en «una colección de loros enjaulados»[693].

Los junteros estallaron coléricos ante la ya abierta acusación de soborno. En la asamblea del Centro del Ejército y la Armada se habló no solo de descalificar públicamente al expresidente del Senado, sino incluso de conducirle a la frontera con Francia. Alertado por un oficial, un alarmado Cierva llamó a la directiva de la junta regional de Madrid y amenazó con dimitir «si ejercían alguna violencia contra dicho señor [Sánchez de Toca]». Los junteros adujeron que, si no se respondía al enésimo desplante de Toca, no podrían contener el amotinamiento de los oficiales. Pero el ministro no cedió. Tan solo cambió de idea cuando acudieron a su despacho el capitán general de Madrid, Federico Ochando, y el segundo jefe de Estado Mayor, Fernández-Llano, para comunicarle que la junta de Madrid había contactado con la Superior de Barcelona para llevar a cabo una «acción» contra Toca y que ellos se veían incapaces de restaurar la disciplina. Entonces Cierva pidió a los junteros que desistieran, porque él mismo saldría a defenderles.

La tarde del 7 de marzo el ministro envió una nota a la prensa en la que atribuyó las declaraciones de Toca a un «mezquino interés político» y al despecho por el recuerdo de «ambiciones frustradas» tras haber recabado el apoyo de las juntas para sustituir a Dato en octubre de 1917. Cierva consignaba su «enérgica protesta contra ese proceder, denunciándolo a la opinión para que advierta cómo siente el patriotismo y cómo respeta al Ejército el expresidente del Senado, don Joaquín Sánchez de Toca». Esperaba que a los militares «injuriados» les bastara esa «protesta, que en nombre de todo el Ejército formula».

Cierva estaba indignado con Toca, quien, con sus acusaciones «insultantes», como las calificó el embajador británico, complicaba la solución del problema juntero y otorgaba a las izquierdas antimonárquicas y a los nacionalistas una nueva oportunidad de ganarse a los militares díscolos. Pero el tono de su nota fue contraproducente. La prensa liberal y la republicana publicaron al día siguiente, 8 de marzo, y en grandes titulares, que Cierva había amenazado en nombre del Ejército a Sánchez de Toca y que España se deslizaba por la pendiente de la dictadura. El expresidente del Senado no dudó en contestar declarando a los periodistas que el ministro había asimilado «el espíritu faccioso» de las juntas y que era un «dictador al dictado». Si el conservador Toca consiguió el sustento de la prensa de izquierdas, Cierva acumuló telegramas de las guarniciones de provincias felicitándole por su nota. Las juntas, con el apoyo masivo de la oficialidad, exteriorizaron su apoyo explícito al ministro y su intención de no dejarlo caer[694].

Los conservadores habían guardado silencio ante las anteriores declaraciones del expresidente del Senado, pero ahora se desmarcaron de ellas. La Época veía la crítica al acto de Hotel Palace como «injusta en el fondo» e «inconveniente y extemporánea en la forma», pues el Ejército estaba en plena reintegración a la disciplina. Por eso, la nota de Cierva era inevitable si se pretendía sortear una respuesta «estridente» de los militares, aunque el ministro «no ha estado feliz en la forma de cumplir ese deber inexcusable». Los conservadores echaron en cara a Cierva la dureza de su respuesta y que, al citar a Sánchez de Toca por su antiguo cargo en el Senado, hubiera extendido la crítica a su propio partido.

Un presidente indignado

La noche del 7 de marzo García Prieto estalló de rabia cuando se enteró de que Cierva había mandado la nota sin su autorización. Considerando que su autoridad se había puesto en entredicho —⁠se le motejaba de «subsecretario» del ministro de la Guerra⁠—, marchó de inmediato a Palacio a dimitir ante el rey. Un desesperado Alfonso XIII impidió que el presidente presentara la renuncia y llamó a Cierva a Palacio, con quien mantuvo una tensa conversación que se prolongó hasta la medianoche y en la que el rey reprochó a su ministro las dificultades que le estaba creando.

El 8 de marzo, Cierva acudió al Ministerio de Estado a dar explicaciones a García Prieto y se justificó diciendo que había evitado un motín de los oficiales de la guarnición. Pero el presidente no quería continuar en su puesto si no podía relevar a Cierva. Intentó ampliar su Gobierno mirando hacia los liberales de Romanones —⁠dimitido ya Gimeno⁠— y hacia la Izquierda Liberal de Alba, pero ni estos ni los notables del Partido Democrático estaban dispuestos a figurar en el mismo Ejecutivo que el ministro de la Guerra. García Prieto se escudó en este fracaso para reiterarle su dimisión al rey y recomendarle que abriera consultas. Llegó a insinuarle que, si el monarca consideraba a Cierva insustituible, que fuera este quien presidiera el Gobierno.

Pero no era eso lo que el ministro de la Guerra quería. Ya le comparaban con un «dictador militar» y no pondría «a España y a la monarquía» en semejante trance, «pues en la historia se ve cómo casi siempre viene después una revolución». Los junteros continuaban soliviantados. La tarde del 8 de marzo se reunieron en el Centro del Ejército y la Armada representantes de las juntas regionales de toda España con comisionados de la junta de Barcelona. La abrumadora mayoría se negó a aceptar la marcha de Cierva, que atribuían a una nueva maniobra para que no se aplicara la reforma militar, que aún no había sido publicada en la Gaceta. Aprobaron sacar una nota para darla a conocer «a la opinión pública», con el fin de que el rey y los políticos se dieran por enterados de que debían mantener a Cierva en su puesto. Una comisión se lo hizo saber al capitán general Ochando, que llegó a temer un pronunciamiento y logró que los junteros de Madrid suavizaran la nota. En ella ratificaban su «adhesión incondicional» al rey en nombre de todo el Ejército y con total independencia del Gobierno que se formara. Aclaraban que «verían con agrado que, a ser posible, continuara el señor La Cierva en el ministerio que hasta ahora desempeñó», pero no hacían cuestión cerrada del asunto para no bloquear la prerrogativa regia. Aun así, los junteros también aprobaron transmitir la nota a Cierva, con la petición de que no dimitiera[695].

El vacío de poder recordaba al de octubre de 1917. Alfonso XIII no se limitó a llamar a los expresidentes del Gobierno y de las cámaras, sino que desfilaron por Palacio todos los jefes de partido —⁠y de grupo⁠— con representación en el futuro Congreso: Dato, Romanones, Maura, Cierva, Cambó y Alba. Casi todos aconsejaron, sin matices, la continuación del Ejecutivo anterior, pues era su deber presentarse ante las Cortes a dar cuenta de su gestión y otorgar tiempo al Parlamento para que este señalara una solución de gobierno. Solo Cambó se salió del guion y recomendó un nuevo Gobierno de concentración en el que participaran todos los jefes de partido y grupo: un Gabinete de altura presidido por Maura. El 8 de marzo, ese anticipo de «Gobierno nacional» se hizo imposible al oponerse todos los demás partidos.

Alfonso XIII llamó de nuevo a García Prieto para convencerle de que retirase su dimisión. El presidente se reafirmó en ella e indicó al rey que llamara a Maura. Cuando el monarca lo hizo, el decano de los expresidentes no solo se negó a formar Gobierno en aquellas circunstancias, sino que salió de Palacio directo al domicilio de García Prieto para hacerle ver que era su deber continuar en el poder hasta que se constituyeran las Cortes, con independencia de que varios ministros se descolgaran: «Medio cuerpo que quedara de usted… y con ese medio cuerpo debe presentarse al Parlamento».

Resignado, García Prieto resolvió seguir con el Gobierno anterior. Pactó con Cierva que todos los ministros se harían solidarios de la reforma militar y afrontarían las responsabilidades que pudieran derivarse de la aprobación del decreto, que Alba, la Lliga, los republicanos y los socialistas anunciaron que pedirían. Pero a cambio Cierva debía disipar la oposición de las juntas a la ley de amnistía, que el Gobierno presentaría de inmediato ante las Cortes, y finiquitar su interferencia política. El presidente y Alfonso XIII convencieron a Gimeno de que continuara en Marina, porque no habría Gobierno si se marchaba. Este accedió, ante el enfado de Romanones, que consideró a su lugarteniente fuera de la disciplina del partido[696].

La crisis también había convencido al rey de que, publicadas las reformas militares el 10 de marzo en la Gaceta, había llegado la hora de acabar con las juntas y así se lo transmitió a Cierva. El ministro convocó a los presidentes junteros en cada región militar y les exigió que se disolvieran y se abstuvieran de cualquier actuación política. Cierva les advirtió de que, como los Gobiernos no podían desenvolverse libremente, estaban poniendo a los partidos en la tesitura de no aceptar el poder y al rey en una situación imposible. Los junteros únicamente se comprometieron a consultarlo a sus afiliados de todas las guarniciones de España y, así, el 11 de marzo se reunieron representantes de las juntas de las distintas armas y cuerpos para discutir el requerimiento del ministro. Habían distribuido entre sus directivos un cuestionario que constaba de tres preguntas: 1) ¿Deben o no disolverse en el momento actual las juntas? 2) En caso negativo, ¿deben continuar organizadas como lo están, pero sin actuación alguna? 3) ¿Deben seguir funcionando tan solo en lo privativo de cada arma o cuerpo sin exteriorizar sus actos?

La respuesta no fue concluyente. Artillería, Ingenieros y Estado Mayor contestaron favorablemente a la disolución, pero no el resto. Esa coincidencia mayoritaria se mantuvo a duras penas en la segunda cuestión, ya que cada vez más jefes y oficiales recusaban abiertamente toda injerencia política y ponían en cuestión la misma necesidad de las juntas tal y como estaban constituidas. La respuesta a la tercera pregunta sirvió para anudar una solución de compromiso: las juntas se mantendrían, pero su reglamento sería modificado para subordinar su actuación a la cadena de mando y restringirla a los asuntos profesionales de sus respectivas armas o cuerpos. Quedarían, así, convertidas en unas «comisiones informativas» sujetas al Ministerio de la Guerra. Solo habría una comisión por arma o cuerpo, se disolverían todas las juntas de las distintas regiones militares y guarniciones —⁠unas 170 en total⁠— y aceptaban reconvertirse en un organismo propositivo y en tribunal de honor.

No podía negarse el éxito de Cierva. Había logrado aunar el apoyo de los junteros a unas reformas militares cuya continuidad y vigencia decidirían las Cortes, y acababa con su estructura piramidal y asamblearia. Este escenario habría sido impensable hacía solo tres meses[697].

Un fuego tras otro

Las consecuencias de la crisis del 7-8 de marzo hicieron que las elecciones al Senado del día 10 pasaran desapercibidas. La Constitución de 1876 preveía la votación de 180 senadores, la cifra límite que no podía sobrepasar la suma de los senadores por derecho propio y los vitalicios designados por el monarca. Eran senadores por derecho propio los hijos del rey y del sucesor inmediato a la Corona mayores de edad —⁠no se daba el caso⁠—, los grandes de España que reunieran una renta anual de 60 000 pesetas, los capitanes generales del Ejército y el almirante de la Armada, el patriarca de las Indias y los arzobispos. Cuando cumplían dos años de ejercicio, también obtenían el escaño los presidentes del Consejo de Estado, del Tribunal Supremo, del Tribunal de Cuentas y del Consejo Superior de Guerra y Marina. Por tanto, ese cupo era reducido comparado con los designados vitalicios y, más aún, con los electivos.

Para presentarse a las elecciones, los candidatos a senadores debían cumplir los mismos requisitos que para ser designados por la Corona. Esto es, podían aspirar al escaño los presidentes de alguna de las dos cámaras, los diputados que hubieran sido electos tres veces o en ejercicio durante ocho legislaturas, los ministros, los obispos, grandes de España, tenientes generales del Ejército o vicealmirantes de la Armada con dos años en la categoría, o embajadores con dos años de servicio y plenipotenciarios con cuatro. También podían acceder al Senado los consejeros de Estado y su fiscal, los magistrados y los fiscales del Tribunal Supremo y del de Cuentas, los miembros del Consejo Supremo de Guerra y Marina y el decano del Tribunal de Órdenes Militares, todos con un mínimo de dos años de ejercicio.

Igualmente se podían presentar los presidentes o directores de las Reales Academias Española, de la Historia, de Bellas Artes, de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, de Ciencias Morales y Políticas, y de Medicina; los académicos de número de las corporaciones mencionadas que ocuparan la primera mitad de la escala de antigüedad en su cuerpo; los inspectores generales de primera clase de los cuerpos de Ingenieros de Caminos, Minas y Montes, y los catedráticos de universidad con cuatro años de antigüedad. Todas estas categorías debían disfrutar de un mínimo de 7500 pesetas de ingresos anuales. Los que no pertenecieran a ninguna de esas categorías, pero fueran títulos del Reino o hubieran ejercido como diputados, diputados provinciales o alcaldes de municipios mayores de 20 000 habitantes debían probar que tenían 20 000 pesetas de ingresos anuales, o el pago de 4000 pesetas anuales en impuestos directos.

Mayoría monárquica sin cohesión

El grupo de los elegibles era, por tanto, restringido. La ley electoral de senadores de 1877 repartía los 180 escaños electivos de la siguiente forma: 30 eran provistos por los miembros de diversas corporaciones, a saber, nueve por los arzobispados, 10 por las universidades, seis por las reales academias y cinco por las sociedades económicas de amigos del país. Los 150 restantes se elegían a razón de tres por provincia, excepto Madrid, Barcelona y Valencia, que tenían cuatro. En esas elecciones votaban los diputados provinciales y unos compromisarios que eran elegidos, a su vez, por los concejales de todos los municipios de España y por un número de mayores contribuyentes cuádruplo al de los ediles. Los diputados provinciales y los compromisarios votaban tantos candidatos a senador como escaños tuviera la provincia. Los senadores corporativos, como los provinciales, debían ser electos por mayoría absoluta de votos; si no la alcanzaban en primera votación, se celebraba otra donde solo concurrían los dos con más sufragios en el caso de los corporativos, o los más votados hasta llegar al doble de los que hubieran de elegirse en las provincias. En este último caso, bastaría la mayoría relativa en la segunda vuelta para obtener el escaño.

Los resultados del Senado confirmaron las tendencias apuntadas en el Congreso, incluida la fragmentación. Se incrementaba algo la ventaja de los liberales por la mayor cohesión de sus fracciones y la extensión a estas elecciones del pacto entre demócratas y conservadores. Al margen de los nueve senadores de los arzobispados, no alineados con partido alguno, los antiguos liberales obtuvieron 86 de los 171 escaños en juego, repartidos en 47 demócratas, 17 de la Izquierda Liberal, 16 liberales de Romanones y seis liberales independientes. La derecha constitucional sumó 63, de los cuales 47 correspondieron a los conservadores, nueve a los mauristas y siete a los ciervistas. Los nacionalistas repetían su triunfo en las provincias que ya ganaron en las elecciones al Congreso. Obtuvieron 11 senadores: ocho de la Lliga y tres del PNV. Completaban los resultados siete tradicionalistas, dos católicos, un republicano radical y otro independiente. Estos resultados señalaban que, de reconstruirse la rotación entre liberales y conservadores, el Gobierno debía girar hacia la izquierda constitucional.

Resultados de las elecciones a senadores del 10 de marzo de 1918*

Circunscripción | Electores | Votantes | Porcentaje | Resultado
Álava | 100 | 98 | 98,0 % | 2 católicos y 1 tradicionalista
Albacete | 123 | 106 | 86,2 % | 2 ciervistas y 1 Izquierda Liberal
Alicante | 212 | 173 | 81,6 % | 2 demócratas y 1 maurista
Almería | 156 | 139 | 89,1 % | 2 demócratas y 1 conservador
Ávila | 293 | 287 | 98,0 % | 3 conservadores
Badajoz | 249 | 230 | 92,4 % | 1 demócrata, 1 liberal y 1 conservador
Baleares | 119 | 84 | 70,6 % | 2 demócratas y 1 conservador
Barcelona | 335 | 325 | 97,0 % | 3 de la Lliga y 1 tradicionalista
Burgos | 539 | 508 | 94,2 % | 1 conservador, 1 demócrata y 1 liberal
Cáceres | 269 | 143 | 53,2 % | 3 demócratas
Cádiz | 119 | 116 | 97,5 % | 2 conservadores y 1 liberal
Canarias | 155 | 90 | 58,1 % | 1 conservador, 1 Izquierda Liberal y 1 demócrata
Castellón | 182 | 165 | 90,7 % | 2 demócratas y 1 conservador
Ciudad Real | 156 | 153 | 98,1 % | 3 liberales independientes
Córdoba | 167 | 149 | 89,2 % | 2 demócratas y 1 conservador
Cuenca | 310 | 306 | 98,7 % | 1 demócrata, 1 conservador y 1 maurista
Gerona | 284 | 236 | 83,1 % | 2 de la Lliga y 1 liberal independiente
Granada | 276 | 214 | 77,5 % | 1 conservador, 1 Izquierda Liberal y 1 demócrata
Guadalajara | 421 | 407 | 96,7 % | 3 liberales
Guipúzcoa | 128 | 118 | 92,2 % | 2 tradicionalistas y 1 liberal
Huelva | 123 | 105 | 85,4 % | 2 conservadores y 1 demócrata
Huesca | 386 | 294 | 76,2 % | 1 demócrata, 1 liberal y 1 conservador
Jaén | 175 | 158 | 90,3 % | 2 demócratas y 1 conservador
La Coruña | 221 | 137 | 62,0 % | 1 demócrata, 1 Izquierda Liberal y 1 liberal
León | 263 | 232 | 88,2 % | 2 demócratas y 1 conservador
Lérida | 350 | 340 | 97,1 % | 2 de la Lliga y 1 tradicionalista
Logroño | 210 | 201 | 95,7 % | 3 demócratas
Lugo | 156 | 102 | 65,4 % | 2 demócratas y 1 conservador
Madrid | 254 | 245 | 96,5 % | 2 demócratas, 1 liberal y 1 conservador
Málaga | 176 | 167 | 94,9 % | 2 conservadores y 1 Izquierda Liberal
Murcia | 118 | 110 | 93,2 % | 3 ciervistas
Navarra | 286 | 279 | 97,6 % | 1 demócrata, 1 tradicionalista y 1 maurista
Orense | 159 | 102 | 64,2 % | 2 conservadores y 1 demócrata
Oviedo | 191 | 174 | 91,1 % | 2 conservadores y 1 maurista
Palencia | 273 | 269 | 98,5 % | 2 conservadores y 1 Izquierda Liberal
Pontevedra | 157 | 96 | 61,1 % | 1 demócrata, 1 maurista y 1 conservador
Salamanca | 413 | 408 | 98,8 % | 2 conservadores y 1 demócrata
Santander | 142 | 120 | 84,5 % | 2 demócratas y 1 conservador
Segovia | 298 | 293 | 98,3 % | 2 conservadores y 1 Izquierda Liberal
Sevilla | 177 | 167 | 94,4 % | 2 Izquierda Liberal y 1 liberal independiente
Soria | 359 | 351 | 97,8 % | 2 conservadores y 1 demócrata
Tarragona | 226 | 220 | 97,3 % | 1 Izquierda Liberal, 1 radical y 1 tradicionalista
Teruel | 303 | 257 | 84,8 % | 2 conservadores y 1 demócrata
Toledo | 249 | 246 | 98,8 % | 2 demócratas y 1 conservador
Valencia | 369 | 355 | 96,2 % | 1 conservador, 1 demócrata, 1 ciervista y 1 liberal
Valladolid | 272 | 176 | 64,7 % | 3 Izquierda Liberal
Vizcaya | 166 | 117 | 70,5 % | 3 nacionalistas vascos
Zamora | 325 | 308 | 94,8 % | 2 Izquierda Liberal y 1 liberal
Zaragoza | 348 | 321 | 92,2 % | 1 conservador, 1 liberal ind. y 1 demócrata
Academia Española | 24 | 17 | 70,8 % | 1 conservador
Academia de la Historia | 31 | 21 | 67,7 % | 1 demócrata
Academia de Bellas Artes | 42 | 33 | 78,6 % | 1 maurista
Academia de CC. Exactas | 34 | 29 | 85,3 % | 1 demócrata
Academia de CC. Morales | 29 | 15 | 51,7 % | 1 conservador
Academia de Medicina | 40 | 34 | 85,0 % | 1 liberal
Universidad de Madrid | 505 | 399 | 79,0 % | 1 maurista
Universidad de Barcelona | 319 | 273 | 85,6 % | 1 conservador
Universidad de Granada | 181 | 78 | 43,1 % | 1 independiente
Universidad de Oviedo | 87 | 54 | 62,1 % | 1 liberal
Universidad de Salamanca | 128 | 82 | 64,1 % | 1 liberal
Universidad de Santiago | 108 | 94 | 87,0 % | 1 demócrata
Universidad de Sevilla | 250 | 144 | 57,6 % | 1 Izquierda Liberal
Universidad de Valencia | 198 | 177 | 89,4 % | 1 liberal
Universidad de Valladolid | 179 | 125 | 69,8 % | 1 maurista
Universidad de Zaragoza | 189 | 132 | 69,8 % | 1 conservador
SEAP de Madrid | 206 | 8 | 3,9 % | 1 conservador
SEAP de Barcelona | 18 | 15 | 83,3 % | 1 de la Lliga
SEAP de León | 44 | 37 | 84,1 % | 1 republicano independiente
SEAP de Sevilla | 28 | 28 | 100 % | 1 Izquierda Liberal
SEAP de Valencia | 14 | 13 | 92,9 % | 1 maurista

* No se incluyen las elecciones de los arzobispados, sin significación política. Datos elaborados a partir de: AS 59,109,213 y 311. AEE (1917): 280-281. La Época, 10 y 11 de marzo de 1918. El Imparcial, 11 y 12 de marzo de 1918.

Un Gobierno agobiado

Pero García Prieto no pudo disfrutar del éxito, exhausto por las dificultades externas e internas. Como ministro de Estado, debía afrontar las turbulencias diplomáticas del torpedeamiento alemán de mercantes españoles, que Berlín había redoblado tras la firma de los convenios comerciales de España con la Entente. El 7 de marzo averiaron el Begoña IV, en rutade Barcelona a Atenas. El 10 cayó el Cristina, que, para indignación de los medios españoles, transportaba carbón inglés para Bilbao. El 12 le tocó al Arno Mendi, cuando transportaba cobre desde Bilbao a Reino Unido, con once muertos. El 15 fue hundido el velero Joaquina en aguas de las Azores. El 20 fue torpedeado el Guadalquivir, que transportaba acero y algodón a Génova desde Nueva York, y cerca de Canarias, el Arpillao, cuando se dirigía a Estados Unidos al servicio de Italia. El torpedeo alemán era ya indiscriminado porque, como advirtió su embajador, Ratibor, ya no iba a tolerarse ni el aprovisionamiento indirecto de los aliados. Y como eso era lo que ocurría —⁠aunque los alemanes abusaran calificando de contrabando de guerra casi cualquier mercancía destinada a la Entente⁠—, las protestas españolas solo alcanzaban eficacia en casos como el del Cristina, esto es, cuando se demostraba el daño al abastecimiento nacional.

De ahí la persistente negativa del rey y del Gobierno a blandir los torpedeamientos para romper con Alemania como los aliadófilos más furibundos demandaban «en defensa del pabellón español agredido». Conociendo los riesgos del bloqueo marítimo submarino y de provocar un conflicto diplomático, los navieros insistían en alquilar sus barcos a los aliados a cambio de pingües beneficios. Los nuevos convenios comerciales impedían concentrar íntegramente la marina mercante en el comercio nacional, lo que, a su vez, dificultaba las gestiones diplomáticas para reducir los ataques alemanes y obtener reparaciones[698].

El estado del orden público tampoco mejoraba. Ya eran constantes los informes de la Policía española y del contraespionaje aliado sobre la instigación germana de las huelgas y los sabotajes para obstaculizar las exportaciones a los aliados. En Palma de Mallorca se solaparon la violencia de una huelga de albañiles con las protestas por la carestía de la harina y el carbón. Y tenían fundamento, ya que existía una organización que se dedicaba a sacar todo tipo de productos con destino a los aliados, que contaba con una treintena de faluchos a motor, a los que el gobernador privó de gasolina para impedirles el contrabando.

El 18 de febrero, los delegados de una manifestación de mujeres y adolescentes se entrevistaron con el gobernador, que les aseguró que esperaba un cargamento de carbón desde Ibiza. Varios grupos no quedaron conformes y una multitud acudió al puerto al enterarse de que había carbón almacenado. Allí saquearon cuatro carros de este mineral y un almacén de patatas, y se hicieron con varios sacos de cebollas, judías y bacalao. Para disolverlos acudieron una patrulla de guardias civiles y los carabineros de la aduana, y fueron recibidos a pedradas: un guardia resultó herido y todos quedaron rodeados por la masa. Los agentes dispararon y causaron tres heridos: uno de ellos murió más tarde. Al tiroteo siguieron nuevos lanzamientos de piedras y carreras por las calles adyacentes. El gobernador recurrió a los soldados para vigilar el puerto. El 28 de febrero, otro grupo que se formó tras el entierro del manifestante muerto apedreó las ventanas del Gobierno civil y paralizó la circulación del tranvía, pero fue dispersado por la fuerza pública[699].

También fueron graves los sucesos del 19 y el 20 de febrero en Aranda de Duero (Burgos). Una huelga de jornaleros alentada por un candidato regionalista, que había prometido retrotraer la venta de un terreno comunal de hacía catorce años, culminó en el asalto y saqueo de la fábrica de la Unión Resinera Española, propietaria de la finca. En Jubia (La Coruña), los comerciantes intentaron cerrar sus negocios ante una manifestación contra la carestía. A esto siguió un apedreamiento contra las tiendas que degeneró en una batalla campal con los dueños, en la que dos mujeres resultaron heridas de gravedad. En El Ferrol, otros grupos destrozaron varios puestos del mercado y saquearon varias tiendas y los almacenes del ferrocarril. En el choque con la fuerza pública se registró otro muerto. La efervescencia era tal que el Gobierno hubo de enviar fuerzas de Artillería desde Zamora. En Sada, en la misma provincia, se mezcló la protesta por el recargo del impuesto de consumos con una pelea por la negativa de los vendedores de trigo a conformarse con el precio regulado. Los altercados generaron otros tres muertos[700].

El pronunciamiento de los funcionarios

En este contexto, recién aplacado el juntismo militar, estalló el conflicto de los junteros civiles. Desde el 14 de enero de 1918, los empleados públicos estaban en vías de constituir una junta nacional de funcionarios. Los de Hacienda, prácticamente acallados con Bugallal, estaban descontentos con Ventosa, al que acusaban de favoritismo en los nombramientos. Lo mismo ocurría con Alcalá-Zamora, que, según Cambó, se había ganado «la animosidad del personal» de Fomento por su «instinto caciquista»: en su ánimo por construirse una facción propia, «cuando se trataba de complacer a un amigo personal o político, no reparaba en infringir todas las reglas».

Los funcionarios más activos eran los cuerpos de Correos y Telégrafos. El detonante fue la decisión de su director general, Tristán Álvarez de Toledo, de no revocar unos traslados en Correos que había decretado su antecesor con Dato, Emilio Ortuño. Álvarez de Toledo quería desarticular así las juntas. Pensaba que en su departamento carecían de sentido, porque el servicio postal había duplicado su personal y el presupuesto durante la última década.

En cambio, con los telegrafistas sí había problemas reales. El servicio había crecido de forma impresionante en los últimos diez años. Entre 1906 y 1917, el número de estaciones telegráficas había aumentado de 1709 a 2520, los kilómetros de tendido de 33 412 a 49 410, y los telegramas circulados de 5,1 a 10,7 millones. Solo la Gran Guerra incrementó el volumen de trabajo un 33 %. El propio director general admitía que, en la preguerra, el número de funcionarios había permanecido estacionario, pero, cuando estalló el conflicto, los conservadores aumentaron la plantilla en 571 empleados entre 1914 y 1915, casi un 10 %, y en 1917 anunciaron el fin de las restricciones de gasto impuestas por Alba y adquirieron el compromiso de estabilizar a 444 nuevos oficiales y de abrir un concurso para contratar a 300 más. Además, autorizaron la formación de una junta de Telégrafos adaptada al esquema de la de Hacienda, que se organizó la última semana de octubre bajo la presidencia de Andrés Rocha[701].

Cuando se produjo la caída de Dato, la junta de Telégrafos reclamó del nuevo Gobierno que asumiera el compromiso del anterior respecto a tramitar un crédito de tres millones de pesetas, de los cuales dos millones se destinarían a incrementar en 523 el número de plazas para absorber al personal eventual, mejorar los salarios y pagar las horas extraordinarias; el otro millón se emplearía en material, tendido y servicio. Álvarez de Toledo alegaba que ese crédito no se contemplaba en la Ley de Autorizaciones y que no podía aprobarse al margen de las Cortes. Así se lo transmitió a la junta la primera quincena de febrero.

El director general trató de aminorar la oposición juntera con otro crédito de 150 000 pesetas para compensar el trabajo nocturno, pero los telegrafistas comprometidos no se conformaron y convocaron una huelga de celo para el 20 de febrero. Como el resto de empleados públicos, los telegrafistas tenían prohibido hacer huelga y nadie abandonó el trabajo. Se conformaron con revisar minuciosamente los telegramas para aplicar punto por punto su reglamento, ya anticuado, y ello provocó que los despachos tardaran entre dos y tres días en llegar a su destino. También se pusieron de acuerdo con los empleados de Correos, empeñados aún en revocar los traslados, para parar completamente el día de las elecciones al Congreso (24 de febrero) y hacer imposible el escrutinio oficial[702].

A tres días de las elecciones, Álvarez de Toledo optó por ceder: comunicó a la junta de Correos de Madrid, presidida por Francisco Martínez Pontrémuli, que dejaba sin efecto los traslados. Pontrémuli ordenó que no se parara el 24, pero advirtió al director general que retomarían la huelga si el Gobierno no asumía las medidas que su junta aprobaría en su próxima asamblea. Solicitaban un crédito para mejorar salarios y material, el aumento de las oficinas postales y la reversión de los servicios de ambulancia de Correos concedidos a las compañías ferroviarias.

Sin embargo, esta consigna no fue aceptada por todos los funcionarios. La junta de Correos de Barcelona se había erigido, contra Pontrémuli, en superior y retenía la lealtad de otras juntas provinciales. Los junteros de Barcelona no querían romper la solidaridad con los telegrafistas y exigieron del Gobierno que les notificara su acuerdo sobre los traslados, reconociéndola de facto. Álvarez de Toledo se negó y el boicot de «brazos caídos» en Correos continuó en las provincias que acataban a esta Junta Superior, para indignación del director general. En cuanto a la junta de Telégrafos, García Prieto hubo de intervenir personalmente para que Rocha normalizara el servicio al menos durante la jornada electoral. Los despachos del escrutinio se transmitieron con agilidad, pero no los restantes[703].

La batalla contra las juntas civiles

Tras los comicios, los telegrafistas volvieron a la carga y comenzaron a coordinarse con las juntas de los otros ministerios para ir a una huelga general de la Administración pública. Todo se desbordó en la segunda semana de marzo, cuando los funcionarios constataron que las reformas militares, que incluían las subidas salariales para los soldados, se concederían por decreto. Los de Hacienda, que eran la vanguardia del resto de empleados públicos, sacaron una nota el 9 de marzo pidiendo un aumento general e inmediato de todos los salarios. La junta de Telégrafos conminó a su ministro, el de Gobernación: debía aprobar por decreto el crédito de tres millones que pedían para sueldos y equipamiento. En abierta contradicción con un cuerpo que se decía agobiado de trabajo y sin recursos, se exigió además a Bahamonde la reversión de las concesiones privadas en el servicio de telefonía y la incautación de las líneas telegráficas que estaban en concesión administrativa, las telefónicas interurbanas y la radiotelegrafía, para integrarlas en su departamento. Por entonces, el teléfono tomaba relevancia ya sobre el telégrafo, y los junteros temían que el Gobierno primara aquel servicio respecto al suyo. Si el Ejecutivo no cedía, la junta amenazó con ir a la huelga indefinida a partir del 14 de marzo, a la que se unirían Correos y Hacienda. El país quedaría, así, incomunicado, y se dejarían de percibir las contribuciones y de pagar las nóminas y las pensiones[704].

Como los retrasos en el servicio telegráfico se agravaban día a día, Bahamonde imitó a Cierva y llevó al Consejo de Ministros el decreto solicitando el crédito de tres millones de pesetas. Sus compañeros se opusieron a aprobarlo alegando que de las reformas militares solo iban a ejecutarse las contempladas en la Ley de Autorizaciones, y que esta no preveía ninguna ampliación del servicio telegráfico. En esas circunstancias, no cabía sino esperar a que las Cortes votaran el crédito. Detrás de esta postura también estaba la determinación de no ceder: los ministros consideraban humillante hacerlo sin que los telegrafistas volvieran antes a la disciplina. No obstante, Bahamonde no pudo convencer a los funcionarios de que depusieran su actitud y confesó que carecía de aptitudes para dominar el conflicto. Cierva planteó la necesidad de desarticular las juntas en la función pública —⁠a imitación de lo que se había logrado con los suboficiales⁠—, pero el ministro de la Gobernación era contrario a adoptar ninguna determinación contra los junteros civiles mientras estos no se salieran de la ley[705].

Bahamonde se quedó solo. El Consejo de Ministros acordó transferir las comunicaciones civiles al Ministerio de la Guerra, esto es, a la jurisdicción de Cierva. Los ministros se pusieron de acuerdo en no dar alas al juntismo civil con nuevas cesiones, y acabar de una vez con sus ramificaciones en los ministerios. Sin duda, existía una diferencia de trato con los militares. Pero la contemporización con los oficiales nunca había señalado un criterio de gobierno, sino que respondió a un hecho de fuerza ante el cual el poder público carecía de medios para imponerse. «¿Por qué se consintió una actitud de rebeldía en los militares y ahora se castigaba en los civiles? ¿Por qué se negaban a estos por real decreto las ventajas que por real decreto se dieron a aquellos? —⁠se preguntaba irónicamente Canals⁠—. Es decir, que porque uno se aguanta con que un hombre de mucha más fuerza física le dé una bofetada, ¡tiene ya la obligación de dejar que los chicos lo apedreen y que los perros lo hagan objeto de sus irrigaciones al pasar!»[706].

Cierva reconocía que los junteros civiles hacían valer su fuerza como lo habían hecho los militares, pero alegaba que el Gobierno caminaba hacia la corrección del juntismo en el Ejército, «y de todas suertes, no podíamos tolerar que el Estado todo padeciese la descomposición de sus órganos vitales, porque las consecuencias serían terribles y el soviet se apoderaría de la nación»[707]. No se refería a Lenin, obviamente, sino a la disolución de la autoridad del Gobierno en el asambleísmo caudillista de sus subalternos. Encauzadas las juntas militares, los ministros se sentían lo suficientemente fuertes como para restablecer la disciplina entre los funcionarios.

No obstante, si el Gobierno no quería transigir, las juntas civiles también estaban dispuestas a aceptar el pulso. Las de Hacienda y Gobernación anunciaron públicamente su solidaridad con la de Telégrafos y enviaron instancias a sus respectivos ministros exigiéndoles que reconocieran sus juntas como órgano de negociación. Sostenían que el Gobierno Dato ya las había aprobado, siempre que restringieran sus deliberaciones a asuntos de personal y servicios, no forzaran la sumisión de los funcionarios, ejercieran el derecho de petición sin huelga y no formaran tribunales de honor sin la autorización del ministro y el subsecretario.

El ministro de la Guerra decidió reunirse con los junteros de Telégrafos y Correos para que rectificaran su amenaza de ir a una huelga ilegal. Como estos se negaron, el 14 de marzo Cierva ordenó a los gobernadores que se incautaran de las oficinas de Telégrafos en las distintas provincias, que entregarían a los ingenieros del Ejército, escoltados estos por guardias civiles. Lo justificó aludiendo a la necesidad de evitar que los huelguistas dañaran las instalaciones y los aparatos. Acto seguido, obtuvo del Gobierno un decreto para militarizar los servicios de telegrafía, que desempeñarían los empleados que fueran reservistas y los soldados de Infantería e Ingenieros. El Ejército también se hizo cargo de los servicios de la central de Correos, de las oficinas provinciales y de las ambulancias postales.

Como los funcionarios de Correos apenas trabajaron por la mañana, indignados por la militarización de Telégrafos, Cierva recibió la autorización para disolver el cuerpo y después ordenó llamar a los empleados postales reservistas. Separó del servicio a los junteros de Correos de Madrid y Barcelona, y suspendió la inamovilidad de todos los funcionarios de esos cuerpos. Imitando el procedimiento de los sargentos, ordenó que los de Correos y Telégrafos firmaran un acta comprometiéndose a apartarse del juntismo. También aparecieron en la Gaceta tres decretos que declaraban disueltas las juntas en Hacienda, Gobernación y Fomento, para que no pudieran converger en un comité central de las juntas de defensa, que se decía ya constituido para organizar la huelga general de la función pública. Para evitar que estas medidas suscitaran una respuesta coordinada entre todas las juntas, las instrucciones para desmantelarlas no se transmitieron por correo, telégrafo o teléfono, sino a través de pliegos que la Guardia Civil entregó a cada gobernador[708].

Por desconocimiento, la historiografía ha reducido tradicionalmente la cuestión a la impulsividad de Cierva y a sus maneras autoritarias. Pero medidas similares había tomado la Francia republicana entre 1907 y 1912 con sus funcionarios. El Parlamento francés, temiendo la paralización total de la función pública, no toleró la infiltración del sindicalismo, sus promotores fueron expulsados de la Administración y se depuró el cuerpo de Correos. La situación volvería a repetirse en 1934, cuando la inflación volvió a crear inquietud entre los funcionarios galos. El presidente del Consejo, Gaston Doumergue, decretó que estos perderían la inamovilidad en cuanto hicieran una huelga[709].

Pero el método, que resultó exitoso con los suboficiales del Ejército, se mostró inapropiado con unos funcionarios no afectados por una disciplina tan férrea como la castrense. Los de los ministerios, por su estabilidad, su limitado número y los constantes cambios de Gobierno, habían tejido una fuerte solidaridad que los había desligado de los partidos políticos. El 15 de marzo, la mayoría de los telegrafistas se negaron a firmar el compromiso antijuntero que les requería Cierva, y el grueso del personal de Correos, imitando este proceder, incluso suscribió otro pliego adhiriéndose a su junta. Hubo, además, un encontronazo entre los carteros y los soldados de Ingenieros cuando los primeros rompieron los pliegos y promovieron un motín que acabó con los cristales de las ventanas de la central de Correos rotos.

Los huelguistas comenzaron a recabar, además, la simpatía de los funcionarios de los otros ministerios, a los que la medida de privar de sus plazas a los cabecillas de las juntas les parecía excesiva. Los periodistas tenían estrechos lazos con los telegrafistas y los carteros, en tanto que de ellos dependía la entrada de contenidos y la salida de noticias, y casi toda la prensa se puso de su lado. Las asambleas de las juntas de Correos, Telégrafos y Hacienda se declararon en sesión permanente para activar la protesta contra el Gobierno, que se solemnizó con otra reunión conjunta el 16 de marzo. Sus emisarios contactaron con la Casa del Pueblo de Madrid para extender la huelga entre los obreros de la UGT y la CNT[710].

A río revuelto, las sociedades ugetistas se reunieron de inmediato y, presididas por Manuel Cordero, acordaron apoyar a las juntas civiles de defensa. La huelga debía durar hasta que se disolvieran las juntas del Ejército, se derogara el decreto de reformas militares y se exigiera, por cada una de sus medidas, la responsabilidad penal al Gobierno y, singularmente, al ministro de la Guerra. Los ferroviarios ugetistas amagaban con otra huelga de solidaridad para pelear por la reposición de los suyos. El comité nacional del PSOE, la Agrupación Socialista de Madrid, las casas del pueblo socialista y radical y el Ateneo de Madrid emitieron notas de apoyo a los funcionarios junteros. También recibieron la solidaridad de grupos de ingenieros, abogados, médicos y farmacéuticos, aunque no de sus colegios profesionales, y de colectivos de estudiantes universitarios. Protestaron por los desajustes en las comunicaciones la Cámara de Comercio, la Cámara de la Propiedad Urbana y el Círculo de la Unión Mercantil madrileños, aunque no se decantaron por las juntas. La efervescencia era mayor en Barcelona, donde prestaban servicio los junteros más enardecidos.

El Gobierno, que había previsto levantar la suspensión de las garantías constitucionales tras las elecciones, hubo de mantenerla. Sabía que las juntas civiles contaban con el apoyo moral de su presidente honorario, el coronel Márquez, aunque a esas alturas no podía prestarles más auxilio que el moral. Pero como este no se privó de aconsejar a los funcionarios junteros, en declaraciones públicas, que paralizaran las comunicaciones de toda España, Cierva creyó que Márquez era el inspirador del movimiento[711].

El ministro de la Guerra aceptó el pulso y decidió mostrar que había restablecido la lealtad del Ejército al Gobierno. La tarde del 15 de marzo fue en persona a las centrales de Correos y Telégrafos para convencer a los directivos junteros de que desistieran de la huelga y disolvieran sus organizaciones. A los telegrafistas les ofreció suprimir la sobrecarga de trabajo por los telegramas de prensa, los diferidos, los de madrugada y todos los de la tasa económica. No hubo acuerdo. Entonces, Cierva ordenó, el 17 y el 18 de marzo, disolver ambos cuerpos, declaró cesantes a los cabecillas de la huelga y separó del servicio, sin sueldo, a todos los que se negaron a firmar el compromiso antijuntero. Dispuso que cualquier acto de oposición al personal militar que administraba los servicios o al personal civil que deseara trabajar se consideraría resistencia a la fuerza armada y sería juzgada conforme al código de justicia militar. Con esas medidas, Cierva pensaba separar a los funcionarios levantiscos de los que se sumaron a la huelga por solidaridad o coacción[712].

La respuesta de las juntas civiles, que obtuvo notable éxito, fue promover el completo abandono de los servicios. Lo hicieron entre insultos al rey, pues habían confiado en que no firmaría el decreto que los disolvía y los despedía. Incluso se adhirieron los telegrafistas de Palacio, mientras en Correos se devolvía a sus emisores la valija dirigida a la Casa Real. Algunos oficiales del Ejército se solidarizaron con los telegrafistas; los carteros hicieron lo propio con los oficinistas de Correos y dejaron el trabajo. A través de los ambulantes de provincias, trataron de extender el paro a toda España. La repercusión fue enorme en Barcelona, donde fueron detenidas por la Policía las juntas de Correos y Telégrafos, pero el seguimiento fue desigual en el resto del país. Cierva sustituyó a los carteros en huelga por soldados, que sacaron adelante, mal que bien, el servicio postal. Sin embargo, los destinados en Telégrafos carecían de experiencia y no pudieron normalizar el servicio. Los telegrafistas que figuraban como reservistas acudieron a las oficinas, pero la mayoría adoptó una postura pasiva e incluso algunos averiaron los aparatos. En este servicio, la huelga se extendió con notable unanimidad a los centros de todo el país[713].

Ante los rumores que mezclaban a los junteros con las organizaciones antimonárquicas, el manifiesto de la junta de Correos se reafirmó en que se trataba de una protesta corporativa. El organismo era «extraño a toda concomitancia con determinados elementos, como con desconocidos fines se afirma» y «no ha mantenido otras relaciones que aquellas legítimas que le aconsejaba su corazón con sus compañeros de Telégrafos», lo que no era cierto. Rechazaba la militarización «sin provocación de nuestra parte; sin causa alguna que lo justifique», pues «nada hemos pedido para nosotros, nada pretendemos más que la dignificación a que nos consideramos acreedores».

La junta de Telégrafos explicaba, a su vez, que habían sido los servicios especiales creados por los directores generales, las «conferencias de prensa y particulares, telegramas diferidos, telegramas comerciales, telegramas de madrugada, servicios todos a precios reducidísimos, siendo esto causa de que el número de transmisiones diarias se haya multiplicado de un modo extraordinario» sin aumentar la dotación de personal o los salarios. «Esta huelga forzada, impuesta por las bayonetas, no reclama ni un céntimo», lo que tampoco era verdad. No explicaban por qué mantenían la protesta cuando Cierva les había ofrecido suprimir los servicios telegráficos que les agobiaban. Al fin y al cabo, de lo que se trataba era de defender la pervivencia de las juntas civiles frente al intento gubernativo de erradicarlas[714].

Sin una obediencia asimilable a la de los cuerpos armados, ni el anestésico de la suspensión de las garantías constitucionales y la censura de prensa, la medida de presionar a los funcionarios para que rompieran sus vínculos con las juntas no funcionó. Cierva ni siquiera reorganizó Correos y Telégrafos, pues había supuesto que bastaría con la amenaza de disolución y cese para que el personal volviera al trabajo. Al no hacerlo, y al encomendar a los militares que encargaran de los servicios, parecía que el ministro nada tenía que ofrecer a los funcionarios que se resistían al juntismo.

El 18 de marzo se rompió la solidaridad dentro del Gobierno. A García Prieto no solo le preocupaba que las medidas de Cierva no tuvieran efectividad inmediata y que la interrupción de las comunicaciones se prolongara. Es que además las juntas de Hacienda, Gobernación y Fomento anunciaron la huelga de brazos caídos —⁠que contaría con el apoyo de los ferroviarios de la UGT— para el 20 de marzo, y ya con la exigencia de que Cierva fuera destituido. En el caso de que la Corona no escuchase a los junteros, no volverían al trabajo hasta que el rey abdicara. «Ya veremos —⁠alegaba un dirigente de la junta de Correos— si las bayonetas pueden sustituir los servicios de toda la población civil de España»[715].

No hay salida

García Prieto y Cierva recibían informes coincidentes. Estos atribuían al coronel Márquez el haber puesto en contacto a los republicanos con las juntas suplentes de Correos y Telégrafos de Barcelona, organizadas para continuar la protesta tras la detención de sus titulares. Los antimonárquicos estaban esperanzados con que, de la paralización de los servicios públicos, surgiera el chispazo, la huelga general, que hiciera prender la revolución. Repetidamente circulaban ciertas consignas que elevaron el nerviosismo, una en forma de telegrama —⁠«Lucha ciudadanos contra esbirros, vencieron primeros. ¡Viva España!»— y otra de carta —⁠«Queridos amigos: el soviet triunfador, abrazaos»—. Tanto El Socialista como el republicano germanófilo España Nueva se erigieron en portavoces oficiosos y animadores de las juntas civiles[716]. Pablo Iglesias llamaba a que la «piltrafa» de Gobierno de García Prieto fuese «barrida… si ella por sí misma no desaparece y sustituida por gobernantes que inmediatamente deshagan la obra loca realizada por el hombre de Mula», en referencia despectiva al distrito electoral de Cierva:

Los trabajadores, las profesiones liberales, la industria, el comercio… deben, bien por medio de reuniones públicas, ya valiéndose de la prensa, protestar contra los mismos y reclamar su caída… Arranquémosles, mediante una viva agitación, de los puestos que nunca debieron ocupar[717].

A alimentar esta guerra de nervios contribuía, ciertamente, la difusión de noticias alarmantes que luego no se confirmaban:

Se dice un día que los embajadores han formulado una reclamación por el entorpecimiento de las comunicaciones, y los embajadores lo desmienten; se asegura que el comercio ha acordado la paralización y el cierre y no es verdad; se afirma que el Colegio de Abogados ha expresado tales o cuales adhesiones, y la junta de gobierno lo rectifica; se publica el acuerdo de la huelga de ferroviarios, y no hay tal acuerdo…[718].

Incluso a Gobernación llegó la noticia de que los funcionarios de Correos y Telégrafos organizarían, con los estudiantes, una manifestación para impedir el acceso de la comitiva regia al Senado, a donde debía acudir Alfonso XIII para inaugurar las sesiones parlamentarias y leer el discurso de la Corona. «La zozobra, la inquietud, el temor a una catástrofe se iba apoderando hasta de los espíritus más ecuánimes —⁠recordaba Burgos y Mazo—. Pocos días más en el horrible pugilato y habríamos llegado a un estado social verdaderamente caótico». «Ya nadie tiene derecho a ignorar que este movimiento es una epidemia… una dolencia social —⁠aducía sobre el juntismo un angustiado ABC—. Palpamos la quiebra de todos los recursos normales; no hay más que dos caminos claros: o la rendición, la entrega de la autoridad… o la batalla decisiva, que no se puede reñir sin recursos excepcionales», esto es, con la «dictadura»[719].

Guerra de nervios en Palacio

Como hemos visto, Alfonso XIII había sostenido a Cierva, pero su ánimo flaqueó con la intervención de la reina madre, que veía la monarquía en peligro por la paralización de los servicios públicos y las señales de inquietud que se percibían en el Cuerpo policial de Seguridad, donde hormigueaba el juntismo desmantelado siete meses atrás. Temía que aquello fuera el prólogo de una revuelta análoga a la huelga revolucionaria de agosto de 1917. María Cristina se había opuesto a que su hijo firmara los decretos disolviendo Correos y Telégrafos, como ella misma se negó a hacer en otro episodio mucho menos grave con los telegrafistas en 1891[720]. Por ello, el rey acabó apoyando a García Prieto cuando este envió al subsecretario de la Presidencia, José Rosado Gil, a parlamentar con las juntas. Tenía instrucciones de negociar las bases que estas aprobaron para suspender la huelga, aunque cualquier cesión llevaría consigo antes su transformación en «juntas de estudio y honor» semejantes a las comisiones informativas del Ejército.

Los jefes de las juntas de Correos, Telégrafos y Hacienda —⁠a la sazón, Pontrémuli, Rocha y Abad⁠— acudieron al domicilio de Rosado y se mostraron dispuestos a reanudar el servicio mientras se negociaba, pero siempre que antes se revocara la disolución de Correos y Telégrafos y se anulara su dependencia del ministerio de la Guerra. También hubo acuerdo en que el Gobierno aceptaría el grueso de las reivindicaciones a cambio de una reconversión de las juntas tomando como referencia el decreto de Bugallal. El Gobierno patrocinaría una ley para mejorar el estatus de los funcionarios públicos, y los empleados de Correos y Telégrafos se comprometían a sacar adelante todo el trabajo retrasado de esos días. Los huelguistas habían triunfado, pero los jefes junteros de Madrid aclararon que su disputa era puramente profesional, no política. No estaban dispuestos a dejarse arrastrar por sus compañeros de Barcelona, mucho más politizados[721].

Mientras avanzaban las negociaciones, el 18 de marzo el rey compareció en el Senado. Su discurso, que se pretendía balsámico, pareció alejado de la realidad en contraste con la situación general del país, especialmente porque exponía el programa de un Gobierno exangüe y sin horizonte. En teoría, era misión del Ejecutivo mantener la neutralidad española y las buenas relaciones con los beligerantes en los mismos términos que el país las venía practicando desde 1914. También debía presentar a la discusión y convalidación del Parlamento la reforma militar y una «amplia amnistía» que restableciera la «paz interior». Además, se le encomendaba un plan económico y de obra pública que debía ampliar la red ferroviaria y las instalaciones sanitarias y escolares, así como estimular el tráfico marítimo y la producción de alimentos y carbón para combatir la carestía. Dicho plan se financiaría con un aumento de los impuestos: reaparecían el gravamen sobre los «beneficios extraordinarios» de la guerra y se iría a la progresiva implantación de un impuesto general sobre la renta y el «capital improductivo», con exención de un mínimo indispensable para la vida. Se prometía dotar a las haciendas locales de recursos propios con los que desenvolver sus competencias y se reformaría la ley para agilizar la expropiación por utilidad pública y reforzar el control sobre las concesiones administrativas para que, «impulsando su explotación, las haga servir a su fin de interés general y público», en inequívoca referencia al sector ferroviario. A los funcionarios se les prometía, «dentro de la imprescindible relación jerárquica», que sentirían «la mejora justificada de su situación»[722].

Las cámaras volvieron a elegir a los mismos presidentes que ya tuvieron en las anteriores Cortes: Miguel Villanueva para el Congreso y Alejandro Groizard para el Senado. Pese a que en la primera cámara los conservadores eran la minoría más importante, Dato confirmó que su partido permanecería en la oposición y no presentaría candidato. Romanones aspiraba a hacerse con la Presidencia del Congreso de acuerdo con García Prieto, pero renunció al conocer que los demócratas no le votarían porque se había opuesto al decreto de la reforma militar.

El estupor recorrió los escaños cuando, el 19 de marzo, y en medio de la constitución de las cámaras, se levantó el ministro Alcalá-Zamora para anunciar a los parlamentarios que ya no había Gobierno. Villanueva y Groizard suspendieron las sesiones sin atender a los requerimientos de los reformistas y los catalanistas, que, ante el vacío de poder, pedían que las Cortes se declararan en «Asamblea parlamentaria» y comenzaran sus deliberaciones sin terminar de constituirse y sin esperar al nuevo Ejecutivo[723].

El naufragio del Gobierno se produjo cuando, ese mismo día, Cierva se enteró de las negociaciones reservadas de Rosado con las juntas civiles. A su malestar por una muestra de desconfianza tan explícita por parte de García Prieto, se unía su desmoralización por las críticas de la prensa, incluida la conservadora, sobre la ineficacia de sus medidas antijunteras, que los periódicos de izquierdas calificaban de «maneras dictatoriales». Cierva anunció su dimisión y García Prieto acudió al ministerio de la Guerra para tratar de evitarla. El subsecretario Rosado dimitió para disociar al presidente de sus gestiones con los junteros, pero Cierva mantuvo su renuncia y con él se marchó Álvarez de Toledo, que el 20 de marzo criticó la negociación, pues creía que los huelguistas estaban ya muy debilitados.

De algún modo, los soldados habían comenzado a desatascar el reparto de correspondencia y los despachos telegráficos, mientras que la disolución de los cuerpos de Correos y Telégrafos y la suspensión de sueldo inquietaban a una parte creciente de los funcionarios. Aun así, cada vez era más ostensible y tensa la contraposición entre los funcionarios civiles y los mandos militares. Los junteros de Hacienda, Correos y Telégrafos estaban indignados con el exclusivismo de los oficiales, a quienes antes habían creído sus protectores.

Todos estos factores, junto con la necesidad de sortear la huelga general e indefinida de la función pública, impulsaron a García Prieto a defender, en el Consejo de Ministros de la sobremesa del 19 de marzo, la negociación con los junteros. Leyó el compromiso de los presidentes de las juntas acerca de readecuar sus organizaciones para hacerlas compatibles con la disciplina, si se concedía el crédito a Telégrafos y desaparecía la militarización. Cierva se opuso porque, al haberse publicitado la negociación, parecía no una concesión, sino la rendición del Gobierno, por lo que anunció su dimisión irrevocable. García Prieto le advirtió de que con él se iría todo el Gobierno, y cuando Cierva parecía ceder a cambio de que los junteros presentaran sus reivindicaciones como una petición sobre la que el Ejecutivo aún debía resolver, Gimeno insistió en que el conflicto no debía prolongarse y que los ministros no podían presentarse ante las Cortes con las manos vacías. O se asumía el acuerdo con las juntas civiles como una propuesta ya cerrada o él dimitiría. Ante la postura irreductible de ambos ministros, García Prieto negó a la prensa la conciliación con los junteros y marchó a Palacio para presentar la dimisión del Gobierno[724].

Abdicación y dictadura

Alfonso XIII volvía a quedarse sin ministros en uno de los momentos más críticos de su reinado. Por consejo de los presidentes de las cámaras, el rey hizo un último e infructuoso intento de reconciliar a García Prieto con Cierva. El primero quería que Cierva saliera de Guerra y el segundo se negó a desempeñar otra cartera que no fuera esta y aconsejó al rey que llamara a Maura.

Convencido de que su Gobierno no daba más de sí, el monarca inició otra ronda de consultas para formar uno nuevo. Empezó por Dato, que le aconsejó que continuara García Prieto o cualquier otro político que pudiera recabar una mayoría en las Cortes, porque los conservadores estaban en la oposición. Tampoco ofrecieron mejor orientación Romanones y Alba. El primero, en otro de sus virajes espectaculares, anunció el fin de las concentraciones: «Nada de conglomerados políticos, ante todo, homogeneidad. La realidad nos acaba de demostrar la ineficacia de las amalgamas políticas. No apoyaré ningún Gabinete de concentración». Por el contrario, Cambó insistió en ese Gobierno de concentración, según la fórmula asamblearia[725].

La dictadura militar en ciernes

Con la dimisión del Gobierno, las juntas militares volvieron a bullir, preocupadas ahora por el destino de la reforma del Ejército y por el caos en la Administración pública. A él coadyuvaba la junta de Hacienda que, el 20 de marzo, decretó la huelga de brazos caídos. Los funcionarios comenzaron por no tramitar las nóminas de salarios y pensiones del Estado, así como los ingresos por arriendos y contribuciones, lo que supuso un grave perjuicio para el fisco. El día 21 se incorporaron al paro los funcionarios de Fomento e Instrucción Pública, y en la central de Correos se prendió fuego a los buzones.

Como no se podía estar sin Gobierno, Alfonso XIII llamó a Cierva para convencerle de que, dada la composición de las Cortes, debía integrarse en una concentración de izquierdas presidida por Alba, al menos hasta que se aprobaran las reformas militares. Pero el político conservador se negó. El rey entonces recurrió a Maura, que, aleccionado por la gravedad de la situación, accedió al encargo de formar Gobierno, pero con la intención de presidir una concentración homogénea y exclusivamente de derechas. Cierva se sentía exultante: «Tan seguro estaba de que don Antonio no transigiría con los funcionarios en huelga que dije a los que me acompañaban: Creo que seguiré en Guerra»[726].

Su decepción fue mayúscula cuando Maura requirió su colaboración, pero en un ministerio distinto. De ese modo anunciaba que su Gobierno no toleraría el veto de las juntas civiles a Cierva, pero también que iría a la conciliación con ellas antes de que fuera demasiado tarde. El ministro de la Guerra entendía el cambio de cartera como ofrecer su cabeza a los junteros: «Guerra o nada», le espetó a Maura.

El resto de los dirigentes políticos con los que el viejo expresidente deseaba contar para su Gobierno quería levantar la militarización de los servicios. Cambó volvió a negarse a colaborar con Maura después de que ambos constataran su desacuerdo en la cuestión regional, pues el segundo condicionaba cualquier delegación a la Mancomunidad al abandono de la permanente reivindicación nacionalista. Cambó exigió también que Cierva no figurara en el futuro Gobierno, pues «las consecuencias de su labor provocarían la revolución antes de ocho días». Maura tampoco convenció a González-Besada, quien, con frialdad, le recordó sus constantes desprecios al Partido Liberal-Conservador. Entonces, el expresidente pensó ampliar su Gobierno a los liberales, para lo cual volvió a reunirse con Cierva para que se replanteara su exigencia de continuar en Guerra. Este no cedió, pero, decepcionado, dio por hecha su salida del ministerio. Maura marchó a Palacio a devolver los poderes[727].

El temor a una dictadura militar se hizo visible cuando los presidentes de las juntas de las distintas armas y cuerpos se reunieron el 21 de marzo. Oficialmente lo hacían para firmar la disolución de sus organizaciones y constituir una junta central que, en consonancia con el acuerdo al que habían llegado con Cierva, debía constituirse en intermediario entre el Ministerio de la Guerra y los militares. Pero la junta de Infantería de Madrid planteó que, ante el vacío de poder, el Ejército debía patrocinar o bien un Gobierno de coroneles presidido por Cierva o bien, si el ministro se negaba, otro exclusivo de los militares, del que aquella junta central podría ser el núcleo principal.

Se pensaba ofrecer la presidencia de este Ejecutivo militar al general Weyler, que, con el estado de sitio, restauraría la disciplina entre los funcionarios. El nuevo Gobierno funcionaría con el Parlamento cerrado, al estilo del de Joao Franco en Portugal entre 1907 y 1908. Las izquierdas ya comparaban a Cierva con ese político que, con los plenos poderes, no había podido refundar la monarquía constitucional ni evitar el asesinato, a manos de unos republicanos, de Carlos I, el penúltimo rey luso. El embajador de Portugal daba por hecha la dictadura de Cierva, que consideraba el prolegómeno de una revolución republicana sostenida por los militares levantiscos, como había ocurrido en su país en 1910[728].

Los junteros expusieron su plan al capitán general Ochando para obtener su apoyo. Este, sin comprometerse y sin medios para oponerse, pidió de plazo hasta la medianoche del 21 al 22 de marzo para ver en qué sentido se resolvía la crisis. Acto seguido, visitó a Maura para pedirle que se hiciera cargo del poder porque era el único que podía evitar el desbordamiento juntista[729]. La Correspondencia Militar advirtió veladamente que el Ejército unido, «como jamás lo estuvieron», impediría por todos los medios que se restaurara el turno de partidos que, para el periódico, seguían personificando Dato y Romanones:

Desde el día en que se formó el primer Gobierno de concentración que presidió el señor marqués de Alhucemas, se inició una vasta intriga, un poderoso complot de amplias ramificaciones políticas, que ha tenido y tiene por objeto anular, destruir, pulverizar materialmente cuanto ponga en peligro el predominio de las antiguas oligarquías y organizaciones políticas… El juego está bien claro. Se quiere cerrar el periodo de vida nacional que se abrió el 1 de junio último[730].

Así las cosas, todo el mundo interpretó la llegada de Cierva a Palacio como un posible encargo de formar ese Gobierno. En realidad, Alfonso XIII quería informarse «sobre la situación del Ejército» y convencer al ministro para que permaneciera en el futuro Ejecutivo cambiando de cartera. Sin embargo, Cierva le anunció que no lo haría y que, en cambio, se marcharía a Murcia para disipar los rumores «dictatoriales». Hecha pública su marcha, fue homenajeado en el ministerio de la Guerra y despedido por una imponente manifestación de militares en el andén de la estación de tren. Mientras tanto, el rey volvió a llamar a Villanueva, que, ante el gravísimo bloqueo, le aconsejó otro Gobierno de concentración. Tras él, Romanones rogó al monarca que resolviera «rápidamente, rapidísimamente» la crisis, «porque cada día que pasa aumentan las dificultades y empeora, por tanto, la situación».

El rey volvió a recurrir a Dato, a quien pidió que formara un Gobierno de concentración conservadora. El expresidente se mostró dispuesto, pero alegó que su plan pasaba por reconstruir la alternancia entre los dos grandes partidos y eso requería ineludiblemente disolver un Parlamento que «no ha sido aún oído». Identificado con los planes de su jefe, González-Besada tampoco aceptó formar Gobierno.

La «renovación» había dejado a Alfonso XIII sin salida constitucional y sin poder constituir Gobierno alguno, ni liberal ni conservador, ni de partido ni de coalición. La dictadura parecía inevitable, no tanto como un cambio de régimen, sino como un Gobierno de excepción y con plenos poderes que funcionaría, por un tiempo indefinido, con las Cortes cerradas. La prensa coincidía en que «el temor y el desconcierto generales alcanzan un punto de máxima angustia» y «cualquier catástrofe es posible»[731].

La noche trágica

Para evitar esa eventualidad, el rey pensó de nuevo en Maura, cuyo prestigio aún se mantenía intacto entre los junteros. El problema era asegurar al expresidente los apoyos parlamentarios necesarios, ya que no gobernaba desde 1909 y solo 30 diputados le reconocían como jefe. Romanones sugirió al rey que siguiera el consejo de Cambó respecto a formar un Gobierno de concentración, pero debía conseguir el compromiso de todos los jefes de partido para sostener ese Ejecutivo entrando ellos mismos como ministros.

Alfonso XIII resolvió intervenir él directamente y componer el Gabinete. Maura retornó a Palacio para entrevistarse a solas con el rey. A las diez de la noche del 21 de marzo volvió a convocarle, pero con Dato, García Prieto y Romanones, a los que reunió en su despacho en calidad de expresidentes. No se recordaban precedentes de una consulta colectiva, lo que desató la expectación en todos los corrillos políticos y periodísticos.

En la reunión, Alfonso XIII apeló a los cuatro para que ignoraran sus diferencias y formaran un Gobierno conjunto: «Les mostró la situación, les hizo ver qué significaba aquella crisis, en qué momento del mundo se producía, frente a qué problemas, con qué realidad parlamentaria de unas Cortes en que ninguno por sí tendría mayoría»: «No he podido conseguir que los hombres políticos encuentren una solución para satisfacer al pueblo español —⁠adujo el monarca⁠—. Pues bien: crean ustedes que yo no soy un obstáculo». Si no encontraban la solución, «las primeras horas de mañana me cogerán fuera de la frontera», porque un rey al que todos los políticos monárquicos le negaban su colaboración ya no tenía nada que hacer en su país. No quería resistir porque no deseaba que «llegásemos en España a una situación como la que tiene sumida en la ruina a Rusia»[732].

Ante la amenaza cierta de que el vacío de poder acarreara el fin de la monarquía constitucional, los cuatro expresidentes se pusieron a disposición de Alfonso XIII para «salvar la nave del Estado en inminente peligro de naufragio»[733]. Maura explicó su fracaso en la última crisis, la dificultad que tendría para gobernar con las Cortes recién inauguradas, pero también los inconvenientes de su pronta disolución. Romanones indicó que la única fórmula de hacerlas gobernables era un «Gobierno nacional» de la máxima autoridad, formado por los dirigentes de los partidos más importantes. García Prieto expresó su coincidencia con Romanones. Dato se mostró conforme con ese Ejecutivo si lo lideraba Maura; los conservadores lo apoyarían en el Parlamento, pero no deseaban carteras ni comprometerse en tareas de gobierno.

Maura y Romanones no aceptaron esa fórmula. Si Dato no entraba, no habría Gobierno. Romanones bloqueó la petición del jefe conservador de tomarse una noche y consultar a sus correligionarios. Tras una apelación del rey, Dato finalmente aceptó participar. Todos propusieron que también se llamara a Alba y a Cambó para que comprometieran a sus respectivos partidos en aquella concentración.

El mismo rey hizo el reparto de carteras: Maura lo lideraría, en atención a que era el expresidente más antiguo; Dato fue a la cartera de Estado, al encarnar mejor que nadie la política de neutralidad española en la Gran Guerra; García Prieto iría a Gobernación, por liderar el partido que mayores apoyos parlamentarios podía recabar y para que pudiera dar cuenta ante las Cortes de las pasadas elecciones; Romanones se encargaría de Gracia y Justicia; Alba de Instrucción Pública y Cambó de Fomento.

En atención a que los conservadores y los demócratas representaban los dos partidos más importantes, se les otorgó el resto de carteras. Dato se comprometió a gestionar la inclusión de González-Besada en Hacienda y del general José Marina en Guerra, que era un enlace apropiado con las juntas, mientras García Prieto cubriría la cartera de Marina con el general Pidal. Los jefes de los partidos no ocultaron que el nuevo Gobierno era un sacrificio «en interés de la patria y del rey». Y no era mera retórica. Alfonso XIII reconoció a los suyos que tenía «hecho el equipaje para marcharme de España [por] si continuaban desacatándome todos los hombres políticos»[734].

Pero el sacrificio no era equitativo. Maura salía de su ostracismo político para presidir a sus adversarios de ayer; lograba aparecer como el político nacional de referencia y su figura se agigantaba respecto de los otros jefes de partido. A cambio, hubo de salvar la contradicción de liderar un Gobierno que concentraba a la elite política de un sistema que llevaba ocho años descalificando: «Me requisan ahora para que los presida a todos —⁠le comunicó con escepticismo a su hijo Gabriel⁠—. Vamos a ver cuánto dura esta monserga». García Prieto obtenía la cartera de mayor prestancia tras el presidente, una salida más que airosa tras el naufragio del Gobierno anterior. Romanones volvía al poder tras el varapalo electoral y cuando su figura parecía amortizada. Además, mantenía su estatus de jefe de partido y ello le daba opciones, que parecía haber perdido ya, de liderar un Gobierno de la izquierda constitucional. Alba y Cambó acrecentaban sus figuras al considerárseles de igual peso a los expresidentes del Gobierno. Cambó adquiría una plataforma de poder que, tras el fracaso electoral de 1918, acrecentaría la influencia de la Lliga en Cataluña, aunque la inteligencia británica se preguntaba cómo sería posible su colaboración con los demás jefes de los partidos constitucionales si había sido «cabeza del Parlamento inconstitucional de Barcelona» y «estrecho aliado de las rebeldes juntas de oficiales»[735].

Los grandes perdedores eran Dato y su partido. No ya por lo arduo de las tareas en Estado, Hacienda y Guerra —⁠la neutralidad, los presupuestos y las reformas militares⁠—, sino porque la intervención del rey les había obligado a romper su estrategia de no colaborar en Gobiernos heterogéneos, que anulaban a los grandes partidos e impedían recuperar la dinámica bipartidista de la que eran firmes defensores. Esto era aún más doloroso después de que Dato hubiera logrado, tras perder el poder en octubre de 1917, mantener a su partido fuerte y cohesionado, como había mostrado su victoria electoral desde la oposición.

Dicha circunstancia, junto con el rapidísimo desgaste del Gobierno de la «renovación», había disipado entre los partidarios de Dato la desmoralización tras el pronunciamiento juntero que les derribó cinco meses atrás. La mala experiencia de la concentración de noviembre de 1917 a marzo de 1918 había creado entre los conservadores la expectativa de que los Gobiernos de grupo quedarían pronto arrumbados y que, al ser ellos el primer partido de España, les tocaría reanudar el turno desde el poder. El mismo Dato aclaró que no renunciaba a sus convicciones y anunció a los periodistas que su participación en el Gobierno era personal y que su partido no figuraba en realidad integrado en él. Solo los colaboradores directos de los nuevos ministros conservadores aceptarían cargos, pero nadie más.

Maura anunció que el Gobierno se constituía para cuatro fines concretos: aprobar las reformas militares y la amnistía —⁠planes heredados del Gobierno anterior⁠—, reformar los reglamentos de las cámaras y aprobar unos presupuestos. Aunque las cuatro medidas tenían relevancia, se trataba de un programa parco para una fórmula de Gobierno nacional del que podría haberse obtenido alguna que otra reforma de calado, aprovechando la tregua que los partidos se daban entre sí. Incluso con esa limitación, supuso un bálsamo para la opinión pública. Los periodistas y los curiosos que se arremolinaban en torno a las pizarras donde se anunciaba el nuevo Ejecutivo prorrumpían en vítores a este y a España.

«La noche trágica» se bautizó a esas últimas horas del 21 de marzo, pues sin salidas políticas, planeaba ya como inevitable una solución dictatorial de la que España se libró in extremis. Era explicable el alivio y la satisfacción con la que el nuevo Gobierno fue recibido. Al día siguiente, el rey volvió a ser vitoreado por las calles de Madrid y el Gobierno aprobaba, la tarde de ese día 22, la derogación de todas las medidas impulsadas por Cierva contra las juntas civiles, que depusieron su actitud y reanudaron el trabajo. Una manifestación se formó en la puerta del Centro Telegráfico para aclamar a los junteros, y luego se dirigió a Palacio para hacer lo propio con el rey, que hubo de salir a saludar al balcón[736].

Aquella solución gubernativa era, como transmitió la inteligencia británica, «una gran prueba del valor de la monarquía como institución» para resolver aquella profunda crisis, pues ninguna solución habría podido venir de los partidos y sus líderes. Sin embargo, la actitud de estos, favorable a abandonar sus diferencias, también mostraba la «extrema gravedad de la situación» y el «patriotismo» de los políticos monárquicos[737]. Esos parabienes ocultaban que el sistema de la Restauración, el Gobierno constitucional tal y como había venido funcionando desde los tiempos de Cánovas y Sagasta, había quebrado definitivamente. Y no porque su redefinición eficiente fuera una quimera, sino porque la evolución de los acontecimientos lo harían en adelante imposible.

La revolución de 1917 destruyó el concierto entre los partidos para alternarse en el poder, remató su falta de cohesión interna al intensificar su fraccionamiento e hizo imposibles los Gobiernos homogéneos, sostenidos sobre mayorías parlamentarias coherentes. Otras juntas, las de los funcionarios civiles, así como la amenaza de una dictadura, obligaron al rey a intervenir en mayor grado para hacer viable la gobernabilidad. Alfonso XIII ya no pudo dejar de asumir ese papel hasta el final de su reinado. Las resoluciones de la Corona se confundieron con las decisiones personales del rey y, sometidas a la crítica pública, deterioraron la institución como suprema instancia arbitral.

El fin del turno en un contexto de creciente injerencia de los militares en la política condujo a España a una crisis que desembocaría, frustrados los intentos de reequilibrio, en la dictadura de 1923 y, con ella, en el fin de la monarquía constitucional y de la España liberal. Con genial intuición, el literato Ramón Pérez de Ayala percibió el flamante «Gobierno nacional» solo como una tregua: «Continuará el desorden cortado aquí y acullá por breves intersticios de sosiego. ¡Dios sabe qué desdichados acontecimientos nos reserva el mañana!»[738].

Conclusión

La revolución que frustró la democracia

La revolución de 1917 no supuso la ruptura democrática con un régimen oligárquico y pseudoconstitucional. En realidad, fue una tentativa de movimientos políticos anclados en la vieja práctica revolucionaria del siglo XIX para derribar una monarquía liberal, parlamentaria e inmersa ya en un proceso de democratización asimilable a sus homólogas europeas.

A juzgar por los compromisos programáticos y su actuación entre 1916 y 1918, los revolucionarios pretendían una república federativa que otorgara un estatus especial a una Cataluña regida por la Lliga, que se constituiría en un Estado asociado al español. Dados los antecedentes, el poder central de esa república habría estado bajo la tutela de las juntas militares y habría sido gobernado en exclusiva por los diversos grupos en los que se había descompuesto el Partido Republicano español durante la primera década del siglo XX. A ellos se habría acoplado el Partido Socialista Obrero Español, a cambio de las palancas de poder y la influencia suficiente para bloquear cualquier tentativa de una república conservadora y de mantener las vías abiertas que le permitieran abolir el «capitalismo» y establecer su propio monopolio político.

No obstante, el declive del republicanismo español en 1917 y el mayor peso de los movimientos sindicalistas y nacionalistas no solo habrían impedido consolidar una república como la francesa, sino incluso como la portuguesa de 1910. En España, el poder público salido de la revolución habría quedado fuertemente condicionado por los nuevos poderes regionales y por dos organizaciones, la UGT y la CNT, para las cuales el nuevo régimen únicamente significaba una estación de tránsito a sus respectivos modelos de sociedad. Por ello, ambas organizaciones obreras habrían tratado de rentabilizar una situación más ventajosa que la que tenían con la monarquía constitucional para erigirse en estados dentro del Estado y en rectores de la vida económica.

En definitiva, la alianza revolucionaria de 1917 se componía de movimientos con intereses tan contrapuestos, de fuerzas unidas por coincidencias ante todo negativas, que la caída de la monarquía liberal no habría cancelado la dureza de las luchas políticas. Además, el triunfo de una ruptura por medios extralegales habría estimulado a los miembros de la coalición vencedora a no abandonar una estrategia revolucionaria rentable y a aprovechar la circunstancia de un Ejército politizado y con su disciplina relajada.

Estas metas dejaban entrever que el triunfo de la revolución de 1917 habría anticipado una república como la de 1931, cuando no un remedo de la de 1873, con las mismas complicaciones que condujeron a sus desembocaduras autoritarias. Esas complicaciones se verían incrementadas por el factor internacional, pues un efecto inmediato del cambio de régimen habría sido la ruptura de España con los Imperios centrales y la subsiguiente entrada en la Gran Guerra al lado de la Entente, que promovían toda la izquierda republicana y el PSOE. Solo si el anarcosindicalismo hubiera salido de la revolución mucho más reforzado que el socialismo, o si los oficiales neutralistas hubieran amenazado con un plante como el de abril de 1917, el Gobierno republicano habría cancelado esa participación bélica. Pero el ejemplo luso muestra que presiones de ese tipo se podían sortear. Si España finalmente hubiera entrado en el conflicto, las consecuencias de su participación pueden deducirse de lo ocurrido en Italia y, sobre todo, en Portugal. Las dificultades del año 1918 y del inmediato periodo de la posguerra habrían sido mayores de las que sufrió la monarquía constitucional con una España neutral, y también habrían impedido la consolidación de ese nuevo régimen.

Pese al ataque directo a la monarquía constitucional, la Corona tal vez habría podido sobrevivir, al menos en una primera etapa, si la Lliga y los reformistas de Melquíades Álvarez hubieran mantenido el control del proceso revolucionario. Ambos partidos usaron la república federativa como un espantajo para intimidar al rey y obligarle a romper en su beneficio el turno de los partidos Liberal y Conservador. Los nacionalistas habrían tolerado a Alfonso XIII si este hubiera aceptado convertir a España en una monarquía compuesta que consagrara a Cataluña como un Estado asociado, regido al margen de las instituciones nacionales. Los reformistas pactaron con los republicanos y los socialistas no apoyar la continuidad de la monarquía si la revolución abría un proceso constituyente, aunque los primeros se habrían conformado con un revival del asambleísmo monárquico de principios del siglo XIX, con cámaras no limitadas por ningún otro poder y controladas en adelante por mayorías criptorrepublicanas. Estas nuevas mayorías habrían salido de unas elecciones dirigidas por un Gobierno reformista, nombrado previamente por Alfonso XIII. En adelante, el rey tendría que seleccionar a sus futuros Ejecutivos dentro de la coalición revolucionaria, al modo de un Amadeo de Saboya. Cualquier tentativa por parte de la Corona de volver a la «vieja política» se las habría visto con una proclamación parlamentaria de la república, en un proceso similar al de 1873.

Ambas operaciones, la nacionalista y la reformista, eran compatibles y tenían mayores probabilidades de obtener el apoyo de las juntas militares, el factor revolucionario clave desde junio de 1917. Solo estas juntas podían decantar la situación a favor de una ruptura. Pero, aunque sus dirigentes se habían convencido de la necesidad de destruir el turno de partidos y desconfiaban profundamente de Alfonso XIII, la mayoría de ellos no eran antimonárquicos. Las cuatro décadas de estrecha relación entre la monarquía y el Ejército habían anudado vínculos que los militares aún no estaban listos para romper. Todavía pesaba la asociación entre la república y el caos de 1873, y los junteros desconfiaban de que la furibunda aliadofilia de los republicanos y los socialistas llevara a España a la guerra.

Estas razones explican que la única iniciativa política «constructiva» de las juntas fuera patrocinar a Antonio Maura como su referente, pues la mayoría de los oficiales adheridos al movimiento se identificaban con su regeneracionismo neutralista y de derechas. Pero el viejo expresidente se negó a aceptar el poder de manos de los junteros, con lo que estos quedaron huérfanos, sin un político que oponer al turnismo. Lerroux apenas suscitaba adhesión fuera de los pocos oficiales republicanos y solo Cambó y Melquíades Álvarez podían atraer a las juntas al frente revolucionario. Esto explica que el primero envolviera su pretensión de un Estado catalán dentro de un proyecto que remodelara territorialmente España y que el segundo presionara para no incluir la abolición de la Corona en el proyecto de reforma constitucional de la asamblea de parlamentarios. Con esas garantías, el presidente de la Junta Superior de Infantería, el coronel Márquez, jugó a fondo la carta nacionalista y reformista. La alianza duraría hasta diciembre de 1917, cuando los junteros más monárquicos y conservadores encontraron en Juan de la Cierva un sucedáneo de Maura y abandonaron a Márquez, Cambó y Álvarez. Sin embargo, cuando Cierva cayó en marzo de 1918, los junteros ya solo se abonaron a una dictadura militar para evitar que retornara el turno entre liberales y conservadores.

Las disparidades tácticas entre obreristas, republicanos, nacionalistas y junteros no deben llevar al error clásico de concluir que, entre 1917 y 1918, hubo tres revoluciones distintas. Solo se produjo un proceso revolucionario con diferentes protagonistas, pero que alcanzaron la suficiente cohesión como para poner en marcha una acción común. Y aunque fracasaron en sus objetivos finales, sí lograron destruir las convenciones constitucionales vigentes.

El pacto entre la UGT y la CNT para derribar la monarquía constitucional por medio de una huelga revolucionaria incorporó a los republicanos y a los reformistas cuando, en junio de 1917, todos acordaron que el nuevo sistema sería una «república burguesa» que los segundos administrarían en beneficio de los primeros. Como la Corona no se decidió a patrocinar un Gobierno que reconociera la «nacionalidad catalana», la Lliga también se incorporó a ese frente y puso a su disposición las instituciones que controlaba, la Mancomunidad de Cataluña y el Ayuntamiento y la Diputación de Barcelona, que se desligaron del Gobierno central y estuvieron dispuestos a sostener un poder rebelde. Pero la Lliga subordinaba los objetivos revolucionarios generales a la consecución de un Estado propio, con monarquía o con república. Esa coalición esperaba obtener su fuerza de las juntas y, dada la buena disposición del coronel Márquez en el verano de 1917, la unidad de acción no parecía una quimera. Si la asamblea de parlamentarios de julio hubiera obtenido algún respaldo de Maura, las juntas la habrían reconocido como el poder legítimo y habrían obligado al rey a prescindir de Dato y a abrir un proceso constituyente.

De hecho, esa vía no se agotó tras el 19 de julio. La obstaculizó momentáneamente la decisión de la UGT y de la CNT de no esperar a la confluencia de asambleístas y junteros, e ir a la huelga revolucionaria. Los dirigentes de ambos sindicatos pensaban que la disciplina militar se había quebrantado lo suficiente como para que la monarquía constitucional no pudiera contar con la fuerza pública. Se equivocaron, pero, significativamente, los jefes y oficiales junteros no participaron con sus unidades en las operaciones para sofocar la revuelta. Por el contrario, en esas mismas fechas, Márquez ya preparaba con Cambó la caída del Gobierno Dato.

Por tanto, el fracaso de la huelga insurreccional debilitó a los obreristas y sus socios republicanos, pero en absoluto frenó la revolución, que finalmente cuajó en octubre de 1917, cuando la asamblea de parlamentarios de Madrid se convirtió en la cobertura civil del pronunciamiento que expulsó a los conservadores del poder. Fueron las ambiciones desatadas para capitalizar ese triunfo lo que disgregó definitivamente la coalición revolucionaria. La Lliga explicitó el carácter instrumental de su colaboración: destruido el turno, estaba dispuesta a pactar con la Corona siempre que se desgajara la «autonomía integral» de Cataluña del programa de la asamblea de parlamentarios. Por exigencia de los republicanos y de los socialistas, los reformistas rompieron con Cambó y se negaron a entrar en el primer Gobierno de concentración porque este no hizo una declaración explícita de que convocaría Cortes Constituyentes. Melquíades Álvarez contaba con que Márquez impusiera al rey esta convocatoria por la fuerza, pero el nuevo ministro de la Guerra, Cierva, logró desligar a las juntas del coronel y encauzarlas con concesiones profesionales dentro de la monarquía constitucional.

La ruptura del frente revolucionario permitió la victoria de los partidos monárquicos en las elecciones de 1918, y frustró en las urnas la reforma constitucional asamblearia y federativa. Como sentenció Lerroux, la asamblea de parlamentarios al final se agotó «por falta de firmeza en las convicciones, de lealtad en los compromisos y de decisión en las resoluciones», mientras que en la acción insurreccional «faltó plan, cohesión, confianza mutua y sobró candor esperando concurso de quienes harto hicieron no extremando más la represión»[739].

La revolución de 1917 puso en jaque a una monarquía liberal unitaria y sustentada en la alternancia frecuente en el Gobierno de dos grandes partidos, que sancionaba la confianza tanto de la Corona como de las cámaras legislativas. La forma de gobierno y sus convenciones constitucionales tenían defectos que lastraban el rendimiento de sus instituciones, pero eso no convertía a aquel régimen en pseudoconstitucional y menos aún en antidemocrático.

Los partidos Liberal y Conservador no eran una oligarquía partida en dos que secuestraba a la opinión pública y se repartía un poder que luego legitimaba falseando las elecciones. Ambos encarnaban en la práctica lo que Robert Dahl describió como una poliarquía subcompetitiva que, desde 1875, estaba acentuando progresivamente esos rasgos competitivos característicos de los regímenes democráticos. En otras palabras, conservadores y liberales eran los canales representativos de un sistema político donde ya operaba el sufragio universal y que en 1917 estaba transformándose de forma análoga a otras monarquías europeas en democracias liberales. El sistema evolucionaba lenta pero perceptiblemente, estimulado con reformas legislativas y, sobre todo, con la conversión de los partidos en máquinas que competían por un voto cada vez más movilizado. La competencia era el factor clave para que en España las elecciones no solo sancionaran las alternancias concertadas de antemano, sino para que también decidieran quién gobernaba.

Las victorias electorales alternativas de conservadores y liberales durante la Restauración no las explicaba el fraude, en constante disminución desde 1875, sino el pacto invariable y solidario entre ambas fuerzas. Al alborear 1917 ese pacto seguía vigente, pero los votos respondían cada vez menos a sus previsiones: las mayorías electorales eran más cortas y las minorías de oposición más fuertes y difíciles de batir. Pero la activación del sufragio también mostraba que la primacía electoral de los conservadores y liberales respondía a una realidad positiva, la de integrar a la mayoría de las fuerzas organizadas de España.

Si se estimulaba la competencia por el voto con correctivos mayoritarios en los reglamentos de las cámaras y en sus sistemas electorales, y se mantenían incólumes los cauces constitucionales ya existentes, no había otra alternativa posible que la democracia, tardara más o menos. España contaba con una serie de ventajas comparativas para culminarla: un marco nacional con fronteras sólidas, una tradición constitucional arraigada y unas instituciones legitimadas y consolidadas. Además, se había resguardado con la neutralidad de los peores efectos de la Gran Guerra. Pero lo más relevante era que los liberales y los conservadores españoles compartían que el Estado constitucional y democrático era «el horizonte político necesario de todo país civilizado» y «ninguna otra fórmula de legitimidad» que no fuera el «ideal liberal democrático» tenía atractivo entre ellos[740].

El turno nunca dejó de ser, incluso para sus defensores, una muleta que permitía el Gobierno constitucional en una sociedad de politización incipiente. En realidad, para los conservadores y los liberales el objetivo hacia el que debía tenderse era el de las elecciones a la inglesa; es decir, un sufragio universal capaz de decidir libremente la competición por el poder de dos grandes partidos nacionales dentro de una legalidad común.

Precisamente por ello, el valor de aquella monarquía constitucional no se sustentaba solo en que fuera una democracia in the making, asimilable a ese modelo británico de Gobierno parlamentario implantado también en los reinos de Bélgica, Holanda, Noruega o Italia, sino que sus potencialidades democráticas fueran muy superiores a las de los proyectos de las fuerzas que se congregaron en 1917 para derribarla. La realidad es que esos proyectos alternativos reeditaban fenómenos de exclusivismo de partido y caudillismo militar que la Restauración había tratado de desterrar.

Pero no era solo eso. Los revolucionarios pusieron en cuestión realidades como las libertades civiles, el imperio de la ley, el pluralismo político y la división del poder que, aun con carencias, la monarquía constitucional había consolidado ya. El liberalismo había socializado a los españoles de entonces en un principio que, poco después, iba a perderse durante décadas: que el Gobierno no debía ejercerse sin sujeción a límites reglados y a procedimientos que desterraran la arbitrariedad.

El turno de partidos también había familiarizado a los españoles con otra noción que igualmente se difuminaría: la alternancia pacífica. El mecanismo turnista estaba destinado a desaparecer con la democratización. No obstante, la revolución de 1917 y su secuela electoral de 1918 mostraron que sin que antes se activara competitivamente el sufragio universal era imposible prescindir del turno o de cualquier otro sucedáneo que regulara el acceso al Gobierno de los distintos partidos y objetivara el arbitraje de la Corona. La simple destrucción del turno bipartidista no traía en España la democracia sino, al contrario, inestabilidad, prolongadas crisis de Gobierno, la intervención creciente y discutida del rey, la descomposición de los partidos y, como corolario, la deslegitimación del constitucionalismo y la emergencia renovada del viejo exclusivismo, en forma de dictaduras de partido o militares.

Por otra parte, la monarquía constitucional de entonces era un régimen de libertades que se había alejado de cualquier concomitancia con las viejas monarquías tradicionales. En aquella España liberal, las persistencias políticas del Antiguo Régimen eran escasas, no solo porque la élite política estaba ya desligada de la vieja nobleza, sino porque el régimen constitucional respondía en 1917 a unos valores y a una práctica política diametralmente opuestos a esa otra monarquía que España abandonó definitivamente en 1834. El rey ya no gobernaba ni decidía en última instancia sobre todos los asuntos públicos. Como sus homólogos europeos, influía y arbitraba, y solo se le reservaba una intervención más activa en la diplomacia y en el Ejército. El poder ejecutivo era inasimilable al viejo despotismo ministerial. Se había convertido en responsable ante la Corona y el Parlamento, y los ministros necesitaban la renovación de la confianza de ambas instancias para continuar en ejercicio. Las elecciones no eran un expediente tan simple y exclusivo como las que designaban a los procuradores de las ciudades en la Edad Moderna. Ni siquiera el Senado, supuesto reducto de las oligarquías, se parecía en nada a los antiguos brazos nobiliario y eclesiástico de las Cortes del Antiguo Régimen, cuya presencia era residual.

Ningún obstáculo legal o institucional impedía a las fuerzas revolucionarias de 1917 competir por el sufragio. Los que la práctica electoral había impuesto tradicionalmente se estaban allanando, algo que dependía en buena medida de que se persistiera en la movilización del voto. Sin embargo, estas fuerzas decidieron permanecer confinadas en sus bastiones. En 1918, los nacionalistas mostraron dinamismo en cuatro provincias: Barcelona, Gerona, Lérida y Vizcaya. Los republicanos estaban electoralmente en decadencia, sin que los reformistas o los socialistas crecieran lo suficiente como para absorber el voto que perdían.

Todos estos partidos sustentaban la necesidad de una revolución en las supuestas ansias renovadoras de la opinión pública y de una «voluntad nacional» que era rehén de los partidos del turno. Fomentaron un pronunciamiento militar en octubre de 1917 para obligar al rey a formar un Gobierno de concentración que convocara votaciones sin encasillado. Pero ni las elecciones locales de noviembre de 1917 ni las nacionales de febrero y marzo de 1918 mostraron indicios de ningún hundimiento de los partidos monárquicos. De hecho, ante una coyuntura revolucionaria, el electorado español reaccionó como el de otros países de Europa occidental y septentrional: girando a la derecha.

La abultada victoria conjunta de los conservadores y los liberales fue una sorpresa para sus adversarios, que los creían artificios sostenidos exclusivamente sobre el monopolio de los recursos del poder. Ni los nacionalistas ni los republicanos incrementaron significativamente sus apoyos y no se constituyeron en partidos clave para la gobernabilidad. Al final, estas fuerzas redujeron sus aspiraciones a constituir unas Cortes fragmentadas que acrecentaran su influencia sin obligarles a intensificar la competencia por el voto. Sin embargo, ese resultado incrementó la dosis de ineficacia legislativa y contribuyó decisivamente a deslegitimar al Gobierno parlamentario. Esto sucedería en un momento especialmente crítico para el liberalismo constitucional europeo.

Los resultados electorales de 1918 se explican por la discreta movilización democrática de los partidos contrarios al turno, en términos nacionales inferior a la de los liberales y los conservadores. Ello era reflejo de su escepticismo ideológico tradicional respecto a esa movilización democrática. No solo era el caso de los anarquistas, un agente activo del abstencionismo obrero. Ni los republicanos y los socialistas por la izquierda, ni los nacionalistas y los tradicionalistas por la derecha consideraban que las urnas fueran un requisito para imponer sus programas de máximos. Para ellos, la supuesta bondad y las cualidades «innatas» de sus respectivos proyectos hacían innecesarios el reconocimiento público y el contraste con la realidad a la hora de aplicarlos. De ahí que percibieran cualquier idea de pacto, transacción o alternancia de Gobierno como cesiones al enemigo o mixtificaciones que corrompían los principios.

Del mismo modo, ese mesianismo antidemocrático llevaba a todas esas fuerzas a identificar al «pueblo» y su «voluntad» solo con sus propios seguidores y con la implantación progresiva de su modelo de sociedad. Por eso no se planteaban la democratización como la conquista de mayorías electorales dentro de un régimen liberal y pluralista.

Influidos por lo que ya había ocurrido en el Sexenio revolucionario (1868-1874), o en las Repúblicas francesa o portuguesa, los republicanos siempre pensaron que el sufragio era un momento posterior a la conquista revolucionaria del poder. Cuando se hubieran diluido los partidos monárquicos con la revolución, se podría extraer del cuerpo electoral esa mayoría con la que los republicanos sancionarían su predominio. Pese a su admiración por Francia, los republicanos españoles no plantearon una movilización electoral comparable a la de sus correligionarios galos, quienes derrotaron a los partidarios de la restauración monárquica en 1876 y 1877. Nunca pensaron en la democracia en términos de elecciones libres y competitivas, ni de grandes partidos nacionales que trasladaran a los votantes la decisión sobre quién debía gobernar. La aspiración republicana era constituir una asamblea soberana, «republicanizada» de antemano, a través de unas elecciones que confirmaran un cambio de régimen originado antes en una ruptura. En definitiva, la democracia era la república y esta solo podía ser el gobierno exclusivo de los republicanos.

Si se observa que la Lliga era un partido nacionalista antes que conservador, se entiende mejor su alineamiento instrumental con los republicanos. El exclusivismo de los lligaires no era tan distinto al de aquellos. Querían erigir un Estado propio en el que gobernar en régimen de monopolio, con una legitimación esencialista en virtud de la cual solo los catalanistas representaban verdaderamente a Cataluña. Para Cambó, ese Estado catalán sería, además, la plataforma para regir una España confederal, unida por una Corona común —⁠siempre que Alfonso XIII lo aceptara⁠— y articulada en un Parlamento de mandatarios regionales.

La cuña de los nacionalistas en el programa de la asamblea de parlamentarios corrobora que la revolución de 1917 suponía dar marcha atrás al proceso de construcción de la nación liberal y de una ciudadanía española sustentada sobre unos mismos derechos y deberes, en beneficio de un conjunto premoderno de soberanías territoriales que se relacionarían desigualmente con un debilitado poder central. Cualquier bloqueo en el proceso de construcción de la «nacionalidad catalana» impulsaba a sus promotores a rupturas de carácter independentista, para las que estaban dispuestos a buscar el reconocimiento y la intervención extranjeras, como demostraron los devaneos de los lligaires con varios políticos franceses. Si esta vía no recababa suficientes apoyos, no tenían reparos en coaligarse con otras fuerzas para sustituir a la monarquía constitucional por cualquier otro régimen que pudieran instrumentalizar en beneficio de su proyecto nacionalista. Esto explica que la Lliga estuviera dispuesta, tras su derrota electoral de febrero de 1918, a apoyar una dictadura sustentada en las juntas militares, un anticipo del sostén que otorgaría al pronunciamiento de Primo de Rivera cinco años más tarde.

A diferencia de los anarquistas, los socialistas no rechazaban los procedimientos electorales. Pero el PSOE siempre estuvo supeditado a la UGT y eso significaba que las luchas electorales, a fin de cuentas, un «método burgués», se subordinaban al encuadramiento sindical. Por esta razón, la afiliación a la UGT nunca reforzaba el cupo de votantes del PSOE, que durante la Restauración fue siempre más reducido. De hecho, la prioridad concedida a fortalecer el sindicato, núcleo de la futura sociedad socialista, explica la deriva revolucionaria de sus dirigentes. Acuciados por la pérdida de afiliados ugetistas y el incremento del malestar social con el paro y la inflación, decidieron en 1916 aliarse con la CNT para preparar una huelga revolucionaria, a la que le acoplaron un proyecto de «república burguesa»; esto es, un marco político que les permitiera fortalecerse en mejores condiciones que con la monarquía constitucional. El éxito del paro laboral del 18 de diciembre de 1916, la revolución de febrero-marzo de 1917 en Rusia y el pronunciamiento juntero de junio de ese año sirvieron para convencer a los renuentes dentro de la UGT y del PSOE de que estaban avistando una coyuntura única que debían aprovechar.

Si el socialismo español se embarcó con notoria unanimidad en el movimiento antimonárquico fue porque no pertenecía a la fracción reformista de la Segunda Internacional. Su revolucionarismo no era retórico. Tampoco la UGT era una burocracia sindical —⁠su organización estaba por entonces poco burocratizada⁠— que esperaba pasivamente la autodestrucción del «capitalismo». No eran bolcheviques, pero tampoco renunciaban a adelantar el éxito de su causa con insurrecciones. Los socialistas siempre hicieron gala de su oportunismo revolucionario, de la necesidad de rentabilizar cualquier situación propicia para conquistar posiciones de poder que fortalecieran a la UGT. Esa era la esencia del pablismo y, por eso, se habían mostrado dispuestos a participar en movimientos revolucionarios más reducidos, como los de 1909 y 1911. Su protagonismo en la revolución de 1917 no fue una anomalía ni el resultado de un momento de ofuscación, sino una apuesta firme en una circunstancia que percibieron como la más favorable para avanzar hacia su régimen exclusivo. Para los socialistas, había llegado el momento de orientar la insatisfacción económica hacia la destrucción de una monarquía constitucional desasistida de apoyo militar.

Por supuesto, en la UGT y el PSOE influyó el efecto remolque de una CNT empeñada en la táctica insurreccional y fascinada por la revolución rusa. Pero esa alianza obrerista no calculó bien sus fuerzas ni eligió el mejor momento para recabar la solidaridad de los republicanos, los nacionalistas y los junteros. Una huelga revolucionaria que hubiese coincidido con la asamblea de parlamentarios del 19 de julio de 1917, y que erigiera a dicha asamblea en órgano alternativo de poder frente al Gobierno Dato, habría sido más peligrosa. Las potentes huelgas que tuvieron lugar entre el 19 y el 26 de julio fueron la ocasión perdida para sumar a los republicanos, mejor dispuestos a sublevarse en aquellos días. Otra coyuntura ideal habría sido el mes de octubre de 1917, coincidiendo con el ultimátum de las juntas. La UGT y la CNT incluso podrían haber canalizado en su favor el crudo invierno de 1917-1918, con su desconocida y desesperante estanflación, su oleada de violencia y la eclosión, con alzamiento incluido, de las juntas de suboficiales. Sin embargo, eligieron desencadenarla en agosto, a resultas de las presiones de la CNT y de las federaciones ferroviaria y del metal de la UGT, y cuando parecía remitir la efervescencia revolucionaria por la asamblea de parlamentarios de julio. No buscaron coordinarse con sus aliados republicanos y nacionalistas, sino arrastrarlos. No se aseguraron de que los militares se inhibieran, y ni siquiera la UGT se cercioró de que todos los sindicatos de su federación ferroviaria se implicaran al unísono en la paralización del transporte. El resultado fue la derrota total.

Pero aquel episodio no fue ni una huelga «pacífica» ni un paro de solidaridad. Tampoco fue una «reacción» a supuestas provocaciones del Gobierno Dato para hacerla estallar, un pretexto que los directivos de la UGT y del PSOE solían usar en las huelgas revolucionarias para derivar hacia sus adversarios la responsabilidad propia. La de agosto fue una insurrección que trató de replicar la revolución que cinco meses antes había destronado en Rusia al zar Nicolás II. El movimiento contó con la solidaridad pasiva de las «fuerzas burguesas» de la asamblea de parlamentarios porque se orientaba al derrocamiento del rey, como en la revolución rusa.

Los revolucionarios esperaban que los oficiales junteros no intervinieran en el levantamiento, y que además contarían con el apoyo de una parte de las clases de tropa, como había sucedido en Petrogrado. Sin embargo, no tuvo ni la extensión ni las consecuencias del alzamiento ruso. Los al menos 127 muertos y 349 heridos graves la señalan como la insurrección más violenta del siglo XX hasta la de 1934. La revuelta fue sofocada con prontitud por Eduardo Dato, que, al tanto de su carácter revolucionario, no esperó pasivamente a que se expandiera. La CNT se mostró en Cataluña como un actor subversivo poderoso. La derrota no la hizo cejar en el empeño y, de hecho, los anarcosindicalistas trataron de reactivar la revolución en febrero de 1918 bajo la euforia del éxito bolchevique. Pero esos episodios constataron lo lejos que la suma de la UGT y la CNT estaba aún de representar a esa parte de la población a la que apelaban como «proletariado».

Las revoluciones rusas y sus réplicas continentales no sirvieron solo de modelo a socialistas y anarcosindicalistas. La insurrección que destronó al zar inspiró a todos los partidos antimonárquicos, más incluso que otros posibles modelos, como el portugués de 1910 o el griego de 1916-1917. Este último ejerció fuerte atracción en Cambó, que quiso adjudicarse el papel del cretense Venizelos al asimilar las ligas militares helenas a las juntas de defensa españolas.

No obstante, incluso a los republicanos y a los reformistas España les parecía Rusia: en ambos países había insatisfacción económica y pensaban que la «izquierda burguesa» podía colaborar con los socialistas para iniciar un proceso constituyente como en Petrogrado. La desafección juntera parecía anticipar que el Ejército dejaría caer a Alfonso XIII como hicieron los militares rusos con Nicolás II.

Con todo, ningún revolucionario español conocía Rusia y ninguno pudo evaluar adecuadamente las diferencias existentes entre ambos países. España era un país neutral que no sufría inmensos problemas de desabastecimiento alimenticio o de desempleo, a pesar de que los bloqueos marítimos —⁠especialmente el alemán⁠— complicaron la situación económica a partir de febrero de 1917. España tenía una forma de gobierno constitucional que los liberales de izquierda y derecha defendían, mientras que los liberales rusos repudiaban el sistema político de su país. Las juntas de defensa españolas odiaban el turno de partidos y criticaban la «camarilla militar del rey», pero muy pocos de sus componentes querían derrocar a Alfonso XIII. Ni siquiera el juntismo de los funcionarios civiles llegó a asociar sus demandas profesionales a un cambio de régimen, como sí ocurrió en Rusia.

Pero hubo un fenómeno asimilable: el soviet. Como consecuencia del impacto de las revoluciones rusas, el vocablo comenzó a usarse en Europa para denominar indistintamente a los comités o consejos revolucionarios de «obreros» y «soldados». Con todo, no es posible establecer una equivalencia entre el soviet y el bolchevismo antes de la guerra civil rusa. En 1917, los soviets eran políticamente plurales, con el predominio de los partidos socialistas y la presencia minoritaria de partidos republicanos o liberales de izquierda. Los anarcosindicalistas españoles conocían bien la heterogeneidad de los soviets rusos, hasta el punto de que, en la fase inicial de la revolución, no los consideraban como un organismo «de clase»[741].

De hecho, los llamados «consejos de obreros» eran viejos conocidos de los socialistas. En 1850, Marx ya había teorizado la necesidad de preservarlos para hacer «permanente» la revolución, de modo que los aliados circunstanciales de la «burguesía» no pudieran frenarla o hacerla retroceder, frustrando así la marcha hacia la dictadura del proletariado. Esos consejos de obreros debían avanzar en el cumplimiento de su propio programa articulando gobiernos revolucionarios bajo la forma de comités municipales. Para Marx era ineludible que dichos gobiernos tuvieran su propia fuerza armada al margen del Gobierno legal; de ahí la importancia de que en ellos participaran soldados[742].

Para su levantamiento, en el primer trimestre de 1917, la UGT y la CNT constituyeron una densa red de comités revolucionarios. Esta estructura quedó jerarquizada en comités locales, provinciales y uno central, que convocaba a los directores de los sindicatos y a los delegados regionales, y que estaba abierta a las organizaciones aliadas y a las sociedades no adheridas a la UGT y a la CNT. El manifiesto cenetista del 17 de julio consideraba que esa red no debía disolverse con la «república burguesa», sino que tenía que constituirse en un poder paralelo que a nivel nacional se cohesionaría en una asamblea de «representantes obreros». Los comités debían vigilar la acción del «Gobierno burgués», desde el poder central hasta los locales, y tendrían poder de veto. La asamblea aprobaría en exclusiva cualquier disposición que afectara al «proletariado» y acapararía la fuerza militar, transformada en una «guardia obrera». Por supuesto, el fracaso de la huelga revolucionaria desarticuló toda la red de comités revolucionarios y dejó la asamblea de representantes obreros en un mero proyecto, aunque la CNT trataría de resucitar estas estructuras a principios de 1918.

El soviet «obrero» nunca alcanzó la misma efectividad e influencia que el de los soldados. En la revolución española de 1917, el «soviet» fue asimilado al asambleísmo y a la «comitecracia» de las juntas de Infantería. Los testigos que insistieron en la analogía, unos adictos y otros detractores de ese movimiento, no se equivocaban. Las juntas presentaban las tres características fundamentales del soviet: la primera era que estaban conectadas con un estrato social o profesional dependiente que se consideraba oprimido o marginado; la segunda, que tuvieron un origen o eclosión revolucionarios, y la tercera, que se articularon organizativamente en una «democracia radical», con elección directa de representantes por el colectivo al que el soviet pretendía englobar y ante el cual respondía un comité director que lideraba la acción revolucionaria. Cuando esa acción culminaba, no se autodisolvían, sino que, por el contrario, se institucionalizaban para destruir una estructura de poder previa, centralizada y jerarquizada, y erigir la participación sin restricciones del sujeto revolucionario en la vida pública, ya que en teoría solo esta garantizaba la consolidación de los cambios obtenidos[743].

Que los sujetos revolucionarios fueran militares no debilita la relación. La tópica identificación de los soviets como una organización civil de partidos y sindicatos obreros ignora que fueron los consejos de soldados los que disolvieron la disciplina de las unidades militares de Petrogrado, impulsaron la revolución que derrocó a Nicolás II y formaron parte destacadísima del soviet de la capital rusa. Aunque en España acabaría agrupando a coroneles, tenientes coroneles y comandantes, el juntismo español comenzó siendo un movimiento de capitanes y tenientes, el estrato más bajo del cuerpo de oficiales y el más perjudicado por la inflación, la política de amortización de vacantes y las pruebas de aptitud para los ascensos. A estas quejas profesionales se unieron los rumores de una entrada de España en la Gran Guerra, persistentes desde agosto de 1916 hasta la marejada intervencionista de abril de 1917.

Las juntas, ramificadas en comités y asambleas tanto a nivel local como de región militar, se constituyeron en una organización unificada y piramidal cuando erigieron a la de Barcelona en suprema, que también respondía ante una asamblea nacional del arma. Su compromiso coactivo de adhesión y su reglamento dotado de procedimientos secretos dislocaron la disciplina y la jerarquía castrenses. No representaban a todo el Ejército, ni siquiera a todo el cuerpo de oficiales de Infantería, pero sí a un segmento amplio y muy bien organizado. Por el contrario, sus críticos dentro de la milicia siempre estuvieron muy fragmentados y rara vez mostraron una voluntad colectiva de hacer frente a las juntas. Tras su pronunciamiento del 1 de junio de 1917, las juntas regimentaron a casi todos los jefes y oficiales —⁠de grado o por la fuerza⁠—, permanecieron enroscadas en las Fuerzas Armadas y se erigieron en una instancia de poder alternativa a los Gobiernos. Su modelo inspiró la reorganización de las juntas de otras armas y cuerpos, y también lo imitaron los suboficiales y los funcionarios civiles.

A diferencia de las viejas juntas de los cuerpos facultativos, las de Infantería nacieron como un movimiento sindicalista. Como grupo de presión, estaban dispuestas a emplear todos los medios a su alcance para defender sus intereses profesionales y controlar coactivamente la reforma militar en ciernes. Sin embargo, el pronunciamiento del 1 de junio convirtió a las juntas en un poder independiente que dejó de reconocer como superiores jerárquicos al ministro de la Guerra, al Gobierno constitucional e incluso al rey, al que situaron varias veces al borde de la renuncia entre junio de 1917 y marzo de 1918.

En ese momento las juntas adquirieron carácter revolucionario porque vincularon la regeneración del Ejército con un cambio en el sistema político, incluso poniendo en riesgo a la Corona. Fue en este contexto cuando se erigieron en un verdadero contrapoder que trataba de imponer sus designios a los Gobiernos de García Prieto y Dato, al mismo tiempo que mostraban su desprecio a la «política oficial». En esta cuestión, el enfoque clásico, sindical/corporativo, es insuficiente porque no explica la razón por la que las juntas no se avinieron con los Gobiernos constitucionales cuando estos se dispusieron a satisfacer sus demandas profesionales. Tampoco revela por qué el ultimátum de las juntas al rey en octubre de 1917 exigía un cambio de régimen y omitía cualquier contrapartida corporativa.

La situación de doble poder que las juntas propiciaron entre junio y diciembre de 1917 se explica con la negativa de Maura a liderar un Gobierno «juntero». Si el expresidente conservador hubiera accedido, las juntas habrían demostrado su poder obligando al rey a nombrarlo, lo que implicaba destituir a Dato y acabar con las convenciones constitucionales vigentes. Para los junteros, Dato encarnaba el canto de cisne del odiado «turno» y solo vivió el tiempo que necesitó el coronel Márquez para unificar a los suyos en torno a la asamblea de parlamentarios de Cambó y Álvarez, y a su proyecto de Gobierno de concentración y Cortes Constituyentes. Solo la defección de la Lliga y la habilidad de Cierva para convertirse en el referente civil de las juntas permitieron su reconversión en un movimiento corporativo. Continuó siendo un perturbador grupo de presión, pero se hizo compatible con la monarquía y con cualquier Gobierno que respetara las contraprestaciones profesionales que Cierva les otorgó con las reformas militares de marzo de 1918. A cambio, este político conservador pudo privar a las juntas de su estructura asamblearia y las convirtió en organismos afectos al Ministerio de la Guerra.

La revolución de 1917 puso a la monarquía liberal en el mayor aprieto desde su refundación, también porque una parte de quienes la gobernaron y de sus seguidores, inmersos en una sensación de fin de ciclo, habían perdido la fe en ella. Creían que las viejas reglas de los tiempos de Cánovas y Sagasta no daban más de sí y que el turno ya no procuraba equipos ministeriales compactos o mayorías parlamentarias efectivas.

Sin embargo, esta pérdida de confianza en el liberalismo político, recurrente en las coyunturas de crisis de la democracia, no estaba aún generalizada. Alfonso XIII pudo contar con dos políticos capaces de retener la lealtad del grueso de los monárquicos constitucionales, Dato y García Prieto. Ambos todavía creían en las virtudes del modelo originario de la Restauración, el cual, aun con sus defectos, entendían muy superior a todo lo que se había experimentado antes de 1875, conscientes de que el viejo exclusivismo político y el caudillismo militar retornaban envueltos en la bandera revolucionaria de 1917. Dato y García Prieto se mostraron fieles al bipartidismo a la inglesa y a los Gobiernos homogéneos, y recelaron de los Parlamentos de grupos y de los Ejecutivos de concentración. Solo entraron en ellos para salvar a la monarquía constitucional de su definitivo hundimiento, pero entendiendo que debía retornarse a las convenciones que regulaban la alternancia antes de que se deterioraran irreversiblemente.

Dato y su partido no podían haber afrontado todo lo que se les vino encima desde el 11 de junio al 27 de octubre de 1917 si no hubieran estado firmemente convencidos de la legitimidad del régimen. Su Gobierno estabilizó la peligrosa situación internacional de España, y salvó los graves escollos del juntismo civil, de la asamblea de parlamentarios y de la huelga revolucionaria, pero fracasó en su maniobra de encauzar a las juntas militares, primero, y combatirlas, después. El precio fue la pérdida del poder. Por su parte, García Prieto bloqueó la reforma asambleísta de la Constitución de 1876, reunió las piezas disgregadas de los partidos monárquicos en una coalición electoral más cohesiva de lo esperado y evitó que la plataforma regionalista de Cambó se erigiera, con la alianza republicano-socialista, en la clave de las futuras Cortes.

Al terminante resultado electoral de 1918 se debió que el magma centrista formado por los grupos liberales y conservadores mantuviera su primacía hasta la dictadura de Primo de Rivera. García Prieto también secundó con eficacia a Cierva cuando desarticuló in nuce las peligrosas juntas de suboficiales, y lo sostuvo en los momentos críticos de la batalla que libró con Márquez por el control de las juntas de Infantería. Solo la negligente gestión del juntismo de los funcionarios civiles arruinó la estabilización política que había parecido posible entre la última semana de febrero y la primera de marzo de 1918.

Sin embargo, otros dirigentes monárquicos aprovecharon la revolución de 1917 para ajustar cuentas con un sistema que les había desplazado del poder. Maura perseveró en la descalificación frontal que venía empleando desde 1909, sin concretar otra alternativa que no fuera la de formar Ejecutivos de notables desligados de los partidos o incluso el Gobierno directo de las juntas para que se gastaran. El viejo expresidente nunca dejó de ser monárquico ni liberal, y eso le vedó convertirse en el paladín de los militares rebeldes o liderar, como le pidió insistentemente Cambó, la asamblea de parlamentarios o el Gobierno resultante del pronunciamiento de octubre de 1917. Pero sus declaraciones públicas alentaron las expectativas de quienes pensaban que Maura podía sumarse a operaciones desestabilizadoras, y también la colaboración soterrada de un sector del maurismo con los nacionalistas y los junteros.

Más equívoca aún fue la postura de Romanones, convertido a la política de la «renovación» tras perder la jefatura de su partido. Entre abril y mayo de 1917 entró en tratos con los republicanos, que pretendían convertirlo en la bisagra venizelista para un cambio de régimen. Romanones no se dejó, pero contribuyó decisivamente a la caída de García Prieto en junio, cuando este se disponía a encauzar el problema juntero, y solo para evitar que su rival pudiera hacerse con la jefatura de los liberales. Destruyó su partido y ayudó luego a hacer lo propio con el turno al sumarse a las presiones para evitar que Dato pudiera convocar elecciones y ganar una mayoría, sin perjuicio de achacarle luego en sus memorias la responsabilidad de todo ello al rey. Romanones actuó así porque tenía la expectativa de liderar, de la mano de la asamblea de parlamentarios, un Gobierno de concentración de izquierdas. Igualmente puso palos en las ruedas de Cierva cuando este practicó la única política posible para evitar que las juntas militares se marcharan al campo republicano: la de atraerlas, desactivando su injerencia política a cambio de concesiones profesionales.

Romanones no auxilió a ninguno de los Gobiernos que le sucedieron, cuando la mayoría de las dificultades que alimentaron la revolución se habían generado bajo su mandato, esto es, entre 1915 y 1917. Alentó con sus planes económicos expectativas imposibles de cumplir respecto al paro y la inflación, que suministraron pretextos a la UGT y a la CNT para publicitar que el «régimen» engañaba a los trabajadores para satisfacer los intereses de los acaparadores y especuladores. El cúmulo de suspicacias que llevó al pronunciamiento juntero del 1 de junio de 1917 se debió en gran medida al errático tratamiento del problema por parte de su ministro de la Guerra. Pero Romanones enardeció la protesta de los oficiales al empeñarse en romper relaciones con los Imperios centrales, aun a riesgo de entrar en una guerra donde no se ventilaba el interés de España. Su destemplada dimisión dio alas a los republicanos para acusar al rey y al Gobierno García Prieto de germanófilos, y para difundir en el extranjero que solo con la caída de la monarquía constitucional, Londres y París se garantizarían una España alineada con la Entente.

Tampoco la revelación de la izquierda constitucional, Santiago Alba, actuó como un elemento de estabilización o renovación. Conspiró contra Romanones para sustituirlo como jefe del Partido Liberal con la bandera de su programa económico. Conociendo que García Prieto primaba la alianza con los conservadores, Alba también conspiró contra él para sustituirlo como jefe del Partido Democrático, con un programa que asumiera las reivindicaciones de la asamblea de parlamentarios. De la mano de esta aspiró a presidir el Gobierno de concentración que sucediera al de Dato en julio de 1917, y luego al que debía sustituirlo en octubre de ese año tras el ultimátum juntero al rey. Al no lograr ninguna de sus aspiraciones, Alba se sumó a los que pretendían bloquear el turno y sustituir la política de partidos por la de grupos; quebró la disciplina del Partido Democrático y terminó de diluir a la izquierda constitucional.

Frente al énfasis que suele ponerse en el activismo político del rey para explicar la crisis de la monarquía liberal y la destrucción de sus convenciones constitucionales, lo cierto es que su responsabilidad en el origen y el desarrollo de la revolución de 1917 fue limitada. No obstante, existió. Alfonso XIII se empeñó en abolir totalmente las juntas de Infantería sin conocer bien ni su extensión ni sus apoyos. Quizá viera mejor que el ministro Luque, en febrero de 1917, la necesidad de transigir y reconvertirlas en algo parecido a las lánguidas juntas de Artillería, en lugar de optar por disolver de un golpe todas las de las armas y cuerpos. Sin embargo, apoyó a Aguilera en su intento de zanjar el problema castigando la desobediencia de los junteros que no atendían las órdenes de extinguir su organización.

El rey sostuvo a García Prieto, y luego a Dato, aunque lo sensato habría sido conceder a este último la convocatoria electoral justo tras el fracaso de la huelga revolucionaria. Esa dilación se produjo por el temor del monarca a las juntas y solo sirvió para dar tiempo a Márquez a consensuar el ultimátum que dio al traste con el Gobierno conservador. El rey prefirió hacer dimitir a Dato e ir a un Ejecutivo de concentración porque temía que la política de resistencia frontal a las juntas pudiera hacerle perder la Corona. Por último, Alfonso XIII sostuvo la política de Cierva respecto a disolver expeditivamente a las juntas de funcionarios civiles. Se equivocó y malbarató la estabilización de febrero-marzo de 1918, de modo que, a finales de ese mes, España parecía al borde de la dictadura.

Sin embargo, no puede decirse que en este periodo el rey sobrepasara sus prerrogativas constitucionales. No dejó de reiterar la confianza a sus distintos Gobiernos y, a excepción de la crisis del 27 de octubre, sostuvo a sus presidentes en los momentos más difíciles. Los presidentes se nombraron según las convenciones vigentes y conforme a las fuerzas que cada uno representaba o podía conseguir en el Parlamento, con independencia de que las crisis y los cambios se produjeran fuera de su recinto. Estas convenciones pesaron decisivamente en los cuatro cambios de Gobierno que se registraron entre abril de 1917 y marzo de 1918. El primer Gobierno de concentración no fue iniciativa del monarca, sino un expediente que le fue impuesto por las juntas y su «delegado civil», Cambó, y después de que antes intentara otras soluciones. En la formación del «Gobierno nacional» de marzo de 1918, el rey tuvo una intervención personalísima, pero difícilmente discutible, en tanto que con ese Ejecutivo bloqueó una salida dictatorial.

Por otra parte, Alfonso XIII no actuó como un germanófilo emboscado: ni se deshizo de Romanones por aliadófilo ni intrigó para imponer en la jefatura de los liberales a García Prieto. Tampoco le es imputable la extinción del Partido Liberal como fuerza unificada. El rey no despidió a García Prieto cuando se produjo el pronunciamiento juntero, ni estuvo implicado en este ni antes ni después del 1 de junio, y aún menos pretendió usarlo para establecer su dictadura personal. El monarca fue enemigo de las juntas desde el principio: no transigía con el cuarteamiento de la disciplina militar y, políticamente, percibió su rebelión como la apertura de un proceso revolucionario que podía dar al traste con la monarquía. Pese a que, al sostener el régimen constitucional, Alfonso XIII se jugaba la Corona, fue el punto de apoyo esencial que permitió a Dato y a García Prieto afrontar su defensa con una combinación de destreza y tacto, y a Cierva, descabezar con habilidad a las juntas de Infantería, apartándolas de las fuerzas antimonárquicas. El contraste con la actitud pasiva y resignada que el rey y los políticos constitucionales observarían en septiembre de 1923 ante el pronunciamiento de Primo de Rivera explica por qué la dictadura llegó entonces y no en 1918.

Las convulsiones de la Gran Guerra invitaban, desde luego, a que esa eventualidad se adelantara. El conflicto elevó por toda Europa las oportunidades de subversión a un nivel desconocido desde la oleada revolucionaria de 1848. En aquel terremoto político, entre febrero de 1917 y octubre 1920, hubo al menos veintisiete transferencias violentas del poder en todo el continente[744], a las que hay que sumar una enorme cantidad de motines e insurrecciones fracasados. España no fue la excepción. Resistió los embates de los distintos movimientos antiliberales incluso mejor que otros países del sur y del este de Europa.

Aunque la revolución española de 1917 no acabó con la monarquía liberal, tuvo la fuerza suficiente como para aniquilar sus convenciones constitucionales y generar una crisis política que ya no encontraría reequilibrio. La supuesta «renovación» de 1918 se reveló como un lema vacío, como el regeneracionismo de 1898, incapaz de ofrecer una salida democrática. No obstante, al dislocar el funcionamiento de lo que ya existía, condenó a España a convertirse en el único de los países neutrales europeos que no culminó la construcción de una democracia liberal. La alternativa fue un largo ciclo de experimentos políticos exclusivistas y autoritarios que se prolongaría hasta 1975.

Agradecimientos

Este trabajo debería haber sido una historia política sobre la quiebra de la monarquía liberal. Sin embargo, acabó convirtiéndose en una historia de la revolución española de 1917 ante la magnitud de los aspectos que quedaban por aclarar y analizar sobre ella, y las enormes posibilidades que todavía ofrecen las fuentes. Por apreciar las posibilidades de una obra como esta, la readaptación del plan original debe mucho a dos personas. En nuestras largas y placenteras conversaciones, Stanley G. Payne me sacó de la encrucijada, disipó todas mis dudas y me orientó, con un entusiasmo parejo al mío, a centrarme en la revolución de 1917. Mi editora, Lola Cruz Arroyo, apoyó desde el principio el cambio y me lo hizo enormemente sencillo. Además, sus consejos sobre la estructura y el contenido de la obra me han ayudado a mejorarla. Sin el constante estímulo de ambos no habría completado la investigación ni este libro existiría.

Mi vocación por estudiar la crisis de la Restauración debe mucho a Luis Arranz Notario, con quien tuve la oportunidad de discutir diversos aspectos de la obra. Con su generosidad inagotable, Luis me facilitó además varias referencias y fuentes valiosas. Investigar en los tiempos de la Covid ha sido un verdadero calvario, y no habría podido consultar diversos fondos de la Real Academia de la Historia sin la inestimable ayuda de Asunción Miralles de Imperial. Con una generosidad que deseo hacer constar, me hicieron críticas útiles, además de Stanley: Federico Martínez Roda, Antonio Manuel Moral Roncal, Julius Ruiz, Jorge Vilches García, José María Marco, Alejandro Martínez Relanzón, Juan Carlos Jiménez Redondo, Manuel Titos Martínez, José Antonio Tercero y mi padre, Avelino, que es siempre el primero de mis lectores. Antonio, Federico y Julius me suministraron ayuda con diversas fuentes que han reforzado el aparato empírico del libro. A ninguno de ellos debe imputárseles error alguno. Solo y exclusivamente a mí.

En el transcurso de esta investigación falleció Juan Gay Armenteros, gran historiador de la política española del siglo XIX y uno de los apoyos más firmes que tuve en los inicios de mi carrera. Se fue con otro puntal indispensable de mi vida académica, Cristina Viñes Millet, con quien, desde 2013, no puedo compartir ya nuestra pasión común por la investigación histórica. A Juan y a Cristina deseo testimoniarles aquí mi afecto y gratitud imperecederos.

Listado de abreviaturas

AA: Archivo de Santiago Alba

AARD: Archivo Amaro del Rosal

AAS: Archivo Andrés Saborit

AC: Archivo de Cataluña

ACD: Archivo del Congreso de los Diputados

AD: Archives Diplomatiques du Ministère des Affaires Étrangères (La Courneuve)

AED: Archivo de Eduardo Dato

AEE: Anuario Estadístico de España

AGGC: Archivo General de la Guerra Civil Española

AGM: Archivo General Militar

AGP: Archivo General de Palacio

AGUN: Archivo General de la Universidad de Navarra

AHN: Archivo Histórico Nacional

AJB: Archivo Julián Besteiro

ALM: Archivo Leopoldo Matos

ANR: Archivo Natalio Rivas

AR: Archivo del Conde de Romanones

AS: Archivo del Senado

DSC: Diario de Sesiones del Congreso

DSS: Diario de Sesiones del Senado

FAM: Archivo de la Fundación Antonio Maura

FDV: Fondo Lluís Duran i Ventosa

FGM: Fondo Gregorio Marañón Moya

FLC: Archivo de la Fundación Francisco Largo Caballero

FPI: Archivo de la Fundación Pablo Iglesias

INE: Instituto Nacional de Estadística

IRS: Instituto de Reformas Sociales

NA-FO: National Archives-Foreign Office

P-S: Político-Social

RAH: Archivo de la Real Academia de la Historia

Anexo I

Gobiernos de España de octubre de 1913 a noviembre de 1918

PRIMER GOBIERNO DATO
(octubre de 1913 a diciembre de 1915)

• Presidente del Consejo de Ministros: | Eduardo Dato Iradier (liberal-conservador)
• Ministro de Estado: | Salvador Bermúdez de Castro, marqués de Lema (liberal-conservador)
• Ministro de la Gobernación: | José Sánchez-Guerra (liberal-conservador)
• Ministro de Hacienda: | Gabino Bugallal Araujo (liberal-conservador)
• Ministro de Gracia y Justicia: | Francisco Javier González de Castejón (liberal-conservador)
Sustituido en septiembre de 1914 por | Eduardo Dato Iradier (liberal-conservador)
Sustituído en enero de 1915 por | Manuel Burgos y Mazo (liberal-conservador)
• Ministro de la Guerra: | Ramón Echagüe y Méndez-Vigo (liberal-conservador)
• Ministro de Marina: | Augusto Miranda Godoy (liberal-conservador)
• Ministro de Instrucción Pública: | Francisco Bergamín García (liberal-conservador)
Sustituído en enero de 1915 por | Saturnino Esteban Collantes (liberal-conservador)
Sustituído en octubre de 1915 por | Rafael Andrade Navarrete (liberal-conservador)
• Ministro de Fomento: | Francisco Javier Ugarte y Pagés (liberal-conservador)
Sustituído en octubre de 1915 por | Luis Espada Guntín (liberal-conservador)

GOBIERNO ROMANONES
(diciembre de 1915 a abril de1917)

• Presidente del Consejo de Ministros: | Álvaro de Figueroa, conde de Romanones (liberal)
• Ministro de Estado: | Miguel Villanueva Gómez (liberal)
Sustituído en febrero de 1916 por | Álvaro de Figueroa, conde de Romanones (liberal)
Sustituído en abril de 1916 por | Amalio Gimeno Cabañas (liberal)
• Ministro de la Gobernación: | Santiago Alba Bonifaz (liberal)
Sustituído en abril de 1916 por | Joaquín Ruiz Jiménez (liberal)
• Ministro de Hacienda: | Ángel Urzáiz y Cuesta (liberal)
Sustituído en febrero de 1916 por | Miguel Villanueva Gómez (liberal)
Sustituído en abril de 1916 por | Santiago Alba Bonifaz (liberal)
• Ministro de Gracia y Justicia: | Antonio Barroso y Castillo (liberal)
Sustituído en octubre de 1916 por | Juan Alvarado del Saz (liberal)
• Ministro de la Guerra: | Agustín de Luque y Coca (liberal)
• Ministro de Marina: | Augusto Miranda Godoy (independiente)
• Ministro de Instrucción Pública: | Julio Burell Cuéllar (liberal)
• Ministro de Fomento: | Amos Salvador Rodrigáñez (liberal)
Sustituído en abril de 1916 por | Rafael Gasset Chinchilla (liberal)

PRIMER GOBIERNO GARCÍA PRIETO
(abril a junio de 1917)

• Presidente del Consejo de Ministros: | Manuel García Prieto (liberal)
• Ministro de Estado: | Juan Alvarado del Saz (liberal)
• Ministro de la Gobernación: | Julio Burell Cuéllar (liberal)
• Ministro de Hacienda: | Santiago Alba Bonifaz (liberal)
• Ministro de Gracia y Justicia: | Trinitario Ruiz Valarino (liberal)
• Ministro de la Guerra: | Francisco Aguilera y Egea (liberal)
• Ministro de Marina: | Augusto Miranda Godoy (independiente)
• Ministro de Instrucción Pública: | José Francos Rodríguez (liberal)
• Ministro de Fomento: | Martín de Rosales, duque de Almodóvar del Valle (liberal)

SEGUNDO GOBIERNO DATO
(junio a noviembre de 1917)

• Presidente del Consejo de Ministros: | Eduardo Dato Iradier (liberal-conservador)
• Ministro de Estado: | Salvador Bermúdez de Castro, marqués de Lema (liberal-conservador)
• Ministro de la Gobernación: | José Sánchez-Guerra (liberal-conservador)
• Ministro de Hacienda: | Gabino Bugallal Araujo (liberal-conservador)
• Ministro de Gracia y Justicia: | Manuel Burgos y Mazo (liberal-conservador)
• Ministro de la Guerra: | Fernando Primo de Rivera (liberal-conservador)
Sustituído en octubre de 1917 por | José Marina Vega (liberal-conservador)
• Ministro de Marina: | Manuel Flórez y Garrió (liberal-conservador)
• Ministro de Instrucción Pública: | Rafael Andrade Navarrete (liberal-conservador)
• Ministro de Fomento: | Luis Marichalar, vizconde de Eza (liberal-conservador)

SEGUNDO GOBIERNO GARCÍA PRIETO
(noviembre de 1917 a marzo de 1918)

• Presidente del Consejo de Ministros: | Manuel García Prieto (demócrata)
• Ministro de Estado: | Manuel García Prieto (demócrata)
• Ministro de la Gobernación: | Juan Bahamonde y de Lanz (independiente)
• Ministro de Hacienda: | Juan Ventosa y Calvell (nacionalista catalán)
Sustituído en marzo de 1918 por | José de Caralt Sala (demócrata)
• Ministro de Gracia y Justicia: | Joaquín Fernández Prida (conservador maurista)
• Ministro de la Guerra: | Juan de la Cierva y Peñafiel (conservador ciervista)
• Ministro de Marina: | Amalio Gimeno Cabañas (liberal)
• Ministro de Instrucción Pública: | Felipe Rodés Baldrich (nacionalista catalán)
Sustituído en marzo de 1918 por | Luis Silvela y Casado (demócrata)
• Ministro de Fomento: | Niceto Alcalá-Zamora y Torres (demócrata)

«GOBIERNO NACIONAL»
(marzo a noviembre de 1918)

• Presidente del Consejo de Ministros: | Antonio Maura y Montaner (conservador maurista)
• Ministro de Estado: | Eduardo Dato Iradier (liberal-conservador)
• Ministro de la Gobernación: | Manuel García Prieto (demócrata)
• Ministro de Hacienda: | Augusto González-Besada (liberal-conservador)
• Ministro de Gracia y Justicia: | Alvaro de Figueroa, conde de Romanones (liberal)
Sustituído en octubre de 1918 por | Antonio Maura y Montaner (conservador maurista)
• Ministro de la Guerra: | José Marina Vega (liberal-conservador)
• Ministro de Marina: | José Pidal y Rebollo (demócrata)
Sustituído en julio de 1918 por | Augusto Miranda Godoy (conservador maurista)
• Ministro de Instrucción Publica: | Santiago Alba Bonifaz (izquierda liberal)
Sustituído en octubre de 1918 por | Alvaro de Figueroa, conde de Romanones (liberal)
• Ministro de Fomento: | Francisco Cambó y Batlle (nacionalista catalán)
• Ministro de Abastecimientos: | Juan Ventosa y Calvell (nacionalista catalán)

Anexo II

Los partidos políticos españoles en la crisis de 1917

PARTIDO POLÍTICO | LÍDER EN 1917 | FECHA DE FUNDACIÓN | CIRCUNSTANCIAS DE SU FUNDACIÓN
a) Liberales
Partido Liberal | Conde de Romanones | 1880 | Partido histórico de la izquierda constitucional.
Partido Demócrata | ManuelGarcía Prieto | Julio de 1917 | Liberales que no acatan la jefatura de Romanones.
Liberales independientes | — | Julio de 1917 | Liberales que no acatan ni a Romanones ni a García Prieto.
Izquierda Liberal | Santiago Alba | Diciembre de 1917 | Demócratas «albistas» que se separan de García Prieto.
b) Conservadores
Partido Liberal-Conservador | Eduardo Dato | 1876 | Partido histórico de la derecha constitucional.
Conservadores mauristas | Antonio Maura | 1915 | Escisión de quienes no aceptan la jefatura de Dato.
Conservadores ciervistas | Juan de la Cierva | 1916 | Mauristas que rechazan escindirse del Partido Liberal-Conservador y desean la reunificación del partido con Maura de líder.
c) Republicanos y socialistas
Partido Republicano Radical | Alejandro Lerroux | 1908 | Escisión de los republicanos adversarios de la Solidaridad Catalana. Es la fuerza más numerosa de este sector.
Partido Reformista | Melquíades Álvarez | 1912 | Republicanos posibilistas, abiertos a colaborar con la monarquía.
Partido Republicano Catalán | Marcelino Domingo | Abril de 1917 | Fusión de los republicanos catalanes que no siguen a Lerroux con la izquierda nacionalista catalana.
Partido Socialista Obrero Español (PSOE) | Pablo Iglesias | 1879 | El partido de los socialistas del ala marxista en España.
Unión General de Trabajadores (UGT) | Pablo Iglesias | 1888 | El sindicato de los socialistas del ala marxista en España.
Confederación Nacional del Trabajo (CNT) | Francisco Jordán Francisco Miranda | 1910 | El sindicato que agrupa a los socialistas del ala anarquista y del movimiento sindicalista.
d) Nacionalistas
Lliga Regionalista | Enric Prat de la Riba Francisco Cambó | 1901 | Nacionalistas catalanes.
Partido Nacionalista Vasco (PNV) | Gorgonio de Rentería Ramón de la Sota | 1895 | Nacionalistas vascos. En 1916 cambiaron su nombre por el de Comunión Nacionalista Vasca.
e) Tradicionalistas carlistas
Partido Tradicionalista (jaimistas) | Juan Vázquez de Mella | 1909 | Rama principal del carlismo bajo la disciplina del entonces pretendiente Jaime de Borbón.
Partido Integrista | Juan de Olazábal Manuel Senante | 1888 | Escisión del carlismo contraria a toda avenencia con el liberalismo.

Bibliografía citada[745]

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Galería

Alfonso XIII (1886-1941). Contaba en 1917 con treinta y un años y llevaba quince de reinado constitucional. El proceso revolucionario estuvo a punto de costarle el trono en varios momentos críticos.

Eduardo Dato (1856-1921). Era en 1917 el líder del Partido Liberal-Conservador, la derecha constitucional de la Monarquía parlamentaria. Fue el artífice de la neutralidad española en la Primera Guerra Mundial.

Álvaro de Figueroa, conde de Romanones (1863-1950). Fue el líder del Partido Liberal, la izquierda constitucional, y el presidente del Gobierno hasta abril de 1917. Aliadófilo, durante su mandato se incubaron los factores de la revolución de ese año.

Antonio Maura (1853-1925). Expresidente y antiguo jefe de los conservadores, era en 1917 muy crítico con la Restauración. Fue el político de referencia para quienes querían destruir sus convenciones constitucionales.

Santiago Alba (1872-1949). Ministro de Hacienda y figura emergente del Partido Liberal, intrigó durante la crisis de 1917 para hacerse con la jefatura de la izquierda constitucional.

Pablo Iglesias Posse (1850-1925). Líder del PSOE y de la UGT en 1917, defendió una acción revolucionaria concertada con los republicanos y los militares junteros.

Salvador Seguí (1887-1923). Dirigente de la anarcosindicalista CNT, fue uno de los principales impulsores de la alianza revolucionaria con los socialistas y también de la insurrección de agosto de 1917.

Ángel Pestaña (1886-1937). Director del diario cenetista Solidaridad Obrera y destacada figura de la CNT catalana, conectó la insurrección sindicalista con la revuelta republicana.

Melquíades Álvarez (1864-1936) era el jefe de los republicanos posibilistas del Partido Reformista. El derrocamiento de Alfonso XIII lo hubiera convertido en presidente del gobierno provisional de la República.

Alejandro Lerroux (1864-1949). Líder del Partido Republicano Radical, la agrupación más importante del movimiento republicano, tuvo una actuación desdibujada dentro de la alianza revolucionaria.

Enric Prat de la Riba (1870-1917). Convirtió el nacionalismo catalán en un potente movimiento político. Como presidente de la Mancomunidad de Cataluña erigió a este órgano en un poder rebelde a la Monarquía constitucional.

Francisco de Asís Cambó (1876-1947). Líder de la Lliga a la muerte de Prat de la Riba, fue el gran coordinador y cerebro de la revolución de 1917, que intentó orientar a la consecución de un Estado catalán.

Alvarowich Romanoneff, como la revista España llama a Romanones tras derrotar el conato revolucionario de marzo de 1917, comenta ufano en la portada: «¡Revoluciones a mí! Aprende, zar Nicolás». Esta caricatura muestra hasta qué punto la revolución rusa de febrero fue el referente de los conspiradores republicanos y socialistas.

El coronel Benito Márquez (1858-1927) lideró el movimiento de las Juntas militares e intentó vincularlo a la ruptura política patrocinada por Cambó y Melquíades Álvarez. Forzó el golpe que derribó al Gobierno Dato en octubre de 1917.

El general Agustín de Luque (1850-1935). Ministro de la Guerra con Romanones en 1917, bajo su mando estalló el movimiento juntero, sin que pudiera canalizarlo ni acabar con él.

El general Ramón Echagüe (1852-1917) fue ministro de la Guerra con Dato hasta 1915. La paralización de sus planes de reforma y rearme incrementó el descontento que alimentaría el movimiento juntero.

El Gobierno de García Prieto (abril-junio de 1917) mantuvo la neutralidad española en la Gran Guerra y sufrió la insurrección juntera. De izquierda a derecha: Alvarado, García Prieto, Ruiz Valarino, Burell, Francos Rodríguez, Almodóvar del Valle, Aguilera, Miranda y Alba.

El general Francisco Aguilera (1857-1931). Ministro de la Guerra con García Prieto en 1917, trató de disolver expeditivamente las Juntas militares y castigar a sus dirigentes, sin conseguirlo.

Los generales José Marina (1850-1926) y Felipe Alfau (1848-1937). Capitanes generales en Barcelona, representaron dos políticas distintas respecto a la Junta Superior de Infantería: el segundo, de transigencia; el primero, de firmeza. Ninguno lograría su objetivo.

Marcelino Domingo (1884-1939). Líder del Partido Republicano Catalán, abogó por la atracción de los oficiales rebeldes y la formación de juntas de suboficiales y soldados para derrocar a la Monarquía constitucional.

El Gobierno de Eduardo Dato (junio-noviembre de 1917) sofocó la pleamar revolucionaria del verano y fue derrocado por otro golpe militar. De uniforme y de izquierda a derecha: Primo de Rivera, Dato, Lema, Andrade, Flórez, Eza (con sombrero de copa), Bugallal, Sánchez-Guerra y Burgos y Mazo.

La asamblea de parlamentarios fue un sucedáneo de Parlamento rebelde que se constituyó para legitimar la acción revolucionaria republicana y nacionalista catalana en julio de 1917, y el golpe militar de octubre de ese mismo año.

Leopoldo Matos (1878-1936). Gobernador civil de Barcelona con el Gobierno Dato, sostuvo un agrio enfrentamiento con el coronel Márquez y disolvió la asamblea de parlamentarios de Barcelona del 19 de julio de 1917.

La reunión de la asamblea de parlamentarios suponía el comienzo de una sublevación contra el Gobierno Dato. Se aplazó por la falta de apoyo de los militares junteros, pero el aviso no llegó a Valencia, donde republicanos, socialistas y anarquistas declararon la huelga revolucionaria.

En sus intentos de paralizar las comunicaciones, una de las acciones más célebres de los rebeldes fue el descarrilamiento del tren correo Bilbao-Tudela, con cinco muertos y 15 heridos graves.

El comité revolucionario socialista que dirigió la insurrección en Madrid y en las zonas de influencia de la UGT. De izquierda a derecha: Besteiro, Anguiano, Saborit y Largo Caballero.

Tras varios aplazamientos, el 13 de agosto de 1917 la UGT y la CNT intentaron forzar la caída de la Monarquía constitucional con una acción insurreccional. Sería la erupción de violencia más extensa y sangrienta en la España del siglo XX hasta la revolución de 1934.

José Sánchez-Guerra (1859-1935). Ministro de la Gobernación del Gobierno Dato, concitó el odio de las Juntas militares, que le atribuyeron diversas iniciativas para dividirlas y disolverlas.

El general Fernando Primo de Rivera (1831-1921), ministro de la Guerra con Dato y apodado «la Momia» por los junteros, era hostil a la sedición militar. Fracasó en su intento de derrotarla con apoyo de otros generales.

El traspaso de poderes entre Dato y García Prieto de noviembre de 1917 encubrió un cambio de gobierno forzado por las Juntas militares. Aquella crisis política destruiría para siempre el turno de los partidos.

Juan de la Cierva (1864-1938) fue la novedad más relevante del «Gobierno de la renovación». Como ministro de la Guerra forzó la destitución del coronel Márquez y apartó a las Juntas militares de la conspiración republicana y nacionalista.

El 25 de noviembre de 1917, liderado por Pablo Iglesias, y coincidiendo con la revolución bolchevique en Rusia, tuvo lugar en Madrid el acto culminante de la campaña pro-amnistía de los presos implicados en la insurrección de agosto de ese año.

Niceto Alcalá-Zamora (1877-1949), ministro de Fomento del «Gobierno de la renovación», peleó contra la carestía y el colapso de los transportes, que se temía que reactivara un nuevo movimiento revolucionario en el angustioso invierno de 1917-1918.

El 20 de febrero de 1918 culminó la exitosa política de captación de las Juntas militares por parte de Juan de la Cierva. El acto de homenaje a la bandera simbolizó el alineamiento compacto del Ejército con la Monarquía.

El expresidente conservador del Senado, Joaquín Sánchez de Toca (1852-1942), se significó por su ruda oposición a la reforma militar de Cierva y generó una crisis política al acusar al ministro de comprar a las Juntas con subidas salariales.

Gabino Bugallal (1861-1932). Ministro de Hacienda del Gobierno Dato y partidario de la política de resistencia contra las Juntas militares, logró acallar la protesta de las Juntas civiles de funcionarios.

Las «elecciones de la renovación», celebradas entre febrero y marzo de 1918, fueron los primeros comicios sin turno y sin encasillado desde 1879. Señalaron una mayoría monárquica, pero las Cortes fueron las más fragmentadas del periodo.

Las Juntas civiles de funcionarios, lideradas por Correos y Telégrafos, estuvieron a punto de paralizar los servicios del Estado y, con ello, de precipitar la instauración de una dictadura militar. En las imágenes, soldados y guardias civiles tratan de restablecer las comunicaciones.

Después de afrontar con éxito el descabezamiento de las Juntas militares y las elecciones de 1918, un abatido García Prieto no pudo cerrar en marzo el proceso revolucionario. Acabó dimitiendo en medio del movimiento de las Juntas civiles.

Tras una angustiosa crisis de Gobierno, ya sin otra salida constitucional, el 22 de marzo de 1918 el Rey consiguió comprometer a los jefes de los partidos para formar juntos un «Gobierno Nacional». De izquierda a derecha: Pidal, Alba, Romanones, Maura, Alfonso XIII, Dato, García Prieto, González-Besada, Cambó y Marina.

ROBERTO VILLA GARCÍA (Ítrabo, Granada, España, 6-11-1978) es Profesor Titular de Universidad en el Área de Historia del Pensamiento y de los Movimientos Sociales y Políticos de la Universidad Rey Juan Carlos. Se ha especializado en la investigación, publicación y divulgación sobre movilización política, elecciones, violencia política y procesos de democratización y quiebra de las democracias. Licenciado en Historia por la Universidad de Granada (2001), se doctoró en la Universidad rey Juan Carlos. Es autor de varias monografías, capítulos de libro y artículos en revistas científicas sobre elecciones, partidos y vida política en la España de la Monarquía liberal y la Segunda República. Ha formado parte de varios proyectos de investigación competitivos del Plan Nacional, de convocatorias autonómicas, y de uno internacional vinculado a la Universidad de Wisconsin-Madison (EEUU). Fue dos veces investigador invitado por esa Universidad y una vez por la de París IV-Sorbonne (Francia).

Notas

[1] Posada (1983): 304. <<

[2] Marañón (1946): 147. <<

[3] Azaña (1967): 412. <<

[4] Alonso (1990): 9. <<

[5] Hardinge (1927): 259. <<

[6] AD 477, Geoffray a Briand, 27 y 31-I-1917. Carden (1987): 37-38. <<

[7] Furet (1995): 48. <<

[8] Hermens (1958): V. <<

[9] El Liberal, 14-VII-1917. Furet (1995): 62-64. Halévy (1965): 265-267. <<

[10] Cronin (1983): 29. Fusi (1997): 215. <<

[11] RAH, AR 35/6. Rovira (1918): 17-18. <<

[12] Meaker (1978): 94. Sorokin (1957): 585. Payne (2011): 39. Rey Reguillo y Álvarez Tardío (2017): 14-15. <<

[13] Nuestro Tiempo, 1/1917. <<

[14] Barreiro (2014): 170-174. Fuentes Codera (2014). <<

[15] DSC, 6-XII-1915, 741-742. AEE (1915): 144-145. Dato (1915): 6-14. Carden (1987): 92-109. Cabrera y Rey Reguillo (2002): 172-173. Martorell (2011a): 25. <<

[16] El Socialista, 17-XII-1916. AEE (1915): 144-145, y (1916): 55 y 158-159; Bernis (1923): 95. Fusi (1975): 362-364; y Prados (2003): 328-329 y 435-436. <<

[17] Del Rosal (1977): 132. Díaz del Moral (1967): 18. <<

[18] Sorel (1973): 72. <<

[19] Boyd (1990): 34-35. Forcadell (1978): 34. <<

[20] IRS (1915): 177 y 188; (1917): 161, 171 y 212-213; (1918): 8, 137, 145, 151, 323 y 333. Lacomba (1970): 30. Bueso (1976): 73. Olábarri (1982): 643. Cabrera y Rey Reguillo (2002): 152-153. Maluquer y Llonch (2005): 1223-1224. <<

[21] Del Rosal (1977): 10-12. Soto (1989). <<

[22] Del Rosal (1977): 13. <<

[23] Cabrera y Rey Reguillo (2002): 147. <<

[24] Del Rosal (1977): 26-27. Rey Reguillo (1992): 383. Cabrera y Rey Reguillo (2002): 156-157. <<

[25] Romanones (1924): 190-195 y 204-207. Rey Reguillo (1992): 343-351 y 359. <<

[26] AEE (1920): 164-166. <<

[27] AEE (1917): 426 y 430-431. De la Torre (1917): 1-2. Romanones (1924): 320 y 324-325. <<

[28] Cronin (1983): 29. Ramos (2001): 544. <<

[29] Bernis (1923): 101-106. <<

[30] Dato (1915): 8. <<

[31] Soldevilla (1918): 411 y 517. Tierra y Libertad, 10-I-1917. AGP, 15601/3. AEE (1916): 234 y 415-416. IRS (1918b): 82-85. Gaceta de Madrid, 27-I-1917. El Imparcial, 27-X-1916 y 25-III-1917. La Época, 24-III-1917. Dato (1915): 12-14. Cunningham (1917): 421-422. Sastre (1921): 116-117. Farré (1922): 214-217. Meaker (1978): 68-69. Ramos (2001): 546. Prados (2003): 435-436. <<

[32] AEE (1921-1922): 12-17, 29, 40 y 42. Mitchell (1992). <<

[33] Díaz del Moral (1967): 17-18. <<

[34] Seco (1979): 51. <<

[35] Lewis (1978): 164. Carreras (1984): 140. Gortázar (1986): 189. Prados (2003): 434-436. <<

[36] AEE (1920): 365-369 y 385-387; y (1921-1922): 22-23. Prados (2003): 328-329. Nicolau (2005): 149. Núñez (2005): 230. Barciela et al. (2005): 343. <<

[37] Pérez de Ayala (1918): 98-99. <<

[38] Arranz Notario (2001): 167. <<

[39] Aron (2015). <<

[40] Ortega y Gasset (1975): 84. <<

[41] Aron (2018): 94. <<

[42] Sartori (2009): 27-37. Barrio (1988): 108. <<

[43] AD 483, PSOE-UGT a Branting, 7-XI-1917. Payne (1977b): 44. <<

[44] Pestaña y Seguí (1978): 25. <<

[45] Pestaña y Seguí (1978): 67-68. Viadiu (1930): 31-32. Bar (1981): 472-473. <<

[46] Lagardelle (1908): 48. Farré (1922): XII y 10. Rucabado (1925): 7. Pestaña y Seguí (1978): 49-50. <<

[47] Pestaña (1933): 92, 177 y 180. Buenacasa (1977): 53 y 68. Pestaña y Seguí (1978): 22. Romero Maura (1989): 248. <<

[48] Pestaña (1933): 170. Balcells (1987): 50-51. Rey Reguillo (1992): 470-471. <<

[49] Sastre (1915): 87. Barrio (1988): 74-77. Marinello (2014): 257-277. <<

[50] Sastre (1915): 139-143, y (1921): 116-122. Farré (1922): 111. Rucabado (1925): 181 y 187-201. Pestaña (1933): 174. Winston (1989): 106-107. Del Rey (1992): 472. Marinello (2014): 294-297, 307-309, 327-338 y 628. <<

[51] Pestaña (1933): 171-172. Marinello (2014): 319-320. <<

[52] Torralba (1918): 5. Araquistáin (1917): 131-132 y 134. <<

[53] Macarro (2000): 17-20. <<

[54] Rey Reguillo (2011): 158-159. Saborit (2015): 666. <<

[55] DSC, 7-VII-1910: 433-434. Martínez de Sas (1975). <<

[56] Payne (1977b): 81. Arranz Notario (1980): 85. <<

[57] Pérez Solís (1918): 57-58. <<

[58] Rustow (1969): 43 y 50-54. <<

[59] Tusell y García (2001): 357-358. Forner (2014): 170-171. <<

[60] Saborit (2015): 649-650. Fuentes (2014). <<

[61] Arranz Notario (2019): 310. <<

[62] DSC, 7-VII-1910: 433-434. Martínez de Sas (1975). <<

[63] Lamo de Espinosa (1973). Saborit (2015): 644-645. Martín (1966): 83-84. <<

[64] DSC, 14-XI-1916, 2745; y 15-XI-1916, 2778. Fusi (1975): 95 y 173. <<

[65] Cronin (1983): 24. <<

[66] Burgos (1918): 215-216. <<

[67] Bengoechea y Ramos (1989): 87. Duarte (1991). <<

[68] El Socialista, 16-I-1908. Barrio (1988): 112. <<

[69] Fusi (1975): 217 y 241-242. Forcadell (1978): 53. <<

[70] Martínez de Sas (1975): 239. <<

[71] Romanones (1924): 204. <<

[72] Bajatierra (1918): 7-8. Romanones (1949, III): 348. Buenacasa (1977): 122. <<

[73] FPI, AARD 252-2, CEN de UGT, 15-V-1916. <<

[74] FPI, AARD 252-2, CEN de UGT, 23-III y 15-V-1916. DSC, 22-V-1918, 1143. Unión Obrera, abril de 1916. El Socialista, 18-V-1916. Martín (1966): 85-86. Romero (2002): 38. <<

[75] El Socialista, 24 y 25-V-1916; y 17-X-1918. Del Rosal (1977): 129. <<

[76] FPI, AARD 252-2, CEN de UGT, 1-VI-1916. DSC, 22-V-1918, 1145. Romanones (1949, III): 348. Saborit (1967b): 89. Buenacasa (1977): 122. <<

[77] FPI, AARD 252-2, CEN de UGT, 15 y 29-VI, y 14 y 21-VII-1916. Solidaridad Obrera, 11-VII-1916. Saborit (1967a): 46 y 50. Meaker (1978): 64-65. <<

[78] DSC, 22-V-1918, 1149-1150. El Socialista, 17-X-1918. <<

[79] AGP, 15601/3. FPI, AARD 252-2, CEN de UGT, 10 y 11-VII-1916. RAH, AR 88/30. DSC, 18-XI-1916, 2921 y 2930. Romanones (1949, III): 348-349. Martín (1966): 18. <<

[80] El Socialista, 17-X-1918. <<

[81] FPI, AARD 252-2, CEN de UGT, 15-VII-1916. IRS (1918a): 159-172. Gaceta de Madrid, 11-VIII-1916. <<

[82] FPI, AARD 252-3, CEN de UGT, 19-X, y 16-XI-1916. <<

[83] FPI, AARD 252-3, CEN de UGT, 12-X y 19-XI-1916. El Socialista, 4-X-1916; y 17-X-1918. Del Rosal (1977): 139-141. Saborit (2015): 681-683. <<

[84] FPI, AARD 252-3, CEN de UGT, 21 y 28-XII-1916. IRS (1918a): 159-172 y 196; y (1921): 20-21. Bajatierra (1918): 8. Fusi (1975): 369. <<

[85] FPI, AARD 252-3, CEN de UGT, 28-XII-1916. <<

[86] Gaceta de Madrid, 5-I-1917. Bernis (1923): 101-106. <<

[87] FPI, AARD 252-3, CEN de UGT, 25-I y 15 y 22-II-1917. Marinello (2014): 355. <<

[88] Constant (2019): 131-145. Guizot (1935): 201-204. Santamaría (1894): 353-365. Calero (1984): 272-273. <<

[89] Hermens (1958): 70 y 77. Hummel (2002). <<

[90] Lario (1998): 89-92. <<

[91] Varela Ortega (2013): 76-79. <<

[92] DSC, 19-VII-1910, 753. Arranz Notario (1996): 60. <<

[93] Ramos (2007): 196. <<

[94] Maura y Fernández Almagro (1948): 9. <<

[95] Arranz Notario (2019): 302. <<

[96] Maura (1919): 197. <<

[97] Linz (2009): 24-27. <<

[98] Schmitt (1990). Hermens (1958): 171. Pérez-Serrano (1983): 51. <<

[99] Lowell (1912, I): 31-33. Hermens (1958): 221-226. Halévy (1961a): 178-187, y (1961b): 8. Hardie (1970): 49-52. Bogdanor (1997): 16-25, 77-81 y 89. Dangerfield (2019): 111. <<

[100] Fusilier (1960): 361-363, 368 y 398-400. Schmitt (1988): 206. <<

[101] Fusilier (1960): 504-513, 528-529 y 549-551. Caramani (2000): 703. <<

[102] Lowell (1896): 153 y 202. Sabbatucci (2003): 15-32. <<

[103] Fusilier (1960): 85-88 y 195-199. Rustow (1969): 43-44 y 84-85. Koblik (1988): 113. Caramani (2000): 860-861. <<

[104] Fusilier (1960): 216-224, 234, 283-285 y 298-300. Gold (1988): 105-108. Nilson (1988): 134. Caramani (2000): 201 y 744. <<

[105] Lowell (1912, I): 45-46. Fusilier (1960). Rustow (1969): 81. Hardie (1970): 45-46. Blondel (1972): 478. Calero (1987): 304. Jover Zamora (1995): CXXVIII-CL. Hall (1999): 178. Tusell y García (2001): 291. Niño (2002): 244-254. <<

[106] Maura (1934): 130 y 133. <<

[107] RAH, AR 35/6. Seco (1979): 18 y 59. <<

[108] Joaniquet (1955): 248. Calero (1987): 282-283. <<

[109] Conviene no olvidar que la actual democracia constitucional y representativa es liberal, esto es, el resultado de la evolución del liberalismo político del XIX por medio de ajustes legales y de la práctica electoral, que permitieron absorber los efectos de la ampliación del sufragio, la conversión de los partidos en la instancia fundamental de representación, movilización y gobierno, y la progresiva sustitución del parlamentarismo por el gobierno mediante el liderazgo, fundamento hoy de nuestras democracias. Un brillante análisis en Arranz Notario (2008): 23-31 y 38-52. Sobre la identidad entre el constitucionalismo liberal y el democrático, y la imposibilidad material de construir este mediante una ruptura con aquel, vid. Hermens (1958): 20-40; Fusilier (1960): 27-53; Friedrich (1975): 81-85; Dahl (1989): 41-53; Huntington (1990): 354-362; o Linz (2009): 11-14. <<

[110] Sánchez Agesta (1978): 363-375. Tomás Villarroya (1990): 105-116. <<

[111] Dardé (2003): 197-217. <<

[112] Sartori (2009): 264. Forner y García (1990): 29-36. <<

[113] Maura (1934): 107-108. <<

[114] Forner y García (1990): 116-121. Villa García (2016): 81-101. <<

[115] AGP, 15983/1. NA-FO 371/3031, Hardinge a Balfour, 10 y 11-I-1917; y 371/3030, Hardinge a Balfour, 14 y 20-I-1917. El Día, 2 y 4-I-1917. La Acción, 4 y 11 a 17-I-1917. La Época, 8-I-1917. ABC, El Imparcial y El Liberal, 9-I-1917. Alcalá-Zamora (2013): 142-143. Moreno-Luzón (1998): 330. <<

[116] De los que participaron en la campaña, no solo eran germanófilos los dos diarios citados, sino también el republicano España Nueva, el carlista El Correo Español y el católico El Debate. NA-FO 371/3030, Hardinge a Balfour, 23-I-1917; y 371/3031, Hardinge a Balfour, 11, 14 y 23-I-1917. AD 476, Geoffray a Briand, 12, 13 y 15-I-1917. El Imparcial, 4-IX-1914; y 14-I-1917. La Época, 13-I-1917. Romanones (1949, III): 337 y 350-351. Alcalá-Zamora (2013): 129-131. <<

[117] Fernández Almagro (1986, I): 230. <<

[118] AGP 12413 y 15978/3. Heraldo de Madrid, 29-VI-1917. Romanones (1924): 82-83. Cortés-Cavanillas (1976). Tusell (2001): 298-299. Pando (2002). <<

[119] AGP 15978/3. RAH, AR 35/6. <<

[120] AGP 15978/3. García Venero (1969): 246. <<

[121] FAM 259. NA-FO 371/3030, Hardinge a Grey, 12-IX-1916. Tusell y Avilés (1986): 99-100. Romanones (1924): 79; y (1949): 375-376. Marco (2013): 162-163. <<

[122] AGP 15978/3. Romanones (1924): 83; y (1949, III): 349-350. Torre (1983). Martínez Roda y Rezola (2020). <<

[123] Alcalá-Zamora (2013): 137. <<

[124] ABC y El Liberal, 26-IX-1916. <<

[125] AGP 15252/10. RAH, AR Leg. 30/26. García Sanz (2014): 201-202. <<

[126] RAH, AR 35/6. AEE (1918): 462. DSC, 21-XII-1916, 3997-3999. El Liberal, 14-V-1917. La Época, 27 y 31-I-1918. Soldevilla (1919): 289. Romanones (1924): 315. <<

[127] AGP 12911/22. RAH, ANR 11/8903; y AR 8/1, 2 y 6; 30/26, 35/6 y 16/10, 11 y 20. ABC y La Época, 28 y 30-XII-1916. El Imparcial, 29 y 31-XII-1916. <<

[128] NA-FO 371/3030, Hardinge a Balfour, 31-XII-1916. La Época, 12 y 13-I-1917. ABC, 13-I-1917. El Imparcial, 13 y 14-I-1917. <<

[129] DSC, 3-VI-1916, Ap. 4. Un balance, en Cabrera et alii (1989). <<

[130] DSC, 3-VI-1916, Ap. 1; y 30-IX-1916, Ap. 1; y 6-XII-1916, Ap. 19. AEE (1923-1924): 308 y 317. Romanones (1924): 333 y 337. <<

[131] Pabón (1952): 463. <<

[132] DSS, 2-XII-1916, 2058-2062. Nuestro Tiempo, 1/1917 (1), 88. <<

[133] Gaceta de Madrid, 23-VI-1916. DSC, 24-VI-1916, 805; y 26-VI-1916, 856-857. Martorell (1998). Romero (2002): 60. <<

[134] DSC, 11-VII-1916, 1306-1307. <<

[135] Cambó (1987): 235-236. Seco (1995): 369-370. Cabrera y Rey Reguillo (2002): 167-169. <<

[136] Nuestro Tiempo 3/1916, 284. <<

[137] Durán (1905): 11. Prat de la Riba (1917): 44-47. Cambó (1987): 45-46. Villa García (2017): 44-45. <<

[138] Ucelay (2003): 46 y 124. Rovira (1918): 18. <<

[139] Carr (1979): 533. Meaker (1978): 103. Ucelay (2003): 272. <<

[140] Canals (1919): 299-301. <<

[141] Pons y Umbert (1902): 66-67. <<

[142] Gaceta de Madrid, 19-XII-1913 y 27-III-1914. NA-FO 371/3034, Hardinge a Balfour, 8-IX-1917. Canals (1919): 352. Cambó (1987): 208. <<

[143] Rovira y Virgili (1917): 9-10. Prat de la Riba (1917): 47 y 119. <<

[144] DSC, 15-VI-1916, 600-602. Canals (1919): 352. Maura (1934): 156. <<

[145] DSC, 9-VI-1916, 488-491; 15-VI-1916, 600-602; y 27-VI-1916, 909 y 914. Cambó (1987): 208. Maura (1934): 155. <<

[146] DSC, 27-VI-1917, 915-916. Canals (1919): 354. Fernández Almagro (1932): 40-41. Cambó (1987): 244. Ucelay (2007): 72-109. <<

[147] Gaceta de Madrid, 23-IX-1914. Rey Reguillo (1992): 221-222. <<

[148] Cambó (1987): 245. Martorell (1998): 539-540. <<

[149] La Veu de Catalunya, 21-V-1916. <<

[150] Martínez Fiol (1988): XIV-XVI. Garriga (1987): 216-217. <<

[151] Nuestro Tiempo 3/1916, 283. DSC, 17-IV-1918, 448. <<

[152] Nuestro Tiempo 3/1916, 281 y 287-288. <<

[153] DSC, 5-VI-1916, Ap. 18. <<

[154] Cambó (1987): 227. <<

[155] DSS, 31-V-1916, 171-172. DSC, 10-VI-1916, 514-516; DSC, 12-VI-1916, 542-543; y 15-VI-1916, 605-607. Gaceta de Madrid, 25-X-1916. Nuestro Tiempo 3/1916, 284. <<

[156] El Imparcial, 1-VI-1916. Nuestro Tiempo 3/1916, 282. Rovira (1918): 24-25. Cambó (1987): 242. <<

[157] RAH, ANR 8903. Canals (1919): 360-361. <<

[158] NA-FO 371/3031, Hardinge a Balfour, 10 y 11-I-1917. La Época, 9-I-1917. ABC y El Imparcial, 10-I-1917. <<

[159] Maura y Fernández Almagro (1948): 104. <<

[160] García Venero (1969): 203-211. Cierva (1955): 181-182. <<

[161] Sánchez de Toca (1918): 157. Pabón (1952): 472-476. Cambó (1987): 236. <<

[162] Cambó (1987): 236-239 y 244-245. <<

[163] Partido Liberal-Conservador (1917): Dedicatoria y 24-25. NA-FO 371/3030, Hardinge a Balfour, 16-I-1917. AD 477, Geoffray a Briand, 15-I-1917. La Época, 14-I-1917. El Imparcial, 15-I-1917. <<

[164] La reina Victoria Eugenia definió a Dato como el político «más leal» a Alfonso XIII, frente a la «inteligencia» de Canalejas y al «talento aminorado por el orgullo» de Maura. AGUN, FGMM 30/5. <<

[165] Partido Liberal-Conservador (1917): 26. Dato (1904): 12 y 16, y (1910): 236 y 252. Romanones (1949, III): 329 y 339. Seco (1978): 33-35. <<

[166] Partido Liberal-Conservador (1917): 16-17 y 20-21. La Época, 14-I-1917. El Imparcial, 15-I-1917. <<

[167] El Imparcial, 25-I-1917. Anon. (1918a): 6-7. Romanones (1949, III): 342-343. <<

[168] AEE (1918): 462. DSC, 1-II-1917, 61. El Imparcial, 2-II-1917. El Liberal, 14-V-1917. <<

[169] AGP, 15978/3. DSC, 12-II-1917, 384. AEE (1918): 462. El Liberal, 14-V-1917. <<

[170] AGP 15978/3. Gaceta de Madrid, 3-III-1917. La Época, 6 y 22-II-1917. El Liberal, 2-III-1917. Romanones (1924): 85. Cabrera y Rey Reguillo (2002): 182. <<

[171] AD 477, Fleuriau a Ribot, 12-IV-1917. La Época, 8-II-1917. El Liberal, 9-II-1917. <<

[172] RAH, ANR 8903. AD 477, Geoffray a Ribot, 20-II-1917. DSC, 17-II-1917, 502. <<

[173] DSC, 17-II-1917, 519-520; y 26-II-1917, 659. El Liberal y La Correspondencia de España, 27-II-1917. <<

[174] Canals (1915): 3, 12 y 27. Payne (1977a): 155 y 171. Morales (1985). <<

[175] AGP 12957/1 y 15978/3. DSC, 17-II-1917, 504 y 519. Heraldo de Madrid, 28-II-1917. Romanones (1949, III): 357-360. Payne (1977a): 164-176. <<

[176] El País, 2-III-1917. <<

[177] AGGC, P-S Madrid 2202. DSC, 20-XI-1918, 3159-3168. Heraldo de Madrid, 1-III-1917. Mola (1934): 100. <<

[178] NA-FO 371/3031, Hardinge a Balfour, 28 y 31-III-1917. AD 477, Denvignes a Painlevé, 30-III-1917. Tusell (1987): 34-36. Romero (2002): 26. <<

[179] Anweiler (1974): 40-42 y 254. Pipes (2016): 32, 44-45 y 54. <<

[180] NA-FO 371/3033, Vaughan a Balfour, 17-IV-1917. AD 479, Denvignes a Painlevé, 1-VII-1917. Anweiler (1974): 101-106 y 128-134. Pipes (2016): 268, 276-277 y 316-322. <<

[181] Pérez Solís (1918): 61. Cordero (1932): 29. <<

[182] AD, 477 Fleuriau a Ribot, 12-IV-1917. Solidaridad Obrera, 20-IV, y 21-V-1917. El Socialista, 24-III-1917. Del Rosal (1977): 20-21. <<

[183] AD, 477, Geoffray a Ribot, 26-III-1917. AHN, Gobernación 16A/6. Meaker (1978): 62-64 y 72-74. Avilés (1999): 20-24. <<

[184] Gaceta de Madrid, 1-IX-1882, 8-XI-1890, y 11-IX-1909. <<

[185] En las elecciones provinciales de 1915, los 530 escaños en juego se repartieron entre 238 conservadores, 146 liberales, 47 demócratas, 37 republicanos, 13 reformistas, 12 tradicionalistas, 10 de la Lliga, 8 mauristas, 5 del PNV, 3 católicos y 11 independientes. RAH, AR 10/27. <<

[186] FPI, AARD 252-3, CEN de UGT, 22-III-1917. RAH, AR 88/30. IRS (1921): XXII. <<

[187] RAH, AR 88/30. DSC, 28-V-1918, 1231. El Socialista y El Liberal, 28-III-1917. Lacomba (1970): 88-89. <<

[188] La Época, 28-III-1917. ABC y El Imparcial, 29-III-1917. <<

[189] La Época, 29-III; y 6-V-1917. El Imparcial, 7-V-1917. <<

[190] AGP, 15978/3. RAH, AR 8/6 y 88/30. El Socialista, 29-III-1917. España, 12-IV-1917. <<

[191] AGM (Madrid), Orden Público 5862.32. AGP 15601/3. RAH, AR 88/30. DSC, 22-V-1918, 1145. La Época, 9-IV-1917. El Imparcial, 10-IV-1917. El Socialista, 6-X-1918. Meaker (1978): 77. <<

[192] España, 12-IV-1917. <<

[193] La Época, 11-IV-1917. <<

[194] Ferro (1973): 109-110. <<

[195] RAH, AR 35/6, y 8/6. <<

[196] RAH, AR 8/6. <<

[197] DSC, 5-XI-1915, Ap. 14. Romanones (1924): 141. <<

[198] RAH, AR 63/46. NA-FO 371/3035, Balfour a Hardinge, 20-II-1917; y 371/3031, Hardinge a Balfour, 12, 13 y 15-IV-1917; 371/3035, Vaughan a Balfour, 12-IV-1917; y 371/3033, Cecil a Vaughan, 14-IV-1917. Romero (2002): 76. <<

[199] Koblik (1988): 116-117. <<

[200] NA-FO, 371/3017, «The desirability of Spanish intervention»; 371/3031, Grant a Hardinge, 5-V-1917; y 371/3033, Hardinge a Cecil, 19-V-1917. RAH, AR 40/8. Cortina (1929): 107 y 109. Alcalá-Zamora (2013): 146-147. Vincent-Smith (1975): 128-131. <<

[201] AD, 477, Cambon a Geoffray, 8 y 22-II-1917; León y Castillo a Romanones, 10-II-1917; y Geoffray a Ribot, 10 y 11-IV-1917. NA-FO 371/3035, Vaughan a Balfour, 11-IV-1917; 371/3033, Vaughan a Balfour, 12-IV-1917; y 371/3033, Vaughan a Balfour, 28-IV-1917. RAH, AR 35/6 y 8/6. El Liberal, 14-V-1917. Romanones (1949, III): 362. <<

[202] FAM 380/7. <<

[203] Soldevilla (1918): 115. La Correspondencia Militar, 14, 16 y 18-IV-1917. <<

[204] RAH, AR 8/6. NA-FO 371/3031, Hardinge a Balfour, 16-IV-1917; y 371/3033, Vaughan a Balfour, 15, 16 y 17-IV-1917. La Época, 13, 14 y 27-IV-1917. El Imparcial y El Liberal, 14, 15 y 28-IV-1917. Anon. (1918a): 14-15. <<

[205] AEE (1918): 462. AR 63/46. Heraldo de Madrid, El Imparcial y La Época, 11-IV-1917. <<

[206] NA-FO 371/3031, Grant a Hardinge, 16-V-1917; y 371/3033, Hardinge a Cecil, 19-V-1917. AD 477, Denvignes a Painlevé, 14-IV-1917. AGP 12911/22, 15243/15 y 15978/3. Carden (1987): 166. <<

[207] DSC, 25-X-1918, 2782-2783. Romanones (1924): 86-88. <<

[208] RAH, AA, Documentación epistolar. El Imparcial, 24-IV-1917. <<

[209] NA-FO 371/3033, Vaughan a Balfour, 22 y 23-IV-1917. AD 478, Geoffray a Ribot, 19-IV-1917. Alcalá-Zamora (2013): 147. <<

[210] AD, 478 Geoffray a Ribot, 15-V-1917. NA-FO 371/3033, Vaughan a Balfour, 1-V-1917; y 371/3035, Hardinge a Balfour, 5-XI-1917. La Época y El Imparcial, 21-IV-1917, 6 y 18-V-1917. <<

[211] El Liberal, 26-IV-1917. <<

[212] FPI, AARD 252-3, CEN de UGT, 26-IV-1917. <<

[213] Tierra y Libertad, 7-III-1917. <<

[214] Meaker (1978): 42-44 y 46-47. Forcadell (1978): 218-225. Barrio (1988): 150-154. <<

[215] NA-FO 371/3372, Intelligence Bureau, Weekly Report on Spain XIX, 7-III-1918. Solidaridad Obrera, 28-XII-1916. Tierra y Libertad, 10-I-1917. El Sol, 4, 7 y 14-III-1918. Cordero (1932): 27-28. Buenacasa (1977): 106. Bueso (1976): 72. <<

[216] Solidaridad Obrera, 1 y 3-V; y 6 y 20-VI-1917. Sastre (1921): 124-125. Farré (1922): 220-221. Rucabado (1925): 199-200. Balcells (1987): 52. Marinello (2014): 358-359 y 363. Saborit (2015): 697. Payne (1977b): 84. <<

[217] Solidaridad Obrera, 20-V-1917. <<

[218] FPI, AARD 252-3, CEN de UGT, 17, 25 y 31-V-1917. Solidaridad Obrera, 20-III, y 21 y 25-V-1917. El Imparcial y La Época, 27 y 28-IV-1917; y 12-V-1917. El Socialista, 29-IV, y 25-V-1917. Pestaña (1933): 66. <<

[219] Solidaridad Obrera, 25-V-1917. <<

[220] Saborit (2015): 642 y 646. Lacomba (1970): 60. Meaker (1978): 83-84. Forcadell (1978): 90-91. <<

[221] Saborit (2015): 646-647. <<

[222] Meaker (1978): 41. Forcadell (1978): 134. Winock (2003): 340-341. Sperber (2013): 358-361. Berlin (2019): 57. Fabra Ribas (1915). Boyd (1990): 72. <<

[223] El Socialista, 15-II, 6-III, 28-IV y 28-V-1917. <<

[224] NA-FO 371/3031, Hardinge a Balfour, 17-IV-1917. <<

[225] La Época, 30-IV-1917. El Liberal, 1-V-1917. Maura (1917). <<

[226] AD 478, Geoffray a Ribot, 22-V-1917; y 479, Geoffray a Ribot, 1-VI-1917. La Época, 21-V-1917. El Imparcial, 22-V-1917. El Socialista, 24-V-1917. El País, 28-V-1917. El Diario Universal, 29-V-1917. Morato (1918): 291. <<

[227] El Liberal, 27-V-1917. <<

[228] El Socialista, 25-V-1917. El Liberal, 27 y 31-V-1917. La Época, 31-V-1917. <<

[229] El País, 28-V-1917. <<

[230] NA-FO, 371/3017, «The desirability of Spanish intervention»; y 371/3033, Hardinge a Balfour, 2-V-1917. La Época, 21-IV, 26-V; y 7-VI-1917. El Imparcial, 22-IV, 27-V y 8-VI-1917. <<

[231] AGP 15983/1. NA-FO 371/3033, Vaughan a Balfour, 26-IV-1917; 371/3031, Cecil a Hardinge, 10-V-1917; y Hardinge a Cecil, 30-V-1917. AEE (1918): 462. La Época, 15, 17, 19 y 26-V; y 4-VI-1917. ABC y El Imparcial, 16, 18, 19, 20 y 26-V; y 4-VI-1917. El Liberal, 19-V-1917. <<

[232] AGP 15615/1. La Época, 29-V-1917. El Imparcial y El Liberal, 30-V-1917. Gaceta de Madrid, 1-VI-1917. Capitán Equis (1916): 28-29. Puell (1986): 102. <<

[233] Galarza (1917): 12. <<

[234] El Liberal, 13-I-1917.Capitán Equis (1916): 26-27. Galarza (1917): 11. Puell (1986): 88-89. Boyd (1990): 77. <<

[235] AD 479, Geoffray a Ribot, 1-VI-1917. Capitán Equis (1916): 27. <<

[236] La Correspondencia Militar, 22-X-1917. <<

[237] Benzo (1931): 56. Mola (1934): 97-99. <<

[238] Benzo (1931): 55. <<

[239] Mola (1934): 99-100, 113 y 119. Fernández Almagro (1986, II): 31. <<

[240] Mola (1934): 97. <<

[241] DSC, 5-XI-1915, Ap. 14. Romanones (1924): 141, y (1949, II): 349. Mola (1934): 63. Puell (1986): 84-85. <<

[242] Puell (1986): 102. <<

[243] AGP 15614/6. DSC, 8-XI-1915, Aps. 1, 2, 3 y 4. NA-FO 371/3030, Grant a Hardinge, 8-I-1917. Puell (1986): 85 y 103. <<

[244] Ortega (1975): 76. DSC, 24-XI-1915, 424-425. La Época, 31-V-1915. <<

[245] DSC, 27-IX-1916, Ap. 6. Nuestro Tiempo, XI-1916. Sánchez de Toca (1918): 14. Moreno-Luzón (1998): 325. <<

[246] Márquez y Capo (1923): 23-25 y 177. Mola (1934): 101. <<

[247] Márquez y Capo (1923): 23-24. <<

[248] El Imparcial, 23-X-1917. Nuestro Tiempo, XI-1917. Buxadé (1918): 35-36. Márquez y Capo (1923): 24. Mola (1934): 101-102. <<

[249] Buxadé (1918): 40. Romanones (1949, III): 353. <<

[250] La cita, en FAM 389/16. El resto, en AD 479, Geoffray a Ribot, 3-VI y 5-VII-1917; y Denvignes a Painlevé, 4-VI-1917. FAM 402/22. Burgos (1918): 296-297. Márquez y Capo (1923): 24. Martínez de Aragón (1923): 20-35. Benzo (1931): 75. <<

[251] AGM (Ávila) 83/2. Soldevilla (1917): 3. Buxadé (1918): 37-38 y 40. <<

[252] AGM (Ávila) 83/2 y 82/12. AD 478, Gaussen a Ribot, 16 y 18-IV-1917; y Geoffray a Ribot, 27-IV-1917. NA-FO 371/3033, Smith a Balfour, 28-IV-1917. El Liberal, 25-VI-1917. Galarza (1917): 14-15. Araquistáin (1917): 112. <<

[253] AD 478, Gaussen a Ribot, 31-V-1917. Nuestro Tiempo, VI-1917. AEE (1916): 330-331. Madariaga (1989): 253. <<

[254] AGM (Ávila) 83/2. FAM 402/22. Soldevilla (1917): 5. <<

[255] AGM (Ávila) 82/13. <<

[256] AGM (Ávila) 82/13. Simarro (1918): 324. Buxadé (1918): 40-43. Márquez y Capo (1923): 29. <<

[257] AGM (Ávila) 82/13. AD 478, Gaussen a Ribot, 31-V-1917. FAM 402/22. La Época, 30-V, y 6-VI-1917. Buxadé (1918): 43-46. Márquez y Capo (1923): 31-32. Mola (1934): 103-105. <<

[258] AD 479, Geoffray a Ribot, 2 y 3-VI-1917. RAH, AED 79. Buxadé (1918): 63. Márquez y Capo (1923): 37. Romanones (1949, III): 369. <<

[259] Buxadé (1918): 47. Romanones (1949, III): 353. Tusell y García (2001): 304-305. <<

[260] AGM (Ávila) 82/13. FAM 402/22. Buxadé (1918): 49-50. Márquez y Capo (1923): 38. Mola (1934): 105. <<

[261] AGP 15621/15. El País y La Época, 5-V-1917. Soldevilla (1917): 211. Buxadé (1918): 58-59. <<

[262] AGP 15621/15.NA-FO 371/3031, Hardinge a Cecil, 10-VI-1917. El Mundo y La Época, 29-X-1917. Buxadé (1918): 61-62. Simarro (1918): 326-327. Márquez y Capo (1923): 37-39. Mola (1934): 105-106. <<

[263] AGM (Ávila) 82/13. Márquez y Capo (1923): 36. Buxadé (1918): 65-66. Mola (1934): 111-112. <<

[264] AGP 15621/15. AGM (Ávila) 82/13. ABC y El Imparcial, 2-VI-1917.Buxadé (1918): 60-61. <<

[265] El Imparcial, 2 y 7-VI-1917. La Época, 3-VI-1917. La Correspondencia Militar, 4-VI-1917. El Liberal, 7 y 15-VI-1917. Buxadé (1918): 56-57, 63 y 67-68. Márquez y Capo (1923): 38. Mola (1934): 110. <<

[266] AD 479, Geoffray a Ribot, 3-VI-1917. NA-FO 371/3031, Hardinge a Cecil, 10-VI-1917. El Liberal, 2 y 11-VI-1917. La Época, 11-VI-1917. Buxadé (1918): 68-69. <<

[267] AGP 15621/15. Soldevilla (1918): 212. <<

[268] FAM 402/22. La Vanguardia, 8-VI-1917. ABC y El Imparcial, 10 y 12-VI-1917. Buxadé (1918): 69-72. Márquez y Capo (1923): 25. <<

[269] AGM (Ávila) 82/13. Buxadé (1918): 73-75. <<

[270] La Época, 6, 9 y 10-VI; y 29-XII-1917. La Vanguardia, 8-VI-1917. El Imparcial y El Liberal, 10-VI-1917. <<

[271] La Publicidad, 9-VI-1917. También en NA-FO 371/3033, Hardinge a Balfour, 3-VII-1917. <<

[272] Pabón (1952): 477-478. Riquer (2013): 83. <<

[273] La Época, 14-VI-1917. El Debate y El Imparcial, 15-VI-1917. Simarro (1918): 193. <<

[274] La Veu de Catalunya, 3-VI-1917. La Época y El Liberal, 9-VI-1917. Cambó (1987): 252-253 y 256. Buxadé (1918): 21. Aunós (1940): 337. <<

[275] AD 479, Geoffray a Ribot, 15-VI-1917; y Gaussen a Ribot, 28-VI-1917. DSC, 28-V-1918, 1235. El Socialista, 17-X-1918. <<

[276] AD Leg. 479, Geoffray a Ribot, 12-VI-1917. Burgos (1918): 96 y 168-169. Pabón (1952): 536. Tusell y Avilés (1986): 112. <<

[277] AD 479, Geoffray a Ribot, 7-VI-1917. El Socialista, 5 y 8-VI-1917. La Época, 8 y 9-VI-1917. El Imparcial, 10-VI-1917. <<

[278] Domingo (S.f.): 13-14. AD 479, Geoffray a Ribot, 16-VII-1917. <<

[279] NA-FO 371/3033, Hardinge a Balfour, 3-VII-1917. DSC, 28-V-1918, 1275; y 31-V-1918, 1309-1310. Burgos (1918): 33-39. Buxadé (1918): 191-195. <<

[280] AD 479, Geoffray a Ribot, 11-VI-1917. RAH, AR 97/40. La Época, 10 y 11-VI; y 18-XII-1917. La Acción y El Liberal, 11-VI-1917. Heraldo de Madrid, 12-VI-1917. <<

[281] Posada (1923): 24-25. Finer (1962): 86-96. <<

[282] AD 479, Denvignes a Painlevé, 23-VI-1917. Sánchez de Toca (1918): 237-238. Buxadé (1918): 70. Pardo (1930): 53. Madariaga (1989): 252. Fernández Almagro (1986, II): 14. El Liberal y La Época, 9 y 10-VI-1917. El Socialista, 12-VI-1917. <<

[283] Maura y Fernández Almagro (1948): 281-282. Martorell (2011b). <<

[284] AD 483 Denvignes a Painlevé, 7-XI-1917. NA-FO 371/3033, Hardinge a Cecil, 12-VI-1917. La Época, 11 y 12-VI-1917. El Liberal, 12-VI-1917. Buxadé (1918): 91-92. <<

[285] RAH, AED 78. Buxadé (1918): 89. Maura y Fernández Almagro (1948): 281. <<

[286] AGP 15621/15. RAH, AED 79. El Liberal y La Época, 12 y 13-VI-1917. ABC y El Imparcial, 13-VI-1917. <<

[287] AD 479, Geoffray a Ribot, 12-VI-1917; y Gaussen a Ribot, 28-VI-1917. NA-FO 371/3033, Hardinge a Balfour, 3 y 4-VII-1917. FAM 362/18. Burgos (1918): 35 y 174. Buxadé (1918): 70. Márquez y Capo (1923): 209-210. <<

[288] FAM 362/18. ABC y El Imparcial, 17-VI-1917. Márquez y Capo (1923): 41. <<

[289] La Correspondencia Militar, 22-X-1917. Márquez y Capo (1923): 188-195. <<

[290] El Liberal, 25-VI-1917. <<

[291] Buxadé (1918): 113-114. Coello (1922): 9. <<

[292] Nuestro Tiempo, XI-1917. <<

[293] El Capitán Equis (1916): 38-39. Coello (1922): 19-21. El Liberal, 27-X-1917. <<

[294] El Socialista, 12-VI-1917. El País, 14 y 15-VI-1917. El Debate, 15-VI-1917. Burgos (1918): 54. Carr (1979): 534. <<

[295] El Liberal y La Época, 15-VI-1917. El Imparcial y El Socialista, 17-VI-1917. Buxadé (1918): 125-131. <<

[296] FPI, AARD 252-3, CEN de UGT, 21-VI-1917. Burgos (1918): 67-71. Buxadé (1918): 150. <<

[297] La Época, 21 y 27-VI-1917. <<

[298] Sperber (1997): 230-264. Ramos (2001): 424-431. <<

[299] NA-FO 371/3033, Hardinge a Balfour, 3-VII-1917. AD Leg. 479, Geoffray a Ribot, 30-VI-1917. El Liberal, 17-VI y 14-VII-1917. DSC, 18-VII-1910, 722-738; y 31-I-1912, 2070-2085. García Venero (1974): 241-244 y 291-311. Arranz Notario (1996): 25, 40-41 y 72. Suárez Cortina (2011). <<

[300] Aron (2015): 26. Artola (1991): 162-165 y 211-215. <<

[301] Hermens (1958): 21-40. Fusilier (1960): 27-28. Mirkine-Guetzevich (1950): 608. <<

[302] Lowell (1912, I): 458-459. Mayeur (1984): 108-109. Ramos (2001): 384-387. Rémond (2002): 147-168 y 277-304. <<

[303] Araquistáin (1917): 144 y 146. Simarro (1918): XII. Vilches (2008): 298-302. Dangerfield (2019): 124-125. <<

[304] La Época, 23-VII-1917. Arranz Notario (1996): 80. <<

[305] Arranz Notario (2011): 606. Aron (2015): 155 y 225. <<

[306] Varela (2013): 76. <<

[307] NA-FO 371/3034, Hardinge a Balfour, 8-IX-1917. Pérez Garzón (1980): 95-100. Kurzman (2008): 11-14. <<

[308] RAH, AED 78. Furet (1995): 113. Kurzman (2008): 32. Álvarez Tardío y Villa García (2010): 29-46. Castro (1994): 33-57. Álvarez Junco (1990): 203-208. <<

[309] Varela (2013): 142 y 145. Payne (1977b): 17. Ramos (2001): 361. <<

[310] Vilches (2001). Kurzman (2008): 18. Villa García (2019): 25-30 y 64-65. <<

[311] AGP 12100/72. FAM 399, 18. Simarro (1918): 352. Tusell y Avilés (1986): 113. <<

[312] FAM 389/16. Buxadé (1918): 40. <<

[313] FAM 389/16, 402/22 y 362/18. Simarro (1918): 350. Márquez y Capo (1923): 69-70. Maura y Fernández Almagro (1948): 303-305 y 484-487. <<

[314] AGP 15/7. NA-FO 371/3033, Hardinge a Balfour, 3-VII-1917. AD 479, Geoffray a Ribot, 30-VI-1917. RAH, AED 78. El Liberal, 17-VI y 14-VII-1917. <<

[315] Gaceta de Madrid, 15-VI y 30-VII-1914. La Vanguardia Administrativa, 9-VI-1917. Anon. (1918b): 15-17. Villacorta (1989): 351-352 y 365. <<

[316] FAM 362/18. <<

[317] Romanones (1924): 250. Villacorta (1989): 154-157, 212-214 y 354-355. <<

[318] Gaceta de Madrid, 28-VI y 13-VII-1917. NA-FO 371/3033, Hardinge a Balfour, 13-VI-1917. El Día, La Época y El Liberal, 14, 15, 18 y 28-VI-1917. Burgos (1918): 299. Villacorta (1989): 374-377. <<

[319] Ferro (1973): 127. Meaker (1978): 94. Cronin (1983): 25-26. Mollier y George (1994): 440-442. <<

[320] AHN, Gobernación 48A/7. <<

[321] Mavrogordatos (1983): 27-28. <<

[322] Koblik (1988): 111-113 y 117-124. <<

[323] Nilson (1988): 144. Meier (1988): 73-74. <<

[324] Hansen (1988): 176, 184 y 187. <<

[325] AD 479, Denvignes a Painlevé, 24-VI-1917. El Socialista, 12-VI-1917. El Liberal, 13 y 14-VI-1917. La Época, 13, 15 y 30-VI-1917. La Acción, 22-VI-1917. Buxadé (1918): 123-124. Burgos (1918): 40-50 y 174-175. <<

[326] AGM (Ávila) 83/4. RAH, AED 79. <<

[327] AGM (Ávila) 3/6. RAH, AED 78. FAM 362/18. El Socialista, 20-VI-1917. El Liberal, 5-I-1918. Alonso (1999): 262-264. <<

[328] NA-FO 371/3033, A. Hardinge a L. Hardinge, 22-VI-1917; Carnegie a Hardinge, 27-VI-1917; y File n.º 7411. AD 479, Gaussen a Ribot, 28-VI-1917. FAM 362/18. Buxadé (1918): 113-115. Burgos (1918): 168. Márquez y Capo (1923): 211-212. Pestaña (1933): 59-62. Meaker (1978): 78 y 87-88. <<

[329] AHN, Gobernación 42A/1. ABC y El Imparcial, 13-VI-1917.Una semblanza de Matos, en Hernández (2005). <<

[330] AHN, Gobernación 42A/1. <<

[331] Gaceta de Madrid, 5, 10, 14 y 18-VII-1917. El Imparcial, 16 y 22-VI-1917. La Época, 21, 26-VI; y 7 y 15-VII-1917. <<

[332] AGP 15615/2. NA-FO 371/3033, Hardinge a Balfour, 6-VII-1917. Gaceta de Madrid, 26-VI, y 3-VII-1917. La Época, 30-VII-1917. El Liberal, 14-VII-1917. Payne (1977a): 194. Seco (1995): 379. Tusell y García (2001): 303-305. <<

[333] NA-FO 371/3033, Hardinge a Cecil, 12-VI-1917; Hardinge a Balfour, 3 y 6-VII-1917; y Cecil a Hardinge, 23-VII-1917. AD 480, Geoffray a Ribot, 7-VIII-1917. Gaceta de Madrid, 26 y 30-VI-1917. El Liberal, 12, 16 y 17-VI-1917. La Época, 12 y 29-VI-1917. <<

[334] RAH, AED 78. NA-FO 371/3031, Hardinge a Cecil, 30-VI-1917. AEE (1918): 462. El Imparcial y La Época, 30-VII, 6-VIII, y 19-X-1917; y 27 y 31-I-1918. El Liberal, 31-VII y 6-VIII-1917. <<

[335] RAH, AR 1/1. El Imparcial, 15 y 24-VI-1917. La Época, 15-VI y 6-VII-1917. Diario Universal, 16-VI-1917. El Liberal, 27, 28 y 29-VI-1917; y 6, 15, 19 y 21-VII-1917. Alcalá-Zamora (2013): 151. <<

[336] NA-FO 371/3033, Hardinge a Balfour, 7-VII-1917. Rovira (1918): 68. Cambó (1987): 255. Fernández Almagro (1986, II): 18. <<

[337] AD 479, Geoffray a Ribot, 2-VII-1917. NA-FO 371/3033, Hardinge a Balfour, 14-VII-1917. Burgos (1918): 94. Pabón (1952): 479-480. El Liberal y El Imparcial, 2, 3, 4, 5 y 12-VII-1917. Nuestro Tiempo, VIII-1917. <<

[338] Nuestro Tiempo, VIII-1917. Sánchez de Toca (1918): 124-125. Márquez y Capo (1923): 54. Domingo (S.f.): 39-40. <<

[339] Diario de Barcelona, 6-VII-1917. El Liberal, 6 y 8-VII-1917. Burgos (1918): 110. <<

[340] FAM 69/1. DSC, 11-VI-1918, 1572. Burgos (1918): 107. Fernández Almagro (1986, II): 18. <<

[341] NA-FO 371/3033, Hardinge a Balfour, 9-VII-1917. Rovira (1918): 74-75. Sánchez de Toca (1918): 85. Cemboráin (1907): 30. Posada (1923): 115-116. <<

[342] AHN, Gobernación 42A/1. ABC y El Imparcial, 9-VII-1917. El Liberal, 9 y 12-VII-1917. La Época, 8 y 12-VII-1917. Fernández Almagro (1986, II): 18-19. <<

[343] NA-FO 371/3034, Balfour a Hardinge, 24-VII-1917. AGP 12101/48. <<

[344] Gaceta de Madrid, 11-VIII-1917. Márquez y Capo (1923): 43 y 210-211. <<

[345] AHN, Títulos y Familias, ALM 3115. Buxadé (1918): 170. <<

[346] RAH, AED 79. <<

[347] RAH, AED 79. FAM 402/22. RAH, AR 63/52. El Imparcial y El Debate, 17, 30 y 31-VII-1917, y 2 y 3-VIII-1917. La Acción, 1 y 2-VIII-1917. La Época, 1 y 2-VIII-1917, y 12-IX-1917. El Liberal, 2 y 3-VIII, y 12-IX-1917. Simarro (1918): 196-197. Márquez y Capo (1923): 42, 182-187. Maura y Fernández Almagro (1948): 497. Titos (2019): 67. <<

[348] RAH, AED 78. AD 479, Gaussen a Ribot, 10-VII-1917; y Geoffray a Ribot, 16-VII-1917. Solidaridad Obrera, 6 y 20-VI-1917. El País, 6-XI-1917. Burgos (1918): 171-172. Sastre (1921): 125-126. Farré (1922): 221. Rucabado (1925): 200. Saborit (1967a): 8. Lacomba (1970): 226. Aisa y Arbeloa (1975): 70. Juliá (1997): 97. <<

[349] Márquez y Capo (1923): 46-47. Pabón (1952): 500. <<

[350] FAM 362/18. Burgos (1918): 137-138. <<

[351] Buxadé (1918): 140-143. Márquez y Capo (1923): 49 y 183. Mola (1934): 116-118. <<

[352] NA-FO 371/3033, Hardinge a Balfour, 17-VII-1917. FAM 389/16 y 362/18. El Liberal, 9, 15 y 16-VII; y 10-VIII-1917. La Publicidad, 13-VII-1917. La Época, 15-VII-1917. Buxadé (1918): 146-147. Maura y Fernández Almagro (1948): 493-495. <<

[353] Burgos (1918): 132 y 134. <<

[354] FAM, 362/18, 80/18 y 397/8. Márquez y Capo (1923): 49. Maura y Fernández Almagro (1948): 303-305, 484-490, 494 y 508. Tusell y Avilés (1986): 117. <<

[355] FAM 362/18 y 185/18. Soldevilla (1918): 301-302. Maura y Fernández Almagro (1948): 507. Nadal (1965): 268-269. Tusell y Avilés (1986): 106. <<

[356] NA-FO 371/3033 y 3034, Hardinge a Balfour, 3, 4 y 17-VII-1917. FAM 80/18. DSC, 28-V-1918, 1235. El Liberal, 17-VII-1917. La Época, 22-VII-1917. El Socialista, 30-VII-1917. Nuestro Tiempo, VIII-1917. Buxadé (1918): 144-145. Pabón (1952): 513. Maura y Fernández Almagro (1948): 506-508. Lacomba (1970): 188-189. <<

[357] Solidaridad Obrera, 30-IV, 9-V, y 13 y 23-VI-1917. <<

[358] Solidaridad Obrera, 5-VII-1917. NA-FO 371/3033, Naval Staff, Intelligence Division, 14-VII-1917. Domingo (S.f.): 53. Buxadé (1918): 149-150. Vidiella (1964): 14. <<

[359] El Socialista, 30-VII-1917. Tierra y Libertad, 14-XI-1917. Bajatierra (1918): 14-19. Burgos (1918): 79-84. <<

[360] Domingo (S.f.): 29 y 53. Bajatierra (1918): 13. Barrio (1988): 110. <<

[361] RAH, AR 14/19. El Liberal, 8-IX-1917. Buxadé (1918): 153-157. Bajatierra (1918): 20-21 y 35. Del Rosal (1977): 153. <<

[362] El Socialista, 30-VII-1917. Buxadé (1918): 156. Burgos (1918): 98, 103-104 y 109. Bajatierra (1918): 27. <<

[363] Buxadé (1918): 158-160. <<

[364] FAM 389/16. Garriga (1987): 230. <<

[365] El Socialista, 6 y 18-X-1918. Saborit (1967b): 97. Pestaña (1933): 59-62. Largo Caballero (1954): 52-54. Meaker (1978): 78 y 87-88. <<

[366] AHN, Gobernación 42A/1. AGM (Madrid), Orden Público 5862.31. NA-FO 371/3034, Hardinge a Balfour, 17-VII-1917; y Smith a Balfour, 10-VIII-1917. AD 480, Cavallage a Ribot, 23-VII-1917. DSC, 1-VI-1918, 1345. La Época, 14-VI-1917. El Liberal, 16, 18-VII, 1-VIII y 8-IX-1917. El Socialista, 30-VII-1917. Buxadé (1918): 155. Burgos (1918): 181. Bajatierra (1918): 53. Buenacasa (1977): 148-149. <<

[367] NA-FO 371/3034, Smith a Hardinge, 20-VII-1917. AD 479, Gaussen a Ribot, 20-VII-1917. El Socialista, 30-VII-1917. Solidaridad Obrera, 6-VIII-1917. Burgos (1918): 152. Bajatierra (1918): 36 y 52-53. Fernández Almagro (1986, II): 19. <<

[368] AHN, Gobernación 42A/1. AD 479, Geoffray a Ribot, 16 y 17-VII-1917. NA-FO 371/3034, Hardinge a Balfour, 20-VII-1917. RAH, AED 79. FAM 362/18. DSC, 25-VI-1918, 1967-1968. La Época, 19 y 20-VII-1917. El Imparcial y El Liberal, 20 y 21-VII-1917. La Veu de Catalunya, 29-VII-1921. El Socialista, 31-VII; y 1-VIII-1917. Burgos (1918): 151-152. Bajatierra (1918): 38-39, 43 y 46. Domingo (S.f.): 61-62. Nadal (1965): 274. Garriga (1987): 229-230. <<

[369] RAH, AED 79. NA-FO 371/3033, Hardinge a Balfour, 20-VII-1917. Maura y Fernández Almagro (1948): 491-494. <<

[370] Nuestro Tiempo, VIII-1917. Bajatierra (1918): 40-43. <<

[371] La Época, 2-XI-1917. Sánchez de Toca (1918): 130. <<

[372] NA-FO 371/3033, Smith a Balfour, 20 y 28-VII; y 3-VIII-1917. AD 480, Geoffray a Ribot, 5-VIII-1917. FAM 389/16. El Liberal, 25-VII-1917. <<

[373] AHN, Gobernación 42A/1. NA-FO 371/3034, Smith a Balfour, 17-VII-1917. DSC, 28-V-1918, 1575; y 11-VI-1918, 1239. El Socialista, 18-X-1918. Largo Caballero (1954): 54-55. <<

[374] DSC, 1-VI-1918, 1343. Domingo (S.f.): 68 y 71. <<

[375] AGM (Madrid), Orden Público 5862.32. El Imparcial, 20-VII-1917. El Liberal, 20, 21, 22 y 24-VII-1917. La Época, 19, 20, 21, 22, 23 y 24-VII; y 3-VIII-1917. DSC, 11-VI-1918, 1345 y 1573. AD 480, Volet a Ribot, 25-VII-1917. El Socialista, 21-VII-1917. IRS (1921): XXIV-XXVI. Burgos (1918): 149. Cordero (1932): 30. Lacomba (1970): 231-233. Poblet (1971): 109. Fernández Almagro (1986, II): 21. Seco (1995): 394-395. <<

[376] Buxadé (1918): 168. <<

[377] AHN, Gobernación 42A/1. AD 480, Gaussen a Ribot, 22-VII-1917. NA-FO 371/3034, Hardinge a Balfour, 27-VII-1917. Nuestro Tiempo, VIII-1917. <<

[378] RAH, AED 78. AD 480, Gaussen a Ribot, 22-VII-1917. NA-FO 371/3034, Hardinge a Balfour, 27-VII-1917. El Liberal, 21-VII, 3-VIII y 8-IX-1917. La Época, 22-VII, 24 y 26-VII; y 4, 5 y 7-VIII-1917. El Socialista, 31-VII; y 1-VIII-1917. Nuevo Mundo, 13-II-1920. Fusi (1975): 371-373. <<

[379] RAH, AED 78. Bajatierra (1918): 13. Burgos (1918): 169. Domingo (S.f.): 19-20. <<

[380] NA-FO 371/3033, Smith a Balfour, 20 y 28-VII; y 3-VIII-1917. AD 480, Geoffray a Ribot, 5-VIII-1917. DSC, 24-V-1918, 1198; y 11-VI-1918, 1562. El Liberal, 25-VII-1917. Bajatierra (1918): 12. <<

[381] FAM 362/18 y 185/18. Nuestro Tiempo, VIII-1917. Burgos (1918): 175-182. Márquez y Capo (1923): 54. Fernández Almagro (1986, II): 20-21. Pabón (1952): 513. Maura y Fernández Almagro (1948): 507. <<

[382] FAM 362/18. <<

[383] Solidaridad Obrera, 1 y 2-VIII-1917. <<

[384] AD, 480, Cavallage a Ribot, 22-VII-1917. DSC, 22-V-1918, 1153. El Liberal, 10-VIII-1917. Nuestro Tiempo, VIII-1917. Buxadé (1918): 173-175 y 179-180. Burgos (1918): 204. Dato y Sánchez-Guerra (1918): 95. Del Rosal (1977): 155-156. Seco (1995): 395. <<

[385] Buxadé (1918): 180-182. <<

[386] El Socialista, 7-X-1918. Buxadé (1918): 217-218. Dato y Sánchez-Guerra (1918): 96. Tusell y García (2001): 309. <<

[387] Buxadé (1918): 182-184. <<

[388] Buxadé (1918): 182-184. <<

[389] Dato y Sánchez-Guerra (1918): 97. Burgos (1918): 208. Castillo (1977): 89-90. <<

[390] AGP 12620/43. RAH, AED 79. ABC, El Imparcial y El País, 9-VIII-1917. Buxadé (1918): 223-225. <<

[391] El País, 10-VIII-1917. <<

[392] El Socialista, 2-VIII-1917. <<

[393] El Socialista, 5-VIII-1917. <<

[394] Buxadé (1918): 185-186. <<

[395] Buxadé (1918): 188. <<

[396] Buxadé (1918): 241. <<

[397] Domingo (S.f.): 72 y 77. <<

[398] DSC, 28-V-1918, 1240. El Socialista, 6-X-1918. Largo Caballero (1954): 55-56. Pabón (1952): 537-538. <<

[399] FPI, AARD 252-3, CEN de UGT, 5-VIII-1917. El País, 7-VIII-1917. Buxadé (1918): 233-234. Shubert (1984): 149. <<

[400] El Socialista, 6 y 18-X-1918. Burgos (1918): 207. Cordero (1932): 30-32. Largo Caballero (1954): 55-56. Buenacasa (1977): 234. Saborit (2015): 702 y 706. <<

[401] AGGC, P-S Madrid 2802. Solidaridad Obrera, 7-VIII-1917. Burgos (1918): 212-215. Cordero (1932): 30. <<

[402] La Veu de Catalunya, 8-VIII-1917. NA-FO 371/3034, Smith a Balfour, 3-VIII-1917. AD 480, Geoffray a Ribot, 4-VIII-1917. RAH, AED 79. El Socialista, 6 y 18-X-1918. Cordero (1932): 32. Pabón (1952): 537-538. Martín (1966): 30. Saborit (1967b): 97-99 y 118, y (2015): 712. Oliveros (1989): 115-116. <<

[403] AGP 12620/43. <<

[404] AHN, Gobernación 42A/1. Burgos (1918): 197-199. <<

[405] AHN, Gobernación 42A/1. DSC, 22-V-1918, 1154-1155; y 31-V-1918, 1297. El Liberal y La Época, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 12-VIII-1917. Burgos (1918): 197-199 y 201-205. Fernández Almagro (1986, II): 21. <<

[406] Márquez y Capo (1923): 209. <<

[407] Márquez y Capo (1923): 204-208. <<

[408] Márquez y Capo (1923): 66-68 y 211. <<

[409] DSC, 11-VI-1918, 1573. Buxadé (1918): 208-215. <<

[410] AGP 15621/15. FAM 362/18 y 389/15. Maura y Fernández Almagro (1948): 300. <<

[411] FAM 362/18. AD 480, Gaussen a Ribot, 11-VIII-1917. El Heraldo de Madrid, 19-X-1917. Buxadé (1918): 297-302. Márquez y Capo (1923): 71-75. <<

[412] FAM, 214/4. AD 479, Denvignes a Painlevé, 23-VI-1917; y Gaussen a Ribot, 23-VI-1917. DSC, 31-V-1918, 1304-1305. La Época, 26 y 6-VIII, y 19-X-1917. El Liberal, 31-VII, y 5 y 6-VIII-1917. El Socialista, 5-VIII-1917. El País, 6-VIII-1917. Fernández Barallobre (2010): 149-152. <<

[413] Gaceta de Madrid, 10-VIII-1917. <<

[414] RAH, AED 79. Dato y Sánchez-Guerra (1918): 99-101. <<

[415] ABC, El Imparcial, El Liberal y La Época, 12-VIII-1917. Ladera (1917): 214. Saborit (1967b): 99. <<

[416] FLC, AJB, 2301/029. Buxadé (1918): 248-250. <<

[417] DSC, 28-V-1918, 1240-1242; y 29-V-1918, 1285. La Época, 15-VIII-1917. Fernández Almagro (1986, II): 22. Sánchez de Toca (1918): 192. Bajatierra (1918): 12. Lacomba (1970): 223. <<

[418] RAH, AED 79. <<

[419] RAH, AED 79. Buxadé (1918): 246. Bajatierra (1918): 73-74. <<

[420] RAH, AED 79. Buxadé (1918): 246. <<

[421] RAH, AED 79. El Socialista, 7-X-1918. Solidaridad Obrera, 13-VIII-1917. Buxadé (1918): 247. <<

[422] DSC, 22-V-1918, 1145-1146; 28-V-1918, 1242; y 31-V-1918, 1298. El Liberal, 11, 12 y 13-VIII-1917. La Época, 13-VIII-1917. Solidaridad Obrera, 13-VIII-1917. Aisa y Arbeloa (1975): 71-72. Seco (1995): 449. <<

[423] Saborit (1967b): 18. <<

[424] AHN, Gobernación 42A/1. DSC, 28-V-1918, 1242; y 29-V-1918, 1285. La Época, 15-VIII-1917. Fernández Almagro (1986, II): 22. La Época, 15-VIII-1917. Sánchez de Toca (1918): 192. Saborit (2015): 706. Pestaña (1933): 59. Lacomba (1970): 223. Bar (1981): 426. <<

[425] Burgos (1918): 220-221. <<

[426] Burgos (1918): 221. Dato y Sánchez-Guerra (1918): 38-39 y 106. <<

[427] NA-FO 371/3033, Hardinge a Balfour, 4-VII-1917. RAH, AED 79. <<

[428] AGP 12101/48. NA-FO371/3033, Hardinge a Balfour, 7-VII-1917; 371/3034, Cecil a Hardinge, 14-IX-1917 y Balfour a Hardinge, 17-IX-1917; 371/3037, Hardinge a Balfour, 18-IX-1917 y 16-VI-1918; y 371/3372, Intelligence Bureau, Weekly Report on Spain XIX, 7-III-1918. AD 479, Geoffray a Ribot, 4-VII-1917. Alcalá-Zamora (2013): 152. Burgos (1921): 110-111. <<

[429] AGP 15982/25. FO 371/3033, Hardinge a Cecil, 19-V-1917. AD 483, Thierry a Pichon, 6-XII-1917. Luz, 4-X-1932. <<

[430] RAH, AED 78 y 79. AGP 12100/61. NA-FO 371/3034, Balfour a Hardinge, 23-VII-1917. AD 484, Thierry a Pichon, 19-III-1918. Crisol, 9-XII-1931. Luz, 4, 5 y 11-X-1932. García Sanz (2014): 269-270. <<

[431] NA-FO 371/3033, Hardinge a Balfour, 3-VII-1917 y 371/3034, Hardinge a Balfour, 24-IX-1917. AD 482, Denvignes a Painlevé, 13-IX-1917.Petit-Thouars a Chaumet, 22 y 23-X-1917. DSC, 4-V-1918, 860. La Acción, 12-IX-1917. <<

[432] NA-FO 371/3034, Cecil a Hardinge, 14-IX-1917, Hardinge a Balfour, 25-VIII y 13-IX-1917, y Balfour a Hardinge, 17-IX-1917; 371/3037, Hardinge a Balfour, 18-IX-1917; y 16-VI-1918; y 371/3372, Intelligence Bureau, Weekly Report on Spain XIX, 7-III-1918. Alcalá-Zamora (2013): 152. <<

[433] NA-FO 371/3031, Hardinge a Cecil, 30-V-1917; y 371/3033, Hardinge a Balfour, 3 y 20-VII y 15-VIII-1917. AD 479, Gaussen a Ribot, 17-VII-1917; y 483, France et Espagne. Annexe I, 11-VIII-1917. AGGC, P-S Madrid, 2802/11. Maura y Fernández Almagro (1948): 500-501. <<

[434] DSC, 29-V-1918, 1279. Oliveros (1989): 115. <<

[435] FLC, AJB, 2301-030. Nuestro Tiempo, VIII-1917. Burgos (1918): 221-222. <<

[436] RAH, AED 79. FAM 362/18. Rey Reguillo (1992): 661-662. <<

[437] FPI, AAS 1189-170. El Imparcial y La Época, 4-X-1917. Besteiro (1988). Bajatierra (1918): 13. Domingo (S.f.): 49. <<

[438] Bajatierra (1918): 58. <<

[439] AGM (Madrid), Orden Público 5862.32. RAH, AED 79. NA-FO 371/3033 y 3034, Hardinge a Balfour, 15 y 17-VIII-1917. FAM 362/18. FLC, AJB, 2301-041 y 042. DSC, 28-V-1918, 1250; y 31-V-1918, 1301. ABC, El Imparcial, El Liberal y La Época, 15, 16 y 17-VIII-1917. La Acción, 25-X-1917. Ladera (1917): 268-273. Dato y Sánchez-Guerra (1918): 109-110. Burgos (1918): 253 y 269-271. Bajatierra (1918): 58-61, 66-75 y 84-87. Buxadé (1918): 206. Farré (1922): 158. Maura y Fernández Almagro (1948): 498-501. <<

[440] AGM (Madrid), Orden Público, 5862.32 y 5946.15. RAH, AED. C. 79. NA-FO 371/3033, Hardinge a Balfour, 15-VIII-1917; y 371/3034, Newbigin a Levick, 18-VIII-1917. AD 481, Chateauvert a Ribot, 30-VIII-1917. DSC, 24-V-1918, 1200 y 1202-1203. El Liberal y La Época, 14 y 18, 19-VIII-1917. Ladera (1917): 300-305. IRS (1921): 4-5 y 18. Burgos (1918): 245-247. Dato y Sánchez-Guerra (1918): 48-51, 59-62. Farré (1922): 134. <<

[441] Burgos (1918): 108. <<

[442] FAM 402/22. DSC, 28-V-1918, 1240. El Liberal, 12-VIII-1917. Maura y Fernández Almagro (1948): 501. Saborit (1967b): 106. Roig (1976): 44. <<

[443] Nuestro Tiempo, XI-1917. <<

[444] AGGC, P-S Madrid 2802. NA-FO 371/3034, Smith a Balfour, 27-VIII-1917. Buxadé (1918): 268 y 290-291. <<

[445] RAH, AED 79. Roig (1976): 45. <<

[446] AHN, Gobernación 13A/16. AGM (Madrid), Orden Público 5862.32. DSC, 31-V-1918, 1315. Ladera (1917): 277-279. Buxadé (1918): 256-283. Bueso (1976): 78-81. Roig (1976): 45-46. <<

[447] AGP 12100/61. AHN, Gobernación 42A/1; y Títulos y Familias, ALM 3115. Bajatierra (1918): 45. Domingo (S.f.): 83 y 91-94. Buxadé (1918): 255 y 286. Sastre (1921): 126-127. Farré (1922): 222. <<

[448] DSC, 11-VI-1918, 1576. Domingo (S.f.): 93 y 97-98. Cambó (1987): 257. <<

[449] RAH, AED 79. AGGC, P-S Madrid, 2802. DSC, 11-VI-1918, 1576. Bajatierra (1918): 92. Domingo (S.f.): 92-93, 99-100 y 222. <<

[450] AGM (Madrid), Orden Público 5862.32. RAH, AED 79. DSC, 31-V-1918, 1315; y 11-VI-1918, 1576. NA-FO 371/3034, Smith a Balfour, 27-VIII-1917. AD 481, Gaussen a Ribot, 18-VIII-1917. El Liberal, 14 y 16-VIII; y 8-IX-1917. ABC y La Época, 14, 15, 16 y 20-VIII, y 22 y 25-X-1917. El Imparcial, 16-VIII; y 6-XI-1917. La Vanguardia, 23-VIII-1917. El Mundo, 29-X-1917. Ladera (1917): 279-297 y 325. Burgos (1918): 248 y 251. Buxadé (1918): 283-284. Márquez y Capo (1923): 58-61. Pestaña (1933): 63-64. Maura y Fernández Almagro (1948): 503. Pabón (1952): 544-545. Poblet (1971): 216-222. Lera (1978): 99-104. Seco (1995): 405. Marinello (2014): 452-455. <<

[451] AHN, Gobernación 42A/1. AGM (Madrid), Orden Público 5862.32. RAH, AED 79. DSC, 23-V-1918, 1179; y 29-V-1918, 1278. El Liberal y La Época, 14-VIII-1917. El Noroeste, 31-VIII-1917. Ladera (1917): 318-319. Burgos (1918): 238-240. Dato y Sánchez-Guerra (1918): 41-43. Oliveros (1989): 116 y 121. Ruiz (1979): 120-121. <<

[452] AGM (Madrid), Orden Público 5862.32. AHN, Gobernación 42A/1. RAH, AED 79. NA-FO 371/3034, Hardinge a Balfour, 25-VIII-1917. AD 481, Geoffray a Ribot, 29-VIII-1917. ABC y La Época, 24 y 25-VIII, y 8 y 13-IX-1917. El Liberal, 15-IX-1917. DSC, 24-V-1918, 1194. Márquez y Capo (1923): 198-199. Tuñón de Lara (1979): 11. Seco (1995): 398-400. Barrio (1988): 176-182. García Venero (1974): 359-366. Oliveros (1989): 118 y 121. <<

[453] AGM (Madrid), Orden Público 5862.32. AHN, Gobernación 42A/1. RAH, AED 79. FAM 362/18. FLC, AJB 2301-034, 035, 038 y 039. AD 481, Clavery a Ribot, 16-VIII-1917; Tinayre a Ribot, 16-VIII-1917; y Geoffray a Ribot, 19-VIII-1917. DSC, 28-V-1918, 1244-1245; 31-V-1918, 1301; y 1-VI-1918, 1357. El Socialista, 6 y 18-X-1918. ABC, El Imparcial, El Liberal y La Época, 11, 12, 13, 16 y 18-VIII-1917. Ladera (1917): 306-315. Burgos (1918): 226-231, 233-237 y 243-244. <<

[454] RAH, AED 79. AGM (Madrid), Orden Público 5862.32. FPI, AARD 252-3, CEN de UGT, 15-XI-1917. El Socialista, 6-X-1918. IRS (1921): XXIII. Saborit (2015): 702. Bajatierra (1918): 90. Martín (1966): 30-31. <<

[455] DSC, 12-VI-1918, 1605. Burgos (1918): 224. <<

[456] Dato y Sánchez-Guerra (1918): 107. Romanones (1924): 204. Lacomba (1970): 283. Meaker (1978): 142. Bar (1981): 476 y 492. Castillo (1977): 149-150. <<

[457] Cronin (1983): 23. Hansen (1988): 193. IRS (1918a): 257; y (1921): VIII, 39, 41, 65 y 111. <<

[458] RAH, AED 79. NA-FO 371/3034, Balfour a Hardinge, 2-X-1917; Bertie a Hardinge, 15-X-1917; y Simpson a Hardinge, 26-XI-1917. AD 483, Pams a Pichon, 22-XI-1917; y Appel des Comités du «Partido Socialista Obrero» la «Unión General de Trabajadores de España» a Mr. Hjalmar Branting, Ministre en Suède, 7-XI-1917. Saborit (2015): 724. <<

[459] Las estimaciones se han reconstruido a partir de las fuentes archivísticas, hemerográficas y bibliográficas citadas, más Soldevilla (1918): 175-176; y Dato y Sánchez-Guerra (1918): 112. El resto, en RAH, AED 79; DSC, 18-VI-1918, 1776-1778; y Farré (1922): 129. <<

[460] Gaceta de Madrid, 19-VII, 12-IX y 4-X-1917. Bernis (1923): 102 y 104. <<

[461] NA-FO 371/3372, Intelligence Bureau, Weekly Report on Spain XVI, 9-I-1918. Gaceta de Madrid, 4-X-1917. AEE (1916): 55; (1917): 66 y 505; y (1920): 37 y 56. El Liberal, 20-IX, 2 y 13-X-1917; y La Época, 7, 8 y 18-IX, 3 y 6-X-1917; y 5-I-1918. Sánchez de Toca (1918): 67-68. Nicolau (2005): 139. <<

[462] España, 25-X-1917. Del Rosal (1977): 161-162. Meaker (1978): 129. <<

[463] Largo Caballero (1954): 51. Solidaridad Obrera, 25-X-1917. El Socialista, 12 y 28-XII-1917. <<

[464] NA-FO 371/3372, Grant a Hardinge, 30-XII-1917. DSC, 7-VI-1918, 1544. Simarro (1918): X. <<

[465] La Época, 30-VIII-1917. El Liberal, 31-VIII-1917. <<

[466] Nuestro Tiempo, XI-1917. La Época, 10, 20, 21 y 26-VIII-1917. El Heraldo de Madrid, 30-VIII-1917. La Publicidad, 1 y 2-IX-1917. El Liberal, 3-IX-1917. El País, 7-IX-1917. El Liberal, 9-IX-1917. Pabón (1952): 546 y 552. Seco (1978): 90-91. Rey Reguillo (1992): 460-461. <<

[467] Martínez de Aragón (1923): 12. NA-FO 371/3034, Intelligence Division, Admiralty War Staff, 16-VIII-1917. <<

[468] AGGC, P-S Madrid, 2802. Pabón (1952): 534. <<

[469] AD 484, Thierry a Pichon, 12-II-1918. AC, FDV 90/379. El Liberal y La Época, 9 y 16-IX-1917. Ucelay (2003): 509. <<

[470] ABC, 20-X-1917. La Época, 21-IX-1917. Nuestro Tiempo, XI-1917. <<

[471] NA-FO 371/3034, Hardinge a Balfour, 7-X-1917. FAM 362/18. ABC y El Imparcial, 21-IX-1917. Fernández Almagro (1986, II): 24-25. Maura y Fernández Almagro (1948): 503. <<

[472] AD 483, Denvignes a Painlevé, 7-XI-1917. El Imparcial, 21-X-1917. La Correspondencia Militar, 22-X-1917. DSC, 31-V-1918, 1305. Márquez y Capo (1923): 71-75 y 212-216. Fernández Almagro (1986, II): 24. <<

[473] FAM 402/22. Burgos (1918): 283. <<

[474] RAH, AED 79. <<

[475] RAH, AED 79; AR 14/19; y ANR 8904. NA-FO 371/3034, Hardinge a Balfour, 19 y 22-X-1917. Simarro (1918): 202. <<

[476] FAM 19/11. <<

[477] El Liberal y La Época, 19, 20 y 21-IX, y 22-X-1917. El Debate, 20-X-1917. El Imparcial, 22-IX-1917. Nuestro Tiempo, IX-1917. Buxadé (1918): 297-302. Márquez y Capo (1923): 71-75. Maura y Fernández Almagro (1948): 500-501. Pabón (1952): 552-555. Cierva (1955): 185. Cambó (1987): 258. <<

[478] El Imparcial, 25-IX-1917. Burgos (1918): 324. <<

[479] RAH, AED 79. ABC y El Imparcial, 23, 25 y 26-IX-1917. El Liberal y La Época, 26-IX-1917. Nuestro Tiempo, IX-1917. <<

[480] FPI, AARD 252-3, CEN de UGT, 17-X-1917. Gaceta de Madrid, 31-VII-1917. Rey Reguillo (1992): 389. <<

[481] RAH, AED 78. Gaceta de Madrid, 16 y 19-X-1917. <<

[482] AD 482, Geoffray a Ribot, 23-X-1917; y 483, Petit-Thouars a Chaumet, 23-X-1917. NA-FO 371/3034, Hardinge a Balfour, 25-X-1917; y 371/3035, Grant a Hardinge, 16-XI-1917. RAH, AED 78; y ANR 8904. El Imparcial, 4, 8, 11, 13, 16 y 20-X-1917. La Época, 7, 12 y 20-X; y 28-XII-1917. ABC, 19-X-1917.Seco (1995): 407. García Sanz (2014): 273. <<

[483] Romanones (1949, III): 276. Pabón (1952): 552. <<

[484] RAH, AR 6/22. <<

[485] RAH, ANR 8904. La Época, 14 y 20-X; y 4-XII-1917. El Día, 19-X-1917. Heraldo de Madrid, 20 y 21-X-1917. ABC y El Imparcial, 20-X-1917. Pabón (1952): 552-553. <<

[486] El Imparcial y La Época, 21-X-1917. AD 482, Geoffray a Ribot, 16-X-1917. <<

[487] El Heraldo de Madrid, 22-X-1917. <<

[488] La Veu de Catalunya, 25-X-1917. <<

[489] La Veu de Catalunya, 25-X-1917. El Liberal, 24-X y 3-IX-1917. El Heraldo de Madrid, 22-X-1917. La Época, 24-X-1917. Nuestro Tiempo, XI-1917. Simarro (1918): 190. Seco (1995): 405-406. <<

[490] La Época, 19-X; y 4-XII-1917. El Imparcial, 23-X-1917. <<

[491] Alonso (1999): 266. <<

[492] FAM 407/6. NA-FO 371/3034, Hardinge a Balfour, 19-X-1917. Gaceta de Madrid, 9, 19 y 21-X-1917. La Época, 17-X-1917. El Imparcial, 18 y 21-X-1917. El Liberal, 19-X-1917. El País, 21-X-1917. La Correspondencia Militar, 22-X-1917. Cierva (1955): 185-186. <<

[493] FAM 389/15. RAH, AED 79. <<

[494] RAH, ANR 8904. ABC, 20-X-1917. El Liberal, 22-X-1917. El Imparcial, 22 y 23-X-1917. La Época, 24-X-1917. <<

[495] AD 482, Geoffray a Ribot, 23-X-1917. RAH, ANR 8904. Fernández Almagro (1986, II): 25. Márquez y Capo (1923): 74-75. Maura y Fernández Almagro (1948): 502. <<

[496] NA-FO 371/3034, Hardinge a Balfour, 19 y 22-X-1917. RAH, ANR 8904; y AR 14/19. Heraldo de Madrid, 22, 24 y 26-X-1917. La Acción, 23-X-1917. El Liberal, 25-X-1917. Nuestro Tiempo, XI-1917. Fernández Almagro (1986, II): 25. <<

[497] RAH, AED 81. <<

[498] Varela Suanzes (2013): 92-121. <<

[499] Fusilier (1960): 27. <<

[500] Posada (1923): 166. <<

[501] Ubierna (1922): 79-82. <<

[502] Rey Reguillo (1992): 827-830. Hermens (1958): 55-58. Kelsen (2009): 129-136. <<

[503] Maura (1919): 102. Tusell (2001): 34. Dangerfield (2019): 26. <<

[504] NA-FO 371/3034, Hardinge a Balfour, 8-IX-1917. <<

[505] RAH, AA 7/93-5. La Época, 18, 25 y 26-X-1917. Fernández Almagro (1986, II): 26. <<

[506] La Época, 22-X-1917. <<

[507] NA-FO/371/3034, Hardinge a Balfour, 22 y 31-X-1917. El Imparcial y La Época, 20 y 22-X-1917. <<

[508] El Heraldo de Madrid, 21-X-1917. El Imparcial, 22-X-1917. La Acción, 25-X-1917. La Correspondencia Militar, 25 y 27-X-1917. <<

[509] NA-FO 371/3034, Hardinge a Balfour, 25-X-1917. AD 483, Denvignes a Painlevé, 7-XI-1917. RAH, ANR 8904; y AED 81. <<

[510] AGP 15/7. FAM 362/18. RAH, AED 79. Márquez y Capo (1923): 118 y 242-243. Burgos (1918): 290 y 305. <<

[511] RAH, AED 79. Márquez y Capo (1923): 216-223. <<

[512] AGM (Ávila) 83/5. RAH, AED 79. FAM 82/29. Márquez y Capo (1923): 70-71. <<

[513] AD 483, Denvignes a Painlevé, 7-XI-1917; y Note sur la situation politique présente de l’Espagne, 6-XI-1917. RAH, AED 81; y ANR 8904. <<

[514] FAM 402/22. RAH, AED 79; y ANR 8904. AD 483, Thierry a Barthou, 5-XI-1917. El Imparcial, 23 y 25-X-1917. La Época, 25-X-1917. Heraldo de Madrid, 27 y 28-X-1917. El Mundo, 30-I-1918. Márquez y Capo (1923): 227-229. Maura y Fernández Almagro (1948): 506. Fernández Almagro (1986, II): 26-27. Cierva (1955): 186. <<

[515] NA-FO 371/3034, Hardinge a Balfour, 27 y 31-X-1917; 371/3372, Intelligence Bureau, Weekly Report on Spain XVI, 9-I-1918. RAH, ANR 8904. La Acción, 27-X-1917. El Debate, 28-X-1917. <<

[516] NA-FO 371/3034, Hardinge a Balfour, 31-X-1917; y 371/3372, Intelligence Bureau, Weekly Report on Spain XVI, 9-I-1918. <<

[517] La Acción, 27-X-1917. La Época, 27 y 28-X-1917. El Imparcial, 28 y 29-X-1917. El Debate, 28-X-1917. Heraldo de Madrid, 28-X-1917. <<

[518] AD 483, Denvignes a Painlevé, 7-XI-1917. Cambó (1987): 258. Sánchez de Toca (1918): 131. Márquez y Capo (1923): 76-78 y 229. <<

[519] Cierva (1955): 190. <<

[520] Márquez y Capo (1923): 27-28, 75-76 y 227. <<

[521] Sánchez de Toca (1918): 134. <<

[522] AC, FDV 90/379. Cierva (1955): 190. La Acción, 27-X-1917. El Debate, 28-X-1917. Márquez y Capo (1923): 78 y 228. <<

[523] NA-FO 371/3034, Hardinge a Balfour, 29 y 30-X-1917. FAM 807/4. RAH, ANR 8904. El Mundo y La Época, 29-X-1917. Cambó (1987): 259-262. <<

[524] La Época, 27 y 28-X-1917. El Debate y El Imparcial, 28-X-1917. <<

[525] La Acción, 27-X-1917. El Debate, 28-X-1917. Heraldo de Madrid y La Época, 28 y 29-X-1917. ABC y El Imparcial, 29-X-1917. <<

[526] La Época, 28 y 29-X-1917. ABC y El Imparcial, 29-X-1917. <<

[527] NA-FO 371/3370, Hardinge a Balfour, 26-III-1918. <<

[528] Sánchez de Toca (1918): 71. <<

[529] NA-FO 371/3034, Hardinge a Balfour, 29 y 30-X-1917. FAM, C. 807/4. RAH, ANR 8904. El Mundo, 29-X-1917. La Época, 29 y 30-X; y 5-XI-1917. ABC y El Imparcial, 30 y 31-X-1917. La Correspondencia Militar, 28-XII-1917. Sánchez de Toca (1918): 16, 38, 76-78 y 230. Garriga (1987): 228. <<

[530] Nadal (1965): 269-270. <<

[531] El Liberal y La Época, 26, 27 y 30-X-1917. ABC, 31-X-1917. <<

[532] La Época y El Imparcial, 31-X-1917. Pabón (1952): 559. <<

[533] ABC, La Época y El Imparcial, 31-X-1917. Garriga (1987): 231. Riquer (2013): 90. <<

[534] NA-FO, 371/3035, Hardinge a Balfour, 4-XI-1917. AC, FDV 90/379. ABC, 31-X y 1-XI-1917. La Época y El Imparcial, 1-XI-1917. Nuestro Tiempo, XI-1917. <<

[535] NA-FO 371/3035, Hardinge a Balfour, 2-XI-1917. AC, FDV 90/379. ABC y La Época, 1-XI-1917. El Imparcial y La Acción, 2-XI-1917. La Veu de Catalunya, 8-XI-1917. González (1990): 78. <<

[536] NA-FO, 371/3035, Hardinge a Balfour, 4-XI-1917. RAH, ANR 8904. Márquez y Capo (1923): 119 y 228. <<

[537] FAM 407/6. La Acción, 2-XI-1917. ABC y El Imparcial, 4-XI-1917.Cierva (1955): 187-189. <<

[538] FAM 407/6. RAH, ANR 8904. ABC y El Imparcial, 4-XI-1917. <<

[539] El Sol, 9-XII-1917. Martínez Roda (2016): 24-32. <<

[540] El Liberal y La Época, 1, 2, 3, 4, 5 y 6-XI-1917. El Imparcial, 3-XI-1917. La Tribuna, 5-XI-1917. Nuestro Tiempo, XI-1917. Sánchez de Toca (1918): 71. Burgos (1921): 7-8. Pabón (1952): 569-571 y 576. Maura y Fernández Almagro (1948): 308. Madariaga (1989): 252. <<

[541] ABC y El Imparcial, 5-XI-1917. <<

[542] FAM 407/6. ABC y El Imparcial, 4-XI-1917. <<

[543] La Correspondencia Militar, 3-XI-1917. <<

[544] Márquez y Campo (1923): 78 y 228. <<

[545] FAM 407/6. AC, FDV 90/379. El Liberal, 2-II-1918. Soldevilla (1919): 22. <<

[546] RAH, ANR 8904. La Veu de Catalunya, 9-XI-1917. Cambó (1987): 262 y 264. <<

[547] NA-FO, 371/3035, Hardinge a Balfour, 4-XI-1917. El Imparcial y La Época, 3-XI-1917. ABC, 4-XI-1917.Sánchez de Toca (1918): 136. Romanones (1949, III): 373. Fernández Almagro (1986): 29. <<

[548] López Muñoz (1918): 12. Burgos (1921): 8. Rémond (2002): 134-146. <<

[549] FAM 407/6. Soldevilla (1917): 233. <<

[550] RAH, ANR 8904. <<

[551] La Veu de Catalunya, 9-XI-1917. La Correspondencia de España, 9 y 10-XI-1917. <<

[552] FAM 407/6. RAH, ANR 8904. ABC y El Imparcial, 4 y 5-XI-1917. La Veu de Catalunya, 9-XI-1917. <<

[553] NA-FO, 371/3035, Hardinge a Balfour, 4-XI-1917. Solidaridad Obrera, 5-XI-1917. ABC y El Imparcial, 5 y 11-XI-1917. La Veu de Catalunya, 8-XI-1917. El Socialista, 19-X-1918. Cordero (1932): 30. Pabón (1952): 574-576. García Venero (1974): 372. <<

[554] El Imparcial y La Época, 4-XI-1917. La Tribuna, 5-XI-1917. El Socialista, 25-XI-1917. Márquez y Capo (1923): 78 y 228. Besteiro (1988): 50. Saborit (2015): 721. <<

[555] El Imparcial, 12 y 26-XI-1917; y 17-I-1918. La Época, 13-XI-1917. <<

[556] NA-FO 371/3034, Hardinge a Balfour, 19-X-1917. <<

[557] AEE (1917): 282-283. <<

[558] El Imparcial y La Época, 12-XI-1917. Fernández Almagro (1986): 30. <<

[559] AHN, Gobernación 27A/4. <<

[560] AHN, Gobernación 27A/4. ABC y La Época, 12 y 15-XI-1917. Fusi (1975): 377-378. <<

[561] FAM 407/6. La Vanguardia, 9-XI-1917. <<

[562] FAM 407/6. NA-FO, 371/3035, Hardinge a Balfour, 19-XII-1917. Gaceta de Madrid, 2, 16 y 18-XII-1917. El Imparcial y La Época, 12, 13 y 14-XII-1917. El Liberal, 15-XII-1917. <<

[563] AHN, Gobernación 11A/1 y 2. La Época, 4 y 26-XI; y 7-XII-1917. El Imparcial, 2 y 6-XII-1917; y 6-I-1918. Fernández Almagro (1986): 30. <<

[564] NA-FO, 371/3035, Hardinge a Balfour, 24-XI-1917. DSC, 25-VI-1918, 1946 y 1952-1953. ABC, 29-XI-1917. Saborit (1967b): 109. <<

[565] AD 483, Thierry a Pichon, 4-XII-1917. RAH, ANR 8904. La Vanguardia, 17-XI-1917. <<

[566] NA-FO, 371/3035, Hardinge a Balfour, 26-XI-1917. Solidaridad Obrera, 11-XI-1917. Nolte (2011): 35. <<

[567] El Socialista, 10-XI-1917. Bueso (1976): 100. Buenacasa (1977): 50. Avilés (1999): 43-44. <<

[568] Solidaridad Obrera, 11 y 12-XI-1917. Tierra y Libertad, 14, 21 y 28-XI, y 26-XII-1917.Madariaga (1989): 252. Meaker (1978): 147. Payne (1977b): 88. Bar (1981): 442. <<

[569] Del Rosal (1977): 166 y 177-178. Arranz Notario (1986): 196. <<

[570] Aron (2015): 192-196. Domingo (S.f.): 50. Avilés (1999): 50-51. <<

[571] AHN, Gobernación 48A/7. El Imparcial, 10-XII-1917. Furet (1995): 74. Meier (1988): 74. Ramos (2001): 457-458 y 522. Jiménez Redondo (2019). <<

[572] El Socialista y La Época, 23-XI-1917. <<

[573] El 25 de noviembre se celebraron, además de los mencionados, actos pro-amnistía en Alicante, Burgos, Cartagena, Castellón, Crevillente, Éibar, El Astillero, La Coruña, Logroño, Málaga, Mataró, Murcia, Palencia, Salamanca, Santander, Torrelavega y Zaragoza. El 2 de diciembre, tuvieron lugar en Alcoy, Almería, Castellón, Ciudad Real, Córdoba, El Ferrol, Las Palmas, Murcia, Pontevedra, San Sebastián, Santander, Sevilla, Toledo, Valladolid y Zamora. NA-FO, 371/3035, Hardinge a Balfour, 26-XI-1917. AD 483, Thierry a Pichon, 26-XI-1917. El Socialista, 25-XI-1917. El Imparcial, 25 y 26-XI; y 1 y 2-XII-1917. La Época, 4, 25, 29 y 30-XI; y 2 y 3-XII-1917. El Debate, 26-XI-1917. Fernández Almagro (1986, II): 30-31. <<

[574] AD 483, Thierry a Pichon, 4-XII-1917. AGGC, P-S Barcelona 819. DSC, 12-VI-1918, 1601; 20-VI-1918, 1870; y 25-VI-1918, 1953. La Época, 11 y 28-XII-1917. El Imparcial, 29-XII-1917. Meaker (1978): 9. <<

[575] AEE (1917): 259, 291 y 504-505; y (1922-1923): 229. NA-FO 371/3370, Hardinge a Balfour, 7-I-1918. El Imparcial, 30-XII-1917. Gaceta de Madrid, 1-I-1918. La Época, 4 y 12-I-1918. Prados (2003): 329. <<

[576] DSC, 12-IV-1918, Ap. 2.º <<

[577] NA-FO 371/3372, Intelligence Bureau, Weekly Report on Spain XIX, 7-III-1918. AD 484, Denvignes a Clemenceau, 6-II-1918. Gaceta de Madrid, 8-XII-1917. <<

[578] AD 484, Denvignes a Clemenceau, 28-I-1918; y Notes remises par M. Chaumié, député, 19-II-1918. <<

[579] NA-FO, 371/3035, Hardinge a Balfour, 26-XII-1917; y 371/3372, Intelligence Bureau, Weekly Report on Spain XVI, 9-I-1918. AD 483, Vieugué a Barthou, 12-XI-1917; y Thierry a Pichon, 6 y 21-XII-1917. AGP 15983/4. Gaceta de Madrid, 22 y 29-XII-1917. La Época, 22 y 23-XI; 5, 10, 11, 12, 18, 19, 21 y 22-XII-1917; y 22 y 28-II, y 1-III-1918. El Liberal, 24-XI-1917. El Imparcial, 8, 19, 20 y 29-XII-1917; y 12-I-1918. Sánchez de Toca (1918): 69. Fernández Almagro (1986, II): 31. Alcalá-Zamora (2013): 160-163. Cambó (1987): 269-270. Cierva (1955): 200-201. <<

[580] AGP 12911/22. AD 483, Denvignes a Painlevé, 11-XI-1917; Denvignes a Clemenceau, 5-XII-1917; y Thierry a Clemenceau, 18-XII-1917. <<

[581] ABC, 24-XI-1917. <<

[582] Bernis (1923): 99. Carreras (2005): 56 y 72-73. <<

[583] DSC, 12-IV-1918, 323-324 y 327-328. <<

[584] NA-FO, 371/3035, Hardinge a Balfour, 16-XI y 10-XII-1917. AEE (1918): 179. Prados (2003): 436. García Sanz (2014): 300. <<

[585] El Liberal y La Época, 14-I-1918. <<

[586] NA-FO 371/3372, Intelligence Bureau, Weekly Report on Spain XVI, 9-I-1918; Grant a Hardinge, 24-I-1918. Hardinge a Balfour, 28-I-1918. AD 483, Thierry a Pichon, 14 y 20-XII-1917. AEE (1918): 456. Farré (1922): 191. <<

[587] AD 483, Thierry a Pichon, 17 y 20-XII-1917. NA-FO 371/3372, Intelligence Bureau, Weekly Report on Spain XVII, 31-I-1918. <<

[588] Cortina (1929): 105. Prados (2003): 329 y 436. La Época, 10-I; y 8-II-1918. La Vanguardia, 8-II-1918. <<

[589] Anón. (1918): 16-18. <<

[590] AD 484, Thierry a Pichon, 19-III-1918. RAH, AED, C. 81. Anón. (1918): 31. Alcalá-Zamora (2013): 169. <<

[591] AEE (1918): 462. NA-FO, 371/3035, Grant a Hardinge, 16-XI-1917, y 4-XII-1917; y 371/3370, Hardinge a Balfour, 30-I-1918. AD 483, Thierry a Barthou, 14-XI y 6-XII-1917; Denvignes a Clemenceau, 5-XII-1917; y «France et Espagne. Annexe IV, 22-XII-1917». AD 484, Denvignes a Clemenceau, 18 y 27-I; y 6-II-1918; y Thierry a Pichon, 12 y 19-II-1918. El Imparcial, 3 y 21-II-1918. El Liberal y La Época, 14, 24, 27, 28 y 31-I; y 8, 13, 26 y 27-II-1918. García Sanz (2014): 304. Alcalá-Zamora (2013): 169. <<

[592] El Sol, 24-II-1918. Anón. (1918): 41. <<

[593] Azorín (1968): 319. Romanones (1949, III): 339. Burgos (1921): 29-30. Cierva (1955): 194. <<

[594] FAM 407/6. El Mundo y El Imparcial, 18-XI-1917. Galarza (1917): 8-9, 28-31 y 46-47. Márquez y Capo (1923): 237. Cierva (1955): 197 y 204. <<

[595] Benzo (1931): 61. <<

[596] Gaceta de Madrid, 1-XII-1917. Márquez y Capo (1923): 87. Cierva (1955): 191-193. <<

[597] NA-FO, 371/3035, Hardinge a Balfour, 12-XII-1917. Sánchez de Toca (1918): 231. <<

[598] El Imparcial, 26 y 27-XII-1917. <<

[599] El Imparcial, 26, 27 y 30-XII-1917. El Liberal, 14-XII-1917. La Época, 18 y 28-XII-1917. <<

[600] NA-FO, 371/3035, Grant a Hardinge, 20-XI-1917. El Liberal, 5-I-1918. Alonso (1999): 271. Mogrovejo (2020): 12-14. <<

[601] NA-FO, 371/3035, Hardinge a Balfour, 12-XII-1917; y 371/3370, Grant a Hardinge, 5-I-1918. AD 483, Thierry a Pichon, 26-XI-1917. Cierva (1955): 194-195. <<

[602] AD 483, Thierry a Pichon, 26-XI-1917; y 484, Thierry a Pichon, 4 y 5-I-1918. Heraldo de Madrid, 24-XII-1917. Coello (1922): 48-49. Márquez y Capo (1923): 91-92. Alcalá-Zamora (2013): 168. <<

[603] NA-FO, 371/3035, Hardinge a Balfour, 18-XII-1917; 371/3370, Hardinge a Balfour, 5-I-1918; y 371/3372, Intelligence Bureau, Weekly Report on Spain XVI, 9-I-1918; y Military Attache’s Report on Spanish Army for 1917, 30-XII-1917. AD 484, Thierry a Pichon, 8-I-1918. Cierva (1955): 194. Seco (1979): 255. Ramos (2001): 333. <<

[604] El Liberal, 5-I-1918. <<

[605] Mogrovejo (2020): 15. <<

[606] Mogrovejo (2020): 16. <<

[607] NA-FO, 371/3370, Grant a Hardinge, 5-I-1918. AD 484, Thierry a Pichon, 5 y 8-I-1918. DSC, 14-VI-1918, 1687-1688. El Liberal y La Época, 4, 5 y 6-I-1918. El Imparcial, 5-I-1918. Burgos (1921): 330. Cierva (1955): 195-196. Fernández Almagro (1986, II): 32. Alonso (1999): 274-275. García Sanz (2014): 418. Mogrovejo (2020): 14. <<

[608] Márquez y Capo (1923): 224-225. Cierva (1955): 192. <<

[609] Márquez y Capo (1923): 79 y 230. Burgos (1921): 33-34. <<

[610] FAM 402/22. NA-FO, 371/3035, Hardinge a Balfour, 26-XI-1917. AD 483, Thierry a Pichon, 4-XII-1917. Márquez y Capo (1923): 237-238. <<

[611] FAM 402/22. El Liberal, 20 y 30-XII-1917. <<

[612] Burgos (1921): 34. <<

[613] FAM 402/22. <<

[614] FAM 402/22. El Sol, 19-III-1918.Márquez y Capo (1923): 95, 103 y 248-250. <<

[615] FAM 402/22. El Imparcial, 14, 27 y 31-XII-1917; y 19 y 21-I; y 22-II y 13-III-1918. La Época, 15 y 27-XII-1917; y 31-I-1918. El Liberal, 27-XII-1917. Márquez y Capo (1923): 106, 168 y 249-251. Fernández Almagro (1986, II): 31-32. <<

[616] Villacorta (1989): 386. Boyd (1990): 134-135. <<

[617] NA-FO 371/3372, Intelligence Bureau, Weekly Report on Spain XIX, 7-III-1918. ABC y El Imparcial, 21-II-1918. Márquez y Capo (1923): 141, 147-148 y 166-167. Cierva (1995): 197-199. <<

[618] Romanones (1949, III): 369. La Época, 20-II-1918. <<

[619] Pestaña (1933): 165. <<

[620] Solidaridad Obrera, 12-XI-1917. <<

[621] Tierra y Libertad, 26-XII-1917. Meaker (1978): 147. <<

[622] DSC, 20-V-1918, 532; y 25-V-1918, 634-635 y 640. Sastre (1921): 127-128. Farré (1922): 222-223. Rucabado (1925): 201. <<

[623] RAH, AR 88/1. Solidaridad Obrera, 10-I-1918. El Liberal y La Época, 22-II-1918.Pestaña (1933): 119-121. Payne (1977b): 61-62. Balcells (1987): 52-53. Del Rey (1992): 80. Marinello (2014): 355 y 363. <<

[624] Kaplan (1982): 561-562. Figes (1996): 307. <<

[625] FPI, AARD 252-3, CEN de UGT, 17 y 24-I y 4-IV-1918. AD 484, Thierry a Pichon, 15-I-1918. Solidaridad Obrera, 9, 10 y 14-I-1918. El Sol, 24-II-1918. <<

[626] NA-FO, 371/3035, Hardinge a Balfour, 4-XII-1917; 371/3370, Smith a Balfour, 15, 16, 23 y 25-I; y 3-II-1918; y Hardinge a Balfour, 9-II-1918; y 371/3372, Intelligence Bureau, Weekly Report on Spain XVII, 31-I-1918. AD 483, Thierry a Pichon, 4-XII-1917. AD 484, Gaussen a Thierry, 15-I-1918; y Thierry a Pichon, 15, 20 y 25-I; y 1-III-1918. El Liberal y La Época, 18 y 24-II-1918. El Sol, 24-II, y 4 y 7-III-1918. Sastre (1921): 128. Farré (1922): 223. Meaker (1978): 141. Kaplan (1982): 562-564. <<

[627] El Liberal y La Época, 27-I-1918. <<

[628] AHN, Gobernación 36A/2; y 41A/19. El Liberal (Bilbao), 29-I-1918. <<

[629] AHN, Gobernación 41A/19 y 54A/20. <<

[630] AHN, Gobernación 41A/19, 28A/2; y 36A/15. Farré (1922): 129 y 165. <<

[631] AHN, Gobernación 16A/6. IRS (1921): 127 y 255-256. <<

[632] NA-FO 371/3370, Villiers a Balfour, 17-I-1918; y Hardinge a Balfour, 23-I-1918. AD 484, Santi a Thierry, 16-I-1918; y Thierry a Pichon 20 y 22-I-1918. El Liberal y La Época, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 y 28-I; y 10-II-1918. ABC y El Imparcial, 16, 21, 24, 26, 27 y 28-I-1918. Cronin (1983): 25. Gold (1988): 91-92. Hansen (1988): 189. Payne (2011): 53-58 y 126. Villa García (2013). <<

[633] RAH, ANR 8904. La Época, 5-XI; y 14-XII-1917. El Imparcial, 26-XI-1917. Pabón (1952): 588. <<

[634] Sánchez de Toca (1918): 52. NA-FO, 371/3035, Hardinge a Balfour, 27-XI-1917. Martorell y Rey Reguillo (2006): 39. <<

[635] FAM 407/6. La Época, 18-XII-1917. <<

[636] RAH, ANR 8904. El Socialista, 3-XII-1917. <<

[637] AC, FDV 90/379. El Liberal, 2-II-1918. Soldevilla (1919): 22. <<

[638] NA-FO 371/3372, Intelligence Bureau, Weekly Report on Spain XVI, 9-I-1918. AD 484, Thierry a Pichon, 12-II-1918. La Época, 18-XII-1917. El Imparcial, 11-II-1918. Garriga (1987): 231-233. Martínez Relanzón (2017): 84. <<

[639] ABC, 6-XI-1917. El Imparcial, 8, 18 y 24-XII-1917. La Época, 9-XI; y 8-XII-1917. <<

[640] Burgos (1921): 23. <<

[641] El Imparcial, 11-XII-1917. La Época, 12-XII-1917. <<

[642] NA-FO, 371/3035, Hardinge a Balfour, 10-XII-1917; y 371/3370, Hardinge a Balfour, 5-I-1918. AD 483, Thierry a Pichon, 17-XII-1917; y 483, France et Espagne. Annexe III, 14 a 19-XII-1917; y Annexe IV, 22-XII-1917. RAH, ANR 8904. Gaceta de Madrid, 11-I-1918. El Liberal, 6-XI-1917; 5 y 11-I-1918. El Imparcial, 1 y 12-XII-1917; y 11-I-1918. La Época, 6, 13 y 14-XII-1917. <<

[643] Gaceta de Madrid, 15-II-1918. <<

[644] Gaceta de Madrid, 15-II-1918. <<

[645] Joaniquet (1955): 99. El mejor análisis crítico, en Forner (1998). <<

[646] Burgos (1921): 15-16. <<

[647] Gaceta de Madrid, 8 y 16-II-1918. <<

[648] Gaceta de Madrid, 17-II-1918. <<

[649] Varela (2001): 414-415. <<

[650] Sartori (2009): 111. Panebianco (1990): 125. <<

[651] Sartori (2009): 100. Panebianco (1990): 179-182 y 249-255. <<

[652] Nuestro Tiempo, XII-1917. <<

[653] Nuestro Tiempo, XII-1917. Romanones (1924): 249-250. <<

[654] AC, FDV 90/379. <<

[655] ABC, 30-I-1918. Cierva (1955): 201. <<

[656] El número de candidatos se ha calculado a partir de ACD 129, y AHN, Gobernación 28A/1 y 2. Su adscripción política se ha contrastado con cinco periódicos nacionales: ABC, El Imparcial, El Liberal, El País y La Época. <<

[657] AC FDV, 90/379. Tusell y García (2001): 312-313. <<

[658] AC FDV, 90/379. Riquer (2013): 97. <<

[659] NA-FO, 371/3035, Hardinge a Balfour, 10, 18 y 21-XII-1917; y 371/3372, Hardinge a Balfour, 11-I y 8 y 11-II-1918; e Intelligence Bureau, Weekly Report on Spain XVII, 31-I-1918. AD 484, Thierry a Pichon, 15-I; y 12-II-1918. El Liberal y La Época, 16 y 23-II-1918. Cierva (1955): 199 y 201. <<

[660] RAH, AR 5, 38 y 40. NA-FO 371/3370, Hardinge a Balfour, 1-III-1918. Cierva (1955): 200. <<

[661] NA-FO, 371/3035, Hardinge a Balfour, 10-XII-1917. El Liberal y La Época, 19 y 22-II-1918. Nadal (1965): 278-279. Fernández Almagro (1986, II): 32. Tusell y Avilés (1986): 136. <<

[662] Maura (1934): 104-105. <<

[663] DSC, 3-IV-1918, 106. Nuestro Tiempo, III-1918. La Época, 5-III-1918. <<

[664] Gaceta de Madrid, 27-II-1918. <<

[665] Los dictámenes del Supremo, en DSC, 19-III a 13-IV-1918. <<

[666] DSC, 6-IV-1918, 191-192. El Liberal y La Época, 11, 13, 14, 24 y 25-II-1918. El Imparcial, 18-II-1918. <<

[667] Domingo (S.f.): 270. Alcalá-Zamora (2013): 188-189. Maura (1934): 106. <<

[668] Los liberales quedaron en primer lugar en Alicante, Almería, Badajoz, Baleares, Cáceres, Canarias, Castellón, Córdoba, Granada, Guadalajara, Huesca, Jaén, La Coruña, León, Logroño, Lugo, Palencia, Pontevedra, Salamanca, Sevilla, Toledo, Valladolid y Zamora. Los conservadores lo hicieron en Albacete, Ávila, Burgos, Cádiz, Ciudad Real, Cuenca, Huelva, Madrid, Málaga, Murcia, Navarra, Orense, Oviedo, Santander, Segovia, Soria, Teruel, Valencia y Zaragoza. <<

[669] AD 484, Thierry a Pichon, 2-III-1918. <<

[670] La Libertad, 25-II-1918. Hansen (1988): 185 <<

[671] Bueso (1976): 99. Lerroux (1930): 127-128. Martínez Relanzón (2017): 196-197. <<

[672] NA-FO 371/3372, Intelligence Bureau, Weekly Report on Spain XVIII, 20-II-1918; y XIX, 7-III-1918. Martínez Cuadrado (1969): 793-795. Tusell y Avilés (1986): 138. Rey Reguillo (1992): 788. Díaz del Moral (1967): 279. <<

[673] AD 484, Thierry a Pichon, 2-III-1918. Simarro (1918): IX y XI. <<

[674] Rey Reguillo (1992): 763-764. <<

[675] La Época, 14-I; y 11-II-1918. <<

[676] El Sol, 19-III-1918. Tusell y García (2001): 313. <<

[677] Madariaga (1989): 252. <<

[678] Nuestro Tiempo, III-1918. <<

[679] El Debate, 12-I-1918. <<

[680] Nuestro Tiempo, III-1918. <<

[681] Riquer (2013): 98. <<

[682] NA-FO 371/3370, Hardinge a Balfour, 28-II, y 1 y 12-III-1918. AD 484, Thierry a Pichon, 28-II-1918. RAH, AA 3/41-5. FAM 407/6. La Veu de Catalunya, 28-II-1917. La Época, 28-II; y 1-III-1918. ABC y El Imparcial, 1-III-1918. Nuestro Tiempo, III-1918. Cambó (1987): 264. Alcalá-Zamora (2013): 173-174. <<

[683] Gaceta de Madrid, 2-XII-1917. Alcalá-Zamora (2013): 178. <<

[684] NA-FO 371/3370, Hardinge a Balfour, 6 y 12-III-1918; y 371/3372, Intelligence Bureau, Weekly Report on Spain XIX, 7-III-1918. El Sol, 24-II-1918. El Liberal y La Época, 15-I y 27-II-1918. El Imparcial, 1-III-1918. La Vanguardia, 8-III-1918. Nuestro Tiempo, III-1918. Schmitt (1988). <<

[685] RAH, AED 78 y 79. NA-FO 371/3370, Grant a Hardinge, 30-XII-1917. DSC, 7-VI-1918, 1540. AEE (1917): 377. <<

[686] AEE (1917): 377-378. <<

[687] RAH, AED 81. AD 484, Reorganisation de L’Armée Espagnole, 12-III-1918. Gaceta de Madrid, 10-III-1918. <<

[688] Como hizo Boyd (1991): 123-124 y 131-134. <<

[689] NA-FO 371/3370, Hardinge a Balfour, 9-III-1918. La Época, 27-II; y 3-III-1918. El Liberal, 9-III-1918. Alcalá-Zamora (2013): 179. <<

[690] ABC y El Sol, 9-III-1918. <<

[691] El Liberal, 3 y 4-III-1918. Sánchez de Toca (1918): 229. <<

[692] DSC, 11-VI-1918, 1581-1582. El Liberal y La Época, 21-II; y 3, 5, 6 y 7-III-1918. El Debate, 4-III-1918.Cierva (1955): 202. Alcalá-Zamora (2013): 179. <<

[693] El Heraldo de Madrid, 7-III-1918. La Acción, El Sol y La Época, 8-III-1918. <<

[694] NA-FO 371/3370, Hardinge a Balfour, 6 y 8-III-1918. El Sol, La Acción y La Época, 8-III-1918. <<

[695] NA-FO 371/3370, Hardinge a Balfour, 8-III-1918; y 371/3372, Intelligence Bureau, Weekly Report on Spain XX, 21-III-1918. El Imparcial, El Liberal, El País, El Sol y El Liberal, 7, 8 y 9-III-1918. La Acción, 8-III-1918. La Época, 8 y 9-III-1918. Sánchez de Toca (1918): 257-264. Cierva (1955): 202-204. <<

[696] NA-FO 371/3370, Hardinge a Balfour, 11 y 12-III-1918. El Liberal y La Época, 9, 10 y 11-III-1918. El Sol, 10-III-1918. La Correspondencia Militar, 11-III-1918. <<

[697] AD 484, Les Ligues et les Reformes Militaires de l’Espagne, 16-III-1918; y Thierry a Pichon, 17-III-1918. ABC y El Imparcial, 10, 11, 12, 16 y 17-III-1918. La Época, 17-III-1918. Coello (1922): 52. Márquez y Capo (1923): 96. Fernández Almagro (1986): 34. Seco (1984): 276. <<

[698] NA-FO 371/3372, Intelligence Bureau, Weekly Report on Spain XVIII, 20-II-1918. AEE (1918): 462. La Época, 16-III-1918. García Sanz (2014): 417-418. <<

[699] AHN, Gobernación 36A/15, 41A/19; y 28A/2. Farré (1922): 169. <<

[700] NA-FO 371/3370, Fontana a Hardinge, 19-II y 4-III-1918. El Liberal y La Época, 19 y 20-II-1918; y 11, 13 y 14-III-1918. <<

[701] Gaceta de Madrid, 31-XII-1917. AEE (1918): 430-431. Anon. (1918b): 13. <<

[702] DSC, 25-IV-1918, 649. ABC, 27-II-1918. AEE (1918): 427. Anon. (1918b): 13-15, 23 y 69. <<

[703] Anon. (1918b): 10-11. El Debate, 16-III-1918. <<

[704] Anón. (1918b): 19-20, 30, 33 y 57-58. <<

[705] Anón. (1918b): 47. <<

[706] Nuestro Tiempo, IV-1918. La Época, 13-III-1918. <<

[707] Cierva (1955): 206. <<

[708] NA-FO 371/3370, Hardinge a Balfour, 6-III-1918. AD 484, Thierry a Pichon, 22-II, y 15, 17, 18 y 19-III-1918; y Vieugué a Pichon, 26-III-1918. Gaceta de Madrid, 14, 15, 17 y 18-III-1918. El Imparcial, 13 y 17-I; y 24-II y 13 y 15-III-1918. La Época, 15-I; y 21 y 22-II-1918; y 14-III-1918. ABC, 27-II-1918. Anon. (1918b): 23-28, 30-31 y 37-38. Fernández Almagro (1986): 35. Cierva (1955): 204-205. Villacorta (1989): 389-390. <<

[709] La Época, 15-III-1918. Mollier y George (1994): 383. Hermens (1958): 280. <<

[710] Besteiro (1988): 99. Anón. (1918b): 39-41 y 43. <<

[711] NA-FO 371/3372, Intelligence Bureau, Weekly Report on Spain XX, 21-III-1918. AD 484, Les Ligues et les Reformes Militaires de l’Espagne, 16-III-1918. El Liberal y La Época, 16-III-1918. ABC, 18, 19 y 21-III-1918. El Socialista, El Sol y La Acción, 20-III-1918.Anón. (1918b): 55, 58 y 70. <<

[712] Anón. (1918b): 43-46 y 53. Alcalá-Zamora (2013): 177. <<

[713] AGM (Madrid), Orden Público 5863.1. Gaceta de Madrid, 17 y 18-III-1918. ABC y El Imparcial, 15, 16, 17 y 18-III-1918. La Época, 17-III-1918. Anón (1918b): 61-67, 71, 76-77 y 110-112. <<

[714] Anón. (1918b): 67-69. <<

[715] Anón. (1918b): 31 y 72. <<

[716] DSC, 25-VI-1918, 1970. Anón. (1918b): 72-73. El Debate, 16-III-1918. <<

[717] El Socialista, 20-III-1918. <<

[718] La Acción, 18-III-1918. <<

[719] La Acción, 18-III-1918. ABC, 21-III-1918. Burgos (1921): 36. <<

[720] Anón. (1918b): 71 y 81. La Acción, 19-III-1918. <<

[721] NA-FO 371/3370, Hardinge a Balfour, 20-III-1918. AD 484, Thierry a Pichon, 17, 19 y 22-III-1918; y Vieugué a Pichon, 26-III-1918. La Época, 17, 19 y 20-III-1918. El Imparcial, 19 y 21-III-1918. ABC, El Sol y La Acción, 20-III-1918. El Socialista, 22-III-1918. Anón (1918b): 88-96. Cierva (1955): 205-206. <<

[722] DSS, 18-III-1918, 3. <<

[723] RAH, AED 81. ABC y El Imparcial, 19 y 20-III-1918. <<

[724] El Sol y La Acción, 20-III-1918. El Socialista, 22-III-1918. Anón. (1918b): 52-53, 101-102 y 108. Cierva (1955): 206. <<

[725] El Sol, La Acción y La Época, 20-III-1918. Anón. (1918b): 102. <<

[726] El Sol, La Acción y La Época, 21-III-1918. El Imparcial, 21 y 22-III-1918. Anón. (1918b): 105-107 y 116-117. Cierva (1955): 207. <<

[727] NA-FO 371/3370, Grant a Hardinge, 19-III-1918; y 371/3372, Political Intelligence Department, The Crisis in Spain, 3-IV-1918. ABC, El Sol, La Acción y La Época, 21-III-1918. El Imparcial, 22-III-1918.Cierva (1955): 207-208. Tusell y García (2001): 315. <<

[728] NA-FO 371/3370, Hardinge a Balfour, 11 y 15-III-1918. AD 484, Vieugué a Pichon, 26-III-1918. El Heraldo de Madrid y El Sol, 20-III-1918. <<

[729] Márquez y Capo (1923): 112-113. ABC, El Sol y La Acción, 21-III-1918. <<

[730] La Correspondencia Militar, 21-III-1918. <<

[731] ABC, El Sol y La Época, 21-III-1918. El Imparcial, 22-III-1918.Pabón (1952): 603. <<

[732] NA-FO 371/3370, Hardinge a Balfour, 23-III-1918. ABC, El Imparcial y La Época, 22-III-1918. El Sol, 23-III-1918. Nuestro Tiempo, IV-1918. Márquez y Capo (1923): 114. Maura y Fernández Almagro (1948): 312. <<

[733] Nuestro Tiempo, IV-1918. <<

[734] El Sol, 23-III-1918.Cambó (1987): 267. Pabón (1952): 603. <<

[735] NA-FO 371/3372, Political Intelligence Department, The Crisis in Spain, 3-IV-1918. Burgos (1921): 37-38. Maura y Fernández Almagro (1948): 311. Marco (2013): 164-165. <<

[736] ABC, El Imparcial y La Acción, 22-III-1918. Anón. (1918b): 121-122. <<

[737] NA-FO 371/3372, Political Intelligence Department, The Crisis in Spain, 3-IV-1918. <<

[738] Pérez de Ayala (1918): 174. <<

[739] Lerroux (1930): 124-125. <<

[740] Arranz Notario (2008): 24. Linz (2009): 12. <<

[741] Solidaridad Obrera, 12-XI-1917. <<

[742] Anweiler (1974): 14-15. <<

[743] Anweiler (1974): 4-5. <<

[744] Calvert (1970): 183-184. <<

[745] Solo se consignan los títulos que han sido de utilidad para reconstruir la historia de la revolución de 1917 o para su análisis. La bibliografía no monográfica que el autor ha revisado ha sido muy superior. <<