Operación Turia

La III Región Militar durante el 23-F

Roberto Muñoz Bolaños

ISBN: 978-84-15930-38-9

© Roberto Muñoz Bolaños, 2014

© Punto de Vista Editores, 2014

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Índice

EL AUTOR

INTRODUCCIÓN

1. LAS CAUSAS DEL INTERVENCIONISMO MILITAR. EL CASO ESPAÑOL

2. LAS FORMAS DE INTERVENCIÓN MILITAR

3. LAS FUERZAS ARMADAS EN LA TRANSICIÓN (1975-1981)

4. LA SOLUCIÓN ARMADA. ORIGEN DEL GOLPE DE ESTADO DEL 23-F

4.1. Causas

4.2. El diseño de la operación golpista

4.3. La fase constitucional de la Solución Armada

4.4. La fase pseudoconstitucional de la Solución Armada

5. EL GOLPE DE ESTADO DEL 23-F

6. LAS COMANDANCIAS MILITARES DE LA III REGIÓN MILITAR
DURANTE EL GOLPE DE ESTADO DEL 23-F

6.1. Los preparativos

6.2. Alicante

6.3. Castellón

6.4. Murcia

6.5. Cartagena

6.6. Albacete

6.7. Lorca

6.8. Alcoy

7. EL FINAL DEL GOLPE DE ESTADO EN LA III REGIÓN MILITAR. MILANS DEL BOSCH, ARRESTADO

CONCLUSIÓN

FUENTES DOCUMENTALES

TESTIMONIOS PERSONALES (RECOGIDOS POR EL AUTOR)

BIBLIOGRAFÍA

EL AUTOR

Roberto Muñoz Bolaños (Madrid, 1970) es doctor en Historia Contemporánea por la Universidad Autónoma de Madrid. Profesor de la Universidad Camilo José Cela y del Instituto General Gutiérrez Mellado de la UNED, ha escrito numerosos libros y artículos centrados en dos campos: la historia militar y la didáctica de las Ciencias Sociales. Su tesis doctoral, “La involución militar en la Transición: el golpe de Estado del 23-F”, es el primer trabajo académico sobre este tema y ha sido calificada con la máxima nota posible (apto cum laude), no en vano es su autor el mayor especialista universitario sobre este tema.

INTRODUCCIÓN

En la noche del 23 al 24 de febrero de 1981, 54 carros de combate M-47 circularon por las calles de la ciudad de Valencia en la que fue una de las imágenes más famosas del golpe de Estado. Imagen que simbolizó también la ocupación de la III Región Militar por unidades del Ejército, y que no sólo se limitó a la ciudad de Valencia, sino que incluyó también el resto de las provincias de esta región militar: Alicante, Castellón, Murcia y Albacete. Esta operación, estrictamente militar, hasta el extremo de que se prohibió cualquier manifestación de la extrema derecha representada por el partido Fuerza Nueva, se denominaba Turia, y formaba parte de una más amplia, cuyo objetivo era convertir al general de división Alfonso Armada Comyn en presidente de un Gobierno de concentración nacional, integrado por los principales partidos del arco parlamentario. Si hubiera alcanzado el éxito, el teniente general Jaime Milans del Bosch, capitán general de la III Región Militar, se habría puesto a las órdenes del nuevo presidente del Gobierno, habría pasado a convertirse en presidente de la Junta de Jefes de Estado Mayor y, por tanto, en la máxima jerarquía militar española; así como el Gobierno salido del golpe de Estado habría procedido a congelar el desarrollo autonómico, a cambiar la política económica, a mejorar las relaciones con la Iglesia católica, a fortalecer el orden público y a desencadenar una ofensiva con todos los medios posibles contra la organización terrorista Euskadi Ta Askatasuna (ETA). Pero esta operación golpista no incluía, a pesar de lo que se ha dicho, listas de personas que deberían detenerse inmediatamente, ni mucho menos, la posibilidad de ejecuciones inmediatas. En la Europa Occidental de los años ochenta del siglo XX era imposible un golpe de Estado como los que se habían producido en el Cono Sur en los setenta. En todo caso, con este programa, los planificadores de la operación pensaban acabar con la situación de crisis que padecía España en dos años; después de los cuales, el Gobierno presidido por el general Armada habría cesado en sus funciones y convocado elecciones legislativas, acabando así con la situación de excepción existente.

Sin embargo, el golpe de Estado fracasó, y por esta acción y por su participación anterior en la operación golpista, tres militares destinados en la III Región Militar fueron imputados, juzgados y condenados: el capitán general Milans del Bosch, máxima autoridad de la misma (30 años de prisión); el coronel de Ingenieros diplomado de Estado Mayor Diego Ibáñez Inglés, segundo jefe de Estado Mayor de dicha región militar (10 años de prisión), y el teniente coronel de Infantería Pedro Mas Oliver, ayudante de Milans del Bosch (6 años de prisión). Pero no lo fueron los generales, jefes y oficiales que en todas las comandancias militares de la III Región Militar obedecieron las órdenes de Milans del Bosch –a pesar de su carácter manifiestamente ilegal–, haciendo posible la sublevación completa de este territorio militar; sin que además recibieran ninguna orden contraria desde Madrid.

El objetivo de esta investigación es explicar la sublevación en todas y cada una de las comandancias de la III Región Militar durante el golpe de Estado del 23-F y la actitud seguida por sus principales mandos durante la misma. Mandos que, en su totalidad, pertenecían a los tres grupos más intervencionistas del Ejército: las promociones de la II República (Milans del Bosch); los Alféreces Provisionales (la mayor parte de los generales de la III Región Militar); y las diez primeras promociones de la Academia General Militar en su tercera época (general Emilio Urrutia Gracia, jefe del Estado Mayor de la III Región Militar, y coroneles y tenientes coroneles de la misma). Mandos cuya actitud demostró, a lo largo de las 16 horas y media en las que se prolongó la ocupación del Congreso de los Diputados, que existía un importante componente golpista en el imaginario colectivo de la mayoría de los generales, jefes y oficiales que componían el Ejército español. Se trata de un conjunto de hechos históricos que nadie ha investigado hasta ahora, y que son clave para demostrar que el golpe de Estado del 23-F fue un proceso más complejo y extenso de lo que se ha explicado hasta el día de hoy.

En la elaboración de esta investigación hemos utilizado como base las principales fuentes primarias que existen sobre el golpe de Estado del 23-F: el sumario de la Causa 2/81, el acta de la vista oral y las dos sentencias existentes, la del Consejo Supremo de Justicia Militar y la del Tribunal Supremo.

Para desarrollarla, la hemos articulado en siete puntos. En el primero, explicamos las causas que provocan el intervencionismo de las Fuerzas Armadas en el ámbito político. En el segundo, describiremos los diferentes tipos de intervención de las Fuerzas Armadas en el ámbito político, de acuerdo con la tipología de Samuel E. Finer. En el tercero, analizamos el papel de las Fuerzas Armadas en el proceso de cambio político iniciado tras la muerte del general Franco. En el cuarto, describimos el diseño del golpe de Estado del 23-F, y el papel que dentro del mismo correspondía a la III Región Militar y a su capitán general, Milans del Bosch. En el quinto, hacemos una síntesis del desarrollo de las diferentes fases en las que se divide esta operación golpista. Por último, desarrollamos en el sexto y séptimo capítulos la parte central de esta obra, donde se aborda la situación de las comandancias de la III Región Militar durante el golpe de Estado.

1. LAS CAUSAS DEL INTERVENCIONISMO MILITAR. EL CASO ESPAÑOL

Las razones que han provocado el intervencionismo de las Fuerzas Armadas en el ámbito político han sido estudiadas por numerosos historiadores y politólogos, la mayoría de origen anglosajón, destacando sin duda Samuel E. Finer, Charles Moskos, Morris Janowitz y Charles Huntington. A partir de sus obras, y de nuestras investigaciones, hemos elaborado una tipología propia, que se articula en nueve condiciones que justifican y hacen posible la intervención de los militares en política, y que en la España de 1975 se cumplían en su totalidad:

Patriotismo versus supremacía civil. Consideraban que su lealtad a la nación como concepto se situaba por encima de la obediencia a las autoridades civiles. Algunos autores, como Gabriel Cardona defienden que el franquismo había creado las Fuerzas Armadas más obedientes de la historia de España. Pero esto no es cierto completamente. El Ejército había actuado como elemento constituyente del régimen, y a partir del 1 de octubre de 1936, un militar, que encabezaba el escalafón de los tres ejércitos, había sido el jefe del Estado, y a su vez, otro miembro de las Fuerzas Armadas dirigía cada uno de los tres ministerios militares. Por tanto, los militares se habían limitado a obedecer a sus jefes naturales, ya que la cadena de mando terminaba en el propio Franco, capitán general de los Ejércitos, y no en las autoridades civiles, que no ejercían ningún mando directo sobre los militares, siendo el principal sostén del régimen. A la muerte de Franco, los militares trasladaron esa lealtad a su sucesor, el rey Juan Carlos I, convertido en capitán general. Sin embargo, esa lealtad no era tan profunda como la que sentían con Franco, ya que la inmensa mayoría de las Fuerzas Armadas no era monárquica, lo que explica que no dudasen en enfrentarse con los gobiernos de turno, e incluso pusieran en tela de juicio la figura del monarca, apoyándose para ello en el patriotismo.

La falta de profesionalismo. Las Fuerzas Armadas españolas no eran un cuerpo completamente profesionalizado. Durante el franquismo, sus miembros habían actuado en numerosos ministerios y organismos, destacando en este sentido el Instituto Nacional de Industria (INI), y habían controlado las Fuerzas de Orden Público. Estos hechos les habían permitido extender su influencia en determinados sectores de la administración y ponerles en contacto con la clase política franquista, estableciéndose vías de relación que favorecerían su intervención en el ámbito político.

El destino manifiesto de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas españolas eran, como señala Finer, una de las organizaciones militares con un más alto concepto de su importancia, y de su función como defensores de la patria, y sus únicos salvadores en los momentos de crisis. Esta consideración tenía su origen en la Guerra Civil, que para la mayoría de los integrantes de las Fuerzas Armadas en 1975 seguía siendo una cruzada que había evitado la destrucción de España. En este sentido, el teniente general Manuel Díez-Alegría, uno de los miembros más liberales de las Fuerzas Armadas, había escrito: “...pueden existir casos, enormemente restringidos exactamente, en que las Fuerzas Armadas pueden, sin afiliarse a ninguna corriente de opinión determinada, pero haciéndose eco del sentimiento general de su país, recoger de la calle los atributos del poder para impedir con ello la pérdida de la Nación, al perderse sus esencias fundamentales”.

La necesidad de prestigio de las Fuerzas Armadas en la sociedad. Las Fuerzas Armadas españolas gozaban de un inmenso prestigio entre las clases más conservadoras de la sociedad española de la Transición, que las consideraban el único dique capaz de detener el proceso de disgregación que se había iniciado tras la muerte de Franco. Este apoyo al ejército se manifestaba fundamentalmente a través de medios de comunicación como El Alcázar, El Imparcial o El Heraldo Español.

La defensa del interés nacional. Las Fuerzas Armadas españolas justificaron sus intervenciones a lo largo de la Transición apoyándose en el interés nacional, especialmente en su lucha contra el terrorismo, el separatismo y el desorden público, que estaban poniendo en peligro la propia existencia de España como nación.

La defensa de intereses sectoriales. Las Fuerzas Armadas españolas tenían intereses sectoriales que defender durante la Transición. Así, si bien sus intervenciones no podrían vincularse con ninguna clase determinada, ya que económicamente los militares españoles se situaban en el espectro de la clase media; si existían intereses regionales, pues mayoritariamente procedían de territorios de cultura castellana, teniendo un desprecio muy acusado por cualquier manifestación cultural española de otra procedencia, a la que consideraban siempre como “separatista”, y defendían importantes interés corporativos, especialmente su deseo de mantenerse fuera del control del Gobierno, dependiendo directamente del rey.

La existencia de frustraciones en las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas españolas en 1975 no eran todavía una institución frustrada, a pesar del escaso sueldo de sus integrantes y la pobreza de su armamento. Por el contrario, se habían forjado en dos victorias: la campaña de Marruecos (1909-1927) y la Guerra Civil (1936-1939). Ni siquiera la lamentable campaña del Sahara Occidental (1974-1975) había modificado esa mística victoriosa. No obstante, a lo largo de la Transición, un hecho habría de causar una gran frustración en el seno de las Fuerzas Armadas españolas: el azote del terrorismo revolucionario, especialmente de carácter izquierdista, como los Grupos Revolucionarios Armados Primero de Octubre (GRAPO), y nacionalista, como Euskadi Ta Askatasuna (ETA), el principal grupo terrorista de este periodo, que pasó de asesinar 16 personas en 1975 a acabar con la vida de 92 en 1980, la mayoría pertenecientes a las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Orden Público. De estas muertes, los militares no dudaron en acusar al Gobierno por su incapacidad para frenar la acción de estas organizaciones; siendo una de las causas fundamentales del intervencionismo de las Fuerzas Armadas en política.

La incapacidad de las autoridades civiles para acabar con los problemas del país. A lo largo del periodo comprendido entre 1975 y 1978, y de forma más clara a partir de esta última fecha y hasta 1982, los integrantes de las Fuerzas Armadas llegaron a la conclusión de que los sucesivos gobiernos postfranquistas eran incapaces a la hora de frenar de forma contundente el deterioro del país, especialmente en tres grandes ámbitos: terrorismo, crisis económica y aumento del separatismo y el independentismo. Esta incapacidad sería una de las justificaciones para su intervención en el ámbito político.

La existencia de una coyuntura favorable. Entre 1975 y 1982, España vivió inmersa en una situación de crisis, de la que el azote del terrorismo fue una de sus manifestaciones más importantes. La otra fue la crisis política, derivada del cambio de régimen, y la crisis económica, provocada por el aumento del precio del petróleo a partir de 1973 con la guerra del Yon Kippur, y de nuevo en 1979, con la caída del sha de Irán. Esta crisis se reflejó en dos hechos de extraordinaria importancia: el desempleo pasó de poco más de 250.000 personas en 1975 a más de 1.500.000 en 1981, y la inflación del 14,096 por ciento al 15,02 en el mismo periodo con un extraordinario pico en 1977 donde alcanzó el 26,4 por ciento. Sólo a partir de 1982, coincidiendo con el comienzo de proceso de consolidación democrática, la situación económica comenzó a mejorar.

Junto a estas nueve condiciones, existen otras tres que, según nuestra opinión, son las que explican el triunfo de las intervenciones militares en cualquiera de sus formas:

La unidad de las Fuerzas Armadas. Toda intervención militar alcanza un éxito completo cuando las distintas ramas de las Fuerzas Armadas actúan conjuntamente, sin que existan divergencias en el seno de las mismas. Por el contrario, si las Fuerzas Armadas se dividen, la intervención militar puede terminar en fracaso, e incluso acarrear una guerra civil. Eso fue lo que ocurrió en España en 1936.

La existencia de un líder. Es literalmente imposible que una intervención militar, sea en la forma que fuese, alcance el éxito si las Fuerzas Armadas no tienen un líder indiscutido; ya que eso crearía divisiones, tensiones y facciones en el seno de las mismas, debilitando su intervención y provocando su fracaso.

El reconocimiento del nuevo gobierno por, al menos, una gran potencia. Reconocimiento necesario para legitimar la intervención militar y su triunfo en el ámbito internacional.

Estas tres condiciones que justifican el triunfo del intervencionismo militar, no se daban durante el periodo de la Transición, ya que no todos los miembros de las Fuerzas Armadas estaban dispuestos a intervenir en política; tampoco existía un líder indiscutido dentro de las mismas, pues la figura del general Franco lo había impedido, y tampoco los países del bloque occidental, al que España pertenecía, estaban dispuestos a avalar una intervención militar pura que truncase el proceso de democratización que se había iniciado tras la muerte del dictador en 1975.

Para explicar la inexistencia de la primera de las condiciones que hacen posible el triunfo de cualquier intervención militar, es necesario partir de dos hechos: el primero era la propia estructura de las Fuerzas Armadas españolas en 1975, y especialmente la composición de la oficialidad del Ejército español, la más numerosa de las Fuerzas Armadas, y por tanto, la única con capacidad real para poner fin al proceso de reforma política, como demuestra la siguiente tabla (Alto Estado Mayor, 1976):

E. Tierra

Armada

E. Aire

Tenientes generales y almirantes

32

15

14

Generales de división y vicealmirantes

92

24

21

Generales de brigada y contralmirantes

204

50

38

TOTAL GENERALES

328

89

73

Coroneles y capitanes de navío

1.002

297

247

Tenientes coroneles y capitanes de fragata

2.556

576

552

Comandantes y capitanes de corbeta

3.814

986

1.012

TOTAL JEFES

7.372

1.859

1.811

Capitanes y tenientes de navío

7.223

1.415

1.699

Tenientes y alféreces de navío

6.209

705

1.182

Alféreces y alféreces de fragata

146

15

20

TOTAL OFICIALES

13.578

2.135

2.901

TOTAL

21.278

4.083

4.785

Esta fuerza no era homogénea en cuanto a su formación, distinguiéndose en este sentido cuatro grupos perfectamente definidos. El primero, estaba constituido por los generales de Franco, es decir, aquellos militares formados bajo su dirección en la Academia General Militar durante el periodo comprendido entre 1928 y 1930. Miembros de este grupo ocupaban, a la muerte de Franco, los primeros puestos del escalafón militar, y estaban a cargo de la casi totalidad de la capitanías generales, la jefatura del Estado Mayor Central –el cerebro del Ejército– y el Ministerio del Ejército. Su formación castrense había tenido lugar en los últimos años de la monarquía de Alfonso XIII, y los primeros de la República. Habían vivido las tensiones sociales y políticas que había caracterizado a ésta, y, luchado como oficiales de carrera en la Guerra Civil. Conflicto en el que habían resultado vencedores, pero que también había sido una experiencia traumática para ellos, por la destrucción que había traído consigo. Estos hechos, unidos a su avanzada edad, les hacían ser conservadores, y poco amigos de cualquier cambio que supusiese una liberalización del sistema político vigente. Sin embargo, eran hombres obedientes, y poco dispuestos a intervenir en política −salvo excepciones−, si la situación no se consideraba irreversible. A este grupo pertenecía el principal militar de la transición, Manuel Gutiérrez Mellado.

El segundo grupo de oficiales estaba constituido por los hombres que habían entrado en el Ejército, en tiempos de la II República, habían participado en la Guerra Civil y, en muchos casos, en la División Azul. El día de la muerte de Franco, sólo tres militares de este grupo habían alcanzado el grado de teniente general: José Miguel Vega Rodríguez, Pedro Merry Gordon y Carlos Fernández Vallespín. Sin embargo, su avance en los escalafones a lo largo de los primeros años de la Transición, los convertiría en los auténticos protagonistas militares de este periodo. Eran, igual que en el caso anterior, obedientes, conservadores, reacios al cambio, y, salvo contadas excepciones, indiferentes en materia política (apartidistas). Sin embargo, a diferencia de aquéllos, algunos de sus miembros estaban más dispuestos a intervenir en el proceso político, o por lo menos, a exponer en público, sus impresiones sobre las consecuencias de la transición a la democracia. A este grupo pertenecía el teniente general Jaime Milans del Bosch y Ussía.

El tercer grupo lo formaban los llamados alféreces provisionales. Procedían del mundo civil, y habían ingresado en el Ejército durante la guerra. Al final del conflicto, más de diez mil oficiales de este grupo −exactamente diez mil setecientos nueve− se habían incorporado al mismo como profesionales, engrosando los escalafones. Procedentes mayoritariamente de familias de clase media y, en buena medida, de zonas rurales; su formación básica la recibieron entre los 17 y los 20 años, durante la guerra o la inmediata posguerra. De ello en parte deriva el acentuado carácter conservador de este grupo, anticomunista, antiliberal y fuertemente nacionalista, lo que les convirtió en los más firmes defensores de las esencias del régimen franquista. Esto se hizo patente, a partir de 1958, con la creación de la Hermandad de Alféreces Provisionales, que agrupaba tanto a civiles como a militares que no estaban dispuestos a tolerar lo que ellos consideraban la perversión del régimen por la política tecnocrática del Opus Dei. Eran, por tanto, el grupo de oficiales más ideologizados y franquistas. Sin embargo, al igual que en los dos casos anteriores, se habían acostumbrado a obedecer, sin discutir, cualquier orden emanada del Gobierno. A este grupo pertenecía el general de división Alfonso Armada y Comyn.

El cuarto grupo estaba constituido por los oficiales de la Academia General Militar, formados a partir de 1941. No era un colectivo homogéneo. El historiador Fernando Puell lo divide a su vez en tres subgrupos. El primero estaría formado por las promociones comprendidas entre 1942 y 1951. Ideológicamente se aproximaban a los alféreces provisionales, de los que les separaba su superior preparación técnica y profesional, rasgo que aireaban para marcar distancias con ellos. A este grupo pertenecía el teniente coronel de la guardia civil Antonio Tejero Molina.

El segundo subgrupo, comprendido por las promociones de 1952 a 1963, componía un conjunto peculiar, muy atípico en un régimen autoritario, debido a que nadie se preocupó de formarles ideológicamente durante su educación castrense. Se les exigió estudiar táctica, tiro, topografía, etc., pero, se les permitió cultivar la mente de forma más libre. A este grupo pertenecía el comandante de Infantería diplomado de Estado Mayor José Luis Cortina Prieto.

Por último, el quinto de los grupos que venimos analizando es el integrado por las promociones formadas entre 1964 y 1975 eran fuertemente franquistas, gracias a la labor del entonces general de brigada de Infantería Carlos Iniesta Cano, director del centro, que creó unos ciclos de conferencias, para que los más importantes ideólogos del franquismo (Jesús Fueyo y Blas Piñar, entre otros), adoctrinasen a los cadetes. Valga de ejemplo la descripción que realizan el sociólogo Julio Busquets y el historiador Miguel Ángel Losada sobre el adoctrinamiento de la oficialidad en los años 1970-1973, momentos en los que se impone en las Fuerzas Armadas el criterio del sector más conservador. Sin embargo, dada la edad y el grado de sus miembros -tenientes y capitanes-, era, sin duda, el menos importante de los subgrupos del Ejército.

El segundo hecho que acaba con la unidad corporativa de las Fuerzas Armadas será la política militar de Gutiérrez Mellado, como veremos más adelante.

No obstante, a pesar de las diferencias existentes entre los diferentes grupos de oficiales del Ejército, en cada uno de ellos −especialmente entre los formados durante la república, los alféreces provisionales, y el primer subgrupo de la Academia General Militar−, existían oficiales más activos políticamente que sus compañeros, e incluso con más predisposición al golpismo, que podían dar al traste con el sistema democrático; justificando su acción en las nueve condiciones ya señaladas.

2. LAS FORMAS DE INTERVENCIÓN MILITAR

En los años sesenta del siglo XX, el politólogo e historiador estadounidense Samuel E. Finer estableció una tipología del intervencionismo militar en política, distinguiendo cuatro formas posibles.

La primera la denominó influencia, y es propia de países con una cultura política desarrollada. Consiste en que las Fuerzas Armadas tratan de influir en el gobierno siguiendo los cauces legales normales, con objeto de atraerlos a su propia forma de pensar, pudiendo incluso llegar a la rivalizar con las autoridades civiles, y discutir con ellas, pero sin pasar nunca los limites de la legalidad.

La segunda es la extorsión, y es propia de países de menor cultura política. Esta forma de intervención implica la amenaza de no colaborar con las autoridades civiles, la desobediencia directa, la intimidación e incluso la amenaza de violencia contra el gobierno, si no sigue los dictados de las Fuerzas Armadas.

La tercera recibe el nombre de desplazamiento, y es propia de países con baja cultura política. Consiste en la sustitución de un gobierno civil por otro, gracias a la acción de las Fuerzas Armadas. Este desplazamiento se puede realizar de tres formas: la amenaza de una intervención militar; la negativa de las Fuerzas Armadas a defender al gobierno frente al desorden civil, y la violencia militar. Esta última cobra, a su vez, tres formas: el ataque directo por parte de las Fuerzas Armadas al ejecutivo (golpe de Estado), o la rebelión sucesiva de las guarniciones militares (cuartelazo o pronunciamiento).

La cuarta recibe el nombre de suplantación, y es también propia de países de baja cultura política. Consiste en sustituir el gobierno civil por un gobierno militar, y se desarrolla de acuerdo a las mismas formas que el desplazamiento.

A pesar de sus diferencias, en cada uno de estos grupos −especialmente entre los formados durante la República, los alféreces provisionales, y el primer subgrupo de la Academia General Militar−, existían oficiales más activos políticamente que sus compañeros e incluso con más predisposición al golpismo, que podían dar al traste con el sistema democrático; justificando su acción en las nueve condiciones ya señaladas.

3. LAS FUERZAS ARMADAS EN LA TRANSICIÓN (1975-1981)

Las Fuerzas Armadas eran, a la muerte del general Franco el 20 de noviembre de 1975, el principal sostén del régimen. De hecho, a diferencia de la Iglesia católica y del Movimiento Nacional, no se había producido en su seno un proceso de fragmentación que abriera la puerta a la aparición de diferentes tendencias, más allá de la muy minoritaria Unión Militar Democrática (UME), conservando a la muerte del dictador una doble característica que les convertía en un poderoso actor en el escenario político. Por un lado, eran una institución autónoma dentro de la Administración del Estado, dependiente directamente del Jefe del Estado y dotada de amplias atribuciones en el ámbito del orden público, como afirma Santos Juliá, y por otro, eran parte del gobierno del Estado, con plena conciencia de su misión de vigilancia sobre el proceso político, de acuerdo con las tesis de Juan José Linz. Esta misión de vigilancia se expresaba en una capacidad única para frenar cualquier proceso de cambio político que se pusiera en marcha sino era de su agrado, estando legalmente legitimadas para ello por el artículo 37 de la Ley Orgánica del Estado, que establecía: “Las Fuerzas Armadas de la Nación, constituidas por los Ejércitos de Tierra, Mar y Aire y las Fuerzas de Orden Público, garantizan la unidad e independencia de la Patria, la integridad de sus territorios, la seguridad nacional y la defensa del orden institucional”.

Durante el segundo Gobierno de Carlos Arias Navarro (noviembre de 1975-junio de 1976), la intervención de las Fuerzas Armadas en el proceso político se iba a desarrollar bajo la forma de influencia, siguiendo la terminología de Finer. Si bien es cierto que durante este periodo, el Ejecutivo careció de un proyecto articulado para iniciar la transición a la democracia, la jerarquía militar ejerció una función vigilante sobre el mismo, actuando por dos cauces. El primero fue la presencia de cuatro militares en el Gobierno, el teniente general Fernando de Santiago y Díaz de Mendivil, vicepresidente del Gobierno para Asuntos de la Defensa y “cadete de Franco”; el almirante Gabriel Pita da Veiga, ministro de Marina y perteneciente a las promociones de la monarquía alfonsina; el teniente general Félix Álvarez-Arenas y Pacheco, ministro del Ejército y “cadete de Franco”, y el teniente general Carlos Franco Iribarnegaray, ministro del Aire, también “cadete de Franco”; que no dudaron, especialmente Pita da Veiga, en hacer declaraciones, insistiendo en el papel político de las Fuerzas Armadas. Así, en la Pascua Militar de 1976, el almirante y ministro afirmó:

“Los Ejércitos al orientar las virtudes heroicas del pueblo hacia el logro de los fines sustantivos y trascendentales del Estado, cumpliendo su misión hacen política en su más alta acepción. Más si confundidos fines y medios, se desviasen de lo sustantivo a lo adjetivo del quehacer político cotidiano, degradarían en ideologías sus ideales.”

El segundo cauce fueron las reuniones que los sectores más involucionistas de la élite política y militar franquista mantuvieron con esos ministros militares −especialmente De Santiago y en menor medida, Álvarez-Arenas−, para que evitasen cualquier cambio institucional que fuera el comienzo del fin del Estado del 18 de julio. De estos encuentros, destacaron dos. El primero fue el que De Santiago y Álvarez-Arenas sostuvieron con José Antonio Girón de Velasco, líder del sector falangista y no monárquico del franquismo, y el teniente general en la reserva activa Carlos Iniesta Cano –promociones de la monarquía–, su correligionario militar y amigo íntimo, el 12 de enero de 1975, en el restaurante Casa Gerardo, en Las Rozas (Madrid). En ella, tanto Iniesta Cano como Girón advirtieron a los dos representantes del Gobierno de la responsabilidad en la que incurrirían si permitían que se iniciara un proceso de cambio político. El segundo fue el que De Santiago tuvo con el teniente general Alfonso Pérez Viñeta, otro azul pertenecientes a las promociones de la monarquía alfonsina; el teniente general Iniesta Cano; el general de división Tomás Liniers y Pidal, comandante general de Melilla y “cadete de Franco”, y el general de brigada de Infantería Juan Cano Portal, “alférez provisional”, el 8 de marzo de 1976. En la misma se discutió el deterioro de la situación política de España que se había producido desde la muerte de Franco, y la necesidad de rectificar la línea política del Gobierno. Para lograrlo, acordaron enviar un escrito al rey donde se plasmasen las inquietudes del Ejército y se pidiese ese cambio político. El escrito, redactado bajo la supervisión de Pérez Viñeta, y con la aprobación del teniente general De Santiago, fue presentado al jefe del Estado, quien recomendó al militar que se atuviera a sus competencias y no se entrometiese en las del presidente del Gobierno. Precisamente, Arias Navarro, al enterarse de lo que había ocurrido, no dudó en dirigirse a los militares de su Gobierno durante una reunión del Consejo de Ministros para indicarles que tomasen el poder de una vez. Según José María de Areilza, entonces ministro de Asuntos Exteriores: “El general De Santiago se pone nervioso y musita unas excusas diciendo que jamás las Fuerzas Armadas aceptarían hacerse cargo del poder”. Y el militar tenía razón. Ellos no querían gobernar directamente, sólo tutelar la acción del Gobierno, como afirma Santos Julia.

Esta situación de impasse existente durante el Gobierno de Arias Navarro cambiaría tras la llegada de Adolfo Suárez a la jefatura del ejecutivo el 3 de julio de 1976, cuando se inicia una fase de intervencionismo militar en el proceso político, bajo la forma de extorsión, que se prolongaría hasta la legalización del Partido Comunista de España (PCE), el 9 de abril de 1977. El nuevo presidente del Gobierno y la élite política franquista reformista que le apoyó iban a iniciar una transición hacía un sistema democrático que, como indican Álvaro Soto Carmona y Ferrán Gallego Margalef, se articuló sobre la improvisación y complejos procesos de presión y negociación entre los partidarios de distintos proyectos políticos en los que resultó determinante el papel de la sociedad civil, ya que si bien las negociaciones entre las elites políticas fueron importantes, no debe olvidarse que estas fueron siempre por detrás de las demandas de los ciudadanos, lo que les obligó a cambiar y a adaptar su acción política. En todo caso, los reformistas franquistas liderados por el nuevo presidente del Gobierno, fueron los triunfadores del proceso, ya que recibieron el apoyo de los ciudadanos, al comprender que estos lo que querían era un “cambio sin ruptura”.

No obstante, si bien Suárez carecía de un proyecto de cambio político definido, sí había asumido la idea de que las Fuerzas Armadas eran la única institución del Estado con capacidad para bloquear cualquier proceso de cambio que se pusiera en marcha; siendo, por tanto, necesario neutralizar esa capacidad para intervenir corporativamente en el proceso político, a semejanza de lo que ocurrió con la clase política franquista, que se disolvió en múltiples facciones. De hecho, pese a que no logró el objetivo último que perseguía, la subordinación de las Fuerzas Armadas al poder civil, si consiguió disolver la unidad corporativa de los militares, y su capacidad para intervenir institucionalmente en el ámbito político. En ese proceso jugó un papel fundamental el teniente general Manuel Gutiérrez Mellado –“cadete de Franco” –, quien sustituiría a De Santiago el 23 de septiembre de 1976 como vicepresidente del Gobierno para Asuntos de la Defensa, y que desarrolló una política militar articulada en dos frentes. El primero fue la creación de un nuevo organigrama institucional, estructurado en torno a un nuevo Ministerio de Defensa –creado el 15 de junio de 1977 y que sustituiría a los tres ministerios militares existentes–, y cuyo objetivo era acabar con la autonomía de las Fuerzas Armadas. Y el segundo, una nueva política de ascensos, donde los criterios objetivos utilizados hasta entonces –antigüedad y hoja de servicios- serían sustituidos por otros subjetivos –lealtad a la política reformista del gobierno–, lo que trajo como consecuencia que el alto mando de las Fuerzas Armadas, especialmente el del Ejército, perdiera su unidad corporativa. El punto culminante de esta política se produciría el 18 de mayo de 1979, con la elección del recién ascendido teniente general José Gabeiras Montero –“promociones de la República”– para el cargo más importante de la fuerza militar de Tierra, el de jefe del Estado Mayor del Ejército, lo que provocó una auténtica fractura en el Consejo Superior del Ejército.

El proyecto político de Suárez sería respondido por los sectores más involucionistas de las Fuerzas Armadas con tres intentos de extorsión cuya finalidad era tutelar la acción del Gobierno, deteniendo el proceso de cambio político iniciado.

El primero de esos intentos extorsionadores tuvo lugar durante la reunión entre el jefe del ejecutivo y los consejos superiores de los tres ejércitos, el 8 de septiembre de 1976. El objetivo de este encuentro, organizado por Suárez, era explicar a las Fuerzas Armadas su proyecto de cambio político y conseguir su apoyo o al menos su neutralidad para el mismo. Se trataba de una jugada política muy hábil, ya que el presidente del Gobierno trataba de demostrar a las Fuerzas Armadas la importancia que supuestamente tenían en el organigrama político español, con objeto de conseguir su confianza. Sin embargo, dos tenientes generales, Francisco Coloma Gallegos, capitán general de la IV Región Militar, y Mateo Prada Canillas, capitán general de Canarias –ambos “cadetes de Franco” –, entendieron el objetivo que perseguía Suárez, y amenazaron con una intervención militar si se producía un cambio institucional. Pero, este intento de extorsión terminó en fracaso, ya que no fueron apoyados por el resto de los militares presentes, demostrándose con este hecho la carencia de una unidad corporativa de las Fuerzas Armadas, especialmente del Ejército, para intervenir en el proceso político.

El segundo fue la dimisión/cese del teniente De Santiago, el 21 de septiembre de 1976. El entonces vicepresidente del Gobierno para Asuntos de la Defensa renunció o fue obligado a dimitir cuando tuvo noticias de que el ministro de Relaciones Sindicales, Enrique de la Mata, había mantenido conversaciones con diversos líderes de las centrales sindicales ilegales –Unión General de los Trabajadores (UGT) y Comisiones Obreras (CCOO)–, encaminadas a su posible legalización, y filtró la noticia. Pero el teniente general no se limitó a abandonar el cargo –en el que fue sustituido por Gutiérrez Mellado–, sino que envío a sus compañeros una carta donde explicaba las razones de su renuncia, con objeto de provocar un movimiento en su favor que detuviera el proceso de cambio político. Sin embargo, fracasó completamente, ya que el único apoyo que recibió fue el de Iniesta Cano.

El tercero de los intentos de extorsión vino a raíz de la legalización del PCE, el 9 de abril de 1977. Las Fuerzas Armadas se sintieron engañadas porque Suárez, en la reunión del 8 de septiembre de 1976, les había prometido no legalizar esta fuerza política, e intentaron responder con contundencia ante la decisión del Gobierno. La Armada, el más corporativo y conservador de los Ejércitos, pero el que, por su propia naturaleza, menos capacidad tenía para proyectar su poder en el ámbito interno del Estado, optó por provocar la dimisión de su jefe, el ministro de Marina, almirante Pita da Veiga, el 11 de abril, y por la negativa del resto de los almirantes a ocupar ese cargo. Con esta acción, los marinos de guerra pretendían provocar una crisis irresoluble al Gobierno que le obligara a modificar su política. Sin embargo, Suárez y Gutiérrez Mellado pudieron superarla gracias al almirante en la reserva Pascual Pery Junquera –promociones de la República–, que aceptó ocupar el ministerio de Marina.

Por su parte, el Ejército, el vector militar más importante y el único con capacidad real para detener o al menos tutelar el proceso político, también intentó responder a la decisión del Gobierno. Sin embargo, en la reunión del Consejo Superior del Ejército que tuvo lugar el 12 de abril, sus miembros fueron incapaces de consensuar una postura común, ya que no forzaron la dimisión de su ministro, Álvarez-Arenas, ni decidieron intervenir contra el Gobierno, toda vez que se dividieron en diferentes facciones; división que no puede desvincularse de la política de ascensos de Gutiérrez Mellado. Al final optaron por enviar un comunicado a las unidades, donde implícitamente se amenazaba al gobierno con el empleo de la fuerza, si se ponía en peligro “la Unidad de la Patria, el honor y respeto a su Bandera, la solidez y permanencia de la Corona y el prestigio y dignidad de las Fuerzas Armadas”; pero esta amenaza quedaba empañada con otro párrafo donde se afirmaba que “el Consejo Superior consideró que la legalización del Partido Comunista de España es un hecho consumado que admite disciplinalmente, pero consciente de su responsabilidad y sujeto al mandato de las Leyes expresa la profunda y unánime repulsa del Ejército ante dicha legalización y acto administrativo llevado a efectos unilateralmente, dada la gran trascendencia política de tal decisión”. Es decir, el Consejo Superior del Ejército se limitaba a advertir al gobierno de que no pusiera en peligro un conjunto de conceptos claves para los militares; pero dejaba al tiempo claro que no iba a tomar ninguna decisión inmediata para oponerse a la legalización del PCE. Con esta toma de postura, los altos mandos del Ejército, y a pesar del supuesto contenido amenazador del comunicado, renunciaban a tutelar y mucho menos a detener el proceso de cambio político, al carecer de una postura consensuada frente a la política del gobierno.

No obstante, y a pesar de que el comunicado constituía realmente el comienzo del fin del “poder militar como gobierno”, su contenido podía ser considerado una auténtica ofensa para el gabinete, y así lo entendió su presidente. Suárez telefoneó, el 13 de abril, a Álvarez-Arenas y al jefe del Estado Mayor del Ejército, el teniente general José Miguel Vega Rodríguez –“promociones de la República” –, y, en palabras textuales de Gutiérrez Mellado, les “peinó” por lo ocurrido en la reunión. Esta actitud del presidente del Gobierno demostraba lo mucho que había cambiado su relación con las Fuerzas Armadas, ya que si siete meses antes había pedido su apoyo para poner en marcha el proceso de cambio político, ahora, tras el apoyo popular conseguido con la aprobación mayoritaria por referéndum de la Ley para la Reforma Política el 15 de diciembre de 1976, era capaz de enfrentarse con los dos principales mandos del Ejército y afearles su conducta. De hecho, los dos militares debieron comprender este cambio, ya que decidieron repudiar el primer comunicado, que se calificó de no oficial, elaborando otro más moderado, que fue emitido el 14 de abril.

La legalización del PCE demostró dos cosas en relación con la posición de las Fuerzas Armadas en el proceso político. La primera, que éstas carecían de unidad corporativa para actuar institucionalmente y tutelar la acción del Gobierno. La segunda, que las formas “legales” de intervención –influencia y extorsión– se habían demostrado ineficaces en la labor de vigilancia del proceso político que las Fuerzas Armadas habían asumido tras la muerte del general Franco. De ahí que, a partir de abril de 1977, se iniciaría un nuevo periodo en el intervencionismo militar, marcado por dos hechos. El primero fue la división de las Fuerzas Armadas, incluidos sus sectores más involucionistas, en diversas facciones, y el segundo fue que esos sectores golpistas optaron por poner en marcha operaciones involucionistas de desplazamiento, o de suplantación. Estas operaciones fueron cuatro: la operación Galaxia (1978), la intentona Torres Rojas (1979), el golpe de Estado del 23-F (1981) y la operación Cervantes (1982). De las cuatro, la más importante fue la tercera.

4. LA SOLUCIÓN ARMADA. ORIGEN DEL GOLPE DE ESTADO DEL 23-F

4.1. Causas

El golpe de Estado del 23-F sólo puede comprenderse si se sitúa en la coyuntura de crisis que vivía España a comienzos del año 1981, marcada por tres procesos.

El primero era la crisis política derivada de tres hechos de gran importancia. De una parte, la inestabilidad de la Unión de Centro Democrático (UCD), el partido que bajo el liderazgo de Suárez había dirigido el proceso de transición a la democracia. De otra, la falta de un proyecto político sólido en el principal partido de la oposición, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), como se demostró en su moción de censura contra el gobierno, el 21 de mayo de 1980, que no obtuvo mayoría parlamentaria. Y para finalizar con los acontecimientos que enmarcan aquella crisis política, la radicalización del nacionalismo periférico, especialmente el vasco, que tuvo su manifestación en dos hechos de gran impacto en la opinión pública: las visitas del presidente del gobierno, Adolfo Suárez, y del rey Juan Carlos I, que en el primer caso se saldó con una ausencia de los honores correspondientes a su cargo, y en el segundo, ya dimitido Suárez, con un grave incidente en la Casa de Juntas de Guernica (Vizcaya).

El segundo de los procesos es la agudización de la crisis económica como consecuencia de la revolución islámica de Irán (1979), que produjo un aumento del precio del petróleo, lo que derivó en un espectacular aumento del desempleo que alcanzó en 1981 la cifra de 1.566.200 personas, y en un incremento de los conflictos sociales.

Y, el tercero, el aumento de la escalada terrorista, que se centró especialmente en las Fuerzas Armadas y en las Fuerzas de Orden Público, y que iba a alcanzar en el bienio 1979-1980 su máxima virulencia, con 105 muertos en 1979 (76 provocados por Euzkado Ta Askatasuna –ETA- y 31 por el Grupo Revolucionario Armado Primero de Octubre –GRAPO-) y 98 en 1980 (92 de ETA y 6 del GRAPO).

Fueron estos tres procesos, especialmente el aumento de la escalada terrorista y la radicalización del nacionalismo periférico, unidos a la tradición intervencionista de las Fuerzas Armadas españolas, los que hicieron posible la intentona de golpe de Estado del 23-F.

4.2. El diseño de la operación golpista

El origen de este acontecimiento hay que situarlo en un conjunto de operaciones que, a partir de 1977, pusieron en marcha un conjunto de miembros de la élite económica, periodística y política más conservadora, en muchos casos vinculados al antiguo sector tecnócrata del franquismo. Los líderes de las mismas fueron dos personajes de gran influencia: Luis María Anson, periodista monárquico y presidente de Europa Press, que aparecería como ministro de Información en el gabinete virtual de Armada, y Laureano López Rodó, catedrático de derecho administrativo, numerario del Opus Dei y líder del sector tecnócrata bajo el tardofranquismo. El objetivo que perseguían estas operaciones era sustituir a Suárez, y reformar el sistema democrático en sentido conservador, limitando el desarrollo del Estado de las autonomías y combatiendo de forma eficaz el terrorismo.

Inicialmente, el sustituto de Suárez debería haber sido algún político de gran prestigio entre los sectores más conservadores del país como Gregorio López Bravo, José María López de Letona o José Miguel Villar Mir, todos ellos supernumerarios del Opus Dei. Sin embargo, a partir de 1979, y como consecuencia del creciente malestar que afectaba a las Fuerzas Armadas, se decidió que la operación fuera encabezada por un militar, y éste por exclusión sólo podía ser el general de división Alfonso Armada Comyn –alférez provisional-, que cumplía todas las características que se necesitaban para liderar una operación de este tipo: culto, poliglota, conservador sin ser inmovilista, también supernumerario del Opus Dei, con buenas relaciones en el exterior y excelente imagen en las Fuerzas Armadas y en los sectores empresariales, y sobre todo, hombre de total confianza del jefe del Estado, del que había sido secretario hasta 1977. Así, a partir de 1979 comenzó a hablarse del Plan De Gaulle –por la similitud que existía entre este proyecto y el que llevó al general Charles de Gaulle a la presidencia de la V República francesa en 1959–, y sobre todo de la Solución Armada, por el apellido del general que debía convertirse en el futuro presidente del gobierno.

La Solución Armada se diseño en dos variantes, ambas encabezadas por dicho general. La primera, que denominamos variante constitucional, consistía en llevarle a la Presidencia del Gobierno por medios legales, es decir, como líder de un gobierno de concentración nacional que incluyese a miembros de todos los partidos políticos parlamentarios, pero también a técnicos de gran prestigio. Para lograr este objetivo, se utilizaría el mecanismo de la moción de censura como Armada explicó a Milans del Bosch en una de las reuniones que sostuvieron. La segunda, que denominamos variante psudoconstitucional, consistía en crear una “situación de excepcionalidad” que obligase a los líderes políticos a elegir a un nuevo presidente del Gobierno, que lideraría también un ejecutivo de concentración nacional. Fue esta variante, bajo la forma de golpe de Estado –ataque directo al poder ejecutivo–, la que se puso en marcha el 23 de febrero de 1981.

4.3. La fase constitucional de la Solución Armada

Los planificadores de la Solución Armada siempre consideraron la variante constitucional como su primera opción por ser la más sencilla de poner en marcha y la menos traumática para el país. Para culminarla con éxito se plantearon conseguir cinco apoyos fundamentales:

El del jefe del Estado: tenemos los testimonios de tres personajes comprometidos en la operación –el teniente general José Ramón Pardo de Santayana y Coloma, del propio Armada y de Juan de Arespacochaga, antiguo alcalde de Madrid–, que afirmaron que el rey conocía la operación y no se opuso a ella.

El de los empresarios: algunos de los miembros más importantes de la élite empresarial habían participado en las operaciones cuya finalidad era sustituir a Suárez desde el primer momento, como Villar Mir, Carlos Ferrer Salat o Carlos March. Como consecuencia de ese apoyo, en el gabinete virtual de Armada los empresarios iban a ocupar dos carteras. La vicepresidencia del Gobierno para Asuntos Económicos, en manos de López de Letona. Y el Ministerio de Comercio, para Ferrer Salat.

El de los partidos políticos: durante el año 1980, los diferentes grupos políticos pusieron en marcha operaciones cuyo objeto era derribar a Suárez. Estas operaciones aparecen recogidas en el documento secreto del Centro Superior de Información de la Defensa (CESID), titulado Panorámica de las operaciones en marcha, fechado en noviembre de 1989. Armada precisaba subsumir todas estas operaciones en la suya, si quería culminarla con éxito, ya que necesitaba el apoyo de los partidos políticos para forzar la moción de censura contra Suárez y para integrar su gabinete de concentración nacional. Para alcanzar este objetivo, utilizó dos mecanismos. El primero fue entrevistarse con los principales líderes políticos del país, y el segundo utilizar la prensa de extrema derecha, especialmente El Alcázar y El Heraldo Español, para crear una psicosis golpista entre la élite política parlamentaria. Labor que fue realizada por el comandante de Infantería diplomado de Estado Mayor José Luis Cortina Prieto, jefe de Agrupación Operativa de Misiones Especiales del Centro Superior de Información de la Defensa (CESID) y uno de los colaboradores más estrechos de Armada. Como consecuencia de ambos hechos, Armada creyó contar con el apoyo de los partidos políticos, cuyos principales líderes aparecieron en su gabinete virtual:

Vicepresidente para Asuntos Políticos: Felipe González (PSOE).

Ministro de Asuntos Exteriores: José María de Areilza (Coalición Democrática, CD).

Ministro de Defensa: Manuel Fraga Iribarne (CD).

Ministro de Justicia: Gregorio Peces Barba (PSOE).

Ministro de Hacienda: Pío Cabanillas (UCD).

Ministro de Obras Públicas: José Luís Álvarez (UCD).

Ministro de Educación y Ciencia: Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón (UCD).

Ministro de Trabajo: Jorge Solé Tura (PCE).

Ministro de Industria: Agustín Rodríguez Sahagún (UCD).

Ministro de Cultura: Antonio Garrigues Walker (UCD).

Ministro de Economía: Ramón Tamames (UCD).

Ministro de Sanidad: Enrique Múgica Herzog (PSOE).

Ministro de Transportes y Comunicaciones: Javier Solana (PSOE).

De este gabinete y de estos contactos, sería puntualmente informado el jefe del Estado, como así lo reconoce el general Sabino Fernández Campo, en aquellas fechas secretario general de la Casa de Su Majestad el Rey de España; ya que Juan Carlos I consideraba que tanto los contactos políticos que mantenía Armada, como su propio proyecto, eran legales y se ajustaban a la Constitución

El de las Fuerzas Armadas: ámbito en el que evidentemente también se estaban gestando operaciones golpistas cuyo objetivo era cambiar el sistema político español. Estas operaciones eran tres: la de los Coroneles, cuyo líder espiritual era el coronel de Artillería diplomado de Estado Mayor José Ignacio San Martín López –primeras promociones de la Academia General Militar–; la de los Técnicos, liderada por los coroneles de Artillería diplomado de Estado Mayor Luis Muñoz Gutiérrez y Jesús Crespo Cuspinera –primeras promociones de la Academia General Militar–, llamados así porque procedían de las segundas secciones Bis –información interior– del Ejército, y la de los Espontáneos, encabezada por el teniente coronel Tejero –primeras promociones de la Academia General Militar–, y apoyada por el franquismo azul. Al igual que ocurría con las operaciones políticas, si Armada quería culminar su proyecto político, debería subsumir todas estas operaciones dentro de la suya, para evitar que alguna de ellas se adelantase, frustrando sus planes, o para utilizarlas si se hacía necesario poner en marcha la variante pseudoconstitucional de la operación. Para lograr este objetivo, recurrió al capitán general de la III Región Militar, el teniente general Milans del Bosch, figura de gran prestigio en el Ejército y monárquico conservador como él, al que le explicó que su operación estaba apoyada por el rey, y que debería realizar dos acciones en favor de la misma. Una, congelar todas las operaciones golpistas, priorizando la suya. Y dos, controlar la operación de Tejero –toma del congreso de los Diputados– y estudiar la toma de Madrid por la División Acorazada Brunete n.º 1, por si eran necesaria para poner en marcha la variante pseudoconstitucional de la Solución Armada. Milans del Bosch logró ambos objetivos tras una serie de reuniones con las diferentes tramas golpistas del Ejército; lo que hizo que Armada creyese contar con el apoyo de las Fuerzas Armadas, a las que concedió dos carteras en su gabinete virtual: el Ministerio para las Regiones, para el general de división José Antonio Saénz de Santamaría y Tinturé –alférez provisional–, general inspector de la Policía Nacional, y el del Interior, para el de su mismo grado Manuel Saavedra Palmeiro –asimismo alférez provisional–, general jefe de la División de Infantería Mecanizada Guzmán el Bueno n.º 2 y hombre muy cercano a Milans del Bosch.

El de los dos principales apoyos exteriores de España: el Vaticano y los Estados Unidos, con cuyos representantes mantuvo Armada importantes reuniones, destacando la visita del embajador norteamericano Terence Todman a su finca coruñesa de Santa Cruz de Rivadulla en diciembre de 1980, acompañado del político de la UCD, Pío Cabanillas. Ninguno de los dos estados se opuso, al parecer, a la operación de la que estaban informados, como han reconocido Arespacochaga y también Armada.

En enero de 1980, Armada creía tener los cinco apoyos necesarios para llevar a cabo su operación y sólo restaba que se le trasladase a Madrid para culminarla, ya que se encontraba en Lérida como gobernador militar y jefe de la División de Montaña Urgel n.º 4. Este objetivo lo lograría el 4 de febrero de 1981, cuando gracias a la intervención del jefe del Estado fue nombrado segundo jefe del Estado Mayor del Ejército. Sin embargo, antes de que se produjera este acontecimiento, dos decisiones de Suárez habían truncado todas las posibilidades de que se culminara la variante constitucional de la operación. La primera, su dimisión el 27 de enero de 1981, que imposibilitaba el mecanismo de la moción de censura para hacer al general presidente del Gobierno. Y la segunda, forzar la designación de Leopoldo Calvo-Sotelo como candidato a presidente por la UCD, el partido mayoritario, lo que hacía imposible a los críticos de este partido apoyar a Armada como presidente del Gobierno.

4.4. La fase pseudoconstitucional de la Solución Armada

El fracaso de la variante constitucional empujó a Armada a poner en marcha la otra variante de su operación, la pseudoconstitucional. Para crear la situación de excepcionalidad necesaria, iba a utilizar la operación de Tejero –toma del Congreso de los Diputados– que se llevaría a cabo el 23 de febrero de 1981, durante la segunda votación de investidura de Calvo-Sotelo. Pero para desencadenar esta operación, necesitaba conseguir cinco apoyo, tres de los cuales coincidían con tres de la fase anterior.

1. El del jefe del Estado: Armada se entrevistó con Juan Carlos I el 13 de febrero de 1981, y le explicó las diversas operaciones militares que había en marcha y la más que probable posibilidad de que Tejero pusiera en marcha la suya, provocando un daño irreversible para el sistema democrático. Para evitarlo, Armada fue autorizado por el rey a reconducir cualquier situación golpista que se produjera. Sin embargo, no hay ningún dato que demuestre que el jefe del Estado supiese que quien iba a desencadenar la operación de Tejero era el propio Armada, lo que explica la actitud posterior de Juan Carlos I hacía el general, al que tachó públicamente de “traidor”.

2. El de los partidos políticos: hay constancia documental de reuniones con miembros de la UCD y de CD, e incluso del PCE, donde el general les explicó su proyecto para reconducir cualquier operación golpista, pero como en el caso del rey, no hay constancia de que Armada les dijese que controlaba la operación de Tejero.

3. El de Estados Unidos y el Vaticano: tenemos algunos testimonios de agentes del CESID que demuestran que ambos países estaban informados de la operación que se iba a poner en marcha, y no se opusieron. Es más, la misma coincidiría con una reunión de la Conferencia Episcopal, que sólo se pronunciará en favor de la democracia cuando la operación golpista haya fracasado, mediante un documento consensuado y apoyado por todos los prelados españoles. Por su parte, Estados Unidos manifestaría una actitud de espera ante los acontecimientos, y Ronald Reagan sería el último de los líderes occidentales en telefonear al jefe del Estado.

4. El de Tejero, con el que se entrevistó el 21 de febrero en la calle Juan Gris, para ordenarle que tomase el Congreso de los Diputados en nombre del rey, y sin emplear ningún tipo de violencia, algo que el teniente coronel de la Guardia Civil sólo cumplió de forma relativa. Sin embargo, no le explicó la finalidad de la operación; creyendo Tejero que el golpe de Estado tenía por objeto crear una junta militar presidida por Milans del Bosch.

5. El de Milans del Bosch, con el que habló telefónicamente el 22 de febrero, y a quien le encargó movilizar la III Región Militar, y animar al resto de los capitanes generales a hacer lo mismo, para provocar esa intervención militar masiva, necesaria para el triunfo de su operación. Así mismo, le pidió que llamase al prestigioso general de división Luis Torres Rojas, antiguo jefe de la División Acorazada Brunete n.º 1, y asistente a las reuniones conspirativas organizadas por Milans del Bosch. Su misión sería movilizar la Brunete con ayuda del comandante de Infantería diplomado de Estado Mayor Ricardo Pardo Zancada, hombre de confianza de Milans del Bosch presente en la conversación telefónica que Milans del Bosch tuvo con Armada, y del coronel San Martín, jefe de Estado Mayor de dicha división acorazada, y proceder a la ocupación de Madrid.

Así, el plan de Armada debería desarrollarse según el siguiente planteamiento:

Tejero tomaría el Congreso de los Diputados.

Milans del Bosch tomaría el control de su región militar, para evitar desordenes públicos, e informaría a sus conmilitones de las medidas adoptadas, con objeto de que hicieran lo mismo. A la vez, las unidades de la División Acorazada Brunete n.º 1 ocuparían Madrid con la excusa de salvaguardar también el orden público.

Armada se trasladaría al palacio de la Zarzuela, y al lado del jefe del Estado se dispondría a reconducir la situación, apoyándose en las Fuerzas Armadas, y concretamente en la Junta de Jefes de Estado Mayor –que el 23 de febrero de 1981 estaba formada por el teniente general del Ejército del Aire Ignacio Alfaro Arregui, presidente de la citada junta; el teniente general Emiliano Alfaro Arregui, jefe del Estado Mayor del Aire; el almirante Luis Arévalo Pelluz, almirante jefe del Estado Mayor de la Armada, y el teniente general Gabeiras, jefe del Estado Mayor del Ejército, y máxima jerarquía de las Fuerzas Armadas tras el monarca–, que emitiría una disposición por la que, ante la situación creada, asumía el poder. Esta disposición supondría el control del país por las Fuerzas Armadas.

Armada, avalado por la Junta de Jefes de Estado Mayor, y con el beneplácito del rey y de las Fuerzas Armadas, se trasladaría al Congreso de los Diputados para ser votado por los diputados como presidente de un gobierno de concentración nacional.

Tejero saldría del Congreso de los Diputados, camino de un país sin tratado de extradición con España, y con su futuro económico asegurado.

5. EL GOLPE DE ESTADO DEL 23-F

En el desarrollo del golpe de Estado del 23-F, que se prolongó entre las 00:00 horas del día 23 y las 12:00 horas del día 24, se pudieron distinguir cinco fases.

Los prolegómenos del golpe de Estado. Se desarrolló entre las 00:00 y las 18:22 horas del día 23, y durante esa fase, todos los implicados, desde Tejero hasta los mandos de la III Región Militar y del CESID, tomaron las medidas necesarias para que las acciones que tenían encomendadas se desarrollasen con éxito y la operación triunfara.

Periodo de impasse. La segunda fase del golpe de Estado se prolongó entre la toma del Congreso de los Diputados por Tejero (18:22 horas), y la llamada de Milans del Bosch a Armada aconsejándole que fuese al Congreso de los Diputados para que los diputados, secuestrados, le votasen como presidente del Gobierno (21:00 horas). Esta fase estuvo marcada por la forma en que Tejero realizó su operación, que contravino las órdenes recibidas por Armada, pues si bien fue incruenta, no careció de un fuerte tono violento; lo que provocó una gran indeterminación en la actuación del rey –que no desautorizó explícitamente a los golpistas–, los capitanes generales –que discutieron entre ellos, vía telefónica, si apoyaban o no a Milans del Bosch, sin que llegaran a consensuar una posición común–, y también los propios golpistas, especialmente Armada, que quedó desorientado tras la negativa del rey a recibirle en el palacio de la Zarzuela.

El retorno a la Solución Armada. La tercera fase del golpe de Estado se desarrolló entre las 21:00 horas del día 23 y las 01:00 horas del día 24, y supuso una vuelta a la idea inicial de la operación, es decir, a la posibilidad de que Armada pudiera ser elegido presidente del Gobierno por los diputados retenidos por Tejero. Para poder realizar esta gestión, este general recibió el visto bueno del palacio de la Zarzuela –aunque obligándole a que la propuesta se hiciera “a título personal” –, y de la casi totalidad de las Fuerzas Armadas –sólo se opuso el capitán general de Canarias, teniente general Jesús González del Yerro, perteneciente a las “promociones de la República”, que también aspiraba al mismo cargo–. Sin embargo, cuando Tejero se enteró de que Armada pretendía presidir un gobierno que incluía políticos del PCE y del PSOE, y no anunciar a los diputados la creación de una junta militar, presidida por Milans del Bosch, echó al general del edificio, sin dejarle hablar a los representantes populares.

Clarificación de posiciones. La cuarta fase fue la más desconocida e interesante del golpe de Estado, prolongándose entre las 01:00, cuando el rey desautoriza al capitán general de la III Región Militar, tras el fracaso de la gestión de Armada, y las 04:00 horas, momento en que Milans del Bosch, siguiendo las órdenes del jefe del Estado, retiró su bando. Presentó dos características fundamentales. Por un lado, la postura del palacio de la Zarzuela, y en consecuencia del resto de las autoridades civiles y militares que, a partir de las 01:00 horas se opusieron, de manera terminante, a los golpistas, y, por otro, el desmarque de éstos –encabezados por Tejero, y el comandante Pardo Zancada, que con 115 soldados de la Brunete se unió a los ocupantes del Congreso de los Diputados– de la Solución Armada, optando por propiciar un auténtico golpe militar para lo que no dudaron en pedir el apoyo de distintos mandos del Ejército, pertenecientes al grupo de los Coroneles y de los Técnicos. Acciones que fracasaron completamente.

El final del golpe de Estado. La quinta fase se prolongó entre las 04:00 y las 12:00 horas del día 24, cuando se produjo la liberación de los diputados y la salida de las fuerzas que ocupaban el edificio de la madrileña Carrera de San Jerónimo, y se caracterizó, de nuevo, por una situación de impasse.

El golpe de Estado fracasó porque de las diferentes acciones que debían articularlo, sólo dos se realizaron totalmente: la toma del Congreso de los Diputados por el teniente coronel Tejero y la movilización de las tropas de la III Región Militar por el teniente general Milans del Bosch, no sólo en su capital, Valencia, sino también en todas las comandancias militares de la misma: Alicante, Castellón de la Plana, Murcia, Cartagena, Albacete, Lorca y Alcoy.

6. LAS COMANDANCIAS MILITARES DE LA III REGIÓN MILITAR
DURANTE EL GOLPE DE ESTADO DEL 23-F

La III Región Militar, compuesta por las provincias de Valencia, Alicante, Castellón, Murcia y Albacete, tenía una importante guarnición:

División de Infantería Motorizada Maestrazgo n.º 3.

Cuartel General. Valencia.

Núcleo de Tropas Divisionario.

Regimiento Mixto de Ingenieros n.º 3. Valencia.

Agrupación Logística n.º 3. Valencia.

Regimiento de Artillería de Campaña n.º 17. Paterna (Valencia).

Grupo de Artillería Antiaérea Ligero n.º 3. Paterna (Valencia).

Regimiento de Caballería Ligera Acorazada Lusitania n.º 8. Marines (Valencia).

Brigada de Infantería Motorizada XXXI.

Cuartel General. Castellón.

Regimiento de Infantería Motorizable Tetuán n.º 14. Castellón.

Regimiento Mixto de Infantería Vizcaya n.º 21. Bétera (Valencia).

Grupo de Artillería XXXI. Paterna (Valencia).

Batallón Mixto de Ingenieros XXXI. Valencia.

Agrupación Logística XXXI. Paterna (Valencia).

Brigada de Infantería Motorizada XXXII.

Cuartel General. Cartagena (Murcia).

Regimiento de Infantería Motorizable Mallorca n.º 13. Lorca (Murcia).

Regimiento Mixto de Infantería España n.º 18. Cartagena (Murcia).

Grupo de Artillería XXXII. Murcia.

Batallón Mixto de Ingenieros XXXII. Cartagena (Murcia).

Agrupación Logística XXXII. Cartagena (Murcia).

Brigada de Infantería de Defensa Operativa del Territorio (BRIDOT) III.

Cuartel general. Alicante.

Regimiento de Infantería San Fernando n.º 11. Alicante.

Regimiento de Infantería Guadalajara n.º 20. Paterna (Valencia).

Plana Mayor del Regimiento de Infantería Bailén n.º 60. Cartagena (Murcia).

Compañía de Operaciones Especiales n.º 31. Alicante. Adscrita al Regimiento de Infantería San Fernando n.º 11.

Compañía de Operaciones Especiales n.º 32. Paterna (Valencia). Adscrita al Regimiento de Infantería Guadalajara n.º 20.

Grupo Ligero de Caballería III. Valencia.

Regimiento de Artillería de Campaña n.º 18. Murcia.

Batallón Mixto de Ingenieros III. Valencia.

Agrupación Mixta de Encuadramiento n.º 3. Valencia.

6.1. Los preparativos

El 22 de febrero, una vez concluida la conversación con Armada y tras conocer cual debería ser su función en el golpe de Estado, Milans del Bosch se dispuso a preparar la movilización de la III Región Militar. Así, poco antes de las 19:00 horas, ordenó a su hombre de confianza, el coronel Ibáñez Inglés, que hablase por teléfono con el coronel de Ingenieros diplomado de Estado Mayor Antonio Gómez de Salazar Alonso, jefe de Estado Mayor de la División de Infantería Motorizada Maestrazgo, n.º 3, para que le informara de que el capitán general había decidido efectuar un ejercicio tipo Alerta; citándole a las 8:00 horas del día siguiente en su despacho de la Capitanía General. No le dijo para qué, y Gómez de Salazar no lo preguntó. Sin embargo, esa cita sería el comienzo de la Operación Turia, también llamada Operación Miguelete, por la palabra clave que la puso en marcha. Operación que tenía por objeto que las tropas de la III Región Militar tomaran las ciudades más importantes de la misma. Por tanto, Milans del Bosch comenzó a planificar las operaciones en su mando regional, el día antes que tuviese lugar el golpe de Estado.

Al día siguiente, la actividad en la capitanía general de la III Región Militar comenzó más pronto de lo habitual. El coronel Ibáñez Inglés se reunió en su despacho con el coronel Gómez de Salazar Alonso y con el teniente coronel de Caballería diplomado de Estado Mayor José Luis Somalo Aznar, jefe de la 3ª Sección (Operaciones) del Estado Mayor de la III Región Militar. Ambos pensaban que habían sido llamados para preparar la Operación Turia, cuyo diseño original consistía en el despliegue de tres compañías de Policía Militar en pequeñas patrullas, con objeto de defender los edificios y el personal militar de Valencia, con objeto de prevenir un posible atentado de ETA.

Sin embargo, Ibáñez Inglés les informó de que el capitán general había decidido realizar un ejercicio de Alerta 3 que mantendría el nombre de Operación Turia. La Alerta 3, que suponía la ocupación militar de los principales centros de este territorio militar, tenía su origen en el documento que, después de las elecciones del 15 de junio de 1977, firmó el presidente Suárez denominado Operación Diana, que señalaba la misión de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Orden Público en determinadas situaciones graves. La Operación Diana establecía tres escalones de acción: Alerta 1, Alerta 2 y Alerta 3, correspondientes respectivamente a los estados de normalidad, excepción y guerra, descritos en la Ley 45/1959, de 30 de julio, de Orden Público, en parte modificada por la constitución de 1978. El estado de guerra estaba recogido en el capítulo IV (Del estado de guerra) y más concretamente en los artículos 35-42, de esa ley (BOE, 31-VII-1959).

En este ejercicio, participarían unidades de las guarniciones de Valencia y Castellón; comprendiendo elementos de la División de Infantería Mecanizada y de la Brigada de Infantería de Defensa Operativa del Territorio. Para prepararlo, Ibáñez Inglés les entregó dos folios manuscritos en los que se contenía las instrucciones para la formación de seis grupos tácticos, tipo batallón: Águila, Corcel, León, Tigre, Pantera y Cóndor, que suponían la movilización de unos 2.500 hombres y 60 carros de combate. A los soldados había que dotarles de ropas de abrigo y raciones para la cena y el desayuno del día siguiente. Los seis grupos tácticos estarían bajo las órdenes del general de división José León Pizarro, jefe de la División de Infantería Mecanizada, y se dividirían en dos sectores: el de Castellón (Águila y Cóndor), a las órdenes del coronel de Infantería diplomado de Estado Mayor José del Pozo Pérez, jefe del Regimiento de Infantería Motorizable Tetuán n.º 14, y el de Valencia –los otros cuatro–, bajo el mando del general de brigada de Artillería Carlos Lázaro, jefe de Artillería de la División de Infantería Mecanizada. Además, añadió una serie de instrucciones orales muy breves de tipo logístico y de transmisiones. A partir de ese momento, comenzaba la preparación de los mismos, que debía estar concluida a las 17:30 horas, cuando un oficial de Estado Mayor de la División de Infantería Mecanizada entregaría a los jefes de los mismos los sobres con las misiones a cumplir. Sobres que sólo deberían abrirse cuando recibieran la palabra clave: Miguelete.

Poco después, a las 10:30 horas, tuvo lugar una nueva reunión, esta vez en el despacho de Milans del Bosch, a la que asistieron el general de brigada de Caballería Emilio Urrutia Gracia –primeras promociones de la Academia General Militar–, jefe de Estado Mayor de la III Región Militar; el coronel Ibáñez Inglés, 2º jefe de Estado Mayor de la misma, y los tenientes coroneles de Infantería diplomados de Estado Mayor Jaime Guerri Vaquer, Joaquín Pacheco Miquel y Horacio Santos Fernández, y el de Caballería diplomado de Estado Mayor José Somalo Aznar, jefes respectivamente de la 1ª (Organización), 2ª (Inteligencia), 4ª (Logística) y 3ª (Operaciones) secciones de dicho Estado Mayor. En esta reunión, según relato de Pacheco Miquel, Milans expuso:

“Que él tenía que adoptar una decisión, que como siempre hacía exclusivamente suya y no compartida. Que quería conocer el parecer de todos y cada uno de los presentes y que luego el decidiría en exclusiva. Que la situación era muy grave. Creo recordar que se extendió en ejemplos a hechos concretos que lo demostraban, todo estaba mal y paralizado. Que en el plazo muy breve iba a reconducirse, o podría producirse en Madrid un hecho muy importante para la vida nacional al que tenían que estar muy atentos y dijo lo conoceréis por la radio. Que el hecho, por supuesto, que sería incruento. De otro modo, él que lo conocía, no lo hubiera aceptado. De lo que iba a suceder, S.M. estaba enterado, lo apoyaba y lo aprobaba. A él lo había informado el General Armada, y del General Armada no cabía dudar por su conocida fidelidad al Rey. Los acontecimientos se habían precipitado y la fuerza se desencadenaba, sin que fuera posible sujetarla, por lo que no cabía más solución que reconducirlo. A él le parecía que lo podía ocurrir era algo prematuro y no era partidario, pero no podía decir no a la operación que estaba decidida.

Tras estas explicaciones, ordenó al coronel Ibáñez Inglés que leyera el bando que tenía preparado:

HAGO SABER

Ante los acontecimientos que se están desarrollando en estos momentos en la capital de España y el consiguiente vacío de poder, es mi deber garantizar el orden en la Región de mi Mando en tanto se reciban las correspondientes instrucciones que dicte SM el Rey.

En consecuencia

DISPONGO

Artículo 1º.- Todo el personal afecto a los servicios públicos de interés Civil queda militarizado, con los deberes y atribuciones que marca la ley.

Artículo 2º.- Se prohíbe el contacto con las Unidades Armadas por parte de la población civil. Dichas Unidades repelerán sin intimidación ni aviso previo todas las agresiones que puedan sufrir con la máxima energía.

Igualmente repelerán las lesiones contra edificios, establecimientos, vías de comunicación y transporte. Servicios de agua, luz y electricidad, así como dependencias y almacenes de primera necesidad.

Artículo 3º.- Quedarán sometidos a la jurisdicción militar y tramitados por procedimientos sumarísimos, todos los hechos comprendidos en el artículo anterior, así como los delitos de rebelión, sedición y de atentado o resistencia a los Agentes de la Autoridad. Los de desacato, injuria, amenaza o menosprecio a todo el personal militar o militarizado que lleve el distintivo de tal, cualquiera que lo realice, propague, incite o induzca. Igualmente los de tenencia ilícita de armas o cualquier otro objeto de agresión.

Artículo 4º.- Quedan prohibidos los “lock-outs” y huelgas. Se considerará como sedición el abandono del trabajo, siendo principales responsables los dirigentes de sindicatos y asociaciones laborales.

Artículo 5º.- Quedan prohibidas todas actividades públicas y privadas de todos los partidos políticos, prohibiéndose igualmente las reuniones superiores a cuatro personas, así como la utilización por los mismos de cualquier medio de comunicación social.

Artículo 6º.- Se establece el Toque de Queda desde la veintiuna a las siete horas, pudiendo circular únicamente dos personas como máximo durante el citado plazo de tiempo por la vía pública y pernoctando todos los grupos familiares en sus respectivos domicilios.

Artículo 7º.- Sólo podrán circular los vehículos, transportes públicos, así como los particulares debidamente autorizados. Permanecerán abiertas únicamente las Estaciones de Servicio y Suministros de Carburantes que diariamente se señalen.

Artículo 8º.- Quedan suspendidas la totalidad de las actividades públicas y privadas de todos los partidos políticos.

Artículo 9º.- Todos los Cuerpos de Seguridad del Estado se mantendrán bajo mi Autoridad.

Artículo 10º.- Igualmente asumo el poder judicial administrativo, tanto del Ente Autonómico como de los Provinciales y Municipales.

Artículo 11.- Estas Normas estarán en vigor el tiempo estrictamente necesario para recibir instrucciones de SM el Rey o de la Superioridad.

Este Bando surtirá efectos desde el momento de su publicación.

Por último se espera la colaboración activa de todas las personas amantes del orden y de la paz, respecto a las instrucciones anteriormente expuestas.

Por todo ello termino con un fuerte:

¡VIVA EL REY!

¡VIVA POR SIEMPRE ESPAÑA!

Valencia, 23 de Febrero de 1981

EL TENIENTE GENERAL JAIME MILANS DEL BOSCH

Por tanto, de acuerdo con el testimonio de Pacheco Miquel, de las palabras de Milans del Bosch se deducía que se iba a producir un golpe de Estado “incruento”, y que la proclamación del bando se hacía para ayudar a “reconducir” la situación. Un bando que significaba la proclamación del “estado de guerra” en el territorio de la III Región Militar, de acuerdo con la Ley 45/1959, de 30 de julio, de Orden Público, y que podía justificarse en su art. 40, que permitía a la autoridad militar declararlo. Esto es indudablemente cierto. Sin embargo, se trataba de una declaración deslegitimada de origen por dos razones. La primera, porque la Constitución de 1978 había cambiado esta competencia y esta denominación, sustituyendo “estado de guerra” por “estado de sitio”, y estableciendo en su art. 116.4: “El estado de sitio será declarado por la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados, a propuesta exclusiva del Gobierno. El Congreso determinará su ámbito territorial, duración y condiciones”. En ese momento, el art. 116 no había sido desarrollado por ley orgánica, que es la que le corresponde por ser limitador de derechos y libertades; pero había modificado el contenido de la Ley 45/1959 en ese punto, ya que la Constitución era de mayor rango que la misma. Y, la segunda, porque tenía su origen en un golpe de Estado que se iba a producir en Madrid. Es decir, en una acción ilegal que debería haber sido denunciada inmediatamente por los presentes, o, al menos, haber desobedecido las órdenes del capitán general, de acuerdo con el artículo 34 de las Reales Ordenanzas, que hace referencia a las órdenes ilegales, o el 305 del Código de Justicia Militar, que hace lo propio con el delito de rebelión militar. Sin embargo, ni denunciaron el golpe de Estado, ni se opusieron al bando; es más, todos reconocieron en sus declaraciones que dieron su aquiescencia a las órdenes de su capitán general; lo que reflejaba una mentalidad intervencionista en política que había sido característica del Ejército español en los últimos 150 años, y que fue la que permitió a Milans del Bosch poner en marcha su operación golpista en el seno de la III Región Militar.

Tras esta reunión, siguió el despacho normal de Estado Mayor hasta 11:20 horas, cuando los cuatro jefes de sección pasaron al despacho de Ibáñez para recibir instrucciones más detalladas. A Somalo Aznar y a Pacheco Miquel se les ordenó que hilvanaran el manuscrito del bando de forma ordenada, para que pudiera fotocopiarse, e hicieran todas las copias necesarias. El teniente coronel Pacheco Miquel ayudó en sus tareas a Somalo y, luego, a partir de las 12:45 horas, pasó de nuevo al despacho de Ibáñez, con el que trató dos misiones que habrían de desarrollarse luego de producirse el hecho previsto. La primera era la incorporación de los oficiales del CESID, dirigidos por el comandante de Infantería diplomado de Estado Mayor José Belles Gasulla, a la 2ª Sección, como un órgano de inteligencia militar, que debía ayudar, a las órdenes de Milans. Para ello, Belles sería llamado a la Capitanía General en ese preciso instante. Pacheco procedería a hacerse cargo del CESID, según su propio criterio y por orden del capitán general. Esto necesita una puntualización. Los agentes del servicio de inteligencia no avisaron a Madrid de las medidas que se estaban tomando, que, dada su función, debían conocer, y tras producirse la ocupación del Congreso de los Diputados, se pusieron a las órdenes del capitán general, sin manifestar ninguna objeción. Así lo declara Pacheco:

“Hacía las 19:15 y tras haber visto en Capitanía al Comandante Jefe del CESID que había sido llamado por el General Jefe de E.M. de Orden de S.E., salí hacía el domicilio de dicha Oficina. Llegado allí, informé a los directivos que S.E. ordenaba se incorporase a CAPGE [Capitanía General] y quedase allí un enlace. Nada se recibiría ni transmitiría sin su conocimiento. Caso de duda, yo estaba facultado por S.E. para resolver. Podían comprobar, llamando a su Jefe a Capitanía, que corroboraría lo dicho por mí. Así se hizo y acompañado de un jefe de dicha Oficina, que solicitó su jefe Superior, volví a Capitanía quedando allí el enlace (...)

... los dos Jefes del CESID en Capitanía, gozaron de la más amplia libertad de acción y movimientos, incluso atendieron llamadas telefónicas transmitiendo los recados recibidos.”

Así fue. Además, ninguno de ellos recibió ninguna orden desautorizando las recibidas del capitán general, obedeciendo las órdenes de éste en todo momento; sin que, por ello, fueran procesados. Además, el CESID había tomado, con antelación al golpe de Estado, una medida muy importante para el desarrollo del mismo en Valencia: había proporcionado a la III Región Militar, sin que se supiese en el seno de la misma, una razón indiscutible para sacar tropas a la calle: dos notas informativas, una del Servicio de Información de la Guardia Civil y otra del CESID. La primera nota decía:

DIRECCIÓN GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL

NOTA INFORMATIVA

ORIGEN: SIGC [Servicio de Información de la Guardia Civil] 3ª ZONA 8Fe VALENCIA

DESTINO: SIGC. 31º Tercio VALENCIA

FECHA: 23 de febrero de 1981

ASUNTO: 3.3 TRAFICO DE ARMAS

El III Sector del CESID de Valencia en N.I. [Nota Informativa] núm. 1/19-02-81, dice lo siguiente:

“C-3. El pasado sábado, en visita girada a Valencia por Ignacio Gallego, el Comité Central del PCE, manifestó a nivel de militantes de CC.OO. que el Golpe de Estado era posible actualmente y que caso de producirse la reacción inmediata debía ser ocupar los cuarteles, haciendo alusión a que “como armas no nos faltan”...

En relación con las armas que dicen disponer, desde hace tiempo se viene detectando que existe una forma de aprovisionamiento de armas cortas a través de las excursiones a Andorra que organizan con regularidad las asociaciones de barrios. Asimismo el puerto de Valencia constituye un foco importante del tráfico ilegal de armas

Que fue transmitida a Milans del Bosch (Causa 2/81. Sumario. F 3079):

La segunda, con un contenido similar, afirmaba:

CONFIDENCIAL

N/Ref. 37/ 19-02-81

Calificación: C-3

NOTA INFORMATIVA

ASUNTO: MANIFESTACIONES DE IGNACIO GALLEGO EN MEDIOS DE CC.OO. DE VALENCIA

El pasado sábado, en visita girada a Valencia por IGNACIO GALLEGO, del Comité Central del PCE, manifestó a nivel de militantes de CC.OO. que el Golpe de estado era posible actualmente y que caso de producirse la reacción inmediata debía ser ocupar los cuarteles, haciendo alusión a que “como armas no nos faltan”...

En relación con las armas que dicen disponer, desde hace tiempo se viene detectando que existe una forma de aprovisionamiento de armas cortas a través de las excursiones a Andorra que organizan con regularidad las asociaciones de barrios. Asimismo el puerto de Valencia constituye un foco importante de tráfico ilegal de armas

CONFIDENCIAL

Excmo. Sr. Capitán General de la 3ª Región Militar

VALENCIA

De esta forma, estaban justificadas las medidas tomadas por el capitán general aunque fueran distintas de las del resto de sus compañeros. Es más, los acusados de esa posible revolución eran uno de los sectores más odiados por las Fuerzas Armadas, el grupo prosovietico del PCE; por lo que la opinión pública vería correctas las medidas tomadas. De hecho, Milans del Bosch, al que se le acusaba de dirigir y encabezar el golpe de Estado, justificó la Operación Turia amparándose en este supuesto:

FISCAL: La hora de aproximación exacta de esos grupos tácticos ¿se ordena a las 15,30 que es aproximadamente una hora antes de la toma del Congreso? Tomo este dato del General Pizarro.

TTE. GRAL. MILANS DEL BOSCH: Es posible, porque, naturalmente, nosotros teníamos una información del CESID, que también se ha hablado de ella aquí, diciéndonos que las Comisiones Obreras estaban excitadas, que se hablaba de golpes militares, que estarían dispuestos a asaltar, a hacer tal o cual cosa, y naturalmente, como se produce ese hecho, yo que tengo esos grupos tácticos fuera de Valencia, empiezo a ordenar que se vayan aproximando y esto se lo digo al General Gabeiras.

FISCAL: Concretamente, mi General, ¿la operación ésta, como me ha dicho usted en principio, está calculada sobre la base del asalto al Congreso?

TTE. GRAL. MILANS DEL BOSCH: ¿Qué operación?

FISCAL: La Miguelete, o sea los hechos de aproximación de los grupos tácticos.

TTE. GRAL. MILANS DEL BOSCH: La preparación, no.

FISCAL: La preparación no, concretamente la aproximación.

TTE. GRAL. MILANS DEL BOSCH: Como consecuencia qué duda cabe que sí, no como consecuencia de ello, sino como consecuencia de los sucesos que se podían dar en Valencia, como consecuencia de esto.

FISCAL: No lo entiendo, perdón.

TTE. GRAL. MILANS DEL BOSCH: Si se produce, nosotros teníamos la información del CESID que se podía producir el asalto a los cuarteles, la alteración del orden público, si se producía cualquier golpe militar como éste que se iba a producir o se había producido; estaba la posibilidad casi cierta, de que pudiera producirse estas alteraciones y entonces el grupo táctico que tengo en Valencia lo aproximo a Valencia. Está claro.

Sin embargo, podía objetarse la falta de veracidad de la citada nota. Esto trató de demostrarlo el fiscal. Si lo lograba, pondría en entredicho la razón que había dado Milans del Bosch para justificar la Operación Turia. Ibáñez Inglés se lo impidió:

FISCAL: Verdaderamente, la noticia aquella del CESID, ¿se acuerda Vd. qué clasificación tenía?

COR. IBAÑEZ: La noticia del CESID, había dos: Una sobre grupos armados terroristas. Y, otra, sobre unas posibles acciones a desencadenar por un cierto sindicato de un partido político, en caso de que se produjesen hechos que pudiesen llevar al pensamiento o hechos parecidos o de un golpe de Estado.

FISCAL: ¿Qué clasificación tenía aquella información para el CESID?

COR. IBAÑEZ: Tenía exactamente la C/3.

FISCAL: La C/3, yo pienso si le digo a Vd. que es la nota de menos fiabilidad, de las señaladas...

COR. IBAÑEZ: En absoluto. La C/3... Una noticia, tiene, para su clasificación, un grupo de una letra y una cifra. La noticia tiene una fuente y luego tiene una exactitud de la noticia. En la fuente se designa con una letra mayúscula: A, B, C, D y E. La C está en el centro de la gama de esa clasificación. La C, en el Reglamento de información de campaña, que es el Reglamento 0-2-1 del Estado Mayor del Ejército, en su página 47 -y doy estos detalles, puesto que los he repasado muchas veces-, dice que C es totalmente exacta. Voy a sacar un momento, le voy a decir en un momento, porque le quiero decir la palabra exacta. Dice “Fuente C: suficientemente segura”. Esta entre A, “completamente segura”, B, “generalmente segura”, C, que es la que se trata, “suficientemente segura”, D, “generalmente insegura”, y E, “no es segura”.

PRESIDENTE: Por favor, el procesado no necesita dar más detalles, quiere decir la C, porque esto debería ser suficientemente secreto, para que no saliera al público.

COR. IBAÑEZ: No. Ese reglamento, mi General, no es secreto.

PRESIDENTE: ¡Ah!, bien. Conforme.

Por tanto, era un informe con ciertos visos de veracidad que podía justificar la intervención del Ejército, dada la situación reinante en la capital de España.

Por su parte, a los tenientes coroneles Santos Fernández y Guerri Vaquer, Ibáñez Inglés les dio dos órdenes. La primera, preparar seis sobres lacrados que irían dirigidos a las comandancias de Lorca, Cartagena, Murcia, Alicante, Alcoy y Castellón. En cada sobre se introduciría una fotocopia del bando, firmada por Milans, y una fotocopia de un mapa a escala 1/50.000 correspondiente a cada guarnición, en la que figuraba de forma muy esquemática el despliegue de las unidades que estaba previsto en la última Alerta 3 que había preparado y dirigido el coronel Ibáñez, y que se había modificado por el cambio de ubicación de las unidades de la región militar. La segunda orden que recibieron fue que Santos Fernández debería llevar los sobres lacrados correspondientes a Alicante y Cartagena para entregárselos a los gobernadores militares de dichas plazas, así como al comandante militar de Lorca (Murcia), el coronel de Infantería diplomado de Estado Mayor Adolfo Vara del Rey Yzarduy, que se desplazaría a Cartagena para recibirlo, y Guerri, hacer lo propio en Alcoy. Esos sobres serían la base para la movilización de todas las comandancias de la III Región Militar.

6.2. Alicante

Santos Fernández organizó su viaje a Alicante mientras preparaban los sobres que le había encargado Ibáñez Inglés. A las 12:45 horas, recibió la orden del coronel Ibáñez Inglés de que esos sobres no deberían abrirse hasta que no se recibiesen instrucciones de una persona autorizada; que podrían ser el capitán general, el general Urrutia o el mimo. El teniente coronel preguntó a Ibáñez Inglés si debía poner en antecedentes, a las citadas autoridades sobre lo dicho por el capitán general en la reunión. Ibáñez le dijo que lo hiciera con el gobernador militar de Alicante y jefe de la Brigada de Infantería de Defensa Operativa del Territorio, el general de brigada de Infantería Leonardo López Fernández –alférez provisional–, y con los coroneles de Infantería Miguel Ponsoda Alfonso, jefe del Regimiento de Infantería España n.º 18, de Cartagena, y Vara del Rey Yzarduy, que serían las primeras autoridades que el teniente coronel vería a su llegada. Al gobernador militar de Cartagena y jefe de la Brigada de Infantería Motorizada XXXII, el general de brigada de Infantería Carlos Fortea Ezquerro –alférez provisional–, le informaría él personalmente por teléfono.

Poco después, Ibáñez Inglés telefoneó al general Fortea Ezquerro para informarle de que se iba aponer en marcha un ejercicio de Alerta 3, y que dentro de unas horas, un jefe de Estado Mayor de la Capitanía General llegaría a Cartagena, portando un sobre con las instrucciones a seguir.

Santos Fernández llegó a Alicante a las 15:30 horas. Allí se entrevistó con López Fernández, poniéndole en antecedentes de lo que había dicho el capitán general, insistiendo en que debían estar atentos a las noticias que pudiesen producirse en Madrid y a las palabras que pudiera decir el rey.

Tras recibir esta información, el gobernador militar de Alicante tomó la determinación, en virtud de la posible declaración de Alerta 3, de que se retrasase la hora de paseo de las tropas, retirándose a su despacho a trabajar. Estaba en esta situación cuando recibió la noticia de que había sido asaltado el Congreso de los Diputados. Poco después se recibió la orden, en el Gobierno Militar, para que se abriese el sobre que se le había entregado. Al hacerlo, se dio cuenta de que su contenido era un bando del capitán general, asumiendo todos los poderes en la región.

Poco después de recibir esta información, López Fernández contactó con el gobernador civil accidental de Alicante, Luis Romero, y le explicó el bando del capitán general, anunciándole su próxima visita para mostrárselo y para su cumplimiento, en la parte que le afectaba. Como puede observarse, el del gobernador militar de Alicante fue otro caso de cumplimiento disciplinado de una orden a todas luces ilegal en la III Región Militar.

Tal como había anunciado, el general se personó en el edificio del gobierno civil acompañado de su jefe de Estado Mayor. Allí permaneció veinte minutos, durante los cuales, el gobernador civil le hizo varias observaciones sobre la inconstitucionalidad del bando, y sobre la necesidad de solicitar la debida autorización para la delegación de funciones, con objeto de no paralizar la actividad administrativa. A estas observaciones no dio la menor importancia López Fernández, que siguió al pie de la letra las órdenes de Milans del Bosch.

Después de esta visita, y ya en el Gobierno Militar, López Fernández tomó todas las medidas necesarias para el cumplimiento de las disposiciones contenidas en el bando. Así se procedió a reunir a los jefes de las Fuerzas de Orden Público para la custodia de los edificios oficiales y los servicios públicos. Aunque, como dice el gobernador militar: “Sin provocar alarmas y con flexibilidad en la aplicación de algunas medidas, puesto que entendía como fundamental el conseguir la normalidad ciudadana en todos sus aspectos”.

Entre las 21:00 y las 21:30 horas se difundió por las emisoras de radio y se dio a la prensa copias mecanografiadas del bando del capitán general. El gobernador militar llamó a continuación a Capitanía General para pedir información y solicitar instrucciones sobre la conducta a seguir frente a determinados sucesos que se pudiesen producir. No logró contactar con Milans del Bosch ni con Urrutia, limitándose a hablar con los ayudantes.

Hacia las 23:15 horas, en el Gobierno Militar se recibió telefónicamente una nota de la Capitanía General que debería difundirse en los distintos medios de comunicación social, y cuyo contenido decía que se estaba a la espera de instrucciones, y que seguía en vigor el bando.

Poco después, el gobernador civil llamó a su homólogo militar preguntándole si se podía reunir, como había ocurrido ya en otras ciudades de España, como Sevilla, la Junta de Orden Público. López Fernández no le contestó, sino que llamó a Capitanía General, donde Ibáñez Inglés le dijo, de parte de Milans del Bosch, que había incumplido la orden implícita en el bando de sacar las tropas a la calle. Ante esta situación, López Fernández se dispuso a paliarla, ordenando la salida del Regimiento de Infantería San Fernando n.º 11, para que cumpliese las tareas de control y patrullaje de la ciudad.

Sin embargo, según declara, López Fernández, a las 00:40 horas del 24, cuando las tropas se disponían a cumplir la misión encomendadas, recibió una llamada del jefe del Estado Mayor del Ejército, el teniente general Gabeiras:

“Al cual manifiesto no haber novedades dentro de la situación que yo consideraba legal puesto que hasta entonces estaba cumpliendo las órdenes recibidas de mi Capitán General al píe de la letra, sin que nadie me hubiera ordenado por ningún otro medio lo contrario. Al indicarme que había incumplido una orden del PREJUJEM enviada por télex y que estaba en la ilegalidad, le indique que yo no había recibido orden alguna en este sentido.

Entonces es cuando empecé a pensar que me encontraba en una situación anómala y ante mis propias manifestaciones el jefe del Estado Mayor del Ejército me preguntó de manera tajante que me definiera sobre si estoy con Su Majestad el Rey o con mi Capitán General, respondiéndole que por supuesto estoy con el Rey. Ante mi afirmación y aclarada cuanto de dudoso hubiera en mi conducta anterior, me ordenó que por el bien de España, cumplimente la orden de trasladarme a Valencia para arrestar al Capitán General.”

Es decir, López Fernández, como el resto de las autoridades de la III Región Militar no había recibido ninguna orden para que se opusiera a las disposiciones de Milans del Bosch hasta que Armada fracasó en su gestión para proclamarse presidente del gobierno. Una vez que se produjo este acontecimiento, comenzó lo que hemos denominado fase de clarificación de posiciones, que evidentemente, también se desarrollo en el territorio de la III Región Militar.

Tras conocer la nueva situación, y con el objetivo de cumplir la misión que se le había ordenado, López Fernández ordenó de manera inmediata el acuartelamiento de las tropas, y a la 01:00 horas ordenó al coronel de Infantería diplomado de Estado Mayor Felipe de Acuña López Nuño, jefe del Regimiento de Infantería San Fernando, que se trasladase al Gobierno Militar para hacerse cargo del mismo, mientras él salía para Valencia. El coronel obedeció la orden, y posteriormente regresó a su regimiento, donde indicó a sus oficiales que mandaran a descansar a las tropas. A continuación, López Fernández se puso en contacto con el gobernador militar de Castellón y jefe de la Brigada de Infantería Motorizada XXX, el general de brigada de Infantería Vicente Ibáñez Navarro –alférez provisional–, que había recibido la misma orden de Gabeiras para realizar juntos el arresto de Milans del Bosch, citándose en la localidad valenciana de Silla.

Sobre las 01,15 horas, y tras la intervención del rey por RTVE, López Fernández procedió a llamar al gobernador civil, diciéndole: “’Acabo de hablar con el Rey, desde estos momentos recuperas tus funciones’. Ante su asombro de que yo hubiera hablado con Su Majestad, le digo: ‘¿No has visto como ha hablado con todos los españoles?’”. No hay duda de que, con este tipo de comentarios, el gobernador militar de Alicante trataba de tapar su anterior actitud de obediencia hacía las órdenes de Milans del Bosch. De hecho, a continuación redactó un comunicado para los medios de comunicación social que decía que “en cumplimiento de órdenes cursadas por la Superioridad, quedan en suspenso los anteriores comunicados”.

Poco después, salió hacia Silla, donde no se encontró con Ibáñez Navarro, no pudiendo así cumplir la orden de arrestar a Milans del Bosch. Tras hablar con Gabeiras, López Fernández regresó a Alicante, donde se enteró de las llamadas recibidas de la Capitanía General, a las 04:00 y 04:30 horas, interesándose por el objeto y lugar de su viaje, y ordenando que, en cuanto regresase, se pusiera en contacto con Milans del Bosch. También se enteró de la llamada del gobernador militar de Cartagena interesándose por si había regresado, y por si el bando estaba en vigor en Alicante, y finalmente la del ayudante del gobernador militar de Castellón, desde Silla, en la que le explicó que éste no había podido contactar con él, a pesar de haber hecho varios intentos.

La llamada de Milans del Bosch debió asustar a López Fernández, pues de manera inmediata telefoneó a Gabeiras para preguntarle “cual debía ser mi actitud ante mi Capitán General que enterado de mi ausencia ha ordenado que tan pronto regrese, le llame”. El jefe del Estado Mayor del Ejército narra así el hecho:

“A las 06:55 el general López Hernández llama desde el Gobierno Militar de Alicante a donde ha regresado; teme la reacción de su Capitán General por haberse ausentado sin su permiso; confirma que estuvo reunido en las proximidades de Valencia con el Gobernador Militar de Castellón. Le digo que no se preocupe puesto que no ha hecho más que cumplir mis órdenes.”

Ya tranquilizado tras hablar telefónicamente con el jefe del Estado Mayor del Ejército, el gobernador militar de Alicante llamó a la capitanía general de la III Región Militar a las 07:00 horas aproximadamente, y habló con el general Urrutia, quien le informó que el capitán general se había retirado a descansar. Pero, dos horas después, Milans del Bosch le telefoneó, pidiéndole explicaciones por el abandono de su puesto de mando. La respuesta de López Fernández fue la siguiente:

“Contesté que lo hice en cumplimiento de una orden superior y que debía hacerla precisamente personalmente ante él, habiendo dejado asegurada mi posición en el mando. Me preguntó que a que reunión en Silla había ido yo y le contesté que no había existido tal reunión, pues en este asunto pensé que no era una reunión sino una cita promovida por mí y con una sola persona.”

La actitud del gobernador militar de Alicante durante el golpe de Estado quedó plasmada en esta respuesta. Había obedecido primero a Milans del Bosch, a pesar de que sus órdenes eran manifiestamente ilegales; a partir de la 1:15 horas del 24 de febrero, obedeció la del jefe del Estado Mayor del Ejército, cuando la operación golpista había fracasado; pero, en la mañana del día 24, era incapaz de enfrentarse a su capitán general porque no había sido destituido, ni tampoco tenía muy claro lo que iba a ocurrir después del golpe de Estado. Por eso, no dudó en terminar su declaración con un párrafo que no sólo justificaba su actuación durante estas jornadas, sino que, además, y de forma indirecta, significaba una referencia tácita a lo que había ocurrido, y a la actitud que había tenido la superioridad durante el golpe de Estado: “En la mañana del día 24, recibí una llamada del jefe del Estado Mayor del Ejército, en la que me agradecía las gestiones efectuadas y mi actuación que calificaba de importante y trascendental”.

6.3. Castellón

En esta provincia, el primero en tener conocimiento de lo que iba a ocurrir no fue el gobernador militar, el general Ibáñez Navarro, sino el coronel de Infantería diplomado de Estado Mayor José del Pozo Pérez, jefe del Regimiento de Infantería Motorizable Tetuán, que en la mañana del 23 de febrero estaba en Valencia, donde se le ordenó que se presentara a las 12:00 horas de la mañana en el despacho del coronel Ibáñez Inglés para que le explicara que tenía que organizar dos grupos tácticos, que serían los que integrarían el sector “Castellón”, dentro del ejercicio planeado. Luego, pasó a hablar con Milans del Bosch, quien le explicó que se iba a producir una intervención de las Fuerzas Armadas que contaba con la aprobación del rey. Añadiendo que él se encargaría de cursar a los gobernadores militares las correspondientes órdenes en sobres cerrados. Sobres que no deberían ser abiertos hasta que se ordenara telefónicamente por él, por el general Urrutia, jefe del Estado Mayor de la III Región Militar, o por el coronel Ibáñez Inglés, 2º jefe de Estado Mayor de la misma. A continuación, le explicó el bando que tenía preparado para mantener el orden público, añadiendo que bajo ningún concepto se podía permitir la intervención de ningún grupo político. Estas medidas durarían hasta que el rey se hiciese cargo de la situación. Por último, le indicó que deberían estar atentos a las noticias que diera RTVE, prohibiéndole que hiciera cualquier comentario sobre lo que había escuchado; pues quedaría mal que el gobernador militar de Castellón se enterara de la operación planeada por boca de un subordinado suyo, y no por el capitán general .

Del Pozo, tras recibir estas órdenes ilegales, salió inmediatamente para Castellón; y tras almorzar, se trasladó al cuartel de su regimiento, donde llegó sobre las 17:15 horas para cumplirlas; poniendo en marcha las acciones necesarias para organizar los dos grupos tácticos. Terminada esta labor, se trasladó al Gobierno Militar sobre las 18:30 horas aproximadamente, permaneciendo desde entonces al lado de su titular.

En lo que se refiere a éste, a primera hora de la mañana recibió una comunicación indicándole que el capitán general había ordenado un ejercicio de Alerta 3, en la que participaba la unidad a su mando, la Brigada de Infantería Motorizada XXI, de la que saldrían cuatro grupos tácticos, dos del Regimiento de Infantería Motorizada Tetuán, y dos del Regimiento Mixto de Infantería (RMI) Vizcaya, n.º 21, de la valenciana Bétera. Ibáñez Navarro contactó con el mando de la División de Infantería Mecanizada para que se le enviaran los vehículos necesarios, pertenecientes a la compañía de trasportes, para poder motorizar a los grupos tácticos del Regimiento de Infantería Motorizable Tetuán, pues, este no tenía vehículos a su disposición. Los mismos se enviaron desde Bétera. Igualmente, se tomaron las disposiciones necesarias para dotarlos de carburante y municiones.

Hacía las 17:30 horas, un teniente coronel le entregó un sobre que contenía otro lacrado. Tras la ocupación del Congreso de los Diputados y recibida la llamada de capitanía general, Ibáñez Navarro abrió el sobre, descubriendo el bando del capitán general, que puso en conocimiento de Del Pozo y de los jefes de las Fuerzas de Orden Público. A continuación, se dispuso a cumplir las disposiciones contenidas en el mismo. Ordenó que se difundiera el bando a través de las emisoras de radio, para lo que comisionó a un capitán de la Policía Nacional

Poco después, se entrevistó con el gobernador civil, Rafael Montero Gomis, al que le informó del bando y de las instrucciones contenidas en el mismo. De mutuo acuerdo, llegaron a la conclusión de que en la provincia no existía riesgo alguno de alteración del orden público, dadas las peculiares características de la misma, y de las eficaces y suficientes medidas de seguridad. Por tanto, se decidió que las tropas se mantuvieran acuarteladas y que la seguridad de los medios de comunicación y la de los objetivos normales del casco de la población corrieran a cargo de las Fuerzas de Orden Público. La Guardia Civil se encargaría de la seguridad en los núcleos rurales y del tráfico.

Sobre las 24:00 horas de ese todavía día 23, se recibió una llamada procedente de la Capitanía General, anunciando que sólo se volvería a emitir una vez más el bando por la radio, pero que continuaba la situación establecida.

A las 00:50 horas, ya del día 24, cuando ya había fracasado en Madrid la gestión de Armada, Ibáñez Navarro recibió una llamada del jefe del Estado Mayor del Ejército, Gabeiras, para explicarle que “no era cierto que se contase con el apoyo de Su Majestad el Rey y preguntándome si yo estaba con el capitán general o con el rey. Ante mi respuesta afirmando mi lealtad a Su Majestad, me ordenó que fuera a Valencia a comunicarle al capitán general que se constituyera arrestado, a lo que manifesté mi asentimiento”. Como ya sabemos, el gobernador militar de Castellón se pondría de acuerdo con el de Alicante para realizar la misión que se les había encomendado, y en la que fracasaron. Pero, antes de partir para Silla, el lugar de encuentro fijado, Ibáñez Navarro entregó el mando de la provincia al coronel Del Pozo; sin anular las disposiciones tomadas en virtud de las órdenes dadas por Milans del Bosch. Es decir, el gobernador militar de Castellón no dudó en obedecer las órdenes de Gabeiras, pero sin desobedecer las de su capitán general. De hecho, fue tras fracasar en su gestión y regresar a Castellón, cuando recibió, sobre las 06:09 horas, una orden procedente de Valencia por la que se anulaban las disposiciones anteriormente ordenadas. Tras esta llamada, Ibáñez Navarro procedió a ordenar el acuartelamiento de sus fuerzas.

De este general, se puede decir lo mismo que de su homólogo de Alicante: se limitó a obedecer las órdenes de Milans del Bosch y luego las de Gabeiras, aunque las órdenes fueran contradictorias, porque no tuvo nunca claro lo que realmente estaba ocurriendo, aunque sabía que se estaba en una situación de golpe de Estado y que el bando de Milans del Bosch era un acto ilegal.

6.4. Murcia

En la plaza de Murcia, el encargado de llevar el sobre lacrado era el coronel de Artillería diplomado de Estado Mayor Armando Marchante Gil, de 55 años de edad, quien formaba parte del grupo de Coroneles, y en la mañana del 23 de febrero estaba en Valencia. Fue entonces cuando recibió una llamada desde el Estado Mayor de la III Región Militar para que acudiera a la sede de ésta. El coronel llegó a las 11:30 horas, y habló con el capitán general acerca del estado en que se encontraba el regimiento del que se iba a hacer cargo. Cuando iba a marcharse, Milans del Bosch le explicó que debía llevar una carta en mano al gobernador militar de Murcia, el general de brigada de Infantería Ramiro Llamas Martín –alférez provisional–; carta que le fue entregada poco después por el coronel Ibáñez.

El coronel Marchante llegó a su regimiento hacía las 17:30 horas y, seguidamente, se trasladó al Gobierno Militar para cumplir lo que se le había ordenado. Allí, entregó al general Llamas Martín la citada misiva, que fue abierta antes de que se produjera el asalto al Congreso de los Diputados, y que contenía una copia del bando de Milans del Bosch, que según dijo Marchante había sido firmado por el capitán general en su presencia. El general Llamas quedó sorprendido por el contenido del mismo, de tal forma que pasó a su despacho a estudiarlo. Pero antes, tras exponerle el coronel la preocupación que sentía ante una posible visita sorpresa de Milans del Bosch al regimiento, autorizó la propuesta que éste le había hecho de realizar unos ejercicios para ver cuanto se tardaba en movilizar a la tropa.

Estando Llamas estudiando el bando en su despacho, fue informado por un oficial de su Estado Mayor de que acababa de ser asaltado el Congreso de los Diputados por elementos armados. Ante la gravedad de la situación, Llamas intentó llamar a Urrutia, con el fin de recabar más información sobre lo que estaba ocurriendo, calibrar su importancia, y que le fuese explicado el bando; pues, era una fotocopia, que venía sin tiempo de vigencia, en un sobre sin lacrar y sin ninguna clase de escrito de acompañamiento. Tras repetidos intentos, a las 19:30 horas, consiguió conectar con el comandante López, ayudante de Urrutia, quien le informó de que el citado general no podía ponerse al teléfono, por estar en una reunión con el capitán general, a lo que Llamas dijo que cuando pudiera, le llamase urgentemente a Murcia.

Mientras Llamas trataba de conectar con el jefe de Estado Mayor de la III Región Militar, el general Urrutia; el gobierno militar de Murcia se estaba llenando de jefes y oficiales que habían oído la noticia del asalto de Tejero por la radio. Por su parte, Llamas telefoneó a los jefes de unidades militares bajo su jurisdicción; y también a los jefes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, a los que ordenó mantener las fuerzas bajo su mando dentro de los acuartelamientos con objeto de evitar disturbios.

Uno de los telefoneados fue Marchante, que había regresado a su regimiento hacía las 19:00 horas, y ordenado que se realizase el ejercicio de alerta. Tras finalizar el mismo, y poco después de que ordenase que los soldados rompiesen filas, recibió esa llamada telefónica. El general le explicó lo ocurrido y le ordenó que mantuviese acuarteladas las tropas por si debían de intervenir. Ante la gravedad de estas medidas, Marchante reunió en su despacho a todos los jefes, oficiales y suboficiales del regimiento, a quienes explico que no tenía más información que la que daban las emisoras de radio y, que, en todo caso, el regimiento se mantendría en las más estricta disciplina, obedeciendo únicamente las órdenes de sus jefes naturales en todo, expresadas por este orden: el gobernador militar de Murcia, el general jefe de la Brigada de Infantería de Defensa Operativa del Territorio, el capitán general y el rey. No incluía, como se ve, al jefe del Estado Mayor del Ejército, el teniente general Gabeiras ni a ninguna autoridad civil.

El teniente coronel de Infantería Francisco Lázaro Galindo, ayudante de Milans del Bosch, llamó a Llamas sobre las 19:30 horas, ordenándole de parte de éste, que fuera leído el bando en Radio Nacional de Murcia. Buscando, inteligentemente, la confirmación de la orden por el propio Milans del Bosch, llamó a éste directamente, que le ratificó la citada orden.

Llamas, tras la confirmación de la orden, telefoneó inmediatamente al gobernador civil, Albino Caballero, para rogarle que fuera a su despacho y darle cuenta de la situación. El gobernador civil se negó, indicándole que le era imposible, pues tenía orden de no moverse del Gobierno Civil. Ante esta respuesta, Llamas le indicó que estuviera atento a la radio, pues se iba a dictar un bando del capitán general.

A la 20:30 horas, por orden de Llamas, se trasladaron a la emisora de radio dos jefes militares –el coronel Cobián y el comandante Hurtado–, acompañados de cuatro números de la Policía Militar en un vehículo de ésta. Los citados jefes procedieron a entrevistarse con el director de la emisora, que puso amablemente a su disposición la misma para que procedieran a la lectura del bando, lo que llevó a cabo el coronel Cobián.

A las 21:00 horas, y una vez leído el manifiesto, Llamas se puso de nuevo en contacto con el gobernador civil, preguntándole si lo había escuchado. Éste le contestó que sí, afirmando a continuación que había convocado la Junta de Orden Público, a lo que dio su consentimiento el general, aunque envió a la misma al capitán Pujante; decisión completamente ilegal, pues el Ejército no tenía competencias en el orden público. La Junta se reunió en presencia de este militar, y tras su finalización, informó a Llamas de que se había desarrollado sin anomalía alguna.

A las 21:30, el alcalde de Murcia, el socialista José María Aroca Ruiz-Funes, llamó al gobernador militar para informarle de que se encontraba preocupado tras la emisión del bando, y le preguntó si podría convocar una reunión de sus concejales. Llamas le tranquilizó y le dijo que sí podía convocar la citada reunión.

A las 22:00 fue el presidente de la Audiencia Provincial quien llamó al general, mostrando su preocupación sobre la situación, a lo que el gobernador le respondió tranquilizándole.

A las 22:15, la llamada fue realizada por el teniente coronel Zarzano, jefe de la Circunscripción de la Policía Nacional, solicitando órdenes. Llamas le dijo que se mantuviera a la espera de las mismas, que cumpliese los servicios normales y que si recibía por otro conducto una orden, le informase. Es decir, el gobernador militar tomó para si una responsabilidad que no le correspondía; pues la Policía Nacional dependía del Gobierno Civil.

A las 22:30, quien llamó fue el coronel Vara del Rey, jefe del Regimiento de Infantería Motorizada Mallorca n.º 13, y comandante militar de Lorca. En esta llamada le informó de las órdenes recibidas por su general operativo, Carlos Fortea Ezquerro –general jefe de la Brigada de Infantería Motorizada XXXIII y gobernador militar de Cartagena–; una de las cuales era la lectura del bando en dicha localidad murciana. El general le dijo que cumplimentase la orden y mantuviese acuartelado el regimiento. Vara del Rey le contestó que se le había ordenado el traslado de un batallón motorizado a Murcia; y que una vez preparado, llegaría en el plazo de dos horas. Esta orden según la declaración de Llamas –no así la de Vara del Rey– le preocupó, ya que no había solicitado tropa alguna, y para evitar cualquier contingencia, ordenó que se trasladasen al acuartelamiento del Regimiento de Artillería de Campaña n.º 18.

A continuación, se produjo una conversación entre los gobernadores de Murcia, Llamas, y Cartagena, Fortea; conversación que no fue confirmada por el segundo, en la que el primero le preguntaba por qué debía trasladarse un batallón a Murcia; a lo que el segundo contestó que porque así lo había ordenado el capitán general, a través de Urrutia. Ante estas órdenes, Llamas ordenó a Marchante que tuviese preparado alojamiento para las tropas.

A las 23:10, el gobernador civil llamó de nuevo a Llamas con objeto de que tratasen sobre la marcha de los acontecimientos y para manifestarle que, siguiendo sus indicaciones, había realizado gestiones en las asociaciones políticas y sindicales de todo signo para evitar que se produjesen alteraciones del orden.

Sobre las 23:20 horas, se produjo una nueva llamada de Urrutia al gobierno militar para anunciarle si se había cumplido lo ordenado. Llamas informó que tenía acuarteladas todas las tropas. También le preguntó sobre el batallón del Regimiento de Infantería Motorizada Mallorca, confirmándole lo ordenado.

A las 23:55, el teniente coronel Pacheco Miquel llamó al Gobierno Militar, informando al comandante Zurita de que se iba a dar un nuevo comunicado, que consistía en una nota que decía que se estaba a la espera de las órdenes de la superioridad y que seguía vigente el bando.

Sobre las 00:00 horas, y tal como había ordenado Milans del Bosch, a través del teniente coronel Pacheco, se informó al gobernador civil de que se iba a volver a radiar el bando del capitán general y jefe de la región militar, acompañado de un mensaje. Veinte minutos después se transmitió el citado mensaje por Radio Nacional de Murcia, manteniéndose, por tanto, la situación de estado de sitio que existía.

Pero, como en otros lugares de España, a partir de las 01:15 horas, tras la transmisión del mensaje del rey, la situación comenzó a cambiar.

El primero en reaccionar fue el teniente coronel de Infantería Sánchez de Ocaña, jefe del Batallón de Instrucción Paracaidista, acuartelado en Alcantarilla (Murcia), quien pidió instrucciones. Llamas, como gobernador militar, seguía a las órdenes de Milans del Bosch, y por eso le dijo que “continúe, a la vista de los acontecimientos, en la misma situación de acuartelamiento de su Unidad hasta nueva orden”. A las 01:40 horas, Llamas recibió la orden de Milans del Bosch, a través de Urrutia, de que las tropas permanecieran en los cuarteles, y que el batallón del Regimiento de Infantería Motorizada Mallorca regresase a Lorca. A continuación, Llamas telefoneó al coronel Marchante, para explicarle que ya no tenía que alojar al citado batallón, a la vez que le reiteraba la orden de que siguiesen acuartelados. Este batallón se había puesto en marcha a las 01:10 horas, tras habérselo comunicado Llamas y el gobernador militar de Cartagena, Fortea.

Sobre las 02:05 horas, el propio Llamas telefoneó al coronel Vara del Rey, jefe del citado regimiento, para ordenarle que el batallón regresase a su base. Además de mantener contacto con las autoridades militares de su provincia, Llamas recibió la llamada del gobernador civil, sobre las 02:15 horas, solicitándole noticias. El gobernador militar respondió que, cuando las tuviera, se las comunicaría.

Pero, tal vez el acontecimiento más interesante en esta demarcación se produjo a partir de las 03:00 horas, y demostró que, en todo momento, Llamas se mantuvo a las órdenes de Milans del Bosch. El director del periódico La Verdad, en Alicante, informó a su colega de Murcia de que se había cursado la siguiente orden desde el Gobierno Militar de dicha ciudad: “En cumplimiento de las órdenes cursadas por la superioridad quedan en suspenso anteriores comunicados”. Llamas recibió la noticia e inmediatamente informó a Urrutia del contenido de la citada nota, respondiéndole el jefe del Estado Mayor de la III Región Militar que “no conoce esta nota y que todo sigue igual”.

Una hora después, a las 04:00 horas, el teniente coronel de la Guardia Civil Plaza, jefe de la Comandancia de Murcia, informó al gobernador militar que Alicante y Albacete habían variado la situación en relación con el bando del capitán general, y que el gobernador militar de Alicante había salido para Valencia. Sin embargo, Llamas no modificó la situación de su Gobierno Militar, esperando órdenes de la Capitanía General.

A las 05:45 horas aproximadamente, llamó el general Fortea, gobernador militar de Murcia, para informar a Llamas de que se le había anticipado el contenido de un télex por el que quedaba sin efecto el manifiesto de Milans del Bosch, que ordenaba que se adoptase la situación de Alerta 2 –acuartelamiento de tropas–. Poco después, era de nuevo el teniente coronel de la Guardia Civil Plaza, y el coronel Vara del Rey, desde Lorca, quienes le informaban de que en Cartagena se había retirado el bando.

Sin embargo, Llamas siguió a las órdenes de Milans del Bosch, y por eso, sobre las 05:45 horas, telefoneó a la Capitanía General de la III Región Militar, donde el teniente coronel Somalo le confirmó las noticias que le habían llegado por otros medios. Una vez que Llamas supo que el bando había sido retirado desde Valencia, comunicó la noticia, sobre las 05:55 horas, al gobernador civil.

Pero no fue hasta las 06:36 horas cuando se recibió el télex con el texto de Milans del Bosch anulando su bando. Entonces, Llamas ordenó al coronel Cobián y al comandante Hurtado que se trasladasen de nuevo a Radio Nacional de Murcia para dar lectura al nuevo comunicado. Además, el gobernador militar ordenó a todas las unidades que pasasen a situación de Alerta 2.

De esta forma, terminó el golpe de Estado en Murcia. Un territorio donde su gobernador militar siguió a las órdenes de Milans del Bosch, incluso después de que este fuese desautorizado, ya que ninguna otra autoridad le ordenó lo contrario, y aunque dichas órdenes hubieran sido ilegales desde el principio.

6.5. Cartagena

En Cartagena, la primera noticia sobre el golpe de Estado se recibió en la mañana del día 23, cuando el coronel Ibáñez anuncia al coronel de Infantería diplomado de Estado Mayor Miguel Ponsoda Alfonso, jefe del Regimiento de Infantería España, nº 18, que un jefe de Estado Mayor que ya conocemos, Santos Fernández, iba a ir a la ciudad. El coronel no dio más importancia al hecho, pues, lo relacionó con las obras que se estaban haciendo en un pabellón.

Más tarde, sobre las 16:00 horas, Ponsoda recibió una nueva llamada diciéndole que el coronel Vara del Rey debía trasladarse a Cartagena para recibir una orden de la Capitanía General, y que debería avisar al general gobernador militar y jefe de la Brigada de Infantería Motorizada XXXII, Fortea Ezquerro. Aunque sería el propio Ibáñez el que avisaría a Fortea de la llegada de Santos Fernández, ampliándole la noticia, al comentarle que era portador de un sobre con instrucciones.

El coronel Ponsoda, hacia las 17:00 horas, volvió a llamar a Capitanía General, para avisarles de que el teniente coronel no llegaba. A lo que le contestaron que llevaba un sobre con instrucciones que debía abrirse en presencia del general Fortea.

Hacía las 18:00 horas, llegó Santos Fernández, y hacía las 19:00 horas se reunieron el citado teniente coronel, los coroneles Ponsoda y Vara del Rey y el general Fortea, procediendo a abrir el sobre. El contenido del mismo, el bando de Milans, fue leído en voz alta por Santos Fernández, causando una gran sorpresa. Fortea, en la declaración que hará para la causa instruida por el golpe de Estado, tratará de buscar justificantes a su conducta durante esta jornada y se presentará como un crítico a posteriori de las órdenes de Milans. Así dijo:

“Puesto al habla con Capitanía General pude comunicar con el Jefe de Estado Mayor al cual hice observaciones sobre la gravedad de las medidas y que el Capitán General no podía publicar ese manifiesto, pero el Jefe de Estado Mayor me confirmó la veracidad de todo y dándome la orden en nombre del Capitán General de que pusiera inmediatamente en acción, ordenando al mismo tiempo que desde Lorca se trasladase a Murcia un batallón que quedaría a las órdenes del Gobernador Militar de aquella Plaza.”

Ninguno de los tres jefes del Ejército, que según Fortea estuvieron presentes durante la conversación, cita esta supuesta oposición en sus declaraciones sumariales, salvo Vara del Rey, quien afirma que el general llamó a Urrutia por indicación de Santos Fernández, antes de que el sobre se abriera. Como veremos, esta fue una constante en la declaración de Fortea. Sus muestras de rebeldía a las órdenes de Milans del Bosch no fueron confirmadas por nadie.

Tras la apertura del sobre, los tres jefes se retiraron a sus destinos. El teniente coronel Santos Fernández llamó a Valencia, donde el ayudante de Urrutia le ordenó, de parte de éste, que regresase a la Capitanía General.

El coronel Ponsoda regresó a su regimiento, dando previamente por teléfono la orden de acuartelar las tropas. Al llegar a la sede del mismo, permaneció sin recibir ninguna orden, y no dio más instrucciones que la de que volvieran al cuartel las dos compañías que tenía en el campo haciendo ejercicios. Además, se reunió con sus oficiales y les tranquilizó diciéndoles que considerasen aquello como unas prácticas dentro del cuartel, con objeto de controlar al personal para ver si todo funcionaba bien. En ese edificio, según su propio testimonio, continuó la vida normal permitiendo a las tropas que siguiesen los acontecimientos por televisión.

Por su parte, Fortea llamó al capitán general de la Zona Marítima del Mediterráneo, el almirante Juan Carlos Muñoz-Delgado y Pinto –promociones de la República–, a las 19:30 horas, y seguidamente, se trasladó a la capitanía general de dicha zona marítima, donde fue recibido por el citado almirante. Éste, al mostrarle el bando por orden de Milans del Bosch, lo rechazó, afirmando que no estaba dentro de las atribuciones del capitán general publicar un bando con ese contenido, lo cual era verdad; manifestando, a continuación, que, mientras no recibiese órdenes del almirante jefe del Estado Mayor de la Armada, Arevalo Pelluz, no lo aceptaría. Incluso, llegó a decir a Fortea que se opondría por la fuerza a cualquier ataque que se hiciera contra las instalaciones navales. Fortea le comunicó que había hablado con la Capitanía General de la III Región Militar, y le habían dicho que Milans del Bosch había hablado con el rey. Entonces, Muñoz-Delgado llamó a Arevalo Pelluz, quien le contestó que había hablado con el rey, el cual estaba en desacuerdo con los sucesos, y, además, le explicó que se estaba usando sin la autorización regia el nombre del jefe del Estado. Fortea se limitó a decir que no sabía nada de aquello y que creía que no era cierto. Es decir, no aceptó las explicaciones del almirante Muñoz-Delgado y continuó obedeciendo las órdenes de Milans del Bosch.

Terminada la conversación, Fortea se trasladó al Gobierno Militar, con objeto de contactar con Milans del Bosch, y explicarle la conversación que había tenido con Muñoz-Delgado. Estando a la espera de poder contactar con la Capitanía General, a las 20:45 se enteró de que Radio Nacional de Cartagena estaba emitiendo el bando de Milans. Preguntado quien había dado esa orden, le dijeron que nadie, que se había producido por una conexión con Radio Nacional de Murcia.

Sobre las 21:00 horas, volvió a hablar con la Capitanía General, desde donde se le dijo que Milans del Bosch no podía ponerse por estar reunido en su despacho. Ante esta situación, habló con Urrutia, a quien le explicó la conversación con Muñoz-Delgado y que no había publicado el bando. Urrutia le mandó que lo hiciera, pues así lo había ordenado Milans del Bosch, que había hablado con el rey. De nuevo, en la declaración sumarial de Urrutia no se cita esta conversación, pero Fortea saca a relucir en la suya la figura del monarca para justificar lo que dice a continuación: “En vista de ello, sobre las 21,30 horas di orden a un jefe de mi Estado Mayor de que se publicara el comunicado por radio”.

A continuación, Fortea hace mención a una llamada de Gabeiras, en la que le ordenaba que no se publicase el bando, que éste confirma en su minuciosa certificación. Así, declara:

“A las 20.50 comunico con el General Gobernador Militar de Cartagena. Le informo que el Capitán General de la Zona Marítima del Mediterráneo, desobedece las órdenes del General Milans y actúa las del almirante jefe del Estado Mayor de la Armada. Que no publique el BANDO y acomode su actuación a la del Almirante.”

Entonces, ordenó a un oficial de su Estado Mayor que fuera a la emisora, pero no pudo impedir la lectura del citado bando. Ante el hecho de no poder detener la lectura del bando, Fortea llamó de nuevo al cuartel general del Ejército, siendo Armada su interlocutor, quien le dijo que comunicaría a Gabeiras su llamada.

La conversación que acabamos de relatar fue de suma importancia porque demuestra que, antes de las 01:00 horas del día 24, una autoridad militar de la III Región Militar recibió una orden que desautorizaba la actuación de Milans del Bosch. Pero, ¿existió esa conversación entre Fortea y Gabeiras? Según la declaración de ambos generales, sí. Sin embargo, surgen inmediatamente dudas respecto de la misma. ¿Por qué?

En primer lugar porqué resulta extraño que se llame por teléfono al gobernador militar de Cartagena, y no se haga lo mismo con los de Castellón, Murcia, Valencia y Alicante ni con los comandantes militares de Albacete, Lorca o Alcoy, todos ellos pertenecientes a la misma región militar.

Y, en segundo lugar, porque esta supuesta llamada no cambió el signo de los acontecimientos en Cartagena; pues, el bando de Milans del Bosch fue radiado una y otra vez, hasta que desde la Capitanía General de la III Región Militar se ordenó que no se hiciese.

La conclusión que se extrae de todo esto es que probablemente la citada llamada nunca existió. Gabeiras la puso en su certificación, como ejemplo de su labor en contra del golpe de Estado, y Fortea se aprovechó de ella para demostrar que se había opuesto a las órdenes de Milans del Bosch; lo que, realmente, visto el desarrollo de los acontecimientos, no ocurrió.

Sobre las 22:00, llegaron al gobierno militar, los mandos de la Policía Nacional y la Guardia Civil, con objeto de asegurar el orden en la ciudad con arreglo a lo dispuesto en la Alerta 2 de la Operación Diana, que había llevado un teniente de navío, con un sobre del capitán general de la Zona Marítima, ordenando poner en marcha la citada operación. Las medidas adoptadas consistieron en un refuerzo de los puntos más sensibles de la ciudad. Sobre las 22:30 abandonaron el gobierno militar.

Más tarde, Fortea se puso al habla con el contralmirante jefe del Arsenal de Cartagena para notificarle que como jefe del Subsector quedaban a su disposición las unidades de esta guarnición que le asignaba la Operación Diana, quedando el resto a las órdenes del propio contralmirante, constituyendo el núcleo de reserva Sur.

Poco después, a las 23:30 horas, aproximadamente, Fortea recibió la orden del capitán general de la Zona Marítima del Mediterráneo –dado que Cartagena era una base naval, y por tanto estaba bajo su jurisdicción–, de acuartelar las tropas. Inmediatamente, llamó a Milans del Bosch, al que dio cuenta de las medidas tomadas, a lo que éste contestó que “le parecía muy bien y que siguiera”. Lo que demuestra que Milans del Bosch no se oponía a las decisiones de las otras autoridades militares y civiles de su territorio. Y que Fortea seguía considerando al capitán general de la III Región Militar como su superior, a pesar de esa supuesta llamada que había recibido de Gabeiras.

A continuación, Fortea ordenó el regreso del batallón, ya citado, que había salido para Murcia, y que no había llegado a la ciudad.

A partir de ese momento, sobre las 01:00 horas, la tranquilidad reinó en Murcia, aunque se mantuvo el estado de guerra hasta que sobre las 05:30 horas, Fortea recibió un télex donde se informaba de la retirada del bando de Milans del Bosch. Sobre las 05:45, el gobernador militar procedió a hacer lo propio en Cartagena, terminando así el golpe de Estado en esta localidad murciana.

La declaración sumarial de Fortea resultó más interesante que las de los otros gobernadores militares, ya que en la misma se reconocía de forma explícita que la III Región Militar estaba sublevada contra la legalidad vigente, y que él, supuestamente, se opuso a esta sublevación; aunque, y esto fue lo paradójico, cumplió en todo momento las órdenes de Milans del Bosch, incluso en contra de lo que le dijo el almirante Muñoz-Delgado.

6.6. Albacete

En Albacete, el Gobierno Militar estaba mandado por el coronel de Caballería Francisco Fernández Cerezo, si bien tenía bajo sus órdenes una guarnición mínima. Este hecho explica por qué no fue avisado por la Capitanía General de la III Región Militar de lo que iba a ocurrir. De hecho, el citado coronel estaba, a las 18:45 horas, en una cafetería, de nombre Surco-2, y fue avisado por un camarero de la misma de lo que estaba ocurriendo en el Congreso de los Diputados. El coronel se incorporó inmediatamente a su despacho, al que ya habían acudido, por iniciativa propia, diversos jefes, oficiales y suboficiales, con destino en el Gobierno Militar y en la Zona de Entrenamiento y Movilización nº 34. Inmediatamente, se ordenó el acuartelamiento de las tropas, reforzándose las guardias y tomándose todas las medidas de seguridad, en previsión de cualquier posible ataque contra las instalaciones.

Hacía las 20:45 horas, el teniente coronel Somalo telefoneó al gobierno militar de Albacete, dictando el bando de Milans del Bosch, para que fuera transmitido por radio cada hora y publicado en los demás medios de comunicación. El bando se transmitió telefónicamente a las emisoras de radio, y una vez mecanografiado, se envió a la prensa local para que fuera impreso en los medios de comunicación escritos. Igualmente, se envió copia del mismo al gobernador civil, Juan José Franch, a la jefatura de la Guardia Civil y a la de la Policía Nacional; y comenzaron a tomarse las medidas para cumplimentar las instrucciones contenidas en el mismo. En ningún momento existió oposición a las órdenes de Milans del Bosch, ni por parte de las autoridades militares, ni tampoco de las civiles. No obstante, según declara Fernández Cerezo, la situación era confusa. Fue, junto al general de brigada de la Guardia Civil, Antonio Hermosilla, jefe de la III Zona de la Guardia Civil, el único militar de la III Región Militar que realizó tal afirmación en su declaración sumarial, aunque la inmensa mayoría de los mandos de las Fuerzas Armadas tuvieran la misma impresión.

A las 00:30 horas, al igual que al resto de la comandancias militares de la III Región Militar, el comandante Silla, del Estado Mayor de la Capitanía General de la III Región Militar, le informó telefónicamente de una nota donde se ordenaba que la próxima vez que se emitiese el bando de Milans del Bosch sería la última. Fernández Cerezo cumplió la orden recibida.

Sin embargo, todo cambio tras la emisión del mensaje del rey. A partir de ese momento, el gobernador militar de Albacete consideró que se encontraba en la ilegalidad, y procedió a anular todas las órdenes que anteriormente había dado para poner en vigor el bando de Milans del Bosch. Además, según declaró, telefoneó repetidas veces a la Capitanía General; llamadas que no aparecen recogidas en ninguna declaración sumarial. Finalmente, sobre las 06:00 horas, el coronel Somalo le informó de que pronto llegaría un télex con la orden de anulación del bando. Esta orden llegó sobre las 07:00 horas, procediendo Fernández Cerezo a retirar el bando. Así finalizó el golpe de Estado en Albacete; provincia en cuyo Gobierno Militar también se cumplieron en todo momento las órdenes de Milans del Bosch, aunque como sabemos eran manifiestamente ilegales.

6.7. Lorca

En la Comandancia Militar de Lorca, fue el coronel Vara del Rey, jefe del Regimiento de Infantería Motorizada Mallorca y comandante militar de la plaza, quien recibió las instrucciones directamente de Milans del Bosch. Previamente había sido avisado por el coronel Ibáñez a las 15:30 horas de que debía trasladarse al despacho del coronel jefe del Regimiento de Infantería España, Ponsoda, en Cartagena.

Hacía las 19:00 horas, se reunieron el teniente coronel Pacheco Miquel, los coroneles Ponsoda y Vara del Rey y el general Fortea, procediendo a abrir los sobres. Vara del Rey recibió las siguientes órdenes:

Acuartelar a toda las unidades.

Hacer regresar del campo a las compañías que se encontraban haciendo prácticas.

Preparar el batallón que debía trasladarse a Murcia, a marchas forzadas, para lo cual, el general Fortea dio la orden al comandante accidental de su Estado Mayor, para que una sección de la compañía de transportes del Grupo Logístico XXXIII emprendiera la marcha inmediatamente hacia Lorca.

Ponerse a las órdenes del gobernador militar de Murcia; teniendo que dar cuenta al mismo, de las órdenes recibidas.

Vara del Rey intentó contactar con sus fuerzas, lo que no logró hasta las 20:15 horas, ordenando al comandante jefe accidental del batallón I que procediese a acuartelar la unidad y dispusiera el regreso de las compañías que se encontraban en prácticas; y, a la vez, que preparase el batallón, con el fin de que una vez motorizado, pudiese trasladarse a Murcia.

Sobre las 20:30 horas, comunicó al gobernador militar de Murcia todas las órdenes recibidas, informándole de que un batallón iba a trasladarse a Murcia, para lo que solicitaba un lugar para su acuartelamiento. Llamas le indicó que sería el acuartelamiento del Regimiento de Artillería de Campaña n.º 18. Además, le dio las siguientes órdenes:

Trasladarse a Lorca, dando inmediata noticia de su llegada.

Cumplir las órdenes del general Fortea.

Darle cuenta del momento en que el batallón estuviera preparado para iniciar su marcha.

Ponerse en comunicación con el alcalde de Lorca, el socialista José López Fuentes, para hacerle saber que asumía el mando de dicha ciudad en cumplimiento de lo ordenado por Milans. Aunque insistió que la medida sólo tenía por objeto asegurar el orden que podía alterarse con motivo de los sucesos que se habían producido en Madrid.

Mandar un oficial a Radio Popular de Lorca para que se procediera a la lectura del bando de Milans, sin hacer el más mínimo comentario.

El coronel Vara del Rey llegó a Lorca a las 22:15 horas, y lo primero que hizo fue reunirse con los mandos de su regimiento para explicarles la situación. Luego, comunicó a los generales Fortea y Llamas su llegada a la ciudad, y que iba a proceder al cumplimiento de las órdenes recibidas.

A las 22:30 horas, llamó al Ayuntamiento preguntando por el alcalde. Un agente municipal le comunicó que se encontraba en su domicilio, procediendo a darle el número de teléfono. Allí lo llamó el coronel, explicándole que, según el bando del capitán general, tenía que asumir el mando de la ciudad, para evitar que se produjeran desórdenes como consecuencia de lo ocurrido en Madrid. El alcalde no opuso ninguna resistencia y se puso de hecho a las órdenes del coronel.

A la misma hora, desde el regimiento, se procedió a llamar al capitán de la Guardia Civil y al teniente jefe accidental de la Policía Nacional para que se presentasen en el cuartel del Regimiento de Infantería Motorizada Mallorca, y una vez allí, les dio las siguientes instrucciones, de acuerdo con el bando de Milans del Bosch:

“La Policía Nacional, mediante patrullas fijas y móviles, debía vigilar los depósitos de agua potable, las oficinas de correos y telégrafos, Radio Popular de Lorca, el puente de ferrocarril sobre el río Guadaletín y la Compañía Telefónica Nacional. La Guardia Civil debía hacer lo mismo en la antena de Radio Popular de Lorca, el repetidor de Televisión Española en el castillo de Lorca, la central eléctrica, la fábrica de Alba y los depósitos regulares de Agua del Castillo.”

Además, ordenó a ambas fuerzas que estuvieran enlazadas con el Ejército, por si necesitaban su apoyo.

Sobre las 23:00 horas, el coronel Vara del Rey ordenó al capitán de Infantería Juan Novas López, que con una patrulla del núcleo de vigilancia, y en un vehículo Land Rover, se trasladase a Radio Popular de Lorca para proceder a la lectura del bando de Milans, sin hacer ningún comentario sobre el mismo, tal como se le había ordenado.

A las 01:00 horas del día 24, Vara del Rey se puso en contacto con los gobernadores militares de Cartagena y Murcia para explicarles que el 1º batallón del Regimiento de Infantería Motorizada Mallorca se encontraba dispuesto para salir, confirmándoles ambas autoridades militares la orden de que se pusiera en marcha. Por tanto, ni Llamas ni Fortea, a pesar de la supuesta oposición del segundo a Milans del Bosch, dejaron de cumplir sus órdenes. De hecho, 45 minutos después, tras la conversación de Milans del Bosch con el rey, la Capitanía General de la III Región Militar ordenó el acuartelamiento de todas las tropas, y, de nuevo, ambos generales no dudaron en telefonear a Vara del Rey para comunicarle las nuevas disposiciones de Milans del Bosch. Ya conocemos, porque lo hemos explicado al analizar el Gobierno Militar de Murcia, que este batallón fue detenido sobre las 02:20 horas, ordenándose el regreso a su acuartelamiento tras comunicar Vara del Rey con su jefe.

Una vez acuarteladas sus tropas, Vara del Rey recibiría a las 04:35 horas un sobre, procedente de Cartagena, ordenándose la situación de Alerta 2, y una hora más tarde, una llamada telefónica de Fortea, gobernador militar de Cartagena, comunicándole que había recibido por télex la orden que anulaba el bando de Milans del Bosch. Pero, Vara del Rey no hizo caso de esta llamada, afirmando: “Yo, no obstante, no tome ninguna medida sin la autorización del general gobernador de Murcia”. Y añadiendo: “Seguidamente telefoneé al General Gobernador Militar de Murcia que me dijo que él aún no la ha recibido y que en cuanto la reciba me dará las órdenes oportunas”. Por tanto, incluso tras el mensaje del rey, e incluso de la desautorización de Gabeiras, y a pesar de lo que determinados generales afirman en sus certificaciones, las órdenes de Milans del Bosch se siguieron cumpliendo durante toda la noche del 24 de febrero. Y, la razón que justifica este hecho era doble. Por un lado, el capitán general de la III Región Militar no había sido destituido, y por tanto, seguía siendo la máxima autoridad militar de la región militar, y por otro, la mayoría de los mandos de la misma estaban de acuerdo tácitamente con la operación golpista.

A las 05:55 horas, Llamas telefoneó a Vara del Rey para comunicarle que le había llegado la orden de la Capitanía General por la que se anulaba el bando y se establecía la Alerta 2. Fue en ese momento cuando el comandante militar de Lorca tomó las medidas pertinentes para cumplir las órdenes anteriormente citadas.

Poco después, telefoneó al alcalde de Lorca y a los jefes de las Fuerzas de Orden Público con el objeto de agradecerles su colaboración. Así terminó el golpe de Estado en esa localidad murciana.

6.8. Alcoy

A la ciudad alicantina de Alcoy debía ir, como ya sabemos, el teniente coronel Guerri Vaquer al que se le había ordenado entregar el sobre lacrado y sellado al comandante más antiguo, cuando recibiese la correspondiente llamada telefónica de la Capitanía General, ya fuese a través de Milans del Bosch, Ibáñez o Urrutia, o cuando se enterase de que el bando del capitán general había sido leído por la radio. Además, debería permanecer en la citada localidad hasta el día siguiente.

Guerri salió de Valencia a las 13:30 horas, en el coche oficial de su sección y llegó a Alcoy a las 13,45. Allí fue recibido por el comandante jefe accidental de la Agrupación Mecanizada n.º 3, Francisco Galeas Ortiz; por el comandante jefe del Grupo Ligero de Caballería III, Antonio Alonso Vicente; por el comandante jefe del Batallón Mixto de Ingenieros III, y por el comandante jefe de Armamento y Centro de Instrucción y Reclutamiento n.º 3, Antonio Carvallo Álvarez. Los citados comandantes preguntaron al teniente coronel a que se debía su visita, a lo que les respondió que se había preparado un ejercicio de Alerta 3 en la Capitanía General, y que cuando recibiese las órdenes acordadas les entregaría los sobres con las instrucciones correspondientes.

Tras el asalto del Congreso de los Diputados, Guerri no recibió ninguna llamada telefónica; hubo de esperar a las 20:30 horas, momento en que la Cadena Ser emitió un comunicado en el que se afirmaba que Milans del Bosch había publicado un bando. En ese instante, el teniente coronel entregó el sobre al comandante de la Agrupación Mecanizada n.º 3, que era el más antiguo, procediendo a cumplimentar las órdenes:

Remisión a Radio Alcoy del bando de Milans para que fuera emitido media hora después, por el comandante Arqués, pues se consideró el más idóneo, por ser natural de la localidad.

Despliegue de las unidades, para lo que se utilizó el mapa 1/50000 que contenía el sobre. Con el mismo, los comandantes Carvallo y Alonso dieron las órdenes oportunas con objeto de que la compañía de zapadores se trasladara al Molino Payá y el escuadrón de caballería a la salida norte de Alcoy, en las inmediaciones de la Venta del Pilar, una vez que estuvieran dotados de combustible y municiones.

Dado que las fuerzas de guarnición en Alcoy pertenecían a la Brigada de Infantería de Defensa Operativa del Territorio, se intentó llamar al jefe de la misma, general López Fernández, pero no se pudo contactar con él. La imposibilidad de efectuar este contacto, no detuvo el municionamiento ni el suministro de carburante a las tropas que debían salir.

Poco después, sobre las 21:30 horas, el teniente coronel Guerri, que era el jefe de mayor graduación, se puso en contacto con el capitán de la Policía Nacional y con el teniente jefe accidental de la compañía de la Guardia Civil, para que acudieran al cuartel. Allí se los ordenó que reforzaran la vigilancia en el interior de la ciudad, y que protegieran los depósitos de agua y la central eléctrica.

Aproximadamente, a las 22:15 horas, Guerri llamó al Ayuntamiento, poniéndose al teléfono el alcalde, el socialista José Sanús Tormo, al que le explicó la situación, manifestándole que el bando del capitán general no era ninguna declaración del estado de guerra, sino una medida para mantener el orden y la normalidad ciudadana ante los sucesos que se estaba produciendo en Madrid. Además, añadió que estaba a su disposición para lo que desease. El alcalde le contestó de forma similar.

Sobre las 23:30 horas, se encontraban preparadas las unidades, que comenzaron su despliegue tal como indicaba la orden de Milans del Bosch: el Grupo Ligero de Caballería hacia las afueras de Alcoy, sobre la carretera Valencia-Alicante, a la altura de la Venta del Pilar, y la Compañía de Zapadores al Campamento Molino Payá. En ningún momento, según la declaración sumarial de Guerri, las fuerzas del Ejército se desplegaron en el interior de la ciudad.

Poco después de las 01:00 horas, Guerri recibió una llamada del coronel Ibáñez, diciéndole que el capitán general de la III Región Militar había hablado con el rey, y, cumpliendo las órdenes recibidas, había decidido que las tropas se retirasen a sus cuarteles. Guerri tomó las medidas oportunas, finalizando el movimiento de unidades y ordenando su acuartelamiento, que tuvo lugar después de las 03:30 horas.

Sobre las 05:30 horas, Guerri recibió la orden por la que se anulaba el bando de Milans del Bosch, que fue radiada inmediatamente por Radio Nacional de Alcoy. De esta forma, terminaba el golpe de Estado en la localidad alicantina. Sin embargo, esto no significó el regreso inmediato del teniente coronel a su destino, porque dos horas después recibió una nueva llamada de Valencia, de parte de su jefe, el general Urrutia, ordenándole que permaneciera en Alcoy.

Guerri recibirá finalmente la orden de regresar a Valencia a las 11:15 horas, y llegó a la ciudad del Turia a las 13:45.

7. EL FINAL DEL GOLPE DE ESTADO EN LA III REGIÓN MILITAR. MILANS DEL BOSCH, ARRESTADO

Cuarenta y cinco minutos después, sobre las 14:30, el jefe del Estado Mayor del Ejército, Gabeiras telefoneaba a Milans del Bosch para ordenarle que se presentase en el cuartel general del Ejército a las 19:00 horas, para lo que le pondrían un avión en Manises. Quien desempeñara el cargo de capitán general de la III Región Militar, que todavía no ha sido destituido y que estaba durmiendo, no se puso al teléfono. De hecho, Milans del Bosch nunca se ponía al teléfono cuando llamaba Gabeiras, ya que la relación estaba rota entre ellos desde que Gabeiras fue elegido jefe del Estado Mayor del Ejército en 1979. Diez minutos más tarde, fue el teniente general Guillermo Quintana Lacaci, capitán general de la I Región Militar, el que telefoneó a Milans para comunicarle que a las 18: 30 horas tensría listo un avión en Manises para trasladarle a Madrid, porque a las 19:30 debía presentarse en el cuartel general del Ejército. Milans acata y obedece la orden y acude acompañado por su ayudante, Mas Oliver. En Madrid, tras entrevistarse con Armada brevemente, Milans del Bosch pasó al despacho de Gabeiras, donde le esperaban éste y Quintana Lacaci. Allí, el jefe del Estado Mayor del Ejército le informó de que el Gobierno le había quitado el mando de la III Región Militar y “que por desobediencia a mis órdenes” pasaba arrestado en este Cuartel General, sin perjuicio de la actuación judicial procedente, y que la duración del arresto se le fijaría y se le comunicaría por escrito”. Es decir, Milans del Bosch perdió el mando tan sólo 27 horas después de sublevarse.

CONCLUSIÓN

De la investigación que hemos realizado sobre el golpe de Estado del 23-F en las diferentes comandancias de la III Región Militar, se extrae un hecho irrebatible: en todo momento fueron obedecidas y respetadas las órdenes de Milans del Bosch, sin que ninguna de las autoridades, militares o civiles, de la misma las pusiera en cuestión. A este hecho se refirió el propio capitán general, durante la celebración de la vista oral de la Causa 2/81, instruida por el golpe de Estado del 23-F:

“SR. MUÑOZ PEREA [defensor del capitán de complemento José Pascual Calvez]: Y cambiando de tema y, como última pregunta, ¿Vd. en el tiempo que duró la vigencia del Bando dado por Vd. en Valencia, sabe de alguna Autoridad, militar o civil, autonómica, local, provincial, que se opusiera al Bando?

TTE. GRAL. MILANS: Absolutamente ninguna; tan es así que en el segundo Bando doy las gracias por la colaboración que me han prestado.

SR. MUÑOZ PEREA: Y, ¿tiene noticias de que alguno de ellos esté procesado, alguna Autoridad de la Tercera Región?

TTE. GRAL. MILANS: Tengo la seguridad de que no y que no se resistió ninguno, claro.”

A partir de la respuesta de Milans del Bosch surgen una serie de preguntas. La primera, ¿por qué ninguna autoridad de la III Región Militar se negó a obedecer sus órdenes que a todas luces eran ilegales? En el caso de las autoridades civiles, no hay duda de que cumplieron esas órdenes por miedo. Pero, esa justificación no se puede aplicar a las autoridades militares. Tampoco se puede aplicar la eximente de “obediencia debida” porque eran órdenes ilegales; ni se puede justificar su apoyo al golpe de Estado por el prestigio y carisma de Milans del Bosch, ya que si bien era muy grande, lo receptores de sus órdenes fueron todos hombres maduros que sobrepasaban los cincuenta años de edad; ni se puede explicar por la edad de los mandos de la III Región Militar, ya que ninguno de ellos estaba a punto de retirarse, lo que hubiera justificado su obediencia a las órdenes de su superior para evitarse complicaciones que hubieran podido perjudicar su pensión. Por tanto, la única explicación plausible es que obedecieron porque estaban de acuerdo con la operación golpista, aunque con anterioridad no tuvieran conocimiento de la misma. En este sentido, se puede hacer una extrapolación con los mandos de la División Acorazada que, si bien salvo contadas excepciones, no tenían conocimiento previo de la operación, la apoyaron con entusiasmo, y durante todo el día 23 de febrero intentaron sacar las unidades de los cuarteles y tomar Madrid. Este apoyo, tanto en un caso como en otro, se explica por la mentalidad intervencionista en la que se habían educado estos militares y en la situación de crisis que vivía España.

La segunda pregunta que surge es ¿por qué no fueron juzgados? Y la respuesta es doble. Por un lado, porque durante buena parte del tiempo en que duró el golpe de Estado existió una gran indeterminación en las acciones tanto del rey como de la cúpula militar, representada por la JUJEM, hasta el extremo de que Milans del Bosch no fue desautorizado hasta las 0:50 horas del 24 de febrero. Por tanto, hubiera resultado chocante sentar en el banquillo a un grupo de militares que podrían testificar que durante más de seis horas no habían recibido órdenes en contra de las emanadas por la Capitanía General de la III Región Militar, a pesar de que estas eran manifiestamente ilegales. Por otro lado, el Gobierno comprendió que la joven democracia española no hubiera podido resistir un macrojuicio militar que hubiera sentado en el banquillo a todos los militares que apoyaron el golpe de Estado, y que sumando todas las regiones militares habrían superado los 200, entre ellos, cerca de una veintena de generales. Por eso, el juez instructor general auditor del Ejército del Aire José María García-Escudero limitó las responsabilidades a los que participaron en la conspiración con anterioridad al 23 de febrero, a los oficiales que participaron en el asalto del Congreso de los Diputados y a los que se sublevaron con posterioridad al mensaje del rey por RTVE, como los oficiales pertenecientes a la División Acorazada, y que bajo las órdenes del comandante de Infantería diplomado de Estado Mayor Ricardo Pardo Zancada, se trasladaron al Congreso de los Diputados en apoyo de Tejero, pero no al resto de los que con su actitud, hicieron posible el golpe de Estado. Así, refiriéndose a estos últimos mandos, escribió:

“[...] sin que del análisis de la información que se les dio no resulta inequívocamente el carácter manifiestamente delictivo que pudieran tener para ellos las órdenes que se les dieron, máxime cuando se hicieron explícitas manifestaciones de constitucionalidad y sobre todo cuando se invocó reiteradamente el apoyo de Su Majestad, sin que estuvieran en condiciones de conocer la falta de fundamento de tal apelación, que, antes al contrario, podían considerar verosímil dados los notorios sentimientos monárquicos de quienes se presentaban como cabezas de la operación.”

La explicación de García-Escudero para justificar la no imputación no podía ser más antijurídica, ya que venía a afirmar que si el golpe de Estado hubiera estado avalado por el rey hubiera estado justificada la participación en el mismo. Pero, a pesar de no ajustarse a las leyes, se consideró válida, y los oficiales de la III Región Militar que participaron en la operación golpista no fueron imputados y procesados y continuaron sus carreras militares.

La tercera pregunta está directamente vinculada con lo que hemos dicho en el párrafo anterior: ¿la participación en el golpe de Estado afectó a las carreras militares de estos oficiales? Y la respuesta a esta pregunta resulta curiosa. Ninguno de los militares sublevados en la III Región Militar, salvo los tres que fueron juzgados, perdió su carrera. No obstante, tampoco todos ascendieron al grado inmediatamente superior. Así, los generales de brigada Carlos Fortea Ezquerro (BOE, 13-III-1984), Leonardo López Fernández (BOE, 27-XII-1983) y Ramiro Llamas Martín (BOE, 10-VIII-1982), se retiraron con ese grado. Por el contrario, Emilio Urrutia Gracia (BOE, 11-VII-1985), Carlos Lázaro Rodríguez (BOE, 30-IX-1981) y Vicente Ibáñez Navarro (BOE, 18-XII-1981), en poco más de un año ascendieron a generales de división (BOE, 4-IV-1986); y José del Pozo Pérez (BOE, 5-V-1982) y Antonio Gómez de Salazar y Alonso (BOE, 9-VII-1981) se convirtieron en muy poco tiempo en generales de brigada. Pero, lo más curioso fue que ninguno de los tenientes coroneles que formaban el Estado Mayor de la III Región Militar el 23 de febrero de 1981 –José Luis Somalo Aznar, Jaime Guerri Vaquer, Joaquín Pacheco Miquel y Horacio Santos Fernández– ascendió al generalato, a pesar de que algunos, como Pacheco Miquel, estaban especialmente cualificados para este empleo (ABC, 26/III/1986). Fue un castigo tardío que se produjo tras la segunda victoria electoral del PSOE, cuando se había culminado la consolidación democrática en el campo de las Fuerzas Armadas, y el Gobierno, por tanto, ya no temía al ruido de sables. Un ruido de sables que comenzó a desaparecer tras el fracaso del golpe de Estado de 1981 que supuso el principio del fin del poder militar en España.

FUENTES DOCUMENTALES

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Informe Jáudenes. http://www.diariocritico.com/2011/Febrero/investigacion/255047/23f-informe-jaudenes.html

Archivo del letrado Ángel López-Montero y Juárez. Madrid

Sumario, Acta de la celebración del Consejo, Sentencia del Consejo Supremo de Justicia Militar y Sentencia de la Sala 2ª del Tribunal Supremo de la Causa 2/81, instruida como consecuencia del golpe de Estado del 23-F.

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Carlos de Meer y de Ribera. Madrid, 8 de febrero de 1999.

Ángel López-Montero y Juárez. Madrid, 21 de septiembre de 1995.

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