La época de la historia española que se desarrolló bajo el gobierno de la monarquía absoluta borbónica, desde el fin de la Guerra de Sucesión hasta el triunfo del liberalismo, ha sido objeto de un enconado debate historiográfico en Cataluña. Roberto Fernández, catedrático de Historia Moderna de la Universitat de Lleida, nos ofrece una amplia y muy documentada revisión de las diversas interpretaciones publicadas, desde las de finales del siglo XVIII hasta hoy, pasando por las visiones históricas del romanticismo, por los inicios de una historiografía nacionalista catalana y por las revisiones de Jaume Vicens Vives y Pierre Vilar. Los últimos capítulos se dedican precisamente a los «paradigmas encontrados» que dividen en la actualidad a los historiadores y al trasfondo ideológico que existe en esta confrontación.

Roberto Fernández Díaz

Cataluña y el absolutismo borbónico

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Titivillus 05.04.2021

Roberto Fernández Díaz, 2014

Diseño de cubierta: García, Marga

Imagen de cubierta: Museu d’Història de Barcelona

Editor digital: Titivillus

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In memoriam de mi hermana, Conchita,

por su amor, coraje y humanidad.

Porque si bien he caminado en mis investigaciones con la antorcha de la autoridad y de los monumentos, podrá el amor propio, que es mal consejero, haber extraviado mi juicio alguna vez antes de fundar mi opinión. Esta la expongo libremente sin pretender tiranizar la ajena… y provoco a los críticos a que me ayuden con sus luces a disipar mis dudas, y desengañar el mundo para hacer triunfar la verdad contra la vaga fe de vulgares tradiciones, o la vanidad de los sistemas.

ANTONIO DE CAPMANY, Cuestiones críticas, 1807, pp. II-III.

AGRADECIMIENTOS

Todos cuantos me conocen saben lo muy apegado que estoy al proverbio castellano que dice que es «de bien nacido ser agradecido». Una obra como la presente debe muchos agradecimientos que deseo hacer públicos. Sin ellos sentiría que este libro está moralmente incompleto. Le pido al lector que no piense que está ante un fácil y exagerado ejercicio de laudatoria, sino frente a una forma de ser y estar en la vida que el autor profesa y que le hace entablar una fraternal relación con las personas que le permiten una existencia más serena y más feliz.

Y también ante un sentido colectivo respecto a la tarea intelectual de los historiadores, científicos sociales que, sumando unos con otros, vamos conquistando un conocimiento sobre el pasado que nos permite construir una narración histórica cada vez más rigurosa para ofrecerla a la ciudadanía con el objetivo de que pueda ayudar a pensar libremente su presente y su futuro. Por eso, todo lo que haya de bueno en este trabajo tiene su primera deuda con los numerosos historiadores que, desde el siglo XIX hasta nuestros días, se han dedicado a estudiar el Setecientos catalán y español. Deseo, pues, reconocer mi gratitud a diversos colegas catalanes de los que he aprendido muchas cosas sobre «mi» siglo. Entre otros, me es grato mencionar a Ernest Lluch, Josep Fontana, Jaume Torras, Josep Maria Torras, Josep María Delgado, Ramon Grau, Pere Molas, María Angeles Pérez Samper y, especialmente, a Joaquim Albareda, con quien mantengo además una siempre amistosa conversación sobre «nuestra» centuria y un gran afecto personal. Y por supuesto a los maestros Antonio Domínguez Ortiz, John Elliott y Pierre Vilar, con quienes he aprendido a pensar la historia como disciplina científica.

Preciso también dar las gracias a los ciudadanos españoles que con sus impuestos han subvencionado una parte de esta investigación a través de la ayuda que durante los últimos años me ha dispensado el Ministerio de Ciencia e Innovación. Espero que la inversión les parezca bien empleada y que los resultados no les defrauden, no porque estén de acuerdo con ellos, sino porque consideren que este libro está escrito con el mayor rigor posible que proporciona el método científico y con una actitud personal que busca siempre la verdad histórica como única meta.

Asimismo, me place en gran medida nombrar a mis alumnos sin que se entienda como un tópico obligado. A lo largo de más de treinta y dos años, en mis clases de historia moderna, de historiografía o de introducción a la ciencia, ellos me han ayudado a perfilar más atinadamente lo que pienso a partir de sus preguntas, sus consideraciones y sus correcciones. Las lecturas para afrontar estas clases y las reflexiones que con ellas he ido hilvanando son una de las principales bases sobre las que esta obra se ha edificado. Entre algunos de esos antiguos alumnos se encuentran hoy colegas y amigos que forman parte del profesorado del área de Historia Social de la Universitat de Lleida, y con los cuales he tenido el placer de debatir y aprender sobre historiografía y modernismo en los últimos años. Me refiero a Antoni Jove, Toni Passola y María José Vilalta. Y también quiero mencionar a Paco García y Víctor Bretón, igualmente antiguos alumnos y en la actualidad profesores de geografía y de antropología de «mi» Facultad de Letras, de los que intelectual y humanamente sigo aprendiendo cada día.

Deseo manifestar también la deuda contraída con mis colegas del modernismo hispano. Me siento orgulloso de pertenecer a una academia de historiadores que en los últimos años ha sido capaz de crear una comunidad científica a la altura de cualquier canon de exigencia internacional. Y, naturalmente, quiero expresar mi gratitud en especial a las personas que han tenido a bien invertir su precioso tiempo en leer esta publicación y sugerirme ideas y correcciones que sin duda la han mejorado notablemente. En este sentido es preciso mencionar la perenne generosidad de mi maestro Carlos Martínez Shaw, siempre a mi lado; la inteligencia y la entrega de mi «hermano» Alex Sánchez y las sugerencias, de tanto provecho intelectual para mí, de mis íntimos amigos Ricardo García Cárcel, Joaquim Prats y Josep Maria Sala Valldaura. Tampoco puedo olvidar a mi buen amigo Javier de Castro, historiador también y protagonista, junto con su magnífico equipo, de la espléndida edición de este libro, con una especial mención para la pericia técnica de Marta Rodríguez. Ni a Carmen Esteban, editora de Crítica, que con tanto entusiasmo ha tenido la gentileza de arroparlo. A todos ellos, que han sido críticos constructivos del mismo, les doy las gracias de corazón, aunque desde luego quedan eximidos de cualquier responsabilidad sobre todo aquello que la obra defiende.

No quiero cansar al lector, pero es una grata necesidad acabar estos agradecimientos mencionando a quienes han soportado emocionalmente la elaboración de este libro, que finalmente ve la luz después de siete años discontinuos de trabajo. Mi esposa, Eugenia, y mi hijo, Daniel, han sido el baluarte sentimental sobre el que ha podido descansar mi dedicación a la presente investigación. Y, en el caso de Eugenia, debo agradecerle además que sus conocimientos bibliotecarios descubrieran algunas publicaciones que a mí se me habían pasado por alto. Por último, como siempre, mi sentido amor a mis padres, Ginés y Margarita, dispuestos en todo momento a cuidar de mí. Y sobre todo a mi hermana, Conchita, por su ejemplo de vida que tanto añoro.

Introducción
HISTORIOGRAFÍA, POLÍTICA Y NACIONALISMO

I

Nací en 1954, doscientos cuarenta años después de la guerra de Sucesión, y tuve una infancia y una adolescencia plenamente franquista en el barrio de La Torrassa, antaño conocido por ser de claras afinidades anarquistas. Durante toda mi educación en la Escuela de Nuestra Señora de los Desamparados y en la Escuela Montessori, me enseñaron una historia de España que era sencillamente mentira. Empeñado como estaba el Régimen en hacer «buenos españoles» para evitar los peligros del «separatismo» y de los «rojos», la maquinaria del «movimiento nacional» puso en marcha un programa de formación del «espíritu nacional» (asignatura en la que por cierto yo sacaba muy buenas notas), que contenía una versión nacional-católica de la historia hispana que era la que convenía a los «victoriosos» de la guerra (in)civil. La que convenía no solo para justificar su alzamiento frente a la legalidad republicana, sino también para legitimar su proyecto de sociedad y su idea de España. Es decir, que durante muchos años la historia fue uno de los instrumentos más útiles para conseguir alcanzar, con eficacia y rotundidad, la meta perseguida por el franquismo de que su España «una, grande y libre» apareciera ante mí como un producto natural e inevitable del pasado. En suma, fui sencillamente manipulado y adoctrinado por la ideología oficial franquista a través de la diosa Clío, quien con sumo esmero contribuyó a nacionalizarme como español[1].

En mis últimos cursos de bachiller nocturno, coincidentes con los primeros años de nuestra apasionante transición política, fui percibiendo que la narrativa franquista de la historia española no estaba tan clara como los libros de texto me habían mal enseñado. En buena medida, la reacción moral ante esa constatación fue la que me decantó por estudiar historia y no filosofía, resolviendo de este modo un dilema que habitaba en mi cabeza desde hacía tiempo. En la renovada Facultad barcelonesa de Geografía e Historia de la segunda parte de los años setenta, se acabó por confirmar lo evidente: había crecido con una falsa historia de España en la cabeza y con la casi plena ausencia de la historia de Cataluña. Una historia manipulada que estaba destinada a crear en mí una idea política de España que obedecía a las creencias e intereses de quienes pensaban que el país era suyo por antonomasia y que solo ellos podían dirigirlo y salvarlo de los enemigos internos.

Cerciorarme de aquella realidad adoctrinadora representó para mí una sólida toma de conciencia en torno a una idea central que ha presidido toda mi tarea docente e investigadora: no manipular ideológicamente el pasado. Aunque de manera no perfectamente consciente, creo que aquellos años en que descubrí cómo la historia era una materia con capacidad para liberar o esclavizar a los seres humanos, fueron decisivos en mi concepción sobre la tarea de historiador. A saber, que la verdad sobre el pasado es un derecho de cada ciudadano, un derecho irrenunciable si no queremos vivir en sociedades totalitarias, un derecho que los historiadores tenemos la obligación deontológica de practicar y de custodiar ante quienes deseen conculcarlo.

Partiendo de esta premisa moral sobre el papel cívico de la historia, el presente aspira a ser un libro de ciencia al servicio de la política con mayúsculas. Es decir: una obra que desea generar un contrastado conocimiento de la realidad social destinado a mejorar la vida de los seres humanos. Es, pues, un estudio inspirado por el «patriotismo ciudadano». Pocas labores hay más importantes para un historiador que reflexionar sobre su oficio para que resulte socialmente útil. Pocas más importantes que mantener la vigilia sobre la calidad epistemológica de la historiografía, tarea de obligado cumplimento por parte de los propios historiadores si queremos practicar una mirada siempre crítica sobre la forma y manera de ejercer nuestra profesión[2]. Por eso, la meta última de este trabajo es tratar de analizar las relaciones entre historiografía y política en las tres últimas centurias en un país llamado Cataluña (aunque bien podría ser cualquier otro). O dicho de otro modo: se pretende escudriñar en qué medida los historiadores elaboran discursos sobre el acontecer pasado que penden de los presupuestos de las ideologías construidas por los pensadores o los políticos, y en qué medida dichas narraciones históricas han influido después en la política de su tiempo y han tenido un peso condicionante en épocas posteriores[3].

Como otros muchos pueblos, el catalán ha tenido en los últimos siglos una clara vocación historicista. En el momento de pensar en su actualidad y de imaginar su futuro, ha dado una imponente presencia a la narración del pasado. Un pasado explicado principalmente por los historiadores cuya importancia para el presente, por supuesto, no seré yo quien la niegue, pero que en bastantes ocasiones ha terminado resultando para los propios catalanes una carga excesiva, a veces agobiante, que en algunos momentos se ha llegado a convertir incluso en una cuestión casi determinante para la vida de los contemporáneos; una importancia tan envolvente que tal pareciere a veces como si el pasado acabase lastrando las propuestas de futuro; tan envolvente que no es difícil tener la sensación, al menos para quien escribe, de que el pasado ha terminado por mermar en parte la libertad de aquellos que tenían que edificar el presente y el futuro al no permitirles ninguna «infidelidad» a la historia narrada por los historiadores sobre el pretérito catalán.

En realidad, es como si se olvidara que el inmenso océano del pasado está para ser socialmente útil y no para determinar la vida de los ciudadanos de manera inexorable. Es como si estos últimos tuvieran la ineludible obligación moral de reconocer el «imponente» o «desdichado» pasado patrio, teniendo la irrenunciable misión de recuperarlo para iluminar de forma «coherente» respecto a él nuestro presente-futuro, asegurando así una imaginaria línea de continuidad histórica tendente a confirmar nuestro «excepcional» pasado y a alcanzar el paraíso nacional. Es como si el pretérito atenazara a los actores históricos del presente en tanto en cuanto es quien construye su sentido del futuro. Ha existido y existe en Cataluña, y especialmente entre sus políticos e intelectuales, un verdadero culto por ese pasado convertido en «memoria histórica nacional» a la que guardar necesaria fidelidad porque ella expresa mejor las virtudes seculares (y especiales) del pueblo catalán, las mismas que en esa manera de pensar conforman la esencia de su identidad colectiva, que es precisamente la que sirve de palanca principal para el (¿inevitable?) proceso de nacionalización de los ciudadanos. Y como decía Hegel, los pueblos con demasiada historia corren el peligro de no poder ser a veces felices, ni libres, añado yo.

Tanto es así, que con frecuencia puede dar la sensación de que los catalanes estuviéramos presos de una especie de enfermedad del pasado expresada en una actitud casi obsesiva por detectar los agravios para ponerlos, a menudo, al servicio de la visión victimista del pretérito requerida por los proyectos políticos de presente. Una visión victimista en gran medida basada en el agravio y que valida la idea de permanente conflicto entre Cataluña y el Estado español, situando la carga de la culpa en un ente coloquialmente llamado «Madrid». Conflicto que por su parte buena parte del nacionalismo español ha querido con frecuencia deslegitimar aludiendo a la deslealtad egoísta de los catalanes o a la inexistencia objetiva del agravio. Un conflicto, en suma, que algunos catalanes consideran que ha sido y es fatalmente irremediable, mientras que otros han tratado y tratan de gestionar con la máxima voluntad posible de conseguir un acuerdo. Un acuerdo de convivencia en el caso de catalanes de sesgo más bien optimista como Jaume Vicens Vives o bien un acuerdo de conllevancia en el caso de castellanos con un punto de escepticismo como José Ortega y Gasset[4].

Quisiera dejar explícito mi parecer, seguramente sorprendente e impopular, y más proviniendo de un historiador, de que la mencionada «infidelidad» a la historia resulta a menudo imprescindible para seguir construyendo la sociedad en paz y progreso, y también mi parecer de que aspiramos a conocer lo pasado para aprender, a partir del inmenso material empírico que contiene, la lógica de los procesos sociales, pero no para ser inexorablemente fieles a sus postulados cuando se expresan a través de mitos indestructibles fabricados por la ingeniería sociopolítica. ¿Se imaginan qué hubiera sucedido en la transición política española si nadie hubiera «traicionado» sus ideas primogénitas y el pasado que ellas representaban? ¿Podrían haberse entendido personajes como Adolfo Suárez y Santiago Carrillo? Suárez fue «infiel» a su historia y desechó los principios generales del movimiento que había jurado defender y que rechazaban la democracia; Carrillo hizo otro tanto con las ideas comunistas clásicas que sostuvo hasta llegar a su propia formulación de un eurocomunismo que ya no consideraba los principios democráticos como un maléfico producto burgués[5]. Y así podríamos citar un sinfín de personajes de los años setenta y ochenta que hicieron posible crear la democracia española a través de un camino en el que la violencia no logró adueñarse de la política, por más que algunas minorías fanáticas lo intentasen. Y en esta vital tarea de construir la democracia parlamentaria, la «traición» a las doctrinas sostenidas y a los pasados históricos fue mano de santo (si se me permite el juicio de valor). O dicho de otro modo: fue esencial aceptar el derecho a sustituir las antiguas ideas (individuales y colectivas) como mecanismo fundamental para el progreso social basado en la convivencia democrática.

Pienso que las narraciones que bastantes historiadores catalanes han elaborado de nuestro pasado han estado y están sumamente vinculadas a lo que se nos quería decir y se nos dice (también por parte de ellos) sobre nuestro hoy y nuestro mañana. Entre lo que fue, lo que es y lo que se pretende que sea, los catalanes hemos puesto casi siempre la historia de por medio. Un ejercicio sano y conveniente a condición de que se haga con mesura y sin sacralización, con racionalidad y sin mitificación, con rigor y sin manipulación, con matices y sin simplismos, con ecuanimidad y sin maniqueísmo, con contextualización histórica y sin anacronismos presentistas, con ciencia y sin apriorismos ideológicos, hagiografía, narcisismo o victimismo. En definitiva, sin teleologismos estériles que afirmen que estamos predestinados a recorrer un determinado camino previamente trazado desde fuera de la condición humana en sociedad, y también sin que el pasado sea el capital inmaterial que determina inexorablemente el presente de los vivos y el sentido de su futuro. Cuando la actitud historicista se densifica en exceso, se corre serio peligro de acabar momificando a los actores del presente. Y en el caso de Cataluña, tengo para mí que los proyectos políticos nacionalistas han tenido en la historia y en algunos historiadores unos servidores constantes y solícitos en la tarea de nacionalizar a las masas ofreciéndoles un relato histórico coherente con los fines nacionalistas. Desde luego que no han sido los únicos protagonistas, ni siquiera me atrevería a decir que los fundamentales, pero sí que sin ellos la tarea nacionalizadora no hubiera sido tan eficaz y tan profunda y, en cierta medida, puede que incluso habría resultado imposible. No es que la nacionalización de la ciudadanía la efectúen únicamente los intelectuales alimentando a los aparatos del Estado para que estos la inoculen en los ciudadanos, pero sin duda que en los procesos de creación de la identidad nacional, los historiadores han demostrado ser harto eficaces en casi todos los países y épocas.

II

Como quiera que voy a tratar de mostrar que esa relación entre historiografía e ideología ha tenido influencia en la obra de numerosos historiadores catalanes que se han ocupado de estudiar el principado en tiempos del absolutismo borbónico (tarea que no descarto en el futuro realizar para el resto del ámbito hispano), y como quiera también que trataré de argumentar que muchas veces esa relación no ha resultado beneficiosa para el acervo científico ni tampoco para construir las bases de un discurso político cimentado en la verdad histórica, creo oportuno expresar, siquiera someramente y para evitar suspicacias y/o lecturas equivocadas por falta de la pertinente aclaración, mi actual ideario político ante el posible lector de estas páginas.

Considerado desde la tradición profesional de los historiadores, se trata, sin duda, de un atípico ejercicio de público destape ideológico que efectúo primero como una especie de preventivo para tratar de no cometer, en mi propia práctica historiográfica, los mismos inconvenientes que voy a señalar en el caso de otros colegas. Pero también lo hago como una apuesta por la transparencia y la honradez intelectual ante un lector que deseo que pueda contrastar, de este modo, si mi idea del progreso social y mis posiciones políticas afectan a mis ponderaciones históricas hasta el punto de perder el norte de la más básica deontología profesional del historiador, centrada ante todo en el imprescindible deseo de alcanzar la verdad histórica mediante la objetividad científica para ofrecerla a ciudadanos libres capaces de extraer las lecciones que crean convenientes a la hora de elaborar el cuerpo ético, ideológico y político que guiará sus acciones de presente y de futuro.

Hay quienes consideran, al estilo de Marcel Proust, que no es necesario conocer la biografía de un autor para comprender su texto[6]. En el caso de los historiadores, eso debería ser el ideal, dada su exigible neutralidad. Sin embargo, como cada cual tiene su propio almacén biográfico en el que acumula ideas y sentimientos, y como quiera que este libro defiende precisamente que no se debe historiar desde ellos, me ha parecido oportuno explicar al lector brevemente cuál es la posición ideológica del autor. Me otorgo licencia, pues, para ensayar con brevedad mi autodefinición política que, como es natural, resulta subjetiva y, por tanto, sujeta a discusión por parte de quienes me conocen personalmente o han leído alguna de las piezas por mí escritas.

Soy ideológicamente un socialista democrático de corte reformista y espíritu liberal. Estoy persuadido de que la mejor forma de organizar la comunidad es un conveniente matrimonio entre lo privado y lo público, el mercado y la política, la sociedad y el Estado. Aunque en tiempos estudiantiles y de transición política tuve una breve etapa de proximidad al mítico y entonces esplendoroso PSUC, pronto pensé que mi camino era la reforma gradualista alejada de cualquier veleidad más radical. Así que mi ideario proviene de los renacentistas, de los reformistas ilustrados, de los liberales progresistas decimonónicos y del variado universo socialista. Soy, pues, un ciudadano más bien virado hacia la izquierda reformista que piensa que sin libertad no hay efectiva igualdad y que sin luchar por la igualdad no hay posibilidad de alcanzar la verdadera libertad. Durante una década milité en el PSC y hace ya tres lustros que no participo de la vida de ningún partido político. Eso se debe a que percibí con claridad que aquello no estaba hecho para mí: demasiado librepensador para admitir todas las razones de partido, y en exceso escrupuloso para admitir todas las licencias morales de la Realpolitik. Sigo defendiendo la necesidad de los partidos políticos como ejes de la democracia parlamentaria representativa, pero no tengo el necesario aguante para la confrontación política partidista (y sobre todo la intrapartidista), ni pericia bastante para saber combinar la diferente ética del político y del científico tal y como aspiraba Platón y que Max Weber consideró en su día una cuasi quimera. En suma, nada nuevo bajo el sol. El lector tiene entre sus manos la obra escrita por un historiador profesional con ideología pero sin militancia partidaria. Lo cual no lo digo como una virtud, sino simplemente como una previa y pertinente aclaración. Eso sí, se trata de un libro que me gustaría que se leyera como el producto de un estudioso que teniendo ideología se esforzará constantemente por que esta no contamine el análisis científico de su objeto de estudio: la historiografía catalana sobre el absolutismo borbónico del Setecientos.

Esta breve aproximación a mi ideario político es posible que en otros países fuera suficiente para situar al autor ante su posible lector. Pero no creo que en el caso hispano lo sea. Dada nuestra historia y dado nuestro presente, pienso que se precisa también exponer mi posición ante lo que yo denomino, no sé si con fortuna, la geopolítica española. Soy practicante de un doble patriotismo que reza que Cataluña y España pueden sentirse como dos realidades sentimentalmente compatibles. En esta posición de doble adscripción identitaria, me alineo con otros muchos catalanes a lo largo del tiempo. De hablar por boca del insigne Antoni de Capmany, bien podría afirmar que Cataluña es mi patria y España, mi nación. Y sin falsear esta veterana idea, bien podría traducirse en la actualidad por otro aforismo: Cataluña es mi nación y España, mi Estadonación en la perspectiva de ir creando la realidad común de Europa. De hecho, soy más bien practicante del «nacionalismo humanidad», aquel que dicta que en realidad sería preferible que no hubiera nacionalismo y que un gobierno universal permitiera crecer a todos los pueblos del planeta de una manera armónica e igualitaria, sin desequilibrios sociales entre las personas ni entre los diversos pueblos y territorios. Pura utopía ecuménica, bien lo sé. Pero las ideologías son, en buena medida, eso, utopías no totalitarias de hoy para intentar que mediante el ejercicio de la libertad política se cumplan democráticamente mañana, aunque sea de manera parcial y gradual. En eso consiste, a mi modo de ver, la esencia del «patriotismo ciudadano», en sentirse ante todo patriota de la especie humana.

Una vez señalado este desiderátum de corte universalista, y puesto que la realidad geopolítica histórica nos ha legado dos entidades que a veces han entrado y entran en conflicto (Cataluña/España o España/Cataluña), y dado que a muchos compatriotas de una y otra a buen seguro que les parecerá imprescindible un posicionamiento al respecto, diré, lisa y llanamente, que me siento y me reconozco catalán, español y europeo. Con identidades practicadas con suavidad, por supuesto[7]. Tan suaves que me permiten combinarlas en mi cabeza y en mi corazón sin mayores quebrantos de la razón ni de los sentimientos. Tan suaves que no llevan a la confrontación irresoluble ni a la violencia irremediable. Tan suaves que son en realidad motivo para la suma y nunca para la resta, porque existe el deseo previo de carácter racional-sentimental de que sea viable su convivencia, de que la una se construya en armonía con la otra, de que una deba renunciar a veces en beneficio de la otra y para el bien de los ciudadanos.

Si se me permite la metáfora antropomórfica (de corte romántico, lo reconozco), para mí, Cataluña y España son mi familia sentimental, mi padre y mi madre (o viceversa) en la esperanza de que Europa se convierta en mi consorte. A veces creo que lleva razón una y a veces otra, y a veces ninguna o las dos su parte de razón. Y desde luego rechazo que alguna de ellas desprecie e ignore a la otra, que la convierta en el enemigo deshumanizado a batir haciendo de muchos ciudadanos como yo unos verdaderos prisioneros en una dialéctica de enfrentamiento que no deseamos. No acepto la sumisión de Cataluña en una España sorda a su realidad plural, una España unitarista dispuesta al grito de «antes roja que rota», una España que objetivamente trabaje para la separación de alguna de sus realidades nacionales al no querer reconocer que en la pluralidad se construyó España, y que si quiere tener futuro como entidad integradora, debe seguir apostando por un «ser histórico» (permítaseme el ontologismo) que sea precisamente el resultado de esa variedad tanto inicial como actual. La realidad «España» debe ser inclusiva para todos y no exclusiva de algunos. Ni tampoco acepto que los segregacionistas distorsionen la realidad haciendo de cada conflicto familiar un inevitable y deseable motivo de divorcio en la medida en que se expresa, en su opinión, una demostración más de la imposibilidad de tener dos amores a la vez y no estar loco, como diría mi admirado Antonio Machín. La realidad española tiene futuro en la medida en que sepa respetar, amar y hacer suyas a quienes la componen: las Españas. Y la manipulación interesada y constante de los agravios, reales o supuestos, no es la forma de construir la convivencia entre ellas. Ni tampoco las falsas imputaciones a partir de los prejuicios, algunos de ellos elaborados por los propios historiadores.

La historia de España demuestra por activa y por pasiva que siempre ha sido una entidad plural que ha ido fabricando, mal que bien, voluntariamente o menos, procesos de tendencia unitaria. Si España tuviera una «esencia», sería la de su pluralidad. Antes que nada, España ha sido y es las Españas. Y creo que su mejor futuro es precisamente continuar siéndolo y cumplir con lo que es una realidad empíricamente contrastable por la historiografía y por el presente. A saber: que hay catalanes, castellanos, andaluces, vascos, gallegos o extremeños, por ejemplo, que se sienten como tales al margen de que dicho sentimiento, como también pasa con el de sentirse español, pueda tener para el historiador una fecha de creación y haya sido producto, entre otros, de los intereses de clase, étnicos o de religión. Por eso pienso que buscar el equilibrio en el ejercicio del poder político entre la diversidad y la unidad en base a la libertad es lo que mejor nos conviene como seres humanos que gestionan y disfrutan generacionalmente de una parte del planeta. Compartir en el siglo XXI un Estado español hacia la construcción de un estado europeo en la aspiración a un estado planetario que dirija con armonía y ecuanimidad a los pueblos del mundo es lo que más me motiva en la acción política y lo que considero más pertinente para el loable propósito de combatir por el progreso humano, un propósito que tengo en la cabeza y en el corazón desde que conocí la lucha de la ilustración contra la barbarie y desde que entendí que lo realmente importante es el bienestar concreto y objetivo de los ciudadanos, sea cual sea la nacionalidad que desean sentir y adoptar. En definitiva, como afirmara en su día santo Tomás de Aquino, la «diversidad» del ser de los pueblos no tiene por qué confundirse con la «unidad» del hacer político. Es decir, que la pluralidad de las naciones y la unidad en la acción política refrendada por el derecho no tienen por qué resultar incompatibles para conseguir la vieja aspiración ilustrada de la «pública felicidad» y la necesaria conservación de la Tierra.

Algunos de mis estimados colegas verán sumamente atípicas estas páginas iniciales para tratarse de un libro de historiografía. Incluso tal vez algunos las considerarán improcedentes, inconvenientes o innecesarias. Que son inusuales, lo admito de entrada. Pero si fuere el caso de que opinaran que son prescindibles, entonces me permito disentir con amabilidad. Son oportunas por las siguientes dos razones principales. Primero, porque voy a ocuparme directamente de un tiempo histórico que todavía alimenta el imaginario colectivo de muchos catalanes y que forma parte de su opinión pública pensante: el siglo XVIII. Y segundo, porque voy a ocuparme indirectamente de una cuestión que ronda la cabeza y el corazón de muchos españoles presidiendo buena parte de la política hispana desde hace siglos: las distintas posiciones sobre la conveniencia o no de la incardinación de Cataluña en España, de la nación catalana en el Estadonación español, de una de las Españas en España. Y, en consecuencia con lo anterior, voy a ocuparme de analizar cómo los historiadores catalanes han contribuido a la creación del discurso histórico conformador del universo sentimental, intelectual y político de la Cataluña que se siente agraviada frente a la España que es supuesta o realmente agraviadora.

En el marco de este complejo, espinoso y veterano asunto de amplio espectro, largo recorrido histórico y profundo calado social, se trata por mi parte de analizar solamente la valoración que los historiadores catalanes han efectuado sobre el absolutismo borbónico del Setecientos en sus relaciones con Cataluña, y en qué medida las ideologías y posiciones políticas de estos estudiosos han podido contaminar sus análisis históricos e intervenir en unas interpretaciones del pasado que, a su vez, hayan influido en los políticos de cada presente. Y cuando digo sus posiciones políticas me refiero sobre todo a la geopolítica. Es decir, a cómo se organiza territorialmente el poder político en España y a cómo participan en él aquellas zonas peninsulares con mayor densidad y autoconciencia de hecho identitario diferencial. O dicho de otra manera: cómo ha podido influir en los historiadores catalanes su propia opinión geopolítica de la integración de Cataluña en España a la hora de investigar, interpretar y ponderar lo que el absolutismo borbónico representó para Cataluña, para España y para Cataluña en España.

Cuando contemplo Cataluña en la España de hoy desde mis ideas de cómo encaminarnos al pleno desarrollo humano, pienso que la política más adecuada para mantener el camino hacia el progreso y la modernidad de las dos entidades históricas es practicar una pluralidad geopolítica de corte neoaustracista que no olvide tampoco las buenas nuevas que para la formación de un Estado más racional y operativo aportó objetivamente el absolutismo borbónico de corte ilustrado y reformista del Setecientos. Es decir, que actuemos para seguir construyendo la idea de mantener un Estado capaz de albergar y matrimoniar España con las Españas. Un Estado autonómico hacia un Estado federal. Sin embargo, esta idea geopolítica sobre Cataluña en España que yo sostengo, espero que no contagie de presentismo, anacronismo, teleologismo e ideologismo mi propio análisis sobre el Setecientos o sobre lo que los historiadores catalanes han dicho acerca de él. Como ciudadano soy libre poseedor de un ideario sobre qué es y cómo podemos conseguir el progreso social, pero como científico trataré con todas mis fuerzas de que ello no contamine mi tarea intelectual de buscar la verdad histórica. Ese es mi objetivo último como historiador y el lector juzgará hasta qué punto he sido capaz de cumplirlo en el libro que tiene entre sus manos. Es mi más íntimo deseo seguir la senda de Jaume Vicens Vives cuando afirmaba que «no es pot fer una història que respongui a l’actual sentiment del poble català […] sino aquella història de les Catalunyes succesives, tal con elles han viscut, sentit i interpretat el món total (económic, social, polític, jurídic, bel·lic, religios i cultural) en què s’han trobat col·locades»[8].

Para ocuparme de este delicado y apasionante tema, demostrando mi decidida intención de que la ideología no merme mi narración historiográfica (o lo haga, en todo caso, con tan baja intensidad que no resulte adulterante), y para que el lector avezado pueda evaluar si es una meta finalmente conseguida por mi parte, me ha parecido menester que antes le informara abiertamente de cuál era mi posición política personal al respecto. Espero y deseo que así se entienda y así se acepte.

III

Agravio significa al tiempo ofensa, humillación, menosprecio, insuficiente aprecio o trato desigual a personas que tienen o creen tener el mismo derecho a algo en determinada situación. Es decir: perjuicio de uno respecto a otro. Aunque el agravio en principio viene definido en relación a las personas, con distinta intensidad la mayoría de los pueblos han sentido o sienten que en alguna etapa de su historia han sido o son en cierta medida perjudicados por otros pueblos, por el Estado propio o incluso por la comunidad internacional. Sentimiento de menoscabo de un pueblo que va unido a la percepción emocional de agravio al no ser aceptado por parte de otro u otros pueblos a causa de su idiosincrasia colectiva, de que no se asume lo que dicho pueblo quiere ser, de que no se respeta el idioma en que desea hablar, las costumbres en que expresa su forma de entender la vida o las leyes en que organiza la sociedad. Los agravios se generan en gran medida porque no se reconoce el hecho fundamental de quienes se consideran un pueblo con identidad propia y diferenciada. Y cuando un pueblo o una nación se antropomorfiza y se convierte en «persona», entonces el agravio se vive con más intensidad emocional, individual y colectiva, por parte de un sector, más o menos numeroso, según los períodos históricos, de la opinión pública.

Ahora bien, aceptando que buena parte de los agravios provienen de sentir que no se acepta el hecho diferencial, al mismo tiempo el agravio se convierte, objetivamente, en el eje vertebrador de tres importantes procesos. Primero, en un estímulo constante para la conformación identitaria de un pueblo y para su idea de ser específico y distinto al resto, alimentando de este modo la estrategia diferencialista y el sentimiento de excepcionalidad histórica. Segundo, en un acicate para hermanar a los ciudadanos en torno a una misma comunidad con similar destino histórico y para afirmarla ante los demás pueblos. Y tercero, en un poderoso incentivo para la movilización individual y colectiva dedicada a crear y defender la defensa común de ese pueblo ante los agravios que casi siempre resultan ser foráneos. O sea, que el agravio es un hecho poliédrico que en determinadas condiciones favorece asimismo la formación de la nación a través de la forja de un sentimiento común de identidad nacional que se alimenta de la ofensa exógena (y en ocasiones de los «enemigos» internos «antipatriotas») generando a menudo un casi inevitable victimismo. Y eso lo han sabido desde siempre los patriotas que con la mejor de las intenciones han deseado preservar a su pueblo en el arcoíris de las civilizaciones humanas. Empezando por quienes desde la política, en sentido amplio del término, han comprobado cómo el agravio podía ser una extraordinaria arma para la reivindicación y para la movilización popular, pero no olvidándose por supuesto de los intelectuales, incluyendo en primera línea a los propios historiadores, que no han resultado en absoluto ajenos a la creación y al manejo del agravio.

El agravio forma parte, pues, de la historia de los pueblos, forma parte constitutiva de la forja de las naciones culturales y políticas, y es especialmente estratégico para aquellos pensadores y políticos que sienten pertenecer a un pueblo, una nación, que tiene un Estado débil frente a otros Estados más poderosos (es el caso, por ejemplo, de la propia España en determinadas épocas). O bien a aquellos otros políticos e intelectuales que sienten pertenecer a un pueblo, una nación, que al no disponer de un Estado propio y exclusivo, al hallarse dentro de un Estado entendido por ellos como nacionalmente plural, les parece que su nación es agraviada y perjudicada por su propio Estado (es el caso, por ejemplo, de Cataluña en determinados períodos históricos). El agravio, al fin, resulta parte intrínseca de la formación de los nacionalismos y de sus estrategias y tácticas políticas. Casi podría pensarse que no hay nacionalismo sin teoría del agravio, como si en el guión de todo nacionalismo no pudiera estar ausente el agravio que conduce con frecuencia al victimismo que permite unir voluntades en torno a una misma bandera reivindicativa frente a la agresión exterior (real o supuesta): lo común y lo propio asumido de manera interclasista, frente a la alteridad de lo foráneo entendida como una globalidad amenazante.

Resulta obvio que el agravio nunca existe desde siempre. Es más, tiene una génesis histórica perfectamente identificable. Y en el origen de la formación de la idea de agravio con frecuencia hay al mismo tiempo realidad y falsedad que se mezclan con el paso del tiempo hasta convertirse en una leyenda indemostrable o bien en un axioma que no precisa verificación y que acaba forjando el imaginario colectivo de un pueblo. Ante los agravios, es labor específica y fundamental de los historiadores separar verdad de ficción, realidad de imaginación, rigor de manipulación interesada. Y no es tarea fácil, porque el agravio tiene de suyo ser materia resbaladiza inserta en el mundo de la ideología, sin bases certeras a menudo para la constatación empírica y que a la hora de la interpretación pende siempre de dos actores que no tienen por qué ponerse de acuerdo en si una acción resulta una «normalidad» o una «necesidad» comprensible o bien un «agravio» intolerable. El agravio puede existir desde la perspectiva del agraviado y en cambio ser inexistente desde la óptica del supuesto o verdadero agraviador. Así pues, ponderar la existencia objetiva de un agravio es una empresa que los historiadores deben ejercer a menudo, pero que se encuentra entre las que mayor dificultad tiene por prestarse, como pocas, al escurridizo terreno que delimita el conocimiento objetivo de la realidad histórica de una visión ideológica de la misma.

No obstante, al margen de que pueda constatarse si el agravio es objetivamente existente, también debe ser objeto de estudio por parte del historiador el hecho de que una élite social, una parte de la clase política, un sector de la intelectualidad o incluso la mayoría de una colectividad acabe configurando, en determinadas condiciones, una opinión pública mayoritaria que vive como agravio la actuación de un pueblo vecino, del propio Estado o de la comunidad internacional. Y ese «sentirse agraviado», esa «sensación» de estar siendo agraviado, ese «sentimiento» de ser objeto de una injusticia colectiva (que se asume también como un sufrimiento individual), tiene sin duda una «fabricación» intelectual que es posible estudiar científicamente por parte del historiador. El agravio pasa a ser al mismo tiempo una «idea» y «un sentimiento», a veces difusos pero realmente existentes, que funcionan en la vida social y política conformando mentalidades y emociones, identidades y conciencia nacional, proyectos ideológicos y programas políticos. Se abre de este modo una dialéctica entre el sentimiento de agravio y la elaboración de una doctrina operativa del agravio. En cualquier caso, pienso que es más factible analizar el origen, desarrollo y funcionalidad de un sentimiento y una teoría del agravio que la existencia objetiva del mismo, que siempre resulta más cercana al ámbito de lo ideológico.

En la historia de un país tan proclive al historicismo como Cataluña, en cuya vida social y política el diferencialismo (sobre todo con Castilla) ha tenido tanto peso, el agravio ha conquistado una entidad importante a la hora de fraguar el sentimiento de identidad colectiva, de pueblo diferenciado y de nación[9]. Importante porque los agravios son sentimientos de larga duración que pasan de generación en generación actuando, incluso, como catalizadores de la solidaridad entre ellas frente a la sagrada misión de seguir manteniendo la patria propia que se quiere defender de las amenazas externas (reales o supuestas). Dicen que Benjamin Franklin afirmó que las tres cosas más difíciles de este mundo eran guardar un secreto, aprovechar el tiempo y perdonar un agravio. O sea, que a lo mejor los agravios no hacen caso de la generosa recomendación de Honoré de Balzac cuando afirmaba que la vida no funcionaba sin grandes olvidos: las historias de las naciones, con o sin Estado, parecen necesitar los agravios para sentirse víctimas de alguna fuerza externa y así proceder a la agrupación de los ciudadanos-nacionales en torno a su defensa. El nacionalismo es también pasión y el agravio un operativo sentimiento que la alimenta, y por eso requiere a sus espaldas una teoría que tenga en el pasado su principal nutriente confirmatorio. En suma, el agravio sirve con eficacia en la tarea de nacionalizar a los pueblos.

Aunque no descarto emprenderla en el futuro, no es este el lugar para hacer una historia del agravio catalán que, por supuesto, sería una más entre las elaboradas por parte de numerosos pueblos y naciones. Pero sin el menor ánimo de exhaustividad ni de ofrecer opinión al respecto, baste recordar ahora el agravio sentido por muchos catalanes en la resolución de su guerra civil por parte de Juan II, el agravio cometido por Isabel la Católica excluyendo a los catalanes del disfrute colonial, el agravio producido por la mano enérgica del conde-duque de Olivares en 1640, los agravios denunciados en varios escritos por pensadores y políticos catalanes a lo largo del siglo XIX frente al castellanocentrismo, los innumerables agravios acumulados en las dictaduras de Primo de Rivera y de Francisco Franco o los más recientes agravios de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut de Catalunya o de la compleja cuestión de las balanzas fiscales. Es más, recordemos que en algunas ocasiones las quejas de las autoridades catalanas o de sus élites sociales ante la corona española han tomado precisamente la fórmula de un Memorial de Greuges (agravios[10]). Y recordemos igualmente que los catalanes contaron en los tiempos medievales con un Tribunal de Agravios dedicado a reparar las posibles injusticias cometidas por el poder real frente a cualquier súbdito, un tribunal que sin duda resulta un antecedente lejano del actual Síndic de Greuges. Los catalanes son, pues, un pueblo acostumbrado a sentir agravios y a exponerlos sin tapujos ante sus propias autoridades y ante las del Estado.

IV

Sabido es que las derrotas son tanto más efectivas que las victorias en la fabricación de la identidad y la cohesión nacional. El 11 de septiembre de 1714 es una fecha que ha adquirido como pocas la fuerza simbólica de un agravio para muchos catalanes. Desde entonces, ha sido considerado por numerosos pensadores y políticos como el mayor de la historia de Cataluña, precisamente por ser la funesta data que simboliza la pérdida violenta de los elementos más fundamentales del «hecho diferencial»: las Constituciones históricas, las instituciones propias y el inicio del declive del idioma autóctono. En definitiva: la «desnacionalización» de Cataluña de la que han hablado muchos historiadores como más adelante comprobaremos. Y sin duda, bien podemos estimarlo también como el agravio de mayor arraigo popular y el que se recuerda con más fuerza, persistencia y capacidad de movilización en la actual opinión pública catalana. Son de esos agravios que se transmiten con fuerza entre las generaciones, que se viven de manera interclasista y que prácticamente casi toda la clase política actual hace suyos de una u otra manera, aunque sea con diferente intensidad. Es, en buena medida, el Gran Agravio a Cataluña y el que durante mucho tiempo ha cimentado a otros agravios en buena medida considerados como una consecuencia del mismo. A pesar de que en su discurso de apertura de las Cortes de 1701, Felipe V manifestó explícitamente «que por motivo alguno no queden agraviados (los catalanes)»[11], los hechos posteriores condujeron al gran agravio que una parte importante de la sociedad catalana ha sentido siempre que no ha tenido todavía el conveniente «desagravio» y que, por tanto, no ha permitido restaurar plenamente la desafección emocional de un sector significado de los catalanes hacia la idea de España, especialmente de aquellos que se alistan en las diversas familias del catalanismo.

Debido a la certeza que tengo en esta afirmación, he escogido el siglo particularmente apasionante que esta simbólica fecha inaugura en la historia catalana como marco referencial para analizar las relaciones existentes entre las narraciones historiográficas construidas por los historiadores catalanes y los discursos ideológicos y políticos que han cobrado vida en Cataluña en los dos últimos siglos. Y también, como quiera que el agravio termina formando parte de una opción ideológica y política, me ha interesado estudiar en qué medida los historiadores hemos contribuido a su creación y difusión y con qué intensidad ha influido el sentimiento de agravio en nuestra historiografía.

Desde la llegada de los Borbones al trono de España y la pérdida de las instituciones catalanas de gobierno procedentes de la veterana configuración política medieval, un sector considerable de la sociedad catalana, especialmente de sus políticos y de su intelectualidad (con buena parte de los historiadores a la cabeza), ha vuelto su mirada con insistencia hacia el pasado para recordar que, en la veterana estancia de Cataluña en España, la primera se sintió y se siente incomprendida, desconsiderada y en muchos casos agraviada por una parte (en ocasiones se opina que más bien considerable) de los españoles (fueran los liberales o conservadores de antaño o sean las gentes de derechas o izquierdas de hoy en día). Sobre todo por los gobiernos de Madrid que han sido y son, cuya actuación se percibe de manera crítica al ser considerada como genéricamente centralista, más bien prepotente, desconocedora de la realidad catalana y cercenadora de su personalidad y sus intereses. En consecuencia, como una actuación poco benéfica para la sociedad catalana y para su modernidad y casi siempre tendente al desprecio frente a la catalanidad. Dicho en breve: como una gran incomprensión centralista ante la defensa catalana (léase: más bien catalanista) de su «hecho diferencial» y su distinta manera de entender España y, por tanto, la forma en que una parte de Cataluña desea estar e incardinarse en ella. Por eso, en el caso catalán, la política ha tenido tan poderoso influjo en la historiografía y la narración histórica del pasado tanta presencia en nuestro presente.

Entre buena parte de los intelectuales y políticos que desde el siglo XIX se ocuparon de reflexionar sobre la historia de las relaciones entre Cataluña y España a partir de la órbita del ideario catalanista, ha habitado el profundo convencimiento de que ha existido (y existe) un persistente agravio hacia los catalanes y su idiosincrasia y que el centralismo uniformizador español (más bien castellano, se dice) ha tenido mucho que ver en ello. Una profunda creencia de que la forma y manera en que Cataluña ha estado en España ha sido desde entonces cada vez más problemática a causa de un nacionalismo español excluyente que no ha sabido respectar la singularidad catalana. Para la mayoría de los autores no fue desde luego el absolutismo borbónico el que inició el agravio, pero sí fue el que lo llevó a su máxima expresión cuando borró del mapa al pactismo constitucional catalán por la fuerza de las armas.

La narración histórica básica de la mayor parte de este sector catalanista de la sociedad catalana que se ha sentido o se siente incómoda es bastante nítida. Si bien algunos escritores se remontan a los tiempos de unos Austrias que, en su opinión, ya empezaron a cercenar la primigenia libertad nacional catalana forjada en la época medieval, se argumenta que fue sobre todo a partir de la entrada de los Borbones cuando se arrebataron las instituciones tradicionales y se cercenó la lengua propia, y que con estas acciones se vieron severamente mermados el «ser» de Cataluña y la «conciencia nacional» de constituir una realidad histórica diferenciada. Y desde aquella época comenzó una evidente decadencia política nacional al tiempo que una lucha por recuperar la identidad cultural y la organización política particular de la nación catalana como paso previo y necesario para devolverle su plenitud y con ello un nuevo esplendor. Fue desde entonces, se argumenta, cuando la progresiva creación de un nacionalismo español castellanista propició una visión centralista del Estado que arrumbaba con la pluralidad de las Españas y con cualquier posibilidad de autogobierno y de libertad nacional catalana, bases indispensables para la plena realización de Cataluña como nación desarrollada y moderna al estilo de las europeas. Y como fruto de esta situación, también desde entonces se ha instalado en una parte considerable (aunque variable según los períodos históricos) de la sociedad catalanista un doble sentimiento: no nos comprenden y además nos agravian, y ambas conductas sumadas nos hacen muy difícil sentirnos y considerarnos lo que realmente queremos ser, españoles diferentes. O sencillamente no españoles, dado que se piensa que la actitud de prepotencia e incomprensión del nacionalismo español es inevitable por consustancial con él. En suma: España como problema más que como una solución para conseguir la modernidad y el mantenimiento del hecho nacional catalán.

La presente obra pretende aportar alguna luz sobre cuándo, cómo y por qué se ha ido gestando la idea de esta situación de incomodidades, desencuentros y desafecciones (temporales o definitivas) de una parte significada de la sociedad catalana respecto al sentimiento de españolidad. Ha habido ya importantes historiadores que desde la historia política o cultural se han ocupado del tema con resuelta eficacia[12]. El libro que ahora tiene el lector en sus manos desea hacerlo estudiando el discurso de los propios historiadores catalanes, precisamente uno de los colectivos intelectuales que, a mi juicio, más ha influido en la formación de estas ideas y de estos sentimientos de reivindicación nacional frente a las incomprensiones y los agravios (reales o supuestos) de una parte de la sociedad española. Y por especialidad historiográfica del que escribe y porque me parece que es un período histórico donde se centra de manera diáfana el discurso sobre el agravio, el presente trabajo se ocupará únicamente de aquellos historiadores más relevantes que, desde Antoni de Capmany hasta la actualidad, se han dedicado a valorar lo que representó el absolutismo borbónico para Cataluña desde la llegada de Felipe V hasta la guerra de la Independencia que lo alteraría sustancialmente.

V

Como es bien conocido, la historiografía ha tenido siempre una fuerte vinculación con la política y con el nacionalismo[13]. De hecho, más que la propia ciencia histórica, ha sido harto frecuente que los intereses de esos dos factores sean los que, en las diversas épocas, han señalado la actualidad e importancia de los diferentes acontecimientos del pasado. Cuando en 1989 el gobierno socialista decidió conmemorar el bicentenario de la muerte de Carlos III, no deseaba celebrar una mera efeméride cultural[14]. La intención iba más allá. Se trataba, ante todo, de política. Lo que se pretendía era visualizar, ante la opinión pública, la existencia de una especie de puente hereditario entre el tercer Borbón y los socialistas a la hora de establecer la actuación política más adecuada que debía realizarse, en aquel entonces, para conseguir un sostenido progreso de los españoles hacia la definitiva modernidad que disfrutaban los países más avanzados de la Europa Occidental.

Los socialistas deseaban dar a entender que ellos eran los herederos políticos de un soberano y de unos ministros de corte reformista e ilustrado, que habían luchado por regenerar y modernizar España y ponerla en sintonía con la mítica Europa a través de una moderada y gradualista reforma global del país. Modernidad y europeísmo que, a su criterio, estaban en aquellos momentos edificando, con actuaciones estratégicas, los gobiernos presididos por Felipe González. Es decir, los socialistas se sentían y proclamaban herederos políticos del reformismo carlotercerista y de la Ilustración. Un movimiento regeneracionista que ellos pensaban, sin embargo, que pese a los loables esfuerzos del tercer Borbón y del patriotismo crítico de significados hombres de Estado, no había podido presidir la vida de los españoles en los siglos sucesivos al Setecientos, ocasionando con ello numerosos enfrentamientos fratricidas y el enorme retraso histórico que España atesoraba todavía frente a otros países europeos[15]. La idea, pues, estaba clara: la posibilidad de alcanzar el progreso y la modernidad aparecía de nuevo ante los españoles con los gobiernos socialistas de Felipe González.

Que se trataba especialmente de política lo entendió enseguida Jordi Pujol. El entonces presidente de la Generalitat de Cataluña oteó en el horizonte el posible peligro de que los socialistas hicieran una lectura interesada y parcial de Carlos III. Y sin dudarlo, pronto se puso a organizar su propia celebración, centrada sobre todo en ensalzar las realizaciones de los propios catalanes antes que en ponderar las políticas de los gobiernos carloterceristas[16]. También dejó escrito el mandatario nacionalista otro mensaje importante: que no compartía en absoluto lo que, a su juicio, era el oculto intento de los socialistas de aprovechar la reivindicación del tercer Borbón para alabar y avalar un modelo neocentralista y neodirigista, un modelo jacobino actualizado proclive nuevamente a la uniformidad y a la homogeneización, un modelo recubierto de un halo de progresismo, modernización y europeidad derivado de un espíritu neoilustrado más aparente que real.

Pujol no se abstuvo de señalar sus principales preocupaciones en torno a las que consideraba las verdaderas intenciones políticas del centenario carolino promovido por los socialistas:

Ara podría tornar a pasar aixo: que «sin que se advierta el cuidado» [se refiere a la orden de Felipe V dirigida a los corregidores para introducir el castellano con eficacia pero con disimulo] ens fessin unes propostes aparentment —o fins i tot realment— modernitzadores i europeïtzadores, pero centralistes i dirigistes i, fins i tot, fetes desde la prepotència —que tot plegat seria una mala manera d’actualitzar el despotisme— i amb voluntat de diluir la nostra personalitat collectiva. I tot això embolcallat d’illustració, probablement aquesta en part aparent[17].

Para el mandatario catalán, había algo en juego que era ciertamente muy importante: la posibilidad de que la reflexión histórica que se hiciera sobre Carlos III pudiera fundamentar en los gobiernos socialistas políticas de presente que fueran exactamente al contrario de lo que inspiraba la acción nacionalista del gobierno catalán que él presidía[18].

Felipe González y Jordi Pujol eran y son dos dirigentes con visión de estadista a quienes el referente histórico les resulta particularmente importante para edificar sus posicionamientos políticos. Dos políticos de largo alcance convencidos de que en la batalla de las ideas por conseguir una Cataluña y una España mejor, la historia tiene un lugar importante y el Setecientos es una centuria que dispone de una gran fuerza evocadora a la hora de decidir sobre las políticas a realizar. Un siglo que aportaba al menos tres grandes referentes: el reformismo como estrategia política para la conquista de la modernidad, la europeización como destino y la definitiva conformación de una conveniente dialéctica entre España y las Españas. Y si en las dos primeras cuestiones podían y pueden estar más o menos de acuerdo ambos mandatarios, en la tercera cada cual tenía y tiene sus propios criterios sobre la incardinación de Cataluña en el Estado español, posturas matizadamente diversas en parte derivadas de la distinta valoración histórica del absolutismo reformista borbónico y del alcance positivo o negativo de la Ilustración para las naciones sin Estado particular.

En cualquier caso, a partir de esta referencia de entrada quisiera dejar sentadas dos ideas básicas. La primera es bien conocida, pero creo que debe ser recordada con mayor frecuencia: el peso que la narrativa histórica tiene en la política con mayúsculas. No hay política sin historia, no hay política sin nutrientes que, originados en la reflexión sobre el pasado, deseen alimentar las propuestas sobre el presente y el futuro que los políticos hacen a la ciudadanía en cada contexto histórico. En la pugna política por decidir el futuro, también hay una confrontación historiográfica por definir el significado del pasado. Tanto entre las huestes conservadoras como entre las progresistas, el historicismo, entendido aquí como una potente valoración de la historia para la creación del presente, lleva mucho tiempo actuando en tierras hispanas. Y eso, desde luego, no solo me parece legítimo sino también conveniente para el buen devenir de las sociedades. Con una condición imprescindible: que el discurso histórico del que se alimente la política no esté guiado por las ideologías que se dedican de suyo a programar la ordenación axiológica, económica, social, política y cultural de la sociedad, sino por el quehacer científico del historiador, alguien que no debe pretender decir, en el ejercicio de su oficio, lo que «deber ser» la realidad, sino únicamente lo que a su entender científico «aconteció en el pasado» y los cómos y los porqués de dicho suceder histórico buscando una explicación racional-comprensiva del funcionamiento y cambio de las sociedades humanas. Cosa que no siempre ha ocurrido y ocurre, pues con mayor o menor grado de conciencia, y a veces sin ninguno, sucede con frecuencia la situación inversa: historiadores que alimentan su discurso histórico con el abono de sus creencias sobre lo que debería ser el presente. Y con ese grave inconveniente epistemológico, no es de extrañar que algunos de los mejores teóricos del conocimiento hayan fruncido el ceño ante la posibilidad de que los investigadores del pasado ocupemos nuestra propia rama en el frondoso árbol de la ciencia.

La segunda idea básica que me gustaría señalar desde el principio es que, en el caso de la historia de España y de la historia de Cataluña (como por lo demás ocurre en la de otros muchos países), la ideología nacionalista ha influido gravemente en la objetividad y en la ecuanimidad que debe ser el patrimonio deontológico propio de los historiadores como científicos sociales que somos. O dicho en román paladino: que en la concienzuda tarea empírica e interpretativa de los historiadores, sus ideas y sentimientos políticos de carácter nacional y/o nacionalistas han contaminado a menudo sus explicaciones sobre el devenir de las sociedades humanas en el pasado. Es decir, que la visión nacionalista de la nación ha condicionado la tarea de buscar la comprensión racional de la condición humana en sociedad.

El nacionalismo trata casi siempre de fijar un canon oficial del pasado histórico de acuerdo con sus necesidades políticas coyunturales o estratégicas. En consecuencia, las lógicas y legítimas demandas de la política y de los políticos han sido atendidas por el trabajo de la historiografía sin respetar a menudo la deontología básica del oficio. A saber: ponerse únicamente al servicio de conseguir la verdad histórica mediante la neutralidad ideológica y política cuando se está ejerciendo el antiquísimo oficio de historiador y se está librando la batalla por dominar el conocimiento del pasado. A saber también: no ponerse al servicio de la creación de un canon de historia nacional oficial ni tampoco de la creación del imaginario nacional-nacionalista; no dedicarse a atender solícitamente, sin respeto por las exigencias de la ciencia, las demandas por parte de los políticos nacionales-nacionalistas de un discurso histórico que construya artificialmente un pasado común integrado e inmemorial aunque no sea verídico; no cubrir las necesidades siempre cambiantes de legitimación del poder y sus instituciones a través de un conocimiento histórico que no respete la ética profesional básica de buscar la explicación objetiva del pasado; en suma, no contribuir a «nacionalizar» de manera espuria el discurso sobre el pasado siguiendo, más allá de la razón empírica, la senda marcada por los nacionalismos[19], una senda que termina configurando obligados libros de texto para la conveniente nacionalización de los ciudadanos[20]. Y estas afirmaciones valen de igual modo para quienes se ocupan de la historia de Cataluña y de otras comunidades autónomas como para quienes lo hacen de la historia común de España[21]. En la historia de la historiográfica resulta evidente que el nacionalismo ha sido un factor siempre muy influyente, del mismo modo que la historia de los nacionalismos resulta muy difícil de entender sin las aportaciones de la historiografía.

Las interpretaciones sobre el reinado de Carlos III del político español González y del político catalán Pujol tienen algunos puntos en común pero también notables diferencias cimentadas sobre todo en su particular concepción del hecho nacional (español y catalán) y en su consiguiente visión histórica de España y de Cataluña. González ve Cataluña desde España, Pujol contempla España desde Cataluña. González ve España con comunidades autónomas, Pujol con naciones y regiones. A González le parece mal un Estado jacobino y le parece bien la idea de las Españas siempre que no vaya demasiado lejos y se mantenga la unidad de un Estado funcional y moderno a través del federalismo. En cambio, a Pujol se le antoja que las Españas son la esencia propia de España y el camino que esta debe andar hasta sus máximas consecuencias confederales, una senda que de no recorrerse puede traer consecuencias graves como la definitiva desafección de Cataluña hacia España y la demanda final de independencia, opción política que finalmente parece haber transitado en tiempos recientes el mandatario catalán.

Pues bien, como ninguno de estos veteranos políticos pertenece a la academia de Clío, es lógico pensar que en el origen de sus respectivas visiones se encuentran también informaciones y discursos históricos producidos por los historiadores. Y esa sempiterna influencia de los académicos en los políticos les confiere a los primeros la responsabilidad, ante sus conciudadanos, de procurar el mejor y más objetivo conocimiento humanamente posible sobre Carlos III, su acción de gobierno y la relevancia de la misma para las generaciones posteriores. Así pues, las veteranas vinculaciones entre la historiografía, la política y el nacionalismo son de una gran trascendencia social. En ellas se ubica la creación de ideas, creencias, sentimientos, imaginarios, estereotipos y axiomas que los diversos pueblos manejan en sus relaciones entre sí, y que les aproximan o alejan según sean sus contenidos y según sean los mismos políticamente utilizados. Por eso, afinar bien en esa tarea me parece de la mayor relevancia. Especialmente en el caso hispano.

Los historiadores tenemos, en suma, una gran responsabilidad: historiar en beneficio de la verdad histórica a la que tienen derecho los ciudadanos para que puedan construir libremente sus proyectos de presente y de futuro mediante un conocimiento científicamente elaborado del pasado. Debemos recordar desde luego las limitaciones que la ciencia posee todavía en busca del Santo Grial de la verdad, especialmente en el caso del conocimiento historiográfico del pasado, pero eso no es óbice para no reconocer que constituye el mejor camino racionalmente construido hasta la fecha para dar cuenta veraz del funcionamiento y cambio de las sociedades humanas en el tiempo. Por eso repito a menudo que los historiadores no debemos fabricar «memoria», sino ciencia[22].

Lo que el presente estudio intenta es precisamente analizar las relaciones que en el tema del absolutismo borbónico han tenido la política con la historiografía, con especial pero no exclusiva atención a la influencia del nacionalismo en la conformación del discurso histórico y, mediante este último, en la fabricación de los imaginarios colectivos y los lugares comunes de identidad, que han ido configurado en bastantes catalanes una determinada «memoria histórica» en cuyo seno también figura la «memoria de los agravios». Como ya han realizado diversos autores, se trata de un asunto que es igualmente necesario estudiarlo para otros muchos países. Valdría analizarlo sin duda, y no descarto hacerlo en el futuro, para el caso del conjunto español[23]. Pero me ha parecido oportuno hacerlo primero sobre Cataluña porque resulta evidente la relación que en este caso ha existido y existe entre política, nacionalismo e historiografía a la hora de abordar los reinados borbónicos. Y también porque me preocupa y ocupa que el país donde vivo construya sus proyectos de presente-futuro sobre una base histórica sólida y contrastada, una base en la que no tengan cabida las ideologías en el oficio del historiador.

Un país que yo concibo edificándose sin manipular su pasado con la excusa de servir a los intereses del presente, siempre definidos estos por determinadas corrientes ideológicas y/o políticas que batallan por conseguir la hegemonía moral, cultural, sentimental, ideológica y, por supuesto, el poder político. Y un historiador que yo no concibo comprometido con la creación de la identidad nacional de ninguna nación, con dar «natural» continuidad desde el pasado hasta el futuro a ningún hecho nacional, sino obligado a la elaboración de una narración histórica respetuosa con la cultura científica que huye del adoctrinamiento canónico-patriótico de los ciudadanos y que se ocupa de explicar mediante el racionalismo crítico la evolución de las sociedades. El historiador puede, si lo tiene a bien, contribuir a formar o consolidar una etnia, una clase social, una religión o una nación, pero debe hacerlo aportando conocimiento objetivo de la realidad pasada. Y ello ha de ser así no solo obligado por su deontología profesional, sino por la práctica de un tipo de ciudadanía que sabe que hay que construir las sociedades (o las naciones) bajo la égida de la verdad para poder ser realmente libres. Por eso, para quien esto escribe, nada más patriota que ayudar a preservar el derecho a la verdad que tienen los ciudadanos.

Cuando un pueblo experimenta una contienda bélica que dura varios años, las siguientes generaciones no suelen perder la memoria con facilidad. Menos aun cuando se trata de una guerra civil fratricida. Y todavía menos, si cabe, cuando la derrota por las armas de una de las opciones en litigio supone la imposición de un ordenamiento político, institucional y jurídico nuevo que sustituye de cuajo el modelo hasta entonces legalmente establecido. Y si en esa disputa han intervenido fuerzas militares foráneas que apoyaban a los bandos contendientes, pues entonces los motivos para no perder la memoria histórica parecen acrecentarse con el paso de las generaciones entre quienes se consideran legatarios ideológicos y sentimentales de las distintas posiciones enfrentadas. Leídas esas afirmaciones, pudiera pensarse que estoy aludiendo a un país llamado España y a una guerra civil que finalizó el 1 de abril de 1939. Desde luego que tal presunción pudiera ser perfectamente correcta por lo escrito, pero ese no es el tiempo histórico al que yo dedico mis desvelos. Me estoy refiriendo a otra contienda civil distinta pero con importantes similitudes: a la guerra de Sucesión a la monarquía española a principios del siglo XVIII. Y me estoy refiriendo a Cataluña, que con colaboraciones y conflictos, acercamientos y alejamientos, se inserta en el «continente España» desde hace cinco siglos.

A partir del momento mismo de su finalización, la contienda sucesoria se convirtió para bastantes catalanes de diferentes generaciones en un referente histórico, político y sentimental de primer orden. En el rayo que no cesa y en el origen de un debate que parece interminable. En un tiempo para el recuerdo sostenido de la batalla perdida, para la permanente reflexión identitaria y para la recurrente añoranza por el «mundo arrebatado» del autogobierno. En un tiempo histórico al que acudir para pensar sobre lo que los catalanes somos y hacemos en cada época y en una etapa histórica evocadora y referencial para que cada cual (individuo, grupo social, partido político, movimiento cultural) pueda proponer las estrategias de futuro que le parezcan mejores para el país. De hecho, era humanamente difícil que fuera de otro modo: enfrentamiento entre catalanes con ayudas militares foráneas, miles de muertos, pérdida de bienes y haciendas, ciudades destruidas, exilios borbónico y austracista, heroica resistencia final barcelonesa y supresión de la mayor parte del régimen político que hasta entonces había regido a Cataluña dentro de la monarquía española, conforman una cruda realidad difícil de soslayar para las generaciones posteriores. Un episodio histórico que no fue nada fácil de olvidar en las décadas siguientes tanto para los catalanes borbónicos que vencieron, como para los catalanes austracistas que fueron derrotados y para todos aquellos catalanes que no se alistaron en ninguno de los dos bandos[24]. Ni tampoco para las autoridades de la monarquía.

Pero el recuerdo, la reflexión y la añoranza no solo se han ocupado de la guerra sucesoria y de la derrota militar de 1714, sino también de lo que vino después: el recorrido histórico de Cataluña dentro del nuevo régimen del absolutismo borbónico. Y en ese evocar, en ese reflexionar y, por qué no decirlo también, en ese añorar, los historiadores catalanes hemos tenido un papel más que significativo como estudiosos encargados de crear el conocimiento del pasado y de fabricar, y a veces también gestionar, una memoria histórica dirigida al consumo de las clases dirigentes, al consumo de los políticos profesionales y al consumo popular. Una gestación y una gestión de la memoria no siempre realizada, por cierto, con esmero heurístico, con ecuanimidad interpretativa y con la debida actitud de neutralidad ideológica por parte de los investigadores, puesto que a menudo el conveniente, legítimo e inevitable impulso de la política hacia la historiografía se ha transmutado en una actitud partidista que interpreta el pasado al gusto y necesidades de las ideologías del presente, lo cual no ha resultado nada infrecuente entre los investigadores catalanes desde los tiempos de la Renaixença, dado que no siempre se ha sabido leer el siglo con la necesaria anulación emotiva que exige la práctica del método científico en busca de la verdad histórica, es decir, con la fredor catalanesca que precisamente Antoni Rovira i Virgili reprochara a Jaume Vicens Vives. En asuntos de la guerra de Sucesión y de la Cataluña del Setecientos, la hipoteca ideológica a la hora de estudiarlos ha sido más que notable.

Así pues, la contienda sucesoria y la implantación del absolutismo borbónico en la España del Setecientos, y lo que ello representó para el devenir histórico de Cataluña, han sido temas recurrentes en la historiografía catalana desde principios del Ochocientos[25]. Y casi siempre ha presidido esta inveterada atención la existencia de una doble realidad empíricamente contrastada y que, a menudo, para muchos intelectuales y políticos ha resultado desconcertante y paradójica, cuando no ideológicamente indeseable, y a la que algunos autores han querido dar también una conexión de causa y efecto. Por un lado, la supresión del modelo político de la monarquía paccionada de los Austrias y la eliminación de la mayor parte del patrimonio constitucional catalán. Y por otro, la existencia de un siglo mucho más dinámico y creativo (en lo económico, en lo social y en lo científico-cultural) que las dos centurias precedentes, calificadas incluso, con algo de exageración, como siglos de decadencia[26].

Desde hace casi tres centurias el debate permanece abierto y tal parece que nadie lo pueda cerrar, ni siquiera provisionalmente. Algunas preguntas resultan ya clásicas pero se mantienen con una pertinaz actualidad. ¿Fue positivo o negativo para los catalanes aquel cambio de régimen político? ¿Representó para Cataluña la «modernidad» y el «progreso»? ¿Fue neutro al respecto o por el contrario retrasó su llegada? ¿Hubo relación entre el cambio de régimen político y el dinamismo económico y social del Setecientos catalán o fueron elementos independientes? ¿Se acomodaron los catalanes al nuevo marco institucional o mantuvieron una velada o explícita actitud de crítica política que derivó en disidencia y oposición hacia el mismo? Y si se acomodaron, ¿fue por imperiosa resignación ante la presencia militar borbónica, por pragmatismo o por progresivo convencimiento ante los beneficios que reportaban las actuaciones de los nuevos gobernantes borbónicos? ¿Perdió fuerza y densidad la identidad catalana durante el expansivo Setecientos al desaparecer sus instituciones políticas tradicionales? ¿Cambiaron los catalanes conciencia identitaria colectiva por progreso material y coadyuvaron con ello a la «desnacionalización» del principado? Y junto a todas estas preguntas, también se han formulado últimamente interrogantes de tipo contrafactual del siguiente tenor: ¿Hubieran alcanzado antes Cataluña y toda España la modernidad política y el progreso económico con el mantenimiento de la monarquía agregativa de los Austrias y de las Constituciones catalanas, aragonesas y valencianas? ¿Hubiera sido más positiva para los catalanes la vinculación de su economía a la suerte de la inglesa y holandesa como deseaban los principales comerciantes austracistas?

Como no podía ser menos, para formular y aclarar estos interrogantes se han situado en primera línea los historiadores, cuyas opiniones han sido demandadas de manera insistente por la sociedad y, sobre todo, por la clase política catalana (y en su caso española) de cada tiempo, ávida de encontrar en lo histórico referentes de calado con los que certificar, legitimar y dotar de garantías de coherencia con el pasado a sus posiciones ideológicas y políticas de presente, que han sido desde entonces muchas y variadas. En este caso, la historiografía ha funcionado con frecuencia como un copioso mercado a donde ir a buscar las ideas y los episodios históricos más convenientes para dar solidez a las respectivas ideologías y a los correspondientes proyectos políticos y de donde extraer, con frecuencia de manera interesada, parcial y sesgada, las supuestas lecciones del pasado que los mismos precisaban. Estar en conexión «lógica» con la profundidad del pasado parece otorgar a los contemporáneos de cada época mayores márgenes de seguridad sobre su futuro.

Ante el panorama de una historiografía catalana sobre el Setecientos en la que ha sido poco usual la reflexión sobre los paradigmas interpretativos y su validez científica, y haciendo caso al maestro Pierre Vilar cuando afirma que la historia de la historiografía es uno de los ejercicios intelectuales más fructíferos que pueden realizarse[27], no resultará ociosa una excursión reflexiva por la misma para analizar lo que han afirmado sus oficiantes y para evaluar cómo se encuentra la última hora de nuestros conocimientos sobre las relaciones entre los catalanes y el absolutismo borbónico en el Setecientos. Y ello con una triple intención: reflexionar sobre la función de los historiadores en la conformación de los idearios políticos, estudiar su papel en la creación de los sentimientos de agravio y ofrecer algunas opiniones sobre los serios inconvenientes que pueden derivarse de la influencia de los discursos políticos y las ideologías en el oficio de historiar[28].

Adelanto ahora que me ocuparé de lo que han dicho los principales historiadores sobre el conjunto de la centuria, empezando por la guerra de Sucesión y acabando en muchos autores por la guerra de la Independencia. Acerca de la primera, bien sé que ha habido cualificados colegas que se han ocupado de su historiografía[29]. Pero en mi caso, es ineludible referirme a ella porque la opinión que tengan nuestros historiadores sobre tan trascendental acontecimiento permite comprender y calibrar mejor la ponderación que después realizan sobre el resto del siglo en el caso de quienes se ocupan también de su transcurso. Y no menos permite comprender igualmente la posible influencia de los posicionamientos ideológicos y políticos personales de dichos historiadores. En cuanto a la segunda contienda, ocurre otro tanto: la interpretación que los estudiosos realizan sobre ella es vital para entender su valoración final sobre las relaciones entre los catalanes y el absolutismo borbónico durante la centuria que le precede, pues en dicha guerra se puede contemplar en cierta manera la culminación de las mismas[30]. De este modo, conocer y ponderar la posición de los diversos historiadores sobre la entrada y el cierre de la centuria en Cataluña es fundamental por motivo de la misma índole: posibilita analizar la valoración que tienen de la herencia de la monarquía paccionada de los Austrias y la que efectúan de la herencia de la monarquía absoluta de los Borbones del Setecientos.

Además de esta atención a una y otra convulsión bélica, la tarea central de la presente obra se situará, como anunciaba líneas arriba, en analizar cómo la historiografía catalana, desde el siglo XIX hasta la actualidad, ha valorado el Setecientos catalán en su conjunto, cómo ha ponderado los diversos acontecimientos y las diferentes realizaciones, qué balance ha realizado de las vinculaciones que los catalanes tuvieron con el absolutismo borbónico como nuevo modelo de funcionamiento político de la monarquía española tras la guerra sucesoria, cuáles fueron los «agravios» cometidos y, por último, cuáles son las opiniones existentes entre los estudiosos sobre lo que la centuria representó para la posterior historia de Cataluña y de España. En ocasiones ofreceré también la palabra a destacados políticos o pensadores, pero en esencia son los servidores de Clío quienes ocuparán centralmente mi atención en el convencimiento de que sus escritos condensan una parte importante de la génesis de las producciones intelectuales de y sobre la Cataluña que se siente agraviada. Parecerá acaso poca cosa ocuparse solo de los historiadores sobre esta época en un tema de tanto alcance y complejidad, pero pienso que es precisamente en este colectivo de estudiosos donde cristalizan los discursos que, paralelamente o con posterioridad, fabrican los políticos y que han acabado cuajando en el seno de importantes sectores de la opinión pública catalana desde el siglo XIX hasta la manifestación del 11 de septiembre de 2012. Sin más dilación pasemos, pues, a escuchar la voz de los historiadores catalanes desde que Antoni de Capmany tomó la palabra.

Capítulo 1
LOS HISTORIADORES QUE VENÍAN DEL SETECIENTOS

La historiografía catalana tardó un tiempo en convertir el Setecientos en un objeto de atención y estudio. Sin dedicarse específicamente a historiarla, Antoni de Capmany, nieto de una familia austracista, miembro de la Real Academia de la Historia y de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona, ferviente estudioso de la lengua castellana[31] y según los diversos autores el mejor historiador y el más destacado intelectual catalán de aquella centuria, ofreció durante la mayor parte de su vida una valoración genéricamente positiva de un régimen en el que participó activa y convencidamente como militar, funcionario, intelectual y político[32].

Así lo podemos comprobar de forma temprana en su primera obra, el Comentario sobre el Doctor Festivo y Maestro de Eruditos a la Violeta publicado en 1773 con el seudónimo de Pedro Fernández[33]. Elaborada tras abandonar el Ejército y escrita en diálogo con Los Eruditos a la Violeta que el también militar José Cadalso había publicado frente a las opiniones críticas de Montesquieu sobre la situación de España, Capmany, desde una óptica optimista sobre las posibilidades transformadoras de las reformas ilustradas propia del círculo sevillano liderado por el peruano Pablo de Olavide[34], y tras recordar que la monarquía hispana había dormido siglo y medio y que era «un cuerpo exhausto y calcinado»[35], señala como señeros vivificadores patrios a Felipe V primero y a Carlos III después, pues en su opinión gracias a ellos España estaba empezando «a gozar de una edad dorada»[36]. Opinión que reafirma en su Discurso de ingreso en la Academia de la Historia en 1775 al declarar que «debe a todos consolarnos que bajo el augusto trono de Carlos III, monarca hecho para volver su pueblo feliz y sabio, empezamos a prepararnos una edad de oro»[37]. Y opinión positiva que en 1782 vendría nuevamente a recordar con ocasión de su entrada en la Academia de Buenas Letras de Barcelona, cuando afirma:

En este siglo sabio la España puede serlo sin embarazo. No yace postrada esta Monarquía como en la época fatal en que el esplendor y grandeza Austríacas iban a desaparecer de la faz de la tierra. Solo la Providencia divina enviándonos al animoso Nieto de Luis el grande pudo levantar este Reyno de sus ruinas […] Pero debe a todos consolarnos el que bajo el augusto Reynado de Carlos III, príncipe cortado para hacer a su nación sabia y feliz, empezamos a prepararnos una edad dorada luego que logremos ver el templo de Jano cerrado y el de Apolo abierto[38].

En la polémica entre conservadores y renovadores, es decir, entre antiguos y modernos, Capmany se sitúa junto a la dinastía borbónica porque considera que se apoya en los «modernos» reformistas moderados que no quieren echar innecesariamente por la borda algunos de los «antiguos» valores hispánicos y que, rechazando convertirse en culturalmente serviles respecto a las aportaciones de otros ilustrados europeos, propician, al mismo tiempo, la renovación de un país que todavía necesita un fuerte empeño regenerador pese a estar mejorando con las nuevas políticas reformistas, las mismas que precisamente han de ponerlo al día de esa «escuela general de civilización» que es Europa y restituirlo en sus antiguas fuerzas de la época de los primeros Austrias. Es un Capmany optimista que está convencido de las bondades que para la necesaria modernización de España representa la idea de progreso sostenida por los ilustrados ingleses y franceses.

Así pues, mediante un patriotismo crítico pero respetuoso con la tradición hispana y sumergido en la creencia de que la idea ilustrada de progreso era una eficaz herramienta vertebradora para la actuación política y la explicación histórica, Capmany apuesta por apoyar a una dinastía que respalda el avance social por acumulación de mejoras graduales de lo que el pasado ha legado, criticando lo inválido de la tradición pero aceptando a su vez aquella parte de la misma que no impedía seguir avanzando por la senda marcada por el nuevo espíritu de la Ilustración para la imprescindible renovación de España. Y su participación reclutando artesanos catalanes para las poblaciones de Sierra Morena, resulta, entre otros, un buen testimonio de su optimismo reformista respecto a las políticas regeneradoras que en esos momentos impulsaba la monarquía borbónica y de cómo las gentes del principado podían aportar importantes contribuciones a las mismas.

Participando de este optimismo que la expansión económica de la época le venía a confirmar, también valora positivamente a la nueva dinastía cuando al publicar en 1779 sus famosas Memorias históricas sobre la marina, comercio y artes de la ciudad de Barcelona recuerda de nuevo que la «Providencia» había enviado a «este reino (España) para reanimarlo a la augusta familia de Borbón representada en su pío y animoso Felipe»[39]; una Providencia que también «decretó que fuese colocado en el trono de las Españas, al mejor de los príncipes, al más tierno padre de los vasallos, a un héroe en su vida privada y pública, en fin, a Carlos III»[40]. Y no son menos halagadoras sus palabras cuando, en el tercer tomo de las esas mismas Memorias históricas, publicado en 1792, reafirma sus elogios hacia el absolutismo borbónico carlotercerista: «¿Qué era la Sierra Morena antes de las nuevas poblaciones, obra inmortal de la grandeza y beneficencia de Carlos III? ¿Qué era, en fin, la España toda antes que entrase a ocupar el trono la Augusta casa de Borbón? Un cuerpo cadavérico, sin espíritu ni alma para sentir su misma debilidad»[41].

Salvo sus aceradas críticas a la gobernación de Godoy en tiempos de Carlos IV, idéntica opinión favorable hacia el absolutismo borbónico muestra Capmany en sus Cuestiones críticas de 1807, cuando al reflexionar sobre el estado de la economía española recuerda que al finalizar el reinado de Carlos II la situación de España era la de una monarquía en decadencia que los reinados borbónicos habían resucitado colocándola en una mejor situación económica que en los tiempos anteriores. Una mejora producida también en el caso particular de Cataluña, pues Capmany considera que en los tiempos de los Austrias el principado había padecido los inconvenientes de su incorporación a la monarquía imperial así como disfrutado poco o nada de los posibles beneficios. Una mejora de Cataluña que iba ser especialmente visible a partir de su participación en el comercio americano decretada por Carlos III y que había «casi triplicado su vecindario y aumentado la agricultura y la opulencia hasta un grado incomparable con el estado que tenían antes». Una inclusión en el comercio americano que, en opinión de Capmany, finalizaba con la injusta exclusión del tráfico indiano que durante siglos Castilla había realizado sobre los habitantes de la Corona de Aragón como si fuesen extranjeros[42].

Sin embargo, esta genérica (y en algún caso ciertamente algo protocolaria) valoración positiva de buena parte de las actuaciones de los tres primeros reyes Borbones respecto a los españoles en general y a los catalanes en particular le resultó a Capmany compatible con otra opinión que no se abstuvo tampoco de mantener con nitidez. El insigne barcelonés sostenía que, siendo benéfica para las gentes del principado la actuación de los gobiernos borbónicos, la principal protagonista de la recuperación económica y social fue la propia sociedad catalana al mantener dos de sus más preciados valores. El primero, su tradicional ética positiva del trabajo y de la creación de riqueza. Y el segundo, un derivado de la misma como era la buena consideración social hacia los labradores, los comerciantes y los menestrales. Bien al contrario del pueblo castellano, cuyo carácter opinaba Capmany que estaba inclinado al desprecio hacia un trabajo manual que consideraba deshonroso. Por eso, una Cataluña abatida en el siglo «más decadente que conocieron sus artes, su comercio y navegación» como la existente «en los últimos suspiros del reinado más débil y mísero que experimentó la monarquía española» con Carlos II, supo aprovechar mejor que Castilla las políticas borbónicas iniciadas con Felipe V:

Un pueblo que ha sido rico y poderoso por su industria y actividad, cuando no pierde el carácter, las costumbres y la opinión de sí mismo; va retardando su destrucción extrema, para levantarse y rehacerse al primer impulso que reciba. Tal ha sido el que recibió en el benéfico reinado del Señor Felipe V, feliz época de la resurrección de la prosperidad nacional de estos Reynos[43].

Es decir, la reconocida laboriosidad de los catalanes[44], capitaneada por sus comerciantes, sus artesanos y sus payeses, resultó para Capmany el revulsivo principal para el progreso de Cataluña. Al igual que aconteció en los esplendorosos tiempos medievales estudiados en sus Memorias históricas, la actividad menestral y comercial fue un elemento clave y distintivo que llevó a los catalanes del Setecientos nuevamente al progreso como pueblo. Los comerciantes y los gremios habían ayudado a crear históricamente un carácter catalán hacendoso y emprendedor que fue lo que permitió a Cataluña recuperarse tras la guerra sucesoria. Fue lo que posibilitó que las disposiciones borbónicas tuvieran más éxito que en cualquier otra provincia, porque podían ser bien acogidas y aprovechadas gracias a la mentalidad catalana proclive a valorar el trabajo manual. Ser una «colonia de castores» resultó un factor principal para el espectacular crecimiento catalán setecentista que el Capmany historiador ponía como prueba evidente ante el Capmany político de lo que había que hacer en España para conseguir su progreso. Ahora, en el último cuarto del siglo XVIII, no se tenían las instituciones históricas que habían permitido la visibilidad social y política de menestrales y comerciantes, pero seguía en pie el asociacionismo mercantil y gremial que continuaba otorgando a cada oficio un honor social específico y reconocido por todas las clases de una sociedad adecuadamente estamentalizada, lo que a su vez fomentaba una laboriosidad que se convertía en un factor clave del carácter catalán y en un elemento vital para hacer resurgir a Cataluña de su etapa de decaimiento de los dos siglos anteriores. En opinión del historiador Capmany, la experiencia medieval y la propia de su siglo demostraban que la burguesía comercial catalana, ahora agrupada en la Junta de Comercio (la misma institución que sufragó sus Memorias), era el motor del progreso económico y político del principado y que podía ayudar a serlo de toda España a condición de que los gobiernos reformistas reconocieran que sus propuestas eran el mejor camino hacia el progreso. Unas ideas que, por cierto, iba a sostener en gran medida todo el catalanismo posterior y que resurgió en las posiciones historiográficas del propio Jaume Vicens Vives.

No obstante, es preciso recordar, asimismo, que el reconocimiento del esencial protagonismo de los propios catalanes mediante su capacidad empresarial y laboral defendida por Capmany no se contradice con otra de las convicciones capmanianas más sólidas. A saber: que la emprendedora sociedad catalana estuvo amparada esta vez por unos gobiernos borbónicos que supieron atender parte de sus necesidades desde una planta política absolutista pero reformista, al igual que en el desarrollo económico altomedieval esa laboriosidad se había incardinado eficazmente en un sistema político de corte parlamentario-estamental con una importante presencia mercantil y en el marco de una monarquía que estuvo dispuesta a amparar el crecimiento comercial del principado. Para este Capmany, no importaba tanto el absolutismo que había acabado con el tradicional modelo político catalán como que aquel realizara una política reformista que pudiera casarse con los intereses objetivos de la economía catalana y con la mentalidad de sus habitantes. Y eso ocurrió, en su opinión, desde el momento mismo del reinado del propio Felipe V, que fue quien proporcionó el «primer impulso» para recuperar aquella especie mítica de «democracia burguesa» medieval que para el barcelonés parecieron volver a encabezar en el Setecientos los comerciantes de la Junta Particular de Comercio.

Capmany establece así una tesis que hará camino tanto en la futura historiografía como en la futura política catalana: la intrínseca laboriosidad catalana, sumada a unos gobiernos que la amparen, es capaz de alumbrar una senda de progreso histórico para el país catalán y para el conjunto de los españoles. Cuando en 1718, cuatro años después de finalizar la contienda sucesoria, Felipe V decide hacer de Barcelona el lugar de sus expediciones italianas y fomentar con ello de hecho una parte de la industria catalana, que pasaba entonces a fabricar los pertrechos militares que antes se compraban en Nápoles, Milán o Flandes, Capmany reconoce una doble realidad. Primero, que «podemos decir que en Barcelona se formaron los primeros asientos de esta suerte de empresas, de cuyo pronto desempeño es buen testimonio la expedición de Sicilia del año 1718». Para, en segundo lugar, recordar a continuación que, a pesar de esta benéfica decisión borbónica, «los oficios no podían haber arraigado con tanta rapidez en Barcelona, si de tiempo inmemorial no los hubiese poseído. Los ejércitos, y mucho menos las guerras, no comunican artes al país que las desconoce»[45]. Junto al también historiador de la época Jaume Caresmar, valora la disposición borbónica como positiva, pero en su interpretación se afana en recordar también, como veremos más adelante cuando al hablar de la economía catalana del siglo, que la misma fue posible porque la capital tenía las condiciones idóneas para que una medida de ese carácter resultara factible y gananciosa para la ciudad y para la monarquía. Barcelona se benefició de la resolución del monarca al ser una urbe que había sabido prepararse para ser receptora de una disposición gubernamental que acabaría resultando fructuosa al potenciar su economía en unos difíciles tiempos de posguerra.

El pensador barcelonés lo dejaba escrito con claridad: al igual que acontecería años después con la liberalización del comercio indiano en 1778, Cataluña era la más preparada entre las provincias españolas para sacar buen provecho a las determinaciones del gobierno, lo era por su tradición industrial y también por su ética de reconocimiento social al trabajo manual. Una mentalidad de la que carecía una Castilla (entendida en sentido amplio) a la que por mucho dinero que se le diera para relanzar su industria, Capmany opinaba que no le serviría de nada mientras no cambiara su manera nobiliaria de ver la vida. Así lo proclama Capmany:

Donde no hay amor al trabajo todo el dinero del erario, o de los particulares ciertamente no lo infundirá; y si, para mayor desgracia, este trabajo es mirado con desprecio y como destino de canalla o de advenedizos estrangeros, todas las gracias y privilegios tampoco le darán estimación […] Son inmensas las sumas, grandes las esenciones, que se dispensan por el Gobierno de quarenta años a esta parte para animar la industria y las fábricas nacionales; pero yo no veo que las artes sean abrazadas por las gentes que las despreciaban antes, ni que los hijos del artesano sigan el oficio del padre, ni que el que tuvo a su padre o a su abuelo artesano confiese sin rubor tales ascendientes[46].

O dicho en otras palabras: el carácter particular catalán, creado en el marco de unas determinadas instituciones políticas y gracias a una determinada mentalidad social era, en última instancia, lo que producía aquella desigualdad de riqueza entre Castilla y Cataluña. Es verdad que entre las autoridades y los pensadores reformistas había ahora una buena predisposición hacia el trabajo manual y también por cambiar aquella mentalidad negativa, pero no así en el pueblo castellano, que en opinión del barcelonés todavía lo despreciaba.

Para Capmany, el impulso constante de las manufacturas en Cataluña se debía a la existencia de la continuidad histórica de una axiología favorable al trabajo mantenida a través del ejemplo, la tradición y la educación doméstica:

Los catalanes son industriosos por espíritu de imitación, reunidos en pueblo, en comunidad nacional, es decir, en el seno de las familias, a la vista de otros que les ayuden con su ejemplo: semejantes a los castores, cuya industria maravillosa queda reducida a un instinto puramente pasivo, cuando se les dispersa y desune de su sociedad.

Es decir, los catalanes eran para Capmany más industriosos que los castellanos gracias «a un carácter nacional, mas no individual»[47]. Y estas y otras opiniones del insigne pensador, en el sentido de ensalzar la virtud empresarial de los catalanes y la necesidad de ser escuchados por el gobierno central, fueron siempre bien acogidas por los grandes comerciantes e industriales que se sentaban en los sillones de la Junta Particular de Comercio, una institución que debemos recordar que estaba presidida por un intendente nombrado por el rey.

Ahora bien ¿qué opinaba Capmany del antiguo modelo político catalán que fue suprimido por Felipe V? ¿Lo veía con mejores o peores ojos que al absolutismo borbónico? Pues en esta cuestión nuestro autor ofrece en el tiempo dos ponderaciones nada coincidentes[48]. La primera la escribe en sus Memorias históricas y es poco halagadora respecto al veterano sistema catalán:

Por fin aquella forma de gobierno Republicano, que pudo ser útil en las circunstancias de aquellos siglos en que los Reyes eran pequeños y pobres, y las fuerzas de mar y tierra se medían por los subsidios de las Ciudades y de la Nobleza, hubo de degenerar en un perpetuo conflicto de potestades, desde que la Monarquía Española acabada de formar de diversas Provincias, o más bien Naciones, empezó a trabajar en consolidarlas para establecer un solo poder e interés nacional, cuya beneficencia y vigilancia fuese difusiva a todas las partes del cuerpo político […]. Desde entonces, aquella administración independiente y popular, ganada con singulares servicios, y aún necesaria en los siglos góticos para poblar y civilizar las ciudades y promover la navegación mercantil, sirvió en los reinados de los tres últimos Reyes Austríacos de instrumento para su propia ruina, cuando ya no mantenía más que aquella fiereza, desconfianza e inquietud inherentes a un pueblo libre y pobre, a quien de sus pasadas grandezas y prerrogativas no le quedaban más que las ceremonias y etiquetas[49].

Queda claro. El veterano sistema catalán había sido útil en su época pero ya no lo era. Había perdido eficacia ante la formación de grandes monarquías en Europa. Ahora lo que convenía era consolidar a la española como nación a partir de la aportación de sus provincias (o «naciones») y evitar los diversos conflictos de «potestades» en aras a que las directrices reformistas del gobierno central llegaran por igual a todas las partes de la misma. Es más, la antigua ordenación «independiente y popular», que había ofrecido espléndidos resultados en unos tiempos que el propio Capmany califica despectivamente de «góticos» se había convertido en la nueva época en un verdadero instrumento de su «ruina» para un pueblo «libre» pero «pobre», al que de sus antiguas atribuciones políticas ya solo le quedaban las «ceremonias y etiquetas».

Era la opinión de un Capmany entregado al reformismo borbónico al cual servía como funcionario, de un partícipe del sistema que estaba comprobando en persona los bienes que este comportaba para la economía y la vida española en general y la catalana en particular. De alguien que a finales de los años setenta ponderaba las viejas Constituciones catalanas como unas antiguallas que merecían más bien poca consideración en un mundo nuevo que hablaba ya otro lenguaje para otra realidad. ¿Era esta una sincera opinión política de Capmany al contemplar los resultados que Cataluña y España estaban obteniendo merced al reformismo borbónico o bien era una afirmación políticamente correcta de un miembro de la Academia de la Historia en medio del esplendoroso reinado de Carlos III? Sin descartar del todo que también pudiera existir un punto de lo segundo, me inclino a pensar en favor de la sinceridad del barcelonés en aquellos escritos.

En cambio, tres décadas después, en medio de un progresivo desengaño con el comportamiento del gobierno de Godoy, en una época de grandes dificultades nacionales ante la invasión francesa y considerando que la monarquía se hallaba huérfana al tener al «rey cautivo y a la nación ultrajada», Capmany muestra ahora menos entusiasmo por el absolutismo al tiempo que evidencia una indisimulada estimación por las tradicionales Constituciones catalanas. Era, sin duda, un cambio de opinión que obedecía en buena parte a una extraordinaria coyuntura histórica en la que casi todo se había movido de sitio en el país.

De esta nueva ponderación dejó clara constancia en Cádiz durante su activa tarea en la elaboración de la Constitución española. Lo hizo por escrito en su Informe presentado a la Comisión de Cortes en 1809 sobre la necesidad en que se hallaba la monarquía de una Constitución[50], y también en su Práctica y estilo de celebrar Cortes en el Reino de Aragón, Principado de Cataluña y Reino de Valencia, redactada por encargo de Jovellanos y publicada en 1821 con Capmany ya desaparecido[51]. Un Jovellanos que en estos asuntos tenía similar parecer al reformista moderado barcelonés.

En su Informe, Capmany reaccionaba contra quienes decían que España no había tenido Cortes que pusiesen coto a las posibles arbitrariedades de los reyes y que asegurasen la libertad de los pueblos. Falso. Las había habido y en perfecto funcionamiento antes de que «el despotismo (las) ha vulnerado y condenado al olvido». Las hubo por supuesto en Castilla, aunque:

el poder y representación de las Cortes fue débil e incompleto, pues no fundaron una institución perfecta y legalmente reconocida que señalase el límite de las potestades [dado] que nunca se pensó en formar un cuerpo nacional que velase por la observancia de las leyes y se opusiese a toda usurpación de la potestad ejecutiva[52].

Fue Carlos V, con su victoria en Villalar, quien en opinión del historiador barcelonés dio la puntilla a las instituciones representativas castellanas iniciando el camino de reyes con poder absoluto que duró para los hombres y mujeres de Castilla hasta la muerte de Carlos II.

Pero, desde luego, afirma con orgullo y rotundidad Capmany, donde sí las hubo a pleno rendimiento «por espacio de cinco siglos» fue en la Corona de Aragón. ¿Cuándo cesaron? Pues cuando finalmente Felipe V las abolió «en castigo de la resistencia armada que hacían a sus derechos a la Corona de España en la obstinada guerra de Sucesión», o sea: cuando los Borbones culminaron la tarea de los Austrias quitando definitivamente la libertad a las patrias españolas que todavía las conservaban. Es más, sin la contienda y sin la ayuda de sus ejércitos, el barcelonés piensa que el nuevo monarca Borbón «no lo hubiera podido ejecutar, ni lo hubiera intentado; entonces se vio que el cañón era la última razón de los Reyes; desde entonces perdieron aquellas provincias el privilegio y prerrogativa de establecer y defender sus leyes patrias y de imponerse y administrar las contribuciones públicas». Es decir, siguiendo la senda trazada por los propios Austrias y el ejemplo de su abuelo, gracias a su victoria militar Felipe V quiso y pudo anular a las «provincias donde se gozaba de una Constitución o derecho común municipal, [provincias que] no era posible llevarlas a sus fines sin su consentimiento, así fueron las únicas que en la guerra de Sucesión se habían declarado por el partido austríaco con las armas en la mano»[53]. Unas provincias que, al decir de Capmany, tenían un sistema político que disfrutaba de la enorme virtud, a diferencia de Castilla, de permitir un juego político más representativo en la medida en que facilitaban una superior y más renovada participación política no solo de la nobleza, sino sobre todo del «estamento popular» de muchas más ciudades y villas que las Cortes de Castilla[54].

¿Quiere decir Capmany que el veterano sistema no hubiera sido derrocado por Felipe V si no hubiera habido la guerra? ¿Quiere decir Capmany que Felipe V no tuvo intención de acabar con el sistema mientras no se dio la revuelta de los catalanes austracistas? ¿Quiere decir que se aprovechó del resultado de la contienda para acelerar la implantación de las ideas y prácticas que había en la Francia del rey Sol y que no eran extrañas a las intenciones últimas de los Austrias por quienes precisamente luchaban los austracistas catalanes? A mí me parece que sí, que eso quiere decir. Y también quiere decir que lo hizo por las armas porque de otra forma no hubiera sido posible establecer un despotismo a la francesa que bajo el mandato de Versalles logró también paralizar a las Cortes de Castilla para que el nuevo soberano tuviera «libre, absoluta y pacífica autoridad». Quiere decir, en cualquier caso, lo que Capmany afirma comparando sin disimulos los principios de ambos siglos: «Así podemos añadir ahora que la Francia nos despojó a principios del siglo pasado de los restos de nuestra antigua libertad y a principios del presente la misma Francia nos viene a imponer las cadenas de la esclavitud, para que hasta la memoria perdamos de lo que fuimos»[55]. Su rechazo a nuestra vecina aparece nuevamente de manera diáfana por ser la causante última de una doble agresión: acabar con el sistema político tradicional catalán y español en 1714 e invadir España en 1808.

Un Capmany en el epílogo de su trayectoria, decepcionado por el rumbo del cuarto Borbón, en medio de las controversias políticas de un mundo escindido entre conservadores, reformistas y liberales, con una galofobia desbordada, herido por un amor patrio que no soporta que le den lecciones de constitucionalismo ni los franceses ni los más liberales, recordaba que sí, que había habido Cortes y Constituciones pensadas para evitar el poder absoluto de los reyes, ese mismo tipo de poder que precisamente quería establecer Napoleón en toda Europa y también en España. En esas condiciones y por esos motivos, no duda en sacar pecho y mostrar con amor propio de español y de historiador que tanto en Castilla como, sobre todo, en la Corona de Aragón (y por tanto, en Cataluña), había funcionado a plena satisfacción un régimen constitucional que solo las armas de Felipe V hicieron desaparecer[56]. Y la reivindicación de la existencia histórica de este constitucionalismo basado en instituciones de derecho público que algunos parecían ignorar, o incluso negar, la hace el barcelonés con orgullo de catalán sin menoscabo de su españolidad. Era una aportación positiva de las Españas de las que Capmany se sabía procedente a la España que Capmany deseaba construir: la Constitución gaditana para la nueva monarquía podía y debía basarse en el derecho histórico español antes que en las ideas radicales francesas. Para el Capmany de Cádiz, España no estaba haciéndose en las Cortes, sino que era una realidad histórica que tenía unos preceptos legales desde los tiempos medievales que debían ser respetados. La nación española estaba reunida en Cádiz, pero esa misma reunión era la prueba de su previa existencia histórica.

Esta admiración, encaminada sobre todo a recordar que en suelo español habían existido Constituciones políticas que a su parecer habían funcionado correctamente en su época, que habían permitido el progreso y que no debían ser ahora ignoradas ni tampoco despreciadas frente al constitucionalismo revolucionario galo, la vuelve a mostrar Capmany en su inacabada «Introducción» a la Práctica y estilo de celebrar Cortes. Aquí recuerda que la intencionalidad de la recopilación efectuada era la de:

mostrar al mundo poco instruido de nuestra antigua legislación hasta qué grado de libertad llegaron las provincias de aquella Corona [la de Aragón] en siglos que hoy se les quiere llamar góticos, por no decir bárbaros, y cual en aquellos tiempos no había gozado ninguna nación en un gobierno monárquico[57].

El barcelonés no niega que hubiera abusos y fallos en el antiguo sistema, pero afirma que con aquel modelo los vasallos habían vivido felices y los reyes satisfechos de una obediencia y unos servicios que eran voluntarios. Ahora Capmany ya no habla de tiempos góticos en sentido despectivo como hiciera en sus Memorias. Había una nación rica y un Estado pequeño. Una nación que se imponía a sí misma los tributos y se los administraba «siempre para su bien y nunca para su daño». Y cuando los reyes lo precisaban, esa nación daba recursos para que les defendieran con las armas, sin que por ello quedase constituido un ejército permanente. Una nación con un orden estamental bien asentado en el que cada cual estaba en su sitio y «todos tenían su parte en el gobierno político, de cuyo concierto resultaba la unidad». Y toda esa arquitectura política fue la que permitió el crecimiento económico y la expansión por el Mediterráneo, siendo los Reyes de Aragón respetados dentro y fuera de España. En suma,

era el país que tenía una Constitución, la cual, por los nudos con que estaba ligada, era por sí misma indisoluble; y así perseveró invulnerable hasta que las armas de Felipe II en Aragón, y las de Felipe IV en Cataluña, intentaron darle algunos asaltos; y últimamente, las de Felipe V las derribaron con mayor poder, por aquel derecho de conquista que se atribuyó con la guerra de Sucesión[58].

Léase claro, para Capmany el modelo político catalán de origen medieval limitaba el poder absoluto de los reyes, contemplaba la participación política de las diversas clases, garantizaba la armonía social y favorecía el crecimiento económico. Como luego veremos con detalle, una interpretación muy positiva de las instituciones medievales que sería recogida por los historiadores catalanes filoaustracistas desde la muerte del insigne barcelonés hasta nuestros días.

Sin embargo, esta alta valoración histórica del antiguo modelo político no significa que Capmany proponga que la Constitución a elaborar en esos momentos para toda España hubiese de tener la misma naturaleza que aquellas que estuvieron vigentes en la antigua corona aragonesa. Consciente de los nuevos tiempos en los que vivía, así lo declara explícitamente cuando al principio de la mencionada «Introducción» afirma:

No pretendo el estado político de las Cortes de Aragón por modelo perfecto de una Constitución, tal como acaso necesitan los pueblos para alcanzar y afianzar la última felicidad y libertad del hombre en sociedad; ni tampoco cual conviene a la nación española en las actuales circunstancias para abrazar y consolidar todos los ramos de su legislación política, civil y fiscal, atendida la extensión y reunión de provincias que componen hoy la monarquía, no dejando al Rey y a los súbditos más facultades que las que por razón y por derecho social les deben pertenecer[59].

Capmany no deseaba la restauración del modelo constitucional de los Austrias, sino la modernización y adecuación a los tiempos presentes de la Constitución histórica de la monarquía hispánica, una Constitución histórica que tenía un variado elenco de legislación política diseminado en los distintos reinos españoles, con especial admiración, eso sí, por los textos de la Corona de Aragón frente a los de la Corona de Castilla. Pasar de las Españas de la monarquía absoluta a la nación-España, demandaba escuchar al constitucionalismo enraizado en la propia tradición española. Por eso Capmany evoca la tradición catalana y la aragonesa, quiere que se tengan en cuenta, desea que parte de la nueva Constitución esté incluso inspirada en ellas en la medida en que debe tener presente el derecho histórico español. Lo hace por españolismo frente al afrancesamiento y también por convicción ideológica olvidándose de sus posiciones severamente críticas con el veterano modelo político catalán expresadas en sus Memorias dos décadas atrás. Pero Capmany no la pone como ejemplo a imitar sin más, no pide que se restituya tal cual. Lo que deseaba no era la existencia de varias «Constituciones» particulares para cada uno de los antiguos reinos hispanos al modo y estilo del mundo de los Austrias, sino una única Constitución para toda la nación española que sentara las bases de una monarquía que tuviera limitados sus poderes por unas cortes con representación estamental al estilo de las existentes en la antigua Corona de Aragón (y en Castilla), y también con una diputación permanente que vigilara el ajuste de la tarea del soberano a lo acordado en la magna asamblea[60]. Esa era la libertad que buscaba en Cádiz: un soberano constitucional controlado por unas Cortes estamentales que representaran a una España compuesta por varias provincias unidas[61].

Tal parece que rey y Cortes estamentales fueran para Capmany los dos sujetos principales de la soberanía nacional al dictado de lo que mandaba la «Constitución histórica» española. España tenía suficiente historia constitucional, centrada especialmente, pero no solo, en la Corona de Aragón, como para no tener que depender únicamente del constitucionalismo revolucionario francés. Independencia que complacía a un intelectual que, en aquellos momentos, expresaba una profunda y sostenida galofobia. Si se quería por parte de los diputados progresistas buscar antecedentes históricos a las libertades que se deseaban conquistar y defender, no era preciso irlas a buscar a Francia, podían encontrarse en Castilla antes de Villalar y, sobre todo, en la trayectoria política, jurídica e institucional de los tres reinos de la Corona de Aragón antes de la contienda sucesoria. No era necesario, pues, imitar a la violenta revolución gala, sino que se podía conseguir un cambio gradual y pacífico al estilo de lo proclamado por Edmund Burke y de lo realizado por los ingleses. Desde luego, algo bastante alejado de lo que proponían diputados liberales como Agustín Argüelles, que rechazaba todo lo que recordara al Antiguo Régimen y que centraba su discurso en la nación y en la soberanía nacional frente al derecho histórico basado en la tradición aristotélica de varios cuerpos políticos en el ejercicio del poder[62].

Junto a la razón, el barcelonés pensaba que la materia constitucional legada por la historia (recordemos que historia y razón fue un binomio habitual entre los reformistas ilustrados) debía servir para tres grandes misiones. Primero, para elaborar una sola Constitución que recogiera también el espíritu de la tradición catalano-aragonesa. Segundo, para construir una sola nación que reuniera de manera unánime a todos los españoles (que eran la comunidad política a salvaguardar para Capmany) mediante una única Constitución. Y tercero, para consolidar una monarquía unitaria con fuertes regalías, que no fuera absoluta sino sujeta al imperio del derecho y estamentalmente controlada por una nobleza regenerada y patriótica, por un clero activo pero obediente y por unos ayuntamientos vivificados en su potestad para canalizar la participación política popular. Una posición que queda claramente reflejada en su mencionado Informe cuando al referirse a América y a la necesaria participación de los diputados americanos, señala con claridad cuáles eran los tres brazos estamentales:

En América hay también las tres clases constituidas, el clero, la nobleza y los ayuntamientos. Si la concurrencia de estos tres brazos es necesaria para España para afirmar e integrar la representación nacional, no lo es menos en aquellos países, para no descontentar a ninguno interesado en todos.

Y más adelante añade sin titubear:

El clero y la grandeza, o sea los ricos hombres, no han perdido el derecho a ser convocados a Cortes, según pretenden algunos porque no se les haya llamado desde Toledo de 1538, sus derechos antiquísimos que poseían, así en la Corona de Aragón, como en la de Castilla, son imprescriptibles[63].

Una opinión nada extraña si recordamos que nuestro historiador hubiera preferido una Cortes gaditanas constituidas de manera estamental y no por cabezas. De manera estamental porque, a su criterio, lo contrario hubiera significado que «tendría más semblante de democracia que de monarquía». Y para que no haya dudas a continuación añade Capmany:

bajo de un aspecto tan halagüeño como peligroso de libertad (el de democracia), se allanarían todos los caminos a la esclavitud de una Nación luego que apareciese un hombre osado que, abusando del nombre del defensor o protector, se pusiese de pie sobre las leyes y sobre los legisladores. Así se ha experimentado en la soñada libertad de Francia, fundada en la más soñada igualdad universal, pues pasó la Nación de la extrema Constitución democrática al más absoluto y escandaloso despotismo y servidumbre, entonces no hubo ya clases que resistiesen porque no había ya partes que defendiesen el todo[64].

Es decir, una monarquía constitucional controlada pero desde luego no una república democrática: «República quiere decir también en castellano Estado, la cosa pública, y no democracia»[65]. Algo similar a lo que estuvo defendiendo durante un tiempo el propio Jovellanos[66] o a lo que igualmente deseaba, como veremos, el también catalán Ramon Llàtzer de Dou: una Constitución histórica basada en dos sujetos de soberanía que eran el monarca y las Cortes estamentales. En buena medida, se trataba de una propuesta de reforma de la monarquía que aspiraba a moderar su poder alejándola en parte del absolutismo, probablemente para evitar el mal mayor del caso revolucionario francés que había permitido la soberanía popular, y tomar ejemplo en cambio del inglés, que había conseguido un buen funcionamiento político combinando rey y Parlamento[67]. Pero desde luego, en cualquier caso, a mi parecer, eran respuestas de tono claramente moderantistas y conservadoras que se alejaban del liberalismo y que se incardinaban con claridad en la defensa de las bases sociales del Antiguo Régimen.

En cierta forma, en este último Capmany a punto de cumplir los setenta años, aparece al unísono una doble asunción no siempre fácil de compaginar en su tiempo ni de aquilatar por parte de los historiadores que después se han ocupado de su trayectoria personal o del Setecientos catalán. Por un lado, el personaje que procedía de una familia austracista, después de un tiempo de relativo rechazo, ahora, en el ocaso de su vida y en medio de otras condiciones políticas, muestra sumo respeto y alta consideración por el pasado institucional catalán, que para él había proporcionado, sobre todo en tiempos medievales, un soberbio lustre al principado aunando constitucionalismo y libertades con crecimiento económico y progreso social. Barcelona y su régimen municipal creado en el medioevo eran siempre una de sus referencias favoritas y bien lo demostró con una férrea defensa en Cádiz. Capmany, pues, asume positivamente la historia y se deja llevar por su instinto historicista y tradicional. Era la parte de su pensamiento que le conducía hacia el pasado, hacia las aportaciones positivas de la historia de su patria catalana tanto para ella misma como para España. Era la parte que le llevaba a la defensa de la idiosincrasia histórica propia de Cataluña en España, o sea, a la reivindicación de su particularidad (que no su posible particularismo) en las Españas. Era la parte que le permitía decir a los extranjeros vituperadores de lo hispano, que en España, además de grandes actos militares, había habido Constituciones políticas, laboriosidad y crecimiento económico, y que Cataluña era quien en primer lugar había aportado esa espléndida trilogía. Era todo eso, pero también, en buena medida, una cierta idealización de las instituciones medievales catalanas que le situaba en posiciones más bien historicistas, organicistas y corporativas (estamentales pero no territoriales) en el seno de las Cortes gaditanas[68].

Sin embargo, por otro lado, no había vacilado Capmany en mostrar su sincera aceptación de una realidad que le parecía diáfana: la monarquía borbónica, especialmente en los tres primeros reinados, resultó un bien objetivo para la progresiva regeneración del conjunto del país. El pensador catalán opinaba de su propio siglo que, si bien empezó con la supresión de un régimen político en la Corona de Aragón que había proporcionado antiguas glorias a su «patria» catalana y que tenía las virtudes de favorecer la representación estamental en las instituciones y cierto control de los monarcas, ante la decadente situación en que España se había sumido a lo largo del Seiscientos, los españoles tuvieron la fortuna de encontrarse con los Borbones y con una planta política absolutista que, al convertirse en garante de un reformismo ilustrado moderado y respetuoso con la sociedad estamental, era contemplada por él como uno de los causantes de los avances habidos en España y en Cataluña durante la centuria. Era la parte de Capmany que le llevaba a reconocer y admitir las cosas que consideraba positivas de las innovaciones del Siglo de las Luces. La primera de ellas, la creación de una idea de progreso de carácter laico pero no antirreligioso que aceptaba la crítica racional y experimental de la realidad, y que se estaba materializando en proyectos regeneradores amparados por una monarquía de planta política absolutista pero reformadora, una monarquía unitaria que para nuestro historiador y sus coetáneos aparecía sin vuelta atrás.

Así pues, el Capmany que valoraba positivamente las Constituciones catalanas en Cádiz también hacía lo propio con los progresos realizados por España durante los tres primeros Borbones, y ahora veía necesario un constitucionalismo inspirado en los tiempos medievales, en la extinta Corona de Aragón y con claros resabios del Antiguo Régimen. Y si le hubieran preguntado si había llegado el momento de reformar la monarquía para quitarle algo de absolutismo y ponerle algo más de participación social a través de Cortes estamentales, permítaseme especular (sin que sirva de precedente) que tampoco hubiera vacilado en dar una respuesta afirmativa. Capmany era un personaje ciertamente ilustrado cuyo constitucionalismo miraba en buena medida hacia el pasado. Al igual que Olavide, al igual que Floridablanca, el catalán era un político educado en los ideales de la Ilustración que, cuando topaba con los postulados de la Revolución Francesa, se hacía más conservador e incluso, en algunos temas, hasta podía lindar el casticismo y lo reaccionario.

En Capmany, político e intelectual complejo que como tantos otros fue matizando y cambiando su ideario con el paso del tiempo, convivían dos realidades y dos sentimientos identitarios que él supo conciliar: la unidad española y la particularidad catalana. Ambas sostenidas con un patriotismo muy cálido, afectivo y espontaneísta propio de un cierto prerromanticismo que este insigne personaje parece anunciar en ocasiones[69]. Por eso, a finales del siglo y en tiempos de las Cortes gaditanas, se convirtió en un decidido defensor de una España de las Españas, es decir, de una gran nación-estado capaz de constituirse mediante la aportación de sus pequeñas naciones y de reconocer que se formaba a partir de sus diferentes idiosincrasias (económicas, sociales, identitarias), aquellas que precisamente habían contribuido a modelarla a través de los últimos siglos y que demostraban que España había sido algo más que pura milicia heroica, como bien lo habían evidenciado, al menos, unos españoles llamados catalanes[70].

En resumidas cuentas, un Capmany de espíritu conciliador unía de este modo el respeto a las identidades «provinciales» con el respeto a las innovaciones del siglo ilustrado, entre ellas la de una mayor centralización del poder político para conseguir más eficacia en el gobierno nacional y la progresiva creación de una comunidad política española fundada en una única conciencia nacional unitaria. Fusionaba la idea de una sola nación soberana constituida por individuos libres que se llamaba España, con la idea de que esta estaba también formada por diversos pueblos que habían decidido históricamente constituirla[71]. Fusionaba unidad española con pluralidad «provincial», e intentaba salvar con ello la vieja herida abierta con la guerra de Sucesión, sobre la que solo acabó pronunciándose, con la acerada claridad que lo hizo en otros asuntos, a finales de su vida política y en tiempos de las Cortes de Cádiz, cuando es posible que pensara que ya no era tan políticamente incorrecto hacerlo para alguien que siempre quiso tener excelente relaciones con la política madrileña. O bien cuando su pensamiento político, cada vez más cercano a lo romántico, le llevara a querer cimentar la «gran nación» española sin amortajar a la «pequeña nación» catalana, posicionamiento que veremos igualmente formulado en los historiadores catalanes vinculados al romanticismo que vinieron a sucederle a lo largo del Ochocientos. O bien, quizás, por las dos causas sumadas. En cualquier caso, creyó en una Cataluña y en una España armonizadas a través de las Luces, el reformismo y el constitucionalismo con raíces históricas.

Si bien se mira, algunos de los deseos políticos de Capmany no estuvieron tan alejados de lo que finalmente acabó pasando en Cádiz. La Constitución aprobada contemplaba ciertamente el nacimiento político de la nación española como unidad soberana, lo cual complacía sin duda al barcelonés. Pero también contenía un reparto del poder político que, no siendo desde luego «regionalista» ni mucho menos «federalista», tuvo en un nuevo régimen municipal más participativo y en el sistema provincial a sus baluartes representativos. Y en ese reconocimiento de los poderes provinciales y municipales, Capmany no debió sentirse incómodo, aunque en el caso del segundo a buen seguro que hubiera preferido una representación más estamental. Se creaba, pues, una España unitaria, sin las Constituciones de los antiguos reinos ni las prerrogativas de los antiguos señoríos, pero no una España plenamente centralista, dado que se reconocían las atribuciones que debían tener los entes locales en el juego político[72]. Con la Constitución de Cádiz todavía era posible la conciliación de España con las Españas, cosa que no creo que pueda afirmarse, en cambio, en el caso de la que se elaboraría en 1845, mucho más centralista y uniformizadora.

En suma, el pensador catalán apostaba por una sola Constitución española en la que se respetaran las diferentes identidades territoriales de las Españas que en su unidad conformaban la realidad histórica, política y sentimental de España como un solo «pueblo», como una «comunión» —que diría un Capmany prerromántico— dentro del complejo concierto europeo[73]. Desde luego que no parece que la suya fuera la propuesta tardía de una España «confederada» al estricto estilo austracista. Ni siquiera «provincialista» o «federalista». Como afirmó en las sesiones gaditanas cuando se discutía sobre la abolición de la Inquisición:

Nos llamamos diputados de la nación y no de tal o tal provincia: hay diputados por Cataluña, por Galicia, etc.; mas no de Cataluña, de Galicia, etc. Entonces caeríamos en un federalismo, o llámese provincialismo, que desconcertaría la fuerza y la concordia de la unión, de la que se forma la unidad[74].

O dicho de otra manera, para Capmany los diputados representaban a los individuos que constituían la nación española antes que a los pueblos o territorios que formaban la citada nación. En esta vital cuestión, el pensador barcelonés estaba más cerca de los liberales como Agustín Argüelles, del conde de Toreno o de su compatriota catalán Josep Espiga que no de otro diputado procedente del principado de filiación absolutista como Felipe Aner, que se sentía diputado de Cataluña, vinculado al mandato imperativo provincial y que defendía un modelo foral en la organización de la monarquía. Pienso, con Vilar, que pese al profundo amor hacia la «patria chica» Cataluña, Capmany no puede ser considerado un directo precursor del catalanismo político, para lo cual se requeriría, cuando menos, una fidelidad reivindicativa a la lengua vernácula que no parece que estuviera en su horizonte intelectual ni político[75].

Para el Capmany constituyente lo prioritario era la nación española, y en aquellos trágicos y delicados momentos no podía tener cabida el provincialismo sino la más estricta unidad. Pero apostar por la unidad y repudiar el provincialismo no era para Capmany negar el hecho histórico y evidente de la afortunada existencia de las «provincias» o «naciones» españolas, vocablos que suele emplear indistintamente. Por eso, en Centinela contra franceses, obra de circunstancias destinada a convertirse en una especie de catecismo del combate patriótico y que llevaba como leyenda nada menos que «De la unión la fuerza», no dudaría en hacer una constatación, un elogio y una advertencia. La constatación era que la nación grande estaba constituida por la pluralidad de los pueblos que la habitaban desde antaño organizados en «provincias» o en «naciones». El elogio era que habían sido precisamente ellas las que primero se rebelaron contra el invasor en un momento tan delicado para la patria española y con una monarquía tan débil y entregada al enemigo francés. Y la advertencia era que la pluralidad debía ser respetada y no barrida como había ocurrido en el caso galo, «donde no hay provincias ni naciones; no hay Provenza ni provenzales; Normandía ni normandos: se borraron del mapa sus territorios y hasta sus nombres»[76].

Y una vez dicho esto, unas páginas más adelante así expresa Capmany su admiración por las provincias españolas:

Cada provincia se esperezó y se sacudió a su manera [contra los franceses]. ¿Qué sería ya de los españoles, si no hubiera aragoneses, valencianos, murcianos, andaluces, asturianos, gallegos, extremeños, catalanes, castellanos, etc.? Cada uno de estos nombres inflama y envanece, y de estas pequeñas naciones se comprende la masa de la gran Nación que no conocía nuestro sabio conquistador[77].

Y añade finalmente:

¡Españoles ilustres, provincias que os honráis con este timbre glorioso y que juntas formáis la potencia española y que, reduciendo vuestras voluntades en una sola, haréis para siempre invencible la fuerza nacional: unión, fraternidad y constancia! Cada movimiento que os aparte de estos tres puntos es una brecha que abrís al asalto de nuestro enemigo[78].

Es decir: existía una histórica pluralidad hispana que para Capmany era el cimiento de la unidad española que él deseaba y defendía.

A mi juicio, no hay contradicción en el barcelonés: la unidad de la nación grande y la pluralidad «provincial» de las naciones pequeñas eran compatibles mientras la primera respetase a las segundas y estas contribuyesen al fortalecimiento de aquella. Lo que no aceptaba en circunstancias tan graves, con las tropas napoleónicas invadiendo España, era la división que a su juicio podría provocar el provincialismo o el federalismo: España era para él la profunda y fraterna unidad de las provincias o naciones. Por eso, en el momento de forjar la nueva España con una nueva Constitución, no tiene empacho alguno en solicitar un merecido reconocimiento para las virtudes históricas de las Constituciones de la Corona de Aragón, aunque no aspire a su literal aplicación en esas circunstancias. Ni tampoco tiene recato en pedir que en ciertos casos las leyes fueran receptivas hacia la pluralidad hispana, postura que puede apreciarse con claridad en el caso de su permanente admiración por el tradicional régimen municipal barcelonés, que a su entender permitía la participación política de las clases sociales[79], o bien en su posición favorable a la conservación de los gremios, que tan potentes eran aún en Cataluña, frente a las huestes liberales que pedían su extinción. Cuestiones ambas (municipalismo y gremialismo) que Capmany situaba en estrecha relación en la seguridad de que habían sido el fundamento axial de la prosperidad catalana y de la conformación de la particular idiosincrasia de su carácter nacional[80].

Pero en ningún caso parece que pueda afirmarse que Capmany fuera un federalista al estilo de los diputados de los territorios americanos o de personajes como Valentín de Foronda o José Marchena[81]. Ni tampoco que fuera un defensor público de que se construyera un modelo de Estado constituido mediante los antiguos reinos al estilo de su compatriota Aner o del valenciano Francesc Xavier Borrull. Nuestro historiador pensaba que la vuelta atrás completa, al mundo confederal de los Austrias, no era posible ni pertinente, pues no sería eficaz en el nuevo mundo de las grandes naciones-Estado. Sin embargo, mediante la práctica historicista de recordar el valor positivo de la historia constitucional española, sí pienso que buscaba conseguir, en cierta forma, ante los demás diputados, una mayor audiencia alrededor de una concepción unitaria de España de talante más pluralista. Una posición que estaba alejada del sector más liberal de la política hispana, sin duda de tendencia más racionalista, uniformista y centralizadora, y más inspirado en el constitucionalismo francés moderno, como eran los conocidos casos, por ejemplo, del conde de Toreno, de Muñoz Torrero, de Argüelles o de su vituperado adversario José Quintana[82].

Una concepción unitaria pero pluralista que, como afirmé, debió de estar bastante de acuerdo con el resultado final de las Cortes cuando proclamaron una organización del Estado que establecía a los ayuntamientos y a las diputaciones provinciales como órganos representativos territoriales, lo cual en la práctica era no aceptar las antiguas jurisdicciones de los reinos, que se veían como atentatorias contra la soberanía nacional y posibles mantenedoras de privilegios de clase o regionales, pero sí la voz de los intereses de los diversos territorios a través de estos organismos. Una concepción unitaria pero pluralista que, pudiendo tener un laxo punto de conexión con el austracismo «purificado», no pienso que permita hablar de Capmany como un austracista revivido cien años después de finalizada la contienda sucesoria. Si se me permite una nueva conjetura, es más que probable que un renovado austracista como Amor de Soria no hubiera estado de acuerdo con la idea de que a una auténtica nación «la forma, no el número de individuos, sino la unidad de voluntades, de las leyes, de las costumbres y del idioma, que las encierra y mantiene de generación en generación»[83]. En su concepción de la «madre España» y en su intento de crear un «espíritu nacional español», había mucho de lo que después fue el nacionalismo romántico europeo y bastante menos de la antigua constitucionalidad austracista; austracismo al que más bien creía poco apto para mantener una integración económica entre las «provincias», cuestión que el pensador catalán consideraba clave para el desarrollo de Cataluña y de España.

Por todo lo anterior, no creo que Frederic Rahola estuviera muy ponderado cuando desde su posición ideológica catalanista reprocha al Capmany de Cádiz que pusiera «más ojos en la nación entera y en los principios abstractos que en su región natal y en los asuntos de interés provincial»[84]. En efecto, para Rahola no solo Capmany no fue el hombre representativo del principado en las Cortes, sino que además de ignorar los aspectos de más palpitante interés para las tierras catalanas, a veces incluso entró en desacuerdo con los otros diputados regionales en asuntos que concernían a Cataluña. Rahola desde luego admira al Capmany intelectual, admira su valentía e independencia en la Cortes y reconoce su amor por Cataluña, pero recuerda que su desconocimiento del territorio catalán en guerra, las influencias uniformistas del momento, su complejo frente a ser tachado de provincialista y su proyecto más español que catalán impiden que sea considerado como el verdadero y genuino representante de los intereses catalanes, cosa que sí concede en cambio a Felipe Aner de Esteve. En realidad, era lo mismo que Rahola afirmaba en su época de Francesc Pi i Margall, que «tan amante de Cataluña y tan eminente en todo, dentro de su particularismo abstracto no puede ser considerado como un diputado genuinamente catalán». Queda claro, a mi entender, que la opinión de Rahola sobre Capmany esta sujeta a su propia definición ideológica catalanista de cuáles eran los intereses de Cataluña y de cómo había que defenderlos y de cómo veía la incardinación del principado en España.

Lo que más bien ocurrió, a mi entender, es que Capmany se ocupaba de una España unitaria que debía contener en su seno a las Españas, empezando sin duda por su «patria» catalana con sus virtudes históricamente demostradas, como bien se empeñó en señalar el estudioso catalán dedicando buena parte de su trabajo intelectual a la historia de Cataluña. Capmany no se despreocupó de la «pequeña nación» catalana, de la cual en cierta forma se sentía un embajador en Madrid, sino que se empeñó en insistir en la mejor manera en que podía incardinarse en la «gran nación» española ayudando a que esta se encaminase hacia la modernidad merced a las virtudes catalanas de una sociedad hacendosa y emprendedora, en la que cada clase ocupara una adecuada posición en el entramado comunitario con su honor social bien reconocido, fomentando así su prosperidad. Es decir: Cataluña como un modelo para la nueva España que debía, y podía, cambiar su aspecto en el sentido de la buena experiencia, histórica y de presente, de los catalanes. Una modernidad a la que Capmany creía ciertamente que habían contribuido los Borbones y que contemplaba vinculada a la creación de una gran nación-Estado capaz de oponerse a las principales potencias europeas, pero convencido también de que ello no estaba reñido con recuperar para el futuro el legado de un constitucionalismo histórico hispano que pusiera cierto control sobre el monarca, que permitiera actuar a una nobleza regenerada y que diera vida política a las «provincias», posibilitando cierta participación política en el gobierno general y municipal al estilo de la vieja tradición catalano-aragonesa.

Esa fue la forma que Capmany tuvo de defender a Cataluña en el momento de redactar la Constitución española para la nueva España: intentar que esta última se forjara teniendo como norte el ejemplo catalán y asumiendo positivamente las propuestas y los intereses de sus clases dirigentes, sobre todo las burguesas y menestrales. Un principado que, en las discusiones y en los textos gaditanos donde se habla de la organización territorial del nuevo Estado, siempre aparece individualizado como un todo, al igual que ocurre con Aragón, las Provincias Vascongadas, Galicia o Valencia, y no así, en cambio, con Andalucía o las Castillas[85]. Lo cual resultaba un implícito reconocimiento de la personalidad histórica y política de Cataluña que Capmany no dudó en apoyar sin necesidad de reclamar la vuelta a la organización de la monarquía en distintos reinos confederados.

En cualquier caso, era la posición de alguien que estaba orgulloso de ser y sentirse catalán. Alguien que llegó a ser nada menos que representante del Ayuntamiento borbónico barcelonés ante la Corte madrileña, que a veces pareció hablar en nombre de Barcelona en las Cortes de Cádiz y que mostró claramente en ellas, sin complejo alguno, su municipalismo crítico frente a los posibles excesos centralistas sin temor a quedar en ridículo ante los diputados gaditanos por presuntamente anticuado. Alguien que valoraba históricamente la tradición constitucional de la corona aragonesa, pero que aceptaba también de manera voluntaria y consciente sentirse español y participar en la unanimidad necesaria para la construcción de la idea de España mediante una única Constitución, unas leyes unitarias y una lengua común. Alguien que veía en la laboriosidad catalana y en el idioma castellano dos elementos fundamentales para la construcción de un carácter nacional español y para el progreso hacia la modernidad de Cataluña y de España. Alguien que estaba empeñado en «catalanizar» España a través de la revalorización del trabajo manual y de la actitud empresarial de una burguesía como la catalana y, al mismo tiempo, estaba empeñado en «españolizar» Cataluña mediante la asunción de un castellano que resultaba para él una lengua con capacidad objetiva para la difusión mundial y para enfrentarse a la influencia progresiva del idioma francés, virtudes que no atribuía en cambio a su idioma vernáculo. Alguien que tal vez por eso se dedicó a escribir, principalmente, sobre la necesaria depuración de la lengua de Cervantes y sobre la historia económica del principado en su esplendorosa etapa altomedieval, la cual comparaba, en buena medida, con la que él mismo había vivido en el siglo de los Borbones. Alguien que aspiraba a reunir, armónica y concertadamente, catalanidad y españolidad; que deseaba que el «hecho diferencial» catalán no cayera en un radical «particularismo», sino que se conjugara con el «hecho integrador» español y que este, a su vez, no ignorara las Españas. Alguien que debió de ver con muy buenos ojos que el apartado de la Constitución de Cádiz que se encargó de la organización geográfica del poder se titulara de manera significativa «Del territorio de las Españas».

En definitiva, Capmany era alguien a quien la resistencia contra los revolucionarios franceses y contra Napoleón le condujo por la senda del «españolismo» antes que del «catalanismo»[86], opción la primera que nunca le supuso desdecirse de una profunda catalanidad sentida y practicada por el sencillo hecho de que la veía compatible con su españolidad. Nacionalismo catalán y nacionalismo español pueden ser vistos como excluyentes en la actualidad por intelectuales y políticos. Sin embargo, en el pensamiento y obra de Capmany, catalanidad y españolidad eran plenamente conciliables en la medida en que veía a la primera como una particularidad afanosamente dedicada a la construcción de la segunda que, a su vez, debía aceptar y respetar a aquella. Y probablemente por sostener estas ideas, Capmany mereció ser catalogado por Antoni Rovira y Virgili como una «falsa gloria catalana» que practicaba un «conformismo abyecto» y un «servilismo dinástico».

Aunque Capmany solía pensar siempre históricamente su presente, es evidente que no pretendo presentarlo como un historiador dedicado a estudiar el siglo XVIII. No obstante, me ha parecido de obligada exposición su parecer sobre la centuria en la que vivió porque, en tanto que pensador de reconocido prestigio e indudable influencia en la cultura catalana posterior, dejó cimentados algunos pilares para una interpretación de la centuria ilustrada que tendrían continuidad en la historiografía catalana de los dos siglos siguientes.

Primero. Si bien quedaron muchas cosas por mejorar y algunas que no se hicieron de la forma conveniente, el Setecientos resultó más positivo para Cataluña que los tiempos de los últimos Austrias. Se ha insinuado a veces, en un sentido despectivo y desde posiciones ideológicas de cierto nacionalismo radical, que Capmany «borboneó». Me parece más ajustado a la verdad científica decir que valoró positivamente a los monarcas Borbones porque consideró adecuada su contribución al país, pero que no se abstuvo de ser crítico y de disentir (especialmente en el reinado de Carlos IV y durante el gobierno de Godoy) cuando apreció que las cosas no se hacían como él consideraba que era bueno para España y/o para Cataluña. Como ocurrió, por ejemplo, en pleno reinado de Carlos III, con su decidida oposición a los intentos de reformar los gremios (muy poderosos en Cataluña) por parte de personajes tan influyentes como Campomanes o Jovellanos. Aunque cuestionar la figura del monarca no entraba en su horizonte de civilización, no es menos cierto que el barcelonés nunca fue borbónico por fanática e irracional idolatría monárquica, sino por el convencimiento intelectual y político de que con esa dinastía se podía conseguir la regeneración reformista que a su criterio tanto necesitaba España para modernizarse. Y por eso mismo, en su época más optimista durante el reinado del tercer Borbón, el estudioso barcelonés sostuvo sin ambages una valoración más bien poco positiva del antiguo sistema político catalán al considerarlo poco eficaz y pertinente para los nuevos tiempos que se estaban viviendo. Posición capmaniana esta última que la inmensa mayor parte de la historiografía catalana posterior no ha considerado oportuno recordar.

Segundo. Los catalanes volvieron a mostrar su inveterada actitud de grandes emprendedores económicos mediante su tradicional ética positiva del trabajo y su capacidad de sostener agrupaciones socioprofesionales como los gremios o la Junta de Comercio; una tradicional y beneficiosa actitud que pudo además desarrollarse en el marco de un absolutismo reformista que hacía de dicha virtud un deseado objetivo para todos los españoles, al menos en el pensamiento de los círculos políticos reformistas. Y eso fue especialmente visible en el comercio y las manufacturas, la sangre que vivificaba Cataluña desde antaño y que mereció buenas disposiciones por parte de los Borbones, en especial el Decreto de Libre Comercio firmado por Carlos III en 1778, que tanta prosperidad consiguió crear. Los monarcas Borbones tuvieron los oídos abiertos para escuchar las demandas de las clases empresariales catalanas, que se vieron genéricamente amparadas por las políticas económicas y sociales del absolutismo reformista. Es verdad que no se pudo hacer política desde Cataluña al estilo antiguo, pero sí que se pudo ir levantando nuevamente el principado con unos negocios capitaneados por los grandes comerciantes e industriales a quienes los ministros borbónicos no entorpecieron en sus iniciativas: la conexión entre Madrid y las clases empresariales y productivas de Cataluña fue, en términos generales, bastante satisfactoria. Con los matices que pudieran señalarse, pienso que esta era la opinión genérica que Capmany sostuvo acerca de las relaciones económicas entre Cataluña y el absolutismo borbónico.

Y tercero. El reconocimiento de esas positivas realidades no resultó un obstáculo para que un último Capmany metido a constituyente, veintitrés años después de su descalificación al modelo político austríaco, lamentase que Felipe V, en otras cosas bien valorado por él mismo, hubiera culminado la senda absolutista de los Austrias acabando abruptamente con las tradicionales Constituciones catalanas que antaño habían mostrado sus virtudes en algunas cuestiones, especialmente en el ámbito de la representación política tanto general como municipal, un esfera esta última que nuestro ilustre pensador consideraba fundamental para el progreso de Cataluña y España. Ni tampoco su genérico reconocimiento positivo del absolutismo borbónico representó para Capmany un impedimento para afirmar que el bienestar de Cataluña podía ir unido al de España en tanto que esta supiera también asumir la idiosincrasia económica y social de los catalanes y aprovecharse de sus cualidades particulares (para él nuevamente demostradas a lo largo del Setecientos) a la hora de gobernar la nación común. El ejemplo galo anulando las «naciones» de Francia no debía ser imitado por los liberales doceañistas. En aquel entonces gaditano, esa fue una de sus máximas más queridas y de las que ha sido mejor recogida por la historiografía posterior.

Para Capmany, la sociedad económica catalana y la política borbónica habían formado un matrimonio aceptablemente avenido durante gran parte del Setecientos en aras a conseguir la modernización de Cataluña y de España, aunque los gobiernos de la segunda no siempre escucharan todas las peticiones de la primera. Y con las tropas napoleónicas en suelo hispano y en trance de escribir por fin una Constitución política para todos los españoles, un último Capmany, entre reformista moderado y conservador moderado, con ribetes de romanticismo, convertido de su antiguo entusiasmo por los filósofos franceses a una galofobia militante y a una creciente admiración por los pensadores ingleses, deseaba no tener que depender casi en exclusiva del constitucionalismo revolucionario francés, y por eso demandaba que se tuviera en cuenta la experiencia constitucional de la antigua Corona de Aragón en la hora histórica de aprobar la Constitución de la «gran nación» española; una experiencia que creía buena por su carácter representativo estamental, por ser guardadora de libertades frente al poder absoluto del monarca y por la solidez mostrada en el tiempo. Eso sí, una Constitución política única para la nación común que él desea redactar atendiendo a una adecuada combinación de poder entre la monarquía y el pueblo en Cortes, con la intermediación entre ambos de una nobleza renovada (que Capmany veía como clase política central antes que a la burguesía, incluyendo a la catalana) y partiendo de la base de que la nueva gran nación llamada España no era solo Castilla, sino también todo lo que había aportado, aportaba y debía seguir aportando la antigua Corona de Aragón, y en primera línea Cataluña[87].

Esta propuesta capmaniana ha sido distintamente valorada por los historiadores en atención a sus diversas ideas de progreso y a sus personales posiciones geopolíticas sobre la realidad llamada España. Para unos, más allegados a las tesis de centralización y uniformidad política derivadas del absolutismo reformista primero y de la Revolución Francesa después, la posición de Capmany era más bien conservadora porque se apartaba de la modernidad marcada por las ideas de los revolucionarios galos (las mismas que nuestro historiador combatía con tanto celo), y también de los liberales españoles al estilo de Toreno o Argüelles. En cambio, otros historiadores, sobre todo del ámbito catalán, sin desdecirse de las ideas revolucionarias galas en algunos temas, pero sintiéndose sin embargo más cercanos a la idea de una España «austracista» descentralizada y federalizante, la última proposición capmaniana les parece clarividente, ya que no hacía otra cosa que marcar los verdaderos senderos de la modernidad política, aunque no acabara triunfando en aquellos momentos. Es decir, Capmany como un «superviviente», como un heredero del austracismo y, por tanto, como un símbolo de la España que «debió ser» para alcanzar una modernidad política que solo las armas, primero, y el despotismo, después, lograron cercenar. Capmany como el representante de una España alternativa cuyo fracaso comportó un siglo XIX convulso y que estuvo en el origen de que la idea misma de nación hispana no acabara cuajando plenamente entre bastantes españoles periféricos. Capmany como una prueba final, en la hora de la crisis del Antiguo Régimen, de que el recuerdo y la reivindicación de las veteranas Constituciones catalanas también habían sido una realidad política, social y cultural en la sociedad catalana durante el siglo que había fenecido.

Pienso, en mi caso, que el último Capmany era un hombre lleno de matices, que mostraba en su discurso las complicaciones ideológicas de la nueva era; un intelectual político (o viceversa) que personificaba algunas de las contradicciones que se generan casi siempre en los individuos que ven como el mundo en el que se han criado, y con el que tienen complicidades positivas y posiciones críticas, se desmorona a manos de un nueva sociedad naciente, que a veces todavía no acaban de entender plenamente y en la que hay cosas para ellos aceptables y otras que se les antojan casi el apocalipsis. En la cuestión política, si bien es cierto que abogaba por una monarquía que no fuera plenamente absoluta, no lo es menos que se mostraba claramente estamentalista y que era contrario a avanzar por las ideas democratizadoras del liberalismo. En la económica, veneraba el crecimiento económico catalán pero no acababa de ver con simpatía a una industrialización que proletariza a los menestrales y a los labradores. En la social, valoraba positivamente a la élite comercial catalana pero se mostraba claramente gremialista y seguía viendo en la nobleza a la principal clase dirigente de la nación. En cierto modo, algo muy cercano a la idealización de una supuesta «democracia burguesa» medieval. Y en la cuestión de la estructura del Estado, de la geopolítica interna española, quiso matrimoniar su indudable españolidad con una catalanidad sinceramente vivida, que le hacía pensar que en la nueva y unitaria Constitución española algunas cosas del viejo constitucionalismo catalano-aragonés podían ser aceptadas sin contradicción, entre ellas el control del rey mediante unas Cortes estamentales, unos municipios representativos y fuertes que permitieran actuar en política a las clases medias urbanas y una diputación permanente que consideraba imprescindible para conseguir que la monarquía cumpliera los preceptos legales de la única Constitución española, tan imprescindible como que afirmaba que su existencia había sido primordial para el buen funcionamiento del antiguo ordenamiento político catalán y que fue precisamente su ausencia en Castilla lo que había ocasionado los abusos regios.

Pero que sintiera su catalanidad, que estudiara reivindicativamente la historia de Cataluña, que bebiera de ciertos matices del veterano constitucionalismo catalán en su etapa gaditana, no creo que sea suficiente para clasificarlo, anacrónicamente, como un catalanista. Por eso pienso que el conjunto de las proposiciones de Capmany no estaban destinadas a dar un consciente cobijo de continuidad histórica a la propuesta austracista derrotada en 1714, lo cual no implica que en algunas cuestiones, sobre todo en la participación política estamentalista, en su acendrado municipalismo o en su defensa de la pluralidad hispana sostenedora de su unidad nacional, no hubiera ciertas reminiscencias historicistas, conscientes o no, del antiguo modelo político austríaco. De igual modo que considero también que su intento principal se centró especialmente en que el nuevo modelo político que España debía estrenar en aquel vacío de poder producto de una monarquía prisionera no fuera por la senda que habían trazado los revolucionarios franceses que habían decapitado a Luis XVI. Eso, ante todo.

Capmany fue un apasionado personaje de vida apasionante que no estuvo exento de ambigüedades, eclecticismos y cambios de opinión en el marco de una riqueza de pensamiento muy sugerente y de una aportación de conocimientos muy remarcables que no debieran situarlo, sin embargo, ni en la damnatio memoriae ni tampoco en la «apología» en la que parecen haberle querido ubicar ciertos historiadores a partir de sus personales ideologías. Fue un espíritu crítico en tiempos de profundos cambios, que no se hizo valedor de ninguna teoría del agravio de España hacia Cataluña, pero cuya compleja evolución ideológica y sus posibles contradicciones han permitido lecturas diversas de sus aportaciones a las sucesivas generaciones de historiadores.

En cualquier caso, para el estudioso barcelonés la historia explicativa fue siempre el sustento intelectual básico para sus posiciones políticas, económicas y morales. La historia como maestra de la vida pero también como guía experiencial para que los gobiernos acertasen en la tarea de buscar el progreso de la sociedad y con él la felicidad de los ciudadanos. La historia como instrumento privilegiado con las mejores garantías para asegurar la buena política, que en el caso del Setecientos era para Capmany la que lograse la verdadera reforma de España, reforma que no significaba revolución, sino conservación y cambio a la vez de aquello que la explicación histórica dictase. Recuérdese en este sentido sus conocidas palabras en la «Prefación» de sus Memorias:

El historiador, entonces, comparando los tiempos, las costumbres y las vicisitudes de los gobiernos con una análisis filosófica, se podrá contentar con el mérito de la buena elección de los sucesos más dignos y más importantes, de los cuales pueda sacar vivas lecciones para la moral pública y grandes ejemplos para la política de los Estados. Pero estas combinaciones y reflexiones deben siempre estribar en la verdad y realidad de las cosas para hacer sólida y útil la instrucción[88].

En definitiva, una historia verdadera como maestra de la patria. Este uso político de la historia y este historicismo de buena ley a la hora de pensar en el futuro de Cataluña lo veremos practicado también por bastantes historiadores y mandatarios catalanes posteriores que tuvieron en Capmany a uno de sus principales referentes.

Respecto a la valoración del absolutismo borbónico resulta también interesante escuchar la voz de Ramon Llàtzer de Dou a finales del Antiguo Régimen. Personaje originario de una familia nobiliaria y de gentes de leyes, educado por los jesuitas, discípulo predilecto de Josep Finestres[89], de marcada tendencia regalista y defensor de un reformismo de carácter conservador, Dou fue uno de los intelectuales más influyentes en la Universidad de Cervera hasta el traslado de la misma nuevamente a Barcelona a mediados del Ochocientos. Catedrático de dicha institución desde 1776, fue nombrado en 1805 su máximo responsable, cargo que incluso conservó por expreso deseo real cuando el papa Gregorio XVI lo abolió en 1831[90]. Jurisconsulto reconocido, coincidió con Capmany en las Cortes de Cádiz, donde llegó a ser su primer presidente en 1812, sin duda como una muestra de su evidente prestigio en España, y pasada la guerra de la Independencia fue nombrado vocal de la Junta Consultiva de Fernando VII en Cataluña, como prueba inequívoca de su monarquismo y fidelidad a la dinastía borbónica.

En efecto, el nieto de don Jacinto de Dou, abogado real del archiduque Carlos en las cortes de 1705-1706, mostró casi siempre una alta valoración de la incorporación de los Borbones a la historia de España, una Monarquía que, a su juicio, estaba alicaída con la veterana dinastía de los Austrias. Por eso debe entenderse que no dudara en defender una positiva consideración global de los nuevos soberanos cuando en diciembre de 1783 escribiera un elocuente elogio de Felipe V[91]. Era, ciertamente, uno más de los elogios que cada año se pronunciaban en la Universidad de Cervera en honor de su fundador; uno más y con la retórica propia de este tipo de literatura, pero no por ello falto de sinceridad respecto a la valoración que de dicho reinado y del conjunto de la dinastía tenía el clérigo Dou.

¿Y qué nos dice en su elogio el profesor cervariense respecto al primer Borbón? Pues nada menos que considera que Felipe V fue un excelente rey porque resultó el perfecto paradigma de que, por encima de los éxitos bélicos, lo que verdaderamente hace pasar a un soberano a la posteridad, y por tanto su principal virtud, es su capacidad de legislador, de hacer buenas y duradera leyes para su monarquía. Prueba evidente de esta realidad histórica la constituye el caso particular del principado, con el cual Felipe V se comportó, en opinión de Dou, como un verdadero «Solón de Cataluña»[92]. La razón principal de esta rotunda valoración positiva la encuentra este catedrático en derecho en la promulgación de una ley que considera fundamental para los destinos del país catalán: la Nueva Planta. Una ley sobre la que llega a decir que más que ley «la llamaría modelo y regla de las mejores leyes y código de derecho universal [pues] tan abundantes son en ella las instituciones de pocas y muy consideradas palabras y las previsiones de futuro»[93]. Una ley de la que afirma: «Nunca he escuchado a un hombre docto que con sus elogios no la ensalzara hasta el cielo». Y acerca de la cual siente la necesidad de mostrar en su discurso con cuánto «derecho y merecimiento» se había promulgado. Una ley, en suma, que considera virtuosa porque no la había levantado el nuevo soberano «según las normas de aquellas en las que se había educado en Francia, sino acorde a las circunstancias»[94].

¿Cuáles eran los principales «merecimientos» de la Nueva Planta según Dou? Pues lo primero que afirma es que había resultado virtuosa porque supo andar por el recto camino de derogar algunas costumbres jurídicas inadecuadas del viejo ordenamiento catalán, como el hecho de que a una persona pudiera juzgarla una sola autoridad municipal que había llegado a serlo por dinero y por condición social antes que por «virtud y méritos hacia la república». Dou aceptaba el monarca absoluto para un solo reino, pero criticaba en cambio que en su seno hubiera en cada municipio un poder absoluto de carácter más bien oligárquico que fuera la única instancia unipersonal juzgadora. Felipe V había acabado con aquella situación «gótica» al disponer que, en caso de delito grave, fueran cinco los expertos varones juzgadores. Es decir, los ciudadanos tenían desde entonces un lugar donde «refugiarse» ante los «mandones».

La Nueva Planta había tenido también para Dou el acierto de abrir dos puertas fundamentales para la sociedad. La primera para que entrara la «virtud y la sabiduría» desterrando a la «incierta condición de nacimiento» a la hora de elegir a las personas que debían ocupar los cargos civiles y eclesiásticos de relevancia. Y la segunda para que los «españoles beneméritos» pudieran entrar en Cataluña y «nosotros [los catalanes, en] las de las demás» provincias. O dicho de otro modo, se había acabado con la condición de extranjería dentro de la propia monarquía y auspiciado la idea ilustrada de que había que valorar la virtud y el mérito y no únicamente la cuna de nacimiento en el siempre delicado proceso de la promoción social y política. Y no solo eso. La Nueva Planta había finiquitado también otras situaciones permitidas por el antiguo ordenamiento catalán que a Dou le parecían insostenibles, como el hecho, por ejemplo, de que hubiera «asociaciones» populares que desde el siglo XIV pudieran por su cuenta y riesgo tomarse la justicia por su mano para perseguir a los presuntos delincuentes «ante el primer grito del pregonero»[95]. En suma, en cuanto a estas cuestiones jurídicas y políticas, y aun a sabiendas de que algunos compatriotas catalanes suyos pudieran molestarse por «dolerse de la suerte de nuestros mayores», Dou opina que la Nueva Planta vino a arrumbar viejos y maléficos hábitos que perduraban en la Cataluña de los Austrias.

Pero igual que valora positivamente la derogación que la Nueva Planta hizo de algunos comportamientos institucionales derivados de las antiguas Constituciones catalanas, considera en cambio benéfico que dicha ley dejara vigente otra parte de las mismas, como, por ejemplo, el «derecho náutico y otras leyes municipales nuestras». Desde una visión plural de la realidad de España, y a la contra de quienes solicitaban una inmediata unificación de todas las leyes, Dou cree que cada pueblo tiene su propia personalidad y que, por tanto, «a los pueblos costeros les va unas leyes y a los de tierra adentro otras; que hay que valorar de distinta manera los ligeros ingenios de los griegos y los rudos de los espartanos»[96]. Así pues, Cataluña es para Dou una entidad histórica específica con identidad propia en el marco de las Españas. Cataluña no es Castilla porque el centro mesetario no es la periferia mediterránea, ni la historia de una y otra son la misma.

En materia económica, Dou valora muy positivamente a Felipe V y a los demás monarcas Borbones. Por un lado, porque en cuestiones fiscales fueron pasando del sistema de arrendadores al de funcionarios, llegando a afirmar que fue Felipe V quien «libró por completo a Cataluña y en gran parte a España de la durísima y cruel secta de los recaudadores y mandó que arrendaran los tributos a quienes no llamaba al cargo la ambición de ganancias y negocios, que los empujaba a pasarse de la raya»[97]. Y, por otro lado, porque considera, siguiendo en buena medida a Jerónimo de Ustáriz, que su política económica centrada en el proteccionismo de la manufactura nacional resultó importantísima para el crecimiento de la economía de España y también para la del principado, pues actuó como acicate para el desarrollo de su industria la benéfica prohibición de los tejidos o lienzos estampados de algodón venidos de cualquier parte. En su pensamiento económico de mercantilismo tardío, el proteccionismo ocupó sin duda una parte sustancial.

En cuestiones fiscales, Dou valora de manera especialmente positiva que la Nueva Planta instaurara el impuesto del catastro[98]. En este sentido, era un decidido partidario de la única contribución que, a su juicio, los reinados de Fernando VI y Carlos III intentaron aplicar en los otros reinos por desgracia sin éxito, y que nuestro catedrático volvió a defender como idea central de sus posiciones hacendísticas en las Cortes gaditanas frente a los argumentos contrarios al catastro de Vicente Alcalá-Galiano, quien afirmaba que de ese modo Cataluña pagaba bastante menos que Castilla, cuestión que «con demostración matemática» Dou sostenía que era precisamente a la inversa[99]. Para Dou el catastro catalán era un palmario ejemplo de única contribución que debía ser imitado en toda España. Un tributo que, si bien no excluía las aduanas de las fronteras ni algún que otro impuesto más, debía ser preferido en todo caso al maligno y enmarañado sistema fiscal castellano de rentas provinciales que, a su juicio, había resultado un claro impedimento para el crecimiento de la industria y el mercado nacional. O sea, el catastro era digno de ser aplicado para la Monarquía entera porque permitía un mejor conocimiento de la riqueza de los reinos y las personas, evitaba «una tropa de alcabaleros que como perros de caza muerden continuamente el fruto desde que sale de la tierra hasta que se consume», representaba una mayor equidad en el pago de las personas y en la contribución de los territorios españoles (con él, en su opinión, Cataluña pagaba tanto o más que las Castillas[100]), y porque, finalmente, en tiempos de invasión enemiga se mostraba más eficaz para obtener rápidamente recursos. En definitiva, desde que se instauró el catastro en Cataluña estaba el pueblo «complacido con alegría sin sujeción a las trabas casi serviles que consigo traen las rentas provinciales», y «sin pagar nadie sino en razón de sus bienes raíces, industria y comercio, o en aduanas en frontera el que, siendo rico, tenía gusto de lucirlo con géneros estrangeros o que no se contentaba con el precio del país en cuanto a primeras materias[101]». Así pues, para Dou el catastro era parte de la modernidad y el progreso.

Por último, como no podía ser menos por parte de un catedrático cervariense, Dou pondera muy positivamente a Felipe V y a los Borbones por instaurar y sostener la Universidad de Cervera, considerando que fue un regalo del monarca, en prueba de su amor por Cataluña, que sirvió para anular tantos estudios generales en malas condiciones instaurando una única universidad reformada que debía ser equiparable a las mejores de Europa, como así cree nuestro académico que aconteció durante el transcurso de la centuria.

La mayor parte de estos argumentos pueden comprobarse asimismo en la más elaborada, famosa e influyente de sus obras, Las instituciones de derecho público general de España, donde Dou otorga nuevamente a las políticas del absolutismo borbónico respecto al principado una positiva evaluación por haber mantenido buena parte de la legislación anterior en cuanto al derecho civil y mercantil, por haberse ocupado de ordenar jurídicamente muchos asuntos importantes para el crecimiento económico, por las políticas de protección a la industria y al comercio, por la beneficiosa introducción de un catastro que considera socialmente progresivo y, finalmente, por el decidido amparo a instituciones como la Junta de Comercio de Barcelona[102]. Como podemos recordar, razones todas que ya estaban de forma embrionaria en sus escritos anteriores y de las cuales nunca se desdecirá a lo largo de su vida.

Dou es un reformador conservador que admite eliminar lo que le parece que se opone a su idea de progreso pero también conservar todo aquello que lo permite o no lo imposibilita. Por eso piensa que Felipe V y los demás monarcas Borbones fueron positivos para Cataluña: porque reformaron las cosas malas y dejaron las cosas buenas, porque no trataron de anular a la provincia en toda su personalidad, sino adentrar en ella los nuevos vientos que soplaban por Europa conservando algunas de las veteranas costumbres propias. Dou afirmaba que el principado vivía, en la época en la que él escribe, una etapa de esplendor[103] y creía que un motivo importante para conseguirla había sido un buen enlace entre los Borbones y las virtudes de los catalanes. Por un lado, las estratégicas actuaciones de Felipe V culminadas por Carlos III, que «ha establecido en utilidad nuestra y de todo el reino muchas cosas que se echaban de menos». Y, por otro lado, «la laboriosidad propia de nuestros hombres (los catalanes)… que tienen más sentencias que palabras, que son los primeros en tomar decisiones y no los últimos en seguirlas». Para Dou, Felipe V será recordado por sus hazañas bélicas como la toma de Barcelona o la batalla de Almansa, pero «la fama olvidará mucho más despacio lo que hizo en la paz, las decisiones e instituciones que han dejado bien asentada esta provincia»[104].

Ahora bien, pese a su genérica defensa del primer Borbón, pese a su positiva valoración de lo realizado por el absolutismo borbónico como algo benéfico para Cataluña y para España y pese a su declarado regalismo, que basa en la propia tradición catalana de Antoni Oliba o Narcís Peralta, Dou es capaz de conciliar dichas posiciones con un explícito reconocimiento de que la actuación de Felipe V en el final de la guerra de Sucesión no fue de recibo porque trató al principado como una «provincia conquistada»[105]. Es más, afirma que:

Cataluña tuvo la desgracia de que por uno de los efectos que suelen resultar de las guerras civiles, como lo fue la que se llama de sucesión, se la trató con dureza y crueldad: una tercera parte hermosísima de la ciudad de Barcelona se derribó tan necia como inútilmente para establecer allí una ciudadela, que ha causado ahora en gran parte la ruina de la misma casa reinante que la mandó edificar[106].

Y no solo señala sin tapujos esa dura realidad posbélica, sino que a pesar de su evidente reconocimiento de las virtudes del catastro para la economía catalana a lo largo del siglo, tampoco se priva de recordar que al principio se gravó a los catalanes con unos impuestos a todas luces excesivos que pronto se comprobó que eran imposibles de satisfacer y que tuvieron que ser rebajados notablemente[107].

Ni tampoco dudó Dou en mostrar que su reformismo moderado de carácter conservador le permitía proponer, en el marco de las Cortes de Cádiz, una «Constitución histórica» basada en dos sujetos de soberanía: el rey y las Cortes estamentales. Ni vaciló al reclamar una división de poderes entre el judicial y el legislativo en el Parlamento y el ejecutivo en manos del rey, al estilo del sistema político inglés: «La buena constitución de un Estado parece que consiste en los tres poderes, legislativo, judicial y ejecutivo, y en que estén separados… la Constitución británica está zanjada sobre ese principio»[108]. Para el catedrático cervariense, «la sagrada persona del rey» debía tener capacidad de ejecución política con sus ministros, pero la acción legislativa era bueno que estuviera en unas únicas Cortes estamentales con representación de las provincias. Cortes que podían reunirse periódicamente cada seis o siete años, pero que tenían que estar acompañadas de un nuevo organismo que por su rapidez pudiera hacerlas eficaces para legislar ante las urgencias que en los tiempos modernos generaban la competencia internacional (bélica y comercial), urgencias políticas que hacían aconsejable la delegación del poder legislativo de las Cortes en un cuerpo más ágil, que sin embargo Dou no especifica cómo se debía llamar. En cualquier caso, no haber respetado esta separación de poderes, que según nuestro catedrático era la propia de la tradición española, había ocasionado los últimos males (no queda claro con plena certeza si se refiere al gobierno de Godoy). Para Dou, esta distinción de jurisdicciones era precisamente lo que más afianzaba al rey, tal como se había demostrado en Inglaterra.

Ni le pareció problema alguno apoyar, al igual que hiciera Capmany, la petición de que las Cortes españolas tuvieran muy en cuenta el funcionamiento de las antiguas Cortes catalanas, recuperando de este modo que el monarca se reuniera con los tres brazos para pactar los acuerdos y jurarse mutua fidelidad al tiempo que se nombraran dieciocho jueces de agravios (nueve por parte del monarca y nueve por parte de los estamentos) para estudiar los posibles incumplimientos (lo que Capmany llamaría la «diputación»). Una reunión que solicitaba que se realizara con presencia de nobles, clérigos y «vocales de todas las provincias […] en razón de lo que cooperase cada provincia en fuerza de hombres y dinero para servir el Estado». Ni, finalmente, Dou titubeó al propugnar una visión plural de España opuesta a la homogeneidad política que defendían los liberales y que al parecer él consideraba con tintes centralistas[109].

El defensor del reinado de Felipe V respecto a Cataluña, el defensor de las políticas del absolutismo reformista durante el siglo XVIII, el defensor de la monarquía borbónica durante y después de la guerra de la Independencia, era el mismo que lamentaba la represión felipista y que hacía de valedor de una Constitución que calificaba de «histórica» y en la que no debía mostrarse, en su opinión, reparo alguno hacia la existencia de los tradicionales reinos de las Españas, cuya reunión voluntaria constituía de hecho para él la común monarquía de España. Dou no pedía la vuelta de las Constituciones catalanas, no solicitaba retroceder al mundo foral de los Austrias, pues pensaba que lo hecho por los Borbones era básicamente correcto y que lo preceptivo, en 1812, era la existencia de unas Cortes únicas para toda España, pero sí defendía que las mismas se basaran también en la propia y variada tradición constitucional española (incluyendo en lugar destacado a la catalana), y que fueran un cierto contrapeso del poder real desde una composición claramente estamental al estilo tradicional, unas Cortes en las que además hubiera también representantes de todas las provincias españolas (recordemos que Cataluña era entonces considerada una provincia única). Quizá por eso mismo estuvo de acuerdo en considerarse, al contrario que Capmany, diputado de Cataluña que debía seguir las opiniones del territorio y no diputado por Cataluña con libertad de criterio. Y quizá por eso también Dou se convirtió en una especie de portavoz oficioso de las autoridades civiles de Cataluña durante todo ese convulso periodo.

De esta manera, Dou y Capmany, procedentes ambos de familias austracistas, son de opiniones muy parecidas al compartir unos postulados ideológicos no demasiado alejados en aquellos momentos de difícil transición política. No parece que en esencia la globalidad del discurso de Dou sobre la aportación positiva de los Borbones, sobre el proteccionismo económico, sobre la pluralidad hispánica, sobre la necesidad de contemplar también el constitucionalismo histórico español (y por tanto, el catalán) antes que el francés a la hora de hacer una única Constitución o bien sobre la defensa de la actitud proespañola de los catalanes durante la guerra de la Independencia[110] se diferenciase en gran medida (aunque ciertamente existan matices) de lo que pensaba y proponía Capmany por esas mismas fechas.

Uno y otro apreciaban que la unión entre buena parte de las políticas borbónicas con las tradicionales virtudes catalanes había formado un buen matrimonio; uno y otro individualizaban a Cataluña dentro de España como un ente histórico-político específico con personalidad propia, incluso Capmany no tuvo empacho alguno en hablar de los catalanes como «un pueblo» y como una «comunidad nacional»; uno y otro reivindicaban de forma historicista el constitucionalismo catalán a la hora de redactar la nueva Constitución unitaria española; uno y otro practicaban el doble patriotismo al sentirse catalanes y españoles sin contradicción; y también uno y otro, finalmente, representaban políticamente un reformismo conservador (más acentuado quizá en Dou, quien no votó en las Cortes a favor de abolir la Inquisición), regalista y estamentalista en el marco de un orden social que se estaba empezando a deshacer sin que todavía hubiera sido claramente sustituido por otro. Ninguno de los dos se proclamaba neoaustracista, pero ambos personalizaban a Cataluña como algo diferente dentro de las Españas y solicitaban que las reformas moderadas que debían hacerse no fueran a costa de la real pluralidad geopolítica de España. Cataluña sí y España también era un lema que el historiador Capmany y el jurista Dou compartían en la difícil y compleja bisagra finisecular.

Con la guerra de Independencia de por medio y con los convulsos años que le siguieron, la historiografía catalana tardaría en encontrar de nuevo su pulso[111]. Sin embargo, buena parte de las actitudes y opiniones de Capmany o de Dou no caerían en saco roto. No lo harían sus posiciones políticas ni tampoco sus ponderaciones sobre las relaciones entre Cataluña y el absolutismo borbónico. Creo poder afirmar que sus estelas, sobre todo la de Capmany, defendiendo las Españas y el doble patriotismo, poniendo en valor la tarea de las «provincias» en la construcción de la identidad española, apostando por el castellano como una lengua capaz de incorporarse a la ciencia moderna, reclamando la laboriosidad y el sentido empresarial catalán para alcanzar la modernidad en España, evocando de manera positiva el patrimonio constitucional de la corona aragonesa para una sola Constitución nacional española basada en el derecho histórico hispano y reconociendo lo que la monarquía borbónica hizo para bien de España y Cataluña, volvería a surgir en diversos autores tanto de la primera mitad del siglo XIX como del amplio universo de la Renaixença. La narrativa histórica reivindicativa propia del romanticismo historicista catalán estuvo en parte asentada en el discurso capmaniano.

Historiadores como Joan Cortada, Ferran Patxot, Víctor Balaguer o Antoni de Bofarull no tuvieron inconveniente en valorar positivamente las opiniones de su predecesor porque en esencia, y sin duda con matices entre ellos, compartían buena parte de sus posiciones políticas sobre la incardinación y el papel de Cataluña en España. Por eso no tuvieron tampoco problemas en compartir la esencia del discurso ponderativo capmaniano sobre el Setecientos ni en seguir su senda defendiendo que la historia comparada era un arma fundamental para aleccionar a los intelectuales y a los ciudadanos en la medida en que resultaba el elemento idóneo para comprender las causas del presente y mostrar las adecuadas actuaciones para su mejora. Como dijo el propio Capmany: «Estos saludables desengaños deben llegar a las naciones por el conducto de su propia historia, esto es, de la pintura de los errores y de sus aciertos, que comparados con los diversos pueblos y edades componen las lecciones del ciudadano y el Literato»[112].

La historia era para Capmany un instrumento del presente para leer un pasado que debía resultar, a su vez, aleccionador y normativo para aquel por la vía comparativa. Y eso fueron esencialmente sus Memorias históricas, tratando de explicar causalmente la espléndida expansión económica de la Cataluña medieval como un ejemplo merecedor de permanecer en la «memoria histórica catalana» para aprender de ella, y también como un medio para entender la gran expansión comercial catalana que se estaba produciendo de la mano de los grandes comerciantes del Setecientos que, sentados en los sillones de la Junta Particular de Comercio, no por casualidad decidieron sufragar una obra histórica que coincidía con sus intereses estratégicos de clase. Todo un ejercicio de historia comparada entre pasado y presente de un mismo país para crear la memoria memorable, es decir, buena y positiva, en la que debía buscar Cataluña su futuro progreso civilizatorio. Mirar al pasado, aprender de sus glorias y reproducirlas en el futuro con orgullo y fidelidad. La secuencia comparativa entre el espléndido medioevo y el dinámico Setecientos estaba clara: un sistema político participativo con los estamentos controlando al rey permitía generar y amparar a una élite social emprendedora que desarrollaba la economía y el progreso común de todo el país. El comercio y los comerciantes eran el eje fundamental; las Cortes estamentales, un bien necesario. Para el último Capmany, la Cataluña del siglo ilustrado ya tenía a sus grandes hombres de negocios desarrollando la economía mercantil y fabril, por eso pedía en el cambio de centuria que volvieran las Cortes estamentales para controlar el pacto que debía realizarse con el soberano en cuanto al ejercicio del poder.

Para la mayoría de los historiadores catalanes del XIX, Capmany había despertado la conciencia histórica catalana que ellos deseaban alimentar como estudiosos, una conciencia histórica que mostraba su utilidad para movilizar el sentimiento patriótico (español y catalán) y conducía de hecho a una visión a menudo presentista de la historia de Cataluña y de España que, hallándose ya en el ilustre barcelonés, se iba a transmitir a buena parte de la historiografía catalana posterior. Como se iba a heredar igualmente la combinación capmaniana entre la consecución de una rigurosa erudición alcanzada con la crítica documental y una historia narrativa en la que tuviera cabida la interpretación sobre la causalidad histórica sin dejar de lado el apasionamiento patriótico[113].

En resumidas cuentas, con Capmany quedó instalado en la cultura y en la política catalana un historicismo que, proviniendo al menos de los tiempos de Feliu de la Penya, iba a recorrer un fructífero camino hasta nuestros días. Desde entonces, ha resultado usual que los intelectuales y los políticos contemplen a la historia como un elemento axial positivo, casi reverenciado, para definir la identidad diferencial catalana y las estrategias para su adecuada conservación y aumento. La historia como elemento indispensable de las políticas nacionalizadoras[114]. O como diría el propio Capmany:

La historia en general instruye, enseña y desengaña a los lectores, mas no les apega a ningún país, ni los interesa por la suerte de ninguno. Pero el que ha leído la historia de su Nación, sus pasadas glorias, sus leyes, sus antiguos usos, las proezas y virtudes de los antepasados, el que ama su lengua y sus costumbres, cobra y conserva amor a su Patria y la defiende en la guerra porque la defiende en la paz[115].

Esto que Capmany escribió en su Informe refiriéndose a una España ocupada por Napoleón era un mensaje que podía ser aplicado después para Cataluña sin mayores cortapisas: conocer la historia de una nación y estimar su lengua y sus costumbres, ayuda a enamorarse de la patria y a luchar por su supervivencia futura. Y los historiadores y políticos románticos catalanes no pusieron objeciones a esta idea, tanto para ser aplicada a España como a Cataluña. Una idea que se instalaría en el espíritu político catalán de la centuria decimonovena: Cataluña tenía una historia gloriosa y al tiempo desgraciada que era preciso contar porque permitía sentirse orgullosos de ser catalanes y demostraba el porqué de las diferencias con los otros españoles. Lo que no siempre hicieron muchos de los historiadores posteriores fue aplicar la metodología histórica de Capmany consistente en tratar de no ideologizar de manera partidista el oficio de historiador.

Precisamente, la pervivencia del influjo del paradigma político e historiográfico capmaniano empezó a variar cuando los avatares de la política fueron también modificando las posiciones respecto a los asuntos del Siglo de las Luces y degradando la figura de Capmany. En la medida en que se radicalizaron algunos intelectuales, historiadores y políticos catalanes hacia posturas más nacionalistas, Capmany fue apareciendo como poco catalanista por su actitud ante la lengua catalana y por su decidido apoyo al nacimiento del Estado-nación español[116]. Cuando Capmany dejó de ser una gloria de Cataluña, las opiniones sobre el absolutismo también empezaron a radicalizarse en negativo en una parte de la historiografía, la intelectualidad y la política catalana. Pero antes de llegar a eso hubo de transcurrir una gran porción del siglo XIX. Veamos, pues, lo que pasó durante la mayor parte de esa centuria.

Capítulo 2
LOS HISTORIADORES DEL ROMANTICISMO: LAS HISTORIAS DE ESPAÑA

Hubo que esperar hasta finales del primer tercio del Ochocientos para que en Cataluña empezaran a surgir nuevas hornadas de estudiosos de la historia. En su mayoría no eran todavía verdaderos profesionales de la historiografía en el sentido actual, pero cada vez más dejaron de ser nobles o religiosos para pasar a ser gentes procedentes de los sectores intermedios de la nueva sociedad, especialmente personajes vinculados al derecho, la política, la enseñanza o el periodismo. Gentes instruidas y pertenecientes a la república de las letras, que sentían formar parte de una élite social con la responsabilidad de conformar la incipiente opinión pública desde un discurso intelectual en el que la historia ocupara un destacado papel. Gentes que escribían sobre el pasado con otra concepción del mundo, cada vez más burguesa y menos nobiliaria, más civil y menos militar o eclesiástica, más liberal y menos conservadora, más atenta a los progresos de la libertad y la igualdad consagrados en la Revolución Francesa y menos vinculada al mundo del viejo absolutismo, más empeñada en que se enseñara a todos los ciudadanos y no solo a los reyes o a los grandes señores las cada vez más imprescindibles lecciones de los historiadores sobre el pretérito.

Ahora los estudiosos de la materia histórica estaban progresivamente politizados (entiéndase: preocupados por el futuro de la sociedad catalana y española) y a su vez ocupados en escribir una literatura histórica cada vez más plena de ciencia, eso sí, según la naturaleza y consideración que a la misma le otorgaba el universo romántico de aquel entonces. Más plena de ciencia y menos literaria como a menudo todavía se efectuaba. Una historia cada vez más científica en busca de la verdad y que, por esa misma condición, sirviera de forma ineludible para ilustrar a los políticos de una manera cuasi infalible. Metas epistemológicas desde luego sinceramente deseadas por la mayor parte de los historiadores que a continuación analizaremos pero que, como también veremos, casi nunca se cumplirían en su propia práctica del historiar, pues pensaban, en general, que con la debida referencia documental y con las citas de autoridad la objetividad podía darse por conseguida.

Ni en Cataluña ni en España aparecieron por casualidad los nuevos oficiantes de la historia. Igual que en buena parte de los países del orbe europeo, estas nuevas generaciones de historiadores surgieron en un momento preciso: cuando inspirados por las ideas románticas y las doctrinas nacionalistas, casi todos, políticos e intelectuales, estuvieron de acuerdo en la necesidad de escribir historias nacionales[117]. En España este nuevo tipo de investigador llegaría a personificarlo a la perfección Modesto Lafuente, un historiador liberal de contrastada erudición que alcanzaría un gran renombre y difusión. Sintiéndose heredero de la tarea de Mariana de elaborar una historia general hispana, el estudioso palentino supo levantar una Historia general de España desde los tiempos primitivos hasta nuestros días (30 volúmenes publicados entre 1850 y 1867), que representa sin duda una monumental suma de historia española que legitimaba las aspiraciones de un nuevo Estado liberal unificador y claramente favorable a la centralización administrativa y política[118]. Una historia de España en la que el pueblo se convertía en el gran sujeto histórico cuya máxima expresión de su plenitud debía ser la consecuente creación de un Estado-nación al modo y manera que el idealismo hegeliano había planteado. Una historia al servicio del proceso de nacionalización español que, como en el caso de casi toda Europa, requería de un discurso histórico que defendiera la uniformidad política y legal para la construcción del Estado nacional pensado y edificado por las élites sociales e intelectuales. Un proceso de nacionalización español que ha sido objeto de controversia entre historiadores acerca de sus debilidades o sus fortalezas[119].

Y no por casualidad surgieron también estas novedosas formas de historiar en el momento en que la burguesía catalana porfiaba por jugar un papel en el control de la política española y de la administración del nuevo Estado que se estaba creando a partir de la revolución liberal. Su hegemonía en ciernes en la sociedad catalana y su puesta de largo ante el resto de la burguesía española precisaban también reivindicar una historia catalana propia dentro de la historia general de España, una historia específica en la que ella hubiera tenido un significado protagonismo promotor y dirigente en el siempre anhelado camino de la libertad política y la igualdad jurídica frente al estamentalismo. Una burguesía catalana que pensaba en sus negocios, pero que también intuía que era fundamental para certificar su preeminencia de clase en Cataluña el poder controlar la memoria y el imaginario popular sobre el pasado. Una memoria y un imaginario popular en los que aspiraba a situarse como la clase rectora por antonomasia, al modo y manera de lo que había conseguido alcanzar la nobleza durante los tres siglos anteriores. Las necesidades de construir un nuevo Estado, de ubicar adecuadamente la especificidad de Cataluña dentro del mismo y de asentar definitivamente la hegemonía de la clase burguesa fueron tres factores importantes para crear un ambiente progresivamente favorable al historicismo tan propio de la época romántica.

El utilitarismo y el pragmatismo burgués llegaron también a la historiografía. Por un lado, había que edificar una historia útil capaz de comprender el presente y ayudar a pensar el futuro con rigor científico. Por otro lado, la historia debía ser transmitida al pueblo para que aprendiera las lecciones del pasado evitando los errores cometidos. En toda Europa eso se puso en boga, en España tuvo numerosos cultivadores y desde luego los catalanes se lo tomaron muy en serio. En Cataluña, el historicismo iba a estar presente desde el primer liberalismo, y no menos entre las huestes conservadoras del carlismo. Lo estuvo entre los liberales republicanos, moderados o exaltados, que deseaban alimentar en cada caso una determinada visión histórica de la nación española y de Cataluña[120]. Y tuvo definitiva carta de naturaleza a partir de los años cuarenta del siglo XIX[121]. Como en otros lugares del continente, los historiadores catalanes quisieron lograr la cuadratura del círculo: elaborar un conocimiento científico del pasado al tiempo que este se ponía al servicio de las necesidades ideológicas del nuevo Estado, de la reivindicación de la especificidad de Cataluña en su seno y de la burguesía como nueva clase social triunfante. Y para ese proceso de nacionalización burgués se precisaba mucha historia y una versión alternativa de la historia de España a las escritas desde el castellanocentrismo.

No es azaroso que de manera significativa casi todas las primeras manifestaciones historiográficas catalanas de los años centrales del siglo aparecieran con el rótulo de «Historia de España» y no con el de «Historia de Cataluña»[122]. En casi todos los autores se expresaba claramente con ello que el bipatriotismo era una condición básica de su visión de un principado que veían incardinado, de manera lógica y natural, en la realidad política e histórica «España» como una expresión más de la tendencia universal que en aquellos momentos existía a la fusión de diversos pueblos en grandes unidades nacionales-estatales, muy propia, por otra parte, del pensamiento liberal de carácter moderado o progresista[123].

En el marco de una Cataluña que estaba asistiendo al desmoronamiento del Antiguo Régimen iniciado en la guerra de la Independencia cuando los catalanes supieron mostrar al tiempo su españolidad y su catalanidad, en el contexto de un principado que se estaba industrializando y sostenía un gran interés en la creación del mercado español[124], en medio de una sociedad catalana enfrascada en guerras civiles entre carlistas y liberales y en una creciente conflictividad social[125], en un ambiente de ascendente influencia del historicismo romántico en una parte de la intelectualidad que se esforzaba por descubrir el pasado histórico del país mediante la poesía, la novela histórica o la historiografía, para poder pensar mejor su futuro y justificar adecuadamente sus actuaciones políticas de presente[126] y, finalmente, en un tiempo en que se buscaba escribir una historia de España alternativa desde la periferia catalana, fue Joan Cortada quien efectuó una interesante aportación sobre la época del absolutismo borbónico en España de la cual podemos deducir, colateralmente, su opinión acerca de las repercusiones que el mismo tuvo para Cataluña[127].

Como otros intelectuales de su época, Cortada fue un personaje polifacético. Influido por las ideas de Jaume Balmes[128], ejerció de fiscal en la Audiencia, hizo de traductor, colaboró como articulista en varios periódicos (especialmente en el Diario de Barcelona), estuvo entre los impulsores de los Juegos Florales[129] y se dedicó a la docencia como profesor universitario y de secundaria, siendo por tanto durante más de tres décadas un funcionario público de entre aquellos que se encargaron de realizar el proceso de institucionalización de la geografía y la historia como disciplinas escolares. Sin embargo, en lo que Cortada destacó poderosamente fue como novelista en temas históricos catalanes y como uno de los historiadores más notables de la Cataluña isabelina[130].

De tendencia liberal moderada (fue incluso diputado por Tarragona en 1843), afirmaba escribir por «amor patrio» para salir al paso del maltrato que una parte de la opinión pública española infligía a Cataluña con falsos supuestos como el egoísmo, la tacañería o la rebeldía de los catalanes. Como era muy propio de la historiografía organicista y romántico-nacionalista de su época, Cortada escribía con la intención de desmentir el mal concepto que en algunos españoles había sobre el «genio», el «carácter», el Volkgeist del pueblo catalán, siendo en este sentido uno de los primeros intelectuales en querer definir vindicativamente el mismo[131]. Eran, recordémoslo, los mismos años en los que el liberal constitucionalista Tomás Bertran Soler afirmaba escribir su Itinerario descriptivo de Cataluña para que el resto de los españoles conocieran mejor a los catalanes. Un mayor conocimiento gracias al cual debía quedar claro que se trataba de un pueblo «celoso de su independencia y esencialmente liberal», por tanto, un pueblo contrario, como el mismo Bertran era, al absolutismo y favorable al pacto medieval catalán entre monarca y estamentos. Y no menos claro debía quedar asimismo que se trataba también de un «pueblo activo y laborioso» que había sabido levantar la provincia más «rica e industriosa» de España[132].

Ante esta indeseada situación de malquerencia hacia los catalanes y con la pretensión de no ofender a nadie y de no abrir viejas heridas ni fomentar los enfrentamientos, Cortada pretendía ayudar a un rearme moral de Cataluña y a que fuera entendida y respetada dentro de la «familia española» en que la situaba sin ambages[133]. Y no menos pretendía, asimismo, decir al público español que para construir España no era preciso agraviar a Cataluña desde Castilla como a veces había ocurrido en la historia común. Era una primera versión, suave y moderada, tendente a recordar la serie de ofensas que debían evitarse desde el resto de España hacia Cataluña, para así mantener la hermandad necesaria en aras a continuar profundizando en la unidad española que había tenido una magnífica muestra en 1808[134].

Aunque consideraba que el principado tenía «su historia, cual la tienen todas las naciones y los pueblos todos» y que la erigida por los catalanes era «magnífica, gloriosa, llena de fastos muy capaces de enorgullecer a cualquier pueblo», siguió en gran medida la tradición de Capmany de abordar la historia de Cataluña dentro de la historia de España porque consideraba que desde la unión con los Reyes Católicos terminaba:

en rigor la historia de Cataluña, pues convertida en una de las provincias de la monarquía española, su historia es la de esta, corre con ella la suerte misma, participa de sus grandezas y sufre la parte que le toca de sus miserias […], no pretende glorias para sí, sino que a fuer de buena hermana, coloca en el catálogo de las glorias españolas las que sus habitantes alcanzan.

Una buena hermana que había tenido «algunas disensiones […], más todas ellas son disturbios de familia, que si dejan rastro por algún tiempo, se olvidan después para que aparezca más fervoroso y sincero el amor fraterno»[135].

Es decir, Cataluña tenía una historia propia que mediante la vinculación dinástica de 1479 entre Castilla y Aragón, recuperando de manera natural y lógica el unitario reino visigodo tras el paréntesis medieval, se había fundido con una España que era su mejor presente y su más prometedor futuro, pero ambas realidades serían viables en tanto que se respetase también a la catalanidad de una parte importante de los españoles y se reconociese la historia del principado y sus aportaciones al acervo común hispano. España con Cataluña y no solo con Castilla. Cortada apostaba así por algo que ya estaba en Capmany y en Pròsper de Bofarull y que más tarde se encontrará en la mayoría de los historiadores y en gran parte de los intelectuales del resto del siglo, algo que sería santo y seña de los hombres de la Renaixença, fueran liberales o conservadores. Y para un Cortada liberal pero moderado, para un Cortada monárquico e integrador, para un Cortada lleno de catalanidad pero todavía no plenamente catalanista, para un Cortada que desea fortalecer la presencia de Cataluña en España, ese algo era la reivindicación de las Españas efectuada desde un sincero españolismo que no aceptaba la castellanización de España ni de su historia, pero que tampoco proponía nada que no fuera la integración de la patria catalana en la nación española. Por eso Cortada deseaba contar «otra» historia de España que ayudara a un proceso nacionalizador diferente al defendido por los castellanocentristas.

Las dos obras fundamentales en que podemos reseguir las opiniones de Cortada son su Historia de España desde los tiempos más remotos hasta 1839, publicada en Barcelona entre 1841 y1843, y sus Lecciones de historia de España, editadas en la misma capital dos años después. Si en el primer caso son páginas escritas con gran preocupación erudita, en el segundo se puede comprobar su mayor énfasis interpretativo a partir de la influencia del historiador francés François Guizot y unas características más divulgadoras que le llevan a resumir sus principales posiciones. Esta segunda publicación, que según informaciones del propio historiador tuvo un gran éxito en los centros escolares de Cataluña y Baleares, y que significativamente estaba encuadrada en una «Biblioteca Económica del Maestro de Primera Enseñanza», fue reeditada con posterioridad en 1872 en Barcelona como Historia de España dedicada a la juventud, siendo este un libro escolar en el que con gran eficacia didáctica compendia sus otras dos obras y que para el presente estudio solo he consultado puntualmente.

En puridad, hay que recordar que Cortada no se refiere explícitamente a las relaciones entre Cataluña y el absolutismo borbónico, sino que se ocupa indirectamente de este tema a partir de sus exposiciones sobre lo que el siglo representó para la historia de España. En el caso de su ponderación del Setecientos, un Cortada que era miembro de la Real Academia de la Historia y caballero de la Orden de Carlos III expresa una visión bipolar: positiva valoración de la tarea de los tres primeros monarcas borbónicos por un lado y cierta añoranza por las tradicionales instituciones catalanas por otro. Con manifiestos deseos de alcanzar la necesaria independencia y neutralidad del historiador pero confesando con claridad lo difícil que resulta dicha empresa cuando se trata de historiar a la nación y superar el «amor patrio»[136], y con el ánimo declarado de buscar el entendimiento entre los diferentes pueblos que a su criterio formaban España, Cortada, en una obra historiográfica que es al unísono narrativa y explicativa, y que, siendo claramente providencialista al estilo de Jacques-Bénigne Bossuet, se inspira también en la concepción progresiva de Giambattista Vico y en la «historia filosófica» de Guizot, ofrece una visión dual, «ibérica» y «periférica» al tiempo, respecto a la guerra de Sucesión y a los monarcas borbónicos[137]. Una visión dual de la historia de España que individualiza a la historia de Cataluña en muchos de los episodios de los que se ocupa, como la expresión propia de la pluralidad de España pero deseando que ello no se entienda como «provincialismo»:

Siendo Cataluña nuestra patria nos parece que le debemos el sacrificio de ocuparnos un instante de ella sola. No permita Dios que esto se interprete por espíritu de provincialismo; más tuviéramos a mengua el ser catalán y no dedicar a Cataluña una página particular en la historia general que escribimos. Haga otro tanto un hijo de cada provincia, y tendremos la historia de la antigua legislación de todas[138].

En referencia a los acontecimientos sucesorios, su posición es más bien «periférica» (léase catalana) cuando lamenta la pérdida de las instituciones autóctonas a las que considera «un grandioso monumento que habían levantado los trabajos de sus reyes y del pueblo», un monumento jurídico y político anterior incluso a las reconocidas instituciones parlamentarias inglesas. Pero al mismo tiempo, consciente de que era una cuestión que aún desunía a los españoles y que «no están por desgracia extinguidos los mutuos odios entre algunas provincias que componen la nación española, [que] quedan de aquella guerra testimonios harto dolorosos para los vencidos; [y que] aún llora Cataluña la pérdida de sus fueros», Cortada decide, desde una clara opción de buscar la unidad hispana y la integración de todos los españoles en la «madre» que para él representa España, no dedicar al tema demasiado espacio en su obra, lo cual advierte que no debe interpretarse como indiferencia por su parte hacia «la suerte que le cupo a nuestra patria [Cataluña]»[139].

Y ciertamente que no había indiferencia por parte de Cortada en este asunto que consideraba que había afectado de manera sustancial a los catalanes como pueblo. Sin disimulo de ningún tipo ante tan vidrioso asunto, nuestro estudioso se ubica en el bando de los perdedores austracistas frente a los vencedores borbónicos, partiendo de la idea de que finalmente fueron todos los catalanes sin distingos los que ofrecieron resistencia. Lo muestra en sus Lecciones, cuando narra la heroica lucha de unos habitantes del principado, abandonados por los aliados (especialmente por los ingleses) y por el propio archiduque, que deciden convertirse «todos en soldados» para luchar por sus privilegios ante el potente ejército de un Felipe V que creyó llegada la hora de «someter a la provincia de Cataluña»[140]. Y lo muestra especialmente quince años después en su Cataluña y los catalanes, cuando, al interrogarse por «el papel que representan los catalanes en la familia española», recuerda que la llegada de los Borbones representó un nuevo tiempo inaugurado con la abolición de unas antiguas instituciones cuya existencia no impedía a Cataluña encontrarse dentro de España y compartir su futuro, como bien lo había demostrado desde los tiempos de la Corona de Aragón. De hecho, considera que los catalanes son tildados de rebeldes porque perdieron en su apoyo a Carlos de Austria, puesto que de haber ganado la contienda se les habría considerado unos «héroes»[141].

Es más, Cortada cree que Felipe V se equivocó al no hacer lo mismo que en su día realizaron Juan II y Felipe IV. A saber: conservar los fueros de Cataluña a pesar de su rebeldía y de su derrota militar. Para el historiador barcelonés, el primer Borbón desconocía que «la magnanimidad es un arma a la que los catalanes no resistimos» y con su actitud punitiva «no quiso que los catalanes le amaran» y «derramó a manos llenas una semilla fatal que ha producido abundantes y amarguísimos frutos». Suerte, argumenta, que los sucesores de Felipe V no actuaron igual respecto a Cataluña y que la guerra de la Independencia «hizo olvidar todos los rencores» y por eso «la semilla que arrojó a nuestro suelo Felipe V no ha fructificado más, ni ya es posible que fructifique»[142]. Un deseo político de Cortada que, como bien sabemos, no parece que se cumpliera en tiempos posteriores.

A pesar de su claro lamento referido a la pérdida de las libertades políticas catalanas, que consigna como patriota catalán al que gustaría una cierta disminución del centralismo político y una España plural no castellanizada que interpretara correctamente el sentido plural de la unidad dinástica de los Reyes Católicos, Cortada muestra en cambio, como patriota español que desea sinceramente la unidad hispana, una valoración positiva de los tres primeros reyes borbónicos respecto a la gobernación de la monarquía española, incluyendo por tanto al propio Felipe V.

Partiendo de la idea de la decadencia de España en tiempos del último Austria[143], nuestro historiador considera que Felipe V fue un monarca que, en medio de grandes dificultades, supo robustecer las posesiones que le quedaron a España tras el tratado de Utrecht, erigir un trono para su hijo Carlos en Italia, levantar un importante ejército de cien mil hombres y una considerable armada de setenta navíos que antes no existían, dar nueva vida a la agricultura, animar el comercio, llamar en su auxilio a las ciencias y a las artes creando numerosas instituciones culturales y que «por todos los medios procuró la felicidad de su reino»[144]. Cortada reconoce que Felipe V no resultó en lo personal hombre de muchas virtudes, y que estuvo en parte dominado por sus esposas (especialmente por la enérgica Isabel de Farnesio), pero cree que solo debe juzgarse su vida pública que fue, en general, positiva para el país: «Al echar una ojeada al estado en que halló la España cuando vino a ella, y al estado en que a su muerte la dejaba, no puede desconocerse que es uno de los monarcas que ocupan un lugar más señalado entre cuantos rigieron nuestra patria»[145].

Es decir, a pesar de su sensibilidad política manifiestamente crítica con el primer Borbón a causa de la pérdida de los fueros catalanes, el deseo de ahondar en la españolidad y de evitar viejas divisiones entre los pueblos hispanos conduce a Cortada a no practicar una actitud revanchista respecto a un Felipe V que, en el tema del autogobierno catalán, le merece un neto y rotundo reproche. Es verdad que no se refiere a los efectos particulares que el resto del reinado pudo tener para Cataluña tras la contienda sucesoria, pero me parece significativo que fuera capaz de separar su reprobación política, como un catalán con sensibilidad anticentralista que sentía la pérdida de las antiguas instituciones, de su visión histórica como español que considera positivo el reinado para la historia de España. Sin perder la favorable memoria del antiguo ordenamiento del principado, sin ocultar sus posiciones políticas que le llevan a un juicio histórico negativo de Felipe V respecto a su comportamiento con Cataluña al final de la guerra de Sucesión, Cortada busca sin embargo la concordia entre españoles al tiempo que rechaza ahondar en los motivos de conflicto. En opinión del estudioso barcelonés, aquella contienda fue un acontecimiento a olvidar de una nación española que ahora tenía en cambio sobrados motivos de presente para seguir creyendo en las virtualidades de la vida en común bajo un mismo Estado y compartiendo idéntico destino.

De Fernando VI afirma que sin grandes aspavientos, sin grandes virtudes personales para el gobierno y con el buen asesoramiento de su esposa, mantuvo España en una paz necesaria, delegó en buenos ministros como Carvajal y sobre todo Ensenada (al cual muestra rendida simpatía), fomentó la vida intelectual y cultural e hizo un papel digno en la política internacional poniéndola en el camino de conseguir el rango que le competía en política internacional. En suma, el reinado del melancólico Fernando dejó a España preparada para el gran reinado de su hermanastro[146]. En efecto, Carlos III fue para Cortada sencillamente «el príncipe más grande entre los Borbones que reinaron en España, o al menos el que hizo más para la felicidad de los pueblos»[147]. Tras repasar sus buenas cualidades personales, tras enumerar sus acertadas medidas en el campo de las fuerzas armadas, de la política internacional, de las relaciones con la Iglesia, de la abolición de fueros y privilegios sociales, del fomento de la economía y las infraestructuras, del amparo a la cultura y la ciencia, y tras recordar finalmente que supo elegir y sostener a ministros de la talla de Aranda, Floridablanca o Campomanes, sentencia Cortada: «Basta nombrar a Carlos III para que se despierte en el ánimo la idea de un período de felicidad y de contento, y de uno de esos reinados en que todos los súbditos consideran al monarca como un padre que se desvela por la ventura de los hijos»[148]. Un Carlos III que, en su opinión, se afanó en mejorar España, especialmente en sus últimos años, porque quería conseguir que al hacerla feliz e ilustrada desoyera el grito de libertad que provenía de Francia «pensando en las desdichas que causaba [la libertad], y que hallasen ya en su patria los bienes que prometía»[149]. Es decir, la reforma como antídoto preventivo de la revolución.

Pero el reinado de Carlos III «no fue más que un rayo de sol en medio de tempestad deshecha, y la bella aurora de un día borrascoso»[150]. Su hijo Carlos IV no supo seguir la etapa de esplendor que su padre le había legado. Al decir de Cortada, todo se torció con el cuarto soberano Borbón. Primero, cuando ante los acontecimientos revolucionarios franceses Floridablanca tomó el camino de paralizar las reformas, luego cuando el monarca pasó a estar «despóticamente» gobernado por la reina y por el advenedizo, ambicioso, déspota y corrupto Manuel Godoy[151], finalmente cuando Napoleón entró en España y la debilidad de carácter y de gobierno de los monarcas y sus ministros se pusieron de manifiesto. Suerte que en medio de tanta ineptitud, el pueblo español supo mostrar el 2 de mayo de 1808 toda su capacidad de resistencia y de combate. Y concluye Cortada:

La patria gemía bajo el yugo extranjero, el rey estaba cautivo, la religión era ultrajada, las antiguas y veneradas costumbres vilipendiadas, y España determinó salvar su religión, su patria, su rey y sus costumbres […]. No hubo acuerdo, no hubo plan, no hubo inteligencia; el amor de la patria era el móvil del alzamiento, y ese amor habló al pecho de los españoles en un mismo día, y por esto casi en un día mismo la insurrección fue general en todas las provincias[152].

Para Cortada, una de esas provincias españolas era sin duda Cataluña. Fue la guerra de la Independencia la que sirvió para fortalecer los lazos de unión entre los catalanes y el resto de los españoles. Fue este dramático y transcendental hecho el que permitió demostrar el heroísmo de los catalanes en el Bruc o en Girona, demostrar su compromiso con la nación española y cerrar de ese modo la herida de 1714 que, en cierta medida, todavía estaba abierta. Como afirma Cortada: 1808 «convirtió en un solo hombre a todos los habitantes de España»[153]. Es decir, la guerra contra Napoleón permitió demostrar que la unidad hispánica era una realidad cada vez más fuerte y que Cataluña participaba en primera línea de ella sin distinción de clases y sin restricciones afectivas o políticas de ningún tipo. Fue un paso decisivo en la progresiva españolización de los catalanes, no ya por la fuerza militar, sino por los sentimientos patrióticos despertados ante el enemigo exterior, un paso decisivo desde la patria particular catalana a la patria común española.

Aunque no lo manifiesta de manera explícita, del conjunto de la obra de Cortada parece poderse deducir lógicamente que, excepción hecha del gravísimo pecado de juventud de Felipe V en 1714 y hasta el nefasto reinado de Carlos IV, los reyes borbónicos son considerados positivos para la historia de España y, por ende, para su «provincia» Cataluña. Hubo un momento de importante discordia, pero luego se restituyó nuevamente el camino hacia la unidad española gracias en parte a los propios monarcas y sus buenos ministros, y a los efectos de una guerra de la Independencia en la que los españoles suplieron las enormes deficiencias de sus principales autoridades con unidad, valentía y determinación frente a la invasión napoleónica. Y aunque no lo dice textualmente, porque el objeto de sus escritos no es la historia de Cataluña propiamente dicha, todo apunta a que la valoración de Cortada sobre el absolutismo borbónico en referencia a los catalanes fue en general positiva una vez salvado el durísimo e injusto trago de haber perdido las instituciones tradicionales.

En una Europa en la que se estaban construyendo los grandes Estados-nación estimulados entre otros factores por los discursos historicistas, nuestro historiador contempla las relaciones del principado con España como una cuestión que debe resolverse definitivamente, como un problema que él desea que se solucione por el camino de la hermandad, la integración y la unión, tal como lo quería también una Cataluña pensante que en su época se ubicaba de forma mayoritaria en ese mismo pensamiento político e identitario[154]. Cortada, como buena parte de sus coetáneos, tenía una visión de historia nacional de España y no de historia nacional de Cataluña, como buena parte de sus coetáneos no era un intelectual nacionalizador catalán sino más bien nacionalizador español, como buena parte de sus coetáneos estaba de acuerdo con la frase con la que Manuel Milá i Fontanals acabó su discurso de inauguración de los primeros Jocs Florals en 1859: «No pot estimar sa nació [España], qui no estima sa província [Cataluña]»[155].

Pero eso sí, su historia nacional de España tenía también una sensibilidad catalana y reivindicaba con convencimiento que no hubiera una única lectura castellanizante de la historia de una nación común que debía ser patrimonio colectivo de todos los españoles. Por eso su siglo XVIII era claramente bifronte: critica al primer Borbón por acabar con el ordenamiento tradicional catalán que liquidó la pluralidad de las Españas de los Austrias, pero realiza un reconocimiento favorable de los tres primeros monarcas de esa dinastía respecto a la renovación de España y, por inclusión, de Cataluña. En suma, Cortada era un capmaniano convencido de la posibilidad del doble patriotismo que aspiraba a escribir una historia positiva de Cataluña dentro de España. Era un historiador liberal, moderado, romántico, provincialista, pleno de catalanidad, que rechazando una historia de España castellanizante no apostaba por recorrer la senda de una historia de Cataluña que precisase romper con la españolidad. Y quizá por no ser ni «españolista» centralista ni «catalanista» avant la lettre, durante el resto de siglo su obra tuvo escaso eco en los grandes actores historiográficos de la centuria. Aunque puede que también fuera por eso mismo por lo que no mereció, en cambio, entrar en la revisión crítica que un siglo después Jaume Vicens Vives haría de la historiografía romántica catalana[156].

Si bien poco se ocupa del Setecientos el historiador y arqueólogo Andreu Avel·li Pi i Arimón en su Barcelona antigua y moderna, publicada entre 1850 y 1854, parece evidente, sin embargo, que sigue en general la estela interpretativa, que no metodológica, de Capmany y Cortada[157]. Al igual que estos autores, tampoco parece muy dispuesto a detenerse en los conflictivos tiempos de la contienda sucesoria. En referencia a la misma mantiene una postura ambivalente. Por un lado valora positivamente las resoluciones de las Cortes de 1701, destacando sobre todo la concesión de la Compañía Mercantil y del Puerto Franco para Barcelona, dos proyectos acordados con Felipe V que afirma que podrían haber dinamizado la economía catalana a no ser porque «las revueltas que en breve sobrevinieron» los aguaron. Mientras que, por otro lado, lamenta tácitamente la pérdida de las veteranas instituciones catalanas cuando afirma que quedó «sojuzgada la provincia a vuelta de aquellos turbulentos sucesos» de 1714 y cuando censura sin ambages la destrucción del «bello y poblado» barrio de la Ribera[158].

Ahora bien, superado este desafortunado episodio de principios del siglo, Pi considera que si bien el principado quedó muy deteriorado después de la contienda y tardó mucho tiempo en recuperarse de los «fatales golpes que recibiera», lo cierto es que los «Reyes [borbónicos] se consagraron después a reanimar los diversos ramos del orden público». En este sentido, respecto al ramo mercantil destaca especialmente la orden de Fernando VI, más tarde corroborada por Carlos III, de crear los Tres Cuerpos de Comercio en 1758. Y también recuerda que si bien «el comercio de Barcelona anduvo de cada día más decaído en casi todo el siglo pasado», la libertad de comercio con América representó «el soplo de una nueva y robusta vida a nuestra ciudad (Barcelona)», una reanimación que, desgraciadamente, la guerra de la Independencia vino a interrumpir durante muchos años[159].

Por último, es preciso comentar que Pi dedica una especial atención a la revuelta de la quintas de 1773. Un vidrioso asunto que, según propia confesión, analiza desde la óptica catalana y guardando en su retina los acontecimientos sangrientos que en primera persona había vivido en 1842, cuando el general Espartero había bombardeado una Barcelona disconforme con la política librecambista del gobierno. Su argumentación central al respecto es doble. Primero afirma que su causa central estuvo en la negativa de los catalanes (los más laboriosos de España en su opinión) a dejar sus empleos para servir obligatoriamente al Ejército, cumpliendo así con una inveterada tradición que había sido respetada hasta entonces por parte de las autoridades centrales borbónicas en una prueba de prudencia política al conocer la mayoritaria opinión contraria de los catalanes al respecto. Pi afirma que a estos no les faltaba valentía ni tampoco compromiso con sus reyes o con el destino de España, sino que pensaban que el sistema de recluta voluntaria era mejor que el de quintas obligatorias decretado por el gobierno porque con aquel se rompían menos proyectos vitales de la juventud y no se perjudicaba a la economía catalana al deteriorar menos la abundancia y calidad de su mano de obra. Y, en segundo lugar, Pi argumenta que pese a la gravedad del asunto y a las desgracias que produjo, la revuelta de las quintas no llegó a tener mucha influencia política gracias al buen comportamiento de la mayoría de los manifestantes, a la prudencia de algunos ministros reales y al buen hacer de las clases dirigentes catalanas, tanto civiles como eclesiásticas. De esta manera concluye Pi su análisis de la revuelta de 1773:

Así terminó aquel movimiento popular […] que hubiera tenido indudablemente resultados funestos, sin la natural morigeración y bondad de los jóvenes, el poderoso prestigio, sensatez y espíritu conciliador de los priores, cónsules y prohombres [de los gremios], la laudable solicitud del prelado [Climent], los buenos deseos de los magistrados [de la Audiencia], y la cordura y pulso del gobierno [de Madrid[160]].

Fue por esos mismos años cuando surgieron las aportaciones históricas de Ferran Patxot Ferrer[161]. Bajo el seudónimo de Manuel Ortiz de la Vega, que utilizó desde 1847, este estudioso mahonés afincado en Barcelona escribió dos obras que son de particular interés para el presente estudio. La primera se titula Crónica de las dinastías austríaca y borbónica y se editó entre 1854 y 1856 formando parte de su recopilación en seis volúmenes de Las Glorias Nacionales. Y la segunda fueron sus difundidos Anales de España desde sus orígenes hasta el tiempo presente, aparecidos en diez volúmenes de manera simultánea en Madrid y Barcelona entre 1857 y 1859, esta última fecha, por cierto, la anualidad de su temprana desaparición.

Alumno de derecho en Cervera, abogado en Madrid, fiscal de la intendencia militar en Barcelona, traductor de historiadores de fama como Guizot, Bossuet y Louis Pierre Anquetil, escritor romántico con novelas históricas como Las ruinas de mi convento, publicada en 1851, y primer director fundador del periódico barcelonés El Telégrafo, el liberal progresista Patxot estaba en básica sintonía con los postulados que alumbraron la trayectoria del liberal moderado Cortada[162]. A partir de ellos construye su obra con claros fines políticos y con dos premisas básicas. La primera es que la historia nacional de España no era solo la de Castilla sino que «puede ser tratada de otra suerte»[163]. En este sentido, Patxot argumenta que para elaborar la «historia nacional» de España tenía que evitarse el «provincialismo y los historiadores generalistas debían dejar de decir “soy español, pero ante todo soy carpetano”». Y entre estos provincialismos con los que había que acabar estaba también el castellano, que además era el responsable «del error de tomar por España las Castillas» y de olvidar que los reyes de Aragón y también los de Navarra habían de figurar entre los monarcas españoles. Es decir, Patxot reclamaba que la historia nacional española no tuviera un sesgo inequívocamente castellanizante. Y la segunda premisa era que no debíamos fiarnos demasiado de las interpretaciones históricas de los autores extranjeros, plenas de prejuicios y de pintoresquismo. Eso sí, advirtiendo, con cierta solemnidad, que ello no significaba que el historiador debiera quedar alucinado por el «amor a nuestra patria», pues para el mahonés lo realmente importante era encontrar la verdad que sirviera para sacar lecciones provechosas del pasado hispano[164].

Para acabar con el castellanocentrismo y con las deficientes interpretaciones foráneas, Patxot proclama la entera necesidad de elaborar una «nueva historia de nuestra patria [España] bajo el punto de vista ibérico, nacional e independiente»[165], una historia nueva a la que aporta cierta originalidad con un punto de vista cuasi confederal, buenas intuiciones interpretativas que posteriormente se confirmarían y una consulta bastante directa de las fuentes según propia confesión[166]. Desde esas premisas, su visión del Setecientos catalán se incardina en buena medida en la misma línea interpretativa de los autores precedentes. Sobre la guerra de Sucesión también se muestra instalado en la ponderación favorable a los austracistas y su tesis principal es que los catalanes lucharon por la «libertad española, que por entonces dio con ella el último suspiro para no renacer de sus cenizas sino hasta un siglo después». Por eso opina (haciendo una especie de pirueta dialéctica) que la construcción de la ciudadela representaba en realidad el recuerdo de una «noble y heroica defensa» (de los barceloneses) más que la celebración de un «triunfo» (borbónico)[167].

En el caso del final de la contienda, Patxot está convencido de que si los consejeros de Felipe V hubieran escuchado la voz de la política en los momentos en que todavía se podía pactar una solución pacífica, «hubiérase ahorrado a la monarquía una nueva lucha entre hijos». Pero como se quiso abolir a toda costa los fueros igual que se había hecho con Aragón y Valencia, los barceloneses decidieron entonces resistir y probar la suerte de las armas antes que humillarse. Para Patxot era una decisión obstinada pero comprensible en defensa de una buena causa como la catalana. Una causa que venía de antiguo, pues «en todas épocas los catalanes han procurado conservar intacto el código venerado de sus costumbre y franquicias, que datan de muchos siglos». Una buena causa en la que participaron todas las clases sociales catalanas sin distinción, demostrando un admirable heroísmo en la defensa de Barcelona tanto los comerciantes como los artesanos, tanto los nobles como los eclesiásticos. Una buena causa que, según Patxot, los propios catalanes recordaban que en sus inicios y en su final había sido instigada y condicionada por la política continental, siendo finalmente abandonada por los aliados. Una buena causa, al fin, que en opinión de nuestro historiador podía haberse resuelto pactando por parte de Felipe V la conservación de los fueros en lugar de acudir al recurso de suprimirlos por las armas. Las palabras de Patxot resultan sin duda significativas:

Entonces se encendió en los ánimos de aquel pueblo [el barcelonés] laborioso y honrado un fuego que solo con mucha sangre podía acabarse. Barcelona, antes que consentir la humillación degradante, quiso probar la suerte de las armas, que no siempre es favorable a una buena causa. Hubiérase sometido, corriéndose un velo denso sobre lo pasado, cuyas culpas no a ella sino a Europa tocaban[168].

Partiendo de esta posición crítica ante la actuación del primer Borbón al final de la contienda sucesoria, su reinado aparece en claroscuro ante los ojos de Patxot. Por un lado, lo considera «un príncipe virtuoso, lleno de ánimo en las adversidades, amigo de favorecer los adelantos de las ciencias y las artes», un monarca que «miró en verdad por la gloria de la nación», creó las academias de la lengua y de la historia y levantó una armada y un ejército que estaban postrados. Pero por otro lado, piensa que fue esclavo de sus dos mujeres, hizo una política mediterránea patrimonialista y, sobre todo, bajo las funestas enseñanzas de Luis XIV, se deslizó por la «senda de la arbitrariedad y el despotismo», que lo llevaron a conculcar «las leyes fundamentales de la monarquía», arrebatando «a sus pueblos el resto de las franquicias de que gozaban, y los trató como esclavos sujetos al yugo»[169]. De esta manera, Felipe V culminaría el proceso de castellanización, de centralización política y de absolutismo iniciado desde que Carlos V venció a los comuneros y que era tan contrario a la España confederal que defendía Patxot.

En su comprensión de la historia nacional de España, el indudable sentimiento de catalanidad de Patxot le llevaba a recordar la mala acción de Felipe V en referencia a las fueros catalanes, pero su no menos indudable sentimiento de españolidad le conducía asimismo a valorar de manera más bien positiva para los españoles (incluyendo por su propia lógica nacional a los catalanes) la mayor parte del resto de su reinado, un reinado en que afirma que Felipe V supo hispanizarse y defender los intereses de su monarquía por encima de su propia «raza» borbónica. El nuevo monarca tuvo, pues, la enorme virtud de nacionalizarse como español.

Fernando VI es tratado con indudable simpatía por Patxot al calificarlo como hombre bueno y nada rencoroso frente a su madrastra Isabel de Farnesio, que hizo lo imposible para que no fuera rey. Un soberano que se dedicó a buscar la felicidad de sus súbditos, puso tranquilidad en el interior, supo elegir buenos ministros como Carvajal o Ensenada y consiguió la paz que tanto necesitaba España con las potencias continentales para dedicarse a la tarea de la reconstrucción interior[170]. Una tarea que resultó ingente, pues trató de mejorar las infraestructuras, potenció notablemente a la armada española, puso orden en la hacienda intentando instaurar la única contribución, atacó la holgazanería, protegió la industria nacional, liberalizó el comercio colonial y fomentó las artes y la cultura con la apertura de escuelas y academias. En definitiva, Fernando VI fue un monarca «cuya memoria es más grata para la España que la de ningún otro de sus reyes, el Marco Aurelio español por su amor al pueblo». Es verdad que desde su visión liberal progresista, Patxot le reprocha a Fernando VI que «continuó como su padre desconociendo los derechos que a las Cortes del reino competían», pero a pesar de ese defecto concluye que «si algún gobierno mereció jamás un voto omnímodo de confianza fue el suyo». Y sentencia: «En ningún reinado ha sido tan independiente la España como durante su dominación. Su sepulcro debería ser conservado en medio de un jardín, y siempre circuido de flores[171]».

Carlos III merece asimismo su aprobación por su fomento de la economía, por su regalismo frente al papado, por su reforzamiento de las fuerzas armadas, por el mayor control político de la Inquisición, por las colonizaciones de Sierra Morena, por su política frente a los países árabes del Mediterráneo, por embellecer Madrid, por el amparo a la cultura y a la literatura, que en su reinado salieron de «un letargo profundo», por su elección de buenos ministros como Aranda, Campomanes o Floridablanca y, finalmente, por sus cualidades personales siempre presididas por la prudencia, la mesura y la afabilidad. Además, durante su reinado Cataluña vio cómo se le perdonaban los atrasos del catastro y como se suprimía el «derecho de bolla […], derecho más duro que el de las alcabalas en Castilla»[172]. Y aunque Patxot afirma que se continuó marginando a las Cortes del reino y que la política de alianzas de los Pactos de Familia con Francia frente a Inglaterra fue un error, el único, de Carlos III, opina también que desde luego puede considerarse «su reinado una época brillante y envidiable de la historia de España»[173], un reinado «que recordarán siempre con noble orgullo los españoles»[174].

Patxot no piensa lo mismo de Carlos IV. Aunque reconoce que subió al trono «junto al cráter de un volcán» como fue el estallido de la Revolución Francesa, caracteriza al cuarto Borbón como persona de poco carácter y poco gobierno, un monarca que «cazaba por la mañana y cazaba por la tarde» y que acabó entregando su reinado a un favorito llamado Manuel Godoy, que se convirtió de hecho en el rey hasta que fue depuesto ante los acontecimientos de la invasión napoleónica[175]. Un favorito que aunque Patxot reconoce que hizo algunas cosas buenas en el orden interior no se escapa por ello de recibir una dura crítica por su exceso de poder sin tener la preparación adecuada, por su política de endeudamiento público que llevó a la hacienda española a la ruina y, sobre todo, por sus subordinadas alianzas con Francia, que comportaron un suicida enfrentamiento con Inglaterra y consiguieron hundir a sus fuerzas navales, que quedaron maltrechas en Trafalgar, y a la economía española, con el consiguiente perjuicio para la naciente industria catalana y su hasta entonces próspero comercio.

Y por si fueran pocas las desgracias, Carlos IV tuvo que lidiar con las tropas de Napoleón entrando en la Península. Sin reyes ni gobierno, España tuvo la fortuna de que entonces, afirma Patxot, la propia nación salió al paso de su defensa y de la defensa de la dinastía que la había dejado desamparada después de los sacrificios que había hecho por ella. En primera línea de esa nación española en armas estuvieron los catalanes, que en el Bruch pronto mostraron una solidaridad con la causa nacional española que en Girona no harían más que confirmar con heroísmo. Eso sí, una Cataluña que, en el momento de formar las juntas para la defensa nacional, apostaba por un modelo de organización menos aristocrático que el que defendían las ciudades castellanas, en acuerdo a lo que era su más sentida tradición de dar entrada al pueblo llano en el gobierno. Una tradición más «democrática» y participativa que Patxot, sin decirlo textualmente, considera más idónea y pertinente para el futuro hispano. Resulta muy significativa la opinión de Patxot en este sentido:

Al mismo tiempo las juntas creadas en las provincias de la monarquía para dirigir el nacional alzamiento trataban de ponerse acordes entre sí a fin de aunar los esfuerzos de todos los españoles contra el común enemigo. Había que vencer grandes obstáculos nacidos de la índole particular y usos de varias comarcas. En las Castillas había desde remotos tiempos dominado el principio aristocrático […], sus municipalidades, más bien que representación de un pueblo congregado, eran consideradas como patrimonio de la nobleza. Al contrario en el reino de Aragón, y muy particularmente en el principado de Cataluña. No era en él desentendida la nobleza […], mas ella tampoco se desdeñaba de alternar en los municipios con el estado llano, y no consideraba degradante ningún oficio ni ocupación manual. De muy antiguo los artesanos estuvieron sentados en los famosos municipios barceloneses.

Y ante esta evidencia histórica, Patxot concluye: «Era consiguiente, pues, que en medio del cataclismo general por el que pasaba la España se encontrasen frente a frente unos principios tan diversos al tratarse de dar dirección a los negocios políticos»[176]. La pluralidad de la tradición política hispana volvía a demostrarse una vez más para nuestro historiador. Y esa era para él la verdadera e indudable realidad de España y en cierta medida uno de sus principales problemas.

Así pues, parece evidente que la visión de la historia nacional de España defendida por Patxot era un punto diferente a la que iban a escribir historiadores como Lafuente, en el sentido de que su ponderación resultaba más sensible a una interpretación periférica conformada con ribetes algo menos uniformistas. Nuestro historiador situaba a los tres primeros reinados borbónicos en el lado positivo de la balanza de la historia de España pero indicando dos inconvenientes importantes. Primero: como catalán señala la equivocación de Felipe V de no adoptar una política pactista con los reinos de la Corona de Aragón. Y segundo: como persona de talante liberal recrimina la falta de respeto a las Cortes del reino e insinúa a menudo su desacuerdo con el excesivo poder absoluto de los monarcas y sus ministros. Patxot no es, pues, un defensor del absolutismo borbónico, sino que en términos de la historia nacional de España pondera positivamente tres de sus reinados, aunque hubiera preferido que la monarquía lo fuera con unas Cortes efectivas y actuantes. En su valoración final de Carlos III y de su ministro Floridablanca, Patxot insiste en la idea de que «lo único que en Floridablanca mereció ser condenado abiertamente» fue su exceso de poder y su falta de escuchar consejos que provinieran de fuera del gobierno. Y ante esta indeseada situación sentencia: «Tolerable era este mal cuando el ministro se llamaba Floridablanca y el monarca Carlos tercero, pero con otro ministro y con otro rey fácilmente se daba por aquel medio cabida a una insoportable tiranía»[177].

Está claro. Para Patxot el absolutismo borbónico no era el régimen ideal que los españoles hubieran debido disfrutar, y solo es pragmáticamente aceptado por él porque durante buena parte del Setecientos resultó ilustrado, emprendedor y objetivamente benéfico para los españoles (y por ende para los catalanes) dada la calidad de los tres primeros reyes y de sus ministros reformadores. Pero sus limitaciones políticas se pudieron comprobar con el último monarca y su protegido Godoy, que en medio de tiempos ciertamente difíciles no parecieron disponer de idéntico tesoro de cualidades personales. Por eso, desde su posición liberal, valorará positivamente las Cortes de Cádiz en la medida en que establecieron la soberanía nacional y limitaron poderosamente las atribuciones regias a imitación de lo que era la antigua Constitución española antes de Carlos V,[178] especialmente en pueblos como el catalán, que había disfrutado de amplias libertades públicas. Hablando de este crucial asunto, Patxot afirma que la convocatoria de Cortes se hizo argumentando que se iban a «restaurar las antiguas leyes de la monarquía, sin mencionar si serían las de la organización aristocrática de las comunidades castellanas, o las de la Constitución popular de los municipios de la Corona de Aragón»[179]. Y más adelante recuerda también que la Constitución salida de las Cortes recogía la soberanía nacional con un cierto impulso «federativo» y que ya había precedentes en la limitación del poder real, pues «el conde duque de Olivares, clamando contra los catalanes, repetíale siempre a Felipe cuarto que no era rey de Cataluña sino de nombre, tan descarnada habían dejado su autoridad los privilegios de aquellos naturales»[180].

Y también por eso nuestro historiador lanza sus más duras críticas contra la figura de un Fernando VII que, en lugar de ponerse en la senda de la Constitución, aunque hubiera que reformarla en algunos aspectos, trató con gran «ingratitud a sus súbditos» y devolvió a España al absolutismo más rancio. Patxot considera que amén de sus pocas cualidades personales y de su escasa entidad ética, Fernando VII fue un instrumento de la reacción por mantener la «supremacía feudal» que había arrancado a los españoles la participación popular en los municipios y destruido los «privilegios de los reinos» hispanos (entre ellos los del principado), centrando el poder en una oligarquía de familias nobiliarias que «encontraron en Fernando séptimo un monarca débil, pintáronle como invasiones de mala índole las reformas planteadas [la Constitución de 1812] y recabaron de él lo que de un conquistador extraño [los Bonaparte] tal vez no hubiera conseguido»[181]. En cualquier caso, a su parecer, el futuro hispano después de la guerra fue ensombrecido por el nefasto reinado fernandino, que no supo aprovechar el enorme potencial regenerador nacional que se abrió en 1808.

En resumen, para Patxot el siglo había resultado hasta su último cuarto bastante positivo para España y para Cataluña gracias al absolutismo ilustrado y reformador de los tres primeros Borbones, pero dejando insinuado entre líneas que hubiera preferido que los mismos resultados se hubieran conseguido con mayor respeto por los diversos reinos y con mayor soberanía popular y mayores libertades públicas. Eso sí, en asuntos de geopolítica hispana, aunque al contemplar la historia de España del Setecientos mostró una clara sensibilidad catalana, no cabe duda que su perspectiva no era todavía catalanista, sino más bien propia del creciente nacionalismo español liberal.

Nada de liberal tiene en cambio la última historia de España escrita por un catalán durante estos años centrales del siglo XIX. Me refiero a la confeccionada por el gestor de compañías ferroviarias pero también escritor, traductor, periodista e historiador Víctor Gebhardt y Coll bajo el título de Historia general de España y de sus Indias, publicada en siete volúmenes en 1862[182]. Aunque deudor del mundo empírico de otros autores, pues confiesa no haber acudido a los archivos sino a las obras ya publicadas, Gebhardt, personaje también influido por la idea de «nación católica» de Balmes, próximo a ideas carlistas por las que fue deportado[183], escritor premiado en los Juegos Florales de 1868 y miembro de la Academia de Buenas Letras barcelonesa y de la Real Academia de la Historia, vino a suponer en cambio el contraste interpretativo conservador católico a las ideas históricas del liberal Lafuente, un contrapunto que tuvo a su vez una significada audiencia en los ambientes del tradicionalismo hispano.

En efecto, si el historiador castellano contempla el Setecientos español como un período histórico positivo en el que la actuación de la nueva dinastía borbónica preludiaba una política unitaria, nacional y de progreso, una política que en el propio siglo de este autor heredaría y encarnaría sobre todo la burguesía liberal y la monarquía isabelina[184], el historiador catalán ofrece, en cambio, una visión tradicionalista que valora especialmente el veterano ordenamiento político «federal» de la monarquía de los Austrias más cercano, en su opinión, a las viejas libertades medievales, siempre idealizadas por Gebhardt frente al despotismo ya introducido lentamente desde los Reyes Católicos. Al respecto llega a afirmar:

Entonces se preparó para los pueblos de España la pérdida de su libertad política y el plan de concentrar toda la acción gubernativa en manos del monarca y excluyendo en cuanto fuera dable la influencia de la nación, principió ya con este reinado [Reyes Católicos] y se desarrolló después con la dinastía austríaca.

Y añade a continuación:

Con solo la reunión de las coronas aragonesa y castellana preparóse ya de tal manera la ruina de las instituciones populares […]. Así van juntos en la historia de la humanidad el bien y el mal: la época de nuestras más esplendentes glorias, la de la unidad de España […] fue también la aurora que anunció la pérdida de nuestras antiguas y veneradas libertades[185].

Con estos antecedentes, nuestro historiador considera a las ideas absolutistas de carácter centralista, regalistas e ilustradas provenientes de Francia como extrañas a la verdadera tradición española basada en las libertades del medioevo, en las instituciones forales y en una monarquía paccionada y con el contrapeso de los poderes de la Iglesia y la nobleza, características todas ellas que para el barcelonés convertían aquella tradición en la más idónea y estable para España.

En el inicio del volumen dedicado íntegramente al Setecientos, Gebhardt lo deja escrito sin dejar lugar a dudas:

Con el siglo XVIII y la dinastía Borbón se inaugura para España una nueva era; sus caracteres distintivos son: en el exterior, la sucesiva pérdida de nuestras posesiones; en el interior, la cesación del aislamiento en que respecto de las demás naciones se había hallado España, convertido a la sazón su territorio en palenque de la contienda europea; el renacimiento de sus fuerzas y de su actividad amortiguada; la abolición del federalismo en que hasta entonces había vivido, y el mayor acrecentamiento, el apogeo de la autoridad real, que no en vano era Felipe de Anjou nieto de Luis XIV y se había educado en las máximas absolutas y centralizadoras[186]…

Desde esta perspectiva el historiador catalán arma su interpretación del Setecientos español y en consecuencia su visión colateral de lo que representó para Cataluña. Y desde luego para esta última la centuria empezó significando algo muy grave, quizá lo más grave que podía pasarle: perdió sus libertades y su democracia, es decir, su personalidad política dentro de la monarquía de España. La cosa ya empezó a manifestarse en las Cortes de 1702 en Barcelona, donde se vio claramente, según Gebhardt, que los catalanes desconfiaban de la nueva dinastía y que Felipe V soportaba de mala gana y con «disgusto […] aquellas prácticas de libertad e independencia [catalanas] a que no estaba acostumbrado», aunque finalmente hubo de acceder a todas las peticiones a cambio de conseguir un millón y medio de libras[187]. Una desconfianza que pronto cuajó en desafección en 1705, en parte por la previa toma de conciencia de los catalanes en favor del archiduque y en parte también por las inoportunas acciones del virrey Velasco. Y con Cataluña fue la Corona de Aragón toda la que apoyó a Carlos III en la guerra de Sucesión, que así cataloga Gebhardt, significativamente, al archiduque Carlos.

Abandonada por Inglaterra y por el emperador, aunque confiada en las promesas que todavía ambos le hacían de auxiliarle en su causa, Cataluña fue entonces la principal abanderada en la lucha por mantener «con valor y desesperación [la] defensa de sus antiguas leyes» y se enfrentó a «todo el poder de España y Francia» y también a un Felipe V «que deseaba someter a todos sus Estados a la misma forma de gobierno y estaba resuelto por lo tanto a abolir el de Cataluña»[188]. Y esa resistencia, avivada especialmente desde que fueron derogados los fueros aragoneses y valencianos, la llevaron a cabo sus habitantes sin distinción de clases, sobre todo al convencerse de que, visto lo ocurrido en los otros reinos, ya no tenían «esperanza de conservar los fueros». Fue para Gebhardt una contienda plena de unanimidad social por el mantenimiento de las tradicionales libertades políticas. Una lucha cruenta y una resistencia heroica al estilo de Sagunto y Numancia, reconocida por toda Europa y que estuvo motivada finalmente por el rechazo a aceptar el mero perdón general que Felipe otorgaba sin garantías de mantener los privilegios, que era lo que los tres brazos catalanes habían jurado defender con las armas en la mano hasta la muerte[189]. La victoria, «por número que no por valor y constancia», fue de los borbónicos. Y tras ella, Felipe V se mostró muy poco generoso con «la heroica ciudad vencida»: encerró o mandó ejecutar a los principales jefes militares, quitó todo tipo de armas a los catalanes, disolvió las instituciones, quemó los fueros y los privilegios, suprimió la Universidad de Barcelona y, finalmente, estableció un gobierno igual a Castilla a través del Decreto de Nueva Planta; igual a Castilla excepto que, recuerda Gebhardt, «conservó la fuerza de las Constituciones de Cataluña» en el derecho civil y en el Consulado de Mar[190].

¿Y que representó para España, y con ella para Cataluña, el gobierno de Felipe V? La respuesta es nítida y concluyente: «el reinado de Felipe V fue de los más importantes en nuestra historia nacional» y supuso «mucho bueno y mucho malo». La opinión del barcelonés sobre el primer Borbón como gobernante es de claroscuro: señala que podía tener algunas cualidades personales como querer el bien de su pueblo y llevar una vida conyugal y religiosa correcta, pero considera que en general estaba muy poco preparado para el gobierno de la cosa pública: «estuvo dotado de muchas de las prendas que constituyen el hombre honrado, de muy pocas de las que forman los buenos reyes»[191].

Sobre Carlos III reconoce que fue el gran monarca del siglo que supo acrecentar el bienestar material de su pueblo engrandeciendo la importante tarea realizada por sus antecesores. Si en el ámbito de lo personal Gebhardt se muestra entregado a la figura de Carlos III y admite toda la serie de virtudes expresadas por su primer biógrafo, el conde FernánNúñez, si en cuanto a sus cualidades como monarca acepta que hizo grandes cosas para España, no deja de manifestar en cambio su opinión contraria a la política exterior carolina por su entreguismo con Francia y de denunciar también que «nunca como en tiempo de Carlos III se han ponderado tanto los derechos de los monarcas, nunca el absolutismo ministerial ha alcanzado tanto predominio»[192].

Refiriéndose a las fuerzas armadas, a la economía o al variado universo intelectual, el historiador catalán reconoce que la revitalización de España con la nueva dinastía fue un hecho evidente. Ahora bien, en el terreno de la religión y de la política, que para él resultan «los únicos verdaderos en la gobernación de los pueblos», las cosas fueron francamente mal para los españoles. Al hablar de las nocivas novedades que introdujo la dinastía borbónica en España no duda en afirmar que:

Entonces crecieron y empezaron a dominar en las regiones del gobierno las doctrinas que tendían a llevar la autoridad y el poder de los reyes hasta un punto desconocido en España, quísose para su daño [de España] hacer del soberano el poderoso centro vivificador sin el cual había de perecer todo, entonces se conculcaron las leyes fundamentales de la monarquía, se arrebataron a los pueblos sus últimas y aún importantes leyes y franquicias, y la uniformidad de gobierno de todas las partes del reino, hasta en los más pequeños detalles, quedó erigida en dogma [un dogma que], destruyó del todo las leyes catalanas, valencianas y aragonesas[193].

Es decir, en política se asistió al triunfo del «absolutismo ministerial» y en religión, al triunfo del regalismo, y ambas cosas importadas de Francia fueron funestas para España en relación a su futuro, pues rompían el equilibrio político y social de la nación y con ello arrastraban a la ruina a la propia monarquía, a la que Gebhardt considerada sin dudas una «venerada institución».

¿Estamos ante una visión catalana de España o se trata de una historia nacional española vista desde el tradicionalismo carlista de origen medievalizante y con una impronta católica y austracista? No debemos descartar que la catalanidad de Gebhardt influyera en su pensamiento político y en su visión historiográfica, pero más bien me inclino a pensar por el mayor peso de lo segundo: una historia tradicionalista, monárquica y católica de España edificada para el combate ideológico de los carlistas forales frente a los liberales centralizadores. Era, en realidad, una crítica descarnada al afrancesamiento de España con los Borbones y un claro lamento por la pérdida de las leyes fundamentales que tenían en Dios, la monarquía y los fueros a sus tres elementos esenciales, tres bastiones que al componer un juego de contrapoderes formaban una constitución política buena y estable que España había empezado a perder lentamente con el absolutismo suave de los Austrias y definitivamente con el absolutismo radical de Felipe V.

Con esta posición es evidente que nuestro historiador apostaba por dos ideas complementarias. La primera era mantener una España foral que, en consecuencia, requería sostener el antiguo ordenamiento constitucional de Cataluña que había mostrado, como en los casos de Aragón, Navarra o las Provincias Vascongadas, una fuerte vitalidad ante los envites centralizadores de los Austrias. Y la segunda idea se basaba en una lectura políticamente negativa de la dinastía borbónica en tanto que supresora militar de los fueros y causante de la privación al pueblo de gran parte de su pasada representación política. Una representación política que de facto pareció volver a la palestra a través de una guerra de la Independencia que dio a la nación un nuevo protagonismo ante la crisis de autoridad del absolutismo. Una nación que combatió ante todo por su soberanía territorial, pero también por la pervivencia del catolicismo ante el ataque de las ideas anticristianas de los franceses y sus aliados internos.

Es también desde estos planteamientos que no duda Gebhardt en criticar la tarea constitucional gaditana. Para él resultaba evidente que en España había un sentimiento favorable al absolutismo monárquico propuesto por los Austrias y culminado por los Borbones; por eso habían perdurado ambas dinastías durante tantos años. Sin embargo, también creía existente un sentimiento a favor de la «libre existencia pasada». De ahí que, en su opinión, en los decadentes reinados de Carlos IV y Fernando VII, y en medio del alzamiento nacional por la independencia, pareciera que la reforma de España pudiera ir por el camino de recobrar ciertos contrapesos frente a la autoridad real «para que no abusara de su fuerza en contra de los verdaderos intereses nacionales» y así se pudiera salvar la institución monárquica como tal. O dicho de otra manera, pareciera que la tarea de los Borbones «amenazaba con desplomarse entre universales aplausos» y que, más o menos modificada, iba a volver «la rota cadena de sus históricas libertades [de España,…] dejándose sentir en el gobierno la acción de todas las clases que la componían».

Pero no sucedió eso. Al contrario. Lo que ocurrió, lamenta Gebhardt, fue que al absolutismo de los reyes le sustituyó «otro absolutismo mucho más temible y peligroso, en cuanto iba acompañado de todas las apariencias y de todos los excesos de la libertad». Las Cortes gaditanas y los liberales propusieron de hecho lo mismo que defendían los franceses a los que combatían, lo mismo que era contrario a la verdadera esencia de la tradición política española, y con ello dividieron de forma irremediable el país entre liberales y serviles[194]. Que el barcelonés lamenta sin disimulos los desafueros de las Cortes gaditanas por ser las seminales propiciadoras de la dicotómica división del país al no reconocer la propia tradición constitucional española, queda bien demostrado en estas sentenciosas palabras suyas:

Despreciadoras de todo lo antiguo solo por serlo, esclavas del espíritu racionalista y ciegas enemigas del histórico, no vieron que en la misma Península existían gérmenes de sublimes Constituciones, y que en un extremo de ella, en los antiguos reinos de Aragón se encontraba una del todo completa que había muerto, no por los abusos ni el descrédito, sino por golpe airado de Felipe II y de Felipe V; no supieron, ya que las aguijoneaba el afán de buscar ejemplos extrangeros, introducir en su obra las máximas del gobierno representativo experimentadas con tan buen éxito en la libre Inglaterra, [sino que fueron a buscarlas en el] despotismo napoleónico[195].

Léase bien, en lugar de buscar el futuro del país en una única Constitución corporativa común que diera voz a los diversos estamentos y que conservara al tiempo la fuerza política de los territorios con sus respectivas Cortes estamentales, había triunfado en Cádiz un régimen parlamentario de representación igualitaria y tendente a la centralización política y la uniformización de los territorios. La geopolítica de España se consumaba así igualitarista en lo social y en lo territorial. Y para Gebhardt ambas cosas resultaban funestas, y ambas también habían estado engendradas por los Austrias y potenciadas por los Borbones antes de que los liberales las culminaran en su siglo. En lugar de seguir el modelo catalán o inglés, que eran los que verdaderamente aseguraban la libertad y la participación política de los súbditos, se había optado por la funesta opción del ejemplo centralizador e igualitarista francés.

De hecho, un autor conservador y católico, de partido carlista e influencias balmesianas como Gebhardt, extremaba una posición que en referencia a la contienda sucesoria y a la interpretación geopolítica del Setecientos vimos anunciada en personajes de talante político liberal moderado como Cortada o liberal progresista como Patxot. Y de hecho también, en referencia a las Cortes de Cádiz, seguía en cierta medida una postura, ya defendida en ellas por Capmany y por Dou, de que hubiera sido necesario acordarse de las antiguas Constituciones políticas de la Corona de Aragón en el momento histórico de redactar la nueva Constitución de la nación española. Y no eran las únicas coincidencias. Al igual que los liberales Cortada o Patxot, el historiador tradicionalista reclamaba, desde una espontánea catalanidad que compartía con ambos, que debía finalizar la injusta situación de que la historia de España fuera vista desde la exclusiva mirada castellana o de que se ponderara menos a personajes provenientes de la Corona de Aragón que a los procedentes de Castilla. En este sentido sus palabras no dejan lugar a duda cuando eleva su queja de que la mayor parte de las historias de España existentes en su tiempo estaban elaboradas «bajo el exclusivo punto de vista de Castilla, cuando ni aun quizás en nuestros días en que la unidad ha adelantado tanto camino, es permitido considerar así la variedad de existencia de las diversas naciones que constituyeron a España»[196]. Y no son menos nítidas las expresiones de enfado de Gebhardt al respecto de que se diera más fama en la gobernación unitaria a Isabel que a Fernando, cuando era sabido que gobernaban con cierta independencia cada uno en sus respectivos territorios y que además no se «tomaba en Castilla disposición de importancia buena o mala sin el acuerdo y consentimiento de Fernando»[197].

Visto este conjunto de consideraciones, la formulación básica del historiador catalán aparece nítida ante el lector. Los tres primeros reyes borbónicos tuvieron algunas cualidades aceptables, se preocuparon por el bien de su pueblo y realizaron bastantes actuaciones importantes en beneficio de la prosperidad del país, tanto en la vida material como en la cultural, especialmente en tiempos del siempre bien ponderado Carlos III. Y con todo ello España ganó sin duda en progreso material. Sin embargo, hubo un lado oscuro de enorme significación: el sistema político absolutista era intrínsecamente perverso en relación a la verdadera tradición foral de España y respecto a la libertad de sus ciudadanos y de sus pueblos. Y en el caso de la religión, su regalismo fue también inevitablemente maligno para la verdadera naturaleza católica de España.

Para Gebhardt, el centralismo avasalló las libertades forales, el absolutismo las personales, el regalismo las religiosas y las ideas ilustradas fueron una premonición de las posiciones liberales que representaban para nuestro autor todos los males de su presente: recubierto falsamente con la palabra libertad se encontraba, en su opinión, un «verdadero absolutismo». Y como quiera que en este empeño progresista ajeno a la tradición española, Cataluña también perdió sus tradicionales fueros y privilegios, la conclusión no es difícil de establecer para él: malos tiempos políticos (que no materiales) fueron para los catalanes los del absolutismo borbónico. Y a pesar de ello, ante la invasión napoleónica, recuerda que toda Cataluña, recobrando su sentimiento antifrancés, se levantó hermanada con el resto de España en favor de la causa de la independencia nacional representada, precisamente, en la dinastía borbónica encabezada por Fernando VII[198].

La obra de Gebhardt, publicada cuatro años después de que el carlismo perdiera su segunda contienda, vino sin duda a representar una propuesta enfrentada a Lafuente en referencia al Setecientos hispano y catalán, pero en cambio no se encuentra tan alejada de las expresadas por otros historiadores liberales catalanes, coetáneos suyos, con quienes compartía una evidente sensibilidad por el hecho singular que el principado representaba, especialmente visible en la crítica tanto a la pérdida foral como a la inconveniente identificación historiográfica o histórica de Castilla con España. Unas ponderaciones sobre el siglo que en cierta medida podremos también volver a leer en algunos historiadores catalanes filoaustracistas de nuestros días.

Como hemos apreciado, todas las anteriores aportaciones hablan solo indirectamente de lo que el absolutismo borbónico representó para Cataluña. Sus historias eran de España y por eso Cataluña aparece solo de manera subsidiaria en ellas. Es la historia de la «nación» y no la historia de las «provincias» lo que estos autores abordan con prioridad, aunque la intención fuera también, eso sí, en buena parte, ofrecer una visión periférica no castellanista de la historia común española. En Cortada, Patxot o Gebhardt había una clara intención de escribir una historia nacional española edificada también desde la catalanidad y no exenta de ciertas sensibilidades protocatalanistas que, sobre todo en el caso de los dos últimos, desde perspectivas ideológicas antagónicas, comenzaban a poner en tela de juicio no solo una visión historiográfica castellana de la historia de España, sino incluso la visión histórica del proceso de unión que habiendo acabado con las viejas libertades periféricas había ido en detrimento de las provincias forales y en favor de una Castilla que sí supo aprovecharse del proceso de fusión.

Había ya en germen una especie de sentimiento por parte de esos historiadores de que Castilla había sido demasiado acaparadora con la idea de España, demasiado prepotente respecto a las otras partes que la componían, demasiado poco respetuosa con las otras «naciones» que formaban lo hispano con culturas y lenguas diferentes a la castellana. Había ya un claro germen de sentimiento de agravio, de percibir que se trataba a los catalanes en condiciones de inferioridad desde la superioridad castellana. Y por eso, España debía ser refundada desde la consideración básica de su pluralidad, bien fuera desde el liberalismo progresista como pensaba Patxot o desde el tradicionalismo carlista que propugnaba Gebhardt. Un sentimiento de agravio e incomprensión por parte de esos historiadores catalanes acompañado por la petición de una refundación política en favor de una España plural, una petición que crecería en los tiempos venideros y que sería el caldo de cultivo para la aparición del catalanismo cultural primero, del catalanismo político después y finalmente del nacionalismo catalán.

En cualquier caso, eran años en los que todavía no había hecho su aparición el nacionalismo catalán y en los que la mayoría de autores caminan, con mayor o menor decisión y radicalidad, por una parecida senda interpretativa respecto al Setecientos: la dinastía borbónica realizó actuaciones importantes para una España que estaba ciertamente alicaída, políticas de las que puede deducirse que en algunos casos se beneficiaron objetivamente los catalanes, pero debe recordarse asimismo que dicha recuperación material y cultural de la nación española se hizo al mismo tiempo que se anulaban las libertades políticas de las «patrias» sustituyendo así el orden político foral que había presidido hasta entonces la historia de las Españas. Una sustitución que es lamentada por dichos autores, progresistas o conservadores, aun reconociendo las actuaciones positivas que los Borbones realizaron para el progreso económico y cultural de la Monarquía.

Con un suave pero perceptible anticentralismo en progresivo aumento y con una velada pero creciente queja sobre el hegemonismo castellano, desde la historiografía catalana se aceptaba y se trabajaba, política y sentimentalmente, en favor de la idea de España como nación común, pero se reivindicaba, emocional y políticamente, la personalidad histórica de una Cataluña que, en 1714, había sufrido un revés mortal que perjudicó a todos los españoles y no solo a los catalanes. Y no menos existía, asimismo, una creciente petición de escribir una historia de España menos castellanocéntrica y más plural, de modo que reflejara la verdadera realidad histórica de España y su verdadero «ser». En buena medida, el Setecientos catalán y español era contemplado, por el conjunto de los autores referenciados, desde una cierta visión filoaustracista y a partir de la óptica de aquel pecado original que fue 1714, lo que no excluía, en todos los casos, una valoración positiva de los monarcas borbónicos en cuanto a los aspectos materiales y culturales (con alguna excepción en Gebhardt). Ni tampoco excluía el deseo político de estos historiadores de participar en la construcción de la nación española desde un sentido patriotismo catalán «provincial».

En definitiva, el Siglo de las Luces empezaba a tomar cuerpo en la todavía poco profesionalizada historiografía catalana como una centuria que servía para anotar dos lecciones básicas. La primera era la inconveniente e injusta pérdida de las instituciones catalanas con su corolario centralizador y uniformista que fue perjudicial para una España cuya esencia primera e histórica era la pluralidad de los pueblos que la habían constituido con el paso del tiempo. Es decir, el innecesario agravio que los gobernantes castellanos encabezados por Felipe V cometieron con Cataluña en 1714. Y una segunda lección: la gran capacidad de regeneración autóctona catalana que se vio acompañada por las diversas políticas de unas autoridades borbónicas que, en el caso de los tres primeros reinados, fueron en general beneficiosas para España y por ende para Cataluña.

El Setecientos había empezado mal para el principado pero había continuado bien y demostraba que cuando Cataluña era apoyada por los gobiernos de la nación las cosas eran favorables para todos. La convivencia entre patria y nación era posible y la centuria de la ilustración era una buena demostración de ello. A mediados del siglo XIX, el discurso de los historiadores catalanes no hacía incompatible la identidad catalana con la española, no había todavía dos nacionalismos alternativos y enfrentados, y las visiones históricas sobre esta época tuvieron tendencia a mostrar esa compatibilidad de sentimientos y de proyectos: el absolutismo borbónico había empezado atacando la personalidad histórica de Cataluña, pero después había sido capaz de coadyuvar en su desarrollo material y social a causa de sus políticas reformistas.

Capítulo 3
LOS HISTORIADORES DEL ROMANTICISMO: LAS HISTORIAS DE CATALUÑA

Coincidiendo con un progresivo interés de la sociedad catalana por los temas históricos como referentes explicativos, aleccionadores y/o legitimadores de su presente; coincidiendo con la creciente impugnación por parte de algunos intelectuales y políticos del principado de una visión demasiado monolítica de la historia y el presente de España; y coincidiendo también con un evidente auge del romanticismo expresado ya en el movimiento de la Renaixença y reflejado en la aparición del Jocs Florals[199], a partir de los años sesenta del Ochocientos son editadas por vez primera dos historias generales de Cataluña en castellano que, además de poseer la condición de pioneras, resultaron las más influyentes en el contexto social e intelectual de su época[200]. Dos publicaciones que en buena medida continuarían la ponderación histórica de sus antecesores sobre el Setecientos catalán, aunque sus planteamientos sobre la historia de Cataluña en la historia de España ya no fueran idénticos. Me refiero, naturalmente, a las obras escritas por dos grandes activistas culturales como fueron Víctor Balaguer y Antoni de Bofarull.

La primera narración histórica general que supo cubrir el vacío historiográfico, político y social que desde hacía decenas de años se pretendía llenar por parte de los sectores más catalanistas fue la Historia de Cataluña y de la Corona de Aragón, publicada entre 1860 y 1864. Escrita en castellano por Víctor Balaguer, en una muestra palpable de la situación de diglosia en la que vivía la sociedad catalana de entonces[201], la obra se convirtió rápidamente en una importante novedad producida nada menos que por uno de los más significados próceres catalanes de la segunda mitad del Ochocientos. Un personaje poliédrico y polifacético influido por las propuestas románticas y que fue un destacado político del liberalismo monárquico progresista, un admirador de los movimientos nacionalistas de su época[202], un hombre de ideas reformistas y anticlericales, con una cierta impronta iberista, una importante participación en la Renaixença con su destacado protagonismo en los Juegos Florales[203] y que, nombrado ministro liberal durante la Restauración, se erigió como un verdadero embajador de los intereses proteccionistas y coloniales catalanes en Madrid[204]. Un personaje bien conocido y respetado en su época, que no en balde había sido el encargado de reseñar el espectacular recibimiento que todas las autoridades catalanas habían ofrecido a la repatriación desde Cádiz de las cenizas de Antoni de Capmany en 1857.

Balaguer no era un novato en festejar con Clío. Su pasión por lo histórico la había demostrado ya antes en la elaboración de piezas teatrales, en sus Recuerdos de viaje editado en 1852 y, sobre todo, en sus Bellezas de la historia de Cataluña de 1853[205]. En este último libro con clara impronta romántica, elaborado a imitación de Recuerdos y bellezas de España de Pau Piferrer, aparecen ya la mayoría de las motivaciones y las intencionalidades patrióticas de Balaguer, así como sus principales tesis sobre la necesidad de hacer historia de Cataluña recordando su grandeza, su indomable pasado constitucionalista, la sujeción a la que había sido sometida por parte de Castilla desde la unión dinástica y la legitimidad de las revueltas catalanas ante quienes quisieron conculcar sus libertades. Unas libertades que Balaguer recuerda que eran antiquísimas, que se perdían en la noche de los tiempos y que habían estado siempre protegidas en Cataluña mediante un pacto entre el poder real y los catalanes. Unas libertades y unas leyes por las que siempre había luchado el principado y que para nuestro historiador formaban la parte más sustancial de su verdadera y profunda identidad como país, aquello sin lo cual Cataluña dejaba de ser ella[206]. Unas ideas sobre la libertad y las leyes como parte fundamental del «ser» catalán, que alumbrarán toda su visión histórica y muy particularmente su interpretación del Setecientos catalán: la historia nacional de los catalanes como una historia de la libertad conquistada, amenazada, usurpada y, en su siglo, de necesaria recuperación para volver a ser verdadera y enteramente un pueblo. Unas ideas que rezaban que la idiosincrasia profunda del pueblo catalán fue la que fraguó sus libertades, sus instituciones y también la pertinaz defensa de las mismas, tres elementos que pasaron a constituir, a su vez, la expresión más prístina de su particular «espíritu» como pueblo diferenciado, es decir, de un específico Volkgeist que ya Cortada había planteado.

Sin embargo, como es bien sabido, la gran producción histórica de Balaguer no llegó hasta la publicación de su Historia de Cataluña y de la Corona de Aragón siete años después[207]. En esta extensa obra resulta sin duda muy interesante su inicial declaración de principios acerca de las motivaciones y los objetivos del autor[208]. En efecto, según propia confesión, Balaguer escribe su obra «por el amor a las cosas de la tierra» en que ha nacido, por «ser útil» a su patria, a la cual quiere «sobre todo[209]» y con el declarado convencimiento de que se trata de un novedoso y necesario intento, si bien modesto y provisional[210], de publicar una historia de Cataluña que, a su criterio, era preciso conformar, desde hacía años, para unas generaciones de catalanes cada vez más interesados en los asuntos históricos como referentes necesarios para pensar mejor el presente y el futuro al considerar a la historia la verdadera «maestra de la vida»[211]. Una historia de Cataluña «purgada de fábulas y ridiculeces», cuyo subtítulo resulta significativo de sus intenciones últimas: «Escrita para darla a conocer al pueblo, recordándole los grandes hechos de sus ascendientes en Virtud, Patriotismo y Armas, y para difundir entre todas las clases el amor al país y la memoria de sus glorias pasadas». Un pueblo que tenía entre las clases burguesas que regían la sociedad de la época a sus primeros y más decididos lectores y a los principales interesados en disponer de una historia de Cataluña que cuadrara con su proyecto de sociedad[212].

Ocupándose de Cataluña como si de una persona se tratase, Balaguer desea realizar, pues, una doble operación. La primera debía ocuparse de la «reivindicación completa de Cataluña y del carácter de sus naturales», que no era el propio de hombres «rebeldes y revolucionarios», como algunos autores castellanos afirmaban, sino el de «entusiastas de su independencia, el de hombres leales y adictos a sus libertades». Esta visión ya estaba en cierta forma en Cortada, pero sin duda se encuentra vigorosamente expuesta en la obra de Lluís Cuchet Cataluña vindicada, que se editó en Barcelona en 1858. Este autor, según reiterada confesión de Balaguer, su verdadero maestro[213], deja clara constancia en dicha obra de que la rebeldía de los catalanes lo era siempre contra los príncipes que conculcaban sus libertades fundamentales, pues mientras aquellos se mostraron respetuosos con estas, los catalanes guardaron siempre fidelidad a sus monarcas. Rebeldía que solo ocurrió, a su criterio, en tres ocasiones: con Juan II, con Felipe IV y con Felipe V, siendo la rebelión ante este último una muestra de ser «dignos descendientes de los del siglo XV»[214]. Por eso afirma:

escribir algunas páginas en vindicación de nuestros antepasados, a quienes durante tanto tiempo se trató ya no con dureza, sino con barbarie inaudita, bajo el pretexto de que era rebelde de índole o de instinto la nación más fiel de la tierra a sus monarcas, cuando estos no se convertían en sistemáticos conculcadores de las leyes.

O dicho de otro modo: ante los «escritores palaciegos», Cuchet reaccionaba afirmando que los catalanes eran ciertamente rebeldes, pero «rebeldes al despotismo; es decir, tenaces en la defensa de las leyes». Eran gentes de Cortes, de representación parlamentaria, gentes en definitiva que siempre «prefirieron la libertad a la vida»[215].

Las posiciones de este autor sobre los catalanes y la rebeldía, sobre los catalanes y la libertad, sobre los catalanes y el respeto de las leyes a las que estaban obligados los monarcas, tuvieron un perenne eco en la obra balagueriana y las veremos también sustentadas, con mayor o menor claridad y radicalidad, en otros autores coetáneos y posteriores. Debemos recordar, sin embargo, que Cuchet hacía también una defensa de la veterana ordenación foral frente al «constitucionalismo moderno, tan anticristiano y antisocial como todo el mundo sabe»[216]. Practicaba desde el foralismo una doble crítica al absolutismo y al constitucionalismo moderno. En cualquier caso, parece evidente que era una clara intención de Balaguer que el resto de los españoles conocieran realmente, sin falsificaciones, tergiversaciones o mitificaciones interesadas, el verdadero y virtuoso carácter catalán que era precisamente el que debía ser puesto en práctica para relanzar la vida hispana. Nuestro autor siempre quiso «conquistar» Madrid para transformar España desde Cataluña y construir el nuevo Estado español contando con los valores propios de la catalanidad, los intereses económicos del principado y la experiencia del constitucionalismo catalán suprimido en 1714[217].

Y la segunda operación a la que aspiraba Balaguer con su magna obra era la de conseguir «inspirar amor al país, o más amor aún del que le tienen, a aquellos que no conocen su rico y admirable pasado», fueran naturales del principado o gentes del resto de España[218]. Nuestro historiador tenía muy claro que su esfuerzo historiográfico debía ir encaminado a la popularización del conocimiento del pasado catalán en todas las clases sociales, y no solo para el disfrute de la sociedad culta. Tenía como fin político el dar a conocer el pasado a todos los catalanes para que así amasen más a su tierra y gracias a ese amor fueran políticamente más combativos. La propaganda sobre el pasado catalán debía cimentar las ansias de renacimiento de la patria catalana dentro, eso sí, del Estado-nación español. Por eso, en la conclusión de su libro nos recuerda lo siguiente:

Sirva de memorial ante el crítico la idea de que esta obra no se ha escrito para los doctos, sino para el pueblo, para encarnar más y más en este su espíritu patrio, para hacerle amar más y más a Cataluña, para darle a conocer o recordarle los grandes hechos de sus ascendientes en virtud y patriotismo, y para difundir entre las clases más faltas de medios el amor al país y la memoria de sus glorias pasadas[219].

Y si fuera el caso de que su obra no dispusiera de «ninguna bondad», cuando menos Balaguer aspiraba a que tuviera la virtud de incentivar a que otros la hicieran mejor, cubriendo de este modo lo que él consideraba una urgente necesidad del país.

Una historia de Cataluña, al fin, que dice emprender porque se necesitaba social y patrióticamente, y también porque hasta la fecha nadie la había realizado de manera satisfactoria, tampoco (añado yo) quien parecía estar mejor dotado para ello como era el caso de Cortada, a quien por cierto Balaguer siempre dispensó amistad y admiración[220]. Así pues, nuestro autor incidía poderosamente en algo que estaba en el ambiente social y cultural del momento: divulgar al pueblo catalán de forma amena, persuasiva, seductora y penetrante una historia general de Cataluña. No se trataba ya de acumular nuevos conocimientos de manera rigurosa y paciente, sino de difundir con eficacia propagandística aquellos que estaban confirmados como ciertos, incluyendo, eso sí, algunas de las leyendas que adquirían una evidente eficacia en este supremo objetivo divulgador y nacionalizador.

Desde esta axial intencionalidad, Balaguer supo llevar a buen puerto una precursora Historia de Cataluña de factura romántica, escrita por un destacado político que tenía el declarado objetivo de agitar la conciencia identitaria catalana con argumentos históricos a menudo sentimentalmente dramatizados y con un permanente recurso a la enfática nostalgia por un pasado previamente idealizado y mitificado, algo que la clase dirigente catalana de su época estuvo muy predispuesta, en general, a promocionar y consumir, algo que ligaba perfectamente con su propuesta liberal de construir una monarquía constitucional parlamentaria para la España de la segunda mitad del XIX. Era el triunfo de la historiografía romántica frente a lo que el Capmany de las Memorias había representado y, en este sentido, poco iba a aportar a la ciencia histórica desde el punto de vista epistemológico y metodológico.

Pero era también el triunfo de alguien que se movía por un claro impulso político para leer la historia y que practicaba una eficaz literatura para hacerla comprender al pueblo, alguien que, si bien respetaba a quienes se reunían en torno a la Academia de Bones Lletras dedicándose a realizar monografías científicas y acumulación erudita, se alejaba de ellos al no ser capaces en cambio, en su opinión, de traspasar los muros institucionales y llegar a los catalanes mediante síntesis históricas legibles y asimilables. Desde luego, Balaguer fue más un «filósofo» de la historia de Cataluña que un investigador científico de la misma. Pero sin duda resultó un «filósofo» de relevante eficacia, de notable intuición y de gran sugerencia interpretativa que supo unir el orgullo por el espléndido pasado catalán con las ansias de conseguir una España plural, democrática, liberal y progresista (a su parecer virtudes todas ellas de la mejor tradición política catalana) a través de una historia cargada de propaganda en favor de la causa catalana y contra el centralismo castellano.

En efecto, la obra de Balaguer era también una historia de Cataluña que, siguiendo a sus predecesores catalanes cuando escribían las historias de España, contenía la premisa básica de que Castilla no era España, como así creían, equivocadamente, a su juicio, muchos historiadores generalistas hispanos. Resulta muy interesante el reproche que hace en este sentido:

Hablan siempre del pendón castellano, de los leones y las torres, de las glorias y libertades castellanas, y escriben muy satisfechos la historia de Castilla creyendo escribir la de España. Es un grave error. La España es un compuesto de nacionalidades. Hoy son provincias los que, hace pocos siglos aún, eran reinos y naciones[221].

Y en otra publicación suya no se está de decir con suma claridad que:

al tiempo de buen catalán me precio, me precio también, señores, de buen español, y no quiero ni debo culpar al destino de que nos haya hecho esclavos de Castilla, puesto que por espacio de tres siglos y medio compartimos con ella los mismos peligros y las mismas glorias […] es triste, sumamente triste, que Castilla haya un día dejado de ser para nosotros una hermana convirtiéndose en una señora […] haya querido sujetarnos y avasallarnos como a un país conquistado […] siempre a sus pies y nunca, o casi nunca, a su lado[222].

España era para Balaguer un «compuesto de nacionalidades» que, si bien estaban consideradas entonces «provincias», hacía pocos siglos eran «reinos y naciones»; nacionalidades que en esos momentos conformaban desde luego «el núcleo de la patria común» España, una patria española que no se ponía en cuestión y que estaba destinada a ser «cuerpo de nación» y un «pueblo único», porque así parecía propiciarlo la geografía, pero que contenía en su seno a nacionalidades con distintas y acusadas personalidades, todas ellas fraguadas por la historia y que debían en su caso mancomunarse voluntariamente de forma confederativa, como lo habían hecho en su día con la antigua Corona de Aragón. En suma, en palabras del propio autor:

Si bien la España, por su posición geográfica señalada y por sus límites patentes, parece incontestablemente destinada a contener un pueblo único, reunido en cuerpo de nación; en cambio, la diversidad de origen, de constitución, de idioma, de usos y costumbres de las que hoy son provincias del Estado y hace poco tiempo formaban reinos independientes, parece poder indicar que debe existir un pueblo único, sí, unido, pero confederado bajo esta o aquella forma de gobierno, que esto poco hace al caso, aunque siempre contraria a la centralización[223].

Nótese la concomitancia con los planteamientos de Cortada, Patxot o Gebhardt y, en cierta medida, nótese también la herencia de Capmany en el sentido de hacer recordar la existencia de Cataluña y su contribución a la españolidad, así como la posibilidad de disponer de dos sentimientos identitarios compatibles. Balaguer sigue la senda de los autores anteriores pero con un punto más de decisión y radicalidad: España debe aceptarse a sí misma como algo que proviene de la pluralidad y que, si bien la geografía parece que la anima a ser un pueblo único, para conseguirlo debe hacerlo a partir de asumir la diversidad hispana, de recordar que se convirtió en una unidad por la vía de los enlaces dinásticos y también de quitarse de encima el miasma de la centralización, «que es la muerte política de España». Y eso es para él no solo un deseo de presente y de futuro, un «debería ser», sino algo que «es» desde antaño, que proviene de la misma historia y que se confirmaba en su realidad presente.

Para Balaguer la historia común española había que contarla desde la sensibilidad por la plurinacionalidad hispana y no desde el castellanocentrismo. Una historia que dicta que el pasado de Cataluña, al igual que el de otros pueblos hispánicos, debía ser entendido como el de una gran «nación» que acepta forjar la historia común de otra nación más grande y compartida a la que, en el pensamiento de Balaguer, era necesario contribuir con dos grandes valores catalanes: una visión más progresista de la constitución política que la ofrecida desde Castilla (es decir, más federativa y democrática y menos centralista y absolutista) y con las buenas maneras de la laboriosidad catalana que conducían a un mayor desarrollo económico y social, el mismo que tuvo Cataluña en los esplendorosos tiempos medievales, el mismo que empezó a vivir desde el Setecientos y el mismo que nuestro pensador contemplaba en su propia época. Dos contribuciones en su momento ya señaladas por su admirado Capmany y que debían ser aceptadas por unos dirigentes castellanos que tenían que cesar su desconfianza hacia los catalanes, facilitando su progreso y no entorpeciéndolo, como desgraciadamente había pasado a menudo hasta entonces. O sea, que debían finalizar los agravios a Cataluña. En definitiva, una posición que en términos políticos estaba muy en la línea de lo que vino a representar la propuesta liberal progresista del general Prim, personaje al que nuestro historiador tanto apoyó[224].

En el pensamiento de Balaguer, esa visión plurinacional española no era «provincianismo», como así la calificaban, en su opinión de manera despectiva y errónea, algunos autores centralistas, sino una forma de «patriotismo de buena ley», reconocedor de la verdadera naturaleza constitutiva de España, que no era otra que la de un compuesto plural de «provincias» que habían sido «un día naciones». Y ese reconocimiento de la pluralidad hispana era, en su decir, lo que permitía a muchos catalanes poder practicar el doble patriotismo sin contradicción: ser y sentirse a la vez catalán y español, que no castellano. Al contrario, lo que sí resultaba una letal antiesencia de España y su muerte política era el centralismo, que impedía a muchos catalanes poder sumarse a la idea de España por no verse reconocidos y tratados en pie de igualdad con los castellanos.

Andando la senda abierta por otros pensadores, historiadores y políticos, Balaguer pretendía reivindicar que la historia de España debía contemplar la historia de todas sus «naciones» y no solo la de las Castillas. En realidad, en consonancia con la mayoría de los historiadores catalanes coetáneos, su posición política era evitar la castellanización de España, ayudar a catalanizar económica y socialmente la patria común hispana y propiciar una cierta españolización política del principado. En definitiva: realizar un pacto histórico para incardinar Cataluña en España acabando con los agravios e incomprensiones de los dirigentes políticos castellanos y consiguiendo que estos últimos aceptaran las aportaciones que proporcionaba la personalidad intrínseca de la catalanidad, empezando por la participación política popular y una idea federalizante de los pueblos de España[225]. La nacionalización de España debía hacerse reconociendo las también naciones que decidían componerla.

Entre estas naciones españolas, Balaguer recuerda que Cataluña, un tiempo vinculada libre y confederalmente con los otros reinos de la Corona de Aragón, había sido durante centurias un país, una nación, una monarquía plena de todos los atributos y vicisitudes de cualquier nación moderna; un país que «por espacio de seis siglos había gozado de libertad constitucional, como no la tiene mejor la misma Inglaterra que pasa por ser el templo de la libertad constitucional en Europa»[226]. Un país que, en su propio siglo, Balaguer afirma que «ha marchado a la cabeza de la civilización española» y que aún hubiera hecho más si «la actual centralización administrativa, que convierte a la Corte en opresora de las provincias, como señora feudal de nuestros tiempos, no la hubiese en muchas ocasiones privado de protección creando obstáculos a su desenvolvimiento». Un país que en esa centuria decimonónica volvía a tener nuevas esperanzas en la medida en que «gracias a las ideas de libertad que van generalizándose […, y al] dogma de la soberanía nacional, espíritu de nuestras antiguas libertades forales […] puede contar con un espléndido porvenir»[227]. Un país catalán que definía su carácter nacional por el amor que sus habitantes habían demostrado siempre a la libertad y al trabajo.

En definitiva, Cataluña merecía tener escrita una historia «nacional» que demostrara que su particular organización política en torno a las libertades erigida en el medioevo había favorecido la aparición social de una productiva ética del trabajo y que, sumadas ambas, trazaron siempre un espléndido camino de progreso civilizatorio. El mismo que Balaguer deseaba que se impusiera para toda España y que su Historia iba a mostrar en todas sus bondades. De esta manera tan vibrante y apasionada, propia de una emocionada pluma del romanticismo, argumenta nuestro autor la necesidad de elaborar una historia general de Cataluña:

No es ciertamente la historia de Cataluña la de una sola comarca, la de una sola provincia, la de un solo pueblo, sino la de todo un país, la de toda una nación, la de toda una monarquía, monarquía tan influyente como respetada, tan respetada como poderosa, tan poderosa como grande. No forma esta historia cierto número limitado de memorias fugitivas […] sino que la forman una reunión de soberanos con sus dinastías, sus conquistas, sus empresas y sus tratados de paz, de guerra o de alianza, la forman una serie no interrumpida de grandes sucesos, de grandes glorias, de grandes empresas; la forman, en pocas palabras, unas crónicas aparte de las generales de España, un sistema de gobierno peculiar, una Constitución adecuada a sus costumbres, usos e industria, un idioma con todas las condiciones de tal, unos anales como no los tiene más ricos ni más brillantes ningún país[228].

Desde esta atalaya de liberalismo progresista, de acerada catalanidad anticentralista, de pluralidad hispana federalizante con un punto de iberismo, desde esta visión de la historia de Cataluña y de España mediante la aceptación de un doble patriotismo catalán y español, desde la clara intencionalidad de hacer conocer a todos los españoles la verdadera idiosincrasia de Cataluña, de acabar con los reiterados agravios castellanos y de crear un cuerpo sentimental en los catalanes a través del conocimiento popular del pasado para acrecentar así la identidad política y cultural de los mismos como requería su historicismo romántico, Balaguer se ocupa en su magna obra del siglo XVIII catalán. Una centuria que a veces analiza nuestro historiador con escasa consideración hacia la verificación histórica documental y a menudo ignorando aquellos acontecimientos que no cuadraban con la interpretación histórica que precisaba su ideología liberal y catalanista. Pero resulta también, justo es decirlo, una centuria sobre la que realizará, a partir precisamente de esa misma carga ideológica, numerosas afirmaciones sugerentes que sin duda propiciaron y propician todavía hoy el debate historiográfico y político frente a las interpretaciones más conservadoras de la historia de Cataluña o las más castellanistas de la historia de España[229].

En efecto, el historiador barcelonés contempla el Setecientos catalán como la postrer demostración del escaso provecho que a diferencia de Castilla había sacado Cataluña con la unión dinástica, una unión con la que se había acabado «la época de las grandezas de Cataluña y empieza la de sus amarguras». Una centuria que en 1714 mostró una vez más los agravios cometidos por los castellanos frente a Cataluña, y que por eso la relata sobre todo desde la perspectiva de la épica guerra de Sucesión y sus nefastas consecuencias para el principado[230]. Una centuria que le permite, al fin, con la clara actitud presentista que preside toda su obra histórica, demostrar, a sensu contrario, la bondad de sus propuestas políticas de presente referidas a la necesaria organización federalizante de España, basada en el antiguo constitucionalismo de la Corona de Aragón, que le posibilita mostrar con claridad que también en esa ocasión, como siempre en la historia, Cataluña se había alineado con las libertades, tal como estas eran consideradas por sus correligionarios liberales del siglo XIX.

De este modo, para Balaguer el siglo ilustrado se abre con la ruptura de la verdadera tradición hispánica que era la de una monarquía de naciones confederadas con sus respectivas instituciones y libertades políticas[231]. Era, precisamente, la libertad política basada en el constitucionalismo de la Corona de Aragón de la cual pensaba que el liberalismo español debía alimentarse[232]. En estas posiciones, su coincidencia con escritores liberales próximos a él como Cortada, Patxot o Cuchet es muy notable, mientras que con un autor conservador y carlista tan opuesto a sus ideas como Gebhardt es cuasi total en cuanto a la idea de que la ruptura del confederalismo resultó un brusco rompimiento con la verdadera tradición constitucional española. En este sentido es útil recordar que nuestro historiador había publicado en 1858, antes de la síntesis histórica que estamos analizando, una obra dedicada al constitucionalismo catalán titulada La libertad constitucional. En la misma se muestra claramente partidario de la libertad política y adversario del absolutismo moderno, partidario de que la Iglesia no intervenga en la vida política laica y, siguiendo en buena parte a su maestro Cuchet, valora muy positivamente el tradicional constitucionalismo catalán por lo que tenía de pactista, de control del poder regio, de participación de las clases sociales o por la importancia de los municipios. Balaguer asociaba absolutismo y liberalismo conservador a centralismo, presión fiscal y políticas económicas perjudiciales para Cataluña y, por el contrario, el liberalismo progresista de carácter federalizante que él representaba le parecía el más idóneo para conseguir mayores cuotas de libertad para Cataluña y un mayor progreso para España. Tesis algunas de las cuales volvió a recordar en su escrito titulado De la soberanía nacional y de las Cortes en Cataluña publicado en 1864[233].

Así pues, para Balaguer la historia del Setecientos catalán comienza con una Cataluña derrotada por Felipe V, un país que perdió su «antiquísima Constitución política y su forma particular de gobierno», y en su lugar el nuevo rey instauró un sistema autoritario para mantenerla sujeta y oprimida mediante el «terror», prueba manifiesta del cual resultó la ciudadela, que por cierto él mismo como dirigente político contribuyó a derribar en 1868[234]. Ahora bien, en realidad, para nuestro historiador todo empezó a fraguarse durante el último rey de los Austrias, años del reinado de Carlos II que fueron pródigos en intrigas palaciegas para imponer a un candidato a la sucesión del trono español, maquinaciones que acabaron por llevar a la monarquía al caos y preparar la peor de las perspectivas para ella, entre otras cosas porque no se apeló a la consulta «de la voluntad nacional» como consecuencia de que en aquellos tiempos «las prácticas liberales y las tradiciones constitucionales de los pueblos se iban olvidándose poco a poco, absorbidas por la centralización incalificable de Castilla»[235].

¿Cuál fue la reacción de los catalanes ante la polémica coronación de Felipe V y ante el hecho probado de que Francia pasase a mandar en la política española? Pues a esta pregunta Balaguer se contesta, siguiendo en todo momento a Feliu de la Penya, que la reacción fue de sorpresa y recelo, dado que en Cataluña no se esperaba que fuera excluida la casa de Austria. Por eso, de forma inmediata y espontánea, se empezó a formar un «partido contrario al nuevo monarca; [pues] no era un nieto de Luis XIV suficiente garantía para los catalanes tocante a la seguridad de sus libertades»[236]. De forma instintiva, Cataluña comprendió que no iba a ser un buen rey para ella quien provenía de la familia del monarca que había dicho «como la cosa más natural del mundo: “El Estado soy yo”». Un instinto que para Balaguer se vio rápidamente alimentado por la destitución del popular Darmstadt, las torpezas del nuevo virrey conde de Palma y la «poca disposición del rey y sus delegados en guardar las libertades del país, o mejor la mucha que mostraban en irlas coartando».

La primera prueba de esta poca disposición pudo comprobarse en las Cortes de 1702, donde los delegados del rey pusieron muchos inconvenientes y reparos a las solicitudes catalanas. Una Cortes en las que, aunque por parte catalana hubiera una mayoría a favor del gobierno, se dejó notar una «minoría tenaz, osada, independiente, a la cual daba gran fuerza la justicia en que se apoyaba», una minoría insobornable a los halagos regios y que se constituyó en una oposición «que representaba verdaderamente la opinión pública» y que «manifestando que el rey quebrantaba las leyes juradas, pidieron con empeño la aprobación de las nuevas Constituciones votadas en Cortes»[237]. Una oposición que, finalmente, lograría sus objetivos convirtiendo aquellas sesiones parlamentarias en lo que Feliu había sentenciado: las más favorables que había conseguido la provincia.

Pero si las Cortes fueron un triunfo de la minoría más defensora de la legalidad y fueron reconocidamente un éxito para los catalanes, ¿por qué entonces estos acabaron sublevándose contra Felipe V? La respuesta de Balaguer empieza por contradecir al marqués de San Felipe y a Alcalá-Galiano cuando dicen que los catalanes eran poco fiables en sus pactos y prontos a la revuelta, y se alinea en cambio con la opinión del historiador británico Samuel A. Durham, que en su Historia de España y Portugal, publicada en 1854, argumentaba que los catalanes siempre habían sido fieles mientras se les respetaran sus derechos. Es más, añade Balaguer: «Ya en otros puntos de esta obra queda suficientemente explicado que lo que lo que se llama rebelión de los catalanes significa lealtad»[238].

Aunque el barcelonés reconoce la perseverante conspiración de su siempre admirado Darmstadt (cuestión que, sin embargo, no menciona entre las causas de la rebelión austracista), opina que el principal motivo del desafecto de los catalanes hacia los Borbones fue, siguiendo de nuevo a Feliu, que mientras el rey combatía en Italia sus ministros cometieron múltiples «agravios hechos a las leyes del país» y a los acuerdos recién votados en Cortes. Entre ellos, la pretensión regia de insacular a individuos de su más estricta fidelidad, los intentos de controlar los estudios universitarios barceloneses, la orden de expulsión del comerciante Arnaldo de Jäger o los encarcelamientos y destierros de los partidarios de la casa de Austria. Para Balaguer, todo parecía indicar que se estaban haciendo las cosas aposta para provocar a los catalanes y entrar en un conflicto sangriento parecido al de 1640, para llevarlos a la «revolución» dado que «las leyes eran holladas, la seguridad personal no existía, y amenazaba caer sobre los catalanes el látigo del despotismo». En este contexto, los partidarios del pretendiente Carlos, que contaban ya «con grandes elementos en Cataluña», se vieron vivamente alimentados. Una situación proaustríaca que, a su juicio, las torpezas del nuevo virrey Velasco vinieron sin duda a refrendar y aumentar, si bien recuerda que, en justicia, no debe olvidarse que tuvo que lidiar con un país que contaba con indudables simpatías austracistas y que carecía de una importante guarnición militar borbónica.

En suma, la causa principal de que Cataluña no mantuviera la fidelidad jurada a Felipe de Anjou y en cambio se la ofreciera a Carlos de Austria, la sitúa Balaguer en que el Borbón incumplió las Constituciones. Es verdad, recuerda nuestro historiador, que el despotismo empezó en España por la casa de Austria, pero en el caso de principios del Setecientos los catalanes hicieron lo que habían hecho siempre: ser monárquicos con aquellos reyes que respetaban sus Constituciones. Como Felipe no lo hizo, se pasaron al bando de Carlos. Por eso defiende que:

A los catalanes no se les puede llamar rebeldes por haber faltado a un rey que no les cumplía sus pactos jurados; rebeldes hubieran sido si hubiesen faltado a sus libertades por cumplir con su rey. El catalán […] no era leal al rey, sino leal de la libertad. Y solo hay rebeldía cuando se falta al juramento de lealtad y fidelidad.

Y ahondando en esta idea sentencia:

Si este [Felipe V] se hubiese portado mejor sosteniendo las libertades del país, no le hubieran faltado [los catalanes], pues precisamente es proverbial el amor y fidelidad de los catalanes hacia los reyes. La historia los encuentra siempre monárquicos. Jamás, en ninguna época, ha podido en este país entronizarse la república. Les faltaba un rey a lo jurado: entonces, en uso del derecho que les daba el rompimiento del pacto, buscaban otro, se llamara como quisiese, fuese de la casa que fuera[239].

Con la salvedad de Cervera, que para irritada sorpresa de Balaguer se mantuvo fiel a Felipe V y «desleal a la patria», toda Cataluña sin distinción de clases sociales se mostró austríaca y dispuesta a la resistencia, sin que apenas aparezcan a lo largo de su narración de la contienda sucesoria más catalanes borbónicos que los cervarienses. Era, en su criterio, la opción correcta: ejercer el derecho de enfrentarse al rey por la libertad de la patria. La insurrección contra el primer Borbón fue, pues, legítima y necesaria para nuestro autor[240]. Igual de correcta al menos que lo fue en su día la resistencia de otros catalanes frente a Juan II o Felipe IV cuando estos quisieron también laminar sus libertades[241].

Después que Carlos fuera nombrado emperador de Austria con el peligro que ello suponía para el equilibrio europeo, después de la llegada de los conservadores tories al poder en Inglaterra buscando un acuerdo de paz adecuado a las nuevas condiciones y que condujo a una diplomacia en Utrecht que condenó a Cataluña, después de años de resistente y esforzada lucha de todos los catalanes por mantener los privilegios, la caída en 1714 de la «grande, heroica, mártir» Barcelona representó para Balaguer la pérdida del «ángel de la independencia catalana, y el ángel también de la libertad española»[242]. No era solo Cataluña quien perdía al finiquitar aquella cruenta guerra. Con la eliminación de sus instituciones forales caía también el viejo ordenamiento hispano, que para nuestro historiador era el que mejor representaba la esencia de España y la adecuada ubicación de Cataluña en ella. Por eso para él resultaba evidente que «Barcelona fue el último baluarte de la libertad en España».

No solo fue Cataluña la que perdió, cierto, pero sí piensa nuestro autor que fue la que lo hizo de forma más directa y violenta. ¿Y qué perdió? Pues nada menos que todas sus tradicionales instituciones, las mismas que «habían gobernado tantos reyes» y habían sido «la norma de un gran pueblo»[243]. Y con dicha desaparición quedaron cumplidos «los deseos que ya habían formado el gobierno de Felipe IV primero, y luego el de Felipe V, tocante a nivelar el principado con las demás provincias de España»[244]. De este modo, la «gloriosa señera condal se vio vencida y humillada por el pendón de Castilla[245]» y con ello, por fin, los castellanos conseguían la uniformidad política y la centralización del poder que tanto habían buscado durante siglos. Unos castellanos «absolutistas» que apoyaron a Felipe V vencieron a unos catalanes «liberales y democráticos» que se habían entregado al archiduque para salvar sus libertades constitucionales y el tradicional modelo político de la monarquía española: esa parece ser la valoración política final del historiador barcelonés acerca de la contienda sucesoria.

No es nada sorprendente la importancia que Balaguer concede en su obra a la guerra de Sucesión, asunto de suma gravedad con el que ya había finalizado sus Bellezas. En este sentido, su intencionalidad política de presente es recordar que Cataluña tuvo un modelo institucional y político propio que fue derrotado por las armas; un modelo propio fraguado desde los esplendorosos tiempos medievales por una nación antaño independiente, económicamente activa y con presencia internacional; un modelo propio que contenía en su seno más participación política de las diversas clases sociales y mayor control de la autoridad regia y que era, además, compatible con poderse confederar con otros reinos en la Corona de Aragón y más tarde integrarse en la monarquía española[246].

El año de 1714 significaba para Balaguer la pérdida de todo aquello que él defendía políticamente para la Cataluña y la España de su época, que no era otra cosa que la monarquía parlamentaria, la confederación de nacionalidades españolas, la defensa de las libertades individuales y la soberanía nacional, a la que consideraba en cierta medida una recuperación de las viejas libertades forales. 1714 significaba el principio de una unidad española que no se hizo por el pacto y la aquiescencia, sino por la imposición militar propia del absolutismo castellano. 1714 significaba que Cataluña iba a ser tratada como una colonia y no como una parte igual de las Españas. 1714 significaba, en fin, que al perder las libertades políticas se perdieron las libertades nacionales catalanas, no voluntariamente sino por la mano militar, y con ellas la verdadera identidad política y cultural de Cataluña. Nuestro autor no es un republicano federalista al estilo de Francesc Pi i Margall, pero su visión del pasado y del presente le ponen en la antesala del mismo y muy lejos sin embargo del cantonalismo de principios de los años setenta. Le sitúan en la creencia de que las libertades catalanas eran nuevamente posibles en una España federalizante impulsada, eso sí, por las fuerzas progresistas, las únicas capaces, a su juicio, de entender correctamente la realidad plural de España. A mi juicio, este es el más genuino Balaguer político que cabe reconocer en su Historia de Cataluña, y por eso no dudó en calificar al partido «austriaco» como «el partido liberal entre los catalanes»[247].

Dado este enfoque general, es lógico que el historiador catalán considere que durante los reinados borbónicos Cataluña no tiene historia, como ya había dejado escrito en sus Bellezas. El día en que Barcelona dejó de ser libre, el día en que las Constituciones fueron quemadas en el salón de Sant Jordi, ese fue el día en que se perdieron las preciadas instituciones y libertades del principado. Y ese preciso día, «fue el último de la historia de Cataluña», pues en su opinión «para el país que no es libre no hay recuerdos. Su historia no tiene bellezas, sus anales no tienen glorias»[248]. Cataluña pasó a ser una «provincia de la nación española, y ya de entonces en adelante la historia de España es su historia»[249]. Sin sus instituciones tradicionales, Balaguer considera que Cataluña perdía buena parte de su especificidad como país. Derrotada Barcelona, «Cataluña era mirada y era tratada como un país conquistado»[250]. Y en los años posteriores se impuso la idea de que estuviera «en adelante sujeta por el terror». ¿En qué consistió el terror? Balaguer lo narra de la siguiente manera:

En mitad de la plaza fueron quemados los estandartes que tantas veces habían llevado las cívicas milicias a la victoria; muchos jefes catalanes fueron encerrados en fortalezas donde acabaron su vida, otros desterrados para siempre de su patria, otros degollados y sus cabezas metidas en jaulas de hierro y colocadas sobre las puertas de la ciudad; vistióse a los porteros de la municipalidad, para escarnio, con las púrpuras gramallas de los concellers; en el salón de San Jorge y por la mano del verdugo se arrojaron al fuego los privilegios; se quiso hacer desaparecer hasta todo recuerdo de la heroica defensa de Barcelona, recogiendo cuantos papeles e impresos quedaban de aquella época; se espidió una real orden para que fuese descolgada y destruida la campana llamada San Honorato de la catedral por haber cometido el crimen imperdonable de tocar a somaten; prohibióse al paisanaje toda clase de armas; y hasta el cuchillo que usaban particularmente en las casas de campo para cortar pan tuvo que sujetarse a la mesa pendiente de una cadena[251].

Así pues, para este autor fueron años de «persecución y tiranía […] que hicieron más profundo el odio entre borbónicos y austríacos, castellanos y catalanes, butiflers y viguetans»[252]. Años de la destrucción del barrio de la Ribera y de la construcción de la ciudadela. Años de quitar de en medio a todos los principales personajes de la resistencia y a todos los símbolos que habían constituido las libertades catalanas. Cataluña quedó «sujeta a la ley del vencedor», que no era otra que la dictada por las costumbres de Castilla y la voluntad regia. Y todo ello se hizo, al decir de Balaguer, con la clara intención de «herir el orgullo nacional de los catalanes»[253]. Fueron, al fin, años en los que solo unos pocos «héroes de este período» osaron plantar resistencia a los borbónicos al decidir continuar organizados en el partido austríaco. Entre ellos, menciona a los redactores anónimos del Record de la Alianza (que él afirma recuperar por vez primera), un opúsculo dirigido al rey Jorge de Inglaterra para recordarle el compromiso de su país con los catalanes contraído en Génova en 1705. Y no menos recuerda con admiración a Pere Joan Barceló, alias Carrasclet, que desde el interior perseveró en su resistencia armada frente a las autoridades borbónicas, con tanto peligro para el orden establecido que provocaría la organización de partidas de mozos comandados por los Veciana de Valls, que según el historiador barcelonés no distinguían entre los simples ladrones y los honrados patriotas resistentes que merecen todo su reconocimiento.

Y dicho todo esto, Balaguer cree que no hay nada más que añadir del reinado de Felipe V respecto a Cataluña. Por eso piensa que es suficiente con acudir a la conclusión efectuada en su día por su admirado Patxot en su Historia de España ya comentada en las páginas anteriores: Felipe V resultó un príncipe virtuoso en lo personal que se crecía en las adversidades, fue esclavo de sus mujeres, promocionó adelantos en las ciencias y en las artes, restauró la armada y el ejército, hizo una política italiana patrimonialista sin sentido nacional y, sobre todo, conculcó las leyes fundamentales de la monarquía al destruir las libertades de sus reinos, a los que trató como «esclavos sujetos al yugo», tal como le habían enseñado la «arbitrariedad y el despotismo» de su abuelo Luis XIV[254]. Si esos fueron los difíciles tiempos de Felipe V, no resultaron mejores los siguientes reinados borbónicos a los que, consecuente con su idea de que Cataluña ya no tenía historia propia, dedica muy escasa atención este autor. Desde 1747 a 1792, afirma que Cataluña «permaneció aletargada» y que continuó practicándose por parte de las autoridades la desconfianza y la represión encaminada a «proscribir todo recuerdo del régimen que con tanto heroísmo y a costa de tanta sangre habían los catalanes defendido»[255]. Fueron años de levantar fortalezas militares y poner tropas para vigilar a los catalanes y cargarles con los alojamientos; años en los que el dinero catalán fue a llenar las arcas del Estado centralizador y los catalanes a servir a un ejército permanente que no garantizaba la libertad.

Desde esta perspectiva, no es extraño que recuerde que el reinado de Fernando VI para Cataluña fue una época de «cuarteles y fortalezas», destacando el castillo de San Fernando de Figueras, al que califica como modelo de fortificación moderna[256]. Sin embargo, a pesar de la obligada sumisión catalana, no deja de reconocer al tiempo que para la «nación española» fue una época en que dos buenos ministros como Carvajal y Ensenada contribuyeron a su grandeza levantado las trabas al comercio, animando a la industria, construyendo numerosos caminos o creando una brillante marina, todo ello con las positivas consecuencias de que levantaron de «su abatimiento las artes, el comercio y la agricultura». De los tiempos de Carlos III prácticamente nada dice nuestro autor, al margen de reproducir el tópico de que fue «el mejor que en una serie de años tuvo el país», y de destacar al mallorquín Antonio Barceló como azote de los piratas. Y no mucho más nos habla de Carlos IV después de referirse a su «fantasma» convocatoria de Cortes para tratar de cambiar la Ley Sálica o al fulgurante ascenso del favorito Godoy, un personaje al que califica de arribista, deshonesto y adúltero en su trayectoria personal y a quien contempla con bastante antipatía en su política internacional. Eso sí, recuerda que en el reinado de este último Borbón fue cuando las guerras con Inglaterra provocaron el colapso del comercio y la agricultura española, y también cuando las guerras con Francia hicieron que «como por encanto» se levantaran de nuevo los catalanes para resistir a las tropas galas en 1793 primero y en «el glorioso alzamiento nacional» de 1808 después.

¿Y qué hizo Cataluña en esta contienda libertadora? Dejemos hablar directamente a Balaguer, pues como en otras ocasiones sus palabras suenan con especial claridad y viveza:

A los gritos de libertad, patria e independencia, no podía ni debía permanecer sordo el pueblo catalán, cuyos oídos estaban desde muy antiguo acostumbrados a estas voces por el alentado ejemplo de sus mayores. Desde la caída de Barcelona en 1714, entre cuyas ruinas habían quedado enterradas las franquicias populares, el pueblo catalán […] parecía haber perdido su dignidad y su grandeza. Felipe V lo había encadenado a sus plantas, sujetándoles con hierros y mordazas; Fernando VI y Carlos III con su despotismo dorado habían conseguido que prosiguiera en su letargo […]. Pero lo que entonces sucedía en torno suyo era para despertar […]. Cataluña se alzó terrible invocando sus altos soberanos recuerdos de gloria para contestar dignamente al grito lanzado por el pueblo del 2 de mayo, olvidándose generosa de que eran los señores de aquel pueblo quienes la habían esclavizado y no pensando sino en que eran hermanos suyos aquellos que arbolaban entonces la bandera de la independencia. Por primera vez, después de tantos siglos, iba Cataluña a formar causa común con Castilla, pero sin embargo era la bandera de la libertad aquella bajo la cual iban a militar unidos entre ambos pueblos[257].

Vista por Balaguer, la guerra de la Independencia no dejaba de ser en cierta medida una venganza de la historia en favor de los catalanes. Si una invasión francesa en 1714 había supuesto la «pérdida total de las libertades en España, siendo Barcelona entonces el último baluarte de la soberanía nacional», ahora, en 1808, volvía a ser otra incursión gala la que producía el efecto contrario de «despertamiento de las libertades públicas, y la proclamación de un principio que tres siglos de tiranía no habían podido borrar de la memoria de los españoles, y cuyo venerado recuerdo entre los catalanes no había sido bastante para estirpar todo un siglo de despotismo». Un despotismo que para el liberal Balaguer pusieron afortunadamente en solfa los legisladores gaditanos al abogar por los derechos del pueblo, las modernas libertades y por la soberanía nacional, lo mismo por lo que «había luchado en sus buenos tiempos Cataluña hasta que le vio sepultarse entre las ruinas de Barcelona bombardeada por las tropas de Felipe V»[258]. En definitiva, a pesar de recordar los agravios sufridos y el despotismo con que fueron gobernados, no se abstiene este autor de opinar que durante la guerra contra Napoleón demostraron los catalanes que no tenían dudas en manifestarse españoles y a favor de la independencia nacional hispana. Fue, sin embargo, en su opinión, la última antesala de unidad antes de que estallaran las luchas fratricidas presididas por el «fanatismo político […], el odio, el rencor y la venganza» propiciada por la restauración absolutista fernandina[259].

Con todo, es evidente que Balaguer fue coherente con su propia opinión de que Cataluña apenas tuvo historia durante el siglo (está claro que se refiere a historia «nacional»), y por eso poco se ocupa en su obra de lo que le pasó durante los reinados borbónicos. Como hemos podido comprobar, las excepciones son las dos grandes guerras y, dadas sus convicciones catalanistas, aquello que aconteció con la lengua y las universidades catalanas, a las que ubica en un capítulo específico dedicado a la cultura bajo el significativo título de «Progresos de la Civilización», apartado en el que se deja oír la clara voz de un hombre de la Renaixença.

En cuanto a la lengua afirma que trataron de acabar con el catalán pero fue imposible porque la fuerza popular del idioma terminó salvando «la lengua de la familia» hasta llegar la «hora de su espléndida restauración literaria». En el caso de las restricciones al catalán resultan muy elocuentes sus palabras:

Al derrumbarse el alcázar de la libertad y de la independencia de Cataluña, cayó con él, o por mejor decir, se trató de que con él cayera la lengua catalana. ¡Vano intento! No es fácil arrancar a un pueblo el idioma de sus mayores; no es fácil llevar a cabo esa especie de desnaturalización por medio de la cual se pretende que el hijo reniegue de la lengua en la que ha aprendido a balbucir el nombre de su madre, y la madre de la en que ha enseñado a su hijo a orar al Dios de sus padres. Pudo Felipe V dictar la prohibición absoluta de la enseñanza catalana y del uso de ella en los asuntos públicos; pudo hacer que la lengua oficial y hasta la literaria fuesen la castellana: pero ni él, ni sus sucesores han conseguido, ni conseguirán, desterrar en Cataluña la lengua de la familia[260].

En el caso de la sustitución de la Universidad de Barcelona por la de Cervera, resulta evidente para él que el motivo fue evitar que se renovaran las conmociones políticas en las que dicha institución participó en favor de la causa austracista. Por eso no duda en afirmar que:

sometida Barcelona después de la sangrienta guerra de Sucesión, el gobierno de aquel monarca, afanoso por dar al través con todo lo que el tiempo andando podía, en su concepto, contribuir a renovar directa o indirectamente las pasadas desavenencias y conmociones políticas, acordó desterrar de este suelo la universidad literaria[261].

Si bien considera que la nueva institución perdió carácter «nacional y peculiar», admite en cambio que en ella hubo personajes de gran valía para la vida intelectual catalana del siglo. Igual que los hubo también en otras academias como la de Buenas Letras, la de Ciencias Naturales, la de Medicina y Cirugía o la de Jurisprudencia. Menos ingenios dignos de destacar, sin embargo, encontró en el mundo de la poesía o de la prosa o en el ámbito de las bellas artes, aunque en cada uno de esos diversos campos intelectuales realiza un inventario de los principales autores y de sus mejores contribuciones.

En resumidas cuentas, Balaguer contempla el Setecientos catalán desde un prisma ideológico antes que historiográfico. Desde un prisma de hombre liberal progresista y protocatalanista propio de la segunda mitad del siglo XIX que lo hace incurrir a menudo en un análisis presentista y anacrónico de la centuria. Y desde aquellas premisas ideológicas básicas lo ve como un siglo casi inexistente para la nación catalana y al que escasa atención cabe dedicarle, pues muertas las libertades de Cataluña de poco cabía ya hablar. Reconoce desde luego que es posible que en algunos aspectos los monarcas Borbones no fueran del todo negativos para España o para Cataluña, pero en el caso catalán habían incurrido en un delito de lesa libertad del que era difícil que pudieran redimirse: la supresión violenta del tradicional régimen institucional del principado que aseguraba una participación del pueblo en la cosa pública y un control político de la actuación de los soberanos. Los males de Cataluña estaban en el autoritarismo castellano que Felipe V había culminado al eliminar el patrimonio político propio de los catalanes y de los españoles. Algo habían conseguido en su tiempo Juan II y Felipe IV en ese sentido, pero era evidente para nuestro historiador que el definitivo liberticida había sido el primer Borbón, contra cuya tiranía, como en los casos anteriores, Cataluña se levantó legítimamente una vez más. Y por eso, a su criterio, el resto del siglo fue para Cataluña casi antes «español» que «catalán».

Es decir, una centuria en la que, desaparecidas las instituciones que daban sentido e identidad específica a Cataluña, se había perdido además lo que era una esencia distintiva del carácter catalán: su inveterada lucha por las libertades, por un régimen político que controlara al rey, que diera cabida a instituciones parlamentarias efectivas y que permitiera la participación popular en ellas. O sea, el régimen construido en la esplendorosa Edad Media, mantenido mal que bien con los Austrias y que era el mismo que él propugnaba para su época y del que estaba persuadido que podía conseguir el progreso sin necesidad de pasar por el centralismo de inspiración francesa. En el Setecientos, Cataluña aparece adormecida bajo el yugo del monarca usurpador y en medio de un «despotismo dorado». Casi no parecía ella, a no ser por que continuaba demostrando su inveterada laboriosidad y su impronta creativa. Esta es, a mi juicio, la esencia de la visión de Balaguer sobre el siglo XVIII.

Una centuria que, siguiendo la senda balagueriana por la vía nacionalista, autores como Prat, Rovira o Soldevila calificarán, en tiempos posteriores, de una época de verdadera «desnacionalización» de Cataluña. Una visión que, como veremos más adelante, dejó posterior huella hasta nuestros días en una parte importante de la historiografía catalana de inspiración catalanista, republicana y de izquierdas. Una historiografía que cada vez ha dado en valorar más positivamente la aportación de Balaguer al afirmar, como él, que lo propio de Cataluña y de los catalanes, a diferencia de Castilla y los castellanos, ha sido siempre la cultura de la libertad política, del control del poder regio y de la armonía ciudadana, tres características que combinadas han conllevado el progreso económico, social y cultural. O dicho de otra manera, Balaguer planteaba como liberal catalanista que el régimen foral podría haber dado paso a la modernidad de no haber sido interrumpido violentamente por el retroceso que supuso el autoritarismo absolutista de inspiración francesa (y en cierta medida también por el jacobinismo y el bonapartismo), como así lo probaba la evolución seguida en Inglaterra a diferencia de Francia y sobre todo de España.

De esta manera, al haber establecido un trascendente hilo causal histórico entre el tradicional régimen político de Cataluña edificado en la Edad Media y la modernidad contemporánea, al dejar claro que el progreso no exigía pasar necesariamente por el centralismo impulsado por los castellanos y los Borbones, el liberal catalanista Balaguer iba a poder ser visto con simpatía por los nacionalistas progresistas catalanes del siglo XX. Y de esta manera también, en nuestra actualidad, como en su día hiciera este historiador y político catalán, incurriendo desde el punto de vista historiográfico en el anacronismo presentista, lo que se desea ideológicamente para el presente se afirma también que ha sido la esencia de nuestro pasado y que por eso se está en el camino legítimo y correcto que la historia nos dicta hacia el futuro, y que no puede ser otro que recuperar las antiguas libertades y los derechos históricos como única posibilidad de volver a disponer de una Cataluña libre y plena.

La obra de Balaguer, que contenía en su seno la posibilidad política de un doble patriotismo catalán y español basado en la libertad y en la pluralidad[262], fue un éxito de ventas por su capacidad de trasladar exaltados sentimientos patrióticos catalanes a un gran público que no se extrañaba de recibirlos. Un público que abarcaba desde las clases dirigentes a las clases medias interesadas en la política, y que aceptaba con bastante buen ánimo la explicación histórica del insigne barcelonés cuando narraba en clave épica las grandezas y desgracias de los catalanes, cuando su discurso político liberal cimentaba la afirmación de que Cataluña era tierra de libertades mientras que Castilla lo era de despotismo o cuando argumentaba que esta última había agraviado asiduamente a la primera hasta llegar a oprimirla plenamente en el plano político con la llegada de Felipe V, agravio que Balaguer creía que no había desaparecido en su propia época y que representaba, en su opinión, una amenaza para seguir sosteniendo el doble patriotismo.

Víctor Balaguer consiguió una enorme popularidad con su obra al ser el primero en edificar una historia general de Cataluña que tanto se había anhelado durante un siglo. Y este hecho es bastante probable que lo admitiese con poco entusiasmo uno de los más destacados miembros de la dinastía Bofarull, que a la sazón era la más conocida en el mundo académico, archivístico e historiográfico catalán del momento[263]. Si Balaguer había pasado la mano por la cara a los miembros de la academia erudita a causa de su popularidad[264], ahora uno de sus componentes quería darle la réplica con un alternativo intento de aunar rigor y erudición con una narración también entretenida. Y el encargado de intentarlo iba a ser un miembro de la dinastía Bofarull que leía sus lecciones de historia en la Academia de Bones Lletres que en su día había dirigido su tío, Pròsper de Bofarull. Ese autor se llamaba Antoni de Bofarull y la nueva monumental obra iba titularse Historia crítica (civil y eclesiástica) de Cataluña, publicada entre 1876 y 1878 en nueve volúmenes[265].

Era una nueva historia del principado que veía la luz en los primeros tiempos de la Restauración[266] con el ánimo de redactar la rigurosa y documentada historia general de Cataluña que demandaba la sociedad catalana, siguiendo así, en propia opinión del autor, los pasos de Jeroni Pujades y Feliu de la Penya. Tres lustros después de la obra balagueriana se publicaba un nuevo compendio enriquecido con una gran erudición que deseaba respetar la factualidad a través del criticismo documental propio de la ilustración y de un incipiente positivismo que estaba a punto de triunfar, pero escrito a su vez con una pluma deudora de la impronta historiográfica y literaria romántica que buscaba también conquistar la amenidad expositiva para ser consumido por el gran público.

Una nueva historia general de Cataluña que tiene como punto de partida el dejar constancia historiográfica de la pluralidad «nacional» de España y en demostrar que por «exclusivismo» se había asimilado de manera incorrecta la historia de España a la historia de Castilla. La concepción plural de España que defiende Bofarull es evidente. Entre otras ocasiones la deja bien constatada cuando al referirse a las disposiciones de Carlos III acerca del sistema de quintas para el Ejército, recuerda que pese a las buenas intenciones que pudiera tener el monarca, era notorio que resultaba una tarea «muy escabrosa en un país tan heterogéneo como era el nuestro, formado de diversas nacionalidades y de tan distintos y encontrados usos, consistiendo solo la homogeneidad en la centralización»[267].

Desde sus posiciones catalanistas, su motivación cultural, historiográfica y política primordial es demostrar que se podía ser español sin ser castellano y que los catalanes, aragoneses o vascos, por ejemplo, amén de tener su personalidad histórica propia, eran también españoles. Pero para que esto fuera así de manera positiva, era necesario que desde Madrid se aceptara lealmente esa doble identidad sin desconfianzas como algo bueno para todos los habitantes de la Monarquía. Y no menos necesario era que cesaran tanto las incomprensiones como los agravios desde una concepción de España que practicaba el uniformismo político y el «exclusivismo» historiográfico, este último como «vivo reflejo de otros muchos que se fueron experimentado desde que España estableció una Corte única que miró el territorio donde fue enclavada como preferente a todos los demás de la Península»[268]. Esta idea principal ya la señala al inicio de su prólogo cuando al tiempo que expresa su admiración por la pionera obra del padre Mariana, le acusa de ser el iniciador de la creencia de que la historia de España era la de Castilla[269]. Entre las ocasiones en que manifiesta esta posición, me parecen de una meridiana claridad sus palabras referentes a la celebración de la subida al trono de Fernando VI celebrada en Barcelona el 11 de septiembre de 1746, en la que el marqués de Cartella gritó en público «¡Castilla y Cataluña por el rey Fernando!». Amén de subrayar que no era la fórmula mejor ni la antigua, amén de recordar con nostalgia que el rey ya no venía a Cataluña para «jurar y ser jurado», Bofarull critica la persistencia que:

aún en estos tiempos, conservan ciertos hombres de querer hacer sinónimos España y Castilla, como si los demás territorios no castellanos fuesen dejados de la mano de Dios […] como si no bastara decir «Barcelona o Cataluña por el Rey de España» [o] «Barcelona o Cataluña con España por el rey Fernando».

Nuestro historiador cree necesario olvidar antiguos agravios (que por supuesto se encarga de señalar en su obra), pero considera que él no es castellano y que, por tanto, como buen español y hombre leal al rey, no debe olvidarse de celebrar tampoco la «gloria de su antigua patria» catalana. Y por eso termina diciendo: «¿Admitiría Castilla […] que se mezclara su nombre, al proclamar a un nuevo rey, con el de otro territorio o nacionalidad antigua, con Cataluña, por ejemplo, con Aragón, Valencia, Mallorca, Vizcaya o Navarra?»[270].

Y junto a la idea de que la historia de España era plural y no meramente castellana, también está en Bofarull la necesidad de no contribuir a la escritura de una historia hispana hagiográfica sino crítica e imparcial. Así, por ejemplo, con ocasión de hablar de los últimos quince años del reinado de Felipe V, rechaza una historia meramente laudatoria de España y apuesta por la búsqueda de la verdad documentada, fuera la que fuere:

El egoísmo de muchos historiadores nacionales huye de la crítica temiendo que el descubrimiento de la verdad es el desentrañamiento de las miserias de la patria, y así se perpetúa la rutina halagadora, empeñada en hacernos creer que siempre hemos sido felices, vencedores, grandes.

Y poco después, al valorar la política mediterránea de Isabel de Farnesio, añade a modo complementario: «Vale la pena que se emplee con madurez e imparcialidad un autor nacional, antes de que autores extranjeros, como ha sucedido más de una vez, se encarguen de consignar verdades amargas, a fuerza de crítica y de documentación»[271]. Igualmente, al referirse a la situación del clero en tiempos de este monarca, recalca su idea central de que «la verdad severa es la única guía de la historia»[272].

Bofarull no era un principiante desconocido. En la vida intelectual y política de la Cataluña de la segunda mitad del Ochocientos resultaba una de sus figuras más insignes, con más recorrido y mayor influencia. Como sobrino y seguidor de Pròsper de Bofarull, pertenecía a la saga familiar de archiveros que controlaba desde hacía tiempo el Archivo de la Corona de Aragón. Era, además, como he dicho, miembro de la Reial Academia de Bones Lletres de Barcelona y de la Real Academia de la Historia, se había significado en calidad de poeta[273], dramaturgo histórico, influyente gramático del catalán[274] y un novelista de éxito[275], así como por hacer las veces de divulgador histórico desde el Diario de Barcelona (en compañía, por cierto, del también columnista Balaguer). Y no menos había alcanzado notoriedad en el entorno intelectual de la burguesía catalana por ser uno de los principales impulsores de la restauración de los Juegos Florales en 1859, una ocupación que ejercería durante largos años como presidente, secretario y mantenedor hasta que por diversos avatares acabó alejado de dichas ceremonias literarias[276].

Así pues, Bofarull compartía con Balaguer un perfil intelectual polifacético centrado en la recuperación cultural de Cataluña, aunque se diferenciaba del historiador barcelonés por no tener en cambio un manifiesto y relevante perfil de militante político. Fue ante todo un catalanista cultural que no ignoraba las repercusiones políticas de su trabajo, mientras que Balaguer asumió además un activísimo protocatalanismo político en el marco de la España de su época. Ambos sentían y proclamaban el ligamen entre lengua, literatura, historia y nación, pero fuera porque no se sentía llamado a ejercer de político sino de intelectual o bien porque considerara incompatible la participación en un partido con la ciencia, Bofarull se mantuvo alejado de la actividad política. Quizá ello ayude a explicar que su literatura histórica resultara algo menos épica, ágil y próxima que la de Balaguer y en cambio más erudita, rigurosa y matizada.

A pesar de su polifacética trayectoria intelectual, su progresiva pasión a partir de mediados de los años sesenta resultó ser la historia, disciplina a la que fue otorgando un valor estratégico en la tarea de aumentar la conciencia de catalanidad de sus coetáneos mostrándoles la grandeza histórica de su país y que Bofarull había comenzado a practicar indirectamente en piezas teatrales o recopilando leyendas en sus Hazañas y recuerdos de los catalanes, obra publicada en 1846 que funde literatura e historia para evocar y recrear, idealizadamente, la historia medieval de la patria catalana al estilo de las escritas por autores como Goethe o Schiller. Una disciplina histórica que concebía como la salvaguarda para que un país como Cataluña (al que trata de manera antropomórfica como si estuviera analizando la vida de una persona[277]), que se había integrado en una gran monarquía más tarde convertida en Estado-nación[278], pudiera evitar perder su «conciencia de ser» en la medida en que podía presumir de tener una gloriosa historia pasada.

En el prólogo de su Historia crítica insiste en la idea de que Cataluña antes de ser conocida por ese nombre ya tenía historia dentro del suelo hispano «pues fue céltica, griega, romana, goda, árabe, catalana, y modernamente española». Es decir, que tuvo sucesivamente varias «personalidades» y que antes de ser también española fue solo catalana, lo que significa que todo fue una construcción histórica progresiva hasta pertenecer al Estado-nación español iniciado por los Reyes Católicos y que en su tiempo se estaba intentando culminar desde el ámbito liberal al que Bofarull pertenecía. Y por eso afirma nuestro historiador que:

como parte de aquellas regiones primitivas, como provincia romana o goda, como Estado independiente durante la reconquista, como fracción confederada de los dominios que en conjunto regía el soberano de España, el país llamado Cataluña debe tener su representación en la historia que se llama general de la monarquía.

Bofarull piensa que Cataluña es una «región» o «nación» constitutiva de España que, al tener su propia personalidad y sus propios avatares, posee una historia particular que contar desde la Antigüedad hasta su propio siglo, aquella historia general que él quiere precisamente escribir. Una historia que, eso sí, comparte con otras «región[es] o nación[es] de aquellas que fueron conocidas en diversos períodos y situaciones unida o separadamente de las demás regiones y Estados que figuraron en el suelo hispano». Por todo ello, piensa que historiográfica y políticamente era lícito hacer la historia general de España acompañada de la historia de sus regiones o naciones, como era el caso obvio de la catalana en la que él estaba empeñado[279].

Se trataba, por tanto, al estilo de su admirado Capmany, de hacer investigaciones monográficas, pero también, y quizá especialmente, de elaborar síntesis científicas sobre la globalidad del pasado catalán para ser consumidas tanto por las élites como por el gran público. Una síntesis que desde luego no debía ser del tenor de la elaborada por Balaguer, que nuestro autor contempla con malos ojos y cuya factura historiográfica le despertaba un profundo rechazo metodológico al considerar que estaba edificada sin apenas ir al archivo y aceptando sin rigor falsas leyendas; una obra balagueriana a la que consideraba poco rigurosa, legendaria y escrita para la exaltación patriótica y sin respeto por la verdad histórica documentada. Para contemplar la crítica de Bofarull a Balaguer es altamente ilustrativo leer el prólogo de su Historia crítica. En dicho apartado, el reusense admite el patriotismo de Balaguer y también que su obra había llegado a un amplio público popular, pero deplora al tiempo la falta de profesionalidad del «cronista de Barcelona» al no ser, a su parecer, un verdadero investigador que, como tal, tenía la inherente obligación de escribir una historia crítica debidamente documentada y descreída con cualquier tipo de leyenda que no estuviera plenamente acreditada por los archivos. Así se las gasta Bofarull con Balaguer:

quien como nosotros haya servido largos años en el Archivo General de la Corona de Aragón, mucho antes que el señor Balaguer haya escrito sus Bellezas, y su constitucionalismo y finalmente su historia de Cataluña, podrá preguntar sin ánimo de ofender: ¿Cuándo, en qué tiempo, el cronista de Barcelona ha visitado, como investigador se entiende, este depósito diplomático que, según dijimos, es el primer arsenal de nuestra historia, y sin cuyo estudio no puede esta verdaderamente escribirse[280]?

Y en el mismo prólogo, al hacer un repaso analítico de las historias generales y de los historiadores que considera que habían sido más influyentes para la historia de Cataluña hasta finales del Setecientos menciona entre los generalistas a Zurita, Pujades, Feliu y al «ínclito» Capmany, y entre los historiadores más especializados a Finestres, Caresmar, Pascual o Martí, para a continuación reconocer en su propio siglo a Torres Amat, Pròsper de Bofarull, Cortada, Piferrer o Milà, «entre otros». ¿Se olvida de Balaguer? Por supuesto que no. A continuación nos dice:

la obra del señor Balaguer no es, rigurosamente hablando, lo que era de esperar en estos tiempos en que tan adelantados están los estudios históricos bajo todos los conceptos, por más que el amor patrio de su autor sea excesivo, por más que sus miras y propósitos sean nobles, como no lo dudamos, por más que haya prestado un verdadero servicio en lo que toca a facilitar a determinadas clases el conocimiento de nuestro glorioso pasado[281].

Sin embargo, el nuevo compendio sí tenía que recordar que Cataluña no era un país muerto, sino una realidad viva que hundía profundas raíces en el pasado y que debía ser despertada y reivindicada. O dicho de otra manera, despertar la historia pasada para despertar la Cataluña que estaba ya iniciando el camino de su «restauración», precisamente con fenómenos literarios y culturales como los Juegos Florales, en los que tanto empeño puso Bofarull como ya dije. Una Cataluña que nuestro historiador siempre pensó, eso sí, plenamente partícipe del destino de la «nostra Espanya», la región catalana dentro de la nación española.

Con influencias formativas románticas y sin olvidar el papel de la Providencia en los destinos humanos[282], Bofarull era un archivero-historiador sinceramente preocupado por alcanzar la verdad histórica justificada con documentos, actitud muy propia del criticismo ilustrado y del positivismo que empezaba a tener una fuerte influencia en Cataluña[283]. En cualquier caso, para él habían pasado ya los tiempos de las «historias narrativas» y de confiar en la voz de autoridad del «sabio infalible» y, a cambio, habían llegado los tiempos de la «imparcial y severa crítica, con su afilado escalpelo [que] ha cuidado de purificar la historia, evitando que degenere en leyenda y haciendo que sea en adelante imagen de la verdad», para lo que debía contarse con las ciencias auxiliares historiográficas[284]. Existe en Bofarull, pues, la clara intencionalidad de practicar una historiografía capaz de buscar la verdad mediante la imparcialidad, evitando el apasionamiento y rechazando el enemigo número uno de los historiadores: el «patriotismo que ve siempre puro lo de su parte y terriblemente execrable todo lo de la parte adversa». Un mal entendido patriotismo que debía ser vencido por el verdadero, por cierto «no siempre justamente reconocido» al decir de nuestro historiador.

Esta preocupación epistemológica de Bofarull por la imparcialidad del historiador frente a los partidismos y los patriotismos era compartida por varios historiadores de la segunda mitad del siglo XIX. Así, como una muestra, podemos recordar las palabras de Adolfo Blanch en 1861 en la introducción a su historia de la guerra de la Independencia en Cataluña, cuando declara que:

Ajenos a todo espíritu de partido, nuestro norte será la más estricta imparcialidad en todos los conceptos, esforzándonos para que el patriotismo no nos haga aparecer infieles ni exagerados […, y] se verá en cuantas apreciaciones nos ha sido dable no hemos desdeñado el testimonio de nuestros mismos enemigos [se refiere a los franceses[285]].

Por supuesto que la mayoría de estos autores, incluido Bofarull, estaban convencidos que el patriotismo que efectivamente ellos practicaban en su labor de historiar no era de los perjudiciales para la misma. Por eso, Blanch no ve inconveniente en añadir a continuación de sus primeras palabras:

Pero soltaríamos desde luego la pluma si al abdicar voluntariamente toda pasión, todo sentimiento exagerado en favor de nuestro país y de su causa, no pudiéramos sentir y manifestar lo que el anciano cubierto de canas siente y manifiesta aún bajo el peso de los años, y cuando el frío de la muerte circula ya por sus debilitadas venas[286].

Y para evitar precisamente estos indeseados efectos patrióticos en los que la pasión ofusca al entendimiento[287], Bofarull propone su principal apuesta profesional y epistemológica: articular una visión «crítica» de la historia que sea «justa, fundada y razonable»[288]. Un quehacer histórico en el que el propio historiador confiesa pretender «el enaltecimiento de la verdad justificada, a pesar de todas las autoridades y textos conocidos», y que por ello en «raras veces, en consecuencia, sentaremos opinión, porque antes que esta es el aserto, y el aserto no existe si no se justifica por medio de documentos u otros monumentos históricos»[289]. Un quehacer histórico que Bofarull ya considera elevado a «verdadera ciencia»[290].

No obstante, pese a estas declaradas aspiraciones de objetividad, lo cierto es que a lo largo de sus páginas emergen numerosos pareceres basados en sus diversas influencias ideológicas. Primero, en un determinado y mantenido sentido y sentimiento de catalanidad que fue seguramente el verdadero motor de su dedicación historiográfica, y que él considera un partido que se puede adoptar de manera no partidista. Quizá por eso afirma, sin amago de dudas, que en el historiador «las simpatías pueden sentirse y manifestarse, pero teniendo que explicar hechos, que levantar un monumento de imparcialidad y de verdad, para que juzguen las generaciones que no asistieron a aquellos»[291]. Segundo, en un indisimulado catalanismo más cultural que político del que fue sin duda uno de los grandes promotores. Al respecto, debo recordar que es significativo su artículo publicado en el Diario de Barcelona el 30 de enero de 1855, titulado «Catalanismo no es provincialismo», donde afirma, en referencia a la incardinación de Cataluña en España, que «ella quiere lo suyo para sí, pero figurando donde le corresponda en la historia común, y en la consideración general». Tercero, en un liberalismo conservador de carácter monárquico y constitucional, claramente opuesto al carlismo y al republicanismo democrático y profundamente anticentralista. Cuarto, en un omnipresente acento católico no ultramontano que admitía algunas conquistas derivadas de la Revolución Francesa. Su planteamiento de una doble vía interpretativa, laica y eclesiástica, es sin duda novedoso e intenta con ello compaginar su condición de ferviente católico practicante con su condición de liberal moderado. Sin embargo, en el conjunto de la obra no logra una separación satisfactoria, pues más bien puede afirmarse que en la parte laica emerge también en ocasiones el Bofarull católico. Y, finalmente, en una declarada asunción de su doble pertenencia identitaria patriótica, catalana primero y española después, que deriva en una posición histórico-política que considera que la historia (incluyendo en ella el azar) fue la creadora de una realidad patriótica nacional común llamada España, sin hacer desaparecer una realidad patriótica particular llamada Cataluña, una realidad singular que Bofarull vive de hecho como una entidad que en su opinión no siempre había sido tratada en pie de igualdad con respecto a la dominante Castilla.

Esta concepción de España como una construcción histórica de diversos pueblos desde la Antigüedad, puede contemplarse desde las primeras líneas del prólogo de su obra, donde insiste en la idea de que la reconquista dio paso a la creación de diversos reinos que por la vía de los enlaces matrimoniales y políticos acabaron finalmente reconstituyendo la realidad España que ya existía en cierta medida con los godos. Y de igual modo puede contemplarse esta visión histórica y plural cuando, al ocuparse del Setecientos, se muestra indignado en ocasión de que al firmar Fernando VI la orden para bajar los réditos censales al tres por ciento, se decía que la medida había sido «promulgada en Cortes». Su indignación daba paso al siguiente argumento:

¿A qué cortes podía referirse el hijo de Felipe V? Si eran cortes de España, todavía no había llegado el tiempo en que, trayendo los cambios de costumbres nuevas instituciones, se considerase toda la Península una nación y se crearan unas cortes verdaderamente españolas […], si eran las de Castilla poco valiera la sanción tocante a los estados que no eran castellanos […], y si quisiese suponerse, que no es posible imaginarlo, la ficción de unas cortes catalanas […] chocante había de ser el supuesto para los Catalanes, y más viendo de dónde provenía y en nombre de quién se mencionaba tan olvidada palabra[292].

Cuando Carlos IV reunió a las Cortes para su proclamación, Bofarull vuelve a insistir en la impropiedad de llamarlas Cortes españolas (piensa que en realidad fueron una «pseudorepresentación») porque, en su criterio, no habían existido nunca como tales en un país heterogéneo, compuesto por «naciones» que tenían sus propias asambleas estamentales y su propia idiosincrasia política[293].

Bofarull es, de hecho, si se me permite la aparentemente contradictoria expresión, un «catalanista-españolista» que desea que Cataluña sea reconocida como una más de las «provincias» de España. Como una provincia más pero desde luego de las mejores y de las más generosas. Como una provincia más pero con su propia historia, su propia lengua y su propia personalidad. Como una provincia más pero capaz de volcarse con sus propios valores y dineros en la guerra de la Independencia para que «se conservara constantemente la armonía de Cataluña con el resto de España, reconociendo siempre que la división podría ser la ruina total de esta»[294]. En suma, como una provincia más sin la que España no sería España, mientras que para Bofarull Cataluña continuaría siendo Cataluña aunque no estuviera en España.

Por eso para nuestro historiador no hay duda de ninguna clase de que España es también y sobre todo las Españas. A saber: una realidad histórica donde de la originaria mezcla en la península ibérica entre pueblos del norte y del sur

ha resultado que el carácter de sus habitantes es heterogéneo, que hay razas tan distintas entre sí, como que nadie las tomara por hermanas, unas distinguiéndose por activas y laboriosas, otras por indolentes y haraganas, unas por formales y constantes, otras por veleidosas e inconsecuentes, unas por concretas y hasta rudas en su expresión, a la par que reflexivas, otras verbosas y obrando más a impulso de su imaginación y de la viveza de sus pasiones, y, en suma, unas instintivamente humildes y otras soberbias, estas las más perjudiciales, sobre todo cuando la raza ocupa determinadas categorías y se siente revestida de algún poder o facultad[295].

No hace falta ser muy avispado para deducir que con las calificaciones positivas se refiere a sus compatriotas catalanes y que en las más negativas deben andar, preferentemente, los castellanos y tal vez los andaluces. Para nuestro historiador era, en cierta medida, una forma de expresar lo que entendía por la esencia del carácter catalán, elemento «racial» que junto con las leyes particulares, las costumbres y el idioma del que tanto se ocupó a lo largo de su vida, formaban para él la parte más esencial del «ser» catalán, de la catalanidad, en definitiva, de la personalidad propia y específica de Cataluña. Activo, laborioso, formal, constante, concreto, rudo en la expresión, reflexivo, humilde, esas eran para Bofarull las principales características del carácter catalán. Y también una forma de decirnos que cuando mandaban en la principal institución (se refiere en este caso a la Junta Central durante la guerra de la Independencia) de la nación unitaria aquellos que no eran capaces de «solidar una institución con todas las cualidades que se requiere, el resultado es malearse y debilitarse esta, fraccionarse los elementos que la constituyen, desacreditarse, y lejos de contribuir al bien de la patria general, exponerla a los mayores peligros, de que solo Dios puede salvarla». Como veremos, en opinión de nuestro historiador eso es lo que precisamente pasó cuando la ausencia de catalanes y la masiva presencia de otros pueblos hispanos en la Junta Central acabó con esta sumida en divisiones, mientras que las gentes del principado se mantuvieron fieles y obedientes en busca de no romper la deseada unidad española.

A pesar de su intento de oponerse a la precedente obra de Balaguer por considerarla poco fiable documentalmente y demasiado comprometida en lo sentimental, a pesar de sus declaradas ansias por conseguir la neutralidad del historiador y de no emitir juicios de valor, Bofarull no logró sin embargo desprenderse de las expansiones emocionales románticas y patrióticas (catalanas y españolas), ni tampoco de las consideraciones ideológicas de su moderado liberalismo católico a la hora de ejercer la tarea de la interpretación histórica. No logró que su visión romántica de la historia de Cataluña quedara plenamente anulada por su declaración de apasionado partidario de las bondades del criticismo y del documentalismo positivista. No logró que su lucha por la objetividad histórica pudiese soslayar su patriotismo, el catalán especialmente pero también en muchas ocasiones el español. A priori pensaba que la crítica histórica buscando la «verdad» histórica (es decir, la objetividad) sería la mejor forma de patriotismo, pero son muy numerosas las veces en que el patriotismo le lleva a juicios de valor más allá del terreno de la ciencia historiográfica. Es decir, que en el fondo no se diferencia tanto en lo esencial de aquel Balaguer al que quería desbancar en el consumo de la literatura histórica de los catalanes. Utilizando expresiones propias de Balaguer, diré que el patriotismo «malo» ganó en bastantes ocasiones al patriotismo «bueno» a lo largo de su obra. También para el caso que nos ocupa de la decimoctava centuria[296]. Y, desde luego, no iba a ser la última vez que esto sucediera en la historiografía catalana.

No puede decirse que el Setecientos catalán sea el siglo preferido de Bofarull. Como la mayor parte de los historiadores del Ochocientos, dedica un espacio preferente a la exaltación de las glorias medievales del principado, donde cree encontrar la verdadera esencia identitaria del pueblo catalán con sus instituciones originarias, lo cual no deja de ser ya una determinada visión política del país[297]. Al igual que sus predecesores y sus coetáneos, Bofarull estaba convencido de que Cataluña fue una adelantada de la democracia y la libertad gracias a que supo construir en la Edad Media un sistema político que proporcionó cierto control sobre las actuaciones de los monarcas, estabilidad social al permitir la participación popular en el gobierno y la creación de riqueza. Un sistema político-institucional basado en cuatro grandes pilares.

Primero: una «confederación» aragonesa que guardó la personalidad de cada uno de los pueblos que la componían gracias a un modelo «federativo» que evitaba «la herejía de refundir un pueblo en otro, acto que no se puede realizar sin la subyugación del refundido […] y causa de que los reyes, a veces, por necesidad, hayan de volverse tiranos». Segundo: una «soberanía paccionada» entre un rey que para verse ayudado en sus empresas supo renunciar a sus propias jurisdicciones otorgando generosamente (y respetando después) los privilegios y libertades estamentales, y un pueblo que, con intención de sacar también partido de las empresas regias y agradecido por los privilegios donados, respetaba las prerrogativas soberanas y acudía en ayuda de su monarca cuando la patria lo precisaba. Tercero: unas municipalidades «tan poderosas como la nobleza y el clero», que nacieron fruto del pacto entre reyes y súbditos permitiendo la participación política de las clases emprendedoras junto a las privilegiadas, y de las que resultaba señero ejemplo el Consell de Cent de Barcelona. Y por último: una Generalidad y unas Cortes que reunían en asamblea a los tres brazos y que permitían tratar con el rey todo cuanto tuviera que ver con «el bienestar del país».

Y junto a estas cualidades políticas del sistema catalán, otros dos pilares fundamentales. El primero, la fuerza permanente de la gran capital Barcelona, siempre líder y «antorcha de la civilización». Y el segundo, el carácter emprendedor y laborioso de dos clases sociales fundamentales: los grandes hombres de negocios, que animaron el comercio y ayudaron a edificar el pionero libro del Consulado de Mar, y los menestrales, que lideraron una próspera industria[298]. En definitiva: «Pueblos con una organización tan adelantada y perfecta no pueden dejar de ser grandes bajo todos los conceptos»[299]. La Cataluña medieval es vista por Bofarull como una verdadera adelantada en la permanente tarea por alcanzar el «ideal hermoso» de edificar la civilización. Esta visión idílica e idealizada de la historia medieval de Cataluña conformaría la base desde la que después asentaría Bofarull su analítica sobre los tiempos de los Austrias y de los Borbones, épocas que contempla desde la perspectiva de una cierta degradación institucional de lo bien creado en el medioevo. O dicho de otro modo, como la adulteración de lo «perfecto», como la degeneración impuesta, desde fuera de la propia catalanidad, del ideal de organización política y social que pionera y originariamente supieron crear los catalanes y que tanta prosperidad material y «nacional» produjo y que acabaría incluso caracterizando su particular idiosincrasia como pueblo diferenciado. Algo propio y específico que funcionó muy bien durante tres siglos y que los catalanes debían exhibir con orgullo porque fue incluso anterior a la tan valorada democracia inglesa.

En suma: Bofarull considera a la Edad Moderna catalana como un tiempo más bien desgraciado, institucionalmente hablando, en el que el autoritarismo de los Austrias y el absolutismo de los Borbones porfiaron con éxito contra la libertad original creada por los catalanes en los tiempos medievales y que estos siempre defendieron heroicamente, con Barcelona a la cabeza, aunque no siempre con éxito. Un tiempo en el que Cataluña sufrió el «olvido completo de aquellas dos grandes bases en que estribaba la feliz organización de los anteriores tiempos, la autonomía federativa y la soberanía pactada». Un tiempo, al fin, en que «reyes despóticos», queriendo dominar el mundo, unas veces por su propio impulso y otras por el mal consejo de sus validos, porfiaron «en refundir unos pueblos con otros, en sujetar todas las costumbres a una sola, en sobreponer la voluntad soberana a la ley, y finalmente en subyugar por la fuerza al que de tal sistema protestase»[300]. Una cosmovisión general de Bofarull sobre los tiempos medievales y los modernos, que en poco se diferenciaba de la establecida ardorosamente por Víctor Balaguer.

Sin embargo, no siendo el Setecientos el siglo preferido de este investigador, sí resulta cierto en cambio que le otorga una mayor atención que sus antecesores y que intenta ofrecer un cuadro detallado con una gran riqueza empírica (no siempre centrada en cosas relevantes para el historiador actual) y con sugerentes interpretaciones sobre las relaciones del absolutismo borbónico con los catalanes[301]. Una ocupación historiográfica que contiene una parte de los temas de la Cataluña del siglo XVIII que serán objeto de atención por parte de los investigadores posteriores y que constituye la más completa interpretación de esta centuria (y de sus consecuencias en nuestra historia posterior), construida por los historiadores del principado en el Ochocientos. La obra de Bofarull es la primera historia general de Cataluña que se intenta escribir con rigor y exhaustividad, basándose en la crítica documental, por parte de un historiador que ya podríamos catalogar como cuasi profesional.

Así pues, Bofarull contempla el Setecientos catalán mediante una combinación entre su particular visión de las necesidades políticas de su presente, su mencionada valoración positiva del esplendoroso pasado medieval y una caracterización de los tiempos modernos como progresivamente decadentes. Por eso dedica en su obra una pormenorizada atención a estudiar cada anualidad de la contienda sucesoria: porque es para él un ejemplo más, pero el de mayor claridad y trascendencia, de los intentos de socavar la originaria libertad y el específico sistema político de Cataluña por parte del autoritarismo homogeneizador regio. Y un ejemplo más, igualmente, de la heroica capacidad de resistencia de los catalanes encabezados por los barceloneses. Y por eso también, pese a sus reiteradas declaraciones de bien intencionada neutralidad, desde el principio no parece tener dudas en posicionarse con suma claridad en el bando de los austracistas.

Sus fuentes informativas respecto a la guerra de Sucesión resultan variadas, pero sus preferidas son los Anales de Cataluña de Feliu de la Penya, los Anales Consulares y los documentos procedentes de la Diputación y los derivados del Consejo de Ciento. Como historiador mantiene una posición dual ante Feliu. Por un lado, reconoce su gran esfuerzo de intentar dar una visión global de la historia de Cataluña, trabajoso empeño que recuerda no se había dado desde Pujades. Sin embargo, por otro lado, cree que su obra adolece de un excesivo «deseo de vindicar a su patria ultrajada», de una cierta ligereza y precipitación en aceptar argumentos de otros sin previa crítica, llevado quizá por su «patriotismo y quizá hasta por su excesiva educación». Y por eso no es infrecuente que disienta del autor de los Anales. Ahora bien, hecha esta doble constatación positiva y negativa, Bofarull concluye que, en cualquier caso, Feliu fue muy importante, puesto que su obra permitiría conocer los hechos de la guerra de Sucesión a los catalanes sin necesidad de tener obligatoriamente que atender de manera única «para juzgar de las heroicidades de sus abuelos solo por el relato de los historiadores que pagaron los vencedores y los opresores, por el marqués de San Felipe y por el autor de La Revolta des Catalans»[302].

También reconoce su deuda con la obra publicada cinco años antes por Mateu Bruguera, de quien nuestro historiador valora sumamente su aportación documental y con quien comparte una posición general favorable al austracismo aunque no siempre se muestre de acuerdo con algunas de sus interpretaciones. En efecto, no debemos olvidar que entre 1871 y 1872, había visto la luz el libro indisimuladamente proaustracista del presbítero Mateu Bruguera, Historia del memorable sitio y bloqueo de Barcelona y heroica defensa de los fueros y privilegios de Cataluña en 1713 y 1714. En dicha obra se defiende, sin ningún tipo de ambages, y al contrario de la opinión del entonces influyente historiador liberal y nacionalista español Lafuente, que Cataluña actuó legítimamente frente a un rey que atentó contra sus libertades y privilegios antes de que los catalanes apostaran por la continuidad de la dinastía austríaca. Es decir, que Cataluña no fue traidora, sino que reaccionó ante un monarca incumplidor de las Constituciones que acababa de jurar. Y que, además, una vez vencedor, Felipe V fue un verdadero liberticida para Cataluña porque no supo estar a la altura de la magnanimidad mostrada en su día por Felipe IV, cuando después de la rebelión catalana de 1640 no suprimió sus fueros. Una pérdida de la libertad catalana a la que también habría contribuido la traición de las «corrompidas Cortes de Inglaterra, Francia y Austria»[303].

Igualmente utiliza con frecuencia Bofarull los Comentarios del marqués de San Felipe, pero en esta ocasión lo hace con el ánimo de mostrar su parcialidad felipista y para desenmascararlo como un historiador de los «vencedores y los opresores», como el «cronista del partido político vencedor» frente a los vencidos patriotas catalanes que no estaban en condiciones de poder contestarle con otra narración histórica dada la represión política existente. Entre las diversas ocasiones en que descalifica a San Felipe por partidario y adulador del rey, podemos encontrar la siguiente manifestación ante la opinión peyorativa de San Felipe sobre los austracistas que ayudaron a la entrada del archiduque Carlos en Barcelona:

la sana crítica, tarde o temprano, depura la verdad, descubre las idolatrías y troncha los falsos monumentos que la adulación ha levantado humillando a un noble pueblo, solo para que figure más realzada la figura de su vencedor. No tolera la crítica semejantes ignominias, y, por desgracia, no es esta la sola vez que increpamos al marqués de San Felipe, que en otros casos, y no tarde, mayores y más terribles ignominias observará el lector, puestas en boca de quien dijo que no había contaminado su pluma[304].

Esta animadversión que como historiador manifiesta Bofarull ante San Felipe, viene ocasionada no solo por una cuestión historiográfica, sino porque considera que con sus versiones decantadas y sectarias «logróse así perpetuar la calumnia, fomentando más y más las antipatías de las diversas razas de España, que ha sido el primero y principal obstáculo para la verdadera unidad nacional». Y esto, que además era querer «humillar a un pueblo tan español como todos los demás [el catalán] que se hermanaron bajo una sola monarquía en la Península», Bofarull considera que no se lo puede perdonar a San Felipe «ni como catalán ni como español»[305].

Una historia de los vencedores que, al decir de nuestro investigador, tampoco la Academia de Buenas Letras, facultada por Fernando VI en 1752, podía poner en cuestión dada su clara connivencia con el poder borbónico. Bofarull considera que:

por bueno que fuese el deseo íntimo de la Academia […], ¿podía atreverse a levantar el monumento completo, a escribir con toda imparcialidad la historia general de Cataluña, sin transformar, con ignominia, los hechos de los últimos tiempos, envueltos en tantas lágrimas y sangre de los Catalanes[306]?

Pues la rotunda respuesta de este historiador es que durante todo el Setecientos ello era sencillamente imposible dada la situación política de absolutismo regio, lo cual, en cierta medida, es una opinión que viene a descargar un tanto la posible responsabilidad de una institución a la que recordemos que Bofarull pertenecía desde hacía tiempo.

Su primera línea argumental es que Cataluña estaba con Carlos II. No es que le parezca del todo comprensible esta adhesión, pero siguiendo a Feliu constata su realidad. De hecho, al monarca lo considera más bien un «imbécil», y por eso le cuesta entender que los catalanes de la época lo llegaran a «reverenciar como a un Dios, sin saber deslindar la gran diferencia que mediaba entre la inútil personalidad del rey y la vigilante política de los que le rodeaban»[307]. Y dado este apoyo catalán hacia el último soberano de la casa de Austria, dado el «austraquismo infiltrado por tanto tiempo en el ánimo de todos los súbditos» y dadas las funestas experiencias habidas con Francia en los últimos años del Seiscientos[308], es comprensible para Bofarull que la desconfianza hacia el nuevo monarca Borbón hiciera pronto acto de presencia. Primero porque no estaba claro que tuviera más derechos que el candidato austríaco. Y segundo porque la decisión testamentaria final la considera una maniobra poco transparente de Portocarrero. En cualquier caso, los dos partidos de austríacos y borbónicos, que se habían creado en los últimos años del reinado en torno al problema de la sucesión, subsistieron tras la proclamación de Felipe V. Y, según la opinión de nuestro historiador, en el caso de Cataluña cuajaron con prontitud y en mayoritario favor del partido de los primeros.

Derivado de lo anterior, la segunda línea argumental de Bofarull es que la temprana desconfianza se vio pronto alimentada por algunos altercados de diversa índole. Entre ellos cita la conflictiva sustitución por el conde de Palma del popular virrey Darmstadt, que llegó incluso a poner en tela de juicio la legitimidad de la sucesión regia; el imprudente envío de la caballería a Cataluña; el cierre de la Universidad de Barcelona y el apoyo dispensado por el virrey a los jesuitas del Colegio de Cordelles; la orden a los consellers para que no se cubrieran la cabeza ante el Rey, o la ilegal apertura de las Cortes. Cuando Felipe llegó a Barcelona para celebrarlas, Cataluña estaba ya dividida en dos partidos. Una división bien visible en Barcelona y que, a juicio de Bofarull, también tenía que ver con la posición que ocupaba «cada uno de los hombres públicos».

En el bando de los afectos a Felipe se encontraban quienes desempeñaban «cargos retributivos, cuya destitución podía decretar el rey, como eran los ministros del Consejo Real o Audiencia»; los que ocupaban altos puestos de «gobierno natural» y por ello podían ser los primeros en correr peligro en caso de rebeldía, como era el caso de los diputados; los que después de tantas guerras creyeron de buena fe que una nueva dinastía superaría la decadencia de Carlos II, y, finalmente, los «volubles», es decir, quienes estaban dispuestos a acatar cualquier poder[309]. Por el contrario, en el bando de los afectos a Carlos estaban «los que tenían cargos libres y populares», o sea, los «consellers» obligados a sostener las «libertades patrias»; los desengañados con los franceses por sus invasiones contra Cataluña, invasiones que habían rechazado junto con «los castellanos y demás españoles»; los que compartían admiración por Darmstadt y por sus ideas a favor de la casa de Austria, y, por supuesto, todos aquellos a quienes no les importaba sostener una guerra más viendo que Cataluña era utilizada por unos y por otros para sus intereses. Todos estos y la generalidad de la «masa del pueblo catalán» eran, según Bofarull, los partidarios austracistas que recibían con «disgusto, repugnancia o duda al representante de la nueva estirpe», y que estando expectantes solo les faltaba para la rebeldía que hubiera «abusos del nuevo gobierno o la instigación del Austria para que los catalanes le ayudaran en la reclamación de sus crecidos derechos postergados». Y nuestro historiador recuerda que ambas cosas se produjeron para acabar de decantar definitivamente a quienes todavía estaban indecisos y para hacer aflorar los sentimientos austracistas que hasta entonces se habían reprimido.

En medio de esta situación de división entre partidos, de desconfianza de muchos catalanes ante la nueva dinastía y de un austracismo progresivamente popular, este autor se detiene a analizar las Cortes de 1702. Su opinión es que sabiendo Felipe V que Barcelona era un punto de apoyo muy débil hacia su estirpe, no dudó en venir a pasar una temporada entre los catalanes y celebrar Cortes con ellos para intentar así apaciguar los ánimos y ganarse a los naturales. ¿Y cuál fue el fruto de su visita? ¿Logró ganar simpatías o por el contrario contribuyó a su rechazo por quienes ya estaban inclinados hacia los austríacos? Pues su parecer es que la estancia en Barcelona del monarca distó bastante de dar los frutos positivos que él buscaba. En este punto resulta interesante anotar que Bofarull intenta mantener ante este «vidrioso» período una actitud de máxima imparcialidad posible, como afirma corresponder a su concepción de historia crítica. Y es por ello que en la disputa entre los partidarios de uno y otro bando durante esta etapa de estancia del rey en Cataluña, no duda en manifestar la necesidad de no dejarse llevar por Feliu, a quien acusa, en el caso de la interpretación de este período, de buscar siempre los argumentos más favorables a su posición austracista, al tiempo que recuerda que los mismos argumentos no los esgrimía para otras situaciones y épocas en las que se atacaba con ellos al gobierno pero no al Rey. Es por eso que tiene interés en recalcar que sus fuentes documentales son también los papeles de los diputados y todos aquellos que reflejan la opinión de los consellers, y que estaban custodiados en el archivo municipal de Barcelona[310].

Como fuere, Felipe V celebró Cortes en Barcelona en 1702. Bofarull recuerda que hasta la propia convocatoria suscitó polémica. Para los menos afectos al nuevo monarca había irregularidades y en cambio para otros más proclives se trataba de pequeñas cuestiones legales sin importancia. En este punto es muy curiosa la posición de Bofarull. Por un lado, partiendo de su ideología liberal entiende a los que oponían algunas cuestiones legales, pues si no se tenían en cuenta se abría «un camino cierto para que al cabo las instituciones sean inútiles y los reyes absorban todo el poder absoluto». Pero por otro lado, recuerda que, en cierta medida, dicha actitud legalista era adoptada por quienes estando poco inclinados hacia Felipe V veían en ella una buena causa de oposición, mientras que sus partidarios estaban dispuestos a dispensar aquellas legalidades como cuestiones menores[311].

Se impusieron en todo caso los segundos y Felipe V abrió las Cortes. ¿Qué pasó en ellas? ¿Cuáles fueron sus resultados? Según este historiador, la dilatación de sus sesiones favoreció que los desafectos a la causa felipista fueran alimentando agravios como los ya mencionados casos de la disputa entre tomistas y suaristas o la orden de no permitir el cubrimiento de la cabeza a los consellers. Con todo, las Cortes no se abrieron realmente hasta que no llegó el monarca en persona, porque antes se negaron a participar la mayoría de los representantes catalanes. Una llegada regia que nuestro autor recuerda que fue celebrada con grandes fiestas por las autoridades y el pueblo, a pesar de los sentimientos austracistas de muchos. Y si en medio de estas celebraciones Felipe V no mandó cubrirse a los consellers, opina con indulgencia Bofarull que fue por «mera distracción» del rey y no por ánimo de ofender, puesto que después ordenó el cubrimiento en reiteradas ocasiones. En cualquier caso, ante la apertura de las Cortes el monarca juró fidelidad a las Constituciones y los representantes catalanes juraron fidelidad al Rey. El reusense resalta este hecho en la medida en que desea recordar que, sin duda, esto fue un acto de mutuo reconocimiento que explica que después Felipe V actuara contra Cataluña con una fuerte animadversión por considerarse traicionado, aunque, desde luego, para nuestro historiador, esta relativa comprensión hacia el monarca traicionado por un pueblo supuestamente desleal no justifica que tras ganar la guerra manifestase como rey un odio vengativo hacia todos los catalanes.

Resulta sin duda interesante esta posición que no la había mantenido hasta entonces ningún estudioso catalán y que después no será muy habitual en nuestra historiografía. Así lo explica Bofarull:

¿Quién pueda dudar que Felipe, aun suponiendo que su derecho fuera disputable, quedaba verdadero soberano de Cataluña? Los nuevos sucesos que luego se van desarrollando, los agravios que los catalanes reciban, los esfuerzos de jurisconsultos y diplomáticos para defender el derecho del antagonista que ha de tener el primer Borbón, podrán disculpar a nuestros compatricios de la actitud que toman más tarde contra el que habían jurado, pero en esta ocasión, por más vueltas que se den al asunto, no se podrá borrar el reconocimiento del heredero llamado por Carlos II.

Es verdad, reconoce Bofarull, que algunos lo hicieron obligados por la necesidad, «esto es, por no estar bastante sazonados todavía los medios de levantarse en contra», pero es evidente que:

[De] todos modos el reconocimiento de Cataluña [y por tanto la posterior traición de los catalanes a su propia aceptación del rey Borbón] será con el tiempo una razón que podrá disculpar, en parte, la aversión de Felipe contra el principado, si bien no se le disculpará nunca como rey y como hombre las maneras empleadas, después ya de triunfar en la guerra, para hacer sentir todo el peso de su odio[312].

A buen seguro que, como Cortada o Balaguer, nuestro historiador debía de tener en su mente el mantenimiento de los fueros por parte de Felipe IV tras los acontecimientos de 1640.

Sobre la celebración de las Cortes, siguiendo a Feliu de la Penya opina que comportó los clásicos enfrentamientos del rey con los representantes catalanes, entre los cuales el mayor fue el asunto de la desinsaculación de personas sin que hubiera una causa previa públicamente abierta. Con todo, las sesiones acabaron con bien para ambas partes y Bofarull insiste en la idea de que en las fechas siguientes no parecía que Felipe V tuviera la sospecha de no ser admitido por las autoridades y el pueblo de Cataluña. Así lo narra Bofarull:

De manera que con este donativo [50 000 libras del Consejo de Ciento] y el de las Cortes [un millón y medio] tenía motivo sobrado el primer rey de la nueva estirpe, para creer que Cataluña, ó más bien Barcelona, era muy rica o muy espléndida, y si no, era muy afecta a su persona, y ciertamente, a ser Felipe uno de aquellos reyes por todos esperado y querido, no sabemos que más se hubiera hecho[313].

Pero también recuerda que la desconfianza de algunos persistió tras la celebración de las Cortes y que vino a ser alimentada por diversos sucesos conflictivos a raíz de tenerse que marchar Felipe a Italia para combatir contra los austríacos. Ante la incorporación de franceses en el gobierno del nuevo rey, ante los alojamientos de tropas en casas particulares en contra de lo que mandaban las Constituciones recién aprobadas, frente a las disputas sobre pagos aduaneros de la Corte y el Ejército, hubo acuerdos entre las partes, pero también lo aprovecharon quienes «tenían empeño en que se aumentase el número de quejosos». Y al aumento de estos últimos favoreció el proceder de los miembros de la Real Audiencia, que empezaron a actuar «como si no fuese nada […] ni la legislación catalana, ni las instituciones de que procedía, ni el respeto que merecieran los que representaban al gobierno natural del país», actuando «a su antojo y como si tuviesen la firme seguridad de ser invulnerables, por la sola circunstancia de ser rendidos fieles a la voluntad del rey, que consideraban superior a toda justicia»[314].

O sea que, según Bofarull, se vinieron a juntar algunas actuaciones poco ponderadas y de escasa legalidad de las autoridades felipistas con el sentimiento antifrancés propio de los catalanes, con el «austraquismo» existente en Barcelona que en buena medida había favorecido un virrey tan popular como Darmstadt y, finalmente, con quienes eran afectos a la casa de Austria, que aprovechaban cualquier oportunidad para conspirar y aumentar los efectos de los conflictos que se daban y que utilizaban lo que en otras circunstancias hubiera pasado desapercibido como «una insignificante chispa introducida en un depósito de materias inflamables». Como así fue, entre otros casos, recuerda, con el intento de expulsión del holandés afincado en Barcelona Arnaldo de Jäger. Así narra enfáticamente el autor este ambiente:

¿Quién dudará de que Barcelona fuese un centro o foco de austraquismo, que iría en aumento cada día, según fuesen las noticias políticas o de batallas, según los agravios que se recibiesen de las Cortes de Madrid o de París, y según las mañas de los propagadores en abultar favorablemente las primeras y en inventar, tergiversar o interpretar las segundas[315]?

Y la vuelta del rey a Cataluña, que fue recibido cordialmente por las autoridades, no supuso, en opinión de nuestro historiador, que la situación mejorase, pues se negaron la Diputación y el Consejo de Ciento a armar a los catalanes para servir fuera de Cataluña por no estar en las Constituciones y, en su caso, Felipe V decidió marchar a Madrid sin atender las diversas demandas sobre los diferentes conflictos que se habían generado en su ausencia.

Era el inicio del desencuentro y, a juicio de Bofarull, en adelante las cosas no hicieron sino empeorar. Durante 1704 las contradicciones se fueron agudizando y el austracismo fue cada vez más conspirativo y más mayoritario provocando la reacción de las autoridades borbónicas quienes, castigando, encarcelando y desterrando a algunos cabecillas partidarios de Carlos, no hicieron más que avivar la llama de los descontentos y de la conspiración[316]. Y en primer lugar, en cuanto a las torpezas y las responsabilidades, sitúa al virrey Velasco «acaso bueno en tiempos pacíficos, pues era amante de hacer mejoras materiales y embellecer la ciudad, pero inútil en tiempos calamitosos, y sobre todo para conocer a fondo una ciudad que conspiraba, y que conocía a fondo las cualidades buenas y malas de su virrey»[317]. Así pues, entre la interpretación del austracista Feliu y la del felipista San Felipe sobre la existencia de una conspiración, Bofarull muestra un parcial acuerdo con ambos. Acepta con Feliu que había en Barcelona un ambiente general muy favorable a Carlos, pero insiste en la idea de que en efecto hubo un foco conspirador políticamente organizado que aprovechaba y propiciaba acontecimientos para trabajar políticamente contra Felipe V, un foco en el que cita a Darmstadt como uno de sus principales promotores. También manifiesta estar parcialmente de acuerdo con la frase de San Felipe, que reconoce denigratoria para Cataluña, cuando afirmó que Barcelona permanecía «traidoramente fiel», interpretándola, eso sí, en el sentido de que mucha gente se mantuvo primero «meramente expectante» hasta que ciertos acontecimientos hicieron rebosar «el vaso del austraquismo catalán».

En cualquier caso, tal parece que en el período que va desde la llegada al trono de Felipe hasta la arribada de Carlos a Barcelona para ser coronado rey, nuestro historiador reconoce los excesos de las autoridades felipistas en Cataluña, reconoce la existencia de un sentimiento austracista y antifrancés, reconoce las torpezas políticas de un Velasco en situación ciertamente difícil y con escasa tropa, pero no se encuentra cómodo a la hora de explicar algunas de las actuaciones de los dirigentes políticos catalanes (que parecen vacilar entre Felipe y Carlos), ni con la serie de disputas internas que hubo, ni tampoco con algunas acciones encabezadas por los austracistas, que más bien le parecen que adolecían de ser tendentes a la exageración y a la manipulación. Es más, en cierta manera, todas estas disputas y divisiones le parecen «malos cuadros que, si su indicación no fuese dato para caracterizar una época, valiera más borrarlas para siempre de la historia patria»[318]. Como quiera que Bofarull opinaba que era bien cierto que los catalanes y el rey se habían jurado mutua fidelidad, a veces parece no encontrarse cómodo con las actitudes conspirativas de los austracistas, pues en su opinión hubiera sido preferible, «para obrar con mayor nobleza», que estos hubieran planteado directamente la batalla en campo abierto[319].

Fue en estas circunstancias cuando vino a irrumpir en la propia Península una contienda bélica que ya se había iniciado previamente en Europa. Era 1705 y empezaba en suelo hispano la guerra de Sucesión a la corona española. Bofarull opina que España se dividió entonces definitivamente en dos partidos y que eso también ocurrió en Cataluña, donde los catalanes austracistas, mayoritarios en todas las clases sociales, lucharon por mantener un sistema institucional que, a juicio de nuestro historiador, había dado grandes frutos a la patria catalana sin tener que romper con la monarquía española.

A lo largo de su análisis, el reusense menciona reiteradamente a los dos partidos, pero casi nunca efectúa una referencia sociológica de sus componentes. Desde luego que constata la división existente en la nobleza y también en la clerecía, a las que considera mayoritariamente austracistas pero con la presencia de significados personajes de fidelidad borbónica. En el caso de los eclesiásticos, un Bofarull inclinado hacia el austracismo pero profundamente católico debe ponderar sus respuestas y por eso afirma que no hubo mejores o peores religiosos, sino que unos se vieron obligados a ser fieles a Felipe V, que les había nombrado, y otros al Papa, que había apostado por Carlos III. En cuanto a la religiosidad de los contendientes, piensa que en los dos bandos hubo católicos y protestantes y que eso no influyó en la catolicidad de los catalanes que, al contrario de la opinión de San Felipe, que desea presentar a los austracistas como casi herejes, se mantuvo incólume[320]. Con todo, como era bastante habitual en la historiografía de la época, las cuestiones sociales y los posibles intereses de clase están en general ausentes. «Dirigentes políticos», dicho en genérico, nobleza, clero y un recurrente «pueblo» son las categorías sociales más utilizadas.

En cambio, un Bofarull muy sensible al tema foral afirma que fue ya desde entonces cuando los privilegios y las Constituciones de Cataluña empezaron a estar en medio de aquella guerra europea y española[321]. Las Constituciones y también la desconfianza y el rechazo frente a todo lo que tuviera que ver con Francia. Una galofobia que es para él la que explica en última instancia el rechazo catalán a Felipe V. Una galofobia convertida por nuestro historiador en el motivo principal para que los catalanes prefirieran seguir apostando por la resistencia armada hasta la heroica derrota final. Y ello fue así incluso cuando pareció que la partida la tenía ganada el Borbón y que, con la salida de Carlos para adquirir la corona austríaca, era posible pensar en una vuelta al redil felipista «agenciando medios para que este fuese otra vez aclamado, continuase siendo el rey pactado, y, en suma, no se perdiese para siempre la independencia o autonomía catalana».

Con ocasión de la partida del archiduque de Barcelona, Bofarull afirma:

Algo hubo de haber que les hiciese anteponer a toda reflexión su pertinencia [de los catalanes] por más que esta debiese llevarles a la muerte, pero muerte desastrosa, a la humillación más grande que puede sufrir un pueblo heroico. No podía ser tan gloriosa resolución sino el odio a la Francia, de la que habían venido siempre todas las desgracias.

Incluso, tiempo después, cuando los catalanes se vieron abandonados por todos, insiste en afirmar que por miedo a la «influencia francesa en su gobierno, y por preveer que sus libertades van a ser holladas, prefieren [los catalanes] antes bien, y por gusto, morir matando, o mejor diremos, morir, con tal de que su muerte cueste raudales de sangre a los franceses, sus eternos enemigos»[322]. Y cuando no solo Carlos sino también su esposa ya habían abandonado Barcelona y los aliados se disponían a la paz, recuerda que si bien algunos empezaron a pensar que para quedar en aquella situación de desamparo «tanto hubiera valido un rey como otro», la mayoría siguió creyendo «cándidamente» en las promesas de ayuda del emperador y, sobre todo, continuaron en pie de guerra a causa especialmente:

del odio contra Francia (porque es de saber, como tendremos ocasión de acreditar, que todo cuanto hicieron los catalanes, más que contra Felipe, era contra la omnipotencia de su abuelo y el orgullo de su nación), que solo a esto se debió la unanimidad de los catalanes, siguiendo la voz de la ciudad de Barcelona y del gobierno que en ella residía, hasta llegar a su perdición, con una tenacidad heroica, que se explica muy bien desde que se reconoce el peligro de las instituciones patrias[323].

La lucha contra Francia era para Bofarull la lucha librada por los verdaderos patriotas catalanes por mantener las libertades. Y esos verdaderos patriotas eran para nuestro historiador aquellos que habían abrazado la causa austracista y se enfrentaban valerosamente contra el secular enemigo francés.

Con todo, conforme fue avanzando la contienda y en la medida en que Bofarull progresa en su análisis, parece considerar que la resistencia fue desde luego épica, pero no muestra ningún entusiasmo respecto a la idea de que resultara un camino con posibilidades reales de éxito, pues desde la marcha de Carlos para ser proclamado emperador de Austria y el progresivo abandono de los aliados por miedo al poder que este último iba a atesorar, más bien le parece al historiador reusense una táctica muy arriesgada basada en la buena fe de los catalanes, que siguieron confiando en la palabra salvadora del candidato austríaco por el que tanto habían dado; una palabra que, en su opinión, se vio a la postre que valía más bien poco, pues los catalanes fueron abandonados a su suerte. Cuando Carlos ya había salido de Cataluña y ante una reunión de las autoridades para deliberar sobre la estrategia a seguir, Bofarull afirma:

y cuando en aquella ocasión oportuna para que definitivamente se alzase la voz proclamando la verdad de lo que ocurría y debía ocurrir, cuando puede decirse había llegado la hora de hablar claro y darse por engañados y burlados los catalanes (lo que tal vez evitara luego la sangre de sus hijos y la ira del rey Felipe[324])…

La resistencia a ultranza podía ser una táctica arriesgada, quizá algo suicida incluso, pero para este autor fue sin duda la más propia de la esencia catalana:

Podrá parecer este acuerdo [de resistir] una locura, una obra más hija del patriotismo que de la reflexionada conveniencia, pero es el más catalán, el que más al vivo expresa el espíritu del país, de este desgraciado país, víctima siempre de extranjeros y ambiciosos, y que sabía hacerse matar antes que sujetarse a unos y a otros[325].

Bofarull no está seguro de que resistir una vez abandonados fuera la opción más racional y adecuada, pero afirma que resultaba la más digna para un país que siempre había luchado por conservar sus libertades, ahora claramente amenazadas por una Francia que deseaba dominar toda España bajo el estilo de gobierno de Luis XIV. Por eso argumenta que en buena medida fue un acto de resistencia heroico con la intencionalidad de dejar claro ante la posteridad que los catalanes eran un pueblo que guardaba fidelidad a sus libertades por encima de cualquier cosa, y que aun a sabiendas de la derrota, prefirieron resistir, perder y morir con honor y dignidad. Por eso, cuando se dispone a analizar el momento final de la resistencia barcelonesa concluye:

que hemos de ocuparnos del acontecimiento más importante y más culminante de todos cuantos hemos expuesto, como no puede menos serlo el que representa la agonía y muerte de un gran pueblo, los honrosos funerales que la misma víctima agonizante se dispone para que viva su nombre en la memoria de la posteridad, no obstante de saber que su cuerpo ha de ser quemado y sus cenizas esparcidas al viento[326].

Un acto heroico que estuvo finalmente muy bien representado por la ciudad de Barcelona, cuya resistencia numantina no fue para Bofarull un acto de «pueblo desordenado e inmoral, sin concierto en sus planes, una agrupación de gente rebelde y perdida, un antro de fieras», como afirmaba el felipista San Felipe, sino un acto propio de «generales aguerridos, corporaciones respetables, ciudadanos honrados y eclesiásticos de ciencia y virtud, que todos merecían veneración y respeto» al ser actores de una «larga defensa [de Barcelona] que solo por cómo transcurrió supone ya la existencia de grandes virtudes en quienes la realizaron»[327], catalanes insignes que únicamente pretendieron salvar las «antiguas instituciones y libertades de Cataluña» y evitar de este modo que quedase instaurado un nuevo «señor» que «en adelante se erigiese en monarca absoluto prescindiendo de todos aquellos embarazos a su poder»[328]. Es decir, la lucha de los catalanes por salvar el pactismo entre el rey y el pueblo.

¿Y cómo la realizaron? Pues Bofarull afirma que, en líneas generales, se efectuó una defensa de Barcelona «importante», «buena» y «seria» en lo militar, organizándose de manera bastante eficaz durante casi todo el tiempo que duró el sitio de los borbónicos, y ello sin ayuda por parte de un Carlos ya emperador que, en su opinión, fue teniendo progresivamente otros intereses más allá de los catalanes. Eso sí, una defensa militar en la que no dejó de haber disensiones entre el comandante general Villarroel y algunos políticos civiles, sobre todo referidas a la necesidad de entablar conversaciones con los adversarios ante la situación cada vez más precaria que se impuso conforme el asedio se fue agudizando, las fuerzas barcelonesas menguando, los apoyos del resto de Cataluña no pudiendo llegar y las ayudas de los aliados siendo más quiméricas. En cualquier caso, para el reusense fue una defensa heroica ante un colosal adversario al que se hizo pagar cara su victoria, pero también una defensa que en buena medida considera que tuvo al final un punto de innecesaria resistencia numantina fruto del triunfo de los más «acalorados», y que supuso que no se pudiera «ahorrar tantísima sangre catalana como inútilmente se derramó en la defensa»[329]. El juicio de nuestro historiador se debate, pues, entre el sentimiento patriótico y el racionalismo humanitario.

¿Y políticamente? Pues desde el plano político pone por delante el progresivo engaño en el que fueron sumidos unos políticos catalanes patriotas y honestos que «nada conocían absolutamente de la diplomacia, ni del maquiavelismo que en esta se envuelve las más de la veces»[330], pero que en general supieron mantenerse unidos en la fidelidad a la causa de las libertades de Cataluña. Unas libertades catalanas que fueron para Bofarull el verdadero motivo de la resistencia unánime e interclasista de los barceloneses, mucho más que el nombre del monarca que les pudiera reinar[331]. Es posible, piensa el historiador, que tal vez hubiera en ese resistencialismo épico algo de obcecación cuando se vio que la suerte estaba echada[332], y por eso no faltaron quienes, como Villarroel, Casanova o Ferrer, abogaron días antes por establecer conversaciones de capitulación con los franceses[333], pero en realidad hay que reconocer, advierte Bofarull, que la salida era ciertamente difícil, pues resultaba evidente que Francia quería acabar con las Constituciones catalanas para gobernar con el sistema absolutista[334].

Así pues, sin ambages, un Bofarull admirado y emocionado proclama que para dar un buen ejemplo a la posteridad los catalanes decidieron resistir «con el sacrificio de sus vidas», antes que aceptar la «ignominiosa esclavitud» de perder las libertades a manos del absolutismo francés. Para él puede que hubiera algo de inocencia, algo de tozudez, algo de orgullo o algo de locura que costó muchas vidas acaso inútilmente, pero eso no quita para que reconozca al tiempo que el pueblo catalán fue un paradigma de heroicidad, de dignidad y de lealtad hacia las instituciones patrias. Y también hacia el gobierno plural de las Españas, tal como recuerda que había manifestado el propio Villarroel cuando arengó a sus tropas al grito de «por nosotros y por la nación española peleamos», o cuando las autoridades catalanes, en su último bando llamando a la resistencia para evitar el «exterminio de todos los honores y privilegios [de Cataluña]», decidieron llamar al pueblo a «derramar su sangre y sacrificar la vida por su Rey, por su honor, por la patria y por la libertad de toda España»[335]. O sea, ante la dualidad de resistir o capitular, Bofarull resuelve finalmente posicionarse más a favor de lo primero que de lo segundo, aunque lamenta las consecuencias en vidas humanas de dicha decisión y no cree que puedan tacharse de traidores a quienes abogaron por una capitulación a tiempo.

En cualquier caso, abandonada a su suerte por Carlos y sus aliados, finalmente Cataluña fue derrotada por Francia. Una derrota que para el reusense fue la propia de los genuinos representantes de Cataluña, la del «verdadero espíritu catalán» que «acredita el constante amor a las veneradas instituciones patrias, la gravedad y firmeza de carácter contra todo elemento perturbador de aquellas, sin consideración a los culpables por ilustres que sean»[336]. Varias fueron para Bofarull las causas de la derrota. Primera: la «candidez» de los catalanes en confiar en unos aliados que luego los abandonaron sin consideración de su fidelidad austracista y de sus sacrificios «para satisfacer a aquellos satanases de sus desgracias». Segunda: el comportamiento «egoísta e ingrato» del emperador Carlos por «no haberse desprendido francamente de los catalanes al verse en el trono imperial» y por haber alentado la defensa de una causa que en el fondo de su conciencia sabía que «tenía abandonada». Tercera: la inexperiencia diplomática de los embajadores catalanes, que creyeron las falsas promesas de Carlos y «del ministro catalán que tenía a su lado» (¿Vilana Perlas?). Cuarta: la idolatría de los catalanes por Carlos y el odio a «todo lo que tuviera visos de irrupción francesa en Cataluña». Y quinta: «la vacilación de aquellos catalanes, pocos en número, que estando a la mira de quien podría más, se inclinaron decididos en favor del que irremisiblemente había de vencer» y también por el «egoísmo» de aquellos otros que «viendo allanado el camino del triunfo para Felipe, se hicieron rabiosos partidarios del más fuerte, para hacer su negocio, sin avergonzarse de ser instrumentos de tiranía contra la mayoría inmensa de sus hermanos, contra la patria que les dio el ser»[337].

Todas esas causas fueron sin duda influyentes, pero hubo otra que Bofarull sitúa como la que definitivamente inclinó la balanza en contra de los catalanes: el respaldo político y militar de Luis XIV a su nieto. Al final fueron las numerosas y preparadas tropas francesas las que permitieron a Felipe recobrar militarmente Barcelona, porque solo con los soldados felipistas castellanos no lo hubiera conseguido nunca. Unos soldados que, a juicio de nuestro historiador, en realidad «no hicieron más papel que el de acólitos del general francés» (se refiere al militar inglés Berwick). Por eso, en un tono algo altivo y enfadado, concluye su minucioso y prolijo relato de la guerra sucesoria preguntado a los que todavía se creían herederos de los vencedores de aquella contienda que «¿por qué no vinieron solos?», es decir, por qué no se atrevieron los felipistas castellanos a enfrentarse con los austracistas catalanes sin los franceses. O sea: los catalanes fueron efectivamente vencidos, pero los verdaderos triunfadores militares fueron las huestes de Luis XIV. Nada de sacar pecho injustamente por parte de quienes, de manera políticamente inoportuna en la propia época del historiador, volvían a traer a colación la guerra sucesoria como un acto de aplastamiento de unos rebeldes catalanes no españoles frente a los verdaderos y genuinos españoles-castellanos que apoyaron a Felipe V. Un monarca que, por lo demás, recuerda Bofarull, fue el primero en reconocer la vital aportación de sus antiguos paisanos cuando en un manifiesto dirigido en 1718 a los Tres Estados de Francia aseguraba: «No podemos olvidarnos de que hemos recibido el ser en vuestro seno, que nos habéis asegurado la corona que ceñimos al precio de vuestra sangre»[338].

Este enfado altivo con el que finaliza su relato tiene su origen en una situación que considera muy nociva para la nación española y para el «actual hermanamiento entre todos los españoles», y que no era otra que el hecho de que algunos autores de su propio tiempo continuaran utilizando la lucha sucesoria como una victoria de los castellanos (entendidos como sinónimos de españoles) frente a unos rebeldes catalanes (entendidos casi como no españoles). Escuchen sus palabras porque son, a mi juicio, muy significativas de la actualidad política que la guerra todavía poseía en la discusión geopolítica hispana de aquel entonces:

La indiscreción de algunos escritores, que lejos de procurar el hermanamiento de todos los Españoles, fomentaron antes bien la antipatía a las provincias, recordando glorias de vencedores y echando en cara humillaciones a vencidos, llegó a forjar una tradición, por la cual se ha dado a entender a todo el mundo que Españoles o Castellanos eran sinónimos, y que estos o aquellos supieron dar una lección tremenda a los Catalanes rebeldes del tiempo de la guerra de sucesión, escarmentándolos de modo que ya más no se acordasen de su pasada autonomía, y acatasen para siempre la voluntad del centro que creen ser la de toda España, y por desgracia esa tradición se ha intentado perpetuar hasta nuestros tiempos, en que ya se olvidaron por completo antiguos agravios, y en que la patria española figura constituida como nación moderna[339].

Para el historiador de Reus, la derrota representó como primer y principal resultado que «quedó Cataluña recobrada por el mismo rey que había aceptado después de la muerte de Carlos II; Felipe V de Borbón volvía a ejercer con pleno derecho su dominio en el país que lo había rechazado para aclamar, junto a las potencias aliadas, a un príncipe austríaco»[340]. A esa nueva toma de posesión de Cataluña sumó ahora Felipe el derecho de conquista, quedándose como «árbitro de la nación catalana, cuyos hijos habían de confesarse vencidos». Y como durísima consecuencia de esa nueva situación, de esa «transformación horrenda», Bofarull proclama con cierto aire dramático que se perdió «la patria libre, el modelo ejemplar de adelantadas costumbres políticas y civiles, la Cataluña de las Cortes representativas, de la Diputación […], el país de las municipalidades democráticas, de la nobleza popular». Es decir, se fulminó la identidad política de Cataluña cuando en 1714 dejó de vivir con sus instituciones propias[341]. Y no solo eso, sino que, a juicio de nuestro historiador, también se perdió acaso «la memoria de su pasado y el carácter que fue siempre propio de su raza». O sea, la identidad histórica y la identidad caracterológica de los catalanes que formaban la memoria colectiva sobre la continuidad nacional de Cataluña[342]. Primero con «tristes efemérides de castigos y venganzas» en una época que califica de «terror para Cataluña»[343], y luego con «novedades raras políticas y administrativas, no conocidas hasta entonces en nuestra patria», lo cierto es que durante el reinado de Felipe V acontece para nuestro historiador «la decadencia y transformación continua del carácter catalán»[344].

Bofarull entiende que hubo una guerra entre dos adversarios que creyéndose en la justicia y en la legalidad utilizaron la fuerza. Entiende también que durante la guerra Felipe V hiciera todo lo que estaba en su mano por ganar, como hicieron igualmente por su parte los catalanes. Lo que no comprende ni perdona es que una vez vencedor en la contienda, sabiéndose seguro de sus fuerzas en España y con el apoyo de Francia, Felipe no optara por la opción bien conocida de que «con cuánta mayor facilidad desarma a sus enemigos un monarca magnánimo, que un rey tirano»[345]. Ahora bien, recordando la procedencia y la educación absolutista de Felipe V, Bofarull le exculpa al afirmar que «no damos en absoluto la culpa a Felipe del inicuo proceder que, después del triunfo, se va desarrollando luego contra la infeliz Cataluña». Más que el propio Felipe, que considera que al fin y al cabo lo que hizo fue intentar defender su titularidad al trono de España, más que el duque de Berwich o los soldados, que se limitaron a obedecer órdenes, los principales culpables fueron sus consejeros cortesanos y sus ministros (con el capitán general Castel-Rodrigo a la cabeza), pues no supieron conducir al soberano, en especial en los primeros tiempos del reinado, por la senda de la compasión y la magnanimidad una vez la guerra había sido ganada.

[Unos] viles rastreros cortesanos [que] llevados de su soberbia, de su antipatía de raza […], ni sintieron compasión en sus entrañas, ni quisieron tener el tacto que es indispensable a todo magistrado para la justicia, y a todo hombre de Estado para gobernar con prudencia, antes quisieron considerar a los Catalanes no como Españoles y hermanos, sino como rebaños amedrentados, y que debían ser exterminados solo por no ser dignos de alternar con ellos, con los lobos[346].

Y por esa falta de magnanimidad, de compasión cristiana, de sentido de la justicia y de visión de estadista, Bofarull piensa que se extendió, en los años posteriores a la derrota, una fuerte represión que buscaba castigar, humillar y vengarse de unos perdedores de los que se desconfiaba que pudieran volver a las andadas. Para él, la construcción del «terrible monumento» de la ciudadela, amén de querer mostrar el «orgullo triunfante de los vencedores», era también un síntoma de su temor a que se diera la «recrudescencia de sus antiguos males»[347].

En definitiva, fueron esos vengativos y torpes cortesanos quienes nuestro historiador considera que aconsejaron al rey «la mala idea de castigo y venganza implacable, idea deshonrosa en general para el país de España y que compromete en la historia el nombre de Felipe». Con otros consejeros tal vez el soberano hubiera obrado distinto: si hemos de considerarle culpable fue por haber consentido actos «que tal vez en el fondo de su conciencia desaprobara», sentencia el historiador reusense[348]. Y, desde luego, es bien notorio que Bofarull acertó plenamente en el pronóstico de que el nombre del nuevo monarca iba a quedar comprometido de por siglos ante numerosos catalanes, que también han sentido la derrota ante las tropas borbónicas como uno de los grandes hitos dramáticos de la historia de Cataluña.

Partiendo de esta visión de los acontecimientos sucesorios, la interpretación global que el autor ofrece del reinado de Felipe V respecto a Cataluña resulta bifronte. En líneas generales, se muestra indudablemente crítico, pues lamenta la pérdida de la autonomía política y de la participación ciudadana en el gobierno público, al tiempo que denuncia las acciones represivas del «tiránico sistema» impuesto tras la victoria militar, con especial mención para la represión de un clero que considera que fue esencialmente austríaco, con la consabida excepción de los jesuitas, y para el nuevo sistema fiscal. Acciones represivas que, en su opinión, estuvieron faltas de clemencia y de sentido político y que más bien parecieron dirigidas a «aplastar a los catalanes».

Sobre la implantación de la Nueva Planta hay dos acotaciones de Bofarull que me parece interesante recordar. La primera se refiere a su idea de que si en 1707 Felipe V había abolido los fueros aragoneses y valencianos por su rebeldía, era «comprensible» que siete años después sintiera que tenía más razón aún para castigar a la díscola, rebelde y resistente Cataluña, que tantos esfuerzos le había hecho desplegar para su definitivo acatamiento. Y la segunda acotación es que recuerda que un Felipe V vencedor no abolió inmediatamente las leyes catalanas por decreto, sino que dejó que lo fuera haciendo la «Junta Regia», compuesta también por catalanes, y los capitanes generales. Y así se realizó hasta que «sin supresión expresa de lo antiguo, la hizo tácita [la abolición] con la Nueva Planta de 1716». Ello fue, a su parecer, una estrategia para ir preparando lentamente la nueva organización sin que el país se paralizase por falta de instituciones y autoridades efectivas[349].

Ahora bien, nuestro historiador recuerda igualmente que medio siglo después de «la principal transformación» que ha sufrido Cataluña con la Nueva Planta, había conseguido el monarca que existiera en el principado «un pueblo enteramente nuevo y distinto de lo que había sido antes del año 1714, un pueblo que, bajo el punto de vista político, no tiene más norma que la obediencia ciega, y por ídolo, pero ídolo maravilloso e infalible, al monarca que ciñe en sus ciernes la corona de las Españas»[350]. Una conquista de Felipe V que Bofarull contempla con escasa simpatía por lo que pudiera tener de claudicación del pueblo catalán ante su propia idiosincrasia, su propia tradición de defensa de las libertades y su positivo control regio a través de las Cortes estamentales. O sea, por lo que pudiera tener de olvido de su glorioso pasado autonómico. Y ante la explicación borbónica de que los fueros de Valencia y Aragón se habían extinguido en 1707 por «justo derecho de conquista» y por ser «los principales atributos de la soberanía la imposición y derogación de las leyes», un liberal Bofarull añade a continuación, entre paréntesis, que esta «teoría podía pasar, si constantemente en estos reinos no se hubiesen hecho las leyes por las Cortes»[351].

Sin embargo, también afirma que no todo fue acomodo, pues el guerrillero Carrasclet resultó durante los primeros años de posguerra un resistente «que no queriendo sujetarse después de la rendición de Barcelona, había vagado siempre por las montañas, burlándose de las tropas del rey y de todas las autoridades del principado, sosteniendo, a su manera, el antiguo pabellón de Cataluña»[352], y provocando con ello en parte la aparición de la institución de los mozos de escuadra, a los cuales dedica nada menos que todo un capítulo de su obra. Esa inclusión de la calificación «a su manera» parece querer indicar, por parte de Bofarull, que podía ser una manera tal vez quimérica, tal vez lindante con la delincuencia común, o incluso equivocada, pero en cualquier caso efectuada desde un ánimo de resistencia patriótica digna de consideración. Dicho de otro modo, el régimen absolutista (que al decir de Bofarull sus propios partidarios argumentaban que buscaba la igualdad de los reinos de España y hacer eficaz la tarea de gobierno por medio de la centralización del poder en manos del soberano)[353] fue impuesto por las armas contra una tradición constitucional catalana que él considera que podía resultar todavía operativa. Una imposición que, además, se convirtió en represiva sin necesidad y que comportó novedades como la ciudadela, los intendentes, los corregidores, los capitanes generales, el catastro o la Universidad de Cervera, novedades que a criterio de nuestro historiador no siempre fueron necesarias y desde luego no siempre resultaron más eficaces que las instituciones anteriores.

En el caso de la ciudadela, critica que se hiciera desaparecer el popular barrio de la Ribera y que además ello se realizara sin tener en consideración los legítimos derechos de los propietarios de sus casas[354]. Por eso, cuando fue finalmente convertida en parque en el siglo XIX, se muestra sumamente complacido con dicha transformación[355]. De la fundación de la Universidad de Cervera censura su excéntrica situación geográfica, su exclusivismo monopolístico y la abolición de otros centros universitarios catalanes. Al respecto de los corregidores y de los miembros de la nueva Audiencia, afirma críticamente que la mayoría fueron militares y «forasteros al país» y, por tanto, desconocedores de sus costumbres y de su lengua. Y dado que el derecho civil no quedó derogado y este apelaba a menudo a unas Constituciones catalanas que no estaban traducidas, la impartición de la justicia durante años debió de ser, a su juicio, bastante deficitaria. Igual desaguisado piensa que hubo de acontecer en el caso del nombramiento de eclesiásticos foráneos para las mitras catalanas, pues, desconocedores del idioma y las costumbres, debieron de tener una complicada relación con sus feligreses. Al referirse a los obispos que participaron en el Concilio de Girona de 1717, y después de valorar positivamente las conclusiones del mismo y de reconocer el católico Bofarull que por supuesto nada tenía que reprocharles en cuanto a sus virtudes y saberes ni tampoco en cuanto a su gran celo en la conservación de la fe, añade sin embargo la siguiente consideración acerca de la foraneidad de la mayoría de ellos:

pero hacemos Historia de Cataluña, [y] nos encontramos en el período en que con más empeño se han procurado ahogar su espíritu, humillar su pasada importancia, y justificar la desconfianza que inspiraban sus hijos al gobierno central, y no podemos omitir, por consiguiente, un dato de gran significado para los catalanes [el carácter de foráneos de los nuevos obispos] y para cuantos sepan conocer la propia fisonomía de los apellidos de nuestra raza, y exclusivos de nuestra antigua lengua[356]…

Un idioma catalán que, si bien admite que quedó tocado para la creación literaria como ya venía sucediendo desde los tiempos de Carlos V, no es menos verdad que también afirma que se mantuvo fuerte y vivo en el uso común, tanto hablado como escrito, de la mayoría del pueblo[357]. Así, por un lado, refiriéndose al caso de la literatura catalana, recuerda su poca presencia, cuestión que dice que se «comprende muy bien, pues para cantar en Castellano, que no es la lengua natural del país, faltaba el hábito, por más que se sintiera inspiración». Pero por otro lado, afirma textualmente que:

necesitándose una catástrofe como la de 1714, para que se resienta un tanto, no más que un tanto, la importancia de una lengua que tiene tan famosa historia […], no por esto [se refiere a la decadencia poética] se crea que la lengua queda abandonada, pues, con todo y la introducción de palabras extrañas […] nuestras corporaciones de gobierno natural, los tribunales, la Iglesia, las enseñanzas y la correspondencia particulares no emplean otra lengua que la materna, por más que las primeras, al dirigirse oficialmente al gobierno del centro, hagan esfuerzos, en los dos últimos siglos, para expresarse en castellano[358].

De este modo, el reusense concluye que la lengua catalana estaba «postergada oficialmente desde el tiempo de los Reyes Católicos, mal mirada por los vencedores después de la catástrofe de 1714, reducida cada día más por tan poderosos motivos al límite de lengua hablada para el uso común y familiar»[359].

No menos crítico se muestra, finalmente, en el caso del catastro, cuando considera que los ministros borbónicos, que afirmaban que su sistema uniformizador era más eficaz, lejos de crear un orden fiscal general y común a toda España según sus propias posiciones de absolutismo centralista, dejaron «en su complicación las llamadas rentas provinciales de Castilla», tuvieron que ir a copiar para Cataluña el sistema francés (lo que «contribuyó a afrancesarnos cada día más»), mantuvieron en el principado el impuesto de la bolla y despreciaron «el sistema antiguo de Cataluña, que con menos pena, mudando solamente nombres, pudieran adoptar». Es más, como prueba de todo ello recuerda que el catastro hubo de ser modificado para acomodarlo a la verdadera riqueza de los catalanes y «solo a fuerza de años y de escarmiento pudo al cabo arraigarse tan nuevo y extraño sistema de tributo»[360]. En conclusión, Bofarull cree que la política fiscal borbónica fue al principio parte de la represión y sirvió para «esquilmar por y durante una larga serie de años a Cataluña» sin arreglar en absoluto la hacienda española, hasta tal punto que el Ayuntamiento de Barcelona se quedó sin fondos para poder hacer los funerales del propio Felipe V. Por todo ello, no duda en sentenciar que «es bien sabido que, en el tiempo de su autonomía, nunca fue su natural gobierno [de Cataluña] deudor de nadie, ni se excedió una sola vez gravando a sus hijos con impuestos, y sí solo exigiendo de ellos lo que las Cortes de acuerdo con el rey resolvían». Claro queda, pues, que para nuestro historiador el sistema fiscal anterior era mejor y más prudente y su forma de recaudar políticamente más correcta.

No obstante, a pesar de que el historiador reusense recuerda los males que Felipe V acarreó a Cataluña, «debido en parte a la regia condescendencia [del propio monarca]», y a pesar de que evoca también que el principado no obtuvo grandes ventajas en los últimos años de su reinado «tocante a la situación que este [el rey] la había colocado después de 1714», lo cierto es que reconoce que al final de su gobierno buena parte de los catalanes, especialmente los «hombres de la nueva generación» antes que los ancianos[361], se habían acomodado ya al nuevo régimen borbónico. Para Bofarull, las causas de este acomodo, que parece ver más bien con malos ojos, fueron variadas.

Desde luego que para él resultó factor importante el autoritarismo político del nuevo sistema, expresado en la represión sobre los sospechosos de infidelidad a la nueva dinastía y en la presencia de un capitán general comandando una numerosa tropa afincada en Cataluña. No obstante, a su parecer, cabe igualmente mencionar que empezó a dulcificarse la represión política en la última parte del reinado y a perderse «el temor de persecuciones insensatas» y el miedo a emprender por tanto nuevas y ambiciosas empresas en el seno de las familias. También piensa que no cabe olvidar la complicidad que fue asumiendo una parte de las clases altas catalanas, que vieron la posibilidad de acceder a pingües beneficios en el nuevo reinado. Ni tampoco soslayar que se fue educando a los catalanes desde pequeños en la inviolable potestad del soberano y en la necesidad de mantenerse plenamente fieles a su persona. Ni que el paso del tiempo fue borrando el recuerdo de las antiguas Constituciones y de los acontecimientos sucesorios en beneficio de las nuevas instituciones hasta que, a la muerte de Felipe V, «ya ningún conocimiento se tenía de fueros, privilegios o costumbres»[362]. Ni cree que pueda dejarse de lado que las cosas de la economía, como el hecho de que Barcelona fuera la sede de las expediciones marítimas propiciadas por el irredentismo italiano de Felipe V y de Isabel de Farnesio[363], resultaran rentables para los intereses de bastantes catalanes y además favorecieran el trato entre vencedores y vencidos en torno a la vida económica[364]. Incluso, después de su negativo juicio global de la política de Felipe V respecto a Cataluña, y después de recordar que en los últimos años «la gran política de aquellos tiempos» fue Isabel de Farnesio, no deja sin embargo de ponderar algunas de las cualidades personales del monarca tales como su moralidad, su sencillez en la vida común y su afabilidad en el trato. Una valoración que él mismo recuerda que siendo «confesión de parte del historiador catalán» tenía mucho más mérito y credibilidad que las efectuadas por algunos autores mesetarios que eran simples panegiristas del monarca Borbón[365].

Por la actuación conjunta de estas causas, Bofarull afirma que de manera paulatina los catalanes se conformaron con la nueva situación política y que la adhesión a la nueva dinastía fue creciendo en el seno de la sociedad catalana, como bien lo mostraron las posteriores visitas reales. Los recuerdos de las antiguas leyes e instituciones quedaron reducidos a las historias que algunos abuelos contaban privadamente a sus nietos[366]. Cataluña fue una tierra conquistada por Felipe V, que después aceptó de forma progresiva a la monarquía borbónica. Y, en opinión de este autor, esa nueva realidad se fue acentuando durante los reinados de los buenos monarcas españoles Fernando VI y Carlos III, acentuando hasta que los enfrentamientos bélicos contra los franceses en 1793 y en 1808 pusieron el colofón a este nuevo sentimiento de patriotismo español de los catalanes.

Al contrario que en el caso de Felipe V, Bofarull no duda en hablar positivamente de los dos siguientes reinados. En lo referente a Fernando VI por dejar de «perjudicar a sus súbditos» y en cuanto a Carlos III por haber ido más allá «favoreciéndolos, hermanándolos y abriéndoles nuevo campo donde desarrollasen a la par el talento, el saber y la riqueza»[367]. De Fernando, nuestro historiador opina que fue un hombre con buenas virtudes y también un rey con buenas maneras que tuvo la suerte de gobernar en un tranquilo período de la historia de España. En su reinado, la monarquía disfrutó de una época de estabilidad en política exterior, dado que Farnesio ya había conseguido colocar a sus hijos en Italia y que el monarca supo hacer la paz con los ingleses durante un tiempo. Y también alcanzó el país un claro impulso de recuperación interior con ministros como Carvajal y, sobre todo, con un hombre de la talla de Ensenada, al que sin embargo no se priva de criticar por haber suspendido la política de paz con los ingleses impulsada por su antecesor.

Pero ¿qué le pasó a Cataluña durante el reinado de tan bondadoso soberano? Pues según Bofarull pasó que la vida fue tranquila y laboriosa por parte de los catalanes y que fue insulsa por parte de las autoridades borbónicas en Cataluña, que solo se dedicaron a aplicar algunas medidas generales que tenían más relación con lo que afectaba al pueblo de Madrid que con lo que acontecía en el principado. Medidas que permitieron dejar al descubierto «la pobreza de aquella nueva administración tan decantada con la que se quiso corregir a los Catalanes de sus defectos antiguos», al tiempo que se ponía de manifiesto la «confusión de poderes» entre el capitán general, la Audiencia y el intendente[368]. Medidas, en definitiva, casi todas ya adoptadas por Felipe V y ahora renovadas por Fernando VI, como confirmar el monopolio de imprenta a la Universidad de Cervera, obligar a que los ciudadanos avisasen a las autoridades en caso de mudanza de domicilio, reducir los réditos censales al tres por ciento, recoger vagabundos para los arsenales, luchar contra el juego y los desafíos o bien no proceder a levantar quintas en Cataluña, disposición esta última que Bofarull alaba y critica a la vez, pues recuerda que aunque era popular en el principado, fue tomada por Felipe V por miedo y desconfianza a los catalanes. O sea, poca cosa e insustancial, lo propio de una nueva administración que para el reusense no parece que hiciera olvidar a la antigua organización catalana por su eficacia y coherencia.

Y si la administración borbónica en Cataluña no hizo grandes cosas, las medidas que se impulsaron por el gobierno central en el ámbito de las infraestructuras y de la economía española se ejecutaron, al decir de Bofarull, pensando más en las necesidades inmediatas de Madrid y de la Corte que de las «provincias», que en su opinión eran miradas con indiferencia, incluyendo por supuesto a Cataluña. Incluso, aquellas disposiciones que diversos autores españoles tienden a poner en el gran haber de Fernando VI, considera el reusense que fueron ayudas y concesiones oficiales que se hicieron a empresas previamente creadas por los catalanes. Si acaso, el mérito de este soberano fue no hacer distinción entre las provincias y ayudar a las iniciativas catalanas en pie de igual respecto a las peticiones de otros lugares. Por eso concluye nuestro historiador que «de los beneficios dispensados por el monarca [Fernando VI, …] todos los que consigue Cataluña en la época que nos ocupamos, son siempre resultado de una súplica o proposición de los naturales, nunca gracia espontánea de la Corona e inesperada por los favorecidos»[369].

Así fue el caso paradigmático de la Academia de Buenas Letras. Bofarull piensa que en realidad se trató sobre todo de una iniciativa de la sociedad catalana que, en 1729, se propuso «atraer a la Joven Nobleza para aficionarla al estudio de la Historia y con especialidad la de Cataluña»; una iniciativa que sirvió además como punto de encuentro entre la nobleza de adscripción austríaca con la borbónica, de gentes eruditas nuevas con gentes que habían pertenecido a la Academia de los Desconfiados; una iniciativa que al decir de este historiador «hubiera seguido siendo lo que era sin más adornos ni oropeles». Es decir, bien estuvo la justa protección del monarca y la otorgación de nuevos estatutos por parte del mismo, pero para el reusense esas iniciativas regias eran el pago a su mérito y no el motivo del mismo[370]. Es más, Bofarull distingue dos fases distintas antes y después de la protección del soberano. Antes, la Academia mostró un gran dinamismo espontáneo sin necesidad de apoyo oficial «en un siglo de abyección y en un país abatido y subyugado». Después, cayó en un «exagerado envanecimiento y humildísimo rendimiento por la supuesta protección Soberana», una pleitesía al Borbón que interpreta como «testimonio de la gran transformación experimentada en nuestro pueblo en menos de medio siglo, sobre todo en las clases superiores, y antítesis manifiesto del carácter catalán tal como se ha definido en diversos siglos».

Al estilo de un Lafuente o de un Guizot, como buen historiador romántico y catalanista, Bofarull considera que una pieza esencial de la historia de Cataluña era la existencia de un carácter propio específicamente catalán; un «genio» particular de la «raza» catalana moldeado a través de los tiempos y que los Borbones vinieron a adulterar. La «desnacionalización» institucional auspiciada por la nueva dinastía encontró su triunfo definitivo en la «desnacionalización» de Cataluña a través de domeñar y modificar el histórico carácter catalán al que, amén de las virtudes «antropológicas» que antes hemos señalado que le atribuía, desde el punto de vista político lo caracterizaba como celador del poder regio y amante de las libertades. Un carácter que con los Borbones fue variando hacia actitudes más solícitas y aduladoras con el poder establecido y que, en el caso de la Academia, se demostró claramente alterado, en un sentido entreguista, tras la protección oficial de los Borbones.

Como ya había comenzado a ocurrir en los últimos años del reinado anterior, y pasó también en época de Fernando VI, la educación de las nuevas generaciones en su ineludible fidelidad al monarca reinante, las adhesiones de miembros de la nobleza antaño expatriados, los buenos negocios de algunos catalanes y la continuada presencia de un nutrida fuerza armada fueron factores que coadyuvaron, con el transcurso del tiempo, en el paulatino acomodo de unos catalanes que se dedicaban a sus haciendas apartados de la política. Un acomodo que se fue convirtiendo en «idolatría cándida» por los reyes y que para nuestro historiador representó el progresivo y lamentable olvido de la heroica resistencia barcelonesa por conservar las leyes y las libertades propias de Cataluña[371]. Un acomodo sincero, sobre todo en las nuevas generaciones desconocedoras de otros tiempos, que era patrimonio no solo de los aristócratas, cortesanos o funcionarios reales, sino también del resto de las clases sociales y de las principales corporaciones ciudadanas como los gremios, y que se expresó ya con espontánea claridad entre los nobles, los ricos mercaderes o los sencillos artesanos en el festejo de la coronación de Fernando VI. Un acomodo, al fin, que si bien el historiador reusense no está seguro de que fuera ya en esos momentos un amor a la patria española, sí que defiende que se trataba, en cualquier caso, de una evidente y decidida expresión de fidelidad al segundo rey Borbón[372].

En opinión de Bofarull, especialmente favorables para Cataluña resultaron los años del reinado de Carlos III. Un monarca que a su parecer nunca olvidaría el buen «comportamiento de los catalanes a su entrada en España», pues mostraron un gran fervor y un extremo delirio realista por el «hijo del rey que fue su vencedor». Una lealtad demostrada con grandes y pomposas celebraciones que tuvo la misma sincera y entregada expresión en todas las clases sociales que costearon los festejos con dinero privado, y que fue compartida por quienes «tenían por completo olvidados los antiguos agravios» y por quienes «se jactaban de leales ab initio». Un fervor realista popular que incluso sorprendió a los propios reyes[373], y que nuestro historiador reconoce como incontestable al tiempo que lo considera exagerado y en cierta medida un producto indirecto de la pérdida de identidad del carácter de los catalanes. Una entrega al nuevo rey que, en todo caso, Bofarull, mostrando su orgullo por la Cataluña industrial de su tiempo, argumenta que sirvió para dejar constancia de que la laboriosa Barcelona, con sus poderosos gremios al frente, era capaz de nutrir económica, artística y técnicamente grandes eventos sin tener para ello ninguna necesidad de acudir a los artistas españoles o extranjeros[374].

Para el historiador reusense, el nuevo reinado carolino inauguró de hecho una nueva etapa en las relaciones entre Cataluña y la monarquía borbónica, una nueva época alejada de los viejos rencores y desconfianzas, de las arbitrariedades y de las venganzas del reinado de su padre o de la pura y llana relegación como «provincia» secundaria que en su día fue «rebelde». A mi juicio resultan muy clarificadoras de su positiva valoración de Carlos III las siguientes consideraciones que lo oponen a los negativos tiempos de su padre Felipe V:

el nuevo sistema de gobierno implantado por Carlos sería muy diverso de los anteriores para bien del principado, que ya no sería tan víctima de veleidosos y apasionados consejeros, y sus pretensiones y observaciones no se estrellarían ya contra la caprichosa arbitrariedad de algunos que parecieron querer perpetuar in aeternum los odios y rencores heredados, desde la guerra de Sucesión, contra los rebeldes Catalanes; porque la verdad se diga, el reinado de Carlos inaugura una nueva época que no se parece en nada, respecto de Cataluña, a las situaciones que precedieron, ni a la de crueldad y de persecución que caracterizó los primeros años del triunfo después de 1714, ni a la de abandono y desdén que experimentó posteriormente nuestro suelo, como si, a pesar de mudar las generaciones, y de transcurrir lustros y más lustros, hubiese de mirarse siempre como tierra maldita y condenada[375].

Una nueva etapa en las relaciones entre los Borbones y los catalanes a la que Bofarull considera el origen de la prosperidad posterior de la Cataluña que el propio historiador está disfrutando, el punto de partida de un espléndido presente catalán y barcelonés que el reusense exhibe con verdadero orgullo y gran optimismo. Una nueva etapa que vino a ser, al fin, como una especie de reconocimiento mutuo de que Carlos III representaba la renovación ilustrada que Barcelona y Cataluña necesitaban para seguir prosperando, y de que Carlos III precisaba de un país como el catalán que, mostrando las mejores virtudes sociales y los mejores resultados económicos, podía ponerse como ejemplo al resto de los españoles. Era, pues, según Bofarull, un acuerdo tácito de esperanza en la mutua colaboración y en los mutuos provechos, la «armonía» entre dos fuerzas de progreso: Cataluña y Carlos III. Un pacto tácito que pudo comprobarse cuando los barceloneses, con sus gremios menestrales a la cabeza, decidieron no sumarse al motín de Esquilache que el historiador presenta como una conspiración conservadora contra el propio Rey, una actitud gremial que, a su criterio, valió como recompensa que el marqués de la Mina acelerase la construcción del barrio de la Barceloneta en sustitución del derruido barrio de Ribera.

Con las siguientes palabras expresa también esta misma idea en su Pasado, presente y porvenir de Barcelona:

Busquemos, pues, la aurora de nuestro día, busquemos los preludios de la majestad que lo caracteriza, y al divisarlos, convencidos quedaréis de que no es un error ir a buscarlos un tanto lejanos, un siglo atrás, dentro del mismo siglo en que Barcelona vio hundir en el ocaso el sol de su gloria antigua[376].

Para Bofarull, siglo de desdicha política sin duda, pero también siglo de bienes materiales y sociales inaugurados por quien sería «aquel soberano destinado a iniciar la vida moderna en un suelo rutinario, a extirpar añejos abusos, a promover todos los adelantos y reformas, en suma, a contribuir, más que ningún otro príncipe de su tiempo, al desarrollo y marcha de la civilización que disfrutamos»[377]. Así pues, ni Carlos defraudó ni los catalanes tampoco. En su opinión, el tercer Borbón no cambió el régimen administrativo impuesto en 1714 ni tampoco el acento militar del mismo, pero

para bien del principado […] puede bien decirse que la voz de los catalanes fue más atendida y considerada, que participaron más, si cabe así decirlo, de la homogeneidad general de la nación [España], y que ni se les excluyó de los beneficios generales, ni se les escatimaron los particulares, siendo justos, experimentando las ventajas o desventajas del nuevo gobierno no por ser catalanes en tal caso, sino por ser, como los habitantes de las demás provincias, Españoles.

En definitiva: «A boca llena puede decirse que la España de Carlos III no es ya la del tiempo de Fernando VI y sí enteramente opuesta a la de Felipe V; aun más: si en alguna época empieza a parecer que España tiene verdadero carácter de nación es esta»[378]. Sin duda, piensa Bofarull, porque entonces todos los españoles comenzaron a ser tratados en pie de igualdad.

Y todo ello lo realizó Carlos III sobre una sociedad catalana que a la sazón seguía tranquila «los hábitos que ha contraído en medio siglo, sin acordarse tal vez de lo que antes fue, y aspirando solo, en las novedades que sobrevengan, a lo que comúnmente aspiren los demás españoles de las distintas provincias que abriga la monarquía»[379]. Para el reusense, a estas alturas de la centuria, la contienda sucesoria ya era un recuerdo para el tercer Borbón y también para la mayoría de los catalanes. Cataluña era ahora tratada como una igual y no como una rebelde de la cual vengarse o desconfiar. Por fin, medio siglo después, Bofarull considera que el principado se sentía escuchado porque era considerado una provincia más de la monarquía, y por eso piensa que no fue nada extraño que durante el motín de Esquilache de 1766 se mantuviera tranquila y aún contraria a cualquier conato de rebelión contra el gobierno de Carlos III. Es más, para nuestro historiador, Cataluña es al mismo tiempo sujeto y objeto de las mejoras del reinado carolino:

de la positiva realidad de esta gloria [las reformas del tercer Borbón] participa, y a ella ayuda no menos Cataluña, que desde esta época empieza a rehacer su por tan largo tiempo abatido espíritu, ya por efectos de las disposiciones gubernativas más favorables a su dignidad y mejora, ya por la actividad espontánea de sus hijos, que se lanzan en pos de todos los adelantos a medida que aparecen, y emulan con los demás Españoles para acreditar que tienen títulos sobrados con que captarse la pública y general estimación[380].

El matrimonio de un gobierno más favorable a los intereses de Cataluña con el tradicional espíritu creativo y empresarial de los catalanes fue para Bofarull causa principal para conseguir el progreso del principado en el Setecientos. De hecho, en realidad, opina que fue precisamente cuando se levantaron las trabas legales (como ocurrió en el caso del comercio colonial que a continuación referiré), cuando la «viva expresión» de la esencia del carácter catalán, que no era otra que la de ser «emprendedor», volvió a demostrar que era capaz de ofrecer numerosos y prolongados frutos. Y por eso recuerda que hubo disposiciones favorables en diversos campos. En la vida municipal, se impulsó la entrada de la representación popular en los ayuntamientos después del motín de Esquilache, medida que a su criterio debe ser recordada como muy positiva «para la historia de las municipalidades». No menos valora la creación de los alcaldes de barrio, que al permitir la participación electoral de los vecinos venía a recordar «el procedimiento de las antiguas instituciones catalanas», cosa que hasta esa fecha había sido considerada un «pecado». Y no deja de ponderar tampoco la prohibición carolina para que los puestos de regidor pudieran ser a su vez arrendados. En suma, para este autor fue en tiempos de Carlos III cuando se mejoró la participación ciudadana recuperando de este modo, aunque fuera en pequeña medida, las antiguas costumbres del municipio catalán donde el pueblo tenía su propia voz.

También recuerda diversas disposiciones económicas beneficiosas. La primera, el perdón de los atrasos catastrales a los catalanes con el «que avasalló más voluntades el nuevo rey que su padre Felipe con todos sus ejércitos y cañones», y que vino a demostrar que las «quejas de los ancianos» (es decir, de los catalanes de los primeros tiempos de la instauración de la nueva fiscalidad) habían sido justificadas. La segunda, la disposición que posibilitó cobrar las pensiones a los censalistas de las antiguas corporaciones extinguidas como la Diputación y el Consejo de Ciento. En tercer lugar, pone el acento positivo en las bondades de la lucha contra el contrabando y en las políticas proteccionistas favorecedoras de la industria catalana, especialmente de la textil, sobre todo a partir de corregir el monarca una temprana opción liberalizadora que se vio que daba malos resultados y que perjudicaba a «las fábricas de Cataluña y demás del Reyno», según rememora que rezaba el propio decreto de la prohibición. Pero por encima de todo, nuestro historiador pondera como especialmente importante, como medida estratégica y fundamental, la libertad de comercio con América, el principal de los «favores» que a su criterio compensaba «por sí solo cuantos males pudo haber sufrido [Cataluña] anteriormente, y que puede considerarse como el nuevo germen de grandeza posterior que se va desarrollando en Cataluña, y que le devolvió la fama de nación comercial, marítima y emprendedora»[381].

En esta última cuestión, con palabras de gruesa crítica, Bofarull deja escrito que un país que había demostrado históricamente su impronta comercial como era el caso de Cataluña fue llevado durante mucho tiempo a la «degradación, ruina y desconcierto» por una política monopolística respecto al comercio colonial practicada por «los exclusivistas y centralizadores»[382]. Una política que por fortuna Carlos III dejó en el olvido cuando, sencillamente, en opinión del historiador reusense, entendió que debía mirar a los catalanes «como verdaderos hermanos de los demás súbditos españoles», acabando así definitivamente con políticas que tenían sobre sus espaldas la pesada «losa de la venganza» respecto a unos catalanes siempre considerados rebeldes. En cualquier caso, toda una serie de disposiciones positivas que finalmente vinieron a componer «el cuadro de prosperidades y de esperanzas que presenta Cataluña en el reinado de Carlos III», cuadro «que no ofrece en ninguno de los otros reinados»[383].

Si acaso, el único pero de Bofarull al soberano fue la firma del Pacto de Familia con Francia que, a su criterio, «tantísimos males produjo» al ocasionar la pérdida de la neutralidad conseguida con el anterior soberano y provocar la conflictividad con Inglaterra, que acabó perjudicando también a los negocios en el principado[384]. Y aunque no lo dice textualmente, todo parece indicar que no sitúa la expulsión de los jesuitas en el debe del reinado de Carlos III, quizá porque con esta disposición regia pensaba que finalizaba su monopolio cervariense o bien porque tenía un vivo recuerdo de que habían sido convencidos militantes felipistas en la contienda sucesoria, o tal vez por las dos razones sumadas[385]. Con todo, para el reusense se trató de un reinado espléndido para España y para Cataluña que sirvió para ponerlas en la senda del progreso y la modernidad. Un reinado para la historia que supuso una definitiva reconciliación de los catalanes con la monarquía borbónica y que ahondó por tanto en su españolidad. Eso sí, para Bofarull, una españolidad a la catalana.

En esta nueva política carolina, en este cambio de sentido histórico tan positivo, también hubo, al decir de este investigador, una importante participación catalana. Por eso recuerda «que en la nueva y moderna fisonomía que va ostentando la nación española, se descubren notabilísimos rasgos que nos pertenecen [a los catalanes], que si el gobierno de Carlos sabe acordarse de que son españoles los Catalanes, estos acreditan que saben serlo»[386]. Es como si insinuara que al unísono que Cataluña se «españoliza», España reconocía también los valores y las aportaciones de aquella como eran el «talento, saber, actividad, laboriosidad y espíritu de empresa de los Catalanes en tiempos de Carlos III». Un espíritu de empresa que, en su opinión, ejemplifica a la perfección el esplendoroso desarrollo de la industria textil algodonera, pero no menos las diversas aportaciones catalanas a la ciencia y a la cultura, tan revalorizadas en aquellos tiempos de la Ilustración.

De este modo, nuestro historiador rememora la creación de diversas entidades como la Conferencia de Física Experimental, la Academia de Ciencias Naturales y Artes, la Academia de Jurisprudencia o la Academia de Medicina y Cirugía. Destaca también a diferentes personajes que hicieron importantes contribuciones al conjunto de la ciencia española como Pere Virgili, Antoni Gimbernat, Francesc Salvá o Josep Masdevall en el ámbito de la medicina, Josep Quer en la botánica o el naturalista Josep Salvador. Y no se olvida tampoco de mencionar a la pléyade de historiadores avellanenses como Jaume Caresmar, Jaume Pascual o Josep Martí, de los cuales Bofarull se declara seguidor por su concepción en favor de una historiografía crítica y documental (y a los que creo que ve también como pioneros colegas archiveros[387]). Ni se abstiene de recordar con igual admiración al polifacético exiliado Joan Francesc Masdeu o al filólogo, historiador y erudito Josep Finestres. Ni deja de mencionar, finalmente, los trabajos de artistas de la talla del grabador Pere Pasqual Moles o del pintor Francesc Tramullas en las siempre bien ponderadas por él escuelas gratuitas de la Junta de Comercio.

Ahora bien, por encima de todos estos insignes practicantes de las ciencias, las letras y las artes, Bofarull sitúa a Capmany como el símbolo de la reconciliación entre los catalanes y los Borbones en torno a una nueva época de regeneración de la Monarquía y del nacimiento de un espíritu nacional español moderno, positivo y con inclusión de Cataluña. Así de enfático y convencido lo proclama:

Pero basta un nombre solo [Capmany, …] para completar este honrosísimo cuadro en que brilla la nueva vida científica y literaria de España, la participación que en ella tienen los hijos de Cataluña, y el concepto que debe merecer el reinado de Carlos III, como principio de una nueva y más civilizada era, como sol de regeneración, a cuya luz empieza a fecundarse un espíritu verdaderamente nacional, en el sentido de la nación moderna que prescinde ya de sus pasadas glorias, mira imposible la reaparición de antiguos odios civiles, y cumple su destino marchando por el camino de los adelantos[388].

Y por encima de todas las instituciones, la Junta de Comercio, la misma que auxiliaba a Capmany y a la que Bofarull considera el «ángel tutelar de Barcelona». Una corporación «vigilante y patriótica» que, en medio de las dificultades y «cuando la época no se había desprendido de sus barroquismos, fue capaz de levantar un palacio de severa forma [La Lonja] y de dar cabida en ese edificio a comerciantes ilustrados» y a «artistas de gran valía», capaces de producir el renacimiento artístico de Cataluña[389]. Las ideas, el comportamiento y las aportaciones de Capmany en la España de los dos últimos Borbones vienen a ser para Bofarull la prueba del positivo cambio experimentado y la senda por la que había que seguir transitando: regeneración, espíritu de innovación, creación de inventos, olvido de los antiguos odios y construcción de la moderna nación española sin olvidar la propia patria catalana. Esa es para nuestro historiador la etapa que inaugura el gran monarca que es Carlos III: la época de una Cataluña recuperada en su laboriosidad y tratada como una igual dentro de una España en reformas que caminaba hacia la prosperidad y la modernidad.

Sin embargo, no se piense ni por un momento que al aplaudir a Carlos III también hacía lo propio Bofarull con el absolutismo. Podía valorar positivamente y sin vacilar al Rey, a sus cualidades y a muchas de sus políticas referidas tanto al conjunto de España como a Cataluña; pero al mismo tiempo, como buen liberal, era meridianamente claro respecto a la invalidez política del sistema absolutista impuesto por los Borbones:

en lo que vamos a decir comprendemos los defectos que adolece el gobierno absoluto, puesto que la alternativa de períodos buenos y malos que presenta un mismo reinado es consecuencia de la excesiva confianza que deposita el monarca en tal o cual ministro, enemigo a veces del que le precedió […] o reflejo del humor y carácter del Rey, que, como hombre, está expuesto, lo propio que cualquiera de sus súbditos, a volverse egoísta, indiferente o indolente, a sentir chocheces por efecto de la edad, o a perder toda ilusión por engendrar el poder […] prefiriendo a todo esto los goces íntimos o de familia[390].

Algo así afirma que le pasó a Carlos III cuando cada vez más fue dejando el gobierno en manos de sus ministros y se fue dedicando completamente a la caza. Realidad, no obstante, que en su opinión no empaña el hecho de que su reinado significase el triunfo del espíritu de reforma y también de una serie de realizaciones exitosas en los más diversos campos de la vida española. Un cénit nacional conducido por una magnífica pléyade de políticos, intelectuales y artistas a quienes el tercer Borbón supo dar conveniente cobijo y apoyo. Una gran empresa regeneradora que, pese al alejamiento del ejercicio diario del poder por parte de Carlos a causa de un cansancio humanamente comprensible, siguió adelante durante su reinado dando con ello prueba de «lo bien cimentada que estaba su obra, pues se mantenía y marchaba por sí sola», concluye Bofarull[391].

El reinado de Carlos IV fue precisamente un buen ejemplo para Bofarull de las limitaciones del sistema absolutista, que para un liberal como él tenía el siempre grave inconveniente de resultar excesivamente dependiente de las características personales que tuvieran el soberano y sus principales ministros de turno. Y aconteció según nuestro historiador que el hijo de Carlos III era un hombre bueno, crédulo, confiado y más bien culto, pero poco apto para el gobierno en una época que resultó sin duda muy conflictiva, «la más complicada de cuantas habían antecedido, pues en ella se inició y desarrolló la Revolución Francesa, de la que nació el Imperialismo Napoleónico». En medio de una «paz octaviana», cree que Carlos IV podría tal vez haber continuado el proceso regenerador de su padre, pero «el carácter del propio monarca, y la época que le tocó vivir» acabaron frustrando las buenas expectativas creadas con su antecesor. No supo prever las situaciones, no supo ser capitán general de los ejércitos, no supo elegir a buenos ministros, y sus vacilaciones y «flexibilidades» fueron las que «le llevaron a ayudar a sus mayores enemigos, a ofender a sus amigos, a abdicar de sus propios derechos, y a abandonar los de su pueblo en manos de ineptos consejeros y a merced de los usurpadores»[392]. Torpes actuaciones que realizó, principalmente, con el valido Manuel Godoy a la cabeza de sus «ineptos consejeros» y con una reina, María Luisa de Parma, que el soberano no supo controlar en un «infeliz reinado», el mismo que el propio historiador califica como «el más difícil, comprometido y repugnante de cuantos hemos descrito hasta aquí en la presente historia»[393].

¿Qué representó para Cataluña el reinado de Carlos IV? Bofarull recuerda que el principado empezó recibiendo la proclamación del nuevo soberano con el mismo gozo y las mismas fiestas populares con que lo hizo cuando la llegada de su padre a Barcelona: si el pueblo español en general y el catalán en particular habían aceptado el «servilismo» con respecto a Carlos III, ninguno de los dos disminuyó en un ápice su adhesión a la dinastía con el nuevo soberano. Así, en el caso catalán, afirma que los rebomboris del pa de 1789 mostraron que una revuelta por la carestía del pan no podía en aquel contexto suponer la puesta en cuestión de la monarquía, y que la guerra contra los revolucionarios franceses, en 1793, permitió mostrar bien a las claras que los «Catalanes no podían quedar atrás en esta explosión del patriotismo de los Españoles». De tal modo se comprometió Cataluña con la suerte de España y de la monarquía borbónica que, al decir del historiador reusense, «pareció en aquel lance como si reviviera el espíritu belicoso de los Catalanes, apagado desde la guerra de Sucesión»[394]. Un sincero y actuante compromiso que Bofarull lamenta que algunos cortesanos no se llegaran a creer, confirmando de este modo «la fatalidad que pesa siempre sobre los Catalanes en concepto de los venturosos cortesanos, que la dan en tenernos por poco, y no creen en la realidad hasta después de haberla tocado mucho». Un compromiso con la monarquía en el que recuerda que participaron todas las clases sociales y todos los territorios catalanes sin excepción.

Como también mostraron la misma decisión de entrega a la corona todas las clases sociales barcelonesas cuando Carlos IV quiso celebrar el matrimonio de sus hijos en la Ciudad Condal en 1802, momento en que el pueblo y los sectores dirigentes ofrecieron un sincero «ramillete de lealtad y entusiasmo a los pies de Carlos y de la reina María Cristina»[395]; entusiasmo que Bofarull opina que fue recompensado por el soberano firmando un importante y bien pensado decreto de prohibición de entrada de tejidos extranjeros (especialmente franceses) que, beneficiando a la pujante industria textil catalana, contrarió en cambio a Bonaparte y tal vez por eso se derogó un año después; decreto firmado incluso contra la opinión librecambista de Godoy, quien argumentaba, según afirma su siempre crítico Bofarull, que el rey los promulgó por miedo a los posibles alborotos obreros sin darse cuenta de las probables represalias napoleónicas.

Y por si fuera poco, nuestro estudioso recuerda que esa misma lealtad a la monarquía borbónica la demostró finalmente el pueblo catalán en la guerra de la Independencia. Una contienda que para él resultó un acontecimiento medular en la historia de España, un suceso capital en «una nación que se había quedado sin reyes, con sus más altas instituciones maleadas, expuestas a la especulación de los traidores cortesanos y de flexibles godoystas y levantada espontáneamente en armas bajo la sola guía de juntas corregimentales y el pueblo»[396]. Tanta importancia concede a este acontecimiento para la historia del principado que elaboró una obra específica para esta etapa histórica titulada Historia crítica de la guerra de la Independencia, publicada en Barcelona en 1886 en dos volúmenes, y a la que considera la continuidad de su historia general de Cataluña y por eso la enumera con el tomo X de la misma[397]. Cataluña se entregó de manera «pertinaz» y tuvo muchos «verdaderos patricios» al servicio de la causa nacional española[398]. Se armaron desde el principio cuarenta batallones de migueletes, venció en el Bruch, resistió en Girona tres veces, puso en marcha el somatén, conspiró en Barcelona, se levantó en innumerables poblaciones contra los invasores franceses, gastó casi 500 millones de reales y, sobre todo, según nuestro historiador, organizó una eficaz guerrilla que después fue adoptada como forma de lucha por todos los españoles[399]. Hubo, pues, en palabras del reusense, muchos patriotas y muy pocos «josefinos afrancesados» en una Cataluña que mostró su lealtad de forma sobrada.

Para Bofarull, impregnado con una buena dosis de galofobia, todo ello lo hicieron los catalanes mostrándose con el «más acendrado españolismo» y no habiendo en ellos «el menor espíritu de emancipación de las demás provincias», sino decisión y espontaneidad en todas las clases sociales «no para defender una causa exclusiva de Cataluña, sino la causa nacional, la de España»[400]. Una decidida y espontánea actuación de los catalanes que, a su criterio, se realizó a pesar del abandono del gobierno central en diversas ocasiones, y mostrando sin embargo una gran capacidad autóctona de organización y disciplina. Un abandono que tuvo sus principales causas en las divisiones internas de la Junta Central y en las indisciplinas que frente a ella se cometieron; indisciplinas que en cambio no se produjeron en Cataluña, que siempre fue fiel cumplidora de las órdenes promulgadas y los compromisos adquiridos, de forma tal que Bofarull considera que en dicha «culpa [las parcialidades,…] no tiene la más mínima parte ni el país que historiamos [Cataluña] ni la raza que lo puebla [los catalanes]». Unas desobediencias y divisiones que nuestro historiador decide no ocultar en su libro «por creer más puro nuestro españolismo que el de algunos de aquellos hombres a quienes se fiaba entonces la suerte de la patria[401]».

Por último, al decir del reusense, no menos compromiso mostraron los catalanes con la monarquía y con España en las Cortes de Cádiz. Un acontecimiento político que contempla desde una visión bipolar. Por un lado, lo considera «una reunión magna de españoles de diversas razas, lenguajes y costumbres, llamados para discutir y legislar como no había ejemplo de haber existido nunca hasta entonces»[402]. Pero por otro lado, crítica que resultó un campo de batalla de los diversos partidos políticos en lugar de ser aprovechadas para la unidad, para la modernidad y para «españolizar». Así rezan sus decepcionadas palabras:

si aquel ensayo, base, no obstante, de la representación nacional que viene a ser el espíritu de la nación moderna, en vez de ser el medio de aunar todas las voluntades para españolizar o modernizar, si cabe así decirlo, a todos los naturales de las diferentes regiones antiguas o estados, y seguir avanzando gradualmente por la senda de la nueva civilización que ha transformado y engrandecido a otras naciones, posteriores en esta propensión y en la práctica constitucional, vino a ser más bien el campo de Agramonte y cuna de los partidos políticos en que desde entonces se dividió España[403].

Es decir, que en vez de servir para unir y engrandecer a la nación española como demandaba el avance de la civilización, un decepcionado Bofarull opina que Cádiz sirvió para dividirla entre liberales y absolutistas.

En cualquier caso, allí acudieron sin vacilar grandes personajes catalanes participando en los debates y mostrándose, como el resto de los diputados, claramente escindidos entre liberales y absolutistas. Una deliberación de las gentes del principado en las sesiones gaditanas que Bofarull recuerda que se realizó con discursos cortos y precisos porque eran más propios del carácter catalán, y también porque no dominaban suficientemente el castellano hablado, cuestión idiomática que era evidente que después de «tres siglos [de] imposición» y gracias al contacto con las tropas y al ferrocarril, Bofarull afirma que los catalanes de su época habían mejorado. Y en primera línea de todos, un Capmany combativo y experimentado que nuestro historiador señala entre los mejores diputados y del que afirma, asimismo, que fue un político con indudable catalanidad que trabajó por España como representante por Cataluña.

Ahora bien, el reusense no se abstiene de recordar que pronto se acabó la efímera y frágil unidad y empezó la lucha fratricida cuando, acabada la contienda contra los franceses, Fernando VII decidió volver al absolutismo, una lucha entre «hermanos» que, a su criterio, iba a presidir todo el siglo XIX hispano. Con todo, es preciso señalar que el liberal Bofarull, al abordar las responsabilidades históricas de Fernando VII en esa vuelta al absolutismo, intenta mantener su ecuanimidad de investigador cuando afirma que sería responsable si sabiendo y pudiendo conjurar la marea absolutista no lo quiso hacer, pero no sería tan responsable en cambio si no pudo resistirse a la fuerza radical de los antirreformistas ante el miedo de que los reformistas impusieran una «Revolución Francesa»[404].

En resumen, analizada la posición de Bofarull sobre el Setecientos catalán, creo que puede afirmarse que al igual que la mayoría de sus colegas catalanes precedentes, comparte una valoración histórica que tiene un hilo conductor en un parecido posicionamiento geopolítico hispano, que entraba en parte en colisión con lo que expresaba entonces la predominante interpretación canónica liberal española. A saber: España era las Españas, Castilla no era toda España, el doble patriotismo catalán y español era posible y deseable siempre y cuando se reconociera la pluralidad hispana y, por último, debía admitirse como positivo el hecho diferencial catalán y sus justas reivindicaciones de un cierto autogobierno que permitiera la deseada descentralización. Es decir, era necesario acabar con el agravio histórico que desde los tiempos de Carlos V sufría Cataluña. Por eso, en sus discursos historiográficos, tanto Cortada o Patxot como Balaguer o Bofarull pueden compaginar la positiva valoración de las antiguas Constituciones catalanas, así como el lamento irritado, sincero y sentido por su pérdida (que también realiza en grado sumo el tradicionalismo de Gebhardt), con la afirmación de que Cataluña, sin duda para ellos una patria subyugada por el sistema absolutista[405], había ido aceptando a la nueva dinastía borbónica en la medida en que esta fue atendiendo sus necesidades económicas, el tiempo restañando las viejas heridas y las generaciones posteriores siendo educadas en nuevos valores políticos desde el absolutismo. Y ello a pesar incluso de algunas autoridades centrales borbónicas que poco hicieron por la reconciliación de las Españas y que continuaron atizando el fantasma de la provincia rebelde y cometiendo agravios contra Cataluña.

En la más completa, exhaustiva, global y documentada obra hasta entonces escrita sobre el Setecientos catalán[406], pienso que Bofarull culmina una línea ponderativa que tendrá también influencia en las posteriores visiones historiográficas que durante el siglo XX se escribirán en Cataluña sobre su centuria ilustrada: si bien la derrota sucesoria acabó con las libertades políticas del principado (y con ellas también las de toda España), dando paso al definitivo triunfo del absolutismo, la centuria decimoctava fue en muchos aspectos positiva para el país, y buena parte de los catalanes terminaron asumiendo el nuevo régimen político, aunque este no fuera para Bofarull el que Cataluña se merecía por su historia, ni por supuesto el más conveniente para el presente en que él vivía.

Al igual que Balaguer, el historiador de Reus ofreció una interpretación histórica para la política catalana de su tiempo, para sus grupos dirigentes y para la creación de la sentimentalidad catalana y catalanista de las clases lectoras del principado. Una lectura del pasado que contiene un fuerte presentismo por el cual el análisis comprensivo del mismo se efectúa en función de las exigencias de un presente ante el que Bofarull adopta una determinada posición ideológica apoyándose, precisamente, en su propia lectura de la historia y en una determinada idea del progreso de origen ilustrado y cristiano. Una narración de la historia que las clases altas de la sociedad catalana no tuvieron ninguna incomodidad ideológica en consumir para legitimar sus ideas políticas y conquistar la hegemonía social, intelectual y cultural. Para Bofarull Cataluña era tierra de libertades y Castilla de absolutismo, Cataluña era «burguesa» y Castilla «nobiliaria», Cataluña era el conde de Urgell y Castilla era Fernando de Antequera. Y ante la progresiva decadencia que para el modelo político catalán creado en la Edad Media se fue generando después del compromiso de Caspe, consideraba que la historia de Cataluña y la de España demostraban que en la construcción del nuevo Estado español de su siglo, lo mejor era que triunfaran las libertades burguesas y no el absolutismo aristocrático, tanto en lo referente a los individuos como a los territorios hispanos. Es decir, que venciera el tradicional espíritu democrático catalán creado en el medioevo frente al tradicional espíritu aristocrático castellano progresivamente imperante, que se impusiera la capacidad de pacto mostrada por los catalanes en el compromiso frente al autoritarismo propio de los mesetarios. Había que volver, pues, al universo doctrinal y político anterior a 1714 y, en cierta medida, a los tiempos precedentes al compromiso.

Al igual que Balaguer, el historiador de Reus se sentía de la España liberal y no de la España absolutista, se sentía de las Españas y no de la España unitarista, se sentía de la España de las libertades y los fueros y en contra de la España opresora y uniforme que a su juicio quiso culminar Felipe V. Y también, al estilo de Balaguer, buscaba igualmente ponderar de manera positiva todos aquellos momentos de la historia de los catalanes en los que estos hubieran estado unidos y no enfrentados, con la Edad Media como referente privilegiado y mítico, buscando con ello deslegitimar los enfrentamientos de clase que la industrialización catalana estaba ya produciendo al cuestionar el liderazgo «natural» de la burguesía industrial y de negocios, poner en el banquillo de los acusados a las guerras carlinas y que no hubiera nuevos enfrentamientos entre las «naciones» españolas.

La diferencia básica con su antecesor no era de objetivos políticos generales, pues ambos pertenecían a la familia liberal, si bien el barcelonés era de convicciones más progresistas que el reusense, diferencia que, por cierto, se fue acortando, en cierta medida, con el paso de los años y sobre todo a partir de la revolución de 1868. Ni tampoco era de interpretación histórica de un pasado hispano que ambos conjugaban en plural antes que en singular desde una actitud catalanista moderada que sostenía una posición políticamente posibilista a partir de una visión austracista y foral a la hora de entender a España como la nación de los catalanes. Ni siquiera en la forma literaria de narrar la historia, aunque Bofarull fuera más comedido y Balaguer más elocuente y florido. La diferencia fundamental era de método: el estudioso de la Academia de Bones Lletres estaba convencido de que su historia general estaba más y mejor documentada que la del cronista oficial y, por tanto, patrióticamente era más legítima y más útil. Bofarull se sentía un científico positivo curtido en el archivo y consideraba a Balaguer un político literato que escribía libros de historia que todavía utilizaban las leyendas y que carecían de rigor documental. En realidad, Bofarull parecía anunciar un positivismo que en Cataluña estaba en ciernes, pero sin dejar de tener pegados sus pies en un mundo todavía romántico, y anunciaba también una profesión de historiador que aún debería esperar un tiempo para consolidarse. En cualquier caso, al contrario de la profesora Eva Serra, el método crítico de Bofarull no pienso que fuera de hecho un escudo para su conservadurismo, sino una convencida creencia metodológica y deontológica que, por cierto, no siempre supo llevar a buen puerto[407].

Capítulo 4
LA FORMACIÓN DEL PARADIGMA DE LA CATALUÑA AGRAVIADA

Desde Cortada hasta Bofarull se puede apreciar, pues, una parecida atribución a la tarea del historiar: interpretar el pasado para conocer el presente y saber proyectar el futuro. Es lo que Cicerón denominó con sumo acierto la historia como «magister vitae». Es lo que Antonio Ferrer del Río, historiador madrileño de talante liberal progresista, quería decir cuando afirmaba que la historia era «espejo de lo pasado, guía de lo presente, faro de lo venidero»[408]. Historiar con fines pragmáticos para la polis. Historiar para la utilidad social de entender presente y prevenir futuro. Historiar para narrar una historia ejemplar y ejemplarizante que sirviera de maestra para la vida nacional de Cataluña (y de España). Historiar para que el pueblo catalán tomara conciencia de la historicidad de su patria y aumentara así su patriotismo local, para que percibiera con claridad que vivía en un país cuya continuidad histórica ininterrumpida desde la noche de los tiempos legitimaba sus aspiraciones de ser. Historiar para movilizar sentimentalmente a los ciudadanos en un momento histórico en el que se consideraba que la realidad catalana podía desaparecer como tal en medio de un universalismo contrario a las particularidades. Historiar narrando con datos conseguidos en fiables y abundantes fuentes documentales, pero también ofreciendo al hecho histórico creado y confirmado una dirección explicativa que le diera vida y sentido desde una determinada idea de progreso, que en general fue la iniciada por el optimismo propio del reformismo ilustrado y su creencia sobre la paulatina capacidad de la humanidad hacia su perfeccionamiento. Una nueva manera de historiar que, sin embargo, no evitó en nuestros historiadores mantener algunos rasgos propios del providencialismo católico. Historiar, al fin, con colorido, con elocuencia literaria, dando a la narrativa histórica un cierto carácter de literatura heroica, épica o dramatizada, según los casos. Buscar la verdad pero también captar el interés popular por la historia a través de una efectiva y sugerente belleza literaria: la creación de una sentimentalidad catalana era también tarea importante para una historiografía que no se contemplaba como una ciencia fría.

Esos fueron los declarados objetivos que de común tuvieron nuestros autores y que compartieron con otros muchos estudiosos españoles o europeos de su época[409]. Unos objetivos en los que el pueblo (sin distinciones de clase social) aparecía siempre como el sujeto histórico principal y el creador último de la nación que debía historiarse. Ahora, la historia ya no era solo la maestra de la vida, sino también la maestra de la patria. Y, en el caso hispano, al decir de estos historiadores del principado, debía serlo al tiempo de las patrias catalana y española. Para edificar la nación con solidez ahí estaban los historiadores con sentimiento nacional o nacionalista, y desde luego es indiscutible que contribuyeron, diría que decisivamente, a la construcción de las naciones europeas, incluidas las que como en el caso catalán no constituyeron un Estado particular.

Desde Cortada a Bofarull se puede apreciar, asimismo, una interpretación histórica basada en un bipatriotismo que incardina la historia (y el futuro) de Cataluña en la historia (y el futuro) de España. En referencia a los autores analizados hasta ahora, su catalanidad (y su catalanismo en algunos casos) es compatible con un españolismo que no es coyuntural ni defensivo, sino que forma parte de su propia personalidad ideológica y política como pertenecientes, en su inmensa mayoría, a la familia liberal. Un españolismo que es vivido por ellos con sinceridad y sin contradicción, del mismo modo que lo hacía una burguesía catalana que no parecía nada desafecta frente a la idea de España y a los beneficios del mercado español interior y colonial[410]. Una interpretación histórica basada también, por tanto, en una catalanidad vivida con fuerza y en un catalanismo creciente, sea de signo liberal o conservador, que defiende la existencia del «hecho diferencial» catalán dentro de una España plural no solo castellana[411]. Es decir, un proyecto hispánico desde un protocatalanismo que no admite ni el centralismo ni la hegemonía castellanista, sino un doble patriotismo basado en la dialéctica de la «patria chica» con la «patria grande». Una interpretación histórica, al fin, que defiende que hay un hilo de conexión efectivo y necesario entre el renacimiento de un «espíritu histórico» confirmador del hecho diferencial catalán que debe cultivarse, con el renacimiento del «espíritu patriótico» catalán que estando en situación emergente se desea aumentar. Y todo eso ocurrió durante la mayor parte de la segunda mitad del siglo XIX, al estilo de lo que ya aparecía anunciado visiblemente en Pau Pifarrer o en Pròsper de Bofarull.

A partir de estos planteamientos genéricos, resulta evidente que la apelación a la investigación del pasado es necesaria para demostrar la realidad histórica del «hecho político» catalán. Un «hecho político» que todos estos historiadores ayudaron a crear mediante el recurso a la historiografía (versara sobre Cataluña o sobre España), queriendo demostrar y demostrando el carácter milenario de un país que había construido las características esenciales que definían la existencia de una nacionalidad según los nacionalistas europeos del momento: un sujeto histórico llamado Cataluña forjado a través del tiempo y conformado por factores culturales, por una lengua diferente y por un sistema jurídico-político propio que le otorgaban una identidad definida y diferenciada frente a los otros pueblos de España, de Europa y del mundo. Y por una eterna cualidad básica del pueblo catalán: su espíritu de lucha por la libertad frente a los abusos de los poderosos o de los monarcas autoritarios, su amor por la democracia originariamente conquistada en los tiempos medievales.

La historiografía se revela más que nunca como la única capaz de demostrar con rigor (más que la literatura) que los catalanes fueron (y eran) un pueblo especial y que Cataluña fue (y era) una «nacionalidad» jurídica, política, cultural y lingüística desde los gloriosos tiempos altomedievales, en que se conformó como tal, hasta la llegada de Felipe V. Lo fue antes de que formara parte de la Corona de Aragón, en tiempos de la confederación aragonesa y dentro la monarquía española paccionada (es decir, federalizante) de los Austrias. Por eso, la interpretación de casi todos los historiadores estudiados hasta ahora es que, históricamente hablando, fue un gravísimo error, una inmensa injusticia y un giro copernicano en la historia de los catalanes (y de los españoles), que Felipe V finiquitara sus antiguas instituciones para acabar así con la milenaria organización que había demostrado ser cuna de libertades y de pactismo, antes incluso que la siempre admirada Inglaterra. Lo cual no es óbice para que al tiempo se reconozca, también mayoritariamente, que con el paso de los años la monarquía borbónica acabó siendo bastante asumida por el país que había sido vencido, asumida gracias a que los sucesivos monarcas (algunos autores opinan que incluso Felipe V, mientras que la mayoría excluyen el reinado de Carlos IV) resultaron aceptables soberanos para España y para Cataluña. Aceptables soberanos en un sistema absolutista que los historiadores analizados, gentes tanto de la órbita liberal como incluso de la carlista, consideran cercenador de las libertades individuales, de las instituciones regionales y de la veterana tradición constitucional española de carácter confederal; cercenador al estar únicamente basado dicho sistema en la ciega adoración de los vasallos hacia el rey y en un espíritu exclusivamente centralizador y uniformista que interrumpía el veterano ordenamiento «democrático» y foral propio de los catalanes. Y como diría Balaguer: «el espíritu catalán [era] sinónimo de constitucionalismo y liberalismo» y por eso mientras hubiera catalanes «bastante libres y bastante independientes» se opondrían «siempre con todas sus fuerzas a las demasías de los gobernantes y a la invasión del absolutismo»[412].

O dicho de otro modo, todos estos historiadores investigaron para demostrar que las peticiones de descentralización de la gobernanza del Estado español efectuadas desde el incipiente catalanismo tenían plena justificación no solo en la racionalidad funcional sino, y para ellos centralmente, en el hecho histórico, probado por sus propios trabajos, de que la mejor historia de España se había escrito en los tiempos en que esta respetaba las autonomías políticas de sus diversos pueblos. En suma, las propuestas descentralizadoras que una parte importante de la sociedad catalana hacía en su presente eran validadas por la historia: la política alimentaba una determinada lectura de lo histórico y lo histórico refrendaba, a su vez, unas determinadas posiciones del presente. Parece evidente, pues, que hubo un intento de lectura ideológica del pasado catalán en el que 1714 y el absolutismo borbónico tuvieron su propio lugar privilegiado como sucesos históricos en los que la España centralista y uniformista más agravió al pueblo de libertades y pactismo que era Cataluña.

En efecto, para todos los historiadores catalanes que escriben durante esta época de romanticismo, de creciente catalanismo y de Renaixença, para estos historiadores que van de la generación romántica a la generación floralesca de la que hablará en su día Jaume Vicens Vives[413], preocupados como estaban por salvar la particularidad «local» catalana dentro del proceso general homogeneizador propio de la Ilustración y del Liberalismo que conllevó de suyo la creación de historias patrióticas nacionales[414], el año de 1714 representó un punto de inflexión entre una Cataluña «tradicional» vista por ellos como la genuina y una Cataluña «moderna» considerada por estos estudiosos como una realidad política desnaturalizada respecto a un hiperidealizado mundo medieval, ámbito temporal que vino a constituirse para ellos en una especie de «medievalia» practicada en torno al mito fundacional de la Marca Hispánica[415].

Para la mayoría de los historiadores catalanes de este período, 1714 resultó un acontecimiento de grandes consecuencias históricas, un momento axial para los catalanes (y los españoles) en que la continuidad de la esencia identitaria supratemporal de Cataluña, que para estos autores se cifraba en buena medida en sus tradicionales instituciones fraguadas en los siempre mitificados tiempos medievales y mantenidas mal que bien hasta el último Austria, en sus añoradas leyes particulares, en sus veneradas costumbres y, progresivamente, en un idioma contemplado con evidentes posibilidades de generar una literatura culta, se vio seriamente mermada cuando no destruida en un proceso que varios de dichos estudiosos consideraban que había empezado a vislumbrarse, cuando menos, con los Reyes Católicos, y que podía culminarse en su propio siglo si no se hacían las cosas políticamente correctas para el mantenimiento de la personalidad propia de Cataluña dentro de un sistema liberal y democrático representativo que recogiera asimismo la pluralidad de las Españas sin mermar el sentimiento de unión nacional española y de españolidad. Un nuevo sistema político capaz de resolver de una vez por todas la complicada y conflictiva geopolítica hispana, capaz de acabar de una vez por todas con los agravios que unos gobernantes catalogados de castellanizadores habían cometido en los últimos siglos con Cataluña y capaz de entender de una vez por todas el mensaje de libertad política, de anticentralismo, de doble patriotismo incluyente y de proteccionismo económico que emanaba de la clase rectora catalana y de buena parte de su intelectualidad, incluyendo, naturalmente, a sus principales historiadores, como eran Cortada, Patxot, Balaguer o Bofarull. Intelectuales que narraron míticamente el 11 de septiembre porque de este modo deseaban llamar a los catalanes de su presente y del futuro a recuperar las antiguas formas políticas del autogobierno en una España unida pero plural.

Se admitía participar en la creación de un futuro común hispano, pero sin falsear la historia. Y para aquellos estudiosos, la historia dictaba que en esos momentos de construir la «gran nación» española era necesario venerar también a la «pequeña nación» catalana que tenía su propio y específico pasado. En tiempos de escribir la historia de la nación común era preciso no olvidar la historia de la patria propia y de recordar también que aquella estaba edificada con el esfuerzo y la voluntad de todos a través de los tiempos, voluntad de todos y no solo de los castellanos. Que la moderna unidad no podía basarse en olvidar la esencial pluralidad de lo que debía unirse: historias de naciones pequeñas que habían convergido en la historia de una nación grande que debía construirse sin ignorar este trascendental hecho y sin centralismo.

Desde Cortada a Bofarull esa fue la esencial misión de aquella primera generación de historiadores románticos: contribuir a la nación española desde la patria catalana escribiendo una historia de España diferente, una historia «alternativa» elaborada desde una visión plural que precisaba por tanto escribir también una nueva historia de Cataluña; quisieron explicar la historia de los españoles teniendo en cuenta la mirada catalana y quisieron volver a contemplar el pasado del principado desde un desacomplejado amor por la catalanidad y desde un catalanismo ascendente, que no tenía por qué romper con España si esta dejaba a un lado los agravios y las incomprensiones cometidos a largo de la historia y bien demostrados por la historiografía que aquellos estudiosos practicaban. La historia de Cataluña era un patrimonio a rescatar que en nada ponía en cuestión la unidad de España, ni para liberales ni para conservadores. La patria catalana era un círculo concéntrico dentro de otro más grande que era la nación española. Se aceptaba edificar el Estado y la nación de los españoles, pero un sentimiento secular de catalanidad, derivado en buena parte de la propia realidad histórica que Cataluña representaba objetivamente y de los agravios que se creían cometidos por el poder central provocó, entre bastantes intelectuales y políticos del principado, que la historia apareciera como un baluarte que, cubierto (al menos en teoría) por el rigor de la ciencia según se entendía por su parte en aquel entonces, disponía de una gran capacidad para de una manera legítima, por científica y erudita, crear una nueva y mayor sentimentalidad singularista en todas las clases sociales catalanas, así como para recrear, mantener y vivificar la identidad propia del principado dentro de la construcción nacional hispana. Por ahora, la región parecía ser un camino adecuado para la nación en el ideario de gran parte de los catalanes, y la mayoría de los historiadores estaban de acuerdo en este principio político.

Todo ello se pensaba en nombre del liberalismo en sus diversas vertientes y con la suma del tradicionalismo carlista. Todo ello se pensaba desde el catalanismo de carácter liberal democrático y también desde el catalanismo de talante católico conservador. Y todo ello se pensaba siempre en contra de un absolutismo contemplado como un sistema que cercenó la antigua libertad de los catalanes (y de todos los españoles también) para poder disponer de sus propias e históricas instituciones, las mismas que le daban su cabal idiosincrasia como pueblo. Unas instituciones que se añoraban y que empezaban a tomar cuerpo de reivindicación política en algunos políticos e intelectuales catalanes, aunque no todavía de manera definitiva en el discurso personal de los historiadores más insignes e influyentes. Era un «neoforalismo» cada vez más evidente que desde Cataluña se intentaba proponer al constitucionalismo liberal español como parte del mejor futuro para el principado y para España, el mismo futuro que se truncó en 1714 con el absolutismo borbónico.

Para tan estratégica misión de crear nuevos y mayores sentimientos de catalanidad, se buscaba por parte de los historiadores conseguir la mayor objetividad posible en el discurso histórico que debía fundamentarlos. Era, desde luego, un propósito intelectual sincero, destinado a conseguir la verdad histórica, y en ese preciso sentido son abundantes los testimonios que podrían aducirse además de los ya expuestos. Sin embargo, llevados por el ambiente intelectual de historicismo romántico, por su ideología liberal y por sus sentimientos de catalanidad y/o españolidad, acabaron construyendo un discurso histórico en el que las ideas políticas les condujeron a idealizar el pasado, a efectuar numerosos juicios de valor, a realizar interpretaciones forzadas y sesgadas, en definitiva, a una versión a menudo presentista y anacrónica (con frecuencia también teleológica), por tanto parcial y a veces deformada, de la historia de Cataluña y de España. Una historia con frecuencia no solo partidaria sino partidista. Una historia en la que además las clases sociales apenas tenían presencia, pues se trató igualmente de que la historiografía demostrara que Cataluña iba bien no solo cuando se respetaba su idiosincrasia institucional, idiomática y cultural, sino también cuando actuaba como una sola persona y en armonía social, base indispensable para que prosiguiera el crecimiento económico en el que estaba empeñada la burguesía catalana. La historiografía sirvió también para crear una historia al servicio de la hegemonía de la clase dirigente y para fundamentar un catalanismo que formaba parte creciente de ella. Y como quiera que aquellos estudiosos veían en la ciencia histórica un arma didáctica y divulgativa de grandes efectos emocionales, esa fue la historia que le ofrecieron al gran público y la que al parecer este consumió sin demasiadas vacilaciones.

¿Escribieron, pues, de hecho, aquella historia que el público estaba dispuesto a consumir porque cuadraba con sus necesidades ideológicas, económicas, sentimentales y políticas de presente? ¿O fueron los intelectuales e historiadores los que ayudaron con esa historia a crear y cimentar aquellas necesidades y aquellas visiones políticas? Difícil disyuntiva que no estoy en condiciones de resolver de manera concluyente. Pero en cualquier caso, lo realmente cierto y existente es que la historiografía, la ideología y la política se influyeron mutuamente. Y, en esta ocasión, estoy convencido de que dicha influencia fue en detrimento de la calidad de la primera, en el sentido de mermar su objetividad, y después en perjuicio de las otras dos, en el sentido de no estar fundamentadas en la mayor cantidad de verdad histórica posible en unos tiempos, es preciso no olvidarlo, en que conseguirla no era una conquista fácil dado el escaso desarrollo historiográfico a causa de la ausencia de un verdadero mundo profesional y académico que lo ejerciera.

Con todo, no era una cuestión exclusivamente catalana, pasaba lo mismo en la mayor parte de Europa y pasaba lo mismo en Madrid, donde Antonio Cánovas del Castillo, adalid de la Restauración y presidente de la poderosa Academia de la Historia (de la que Balaguer formó parte desde 1875), hacía lo propio intentando crear una historia de España que cuadrara con su proyecto político de Estado nacional español de corte liberal conservador, centralizado y de tendencia homogeneizadora[416]. La diferencia entre Cánovas y nuestros historiadores estaba en que el primero consideraba el «particularismo» como uno de los males más evidentes de la historia de España, y los segundos pensaban lo propio del «centralismo»[417]. Uno criticaba las Españas políticas y los otros las reivindicaban. Cánovas creía que la unidad solo se conseguiría con la centralización y los otros con el respeto a la diversidad hispana. Para Cánovas el borbonismo encarnaba el absolutismo que él rechazaba como liberal, pero atesoraba una mayor densidad respecto a la unidad de España frente a un austracismo que consideraba ciertamente más proclive a la participación política de los ciudadanos y más controlador del absolutismo, pero también menos propiciador de la unificación de la patria española. De hecho, la falta de consenso político en esta cuestión se encuentra (ayer y hoy) en la base de las dificultades para acordar una ponderación científica mancomunada de la historia de España por parte de historiadores y políticos. Y demuestra de manera palmaria que la historia era y es un producto intelectual fundamental en la validación de los diversos postulados políticos sobre el porvenir español.

A causa de la falta de consolidación profesional y académica, sería impropio valorar con severidad descontextualizada a notables personajes que realizaron la historiografía catalana que probablemente se podía hacer en el ambiente histórico, intelectual y científico en que ellos vivieron. Unos prohombres que de manera más que notable contribuyeron con sus aportaciones intelectuales y cívicas a la revitalización del sentimiento de nacionalidad catalana al ocuparse de su lengua, su cultura y su historia. Pero sí considero pertinente recordar, para no mitificarlos tampoco, que existieron en sus producciones deficiencias epistemológicas y metodológicas. Y no era desde luego de menor importancia el hecho de que los fines ideológicos y políticos, consciente o inconscientemente, primasen a menudo sobre los científicos a la hora de elaborar una historiografía que se veía más como arma divulgativa para la agitación sentimental patriótica que para la búsqueda de explicaciones racionales y objetivas sobre el funcionamiento y cambio de las sociedades. Exactamente lo mismo, por supuesto, que pasaba entonces en el resto de España y en otros muchos países de Europa en medio de la definitiva consolidación de los Estados-nación mediante el romanticismo y el nacionalismo.

Desde una historiografía así practicada, se fue creando una doble y compatible percepción del Setecientos catalán. Por un lado, la valoración negativa de la pérdida de las libertades e instituciones catalanas y con ella la definitiva merma de su personalidad histórica fraguada en el mítico medioevo y parcialmente mantenida en tiempos de los Austrias. Una valoración negativa que implicaba mitificación y nostalgia por el pasado anterior a 1714, así como exaltación patriótica de las virtudes catalanas ante el avasallamiento del «enemigo» castellano encabezado por el absolutismo de Felipe V en la contienda sucesoria. Una valoración que estaba vinculada a un «neoforalismo» latente basado en un «neoaustracismo» cada vez más evidente y de la que nuestros historiadores fueron parte creadora fundamental. Y por otro lado, una valoración positiva de la recuperación del país gracias a que la fuerza del genio emprendedor de sus naturales estuvo acompañada por unos gobiernos borbónicos que, en general, los autores consideran más bien favorables para el principado, especialmente en el caso de Fernando VI y, sobre todo, de un Carlos III que perdonó las deudas del catastro, protegió la industria, abrió América a los catalanes, amparó a la Junta de Comercio de Barcelona y protegió las iniciativas culturales. El mismo apoyo, por cierto, que la mayoría de estos autores creían que los gobiernos liberales españoles debían otorgar a la economía catalana por la senda del proteccionismo y para llegar al progreso nacional hispano. Para la mayoría de estos primeros historiadores románticos de la segunda mitad del Ochocientos (y también para buena parte de los de la primera), la historia del Setecientos mostraba así tres grandes lecciones que cabía utilizar ideológicamente para su presente.

Primera lección: la innecesaria pérdida de las instituciones tradicionales catalanas (y españolas) que representaban a una España unida pero plural presidida por una monarquía común pero paccionada. Ello significa que la regeneración que todos aceptaban que España precisaba después de Carlos II no necesariamente debía haberse hecho con la supresión de los tradicionales, estimados y todavía eficaces fueros. No necesariamente tenía que haberse hecho queriendo anular las Españas. Y esta argumentación valía igualmente para el momento en que se estaba intentando crear el nuevo Estado español liberal, un objetivo básico en el que aquellos historiadores, con una fuerte impronta política, participaban sin disimulos en la inmensa mayor parte de los casos. Había que edificar el nuevo Estado y afrontar la regeneración de España asumiendo a Cataluña con su personalidad y no anulándola o agraviándola. Había que levantar el nuevo Estado escuchando las lecciones que Cataluña estaba en condiciones de dictar a través de sus clases dirigentes económicas (especialmente la burguesía industrial), políticas (sobre todo los liberales) e intelectuales (con los historiadores en primera línea). Había que construir el nuevo Estado escribiendo una nueva historia de España que tuviera en cuenta una pluralidad hispana que en el Setecientos había quedado injusta e innecesariamente anulada por el absolutismo borbónico.

Segunda lección: el «genio» emprendedor de los catalanes, demostrado una vez más al levantarse de las ruinas de la guerra de Sucesión, fructificaba especialmente cuando se veía acompañado por unos gobiernos, aunque fueran borbónicos y absolutistas, favorables al desarrollo económico, social y cultural del principado en el marco de una España que deseaba regenerarse por la senda del reformismo. Lo que significaba que, para el siglo en que nuestros historiadores escribían, era necesario que los gobiernos liberales y la burguesía catalana continuaran entendiéndose en cuanto a la política económica a realizar para el desarrollo de España y de Cataluña.

Y ultima lección: la historia demostraba que la verdadera naturaleza de lo hispánico, así como el camino por el que debía seguir formándose el Estado-nación español, precisaba del respeto por la pluralidad de las partes que históricamente lo habían constituido y no andar en cambio por la senda centralista, uniformista, homogeneizadora y reduccionista derivada de la nociva idea de que España era y debía ser Castilla. Lo que significaba que el Estado liberal que se estaba construyendo no debía fraguarse necesariamente con un tipo de centralismo político que acabara ahogando la personalidad histórica de Cataluña. Para los historiadores analizados, españolizar Cataluña no pasaba por la uniformización iniciada en el Setecientos y azuzada por la influencia de la Revolución Francesa, sino por el relativo respeto a la pluralidad de las Españas que habían mostrado, mal que bien, los Reyes Católicos y el imperio de los Austrias. Y ese pensamiento de factura neoaustracista y neoforalista, fue cuajando cada vez más en el discurso historiográfico, ideológico y político de nuestros historiadores para, a su vez, comunicarse eficazmente con el ámbito de la política, que no tenía reparos en apadrinar y consumir un discurso histórico basado en la añoranza de la Cataluña «libre» y «democrática» anterior a 1714, sin romper por ello con el doble patriotismo catalano-español que se veía como posible, deseable y operativo. Lo que era evidente para estos escritores es que la concepción de crear una España castellanizada era un verdadero atentado contra la catalanidad, y por eso empezaron a reaccionar defendiendo la lengua y la tradición con las armas de la agitación cívico-cultural y de la historiografía.

Así pues, para los historiadores reseñados, Cataluña podía estar en España y sentirse cómoda en ella conformando la realidad nacional hispana con una doble condición. La primera, que sus gobiernos y los demás españoles aceptaran que la propia historia peninsular demostraba de manera fehaciente que el principado era un hecho diferencial positivo dentro de y para lo hispánico. Como hecho positivo era igualmente la especificidad lingüística del idioma catalán, que representaba una riqueza para todos los que apostaban por la patria común hispana que, a su vez, debían por tanto ocuparse de su buena salud[418]. Una riqueza común compatible con una lengua a su vez común que era el castellano, y que la sociedad diglósica catalana practicaba en aquellos tiempos sin demasiados problemas al considerarla un habla idónea para la difusión de la cultura y la ciencia, condición esta última que precisamente el catalanismo cultural quiso conquistar también para el idioma catalán. Y la segunda condición era que se abandonasen los prejuicios históricos, las desconfianzas y los menosprecios que muchos españoles, en especial del universo castellano, esgrimían respecto al carácter, las intenciones y las actuaciones de los catalanes, pues estos habían demostrado en los últimos dos siglos su firme compromiso con la idea de España sin tener que perder su catalanidad. Agravios por un lado y aportaciones por otro, que estos, los historiadores, deseaban precisamente demostrar en sus nuevas historias de España o de Cataluña desde una óptica catalana y crecientemente catalanista.

Cuando abordan el Setecientos hispano y catalán, la mayoría de escritores analizados lo hacen sintiéndose de manera natural y espontánea catalanes filoaustracistas que lamentan la pérdida de las instituciones propias y la merma de su idioma, pero también reconociéndose histórica, política y sentimentalmente españoles que pueden valorar de forma positiva una parte de las actuaciones reformistas de los tres primeros monarcas del absolutismo borbónico. Y en estas dos pertenencias identitarias vividas de manera compatible, como fue por cierto el caso del austracismo setecentista, estuvieron genéricamente de acuerdo casi todos los historiadores catalanes desde Capmany hasta Bofarull. De acuerdo en estas pertenencias inclusivas pero también en denunciar los agravios históricos que unos gobernantes castellanizadores habían infligido a los catalanes desde los tiempos de los Reyes Católicos, haciendo especial referencia, por supuesto, a una secuencia que todos resaltan como evidente: unos genuinos y espléndidos tiempos medievales de libertad «nacional», unos tiempos con los Austrias en los que empezó a mermarse conflictivamente la misma aunque se conservaron la mayor parte de las Constituciones y, finalmente, el desastroso inicio de la centuria decimoctava, que comportó la pérdida del tradicional edificio político catalán a manos del absolutismo felipista de origen francés.

Para casi toda la historiografía catalana de la mayor parte del Ochocientos, el Siglo de las Luces fue una centuria de desastre «nacional» a causa de la injusta pérdida de las instituciones propias y, al tiempo, una centuria de gran expansión gracias a la capacidad empresarial de los catalanes secundados por unas políticas reformistas que la favorecieron antes que la entorpecieron. En cierta medida, los historiadores contribuían mediante la gestión del pasado histórico a conformar parte de la ideología de las élites dominantes de Cataluña; una ideología que, entre otras cosas, demandaba la creación de una unidad y una concordia civil catalana trasladable al conjunto del pueblo catalán para conseguir así mayor cohesión y estabilidad social como la base necesaria para la prosperidad económica de Cataluña en una España que debía permitirle más autogobierno y más respeto por su idiosincrasia histórica, idiomática y cultural.

Al analizar el Setecientos del principado, los historiadores catalanes de buena parte del Ochocientos mostraban lo malo que a su juicio no había que repetir: la pérdida de las instituciones y los agravios cometidos a manos de un autoritario absolutismo. Y también lo bueno que había que aprender: la entente entre los gobiernos españoles reformistas y las clases dirigentes catalanas en torno a un proyecto genéricamente liberal centrado en la búsqueda del crecimiento económico y el progreso social representado por la protección a la economía catalana y el respeto a la personalidad histórica de Cataluña basado, a su vez, en recordar la virtualidad de sus antiguas Constituciones y la grandeza de su idioma.

Sin embargo, estas conclusiones se basaban en una lectura esencialmente anacrónica y presentista[419], densamente ideológica y con fines claramente patrióticos y de clase propios de un ascendente catalanismo burgués (compatible con el sentimiento de españolidad), que desde luego favorecieron muy poco el crecimiento y consolidación de una historiografía científica que parecía haber alboreado con la obra de Capmany. Una historiografía científica que, en cierta medida, los historiadores románticos decían querer conseguir con nuevas y más elaboradas bases documentales. Ahora bien, aunque la mayoría de los estudiosos apostaban teóricamente por la objetividad, la ecuanimidad y la neutralidad del historiador[420], en realidad llevaron a fuertes dosis de subjetivismo a la empresa historiográfica. En cambio, sí que fueron eficaces para aumentar el patriotismo entre los catalanes de clase media y alta que, sin poder aprender historia de Cataluña en la escuela, tuvieron que leerla en sus casas adquiriéndola en las librerías[421]. En casi todos los autores analizados, la historia va por detrás de la política. La historiografía, aun en los casos en que no se desea que eso ocurra, va dirigida a nutrir lo que se quiere que acontezca políticamente en el presente a partir de una conveniente confirmación empírica o una adecuada opción interpretativa extraída del pasado. Y esa práctica de realizar una lectura interesada del pretérito no desaparecerá en la historiografía catalana en la centuria siguiente.

En todos los años que van desde Cortada hasta Bofarull, se fue consolidando como natural la idea de que la historia y los historiadores debían ser un instrumento para movilizar el patriotismo de masas (liberal sobre todo) y consolidar el nuevo Estado-nación a través de la literatura y de la historia, relación entre ambos géneros que no siempre fue bien llevada ya que en buena medida la primera a menudo contaminó a la segunda restándole contención interpretativa, rigor documental y objetividad. No en balde, antes de llegar a la historiografía, muchos de los autores practicaron la poesía histórica, el teatro histórico, la novela histórica o la descripción laudatoria y enamorada de paisajes y bellezas arquitectónicas catalanas. Y aunque trataron de amoldarse al oficio del historiador, no siempre lo consiguieron plenamente. Era, en cualquier caso, lo que también pasaba en la propia España y en otros muchos lugares de Europa en tiempos en los que se estaban construyendo las historias, las literaturas o las músicas nacionales. Países europeos en los que no debe olvidarse, sin embargo, que los historiadores contaron con mayores ayudas estatales y a veces incluso con cátedras universitarias que les permitieron, entre otras cosas, conseguir una mejor erudición y una más amplia difusión popular a través de la educación escolar[422].

Por eso, como en muchas otras partes, al margen de la sincera disposición de algunos historiadores en favor del rigor y la imparcialidad, también en Cataluña se fue configurando una historiografía de tono hagiográfico en la que apenas existían grandes problemas internos en un pueblo catalán que tenía excelsas virtudes y grandes hazañas en su haber. En contrapunto, se fue fraguando asimismo una historiografía centrada en mostrar los agravios y que sustentaba que históricamente los grandes problemas provenían de las acometidas externas encabezadas fundamentalmente por el universo castellano, fueran los Trastámara, los Austrias con Olivares, los Borbones con Felipe V, Fernando VII con su renovado e indeseado absolutismo o bien los gobiernos centralistas en la época en la que ellos escribían. Fue entonces inevitable que una buena parte de la historiografía catalana tuviera a menudo un sesgo en el que todo lo bueno procedía de «dentro» y todos los males venían de «fuera».

Con la señalización de los agravios, y desde una cierta visión victimista, no menos se fue configurando igualmente una historiografía vindicativa que deseaba dejar patentes dos cuestiones fundamentales. Primera: que los catalanes tenían una historia institucional que había sido amenazada e interrumpida de forma abrupta por castellanos y franceses; una historia catalana propia que no siempre coincidía plenamente con la historia nacional española. Y segunda: que como arma arrojadiza contra su españolidad, algunos autores y políticos hispanos propagaban el injusto e injustificado tópico de los «catalanes rebeldes»; un arma que cabía desactivar no solo porque la rebeldía no había sido más que la defensa legítima de las libertades catalanas y el hecho de intentar defender un proyecto de España que se quería plural, sino también porque creaba desafección en los catalanes a la hora de construir la común nación española por la que todos aquellos historiadores catalanes apostaban. De hecho, en la mayoría de estos historiadores parece existir una misma motivación para el ejercicio de su trabajo: evitar que triunfase el intento de españolizar España otorgando la exclusividad del proceso a la cultura castellana. A personajes con bipatriotismo como Balaguer o Bofarull les parecía que eso representaba una gran amenaza para la pervivencia de una catalanidad (entendida esta como un «hecho diferencial» evidente respecto a las otras Españas), que era vivida de manera transversal por los diversos sectores sociales del principado.

La historia de Cataluña escrita por estos autores mostraba también una patria entendida en sentido antropomórfico. Una patria sentida como una «persona» que pasa de la infancia a la madurez, del esplendor a la decadencia para volverse a levantar de nuevo cual Ave Fénix; una persona de la que hay que escribir una «biografía» (nacional). O bien como a una «madre» a la que debe velarse siempre como el valor supremo, como lo «sagrado». En cualquier caso, una entidad cuasi intemporal plena de virtudes y capaz de proporcionar felicidad a sus habitantes, pero que de vez en cuando tenía que defenderse heroicamente ante las agresiones políticas y militares de los «otros» para que así la personapatria no viera cercenadas sus libertades elementales o la madre-patria continuara cuidando del «nosotros». Y ese «nosotros», que era una nación con identidad propia que había perdido su condición cuasi estatal en la guerra de Sucesión, y que estaba ahora dentro de un Estado-nación en conflictiva construcción, tenía que ser historiado para ser conservado primero e integrado después como tal, sin ser adulterado u oprimido por las gentes castellanas y centralistas, en la nueva entidad nacional-estatal llamada España, que la mayoría de los historiadores catalanes deseaba construida teniendo en cuenta el foralismo derrotado en 1714, que ellos consideraban un aceptable modelo político para Cataluña y para España; una propuesta que, por cierto, sentían que cada vez parecía tener menos posibilidades de ser escuchada tanto por la España conservadora como por la España liberal.

Desde esta perspectiva, prácticamente ningún historiador de los referenciados dejó de realizar una clara constancia de que el final de la guerra sucesoria representó una de esas agresiones, tal vez la más fundamental y trascendente, y que solo a partir de las virtudes de los propios catalanes y de unos gobiernos borbónicos algo más proclives a tratar a Cataluña como una igual, pudieron ponerse las bases para rehacer de nuevo el país catalán con sus inveteradas virtudes, al menos desde el punto de vista material. Un país catalán que, según estos estudiosos, estaba mostrando en el Ochocientos su tradicional impronta emprendedora, diferenciándose así de otros lugares más atrasados de España, al tiempo que solicitaba que escucharan sus ideas para la construcción del Estado liberal. Un país que, ante la sordina de muchos dirigentes españoles a esta sincera y leal propuesta españolista de la mayoría de la clase dirigente e intelectual catalana, acabaría construyendo un catalanismo cultural primero y político después cuyo origen se explica en gran medida por este desfase económico y político entre Cataluña y buena parte de España.

Un catalanismo en el que, por cierto, recordémoslo, participaron muy activamente casi todos los historiadores arriba referenciados. Un catalanismo que, a través de la historiografía, ayudaron a crear primero de forma incipiente personajes como Piferrer, Prósper de Bofarull, Cortada, Pi o Patxot, y de manera más intensa y decidida, Balaguer o Antoni de Bofarull, con la ayuda, recordémoslo también, de un tradicionalista como Gebhardt, aunque los fines políticos de este último no fueran idénticos a los de sus colegas. Un catalanismo historiográfico de impronta romántica que aspiraba a crear una historia liberal del principado al estilo de la historia liberal «oficial» española de su tiempo, si bien a veces disintiendo de ella en su enfoque geopolítico y sin la vital capacidad de enseñarla en la escuela. Podría pensarse que ninguno de estos historiadores catalanes de la segunda mitad del siglo XIX estuvo a la altura historiográfica de un François Guizot o un Jules Michelet, pero creo que puede decirse que perseguían parecidos objetivos protonacionalistas y que su tarea de construcción de una síntesis histórica que diera sentido a la historia de Cataluña desde la perspectiva liberal y catalanista para ofrecerla a las clases rectoras de la sociedad catalana fue en gran medida exitosa. Sin ser en su mayoría verdaderos profesionales de Clío, cuando menos inauguraron un tipo de historiografía vindicativa que tendría continuidad en el siglo venidero, se atrevieron a querer romper con la historia oficial española y supieron colocar la historia en un papel social relevante al situarla en el centro de la reivindicación política del hecho diferencial catalán, de la catalanidad y del catalanismo.

En suma, una historiografía reivindicativa, a menudo propagandística, con una gran carga ideológica y política vinculada al regionalismo liberal moderado y proteccionista del que un personaje como Balaguer fue representante político en Madrid frente a la amenaza librecambista. Una historiografía que, a su vez, todo parece indicar que tuvo una relevante trascendencia cívica en la sociedad catalana al ayudar a crear (junto con la literatura) un eficaz imaginario histórico para el consumo de la misma, sin la necesidad de rechazar el importante esfuerzo de castellanización realizado por las clases dirigentes catalanas de buena parte del siglo XIX[423]. Una historiografía que intentaba unir la recuperación de la identidad nacional (sobre todo la histórico-jurídico-institucional y la lingüística) con la formulación de un proyecto político que deseaba una Cataluña con mayor autogobierno e inserta en un Estado no centralista que defendiera sus intereses económicos, sobre todo los fabriles, al tiempo que su clase dirigente (la catalana) pretendía liderarlo en su necesaria regeneración. Una historiografía tendente a la visión medievalizante, al interclasismo, a la idealización de una sociedad catalana poco conflictiva, sin apenas enfrentamientos de clase significados. Una historiografía la mayor parte de las veces de indudable acento burgués e incluso con algunos resabios elitistas, donde la principal lucha de los catalanes fue siempre frente al absolutismo austríaco o borbónico impulsado por Castilla, es decir, la historia de una constante resistencia de todo el pueblo catalán en defensa unánime de las libertades del país. Una historiografía que tuvo la misión social básica de reanimar la conciencia colectiva de catalanidad entre las diversas clases sociales; que deseaba cimentar históricamente, para así hacerlo natural e incontestable, un proyecto liberal catalanista y españolista para la burguesía catalana con base en la compatibilidad del doble patriotismo; y que, en buena medida, se convirtió en punto de referencia obligado para la creación de una visión hegemónica de la historia de los catalanes que podremos ver nuevamente actuante, de manera parcial pero efectiva, en muchos de los historiadores que hasta nuestros días se han ocupado de la historia de Cataluña[424]. Una historiografía, al fin, que tuvo sin duda algunas individualidades destacadas, que ayudó objetivamente a la creación del sentimiento «nacional» catalán y que se hizo en condiciones no siempre fáciles pero que, en su conjunto, no aportó demasiadas cosas al avance de la disciplina histórica desde el punto de vista de su validación epistemológica, aunque sí lo hizo desde la perspectiva de su popularidad entre los ciudadanos y del uso social de la misma, que ganaría muchos enteros a lo largo del siglo XIX catalán[425].

Concluyamos. Se trató de una historiografía de sesgo romántico que formó el esqueleto básico de una interpretación protonacional y protonacionalista de la historia de Cataluña, considerando a esta de hecho como una nación que en un momento histórico determinado había pasado a formar parte de una gran monarquía primero y de una gran nación con Estado después. Por eso había una historia particular catalana que contar dentro de una historia general española que debía narrarse aceptando la existencia de aquella como parte constitutiva de esta. Y una vez escrita la historia que parecía demandar una parte importante de la sociedad catalana, con la burguesía como clase con aspiraciones rectoras en Cataluña y dirigentes en España a la cabeza, la historia finalmente edificada delimitaba a su vez el terreno de juego sobre el que había que construir el presente e imaginar el futuro. La historia se situaba de este modo como la verdadera «maestra de la patria» para los catalanes y sus enseñanzas condicionaban en buena medida las ideas de progreso sobre el presente y el futuro de Cataluña, al tiempo que era capaz de transformar determinados acontecimientos en verdaderos hitos vitales para los catalanes, como fue claramente el caso de la derrota de 1714.

Frente a otras posibilidades intelectuales, la historia ganaba definitivamente la batalla para ser la clave explicativa fundamental del presente y, por tanto, para ser la primera referencia a la hora de imaginar el futuro por parte de las clases dirigentes y pensantes catalanas. Con los historiadores analizados hasta aquí, el historicismo tomaba definitiva carta de naturaleza en Cataluña a través del romanticismo. Es probable que ya estuviera embrionariamente en el último Capmany, pero personajes de la talla de Balaguer y Bofarull lo llevaron sin duda a su más alto cielo: la historia se convertía plenamente en la guía espiritual del futuro, en la auténtica dimensión de la conciencia de catalanidad y en una de las piezas angulares del catalanismo creciente. La historia era concebida como un elemento indispensable en la creación de un ideario político y de un imaginario popular y de su correspondiente divulgación, como el núcleo duro para demostrar la validez moral y política del catalanismo, una ideología que situaba el «hecho diferencial catalán» y sus dificultades para incardinarse con plena comodidad en el «hecho nacional español», en el centro de gravedad de sus preocupaciones y de su discurso. Y en este preciso sentido era, en cierta medida, una historia preocupada por entender (y solucionar) las siempre complicadas relaciones entre el centro y la periferia peninsular.

Alrededor de esa cuestión se fue creando una narración histórica que desde Cortada hasta nuestros días ha tenido continuidad porque compartía en esencia el mismo problema a tratar y un similar paradigma interpretativo, muy centrados en la temática de cuándo, cómo y porqué Cataluña se ha visto mal comprendida, y a menudo lisa y llanamente agredida, por el universo castellano-españolista de cuño centralista y uniformista. Lo cual ha tenido el efecto positivo de contribuir a crear una comunidad historiográfica catalana, pero también ha ocasionado importantes inconvenientes epistemológicos para conseguir una disciplina histórica plenamente científica que no estuviera supeditada a la ideología y, con ella, a una posible manipulación deliberada del pasado.

El Setecientos cumplió en el Ochocientos las veces de siglo con una gran carga ejemplarizante en el delicado, poliédrico y complejo asunto de las relaciones entre Cataluña y España. Si el compromiso de Caspe era el ejemplo de cómo la corona catalano-aragonesa se entregó fatalmente a una familia castellana, si el matrimonio de Isabel con Fernando y la tarea de este último mostraban claros inconvenientes para el desarrollo de Cataluña, si el centralismo imperialista del conde duque de Olivares había puesto en peligro las Constituciones, el siglo XVIII demostraba a los contemporáneos dos grandes evidencias: el desastre político que representaba perder las instituciones propias a manos del absolutismo, pero también la buena nueva de la conquista del progreso cuando Cataluña era bien tratada por los gobiernos reformistas de Madrid, aunque fueran absolutistas, al ser escuchada su clase rectora, la burguesía. Los pensadores e historiadores de estos años sabían que la relación entre Cataluña y España era difícil pero no practicaban el fatalismo. De hecho, la centuria ilustrada les decía que había una posibilidad de entente, siempre que fuera con una mayor libertad catalana, con un acuerdo con los gobiernos de Madrid y desde una concepción plural de España que combatiera el centralismo y el absolutismo de origen castellanista. Y esa es precisamente la función de ejemplo histórico que en buena medida la centuria decimoctava iba a seguir ejerciendo hasta nuestros días en los ámbitos catalanistas: rehacerse ante las injustas agresiones externas, recuperar el aliento mediante el trabajo y procurar que en una España plural y democrática las políticas económicas y culturales tuvieran en cuenta los intereses de una Cataluña renacionalizada que estaba dispuesta a liderar la modernización de España. Y para ello era preciso que la «democrática» Cataluña venciera a la «absolutista» Castilla, que el modelo político-institucional catalán proveniente de la Edad Media se impusiera al castellano.

En líneas generales, buena parte de esta visión del Setecientos, sobre todo en sus aspectos políticos menos positivos, podemos encontrarla también en significados políticos, intelectuales y periodistas catalanes del último cuarto del siglo XIX, que comparten una valoración más bien crítica del absolutismo borbónico, en la que a buen seguro fue más que probable que influyera de manera notable la lectura de los historiadores analizados y de algunos de los que veremos a continuación, del mismo modo, cuando menos, en que la perspectiva ideológica de esos personajes públicos estuvo presente a su vez entre los historiadores[426].

Es difícil calibrar la intensidad del fenómeno, pero leídos unos y otros, resulta diáfana la permanente retroalimentación entre el discurso de los políticos y la narración de los historiadores catalanes. Un discurso, que bien proviniera del mundo provincialista, regionalista o federalista o bien del universo conservador o del progresista, coincidió básicamente en situar al absolutismo borbónico en el banquillo de los acusados de la historia. Si los liberales españoles hacían lo propio en su lucha política contra el absolutismo, pero ponderando las acciones de los Borbones en la construcción de la unidad nacional y en sus actuaciones en favor del progreso económico, en Cataluña en cambio buena parte de la élite de pensadores y políticos que configuraban la opinión pública se centraban en acusar a la dinastía de haber sido la eliminadora de la España plural y la iniciadora de un centralismo castellanizador que casi todos rechazaban de plano. Era una élite creadora de doctrina y sentimientos que se centraba más en los aspectos ideológicos y políticos que en los económicos y sociales del Setecientos. Lo que centralmente le preocupaba era descifrar el verdadero sentido y contenido de las relaciones entre Cataluña y el Estado español, y desde esta perspectiva la centuria ilustrada aparecía como un magnífico ejemplo político para reflexionar sobre lo que había que hacer en el futuro.

Aunque no es motivo de este estudio el análisis exhaustivo del pensamiento histórico de los políticos y pensadores de estos años, digamos que la valoración crítica aparece por igual en el ámbito liberal que en el conservador. Militando en el primero nos encontramos, por ejemplo, el federalismo liberal de Francesc Pi i Margall, quien se sitúa en una línea frontalmente áspera con el absolutismo borbónico, no únicamente porque Felipe V se mostrara innecesariamente vengativo con Cataluña, sino sobre todo porque lo suyo fue la manifestación concreta de la «tendencia general de la autoridad al absolutismo», que acabó no solo «con las instituciones de Cataluña, sino también [con] la libertad de España», en una secuencia que había comenzado con Carlos I en Villalar suprimiendo las libertades de Castilla y que este reino quiso extender después al resto de los reinos de España[427]. En 1877, fracasada la Gloriosa y a principios de la Restauración, Pi i Margall situaba la visión de las relaciones entre Cataluña y España en un punto de inflexión en el cual ya no estaba tan claro que la vinculación tuviera que ser la derivada del tipo de españolismo mostrado por los catalanes entre 1808 y 1814.

En ese contexto de ideario político liberal y federal, que reunía a veces a jacobinismo con fuerismo, era evidente, en cualquier caso, que el absolutismo borbónico no podía ser visto con muy buenos ojos y que Felipe V y la ciudadela eran dos símbolos de abierta opresión. Por eso también aparecen posiciones claramente contrarias en otro republicano federalista más radical y de fuerte impronta catalanista como Valentí Almirall, quien opina que la intolerancia de aquel sistema redujo a todas las regiones españolas a la degradación, y a Cataluña en concreto a la nulidad plena. Un sistema absolutista que era para él la culminación de la victoria del carácter idealista, generalista, formalista, imperialista y autoritario del universo castellano frente al carácter más materialista, analítico, positivista, constitucionalista y particularista de los catalanes. Dos pueblos distintos y encontrados a los que atribuye dos Volkgeist antagónicas y difícilmente reconciliables.

De hecho, Almirall viene a proponer un Estado compuesto (federal) que en cierta forma reivindicaba el pensamiento austracista (y con él la recuperación del ámbito confederal catalano-aragonés) frente a la nefasta victoria borbónica que acabó con las naciones de la monarquía española[428]. Una propuesta en la que desea vertebrar a Cataluña con España desde la antigua igualdad entre sus componentes. Para este destacado político, el problema no era Cataluña sino España, y más concretamente el carácter castellano, que se había demostrado nefasto para las Españas tanto con los Austrias como con los Borbones y que continuaba proclamando una idea uniformizante del Estado. Por eso llamaba a la Cataluña dormida a despertar configurando una nueva realidad política que reparara los agravios cometidos por una España progresivamente decadente que, en 1714, había acabado con la histórica identidad y la histórica independencia catalana. Para Almirall, el fracaso del proyecto de España como nación tenía su origen, fundamentalmente, en que desde los Austrias se habían seguido los principios ideológicos de Castilla basados en el autoritarismo, el centralismo y el unitarismo homogeneizador, principios que, en su opinión, eran en realidad parte sustantiva del propio espíritu castellano, bien diferente del catalán, que estaba basado en la defensa de la libertad individual y regional, en el sentido común (seny) y en el sentido de la productividad, como bien lo demostraba el éxito económico que había acompañado al principado después de la derrota de la guerra sucesoria[429].

Parecidas opiniones podemos leer en los escritos de Josep Narcís Roca i Farreras, un médico y farmacéutico barcelonés que expresó todo su ideario político de corte liberal y progresista, republicano y federal, librecambista y anticentralista, en numerosas publicaciones periódicas de diverso sesgo ideológico, donde fue de los primeros en empezar a utilizar el concepto novedoso de «nacionalismo catalán»[430]. Conocedor de la historiografía de su tiempo, Roca cimienta gran parte de su discurso catalanista radical y popular (es decir: centrado en las clases populares y excluyendo en buena medida a las élites conservadoras) en la práctica de un historicismo donde cree encontrar las claves explicativas de la situación subordinada de Cataluña, así como de las políticas que debían realizarse para liberarla y conseguir su mayor progreso como país. Un país catalán que Roca veía incardinado en el seno de España siempre que esta se convirtiera, cuando menos, en un Estado federal en el que Cataluña debía ser, precisamente, la vanguardia del federalismo en lucha contra el centralismo y el absolutismo[431].

En este discurso político fuertemente influido por la historia, Roca hace jugar un destacado papel al Setecientos. Con un posicionamiento claramente antiborbónico y antifrancés, nuestro articulista afirma que la tradición política más señalada de Cataluña es desde siempre la de «l’esperit d’independència nacional, l’esperit autonòmic o de regir-se solament per ses lleis pròpies». Y en su opinión, esa independencia nacional se ha visto atacada, particularmente desde la unión con Castilla, por un centralismo castellano que ha ido siempre en contra de los intereses del principado. Una porfía castellana contra los catalanes por despojarlos de sus «lleis, costums, carácter, riqueza moral i material, fins de sa llengua», que tuvo en 1714 un punto culminante cuando Castilla y Francia cayeron sobre Barcelona. Desde entonces, el principado no es para Roca más que una «provincia descentralitzada d’un Estat unitari, centralista».

En el pensamiento de este político barcelonés, comenzada con la derrota de los comuneros castellanos, y culminada con la derrota de los catalanes a manos de Felipe V, este lamentable estado de subordinación política de Cataluña tuvo una consecuencia muy concreta y trascendental: los catalanes se «españolizaron» o «castellanizaron» degenerando con ello «el nostre carácter». Es decir, en esta dominación iniciada por los Austrias, la violencia de Felipe V fue sin duda la responsable última de crear un Estado centralista y de promocionar la desnacionalización de Cataluña, fenómenos que de no haber existido afirma que hubieran permitido una mayor expansión intelectual y material de los catalanes. Así lo expresa con claridad:

Moralment no hauria degenerat el carácter català, seriem catalans purs y varonils encara. Aixa con som catalans espanyols a la no-castellana. Intellectualment hauríen arribat més pronte al moviment filosòfic, polític i científic d’Europa. Catalunya separada, sola, independent, deixada en pau per Austríacs i Borbons, lliure de la unitat espanyola i de sa centralització, hauria fet per ella mateixa, da se, con diuen en Italia, molt més del que ha fet essent provincia d’Espanya[432].

Felipe V fue, pues, quien certificó violentamente el fin de la autonomía, de la independencia de Cataluña, quien a juicio de Roca acabó con la tradición «republicana» y «democrática» de los catalanes[433]. El origen de los males estaba para este autor en la unidad de los Reyes Católicos, pero el perfecto culminador de todos ellos fue el primer Borbón, que acabó con las libertades e instituciones catalanas e inauguró una política de desnacionalización moral y sentimental. Y frente a estas agresiones del centralismo y el absolutismo borbónico, cree que las clases populares habían sido siempre más leales a la independencia de Cataluña que las clases privilegiadas. En suma, retengamos dos ideas concomitantes de Roca: Cataluña se hace provincia y se desnacionaliza y, de no haber sido así, todo hubiera ido mejor para los catalanes en cuanto a la nacionalización del país, a la vida intelectual y a la economía. Ideas ambas que no iban a caer en saco roto con el paso del tiempo.

En el otro lado del abanico ideológico, no faltan tampoco las valoraciones negativas del absolutismo. Aparecen, por ejemplo, cuando el obispo Josep Torras i Bages, desde un regionalismo católico y conservador que pretende catalanizar Cataluña desde una visión tradicionalista, esencialista y providencialista, declara su desacuerdo con dicho sistema político por sus posturas regalistas y por su artificioso centralismo jacobino (políticas igualmente practicadas, a su juicio, por el liberalismo que él combate); un centralismo al que Torras opone la función natural y benéfica de la familia, del municipio y de la región gestada en los idílicos tiempos medievales[434]. Su enemiga era la Revolución Francesa por unitarista y uniformista, y lo que implantó Felipe V resultó sin duda un anticipo de la misma.

Sin embargo, aunque estaba persuadido de que el absolutismo borbónico no era un sistema adecuado para la «naturaleza social del país» (se entiende que Cataluña) y que era por tanto un organismo «exótic» y no «viable», Torras no deja de afirmar que el régimen tradicional catalán adolecía a su vez de defectos y vicios que no se extirparon a tiempo y que vino a suprimir en parte el régimen nuevo[435]. Y desde luego, como buen clérigo, se muestra comprensivo con la Universidad de Cervera por la contribución que en ella realizaron los religiosos, especialmente los jesuitas, y por el mantenimiento, a su juicio, de un cierto espíritu catalanista en intelectuales como Finestres o Dou[436]. Con todo, el obispo Torras estuvo siempre dispuesto a un combate por despertar al pueblo catalán, devolverlo a su natural ser virtuoso propio de la tradición proveniente de la espléndida Edad Media y del catolicismo, así como a conducirlo a su unánime unidad interior contra el unitarismo homogeneizador inaugurado por Felipe V y ensalzado por la Revolución Francesa. Torras creyó que era precisamente la regionalización contraria al absolutismo unitarista lo que podía ocasionar la necesaria regeneración que España precisaba. Y en esa tarea, la región española más genuina y próspera que era Cataluña debía ejercer un papel pionero y preponderante.

También desde estas mismas huestes del regionalismo conservador catalán, un foralista como Joan Mañé i Flaquer veía con escasas simpatías al absolutismo borbónico[437]. Mañé era un hombre cercano a la Unión Liberal, que se inició en el periodismo con su amigo Víctor Balaguer, fue catedrático de latín y castellano en la Universidad de Barcelona y acabó dirigiendo durante casi tres décadas el Diario de Barcelona, sin duda uno de los periódicos más prestigiosos de la España de su época, donde algunos estudiosos consideran que se convirtió en una especie de «oráculo» de la burguesía catalana, especialmente en su primera época, cuando abrazaba posiciones más liberales y algo menos conservadoras y católicas. Opuesto al carlismo, al republicanismo federalista de Almirall y al catalanismo de la Lliga, Mañé era un personaje de fuerte criterio personal, que se especializó en el estudio de los fueros vascos y navarros, de los que fue uno de sus grandes defensores, como mostró en su conocida obra El oasis: viaje al país de los fueros, publicada en tres volúmenes entre 1876-1880, antesala de su última y más madura publicación, El regionalismo, editada por vez primera en 1897[438].

Aunque sería necesario un estudio pormenorizado sobre la posición de Mané respecto al absolutismo, es notorio que parte de la premisa de que la derrota a manos de Felipe V fue nociva para los catalanes, para sus instituciones y para su personalidad, dado que desde entonces, opina, se impuso un régimen centralizador que él rechaza desde su visión regionalista de una España en la que deseaba que Cataluña estuviera inscrita en pie de igualdad con las demás regiones pero conservando su idiosincrasia. Además, Mané piensa que con el primer Borbón se instaló un odio popular hacia «lo castellano» que solo se superó en parte en la guerra de la Independencia y que todavía perduraba en ciertas capas sociales de la Cataluña de su época.

Con todo, el periodista de Torredembarra resulta algo contradictorio en ocasiones porque su rechazo al parlamentarismo liberal y su defensa del foralismo le llevan a veces a emitir juicios un tanto más benignos sobre los reyes absolutos. Buena prueba de ello la tenemos cuando afirma «hemos de estar más quejosos de los gobiernos parlamentarios que de los Reyes absolutos, pues que aquellos nos han quitado lo que estos nos habían dejado», y dicho esto recordaba «que no nos impusieron [los monarcas] el servicio militar obligatorio, ni la unidad de pesas, medidas y monedas […]»[439]. O como cuando parece justificar la acción de Felipe V al afirmar que «Cataluña se vio privada de la mayor parte de sus fueros por el justo derecho de conquista; pero al no existir este derecho, Felipe V, soberano absoluto, podía romper el pacto por la potestad que en él residía de hacer y deshacer las leyes, bien que no de hacer y deshacer pactos»[440]. O como cuando, finalmente, en su libro clásico El Regionalismo, recuerda que:

Para justificar las quejas de Cataluña y los motivos de separación más o menos absoluta que nos asistían, se supuso que habíamos sido víctimas de la malquerencia del resto de España desde el tiempo de Felipe V […], no fue siempre culpa ajena el que se realizasen sucesos contrarios a nuestras tradiciones y maneras de ser, sino falta de convicción o de previsión de nosotros mismos[441].

De cualquier modo, creo que en Mañé había una ambivalencia muy propia de su posición política fuerista, regionalista y conservadora: no veía con malos ojos que la dinastía borbónica hubiera certificado la unidad española impulsada por los Reyes Católicos, pero sí se mostraba claramente contrario a que hubieran impuesto una concepción centralizadora y aniquiladora de los fueros catalanes. En eso consistía, precisamente, su postulado de regionalista conservador, en reclamar una España de las Españas.

De parecido tono fueron también las aportaciones de Francesc Romaní Puigdengolas en dos de sus principales libros, El federalismo en España, publicado en 1869, y el más tardío Antigüedad del regionalismo español, editado en 1890[442]. En esta última obra (más relacionada con los propósitos del presente estudio), este abogado nacido en Capellades en el seno de una de las principales familias de la industria papelera, de sesgo conservador, católico (llegó a ser presidente de la Asociación de Católicos de Barcelona) y federalista, cofundador de la Revista Regional en contestación a las posiciones del federalismo liberal de Almirall y que era un acérrimo defensor del código civil catalán y de profundas convicciones proteccionistas, plantea sus principios políticos foralistas y anticentralistas en torno a una idea histórica central: la naturaleza básica constitutiva de lo hispano era la pluralidad regional.

El jurisconsulto Romaní está persuadido de que, desde la noche de los tiempos, cuando menos desde la Reconquista, España se ha constituido sobre la base de la pluralidad de sus pueblos y no del uniformismo que algunos autores y políticos de su tiempo proclamaban desde una visión castellanocéntrica y uniformizadora[443]. Partiendo de estas premisas ideológicas de federalismo conservador, es lógico que Romaní no vea con buenos ojos la progresiva imposición de un «cesarismo» de raíz castellana (pueblo que considera «orgánicamente» predispuesto para tal tipo de poder) que en Cataluña representó «los preliminares de la tragedia más horrorosa de que tenemos noticia» al ser el comienzo del fin de la armonía social, la acordada división de las funciones en la participación política, la satisfactoria relación entre nobleza y empresa, la respetable consideración social hacia los grandes mercaderes y el control del poder regio, es decir, todo lo que los catalanes habían construido de bueno en los esplendorosos tiempos medievales.

Así define el cesarismo Romaní:

El cesarismo representa la negación de toda la magnífica labor de la Edad Media, es la contradicción de los fueros nobiliarios y eclesiásticos en su condición independiente, es la destrucción de los fueros de la ciudad y de la región, es el anonadamiento de la vida social federativa, es en fin endiosar a un solo hombre a expensas de la comunidad, el que no se contentará con llamarse Estado, sino que contenderá con el Vicario de Dios en la tierra y le disputará los frutos de la gran cruzada que desde el barbarismo ha venido librando para la civilización[444].

Y así define el tradicional sistema político catalán:

Aquello sí era una monarquía modelo en lo que cabe lo humano, en ella actuaban casi todas las clases, y todos los intereses fueron alcanzando representación verdadera y legítima alrededor del trono. El rey se hallaba sabiamente capacitado para realizar el bien, así como se le hizo impotente para el mal, gracias, sobre todo, sentencia nuestro autor, a las instituciones populares que lo fiscalizaban. Y por si eso no fuera suficiente, Romaní afirma que había además una «atmósfera moral e intelectual» que rodeaba al monarca y que se hallaba «saturada de sentimiento religioso» para propiciar de este modo que «los frutos de la acción soberana han de ser justos, equitativos, saludables y fecundos»[445].

Aunque durante los Austrias recuerda que hubo diversos «agravios» contra Cataluña, en especial en los tumultuosos tiempos de un conde duque que «contribuyó a pisotear los fueros y libertades de la tierra [catalana]», piensa sin embargo que el verdadero final ocurrió el día en que Carlos II, «uno de los reyes más menguados, dispusiera de la corona a su arbitrio y la entregara a su constante enemigo, el de Francia, cuyo absolutismo repugnaba instintivamente a Cataluña, razón suficiente para que gustara a la oligarquía nobiliaria»[446]. Y si bien reconoce nuestro autor que Felipe V realizó unas Cortes que no se convocaban desde hacía muchos años y que fueron favorables a los catalanes, también afirma que enseguida fueron incumplidas y que «volvió la Corte castellana a sus máximas absorbentes», lo que explica a su criterio que Barcelona se decantara por el archiduque y diera comienzo la «famosa guerra de sucesión, guerra nacional y europea a la vez». Una guerra que acabó mal. Con indisimulado desagrado, Romaní rememora después que tras la dura contienda y la honrosa derrota de Cataluña, en parte por el abandono de los aliados y en parte por la ayuda de Luis XIV a los borbónicos españoles, vino el Decreto de Nueva Planta y «el terror envolvió toda la tierra, el tirano destruyó todas las libertades […] y llegó la ciudad a ser gobernada por ridículos aduladores del poder, cuya vileza se extremó en tiempos de Godoy ¡Parece increíble como degrada el servilismo!»[447].

Ahora bien, en medio de ese detestable absolutismo borbónico, nuestro autor reconoce, sin embargo, que con Fernando VI y Carlos III se hicieron cosas favorables a Cataluña, como fueron la restauración del Consulado, «en cuya institución se refugió la Genialidad barcelonesa», las disposiciones proteccionistas favorables a la manufactura y la apertura del mercado colonial, medidas que reanimaron al país y sirvieron para «gallarda muestra de su inextinguible espíritu de empresa [catalán]». Es decir, para Romaní, por encima de otras regiones españolas que habían apoyado a los Borbones, fue la perdedora en la guerra quien terminó siendo la vencedora en la paz, y ello gracias especialmente a un inveterado espíritu empresarial catalán que supo provocar y aprovechar las acertadas medidas de los gobiernos borbónicos. Al enumerar la idiosincrasia de cada región española, para el caso catalán pone el énfasis en su cultura de la lealtad, en el sentido democrático de sus instituciones y, sobre todo, en un aspecto a su criterio «trascendental y característico», aquel que proviene «del amor al trabajo y del espíritu de empresa industrial y mercantil». Y añade: «En este punto sobresale Cataluña sin rival desde los primeros siglos, y esa virtud permanece inextinguible aun después de aprisionada y maltrecha su vida soberana»[448]. O dicho de otro modo, cuando el Estado se mostraba sensible a las necesidades de los catalanes y proclive a respetar y aprovechar su genio empresarial, Romaní opinaba que Cataluña se desarrolla y España se beneficiaba. Y eso que había pasado en el Setecientos, el patricio catalán deseaba que siguiera pasando en su época frente a las políticas librecambistas defendidas por algunos mesetarios.

El Setecientos fue para este afamado jurista un siglo antipático por el absolutismo que practicó, pero no se abstuvo de reconocer sin embargo que en dicha centuria comenzó a fraguarse el renacer de Cataluña, cosa a la que los Borbones no fueron absolutamente ajenos en su opinión. Romaní no deseaba que Cataluña se separase, sino que fuera tratada con respeto en una España plural, y ello pasaba por no repetir el centralismo político borbónico pero sí por hacer en cambio cosas parecidas en la vida económica a las efectuadas en tiempos de Carlos III. Y por eso defendía que su patriotismo español pasaba por luchar para que su España regional triunfara frente a cualquier tipo de absolutismo centralizador y más todavía si era de factura liberal[449].

Es decir, para Romaní había que apostar porque Castilla no continuara con su tradicional espíritu de imponer a las demás nacionalidades españolas sus propias leyes y costumbres, su propio ser. Había que evitar que a través de la fuerza del Estado otra vez triunfara una Constitución política uniformista y centralizadora como la que se gestó con la Nueva Planta en 1716. Había que evitar que se reprodujera la aniquilación de una monarquía paccionada, de una España federativa y democrática al estilo de lo que había sido el santo y seña de la personalidad histórica de Cataluña. Una «corriente civilizatoria catalana» que no había desaparecido por «decrepitud y vicios sociales» propios, sino porque una «fuerza mayor la comprimió y la despojó de sus múltiples expansiones». Y la prueba de esa fortaleza de la «civilizatoria catalana» era que cuando desapareció el absolutismo borbónico, Cataluña y otros pueblos de España volvieron a mostrar su «bizarría» y su personalidad.

En todo caso, esa era para Romaní la principal lección que el Setecientos seguía ofreciendo a los catalanes y a los españoles: España debía hacerse por el mutuo consenso de sus partes y no por las imposiciones de una de ellas, y un motivo central para conseguir una unidad hispana que no impidiera su diversidad debía ser el fiel seguimiento de la conjunción entre la religión católica y los principios foralistas[450]. Así lo expresa Romaní cuando afirma que desea escribir su historia del tema regional para contrarrestar las visiones efectuadas por los servidores del absolutismo o por sus detractores:

Nos corresponde […] aleccionarnos [con la historia] con los desastres de subyugar unos pueblos a otros, máxime cuando han de vivir hermanados, formando un conjunto libre, paccionado y no forzado por el molde estrecho y exclusivo de uno solo, que por ser el más fuerte respecto de cada uno, se prevale de la unión para esclavizarlos a todos[451].

Capítulo 5
LOS INICIOS DE LA HISTORIOGRAFÍA NACIONALISTA CATALANA

Al estilo de las antiguas reclamaciones de las Cortes medievales catalanas, el 10 de marzo de 1885 Joaquim Rubio i Ors entregaba a Alfonso XII un Memorial de Greuges exponiendo las quejas de una parte de la sociedad catalana ante el proyecto de unificación del Código Civil español y un convenio comercial con Gran Bretaña. Sin embargo, el largo alegato expresaba también inquietudes más estructurales sobre los intereses «morales y materiales» que la élite catalanista de la primera década de la Restauración pensaba que el monarca debía conocer[452]. El texto resultaba una clara expresión de la coyuntura expansiva por la que estaba pasando el catalanismo político y el fruto de una evidente connivencia entre el pensamiento de la burguesía industrial catalana con amplios sectores de la intelectualidad, que reclamaban el cese de la política centralista y unificadora de los partidos políticos españoles de la Restauración, el respeto a la idiosincrasia de Cataluña (idioma, derecho, costumbres), una relación bilateral entre el monarca y los representantes catalanes y un marco de organización geopolítica hispana que respetara a las Españas dentro de una unidad española que no se cuestionaba en absoluto, una nueva planta política que borrase del mapa el centralismo impuesto por los Austrias primero y por los Borbones después[453].

Era, por cierto, la misma anualidad en que el propio Rubio publicaba sus Lecciones elementales de historia de España en las que después de recordar que Felipe V condenó a Cataluña a perder sus fueros, hacía un elogio de las reformas que dicho rey emprendió «en todos los ramos de la administración llevadas a cabo por sus sabios ministros» y cuyo espectacular resultado fue que:

España tan pobre y abatida al finalizar el siglo XVII pudo, durante este reinado, asombrar a Europa con la grandeza de sus armamentos navales, acometer la conquista de Sicilia y llevar a cabo la reconquista de Oran, levantar ejércitos numerosos a la vez que su casi muerto crédito, al propio tiempo que restauraba sus abatidas industria y agricultura, daba nuevo vuelo a su comercio y fomentaba el cultivo de las artes, las ciencias y las letras, estas últimas con la fundación de las Academias de la lengua y de la historia[454].

Una tarea reformista continuada según Rubio por el «noble y bondadoso» Fernando VI, culminada por Carlos III y sus grandes ministros que devolvieron a los catalanes algunos privilegios perdidos y, finalmente, puesta en entredicho por el poco recomendable Godoy y los acontecimientos de la guerra de la Independencia. Era también, es preciso recordarlo, el mismo año en que se reeditaba la obra de Balaguer con el título de Historia de Cataluña, y uno antes de que se fundara el Centre Escolar Catalanista, filial del Centre Català, entidad que se iba a convertir en un instrumento muy importante en la historia del nacionalismo catalán posterior.

En medio de este efervescente ambiente político de finales de los ochenta, las fecundas relaciones entre el catalanismo político y la historiografía no hicieron más que intensificarse. Puede contemplarse esta afirmación en la obra de Antoni Aulèstia, Història de Catalunya, publicada en 1887 en Barcelona[455]. Este jefe de administración de la compañía de tranvías de la Ciudad Condal al tiempo que escritor, político e historiador, fue el autor de una primera historia nacional de Cataluña en catalán, una obra en la que el principado no aparecía tanto como la historia de una región de España sino como una entidad política en sí misma. Hecho de importancia no solo por su carácter pionero, sino porque certificaba el auge que el idioma vernáculo había experimentado como lengua de cultura entre la intelectualidad catalana, y también porque era un acto consciente de militancia política y cultural claramente catalanista (Aulèstia pertenecía a la Unió Catalanista) en parecida línea en la que Almirall había efectuado ya sus aportaciones a dicha ideología.

Además de sostener claramente este sesgo doctrinal, Aulèstia intentó realizar en su obra la difícil (por no decir imposible) combinación de las dos tradiciones historiográficas que en su momento estaban en boga: el veterano pero todavía influyente romanticismo y el positivismo en auge que representaban obras como las de Coroleu y Pella i Forgas o las primeras aportaciones de Salvador Sanpere i Miquel[456]. Como él mismo afirma en su prólogo, la intención era escribir una historia que sirviera para «resoldrer lo gran problema del regionalisme», contribuyera a «aumentar l’entussiasme per las glorias de la terra» y que, no obstante, «no es que entengán dir que la historia haja de ser parcial y servidora d’una escola política determinada; sinó que volém significar que dintre del criteri rigurós de la veritat, pot allissonar als d’avuy é inspirarlos un sencer esperit de pátria»[457]. Espíritu de patria que Aulèstia no contemplaba, por tanto, como una posible contaminación ideológica en su tarea de investigador, sino como la misión «natural» para la que debían servir la historia y los historiadores.

Desde una clara intencionalidad didáctica aplicada a procurar emotividad patriótica en aras de que el lector aumentase su conciencia nacional catalana y que los ciudadanos se hicieran cívica y políticamente catalanistas, y sin buscar por ello la ruptura con la idea de las Españas, Aulèstia no representa, en cuanto a su interpretación del siglo XVIII, una novedad significativa respecto a los anteriores autores. Siguiendo en buena medida a Bruguera, afirma que la guerra de Sucesión acabó con el régimen que estimaba el pueblo catalán y el verdaderamente tradicional en España. Con la derrota de los austracistas, que en su opinión eran la veraz causa de la «pàtria», Cataluña perdió su autonomía política y sus libertades; por eso, al caer Barcelona, recuerda que «l’ultima regió d’España que havía sostingut las tradicions de llibertat quedava ja als peus del absolutisme»[458]. Para Aulèstia la revuelta austracista fue, en realidad, por la defensa de España y de sus reinos. ¿Y después? Pues una feroz represión de Felipe V y una nueva planta política extraña, que los catalanes fueron admitiendo al principio como «l’ensopiment del esclau que ha perdut tota esperansa»[459]. A la muerte del primer Borbón, a la España que él había creado con «una aparent grandesa, li faltava lo fonament que l’havia mantiguda en equilibri durant tantas centurias, y quedava exposada a no trobar repós verdader»[460]. Así pues, para nuestro historiador España quedó durante el Setecientos bajo un mandato absolutista que centralizó el poder al tiempo que el país se dividía entre reformistas y conservadores, una dicotomía equivalente, afirma, a la existente entre los liberales y los tradicionalistas de su propio siglo. Por su parte, Cataluña restó sin capacidad de actuación política, aunque manteniendo la singularidad de su legislación civil propia y dedicándose especialmente a rehacer sus fuerzas económicas con la suerte de que Fernando VI y Carlos III supieron conservar la paz interior y tener en cuenta algunos intereses del principado.

En efecto, Aulèstia considera especialmente fructífero para los catalanes el reinado de Carlos III, un monarca a quien recuerda que se recibió con grandes agasajos a mediados del siglo a su llegada a Barcelona para hacerse cargo de la corona, en un claro signo de definitiva reconciliación entre los Borbones y los catalanes. A lo largo de su gobierno amparó el desarrollo económico de un «país productor» como el catalán con medidas proteccionistas de la industria y liberalizadoras del comercio colonial[461]. Y también fue durante este período cuando la cultura catalana mostró una gran vitalidad y pudo influir «poderosamente en lo conjunt de la civilisació espanyola»[462]. Con Carlos III, España, y con ella Cataluña, «havia emprés decididament lo cami cap a la vida moderna, donant impuls a totas sas activitats»[463].

Así pues, para nuestro historiador la prosperidad de estos reinados favoreció que la antigua dinastía enemiga fuera progresivamente admitida en Cataluña. En las guerras contra Francia de 1793 y 1808, no es que la gente del principado no siguiera teniendo los «conmovedors recorts que inspirava en ella lo crit de llibertat», sino que sabía que en nada podía asegurar la Francia revolucionaria la autonomía de Cataluña, y por ello era mejor continuar con una dinastía borbónica que en los últimos años se había mostrado al menos algo protectora de los intereses catalanes. Ahora bien, finalmente, lamenta que en medio de la guerra de la Independencia, la necesaria autonomía de Cataluña, que pasaba por restituir su tradicional cuadro institucional representativo, quedase nuevamente cercenada en una Constitución gaditana que preparaba «lo germen de la centralisació, que es la caracteristica de la moderna política»[464]. Y con esta decisión, remata Aulèstia,

Tot lo patriotisme que’s vulga, donchs, reconeixer als qui donarem á España la constitució de Cádiz, no es obstacle a que, ab tota imparcialitat, dega negarse que aquesta logrés la armonía que’s proposava; com ho demostrá la experiencia al trobarse dividits desde’l moment los españols en dos camps, que’s feren y han continuiat fense dura guerra[465].

En cualquier caso, para Aulèstia, los tiempos de la contienda contra Napoleón mostraron que Cataluña manifestó su propia personalidad como «región política» particular y fue un paso adelante para mostrar de nuevo sus reivindicaciones como tal[466].

A finales de la centuria decimonovena, la versión historiográfica catalanista sobre el siglo XVIII parece extremarse en la medida en que lo hicieron también sus posiciones políticas, cada vez más alejadas del moderantismo de la Restauración y más desengañadas respecto al modelo centralizador de la organización del Estado propiciado por el liberalismo. El provincialismo, el regionalismo y el catalanismo, así como el federalismo, que admitían de hecho el doble patriotismo, empiezan a tener serios competidores en un nacionalismo progresivamente conformado por personajes como Almirall o Enric Prat de la Riba, que comienzan a plantear que patriotismo catalán y español no son fácilmente compatibles: era la culminación de una senda iniciada antes y que ahora empezaba a ultimarse. Frente a la historiografía propiciada por Lafuente primero y por la Restauración después, en este caso de la mano del director de la Real Academia de la Historia, Antonio Cánovas del Castillo, tendente a buscar en el Setecientos los orígenes positivos de la unificación, centralización y homogeneidad de España que debían llevarla a la modernidad y a Europa, la historiografía catalana de inspiración catalanista primero y nacionalista después fue oponiendo un modelo interpretativo plurinacional de la historia de España en la que el Setecientos tenía una faz más bien negativa, sobre todo en los inicios del reinado de Felipe V y en las cuestiones que afectaban al repartimiento territorial del poder político[467].

Siguiendo los pasos de Aulèstia, pero radicalizando algunas de sus posiciones, el sacerdote, geólogo, historiador de la ciencia y propagador del excursionismo científico, el presbítero Norbert Font i Sagué, publicaba en 1899 otra Història de Catalunya en catalán de carácter muy sintético y con un afán claramente didáctico para la concienciación nacional catalana en la creencia de que:

Si volguessem esbrinar los factors mes importans que han intervingut en la reivindicación de la Nacionalitat Catalana, los medis que més han contribuhit a que lo catalanisme, o millor, lo nacionalisme catalá arribés al estat actual, sens dupte trobaríam que, més que’ls desacerts y vexacions del centralisme, han sigut los estudis histórichs[468].

Después de esta nítida declaración de principios sobre el papel estratégico del conocimiento histórico en «el renaxement polítich de Catalunya» y como medio de «propaganda mes activa» para aumentar «lo nombre dels campions nacionalistes» en la medida en que se conocen las «antiguas gestas» y la «passada grandesa», Font parte del axioma de la existencia de un pasado que fue espléndido por la capacidad de autogobierno de unas instituciones propias frente a un presente catalán sojuzgado por el centralismo. Desde esta perspectiva, pretende ante todo escribir una historia nacional correspondiente a un país que tenía como atributos esenciales, según Font, el principio de libertad política basada en el sentido práctico de las necesidades humanas, la unidad y la independencia de la nacionalidad catalana, así como la existencia de controles de los catalanes frente al poder[469]. Es decir, «compendiar en la present Història de Catalunya la vida de la Nacionalitat Catalana». Su visión de la centuria ilustrada, ciertamente muy esquemática (pero por eso mismo también muy diáfana), es significativa en cambio de una ascendente impronta nacionalista tanto en las cuestiones ideológicas nacionales, en las interpretaciones históricas como en las propias expresiones literarias.

Para este autor, el Setecientos es el siglo de la «centralización de Cataluña» y de su «verdadera esclavitud». Una centuria en la que el principado es tratado «despóticament» después de haberle arrebatado sus libertades, instituciones y sistema político, que constituían «son modo particular d’esser» (su modo particular de ser), y después de vengarse cruelmente los opresores encabezados por Felipe V, al que Font califica sin ambages como «lo rey més funest que ha tingut la Nacionalitat Catalana»[470]. En conclusión, «“Catalunya entre en una rápida decadencia y ensopiment, com l’esclau que ha perdut tota esperança de llibertat” y ello ante el “indiferentisme de la Europa»”[471].

¿Y que hizo Cataluña durante este siglo tan funesto política y nacionalmente? Pues ante la pérdida de su capacidad de gobierno, ante la supresión de sus universidades, ante la marginación de su lengua, Font afirma que se entregó al trabajo para reconstituir su riqueza, a mantener el derecho civil propio que no había quedado derogado y a progresar intelectualmente, sobre todo en el terrero de unas ciencias experimentales que en Castilla y otras regiones españolas no se practicaban. Una actitud activa de la sociedad catalana, propia de su ancestral carácter laborioso, que no obstante reconoce que tuvo un buen entendimiento con los gobiernos de Carlos III, los cuales favorecieron que durante su reinado, en lugar de peleas entre reformistas y tradicionalistas como ocurría en el resto de España, Cataluña fuera en cambio capaz de progresar económicamente «gracies a les lleys de carácter económich, al sistema proteccionista que imperá en tot son rigor, y a la reparació de la gran injusticia comesa ab la privativa concedida al comerç de Andalucía per enviar ses naus a América»[472]. De hecho, Font recoge también la supuesta exclusión de Cataluña del comercio americano como uno de los más evidentes agravios cometidos hacia ella y, por ende, su reparación carolina es considerada de manera muy positiva por él. Por último, en el caso de la guerra Gran contra los franceses en tiempos de Carlos IV, opina que, como en otras ocasiones, Cataluña tuvo que luchar sola ante la inoperancia del poder central.

Como vemos, a pesar de una cierta mayor radicalidad en el lenguaje, nada nuevo bajo el sol respecto a los historiadores de los años sesenta y ochenta de ese siglo. El paradigma filoaustracista está ya construido y operativo. Casi todo lo que dice está en Aulèstia, pero también en Balaguer o en Bofarull. Si acaso, la mayor novedad es que progresivamente España aparece cada vez más como un mero Estado y Cataluña como la única nación, y desde esta visión política se interpreta de manera cada vez más presentista la historia de la Cataluña del siglo XVIII.

Mucha mayor trascendencia que la opinión de Font, tuvieron las posiciones de Enric Prat de la Riba[473]. Y ello por la sencilla razón de que el máximo ideólogo del catalanismo nacionalista de finales del XIX y principios del XX siempre tuvo en el discurso histórico a uno de sus referentes esenciales a la hora de elaborar sus propuestas ideológicas y de articular sus actuaciones políticas. Veía en la historia no ya un mero ejercicio de nostalgia movilizador, sino uno de los basamentos axiales para construir sus ideas sobre lo que Cataluña debía realizar en el presente y en el futuro al objeto de poder demostrar libremente toda su personalidad nacional. Una personalidad nacional que estaba convencido de que la historia evidenciaba que se había podido desarrollar mejor en las épocas en que Cataluña tenía más autonomía y, gracias a ella, más esplendor socioeconómico y mayor relevancia internacional[474]. La historia se convertía para el ideólogo Prat en un modelo que podía servir para cimentar la viabilidad de su propia propuesta política.

Con Prat de la Riba el catalanismo empezaba a convertirse decididamente en una especie de «religión» política secular que requería a la historia para nacionalizar a las masas y que estas tuvieran a la sociedad civil y a la patria como divisas fundamentales de una ciudadanía moderna concebida en términos burgueses y nacionalistas. Por eso la historia debía servir para luchar contra la descatalanización y la desnacionalización de los catalanes. Y por eso tampoco debe extrañar que fuera construyendo a lo largo de su trayectoria política un discurso histórico propio con base en las lecturas de los mejores historiadores de su época. Entre otros posibles ejemplos sobre el estratégico papel de la historia, pueden consultarse sus palabras publicadas en la Veu de Catalunya el 22 de octubre de 1899:

De tots els coneixements humans, és indutable que els que influyesen d’una manera més directa i decisiva en la formació del criteri polític són els coneixements històrics […]. Per això els que no saben història acostumen a no tenir-ne de criteri polític o a tenir un criteri apriorístic que per cualificar-lo d’una manera o altra s’ha acabat per dir-ne filosòfic; per això també els que tenen coneixements històrics equivocats orienten en una direcció errada el seu pensament polític […]. D’aquí ve que els interessats a modificar la consciència d’un país s’esforcin a donar-li una història més o menys falsificada […]. Tal com s’havia montat l’ensenyament entre nosaltres, el nostre poble havia d’ignorar que mai hagués tingut vida pròpia i efectivamente ho ignorava[475].

Ignorancia histórica del pasado propio catalán con la que era prioritario acabar. La historia tenía para Prat un finalismo claro y muy trascendente: enseñar la historia de Cataluña para nacionalizar a los catalanes. Junto a la lengua y al derecho era el tercer bastión para recuperar y cimentar la verdadera identidad de Cataluña.

Seguidor de Joseph de Maestre y de Charles Maurras, nuestro político veía a Cataluña como una nacionalidad natural e histórica a la vez, una nación producida por el esfuerzo del pueblo catalán mediante su Volkgeist, una nación única que, constituida por y con su «espíritu nacional», nadie podía compaginar con otra pertenencia patriótica: la nación catalana era la única patria posible para los catalanes. De hecho, con Prat se atisbaba el fin del patriotismo compartido de las anteriores élites catalanas. Ahora, en medio del pesimismo español del 98, se levantaba el optimismo nacionalista de un grupo de jóvenes intelectuales capitaneados por Prat, que iba a ofrecer una visión más radical del catalanismo: Cataluña era su única patria y, en todo caso, España podía ser un Estado en el que habitar si se le permitía a la primera desarrollar todo su potencial nacional.

En sus diversas síntesis divulgativas, el Setecientos tiene casi siempre un hueco particular y con una especial significación para la historia catalana. Prat muestra en todas ellas una centuria decimoctava negativa en lo político y en lo cultural, mientras que pondera al siglo como la época histórica en la que comenzó a desarrollarse la modernización económica del principado. Una etapa bipolar que representó una nefasta desnacionalización de Cataluña, pero en cambio una evidente bonanza en la vida material de los catalanes culminada con la industrialización de la centuria siguiente. Prat insistía en parecidos argumentos que sus antecesores, pero lo hacía con un mayor énfasis y con la autoridad que le daba su enorme proyección política de aquellos momentos.

En su clásico La Nacionalidad catalana, editado en 1906, una obra con clara vocación proselitista que se convertiría en un obligado punto de referencia para el catalanismo de su época, Prat opina que desde el compromiso de Caspe y la unión con Castilla, el poder real, la monarquía, había sido claramente contraproducente para una Cataluña que amaba sus libertades y sus instituciones representativas contra el poder absoluto de los reyes, una Cataluña que al caer bajo la dominación de los Trastámaras fue castellanizándose en la lengua y en la cultura y perdiendo con ello identidad nacional y desnaturalizando su carácter colectivo. Desde esta perspectiva, reiterada en numerosas ocasiones en sus escritos, de que Castilla se adueñó de España y colonizó a los demás pueblos peninsulares, opina que Felipe V no hizo más que culminar de forma violenta un proceso que venía de lejos y que dejó a Cataluña «pobra, sense acció política, sense cultura propia, sotmesa al govern, a la llengua, a la direcció social d’un altre poble, Catalunya va perdre la noció de la propia personalitat, va devenir provincia»[476]. Una «provincia» que, en su parecer, gracias a que algunas escogidas personalidades aisladas y «el sentir inconscient de la massa» mantuvieron la llama viva de la catalanidad, pudo recuperar el pulso de su personalidad en tiempos de la Renaixença. Fue, si se me permite la metáfora, el despertar de la Bella Durmiente.

Estas dos ideas centrales de desnacionalización de Cataluña desde su esplendorosa Edad Media y de recuperación de su identidad gracias a que se mantuvo la llama viva de la catalanidad en el Setecientos por parte de algunos pensadores y del pueblo, que hemos encontrado ya en autores como Balaguer y sobre todo Bofarull, volverían a surgir con fuerza a lo largo de la historiografía catalanista del siglo siguiente, perviviendo vigorosamente hasta nuestros días. Era la Cataluña adormecida después de 1714 que supo despertarse en la centuria que Prat estaba cerrando con sus nuevas propuestas nacionalistas para recuperar con ello la edad dorada que había vivido la Cataluña medieval, cuna última de la verdadera identidad institucional y política catalana. De ahí sus posiciones favorables al corporativismo como régimen representativo democrático frente al parlamentarismo y, por supuesto, frente a los sistemas absolutistas.

Siguiendo en parte los ecos de Almirall, Prat mantenía una posición que partía del convencimiento de que Castilla había aprovechado su posición para crear un Estado a su medida que servía para oprimir a los otros pueblos de España que tenían diferentes formas de ser y comportarse. Castilla había sido siempre asimiladora cuando no directamente cultivadora de una imposición de carácter despótico incapaz de convivir con las otras sensibilidades peninsulares. Prat tenía la convicción de que Cataluña había sido siempre marginada y minusvalorada por un centralismo homogeneizador que, comenzado en tiempos de los Reyes Católicos, había tenido una cruenta culminación con Felipe V. Por eso no dudó en afirmar sin ambages que: «El Estado español, en la forma unitaria que hoy tiene y que siempre ha tenido, es el mecanismo de que se vale Castilla para dominar a los otros pueblos de España […], el Estado español ha sido el instrumento de dominación de la nacionalidad castellana»[477].

En suma: Castilla era conquistadora, cesarista y opresora, mientras que una Cataluña más particularista y pactista, resultaba, como los demás pueblos de España, una patria oprimida, cuasi una colonia que había ido perdiendo lo que para nuestro autor era lo más importante desde su visión romántico-herderiana: la personalidad propia como pueblo, su espíritu patriótico, su ser nacional. Y en esta tarea, Felipe V y los Borbones fueron, para este destacado político, unos culminadores sumamente eficaces. Así pues, en el discurso de Prat, el Setecientos aparecía como una centuria «culpable», una evidente muestra empírica para confirmar una tesis que iba cogiendo fuerza en determinados círculos del cada vez más pujante nacionalismo catalán: España como Estado opresor, Cataluña como nación oprimida; España como algo artificial y voluntario, Cataluña como una realidad natural y necesaria que tenía, como cualquier nación, el derecho divino a la autodeterminación. O sea, la casi imposible compatibilidad entre España y Cataluña.

No eran, con todo, argumentos nuevos los que aparecían en la Nacionalidad. Estaban ya en parte expuestos en un escueto escrito, de carácter más bien dogmático y catequístico, y con fines nacionalizadores, que había firmado con Pere Muntanyola en 1894 bajo el título de Compendi de doctrina catalanista, escrito que alcanzó un tiraje de cien mil ejemplares. Y sobre todo en su pequeña pero sustanciosa síntesis histórica Compendi de la història de Catalunya, publicada en 1898 y reeditada en 1918[478], donde ahonda en idénticos argumentos, señalando ahora que si bien Felipe V fue primero bien recibido por los catalanes, no tardó en «excitarlos en contra seva violant a tort y a dret les lleis de Catalunya»[479]. Violaciones de sus leyes tradicionales que las gentes del principado rechazaron y que ocasionaron al final su definitivo apoyo al archiduque.

Sin embargo, este esfuerzo austracista se vio traicionado por el abandono de los aliados y los catalanes resultaron derrotados en 1714, cayendo, en tan funesta fecha, afirma Prat, en el consiguiente «domini absolut de sos seculars enemics, Castella i França». A partir de ahí, recuerda que el reinado de Felipe V fue el de la represión y los de Luis y Fernando VI fueron absolutamente intrascendentes para Cataluña, mientras que los tiempos de Carlos III merecen en cambio mencionarse porque fue «promulgada la llibertat de comerciar amb América, i des de llavors data el renaixement de la prosperidad econòmica de Catalunya». Una industria y un comercio catalanes que si bien no habían muerto del todo adquirieron desde entonces un renovado vuelo, pese a las excesivas contribuciones fiscales y al desorden administrativo existente, que Prat no se abstuvo de mencionar.

En cualquier caso, como un hecho decisivo, el político catalán señala la definitiva constitución de la Junta de Comercio de Barcelona en 1758 (que dicho sea de paso recordemos que fue erigida en tiempos de Fernando VI), a la que califica de «institució memorable, primer portaestandard de la nostra renaixença», una entidad que fomentó la economía y también las investigaciones históricas «que havien de donar al nostre poble el coneixement de si mateix y de sa forza»[480]. A buen seguro que los comerciantes e industriales que acompañaban a Prat en su trayectoria ideológica y política, debieron estar bien de acuerdo con esta valoración tan positiva de la Junta.

Por último, durante el gobierno de Carlos IV, el esfuerzo catalán en la guerra contra los revolucionarios franceses no sirvió de nada, opina Prat, por la ineptitud y envilecimiento de los Príncipes castellanos que hicieron el juego a Napoleón. Y, además, el reinado dejó, en su opinión, una triste consecuencia para Cataluña: en Cádiz se realizaron unas Cortes constituyentes que «dictaren una Constitució imitada de França, plena de l’espirit unitarista de la raça castellana»[481]. Es decir, para él no había distinción entre el absolutismo y el liberalismo a la hora de establecer una relación sumisa de Cataluña hacia España.

En definitiva, en el discurso político nacionalista-nacionalizador de Prat de la Riba, formulado en tiempos de gran efervescencia catalanista en lo político y en lo intelectual y de una clara muestra de debilidad del proyecto nacional español[482], el Setecientos catalán representaba un paradigma de «descatalanización» y «desnacionalización», un ejemplo de aquello que no debía ser y también de lo que debía superarse: el mero provincialismo (en el sentido del siglo XIX) fruto de un Estado centralizador y homogeneizante, que no solo era insensible ante las nacionalidades, sino que servía para hacerles perder su propia naturaleza nacional. En opinión del que llegó a ser presidente de la Mancomunidad, la centuria de las Luces fue para los catalanes un siglo bifronte: sin duda nefasto en lo político y en lo nacional, un período donde empezó la definitiva desnaturalización de los catalanes y el principio del fin del Estado catalán medieval, una noche oscura para la nación; pero también representó la centuria donde se pusieron las bases materiales de la modernización de la economía del principado gracias al esfuerzo de los propios catalanes. Y, en cualquier caso, un siglo aleccionador del necesario combate político que debía sostenerse para que Cataluña pudiera realizarse como una nación normal en el concierto europeo. Con la mirada puesta en la historia catalana y española, el combate político no era otra cosa que la construcción de un Estado propio catalán que libremente pudiera decidir incorporarse a la federación española. En cierta forma, como mal menor, era un volver al tiempo de los Austrias, aunque lo preferible para él era retornar a «l’época de grandesa de nostra patria [que] coincideix amb l’apogeu de la civilizació de la Edad Mitjana», una época añorada que tanto admiraba Prat como modelo político originario al que había que regresar para escuchar sus múltiples virtudes[483]. Una añorada época medieval reconocida por Prat como una verdadera edad dorada, cuna última de la verdadera identidad institucional y política catalana. Una época de respeto y auge de las verdaderas naciones naturales frente a la progresiva degradación que representó la Edad Moderna con su centralismo, uniformismo y absolutismo. De ahí sus posiciones favorables al corporativismo como régimen representativo democrático frente al parlamentarismo y, por supuesto, frente a los sistemas absolutos.

Para el político de Castellterçol, la historia del Setecientos (aunque no solo la de esa centuria) demostraba que para que la patria catalana subsistiera y prosperara era preciso que siguiera teniendo su propio ser, que volviera a «naturalizarse», y para ello era imprescindible el autogobierno que Castilla y Felipe V le habían arrebatado, por eso puso tanto empeño en constituir la Mancomunitat de Catalunya, sin duda la primera forma embrionaria de autonomía que deseaba revertir lo efectuado por el primer Borbón hasta lograr la consecución de un Estado catalán liberado del yugo castellano, según Prat el eterno y principal problema en el decurso del desarrollo histórico de la nación catalana desde que perdió su primogénita libertad construida en los tiempos medievales y que el uniformismo borbónico, la Revolución Francesa y el liberalismo centralista habían aniquilado.

Era una época en que una parte de las clases dirigentes catalanas iba perdiendo sus esperanzas respecto al mundo de la Restauración, en que las colonias llegaban a su fin y los problemas económicos y los conflictos sociales se sucedían, en que el emergente nacionalismo catalán empezaba a oponerse al más veterano nacionalismo español y en que el discurso político del primero encontraba, en la narración histórica elaborada sobre el Setecientos del principado (y en su contrapunto medieval) un palmario modelo de lo que debía hacerse en el futuro: aspirar a tener de nuevo un Estado autónomo, para los nacionalistas moderados, dentro de la monarquía española, y para los más radicales, fuera de ella si era menester. Es decir, devolver a la nación catalana su vida institucional plena injustamente arrebatada por el absolutismo borbónico, y no respetada por el liberalismo, para alcanzar así su plena normalidad como país al estilo de la existente desde los esplendorosos tiempos medievales hasta el último de los Austrias, cuando los catalanes disponían todavía en buena medida de su propio futuro[484].

En el caso del políticos doctrinarios como Prat, ese volver a respetar las autonomías de las naciones españolas era esencial para que España como Estado saliera de su crisis finisecular. Porque, en efecto, a diferencia de los historiadores precedentes, ahora España solo resultaba un Estado, y desde luego nada amable, mientras que Cataluña era una nación que debía aspirar al máximo poder político posible. Por eso, cada vez más, la guerra del Segadors o la guerra de Sucesión aparecerán en la mitología nacionalista acompañando a unos temas medievales que fueron remitiendo algo en su presencia en la medida en que ganaba peso la «voluntad política» frente a la «esencia histórica» como elemento clave para recrear una nueva nación catalana. Por eso también la guerra de la Independencia se irá despojando de unas glorias catalanas por España que ahora resultaban incómodas[485]. Y por eso, igualmente, los castellanos se convertirán con mayor fuerza en los verdaderos enemigos[486]. Si ya había recelos y reproches frente a lo castellano en parte de la historiografía romántica anterior, ahora la animadversión era más evidente y notoria. Siguiendo la estela de Almirall, cada vez se ahonda más en la distinta «raza» de los dos pueblos, en la diferente «Volkgeist» que los separa de manera casi irremediable. En el momento en que Cataluña estaba viviendo un importante crecimiento económico, un significado desarrollo burgués y una progresiva bipolarización social, parece como si aumentara la necesidad de que hubiera un enemigo exterior al que, por su intrínseco carácter absolutista, imperial y dominante, se le otorgaba las veces del principal obstáculo para la modernización del país, que para los nacionalistas del momento tenía un baluarte esencial precisamente en el mantenimiento de su propia idiosincrasia política de origen medieval o, en el peor de los casos, austracista.

De manera paulatina, Castilla se convertiría en una eficaz enemiga en la lógica del discurso más nacionalista, al tiempo que el doble patriotismo español y catalán se tornaba a su vez en una cuestión del pasado para una parte importante de la intelectualidad y la clase política catalana. Y en apoyo de esta idea, la historia alcanzaría un fuerte protagonismo mediante una narración cargada de anacronía y presentismo y que, de manera objetiva, servía para ensalzar lo propio al tiempo que se denostaba lo ajeno. Y no solo eso, sino que se iba culminando también otra visión histórica ya cuajada en tiempos de la Renaixença: la consideración de la historia de Cataluña como algo diferente y excepcional. En lo bueno, con el esplendor medieval y la espectacular recuperación del Setecientos culminada con la sociedad industrial del siglo XIX; y en lo malo, con los tiempos de decadencia de los Austrias y las derrotas colectivas de 1640 y 1714[487]. Lo castellano, visto ahora como adversario que impedía la realización de la nación catalana, fue cada vez más útil para la fijación de una memoria colectiva de los catalanes que servía además para singularizar la historia de Cataluña frente al pasado de las demás naciones europeas.

Como otros nacionalistas, incluidos los españoles, los catalanes buscaban acentuar la particular originalidad de su nación y en dicha tarea la historia propia resultaba fundamental y el Setecientos un siglo con una gran carga ejemplificadora y evocadora. Prat siempre tuvo claro que para recatalanizar Cataluña (o bien para descastellanizarla), los historiadores tenían ante sí una gran misión nacional: despertar a la sociedad catalana mostrándole la singular historia (singular en sus éxitos y singular en sus agravios y derrotas) de una Cataluña mediatizada por Castilla desde el tiempo de los Trastámaras. Una historia no contada a los catalanes porque había sido subsumida en la historia de España. La historia era un instrumento para la liberación nacional y los historiadores sus obligados y legítimos oficiantes. La historia era un «relato», una «narración» fundamental para la creación de la doctrina nacionalista. El matrimonio entre cultura y política resultaba necesario para el triunfo del proceso nacionalizador catalán y para los proyectos de futuro a defender para una nación liberada. Cataluña ya existía de por sí, pero ahora los historiadores debían contribuir a que los catalanes lo supieran y se sintieran portadores y propietarios de esa realidad nacional preterida.

Con todo, en diversas cuestiones meramente historiográficas, parece indudable que las huellas dejadas por los Cortada, los Patxot, los Pi i Arimón, los Gebhardt y, sobre todo, los Balaguer y los Bofarull estaban presentes y actuantes en la cosmovisión histórica de Cataluña de políticos como Pi, Almirall o Prat de la Riba, en bastantes de los poetas politizados que seguían participando en los Juegos Florales o en instituciones como el Institut d’Estudis Catalans, el Ateneu Barcelonés o la Real Acadèmia de Bones Lletres. Y al estilo de aquellos historiadores, pero en este caso sin grandes preocupaciones epistemológicas por la verdad histórica, los políticos como Prat de la Riba no dejaron de practicar una lectura ideológica de carácter claramente presentista del Setecientos catalán en aras a legitimar el pensamiento nacionalista. Era una cierta derivación lógica de algo que personajes como Prat creían firme y sinceramente: que toda argumentación nacionalista debía tener un fundamento historicista, que para renacionalizar Cataluña era imprescindible una historia nacional que recogiera los grandes momentos pero también, y a menudo sobre todo, los grandes agravios cometidos desde el exterior, especialmente desde las tierras castellanas, agravios que habían acabado por convertir al principado en una «provincia». Para el político Prat hacía falta una historia motivadora, moralizadora y sentimentalmente caliente, romántica en suma. No descartaba la existencia de un discurso moteado de cientificidad y deseos de objetividad que portaba en su seno un positivismo cada vez más presente entre los estudiosos catalanes; pero creía que, sobre todo, hacía falta dotar al proyecto nacional catalán de una historia nacional de Cataluña que sirviera a su vez para revitalizar el discurso nacionalista, tarea estratégica que no parece que personajes como Prat entendieran que podía hacerse, únicamente, mediante una cierta práctica positivista a la hora de crear la narración histórica del principado. Eso sí, positivismo y romanticismo podían de hecho compaginarse en la medida en que el primero venía a confirmar «positivamente» (léase: científicamente) los hechos que demostraban la fuerte personalidad del Volkgeist catalán.

En las siguientes dos décadas, la historiografía catalana no volvió a ofrecer una síntesis interpretativa general de la historia de Cataluña ni tampoco del Setecientos. Se elaboraron, sin embargo, una serie de monografías que sin duda ayudaron a las visiones globales que con posterioridad se escribieron y que contenían en ocasiones algunas valoraciones generales sobre la centuria ilustrada. Eran tiempos de la primera generación noucentista, en los que la escuela de Antoni Rubió i Lluch fue capaz de producir una serie de trabajos de gran calidad documental, que entroncaban con la historiografía crítica de la ilustración y se situaban ya en un positivismo cada vez más influyente entre una parte de los historiadores catalanes[488]. Eran tiempos en que los compendios generales, que buscaban dar una visión lineal y global al objeto de ofrecer un sentido histórico y político evolutivo a los catalanes y mostrar la originalidad propia de su historia, parecían haber sido abandonados en favor de una actitud de empirismo documentalista (no exenta de interpretación ni de ideología) que dejaba para épocas venideras la generalización. Las síntesis al estilo de Balaguer, Bofarull o Aulèstia iban a tardar varias décadas en volver, quizá porque se consideraban suficientemente válidas como para no precisar nuevos compendios para el consumo popular de la historia de Cataluña. Posible realidad que no significaba que se abandonase el propósito central de escribir historiografía para la recuperación de la conciencia nacional de los catalanes o que se arrinconase la pretensión de que la historia iluminara a la política, sino que ahora se deseaba hacerlo mediante el recurso a la concepción científica propugnada por la historiografía positivista europea de finales del Ochocientos y de los primeros años del siglo XX, una concepción que pretendía alejarse del romanticismo y sustituirlo por un método histórico centrado en el empirismo documental como instrumento idóneo para elaborar una moderna historia nacional y también consolidar una profesión de historiador amparada en la vida académica.

En efecto, durante estas décadas entre ambos siglos se escribieron algunos estudios monográficos de indudable calidad para la época. Salvador Sanpere i Miquel fue uno de los historiadores que más hizo por practicar el positivismo de raíz spenceriana (siendo incluso traductor de obras de Spencer) y por constituir una comunidad profesional de historiadores catalanes unidos por la ciencia historiográfica, así como por el objetivo de carácter político y patriótico de edificar una historia de Cataluña que él consideraba un ejemplo válido de la «idea de progreso» en la que firmemente creía[489]. Un esfuerzo por validar científicamente la historia de los catalanes que demostró durante su fecunda trayectoria intelectual en empresas tales como su meritoria dirección de la Revista de Ciencias Históricas entre 1880 y 1887[490].

Sanpere fue un personaje intelectualmente polifacético y con una vida política activísima en torno a los ideales democráticos, republicanos, federalistas y catalanistas de carácter moderado, que pudo expresar como diputado en las Cortes republicanas y también como miembro de la Real Academia de la Historia y de la Academia de las Buenas Letras de Barcelona. Un catalanismo del que se sentía ferviente seguidor, cuyos orígenes situaba primeramente en Capmany y después en personajes ya fallecidos en su época como Aribau, Piferrer, Pi i Arimón, Tió o Cortada; un catalanismo al que, según su criterio, la revolución de 1868, en la que participó directamente, había dado «forma más o menos perfecta»; un catalanismo que definía como un movimiento que «no es más que la vuelta al espíritu democrático de las antiguas instituciones políticas DE TODAS LAS NACIONALIDADES ESPAÑOLAS» (las mayúsculas son del propio Sanpere[491]); un catalanismo moderado que reconocía positivamente que el sistema político tradicional de Cataluña, aquel que la había convertido en la «nación más libre del mundo», era el pactismo con los reyes y el «temperamento» democrático, pero que, una vez perdido a principios del siglo XVIII, no podía ser restaurado de igual manera. En definitiva, un movimiento catalanista que nuestro historiador recuerda que deseaba una España de las Españas, y que precisamente por esta razón iba en sentido contrario de lo que dominaba en aquella desde el «triste» siglo XVI y, por tanto, era «lógico» que el catalanismo encontrara resistencias en ella[492].

Sanpere no pretendía un pleno restablecimiento del antiguo orden político catalán, pretensión a su criterio irreal y que con «facilidad arrastra y domina a los espíritus exaltados y generosos, causa después, para ellos, de monstruosos errores y extraordinarias contradicciones». Un peligro que cabía evitar, pues nuestro historiador pensaba que si el absolutismo era una «sobra de gobierno», las viejas instituciones habían caído en parte por «falta de gobierno». Por eso, en su opinión, no se trataba de conseguir una completa vuelta atrás, sino de una vuelta atrás racional y moderada en la que la historia debía servir «como medio de propaganda, si se permite la frase», dice Sanpere, para desde luego «despertar el carácter de un pueblo enérgico y entusiasta, abatido por grandes desengaños», pero sin llevarlo al «ideal de una restauración absoluta»[493]. Así expresa esta idea Sanpere:

La tradición política de Cataluña, rota desde primeros del siglo XVIII, presenta por la pérdida de sus partes tan difícil soldadura que casi ha de reputarse por imposible, y en verdad, cuando la tradición política de un pueblo se pierde, sea por la causa que fuere, lo patriótico, lo político está en volverle las espaldas y tomar por el nuevo camino sin mirar atrás, aunque sin desdeñar por esto [lo] que haya quedado en pie por casualidad o por su mayor fortaleza.

Queda clara la opinión de Sanpere: autogobierno sí, pero dentro de unos límites y dentro de España. Ahora bien, de una España que supiera tener la tradición política de Cataluña en su propio ordenamiento constitucional, de una España que él reclamaba que no excluyera de la españolidad a los catalanes y que no practicara demagógicamente el anticatalanismo. Sanpere se muestra particularmente enojado cuando cree que a Barcelona se la trataba de manera injusta por parte de cierta prensa madrileña, sobre todo porque pensaba que se denigraba a Cataluña como si fuera una prueba necesaria para mostrar un acendrado españolismo. Esa era una peligrosa forma de «excitar las pasiones de los españoles contra los catalanes», y por eso se pregunta: «¿Podíamos guardar silencio acerca de esta reciente manifestación de antipatías que no queremos llamar castellanas aunque se hicieran en nombre de la España no catalana?». En esta época y en este libro sobre Barcelona, Sanpere parece querer hacer de historiador y guardar silencio al respecto de esta comprometida pregunta, pero eso sí, pidiendo a los políticos en ejercicio que tuvieran en cuenta que el conflicto existía y que debían buscarle una solución[494]. Una solución para la que los catalanes tenían también que hacer una cierta autocrítica. Cuando procede a preguntarse cuál era la causa última de la pérdida de influencia política de Cataluña en España, se responde:

Justo es, sin embargo, no acusar a nadie de que esto sea así, pues la pérdida de nuestra influencia política débese pura y simplemente al modo de ser histórico de Cataluña, y a una de las cualidades más características del pueblo catalán, su antipatía por las novedades políticas [la cursiva es del propio autor].

Y mantener esa resistencia a las novedades, mantener la fidelidad «al espíritu de nuestras leyes seculares-históricas ha sido causa de la ruina de nuestra nacionalidad, de la pérdida de las libertades patrias, y en nuestro tiempo de días tristes y azarosos para Barcelona», sentencia Sanpere[495].

Para servir a la restauración del autogobierno catalán definido por los postulados de su catalanismo moderado, nuestro historiador tuvo en el frontispicio de sus preocupaciones historiográficas querer explicar el verdadero significado que para la evolución de la historia de Cataluña representó un acontecimiento que consideraba trascendental para la nación catalana: la guerra de Sucesión. Tarea que siempre efectuó desde la atalaya de sus ideas políticas, aunque procurando también el máximo respeto por las fuentes documentales, y en la que podemos distinguir dos etapas distintas: la primera, algo más influido por la forma romántica de leer la historia de Cataluña, y la segunda, más comedido en sus opiniones y más constreñido a lo que su definitiva apuesta positivista le permitía epistemológicamente concluir.

Sus primeras opiniones respecto al significado de la contienda sucesoria para la historia de Cataluña pertenecen a la primera de esas épocas y las podemos leer en su ya mencionada obra sobre el pasado, el presente y el porvenir de Barcelona, publicada en 1878, el mismo año en que también aparecería otra de sus obras, Origens i fons de la nació catalana, cuando ya Sanpere era un personaje público que había sido diputado catalán en Madrid, viajado por Europa y tenía una larga trayectoria como comentarista político en la prensa periódica. Si bien es un estudio primerizo en su producción historiográfica, resulta sin duda relevante porque en ella se emiten numerosos juicios históricos sobre la historia de Cataluña que dan sentido a su particular interpretación sobre la centuria que nos ocupa, opiniones que son más difíciles de apreciar en su posterior etapa más positivista.

Partiendo de la convicción de que la historia de Barcelona expresa la historia de Cataluña, de que los triunfos y fracasos de los barceloneses abren y cierran los de todos los catalanes y de que la historia de estos últimos es la historia de una continua defensa de su constitución política particular ante sus adversarios los reyes castellanos, Sanpere considera que ya desde el tiempo del «sistema absoluto de la dinastía austríaca», la capital vivió con sus «libertades municipales», pero «resignada, ya que no contenta» ante la situación amenazante en la que estaba sumida. Una lucha por mantener el sistema político tradicional que había obligado a defenderlo en tiempos de Juan II, Felipe IV y Felipe V, conformando así las tres «heroicas revoluciones» que el pueblo barcelonés sostuvo para amparar sus libertades y privilegios. Una heroica revolución la de principios del siglo XVIII saldada con una derrota que inauguraría una centuria «triste» y de «hierro» que abriría un nuevo período en la historia barcelonesa dando paso a unos gobiernos «ora más o menos justos, suaves y benignos para ella, pero nunca de franca y leal reconciliación, a pesar de las prendas y adelantos que había dado, selladas con sangre de gloriosos mártires de la independencia nacional [española]»[496].

Resulta meridianamente claro que el Sanpere de estos años no se siente políticamente a gusto al referirse a la guerra de Sucesión y a sus consecuencias. No se siente a gusto porque creía que era una herida sin cicatrizar en buena parte de la sociedad catalana y porque pensaba que su recordatorio todavía provocaba desunión entre los españoles:

Nada diremos de los inicuos tratamientos que durante cincuenta años tuvo que sufrir Barcelona de sus rencorosos enemigos; nuestro patriotismo nos impide levantar siquiera la punta de velo que cubre los hechos de un pasado triste, sangriento y de amarga recordación, que, para bien de todos, merece enterrarse en el olvido; esto se impone a nuestra generosidad y amor patrio, por más que tanto se haya hecho y se haga con gran peligro de abrir heridas apenas cerradas[497].

Así pues, 1714 es para este historiador la culminación de un absolutismo castellano deseoso de romper los baluartes de un sistema político «con instituciones esencialmente democráticas[498]» que permitía la participación de las clases sociales y que obligaba al monarca a pactar su condición de tal con cada una de las Cortes de los reinos hispanos; un absolutismo castellano deseoso de terminar con unas Constituciones que, si bien Sanpere reconoce que estaban «débiles» y «enfermas», las autoridades castellanas pensaban que aun así había que eliminar porque podían rebrotar, y 1640 había sido un claro ejemplo de ello según el parecer de nuestro historiador[499]. Ahora bien, en su opinión, este absolutismo no es solamente imputable a los reyes castellanos, sino principalmente a los legistas del siglo XV que difuminaron por toda Europa esta doctrina:

Todo lo más, si se quiere exigir a la dinastía castellana toda la responsabilidad, debe pedírsela por haberse dejado llevar por el espíritu de su siglo, que arrastraba a los reyes todos de Europa por el camino del absolutismo; pero los verdaderos responsables, son otros, y estos otros son los legistas del siglo XV, que difundieron entusiastas y convencidos el absolutismo y el socialismo romano[500].

Por descontado que Sanpere considera «triste y desdichado» el fin de las libertades catalanas, pero resulta sin duda interesante que también afirme que se trató de un proceso lento y hasta cierto punto agónico que tuvo dos causas principales. La primera fue que cuando una de las partes no quiere continuar el pacto en un sistema paccionado, este hay que darlo por muerto. Y en ese incumplimiento del pacto por parte regia, piensa que tuvo mucho que ver la falta de unidad «nacional» de una Corona de Aragón que nunca puso en pie unas Cortes conjuntas ni un gobierno común, y también el hecho de que cuando la ofensiva absolutista empezó por atacar las libertades de Castilla y después las de Aragón, los catalanes pensaron que no era cosa suya. Y la segunda causa fue el «descrédito en el que había caído el sistema constitucional», pues recuerda que nadie se acordó de reclamar la celebración de Cortes «durante los dos siglos que imperó en España la funesta dinastía austríaca». Ahora bien, esa ceguera de no exigir el cumplimiento del orden constitucional vigente, se acabó para Sanpere cuando vino Felipe V blandiendo su no menos «funesta teoría política de un rey una ley». Entonces comprendió Cataluña lo que pasaba y se «arrojó a la lucha, no contra Felipe V, sino para procurarse la libertad por cuantos medios fuera posible», y con el mismo «furor que defiende la leona a sus cachorros», así defendieron los catalanes sus privilegios. Por tanto, no fue para el historiador barcelonés un problema de dinastía, sino de modelo político.

El resultado fue sin duda desgraciado, pero Sanpere recuerda entonces el dicho de que «bella morte, tinta una vita ignora»[501]. Desgraciado por que se desató una represión «tenaz y porfiada», fruto de la «más refinada venganza», que acabó con las instituciones políticas y con la Universidad de Barcelona o la Junta de Comercio. Y eso duraría buena parte del reinado de Felipe V hasta que su hermanastro Fernando VI, «cuya ilustración y dulzura de carácter son bien conocidas», tuvo a bien (eso sí, a los doce años de su reinado, matiza Sanpere), autorizar una nueva Junta de Comercio que sería un baluarte para la recuperación de Cataluña y que los catalanes debían «agradecerle [al rey] por más que no fuera sino una corta restitución de lo mucho que injustamente se nos había quitado»[502].

Sin embargo, junto a este negativo juicio de los resultados de la contienda sucesoria y del reinado de Felipe V, Sanpere cree que el nuevo soberano hizo una cosa que debe ser políticamente valorada en positivo. Escuchemos sus interesantes palabras:

Los reyes de Aragón, pues, dieron entrada al elemento popular en las municipalidades, rescataron los remensas librándolos de los malos usos y de otras prestaciones feudales no menos ominosas, bien que dejándoles aún sometidos a la jurisdicción señorial. Y ¿quién les emancipó de tan pesada autoridad, quién les abrió las puertas del derecho común poniéndolos por fin en igual condición que el resto de los españoles? Felipe V, el mismo […] que abolió los fueros y privilegios de Cataluña. En el día, pues, en que unos todo lo perdían, otros lo ganaban todo, ¿qué les importaba a los que vivían sometidos a la autoridad señorial, los fueros y privilegios y libertades de los ciudadanos que ellos no disfrutaban? El temor de novedades [la cursiva es de Sanpere] hizo que Cataluña no curase del cáncer que desde sus orígenes históricos hasta la ruina de Barcelona vino corroyendo su existencia social y nacional. El Rey, solo el Rey [ahora se refiere al rey en genérico, …] amparó las clases populares[503].

Y por eso las clases rurales de su tiempo eran realistas y carlistas, concluye Sanpere. Con todo, si no lo interpreto erradamente, nuestro historiador no se priva de señalar a un Felipe V como cuasi libertador de las clases populares rurales al ponerlas sobre el mismo derecho común que el resto de los españoles, lo cual no deja de ser una singularidad interpretativa en el discurso general de Sanpere respecto al primer Borbón y también en las posiciones mantenidas por los historiadores antecedentes.

De todos modos, para entender la situación catalana antes de la contienda sucesoria, resulta particularmente interesante toda la argumentación que Sanpere esgrime para explicar las causas de la decadencia económica de Barcelona a partir del Quinientos. Su posición es que no fue por motivo «de los acontecimientos políticos del siglo XVI, ni [por] la unión de las coronas»[504], sino por causas como las religiosas (excomunión de los catalanes que comerciaban con Egipto, la tarea de la Santa Inquisición) o por la falta de artistas para la manufactura, entre otras. Y respecto a la situación de la industria barcelonesa a finales del siglo XVII, siguiendo un informe de Jaume Damians, considera que era bastante deficiente, como muestran a su criterio las peticiones de Feliu de la Penya para revitalizarla, que interpreta, al contrario que Capmany, como muestra de debilidad y no de recuperación. Además, recuerda que uno de los motivos de dicha decadencia era sin duda la «influencia librecambista, en boga y predicamento aún en Barcelona a mediados del siglo XVII, y cuya influencia dura hasta la caída de Barcelona (1714)», es decir, el querer seguir el ejemplo holandés haciendo meramente de marineros de los productos ingleses. Un librecambismo que considera que podía haber sido muy perjudicial de no haber sucedido que «la gran catástrofe [se refiere a la contienda sucesoria] vino a suspender la realización de un proyecto que tal vez hubiera sido para Barcelona más fatal de lo que fue la pérdida de sus libertades políticas»[505].

No sería hasta casi tres décadas después cuando nuestro historiador ofrecería una destacada obra de investigación sobre la guerra de Sucesión. Una temática alejada de los asuntos medievales, cuya elección podía entenderse ahora como una manifestación indirecta de que la progresiva transformación del catalanismo en nacionalismo incipiente, ayudaba a situar en el obrador de los historiadores los asuntos referidos a la contienda sucesoria y sus consecuencias para la nación catalana[506]. Si tiempo atrás Sanpere había manifestado, como vimos, que no le parecía un tema demasiado oportuno para ser tratado por las heridas que abría y las divisiones que provocaba, ahora en cambio mostraba en público su dedicación de muchos años sobre tan delicado asunto histórico.

Es innecesario ser un experto en el tema para percibir una evidencia: el libro supone un salto cualitativo respecto a los conocimientos y las interpretaciones hasta entonces mantenidas sobre dicho conflicto por la historiografía romántica analizada anteriormente. Se trata de una investigación en la que desde un acendrado respeto por el positivismo empirista, Sanpere aboga por una historiografía que busque ante todo la objetividad y que elimine de su seno los malos influjos de las ideologías, verdaderas productoras de juicios de valor apriorísticos que, en opinión del investigador barcelonés, eran notablemente perjudiciales para la tarea del historiador. En este preciso sentido se manifiesta sin ambages, por ejemplo, cuando afirma con lapidaria rotundidad: «Nosotros no tenemos nada que ver con butiflers ni con vigatans, como historiadores no podemos tener partido»[507]. Es, en cierto modo, un querer volver a Capmany, un retorno a la posición erudita de los historiadores catalanes del siglo XVIII y, en parte, un abandono de ciertas prácticas de narrativa romántica presentes en su libro sobre Barcelona.

A lo largo de una obra muy documentada y con una abundante y actualizada bibliografía, Sanpere mantiene siempre una posición sumamente crítica con autores como el marqués de San Felipe o Joaquín Lavalle, a los que acusa directamente de errores, falsedades y manipulaciones ideológicas. Pero tampoco tiene empacho alguno en desmarcarse de la historiografía romántica al considerar que Pi, Balaguer o Bofarull no hicieron investigaciones directas sobre el tema. Ni tiene reparo en mostrarse en permanente vigilia frente a las posiciones de Mateu Bruguera, a quien fustiga con asiduidad por mantener una narración épica y «patriotera» con estratégicos olvidos y distorsionadas interpretaciones de la documentación. Y por ese mismo anhelo de alcanzar una historia desideologizada, no se abstiene tampoco de disentir en ocasiones de su admirado Francesc Castellví, cuyas obras transcribió personalmente y al que, considerándolo la voz narrativa más ecuánime de aquellos sucesos, no deja de reprocharle al mismo tiempo algunos errores factuales, su posición algo elitista respecto a la interpretación de la contienda (recordemos que nuestro historiador era un demócrata republicano) y determinados silencios debidos seguramente, piensa Sanpere, a su condición de exiliado en la Corte de Viena.

Centrando la mayor parte de su atención en la fase final de la contienda, además de recordar las responsabilidades de los aliados al abandonar Cataluña a su suerte como habían efectuado otros autores antecedentes, Sanpere aporta algunas novedades sin duda interesantes. La primera es que recuerda los conflictos internos de la sociedad catalana en referencia a los enfrentamientos habidos entre los dirigentes militares, la Diputació del General y el Consell de Cent en los momentos finales de la resistencia y ante la posibilidad de pactar con los borbónicos, un enfrentamiento que denuncia que se resolviera en contra de la legitimidad de la Generalitat dando de este modo, en cierta medida, la razón a quienes criticaban la imposibilidad de modernidad del sistema tradicional catalán por falta de eficacia[508]. Ni tampoco se abstiene nuestro historiador de señalar las divisiones de un austracismo resistente en cuyo seno se impuso el «partido democrático» (el brazo popular) al «partido aristocrático» (el brazo eclesiástico y militar[509]), y en el que se dio igualmente un exceso de intransigencia religiosa de la mano de personajes como Josep Rifós o Francesc Ferrer, actitud que fue condenada por el propio Rafael de Casanova[510]. Ni de reseñar que en el momento final de las negociaciones ante una posible capitulación un «partit austríac intransigent» y la obstinación de los resistentes resultó sin duda excesiva y perjudicial: «Traición no la hubo, obcecación sí, mucha, para no decir que lo que hubo fue sobra de mentecatería»[511]. Eran, sin duda, unas significativas mudanzas interpretativas que Sanpere ponía frente a la tendencia unanimista de una historiografía romántica que el historiador barcelonés criticó con cierta dureza a lo largo de su obra.

Ahora bien, todo lo anterior no obsta para que Sanpere sentencie finalmente que en 1716 Cataluña perdió «un modo de ser político del pueblo catalán» al quedar eliminadas sus instituciones por la Nueva Planta, derogada la prohibición de extranjería, postergada oficialmente su lengua en los diversos tribunales y fuese practicado una verdadero «terrorismo militar», «guerra a cuchillo» lo denomina, sobre su población. Pero si bien es cierto que afirma que el principado desapareció como una organización política singular, no resulta menos verdad que insiste en que no lo hizo como nación, como pueblo, pues además de que continuara viva su legislación civil, nuestro historiador recuerda que la lengua catalana «cap y casal de la Nació Catalana» (las cursivas son del autor), sobrevivió hasta los tiempos de la Renaixença, cuando volvió a mostrar un pleno vigor literario desconocido incluso «cuando era oficial en Cataluña y en España». Y ya se sabe, afirma Sanpere: «Un pueblo vive mientras su lengua vive»[512].

Con todo, a pesar de su sincero y muy esforzado intento de separar historiografía e ideología, a pesar de conseguir un conocimiento mucho más ecuánime y objetivo de la guerra que sus predecesores, a pesar de que resulta notorio el cualitativo avance de calidad de su historiográfica respecto a anteriores estudiosos románticos, y a pesar de su decidida vocación en no considerar «natural [el] pudor patriótico» y no querer realizar «diplomacias con la posteridad», resulta evidente que Sanpere analiza el Setecientos catalán, y particularmente la guerra que abrió el siglo, desde un paradigma catalanista, democrático y federal, y más particularmente desde el partido de aquellos historiadores y políticos que consideraban que tenían razón moral, política e histórica los resistentes catalanes que lucharon por mantener las libertades y privilegios del principado. Una posición ideológica que, aunque a él le parezca cuasi obvia y natural al considerar a los austracistas el «partido nacional» que defendía los «principios de la libertad catalana[513]» (y por eso es posible que no la considerase una posible contaminación ideológica), no dejó de influir en sus interpretaciones y, por tanto, de mermar su sincera pretensión de conseguir una objetividad epistemológicamente aceptable.

Entre algunos ejemplos mencionables respecto a esta última afirmación, pueden recordarse al menos dos. El primero es cuando Sanpere se refiere a las «traiciones de Pablo Dalmases y de Joseph Taberner». Respecto a este último, que era un «hombre consagrado al estudio de la historia de Cataluña», cuyos trabajos había publicado el propio Sanpere en su revista, nuestro historiador afirma textualmente:

Por consiguiente, el caso de un hombre de quien no se podía sospechar su amor por la tierra natal y, sin embargo, obrando en contra de esas mismas instituciones que estudiaba con verdadero amor y a gran costa de sus intereses, porque en Taberner el espíritu nuevo del absolutismo monárquico había sustituido el espíritu liberal, regional o nacional. Era, pues, un hombre del partido realista-absolutista y nada más, y por esto al traicionar la causa de Cataluña le hemos de tener en cuenta sus ideas de partidario del absolutismo real[514].

El segundo es cuando Sanpere se refiere a la discusión de los Comunes el día 4 de septiembre respecto a la resistencia final de Barcelona, en la que solo cuatro asistentes votaron por oír al «enemigo». Al respecto afirma:

En aquel momento se votó el sacrificio de la ciudad en honor a la nación catalana, y era de almas cobardes y no de pechos heroicos ir buscando dilatorias al momento supremo. El «acabemos de una vez» había de ser el grito de aquel puñado de hombres resueltos a llevar a la nación catalana a su fin heroico […] Cuando se leen las comunicaciones de los tres Comunes y de Villarroel no se siente que lo que está en litigio es la vida, la honra y la fortuna de 100 000 almas, no se siente la resolución de perderlo todo, y el perderlo todo por perderse las libertades nacionales[515].

En cualquier caso, si bien es cierto que la obra de Sanpere no abandonaba el universo ya entonces plenamente consolidado del filoaustracismo, no es menos verdad igualmente que resultó un avance evidente respecto a la historiografía anterior en aporte documental, en perfeccionar las técnicas de investigación y en intentar una mayor ecuanimidad en la ponderación histórica del siglo ilustrado.

Desde la historia política, Frederic Rahola, al ocuparse de los diversos posicionamientos políticos de los diputados catalanes en las Cortes de Cádiz, ofrecía también su propia visión del principado en el Setecientos[516]. Un país que a su criterio había pasado por las crisis del siglo XVII y por una contienda sucesoria que lo habían dejado exhausto y sin capacidad de autogobierno. Un país en el que «todo había perecido menos el amor al trabajo y al idioma», que conservaron esencialmente el pueblo llano y no sus clases altas e intelectuales. Un país que pudo levantar el vuelo porque la laboriosidad de sus habitantes se vio acompañada por la creación de la trascendental Junta de Comercio y de las disposiciones gubernamentales a favor de la libertad de comercio con América. Un país, al fin, que en tiempos de Carlos IV y de la Revolución Francesa vivía en prosperidad y con menos anhelos de independencia, sobre todo porque el «temperamento particularista de los catalanes venía contrarrestado por el doloroso recuerdo que dejó la dominación francesa en Cataluña en tiempos de la guerra de Sucesión y de la guerra Gran».

Por su parte, el mallorquín Miquel dels Sants Oliver también aportaba su propia interpretación del Setecientos al estudiar las actitudes de los catalanes ante la Revolución Francesa[517]. Personaje polifacético de pensamiento autonomista y regeneracionista vinculado a Solidaritat Catalana y convencido de que Cataluña debía ayudar a regenerar España, Oliver pensaba que con la llegada de los Borbones los catalanes habían perdido autonomía política y personalidad institucional, pero que a lo largo del siglo el principado se recuperó gracias en parte a Carlos III, «de bona memoria per als catalans», quien después del «cataclisme de 1714» supo atender a los intereses económicos de los catalanes y ayudar a la reconciliación de los mismos con la idea de España, hasta el punto de que se produjo incluso «una reconciliació amb la propia memoria de Felip V», tanta que Oliver recuerda que «els mes senyalats catalans d’allavores escriuen con a veritables botiflers, i l’opinió il·lustrada es mostraba obertamente filipista».

Desde la historia del derecho, al publicar un detallado estudio sobre las antiguas instituciones de Cataluña en el que se reivindica su validez histórica y política, así como el error y la injusticia que había representado su supresión, Josep Pella i Forgas ofrecía también una meridiana visión del siglo visto desde una perspectiva histórica de largo alcance e inspirada por una actitud positivista. En efecto, en su opinión, Cataluña y España habían ido perdiendo sus tradicionales libertades e instituciones desde los Austrias. En este preciso sentido, si bien es cierto que los Borbones fueron la culminación radical de este proceso que desmanteló las entidades propias de los catalanes, también señala Pella algo que hasta la fecha no había sido recordado por los historiadores: que no todo el edificio constitucional catalán quedó derruido por la Nueva Planta. Tanto así, que este autor considera que aquello que no se mencionaba en los decretos restó en pie y, en consecuencia, hubiera podido ser utilizado legalmente en el siglo XIX. No obstante, aunque piensa que ciertamente tras la derrota de 1714 «Catalunya sembla morta», no oculta sin embargo que con Carlos III la libertad de comercio le permitió iniciar una notable recuperación que, desgraciadamente, se truncó un tanto con la Revolución Francesa, acontecimiento que Pella afirma que provocó la reacción religiosa de los catalanes contra los revolucionarios galos antes que una reacción en verdad patriótica. Con todo, la guerra de la Independencia, que según este historiador vería un cierto rebrotar de las antiguas prácticas autonomistas, acabó con unas decepcionantes Cortes de Cádiz, que realizaron, en su opinión, unas Constituciones de factura tan jacobina como las del enemigo francés al que combatían[518].

Y desde la historia económica, el médico y político conservador Josep Ventalló se ocupó de la historia de la industria lanera y de sus gremios[519], Frederic Rahola se encargó de estudiar la recuperación de la economía catalana gracias a la libertad de comerciar con América decretada por Carlos III[520], mientras que el escritor regionalista menorquín Angel Ruiz i Pablo recordaría de manera admirada la tarea de la Junta Particular de Comercio durante el Setecientos y sus vinculaciones con los gobiernos reformistas[521]. En el caso de Ruiz i Pablo, aunque escueta, resulta muy interesante su visión del siglo XVIII español y catalán. Para este autor, la decadencia de España y Cataluña provenía del hecho de que el comercio se trasladó del Mediterráneo al Atlántico y de que en tiempos de los Austrias no se supo acabar con los turcos ni en la época de los Borbones pactar con ellos. Desde esta perspectiva, el Setecientos catalán aparece en claroscuro a lo largo de su obra. Por una parte, recuerda que Cataluña perdió sus libertades y que ello estuvo siempre en la memoria de los catalanes, pero por otra afirma que la llegada del absolutismo no fue cosa solo de Felipe V, sino más bien una «expresión general del mercantilismo» que afectó a diversos países de Europa. Y, además, los primeros Borbones realizaron una política mejor encaminada que los Austrias y «Felipe V mismo, no obstante sus resentimientos con Cataluña, que en otros terrenos hizo pagar harto caros, se empeñó en levantar a España y a Cataluña con ella, y aun principalmente a Cataluña, de su postración». Por último, en su actitud de defensor de la Junta de Comercio (no olvidemos que su Historia fue un encargo de la Cámara de Comercio de Barcelona), advierte que dicha institución no fue una creación de Fernando VI y Carlos III, sino una concesión a la presión de las clases comerciales del principado, creándose así una entidad que dinamizó toda la economía catalana de la segunda mitad del siglo. Así pues, para Ruiz i Pablo hubo desastre político, pero también recuperación económica gracias a la dinámica empresarial de los catalanes y a las políticas reformistas de los gobiernos borbónicos.

Este camino interpretativo del mallorquín, nada innovador por lo demás respecto a bastantes de los historiadores anteriores, fue también compartido por Carles Pi i Sunyer. Ingeniero y economista de talante liberal y republicano, opina que la prosperidad catalana de la centuria decimoctava se explica por la combinación entre el característico espíritu emprendedor catalán y las acertadas medidas borbónicas de la época, llegando de este modo a calificar el siglo XVIII en Cataluña como una centuria de «renacimiento»[522]. Siguiendo a Capmany y a Rahola, este autor está convencido de que el espíritu económico catalán vuelve a coger fuerza desde principios del siglo en las Cortes de 1702 y 1706. Sin mencionar la guerra sucesoria, afirma que en tiempos de Felipe V la política económica colbertista española fue aprovechada por el previo impulso catalán para producir una modesta pero imparable recuperación económica que vino a confirmarse en la segunda mitad de la centuria con todo vigor. De este modo, se estableció una dialéctica entre el previo despertar catalán y el espíritu de la época para hacer que en la nueva prosperidad económica de España sea «l’esforç català el que pren resoltament la devantera». En este ambiente de protagonismo catalán, amparado por unas medidas borbónicas acertadas como la creación de la Junta de Comercio o el decreto de 1778 de libertad de comercio con América, Pi afirma que la agricultura, el comercio y la industria resurgieron en todo el principado, siendo desde entonces la manufactura la que tomará el papel preponderante en la vida económica moderna catalana.

En el conjunto de la narración histórica de Pi i Sunyer, no es descartable que considere a la guerra de Sucesión un momento de «rauxa» y al conjunto de la centuria una época de demostración de «seny» por parte de los catalanes; un período en el que sus virtudes «étnicas» más relevantes (es decir: trabajo, valoración de la riqueza, capacidad de ahorro y cohesión familiar), encabezadas por la menestralía, renacieron con todo su poder para permitir la recuperación de Cataluña. Dicho de otro modo, una etapa histórica en la que el «ser catalán» y su indomable espíritu emprendedor resurgieron en primer lugar por la fuerza de su propia naturaleza y en segundo porque se vieron amparados por unas políticas económicas aceptables procedentes de los gobiernos españoles. La conclusión del pensamiento de Pi i Sunyer es, pues, evidente: siempre que España se entiende bien con los catalanes, su acrisolada condición empresarial puede desarrollarse para crear riqueza y bienestar para ellos y para todos los españoles. Cataluña no tiene problemas en ser la cabecera de España si se la trata adecuadamente en lo económico y se respeta su personalidad política y cultural.

Finalmente, cabe recordar que por estos años aparecieron también dos obras dedicadas a la contienda sucesoria. La primera proviene de la pluma de Carles Sanllehy, quien escribió una historia narrativa factual sin apenas consulta archivística, con un gran prurito por no efectuar juicios de valor y con una penuria interpretativa más que notable; una narración que no hace más que exponer en orden cronológico todo el período mediante las crónicas austracistas de Feliu de la Penya, Castellví y los Anales Consulares de Barcelona y, en mucha menor medida, las del felipista Vicente Bacallar y las aportaciones documentales de Antoni Bofarull[523]. Una historia de la guerra que, con todo, tiene la indudable virtualidad de intentar mantener en todo momento una cierta imparcialidad ideológica respecto a los contendientes y una evidente preocupación por la ecuanimidad en la exposición de los hechos.

La segunda obra es sin duda más importante y se debe al polifacético y prolífico estudioso y archivero Fèlix Duran i Canyameres. En referencia a este autor, es preciso empezar resaltando el pionerismo de su tardío estudio sobre los exiliados catalanes de la contienda sucesoria, aunque se trate de una obra de escasa extensión y de un carácter eminentemente erudito, propia de quien durante muchos años ejerció de responsable del Archivo de la Audiencia de Barcelona[524]. Sin embargo, para nuestros propósitos resulta más interesante su trabajo anterior sobre la guerra sucesoria y las consecuencias que representó para los catalanes, interesante en la medida en que a través de un estudioso de carácter erudito-documentalista podemos volver a leer una interpretación binaria del Setecientos catalán[525].

En efecto, por un lado, Duran considera sin dudar que la pérdida de la guerra comportó un desastre político con la supresión de las instituciones y libertades catalanas, que eran a su parecer las propias del país, las que debían defenderse y las que convenían a los catalanes. Pero por otro lado, concluye su informativo trabajo con estas significativas palabras:

En aquest treball nostre, gairebé tot han estat negrors per a Catalunya, pero amb l’abolició de les condicions d’estrangeria, consignada ja en el decret de nova planta es preparava l’obertura per als catalans del cami d’Amèrica i no va trigar gaire a renéixer la indústria catalana i a fomentar-se la riqueza material amb ben encertades mides de govern, la qual cosa més endavant dóna lloc al renaixement dels estudis i les arts i a conseqüencia d’ells, el de l’esperit nacional de la nostra terra[526].

Es decir, unas determinadas medidas del gobierno borbónico ayudaron al despertar económico de los catalanes, lo que, a su vez, propició un mayor nivel cultural que fue el sustrato que acabó generando una recuperación del espíritu nacional. Era, como puede entenderse, una visión que ponía el acento en que Cataluña había perdido injustamente sus libertades, había sido objeto de una durísima e innecesaria represión, pero después los gobiernos reformistas habían ayudado a un despegue económico que alimentó un mayor acervo intelectual y cultural que, a la postre, ayudó a recuperar la conciencia nacional catalana. O sea, en opinión de Duran, los propios Borbones contribuyeron indirectamente a rehacer lo que habían querido eliminar.

No fue fácil volver a disponer de una síntesis sólida de la historia de Cataluña. Tras estas monografías que ofrecieron escuetas pero sustanciosas visiones generales del Setecientos catalán, tardaron en volver los compendios generales al estilo de los efectuados en los años setenta y ochenta del siglo XIX. Tanto fue así que la propuesta del Institut d’Estudis Catalans para premiar un manual de historia de Cataluña quedó sin respuesta entre 1917 y 1921[527]. Sin embargo, no faltó alguna aproximación valorativa que, dada la importancia historiográfica y política de su autor, merece la pena comentar aquí, especialmente por sus puntos de contacto con las ideas de descatalanización y desnacionalización apuntadas por Balaguer, señaladas por Bofarull y afirmadas por Prat de la Riba. Me refiero a las ponderaciones realizadas por Antoni Rovira i Virgili sobre el Setecientos catalán en los años anteriores a la guerra Civil española[528].

En efecto, es desde luego muy significativo que en su Història nacional de Catalunya, editada entre 1922 y 1934, y que finaliza en los conflictivos tiempos de Felipe IV, el siglo XVIII que no llegó a escribir lo tuviera previsto bajo el clarificador título de «La Catalunya desnacionalitzada». Sin perjuicio de realizar en otro momento un estudio más detallado de estos temas en el conjunto de la frondosa obra de este intelectual nacionalista republicano, dos textos suyos permiten al menos una aproximación que explica en parte el porqué de aquel rotundo epígrafe. Nos referimos a su opúsculo L’Onze de Setembre, publicado por la Generalitat de Cataluña en 1934 (y que es un capítulo de su Història de Catalunya: tria d’episodis, publicada un año antes) y a su Resumen d’història del catalanisme, editado en Barcelona dos años después.

Siguiendo la estela de Prat de la Riba, el Setecientos catalán es para Rovira una centuria de triste recuerdo para Cataluña, la que culmina el proceso desnacionalizador iniciado cuando el país catalán quedó unido a los destinos de la opresora Castilla. Desde esta perspectiva, piensa que la guerra sucesoria es un acontecimiento ocasional en el que los catalanes, antes que por una dinastía, tuvieron que luchar por unas libertades nacionales que creían amenazadas por Felipe V.[529] Es un momento histórico en el que nuevamente como:

En cada segle, en cada dinastia, en cada època, Catalunya s’ha alçat contra el poders absoluts, opressors, reaccionaris o totalitaris. I es que ella ha estat, és i serà democràtica, igualitària, progressiva i liberal. Podem dir que Catalunya ha rebutjat sempre el feixisme sota les formes que aquest ha revestit històricamente. Joan II, Felipe IV, Felip V representen en el fons, el que avui representa Franco[530].

Y Cataluña luchaba por lo que siempre había luchado: por su libertad nacional. Es decir, que el fascismo propiciado por los «nacionales» era para Rovira la culminación del atávico autoritarismo castellano siempre predispuesto a socavar la realidad catalana desde su concepción imperialista. Felipe V y Franco buscaban las mismas metas: desnacionalizar Cataluña. De este modo, la derrota de 1939 iba a representar lo mismo que la de 1714 y la resistencia de los republicanos catalanes, idéntica lucha que la de los austracistas de esta última fecha. Eso sí, con dos diferencias. La primera, que 1714 era un dramático hecho culminante de un proceso de decadencia de tres siglos de pérdida de conciencia nacional catalana y que 1939 se producía en cambio en un momento de máximo esplendor nacional. Y la segunda, que el régimen borbónico impuesto militarmente en Cataluña se avenía con los predominantes entonces en Europa, siendo un régimen fuerte y poderoso con garantía de estabilidad y duración y contra el que solo «podía actuar la lenta evoluciò històrica», mientras que el de Franco, después de la derrota de Hitler, iba a ser mucho más efímero[531].

Así pues, ante lo que significaba Felipe V y ante las muchas probabilidades que tenían los aliados de ganar la contienda, para Rovira fue lógico y comprensible que los catalanes apostaran por la causa de estos últimos, una causa que sin embargo abandonaron definitivamente quienes la defendían en Europa. Y una vez derrotada en 1714, se consumó «el enfonsament polític de la nació catalana». Por así decirlo, Cataluña se quedó para este historiador sin instituciones y sin nación, y ante un nuevo régimen unitarista y asimilista que progresivamente conseguiría que los catalanes perdieran su conciencia nacional y que Cataluña se convirtiera en una «provincia obaga». Como muestra de este «conformismo abyecto» y de este «servilismo dinástico», menciona nada menos que a Capmany, al que considera sin duda una «falsa gloria catalana» que se olvidó del sentimiento nacional catalán en una época de evidente decadencia de Cataluña[532]. Capmany era para Rovira la prueba de que los catalanes de las «postrimerías del Setecientos habían olvidado la tradición política de su patria»[533]. Un final del siglo XVIII en que para Rovira resultaba evidente que «la desnacionalització de Catalunya era fondísima», puesto que los catalanes «havíen oblidat la causa catalana»[534].

Por eso, desgraciadamente, según una novedosa opinión de Rovira, en tiempos de la Revolución Francesa y en tiempos napoleónicos, unos catalanes que habían perdido su identidad nacional no fueron capaces de escuchar las voces galas que les otorgaban de nuevo las antiguas libertades políticas que España les había arrebatado. Y cuando las Cortes de Cádiz se reunieron, el resultado fue una Constitución de tendencias unitarias que en poco atendía a las reivindicaciones catalanas. Sin embargo, en medio de este verdadero desastre político nacional también es cierto que se perciben, según el historiador tarraconense, nuevos esfuerzos culturales, un ambiente de prosperidad económica y, sobre todo, y más importante, unos gérmenes del futuro renacimiento de la conciencia nacional que en el siglo XIX será una positiva realidad.

Esta parca aportación a la visión del Setecientos catalán resulta no obstante significativa por la relevancia intelectual y política del autor en su época, así como también por lo que tenía de paradigmática de las relaciones de la historiografía con el universo político catalanista de los años veinte y treinta en Cataluña. En este notorio representante historiográfico de la posición más republicana y nacionalista del Noucentisme, personaje de indudable personalidad y calado, el estudio de la historia está puesto, sin disimulo, al servicio de su ideología sobre la cuestión nacional de Cataluña (es decir, sobre la nacionalización de Cataluña), que para él debía ser la guía previa sobre la que había que leer el pasado catalán narrado como una historia nacional de Cataluña. Un servicio a su ideología que podía dar sin duda sugestivas interpretaciones para el consumo político del momento, pero que, por su propia naturaleza, no siempre le permitió respetar las bases fundamentales que sirven para asentar el edificio científico que debe construir la historiografía[535], cuestión que, dicho sea de paso ahora, es cierto que él mismo siempre defendió que era lo que deseaba conseguir como historiador: una historia nacional científica que no fuera patriótica, ni panegírica, ni propagandística. Recordemos las palabras del propio Rovira al respecto de su intención de no practicar la parcialidad a la hora de escribir historia de Cataluña:

Ni levantaremos hasta las nubes las gestas, las instituciones y los hombres de nuestra patria; ni pondremos a toda hora, sistemáticamente, la razón del lado de Cataluña; ni aceptaremos las leyendas doradas y las bellas fábulas; ni rechazaremos las verdades tristes y ásperas. Nuestro amor filial a Cataluña no me hará ver las cosas a través de un prisma parcial[536].

Buenos deseos deontológicos que no estoy nada seguro de que siempre pudiera cumplir quien no era, en el sentido más estricto, un historiador verdaderamente profesional sino un activista político con necesidad de recurrir a la historia para cimentar sus propuestas ideológicas y políticas. Para el republicano Rovira era compatible, pues, una visión objetiva con una visión nacionalista de la historia de Cataluña, y desde ella nos ofreció su interpretación del Setecientos. En la tensión entre ideología y positivismo, Rovira no tuvo empacho alguno en apostar decididamente por la primera, mientras que Sanpere había tratado de practicar con mayor celo el segundo aunque sin desprenderse plenamente de aquella.

En los años cuarenta y cincuenta hemos de recordar que Jaume Carrera Pujal realizó un meritorio aunque algo deslavazado esfuerzo erudito sobre la historia de la Cataluña moderna que sirvió de base documental a otros autores[537]. Aunque su cuerpo interpretativo es más bien escaso y asistemático, parece que en referencia al Setecientos catalán se inclina por valorar positivamente las políticas económicas de los gobiernos borbónicos, recordando al mismo tiempo que sin la actitud emprendedora de los propios catalanes hubieran quedado en poca cosa, como ocurrió en otros lugares de España. Parecida posición mantiene a su vez en esos años Pau Romeva Ferrer, quien al historiar la industria catalana afirmaba que Felipe V aportó, al mismo tiempo que su absolutismo uniformista, una preocupación por el desarrollo económico que condujo a una serie de medidas en política económica que los catalanes supieron aprovechar para conseguir el resurgir económico del principado por encima de otras regiones de España[538].

Sin embargo, no cabe duda de que desde la obra realizada por Bofarull, la aportación más completa e influyente sobre el Setecientos catalán, y que recogía buena parte de las visiones catalanistas con un contrastado oficio de investigador pleno de la mejor erudición de su época, fue la escrita por Ferran Soldevila, historiador más profesional y políticamente más moderado que Rovira, con quien compartía, sin embargo, el punto de vista nacional para aplicarlo a una historia de Cataluña interpretada en clave nacionalista[539]. Su producción historiográfica se desenvuelve entre los años inmediatamente anteriores a la guerra civil española y los del primer franquismo y, a nuestros efectos, tiene dos referentes fundamentales. El primero es la Història de Catalunya publicada entre 1934 y 1935 y reeditada con relevantes añadidos por la Editorial Alfa en 1962-1963. Esta obra tiene la particularidad de representar dos momentos diferentes de síntesis de la historiografía catalana. En su primera edición recoge la producción de la segunda mitad del siglo XIX, con historiadores como Bruguera o Bofarull, y de los primeros treinta años del siglo XX, con autores como Rahola, Ventalló, Oliver, Ossorio, Ruiz i Pablo o Sanpere; mientras que en su segunda edición se nutre de los tiempos de renovación que transcurren desde la posguerra hasta los años sesenta del siglo pasado. En efecto, en el caso de la versión de 1963, Soldevila ya pudo disponer de una bibliografía monográfica renovadora de gran calado, lo que hubiera satisfecho a Vicens Vives de haber vivido para entonces, pues debemos recordar que cuando salió publicada la primera edición, el gerundense advirtió que no debería escribirse otra síntesis de historia de Cataluña hasta que existieran nuevas investigaciones ultimadas. En cambio, en la nueva versión ya aparecen, entre otros, autores como el propio Vicens, Vilar, Mercader, Fontana o Giralt, historiadores que, en buena medida, iban a predominar en la historiografía catalana posterior a esta publicación. Sin embargo, al conocimiento de estos investigadores de nuevo cuño, Soldevila continuó acompañando las aportaciones románticas o nacionalistas que ya había utilizado en su primera versión[540].

Y, en segundo lugar, disponemos de su famosa Historia de España publicada entre 1952 y 1959 en ocho volúmenes y reeditada con plena fidelidad a la original por la Editorial Crítica en 1995 (edición que será la utilizada en el presente estudio). Aunque esta última ofrece diversas pistas sobre la concepción soldeviliana del Setecientos catalán, su versión más acabada al respecto es la citada reedición de la primera de sus obras[541]. De todos modos, la cronología de la elaboración de ambos compendios permite pensar que su primer esfuerzo interpretativo de los años treinta sobre la historia de Cataluña influyó en su síntesis de la historia de España elaborada en los cincuenta y que, a su vez, esta última resultó fuente de conocimientos y reflexión para su definitiva versión de la Història de Catalunya publicada en los sesenta.

Intelectual polifacético formado en la segunda generación del movimiento noucentista[542] y con un bagaje ideológico se sesgo catalanista, republicano y moderadamente progresista, Soldevila recoge lo mejor de la tradición heurística positivista de comienzos del siglo XX como lo muestran su propia obra investigadora erudita y rigurosa —recordemos su faceta de archivero y bibliotecario— y una consulta bibliográfica extensa y actualizada, sin renunciar en cambio a un punto de vista interpretativo que engarza con la tradición romántica (por eso algunos autores hablan también de neorromanticismo[543]), catalanista y liberal del siglo anterior, la misma que deseaba reconstruir nacionalmente Cataluña e insertarla con sus propias instituciones históricas en una España plurinacional y confederal.

Desde esa doble atalaya en la que proyecto político nacional y conocimiento histórico se entrelazan poderosamente, Soldevila elabora una historiografía bipolar. Por un lado, monográfica y archivística al estilo del más acendrado positivismo, con especial dedicación a la época medieval, a la que tácitamente considera el tiempo nacional por excelencia. Y por otro lado, sintética y divulgadora, en pos de conseguir la concienciación política nacionalizadora de los catalanes mediante la entera reconstrucción de la coherente secuencia de su historia nacional al estilo de la mejor tradición romántica y buscadora además del «ser» de Cataluña mediante una cierta posición ontologista que también puede percibirse en Rovira i Virgili.

Como ocurría en el caso de Prat o de Rovira, la historiografía del barcelonés se caracteriza por una clara intención reivindicativa patriótica que pretende la demostración histórica del carácter nacional de Cataluña para conseguir así su desprovincialización; una reivindicación patriótica a menudo apasionada resaltando la heroicidad de los catalanes, pero no exenta asimismo de cierta crítica respecto de algunas actitudes políticas colectivas, sobre todo las que tienen relación con los enfrentamientos internos. Una historiografía que persigue una meta normalizadora, expresada en gran parte en su lema político de «fer de Catalunya un poble normal» con autogobierno, lengua y cultura propios; un país que a menudo trata, igual que vimos con anterioridad en otros historiadores de corte romántico, como a una «persona[544]» a la que hace hablar casi siempre con unanimidad, marginando las diferencias y enfrentamientos de clase a causa de su idea sobre la necesidad de «concòrdia interna» de la sociedad catalana frente a sus adversarios para conseguir la deseada normalidad nacional. Una historiografía, al fin, en la que el hecho nacional del pueblo catalán se convierte en la esencia del análisis histórico, en la que la dicotomía entre lo nacional y lo no nacional, entre la nacionalización y la desnacionalización de Cataluña, es el eje vertebrador del discurso sobre el pasado, un pasado que Soldevila proclama lleno de momentos esplendorosos pero también pleno de tragedias provocadas por las incomprensiones externas y las divisiones internas.

En suma, Soldevila construye una historiografía politizada y combatiente contra otra historiografía igualmente politizada que practicaba en su tiempo una interpretación castellanocéntrica de la historia de España. Una historiografía que se nutre de una visión histórico-política por la cual acepta que España pueda ser un proyecto político común en la medida en que se respeten la idiosincrasia y el autogobierno de las singulares naciones españolas. Por eso, el historiador barcelonés tuvo la clara pretensión de hacer corresponder una historia de España de sesgo plurinacional a su visión política de la España plurinacional que debía reconstruirse a través de la democracia y la república, una visión que pudiera pensarse heredera en parte del austracismo, que también incluye un cierto iberismo propio de la tradición republicana federal y que siempre fue admiradora de la cultura política inglesa. Una posición que es fácilmente comprobable en su Historia de España, que tiene como objetivo básico, si bien curiosamente no declarado de forma explícita en su introducción, el contrarrestar las visiones uniformistas y castellanistas del nacionalismo español, que también habían sido ya contestadas, como hemos visto, por otros autores catalanes en el siglo anterior. Una óptica catalanista de la historia de España que defendió ante autores tan afamados en su época como Ramón Menéndez Pidal[545].

A las alturas de los años cincuenta, en cierta medida, esta era la única oportunidad de lucha que la intelectualidad resistente catalana y catalanista procedente del ámbito republicano tenía para reivindicar una (ideologizada) historia nacional catalana en medio de una represión franquista que trataba de imponer por la fuerza una (ideologizadísima) historia de España ensalzadora de la unidad indestructible de la patria hispana. Y sin ningún género de dudas, Soldevila fue el historiador más notorio e influyente (cívicamente ejemplar, añado) de cómo la resistencia política llevaba a construir una historia nacional de Cataluña capaz de nutrir ideológicamente al hecho diferencial catalán y al catalanismo persistente cuya llama había que procurar que no se apagase.

Desde estas posiciones básicas, y teniendo como baluarte interpretativo el concepto de desnacionalización de Cataluña, ya germinado por otros autores como Balaguer o Prat de la Riba, edificó nuestro historiador su visión del Setecientos catalán en su primera Historia de Catalunya, de 1935, y también en la versión definitiva de 1963. En efecto, los conceptos de nacionalización y desnacionalización vertebran buena parte de su visión histórica de Cataluña y de sus relaciones con el hecho hispánico. Así, por ejemplo, su ponderación de los reinados españoles de la Edad Moderna, desde los Reyes Católicos a Carlos IV, está en gran medida en función de dichos conceptos. Es decir, en función de en qué medida los titulares de esos reinados respetaron o no el autogobierno de Cataluña y, por tanto, sus Constituciones e instituciones representativas, y también de en qué grado supieron guardar o no el «equilibrio peninsular» entre las distintas naciones españolas que, según su parecer, fue puesto por vez primera en peligro por el «despotismo descentralizado» de los Reyes Católicos, que ya tendía a la «asimilación» desnacionalizadora de Cataluña, y definitivamente liquidado por Felipe V.[546]

En buena medida, creo que bien puede afirmarse que con su factura de historiador profesional, Soldevila culminaba gran parte de los argumentos que hemos leído en la mayoría de los anteriores autores, que tenían al patriotismo catalán de inspiración austracista como bandera de fondo de su tarea historiográfica. Eso sí, resulta sin duda la síntesis más panorámica, detallada, completa, informada, interpretativa y sugerente que hasta entonces se había efectuado en la historiografía catalana sobre el Setecientos; una visión globalizadora escrita con apasionada elegancia literaria que iba a constituirse en un referente interpretativo de largo recorrido y gran influencia hasta nuestros días, en parte por la riqueza de unas ponderaciones que buscan con frecuencia el equilibro entre su visión catalanista con su visión de Estado español[547], y en parte también por sus sugestivos interrogantes, en cuya solución todavía está empeñado un significado sector de nuestra historiografía.

En su análisis del Setecientos catalán, el barcelonés prestó especial atención a la guerra de Sucesión en la medida en que la consideraba clave en las relaciones históricas entre Cataluña y la monarquía española y de una gran trascendencia para la sociedad catalana que, en su opinión, debido a dicha contienda no pudo seguir los pasos democráticos de sus coetáneas Suiza o Inglaterra[548]. Respecto a la disputa sucesoria, piensa que la causa de los austracistas fue la causa del país en la medida en que defendieron las instituciones tradicionales de Cataluña, siendo además el archiduque el legítimo heredero a la Corona de España, pues solo las habilidades últimas de Portocarrero hicieron cambiar sibilinamente su disposición testamentaria al deteriorado Carlos II, un rey muy querido de los catalanes porque había mostrado una nueva sensibilidad hacia ellos aunque estuviera rodeado de malos ministros. Por eso, afirma Soldevila, muchos catalanes pensaron que hubo manipulación final en la última voluntad del monarca, y por eso no dieron por cerrado el asunto sucesorio. Es más, considera que la designación de Felipe V fue un error histórico para España pues no evitó la previsible pugna europea para soslayar la hegemonía de la casa de Borbón, ocasionó la guerra civil interna entre españoles y, además, la fuerte influencia francesa condujo a «un largo eclipse del espíritu español, hasta el punto de que el siglo XVIII ha podido ser calificado como el siglo menos español de la historia de España»[549]. Parece poderse deducir de estas palabras, que se alinea aquí con aquellos autores que consideraban que el verdadero «espíritu español» era el que provenía de la Constitución política de la monarquía paccionada habsburguesa, que era la que precisamente garantizaba el autogobierno de Cataluña; y también con las conocidas opiniones de Marcelino Menéndez Pelayo contrarias a los Borbones a causa del afrancesamiento al que, en su parecer, sometieron a España.

Partiendo de esta perspectiva, se entiende que Felipe V fuese recibido por una Cataluña que, pese a celebrar con el nuevo soberano unas Cortes satisfactorias en 1701, sin duda desconfiaba de lo que él representaba: absolutismo y centralización. Algo que, en su opinión, también deseaban desde antiguo numerosos ministros castellanos con el conde duque de Olivares a la cabeza. En referencia a la actitud receptiva de Felipe V en las Cortes de 1701, Soldevila afirma sin embargo que es verosímil pensar que se trataba no tanto de un convencimiento ideológico por parte de un monarca que procedía de una Francia absolutista, como más bien de una cuestión estratégica. Ante la posible guerra con el Imperio Austríaco, ante la insurrección que ya había estallado en Nápoles, ante la necesidad de recibir de los catalanes el donativo, Felipe V optó por aceptar las Constituciones catalanas, pues en todo caso, sentencia, «un cop assegurat en el tron espanyol, sempre hi hauria temps, si convenia, per empendre una política repressiva —aquest era potser el raonamente del monarca»[550]. Fue, pues, por desconfianza, opina Soldevila, por lo que los catalanes exigieron el cumplimiento estricto de las Constituciones a Felipe V, en lugar de manifestarse más bien liberales e indulgentes en su cumplimiento como lo habían hecho en otras ocasiones. Y contra la prudencia política que hubiera debido tener el Rey, recuerda que Felipe V y sus ministros, especialmente los españoles, mostraron hostilidad hacia las instituciones y libertades catalanas desde los inicios del reinado[551].

Sin embargo, según su criterio, esto era la manifestación de una antigua, profunda y trascendente causa: la disparidad «temperamental dels dos pobles» (catalán y castellano) y de sus concepciones divergentes e incompatibles en cuanto a la forma de gobierno y a la estructura estatal de España. Es decir, un enfrentamiento secular y atávico entre el escaso espíritu democrático castellano demostrado con la debilidad de sus Cortes frente al poder regio, y el tradicional espíritu democrático catalán con unas Cortes fuertes ante los monarcas. Una pugna secular que tomó fácilmente cuerpo en el marco coyuntural de la contienda dinástica. Y para el historiador barcelonés está claro que la falta de democracia y el centralismo lo representaban los borbónicos, y la democracia y el autogobierno descentralizador, los austracistas. Incluso, desde esta perspectiva, sostiene que los catalanes no solo lucharon por su libertad colectiva como país, sino por lo que esta representaba para sus libertades individuales dentro de un sistema constitucional que, frente al castellano, garantizaba cuatro grandes atribuciones al pueblo de Cataluña ante el soberano: que el rey no podía quitar los cargos públicos sin causa declarada y justificada, que no podía desterrar a nadie de Cataluña sin declaración de causa, que la correspondencia era inviolable y que ni por «política» se podían quebrar las leyes[552].

Soldevila acepta plenamente algo que ya procedía en buena medida de otros autores filoaustracistas[553] y que sería recogido más tarde por una parte de la historiografía catalana de sensibilidad nacionalista: era elemento consustancial de los catalanes (podría decirse de la catalanidad) un espíritu anticentralista y antiautoritario que provocaba de hecho una persistente pugna entre el «absolutismo castellano» y la «democracia catalana» (y de los otros reinos de la corona aragonesa) a la hora de configurar la estructura política de la monarquía española. España uninacional o España plurinacional, España centralizada o España descentralizada, España absolutista o España «democrática»: esa fue la cuestión geopolítica que esencialmente se ventiló en la contienda sucesoria en su opinión. De hecho, parece insinuar el historiador, casi lo mismo que en 1936: solo España o España con las Españas.

En el parecer de este autor, Castilla hacía tiempo que perseguía la unificación centralizadora y uniformizadora de España que comportaba de hecho y de derecho la desnacionalización de Cataluña, y los Borbones interpretaron a la perfección esa antigua aspiración con un absolutismo centralizador llevado a las últimas consecuencias. Por su parte, los catalanes querían mantener sus Constituciones, que eran la representación del universo «democrático» y de libertades individuales y colectivas que también deseaban para el resto de los españoles, y eso lo apadrinaban los Austrias con su «imperialismo descentralizado». Y para nuestro historiador ese «despotisme descentralitzat» que practicaba la dinastía austríaca era el que más interesaba a Cataluña para conservar su régimen autonómico[554]. No es que no hubiera habido ataques del poder central de los Austrias hacia la autonomía catalana, sino que Soldevila considera que los catalanes de la época pensaban, como él, que era la alternativa menos mala frente al poder absolutista de Luis XIV, que ya había mostrado su poca sensibilidad con las nacionalidades del Estado francés.

Queda claro, pues, que para nuestro historiador los Austrias no eran una panacea, sino un mal menor. Así, por ejemplo, después de recordar la frase de Feliu de la Penya de que las Cortes de 1701 aunque satisfactorias no eran más que un modelo «per a quan arribés el qui desijaven» (en referencia al archiduque), Soldevila realiza un juicio de valor significativo al afirmar que, vista con la perspectiva de lo que después aconteció, la llegada del candidato austríaco no fue una buena alternativa para Cataluña:

La solució, per a tots plegats, rei i súbdits, afectes i desafectes, castellans o catalans, hauria estat que no hagués arribat mai. La seva intervenció fou tan nefasta para Catalunya que, per molt que Felipe V hagués volgut minvar, temps a venir, les llibertats de la terra, no hauria pervingut mai a abatre com les abaté al capdavall de la guerra que ara comença[555].

Es decir, sin los acontecimientos continentales derivados de los intereses de las otras potencias europeas y sin la consiguiente llegada del archiduque, es posible, piensa Soldevila, que Felipe V no se hubiera atrevido o no hubiera deseado consumar la abolición de los fueros de Cataluña. Aunque a simple vista pudiera parecer una opinión algo contradictoria con su propio discurso catalanista, y con otras consideraciones muy poco favorables a Felipe V, creo que lo que pensaba es que hubiera sido una guerra evitable sino hubiesen intervenido los intereses de potencias extranjeras, pero que, una vez proclamada, a los catalanes no les cabía otra posibilidad que defender al candidato que estaba en mejor predisposición para sostener el estatuto político de los Austrias, el mismo que comportaba el mantenimiento del autogobierno de Cataluña, santo y seña para Soldevila de su identidad nacional.

Y eso fue, a la postre, aquello por lo que Cataluña luchó y perdió en 1714: un «Estado autónomo» de antigua procedencia medieval y de impronta «democrática» dentro de la vieja Constitución pactista de la monarquía hispánica. Un Estado catalán y una monarquía paccionada que la lucha heroica del pueblo catalán no lograron salvar. Si en 1640 Cataluña había optado por su separación de la monarquía hispana, en 1714 luchaba en cambio por dirigirla. Era, en opinión de Soldevila, la primera vez que lo intentaba. Y como quiera que Castilla adivinara esas intenciones, resurgió de sus cenizas para dar pleno apoyo a Felipe V y asegurarse con ello continuar con la hegemonía dentro de la monarquía hispánica[556]. Para el historiador barcelonés la contienda fue, pues, algo más que una lucha dinástica, algo más que una pugna idólatra en favor de dos príncipes foráneos, «és una nova manifestació, violenta, de l’antagonisme entre Catalunya i Castella». Es decir, una lucha entre «naciones» por la organización geopolítica de España librada por una Cataluña que, aunque estaba en período de decadencia y había perdido conciencia nacional, todavía conservaba un cuerpo nacional ágil y vivaz[557]. Eso sí, una pugna que, como en ocasiones anteriores, tales como la guerra de los Treinta Años, recuerda que estuvo también azuzada por las potencias extranjeras enemigas de España que estaban interesadas en dividirla para así debilitarla y hacerse con una parte de su imperio. En el análisis soldeviliano de la contienda, Cataluña aparece plena de unanimidad. Unanimidad alrededor del austracismo sin que apenas se oteen en el horizonte los catalanes borbónicos, que de hecho parecen no existir para este autor. Y unanimidad interclasista, pues las cuestiones de clase están ausentes en su análisis histórico de esta guerra civil catalana y española. No hay en su obra apenas distinción entre los intereses de las clases dirigentes y aquellos otros que pertenecían a las clases populares. Ni se atisba que los diversos grupos tuvieran sus propios motivos para participar en un sentido o en otro, en un bando o en otro, en tan sangrienta pugna que duró casi una década.

Aunque intenta mostrar un cierto equilibrio valorativo, la verdad es que en el decurso de su obra los patriotas son los austracistas, mientras que quienes no estaban entre sus seguidores no resultan considerados verdadera y propiamente patriotas catalanes. Incluso, en su intento de encontrar contrapesos interpretativos, aparece indistintamente comprensivo con quienes no querían continuar la resistencia y con quienes sí lo deseaban, pero queda claro que se está refiriendo, en cualquier caso, a personajes todos ellos pertenecientes al bando de los austracistas y, por tanto, las razones para mantener o no la defensa numantina, piensa Soldevila, podían ser comprensibles en ambos casos. Por eso, opina que nunca pueden ser calificados de traidores quienes abogaban por negociar una capitulación digna antes del asalto final borbónico a Barcelona, ni pueden ser considerados meros fanáticos quienes decidieron que había que resistir hasta las últimas consecuencias. Si se me permite una licencia especulativa, en aquellos años treinta republicanos, era como si Soldevila se moviese entre el alma conservadora de la Lliga Regionalista identificada con el brazo militar y eclesiástico que quiso pactar con Felipe V en 1713 y la más nacionalista de Esquerra Republicana que parecía identificarse con el brazo popular que quiso resistir.

En este sentido, su posicionamiento sobre las dos opciones en disputa, resulta muy ilustrativo de la forma de hacer historiografía del barcelonés. En su opinión, la alternativa de capitular propuesta por Casanova o Villarroel obedecía al «seny» más que al heroísmo, y era digna y patriótica dado que deseaba evitar una guerra inhumana y sin esperanzas de victoria. Patriotismo sobradamente demostrado, pues cuando más tarde la ocasión lo requirió, recuerda que ambos personajes se pusieron a defender las murallas de Barcelona. Además, ninguno de los dos estaba exento de coraje en la medida en que estuvieron dispuestos a sufrir las posibles represalias de los «patriotes exaltats». Ahora bien, la opción de resistir de estos últimos tampoco puede ser injustamente calificada de insensata o fanática. En realidad, creyeron inevitable luchar hasta el final por la dignidad de los catalanes ante a la historia. Es más, en el fondo, nuestro historiador parece decirnos que era la opción que quizá él hubiera tomado:

Potser el seny més autèntic havia d’aconsellar, paradoxalment, la temeritat: ja sols ella podía salvar les institucions catalanes de una mort segura. La submissió no representava, en cap possibilitat, la conservació de les llibertats pròpies: sols representava l’estalvi de sofriments i de vides.

Temeridad razonable, según Soldevila, porque todavía podía pasar algo en favor de los catalanes a nivel europeo y porque, en cualquier caso, la resistencia heroica y gloriosa tenía sin duda una clara virtualidad para el futuro: dejar «una llavor de patriotisme que no ha deixat de fructificar»[558].

Ahora bien, afirmado todo lo anterior, Soldevila deja entrever en su análisis que la contienda pudo ser evitada. Evitada si no hubieran intervenido intereses de potencias extranjeras que se mostraron además siempre muy ambiciosas frente a las posesiones españolas. Evitada si Felipe V y sus ministros hubieran sido más hábiles y menos radicales. Evitada si las clases gobernantes castellanas, guiadas por su imperialismo, no se hubieran tomado las cosas como una especie de discusión sobre la hegemonía peninsular, apoyando con gran fuerza incondicional al monarca venido de Francia, y hubieran tenido en cambio una visión más plural de España dándose cuenta de que la propuesta del austracismo catalán ya nada tenía que ver con el separatismo de 1640, sino que se trataba de una proposición intervencionista catalana para reparar la organización federativa de toda la monarquía española y renovarla gracias a una política económica, al estilo inglés u holandés, que la burguesía catalana liderada por Feliu de la Penya deseaba consolidar. Fue una oportunidad perdida para reformar el sistema federativo hispano mediante el tradicional pactismo y aceptando el mantenimiento de la mayor tolerancia foral que había venido practicándose con Cataluña en tiempos de Carlos II, aunque aquella fuera el resultado de la evidente debilidad de la corona.

Y finalmente evitada si los catalanes no hubieran tenido la herencia belicosa del siglo anterior. En su artículo «L’esperit bel·licós», señala una causa de la guerra que no he sabido leer en su Història de Catalunya. Se refiere a que el duro aprendizaje guerrero que Cataluña tuvo que hacer en el siglo XVII frente a los Habsburgos, forjó una serie de caudillos que figuran «entre les causes que la impulsarem [a Cataluña] a llançar-se amb tanta facilitat a la guerra contra els Borbons». Es más, opina que en realidad ocurrió algo paradójico: Cataluña aguantó más ultrajes con Felipe IV que los que soportó al principio con Felipe V. Y, sin embargo, ante este último le costó mucho menos rebelarse por la causa señalada: porque a comienzos del Setecientos estaba más viva la tradición guerrera catalana gracias a que se había conformado a lo largo del Seiscientos en contra de los Austrias. Y la existencia de esa tradición, concluye, era bien conocida por los aliados, que sabían que no resultaría difícil contar con los catalanes a cambio de la promesa de protección. Y no menos conocida por los vencedores felipistas, que se aseguraron mediante diversas medidas militares, incluido el terrorismo, que no volviera a reproducirse. Con todo, aunque durante el siglo XVIII se adormeció, la guerra Gran y la guerra contra Napoleón volvieron a demostrar que el debilitamiento «de l’esperit bel-licós no era sinó aparent». En suma, Soldevila quería señalar que los catalanes eran un pueblo generoso y belicoso cuando defendían un ideal, incluso al margen de que fuera bueno o malo para la causa nacional[559]. Una opinión, por cierto, muy parecida a la defendida por Lafuente cuando afirmaba que los catalanes eran «un pueblo que por una idea, o por una persona, o por la satisfacción de una ofensa, ni ahorra sacrificios, ni economiza sangre, ni cuenta contrarios, ni mide las fuerzas, ni pesa los peligros»[560].

Soldevila reconoce que 1714 no era 1640, que la autonomía de Cataluña no estaba amenazada y que vistos los hechos posteriores, la elección puede considerarse un error. En este sentido, me parece significativa su siguiente afirmación: «Evidentment, no es debatida, como el 1640, una inmediata qüestió de vida o mort per a Catalunya. Podía escollir, i de fet va usar d’aquesta llibertat d’elecció. El resultat final de la lluita va demostrar, amb la inexorabilitat dels fets, que s’hi havia equivocat»[561]. En su artículo «Catalunya en guerra de Successiò» esgrime parecidos argumentos. Cree que, en efecto, la guerra fue un error y que, vistos los hechos, Cataluña se equivocó, pero eso no quita para que considere que, en algunos aspectos, los catalanes obraron lógicamente, quizá porque les impelía a ello el actuar como una nación aunque ya no se sintiesen como tal[562]. En efecto, que pueda considerarla con posterioridad un error no significa que Soldevila no comprenda primero que los patriotas catalanes de aquellos momentos pensaran que podían ganar con Inglaterra y Austria de su lado (por eso afirma que no cabe calificarlos de «insensatos»), y que no comprenda después que no tuvieran más remedio que resistir lo que parecía la inevitable caída de las libertades de Cataluña a manos de un sitiador de tradición absolutista como era el Borbón Felipe V. Es por lo que recuerda que se optó por luchar contra los enemigos de siempre (franceses y castellanos) y al lado de quienes, como el príncipe de Darmstadt y el candidato austríaco, daban mayores garantías de continuidad institucional en un ambiente europeo que contemplaba a una Francia debilitada ante las potencias ascendentes de Inglaterra y Holanda. Y esa fue para Soldevila una decisión lógica (política y sentimentalmente) según se presentaba el contexto histórico de la misma.

Es muy interesante el razonamiento que el historiador barcelonés efectúa en esta ocasión al considerar que los catalanes que apostaron por el archiduque estuvieron a punto de tener la razón. Primero porque Inglaterra se mostró demasiado intransigente con Luis XIV cuando este le pidió negociar después de la derrota de Oudernarde en 1708. De haber los ingleses transigido algo más, considera que el rey francés hubiese abandonado a su nieto, el archiduque salido victorioso y Cataluña asegurado sus instituciones hasta las Cortes de Cádiz; y en el caso de haber perdido algo de autonomía hubiera conservado la suficiente como para poder iniciar su «renaixença». Y si este no fuera suficiente argumento acerca de que los catalanes resistentes estuvieron a punto de tener razón en sus cálculos sobre un positivo final de la contienda para ellos, recuerda también, en segundo lugar, que la decisión de apostar por el archiduque era lógica, porque de no ser por el inesperado suceso de ser proclamado emperador, cambiando así la geopolítica europea, considera que los aliados hubieran acabado por triunfar militarmente[563]. De todos modos, sentencia Soldevila, fue una guerra en la que no se puede hablar de indiferencia sino de «passió intransigent» por ambos lados y en la que tampoco faltaron los motivos religiosos.

Una pasión que en el caso catalán se dirigió primero a intervenir en la geopolítica hispana pero que, en su etapa final, se centró también, y sobre todo, en una esforzada y heroica resistencia por defender las instituciones catalanas en la que participaron asimismo algunos austracistas procedentes de otras partes de la monarquía española. De hecho, Soldevila cree que ese doble objetivo de intervencionismo en los asuntos hispanos y de salvar las libertades catalanas acabó influyendo negativamente:

Ha estat dit, amb raó, que el homes de 1640 eren superiors als de 1714 [se refiere a la afirmación de Rovira y Virgili en su libro sobre Pau Claris], pero contribuí a tornar més encertada l’actuació d’aquells el fet d’obeir un sol sentiment, poderós, i un sol objectiu constant: la conservació de les llibertats[564].

Una pasión que llevó a enfrentamientos internos entre las instituciones catalanas sobre las estrategias a seguir ante el avance felipista y que, en opinión del historiador barcelonés, impidió aceptar a los catalanes resistentes que se tratase la rendición de Barcelona en situaciones favorables para el mantenimiento de las libertades más esenciales sacrificando las más formularias. Se refiere Soldevila al momento en que nombrado ya emperador, el archiduque decide dar instrucciones al marqués de Rubí, virrey de Mallorca (junio de 1714), para que pueda negociar la conservación de las Constituciones y libertades a cambio de la entrega de Barcelona y las Baleares. Ante esa oportunidad, nuestro investigador opina que:

la proposta era de categoria, i no ens sembla pas segur que hagués estat rebutjada, sobre tot si els catalans s’avenien hàbilment a acceptar la discussió sobre llurs Privilegis y a provar de salvar-ne els essencials, tot sacrificant-ne d’altres de formularis i de renunciables sense minva per a la llibertat[565].

Una pasión que, finalmente, en el caso de Felipe V, a la sazón apoyado por Francia, le impidió adoptar el mismo papel de moderación final que Felipe IV había tomado en 1640, a la sazón presionado por los galos, al decidir respetar las Constituciones catalanas tras la victoria militar, lo que a juicio de Soldevila hubiera evitado la resistencia numantina barcelonesa al ver que se tenía la esperanza de que no se pretendía que Cataluña se equiparaba en todo a Castilla.

Y después de la heroica defensa por las libertades catalanas y por la Constitución paccionada de la monarquía española efectuada por una Barcelona que según Soldevila estuvo algo abandonada por el resto del país catalán, después de la dejación de los aliados (con especial mención para los ingleses)[566] y después de la derrota militar, el historiador barcelonés recuerda que vinieron la culminación del tradicional deseo de acabar con la organización autónoma catalana, la dura y rencorosa represión felipista[567], los intentos de resistencia de los últimos patriotas austracistas[568] y, sobre todo, siguiendo la senda interpretativa de Balaguer, Bofarull y Prat de la Riba, nuestro historiador opina que se produjo la culminación de la desnacionalización de Cataluña. Es decir, la «mort de la Nació Catalana» de la que ya habían hablado el coetáneo Castellví y el historiador Sanpere, con los cuales Soldevila comparte sin dudar esta dramática conclusión.

Un largo proceso de desnacionalización que el autor opina que había empezado con el compromiso de Caspe, que se mostró activo pero pacífico con Carlos I y Felipe II, que se convirtió en violento con Felipe IV y Olivares (aunque finalmente este último rey, de forma prudente opina Soldevila, decidió no eliminar las Constituciones catalanas), y que iba a culminar el nuevo soberano Felipe V con un Decreto de Nueva Planta que para nuestro historiador fue el fruto meditado y maduro que propició el triunfo del uniformismo y la centralización del Estado español y cuyos efectos todavía perduraban en su época[569]. Eso sí, una Nueva Planta política que, a su criterio (creo que siguiendo con ello los primeros trabajos de Joan Mercader), no era una mera imitación de Castilla, sino que, dada la fuerte personalidad histórica de Cataluña, se constituyó como un régimen aparte antes de que en el siglo posterior se implantaran definitivamente los códigos comunes para toda la monarquía. Un régimen aparte que mostró en su funcionamiento numerosas imperfecciones que hubieron de ser retocadas sin que ello lograra, sin embargo, acabar con abusos y desórdenes[570]. Un régimen, desde luego, que nada tenía que ver con el genuino de Cataluña, que edificado sobre una fuerte base medieval era sin embargo capaz, en opinión de Soldevila, de recorrer los venideros caminos de la democracia como pasó en Suiza o Inglaterra[571]. De todos modos, para el historiador barcelonés, el proceso desnacionalizador resulta el hecho más trascendente y el eje vertebrador de su explicación sobre Cataluña en la España moderna y, por tanto, en la centuria ilustrada. Un proceso desnacionalizador que, sin Estado catalán propio, sin instituciones con las que defenderse y sin un marco legal que permitiera el amparo ante los poderes regios, iba a ser, en su parecer, mucho más fácil e intenso con el absolutismo borbónico de lo que había resultado con los anteriores monarcas de la casa de Austria que también lo habían intentado.

Desde esta perspectiva, y en frase que hizo rápida fortuna por su capacidad visualizadora, perdido el Estado catalán autónomo, Soldevila afirma que las gentes del principado se desnacionalizaron y se esforzaron por convertirse en provincia (en el preciso sentido de lo que significaría después a partir del siglo XIX). Es verdad que «les institucions pròpies havien estat decadents», pero aun así fueron capaces de mostrarse como un «baluard contra les intromissions», y por eso tenían un valor estratégico en el mantenimiento del autogobierno y la identidad catalana en la medida en que servían como freno para la invasión de funcionarios no catalanes, frente a las medidas centralizadoras de los soberanos españoles o contra la penetración del idioma castellano, que perdidas las instituciones, ya no solo se impondría por su prestigio literario, sino también por las disposiciones coactivas, sentencia el historiador barcelonés.

La desnacionalización fue primero producto de la dura represión política pero, paulatinamente, los catalanes aceptaron, según Soldevila, una «normalidad sumisa» que durante algún tiempo amagó el «caliu d’un inconformisme rebel i la recança per les llibertats perdudes[572]» hasta que, hacia los años cuarenta del siglo, la sumisión y la desnacionalización triunfaron plenamente. Mientras que algunos catalanes mantenían la protesta y se movilizaban ante las cancillerías europeas para conseguir la vuelta atrás, recuerda que «tot Catalunya anava endinsant-se en la vida de submisió i desnacionalització»[573]. Si algún esfuerzo hicieron los catalanes a partir de entonces fue el de desnacionalizarse ante el «triumf de llurs enemics»[574]. La tendencia a participar en la gobernación de España comenzada con Carlos II y culminada en la guerra de Sucesión tratando de dar un soberano común a la monarquía conjunta acabó tan mal para los catalanes que, a su juicio, estos prefirieron fundirse dentro de España para, asimilándose, borrar las profundas diferencias todavía existentes: «Ni Estat a part ni Estat hegemònic no havien resultat assolibles: els catalans anaven a assajar d’esdevenir provincia», afirma el historiador barcelonés.

De este modo, cada vez se fue admitiendo con mayor naturalidad por parte de los catalanes que las órdenes provinieran de Madrid, que los foráneos ocuparan los puestos civiles y eclesiásticos de importancia, que algunas instituciones como el Consolat de Mar fueran modificadas, que el rey no tuviera que visitar políticamente Catalunya, que el Decreto de Nueva Planta mostrara su fracaso con un capitán general excediéndose en sus funciones y que, finalmente, Barcelona no tuviera ningún peso político. Todo se fue admitiendo con sumisión y nada quedó del antiguo afán de independencia, y cuando domina el espíritu de sumisión, Soldevila sentencia que «tot li és pastura»[575]. Y efectuado este reproche hacia los catalanes del Setecientos respecto a su responsabilidad sobre el mantenimiento del hecho diferencial y de la nacionalidad catalana, Soldevila muestra, como en otras ocasiones, su contrapunto más benévolo al recordar que en una Europa en que se imponía el absolutismo centralizador y uniformizador como el mejor ideal de eficacia para gobernar, y en una España en la que triunfaba el modelo francés, los catalanes no debieron de ver otra solución posible y se esforzaron por entregarse a los Borbones y también en actuar, bien por voluntad cómplice o bien por indiferencia, para uniformarse dentro de España y, por tanto, desnacionalizarse.

Unos Borbones que, por su parte, argumenta Soldevila, no dudaron en llevar a cabo, en el caso de Cataluña, una verdadera tarea de «asimilación», tanto por la vía pacífica de favorecer el desarrollo económico y la inclusión de los mejores catalanes en el universo borbónico como por el conducto más contundente de imponer la centralización política y la uniformización cultural. Una tarea que desde el principio recuerda que se propuso un doble objetivo. Primero: mantener en paz y quietud a Cataluña con un capitán general casi omnipotente comandando una numerosa tropa que evitase cualquier problema de los catalanes con su rey. Y segundo: dar prosperidad al principado hasta convertirlo en «una de les bases econòmiques de l’Estat»[576]. Tarea asimiladora que, con todo, no sería finalmente eficaz porque no avanzó lo suficiente y no supo acabar con el espíritu catalán sostenido fundamentalmente por el pueblo, que fue el principal baluarte para recuperar la conciencia de la personalidad colectiva de Cataluña. O dicho de otro modo, Soldevila cree que el pueblo fue quien salvó, aunque fuera inconscientemente, la identidad catalana perseverando en las tradiciones y en un idioma que tuvo que vérselas con la imposición del prestigioso castellano[577].

Varias fueron para nuestro historiador las razones del triunfo de dicho proceso desnacionalizador. En el orden político, señala la desaparición de las generaciones de la guerra, la firma de la paz de Viena con la vuelta de los exiliados, los pacíficos reinados de Fernando VI y Carlos III, el formal reconocimiento de unas Cortes generales y el prestigio inmenso de la realeza ante el pueblo, como otros tantos acontecimientos objetivos en favor de la distensión entre los catalanes y el absolutismo y, por ende, como motivos indirectos de autodesnacionalización[578]. En el caso de Fernando VI y Carlos III, aunque no exento de críticas hacia ellos, muestra en líneas generales una buena valoración de sus reinados. En referencia al primero porque estima muy positivamente su política internacional pacifista y su confianza en un ministro como Ensenada, a quien el historiador catalán pondera con grandes halagos[579]. Y en el caso del segundo, al que califica como genuino representante del despotismo ilustrado en España, porque considera que, aunque con evidentes deficiencias, su gobierno «marca el nivel más elevado en el camino ascensional que España había emprendido una vez terminada la guerra de Sucesión»[580]. Valoraciones muy distintas a las que tenía Soldevila sobre un Felipe V cuya figura personal no despierta en él ningún entusiasmo, del que recuerda sus limitaciones y del que, como autor catalanista, tenía una apreciación negativa de su comportamiento con los catalanes derrotados y con la propuesta centralista y uniformista que su reinado inauguró. Pero un soberano del que, al mismo tiempo, reconoce que consiguió los objetivos principales que se impuso: absolutismo, uniformidad, centralización, resurgimiento económico y establecimiento de los hijos de Isabel de Farnesio en Italia. Y también una forma nueva de gobierno y unos objetivos nuevos para el país, un modelo de gobierno que se basó en el poder omnímodo del rey pero también en la actuación activa de ministros bien preparados procedentes de la nobleza baja y con gran capacidad de maniobra[581]. Así pues, críticas por su centralismo uniformista cuando la perspectiva de nuestro estudioso es catalana, pero consideración algo más positiva por su política económica y la elección de sus ministros cuando adopta un prisma hispano.

Sobre la popularidad de los monarcas entre los catalanes, Soldevila argumenta, con un punto de evidente reproche, que el pueblo catalán mostró ciertamente una «mena d’idolatria» (especie de idolatría) por esos reyes borbónicos. Una actitud popular ya insinuada con el archiduque y que nunca había tenido, en cambio, con sus soberanos privativos, en gran medida porque a ellos los trataba simplemente con respeto y afecto, como era más propio (debía de pensar el historiador barcelonés) de un régimen más participativo y «democrático» como era el genuino de Cataluña. En todo caso, en su opinión, una idolatría que, mostrada ya por el pueblo en 1759 a la entrada de Carlos III en Barcelona, lo condujo a verdaderas «bogeries» (locuras) que no fueron decreciendo en la medida en que degeneró la calidad de los reyes con Carlos IV y Ferran VII, sino que se hizo «paroxisme» durante la ausencia de este último, siendo una de las grandes fuerzas que movió a la resistencia contra Napoleón[582].

También recuerda como motivos de desnacionalización el cese del derecho de extranjería, que permitió a bastantes castellanos ocupar importantes cargos civiles o militares en detrimento de los naturales y, desde luego, toda la serie de medidas en contra de la utilización del catalán, al principio tímidas en el Decreto de Nueva Planta y después más decididas durante el resto del siglo. Y, aunque no lo manifiesta con plena claridad, piensa igualmente en los efectos negativos de la colaboración de algunos catalanes adheridos al nuevo monarca que, a su juicio, se habían significado por «llur animadversió a les coses del país[583]» y, en algunos casos, convertido incluso en «plomes servils»[584], aunque ciertamente nunca menciona nombres propios.

Pero para el historiador barcelonés, amén de los tiempos favorables al absolutismo que corrían en gran parte de Europa y de los resultados efectivos de algunas disposiciones políticas borbónicas de carácter desnacionalizador, fue la propia prosperidad económica, principalmente propiciada por la capacidad de trabajo y empresa de los catalanes, la que más contribuyó en el avance de la pérdida del sentido nacional de estos últimos. Aceptando que ya había signos de reactivación desde 1680 según había mostrado Josep Fontana, pero recordando con Joan Mercader que la guerra de Sucesión dejó muy maltrecha la economía catalana, para Soldevila fue a partir de los años treinta del siglo XVIII cuando las gentes del principado recuperaron el pulso gracias a su propia impronta empresarial y laboral, una actitud emprendedora mostrada ya al día siguiente de la derrota de Barcelona al seguir el consejo de vuelta al trabajo dado por los «consellers» tras la capitulación. Una actuación autóctona a la que vino a sumarse una serie de situaciones y medidas económicas que fueron favorables para, todas juntas, provocar «un dels fets més transcendentals de la nostra història en general i de la nostra història econòmica en particular: l’articulació de l’economia catalana amb la de les altres contrades peninsulars»[585].

Integración económica en España a la que contribuyeron, a su parecer, diversas actuaciones borbónicas como las expediciones marítimas desde Barcelona para recuperar los territorios italianos[586], la supresión de las aduanas, la mejora (insuficiente) de los caminos y los transportes, el esfuerzo por acabar con la piratería en el Mediterráneo, el aumento de la libertad de comercio interior, el proteccionismo industrial que se impuso pese a algunas vacilaciones, la apertura al comercio colonial, la libertad de fabricación para industrias como la lanera[587], la creación de la Compañía de Barcelona, la paz con los países árabes que permitió mejorar la expansión catalana por el Mediterráneo, la posibilidad del tráfico de esclavos negros tras la cesión de Fernando Poo por parte de Portugal y, por último, la fundación de los Tres Cuerpos de Comercio, estos últimos considerados por nuestro investigador como uno de los principales artífices del resurgimiento de Cataluña y un verdadero ejemplo de la capacidad de gobierno, innovación y buen hacer de las clases empresariales catalanas.

Todas ellas fueron para Soldevila disposiciones del absolutismo que coadyuvaron a crear una nueva normalidad en la que el prestigio de los monarcas se extendió entre la mayoría del pueblo hasta convertirse en verdadera adoración, como se mostró en tiempos de Fernando VII. Pero entre todas, considera la libertad de comercio con América la medida más trascendental del reformismo borbónico carolino para la prosperidad de los catalanes, una verdadera reparación de la injusticia y el error de haber excluido a Cataluña y a gran parte de la Península de las empresas comerciales de América. La corrección de un partidismo suicida que, engañosamente disfrazado de interés nacional, había excluido de América a los pueblos catalán y gallego, precisamente los más aptos para la colonización[588]. Además, valora positivamente que Carlos III supiera soportar la presión de los comerciantes gaditanos, aunque en realidad lo que hizo fue dar paso a la presión de los hechos, pues Barcelona, y también otras ciudades portuarias, ya eran centros coloniales desde antes de esta medida, bien a través de Cádiz o del contrabando. En cualquier caso, la libertad de comercio era la rectificación de un error inicial que ahora permitiría a la «metrópoli verterse en la vida colonial íntegramente». Y quien mejor partido supo sacar, a juicio de Soldevila, fue sin duda Cataluña[589].

Aunque el principado quedó varado en el espíritu de sumisión política, el trabajo volvió a hacer resurgir a los catalanes, que finalmente vieron cómo España comenzaba a convertirse en un gran mercado para su industria[590] y América en una caudalosa fuente de beneficios[591], y cómo, en tiempos de Carlos III, se entendía definitivamente la idea de que «l’Estat espanyol necessita d’una Catalunya próspera i rica»[592], una idea que el estudioso barcelonés subraya con evidente trasfondo político y que en su opinión muchos españoles de su propia época todavía no acababan de comprender en toda su trascendente dimensión[593]. Fue de esta manera cómo una Cataluña «políticament enfonsada, nacionalment desfeta, serà alçapremada i refeta pel treball»[594], fue de esta manera cómo se puso «al capdavant de l’economía espanyola»[595], gracias sin duda a su propio esfuerzo pero también a «les mesures governamentals» que favorecieron, no sin contratiempos serios, el «ressorgiment industrial i mercantil»[596]. Y para Soldevila, fue precisamente esa «brotada de prosperitat», que se comprueba en el aumento de los salarios (siguiendo a Vilar), y la posibilidad de aprovechar el mercado peninsular (manufacturas por productos agrarios) y el imperio colonial español, lo que vinculó a Cataluña con España mucho más que todas las disposiciones políticas de carácter centralista[597]. En suma, un Setecientos bifronte caracterizado por la «desfeta nacional» y la «embranzida económica», dos realidades bien diferentes que muchos años después permitirán incluso titular algunas obras de síntesis a nuevos historiadores[598]. Dos realidades bien diferentes pero, en el pensamiento de Soldevila, ambas conscientemente buscadas y finalmente conseguidas por el absolutismo borbónico.

A juicio del historiador barcelonés, también en el aspecto cultural se consolidó una mayor vinculación de Cataluña con el resto de España. Un hecho que sitúa asimismo en la estrategia de Carlos III de aunar la prosperidad material con el «uniformisme espiritual» al objeto de asimilar Cataluña dentro de España y desnacionalizarla[599]. Desnacionalizarla merced a la represión del idioma catalán que empezó al día siguiente de la capitulación de Barcelona, mediante una Universidad de Cervera dedicada a glosar el dinasticismo de los Borbones[600], gracias a una Academia de Buenas Letras convertida en un baluarte borbónico[601], o bien ejecutando un eficaz método de atracción hacia la Corte y hacia la Administración de los principales científicos e intelectuales catalanes que en aquella centuria empezaron a destacar con brillantez propia en el mapa cultural hispano. Es decir, en el orden económico y en el cultural, casi todo fue a favor de que Cataluña se fuera insertando progresivamente en España[602], mucho más, afirma Soldevila, que gracias a las disposiciones centralizadoras del absolutismo[603].

Y no menos mostró esta desnacionalización el comportamiento de los catalanes en la guerra Gran y en la de Independencia. Alimentado por las directrices interpretativas de Ossorio y de Oliver, Soldevila mantiene una opinión bipolar en referencia a la primera. Por un lado, reconoce que es el primer acto colectivo de españolismo de los catalanes y que no existió ni la más leve intención de pedir las antiguas libertades pese a las insinuaciones y ofertas de algunas autoridades francesas. Y por otro, recuerda a continuación que aquí y allá dejó al descubierto la «persistent vitalitat de l’esperit autòcton». Para él, Cataluña era incapaz de ni siquiera imaginar la petición de volver a tener un régimen autónomo, pero demostró igualmente ser una cosa aparte y el «patriotisme català es manifesta» como si fuera un anuncio, en castellano y en catalán, de la Renaixença[604]. En cualquier caso, nuestro historiador no oculta su posicionamiento contrario a que se hubieran aceptado las propuestas de los revolucionarios galos de formar parte de Francia o de ser una república independiente, que hubieran sido en su opinión perjudiciales para el verdadero interés de Cataluña, bien por la agresividad del jacobinismo francés, bien porque España no hubiera permitido dicha situación y hubiera podido ocurrirle a los catalanes lo mismo que a los guipuzcoanos. Ni tampoco oculta su enfado político porque los españoles no fueran sensibles en esos momentos para tratar de reconquistar el Rosellón, para él parte constitutiva de Cataluña y también del Reino de España[605].

Asimismo considera que el comportamiento de los catalanes en la guerra contra Napoleón presenta fuertes similitudes con el de la guerra Gran. Primero: una religiosidad transmutada en fanatismo. Segundo: una lealtad dinástica llevada hasta el paroxismo y poco merecida por parte del indigno rey que fue Fernando VII. Tercero: una mezcla algo turbia de doble patriotismo catalán y español. Y por último, una repetición del abandono de Cataluña a sus propias fuerzas, de los conflictos entre los poderes catalanes y las autoridades españolas en el principado y de los enfrentamientos entre el pueblo y los militares, cuyos responsables merecen los más duros reproches por parte de Soldevila[606].

No obstante, contradiciendo en parte su propio criterio de que a Cataluña no le interesaban los cantos de sirena franceses en favor de su autogobierno, pues en buena medida opinaba que no eran más que estrategias galas en su lucha en el concierto europeo[607], Soldevila plantea después una reflexión en la que viene a decir que Cataluña, frente a las demás provincias españolas, se pasó en fidelidad a los Borbones cuando además la opción de José Bonaparte tenía un carácter más progresista. Es más, manifiesta sentir piedad por unos catalanes que teniendo su «conciència obscurecida» creían luchar por su libertad cuando, en realidad, a través de las Cortes de Cádiz se estaba dando la «base constitucional a l’unitarisme espanyol», y un paso adelante en el centralismo y en la uniformización ya iniciada por Caspe, por los Reyes Católicos y por Felipe V. Y todo ello como una prueba más de la «malfiança» (desconfianza) de España hacia los catalanes, como se comprobó, según su parecer, con la prematura e injusta disolución de la Junta Superior de Cataluña (para nuestro historiador una verdadera probatura de poder autónomo en tiempos de guerra mostradora de la perdurable capacidad de los catalanes para gobernar), que significó el definitivo triunfo del militarismo para Cataluña (que ya lo vivía desde Felipe V) y para toda España, anunciando así el turbulento siglo XIX[608]. En su artículo «L’esperit bel-licós», destapando con claridad su ideología política, Soldevila afirma: «No cal dir que, homes lliberals que som, en el cas concret de la Guerra Gran ens plauría molt més de veure els nostres antepassats collaborant a l’obra de la Revolució Francesa que no oposant-s’hi»[609]. Es decir, para él los liberales de Cádiz iban a ser meros continuadores del absolutismo de Felipe V en lo concerniente a la uniformización unitarista de España.

De cualquier modo, cuando la desnacionalización parecía mejor culminada, fue gracias a la prosperidad económica y a la mayor actividad cultural, así como a sentirse Cataluña más vinculada a la monarquía y a su futuro, cuando también fueron apareciendo, paradójicamente según el barcelonés, las críticas al funcionamiento del gobierno central, sobre todo a partir de los acontecimientos revolucionarios franceses y a causa de la toma de conciencia de que el ritmo del crecimiento económico catalán era muy superior al de otras partes de España que, precisamente por su retraso, podían convertirse en una rémora para el progreso del principado. Un progreso económico que sacudía en Cataluña el complejo de inferioridad que representaba el sentirse provincia. Un progreso económico que era «una base material sólida a la nova volada de l’esperit i del sentiment de pàtria», la base material sólida que comportaba un «hecho diferencial», la base material sólida a la que acompañarían el «substancial patriotisme i la labor silenciosa d’alguns catalans» en el terreno de la enseñanza en idioma vernáculo (Reixac), de la historiografía (Capmany, Caresmar, Martí y Pasqual), de la jurisprudencia (Finestres) o de la literatura (Baró de Maldà[610]). Para Soldevila, el pueblo en sentido genérico fue el que ciertamente se dedicó a trabajar y a conseguir el progreso económico (lo que considera también una forma de hacer país), pero fueron determinadas personalidades las que con sus esfuerzos intelectuales mantuvieron la llama de la catalanidad y contribuyeron a su posterior relanzamiento medio siglo después. Fueron, pues, las élites intelectuales minoritarias las que tomaron mayor conciencia de la necesidad de actuar para salvaguardar una identidad diferencial específica llamada Cataluña.

En efecto, si bien en tiempos de la guerra Gran y de la guerra Napoleónica Soldevila reconoce que se pronunció sin ambages el españolismo catalán y su nuevo intento de dirigir las cosas de España, también recuerda que fue igualmente cuando empezaron a manifestarse síntomas de un renacido patriotismo catalán que anunciará y prefigurará los venideros tiempos de la Renaixença y el final del «l’abaltiment provincià» (el abatimiento provinciano[611]). Un renacer del patriotismo catalán que tuvo en el crecimiento de la economía, en el sostenimiento de la tradición (histórica, literaria, de gobierno propio, de recelo ante el poder central[612]), en la fuerza de la capitalidad de Barcelona y en la conservación popular del idioma, incluso por parte de quienes como Capmany no lo valoraban literariamente, sus principales puntos cardinales, los «reductes suprems de l’esperit de Catalunya», algo que sin embargo durante el siglo no había sido utilizado por los catalanes, que solo habían ayudado de hecho a la «obra de desnacionalització»[613].

El modelo interpretativo de Soldevila aparece, pues, con relativa nitidez. Cataluña se desnacionalizó casi definitivamente en un Setecientos que, sin embargo, se convirtió en una centuria de prosperidad económica, regeneración social y renovación cultural gracias a la propia impronta laboral y empresarial de los catalanes y a las medidas de los gobiernos borbónicos que, además de una desnacionalización violenta, sobre todo en el primer Borbón, también se esforzaron por integrar al principado en la Monarquía, escuchando sus intereses para de este modo conseguir la desnacionalización pacífica de un país que siempre había mostrado un aguerrido afecto por sus libertades. Fue un tiempo en que considera que la mayoría de los catalanes cambió bienestar económico por silencio político. Un tiempo de progresiva proximidad de las gentes del principado al hecho español, tanto que a veces nuestro historiador reconoce que llegaron a contemplarse las viejas libertades como verdaderas antiguallas[614]. En definitiva, el siglo fue negativo en lo político porque se perdió la densidad nacional que daban las instituciones propias y el respeto por el idioma vernáculo, pero positivo en otros órdenes de la vida de Cataluña porque se matrimoniaron la capacidad empresarial e innovadora de los catalanes con las medidas de los gobiernos reformistas borbónicos, que, eso sí, en su opinión, buscaban insertar plenamente a una Cataluña desnacionalizada en una España cada vez más nacionalizada y más próspera.

Ahora bien, junto a esta desnacionalización triunfante, pese al éxito de la dinastía borbónica consiguiendo ser venerada por parte de las clases dirigentes y del pueblo (veneración que Soldevila señala, con algo de sorpresa, que no se limitaba a Carlos III, sino que incluía incluso a Felipe V), pese a los efectos españolizantes de la guerra Gran y de la resistencia contra Napoleón, pese a la «desorientaciò» de los catalanes que no se dieron cuenta de que en parte luchaban contra sus intereses nacionales, no es menos cierto que la propia prosperidad económica y cultural, el desarrollo de una cada vez más sólida sociedad civil (especialmente de unos estratos burgueses que progresivamente irían aceptando el liberalismo[615]), el mantenimiento en algunos personajes y en las clases populares de la llama de la catalanidad y una guerra contra los franceses en la que Cataluña se comportó con cierta independencia respecto al resto peninsular, a juicio de Soldevila permitieron ir creando un caldo de cultivo para el resurgimiento de un tímido regionalismo político catalán que tuvo sus primeras y difusas expresiones en aquellos sucesivos acontecimientos bélicos[616].

Si Cataluña no se había ocupado del destino hispánico desde su fracaso en la contienda sucesoria, ahora, en la bisagra finisecular, el barcelonés recuerda que volvía a mostrar interés por ese destino al tiempo que resurgían briznas de la genuina identidad catalana y volvían a aparecer manifestaciones evocadoras de las antiguas glorias y las viejas instituciones[617]. Manifestaciones que de «mica en mica, arribaran a infondre a Cataluña la consciència de la seva personalitat i el deler de reconquerila»[618]. Para Soldevila, Cataluña fue recuperando de manera paulatina su personalidad nacional a través del trabajo y sin olvidarse del todo de la «voluntad de ser». El Setecientos fue un trágico paréntesis en lo nacional, pero un paréntesis del cual supo renacer muy meritoriamente el pueblo catalán haciendo prosperar su economía y su sociedad pero también guardando, sin estridencia política y más bien con sigilo, algunos elementos axiales de su particular personalidad, especialmente el idioma. No es que Cataluña saliera de las contiendas finiseculares con ansias de independencia. Al contrario, Soldevila constata que se encontraba más encuadrada que nunca en un régimen de asimilación y más interesada que nunca por aquellas cosas que apasionaban a otros pueblos hispánicos. Lo que ocurrió entonces es que empezaba a vislumbrarse una tenue corriente espiritual dirigida a vivificar el idioma y la historia pasada. Y eso convertía aquellos tiempos en una fecha crucial para Cataluña: «Era l’hora decisiva per al nostre poble: el moment d’ésser o no ésser. Si l’hora passava inútilment, Catalunya hauría sucumbit per sempre». ¿Y dónde estaban las posibilidades de salvación? Para Soldevila no hay duda: en el idioma. El resto, en su opinión, resultaba en cierto modo accesorio[619].

Por todo lo expuesto con anterioridad, la propuesta soldeviliana no representa una visión plenamente nueva en la ponderación del Setecientos catalán, pero creo poder afirmar que culmina, a través del eje explicativo de la desnacionalización, toda la literatura historiográfica anterior de sesgo provincialista, regionalista, catalanista y nacionalista. Con una información mucho más abundante gracias a las numerosas monografías realizadas por otros autores, con un reputado oficio de historiador conseguido a través de una acreditada trayectoria como medievalista y con una pluma ágil, fecunda en interpretaciones y en sentimentalidad, Soldevila consolida de forma eficaz, creíble y definitiva la visión nacionalista (de raíz filoaustracista para el caso de la guerra de Sucesión) del siglo XVIII catalán[620].

Este es, en definitiva, el criterio histórico personal desde el que el estudioso catalán analiza e interpreta la historia de Cataluña, la historia de España y la historia de Cataluña dentro de España. Y en ese sentido no se esconde nunca: convencido de la inevitable adscripción ideológica del historiador, interpreta la Cataluña del Setecientos desde el nacionalismo catalán de su época. No es que pretenda faltar a la ecuanimidad, ser un intransigente partidista ni olvidar la autocrítica a través de la ciencia (por eso hace una segunda versión de su Historia de Catalunya), sino que pondera aquella centuria desde el prisma ideológico de alguien que cree que Cataluña ha sido y deber seguir siendo una nación con su autogobierno, su idioma y su cultura propia. Ha de «seguir siendo» la nación plena de la Edad Media, la nación sostenida aunque aminorada del tiempo de los Austrias, la nación subterránea del Setecientos, la nación que renace del siglo XIX y la nación que quiere permanecer como tal en la centuria que contempla el desastre nacional catalán de la guerra civil española. Un «seguir siendo» que exige para Soldevila un continuar practicando una «voluntad de ser» a la que habían de contribuir los historiadores en tiempos en los que el país catalán debía reconstruirse desde el punto de vista nacional.

Y su particular contribución a dicha tarea la efectúa creyendo que se trata de una opción moralmente legítima, entre otras cosas porque piensa que la neutralidad y la imparcialidad del historiador son antropológicamente imposibles de alcanzar, y que su tarea es la de concienciador, eso sí, riguroso y crítico, de su sociedad a través de la creación y divulgación del conocimiento histórico para mantener a los catalanes en la voluntad de continuar siendo nación diferenciada. En su caso, para la popularización de un conocimiento del pasado que confirma que la reivindicación nacionalista en Cataluña puede ser políticamente sustentada por toda la sociedad catalana armónicamente unida (de ahí probablemente el poco peso que tiene la cuestión de clase en el análisis soldeviliano) dada la existencia de una realidad que considera indudable: la fehaciente demostración histórica del carácter nacional de Cataluña y con él del carácter plurinacional de España. Una demostración histórica que permite cimentar con garantías una posición política nacionalista.

Por todo lo anterior, bien puede afirmarse que para el historiador barcelonés puede existir, legítimamente, aquello que él quiere representar con su propia tarea historiográfica: una interpretación catalana (y de hecho catalanista) de la historia de España y de la historia de Europa. En Soldevila, pues, la separación entre ciudadano e historiador, entre ciencia e ideología, entre política e historiografía se hace a menudo muy delgada[621]: «la història te alguna cosa de reivindicativa […] qui exposa el fets és l’historiador, i cada historiador té la seva visió dels fets», llegó a escribir[622]. No solo quiere conseguir conocimiento histórico del pasado, sino que desea pensar el pasado para pensar su presente a partir de ese conocimiento y a través de su punto de vista nacionalista del presente.

Soldevila pensaba la historia de la Cataluña del Setecientos desde el difícil intento de casar su ideología nacionalista con el respeto a unas reglas epistemológicas del trabajo del historiador, muy en la línea de lo que un Noucentisme historiográfico tardío deseaba realizar: crear un proyecto nacional con la historiografía como ariete fundamental. Y esa visión de la centuria y su anhelo de conseguir el difícil matrimonio entre la cientificidad (y la ecuanimidad) necesaria para crear un conocimiento histórico destinado al consumo de todos los catalanes sin distinción de clases sociales por un lado, con la «inevitable» adscripción ideológica del historiador comprometido en la creación, mantenimiento y refuerzo de la identidad específica de la nación catalana por otro, ha pervivido con gran influencia hasta nuestros días y ha informado, como veremos, el centro neurálgico interpretativo de significados historiadores catalanes a la hora de pensar y ponderar la historia del principado en la España del absolutismo borbónico. A veces para corroborarlo y a veces para matizarlo y/o corregirlo desde la misma sensibilidad ideológica de los catalanismos, importantes autores que se han ocupado del Setecientos catalán, como Joaquim Nadal, Josep Fontana, Nuria Sales, Ernest Lluch, Josep Maria Torras o Joaquim Albareda, entre otros, mantienen significadas conexiones con el mundo interpretativo catalanista y algunas de las formas de historiar de Soldevila[623]. Bien puede decirse que este último no inventó pero sí culminó el paradigma filoaustracista sobre el Setecientos catalán, y bien puede afirmarse igualmente que ha sido un historiador utilizado como posterior punto de referencia recurrente para la interpretación catalanista o nacionalista de la historia de Cataluña.

Capítulo 6
EL REVISIONISMO: JAUME VICENS VIVES Y PIERRE VILAR

Jaume Vicens Vives no quiso proseguir la senda de Soldevila. Como bien sabemos, en su cruzada renovadora de la historiografía catalana y española, el investigador gerundense se mostró en general bastante crítico con buena parte de los historiadores catalanes de su época y especialmente reacio a practicar cualquier tipo de historia nacionalista que abordase los hechos históricos desde un prisma ideológico previo y sin las pruebas documentales precisas y rigurosamente establecidas, o bien que analizase el pasado con una erudición amplia pero dirigida por la mirada nacionalista del historiador que pretende relatar la historia deseada, capaz de mostrar de forma idealizada la perfecta continuidad de la «historia nacional de Cataluña» en lugar de la «història de las Catalunyes successives, tal com elles han viscut, sentit i interpretat el món total»[624].

Vicens estableció una cruzada científica contra el anacronismo, contra la simplificación ideologista, contra la mitificación falsificadora. Y también a favor de una visión de la historia de Cataluña que tuviera en cuenta las propias deficiencias internas y no solo los embates exteriores (reales o supuestos), la larga duración y no únicamente la coyuntura histórica, el estudio monográfico como base para la interpretación generalista, la historia de Cataluña dentro de la historia de España y de Europa. De hecho, siempre se sintió heredero de Capmany y del primer Bofarull[625]. Espoleado por repensar la política catalana respecto a su futuro y al futuro de España, esas fueron siempre sus intenciones historiográficas, aunque como veremos no siempre se harían plena realidad en su obra, que contuvo una evidente y a veces acerada crítica contra la narrativa histórica romántica, una actitud de invariable defensa de la cientificidad de la disciplina histórica en aras a desmitificar el pasado de Cataluña (y de España) pensando en la futuras generaciones, pero también ciertos rasgos de continuidad con algunas de las características de la tradición romántico-catalanista que decía y deseaba combatir.

Si bien el revisionismo de Vicens, calificativo del cual se sentía plenamente consciente y orgulloso[626], continúa siendo reivindicado en positivo por gran parte de la historiografía catalana[627], en los últimos años parece crearse una cierta corriente de opinión, incluso entre algunos de sus discípulos, que tiende a manifestar que sus tempranos juicios sobre los historiadores antecedentes, sobre Rovira o sobre el propio Soldevila, fueron algo tajantes, cuando no injustos, y sin demasiada perspectiva de las pertinentes aportaciones que hicieron con sus producciones históricas para la recuperación nacional de Cataluña. Así, historiadores como Fontana recuerdan que Vicens también hacía historiografía desde un proyecto político para Cataluña y España, mientras que otros como Aurell o Sobrequés tienden a pensar que fue demasiado reduccionista en su análisis de la historiografía anterior[628].

Ahora bien, son algunos reputados historiadores de clara filiación nacionalista quienes están adoptando una actitud más radicalmente revisora de la obra de Vicens Vives. De este modo, por ejemplo, Serra le reprocha que deseara realizar una despolitización y desnacionalización de la historia de Cataluña que para ella también es una forma de influencia ideológica en el discurso histórico mediante un intento de despolitización de la cuestión nacional catalana[629]. Mientras que Pujol, reivindicador como vimos de la figura de Soldevila, es quien señala los temas que precisan ser repensados entre aquellos que forman lo que él denomina el «paradigma vicensià»: la pretendida neutralidad científica de Vicens, de quien afirma que también vinculaba su historiografía a un proyecto político; la necesaria matización de la crítica que el gerundense hizo de las generaciones que le antecedieron; su opinión sobre la imposibilidad de que pudiera haber una vía soberanista o independentista; y, por supuesto, su lógica de la evolución histórica de Cataluña sobre el binomio psicologista del «seny» y la «rauxa» frente a otro binomio que Pujol considera más acertado como es el establecido por Soldevila, separarse de España o dirigirla[630].

Vicens no dedicó una atención prioritaria al Setecientos, pero siempre lo tuvo bien presente en sus interpretaciones de la historia de Cataluña y de España. No investigó apenas en los archivos sobre esta centuria, pero reconoció su importancia en el devenir catalán e hispano[631]. De la amazónica producción de Vicens, son cinco los principales textos en los que se puede apreciar la concepción que este renovador historiador tenía de las relaciones de los catalanes con el absolutismo borbónico[632]. Me refiero a sus dos influyentes ensayos históricos Aproximación a la historia de España, publicado en 1952[633], y Noticia de Cataluña, editado en 1954[634], a su monografía Coyuntura económica y reformismo burgués, aparecida ese mismo año[635], a su reconocido manual de Historia económica de España, redactado en 1959 y, por último, a su artículo de interpretación sobre la guerra del Francés de 1962, sacado a la luz póstumamente[636].

En cuanto a los dos primeros títulos, aparecidos con solo dos años de diferencia, no cabe duda de que son libros de combate intelectual que tratan de hacer de la historia científica una herramienta política para construir un futuro hispano más prometedor y capaz de evitar nuevos enfrentamientos fratricidas como la contienda civil del 36. Un combate con el que Vicens trató de influir en los planes de futuro de la historiografía española y catalana, luchando en ambos casos contra la influencia del ideologismo (el castellanismo oficialista y el romanticismo catalanista), y en el comportamiento cívico y político de las próximas generaciones españolas y catalanas al poder conocer estas una narración histórica renovada y con garantías científicas para levantar un porvenir más halagüeño. En ambos casos, a mi juicio, la intención de fondo de Vicens es que la historia alumbre a la ideología y no al contrario, y por eso en ambos casos también hay que reconocer que demostró una gran habilidad para sortear la censura ideológica de los políticos franquistas y de la intelectualidad oficial.

Respecto a Aproximación a la historia de España, es preciso recordar que está escrita por Vicens cuando apenas había pasado algo más de una década desde que las tropas de Franco habían entrado en Barcelona. Por eso debe tenerse muy en cuenta que se edifica en una época de particular vigilancia intelectual por parte de un régimen franquista que estaba empeñado en imponer una determinada idea de la historia de España que lo legitimara. En estas condiciones, es mérito de Vicens elaborar una historia que huye del castellanocentrismo más rancio que el franquismo quería imponer, haciendo de la historia un instrumento de diálogo interno y de concordia entre españoles con base, eso sí, en el estudio científico del pasado elaborado desde la libertad intelectual que busca conseguir la verdad histórica.

En referencia a Noticia de Cataluña, libro que permitió a Vicens una gran popularidad en la sociedad catalana de su época, se trata sobre todo de una obra centrada en la elaboración de reflexiones histórico-políticas encaminadas a fijar los elementos constitutivos de la historia de Cataluña, así como a construir la comprensión del pasado catalán en función de un presente y un futuro en los que Vicens aspiraba a que una nueva clase dirigente no contaminada de errores pasados, y especialmente comandada por los empresarios catalanes, tomara las riendas del país catalán al tiempo que el conjunto del mismo adoptaba una nueva y más correcta imagen de su propia personalidad colectiva en una época en la que el propio Vicens se interrogaba por las futuras salidas políticas del franquismo (y también por su propia participación personal en ellas); salidas que contemplaba sin acudir a actitudes violentas y bajo la necesidad de que esta vez los catalanes se tomaran plenamente en serio su participación en el poder político español y en los destinos del país común, cosa que consideraba fundamental para el propio porvenir de Cataluña.

A mi parecer, se trataba de algo similar, valga la comparación, a lo que Capmany hizo con sus Memorias o a lo que Prat de la Riba había deseado realizar con la Nacionalitat Catalana. Por eso, puede afirmarse, en primer lugar, que estamos ante una obra con una clara intencionalidad política que busca establecer las características básicas y estructurales de la personalidad y el comportamiento de los catalanes. Si recordamos su famosa triada de la alternancia de «seny» y «rauxa», la existencia del invariable pactismo y el sempiterno espíritu laborioso de los catalanes, tenemos que aceptar que, en buena medida, Noticia de Cataluña resultaba heredera de las producciones intelectuales que buscaban reconocer el Volkgeist catalán. Y por eso también, en segundo lugar, el gerundense no hace otra cosa que, en cierto modo, buscar una vinculación entre la historia y la política consistente en que el conocimiento histórico sirviera para evitar que volviesen a producirse los errores políticos que los catalanes y los españoles habían cometido a lo largo de la historia al alejarse los primeros de la idea principal, que él amparaba, de que Cataluña debía ofrecer un proyecto renovador para toda España, y al olvidarse los segundos de reconocer que el centralismo había ahogado la realidad de las Españas, también defendida por nuestro historiador[637]. No es por ello gratuito que la obra quisiera titularla Nosaltres, els catalans (Vicens la escribió originariamente en catalán), ni tampoco que conquistara una influencia relevante en el incipiente universo catalanista de su época.

En cualquier caso, las páginas en las que Vicens se dedicó a pensar sobre el Setecientos catalán pertenecen todas ellas a obras producidas en sus últimos años y son aportaciones básicamente de interpretación, sin apenas recursos archivísticos directos, y escritas después de su asistencia al IX Congreso Internacional de Ciencias Históricas de París, donde discutiría críticamente las posiciones de los historiadores marxistas y tomaría definitivo contacto con la Escuela de los Annales, y también después de conocer las teorías de Arnold Toynbee sobre la evolución de las sociedades. Así pues, son contribuciones que pertenecen a una etapa de plena madurez, lo que a mi juicio proporciona un valor especial a sus opiniones sobre la trascendencia histórica del siglo XVIII catalán y sus relaciones con el absolutismo borbónico.

Como en otros asuntos históricos que abordó a lo largo de su frondosa y trepidante trayectoria, Vicens intentó representar en esta ocasión un cierto aire fresco con ribetes de ruptura frente al paradigma historiográfico de inspiración nacionalista que hasta entonces había tendido a hegemonizar la explicación del Setecientos catalán desde la producción netamente romántica o desde la posición noucentista-positivista. Se trata de una visión con intenciones claramente revisionistas que busca una «nueva historia» que ayude a poner a Cataluña y a España en la modernidad historiográfica y que sirva para combatir cualquier interpretación victimista de la historia de Cataluña, pues el gerundense opinaba entonces que había que acabar con la idea de que todo lo bueno era debido al esfuerzo de los catalanes y todo lo malo procedía de sus enemigos, argumentación maniquea que, en su opinión, no solo era errónea por dejar de lado los propios conflictos internos, sino que además impedía el avance de Cataluña hacia el progreso.

Era una posición en cierta medida ya avanzada veinte años atrás, cuando nuestro historiador se había desmarcado de la óptica sustentada en el lamento por la «desnacionalización» del país catalán defendida por Soldevila. En efecto, en 1935, el mismo año de su famosa discusión con Rovira[638], un joven Vicens realizaba una afilada crítica de la primera versión de la Història de Catalunya del investigador barcelonés. Después de elogiar su meritorio esfuerzo por hacer una completa síntesis con las pocas monografías entonces existentes, le reprocha sin embargo tres cuestiones principales. La primera, el dejarse llevar por algunos prejuicios de una historiografía romántica que, a su parecer, Soldevila culminaba. La segunda, el hecho de historiar anacrónicamente al centrar su análisis en el punto de vista de la conciencia nacional y del concepto de desnacionalización derivados de una interpretación nacionalista catalana. Y el tercer reproche era la insistencia de Soldevila en el supuesto intento de una monarquía que aparecía sin otra misión que entregar Cataluña al dominio de Castilla[639]. Casi veinte años más tarde, Vicens se ratificaba en buena parte de sus posiciones al analizar la Historia de España del barcelonés, recordando ahora nuevamente que el inconveniente de la obra no radicaba en las probadas cualidades del autor, sino en no haber abandonado este una tradición historiográfica romántica y en no disponer en su época de las suficientes monografías científicas (carencia que desde luego no le imputaba[640]).

Con todo, hay que decir que Vicens siempre valoró la persona de Soldevila, a quien situaba en el sector más universitario de la profesión (junto con Fernando Valls y su maestro Antoni Rubio i Lluch) y del que afirmaba que era un historiador «sutil[641]» y un investigador «penetrante» y «competente» con evidente «probidad moral»[642]. Un estudioso que, por cierto, hay que recordar que formó incluso parte del tribunal de la tesis doctoral del gerundense y con quien un Vicens cada vez más próximo a un suave catalanismo se encontraría colaborando en diversas publicaciones en los últimos años de su vida[643]. A mi criterio, nuestro autor tenía una visión ambivalente de Soldevila que fue matizando con el tiempo: necesitaba combatir su historiografía de sesgo romántico sin que ello se entendiera al mismo tiempo como una descalificación completa del barcelonés, pues apreciaba su tarea por el enorme esfuerzo intelectual que suponía, porque la consideraba más profesional que la de sus antecesores y la de buena parte de sus coetáneos y, finalmente, por lo sugestivo de sus propuestas interpretativas que venían a confirmar, frente a la visión historiográfica unitarista del nacionalismo español, la verdadera pluralidad de España. Y quizá también, añado, porque el Vicens político fue promocionando a un Vicens historiográfico que fue acercándose, tal vez de forma imperceptible para él mismo, a una perspectiva de cierto sesgo romántico[644].

De hecho, el Vicens que se ocupó tangencialmente del siglo XVIII catalán tenía tres importantes puntos de apoyo para sustentar sus posiciones. Primero, la influencia de un creciente pero suave catalanismo que admitía el doble patriotismo, pues bien sabemos que nuestro historiador fue acercándose al catalanismo más clásico que no contemplaba otra fórmula que la buena relación entre Castilla y Cataluña para efectuar un programa común sobre España y las Españas, desechando por tanto de forma radical, por inverosímil e inviable, cualquier planteamiento de creación de un Estado propio catalán. Noticia de Cataluña es la certificación de ese progresivo compromiso con el catalanismo moderado que deseaba el «redreç» (recuperación) de Cataluña dentro de una España europea y democrática, una Cataluña próspera y burguesa cual si fuera una Suiza española, una Cataluña dirigida por los «capitanes de industria» para reformar el Estado.

Segundo, el intento de ayudar a construir durante el Franquismo una nueva burguesía catalana inspirada en su homónima del Ochocientos[645], burguesía emprendedora que para él tenía sus orígenes precisamente en los grandes comerciantes e industriales del Setecientos[646]. Una nueva élite social capaz de liderar el país hacia la democracia y la modernidad a partir de un conocimiento científico del pasado, como el que se producía en la historiografía internacional que Vicens conocía bien, y no de un conocimiento romántico que él creía estéril y paralizador para el futuro del país (catalán o español). En cierto modo, esa es la justificación última de sus artículos sobre el reformismo burgués del XVIII y, especialmente, de sus aportaciones sobre el empresariado catalán en Industrials i Polítics.

Y tercero, un evidente posibilismo político para la transformación reformista del régimen franquista a partir precisamente de la acción de las élites catalanas. Un posibilismo que le llevó a tomar contacto a la vez con diversos sectores del franquismo y de la resistencia antifranquista y que pretendía evitar nuevos enfrentamientos fratricidas en el deseado final del régimen. Un posibilismo que, por cierto, le hizo aparecer como sospechoso de ausencia de «verdadera» catalanidad ante la resistencia cultural antifranquista más nacionalista ubicada en el Institut d’Estudis Catalans. Una resistencia catalanista que no comulgaba con su positiva interpretación de Fernando el Católico (en un momento en que el franquismo glorificaba a los Reyes Católicos[647]), con la forma iconoclasta con la que a veces Vicens enjuiciaba a sus predecesores (manifestación de su fuerte personalidad y de su relativo gusto por la provocación intelectual), y que sentía además que el gerundense adoptaba una posición injusta e innecesariamente destructora de las propias esencias históricas e historiográficas del país. Una resistencia catalanista ante Vicens que no finalizará (y acaso no plenamente) hasta la tardía fecha de 1958, cuando fue aceptado como miembro adjunto no numerario de la Sección de Historia y Arqueología[648]. Una posición de sospecha-reproche que, por cierto, parece rebrotar entre algunos de los historiadores actuales más nacionalistas.

La interpretación del historiador gerundense sobre el Setecientos catalán parte de una visión de la guerra de Sucesión en cierta medida novedosa[649]. Siguiendo la estela interpretativa de Soldevila, piensa también que la contienda sucesoria fue muy diferente a los sucesos de 1640, si bien en ambos casos cree que la base del conflicto estuvo en que los catalanes deseaban sobre todo conservar la autonomía política de los tiempos de Fernando II. No obstante, si en aquella ocasión los catalanes luchaban por no implicarse en los asuntos de España pero conservando sus fueros, ahora, ante la evidencia de que el Estado no funcionaba, una nueva generación era la que deseaba ponerlo al día desde una doble aspiración: que se respetase el estatus político de Cataluña dentro de la Monarquía y que se consiguiera también una mayor participación catalana en la misma para así mejorar su funcionamiento. Sin embargo, recuerda Vicens que las clases altas catalanas que propiciaban esta estrategia no supieron definirla bien y, en el otro lado, en el de la dinastía borbónica, tampoco interpretaron correctamente las verdaderas intenciones de aquellas, que no eran sino continuar con una tradición que también había sido seguida en el siglo anterior: la de sentirse integrados en una misma monarquía pero con un orden político diferenciado.

Y desde esa atalaya interpretativa, el gerundense prosigue su ponderación de la contienda recordando que lo realmente cierto es que, ya fuera por prudencia o conveniencia, Felipe V «se presentó ante los catalanes como un celoso amante de sus libertades»[650], como bien demostró en las positivas Cortes de 1701-1702, y que, por tanto, fueron las actuaciones de los aliados, fomentando el tradicionalismo político de la Corona de Aragón, y las acciones de una minoría de catalanes que desconfiaba de los deseos centralizadores del gobierno, las que acabaron arrastrando en 1705, según Vicens de una manera paradójica, a una gran mayoría del pueblo catalán al bando de los mismos Austrias que en buena medida eran los causantes del mal funcionamiento de la monarquía. Y cuando en esta última fecha se hizo realidad el triunfo momentáneo del archiduque en Cataluña, una «onada terrorista» de sus partidarios convirtió la insurrección en una guerra civil catalana, según la opinión de nuestro historiador.

Por su parte, el gobierno del archiduque ofreció menguadas soluciones para Cataluña y para España y puso en marcha una evidente represión frente a los catalanes borbónicos, factores ambos que produjeron la sensación, en bastantes habitantes del principado, de que el absolutismo estaba en ambas dinastías y que lo mejor era prepararse para cambiar de bando cuando fuera oportuno. Según Vicens, eran los mismos catalanes que, junto a los borbónicos de primera hora, elaborarían finalmente el Decreto de Nueva Planta. En realidad, 1714 fue para el historiador gerundense la triste constatación de una revuelta abandonada por la clase social que la había promovido y que vaciló entre su «localismo tradicionalista» y sus afanes de «intervencionismo hispánico», entre su «conservadurismo» y su necesidad de abrir el paso «a las nuevas fuerzas demográficas y sociales del país»[651]. Una élite social que se entregó a un monarca austríaco al que Vicens considera por debajo de la altura de la tarea que le esperaba y de quien opina que «habría seguido una trayectoria paralela a la de Felipe V»[652].

Así pues, la guerra fue para este historiador un momento en el que se inauguró, en tono mayor, la voluntad catalana de intervenir en las cosas de España que ya se apuntaba en el siglo XVII[653]. Y en ningún caso fue una porfía entre castellanos y catalanes. Por eso afirma textualmente:

És injust de pretendre que la guerra de Successió, desde la primera temptativa d’ocupació de Madrid per les forces de l’Archiduc el 1706, es reduís, a Espanya, a una pura confrontació de la ideologia dels Pérez, Gómez i López contra la dels Coll, Cases, Poc i Ferrer; que aquells fossin representants de l’única Espanya possible i que aquest lluitessin per imposar llur credo polític als altres membres de la monarquia […] no hi hagué prevenció popular castellana contra Catalunya ni a Catalunya es tingué el menor recel contra la gent de Castella[654].

Es más, según su parecer «los catalanes que seguían al Archiduque creían de buena fe que defendían la verdadera causa de España y no tan solo un puñado de privilegios»[655]. Para Vicens, la contienda se convirtió de hecho en una guerra civil entre catalanes en la que una parte de las clases altas que la iniciaron se desentendieron de ella ante un pueblo que fue quien acabó mayoritariamente muriendo en las trincheras.

Después de esta verdadera «hora zero[656]» que para el historiador gerundense fue 1714, Cataluña quedó integrada, con plenos derechos de igualdad respecto a Castilla (al menos en teoría, matiza) en la monarquía española, al tiempo que fue objeto de la primera experiencia reformista centralizadora impulsada por el «despotismo ilustrado» encabezado por los Borbones triunfantes. Hasta 1740 hubo algunas resistencias catalanas a la nueva situación, pero a partir de entonces nuestro investigador considera que se produjo un doble fenómeno. Primero: la reconciliación interna entre borbónicos y austracistas gracias a compartir la misma oposición al centralismo borbónico. Y segundo: «la gloriosa diàspora de la gent del Principat per les terras de l’antiga Corona castellana». Una expansión silenciosa pero efectiva que revitalizaría Cataluña y que, aunque no era del agrado de algunos, consiguió, afirma, el amparo tanto de las autoridades como de los intelectuales: al decir del historiador gerundense, Campomanes soñaba con vivificar Castilla, Extremadura y Andalucía «emprant institucions catalanas». O dicho de otro modo: para Vicens, el éxito de la Compañía de Barcelona fue el que llevó finalmente a las autoridades borbónicas a suprimir el monopolio andaluz del comercio colonial. En suma: «Catalunya marxà a la punta d’aquest moviment de redreç, i, d’incognit, preparà una nova España al seu gust»[657].

La postura de Vicens respecto a las relaciones de Cataluña con el absolutismo borbónico son, pues, de una cierta búsqueda de equidistancia interpretativa respecto a las visiones más nacionalistas catalanas y españolas. En esencia, creo que su posición ensayística, alimentada eclécticamente por una mezcla de tardopositivismo, annalismo, toynbeanismo y neorromanticismo, puede formularse del siguiente modo. Los catalanes, especialmente una parte de sus élites dirigentes, lucharon por una España plural pero no se dieron cuenta de que para solucionar la agonía de los últimos Austrias era preciso «un amplio margen de reformas de las leyes y fueros tradicionales»; reformas sí, pero no lisa y llana abolición, pues si era bien cierto que el «jusconstitucionalisme català estaba revellit», también lo era que algunas cosas podían haber sido aprovechadas por las nuevas autoridades borbónicas[658].

De hecho, desde un cierto sesgo teleologista, Vicens afirma que los catalanes austracistas «lucharon contra la corriente histórica y esto suele pagarse caro»[659]. Y esa corriente histórica no era otra que el absolutismo que estaba empezando a triunfar en gran parte de Europa. Para este historiador, Cataluña, donde opina que no hubo unanimidad social respecto a un gobierno del archiduque que dejó bastante que desear, resistió con gran energía frente a esa marea histórica del absolutismo triunfante antes de caer finalmente derrotada, siendo a la postre sus instituciones suprimidas por los felipistas vencedores que se encargarían de aplicar en España dicho modelo de Estado una vez consumada su victoria frente al austracismo.

Ante tan trágico final, sitúa las responsabilidades históricas en ambos bandos contendientes, a la vez que se muestra en cierta forma comprensivo con algunas de sus razones[660]. Por parte de la «burocracia catalana» y de los «juristas» defensores del pactismo, nuestro estudioso piensa que se fomentó la intransigencia colectiva preparando de este modo el ambiente que iba a propiciar primero el apoyo popular al archiduque y después el sacrificio final en aras a defender unos principios colectivos «archiconsagrados», es decir, en una de esas peligrosas desviaciones sentimentales a las que Vicens cree que son tan propensos los catalanes y que en su opinión finalizan en radicalismos sociales contra el Estado, y de cuya última manifestación había sido personal testigo en la guerra civil del 36. Un movimiento popular de resistencia que, no obstante, en sus últimos momentos, piensa que fue más el fruto del deber histórico que del convencimiento emocional de la masa del pueblo. Es por eso que afirma que se efectuó una política de parapetarse en las Constituciones de una manera exagerada y ortodoxa, imposibilitando así la acción de gobierno dentro de una monarquía común que, forzosamente, debía enfrentarse con problemas diferentes a los meramente catalanes. Ahora bien, Vicens reconoce también que esta actitud resistencialista no fue un capricho, sino el resultado de una prolongada decepción histórica que provenía del momento mismo de la unión dinástica de los Reyes Católicos y que, finalmente, iba a estallar, de manera inevitable, en la crisis de 1705 en el marco de un conflicto europeo en el que Cataluña sería influenciada de manera directa por una de las partes en litigio.

Por parte del bando felipista, cree que se practicó igualmente un rigor innecesario, una intransigencia contraproducente fruto de la «falta de buena voluntad» con la que se aplicó el régimen de unicidad política de la monarquía por parte de los «burócratas reales», que hábilmente consiguieron la aprobación de Felipe V. De este modo, nuestro historiador argumenta, con suma claridad, que lo que debería haber hecho el nuevo monarca en las Cortes de 1701 era respetar los principios del pactismo al mismo tiempo que eliminaba las Constituciones y privilegios que ya no respondían a los tiempos ni favorecían el progreso de los catalanes, acción que hubiera reducido, en su opinión, la fuerza y popularidad del partido austracista y dado facilidades de expansión a los catalanes en el seno de la monarquía y en ambos continentes.

A partir de estas ideas, afirma que una vez derrotado el partido austracista primero hubo resistencia, pero luego «resultó que el desescombro de privilegios y fueros le benefició insospechadamente [a Cataluña], no solo porque obligó a los catalanes a mirar hacia el porvenir, sino porque les brindó las mismas posibilidades que a Castilla en el seno de la común monarquía»[661]. Y fue entonces cuando la laboriosidad de los catalanes (que un Vicens algo esencialista y psicologista considera casi congénita de su carácter), en medio de un alza generalizada de los precios, logró levantar el país y, en cierta medida, contagiar a una periferia peninsular que se impuso finalmente al centro, lo que explica en cierto modo que Carlos III decretara la muerte del monopolio andaluz. Y en estas mismas ideas insiste también en su tardío ensayo sobre la guerra del Francés o de la Independencia, que de ambas formas la llama nuestro historiador. Conociendo ya las aportaciones de Vilar, insiste en que Cataluña pudo superar la guerra contra Napoleón de manera airosa porque «la vitalitat del país era gegantina» durante el siglo XVIII: «Catalunya, que havia conegut una nova hora zero en 1714, remuntà amb gallardia la pujada del segle XVIII i arribà al capdamunt amb una virior admirable, amb la consideració d’ésser la mes traballadora, la més dinàmica i la més progresiva de les regions de la Corona espanyola»[662].

Vitalidad demográfica, agraria, comercial, industrial, expansión por toda España, conquista del mercado colonial gracias a ganarse la libertad de comercio con América (que además en su opinión subsanaba un error histórico), creación de la Compañía de Barcelona y de los Tres Cuerpos de Comercio, todo demostraba para Vicens la fuerza creativa que los catalanes desplegaron durante el siglo y que obligó a las autoridades borbónicas a amparar sus proyectos y su expansión, generando así los mejores resultados económicos que Cataluña había tenido desde el siglo XII. Para el historiador gerundense hubo prosperidad catalana en el Setecientos y ello fue producto de una entente entre la pionera y fundamental impronta emprendedora de los catalanes y las acertadas medidas económicas de las autoridades borbónicas en el marco del régimen político del absolutismo borbónico, el mismo que había acabado con las Constituciones del principado; unas autoridades que supieron darse cuenta de lo positivo que era para la monarquía española atender las demandas catalanas. Por eso Vicens afirma que «es temerario creer que el desarrollo de la economía catalana a lo largo del siglo XVIII fue promovido por las medidas “ilustradas” de los gobiernos de Carlos III». Por el contrario, más bien piensa que fue la impronta catalana la que condujo a las medidas carloterceristas, pero que, en todo caso, ambas tuvieron la virtud de saberse matrimoniar[663].

Frente a autores como Carmelo Viñas Mey, que adjudicaba directamente la prosperidad económica catalana a los Decretos de Nueva Planta y a la centralización borbónica[664], Vicens, reconociendo las virtudes de la supresión de las aduanas para la creación de un mercado común español y de las políticas de proteccionismo industrial que beneficiaron sin duda a los catalanes, afirma al mismo tiempo que «deducir el milagro de la recuperación catalana del mero hecho centralizador equivale a sentar una conclusión arbitraria, sin fundamento racional ni empírico»[665]. Para el gerundense, las reformas económicas las dictaron ciertamente las autoridades borbónicas pero bajo la presión primera de las clases burguesas periféricas, especialmente la catalana, compuesta de grandes mayoristas e importantes industriales algodoneros que supieron reiniciar sus actividades después de la contienda sucesoria y coger nuevamente la estela de la recuperación económica de 1680. En referencia a la renovadora industria de indianas, siguiendo a Vilar, recuerda que las medidas proteccionistas borbónicas serían insuficientes para explicar su desarrollo si no se tuviera en cuenta la decisiva actuación de los comerciantes apostando por esta manufactura cuando sus beneficios mercantiles descendieron[666]. Unas clases burguesas que supieron hacer eso y también, en su opinión, renovar, mediante la Junta Particular de Comercio, una cierta tradición de autogobierno perdida en 1714[667]. Una burguesía comercial e industrial diligente y emprendedora que, tras los acontecimientos de la guerra de la Independencia, empezaría finalmente a solicitar un nuevo régimen político «encara que només sigui per protestar i reclamar», así como una decidida estrategia proteccionista que a su juicio nunca fue «egoísta» ni «exclusivista»[668].

Eso sí, para Vicens, la crucial integración de los españoles durante la centuria, en la que los catalanes realizaron una actuación decisiva supuso como contrapartida que tuvieron «la lamentable obligación de tener que renunciar a hermosas parcelas de su personalidad en aras de un sacrosanto uniformismo estatal»[669]. O dicho con sus propias concluyentes palabras: «A la mística del foralismo sucedió la mística de la centralización a todo trance, no solo administrativa, sino incluso mental. Y en esa empresa fracasarían también la dinastía borbónica y sus colaboradores»[670]. Una mística centralizadora que, a finales del Setecientos, después de un siglo de uniformismo borbónico, opina que había dejado a los catalanes incapacitados para formular teóricamente una doctrina «provincialista»[671]. Soldevila diría que, en efecto, se habían desnacionalizado.

Ahora bien, que fueran incapaces los catalanes de formular una doctrina «provincialista» a causa, recuerda Vicens, de que un «segle de centralizació borbónica havia despullat la gent del país de tota iniciativa teórica»[672], no quería decir para nuestro autor que en Cataluña no se hubiera conservado un sentimiento identitario diferencial de forma permanente y espontánea en amplias capas de la población. Según él, había un doble sentimiento de pertenencia. Por un lado, a una monarquía española que no era cuestionaba por la inmensa mayoría de los catalanes, que se sentían a finales del siglo fieles a su rey, a su religión y a España. Pero por otro lado, existía un provincialismo evidente que se reflejaba en algunas actuaciones de la Junta de Cataluña, en rechazar las quintas, en la incipiente práctica del catalán escrito o en el recuerdo de las Cortes catalanas y de sus instituciones y, especialmente, en la idea central de que el rey no podía derogar las leyes sin autorización de las Cortes. Una posición política esta última que recuerda que fue defendida en Cádiz por insignes pensadores catalanes como Capmany o Dou, pero que, en su opinión, era sobre todo una «tradició multisecular de bon govern [que] traspuava pels vasos capillars de la raça»[673]; es decir, si no lo interpreto mal, que formaba parte de la propia esencia del carácter catalán. Un provincialismo que reconoce que algunas gentes del principado no compartían, como es el caso de los capitulares de Tortosa que pedían unificación de leyes, pero que, en cambio, fue llevado ya a una clara posición foral de carácter regionalista por el diputado Felip Aner. En definitiva, concluye Vicens, después de un siglo de absolutismo borbónico «a part d’aquest sentiment general i poco definible llavors de pertànyer a Espanya, els catalans de 1808 palesaren que no havien oblidat llurs antigues institucions i, sobretot, que no havien perdut l’esperit de governar-se per ells mateixos». Dicho claro y nítido con sus propias palabras: a Cataluña no le habían abandonado «les antigues forces de la terra»[674].

En resumidas cuentas, entre 1952 y 1960, en medio del franquismo triunfante, conociendo la primera versión de la Història de Catalunya de Soldevila, teniendo noticia ya de las primeras aportaciones de Vilar pero no del conjunto de su obra (que todavía tardaría doce años en aparecer en francés) y con las aportaciones de Voltes y Mercader como importante marco referencial para entender y explicar los principios y los finales del siglo, Vicens planteaba una interpretación que no defiende a todo trance las tradicionales Constituciones anteriores a 1716 ni tampoco apuesta entregadamente por la centralización radical llevada a cabo por los Borbones a partir de esta fecha. De hecho, en buena medida, los catalanes del Setecientos acabaron inmersos en España y ayudando a su cohesión, gracias, opina, a que su creadora actitud económica estuvo atendida a posteriori por las medidas de los gobiernos borbónicos, que no obstante no supieron entender la necesidad política de preservar las diferentes idiosincrasias de lo hispánico y que encauzaron «el Estado por la vía de un rígido racionalismo, contrario al sentido histórico de lo hispano»[675]. Y lo histórico hispano era para Vicens, como para la mayoría de sus colegas predecesores, las Españas.

Así pues, la propuesta interpretativa del historiador gerundense afirma que la relación de los catalanes con el absolutismo borbónico reformista fue económica, social y culturalmente positiva, y que la pérdida de las Constituciones no resultó, en ese sentido, definitivamente perjudicial para el país, pues en medio de una coyuntura económica alcista obligó a los catalanes a espabilarse mostrando lo mejor de su impronta emprendedora y hubo además interlocución entre el activismo empresarial de Cataluña con determinadas políticas económicas borbónicas. Es, por tanto, una propuesta que tiende a desdramatizar la épica nacionalista en el tratamiento del Setecientos y a recordar que el siglo resultó bastante positivo para Cataluña a pesar de perder las antiguas Constituciones, sin aceptar, desde luego, que lo primero fuese la consecuencia directa de esto último, por mucho que admita que una parte del antiguo sistema mostraba signos de cierto agotamiento y disfuncionalidad a finales del Seiscientos.

Sin embargo, desde el punto de vista de la organización territorial del poder político, el historiador gerundense concluye que no se supo en cambio articular de forma efectiva la natural pluralidad identitaria de la monarquía, lo que comportó numerosos y graves problemas para el futuro. El absolutismo borbónico ayudó en Cataluña a ir creando riqueza y el tipo de élite burguesa en que Vicens confiaba para rehacer el país durante el Franquismo. En determinadas políticas sectoriales el absolutismo borbónico se entendió bien con las clases dirigentes catalanas, pero no supo en cambio construir un Estado que no fuera implacablemente centralista, un Estado que no fuera «distant» e «inassolible» desde el punto de vista del poder territorial, un Estado que superara el hecho de haber sido «imposat per la conquesta» y «organitzat per mantenirla», un Estado que tuviera a catalanes en sus principales órganos de gobierno central y que recogiera en su seno parte de la tradición constitucional catalana y el sentimiento mayoritario de un pueblo que, sintiéndose español, se reclamaba al mismo tiempo poseedor de una identidad propia que no aceptaba que quedase subsumida a la castellana. O sea, para Vicens el absolutismo borbónico organizó un Estado que no supo realizar lo que en buena medida había efectuado su admirado Fernando el Católico al respetar las Españas. Estuvo bien como proceso racionalizador, estuvo bien para reportar progreso económico, social o cultural, pero no supo solucionar el problema que se había discutido en la contienda sucesoria. Una solución que para el gerundense hubiera requerido el mantenimiento de un cierto autogobierno de Cataluña una vez expurgadas sus Constituciones de las partes inservibles para los nuevos tiempos que parecían abrirse en Europa con el fortalecimiento de las grandes monarquías.

En conclusión, la interpretación de Vicens parece inclinarse por una cierta bipolaridad que se mueve entre un juicio histórico y otro político. El histórico dicta que las Constituciones catalanas no necesariamente deben ser vistas como una panacea y que el absolutismo no impidió el desarrollo de Cataluña. Y el político dice que no es menos cierto que este último debería haber mantenido las Españas con un cierto grado de autonomía catalana y con una mayor participación de los súbditos del principado en la gobernación general de España. Existe en Vicens una cierta ambivalencia interpretativa que tiene que ver con el equilibrio de dos poderosas fuerzas. Primero con el intento de mantener sus tradicionales principios cientificistas sobre la profesión de historiador, los mismos que le conducen a no idealizar, mitificar y victimizar el pasado tal y como a su juicio hacía buena parte de la historiografía romántica y nacionalista. Pero en segundo lugar, también es perceptible en nuestro historiador una reconciliación con el catalanismo político moderado que le fue llevando a una actitud más reivindicativa respecto a la naturaleza plural de España, es decir, hacia un suave «neoaustracismo» que le condujo a un discurso historiográfico que, a veces, parece contener elementos del romanticismo catalanista que tanto deseaba combatir[676].

En buena medida, la del historiador gerundense era una forma de fundamentar historiográficamente el catalanismo político que él consideraba más adecuado para los tiempos de franquismo en los que vivía, y también una propuesta para transitar hacia la democracia sin violencia y de la mano de una burguesía catalana que estaba por la labor de que guardar la personalidad de Cataluña no estuviera reñido con liderar ella misma un crecimiento económico conducente a la modernidad de una España que contuviera una catalanidad reconocida en su idiosincrasia. Desde un moderado catalanismo de orden y prosperidad buscaba influir en el poder del Estado apostando por el diálogo entre Madrid y Barcelona y por una Cataluña que liderarse una nueva España gracias a su dinamismo. Vicens era un catalán español que, pese a sus esfuerzos por mantener su cientificidad, habría que recordar que todas esas metas cívicas y políticas condicionaron en alguna medida sus ponderaciones históricas sobre el Setecientos catalán y español al contemplarlo con un cierto aunque suave presentismo. De hecho, este último Vicens, como era propio de la tradición historiográfica catalana y española antecedente y de su época, también narró el Siglo de las Luces desde el hecho nacional (español y catalán) buscando, eso sí, estar lejos del nacionalismo historiográfico.

La prematura muerte de Vicens dejó un importante vacío en la historiografía catalana y española que, en gran medida, vino a ocupar el investigador francés Pierre Vilar. Dispersados y huérfanos los discípulos del historiador gerundense, una parte de ellos pudieron en cierta medida agruparse, intelectualmente hablando, alrededor de un historiador influido por Annales pero que ante todo era un decidido practicante de una historia marxista, aquella misma que Vicens había combatido en París, en 1950, aunque reconociera algunas de sus aportaciones. Era, en cierta forma, como si la antaña intuición vicensiana respecto al liderazgo de Vilar se cumpliera al paso de los años. Pienso que resulta fácil compartir la opinión de que las investigaciones de Vilar representaron un hito fundamental para el conocimiento y la mejor interpretación de la Cataluña del Setecientos y de sus relaciones con el absolutismo borbónico. La lenta maceración de su obra comportó que su influencia en autores como Soldevila o Vicens se produjera primero en forma de avances informativos de sus investigaciones, y que no fuera hasta la publicación de su Catalunya dins l’Espanya moderna (en francés, en 1962, y en catalán, entre 1964 y 1969) cuando el historiador galo comenzase a ejercer todo su poderoso influjo en la historiografía catalana y española sobre el siglo XVIII[677].

Tras las influyentes posiciones de un nacionalista republicano como Soldevila y de un catalanista suave y posibilista como Vicens, el historiador francés vino a representar una interpretación desde fuera de la catalanidad (aunque con indudables simpatías por la misma que nunca disimuló) centrada en el materialismo histórico evolucionado y con una declarada apuesta por la cientificidad no ensayística. En Vilar no hay cabida para el discurso de los agravios, para el victimismo histórico, para el apriorismo ideológico, ni para el presentismo político. Ni tampoco para el concepto ideológico de «desnacionalización», para la lectura romántica y sentimentalizada o para las visiones meramente politicistas o culturalistas más propias de posiciones filonacionalistas. Su acercamiento a la Cataluña del Setecientos resulta «laico» frente al nacionalismo catalán o español, siendo el de un historiador que desea entender, a través de la «fría» ciencia y de la teoría marxista de la nación[678], la evidente persistencia del «fet catalá» a partir de la compleja y poliédrica relación histórica entre las estructuras económicas, los intereses y las relaciones de clase, la acción política frente al Estado y la creación de la conciencia identitaria colectiva, en lugar de hacerlo a través de la ideología o la emotividad patriótica. Un historiador que sabiendo de la «evidencia» de su subjetividad, declara compartir la «exigencia» de una objetividad en el historiador[679]. Un historiador que desea evitar, a la vez, la «sequedad de la tradición positivista y la pasión deformadora de la tradición romántica» a la hora de estudiar la transición hacia el capitalismo en Cataluña[680].

Aunque no está exento de coincidencias con Soldevila o Vicens, bien puede decirse que Vilar inaugura una senda interpretativa propia en la historiografía del Siglo de las Luces catalán, una centuria a la que dedicó el grueso de su obra de investigación empírica y de la que nos ofrece la primera interpretación marxista[681]. Una senda interpretativa que contribuirá a limpiar de ideología los discursos históricos y que vino a ofrecer un verdadero programa de investigación sobre el Setecientos catalán que ha tenido numerosos cultivadores[682]. En el conjunto de la oxigenadora obra vilariana, se muestra que la economía y los diversos intereses de clase pueden crecer y desarrollarse en diferentes modelos políticos y que la pérdida del «Estado catalán» no supuso el «fin de la nación», sino que esta encontró el camino para rehacerse en el marco de una etapa expansiva de los precios bien aprovechada por una sociedad emprendedora capaz de levantar el país en diálogo con las autoridades del absolutismo borbónico, que acabaron escuchando sus necesidades y haciendo caso de algunas de sus peticiones económicas más significadas. Con Vilar, Cataluña deja de ser «una persona[683]» y de ser «unánime» para convertirse en una nación conformada por clases sociales que defienden intereses distintos en el seno del «continente» España y en medio de la política reformista de los ministros del absolutismo borbónico, política en la que reconoce numerosos entendimientos con los catalanes a partir de la iniciativa pionera de sus propias clases dirigentes[684].

Para el historiador francés, el Setecientos catalán comienza a finales del Seiscientos y se ve prontamente jalonado por una guerra en la que las motivaciones de clase fueron sin duda muy importantes para explicar las diferentes posiciones de los catalanes ante la cuestión sucesoria[685]. Una contienda en la que el hispanista galo piensa que una parte de la clase dirigente catalana se propuso intervenir en España para regenerarla desde la perspectiva de sus intereses, conservando todo el tradicional andamiaje político constitucional pactista mediante una estrategia que pretendía al tiempo preservar los privilegios y renovar la grandeza de la Monarquía. Su posición recuerda más a Vicens que a Soldevila, en el sentido de que si bien ambos coinciden en caracterizar la contienda sucesoria como un intento de participar en España, Vicens y Vilar matizan mucho más la cuestión de clase y no atribuyen a todos los catalanes esa intencionalidad, sino esencialmente a una parte de la nueva burguesía comercial y de la pequeña nobleza. Una burguesía que nuestro hispanista sitúa como el portaestandarte principal del austracismo y que, a su criterio, supo aumentar su presencia en los órganos de gobierno catalán en detrimento de otros grupos sociales, supo sentar la primacía de Barcelona frente a otras ciudades y supo asimilar sus propios intereses ante la opinión pública como los de todo el país catalán, unos intereses que esta burguesía mercantil vinculaba al mundo del libre comercio angloholandés y a sus representantes en Cataluña (Crowe, Pager, Telebein), así como a los destinos más presuntamente forales de la casa de Austria[686].

En efecto, Vilar opina que esta vez, a diferencia de 1640, la unanimidad social fue mucho menor, pues hubo muchos «felipistas» en las clases altas y medias y la adhesión popular no fue evidente. A su parecer, lo que ocurrió es que «cierto partido catalán quería ocupar un puesto importante, sino dirigente, en la herencia del imperio». Si en tiempos del conde duque esa minoría deseaba separar a Cataluña de los destinos de un imperio decadente, ahora, en cambio, lo que pretende es «dar al mundo hispano un rey a su gusto» que asegure la tradicional libertad política del principado, el veterano «federalismo» y también sus propios intereses económicos, que debían quedar a salvo de una Castilla que contemplaba en proceso regresivo. Era, pues, para Vilar, un intento de conjugar un punto de vista «particularista» con una concepción más amplia de la estructura y el interés hispánicos que no pasaba por el centralismo que se adivinaba tras Felipe V y la sumisión a Francia. Por eso, a su criterio, hubo patriotismo catalán pero también patriotismo español[687]. Y teniendo en cuenta que se disponía de una buena memoria de los tiempos de Carlos II y que se pensaba que los austríacos eran más «feudales» (léase: más forales) y menos absolutistas que el centralismo francés, se eligió por parte de esta élite al candidato de los Austrias. Lo cual, afirma nuestro historiador, era sin duda «arriesgarse a ser abandonado [y así ocurrió a partir de 1711] por un soberano más preocupado por sus intereses en la Europa Central que por una Corona de España en disputa[688]».

Una pugna sucesoria que acabó con unos Decretos de Nueva Planta que, según Vilar,

reorganitzà profundament el Principat, pero es limità de fet a destruir només els vestigis d’una estructura medieval que únicament s’havia demostrat eficaç (i mai totalment) durant les gran crisis del sistema imperial espanyol. Considerada des d’una perspectiva amplia y llunyana, la Guerra de Succesió consistí de fet en la lluita entre aquellas antigues estructures i un estat modern que pugnava per implantarse[689].

Para nuestro historiador, la Nueva Planta de 1716 supuso «uno de los puntos más bajos de la curva política catalana», el siglo «més estèril per a l’espirit de grup del catalans», pero no representó el «fin de la nación catalana»[690]. Significó más bien el fin de unos vestigios de Estado, el finiquito de «lo que quedaba de un Estado medieval» (y en este caso el término «Estado» es discutible, matiza Vilar)[691] que estaba en un persistente deterioro, así como de la tradicional representación de clases sociales que conformaban las Cortes y el Consell de Cent, lo cual considera que no es poca cosa, sobre todo como símbolo, aunque recuerde también que dicha representatividad era estamental y dejaba de hecho al «elemento popular» fuera de juego. Para Vilar era evidente que los organismos de la veterana autonomía catalana resultaban desde hacía tiempo «sovin decadents, ossificats, que no representen sinó unes oligarquies endarrerides i tradicionals, no creadores, i lligades a vegades a purs privilegis de precedència». Pero no era menos cierto también que las tradicionales instituciones del veterano sistema político permitían a Cataluña enfrentarse a la política imperial impulsada por la corona española al disponer de su propio sistema monetario y fiscal[692].

Pero una vez superadas las consecuencias de la guerra, es decir, a partir de 1725 y de la paz de Viena, Vilar opina que el nuevo sistema político borbónico acabó por estabilizarse y encontrar el respaldo necesario para ello, incluso entre antiguos austracistas; un nuevo régimen que, ciertamente, afirma que tuvo una decidida voluntad de centralización y, por tanto, un «propòsit» de convertir Cataluña en una simple «provincia», eso sí, con su derecho privado propio y su propia jurisdicción feudal[693]. Y en este nuevo marco político estable, asegura que los catalanes fueron capaces de construir una centuria dinámica hasta llegar incluso a cambiar el principio del modo de producción (producir para vender y no solo para consumir) y preparar las bases para el definitivo despegue de la Cataluña contemporánea y su progresiva diferenciación económica respecto al resto de España. Si Cataluña perdió en 1716 «las viejas originalidades económicas […] adquirió otra originalidad por el éxito de la industrialización», a la que sin duda contribuyó para Vilar el siglo XVIII. Una centuria que, además, recuerda que en la cuestión cultural conoció una etapa expansiva en los dominios de las ciencias naturales, la medicina, las técnicas agrícolas e industriales, el derecho y la teología y, sobre todo, en la historiografía, con un Caresmar y especialmente un Capmany que vinieron a inaugurar una nueva metodología histórica preocupada por integrar lo económico en lo social y lo político[694].

Entre las causas de este fuerte crecimiento catalán, el investigador galo sitúa las propias características expansivas del siglo en la mayor parte del mundo, la recuperación económica autóctona procedente de finales del siglo anterior[695], la emprendedora acción de la sociedad catalana y también un absolutismo reformista (que no el «centralismo político» en sí mismo) capaz de explotar mejor su imperio colonial, de liberarse de las hipotecas francesas e inglesas y de escuchar y atender buena parte de las peticiones económicas, sociales, institucionales y culturales del sector más activo de las clases dirigentes catalanas hasta conseguir establecer una «col·laboració fecunda» entre ambas partes[696]. En su opinión, tras los sangrientos acontecimientos sucesorios, la buena entente alrededor de la economía facilitó una mayoritaria aproximación de la sociedad catalana a la monarquía borbónica y a la idea de España como nación política común. Por eso afirma, utilizando una gráfica metáfora: «Res no recorda les lluites passades. Els germans s’han reconciliat, diria qui fos amic de cercar imatges, davant de la taula per una vegada ben servida»[697]. En definitiva, la centuria fue positiva para el desarrollo histórico de Cataluña como país, al margen de que en el plano de la política hubiera perdido su «Estado» propio y tradicional, un «Estado» que, en cierta medida, él considera que estaba formado por vestigios de lo que fue, menos participativo socialmente de lo que a veces se proclama y en un proceso de relativo deterioro.

No es que Vilar no vea también los matices y los claroscuros de las relaciones de los catalanes con el absolutismo borbónico reformista, no es que ignore las cosas que no deben ser magnificadas, sino que considera que, ponderado el conjunto del siglo hasta la década de los años noventa, el balance que puede establecerse es antes positivo que negativo para el país catalán. En un último y breve escrito acerca del Setecientos catalán, un Vilar octogenario recuerda que:

És cosa poc discutible que el balanç material dels anys 1720-1780 a Catalunya sigui positiu. Més homes, mes ben repartis, que viuen més temps. Conreu més estesos, més intensius, més especialitzats. Intercanvis multiplicats a l’interior del país, a la Península i enllà dels mars. Una industria que depassa ja l’estadi de la protoindustrializació[698].

No obstante, al tiempo que establece este balance positivo, señala que no debe exagerarse la ponderación, pues no cabe olvidar que no se trató de una revolución industrial prematura, que los salarios aumentaron pero ello no significó menos explotación del trabajo, que el comercio americano se desarrolló pero que no debemos exagerar su significado y que, en definitiva, el absolutismo reformista tuvo también fracasos y mediocridades[699].

En ese evidente y reconocible desarrollo catalán del Setecientos, Vilar no sitúa al absolutismo borbónico como su causa primera ni principal, pues piensa que la misma deviene de la capacidad de la sociedad catalana para aprovechar una coyuntura expansiva. Sin embargo, sí creo que puede afirmarse que otorga, a lo largo de su obra, un cierto protagonismo solidario y subsidiario a las políticas económicas y sociales que se realizaron desde los gobiernos y a la sensibilidad que estos demostraron, a diferencia del tiempo de los Austrias, con las peticiones que provenían de la Cataluña emprendedora, como bien se demostró, en su opinión, en el apoyo dado a la burguesía de negocios y a sus Tres Cuerpos de Comercio o en unas medidas de política económica que tendieron a escuchar a los negociantes e industriales catalanes en sus peticiones de proteccionismo industrial, libertad de comercio interior, libre circulación mercantil con las Indias y mantenimiento en cambio del monopolio español en las colonias americanas[700].

Es verdad que en nuestro investigador puede leerse una tesis que contiene una gran dosis de tradición historiográfica: el desarrollo industrial catalán cabe situarlo como producto de un evidente fenómeno espontáneo de la propia sociedad catalana, aunque también es preciso recordar que las medidas protectoras de los Borbones o los decretos de Libre Comercio ayudaron al mismo. No es que lo que dice sea exactamente nuevo, pues ya lo hemos visto declarado por otros historiadores antecedentes, pero sí lo es la fiabilidad epistemológica del método histórico con el que llega a esas conclusiones y su visión exógena no perteneciente a ningún tipo de catalanismo. En cualquier caso, todo lo anterior explica, para Vilar, que tras la «supressió de tota la autonomía catalana», el siglo se cerrara en el principado con «una decidida participació dels catalans en la defensa d’Espanya contra Napoleó». Pero también que, como recuerda igualmente el historiador galo, el insigne Capmany, que detestaba el centralismo francés uniformizador, acabara por acuñar la famosa fórmula: España es la nación, Cataluña es la patria[701]. En la opinión vilariana, Cataluña se había integrado en España durante el siglo, pero no se olvidaba por ello de su propia personalidad histórica, aunque a finales de la centuria las reivindicaciones políticas sobre la misma fueran todavía escasas, estuvieran dentro de la compatibilidad de identidades con la española y no reclamaran aún la vuelta de las antiguas Constituciones.

En una etapa de normalización de la actividad profesional de los historiadores en el marco de una vida universitaria en expansión que precisaba de nuevos docentes en historia, la obra de Vilar vino a representar un modelo interpretativo que tuvo la virtud de inspirar numerosas investigaciones monográficas en los diversos campos de la historiografía modernista catalana, especialmente en la dedicada al Setecientos. Si a ello añadimos la herencia de Vicens a través de una pléyade de discípulos de gran categoría académica y la recepción de grandes paradigmas teórico-metodológicos como el marxismo, el estructuralismo o la Escuela de los Annales, es comprensible que se acabara gestando un modernismo catalán dinámico y creador que desde los años setenta del siglo pasado ha tenido al siglo XVIII como centro de principal interés, bastante por encima de la dedicación atribuida a las otras dos centurias de la modernidad[702]. Ahora bien, ¿siguió ese modernismo catalán la propuesta vilariana a la hora de interpretar globalmente la significación del Setecientos para la historia de Cataluña? Veamos a continuación qué fueron diciendo los historiadores catalanes sobre nuestra problemática en los años en que Vilar escribía y también en las posteriores generaciones.

En los años cincuenta y sesenta, algunos historiadores de largo recorrido vinculados a Vicens Vives comenzaron a realizar meritorias aportaciones que, en general, intentaron ofrecer una interpretación del siglo XVIII catalán centrada en la tarea archivística y alejada de la épica histórica y del victimismo político. Es precisamente en esos tiempos cuando uno de ellos, Pere Voltes Bou, comienza una larga y sistemática dedicación al Setecientos catalán y español, poniendo especial énfasis en historiar a todos los monarcas del siglo en su doble vertiente política y personal; una prolongada tarea que no culminaría hasta finalizar los años noventa.

Comenzó Voltes dedicando sus esfuerzos al archiduque Carlos mediante una tesis doctoral dirigida por el propio Vicens. En ella señalaba sus conflictos con las instituciones catalanas en la medida en que estas defendían la vigencia de sus Constituciones y el monarca deseaba una mayor capacidad para gobernar con las menores trabas posibles. De este modo, el gobierno del archiduque en Barcelona como rey de España es calificado por nuestro historiador como poco efectivo y poco reconfortante. Al mismo tiempo, Voltes mostraba una documentada panorámica del conflicto sucesorio en la que se ponía en relación las iniciativas y decisiones de los catalanes con los sucesivos contextos condicionantes de la política internacional[703]. Estas aportaciones sobre el tiempo en que Cataluña estuvo sometida a la fuerte tensión del acontecimiento sucesorio, las ampliaría el propio investigador mucho tiempo después en una obra de síntesis sobre la guerra de Sucesión española[704]. No siendo, sin embargo, su última palabra al respecto del Setecientos hispano, pues años más tarde de ocuparse por la Cataluña del archiduque, ofrecería asimismo una visión de conjunto del reinado y la vida de Carlos III para dedicarse, un cuarto de siglo después, a hacer lo propio, sucesivamente, con Fernando VII, Felipe V y Fernando VI[705].

Aunque estas biografías no abordan directamente las relaciones del absolutismo borbónico con Cataluña, sí que en varios de sus apartados aparece este asunto permitiendo que Voltes exprese su opinión al respecto. Según propia confesión efectuada en la biografía de Felipe V, el propósito central que le guía es distanciarse tanto de las interpretaciones influidas por el catalanismo como por el españolismo. Desde esta perspectiva, cree que no se puede dar a los Borbones el máximo protagonismo en los cambios habidos pero tampoco se les puede excluir de los mismos, tanto en referencia a España como a Cataluña. De ahí que valore positivamente la serie de medidas económicas adoptadas por los gobiernos reformistas en el plano industrial y comercial (prohibición de tejidos extranjeros, autorización de importar algodón maltés, decretos liberalizando el comercio colonial o concesión de los Tres Cuerpos de Comercio), pero que recuerde también (recogiendo en cierta medida el legado interpretativo de su maestro Vicens Vives) que gran parte de las mismas eran concesiones que se producían gracias al propio impulso de la economía y la sociedad catalana para las cuales, ciertamente, tales disposiciones venían a suponer a su vez un factor de indudable dinamismo. En cambio, lamenta que el uniformismo impuesto desde Felipe V lo fuera en la cuestión territorial pero no en la social. Un uniformismo que, a su criterio, resultó muy deficiente en diversas cuestiones, pues no consiguió una satisfactoria unificación gubernativa, legislativa, económica y política del país, ni tampoco acabó con las prerrogativas nobiliarias y eclesiásticas.

Al ocuparse de las relaciones entre Cataluña y Felipe V, el historiador reusense afirma primero que el rey tuvo innegables virtudes de gobierno como fueron una buena conducta moral que supo imponer a la corte, la voluntad de españolizarse, la creación de una tercera vía en su forma de gobierno entre la practicada por la decadente dinastía anterior y las maneras de su abuelo Luis XIV, una vía nacional de gobierno que formuló una política internacional que deseaba que no estuviera subordinada a Francia, la creación de una importante estructura estatal, una política económica y cultural de gran calado dirigida a la producción de riqueza material e intelectual o, por último, la incorporación al poder político de sectores intermedios marginando así a la nobleza más retardataria. A cambio de esta positiva ponderación inicial, Voltes opina después que los defectos también estuvieron presentes. Pese a su potente voluntad unificadora, Felipe V no supo resolver la heterogeneidad tributaria, la variedad de monedas y pesos, la diversidad de lenguas y la falta de un buen régimen local. Es decir, una valoración del reinado en claroscuro.

Y en referencia a los catalanes, nuestro historiador afirma que Felipe V se mostró siempre rencoroso con quienes contradecían su código moral y político y que Cataluña fue un buen ejemplo de ello tras la contienda sucesoria. Para Voltes, el primer Borbón no supo mantener la ecuanimidad ni la moderación necesaria en el tema catalán (como tampoco la supieron mantener, según él, algunos de los resistentes austracistas), y tanto en tiempos del desafortunado y «arrogante» virrey Velasco como en los prolegómenos del asedio a Barcelona de 1714, hubiera debido salvar su animadversión y abrir una negociación para evitar que Cataluña le declarase en soledad la guerra, que se alentase el numantinismo catalán y que todo acabase con tan trágico final[706]. Además, en aras de conseguir la unificación del aparato del Estado, considera que durante su reinado se cometieron numerosas arbitrariedades, como fue el diferente trato que se dio a los catalanes y a los vascos en la inicial conservación de sus fueros. En suma, cree que Felipe V se excedió, que atacó innecesariamente la personalidad histórica de Cataluña y que el final de la guerra civil que resultó ser la de Sucesión, no necesariamente debió haber acabado con los fueros catalanes ni con una represión posterior exagerada, tanto (recuerda Voltes) como la que también practicaron los austracistas en su día con los borbónicos.

En conjunto, la aportación de Voltes es heurísticamente meritoria para el caso del archiduque y de la guerra sucesoria, pero en los restantes monarcas, con cierta excepción para el caso de Felipe V, su visión está fundada en otros autores a los que utiliza en un intento de no aparecer borbónico para los catalanistas ni catalanista para la historiografía más inspirada en el nacionalismo español. Un juego de equilibrios que no siempre permite que su obra tenga la coherencia interpretativa necesaria por más que algunas de sus ponderaciones resulten sin duda interesantes. Un juego de equilibrios que ofrece un juicio más bien negativo de la gestión final de la guerra y de la supresión de las Constituciones catalanas por parte del primer Borbón (aunque recuerde que se salvaron algunas instituciones del régimen habsburgués) y una valoración más bien positiva en cambio del resto de las políticas borbónicas, especialmente las económicas, respecto a Cataluña. En cierta medida, Voltes aporta una versión más, aunque más matizada en algunas cuestiones, de todas aquellas que presentan un siglo que en lo político no fue bueno para los catalanes por la innecesaria pérdida de sus Constituciones, pero que en cambio sí lo fue en otros muchos aspectos de su vida económica, social y cultural. Con todo, resulta una aportación alejada de la visión romántico-nacionalista, aunque siempre pendiente de buscar los equilibrios interpretativos entre el nacionalismo español y el catalán.

En la historiografía catalana sobre el Setecientos, ha sido sin embargo bastante más influyente la siempre ponderada y documentada aportación de Joan Mercader Riba[707]. Discípulo a la vez de Soldevila y de Vicens, el historiador igualadino confesó que, por indicación de este último, quien consideraba poco estudiado empíricamente el siglo XVIII catalán, desde principios de los años cincuenta decidió analizar de manera concienzuda dos grandes temas que en buena medida presidieron dos períodos cruciales de la Cataluña del Setecientos: las consecuencias de la implantación de la Nueva Planta y la invasión napoleónica.

Con una perseverante convicción en la capacidad analítica de la historia institucional de raíces positivistas y con escasas influencias ideológicas de naturaleza nacionalista de alguien que sin embargo se había distinguido por su resistencia cultural catalanista durante los primeros tiempos de la dictadura franquista, desde 1951 Mercader se impuso explicar la nueva situación institucional y política del principado a partir de 1714[708]. En su opinión, después de una guerra en la que los catalanes primero lucharon por un proyecto para toda España y luego por sus libertades al verse solos tras la marcha del archiduque y el abandono de los aliados, y después de una guerra que en Cataluña se convirtió en un conflicto civil entre dos bandos, uno mayoritario (austracistas) y otro minoritario pero significativo (borbónicos), Felipe V se dio cuenta de una doble realidad. Primero, que podía imponer el proyecto asimilista del conde duque anulando las Constituciones catalanas «como si no hubiera gobierno alguno». Y segundo, que debía hacerlo con reflexión y madurez, y con la participación de sus partidarios catalanes, dada la resistencia heroica que buena parte de las gentes del principado habían mostrado durante la contienda.

Ahora bien, a diferencia de otros autores, Mercader afirma que dicha asimilación no imitó plenamente el modelo castellano, aunque es evidente que comportó una militarizada organización de Cataluña en la que un ejército permanente, pagado por los impuestos de los catalanes, aseguraría que nada tuviera vuelta atrás. Al frente de este nuevo modelo político y administrativo, recuerda nuestro historiador que se pusieron unos capitanes generales que, teniendo la voz autoritaria propia del absolutismo, no es menos cierto que articularon un paternalismo dedicado a la mejora de la economía y la sociedad catalana, cosa que objetivamente se consiguió dentro del régimen absolutista por la emprendedora acción de los catalanes y el respaldo de las autoridades borbónicas.

Esta dedicación de Mercader a los primeros tiempos de los Borbones en Cataluña se vería complementada años después con una obra que culminaba su temprana preocupación por las vivencias del principado en tiempos de la invasión napoleónica y por los modelos políticos, institucionales y sociales que los españoles afrancesados y las autoridades galas propusieron para Cataluña y para España[709]. En dichas investigaciones sostiene una línea argumental que afirma que durante todo el conflicto los catalanes fueron «como nunca antes» al mismo ritmo que el resto de España y que se «sacrificaron» por una causa idéntica y común. Un hecho singular y remarcable en el que nuestro historiador piensa que pudo influir «el record de la comunitat d’interessos que li oferí [a Cataluña] el lucratiu comerç amb les Índies des de Carles III»[710].

Frente a esta mayoritaria Cataluña española, Mercader recuerda que solo hubo una pequeña minoría, con personajes eso sí cualificados como el corregidor gerundense Tomás Puig o el rico comerciante barcelonés Josep Pujol March, corregidor a su vez de Barcelona, que apostó por las tropas napoleónicas y por el gobierno de José Bonaparte del que Cataluña estuvo, por cierto, bastante aislada al decir de nuestro investigador. Pero la inmensa mayor parte de los catalanes estuvo, en su opinión, frente a los mismos enemigos, Godoy y los franceses, y rechazó de plano las interesadas propuestas de catalanización del mariscal Augereau y las pretensiones anexionistas del propio Napoleón[711]. Y en ese contexto, recuerda la capacidad de organización de los catalanes a través de una pionera Junta Superior del Principado que, constituida tempranamente en Lleida, supo llevar, mal que bien, las riendas de la Cataluña «insurrecta», aunque no siempre con la conveniente conexión con las restantes juntas de España.

Así pues, el conjunto de la siempre sobria y bien documentada obra de Mercader señala una triple realidad en parte ya conocida pero con algunos significados matices. Primero, Cataluña perdió ciertamente con Felipe V su personalidad política propia en medio de una división civil y en el marco de una contienda europea por la hegemonía mundial, pero la Nueva Planta no fue una mera castellanización de los catalanes, sino un intento racionalizador derivado de una nueva concepción geopolítica del ejercicio del poder en la monarquía española. Segundo, tras la derrota política y militar, los catalanes supieron levantar el país con la colaboración de algunas autoridades borbónicas de Madrid, pero también con una parte de las instaladas en Cataluña. Y tercero, a finales del siglo el principado se mostró bastante españolizado y mayoritariamente favorable a la independencia de España frente a la invasión gala, lo cual no fue en detrimento del espontáneo sentimiento de catalanidad de las clases populares. A mi juicio, la ponderada visión de Mercader se acerca en gran medida a las sendas de Vicens y Vilar, procurando no entrar en una interpretación filoaustracista de la centuria.

Una década después de la publicación de la obra de Vilar y de la síntesis de Soldevila, aparece la Historia de Cataluña de otro destacado discípulo de Vicens Vives, el historiador ampurdanés Joan Reglá[712]. Partiendo de la existencia de un neoforalismo político por el cual la «burguesía del litoral» catalana había pactado con las clases gubernativas de Madrid su intervención política en asuntos españoles, y aceptando la constatación efectuada por otros autores sobre la existencia de una incipiente recuperación económica a finales del siglo XVII que le permite cambiar el concepto de «crisis» por el de «estancamiento» en referencia a dicha centuria[713], Reglá afirma que la guerra de Sucesión fue un intento de aquella burguesía, que se había hecho con las riendas políticas del principado, por forjar una organización de España mediante una actualización de la vieja estructura de la monarquía de los Habsburgo, pasando por tanto de un intervencionismo económico a un intervencionismo político en lo que al futuro de España se refería, muy en la línea de lo que ya vimos que pensaban, con sus propios matices, Soldevila, Vicens y Vilar.

A su criterio, perdieron los catalanes en lo político con la derrota militar, pero ganaron en lo económico al conseguir configurar un mercado nacional español a lo largo del Setecientos. El nuevo sistema de gobierno impuesto por la Nueva Planta será un régimen de transición entre el «federalismo» de los Austrias y el unitarismo de la España contemporánea. Un régimen que, siguiendo a Mercader, considera que se impuso por las armas pero también con reflexión y madurez, y que a lo largo del siglo, después de una primera etapa de dura represión, y gracias en buena parte a la paz de Viena, al desarrollo económico, a la labor autoritaria pero paternalista de algunos capitanes generales y a la entente de la burguesía con las autoridades borbónicas, fue cuajando en una normalidad aceptada por la mayoría de los catalanes y demostrada en las guerras de 1793 y 1808 contra los franceses, eternos adversarios económicos de los catalanes. Un nuevo régimen que vino a suplir a un derecho público catalán, es decir, al sistema constitucional anterior a la Nueva Planta, que Reglà advierte que en las Cortes de 1599 había sufrido una «parada en seco» que comportó la fosilización del mismo y, por tanto, condujo a la creación de una actitud defensiva por parte de las élites catalanas, que acabaron creando una red legal complicadísima detrás de la cual parapetarse y que cada vez se alejó más del signo de los tiempos[714]. De este modo, en cuanto a la evolución del sistema político catalán, parece que Reglá se inclina por una vía interpretativa más cercana a Vicens y a Vilar al pensar en un cierto anquilosamiento de las instituciones forales a las que, no obstante, no les resta su valor simbólico.

Sin embargo, Reglà recuerda también que la paulatina aceptación del absolutismo no impidió la existencia de una concepción austracista de lo hispánico que se mantuvo entre una minoría y que resurgió tenuemente, con realismo y sin exageraciones, en las Cortes de Cádiz primero y entre los forjadores de la Renaixença después. Con todo, para el historiador ampurdanés, «la gran expansión de Cataluña en la segunda mitad del siglo XVIII es obra del “país real” más o menos al margen del “país legal”», lo que no quiere decir, advierte, que el régimen de Nueva Planta «no hubiese tomado cartas de indudable naturaleza en Cataluña a finales del siglo»[715]. En definitiva, Reglá interpreta que en la segunda mitad del Setecientos hispano se dieron un equilibrio y un desequilibro. El desequilibrio fue el que se produjo entre la expansión catalana y el estancamiento castellano, una nueva situación que, a su juicio, tendría graves repercusiones posteriores para la historia de España. Y el equilibrio fue el que se dio entre una «progresiva centralización político-administrativa [que] no entra en situaciones conflictivas con el desarrollo económico de los ámbitos periféricos, mejor adecuados a los cambios que se están produciendo en el Occidente europeo»[716].

Por último, creo que es pertinente recordar también que el prestigioso profesor de derecho constitucional Josep Antoni González Casanova, en el mismo año de 1974, hacía una breve pero interesante excursión interpretativa sobre la significación de la Cataluña setecentista al ocuparse de la cuestión del federalismo catalán. Partiendo de un suave catalanismo y de una sugerente combinación de las ideas expresadas por Soldevila, Reglá y Vilar, resultan sin duda interesantes algunas de sus principales apreciaciones. Primero: en la guerra de Sucesión, Cataluña luchó por un Estado español al tiempo tradicional y moderno que le asegurase sus intereses en el comercio atlántico, en los Países Bajos y en el Mediterráneo. Segundo: en 1714 no se perdió un Estado catalán autónomo, sino una autonomía de origen medieval o «feudal inserta en una monarquía». Tercero: el resto del siglo resultó después claramente positivo para los intereses de unas clases dominantes que decidieron no utilizar los sentimientos populares de identidad o descontento para intentar reconstruir un gobierno regional desde una querencia particularista; en cambio, sí quisieron participar en la creación de un nuevo Estado borbónico más moderno y más español. Cuarto: siendo un siglo más bien estéril para la conciencia de grupo de los catalanes, no faltaron algunas manifestaciones de anticentralismo. Quinto: el centralismo, arbitrario y excesivo a su parecer, sirvió, como en el resto de Europa, para la reforma del antiguo orden en decadencia y para la construcción de una formación histórica solidaria y poderosa, una reforma que, sin embargo, pronto evidenciaría sus limitaciones aristocráticas en el marco de los acontecimientos revolucionarios franceses en los que las clases dirigentes catalanas se mostrarían claramente antirrevolucionarias. Y sexto, los acontecimientos de la contienda contra las huestes napoleónicas pondrían de manifiesto que los Borbones no crearon un cuadro institucional aglutinador y vertebrador de la sociedad española, por lo tanto, el absolutismo centralizador no fue capaz de forjar un Estado ni a nivel institucional ni tampoco social: España seguiría siendo un mosaico de diferentes territorios con una fuerte atracción por la unidad[717].

Capítulo 7
DOS PARADIGMAS ENCONTRADOS

Tres años después de las opiniones de Reglà, en tiempos de redacción de la Constitución democrática española, otro historiador gerundense, y más tarde destacado político socialista, Joaquim Nadal, publicaba unas breves y divulgativas pero diáfanas y sustanciales síntesis del Setecientos catalán. Se trata de una producción con gran carga interpretativa que venía a congregar buena parte de las posiciones más vinculadas al catalanismo político de izquierdas que conjugaba el marxismo con la cuestión nacional (o viceversa, según los autores) y que asumía, por tanto, una veterana tradición que tendría un significado y sostenido recorrido historiográfico en las próximas décadas, consolidando de este modo el paradigma filoaustracista desde posiciones progresistas[718].

Nadal parte de dos constataciones. La primera se refiere a que, antes de los Decretos de Nueva Planta, Cataluña tenía un sistema de gobierno propio que podía efectuar políticas económicas y fiscales controladas por la Generalitat y no dependientes de la avidez impositiva de la corona española. Instituciones que ciertamente eran parte de la identidad de Cataluña pero que no debe olvidarse que estaban en manos de las «oligarquies esclesiàstiques, militars i ciutadanes, i les controlaven i dirigien en funció dels seus interessos»[719]. Y la segunda constatación es que el crecimiento económico del Setecientos provenía en realidad, como habían mostrado Vilar y Fontana[720], del último cuarto del siglo anterior cuando la agricultura, la industria y el comercio habían empezado a mostrar signos de recuperación. Una recuperación que inspiró a su vez un programa económico centrado en el proteccionismo industrial frente a Francia, en la expansión comercial vinculada a Inglaterra y Holanda y en el deseo de participar en el mercado colonial español. Un programa que fue defendido por una nueva burguesía mercantil capitaneada por Narcis Feliu de la Penya y que tuvo su corolario político en el mantenimiento de «la particular organizació política catalana, per tal de controlar-la, dirigir-la, evitar els efectes de la decadencia castellana i dotar-se dels instruments polítics i econòmics necessaris per a prosperar»[721]. Un programa que Nadal se inclina a pensar que era de intervención en los destinos de España y de carácter dinámico antes que fosilizador de las veteranas instituciones catalanas, en la medida en que ellas podían defender el modelo de crecimiento económico y la deseada participación en la gobernación de Cataluña y de España de esta nueva burguesía frente a las veteranas oligarquías nobiliarias de ambas geografías[722].

Desde esta perspectiva analítica, en la que se combina la cuestión nacional y la social, hay que entender, opina el historiador gerundense, la preferencia de Cataluña por el candidato austríaco en una guerra de Sucesión que califica de contienda civil española. Una preferencia basada esencialmente en el miedo a que Felipe V impusiera un régimen absolutista que acabara con el «neoforalismo» practicado en tiempos de Carlos II y que, por tanto, no respetara aquella base institucional propia de Cataluña en la que creía la burguesía emprendedora y la mayor parte del pueblo. Fue por necesidad estratégica, piensa, por lo que Felipe V celebró Cortes en Barcelona y accedió a buena parte de las peticiones de los catalanes, que por otra parte tampoco estaban en condiciones de rebelarse en solitario contra el Rey. Las cosas parecieron ir bien, argumenta, hasta que la impericia del virrey Velasco, el sentimiento antifrancés de la mayoría de los catalanes y las conspiraciones de los aliados azuzando los descontentos para crearle a Felipe V un foco interior de resistencia situaron a Cataluña en el pacto de Génova y alineándose con los aliados. La derrota de 1714 significa para Nadal, en opinión cercana a Vicens, la de una burguesía que había soñado con «participar i ordenar l’organització de l’Estat espanyol segons uns patrons elaborats a partir del principis vigents fins aleshores a la Corona d’Aragó»[723]. En cualquier caso, siguiendo a Soldevila, para nuestro historiador también representó el fin del Estado catalán autónomo.

¿Y después? Pues para el gerundense después quedó clara la mala disposición de Felipe V hacia el sistema constitucional de los catalanes (y de toda la Corona de Aragón), dado que aprovechó la ocasión de la victoria militar para desmantelar sus instituciones y organizar una meditada experiencia piloto de un nuevo sistema de gobierno que culminó en la Nueva Planta. Un nuevo modelo que si bien no imitaba en todo al castellano, sí que perseguía como meta última la centralización del poder en manos de un monarca incontestable. Era el fin de la monarquía paccionada pensada para controlar los poderes reales por parte de los reinos. Era una nueva situación constitucional en la que en el ámbito de «les relaciones de Catalunya amb el rei s’acabà l’època de les exigències y començà, después dels darrers brots residuals de violencia, la del sotmetement, les lamentacions i els memorials»[724].

A partir de ahí, Nadal recuerda que se introdujo una reforma fiscal que fue primero punitiva y después favorable para Cataluña por la fosilización del catastro[725], aunque desde entonces tuviera que contribuir bastante más que anteriormente a los gastos de la monarquía, entre ellos al mantenimiento del Ejército afincado en el propio principado. Las universidades fueron cerradas y solo se habilitó una por razones políticas en la felipista ciudad de Cervera, con resultados sin embargo exitosos desde el punto de vista académico. Y el idioma catalán fue tratado de anular por las autoridades borbónicas en decretos públicos y recomendaciones secretas, si bien la resistencia popular y de algunos intelectuales acabó conservándolo para la vida cotidiana y salvándolo para la posteridad, y con él a una parte sustancial de la identidad catalana. Finalmente, el progreso económico fue evidente hasta finales del siglo, situando a Cataluña en una posición aventajada respecto a la mayor parte de España para insertarse en el incipiente mundo de las novedades del capitalismo. Un crecimiento económico que Nadal explica siguiendo la propuesta de Vilar y cuyas causas sitúa esencialmente en la propia capacidad catalana de continuar con la estela de la recuperación apuntada a finales del XVII, si bien reconoce que la apertura del comercio colonial americano y el idilio entre la burguesía mercantil catalana y el absolutismo ilustrado de los tiempos de Carlos III jugaron también su papel.

Ahora bien, en medio de esta expansión económica, nuestro investigador se pregunta si Cataluña, como decía Soldevila, se desnacionalizó en su intento de convertirse en «provincia». Aceptando sin reparos la pregunta soldeviliana y también su concepto básico de desnacionalización, nuestro historiador opina que hubo sin duda catalanes convencidamente felipistas que colaboraron de buena gana (botiflers), quien lo hizo por el miedo a la represión, quien no tuvo más remedio que ir acomodándose a las nuevas circunstancias después de los desastres de la guerra y quien con el transcurso del tiempo sencillamente se fue sintiendo cómodo ante las nuevas circunstancias.

Es cierto, pues, que los Borbones intentaron desnacionalizar Cataluña y cierto igualmente, opina Nadal, que en buena medida los catalanes se mostraron acomodaticios como afirma Soldevila, sobre todo gracias al crecimiento económico que el siglo proporcionó y a las políticas económicas de Carlos III, que conquistaron a la burguesía comercial al encontrar un camino para el desarrollo de sus intereses. Sin embargo, argumenta también que esa realidad debe ser complementada con otra: a pesar de que la actitud reformista del absolutismo borbónico amplió los canales para la actuación económica de los catalanes, la prosperidad material conseguida no tuvo concordancia con su participación en el poder político, lo cual no acabó de satisfacer a Cataluña ocasionando expresiones del veterano particularismo catalán y también de su acendrado anticentralismo que se manifestarían en resistencias al catastro en los primeros años de su aplicación, en escritos austracistas como el Via Fora (1734) y el Record de l’Aliança (1736), en el Memorial de Greuges de 1760, en el Proyecto del Abogado General del Público de Romà Rosell (1767) o en el Discurso de 1780 patrocinado por la Junta de Comercio[726]. Estas manifestaciones no consiguieron, al parecer de Nadal, devolver a Cataluña las instituciones propias, pero es cierto que la rigidez inicial de la Nueva Planta y la consideración de los catalanes como ciudadanos de segunda se fueron aminorando e incluso hubo medidas «democratizadoras» en los ayuntamientos, como los síndicos personeros y los diputados del común, que según nuestro historiador no debe descartarse tampoco que estuvieran en la intención estratégica de dar continuidad al propio sistema absolutista.

De este modo, la conclusión de Nadal acerca de las relaciones de Cataluña con el absolutismo borbónico parece ir en el sentido de buscar una cierta rectificación matizadora del paradigma soldeviliano aceptando, eso sí, su punto de mira: siendo cierto que hubo acomodación al nuevo régimen desnacionalizador, también es verdad que se dieron manifestaciones de «resistència» y «oposició» al centralismo y de reivindicación del particularismo catalán. La desnacionalización, por tanto, fue un intento borbónico que no tuvo efectos plenos gracias a las resistencias. Los Borbones lo intentaron pero no lo consiguieron del todo, pues en la mayoría de los catalanes no hubo entrega sentimental a favor del absolutismo borbónico. El acomodo de muchos habitantes del principado fue estratégico y en cierta medida obligado por las circunstancias, pero en la sociedad catalana continuó perdurando añoranza por el autogobierno. Y por eso Nadal concluye:

Amb tot, tots aquest indicis de resistència, junt amb l’impuls renovador de l’economía, permetrien fer un balanç del segle XVIII positiu en el sentit que, malgrat la pèrdua d’una organizació institucional pròpia, es reforçaren les bases materials d’una formació social que aniria endavant en el procés de transformacions que tímidament empreneria l’Espanya del segle XIX[727].

En resumidas cuentas, bien puede afirmarse que Nadal representa con meridiana claridad una interpretación histórica del Setecientos catalán de inspiración política catalanista, progresista y con ribetes federalistas, una posición que también podríamos llamar «filoaustracista de izquierdas» y que ha ido confirmando su fuerza en la historiografía catalana de los últimos años. Al menos eso es lo que me parece posible constatar en la mayoría de las obras de síntesis realizadas con posterioridad a este historiador, en bastantes de las monografías escritas y en algunos artículos publicados próximos al ensayismo histórico.

En efecto, en las últimas dos décadas, numerosos investigadores han alimentado este paradigma. Respecto a la contienda sucesoria, su mejor conocedor, Joaquim Albareda, ha insistido en la existencia de dos tiempos diferentes[728]. En un primer período, reconoce el peso de los intereses de una nueva clase dirigente catalana, especialmente los representados por la burguesía comercial liderada por Feliu de la Penya, que deseaba un tipo de monarquía española que le permitiese llevar a cabo sus aspiraciones referidas sobre todo al disfrute del mercado americano y a la protección de los productos autóctonos frente a los franceses. Una nueva élite social nacida al calor de los progresos materiales de finales del Seiscientos que se comprometió con un proyecto político sustentador de un sólido proyecto económico vinculado a las economías inglesas y holandesas. Una élite que aceptó a Felipe V como legítimo rey en las favorables Cortes de 1701 que revitalizaron de hecho el constitucionalismo, pero que cuando se sintió defraudada por el primer Borbón (por ejemplo con la prohibición del comercio con Inglaterra y Holanda en 1702), supo movilizar a buena parte de los catalanes en torno a la propuesta austracista que también contenía la intencionalidad de intervenir en el futuro del destino político español, como ya habían señalado otros autores precedentes como Soldevila, Vicens o Vilar.

Una idea de intervencionismo en el destino de España que no comparte Antoni Simón, quien opina que esta interpretación debe ser matizada en el sentido de que pudo ser cierta para la burguesía catalana nucleada por Feliu de la Penya, pero no está claro que lo fuera también para otros sectores de las clases dirigentes, de la menestralía urbana o del mundo rural. Es más, piensa que incluso en el caso de que se diera esa perspectiva española estuvo cada vez menos presente a partir de 1705. Por eso este autor defiende, como en su día había apuntado el felipista conde de Robres en su Historia de las guerras civiles de España publicada en 1709, que se acabó produciendo una verdadera guerra entre naciones hispanas alimentada por la «ideologia castellanocortesana que maldava por constituir políticament i jurídicamente una unitat espanyola i per imposar, alhora, una idea de nació hispana de tall castellà»[729]. Incluso, en una aportación posterior, Simón apuesta por la tesis (que el propio autor afirma diferenciada de Soldevila, Vilar, Fontana o Albareda) de que, tanto en 1640 como en 1705, se trató esencialmente de un enfrentamiento entre las clases dirigentes catalanas con las castellanas ubicadas en la Corte al objeto de mantener las primeras el sistema constitucional y el autogobierno de Cataluña. Y en este sentido opina que la «aposta catalana de 1705 no tindrá un horitzó “español”, sino “sobiranista català”», bien entendido que Simón niega que en aquellos momentos España tuviera un verdadero significado político o nacional para los catalanes. Se trató, ante todo, de recuperar la autonomía política catalana anterior a 1640 para que amparara la recuperación económica que se estaba produciendo en el último cuarto de ese siglo. Desde esta perspectiva, el austracismo no se interpreta por Simón como una apuesta política para una Cataluña dentro de España, sino más bien como un programa para una Cataluña soberana gracias al tradicional estatuto constitucional de monarquía pactada[730].

En cualquier caso, en acuerdo con Núria Sales[731], debemos recordar que Albareda afirma también que a partir de 1707 se abre una segunda etapa en la que comenzó en realidad una «nueva» guerra de Sucesión en Cataluña. A partir de entonces, además de la tradicional francofobia de muchos catalanes, y al margen de los motivos socioeconómicos iniciales para apoyar al archiduque, la tenaz resistencia austracista tuvo lugar, sobre todo, para salvaguardar la identidad política de Cataluña expresada en sus Constituciones[732], que se vio progresivamente amenazada por la opción borbónica. Fue entonces cuando quedó palmariamente claro que, además de una contienda internacional, se estaba librando una verdadera guerra civil hispana en torno al conflicto entre una organización de España de corte «federal» respetuosa de las particularidades territoriales con otra netamente absolutista, uniformista y unitarista. Fue entonces cuando se pudo comprobar que se estaba dirimiendo una pugna entre dos formas de gobierno. Por un lado, una monarquía absoluta de carácter dinástico-patrimonialista que deseaba gobernar mediante el poder incontestable del rey. Por otro, un modelo más parlamentarista donde las leyes, es decir, las Constituciones catalanas, se aprobaban en unas Cortes donde los intereses de las clases sociales privilegiadas y las voces del «hombre común» (entiéndase: clases medias bajas que se habían ido incorporando a los derechos estamentales otorgados por el rey en Cortes) podían hacerse oír, sobre todo en los esenciales ámbitos de la fiscalidad y la guerra, frente a los designios del soberano, forjando así una especie de «republicanismo monárquico» en el sentido de que el respeto por las leyes condicionaba la fidelidad al rey[733].

Reivindicación política constitucionalista y pactista que Albareda considera revitalizada en las Cortes de 1701 y 1705[734], situando a Cataluña en un lugar destacado en el constitucionalismo europeo, y que era solidariamente compartida de manera interclasista por muchos catalanes hacia finales de la guerra, como bien pudo comprobarse en la actuación de la Conferencia de los Tres Comunes, que supo articular este sentimiento de una forma más «audaz» que la «moderada» Diputación[735] gracias, especialmente, a las actuaciones de unos grupos sociales emergentes que habían fusionado a la antigua oligarquía del patriciado con la nueva compuesta por burgueses comerciales que podían aspirar a la ciudadanía honrada (escalafón bajo de la nobleza catalana), llevando a Cataluña a un republicanismo de hecho ante la ausencia del rey entre julio de 1713 y septiembre de 1714[736]. Un modelo político catalán que no fracasó por su incapacidad de evolución hacia la modernidad, sino sencillamente por la fuerza de las armas[737].

Todo lo anterior, lo acompaña Albareda confirmando también la importancia que en la definitiva preferencia austracista de muchos catalanes tuvieron la coyuntura internacional y las conspiraciones aliadas utilizando a Cataluña dentro de su estrategia para socavar un imperio español en dificultades que se resistía a desaparecer[738], recordando las relaciones a veces conflictivas del Archiduque con las autoridades catalanas, reconociendo las progresivas desafecciones hacia el bando borbónico (sobre todo por parte de las oligarquías urbanas a partir de la decisión de resistir adoptada por la Junta de Brazos), lamentando el definitivo abandono de la causa catalana por parte de los aliados y, finalmente, afirmando que la arriesgada, tenaz y maximalista lucha de los resistentes tuvo su propia «lógica» si recordamos la existencia de un radicalismo popular propio de estas situaciones resistencialista, una religiosidad exacerbada, el mantenimiento de la esperanza de que los aliados intervinieran, la imposibilidad de pactar con Felipe V ante la atroz represión que ejerció después de 1707 y también la ausencia de un sector de la clase bienestante que había huido en buena medida de Barcelona[739].

¿Y después de la guerra? Pues en el caso de Felipe V, Albareda opina que resultó ser un monarca profundamente perjudicial para Cataluña en la medida en que puso en marcha un proceso de desnacionalización mediante un régimen autoritario y represivo que acabó con las Constituciones y libertades catalanas atentando además contra su identidad cultural y lingüística[740]. Opinión que comparte Josep Maria Torras Ribé, quien además afirma que 1714 significó «la conclusió d’un procés històric de llarga durada, d’integració coactiva del diversos regnes peninsulars en un mateix aparell estatal dominat per Castella»[741], un proceso que acabó con el sometimiento político de Cataluña a través del terror militar borbónico, de una represión sistemática, de una militarización obsesiva y de un estado de excepción permanente[742]. Y también piensa este último autor que la derrota final en la contienda propició el progresivo «colaboracionismo», más o menos vergonzante, de bastantes catalanes pertenecientes sobre todo a las oligarquías locales y a la nobleza, que se cambiaron de bando y pasaron a formar parte del nuevo régimen municipal, cuestión que Torras considera que las autoridades borbónicas estimularon para conseguir finalmente, en especial tras la paz de Viena de 1725, la «normalidad sumisa» de unos catalanes que se esforzaban por convertirse en «provincia» y que, tras el descalabro bélico, como recuerda también Albareda, renunciarían al ejercicio de la gran política en beneficio del trabajo y de la actividad económica[743].

Frente a la nueva estructura de poder jerarquizada, aristocratizada y militarizada que no permitía canales de participación política, este último historiador recuerda que los catalanes se dividieron entre el «desengaño político y un pragmatismo acomodaticio propiciado por la prosperidad económica», lo que no fue obstáculo para que aparecieran sin embargo muestras de descontento y disidencia vinculadas a las antiguas aspiraciones austracistas y centradas especialmente en solicitar una mayor participación de las clases sociales en la política así como en el sentimiento de patria[744]. Todo ello se expresó en los escritos del exilio, en la literatura económica interior, en determinados comportamientos de los gremios y también en los conflictos sociales y políticos del siglo que, en opinión de Lluís Roura, hicieron que la centuria fuera menos tranquila de lo que se ha dicho habitualmente por parte de una historiografía de sesgo filoborbónico[745]. Pero en cualquier caso, no hubo adhesión a España como nación ni mucho menos al absolutismo como modelo político.

Y si tal como afirma Ramon Grau no fuera propio hablar de austracismo a medida que la centuria fue avanzando, sí resulta en cualquier caso evidente para este autor que se fue articulando una añoranza positiva de la práctica política del pasado y una tendencia a querer buscar en ella las mejores soluciones de presente. Para Grau no se trataba tanto del viejo austracismo, que era una posición política relativa a un momento histórico ya pasado, como de un historicismo conceptualmente más amplio que aquel y consistente en la combinación de recuerdo y reivindicación de las antiguas costumbres políticas de los tiempos anteriores a 1714, un historicismo que conducía a buscar soluciones inspiradas en el veterano ordenamiento político del tiempo de los Austrias y que tenía sin duda una esencia antiabsolutista[746]. O como afirma en su caso Sebastià Solé (que tampoco está de acuerdo en hablar de austracismo más allá de los años cuarenta ni de Constituciones porque cree que es un lenguaje solo utilizable en el derecho catalán anterior a 1714), se trataba de un recuerdo de las antiguas libertades[747].

En gran medida, la defensa contemporánea de la idea de la solapada pero efectiva continuidad de la añoranza por el pasado austríaco se debe especialmente a Ernest Lluch. Sabemos que no estamos ante una tesis nueva, pues la hemos visto anunciada en autores anteriores a lo largo de las páginas antecedentes. Pero sí que es preciso reconocer que en los últimos años él fue quien mayores esfuerzos efectuó por darle consistencia empírica. Desde su pionera experiencia investigadora sobre el pensamiento económico catalán del Setecientos y sobre el proyecto de Romà Rosell acerca de la instauración de un abogado general del público, Lluch fue asentando la idea de que el siglo resultó menos desnacionalizador de lo que afirmaba Soldevila[748].

Bien lo demuestra para nuestro historiador la existencia en los años treinta del siglo XVIII de un austracismo purificado que, de la mano principalmente del aragonés Juan Amor de Soria, expone una serie de propuestas que siguen reivindicando la pluralidad de España y las libertades regionales más allá incluso de las fidelidades dinásticas. Así lo demuestran también la influencia del pensamiento cameralista germánico en España, las propuestas del partido aragonés o las posiciones del conde de Aranda, que respiran un aire «habsbúrgico» que recuerda el talante descentralizador del austracismo de la Corona de Aragón. Un cameralismo que en Cataluña tendría una especial presencia con personajes influyentes como Romà, que defendiendo la necesidad de un Estado fuerte también reivindicaba la sensibilidad necesaria para sus diferentes componentes regionales. Así lo demuestran igualmente los escritos económicos de la generación de estudiosos catalanes de 1780, con gentes como Capmany o Caresmar a la cabeza, que fueron los verdaderos inspiradores lejanos de una Renaixensa que más que en el romanticismo se asentará, a criterio de Lluch, en las Luces. Estudiosos que elaboraron un programa económico vinculado a un proyecto de país como hacía muchas décadas que no existía en Cataluña[749]. Y así lo demuestra también, finalmente, la recuperación de la producción de libros en catalán pese a las objetivas dificultades existentes, probando de esta manera, para el historiador de Vilasar, que el proyecto global de la ilustración catalana no excluía absolutamente el idioma catalán, con excepción hecha por Capmany[750]. Es por todo ello que Lluch afirma, en consecuencia, que la ilustración catalana tuvo pensamiento propio y personalidad diferente a la castellana al contener una visión que deseaba reformar el uniformismo absolutista y que, al mismo tiempo, supo reivindicar la historia de Cataluña y por tanto su «orgullo nacional», sirviendo para poner los mimbres que permitieron unir el Setecientos con la Renaixença, la cual en realidad solo tuvo que añadir la reivindicación pública del idioma al proyecto ilustrado catalán.

Así pues, según nuestro añorado historiador, hubo por parte de los propios catalanes muestras de apoyo a la pervivencia de la identidad catalana, de añoranza hacia las antiguas Constituciones y de resistencia ante el centralismo borbónico, es decir, de perduración de un cierto «austracismo persistente y purificado» que vino de hecho a vivificar un tanto la política catalana y española. Un nuevo austracismo (del exilio y del interior) más moderado que, a menudo, adoptó un carácter historicista y que, desde las manifestaciones de una ilustración catalana preocupada por obtener una visión global, profunda y rigurosa de la historia y la realidad del país (que no se superará hasta el Noucentisme), y con la colaboración de una jerarquía eclesial de tintes jansenistas[751], supo mantener el hilo conductor transecular del austracismo hasta la llegada de una Renaixença primero, como había afirmado en su día Jordi Rubió[752], y de un federalismo liberal después, fenómenos históricos ambos que no pueden explicarse, al parecer de Lluch, sin las aportaciones «provincialistas» de la centuria precedente. De este modo, el investigador de Vilasar de Mar, venía a situar de nuevo el siglo XVIII en una secuencia «lógica» de la historia nacional de Cataluña. No había por qué considerarlo, desde la perspectiva catalanista o nacionalista, como un siglo «extraño» o un siglo «traidor» en cuanto a la pervivencia de la conciencia nacional catalana. Era el encuentro con el eslabón perdido, la época de transición entre el austracismo clásico y la Renaixença.

De hecho, nuestro historiador piensa que en el Setecientos catalán la descentralización política del modelo austrohúngaro apareció como un ejemplo a seguir en el programa político de una minoría de intelectuales catalanes que pretendía recuperar y vincular la memoria histórica con una determinada visión del futuro económico de Cataluña de carácter industrialista y comercial en una España plural[753]. Un modelo austríaco que habiendo perdido la guerra en 1714, Lluch piensa que durante el siglo XVIII hubo en Cataluña un intento continuado por corregir dicha derrota en la medida en que se pedía a los ganadores borbónicos que aprendieran de los austracistas perdedores, como había hecho a su vez la emperatriz María Teresa en el Imperio Austrohúngaro, que era precisamente el que se ponía como un paradigma a seguir. Un modelo que, en su opinión, mostrando su bondad y su fuerza ha vuelto de hecho a resurgir triunfante en el actual Estado de las autonomías español. Fue, con todo, una «alternativa catalana» al centralismo borbónico impuesto por Felipe V, que alimentaría las ideas políticas catalanistas del siguiente siglo (tanto de carlistas como de federalistas) y que pasaría a constituir una manera de concebir España por parte de los catalanes. Es como si Lluch nos hablara de dos Españas, la austracista y la felipista, divididas, no tanto por cuestiones de clase o de ideología, como de la distinta concepción del ejercicio del poder del Estado. Y una de ellas fue sin duda la España vencida, vencida pero no desaparecida al menos en Cataluña. Una España reencontrada con las autonomías y que rechaza el nacionalismo radical catalán y el unitarismo españolista.

Esta pervivencia del sentimiento austracista también la ha corroborado la historiadora Rosa Maria Alabrús al recordar que, tanto para el reinado de Felipe V como para el resto del siglo, existieron críticas y sátiras contra los representantes de la administración borbónica, confirmando a su criterio un cierto distanciamiento entre la Cataluña oficial y la real. Incluso, en su opinión, en la Academia de Buenas Letras, creada en 1729, hubo asimismo algunos indicios de continuidad del austracismo. Al decir de esta historiadora, es evidente que durante el resto del siglo la memoria histórica continuó viva, como bien lo demuestran a su parecer «els projectes polítics, econòmics o culturals que reflecteixen la voluntad de replantejar-se el paper de Catalunya en el marc d’una Espanya borbònica pràcticament irreversible». Es por eso que, siguiendo la estela interpretativa de Lluch, concluye también que las Memorias históricas de Capmany, el Discurso de la Junta de Comercio y la Biblioteca de escritores catalanes «representen el garant de la persistència de l’austracisme cultural, encara reticent al despotisme il·lustrat dels Borbóns»[754].

En resumen, al margen de que pueda denominarse austracismo, historicismo o recuerdo de las libertades, los anteriores autores piensan que, en efecto, hubo resignación y acomodo ante el nuevo estado de cosas, pero no tanto como creía Soldevila. Hubo pragmatismo y adaptación ante un sistema político que era incontestable por su militarización, pero no se olvidaron las antiguas Constituciones, ni se hizo dejación de la lengua vernácula, ni se practicó la desafección respecto a la identidad histórica de Cataluña[755]. Existió un resistencialismo espontáneo antiabsolutista en las clases populares hablando el catalán y defendiendo las costumbres de la tierra, existió ese mismo resistencialismo en los gremios ante cuestiones fiscales, de quintas y frente a la marginación de su participación política en las instituciones y existió, finalmente, la reivindicación de las antiguas prácticas constitucionales en una minoría intelectual que la manifestó sobre todo en sus propuestas económicas. La desnacionalización se intentó por parte borbónica, pero no pudo con la vitalidad del sentimiento identitario de buena parte de los catalanes ni con su tradicional apego a una política más participativa. O dicho de otro modo, no todo fue, como creía Soldevila, un colaboracionismo que olvidaba la propia personalidad catalana para integrarse mansamente como «provincia» dentro de la monarquía hispánica regida por el absolutismo borbónico. Aquí Soldevila también está presente pero precisamente para ser matizado y en buena parte contradicho por Lluch: Cataluña no sostuvo ninguna voluntad suicida de no continuar siendo un «hecho diferencial».

En la vida cultural, el paradigma filoaustracista tiende a criticar los efectos castellanizantes de los colegios de jesuitas y a rebajar la significación de la Universidad de Cervera. En este último caso, se afirma que fue intelectualmente mediocre, poco ilustrada y que no se formaron allí las verdaderas figuras del pensamiento y la ciencia. Y que ni siquiera con la expulsión de los jesuitas se acabó mejorando el balance secular[756]. Y también se señala incluso a la entidad cervariense como «un instrument idoni per la formación académica i l’adoctrinament ideológic dels quadres dirigents de la Catalunya borbónica» y, por tanto, junto a la política de represión del catalán, un elemento de desnacionalización[757]. Al tiempo, en contraposición a esta institución a la que se considera alejada de la realidad catalana, se recuerda siempre con una unánime valoración positiva que la propia sociedad fue capaz, con ayuda de diversas instituciones públicas, de crear otras entidades culturales que sí estaban cercanas a las necesidades sociales y a las demandas de la economía capitalista en expansión: la Academia de Matemáticas, la de Buenas Letras, la de Ciencias Naturales y Artes, la Médico-Práctica o el Colegio de Cirugía[758].

Y, sobre todo, se ensalzan las realizaciones de la Junta Particular de Comercio, que es presentada como una entidad que realizó una tarea de cuasi gobierno catalán de facto en la gestión de la economía[759], en la promoción de la educación utilitaria y en la creación de una visión historicista del país al subvencionar obras históricas como las de Capmany o informes económicos como el Discurso de 1780 de Jaume Caresmar que, al decir de Lluch o Fontana, reflejaban un programa de mercantilismo industrialista vinculado al pensamiento neckeriano y diferente al del reformismo oficial, aunque no rupturista con el feudalismo tardío ni con la monarquía absoluta; un programa que, sin embargo, al parecer de Fontana, las propias transformaciones económicas de signo capitalista que se dieron durante la centuria acabaron por desbordar. Una Junta Particular de Comercio que aparece como un organismo «alternativo» no solo a la institución cervariense, sino también a un Ayuntamiento de Barcelona que es considerado aristocratizante, hermético e inoperante[760]. Una Junta Particular de Comercio, al fin, capitaneada por una burguesía a la que Fontana reconoce como aliada de la monarquía borbónica para asegurar una prosperidad de clase que, sin embargo, en opinión del historiador barcelonés, se identificaba, en buena medida, objetivamente, con los intereses del conjunto de la economía catalana[761].

En cuanto a la cuestión del idioma catalán, el paradigma interpretativo principal ha sido sostener la visión de un período de decadencia (especialmente por motivos de la intromisión del castellano) y contraponer las ideas de persecución política y de resistencia defensiva. De este modo, si bien se afirma que perdió ciertamente presencia intelectual, oficial, académica y literaria[762] a causa de las directrices borbónicas, de la actitud de los propios estudiosos catalanes, de la progresiva sustitución del latín por el castellano como lengua culta, de la castellanización de jesuitas y escolapios y también del comportamiento de la burguesía de negocios y de una parte considerable de las clases altas, se recuerda asimismo que la lengua vernácula supo defenderse con creces gracias a su masiva presencia en la vida doméstica y cotidiana de todas las clases sociales, demostrando de este modo una resistencia espontánea popular en favor de la identidad catalana por parte de la sociedad civil[763]. Es decir, para unos catalanes el castellano fue la lengua culta de la Ilustración, mientras que para otros fue la «lengua del Catastro», como dijera expresivamente el barón de Maldà. En cualquier caso, la mayoría de autores de esta tradición historiográfica coincide en que se supo resistir a la voluntad borbónica de acabar con la lengua vernácula (hay quienes utilizan el concepto de genocidio cultural y lingüístico) y ese esfuerzo colectivo fue recompensado con la eclosión cultural del siglo XIX, que no hubiera sido posible sin esa tenacidad de los catalanes por conservar su lengua durante la centuria anterior. En definitiva: los catalanes del Setecientos admitieron una situación de diglosia que no les impidió seguir expresando la continuidad histórica del hecho diferencial catalán.

Respecto a la actividad económica, Fontana, crítico con el reformismo borbónico al que considera más despótico que ilustrado, más preocupado por acrecentar el poder real y una hacienda que no supo arreglar que por cambiar la sociedad y del que opina que condenó a Cataluña y a España al inmovilismo político y al fracaso económico frente al progresismo económico del Imperio Austríaco encabezado por Carlos VI[764], ha insistido en la idea de que el crecimiento catalán del siglo nada debe a unas políticas borbónicas que no estuvieron en absoluto pensadas para ello, sino que fue algo que aconteció antes de la guerra sucesoria, puesto que el modelo catalán de expansión económica ya estaba creado desde al menos la segunda mitad del siglo XVII[765]. Y también defiende que dicho crecimiento tuvo como único protagonista a la propia sociedad catalana, que si bien perdió sus «libertades», supo salvar en cambio, de forma callada pero efectiva, los aspectos económicos del programa modernizador del austracismo derrotado iniciando un camino de progreso material que no percibieron las autoridades de Madrid hasta que ya era una realidad[766].

Una revitalización económica que, desde esta óptica interpretativa, nada debe a la nueva planta política, pues no hay relación causal entre su implantación y el crecimiento de la economía catalana. Ni tampoco debe nada especial esta última a la instauración del catastro[767], a las disposiciones proteccionistas industriales cuya trascendencia se minimiza (cuando no se niega) o a los decretos de Libre Comercio, que si bien se admite que fueron positivos para algunas industrias, en los trabajos de Josep Maria Delgado se presentan como medidas que buscaron ante todo aumentar los recursos fiscales y que distaron bastante de la positividad que tradicionalmente se les había otorgado para el caso de la industria de indianas (al potenciar la mera estampación frente a la fabricación propia) por parte de una historiografía a la que se le imputa un cierto grado de hagiografismo filoborbónico[768]. Y si bien al estilo de lo que opinaba Caresmar se admite que la demanda militar en Cataluña debida a las expediciones italianas de Felipe V y a la presencia de un ejército vigilante pudieron animar a la economía, se recuerda en cambio, siguiendo a Capmany en sus Memorias, que ello fue de este modo porque Cataluña era un país preparado para poder aprovechar dichas circunstancias y que, además, no afectó a todos los ramos industriales[769].

Sobre el pensamiento económico también se ha insistido, por parte de Lluch y Fontana principalmente, en que los pensadores españoles y catalanes caminaban por sendas opuestas, como bien lo muestran, por ejemplo, las posiciones retrógradas de Campomanes defendiendo la industria popular basada en un modelo de autoconsumo que no alteraba el sistema económico y social del Antiguo Régimen, justo lo contrario de lo que representaban la protoindustria y la agricultura comercial catalana, que conduciendo al nacimiento del capitalismo generaban, a finales del siglo, ideas realmente ilustradas y preocupaciones ciertamente modernizadoras, algunas de ellas llegadas clandestinamente de Francia. De este modo, Fontana afirma que Caresmar y Capmany, al modo de David Hume y Adam Smith, elaboraron unos proyectos para Cataluña fundamentados especialmente en el desarrollo comercial e industrial y que no tenían «res a veure amb les rapsòdies agraristes del despotisme ilustrat castellà, ni amb la fullaraca de les societat d’amics del país, poc o gens compatibles amb el món naixent de la industrialización moderna»[770]. En suma, una ilustración castellana intelectualmente pobre y de corte agrarista y «preprotoindustrial» encaminada a sostener a la monarquía española en el Antiguo Régimen frente a una ilustración catalana más brillante y con proyectos novedosos y modernos para llevar a Cataluña hacia el capitalismo industrial. Es decir, un divorcio entre el poder político de Madrid anclado en políticas económicas retardatarias y una vitalidad económica catalana que requería otra gestión política y otro modelo de organización del poder en la Monarquía.

En lo concerniente al ámbito de la política, tanto Víctor Ferro como Lluch, Fontana o Albareda, han insistido en la tesis de que las Constituciones catalanas, pese a algunos deterioros, estaban plenamente actuantes y vivas, y que el régimen político austracista, por su propia naturaleza, se encontraba en mejores condiciones estructurales para haber conseguido la modernidad y el progreso económico (al estilo de lo ocurrido en la parlamentaria Inglaterra) que un absolutismo que demostró ser menos positivo para dichos menesteres allí donde se implantó, y por supuesto en Cataluña[771]. O sea, que la lucha de los catalanes austracistas frente a Felipe V no era por sostener un régimen históricamente desfasado, sino por mantener un sistema con mayor potencia modernizadora que el absolutismo impuesto por la fuerza. De hecho, frente a una clara revalorización del régimen austracista, el borbónico es descrito como una realidad institucional ajena al país que durante todo el siglo se mostró inalterable, siempre discriminatorio y desconfiado respecto a Cataluña y sin capacidad para poder afrontar los cambios que provocaba la dinámica sociedad catalana[772]. Albareda lo expresa con nitidez cuando afirma que «la seva liquidació [del constitucionalismo foral] i la implantació de la Nova Planta borbònica van constituir un clar retrocés polític». Y concluye:

Quina mena de modernitat significava la pèrdua de la representació, la militarització de l’estructura política, la imposició d’una contribució abusiva sense l’aprovació de les Corts i, finalment, l’aristocratització dels càrrecs municipals en perjudici dels representants dels gremis i la corrupció a gran escala que se’n va derivar[773]?

Dentro de este contradictorio contexto de cambio económico y social propiciado por los catalanes por un lado y de inmutabilidad institucional borbónica por otro, autores como Torras Ribé consideran que las clases dominantes catalanas se vieron privadas de su capacidad de maniobra política al estar alejadas de los centros de poder tradicionales de Cataluña y también de los órganos gubernamentales de la monarquía, lo que explica, en cierta medida, que los conflictos sociales típicos del Antiguo Régimen que se dieron durante el siglo en el principado tuvieran también un importante componente de crítica por parte de la sociedad catalana hacia las autoridades borbónicas, que eran acusadas del mal gobierno que aquella padecía. Y explica asimismo que la crisis económica finisecular se viera acompañada de una crisis de las instituciones borbónicas que siempre estuvieron precariamente insertas en el tejido social catalán[774]. O como recuerda Albareda: no hubo canales de participación que permitieran expresar las necesidades sociales y se produjo una distancia progresiva entre el modelo de comportamiento de la sociedad catalana por un lado y la represión y el modelo político y económico del «despotisme il·lustrat» por otro, lo cual hizo imposible que hubiera una verdadera adhesión a España como nación y aún menos al absolutismo borbónico[775]. En realidad, como afirma Fontana siguiendo a Soldevila, para que la recuperación económica fuera posible era preciso pagar el precio de la renuncia explícita a la actuación política (incluso a la lengua en algunos sectores sociales) como demostración de que se aceptaba convertirse en «provincia». Eso sí, matiza Fontana, un precio que se pagó sin demasiada resistencia por parte de un pueblo cansado de guerras[776].

En cualquier caso, la mayoría de estos autores están básicamente de acuerdo en considerar el siglo como un desastre político para la nación catalana al perder una normalidad constitucional que le otorgaba personalidad e identidad propias como Estado; como una etapa de alienación política y cultural desnacionalizadora que no impidió, sin embargo, dada la fuerza e implantación popular del «hecho diferencial», las disidencias políticas frente al centralismo y en favor del particularismo catalán, ni tampoco las resistencias populares en pro de las costumbres y la lengua autóctonas; como una centuria de represión y autoritarismo político uniformizador que atentaba contra la España plurinacional defendida por un austracismo que tenía una mayor capacidad de modernización política y económica y que todavía tuvo manifestaciones de su existencia, y, finalmente, como un época de crecimiento económico iniciado antes de la llegada de los Borbones y auspiciado por la bonanza generalizada de los tiempos y por la actitud emprendedora de la propia sociedad catalana con una escasísima, cuando no nula, responsabilidad en el mismo por parte de las autoridades borbónicas. Un crecimiento que tuvo lugar partiendo del programa económico modernizador del austracismo vencido y que se conformó de una manera sustancialmente diferente al castellano, generando, por tanto, pensadores de distinta calidad y con propuestas diferentes: las castellanas encaminadas a la conservación del Antiguo Régimen y las catalanas hacia el incipiente capitalismo. A los hechos diferenciales de carácter idiomático, político, cultural, caracterológico y de costumbres, se unía, a finales del siglo, el hecho diferencial económico que daría paso a importantes consecuencias en la historia hispana del siglo siguiente.

Así pues, pienso que en el seno de la actual historiografía catalana es posible constatar que la hegemonía interpretativa del Setecientos pertenece a historiadores que, con matices entre ellos, como es natural, están en la línea de compartir y combinar cuatro grandes afirmaciones respecto a la Cataluña setecentista[777].

Primera: el evidente intento de desnacionalización por parte del absolutismo borbónico mediante la «desfeta política» del Estado catalán autónomo, la imposición de un sistema político ajeno de carácter uniformista, homogeneizador y centralizador, la represión política y militar autoritaria y, por último, la porfía borbónica contra el idioma catalán y la identidad diferencial de Cataluña. Todo ello encaminado a convertir a Cataluña en una «provincia», cuestión que se admite que en parte se consiguió dado que es evidente que se perdió tanto «espíritu nacional» catalán durante la centuria que la propia existencia del país estuvo en serio peligro. Aunque Felipe V juró Cortes en 1701, su programa uniformista y centralizador al modo de su abuelo Luis XIV lo llevó enseguida a incumplir las Constituciones firmadas dando paso a lo que ciertamente la victoria militar le permitió: culminar las aspiraciones del absolutismo castellano de acabar con las libertades de Cataluña. Hubo al principio pacto entre Felipe V y las Cortes catalanas en 1701, pero estaba en la propia naturaleza del absolutismo político felipista el autoritarismo y la uniformidad franco-castellanizante que pronto lo distanciarían de la sociedad catalana, alimentando al tiempo al austracismo, que es visto, por esta historiografía, como el partido realmente patriota y en el que, con el paso del tiempo, se ha podido comprobar que estaba la mayor dosis de alineamiento con el progreso al estilo de lo que ocurrió en Inglaterra y Holanda, pues su modelo político reducía intensamente la capacidad del rey y sus ministros para actuar al tener que enfrentarse con unas Cortes activas que representaban a las diversas clases sociales. Los catalanes pactaron con los aliados porque era imposible entenderse con un Felipe V que no estaba dispuesto a respetar las Constituciones.

Segunda: reconociendo que en efecto hubo bastantes catalanes que paulatinamente aceptaron, de más o menos buen grado, más por pragmatismo que por convencimiento, la nueva situación, se insiste en la idea de que también existieron resistencias y disidencias a favor del mantenimiento de la identidad de Cataluña, tanto en el plano político como en el pensamiento económico, en la esfera gremial, en la vida municipal o en la cuestión idiomática. Unas disidencias que a veces surgieron de los pensadores o de las élites sociales y en otras de la espontánea voluntad popular. Hubo, pues, resistencia a la «desnacionalización» y no todos los catalanes quisieron convertirse mansamente en «provincia» como parecía creer Soldevila. Existió, desde luego, una política absolutista que buscaba «desnacionalizar» Cataluña, quitarle su personalidad política autónoma, pero la fuerza intrínseca del «hecho diferencial catalán», defendido por minorías cultas o por la instintiva y espontánea iniciativa popular, hizo imposible que acabara triunfando lo primero. Es decir, se produjo una acomodación obligada de la sociedad catalana, unida a ciertas manifestaciones antiabsolutistas y al recuerdo historicista de unas Constituciones que permite decir que en el siglo hubo más política de la que Soldevila creía, y que la llama de la catalanidad como «hecho diferencial» siguió encendida en torno a ese recuerdo y a una forma de querer hacer las cosas diferente a la que preconizaba el absolutismo borbónico. Y eso es lo que posibilita hablar de la existencia de una cierta continuidad entre el antiguo mundo de los Austrias con los renovadores tiempos de la Renaixença: porque en el Setecientos catalán también hubo la defensa de la identidad propia y la añoranza por el viejo modelo de la monarquía paccionada. En suma, no fue una centuria desértica en la cuestión nacional.

Tercera: la constatación de una «embranzida económica» y una vitalidad social y cultural que tuvo en la propia sociedad catalana a su cuasi único protagonista. O dicho de otra manera: una Cataluña derrotada en la guerra acabó victoriosa en la paz (cual si fuera una especie de solapada venganza frente al felipismo) al convertirse en la región más desarrollada de España gracias a la probada capacidad emprendedora de unos catalanes que supieron realizar actuaciones económicas diferentes a las del universo castellano. Actuaciones de naturaleza distinta que provenían en buena medida de los últimos años del reinado de Carlos II y en las que poco o nada tuvieron que decir los gobiernos del siglo. De hecho, se llega a afirmar que se cumplió el programa económico austracista sin que se dieran cuenta las autoridades borbónicas.

Y cuarta: fue toda España la que perdió con la guerra de Sucesión. Aquella contienda no resultó un mero conflicto dinástico ni tampoco un enfrentamiento entre nacionalismos que era impropio de la época. Resultó ante todo una guerra civil hispana entre dos maneras de entender el reparto del poder político y en consecuencia dos modelos de Estado: uno absoluto, con un rey borbónico gobernando sin tener que rendir cuentas a las clases sociales o a los reinos hispanos, y otro de corte más representativo socialmente y más «democrático» en la medida en que obligaba al monarca austríaco a pactar las leyes con las clases dirigentes locales en las Cortes respectivas, propiciando de este modo una mayor fluidez social y política. Fue una lucha entre españoles austracistas, mayoritarios en la Corona de Aragón, y españoles borbónicos, mayoritarios en los reinos castellanos; una lucha que ganó militarmente la España borbónica frente a la España austracista. Y como quiera que en Cataluña estos últimos fueron muy abundantes y en Castilla al revés, pues al final se argumenta que se convirtió también en una guerra que, en cierto modo, perdió Cataluña frente a Castilla. Fue una lucha entre dos Españas divididas, no por cuestiones ideológicas o de clase, sino por cuestiones de modelo geopolítico. Y la España vencida de la Corona de Aragón (es decir, Cataluña) no desapareció del mapa durante el siglo XVIII, sino que supo guardar el recuerdo, resistir, hacer propuestas y acabar triunfando en buena medida en el actual Estado de las autonomías que, como tal vez pudiera afirmar Lluch, derrota de este modo al nacionalismo catalán más radical y al unitarismo uniformizador españolista que todavía conserva numerosas fuerzas entre bastantes españoles.

Para la mayoría de los historiadores de esta corriente interpretativa, no puede decirse que el absolutismo fuera por la senda de la modernidad política y que trajera grandes beneficios ni a Cataluña ni al conjunto de España. No podía ser moderno un camino que cercenó unas Cortes representativas donde se escuchaba la voz del «común», militarizó las estructuras políticas regionales, impuso una contribución fiscal abusiva sin control de las Cortes, continuó practicando la venta de cargos públicos, aristocratizó los ayuntamientos expulsando de ellos a la menestralía y que, finalmente, contemplaba como sagrada e incontestable la voz del rey. En realidad, la contienda sucesoria, además de representar el principio de la decadencia internacional de España (fue Inglaterra la única que ganó en aquella guerra), significó para esta visión historiográfica dos cosas principales: la muerte de un sistema conciliar que era en esencia más moderno y el triunfo de un sistema autoritario más retrógrado que sirvió para fortalecer a los Borbones porque se gobernó sobre todo pensando en sus intereses dinásticos y patrimoniales. La condena del absolutismo es clara: la maldad política del modelo superó a las posibles bondades económicas que pudieran conseguirse bajo su gobierno, que además no fueron tantas como a veces se airea. Como dice con suma claridad Albareda: «La guerra de Sucesión la ganó la dinastía de los Borbones, no España»[778]. O dicho de otro modo: el absolutismo como retroceso histórico frente a la «democracia» medieval, al relativo autogobierno del tiempo de los Austrias y al austracismo de principios del siglo XVIII.

Se trata, pues, de un paradigma interpretativo que insiste en la idea de que, pese al esfuerzo borbónico por conseguirlo, Cataluña no se «desnacionalizó» en el Setecientos tanto como Balaguer, Bofarull, Rovira o Soldevila creían y de que, en realidad, hubo una continuidad nacional entre la Cataluña plena de la Edad Media, la Cataluña algo mermada de los Austrias, la Cataluña muy disminuida pero no desaparecida de los Borbones, la Cataluña rebrotada de la Renaixença, la Cataluña esperanzada del federalismo liberal, la Cataluña republicana y de izquierdas vencida en la Segunda República, la Cataluña antifranquista resistente y la Cataluña autonómica de la democracia actual (para algunos historiadores y políticos todavía no tan plena como en tiempos de los Austrias y mucho menos como en la Edad Media[779]). Una secuencia histórica que para algunos políticos catalanes parece conducir al corolario lógico de alcanzar una Cataluña soberana e independiente tal como lo era en la época medieval.

En definitiva, se quiere recordar la existencia de una línea de continuidad sostenida durante casi tres siglos por la voluntad de ser nación de la mayoría del pueblo catalán y por la permanente añoranza de sus antiguas instituciones y libertades que le otorgan, junto con la lengua, su propia personalidad diferenciada en el universo hispano. Y esa línea de continuidad, que nunca desapareció, estuvo basada en la capacidad de mantener un elemento cardinal: la espontánea y arraigada aceptación popular (léase, por tanto, interclasista) del hecho diferencial. La voluntad de continuar siendo singulares es aquello que ha permitido sostener la identidad nacional en torno al rechazo del centralismo y gracias a la aspiración al autogobierno, eso sí, expresada por la mayoría de historiadores, pensadores y políticos dentro de un Estado español plurinacional[780].

A mi modo de ver, con claros influjos del austracismo político de principios del Setecientos (referidos sobre todo a la consideración plurinacional de España y a la bondad de la organización política «horizontal» del poder político del Estado) y con una tácita aceptación operativa del concepto de desnacionalización de Cataluña (que precisamente algunos de los más actuales investigadores de esta corriente historiográfica desean matizar en referencia a una actitud menos «entreguista» de los catalanes respecto al absolutismo borbónico de la que proponía, por ejemplo, Soldevila), historiadores vinculados a las ideas catalanistas, nacionalistas o independentistas, y provenientes en su mayoría del continente ideológico republicano y de izquierdas, han fraguado un potente paradigma explicativo que es en la actualidad muy influyente, incluso bien puede decirse que hegemónico (también entre la clase política catalana), en la interpretación de la Cataluña del siglo XVIII y de sus relaciones con el absolutismo borbónico español[781].

La política catalana ha suscrito mayoritariamente este modelo historiográfico filoaustracista. Este seguimiento lo ha efectuado desde el siglo XIX y también en los últimos treinta años de la vida institucional de nuestro país. En este último período, es altamente probable que haya tenido una fuerte influencia en ello el hecho de que el nacionalismo catalán propiciado por Convergencia y Unió comandara los destinos de la Generalitat de Catalunya durante más de dos décadas. Y también que el gobierno tripartito de PSC, ERC e IC que vino a sustituirle no cambiara su actuación en los asuntos referidos al hecho nacional catalán dada la ideología de la mayor parte de sus componentes en cuestiones de geopolítica hispana[782]. Aunque desde luego lo más riguroso sería analizar los textos de los diversos partidos políticos al respecto, creo que la figura y el pensamiento de Jordi Pujol valdrá como ejemplo confirmatorio de que el modelo historiográfico de filiación austracista ha sido el más influyente en el pensamiento político catalán contemporáneo, sin descartar, naturalmente, que la relación haya sido en buena medida dialéctica, en el sentido de que las necesidades ideológicas de los partidos de ámbito catalanista o nacionalista propiciaran también esa determinada lectura histórica del Setecientos del principado[783].

Jordi Pujol es un político de un claro sesgo historicista que ha gustado de tener un discurso histórico codificado y operativo en el seno de su ideología nacionalista. Educado en el catalanismo y prócer del nacionalismo reciente, siempre ha manifestado su profunda inclinación hacia los temas históricos y siempre ha otorgado a la historia un papel fundamental en la creación de su pensamiento político, al modo y manera que hicieron buena parte de sus predecesores en la creación de la ideología catalanista. Incluso no se ha abstenido de manifestar reiteradamente que para reflexionar sobre Cataluña y para servirla, era necesario hacer un esfuerzo por entender su historia, conocer su demografía y recorrer su geografía[784].

En el caso de la historia, no se trata para Pujol de una mera cantera de conocimientos sobre el pasado, sino sobre todo de un medio para conseguir una mejor explicación del presente de Cataluña y una mayor comprensión de la personalidad del pueblo catalán. Un conocimiento y una compresión que para él son imprescindibles cuando un político aspira a ser algo más que un gestor. Es decir, si un político quiere ser un estadista que pretende elevar el tono del debate y guiar a su pueblo hacia el progreso como nación, para el presidente debe conectar sus proyectos de futuro con la reflexión histórica. Pujol es un político que está profundamente convencido de que «la història és present i condiciona el futur»[785]. Un político que percibe que para entender los problemas del presente a menudo es necesario verlos desde el prisma comparativo del pasado, por ejemplo, en este caso, revisando el absolutismo borbónico[786]. Eso sí, una reflexión histórica del presente que confiesa que no hace como erudito, como aficionado a la historia ni mucho menos como profesional de la misma, sino desde el ámbito de la deliberación para la actividad política[787].

Pujol ha declarado públicamente su deuda intelectual con una variada gama de historiadores que van desde el remoto Narcís Feliu de la Peña al padre Josep Sanabre y desde Vicens a Vilar pasando también por Soldevila (casi nada sabemos en cambio de la posible influencia de los más actuales). Una difícil amalgama de historiadores de factura diversa que ha conseguido finalmente configurar una visión histórica particular en quien ocupó durante dos décadas el principal despacho de la plaza de Sant Jaume. Una visión histórica actuante en su propuesta política, que el propio Pujol confiesa que contiene un cierto aire romántico (parece claro que al estilo de Soldevila también trata a Cataluña como a una «persona») y que ha influido en su ponderación de la historia de Cataluña, de España y de Europa, así como de las relaciones de la primera con las otras dos[788].

Tenemos, pues, la suerte de disponer de un gran político catalán, de máxima influencia en el último medio siglo de la vida pública del principado, que es hombre que gusta de la historia, que confiesa el ascendiente que ha tenido y tiene en su ideario político y que, además, ha escrito con detalle lo que piensa sobre la historia de Cataluña y, en nuestro caso, cuál es su opinión acerca del siglo XVIII catalán y de las relaciones entre la monarquía absoluta y los catalanes durante aquella centuria. Veamos sucintamente su propuesta interpretativa al respecto y en qué medida coincide con la de los historiadores más inclinados al filoaustracismo.

El presidente parte de la premisa de que los dos primeros siglos de la Edad Moderna, no siendo esplendorosos para Cataluña como lo habían sido los altomedievales, representaron en cambio el inicio de un lento despertar, sobre todo en el mundo agrario y menestral, que ocasionó una mayor prosperidad y cohesión social. Pero fue a finales del siglo XVII, una vez superada la guerra dels Segadors y la pérdida del Rosellón y la Cerdaña, cuando la recuperación resulta más palpable. Es una revitalización económica moderada pero general que ya se ve acompañada en esos momentos de un proyecto político global que encabeza Narcís Feliu de la Penya y que quedó expresado en su Fénix de Catalunya y en su Político discurso. Feliu y su grupo, en opinión de Pujol, defendían un programa de modernización de Cataluña consistente en abrirse a las innovaciones europeas, en realizar nuevas colonizaciones agrarias, en potenciar la industrialización del país, en tomar a Holanda e Inglaterra como ejemplos y en articular la defensa del mercantilismo como ideario económico. Era un proyecto bien visto en el principado pero mal visto en el resto de la Monarquía, especialmente por los que defendían posturas más absolutistas como las que se podían comprobar en los Borbones franceses. Y era un proyecto para el país que el propio Pujol confiesa haber sido para él fuente de inspiración desde muy joven[789].

Cuando esta recuperación estaba teniendo lugar, sobrevino la guerra de Sucesión a la corona española. ¿Por qué según Pujol «una part majoritària» de los catalanes optó por Carlos de Austria después de haber jurado fidelidad a Felipe V en las Cortes de 1702? ¿Por qué el grupo dirigente de Feliu abanderó la oposición a los Borbones? Pues, al margen de oportunismos y de la animadversión hacia los franceses de muchos catalanes por los sucesos del siglo anterior, el mandatario catalán piensa que fue principalmente porque estos sectores dirigentes vieron con suma claridad que, para su proyecto ideológico y su programa económico, los Borbones eran un peligro y los aliados una gran oportunidad:

La opció la veien entre el model francès, molt centralista i económicamente molt dirigista i molt proteccionista a favor de França, i el model austríac, molt menys centralista i homogeneïtzador barrejat amb el model econòmic anglo-holandès, amb més llibertat de l’activitat econòmica i més mercantil[790].

Por eso el político catalán piensa que la contienda sucesoria no fue una guerra por la independencia de Cataluña como pasó con la de 1640, sino una guerra de «proposta i de projecte», una guerra en defensa del sistema vigente en la monarquía compuesta de los Austrias basado en el pactismo, en la defensa de unas Cortes propias y de un sistema de representación social en las instituciones de carácter más participativo. Y también, nos recuerda, una propuesta regeneracionista para toda la monarquía española al estilo de la que defendía Feliu, es decir, apostando por la pervivencia de un Estado tradicional en el que tuvieran cabida la existencia de las Constituciones de Cataluña, que para Pujol era lo que en aquel tiempo definía la esencia y la personalidad propia del país catalán ante el mundo. Y eso es precisamente lo que concluye que se perdió en 1714. Es decir, que jurídica, institucional y políticamente la caída de Barcelona vino a representar realmente «el fin de la nación catalana» cuando sus principales organismos fueron barridos del mapa. Ahora bien, por la vía de los hechos, afirma que el país demostró que todavía guardaba sus propias fuerzas para rehacerse como colectividad nacional. ¿Cómo lo hizo? Pues, aunque recuerda las resistencias patrióticas de primera hora de Carrasclet y los intentos baldíos de los exiliados vieneses de convencer a unos aliados que ya habían decidido abandonar a su suerte a Cataluña, piensa que la reacción que más cuajó entre los catalanes fue la de refugiarse en el trabajo para reconstruir el país sin abandonar por ello el sentimiento de catalanidad. Hubo resistencias y hubo cambios de camisa, pero la reacción mayoritaria fue la de «una acceptació no joiosa, sinó resignada, pero en tot cas operativa, i que en bona part es va manifestar a través del treball»[791].

A falta de un marco institucional y político propio, ese refugio en el trabajo volvió a demostrar la capacidad emprendedora de los catalanes (payeses, menestrales y comerciantes), que en un siglo de expansión general permitió crear una economía con mucha vitalidad que pudo expandirse primero por el resto de España y después por América y Europa. ¿Qué hicieron los Borbones en relación con la expansión? Pues aquí Pujol recuerda que más bien poco al principio (represión política de posguerra, catastro, impuestos indirectos crecientes, ataques al idioma) y algo más después de muerto Felipe V, en especial con los decretos de Libre Comercio de un Carlos III que hizo una política económica que fue favorable a las iniciativas catalanas y que supuso un idilio con la burguesía mercantil[792]. Con todo, a lo largo del siglo Cataluña consigue crear una sociedad cohesionada, una clase dirigente cada vez con más proyecto de país (especialmente la agrupada en la Junta de Comercio, un organismo que califica de parapolítico), una vitalidad económica envidiable y mantener en la vida cotidiana y en algunas empresas intelectuales la llama de la catalanidad.

Por eso cree que pueden aunarse al mismo tiempo las ideas de Cataluña como un país «que se esfuerza en ser [una] provincia» que se somete políticamente y que rechaza tener personalidad propia con las posiciones que defienden la existencia a lo largo del siglo de un país con vigor suficiente para realizar una significada recuperación. Es verdad, afirma Pujol, que Cataluña dejó de reivindicar su entidad constitucional, pero actuó con una formidable energía y creatividad que le permitieron un espectacular crecimiento de su economía y forjar una sociedad más sólida, más homogénea y más integrada. Tanto que nuestro político recuerda que, a finales de siglo, cuando comienza el principio del fin del Antiguo Régimen con la invasión napoleónica, el principado será la única parte de España que superará esta catastrófica coyuntura de una manera positiva. Y ello gracias a que su vitalidad no provino de la esfera de la política, léase del absolutismo borbónico, sino de su propia sociedad. Una sociedad civil activa y transformadora que no existía en buena parte del resto de la monarquía. Los catalanes cada vez trabajaron más y mejor y supieron conquistar mercados e innovar sus prácticas económicas. No tuvieron que esperar a que nadie les dijera lo que debían hacer, sentencia Pujol[793]. Es más, pese a la derrota de 1714, el político convergente opina que los catalanes, junto con Lombardía, fueron los únicos en la Europa del sur que supieron llevar a buen puerto la revolución industrial a finales del siglo[794].

Y con este renacer económico, el mandatario catalán apunta la idea de que primero empezó lentamente la recuperación cultural para que después pasara lo propio con la memoria colectiva de lo que Cataluña había sido como nación. No es que afirme que comenzara una reivindicación política de las antiguas Constituciones, pues Pujol recuerda que sin poder político, con la memoria histórica perdida y con un régimen autoritario, y centrados los catalanes en la recuperación económica, eso era prácticamente imposible. Pero sí que supieron las gentes del principado mantener la catalanidad en la vida cotidiana, así como la vitalidad popular de un idioma que, pese a los intentos de menoscabarlo por parte de los Borbones, saldó el siglo con una notable fortaleza. Y a finales de la centuria, en tiempos de la guerra de la Independencia, personajes como Capmany y Aner hicieron un discurso en patrocinio de las veteranas Constituciones catalanas, aunque reconoce el presidente que en términos sociales fueron posturas más nostálgicas que propositivas y, en todo caso, minoritarias. Un Capmany que nuestro político acepta como símbolo de la defensa del trabajo y de la iniciativa empresarial, y también de la oposición al uniformismo político y a la centralización[795]. Y todas esas ideas económicas, sociales y políticas, creo que Pujol piensa que ya estaban en su admirado Feliu de la Penya.

Durante el siglo, pues, el balance fue de claroscuro para Pujol: institucional y políticamente desastroso, económica y socialmente brillante. Y desde el punto de vista identitario se supo salvar la catalanidad con la resistencia popular idiomática y el trabajo de cada día de un pueblo acostumbrado a rehacerse. Pero es evidente que hubo desnacionalización. En cualquier caso, poco de lo bueno se debió a los Borbones, que se ocuparon de desmantelar el orden institucional y político que deseaba la mayoría de los catalanes y que hicieron lo posible por desnacionalizar el país anulando el autogobierno y buscando su descatalanización en aras del uniformismo cultural y el centralismo político. Y si algunas cosas aceptaron de las propuestas económicas catalanas, sobre todo en tiempos de Carlos III y su intento de aproximación a Cataluña, fue por la fuerza que en la práctica aquellas demostraban, inspiradas como estaban en la búsqueda de una riqueza material, de un bienestar social y de una recuperación del principado que también beneficiaba a España.

La lección histórica del tiempo de los Borbones aparece clara para Pujol: el «despotismo il·lustrat i el seu model d’Espanya» fue un fracaso, y desde luego no se puede volver a ir por ese sendero. Todo era superestructural, todo era frágil porque estaba hecho desde arriba. No como en el caso diferencial de Cataluña, donde todo provino de abajo, de la fortaleza de una sociedad sólida, cohesionada y proactiva. Y fue esta manera catalana de concebir las cosas en el Setecientos la que en realidad tuvo éxito. A pesar del relativo estancamiento de España, Cataluña supo salir adelante sin un orden político propio gracias a su sociedad civil, a su espíritu de recuperación de la cohesión social, a su cultura siempre renovada de iniciativa, innovación, trabajo y creación de riqueza, y gracias, finalmente, a la conciencia de país, «una conciencia viva i operativa de país, que és el que el catalanisme ha encarnat des de fa cent anys»[796]. Es decir, que en el Setecientos catalán ya se produjo en cierta medida la situación que Pujol defendía como proyecto político para la Cataluña que él gobernaba: un marco político en España que posibilitara llevar a cabo una acción económica eficaz en Cataluña, que respetara la primacía de la sociedad civil y que reconociera el «nostre carácter nacional». Pero ese proyecto, sentencia Pujol, entonces como ahora tuvo delante el mismo inconveniente fundamental: la falta de un efectivo poder político para autogobernarse de verdad[797].

En consecuencia de todo lo anterior, bien podemos decir que para Pujol el programa de Feliu era el correcto para Cataluña y, en buena medida, de muy parecida factura al que deseaba encarnar como presidente de la Generalitat. Su visión política dialoga con una consideración de la historia de Cataluña que tiene desde luego un punto de vista claramente filoaustracista. Desde él pondera un Setecientos catalán que hubiera preferido con los Austrias pero que, en todo caso, resultó una prueba histórica del carácter y la personalidad de los catalanes: se mata a un país política, institucional y culturalmente, se intenta desnacionalizarlo, pero la capacidad consustancial de renacimiento de su cohesionada y emprendedora sociedad civil y el saber mantener su sentimiento de identidad le permitieron (y le permiten hoy, dice Pujol) convertirse en un ejemplo respecto a todos los demás pueblos de España a partir de su propio esfuerzo y de saber conservar la conciencia de nación diferente.

Pienso que Pujol estaría de acuerdo con casi todos los historiadores filoaustracistas en la premisa de que estos últimos, los austracistas, eran en realidad los verdaderos patriotas y quienes tenían la buena y casi la única opción posible para Cataluña en 1705. Hubo quizá la posibilidad de entenderse con Felipe V a partir del acuerdo de las Cortes de 170 102, pero estaba escrito que el monarca llevaba el absolutismo francés en las venas y que pasó lo que realmente era inevitable: el choque entre la Cataluña de la clase dirigente que representaba Feliu con su proyecto de guardar la veterana monarquía paccionada en un marco de recuperación económica por un lado, y la España que tenía muchas ganas de apoyar a los Borbones para acabar con la particularidad catalana por otro. Creo que estaría en parte de acuerdo con Soldevila en que hubo desnacionalización, y no solo la propiciada por el absolutismo represor, sino que también los catalanes pusieron algo en ello al centrarse en el trabajo y olvidarse de la gran política. Aunque, sin embargo, es más que probable que no dejase de conceder parte de razón a Lluch cuando este insiste en recordar que también hubo conservación de la identidad sobre la base de un austracismo renovado y de un historicismo actuante que se expresó sobre todo intelectualmente y por espontánea resistencia popular en la lengua y en las costumbres. Y consigno que estaría bastante de acuerdo también con Fontana en que poco hicieron las políticas borbónicas por el crecimiento catalán, que fue propiciado por la actitud emprendedora y progresiva de los propios catalanes. Es verdad que en este último aspecto no se muestra rotundo, pues no deja de reconocer el buen entente económico con Carlos III, pero me parece que está más cerca de pensar en neutro que en otorgar virtudes realmente actuantes a las políticas borbónicas. Creo también que, si bien reconoce que es una realidad incomprobable, Pujol comparte ampliamente la idea que dicta que con los Austrias todo hubiera sido mejor para Cataluña y que los déspotas ilustrados Borbones fueron negativos para los catalanes como pueblo y para la continuidad nacional del país. Y creo, finalmente, que la mayoría de los historiadores filoaustracistas que hemos estudiado es muy posible que estén bastante de acuerdo con la esencia de esta visión político-histórica pujolista, aunque sostengan ideologías sociales muy diferentes a las del presidente.

El modelo interpretativo que acabamos de reseñar se ha visto acompañado en nuestra historiografía por otra perspectiva que, si bien comparte con aquel la misma ponderación sobre algunos de los acontecimientos del siglo, disiente sin embargo en varios puntos sobre la significación global que el mismo tuvo para la historia de Cataluña al abordar la centuria desde fuera del paradigma político del catalanismo filoaustracista. El principal representante de esta visión es Carlos Martínez Shaw[798], un reconocido y asiduo investigador del Setecientos catalán que a lo largo de su obra nos ha ofrecido una interpretación propia sobre dicha centuria efectuada especialmente desde la lógica histórica de lo que para él representó el absolutismo en España y en Europa[799].

En efecto, desde un marxismo renovado inspirado en Vilar, el historiador sevillano, largos años afincado en Cataluña, donde llegó a ser significativamente cofundador y presidente del Centre d’Estudis de Història Moderna Pierre Vilar, se desmarca de las explicaciones que tienen en Soldevila un especial referente para ofrecer en cambio una visión que revaloriza la centuria, para España y para Cataluña, al contemplar el absolutismo reformista como una corriente racionalista y modernizadora dentro de la historia universal, aunque reconociendo, eso sí, que sus límites como sistema estaban situados en no cuestionar la estructura social del Antiguo Régimen[800]. Una corriente europea que, a su juicio, empezó realmente en España con el reinado de Felipe V. Frente a la posición de Fontana o Albareda, que consideran que la guerra de Sucesión acabó en España con una ocasión perdida dado que el austracismo derrotado era potencialmente más modernizador, Martínez Shaw sitúa dicha modernidad en el absolutismo reformista de carácter racionalista e ilustrado que se impuso en muchos países del continente y que, a su criterio, ayudó a progresar a una Monarquía que los Austrias habían dejado malparada. Y considera, asimismo, que en el caso español dicha comparación entre austracismo y absolutismo es harto difícil porque el primero fue una corriente de opinión política que, más allá de la corta etapa en la que el Archiduque instaló su Corte en Barcelona, condicionada además por la guerra, nunca tuvo la oportunidad de materializarse políticamente durante el Setecientos y, por tanto, no es posible ponderar de manera adecuada su posible virtualidad[801].

Desde esta perspectiva general sobre el absolutismo dieciochesco, siguiendo las huellas del paradigma vilariano y con influencias de Vicens y Mercader, en 1985 escribió Martínez Shaw una resumida pero sustanciosa visión de conjunto del Setecientos catalán al que considera una centuria «que discurre para Cataluña bajo el signo de la expansión», es decir, una centuria en la que hubo «crecimiento de las fuerzas productivas, acusada movilidad social, progresiva estabilidad política tras la crisis de 1714 [y] creatividad cultural en los diversos campos». Y en ese dinámico devenir secular, nuestro autor sitúa en la propia sociedad catalana al primer protagonista, pero opina que, en su conjunto, desde el propio reinado de Felipe V, el absolutismo tuvo un claro sesgo reformista y racionalizador que fue favorable en bastantes asuntos a los intereses de una sociedad catalana que, especialmente en sus clases dirigentes, se encontró progresivamente integrada en la monarquía al sentirse escuchada y atendida en los asuntos económicos. Y ello aconteció a pesar de que los catalanes hubieran perdido su antigua organización política, un sistema veterano que, al entender de Martínez Shaw, era menos idílico de lo que han defendido algunos autores siguiendo únicamente los textos constitucionales[802].

Años más tarde, en una biografía sobre Felipe V escrita al alimón con Marina Alfonso[803], ahondaba nuestro historiador en estos planteamientos. En cuanto a la guerra de Sucesión, los autores opinan que en los primeros años del reinado nada indicaba que Felipe V quisiera cambiar el viejo orden político de la monarquía compuesta de los Austrias. Por tanto, los decretos de Nueva Planta para el caso de Cataluña fueron en realidad el producto de una voluntad punitiva y de derecho de conquista sobre un principado que había cometido, según Felipe V y sus consejeros, un delito de «lesa majestad» y de perjurio al quebrantar el juramento de fidelidad dado por las Cortes de Cataluña al nuevo monarca en 1701. Una falta de lealtad que Martínez Shaw y Alfonso consideran principalmente capitaneada por una parte de la burguesía comercial que deseaba eliminar la competencia francesa y aliarse políticamente con sus socios ingleses y holandeses defendiendo la expansión marítima, el aprovechamiento de los mercados coloniales a través de la exportación de los productos agrícolas comercializables (en especial el aguardiente, en cuya destilación participaban empresas ingleses y holandesas), la manufactura tradicional y la importación de tejidos ingleses. En su opinión, era una posición que deseaba que Cataluña se convirtiera en una gran potencia comercial al estilo de Holanda e Inglaterra y que, por tanto, ello le permitiera también abrazar los presupuestos políticos descentralizadores y liberalizadores vigentes en aquellos países, alejando de este modo los peligros del absolutismo y del centralismo francés. Era, en definitiva, la posición del austracismo que políticamente deseaba una España en la que los reinos tuvieran un mayor peso político prolongando la relajación de los tiempos de Carlos II ante el autogobierno de Cataluña.

Frente a esta alternativa, estos historiadores piensan que la opción borbónica, apoyada en el reformismo ilustrado, se fundamentaba en la convicción opuesta de que una monarquía fuerte garantizaba mejor los mercados propios, aseguraba la exclusividad de los mercados coloniales y reforzaba una mejor explotación de la nueva industria textil catalana, que gracias a las disposiciones borbónicas en materia de indianas fue como pudo finalmente desarrollarse. Es por eso que afirman que el absolutismo borbónico estaba convencido de que la alianza con holandeses e ingleses implicaba para el principado (y para toda España) una subordinación a sus verdaderos enemigos económicos que de este modo explotarían los mercados en su beneficio, se harían con la producción de aguardiente e impedirían la aparición de una manufactura textil rival[804].

En cualquier caso, para estos autores la actitud represiva de Felipe V sobre Cataluña resulta poco comprensible porque se contradice con el hecho evidente de que en toda España la pugna fuera una guerra civil y no una lucha entre reinos que debían ser globalmente penalizados tras la contienda por haber sido unánimemente austracistas. Además, en opinión de ambos historiadores, el Archiduque quería ser en realidad rey de España y no rey de los catalanes, y por su actuación en Cataluña primero y en el Imperio Austríaco después, no parece que fuera un monarca menos absoluto que Felipe V; incluso que, como se demostró en Valencia, no fuera en última instancia un defensor de los intereses de las clases privilegiadas como cualquier otro monarca del absolutismo ilustrado.

En realidad, para Martínez Shaw y Alfonso, los decretos de Nueva Planta trataron de llevar a cabo dos objetivos: vigilar que no resurgiera el austracismo en la Corona de Aragón y tratar de que se cumplieran los planes que el absolutismo hacía siglos que perseguía. A saber: acentuar el control de los reyes sobre los reinos, conseguir una administración más racional y eficiente, fomentar las fuentes de riqueza y, de este modo, devolver al país su antiguo lugar en Europa en beneficio de la dinastía y de los súbditos. Ahora bien, estos decretos abolicionistas, que insertaron a los reinos aragoneses en el absolutismo, no dieron, en opinión de estos autores, solución «al complicado problema de encontrar una Constitución que ensamblase armónicamente el conjunto de los reinos unidos de forma precaria desde fines del siglo XV»[805]. O dicho de otro modo: el absolutismo borbónico no encontró, pues, la solución para el intrincado problema geopolítico de España.

Siguiendo a Mercader, Martínez Shaw y Alfonso piensan que la Nueva Planta catalana fue la más reflexionada de la Corona de Aragón y que no resultó una mera copia de las leyes de Castilla, pues se salvaron diversas peculiaridades después de una ardua discusión en la que participaron también felipistas catalanes, demostrando tácitamente de este modo el reconocimiento de un «hecho diferencial» respecto a Cataluña. Lo cual no evitó, en su parecer, que la Nueva Planta catalana fuera la más represiva culturalmente a través de los intentos de castellanización idiomática y de la supresión de las universidades para establecer la de Cervera. Y, desde luego, es bien cierto, opina Martínez Shaw, que los decretos representaron la pérdida de las instituciones tradicionales, la represión sobre la población desafecta, la aristocratización de la administración y la institucionalización militarizada de la desconfianza borbónica frente a unas poblaciones tenidas por prontas a la rebeldía[806]. Aquí, nuestro historiador parece aceptar estos hechos como atentatorios contra la «nación catalana», aunque requiere al mismo tiempo reflexionarlos e interpretarlos desde la «óptica de la lógica del absolutismo».

Ahora bien, para estos investigadores,

la instantánea supresión mediante un plumazo de siglos de autonomía política enmascara el sentido de una acción que estaba dentro de la lógica del absolutismo europeo, de modo que no cabe hablar de singularidad en el caso de Cataluña (o de la Corona de Aragón), sino de un ejemplo más dentro de una corriente de la historia universal[807].

Como tampoco cabe olvidar, afirma Martínez Shaw en otro de sus textos, «que el Despotismo Ilustrado del siglo XVIII es el legítimo heredero de la Monarquía Absoluta de los Reyes Católicos y los Austrias», rechazando de este modo la idea de que fuera una completa innovación de los Borbones[808]. Y, en cualquier caso, ambos autores efectúan una concatenación empírica esencial al afirmar: «El rey que abolió los fueros [Felipe V] y el rey que propició el despegue de los distintos Estados aragoneses resulta ser una misma persona, del mismo modo que el fin de la autonomía política y el comienzo del éxito económico, social y cultural resultan una misma e indisoluble realidad»[809].

Desde el punto de vista de la realidad empírica ocurrida, Martínez Shaw y Alfonso consideran que la abolición de las antiguas instituciones no representó un desastre general para Cataluña. De hecho, recuerdan que durante el Setecientos el principado mostró una gran vitalidad en cuya causalidad estuvieron también presentes las políticas del absolutismo borbónico. La represión de primera hora sobre el austracismo admiten que fue cierta, pero señalan asimismo que fue disminuyendo y que muchas familias que lo apoyaron pudieron rehacer sus vidas y su presencia social e incluso política. La nueva organización institucional de carácter racionalista ofreció una gran estabilidad y vino a sustituir a unas entidades forales que estaban en parte obsoletas y en parte minadas por la corrupción.

En cuanto a la vida intelectual y cultural del siglo, la valoración del historiador sevillano es bastante positiva. La Universidad de Cervera fue más bien tradicional como casi todas las españolas, pero otras entidades creadas por particulares, por la Junta Particular de Comercio o por la propia monarquía (como los semilleros de ingenieros y médicos que proporcionaron la Academia de Matemáticas o Real Colegio de Cirugía fundados por Felipe V) fueron el recambio a un sistema universitario caduco y ofrecieron en su conjunto un siglo de recuperación intelectual de gran magnitud, una centuria que Martínez Shaw califica como «una nueva época dorada de la cultura catalana»[810]. Mientras que el idioma catalán, como venía sucediendo desde los siglos anteriores, continuó perdiendo presencia entre las élites como lengua culta, pero no en cambio entre las clases populares, aunque nuestro historiador recuerda que el avance del bilingüismo, sobre todo en Barcelona, resultó una evidencia.

Y en la actividad económica, la opinión de Martínez Shaw es que los resultados fueron muy satisfactorios para los catalanes. El catastro, al principio punitivo y oneroso para una sociedad de posguerra, fue pronto corregido y acabó siendo leve para una Cataluña progresivamente enriquecida. La unificación aduanera, la demanda militar y estatal, así como las políticas proteccionistas industriales y las actitudes liberalizadoras del comercio interior y colonial, que desde el principio mostró el absolutismo borbónico, fueron sin duda beneficiosas para la dinámica sociedad catalana y para su economía. Es decir, la victoria borbónica «pudo suponer el aborto de un proyecto de subordinación económica a Inglaterra y Holanda y el triunfo de la industria moderna en Cataluña»[811]. Y es por todo ello que a la burguesía austracista le costó poco sumarse a las nuevas y emprendedoras generaciones de hombres de negocios y juntos poder dialogar durante todo el siglo con los gobiernos borbónicos en beneficio de un país cada vez más próspero, socialmente en paz y progresivamente identificado con la dinastía borbónica. Por eso, Martínez Shaw opina que las revueltas de 1773 o 1789 no tuvieron significaciones políticas relevantes como por ejemplo las tuvo el motín de Esquilache en 1766, y por eso afirma que «son ligeras nubes en un cielo dominado por el optimismo de la prosperidad económica que alcanza a la mayor parte de la población»[812].

En definitiva, la expansión económica inaugurada tímidamente a finales del Seiscientos en el marco de la monarquía compuesta de los Austrias iba a proseguir con plena vitalidad en la centuria siguiente en el marco de un sistema político radicalmente diferente auspiciado por el absolutismo borbónico[813]. Y ello explica, en buena medida, en opinión de nuestro historiador, que las resistencias al nuevo régimen basadas en la añoranza por alguna de las prácticas del antiguo sistema foral, aunque persistentes durante el siglo, fueran minoritarias, políticamente poco articuladas, con escasa influencia y más bien dirigidas a la mejora del ordenamiento existente en la vida pública del principado. Es decir, que la vida política de la Cataluña del Setecientos estuvo «presidida esencialmente por la acomodación progresiva de las fuerzas sociales al régimen borbónico», pues vieron en dicho sistema político, impuesto ciertamente por la fuerza, la mejor posibilidad de conseguir el adelanto de la economía y el progreso social[814]. Eso es precisamente lo que a juicio del historiador hispalense vino a representar la figura del gran ilustrado catalán Antoni de Capmany: las ilusiones de toda una generación reformista en el principado[815]. Unas ilusiones y unas realidades que, en su opinión, empezaron a desvanecerse en parte cuando las guerras de finales del siglo contra Inglaterra y Francia descompusieron el sistema y sumieron a Cataluña en «una crisis de amplio espectro que marca la transición a una nueva época, poniendo de este modo de relieve “las limitaciones del Despotismo ilustrado”»[816].

Ajeno a la previa toma de partido del paradigma filoaustracista pero sin entrar en las posiciones revalorizadoras del absolutismo borbónico, y con un cierto ánimo conciliador a veces entre las diversas interpretaciones en liza, hay también en Ricardo García Cárcel, historiador valenciano especialista en los dos primeros siglos de la Edad Moderna catalana y en el estudio de las memorias históricas de España, un intento de desmitificar algunos de los tópicos que a su criterio han regido una parte de la historiografía catalana sobre la guerra de Sucesión, el reinado de Felipe V y la posterior evolución del siglo en Cataluña[817].

García Cárcel considera que la contienda sucesoria volvió a abrir la vieja herida entre Cataluña y la monarquía hispánica rompiendo de esta manera un tiempo de relativa calma que había permitido la constitución de una «tercera vía» entre el absolutismo centralista y el constitucionalismo foralista después de la desafección de 1640. Una alternativa encabezada por una nueva burguesía liderada por Narcís Feliu de la Penya, que ante la debilidad de la propia monarquía quiso sacar provecho para sus intereses desde un claro pragmatismo económico. Una burguesía cercana al ennoblecimiento que durante el reinado de Carlos II supo copar hegemónicamente los lugares del poder político en Cataluña (80 por ciento de los insaculables), asentar la primacía de Barcelona frente a otras importantes poblaciones y que se conformó como un bloque de contrapoder a la oligarquía que dominaba en la Corte madrileña, proponiendo su mayor participación en el gobierno de la monarquía a partir de sus propias ideas sociopolíticas vinculadas a las estrategias de negocios del mundo angloholandés, «patronía» económica que fue la aceptada por la mayoría de los grandes comerciantes de principios del siglo pero no la única existente[818].

De este modo, la guerra fue la plasmación de la «asignatura pendiente de la articulación del Estado». Una contienda entre la España «horizontal» de los Austrias y la España «vertical» de los Borbones, es decir, por el tipo de estructura de Estado que debía imponerse. Una lucha que, en líneas generales, el historiador valenciano considera que enfrentó a la Corona de Aragón austracista con la Corona de Castilla borbónica, pero recordando a su vez que hubo también división de opiniones en cada uno de esos territorios a favor de uno u otro candidato. Así, por ejemplo, cuando el archiduque Carlos entró en Barcelona en 1705, fueron más de 6000 los borbónicos que la abandonaron. Incluso recuerda también que al principio las gentes del principado no fueron contrarias a Felipe V hasta que, en la citada fecha, la entrada del Archiduque supuso el éxito de los austracistas catalanes y la ratificación del triunfo político de la mayoría de la burguesía del país que apostaba por conjugar sus intereses con los de las potencias atlánticas de Inglaterra y Holanda. Unos intereses que pasaban por prohibir la entrada de manufacturas galas en Cataluña y la exportación de lanas a Francia para proteger la industria gremial autóctona, así como fomentar la exportación de vinos y aguardientes a cambio de la importación de tejidos y pescado salado de Inglaterra y Holanda, amén de productos coloniales como el azúcar o el tabaco. En cualquier caso, era el austracismo «españolista» que pretendía otorgar a Cataluña un papel dirigente en la política y en la economía de toda la Monarquía mediante la sustitución de las desgastadas castas dirigentes madrileñas de los Austrias.

Esta vinculación con las potencias aliadas se vio después que era más frágil de lo que parecía cuando demostraron que entre el comercio colonial americano y los intereses de Cataluña no tenían duda alguna en elegir lo primero. El principado fue abandonado por el Archiduque y por los aliados y, en estas nuevas circunstancias, el ala más radical del austracismo decidió resistir hasta las últimas consecuencias en compañía de los exiliados de Valencia y Aragón. Era el momento de la Cataluña republicana que soñaba incluso con su plena independencia de cualquier monarquía. Eso sí, García Cárcel afirma que la mayoría del austracismo no quería romper con España, sino resguardar el modelo político que había funcionado hasta entonces y que en el caso del último reinado de Carlos II había permitido a Feliu hablar del mejor rey que Cataluña había tenido.

Después de resituar la figura de Rafael de Casanova normalizándola como la de un abogado en pleno ejercicio en la Barcelona de 1715, el autor cree conveniente revisar algunos estereotipos de una historiografía catalana que, a su juicio, se muestra a veces proclive a la mixtificación. Así, por ejemplo, afirma que la unanimidad entre los borbónicos no fue tan grande como se ha dicho, pues no faltaron entre sus filas quienes eran antifranceses y quienes no tenían una posición favorable a la abolición de los fueros que, en opinión de nuestro autor, fue una decisión finalmente proveniente sobre todo de la Corte de Versalles. Igualmente señala que el austracismo tuvo varios proyectos constitucionalistas y que en 1714 se produjeron numerosas divisiones entre sus partidarios que llevaron al Consell de Cent a suprimir la Generalitat, así como a que entre los principales dirigentes hubiera quienes, como Casanova o Villarroel, deseaban pactar y quienes abogaban por una resistencia numantina, acaso confundiendo deseos con realidad y sobrestimando su confianza en los aliados, sentencia nuestro historiador. Incluso nos dice también, como hemos visto, que si bien el austracismo era «españolista» en 1705, durante 1714 fue cada vez más «republicano catalán» defendiendo una Cataluña independiente. Lo que significa, a su juicio, que el austracismo no fue homogéneo, especialmente desde 1707 en que parece escindirse entre el más directamente vinculado al rey y el más relacionado con el nacionalismo catalán, que será el protagonista de la resistencia numantina, de la formación de las partidas de maquis comandadas por Carrasclet y el que después producirá textos como el Via fora els adormits en 1734. En cualquier caso, opina que Carlos siempre quiso ser rey de España más que de los catalanes y que, aunque reconoce que no es más que una hipótesis contrafactual, es muy probable que en el ejercicio del poder no hubiera diferido en mucho de las ambiciones absolutistas y regalistas de Felipe V.

En cualquier caso, García Cárcel cree que una clara conclusión que sacaron los protagonistas catalanes fue el fin de la inocencia. Casanova manifestó en su correspondencia con Castellví serias críticas sobre el radicalismo de los últimos momentos de la resistencia. Por eso afirma el historiador valenciano que «la sombra del desengaño estuvo presente en la generación de los testigos de 1714», y que por ello no debe extrañar que hubiera integración posterior en el sistema borbónico de antiguos comerciantes en la Junta Particular de Comercio o de reconocidos nobles austracistas en la Academia de Buenas Letras. Hubo, pues, una notable decepción final que dio paso a un gran escepticismo y a una notable prevención política de Cataluña frente a la monarquía que, a su juicio, perduró durante toda la centuria con «notable hostilidad», como lo demuestran hechos tales como el motín de las quintas, la continuidad de una publicística crítica o el austracismo «persistente y purificado» del que hablara Lluch. De este modo, considera que el final de la guerra fue equívoco. Por un lado, los borbónicos no resolvieron la dualidad entre el referente castellano «olivarista» y el modelo francés. Mientras que por otro, los austracistas se dividieron entre el exilio, la resistencia interior armada y una «mayoría escéptica» que intentó sobrevivir como pudo desde una cierta nostalgia.

En este contexto, el historiador de Requena reconoce la Nueva Planta como el resultado de la victoria militar del borbonismo sobre el austracismo, una victoria que comportó una represión política (supresión de las Constituciones), fiscal (catastro) cultural (lengua) y urbanística (la ciudadela). Pero sin olvidar que también fue, en términos de las monarquías absolutas de la época, el resultado del castigo de un delito de lesa majestad por parte de unos súbditos catalanes que habían jurado fidelidad a Felipe V cuando este respetó sus Constituciones en 1701, y que por eso el rey se sintió legitimado para practicar el derecho de conquista. Y, sobre todo, y quizá lo más importante para este investigador, hubo un fracaso previo de la España horizontal del austracismo, que no supo solucionar los «problemas de ingobernabilidad, de crisis, de amenaza del reparto del territorio hispánico de la llamada generación de 1698 (el 98 del siglo XVII)».

Y también cree necesario recordar que la Nueva Planta no fue «un producto homogéneo que responde a un deus ex machina», sino que, amén de cuestiones personales y aleatorias, fue el fruto maduro de un doble proyecto con raíces distintas, el castellanizador de Olivares y el uniformizador francés. Hibridaje que se demuestra en que las nuevas formas de gobernar también afectaron a las viejas instituciones castellanas y que subsistieron «múltiples restos del viejo sistema foral», amén de que no se cumplió el «principio teórico que constituía la esencia de la Nueva Planta: la priorización de los méritos sobre el origen». Por eso, aunque acepta la tesis de que con los decretos se reducía a Cataluña a las «leyes de Castilla», también recuerda, siguiendo la opinión de Enrique Giménez, que la Nueva Planta fue un proceso de racionalización y concentración del poder en el que acabó triunfando la concepción de la monarquía como dominio directo del monarca frente a quienes pensaban que tenía que ser un dominio útil acompañado de Constituciones que limitaran su poder.

¿Y qué supuso la Nueva Planta? Pues, desde el punto de vista político, para García Cárcel representó, más en la práctica que en la conceptualización, el ejercicio de un nacionalismo de Estado que intentó crear una única monarquía con unas mismas leyes y una misma administración que garantizasen un Estado fuerte con una cierta impronta de militarización y que tuviera en la uniformización y en la centralización sus baluartes principales, si bien entre el referente olivarista y el francés nunca se acabó de saber por dónde se quería caminar. Un proceso de uniformidad y centralización que, por cierto, se acentuó con Carlos III más que con el propio Felipe V. Fue la victoria de una «vieja asignatura pendiente» de la España vertical que deseaba un «nuevo Estado absoluto y fuerte» sobre la España horizontal de los Austrias que defendía el viejo concepto federal de España. El triunfo de la aspiración sistemática de que el soberano conquistara el Estado. Y también afirma, siguiendo a Vilar, que fue un momento fundamental en la configuración del Estadonación España.

Desde el punto de vista cultural, nuestro autor piensa que deben ser matizadas las opiniones excesivamente contrarias a la creación de la Universidad de Cervera y a la represión lingüística del catalán. En referencia a la primera, siguiendo la opinión de Joaquim Prats, afirma que más que voluntad punitiva lo que hubo fue un intento de racionalización reformista de una situación calamitosa de las universidades catalanas, así como el afán de poder educativo de los jesuitas. Aunque hubo realizaciones dignas de mención no se superó, en su opinión, el ambiente de pobreza intelectual típico de las universidades españolas de la época. Y en cuanto a la cuestión idiomática, le parece oportuno matizar que la represión existió desde el primer momento, pero más en los tiempos de Carlos III que en los de Felipe V, y que aun así, la decadencia relativa del catalán frente al castellano venía del siglo XVII y que durante la centuria ilustrada la lengua catalana mostró síntomas de fortaleza tanto intelectual (diccionarios, gramáticas, reediciones de obras) como eclesiástica (idioma en las iglesias) y también popular.

Con todo, nuestro historiador menciona una doble realidad que no debe ser olvidada. La primera es que no desapareció de la memoria de los catalanes el referente histórico, tanto para añorar el viejo mundo perdido de las Constituciones como para recordar los efectos devastadores de una contienda que tuvo una posterior represión vista por muchos catalanes como una venganza de los castellanos. En ese sentido, su parecer es que hubo ciertamente más acomodo que resistencia, pero que la nostalgia no dejó de estar muy presente también entre la intelectualidad catalana. Es más, insiste en que la llegada de la nueva dinastía representará una «radicalización en los problemas de extrañamiento entre Castilla y Cataluña», aunque es también cierto que progresivamente en España se irá imponiendo cierta admiración por la capacidad económica de los catalanes. En cualquier caso, recuerda que es necesario distinguir entre la realidad de un austracismo poco actuante en el siglo XVIII y la fecunda memoria que dejó en buena parte de las clases pensantes catalanas.

Y la segunda realidad fue que Cataluña demostró, en la compleja y conflictiva bisagra finisecular, que se sentía mucho más cómoda en la monarquía absoluta borbónica que en la posible connivencia con unas tropas napoleónicas que no parecían ofrecer un mundo mejor para la autonomía catalana. Y eso se pudo comprobar ya en la guerra Gran de 1793, pero sobre todo en la contienda de 1808, cuando Cataluña fue de los territorios peninsulares más combativos contra los franceses. Eso sí, una Cataluña que García Cárcel afirma que, además de la guerra con los franceses, tenía ya en su territorio un pugna social interna que presagiaba el duro conflicto carlista del siglo XIX. En cualquier caso, «parece innegable que Cataluña salió de la prueba de 1808 más fuerte en su vinculación con España de lo que había entrado». Y para comprobarlo cree que basta con leer al Capmany de Centinela contra franceses. Con todo, la orientación liberal de las Cortes de Cádiz opina que no llegó a ser del agrado pleno de la mayoría de los diputados catalanes.

Finalmente, decir que el investigador valenciano expone con claridad lo que a su juicio son las tres grandes lecciones que pueden extraerse de la guerra de Sucesión. La primera es que esperar que los problemas de España hubieran podido solucionarse por la intervención de potencias extranjeras era una ingenuidad, pues ellas tenían sus propios intereses económicos y geopolíticos. La segunda es que la contienda enterró una tercera vía de entendimiento entre Cataluña y España que parecía abrirse a finales del siglo XVII para tender puentes entre absolutismo y constitucionalismo. Y la tercera lección es que «la represión nunca soluciona nada» y por eso la reacción represora de Felipe V desoyendo incluso los consejos de su abuelo Luis XIV puede «explicarse pero nunca justificarse». O dicho de otra manera, nuestro historiador creo que piensa que el nuevo monarca francés hubiera obrado bien al imitar a Felipe IV cuando respetó las Constituciones después de 1640.

Capítulo 8
CATALUÑA Y EL ABSOLUTISMO BORBÓNICO

Hasta aquí llega el análisis sobre el viaje que la historiografía catalana ha recorrido estudiando su Siglo de las Luces[819]. Efectuado con voluntad de rigor y comprensión, obligado me parece ahora ofrecer al lector, en apretada síntesis, la opinión propia sobre algunas de las cuestiones que considero más significadas entre aquellas que han ido saliendo a la palestra en las páginas antecedentes por parte de mis colegas[820].

Como hemos podido comprobar, las relaciones entre Cataluña y los diversos gobiernos borbónicos del Setecientos han sido un asunto recurrente, y no exento de polémica, en el seno de la historiografía hispana en general y catalana en particular[821]. A ello ha contribuido desde luego el hecho de que la centuria se abriera con una contienda civil española y catalana en el marco de los enfrentamientos por la hegemonía en Europa, una contienda que ocasionó la pérdida de la constitucionalidad catalana y que abrió el camino para crear un Estado centralizado y uniformista en España. Sin embargo, no es menos cierto que el interés suscitado y las diversas interpretaciones ofrecidas deben situarse en una cuestión de mayor amplitud y alcance que hallamos en la historiografía catalana de forma a menudo solapada pero siempre presente y efectiva.

La cuestión no es otra que la compleja construcción del Estado español y la problemática incardinación de Cataluña en su seno desde la unificación dinástica y política de los Reyes Católicos. Una cuestión cuyo interés historiográfico no solo ha procedido del ámbito académico, sino que ha sido también impulsada por la política. Dicho con brevedad: las controversias ideológicas acerca de lo positivo o negativo que para las partes haya podido representar el hecho de la unificación y las disputas sobre el tipo de estructura política, el reparto territorial del poder o el modo de ejercerlo han sido un patrimonio compartido por los políticos, por los intelectuales y también por los historiadores. Un patrimonio que ha configurado en buena parte la naturaleza misma de la discusión intelectual y política, a menudo esencialista, acerca de qué es España[822]. Es decir, la política ha ayudado (y todavía ayuda) a mantener vivo el debate histórico sobre las virtudes e inconvenientes de la España «confederal» de los Austrias o de la España «centralista» de los Borbones, a los efectos de la costosa edificación del Estado español y de la difícil llegada de la democracia parlamentaria y del capitalismo. Modelos estatales que a menudo se han vivido como inevitablemente antagónicos, al menos hasta el actual Estado de las autonomías consagrado en la Constitución de 1978[823].

Nada que decir ante la influencia de este legítimo impulso de la política sobre el historiador. Sin embargo, el mismo no siempre ha sido bien digerido por los investigadores, que en algunos casos han visto contaminada su tarea, hasta hacerla incluso a veces irreconocible, a causa de la presencia en su labor de frecuentes y dañinos apriorismos ideológicos que han dado paso a un apasionado combate partidista antes que al necesario rigor científico en búsqueda de la verdad histórica[824]. Y ante tan importante interpelación de la política hacia la historiografía, no debe extrañar que el tema de Cataluña en la España del Setecientos adquiera un especial y relevante valor añadido. De hecho, desde el siglo XIX hasta la actualidad, hemos visto cómo la cuestión ha merecido una constante atención entre quienes desde la historiografía han parecido querer avalar proyectos políticos progresistas o conservadores; unitaristas, regionalistas, federalistas o confederalistas; centrípetos centralistas o centrífugos independentistas.

A las alturas de la segunda década de este nuevo siglo, y tras la magna obra de Pierre Vilar y su fecundo legado científico, no resulta arriesgado afirmar que si bien existe un cierto consenso historiográfico en torno a lo acontecido, todavía está sujeta a debate, entre los historiadores y los políticos, la valoración sobre quiénes tuvieron mayor intensidad protagonista en los hechos y la trascendencia histórica de los mismos. Es decir, que lo que suscita más desencuentros no es tanto el reconocimiento de que el Setecientos catalán fue, en términos globales, un siglo de progresiva estabilidad política, exitosa expansión económica, acentuado dinamismo social y renovada creatividad cultural, sino que la cuestión polémica se centra, especialmente, en consensuar a quién atribuimos las responsabilidades de esta cuádruple evidencia histórica y qué trascendencia tuvieron estos procesos para el devenir de Cataluña y de España.

En cuanto a qué parte se debió a la iniciativa de los propios catalanes y qué parte de protagonismo adquirieron las autoridades borbónicas en el indiscutido resurgir catalán del Setecientos, digamos de entrada que, en términos generales, en la medida en que los catalanes desarrollaron sus diversas actividades en el marco de un Estado con unos gobiernos actuantes, y especialmente actuantes en el caso de este siglo, parece de sentido lógico afirmar que en la creación de la realidad tuvo gran importancia la dialéctica establecida entre las diferentes clases sociales catalanas (en especial sus sectores dirigentes) y las diversas políticas gubernamentales.

En el caso de la Cataluña setecentista, quiero decir con ello que las realidades forjadas tuvieron el ineludible punto de partida de las diversas realizaciones que la imaginación, la inteligencia, el esfuerzo y la tenacidad de la sociedad catalana fue creando, pero también es necesario recordar que todo ello hubo de realizarse atendiendo a las reglas del juego de un tardofeudalismo que se mantuvo básicamente inalterado y de un Estado que se mostró particularmente activo (y, en el caso de Cataluña, política y militarmente vigilante) a la hora de marcar las directrices para el fomento de la vida económica, la regeneración social y la mejora de las actividades científicas y culturales. Un Estado borbónico que estaba mediatizado por una evidente cuestión de «clase» y que actuaba en consecuencia con esa realidad. O dicho en términos vilarianos, solo podremos entender adecuadamente la historia de la Cataluña del siglo XVIII si procedemos a incardinarla de lleno en el seno de la Monarquía española y de la política del absolutismo reformista, así como en el marco de un sistema tardofeudal que delimitó, en gran medida, la naturaleza y la intensidad de los cambios que la sociedad española y catalana experimentaron. Es decir, que no debemos olvidar que hubo un cambio de dinastía y de tipo de Estado, pero no de modelo social imperante: se dieron mutaciones institucionales y políticas de indudable calado sin alterar la esencia de la estructura de clases ni tampoco las bases principales de la vida económica.

En la dialéctica existente las partes no dispusieron de la misma densidad protagonista. El grueso de la responsabilidad del resurgir catalán setecentista estuvo desde luego en el dinamismo de su propia sociedad. Fue ella la que tuvo la energía suficiente para marcar el paso y abrir nuevas sendas en la vida económica, social y cultural. La que supo asumir una nueva estructura política y valerse de los resortes legales existentes en la Nueva Planta, y de aquellos que se fueron abriendo, para defender los diferentes intereses de los diversos sectores sociales. La que supo aprovechar la expansión económica internacional pasando de una agricultura de subsistencia a otra más comercializada, de la lana al algodón, del mercado interior catalán al peninsular, del tradicional tráfico mediterráneo al comercio colonial atlántico. Fue esta la que levantó nuevas instituciones que sirvieron para representar los intereses de las clases económicamente más activas y pujantes. Y fue esta también la que supo abrirse de manera paulatina a los nuevos aires de la Ilustración y crear entidades culturales y científicas renovadoras y de reconocido prestigio. En suma: fue la sociedad catalana la que pasó de mirar el mundo desde casa a estar cada vez más presente en el mundo por méritos propios.

No pienso, sin embargo, que eso se debiera a un «ethos» especial de los catalanes, en el sentido esencialista y culturalista del término. Ni mucho menos que fuera el producto de una especie de «homo catalanoiae» caracterizado en su «ser» por una invariable actitud emprendedora y empresarial. Lo que sí creo es que la existencia de unas determinadas estructuras y actitudes socioeconómicas y culturales previas, labradas en los siglos precedentes, actuaron, en un determinado contexto histórico de expansión casi universal y en el marco de una nueva organización política de la monarquía española, de manera eficiente para generar un dinamismo que ocasionó significados cambios en los diversos órdenes de la vida de los catalanes. Quiero decir con ello que, cuando se apela al «hecho diferencial catalán» para explicar que Cataluña aprovechara mejor la bonanza del Siglo de las Luces respecto de otras regiones españolas, es peligroso situar el eje central de esa diferencia en una especie de «esencia» caracterológica que daba a los catalanes una especificidad única (atávica e inmutable) en referencia a la ética del trabajo[825]. Una exclusiva peculiaridad axiológica sobre el mundo laboral que acaba actuando en el dominio de la interpretación histórica como un «deus ex machina» que, «en última instancia», parece que todo lo puede explicar.

Es evidente que en la Cataluña del Setecientos había una buena predisposición para valorar positivamente el trabajo manual, la creación de riqueza, el aumento del patrimonio familiar y la promoción social a través del mérito profesional o del enriquecimiento en los negocios. Pero de eso no carecían otras sociedades peninsulares y, además, no siempre parece que hubiera sido de este modo en la historia de Cataluña anterior a la centuria ilustrada[826]. Existía, en efecto, el hecho diferencial catalán respecto a otras comunidades ibéricas, pero su naturaleza era mucho más compleja y poliédrica al obedecer a una conjunción de causas que tenían entre ellas importantes sinergias. Lo que significa que se refería no solo a su particular ética del trabajo, sino también a su cultura política e institucional preexistente, a su estructura de la propiedad agraria, a su peculiar derecho civil, a su singular sistema hereditario, a los específicos comportamientos de su demografía, a las dinámicas propias de su industria y su comercio, a la tupida red de relaciones entre sus ciudades o a las características singulares de su estructura de clases y de las relaciones históricamente establecidas entre ellas y, por supuesto, a la específica interrelación que en la sociedad catalana habían establecido y mantenían estos y otros diversos factores.

Si bien la sociedad catalana fue la que proporcionó el impulso de primer orden al proceso dialéctico antes mencionado, parece razonable reconocer también que la otra parte, el Estado, estuvo presente en el mismo con diversa intensidad. Las relaciones entre los catalanes y los gobiernos borbónicos a lo largo del siglo fueron más de colaboración que de enfrentamiento y, en términos generales, resultaron positivas para el progreso de la mayor parte de los catalanes y positivas para mejorar la salud del conjunto de la Monarquía. No todo fue un camino de rosas, desde luego. Nunca suele serlo. Ni se puede negar, por supuesto, que en el ánimo de algunos catalanes (la verdad es que todavía ignoramos su número) perdurase el resabio y la desconfianza frente a la dinastía borbónica, así como cierta añoranza por el mundo institucional y político de los Austrias como una alternativa para construir la Monarquía española de una manera diferente a la del absolutismo avanzado. Ni tampoco se debe olvidar que, en algunas autoridades borbónicas, los recelos frente a lo que en su imaginario geopolítico representaba la «díscola» Cataluña fueron un sentimiento de duración secular[827]. Un acontecimiento fratricida como la guerra sucesoria, una querencia política tan sentida y apoyada como la defensa de las Constituciones y la severa represión felipista de primera hora (que aunque no contempló el saqueo de Barcelona como era costumbre en la época tampoco se esforzó en reconstruir caminos de entendimiento)[828] no iban a desaparecer de la noche a la mañana.

Sin embargo, conforme el siglo fue avanzando, sí parece defendible, en cambio, la idea de que la mayor parte de los catalanes vieron suficientes beneficios en el absolutismo reformista como para no cuestionar decididamente una bandera que representaba para una gran parte de ellos una enseña enemiga a principios de la centuria. La actitud política más común fue la de amoldarse a la nueva realidad borbónica y, actuando en ella, ir consiguiendo los mejores provechos para la hacienda de cada cual y también para la pervivencia de la diferenciada identidad catalana dentro de las Españas. Tras la vuelta de los exiliados a consecuencia de los acuerdos entre España y Austria en 1725, todo parece indicar que cada vez hubo una mayor acomodación a la nueva situación política por parte de la mayoría de los catalanes, con especial evidencia en clases como la nobleza, el clero, la burguesía y tal vez en los sectores más acomodados de los gremios y del campesinado[829]. Además, en el caso de los nobles, aunque no sin algunas dificultades, a la vuelta del exilio la mayoría pudo recuperar sus bienes, al tiempo que los títulos concedidos por el Archiduque fueron reconocidos[830]. De hecho, como afirma Vilar, es altamente posible que el propio acuerdo vienés aumentase al tiempo las adhesiones y las resignaciones[831]. Resignaciones en las filas de un austracismo que había ido cuarteándose y debilitándose desde los finales de la contienda sucesoria como consecuencia de la propia guerra y de los desengaños procedentes de la actitud de los aliados[832].

En suma, con el acuerdo vienés que consolidaba a los Borbones en España y reconocía los intereses comerciales austríacos, con el recuerdo todavía muy reciente de una contienda que no se deseaba volver a repetir, con una represión borbónica cada vez menos actuante que había concedido ya indultos y amnistías desde 1719 y, finalmente, con la progresiva recuperación económica beneficiada por la paulatina incardinación en el mercado español, empezó en Cataluña una sosegada asunción del régimen borbónico y de la nueva estructura de poder de la monarquía española que un austracismo cada vez más agotado no estuvo en condiciones de combatir[833]. 1725 cerró la guerra sucesoria y la mayor parte del austracismo catalán parece que se convenció de que su apuesta a la sola carta de los aliados no había dado los resultados esperados y que ahora era inteligente comenzar a vivir dentro de un nuevo régimen político que empezaba a mostrar tenuemente que era capaz de escuchar las voces de buena parte de la clase dirigente catalana que, progresivamente, fue aproximando posiciones entre austracistas y borbónicos en instituciones como la Academia de las Buenas Letras, la Universidad de Cervera o los Tres Cuerpos de Comercio. Paulatinamente, los antiguos bandos encontrados en guerra civil se fueron acercando para ir constituyendo una nueva clase rectora de la sociedad catalana en la que hubo familias que habían estado en trincheras distintas a principios del siglo. En tiempos de Fernando VI y Carlos III eso ya parece haber sido una realidad. De hecho, los proyectos reformistas de ambos reyes fueron acogidos sin titubeos por unas clases dirigentes catalanas que, en alguna medida, empezaron a sentirse incluso protagonistas de los mismos.

No fue, en cualquier caso, una entente fácil y rápida ni estuvo exenta de recelos mutuos y de controversias. Los primeros años estuvieron sin duda presididos por el afán borbónico de controlar la situación, de perseguir las resistencias austracistas y de imponer la militarización y el control político del territorio para asegurar la fidelidad catalana a la nueva dinastía y a la nueva situación institucional. La guerra estaba todavía muy presente en la memoria colectiva y los protagonistas de ambos bandos se hallaban en una característica situación de inmediata posguerra entre vencedores borbónicos y perdedores austracistas que en Cataluña cobraba una especial intensidad por haber sido el último baluarte resistente de estos últimos. Fueron, sin duda, unos primeros años típicos de posguerra en los que los borbónicos hicieron valer su victoria militar frente a los catalanes austracistas. Y en ese hacer valer la victoria se incluía la plena imposición del nuevo régimen absolutista de carácter uniformizador y centralizador frente al antiguo particularismo institucional catalán, se imponía el Estado «unitario» de los Borbones frente al Estado «plurinacional» de los Austrias, la centralización frente a la descentralización, la uniformidad frente a la diversidad. La contienda no había empezado por esos exactos motivos, pero el bando austracista sí había acabado en buena parte luchando por ellos. Y los vencedores no lo olvidaron: por eso el capitán general marqués de Castelrodrigo propuso organizar, en la temprana fecha de 1715, una pública derogación de los fueros mediante su incineración, propuesta a la que Felipe V no accedió[834].

Ahora bien, la situación de represalias y desconfianzas fue perdiendo dureza y agresividad progresivamente. A partir de los últimos años del reinado felipista comenzaron a notarse algunas aproximaciones entre la nueva dinastía y ciertas capas dirigentes de la sociedad catalana, especialmente aquellas que se habían ido incorporando a las instituciones desde las filas borbónicas. Se notan ya algunos leves indicios cuando Luis I es proclamado rey y también cuando murió en 1724[835]. Se nota un poco más cuando en 1731 el infante Carlos visita Barcelona camino de sus destinos italianos[836]. Se nota también cuando en 1735 se aprueba por parte de José Patiño la propuesta de Jaume Duran, procedente de una familia de comerciantes de filiación austracista, de instaurar una Junta Particular de Comercio Terrestre y Marítima[837]. Se nota de manera más palmaria en el reinado de Fernando VI, monarca que se mostrará cada vez menos interesado en mantener la tensión y más proclive a dialogar con las clases emergentes catalanas, como bien lo demuestra su autorización de la Compañía de Barcelona[838] y de los Tres Cuerpos de Comercio[839]. Y no menos se nota cuando el propio Jaume Caresmar escribe un elocuente elogio de la figura de este soberano en el momento de su muerte[840].

Pero la aproximación entre las partes se muestra mucho más evidente cuando, en 1759, convertido en Carlos III, el nuevo monarca elige intencionalmente a la capital catalana para entrar en España y ocupar su trono[841]. Habían pasado ya cuarenta y cinco años y no parece que el caluroso recibimiento que las crónicas y la correspondencia real describen fuera un ejercicio colectivo de hipocresía ni una actuación forzada por parte de la mayoría de la sociedad barcelonesa y de sus instituciones. De hecho, algunos autores como Lluch defienden incluso que los primeros gestos del nuevo rey de perdonar los atrasos del catastro, confirmar la creación de los Tres Cuerpos de Comercio a la burguesía mercantil, permitir llevar espada a los nobles o dirigirse a los regidores del Ayuntamiento barcelonés como «amados concelleres»[842], así como su fama precedente pudieron abrir ciertas esperanzas de nuevas formas de reinar entre algunos catalanes, ilusiones que de existir ignoramos hasta qué punto se consideraron después satisfechas, aunque al decir de Grau se acabaron tras el motín de las quintas en 1773[843]. De cualquier modo, las múltiples glosas de la Academia de las Buenas Letras de Barcelona[844] y las oraciones fúnebres realizadas a la muerte de este monarca indican, salvando la consabida retórica de este tipo de manifestaciones, un notable aprecio de las clases dirigentes del principado hacia Carlos III[845].

Ni tampoco pienso que pueda considerarse forzada o hipócrita la no menos calurosa acogida que los barceloneses y sus más señeras instituciones dispensaron a Carlos IV con motivo de celebrarse en la ciudad la boda del primogénito real en 1802, cuando los gremios llevaron a hombros la carroza de sus majestades[846] costeada por los comerciantes y fabricantes barceloneses con 13 000 libras catalanas[847]. Ni debemos tampoco olvidar que en las calles de Barcelona y de las principales ciudades de Cataluña no eran pocos los que gritaron a favor de que el biznieto de Felipe V, es decir, Fernando VII, volviera a recuperar la cabeza de la monarquía mientras se luchaba contra la presencia de las tropas napoleónicas[848]. Bien sabemos que de las muestras de fervor popular en las visitas reales no cabe deducir conclusiones excesivas, pero parece que al menos indican que el ambiente general, desde los años centrales del siglo, fue resultando paulatinamente favorable a la monarquía borbónica. Una política exterior cada vez mejor valorada por los catalanes y una mayor protección de la economía peninsular y colonial que permitieron incrementar de manera sustancial los negocios y los beneficios fueron motivos de peso para ir aumentando la integración de Cataluña en España a lo largo del Siglo de las Luces[849].

La constatación de esta progresiva asunción por parte de un amplio sector de la sociedad catalana del nuevo modelo político instaurado por el absolutismo borbónico debe ser complementada con el recordatorio de la existencia de otras dos realidades. La primera fue socialmente muy amplia a la par que escasamente reivindicativa: la inmensa mayoría de catalanes continuó considerándose, de manera espontánea y natural, algo específico y particular en el seno de la monarquía hispánica. En cambio, todo apunta a que la segunda realidad fue menos visible y sin duda menos popular dada su superior dimensión política y reivindicativa: la persistencia de un sentimiento nostálgico respecto a las Constituciones perdidas y la esperanza de volver a disponer de una mayor capacidad de gestión política autóctona.

En este último caso, si bien es cierto que ignoramos la extensión social de esas ideas y esos sentimientos, diversas realidades nos anuncian su existencia a lo largo del siglo. Así lo muestran, en el contexto de la declaración de guerra de la Cuádruple Alianza contra Felipe V en 1718, las acciones guerrilleras de posguerra de los carrasclets, última manifestación armada del austracismo, que en algunos parajes mostraría una cierta faz de guerra civil en el seno de la Cataluña borbónica, siguiendo de este modo idéntica lógica que en tiempos de la contienda. Acción de rebeldía política que reivindicando la recuperación de las Constituciones no lograría, en cualquier caso, movilizar a la población hacia un alzamiento general a causa de la vigilante represión existente, de la cercanía de la guerra y del abatimiento de unas fuerzas austracistas cada vez menos potentes y más divididas[850]. Además, en el caso de los carrasclets, la incitación a la rebelión de los catalanes para reconquistar los fueros perdidos por parte de los entonces aliados franceses e ingleses, parece demostrado que no era más que mero tacticismo político en la guerra que en aquellos momentos libraban contra Felipe V.[851] Posteriores partidas de rebeldes, mitad resistentes políticos mitad delincuentes comunes, como las capitaneadas por Joan Amorós, Ramon Guardiola o Andreu Gracia, todavía tendrían menos posibilidades de avivar una revuelta popular contra el cada vez más consolidado régimen borbónico y ante una población progresivamente reticente a cualquier vuelta a las armas[852].

También muestran sus posiciones austracistas anónimos como el Vía fora els adormits (1734)[853] o el Record de l’Aliança (1736[854]). Durante la guerra de Sucesión de Polonia, y en medio del enfrentamiento entre Gran Bretaña y Francia, contando esta última con la ayuda española merced al primer Pacto de Familia, estos escritos políticos trataban de retornar a España al mundo de los Austrias. Al mismo tiempo que no se inhibían a la hora de disentir (en el caso del Vía Fora) de la actitud de algunos exiliados catalanes que ocupaban destacados puestos en la Corte vienesa, buscaban propiciar un cambio en la actitud de los británicos al estrenar estos un nuevo monarca, así como conseguir también un nuevo despertar de los austracistas catalanes. Con todo, estos textos políticos reivindicativos ni conmovieron a las autoridades de Su Majestad británica, ni preocuparon a las borbónicas, ni parecen haber tenido tampoco mucha difusión en el seno de la sociedad catalana. De hecho, en cierta forma, sus significativos títulos indican una evidente necesidad de revitalizar un movimiento que parecía cada vez más débil y que perdía presencia y popularidad.

En este mismo contexto europeo, y provenientes del austracismo exiliado en Viena, aparecieron también publicaciones más reflexivas y progresivamente atemperadas, y en parte contrarias a las anteriores, como las del aragonés Juan Amor de Soria, intelectual orgánico de Carlos VI y secretario del activo político y hombre de confianza del emperador, Ramón de Vilana-Perles[855]. Publicaciones que aportaban al viejo austracismo un universo teórico renovado y que, en su mayoría, se oponían al absolutismo como forma de gobierno de la monarquía española, pero no a la idea de continuar con la unidad de la misma fundamentada en las realidades forales. Es más, en una obra tan significativa como Enfermedad crónica y peligrosa de los reinos de España y de Indias (1741), Amor de Soria reivindica la necesaria unión entre las dos grandes coronas de España, la revitalización del «Parlamento de la monarquía» y las virtudes del sistema polisinodial a la par que también solicita que una Secretaría de Estado sirva para unificar criterios políticos y que la recuperación se pretenda para toda España y no solo para Cataluña. Una España que debía mantenerse como unidad política pero liberada del yugo francés y practicando un pactismo renovado y purificado. En cualquier caso, todo apunta a que Vilana y Amor de Soria fueron rebajando su ortodoxia constitucionalista en favor de una postura política que reclamaba conciliar el absolutismo del monarca, incluido un regalismo que les acercaba a los Borbones aunque sin la radicalidad de un Macanaz, con el respeto a la realidad foral española, especialmente encarnada por la Corona de Aragón. Y también todo apunta a la idea de que tras la paz de Viena parece que se buscaron fórmulas de cierta concordia con los Borbones españoles, si bien les separaba de forma abismal la cuestión de la foralidad[856]. Aunque faltan investigaciones precisas al respecto, no parece tampoco que los textos del exilio vienés llegaran con profusión a Cataluña. Y desde luego resulta más evidente que no consiguieron encender la llama política y social del posible austracismo interno.

En tiempos de Carlos III, en un contexto histórico bastante diferente al de su padre, también aparecieron algunos testimonios de una cierta añoranza por las antiguas Constituciones o, al menos, de ciertas críticas, sin duda moderadas y desde dentro del sistema, al exceso de centralismo. Podemos contemplarlas en el Memorial de Greuges de 1760, redactado por regidores felipistas de las cuatro capitales de la extinta Corona de Aragón, y del que más tarde hablaremos[857]. Igualmente se encuentran en el proyecto para restaurar el «Antiguo Magistrado» de Cataluña, que reclamaba recrear la Diputación del General de Cataluña en sustitución de la Intendencia, bien que plenamente adaptada al absolutismo y con la única atribución de encargarse de la hacienda y de que esta fuera soportable para los catalanes a la par que conveniente para el Estado[858]. Existen, asimismo, en el ilustrado Proyecto de Abogado General del Público, presentado en 1767 por Francesc Romá i Rosell, propuesta que pretendía establecer en cada capital de provincia española una especie de promotor económico y de defensor de las causas de interés público (que debía ser natural de dicha provincia) con cierta autonomía respecto de las autoridades centrales, aunque siempre siguiendo la cadena de mando propia del régimen borbónico (pues no debía alterar «un ápice la Constitución del gobierno») y siempre buscando proteger e impulsar las reformas que este dictaminase en las diversas provincias del Reino, a las cuales había que tratar con deferencia para que así se consiguiese la felicidad plena de toda España[859]. Dada la colisión que las a veces difusas atribuciones del abogado representaban respecto a las instituciones existentes, mereció la rápida desaprobación de la Audiencia y no pasó de ser un proyecto. También se manifiestan peticiones de mayor poder político en algunas argumentaciones esgrimidas en 1769 por los síndicos personeros de las principales ciudades del principado al solicitar la abolición de los regidores vitalicios y pedir más representatividad en el gobierno de los municipios[860]. Y, por supuesto, se notan en la persistencia de una publicística que, como mínimo, indica que existía en la sociedad catalana una corriente de crítica moderada hacia la práctica política existente[861], crítica que recordemos también tenía cuerpo en Castilla, como bien vendría a poner de relieve el motín de Esquilache[862].

No obstante, los existentes ecos austracistas fueron cada vez menos populares y de menor intensidad. Los escritos políticos que trataban de aprovechar las coyunturas bélicas europeas para cambiar la actitud de los aliados o reavivar los ánimos internos del austracismo pueden tener valor simbólico como síntomas de resistencia y disidencia en la primera mitad del siglo, pero no tuvieron mayor eficacia en la movilización política dirigida a subvertir el orden borbónico en favor del anterior orden habsburgués. Pueden tener en su caso un valor de símbolo en cuanto a una cierta continuidad teórica de un discurso político que supuestamente enlazaría finalmente con la Renaixença, pero eso no implica necesariamente que las muestras de austracismo, entendido como identificación con el orden político de los Austrias, tuvieran, mientras existieron, una influencia real y generalizada en el conjunto de la sociedad catalana del siglo XVIII. No creo que fueran una fuerza oculta que estuviera manejando la vida política catalana.

En realidad, todo apunta a que las resonancias austracistas se apagaron y fueron progresivamente sustituidas por la actitud historicista de una parte de la sociedad y la intelectualidad catalana que, sin cuestionarse su filiación borbónica, la creía compatible con solicitar ciertos usos políticos que rememoraban en parte a la antigua foralidad. Foralidad que, recordemos, hubo proborbónicos que no estuvieron de acuerdo en desmontar por entero ni durante ni después de la guerra sucesoria, borbónicos que pensaron que pasados los momentos críticos de posguerra todo volvería a su cauce conservando las viejas Constituciones con algunas regalías más en manos del monarca[863].

Estos usos forales, al decir de esos testimonios coetáneos, representarían mayores tasas de participación política de los naturales sin peligro alguno para la monarquía borbónica y con mayor efectividad, en cambio, para la gobernación de la vida pública. Es decir, desde dentro de las clases dirigentes catalanas afectas al absolutismo borbónico se planteaba un binomio reivindicativo: la reconsideración de la participación de los catalanes (vale decir también de aragoneses, valencianos y mallorquines) en los órganos comunes de la monarquía cumpliendo así con las propias disposiciones de Felipe V de anulación de la extranjería, y una mayor cuota de poder para la nobleza ya instalada en los sillones consistoriales. En cambio, al mismo tiempo, las clases menestrales catalanas seguían añorando una mayor participación en la vida municipal al estilo de la que habían disfrutado en la época de los Austrias, de ahí que les pareciese tan adecuada la instauración de las figuras de los síndicos y personeros por parte de Carlos III.

Todas esas peticiones se efectuaban sin cuestionar la dinastía borbónica ni la integración de Cataluña en España. Sin perder sentimiento de catalanidad (entendida esta como la identidad asumida por la pertenencia a una patria con una historia política e institucional común y una lengua particular), buena parte de la sociedad catalana fue teniendo una mejor convivencia con la realidad política y sentimental española, al tiempo que la desconfianza respecto a los gobiernos borbónicos fue disminuyendo de forma paulatina y paralela a la aceptación de una situación que cada vez fue presentando, en términos generales, un mejor aspecto para la mayoría de los catalanes. Digo realidad española, que no castellana, puesto que con esta última algunas informaciones fragmentarias parecen indicar que las distancias y los desencuentros continuaron presentes, en especial entre las clases populares. Pero, como afirmó en su día Vilar, en vísperas de la guerra Gran, el «despotismo» de Carlos III, apoyado en una coyuntura económica particularmente favorable, se había hecho aceptar por el conjunto de las clases sociales catalanas. Es más, según el historiador francés: «Cataluña cree que debe la expansión material de las ciudades y el litoral al despotismo ilustrado»[864].

Además de merecer mayores esfuerzos investigadores, lo antedicho requiere matices referidos al tiempo y a las diferentes clases sociales, en el sentido de que quizá sea más verdadero a partir del segundo tercio del siglo que para sus principios, más para las clases acomodadas que para los sectores menos favorecidos, en los que tal vez de forma espontánea siguió acaso manteniéndose una mayor desconfianza hacia las autoridades de Madrid[865]. Pero en general, la Cataluña finisecular estaba mucho más cerca de sentirse dentro de España que un siglo antes. Incluso pienso que es posible afirmar, a modo de hipótesis precisada de mayores demostraciones, que en pensadores como Caresmar, Amat, Romà o Capmany, en clases como la gran burguesía comercial e industrial, en las filas de la pequeña burguesía de los tenderos, en los grupos más acomodados de la menestralía o bien en la jerarquía eclesiástica y en amplios sectores de la nobleza y de los hombres de leyes se fue imponiendo una doble y complementaria actitud.

Primero: la conveniencia de «españolizar» Cataluña asumiendo el castellano como la lengua culta, oficial y unitaria que expresaba simbólicamente la pertenencia a una entidad política común y superior que era la monarquía hispana comandada por una nueva dinastía, y que también expresaba, en cierta medida, la «modernidad» y el «progreso» representados por el cada vez más triunfante concepto de universalidad de las leyes y las costumbres auspiciado por el pensamiento de corte ilustrado. Una españolización mediante una cierta castellanización lingüística cuyas posiciones doctrinales pueden encontrarse suavemente en Romà i Rosell y con mayor contundencia en Capmany cuando afirma que el catalán era «una lengua muerta para la república de las letras» o bien un idioma «anticuado, provincial y plebeyo, desconocido a los propios catalanes». Una conveniencia de «españolizar» que, sin embargo, se veía plenamente compatible (eso parece evidente en todas las clases sociales) con la espontánea utilización de manera generalizada del idioma vernáculo, que continuó ostentando su hegemónica presencia social en el hogar, en las relaciones sociales, en la enseñanza de las primeras letras, en las notarías, en los libros de cuentas comerciales o en la tarea de evangelizar mediante la predicación religiosa y la enseñanza de los catecismos (aunque fueran ganando terreno los bilingües). Eso sí, una masiva presencia social en progresiva convivencia con el castellano no solo a causa de las disposiciones borbónicas en favor de este último (1714, 1768, 1772), sino también por el prestigio alcanzado por la lengua de Cervantes y por la propia decisión de las clases cultas y dirigentes catalanas (laicas y religiosas) ante la realidad de un mercado común español (peninsular y colonial) que fue mostrando igualmente la fuerza de su expansión en cuestiones idiomáticas y favoreciendo la progresiva aparición de la diglosia entre los catalanes[866]. Y en esa tarea la Junta Particular de Comercio, que reunía a grandes comerciantes e industriales junto a importantes hacendados, fue una de las principales protagonistas en su propia actividad institucional, política y educativa. Y no menos contribuyó a la castellanización lingüística la Real Academia de Bones Lletres de Barcelona con el cultivo de dicha lengua en sus discursos. O bien la actitud de un importante sector de la Jerarquía eclesiástica proporcionando en sus centros de enseñanza una educación en castellano que satisfacía la demanda de un importante sector de la élite social catalana, y también cuando en los seminarios conciliares, al estilo del creado por Josep Climent, se consumía una literatura que estaba sobre todo escrita en castellano.

Es evidente que los Borbones trataron de promocionar el castellano como lengua oficial de la monarquía sobre todo a partir de 1768, pero no parece que estuviera en su agenda política acabar con el catalán mediante una deliberada «política lingüística» llevada a dicho efecto (ni siquiera creo que pueda utilizarse para la época el concepto «política lingüística»). Los gobiernos borbónicos deseaban que todos los súbditos de la común monarquía hablaran en castellano, pero no pienso que pueda afirmarse que hicieron un consistente hincapié en que no se hablara en catalán. Además, la aceptación del castellano por parte de las clases cultas y dirigentes catalanas era muy anterior a Felipe V,[867] la decisión de enseñar en castellano era a menudo tomada por las autoridades eclesiásticas, las órdenes religiosas o los regidores municipales[868], y solo un porcentaje bajísimo de la población alcanzó durante el siglo la alfabetización[869].

La vida efectiva del catalán fue, pues, más viva de lo que se había afirmado y no cabe señalar de manera simplista a la Nueva Planta como la causa última de sus peripecias durante la centuria. Como recordó Lluch, es evidente que hubo acciones oficiales favorables al castellano, pero también la voluntad libre de muchos catalanes para utilizar el catalán[870]. Para la inmensa mayoría de aquellos no creo que podamos afirmar que la convivencia de los dos idiomas representara ningún problema sustancial, ni en el orden individual ni en el plano institucional. Tampoco que lo vivieran como una merma identitaria de su catalanidad ni de «deslealtad lingüística». La progresiva diglosia[871] venía de etapas anteriores y no solo fue por motivos exógenos sino también endógenos, dado que el pragmatismo primó por encima de cualquier otra consideración de carácter político o identitario. Un gran defensor del catalán en la enseñanza primaria como era Baldiri Rexach también abogaba utilitariamente porque el castellano tuviera su propia presencia en Cataluña para favorecer la relación con las otras «provincias» españolas, el comercio con el interior hispano, el ascenso a los cargos dirigentes religiosos y seculares y la lectura de obras cultas que se escribían en dicho idioma[872].

Además, la prueba de que no hubo una sistemática intención aniquiladora respecto al idioma autóctono es que la realidad lingüística del país a principios del siglo siguiente era que el catalán continuaba siendo muy mayoritariamente la lengua oral cotidiana de los catalanes, aunque sin duda resultara evidente que se había ido produciendo una disociación entre una cultura superior castellanizada (que fue desplazando al latín) y una cultura popular en catalán[873]. En cualquier caso, a pesar de este intento no siempre plenamente consciente de «españolización» de Cataluña, la existencia del hecho diferencial conllevaba en algunos casos, como hemos visto, una crítica desde posiciones moderadamente foralistas al centralismo político practicado por el reformismo borbónico.

Y segunda actitud que fue prosperando: la conveniencia de «catalanizar» a los españoles en el sentido de que adoptasen las buenas costumbres de la vida económica catalana (iniciativa empresarial, amor al trabajo, capacidad de riesgo, compatibilidad laboral con nobleza, ahorro familiar, inversión productiva, industrialización) para conseguir en todo el territorio de la Monarquía la prosperidad material y social propia de los catalanes. Era, en cierta forma, como si se propusiera que Cataluña liderase la renovación económica hispana, aunque aceptando que la dirección política de la misma estuviera de manera «natural» en Madrid. En algo de esto debía de estar pensando también Francisco Manuel Nifo cuando, en 1761, escribía en la Estafeta de Londres que los catalanes «en artes, comercio, agricultura y ciencias pueden servir de ejemplar a toda España» gracias a un «genio constante de aplicación, amor al trabajo y a la industria», y por eso concluía: «Convengamos en que si en España fueran todos catalanes para la acción, serían todos agentes provechosos de la riqueza y el aumento del Estado»[874]. Una propuesta de renovación de España siguiendo el modelo catalán que, años después, en tiempos de la Renaixença, volvería a resurgir con mayor claridad y fuerza en el panorama intelectual y político catalán[875]. Y que en tiempos de Joan Maragall, Prat de la Riba y Cambó, tornaría a formularse con renovado vigor alrededor de las propuestas de la Lliga Regionalista, solicitando ahora que, además de en el motor económico español, Cataluña se convirtiera en el motor político de la modernización que España necesitaba[876]. Una propuesta renovadora de España que, en un siglo y en otro, estaba pensada teniendo en cuenta los intereses económicos del principado, especialmente de su burguesía comercial e industrial, que durante mucho tiempo aspiró a dirigir de hecho el borbonismo español.

La mayoría de los catalanes del Setecientos se reconocía perteneciente a una entidad histórica particular con idiosincrasia, lengua e historia singulares. Una historia que mostraba que Cataluña (como Aragón, Valencia y Baleares) había dispuesto en el pasado de una organización política particular y específica. Y ese reconocimiento era causa y efecto de un fuerte sentimiento de historicidad que daba paso a un pensamiento político y económico que conjugaba la realidad nacional española no solo en singular, sino también en plural. Así lo muestran claramente, a mi juicio, algunos de los principales textos ilustrados del siglo, que denotan, en este sentido, un notorio sesgo historicista que ampara una clara vindicación de la identidad diferencial de Cataluña pero sin necesidad alguna de salir del seno de la Monarquía española ni del absolutismo borbónico reformista. Son Las Señales de la felicidad de España de Romá[877], las Memorias históricas de Capmany, el Discurso de Caresmar[878] o las Memorias para ayudar a formar un Diccionario crítico de los escritores catalanes de Torres Amat[879].

En suma, la pervivencia de una clara conciencia de identidad histórica catalana resultaba para estos y otros autores, y creo que para una amplia mayoría de los catalanes, genéricamente compatible con la pertenencia a otra entidad política de superior rango a la cual se le requería amparo político y económico (unificación del mercado interior, proteccionismo comercial e industrial, participación en las riquezas coloniales, presencia en los órganos comunes de la monarquía), al tiempo que una mayor sensibilidad por la constitutiva pluralidad de España, tal como expresaba la existencia histórica y presente de sus diversos reinos («provincias» en el lenguaje político del Setecientos). Una mayor sensibilidad que, en algunos autores y escritos, se traducía en la petición de una moderada descentralización del poder político y en la solicitud de participación catalana en los asuntos de la Monarquía, acciones con las que se entendía que acaso podía conseguirse «enmendar» el orden político sin necesidad de «quebrarlo», como decía el propio Romá.

En realidad, en algunos escritores catalanes, creo que es permisible afirmar que fue cuajando una idea sobre lo que España debía ser y el especial y decisivo papel que en ese proceso podía desempeñar Cataluña. Fue cuajando la creencia de que Cataluña era indubitablemente España, pero también de que esta última debía aceptar e imitar el modelo de desarrollo económico y social que aquella representaba y que sería beneficioso para el conjunto de la nación española. Leamos, por ejemplo, a Fèlix Amat, arzobispo y confesor de Carlos IV[880], o a su hermano, el comerciante Jaume Amat[881], o a Bonaventura Gassó[882], este último nada menos que secretario de la Junta Particular de Comercio durante muchos años, cuando opinan sobre la bondad del sistema proteccionista para la industria catalana y para la economía española. O bien leamos los diversos escritos de autores con más recorrido como Romà[883] o Capmany, grandes defensores de los intereses catalanes pero también de la aplicación del modelo del principado para toda España. Para estos pensadores, la prosperidad hispana debía proceder de saber respetar y aprovechar el «genio» de cada pueblo y la particularidad económica y social de cada «provincia», y de manera muy especial la de Cataluña, a la que ellos consideraban (con bastante tino, por cierto) la más próspera y con mejor distribución de la riqueza en España.

En cierto modo, desde las clases económicamente dirigentes de Cataluña se teorizaba que los gobiernos reformistas debían «catalanizar» su modelo de crecimiento económico, haciéndolo más industrial y comercial, sin que ello se viera como un detrimento, antes al contrario, de la vital y entonces hegemónica agricultura, que saldría de paso beneficiada. Y también que debía educarse al resto de los españoles en el aprecio al trabajo y al ahorro y en la noción de que la nobleza y los negocios eran perfectamente compatibles. Era, si se me permite la expresión coloquial, una forma de decir «Cataluña sí pero España también», siendo la primera en esta conjunción política y sentimental el motor de la segunda gracias al respeto a la particularidad de los catalanes y a considerar su modelo socioeconómico el más idóneo para hacer progresar la economía y la sociedad española. Era, en alguna medida, un anuncio del «patriotismo compartido» que iba a presidir la vida catalana durante buena parte del siglo XIX: participar decididamente en el futuro colectivo de España como nación, al tiempo que se definía el mismo desde una determinada idiosincrasia catalana que debía también ser amada por los propios nativos y admitida por el resto de los españoles[884]. Era, en definitiva, una visión integradora antes que excluyente de la realidad catalana dentro de una España que se contemplaba como plural y que estaba conformando un protonacionalismo del que también participaban los intelectuales y las clases dirigentes catalanas[885].

En general, estas ideas no tuvieron en absoluto mala acogida durante el siglo en amplios sectores de la administración borbónica, que escuchó con bastante agrado, aunque no sin casuística, las consideraciones que la comunidad comercial e industrial catalana fue exponiendo ante las diversas instancias oficiales encargadas de la política económica, más allá incluso de lo que en ocasiones teorizaran por su parte algunos pensadores del reformismo. Como afirmó en su día Vilar:

La col·laboració eficaç establerta el segle XVIII entre Barcelona i Madrid s’ha recolzat la majoria de les vegades en l’acceptació per l’administració central dels suggeriments de la burguesia perifèrica. Mai la burguesia catalana no s’ha sentit més espanyola que en aquest final del segle XVIII. N’es un signe que abandona el català pel castellà com a llengua de cultura[886].

En cualquier caso, en 1793 con la Guerra Gran[887], en 1808 con la resistencia contra Napoleón[888] o en las Cortes de Cádiz[889], todo apunta a que, entre bastantes catalanes, y no solo entre sus clases dirigentes, la identificación con una unidad política denominada España resultaba bastante compatible con el deseo de mantener viva su pertenencia a la realidad histórica, lingüística, sentimental y cultural llamada Cataluña. O como diría Capmany, usando el vocabulario de la época: «Cataluña es mi patria, España es mi nación». O dicho de otra manera: España amasada como una gran nación sobre la base de pequeñas naciones[890]. O sea: España y las Españas. Era, en cierta medida, una reivindicación de la pluralidad española, casi de una foralidad bien entendida que proclamaba al tiempo la unidad española y el particularismo catalán. De un «regionalismo» con tintes críticos frente al exceso de centralismo en algunos casos, pero con una clara propensión a defender la unidad del Estado-nación en ciernes. ¿Desde los postulados del austracismo de cien años atrás? A estas alturas del nuevo siglo es bien cierto que ya no había austracismo propiamente dicho, pero en diversos pensadores catalanes (y es bastante probable que en buena parte de la población) seguía perviviendo la conciencia del hecho diferencial, sin que ello les llevara en esos tiempos a ningún cuestionamiento serio de la monarquía borbónica, a la cual consideraron esencialmente positiva para Cataluña.

Como ya dije, un pensador como Capmany, procedente de una familia austracista, era sensible a la plural realidad constitutiva de España y al hecho diferencial catalán, pero sin cuestionar al absolutismo borbónico durante la mayor parte de su vida ni jamás poner en tela de juicio la unidad española cimentada en la voluntad popular. Capmany no era, pues, un austracista redivivo: gustaba del historicismo pero no pensaba como Amor de Soria. Tampoco Romà i Rosell o Caresmar. Y cuando en las Cortes gaditanas recordaba las virtudes del constitucionalismo de la antigua Corona de Aragón frente al proclamado por la Revolución Francesa, todo apunta, como ya expuse en su momento, a que no lo hacía para restituir las Cortes de aquellos reinos como hubiese propuesto un austracista, sino para mejor cimentar el constitucionalismo de unas Cortes españolas únicas que representaran en exclusiva a la nación española que había que fraguar.

Durante el siglo continuó existiendo rivalidad con los castellanos como recogen los testimonios de algunos viajeros y militares extranjeros[891], pero ello no fue óbice para que calara progresivamente la idea de España hasta el punto de que en 1808 pudo forjarse en Cataluña, tanto o más que en otros lugares de la Península, una guerra popular de resistencia nacional española[892]. Es cierto que no todos los catalanes estuvieron en esa trinchera, pues hubo quienes como una parte de la burguesía industrial barcelonesa o de la alta clerecía se mostraron sensibles a las posturas josefinas, ni tampoco faltaron quienes lucharon más por la defensa de la terra o del rey que por la nación española, ni debemos olvidar, al fin, que en medio de la contienda hubo importantes conflictos sociales que pusieron el miedo en el cuerpo a las élites dirigentes. Pero con todo, como afirma Vilar, la guerra de la Independencia fue el momento en que mejor se afirmaría la unidad nacional española, una unidad en la que Cataluña participaría con suma decisión, en buena parte gracias a la general percepción entre sus habitantes de los beneficios aportados por el absolutismo reformista[893] y también para mantener el tradicional sistema tardofeudal.

Es cierto que personajes como el gerundense Tomàs Puig realizaron una reivindicación de corte «catalanista», pero fueron una clara excepción en el panorama catalán, más afecto a la unidad española[894]. Cuando durante la ocupación napoleónica de Cataluña el general Augereau intentó buscar la complicidad de los catalanes sobre un posible «gobierno catalán», hay que recordar que encontró una raquítica respuesta. En esos momentos, afrancesamiento y particularismo eran un difícil matrimonio, pues el primero hablaba más bien de centralismo y el segundo de lo contrario. Y además los franceses seguían sin ser bien vistos por la mayoría de los catalanes y sus propuestas revolucionarias no tenían gran audiencia entre los habitantes del principado.

Por parte de los gobiernos borbónicos es cierto que tardó en desaparecer la desconfianza política hacia los catalanes y que la militarización y el autoritarismo propios del absolutismo (y también aplicados, aunque con menor intensidad y menos polivalente intención, al resto de los territorios de la monarquía) estuvieron presentes a lo largo de la centuria[895]. La ciudadela de Barcelona, el castillo de Montjuic, una inmensa mayoría de corregidores de procedencia militar y la figura del capitán general comandando un nutrido ejército son palmarios ejemplos de la anterior afirmación[896]. Un poblado ejército que fue disminuyendo algo sus efectivos[897] y que no debemos olvidar que también estuvo presente en Cataluña con los fines de embarcar en Barcelona las tropas destinadas a las sucesivas expediciones italianas, de realizar las incursiones sobre Orán, de salvaguardar las costas catalanas de la piratería o, cada vez más, para vigilar la estratégica frontera española con Francia[898]. Un ejército que, por cierto, con el objeto de evitar los siempre conflictivos alojamientos, fue progresivamente instalado en castillos y cuarteles[899]. Una presencia militar que comportó ciertamente la instauración del nuevo impuesto de los «utensilios» destinado a construir las numerosas edificaciones[900], pero que también significó, objetivamente, una demanda para la economía catalana. Igualmente puede comprobarse la pervivencia de esa desconfianza hacia Cataluña en la actitud de algunos militares y de algunas autoridades con ocasión del motín de las quintas en 1773, que hizo reaccionar al Ayuntamiento borbónico quejándose de que en ciertas instancias oficiales todavía prevalecieran los recelos después de las pruebas de fidelidad que en los últimos sesenta años habían dado los catalanes a la monarquía reinante[901]. Y con ocasión de la invasión napoleónica, Capmany se veía obligado a denunciar en su Centinela la reticencia que en algunas autoridades de Madrid despertaba aún el patriotismo de Cataluña.

Sin embargo, como apuntaba líneas arriba, no es menos cierto también que la actitud de vigilia borbónica se fue relajando de manera apreciable desde los años treinta. Si repasamos la historia de los capitanes generales a lo largo de la centuria, puede apreciarse que su práctica política estuvo cada vez menos pendiente de la desconfianza generada en 1714 y más dedicada a fomentar diversos aspectos de la vida pública. El marqués de la Mina[902] o el conde del Asalto, por ejemplo, no fueron, desde luego, el severo marqués de Castelrodrigo[903] o el inflexible Risbourg. Mediante una combinación de autoritarismo, racionalismo y paternalismo, algunos capitanes generales (y corregidores) dedicaron notables esfuerzos a fomentar las obras públicas y las actividades culturales o a mejorar las condiciones urbanísticas y de salubridad de la pujante Barcelona y del resto de las ciudades más importantes de Cataluña[904]. Tareas que realizaron sin olvidarse, por supuesto, de sus obligaciones de vigilancia militar y política del territorio ni de su condición de vértices efectivos del poder regio en Cataluña, como bien lo prueban las dificultosas relaciones que tuvieron algunos de ellos con los regentes de la Audiencia de la que eran presidentes natos[905]. Por su parte, los intendentes, sin llevar a cabo una efectiva tarea de promoción económica desde sus particulares responsabilidades, en general supieron ser un puente de diálogo con Madrid en beneficio de las sugerencias de las clases mercantiles e industriales catalanas, pues no olvidemos que la figura del intendente presidía formalmente la Junta Particular de Comercio.

Incluso la opinión negativa sobre los catalanes, todavía perceptible en los años veinte en personajes de gran influencia política como Patiño, sin desaparecer del todo fue en cambio diluyéndose en parte hasta el punto de que en bastantes casos pasaron a ser admirados por sus cualidades productivas, tal como señalaron, entre otros, el periodista Nipho, el economista Bernardo de Ulloa, el funcionario aragonés Eugenio Larruga o el propio Jovellanos. En el Setecientos, la acusación de pueblo egoísta respecto al resto de la monarquía y la admiración suscitada como abanderado del progreso económico fueron dos actitudes existentes por igual en el seno de la sociedad española respecto a los catalanes, si bien, a decir verdad, no sabemos con qué partidarios contaba cada una de esas posiciones. El militar y poeta José Cadalso ofreció una plasmación perfecta de estos sentimientos encontrados al afirmar en sus Cartas Marruecas que los catalanes eran el «pueblo más industrioso de España» pero también con «genios poco tratables, únicamente dedicados a su propia ganancia e interés. Algunos los llaman los holandeses de España»[906].

En resumen, la radical supresión de las Constituciones catalanas dio paso a una nueva organización institucional que consiguió una progresiva estabilidad social y política a la que contribuyó no solo el autoritarismo y la presencia militar borbónica, sino también el hecho de que la mayor parte de la sociedad catalana, con especial acento para el caso de sus clases dirigentes, pudiera ir apreciando que sus vidas mejoraban material y socialmente. Estabilidad a la que sin duda contribuyeron sobremanera los proborbónicos catalanes que, resultando críticos con algunos aspectos concretos de la nueva situación política, no tuvieron en cambio intención alguna de cuestionar un sistema que les permitía, mal que bien, disfrutar de importantes parcelas de poder. Y no menos debió de contribuir a la estabilidad el hecho de que un amplio sector de la sociedad catalana que en la guerra no había militado expresamente en ninguno de los dos bandos contendientes estuviera a favor de mantener una paz social y política que permitía aumentar los patrimonios familiares. Una amplia capa social que antepuso el ascenso de su nivel de vida personal al gran debate político. O, como diría Soldevila: una buena parte de la sociedad catalana prefirió olvidarse de la forma de Estado para centrarse en el progreso económico y social que iba creándose dentro del sistema absolutista.

La Nueva Planta certificó una nueva organización política para la vieja Corona de Aragón en el marco de una monarquía que adoptaba de este modo una novedosa modalidad en el reparto y ejercicio territorial del poder, y que disolvía por tanto de un plumazo las tradicionales Constituciones regionales de los reinos cuyas instituciones políticas se habían opuesto a Felipe V en la guerra de Sucesión. No fue, sin embargo, una decisión en caliente ni fruto exclusivo del castigo por el delito de lesa majestad. Sino que se publicó tras largas deliberaciones con posturas discrepantes en el seno del borbonismo y después de las experiencias aragonesas y valencias. Fue, al decir de Mercader, una obra temperada, reflexiva y madura que respetó un derecho civil catalán difícilmente sustituible, el régimen señorial y que además no afectaba a la soberanía regia[907]. Pero siendo un cambio radical en el modelo político, no acarreó, sin embargo, ningún perjuicio significativo para el crecimiento económico, el desarrollo social y la renovación cultural catalana, excepción hecha, en este último caso, de la cuestión lingüística, más en su vertiente literaria y culta que en el uso social de la lengua[908]. Dentro del nuevo organigrama institucional y político presidido por un militar (capitán general), unos jueces (Audiencia)[909] y unos altos funcionarios (intendentes[910] y corregidores)[911] de origen mayoritariamente no catalán (salvo en el caso de la Audiencia, en que sí hubo, aunque en minoría, representación autóctona), la sociedad catalana pudo desarrollar buena parte de sus proyectos económicos y culturales al tiempo que veía crecer las posibilidades de movilidad social.

Es verdad que una parte importante de las clases propietarias y dirigentes vio mermadas las cuotas de participación política de las que disponía en las antiguas instituciones forales (Cortes, Generalitat y Consell de Cent), pero encontró poco a poco cauces para seguir influyendo en la sociedad y también en la Administración. Cuestión que no tuvo igual acontecer con las clases medias urbanas, que perdieron buena parte de su (limitada) capacidad de representación política con la anulación del tradicional ordenamiento político catalán. No fue hasta Carlos III que artistas y menestrales pudieron recobrar, en cierta medida, su actuación en la vida institucional de un municipio que quedó, siguiendo la opinión de Francisco Ametller, antiguo magistrado de la Audiencia hasta 1705, y en contra de los matices más pragmáticos del extremeño Patiño, mucho más aristocratizado, uniformado y centralizado[912]. Realidad evidente que, no obstante, como afirma Antoni Passola[913], no debería obviar que una cosa fueron las doce capitales de corregimiento y otra los miles de municipios restantes de Cataluña. Y no olvidando tampoco que parecidos grupos sociales y bastantes familias pudientes anteriormente dominantes en el antiguo municipio continuaron también presentes en el nuevo[914], lo que indica, en cierta medida, que el acaparamiento del poder municipal por parte de la cúspide social era una tendencia que venía ya manifestándose con claridad en algunas ciudades catalanas desde el último tercio del siglo XVII. Ni parece igualmente oportuno soslayar que hubo asimismo una sincera preocupación por parte de las autoridades borbónicas por mejorar el funcionamiento de las haciendas locales (mayordomo de propios), atajar algunos casos de corrupción a través de la Audiencia y, reconociendo las disfuncionalidades que suponía la falta de participación de grupos urbanos fundamentales como las profesiones liberales y los artesanos, en mejorar la presencia de los mismos a partir de los años sesenta (síndico personero y diputados del común). Si bien debe convenirse que no siempre fueron experiencias que se saldaron con éxito ante los serios problemas que soportaban unos ayuntamientos que, desde luego, los gobiernos borbónicos trataron de controlar siguiendo la máxima de una sola autoridad para toda la Monarquía.

En cualquier caso, las clases privilegiadas no salieron en absoluto mal paradas con el régimen borbónico[915]. Como en otros lugares de Europa, el absolutismo estableció en España una sólida alianza de fondo con los grandes señores laicos y eclesiásticos, al margen de que pudiera marginar de la política cortesana al sector de los Grandes menos afecto a las políticas reformistas oficiales[916]. Y esta alianza tácita no iba a ser menos en el caso de Cataluña, pese a que los antecedentes durante la guerra sucesoria crearon desconfianzas de largo recorrido hacia determinados sectores de las clases privilegiadas catalanas, como lo demuestra el hecho de que a la nobleza no se le permitiera volver a constituir ningún cuerpo político representativo que se asemejara a la junta del Brazo Militar de los tiempos de los Austrias[917]. Es preciso recordar que, durante la guerra, la división entre austracistas y borbónicos había sido una realidad entre los nobles titulados, y que en vísperas del desenlace buena parte de estos optaron por ausentarse de Barcelona. Si bien en los primeros compases de la inmediata posguerra los nobles más austracistas sufrieron la represión y el exilio[918], lo cierto es que de manera paulatina fueron incorporándose, sobre todo después de 1725, a la vida social catalana sin que se ejerciera sobre ellos una especial marginación, pues fue el caso de que algunos pudieron incluso escalar en el propio escalafón nobiliario o incluirse en las instituciones políticas y culturales catalanas sin mayores dificultades. Incluso, conforme el siglo fue avanzando, familias austracistas y borbónicas no tuvieron problema en acordar matrimonios entre ellas, ni tampoco los monarcas vieron mayores inconvenientes en nombrar nuevos títulos. Además, pese a las opiniones contrarias de algunos altos funcionarios como Patiño (que deseaba que los titulados no mantuvieran la jurisdicción criminal), el conjunto de la nobleza catalana consiguió mantener intacto aquello que más le importaba: sus propiedades y el régimen señorial. Un régimen que, por cierto, quedó más bien reforzado con la nueva planta política. De este modo, bien puede decirse que las rentas de los señoríos catalanes crecieron a lo largo del siglo y que Cataluña era a finales del mismo una de las demarcaciones con mayor peso de «feudalidad» de toda la Monarquía. Incluso llegaron a instalarse de pleno derecho en los ayuntamientos, especialmente en las doce ciudades que fueron cabeza de corregimiento que debían tener como regidor decano a un miembro del estamento nobiliario, enmendándose así en parte lo que la nobleza catalana había considerado, en los siglos anteriores, una carencia significativa: la falta de cargos públicos a su disposición[919].

El caso del Ayuntamiento de Barcelona fue el palmario ejemplo de cómo la mediana nobleza logró dominar prácticamente en solitario el municipio más importante de Cataluña, aunque la institución quedara bastante mermada en sus competencias y en sus finanzas, que pasaron a ser controladas por el intendente[920]. Por eso, al disponer Carlos III la incorporación de los síndicos personeros a los ayuntamientos, los regidores nobles protestaron sin ningún reparo, sobre todo cuando la Audiencia y el Consejo de Castilla aceptaron que fueran los gremios y no las parroquias y los barrios, como dictaba la ley original para toda España, los foros elegidos para las elecciones. La ofensiva privilegiada se saldó rápidamente con un triunfo parcial y los gremios dejaron de ser en Cataluña la base electoral de las nuevas figuras carolinas[921]. Sin duda, el peso de los nobles catalanes ante el absolutismo borbónico quedó en este sentido bien demostrado, al igual que cuando con el paso del tiempo consiguieron, sucesivamente, ser elegidos como regidores vitalicios, legar el cargo por una generación y, finalmente, vincularlo hereditariamente a la familia o tener la potestad de ejercerlo mediante un suplente[922]. En cualquier caso, frente a los tiempos pasados, la nobleza aumentó de manera más que notable su poder y su presencia en la vida municipal catalana gracias a la nueva planta política del absolutismo borbónico, que le permitió además ejercer su jurisdicción sin tener que compartirla con comerciantes y menestrales.

Por lo que respecta a los eclesiásticos, si bien no pudieron evitar su contribución al catastro por los bienes territoriales, con la consecuente protesta del conjunto de los obispos o de cabildos como el de Girona[923], es preciso recordar que también conservaron casi todos sus estratégicos privilegios señoriales y vieron cómo sus importantes y diversos patrimonios agrarios y urbanos crecían a la par de la expansión económica del país[924]. En el caso de la jerarquía, excepción hecha de los intentos desamortizadores de Godoy[925], todo indica que mantuvo una actitud de colaboración con la política de fomento económico del reformismo oficial y que los ocupantes de las ocho sedes episcopales catalanas, nombrados por el monarca, no opusieron mayores obstáculos al regalismo borbónico[926]. En esta línea podemos encontrar, por ejemplo, a dignidades eclesiásticas como Armanyà[927], Lorenzana[928] o Amat[929], y a clérigos de menor rango pero de gran influencia intelectual como el mencionado Caresmar[930]. La única excepción parcial fue el obispo Josep Climent, que en temas religiosos fue un convencido defensor del episcopalismo antes que del regalismo[931]. Asimismo, la cúspide eclesiástica ayudó a sosegar algaradas como los rebomboris del pà o al menos a canalizarlas para que no acabasen en enfrentamientos violentos con la autoridad borbónica, como hizo el obispo Climent durante el motín de las quintas. Y desde luego, la clerecía catalana mostró que su antigua mayoritaria fidelidad al austracismo[932], especialmente en el bajo clero, se convirtió a lo largo de la centuria en una decidida y a veces militante defensa de la monarquía borbónica, que bien tuvo ocasión de comprobarse en la expulsión de los jesuitas, que todos aprobaron menos el obispo Ascensio Sales[933], o en los conflictos bélicos de la guerra Gran y la guerra de la Independencia, cuando los eclesiásticos catalanes tuvieron un importante protagonismo contra los franceses, a los que consideraban impíos y sacrílegos[934].

Y no menos expresaron su rotunda y sincera connivencia con el absolutismo borbónico la inmensa mayor parte de los profesores y pensadores vinculados a la actividad de la Universidad de Cervera, creada en 1717 para sustituir a todas las universidades catalanas preexistentes, que sobre todo en el caso de Barcelona había mostrado un acerado austracismo, y que vino a significar algo así como la Nueva Planta cultural de Cataluña. Una creación que, sin embargo, no debemos entenderla como una actitud únicamente represiva, sino que también resultó un intento de racionalización de la precaria estructura universitaria del principado. Un intento por el que ya apostaban personajes como Feliu de la Penya y que ahora se efectuaría desde una ideología regalista y regeneracionista. Circunstancia aprovechada asimismo por los jesuitas, que apoyaban las tesis suaristas desde el Colegio de Cordelles, y que se habían visto marginados de la enseñanza superior catalana en beneficio de los dominicos, que respaldan al tomismo desde el Estudio General barcelonés. Una creación que pretendía gestar una entidad del mismo calibre al de otras importantes universidades españolas y que vivió a lo largo del siglo parecidas circunstancias y limitaciones, siendo precisamente su momento de mayor renovación cuando se produjo la expulsión de los jesuitas, quienes hasta entonces habían practicado un eclecticismo que venía a suponer, en opinión de Joaquim Prats, una defensa inteligente del escolasticismo clásico opuesto al cartesianismo y al hobbesianismo[935]. De hecho, pese a la oposición de la Iglesia en los primeros años, Cervera se convirtió en la universidad española con mayor número de alumnos y supuso una experiencia modernizadora al implicar un control de los estudios por parte de la Corona, experiencia que en buena parte acabaría fracasando tanto en los años cuarenta como durante los gobiernos de Carlos III[936]. Con todo, los principales personajes de Cervera supieron combinar su borbonismo confeso con la defensa de la catalanidad entendida en un sentido sobre todo conservador y cristiano, aunque no parece sin embargo que las posturas científicas e intelectuales institucionalmente defendidas por la universidad se vieran condicionadas por el «fet català».

Los grandes comerciantes quedaron en una situación institucional precaria tras la contienda sucesoria. Si bien el tradicional Consulado de Mar no fue suprimido, restó muy mermado en sus atribuciones y en su capacidad de representación social. Sus actuaciones judiciales se realizaban con jueces nombrados por el Consejo de Castilla y al frente del mismo actuaba un subdelegado de la Junta General de Comercio de Madrid. Sin embargo, esta desvinculación institucional de los grandes mercaderes empezaría a variar en los años treinta a partir de la propia madurez de la comunidad comercial[937] y de los nuevos aires que corrían en la corte acerca de la tarea a realizar por la Junta General de Comercio[938]. Durante el reinado de Fernando VI, los más significados hombres de negocios catalanes pudieron disfrutar de la autorización borbónica para crear la Compañía de Barcelona primero y los Tres Cuerpos de Comercio después, donde familias mercantiles de antigua filiación borbónica o austracista pudieron compartir responsabilidades institucionales. En el caso de los Tres Cuerpos, conseguían formar de este modo una entidad no prevista en las disposiciones de la Nueva Planta, una institución que sus impulsores contemplaban, mediante una clara perspectiva historicista, como continuadora del veterano Consulado de Mar medieval. Un organismo que comerciantes y autoridades acordaron que estuviera presidido por el intendente para que de esta manera los primeros tuvieran fuerza política ante el resto de los grupos sociales catalanes y las segundas se reservaran el ulterior control oficial de la institución. Una corporación, al fin, que permitió a los grandes empresarios defender sus intereses económicos, identificándolos casi siempre con los del conjunto de la sociedad catalana, y desde donde pudieron recuperar ante la misma el prestigio social que en otras épocas había tenido el cuerpo mercantil; un renovado reconocimiento que también ayudó a recobrar el hecho de que desde sus inicios se incorporaran a la nueva entidad importantes nobles hacendados[939]. Por su parte, los principales industriales del algodón, en la medida en que fueron haciéndose numerosos y ricos, pudieron igualmente crear sus propias entidades representativas como la Compañía de Hilados y la Comisión de Fábricas, sin dejar por ello de estar presentes en los Tres Cuerpos de Comercio[940].

Si bien en los primeros años de la posguerra la comunidad mercantil pudo sentirse un tanto desamparada por parte de los ministros felipistas, a partir de los años treinta el diálogo con las autoridades borbónicas fue bastante fluido y constructivo en relación con la política económica y social a realizar: compañía privilegiada de comercio, acceso más fácil y directo al mercado americano, liberalización de algunas trabas gremiales, mayor integración en el mercado español, fiscalidad asumible, fomento de los cambios tecnológicos, protección a la industria catalana desde 1718 y compatibilidad de la condición nobiliaria con el comercio a la gruesa. O sea, una política nada alejada de la que al parecer solicitaban los comerciantes austracistas capitaneados por Narcís Feliu de la Penya[941]. Los objetivos que este último quiso conseguir apostando por los Austrias, mediante la vinculación con holandeses e ingleses y en el marco del foralismo los alcanzaron en buena medida sus herederos de clase dentro del absolutismo borbónico y con la aquiescencia de este.

Hubo, por supuesto, fricciones e incomprensiones, pero en términos generales, las políticas económicas impulsadas por las autoridades borbónicas favorecieron los negocios de comerciantes e industriales, interesados como estaban, ministros y empresarios, en que un Estado sólido y competente legislara para conseguir más vertebración del mercado peninsular, mayor apertura y mejor explotación del ámbito colonial y una política mayormente proteccionista frente a las manufacturas extranjeras[942]. Más allá de las discrepancias entre los gobiernos y los comerciantes e industriales en algunas coyunturas, las medidas impulsadas por los responsables reformistas en aquella triple dirección posibilitaron una fructífera entente entre el absolutismo reformista y los grandes hombres de negocios de la Cataluña del Setecientos. Una colaboración de mayor entidad y trascendencia que la conseguida por Feliu de la Penya a través de su participación en la Junta General de Comercio organizada en tiempos de Carlos II. Permítaseme una conjetura: partiendo de las aspiraciones expresadas por aquel en sus diversos escritos, es bastante posible que lo conseguido en la centuria siguiente por los vocales de la Junta Particular de Comercio le hubiera satisfecho bastante viendo que se protegía a la industria catalana y se le daba una más directa vinculación con el mercado americano. Es bien seguro que habría rechazado el centralismo político del absolutismo, pero al tiempo, es muy posible que hubiese contemplado con buenos ojos las líneas generales de la política económica mercantilista solicitada por los comerciantes e industriales catalanes y realizada en gran medida por buena parte de los ministros borbónicos. Fin de la conjetura.

De cualquier modo, a los hombres de negocios la centuria les fue particularmente bien y no tuvieron motivo alguno para levantar banderas políticas contestatarias frente al absolutismo: aumentaron sus efectivos, ensancharon notablemente sus patrimonios, pudieron generar cuantiosos capitales que supieron invertir de manera diversificada y productiva, vieron cómo algunas de sus figuras más relevantes accedían al Ayuntamiento de Barcelona en calidad de personeros y diputados (Miquel Alegre, Joan Canaleta, Francesc Plandolit o Erasme de Gònima) y también contemplaron cómo la centuria les posibilitaba, a bastantes de ellos, un ennoblecimiento que permitió crear una nobleza comerciante (o fabricante) al socaire de la cada vez más declarada compatibilidad entre aristocracia y comercio que los gobiernos reformistas quisieron promocionar[943].

Las clases menestrales se vieron apartadas de su tradicional participación política y puestas bajo la autoridad del corregidor, que enviaba a un representante suyo a presidir las reuniones de unos gremios que ahora dependían de la Audiencia y no de los ayuntamientos[944]. Sin embargo, las corporaciones artesanales se mantuvieron intocadas en sus funciones económicas y sociales. Así, participaron mediante la Diputación General de Colegios y Gremios en el mantenimiento del orden público cuando hubo amenazas de disturbios (motín de Esquilache)[945] o algaradas populares a causa de la carestía de los alimentos (rebomboris del pà); colaboraron en la recaudación fiscal haciendo las veces de agentes aunque, especialmente al principio, fueran también las canalizadoras de serias protestas por lo que consideraron su inicial desmesura en el importe; y terminaron siendo uno de los bastiones defensivos de la monarquía en las guerras finiseculares. Tan solo en el caso del motín de las quintas dieron la espalda a las autoridades borbónicas, favoreciendo el incumplimiento de las órdenes de alistamiento hasta que quedaron en suspenso, tras lo cual participaron en el adecuado encauzamiento de la revuelta a solicitud del Ayuntamiento barcelonés. Al tiempo, los sectores menestrales más pudientes tuvieron un cierto acceso al poder consistorial cuando las reformas municipales de Carlos III instauraron los síndicos y los personeros del común, cuya elección, como ya dijimos anteriormente, se realizó al principio en Cataluña a través de los gremios, lo cual significaba un importante aval de la función de los mismos en la sociedad catalana pero también, en cierta forma, un reconocimiento indirecto de la necesidad, como ocurría antaño en tiempos de las antiguas instituciones, de articular su participación en el poder político municipal, aunque ahora fuera una solución en tono menor dada su situación de evidente minoría frente a la nobleza[946]. Por último, cabe recordar que también consiguieron participar a finales del siglo en las sesiones de la prestigiosa Junta Particular de Comercio, con la consecuente protesta de los grandes comerciantes e industriales que la dirigían, los cuales hicieron lo imposible para boicotear una disposición que, a su juicio, rebajaba el prestigio social de la institución que a mediados del siglo habían conseguido organizar para el acomodo de los más señeros hombres de negocios[947].

En definitiva, las autoridades borbónicas pasaron de la desconfiaza hacia los gremios tras la contienda sucesoria a que la Audiencia barcelonesa propusiera al Consejo de Castilla que fueran el órgano de elección de los síndicos (aunque como hemos visto fuera una experiencia efímera), a que se sentaran en los sillones consistoriales y a que formaran parte de la entidad que agrupaba al capital comercial, en tantas cosas adversario de los gremios. Fueron ciertamente desprovistos al principio de su antigua capacidad de representación política, pero las corporaciones gremiales la recuperaron en parte después y continuaron siendo consideradas de suma utilidad por la administración borbónica como unas instituciones eficaces para el encuadramiento y el control social. Al mismo tiempo, los menestrales más emprendedores pudieron ascender durante el siglo en la escala social sin excesivas trabas hasta convertirse en importantes comerciantes y fabricantes y contemplar cómo algunos de sus propios descendientes alcanzaban incluso la condición nobiliaria.

En resumidas cuentas, las clases sociales propietarias y dirigentes catalanas tuvieron sus propios mecanismos para defender sus intereses y para relacionarse con el poder político borbónico. Al final, ciertamente, la administración central decidía de forma inapelable, pero el diálogo con los sectores más influyentes y emprendedores de la sociedad catalana estuvo también presente y no con malos frutos para las partes. A través de veteranas instituciones como la administración municipal o los gremios, por medio de la Jerarquía eclesiástica o mediante nuevas entidades que se crearon a lo largo del siglo, fue posible, pese a la añoranza persistente en ciertos sectores por el antiguo ordenamiento de los Austrias y a la existencia de algunas críticas contra el exceso de centralización del poder, que se pudiera asumir en buena medida la nueva situación política. La progresiva conformidad de la mayoría de los catalanes ante el nuevo encuadramiento institucional derivado de la Nueva Planta fue haciéndose una realidad cada vez más palmaria. Y en esta conformidad también pareció situarse buena parte de las clases populares, pues el crecimiento económico y los nuevos aires sociales del siglo permitieron mayor cantidad de puestos de trabajo, mejores sueldos y más oportunidades de promoción social para campesinos, marineros, pescadores o trabajadores industriales, aunque naturalmente no todos disfrutaron de las mismas mieses.

En cualquier caso, es preciso confesar que necesitamos más investigaciones para respaldar con más garantías estas afirmaciones. En realidad, sabemos bien poco sobre la naturaleza y la intensidad de la progresiva asunción del absolutismo borbónico por parte de la sociedad catalana. No hace falta ser muy imaginativo para afirmar que debió de haber de todo y que, por tanto, no es preceptivo hablar en este asunto de Cataluña como una unanimidad, sino de varias Cataluñas, afirmación de pluralidad que también vale para antes, durante y después de la contienda sucesoria al referirse a cuestiones ideológicas o políticas. Lo que en cualquier caso resulta difícil saber, porque la propia situación de autoritarismo político no facilitaba la libre y sincera expresión de las ideas en estos y otros asuntos, es el verdadero grado de convicción borbónica entre los miembros de cada una de las clases sociales y entre los partidarios de cada una de las dos grandes opciones políticas que combatieron en la guerra de principios del siglo; clases y opciones que, además, no eran monolíticas sino más bien poliédricas y con numerosos matices.

En un primer momento es muy probable que hubiera una obligada resignación y un inexorable pragmatismo hacia el nuevo régimen en los austracistas más militantes y, en cambio, un mayor convencimiento hacia el mismo en los borbónicos más afectos, pero no sabemos a ciencia cierta si con el paso del tiempo, y ante una realidad cada vez más favorable en lo económico y en lo social, lo primero fue dando paso a lo segundo en aquellas personas que habían suscrito una declarada adscripción austracista o bien hubo que esperar a las nuevas generaciones para que la distancia temporal fuera remitiendo la añoranza por el inmediato pasado. Y para el partido de los «equidistantes», aquellos que no se alistaron en ningún bando durante la contienda sucesoria, a buen seguro que lo prioritario fue incorporarse a la normalidad del trabajo y de la familia sin manifestar públicamente mayores preocupaciones políticas ni grandes dificultades para asimilar la nueva situación institucional.

De todos modos, lo que sí hubo fueron algunos síntomas de crítica política que, sin embargo, no llegaron a cuestionar una monarquía que parecía comportar más beneficios que perjuicios para el conjunto de las clases sociales catalanas. Las objeciones procedentes de la Cataluña oficial borbónica porque no cuestionaban el régimen político existente aunque señalaran algunas deficiencias, especialmente aquellas que les afectaban más directamente en cuanto al disfrute del poder. Las disidencias procedentes del austracismo interior o del exilio porque su fuerza social y política tras la contienda fue cada vez más menguante en el seno de la Cataluña real. Y también, no lo olvidemos, porque el reformismo gubernamental del absolutismo borbónico cuidó siempre de que no se alterase la esencia política de la Nueva Planta tanto mediante la política como mediante la presencia militar.

Aun con todas las preguntas que restan por investigar, pienso que es posible afirmar que el austracismo fue cada vez más minoritario y se vio cada vez más sustituido por un historicismo que no cuestionaba con verdadera entidad el orden político existente, y no solo por la posible represión política, sino porque con el paso del tiempo la colaboración entre los gobiernos borbónicos y las clases dirigentes catalanas fue cada vez mayor y eso sirvió como amortiguador de posibles reivindicaciones populares vinculadas al antiguo orden de las cosas. Mientras que en Madrid estallaba el motín de Esquilache en 1766, Cataluña se mantuvo fiel a Carlos III. Es más que probable que en la quietud social influyera la enérgica prevención del marqués de la Mina al poner en guardia al Ejército ante la existencia del primer pasquín, pero parece evidente asimismo que las clases dirigentes barcelonesas, incluidos los doce representantes gremiales, tuvieron el convencimiento político de que la posible revuelta no debía ser apoyada[948]. Y cuando una parte de las clases populares protestó de manera violenta fue porque se incumplió, en 1773, una tradición secular como era la exención de los catalanes de ir obligatoriamente al Ejército[949]; un rechazo que, por cierto, compartían con otros españoles, y que estuvo en la base de que dicho sistema de recluta no pudiera ponerse en funcionamiento durante el siglo y de que continuara el voluntariado[950]. O bien porque la carestía del pan provocó un típico motín de subsistencia como los rebomboris del pà en 1789[951]. Pero en ambos casos, no pasaron de ser dos revueltas típicas del Antiguo Régimen y no llegaron a cuestionar a la monarquía borbónica ni a enfrentarla decisivamente con la sociedad catalana, aunque en algún momento y en algún sector social pudieran existir recuerdos del régimen político anterior. A finales de los ochenta, Cataluña tenía poco que ver con Francia en vísperas de la Revolución.

En la resistencia al sistema de quintas participaron casi todas las clases y las diversas instituciones catalanas (Ayuntamiento de Barcelona, gremios e incluso parte de la Audiencia), dejando al descubierto las debilidades estructurales del absolutismo para hacer cumplir ciertos mandatos cuando un amplio sector de la sociedad no los aceptaba. Una sociedad que, en general, aunque era sabedora de que obtenía beneficios de la presencia del Ejército, lo continuó viendo como algo en parte extraño al cuerpo social catalán acostumbrada como estaba a que las quintas fueran voluntarias. Y, sobre todo, una sociedad que, como advirtió de manera premonitoria el intendente Juan Felipe de Castaños al oponerse a la recluta de quintas en Cataluña, contemplaba dicho sistema como algo que entorpecía el normal desarrollo de las actividades económicas y que interrumpía el proyecto vital de la juventud en un país donde no faltaban oportunidades para prosperar dado el crecimiento que se estaba experimentado[952]. Argumentos que en un tono similar aparecían igualmente en el evidente rechazo que bastantes marineros y pescadores catalanes sostenían frente a la obligatoria participación en la Armada que preveía la Matrícula de Mar[953].

Pero el motín de las quintas también mostró, indirectamente, que si la sociedad catalana hubiera estado interesada en forjar una fuerte y vertebrada oposición al absolutismo es más que probable que, pese a la posible represión militar, hubiera podido generar una mayor desestabilización política. Si no lo hizo durante todo el siglo es posible pensar que fue porque no tuvo la imperiosa necesidad de hacerlo. Había desde luego descontentos con el gobierno y como es habitual no todo iba bien para todos, pero iba razonablemente bien para una mayoría social que no quiso ningún aventurismo revolucionario, ni institucional, ni político, ni social. La mayoría de los catalanes vivió su catalanidad en medio de la prosperidad y sin necesidad de cuestionar el régimen político borbónico ni de reclamar abiertamente la vuelta de la antiguas Constituciones. La posible represión militar ante la disidencia no era desde luego despreciable como elemento persuasivo, pero tampoco debemos minusvalorar el hecho de que el absolutismo borbónico no cercenó las posibilidades de expansión de Cataluña en aquella favorable coyuntura económica mundial. En cualquier caso, como afirma Vilar,

en cap moment, durante els mateixos cent vint anys [1714-1833], malgrat les circumstàncies sovint favorables i més d’un encoratjament vingut de fora, les classes dirigents de Catalunya —nobleza, clericat, burguesia mercantil o lletrada— no se serviran del sentiment particularista de les masses per intentar de reconstruir el govern regional, instrument polític de llur antiga dominació[954].

Lo que hubiera podido suceder manteniéndose las instituciones políticas de los Austrias nunca lo sabremos. Nunca sabremos si con ellas hubiera sido más temprano, más fácil y más certero para España el camino a la modernidad y al progreso como opinan Lluch, Fontana, Albareda o Simón[955]. Nunca sabremos si insertada en una España foral al estilo y manera de los Austrias, la Cataluña del Setecientos hubiera experimentado, en cuanto a su naturaleza e intensidad, el mismo crecimiento económico o la misma dinámica social que con los Borbones o si se hubiera producido una evolución (en Cataluña y en España) parecida a la de Holanda (que por cierto sufrió un importante declive a finales del XVIII) o a la de Inglaterra (que pasó a liderar la industrialización), países tan admirados ambos por los comerciantes austracistas de 1705[956]. Ni tampoco sabremos nunca si el antiguo modelo de los Austrias hubiera podido transformarse, gradual y pacíficamente, en un régimen liberal sin la necesidad de hacer ninguna revolución[957].

De todos modos, es preciso recordar que el funcionamiento de las instituciones anteriores, sin duda socialmente más participativas que el sistema absolutista, no obedecía al principio de soberanía y representación popular que ilustra nuestro actual concepto de la democracia. Olvidarlo es caer en un peligroso «fundamentalismo parlamentario» y un esterilizante anacronismo al no contemplar el régimen político de los Austrias desde sus propios supuestos sino desde los de nuestra contemporaneidad[958]. Ni tampoco debemos pasar por alto que los hombres que accedían a determinados cargos institucionales estaban persuadidos de que lo hacían antes como una prebenda que como un servicio. Más allá de los formales textos legales, no hay que obviar que el estudio de la práctica política nos dice que aquellas entidades no estaban exentas de problemas de gobernabilidad (recordemos, por ejemplo, el bandolerismo), de clientelismo, de actitudes oligárquicas y de corrupción (como también sucedería después en el sistema borbónico[959]). Ni debemos desechar la idea de que detrás del pactismo hubiera un acuerdo social entre la nobleza y la burguesía catalana sobre la «posesión» real del poder, con el arbitraje de la propia monarquía, ante un pueblo que tenía más bien poca capacidad efectiva de actuar en el ámbito del poder verdaderamente ejecutivo[960]. Ni debemos asimismo olvidar que se experimentaron algunos enfrentamientos, pues las instituciones vivían bajo diferentes hegemonías sociales: mientras el Consell de Cent estaba controlado de hecho por la élite de la burguesía urbana barcelonesa, la presencia de la misma quedaba mucho más diluida en la Generalitat merced a la fuerza que en ella ejercían la nobleza, el clero y otras oligarquías urbanas catalanas. Ni hay que soslayar tampoco que las Cortes disfrutaban de una representatividad relativa, hegemonizadas como estaban por las clases privilegiadas en el caso de los brazos militar y eclesiástico y por las oligarquías locales en referencia al brazo real[961]. Ni dejar de tener presente que en el seno del constitucionalismo catalán hubo austracistas más radicalmente «parlamentaristas» y austracistas que aceptaban renuncias en favor de la potestad real de inspiración cuasi absolutista, como mostró Francesc Grases en su Epítome publicado en 1711[962]. Ni debemos poner en saco roto, finalmente, las informaciones que dicen que la actuación del archiduque Carlos al frente de los destinos de la monarquía desde Barcelona no estuvo falta de una significativa conflictividad con las autoridades catalanas en torno al ejercicio del poder y a su relación con las Constituciones del país[963]; ni aquellos otros hechos que señalan que su ejercicio político como rey de España primero y como emperador de Austria después no estuvo tampoco exento de connotaciones absolutistas y de prácticas centralizadoras[964].

Atribuir una intrínseca modernidad (o lo contrario) al modelo de los Austrias o al modelo de los Borbones resulta una nociva mezcla de presentismo y teleologismo que el historiador debe abandonar, pues el futuro no puede actuar causalmente sobre el pasado. En el momento en que se formularon ninguno de los dos modelos estaba necesariamente predestinado a conseguir la «modernidad» ni ninguno de los dos era inexorablemente «retardatario»[965]. Y no parece adecuada la utilización de la dialéctica antiguo-moderno para analizar el caso, pues la misma dependerá siempre de los valores particulares desde los cuales cada época posterior, y según la ideología de cada autor, pondere ese momento histórico, por lo que estaríamos sometidos a juicios subjetivos de carácter más bien político y fuera del ámbito propio de la historiografía[966]. Para un historiador de suave inspiración catalanista como Vicens Vives, el sistema foral no siempre fue contemplado como la modernidad, sino más bien como algo relativamente arcaizante (igual que pensaban algunos teóricos del poder político de matriz absolutista en los siglos XVII y XVIII), mientras que para algunos historiadores actuales de un determinado sesgo filoaustracista representa precisamente el ejemplo de la modernidad que en su día no pudo tener continuidad por la derrota militar frente al absolutismo borbónico. Una modernidad que estos autores otorgan al antiguo modelo foral en la medida en que consideran que lo realmente «moderno» en la actualidad es la ausencia de centralización, unificación y uniformización del poder político e institucional; idea esta última sin duda legítimamente sostenible en el debate sobre la mejora de la organización social presente y futura, pero ajena al análisis histórico.

Tengo para mí que ni pactismo ni absolutismo eran una garantía preceptiva para conseguir, por su propia e intrínseca naturaleza, el crecimiento económico, la promoción social, la renovación intelectual y la libertad política individual que iba a dar paso a otro tipo de sistema social conceptuado a posteriori como «moderno» y representado por el capitalismo y el liberalismo ulteriormente triunfantes en buena parte de Europa. Es decir, que ni uno ni otro libraron una lucha consciente y deliberada por liderar un «progreso» (al modo que lo entienden en la actualidad los herederos de la ilustración) que apenas se estaba formulando por parte de una minoría de intelectuales y políticos[967]. Si hablamos de «eficacia» de ambos modelos para fomentar el crecimiento económico y el desarrollo social, no deberíamos olvidar que durante más de dos siglos no puede afirmarse que la Cataluña de los Austrias fuera por esa senda, y muchos menos por el camino de la transformación «capitalista», aunque debemos recordar que tampoco fueron buenos tiempos, especialmente durante el Seiscientos, para una parte considerable de las Monarquías europeas. Ni, en lógica coherencia, debemos olvidar asimismo que la revitalización de buena parte del continente a finales de esa centuria coincidiera también con los tímidos pero efectivos progresos de la economía catalana. E igualmente vale decir que la expansión del siglo siguiente en España y en Cataluña bajo el absolutismo no puede tampoco desvincularse de los beneficios que representaron una etapa de bonanza en la economía mundial. De hecho, nunca sabremos qué hubiera pasado de haber existido un absolutismo con crisis general y un austracismo con expansión económica.

De hecho, el austracismo catalán (y español) fue una propuesta interesada en mantener la forma y manera en que se había articulado en los dos últimos siglos la gobernación de la monarquía hispana, y en ese sentido era una apuesta literalmente tradicional y española que buscaba sostener para España un tipo de estructura geográfica del poder que le permitiera a Cataluña (sobre todo a sus élites dirigentes) seguir manteniendo su régimen constitucional particular interviniendo también, y en mayor medida, en los asuntos de toda la Monarquía. Una propuesta que en el principado convinieron en apoyar una serie de grupos sociales que tenían una colección de diferentes pero al parecer coincidentes intereses en una coyuntura histórica concreta. Un grupo liderado en buena medida por una parte de la comunidad mercantil que buscó conseguir la hegemonía política en Cataluña en detrimento de otros grupos sociales y de otras ciudades que no fueran Barcelona. Un grupo compuesto también por los propietarios bienestantes de la Plana de Vic, por un sector mayoritario de la clerecía por el miedo al regalismo francés y por un segmento significativo de la vieja aristocracia catalana fusionada con la oligarquía barcelonesa[968]. Una propuesta económica y política que proveniente de los últimos tiempos del reinado de Carlos II, conforme fueron pasando los años de la guerra sucesoria, se fue convirtiendo cada vez más en una propuesta patriótica de salvaguarda de las Constituciones defendida por una marea interclasista, y que como propuesta política nunca dejó de tener en su propia identidad el pensar que se estaba luchando también por los intereses de toda España. O como diría Antonio de Villaroel, resistente catalán de origen gallego y antiguo integrante del ejército de Felipe V: «Por nosotros y por toda la nación española combatimos»[969].

Por su parte, el absolutismo borbónico fue la apuesta política de una nueva dinastía que, al tiempo que buscaba consolidarse, supo aprovechar su situación de vencedora en una contienda civil para inaugurar una fórmula política distinta[970], parecida a la que se vislumbraba en otros países europeos continentales, donde las élites reformistas veían en la centralización y en la homogeneización de sus respectivos territorios una estrategia para hacer progresar a las Monarquías. Una fórmula por la que algunos españoles (especialmente castellanos) también suspiraban desde hacía tiempo como la más idónea para gobernar la vasta corona católica frente a sus tradicionales adversarios, y sacarla de este modo de su secular atraso y decadencia a partir de un gobierno absoluto que posibilitara que la «Corte» se impusiera a los «reinos» y a los Consejos reales, que unas mismas órdenes reales pudieran aplicarse en todo el territorio sin ser cuestionadas por las élites locales ni por la nobleza instalada en el sistema polisinodial[971]. Una fórmula que contemplaba como disfuncional y poco racional la pervivencia de los particularismos históricos procedentes de la Edad Media y sus consecuentes legislaciones heterogéneas. Y, en ese preciso sentido, se la debe considerar, también literalmente, innovadora (novedosa) dentro de la tradición política e institucional hispánica, aunque recordando que estaba embrionariamente existente en la aspiración de diversos políticos castellanos de los tiempos de los Austrias. Una apuesta que asimismo contó en Cataluña con variados e interesados apoyos sociales frente al austracismo. Una apuesta absolutista que, finalmente, nunca sabremos hasta qué punto se habría producido si Cataluña hubiera mantenido la fidelidad expresada en las Cortes de 1701-1702, cuando no parece que Felipe V estuviera por la labor de suprimir unas Constituciones catalanas que acabó jurando[972] (como no lo hizo posteriormente con la foralidad de un País Vasco y una Navarra que se mantuvieron entre sus fieles aliados), y cuando sus partidarios catalanes tampoco parece que antes de 1707 tuvieran la intención de ir contra las mismas e incluso, en algunos casos, quedaron ingratamente sorprendidos cuando quedaron abolidas[973].

Por todo ello, aunque no pienso como Carmelo Viñas o Carlos Seco que las Constituciones catalanas fueran una anacrónica rémora que debía ser inevitablemente extinguida para cumplir así un proceso histórico inexorable hacia la construcción de un Estado-nación español unitario[974], tampoco opino como Fontana que representaran un anticipado y certero anuncio, solo truncado por las armas, de los caminos por los que acabaría transitando, también inevitablemente, la ineludible «modernidad» democrática, liberal y capitalista al modo de lo ocurrido finalmente en Inglaterra[975]. Un modelo político inglés, por cierto, casi único en Europa y que pese a ser admirado por algunos ilustrados casi ninguno de ellos pensó nunca en seguir su senda frente a la alternativa de utilizar al monarca absoluto para efectuar las reformas[976]. Ni tampoco me parece de recibo como historiador afirmar que las Constituciones catalanas conducían «necesariamente» a una España autonómica (federal o confederal) que hubiera propiciado a buen seguro la llegada más rápida de una mayor prosperidad económica y de una mayor libertad política para los catalanes y los españoles. No pienso que como científicos se pueda sostener el determinismo de que las Constituciones catalanas contenían «per se» un proyecto de futuro «inevitablemente» renovador del Estado, la administración y la economía. A mi juicio, esas opiniones se acercan, peligrosamente, a la mitificación (¿ideológicamente interesada?) del modelo foral como sistema político para conseguir el «progreso» mediante un proceso cuasi «natural» y por tanto inexorable. Y como bien demostró el carlismo del siglo XIX, el anticentralismo foralista no representa necesariamente un sinónimo de progresismo.

Sin embargo, por otra parte, tampoco me parece defendible la idea de que se instaurara el absolutismo borbónico en España buscando deliberada y conscientemente la modernidad y el progreso a través del centralismo y la uniformidad, sino que se trató más bien de asegurar la implantación de una nueva dinastía no exenta de intereses patrimonialistas[977], y también de reforzar el poder real para ejercerlo desde un único y homogeneizador centro de decisión en aras de combatir con garantías en el convulso y complejo marco internacional en el que las grandes monarquías europeas competían, militar y diplomáticamente, por mercados, tierras y vasallos, con una especial atención por el mercado colonial americano[978], por el tráfico de esclavos negros y por el comercio transoceánico, es decir, por dominar el comercio triangular entre África, Europa y América[979]. Una propuesta a la que se unió una parte de la nueva aristocracia renovadora que había ido sustituyendo en tiempos de Carlos II a la vieja aristocracia dominadora de la corte hasta entonces. En realidad, no parece que cuando Felipe V juró las Constituciones y consiguió la fidelidad de los catalanes en las Cortes de 1701 tuviera intención alguna de «modernizar» la monarquía española mediante la supresión de las mismas, supresión que no solicitaban tampoco sus partidarios catalanes. Un absolutismo borbónico que, eso sí, fue haciéndose progresivamente reformista y estuvo cada vez más preocupado por la regeneración de la sociedad española para sacarla de lo que consideraba un evidente atraso frente a otras potencias europeas. Un absolutismo borbónico que consiguió establecer un pacto entre algunos grupos renovadores (que no revolucionarios) de la sociedad y los monarcas, un acuerdo consistente en intentar sacar a España de la postración a través de un soberano reforzado en su poder para reformar un sistema tardofeudal que casi nadie, por mucho tiempo, tuvo intención de poner en cuestión en sus elementos sociales esenciales, aunque que sí fueron muchos, en cambio, los pensadores y políticos que creyeron que debía ser corregido y renovado. La alianza entre las ideas reformistas y una monarquía absoluta que las amparara buscaba conseguir más mercado y más Estado para con ello asegurar las posesiones y el comercio colonial, recuperar el prestigio perdido en política internacional y asegurar el mantenimiento de una sociedad estamental previamente reformada en aquellas ineficacias más evidentes que pudieran poner en peligro su propia continuidad.

La pugna civil en la guerra sucesoria no fue entre dos modelos diferentes que buscaban alcanzar un mismo futuro liberal y capitalista por vías distintas. Fue el complejísimo y abigarrado enfrentamiento social y político entre dos maneras de entender la gobernación de la monarquía española, que tuvo que ver con la salvaguarda de los intereses de determinados sectores de las diversas clases sociales catalanas y españolas (especialmente las dirigentes) y también con la defensa de la foralidad de algunos reinos que la componían, defensa de la foralidad que debe ser analizada asimismo desde una perspectiva de clase y no únicamente nacional y/o nacionalista: si la monarquía absoluta borbónica no estaba exenta de una vinculación de «clase», la monarquía paccionada austríaca no era un caso diferente. Por eso no debemos olvidar que la guerra civil sucesoria fue un enfrentamiento entre determinadas élites centrales y periféricas que, deseando ambas reformar España, no se pusieron de acuerdo en el contenido que debía tener dicha reforma ni en la intensidad de la misma. Y por eso no debemos olvidar tampoco que hubo un enfrentamiento entre las oligarquías comerciales catalanas y las españolas (especialmente las castellanas y navarras) por imponer una política económica mercantil favorable a sus intereses, y que para ello creyeron precisar un determinado modelo de Estado: las primeras, el tradicional pero renovado sistema pactista, y las segundas, el nuevo modelo absolutista borbónico. Ni tampoco debemos soslayar que esa pugna existió también con fuerza dentro del propio principado, donde la burguesía mercantil capitaneada por Feliu impuso sus criterios políticos en buena parte de las instituciones al socaire del austracismo una vez creyó comprobar que su pacto inicial con el felipismo al estilo de Portocarrero no conducía a donde ella deseaba. Al estilo de Portocarrero quería decir aunando la continuidad reformada de los Austrias[980] con el nuevo gobierno de los Borbones, y tranquilizando al tiempo a las viejas clases dirigentes nobiliarias prometiéndoles no poner en peligro las bases sociales existentes y a la pujante burguesía comercial catalana prometiéndole que habría un lugar para sus intereses económicos y sociales en la política de la nueva monarquía[981].

Una pugna civil, eso sí, en la que no resultaron ajenos, antes al contrario, los intereses encontrados de Inglaterra y Francia con sus respectivos socios hispanos por participar en el comercio peninsular[982], por el control mercantil de las colonias españolas[983] y por el asiento de negros a las Indias. Una pugna desarrollada en un marco europeo de progresiva creación de los grandes Estados, que reclamaban hacerse fiscalmente fuertes para luchar militarmente por la hegemonía continental y mundial. Un marco que parecía demandar de suyo cierto centralismo político y cierta uniformidad legal y cultural, y que provocó numerosas resistencias por parte de las antiguas entidades políticas, que disfrutaban de unos usos y «privilegios» constitucionalizados que muchos de sus ciudadanos creían necesarios para defender sus intereses de clase y los de su comunidad histórica, intereses ambos que no debemos descartar que en ciertas clases dirigentes se vieran como «naturalmente» sinónimos. Una pugna, al fin, que enfrentó civilmente a quienes pensaron que era suficiente con una reforma del modelo tradicional de los Austrias con quienes creyeron que debía producirse un cambio de mayor intensidad.

Se enfrentaron, pues, dos modelos políticos sobre las élites que debían gobernar la monarquía y el modo en que debían hacerlo para mantener su unidad política, su influencia internacional y su vasto imperio antes que dos modelos ideológicos sobre cómo alcanzar un «progreso» y una «modernidad» (política, económica, social y cultural) que ni siquiera estaban todavía bien definidos. En la España de principios del Setecientos no se discutía en esos exactos términos, y si bien los historiadores no deben esclavizarse en sus análisis interpretativos con la opinión de los coetáneos y el horizonte de civilización de una época, tampoco pueden ponderar el pasado sin tener en cuenta dichas opiniones y horizontes. Además, lo que pudiera ser dicha «modernidad» vista desde el Setecientos o desde el siglo posterior no es lo mismo que contemplada desde el siglo XXI, y sin tener en cuenta este importante matiz nos exponemos al enorme peligro de caer, lisa y llanamente, en un lacerante anacronismo del cual hablaré más adelante. Debemos evitar siempre que el presente pueda colonizar indebidamente el análisis del pasado.

Asimismo, en el caso de quienes abogan por la intrínseca «modernidad» del modelo austracista, la referencia a lo que pasó en Inglaterra no parece que sea suficiente argumento para deducir lo que «necesariamente» hubiera pasado en España y en Cataluña de haber triunfado la opción presidida por el Archiduque. Por lo demás, a finales del siglo, la Cataluña borbónica, con una agricultura, un comercio y una industria en crecimiento, lograba parecerse bastante, económicamente hablando, a la cada vez más industrializada Inglaterra antes que a una Holanda que no pasaba por buenos momentos. En cualquier caso, se puede aceptar este tipo de argumentaciones como parte del ensayismo histórico, pero me parece más discutible admitirlas acríticamente en el marco de la investigación científica. En puridad, solo podemos analizar la actuación de lo que realmente existió, y ello nos remite única e ineludiblemente al absolutismo borbónico y no a una alternativa austracista que quedó anulada por las armas. Para que existan efectos tiene que haber primero causas.

Así pues, pese a la pérdida de las Constituciones, a la represión de posguerra, a los intentos de mermar el uso oficial del catalán, al autoritarismo existente en la vida política y a la constante presencia militar, lo que sí pienso que puede afirmarse es que la asunción y progresiva adaptación a las nuevas reglas del juego fue cada vez más generalizada entre la mayoría de los catalanes. La Nueva Planta resultó una fractura política de gran trascendencia efectuada desde una actitud evidentemente punitiva frente a un austracismo catalán que, a juicio de los felipistas, había llevado a Cataluña a convertirse en una comunidad «perjura» respecto al rey; una actitud punitiva pero paradójica, pues también afectó a sus felipistas catalanes que no estaban por la labor de anular las Constituciones de manera radical.

Ahora bien, no deberíamos caer en simplismos y olvidar que la Nueva Planta no fue el trasplante mecánico y pleno de un modelo castellano bastante menos absolutista de lo que a veces se afirma[984] (un modelo castellano que por cierto también se vio afectado por el absolutismo), ni pensar que todo el antiguo entramado quedó plenamente anulado, ni dejar de lado que fórmulas como el catastro se ensayaron en buena medida para una posible posterior aplicación a Castilla. Como afirma Enrique Giménez, es bien cierto que «se procedió al desmantelamiento de los fundamentos institucionales de los territorios de la corona aragonesa», pero a continuación nos recuerda el historiador alicantino que también «conviene señalar la salvedad, de que no queda desarbolado todo [el subrayado es del propio autor] el entramado legal de los antiguos reinos forales, ni que tampoco se produce su sustitución mecánica por el modelo institucional castellano». Y después de enumerar algunas de las pervivencias que se mantuvieron, concluye que: «Todo ello nos permite cuestionar, por simplista, la tesis de un trasplante íntegro del modelo castellano y rechazar, por abusiva, la que defiende una anexión por la Corona de Castilla de los territorios orientales de la Monarquía». Fue, por tanto, la creación de un modelo nuevo que tuvo, según Giménez, la gran novedad de su «carácter militarizado»[985].

Lo que sí resultó la Nueva Planta fue el suceso culminador, ciertamente radical, de un debate secular proveniente de los primeros Austrias en el que, finalmente, triunfaría la tesis política caracterizada por una concepción de la monarquía como «dominio directo» del soberano frente a otra que pensaba en la institución como un «dominio útil» en el que los estamentos reunidos en Cortes limitaban las prerrogativas reales con privilegios y Constituciones. Es decir, un debate sobre el reparto del poder en el seno de las clases dominantes sustanciado entre el monarca y los sectores dirigentes de las mismas representados en la Corte, y un debate entre el poder del monarca y las élites locales de los «reinos». Un debate sancionado finalmente por la fuerza de las armas a favor de un reforzamiento del poder del rey en detrimento de una parte de la alta nobleza y de los «reinos» a favor de la centralización administrativa y de la uniformidad jurídica, a favor de las Secretarías de Estado y en contra de los Consejos estamentales[986].

Sin embargo, esa Nueva Planta como imposición reflexionada desde la perspectiva de un autoritarismo racionalizador que quiso imponer el absolutismo político a la Cataluña foral al estilo de lo que estaba ocurriendo en buena parte de Europa, no impidió que se abrieran cauces por los cuales las clases dirigentes catalanas tuvieran acceso a una parte de la dirección política del principado, ni tampoco que su economía creciera y su sociedad se mostrara activa y creadora. La evidencia empírica histórica dicta que el autoritarismo político borbónico y sus bastiones de centralización y uniformidad no resultaron incompatibles con el crecimiento económico y el dinamismo social de Cataluña. O dicho de otro modo: la supresión de las Constituciones catalanas resultó un hecho histórico de gran impacto político e institucional para Cataluña que, sin embargo, no determinó el crecimiento de sus fuerzas productivas. La economía catalana empezó a recuperarse antes de la guerra sucesoria en un marco de monarquía compuesta y continuó creciendo después dentro del nuevo modelo político autoritario impuesto por la Nueva Planta. Las políticas económicas del reformismo borbónico, como argumentaré más adelante, le fueron en general favorables, siendo estas, por lo demás, notablemente parecidas, en lo esencial, a las solicitadas por Feliu de la Penya. Si esta reflexión fuese correcta, nos permitiría pensar que el crecimiento económico catalán podía realizarse bajo dos sistemas políticos diferentes en la medida en que las coyunturas económicas internacionales fueran favorables, la propia sociedad catalana supiera aprovecharlas y las directrices económicas de los gobiernos resultaran, en uno y otro caso, suficientemente acertadas en el marco de su tiempo para favorecer (o al menos no entorpecer) el auge de la economía propia, protegerla de la competencia exterior e insertarla en el marco del posible crecimiento generalizado que experimentara la economía mundial, cuestión que sabemos que no ocurrió en buena parte del siglo XVII pero sí a finales del mismo y durante un largo trecho de la centuria posterior.

No obstante, siendo defendible la afirmación de que la nueva estructura política no fue un obstáculo para el desarrollo general del país y que fue progresivamente asumida por una mayoría social, es igualmente cierto que desde dentro de la propia clase dirigente borbónica se efectuaron significadas críticas ante el funcionamiento del nuevo sistema, críticas que eran producto de la existencia de distintas sensibilidades políticas en su seno, cuestión por otra parte habitual dentro de la dinámica política. Sin duda alguna, el texto más representativo del siglo al respecto fue el mencionado Memorial de Greuges, de 1760. Escrito con prudencia pero con resolución por una parte de las clases dirigentes de filiación borbónica de los antiguos reinos de la Corona de Aragón ante la convocatoria de Cortes para coronar a Carlos III, los regidores municipales vitalicios nombrados por el monarca redactaron un documento que recoge con suma claridad la fidelidad indiscutible a la dinastía al tiempo que también enuncia algunas quejas y reivindicaciones que afectaban al funcionamiento del orden institucional y político impuesto por Felipe V tras la contienda sucesoria.

Sin controvertir expresamente la esencia del absolutismo unitarista, se recuerda con determinación, desde una óptica claramente organicista, que la Monarquía era un cuerpo plural y que era perfectamente compatible la unidad de la misma, a través de la obediencia a un incuestionado e incuestionable monarca, con la existencia de diversos cuerpos legales según la idiosincrasia de los diferentes reinos que la componían. Es decir, que la unidad de la monarquía y la fidelidad a la dinastía borbónica no requerían necesariamente la uniformidad en las maneras del gobierno político de cada provincia o no escuchar a los diversos estamentos sociales. En este sentido, el Memorial, desde una perspectiva historicista, no se priva de recordar, con suma claridad, que las antiguas leyes catalanas habían mostrado su utilidad a lo largo de la historia y que la igualación con las de Castilla, pensada por Felipe V para conseguir el «recto fin» de que la «igualdad» y la «uniformidad» entre las partes de la monarquía fueran beneficiosas para la misma, ocasionaba en la práctica algunos indeseados inconvenientes que debían ser corregidos por Carlos III.

En primer lugar, la queja se dirige a las pocas atribuciones y recursos que habían quedado en los ayuntamientos al repartirse varias de sus funciones en instituciones presididas por funcionarios reales de procedencia no catalana como la Intendencia, el corregidor o la Audiencia, lo que ocasionaba el consiguiente menoscabo de la capacidad de gobierno de los propios regidores borbónicos y su consecuente desprestigio social. No se protestaba, pues, por la oligarquización nobiliaria de los ayuntamientos, ni por la falta de representación de otras clases sociales presentes en tiempos de los Austrias, sino por la modestia de los recursos de los regidores, por su dependencia política frente a otros órganos de la Nueva Planta y por su escasez de competencias, motivos que estaban socavando, a criterio de los memorialistas, la prestancia social de las regidurías y provocando que la nobleza titulada empezara a ser refractaria a ocupar estas magistraturas[987].

Y, en segundo lugar, los firmantes indican que la igualación legal de todos los españoles en cuanto a la posibilidad de ocupar cargos políticos, judiciales y eclesiásticos en cualquier lugar de la Monarquía, pronto decretada por Felipe V, no había sido correctamente llevada a la práctica, puesto que los naturales del principado estaban más marginados que antaño de los órganos políticos comunes y también de los diversos puestos civiles, militares y eclesiásticos que tenían su jurisdicción en los propios reinos de la antigua Corona de Aragón. Reclamaban, pues, que se cumpliera fielmente la orden del monarca, escrita en el artículo 40 de la Nueva Planta: «Han de cesar las prohibiciones de extranjería, porque mi Real intención es que en mis Reinos las dignidades y honores se confieran recíprocamente a mis vasallos por el mérito, y no por el nacimiento en una u otra provincia de ellos». Como quiera que estos regidores sostuvieran el argumento básico de que España era la «patria común de todos», solicitaban en coherencia que fuera gobernada con igual participación por los diferentes representantes de sus diversas provincias y no solo por los castellanos. Y puesto que las clases dirigentes de Castilla estaban participando de pleno en la gobernación de Cataluña, las clases dirigentes catalanas (y las de los otros reinos de la Corona de Aragón) también debían poderlo hacer en los órganos de gobierno de la monarquía de todos. Igual que sería conveniente también que, en el caso de la gobernación del principado, sus responsables fueran principalmente los propios naturales del país, que conocían el «genio» de sus habitantes y dominaban unas costumbres y una lengua no siempre bien comprendidas y valoradas por los foráneos.

Formulada la protesta con plenas muestras de fidelidad borbónica, la cuestión no fue a más porque los tiempos políticos de absolutismo no permitían mayor alcance a los peticionarios y también porque estos no estaban dispuestos a mayores ahondamientos. Con todo, parece evidente que el texto significaba una llamada de atención esperanzada de las clases dirigentes catalanas al recién estrenado gobierno carolino. Un toque de alerta en el sentido de que el resultado práctico de los cambios impulsados por su padre no satisfacía plenamente los intereses corporativos de los propios dirigentes borbónicos catalanes, que veían como no tenían suficiente poder en los ayuntamientos, ni una voz diputada en la Corte, ni acceso a los principales órganos centrales de la monarquía. Su inequívoca asunción de la monarquía absoluta borbónica no les impedía mostrar con claridad lo que consideraban algunas insuficiencias de su funcionamiento, defectos que les afectaban particularmente y que criticaban de manera pública apelando a veces en el Memorial a una clara reivindicación historicista de ciertas prácticas forales.

El firme compromiso con la dinastía y el firme compromiso con la idea de la monarquía española como entidad política común, les parecía compatible a los representantes de los nobles regidores municipales con la aspiración a disponer de más poder en la gestión política municipal al estilo del antiguo sistema consistorial (que confiesan prudentemente no querer valorar en el documento), así como con el hecho de participar en la general gobernación de la Corona en igualdad de condiciones que los castellanos frente a una situación de práctica exclusión que, por cierto, apenas varió durante el reinado de Carlos III[988]. Unidad y pluralidad eran para los regidores firmantes dos caras de una misma moneda: se podía mantener al mismo tiempo lealtad a la idea de Cataluña y a la idea de España; lealtad a algunas cuestiones de la propia historia constitucional de los tiempos pasados y a la dinastía borbónica con su nuevo modelo político.

Era, en resumidas cuentas, una actitud crítica desde dentro del sistema borbónico, con algunas argumentaciones de carácter historicista, que no tuvo necesidad de convertirse en una disidencia política contra el absolutismo: había sin duda inconvenientes, pero las ventajas parecían pesar mucho más en el ánimo de la Cataluña dirigente y pensante y nada invitaba a militar en las viejas filas de un austracismo prácticamente inexistente. Y esa Cataluña no deberíamos olvidar que era, fundamentalmente, la de la nobleza y la burguesía ennoblecida que dominaba los ayuntamientos más importantes y que aspiraba a tener entrada en los principales órganos políticos de la monarquía, así como mayor poder en el propio principado. Como quería Macanaz, se aceptaba que no hubiera más «fuero ni privilegio» que la voluntad del rey[989], pero se le pedía al monarca mayor sensibilidad hacia algunas de las deficiencias que el sistema tenía, como era el caso de la falta de cuotas de poder para las clases dirigentes catalanas.

Al margen de esta cuestión de clase, y aunque no lo sabemos con certeza suficiente, es probable que, en asuntos identitarios, el espíritu del Memorial no estuviera alejado de la realidad más común de la Cataluña setecentista. Sin perder su idiosincrasia particular ni abandonar sus sentimientos hacia la patria catalana, expresados a veces con una cierta (consciente o no) nostalgia foral, fueron muy numerosos los catalanes que apostaron cada vez más por acomodarse al nuevo diseño institucional e integrarse en la monarquía borbónica, la misma que estaba ayudando a forjar un modelo de Estado más centralizado y uniforme y dando apoyo a una serie de reformas económicas y sociales que fueron aceptadas por buena parte de las clases dirigentes y productivas catalanas.

Como revela una parte de la publicística existente durante el siglo, es evidente que no faltaron voces que añoraban una Cataluña insertada en una España foralmente organizada en su estructura política, y también un modelo interno para el principado que facilitara la antigua participación en política de las clases propietarias burguesas, menestrales y agrarias. Pero aunque no sabemos a ciencia cierta su amplitud, no parece que esas voces tuvieran una traducción política y social realmente significativa. Y las tenues reivindicaciones de 1760, efectuadas por regidores borbónicos en una coyuntura política en la que se pensaba que el nuevo soberano podía suponer alguna novedad respecto a la gobernación de España, tropezaron con un Carlos III que no estuvo dispuesto a modificar la estructura del poder dejada por sus antecesores, de modo que las peticiones no tuvieron más curso que el de formar parte de las futuras pesquisas de los historiadores.

Es posible que la clásica afirmación de Soldevila de que Cataluña pareció aspirar a constituirse en una «provincia» felizmente integrada en la monarquía tenga un punto de exageración[990] y que debamos tener presentes también los datos que apuntan a una cierta nostalgia por las instituciones abolidas y a una puntual crítica a la excesiva uniformidad pretendida por los ministros reformistas. Pero pienso que ambas cuestiones deben insertarse en una realidad generalizada que hablaba de asimilación y asunción del régimen borbónico antes que de contestación política y social al mismo. O dicho de otro modo, con el paso del tiempo, y en medio de la bonanza económica general del siglo, la mayor parte de los catalanes no consideraron necesario abrir un frente de lucha para conseguir la revisión política de la derrota militar del austracismo en 1714, lo cual es compatible con el hecho de que algunos pensadores y algunas autoridades, insertadas en el propio sistema borbónico, continuaran viendo con cierta simpatía algunas de las prácticas políticas del anterior ordenamiento, que incluso llegaron a reivindicar de forma explícita en ciertas ocasiones y de forma velada en otras.

Llegados a este punto, me parece pertinente establecer la siguiente hipótesis que precisaría de mayores investigaciones: las clases dirigentes catalanas, estigmatizadas por las consecuencias, tanto para ellas como para el país, de la guerra de Sucesión, es posible que no acabaran viendo con malos ojos una nueva fórmula de relaciones con el gobierno central, pasando a defender de este modo un modelo de mayor acomodación, vinculación e integración en la monarquía española. Una fórmula que abría una posibilidad de diálogo para convencer a los poderes borbónicos de que aquello que era bueno para la economía y la sociedad catalanas (en especial para sus clases dirigentes) lo era también para el conjunto hispano. Una fórmula que tenía en su seno la idea de que lo mejor para España era imitar lo que hacían en Cataluña sus grandes empresarios y sus laboriosas clases menestrales y campesinas. Una fórmula que permitía a Cataluña vincular con mayor intensidad su economía con el atlántico colonial, vertebrarla mejor con el resto de la Península, resguardar a una parte de su industria de la competencia extranjera y disponer, con garantías jurídicas y políticas nuevas, de un mercado cada vez más amplio y una relativa mayor protección del mismo. Una fórmula que combinaba la realidad de pertenencia identitaria catalana con la española en un tiempo en que ambas estaban, en cierta forma, en proceso de redefinición. Al menos, para los nobles que regían los ayuntamientos, para los hacendados y grandes comerciantes y fabricantes agrupados en la Junta Particular de Comercio, para los artesanos más ricos que dirigían los gremios más poderosos o para la alta Jerarquía eclesiástica de filiación jansenista, me parece que esta fórmula resultó cada vez más aceptable. Sobre el significado del silencio político de las clases campesinas, los menestrales más modestos, los pescadores, los marineros, los asalariados de las fábricas de indianas o de los sectores marginales de la sociedad catalana nada podemos decir al carecer de rigurosas investigaciones al respecto, en buena parte porque las fuentes son ciertamente escasas, parcas y fraccionadas. En cualquier caso, es muy posible que buena parte de ellos (y quizá también de las clases dirigentes) aprobara el pensamiento del payés ampurdanés Sebastià Casanovas cuando apostaba por no enamorarse de ningún rey y sencillamente obedecer al que hubiere, pues de lo contrario se corría el peligro de perder bienes y haciendas[991].

La derrota militar obligó a la Cataluña austracista a resignarse y a ir encontrando un modus vivendi con la dinastía triunfadora y con la Cataluña borbónica. Por su parte, pasados los primeros tiempos de represión felipista, la monarquía borbónica, sin abandonar su impronta de vencedora ni el autoritarismo propio del absolutismo, fue abriendo caminos para la colaboración que tuvieron en la vida económica a uno de sus principales pilares. Los hombres de negocios consiguieron hallar en el gobierno el apoyo necesario a sus intereses y lograron su institucionalización por medio de los Tres Cuerpos de Comercio, lo que en esencia fue el resultado de un acuerdo político entre los principales empresarios y el gobierno borbónico al que se incorporarían algunos importantes hacendados. Como diría Vilar, refiriéndose a los tiempos de Carlos III: «Los desencuentros entre región y nación, entre Cataluña y España, entre Estado y “fuerzas vivas” provinciales, parecen amortiguados gracias a estar “delante de una mesa por una vez bien servida”»[992].

La Nueva Planta consiguió alcanzar una notable estabilidad política entre los catalanes y entre estos y una monarquía borbónica que progresivamente fueron aceptando hasta demostrarlo de forma bastante mayoritaria en 1793 y 1808. Una estabilidad política ciertamente vigilada pero que, al margen de cualquier juicio de valor moral, ideológico o político de presente, debió de resultar bastante adecuada para crear un ambiente propicio para el fomento de la economía catalana y para el dinamismo propio de su activa sociedad. No cabe afirmar, pues, que la Nueva Planta, en sí misma y de forma mecánica, fuera motivo del auge económico catalán, pero sí que la estabilidad política y la paz social alcanzada durante el siglo, en el marco de un sistema autoritario de parecida factura a los de buena parte de Europa, actuaron como telón de fondo para que los negocios pudieran alzarse con seguridad, perseverancia y continuidad. Y a esa estabilidad contribuyeron las nuevas estructuras políticas, la vigilia autoritaria, las acciones de los gobiernos en materia económica, la pervivencia del derecho privado catalán y, sobre todo, una sociedad catalana que no estuvo dispuesta a repetir una experiencia traumática como la contienda sucesoria. Si era preciso protestar ante el mismísimo monarca por el funcionamiento municipal, por las deficiencias catastrales o por la marginación en los órganos de la monarquía, se hacía con determinación desde las propias filas de las clases dirigentes proborbónicas de Cataluña, pero sin que la cosa fuera a mayores aunque el soberano no se diera por muy enterado. Y si era preciso echarse a la calle para reivindicar el tradicional privilegio de no tener quintas en Cataluña o para luchar contra las levas para servir en la Armada, buena parte de las clases populares no tuvieron duda en hacerlo, pero sin que ello cuestionara de forma decidida el orden político vigente.

Ahora bien, que no se cuestionara dicho orden político de manera nítida y resuelta porque en buena medida estaba asumido (y no solo, aunque por supuesto también, a causa del autoritarismo existente) por una parte considerable de la sociedad catalana fue perfectamente compatible con el hecho de que esta última mantuviera, de forma acaso bastante mayoritaria también, un sentimiento de particularidad, de identidad propia y específica en el seno de la monarquía hispana. Y no menos compatible resultaba con el hecho de que persistieran las distancias emocionales con los castellanos (que no necesariamente con los españoles) o bien con una idea de España que ahogaba cualquier tipo de posibilidad de alcanzar mayores cuotas de «autonomía provincial», tal como se hallaba referenciada en las antiguas Constituciones del principado.

De todos modos, lo que me parece lícito deducir de una lectura global de la Cataluña política del Setecientos es que, a lo largo de la centuria, la idea y el sentimiento de catalanidad perduró y fue cada vez más compatible con la idea y el sentimiento de españolidad (que no de castellanidad). Y también pienso que eran muy numerosos los catalanes de finales del XVIII y principios del XIX a quienes les parecía perfectamente compatible defender la unidad de la monarquía española con el mantenimiento de la identidad de Cataluña como entidad política e histórica diferenciada dentro de ella. Incluso me parece defendible la idea de que dicha compatibilidad de identidades estaba basada en una antigua creencia que se resume en la aceptación del binomio de España y las Españas, es decir, en una idea plural de España y de su gobernación que, sin embargo, no estoy nada seguro de que necesariamente proviniera de manera directa de los planteamientos estrictamente constitucionalistas del antiguo austracismo de la guerra de Sucesión, sino más bien de un historicismo que, no olvidando la tradición foral, fue imponiéndose de forma imperceptible entre una parte de la intelectualidad catalana en consonancia con lo que es probable que sintiera de manera espontánea una gran mayoría de la sociedad, que no estaba dispuesta a perder sus señas de identidad diferenciales ni tampoco a separarse del conjunto español. Una compatibilidad política, identitaria y sentimental que tuvo su máxima expresión en los difíciles momentos de 1793 y 1808 o en los discursos de diversos diputados catalanes en las Cortes de Cádiz, y que inspiraría buena parte del pensamiento y la política catalana del siglo posterior hasta Prat de la Riba.

Así pues, aunque estamos todavía faltos de investigaciones, en una parte de las clases dirigentes catalanas, incluidos algunos de sus principales pensadores, existen diversas indicaciones de que es posible que les pareciera discutible, en algunas cuestiones, la centralización y la uniformidad políticas del absolutismo, y ello supuso la existencia de una cierta crítica política en Cataluña respecto al régimen borbónico. Sin embargo, esa crítica fue minoritaria, poco beligerante, escasamente organizada y muy poco radicalizada, expresada más como deseos por parte de quienes se mostraban afectos a la monarquía que por gentes que la cuestionaran frontalmente. Era una moderada discrepancia que aspiraba, por lo demás, a mantener a España unida aunque con una visión más bien plural de la misma. Los inconvenientes que se le podían señalar al absolutismo en cuanto a falta de sensibilidad por las Españas y en cuanto al exceso de centralización de la vida política, quedaron compensados para gran parte de la sociedad catalana con la actitud reformadora que aquel adoptó en diversos asuntos y que, en términos generales, no fue nada perjudicial para el dinamismo económico y social mostrado por aquella ni tampoco para los principales intereses de sus clases dirigentes.

Por eso, a medida que el siglo avanzaba, se constató que la distancia entre la monarquía absoluta borbónica y la mayor parte de la sociedad catalana fue acortándose sin que ello supusiera una merma para la sostenida conservación de un sentimiento de catalanidad que, a su vez, fue progresivamente compatible con el nuevo sentimiento de españolidad que estaba recreándose en parte gracias a catalanes como Capmany o Dou. Eso sí, una españolidad que se quería conjugar al mismo tiempo en singular (España) y en plural (las Españas). El hecho diferencial lo sentía la mayor parte de la sociedad catalana de una manera espontánea, aunque en esos momentos todo indica que ello no tuvo la necesidad de traducirse en una urgencia política. Las cosas de la economía y de la vida social iban lo suficientemente bien y beneficiaban a suficientes catalanes como para necesitar que la crítica política pasara a primer plano y con mayúscula. Como defiende Vilar:

L’expressió política del sentiment de grup dels catalans no depèn, exclusivament de l’existència o del record d’institucions autònomes. Creiem que depèn mes aviat, a cada fase del desenvolupament regional, del punt d’equilibri entre les capacitats, les necessitats, les ambicions dels grups socials catalans capaços d’expressar-se, i d’altra banda les decepcions, les pors o les esperances que els inspira la política española[993].

Y, a grandes rasgos, durante la mayor parte del siglo que nos ocupa, las clases emprendedoras catalanas tuvieron más motivos de alegría que de decepción ante las actuaciones de la política española. Antonio Domínguez Ortiz nos ha recordado que, paradójicamente, los Borbones acabaron siendo más populares en la corona aragonesa que en la de Castilla, que pensó que no había sido bien recompensada por sus esfuerzos durante la contienda sucesoria[994].

Al contrario de algunas lecturas ideológicamente interesadas y marcadamente presentistas y teleológicas del Setecientos catalán, no creo que de ser cierta la realidad antes descrita, su existencia tenga que ser leída, por un historiador, como un «borrón» en el «progreso nacional» de Cataluña por la «pérdida» de «conciencia nacional», ni tampoco como un avance «positivo» por sentirse esta más «nacionalmente» española gracias a las «virtudes» del absolutismo borbónico. A mi entender, se trató sencillamente de la postura realmente adoptada por la mayoría de los catalanes en una coyuntura histórica en la que creyeron que esa era la actitud más sensata y responsable para defender cada cual sus intereses e incluso la conveniencia general del principado. No creyeron estar traicionando al país ni cultural ni políticamente. Más bien pensaron que sus intereses y los de Cataluña podían desarrollarse dentro de la monarquía absoluta con paz y prosperidad, muy en consonancia con las últimas palabras de algunos resistentes austracistas: la de volver al trabajo como si nada, la de no hablar en demasía del pasado[995]. La mayoría de los pensadores no creyeron traicionar la historia de Cataluña porque se interesaran sinceramente por España o porque en sus análisis el futuro de los catalanes apareciese vinculado al destino español. Además, esa visión no era en absoluto extraña al pensamiento político y económico catalán, pues el austracismo también la sostenía. Una relación de Cataluña con la idea de España que la mayoría de los mejores intelectuales catalanes del siglo no vio como meramente instrumental, sino como la actuación de un país con identidad propia que estaba plenamente insertado, también sentimental e históricamente, en el seno de una gran monarquía europea que paulatina y dificultosamente se empezaba a construir como Estadonación. Era, en cierto modo, una especie de incipiente bipatriotismo catalano-español que durante un gran segmento del siglo posterior iba a dominar el escenario identitario y político de buena parte de las élites catalanas. La propia Eva Serra así lo reconoce aunque lo haga en un tomo de cierto lamento ideológico dada su posición claramente filoaustracista: «Quan el sectors mes lúcids com Capmany advocarem ja a finals de segle a favor d’una instància de representació parlamentària, els anys borbònics no hauran passat en va; la seva concepcíó, tot i tenir present el model de les institucions històriques, és la unitat de llengua i territori borbònics»[996].

Las anteriores argumentaciones conducen a pensar que no es conveniente magnificar, por tanto, el austracismo pervivente en el siglo XVIII en cuanto a su real influencia política en Cataluña. Entiendo que quienes desde la política suscriben ideologías nacionalistas lo contemplen con simpatía como la continuidad del sistema institucional que guardaba las Constituciones catalanas a la par que lo interpretan como una fórmula precursora (derrotada militar pero no sentimental e ideológicamente) del idóneo Estado plurinacional que a su criterio España es y debería ser (Estado autonómico, federal o confederal, quizá esto último lo más austracista). O bien como la fórmula precursora para conseguir un Estado particular defendida por el independentismo. Esa es, sin duda, una lectura política legítima que no debería empañar, sin embargo, el necesario análisis riguroso y objetivo del propio Setecientos catalán que los historiadores tenemos la obligación de realizar. Y por lo que sabemos hasta la fecha, me parece que todo hace pensar que el austracismo fue quedando en un hecho residual y de escasa trascendencia social y política frente a una Cataluña que fue admitiendo el absolutismo borbónico por las ventajas que suponía, sin menoscabar por ello la defensa de su hecho diferencial en las Españas a través de un historicismo que no tuvo una traducción política beligerante. Para las clases dirigentes catalanas, el historicismo que a menudo respiraban no estuvo reñido con su aceptación primero y su apoyo después al absolutismo reformador de inspiración ilustrada. O como diría Romá y Rosell, el respaldo a un gobierno «monárquico, absoluto, moderado e ilustrado»[997].

Un absolutismo borbónico que, por su parte, mostró interés en beneficiar económica y socialmente a Cataluña como parte integrante de una Monarquía que se deseaba fortalecer mediante un proceso de regeneración para que volviera a pesar en el ámbito internacional y fuera capaz de tener la energía suficiente para conservar las colonias que tan vitales eran para la economía española y catalana. Lo que sí buscaba la monarquía, desde luego, como en el caso del resto de los españoles, es que los catalanes se sujetaran políticamente a la dinastía, a su modo de gobernar España y a las directrices generales del reformismo oficial, que deseaban una sociedad tardofeudal reformada y con capacidad de autosostenerse gracias a cambios moderados pero efectivos que no modificaran la esencia de su estructura social ni de su constitución política. Una sujeción que fue acompañada, quizá como un modo de tratar de evitar antiguas desafecciones y de aprovechar al tiempo las actitudes empresariales de los catalanes, de una sostenida escucha de buena parte de las aspiraciones económicas expresadas por los principales agentes y pensadores económicos de Cataluña.

En un claro acto de reversión dialéctica, buena parte de la estabilidad política y de la paz social conseguidas tras los turbulentos años de la contienda sucesoria, así como de la progresiva aceptación del absolutismo borbónico por parte de una mayoría de catalanes, fue posible gracias al propio crecimiento sostenido de las fuerzas productivas del principado y del amparo que el mismo tuvo, en numerosas ocasiones, entre las autoridades centrales de la Monarquía merced a una comunicación bastante fluida de las clases activas de la economía catalana con los responsables económicos del absolutismo reformista[998].

En efecto, desde la creación en los años sesenta del siglo pasado del modelo de Vilar para la interpretación de la economía catalana del Setecientos, parece que la unanimidad en torno a la existencia de un siglo económicamente dinámico y expansivo sigue presidiendo la historiografía catalana[999]. Los matices formulados en las investigaciones que le sucedieron no amenazan los fundamentos del castillo vilariano. En casi todos los sectores de la actividad económica en que fijemos nuestra atención analítica veremos al menos crecimiento. Incluso comprobamos la existencia de los cambios cualitativos que hicieron decir al historiador francés que se estaba produciendo una mutación en el principio del modo de producción: producir no solo para consumir, sino para vender[1000]. Es decir, que a diferencia de otros lugares de España, en los que hubo simplemente un crecimiento cuantitativo de su economía, para la Cataluña del siglo XVIII bien puede hablarse de un desarrollo cualitativo de la misma que empezó a modificar, de manera si se quiere inicialmente modesta pero con efectiva trascendencia histórica, el marco económico tradicional[1001].

Este auge catalán no empezó de la nada en 1714. De hecho, hundía sus raíces en los años ochenta del Seiscientos, cuando tras las convulsiones políticas de los tiempos del conde duque de Olivares, Cataluña fue elevando el tono de su actividad económica vertebrándola internamente con mayor eficacia, al tiempo que la insertaba de manera progresiva en la economía peninsular y atlántica gracias, en buena parte, al auge comercial de su agricultura (vinos y frutos secos) y a la renovación de algunas industrias (lana, seda, papel, cuero, construcción naval[1002]). Y en estas nuevas muestras de vitalidad de la economía catalana, que tenía por supuesto notables limitaciones en cuanto a la estructura social en la que se producía[1003], no parece que las modestas aunque bien intencionadas políticas de algunos ministros de Carlos II, como Medinaceli y Oropesa, tuvieran mucha trascendencia, excepción hecha de las que afectaron a la política monetaria[1004]. Como quiera que existen indicios que dan a pensar que las bases de la recuperación se mostraron sólidas, la guerra de Sucesión paralizó pero no anuló esta tendencia progresiva y, acabada la contienda, pronto la economía catalana recuperaría, a partir de la década de los años veinte, el impulso y la fuerza en los más diversos frentes económicos, un vigor que no abandonaría prácticamente hasta el declinar de la centuria. En todo caso, el Setecientos fue favorable para la economía catalana, como bien lo demuestra el hecho de que a finales del siglo la población se hubiera casi doblado[1005].

Como suele ser habitual, las causas de esta reconocida expansión económica fueron variadas y a menudo producto de la sinergia entre ellas. Me gustaría recordar aquí que, en general, la impronta del crecimiento catalán la marcaron sus clases productivas y empresariales en el marco de un sistema tardofeudal y de unos gobiernos inspirados en el absolutismo reformista que, con sus acciones vertebradas por las diversas versiones del ideario mercantilista, construyeron algunos contextos favorables para el crecimiento económico hispano de los cuales se beneficiaron también, y a veces especialmente, los catalanes.

Quede claro, pues, desde ahora, que imputamos el hecho fundamental del crecimiento económico catalán al dinamismo de su propia sociedad y a su capacidad de perseverante innovación, pero también parece oportuno reconocer que la progresiva integración de Cataluña en una Monarquía que todavía era un imperio y determinadas políticas del absolutismo reformista sirvieron de amparo y a veces de estímulo para dicho crecimiento. Políticas que no fueron suficientes ni por supuesto determinantes, pero sí ciertamente influyentes y hasta en algunos casos necesarias en el auge económico catalán. Aunque estuvieran pensadas en términos globales para toda la Monarquía, acabaron en muchos casos favoreciendo a Cataluña. O dicho de otro modo, es bien cierto que no hubo una política económica estatal especialmente diseñada para el crecimiento de la economía catalana, pues durante el siglo ninguna región española mereció un plan integral de desarrollo por parte de las autoridades borbónicas, lo cual, por otra parte, era impropio del horizonte del pensamiento económico de aquellos tiempos. Pero en cambio, sí me parece razonable afirmar que las acciones económicas de los gobiernos borbónicos favorecieron en diversas ocasiones a Cataluña y que, en la confección de dichas actuaciones, los intereses de los agentes económicos catalanes tuvieron su lugar específico en parte a consecuencia de su propio dinamismo[1006]. Desde esta perspectiva, creo que no es exagerado afirmar que iniciativa catalana e iniciativa gubernamental fueron un binomio en el cual la primera fue su principal protagonista con el general amparo de la segunda. Aunque, sin embargo, debemos recordar siempre que los impulsos de la economía no deben imputarse mecánicamente a la política, pues bien sabemos que los primeros tienen a menudo su propia vitalidad y cronología. En cualquier caso, veamos a continuación, sucintamente, algunos de los estímulos que provinieron de parte del Estado.

Dada su excelente ubicación geográfica y su potencial como ciudad abastecedora, Barcelona se convirtió en la base logística de las expediciones mediterráneas de los monarcas borbónicos. Ello ocasionó un consecuente beneficio económico para Cataluña, al crearse una importante demanda estatal en cuestiones militares de la que surgieron cuantiosas ganancias para la industria regional a través de contratos de suministros que afectaron a la manufactura textil, a los curtidos de pieles, a la producción de armas, a la industria de la construcción o a la fabricación de materiales para la marina mercante y de guerra. También se benefició la economía catalana de la presencia militar en su propio territorio, que obligó a las autoridades a construir cuarteles y castillos (Ciudadela, Montjuic, Figueras) y a mejorar los puentes y las carreteras para que las mercancías y también las tropas (nunca inferiores a 20 000 unidades) destinadas a la «tranquilidad» de Cataluña y a defender la frontera francesa pudieran circular con mayor comodidad y celeridad; unas tropas que, además, se convertían en una permanente fuente de demanda de víveres y servicios para la economía catalana y que fueron un acicate para que se formaran en Barcelona la Academia Militar de Matemáticas[1007] y el Colegio de Cirugía[1008]. Beneficios todos ellos reconocidos por Caresmar en su Discurso cuando opinaba que representaron «sumas de mucha consideración que todas se quedaron en el país». Y también destacados por Campomanes cuando afirmaba que en Cataluña «con el acantonamiento de las tropas, se fomentaron insensiblemente las manufacturas»[1009]. Como recordaba acertadamente Capmany, esta demanda estatal no creó desde luego la industria catalana[1010], pero parece evidente que sí consiguió dinamizar una parte importante de la misma, entre ellas la manufactura textil, y que dichas «sumas» se las agenciaron numerosas corporaciones artesanales, diversos fabricantes y también familias de comerciantes que supieron hacer frente a la demanda estatal y amasar una parte de sus fortunas durante y después de la contienda sucesoria[1011].

Así pues, el mantenimiento de la paz política y social en Cataluña, las necesidades defensivas frente a Francia y las decisiones en política mediterránea fomentaron una demanda estatal que benefició objetivamente a la economía catalana en su conjunto y a las clases empresariales y trabajadoras (urbanas y campesinas), que por su parte supieron satisfacerla con suficiente abundancia y calidad y a precios competitivos (al menos hasta la década de los ochenta). Una demanda estatal cuyo volumen, por cierto, también ocasionó cambios cualitativos importantes en la organización del trabajo de algunos sectores industriales, que como el caso de la confección experimentó una mayor división del trabajo, más especialización, más participación femenina, un incremento de los asalariados, más trabajo a domicilio y a precio hecho y una mayor dependencia del capital comercial[1012]. Una demanda estatal, en fin, que representaba la retención en Cataluña de una parte de los impuestos que los catalanes pagaban y que fue una baza de cierta importancia para el crecimiento de la economía urbana del principado[1013].

El fortalecimiento de la administración pública también fue beneficioso para los empresarios catalanes en la medida en que les daba mayores cuotas de seguridad en el marco de un Estado autoritario que proporcionaba un contexto político con reglas del juego estables y, desde luego, incontestables. Excepto algunos episodios violentos sin demasiada trascendencia, la paz social y política, mantenida por las autoridades borbónicas con el concurso de la Jerarquía eclesial, los gremios y las clases altas (especialmente la burguesía de negocios), también resultó un importante activo para el mundo económico catalán, que durante la centuria no vio alteradas sus inversiones a causa de prolongados o violentos conflictos de clase o políticos. Incluso los caminos catalanes se hicieron notablemente más seguros para el transporte de mercancías, lo que sin duda favoreció un comercio más fluido y fiable. De hecho, el bandolerismo, bastante característico de la Cataluña de los Austrias, dejó de formar parte del paisaje catalán a partir de los años treinta[1014].

En cuanto a la política económica reformista y a su modelo de gestión, en términos generales no es pertinente afirmar que fueran indiferentes para el auge de la economía catalana. Desde los primeros compases de la gobernación borbónica se adoptaron disposiciones económicas para el conjunto de la Monarquía que tuvieron una influencia positiva, directa o indirecta, en el desarrollo catalán del siglo. En general, fue sin duda favorable que desde los iniciales gobiernos borbónicos la preocupación por el fomento de la economía figurase en el primer plano de las actuaciones del absolutismo reformista[1015]. De manera paulatina, el Estado fue conformando mayores y mejores instrumentos para el crecimiento de la economía, entre ellos una acción mercantilista cada vez más decidida e independiente que ayudó a ir forjando el mercado interior español[1016]. Ello resultaba particularmente interesante para una sociedad que, como era el caso de la catalana, estaba asentada en unas estructuras económicas, culturales y mentales que mostraban una clara propensión hacia el mundo de los negocios en el marco de una coyuntura expansiva de la demanda. Una sociedad con una importante tradición industrial y comercial a la que le venía como anillo al dedo la permanente preocupación mercantilista de los gobiernos españoles por el fomento de la economía. Una sociedad a la que los objetivos centrales del programa reformista borbónico de conseguir a la vez más Estado y más mercado no le resultaron en absoluto ajenos[1017]. Una sociedad a la que, al menos entre sus clases más emprendedoras, le pareció que la apuesta del absolutismo reformista por robustecer la monarquía para conseguir paz interior y competencia internacional era una condición relevante para generar un mercado más amplio en el que pudiesen prosperar los negocios en los que Cataluña estaba implicada o pudiera estar interesada. Para defender los beneficios de la industria y el comercio catalán, en las reuniones de la Junta Particular de Comercio de Barcelona era opinión dominante que la opción más pertinente era un gobierno fuerte con un monarca absoluto capaz de enfrentarse a otras potencias y de dictar leyes que fomentasen la actividad económica hispana protegiéndola de manera eficaz y decidida de la competencia foránea.

Entre las cuestiones que favorecieron a la economía catalana a lo largo de la centuria, cabe señalar la ciertamente imperfecta pero sin duda progresiva creación del mercado interior español, que posibilitó a los artículos y a los comerciantes catalanes frecuentar cada vez con mayor reiteración la geografía hispana actuando de hecho como agentes creadores de dicho mercado. No en balde la fama del viajante de comercio catalán procede precisamente de esta época. Los comerciantes y fabricantes catalanes supieron articular eficaces redes mercantiles a lo ancho de la Península y fueron ellos quienes con sus actuaciones consiguieron ganarse los mercados españoles en gradual detrimento de las mercancías extranjeras, al tiempo que supieron aprovechar el alza de los precios y vincular las materias primas que necesitaba la industria catalana con la venta al resto de España de sus productos manufacturados[1018]. Y es asimismo evidente que en la conquista del importante mercado español fueron los empresarios fabriles catalanes quienes tuvieron una significada capacidad de adaptación a nuevas técnicas, procedimientos y productos, como ocurrió en el caso de las indianas y la pañería, por ejemplo[1019]. Fue, pues, la habilidad y competencia comercial e industrial de los propios catalanes la que actuó como motor esencial de su expansión peninsular y colonial ayudando con ello a la paulatina articulación del mercado español.

No obstante, también parece lógico recordar que hubo diversas medidas gubernamentales que favorecieron a la dinámica economía catalana al posibilitarle un mayor flujo de personal, de capitales y de mercancías (propias o de importación) hacia el resto de la Península y hacia los dominios americanos. Citemos entre las más relevantes la supresión de aduanas que permitió a los productos catalanes acudir con menores costes a un mercado interior español cada vez más articulado[1020], la eliminación del concepto de extranjería que convertía a las gentes del principado en plenamente «naturales» españoles (con las ventajas consiguientes frente a los comerciantes foráneos y una mejor situación legal para participar en los futuros decretos de Libre Comercio con América[1021]), el aumento de la productividad laboral reduciendo el gobierno el número de días festivos en Cataluña (y no en otras regiones), la reorganización del servicio de correos y postas, las medidas monetarias que consiguieron la estabilización y la defensa del sistema monetario hispano hasta la crisis de 1808[1022], las diversas realizaciones en infraestructuras, la supresión de la tasa del grano[1023], las sucesivas medidas liberalizadoras del comercio colonial o la protección de la industria española a través de medidas arancelarias prohibicionistas[1024].

Es verdad que la supresión de las aduanas interiores fue parcial, pues persistieron numerosos peajes señoriales y municipales y las provincias vascas, Navarra y algunas zonas de Andalucía (como el antiguo reino de Sevilla) mantuvieron sus puestos aduaneros[1025]. Cierto igualmente que los puertos secos no eran tal vez el principal punto de paso de las mercancías catalanas e incluso es posible que no fueran demasiado gravosos para su comercio[1026]. Y no es menos necesario recordar que las aduanas de Fraga (1742) y Tortosa (1774) fueron creadas para equilibrar en parte el hecho de que las aduanas de Cataluña tuvieran unos gravámenes más bajos que estimulaban a los comerciantes de Castilla, Aragón y Valencia a realizar su tráfico de géneros extranjeros a través de ellas[1027].

Pero con todo, parece notorio que la integración del mercado hispano se acentuó notablemente respecto a los tiempos de los Austrias[1028] y que resultó beneficiosa para la economía catalana, que pudo importar alimentos y materias primas aragonesas o castellanas (trigo, lana, seda, aceite) al tiempo que exportaba sus productos manufacturados, en ambos casos con menos carga tributaria y, por tanto, con mayor margen de ganancias[1029]. Que la integración del mercado interior tardara en ser completa dadas las considerables dificultades que las autoridades y los agentes económicos tenían delante no significa que durante el siglo no avanzara de manera perceptible, que ello no se debiera también a una deliberada (aunque a veces tímida) voluntad política de los gobiernos reformistas y que no ayudara al crecimiento de la economía del principado, con especial contento para sus hacendados, sus payeses, su menestralía, sus fabricantes y sus comerciantes. Y también para los ciudadanos catalanes como consumidores.

En cualquier caso, después de los acontecimientos sucesorios Cataluña vivió objetivamente en una nueva y beneficiosa realidad comercial puesto que la progresiva integración arancelaria significó el nacimiento de una gran área de mercado unificada, un área en la cual Castilla aumentaba sus consumidores incorporando al millón y medio de habitantes de la antigua corona catalano-aragonesa, mientras que esta última hacía lo propio con los seis millones de castellanos, lo cual hace evidente que en esta nueva situación las gentes del principado salieron con mejores ganancias que las de Castilla[1030]. A finales de siglo, desde Galicia a Extremadura pasando por las Castillas y la corte madrileña, los productos catalanes podían verse en las tiendas, en las ferias y en los mercados. Como señala Eugenio Larruga en sus Memorias políticas y económicas escritas desde 1787, los catalanes eran de los que más buen provecho habían sabido sacar del siglo instalándose con los más variados negocios en la capital de las Españas[1031].

Es cierto que Cataluña perdió en 1714 su autonomía monetaria, aduanera y hacendística, pero vivió la centuria con una gran estabilidad monetaria, menos aduanas y una recaudación de impuestos soportable que benefició a la sociedad catalana a causa de la disminución de la presión fiscal per cápita a lo largo del siglo[1032]. En efecto, dos son los períodos que cabe señalar al respecto. En las primeras tres décadas de la centuria, en una época en que la economía catalana se estaba todavía recuperando de los efectos de la guerra sucesoria, sus habitantes hubieron de soportar un mayor peso fiscal respecto a los castellanos[1033], puesto que al nuevo impuesto del catastro (que quería ser equivalente a las rentas provinciales castellanas) se le sumaron las rentas generales (derechos aduaneros que cobraba la extinta Generalitat[1034]), las rentas estancadas que se pagaban en Castilla (monopolios estatales como el tabaco, la sal o el papel sellado) y la bolla, que gravaba a los productos textiles y que en 1769 fue sustituida por un impuesto indirecto sobre el consumo de los productos del país y los ultramarinos, reemplazo tributario que contó con tan gran aprecio por parte de las clases empresariales y menestrales del principado que lo celebraron con una solemne misa en la iglesia de Nuestra Señora de la Merced[1035]. Sin embargo, a partir de los años cuarenta la situación se invirtió y la presión fiscal por individuo descendió, siendo cada vez menor para Cataluña y cada vez menos intensa respecto a la de Castilla, de forma que si tomamos el índice 100 para 1730-1739, se pasó al 52 en el decenio 1770-1779[1036].

A esta menor presión fiscal contribuyó el hecho de que el impuesto de reparto que era el catastro[1037] (entre el 44 por ciento y el 64 por ciento del conjunto de la carga impositiva en Cataluña entre 1720 y 1779) experimentara una evidente fosilización merced a la actitud rentista de unos gobiernos que desde principio de la centuria mantuvieron inalterado su montante: entre 900 000 y 1.000 000 de pesos desde los años veinte hasta principios del siglo XIX[1038]. Y ello a pesar del aumento de la población (de entre 600 000 o 700 000 habitantes en 1717 a 1.000 000 o 1.200 000 en 1787[1039]), del alza de los precios[1040], del incremento de la renta agraria[1041] y del auge de los beneficios comerciales e industriales[1042]. Si comparamos la recaudación catastral de 1717 con la de 1817 y tenemos en cuenta el aumento de la población catalana, observamos cómo se pasó de 30 reales de vellón per cápita a 16 reales, es decir, a casi la mitad en cien años. No es extraño, pues, que en 1787 el contador del Ejército y Provincia de Cataluña, Bernardino González, basándose en los datos de la Ciudad Condal, abogase por la imperiosa necesidad de actualizar un catastro que en su opinión estaba sumamente anticuado y desfasado respecto a la riqueza real de Cataluña, y que manifestase también que para renovarlo debía estar fuera de la jurisdicción de los catalanes[1043]. Ni tampoco que el embajador francés en España, el infatigable viajero Jean François Bourgoing, afirmase que en Cataluña no se pagaba más que la octava parte de los impuestos que debían satisfacerse en razón a las rentas agrarias[1044]. Y a esta falta de actualización debe añadirse que las ocultaciones y los fraudes, a causa de la debilidad e incluso pasividad de la administración borbónica, fueron una práctica bastante generalizada, especialmente en el ámbito de las propiedades rústicas[1045].

De hecho, la Real Hacienda confió la ampliación de la colecta fiscal en Cataluña a unos impuestos indirectos que, gracias a la bonanza económica del siglo, le permitieron no presionar en asuntos catastrales y no alterar con ello la paz social. Incluso en ciudades como Lleida, donde la contribución fue en ascenso (un 80 por ciento entre 1716 y 1800), su espectacular crecimiento demográfico ocasionó que la presión media por individuo fuera cada vez menor (5,03 libras en 1718 por 1,90 libras en 1797), recordando, eso sí, que esa media ocultaba que la fiscalidad era más leve para quienes se enriquecían y más elevada para quienes no tuvieron la fortuna de aumentar sus ingresos[1046]. Afirmación que es legítimo realizar tanto para las personas como para aquellos lugares de Cataluña en los que la economía no fue tan boyante y para los cuales la fijación de la cuantía catastral no resultó tan beneficiosa como para las zonas más pobladas del litoral catalán, territorios que siendo progresivamente más prósperos y poblados soportaron menos presión per cápita que los interiores del país. Muchos años después, las palabras de Vilar siguen teniendo vigencia: «La imposición real directa [el Catastro] se ha tornado ligera para una economía en vías de crecimiento —lo cual facilita ese crecimiento— y acentúa las diferencias entre la periferia pobre del principado y sus polos de desarrollo».

De todos modos, estudiados los ingresos fiscales del Estado en Cataluña, resta todavía por investigar con precisión el capítulo de los gastos, tanto en el sentido de su monto total como de su naturaleza y destino. En un informe contable realizado en 1729, se señala que Cataluña aportaba un total de 2.006 645 escudos de vellón (67 por ciento de los cuales correspondía al catastro), mientras que los gastos del Estado en Cataluña eran de 4.045 107, de los cuales 3.374 879 se destinaban al pago del Ejército en tierras catalanas y 670 228 a conceptos como vestuario de la tropa, asentistas (menajes, sillas, armas, hospitales), ministros de la audiencia, dotación a la ciudad de Barcelona, obras de fortificación, gastos de almacén, gastos de Marina o a la Academia de Matemáticas. Gastos que, como es fácil deducir, en su mayor parte servían para animar la economía catalana y que no incluían, como afirma el propio balance, «cantidad alguna de las obras que en virtud de órdenes de esta corte se están haciendo actualmente y se mandan ejecutar cada día». Es decir, según este informe, los impuestos pagados por los catalanes suponían la mitad de los gastos totales del Estado en Cataluña y, cuando menos en esa anualidad, es probable que casi un tercio de aquellos se reinvirtieran en el principado[1047].

Aunque todavía faltan estudios para realizar afirmaciones más concluyentes, pienso que es posible constatar dos realidades. La primera es que Cataluña pasó de una situación fiscal privilegiada dentro de la monarquía paccionada a otra más onerosa en la monarquía absoluta. Y la segunda es que el conjunto de la fiscalidad del Estado no parece que representara un obstáculo para el crecimiento de las fuerzas productivas catalanas y que, en el caso del catastro, resultó una forma de tributación que Cataluña soportó cada vez mejor y sin merma para su economía, aunque no todos los grupos sociales ni todos los territorios del país experimentaran idénticos efectos en su aplicación, lo cual explica que entre los grandes empresarios y propietarios no hubiera apenas quejas aunque sí ocultaciones y que, en cambio, entre las clases populares se dieran las mayores cuotas de impagados del catastro personal. Incómoda situación que, a su paso por Barcelona en 1758, Carlos III decidió subsanar temporalmente con un indulto fiscal general sobre una cantidad que ascendía a casi un año de la recaudación catastral de Cataluña.

Incluso no resulta exagerado afirmar que el catastro fue más bien beneficioso para el conjunto de la economía al permitir una mayor acumulación de capital gracias a la progresiva distancia entre un cupo inalterable y una riqueza ciudadana en aumento, aunque valga también la afirmación paralela de que lo fue antes para las zonas prósperas que para las menos avanzadas, para las rentas del capital que para las rentas del trabajo, para las ganancias comerciales e industriales que para la riqueza rústica e inmobiliaria. Y tampoco hay que olvidar que por vez primera la nobleza y los eclesiásticos hubieron de pagar por sus propiedades (hecho que no parece que les hiciera mucha ilusión ni que en todos los lugares pudiera hacerse con la misma intensidad), a pesar de lo cual el catastro no contribuyó a rebajar de manera significada las distancias entre las gentes más ricas y las menos pudientes. A partir de una visión secular y global, parece lícito afirmar que para la dinamización de la economía catalana el catastro no significó un elemento determinante, pero sí una buena baza para una población, que vio cómo la presión fiscal media per cápita disminuía en la medida en que la distancia entre el cupo, por un lado, y el número de habitantes y la riqueza del país, por otro, aumentaba en favor de estos dos últimos factores.

No obstante, siendo cierto que Cataluña vivió el siglo con una mejor protección de sus intereses económicos frente a los extranjeros[1048], una comunicación más intensa con el mercado interior español, un mayor y más fluido acceso al mundo colonial con mercancías propias, una notable estabilidad monetaria[1049] y con menos obstáculos aduaneros y una presión fiscal más que aceptable para no entorpecer la marcha de su economía, no es menos verdad que, en ese contexto de medidas favorables a la actividad económica española propiciadas por el reformismo borbónico, fueron los empresarios catalanes, y no en cambio los de otras regiones, quienes lograron introducir, con paulatino esfuerzo tras las duras consecuencias de la contienda sucesoria, sus productos en el resto de España y en América porque alcanzaron un alto índice de competitividad[1050]. La mayoría de las medidas reformistas de fomento de la economía no fueron impulsadas en exclusiva para Cataluña, sino pensadas para dinamizar el conjunto español, pero su promulgación sí tuvo en cuenta a menudo los intereses catalanes y, en todo caso, beneficiaron objetivamente a la expansión de su industria y su comercio por tres razones básicas.

Primero: porque su sector industrial estaba en mejores condiciones que en otras regiones españolas para aprovechar plenamente las disposiciones gubernamentales, es decir, más habilidad y mayor nivel tecnológico, fuerza de trabajo numerosa y relativamente bien preparada, acceso barato a las materias primas y más mentalidad empresarial. Segundo: porque Cataluña tenía una mayor concentración de fábricas que la convertía de hecho en un distrito protoindustrial potencialmente apto para un despegue sostenido de su economía. Y tercero: porque se fue fraguando un tipo de comunidad comercial cada vez más poderosa, capaz de institucionalizarse para poder defender sus intereses ante el resto de clases sociales catalanas y ante las autoridades borbónicas y de adquirir de este modo una mayor capacidad transformadora de la economía del principado.

Pero que Cataluña estuviera especialmente preparada y dotada de una actitud emprendedora no desdice el hecho de que la política borbónica de concentrarse en España y en su mercado colonial americano le beneficiara objetivamente ni que las diversas medidas de fomento económico dispuestas por el reformismo tuvieran repercusiones positivas para la economía catalana. Si bien ello no aconteció en el caso de la agricultura, donde las disposiciones reformistas apenas tuvieron incidencia en un campo catalán que había ya tomado el camino de su innovadora expansión a través de la propia iniciativa privada[1051], en cambio la idea precedente resulta defendible al menos en referencia a algunas ramas industriales y en el ámbito del comercio colonial. En el caso de la industria catalana es bien sabido que experimentó un importante auge durante el siglo[1052]. Y también es de sobra conocido que los gobiernos reformistas, inspirados en el ideal mercantilista de alcanzar una balanza comercial favorable (ideario compartido por una gran mayoría de pensadores y políticos europeos), realizaron, con resultados a veces ciertamente poco relevantes, esfuerzos legislativos y presupuestarios para conseguir que la industria española pudiese competir con la extranjera en el propio mercado peninsular y en el colonial[1053]. Desde esta perspectiva, puede entenderse el punto de encuentro que hubo entre la política económica de los gobiernos reformistas y el capital comercial e industrial catalán, interesado en poder desarrollar sus capacidades inversoras en el marco de una creciente expansión de la demanda (regional, peninsular y colonial) y en el seno de una sociedad acostumbrada a la actividad manufacturera.

Este encuentro colaborador no parece que tuviera un lugar privilegiado en el mundo de la pañería, aunque no debemos menospreciar los efectos positivos que tuvieron la redefinición del impuesto de la bolla, las medidas arancelarias proteccionistas de 1780 y 1789, la decisión de otorgar la libertad de fabricación decretada en 1786 y la concesión a empresarios catalanes de algunos privilegios y títulos de fábricas reales que fueron haciéndose cada vez más generales[1054]. En cambio, sí que fue una temprana realidad en lo referente a la industria algodonera, aquella que durante la centuria tendría un desarrollo más espectacular y cualitativamente más modernizador respecto al resto de las industrias textiles[1055]. En efecto, desde los tiempos de Felipe V empezaron a promulgarse medidas encaminadas a fomentar la protección de la manufactura algodonera en España[1056]. A los tres años de acabada la contienda sucesoria, en 1717, las autoridades borbónicas decretaron las primeras medidas prohibicionistas frente a la importación de tejidos orientales, unas disposiciones que ya en algunos países de Europa se practicaban desde la década de los años ochenta del siglo anterior. No parece, sin embargo, que estas primeras disposiciones tuvieran brillantes resultados en Cataluña, pues la situación económica era todavía precaria en aquellos tiempos de posguerra y el contrabando pirenaico y marítimo siguió haciendo estragos al respecto. Quizá por ello, diez años después, en 1728, hubo que renovar dichas medidas extendiéndolas en esta ocasión a cualesquiera tejidos de algodón o lienzos pintados que vinieran de Asia o de Europa[1057]. Aunque no de forma inmediata, este tipo de actuaciones prohibicionistas acabaron teniendo eco en Barcelona, pues existía una pujante demanda de indianas en el propio mercado catalán y su puerto era la principal entrada de aquellas telas, en su mayoría reexportaciones del norte de Europa venidas en calidad de retorno de las exportaciones catalanas de aguardiente[1058].

A estas pioneras iniciativas de los gobiernos de principios del siglo vinieron a sumarse durante el resto de la centuria una serie de medidas de parecidas características[1059]. Si bien es verdad que a veces se mostraron parciales y vacilantes, pues hubo momentos en que desde la corte se pensaba que solo beneficiaban a los industriales y comerciantes catalanes y no a los consumidores (mejores precios) ni al erario público (más ingresos), promocionando por tanto actitudes más librecambistas como las de 1742-43 o bien las que inspiraron a Carlos III en 1760 (y que por presión principalmente de los industriales catalanes fueron abandonadas en 1768 y 1770), lo cierto es que contempladas de manera secular pienso que las medidas proteccionistas y estimuladoras fueron objetivamente benéficas para el nacimiento, consolidación y desarrollo de una industria algodonera catalana que vino a situarse entre las más importantes de Europa[1060]. Y comparadas con lo realizado al respecto por otros gobiernos europeos, no parece tampoco que tales medidas de amparo y protección fueran de menor calado respecto a las adoptadas en los países industrialmente más atrasados, siendo incluso de mayor intensidad respecto a potencias manufactureras como Inglaterra y Francia, de las que precisamente quería defenderse la industria española[1061].

Además de las disposiciones prohibicionistas, bastantes comerciantes pioneros en esta industria recibieron, por parte del Estado, una serie de franquicias que no resultaron de menor importancia para tomar la decisión de instalar una fábrica de indianas. Los primeros hombres de negocios que fomentaron la indianería no agremiada estuvieron agradecidos al hecho de que la Junta General de Comercio les otorgara privilegios fiscales, jurídicos o comerciales para ellos, para sus trabajadores y para sus materias primas. Con los mismos conseguían abaratar el coste de producción, atraer la mano de obra a sus empresas, disfrutar de la jurisdicción comercial para los pleitos, agrandar el área de circulación de los productos fabricados y tener la posibilidad de introducir de forma más económica las materias primas necesarias, particularmente el propio algodón. Y también recibieron con gusto el reconocimiento social de que sus instalaciones fueran consideradas Fábricas Reales, lo que venía a ser un refrendo público de la calidad de sus productos y por lo tanto una mayor posibilidad de ventas y beneficios. Privilegios todos ellos que representaban una indudable ventaja frente al mundo gremial y que, por cierto, los gobiernos solían otorgar a cambio de que los fabricantes se comprometiesen a mejorar los tintes, aumentar la producción y mantener la fábrica abierta[1062].

Tampoco cabe olvidar que la parcial eliminación de aduanas favoreció el acceso de estas mercancías al mercado interior español ni que las diferentes medidas liberalizadoras del comercio con América ayudaron a que la industria algodonera aumentara sustancialmente su presencia en los mercados del otro lado del Atlántico, fomentando con ello su expansión[1063]. En este sentido, el Decreto de Libre Comercio de 1778 supuso un importante estímulo para la manufactura de indianas y telas pintadas al consolidar una práctica que ya había comenzado unos años antes, como era la del intercambio de aguardientes catalanes por lienzos de lino en crudo procedentes de países de Europa central y nórdica que se pintaban en Barcelona con destino al comercio colonial, uniéndose de este modo a las telas de algodón que continuaron tejiéndose y estampándose en la capital catalana para el propio mercado americano y, sobre todo, para el consumo peninsular, ámbito que fue adquiriendo una importancia creciente para estas indianas fabricadas íntegramente en Cataluña. En este contexto, el arancel de 1782, que tenía como objetivo principal impulsar la producción de fibra de algodón en América, resultó positivo para la manufactura algodonera catalana porque incrementó sustancialmente la oferta de materia prima procedente de las colonias en el mercado barcelonés[1064]. Los decretos de Libre Comercio y las medidas arancelarias no parecen, pues, que paralizasen el avance de la manufactura de indianas, ni mucho menos que quisieran intencionalmente acabar con ellas en beneficio de las industrias más tradicionales por miedo a sus posibles consecuencias revolucionarias frente al orden social estamental, como afirma Delgado[1065]. Más bien, como afirma Alex Sánchez puede decirse que vinieron a contribuir a que la indianería catalana se hiciera más versátil en sus comportamientos productivos y mercantiles, pues supo acudir a distintos mercados (americano o español) con productos diversos (tejidos de algodón o de lino, fabricados o simplemente estampados) y amoldarse en cada caso a las coyunturas políticas (conflictos bélicos con Inglaterra), económicas (estado de provisión de los mercados) y de suministro de materias primas (algodón) que se iban sucediendo[1066].

Lo cierto es que, en cualquier caso, el número de fabricantes de indianas y el volumen de capital invertido en ellas no paró de aumentar en el último cuarto del siglo, siendo el período 1770-1797 el de mayor crecimiento, precisamente durante las dos décadas de funcionamiento más normalizado del nuevo sistema colonial[1067]. Es más, la estampación y el comercio de lienzos pintados propiciaron a su vez la llegada del algodón en rama americano y el desarrollo de la hilatura en el mundo rural catalán y más tarde su mecanización, primero humana y después mecánica, favoreciendo así el principio de su modernización[1068]. Una progresiva modernización que ayudaría a dar forma definitiva a la industria fabril moderna gracias a la concentración técnica de las funciones productivas en una misma empresa (hilado, tejido y estampado), a la cada vez mayor separación del capital y el trabajo y a unos cambios que fueron dando paso a su decisiva mecanización en aras a conseguir una producción más amplia, más barata y de mayor calidad que le proporcionara mercados y beneficios. De todos modos, que la reserva del mercado americano era ciertamente importante para los fabricantes y comerciantes catalanes quedó bien patente en 1802, cuando al tiempo que le regalaban a Carlos IV una espléndida carroza para pasear por Barcelona, le solicitaban la destrucción de algunas fábricas de estampados que se habían establecido en América bajo el argumento central de que iba en ello el supremo interés de la metrópoli, que incluía, por supuesto, el supremo interés del capital industrial y mercantil catalán[1069].

En resumen, entre la iniciativa privada y la legislación pública hubo, en el caso de la manufactura algodonera catalana, una densa y dilatada relación que puede seguirse a través de las peticiones que se hicieron desde los organismos empresariales catalanes (Junta Particular de Comercio, Compañía de Hilados, Comisión de Fábricas)[1070] y mediante las concesiones o denegaciones que los diversos gobiernos realizaron de las mismas. No siempre las solicitudes fueron atendidas, pues las inmediatas necesidades hacendísticas del Estado, la defensa de los consumidores o los intereses en política internacional (sobre todo los referidos a las Indias) hicieron vacilar a veces a los gobiernos sobre la conveniencia de prohibir la entrada de unos tejidos extranjeros que dejaban buenos dividendos en las aduanas y a veces abarataban los precios de los productos. Pero en una visión de conjunto, es posible afirmar que las medidas legislativas adoptadas por el absolutismo reformista, buena parte de ellas producto de la presión de los empresarios catalanes, acabaron beneficiando globalmente a su industria algodonera.

Pienso que dichas disposiciones gubernamentales resultaron un marco favorable (e incluso quizá necesario en un primer momento) para que algunos comerciantes catalanes se aventurasen con las indianas y que fueron asimismo significativas para ayudar a su expansión y consolidación. En dinámicos hombres de negocios como Bernat Glòria, las medidas prohibicionistas y la posibilidad de alcanzar diversas franquicias como fábrica real, a buen seguro que actuaron en favor de invertir capitales en un sector económico distinto al mercantil en el marco de una coyuntura cada vez más expansiva. Que a los comerciantes y fabricantes les parecía muy pertinente y necesario el prohibicionismo lo dejó espléndidamente expuesto, en oportuna réplica a las posiciones contrarias de Francisco Cabarrús, el comerciante y tratadista económico catalán Jaume Amat en sus Observaciones de un comerciante cuando, en 1789, afirmaba que «en el estado actual de las cosas es imposible que subsistan nuestras fábricas de muselinas, siendo de libre competencia de las extranjeras […] nadie ignora que en Inglaterra por un constante sistema se prohíbe todo lo que de cerca o de lejos puede perjudicar a su industria»[1071].

Sin embargo, por mucha legislación proteccionista que el gobierno impulsara, es evidente que las intenciones de la administración borbónica hubieran quedado en mero papel oficial de no mediar, en el caso catalán, la actuación de una emprendedora comunidad comercial e industrial que, disponiendo de capitales y siendo buena conocedora de la empresa textil, supo aprovechar una adecuada estructura industrial previa (que disponía de una mano de obra cualificada) y decidió invertir en la indianería para satisfacer la creciente demanda interna de estos productos propiciada tanto por el aumento de la población como por su mayor capacidad de consumo y su progresiva aceptación de la moda del algodón. Una comunidad comercial e industrial que supo además garantizar la salida mercantil de las indianas hacia diversas geografías y darle un importante primer impulso que acabaría en un proceso industrializador único en la España setecentista.

Desde la óptica mercantilista dominante en la época, las medidas gubernamentales fueron emitidas para el conjunto de España al objeto de fomentar la manufactura algodonera, pero solo acabaron teniendo efectos positivos y duraderos en Cataluña. De hecho, los intentos de desarrollar la manufactura algodonera en Andalucía o en Valencia fracasaron[1072]. Incluso la Real Fábrica de Algodón de Ávila, con una tecnología muy avanzada, tampoco tuvo el contexto empresarial y económico favorable para perdurar[1073]. Como afirmó en su día Vilar: las disposiciones de los gobiernos fueron una condición necesaria pero no suficiente para el nacimiento de la industria algodonera catalana[1074].

A mi criterio, esto significa que debemos dar al dominio público y al privado su correspondiente cuota de protagonismo sin mitificar a ninguno de los dos. En el caso de lo público, cabe destacar a unos gobiernos interesados en acabar con la competencia extranjera en la manufactura mediante la prohibición arancelaria y las ayudas individualizadas a los empresarios autóctonos, ayudas que por cierto la Junta Particular de Comercio siempre se apresuró a solicitar que se adoptaran para todo el colectivo industrial y comercial. Unos gobiernos que debían velar también por los intereses de los consumidores y por que las arcas públicas estuvieran lo más llenas posible, pero cuyo afán mercantilista les llevó a proteger en mayor medida que en tiempos anteriores a los empresarios industriales en la creencia de que así beneficiarían más a los propios consumidores (que terminarían disfrutando de telas igual de buenas y baratas pero nacionales) y que también conseguirían de esta manera equilibrar la balanza comercial con los extranjeros frenando el drenaje permanente de la riqueza nacional.

Y, en el caso de lo privado, es de justicia destacar a una dinámica comunidad comercial e industrial catalana que, amparada en una importante tradición textil y cada vez con mayor disponibilidad de capitales, estuvo dispuesta a invertir con perseverancia en una industria nueva que no estaba agremiada, que disponía de conocimientos técnicos suficientes y de mano de obra preparada, que contaba con una creciente demanda en los diversos mercados y que se encontraba amparada por el Estado. En unas condiciones económicas cada vez más expansivas, y con un marco político y social estable, los comerciantes se decidieron a invertir en una ramo textil que bajo los principios de la manufactura concentrada supo innovarse tecnológicamente y acabar constituyendo a su alrededor un nutrido grupo de empresarios industriales que vino a sustituir finalmente a los pioneros comerciantes.

No cabe, pues, mitificar a ninguno de los protagonistas: Estado e iniciativa privada contribuyeron a que en la tercera parte de la centuria el algodón fuera una de las manufacturas punteras en Cataluña y la que ofrecía mayores novedades organizativas y tecnológicas. Sin la iniciativa de los empresarios nada hubiera sido posible. Esa era la condición necesaria. Pero al contrario de lo ocurrido en otros lugares europeos, la política generalmente prohibicionista que los gobiernos reformistas aceptaron aplicar ante la insistente petición de los empresarios catalanes fue también importante para que comerciantes e industriales pudieran iniciar y sostener la manufactura de indianas. No fue una concesión fácil de conseguir, pues en buena medida hubo que arrancársela en diversas ocasiones a las autoridades ministeriales. Incluso hubo períodos, como a principios del reinado de Carlos III, que se apostó brevemente por lo contrario. Pero en general, el proteccionismo industrial que beneficiaba objetivamente a los empresarios catalanes estuvo eficazmente presente para defender sus intereses. Y, como bien sabemos, esa postura acabó cuajando de lleno en una sostenida cultura proteccionista en el seno del empresariado catalán y, a su través, en la mayoría de las clases productivas del principado y también de sus políticos. Cuajando hasta convertirse en santo y seña de la identidad de gran parte del pensamiento económico catalán. Salvo excepciones librecambistas como las de Laureà Figuerola, desde finales del XVIII y durante la mayor parte del XIX, las peticiones proteccionistas para la industrialización catalana fueron mantenidas por autores como Buenaventura Gassó, Eudal Jaumeandreu y Guillem Oliver, los tres vinculados por cierto a la Junta Particular de Comercio de Barcelona, o Joan Güel y Pere Bosch, entre otros[1075]. Y no menos insistieron en ellas personajes como Víctor Balaguer o políticos como Prat de la Riba y Francesc Cambó al frente de la Lliga Regionalista[1076].

El Estado borbónico no creó la industria algodonera catalana, pero estuvo presente en su necesaria protección para que pudiera nacer, crecer y desarrollarse hasta convertir a Cataluña en la «fábrica de España». Con un mercado interior más articulado y penetrable, con una presión fiscal asumible, con una demanda creciente, con medidas prohibicionistas frente a las telas foráneas, con franquicias individualizadas para los pioneros, con la progresiva liberación de un mercado colonial militarmente protegido (dentro de lo posible en la época) y con una situación interior de paz social y política relevante y perdurable, numerosos hombres de negocios y fabricantes catalanes se atrevieron a crear y sostener la primero incipiente y después triunfante manufactura de indianas.

También la industria papelera experimentó a lo largo de la centuria un importante crecimiento amparada en la protección estatal[1077]. Aquí la actuación de los gobiernos se centró en un triple frente. Primero: una decidida política de sustitución de importaciones con medidas arancelarias para proteger el papel español, incrementar la importación de trapos y dificultar su extracción. Segundo: hasta la década de los ochenta se practicó la concesión de numerosas exenciones y franquicias para favorecer la implantación de nuevos molinos papeleros. Y tercero: ante la importancia estratégica y fiscal de dicha industria, se mejoró la articulación de la demanda pública, que tenía sus principales bastiones en la propia Administración, en el real sello (papel sellado para la Real Hacienda) y en el papel de fumar para el mercado colonial. Todo sumado, parece que al menos entre un 40 y un 50 por ciento del total de la producción catalana se destinaba a la demanda pública. En el caso del mercado colonial, hay que decir que para el papel catalán su aumento fue espectacular a partir de la década de los años setenta, y que en ello tuvieron también responsabilidades las medidas liberalizadoras del mercado americano y el estanco del tabaco en Nueva España[1078]. Cataluña y también, en este caso, Valencia disponían por su parte de las condiciones idóneas para que estas políticas estatales de fomento y protección tuvieran el éxito pertinente: recursos naturales adecuados (agua), materia prima suficiente (trapos) y una mano de obra cualificada. Así, no es de extrañar que una serie de empresas familiares como los Romaní o los Guarro tomaran la decisión de aventurarse en esta manufactura desde los años treinta en poblaciones como Capellades, San Pere de Riudebitlles o la Pobla de Claramunt. De este modo, en el caso de la industria papelera catalana (que representaba la mitad de la española), bien puede afirmarse que la iniciativa estatal y la privada supieron ir de la mano. Y mediante la decidida protección y la sostenida demanda de la primera y la sólida actuación empresarial de la segunda, se supo levantar una industria tradicional de raíces centenarias. Como diría en 1817 la Junta Particular de Comercio de Barcelona:

La Cataluña y toda la España apenas conocían las tinas o fábricas de papel; pero luego con el sabio decreto de Don Carlos III de inmortal memorial se impuso el subido derecho de 17 rs vn a cada resma de papel extranjero, concediendo al mismo tiempo varias gracias y franquicias a las Fábricas nacionales, tomaron estas tal fomento[1079].

Sobre la actividad mercantil se ha discutido acerca del significado y del alcance que para la economía catalana tuvieron las sucesivas medidas liberalizadoras del comercio colonial adoptadas por los gobiernos del absolutismo reformista[1080]. Sin duda, la mayoría de la sociedad catalana fue acogiendo con satisfacción y buen provecho las disposiciones sobre el tráfico indiano que trataban de facilitar la expansión del comercio español, el crecimiento de la industria autóctona y, con ellos, el incremento de los recursos fiscales que ambos devengaban, en especial la actividad mercantil. En este sentido, siguiendo las aspiraciones expresadas por Feliu de la Penya y por las Cortes del principado en 1701-02 y en 1705-06, solo se oyeron voces catalanas favorables a que algunos puertos españoles, entre ellos Barcelona, pudieran comerciar directamente con América, al objeto de contribuir a recuperar el dominio colonial a través de un comercio protegido y un mercado reservado a las necesidades de la metrópoli.

Cuando se publicó el Decreto de Libre Comercio en 1778, los catalanes ya tenían una larga tradición en el tráfico mercantil indiano[1081], incrementada a partir de la constitución en 1755 de la Compañía de Barcelona[1082] y de los buenos aprovechamientos conseguidos con el primer decreto liberalizador de 1765, oportunidad que no cambió la esencia de las relaciones entre la metrópoli y las colonias pero que representó un avance cuantitativo para la marina y el comercio catalán con América[1083]. En este largo proceso, 1778 también significó el arranque de un evidente y sostenido aumento de la exportación catalana hacia las Indias. El puerto de Barcelona tuvo en este sentido un comportamiento significativo tanto en número de barcos con destino a la Carrera de Indias (si entre 1740 y 1777 habían salido 132 buques incluyendo los 29 de la Compañía de Barcelona, entre 1778 y 1787 lo hicieron 278)[1084] como en el montante del valor de las mercancías embarcadas hacia las colonias (6 millones de reales en 1778, 10 en 1783 y 52 millones en 1792[1085]). Cifras estas últimas que deberían incrementarse al sumar las mercancías catalanas salidas por otros puertos como Tortosa, Málaga, La Coruña o Cádiz[1086]. Una exportación que, a diferencia de la capital gaditana, se hacía sobre todo con unos productos nacionales que, en progresión, llegaron a representar el 97 por ciento del total en 1794. Un incremento solo interrumpido por las crisis bélicas finiseculares, que desmontaron el edificio de la política mercantil borbónica hasta entonces construido[1087], aunque el mercado colonial continuó jugando un significado papel de balón de oxígeno para la balanza comercial catalana hasta bien entrado el siglo XIX[1088].

Así pues, la progresiva apertura del comercio directo de Cataluña con América benefició al conjunto de la economía catalana al menos en tres frentes. Primero: incrementó la exportación de sus productos agrarios (sobre todo aguardientes, que llegaron a ser las cinco sextas partes de los mismos)[1089] e industriales (que estuvieron cada vez más presentes hasta llegar a representar el 64 por ciento en 1789), dinamizando de este modo la agricultura, la construcción naval, las actividades aseguradoras y la industria catalana[1090]. Segundo: proporcionó una balanza comercial favorable gracias a las remesas de plata americana. Al menos eso viene a indicar, por ejemplo, el Correo Mercantil para 1793: 20 millones de reales de vellón de saldo positivo para la economía catalana[1091]. Y tercero: posibilitó una mayor acumulación de capitales en manos de unas clases agrarias, comerciales e industriales que supieron dar posterior salida productiva a los mismos. En el caso de la industria naval, es preciso recordar que la expansión propiciada por el libre comercio coincidió con un considerable aumento del número de barcos catalanes, en buena parte gracias a que el gobierno traspasó el monopolio del transporte indiano a barcos de propiedad española frente a los extranjeros, circunstancia que el capital comercial catalán aprovechó de manera decisiva para seguir impulsando la marina del principado hasta la llegada de las dificultades bélicas de fines de siglo[1092].

De cualquier modo, las cifras indican que la relación entre productos catalanes y reexportados fue siempre tan abrumadoramente favorable a los primeros que no resulta atrevido defender que los decretos sirvieron en efecto para estimular la producción agraria y manufacturera catalana, incluida la algodonera. Estímulo que reconocieron, reiteradamente, las principales firmas comerciales y los más poderosos empresarios industriales catalanes, que no se cansaron de pedir al Estado que protegiera el monopolio indiano con todas sus fuerzas para que las mercancías nacionales (es decir, también catalanas) pudieran surcar el Atlántico con todavía mayor presencia. Testimonios multiplicados de ello pueden hallarse en las actas y en la correspondencia de la Junta Particular de Comercio o en las reuniones del Cuerpo de Fábricas. Y, a principios del siglo siguiente, testimonio de ello ofreció, asimismo, Bonaventura Gassó al valorar muy positivamente los efectos económicos que los decretos de Libre Comercio (y también las medidas prohibicionistas sobre las manufacturas extranjeras) habían tenido para la industria y el comercio catalanes, afirmando sobre el impulsor de los mismos, José de Gálvez, que «era el hombre de Estado más sólido y fomentador, y por consiguiente más útil, de cuantos desde mucho tiempo han ocupado su ministerio»[1093].

En resumidas cuentas, las decisiones adoptadas por los gobiernos borbónicos a lo largo del siglo respecto a la progresiva puesta en cuestión del monopolio gaditano y la paulatina liberalización del comercio americano a favor de diversos puertos peninsulares, fueron un elemento estimulador para el conjunto de la economía catalana y uno de los factores que ayudaron a incrementar sus fuerzas productivas y a incentivar cambios hacia una economía más próspera. Con estas medidas es evidente que los gobiernos del absolutismo reformista pretendieron aumentar el comercio y a su través los recursos fiscales que se necesitaban, precisamente, para seguir conservando las colonias americanas, pero también consiguieron ayudar a dinamizar algunas economías peninsulares. Y especialmente estimulantes fueron los efectos en aquellas regiones que habían ido mostrando una fuerte actividad económica previa. Con bastante distancia, Cataluña fue la más adelantada en aprovechar y beneficiarse de las medidas de 1765 y de 1778. Lo que no impide que recordemos que el comercio colonial de Barcelona continuó siendo de segundo orden frente al de Cádiz. En 1792, máximo año exportador del puerto barcelonés a América tras el Decreto de Libre Comercio, este representaba el 12,6 por ciento de las exportaciones totales frente al 71 por ciento de Cádiz y el 6,7 por ciento de las importaciones ante el 80,8 por ciento de la ciudad gaditana, si bien sus exportaciones lo fueron de productos básicamente nacionales frente al comercio de reexportación de productos extranjeros asentado en Cádiz.

Aquí encontramos, nuevamente, una dialéctica originada por la capacidad de iniciativa de las clases económicamente activas de Cataluña pero seguida por unos gobiernos borbónicos que, por sus propias ideas para revitalizar la economía española y sus propias necesidades fiscales para conservar América, acabaron aprobando una serie de disposiciones legislativas, derivadas básicamente de la teoría mercantilista, que ayudaron a estimular la preexistente actuación dinámica de la economía catalana, que de este modo se vio avivada y reforzada. Y, con matices, las ideas centradas en estimular el comercio y la industria propia y conservar el legado americano fueron genéricamente compartidas por las autoridades del absolutismo borbónico y por lo principal de las fuerzas económicas catalanas. Hubo disensiones coyunturales y matices «técnicos», pero en lo sustancial, quienes tenían en Cataluña la capacidad de tomar decisiones inversoras y quienes en Madrid disponían de la capacidad de adoptar determinaciones políticas mantuvieron un diálogo bastante fluido y las más de las veces con resultados positivos para el interés general de la economía catalana. Vilar recordó que en ese diálogo con la Administración central, «Barcelona suggereix, imposa les seves solucions. És a la base, en la pràctica, i no en una ideología estrangera, que el “despotismo il·lustrat ha format les seves opinions”»[1094].

Es evidente que las diferentes políticas de fomento económico puestas en marcha por el Estado son insuficientes para explicar el crecimiento industrial y comercial catalán que, entre otras cosas, tenía además una importante conexión con la expansión poblacional y agraria interna, pero sí que resultan un factor a tener necesariamente en cuenta, y en términos positivos, al hablar de la bonanza económica setecentista en el principado. Las diversas medidas de protección industrial y de libre comercio articuladas por los gobiernos abrieron oportunidades mercantiles e industriales al actuar favoreciendo una mayor reserva del mercado interior español y colonial frente a los productos extranjeros. Sin embargo, fue Cataluña la que por su propia idiosincrasia económica y social, y sin verse perjudicada por la nueva estructura política absolutista, mejor supo aprovecharse de las nuevas oportunidades. Y creo que el absolutismo borbónico no se sintió incómodo con la prosperidad de la «pequeña Inglaterra», sino que más bien algunos de sus gobernantes vieron en ella un ejemplo a seguir por parte de otras regiones españolas.

Es verdad: sin el esfuerzo de los catalanes todo hubiera quedado en nada. Pero para que ese esfuerzo se viera amparado y estimulado resultó favorable la política fiscal, industrial y comercial de los gobiernos borbónicos reformistas. Una política que contribuyó a que la dinámica e innovadora Cataluña fuera, a finales del siglo, no una Holanda que estaba en momentos bajos a causa de su modelo casi exclusivamente mercantil, sino una pequeña Inglaterra, es decir, un país caracterizado por una impronta no solo comercial sino también industrial. Una política que, en general, como ya insinuamos en otro pasaje, es bastante posible que no hubiera visto con desagrado el propio Narcís Feliu de la Penya, empeñado como estaba en propiciar una regeneración económica de corte mercantilista para Cataluña y el resto de España, dentro, por supuesto, de una monarquía respetuosa con las Constituciones particulares. O sea que, con regímenes políticos distintos pero respaldando medidas económicas de similar naturaleza (aunque desde luego no idénticas), los hombres de negocios de antes y de después de la contienda sucesoria pretendieron alcanzar la recuperación de las economías catalana y española para conseguir la regeneración de Cataluña y de la Monarquía, realidades políticas ambas que los comerciantes apiñados alrededor de Feliu y los nucleados décadas después en torno a la Junta Particular de Comercio consideraban una dentro de la otra. Sabemos lo que consiguieron estos últimos, pero la derrota militar del austracismo solo permite conjeturas sobre lo que hubieran alcanzado (o no) los primeros. Opino, sin embargo, que, en líneas generales, es muy probable que hubieran estado al lado de sus colegas de clase en las peticiones realizadas, en la celebración de los logros obtenidos y en la valoración genéricamente positiva de la política económica del reformismo borbónico. Pero desde luego, nunca lo sabremos a ciencia cierta.

De hecho, la nueva burguesía comercial e industrial que germinó en Cataluña a lo largo del siglo no pareció mostrar añoranza por el proyecto económico austracista, que deseaba vincular la economía catalana a los intereses ingleses y holandeses. Y en esta ausencia de nostalgia debió de ser importante el hecho de que los gobiernos ofrecieran una política económica que cuadraba con sus necesidades mercantiles e industriales sin menoscabar por ello las conveniencias esenciales de los hacendados, los payeses o los menestrales. Ni tampoco parece que notaran a faltar las propuestas mercantilistas ortodoxas de matriz colbertista de Amor de Soria. Con sus claroscuros, el reformismo económico supo dialogar con la expansión económica catalana y con la creatividad de sus clases productivas y empresariales, y se dispuso a proteger sus haciendas ante los extranjeros, fueran estos ingleses o franceses. Desde los años veinte del Setecientos, la adinerada familia mercantil de los Durán, que en tiempos de la contienda sucesoria mostró abiertamente su austracismo, no tuvo problema alguno en entenderse con la administración borbónica para construir una efímera junta de comercio, ni tuvo traba alguna para ascender en el escalafón social y llegar a sentarse en los sillones del nobiliario Ayuntamiento de Barcelona[1095]. Ni tampoco los Canals, los Glòria o los Guàrdia tuvieron problemas con las medidas adoptadas para las indianas, ni los Guarro o los Romaní para la industria papelera o los Torelló en referencia a la pañería. Ni parece que comerciantes, industriales o menestrales pusieran reparos de consideración a las diversas medidas liberalizadoras del comercio colonial emprendidas desde los tiempos de Felipe V, muy al contrario, por cierto, de lo que pensaban los comerciantes gaditanos al respecto[1096].

En conclusión, diversas actuaciones económicas reformistas propiciadas por diferentes gobiernos borbónicos representaron un apoyo (y a veces un estímulo) para el crecimiento económico catalán y, en bastantes aspectos, autoridades y empresarios pudieron colaborar con reconocida eficacia. Y lo hicieron gracias a una entente política por la cual se autorizó desde el Estado la creación de algunas entidades empresariales que posibilitaron tener siempre abierto, desde mediados del siglo, un cauce de diálogo entre las necesidades de los hombres de negocios y de empresa catalanes y los gobiernos reformistas. Un diálogo al que a veces se sumaron las propias instituciones del Estado en Cataluña como la Intendencia y la Audiencia o los capitanes generales. Un diálogo que no era de igual a igual, que no fue fácil ni siempre fluido, pero que permitía al menos a las fuerzas económicas catalanas tener una voz propia en la Corte y que fuera escuchada con cierta frecuencia. Era, en alguna medida, una forma de integración de Cataluña en la Monarquía practicada por las fuerzas económicas catalanas y bien vista por unos gobiernos que no deseaban otra cosa. A mi modo de ver, afirmar que el absolutismo fue limitador del crecimiento económico catalán es una opinión política expresada por la necesidad de alimentar una visión narcisista de la historia de Cataluña, antes que una interpretación científica propia de la historiografía.

El crecimiento económico, social y cultural del principado durante el siglo XVIII es mi opinión que se hizo por la conjunción de una sociedad dinámica, que quiso dejar atrás la guerra sucesoria como un acontecimiento a no imitar, con un Estado autoritario pero reformista que veía con buenos ojos muchas de las propuestas que salían de un cuerpo social en ebullición que decidió que su siglo fuera una centuria dedicada al crecimiento y desarrollo económico, social y cultural de Cataluña. En definitiva, al dinamismo social catalán se vino a sumar el reformismo borbónico. A veces este último lo hizo de forma deliberada, otras en la medida en que sus políticas acababan beneficiando objetivamente a la economía catalana. Ni el primero tuvo a la contra al segundo, ni el segundo fue quien provocó la existencia del primero. Si nos movemos en el siempre resbaladizo terreno de la «voluntad política», creo que puede afirmarse que, en términos generales, los gobiernos borbónicos, empeñados en políticas reformistas y en la creación de un Estado más fuerte con un mercado nacional más denso y mejor defendido (incluido el colonial), adoptaron unas políticas económicas que tuvieron en cuenta los intereses de la burguesía emprendedora catalana y las peticiones que realizaba para el desarrollo de la economía del principado, interpretado esto último, eso sí, a partir de sus propios posicionamientos de clase.

Capítulo 9
UN DECÁLOGO DE REFLEXIONES

La historia es por tanto siempre historia razonada. Sus hitos vienen determinados por la progresiva aproximación a la realidad, por la progresiva determinación de los nexos entre causas y efectos analizados a la luz de la razón. De ahí la identificación de la relevancia de determinados autores en la marcha hacia ese conocimiento[1097].

A lo largo de las páginas anteriores, ha sido mi propósito tener presentes estas palabras de Martínez Shaw. Por eso, he tratado de realizar un estudio respetuoso de las aportaciones de los principales historiadores catalanes sobre el Setecientos catalán y sus relaciones con el absolutismo borbónico, con el ánimo de no incurrir en el lacerante perjuicio que el anacronismo ocasiona a la hora de escribir la historia de la historiografía. Desde Capmany hasta nuestros días, he deseado contextualizar siempre a los autores en su tiempo historiográfico y comprenderlos en las coordenadas de su época. Tanto a quienes han efectuado sus trabajos en un período histórico en el que la historiografía no estaba aún consolidada como disciplina universitaria, como a quienes desarrollan en la actualidad una profesión plenamente homologada en el ámbito de las ciencias sociales, me he propuesto entenderlos a partir de recordar que estaban en tiempos de Absolutismo o Liberalismo, Renaixença o Noucentisme, República, Dictadura o Democracia, y también en tiempos distintos en la lenta y nada fácil creación de la ciencia histórica.

He procurado, por tanto, que no hubiera en mi discurso descalificaciones respecto a personajes que han realizado su tarea por amor a su patria (catalana y/o española), con un gran compromiso cívico por mejorar la vida social, con un esfuerzo erudito casi siempre encomiable y con los instrumentos heurísticos que les ofrecía la vida intelectual de su época. Estudiosos, además, que en la mayor parte de los casos eran intelectuales comprometidos que deseaban contribuir a dar una visión histórica de sus presentes para mejorarlos y que con su trabajo han ido otorgando relevancia social a la historia ante la ciudadanía. Pero eso sí, bien entendido también que para poder avanzar hacia la verdad histórica a través de una historiografía científica, sostengo la opinión de que sus obras deben someterse obligatoriamente a la razón crítica, que en el caso de los historiadores se expresa en un examen de las exigencias epistemológicas y metodológicas que debe cumplir el conocimiento histórico para ser validado como científico (en el sentido actual del término) y, por tanto, contener así la mayor cantidad de veracidad histórica posible. El necesario respeto por las anteriores generaciones de historiadores no significa veneración acrítica sobre su obra por parte de los actuales profesionales ni tampoco que valoremos en positivo su obra porque coincide mejor con nuestras preferencias ideológicas. La obligada revisión de los resultados que lleva aparejada el racionalismo crítico, debemos aplicarla también los historiadores a las formas y maneras en que ejercemos nuestro oficio. A lo largo de esa indagación ha sido muy habitual comprobar una constante realidad: que entre los buenos deseos de alcanzar la neutralidad y la objetividad por un lado y las prácticas historiográficas concretas por otro, se ha establecido con frecuencia una nociva distancia a causa de la permanente influencia de las ideologías, con especial protagonismo de aquellas que tienen relación con las cuestiones nacionales y secundariamente con las de clase.

Por eso, realizada esta breve excursión descriptivo-analítica por la historiografía catalana sobre el Setecientos, que espero y deseo haya resultado soportable para los lectores, y detectados algunos impedimentos para alcanzar un más completo y veraz conocimiento de dicha centuria, me parece preceptivo manifestar, para finalizar el presente estudio, algunas consideraciones encaminadas a reflexionar acerca de ciertos inconvenientes sobre los cuales, a mi juicio, los historiadores del principado deberíamos volver a meditar para mejorar con ello nuestro saber histórico sobre aquella centuria. Reflexiones que pretenden no tanto atesorar la razón plena como estimular, dentro de nuestra comunidad científica de modernistas catalanes, un diálogo fluido para la mejora de la ponderación historiográfica de un siglo tan decisivo en el devenir histórico catalán y español. Consideraciones que desean también hacer discurrir sobre la utilización de la historia en los discursos ideológicos y políticos del presente, tanto en sus aspectos positivos como en los menos benéficos, que también se dan con cierta frecuencia y que estas páginas quieren contribuir a señalar. Y consideraciones, al fin, que he procurado tener sumamente presentes en el momento de elaborar el capítulo anterior en el que se expresan algunas de mis propias posiciones interpretativas sobre determinados aspectos del Setecientos catalán.

I

En un país tan asiduo practicante del historicismo como Cataluña, la primera consideración que me parece pertinente realizar es que en el caso del estudio del siglo XVIII catalán se confirma con creces la activa y fecunda relación entre política e historiografía. Una relación que sin duda existe también al analizar otras épocas de la historia catalana, pero que en el caso del Setecientos ha tenido, a mi juicio, una especialísima intensidad. Una relación, además, que desde el Ochocientos hasta nuestros días ha sido siempre de ida y vuelta entre sus dos componentes.

En efecto, por un lado, la política ha llamado a las puertas de la historiografía consiguiendo que la mayoría de los discursos ideológicos y de los proyectos políticos de los catalanes hayan tenido una fuerte carga historicista centrada en dicha centuria. Es decir, ideologías, partidos o movimientos políticos y culturales han buscado en lo histórico una justificación legitimadora de sus particulares propuestas para la sociedad catalana. La idea de progreso que cada cual ha creído conveniente defender para la sociedad o para Cataluña se ha querido que estuviera refrendada por la «lógica» de la evolución histórica, recordando, gracias a esta última, bien la «naturalidad» de su idea de progreso, bien los inconvenientes que debían evitarse en el presente para que la misma triunfase.

Especialmente activa ha sido la presencia de la historiografía como un elemento legitimador de primer orden en las reivindicaciones del catalanismo o del nacionalismo, sobre todo en las épocas en las que resultaba difícil defender con normalidad estas ideas a través de cauces políticos e institucionales. De hecho, bien puede decirse que la historiografía catalana ha estado hegemonizada por el catalanismo, incluyendo desde luego los últimos treinta años de autonomía política donde el nacionalismo catalán ha sido predominante en el gobierno de las instituciones públicas. En general, la mayor parte de los historiadores catalanes ha articulado un esfuerzo historiográfico que estaba vinculado a la reactivación y/o actualización del sentimiento patriótico, eso sí, cada uno con los instrumentos epistemológicos y metodológicos de su época, pero casi todos con un cierto parti pris catalanista o nacionalista como elemento común que permite unirlos en una historiografía de similares características interpretativas y con similares intenciones políticas de concienciación nacional. Es decir, de poner la historiografía al servicio del proyecto «común», «natural», «indiscutible», «inexorable» e interclasista de la nacionalización de Cataluña. De elaborar una historiografía encaminada a cimentar la voluntad política de ser nación en el presente, en el hecho «objetivo» de haberlo sido desde el remoto pasado. De escribir una historiografía interesada en refrendar, mediante una demostración empírica multisecular, que el «hecho diferencial catalán» ha sido, es y por tanto debe seguir siendo un «hecho nacional». De demostrar que la continuidad histórica de la «identidad catalana» ha resultado una evidencia que la reafirma como realidad nacional. Y que todo ello se ha sustentado siempre en una «voluntad de ser» de los catalanes que es también comprobable históricamente, incluso en los momentos del pasado que menos intensidad aparente muestra. En esta historiografía, el pueblo catalán resulta un sujeto secular que enlazando pasado, presente y futuro crea la nación catalana como expresión histórica de su espíritu libre y emprendedor, o sea: como manifestación de una especie de Volkgeist que se convierte en la clave de bóveda del desarrollo histórico de Cataluña y que se expresó nuevamente bajo la opresión del absolutismo borbónico.

En el caso catalán, tal parece que para resultar socialmente homologable, creíble y con futuro, una ideología o un programa político deban sustentarse también en un discurso histórico que les avale y que contenga, en cierta medida, su propia teoría del agravio[1098]. Y en esta tarea creo no equivocarme si afirmo que el Siglo de las Luces ha estado presente con singular fuerza e influencia en la política catalana, que ha formado parte esencial de la explotación ideológica del pasado, pues no en balde se inauguró la centuria con la «desfeta nacional» de 1714, es decir, con la derrota militar del austracismo catalán y la pérdida de las Constituciones, entendidas ambas como un enorme desastre colectivo y como un gran agravio para la patria catalana. En esa constante mirada hacia atrás que las gentes del principado siempre tienen para pensar su realidad presente, en esa «cabeza» catalana con unos ojos en la frente que miran al futuro y otros en la nuca que miran al pasado, el Setecientos ha resultado un punto de fijación tan importante como los tiempos medievales o como la guerra civil de 1939.

Y, por otro lado, los discursos historiográficos han sido edificados, en buena medida y en numerosas ocasiones, con fuertes conexiones de carácter político partidario y/o partidista[1099], incluso cuando tal circunstancia se quería evitar conscientemente por la voluntad explícita del propio autor. De estar en lo cierto, ello significa que la existencia de esta realidad en el seno de la historiografía catalana dedicada al Setecientos ha comportado muchas veces, de facto, la imposibilidad de practicar la necesaria objetividad para que el historiador pudiera conseguir un conocimiento científicamente homologable según las exigencias epistemológicas actuales. En la historiografía catalana sobre esta centuria, la toma de partido a priori (por ideología nacional o de clase, o por ambas a la vez) ha sido moneda de cambio hasta nuestros días y ello ha comportado con mucha frecuencia que los historiadores participemos en la gestión ideológica de lo pretérito rebasando los límites deontológicos de nuestro oficio. Ha sido moneda de cambio que la historiografía catalana siguiera la estela de la política alimentando algo que se creía necesario para fortalecer y hacer más creíbles los diversos discursos ideológicos y políticos: la evidente legitimación factual que la historia del Setecientos ofrecía para el catalanismo y el nacionalismo contemporáneos, así como el uso nacionalista del pasado que permitía.

En la sociedad catalana ocupada y preocupada por su identidad[1100], la historicidad ha tenido mucho que decir, pero esta se ha expresado a menudo mediante un envite ideológico que con frecuencia ha permitido una historiografía poco respetuosa con el juramento «hipocrático» del investigador de buscar la verdad como máxima meta justificativa de su utilidad social. La memoria histórica colectiva de los catalanes, en la que de manera muy intensa tiene importante cabida una teoría específica del agravio, no siempre se ha construido con la adecuada ponderación científica del Setecientos. A mi parecer, más bien ha estado presidida, en cambio, por el claro dominio historiográfico de una historia catalanista o nacionalista de la nación catalana. Y en los discursos históricos creados para la formación de dicha memoria nacional-catalanista (o nacionalista), me parece notorio que al siglo XVIII le ha tocado jugar habitualmente un determinado y destacado papel en el que ha tenido también relevancia la señalización de los agravios. Desde el Ochocientos hasta nuestros días, la memoria aleccionadora que a través de la historia del Setecientos se ha querido ofrecer a la sociedad catalana ha sido, en líneas generales, la de un modelo interpretativo historiográfico que, a muy grandes rasgos, puede formularse de la manera siguiente[1101].

A finales del siglo XVII había una Cataluña políticamente casi plena presidida por sus originarias instituciones procedentes del esplendor altomedieval que gozaban de suficiente salud como para encarar el futuro del país y llevarlo por la senda de la modernidad[1102]. Aunque existen en este punto algunas discrepancias, pues hay quienes reconocen que no estaban en sus mejores momentos mientras que otros autores afirman su buen estado de salud, lo cierto es que las instituciones forales son consideradas, por casi todos los historiadores de este paradigma, el baluarte contra las intromisiones reales y parte de la esencia político-identitaria del principado, de hecho, la expresión misma de su particular «espíritu colectivo». En todo caso, era una Cataluña con una dinámica sociedad que estaba empezando a revivir con nuevos proyectos económicos y políticos en el marco de una suave pero efectiva reactivación económica. Una Cataluña situada dentro de una monarquía que respetaba cuando menos su plural configuración, es decir, que amparaba una España plurirreinal y foral (léase, en términos actuales, plurinacional), en la que en el principado desarrollaba en relativa libertad su propia personalidad política y lingüística. No es que no se recuerde que ya se había perdido autonomía política con los Reyes Católicos y los primeros Austrias ni que se olvide que se habían producido vigorosas actuaciones absolutistas, como las del conde duque de Olivares, sino que durante el reinado de Carlos II se vivió una relativa desactivación de las tensiones entre el centro y la periferia, entre la monarquía y los catalanes. No era, desde luego, una etapa tan idílicamente esplendorosa como la medieval, no era un tiempo en el que dejara de haber conflictos entre la corona y Cataluña, pero resultó una época soportable para la identidad catalana y esperanzadora para la modernización del país. La relativa debilidad del rey español y la trágica experiencia de 1640 habían provocado un cierto remanso en la conflictividad entre los catalanes y la monarquía del último Austrias.

Un cambio dinástico trajo a España, a veces se afirma que con dudosa legalidad, a un rey de origen francés, pueblo que este paradigma interpretativo recuerda que era mayoritaria y tradicionalmente odiado por los catalanes a causa de veteranas rivalidades económicas y de traicioneros acontecimientos geopolíticos que habían acabado incluso con diversas invasiones y el bombardeo de Barcelona a finales del Seiscientos. Un monarca galo educado en el absolutismo de Luis XIV al que se reconoce que en 1701-1702 pactó con los representantes catalanes unas Cortes favorables para el principado (dando ejemplo con ello de la vitalidad del ordenamiento tradicional catalán), pero del que se recuerda también que pronto mostró que sus intenciones eran indefectiblemente absolutistas incumpliendo al poco tiempo lo firmado. Ante esta situación de peligro constitucional, una mayoría de los catalanes decidió apoyar finalmente al otro candidato, el archiduque Carlos de Austria, que presuponía más inclinado a respetar las tradiciones políticas forales de la monarquía y a defender con mayor eficacia los intereses económico autóctonos, siendo en este sentido, según señalan algunos autores actuales, los intereses de una parte de la burguesía comercial los que más pesaron.

Cataluña se resistió ante Felipe V porque no hubo de hecho otra salida dada las evidentes intenciones centralistas y uniformizadoras del primer Borbón y de sus principales consejeros. Unos autores, los menos, recuerdan que tal resistencia comportó también una guerra civil en la propia Cataluña, mientras que otros en cambio tienden a minimizar este hecho y algunos a soslayarlo sin negarlo. Aunque hay estudiosos que aceptan asimismo la existencia de algunas deficiencias en el funcionamiento de las antiguas instituciones, casi todos recuerdan que muchos mayores defectos cabe situar en el haber del absolutismo: un sistema político al que consideran, por su intrínseca naturaleza, de carácter liberticida para las libertades colectivas e individuales de los catalanes frente a un austracismo que, por su propia esencia política, era más respetuoso con la identidad catalana (o sea, más «federativo»), más participativo (léase: más democrático) y más modernizador (es decir, portador de una mejor idea de progreso), un austracismo que solo fue vencido por la fuerza de las armas borbónicas gracias a la vital ayuda de Francia. Fue, para esta visión, la caída y el colapso de la nación catalana libre que además se vio abandonada en los momentos finales por los aliados.

Y después de la derrota del austracismo en el principado, vino el intento declarado, sistemático y permanente de los Borbones por acabar con la «nación» catalana, con la personalidad propia de los catalanes, con las peculiaridades identitarias de Cataluña, queriendo reducirla a una mera provincia de España mediante la acción política y una permanente presencia militar de ocupación presidida por un capitán general como máxima autoridad en Cataluña. Así pues, Felipe V, en lugar de actuar de manera inteligente como Juan II o Felipe IV siendo indulgente y respetando las Constituciones, anduvo el camino de la supresión y la represión y con ellas atentó contra aquello que, junto a la lengua, era el elemento esencial de la personalidad catalana. La Nueva Planta resultó funesta para la vida del país porque acabó con la pervivencia de sus instituciones tradicionales, aquellas que aseguraban su autogobierno, su progreso económico, su armonía social, su lengua, su cultura, su personalidad y su libertad como nación. Fue el principio de un agravio imborrable, el origen de un lugar común en el pasado destinado a organizar en buena parte la memoria histórica de las siguientes generaciones.

¿Y qué hicieron después durante el siglo los catalanes? Algunos autores muestran un cierto pesimismo y hablan de una actitud cuasi entreguista de las gentes del principado hacia los Borbones al intercambiar dinero por política, es decir, al renunciar a la recuperación de las instituciones por asegurarse la buena marcha de los negocios. Por eso, ciertos historiadores llegan a referirse a una cuasi voluntaria «desnacionalización» de los catalanes. Otros estudiosos, aceptando este último concepto para la reflexión histórica, han querido recordar en cambio que la voluntad particularista de los catalanes era más sólida de lo aparente y que, pese a los intentos borbónicos y a las evidentes colaboraciones autóctonas, una parte de la sociedad catalana no se olvidó del pasado, pues mediante un cierto historicismo político e intelectual, diversas manifestaciones de disidencia social, la creación de nuevos proyectos económicos y el espontáneo mantenimiento popular de la lengua y las costumbres, supo guardar en su memoria colectiva la tradición austríaca de los tiempos pasados para que en las condiciones más favorables de mediados del siglo XIX, en tiempos de Renaixença, pudiera ser retomada. Una tradición que también guardaron de manera renovadora importantes personajes del exilio vienés mientras este duró. Hubo, por tanto, el recuerdo de las antiguas libertades y una continuidad en el sentimiento diferencial catalán durante el siglo XVIII a través de un cierto austracismo purificado primero y de manifestaciones historicistas después.

En cualquier caso, la «voluntad de ser» hecho diferencial continuó existiendo y los catalanes no fueron «traidores» ni a su propia historia ni a su obligada tarea de seguir el camino de la necesaria y deseada nacionalización de Cataluña. El siglo no fue por tanto tan desnacionalizador como se había dicho. Es más, resultó un verdadero «despertador de la personalidad catalana» que, a mediados de la centuria siguiente, eclosionaría con toda su fuerza y esplendor cuando la reivindicación de la lengua propia adquiriese la adecuada presencia política. Después del gran oprobio de 1714, el espíritu del pueblo catalán supo dar paso a una resurrección económica, social y cultural que prepararía la posterior resurrección política encabezada por el catalanismo y destinada a devolver su plena identidad nacional a Cataluña. Dicho en sentido metafórico, fue la redención y, en cierta medida, la revancha política del austracismo frente al absolutismo.

En general, la mayoría de los autores acepta que a finales de la centuria, cuando los franceses volvieron a hacer acto de presencia en tierras catalanas, gran parte de sus habitantes mostraron una clara adhesión a la religión católica (Dios), a la nación española (patria) y a la monarquía fernandina (rey), pero algunos historiadores sostienen que la tenaz resistencia catalana no fue solo, ni quizá principalmente, por españolidad, sino por catolicismo y porque todavía se veía más atentador contra la personalidad catalana al jacobinismo bonapartista. E incluso no faltan quienes apuntan, en el marco de la guerra contra los franceses, a la existencia de una cierta recuperación del sentimiento de particularidad y a la solicitud de autogobierno en medio de la crisis y del desconcierto de las autoridades borbónicas. Ni quienes opinan que las adhesiones fueron más a la idea de España que a la monarquía reinante. Es decir, los catalanes aceptaron obligada y pragmáticamente relacionarse con el absolutismo borbónico, pero la nostalgia por el pasado nunca dejó de estar presente y de manifestarse. Y aunque casi siempre lo hizo tímidamente por la represión política existente, en algunas ocasiones surgió también de manera directa en medio de revueltas sociales como las de 1773 y 1789.

Por último, si bien la inmensa mayoría de los autores reconocen que el siglo resultó favorable para la economía catalana, también aquí las opiniones se dividen entre quienes piensan que eso fue mérito casi exclusivo de la tradicional laboriosidad y del atávico sentido empresarial de los propios catalanes y quienes reconocen que también representó un factor importante la buena entente con los gobiernos borbónicos en materia de política económica. En general, las últimas interpretaciones dentro de este paradigma apuestan mayoritariamente por la primera de las opciones, mientras que buena parte de los historiadores hasta Soldevila admiten con mayor facilidad la segunda posición. Con todo, el peso más notable se inclina siempre por la causa endógena antes que por la exógena, aunque a esta última se le pueda reconocer cierto protagonismo subsidiario.

Este modelo interpretativo dominante, con fuertes influencias filoaustracistas, y principalmente (es decir, no solo) fecundado por el catalanismo político progresista, ha tratado y trata de establecer, grosso modo, una lección histórica a recordar y entender por parte de los políticos, las clases dirigentes, las élites intelectuales y el común de los catalanes. A saber: que a pesar de los deliberados intentos absolutistas borbónicos (secundados por el castellanismo españolista) de poner término a la España plural y a la personalidad propia de la Cataluña foral (y austracista), la voluntad del pueblo catalán del Setecientos de continuar siendo una realidad política diferenciada (una nación), la cohesión de su sociedad en torno a este objetivo y el carácter emprendedor de los catalanes fueron tres factores que dieron continuidad nacional a Cataluña mediante el trabajo bien hecho, una peculiar renovación social y cultural más cercana a la Europa modernizadora y, por último, el sostenido recuerdo histórico (político o intelectual) de las instituciones, que sería el hilo que permitiría engarzar muchos años después con la Renaixença y con el Noucentisme en buena parte gracias al último Capmany.

El propio esfuerzo catalán hizo que la Cataluña devastada de la guerra de Sucesión acabara siendo una pequeña Inglaterra en la monarquía hispánica. Algunos autores afirman que esta recuperación fue posible por haber seguido de forma callada pero efectiva (casi como una estratégica resistencial) las viejas directrices del programa austracista. Y una buena prueba de todo ello fue la fecunda actuación de la Junta Particular de Comercio, entidad que logró fusionar la nación y las clases sociales en una única causa de progreso que benefició a todos los catalanes y que posibilitó también dar continuidad a la catalanidad mediante su actuación institucional y su patronazgo intelectual. Un organismo que, dicho sea de paso, toda la historiografía catalanista y nacionalista ha valorado siempre con la más alta puntuación histórica porque venía a simbolizar, como ningún otro, los valores propios de los catalanes representados especialmente en su dinámica burguesía comercial e industrial, en sus activos hacendados y en su preparada y diligente menestralía.

Con mayor o menor refinamiento heurístico según las épocas y los historiadores, los Borbones del siglo XVIII han cumplido a menudo las veces del enemigo externo del cual procedían los principales males de Cataluña. De forma lenta, tal vez imperceptible, pero sin duda efectiva, se ha ido construyendo una bipolaridad por buena parte de los autores de sesgo filoaustracista y catalanista o nacionalista. Una bipolaridad (a mi juicio a veces maniquea y simplista) que grosso modo reza del siguiente tenor.

Por un lado, el absolutismo borbónico es considerado un sistema inexorablemente perjudicial para Cataluña por provenir desde fuera de la propia tradición y ser de naturaleza adversa a las costumbres «democráticas» implantadas en el modelo constitucional catalán desde los tiempos medievales. Especialmente criticado resulta su primer representante, Felipe V, en quien no solo pero sí especialmente se concentran las consideraciones y ejemplos más adversos y relevantes por ser el propiciador del origen de un gran agravio. Incluso, aunque diversos autores reconocen la buena disposición de algunas medidas de los monarcas borbónicos hacia Cataluña, el absolutismo es presentado mayoritariamente como una «anormalidad» en la historia del principado, como un sistema intrínsecamente perverso y culpable de la pérdida de la personalidad catalana y del abandono de la concepción de la España plural. Un absolutismo borbónico que, si bien se reconoce que tuvo un origen galo, se recuerda que poseía asimismo raíces castellanas e intenciones castellanizantes. Un absolutismo castellanista o un castellanismo absolutista que, según se argumenta, siempre puso, antes y después de 1714, su punto de mira en acabar con la idiosincrasia política del principado. En suma: el absolutismo borbónico como verdugo de Cataluña e incluso, en realidad, de toda España al pretender acabar con su intrínseca pluralidad nacional, que tenía en el régimen político de monarquía paccionada a su mejor y más positivo exponente para afrontar el futuro en paz y prosperidad andando la senda de la modernidad política, social y económica. Por todo ello, es «lógico» que los catalanes borbónicos de antes y después de 1714 hayan sido mayoritariamente vistos como unos «villanos» traidores a los verdaderos intereses de la patria catalana.

En cambio, en el otro lado de la bipolaridad aparece un austracismo que es presentado como la víctima de una situación histórica y también como la solución que no pudo ser a causa de la violencia de las armas borbónicas apoyadas decisivamente por Francia, pero que hubiera sido la realmente conveniente para mantener la identidad de Cataluña y conseguir el progreso de una España plural no exclusivamente castellana. Un austracismo perdedor que, en cierta medida, se guardó en el corazón de muchos catalanes de forma espontánea, que tuvo seguidores entre las clases dirigentes y pensantes y cuya consustancial bondad natural puede comprobarse en el hecho de que perduró tímidamente en el propio siglo XVIII, volvió a fortalecerse más tarde en la segunda mitad de la siguiente centuria, tuvo un sostenido acto de presencia en el siglo pasado y que, finalmente, terminó por imponerse en el actual Estado de las autonomías (por muy precario que pueda ser considerado este último por parte de las aspiraciones más nacionalistas o de los planteamientos independentistas), como si fuera una verdadera «fuerza lógica» de la historia. El austracismo pervivente del siglo XVIII se convierte así en una especie de «eslabón perdido» que le faltaba a la lógica del catalanismo contemporáneo para argumentar de este modo que se ha mantenido encendida su antorcha a lo largo de los últimos siglos como corolario de un comportamiento casi «natural» del pueblo catalán. Un comportamiento que le había llevado históricamente a crear una especie de «democracia burguesa medieval» (como dice Vilar, uno de los mitos más queridos de los liberales catalanes del siglo XIX) que puso freno al feudalismo y que siempre le ha llevado a oponerse a los absolutismos y a las dictaduras[1103]. Puestas así las cosas, es «lógico» también que los catalanes austracistas hayan sido contemplados antes y después de 1714 como los verdaderos «héroes» patriotas de la historia catalana.

A partir de esta lectura histórica del Setecientos, que en la actualidad hegemoniza el panorama sentimental, intelectual y político catalán, el habitual contenido reivindicativo de la celebración anual del 11 de septiembre está, por tanto, históricamente justificado y resulta, en consecuencia, políticamente conveniente (esta segunda no es, por supuesto, una cuestión científica sobre la que aquí quepa un pronunciamiento por mi parte). Desde esta lectura histórica, se entiende que dicha efeméride se haya convertido en Diada Nacional y en un recurrente «lugar de memoria» por las lecciones que guarda para la historia de los catalanes[1104]. Es decir, en una fecha transformada en un verdadero mito en el seno del catalanismo y el nacionalismo catalán, que ha sido recreado por buena parte de la historiografía, refrendado por una amplísima mayoría social y asumido por casi todos los partidos políticos, incluso aunque no se declaren explícitamente catalanistas[1105].

Los acontecimientos de septiembre de 1714 representan en este paradigma el claro ejemplo de cómo la derrota militar de los austracistas catalanes se convierte en una victoria moral hasta convertirlos en los verdaderos patriotas, y de cómo la victoria militar de los borbónicos catalanes resulta finalmente una derrota moral hasta convertirlos en malos patriotas en el mejor de los casos o en declarados enemigos de Cataluña en el peor. Y representa también el momento histórico en que se perdió la posibilidad de proseguir y ultimar la senda de la modernidad auspiciada por el austracismo y en la que se inauguró en cambio el verdadero retroceso histórico que vino a significar el absolutismo borbónico para Cataluña y para toda España.

Desde Cortada a Patxot, desde Balaguer a Bofarull, desde Aulèstia a Prat de Riba, desde Rovira Virgili a Soldevila, desde Nadal a Lluch, Fontana o Albareda, esta tradición historiográfica de clara simpatía filoaustracista ha construido, con matices claro está, una determinada «memoria histórica» para mostrar las claras enseñanzas que ofrecía el pasado acerca de los peligros que corre Cataluña de perder su identidad, de dejar de ser nación; en definitiva, de desnacionalizarse en el universo de un Estado-nación unitarista, homogeneizador y poderoso llamado España, en especial cuando aquel se opone a la pluralidad nacional en su interior en nombre de una cultura castellanizadora. A mi parecer, ha sido una reacción hasta cierto punto comprensible al proborbonismo que ha predominado en una parte de la historiografía españolista; comprensible sí, pero tan poco justificable, desde la perspectiva del buen historiar, como el filoborbonismo historiográfico. Es una «memoria histórica» que ha creado un mundo bipolar y enfrentado: la Cataluña liberal, mercantil, emprendedora y positivista capaz de ir hacia el capitalismo frente a la Castilla absolutista, guerrera, rentista e idealista aferrada a los mundos del pasado. A un lado, la libertad de una nación oprimida; en el otro, la opresión ejercida por un Estado centralizador y castellanizado. Y los comienzos del Siglo de las Luces español como palmaria muestra de esto último.

El absolutismo borbónico del Setecientos ha sido una buena ilustración de lo antedicho y por eso se ha convertido en la época más frecuentada entre los siglos de la Edad Moderna por parte de los historiadores del principado. El absolutismo borbónico ha sido un claro ejemplo de cómo en Cataluña ha existido y existe una perseverante, compleja y a menudo perversa relación entre la historiografía y la política que deriva en un uso (y frecuentemente en un abuso) inadecuado de la primera por parte de la segunda. Un buen paradigma de cómo en Cataluña ha existido y existe una fecunda dialéctica entre un discurso ideológico proclive a crear un determinado discurso historiográfico que, a su vez, acaba condicionando en gran medida las ideas sobre cómo alcanzar el progreso presente y futuro de los catalanes. Condicionando de tal forma que, a veces, casi parece que todo esté en función de la historia, convirtiéndola de hecho en un pesado fardo que impide crecer con plena libertad mirando al pasado en actitud de aprendizaje pero sin ira y sin odio. En la narrativa nacionalista, la historiografía ha proporcionado buenos rendimientos señalando a las figuras históricas que cabía considerar cruciales protagonistas del hecho nacional, señalando a los enemigos de la nación y, desde una determinada idea de progreso, señalando también las épocas de progreso y decadencia del país. Desde esta perspectiva, el Setecientos catalán ha sido tratado de una manera bifronte: auge y progreso de la economía, sobre todo gracias a las propias fuerzas catalanas, y decadencia en el sistema político (y para varios autores de la conciencia nacional) al imponerse el absolutismo borbónico por la fuerza de las armas.

Pienso que todo empezó en el XIX y que todavía vivimos en cierta medida en medio de una política fuertemente historizada y en una historiografía fuertemente ideologizada. Y tengo para mí que bien está aprender de la historia, pensar históricamente las sociedades, pero no me parece que sea tan conveniente que aquella condicione nuestras vidas pensando que el pasado debe legitimar nuestro presente: lo que pasó en 1714 es desde luego una lección histórica más, una más de las que han recibido muchos pueblos antes y después, pero no tiene por qué atarnos de por vida de manera determinante como si nada pudiéramos hacer que no estuviera en lógica consonancia con la interpretación que algunos historiadores, considerándose a veces a sí mismos los más patrióticos, han efectuado de su significado.

Desde los años cincuenta del Ochocientos, en tiempos de Balaguer y Bofarull, la historiografía de sesgo filoaustracista ha querido fabricar un tipo de conocimiento histórico sobre el Setecientos que sirviera para alimentar una «memoria colectiva» que cimentara el consenso interno y la concordia social como arma suprema para que Cataluña pudiera enfrentarse a los contrarios de sus libertades, con especial mención para la Castilla absolutista que parecía desear el «finis Cataloniae». Desde entonces se ha querido ver en el Setecientos un siglo que mostraba bien a las claras un enorme peligro: la desnacionalización de Cataluña paralela a su españolización. Algunos autores lo han visto con menor temor, pues su catalanismo les permitía el doble patriotismo; otros, en cambio, dada su impronta soberanista o independentista, piensan que ese fue un terrible legado del siglo XVIII que debe ser borrado de la faz de la vida nacional catalana. Casi todos lo han vivido como un gran agravio, pero para los últimos, especialmente, el Setecientos es un ejemplo del conflicto permanente del españolismo centralista y opresor frente a una periferia que lucha por sus libertades; un ejemplo del papel oprobioso y sofocante del Estado español frente a la búsqueda de democracia, republicanismo y propia identidad de la sociedad del principado. Es como si se tratase de un intento, por parte de bastantes historiadores catalanes (especialmente, pero no solo, de los del siglo XIX y principios del XX), de vincular tradición (regional) con modernidad (cosmopolita) a partir de la idea de que el espléndido pasado catalán medieval era en realidad el que debía recuperarse para dar una nueva vida en progreso y libertad a la patria catalana. Una tradición que a menudo se ha inventado y que con frecuencia se ha instrumentalizado ideológicamente por parte del nacionalismo historiográfico.

A partir de la perspectiva del nacionalismo catalán más radical, se ha tendido a crear una visión del Setecientos en la que se diluye cualquier aspecto positivo de la historia común española al tiempo que se fomenta una visión sesgada en la que se repiten obsesivamente algunos tópicos a partir de sobredimensionar y/o descontextualizar determinados acontecimientos, tópicos que dan lugar a una historiografía donde aparece con frecuencia el irredentismo medievalizante, el victimismo que sitúa siempre en lo foráneo las responsabilidades de lo negativo y una narración histórica centrada en la épica nacional resistencialista. Es como si se quisiera poner la historiografía al servicio del resentimiento, del desapego y, por tanto, como si se deseara crear las condiciones ideológico-emotivas para la independencia del país, dado que se argumenta que nunca habrá posibilidades, como ya se vio a principios del siglo XVIII, de construir un Estado plurinacional. En realidad, es como si la historiografía nacionalista catalana tendiese a plantear toda la historia de la España moderna y contemporánea como una inevitable mala relación entre el centro opresor y la periferia oprimida, sin que pueda anotarse en el haber de la historia común apenas nada positivo. Para alguien que piensa en clave nacionalista, el discurso del agravio (real o supuesto), construido en buena medida por los historiadores cercanos a dicha tendencia, resulta del todo creíble por «lógico» y «natural». La narración maniquea puede estar así servida para, en lugar de intentar comprender con ecuanimidad las razones profundas de los procesos históricos, proceder sencillamente a juzgar a los personajes y los acontecimientos bajo la égida del «ellos» y el «nosotros», un «ellos» que viene ejemplificado sobre todo por los castellanos (y en ocasiones por los franceses) al parecer siempre dispuestos a rechazar y sojuzgar a Cataluña.

Para la historiografía nacionalista vinculada al combate político que intenta enlazar el resistencialismo antiabsolutista reivindicador de las antiguas Constituciones catalanas con los acontecimientos de la Cataluña contemporánea, tal parece (permítaseme la metáfora) que los catalanes tuviéramos un ADN colectivo en el que estaría inscrito como pueblo el espíritu democrático y de libertad, al contrario que el pueblo castellano, que teniendo de suyo un carácter más autoritario y centralista, fue capaz de apoyar las monarquías autoritarias y absolutas de los siglos de la modernidad, siempre enemigas de Cataluña al negar su particularismo. Y ni que decir tiene que para una visión del pasado de estas características, el Siglo de las Luces se abrió con el mayor ejemplo de agresión de la Castilla imperial y absolutista desde el también tenido por funesto compromiso de Caspe: la guerra de Sucesión. Acontecimiento bélico que para este paradigma interpretativo fue la culminación violenta de una predestinada desnacionalización de Cataluña y el punto de partida de su agónica lucha por la supervivencia frente a la misma por parte de un pueblo catalán unido de manera interclasista en la defensa de su personalidad nacional. Por eso, desde finales del siglo XIX, el nacionalismo catalán emergente, empeñado en reconstruir la nación catalana, hizo conscientemente del 11 de septiembre de 1714 una fecha simbólica de carácter estratégico en su objetivo político de nacionalizar la sociedad catalana.

En buena medida creo que Soldevila es la culminación de esta visión histórica. Y es mi opinión que sus ideas no han dejado de tener una importante audiencia en la actual historiografía catalana. Incluso también una influencia indirecta en aquellos historiadores que se han esforzado precisamente en demostrar lo contrario. A saber: que existió una resistencia-disidencia ejercida por parte de los propios catalanes, que no fueron tan pasivos ante el «hecho diferencial» como creían Soldevila y otros investigadores, pues practicaron un particularismo espontáneo que puede detectarse en diversos pensadores, en los proyectos económicos, en los conflictos sociales, en las manifestaciones de la cultura popular, en el mantenimiento de la lengua vernácula y en el comportamiento de algunas instituciones, y cuyo resultado fue evitar que hubiera un pleno vacío respecto al sentimiento «nacional» catalán. Es decir, una resistencia-disidencia antiabsolutista que permite en todo caso rebajar la intensidad de la desnacionalización soldeviliana y devolverle cierto «honor» nacional-catalanista al Setecientos catalán. En suma, la centuria no fue tan poco catalana y nacional como se creía.

Ahora bien, el siglo XVIII catalán sigue teniendo una indudable dificultad para la historiografía de sesgo catalanista o nacionalista. Por una parte, para sus practicantes, 1714 representa, real y simbólicamente, la pérdida de las instituciones construidas en los tiempos medievales, unos organismos que a su criterio conformaban en gran medida la identidad diferenciada de Cataluña. Pero, por otra parte, esta centuria de «desnacionalización», de «desfeta política», está bien demostrado que dio muestras de una extraordinaria vitalidad social y de una gran «embranzida econòmica» sin disponer de esas tradicionales instituciones. ¿Cómo rescatar entonces la centuria ilustrada para la historia nacional-nacionalista de Cataluña? ¿Cómo superar la contradicción de que un siglo en el que no hubo autonomía institucional catalana respecto a Madrid resultase tan positivo económica, social y culturalmente (si exceptuamos, en ciertos sentidos, la cuestión del idioma) para Cataluña? ¿Cómo sustentar entonces la tesis de que cuando los catalanes no disponen de instituciones propias y particulares no se produce la prosperidad y no se avanza por la senda del progreso?

Pues pienso que esta cuestión tan espinosa se ha intentado resolver por parte de la historiografía filoaustracista de dos maneras complementarias. Por un lado, afirmando que en medio de la opresión absolutista siguió perviviendo una disidencia política de factura antiabsolutista que representó un hilo de «nacionalización» capaz de engarzar con la Renaixença. Y, por otro lado, recordando que el siglo permitió demostrar con claridad el «ethos» propio de la identidad específica de los catalanes, a saber, su facilidad «innata» para la empresa, el trabajo, el ahorro y el autogobierno (léase, por ejemplo, Junta Particular de Comercio). O dicho de otro modo: el Setecientos catalán no pudo disponer de una de las características (¿esencias?) nacionales catalanas como eran las instituciones tradicionales, pero sí tuvo otra de igual o mayor importancia cual era (y es) el carácter inmanentemente emprendedor de los catalanes, sobre todo de sus payeses, sus menestrales y con una especial mención para los grandes comerciantes e industriales agrupados en los Tres Cuerpos de Comercio. Y de manera tan intensa se manifestó la presencia de este último elemento del «ethos» catalán, que puso al país en la senda del progreso pese a tener encima al retrógrado y autoritario régimen absolutista, plenamente ajeno además al tradicional modelo representativo de las instituciones forales que había pervivido durante los dos siglos de los Austrias y que era una fuente de potencial modernización del país. Un absolutismo propiciado, no lo olvidemos, por los dos enemigos acérrimos de la nación catalana, los franceses y los castellanos, pueblos que, históricamente hablando, especialmente el segundo, parecen tener en esta historiografía un papel casi inevitable: la inveterada motivación de impedir la nacionalización de Cataluña, cuando no, lisa y llanamente, su progreso económico, social y cultural. Por eso, en algunos autores de estas posiciones historiográficas, no es de extrañar que casi todo lo bueno proceda del carácter colectivo catalán y de su esfuerzo, y casi todo lo malo, de los enemigos procedentes de las Castillas, sobre todo de los políticos de la corte madrileña.

II

Analizada la producción historiográfica desde Capmany a nuestros días, puede percibirse que en la ponderación de las relaciones entre el absolutismo borbónico y los catalanes, así como en la valoración de lo que el Setecientos representó en la historia de Cataluña, el apriorismo ideológico ha tenido una importante y perseverante presencia, a mi juicio claramente nociva, en bastantes investigadores que tal parece que primero adoptaran una posición ideológico-política sobre la mejor manera de alcanzar la modernización y el progreso de Cataluña y/o España, y que después practicaran el oficio de historiar el siglo para refrendar en dicha centuria, por activa o por pasiva, sus legítimas posiciones políticas. La idea de progreso sostenida por cada historiador ha influido sobremanera en su visión de la historia de Cataluña y de lo que en ella ha significado el Setecientos. Afirmación que no excluye, por supuesto, el viaje contrario: que también en ciertas ocasiones una forma de interpretarlo históricamente haya sido la que ha conducido a políticos, periodistas o pensadores a determinadas posiciones ideológicas y nacionales. La relación entre los historiadores y los políticos catalanes en aras a conseguir la nacionalización definitiva de la sociedad catalana ha sido constante y de mutua influencia.

Desde mediados del siglo XIX hasta la actualidad, el parti pris de signo filoaustracista ha sido muy habitual en aquella historiografía catalana que parece tener como misión última contribuir a la idea de la necesidad perentoria de nacionalizar el país catalán. Por eso muchos de esos historiadores han sido también importantes impulsores intelectuales, culturales o políticos. Es decir, unos historiadores-activistas que buscan unir «lógicamente» su discurso sobre el futuro del país con la narración de su pasado para contribuir en última instancia a la nacionalización de Cataluña. En buena medida, ha sido la correspondiente réplica a una historiografía nacionalista española que desde el Ochocientos también se ha puesto en numerosas ocasiones al servicio de nacionalizar España.

Y dado el sentimiento particularista que ha habitado con harta frecuencia en los ambientes intelectuales catalanes que buscaban encontrar la identidad genuina de la nación en el tiempo pasado, ha sido igualmente habitual que el papel patriótico de estos historiadores haya resultado de una gran trascendencia, realizando con frecuencia la tarea de intelectuales orgánicos del catalanismo o el nacionalismo y teniendo una presencia social en la opinión pública y en la vida política superior a otros lugares de España. Incluso, la fulgurante aparición de Vicens Vives en 1935 resulta una demostración de ello en la medida en que al oponerse entonces a la historia «patriótica» desde el profesionalismo cientificista, su aportación derivó en una polémica de cierto relieve público en torno a las relaciones entre el nacionalismo, el patriotismo y la tarea del historiador, en torno a la frialdad o el apasionamiento con el que había que estudiar la historia de Cataluña. Afirmación que realizo sin perjuicio de recordar que el propio Vicens no estuvo exento de poner sus contribuciones históricas al servicio de la sociedad desde la óptica del patriotismo catalán y/o español.

Los historiadores de sesgo catalanista o nacionalista no cabe duda de que hacen su tarea por amor a su patria, pero dado que aspiran a conseguir para la misma un determinado futuro «nacional» (a veces combinado con el de clase), ha sido demasiado usual que «fabricasen» una interpretación histórica que sirviera para legitimar dichas apuestas de porvenir al presentarlas ante la opinión pública como las más justas y más pertinentes para su sociedad y las más «lógicas» con el decurso de la historia de la humanidad en general y de Cataluña en particular. Desde esta perspectiva, la tendenciosidad ha estado inevitablemente presente. Lo estuvo en los historiadores de la Renaixença y en los del Noucentisme, lo estuvo entre los historiadores de los tiempos republicanos y también lo ha estado entre algunos de los más actuales. No es que quieran faltarle el respeto a Clío de forma consciente; es sencillamente que al anteponer el carro (la ideología) a los bueyes (la historiografía científica), acaban por hacer desbocar a estos últimos. Desde luego que en la mayor parte de las ocasiones proclaman sinceramente sus buenas intenciones deontológicas de neutralidad, pero la posición desde la que historian no siempre consigue respetarla al querer buscar «el alma histórica de la nación catalana», aquella que parece explicar finalmente el «enigma histórico de Cataluña». Incluso también hay quienes en el fondo, cuando se les muestra esta inconveniente realidad epistemológica, acaban por acudir a un deus ex machina cual es la simple y llana negación de la posibilidad de alcanzar la objetividad en el análisis del pasado. Eso significa que en numerosas ocasiones se ha negado de facto la posibilidad de que el historiador pudiera ser neutral en la observación, el análisis y la interpretación de los hechos históricos (y por supuesto de su selección).

En esta práctica apriorística, la perspectiva nacional ha tenido supremacía sobre la social. Según el futuro político-institucional que cada historiador considerara más pertinente para Cataluña y su posible incardinación (o no) en España, según la forma y manera en que cada estudioso creyera más conveniente organizar geopolíticamente el ejercicio del poder dentro del Estado español, según lo considerado más adecuado para la continuidad y culminación de la «comunidad nacional» catalana (o española), así se ha tendido a estudiar, valorar, y a menudo directamente a «juzgar», el Setecientos catalán y las relaciones de los catalanes con el absolutismo borbónico en aquella centuria. De hecho, las demandas políticas de cada época han pesado como una losa en bastantes historiadores e intelectuales y con harta frecuencia no han permitido practicar enteramente la actividad científica con independencia de la ideología del investigador. Y así construido, no parece que el conocimiento histórico haya ofrecido (ni que todavía ofrezca en algunos casos en la actualidad) garantías suficientes como para su validación y, por tanto, para su verdadera utilidad cívica como un conocimiento que aspira a ir reconstruyendo paulatinamente y de manera objetiva los procesos sociales en el pasado, así como a explicar el funcionamiento y cambio de los sistemas sociales que en Cataluña y en España han forjado su historia real y no la imaginada.

Entiéndaseme bien. No niego la legitimidad del político para releer el pasado y reflexionar comprensivamente a la hora de construir su propuesta ideológica respecto al presente y al futuro de un país o de una clase social. Ni tampoco niego la utilidad del ensayismo a partir del conocimiento histórico científicamente construido. Las reiteradas peticiones de Vilar de «pensar históricamente» los retos del presente me parecen sustanciales para el buen devenir de la civilización humana y también para otorgar sentido cívico y social a la tarea del historiador. Pero sí señalo, en cambio, algo bien conocido en nuestro oficio aunque no siempre practicado: el historiador no tiene por tarea enjuiciar ideológicamente el pasado, ni dotar a posteriori de contenido histórico legitimador a las ideologías de cada presente, ni defender un modelo de sociedad, ni auspiciar la continuidad de una «comunidad nacional» o de un Estado, ni propiciar el dominio de una clase social, ni crear o recrear la «identidad nacional» o la «identidad social». El historiador no tiene por misión intelectual generar conciencia nacional ni de clase, no tiene como misión intelectual nacionalizar ni desnacionalizar. El historiador debe evitar el inconveniente historiográfico del «whigish history» denunciado en su día por Herbert Butterfield. A saber: debe soslayar la tendencia a querer leer el pasado como el lento proceso de consagración de sus propios valores morales, de sus propios puntos de vista sociales y políticos. Debe evitar utilizar el conocimiento histórico para demostrar que sus creencias y sus proyectos sobre el presente y el futuro vienen avalados por una historia que demostraría que ha habido un lento pero «lógico» e «inexorable» camino hacia ellos. El historiador debe evitar ser cómplice de la explotación manipuladora del pasado que con harta frecuencia se efectúa desde las ideologías. Lo propio del historiador como científico es la comprensión racional del transcurrir humano a partir de la capacidad de demostrar empíricamente las afirmaciones interpretativas que efectúe de los acontecimientos por él reseñados como significativos para explicar causalmente el proceso histórico del que se ocupa.

La legítima presión de la política para que pongamos la ciencia histórica al servicio de la comprensión del presente no debe confundirse con elaborar un conocimiento histórico al conveniente uso (y, por supuesto, casi siempre abuso) de las ideologías y las estrategias políticas de la actualidad, sean de clase o nacionales. El historiador no es un empleado que sirve en bandeja al político de su agrado lo que este necesite oír sobre el Setecientos catalán para justificar y legitimar su doctrina ideológica o sus propuestas para el presente y el futuro de Cataluña. El historiador no es un empleado al servicio de la legitimación de las ideas de progreso del presente y, por supuesto, mucho menos puede historiar desde la suya propia sin pretender que ello no adultere sus interpretaciones científicas del pasado. Ni tampoco es alguien al que se le pueda exigir una lapidaria conclusión juzgadora acerca de la «bondad» o «maldad» que el siglo representó para los catalanes y para Cataluña, dos realidades que tampoco siempre resultan sinónimas en cuanto a los beneficios obtenidos, pues Cataluña es una realidad única pero los catalanes han sido y son ideológica y socialmente plurales, salvo para algunas visiones ultranacionalistas en que se confunde nación con nacionalismo y en las que la «nación» acaba anulando a los ciudadanos al pretender uniformarlos sin remisión.

Lo propio del historiador es ser un practicante del racionalismo crítico, de la ecuanimidad analítica y de la necesaria aspiración a la objetividad en la explicación razonada y comprensiva (empírica y teórica) del funcionamiento de la sociedad catalana a través de su historia y, en nuestro caso, a lo largo de la centuria decimoctava. El historiador del pasado catalán no debe tener nacionalidad cuando actúa como tal. En el ejercicio de su profesión no es catalán ni español, sino un mero ejerciente de la investigación científica de la realidad social. Y mucho menos debe sostener la certeza de que practicar el nacionalismo, en cualquiera de sus vertientes, no es necesariamente ser partidario (y a menudo partidista) de una ideología o de una opción política, sino de algo cuasi «natural» e «ineludible» que, por ello, no contamina el análisis histórico, puesto que, de un modo y otro, se argumenta, todos pertenecemos a algún nacionalismo sin poderlo evitar.

En referencia a los Borbones españoles del Setecientos y a sus relaciones con Cataluña, y en la medida en que aquellos presidieron una etapa de sustantivos cambios en la estructura política e institucional hispana, así como de significadas variaciones en la vida económica, social y cultural, bien puede afirmarse que ha recaído sobre ellos una manifiesta utilización partidista con lecturas ideológicas sesgadas y maniqueas efectuadas por sectores conservadores o progresistas o bien por parte de seguidores nacionalistas de uno u otro cuño. Lecturas interesadas y fragmentarias que no siempre han facilitado un adecuado conocimiento entre los ciudadanos de los diversos territorios hispanos. Lecturas interesadas que incluso a veces han parecido querer estimular los desencuentros rememorando una determinada lectura del pasado como arma arrojadiza ante el «diferente» regional, ideológico y/o político. Un pasado leído de manera partidista con el interés de presentarlo como la base legitimadora, la «verdadera» y «pertinente» prueba histórica de la idoneidad y validez del proyecto ideológico de presente de cada una de las formaciones políticas que en las distintas épocas han luchado y luchan por dirigir el futuro de los catalanes o de los españoles. En general, el Setecientos catalán (al igual que el español en su conjunto) ha servido como valor de uso a la hora de construir el discurso histórico que necesitaban las ideologías políticas actuantes en sus legítimas disputas por controlar hegemónicamente el poder político, la conciencia social y la construcción de la identidad colectiva. Y en ello los nacionalismos, mucho más que las ideologías de clase, han tenido un papel preponderante.

En el caso español me referí a ello al hablar hace unos años de las historias de España que se habían elaborado desde los primeros tiempos modernos hasta nuestros días, poniendo de manifiesto sus declarados objetivos nacionalizadores al servicio del españolismo[1106]. En el caso catalán, esta afirmación se me antoja igualmente cierta. Desde la perspectiva que relaciona discurso historiográfico con discurso ideológico y político, no cabe duda que el absolutismo borbónico del Setecientos ha sido un tiempo y un tema especialmente sensibles para la clase política, los intelectuales, la opinión pública y la historiografía catalana. Ítem más, a menudo tengo la sensación, como catalán, de que seguimos anclados en el Setecientos, de que la causa de vivir en el pasado no desaparece entre nosotros, que la política catalana tiene todavía un poderoso hilo conductor telúrico procedente de los Borbones de aquel siglo, y en especial, pero no solo, de Felipe V y la guerra de Sucesión. Tengo con frecuencia la impresión de que en Cataluña se hace bien patente la afirmación de que las ideologías y los políticos leen interesadamente el pasado en su combate por dirigir el presente y el futuro de los ciudadanos. Y que en esa lectura ideológica del pasado catalán, el absolutismo borbónico ha merecido una especial dedicación de los postulados catalanistas y nacionalistas (de diverso signo e intensidad), siempre dispuestos a conquistar, en sentido gramsciano, la hegemonía intelectual, cultural, social y política de la sociedad que desean legítimamente dirigir. Unos postulados nacionalistas que han necesitado tener un discurso histórico habitualmente tendente a la codificación, capaz de mantener su vitalidad ideológica entre las minorías dirigentes y también en las clases populares, intentando conseguir de este modo la unanimidad social ante la «evidencia histórica» de la realidad nacional, casi siempre reprimida por los «enemigos».

Con respecto a una parte del nacionalismo español, desde mediados del siglo XIX ha habido también una especial atención hacia el Setecientos centrada sobre todo en magnificar la «modernidad» y «racionalidad» del absolutismo borbónico frente al «anticuado» particularismo catalán. Su idea de progreso postula que la creación de unidades estatales cada vez más extensas y con mayor concentración de poder, que comportan a su vez la centralización política y administrativa, la homogeneidad cultural y la eliminación de los resortes políticos de los poderes regionales, era el mejor progreso civilizatorio posible. Así lo mostraban, entre otros, países de primera fila y de gran densidad histórica como Francia, Alemania o Italia. Y en esta lectura del progreso, la historia del Setecientos salía en general bien parada desde el punto de vista geopolítico español por su tendencia unificadora, incluso cuando ideológicamente se estaba (se esté) en desacuerdo con el absolutismo desde el punto de vista social y político. Si en la historiografía catalanista la confrontación preferida era entre la Castilla absolutista y la Cataluña democrática, en la nacionalista española algunos autores la han sustituido por la oposición de una monarquía borbónica portadora de racionalidad moderna frente al arcaísmo institucional catalán de carácter tradicional y resistencialista. Como dice Eva Serra, en ambos casos una determinada concepción política imponía una interpretación histórica, aunque es evidente que esta historiadora nacionalista apuesta por la primera pugna como la que más y mejor refleja la realidad del pasado[1107].

Especial atención ha tenido también el Setecientos por parte del catalanismo y del nacionalismo catalán, tendente, sobre todo el segundo, a negar el pan y la sal a los gobiernos españoles del Setecientos e inclinado a magnificar las virtudes «modernizadoras» por «republicanas» del derrotado austracismo frente al «retrógrado» absolutismo triunfante. Su idea de progreso referida a la cuestión geopolítica española ha dictado (y dicta) que el avance civilizatorio estaba (y está) en mantener el poder político en las unidades regionales con ordenamientos políticos participativos, algunas de ellas, como el caso de Cataluña, consideradas naciones sin Estado propio y exclusivo, que para mantener su identidad y alcanzar la modernidad precisaban (y precisan) conservar unas instituciones particulares y diferenciadas dentro o fuera del Estado español. Un nacionalismo catalán que, al desear como lógica premisa primera la nacionalización de Cataluña, ha tendido a contemplar el Setecientos como un siglo de «desnacionalización» por culpa de los Borbones (y hasta de bastantes catalanes por ser cómplices cómodos y pasivos de tan grave hecho por cuestiones de beneficio económico), una dinastía que eliminó manu militari el elemento esencial para la continuidad plena de la verdadera nacionalidad catalana: las Constituciones. Unas Constituciones que contenían el germen de la nacionalidad y que daban vida a un modelo institucional que era el mejor camino para la modernidad y el progreso. Aquí, como antes decía, la dialéctica establecida ha sido siempre entre autoritarismo castellano y pactismo catalán, entre absolutismo y liberalismo, entre centralismo y fuerismo.

De este modo, los soberanos y ministros borbónicos han estado en la sala de disección de tirios y troyanos para ser leídos y releídos a la luz de los proyectos políticos de cada movimiento o partido político, a la luz de cada «idea de progreso». Una idea de progreso que en lo referente al siempre complicado asunto de la geopolítica hispana, los historiadores nacionalistas españoles la creían virtuosa en tanto que fuera nacionalizadora española, mientras que los nacionalistas catalanes la veían virtuosa en tanto que fuera nacionalizadora catalana. Y en este punto, con la ideología de por medio, el acuerdo ha sido y es imposible entre unos historiadores que, en esta tarea contributiva a la lectura ideológica del pasado setecentista catalán, no siempre han sabido o han querido estar ausentes. Unos han estado presentes de forma consciente y militante, mientras que bastantes han contribuido de manera más bien inconsciente, aunque sin salirse, eso sí, de las pautas marcadas por las necesidades del discurso ideológico catalanista o nacionalista y de su correlativo paradigma historiográfico.

En el caso de la historiografía catalana objeto de nuestro estudio, y al hilo de las argumentaciones anteriores, bien puede decirse que el análisis de las relaciones entre Cataluña y el absolutismo borbónico ha estado presidido, en gran manera y de forma inconveniente, por un catalanismo o un nacionalismo de diverso tono, matiz y graduación que hasta la actualidad viene hegemonizando, por acción o reacción, buena parte de las contribuciones de los historiadores. Fueran progresistas o conservadores, la centuria ha sido vista muy a menudo a través de los ojos de la cultura política catalanista (aquella que no reivindica la necesaria creación de un Estado propio y exclusivo y que decide compartir el doble patriotismo catalán y español) o nacionalista (la que sin sentirse parte de la españolidad aspira a conseguir, al margen de su mayor o menor énfasis coyuntural, el objetivo político último de la creación de un Estado particular). En suma: frente al españolismo historiográfico filoborbónico se ha ido creando un catalanismo historiográfico filoaustracista.

A veces, esta última visión se ha efectuado con un mínimo atisbo de ciencia, otras desde dentro de la comunidad historiográfica pero supeditando (de manera inconsciente las más de las veces) el discurso histórico al ideológico-político-sentimental. Tal es la fuerza y la presencia de la óptica catalanista o nacionalista, que muchos de quienes la sustentan ni siquiera parecen percibir la influencia que en ellos ejerce a la hora de investigar la centuria decimoctava. Proclaman la necesidad de neutralidad ideológica y de objetividad, pero no perciben que su nacionalismo las pueda mermar. Y este fenómeno podemos apreciarlo tanto entre historiadores del Ochocientos como en algunos reconocidos estudiosos actuales. Se asimila patriotismo a catalanismo o nacionalismo, se asimila nación con nacionalismo, y parece que desde esas asimilaciones solo cabe una lectura del Setecientos catalán de carácter catalanista o nacionalista, lo cual no deja de ser una apuesta ideológica pero no científica a la hora de analizar la historia de Cataluña.

En estas condiciones, no es extraño que en el proceso heurístico se hayan incumplido en el pasado (y aun todavía se incumplan a veces en la actualidad) algunas de las exigencias del método científico. Entre ellas las que se refieren a los modos y maneras, y a la extensión y calidad, de la verificación empírica, tanto en la búsqueda de pruebas documentales como en la selección de las que después se muestran y ponderan en el siempre difícil ámbito de la interpretación histórica. De este modo, no ha resultado infrecuente que el universo de los hechos haya merecido una selección parca, inexacta, sesgada, parcial o simplemente puesta al servicio de la perspectiva ideológica catalanista o nacionalista que necesariamente debía o debe ser corroborada. A menudo los hechos se han sacrificado en el altar de los grandes paradigmas ideológicos elaborados por los nacionalistas catalanes (y lo mismo cabría decir respecto a los nacionalistas españoles). La práctica heurística se ha puesto, casi sin percibirlo los propios estudiosos (y a veces incluso advirtiéndonos, paradójicamente, de la necesidad de mantener la objetividad y de no tomar partido), al servicio de una narración nacionalista que se percibe como «natural» y, por ende, como la única posible para un patriota.

No han sido pocas, desde el siglo XIX hasta la actualidad, las obras en las que los macrodiscursos histórico-ideológicos han torpedeado la realidad fáctica, no pocas las aportaciones historiográficas en las que se ha intentado la unión imposible entre un positivismo bien entendido y el apriorismo ideológico filoaustracista. La previa toma de partido ha sido muy habitual en la historiografía catalana respecto al Setecientos. Incluso me atrevería a decir que en diversas ocasiones algunos investigadores han parecido más intelectuales orgánicos del catalanismo o el nacionalismo que científicos sociales. Unos intelectuales orgánicos que deseaban fabricar un discurso histórico con una determinada selección documental o temática al servicio de la prueba de que lo propio de Cataluña, lo que produce su «ser» y su idiosincrasia específica, es un régimen político republicano de libertades democráticas y autogobierno. Por eso, por ejemplo, existen unos estudios sobre la guerra de Sucesión que, en general, priman la perspectiva de los perdedores austracistas catalanes marginando la de los ganadores borbónicos catalanes; por eso, hasta fechas muy recientes, ha habido una mayor inclinación a ocuparse de los efectos inmediatos de la contienda antes que de sus motivos o del análisis social y económico de la misma.

Es por lo antecedente que resulta habitual que la ponderación final, no siempre explícita textualmente, acerca de las relaciones entre los catalanes y los gobiernos borbónicos setecentistas se encuentre presidida por el victimismo que dicta que nunca los gobiernos centrales han pensado verdadera y sinceramente en el beneficio de Cataluña, sino que, antes al contrario, la sociedad catalana siempre ha estado supeditada a los intereses castellanos (o de Madrid), también en el Setecientos, cuando se opina, por parte de algunos autores, que el agrarismo conservador castellano casi acaba ahogando al progresista industrialismo catalán. Y ha resultado asimismo frecuente que la interpretación del Setecientos haya estado edificada, en una parte importante de la historiografía catalana, sobre el maniqueísmo de «buenos» y «malos» en el que aquellos individuos, clases o acontecimientos que cuadraban con el paradigma filoaustracista eran social y políticamente bien considerados mientras que quienes no entraban en el mismo eran situados en las filas de los no patriotas o antipatriotas.

Un maniqueísmo que ha llevado a establecer a menudo un cuadro, difuso si se quiere pero cívicamente actuante, de «necesarias» contraposiciones irreconciliables que dictan que se creó a partir del Setecientos una Cataluña industrializadora, rica, abierta, progresista y europea enfrentada a una España agrarista, pobre, cerrada, tradicionalista y despreciativa de lo europeo, casi africana, vista además esta última como un todo sin matices. Una contraposición generalizante entre una Cataluña «whig» frente a una España «tory» que anunciaba ya lo que sería el futuro: una sociedad catalana cosmopolita, democrática, económicamente activa y socialmente emprendedora, en la que arraigaría el liberalismo y el capitalismo, frente a una España conservadora y misoneísta que expulsó a judíos y moriscos, acabó con comuneros y agermanados y que tuvo enormes dificultades para poder asumir las libertades democráticas. O al estilo de lo afirmado por Jaume Balmes y asumido más tarde por liberales federalista como Valentí Almirall: un órgano «sano» llamado Cataluña en el cuerpo «enfermo» que era la Monarquía española.

Una Cataluña que tenía un «hecho diferencial» (característica por otra parte empíricamente evidente) a menudo tratado como un «abstracto» sin definir y con frecuencia tendente a resultar mitificado y exagerado; un hecho diferencial que se presenta en el fondo como el producto de un «ethos» ancestral y particular de los catalanes, una forma ontológica propia y diferente a la castellana y productora de una especial «psicología catalana». Es decir, a mi juicio, mero esencialismo propio de quienes abordan el objeto de estudio «Cataluña en el Setecientos» más con los sentimientos que con la razón, de quienes hacen de Cataluña una «persona» y no una realidad fabricada históricamente en el marco no solo de los enfrentamientos entre centro y periferia, sino también en el marco de las pugnas internas de clase. Una concepción del pasado en la que la generalización abusiva e interesada, respecto a Cataluña o a España se impone a la búsqueda de los matices y de la complejidad propia de lo humano en sociedad.

En estas interpretaciones históricas del Setecientos inspiradas en la ideología catalanista o nacionalista (insisto, de diverso tono y matiz) no suele ser inusual que la «parte» se tome por el «todo», que el lenguaje del historiador conforme visiones uniformistas de Cataluña y de los catalanes (e igualmente de España y los españoles) como un todo inequívoco e indiviso. Es más, con frecuencia, Cataluña se convierte incluso, en esta literatura histórica de corte nacionalista, en un ente con vida propia cual si de una persona sintiente se tratase al estilo del más clásico romanticismo. Se lee, con harta frecuencia, por ejemplo, que «Cataluña [a veces se dice “los catalanes”] fue vencida por las tropas de Felipe V», cuando en puridad sería más exacto decir, pienso, que los partidarios austracistas que dominaron las instituciones políticas tradicionales, y que fueron haciéndose socialmente mayoritarios frente a los catalanes partidarios de los Borbones, resultaron militarmente derrotados en 1714 por las tropas borbónicas apoyadas decisivamente por Francia. No es inusual que en el propio discurso de algunos historiadores, incluso de los más actuales, los catalanes borbónicos, que a la postre triunfaron gracias a la victoria militar de Felipe V, sean considerados implícitamente como «no catalanes» («botiflers»), como individuos que estaban exentos de la verdadera catalanidad y del verdadero patriotismo, que para estos autores parece que únicamente deben ser ubicados de hecho en el vencido bando austracista y en la defensa de las veteranas instituciones.

III

En un marco historiográfico mayoritariamente presidido por la perspectiva nacional, e influido por la ideología catalanista o nacionalista, no es de extrañar que el análisis social, la perspectiva de «clase», se encuentre en situación subordinada y en evidente precariedad[1108]. En ciertos historiadores, la ausencia de la cuestión de clase viene incorporada a su propia concepción conservadora sobre el devenir de las sociedades humanas. Pero en aquellos autores que han mostrado tener como base historiográfica la teoría del materialismo histórico, parece que también la perspectiva de clase ha ido perdiendo peso específico a la hora de interpretar el Setecientos catalán, tanto en sus aspectos políticos (incluida la guerra de Sucesión) como en los económicos o culturales, siendo sustituida progresivamente por la mirada identitaria, donde el singular «pueblo» suele ocultar al plural «ciudadanos» compuesto por distintas, y a veces enfrentadas, clases sociales.

De este modo, tal parece que lo «nacional» se imponga cada vez con mayor rotundidad a lo «social», que de manera paulatina resulte más frecuente, y políticamente más correcto, estudiar Cataluña como un «todo nacional» socialmente indiscriminado antes que analizarla como una sociedad organizada en clases sociales defensoras de diversos intereses y de diferentes ideologías sobre el modelo de sociedad o sobre el ordenamiento político territorial a construir y defender. Cada vez se singulariza más el análisis alrededor del concepto «Cataluña» (en su caso valdría igual decir «España») y se pluraliza menos tomando como punto de referencia el concepto «clase social». Cada vez se centra más la atención en la identidad colectiva («nacional») que Cataluña tenía como país en el Setecientos (y por ende en sus diferencias con otras identidades colectivas españolas o europeas), y se olvida que su existencia no fue independiente de los discursos de clase que pugnaban en su sociedad. Se prima una mítica y unitarista visión nacional (aunque se insiste en la pérdida de «conciencia nacional catalana» como un mal en sí mismo producto del absolutismo y/o de la flaqueza de una parte de los propios catalanes, especialmente de sus clases altas) y se soslaya la real pluralidad social del «hecho catalán». Se prioriza la insistencia en la «identidad común propia» frente a otras identidades foráneas, mientras se vadean los diferentes intereses de clase en la ponderación final del Setecientos catalán; intereses de clase que comportaban distintas solidaridades entre las élites sociales de las Españas, así como de una relación específica de cada una de ellas con el gobierno central. A mi modo de ver, ha sido como una especie de venganza historiográfica: el nacionalismo, a través de los fenómenos de identidad, ha pasado de ser antaño minusvalorado frente a las cuestiones de clase a convertirse en la actualidad en el valor hegemónico para muchos historiadores catalanes: entre marxismo y nacionalismo parece que el segundo ha ido ganando la partida al primero en gran parte de la historiografía del principado. Es como si la idea romántica de que la nación es el sujeto central de la historia hubiera vuelto a triunfar.

Y, sin embargo, se me antoja fundamental la necesaria contestación a diversas preguntas no siempre presentes en los discursos históricos inspirados por el nacionalismo: ¿Acaso no fue fundamental la conjunción de los intereses de clase capitaneados por Feliu de la Penya en el origen de la guerra de Sucesión en Cataluña e incluso cuando la misma se convirtió también en una cuestión constitucional? ¿Qué grupo social dirigente se conformó tras la derrota de 1714 y cuáles fueron sus diferencias con aquellos sectores que dirigieron al principado durante la contienda? ¿Cuál fue el diverso beneficio que obtuvieron las clases sociales catalanas de las diferentes políticas de los gobiernos borbónicos del siglo? ¿Cuáles fueron las distintas ganancias que en el seno de cada grupo social obtuvieron sus individuos? ¿Fue la burguesía comercial e industrial una clase «nacional» por antonomasia buscadora consciente del progreso colectivo antes que una clase social con sus particulares intereses? ¿Conformó con una parte de la nobleza la nueva clase dirigente catalana? ¿Acaso no hubo pugnas entre comerciantes y menestrales, entre comerciantes y fabricantes, entre comerciantes y patrones de barco, entre empresarios fabriles y obreros, entre campesinos y señores laicos o eclesiásticos al mismo tiempo que hubo enfrentamientos, incluso violentos, entre distintos sectores de la sociedad catalana y algunas autoridades borbónicas por diferentes motivos?

Ya me perdonarán la obviedad, pero es preciso recordar que en la Cataluña del Setecientos había clases sociales y hubo enfrentamientos de clase, y que el historiador no debe olvidarse de ello y sustituirlo por una mítica unidad nacional interclasista y por pensar que todo el análisis histórico debe centrarse en las reales o supuestas hostilidades entre una Cataluña considerada como un todo casi abstracto y una monarquía borbónica considerada monolíticamente invariable durante el siglo. La Cataluña de esa centuria era también social, también tenía propietarios y no propietarios, empresarios y trabajadores, maestros y aprendices, patrones y sirvientes, ricos y pobres, integrados y marginados, gentes que mandaban y gentes que obedecían, y no podemos soslayar esta realidad por temor a no confirmar históricamente la unanimidad interclasista catalana frente a lo «exterior» que determinadas opciones nacionalistas consideran políticamente correcta y necesaria para el futuro del país. Por eso no pienso que fuera un mal enfoque ver la cuestión no tanto (y por supuesto no solo) desde el punto de vista de la nación, sino desde la perspectiva de la sociedad realmente existente, es decir, interrogándose sobre las diferentes consecuencias de las políticas borbónicos respecto a los diversos sectores y clases sociales y, en consecuencia, preguntándose asimismo por qué unas clases aprovecharon mejor que otras esas políticas y por qué, en su conjunto, lo hizo con mayor provecho la sociedad catalana que otras sociedades hispanas.

Declarado lo antecedente, no debemos interpretar como mera casualidad el hecho de que la historia social del Setecientos catalán, pese a algunas meritorias contribuciones, continúe teniendo una situación precaria. Precaria quiere decir que nuestro conocimiento sobre la nobleza, la clerecía, las llamadas profesiones liberales, la menestralía, el campesinado, los trabajadores urbanos, las gentes de mar o los diferentes sectores marginados continúa siendo en buena medida una asignatura pendiente. Desde luego que tenemos noticias sobre todos ellos, pero resulta palmaria la escasez de estudios que busquen comprender holísticamente el comportamiento en la sociedad catalana de cada uno de estos sectores en relación al resto de las clases sociales y en función de su número, sus patrimonios, sus actividades económicas, sus rentas y beneficios, sus actitudes sociales, sus mentalidades colectivas y sus variadas y variables relaciones con las autoridades borbónicas[1109]. Como no menos palmaria resulta la falta de investigaciones acerca de la conformación de las nuevas clases dirigentes catalanas de la centuria, en el sentido de apreciar qué familias procedían del austracismo y cuáles provenían del borbonismo, cuáles de veteranas huestes nobiliarias y cuáles de la nueva clase burguesa y en qué medida llegaron a conformar un pacto tácito sobre la gobernación de Cataluña participando al alimón en instituciones políticas, económicas y culturales tales como los ayuntamientos, la Junta Particular de Comercio o las academias científicas y literarias. O bien qué posibles enfrentamientos tuvieron a lo largo del siglo y por qué. Ni tampoco tenemos analizadas las relaciones de esas nuevas clases dirigentes catalanas, especialmente las barcelonesas, con aquellas que se fueron creando con el absolutismo borbónico en el propio Madrid y en los aledaños de la Corte desde Felipe V.

No parece tampoco mera casualidad el hecho de que sean precisamente los grandes comerciantes e industriales y algunos sectores enriquecidos de los mercaderes con tienda abierta quienes han suscitado mayor y más decidida atención. Y ello es así porque, en buena medida, se ha querido ver en estos sectores emprendedores, en esta burguesía casi inexistente en la «feudal» Castilla, a quienes se convertían de facto en una verdadera «clase nacional», que con sus fecundas actividades realizaba la tarea de poner en marcha a todo el cuerpo catalán para conducirlo hasta la prosperidad tras la derrota militar austracista de 1714. Así, la comunidad mercantil e industrial, y su institución de la Junta Particular de Comercio, concedida y respaldada por cierto por las autoridades borbónicas, han sido especialmente atendidas porque en ellas se ha tendido a ver a quienes, en medio de un sistema político absolutista presentado como hostil por ajeno, eran capaces de levantar la economía catalana (a menudo se recuerda que pese al Estado) llevando la bonanza a todos los rincones de la sociedad y preludiando además el verdadero camino de la modernidad y del progreso e incluso, en cierta medida, preconizando una cierta vuelta a la idiosincrasia particularista catalana.

Y siendo cierto que la actuación de estos sectores sociales fue objetivamente dinámica y fructífera, y que en algunos casos preludiaba determinados comportamientos que después serían comunes denominadores de las sociedades europeas del capitalismo, no cabe duda tampoco que no deberíamos olvidar que el interés de clase estuvo siempre por encima del interés nacional a la hora de emprender sus negocios y de que imaginaran el futuro político, institucional y social en el que los mismos se desenvolverían más adecuadamente. Cuando el futuro de Cataluña y de España era definido por ellos, debemos pensar que en dicha definición anidaba también la intencionalidad de seguir manteniendo la tasa de beneficios de sus negocios, la solidez de sus patrimonios y su lugar de preeminencia en la estructura social. No digo que acaso no se sintieran «clase nacional» ni que no creyera en la necesidad de actuar como tal en el contexto de la Cataluña del Setecientos, sino que su visión de lo «nacional» no fue independiente de lo «social». El sentimiento de clase nacional por parte de los personajes de la Junta Particular de Comercio podía obedecer a un sentimiento patriótico que no cabe desvincular sin embargo de una forma de buscar su hegemonía de clase en la sociedad catalana. Incluso puede pensarse que en su mentalidad se diera una conjugación de ambas cuestiones al pensar que el triunfo de sus criterios de clase era lo mejor que le podía pasar a Cataluña (y a España). La burguesía catalana austracista de la guerra de Sucesión, la borbónica del Setecientos o la liberal del Ochocientos buscaron la protección del Estado español pensando que los aranceles servían para defender sus intereses y que con eso hacían lo propio con los de toda Cataluña: su discurso «nacional» nunca estuvo, sin embargo, en contradicción con sus intereses de «clase». Estoy convencido de que algunas de las enseñanzas del materialismo histórico tienen todavía recorrido y vigencia en el análisis histórico y no me parece historiográficamente adecuado olvidarse de ellas por mucho que ello disguste a ciertos nacionalismos interclasistas, les parezca una antigualla teórica a algunos posmodernos radicales o sea utilizado retóricamente por quienes acaban poniendo el énfasis analítico en las identidades nacionales antes que en las cuestiones de clase[1110].

Al analizar el nacionalismo como fenómeno histórico es bien verdad que sería una equivocación quererlo centrar todo, en «última instancia», en el factor clase social, pero tampoco resulta menos cierto que sería erróneo marginar la problemática de clase porque de esta forma parece que se consigue más unanimidad social para el proyecto holístico de cada nacionalismo. En el caso catalán, sospecho que podemos cometer el desacierto de no percibir una cuestión crucial: si olvidamos la importancia de la variable social, podemos incurrir, en el terreno de la historiografía, en un pensamiento único y canónico de sesgo nacionalista, justificado de manera oportunista en función de la existencia de su homónimo español. Un paradigma que interpreta todo el siglo XVIII catalán en clave única de una dialéctica de relaciones encontradas entre Cataluña y España (especialmente Castilla) con el absolutismo borbónico como telón de fondo culminando las pugnas comenzadas con los Austrias. Un enfrentamiento que se quiere atávico e «inevitable», dado el hecho diferencial existente entre una realidad «nacional» española castellanizante y unitarista que buscaba indefectible la uniformidad por medio del absolutismo por un lado, y una realidad «nacional» catalana que requería de la pluralidad propia del austracismo paccionista por otro. Una pugna política y «nacional» entre Cataluña y España que se afirma como inexorable y a la que también se da cierta existencia para el caso del Setecientos, aunque se reconoce que se mantuvo en una situación larvada y con expresiones moderadas, dado que el crecimiento económico de la centuria y el autoritarismo militar de los Borbones, se argumenta, evitaron que fuera a mayores.

Sin embargo, con esta perspectiva, en lugar de abogar por lo que sabemos que resulta lo propio de la historia de las sociedades, a saber, la complejidad propia de una comunidad humana estructurada a partir de diferentes y a menudo encontrados intereses de grupo y/o clase, es frecuente que se produzcan interpretaciones simples, parciales, maniqueas, victimistas y reduccionistas que con frecuencia dan paso a la generalización abusiva e interesada, al ideologismo en historiografía y a la soberbia de sentirse, en el fondo, respecto a otros pueblos hispánicos, algo más que un pueblo con algunas diferencias objetivas, históricamente construidas, que le han permitido articular una identidad propia y asumida. Una visión historiográfica que plantea el Setecientos como un tema de mera «contabilidad nacional» entre Cataluña y España (es decir, saber qué ganancias obtuvo la una de la otra y viceversa), dejando de lado los diferentes y a menudo contradictorios beneficios de clase que existían y se perseguían en uno u otro ámbito territorial, y también olvidando o minimizando las fecundas vinculaciones que el Setecientos creó y/o potenció entre el principado y otras regiones españolas. Una contabilidad nacional que, por cierto, es contemplada, habitualmente, solo desde el mero ángulo económico, sin mayor consideración de las cuestiones políticas que con frecuencia condicionan, en positivo o negativo, la propia actividad económica de un país. En esa dialéctica contable, los nacionalismos tienen un terreno abonado para buscar, parcial y sesgadamente, los hechos que corroboran sus posiciones apriorísticas sobre el «eterno egoísmo» de los catalanes en el caso del nacionalismo español, y acerca del «permanente maltrato» de los gobiernos españoles en el caso del nacionalismo catalán. Al final, tal parece que los historiadores nacionalistas de uno y otro cuño estudien la realidad del Setecientos desde ópticas sentimentales y desde pertenencias identitarias previas que dirigen en última instancia su quehacer científico.

Pues bien, para evitar tan indeseada situación historiográfica, la cuestión social se me antoja un necesario preventivo. El historiador de la Cataluña setecentista debe tener como objeto primario de estudio la historia de los catalanes que desarrollaron su vida en un determinado marco político estatal, primero agregativo y «horizontal» y después centralizador y «vertical». Es mi criterio que el objeto de estudio primario debería ser la sociedad catalana y española antes que Cataluña y España como representaciones político-identitarias de un «yo colectivo» abstracto y tenido casi siempre por unitario, uniforme y unánime. La cuestión seminal del debate historiográfico no debería ser tanto la nación o el Estado-nación como las sociedades que forman y reconforman históricamente estos hechos político-jurídico-identitarios a partir de una determinada estructuración social con significadas diferencias internas. Pienso que confunde notablemente el análisis historiográfico que hablemos de Cataluña (o de España) como algo que implica, necesariamente, a todos los catalanes (o a todos los españoles) sin mayores precisiones sociales o geográficas. Y pienso, igualmente, que remitirse solo a los análisis políticos e institucionales olvidando la historia social acaba por ocasionar un peligroso reduccionismo histórico que se presta a una interpretación sesgada del pasado en clave nacionalista.

Por todo lo anterior, es mi criterio que la perspectiva social no puede quedar subordinada a la nacional: no fue lo mismo lo que el absolutismo borbónico significó para los catalanes (lo que requiere de suyo una respuesta necesariamente plural referida a las diversas clases sociales) que lo que significó para Cataluña como país (lo que precisa también una respuesta igualmente plural en lo temático referida a la política, la economía, la cultura, el idioma, el derecho, etc.). Me vienen a la memoria las palabras de Vilar cuando afirma dos de sus principales tesis para entender la historia de Cataluña y la del catalanismo: que es imposible separar el origen y evolución de los «movimientos nacionales» de los fenómenos de clase, y que aquellos no pueden reducirse a una creación ex nihilo derivada de la acción instrumental de intereses parciales y momentáneos[1111]. Pienso que durante el Setecientos las diversas clases sociales catalanas, especialmente las dirigentes, no sintieron especial motivación por movilizar un sentimiento particularista preexistente en contra del Estado borbónico, dado que no lo vieron como algo que afectara a sus intereses económicos y de clase más preciados. En general, durante la mayor parte de la centuria posterior a los acontecimientos de 1714, la clase dirigente catalana no se sintió decepcionada y no necesitó aspirar a dirigir una entidad política propia como iba a ocurrir, en cambio, a finales del siglo XIX y principios del XX, cuando una desencantada burguesía nacionalista se convenza de que el Estado español de aquellos años no protegía sus negocios con suficiente eficacia, seguridad y futuro. En el caso de Cataluña, el descontento frente a las políticas económicas del Estado ha conducido históricamente a mayores dosis de particularismo asumidas a menudo de manera interclasista.

IV

También pienso que sería muy pertinente evitar las valoraciones globalizadoras del siglo efectuadas a partir de visiones unidimensionales de la realidad catalana del Setecientos y de sus plurales relaciones con los gobiernos borbónicos. Una visión secular de la centuria y una visión holística de su realidad deberían acompañarse de una mayor precisión matizadora que sustituyera a una generalización a menudo abusiva, construida a partir de un acotado espacio temporal o una determinada temática, y efectuada en ocasiones en aras a otorgar mayor fuerza confirmadora al apriorismo del que a menudo se parte.

Este desiderátum debería afectar, en primer lugar, a la cronología. Pienso que es muy importante recordar que mirando el siglo únicamente desde la atalaya de su último cuarto no se puede interpretar de forma adecuada. Y que si nos quedamos en los tiempos de Felipe V nos pasa otro tanto. La valoración ponderada de las relaciones entre los catalanes y el absolutismo borbónico debe tener muy en cuenta el transcurrir secular. No fueron iguales los difíciles y represivos tiempos posteriores a la guerra que los años cuarenta con un rey decadente, con los exiliados vueltos a casa, con un régimen absolutista aposentado y una Cataluña cada vez más dinámica en sus actividades económicas, más sosegada socialmente y acomodándose de manera paulatina a la nueva situación política. No fueron iguales los años de Fernando VI, con una progresiva normalización política plena de renovadas esperanzas económicas que daban como fruto acuerdos entre las clases emprendedoras de la economía catalana y las autoridades borbónicas, que los años de realizaciones plenas de Carlos III, en los que ya se aceptaba a un régimen absolutista y reformador que la mayoría de los catalanes no sentía que mermara su progreso, como lo demostró la buena acogida a gran parte de sus medidas institucionales y económicas, aunque en su reinado tampoco faltaron algunos desencuentros, como ocurrió en el caso del motín de las quintas en 1773. Ni tampoco fueron idénticos los buenos principios del reinado de Carlos IV que los complicados tiempos finiseculares, con los británicos bloqueando el comercio colonial y los franceses entrando en España en medio de un vacío de poder que condujo a los catalanes a tomar mayoritario partido por la monarquía absoluta borbónica en el marco de crecientes dificultades económicas.

Todo esto es cosa bien sabida y al lector más avezado puede parecerle el descubrimiento del Mediterráneo. Pero pienso que es necesario recordar que a lo largo de tantas décadas las actitudes de los gobiernos y de los catalanes fueron variando y tomando rumbos diferentes. Desde los tiempos de posguerra, con Carrasclet todavía por los campos de Cataluña, se pasó a otros momentos en los que la economía se expandió, las clases productivas fueron desplegando sus alas, los sectores dirigentes se sintieron cada vez mejor encuadrados en el nuevo régimen (aunque naturalmente aspiraron a detentar el máximo poder como bien lo muestra el Memorial de Greuges, de 1760) y el absolutismo no abandonó una senda reformista que, con sus limitaciones, fue bien vista, y en general apoyada, por las gentes emprendedoras del principado. El rumbo que tomaron las relaciones entre una mayoría de los catalanes y gran parte de las autoridades borbónicas fue de paulatino entendimiento y colaboración, y en ese contexto fueron numerosos quienes cada vez admitieron con mayor acomodo un régimen político de corte autoritario y paternal que disponía de «una autoridad absoluta, pero moderada», como afirmaba Francesc Rosell en su Disertación histórico político legal por los Colegios y Gremios de Barcelona, un régimen contra el que a principios del siglo muchos habían combatido. Así pues, creo que deberíamos hacer un esfuerzo por dimensionar temporalmente de manera más matizada las relaciones entre los catalanes y los Borbones en la decimoctava centuria y de este modo acordar con Vilar que el «despotismo» de Carlos III, apoyado en una coyuntura feliz, se hizo aceptar por el conjunto de las clases sociales[1112].

V

Afirmo igualmente que sería adecuado introducir el plural para no incurrir en el error de valorar el conjunto del siglo a partir de una sola temática histórica. A mi entender, tendríamos que evitar una ponderación global del Setecientos catalán surgida de visiones unidimensionales de carácter «politicistas», «economicistas» o «culturalistas», si se me permiten tales expresiones. Asumiendo la idea de que las diferentes parcelas de la realidad tienen fecundas y dialécticas conexiones entre sí, es evidente que no podemos valorar lo que el siglo representó para los catalanes, o cual fue el tono y la manera de las relaciones entre estos y el absolutismo, contemplando la centuria exclusivamente desde el prisma de la política a partir de la Nueva Planta y sus efectos, desde el crecimiento económico catalán y las políticas económicas reformistas o desde la vertiente cultural poniendo únicamente el acento en la cuestión lingüística o en la supresión de las antiguas universidades catalanas y su sustitución por la Universidad de Cervera.

Así, cuando hablamos de las relaciones entre los catalanes y el absolutismo borbónico, es evidente que no en todos los ámbitos de la realidad las mismas tuvieron idéntico contenido, sentido y consecuencias. Y que la generalización valorativa sobre el global de dichas relaciones no puede hacerse a partir exclusivamente de lo que ocurrió en la vertiente particular de lo político, lo económico, lo cultural o lo identitario, sino que debemos sopesar lo que en cada ámbito sucedió y darnos cuenta de que las ponderaciones pueden ser diferentes en cada uno de ellos. No digo que no pueda ofrecerse una interpretación global sobre la trascendencia del siglo para la historia de Cataluña como entidad política reconocible. Y no digo que no pueda hacerse lo propio sobre la naturaleza y las consecuencias de las relaciones entre los catalanes y los gobiernos borbónicos. Lo que afirmo es que las mismas no deberían efectuarse únicamente a partir de lo que pasó con el régimen político, con la economía o con el idioma vernáculo, por ejemplo. Es decir, no deberíamos levantar una conclusión general a partir solo de lo que establezcamos en uno de esos ámbitos. Cuando se adopta a priori una posición filoborbónica o filoaustracista puede olvidarse algo elemental: que las cosas fueron diferentes en los distintos ámbitos de la vida catalana y que no es preciso tener la necesidad de demostrar que todo fue excelente o que todo fue un desastre según lo precise la toma de partido inicial. Aunque los políticos y la opinión pública demanden muchas veces a los historiadores una recapitulación enjuiciadora y lapidaria sobre una centuria, nosotros debemos responder que en nuestro oficio lo propio es ofrecer interpretaciones en las que lo global y lo sectorial, la generalización y las matizaciones tengan una adecuada presencia y en las que estén ausentes los enjuiciamientos ideológicos a posteriori.

Incluso, en cada uno de los diversos ámbitos de la realidad catalana, deberíamos proceder a unas interpretaciones más matizadas y menos rotundas. Así, a título de mero ejemplo, creo que deberíamos reflexionar más sobre las relaciones entre la Nueva Planta y el crecimiento económico secular. Es decir, sobre las relaciones entre la tranquilidad política, el sosiego social y la seguridad jurídica que hubo a partir de aquella, y las posibilidades de despliegue de los espíritus emprendedores fomentando el crecimiento y el desarrollo de la economía catalana. A mi modo de ver, objetivamente, ambas cuestiones fueron condiciones necesarias pero ninguna de ellas suficiente para explicar el dinamismo catalán setecentista. Cataluña tenía ciertas posibilidades empresariales que se empezaron a despertar a finales del siglo XVII y que se encogieron con la guerra de Sucesión para volverse a manifestar con fuerza a partir de 1720. Pues bien, el absolutismo borbónico, primero represivo y luego siempre autoritario y paternalista, aportó tranquilidad política y social a los emprendedores dinámicos que habitaban en las filas de los comerciantes, los industriales, la menestralía y la payesía. Sin estos destacados protagonistas hubiera importado poco el sosiego político y social, pero sin este último hubiera sido más difícil el desarrollo catalán pese a la favorable coyuntura internacional de la centuria. ¿Se hubiera aprovechado igual o mejor con el régimen anterior de los Austrias dicho ciclo alcista de la economía mundial? No lo sabremos nunca, puesto que la recuperación de 1680 fue tímida y no hubo tiempo suficiente para ver dónde podía llegar dado que la guerra lo modificó todo.

VI

Pienso asimismo que deberíamos tener muy en cuenta, cuando nos interrogamos acerca de lo que hicieron los gobiernos borbónicos por los catalanes a lo largo del siglo, que aquellos gobernaban para toda España. Lo que significa que las políticas a seguir por parte de los ministros borbónicos debían tener presente al conjunto de una Monarquía en la que existía una notoria variedad territorial en lo referente a la economía, la sociedad o el entramado jurídico. Una secular diversidad en la que convivían verdaderas regiones económicas no siempre coincidentes con las regiones históricas[1113] y en la que aquello que pasara en América era sencillamente fundamental[1114]. Y contemplar al tiempo una política que en términos generales sirviera para mejorar y engrandecer España y situarla mejor en el complicado concierto internacional de la época sin menoscabar los variados y legítimos intereses regionales de las Españas (incluidas las Indias) no resultaba nada fácil. Una política agraria que conformara al latifundista andaluz y al enfiteuta catalán o una política industrial y comercial que favoreciera por igual a la burguesía catalana con sus exportaciones autóctonas o a la testaferraria burguesía gaditana eran sin duda complicadas de realizar. Lo que se entendía aceptable para el desarrollo andaluz o gallego, por ejemplo, no siempre era lo conveniente para el progreso de la economía catalana, o viceversa. Lo que iba bien para una economía activa y próspera como la valenciana no siempre resultaba adecuado para economías más estancadas como la asturiana o la manchega, por ejemplo.

En medio de esa permanente realidad de diferenciados y legítimos intereses regionales y sociales legados por la historia, los gobiernos borbónicos hubieron de legislar y gobernar durante el siglo. Y lo hicieron con la limitada capacidad que en la época se disponía para hacer cumplir las directrices emitidas por parte de un Estado que, por mucho absolutismo centralizador que practicase, todavía tenía las fuerzas muy embrionarias en muchas de sus funciones y albergaba no pocas deficiencias y corruptelas en el ámbito burocrático[1115]. No tener esto en cuenta a la hora de analizar, interpretar y valorar las decisiones del reformismo borbónico respecto a la realidad catalana puede llevar a deformar de manera notable la investigación histórica en la medida en que el historiador actúa bajo la batuta del análisis simplista de los procesos históricos en lugar de hacerlo bajo la perspectiva de la enorme complejidad que despliega lo humano en sociedad. Es verdad que, en general, los gobiernos borbónicos no hicieron políticas regionales tal como las entendemos en la actualidad. Pero es igualmente cierto que realizaron sus políticas teniendo presentes los intereses de los diversos territorios de la Monarquía. Y respecto a los catalanes en particular, no creo que pueda afirmarse que los gobiernos del siglo no tuvieran en cuenta sus peticiones y sus intereses, especialmente de quienes tenían con ellos una comunicación más fluida y directa, como era el caso de los sectores comerciales e industriales y también de la nobleza urbana o de los prohombres de los gremios.

En este sentido, un análisis social nos viene a decir que las clases que estaban bien instaladas en el sistema tardofeudal catalán no tuvieron en general la impresión de que los gobiernos del siglo gobernaran a la contra de sus intereses básicos. Ni la nobleza, ni la clerecía, ni los comerciantes, ni los industriales, ni los tenderos, ni los menestrales, ni los payeses levantaron sostenidas voces críticas. Hubo, desde luego, algunas disensiones en aspectos concretos en determinados momentos como fueron las protestas contra el catastro (sobre todo a principios del siglo), la petición de mayor participación en los ayuntamientos por parte de la menestralía (algo acalladas con los síndicos personeros y diputados del común instaurados por Carlos III), el memorial de los regidores borbónicos para disponer de mayores atribuciones en los ayuntamientos al estilo del tiempo de los Austrias o los memoriales de los grandes comerciantes y fabricantes ante algún decreto liberalizador de la importación textil (pronto pasado a mejor vida y sustituido por políticas proteccionistas). Pero todas ellas resultaron manifestaciones de una sociedad civil dinámica que no puso en cuestión sin embargo el conjunto del modelo social y político en el que vivía. Ni siquiera en el motín contra las quintas en 1773 o en las algaradas ante la carestía del pan en 1789. En Cataluña no hubo algo de similar importancia política al motín de Esquilache ni a la conspiración de Picornell, y no solo por la posible represión gubernamental (que por cierto era igual para todos los españoles en los casos de rebelión social o de conspiración política), sino porque no hubo demanda social para andar por esas veredas.

De cualquier modo, aquí también cabe la pluralidad en el análisis dado que no fue la misma utilidad y la misma satisfacción las experimentadas por todos los catalanes, pues parece evidente que las posibles bondades del reformismo borbónico no debieron de ser iguales para los enriquecidos comerciantes e industriales, para los prósperos tenderos y menestrales, para las poderosas mitras catalanas o para los influyentes regidores nobles de los ayuntamientos, por ejemplo, que para quienes ni siquiera lograron tener un lugar al sol en la expansiva Cataluña del Setecientos, por mucho que se crearan para ellos eficaces casas de misericordia.

Pero con todo, en el Setecientos la tensión entre el centro y la periferia, entre la unidad y la diversidad, si bien no desapareció completamente, sí que se amortiguó en gran medida. Ocurrió en toda Europa y también en España, donde las viejas tensiones entre las «libertades» forales regionales procedentes del mundo medieval y las unidades estatales en ciernes casi desaparecieron. Personajes como el conde duque y Pau Claris ya no volverían a aparecer, quizá porque la bonanza económica del siglo permitió una mejor entente entre los gobiernos borbónicos y las élites catalanas o quizá porque la guerra de Sucesión había sido una lección demasiado cruenta y dura para volver a repetirla. O bien, lo más probable, por ambas cosas a la vez. Sin embargo, en el caso catalán, que las viejas tensiones no tuvieran tanta intensidad no significa que no existiera, como producto de la historia propia, una conciencia espontánea de ser diferentes, de que España era las Españas y de que se podía admitir la unidad pero sin que se concibiera como una anulación de la diversidad. Una diversidad que ahora no buscaba tanto mantener un orden constitucional diferenciado y propio para cada reino como que el orden constitucional español reconociera el hecho evidente de las Españas y de sus tradiciones políticas.

VII

También considero que es conveniente no caminar por la tentación de producir valoraciones históricas sobre la base de la comparación especulativa virtual[1116]. A menudo se efectúan, en una parte de la producción historiográfica catalana, interpretaciones que buscan en lo que supuestamente hubiera hecho el Archiduque su punto de anclaje para valorar lo que hicieron en realidad durante la centuria los gobiernos borbónicos, especialmente en materia política e institucional. Sabido es que lo que pudo ser y no fue resulta materia harto difícil de abordar por parte de los historiadores y que esta perspectiva conduce con frecuencia a reinterpretar los procesos históricos a la luz de los proyectos políticos del presente. Por tanto, no podemos extrapolar lo que el aspirante austríaco hubiera hecho a partir de lo que realizó en el poco tiempo que tuvo de reinado en medio de un conflicto bélico de dimensiones mundiales y en el que además debía ganarse la adhesión de los catalanes a su causa dinástica. Ni tampoco creo que sea de recibo historiográfico extrapolar a partir de lo que después hizo en su país natal como emperador, pues, entre otras cosas, España con América no era el Imperio Austríaco y las políticas internacionales de españoles e imperiales no tuvieron las mismas circunstancias, intereses y estrategias.

Igualmente creo conveniente abandonar la especie especulativa que viene a decir que, a la vista de los adeptos que fue ganando mayoritariamente en Europa el absolutismo de carácter reformador, poco proclive a mantener los tradicionalismos políticos particulares, y dadas algunas actuaciones no muy respetuosas con la constitucionalidad catalana en su corto gobierno de España y algunas medidas centralizadoras en su imperio, es bastante probable que el archiduque Carlos hubiera mantenido posiciones poco deferentes con el foralismo y se hubiera inclinado de facto por practicar un absolutismo nada lejano al de los Borbones. Ni tampoco sabremos nunca, por falta también de empiría, si el Felipe V que empezó respetando las Constituciones catalanas hubiera seguido con dicha política durante su reinado, como hizo con Navarra y el País Vasco, que le fueron fieles, de no haber mediado el conflicto internacional de la guerra sucesoria y los diversos intereses nacionales y dinásticos que en ella se jugaron. O como tampoco sabremos nunca si los austracistas catalanes hubieran llevado a cabo una revuelta contra el rey establecido en las Cortes de 1701 de no haber existido una estrategia aliada que deseaba crear en Cataluña un foco de inestabilidad política para ir avanzando en el objetivo de poner al archiduque Carlos en el trono español y ganar así peso para conquistar la hegemonía en Europa que se estaban disputando Inglaterra y Francia, potencias ambas que tenían a España como principal objeto de sus deseos comerciales[1117].

Estos enfoques de cariz especulativo y ribetes ucrónicos resultan un planteamiento acientífico que debemos evitar que contamine el análisis histórico. Son meras suposiciones ensayísticas que comprendo que ejerzan cierta fascinación en un público lego no especializado, pero que no tienen valor científico por carecer de la materia empírica necesaria para ser comprobadas. El grado de respeto a las Constituciones catalanas por parte del Archiduque como posible rey de España será una incógnita que me temo que nunca podrá ser despejada. Y el posible mantenimiento de las mismas por parte de Felipe V, otro tanto. Para que haya consecuencias tiene que haber primero causas realmente existentes. Mi adscripción epistemológica es, lo reconozco, muy occidental y está convencida racionalmente de que solo podemos conocer el ser y no la nada, la «efectividad» y no la «posibilidad».

También existe una cierta actitud especulativa en una opinión recientemente extendida entre algunos colegas de reconocido prestigio que viene a decir que si hubiera ganado la causa austracista y con ella el respeto a las Constituciones de los reinos de la Corona de Aragón, el desarrollo histórico de Cataluña y de España hubiera llegado antes y mejor a la «modernidad», como ocurrió palmariamente en el caso de Gran Bretaña, que gracias a su sistema parlamentario, a sus mejores conexiones entre la política y la economía, a los mayores controles por parte de la clase dirigente sobre la monarquía o a la posibilidad de que los intereses del «común» fueran políticamente representados, se pudo erigir en el santo y seña del «progreso» económico en la Europa de su tiempo[1118].

De haber vencido el austracismo, se postula, todo hubiera ido mejor para España y para las Españas porque hubiera sido un sistema más moderno y más parecido a lo que finalmente la historia de Europa desarrolló un siglo y medio después: la democracia liberal, el parlamentarismo y el capitalismo industrial. Y también un sistema más moderno en cuanto a la constitucionalidad del Estado español, porque hubiera supuesto un modelo de carácter «federal» más acorde con la constitutiva naturaleza de la realidad hispánica, como finalmente ha venido a demostrar el proceso histórico contemporáneo con la instauración del Estado de las autonomías. Además, de haber vinculado los intereses de Cataluña con las prósperas Inglaterra y Holanda, como preconizaba la burguesía austracista, Cataluña hubiera salido muy beneficiada de dicho patronazgo, en lugar de que España ligara sus destinos a una Francia de la que muchos catalanes recelaban por su histórica competencia comercial y por los malos recuerdos políticos que los galos habían dejado desde los últimos acontecimientos del siglo anterior.

Se trata, como puede apreciarse, de un cierto intento retrospectivo de represtigiar el austracismo como modelo precursor de la modernidad contemporánea[1119]. Es decir, de lo que hubiera debido triunfar y no triunfó en el Setecientos. O sea: la historia de un perdedor militar cuya derrota provocó que España sufriera, innecesariamente, las fauces de un despotismo aniquilador de las Españas; un perdedor militar que ha acabado vengándose históricamente de los felipistas al ver triunfar finalmente (algunos consideran que solo parcialmente) sus ideas sobre la necesaria y conveniente vertebración «federalizante» del Estado español gracias al actual Estado autonómico.

Al margen de que el crecimiento económico y el desarrollo social británico deben imputarse a una variada causalidad y no únicamente a su modelo político, al margen de tener presente que el patronazgo británico no siempre resultó beneficioso para Portugal y al margen de recordar que la Holanda republicana tuvo grandes dificultades a fines del siglo XVII y durante el XVIII y que en cierta medida se convirtieron en marineros de los ingleses [lo cual permite preguntar (sin posible respuesta, es cierto) por qué debería haber sido inexorablemente positivo para Cataluña vincularse a los intereses británicos y holandeses], a mí me parece que estos planteamientos pueden estar legitimados como parte de algo que podríamos denominar el «ensayismo histórico», pero que es más dudoso que sean aceptables en el marco estrictamente científico.

A mi entender, no es el historiador el encargado de amparar argumentos basados en lo que no pasó y conjeturar que «tal vez hubiera pasado si…». A menudo, este tipo de reflexiones forman parte de las visiones históricas «épicas», «trágicas» y «victimistas» de algunos nacionalistas y son propias de paradigmas historiográficos que suelen caer de manera imperceptible en planteamientos teleológicos. La suposición virtual no pertenece, en puridad, al ámbito de la ciencia histórica. Es necesario, pues, revisar cualquier desarrollo historiográfico vinculado a la «Cataluña que pudo ser», a la «Cataluña que debió ser» o a la «Cataluña que hubiera sido si…». A cambio, como es propio de los historiadores, hemos de proceder a estudiar la Cataluña que realmente fue y a ponderar las consecuencias de esa realidad para el futuro de los catalanes. Y también es preciso recordar que no es patrimonio del historiador, como oficiante del conocimiento histórico, lo que en la actualidad «debería ser» la realidad catalana o española en «lógica coherencia» con una supuesta «racionalidad histórica» que también se aplica a la visión del Setecientos que se quiere defender.

La historia de la humanidad no posee una racionalidad objetiva al margen de la acción real y concreta que los individuos realizan en los diversos contextos en los que actúan y que ellos mismos crean y recrean. Y como no existe ese tipo de «racionalidad», el historiador difícilmente puede descubrirla y pensar que desde ella es posible trazar aquello que es más conveniente (casi podríamos decir que obligatorio) hacer en el presente para seguir cumpliendo con esa supuesta «lógica racional de la historia» hacia el futuro. Señalar que hubo opciones (ideológicas, políticas o sociales) que no triunfaron y explicar lo que proponían no autoriza a extrapolar lo que habría pasado si hubieran conseguido imponerse: lo primero pertenece al terreno donde la ciencia puede operar, lo segundo a una especulación ensayística que no puede ser demostrada, lo cual no le quita legitimidad de ser formulada, pero sí que la sitúa en un tipo de conocimiento que no tiene relación con el científico. Como historiador pienso que es importante no caer en el juego de las «oportunidades perdidas» de la historia, que puede acabar sirviendo para alimentar el tradicional victimismo de ciertos nacionalismos. Y por eso pienso también que ni austracistas ni borbónicos andaban por el «lado correcto de la historia», sencillamente porque la historia no está escrita a priori por una fuerza externa que ya sabe cuál es y cómo se llega al Paraíso Social. En este punto, bueno sería recuperar las atinadas reflexiones de José Ferrater Mora sobre las relaciones de los catalanes con el pasado cuando afirmaba que este último ha de ser efectivamente «un» pasado en lugar de convertirse en el reflejo de cualquier melancólica recordación de la Cataluña que hubiera podido (o debido) ser y no fue; una realidad sin existencia a partir de la cual, recuerda el filósofo catalán, se argumenta que se ocasionó después la frustración de todas sus esperanzas y supuso todas sus desgracias[1120].

VIII

En una parte considerable de la historiografía catalana ocupada en el Setecientos, pienso que también existe el peligro de poder deslizarse por interpretaciones anacrónicas, presentistas y teleológicas. Anacronismo en la medida en que el Setecientos termina siendo contemplado como una mera antesala del Ochocientos, como el último siglo de un Antiguo Régimen destinado a morir de manera inevitable bajo las «ineludibles leyes» de la «lógica racional de la historia». No es una idea nueva de mi parte. Hace ahora más de medio siglo, Luis Sánchez Agesta hacía la misma objeción:

Sin embargo, la mayor parte de los estudios sobre el siglo XVIII, quizá por su misma proximidad cronológica e ideológica, adolecen del más peligroso de los prejuicios. Ponen en el alma de los hombres del Setecientos las ideas, los sentimientos y las pasiones que arrastraron a las generaciones posteriores; proyectan sobre la historia del siglo XVIII la guerra ideológica del XIX. Basta un esfuerzo por situarnos lealmente ante sus problemas, sus circunstancias y sus anhelos para que tengamos una perspectiva distinta del siglo[1121].

No es de criticar que bastantes especialistas en el Ochocientos tengan la necesidad de buscar en el siglo anterior sus antecedentes causales más profundos, pero al ejecutar esa legítima opción heurística no deberían olvidarse de que es preciso no despojar al Setecientos catalán de su propia idiosincrasia, de sus propios valores de civilización. El Siglo de las Luces hispano y catalán no se forjó en función de lo que vendría después, sino de lo que realmente se fue fraguando en cada momento según los intereses y las estrategias de las diferentes clases sociales y de los diversos agentes políticos en un contexto de valores éticos y sociales enmarcados en un determinado horizonte de civilización que era el producido por las estructuras históricamente creadas y recreadas por el tardofeudalismo. Y todo ello en medio de la fragua de los Estados modernos y de sus permanentes querellas por acaparar recursos fiscales, vasallos, tierras, mercados y negocios, así como de sus denodados esfuerzos por centralizar el poder político frente a los antiguos reinos forales, en buena parte para conseguir dichos objetivos en el marco de una complicada y conflictiva política internacional que se disputaba la hegemonía geopolítica mundial.

A menudo se olvida que la búsqueda de antecedentes a sucesos posteriores puede adulterar la verdadera significación de aquellos si se efectúa desde una visión presentista y/o teleológica. Y en nuestro caso, una perspectiva decimonónica o presentista del Setecientos puede alterar en gran medida su valoración histórica porque lo hace hablar en función de una historia posterior que los protagonistas de aquella centuria no conocieron. Podemos ver el siglo XVIII desde la Renaixença siempre y cuando no procedamos a forzar las interpretaciones sobre el primero en función de las necesidades explicativas (a veces incluso ideológicas) de la segunda. No digo que no haya en el proceso histórico líneas de continuidad que deban ser reconocidas por los historiadores; lo que afirmo es que no debe alterarse y forzarse en vano la idiosincrasia del pasado en función de los análisis de tiempos posteriores o bien por precisarlo las ideologías políticas del presente.

Es esta una razón epistemológica bien sabida que en la historiografía catalana ha sido a menudo incumplida hasta nuestros días. La necesidad de dar continuidad a la tradición nacional catalana que a veces existe en algunos estudiosos ha forzado un tanto la búsqueda de antecedentes particularistas en el siglo XVIII: si bien es cierto que no hubo continuidad institucional, se afirma que sí que existieron en cambio acciones y discursos que reflejaban la perduración de un sentimiento «nacional». Quizá se quería reaccionar así frente a diversos autores anteriores que habían calificado con rotundidad la centuria como un tiempo de «desnacionalización» falto de fuerza para defender la «verdadera» identidad catalana y los «verdaderos» intereses de Cataluña, cuestiones ambas que se contemplan indisolublemente unidas a la propuesta austracista derrotada en 1714 y mecánicamente vinculadas al tipo de autogobierno que representaban las antiguas instituciones de origen medieval. El anacronismo y el presentismo han sido siempre malos compañeros de viaje para los historiadores, en tiempos de la Renaixença y ahora. De hecho, el matrimonio entre historiografía e ideología casi siempre acaba conduciendo a estos ejercicios intelectuales poco convenientes.

También se corre el riesgo de practicar un teleologismo inconsciente al interpretar el pasado en función de un futuro que necesariamente tiene que acabar siendo la realización plena de la nación. Todo aquello que en el Setecientos tuvo que ver con el mantenimiento de la idea de nación catalana, con la tradición política histórica, con la continuidad genealógica institucional, es contemplado como positivo. Es decir, como un elemento potencialmente modernizador de la sociedad al relacionarse con un sistema institucional más participativo, más «democrático». Y lo contrario, como negativo. Y también se corre el peligro de practicar asimismo el teleologismo inconsciente de tomar el advenimiento del capitalismo y de la democracia como el punto de referencia desde el cual se analiza (y a menudo se juzga) a los individuos del XVIII a partir de lo que hicieron o no en aras a que viniera la «inevitable» triada de la industrialización, el liberalismo político y el parlamentarismo y, con ellos, el consecuente «progreso» de la civilización europea. Todo aquello que en política institucional, social, económica o cultural se acercó durante el Setecientos a dicha trilogía es calificado como positivo, es decir, como modernizador, o sea, como una apuesta acertada para conseguir un estadio más «racional» (y por ende, léase: superior) en la organización de la sociedad humana. Y lo contrario, como negativo.

De esta manera, siguiendo una visión «whig» de la historia, en la que tal parece que el devenir de las sociedades humanas tenga un determinado e inevitable decurso, con una lógica y unas metas finales imparables para las personas realmente existentes en cada período histórico, un decurso teleológicamente establecido desde fuera de la propia especie humana (¿por el Creador?, ¿por la Razón?), el Siglo de las Luces, también el catalán, corre el peligro de aparecer fuera de su contexto, y sus gobernantes y clases sociales valorados en función de su contribución a que la «ineludible» realidad del capitalismo industrial, la sociedad liberal y el parlamentarismo político se cumplieran efectivamente como manda «la lógica racional de la historia». Y ante estos nocivos planteamientos, hemos de recordar la elemental pero trascendental idea de que los actores del pasado podían pensar en su futuro (individual y colectivo), pero nunca conocerlo previamente a sus propias propuestas, decisiones y acciones. Y precisamente por eso debemos tener especial cuidado en no analizarlos de forma descontextualizada ni desde una visión teleológica de la historia de la humanidad.

Desde esta perspectiva interpretativa de sesgo teleológico, no son pocos los autores para quienes las concatenaciones lógicas son evidentes en el caso que nos ocupa de las relaciones entre Cataluña y el absolutismo borbónico. Para algunos historiadores la modernidad estaba del lado del austracismo derrotado por las armas, una apuesta política que pretendía mantener el sistema tradicional de monarquía paccionada en la que los diversos reinos conservaran sus Constituciones y privilegios jurados por el monarca. Un sistema que, en el caso catalán, y frente al absolutismo militarmente triunfante, según estos investigadores contenía en su seno un formulario político parlamentario más eficiente en cuanto a la vida política, la economía, la fiscalidad y la conservación de las libertades públicas y particulares. Y ello era así porque limitaba el poder del rey y sus posibles arbitrariedades, vigorizaba el sistema representativo de los grupos sociales, insertaba a la mayoría de los ciudadanos en la vida política ofreciendo mayores márgenes de participación política al hombre «común» y daba respuesta a las demandas económicas y sociales de muchos catalanes. Es decir, era más «republicano» y consolidaba en la práctica un sistema de tendencia «federal». En suma: el austracismo era el camino más recto para la modernidad política de España y representaba la línea natural de evolución de la lógica histórica de la humanidad hacia el progreso.

A su vez, para esos mismos investigadores, el absolutismo fue una falsa o inconveniente modernidad al representar estatalismo, unitarismo, centralización, autoritarismo, militarización, corrupción institucionalizada, primacía de los intereses dinásticos, incapacidad de asegurar el mantenimiento del crecimiento económico, retroceso social en las libertades individuales y «nacionales» (de los antiguos reinos) y fracaso final ante la imposibilidad de desembocar realmente en la democracia parlamentaria capitalista. El ejemplo referencial más claro de las virtudes potenciales que tenía el tradicional ordenamiento político catalán del tiempo de los Austrias viene representado, en este paradigma interpretativo, como ya dijimos, por la historia de Inglaterra (y, en menor medida, de Holanda y Suecia), donde se argumenta que un sistema político ágil y representativo fue elemento clave para progresar como nación y para crear finalmente un imperio. Como decía líneas arriba, tal parece que estuviéramos ante una visión «whig» de la historia que sitúa retrospectivamente todas las virtudes en las instituciones «parlamentarias» catalanas de origen medieval (similares a las inglesas) frente a un perverso y «anticatalán» absolutismo de raíces castellana (casi de inevitable raíz castellana desde Villalar) y francesa. Una visión que viene a decir que con el austracismo la patria catalana era más «modernizable» de lo que, por su propia naturaleza política y social, resultó ser el regresivo absolutismo, pensado sobre todo para mantener los patrimonios de los monarcas y los privilegios de los poderosos y para sojuzgar a los antiguos reinos aragoneses. El austracismo era, pues, un antecedente del liberalismo parlamentario, signo inequívoco del progreso, y no un arcaísmo.

De hecho, existe a veces en estas posturas un cierto teleologismo provocado por la opción ideológica nacionalista que ya de suyo, por cierto, tiene una clara tendencia a escribir historias nacionales teleológicas. A saber: dado que el fin último ineludible es la nacionalización y/o estatalización de Cataluña, desde esta perspectiva son vistos los actores de la historia del Setecientos catalán. El siglo fue una «anormalidad» en el «destino» inexorable de la nación, una anormalidad en el largo pero inevitable proceso de construcción de la nación catalana hacia un Estado propio que asegurase el autogobierno y de este modo el mantenimiento de la idiosincrasia particular de Cataluña. Desde esta perspectiva, los historiadores tenían (y tienen) la misión «patriótica» de ayudar a construir explicaciones históricas de la guerra de Sucesión y del Setecientos que permitieran legitimar aquellas ideologías y aquellas políticas que estuvieran por la empresa de que, por fin, se cumpliese la tarea histórica de reencontrar el camino para que Cataluña consiguiera su destino como nación normalizada (algunos piensan que con Estado propio y otros que con Estado compartido federalmente) en el conjunto de las naciones europeas. Y en esta empresa intelectual, historiadores de inspiración cristiana o marxista, por ejemplo, no han tenido inconveniente en participar, dado que el hecho nacional contemplado desde una visión nacionalista no les era conceptual e ideológicamente ajeno. Al parecer, igual que habían hecho y hacen determinados historiadores españoles con España, los catalanes debían y deben construir una historia nacional propia, y en ella el Setecientos es preciso que tenga su específica función contemplada desde la óptica ideológica del catalanismo contemporáneo en busca de sus necesarios antecedentes históricos legitimadores. De este modo, la fusión del teleologismo de origen cristiano con el propio de ciertos historiadores marxistas ha acabado por producir a veces una visión teleológica de la historia de los catalanes al servicio de la realización nacional de Cataluña. Así pues, a mi modo de ver, la ideología nacionalista ha conducido a una cierta ponderación teleológica del Setecientos catalán.

En cambio, para otros autores que defienden un paradigma opuesto, el austracismo representaba la defensa de un sistema político en horas bajas, sostenedor de unas instituciones con enfrentamientos entre ellas, con evidentes síntomas de oligarquización y no exentas de corrupción; un sistema que por su propia esencia imposibilitaba a España (y con ella a Cataluña) para competir con garantías con otras naciones europeas en la medida en que entorpecía la toma de decisiones políticas y respetaba particularismos regionales que a veces ocultaban privilegios sociales institucionalmente establecidos. Un sistema que parecía ya situarse fuera de la «lógica racional de la historia», un sistema irremediablemente del pasado y no para el porvenir. Por todo ello, esos mismos historiadores defienden, en líneas generales, que el absolutismo suponía una aspiración antigua de la monarquía española de los Austrias, culminada tras la contienda sucesoria por los Borbones, que porfiaba por una mayor racionalización administrativa y política que favoreciera que un país atrasado como España pudiera ponerse en la senda de la modernidad y el progreso, tal como pensaron otras muchas naciones de Europa que optaron por el mismo modelo para salir del retraso histórico. O dicho de otro modo: fue un caso más «dentro de una corriente de la historia universal», una apuesta ideológica y política vinculada a la Ilustración que buscaba el reforzamiento de los Estados para conseguir así la felicidad de los súbditos y el progreso de las naciones. Desde esta visión no cabe duda que se ha revalorizado en demasía la tarea histórica del absolutismo borbónico reformista y que, al hacerlo, algunos historiadores han traspasado los lindes de la ciencia al sostener en realidad una defensa política de carácter filoborbónico de la labor realizada por los Borbones (no menos nociva desde el punto de vista historiográfico que la filoaustracista) encaminada a sostener una determinada idea de España.

No digo que carezca de cualquier interés esta forma de enfocar las cosas del pasado. Pero a mi entender resulta a veces de dudosa utilidad científica cuando los análisis y las interpretaciones pueden acabar realizándose no en relación a lo que realmente pasó en el propio contexto del Setecientos, sino a la trascendencia que los hechos de aquella centuria representaron para el advenimiento (al parecer «lógico», «racional», «inevitable») del capitalismo y la democracia posteriormente triunfantes en buena parte de Europa. Es decir, en torno al vetusto y recurrido binomio, de simplificada contraposición y siempre cargado de ideología, de antiguos-modernos. Binomio en el que unos y otros desean casi siempre situarse en la segunda condición relegando a la otra interpretación a la primera.

En mi opinión, el Setecientos catalán no perseguía ningún fin, ningún «telos». Por eso, la correcta inteligibilidad historiográfica de la centuria en Cataluña (igual valdría decir para España) no puede provenir de la Inglaterra parlamentaria del Ochocientos ni de la España democrática y autonómica actual. Ni proceder del posible potencial que hubiera tenido para Cataluña y España algo que dejó de existir en 1714 (y que puede ser motivo de lamento, nostalgia y propuesta política e ideológica para el presente, pero no de análisis científico). Ni entenderse a partir de una narración histórica que pretenda explicar la «inevitable» nacionalización de Cataluña como algo que procede de las entrañas del pasado y que resulta un destino último e ineludible. El Setecientos catalán no debe analizarse y aún menos «juzgarse» desde la actualidad para que de esta manera tenga sentido histórico como centuria para explicar el presente. El Setecientos catalán no aconteció con ninguna «finalidad» apriorística. No sucedió como parte de la realización progresiva de un «proyecto objetivo racional» al margen de la voluntad de sus protagonistas. No ocurrió, pues, con la «finalidad» del actual presente capitalista y democrático europeo, español y catalán. Por eso no debemos leer aquel en función de este. Ni mucho menos juzgarlo desde el filoaustracismo o el filoborbonismo actuales.

En el caso del filoaustracismo historiográfico parece quererse explicar la centuria como si hubiera ocurrido algo «anormal» a lo que debería haber sucedido según determinadas preferencias políticas e ideológicas (de clase o nacionales) del presente. Por eso pienso que resulta inconveniente valorar todo el siglo en Cataluña en función de pensar que por la fuerza de las armas los catalanes tuvieron que recorrer un camino «históricamente» equivocado, soportando un sistema que no siendo el «natural» propio (es decir, el tradicional y legal hasta 1716) no era además el que estaba en la «lógica racional de la historia», que como después se ha visto parece que no era otra que la democracia y el capitalismo como paradigmas únicos e ineludibles de la modernidad que conduce al progreso, así como un Estado «horizontal» y descentralizado, «federalizante», con cuotas de autogobierno para Cataluña. Y que en el caso catalán (y español) fue como un tiempo histórico perdido, porque de haber ganado el austracismo se hubiera alcanzado antes y con mayor facilidad una mayor prosperidad económica, una mejor representación política y un fructífero respeto por la pluralidad identitaria y «nacional» del «continente» España, que hubiera asegurado además la «lógica» y «natural» pervivencia de la realidad político-institucional del principado, es decir, de la nación catalana.

Es por todo ello que, en buena parte de la historiografía catalana de inspiración catalanista o nacionalista, aparece desde el siglo XIX la necesidad de contribuir a un objetivo político último: la desgraciada pérdida de las Constituciones en 1716 (o sea, el Estado catalán que era básico para la nación catalana) debía superarse con la «necesaria» realización del «hecho nacional» a lo largo de los dos siglos posteriores en el sentido de recuperar el autogobierno político. Desde esta perspectiva, la misión de la historiografía era y es ayudar a que se cumpliera la imprescindible renacionalización de Cataluña a través de un adecuado discurso histórico. Objetivo renacionalizador que, si bien resulta legítimo para los políticos, se me antoja en cambio ilegítimo e improcedente para el oficio de historiador.

De igual modo que podríamos afirmar para el caso español en su conjunto, se puede hablar en cierta forma de la influencia de un teleologismo nacionalista por el cual todo el Setecientos debe ser interpretado desde el prisma de que existía (y existe) un camino hacia un destino «inevitable»: la nacionalización de Cataluña (o España) y, en su caso, para algunos pensadores y políticos, su estatalización. Y desde este prisma puede entenderse mejor la existencia de la reiterada propuesta interpretativa de desnacionalización para el Setecientos catalán (como puede comprenderse mejor para el conjunto español la de nacionalización), bien sea para confirmarla o para matizarla. Al teleologismo de la modernidad se une así el teleologismo de lo nacional. Por eso, algunos autores siguen practicando el «encanto» de historiar el Setecientos catalán desde la derrota militar del austracismo en 1714.

Igualmente creo, a sensu contrario, que es también inválido el argumento filoborbónico que teleológicamente desea señalar que el absolutismo estaba de tal manera inscrito en la «lógica de la historia», que afortunadamente España pasó por él y no se detuvo en el sendero antiguo de un Estado paccionado y sin capacidad de unidad política para tomar decisiones rápidas y efectivas en el marco internacional, tal como permitía en cambio un poder gubernamental «vertical» y centralizado. Aquí el teleologismo no está solo referenciado por el capitalismo y la democracia, sino también por el hecho de la «necesaria» e «inevitable» creación de un Estado-nación español. Y también aquí se puede cometer el error de soslayar que las cuestiones de clase fueron esenciales en la creación de dicha realidad estatal hispana y que la intrínseca pluralidad previa sobre la que se levantó el Estado no debe ser marginada en el análisis histórico.

Tengo para mí que en ambos casos la explicación científica del siglo queda mermada porque, a mi entender, no existe a priori una «lógica objetiva» de los procesos históricos y, por tanto, ni austracismo ni absolutismo podían estar subidos a lomos de lo inexistente. En historiografía creo que deberíamos estar de acuerdo en que el presente, como transitorio final de etapa de una sociedad, no constituye la referencia más idónea para la adecuada ponderación de lo acaecido en el pasado. Puede ser una atalaya para mirar el pasado, pero sin anacronismos, sin presentismos y sin teleologismos. Los miedos y las esperanzas del presente no pueden determinar el análisis histórico del pasado. El destino de los catalanes del Setecientos estaba por escribir y lo escribieron ellos en su propio tiempo, con sus propias propuestas para resguardar sus propios intereses y para construir el futuro que para ellos, y también para Cataluña y España, consideraban mejor y más posible según las capacidades materiales y los discursos intelectuales del momento. Tenían por supuesto los contemporáneos sus propias ideas (en plural) de lo que era bueno, conveniente y beneficioso para ellos como individuos, como grupo socioprofesional, como clase social o como colectivo «nacional» (aunque no siempre estos intereses eran perfectamente compatibles, y precisamente para que lo fueran se elaboraron a menudo discursos ideológicos mixtificadores). Pero no construyeron el Setecientos cual actores que ejecutaban un guión previamente establecido «hacia» el capitalismo, la democracia, el Estado-nación unitario o el Estado autonómico federalizante. Podemos analizar lo que fue el austracismo y lo que fue el absolutismo, pero no podemos decir lo que presuntamente hubiera sido el austracismo de no haber sido derrotado en función de nuestra actual visión ideológica de lo que nos gustaría que fuera nuestro presente-futuro para Cataluña o España. Ni podemos afirmar, desde el terreno de la ciencia, que una alternativa u otra estaban en la «verdadera» senda lógica y racional por la que camina y caminará inexorablemente la historia de la humanidad.

Permítaseme una afirmación perogrullesca: el sentido de la vida individual o colectiva lo fabrican los seres humanos en cada generación y no está instaurado con anterioridad fuera de su voluntad real, concreta y objetiva. Si se desea hablar de «antiguos» y «modernos» no debiera ser más que como una referencia descriptiva sobre la innovación en las sociedades sin juicios de valor efectuados desde la «idea de progreso» instaurada por mi admirada Ilustración. Creo firmemente que debemos analizar el Setecientos catalán partiendo de la idea básica de que no hay una direccionalidad apriorística y suprahistórica de los procesos sociales. Y tal posición que sostengo como historiador, la tengo por compatible con la que mantengo en condición de ciudadano que practica, por supuesto, una determinada idea de progreso ya comentada con brevedad en el primer capítulo de este libro.

IX

Algunas versiones con sesgos teleológicos que a veces se defienden en la historiografía catalana sobre el Setecientos tienen un vaso comunicante con una visión, permítaseme la expresión, retrospectivamente revolucionarista del siglo. Es bien cierto que durante cierto tiempo los historiadores ocupados en la centuria ilustrada (catalana y española) tuvieron una clara tendencia a sobrevalorar las aportaciones de la misma y a poner en un pedestal mitificador, y a veces hasta hagiográfico, a diversos reyes borbónicos y a numerosos políticos reformistas. Sus deseos de conseguir una transformación gradualista que condujera al progreso y a la europeización de España, les llevaron a algunos excesos valorativos de tono positivo al ver en los reformistas ilustrados el antecedente modernizador que en España no pudo ser. Era, también, para el conjunto hispano, una versión de lo que pudo haber sido y no fue.

Pero en la conveniente reacción crítica a estas lisonjeras valoraciones proilustradas, sospecho que en ocasiones la intensidad ha sido excesiva. Algunos historiadores de sesgo ideológico progresista «acusan» a los reformistas españoles de que fueron muy conservadores (dicho en sentido peyorativo), al no ponerse manos a la obra para adoptar las oportunas medidas que hubieran acabado de verdad con la antigualla del Antiguo Régimen, traído el capitalismo a España y con ello dado el paso necesario, como en otros países de Europa (lo que por cierto hoy se discute que en el caso de algunas naciones ocurriera de manera mucho más acelerada y radical que en España), para cumplir con la «profecía» de que, finalmente, a partir del pleno desarrollo capitalista, se crearan, indefectiblemente, las llamadas «condiciones objetivas» (e inevitables) del advenimiento del socialismo primero y el comunismo después.

Sin embargo, la mayoría de los estudiosos del Setecientos advierte que su idiosincrasia era muy compleja y poliédrica y que no se debe «juzgar» a los políticos reformistas del Setecientos desde ideologías y deseos del presente que exigen lo que deberían haber hecho aquellos para llegar a donde la historia posterior, al parecer de forma «lógica» y «racional», nos ha llevado. Los reformistas eran una minoría en la administración y una minoría todavía más exigua en el conjunto de la sociedad española. Una minoría a menudo incomprendida y siempre combatida por las huestes de la tradición, el conservadurismo, el misoneísmo y la reacción, fuerzas todas ellas que eran poderosas y socialmente mayoritarias. El programa reformista no puede ser bien analizado si no se tiene en cuenta una realidad política fundamental: que las resistencias a los cambios fueron notables y permanentes a lo largo del siglo y por parte de gentes pertenecientes a las diversas clases sociales. Y tampoco puede ser bien comprendido el programa de reformas si no recordamos su estrecho y condicionante vínculo con una política exterior que tuvo que moverse en una compleja y cambiante partida de ajedrez, una partida en la que muchos eran los jugadores y algunos, como en el caso de Inglaterra o Francia, tenían sus miras puestas en el comercio interior de la Península y en el vasto imperio americano español, objetivamente difícil de mantener y defender pero de vital importancia para la metrópoli.

Por eso pienso que adoptar un punto de vista revolucionarista respecto a los reformistas españoles resulta desenfocado y anacrónico (y si se me permite un leve juicio de valor: injusto), porque el dilema principal era reforma o continuismo (o incluso involución). Es más, si los políticos reformistas hubieran querido realizar cambios más radicales, parece lógico pensar (aunque ciertamente nunca lo sabremos) que hubieran encontrado pocos apoyos en la Corona y enconadas resistencias por parte de las clases privilegiadas y aun de una buena parte de las clases populares, frecuentemente adscritas a la tradición y a la «economía moral». En cualquier caso, no era fácil poner en marcha una «revolución» que ni siquiera estaba intelectualmente teorizada en la época y para la cual no parece que hubiera en Cataluña o en España un sujeto revolucionario evidente (ni la burguesía, desde luego no la burguesía catalana, ni las clases populares). Una mayor radicalidad política por parte del reformismo debía contar con el país real de entonces que, a mi juicio, no se corresponde con el imaginado por algunos historiadores que practican una historiografía en la que desconfiar del poder político aparece como una especie de obligación heurística al tiempo que está moralmente mejor considerado.

En el caso de la historiografía catalana, tal parece que algunos autores que se inspiran en posiciones filoaustracistas y acaso revolucionaristas tienen la imperiosa necesidad de rebajar hasta la inexistencia el programa borbónico de reformas y también la necesidad de relativizar, cuando no desprestigiar plenamente, la capacidad de sus políticos más destacados, tal vez porque de este modo creen realzar la impronta creativa de la sociedad catalana a la que juzgan la única y exclusiva protagonista de la expansión que tuvo el principado durante el siglo, y desde luego la mejor y más preparada sociedad de las Españas. De pronto, por ejemplo, un político e intelectual de la talla de Campomanes se convierte poco más que en un burdo agrarista incapaz de entender nada de la realidad política, económica y social de España y de Cataluña. De hecho, parece como si se acabara defendiendo desde estas posiciones que en España (¿también en Cataluña?) no hubo ni verdaderos ilustrados ni reformistas como Dios manda, pues en puridad nada hicieron de efectivo los políticos del reformismo oficial para traer el progreso representado por el capitalismo industrial y la sociedad liberal. En suma, su única y verdadera aspiración era conservar el viejo orden. Desde esta tradición interpretativa se afirma que en realidad todo fue pura representación para mantener el feudalismo tardío con políticas «cosméticas» que no proponían medidas radicales de alcance estructural para los sempiternos problemas del país. Hay, pues, en el fondo de esta argumentación, una valoración que dicta que los políticos borbónicos solo pretendían aplicar una fórmula lampedusiana de que algo cambiara para que nada cambiara de verdad.

Como afirmaba líneas arriba, pienso que esta es una valoración histórica que linda el anacronismo y el teleologismo. Si hablamos de intenciones (terreno por cierto siempre resbaladizo para el historiador), creo que es fácilmente comprobable que los principales personajes políticos e intelectuales del absolutismo reformista deseaban acometer cambios, para ellos sinceramente importantes, en muchos aspectos de la administración y la sociedad española, a las que consideraban en numerosas cuestiones anticuadas e inoperantes para proporcionar felicidad a los súbditos y grandeza a la Monarquía (es decir al Estado, y no solo a la dinastía borbónica). Y también me resulta evidente que desearon conformar una reforma que pusiera énfasis en un binomio que consideraban compatible y deseable: más Estado con más mercado, o viceversa (deseos que, por cierto, tal vez algunos de esos estudiosos revolucionaristas pudieran calificar de «modernos» y «actuales»). Ahora bien, su visión sobre el alcance de las políticas de cambios a efectuar estaba, es cierto, condicionada y limitada por su propio horizonte de civilización, aquel que desde luego desconocía lo que eran el liberalismo y el capitalismo. Y mucho menos se sabía entonces que la conjunción de ambos era lo que más tarde se conceptualizaría como «la modernidad». Miraban a su entorno con realismo de coetáneos y con las armas ideológicas e intelectuales que en su tiempo histórico se fueron construyendo y no con aquellas que todavía estaban por edificar o solo embrionariamente enunciadas, como La riqueza de las naciones, publicada en 1776 por Adam Smith y cuya influencia en España no comenzó, tímidamente, hasta varios años después cuando fue traducida, no sin dificultades, por José Alonso Ortiz en 1793.

Todo lo antedicho también fue así en Cataluña con respecto a sus pensadores y a sus clases dirigentes. Gentes catalanas que no estuvieron al margen de las formulaciones intelectuales, culturales, ideológicas y políticas que se efectuaban desde el reformismo amparado por la monarquía absoluta borbónica para llevar a la Monarquía española al mejor puerto posible en el tiempo histórico que les tocó vivir. Gentes que no sintieron a la Monarquía española (ni en la mayoría de los casos a la monarquía borbónica) como un país o un Estado ajeno a ellas, sino como su propio país y su propio Estado, amparador y protector frente al resto de los Estados europeos que buscaban la hegemonía mercantil en el mundo continental y en el gran mercado americano. Y precisamente, entre quienes más se sintieron pertenecer a un Estado propio y no estar oprimidos por un Estado ajeno, cabe señalar a autores como Amat, Caresmar, Romà o Capmany. Y desde luego a la gran burguesía comercial e industrial catalana, que encontró en los Tres Cuerpos de Comercio, aprobados por Fernando VI y ratificados por Carlos III, su principal línea de colaboración con el Estado borbónico absolutista y también su gran baluarte de protección en la lucha mercantilista frente a las principales naciones europeas, así como su mejor instrumento para actuar en el seno de la sociedad catalana en defensa, ante todo, de sus propios intereses de clase. Un Estado borbónico de nueva factura para toda España, que ciertamente había roto con la antigua «normalidad» (legalidad) del anterior modelo pactista que la mayoría de los catalanes admitía sin grandes quebrantos, pero que fue creando a su vez una nueva «normalidad» (legalidad) que también una mayoría de los catalanes fue aceptando, aunque dicha asunción no estuviera exenta de críticas o disensiones en ciertos momentos (como por cierto ocurría tambien con la anterior legalidad) y desde luego debamos contextualizarla en el marco del autoritarismo paternalista propio del modelo absolutista borbónico. Un modelo absolutista de Estado que, por supuesto, también debe leerse en función de estar pensado para mantener la esencia de la estructura social existente en la que las tradicionales élites dirigentes continuaran estando compuestas por las clases privilegiadas a las que podían unirse, paulatinamente, quienes triunfaran en el mundo de los negocios y se ennoblecieran.

X

A las alturas historiográficas en las que estamos, pienso que no debería resultar difícil que los historiadores catalanes buscásemos establecer acuerdos interpretativos sobre nuestro Setecientos desde el terreno de la ciencia. En nuestro oficio, el consenso entre investigadores para ir cercando la verdad histórica es siempre posible a partir de que los apriorismos ideológicos y los criterios sentimentales sean sustituidos por los valores intrínsecos del método científico; a partir de que aceptemos que no es de recibo hablar de historiografías de izquierdas o de derechas, sino de historia científica o historia no científica, y a partir de que distingamos entre los postulados ideológicos personales de un autor (incluida su idea de progreso) y su trabajo profesional basado en la estrategia general de la ciencia.

No creo, pues, que sea una quimera la posibilidad de acordar que la Cataluña del siglo XVIII anduvo por la senda del crecimiento económico, el dinamismo social, la estabilidad política y la innovación intelectual y cultural. Y que tras esa constatación de hecho, admitida desde el Ochocientos por la mayoría de los historiadores catalanes, reconociéramos algo que parece de cierto sentido común historiográfico y en todo caso empíricamente demostrable. A saber: que la causa primera de la expansión catalana se encuentra en la vitalidad de sus propias gentes, que supieron aprovechar unas condiciones históricas heredadas positivas, una coyuntura económica mundial alcista y la aquiescencia de un Estado que estaba presidido por un absolutismo político de carácter centralizador, uniformista y reformista, de similar factura a los que existían en la mayoría de los países europeos, y que acabó creando un contexto de tranquilidad política y social (sin libertades políticas como sucedía en la mayor parte de la Europa de la época) que benefició al potencial de trabajo y negocios que tenía la sociedad catalana.

Un absolutismo reformista que ciertamente situaba los límites de su acción transformadora en no atentar contra los intereses esenciales del bloque social hegemónico de aquellos tiempos, alta nobleza e Iglesia, aunque no se abstuviera de actuar para modificar los comportamientos de sus componentes más conservadores o situarlos lejos del poder político efectivo. Un absolutismo reformista que establecía sus límites en que nadie cuestionara la nueva organización territorial del poder que había arrumbado al anterior sistema de monarquía agregativa de los Austrias. Un absolutismo reformista que era de talante autoritario y paternalista para todos los españoles y en el que los militares fueron ganando posiciones de poder como bien pudo apreciarse en la centuria siguiente. Y un absolutismo reformista que tuvo siempre un especial punto de cuidado para que en Cataluña no rebrotara el austracismo.

Pero también un absolutismo reformista que supo escuchar las voces de las clases sociales emergentes que surgían de los hombres de negocios, que no mostró intención de resultar opresor para el desarrollo del principado como país («provincia») ni trató de evitar que los catalanes fueran más prósperos, ni siquiera puso especial hincapié en que no siguieran sintiéndose catalanes, si bien procurando que ante todo se consideraran también españoles y que no hubiera retorno alguno hacia las antiguas Constituciones forales. Antes al contrario, como una parte de España que para ellos era, los gobiernos borbónicos tuvieron en cuenta los intereses de las clases dirigentes de Cataluña, escucharon algunas de las lecciones económicas y sociales que de ellas surgían y no pretendieron paralizar su desarrollo económico ni su dinamismo social, que además ofrecía a las arcas del Estado buenos dividendos fiscales. La condición fundamental para las autoridades borbónicas fue que desde Cataluña no se cuestionara la monarquía absoluta ni la integridad de la Monarquía española.

Y ambas condiciones las aceptaron la mayor parte de los catalanes, aunque con el actual estado de la investigación no parece que estemos en condiciones de cuantificar con precisión la intensidad ni tampoco la naturaleza de dicha aceptación (igual que acontece en el caso de los rechazos y las indiferencias existentes). Lo hicieron de una forma resignada primero (especialmente en las numerosas huestes del austracismo derrotado), pero cuando el siglo avanzó mostrando las mejorías económicas y sociales, cuando la nueva estructura política autoritaria proporcionó estabilidad y cuando los recuerdos de la guerra sucesoria se fueron diluyendo en las sucesivas generaciones por el paso del tiempo, cada vez lo fueron realizando con mayor decisión y acomodo, bien fuera por pragmatismo o bien por convicción o por ambas cosas a la vez, distinción sin duda muy difícil de averiguar para los historiadores. Si durante los Austrias había una monarquía compuesta que se basaba en una dialéctica entre el monarca y las élites catalanas que establecían un pacto formal consensuando privilegios y lealtades, en el Siglo de las Luces se fue configurando un pacto tácito con las nuevas clases emergentes alrededor de una política económica y social admisible, un pacto tácito que se entendió como genéricamente beneficioso por buena parte de la sociedad catalana que no tuvo mayor necesidad de cuestionar la nueva monarquía absolutista salida de la contienda sucesoria. Tal parece como si las «bondades» del reformismo diluyeran los posibles «inconvenientes» de un absolutismo que, ciertamente, tenía una fortaleza política y militar difícilmente contestable por parte de las élites catalanas.

Pienso que también podríamos andar caminos de encuentro entre los historiadores del principado si aceptamos que, como pasa en cualquier régimen político, entre los catalanes y el absolutismo borbónico no faltaron desencuentros, disensiones y enfrentamientos, ni faltaron propuestas pensadas desde la nostalgia por un pasado constitucionalforal al que se le otorgaban diversas virtudes. Pero siendo esta realidad cierta y constatable, creo que también es verdad que fueron en su mayor parte manifestaciones puntuales y minoritarias (salvo el motín de las quintas), que no resultaron sustanciales y que no cuestionaron el orden de cosas existentes, un orden político globalmente considerado bastante aceptable por la mayoría de los catalanes. Aceptable porque es también muy posible que, en el caso de las clases dirigentes catalanas, hubiera un recuerdo estigmatizador de lo que fue la guerra sucesoria y sus consecuencias tanto para ellas como para el conjunto del país. Y pudiera ser que este recuerdo actuara para acatar el cambio del tipo de relaciones con el gobierno de Madrid y con España, pasando a defender un modelo de mayor pacto y vinculación en los asuntos de la monarquía, máxime teniendo en cuenta que el absolutismo autoritario eso era lo único que estaba dispuesto a consentir: que admitido el nuevo marco político, la vinculación entre las élites sociales del principado y los gobiernos borbónicos fuera buscando el bien de la sociedad catalana sin perjuicio del erario público y del conjunto de los españoles.

Tras la contienda, la Cataluña austracista debió resignarse y acomodarse y encontrar un nuevo modus vivendi con la dinastía triunfadora de la cual también eran partidarios otros catalanes. Pasados los primeros momentos de dura represión, hubo por parte de la monarquía borbónica una cierta política de reconciliación sin abandonar por ello el autoritarismo y la desconfianza frente a la antigua rebeldía catalana, especialmente en tiempos de Felipe V. Y fue en el terreno de la economía y de la vida social donde se abrieron mayores posibilidades de acomodación y colaboración, fue donde hubo acuerdo con un Estado absolutista y reformador que tuvo importantes cotas de comprensión respecto a las demandas de las élites catalanas. La burguesía comercial e industrial encuadrada en los Tres Cuerpos fue el mejor ejemplo de todo ello. Por eso es también importante recordar lo que el absolutismo dejó hacer a la sociedad catalana, sin ponerle mayores trabas, en lo económico, en lo social y en lo cultural. Por eso no estoy nada seguro de que hablar de la existencia de algunas críticas políticas y algunos desencuentros entre ciertos sectores de la sociedad catalana y el absolutismo en determinados momentos del siglo, de que hablar de algunas propuestas económicas específicas pensadas desde las propias necesidades del principado, permita referirse a la existencia de una disidencia, si entendemos por tal aquella actitud política que cuestiona frontalmente la doctrina y el sistema político establecido y que requiere de una cierta, por mínima que sea, coordinación orgánica y política en sus manifestaciones, así como de una «masa crítica» que la ejerza con estratégicas y tácticas reconocidas.

No creo que Caresmar, Romà o Capmany fueran disidentes. Ni que lo fueran los grandes comerciantes y hacendados que se sentaban en los sillones de la Junta Particular de Comercio o los fabricantes de la Compañía de Hilados. O que lo fueran los principales prohombres de los gremios. Ni la alta nobleza ni tampoco la Jerarquía eclesiástica. Eso sí, aunque fueron manifestaciones minoritarias es posible que su existencia permitiera generar débiles pero efectivos hilos conductores con las reivindicaciones políticas identitarias y particularistas que, en contextos completamente diferentes, se harían en los siglos venideros. Pero el reconocimiento que el historiador pueda realizar de esta lábil vinculación no le autoriza a exagerar la nota para de este modo rebajar ideológicamente la idea soldeviliana de desnacionalización achacable al siglo XVIII catalán, idea por otra parte cargada también a su vez de sedimentos ideológicos de carácter nacionalista y poco provechosa, a mi entender, para el análisis científico. Leyendo a los intelectuales e historiadores de sesgo catalanista del siglo XIX, no parece que las referencias a pensadores del Setecientos, exceptuando a Capmany en ciertas épocas y con lecturas no siempre correctas, fueran muy frecuentes.

Nunca sabremos los historiadores cuál habría sido para Cataluña y para toda España el grado de eficiencia que hubiera alcanzado el austracismo de haber salido triunfante en la pugna de principios del siglo, pero no parece que durante la mayor parte de la centuria el absolutismo borbónico fuera para la mayoría de los catalanes un mal negocio, si se me permite la expresión coloquial. Y pienso que no reconocer esta evidencia es más bien una necesidad ideológica ligada a determinados discursos nacionalistas que precisan negar cualquier virtud para los catalanes proviniente del sistema implantado por los vencedores de la contienda sucesoria. La misma necesidad ideológica que han tenido algunos nacionalistas españoles de otorgar el protagonismo principal y esencial, casi demiúrgico, a los gobiernos borbónicos y a la Nueva Planta respecto al evidente repunte de la sociedad catalana setecentista. Hubo una evidente gran discontinuidad institucional antes y después de 1714, pero ello no impidió que los catalanes pudieran canalizar toda su energía vital colectiva hasta convertirse en la sociedad más próspera de España.

También podría resultar bastante posible consensuar, entre nosotros, los historiadores catalanes, que las gentes del principado supieron sostener con inteligencia práctica la propia identidad de país mediante la salvaguarda doméstica y popular del idioma (cada vez más compaginado y sin conflictos relevantes con el uso del castellano), el mantenimiento de las costumbres populares, la práctica sostenida del derecho civil propio, una dinámica vida social que facilitaba el ascenso estamental, un derecho sucesorio específico, una actividad intelectual y cultural creativa y, finalmente, una energía empresarial y laboral que supo ir creando riqueza en diálogo con los gobiernos y aprovechando la coyuntura alcista internacional del siglo.

En el Setecientos, los catalanes no perdieron densidad identitaria, una parte de la misma basada en el recuerdo positivo de la historia propia y otra en continuar haciendo país con su trabajo cotidiano a la luz de los nuevos postulados del reformismo y la ilustración. Aunque resulta, al mismo tiempo, evidente que el sentimiento identitario catalán lo empezaron a compatibilizar en mayor medida, sobre todo en las clases cultas y dirigentes, con el de sentirse españoles y percibir con claridad que dentro del absolutismo borbónico, y alejados de las veteranas instituciones de origen medieval, nada les impedía continuar siendo y sintiéndose catalanes, pues dicho afecto de pertenencia identitaria no dependió de la existencia de un determinado modelo de organización política centrado en las antiguas Constituciones, sino más bien de la voluntad cotidiana de seguir instalados en unas formas y maneras de hacer que fueron construyendo los propios catalanes, y entre las que la tradición continuó teniendo su propio peso específico al unísono con las novedades que aportaban los nuevos tiempos ilustrados.

Creo no exagerar si afirmo que, entre muchos otros, Capmany fue un buen ejemplo de esa dualidad sentimental e identitaria. Un Capmany que defendió el hecho diferencial catalán insertándolo, de manera inclusiva y solidaria, en diálogo con el resto de España. Y supongo que por ello nadie se atreverá a situarlo fuera de la catalanidad, ni la del Setecientos ni la de ahora. Los catalanes de la centuria decimoctava supieron evidenciar que un país no desaparece porque lo haga un determinado régimen político. Demostraron que en 1714 no había muerto la «nación» catalana, pues para mantenerla hubo voluntad de seguir siendo catalanes y de hacer dinámica y creativa a la sociedad, a la economía y a la cultura. Como decía Vicens Vives siguiendo el rastro orteguiano: la «voluntad de ser» ha sido fundamental en la pervivencia del hecho diferencial catalán.

Epílogo
HISTORIAR EN EL SILENCIO DE LAS PASIONES

Todos los pueblos necesitan su propia historia nacional, ya que contribuye a crear la imagen que tienen de sí mismos, y les da una sensación de identidad colectiva. En este sentido, utilizan el pasado que han creado, y hasta cierto punto inventado, por ellos mismos. Cuando esta historia es cuestionada de alguna manera, parece una amenaza precisamente para la esencia de la nación. Por otro lado, aquellos a quienes molestan estos retos no siempre se dan cuenta de que las propias historias nacionales pueden hacer peligrar una nación si quedan fijadas en el tiempo. Una sociedad demasiado constreñida por las limitaciones del pasado no es una sociedad bien equipada para afrontar el futuro. La Cataluña de hoy no es ninguna excepción a esta regla.

John Elliott, Jaume Vicens Vives, ahir i avui, Barcelona, 2010[1122].

Pienso que Elliott acierta plenamente. Estoy convencido de que es menester una práctica historiográfica más matizadora a la hora de analizar e interpretar las relaciones de los catalanes con los gobiernos borbónicos setecentistas. Una práctica que suprima los apriorismos ideológicos propiciados por cualquier tipo de nacionalismo o cualquier versión inducida por el teleologismo o el presentismo. Una práctica contextualizadora y no anacrónica, que tenga en cuenta la cuestión de «clase» en sus análisis, basada en la complejidad y no en la simplicidad, en el tiempo corto y en el tiempo largo, en la pluralidad temática y no en la generalización abusiva, en la ecuanimidad y no en la parcialidad sustentada en la inconsciente admisión de la negación posmoderna de la objetividad. Una práctica del oficio de historiar que proceda a la puesta en cuestión de los mitos históricos ilegítimamente creados (también por los historiadores) para servir a los legítimos proyectos políticos. Necesitamos una historiografía capaz de contemplar al mismo tiempo los hechos diferenciales, los hechos comunes, los hechos disgregadores y los hechos inclusivos que existían y se crearon dentro de la Monarquía española del Setecientos. Una historiografía que frente al trazo de la brocha gorda tenga en el matiz del pincel a uno de sus principales activos: los historiadores deben combatir la simplificación para evitar que se deforme el análisis del pasado. Una historiografía que no contribuya a la teoría del agravio pensando que de esta manera se sirve patrióticamente a Cataluña. En resumidas cuentas, una historiografía que rechace de plano cualquier paradigma historiográfico que esté supeditado al apriorismo filoborbónico o filoaustracista, que rechace cualquier tentación de establecer un saber codificado desde el nacionalismo, que renuncie a imponer un canon historiográfico originado por el nacionalismo, por el nacionalismo catalán o por el nacionalismo español. Una historiografía que no analice el pasado setecentista desde la idea de progreso y de modernidad de algunos historiadores del presente.

Desde esta perspectiva, me reafirmo en las mismas ideas que expuse hace algún tiempo. A saber, que rechazo cualquier intento de la historiografía nacionalista española de ensalzar a los Borbones a toda costa y mitificar las actuaciones de sus gobiernos hasta presentarlos como los verdaderos y últimos hacedores del desarrollo económico y del progreso catalán, promocionando así la creencia política de lo «ideal» que es para Cataluña su «inevitable» (y por tanto teleológica) integración en la nación España, como bien parece «demostrarlo» el propio siglo XVIII cuando con la supresión de sus «arcaicas» instituciones, la práctica del «moderno» centralismo y la aceptación de la idea uniformista de España, propiciada por el absolutismo borbónico, el principado se proyectó desde entonces por la senda del verdadero «progreso» y de la «modernidad».

Y también quisiera dejar igualmente patente mi desacuerdo con ciertos postulados de aquella historiografía catalana que porfía por negar virtualidad alguna para la sociedad catalana a cualquiera de las iniciativas de los gobiernos borbónicos y que sitúa, retrospectiva y anacrónicamente, en el acervo del derrotado austracismo, una «modernidad» que nunca debió ser truncada por el «retrógrado» absolutismo. Una postura historiográfica que a menudo crea mitificaciones acerca del alcance de la tarea de su propia sociedad, centrando la evidente identidad diferencial catalana en su «especial» ética del trabajo, a la que convierte de hecho en una verdad esencialista, ancestral e inmutable, que implícitamente todo lo explica en última instancia cual «deus ex machina». Una postura que alimenta de este modo, a través del forzamiento del discurso histórico, la victimista idea de que en poco (algunos incluso afirman que en nada) ha favorecido a los catalanes su relación con el resto de una España que, por su propia esencia nacional castellanista, siempre será, según esta posición, inevitablemente centralista y uniformista. Una postura que tiende a forzar una interesada interpretación del pasado para alimentar de esta manera la doctrina política (sin duda legítima como tal) de que nada será posible hasta disponer de un Estado plurinacional (léase: confederal) o de un Estado exclusivo e independiente. Una posición historiográfica que con frecuencia crea una interpretación de sesgo virtual de la historia de Cataluña. Una interpretación que viene a decir que, si hubiera ganado la opción austracista, todo hubiera ido obviamente mejor para Cataluña y para España a modo de lo ocurrido en la parlamentaria Inglaterra.

Pues bien, desde una apasionada reivindicación por la historiografía, me permito llamar la atención sobre la necesidad de combatir la negativa influencia de los ideologismos nacionalistas en la disciplina histórica y solicito a cambio la plena necesidad de practicar el análisis científico que conlleva la neutralidad ideológica, la ecuanimidad en las ponderaciones, la práctica de la contextualización y la lucha contra el anacronismo, el presentismo y el teleologismo. Solicito (¿ingenuamente?) que la historiografía no sea concebida como un arma para la movilización patriótica, ni tampoco como un discurso de justificación legitimadora de ideologías de presente, ni un mero trasunto de la lucha por el poder, sino como un instrumento científico para el aprendizaje (cívico, político, social y moral) en libertad de los ciudadanos. Solicito, al fin, quitarse las anteojeras del apriorismo ideológico y sustituirlas por las lentes de la ciencia, que obligan a cumplir las reglas del método científico, que requieren, cuando menos, no faltar al recto empirismo, no simplificar, no decir verdades a medias. Las ideologías que desean la hegemonía social siempre tienen la necesidad de que la historia, a la que consideran una pieza esencial para sus planes, solo se cuente de una manera: la suya y a su conveniencia[1123]. Y eso vale también para los nacionalismos.

Es posible que con esta necesaria operación de cataratas no consigamos alcanzar la plenitud de la objetividad y la verdad histórica (aunque ese sería, por cierto, un apasionante debate epistemológico frente al posmodernismo consciente de derechas y al inconsciente de izquierdas), pero sin duda estaremos mucho más cerca que si no la hacemos. Y curadas las cataratas apreciaremos que, en este apasionante asunto de las relaciones entre Cataluña y el absolutismo borbónico, el reconocimiento de la complejidad, la relativización por medio de la comparación con otros países europeos, el respeto a los hechos, la contextualización y la búsqueda del matiz (tan propios por otra parte de la tarea del historiador) deberían abrirse paso frente a la canonización historiográfica ideológicamente interesada, simplista y maniquea de algunos nacionalistas.

Estas son ideas que escribí hace poco tiempo y en las que me reafirmo ahora aquí. Pero déjenme que recuerde también algo a mi juicio importante: los políticos puede que nunca cierren este debate, pero los historiadores deberíamos separarnos de ellos para así, con los instrumentos limitados pero efectivos de nuestro oficio, intentar entre todos encontrar los caminos del acuerdo sin permitir que los apriorismos ideológicos o sentimentales lo impidan, sin permitir que el presentismo invada nuestra tarea de científicos sociales como tantas veces ha ocurrido en la historia de nuestra historiografía desde el siglo XIX. Como decía Domínguez Ortiz refiriéndose a sus relaciones con Vilar: los historiadores casi siempre acaban alcanzando acuerdos cuando hablan solo desde el terreno de la ciencia histórica. Tengo para mí que las ideologías políticas pueden ser un acicate externo bien recibido en la tarea del historiador, pero a condición de que el único estímulo que el historiador ponga en funcionamiento a partir de ellas sea que cualquier ideología debería estar basada también en la mayor cantidad de conocimiento objetivo de la realidad, presente y pasada, que el ser humano sea capaz de conquistar con su inteligencia. De este modo, los científicos sociales del pretérito, que somos los historiadores, podremos contribuir con eficacia a la formulación de proyectos sociales de futuro sobre la base de conocimientos sólidos por contrastados y no de meras quimeras con frecuencia totalitarias.

Algunos colegas pensarán que con esta declaración de principios demuestro ser un ingenuo respecto a la cientificidad de la historiografía. Incluso que practico un cierto «buenismo» moral. O que vuelvo a descubrir otro Mediterráneo. Tal vez. Pero creo que esa «ingenuidad» es hoy conveniente para volver a recordar que la máxima credibilidad social del oficio de historiador se cimenta en que su única patria, cuando ejerce su tarea, es la concienzuda y perseverante búsqueda de la siempre difícil, y a menudo ciertamente esquiva, objetividad. Y la objetividad exige neutralidad en lugar de partidismo, raciocinio en lugar de emotividad, ecuanimidad en lugar de sectarismo, ciencia frente a ideología. Unas exigencias que para mí no dejan de ser, lo repito nuevamente, una forma aceptable de practicar, si se desea, el sano «patriotismo ciudadano» (por cierto, no necesariamente nacionalista).

Por eso no estoy de acuerdo con quienes llaman a los historiadores catalanes para que colaboren en la preservación de un legado intelectual creado mediante la conciencia de la propia personalidad y del orgullo de nuestra identidad catalana. No estoy de acuerdo en que mi tarea social como historiador (otra cosa es como ciudadano) sea la de ayudar a recobrar o crear la conciencia colectiva nacional de los catalanes. No estoy de acuerdo en alimentar regenerativamente las reservas ideológicas de ninguna propuesta política, nacional o de clase. Eso se me antoja una tarea que no corresponde a la ciencia. Pienso que el historiador no tiene por misión estos destinos políticos (por lo demás evidentemente legítimos), sino la explicación científica del funcionamiento de las sociedades humanas en el pasado, sociedades que con el paso del tiempo se han ido organizando mayoritariamente en estructuras nacionales y/o estatales a través de procesos históricos a su vez historiables. Creo en el legado más importante de nuestra profesión: el compromiso ético del historiador de buscar la verdad histórica más allá de los mitos o las interpretaciones históricas que algunos consideren coyunturalmente convenientes para su país. Creo en el inalienable derecho ciudadano a la verdad histórica, derecho para el que debe trabajar en última instancia todo investigador social, lo haga eligiendo el marco nacional catalán eligiendo el marco estatal-nacional español que, dicho sea de paso, dado lo efectivamente acontecido en términos históricos, no veo inconveniente científico alguno para que sean compatibles en el proceso de investigación.

Si los historiadores debemos ser protagonistas de primer orden en el permanente diálogo entre el presente y el pasado para ayudar a construir con garantías un futuro sostenible para la humanidad, será sobre los cimientos de la ciencia y no de la ideología. Una ciencia que de suyo, como cualquier otra, incluye desde luego la interpretación, pero dentro de los cánones epistemológicos que se le atribuyen en el método científico, y no como una mera sustituta, sin decirlo, de una visión ideológica presentista del pasado. El patriotismo de un historiador está en practicar la ciencia y no la ideología cuando lleva puesto el traje de su oficio y debe gestionar la creación del conocimiento científico del pasado para legar a las generaciones presentes y futuras una narración histórica rigurosa. Está en practicar la independencia, la ecuanimidad y la neutralidad científica, y no la dependencia o la militancia (consciente o inconsciente) étnica, nacionalista, religiosa o de clase. Creo con firmeza que el «punto de vista» del historiador no debe ser el nacionalnacionalista (ni español, ni catalán, ni francés), sino el que postula la ciencia al objeto de comprender el funcionamiento de los humanos viviendo en sociedad y, en los últimos siglos, en realidades regionales, nacionales y/o estatales.

Es absolutamente aceptable que para deliberar sobre la conveniencia o no de que Cataluña se «nacionalice» (en el sentido catalán o en el español), de que continúe inserta o no en el «continente España», o sobre la mejor manera de proceder a dicha inserción, se estudie lo que sucedió en el siglo XVIII. Estamos sin duda ante un lícito objetivo político que, legítimamente, puede acudir a la ciencia histórica para encontrar bases para la reflexión y la posterior acción cívica. Pero la forma en que tratemos ese pasado para vincularlo a nuestras preocupaciones del presente debe estar presidida por la pertinaz búsqueda del conocimiento objetivo a través del método científico. Y ello por una razón básica de carácter moral: porque, como se decía antaño, la verdad hace ciudadanos y países libres. También la verdad histórica. Una verdad histórica que debemos buscar a partir del juramento hipocrático de que la autonomía del historiador respecto a las propuestas partidarias políticas debe ser plena, debe ser un mandato deontológico de obligado cumplimiento. Los historiadores no debemos ser intelectuales que tratan de manipular a su antojo los bienes simbólicos de las sociedades. Ni tampoco debemos ser intelectuales orgánicos de nada ni de nadie. Historiar requiere valentía intelectual e independencia, requiere combatir la idea de que quien actúa bajo el mandato del racionalismo crítico es un traidor al país, idea que contiene un claro espíritu totalitario (de derechas o de izquierdas) y que casi siempre es promocionada por quienes se creen los dueños ideológicos de la nación. Hay que combatir esa inquisitiva posición porque es una típica actitud de sectarismo tribal para conservar el poder a través de la imposición hegemónica de un pensamiento único y de una única axiología.

Hacer historiografía desde la preocupación por entender lo humano en sociedad (politización) nada tiene que ver con hacer historiografía para legitimar una determinada opción política, sea nacional o de clase, de etnia o de religión. Y no pienso que historiar a los catalanes desde el nacionalismo sea más admisible que hacer lo propio con los españoles, los franceses o los escoceses, pongamos por caso. «Politizar» la práctica del historiador en el sentido de que se preocupe por explicar científicamente las grandes cuestiones de los seres humanos en sociedad me parece necesario, ideologizar la historiografía se me antoja un inmenso error, incluso para quienes desean practicar el sano patriotismo. Por eso no creo que rechazar esta posición de ideologización de la historiografía para defender en cambio una posición apasionadamente científica sea recubrir la ideología personal con una «falsaria cientificidad». En realidad, estoy convencido de que resulta una tarea civilizatoria el proporcionar cientificidad a las ideologías (en nuestro caso mediante la historiografía) en lugar de cometer el grueso desatino de ideologizar a la ciencia.

Recordemos una obviedad casi axiomática: el historiador es un ciudadano más que vive en una realidad sobre la que tiene opiniones. Como es lógico y natural, el ciudadano de oficio historiador resulta prácticamente imposible que sea neutral, pues bien sabemos que posee moral y ética, ideología y pensamiento político, emociones y sentimientos como cualquier otro. Tener valores es inevitable, dado que lo contrario sería hablar de deshumanización. Y, a mi modo de ver, formando inevitablemente parte de la realidad social, el historiador tiene, en tanto que científico social, la obligación cívica de preguntarse cómo funciona la misma, siendo su tarea específica para conseguir respuestas adecuadas en el seno del frondoso árbol de la ciencia, la de efectuar un estudio del transcurso de las sociedades precedentes que considera socialmente útil, e intelectualmente posible, por ejecutarlo mediante el instrumento del método científico, que sirve para mediar entre los valores subjetivos del historiador y su conquista del conocimiento objetivo del pasado.

Pero si como cree la mayoría de los historiadores actuales la mejor forma de contribuir al entendimiento razonado de la vida social en la que habitamos es el análisis científico de la realidad pasada, entonces no entiendo que se pueda anular la esencia de este proceder. A saber: la creencia de que la objetividad en la historiografía no es un mito cientificista sino una necesidad social y una posibilidad epistemológica de la misma naturaleza que la que poseen otras disciplinas que estudian la sociedad, la vida o la naturaleza. Y tengo para mí que para alcanzar dicha objetividad se precisa acudir a la neutralidad antes que al partidismo. Por eso, el mejor historiador y el mejor comprometido con su sociedad es aquel que reclama cumplir con las máximas exigencias epistemológicas de la disciplina historiográfica, siendo la primera la búsqueda de la objetividad, esa cualidad que hoy parecen negar los posmodernos, algunos autores nacionalistas y algunos antiguos seguidores del materialismo histórico. Y para buscar la objetividad debe hacerse la explícita acción (sin duda humanamente difícil pero no imposible) de que las creencias personales de un historiador no guíen ni contaminen su ejercicio de historiador. Por eso empecé este libro con un breve destape político personal, para que el lector pudiera comprobar después, a lo largo de las presentes páginas, hasta qué punto he podido salvar mis opiniones ideológicas en mi propio discurso historiográfico.

No proclamo, desde luego, que el historiador en tanto que ciudadano no defienda una idea de progreso. Ni tampoco que como tal se convierta en un ser ideológica o políticamente agnóstico, socialmente escéptico e insensible, y que en su comportamiento cívico actúe como una persona amoral o sin sentimientos. Eso es casi imposible y en cualquier caso indeseable. Lo que digo es que cuando lleva el traje de historiador está obligado a cumplir con la misión de buscar la verdad histórica al margen de sus creencias personales, utilizando algo que precisamente se ha fabricado históricamente para conseguir conocer la realidad propia del acontecer sin las interferencias de los valores personales previos: el método científico. Algo que ha costado muchos siglos, muchos sufrimientos y que de momento ha dado muy buenos frutos a la humanidad. Lo que digo es que debe practicar la veterana idea del racionalismo cartesiano, que dicta que debemos conocer la realidad para estar en condiciones de cambiarla. Pero mantenerla o cambiarla y, en el segundo caso, hacerlo en un sentido u otro, no corresponde al oficio de historiador, sino al oficio de ciudadano que libremente quiera tomar su propio camino frente a las realidades en las que vive. Los historiadores buscamos formular las regularidades sociales de la realidad para que los ciudadanos adopten decisiones con la máxima información objetiva posible sobre la misma. Por eso debemos atrevernos a pensar por nosotros mismos y a investigar en libertad y no al dictado de una ideología particular o de un poder constituido o con deseos de constituirse.

Tengo para mí que el mejor compromiso del historiador profesional con su patria (si es el caso de que quisiera tener patria y tener dicho compromiso, pues no resulta una ineludible obligación moral de lo humano) es intentar conseguir un conocimiento objetivo del pasado de su sociedad que no esté basado en el miedo, en la ira, ni en los prejuicios a la hora de mirar atrás. Pensar históricamente la condición humana en comunidad requiere pensar el pasado de manera científica, y eso obliga al historiador a que su ideología no contamine su labor investigadora. Es sin duda una tarea difícil, pero no imposible y desde luego imprescindible. Es una empresa en la que lleva empeñada la ciencia desde que hace siglos empezó a luchar contra las diversas formas de la sinrazón, contra los mitos, contra los axiomas, contra los dogmas, contra la escolástica. Como escribí en otra ocasión:

Pensar históricamente las sociedades no implica fabricar un conocimiento sesgado e interesado del pasado para ponerlo al servicio de determinados proyectos políticos (nacionales o de clase) actuales, por muy lícitos que sean políticamente hablando. El legítimo uso de la historiografía para el aprendizaje civilizador de los ciudadanos no debe confundirse con su manipulador empleo para la movilización sentimental patriótica[1124].

Y añado ahora: no debemos amparar la idea de que es defendible que el oficio de historiador tenga la finalidad última de justificar los fines políticos (nacionales o de clase) que se pretenden alcanzar para defender el proyecto de sociedad de cada cual. Como han afirmado Fradera y Ucelay Da Cal:

Sometre la indagació crítica a les conveniències dels interessos nacionals (o d’altres, establerts des de fora de la pròpia práctica científica) és una concepció aliena a les pràctiques de la demostració filològica, de l’establiment d’hipòtesis raonables, de la formulació crítica de noves explicacions que són a la base de la disciplina como tal[1125].

La historiografía catalana que bebe explícita o implícitamente de la fuente ideológica del nacionalismo (igual valdría decir para la de cualquier otra nación) tiene de entrada serios problemas para conseguir la objetividad científica y la ecuanimidad interpretativa[1126]. No se trata desde luego de un tema baladí, nos jugamos en ello levantar un país con los pies de hierro o con los pies de barro. A mi entender, en cuanto científicos sociales que somos, lo que no precisamos los historiadores catalanes es convertirnos en agentes activos del adoctrinamiento patriótico sobre la identidad colectiva o en agentes activos de la «renacionalización» o de la «liberación nacional» (interclasista y comunitarista) en clave nacionalista creando un sentido de excepcionalismo histórico, de fetichismo por la diferencia, que puede conducir al victimismo que tan sustancial resulta en aquellas sociedades que se creen injustamente atacadas por un adversario (normalmente vecino) al que siempre se presupone dispuesto a anularlas como colectividad nacional. Ni tampoco, por supuesto, de lo contrario: en agentes proactivos de la «desnacionalización» de Cataluña en favor de la «españolización» de España (incluido el principado) vista como algo inevitable que es producto de una lógica histórica imparable. Lo que no precisa el futuro de los catalanes es que sus historiadores (que en tanto que ciudadanos con libertad política podemos desde luego ser partidarios, o no, de la continuidad histórica de Cataluña y de adscribirnos, o no, a cualquiera de las opciones políticas sobre su futuro) seamos partidistas y edifiquemos una visión histórica sesgada en la que su pasado, el de los catalanes, aparezca siempre como una especie de inmutable, y a menudo desgraciada, «excepcionalidad» en la historia de la humanidad.

Es mi convicción que la historiografía no deber ser un instrumento público para la nacionalización de los ciudadanos[1127], para fomentar la «conciencia nacional» (ni tampoco, en su caso, la «conciencia de clase») mediante el adoctrinamiento, para contribuir a la épica nacional y al irredentismo, para construir un Volkgeist metafísico sobre el «carácter nacional» ni para la fabricación de «lugares de memoria» creados y utilizados para servir a intereses ideológicos partidistas[1128]. Los historiadores no estamos para crear sugestivos héroes nacionales, sean estos personas o ideas, hasta transformarlos en mitos axiomáticos que tanta seguridad parecen ofrecer al objeto de mantener los lazos de solidaridad comunitarios y/o nacionales[1129]. Mitos que se convierten en distorsiones interesadas de la realidad histórica en función de crear estímulos movilizadores para la nacionalización de las masas de un país. Los historiadores no estamos para forjar la «memoria colectiva» (siempre plurales, por cierto) dedicada a construir y a expresar la identidad de un grupo social o nacional buscando crear vínculos de cohesión social y de pertenencia. Memorias históricas que bien sabemos desde siempre que no guardan la virtud del rigor como atributo. Ni estamos para alimentar el «imaginario histórico-patriótico» de nuestros conciudadanos con el objetivo de vincularlo a nuestros deseos ideológicos de presente en una especie de lógica histórica que conecta de manera inexorable tradición histórica, casi siempre situada en una edad esplendorosa, con modernidad[1130]. Los historiadores no estamos para servir al propósito de que los ciudadanos interioricen emocionalmente la patria como algo natural y eterno. No estamos para contribuir a la asunción sentimental en cada individuo de la «comunidad imaginada», ni debemos trabajar en beneficio del sentimiento de pertenencia nacional, ni ayudar a crear las «representaciones» nacionales que justifiquen la existencia de la nación, ni tampoco para formar la «conciencia» nacional sobre ella. No estamos para ser intermediarios intelectuales entre lo «prenacional» y lo «nacional» a través del «conveniente» texto histórico. Los historiadores no estamos, finalmente, para ser nacionalizadores de la ciudadanía ni legitimadores de proyectos políticos nacionales o de clase. No. Para lo que estamos los historiadores es para explicar cómo, cuándo y por qué se crea y recrea ese ente artificial y abstracto pero histórico y actuante que es la nación y el papel que han tenido los nacionalismos en ese proceso de construcción. En suma: los historiadores no deberíamos aspirar a convertirnos en una «palabra de autoridad» para hacer existir a la nación y darle un sentido casi demiúrgico[1131].

Creo que es necesario recordar que escribimos «historia» porque conocemos los enormes peligros de los «mitos», las «memorias» y los «imaginarios» para conseguir alcanzar la veracidad histórica, tres fabricaciones, por cierto, a las que suelen tener buen apego quienes desean conseguir sus ansiadas hegemonías sociales, políticas y culturales mediante la confección final de una «memoria oficial»[1132]. Por eso es mi convicción que no es lícito alimentar historiográficamente ni el «proyecto nacional español» ni el «proyecto nacional catalán» si con ello se entiende «fabricar» una determinada historia de España o de Cataluña, y de las relaciones entre ambas realidades históricas, para legitimar una específica posición partidista sobre cómo nos gustaría que fuera la estructura geopolítica de la España actual y futura. Y es igualmente mi convicción que no es lícito subordinar lo que «fue» el pasado en aras de legitimar lo que «debería ser» el presente-futuro según el credo ideológico personal. Para el análisis histórico representa un evidente peligro de descontextualización que casi todo gire en torno a los deseos y objetivos políticos del inmediato presente. La historia no debe ignorar la actualidad pero no puede ser su esclava. Por eso considero que nos sería de suma utilidad tener bien presentes las palabras del sociólogo Salvador Giner cuando afirma:

El nacionalismo reescribe sin cesar la historia e interpreta el presente según su perspectiva. Adapta el pasado a los apremios del presente […]. Muchos tergiversan la historia según las estrategias y conveniencias de los políticos, ideólogos o grupos de interés que lo suscriben. Inventan símbolos, ceremonias, estandartes, conmemoraciones o reinventan los antiguos. Con frecuencia —menester es repetirlo—, responde todo ello a agravios profundos, verdades históricas indudables y anhelos justos y dignos para la comunidad en la que surge. Es por ello por lo que el nacionalismo es radical e irremisiblemente ambivalente[1133].

Desde luego que no tengo nada que objetar al hecho de querer hacer historia nacional cuando esta responde a una realidad empíricamente demostrable[1134]. Lo que sí rechazo es hacer historia nacionalista cuando dicha forma de historiar comporta ver la realidad pretérita con las anteojeras de los deseos políticos de esa ideología, cuando el nacionalismo necesita contarse su «propia historia nacional» a conveniencia de sus deseos políticos de presente y de futuro. No digo que las convicciones nacionalistas personales de un investigador inexorablemente tengan que suponer su renuncia a la objetividad, pero sí afirmo que sucede con suma frecuencia que cuando está ejerciendo de historiador la ideología nacionalista acaba por contaminar su trabajo, a menudo de forma imperceptible para él. Un historiador que se sienta catalán (o español o catalán y español) no debiera investigar la historia de Cataluña en tanto que catalán, sino como historiador, es decir, como científico social. Igual que un historiador que como ciudadano se defina conservador, liberal, socialista o anarquista, pongamos por caso, no debe investigar el pasado en función de su adscripción ideológica, sino de las reglas epistemológicas de su oficio de investigador. Para mí no es de recibo pensar en la existencia epistemológicamente legítima de una historia conservadora, liberal, socialista, comunista o ecologista de Cataluña (o España), por ejemplo.

Albergo la profunda convicción de que la única historia nacional defendible es la que está fabricada con las armas del método científico. Esa me parece la mejor forma de practicar (si se quiere) un saludable patriotismo ciudadano que no caiga en la pasión deformante de los nacionalismos románticos. Si para la historiografía hispana afirmé en su día que fueron nocivos los discursos históricos fabricados desde mediados del siglo XIX bajo la égida del nacionalismo español, tampoco creo que sean aceptables para la historiografía catalana por mucho que su nacionalismo se presente, las más de las veces, a la defensiva de aquel y con tintes más «modernos». En términos de influencia sobre el ejercicio científico de la historiografía, también la dedicada al Setecientos, ni el uno ni el otro resultan recomendables. La historia de Cataluña no es la historia que el catalanismo o el nacionalismo catalán de diverso signo necesita elaborar para sus legítimos intereses políticos, afirmación que vale exactamente igual para el caso del nacionalismo español. Es verdad que los nacionalismos otorgan a los historiadores un lugar preeminente en la elaboración de su discurso, su cultura y sus aspiraciones, pero no lo es menos que lo hacen para ponerlos en general al servicio de su causa antes que de la causa de la historiografía. Y no creo que los avances epistemológicos, metodológicos o técnicos de nuestro oficio provengan del desarrollo de los nacionalismos que apuestan por una perennidad ahistórica deseosa de prolongar las raíces de la nación a épocas anteriores al surgimiento de la misma utilizando, anacrónicamente, conceptos actuales para sucesos del pasado[1135].

La historia es para los nacionalismos lo que fragua y muestra el «alma del pueblo»; y por eso precisan que los historiadores cuenten la coherencia que aquella demuestra desde la noche de los tiempos hasta poder presentar a su nación como un producto «natural» e inexorable de la evolución humana. Y por eso también los historiadores son tan reclamados para ayudar a crear los sentimientos de pertenencia patriótica de los ciudadanos correspondientes a cada nación forjada de forma «espontánea» por la historia. Toda construcción nacional requiere una reconstrucción histórica realizada por los oficiantes de Clío. La unidad de destino en un futuro común nacional se edifica sobre una unidad histórica en el pasado que ha ido construyendo la nación compartida. El nacionalismo requiere de la historiografía y por eso no en balde el nacimiento del primero coincidió con la constitución de la segunda como ciencia positiva en el siglo XIX. Tal parece como si la fabricación de una adecuada historia nacional fuera una especie de necesidad ontológica de los nacionalismos. De ahí que se necesite siempre fabricar una historia oficial bien controlada por los resortes académicos y políticos del Estado-nación (o por los nacionalismos alternativos dentro del mismo) y que, en el caso hispano, la disputa en torno a su control sea recurrente entre el nacionalismo español y los nacionalismos llamados periféricos hasta convertirse en cierto modo en un problema de Estado.

Desde luego que para el ejercicio de la historiografía me parece poco reconfortante la idea ontologista de que la condición humana es inevitablemente patriótica y/o nacionalista. Y que, por tanto, la única posibilidad que tenemos es tratar de ser honestos y decir de qué cofradía somos para así no engañar al público. Si pertenecemos a la cofradía de los historiadores, no estafar a nadie se hace mediante el recurso a la ciencia social y esforzándonos por ir solucionando las limitaciones epistemológicas que como disciplina podamos todavía tener. Ya lo escribió Capmany al comienzo de sus Memorias:

El historiador, entonces, comparando los tiempos, las costumbres y las vicisitudes de los gobiernos con una análisis filosófica, se podrá contentar con el mérito de la buena elección de los sucesos más dignos e importantes, de los cuales pueda sacar vivas lecciones para la moral pública y grandes ejemplos para la política de los Estados. Pero estas combinaciones y reflexiones deben siempre estribar en la verdad y realidad de las cosas para hacer sólida y útil la instrucción [la cursiva es mía[1136]].

Es decir, conocer y comparar para comprender el funcionamiento y cambio de las sociedades con el objetivo político último de ayudar a los seres humanos a construir un futuro sostenible para la especie en la medida en que también esté fundamentado en un conocimiento científico del pasado. Es aquello que Enric Bagué afirmó al intervenir en la polémica entre Rovira y Vicens: «Cuanto mejor nos conozcamos, más maestros seremos de nosotros mismos»[1137]. O dicho de otro modo: cuanto mejor saber histórico obtengamos, mejor pensamiento histórico tendremos para fabricar más adecuados proyectos sociales de futuro para la ciudadanía y mejor pensaremos históricamente nuestro presente. Por eso creo que no es pertinente hacer historia nacionalista o historia antinacionalista, pues ambas tienen pocas garantías de objetividad. Al contrario: se trata de edificar con rigor científico una narración histórica no nacionalista de una nación concreta (con o sin Estado particular) previamente identificada como tal mediante elementos objetivables.

En esta razón, que reitero que personalmente considero una manifestación de buen patriotismo, encuentro el ánimo para seguir estudiando con afición y denuedo el Setecientos catalán y español. En esta razón encuentro las fuerzas para poner mis modestos conocimientos al servicio de una ciudadanía que quisiera, ante todo, que dispusiera del mejor conocimiento científico de su pasado para pensar y proyectar con plena libertad su presente y su futuro construyendo, también con esos saberes así conseguidos, sus plurales cuerpos éticos e ideológicos sobre lo que debe ser el progreso social. Así me gustaría a mí que contribuyera la ciencia histórica al porvenir de los catalanes: sine ira et studio. Y no como a veces ocurre con los nacionalismos de todo tipo y condición que proceden a un análisis del pasado cargado de ira y con un estudio sesgado. Este libro no ha querido entrar en la pugna entre nacionalismos, sino que ha deseado librar una batalla en favor de la ciencia y en contra de la intervención de la ideología en ella (en especial pero no únicamente la nacionalista). O afirmado de otra manera: a favor de un estudio racional y razonado del pasado que no adopte, como ha sucedido a menudo en Cataluña desde principios del siglo XIX hasta nuestros días, un «partido previo», abrumadoramente filoaustracista, a la hora de estudiar nuestro Siglo de las Luces. Que no piense, como hacía en su día la historiografía romántica, que una vez proclamada la necesidad de la independencia y la neutralidad del historiador, después se puede investigar la Cataluña del Setecientos desde la perspectiva austracista (o borbónica) sin contradicción con aquellos principios.

El historiador no huye de la polis porque su función última es explicarla, pero en ningún caso debe ser gregario de la ideología ni dejarse empantanar por ella desvirtuando su necesaria ecuanimidad. Cuando lleva puesta su indumentaria de faena como historiador, su cuerpo central de actuación es la explicación racional de la realidad que fue y no la creación ética e ideológica de lo que «debería ser» la realidad presente y futura, que solo le compete en tanto que ciudadano. El historiador no huye de explicar la historia del «hecho nacional» catalán, español o francés, pero debe hacerlo desde dentro de la ciencia y desde fuera del ideologismo, rechazando el ahistoricismo que mira a las naciones como un producto «natural» (y no como el resultado contingente del transcurrir del hombre en sociedad), como quieren buena parte de los nacionalismos. En tanto que practicante de un oficio perteneciente al universo de la ciencia, el historiador no debe tener lealtad a ningún proyecto político nacional y/o de clase, pues la única fidelidad a la que está obligado se refiere a la verdad histórica conseguida mediante los recursos del método científico. Y en este preciso sentido el imprescindible esfuerzo por la necesaria neutralidad (opción éticoideológica) ayuda a caminar hacia la objetividad (meta deseada por el método científico). No creo que el historiador y su producto intelectual, que es la historia, deban tener «voluntad de poder» para gestionar la cosa pública desde una determinada ideología, sino «voluntad del comprender» para entender desde la práctica científica cómo funciona la condición humana en sociedad. Y por eso comparto con entusiasmo la opinión de Josep Fontana cuando afirma:

El papel del historiador hoy y siempre me parece que debería ser el mismo. No debe ser difundir ningún tipo de valores ni ideas, aunque lógicamente tenga los suyos. Su obligación es reconocerlo claramente y no dar a entender que está en una esfera neutral, en que se puede hablar de los asuntos humanos sin estar implicado en ellos. Su papel es contribuir a despertar la conciencia crítica de la gente, ayudarla a que piense por su cuenta, a que no acepte ningún tipo de lavado de cerebro[1138].

A mi modesto entender, es precisamente en el incumplimiento de las anteriores premisas donde puede radicar la muerte del mejor legado de la ilustración, del rigor positivista y del marxismo no dogmático, y donde puede cimentarse en cambio el triunfo de un neorromanticismo inconfesado que a veces parece no haber desaparecido plenamente del panorama historiográfico inspirado por historiadores de ideología nacionalista. La historiografía es una disciplina científica que aspira a establecer una teoría general sobre el funcionamiento y cambio de las sociedades humanas que sirva para poder explicar, racional y empíricamente, el inmenso océano de la realidad social producida por los humanos desde que culminó su proceso de hominización. La historiografía no estudia el pasado para la justificación del presente, sino para ayudar a que este último encuentre una mejor explicación gracias a una tarea que debe estar inspirada por el acervo de la tradición científica. Por eso bien sabemos que es un delito de lesa Clío el buscar sesgadamente los hechos pretéritos más convenientes para apoyar las posiciones coetáneas de los políticos.

En definitiva, hay que evitar la desaparición de la historiografía como disciplina científica a manos de un historicismo romántico o de un romanticismo historicista que, como compañero de viaje del nacionalismo, va poniendo placas de ateroma ante la necesaria meta de alcanzar la objetividad para conseguir la verdad histórica a la que tiene derecho la ciudadanía. Una meta y un derecho a los que los historiadores tenemos la responsabilidad cívica de contribuir a través de la ciencia, con una superlativa obligación ética de hacerlo de este modo por parte de todos aquellos que vivimos del erario público para ejercer nuestra profesión. Sigo creyendo vigentes algunas premisas axiales que obligan al investigador del pretérito: la historiografía como ciencia para el conocimiento de la condición humana en colectividad y no como arma combatiente para crear manipuladas y manipulantes memorias del pasado en beneficio de intereses partidistas (nacionales o sociales) del presente; la historia como producto intelectual esencial para comprender la evolución de las sociedades y no como baluarte del adoctrinamiento patriótico o social; la historia como conocimiento científico aportado por la historiografía para comprender el presente y pensar el futuro, pero sin presentismo, anacronismo ni teleologismos. No defiendo una historiografía aséptica en sus fines porque la quiero para mejorar la sociedad, pero siempre buscando la verdad histórica a través de la «cultura» de la ciencia como modo para conseguir aquella preciada finalidad. Al fin y al cabo, la historiografía debería servir contra la interesada petrificación de las ideas.

Esta es para mí la lícita y certera posición en la que los historiadores debemos instalarnos en la constante batalla de las ideas por conseguir un mundo mejor y combatir los nocivos prejuicios que de manera lacerante e innecesaria enfrentan a los humanos: siendo eficaces operarios de la historiografía para contribuir de ese modo a la buena ciudadanía. Solo una historia científicamente elaborada puede ser un legítimo instrumento para la transformación social. Las historias edificadas desde la «episteme» de la ideología de los nacionalismos agraviados no son un buen camino en la eterna lucha de la civilización contra la barbarie, entre otras cosas porque acaban creando maniqueos tópicos peligrosamente fáciles de dirigir para las masas. No hay pasados perfectos y pasados imperfectos para el historiador. Lo que hay son pasados que analizar mediante una razón crítica que se sepa libre de cualquier pasión nacionalista que desee volver su mirada hacia el pretérito como fuente de confrontación entre el «ellos» y el «nosotros» o bien para narrar una historia victimista. La historia de cualquier nación demuestra en efecto que es «excepcional» y «diferente» a la de otras naciones históricamente constituidas. Excepcional y diferente a consecuencia lógica de ser única e irrepetible. Eso resulta una verdad evidente que, sin embargo, no tiene por qué conducir necesariamente a una visión «excepcionalista» y «diferencialista» del pasado de esa nación respecto a las demás.

En el caso de desearlo, por supuesto que los historiadores pueden ejercer además de intelectuales dedicados a intentar modelar la opinión pública a favor de sus ideas a través de los medios de comunicación. Pero stricto senso, los historiadores no son intelectuales, ni orgánicos ni críticos; no son intelectuales de la identidad colectiva ni tampoco intelectuales creadores de moralidad. No deben buscar la creación de una única memoria colectiva oficial para así conseguir la legitimación y el consenso social alrededor de una determinada propuesta ideológica y política de nacionalización. Memoria oficial, por cierto, propia de sociedades cerradas donde historia y ficción se confunden frente a sociedades abiertas en las que existe un «mercado» de las ideas que permite el debate sobre la verdad histórica. Los historiadores son científicos sociales que buscan descubrir las regularidades esenciales sobre las que se asienta el desarrollo de la vida social a través del tiempo y así explicar con mayor eficacia la sociedad de cada época y lugar. Nuestro compromiso social se ejerce mediante la ciencia porque ese tipo de saber nos ha demostrado sus utilidades para basar nuestro futuro en un conocimiento objetivo de la realidad, aquel que precisa el ser humano para enfrentarse al reto universal e intemporal de mantener la especie y el planeta.

No comparto la idea de que es aceptable por inevitable que haya tantas historias de un país como proyectos políticos nacionales se configuren para el mismo. Puede haber, desde luego, distintas interpretaciones sobre la historia de España, pero no deberían estar deducidas desde la ideología de cada programa político que elige a su conveniencia los «hechos históricos», sino desde la tarea de la ciencia que pone a prueba empírica las hipótesis que elabora. La historia no puede ser un saber desinteresado y autista frente a la realidad humana. La historia deber ser un saber comprometido con la sociedad. El historiador debe politizarse en el sentido de que tiene que comprender que nada humano es ajeno a él y que desde la preocupación por la especie y su futuro ha de desempeñar su oficio. No ejercemos de historiadores por obtener placer personal, ni por mera erudición, ni por «amor al arte», sino por contribuir al progreso social de la humanidad. Pero la manera ideal y legítima para que el historiador acometa su responsabilidad social pasa por la ciencia y no por la ideología. El historiador se ocupa de explicarnos de forma racional y razonada el funcionamiento de las sociedades pasadas pero no de decirnos cómo debe ser nuestro presente-futuro. Es un científico y no un ideólogo. Es un científico pero no un moralista que da lecciones axiológicas a sus conciudadanos. Como bien afirmó Vilar, la historiografía no puede ser una «ciencia fría», pero debe ser una ciencia. Eso es precisamente, a mi entender, por lo que han luchado muchos profesionales para que nuestro oficio sea considerado de una innegable utilidad pública: convencer a nuestros conciudadanos de lo nocivo que resulta la voz relativista que viene a decir que en cuestiones de historia cualquier relato merece la misma consideración porque, al fin y al cabo, todo es subjetivo e ideológicamente interesado a la hora de conocer e interpretar el pasado. Y cuando se trata de los historiadores profesionales que ejercemos en las instituciones públicas gracias al dinero de los ciudadanos, pienso que tenemos la suprema obligación deontológica de luchar por la libertad de la historiografía, y no menos de recordar siempre la necesidad de combatir la genética tentación del poder de que la historia se convierta en instrumento de gobierno para legitimar a quienes lo dirigen o aspiran a dirigirlo.

Al entrar en una clase para explicar historia de Cataluña o de España, siempre he pensado que mi única y máxima obligación moral era educar en el pensamiento crítico para levantar una ciudadanía libre. Por eso nunca he pretendido ni catalanizar ni españolizar a nadie. Ni tampoco hacerlo de derechas o de izquierdas, conservador o progresista. Una razón ética, por cierto, por la que creo que vale la pena seguir luchando en estos tiempos de plomo en los que la objetividad no parece estar de moda en la sociedad mediática. En mis clases, con frecuencia he recordado a mis alumnos las siguientes palabras de Jaume Vicens Vives para que fueran un faro en el ejercicio de su futura profesión:

Faena del historiador es procurar asimilar el ambiente de la época que estudia, para trasladar con todo su verismo este juego de acciones y reacciones humanas que constituyen el mecanismo del pasado. Faena del político es deducir de los hechos expuestos por el historiador unas consecuencias para sacar partido en la misión de orientar un pueblo hacia una mejor reestructuración de su existencia nacional o estatal, sea en el aspecto que se quiera. Pero hoy, por suerte, está condenada aquella peligrosa tendencia, que se observa en el campo de la historiografía, que consistía en hacer servir la ciencia de los hechos humanos para dar soporte a determinadas ideologías, aunque estas fueran del orden más elevado. No hay ningún motivo que exija la aproximación de dos épocas históricas para hacer caber una dentro de los moldes de la otra[1139].

No estoy nada seguro de que actualmente esta afirmación vicentiana respecto al oficio de historiar sea una realidad plena, ni tampoco me atrevería a confirmar que el propio investigador catalán la cumpliera siempre. En mi caso, me gustaría que la obra que ahora finalizo hubiera conseguido al menos ser coherente con sus deseos, que leídos por mí significan liberar a la ciencia histórica del apriorismo ideológico para cumplir de este modo con el precepto primero del código deontológico de todo historiador. A saber: buscar la veracidad histórica con la independencia como bandera para aprovechar el conocimiento del pasado en beneficio de la civilización. O si me permiten decirlo de otro modo: servir a la ciudadanía desde la historiografía y no desde una narración histórica victimista y/o narcisista de la nación, lo que significa oponerse a una historia nacional mítica, autojustificadora, mística y sacralizada destinada a aportar elementos legitimadores a la liturgia nacionalista. Como científico social es mi deseo más profundo que la historiografía sea considerada como un efectivo peligro para el ejercicio de estos últimos menesteres y como una práctica beneficiosa en cambio para la libertad de los ciudadanos. Es verdad, no hay razón sin emoción. En mi caso, mi emoción más profunda es conseguir la máxima verdad histórica posible mediante la razón científica. Una actitud que no resulta fácil de mantener en medio de los seculares enfrentamientos de los nacionalismos hispánicos, dado que con frecuencia los investigadores se han olvidado de historiar en el silencio de las pasiones.

ROBERTO FERNÁNDEZ DÍAZ (Hospitalet de Llobregat, 1954) es un historiador español. Es catedrático de Historia Moderna de la Universidad de Lérida desde 1992, y rector de la misma desde 2011. Entre noviembre de 2017 y mayo de 2019 fue presidente de la CRUE.​

Licenciado en Geografía e Historia (Sección Historia: Historia Moderna) en 1980 con la calificación de Sobresaliente «Cum laude». Se doctoró en 1987 con una tesis sobre la burguesía comercial barcelonesa en el siglo XVIII, dirigida por Josep Fontana. Desde los años 80, ha dedicado sus esfuerzos investigadores a la historia social y de la familia en la España dieciochesca. También se ha destacado como biógrafo de Carlos III. En los últimos años, inició una labor de revisión de la historiografía sobre la Cataluña bajo la dinastía de los Borbones. Fruto de ese interés fue su obra Cataluña y el absolutismo borbónico: historia y política, que mereció el Premio Nacional de Historia de España en 2015. En 2019 recibió la encomienda con placa de la Orden de Alfonso X el Sabio.​

En el ámbito de la gestión se ha destacado como uno de los impulsores de la reciente Universidad de Lérida. Fue director del Instituto de Ciencias de la Educación del Estudi General de Lleida (1983-1985). Una vez establecida la Universidad, fue decano de la Facultad de Letras (1989-1993), y director del departamento de Historia del Arte e Historia Social (2000-2005). En mayo de 2011 fue elegido como rector, y reelecto en mayo de 2015.

Notas

[1] Gonzalo Pasamar, La historiografía en la España franquista (la post-guerra, 1939-1950), Zaragoza, 1986; Historiografía e ideología en la posguerra española: la ruptura de la tradición liberal, Zaragoza, 1991, pp. 297-349; Juan Sisinio Pérez Garzón y otros, La gestión de la memoria. La historia de España al servicio del poder, Madrid, 2000, pp. 7-31, 111-161 y 221-233; Ángel Luis Abós, La historia que nos enseñaron (1937-1975), Madrid, 2003, pp. 105-182, y Miquel Ángel Marín Gelabert, Los historiadores españoles en el franquismo. 1848-1975. La historia local al servicio de la patria, Zaragoza, 2005, pp. 9-35. <<

[2] Pierre Bourdieu, Jean-Claude Chamboredon, Jean-Claude Passeron, El oficio de sociólogo: presupuestos epistemológicos, México, 2009, pp. 105-116. <<

[3] Para las relaciones entre ciencia e ideología cf. Mario Bunge, Seudociencia e ideología, Madrid, 1985. <<

[4] Sobre los intentos de diálogo entre castellanos y catalanes, cf. Horst Hina, Castilla y Cataluña en el debate cultural (1714-1939), Barcelona, 1986; Manuel Lladonosa, «Cataluña y España en el diálogo entre Maragall y Unamuno», Cirilo Flórez (coord.), Tu mano es mi destino. Congreso Internacional Miguel de Unamuno, Salamanca, 2001, pp. 264-283; Lluis Busquets y Carles Bastons, Castilla y Catalunya frente a frente. Antología para un debate, Barcelona, 2003; Xavier Antich, Ángel Castiñeira, Joaquim Colominas, Cataluña-España. Relaciones políticas y culturales, Barcelona, 2003; José Enrique Ruiz Domènec, Catalunya España. Encuentros y desencuentros, Barcelona, 2010; Albert Balcells, Cataluña ante España. Los diálogos entre intelectuales catalanes y castellanos, 1888-1984, Lleida, 2011, y muy especialmente el meritorio trabajo de Andreu Navarra, La región sospechosa. La dialéctica hispanocatalana entre 1875 y 1939, Bellaterra, 2012. <<

[5] Manuel Campo Vidal, Adolfo Suárez. El presidente inesperado de la Transición. Barcelona, 2012, y Santiago Carrillo, Memorias, Barcelona, 1994. <<

[6] Marcel Proust, Contra Sainte-Beuve. Recuerdos de un mañana, Barcelona, 2006. <<

[7] Invierto así, ideológicamente hablando, el concepto de «identidades asesinas» elaborado por Amin Maalouf (Identidades asesinas, Madrid, 1998). <<

[8] Jaume Vicens Vives, Obra dispersa, Barcelona, 1967, p. 317. (Traducción propia: “no se puede hacer una historia que responda al actual sentimiento del pueblo catalán […] sino aquella historia de las Cataluñas sucesivas, tal como ellas han vivido, sentido e interpretado el mundo total (económico, social, político, jurídico, bélico, religiosos y cultural) en que se han encontrado situadas”. (En algunos casos, el lector comprobará que no he procedido a la traducción al catalán por considerar el texto fácilmente entendible por su similitud con el castellano). <<

[9] Cf. Enric Vila, Memorial de agravios de un ciudadano de Cataluña. A don Juan Carlos, Conde de Barcelona, Barcelona, 2003. En esta obra, el autor señala diversas cuestiones que considera injustas respecto a Cataluña y que a su criterio dificultan la buena relación con España. Son los agravios que hay que solucionar, comenzando por el Decreto de Nueva Planta firmado por Felipe V como marco referente. Para el caso del nacionalismo español es muy interesante consultar Javier Moreno Luzón, «De agravios, pactos y símbolos. El nacionalismo español ante la autonomía de Cataluña, 1918-1919», Ayer 3 (2006), pp. 119-151. <<

[10] Borja de Riquer, Alfonso XIII y Cambó. La monarquía y el catalanismo político, Madrid, 2013, pp. 11-21. <<

[11] Narcis Feliu de la Penya, Anales de Cataluña, t. III, pp. 484-485. <<

[12] Cf., entre otros, Enric Ucelay Da Cal, El imperialismo catalán. Prat de la Riba, Cambó, D’Ors y la conquista moral de España, Barcelona, 2003; «Ser y no ser: la visión del españolismo desde la perspectiva catalanista, o lo que se puede aprender escuchando», en Historia y política, 14 (2005), pp. 11-44, y Ricardo García Cárcel, La herencia del pasado. Las memorias históricas de España, Barcelona, 2011. <<

[13] Para una panorámica analítica sobre los debates acerca del nacimiento del nacionalismo cf. Andrés de Blas, Nacionalismos y naciones en Europa, Madrid, 1994; John Hutchinson, Modern Nationalism, Londres, 1994; José Álvarez Junco, «L’eclosió d’estudis sobre el nacionalisme», L’Avenç, 215 y 216 (1997), pp. 66-69 y 60-65, respectivamente, y Anthony Smith, La nación en la historia, Valencia, 2002. <<

[14] Existe una reciente e interesante literatura historiográfica sobre las intencionalidades de las conmemoraciones históricas, cf., por ejemplo, J. R. Gillis (coord.), Commemorations. The Politics of Nacional Identity, Princeton, 1994; VV. AA., Las conmemoraciones en la historia, Valladolid, 2001; Pere Molas, «Treinta años de conmemoraciones en historia moderna», Ibidem, pp. 65-76; Stéphane Michonneau, Barcelona: memòria i identitat. Monuments, commemoracions i mites, Vic, 2002; Edward Baker, «La cultura conmemorativa», en José Álvarez Junco (coord.), Las historias de España. Visiones del pasado y construcción nacional, Madrid, 2013, vol. 12 de Josep Fontana y Ramón Villares (dirs.), Historia de España, pp. 565-653. <<

[15] La celebración estuvo a cargo del Ministerio de Cultura, entonces dirigido por Jorge Semprún, y tuvo al menos dos importantes frutos intelectuales. El primero fue una exposición dirigida por Carmen Iglesias, que quedó reflejada en un excelente libro-catálogo titulado Carlos III y la Ilustración, publicado en 1989. Dicha exposición contó, entre otros colaboradores, con la propia Generalitat de Cataluña, y fue exhibida en el Palacio de Pedralbes de Barcelona después de ser inaugurada en la Casa de Velázquez de Madrid. Y el segundo fue la realización de un congreso internacional bajo el mismo título y cuyas actas aparecieron en tres volúmenes en 1989. Desde el punto de vista meramente científico, el colofón del bicentenario cabe situarlo en el Coloquio Internacional Carlos III y su época, organizado por la Universidad Complutense de Madrid, y cuyos dos volúmenes de actas aparecieron publicados en 1990. En contraste con el interés por celebrar la muerte del tercer Borbón, podemos señalar el escaso eco, en términos comparativos, que ha merecido tanto por parte del gobierno español, del gobierno catalán como de la Casa Real, el tricentenario de la instauración de la dinastía borbónica en España. Tal parece que la figura de Felipe V, y especialmente sus primeros años de reinado, resultara «incómoda» para unos y otros en la coyuntura política del año 2000. <<

[16] La celebración catalana consistió en un conjunto de conferencias y exposiciones organizadas por la Consellería de Cultura, entonces presidida por Max Cahner, y que finalmente dieron como resultado una obra colectiva titulada Catalunya a l’época de Carlos III, Generalitat de Catalunya, Barcelona, 1991. <<

[17] Conferencia pronunciada por Jordi Pujol en la Casa de Llotja del Mar de Barcelona el 14 de diciembre de 1988 y recogida en su libro Quatre conferencies. Analitzar el passat per renovar el projecte, Barcelona, 1990, p. 49. Más adelante analizo con mayor detenimiento las opiniones de Pujol respecto al Setecientos catalán y español (pp. 419-427). (T.P. “Ahora podría volver a pasar esto: que «sin que se advierta el cuidado» [se refiere a la orden de Felipe V dirigida a los corregidores para introducir el castellano con eficacia pero con disimulo] nos hicieran unas propuestas aparentemente —o incluso realmente— modernizadoras y europeizadoras, pero centralistas y dirigistas y, incluso, hechas desde la prepotencia —que en definitiva sería una mala manera de actualizar el despotismo— y con voluntad de diluir nuestra personalidad colectiva. Y todo ello envuelto de ilustración, probablemente esta en parte aparente”). <<

[18] Jordi Pujol, «Carles III a la Catalunya dels 90», en Catalunya a l’epoca de Carles III…, p. 12. <<

[19] Sobre los imaginarios nacionales, cf. Roger Chartier, El mundo como representación, Barcelona, 1992; Benedict Anderson, Comunidades imaginadas. Reflexiones sobre el origen y la difusión del nacionalismo, México, 1993; Josep R. Llobera, El Dios de la modernidad. El desarrollo del nacionalismo en Europa Occidental, Barcelona, 1996; Eric J. Hobsbawm y Terence Ranger, La invención de la tradición, Barcelona, 2002; Anthony Smith, Nacionalismo y Modernidad, Madrid, 2002. Para el caso español resulta sugerente confrontar a Inman Fox, La invención de España. Nacionalismo liberal e identidad nacional, Madrid, 1997; Carlos Serrano, El nacimiento de Carmen. Símbolos, mitos y nación, Madrid, 1997; Jon Juaristi, Linaje de Aitor. La invención de la tradición vasca, Barcelona, 1984; Manuel Suárez Cortina, Casonas, hidalgos y linajes: la invención de la tradición cántabra, Oviedo, 1994; Antonio Elorza, Un pueblo escogido: génesis, definición y desarrollo del nacionalismo vasco, Barcelona, 2001; Justo Beramendi y María Jesús Baz (coords.), Identidades y memoria imaginada, Valencia, 2008; Diversos autores, «La construcción imaginaria de las comunidades nacionales», Historia Social, 40 (2011), dossier; Pau Viciano, Des temps inmemorial, Valencia, 2003; Javier Moreno Luzón y Xosé. M. Nuñez Seixas, Ser españoles: imaginarios nacionalistas en el siglo XIX, Madrid, 2013. <<

[20] Carolyn Boyd, «Los textos escolares», en José Álvarez Junco (coord.), Las historias de España…, pp. 441-564. <<

[21] Carlos Forcadell (ed.), Nacionalismo e historia, Zaragoza, 1998; Xosé. M. Núñez Seixas, Los nacionalismos en la España contemporánea (siglos XIX-XX), Barcelona, 1999; Juan María Sánchez Prieto; «El siniestro estrabismo. Historiografía y nación en la España contemporánea», Hispania, 219, vol. LXV/1 (2005), pp. 281-306; Ferran Archilés e Ismael Saz (eds.), Estudios sobre nacionalismo y nación en la España contemporánea, Zaragoza, 2011. <<

[22] Sobre el concepto de «memoria», cf. Ricardo García Cárcel, La herencia del pasado…, pp. 65-76; Eduardo González Calleja, Memoria e historia: vademécum de conceptos y debates fundamentales, Madrid, 2013. Acerca de la evolución del concepto «memoria histórica», cf. Jaume Aurell, La escritura de la memoria. De los positivismos a los posmodernismos, Valencia, 2005, y Francisco Erice, Guerras de la memoria y fantasmas del pasado. Usos y abusos de la memoria colectiva, Oviedo, 2009, pp. 21-97. En referencia a las «políticas de la memoria», cf. Carlos Forcadell, Gonzalo Pasamar, Ignacio Peiró, Alberto Sabio y Rafael Valls (eds.), Usos de la historia y políticas de la memoria, Zaragoza, 2004; Juan José Carreras y Carlos Forcadell (eds.), Usos públicos de la historia, Zaragoza, 2003, y Mario Carretero, Documentos de identidad. La construcción de la memoria histórica en un mundo global, Buenos Aires, 2007. <<

[23] Para la historia antigua lo ha efectuado Fernando Wulff, Las esencias patrias. Historiografía e Historia Antigua en la construcción de la identidad española (siglos XVI-XX), Barcelona, 2003. Para el siglo XIX, cf. José Álvarez Junco, Mater Dolorosa. La idea de España en el siglo XIX, Madrid, 2001; Mariano Esteban de Vega, «Los historiadores y la construcción de la identidad nacional española», en Nicolás Ortega Cantero (ed.), Paisaje, memoria histórica e identidad nacional, Madrid, 2005, pp. 115-146, y Borja de Riquer, Escolta Espanya. La cuestión catalana en la época liberal, Madrid, 2002. En el caso del siglo XX es interesante cf. Carolyn P. Boyd, Historia patria: política, historia e identidad nacional en España, 1875-1975, Barcelona, 2000; Santos Juliá, Historia de las dos Españas, Madrid, 2004, y José Álvarez Junco (coord.), Las Historias de España. Visiones del pasado y construcción de identidad (ya mencionado). Para una reflexión general sobre nacionalismo español e historiografía, cf. Juan Sisinio Pérez Garzón y otros, La gestión de la memoria. La historia de España al servicio del poder, Barcelona, 2000; Anna Maria García, España. ¿Nación de naciones?, Madrid, 2002, y Carlos Taibo (coord.), Nacionalismo español, Madrid, 2007. <<

[24] Antoni Simón cita en este sentido la encuesta realizada por Line Staff en 1991 y que sitúa la caída de Barcelona el 11 de septiembre de 1714 como el hecho más conocido de la historia de Cataluña, aunque solo tuvieran conocimiento de su significado un 15 por ciento (Antoni Simón Tarrés, «Els mites històrics i el nacionalisme catalá. La història moderna de Catalunya en el pensament històric i polític català contemporani (1840-1939)», Manuscrits, 12 (1994) p. 194). Me imagino que en la actualidad estas estadísticas pueden haberse ampliado en la actual coyuntura política. <<

[25] Entiendo por la expresión «historiografía catalana» aquella que abarca a todos los autores que, escribiendo en catalán o en castellano (o en otros idiomas), han dedicado su obra, o una parte sustancial de la misma, al estudio histórico de Cataluña en cualquiera de las épocas desde que puede ser considerada históricamente constituida como tal realidad política. Es el conjunto de la producción de dichos autores, independientemente de su forma de historiar y también de su ideología política o de sus pretensiones de contribuir o no a la construcción de la identidad colectiva catalana o de legitimar o no las reivindicaciones nacionales y/o nacionalistas, lo que creo que permite hablar de una historiografía específica que se dedica a estudiar de forma preferente la evolución de una particular sociedad (sujeto histórico esencial) en un ámbito histórico-territorial concreto. Es decir, a través de los tiempos se ha ido constituyendo de facto una comunidad de historiadores (profesionales o no) que se traspasan críticamente unos conocimientos sobre el objeto histórico llamado «sociedad catalana». Es a partir de esta definición que el francés Pierre Vilar, el inglés John Elliott, los sevillanos Carlos Martínez Shaw o José María Oliva o el valenciano Ricardo García Cárcel serán considerados, en el presente estudio, como plenos integrantes de la historiografía catalana en pie de igualdad con nativos como Antoni de Bofarull, Ferran Soldevila o Josep Fontana, por ejemplo. Como puede apreciarse, pues, mi definición de «historiografía catalana» se atiene fundamentalmente al terreno profesional, temático y territorial obviando lo lingüístico y lo ideológico-político: voy a considerar historiografía catalana al conjunto de los estudiosos que con sostenida dedicación han invertido sus principales esfuerzos investigadores en conocer el pasado catalán. En otro sentido, resulta evidente que también son parte de la historiografía catalana todos aquellos historiadores catalanes que se han dedicado a cualquier otro ámbito geográfico, aunque en este caso puedan tener naturalmente una doble adscripción historiográfica, la del país en que se ubican profesionalmente y la del país al que dedican sus desvelos investigadores. <<

[26] Núria Sales, Els segles de la decadencia (segles XVI-XVIII) en Pierre Vilar, Història de Catalunya, Barcelona, 1989, vol. IV. <<

[27] Pierre Vilar, «Recuerdos y reflexiones sobre el oficio de un historiador», Manuscrits, 7, 1988, pp. 9-33. En la presente obra, nuestro enfoque se acerca a las posiciones de Jörn Rüsen cuando concibe la historia de la historiografía como una historia científica sobre la actividad, históricamente contextualizada, de un conjunto de practicantes que intentan perfeccionar su oficio con la intención de conseguir un mayor conocimiento objetivo del pasado. Cf. Miquel Marín Gelabert, Los historiadores españoles…, pp. 24-27. <<

[28] Sobre historia de la historiografía española, cf. Antonio Niño Rodríguez, «La historia de la historiografía, una disciplina en construcción», Hispania, vol. 46, 163 (1986), pp. 395-420; Ignacio Peiró, «La historia de la historiografía en España: una literatura sin objeto», Ayer, 26 (1996), pp.129-137; «Historia de la historiografía: fuentes y métodos» en VV. AA., Metodología de la investigación científica sobre fuentes aragonesas, Zaragoza, 1996, pp. 19-66; Gonzalo Pasamar, «Los historiadores españoles y la reflexión historiográfica (1880-1980)», Hispana, 198, LVIII/1 (1998), pp. 1348; Apologia and Critricism: Historians and the History of Spain, 1500-2000, Oxford, 2010; Carlos Forcadell, Ignacio Peiró (eds.), Lecturas de la historia: nueve reflexiones sobre historia de la historiografía, Zaragoza, 2001; Miquel Ángel Marín Gelabert, «La historia de la historiografía en España: recepción y crisis de una disciplina, 1976-2007», en Teresa María Ortega López (ed.), Por una historia global. El debate historiográfico en los últimos tiempos, Granada-Zaragoza, 2007, y Antolín Hofrichter, «Spanish history of historiography. Recent Development», History Compass, vol. 8 (2010), pp. 668-681. <<

[29] Sobre las implicaciones de la guerra en el pensamiento y en el imaginario político e ideológico catalán, cf. Joaquim Albareda, «L’onze de setembre: realitat i mite», L’Avenç, 150 (1991), pp. 62-65; Josep Maria Fradera, Passat i identitat: la guerra de Successió en la política i la literatura del segle XIX català, Barcelona, 1993; Ricardo García Cárcel, «Historia social e historia nacional: algunas reflexiones sobre la historiografía de las revueltas en la Cataluña moderna», Historia social, 20 (1994), pp. 47-66; Antoni Simón Tarrés, «Els mites històrics i el nacionalisme català…», pp. 193-212; David Martínez Fiol, «Creadores de mitos. El Onze de Setembre de 1714 en la cultura política del catalanismo (1833-1939)», Manuscrits, 15 (1997), pp. 341-361 y «La construcción mítica del Onze de Setembre de 1714, en la cultura política del catalanismo durante el siglo XX», Historia y Política, 14 (2005), pp. 219-244; Oriol Junqueras, «L’Onze de Setembre de 1714 en la cultura catalanista del segle XIX», Manuscrits, 16 (1998), pp. 305-318; Eduardo González Calleja, «¡Bon cop de falç! Mitos e imaginarios bélicos en la cultura del catalanismo», en Historia y Política, 14 (2005), pp. 119-164; Magí Sunyer, Els mites nacionals catalans, Barcelona, 2006, pp. 233-294; Jordi Canal, «El 11 de Septiembre. El origen de la diada», La Aventura de la Historia, 155 (2011), pp. 36-39, y Quintí Casals, Modernització i Renaixença a la Lleida del segle XIX, Lleida, 2013, pp. 242-261. Respecto a diversas cuestiones a repensar, ampliar o matizar sobre la guerra, cf. Josep Maria Torras i Ribé, La guerra de Succesió i el setges de Barcelona (1697-1714), Barcelona, 1999, pp. 9-26. Un excelente estado historiográfico de la cuestión puede leerse en Rosa Maria Alabrús, Felip V i l’opinió dels catalans, Lleida, 2001, pp. 75-88. Una última aportación de gran interés es la efectuada por James Casey, «La guerra de Sucesión en la historiografía española: la perspectiva catalano-valenciana», en Francisco García González (coord.), La guerra de Sucesión en España y la batalla de Almansa. Europa en la encrucijada. Madrid, 2009, pp. 379-395. <<

[30] Antoni Moliner, La Catalunya resistent a la dominació francesa (1808.1812), Barcelona, 1989; Maties Ramisa, Els catalans i el domini napoleònic, Barcelona, 1995; Ricardo García Cárcel, El sueño de la nación indomable: los mitos de la guerra de la Independencia, Madrid, 2007, y Josep Fontana, La guerra del Francès, Barcelona, 2008. <<

[31] Cf. François Étienvre, Rhétorique et patrie dan l’Espagne des Lumières. L’oeuvre lingüistique d’Antonio de Capmany (1742-1813), París, 2001. <<

[32] La bibliografía sobre Capmany es cada vez más copiosa aunque todavía resta camino por andar a la vista de la frondosidad, complejidad y trascendencia de su obra. Sin ánimo de exhaustividad, entre las referencias más significativas cabe citar a Ernest Lluch, El pensament económic a Catalunya, 1760-1840, Barcelona, 1973, pp. 35-55 y «Antoni de Capmany, el primer de tots», L’Avenç, 220 (1997), pp. 24-27; Pierre Vilar, «Capmany i el naixement del mètode històric», Assaig sobre la Catalunya del segle XVIII, Barcelona, 1983, pp. 83-90 y «Antoni de Capmany, llums i ombres», Miscel·lània Ernest Lluch i Martín, Barcelona, 2006, pp. 563-576; Isabel Romà, «Muratori y Capmany: de la crítica erudita al análisis histórico», Pedralbes, 4 (1984), pp. 161-186; Horst Hina, Castilla y Cataluña…, pp. 42-50 y 67-76; Josep Fontana, «Estudio preliminar» a Antoni de Capmany, Cuestiones críticas sobre varios puntos de historia económica política y militar, Madrid, 1807 (Edición de la editorial Alta Fulla, Barcelona, 1988) y «Antoni de Capmany i les seves Memorias históricas», en Antoni de Capmany, Memorias históricas sobre la marina, comercio y artes de la antigua ciudad de Barcelona, (prólogo a la edición de Alta Fulla, Barcelona, 2001, pp.5-12); «Antonio de Capmany y Montpalau», Diccionario biográfico de parlamentarios españoles: Cortes de Cádiz 1810-1814, Madrid, 2010; Emili Giralt, Ideari d’Antoni de Capmany, Barcelona, 1965 y «Aproximaciò a l’ideari d’un i’l·lustrat», Catalunya a l’época de Carles III, Barcelona, 1991, pp. 105-131; Francisco José Fernández de la Cigoña y Estanislao Cantero Núñez, Antonio de Capmany (1742-1813), Madrid, 1993; Ramon Grau y Marina López Guallar, «El pensament historiogràfic d’Antoni de Capmany: de la Il·lustració al romanticisme», en Primer Congrès d’Història Moderna de Catalunya, Barcelona, 1984, vol. 2, pp. 589-596; Ramon Grau, «Les batalles de la historiografía crítica», en Pere Gabriel (dir.), Història de la cultura catalana. El Set-cents. Barcelona, 1996, pp. 163-188; Antoni de Capmany i la renovació de l’historicisme polític catalá, Barcelona, 1994 y «Pierre Vilar, Antoni de Capmany i la “gimnàstica mental”», en El (re) descubriment de l’etat moderna. Estudis en homenatge a Eulàlia Duran, Barcelona, 2006, pp. 197-215; Ricardo García Cárcel, Felipe V y los españoles, Barcelona, 2002, pp. 218-222; Françoise Étienvre, «Introducción biográfica y crítica», en Antoni de Capmany, Centinela contra franceses, Madrid, 1808 (edición del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales); Javier Antón Pelayo, «Antoni de Capmany (1742-1813): análisis del pasado catalán para un proyecto español», Obradoiro de Historia Moderna, 12 (2003), pp. 11-45, y Andreu Navarra, «Antonio de Capmany, reformista cauto», La Aventura de la Historia, 182 (2013), pp. 23-27. Es asimismo interesante consultar el veterano artículo realizado por Fèlix Torres Amat en sus Memorias para ayudar a formar un Diccionario crítico de los escritores catalanes, Barcelona, 1836, pp. 145-152, y sobre todo el clásico estudio biográfico de Pablo Valls Bonet, «Biografía de don Antonio de Capmany y de Montpalau», en Reseña de la función cívico-religiosa celebrada en Barcelona el 15 de julio de 1857 para la traslación de las cenizas de Antonio de Capmany, Barcelona, 1857, pp. 77-130. <<

[33] Sobre la autoría de Capmany respecto a este texto, cf. Nigel Glendinning, «A note on the authorship of the Comentario sobre el Doctor Festivo y Maestro de Eruditos a la Violeta para desengaño de los Españoles que leen poco y malo», Bulletin of Hispanic Studies, 43 (1966), pp. 276-283. <<

[34] Ramon Grau y Marina López, «Antoni de Capmany: el primer model del pensament politic català modern», en Albert Balcells (ed.), El pensament polític català del segle XVIII a mitjan del segle XX, Barcelona, 1988, pp. 14-20. Sobre las complejas relaciones con Olavide, cf. Antonio Ortega y Sofía Díez, «Catalanes en la colonización de Sierra Morena (Correspondencia entre Olavide y Capmany)», Boletín del Ilustre Colegio Nacional de Economistas, 45 (1964), pp. 3-12. <<

[35] En general, Capmany, como otros reformistas ilustrados al estilo de Jovellanos, tenía mala opinión de los últimos Austrias en el sentido de que tanto económica como políticamente habían entregado España a «manos de los extranjeros» provocando «despoblación, pobreza, ociosidad y mendiguez, y una próxima aniquilación de la monarquía». Incluso, en el caso de los pensadores arbitristas, valoran su buena voluntad pero critican su falta de realismo y su escasa capacidad de acción real (Antonio de Capmany, Cuestiones críticas sobre varios puntos de historia económica, política y militar, Madrid, Imprenta Real, 1807 (edición de la Editorial Alta fulla, Barcelona, 1988, pp. 19 y 23). De la misma opinión, y parecidas expresiones, es también José Cadalso en sus Cartas Marruecas cuando afirma que «a la muerte de Carlos II no era España sino el esqueleto de un gigante» (edición de la editorial Ediciones B, Barcelona, 1988, p. 24). <<

[36] Antonio de Capmany, Comentario sobre el Doctor Festivo y Maestro de los Eruditos a la Violeta, para desengaño de los españoles que leen poco y malo (he consultado la edición reproducida por Julián Marías en La España posible en tiempos de Carlos III, Madrid, 1963, pp. 181-218). <<

[37] Antonio de Capmany, Discurso de ingreso en la Academia de la Historia, en Hans Juretschke, «La contestación de Capmany a Cadalso y su Discurso de ingreso en la Academia de la Historia», Revista Universitaria de Madrid, XVIII, 69 (1969), pp. 203-221. <<

[38] Javier Antón, «El discurs de presentació d’Antoni de Capmany a l’Academia de Bones Lletres de Barcelona (1782)», Manuscrits, 19 (2001), pp. 163-174 (p. 171). <<

[39] Aunque como veremos más adelante Capmany recordó que Felipe V fue quien acabó por las armas con el régimen constitucional catalán, en Centinela contra franceses, publicada en 1808, contempla la guerra de Sucesión, a diferencia de la de Independencia, como una guerra interior entre dos partidos y dos candidatos que eran legítimos aspirantes a monarcas y que, en ambos casos, querían ser españoles: «Se llamaban unos a otros rebeldes y traidores, sin serlo en realidad ninguno, pues todos eran y querían ser españoles, así los que aclamaban a Carlos de Austria como a Felipe de Borbón. Era un pleito de familia entre dos nobilísimos Príncipes, muy dignos cada uno de ocupar el trono de las Españas» (Centinela…, p. 19) (En el presente texto se ha utilizado la edición realizada por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2008). No sé hasta qué punto esta opinión podría haberla expresado de la misma manera el Capmany de dos décadas atrás con Carlos III viviendo y él mismo ejerciendo de secretario de la Academia de la Historia. En cualquier caso, este parecer le hacía ser respetuoso a la vez con su abuelo austracista, con la memoria de bastantes catalanes y con la dinastía todavía reinante. <<

[40] Antonio de Capmany, Memorias históricas sobre la marina, comercio y artes de la antigua ciudad de Barcelona, Barcelona, 1779. He utilizado la edición realizada por la Cámara de Comercio y Navegación de Barcelona en 1961, que contiene una introducción de Emili Giralt (vol. 1, p. 6). Existe también una más reciente edición en Alta Fulla de 2001 con prólogo de Josep Fontana (vol. 1, pp. II-III). Sobre la relación entre Capmany y la Junta Particular de Barcelona en torno a esta obra, cf. Fernando Sánchez Marcos, «La historiografía del siglo XVIII como espejo del antiguo régimen y primicias de la historia moderna: consideraciones sobre las Memorias históricas de A. Capmany y el compendio de Historia Universal de C. Buffer», en Coloquio Internacional Carlos III y su época…, vol. 1, pp. 91-101 y Fernando Sánchez Marcos y Miquel Pérez Latre, «El mecenazgo historiográfico de la burguesía barcelonesa: las Memorias históricas de Capmany», en Luis Miguel Enciso Recio (ed.), La burguesía española en la Edad Moderna, Valladolid, 1996, vol. 1, pp. 199-232, y Rosa Maria Subirana, «Las Memorias históricas y el Libro de Consulado, de Antonio de Capmany. Relaciones entre el promotor y los artistas encargados de su ilustración (1779-1792)», Actas del VII Congreso español de historia del arte, Murcia, 1988, pp. 557-564. <<

[41] Antonio de Capmany, Memorias históricas…, vol. 1, p. 913. <<

[42] Antonio de Capmany, Cuestiones críticas…, pp. 70-73. <<

[43] Antonio de Capmany, Memorias históricas…, vol. 1, p. 195. <<

[44] Sobre la evolución de la consideración social del trabajo y su tipología, cf. Fernando Díez, Viles y mecánicos. Trabajo y sociedad en la Valencia preindustrial, Valencia, 1990 y Utilidad, deseo y virtud. La formación de la idea moderna del trabajo, Barcelona, 2001. <<

[45] Antonio de Capmany, Memorias históricas…, vol. 1, p. 453. <<

[46] Ibidem, vol. 1, p. 867. <<

[47] Ibidem, vol. 1, p. 867. <<

[48] Cf. Javier Antón Pelayo, «Antoni de Capmany (1742-1813)…», pp. 35-36 <<

[49] Antonio de Capmany, Memorias históricas, vol. 1, p. 28. <<

[50] José Álvarez Junco, «Capmany y su informe sobre la necesidad de una Constitución (1809)», Cuadernos Hispano-Americanos, 210 (1967), pp. 520-551; Federico Suárez, El proceso de la Convocatoria a Cortes (1808-1810), Pamplona, 1982; José María Portillo, Revolución de nación. Orígenes de la cultura constitucional en España, 1780-1812, Madrid, 2000, pp. 216 y ss., y Tomás de Montagut, «Antonio de Capmany i de Montpalau y el Derecho Catalán», e-Legal History Review 8, (2009). Recordemos que este informe es un encargo de las propias Cortes a Capmany. Se trataba, a propuesta de Jovellanos, de resumir las opiniones que se habían recibido de toda España sobre cuales debían ser los asuntos que tenían que abordarse en las sesiones gaditanas. Por tanto, es el escrito de alguien que está muy bien informado de la opinión pública del momento y de alguien en quien confiaron los diputados por su reconocida personalidad intelectual y política, así como por su preparación como historiador. <<

[51] Antonio de Capmany, Práctica y estilo de celebrar Cortes en el Reino de Aragón, Principado de Cataluña y Reino de Valencia y una noticia de las de Castilla y Navarra, Madrid, 1821 (he utilizado la edición realizada por la Editorial Base en 2007). El título de la obra bien pudiera ser un póstumo homenaje al jurisconsulto barcelonés Luis de Peguera, que en 1631 había elaborado una obra titulada Práctica y estilo de celebrar Cortes en Cataluña. <<

[52] José Álvarez Junco, «Capmany y su informe…», p. 546. <<

[53] Ibidem, p. 547 <<

[54] Así lo narra Capmany: «En las provincias de la Corona de Aragón también se elegían los Síndicos o los Procuradores entre los individuos de sus Consejos, pero en esto las plazas no eran perpetuas, vitalicias, ni hereditarias, ni de la clase aristocrática, como sucedía en la de Castilla, sino anuales y electivas por sorteo de la matrícula misma municipal que se componía solo de ciudadanos y del estamento popular con exclusión de los nobles y caballeros, cuya clase ya representaba por sí en las Cortes» (Ibidem, p. 549). <<

[55] Ibidem, p. 547. <<

[56] En su discurso parlamentario del 10 de agosto de 1812, Capmany crítica la decisión de Felipe V y evocaba positivamente el régimen municipal que Barcelona había tenido «hasta el año 1714, en que las armas de Felipe V, más poderosas que las leyes, hicieron callar todas las instituciones libres en Cataluña y Barcelona recibió un nuevo ayuntamiento bajo la planta aristocrática de las demás ciudades de la Corona de Castilla» (Texto reproducido por Francisco José Fernández de la Cigoña y Estanislao Cantero, Antonio de Capmany…, p. 190). También en Diario de sesiones de las Cortes Generales y Extraordinarias, pp. 3521-3522. <<

[57] Antonio de Capmany, Práctica y estilo…, p. V. <<

[58] Ibidem, p. VI. <<

[59] Ibidem, p. IV. Sobre el constitucionalismo histórico y el Setecientos, cf. Santos M. Corona, «Constitucionalismo histórico y neoforalismo en la historiografía del siglo XVIII», Notitia Vasconiae, 1 (2002), pp. 83-118, y Gérard Dufour, «El tema de la Constitución antigua de Aragón en el pensamiento político de la Ilustración española», Actas del Seminario de Ilustración aragonesa, Zaragoza, 1987, pp. 213-222. <<

[60] En efecto, siguiendo el antiguo modelo catalano-aragonés, Capmany propone en su Informe «una diputación permanente de individuos de cada brazo, como una emanación de la potestad legislativa, no para dar nuevas leyes ni revocar ni alterar las estatuidas, sino para hacer reclamaciones y oposiciones contra toda la infracción de lo sancionado en Cortes» (pp. 549-550). Es decir, una especie de «diputación de Cortes» de carácter estamental alejada de las propuestas liberales. <<

[61] A lo largo de su Informe, Capmany hace una defensa explícita de la nobleza española, al menos de la aristocracia, a la que considera que no se le debe responsabilizar en exclusiva de los males de la nación ni tampoco se le puede imputar pasividad antes los franceses, sino que más bien había que recordar que fue Felipe V primero y los demás reyes borbónicos después, con Godoy como ultimador, quienes por miedo a su influencia y mediante el «despotismo ministerial», la apartaron de la acción política relegando a sus miembros a la actitud de meros cortesanos (José Álvarez Junco, «Capmany y su informe…», pp. 538-540). <<

[62] Además de la aportación referida de Álvarez Junco, cf. Miguel Artola, Los orígenes de la España contemporánea, Madrid, 1975, vol. 1, p. 373 y Madrid, 1976, vol. 2, pp. 509-529. Enric Jardí, Els catalans de les Corts de Cadis, Barcelona, 1963; Joan Mercader, «La ideología dels catalans del 1808», en Miscelanea Aqualatensia. Homenatge al Dr. Joan Mercader, 5 (1987), pp. 83-98; Francisco José Fernández y Estanislao Cantero, Antonio de Capmany…, pp.127-128 y 273-287; François Étienvre, «Nación y Constitución en Antonio de Capmany», en Cinta Canterla (coord.), Nación y Constitución: de la Ilustración al Liberalismo, Sevilla, 2006, pp. 265-275; Santos M. Corona, «Nación y Constitución en el pensamiento jurídico español del siglo XVIII», Ibidem, pp. 147-165; Ramon Grau, Antoni de Capmany…, pp. 60-65; Josep Fontana, «Antoni de Capmany i les corts catalanes», en Antonio de Capmany, Práctica y estilo…, pp. 51-64 y «La Constitució de 1812», Serra d’Or, 627 (2012), pp. 25-27; Lluis Roura, «Hi hagué algun protocatalanisme polític a Cadis», L’Avenç, 113 (1988), pp. 32-37 y «Fidelidad y voluntad particularista catalanas: la sana política de este siglo ilustrado», en El mundo hispánico en el siglo de las luces, Madrid, 1996, pp. 1149-1162; Jordi Roca, «Las Cortes de Cádiz: génesis del liberalismo romántico catalán», Trienio, Ilustración y Liberalismo, 61 (2013), pp. 73-124; «Els liberals catalans a les Corts de Cádiz», Revista de Catalunya, 281 (2013), pp. 19-35; Antóni Sánchez Carcelén, «La revolució de paper. Els diputats catalans i valencians a les Corts de Cadis», Afers, 68 (2011), pp. 121-141; Lluís Ferran Toledano, «El projecte català per a Espanya. La classe dirigent catalana i el procés constitucional de Cadis (1808-1814)», Ibidem, pp. 71-96; Xavier Deulonder, Visca la Pepa? Els catalans a l’Espanya de la Constitució de Cadis, Barcelona, 2012, pp. 131-150, y Quintí Casals, «Los diputados catalanes en las Cortes de Cádiz (1810-1813): proceso electoral y prosopografía», Manuscrits, 31 (2013), pp. 205-237. <<

[63] José Álvarez Junco, «Capmany y su informe…», pp. 545 y 548. <<

[64] Ibidem, pp. 545-546. <<

[65] Diario de las discusiones y actas de Cortes, Cádiz, 1-I-1812, t. XI, p. 77. <<

[66] Santos M. Corona, Jovellanos. Justicia, Estado y Constitución en la España del Antiguo Régimen, Gijón, 2000, pp. 152-159 <<

[67] Para las posiciones de los diputados de Cádiz ante la cuestión del modelo político, cf. entre otros la ya citada obra de José María Portillo, Revolución de nación. Orígenes de la cultura constitucional en España 1780-1812, Madrid, 2000; Joaquín Varela Suanzes-Carpegna, La Teoría del Estado en los orígenes del constitucionalismo hispánico (Las Cortes de Cádiz), Madrid, 1983; Rey, corona y monarquía en los orígenes del constitucionalismo español: 1808-1814, Alicante, 2005 (Biblioteca virtual Miguel de Cervantes) y Política y Constitución en España (1808-1987), Madrid, 2007; José Antonio Escudero (dir.), Cortes y Constitución de Cádiz. 200 años, Madrid, 2011, 3 vol.; Jean-Baptiste Busaall, Le spectre du jacobinisme. L’expérience constitutionnelle française et le libéralisme espagnol (1808-1814), Madrid, 2012, y Fernando Martínez, «La Constitución de Cádiz de 1812 y sus consecuencias», Índice histórico español, 125 (2.ª época), 2012, pp. 157-185. <<

[68] Joaquin Varela Suanzes-Carpegna, «Nación, representación y articulación territorial del Estado en las Cortes de Cádiz», en Pedro Rújula (ed.), Constitución y representación en las Cortes de Cádiz. Los diputados aragoneses, Jerónimo Zurita, 87, 2012, pp. 11-40. <<

[69] Una de las cuestiones siempre discutidas sobre Capmany, especialmente en lo referente a sus últimos años y sus postreras publicaciones, es la referente al tradicionalismo o modernidad de sus posiciones políticas y a su posible prerromanticismo. Para estos menesteres es preciso consultar, además de la bibliografía ya citada, a autores que parecen inclinarse más bien por lo primero, como Antonio Elorza, La ideología liberal en la España de la Ilustración española, Madrid, 1970, pp. 63-68; Javier Herrero, Los orígenes del pensamiento reaccionario español, Madrid, 1973, pp. 247-253 o Guillermo Carnero, Los orígenes el romanticismo reaccionario español: el matrimonio Böhl de Faber, Valencia, 1978, pp. 247-254. Cf, asimismo sobre las vinculaciones prerrománticas de Capmany, en Mariano Baquero Goyanes, «Prerromanticismo y Retórica: Antonio de Capmany», Homenaje ofrecido a Dámaso Alonso, Madrid, 1960, pp. 171-189. <<

[70] Para el apasionante tema de España como una nación de naciones, cf. Anna Maria García (ed.), España, ¿nación de naciones?, Barcelona, 1991. <<

[71] En gran medida, la discusión política en las Cortes de Cádiz acerca de la geopolítica interna española se hizo a partir de las posiciones de los diputados americanos. Es muy interesante confrontar para este tema a María Teresa Berruezo, La participación americana en las Cortes de Cádiz (1810-1814), Madrid, 1986; Marie Laure Rieu-Millan, Los diputados americanos en las Cortes de Cádiz: igualdad o independencia, Madrid, 1990; Bartolomé Clavero, Genocidio y Justicia. La destrucción de las Indias, ayer y hoy, Madrid, 2002; Juan Sisinio Pérez Garzón, Las Cortes de Cádiz. El nacimiento de la nación liberal (1808-1814), Madrid, 2007, y Manuel Chust, Las armas de la nación: independencia y ciudadanía en Hispanoamérica (1750-1850), Madrid, 2008. <<

[72] Cf. Concepción de Castro, La Revolución liberal y los municipios españoles (1812-1868), Madrid, 1979 y el estudio preliminar de Enrique Orduña en Enrique Orduña y Luis Cosculluela, Historia de la legislación de Régimen Local, Madrid, 2008. <<

[73] Antonio de Capmany, Centinela contra franceses, p. 52. <<

[74] Citado por Josep Fontana, «Antoni de Capmany i les Corts…», p. 57. <<

[75] Pierre Vilar, «Antoni de Capmany…», p. 565. <<

[76] Antonio de Capmany, Centinela…, p. 51. <<

[77] Ibidem, p. 52. <<

[78] Ibidem, p. 54. <<

[79] Sobre las intervenciones de Capmany en las Cortes de Cádiz acerca del municipalismo barcelonés, cf. Enric Jardí, Els catalans de les corts de Cadis, Barcelona, 1963, p. 41. Josep Maria Torras Ribé ha recordado la idealización democrática que Capmany efectúa del funcionamiento municipal barcelonés, tanto al no tener en cuenta su evolución cada vez más aristocrática, como el hecho de que la representación menestral era menos potente que la de otros estamentos (Els municipis catalans de l’Antic Règim (1453-1808), Barcelona, 1983, pp. 48-51). Como quiera que Capmany no debía desconocer estos hechos, es posible colegir que aquí la defensa de su proyecto político condicionase en buena medida su opinión como historiador, parecer que se trasladó posteriormente a buena parte de la historiografía catalana del siglo XIX, que aumentó si cabe la mitificación del municipalismo catalán visto ahora a través de la mirada de una burguesía triunfante. <<

[80] Fernando Díez, «El gremialismo de Antonio de Capmany (1742-1813). La idea del trabajo de un conservador ingenuo», Historia y Política. Ideas, Procesos y Movimientos Sociales, 5/1 (2001), pp. 171-206. En el asunto de los gremios pienso que podemos comprobar cómo Capmany era reformista frente a los reaccionarios y conservador ante los liberales. <<

[81] Para esta estratégica discusión en la Cortes de Cádiz, cf. Juan Sisinio Pérez-Garzón, Las Cortes de Cádiz…, pp. 333-361. <<

[82] La polémica entre Capmany y Quintana puede leerse en Albert Dérozier, Manuel Josef Quintana et la naissance du libéralisme en Espagne, París, 1968-1970, vol. 1, pp. 243-244 y 566-572 y vol. 2, pp. 661-683, y José Fernández y Estanislao Cantero, Antonio de Capmany…, pp. 243-263. <<

[83] Antonio de Capmany, Centinela…, p. 43. <<

[84] Frederic Rahola, Los diputados por Cataluña en las Cortes de Cádiz, Barcelona, 1912, pp. 32-36. <<

[85] Cf. Francesc Nadal, Burgueses, burócratas y territorio. La política territorial en la España del siglo XIX, Madrid, 1987; Jesús Burgueño, Geografía política de la España constitucional. La división provincial, Madrid, 1996. <<

[86] Entrecomillo aquí ambos conceptos, que no utilizo en ningún caso de forma peyorativa, porque los manejo en el sentido actual del término y en espera de no ser acusado de anacronismo. <<

[87] Sobre las peticiones de muchos catalanes desde el Ochocientos de que Castilla no se identificara injustamente con España, cf. Pere Anguera, «La visión de Castilla desde Cataluña. Algunas opiniones», en Manuel Redero y María Dolores de la Calle (eds.), Castilla y León en la historia contemporánea, Salamanca, 2008, pp. 85-104. <<

[88] Antonio de Capmany, Memorias…, p. 8. <<

[89] Ignasi Casanovas, Josep Finestres.Estudi biogràfic, Barcelona, 1931, p. 49. Casanovas opone la imagen de un Dou entregado a la dinastía borbónica a la postura más distanciada de Finestres, del que afirma que le repugnaba íntimamente el «borbonear» de algunos compañeros de su época, cosa que para el pensador cervariense, afirma, era de mal gusto moral y literario. <<

[90] Para los apuntes biográficos, cf. Félix Torres Amat, Memorias para ayudar a la formación de un diccionario crítico de los escritories catalanes, Barcelona, 1836, pp. 68-82; Guillem María de Brocà, Biografía o panegírico de D. Ramón de Lázaro de Dou y Bassols, Barcelona, 1885; Josep Maria Prats, «Primer centenari de la mort del Dr. Ramon Llatzer de Dou i de Bassols», en La paraula Cristiana, Barcelona, vol. XVII (1933), pp. 209-235, y LLuís Ferran Toledano, «Ramón Lázaro de Dou y Bassols», Diccionario biográfico de parlamentarios españoles: Cortes de Cádiz 1810-1814, Madrid, 2010. Sobre la trayectoria de Dou como jurista, cf. José Luis Meilán Gil, «Don Ramón Lázaro de Dou y Bassols y sus Instituciones de Derecho público», Actas del I Symposium de Historia de la Administración, Madrid, 1970, pp. 343-379, y María Dolores del Mar Sánchez González, «El derecho penal en la obra de Ramón Lázaro de Dou y Bassols», Ius Fugit, 13-14 (2004-2005), pp. 109-116. Respecto a su actuación en la Universidad de Cervera, cf. Manuel Rubio i Borrás, Historia de la Real y Pontificia Universidad de Cervera, Barcelona, 1915-1916; Ignasi Casanovas, La cultura catalana en el siglo XVIII y la Universidad de Cervera, Barcelona, 1953; Joaquim Prats, La Universitat de Cervera i el reformisme borbònic, Lleida, 1993, y Josep María Benítez, La contribució intel·lectual dels jesuïtas a la Universitat de Cervera, Barcelona, 1990. Una interesante valoración como intelectual catalán en Jordi Casassas, Els intel·lectuals i el poder a Catalunya (1808-1875), Barcelona, 1999, pp. 35 y ss. Acerca del pensamiento económico de Dou, cf. Ernest Lluch, El pensament econòmic a Catalunya…, pp. 189-210. <<

[91] Discurso pronunciado el día 19 de diciembre de 1783 en la Universidad de Cervera en el funeral aniversario de Felipe V por Don Raimundo Lázaro de Dou y de Bassols (El texto está reproducido íntegramente en Ricardo García Cárcel, De los elogios a Felipe V, Madrid, 2002, pp. 131-151). Además de esta obra central de García Cárcel, en lo referente a los elogios a Felipe V es necesario consultar también a Marina Alfonso Mola y Carlos Martínez Shaw, «Los elogios de Felipe V de 1779», Trocadero, 12-13 (2000-2001), pp. 43-54; Marina Alfonso Mola y Carlos Martínez Shaw, «Felipe V en tiempos de Carlos III. Un elogio de 1778», en Máximo García Fernández y María de los Ángeles Sobaler Seco (coords.), Estudios en homenaje al profesor Teófanes Egido, Valladolid, 2004, pp. 105-117, y Marina Alfonso y Carlos Martínez Shaw, «De literatura laudatoria: los concursos de elocuencia de la Real Academia Española en elogio de Felipe V», en José Luis Castellanos y Miguel Luis López-Guadalupe (eds.), Homenaje a Don Antonio Domínguez Ortiz, Granada, 2008, vol. III, pp. 35-88. <<

[92] Sin duda este elogio de Felipe V le ha valido a Dou la valoración negativa de la historiografía catalana más proclive al catalanismo y al progresismo. Además de la opinión ya citada de Casanovas (nota 90) puede comprobarse, por ejemplo, en Miquel dels Sants Oliver, Catalunya en temps de la Revolució francesa, Barcelona, 1911-12, p. 189. También en el parecer de Ferran Soldevila, que lo considera un típico representante cerverino dedicado a glosar la dinastía borbónica, de carácter más conservador y proborbónico que su maestro Finestres, cf. Història de Catalunya, Barcelona, 1963, p. 1187 y Barcelona sense Universitat i la Restauració de la Universitat de Barcelona (1714-1837), Barcelona, 1938, pp. 52-53. Las observaciones de mayor dureza sin embargo corresponden a Josep Fontana, que al hablar de la tarea de Dou en las Cortes de Cádiz afirma que estuvo claramente en el bando de aquellos «reaccionarios» (junto a Creu, Utgés o Papiol) que se oponían a las reformas políticas para conservar el antiguo orden, calificando además la actuación de Dou como «camaleónica» en dichas Cortes. También considera que fue un lector «oportunista» de Adam Smith para conservar la vieja propiedad feudal, que era bien conocida su postura contra Newton y Descartes y que su cancillería de Cervera coincidió con la decadencia de dicha universidad, cf. La fi de l’Antic Règim i la industrialització (1787-1868), Barcelona, 1988, p. 102 y p. 166. <<

[93] Ricardo García Cárcel, De los elogios…, p. 135. <<

[94] Ibidem, p. 136. <<

[95] Ibidem, p. 138. <<

[96] Ibidem, p. 140. <<

[97] Ibidem, p. 45. <<

[98] Sobre el catastro llegó a escribir Dou una interesante obra titulada Equivalencias del catastro de Cataluña con las rentas provinciales de Castilla, publicada en Cervera en 1822. Esta obra resume parte de sus posiciones hacendísticas expresadas en su Memoria sobre la teórica y práctica con que en tiempos de paz pueden equitativamente arreglarse todas las contribuciones de España, presentada en 1812 en las Cortes de Cádiz. <<

[99] Ibidem, p. 14. Según Dou, Vicente Alcalá-Galiano afirmaba que las provincias de Aragón «no pagan ni una tercera parte de lo que pagan las de Castilla, y que si Cataluña hubiese de pagar proporcionalmente con el catastro lo que pagan las provincias de Castilla, debería él subir a lo memos a tres millones seiscientos mil pesos» (es decir, casi el triple de los que habitualmente pagaba el principado). <<

[100] Ibidem, p. 15. Dice Dou que «Cataluña puede pagar y ha pagado por reglas del catastro en todo el siglo decimo octavo lo mismo, o más, que lo que pagan las provincias de Castilla: luego en estas puede ponerse en ejecución dicho tributo». <<

[101] Ibidem, p. 2. <<

[102] En efecto, la posición general de Dou respecto al absolutismo borbónico puede apreciarse también en su magna obra Instituciones del derecho público general de España con noticia del particular de Cataluña y de las principales reglas de Gobierno en qualquier estado, Madrid, 1800, 9 volúmenes (cf., entre otros, vol. 1, pp. XV-XXVI, vol. 2, pp. 501-511 y vol. 5, pp. 325-331). De hecho, con la mera lectura del título completo de su obra, puede contemplarse cómo Dou reúne un doble sentimiento identitario respecto a España como marco general y a Cataluña como componente particular pero individualizado y específico de la misma. <<

[103] En su escrito sobre el catastro Dou afirma que «la agricultura, las artes y el comercio estuvieron, desde que había fenecido la guerra de Sucesión, en el mayor auge» (Equivalencias del catastro…, p.2). <<

[104] Ricardo García Cárcel, De los elogios…, p. 151. <<

[105] Ramón Lázaro de Dou, Equivalencia del catastro de Cataluña…, p. 16 y 21. <<

[106] Ibidem, p. 16. <<

[107] Ibidem, pp. 17-22. <<

[108] Para estas cuestiones ver su Informe de Ramón Lázaro de Dou sobre Cortes, Cervera, 1809. Archivo Corona de Aragón, G.I, Caja, 11 y Archivo de las Cortes, legajo 10, n.º 35. Cf. Miguel Artola, Los orígenes de la España…, vol. 1, pp. 343 y 353 y vol. 2, pp. 399-421; Antoni Sánchez i Carcelén, «Eclesiásticos catalanes y las Cortes de Cádiz», en Anuario de Historia de la Iglesia, 19 (2010), pp. 119-140, y Carmen García Monerris, «El debate preconstitucional: historia y política en el Primer Liberalismo español (Algunas consideraciones)», en Emilio La Parra y Germán Ramírez (eds.), El Primer liberalismo: España y Europa, una perspectiva comparada, Valencia, 2003, pp. 41-77. <<

[109] Juan Sisinio Pérez Garzón, Las Cortes de Cádiz…, p. 241. <<

[110] Ricardo García Cárcel, Los elogios…, p. CVI. Este autor recuerda que Dou escribió, con el seudónimo de Antonio Filipolita, un libro titulado Sueño del marqués de Palacios y desvelos de la provincia de Cataluña, publicado en 1812, y con el cual salía al paso de las críticas de dicho marqués referidas a las acusaciones de que los catalanes asesinaban españoles y franceses a la vez, con preferencia incluso por los primeros. Frente a esta opinión, Dou reivindicaba los grandes servicios que los catalanes habían hecho por España en aquella contienda. En su discurso de 1822 sobre el catastro, insiste nuevamente en esta idea cuando saca a colación una «carta mandada escribir por Napoleón» en la que se afirmaba «que toda la provincia de Cataluña ha quedado en insurrección: es la única parte de España que se ha sublevado con tanto encarnizamiento» (Equivalencia del catastro…, p. 3). <<

[111] Josep Maria Fradera, «El passat como a pressent: la historiografía catalana de la revolució liberal a la Renaixença», Recerques, 23 (1990), pp. 53-71. <<

[112] «Discurso pronunciado por Dn. Antonio de Capmany en la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona con el día de su recepción», 1782 (he tomado la información de la reproducción del discurso efectuada por Javier Antón Pelayo, «El discurs de presentació…», p. 172). <<

[113] Además de los historiadores, sabemos que pensadores de la influencia de Manuel Milà i Fontanals, Pau Pifarrer o Jaume Balmes recuperaron la figura de un Capmany que fue progresivamente considerado como un remoto antecedente de la Cataluña burguesa y romántica que parecía inaugurarse tras la revolución liberal. No es extraño, en este contexto, que en los años cincuenta su cuerpo fuera trasladado de Cádiz a Barcelona con todos los honores y que con ese motivo Guillermo Forteza y Pablo Valls realizaran en 1857 sendos ensayos biográficos laudatorios, más tarde ampliados por Jordi Rubió i Ors. Como dato complementario pero significativo, recordemos también que esa visión de un Capmany como gran prócer catalán le valió inaugurar en su día la galería de cuadros de personajes ilustres del Ayuntamiento de Barcelona, y que su carácter de avalador de la tarea de los grandes empresarios catalanes es lo que desea reflejar la actual ubicación de su retrato en el salón principal de Lonja, sede de la actual Cámara de Comercio de Barcelona. <<

[114] Para las relaciones entre historia y política en el caso de la Cataluña de los Austrias, cf. Xavier Torras, Naciones sin nacionalismo. Catalunya en la Monarquía Hispánica, Valencia, 2008, pp. 159-170; Antoni Simón Tarres, Els origens iodeológics de la revolució catalana de 1640, Barcelona, 1999 y Construccions polítiques i identitats nacionals. Catalunya i els orígens de l’estat modern espanyol, Barcelona, 2005. <<

[115] José Álvarez Junco, «Capmany y su informe…», p. 544. <<

[116] Es bien conocida en este sentido la afirmación de Gabriel Alomar de que Capmany fue una «falsa gloria catalana», opinión que más tarde ampliaría Antoni Rovira y Virgili al calificarlo, como a otros catalanes de la época, como gente que practicaba un «conformismo abyecto» y un «servilismo dinástico» propio de una etapa de decadencia del «sentimiento nacional catalán». Está claro que no perdonaban a Capmany su predilección por la lengua castellana y su compromiso con la creación del Estado-nación moderno español (Cf. Antoni Rovira i Virgili, Historia dels moviments nacionalistas, Barcelona, 1914, p. 188, y El nacionalismo catalán, Barcelona 1900, pp. 96-100). Para apreciar las diversas posiciones positivas y negativas sobre Capmany a lo largo de la historia, cf. Ernest Lluch, «Antoni de Capmany, el primer de tots…», pp. 24-25). <<

[117] Cf. Eric Hobsbawm, Naciones y nacionalismo desde 1780, Barcelona, 1991; Anne Marie Thiesse, La création des identités nacionales. Europe XVIIIe-XXe Siècle, París, 1999, pp. 14-19; Xavier Torras, «La historiografia de les nacions abans del nacionalismo (i después de Gellner i Hobsbawm)», Manuscrits, 19 (2001), pp. 21-42, y «La nación antes del nacionalismo en la Monarquía Hispánica, 1777-1824», Cuadernos de Historia Moderna, Anejo XI, 2012, dossier. <<

[118] Para el contexto historiográfico de mediados del XIX en España, cf. Manuel Moreno Alonso, Historiografía romántica española. Introducción al estudio de la historia en el siglo XIX, Sevilla, 1979; «El sentimiento nacionalista en la historiografía española del siglo XIX», VV. AA., Nation et nationalités en Espagne XIXe-XXes: actes du colloque internacional, París, 1984, pp. 63-122; «Romanticismo e historia nacional», Revista de Historia contemporánea, 9-10, (1999-2000), pp. 13-24; Juan Sisinio Pérez Garzón, «Modesto Lafuente, artífice de la historia de España», en Modesto Lafuente, Discurso Preliminar. Historia General de España (edición de Urgoiti Editores, Pamplona, 2002, pp. IX-XCVII); Josep Fontana, «La historiografía española del siglo XIX: un siglo de renovación entre dos rupturas», en Santiago Castillo (coord.), La historia social en España. Actualidad y perspectivas, Madrid, 1991, pp. 325-337; Paloma Cirujano, Teresa Elorriaga y Juan Sisinio Pérez Garzón, Historiografía y nacionalismo español 1834-1868, Madrid, 1985; Gonzalo Pasamar e Ignacio Peiró, Historiografía y práctica social en España, Zaragoza, 1987; Raimundo Cuesta, Sociogénesis de una disciplina escolar: la historia, Barcelona, 1997; Ignacio Peiró, «La historiografía académica en la España del siglo XIX», Memoria y civilización, 1, (1998), pp. 165-196, y José Álvarez Junco (coord.), Las historias de España…, pp. 301-313 y 482-488. <<

[119] Entre quienes sostienen sus debilidades se sitúan historiadores como Borja de Riquer «La débil nacionalización española del siglo XIX», Historia Social, 20, (1994), pp. 97-114 o José Álvarez Junco, Mater Dolorosa, Madrid, 2001, pp. 533-566; mientras que otros investigadores como Juan Pablo Fusi, «Revisionismo crítico e historia nacionalista: a propósito de un artículo de Borja de Riquer», Historia Social, 7, (1990), pp. 127-136, Ferran Archilés, «Una nacionalización no tan débil: patriotismo local y republicanismo en Castellón 1891-1910», Ayer, 48, (2002), pp. 283-312 o Xosé M. Nuñez Seixas, «Provincia, región y nación en la España contemporánea: una (re)interpretación global en perspectiva comparativa», en Carlos Forcadell, M. Cruz Romeo, Provincia y nación. Los territorios del liberalismo, Zaragoza, 2006, pp. 297-312, defienden que los regionalismos hispanos no impidieron la nacionalización del conjunto de los españoles. <<

[120] Jordi Roca, «Una sola nación con múltiples historias nacionales. La nacionalización de los ciudadanos a través de los discursos históricos del Primer Liberalismo catalán», en Mariano Esteban de Vega y María Dolores de la Calle Velasco (eds.), Procesos de nacionalización en la España contemporánea, Salamanca, 2010, pp. 19-46. <<

[121] Josep M. Fradera, «La política liberal y el descubrimiento de una identidad en Cataluña», Hispania, 205 (2001), pp. 673-702. <<

[122] Para el conjunto del siglo XIX y buena parte del XX, el presente análisis se basará en gran medida en las historias generales que intentan explicar la historia de la nación desde los tiempos remotos hasta su presente, inspirándose, en general, en la idea de progreso creada por la Ilustración. Aunque bien sabemos que eran (y son) una parte menor de la producción historiográfica, resultan por el contrario las que compendian y referencian el conocimiento histórico más consolidado en la época y, sobre todo, las que tenían una mayor capacidad de llegar al gran público para conformar su memoria histórica y ayudar a configurar la identidad nacional (española o catalana). <<

[123] Para la situación de Cataluña en la España liberal, cf. Borja de Riquer, Escolta, Espanya…, pp. 59-110. <<

[124] Cf. Josep Maria Fradera, Indústria i mercat. Les bases comercials de la indústria catalana moderna, 1814-1815, Barcelona, 1987; Agricultura i industrialització a la Catalunya del segle XIX, Barcelona, 1990; Jordi Maluquer de Motes, Història econòmica de Catalunya. Segles XIX i XX, Barcelona, 1998, y Francesc Valls, La Catalunya atlántica. Aiguardent i teixits a l’arrencada industrial catalana, Vic, 2004. <<

[125] Cf. Pere Anguera, Deu, Rei i Fam. El primer carlisme a Catalunya, Barcelona, 1995; Manuel Santirso, Revolució liberal i guerra civil a Catalunya, 1833-1840, Lleida, 1999: Josep Fontana, La fi de L’Antic Règim i la industrialització, Barcelona, 1988 (ya citado); La revoluciò liberal a Catalunya, Vic, 2003, y Ramon Arnabat, Visca el rei i la religió.La primera guerra civil de la Catalunya contemporànea (1820-1823), Lleida, 2006. <<

[126] Ramon Grau, «L’aportació dels historiadors romantics», en Pere Gabriel, Història de la cultura catalana, Barcelona, 1995, vol. IV, pp. 221-243; «La historiografia: a la recerca de l’emoció patriòtica», Francesc Fontbona y Manuel Jorba (eds.), El Romanticisme a Catalunya, Barcelona, 1999, pp. 47-51 y «La historiografia del romanticisme (de Pròsper de Bofarull a Víctor Balaguer)», en Albert Balcells (ed.), Història de la historiografia catalana, Barcelona, 2004, pp. 141-160, y Matilde González López, «Romanticisme historicista a Catalunya», Afers, 19 (1994), pp. 709-719. <<

[127] Albert Ghanime, Joan Cortada: Catalunya i els catalans al segle XIX, Barcelona, 1995. Cf. asimismo, Manuel Moreno Alonso, Historiografía romántica…, pp. 315-318; Hors Hina, Castilla y Cataluña…, pp. 97-102; Norbert Bilbeny, La ideología nacionalista a Catalunya, Barcelona, 1988, pp. 30-32; Josep Fontana, La fi de l’Antic Règim…, pp. 426-429; Raimundo Cuesta Fernández, Sociogénesis de una disciplina escolar…, pp. 103-105 y 192-193, y Mariano Esteban de Vega, «Castilla en la configuración de la historia nacional española», en Manuel Redero y María Dolores de la Calle (eds.), Castilla y León en la historia contemporánea, Salamanca, 2008, pp. 47-55. Para el contexto histórico y cultural, cf. Josep Maria Fradera, Cultura nacional en una societat dividida, Barcelona, 1992, (sobre Cortada, entre otras informaciones, pp. 52-91); «El proyecto liberal catalán y los imperativos del doble patriotismo», Ayer (1999), pp. 87-100; «La política liberal y el descubrimiento de una identidad distintiva en Cataluña», Hispania, 205 (2000), pp. 673-702; «El huso y la gaita (un esquema sobre cultura y proyectos intelectuales en la Cataluña del siglo XIX)», Ayer, 40 (2000), pp. 25-50; La pàtria dels catalans. Història, politica, cultura, Barcelona, 2009, pp. 95-163, y Pere Anguera, Els precedents del catalanisme. Catalanitat i anticentralisme: 1808-1868, Barcelona, 2000. <<

[128] Sobre Balmes, cf. Ignasi Casanovas, Balmes, la seva vida, el seu temps, les seves obres, Barcelona, 1932, 3 vols.; Casimir Martí, «Jaume Balmes: entre la reacció i la revolució», en Albert Balcells (ed.), El pensament polític catalá…, pp. 57-76; Borja Villalonga, «La nación católica: Balmes y la representación de España en el Ochocientos», Historia social, 72 (2012), pp. 49-64, y muy especialmente, Josep Maria Fradera, Jaume Balmes. Els fonaments racionals d’una política católica, Vic, 1996. Acerca de la influencia de Balmes en Cortada, cf. Josep Maria Fradera, «Pròleg» a Jaume Balmes, Escrits sobre Catalunya, Barcelona, 1998, p. 15. Parte de las opiniones balmesianas acerca de la tarea historiográfica se encuentran en su obra El criterio, publicada en 1845 (pp. 152-156 de la edición de Espasa-Calpe de 1964). Dada la fuerte impronta de Balmes en la sociedad catalana y española, sería de utilidad historiográfica reseguir con detalle sus posibles valoraciones sobre el absolutismo borbónico. En cualquier caso, parece pertinente afirmar que se mostraba como un firme partidario de una monarquía con fuertes poderes, alejado de los «provincialismos» y sin añoranza por las antiguas Constituciones catalanas, que más bien consideraba de interés para los «eruditos aficionados a las antiguallas», según recoge Casimir Martí («Jaume Balmes…», p. 67), y cuya recuperación contemplaba «incompatible con el espíritu del siglo y con nuestras propias costumbres» (Josep Maria Fradera, Jaume Balmes…, p. 185). Desde sus posiciones tomistas-aristotélicas, mantuvo una actitud contraria al regalismo de los Borbones al tiempo que abogaba por una Iglesia independiente atenta a las transformaciones sociales de su tiempo y participante en la creación de una «nación católica» española en el marco de la revolución liberal y en cuyo seno había que insertar de manera conveniente el hecho diferencial catalán pero dentro de la realidad nacional española. <<

[129] Joan Miracle, La restauració dels Jocs Florals, Barcelona, 1960, pp. 46, 96-99 y 129-150. <<

[130] Sobre el novelista Cortada, cf. Montserrat Ribao, Dramas de novela y novelas que son un drama: Gualtero de Monsonís y la heredera de Sanguní, de Juan Cortada y Sala, Vigo, 2001. <<

[131] Josep R. Llobera, «La formació de la ideología nacionalista catalana. La idea de Volkgeist con a element definidor», L’Avenç, 63 (1983), pp. 24-35. <<

[132] Tomás Bertran, Itinerario descriptivo de Cataluña, Barcelona, 1847, pp. 5-6 y 14. Para la heterodoxa figura de Bertran, cf. Joan Camps, La guerra del Matiners i el catalanisme polític (1846-1849), Barcelona, 1978, y Albert Ghanime, «Pensament polític i acció revolucionària de Tomàs Bertran i Soler, 1835-1840», en Barcelona Quaderns d’Història, 10 (2004), pp. 121-136. <<

[133] Joan Cortada, Cataluña y los catalanes, Barcelona, 1860, p. 5 y ss. Nótese que la obra se publica en castellano un año después de la instauración de los Jocs Florals en cuya organización también participa Cortada como mantenedor y de los cuales será presidente en 1864. En 1868 saldría una edición parcial en catalán. Esta obra puede ser considerada en cierta medida como un ejemplo de cómo el regionalismo empezaba a adquirir carta de naturaleza política en medios intelectuales y políticos catalanes. <<

[134] Ghanime ha puesto de relieve cómo una de las intenciones de Cortada era poner de manifiesto las incomprensiones que había desde España hacia Cataluña y tratar de salvarlas argumentando, con la historia y la realidad de su presente, que eran acusaciones infundadas tales como que los catalanes practicaban el egoísmo «provincial» (Joan Cortada…, pp. 113-138). <<

[135] Joan Cortada, Cataluña…, p. 17. Siguiendo la tradición de Feliu de la Penya, las disensiones a las que se refiere son las revueltas catalanas contra Juan II de Aragón, Felipe IV y Felipe V. Una apreciación histórica que, por cierto, aparecerá después de manera recurrente en otros autores posteriores y con la misma intencionalidad ejemplificadora de cómo los catalanes eran capaces de sublevarse legítimamente ante la tiranía de sus gobernantes. <<

[136] Aunque el término «patria» lo emplea de manera casi indiscriminada para Cataluña o España, por el conjunto de su ideario y de la exposición en los textos analizados, bien puede afirmarse que Cortada obedece al lema capmaniano de que Cataluña es la patria y España, la nación. En este sentido, Ghanime recuerda la propia frase de Cortada al final de Cataluña y los catalanes: «Santo es el amor a la patria, y la patria nuestra es Cataluña» (Joan Cortada…, p. 135). Pero al tiempo, podemos leer cómo en la introducción a sus Lecciones de Historia de España emplea el término «patria» para referirse a España (pp. 1-19). <<

[137] Es muy interesante leer la introducción de Cortada a sus Lecciones referente a la forma en que debía elaborarse una historia que contuviera la explicación causal de los hechos y la máxima imparcialidad posible, una historia que no fuera un mero «relato de batallas, una nomenclatura de personas y unas biografías de reyes». Para que la historia como disciplina intelectual alcanzase el lugar preeminente que debía tener en el pensamiento, era preciso, a su criterio, que se convirtiera en algo que no solo generase conocimiento de lo que «su patria ha sido, sino que con probabilidad muy grande pueda vaticinar cuál será la futura suerte que le quepa» (p. 1). Pasado, presente y futuro son la trilogía ocupacional del historiador para Cortada. Respecto a sus opiniones sobre la disciplina histórica, cf. su Programa de historia presentado para una plaza en la Universidad de Barcelona y, sobre todo, su Utilidad del estudio de la historia, texto que fue la lección inaugural en la Universidad de Barcelona en 1848 (cf. Albert Ghanime, Joan Cortada…, pp. 79-82 y 183-189). <<

[138] Joan Cortada, Historia de España desde los tiempos más remotos hasta 1939, Barcelona, 1841-1843, vol. 1, p. 455. <<

[139] Joan Cortada, Historia de España…, vol. 3, p. 252. <<

[140] Joan Cortada, Lecciones de historia de España, Barcelona, 1845, pp. 209-210. <<

[141] Joan Cortada, Cataluña…, p. 25. <<

[142] Ibidem, pp. 45-47. En la misma obra hace también la siguiente consideración al respecto: «Todo esto fue semilla de un odio atroz entre los catalanes y los naturales de otras provincias de España; el transcurso de siglo y medio de estrechísima y fraternal alianza de todos los españoles durante la guerra de Independencia y la mayor ilustración que ha cundido por todas las clases ha sofocado por fortuna ese odio; y Felipe oprimiendo a los catalanes del siglo décimo octavo no inspira sino lástima a los catalanes que vivimos en el siglo décimo nono» (p. 26). <<

[143] En sus Lecciones, Cortada afirma que Carlos II dejó «a la nación en el más ínfimo grado de abatimiento y de miseria […]. El último príncipe de la casa de Austria consumó la decadencia de la monarquía que el primero de esa casa había encumbrado al punto del esplendor más alto. ¡Quién pudiera conocer entonces a la nación poderosa, rica, formidable y reguladora de Europa que ocupaba en esta el primer lugar en tiempo de Carlos V!» (pp. 16-17). Sin embargo, a pesar de esta idea, Cortada recuerda también que los males venían de antes, al menos del tiempo de Felipe IV y del Conde Duque de Olivares, «cuya privanza fue origen de tantos males», entre ellos la larga y encarnizada lucha que tuvo que librar para sujetar a los catalanes (p. 16). <<

[144] Joan Cortada, Historia…, vol. 3, pp. 250-251 y Lecciones…, pp. 210-215. <<

[145] Joan Cortada, Lecciones…, p. 214. <<

[146] Ibidem, pp. 17 y 215-217 <<

[147] Ibidem, pp. 117-18 y 217-224. <<

[148] Ibidem, p. 217. <<

[149] Ibidem, p. 225 <<

[150] Ibidem, p. 17. <<

[151] Así opina Cortada de la decadencia de España gracias a la gobernación de Godoy en tiempos de Carlos IV: «Desde la altura a que fue levantada por el gran Carlos III cayó la España durante el gobierno de su sucesor en un deplorable estado de desorden y miseria, que la hubiera conducido a perder su independencia si los españoles olvidando antiguas rivalidades y pasiones mezquinas no se armaran todos a una voz para sacudir el yugo de un adversario casi omnipotente. Y la pincelada más negra que se ve en primer término de este cuadro es que una de las causas principales de aquella súbita caída fue un favoritismo inmerecido, y cuyo origen era harto impuro y vergonzoso» (Historia…, vol. 3, p. 278). <<

[152] Joan Cortada, Lecciones…, p. 233. <<

[153] Joan Cortada, Cataluña…, p. 47. En general, Cortada sigue el planteamiento del Conde de Toreno en su obra clásica Historia del levantamiento, guerra y revolución de España. Madrid, 1836. <<

[154] Manuel Jorba, Milà i Fontanals en la seva època, Barcelona, 1984, pp. 144-200: Josep Maria Fradera, Cultura nacional…, pp. 24-31; Pere Anguera, Els precedents del catalanisme…, pp. 127-267; «Españolismo y catalanidad en la historiografía catalana decimonónica», Hispania, 209 (2001), pp. 907-932, y Borja de Riquer, Escolta, Espanya., pp. 73-78. <<

[155] Manuel Jorba, Manuel Milà i Fontanals…, p. 178. <<

[156] Jaume Vicens Vives, Obra dispersa, Catalunya ahir y avui, Barcelona, 1967, pp. 502 y 507. <<

[157] Se tata de una obra en dos volúmenes que en forma de artículos presenta diversos temas o acontecimientos históricos elaborados con un importante nivel de información pero con una escasa densidad interpretativa. Con todo, resultó una publicación novedosa por su formato y que fue bastante utilizada por historiadores coetáneos como Pròsper de Bofarull o Víctor Balaguer. En el primer tomo hay una interesante biografía del autor escrita por su propio hijo Emili Pi. <<

[158] Andreu Avel·li Pi i Arimón, Barcelona antigua y moderna, Barcelona, 1854, vol. 1, pp. 5, 73, 83,147, 546 y 659. <<

[159] Ibidem, vol. 2, p. 77. <<

[160] Ibidem, vol. 1, pp. 658-666 y 664. <<

[161] Sobre la figura de Patxot, cf. Paloma Cirujano, Teresa Elorriaga y Juan Sisinio Pérez Garzón, Historiografía y nacionalismo español…, pp. 77-101 y 125-150; Mariano Esteban de Vega, «Castilla…», pp. 55-64. <<

[162] Es preciso mencionar que también hay autores que recuerdan el carácter tradicional y católico de parte de la obra historiográfica de Patxot, cf. Mariano Esteban de Vega, «Castilla y España en los historiadores generales de la época isabelina», en Carlos Forcadell y M. Cruz Romeo (eds.), Provincia y nación. Los territorios del liberalismo, Zaragoza, 2006, pp. 273-296, y Borja Villalonga, Representar la nació. Història i memoria d’Espanya en la Catalunya vuitcentista, Barcelona, 2011, pp. 203-207 (tesis doctoral inédita). <<

[163] Ferran Patxot, Anales de España…, Prólogo, pp. 4-5. La negación del supuesto castellanocentrismo de autores como Modesto Lafuente puede leerse en Mariano Esteban de Vega, «Castilla y España en la Historia General de Modesto Lafuente», en Mariano Esteban de Vega y Antonio Morales Moya (eds.), ¿Alma de España? Castilla en las interpretaciones del pasado español, Madrid, 2005, pp. 87-140. <<

[164] Ferran Patxot, Anales de España…, Prólogo, p. 6. En aquellos tiempos, las dos síntesis generales elaboradas por extranjeros que tenían mayor influencia eran las de Louis Romey, Histoire d’Espagne depuis les premiers temps jusqu’a nos jours, anotada por Antoni Bergues de las Casas y publicada en Barcelona entre 1839 y 1845, y la de Samuel Astley Dunham, The History of Spain and Portugal, adaptada por Alcalá-Galiano y complementada por Francisco Martínez de la Rosa y Donoso Cortés, que se publicó en Madrid entre 1844 y 1846. <<

[165] Ferran Patxot, Anales de España…, Prólogo, p. 7. Ramon Grau ha destacado el iberismo de Patxot, y en menor medida el de Víctor Balaguer, como una forma de recordar a la historiografía castellanista que restringía la legitimidad histórica del asimilismo al caso catalán, olvidándose de forma incongruente de Portugal («L’aportació dels historiadors romàntics…», pp. 245-246). <<

[166] Paloma Cirujano, Teresa Elorriaga y Juan Sisionio Pérez Garzón, Historiografía…, p. 84. <<

[167] Aunque se encuentra también en los Anales (libro 11, p. 46), esta frase proviene literalmente de Crónica (libro 6, p. 521). De hecho, la principal base de los Anales es Crónica, por eso he decidido utilizar preferentemente este texto que es anterior y que en ocasiones resulta más prolijo y extenso. <<

[168] Ferran Patxot, Crónica…, libro 6, pp. 518-521. <<

[169] Ibidem, libro 6. p. 530, y Anales…, libro 11. pp. 74-75. <<

[170] Ferran Patxot, Crónica…, libro 6, pp. 531-534. <<

[171] Ibidem, p. 533. <<

[172] Ferran Patxot, Anales…, libro 11, p. 104. <<

[173] Ferran Patxot, Crónica…, libro 6, p. 534. <<

[174] Ibidem, p. 560. <<

[175] Patxot describe de esta interesante manera crítica la posición de Godoy: «Godoy continuaba siendo de hecho el rey. Había emparentado con la familia real, casando con una prima de Carlos cuarto, hija de su difunto tío el infante don Luis. Habitaba palacios suntuosos; su numerosa servidumbre le rendía honores propios de la majestad real; sus trenes eran superiores a los de los reyes, ningún valido llegó jamás en España a tan alto grado de preponderancia y grandeza» (Ibidem, p. 566). <<

[176] Ibidem, p. 572. <<

[177] Ibidem, p. 555. <<

[178] Es muy interesante comprobar que en su valoración de la unificación dinástica efectuada por los Reyes Católicos y de las acciones de los primeros Austrias, Patxot deja traslucir una posición ambivalente. Por un lado, bendice la unión política como precursora de la unión nacional. Por otro, le parece que fue en ocasiones excesiva y que anuló sin necesidad a las individualidades (léase: los reinos) que la formaron, al tiempo que se iba imponiendo un despotismo real que no respetaba las viejas leyes. <<

[179] Ibidem, p. 575. <<

[180] Ibidem, p. 580. <<

[181] Ibidem, p. 581. <<

[182] Sobre Víctor Gebhardt, cf. Paloma Cirujano, Teresa Elorriaga y Juan Sisinio Pérez Garzón, Historiografía…, pp. 84-85, 97-98, 123 y 155-157; Benoît Pellistrandi, «Los Borbones entre la historia y la opinión», en Pablo Fernández Albaladejo (ed.), Los Borbones. Dinastía y memoria de nacion en la España del siglo XVIII, Madrid, 2001, pp. 135-138; Mariano Esteban de Vega, «Castilla…», pp. 64-69; Fernando Wulff, Las esencias patrias…, pp. 119-124; Luis F. Toledano, «La guerra de la Independencia como mito fundador de la memoria y de la historia nacional española», en Antoni Moliner (ed.), La guerra de la Independencia en España (1808-18 014), Alella, 2007, pp. 543-574, y Borja Villalonga, Representar la nació…, pp. 279-285. Para el presente estudio se ha utilizado la cuarta edición publicada en Barcelona (Editorial El Plus Ultra) y Madrid (Librería de Antonio de San Martín) en el año 1864. <<

[183] Acerca del universo carlista de la segunda mitad del siglo XIX, cf. Jordi Canal, El carlisme catalá dins l’Espanya de la Restauració. Un assaig de modernització política (1888-1900), Vic, 1998; El carlismo. Dos siglos de contrarrevolución en España, Madrid, 2000; «¿En busca del precedente perdido? Tríptico sobre las complejas relaciones entre carlismo y catalanismo a fines del siglo XIX», Historia y política, 14 (2005), pp. 45-84; Banderas blancas, boinas rojas. Una historia política del carlismo (1876-1939), Madrid, 2006; Pere Anguera, Deu, rei i fam. El primer carlisme a Catalunya, Abadía de Montserrat, 1995, y El carlisme a Catalunya, 1827-1936, Barcelona, 1999 (sobre la dilatada obra de este autor acerca del siglo XIX, cf. Anna Maria García, «Pere Anguera, un pioner de la historiografía del XIX a Catalunya», en Ramón Arnabat y Antoni Gavaldà (eds.), Història local, recorreguts pel liberalismo i el carlisme. Homenatge al doctor Pere Anguera, Catarroja-Barcelona, 2012, pp. 37-52). <<

[184] Las posiciones de Modesto Lafuente sobre el Setecientos pueden contemplarse en los volúmenes correspondientes de su Historia general de España. Sin embargo, nos ofrece también una visión sintética al respecto en el Discurso preliminar a dicha monumental obra, que he consultado en la edición efectuada por Juan Sisinio Pérez Garzón para la editorial Urgoiti Editores en 2002 (pp. 103-134). Con todo, me parece bueno recordar que, como buen liberal que era, Lafuente no tuvo un especial apego al absolutismo ni de los Austrias (defiende a los comuneros frente a Carlos V, a Lanuza frente a Felipe II y también a los catalanes en su rebelión contra Olivares) ni de los Borbones. Es más, en el caso de estos últimos, creo que pude afirmarse que hubiese preferido que restaurasen las antiguas libertades, aunque desde luego valora positivamente las medidas que adoptaron en política exterior (frente a la errática práctica de los Austrias), la regeneración económica y social interior y también la unión administrativa y política que para Lafuente eran las mismas que deseaban los liberales en su tiempo. <<

[185] Víctor Gebhardt, Historia general de España y de sus Indias, Madrid y Barcelona, 1864, vol. 4, pp. 428-429. <<

[186] Ibidem, vol. 6, p. 5-6. <<

[187] Ibidem, vol. 6, p. 19. <<

[188] Ibidem, vol. 6, p. 95. Es muy interesante recordar el comentario vehemente y radical que Gebhardt ya había efectuado al referirse a la supresión de los fueros valencianos y aragoneses. Primero considera que si fue posible realizarlo con cierta facilidad fue por el «estado de postración y abatimiento en que debían de estar cuando tal cosa pudo llevarse a cabo». Y afirmado esto, concluye que los fueros resultaron derogados «en virtud de la plenitud de poder que se arrogaba la soberanía y del derecho de la fuerza, prescribiendo que aquellos reinos se redujesen a las leyes de Castilla […] sin diferencia alguna entre los súbditos de ambas coronas a quienes se equiparaba en derecho y obligaciones. Esta providencia tiránica […] que animaba así al gobierno como a muchos gobernados y en general a todo el reino de Castilla […] nos indica bien claro el camino que España había andado desde Felipe II a Felipe V» (pp. 64-65). <<

[189] Ibidem, vol. 6, pp. 98-100. <<

[190] Ibidem, vol. 6, p. 109. <<

[191] Ibidem, vol. 6, p. 171. <<

[192] Ibidem, vol. 6, pp. 311-314. <<

[193] Ibidem, vol. 6, p. 171. Resulta muy sintomático el claro reproche que efectúa Gebhardt a la historiografía liberal respecto a que no criticaran a Felipe V y a la dinastía borbónica por su conculcación de la libertad y de la participación política: «Y he aquí explicado cómo muchos autores modernos que aparentan profesar en políticas ideas de libertad y de participación de los pueblos en los asuntos públicos solo encuentran palabras benévolas para el gobierno del nieto de Luis XIV, y como ellos, que descargaron justamente todo el peso de su ira contra Felipe II al modificar en las Cortes de Tarazona los fueros de Aragón, apenas se muestran indignados contra el que, sin más forma que fuerza ni otro pretexto que la voluntad, destruyó todas las leyes catalanas, valencianas y aragonesas». <<

[194] Ibidem, vol. 6, pp. 600-602. <<

[195] Ibidem, vol. 6, p. 603. <<

[196] Ibidem, vol. 5, p. 578. <<

[197] Ibidem, vol. 4, p. 386. <<

[198] Ibidem, vol. 6, pp. 479 y 484-487. Recordemos que Gebhardt fue galardonado en los Jocs Florals de 1868 por su trabajo Lo siti de Girona en l’any de 1809, obra que después tendría cierto éxito popular. <<

[199] Cf. Manuel Jorba, Manuel Mila i Fontanals…, pp. 144-229; Pere Anguera, Els precedents del catalanisme…, pp. 269-288; Francesc Fontbona y Manuel Jorba (eds.), El romanticisme a Catalunya, Barcelona, 1999; Borja de Riquer, Escolta…, pp. 90-101, y Josep M. Domingo, «Renaixença: el mot i la idea», Anuari Verdaguer, 17, (2009), pp. 215-234, «Barcelona i els Jocs Florals, 1859. Literatura, modernització urbana i representació col·lectiva», en Barcelona i els Jocs Florals, 1859, Modernització i Romanticisme, Barcelona, 2009, pp. 39-76. <<

[200] Para acercarnos al contexto cultural e historiográfico de la época, cf. Jordi Casassas, Entre Escil·la i Caribdis. El catalanisme i la Catalunya conservadora de la segona meitat del segle XIX, Barcelona, 1990; Jordi Casassas (ed.), Intelectuals i poder a Catalunya (1808-1975), Barcelona, 1999; Josep María Fradera (coord.), Societat, política i cultura a Catalunya, 1830-1880, Barcelona, 2002; Josep Fontana, «L’altra renaixença: 1860 i la represa d’una cultura nacional catalana», en Pere Gabriel (dir.), Història de la cultura catalana, Barcelona, 1994, vol. 5, pp. 15-34; «El romanticisme y la formació d’una història nacional catalana», El segle romántic. Actes del Col·loqui sobre el romanticismo, Vilanova i la Geltrú, 1995, pp. 539-549 y «Els historiadors romàntics», L’Avenç, 200 (1996), pp. 10-11, y Ramon Grau, «L’aportació dels historiadors romàntics», Història de la cultura catalana, Barcelona, 1995, vol. 4, pp. 221-243 y «La historiografia: a la recerca de l’emoció patriòtica», El romanticisme a Catalunya, 1820-1874, Barcelona, 1999, pp. 47-51. <<

[201] Cf. August Rafanell, La llengua silenciada. Una història del català, del Cinccents al Vuitcents, Barcelona, 1999, y Joan Lluis Marfany, La llengua maltractada, Barcelona, 2002. <<

[202] Sobre la experiencia italiana de Balaguer y su admiración por el Risorgimento, cf. Oriol Pi de Cabanyes, «Balaguer y el Risorgimento», en Víctor Balaguer i el seu temps, L’Abadía de Montserrat, 2004, pp. 11-42, y Maria Cuccu, «Balaguer i Italia, 1848-1901», Ibidem, pp. 69-99. <<

[203] Josep Miracle, La restauració…, pp. 174-186. <<

[204] Sobre Balaguer, cf. el monográfico dedicado por la revista L’Avenç en el número 262 (2001) y las actas del congreso Víctor Balaguer i el seu temps, ya citadas en la nota anterior. Asimismo, Ramon Grau, «Víctor Balaguer i la cultura dels satataulells», L’Avenç, 262, (2001), pp. 27-35; «Les coordenadas historiogràfiques de Víctor Balaguer», en Víctor Balaguer i el seu temps…, pp. 41-68; Rogelio López Blanco, «Víctor Balaguer y la articulación de los intereses catalanes en el mercado político-administrativo madrileño durante la primera etapa de la Restauración», en Política de Víctor Balaguer i progrés per Vilanova i la Geltrú, San Sadurní d’Anoia, 2000, pp. 38-87; Joan Palomas y Montserrat Bravo, «Víctor Balaguer, la diputació catalana y la lluita pel proteccionisme (1881-1890)», Recerques, 25 (1992), pp. 31-52, y Joan Palomas, «Els liberals reformistes: Víctor Balaguer», en Josep María Fradera (ed.) Societat, política y Cultura, 1830-1880, Barcelona, Quaderns d’Història, 6 (2002), pp. 217-237. De este último autor destaca, sobre todo, Víctor Balaguer. Renaixença, revolució i progrés, Vilanova i la Geltru, 2004, que es sin duda la aportación biográfica más completa, exhaustiva y analítica sobre nuestro historiador. <<

[205] Esta obra fue el fruto de la publicación de una serie de conferencias de Balaguer ofrecidas por una cátedra que llevaba el mismo nombre que el libro. Dedicada al Ayuntamiento constitucional de Barcelona, le valió a su vez que este lo nombrara su cronista oficial. A lo largo de sus páginas, reconoce que no trata tanto de realizar un libro de historia, como de un intento de llamar la atención sobre la necesidad de hacer historia de Cataluña y, por tanto, que es su propósito el hermanar historia y «poesía» para conseguir de este modo que su obra sea leída y que sirva como «una guía segura para estudiar nuestra historia». Quizá por eso no se priva de dedicar el libro a Prósper de Bofarull, Pau Piferrer y Antoni Bofarull, en un claro reconocimiento discipular pero también, indirectamente, en una forma de buscar indulgencias por parte de historiadores más profesionales como era el caso del segundo Bofarull (cf. Dedicatorias y Prefacio). <<

[206] Víctor Balaguer, Bellezas de historia de Cataluña, Barcelona, 1853, pp. 10-16. <<

[207] Para Balaguer la Corona de Aragón era un recurso muy importante en el conjunto de sus interpretaciones históricas y de sus creencias políticas, pues ella ejemplificaba la posibilidad de establecer una organización territorial plural y unitaria a la vez, así como la idea de una entidad política común modelo de respeto hacia las libertades de sus componentes, propuestas ambas que siempre defendió para España. Así, por ejemplo, cuando en 1854 funda en Barcelona un diario lo titula La Corona de Aragón, y en él se afirman cosas como: «La Corona de Aragón como recuerdo, modelo y ejemplo de las patrias libertades; España constitucional y regenerada como patria común; la Unión Ibérica como ideal y aspiración suprema» (cf. Josep Ramón Segarra, «Liberalismo, historia y provincialismo en las décadas centrales del siglo XIX», Las escalas del pasado. IV Congreso de Historia local de Aragón, Barbastro, 2005, pp. 141-153; Joan Palomas, Victor Balaguer…, pp. 173-177). <<

[208] Debemos recordar que Balaguer hizo una nueva edición de su obra acogiendo algunas críticas, añadiendo diversas informaciones, modificando adjetivos calificativos y cambiando ciertos conceptos como el de «federal» por «confederal» referidos a la Corona de Aragón. La nueva obra se publicó entre 1885 y 1887 en once volúmenes y esta vez la tituló más propiamente Historia de Cataluña. Decisión que es probable que tuviera relación tanto con la crítica de Bofarull de que en realidad no se había ocupado de la Corona de Aragón, como con el hecho de que en esas fechas hubiera un ambiente de exaltación catalanista propio de la primera década de la Restauración, que se plasmó en el Memorial de Greuges de 1885 pidiendo proteccionismo y menos uniformismo político y jurídico. Una obra que vio la luz cuando ya Bofarull, historiador crítico con Balaguer como veremos, había editado su historia general de Cataluña. En el presente trabajo he utilizado la primera edición de 1860-63 pero cotejándola, en aquello que consideraba más importante, con la última realizada en vida de Balaguer de 1885-87. Con todo, he de confirmar que para el caso del Setecientos las modificaciones resultan muy poco significativas. <<

[209] Como en otros autores del romanticismo, la idea de «amor patrio», de patriotismo (en su caso patriotismo catalán de forma preferente pero no exclusiva) como algo consustancial con la especie humana, preside toda la tarea personal y la obra intelectual de Balaguer. Así lo manifiesta, por ejemplo, en sus Bellezas de la historia de Cataluña cuando afirma que la patria y su historia «es algo más que un nombre, es una religión, un templo […]. ¡Los dioses se van, los reyes se van! Y bien podría irse todo, pero hay sin embargo una cosa que no se irá nunca: es el amor patrio. Pueden hundirse los tronos, pueden desaparecer las creencias: mientras haya hombres, habrá patrias. Se hablará en nombre de la patria, en su nombre se combatirá, se vencerá en su nombre» (Barcelona, 1853, vol. 1, pp. 2 y 3). <<

[210] Es evidente que un Balaguer prudente y modesto resulta consciente de las propias limitaciones historiográficas de su obra y de que acaso existan otros mejor preparados para realizar esa visión panorámica de la historia de Cataluña. Pero a pesar de este reconocimiento, decide escribirla por creer necesario su pionerismo en el contexto de las necesidades políticas e historiográficas de su época. Y por eso afirma que «formando este cuerpo de historia, que ninguno había completo, abro el camino y doy el ejemplo a otros, quienes refundirán, enmendarán y completarán mi escrito con mayores luces, mayor claridad y más abundancia de datos» (Historia de Cataluña y de la Corona de Aragón…, vol. 1, p. 11). En su edición de 1885, Balaguer responde a las críticas recibidas, especialmente a las de Bofarull o Bruguera, reafirmándose en la necesidad de un estilo claro para ser leído por el pueblo y recordando que él separó lo histórico de lo legendario a través de los apéndices y que, en cualquier caso, su carácter pionero le llevó a algunos errores pero también a estimular la investigación en historia de Cataluña (cf. Joan Palomas, Victor Balaguer…, pp. 257-261). <<

[211] Así lo manifiesta el propio Balaguer: «De seguro que nunca había existido en Cataluña un anhelo tan vivo por conocer su historia, ni en la juventud un deseo más ardiente por saber el pasado de este histórico país. Pero a satisfacer este deseo no bastan ni las crónicas y anales antiguos que poseemos […]. Faltaba una historia completa, que aunque no tan grande y universal como debiera ser, estuviese a lo menos purgada de fábulas y ridiculeces» (Historia…, vol. 1, p. 9). <<

[212] Cf. Joan Lluís Marfany, «Víctor Balaguer i el Jocs Florals», en L’Avenç, 262 (2001), pp. 63-68 <<

[213] Joan Palomas, Victor Balaguer…, pp. 69-70. <<

[214] Lluís Cuchet, Cataluña vindicada…, p. 400. <<

[215] Ibidem, pp. 9-10. <<

[216] Ibidem, p. 9. <<

[217] Joan Palomas, Víctor Balaguer…, p. 183. Es muy significativo que en su reedición de 1885-87 Balaguer afirme también que deseaba que su Historia de Cataluña pudiera contribuir a la «propaganda liberal que, a la sazón, realizábamos todos los afiliados al partido progresista» (vol. 1, pp. VI-VIII). <<

[218] Víctor Balaguer, Historia…, vol. 5, p. 10. <<

[219] Ibidem, vol. 5, p 842. <<

[220] Joan Palomas, Víctor Balaguer…, p. 65. <<

[221] Víctor Balaguer, Historia…, vol. 1, pp. 11-12. <<

[222] Víctor Balaguer, Bellezas…, vol. 2, pp. 99-110. <<

[223] Este «parece» de Balaguer es muy interesante, porque viene a aceptar el hecho geográfico como condicionante y coadyuvante de la unidad política pero no como determinante. En este sentido, recuerda que también existían realidades geográficas naturales que explicaban la existencia de las «principales provincias». Es decir, la geografía ayudaba a la unión española pero lo realmente sustantivo era la voluntad política de reunir unos pueblos diferentes a los que la historia había fabricado con acusadas y diferenciadas personalidades (Víctor Balaguer, Historia…, vol. 1, p. 12). <<

[224] Cf. Albert García Balañà, «El primer Balaguer o la temptativa populista a la Catalunya liberal (1859-1869)», L’Avenç, 262 (2001), pp. 36-41. Además pueden consultarse las diversas referencias existentes en la obra de Palomas sobre las relaciones de Balaguer con Prim (especialmente p. 169). <<

[225] Lluís Busquets y Carles Bastons citan en su obra una frase no referenciada de Balaguer que dice: «Quiero y deseo la españolización de Cataluña; lo que no quiero es la castellanización de España. Lo que no quiero es que España la conforme solo Castilla […] lo que no quiero es su monopolio» (Castilla y Cataluña frente a frente, Barcelona, 2003, p. 61. Frase a su vez también recogida por Pere Anguera, «La visión…», p. 88). <<

[226] Victor Balaguer, Historia…, vol. 1, p. 13. <<

[227] Ibidem, vol. 5, p. 842. <<

[228] Ibidem, vol. 1 p. 13. <<

[229] Esta característica de ofrecer una obra no siempre bien documentada le mereció la crítica y el olvido de la historiografía noucentista y de historiadores posteriores. Así puede comprobarse, por ejemplo, en Ferran Soldevila cuando dice que «Bofarull va refutar-lo, Aulèstia va prescindir-ne, Valls Taberner i qui signa aquesta crónica [o sea, Soldevila] van considerar-lo inexistent», si bien valora positivamente su eficacia al hacer lectores populares de historia de Cataluña [Ferran Soldevila, «El centenari de Víctor Balaguer», Revista de Catalunya, 7 (1925), pp. 59-61. Recogido por Enric Pujol, Història i reconstrucció nacional, Catarroja-Barcelona, 2003, p. 90]. También sabemos que Rovira i Virgili marcó distancias al considerarlo «un literato sin disciplina histórica» y un romántico, aunque apreciaba su intento práctico de historiar Cataluña para aumentar la conciencia nacional. Y que para Vicens era la quintaesencia de la historiografía romántica, calificativo que en su boca tenía una acepción ampliamente peyorativa. Sin embargo, su fuerte carga interpretativa, ideológica y política es tal vez lo que le ha supuesto una cierta revitalización por parte de un sector de la historiografía catalana que ve en Balaguer un antecedente ideológico e historiográfico catalanista y progresista asimilable a sus planteamientos en defensa de las libertades nacionales catalanas. Y también ha supuesto una cierta reivindicación de su figura el hecho de contextualizar más adecuadamente el conjunto de su obra política e historiográfica sin necesidad de mirarlo desde el prisma del nacionalismo más radical (cf. Ramon Grau, «Les coordenadas historiogràfiques de Víctor Balaguer», en Víctor Balaguer i el seu temps…, pp. 41-68). <<

[230] Esta afirmación puede comprobarse con un simple repaso de los capítulos que Balaguer dedica al siglo XVIII. Así, en su primera edición, la centuria es analizada en el tomo 5 (libros 11 y 12) dedicándole en total 36 capítulos, de los cuales 26 están referidos a la guerra de Sucesión, uno al reinado de Felipe V, otro al de los restantes reyes borbónicos, otro a los «progresos de la civilización» (proscripción del catalán, Universidad de Cervera, creación cultural y artística) y 7 a la guerra de la Independencia. Con todo, hay que recordar que en un somero análisis del conjunto de la obra es evidente que los tiempos medievales son los que llaman particularmente la atención de Balaguer. <<

[231] Al margen de algunas puntuales referencias archivísticas, y dicho sin ánimo de exhaustividad, las principales fuentes reconocidas por Balaguer para construir su visión del Setecientos catalán son bibliográficas y se refieren, especialmente, en el caso de la guerra de Sucesión, a Feliu de la Penya y al marqués de San Felipe, del cual manifiesta desconfiar por su adscripción felipista, «por ser enemigo de los catalanes» (vol. 5, p. 265) y a quien en la mayoría de las ocasiones discute sus afirmaciones por considerarlas parciales e indocumentadas. Para el resto del siglo se apoya en Patxot y Lafuente, y en Toreno o Blanch para la guerra de la Independencia. <<

[232] Cf. Josep María Fradera, «Visibilitat i invisibilitat de Víctor Balaguer», en L’Avenç, 262 (2001), pp. 19-26. <<

[233] Cf. Joan Paloma, Víctor Balaguer…, pp. 252-253. <<

[234] Así lo hace notar en su segunda edición como un caso relevante en su propia vida política: «La ciudadela ya no existe al publicarse esta segunda edición de mi historia. Siendo yo individuo de la Junta Suprema de Barcelona en 1868, y presidente de su Diputación, firmé, con mis compañeros, la orden de derribo de la ciudadela» (Historia de Cataluña, vol. 9, p. 307). <<

[235] Víctor Balaguer, Historia…, vol. 5, p. 21. <<

[236] Ibidem, vol. 5, pp. 29-30. <<

[237] Ibidem, vol. 5, pp. 43-44. <<

[238] Ibidem, vol. 5, p. 45. <<

[239] Ibidem, vol. 5, pp. 83-84. <<

[240] Pamolas recuerda que, en cierta medida, su posición en este tema está conectada con sus apoyos al derrocamiento revolucionario de la dinastía Borbón y su sustitución por un monarca plenamente constitucional en la época del Sexenio (Joan Palomas, «Els liberals reformistes…», pp. 218-219). <<

[241] Así lo explica Balaguer en el caso de Felipe IV: «¿Puede hallarse rebelde a Cataluña por haberse levantado contra el ministro de Felipe IV [el conde duque de Olivares]? Seguramente que no. La defensa de unos fueros quebrantados no es rebeldía, sino lealtad. Dios mismo es quien pone las armas en manos de los que se alzan para sostener sus libertades. La causa de la soberanía nacional tiene como todas las causas derechos que reclamar, deberes que cumplir y una misión que llenar. Sus defensores no pueden ser tachados de rebeldes por los hombres de un sistema político contrario, si estos a su vez no se dejan comprender por sus adversarios en la misma significación…» (Víctor Balaguer, Historia…, vol. 4, p. 555). <<

[242] Ibidem, vol. 5, p. 268. <<

[243] Ibidem, vol. 5, p. 269. <<

[244] Ibidem, vol. 5, p. 271. <<

[245] Ibidem, vol. 5, p. 278. Balaguer acaba su último capítulo dedicado a la guerra de Sucesión con las siguientes expresivas manifestaciones de patriotismo catalán a imitar: «Así fue como sucumbió Cataluña. Peleó y combatió hasta el último momento en defensa de sus libertades patrias. Sea venerada siempre por los descendientes de aquellos esforzados varones, la buena memoria de los que prefirieron morir antes que renunciar a la libertad, y sean los que sucumbieron en la lucha, como mártires de su deber, ejemplo y modelo dignos de ser imitados y seguidos por las generaciones futuras» (vol. 5, p. 279). <<

[246] En este sentido es muy interesante consultar dos obras de Balaguer como son La libertad constitucional (1858) ya mencionada y De la soberanía nacional y de las Cortes en Cataluña (1865). Como prueba de su constante afán por valorar y recuperar la tradición constitucionalista de la Corona de Aragón, debemos recordar sus esfuerzos, a partir de 1882, por recopilar la documentación de las Cortes aragonesas, catalanas y valencianas, tarea efectuada junto a colaboradores como Josep Coroleu, Celestí Pujol o Fidel Fita. <<

[247] Víctor Balaguer, Historia…, vol. 5. p. 387. <<

[248] Ibidem, vol. 5. p. 269. <<

[249] Ibidem, vol. 5. p. 381. <<

[250] Ibidem, vol. 5. p. 381. <<

[251] Ibidem, vol. 5, pp. 268-269. Como veremos más adelante, esta calificación de «terror» de la política represiva de Felipe V tras la derrota de Barcelona será recogida por autores contemporáneos como Ferran Soldevila o Josep María Torras Ribé. <<

[252] Ibidem, vol. 5. p. 381. <<

[253] Ibidem, vol. 5, pp. 271-272. <<

[254] Ibidem, vol. 5, p. 392. <<

[255] Ibidem, vol. 5, p. 393. <<

[256] Ibidem, vol. 5, p. 394. <<

[257] Ibidem, vol. 5, pp. 447-448. <<

[258] Ibidem, vol. 5, pp. 512-513. <<

[259] Recordemos que esta misma tesis de españolidad de los catalanes en la guerra de la Independencia ya la había defendido Adolfo Blanch en su Historia de la guerra de la Independencia, libro publicado en Barcelona en 1861 bajo la inspección de Joaquim Roca i Cornet, significativamente dedicado al Príncipe de Asturias y en el que se reconoce la deuda historiográfica con la obra del conde de Toreno. Desde una visión claramente monárquica, borbónica y de constantes muestras de españolidad, Blanch no señala ninguna crítica hacia el absolutismo setecentista y ofrece en cambio una interpretación en la que se refiere de manera elogiosa a la época de la Cataluña borbónica, llegando a afirmar «que en los buenos tiempos de la monarquía borbónica tanto se robusteciera [Cataluña] en sus fuerzas productivas […] imitando con el mejor éxito, en los diversos ramos de la industria, los productos que salían de Manchester, así como las principales ciudades de Suiza, Francia y Alemania» (p. 46). Para el católico, conservador y proteccionista Blanch, personaje vinculado a la patronal catalana, la guerra en el principado fue «una página de gloria en los anales españoles [y también, …] un monumento al heroísmo catalán que rivalizó con el de las demás provincias de esta monarquía en verter sangre por la religión, por el rey y por la patria». Una guerra, al fin, en la que de forma unánime y pionera «Cataluña rivalizó con el resto de España para sostener la integridad del territorio español y la dinastía de sus reyes, junto con su nacionalidad y los nobles y poderosos sentimientos que la constituyen» (p. III). Es decir, supo luchar por la independencia de España como nación sin perder su provincialidad catalana (cf. Borja Villalonga, Representar la nació…, pp. 273-279). <<

[260] Víctor Balaguer, Historia…, vol. 5, p. 402. <<

[261] Ibidem, vol. 5, p. 404. <<

[262] En sus conclusiones, Balaguer hace patente nuevamente que su patriotismo catalán es compatible con un patriotismo español que acepte la descentralización del Estado y las particularidades de sus nacionalidades: «Brillante espectáculo ofrece la Cataluña moderna al examen del observador, y mayor aún y más brillante le ofreciera [“para gloria suya y de nuestra España toda”, añade en la edición de 1886], si la actual (absorvente) centralización administrativa, que convierte a la Corte en opresora de las provincias, como señora feudal de nuestros tiempos, no la hubiese en muchas ocasiones privado de protección creando obstáculos a su desenvolvimiento» (Ibidem, vol. 5, p. 842). <<

[263] Recogemos esta idea de Ramon Grau, «El pensament històric de la dinastía Bofarull», en Josep María Fradera, Societat, política i cultura a Catalunya 1830-1880, Barcelona, Quaderns d’història, 6 (2002), pp. 121-138 (p. 136), y también de Ricardo García Cárcel, Felipe V y los españoles, Barcelona, 2002, p. 251. <<

[264] Esta afirmación no debería ser entendida en un sentido antiacademicista. Recordemos que Balaguer fue también miembro de la Academia de Bones Lletres y que posteriormente resultó nombrado correspondiente de la Academia de la Historia en 1865 y una década después académico de número, efectuando durante años una dinámica labor en dicha institución. Nombramiento que vino a significar, en alguna medida, que académicos como Colmeiro, Cánovas del Castillo, Danvila o Menéndez Pelayo, entre otros, lo vieran como uno de los suyos. Igualmente debemos recordar que en 1882 fue nombrado miembro de la Real Academia de la Lengua (Joan Palomas, Víctor Balaguer…, pp. 347-354). <<

[265] Sobre el conjunto de la vida y la obra de Bofarull, el análisis más extenso y global hasta la fecha es el realizado por Jordi Ginebra, Antoni de Bofarull i la Renaixença, Reus, 1988 y Antoni de Bofarull en la Renaixença de Catalunya, Barcelona, 1994. <<

[266] La restauración impulsada por Antonio Cánovas del Castillo, presidente a su vez de la Real Academia de la Historia, sabemos que tuvo también un efectivo interés en disponer de un discurso historiográfico apropiado a sus intereses políticos y que, en esencia, trataba de dar una visión de la historia de España más bien unitarista y uniformista tendente a legitimar el proyecto político del nuevo Estado centralizado que se deseaba impulsar por parte del variopinto universo liberal (cf. Ignacio Peiró, Los guardianes de la historia. La historiografía académica de la Restauración, Zaragoza, 1995, pp. 54-103). <<

[267] Antonio de Bofarull, Historia crítica (civil y eclesiástica) de Cataluña, vol. 9, p. 387. <<

[268] Ibidem, vol. 1, p. V. <<

[269] Ibidem, vol. 1, pp. IV-V. <<

[270] Ibidem, vol. 1. pp. 294-295. <<

[271] Ibidem, vol. 9, p. 245. <<

[272] Ibidem, vol. 9, p. 256. <<

[273] Xavier Vall, «La poesía de Antoni de Bofarull», en Sis estudis sobre Antoni de Bofarull, Reus, 1996, pp. 81-102. Bofarull fue el primer recopilador de poesía catalana en Los trobadors nous, obra publicada en 1858 y que le supuso una sonora polémica con Marià Aguiló. <<

[274] Sobre las ideas lingüísticas de Bofarull, cf. Jordi Ginebra, «Un home apassionat per la seva llengua», prólogo a Antoni de Bofarull, Escrits lingüístics, Barcelona, 1987, pp. 5-24, y «Antoni de Bofarull: literatura, llengua i societat», Sis estudis…, pp. 59-77. <<

[275] Recordemos que con La orfeneta de Menargues o Catalunya agonisant, publicada en 1862, Bofarull escribió la primera novela histórica en catalán desde el siglo XV, una novela que sirvió para establecer lugares comunes patrióticos alrededor de la idea del carácter más democrático catalán frente al más aristocrático castellano, y por la que ha sido considerado, por algunos autores, como el novelista inaugural de la narrativa catalana contemporánea (cf. Jordi Tiñena, «Antoni de Bofarull, novelista: L’orfeneta de Menargues», en Sis estudis…, pp. 103-129). <<

[276] Josep Miracle, La restauració…, pp. 187-208. <<

[277] Esta actitud puede notarse a lo largo de sus publicaciones y resulta especialmente visible en su Pasado, presente y porvenir de Barcelona. Memoria histórica, filosófica y social, publicada en Barcelona en 1881 y que ganó en 1877 (es decir, en plena publicación de su Historia de Cataluña) el certamen convocado por el ayuntamiento de Barcelona para las fiestas de la Merced de ese año. Es muy significativo de la concepción historiográfica del jurado que en la justificación del premio manifieste que la obra de Bofarull era superior a las otras por «su mirada de historiador filósofo, que abarcando el asunto en sus elementos y causas, saca de ellos observaciones luminosas que le llevan a deducir consecuencias precisas» (p. VII). A nivel de mera curiosidad, decir que en el ejemplar consultado existe una dedicatoria del propio autor que reza así: «Al buen amigo, al constante investigador histórico, al verdadero catalán, D. José Pella y Forgas, con triple razón de afecto y simpatía ofrece este ejemplar el autor Antonio de Bofarull». <<

[278] Bofarull, al estilo de muchos intelectuales y pensadores de la Cataluña del XIX, piensa que Cataluña era una nación veterana que se había incardinado en la nueva nación española por mor del mandato de los tiempos modernos. Así lo explicita, por ejemplo, cuando al expresar su alegría por la conversión de la ciudadela en un parque público afirma: «Lo que representa la transformación de la ciudadela en parque es indecible, y si como barceloneses debemos alegrarnos de ella, como españoles, como súbditos de la nacionalidad española tal como debe ser en los modernos tiempos, nuestro gozo ha de ser mayor» (Pasado, presente y porvenir…, p. 54). <<

[279] Antonio Bofarull, Historia crítica…, vol. 1, p 2. <<

[280] Ibidem, vol. 1, p. XXI <<

[281] Ibidem, vol. 1, p. XXIX <<

[282] Aunque no lo explicite asiduamente, es evidente que para el profundamente católico Bofarull la actuación de la Providencia en el decurso de la historia era un hecho incontrovertible que él daba por axiomático. Así, refiriéndose a la historia de Barcelona, podía afirmar sin dudas de ninguna clase que «la mano de la Providencia protege de una manera invisible e indudable al pueblo lleno de virtudes que se hace digno de su favor» (Antonio de Bofarull, Pasado, presente y porvenir…, p. 15). <<

[283] Cf. Santiago Riera, «El positivismo científic i la difusió del darwinismo. Les ciències naturals i mèdiques a la Renaixença», en Pere Gabriel (dir.), Història de la…, pp. 115-138. <<

[284] Pueden comprobarse buena parte de las posiciones deontológicas y epistemológicas de Bofarull en sus respectivos prólogos a la Historia crítica (civil y eclesiástica) de Cataluña, a la Historia crítica de la guerra de la Independencia en Cataluña y a Pasado, presente y porvenir de Barcelona. <<

[285] Adolfo Blanch, Historia de la guerra de la Independencia…, pp. III-IV. <<

[286] Ibidem, p. VI. <<

[287] Referido a su amor por Barcelona pero a la necesidad de mantener la ecuanimidad, Bofarull afirma que «no se presenta como áulico panerigista de un protector coronado, no como ponderador cronista que pinta como supremo el rincón de su comarca sin haber visitado en su día otra alguna, sí solo como amante, pero amante leal [de Barcelona] aunque altivo, que vigila, admira y celebra la bondad y la belleza, sin temor, empero, de que la pasión le ofusque el entendimiento» (Antonio de Bofarull, Pasado, presente y porvenir…, p. 5). <<

[288] Sobre la crítica en la historiografía española del siglo XIX, cf. Manuel Moreno Alonso, Historiografía romántica…, pp. 222-236. <<

[289] Antonio de Bofarull, Historia crítica…, vol. 1, p. XXX. <<

[290] Ibidem, vol. 9, p. 90. <<

[291] Ibidem, vol. 9, p. 90. <<

[292] Ibidem, vol. 9, p. 299. <<

[293] Ibidem, vol. 9, p. 411. Cf. Pere Anguera, «La teoria nacional d’Antoni de Bofarull. Un exemple de la doble nacionalitat», en Literatura, pàtria i societat. Els intel·lectuals i la nació, Vic, 1999, pp. 11-36. <<

[294] Antonio de Bofarull, Historia crítica de la guerra de la Independencia, vol. 1, p. 11. <<

[295] Ibidem, vol. 1. p. 567. <<

[296] Con todo, resultan significativas de la buena intencionalidad historiográfica de Bofarull respecto al necesario rigor del historiador las palabras con las que finaliza el prólogo de su magna obra: «Si nos maldicen los contemporáneos poco amigos de verdades, la posteridad nos bendecirá porque hemos sostenido la verdad en la Historia crítica de Cataluña» (vol. 1, p. XXXI). <<

[297] Joan Lluis Marfany, «Mitologia de la Renaixença i mitologia nacionalista», L’Avenç, 164 (1992), pp. 26-29, y Matilde González López, «Romanticisme historicista a Catalunya. Medievalisme, llegenda i identitat nacional», Afers, 19 (1994), pp. 709-719. <<

[298] Este es el discurso básico que sostiene Bofarull sobre los momentos estelares de la Edad Media catalana en su Historia crítica de Cataluña, el mismo que también podemos leer compendiado en su Pasado, presente y porvenir de Barcelona (pp. 16-23). <<

[299] Ibidem, p. 17. <<

[300] Ibidem, p. 23. <<

[301] De los nueve volúmenes que tiene la Historia crítica de Cataluña, Bofarull dedica al Setecientos los dos últimos capítulos del volumen 8 (referidos a la proclamación de Felipe V como rey y al período de su reinado que transcurre entre 1700 y 1706), así como la totalidad del volumen 9. Dentro de este último, de los once capítulos que contiene, la guerra de Sucesión, significativamente, ocupa cuatro, mientras que el resto están dedicados uno a Felipe V, uno a Fernando VI, dos a Carlos III y dos a Carlos IV hasta 1808. Con todo, debemos recordar que los estudios sobre el Setecientos catalán disponibles en aquellos momentos eran muy poco abundantes, y por ello no es extraño que en una visión panorámica como la suya, y no pudiendo investigar por propia mano todos los períodos (como es humanamente comprensible), Bofarull deba basarse a veces en las informaciones que sobre Cataluña ofrecen historiadores castellanos como Lafuente, Ferrer del Río o Toreno, entre otros. <<

[302] Ibidem, vol. 1, pp. XVII y XVIII. <<

[303] Mateu Bruguera, Historia del memorable sitio…, vol. 1, pp. 11-13 y vol. 2, pp. 682-683. El posicionamiento de Bruguera puede contemplarse igualmente en su Cronicón de Barcelona. Historia de la Invicta y memorable bandera de Santa Eulalia, publicado en Barcelona en 1861. Para leer la opinión de Bofarull sobre la obra de este autor, cf. Historia crítica de Cataluña…, vol. 9, pp. 93-94. <<

[304] Ibidem, vol. 8, p. 422. <<

[305] Ibidem, vol. 8, pp. 455 y 485. <<

[306] Ibidem, vol. 1, p. XIX. <<

[307] Ibidem, vol. 8, p. 387. <<

[308] En su obra Pasado, presente y porvenir de Barcelona, Bofarull insiste también en la idea del peligro francés como elemento importante en la formación del austracismo catalán. Lo hace cuando afirma que «todo el cambio no significaba más para ella [Barcelona] que la preponderancia de Francia en España, y con esta idea no sabía, ni quería, ni podía transigir» (p. 25). La breve explicación que nos ofrece nuestro historiador en este texto sobre las causas de la guerra se centra en afirmar que Europa reaccionó ante el expansionismo francés y que fue Europa la que envió a Cataluña un candidato que ya era de su agrado, y que entonces Cataluña, liderada por Barcelona, ante la coyuntura internacional de apoyo de los aliados y de la Santa Sede y para su propia defensa, decidió apostar por el archiduque, apuesta que no abandonó nunca aunque el monarca y los aliados acabaran dejándola a su suerte: «Barcelona cumplió de tal manera su palabra, que no quiso faltar a ella ni aun faltando los mismos que se la hicieron empeñar […] aunque se vio abandonada de los mismos que la condujeron al precipicio, juró no dejar las armas» (p. 25). <<

[309] Ibidem, vol. 8, p. 387. <<

[310] Ibidem, vol. 8. pp. 389-399. <<

[311] Ibidem, vol. 8, pp. 399-400. <<

[312] Ibidem, vol. 8, p. 403. <<

[313] Ibidem, vol. 8, p. 409. <<

[314] Ibidem, vol. 8, p. 410. Es muy significativo el hecho de que Bofarull recuerde en una nota a pie de página la noticia de Feliu de que algunos miembros de la Audiencia habían sido recompensados con honores y cargos por Felipe V después de las Cortes. Aunque admite que Feliu da esta noticia con intención partidista, es significativo que él igualmente la recoja. Tal parece que utiliza a Feliu para querer afirmar algo que él también creía que era una relación causal pero que no se atreve del todo a afirmar, a saber: que el felipismo de aquellos jueces estaba inducido por las recompensas dadas. <<

[315] Ibidem, vol. 8, p. 414. <<

[316] Ibidem, vol. 8, pp. 419-420 y 427. <<

[317] Ibidem, vol. 8, p. 420. <<

[318] Ibidem, vol. 8, p. 415. <<

[319] Ibidem, vol. 8, p. 436. <<

[320] Ibidem, vol. 8, pp. 486-491. <<

[321] Recordemos que en estos años en los que publica su obra Bofarull, y en los que se estaba discutiendo la posible supresión de los fueros vascos y el texto constitucional español, aparecieron dos libros inspirados en el catalanismo moderado y conservador. Se trata de las obras escritas conjuntamente por Josep Coroleu y Josep Pella, en las que se defendía la validez del sistema institucional tradicional de los Austrias de carácter descentralizado frente al centralismo de raíz castellana, y ello con el ánimo de influir en el constitucionalismo liberal español del momento recuperando las bases jurídicas diferenciadas de las diversas nacionalidades españolas. Es decir, evocando la existencia de unas instituciones del Antiguo Régimen que representaban una sociedad armónica, ordenada y en paz con los preceptos del catolicismo, y que respetaban la pluralidad de España, los autores venían a decir que, de haber seguido la tradición constitucional catalanoaragonesa y no la del absolutismo borbónico, los españoles se hubieran librado de las fratricidas luchas sangrientas que se estaban produciendo para instaurar el Estado liberal. Era una vía conservadora frente a la liberal de Balaguer que, sin embargo, incidía en un parecido criterio: eran el espíritu del pueblo catalán y sus costumbres y tradiciones los que producían sus propias instituciones jurídicas, negando así de hecho la existencia del derecho natural, universal y abstracto. De manera significativa, las obras se titulaban, respectivamente, Las Cortes catalanas, estudio jurídico y comparativo de su organización y reseña analítica de todas sus legislaturas (1876) y Los fueros de Cataluña (1878). (Cf. Lluís Costa Fernández, Joseph Pella i Forgas i el catalanisme, Barcelona, 1997; Giovanni C. Cattini, Historiográfica i catalanisme. Josep Coroleu i Inglada (1839-1895), Barcelona, 2007, pp. 75-117). Por último, debe recordarse asimismo que también en estos años otro prócer del catalanismo se dedicó a publicar sobre estos temas y con parecidos planteamientos claramente contrarios al absolutismo setecentista. Me refiero a Joan Mañé y Flaquer en sus obras La paz y los fueros (1876) o El oasis. Viaje al País de los fueros, (1878-1880, tres volúmenes), (cf. Giovanni C. Cattini, L’Estat-nació i el conflicto regional: Joan Mañé Flaquer, un cas paradigmatic (1823-1901), Barcelona, 2004). <<

[322] Antonio de Bofarull, Historia crítica…, vol. 9, pp. 53-54. <<

[323] Ibidem, vol. 9, p. 69. <<

[324] Ibidem, vol. 9, p. 60, y también pp. 64-65. <<

[325] Ibidem, vol. 9, p 81. <<

[326] Ibidem, vol. 9, p. 90. <<

[327] Ibidem, vol. 9, pp. 91-92. <<

[328] Ibidem, vol. 9, p. 99. <<

[329] Ibidem, vol. 9, p. 166. <<

[330] Ibidem, vol. 9, p. 126. <<

[331] En el relato diario que hace sobre el sitio de Barcelona, Bofarull da una imagen de casi plena unanimidad social en favor de la resistencia, aunque no olvida por ello mencionar el grupo de personas que se pasaron a las filas de los sitiadores borbónicos, a su juicio tal vez por haber defendido una rendición que no fue aceptada por la mayoría (Ibidem, vol. 9, p. 146). <<

[332] Ibidem, vol. 9, pp. 130 y 139. <<

[333] Ibidem, vol. 9, pp. 158, 166, 171, 175 y 178-181. Frente a la opinión de Bruguera, Bofarull efectúa una decidida defensa de Ferrer, al que considera un valiente patriota que por razones humanitarias propuso abiertamente que no había que efectuar una defensa inútil de la ciudad cuando ya era evidente su derrota. <<

[334] Ibidem, vol. 9, pp. 132-133. Es muy significativo que Bofarull, al referirse al tipo de gobierno que deseaban instaurar los franceses y que fue el que gobernó tras la derrota de los catalanes austracistas, es decir, el absolutismo, ponga entre paréntesis la siguiente afirmación: «al que algunos obcecados llaman todavía la verdadera unidad nacional» (p. 133). <<

[335] Ibidem, vol. 9, pp. 168 y 177. <<

[336] Ibidem, vol. 9, p. 54. Cuando habla de personas ilustres culpables se refiere a Francesc Grases y a la polémica suscitada con su Epitome o compendio de las principales diferencias entre las leyes generales de Cataluña, en la que dicho autor sentaba la tesis de «poder a solas el rey hacer leyes en Cataluña», posición que fue recusada por el resto del austracismo y que, finalmente, supuso la destitución de este abogado de la Audiencia por parte del archiduque Carlos. Posición crítica ante la opinión política de Grases que Bofarull parece también compartir (cf. Pere Anguera, «Sobre Josep i Francesc Grases i Gralla. Un comerciant i un advocat del segle XVIII», EHDAP, vol. VIII, Barcelona, 1980, pp. 245-251, Rosa Maria Alabrús, Felip V i l’opinió dels catalans, Lleida, 2001, pp. 197-204). <<

[337] Ibidem, vol. 9, pp. 192-193. <<

[338] Ibidem, vol. 9, p. 193. <<

[339] Ibidem, vol. 9, p. 193. El propio Bofarull recuerda, en una nota a pie de página, que se refiere, por ejemplo, al discurso del diputado andaluz Manuel Sánchez Silva contra los fueros vascongados cuando afirmaba: «Si hemos logrado reducir a Aragón y Cataluña, a esos inmensos dominios de los condes de Barcelona, a ese país de fieras [la cursiva es del propio Bofarull] que ha sabido conquistar el imperio de Oriente, que ha dominado en las costas y en las islas del Mediterráneo, a ese pueblo que tiene una historia noble y esclarecida, no sé por qué no hemos de dejar de reducir a un pueblo que no tiene más historia que la que le ha dado la bandera de Castilla». <<

[340] Ibidem, vol. 9, p. 192. <<

[341] Igual opinión expresa en su Pasado, presente y porvenir de Barcelona: «La ira del vencedor [Felipe V], no satisfecha con el triunfo, quiso gozarse en el castigo: todas las antiguas instituciones que radicaban principalmente en Barcelona quedaron abolidas de hecho, desaparecieron por completo las antiguas libertades» (p. 26). <<

[342] Antonio de Bofarull, Historia crítica de Cataluña…, vol. 9, p. 195. Similares afirmaciones de «provincia vencida» o de «país que tiene olvidada hasta la propia esencia de su ser», pueden leerse en sus estudios sobre la lengua catalana. Es posible confrontar dichas ideas, por ejemplo, en Estudios, sistema gramatical y crestomatía de la lengua catalana, Barcelona, 1864, p. 40 y ss; La lengua catalana considerada históricamente, Barcelona, 1858 o «La unitat de la llengua catalana en Catalunya, Mallorca y Valencia», en La Renaixença, vol. 1, 6 (31-III-1878), pp. 233-240. <<

[343] Al comentar la renovación por parte de Fernando VI de la medida adoptada por Felipe V de estar obligados los catalanes a notificar a la autoridad cuando efectuaban un cambio de domicilio, Bofarull recuerda que se trataba de la revalidación «de un edicto dictado en la época que se puede llamar bien del terror [la cursiva es del propio Bofarull] para Cataluña, esto es, el año inmediato a la sujeción de Barcelona y pérdida de sus libertades, en que, como es sabido, se desarrolló aquel sistema de venganzas y castigos que llegó a parecer interminable por mucho tiempo» (Historia crítica…, vol. 9, p. 298). Este concepto de «terror» recordemos que ya lo utilizó primero Balaguer y que será recogido después por una parte de la historiografía del siglo XX. <<

[344] Ibidem, vol. 9, p. 197. <<

[345] Ibidem, vol. 9, p. 196. <<

[346] Ibidem, vol. 9, p. 197. He de decir que, a lo largo de su obra, Bofarull muestra casi siempre un gran desprecio y animadversión por los «cortesanos», a quienes, como buen liberal monárquico constitucional, considera el origen de muchos de los males del gobierno de España. <<

[347] Ibidem, vol. 9, p. 201. <<

[348] Ibidem, vol. 9, p. 197 <<

[349] Ibidem, vol. 9, pp. 205-206. <<

[350] Ibidem, vol. 9. pp. 196 y 197. <<

[351] Ibidem, vol. 9, p. 205. <<

[352] Ibidem, vol. 9, p. 215. <<

[353] Ibidem, vol. 9. pp. 208-209. <<

[354] Al referirse a la destrucción del barrio de la Ribera, resulta significativo de la postura crítica de Bofarull ante las consecuencias de la contienda sucesoria que recuerde en cursiva las palabras de quienes hubieron de interpretar la concesión de Berwick en la capitulación acerca de que se respetarían las vidas y las haciendas de los vencidos: «No había de haber consideración con los que habían causado tanto daño a sí mismos y a todos los reinos de España, con la perfidia y crueldad de los Catalanes y particularmente de los de Barcelona». «Lenguaje soberbio e inhumano que la prudencia debiera refrenarles, sobre todo habiendo pasado ya tres años del triunfo y el país subyugado obedecía», protesta airadamente Bofarull (Ibidem, vol. 9, p. 210). En su obra Pasado, presente y porvenir de Barcelona, recuerda a la ciudadela como un monumento que simbolizaba «a la vez el castigo y la amenaza» y que se había levantado «no en suelo libre, sino en el mismo punto, en los mismos barrios donde más heroicamente se había defendido el pueblo barcelonés» (p. 26). <<

[355] En el momento de evocar el finiquito de la ciudadela, recuerda que era un hecho muy conveniente porque como barceloneses y como españoles «desapareció de nuestra vista un monumento que era vivo y perenne testimonio de antiguos odios de raza, de discordias civiles, cuya memoria, renovada de continuo al exigir la historia de la fortaleza el que por primera vez la divisara, ayudaba no poco a recrudecer antiguas heridas, ocasionando ya inútiles ofensas» (Pasado, presente y porvenir de Barcelona, p. 54). <<

[356] Antonio de Bofarull, Historia crítica de Cataluña…, vol. 9, pp. 271-272. <<

[357] Sobre la opinión de Bofarull acerca de la situación del catalán en el Setecientos, cf. Antonio de Bofarull, Estudios, sistema gramatical y crestomatía de la lengua catalana, Barcelona, 1864 (ya citado). <<

[358] Antonio de Bofarull, Historia crítica de Cataluña…, vol. 9, pp. 514-516. <<

[359] Ibidem, vol. 9, p. 395. <<

[360] Ibidem, vol. 9. pp. 208-209. <<

[361] Ibidem, vol. 9. P. 254. <<

[362] Ibidem, vol. 9. p. 288. <<

[363] A pesar de esta consideración positiva respecto a Cataluña, la visión de Bofarull sobre la política mediterránea de Felipe V e Isabel de Farnesio es muy crítica en la medida en que considera que obedecía a intereses dinásticos y no a los nacionales. En su opinión, fue una estrategia que dejaba exhausta la hacienda española y además desviaba el dinero del verdadero interés, que no era otro que combatir a unos ingleses que se habían hecho dueños de los mares. (Ibidem, vol. 9. pp. 249-250). <<

[364] Ibidem, vol. 9, p. 246. <<

[365] Ibidem, vol. 9, p. 255. <<

[366] Ibidem, vol. 9. pp. 288-289. En una ponderación distante de la posición de Bruguera, Bofarull se muestra poco partidario de valorar, como políticamente significativo de una actitud de disidencia política de los catalanes durante el reinado de Felipe V, el documento Record de la Aliança presentado ante Jorge II de Inglaterra en 1734 recordándole las obligaciones inglesas como aliados de Cataluña en la guerra de Sucesión (Ibidem, vol. 9, pp. 249-249). <<

[367] Ibidem, vol. 9, p. 250. <<

[368] Ibidem, vol. 9. p. 296. <<

[369] Ibidem, vol. 9.p. 314. <<

[370] Ibidem, vol. 9, pp. 310-311. Resulta significativo de las posiciones ideológicas e historiográficas de Bofarull respecto a la nueva situación de Cataluña tras 1714 el ajuste de cuentas que realiza con Francesc de Prats y Matas (y con su familia), a la sazón, entre otros cargos, secretario de la Academia de Buenas Letras, a quien, sin decirlo explícitamente, considera algo así como el paradigma de los insanos colaboradores felipistas que estaban aprovechando su apoyo al soberano para medrar en la sociedad catalana, «de suerte que ningún nombre como el de Prats y Matas representa tan al vivo la nueva situación de Cataluña en el siglo que estamos describiendo» (p. 312). <<

[371] De esta forma tan romántica lo expresa Bofarull: «y si se renovaba, en alguna ocasión, el recuerdo de los sucesos acontecidos en los catorce primeros años del siglo, era solo como tradición venerada que se guardaba oculta en impenetrable sagrario, en los pechos de los más ancianos, de donde brotaba rara vez, como feliz desahogo, como lección elocuente, o como remedio vivificador de la atropellada honra, en el seno de la familia, sin más testigos que los de la propia sangre, cónclave hermoso donde los tiernos nietecitos rompían en llanto a veces, solo de ver que al bondadoso abuelo se le escapaban las lágrimas, y estaba trémulo y convulso, cuando, con un fuego impropio de su edad, les contaba que hubo un tiempo en que Barcelona se bastaba, para gobernarse, con sus leyes y sus autoridades naturales» (Ibidem, vol. 9, p. 289). <<

[372] Ibidem, vol. 9, p. 295. <<

[373] Esta información sobre Cataluña, así como la mayor parte de la referida al reinado de Carlos III que no tuviera que ver directamente con ella, la recaba principalmente Bofarull del libro de Antonio Ferrer del Río, Historia del reinado de Carlos III, publicado en Madrid en 1859. <<

[374] Bofarull otorga mucha importancia a la entrada de Carlos III en España por Barcelona, así como a la serie de demostraciones de apego de la sociedad catalana al nuevo monarca, por lo cual le dedica una prolija descripción en su obra. (Ibidem, vol. 9, pp. 324-349). Es muy significativo también que salga en defensa de Carlos III ante los ataques del «españolismo egoísta de los cortesanos de Madrid» con sus injustas críticas por utilizar el nuevo monarca ministros no españoles, cosa que recuerda que se había hecho por parte de los reyes hispanos desde Carlos V. Eran, en su opinión, los mismos que habían acudido a Barcelona para sacar «negocios con el nuevo rey». Es decir, una interesada e hipócrita adhesión de los cortesanos madrileños frente al sincero asenso que mostraron en cambio los barceloneses (p. 350). También en su Pasado, presente y porvenir de Barcelona recuerda que Barcelona había cambiado mucho desde principios del siglo y que «en medio del aislamiento en que quedara, acordóse del derecho que nadie podía arrancarle, de ser ciudad española, y como tal quiso obsequiar al rey de España [Carlos III]» (p. 28). <<

[375] Ibidem, vol.9, p. 534. <<

[376] Antonio Bofarull, Pasado, presente y porvenir…, p. 28. <<

[377] Ibidem, p. 30. <<

[378] Antonio Bofarull, Historia crítica de Cataluña, vol. 9. p. 389. <<

[379] Ibidem, vol. 9. pp. 354-355. <<

[380] Ibidem, vol. 9, p 379. <<

[381] Ibidem, vol. 9, p. 379. En esta cuestión de la libertad de comercio, Bofarull sigue en gran medida las valoraciones positivas de William Coxe en su España bajo el reinado de la casa de Borbón publicado en castellano en 1846 y 1847. Las mismas opiniones mantiene sobre la trascendencia económica de la apertura colonial en su Pasado, presente y porvenir de Barcelona (pp. 34-36). <<

[382] Ibidem, vol. 9, pp. 381-382. Bofarull considera que los «exclusivistas y centralizadores [que] querían darnos a entender que defendían la unidad nacional ¡¡¡ […] por la fuerza de su poder, ahogaron el germen de riqueza que desde remotos siglos vivificó a Cataluña, destruyeron su vida natural en todos conceptos y hasta se hicieron la ilusión de borrar su fisonomía y de variar su carácter, empresa irrealizable y que no lograrán los que participen todavía de aquellos rancios propósitos» (p. 381). Esto último parece una cierta alusión a los políticos de su época favorables al librecambismo. <<

[383] Ibidem, vol. 9. p. 397. <<

[384] Ibidem, vol. 9, p. 358. <<

[385] Ibidem, vol. 9, pp. 373-376. <<

[386] Ibidem, vol. 9. p. 389. <<

[387] En estos historiadores ve Bofarull un significativo cambio en la forma de historiar respecto a los tiempos anteriores: «Es en esta ocasión cuando los sabios de nuestro suelo, menospreciando toda rutina, huyendo de acatar a celebridades no justificadas, despreciando el falso milagro, y deslindando el hecho histórico de la tradición y esta de la fábula caprichosa, rompen con valiente mano el velo que cubría la verdad, y oponen a todas aquellas calumnias los datos que dormían olvidados en los archivos» (Pasado, presente y porvenir de Barcelona, p. 39). <<

[388] Ibidem, vol. 9. p. 394. A la cabeza de la producción de Capmany sitúa Bofarull sus Memorias, de la que afirma que fue la «obra más colosal que, en su género, hasta entonces se escribiera pues no la había igual ni en Inglaterra ni en Francia» (Pasado, presente y porvenir de Barcelona, p. 41). <<

[389] Ibidem, p. 42. <<

[390] Antonio de Bofarull, Historia crítica…, vol. 9. p. 376. <<

[391] Ibidem, vol. 9. p. 397. <<

[392] Ibidem, vol. 9. p. 409. <<

[393] Bofarull ve con suma antipatía el ascenso del ministro Godoy y, sin decirlo explícitamente, lo explica por sus relaciones íntimas con la Reina: «personaje oscuro, elevado por favor de la prepotente soberana a la suprema categoría […] simple guardia de Corps […] alguna oculta razón hubo de existir para realizarse tan vergonzosa metamorfosis, razón que no consignaremos, porque debiendo apoyarla en conjeturas, tan fácil le será hacerlas al lector como a nosotros» (Ibidem, vol. 9, pp. 410-411). Y si con antipatía ve el progreso cortesano de Godoy, con verdadera saña proclama las maldades de su egoísta e interesada persona para el gobierno de España (Ibidem, vol. 9, p. 419). <<

[394] Ibidem, vol. 9, pp. 425-426. <<

[395] Ibidem, vol. 9. pp. 487-489. No obstante reconocer la evidente adhesión del pueblo barcelonés a los reyes borbónicos, Bofarull, como hombre liberal, deja cierta constancia de una interpretación, entre crítica e irónica, en la que viene a decirnos que la adhesión de las clases dirigentes era la propia de quienes estaban interesados en mantener su situación de privilegio en el poder local, y que en el caso del «pueblo dedicado ejemplarmente a sus tareas artesanas y apenas teniendo idea de lo que se fraguaba en el mundo político […] estaba siempre dispuesto, con sus gremios organizados, para cuanto le indicasen, en sentido de festejos públicos, así las autoridades oficiales como aquellos respetables señores en quienes fiaba el gobierno la administración o representación de la ciudad» (p. 488). <<

[396] Ibidem, vol. 1, p. 566. <<

[397] En su obra Bofarull utiliza preferentemente cuatro grandes fuentes informativas. La primera es el Archivo de la guerra de la Independencia en Cataluña ubicado en el Archivo de la Corona de Aragón, fondo documental que afirma que le posibilitó elaborar su investigación. Un gran fondo documental que, a su juicio, prueba que Cataluña era la «comarca de España [que más] se distingue […] por su espíritu histórico» (vol. 1, p. 11), al haber sido capaz de conservar dicho arsenal documental. La segunda obra es la del conde de Toreno, Historia del levantamiento, guerra y revolución de España, investigación que considera pionera aunque no se priva de señalar algunos de sus vacíos documentales. La tercera publicación es la ya mencionada de Adolfo Blanch, Historia de la guerra de la Independencia en el Antiguo Principado, de la que opina que, siendo capaz de establecer los hechos con corrección, tiene escasez interpretativa y es demasiado aduladora y poco crítica en ocasiones. Y, por último, la Barcelona cautiva del padre Raimundo Ferrer de San Felipe Neri, a la que califica como un meritorio almacén de datos (acerca de esta obra de Bofarull, cf. Borja Villalonga, Representar la nació…, pp. 312-320). <<

[398] Antonio de Bofarull, Historia crítica de la Guerra…, vol. 1, p. 544. <<

[399] Según Bofarull, fue «el gobierno supremo de la nación, que reconociendo la manera de guerra que se hacía en Cataluña, y queriendo extenderlo a otras provincias, imaginó la formación de cuerpos francos, a que se dio el nombre de guerrillas» (Ibidem, vol. 1, p. 284). <<

[400] Ibidem, vol. 1, p. 566. <<

[401] Ibidem, vol. 1, p. 568. <<

[402] Ibidem, vol. 2. p. 410. Bofarull dedica un capítulo entero a las Cortes de Cádiz en su segundo volumen (pp. 409-431). <<

[403] Ibidem, vol. 2, p. 410. <<

[404] Ibidem, vol. 2, p. 521. <<

[405] Así lo afirma al menos Bofarull: «A nosotros, que venimos historiando los sucesos de nuestra desgraciada y subyugada patria catalana […]» (Antonio de Bofarull, Historia crítica…, vol. 9. p. 295). <<

[406] Esta valoración positiva respecto a la importante dedicación al Setecientos de Bofarull no impide que comparta algunas de las críticas de Ramon Grau referidas a cuestiones heurísticas como el escaso manejo bibliográfico o su estilo a veces algo enrevesado y apologético (Ramon Grau, «L’aportación dels historiadors romàntics…», p. 234). Con todo, tengo la sensación de que, en general, se es bastante más exigente, <<

[407] Cf. Eva Serra, «Una aproximació a la historiografía catalana. Els antecedents…», p. 41. <<

[408] Antonio Ferrer del Río, Decadencia de España. Primera parte. Historia del levantamiento de las Comunidades de Castilla 1520-1521, Madrid, 1850, p. XXII. Recordemos que Ferrer del Río era un autor reconocido por la mayoría de los historiadores catalanes por la coincidencia liberal con él y también por compartir la valoración negativa de la derrota de los comuneros frente al autoritarismo que para todos ellos inauguró Carlos V. Autoritarismo político que eliminaría la veterana ordenación política medieval española, a la que consideraba plena de libertades, dando paso con ello a la decadencia. En cuanto al siglo XVIII, es especialmente Bofarull quien coincide en general con la muy positiva valoración que Ferrer hace de Carlos III como monarca reformista. <<

[409] Cf. Pere Anguera, «El catalanisme en la historiografía catalana», Recerques, 29 (1994), pp. 61-83, y «Nacionalismo e historiografía en Cataluña. Tres propuestas en debate», en Carlos Forcadell (ed.), Nacionalismo e historia, Zaragoza, 1998, pp. 73-88. <<

[410] En este sentido, me parece que las tesis de Miquel Almirall son más aplicables en nuestro caso que las de Pi de Cabanyes o Jorba, cf. Oriol Pi de Cabanyes, Apunts d’historia de la Renaixença, Barcelona, 1984, p. 232; Manuel Jorba, Història de la literatura catalana, Barcelona, 1986, vol. 7, p. 137, y Miquel Almirall, «L’Espanyolitat dels fundadores de la Renaixença», L’Avenç, 169 (1993), pp. 68-61. <<

[411] Esta era una opinión que no solo se sostenía desde Cataluña. Así lo expresaba también, por ejemplo, el historiador romántico y liberal Fermín Gonzalo Morón cuando escribía en 1841 que «hay sobre todo la necesidad de abstenerse de juzgar nuestro país [España] por rasgos generales, porque aunque el fondo de nuestra civilización es idéntico, todo es parcial, vario y distinto en las provincias, sin que hayan destruido esta variedad los más calculadores golpes de autoridad de Felipe II y Felipe V, y los remedios y desacertadas medidas de las épocas constitucionales» (Curso de historia de la Civilización de España, Madrid, 1841, vol. 1, p. 48). <<

[412] Víctor Balaguer, La libertad constitucional. Estudios sobre el gobierno político de varios países y en particular sobre el sistema sobre el que se regía antiguamente Cataluña, Barcelona, 1858, p. 148 (citado también por Ramon Grau, «L’aportació…», p. 247). <<

[413] Jaume Vicens Vives, Industrials i polítics (segle XIX), Barcelona 1958, pp. 187-207. <<

[414] Debemos recordar que la existencia de las historias generales de Cataluña no fue un fenómeno único en la España de la época, puesto que el romanticismo promocionó en muchos lugares la aparición sostenida de la historia regional o local. En este sentido, bien puede decirse que, influida por las ideas románticas, la historia ayudó a fomentar la conciencia regional española y en cierta medida el sentido de las Españas, siendo en Cataluña donde tal vez ello es más perceptible por la densidad de su personalidad histórica. En este contexto tuvo lugar un resurgir de la historia regional pero también de las historias provinciales o locales. Como bien dice Manuel Moreno Alonso, fue un fenómeno relacionado en gran medida con «el amor romántico a la patria chica» y en el que la historia «llegó a constituirse en piedra de toque a la hora de fundamentar las bases sobre las que se asienta toda región, convirtiéndose en claro reflejo y palanca activa de este fenómeno» (Manuel Moreno Alonso, Historiografía romántica…, pp. 413-420). <<

[415] Cf. Flocel Sabaté, «El nacimiento de Cataluña. Mito y realidad», Fundamentos medievales de los particularismos hispánicos, Ávila, 2005, pp. 223-276; «La construcción ideológica del nacimiento unitario de Cataluña», en María Isabel del Val Valdivieso y Pascual Martínez Sopena (eds.), Homenaje al profesor Julio Valdeón, vol. I: Castilla y el mundo feudal, Valladolid, 2009, pp. 95-110. <<

[416] Ignacio Peiró, Los guardianes de la historia…, pp. 36-100, y Ignacio Peiró y Gonzalo Pasamar, La Escuela Superior de Diplomática (los archiveros en la historiografía española contemporánea), Madrid, 1996. <<

[417] A título de ejemplo, véase la obra de Antonio Cánovas, Historia de la decadencia de España desde el advenimiento de Felipe III al trono hasta la muerte de Carlos II (Madrid, 1854), donde queda clara su postura crítica ante los particularismos regionales que, a su entender, no supieron solucionar ni los Reyes Católicos ni los Austrias. De ahí también su genérica valoración positiva a la tarea histórica de los Borbones, que ayudaron a la unidad de España mediante una política centralizadora. <<

[418] Entre otros ejemplos, podemos recordar a Bofarull cuando, criticando el libro Historia de España: desde el tiempo primitivo hasta el presente escrito por Charles Romey (Madrid, 1839), reprocha que se considere «la nacionalidad castellana como representación única de la española, y solo se ocupa en el desenvolvimiento de su idioma, sin hacer caso de los demás» (Historia crítica…, vol. 2, p. 463). <<

[419] Entiendo por presentismo cuando de manera inconsciente o voluntaria el historiador juzga el pasado a partir de sus propias experiencias y con las categorías conceptuales, morales e ideológicas de su presente. Es decir, cuando los presupuestos de hoy se imponen anacrónicamente a los del ayer, desvirtuando por descontextualización la verdadera idiosincrasia de cada época histórica, incluyendo la distorsión de la electiva de los temas a investigar. Una nociva manera de historiar esta del presentismo que, practicada con especial fulgor durante el Ochocientos, ha continuado contaminando buena parte de la historiografía catalana posterior. <<

[420] Así lo expresa, por ejemplo, Víctor Balaguer en el prólogo a la reedición de su obra en 1885: «Solo me falta añadir ahora, y con esto respondo también a otra observación de la crítica, que no apunto nada, ni nada adelanto en estas páginas sin apresurarme a descubrir la fuente en donde he ido a buscarlo, teniendo buen cuidado en presentar mi opinión aislada; que solo así puede escribirse la historia, con perfecta buena fe, corrigiéndose a uno mismo o corregido por los demás, para llegar al conocimiento y depuración de la verdad, única que ha de aparecer dominante y absoluta en trabajos de esta índole» (Historia de Cataluña, Madrid, 1885, pp. XIV). <<

[421] Pienso que sería realmente útil profundizar en el asunto del público lector de estas producciones historiográficas del siglo XIX. Entre otras posibles fuentes documentales, podrían ser un buen recurso informativo las listas de suscriptores que a veces aparecen en algunas de ellas. Fontana recuerda, por ejemplo, la que surge en el libro de Víctor Balaguer Bellezas de la historia de Cataluña, donde importantes prohombres de la empresa o de la intelectualidad figuran como compradores de la obra (Josep Fontana, «El romanticisme…», p. 544). <<

[422] Para los casos típicos de Francia y Alemania, cf. Roger Brubaker, Citizenship and nationhood in France and Germany, Cambridge/Harvard, 1992. <<

[423] Joan Lluís Marfany, Diccionari d’Història de Catalunya, Barcelona, 1992, p. 908. <<

[424] Resulta significativa la cierta reivindicación de la historiografía romántica efectuada en tiempos recientes por Josep Fontana. En efecto, este historiador considera necesario contextualizar a dichos historiadores y recordar que abrieron un camino fundamental para la creación de la historia nacional catalana, un camino sin el cual no hubiera habido custodia de la memoria histórica de Cataluña, ni posteriormente un público catalán para leer la historia más «científica» (el entrecomillado es de Fontana) pero no menos reivindicativa y recuperadora escrita por Rovira, Soldevila o el propio Vicens. Un camino que ofreció una doble virtualidad en la que este autor también incluye a Capmany y Caresmar: conservar la identidad catalana y ofrecer una correcta fundamentación histórica a los específicos proyectos políticos y económicos que debían servir para una Cataluña diferenciada del resto de España. Entre los autores románticos su preferido es Piferrer, al que considera el primero en dibujar «les gran líneas de la història nacional de Catalunya», mientras que entre Balaguer y Bofarull parece inclinar sus simpatías un tanto más por el primero, tal vez por encontrarlo ideológicamente más afín o porque vinculaba con mayor claridad discurso político e historiográfico (cf. «Ciència històrica i consciència nacional catalana», L’Avenç, 100 (1987), pp. 70-76; «El romanticisme i la formació d’una història nacional catalana», El segle romàntic. Actes del Col·loqui sobre el Romanticisme, Vilanova i la Geltrú, 1995, pp. 539-549 y «Els historiadors romántics», L’Avenç, 200 (1996), pp. 10-11. Aun reconociendo las limitaciones profesionales, como por otra parte también hace Fontana, una reivindicación de la historiografía romántica del siglo XIX como elemento positivo de «restuaració nacional» también puede leerse en Eva Serra, «Una aproximació…», pp. 34-42). <<

[425] En este sentido muestro mi acuerdo con Ramon Grau cuando afirma que «no sempre justificat a la vista de les obres individuals, el desprestigi generalitzat de la historiografia catalana del vuit-cents entre els historiadors professionals del segle XX és un efecte comprensible d’aquell estat de coses» (T.P. “no siempre justificado a la vista de las obras individuales, el desprestigio generalizado de la historiografía catalana del Ochocientos entre los historiadores profesionales del siglo XX es un efecto comprensible de aquel estado de cosas”) («L’aportación dels…», p. 224). Cabe recordar también que Grau no deja de ponderar a historiadores románticos catalanes como Víctor Balaguer, en parte porque considera que, desde el punto de vista filosófico, ni racionalismo ni romanticismo atesoran la razón completa y ambos tienen parte de la misma, siendo pues el diálogo y la fecundación recíproca lo que, a su juicio, debería evitar las descalificaciones mutuas producidas entre ambas corrientes. De hecho, Grau recuerda que su admirado Capmany también derivó hacia el romanticismo en su última etapa y que Balaguer compartía con aquel la misma idea de progreso derivada de la ilustración y buena parte de su proyecto político basado en la recuperación de las Constituciones catalano-aragonesas frente al liberalismo centralista de inspiración francesa. («La historiografia del romanticisme: de Pòsper de Bofarull a Víctor Balaguer», en Història de la Historiografía catalana, Barcelona, 2004, pp. 141-159). <<

[426] Para este período del catalanismo, cf. Josep Antoni González Casanovas, Fedelarisme i autonomia a Catalunya (1868-1939), Barcelona, 1974; Horts Hina, Castilla y Cataluña…, pp. 149-240; Joan-Lluis Marfany, La cultura del catalanisme. El nacionalisme català en els seus inicis, Barcelona, 1996, y Vicente Cacho Viu, El nacionalismo como factor de modernización, Barcelona, 1998. <<

[427] Francesc Pi i Margall, Las nacionalidades, Barcelona, 1877, pp. 204-213 (la edición utilizada es la editada por la Biblioteca de Bolsillo, n.º 59, Madrid, 1936). Sería muy interesante realizar un examen más pormenorizado de las posiciones de Pi i Margall, especialmente las contenidas en sus opiniones de carácter más histórico (cf. Fernando Wulff, Las esencias patrias…, pp. 164-167; Andreu Navarra, La región sospechosa…, pp. 41-47, y Francisco Martí Gilabert, La Primera República Española, Madrid, 2007). Recordemos, por otra parte, que un joven y más bien romántico Pi i Margall se encargó de continuar los Recuerdos y bellezas de España de Pau Piferrer desde 1848, seguramente por su eficacia demostrada desde 1842 en una editorial rival que elaboraba España. Obra pintoresca (Ramon Grau, «L’aportació…», p. 230). <<

[428] Valentí Almirall, Lo catalanisme, Barcelona, 1886 y España tal como es (la España de la Restauración), prólogo de Antoni Jutglar, Madrid, 1983. Sobre Almirall, cf. Juan Trias Vejarano, Almirall y los orígenes del catalanismo, Madrid, 1975; Iman Fox, La invención de España…, pp. 73-78; Enric Ucelay da Cal, El imperialismo catalán…, pp. 89-117; Josep Maria Figueras, Valentí Almirall. Forjador del catalanisme polític, Barcelona, 1990, y Josep Pich i Mitjana, Valentí Almirall i el federalisme intransigent, Barcelona-Catarroja, 2006. <<

[429] Valentí Almirall, España tal como es…, pp. 85 y 196-198. <<

[430] Acerca de la personalidad y la ideología de Roca, cf. Félix Cucurull, Conciència nacional i alliberament, Barcelona, 1978; Jordi Llorens, «Estudi preliminar», en Josep Narcís Roca i Farreras, El catalanisme progressiu, Barcelona, 1983, pp. VII-XXI (se trata de una selección de artículos periodísticos de Roca que es la utilizada aquí para analizar sus posiciones frente al absolutismo borbónico); Pere Gabriel, «Catalanisme i republicanisme federal al Vuicents», AA. VV., El catalanisme d’esquerres, Girona, 1997, pp. 31-82; Toni Strubell, Josep-Narcis Roca i Farreras (1834-1891), Barcelona, 2010, pp. 89-98, y Borja Villalonga, Representar la nació…, pp. 386-389. <<

[431] Ibidem, artículo «La iniciativa de Catalunya», pp. 103-109. Así lo expresa Roca: «El nostre pensament és la iniciativa de Catalunya per atraure’s l’estimació de les altre províncies i per reclamar legalment […] la descentralització […] i aixo per totes les d’Espanya; no per a les catalanes, ni per a Catalunya solament. Desitgem per al Principat aquesta glòria espanyola, aquest honor dins l’Espanya, llorejat per les altres províncies de l’Estat espanyol; no volem la seva antipatia; no volem que Catalunya sia mai el centre i la fortaleza de pretensions odiosas a la majoria de la Nació i d’Europa» T.P. “Nuestro pensamiento es la iniciativa de Cataluña para atraer la estimación de las otras provincias y para reclamar legalmente […] la descentralización […] y esto para todas las Españas; no para los catalanes, ni para Cataluña únicamente. Deseamos para el Principado esta gloria española, este honor dentro de España, acompañado por las otras provincias del Estado español; no queremos su antipatía; no queremos que Cataluña sea nunca el centro y la fortaleza de pretensiones odiosas a la mayoría de la Nación y de Europa”)(p. 108). <<

[432] Ibidem, p. 5. (T.P. “Moralmente no habría degenerado el carácter catalán, seríamos catalanes puros y varoniles todavía. Así como somos catalanes españoles a la no castellana. Intelectualmente hubiéramos llegado más pronto al movimiento filosófico, político y científico de Europa. Cataluña separada, sola, independiente, dejada en paz por Austrias y Borbones, libre de la unidad española y de su centralización, habría hecho por ella misma, da se, como dicen en Italia, mucho más que ha hecho siendo provincia de España”). <<

[433] Ibidem, pp. 21-25. <<

[434] Josep Torras i Bages, La tradició catalana, Barcelona, 1892, pp. 1-12 y 132 138. Cf. Oriol Colomer, El pensament de Torres i Bages, Barcelona, 1991, y Fortià Solà Moreta, Biografia de Josep Torras i Bages, Barcelona 1996, 3 vol. <<

[435] Esta es la idea que expresa al menos en el momento de defender a Ramon LLàtzer de Dou que, como bien sabemos, fue un pensador indulgente con el absolutismo borbónico (Josep Torras i Bages, La tradició catalana…, pp. 702-709) (cf. Casimir Martí, «Torras i Bages: el regionalisme tradicionalista, un antitipus ètico-històric del sistema de la Restauració», en Albert Balcells (ed.), El pensament polític…, pp. 159-177). <<

[436] Josep Torras i Bages, La tradición catalana…, pp. 662-709. <<

[437] Sobre el importante personaje que Mañé fue en la sociedad catalana de su época, no tenemos todavía una visión de conjunto. Sin embargo, es preciso destacar la tesis doctoral de Jordi Bou i Ros, Joan Mañé i les seves primeres passes (1823-1847), que como puede apreciarse únicamente aborda sus primeros años. Asimismo, es necesario también consultar de este mismo autor «Joan Mañé i Flaquer i el discurs conservador català. Regeneració o conservació?», Fulls de recerca i pensament, vol. 18, 44 (2003), pp. 73-92. Existen dos biografías de interés realizadas tras su desaparición por dos coetáneos suyos: Guillem Graell, Juan Mañé y Flaquer: su biografía, Barcelona, 1903 y Joan Maragall, Biografía de D. Joan Mañé y Flaquer, Barcelona, 1912. <<

[438] Jordi Bou, «Joan Mañé i Flaquer i el conflicto foral al territori basc», en L’estat-nació i el conflicte regional: Joan Mañé i Flaquer, un cas paradigmàtic, 1823-1901, Barcelona, 2004, pp. 90-131. <<

[439] Citado por Pere Anguera, «Joan Mañé i Flaquer: llengua i regionalismo», en L’estat-nació i el conflicte regional…, p. 239 (cf. Joan Mañé i Flaquer, Colección de artículos, Barcelona, 1856). <<

[440] Pere Anguera, «Joan Mañé i Flaquer…», p. 237. <<

[441] Joan Mañé i Flaquer, El regionalismo, Barcelona, 1897, pp. 149-150 en la edición consultada de 1900. Mañé, en acuerdo con Balmes, creía además que no era viable retornar al antiguo modelo político catalán anterior a Felipe V y pensaba que se engañaban quienes afirmaban «que es posible resucitar sus antiguos fueros, convocar sus Cortes y obligar a los monarcas de Castilla a que hagan pronunciar la antigua fórmula: Plau al senyor rey» (Ibidem, p. 158). Cf. asimismo su breve obra, también tardía, Un ensayo de regionalismo: cartas a José Pella y Forgas, Barcelona, 1897. <<

[442] Sobre la biografía intelectual y humana de Romaní, cf. Giovanni C. Cattini, «La construcció de l’Estat nacional espanyol i els intelectuals perifèrics. La crítica regionalista d’en Francesc Romaní i Puigdengolas», en L’Estat-nació i el conflicto regional…, pp. 33-61. <<

[443] Acerca de las aportaciones de los juristas catalanes a la política y al catalanismo, cf. Angel Comalada, Catalunya davant del centralisme, Barcelona, 1984, y Borja de Riquer, Epistolari polític de Manuel Duran i Bas, Barcelona, 1990. <<

[444] Francisco Romaní, Antigüedad del regionalismo español, Barcelona, 1890, p. 258. <<

[445] Ibidem, pp. 290-291. <<

[446] Ibidem, p. 281. <<

[447] Ibidem, p. 283. <<

[448] Ibidem, p. 295. <<

[449] Ibidem, p. 285. <<

[450] Ibidem, pp. 287-305. <<

[451] Ibidem, p. 288. <<

[452] José Antonio González Casanova, Federalisme i autonomía a Catalunya, Barcelona, 1974, pp. 153-161 y 494-519. Resulta muy interesante el discurso histórico que contiene el Memorial, señalando tres etapas de la pérdida de la personalidad de Cataluña frente a una Castilla dominadora del Estado español finalmente construido: la época pausada e indirecta de los Austrias, los tiempos más abruptos de Felipe V y el período liberal que se abre en las Cortes de Cádiz negando la personalidad constitucional catalano-aragonesa. Asimismo, sobre el Decreto de Nueva Planta el texto recuerda que su alcance fue menor del afirmado hasta entonces, puesto que no derogó buena parte del tradicional ordenamiento catalán sino que lo dejó en suspenso, aunque fue evidente que toda la acción de gobierno de los Borbones resultó castellanizadora (pp. 502-506). Recordemos, finalmente, que entre los redactores del documento se encontraban, entre otros, personajes como Francesc Romaní, Valentí Almirall y Josep Pella i Forgas. <<

[453] Para el ambiente político de esta época, cf. Conxita Mir (ed.), Actituds políques i control social a la Catalunya de la Restauració (1875-1923), Lleida, 1989; Borja de Riquer, «La Catalunya del Noucentisme», en AA. VV., El Noucentisme, Barcelona, 1987, pp. 9-18; Josep Termes, De la revolució de setembre a la fi de la guerra civil (1868-1939), en Pierre Vilar, História de Catalunya, vol. VI, Barcelona, 1987, pp. 55-154; Historia del catalanisme fins al 1923, Barcelona, 2000, pp. 145-332, y JoanLluis Marfany, La cultura del catalanisme…, pp. 23-220. <<

[454] Joaquim Rubio i Ors, Lecciones elementales de historia de España, Barcelona, 1885, pp. 149-153-154-157. <<

[455] Sobre la figura de Aulèstia es preciso consultar Antonio Gil Ambrona, «Antoni Aulèstia i Pijoan. Compromiso catalanista e historia: una trayectoria de difícil equilibrio», Manuscrits, 11 (1993), pp. 259-279; Eva Serra, «Una aproximació a la historiografía catalana. Els antecedents…», pp. 39-46; Jaume Sobreques, «Les històries generals de Catalunya en el periodo històric de la Renaixença i el Romanticisme (Segle XIX)», en VV. AA., La historiografía catalana, Girona, 1990, pp. 19-35, y Ramon Grau y Marina López Guallar, «Sobre la tradició historiogràfica», L’Avenç, 145 (1991), pp. 64-69. <<

[456] Respecto a este último autor, me refiero a su Barcelona. Su pasado, presente y porvenir, obra publicada en Barcelona en 1878 y que más adelante analizaremos con más detalle. <<

[457] Antoni Aulèstia, História de Catalunya, Barcelona, 1887, 2 vol., prólogo, pp. IX-XI. (T. P. “resolver el gran problema del regionalismo (contribuyera a) aumentar el entusiasmo por las glorias de la tierra (y que, no obstante,) no es que quiera decir que la historia haya de ser parcial y servidora de una escuela política determinada; sino que queremos significar que dentro del criterio riguroso de la verdad, puede aleccionar a los de hoy e inspirarles un sincero espirítu de patria”). <<

[458] Ibidem, vol. 2, p. 451. (T.P: “la última región de España que había sostenido las tradiciones de libertad quedaba ya a los pies del absolutismo”). <<

[459] Ibidem, vol. 2, p. 462. (T.P. “el abatimiento del esclavo que ha perdido toda esperanza”). <<

[460] Ibidem, vol. 2, p. 468. (T.P. “una aparente grandeza, le faltaba el fundamento que la había mantenido en equilibrio durante tantas centurias, y quedaba expuesta a no encontrar reposo verdadero”). <<

[461] Ibidem, vol. 2, p. 500. <<

[462] Ibidem, vol. 2, pp. 497-500. <<

[463] Ibidem, vol. 2, p. 480. (T.P. “había comenzado decididamente el camino hacia la vida moderna, dando impulso a todas sus actividades”). <<

[464] Ibidem, vol. 2, p. 528. <<

[465] Ibidem, vol. 2, pp. 529-530. (T.P. “Todo el patriotismo que se quiera, pues, reconocer a los que daban a España la constitución de Cádiz, no es obtáculo para que, con toda imparcialidad, deba negarse que esta consiguiera la armonía que se proponía; como lo demuestra la experiencia de encontrarse divididos desde aquel momento los españoles en dos campos, que hicieron y han continuado haciendo dura guerra”). <<

[466] Borja Villalonga, Representar la nació…, p. 401. <<

[467] Para el caso de la historiografía de la Restauración y el papel de la Real Academia de la Historia, cf. Ignacio Peiró, Los guardianes de la historia…, pp. 153-169; «Los historiadores oficiales de la Restauración (1874-1910)», Boletín de la Real Academia de la Historia, tomo 193, cuaderno 1, (1996), pp. 13-72, y Benoît Pellistrandi, Un discours national? La Real Academia de la Historia entre science et politique (1847-1897), Madrid, 2007. Para el caso del siglo XVIII es preciso consultar, por ejemplo, la visión favorable que ofrece Manuel Danvila en su Reinado de Carlos III (Madrid, 1890-1896, 6 volúmenes). <<

[468] Norbert Font i Sagué, Història de Catalunya, Barcelona, 1898, p. 9. El manual tuvo sin duda cierto éxito puesto que se hicieron cuatro ediciones hasta 1933. (T.P. “Si quisieramos averiguar los factores más importantes que han intervenido en la reivindicación de la Nacionalidad Catalana, los medios que más han contribuido a que el catalanismo, o mejor, el nacionalismo catalá llegara al estado actual, sin duda encontraríamos que, másque los desaciertos y vejaciones del centralismo, han sido los estudios históricos”). <<

[469] Ibidem, p. 12. <<

[470] Recordemos que, como informa Rosa Alabrús, Font se dedicó a editar textos austracistas como el Via fora el adormits, El Despertador de Catalunya o el Record de l’Aliança (Felip V…, p. 82, nota 24). (T.P. “el rey más funesto que ha tenido la Nacionalidad Catalana”). <<

[471] Norbert Font, Història de Catalunya…, pp. 142-145. (T.P. “Cataluña entra en una rápida decadencia y abatimiento, como un esclavo que ha perdido toda esperanza de libertat”). <<

[472] Ibidem, p. 145. (T.P. “gracias a las leyes de carácter económico, al sistema proteccionista que imperó con todo rigor, y a la reparación de la gran injusticia cometida con la privativa concedida al comercio de Andalucía para enviar sus naves a América”). <<

[473] Sobre las aportaciones intelectuales, políticas e historiográficas de Prat de la Riba, cf. Jordi Solé Tura, Catalanisme i revolució burguesa. La síntesis de Prat de la Riba, Barcelona, 1967; Jordi Casassas, «Enric Prat de la Riba: la tenacitat d’un estratega», en Albert Balcells (ed.), El pensament polític catalá…, pp. 179-192; Albert Balcells, Enric Prat de la Riba i l’Institut d’Estudis Catalans, Barcelona, 1997; «Evolució del pensament polític de Prat de la Riba», en Enric Prat de la Riba, Obra completa, Barcelona, 1998, vol. 1, pp. 21-93; Enric Ucelay-Da Cal, El imperialismo catalán…, pp. 174-220; Santos Juliá, «Despertar a la nación dormida: intelectuales catalanes como artífices de la identidad catalana», Historia y Política, 8 (2002), pp. 57-91; Manuel Pérez Nespereira, Prat de la Riba: nacionalisme i formació d’un estat català, Barcelona, 2007; Giovanni C. Cattini, Prat de la Riba i la historiografia catalana. Intel·lectuals i crisi política a la fi del segle XIX, Catarroja-Barcelona, 2008, pp. 157-318, y DD. AA., Enric Prat de la Riba, ahir i avui, Barcelona, 2009. <<

[474] Acerca del contexto histórico y político de Prat de la Riba, cf. Borja de Riquer, Lliga regionalista: la burguesia catalana i el nacionalisme (1898-1904), Barcelona, 1977; Regionalistes i nacionalistes (1898-1931), Barcelona, 1979, y Alfonso XIII y Cambó. La monarquía y el catalanismo político, Madrid, 2013, pp. 37-111. <<

[475] Recogido por Albert Balcells, «Prat de la Riba i la història, i en especial, la de Catalunya», en Enric Prat de la Riba…, p. 331. (T.P. “De todos los conocimientos humanos, es indudable que los que influyen de una manera más directa y decisiva en la formación del criterio político son los conocimientos históricos […] Por eso los que no saben historia acostumbran a no tener criterio político o a tener un criterio apriorístico que para calificarlo de una manera u otra se acaba por denominar filosófico; por eso también los que tienen conocimientos históricos equivocados orientan en una dirección equivocada su pensamiento político […] De aquí viene que los interesados en modificar la conciencia de un país se esfuercen en darle una historia más o menos falsificada […] Tal y como se había creado la enseñanza entre nosotros, nuestro pueblo había ignorado que hubiera tenido vida propia y efectivamente lo ignoraba”). <<

[476] Enric Prat de la Riba, La nacionalitat catalana, Barcelona, 1906, p.14. Pese a su clara posición de rotundo rechazo a las disposiciones de Felipe V tras la guerra sucesoria, Prat no era partidario de celebrar el 11 de septiembre; más bien pensaba que en el deber de ensalzar el espíritu patriótico era más adecuado fijarse en las etapas de esplendor y en sus principales protagonistas que en los momentos de derrota y decadencia (David Martínez Filiol, «Creadores de mitos…», p. 353). (T.P. “pobre, sin acción política, sin cultura propia, sometida al gobierno, a la lengua, a la dirección social de otro pueblo, Catalunya perdió la noción de la propia personalidad, se convirtió en provincia”). <<

[477] Enric Prat de la Riba, «La dominació castellana», en Obra Completa, Barcelona, 1998, vol. 1, pp. 314-316. <<

[478] En efecto, el Compendi fue posteriormente reeditado, para el caso de los tiempos medievales y modernos, por la Colección Minerva en 1918 bajo el título de Història de la nació catalana, siendo esta la edición que se ha utilizado en el presente estudio. Edición póstuma en la que según algunos historiadores algo tuvo que ver Ferran Soldevila, puesto que un año antes había fallecido Prat. Recuérdese también que en 1912 había sido publicado el libro de Josep Rafael Carreras i Bulbena, Villarroel, Casanova, Dalmau. Defensor heroics de Barcelona en el setge de 1713-1714, en el que se presenta a estos personajes como héroes frente a la tiranía felipista que encabezaba una agresión contra Cataluña. Por cierto, Prat siempre mostró admiración por los resistentes de 1714, pero también defendió siempre que no había que imitar su tipo de actuación bélica dado el evidente fracaso que supuso que los catalanes fueran los únicos aliados que acabaron perdiendo. <<

[479] Enric Prat de la Riba, Història de la nació…, p. 26. (T.P. “no tardó en excitarlos en contra suya violando por todos los medios las leyes de Cataluña”). <<

[480] Ibidem, p. 30 <<

[481] Ibidem, p. 27. <<

[482] José Álvarez Junco, Mater dolorosa…, pp. 533-608; Santos Juliá, Historias de las dos Españas…, pp. 115-138; Borja de Riquer, Escolta, Espanya…, pp. 35-58, y Xosé M. Núñez Seixas, «La construcción del Estado-nación español en el siglo XIX: ¿Éxito incompleto o fracaso relativo?», en L’Estat-nació i el conflicte regional: Joan Mañé i Flaquer, un cas paradigmàtic, 1823-1901, Abadía de Montserrat, 2004, pp. 7-31. <<

[483] Enric Prat de la Riba, «Discurs del President del Centre Escolar Catalanista de Barcelona», Obra Completa…, vol. 1, p. 138 (edición del Institut d’Estudis Catalans, Barcelona, 1998). Sobre las referencias al mundo medieval en la historiografía del siglo XIX, cf. Matilde González López, «Romanticisme historicista a Catalunya. Medievalisme, llegenda i identitat nacional», Afers, 19 (1994), pp. 709-719; Maximiliano Fuentes, «La Catalunya medieval en la construcción del nacionalismo Lligaire-Noucentista», Historia Contemporánea, 45 (2012-II), pp. 605-606; «Continuïtat i ruptura en la construcció del nacionalisme català en el tombant de segle: la Catalunya medieval en Prat de la Riba i Eugeni D’Ors», en Ramón Arnabat y Antoni Gavaldà (eds.), Projectes nacionals, identitats i relacions Catalunya-Espanya. Homenatge al doctor Pere Anguera, Catarroja-Barcelona, 2012, vol. II, pp. 451-460, y Martín F. Ríos, «La Reconquista en la construcción de la identidad nacional: el ejemplo de la historiografía catalana (siglos XVI-XIX)», en Flocel Sabaté (ed.) Identitas, Lleida, 2012, pp. 271-289. <<

[484] Por estas fechas se pronunciaba en un sentido parecido Salvador Bové, al reclamar la vuelta a las instituciones que el Decreto de Nueva Planta había dejado maltrechas o desaparecidas. Una vuelta a las instituciones que requería la recuperación incluso de la Generalitat y las antiguas Cortes catalanas, y con ellas las viejas y venerables libertades fraguadas en los tiempos medievales. En opinión de Bové, ello era necesario para restablecer plenamente la identidad de Cataluña y también para asegurar su desarrollo como país, dado que «qui romp la tradició, imposibilita el progrés» (p. 45). Es decir, la vuelta al mundo anterior a los Borbones era en realidad la vuelta a un camino de progreso (Salvador Bové, Institucions de Catalunya. Les Corts, la Diputació, lo Consell de Cent, les Gremis y lo Consolat de Mar, Barcelona, 1894, pp. 44-45, 106-108 y 146). <<

[485] Borja Villalonga, Representar la nació…., p. 402. <<

[486] Joan-Lluís Marfany, «Mitologia de la Renaixença i mitologia nacionalista», L’Avenç, 164 (1992), pp. 26-29. <<

[487] Era algo parecido al tipo de «originalidad histórica» que podemos encontrar en la tarea investigadora de afamados historiadores castellanos como Claudio Sánchez Albornoz o Ramon Menéndez Pidal, cuando tratan de resolver mediante el recurso a los estudios históricos el «enigma histórico de España» [cf. Miguel Angel Ladero Quesada, «¿Es todavía España un enigma histórico? (releyendo a Sánchez Albornoz)», Lecturas sobre la España histórica, Madrid, 1998, pp. 317-341]. <<

[488] Cf. Ferran Valls i Taberner, «Els estudis històrics i arqueològics a Catalunya durant el primer quart del segle XX», Revista de Catalunya, 9 (1928), p. 123-148; Ramon Grau, «El pensament històric…», p. 122; «L’aportació dels historiadors…», pp. 238-239; Jordi Casassas, «La historiografia del positivisme», Història de la historiografia…, pp. 161-186, y Enric Pujol, «Fi de segle i avenç cientific. La historiografia catalana a la fi del Vuit-cents», El contemporani, 10 (1996), pp. 32-38. <<

[489] Acerca de la obra historiográfica de Sanpere i Miquel, cf. Ramon Grau, Diccionari d’història de Catalunya, Barcelona, 1992, p. 963 y «L’aportació dels historiadors romàntics», en Pere Gabriel (dir.), Romanticisme i Renaixença, 1800-1860, en Història de la cultura catalana, vol. IV, Barcelona, 1995, pp. 234-238. Creo que Sanpere es uno de los estudiosos catalanes merecedores de una biografía sobre su trayectoria política y sus aportaciones intelectuales. <<

[490] Cf. Jordi Casassas, Entre Esci.la i Caribdis…, pp. 295-296 y 203-206. Sobre el ambiente intelectual y político de este período, cf. asimismo Jordi Casassas, «Espacio cultural y cambio político. Los intelectuales catalanes y el catalanismo», Espacio, Tiempo y forma, Serie V. t. 6 (1993), pp. 55-80. <<

[491] Salvador Sanpere i Miquel, Barcelona. Su pasado, su presente y su porvenir, Barcelona, 1878, p. 111. <<

[492] Ibidem, p. 112. <<

[493] Ibidem, p. 14. <<

[494] Ibidem, pp. 112-114. <<

[495] Ibidem, pp. 14-15. <<

[496] Ibidem, pp. 13 y 109. <<

[497] Ibidem, p. 109. <<

[498] Ibidem, p. 110. <<

[499] Ibidem, p. 21. <<

[500] Ibidem, pp. 16-17. <<

[501] Ibidem, pp. 23-24 y 61. <<

[502] Ibidem, pp. 96-97. <<

[503] Ibidem, p. 111. <<

[504] Ibidem, p. 87. <<

[505] Ibidem, pp. 94-95. <<

[506] Joan Lluís Marfany, La cultura del catalanisme…, pp. 23-46; David Martínez Fiol, «Creadores de mitos…», pp. 353-356, y Magí Sunyer, Els mites…, pp. 266-270. <<

[507] Salvador Sanpere i Miquel, Fin de la nación catalana, Barcelona, 1905, p. 145 (he utilizado la edición facsímil de la Editorial Base de 2001). Cf, asimismo, el excelente estudio introductorio de Joaquim Albareda, «Salvador Sanpere i Miquel i el Fin de la nación catalana», pp. 5-27. <<

[508] Ibidem, pp. 327-333. De este modo critica Sanpere esta situación de conflicto institucional: «Disminuir, anular el gobierno nacional, los diputados, sustituirles con una autoridad ilegal [Consell de Cent], revolucionaria sin hacer revolución alguna, era desprestigiar la misma causa que con tanto tesón se defendía, era dar la razón al enemigo del sistema de gobierno de Cataluña, que lo declaraba incompatible con el espíritu moderno, con aquel espíritu francés que se había declarado igualmente incompatible con las libertades catalanas, con el sistema centralista que triunfaba en Barcelona al centralizarse el mando en los Concelleres» (p. 327). <<

[509] Ibidem, p. 316. De esta manera Sanpere señala la división interna del austracismo: «Pero ¿cómo dudar de la existencia de una cuestión política interna que pone de un lado a los Brazos Eclesiástico y Militar y del otro al popular, sostenida por este en nombre de la ley, del principio foral, cuestión que se resuelve en la integridad de la Coronela y su jefe, es decir, de todos sus tradicionales privilegios, derechos y costumbres, cuando vemos a los Brazos privilegiados rendirse a las exigencias del Brazo popular?». <<

[510] Ibidem, pp. 275-276. En el momento de la resistencia final, cuando se decide nombrar a la Virgen de la Merced generala de la ciudad en sustitución de Villarroel, son muy significativas las palabras de Sanpere acerca del ambiente que se respiraba en esos momentos: «Fanatizado, pues, el pueblo de Barcelona, fanáticos y supersticiosos en grado sumo la mayoría de sus jefes, por no decir casi la totalidad, ¿a quién iban a confiarse en el momento supremo del peligro, cuando les abandonaba su general en jefe, más que a aquella virgen que ya les había salvado en 1706?» (p. 521). <<

[511] Ibidem, p. 562. <<

[512] Ibidem, p. 690. Recordemos también que posteriormente Sanpere escribió un interesante estudio sobre las consecuencias urbanísticas y sociales de la construcción de la ciudadela por parte de las autoridades borbónicas (Los terrenos de la Ciudadela, Barcelona, 1911). Sanpere tenía interés en estas cuestiones urbanísticas como demostró su colaboración con Ildefonso Cerdá en los estudios para el ensanche barcelonés. <<

[513] Salvador Sanpere y Miquel, Fin de la nación…, p. 278. <<

[514] Ibidem, pp.267-268. <<

[515] Ibidem, pp. 519-520. <<

[516] Frederic Rahola, Los diputados por Cataluña…, pp.7-10. <<

[517] Miquel dels Sants Oliver, Catalunya en temps de la Revolució Francesa, Barcelona, 1911-1912, pp. 19-21. <<

[518] Josep Pella i Forgas, Llibertat y Antich govern de Catalunya, Barcelona, 1905, pp. 314-318. Cf, asimismo, Josep Pella i Forgas, Código civil de Cataluña, Barcelona, 1916. En este texto Pella afirma textualmente: «Mal siglo el XVIII para Cataluña, y peor para su derecho» (p. 116). <<

[519] Josep Ventalló, Historia de la industria lanera catalana: monografía de sus gremios, Barcelona, 1904. <<

[520] Frederic Rahola, Comercio de Cataluña con América en el siglo XVIII, Barcelona, 1931 (la edición es póstuma y el libro lo escribió después de su contribución sobre los diputados catalanes en Cádiz). Para entender cabalmente sus posiciones favorables a la política proteccionista y de libre comercio de los Borbones y sus benéficas consecuencias para Cataluña, debemos recordar que el polifacético Rahola fue un personaje hondamente vinculado a la burguesía catalana proteccionista a través del Fomento del Trabajo y de la Lliga Regionalista. <<

[521] Angel Ruiz y Pablo, Historia de la Real Junta Particular de Comercio de Barcelona (1758-1847), Barcelona, 1919, pp. 1-6 (se ha utilizado la edición realizada por la Editorial Alta Fulla en 1994 y que contiene una excelente «Nota a l’edició» de Josep Maria Fradera). <<

[522] Carles Pi Sunyer, L’aptitud econòmica de Catalunya, Barcelona, 1927-1929, 2 vols. He consultado la edición realizada por La Magrana en 1983, pp. 24-30. Sobre la personalidad y la obra de Pi i Sunyer, cf. Ricard Vinyes, «La “norma” republicana, el darrer trajecte de la utopia liberal», en la misma edición citada, pp. V-XXII y «Carles Pi i Sunyer: una contribución republicana a la cultura socialista» en Albert Balcells (ed.), El pensament politic…, pp. 297-305. <<

[523] Carles Sanllehy, La sucesión de Carlos II, Barcelona, 1933, 2 vol. Sanllehy era nieto del gran prócer de la burguesía catalana Manuel Girona, marqués de Caldes de Montbui, al tiempo que fue también presidente de la Academia de Bones Lletres (1942-1954) y de la Caixa d’Estalvis de Barcelona (1942-1964). <<

[524] Fèlix Duran i Canyameres, Els exiliats de la Guerra de Successió, Barcelona, 1964. Recordemos, para aclaración del lector, que Duran fue también hombre de leyes como doctorado en derecho y un activo participante en la recuperación de la cultura catalana, así como militante de Unió Democratica de Catalunya. <<

[525] Fèlix Duran i Canyameres, Catalunya sota el govern dels reis absoluts de la casa de Borbó, segons documents trets principalment de l’arxiu de l’Audiencia de Barcelona, Barcelona, 1935. <<

[526] Ibidem, p. 124. (T.P. “En este trabajo nuestro, casi todo han estado negruras para Cataluña, pero con la abolición de las condiciones de extranjería, consignada ya en el decreto de nueva planta se preparaba la obertura para los catalanes del camino de América y no tardó mucho en renacer la industria catalana y en fomentarse la riqueza material con acertadas medidas del gobierno, lo cual más adelante supuso el renacimiento de los estudios y las artes y aconsecuencia de ello, el del espíritu nacional de nuestra tierra”). <<

[527] Albert Balcells, «Prat de la Riba i la història…», p. 334. <<

[528] Sobre la personalidad y el pensamiento de Rovira, cf. Artur Bladé, El meu Rovira i Virgili, Barcelona, 1981 y Antoni Rovira i Virgili i el seu temps, Barcelona, 1984; Anna Sallés, «Antoni Rovira y Virgili: teoria i pràctica de Catalunya», en la edición de La Magrana de Antoni Rovira i Virgili, Resum d’història de Catalunya, Barcelona, 1983, pp. V-XXX; Jaume Sobrequés, Antoni Rovira i Virgili. Història i pensament polític, Barcelona, 2000; VV. AA., Rovira i Virgili. 50 anys después, Valls, 2000 (especialmente los artículos de Eva Serra y Pere Anguera); Xavier Ferré, De la nació cultural a la nació política. La ideología nacional d’Antoni Rovira i Virgili, Barcelona, 2005, y Jordi Ginebra, Llengua i política en el pensament d’Antoni Rovira i Virgili, Barcelona, 2006. Confieso que hubiera sido realmente muy interesante disponer de una extensa opinión de Rovira sobre el siglo XVIII y poder así contrastar sus opiniones con las de Soldevila y Vicens. <<

[529] Antoni Rovira i Virgili, Resum d’història del catalanisme, Barcelona, 1983, p. 70. Sin embargo, David Martínez Fiol recuerda que veinte años antes, en 1913, cuando Rovira todavía formaba parte de la Unión Federal Nacionalista Republicana y se sentía atraído por el proyecto noucentista de la Lliga, «había despreciado los hechos del sitio de 1714 por significar una derrota y ser consecuencia de una guerra dinástica y no de una guerra verdaderamente nacionalista como pudo ser la revuelta dels Segadors de 160» («Creadores de mitos…», pp. 358-359). La opinión de Rovira de que 1714 no fue una guerra dinástica sino de libertad nacional se encuentra asimismo en «Siginificaciò històrica de l’Onze de Setembre», La Humanitat, 97, (1949) p. 1 [recopilado en Antoni Rovira i Virgili, Sobre història de Catalunya. Escrits de l’exili (1939-1949), Barcelona, 2012, pp. 176-178]. <<

[530] Antoni Rovira i Virgili, «La significació del 1714», artículo publicado en La Publicitat en 1937 y recopilado en Quinze articles. Viatge a la URSS, Barcelona, 1985, pp. 48-49 (texto también reproducido por Martínez Fiol, «Creadores de mitos…», p. 360). (T.P. “En cada siglo, en cada dinastía, en cada época, Cataluña se ha alzado contra los poderes absolutos, opresores, reaccionarios o totalitarios. Y es que ella ha estado, es y será democrática, igualitaria, progresiva y liberal. Podemos decir que Cataluña ha rechazado siempre el fascismo bajo las formas que este se ha revestido históricamente. Joan II, Felipe IV, Felipe V representan en el fondo, lo que hoy representa Franco”). <<

[531] Antoni Rovira i Virgili, «El 1714 i el 1939», La Humanitat, 115 (1949), p. 1 (en Antoni Rovira i Virgili, Sobre història…, pp. 186-187). <<

[532] Antoni Rovira i Virgili, Historia dels moviments nacionalistas, Barcelona, 1912-1914, p. 188 y El nacionalismo catalán, Barcelona, 1916, pp. 86-97 y 100. <<

[533] Antoni Rovira i Virgili, El nacionalismo…, pp. 102-108. <<

[534] Antoni Rovira i Virgili, La nacionalizació de Catalunya. Debats sobre’l catalanisme, Barcelona, 1979, pp. 238 y 250 (edición de la editorial Altafulla). <<

[535] Jaume Sobrequés, admirador de la obra de Rovira, reconoce este servicio a la ideología pero, si no entiendo de manera inadecuada sus palabras, ve en él uno de los grandes méritos de su obra: «En totes aquestes obres, l’estudi apassionat i seriós del pasat està al servei de la ideología i de la manera d’entendre Rovira i Virgili el futur de Catalunya. I aquest és, potser, l’elogi més gran que pot fer-se-li als nostres dies: haver assumit fins al capdavall un compromís al servei del poble y haver posat tot l’esforç erudit i científic a la mercè d’aquest compromís» (Jaume Sobrequés, Antoni Rovira…, p.23). (T.P. “En todas estas obras, el estudio apasionado y riguroso del pasado está al servicio de la ideología y de la manera de entender Rovira i Virgili el futuro de Cataluña. Y este es, posiblemente, el elogio más grande que se le puede hacer en nuestros días: haber asumido hasta el fondo un compromiso al servicio del pueblo y haber puesto todo el esfuerzo erudito y científico a la merce de ese compromiso”). <<

[536] Antoni Rovira i Virgili, «Ferran II el Catòlic i els remenses», La Publicitat, 28 de agosto de 1935. Sobre el pensamiento historiográfico de Rovira es muy interesante consultar la extensa introducción a su Història nacional de Catalunya. <<

[537] Jaume Carrera Pujal, Historia política y económica de Cataluña, Barcelona 1946-1947, 4 vol., especialmente vol. 1, pp. 1-11; La Barcelona del segle XVIII, Barcelona, 1951; La Lonja del Mar y los Cuerpos de Comercio de Barcelona, Barcelona, 1953; La enseñanza profesional en Barcelona en los siglos XVIII y XIX, Barcelona, 1957. Recordemos la revalorización relativa que Pierre Vilar hizo de la obra de Carrera en cuanto a su utilidad como fuente documental (Catalunya dins l’Espanya moderna, Barcelona, 1964-1969, vol. 1, p. 32). <<

[538] Pau Romera, Història de la industria catalana, Barcelona, 1952, vol. 1, pp. 151-154. <<

[539] Sobre la obra de Soldevila, cf. Josep Fontana y Lluís Duran, Per conèixer Ferran Soldevila, Barcelona, 1994; Josep Fontana, «Nacionalista de rara objetivitat», El País, 27 de octubre de 1994; Enric Pujol, Ferran Soldevila. Els fonaments de la historiografía catalana contemporànea, Castarroja-Barcelona, 1995; Història i reconstrucció nacional. La historiografia catalana a l’època de Ferran Soldevila, Catarroja-Barcelona, 2003 y «Ferran Soldevila i la historiografia catalana del seu temps (1894-1971)», Butlletí de la Societat Catalana d’Estudis Històrics, 12 (2001), pp. 197 207, y Eva Serra, «Ferran Soldevila. Vint anys després», El contemporani, 2 (1994), pp. 15-21. <<

[540] Cf. Juan Mercader Riba, «Veinticinco años de historiografía catalana. A propósito de la segunda edición de la “Historia de Catalunya” de F. Soldevila», Hispania, XXIII (1963), pp. 606-623, y Ramon d’Abadal, «Introducció», en Ramon d’Abadal y otros, Moments crucials de la història de Catalunya, Barcelona, 1962, pp. IX-XXXVII. <<

[541] Resulta difícil ubicar de forma coherente en el presente estudio las obras de Soldevila, Vicens y Vilar. Ello se debe a que, si bien en el tiempo la primera síntesis de Soldevila corresponde a los años treinta, a lo largo de estas páginas se hace referencia únicamente a la reedición de 1963 porque es su versión más acabada sobre el Setecientos catalán, lo que significa que entonces Soldevila ya conocía las obras de Vicens y de Vilar que se analizarán en este mismo trabajo, aunque en el caso de Vilar, el propio Soldevila confiesa que no pudo utilizar su magna obra Catalunya dins l’España moderna por haberle llegado la versión francesa cuando la suya se estaba ya compaginando en la imprenta (Ferran Soldevila, Història de Catalunya, p. 1084, nota 58). Además, Vicens también tenía conocimiento de las primeras aproximaciones de Vilar y de las primeras versiones de Soldevila, mientras que por haber fallecido ya no conoció en cambio la última síntesis de Soldevila ni la publicación señera de Vilar. Finalmente, se ha optado por situar a Soldevila primero por creer que con él se culmina la historiografía de sesgo catalanista del XIX, rumbo que no seguirán del mismo modo ni Vicens ni por supuesto Vilar. <<

[542] Cf. Enric Pujol, «La historiografia noucentista. Un assaig de definició», El contemporani, 4 (1998), pp. 36-43; «Els historiadors republicans d’esquerra. L’equip intelectual de la Generalitat republicana», El contemporani, 18 (1999), pp. 29-35; «La historiografia del noucentisme i del període republicà», Història de la historiografia…, pp. 187-204, y Albert Balcells y Enric Pujol, Història de l’Institut d’Estudis Catalans, Catarroja-Barcelona, 2003. Pujol considera que Soldevila se formó en el Noucentisme, fue parte de la intelectualidad contra la dictadura de Primo de Rivera, se convirtió en un destacado representante de los historiadores de izquierdas que apoyaron a la Generalitat republicana y, finalmente, se integró en la resistencia antifranquista. Por tanto, bien podría decirse que vivió dos etapas de fuerte institucionalización de la vida política catalana: alrededor de la Mancomunitat de Catalunya y la creación del Institut d’Estudis Catalans primero y de la Generalitat republicana después, y que, en ambos casos, Soldevila se puso a disposición de dicho proceso institucionalizador nacional como intelectual de primera fila y como historiador. <<

[543] Ramon Grau, «Neoromanticisme», Diccionari d’història de Catalunya, Barcelona, 1992, pp. 733-734. <<

[544] Esta es la opinión de Vilar comparando en este sentido la relación de Soldevila con Cataluña a la de Michelet con Francia [cf. Pierre Vilar, «Un testimonitage», Serra d’Or, (julio 1971), p. 19]. <<

[545] Cf. Ferran Soldevila, El compromis de Caspe. Respòsta al Sr. Menéndez Pidal, Barcelona, 1965. <<

[546] Ferran Soldevila, Historia de España, vol. I, p. 391. <<

[547] Acerca de la búsqueda de los equilibrios interpretativos por parte de Soldevila, cf. Francisco Tomás y Valiente, «Prólogo» a la Historia de España de Ferran Soldevila (vol. 1, pp. VII-XV). <<

[548] En efecto, si tenemos en cuenta que en la edición de 1963 de su Història de Catalunya dedica unas 200 páginas (1/7 parte) al Setecientos (desde la guerra de Sucesión a la guerra Napoleónica) de un total de 1403 que tiene la obra en su conjunto, resulta significativo que 90 páginas se centren en la contienda sucesoria y sus consecuencias, 42 en los tres reinados borbónicos y 65 en los tiempos de la Revolución Francesa y de la invasión napoleónica. Distribución de esfuerzos literarios que conduce a pensar que aquello que más importancia tenía para el historiador catalán era la pérdida de las libertades del principado y las consecuencias, resistencias y pervivencias que comportaron en el resto de la centuria [cf., además, sus consideraciones sobre la contienda sucesoria en Moments crucials de la història de Catalunya, publicado en 1962, o «Catalunya en la guerra de Successió», en Recerques i Comentaris, 1 (1929), pp. 11-18; también hay interesantes aportaciones respecto a Cataluña en su capítulo «La guerra de Sucesión a la Corona de España» en el segundo volumen de su Historia de España. <<

[549] Ferran Soldevila, Historia de España…, vol. 2, pp. 413-414. <<

[550] Ferran Soldevila, Història de Catalunya, p. 1105. (T.P. “una vez asegurado el trono español, siempre habría tiempo, si convenía, para emprender una política represiva —este era posiblemente el razonamiento del monarca”). <<

[551] Esta opinión la sostiene también Soldevila en su artículo «La presó de Pau Ignasi de Dalmases i Ros, enviat de Barcelona a Felip V», en Homentage a Rubió i Lluch, Barcelona, 1936, vol. 3, pp. 481-498; en su Historia de España, vol. II, p. 418, y también en «Catalunya en la Guerra…», pp. 13-14. <<

[552] Ferran Soldevila, Historia de España, vol. 2, p. 419. <<

[553] Aunque es bien cierto que Soldevila demuestra ser buen dominador del conjunto de la bibliografía disponible en los primeros años sesenta, sus principales referencias para construir su discurso sobre la contienda sucesoria son dos autores austracistas como Feliu de la Penya y Castellví y dos autores de sesgo catalanista como Sanpere y, con menor utilización, Bruguera. Por el contrario, escritores marcadamente felipistas como el marqués de San Felipe, por ejemplo, apenas son citados alguna vez. <<

[554] Ferran Soldevila, «Catalunya en la Guerra…», p. 13. <<

[555] Ferran Soldevila, Història de Catalunya, p. 1106. (T.P. “La solución, para todos, rey y súbditos, partidarios y desafectos, catalanes y castellanos, habría estado que no hubiera llegado nunca. Su intevención fue tan nefasta para Cataluña que, por mucho que Felipe V hubiera querido disminuir, en un tiempo futuro, las libertades de la tierra, no habría llegado nunca a abatirla como la abatió al final de la guerra que ahora comienza”). <<

[556] En su Historia de España Soldevila ahonda en esta tesis cuando afirma: «Es la pasión concentrada e intransigente de las guerras civiles españolas que, finalmente, ha despertado también al pueblo castellano, y que lo lanza a impedir el triunfo de un rey que no sea el que él quiere dar a España —y el triunfo de un pueblo hispánico que no sea él mismo». Es decir, que en el apoyo de Castilla a Felipe «entraba por mucho el odio de los castellanos hacia los catalanes, aragoneses y portugueses» (vol. 2, p. 422). <<

[557] Ferran Soldevila, «Catalunya en la Guerra…», pp. 11-12. <<

[558] Ferran Soldevila, Història de Catalunya, pp. 1128-1130 y pp. 1160-1161. (T.P. “Puede que el seny más auténtico había de aconsejar, paradójicamente, la temeridad: ya solo ella podía salvar las instituciones catalanas de una muerta segura. La submisión no representaba, en ningún cualquier caso, la conservación de las libertades propias: solo representaba el ahorro de sufrimiento y de vidas” […] “una semilla de patriotismo que no ha dejado de fructificar”). <<

[559] Ferran Soldevila, Recerques…, pp. 42-43 y 50-52. <<

[560] Modesto Lafuente, Historia de España, Madrid, 1852, vol. 8, p. 529. <<

[561] Ferran Soldevila, Història de Catalunya, pp. 1111. (T.P. “Evidentemente, no se debatía, como en 1640, una inmediata cuestión de vida o muerte para Cataluña. Podía escoger, y de hecho uso esta libertad de elección. El resultado final de la lucha demostró, con la inexorabilidad de los hechos, que se había equivocado”). <<

[562] Ferran Soldevila, «Catalunya en la Guerra…», pp. 11-12. <<

[563] Ferran Soldevila, «Catalunya en la Guerra…», pp. 14-16. <<

[564] Ferran Soldevila, Història de Catalunya, p. 1133. (T.P. “Se ha dicho, con razón, que los hombres de 1640 era superiores a los de 1714 […] pero contribuyó a volver más acertada la actuación de aquellos el hecho de obedecer a un único sentimiento, poderoso, y un solo objetivo constante: la conservación de las libertades”). En efecto, recordemos ahora aquí que la arenga de Villarroel ante las tropas resistentes el día del asalto de Barcelona finalizaba recordando que «per nosaltres y per tota la Nació española combatem» (T.P. “Por nosotros y por toda la Nación española combatimos”) (Francesc de Castellví, Narraciones históricas, vol. VI, p. 381), y también que los Comunes invocaban ese mismo día que luchaban por las libertades de Cataluña y de toda España (Salvador Sanpere i Miquel, Fin de la nación…, p. 547). <<

[565] Ferran Soldevila, Història de Catalunya, pp. 1145-1146. (T.P. “La propuesta era de categoría, y no me parece seguro que hubiera sido rechazada, sobre todo si los catalanes se avenían a aceptar la discusión sobre sus Privilegios y a probar de salvar los esenciales, sacrificando otros formularios y renunciables sin mermar la libertat”). Esta posición ha hecho afirmar a David Martínez Fiol, analizando la edición de 1935, que Soldevila compartía la interpretación de Prat de la Riba y del catalanismo conservador vinculado a la Lliga Catalana en referencia a la equivocación histórica de quienes en 1713 decidieron continuar la guerra contra Felipe V en lugar de buscar posiciones más negociadoras que hubiesen salvado el orden constitucional catalán, justificando de este modo las propias posiciones de la Lliga en los antecedentes de la guerra civil de 1936 («La construcción mítica del “Onze de Setembre de 1714”…», pp. 228-232). Como veremos, mi posición en este sentido, analizando la versión de 1963, que es sustancialmente idéntica a la de 1935 respecto a la guerra sucesoria, es más matizada, pues creo que Soldevila trató de conformar en este asunto a pactistas y resistentes, aunque con algo de mayor énfasis encomiástico respecto a estos últimos. Racionalmente Soldevila parece admitir que hubo ocasión para negociar y conservar así una parte de las libertades, pero como nacionalista no estaba dispuesto a que se hicieran reproches «a aquells herois d’haver encès una tan viva i poderosa flama en holocaust a la nostra llibertat moribunda, i d’haver sabut enfonsar-se entre resplendors de tragèdia, així como escau a un gran poble» (T.P. “a aquellos héroes que encendieron una tan viva y poderosa llama en holocausto a nuestra libertad moribunda, y de haber sabido hundirse entre resplandores de tragedia, tal como hace un gran pueblo”). («Catalunya en la Guerra…», p. 18). Como puede apreciarse se manifiesta aquí, una vez más, la elegante pluma romántica y patriótica de Soldevila. <<

[566] Ferran Soldevila, «Unes sessions de la Cambra des Lords en 1714», Revista de Catalunya, 58 (1929), pp. 210-215; y «Anglaterra i Catalunya. Les relacions anglo-catalanes durant la guerra de Successsió», Manuscrits, 13 (1995), pp. 13-27. <<

[567] Tanto en su Història de Catalunya (p. 1175) como en su Historia de España (vol. 2, p. 441), Soldevila emplea el concepto «terrorismo militar» para referirse a la represión felipista, una idea expuesta ya por los historiadores románticos del siglo XIX, sin duda de valiente exposición en una época de dictadura franquista y que después han utilizado historiadores de sesgo catalanista como Josep María Torras i Ribé, Felip V…, p. 21. Un terrorismo militar que, en su opinión, se practicó para castigar la «heroica tenacidad» de los catalanes y para «precaución contra toda veleidad de revuelta». <<

[568] Soldevila se muestra en desacuerdo respecto a la valoración que Bofarull realizó de la figura de Joan Pere Barceló, alias Carrasclet, al que tildaba de bandolero (Antonio de Bofarull, Historia…, vol. 9, p. 216). Por el contrario, Soldevila opina que se trataba de un «patriota a su manera», de la manera que solo podía serlo quien «no volgués acceptar la submissió» y quisiera castigar a las autoridades catalanas que él consideraba traidoras. Persona de orden, el historiador barcelonés reconoce que había en Barceló comportamientos seguramente nada edificantes pero también un comprensible patriotismo rebelde que no se resignaba a capitular. Barceló representaba para Soldevila la «darrera guspira de la lluita armada dels catalans contra l’Estat espanyol» (T.P. “el último suspiro de la lucha armada de los catalanes contra el Estado español”). (Ferran Soldevila, Història de Catalunya, pp. 1190 y 1194). <<

[569] En su escrito «L’esperit bel·licós», Soldevila recuerda que el Decreto de Nueva Planta modificó esencialmente y formalmente las condiciones de vida del pueblo catalán, entre ellas su antiguo espíritu belicoso, y que fue una medida perfecta desde el punto de vista borbónico y del nacionalismo español (cf. Recerques i comentaris, Barcelona, 1929, vol 1, p. 32). <<

[570] Ferran Soldevila, Història de Catalunya, p. 1200. <<

[571] Ibidem, p. 1188. <<

[572] (T.P. “caldo de cultivo de un inconformismo rebelde y la añoranza por las libertades perdidas”).Soldevila afirma que fruto de ese «caliu» de inconformismo rebelde y añoranza por las libertades que todavía existían en «alguns catalans», aparecieron escritos como el Via fora els adormits, en 1734, y el Record de l’Alianza, en 1736, dos textos que han sido en nuestra actual historiografía profusamente estudiados por todos los autores que se han ocupado de las pervivencias del austracismo durante el siglo XVIII. Escritos que considera ineficaces e ilusos pero al tiempo las últimas manifestaciones de unos anhelos de recuperación nacional que no volverán a aparecer tímidamente hasta las guerras con Francia a finales del siglo y con verdadera firmeza hasta la Oda de Aribau en 1833 (Ibidem, pp. 1196-1198). <<

[573] Ibidem, p. 1199. (T.P. “toda Cataluña iba adentrándose en la vida de sumisión y desnacionalización”). (T.P. “Ni Estado a parte ni Estado hegemónico no habían resultado alcanzables: los catalanes iban a ensayar convertirse en provincia”). <<

[574] Ibidem, p. 1188. <<

[575] Ibidem, pp. 1203-1204. (T.P. “también le sirve de alimento”). <<

[576] Ibidem, p. 1183. <<

[577] Ibidem, p. 1171. <<

[578] Ibidem, p. 1201. <<

[579] Ferran Soldevila, Historia de España, vol. 2, pp. 466-488. <<

[580] Ibidem, vol. 2. p. 532. <<

[581] Ibidem, vol. 2, pp. 466-467. <<

[582] Ferran Soldevila, Història de Catalunya, pp. 1201-1202. <<

[583] Ibidem, p. 1185. (T.P. “su animadversión a las cosas del país”) (T.P. “plumas serviles”, se refiere a escritura servil). <<

[584] Ibidem, p. 1201. <<

[585] Ibidem, p. 1207. (T.P. “uno de los hechos más trascendentales de nuestra historia en general y de nuestra historia económica en particular: la articulación de la economía catalana con la de los otros territorios peninsulares)”. En su Historia de España, Soldevila recuerda con una positiva valoración los numerosos testimonios de la expansión catalana por toda la Península: muchos catalanes estableciendo tiendas de tejidos en las aldeas y ciudades de Castilla y otros miles promocionando la pesca en Galicia (vol. 2, p. 518). <<

[586] Es muy interesante la opinión de Soldevila acerca de las razones por las cuales Barcelona fue elegida como sede de las expediciones. Su opinión es que pudieron ser varios motivos alternativos, algunos de ellos o bien todos juntos reunidos: el buen emplazamiento geográfico de Barcelona, la creencia de Patiño como responsable de Marina de que en la ciudad podía conseguir los elementos necesarios para equipar las expediciones, una demostración de fuerza regia ante una Barcelona todavía intranquila o bien una señal de que con Felipe V, el rey que había anulado las instituciones, las cosas irían tan bien como en tiempos de Carlos V (Història de Catalunya, p. 1192). <<

[587] Ferran Soldevila, Historia de España, vol. 2, p. 521. <<

[588] Ferran Soldevila, Història de Catalunya, p. 1215. <<

[589] Ferran Soldevila, Historia de España, vol. 2, pp. 506-507. <<

[590] Ferran Soldevila, Història de Catalunya, pp. 1207. <<

[591] Ibidem, p. 1217. <<

[592] Al comentar en su Historia de España la nueva fiscalidad inaugurada en Cataluña con la Nueva Planta, Soldevila, sin referirse directamente a su posible bondad o maldad para la economía catalana, sí recuerda en cambio que la desaparición del antiguo sistema sirvió para el fortalecimiento del Estado, hizo que una Cataluña menos saqueada que Castilla aportara prontos recursos a la hacienda pública (incluso por encima de sus fuerzas en un primer momento como mostró la queja inútil de los catalanes), y consiguió que, cuando el principado se desarrolló industrialmente gracias a la paz y a los progresos técnicos, se convirtiera «en uno de los sustentáculos económicos del Estado español» (vol. 2, p. 453). <<

[593] Ferran Soldevila, Història de Catalunya, p. 1214 <<

[594] Ibidem, p.1208. (T.P. “políticamente hundida, nacionalmente desecha, será levantada y rehecha por el trabajo”). <<

[595] Ibidem, p. 1218. (T.P. “a la cabeza de la economía española”). <<

[596] Ibidem, p. 1212. (T.P. “resurgimiento industrial y mercantil”). <<

[597] Ibidem, p. 1217. <<

[598] Me refiero al título «Desfeta política i embranzida econòmica. Segle XVIII», que encabeza el volumen 5 de la Història, política, societat i cultura dels Països Catalans dirigida por Borja de Riquer y publicada en Barcelona en 1995. Asimismo, en este sentido es también significativo el título que Josep Maria Torras ofrece en su síntesis para el tercer volumen de la Història de la cultura catalana, publicado en Barcelona en 1996: «La Catalunya setecentista: recuperació económica i sotmetiment polític». Está claro, pues, que la contraposición soldeviliana de derrota política y recuperación económica, ya formulada por otros autores del siglo XIX, ha soportado el paso del tiempo y perdurado en nuestra moderna historiografía. <<

[599] Ferran Soldevila, Història de Catalunya, p. 1219. <<

[600] Soldevila otorgó a la institución cervariense una gran importancia, como lo demuestra el haberle dedicado una parte considerable de una de sus pocas monografías referidas al Setecientos. En su Barcelona sense universitat i la restauració de la Universitat de Barcelona (1714-1837), publicada en 1938, su opinión es que, al margen de sus buenas o malas condiciones académicas, la Universidad de Barcelona fue suprimida por su austracismo. Asimismo, piensa también que su sustituta Cervera practicó un obligado servilismo y tuvo un carácter en general reaccionario, lo que a su criterio no fue obstáculo para que acogiera a personajes de una indudable catalanidad como Josep Finestres ni que fuera la escuela de numerosas personalidades científicas como Manuel Milá i Fontanals, que después resultaron precisamente claves en la restauración de la Universidad de Barcelona. <<

[601] A pesar de esta opinión, Soldevila recuerda también que, al mismo tiempo, se mantuvo dentro de la Academia un cierto «caliu de catalanitat», demostrado por la existencia de algunos proyectos sobre la historia y la cultura catalanas que no llegaron a buen puerto, un «caliu» que, en su criterio, se hizo más evidente en la bisagra finisecular con algunas vagas manifestaciones de regionalismo político que anunciaban tiempos venideros de «renaixença» (Ferran Soldevila, Barcelona sense…, pp. 88-92). <<

[602] Ferran Soldevila, Història de Catalunya, p. 1207. <<

[603] Ibidem, p. 1217. <<

[604] Ibidem, p. 1243. <<

[605] Ibidem, pp. 1247-1250. <<

[606] Ibidem, pp. 1263-1287. En otro orden de cosas, es curioso constatar cómo, al contrario que en su Historia de España (vol. 3, cap. 53), Soldevila no emplea en su Història de Catalunya el término de guerra de la Independencia sino el de guerra Napoleónica, concepto el primero que sí aparece en cambio fugazmente en su artículo «L’esperit bel-licós» (Recerques, p. 5). <<

[607] Ferran Soldevila, Història de Catalunya, p. 1294. <<

[608] Ibidem, pp. 1267-1269. <<

[609] Ferran Soldevila, «L’esperit bel-licós…», Recerques, p. 52. (T.P. “No hace falta decir, hombres liberales que somos, en el caso concreto de la Guerra Gran nos gustaría mucho más ver a nuestros antepasados colaborando con la obra de la Revolución Francesa antes que oponiéndose”). <<

[610] Ibidem, pp. 1226-1230. <<

[611] Ibidem, p. 1243. (T.P. “adormecimiento provinciano”). <<

[612] Ibidem, p. 1169. <<

[613] Ibidem, p. 1170. <<

[614] Ibidem, p. 1232. <<

[615] Aquí Soldevila recoge las opiniones de Jaume Vicens Vives en su obra Coyuntura económica y reformismo burgués. Dos factores en la evolución de la España del Antiguo Régimen, publicada en 1954 en la revista que este último dirigía, Estudios de Historia Moderna, vol. IV, pp. 351-391. <<

[616] Resulta muy significativo del pensamiento político de Soldevila que, al referirse al resurgimiento de un regionalismo tímido en tiempos de la resistencia catalana contra Napoleón, defina al regionalismo con estas palabras: «El regionalisme és això: coexistencia de dos sentiments patriòtics» (Història de Catalunya, pp. 1267-1269). Cabe preguntarse entonces si Soldevila tenía o no doble sentimiento patriótico y en qué medida ello influyó en su visión de la historia de España o de Cataluña. Desde luego, parece notorio que su sentimiento patriótico es fundamentalmente catalán aunque no se sienta plenamente incómodo con cierta querencia por España. En todo caso, es del mismo modo notorio que considera insuficiente al regionalismo para lo que él pondera como las justas y pertinentes reclamaciones autonomistas de Cataluña, que en su opinión debían mirar hacia el régimen suprimido en los Decretos de Nueva Planta. Y esta importante cuestión resulta evidente que tuvo un indudable peso en las posiciones historiográficas de Soldevila. <<

[617] Entre otras, Soldevila recuerda que en las Cortes de 1789 la representación catalana se había presentado colectivamente con el título histórico de Diputación del Principado de Cataluña, y que en tiempos de la guerra Gran, como consecuencia de la ineficacia de las tropas reales, se había tenido que recuperar la Coronela y el Somatén. Incluso hubo una especie de reunión de representantes de todos los corregimientos catalanes que evocaba en cierta medida las antiguas Cortes, aunque es evidente que su naturaleza era diferente, advierte Soldevila (Ibidem, pp. 1256-1257). <<

[618] Ibidem, pp. 1232-1233, 1256-1257 y 1293-1295. <<

[619] Ibidem, p. 1296. (T.P. “Era la hora decisiva para nuestro pueblo: el momento de ser o no ser, si la hora pasaba inútilmente, Cataluña habría sucumbido para siempre”). <<

[620] Resulta un ejercicio historiográfico interesante comparar las referencias sobre las relaciones entre el absolutismo borbónico y Cataluña que Soldevila hace en sus dos grandes síntesis de Historia de España y de Història de Catalunya (versión de 1963). Sin poder ahondar demasiado al respecto ahora, sí creo conveniente decir que, manteniendo un cuerpo de opinión parecido en bastantes temas, en la primera el tono nacionalista catalán es muy comedido y el concepto de desnacionalización no está apenas presente, siendo acaso sustituido por el más neutro de «asimilación», que era el objetivo que Soldevila situaba en el frontispicio de la política de los Borbones respecto a Cataluña y que, en su opinión, esta fue aceptando sin contradicción (cf., por ejemplo, Historia de España, vol. 2, p. 493). Desde luego, es necesario considerar, por las fechas en las que están publicadas las dos obras, que en el caso de la Historia de España, editada en los años cincuenta, hubiera especialmente en ella la posibilidad de una especie de autocensura del propio Soldevila a la hora de utilizar conceptos como los de «nacionalización» y «desnacionalización» o bien en el momento de tratar algunos temas especialmente «delicados» para la censura franquista (cf. Gonzalo Pasamar, Historiografía e ideología en la posguerra española: la ruptura de la tradición liberal, Zaragoza, 1991; Miquel Angel Marín, Los historiadores españoles en el Franquismo, 1948-1975, Zaragoza, 2005). <<

[621] Cf. esta vinculación entre proyecto político e historiografía en Enric Pujol (ed.), Homenatge a Ferran Soldevila. Textos d’història i política (1924-1967), Barcelona, 1994. <<

[622] Cf. Rosa Montoriol, Ferran Soldevila. 1894-1971. Una aproximació bio-bibliográfica, Barcelona-Catarroja, 1994, pp. 142-145 (se trata de un artículo de Soldevila sin fecha precisada y titulado «De la imparcialitat en la Historia: sine ira et studio»). (T.P. “la historia tiene alguna cosa reivindicativa […] quien expone los hechos es el historiador, y cada historiador tiene su visión de los hechos”). <<

[623] En un breve artículo de tono personal y emotivo, Fontana califica a Soldevila como «un gran historiador: un dels millors que hagi produït la nostra cultura» [El contemporani, 2 (1994), pp. 11-13]. <<

[624] Jaume Vicens Vives, Obra dispersa. Catalunya ahir i avui, Barcelona, 1967, pp. 314-320. <<

[625] Ibidem, vol. 1, p. 502 y vol. 2, p. 210. <<

[626] Ibidem, vol. 1, p. 509. <<

[627] Con motivo del centenario del nacimiento de Vicens se han sucedido las entrevistas a destacados historiadores y los artículos de opinión ponderando su obra. Los textos siguientes me parecen los más destacables. Entre las conferencias publicadas, la de John Elliott, Jaume Vicens Vives, ahir i avui, en el Any Vicens Vives, Barcelona, 10 de febrero de 2010. Entre las entrevistas despunta la efectuada por Josep Maria Muñoz, «John Elliott. Una visió de fora estant», L’Avenç, 355 (2010), pp. 21-29. Entre los artículos de opinión, los de Josep Maria Muñoz y Josep Maria Fradera (La Vanguardia, 17 de marzo de 2010), Jordi Canal [«Vicens Vives, historia en la encrucijada», La Aventura de la Historia, 140 (2010), pp. 76-77] y Genis Barnosell [«Les relaciones perilloses: història i política en Jaume Vicens», L’Avenç, 383 (2012), pp. 60-63]. Y entre los dossiers, los de Enric Pujol, Joaquim Nadal y Carles Gorini, «Vicens Vives, 100 anys», Revista de Girona, 261 (2010), pp. 88-104; «Jaume Vicens Vives, 1910-1960, un intel·lectual determinant», Fent Història, 17 (2010), pp. 18-25; «Taula rodona sobre l’obra de Jaume Vicens Vives», Pedralbes, 30 (2010), pp. 11-122, y el dedicado por la revista Recerques, 63 (2011), pp. 5-66. Por último, mencionar igualmente el libro miscelánea de Lola Harana (ed.), Jaume Vicens Vives, mestre d’historiadors, Barcelona, 2010, y el de Josep María Muñoz (ed.), Album Jaume Vicens Vives (1910-1960), Madrid, 2010. <<

[628] Josep Fontana, «El romanticisme…», pp. 547-549; Santiago Aurell, «Historiadores románticos…», pp. 262-269, y Jaume Sobrequés, Antoni Rovira i Virgili…, pp. 55-74. <<

[629] Eva Serra, «Una aproximació a la historiografia catalana: el nostre segle», Revista de Catalunya, 27 (1989), pp. 47-51; «La història moderna, grandesa i miseria d’una renovació», L’Avenç, 83 (1985), pp. 56-63, y «Vicens Vives: un intent de visió global», Recerques, 63 (2011), pp. 9-20. <<

[630] Enric Pujol, «Un retrat de maduresa», en Jaume Vicens i Vives…, pp. 88-93. Pujol cita entre los historiadores que comparten esta visión a Josep Termes, Albert Balcells, Eva Serra y Antoni Simón. «Jaume Vicens Vives, La revisió d’un mite», El contemporani, 25 (2002), pp. 59-69. <<

[631] Sobre la obra y la trayectoria de Jaume Vicens Vives existe ya una frondosa literatura de la que es preciso destacar, amén de los artículos de discípulos suyos como Giralt o Mercader escritos en los años sesenta después de su fallecimiento, a Josep Maria Colomer, Espanyolisme i catalanisme. La idea de nació en el pensament polític català (1939-1979), Barcelona, 1987, pp. 168-187; Josep Termes, «La historiografia de la postguerra i la represa de Jaume Vicens Vives», La historiografia catalana, Girona, 1990, pp. 37-52; Borja de Riquer, «Jaume Vicens Vives: renovación metodológica y responsabilidad social», Revista de Occidente, 152 (1994), pp. 141-155; «Entre la historia y la política. Jaume Vicens Vives y el complejo compromiso de un intelectual durante el Franquismo», Gerónimo de Ustáriz, 26-27 (2010-2011), pp. 105-120; Josep Maria Muñoz, Jaume Vicens Vives. Un biografía intelectual. Barcelona, 1997; Ricardo García Cárcel, «Jaume Vicens Vives: vida, obra y pensamiento», en Esteban Sarasa y Eliseo Serrano, Historiadores de la España medieval y moderna, Zaragoza, 1998, pp. 283-310; Antoni Simón Tarrés, «Jaume Vicens Vives y el nacimiento de la Escuela de Historia Moderna de Barcelona», Historia y perspectiva de la investigación. Estudios en memoria del profesor Ángel Rodríguez Sánchez, Mérida, 2002, pp. 59-67; Miquel Angel Marin, «La fatiga de una generación. Jaume Vicens Vives y su Historia crítica de la vida y reinado de Fernando II de Aragón», Zaragoza, 2006, pp. IX-CXX, y Cristina Gatell y Glòria Soler, Amb el corrent de proa. Les vides polítiques de Jaume Vicens Vives, Barcelona, 2012. <<

[632] Recordemos que, en 1948, Vicens efectuó un sugerente análisis de la precariedad en la que se encontraba la historiografía modernista catalana en comparación con los estudios medievalistas. Para las investigaciones dedicadas al «prometedor» siglo XVIII, solicitaba la formación de un equipo de trabajo, cuyo líder creía que pronto se encontraría (¿pensaba acaso en Pierre Vilar?), dedicado a revisar la documentación de la Junta de Comercio y de la Audiencia («Notas sobre el desarrollo de la historiografía de la Edad Moderna en Barcelona», en Jaume Vicens i Vives, Obras dispersa…, vol. 1, pp. 72-82). <<

[633] Cf. Josep Maria Muñoz, Jaume Vicens Vives…, pp. 236-256; Miquel Angel Marín, A través de la muralla. Jaume Vicens Vives y la modernización del discurso histórico. Sobre «Aproximación a la Historia de España», Barcelona, 2010, y Cristina Gatell y Glòria Soler, Amb el corrent de proa…, pp. 312-326. Tanto en el caso de Aproximación como en el de Noticia, se han utilizado ediciones posteriores a 1960, año en el que Vicens aprovechó los meses de enfermedad previos a su desaparición para realizar nuevas versiones de ambas obras. <<

[634] Sobre las características de esta obra, cf. Ricardo García Cárcel, «Noticia de Catalunya, crònica sentimental», L’Avenç, junio 1985, pp. 54-57; Josep Maria Muñoz, Jaume Vicens Vives…, pp. 244-256; Borja de Riquer, Avantpròleg a Jaume Vicens Vives, Noticia de Cataluña. Nosaltres els catalans, Barcelona, 2010 (edición de la editorial Vicens Vives) y Cristina Gatell y Glòria Soler, Amb el corrent de proa…, pp. 327-358. <<

[635] Jaume Vicens Vives, «Coyuntura económica y reformismo burgués», Estudios de Historia Moderna, IV (1954), vol. 2, pp. 36-55. Como sabemos, la revista la dirigía el propio Vicens. <<

[636] Jaume Vicens Vives, «La guerra del Francès», en Moments crucials de la Història de Catalunya, Barcelona, 1962, pp. 265-286. <<

[637] Debemos recordar, además, que esta obra hay que enmarcarla en los años cuarenta y cincuenta, cuando en medio de la dura represión franquista frente al «hecho catalán» (a Noticia le costó superar la censura), ya había empezado una parte de la intelectualidad del principado en el exilio a reflexionar de nuevo sobre el país con obras como las de Josep Ferrater Mora, Las formas de la vida catalana, 1944; Josep Trueta, L’esperit de Catalunya, 1946, o Carles Cardó, Història espiritual de les Espanyes, 1947, entre otras. <<

[638] Para estas tempranas opiniones de Vicens es interesante consultar su acerada polémica con Rovira i Virgili en 1935 [cf. Jaume Sobrequés, «Un moment crucial de la historiografía catalana: la polémica entre J. Vicens Vives i A. Rovira i Virgili», Revista de Catalunya, 28 (1989), pp. 70-82; Josep María Muñoz, Jaume Vicens i Vives…, pp. 54-64, y Cristina Gatell y Glòria Soler, Amb el corrent de proa…, pp. 48-51]. <<

[639] Jaume Vicens Vives, Obra dispersa…, vol. 1, pp. 314-320 y 351. <<

[640] Ibidem, vol. 2, pp. 210-212. <<

[641] Ibidem, vol. 1, pp. 72-73. <<

[642] Ibidem, vol. 2, pp. 102 y 210. <<

[643] Enric Pujol, Ferran Soldevila…, pp. 175-177; Josep Maria Muñoz, Jaume Vicens i Vives…, pp. 64-69 y 163-169, y Cristina Gatell y Glòria Soler, Amb el corrent de proa…, pp. 51-52. <<

[644] VV.AA, Epistolari de Jaume Vicens Vives, Girona, 1998, vol. 1, pp. 253-254 y vol. 2, pp. 459-464. <<

[645] Acerca de la importancia histórica de la burguesía catalana y de la urgencia de su renovación para el bien del país, es imprescindible leer su artículo «Hacia una nueva burguesía», Destino, 899, 30 de octubre de 1954 (recogido en Jaume Vicens Vives, Obra dispersa…, pp. 503-505). Sobre las posiciones de Vicens al respecto, cf. Alex Sánchez Suárez, «La burguesía catalana del siglo XIX en la obra de Jaume Vicens Vives», Manuscrits, 3 (1986), pp. 41-71; Josep María Muñoz, Jaume Vicens Vives…, pp. 290-294, y Albert Manent, El molí de l’ombra, Barcelona, 1986, pp. 195-207. <<

[646] Véase a los efectos Coyuntura económica…, pp. 15-58 e Industrials i polítics (segle XIX), Barcelona, 1958. <<

[647] Jordi Canal, «Els conflicte remensa vist pels historiador del segles XIX i XX», Revista de Girona, 118 (1986), pp. 57-63. <<

[648] Josep Maria Muñoz, Jaume Vicens Vives…, p. 347; «Jaume Vicens Vives, historiador i polític», en Miscel·lània d’homenatge a Josep Benet, Barcelona, 1991, pp. 393-409, y Cristina Gatell y Glòria Soler, Amb el corrent de proa…, pp. 112-309. <<

[649] Aunque no poseemos plena certeza, es muy probable que en las posiciones de Vicens sobre la contienda, y especialmente acerca del gobierno del archiduque Carlos, se dejara notar la influencia de Pere Voltes Bou, historiador al que había dirigido la tesis doctoral, leída en 1952, precisamente sobre este tema y al que Vicens reconocía como su discípulo. En este sentido, es sin duda muy instructivo leer el prólogo de Vicens a la obra de Voltes, El archiduque Carlos de Austria, rey de los catalanes, publicada en Barcelona en 1952 (existe también una edición en catalán elaborada por la Editorial Aedos en 1967). <<

[650] Jaume Vicens Vives, Introducción a la historia de España, Barcelona, 1952, p. 121 (he utilizado la edición de bolsillo de 1976 de la Editorial Vicens Vives). <<

[651] Jaume Vicens Vives, Noticia de Catalunya, Barcelona, 1954, pp. 199-204 (he utilizado la edición de agosto de 1969 de Edicions Destino). <<

[652] Jaume Vicens Vives, «Prólogo», pp. 8-9 (edición de 1967) y Obra dispersa…, vol. 1, p. 320 (reseña a la Història de Catalunya de Soldevila). <<

[653] Estas son las palabras de Vicens al respecto en su reseña crítica a la Història de Catalunya de Soldevila: «Explica Soldevila que després de la capitulació del 1714 Catalunya s’esforçà per esdevenir provincia espanyola. Aquesta decisió, quasi sobtada en Soldevila, és un fet permanent en el transcurs del segle XVII català. No, emperò, esforç por esdevenir provincia, sinó sentiment ple dels catalans d’estar integrats en la vida nacional espanyola. Les revoltes de 1640 y del 1714 no són mes que temptatives per mantenir l’“estatu quo” de Ferran II, l’autonomía política […]. El fenòmen podrà avui ésser desagradable, però es de categoría històrica indubtable» (T.P. “Explica Soldevila que después de la capitulación de 1714 Cataluña se esforzó por convertirse en provincia española. Esta decisión, casi de repente en Soldevila, es un hecho permanente en el transcurso del siglo XVII catalán. No, empero, esfuerzo por convertirse en provincia, sino sentimiento pleno de catalanes de estar integrados en la vida nacional española. Las revueltas de 1640 y de 1714 no son más que tentativas por mantener el statu quo de Ferran II, la autonomía política […] El fenómeno podrá ser hoy desagradable, pero es de categoría histórica indudable”).(Obra dispersa…, vol. 1, p. 320). <<

[654] «Prólogo», pp. 9-10. (T.P. “Es injusto pretender que la guerra de Sucesión, desde la primera tentativa de ocupación de Madrid por las fuerzas del Archiduque en 1706, se redujo, en España, a una pura confrontación de la ideología de los Pérez, Gómez y López contra la de los Coll, Cases, Poco y Ferrer; que aquellos fuesen representantes de la única España posible y que estos luchasen por imponer su creo político a los otros miembros de la monarquía […] no hubo prevención popular castellana contra Cataluña ni en Cataluña se tuvo el menor recelo contra la gente de Castilla”). <<

[655] Jaume Vicens Vives, Introducción…, p. 122. <<

[656] Jaume Vicens Vives, «La Guerra del Francès», p. 266. <<

[657] Jaume Vives, Noticia…, pp. 157-160. (T.P. “Cataluña marchará a la cabeza de este movimiento de recuperación, y, de incognito, preparará una nueva España a su gusto”). <<

[658] Ibidem, pp. 176-177. (T.P. “juscontitucionalismo catalan estaba oxidado”). <<

[659] Jaume Vicens Vives, Introducción…, p. 122. <<

[660] Jaume Vicens Vives, «Prólogo», pp. 11-12. <<

[661] Jaume Vicens Vives, Introducción…, p. 126. <<

[662] Jaume Vicens Vives, «La guerra del Francès…», pp. 266-267. (T.P. “la vitalidad del país era gigantesca” […] “Cataluña, que había conocido una nueva hora cero en 1714, remontó con gallardía la subida del siglo XVIII y llegó a la cima con un vigor admirable, con la consideración de ser la más trabajadora, la más dinámica y la más progresiva de las regiones de la Corona española”). <<

[663] Jaume Vicens Vives, «Coyuntura económica y reformismo burgués…», pp. 24-25. Recordemos que para la redacción de este texto, Vicens ya pudo contar con la primera aportación de Pierre Vilar sobre la Cataluña del Setecientos («Élan urbain et mouvement des salaries dans le bâtiment. Le cas de Barcelone au XVIIIe siècle», Revue d’histoire économique et sociale (1950), pp. 364-401), aportación que, por cierto, nuestro historiador elogia con gran énfasis anunciando el futuro liderazgo de Vilar en la historiografía catalana sobre dicha centuria (Jaume Vicens i Vives, Obra dispersa…, vol. 1, pp. 423-424). <<

[664] Carmelo Viñas Mey, «Prólogo» a la obra de Antonio Domínguez Ortiz, La sociedad española en el siglo XVIII, Madrid, 1955, pp. 7-16. <<

[665] Jaume Vicens Vives, Historia económica de España, Barcelona, 1959, pp. 433 y 453-454. <<

[666] Ibidem, pp. 486-487. <<

[667] Respecto a la prosperidad iniciada en el siglo XVIII, Vicens recuerda que «el espíritu de empresa y el liberalismo económico, preconizado por la Junta de Comercio en las relaciones entre España y su imperio americano, fueron los grandes factores de esta sensacional transformación de nuestra economía» (Jaume Vicens Vives, Obra dispersa…, vol. 1, p. 458). <<

[668] Jaume Vicens Vives, Noticia…, p. 178 y Obra dispersa… vol. 1, p. 458. <<

[669] Jaume Vicens Vives, Introducción…, p. 127. <<

[670] Ibidem, p. 123. <<

[671] Jaume Vicens Vives, «La guerra del Francés», pp. 284-285. <<

[672] Ibidem, p. 284. (T.P. “siglo de centralización borbónica había despojado a la gente del país de toda iniciativa teórica”). Es muy significativo que al utilizar el término «provincialismo», Vicens no solo lo entrecomille, sino que además se vea en la necesidad de aclarar que «aquest és el mot just, i no cal anar a cercar tres peus al gat» (T.P. “este es el nombre justo, y no hace falta ir a buscar tres pies al gato”). Es decir, para él no había que ir a buscar mayor intensidad de la debida en el sentimiento identitario catalán de aquella época. Sin duda eran tiempos de franquismo que obligan a Vicens a explicitar estas matizaciones. <<

[673] Ibidem, p. 285. <<

[674] Ibidem, pp. 284 y 286. (T.P. “al margen de este sentimiento general y poco definible entonces de pertenecer a España, los catalanes de 1808 mostraron que no habían olvidado sus antiguas instituciones y, sobre todo, que no habían perdido el espíritu de gobernarse por ellos mismos”). <<

[675] Jaume Vicens Vives, Introducció…, p. 125. <<

[676] Josep Fontana, después de recordar que en efecto Vicens criticaba a Rovira y Soldevila por considerar que, pese al notable esfuerzo erudito, sus historias estaban demasiado cargadas de ideología nacionalista, a continuación se pregunta si a Vicens, que también trabajaba a su criterio por la recuperación de la conciencia catalana durante el Franquismo, no le pasaba algo parecido y pudiera calificársele también por la historiografía posterior de historiador romántico («El romanticismo…», p. 549). Opinión con la que está de acuerdo Ramón Grau al afirmar que «Jaume Vicens Vives —tan el primer Vicens, hereu del positivisme, com el darrer Vicens, fill pròdig reconciliat amb el nacionalisme— ha donat nova vida a l’estereotip de l’historiador romàntic». (T.P. “Jaume Vicens Vives— tanto el primer Vicens, heredero del positivismo, como el último Vicens, hijo pródigo reconciliado con el nacionalismo— ha dado nueva vida al estereotipo del historiador romántico”). («El pensament històric de la dinastía Bofarull…», pp. 122-123). <<

[677] Sobre la influencia de Vilar en la historiografía, cf. Josep Fontana, «Pierre Vilar y la renovación de la ciencia histórica», en Roberto Fernández, España en el siglo XVIII. Homenaje a Pierre Vilar, Barcelona, 1985, pp. 9-15; Bernard Vincent, «L’hispanisme français et l’histoire moderne et contemporaine», en Esteban Sarasa y Eliseo Serrano (coords.), La historia en el horizonte del año 2000, Zaragoza, 1997, pp. 219-236; Carlos Martínez Shaw, «La historia moderna en España al filo del año 2000», en María Luz González (ed.), Actas del II Coloquio Internacional la Historiografía Europea, Mar del Plata, 1999, pp. 157-175; Roberto Fernández, «Pierre Vilar, maestro de historiadores», La Aventura de la Historia, 62 (2003), pp. 86-91; Rosa Congost, Ensenyar a pensar històricamente. El Llegat de Pierre Vilar, Universitat de Girona, 2003; VV. AA., «Homenaje a Pierre Vilar», Íber, 45 (2005), pp. 5-65, y Aron Cohen, Rosa Congost y Pablo F. Luna (coords.), Pierre Vilar, Història total, historia en construcción, Granada-Valencia, 2006. <<

[678] Pierre Vilar, Catalunya dins l’Espanya…, vol. 1, pp. 43-44. <<

[679] Pierre Vilar, «Recuerdos y reflexiones sobre el oficio de un historiador», Manuscrits, 7 (1988), pp. 9-33 (p. 22). <<

[680] Pierre Vilar, Breve historia de Cataluña, Barcelona, 2011, p. 16 (se trata de una recopilación de dos de sus prólogos a la Història de Catalunya dirigida por él para Edicions 62, escritos, respectivamente, en 1986 y 1990). <<

[681] Además de en su Catalunya, las posiciones vilarianas al respecto del siglo XVIII pueden leerse también en obras como Manual de la Companyia Nova de Gibraltar, Reus, 1990 (edición francesa, 1962); «La Catalunya industrial: reflexions sobre una arencada i un destí», Recerques, 3 (1972), pp. 7-22; Assaigs sobre la Catalunya del segle XVIII, Barcelona, 1973; «Transformacions del segle XVIII», en Joaquim Nadal y Philippe Wolff (dir.), Història de Catalunya, Barcelona, 1983, pp. 385-420 (breve síntesis que, a nuestros efectos, me parece muy significativa y relevante), y, finalmente, Breve Historia de Cataluña…, pp. 57-93. <<

[682] En referencia a la trascendencia de Vilar en la historiografía catalana, cf. DD. AA., Pierre Vilar i la Història de Catalunya, Barcelona, 2006; DD. AA, «Les transformacions agràries a la Catalunya del segle XVIII. 40 anys després de la tesi de Pierre Vilar», Estudis d’història agrària, 20 (2007) (monográfico). <<

[683] Vilar se refiere a cómo veían Cataluña autores como Rovira y, sobre todo, Soldevila: «En Catalunya, por el contrario, no ofrece duda el hecho de que para un Rovira i Virgili, y sobre todo para un Ferran Soldevila, “Catalunya es una persona”, que nace, triunfa, sufre, amenaza con desaparecer, es capaz de renacer» (Pierre Vilar, «Recuerdos…», p. 18). <<

[684] Para Vilar, la nación debe ser considerada «un marc i un instrument successivament utilizats per diverses classes socials per asentar una dominació política efectiva, o, si més no, per reclamar-la» (T.P. “un marco y un instrumento sucesivamente utilizado por las diversas clases sociales para asentar una dominación política efectiva, o, cuando menos, para reclamarla”). (Catalunya dins l’Espanya…, vol. 1, pp. 43-44). En este punto, es necesario recordar las influencias de Vilar en la teorización de la izquierda catalana, y especialmente del PSUC, respecto al «problema nacional català», cf. Josep Maria Colomer, Espanyolisme i catalanisme…, pp. 282-326. <<

[685] Acerca de las innovaciones de Vilar sobre la contienda sucesoria, cf. Joaquim Albareda, «La vida política», Pierre Vilar i la Història…, pp. 189-215. <<

[686] Pierre Vilar, Catalunya dins l’Espanya…, vol. 2, pp. 391-407 y 413-423. <<

[687] Pierre Vilar, Catalunya dins l’Espanya…, vol. 2, p. 423. <<

[688] Pierre Vilar, Breve historia…, pp. 85 y 90-92. <<

[689] Pierre Vilar, «Introducció: el “fet català”», en Joaquim Nadal i Farreras y Philippe Wolf (dir.), Història de Catalunya…, p. 28, y también en su artículo, en la misma obra, titulado «Transformacions…» (pp. 412-413). (T.P. “reorganizó profundamente el Principado, pero se limitó de hecho a destruir nada más los vestigios de una estructura medieval que únicamente había demostrado eficacia (y nunca totalmente) durante las grandes crisis del sistema imperial español. Considerada desde una perspectiva amplia y lejana,la Guerra de Sucesión consistió de hecho en la lucha entre aquellas antiguas estructuras y un estado moderno que pugnaba por implantarse”). <<

[690] Pierre Vilar, Catalunya dins l’Espanya…, vol. 2, p. 419. <<

[691] Pierre Vilar, Breve Historia…, p. 91. <<

[692] Pierre Vilar, Catalunya dins l’Espanya…, vol. 2, p. 136. (T.P. “a menudo decadentes, osificados, que no representan sino una oligarquías atrasadas y tradicionales, no creadoras, y vinculadas a veces a puros privilegios de precedencia”). <<

[693] Pierre Vilar, «Transformacions…», p. 413. <<

[694] Pierre Vilar, Breve historia…, pp. 91-92. <<

[695] Pierre Vilar, Catalunya dins l’Espanya…, vol. 2, pp. 373 y 411. <<

[696] Pierre Vilar, «Transformacions…», p. 414. <<

[697] Pierre Vilar, Catalunya dins l’Espanya…, vol. 1, pp. 79-82. (T.P. “Nada nos recuerda las luchas pasadas. Los hermanos se han reconciliado, diría quien fuera amigo de buscar imágenes, ante una mesa por una vez bien servida”). <<

[698] Pierre Vilar, «Pròleg», en Josep Fontana, La fi de l’antic régim…, pp. 9-16. (T.P. “es cosa poco discutible que el balance material de los años 1720-1780 en Cataluña sea positivo.Más hombres, mejor repartidos, que viven más tiempo. Cultivos más extendidos, más intensivos, más especializados. Intercambios multiplicados hacia el interior del país, hacia la Península y más allá de los mares. Una industria que ultrapasa ya el estadio de la protoindustrialización”). <<

[699] Ibidem, pp. 10-11. <<

[700] Pierre Vilar, «Transformacions…», p. 404. <<

[701] Pierre Vilar, «Introducció…», pp. 29-30. <<

[702] Aprovecho la ocasión para señalar que resulta perentorio realizar un balance actualizado y exhaustivo de la historiografía modernista catalana. Mientras tanto, continúa siendo útil acudir a Joaquim Albareda, «Història moderna: Catalunya, 1977-1997», en De les idees als fets. Reflexions al cap de 20 anys del Congrés de Cultura Catalana, Barcelona, 1999, pp. 55-59, y Carlos Martínez Shaw (ed.), Historia moderna. Historia en construcción, Lleida, 1999, 2. vols. Para el caso concreto del Setecientos catalán, DD. AA, Pierre Vilar i la Història…, pp. 95-216. <<

[703] Fruto de esta pionera investigación son sus dos primeras obras, El Archiduque Carlos de Austria, rey de los catalanes, ya mencionada, y Barcelona durante el gobierno del Archiduque Carlos de Austria (1705-1714), Barcelona, 1963, 3 tomos. Dos aportaciones que, a mi parecer, no se han tenido suficientemente en cuenta por parte de la historiografía posterior. En 1999, Voltes cerraba su dedicación al Setecientos con una breve síntesis sobre el monarca austríaco titulada Catalunya i l’Arxiduc Carles y publicada por Rafael Dalmau Editor. <<

[704] Pedro Voltes, La guerra de Sucesión, Barcelona, 1990. <<

[705] Pedro Voltes, Carlos III y su tiempo, Barcelona, 1964. Asimismo, en ese mismo año, dedicó especial atención a un acontecimiento que consideraba especialmente relevante como fue la libertad de comercio con América mediante una obra titulada Catalunya i la llibertat de comerç amb América, Barcelona, 1964. Las obras arriba referenciadas son Fernando VII, vida y reinado, Barcelona, 1985; Felipe V, fundador de la España contemporánea, Madrid, 1991; Fernando VI, Barcelona, 1996, y La vida y la época de Fernando VI, Barcelona, 1998. <<

[706] Pedro Voltes, La guerra de Sucesión…, pp. 275-300. <<

[707] Sobre la obra de Mercader, cf. Josep Fontana, «Introducció», en Joan Mercader, Obra dispersa, Igualada, 1987; Pere Pascual, «Joan Mercader Riba: esbós d’una vida dedicada a la historiografia», L’Avenç, 113 (1988), pp. 48-59, y Josep Maria Torras i Ribé, «Memòria y evocació del Dr. Joan Mercader i Riba», Pedralbes, 10 (1990), pp. 11-15. La fortaleza de la obra de Mercader se hace palpable en la utilización indiscutida que buena parte de la historiografía catalana, de distinto signo y condición, ha hecho de sus principales investigaciones. Así, por ejemplo, siguiendo su senda en asuntos municipales, su discípulo Josep Maria Torras puso de manifiesto, con gran solidez, la existencia de una pluralidad de lógicas felipistas o austracistas según las circunstancias locales y el desarrollo de la guerra, así como el funcionamiento de los diversos municipios con el nuevo régimen de la Nueva Planta [«Reflexions sobre l’actitud dels pobles i estaments catalans durant la Guerra de Successiò», Pedralbes, 1 (1981) pp. 187-210 y Els municipis catalans de l’Antic Règim 1453-1808, Barcelona, 1983]. <<

[708] Las dos obras básicas que recogen el fruto de su trabajo son Els Capitans Generals (segle XVIII), Barcelona, 1957 y Felip V i Catalunya, Barcelona, 1968 (esta última, resumen de sus investigaciones sobre el tema desde 1951). <<

[709] Se trata de Catalunya i l’Imperi napoleónic, Barcelona, 1987. Es preciso recordar que en 1949 ya había publicado Barcelona durante la ocupación francesa, que era su tesis doctoral dirigida efectivamente por Soldevila, y también que en 1971 y 1983 habían visto la luz en Madrid sendos volúmenes sobre José Bonaparte, rey de España (1808-1813). <<

[710] Joan Mercader Riba, Catalunya i l’imperi…, p.7. <<

[711] Joan Mercader Riba, José Bonaparte. Rey de España (1808-1813). Historia externa del reinado, Madrid, 1971, pp. 278-287, y Catalunya i l’imperi…, pp. 108-123. <<

[712] Emilia Salvador, «Juan Reglà, la Universidad de Valencia y la historia moderna», en Esteban Sarasa y Eliseo Serrano (coord.), Historiadores…, pp. 243-258. <<

[713] Cf. Joan Regla, El virreis de Catalunya, Barcelona, 1980. <<

[714] Joan Reglà, Historia de Cataluña, Barcelona, 1974, p. 143. <<

[715] Joan Reglà, Historia de Cataluña…, pp. 143-144 (el entrecomillado interior en la frase es porque Reglá reproduce a su vez las palabras de Mercader). <<

[716] Ibidem, p. 175. <<

[717] José Antonio González Casanova, Federalisme i autonomía…, pp. 41-84. <<

[718] Joaquim Nadal i Farreras, L’onze de setembre i el centralisme borbonic, Barcelona, 1977. Cf., asimismo, «La guerra de Successió i la derrota de Catalunya», en Història de Catalunya, Barcelona, 1978, vol. IV, pp. 146-160, y «El govern de Catalunya entre l’autonomia i el centralismo. Segles XVI i XVII», Formes i institucions de govern de Catalunya, Barcelona, 1977, pp. 49-58. <<

[719] Joaquim Nadal i Farreras, L’onze de setembre…, p. 9. Una idea esta de las instituciones de Cataluña como instrumento de clase que repite con rotundidad cuando afirma “Malgrat que teòricamente les Corts, el Consell de Cent i la Generalitat eren institucions representatives, i per tant un instrument bàsic de l´autonomía de Catalunya, en realitat eren uns òrgans controlats per determinades classes socials que així es reservaven una sèrie de beneficis propios de llur estatus estamental i privilegiat”. (T.P. “A pesar de que teóricamente las Cortes, el Consejo de Ciento y la Generalitat eran instituciones representativas, y por tanto un instrumento básico de la autonomía de Cataluña, en realidad eran unos órganos controlados por determinadas clases sociales que de esta manera se reservaban una serie de beneficios propios de su estatus estamental y privilegiado”). (“El govern de Catalunya…”, p. 54). <<

[720] Se refiere al temprano artículo de Josep Fontana, «Sobre el comercio exterior de Barcelona en la segunda mitad del siglo XVII», Estudios de Historia Moderna, V (1955), pp. 199-219. Artículo que por lo demás ya había sido utilizado por autores como Soldevila, Vilar o Reglá para conformar sus visiones generales, si bien la plena confirmación de la incipiente recuperación económica de finales del XVII quedó definitivamente demostrada en la obra de Vilar. <<

[721] Joaquim Nadal i Farreras, L’onze de setembre…, p. 13. <<

[722] Joaquim Nadal “El govern de Catalunya…”, p. 55. <<

[723] Ibidem, p. 29. <<

[724] Joaquim Nadal, «La guerra de Successió i la derrota de Catalunya», en Història de Catalunya, Barcelona, 1978, vol. IV, pp. 147-159 (p. 159). (T.P. “las relaciones de Cataluña con el rey se acabó la época de las exigencias y comenzó, después de los últimos brotes residuales de violencia, la del sometimiento, las lamentaciones y los memoriales”). <<

[725] Recordemos que, antes de estas síntesis, Nadal había realizado una investigación sobre el Catastro en Girona al que atribuía algunas virtudes racionalizadoras en su naturaleza y funcionamiento e incluso una cierta influencia en la recuperación económica de Cataluña (La introducción del Catastro en Gerona, Barcelona, 1971). Resulta de muy interesante lectura, a nuestro efectos, el prólogo realizado en esta obra por Carlos Seco Serrano, quien, partiendo de la asunción de las tesis de Viñas respecto a la decadencia de España por los efectos de la insolidaridad regional (cf. el prólogo de Carmelo Viñas Mey en Antonio Domínguez Ortiz, La sociedad…, pp. 9-14) y de las que según él defendía Vicens sobre los efectos positivos de la Nueva Planta, plantea que si bien las reformas hacendísticas eran necesarias y fueron positivas («la cara»), no fue bueno para el futuro de España que se mezclaran con la pérdida de toda la constitucionalidad catalana que reflejaba su personalidad histórica («la cruz») (p. VI-XII). Cf, asimismo, el estudio preliminar de Carlos Seco Serrano a la obra de Vicente Bacallar y Sanna, Comentarios a la guerra de España e historia de su rey Felipe V, el Animoso, Madrid, 1957, pp. XV-XX. <<

[726] Esta posición de Nadal es muy probable que se alimentara de las primeras investigaciones de Ernest Lluch al respecto, «La Catalunya del segle XVIII i la lluita contra l’absolutisme centralista. El “Proyecto del Abogado General del Público” de Francesc Romà i Rosell», Recerques, 1 (1970), pp. 33-50. <<

[727] Joaquim Nadal, L’onze de setembre…, p. 62. (T.P. “Con todo, todos estos indicios de resistencia, junto al impulso renovador de las economía, permitirían hacer un balance del siglo XVIII positivo en el sentido de que, a pesar de la pérdida de una organización institucional propia, se reforzaron las bases materiales de una formación social que iría hacia adelante en el proceso de transformaciones que tímidamente emprendería la España del siglo XIX”). <<

[728] Joaquim Albareda, Els catalans i Felipe V. De la conspiració a la revolta (1700-1705), Barcelona, 1993; La Guerra de Successió i l’Onze de Setembre, Barcelona, 2000; «La lògica de la resistència de 1713-1714», en DD. AA., Del patriotisme al catalanisme, Vic, 2001, pp. 169-196; Política, religió i vida quotidiana en temps de guerra (1705-1714). El Dietari del convent de Santa Caterina i les Memòries d’Honorat de Pallejà, Vic, 2001; Felipe V y el triunfo del absolutismo. Cataluña en un conflicto europeo (1700-1714), Barcelona, 2002; «Catalunya a la guerra de Successió: de la victòria de 1705 a la pérdua de les llibertats de 1714», en Joaquim Albareda y Albert García Espuche, 11 de Setembre de 1714, Barcelona, 2005; «Els fonaments de l’austracisme als territoris de la Corona d’Aragó», en L’aposta catalana a la guerra de Successió (1705-1707), Barcelona, 2007, pp. 127-136, y Joaquim Albareda y Joan Esculies, 1714. La guerra de Successió, Barcelona, 2008. El colofón de toda esta prolífica tarea y la síntesis de su interpretación histórica puede leerse en su libro La Guerra de Sucesión de España (1700-1714), Barcelona, 2010. Pueden apreciarse también con nitidez sus posiciones en Joaquim Albareda (ed.), Escrits polítics del segle XVIII. Escrits del «moment republicà» de 1713-1714, Vic, 2011, pp. 7-40; «Les raons de la resistència de 1714», Barcelona Metrópoli, 89 (2013), pp. 12-15, y «1714: actes i idees», Ara. cat, 24 de septiembre de 2013. <<

[729] Antoni Simón Tarrés, Construccions polítiques i identitas nacionals. Catalunya i els orígens de l’estat modern espanyol, Abadía de Montserrat, 2005, pp. 431-433 y 458. (T.P. “ideología castellanocortesana que porfiaba por constituir política y jurídicamente una unidad española y por imponer, al mismo tiempo, una idea de nación hispana de estilo castellano”). <<

[730] Antoni Simón Tarrés, Del 1640 al 1705. L’autogovern de Catalunya i la classe dirigent catalana en el joc de la política internacional europea, Valencia, 2011, pp. 8-21 y 315-323. <<

[731] Núria Sales, Els segles de la decadència. Segles XVI-XVIII, Barcelona, 1989, pp. 411-430 (esp. 421). En sus aportaciones, Sales recuerda también que en la configuración de los bandos contendientes tuvieron asimismo influencia las propias rivalidades entre poblaciones catalanas («La guerra de succesió como a guerra civil catalana», en Senyors Bandolers, miquelets i botiflers, Barcelona, 1984, pp. 154-155). Para información del lector, no me resisto a comentar que la História de Catalunya en la que Sales publica su obra sobre los siglos de la decadencia, editada por la prestigiosa Edicions 62, carece en realidad de siglo XVIII, pues Sales solo se ocupa de la guerra sucesoria y Josep Fontana a partir de los últimos años de la centuria. Resulta muy paradójico y desconcertante que una obra dirigida por Pierre Vilar no cuente con el siglo al que dedicó su vida historiográfica. No creo desde luego que tal vacío sea imputable al entonces ya anciano historiador francés, pero confieso que no alcanzo a comprender los verdaderos motivos. <<

[732] Debemos recordar que el término «Constituciones catalanas» no debe ser interpretado anacrónicamente en el sentido democrático actual, sino como derechos particulares, legales y políticamente reconocidos que los catalanes tenían respecto a la monarquía. Constituciones que Albareda afirma que eran realmente el principal sentimiento identitario de los catalanes. <<

[733] Joaquim Albareda, «Vías de participación política del hombre común en Europa (siglos XVII-XVIII)», en María Luz González Mezquita (ed.), Temas y perspectivas teóricas de historia moderna, Mar del Plata, 2011, pp. 55-76. <<

[734] Joaquim Albareda, «Las Cortes de 1701-1702 y 1705-1706. La puesta al día del constitucionalismo», Estudio introductorio, en Constitucions, Capítols i Actes de Cort. Anys 1701-1702 i 1705-1706, Edició facsímil, Barcelona, 2004, pp. 5-64. <<

[735] Joaquim Albareda, Escrits polítics…, pp. 30-32. Sobre la Conferencia de los Comunes, cf. Eduard Martí, La conferència del Tres Comuns (1697-1714). Una institució decisiva en la política catalana, Vilassar de Mar, 2008 (libro producto de su tesis doctoral dirigida por Albareda). <<

[736] Joaquim Albareda, «Les raons de la resistencia…», p. 13. Sobre esta fusión social de nobleza media con oligarquía urbana, cf. James Amelang, La formación de la clase dirigente: Barcelona 1490-1714, Barcelona, 1986. <<

[737] Joaquim Albareda, «1714: actes e idees», Ara.cat, 24 de septiembre de 2013. <<

[738] Albareda considera que, en buena medida, la guerra empezó y acabó en España en función de la voluntad y los intereses ingleses, y que en el caso catalán es probable incluso que no hubiera habido alzamiento austracista sin la intervención aliada [El «cas dels catalans». La conducta dels aliats arran de la guerra de Successió (1705-1742), Barcelona, 2005]. De muy parecida opinión es Carmen Sanz, para quien el motivo último de la guerra fue en realidad el intento inglés por alcanzar una situación más favorable respecto al imperio español en América, sobre todo en el caso del asiento de negros («Causas y consecuencias económicas de la guerra de Sucesión española», Boletín de la Real Academia de la Historia, CCX, cuaderno II, Madrid, mayo-agosto 2013, pp. 187-226). Para contextualizar todas las pugnas económicas de las grandes potencias europeas por la herencia española, cf. Christopher Storrs, La resistencia de la monarquía hispánica (1665-1700), Madrid, 2013, pp. 37-41 y 379-384. <<

[739] Joaquim Albareda, «Les raons de la resistencia…», p. 15. Sobre el proceso final de resistencia en Barcelona, además de las narraciones de Castellví y del libro clásico de Santiago Albertí, L’Onze de Septiembre, Barcelona, 1964, pueden consultarse dos recientes obras de tendencia filoaustracista: Eduard Puig, La resistència catalana: Barcelona, 1713-1714, Barcelona, 2014, y Albert García Espuche, Una societat assejada, Barcelona, 1713-1714, Barcelona, 2014, esta última centrada especialmente en testimonios individuales. <<

[740] Joaquim Albareda, «Felipe V i Catalunya», Manuscrits, 18, (2000), pp. 2940; «Felipe V y Cataluña», en José Fernández García, Mª Antonia Bel y José M. Delgado, El cambio dinástico y sus repercusiones en la España del siglo XVIII, Jaén, 2001, pp. 93-93-108; «Felipe V y Cataluña: balance de un reinado», en Eliseo Serrano (ed.), Felipe V y su tiempo, Zaragoza, 2004, vol. 2, pp. 91-118; «Cataluña en la España del siglo XVIII: represión, acomodación y disidencia», en Jon Arrieta y Jesús Astigarraga (eds.), Conciliar la diversidad. Pasado y presente de la vertebración de España, Zarauz, 2009, pp. 55-75; «Represión y disidencia en la Cataluña borbónica (1714-1725)», en Antonio Mestre y Enrique Giménez (eds.), Disidencias y exilios en la España moderna, Alicante, 1997, pp. 543-555, y «Els fonaments de la societat contemporània», Història, Política, Societat i Cultura dels Països Catalans. Desfeta política i embranzida econòmica. Segle XVIII, Barcelona, 1995. pp. 58-65. <<

[741] Josep Maria Torras, «La Catalunya setecentista: recuperació econòmica i sotmetiment polític», en Pere Gabriel (dir.), Història de la Cultura catalana, Barcelona, 1996, vol. 3, p. 50. (T.P. “la conclusión de un proceso de larga duración, de integración coactiva de los diversos reinos peninsulares en un mismo aparato estatal dominado por Castilla”). <<

[742] Josep Maria Torras, Felip V contra Catalunya, Barcelona, 2005, pp. 157-264, y «Les etapes de la guerra i l’ocupació borbònica de Catalunya», en Agustí Alcoberro (dir.), 1714. La guerra de Successió. Áustries contra borbons, vol. 1, Barcelona, 2013, pp. 237-241. Posiciones similares pueden consultarse igualmente en Antonio Muñoz y Josep Catà, Repressió borbónica i resistencia catalana (1714-1736), Barcelona, 2005. <<

[743] Joaquim Albareda, «Els fonaments…», pp. 17-65 (p. 59). <<

[744] Joaquim Albareda, «Cataluña en la España…», pp. 55 y 58. <<

[745] Lluís Roura, Subjecció i revolta en el segle de la Nova Planta, Vic, 2006. <<

[746] Ramon Grau (coord.), El segle de l’absolutisme, 1714-1808, Barcelona, 2002, pp. 348 y 357. <<

[747] Sebastià Solé, Ibidem, p. 357. <<

[748] Sobre la obra de Lluch, cf. Ernest Lluch, in memoriam (1937-2000), Revista Económica de Catalunya, 42 (2001); Emili Giralt, «Recordant Ernest Lluch», Revista de Catalunya, 158 (2001), pp. 11-23, y Fabián Estapé, «Pròleg», en Miscel·lània Ernest Lluch, Vilassar de Mar, 2006, 2 vol. Recientemente, Francesc Artal ha puesto el acento en que la constante ocupación de Lluch por el Setecientos catalán obedecía en realidad a su preocupación por encontrar vías de salida ante el tardofranquismo creyendo que la fórmula catalana de ilustración más trabajo podía resultar nuevamente válida: la Cataluña vencida por el franquismo debía ser superada del mismo modo que la Cataluña vencida por los Borbones en 1714 [cf. Francesc Artal, «Ernest Lluch i l’economia. La realitat i les idees», L’Avenç, 371 (2011), pp. 28.37, y Francesc Roca, «El model de societat d’Ernest Lluch», L’Avenç, 263 (2001), pp. 21-26]. <<

[749] Estas mismas ideas de Lluch son compartidas básicamente por Lluís Argemí d’Abadal, Història del pensament económic a Catalunya, Lleida, 2005, pp. 73-102. <<

[750] Ernest Lluch, «La Il·lustració a Catalunya…», p. 71 (nota 14). Aquí advierte Lluch del peligro enorme de adoptar una actitud presentista para valorar la situación del catalán en el Setecientos, de paso que recuerda que «la personalitat nacional catalana no té en la llengua l’unic fet diferencial». (T.P. “la personalidad nacional catalana no tiene en la lengua el único hecho diferencial”). <<

[751] Una buena parte de la historiografía dedicada a estudiar la Ilustración catalana también parece señalar la relación entre una añoranza austracista del Setecientos y la Renaixença. Cf. Ignasi Casanovas, Josep Finestres. Un estudi biogràfic. (ya citado); La cultura catalana del segle XVIII, Barcelona, 1932, y Enric Moreu Rey, El pensament il·lustrat a Catalunya, Barcelona, 1966. Por su parte, la historiografía catalana centrada en estudiar a la Iglesia ha señalado la aportación de carácter más bien «progresista» de la mayoría de la jerarquía eclesial a la Ilustración catalana, que en términos generales es presentada como un grupo defensor de una religiosidad en cierta medida diferente a la imperante en el resto de España: cf. Francesc Tort, El obispo de Barcelona Josep Climent i Avinent (1706-1781), Barcelona, 1978; Ramon Corts, L’arquebisbe Fèlix Amat i l’última Il·lustració espanyola, Barcelona, 1992; Miquel Batllori, «La Il·lustracció», Obra Completa, vol. 9, Valencia, 1997; Joaquim M. Puigvert (ed.), Bisbes. Il·lustració i Jansenisme a la Catalunya del segle XVIII, Vic, 2000, y Joan Bada, Història del cristianisme a Catalunya, Lleida, 2005, pp. 161-164. En este punto parece disentir Fontana en el sentido de afirmar que representaban alguna novedad respecto a la pastoral y a las actitudes ante ciertos aspectos de la ciencia, pero que sobre todo estaban más preocupados por luchar contra el enciclopedismo francés y por mantener las estructuras del Antiguo Régimen (Josep Fontana, La fi de l’Antic Regim…, pp. 112-117). <<

[752] Jordi Rubió i Balaguer, «El segle de la Renaixença», en Història de la literatura catalana, Barcelona, 1986, vol. III, pp. 263-457. <<

[753] Además del artículo sobre Romá i Rosell anteriormente citado, y que ya indicó en buena medida el camino que después seguiría Lluch, es preciso consultar: «La Il·lustració a Catalunya: projectar el país i revisar el 1714», en DD. AA., Catalunya a l’época de Carles III, Barcelona, 1991, pp. 47-74; «Un cop d’ull a la Il·lustració catalana», en Pere Gabriel (dir.), Història de la cultura…, vol. 3, pp. 15-38; La Catalunya vençuda del segle XVIII, Barcelona, 1996; Las Españas vencidas del siglo XVIII, Barcelona, 1999, y L’alternativa catalana (1700-1714-1740). Ramon de Vilana Perlas i Juan Amor de Soria: teoría i acció austriacistes, Barcelona, 1999. Sin duda, la obra más ultimada y en la que pueden comprobarse mejor las posiciones de Lluch es Las España vencidas. En este sentido, es de gran interés la reseña efectuada a dicha obra por Pablo Fernández Albaladejo, «La España austro-húngara de Ernest Lluch», Revista de libros, 36 (diciembre de 1999), pp. 13-18. <<

[754] Rosa María Alabrús, Felip V…, pp. 355-427 y pp. 438-439. (T.P. “representan la garantía de la persistencia del austracismo cultural, todavía reticente al despotismo ilustrado de los Borbones”). <<

[755] Las ideas políticas de Lluch referidas a la actualidad de la España plural pueden consultarse, entre otros textos, en Ernest Lluch y Miguel Herrero (coords.), Foralismo, derechos históricos y democracia, Bilbao, 1998, pp. 11-19, y Ernest Lluch y Miguel Herrero (eds.), Derechos históricos y constitucionalismo útil, Barcelona, 2001, pp. 1-5 y 51-61. <<

[756] Josep Fontana, La fi de l’Antic Règim…, pp. 101-105; Joaquim Albareda, «Els fonaments…», pp. 51-52; «Societat i cultura en la Catalunya del Set-cents», en Pere Gabriel (dir.), História de la cultura…, pp. 108-109, y Santiago Riera, Història de la ciència a la Catalunya moderna, Lleida, 2003, pp. 39-42. <<

[757] Josep Maria Torras, «La Catalunya setecentista…», pp. 52-53. <<

[758] Enric Moreu-Rey, «Els nuclis il·lustrats i els principals centres de cultura», en Història de Catalunya…, vol. IV, pp. 273-286; Santiago Riera, «Ciéncia y técnica a Catalunya a la segona meitat del segle XVIII», en DD. AA., Catalunya a l’època de Carles III…, pp. 171-203, y Joaquim Albareda, «Societat i cultura…», pp. 108-109. Es preciso recordar, no obstante, que Riera defiende que en las realizaciones de la ilustración catalana hubo dos factores esenciales: el apoyo oficial a ciertas academias y las realizaciones racionalistas y utilitarias propugnadas por la burguesía desde la Junta Particular de Comercio, hecho este último que recuerda que no se produjo en otras regiones españolas (pp. 194-198). <<

[759] Lluís Argemí d’Abadal, Història del pensament…, p. 119. <<

[760] Josep María Torras, «La Catalunya setecentista…», p. 63. <<

[761] Josep Fontana, La fi de l’Antic Regim…, p. 122; Joaquim Albareda, “Els fonaments…”, p. 65. Existe en esta opinión una cuestión de cierta importancia que sería conveniente poder dilucidar con exactitud. Por el redactado de Fontana puede entenderse tanto que la burguesía identifica sus intereses con los de Cataluña como que los intereses de la burguesía y los de la economía catalana coincidían, objetivamente, a grandes rasgos. En su interpretación sintética, Albareda parece optar por esta segunda opción, que a mí me parece también la más plausible. <<

[762] Sobre la decadencia literaria del Setecientos es preciso consultar la pionera obra de Jordi Rubio i Balaguer, Història de la literatura catalana, Montserrat, 1986, pp. 11-230 (la primera edición en castellano es de 1958 en la Historia general de las literaturas hispánicas, dirigida por Guillermo Díaz Plaja). Desde luego es muy importante, en cualquier caso, no confundir la situación de la literatura con la de la lengua, en el sentido de que sus historias no tienen por qué coincidir temporalmente en cuanto a su vitalidad. <<

[763] Antoni Comas, Les excel·lencies de la llengua catalana, Barcelona, 1967; Història de la literatura catalana, Barcelona, 1972, vol. 4, pp. 164-209; Núria Sales, Senyors, bandolers, miquelts i botiflers…, pp. 199-219; Història dels Països catalans…, pp. 39-46; Modest Prats, «L’estat de la lengua i la cultura», en Joaquim Albareda (dir.), Desfeta política…, pp. 308-325; «La llengua catalana al segle XVIII. Possibles pautes d’estudi», en Pep Balsalobre y Joan Gratacós (eds.), La llengua catalana al segle XVIII, Barcelona, 1995, pp. 15-73, y Sebastià Solé, «La llengua dels documents notarials catalans en el periode de Decadència», Recerques, 12 (1982), pp. 39-56. <<

[764] Josep Fontana, «La Guerra de Successió: causes i motius», en L’aposta catalana a la guerra de Successió (1705-1707), Barcelona, 2007, pp. 17-21. <<

[765] Josep Fontana. «Prólogo» a Joaquim Albareda, Els catalans…, pp. 1-2; La fi de l’Antic Regim…, pp. 112-113; «La guerra de Successió: els motius de Catalunya», Revista de Dret Històric Català, vol. 3 (2004), pp. 11-23, y L’ofici d’historiador, Girona, 2010, pp. 45-60. Entre otras significativas afirmaciones, recuerda que «està clar que el creixement econòmic català del segle XVIII, que va convertir aquesta terra en “la fàbrica d’Espanya”, no té el seu origen en el canvi dinàstic que ha dut els Borbons al tron, sinó en l’esforç de la societat civil catalana que, derrotada en la guerra, va proseguir en temps de pau el gran projecte col·lectiu iniciat a mitjan segle XVII» (Ibidem, p. 46). (T.P. “está claro que el crecimiento económico catalán del siglo XVIII, que convirtió esta tierra en la ‘fábrica de España’, no tiene su origen en el cambio dinástico que llevó a los Borbones al trono, sino con el esfuerzo de la sociedad civil catalana que, derrotada en la guerra, continuó en tiempos de paz el gran proyecto colectivo iniciado a mediafdos del siglo XVII”). Recientemente ha defendido la idea de que es la «versió oficial espanyola» la que sostiene que el desarrollo catalán del XVIII es una consecuencia de la política ilustrada de los Borbones, reyes a los que califica como una «col·leció de tarats que no van tenir ni il·lustració ni gairabé política» (T.P. “colección de tarados que no tuvieron ni ilustración ni casi política”). («Descifrar el pasat per construir el futur. En memoria de Pere Anguera», en Ramon Arnabat y Antoni Gavaldà (eds.), Projectes nacionals…, pp. 543-550). <<

[766] Josep Fontana, «Prólogo», p. 2 y La fi de l’Antic Regim…, p. 137. Esta idea central la comparten, en buena medida, otros autores como Albareda o Torras, aunque expresan puntualizaciones respecto a algunos sectores económicos concretos. <<

[767] De entre los historiadores más críticos con el catastro, cabe señalar a Josep Maria Delgado, «Presión fiscal y asignación de recursos en la monarquía borbónica», Manuscrits, 4/5 (1987), pp. 25-40. Fontana se muestra también escéptico aunque manifiesta que se precisan investigaciones que acaben por detectar la presión real de los contribuyentes (La fi de l’Antic Regim…, p. 136), mientras que Josep Maria Torras reconoce que al principio fue muy punitivo y contestado (Felipe V…, pp. 285-318), pero que a largo plazo sufrió ciertamente una fosilización que aminoró la presión fiscal en Cataluña («La Catalunya setecentista…», p. 58). <<

[768] Una visión de conjunto de las posiciones de Delgado puede leerse en Dinámicas imperiales (1650-1796), Barcelona, 2007, mientras que sus artículos más específicos serán referenciados en el siguiente capítulo. <<

[769] Jaume Torras, Fabricants sense fábrica. Els Torelló, d’Igualada, Vic, 2006, pp. 91-92; Joaquim Albareda, «Felipe V y Cataluña…», pp. 116-117, y Josep Maria Torras, «La Catalunya setecentista…», p 59. <<

[770] Josep Fontana, La fi de l’Antic Regim…, p. 117. (T.P. “nada que ver con las rapsodias agraristas del despotismo ilustrado castellano, ni con la hojarasca de las sociedades de amigos del país, poco o nada compatibles con el naciente mundo de la industrialización moderna”). En buena medida, me parecen también una muestra de esta visión las siguientes palabras del propio Fontana: «Companys forçosos d’habitage, geogràfic i estatal, d’una cultura castellana que fa segles que marxa darrera nostre, pero que sempre ha estat convençuda d’anar al davant —¿què us creieu que pensaven, a finals del segle XVIII, els Cabarrús i els Campomanes, veient el que feien els Caresmar i els Capmanys, o como jutjaven els esforços “provincians” de la Junta de Comerç, que creava escoles tècniques, en comparació amb les “Societades Económicas de Amigos del País” o amb les “Real Academias”?— hem estat fins avui capaços de seguir el nostre projecte col·lectiu, d’acord amb el corrents de pensament del mon, però basat en les nostres necessitats socials. Això ens ha salvat i ens ha permès de continuar avançant» (T.P. “Compañeros forzosos de habitat, geográfico y estatal, de una cultura castellana que hace siglos que marcha detrás nuestro, pero que siempre ha estado convencida de ir delante - ¿qué os creís que pensaban, a finales del siglo XVIII, los Cabarrús y los Campomanes, viendo lo que hacían los Caresmar y los Capmany?, o como juzgaban los esfuerzos ‘provincianos’ de la Junta de Comercio, que creaba escuelas ténicas, en comparación con las ‘Sociedades Económicas de Amigos del País’ o con las ‘Reales Academias’— hemos estado hasta hoy capaces de seguir nuestro proyecto colectivo, de acuerdo con las corrientes de pensamiento del mundo, pero basados en nuestras necesidades sociales. Eso nos ha salvado y nos ha permitido continuar avanzando”). (Josep Fontana, «Ciència històrica…», p. 75). <<

[771] Cf. Víctor Ferro, El Dret Públic Català. Les Institucions a Catalunya fins al Decret de Nova Planta, Vic, 1987; Ernest Lluch, «De nons i de modernors», L’Avenç, 253 (2000), pp. 60-64; «El programa polític de la Catalunya austriacista», en DD. AA, Del patriotisme…, pp. 129-168; Josep Fontana, «La guerra de Successió i les constitucions de Catalunya: una proposta interpretativa», Ibidem, pp. 13-29; Joaquim Albareda, «Felipe V…», pp. 107-112, y La guerra de Sucesión…, pp. 482-498. <<

[772] Josep Fontana, «Prólogo» a Els catalans…, p. 2. <<

[773] Joaquim Albareda, «Les raons de la resistencia…», p. 15. (T.P. “Que clase de modernidad significaba la pérdida de la representación, la militarización de la estructura política, la imposición de una contribución abusiva sin la aprobación de las Cortes y, finalmente, la aristocratización de los cargos municipales en perjuicio de los representantes de los gremios y la corrupción a gran escala que se derivó”). <<

[774] Josep Maria Torras, «La Catalunya setecentista…», pp. 66-74. <<

[775] Joaquim Albareda, El segle de l’absolutisme…, p. 353. <<

[776] Josep Fontana, «Prólogo», en Els catalans…, p. 2. <<

[777] Es evidente que los autores mencionados no coinciden exactamente en todas las cuestiones, pero creo que sí puede afirmarse que se encuentran dentro de un paradigma interpretativo similar respecto al Setecientos catalán y a las relaciones de las gentes del principado con el absolutismo borbónico. Con todo, pienso que las síntesis mencionadas de Núria Sales, Josep Fontana, Joaquim Albareda y Josep Maria Torras Ribé resultan, en buena medida, un reflejo bastante fidedigno de dicho modelo interpretativo. <<

[778] Léase su interesante entrevista a raíz de la publicación de su libro sobre la guerra de Sucesión de España en el diario El País de 22 de mayo de 2010 (La guerra de Sucesión de España (1700-1714), Barcelona, 2010. Sus posiciones acerca de las políticas del reformismo borbónico pueden leerse en «El debate sobre la modernidad del reformismo borbónico», en Revista HMiC, X (2012), pp. 6-18) (http://webs2002. uab.es/hmic). <<

[779] Creo representativas de este modo de pensar las palabras con las que Fontana finaliza uno de sus últimos libros: «Bosch Gimpera reivindicava en 1937 l’Espanya que van voler fundar els vençuts a Barcelona en 1714, els homes que possiblement han estat els primers inventors d’aquest projecte d’una nació espanyola basada en la llibertat, pel qual van lluitar molts catalans durant dos segles. Un projecte, o un somni, que el 1939 van liquidar els militars revoltats contra la República, en aliança amb l’Espanya negra. Potser definitivament» (T.P. “Bosch Gimpera reivindicaba en 1937 la España que quisieron fundar los vencidos en Barcelona en 1714, los hombres que posiblemente han estado los primeros inventores de este proceso de una nación española basada en la libertad, por la cual lucharon muchos catalanes durante dos siglos. Un proyecto, o un sueño, que el 1939 liquidaron los militares sublevado contra la República, en alianza con la España negra. Puede que definitivamente”). (La revolució liberal a Catalunya…, p. 185). <<

[780] Me parece significativo que, en el citado prólogo de Fontana a la obra de Albareda, el primero reclame mayores estudios sobre la sociedad catalana de los siglos XVII y XVIII no solo para un mejor conocimiento del pasado, sino de «la naturalesa de la nostra identitat nacional» (p. 3). <<

[781] Una asunción prácticamente plena de estas posiciones sobre el Setecientos catalán puede apreciarse, con nitidez, en un libro sobre el primer catalanismo escrito por un historiador de ideología declaradamente nacionalista como Josep Termes, Història del catalanisme fins a 1923, Barcelona, 2000, pp. 17-42. E igualmente puede comprobarse en otra obra sobre la misma temática elaborada al alimón con el también historiador nacionalista Augustí Colomines, Patriotes i resistents, Barcelona 2003, pp. 41-64. Asimismo, puede leerse también la aceptación de este paradigma en la interesante aportación de Angel Comalada Negre, Catalunya davant el centralisme, Barcelona, 1984, pp. 9-45, y en la más reciente de Jaume Sobrequés, L’onze de setembre i Catalunya, Barcelona, 2011. <<

[782] Andrew Dowling, La reconstrucció nacional de Catalunya (1939-2012), Barcelona, 2013. <<

[783] Pujol ha dejado impresa su opinión sobre nuestra materia en varias ocasiones. Al menos tenemos noticia de tres publicaciones. La primera son dos conferencias recogidas en un libro de significativo título sobre las relaciones entre historia y política, Quatre conferències. Analitzar el pasat per renovar el projecte, publicado en 1990 (primera referencia en la nota 17). La segunda, el prólogo titulado «De Carles III a la Catalunya dels 90» que efectúa precisamente al libro Catalunya a l’época de Carlos III, editado un año después. Ambas son reflexiones alrededor del centenario de la muerte de Carlos III que ya fue analizado en la Introducción de esta presente obra. Y, por último, disponemos de una recentísima publicación, Reflexió en el tombant d’un camí, 1714-2014, editada por el Centre d’Estudis Jordi Pujol en 2012 y que fue originariamente una conferencia pronunciada ese mismo año en ESADE. Finalmente, recordar que sobre el pensamiento nacionalista de Pujol resulta muy interesante un reciente escrito suyo titulado De Herder i Renan i el dret a decidir, Barcelona, 2014. (Agradezco al presidente Pujol la deferencia que ha tenido al enviarme personalmente un ejemplar de ambas conferencias). <<

[784] Jordi Pujol, Reflexió en el tombant…, p. 5. <<

[785] Jordi Pujol, Quatre conferències…, p. 26. <<

[786] Ibidem, pp. 12 y 35-36. <<

[787] Jordi Pujol, Reflexió en el tombant…, p. 5. <<

[788] Jordi Pujol, «La Catalunya d’avui es Jaume I, la industrialització i la inmigració», entrevista realizada por Josep M. Muñoz para la revista L’Avenç, 258 (2001), pp. 55-64. <<

[789] Jordi Pujol, Quatre Conferències…, p. 37, y Refleixó en el tombant…, pp. 7-10. <<

[790] Ibidem, p. 9. (T.P. “La opción la veían entre el modelo francés, muy centralista y económicamente muy dirigista y muy proteccionista a favor de Francia, y el modelo austríaco, mucho menos centralista y homogeneizador mezclado con el modelo económico anglo-holandés, con más libertad para la actividad económica y más mercatil”). <<

[791] Jordi Pujol, Quatre conferències…, p. 39. (T.P. “una aceptación no jubilosa, sino resignada, pero en todo caso operativa, y que en buena parte se manifestó a través del trabajo”). <<

[792] Ibidem, p. 40. <<

[793] Jordi Pujol, Reflexió en el tombant…, p. 13-14. <<

[794] Jordi Pujol, «Escócia i Catalunya: velles nacions que tornen», Paraules del president de la Generalitat, Barcelona, 1998, vol. 29, p. 18. <<

[795] Jordi Pujol, Quatre conferències…, p. 43. <<

[796] Ibidem, p. 49. <<

[797] Ibidem, p. 19. <<

[798] Sobre su obra historiográfica, cf. Guillermo Pérez Sarrión y José Luis Gómez Urdáñez, «Carlos Martínez Shaw en la historiografía española del siglo XVIII», en Roberto Fernández (ed.), Carlos Martínez Shaw, historiador modernista…, pp. 75-87. No alcanzo a entender que Ramon Grau, excelente y riguroso historiador de la historiografía catalana, sitúe a Martínez Shaw como una «polèmica exterior» a la comunidad de historiadores catalanes al referirse a sus posiciones sobre el Setecientos catalán (El segle de l’absolutisme…, p. 347). ¿Es Pierre Vilar para Grau parte de la historiografía catalana? Creo que, objetivamente, por su voluminosa dedicación profesional al siglo XVIII catalán, por su perdurable implicación con la sociedad catalana y por las numerosas investigaciones que ha dirigido en torno a nuestra historia del Setecientos, Martínez Shaw pertenece de manera indudable a la historiografía catalana, y no es, por tanto, una «polémica exterior», si es que hay «polémica exterior» en el mundo científico de la historiografía. <<

[799] Siguiendo las huellas de Vilar, Martínez Shaw comenzó sus estudios sobre la formación del capital comercial en la década de los años setenta, una dedicación investigadora que culminaría con su publicación Cataluña en la carrera de Indias, 1680-1756 (Barcelona, 1981), obra pionera que dio paso a otras investigaciones posteriores de sus discípulos como las efectuadas, entre otras muchas, por José Maria Oliva sobre la Compañía de Barcelona, Josep Maria Delgado para la época del libre comercio, Agustí Segarra para el comercio del aguardiente o Eloy Martín Corrales para el tráfico con el Mediterráneo musulmán. <<

[800] Carlos Martínez Shaw, «El Siglo de las Luces. Las bases intelectuales del reformismo», Historia de España, Madrid, 1996, vol. 19; «Las vías de desarrollo regional en la España del siglo XVIII», en El mundo hispánico en el Siglo de las Luces, vol. 1 (1996), pp. 176-192; «El reformismo del siglo XVIII», en Javier Tusell (dir.), Historia de España, Madrid, 1998, pp. 351-401, y «El despotismo ilustrado en España y en las Indias», en Víctor Mínguez y Manuel Chust (eds.), El Imperio sublevado. Monarquías y Naciones en España e Hispanoamérica, Madrid, 2004, pp. 123-177. <<

[801] Roberto Fernández, Joaquim Prats y Alex Sánchez, «Carlos Martínez Shaw. De comercio, colonias y sociedad», Aula. Historia Social, 21 (2008), pp. 5-15. <<

[802] Carlos Martínez Shaw, «La Cataluña del siglo XVIII bajo el signo de la expansión», en Roberto Fernández Díaz (ed.), España en el siglo XVIII…, pp. 55-131. Cf. asimismo, «Una nova relectura de Pierre Vilar. La Companyia nova de Gibraltar. Trenta anys després», en Pierre Vilar, Manual de la «Companyia Nova de Gibraltar», Reus, 1990. <<

[803] Carlos Martínez Shaw y Marina Alfonso Mola, Felipe V, Madrid, 2001. Cf. también Carlos Martínez Shaw, «Felipe V, el monarca ilustrado», La Aventura de la Historia, 25 (2000), pp. 70-83 y «Felipe V y las Indias», en Felipe V y el Atlántico…, 2002, pp. 17-47. Hemos de recordar, además, los estudios de estos autores sobre los elogios a Felipe V referidos en la nota 91. Sobre las posiciones de Martínez Shaw respecto a Felipe V, cf. Ricardo García Cárcel y Rosa María Alabrús, «Felipe V y Carlos Martínez Shaw», en Roberto Fernández (ed.), Carlos Martínez Shaw, historiador modernista…, pp. 137-158. <<

[804] Carlos Martínez Shaw, «La guerra de Sucesión», La Aventura de la Historia, 169 (2012), p. 24. <<

[805] Carlos Martínez Shaw y Marina Alfonso, Felipe V…, p. 210. <<

[806] Carlos Martínez Shaw, «Cataluña en el siglo XVIII…», pp. 65-67. <<

[807] Carlos Martínez Shaw y Marina Alfonso, Felipe V…, p. 213. <<

[808] Carlos Martínez Shaw, «El despotismo ilustrado…», p. 125. <<

[809] Carlos Martínez Shaw y Marina Alfonso, Felipe V…, p. 214. <<

[810] Carlos Martínez Shaw, «La Cataluña del siglo XVIII…», pp. 115-126. <<

[811] Carlos Martínez Shaw y Marina Alfonso, Felipe V…, p. 217. Sobre la aparición de la opción austracista, cf. Carlos Martínez Shaw, «La Cataluña del siglo XVIII…», pp. 62-64. <<

[812] Carlos Martínez Shaw, «La sociedad urbana en la Cataluña del siglo XVIII», Manuscrits, 11 (1993), pp. 109-124, especialmente p. 123. <<

[813] Carlos Martínez Shaw, «La Cataluña del siglo XVIII…», pp. 57-61. <<

[814] Ibidem, pp. 108-115. Es sin duda significativo que el apartado dedicado a estos asuntos en este artículo lo acabe Martínez Shaw con sendas citas de Mercader y Vilar recordando que el nuevo régimen había conseguido carta de naturaleza en la mayoría de la sociedad catalana (p. 115). <<

[815] Ibidem, p. 123. <<

[816] Ibidem, pp. 126 y 131. <<

[817] La mayor parte de la producción historiográfica de Ricardo García Cárcel concerniente a nuestra problemática ha sido ya referenciada a lo largo del texto. Sin embargo, es pertinente recordar ahora que sus posiciones pueden leerse con especial nitidez en Historia de Cataluña. Los siglos XVI-XVII, Barcelona, 1985, pp. 198-210; (con Rosa María Alabrús) España en 1700. ¿Austrias o Borbones?, Madrid, 2001, pp. 87-120; «La significación histórica de los Borbones», en Historia de España. Siglo XVIII. La España de los Borbones, Madrid, 2002, pp. 9-22; Felipe V y los españoles, Barcelona, 2002, pp. 112-113, 162-164, 192-200 y 214-222; «El nacionalismo y la historia de Cataluña», en VV. AA., Nacionalismos e historia, Valladolid, 2005, pp. 69-85; «El austracismo. Representación y realidad», en L’aposta catalana…, pp. 165-173; La herencia del pasado…, pp. 297-319; «La guerra de Sucesión en España», en Francisco García González (coord.), La guerra de Sucesión en España y la batalla de Almansa, Madrid, 2009, pp. 51-70; «El discurso sobre la nación y la memoria histórica del siglo XVIII», en Juan Luis Castellano y Miguel Luis López-Guadalupe Muñoz (eds.), El Estado absoluto y la Monarquía hispánica. Actas de la XI reunión científica de la Fundación Española de Historia Moderna, Granada, 2012, pp. 11-25, y «Los mitos de 1714», La Aventura de la Historia, 179 (2013), pp. 18-23. <<

[818] Ricardo García Cárcel, «Historia social e historia nacional…», p. 65. <<

[819] Para una mejor comprensión del presente capítulo, el lector interesado podrá acudir también a la lectura de dos escritos de mi propia factoría: «Cataluña y el absolutismo borbónico en las Españas del Setecientos», Pedralbes, 28-II (2008), pp. 387-434 y «La herencia histórica del absolutismo borbónico», en Guillermo Pérez Carrión (ed.), Más Estado y más mercado. Absolutismo y economía en la España del siglo XVIII, Madrid, 2011, pp. 17-52. <<

[820] Gran parte de este capítulo fue expuesto con anterioridad en mi artículo «Cataluña y el absolutismo borbónico», en Ricardo Franch, La sociedad valenciana…, pp. 283-384. <<

[821] Ricardo García Cárcel, La herencia del pasado. Las memorias históricas de España, Barcelona, 2011, pp. 280-356. <<

[822] Cf. Ricardo García Cárcel (coord.), La construcción de las Historias de España, Madrid, 2004, y Roberto Fernández, «Historia de España para ciudadanos», en Historia de España, Madrid, 2004, vol. 1, pp. 27-62. <<

[823] Jordi Solé-Tura, «Constitución y autonomías entre el pasado y el futuro», VV. AA., Reflexiones de los ponentes de la Constitución española (1978-2003), Madrid, 2003, pp.251-282. <<

[824] Roberto Fernández, «Historiografía y sociedad», Àngels Santa (ed.), Jaume Magre en el record, Lleida, 2002, pp. 226-264, y «Balance historiográfico sobre el siglo XVIII en España (1985-2005)», XXV años de historiografía hispana (1980-2004), Bilbao, 2007, pp. 157-216. <<

[825] Sobre las actitudes éticas de los catalanes respecto al trabajo es necesario consultar la obra ya referenciada de Carles Pi i Sunyer, L’aptitud econòmica de Catalunya, Barcelona, 1927-1929. <<

[826] Así, por ejemplo, Esteve Corbera criticaba en 1678 la falta de laboriosidad de los catalanes frente a la actitud emprendedora de los inmigrantes franceses en Cataluña, argumentando que aquellos se habían vuelto «remisos y negligentes, descuidados y perezosos, huelgan más de lo que fuera razón, descuídanse de sus casas, ocupánse en varios entretenimientos, frecuentan las plantas, ejercitan las armas, y en vez del trabajo a que les había de inclinar su naturaleza se aplican a otras cosas más generosas y menos serviles» (Cataluña ilustrada, Nápoles, 1678, capítulo VII). Sobre Corbera, cf. Xavier Baró, «Concepció i funció social de la història segons Esteve Corbera (1563-1631) i Francesc de Montcada (1586-1635)», Pedralbes, 23 (2003), pp. 491-506. <<

[827] Tan secular que, en un discurso de Alfonso XIII a los alcaldes catalanes en mayo de 1924, el rey reivindicaba las necesarias medidas de Felipe V en bien de Cataluña, al tiempo que mostraba una evidente desconfianza a las reivindicaciones catalanistas (cf. Borja de Riquer, Alfonso III y Cambó…, pp. 156 y 202). <<

[828] Enrique Giménez, «Contener con más autoridad y fuerza. La repressió de l’austracisme als territoris de la Corona d’Aragó (1707-1725)», en VV. AA., Del patriotisme al catalanisme…, pp. 221-238. <<

[829] Sobre el exilio austracista, al margen del ya referenciado libro clásico de Fèlix Duran Canyameras, Els exiliats de la Guerra de Successió, es preciso consultar a Virginia León, «La oposición a los Borbones españoles: los austracistas en el exilio», en Antonio Mestre y Enrique Giménez (eds.), Disidencias…, pp. 469-499; Rosa Alabrús, Felip V…, pp. 317-354, y, especialmente, la obra de Agustí Alcoberro, L’exili austracista (1713-1747), Barcelona, 2002, 2 vols., «Exili exterior i exili interior, una correspondencia austriacista inèdita (1721-1724)», Estudis Històrics i documents dels Arxius de Protocols, XXI (2003), pp. 321-360, y La «Nova Barcelona» del Danubi (1735-1738). La ciutat del exiliats de la Guerra de Successió. Barcelona, 2011. <<

[830] Virginia León, «Acuerdos de la paz de Viena de 1725. Sobre los exiliados en la guerra de Sucesión», Pedralbes, 12 (1992), pp. 293-312. <<

[831] Pierre Vilar, Catalunya…, vol. 1, p. 453. <<

[832] Joaquim Albareda, El «cas dels catalans». La conducta dels aliats arran de la guerra de Successió (1705-1742), Lleida, 2005; Òscar González Camaño, «El partit austracista: Coherència, divergència i supervivència d’una facció de poder», Pedralbes, 23 (2003), pp. 295-324, y Antoni Muñoz y Josep Catà, La traïció inglesa. Comerç colonial i destrucciò de la sobirania catalana (1706-1715), Barcelona, 2009. <<

[833] Joaquim Albareda, Felipe V y el triunfo del absolutismo…, p. 223, y «Represión y disidencia…», p. 550. <<

[834] Enrique Giménez, «Contener con más autoridad y fuerza…», pp. 224, nota 13, y Joaquim Albareda, Felipe V y el triunfo del absolutismo…, pp. 181-198. <<

[835] Rosa María Alabrús, «Pensamiento político y opinión en Cataluña en el siglo XVIII», Historia social, 24 (1996), pp. 83-94. <<

[836] Sobre la visita del infante Carlos a Barcelona (y también a Girona) tenemos poca información. A pesar de que con razón Lluís Roura considera que fue una fugaz estancia con la única finalidad de trasladarse a Florencia para hacerse cargo de su destino toscano, y que no cabe darle a la misma otras interpretaciones de sesgo político interno, creo que las celebraciones ofrecidas por las clases dirigentes indicaban sin duda un protocolo obligado pero al tiempo un cierto deshielo respecto a la nueva dinastía en la figura del hijo de Felipe V [cf. Lluís Roura, «1731: l’herència italiana i la relació entre la Monarquía Borbónica i el Principat de Catalunya», Pedralbes, 18-II (1998), pp. 521-530]. <<

[837] Gemma García Fuentes, «De la conspiración austracista a la integración de la Nueva Planta: la familia Durán, máximo exponente de la burguesía mercantil barcelonesa en el siglo XVIII», en Carlos Martínez Shaw (ed.), Historia Moderna, historia en construcción, vol. 2, Lleida, 1999, pp. 520-524, y Benet Oliva, La Generación de Feliu de la Penya. Burguesia mercantil i Guerra de Successió entre el Maresme i BArcelona, Lleida, 2001, pp. 208-211. <<

[838] José Maria Oliva, Cataluña y el comercio privilegiado con América, Barcelona, 1987. <<

[839] Jaime Carrera Pujal, La Lonja del Mar y los Cuerpos de Comerciantes de Barcelona, Barcelona, 1953 (ya citado). <<

[840] Ricardo García Cárcel, Felipe V…, p. 193. Sobre Caresmar, cf. Marina Garí, Raimon Masdeu y Manuela Urbina, «Jaume Caresmar: l’home y la seva obra», Manuscrits, 10 (1992), pp. 331-371. <<

[841] María Angeles Pérez Samper, «Poder y sociedad en la Cataluña de mediados del siglo XVIII. La visita real de Carlos III en 1759», en Actes del I Congrés d’Història Moderna de Catalunya, Barcelona, 1984, vol. 2, pp. 275-286; «La presencia del rey ausente: las visitas reales a Cataluña en la época moderna», en Agustín González Enciso y Jesús María Usunáriz Garayoa (dirs.), Imagen del rey, imagen de los reinos. Las ceremonias públicas en la España Moderna (1500-1814), Pamplona, 1999, pp. 63-116. <<

[842] Núria Sales ha recordado que la medida de no llevar armas la había tomado también en 1713 el último virrey de los Austrias y que, tras la contienda, no se produjo un desarme universal de los catalanes dado que la nobleza borbónica de hecho continuó con su derecho a llevar espada (cf. Núria Sales, Senyors bandolers…, pp. 199-203). <<

[843] Ramon Grau, «L’experiència del despotisme i.lustrat a Catalunya, 1759-1775», L’Avenç, 254 (2001), pp. 8-16. <<

[844] Ricardo García Cárcel, Felipe V…, p. 307, nota 33. <<

[845] Roberto Fernández, «Rey de los hombres, vasallo de Dios. Oraciones fúnebres en la catedral de Lérida a la muerte de Carlos III», en Máximo García y María Angeles Sobaler (coords.), Estudios de homenaje al profesor Teófanes Egido, Valladolid, 2004, pp. 223-248. Sobre la positiva valoración que tenían de Carlos III las clases empresariales catalanas, resulta significativa la lectura de la oración fúnebre auspiciada por la Junta Particular de Comercio de Barcelona. <<

[846] María Angeles Pérez Samper, Barcelona, Corte. La visita de Carlos IV en 1802, Barcelona, 1973, y Maria Garganté, «Festa oficial i festa reial: alguns aspectes de la visita de Carlos IV l’any 1802 des de la correspondència privada», Pedralbes, 23 (2003), pp. 433-446. Por otra parte, pienso que difícilmente hubiera tomado la Casa Real tal decisión de no estar segura de la buena acogida general de los catalanes. <<

[847] Valentín Vázquez de Prada, «Las fábricas de indianas y estampados de Barcelona en el siglo XVIII», en Aportaciones a la Historia Económica y Social: España y Europa, siglos XVI-XVIII, Pamplona, 2000, vol. 2, p. 68, nota 8. <<

[848] Antoni Moliner, La Catalunya resistent a la dominació francesa (1808-1812), Barcelona, 1989, pp. 19-27. <<

[849] Pierre Vilar, Catalunya…, vol. 2, pp. 456-480. <<

[850] Sobre Joan Pere Barceló, alias Carrasclet, y su contexto histórico, cf. Josep Iglèsies, El guerriller Carrasclet, Barcelona, 1985 (2.ª edición); Joaquim Albareda, «L’alçament dels Carrasclet contra Felip V», en Ramon Arnabat (coord.), Moviments de protesta i resistència a la fin de l’antic règim, Barcelona, 1997, pp. 63-79; Núria Sales, Història dels mossos d’esquadra. La dinastía Veciana i la policia catalana. El segle XVIII, Barcelona, 1962; Joan Papell, L’origen dels Mossos d’esquadra, Lleida, 1999, pp. 140-150; Antonio Muñoz y Josep Catà, «El naixement de les esquadres de Catalunya dins el conflicte bèl·lic de 1719», en Actes del IV Congrés Internacional d’Història Local, Barcelona, 1999, pp. 220-231, y Enrique Giménez, «Conflicto armado con Francia y guerrilla austracista en Cataluña (1719-1720)», Hispania, 220 (2005), pp. 543-600. <<

[851] Joaquim Albareda, Felipe V y el triunfo del absolutismo…, p. 235. <<

[852] Manuel Ardit, Albert Balcells y Núria Sales, Història dels Països Catalans, Barcelona, 1980, pp. 36-37, y Josep María Torras (ed.), Escrits polítics del segle XVIII, Vic, 1996, p. 12. <<

[853] Sobre dicho texto han opinado la mayoría de los autores que se han ocupado del austracismo en Cataluña. Cf. Ernest Lluch, Las Españas vencidas…, pp. 66-80; Rosa Maria Alabrús, Felip V…, pp. 392-408; Ricardo García Cárcel, Felipe V y los españoles…, pp. 162-164; Joaquim Albareda, El cas dels catalans…, pp. 233-238; El triunfo del absolutismo…, pp. 242-243, y Agustí Alcoberro, L’exili…, pp. 218-226. <<

[854] Al igual que el Via fora, también ha sido profusamente analizado el Record: Ernest Lluch, Las Españas vencidas…, pp. 80-81; Rosa Alabrús, Felipe V…, pp. 408-411; Joaquim Albareda, El cas dels catalans…, pp. 238-239, y Josep María Torras (ed.) Escrits polítics…, pp. 13-16. <<

[855] Ernest Lluch, Aragonesismo austracista (1734-1742). Conde Juan Amor de Soria, Zaragoza, 2000; La alternativa catalana (1700-1714-1740), Vic, 2000, pp. 87-114; Las Españas vencidas…, pp. 83-88; Rosa Alabrús, Felipe V…, pp. 412-415; Virginia León, «Una concepción austracista del Estado a mediados del siglo XVIII», Coloquio Internacional Carlos III y su siglo, Madrid, 1990, vol. 2, pp. 213-224; Carlos VI, Madrid, 2003, pp. 353-380, y Òscar González, «El partit austracista…», pp. 316-323. Sobre Vilana-Perles, cf., Sebastià Sardiné, Jo, Vilana-Perles. El diplomàtic català que va moure els fils de la guerra de Successió (1704-1734), Lleida, 2013. <<

[856] Rosa Alabrús, «El pensamiento político, social y económico del austracismo. Juan Amor de Soria», Historia Social, 59 (2007), pp. 3-20. Recordemos, además, que según esta autora Amor fue evolucionando hacia un mercantilismo bastante ortodoxo cuando otros autores como José Campillo ya estaban entrando en su crítica en favor de la liberalización comercial. <<

[857] Enric Moreu-Rey, El Memorial de Greuges de 1760, Barcelona, 1968; Josep Maria Torras (ed.), Escrits polítics…, pp. 22-27 y 91-113; Josep Antoni González Casanovas, Memorial de Greuges. Pojecte de constituciò de l’Estas català. Memorial de Greuges de 1885. Missatge a la Reina Regent de 1888. Basses de Manresa de 1892, Barcelona, 1990 (Generalitat de Catalunya), y Ricardo García Cárcel, Felipe V…, pp. 194-197. <<

[858] Josep Maria Gay Escoda, «Un proyecto para restablecer el antiguo Magistrado de Cataluña en el siglo XVIII», Recerques, 13 (1970), pp. 145-155. <<

[859] Jaime Carrera Pujal, Historia política de Cataluña en el siglo XIX, Barcelona, 1961, vol. 1, pp. 81-86; Ernest Lluch, «La Catalunya del segle XVIII i la lluita contra l’absolutisme centralista. El Proyecto del Abogado General del Público, de Francesc Romà i Rosell», Recerques, 1 (1970), pp. 33-50. <<

[860] Josep María Torras (ed.), Escrits polítics…, p. 28, nota 79; Els municipis catalans de l’Antic Règim…, pp. 337-357, y «Protesta popular i associacionisme gremial com a precedents de la reforma municipal de Carles III a Catalunya (1728-1771)», Pedralbes, 8-II (1988), pp. 13-26. Este mismo autor recuerda que en 1790 la propia Audiencia borbónica apelaba a la insaculación como método para resolver los conflictos existentes en algunas poblaciones; una insaculación que, sin embargo, más allá de aspectos formales coincidentes con la antigua práctica, según la opinión de Torras estuvo dirigida a mantener en el poder a los grupos privilegiados en detrimento de los sectores más populares que accedieron a los cargos municipales por la reforma carolina de 1766 (El municipis…, pp. 365-370). <<

[861] Rosa Maria Alabrús, Felip V…, pp. 355-426. <<

[862] Teófanes Egido, Opinión pública y oposición al poder en la España del siglo XVIII (1713-1759), Madrid, 1971. <<

[863] Núria Sales, Els botiflers, 1705-1714, Barcelona, 1999; Joaquim Albareda, Felipe V…, pp. 201-206; Joan Arrieta, «L’antitesis pactisme-absolutisme durant la guerra de Successió a Catalunya», en VV. AA., Del patriotisme al catalanisme…, pp. 105-128, y «Austracismo, ¿qué hay detrás de ese nombre?», en Pablo Fernández Albaladejo, Los Borbones. Dinastía y memoria de nación en la España del siglo XVIII, Madrid, 2001, pp. 177-216. <<

[864] Pierre Vilar, «Ocupantes y ocupados: algunos aspectos de la ocupación y resistencia en España en 1794 y en tiempos de Napoleón» en Hidalgos, amotinados y guerrilleros, Barcelona, 1982, pp. 175-176. <<

[865] Pierre Vilar, Estat, nació, socialisme. Estudis sobre el cas espanyol, Barcelona, 1981, pp. 75-76. <<

[866] Sobre la situación de la lengua catalana en el siglo XVIII, además de las referencias de la nota 763, es preciso cf. Maties Ramisa, Els catalans i el domini napoleónic, Barcelona, 1995, pp. 365-367; Xavier Moral, «Llengua i ensenyament al Principat», en Pep Balsalobre y Joan Gratacós (eds.), La llengua catalana…, pp. 202-244; Joaquim M. Puigvert, «Església, cultura i llengua a la societat catalana del Set-cents», en Pep Balsalobre y Joan Gratacós (eds.), La llengua catalana…, pp. 245-286; August Rafanell, La llengua silenciada. Una història del català del Cincents al Vuitcents, Barcelona, 1999, pp. 91-116; Joan Lluis Marfany, La llengua maltractada, Barcelona, 2001, pp. 245-286, 365-398 y, especialmente, 466-468, y Pere Sola, Educació i societat a Catalunya, Lleida, 2011, pp. 131-132. <<

[867] Modest Prats, «Pròleg», a Albert Rossich, Una poètica del Barroc, Girona, 1979; Modests Prats (ed.), Política lingüística de l’Esglesia catalana. Segles XVI-XVII, Vic, 1995; James Amelang, La formación de una clase dirigente. Barcelona, 1490-1714, pp. 182-187 Barcelona, 1986, y Manuel Peña, Cataluña en el Renacimiento: libros y lenguas, Lleida, 1996, pp. 272-280. <<

[868] Núria Sales, «Un parell de tòpics: la prohibició total d’armes i la decadencia de la lengua», en Senyors, bandolers…, pp. 216-217. <<

[869] Montserrat Ventura, Lletrats i illetrars a una ciutat de la Catalunya moderna. Mataró 1750-1800. Mataró, 1991, y Javier Antón, La herencia cultural. Alfabetización y lectura en la ciudad de Girona (1747-1807), Bellaterra, 1998. <<

[870] Ernest Lluch, La Catalunya vençuda…, p. 52. <<

[871] Utilizo el concepto diglosia en el sentido definido por Joan Lluís Marfany (La Llengua maltractada…, pp. 21-23). <<

[872] Baldiri Rexach, Instruccions per a l’ensenyança de minyons, Girona, 1749, vol. 1, p. 308. <<

[873] Pere Anguera, El català al segle XIX. De llengua del poble a llengua nacional, Barcelona, 1997, y «Lenguas y culturas en Cataluña», en Jesús A. Martínez Martín (ed.), Orígenes culturales de la sociedad liberal (España siglo XIX), Madrid, 2003, pp. 237-272. <<

[874] Estafeta de Londres y extracto del Correo General de Europa, tomo I, pp. 67 y 68 y 85 y 86, Madrid, 1779 (citado por Jaime Carrera Pujal, Historia política y económica de Cataluña, Barcelona, 1947, vol. III, p. 78). <<

[875] Horst Hina, Castilla y Cataluña…, pp. 85-101; Josep Maria Fradera, «El liberalisme en el anys revolucionaris», en Història de la cultura catalana. Romanticisme i Renaixença. 1800-1860, Barcelona, 1995, pp. 205-220. <<

[876] Borja de Riquer, Alfonso XIII y Cambó., pp. 146-147. <<

[877] Francesc Romá i Rosell, Las señales de la felicidad de España y medios de hacerlas eficaces, Madrid, 1768. <<

[878] He consultado la edición preparada por Ernest Lluch: Junta de Comerç de Barcelona, Discurso sobre la agricultura, comercio e industria del Principado de Cataluña (1780), Editorial Altafulla, Barcelona, 1997. Al igual que las Memorias de Capmany, este texto estuvo auspiciado por los grandes comerciantes y fabricantes de la Junta Particular de Comercio. Sin embargo, en este caso es interesante recordar que el intendente borbónico barón de la Linde, presidente nato de la propia Junta Particular, actuó también como animador del Discurso, fomentando así una relación fructífera entre hombres de negocios, eruditos y políticos cercanos al reformismo económico oficial. <<

[879] Ernest Lluch, La Catalunya vençuda…, pp. 235-241; Jaume Barrera, Els Torres Amat y la Biblioteca Episcopal de Barcelona, Barcelona, 1922, y Julián Barrio, «Félix Torres Amat (1772-1847). Un obispo reformador», Anthologica Annua, 22-23 (1975-76), pp. 205-463. Cf también otros textos económicos como los recuperados por Pere Molas, «Tres textos econòmic sobre la Catalunya il-lustrada», Pedralbes, 7 (1987), pp. 147-161. <<

[880] Sobre Fèlix Amat, cf. Ernest Lluch, Pensament económic…, pp. 148-160, y Ramon Corts, L’Arquebisbe Fèlix Amat…, pp. 104-107. <<

[881] Acerca de Jaume Amat, cf. Ernest Lluch, Pensament econòmic…, pp. 168-178. <<

[882] Ernest Lluch, Pensament económic…, pp. 216-219, y Albert Tubau, Antoni Bonaventura Gassó (1778-1833), Barcelona, 1999, pp. 107-126. <<

[883] En el caso de Romá, además de Las señales, es necesario consultar El proyecto para restablecer la Monarquía, escrito en 1769 [Josep Vicent Penadés, «Enmendar sin quebrar: El proyecto para restablecer la Monarquía (1769) de Francesc Romà i Rosell», Pedralbes, 23-I (2003), pp. 225-236]. Y para el caso de su decidida defensa de los gremios: Disertación histórico-político-legal por los Colegios y Gremios de la Ciudad de Barcelona y sus Privativas, publicada en 1766. <<

[884] Josep María Fradera, «El proyecto liberal catalán y los imperativos del doble patriotismo», Ayer, 35 (1999), pp. 87-100; Cultura nacional en una societat dividida…, p. 127. <<

[885] María Victoria López Cordón, «De Monarquía a nación: la imagen histórica de España en el siglo de la Ilustración», Norba. Revista de Historia, 19 (2006), pp. 151-173; José Cepeda Gómez y Antonio Calvo Maturana, «La nación antes del nacionalismo», Cuadernos de Historia Moderna, Anejo XI (2012), pp. 9-22. <<

[886] Pierre Vilar, «Ocupació i resistència durant la Guerra Gran i en temps de Napoleó», en Assaigs sobre la Catalunya…, p. 97. Cf., asimismo, del mismo autor, «Introducció: el “fet català…”», pp. 29-30. (T.P. “La colaboración eficaz establecida en el siglo XVIII entre Barcelona y Madrid se ha apoyado la mayoría de las veces en la aceptación por parte de la administración central de las sugerencias de la burguesía periférica. Nunca la burguesía catalana se ha sentido más española que en este final del siglo XVIII. Es un signo de ello que abandona el catalán por el castellano como lengua de cultura”). <<

[887] Ángel Ossorio, Historia del pensamiento político catalán durante la guerra de España contra la Revolución Francesa, Madrid, 1913; Rafael Tasis, La Revolución Francesa y Catalunya, Barcelona, 1989; Pierre Vilar, «Ocupantes y ocupados…», pp. 169-210; Jean-René Aymes, La guerra de España contra la Revolución Francesa (1793-1795), Alicante, 1991, pp. 347-372; Lluís Roura, La Guerra Gran a la ratlla de França, Barcelona, 1993; «El contacte del Principat de Catalunya amb la França de la Revolució», Manuscrits, 8 (1988), pp. 193-200 y «Cataluña y la Francia de la Revolución», en Jean-René Aymes (ed.), España y la Revolución Francesa, Barcelona, 1989, pp. 168-192, y Josep Fàbregas Roig, «Catalunya i Espanya a l’entor de la Guerra Gran», en Ramon Arnabat y Antoni Gavaldà (eds.), Proyectes nacionals…, pp. 439-449. <<

[888] Joan Mercader, Catalunya i el Imperic napoleònic, Barcelona, 1978; Antoni Moliner, La Catalunya resistent a la dominació francesa (1808-1812), Barcelona, 1989, p. 251; Maties Ramisa, Els catalans…, pp. 381-410; Politics i militars a la Guerra del Francés (1808-1814), Lleida, 2008; Roland Fraser, La maldita guerra de España. Historia social de la guerra de la Independencia (1808-1814), Madrid, 2006, pp. 159,172-173 y 469-502; Ricardo García Cárcel, El sueño de la nación indomable. Los mitos de la guerra de la Independencia, Madrid, 2007, pp. 205-220, y Antoni Sánchez Carcelen, La guerra del Francés a Lleida. La insurgencia lleidatana contra Napoleó i les seves consequencies (1808-1814), Lleida, 2008. <<

[889] Enric Jardí, Els catalans de les Corts de Cádiz, Barcelona, 1963; Josep Fontana, La guerra del Francès…, pp. 87-95 y 111-120, y Juan Sisinio Pérez Garzón, Las Cortes de Cádiz. El nacimiento de la nación liberal (1808-1814), Madrid, 2007, pp. 237-246. <<

[890] Pierre Vilar, Estat, nació…, pp. 76-77. <<

[891] Pere Anguera, «Entre dues possibilitats: espanyols o catalans», AA. DD., Del patriotisme al catalanisme…, pp. 320-327. <<

[892] Maties Ramisa, Els catalans…, pp. 389-403. <<

[893] Pierre Vilar, «Ocupantes y ocupados…», p. 205. <<

[894] Joan Mercader, Catalunya i l’Imperi Napoleònic…, pp. 108-122; Lluís María de Puig, Tomàs Puig: catalanisme i afrancesament, Barcelona, 1985, y Maties Ramisa, Els catalans…, pp. 290-312. <<

[895] Enrique Giménez, Gobernar con una misma ley. Sobre la Nueva Planta borbónica en Valencia, Alicante, 1999; Lluís Roura, «Subjecció i militarització a la Catalunya del segle XVIII», Del patriotisme…, pp. 289-316; «Militarització i protesta sota l’absolutisme borbònic», en Revista HMiC, X (2012), pp. 74-86; Sebastiá Solé i Cot, La Nova Planta i l’organització política del Pla de Barcelona, Barcelona, 2001. <<

[896] Joan Mercader Riba, Felipe V i Catalunya…, pp. 35-46. <<

[897] Felipe J. Vicente Alguero, «El ejército de Cataluña durante el reinado de Carlos III», Pedralbes, 8-II (1988), pp. 119-132. <<

[898] Antonio de Béthencourt, Relaciones de España bajo Felipe V, Las Palmas, 1998, y Ildefonso Pulido, José Patiño. El inicio del gobierno político-económico ilustrado en España, Huelva, 1998. El establecimiento de una estrategia militar pensada cada vez más para defender la frontera francesa y menos para la represión de una posible rebelión catalana fue iniciada por Ensenada y seguida por Carlos III. Cf. José Luis Gómez Urdáñez, El proyecto reformista de Ensenada, Lleida, 1996; Cristina González Gayzán, La red política del marqués de la Ensenada, Madrid, 2004. <<

[899] Carlos Díaz Capmany, «Estrategia de defensa en Cataluña de Vauban a Zermeño. Cien años de fortificaciones. Fortificaciones y control territorial en Cataluña frente a las presiones de Francia», en Francisco Segovia y Manuel Nóvoa (coords.), El arte abaluartado en Cataluña. Estrategia de defensa en el siglo XVIII, Madrid, 2013, pp. 65-80. <<

[900] Lluís Roura, «Subjecció…», pp. 298-299, y «Barcelona i les precaucions militars del reformisme borbònic envers el Principat», en Joan Roca i Albert (coord.), El municipi de Barcelona i els combats pel govern de la ciutat, Barcelona, 1997, pp. 75-85. <<

[901] Jaume Carrera i Pujal, La Barcelona del segle XVIII, Barcelona, 1951, vol. 1, pp. 75-77. <<

[902] Felipe J. Vicente Algueró, «El marqués de la Mina, de militar profesional a ilustrado periférico», Primer Congrés…, vol. 2, pp. 89-100. <<

[903] Enrique Giménez, «El primer capitán general de Cataluña, marqués de Castelrodrigo (1715-1721) y el control del austracismo», en Pablo Fernández Albaladejo (ed.), Los Borbones. Dinastía y memoria de nación en la España del siglo XVIII, Madrid, 2001, pp. 401-422. <<

[904] Para el caso de Lleida, por ejemplo, cf. Roberto Fernández, Història de Lleida. El segle XVIII, Lleida, 2003, pp. 117-140. <<

[905] María Angeles Pérez Samper, «Los regentes de la Real Audiencia de Cataluña (1716-1808)», Pedralbes, 1 (1981), pp. 211-252; «La Audiencia y el capitán general de Cataluña: civilismo frente a militarismo, un siglo después de la Nueva Planta», en El mundo hispánico en el Siglo de las Luces, vol. 2 (1996), pp. 1033-1050; «Los magistrados de la Audiencia de Cataluña en el siglo XVIII», en Bernard Vincent y Jean-Pierre Dedieu (coords.), L’Espagne, l’Etat, les Lumières; mélanges en l’honneur de Didier Ozanan, Madrid, 2004, pp. 227-240; Eduardo Escartín, «El desacord del Reial Acord (1716-1755)», Pedralbes, 4 (1984), pp. 113-146, y Sebastià Solé, El gobierno del Principado de Cataluña por el capitán general y la Real Audiencia —El Real Acuerdo— bajo el régimen de Nueva Planta (1716-1808), Barcelona, 2008, pp. 142-188. <<

[906] José Cadalso, Cartas Marruecas, Madrid, 1768, p. 89 (consulta de la edición de la Editorial Alba en 1996). <<

[907] Joan Mercader Riba, «La ordenación de Cataluña por Felipe V: la Nueva Planta», Hispania, XLIII (1951), p. 261; Felip V i Catalunya…, p. 24, y Jean Pierre Dedieu, «La Nueva Planta en su contexto. Las reformas del aparato de Estado en el reinado de Felipe V», Manuscrits, 18 (2000), pp. 113-139. <<

[908] Núria Sales, Història dels Països Catalans…, pp. 39-41. <<

[909] María Angeles Pérez Samper, «La Audiencia de Cataluña en la Edad Moderna», Revista de Historia moderna. Anales de la Universidad de Alicante, 13-14 (1995), pp. 51-72. <<

[910] Eduardo Escartín, La intendencia de Cataluña en el siglo XVIII, Barcelona, 1995. <<

[911] Josep Maria Gay Escoda, El corregidor a Catalunya, Madrid, 1997. <<

[912] Joan Mercader Riba, La transformació dels municipis catalans en temps de Felip V, Barcelona, 1963; Josep Maria Torras, «Los mecanismos del poder en el municipio catalán durante el siglo XVIII», Pedralbes, 1 (1981), pp. 307-316; Els municipis catalans…, pp. 132-429; «La venta de oficios municipales en Cataluña (1739-1741), una operación especulativa del gobierno de Felipe V», Actas del IV Symposium de Historia de la Administración, Alcalá de Henares, 1983, pp. 723-747; Antón Jordá, Poder i comerç a la ciutat de Tarragona (segles XVIII), Tarragona, 1988; Josep Morell, El municipi reusenc en el set-cents, Reus, 1991, y Manel Tarés, Introducció del règim borbònic a la vila de Cambirls: de la guerra de Successió a les reformes del anys seixanta del segle XVIII, Tarragona, 2013. <<

[913] Deseo agradecer la deferencia del profesor Passola facilitándome en primicia su artículo «El municipio catalán del siglo XVIII y el régimen borbónico», de próxima publicación y que me ha sido de suma utilidad. Del mismo autor también resulta necesario cf. La historiografía sobre el municipio en la España moderna, Lleida, 1997. <<

[914] Josep Morell, El municipi reusenc…, pp. 63-67. <<

[915] Pere Molas, Felipe V y la nobleza catalana, Barcelona, 2001; L’alta nobleza catalana a l’Edat Moderna, Vic, 2004; «Cavallers catalans de l’Orde de Carles III», Pedralbes, 16 (1996), pp. 61-96; «La aristocracia catalana en la guerra de Sucesión», en Homenaje a don Antonio Domínguez Ortiz, vol. III, pp. 663-678, y Joan Pons y Sebastià Solé, «Notes sobre l’organització i el paper polític de la noblesa catalana entre la crisis de 1766 i 1773», en Ramon Grau (coord.), El segle…, pp. 151-176. <<

[916] José Manuel de Bernardo Ares, «Versalles y Madrid a principios del siglo XVIII: sociología cortesana, monarquía universal y Estado unitario», en José Manuel de Bernardo Ares, Elena Echevarría y Emilio Ortega, De Madrid a Versalles. La correspondencia bilingüe entre el Rey Sol y Felipe V durante la guerra de Sucesión, Barcelona, 2011, pp. 16-55, y Pablo Vázquez Gestal, Una Nueva Majestad. Felipe V, Isabel de Farnesio y la identidad de la monarquía (1700-1729), Madrid, 2013, pp. 115-145. <<

[917] Josep Maria Gay, «Un proyecto para restablecer…», pp. 145-158 (p. 155). <<

[918] Eduardo Escartín, «Las confiscaciones de bienes a los partidarios del archiduque en Cataluña bajo el reinado de Felipe V», Studia Historica et Philologica in Honorem M. Batllori, Roma, 1984, pp. 229-240. <<

[919] Joan Reglà, Els Virreis de Catalunya, pp. 19-21; Joan Mercader, Els Capitans Generals…, p. 114, y John Elliott, La rebelión de los catalanes (1598-1640), Madrid, 1977, pp. 68-70. <<

[920] Rafael Cerro y Pere Molas, La presidència de l’Ajuntament de Barcelona, 1718-1808, Barcelona, 2000. Estos autores demuestran que si bien los corregidores militares debían presidir el Ayuntamiento barcelonés, ello no ocurrió en la práctica salvo a finales del siglo, con motivo de la guerra con Francia, lo cual permitió a la nobleza catalana ejercer un dominio hegemónico de hecho sin la efectiva vigilancia expresa de dicho funcionario real. Sobre la formación del Ayuntamiento barcelonés, cf. Marina López Guallar, El procés de definició de l’Ajuntamente de Barcelona: 1714-1726, Barcelona, 2005. <<

[921] Josep María Torras, Els municipis catalans…, pp. 354-357. <<

[922] Pere Molas, Societat i poder politic a Mataró 1718-1808, Barcelona, 1973; Josep Maria Torras, «Protesta popular i associacionisme gremial com a precedents de la reforma municipal de Carles III a Catalunya (1728-1771)», Pedralbes, 8-II (1988), pp.13-26, y Ramon Grau, «L’experiència…», p. 11. <<

[923] Montserrat Jiménez Sureda, L’Esglèsia catalana sota la monarquía dels Borbons. La catedral de Girona en el segle XVIII, Abadía de Monserrat, 1999, pp. 208-213. <<

[924] Christian Hermann, L’Église d’Espagne sous le Patronage Royal (1476-1834), Madrid, 1988; Maximiliano Barrio, «La economía de las mitras catalanas en la segunda mitad del siglo XVIII y su relación con el conjunto español. Apuntes para su estudio», Pedralbes, 8-II (1988), pp. 447-457, y Pedro Fatjó, «Las haciendas eclesiásticas en la Catalunya del XVIII», en VV. AA., Esglèsia i societat a la Catalunya del segle XVIII, Cervera, 1990, pp. 119-146. <<

[925] Sobre la actitud de la Jerarquía eclesiástica catalana ante el reformismo económico, cf. Roberto Fernández, «La clerecía catalana en el Setecientos», en VV. AA., Esglèsia i societat…, pp. 100-104. Acerca del conjunto de obispos ilustrados, cf. Joan Bada, «L’episcopat il·lustrat a la Catalunya de la segona meitat del segle XVIII», en Bisbes, Il·lustració i jansenisme a la Catalunya de la segona meitat del segle XVIII, Vic, 2000, pp. 149-168. <<

[926] Joan Bada, «Les relacions entre els bisbes i l’Estat a la Catalunya de la I.lustració», Manuscrits 20 (2002), pp. 71-89. <<

[927] Francesc Tort, Biografía histórica de Francisco Armanyá Font. Obispo de Lugo, Arzobispo de Tarragona (1718-1803), Vilanova i la Geltrú, 1967. <<

[928] Luis Sierra, El cardenal Lorenzana y la Ilustración, Madrid, 1975, y Josep M. Marqués, «Tomàs de Lorenzana, bisbe de Girona, un funcionari benefactor (1775-1796)», en VV. AA., Bisbes, Il·lustració…, pp. 11-88. <<

[929] Ramon Corts, L’arquebisbe Fèlix Amat (1740-1824)…, pp. 95-183. <<

[930] Joaquim Prats, «Iglesia, enseñanza y pensamiento en la Cataluña del setecientos: propuestas y reflexiones», en VV. AA., Esglèsia i societat…, pp. 147-173. <<

[931] Francisco Tort, El obispo de Barcelona Josep Climent…, pp. 348-361; Ramon Corts, «Jansenisme i Regalisme a l’època de Carles III. Algunes observacions sobre l’Episcopat català: Climent, Armanyà i Amat», Pedralbes, 8-II (1988), pp. 389-402. <<

[932] Joaquim Albareda, «L’actitud dels eclesiàstics catalans a la guerra de Successió (1705-1714)», Anuari de la Societat d’Estudis d’Història Eclesiàstica Moderna i Contemporània de Catalunya, Barcelona, 1988, pp. 9-26; y Virginia León, «Felipe V y los eclesiásticos catalanes “infidentes a la Corona” en Roma», Pedralbes, 28 (2008), pp. 393-410. <<

[933] Antonio Mestre, «Ascensio Sales: la actitud ilustrada de un obispo partidario de la Compañía», Anales Valentinos, 9 (1983), pp. 61-99; Antoni Borras, «L’expulsió del jesuïtes de la ciutat de Barcelona en el marc general del seu desterrament d’Espanya per Carles III», Pedralbes, 8-II (1988), pp. 403-430, y Miquel Batllori, «Carles III i el jesuïtes catalans», en Catalunya a l’època de Carles III…, pp. 27-45. <<

[934] Enric Riera, «El estamento eclesiástico catalán en la guerra de la Independencia», en Pedralbes, 2 (1982), pp. 211-235; Joan Bada, L’Esglèsia de Barcelona en la crisi de l’Antic Règim (1808-1833), Barcelona, 1986, pp. 169-197; Valentí Girbau, Esglèsia i societat a la Catalunya central. El bisbat de Vic a l’época del Bisbe Meyán (1784-1815), Barcelona, 1996, y Antoni Sánchez Carcelén, «Eclesiásticos catalanes y las Cortes de Cádiz», Anuario de Historia de la Iglesia, 19 (2010), pp. 119-140. <<

[935] Los estudios clásicos corresponden a Manuel Rubio y Borras, Historia de la Real y Pontificia Universidad de Cervera, Barcelona, 1915-1916; Federico Vila, Reseña histórica, científica y literaria de la Universidad de Cervera, Cervera, 1923 (reedición Cervera, 1981); Fernando Razquin, La tradició catalana a la Universitat de Cervera, Cervera, 1927; Ignasi Casanovas, La cultura catalana en el siglo XVIII: Finestres y la Universidad de Cervera, Barcelona, 1953 (consultar también su biografía ya citada sobre Finestres); Agustín Duran i Sanpere, Felip V i ciutat de Cervera, Barcelona, 1963; Ferran Soldevila, Barcelona sense Universitat…, pp. 24-54; Miquel Batllori, «La Universitat de Catalunya a Cervera (1717-1842)», Aportació de la Universitat Catalana a la Ciència i a la Cultura, Barcelona, 1981, y La Il·lustració, Barcelona, 1997, Obra completa vol. IX, pp. 167-210 y su prólogo a la reedición del libro de Vila. Sin embargo, la investigación más actual y de la cual asumo sus principales tesis pertenece a Joaquim Prats, La Universitat de Cervera i el reformisme borbònic, Lleida, 1993, pp. 309-405; «Historiografía y publicismo sobre la Universidad de Cervera: entre el mito y el sambenito», Manuscrits, 6 (1987), pp. 49-72, y «La Universitat de Cervera: las reformas borbónicas de los estudios superiores en Cataluña», en Joan J. Busqueta y Juan Pemán (coords.), Les Universitats de la Corona d’Aragó, ahir i avui, Barcelona, 2002, pp. 351-380. Para las circunstancias de su creación, cf. Enric Tello, Visca el rei i les calces d’estopa, Barcelona, 1990, pp. 156-167. Aparte de las referencias anteriores, sobre la valoración de las aportaciones intelectuales de la Universitat de Cervera es preciso consultar la obra de Francisco Canals Vidal, La tradición catalana en el siglo XVIII. Ante el absolutismo y la ilustración, Madrid, 1995, pp. 109-146. <<

[936] Cf. Mariano Peset y José Luis Peset, La Universidad Española (siglos XVIII-XIX). Despotismo Ilustrado y Revolución Liberal, Madrid, 1974. <<

[937] En 1735, las autoridades borbónicas autorizaron a Jaume Duran Pujadas, procedente de una familia austracista, a encabezar una Junta Particular de Comercio Terrestre y Marítimo que reunió a diversos afamados comerciantes de la época y que resultó un antecedente de los posteriores Tres Cuerpos de Comercio (Archivo Corona de Aragón, Audiencia, libro 214, fol. 106-112 y Biblioteca Nacional, manuscrito 18 648). <<

[938] Pere Molas, Comerç i estructura social…, pp. 202-239; «La Junta General de Comercio y Moneda. La institución y los hombres», Cuadernos de Historia, Madrid (1978), pp. 1-39; “Dos proyectos de reforma de la Junta de Comercio: Torrehermosa y Sartine (1720-1721)”, Siglo que llaman ilustrado. Homenaje a Francisco Aguilar Piñal, Madrid, 1996, pp. 653-658, y Roberto Fernández, «Burguesía y consulados en el siglo XVIII», en Tomás Martínez Vara (ed.), Mercado y desarrollo económico en la España contemporánea, Madrid, 1986, pp. 1-41. <<

[939] Sobre la situación del Consulado en el Decreto de Nueva Planta, cf. Joan Mercader, «La ordenación de Cataluña por Felipe V: la Nueva Planta», Hispania, 43 (1951), pp. 258-366; Joaquim Camps, El Decret de Nova Planta, Barcelona, 1963, p. 58, y Josep Maria Gay Escoda, «La gènesi del Decret de Nova Planta de Catalunya», Revista Jurídica, 1-2 (1982), pp. 7-41 y 263-348. <<

[940] Alex Sánchez Suárez, «La comissió de fàbriques: una organizació clau en el procés de formació de la burguesía industrial a Catalunya», Protecció, ordre i llibertat. El pensament i la política econòmica de la Comissió de fàbriques de Barcelona (1820-1840), Barcelona, 1990, pp. 7-108. <<

[941] Sobre la caracterización y las aspiraciones de la burguesía austracista, amén de los autores referenciados en los capítulos historiográficos antecedentes, es preciso cf. Henry Kamen, «El fénix de Cataluña: la obra renovadora de Felíu de la Peña», Estudis, 1, (1973), pp. 185-203; Pere Molas, Comerç i estructura social…, pp. 70-171; «A tres-cents anys del Fénix de Catalunya. Recuperació i reformisme econòmic sota Carlos II», Pedralbes, 3 (1983), pp. 147-174; Carlos Martínez Shaw, «Una nova relectura de Pierre Vilar. La Companya Nova de Gibraltar. Trenta anys després», prólogo a Pierre Vilar, Manual de la «Companya Nova de Gibraltar» (edición del Centre de Lectura de Reus, 1990) (ya citado); Mónica González, «La burguesía catalana en las Cortes de 1705-1706», en Luis Miguel Enciso (coord.), La burguesía española en la Edad Moderna, Valladolid, 1996, vol. 3, pp. 1427-1436; Joaquim Albareda, «Cataluña y Felipe V: razones de una apuesta», en Pablo Fernández Albaladejo, Los Borbones…, pp. 303-331; «Encara sobre l’austracisme», Pedralbes, 23-II (2003), pp. 187-208; Els catalans y Felipe V…, p. 324; Benet Oliva, La generació de Feliu de la Penya. Burguesia mercantil i guerra de Successió entre el Maresme i Barcelona, Lleida, 2001 (ya citado), y Antonio Ramón Peña, «La disyuntiva catalana: entre el felipismo y el austracismo. El gobierno del conde de Palma en Cataluña», en L’aposta catalana…, pp. 327-348. <<

[942] Alex Sánchez Suárez, «La formación de una política económica prohibicionista en Cataluña, 1760-1840», Espai i Temps, Lleida, 1988 y «La era de la manufactura algodonera en Barcelona, 1736-1834», Estudios de Historia Social, 48-49 (1989), pp. 65-113. <<

[943] María Antonia Cilleruelo, «Ennoblecimiento de Cataluña en el siglo XVIII (1700-1808)», Primer Congrés d’Història Moderna de Catalunya…, vol. 2, pp. 233-242, y Francisco José Morales, «Comerciantes de matrícula de Barcelona. Su acceso a las dignidades nobiliarias del Principado de Cataluña (1735-1836)», Hidalguía, 49 (2002), pp. 561-596. Sobre su participación como personeros y diputados, cf. Josep Maria Torras, Els municipis…, p. 354. <<

[944] Pere Molas, Los gremios barceloneses del siglo XVIII, Madrid, 1970, y Enric Tello, Visca el rei…, pp. 181-272. <<

[945] Felipe J. de Vicente Algueró, «El motín contra Squilache en Cataluña», Pedralbes, 7 (1987), pp. 187-204. <<

[946] Ramon Grau y Marina López Guallar, «L’ajuntament de Barcelona sota Carles III (1759-1788). Un esquema històric», Pedralbes, 8-II (1988), pp. 27-45; Jaume Castella, «Esboç del comportament social dels Diputats del Común de Cervera», Ibidem, pp. 55-63; Josep María Torras, Els municipis catalans…, pp. 337-357; «La creación de los Síndicos Procuradores Generales en Cataluña (1760): un antecedente de la reforma municipal de mediados del siglo XVIII», en Luis Enciso Recio (coord.), La burguesía española…, vol. 2, pp. 963-982; Anton Jordà, Una nova visió de les reformes municipals de Carles III, Tarragona, 1990, y Ángels Serrano, «Estudi electoral de la reforma municipal de 1766. Els diputats del Común i els síndicis personers a Lleida entre 1766 i 1806», en Carlos Martínez Shaw (ed.), Historia Moderna…, vol. 2, pp. 529-548. <<

[947] Pere Molas, Comerç i estructura social…, p. 302. <<

[948] José Luis Gómez Urdañez, «Ideas políticas y agentes del triunfo del Despotismo Ilustrado español (1756-1766)», Revista HMiC, X (2012), p. 66. <<

[949] Alfonso Menéndez, «Victoria de los catalanes. Los motines de Barcelona de 1773», Pedralbes, 11 (1991), pp. 119-130; Jaume Santaló, «L’avalot de les quintes de 1773, un exemple de resistència popular», en Ramon Arnabat (coord.), Moviments de protesta i resistència a la fi de l’Antic Règim, Barcelona, 1997, pp. 81-92, y Lluís Roura, Subjeció i revolta en el segle de la Nova Planta, Vic, 2005, pp. 79-218. <<

[950] Cristina Borreguero, El reclutamiento militar por quintas en la España del siglo XVIII. Orígenes del servicio militar obligatorio, Valladolid, 1989, y Francisco Andújar, Los militares en la España del siglo XVIII. Un estudio social, Granada, 1991, pp. 73-84. <<

[951] Enric Moreu-Rey, Revolució a Barcelona el 1789, Barcelona, 1967; Irene Castells, «Els rebomboris del pà de 1789 a Barcelona», Recerques, 1 (1970), pp. 51-83, y Oriol Pi de Cabanyes, «Dos textos inéditos sobre el rebomboris del pà de 1789: els manuscrits de Ramon Cornet i d’Ignasi Bruguera i Almirall», Miscellanea Barcinonensia, XXXI, (1972), pp. 109-129. <<

[952] Eduardo Escartín, «Els Intendents de Catalunya en el regnat de Carlos III», Pedralbes, 8-II (1988), pp. 113-115, y Lluís Roura, «La Diputación de Catalunya de 1773», Pedralbes, 23-I (2003), pp. 237-262. <<

[953] Sobre el rechazo de la gente de mar catalana a su obligatoria participación en la Armada, cf. Roberto Fernández Díaz y Carlos Martínez Shaw, «Las revistas de inspección de la Matrícula de Mar en el siglo XVIII», en Carlos Martínez Shaw (ed.), El Derecho y el Mar en la España moderna, Granada, 1995, pp. 241-271, y Olga López Miguel y Magda Mirabet, «La institucionalización de la Matrícula de Mar: textos normativos y consecuencias para la Gente de Mar y Maestranza», Ibidem, pp. 217-239. <<

[954] Pierre Vilar, Catalunya dins l’Espanya…, vol. 2, p. 419. (T.P. “en ningún momento, durante los mismos ciento veinte años (1714-1933), a pesar de las circunstancias a menudo favorables y más de un estímulo venido de fuera, las clases dirigentes de Cataluña —nobleza, clerecía, burguesía mercantil o letrada— se serviran del sentimiento particularista de las masas para intentar reconstruir el gobierno regional, instrumento político de su antigua dominación”). <<

[955] Cf. Ernest Lluch, L’alternativa catalana…, pp. 108-109; Josep Fontana, «La guerra de Successió…», pp. 24-29; Joaquim Albareda, Felip V…, pp. 256-258; Antoni Simón Tarrés, Construccions polítiques…, pp. 429-433, y «El moment d’Espanya. La guerra de Successió i la imposició d’un model polític nacional d’estat. Una valoració historiogràfica», Afers, 56 (2007), pp. 131-144. Acerca de la mayor eficacia del modelo inglés sobre el francés para el crecimiento económico, cf. Milton L. Root, The Fountain of Privilege. Political Foundations of Markets in Old regime France and England, Berkeley, 1994. <<

[956] Joaquim Albareda, Els catalans i Felip V…, pp. 236-247, y Benet Oliva, La generació de Feliu de la Penya…, pp. 128-132. <<

[957] Sebastià Solé, El segle de l’absolutisme…, p. 357. <<

[958] Pablo Fernández Albaladejo, Fragmentos de monarquía, Madrid, 1992, pp. 301-302. <<

[959] Joan Lluís Palos, Catalunya a l’imperi dels Àustrias, Lleida, 1994, pp. 467-504. Para el ámbito municipal, cf. Antoni Passola, Oligarquia i poder a la Lleida dels Àustria, Lleida, 1997. Para el caso del absolutismo del Setecientos, cf. Santos Madrazo, Estado débil y ladrones poderosos en la España del siglo XVIII, Madrid, 2000, y Francisco Andújar, El sentido del dinero. Monarquía, ejército y venalidad en la España del siglo XVIII, Madrid, 2004. <<

[960] Ricardo García Cárcel, «Castilla y Cataluña, amor y odio. Cultivar la diferencia», La Aventura de la Historia, 182 (2013), pp. 17-22. <<

[961] Joaquim Nadal, Dos segles d’obscuritat (XVI-XVII), Barcelona, 1979, pp. 62-68; Joan Lluís Palos, «Cortes de Catalunya durante el siglo XVI: apuntes para un estudio social del poder», Pedralbes, 5 (1985), pp. 97-110, y Antonio Ramón Peña, «La disyuntiva…», pp 338-339. Sobre el funcionamiento de las instituciones catalanas, cf. Ricardo García Cárcel, Historia de Cataluña. Siglos XVI y XVII, Barcelona, 1985, vol. 1, pp. 318-354; Víctor Ferro, El Dret Públic Català…, pp. 137-288, y Eva Serra, «Les Corts catalanes. Una aproximació històrica», en Antonio de Capmany, Práctica y estilo…, pp. 7-49. <<

[962] Sobre las propuestas de Grases cf. Jaume Vernet, «A l’entorn de Francesc Grases Gralla. Una perspectiva de dret constitucional», en Aquilino Iglesias (ed.), Estat, Dret i Societat al segle XVIII. Homenatge a Josep M. Gay Escoda, Barcelona, 1996, pp. 645-663; Joan Arrieta, «L’antítesis pactisme-absolutisme durant la guerra de Successió a Catalunya», en Del patriotisme…, pp. 116-120, y Ernest Lluch, L’alternativa…, pp. 45-51. <<

[963] Pedro Voltes Bou, Barcelona durante el gobierno del archiduque Carlos de Austria, Barcelona, 1963 (ya citado); Montserrat Beltrán, «El desgovern durante el regnat de l’arxiduc: estudi d’un manuscrit anònim contemporani», Primer Congrés d’Història Moderna de Catalunya, Barcelona, 1984, vol. 2, pp. 215-223, y Virginia León, Entre Austrias y Borbones. El archiduque Carlos y la monarquía de España (1700-1714), Madrid, 1993, pp. 110-116. <<

[964] Virginia León, Carlos VI. El emperador que no pudo ser rey de España, Madrid, 2003, pp. 221-250; Jean Bérenger, El imperio de los Habsburgo, 1273-1918, Barcelona, 1993 y «Los Habsburgo y la Sucesión de España», en Pablo Fernández Albaladejo, Los Borbones…, pp. 47-68; Peter Haslinguer, «Nación, región y territorio en la evolución de la monarquía habsbúrgica y sus Estados sucesores desde la segunda mitad del siglo XIII: reflexiones para una teoría del regionalismo», Ayer, 64 (2008), pp. 65-94. <<

[965] En referencia a la relación entre nacionalismo y modernidad, resulta muy interesante la lectura de Anthony D. Smith, Nacionalismo y modernidad, Madrid, 2000, especialmente, pp. 101-182 y 385-395. <<

[966] En este mismo sentido es conveniente leer la conferencia de John Elliott en «Catalunya i Espanya a l’època moderna. Homenatge a J.H. Elliott», Manuscrits, 15 (1997), pp. 176-177, así como sus recientes reflexiones en Haciendo historia (Madrid, 2012, pp. 57-97). Para el debate «antiguos» y «modernos» en la historia siguen siendo imprescindibles las obras clásicas de José Antonio Maravall, Antiguos y modernos, Madrid, 1966, pp. 579-612 y Utopía y reformismo en la España de los Austrias, Madrid, 1982, pp. 27-78. <<

[967] Josep Fontana, «Modernización y progreso: Política y Hacienda del despotismo “Ilustrado”», en Emiliano Fernández de Pinedo (ed.), Haciendas forales y Hacienda real, Bilbao, 1990, pp. 113-122. <<

[968] Pere Molas, Catalunya i la Casa d’Àustria, Barcelona, 1996, pp. 145-282. <<

[969] Ricardo García Cárcel, «La significación histórica de los Borbones», en Ricardo García Cárcel (coord.), Historia de España. Siglo XVIII. La España de los Borbones, Madrid, 2002, p. 13. <<

[970] José María Iñurritegui, Gobernar la ocasión. Preludio político de la Nueva Planta de 1707, Madrid, 2008. <<

[971] John Elliott afirma que, en cierta medida, el reformismo borbónico vino a continuar las ansias reformadoras de la monarquía española expresadas por personajes como Olivares (El conde-duque de Olivares. Político en una época de decadencia, Barcelona, 1990, pp. 744-745). <<

[972] Jaume Bartrolí, «La Cort de 1701-1702: un camí truncat», Recerques, 6 (1979), pp. 57-75; Jesús Lalinde, «Las Cortes de Barcelona, de 1702», Anuario de Historia del Derecho Español, Madrid (1992), tomo LXII, pp. 7-46; Antonio Ramón Peña, «La disyuntiva…», pp. 331-337, y María Ángeles Pérez Samper, «Felipe V en Barcelona: un futuro sin futuro», Cuadernos dieciochistas, 1 (2000), pp. 57-106. <<

[973] Núria Sales, El botiflers, 1705-1715, Barcelona, 1981, y Ernest Lluch, «El programa polític…», p. 134. <<

[974] Carmelo Viñas, «Prólogo» a Antonio Domínguez Ortiz, La sociedad española…, pp. 7-16. También es de parecida opinión Carlos Seco Serrano en su estudio preliminar (en otros sentidos sin duda excelente) a los Comentarios a la guerra de España e Historia de su Rey, Felipe V el animoso, de Vicente Bacallar, marqués de San Felipe (edición consultada, Madrid, 1957). <<

[975] Josep Fontana, «La guerra de Successió i les Constitucions de Catalunya: una propuesta interpretativa», en Del patriotisme al nacionalisme…, pp. 13-29 y L’ofici d’historiador, Barcelona, 2010, pp. 58-60. Una meridiana síntesis de las posiciones de este autor puede consultarse en su reciente conferencia «España y Cataluña: trescientos años de historia», pronunciada en el marco del simposio «España contra Cataluña: una mirada histórica (1714-2014)», celebrado en Barcelona el 12 de diciembre de 2013. En dicha conferencia afirma: «La mayor de las pérdidas que sufrió Cataluña como consecuencia de la derrota de 1714 fue, en mi opinión, la de un proyecto político que, en el transcurso de más de cuatrocientos años, desde las Cortes de 1283 hasta las de 1706, había elaborado un sistema de gobierno representativo que, con la democratización que había culminado con las Cortes de 1702 y 1706, figuraba entre los más avanzados y democráticos de Europa», truncando de esta forma el rumbo de una sociedad catalana que «parecía dirigirse hacia una forma de evolución similar a las que seguían Holanda e Inglaterra, asociando un proceso gradual de democratización al desarrollo de una economía capitalista» (p. 1). <<

[976] Albert Soboul, Comprender la Revolución Francesa, Barcelona, 1983, pp. 13-15. <<

[977] Pablo Fernández Albaladejo, «La Monarquía», en Actas del Congreso Internacional sobre «Carlos III y la Ilustración», Madrid, 1989, pp. 1-89, y Fragmentos…, pp. 353-454. <<

[978] José María Oliva, «El monopolio de Indias: del descontrol austracista a los esfuerzos borbónicos por su recuperación, 1660-1720», en Felipe V de Borbón, 1701-1746. Actas del Congreso de San Fernando (Cádiz), Córdoba, 2001, y «La metrópoli sin territorio, ¿crisis del comercio de Indias en el siglo XVII o pérdida del control del monopolio?», en Carlos Martínez Shaw, El sistema atlántico español (siglos XVII-XIX), Madrid, 2005, pp. 19-73. <<

[979] Acerca de las disputas por la hegemonía internacional durante el Setecientos, cf., entre otros, Paul Kennedy, Auge y caída de las grandes potencias, Barcelona, 1992; Jean-Baptiste Durosell, Tout Empire Périra. Théorie des relations internationales, París, 1992; Alain Hugon, Rivalites européennes et hegémonie mondiale, XVIe-XVIIIe siècle, París, 2002; John Elliott, Imperios del Mundo Atlántico. España y Gran Bretaña en América, Madrid, 2006, y José Manuel de Bernardo Ares, Luis XIV rey de España. De los imperios plurinacionales a los estados unitarios (1665-1714), Madrid, 2008. <<

[980] Sobre la incipiente recuperación económica y política en tiempos de Carlos II, cf. Luis Ribot, «La España de Carlos II», en José María Jover Zamora (dir.) y Pere Molas (coord.), Historia de España Menéndez Pidal, vol. XXVII, Madrid, 1993; Carmen Sanz, Los banqueros de Carlos II, Valladolid, 1989; Estado, monarquía y finanzas. Estudios de historia financiera en tiempos de los Austrias, Madrid, 2004; José Antonio Sánchez Belén, La política fiscal en Castilla durante el reinado de Carlos II, Madrid, 1996; Bartolomé Yun, «Del centro a la periferia: la economía española bajo Carlos II», Studia Histórica. Historia Moderna, 20, (1999), pp. 45-75, y Adolfo Carrasco, «Los grandes, el poder y la cultura política de la nobleza en el reinado de Carlos II», Studia Histórica. Historia Moderna, 20, (1999), pp. 77-136. Acerca de las interpretaciones por parte de la historiografía catalana sobre este reinado, cf. Antonio Ramón Peña, La casa de Palma. La familia Portocarrero en el gobierno de la monarquía hispánica (1665-1700), Córdoba, 2004, pp. 15-70. <<

[981] Antonio Ramón Peña, La casa de Palma…, pp. 291-352; «Crisis de Sucesión: Felipe V y el cardenal Portocarrero a través de la publicística: la opinión de sus coetáneos (1700-1746)», en José Manuel de Bernardo Ares (coord.), La sucesión de la monarquía hispánica (1665-1725), Córdoba, vol. 1, 2006, pp. 191-253; «El cardenal Portocarrero y Felipe V. Choque oligárquico y gobierno borbónico en la España de 1700», Ariadna, 19 (2008), pp. 135-154; De Austrias a Borbones. España en los siglos XVII y XVIII, Astorga, 2008, y José Manuel de Bernardo Ares, «La clientela austracista de Portocarrero: el III marqués de Leganés», Ariadna, 19 (2008), pp. 123-134. <<

[982] Guillermo Pérez Sarrión, La península comercial. Mercados, redes sociales y Estado en España en el siglo XVIII, Madrid, 2012, pp. 121-230. <<

[983] Resulta muy interesante recordar que Melchor de Macanaz fue un lúcido analista de las causas de la guerra sucesoria al señalar que tras las conspiraciones nobiliarias internas y las internacionales externas se encontraba en realidad la disputa por el reparto comercial de las posesiones españolas en el Mediterráneo y en el Atlántico (Noticias individuales de los sucesos más particulares, tanto de Estado como de Guerra, acontecidos en el reynado del Rey Nuestro Señor don Felipe Quinto desde 1703 hasta 1706, Biblioteca Nacional, edición de la Biblioteca Selecta de Autores Clásicos, Madrid, 1847). <<

[984] En este sentido creo que es preciso recordar que en Castilla las principales corporaciones municipales reunidas en Cortes oponían límites a las disposiciones de los monarcas, jugando de este modo un importante papel constitucional de control de un soberano en el que ciertamente recaía, a diferencia de la Corona de Aragón, la potestad fundamental de firmar las leyes generales. De ahí que debamos ser prudentes antes de calificar el sistema castellano de plenamente absolutista [cf. José Ignacio Fortea, Monarquía y Cortes en la Corona de Castilla, Salamanca, 1990; Pablo Fernández Albaladejo, Fragmentos de monarquía…, pp. 316-324, y Alberto Marcos Martín, «De monarquía compuesta y reinos descompuestos. La idea de conservación y las enajenaciones del patrimonio regio en la Castilla de los siglos XVI y XVII», en Juan Luis Castellano y Miguel López-Guadalupe Muñoz (eds.), El Estado absoluto…, pp. 45-75]. <<

[985] Enrique Giménez, «Felipe V y la “Nueva Planta” en la Corona de Aragón», en José Fernández, Mª Antonia Bel y José M. Delgado (eds.), El cambio dinástico…, pp. 29-51 (pp. 31-32). <<

[986] José Manuel de Bernardo Ares, «Felipe V: la transformación de un sistema de gobierno», en Eliseo Serrano (ed.) Felipe V y su tiempo…, vol. 1, pp. 967-990; «Aristocracia nobiliaria y burocracia ennoblecida. Desaparición o marginación del sistema polisinodial de la monarquía hispánica (1701-1709)», en M. R. García Hurtado (ed.), Modernitas. Estudios de Homenaje al profesor Baudilio Barreiro Mallón, A Coruña, 2008, pp. 191-213. <<

[987] Joan Mercader, Els capitans generals…, p. 116. <<

[988] Pere Molas, «Catalans a l’Administració central al segle XVIII», Pedralbes, 8-II (1988), pp. 181-195 y «Catalans als Consells de la Monarquía (segles XVII-XVIII). Documentació notarial», EHDAP, XIII (1995), pp. 229-251. <<

[989] Rosa Maria Alabrús, «El pensamiento político de Macanaz», Espacio, Tiempo y Forma, Serie IV, t. 18-19 (2005-2006), pp. 177-201. <<

[990] Ferran Soldevila, Història de Catalunya…, vol. 3, capítulo 24, e Historia de España…, vol. 5, p. 352. <<

[991] Citado por Joaquim Albareda, Els catalans i Felip V…, p. 328, y también por Ricardo García Cárcel y Rosa Maria Alabrús, España en 1700…, pp. 117-118. <<

[992] Pierre Vilar, Catalunya dins l’Espanya…, vol. 1, p. 81. <<

[993] Pierre Vilar, Catalunya dins l’Espanya…, vol. 2, pp. 419-420. (T.P. “La expresión política del sentimiento de grupo de los catalanes no depende exclusivamente de la existencia o del recuerdo de instituciones autónomas. Creemos que depende sobre todo, en cada fase del desarrollo regional, del punto de equilibro entre las capacidades, las necesidades, las ambiciones de los grupos sociales catalanes capaces de expresarse, y de otro lado de las decepciones, los miedos o las esperanzas que les inspira la política española”. <<

[994] Antonio Domínguez Ortiz, «El cambio dinástico y sus repercusiones en la España del siglo XVIII», en José Fernández, Mª Antonia Bel y José M. Delgado (eds.), El cambio…, pp. 13-25 (p. 24). <<

[995] Núria Sales, Història dels Païssos…, p. 32. <<

[996] Eva Serra, «Una alternativa nacional sota l’aparença de conflicte dinàstic», en L’aposta catalana…, pp. 509-518 (p. 518). (T.P. “Cuando los sectores más lúcidos como Capmany abogaron ya a finales de siglo a favor de una instancia de representación parlamentaria, los años borbónicos no habrían pasado en vano; su concepción, incluso teniendo en cuenta el modelo de las instituciones históricas, es la unidad de la lengua y territorio borbónico”). <<

[997] Cf. el estudio preliminar de Ernest Lluch, «Romà i Rosell. Un pensament germànic per a Catalunya i Espanya», en Francesc Romá i Rosell, Las señales de la felicidad de España y medios de hacerlas eficaces, Madrid, 1768 (edición de la Editorial Altafulla, Barcelona, 1989). <<

[998] Pierre Vilar, Catalunya dins l’Espanya…, vol. 1, p. 81. <<

[999] Eso es lo que a mi entender se deduce del libro colectivo Pierre Vilar i la Història de Catalunya, Barcelona, 2006 (ya citado). <<

[1000] Pierre Vilar, «La Catalunya industrial…», pp. 7-22. <<

[1001] Cf. Roberto Fernández, Manual de Historia de España. Siglo XVIII, Madrid, 1993, pp. 259-496, y Alberto Marcos, España en los siglos XVI, XVII y XVIII, Barcelona, 2000, pp. 552-706. <<

[1002] Pierre Vilar, Catalunya dins l’Espanya…, vol. 2, pp. 372-411; Carlos Martínez Shaw, «Amèrica i l’economia catalana al segle XVIII», en Catalunya a l’epoca de Carlos III…, pp. 75-83; Albert García Espuche, Un siglo decisivo. Barcelona y Cataluña, 1550-1640, Madrid, 1998; Isabel Lobato, Compañías y negocios en la Cataluña preindustrial, Sevilla, 1995; Josep Fontana, «En el inicis de la Catalunya contemporània: l’economía a la segona meitat del segle XVII», en El segle de l’absolutisme. 1714-1808, Barcelona, 2001, pp. 13-21, y Francesc Valls, La Cataluña Atlántica. Aiguardent i teixits a l’arrencada industial catalana, Vic, 2003. <<

[1003] Manuel Arranz y Ramon Grau, «L’economía urbana de Barcelona i la guerra de Successió», Recerques, 24 (1991), pp. 115-142; y Mestres d’obres i fusters. La construcció a Barcelona en el segle XVIII, Barcelona, 1991. <<

[1004] Sobre la política económica de Carlos II, cf. Joan Reglà, Introducción a la historia de España, Barcelona, 1963; John Lynch, España bajo los Austrias, Barcelona, 1972; Henry Kamen, Carlos II, Barcelona, 1981, y Ricardo García Cárcel y Rosa Alabrús, España en 1700…, pp. 15-34. <<

[1005] Cf. Antoni Simón, La población catalana a l’edat moderna, Bellaterra, 1996. <<

[1006] En este sentido, en líneas generales no comparto, por ejemplo, la opinión de Josep Fontana cuando afirma que el indiscutible crecimiento económico catalán del Setecientos no tuvo relación alguna con la acción política de los gobiernos borbónicos (cf. Josep Fontana, La fi de l’Antic Règim…, pp. 136-137 y L’ofici d’historiador…, p. 46). <<

[1007] Horacio Capel, Joan Eugeni Sánchez y Omar Moncada, De Palas a Minerva: la formación científica y la estructura institucional de los ingenieros militares en el siglo XVIII, Madrid, 1988, y Horacio Capel y otros, Los ingenieros militares en España. Siglo XVIII, Barcelona, 1983. <<

[1008] Manuel Usandizaga, Historia del Real Colegio de Cirugía de Barcelona, 1760-1843, Barcelona, 1964. <<

[1009] Pedro Rodríguez Campomanes, Discurso sobre el fomento de la industria popular, Madrid, 1774, p. LXXII (he utilizado la edición realizada por el Instituto de Estudios Fiscales en Madrid, 1975, p. 76, que cuenta con un excelente prólogo de John Reeder). También el viajero inglés Henry Swinburg en su Viaje por Cataluña en 1775 es de la opinión de que la presencia militar benefició al principado (sobre las opiniones de los viajeros británicos acerca de Cataluña, cf. Ana Clara Guerrero, Viajeros británicos en la España del siglo XVIII, Madrid, 1990). <<

[1010] Antonio de Capmany, Memorias…, vol. 1, pp. 866-873. Capmany también argumentaba que dicha demanda estatal se había producido en otras partes de España sin que ello hubiera supuesto ni un telar más. <<

[1011] Sobre los beneficios de la demanda estatal para la economía catalana, cf. Joan Mercader Riba, Felipe V…, pp. 202-232; Pere Molas, «Els arrendaments publics a la Barcelona del set.cents», Cuadernos de Historia Económica de Cataluña, VI, pp. 89-111; Manuel Arranz, «Demanda estatal i activitat econòmica a Catalunya sota els primers borbons (1714-1808)», en Primer Congrés…, vol. 2, pp. 259-274; Manuel Arranz y Ramon Grau, «L’economía urbana…», pp. 134-135, y Jaume Torras, Fabricants sense fàbrica…, pp. 91-92. <<

[1012] Manuel Arranz, «Demanda estatal…», pp. 262-264. <<

[1013] Ramon Grau, «L’experiencia del despotisme i.lustrat…», p. 10; Renate Pieper, La Real Hacienda bajo Fernando VI y Carlos III (1753-1788), Madrid, 1992, p. 185. <<

[1014] Pierre Vilar, Catalunya dins l’Espanya…, vol. 2, p. 452. <<

[1015] Cf. Carlos Martínez Shaw y Marina Alfonso, Felipe V…, pp. 271-283, y Agustín González Enciso, Felipe V: la renovación de España, Pamplona, 2003, pp. 109-198. <<

[1016] Ricardo Franch, «Política mercantilista y comercio interior en la España de Felipe V», en Eliseo Serrano (ed.), Felipe V y su tiempo, Zaragoza, 2004, pp. 103-142. <<

[1017] Vicent Llombart, Campomanes, economista y político de Carlos III, Madrid, 1992, pp. 360-367; «El pensamiento económico de la Ilustración española», en Enrique Fuentes Quintana (dir.), Economía y economistas españoles, Barcelona, 2000, vol. 3, pp. 69-81, y Roberto Fernández, Carlos III, Madrid, 2001, pp. 195-246. <<

[1018] Asumpta Muset, «Els transports per terra entre Catalunya i la resta de regions espanyoles al segle XVIII», Recerques 31 (1995), pp. 73-92; Catalunya i el mercat espanyol al segle XVIII: el traginers i el negociants de Calaf i Copons, Barcelona, 1997; Josep Maria Delgado, «Las redes mercantiles del comercio catalán en el siglo XVIII. El ejemplo de Marià Esteve Grimau», en Primer Congreso de Historia Catalano-Andaluza. Las relaciones comerciales del s. XVI al s. XVIII, L’Hospitalet de Llobregat, 1995, pp. 191-214; Jaume Torras, «La penetració comercial catalana a l’Espanya interior en el segle XVIII. Una proposta d’explicació», en María Teresa Pérez Picazo (ed.), Els catalans a España (1760-1914), Barcelona, 1996, pp. 27-30; José Ignacio Gómez Zorraquino, «La expansión de las redes comerciales catalanas por Aragón en el siglo XVIII», en María Teresa Pérez Picaso, Els catalans…, pp 255-269, y Guillermo Pérez Carrión, La península comercial…, pp. 391-456. Sobre la introducción catalana en el interior castellano, cf. Agustín González Enciso «Especialización y competencia regionales: la expansión del negocio catalán en Castilla a fines del siglo XVIII», Pedralbes, 5 (1985), pp. 31-57, y Jaume Torras y Bartolomé Yun (dirs.), Consumo, condiciones de vida y comercialización. Cataluña y Castilla, siglos XVII-XIX, Valladolid, 1999. <<

[1019] Alex Sánchez Suárez, «Crisis económica y respuesta empresarial. Los inicios del sistema fabril en la industria algodonera catalana», Revista de Historia Económica, Madrid, 3 (2000), pp. 485-521, y Jaume Torras, Fabricants sense fàbrica…, p. 201. <<

[1020] José Muñoz Pérez, «El mapa aduanero del siglo XVIII español», Estudios geográficos, 61 (1955), pp. 747-797, y Miguel Ángel Melón, «Las fronteras de la Monarquía y las aduanas de Felipe V», en Eliseo Serrano (ed.), Felipe V y su tiempo…, vol. 1, pp. 167-200. Esta supresión de aduanas interiores permitió, amén de un más barato tránsito fiscal de las mercancías catalanas hacia el interior peninsular, crear una zona aduanera en Cataluña con impuestos más bajos para las mercancías extranjeras que transitaban hacia el mercado español, favoreciendo así la penetración de importaciones por el principado y también la existencia de gravámenes más bajos para la exportación (compensatorios en parte del mantenimiento del derecho de bolla), situaciones que ocasionaban que los comerciantes valencianos, aragoneses y castellanos canalizasen hacia Cataluña sus exportaciones. Además, Ricardo Franch recuerda que Cataluña, Aragón y Valencia disfrutaban de la exención del derecho del «millón» sobre el pescado, el papel y el azúcar, lo que en opinión de Ustáriz ocasionaba que Castilla se abasteciese de esos productos a través de esas regiones («Política mercantilista y comercio interior en la España de Felipe V», en Eliseo Serrano (ed.), Felipe V y su tiempo…, vol. 1, pp. 111-112). Respecto a estos asuntos aduaneros y Cataluña, cf. asimismo Guillermo Pérez Sarrión, La península comercial…, pp. 231-322 (especialmente pp. 266-271). Pérez Sarrión insiste, además, en que «no había política mercantilista posible sin una política arancelaria, y esta era imposible sin unas aduanas unificadas y controladas por el Estado» (p. 258). <<

[1021] Respecto a estas importantes cuestiones de la naturalidad y la extranjería, cf. Guillermo Pérez Carrión, La península comercial…, pp. 310-320. <<

[1022] Pierre Vilar, Catalunya dins l’Espanya…, vol. 2. Pp. 457-458. <<

[1023] Vicent Llombart, Campomanes economista…, pp. 155-190, y Concepción de Castro, Campomanes. Estado y reformismo ilustrado, Madrid, 1996, pp. 301-306. <<

[1024] Guillermo Pérez Sarrión, «La formación de la política manufacturera de la Ilustración española en la primera mitad del siglo XVIII. Una aproximación», en Guillermo Pérez Sarrión (ed.), Más Estado y más mercado…, pp. 181-225. <<

[1025] Emiliano Fernández de Pinedo, Crecimiento económico y transformaciones sociales del País Vasco, 1100-1850, Madrid, 1974, pp. 391-402; Sergio Solbes, «El intento borbónico de creación de un mercado interior unificado: el caso de Navarra (1712-1722)», en El comercio en el Antiguo Régimen. III Reunión Científica de la Asociación Española de Historia Moderna, Las Palmas de Gran Canaria, 1994, pp. 277-289; Alberto Angulo, Las puertas de la vida y la muerte: la administración aduanera en las provincias vascas (1690-1780), Bilbao, 1995, y Ana M. Azcona, Comercio y comerciantes en la Navarra del siglo XVIII, Pamplona, 1996. <<

[1026] Carlos Martínez Shaw, «Catalunya i els Borbons al segle XVIII», L’Avenç, 7-8 (1977), pp. 50-55. <<

[1027] José Muñoz Pérez, «Mapa aduanero…», pp. 779-780; Asumpta Muset, Catalunya y el mercat espanyol…, p. 27, y Guillermo Pérez Carrión, La península comercial…, p. 269. <<

[1028] Ricardo Franch, «Política mercantilista y comercio interior…», pp. 103-132. <<

[1029] David R.Ringrose, España, 1700-1900: el mito del fracaso, Madrid, 1996, pp. 76-79 y 261-296, y Guillermo Pérez Sarrión, Aragón en el Setecientos. Crecimiento económico, cambio social y cultural, 1700-1808, Lleida, 1999, pp. 251-258. <<

[1030] Albert Carreras, «Cataluña. Primera región industrial de España», en Jordi Nadal y Albert Carreras (dirs.), Pautas regionales de la industrialización española (siglos XIX y XX), Barcelona, 1990, p. 261. <<

[1031] Eugenio Larruga, Memorias políticas y económicas sobre los frutos, comercio, fábricas y minas de España, Madrid, vol. I, 1787, pp. 82-83 (edición de la Institución Fernando el Católico, Zaragoza, 1995-1996, con una introducción de Josep Fontana). Sobre la presencia de los negociantes catalanes en Madrid en el Setecientos, cf. Carolina Rúa, La xarxa catalana a Madrid al segle XVIII, Barcelona, 2009, pp. 167-245 (tesis doctoral inédita). <<

[1032] Sobre el complejo asunto de la fiscalidad en Cataluña, cf. Miguel Ángel Melón, «Las fronteras…», pp. 189-196; Carmen García, La crisis de las haciendas locales. De la Reforma administrativa a la reforma fiscal (1743-1845), Valladolid, 1996, pp. 228, 260 y 331, y Josep Joan Vidal, «Las nuevas estructuras de la hacienda borbónica», en Alfredo Alvar, Jaime Contreras y José Ignacio Ruiz (eds.), Política y cultura en la época moderna, Alcalá de Henares, 2000, pp. 295-303. Acerca de la administración fiscal en Cataluña, cf. Pere Molas, «La administración de Hacienda en Cataluña en la Edad Moderna», en Carmen Cremades (dir.), Estado y fiscalidad en el Antiguo Régimen, Murcia, 1989, pp. 55-64. <<

[1033] De parecida opinión eran pensadores económicos de la época como Gerónimo de Ustáriz, Miguel de Zavala o Miguel de Loinaz (cf. Pierre Vilar, Catalunya dins l’Espanya…, vol. 2, pp. 449-451, y Ricardo Franch, «Política mercantilista…», p. 113). No es de extrañar, pues, que las quejas sobre la excesiva carga catastral se sitúen esencialmente en estos primeros años del siglo y que se expresen tanto en un guerrillero como Carrasclet, en los gremios, en la Iglesia, en un jurista felipista como Ametller o en algunos supuestos comisionados de poblaciones del Camp de Tarragona, el Penedés, el Urgell y la Segarra. <<

[1034] Para ponderar debidamente la fiscalidad catalana y su aportación al Estado en el siglo XVIII, es preciso tener presente la situación en tiempos de los Austrias, cf. Anton Jordà, «Els ingresos fiscals de la Generalitat de Catalunya a la segona meitat del segle XVII», Estudis Històrics i documents dels arxius de protocols, 10 (1982), pp. 163-203; Emiliano Fernández de Pinedo, «Ingresos y gastos de la Hacienda catalana en el siglo XVII», en Emiliano Fernández de Pinedo (ed.) Haciendas forales y hacienda real, Bilbao, 1990, pp. 207-224; Nùria Sales, Història…, pp. 18-19, y Bernabé Hernández, Fiscalismo y finanzas en la Cataluña moderna, Barcelona, 2003. Por las cifras conocidas, parece notorio que la contribución de Cataluña al Estado en los años posteriores a la contienda sucesoria experimentó un aumento considerable, dado que hasta entonces la estructura política existente le había permitido una cierta exoneración tributaria respecto a otros reinos de la monarquía. <<

[1035] Ruiz i Pablo recoge los esfuerzos exitosos de la Junta Particular de Comercio de Barcelona por conseguir la sustitución y también las palabras del oficiante de la misa dando expresivas gracias al rey por la medida (Història de la Real Junta…, pp. 131-140). Cf., asimismo, Pierre Vilar, Catalunya dins l’Espanya…, vol. 4, pp. 67-70, y Jaume Torras, Fabricants…, pp. 194-196. <<

[1036] María García-Zúñiga, Isabel Mugartegui y Joseba de la Torre, «Evolución de la carga tributaria en la España del Setecientos», en Hacienda Pública Española, Monografías, 1 (1991), pp. 81-91. Estos autores añaden otra consideración fiscal referida a Cataluña que resumen de la manera siguiente: «De todos modos, la ampliación de los ingresos fiscales expresados en moneda no invalida que a medio y largo plazo la carga tributaria se estanque e incluso decaiga en términos reales: deflactada, aquella se reduce de un índice 100 en el decenio 1730-1739 a 81 en el de 1770-1779» (pp. 82-83). Cf, también: Renate Pieper, La Real Hacienda…, p. 187; Juan Hernández Abreu, «Evolución histórica de la contribución directa en España desde 1700 a 1814», Revista de Economía política, 61 (1972), pp. 31-90. De cualquier forma, sería muy interesante poder disponer de este mismo tipo de datos para el resto del siglo y con la misma metodología de estos autores. <<

[1037] Acerca del impuesto del catastro, cf. Joan Mercader, «L’establiment del reial Cadastre a Catalunya i la seva fonamentació económica i social», en Miscel·lània Fontserè, Barcelona, 1961, pp. 295-303; Joaquim Nadal, La introducción del catastro en Gerona, Barcelona, 1971; Josep M. Sanui, «La función del Catastro en la formación de capital. Barcelona, 1717-1817», Cuadernos de Historia Económica de Cataluña, 17 (1977), pp. 159-206; Eduardo Escartín, «El catastro catalán: teoría y realidad», Pedralbes, 1 (1981), pp. 253-265; Miguel Artola, La Hacienda del Antiguo Régimen, Madrid, 1982, pp. 238-247; Antoni Segura, «El Cadastre: la seva història (1715-1845) i la seva importància com a font documental», Estudis d’Història Agrària, 4 (1983), pp. 129-144; «El catastro de Patiño en Cataluña (1715-1845)», en Antoni Segura (ed.), El catastro en España, 1714-1906, Madrid, 1988, vol. 2, pp. 31-45; Emiliano Fernández de Pinedo, «Els ingressos de la Hisenda Real a Catalunya (1717-1779)», Recerques, 17 (1985), pp. 125-139; Josep Maria Delgado, «Presión fiscal y asignación de recursos en la monarquía borbónica», Manuscrits, 4/5 (1987), pp. 25-40 (ya citado); Llorenç Ferrer, «¿Modernización fiscal? La implantación del catastro en Cataluña», en Concepción Camarero (ed.) El catastro de Ensenada, Madrid, 2002, pp. 45-53, y Agustí Alcoberro, «El Cadastre de Catalunya (1713-1845): de la imposició a la fossilització», Pedralbes, 25 (2005), pp. 231-257. <<

[1038] Agustí Alcoberro, «El Cadastre de Catalunya (1713-1845)», p. 243. <<

[1039] Antoni Simón Tarrés, «La població catalana a l’època moderna. Sintesis y actualització», Manuscrits, 10 (1992), pp. 217-258, y Jaume Dantí, «L’impuls demogràfic», en Història, Política, Societat i Cultura dels Països Catalans, Barcelona, 1995, vol. 5, pp. 68-85. <<

[1040] Gaspar Feliu, Precios y salarios en la Cataluña Moderna, Madrid, 1991. <<

[1041] Pierre Vilar, Catalunya dins l’Espanya…, vol. 3, pp. 369-539. <<

[1042] Pierre Vilar, Catalunya dins l’Espanya…, vol. 4, pp. 15-154, y «La Catalunya industrial…», pp. 11-15. <<

[1043] Eduardo Escartín, «El catastro catalán…», pp. 260-263. <<

[1044] Jean François Bourgoing, Nouveau voyage en Espagne, ou tableau de l’etat actuel de cette monarchie, París, 1789, vol. 2, p. 23. <<

[1045] Llorenç Ferrer, «¿Modernización fiscal?…», pp. 51-52. <<

[1046] Lluïsa Pla y Àngels Serrano, La societat de Lleida al Set-cents, Lleida, 1996, p. 181, y Àngels Serrano, «La instauración del Catastro en Lérida (1716-1758)», Pedralbes, 6 (1986), pp. 83-99. <<

[1047] Pedro Voltes Bou, Barcelona durante el gobierno…, vol. 3, pp. 176-178. En efecto, si los ingresos catalanes al Estado fueron 2.006 645 escudos y los gastos de este en conceptos no referidos directamente al pago de la nómina del Ejército de 670 228, el resto era casi la misma cantidad que reportaba el catastro al Estado, 1.350 000 escudos. En el caso del estudio de Agustí Alcoberro, aunque existen algunas ligeras diferencias con este autor en el cómputo de las cifras, las conclusiones a las que llegamos son de parecida factura («El cadastre…», pp. 245-246). En referencia al estudio de Antoni Muñoz y Josep Catá, si bien no estamos seguros de que se trate del mismo informe, las cifras manejadas por estos dos autores no contradicen las afirmaciones aquí defendidas, aunque rebajarían la parte de los impuestos pagados por los catalanes que se quedaba reinvertida en Cataluña (excluyendo el pago del Ejército) a una cuarta parte aproximadamente, sin contar en este caso la importante deuda que el Estado tenía comprometida con diversos empresarios catalanes de 6.119 738 reales de vellón, es decir, una sexta parte del total de los gastos previstos por el Estado en Cataluña para 1730 (Repressió borbónica…, pp. 216-218). Con todo, es evidente que estos datos son insuficientes para sacar conclusiones pertinentes sobre tan importante asunto de los gastos del Estado en la Cataluña del Setecientos. <<

[1048] Pierre Vilar, Catalunya dins l’Espanya…, vol. 2, p. 454. <<

[1049] Ibidem, vol. 2, pp. 457-458. <<

[1050] Jaume Torras, Fabricants…, p. 193. <<

[1051] Montserrat Durán, «El reformisme borbonic i l’agricultura catalana», Manuscrits, 11 (1993), pp. 43-59. <<

[1052] Carlos Martínez Shaw, «Diez años de historia económica moderna en Cataluña», en Carlos Martínez Shaw (ed.), Historia moderna. Historia en construcción…, vol. 1, pp.19-37. <<

[1053] Para una visión panorámica de la industria setecentista, cf. Roberto Fernández, Historia de España…, pp. 391-438, y Alberto Marcos Martín, España en los siglos…, pp. 633-668. <<

[1054] Josep Maria Benaul, «Los orígenes de la empresa textil lanera en Sabadell y Terrasa en el siglo XVIII», Revista de Historia Industrial, 1 (1992), pp. 39-62, y Jaume Torras, Fabricants sense fàbrica…, pp. 127-131, 194-201 y 211. <<

[1055] Ramón Grau y Marina López Guallar, «Empresari i capitalista a la manufactura catalana del segle XVIII. Introducció a l’estudi de les fàbriques d’indianes», Recerques, 4 (1974), pp. 19-57. <<

[1056] Valentín Vázquez de Prada, «Las fábricas de indianas…», pp. 63-80, y Agustín González Enciso, «La industria en el reinado de Felipe V», en Eliseo Serrano (ed.), Felipe V…, vol. 1, pp. 49-73. <<

[1057] Ángel Ruiz y Pablo, Historia de la Real Junta Particular…, pp. 58-60; Jaime Carrera Pujal, Historia política y económica de Cataluña, Barcelona, 1946-1947, vol. 4, pp. 133-142. <<

[1058] Roberto Fernández, «La burguesía barcelonesa en el siglo XVIII: la familia Glòria», en Pedro Tedde de Lorca (ed.), La economía española a finales del Antiguo Régimen, Madrid, vol. 2, 1982, pp. 2-131. Bernat Glòria confiesa que a raíz de los decretos de 1728 había dedicado «abundantes caudales de dinero a imitar los tejidos y composición de los extranjeros» (p. 62). <<

[1059] En este largo siglo debe incluirse también los primeros años del XIX, pues en 1802, por ejemplo, el real decreto que prohibía la importación de hilados extranjeros fue sin duda de suma importancia para el desarrollo de una hilatura mecánica que daba acta de nacimiento a las primeras formas de industria fabril moderna [cf. Alex Sánchez Suárez, «Crisis económica y respuesta empresarial…», pp. 494-498, y «Les berguedanes i les primeras màquines de filar», en Jordi Maluquer de Motes (dir.), Tècnics i tecnologia en el desenvolupament de la Catalunya contemporània, Barcelona, 2000, pp. 161-175). <<

[1060] Acerca de las diversas medidas sobre la indianería adoptadas por los gobiernos borbónicos, cf. James Thompson, La indústria d’indianas a la Barcelona del segle XVIII, Barcelona, 1990, pp. 119-120; Els orígens de la industrializació a Catalunya. El cotó a Barcelona, Barcelona, 1994, pp. 89-95, 164-171, 193-196 y 244-248; «Intervención del Estado en la industria catalana de estampado de telas en el siglo XVIII», en Maxime Berg (ed.), Mercados y manufacturas en Europa, Barcelona, 1995, p. 74, y «La política del algodón en la España del siglo XVIII», Revista de Historia Industrial, 36 (2008), pp. 15-44. <<

[1061] Jeremy Black, La Europa del siglo XVIII, Madrid, 1997 (versión original en inglés de 1990), pp. 63-78 y 96-115. En las dos últimas décadas del siglo, viajeros ingleses como Townsend o Jardine denunciaron este proteccionismo industrial borbónico que, influidos por las ideas de Adam Smith, consideraban perjudicial para el desarrollo económico español, y sobre todo nada benéfico para la industria inglesa (Ana Clara Guerrero, Viajeros británicos en la España del siglo XVIII, Madrid, 1990, pp. 320-323). <<

[1062] Roger Alier, «La fàbrica d’indianes de la família Canals», Recerques, 4, (1974), p. 65, y Roberto Fernández, «La burguesía barcelonesa…», pp. 63-65. Ambos empresarios, Canals y Glòria, solicitaron y consiguieron varias veces la renovación de sus franquicias (Jaume Torras, Fabricants sense fabrica…, pp. 145-152). El viajero francés Jean François Peyron, después de recordar que «no es raro oír decir a los catalanes que el rey de España no es su soberano», afirmaba que «sin embargo, el ministerio favorece todas sus empresas; obtienen [los catalanes] todos los días prohibiciones y privilegios perjudiciales al resto de España, tienen en Madrid diputados ardientes de solicitar, y cuyas gestiones todas no tienden sino a procurarse un contrabando exclusivo» (cf. Jaime García Mercadal, Viajes de extranjeros por España y Portugal. Siglo XVIII, Madrid, 1962, t. 3, p. 730). <<

[1063] Carlos Martínez Shaw, «Los orígenes de la industria algodonera catalana y el comercio colonial», en Jordi Nadal y Gabriel Tortella (eds.), Agricultura,comercio colonial y crecimiento económico en la España contemporánea, Barcelona, 1974, pp. 243-267. <<

[1064] La importancia del mercado colonial y de los decretos de Libre Comercio de 1778 para el desarrollo de la indianería catalana ha sido objeto de una interesante polémica historiográfica. Por un lado, están los historiadores que han tendido a relativizar su importancia, incluso a señalarla en sentido negativo, para la modernización y desarrollo de la manufactura algodonera. Para este caso, cf., especialmente, Josep María Delgado, «Política ilustrada, industria española y mercado americano, 1720-1820», Pedralbes, 3 (1983), pp. 253-264; «La industria algodonera catalana (1776-1796) y el mercado americano. Una reconsideración», Manuscrits, 7 (1988), pp. 103-116; «El algodón engaña. Algunas reflexiones en torno al papel de la demanda americana en el desarrollo de la indianería catalana», Manuscrits, 11 (1993), pp. 61-83, y «Mercado interno versus mercado colonial en la primera industrialización española», Revista de Historia económica, t. III, 1 (1995), pp. 11-31. Por otro lado, encontramos autores que ponderan más positivamente el estímulo del mercado americano para dicha industria, aunque no lo consideren necesariamente el más importante. En este caso, cf. también, especialmente, Antonio García-Baquero, «Comercio colonial y producción industrial en Cataluña a fines del siglo XVIII», en Jordi Nadal y Gabriel Tortella (eds.), Agricultura…, pp. 268-294, y «La industria algodonera catalana y el libre comercio. Otra reconsideración», Manuscrits, 9 (1991), pp. 13-40. Además de estos autores, es preciso tener en cuenta las ponderaciones más optimista de Jordi Maluquer de Motes, «La historia económica de Cataluña», Papeles de Economía Española, 20 (1984), pp. 268-280, y las acaso más escépticas de Jordi Nadal, «La industria cotonera», en Jordi Nadal (dir.), Història econòmica de la Catalunya Contemporània, Barcelona, 1991, vol. 3, pp. 13-85. Una revisión reciente de la polémica en Alex Sánchez, «Carlos Martínez Shaw y la manufactura algodonera catalana del siglo XVIII», en Roberto Fernández (ed.), Carlos Martínez Shaw…, pp. 103-123. <<

[1065] Josep María Delgado, «Política ilustrada…», p. 261. <<

[1066] Alex Sánchez Suárez, «La indianería catalana: ¿mito o realidad?», Revista de Historia Industrial, 1 (1992), pp. 213-232; «La era de la manufactura algodonera en Barcelona, 1736-1839», Estudios de Historia Social, 48-49 (1989), pp. 65-114, y «Los inicios del sistema fabril en la industria algodonera catalana, 1797-1839», Revista de Historia Económica, XVIII, 3 (2000), pp. 485-524. <<

[1067] Ramon Grau y Marina López Guallar, «Empresari i capitalista…», p.30, Y Alex Sánchez Suárez, Los fabricantes de algodón de Barcelona, 1772-1839, Barcelona, 1987, vol. 1, pp. 138-157 (tesis doctoral inédita). <<

[1068] Josep María Benaul y Alex Sánchez Suárez, «El legado industrial del Antiguo Régimen», en Enrique Llopis (ed.) El legado económico del Antiguo Régimen en España, Barcelona, 2004, pp. 187-221. Sánchez, el mejor especialista en la indianería catalana, afirma que la importancia del mercado colonial español desde los decretos de 1778 fue significativa: «El tràfic amb Amèrica afavorí durant gairebé quinze anys, en el període 1783-1796, el creixement del sector basat principalment en l’estampat de llenços d’importació. Aixó permet una important acumulació de capital i afavorí la subbstitució del cotó filat maltés pel cotó americà, qüestió fonamental perquè es pogués desenvolupar la filatura a Catalunya. D’aquesta manera, quan las guerres de final del segle paralitzaren el comerç amb les colònies i obligaren els fabricants a abandonar l’estampat de llenços i a concentrar-se en la producció genuïnament cotonera, que tenia el mercat natural a l’interior, la situació no fos pas dramàtica» (T.P. “El tráfico con América favoreció durante casi quince años, en el periodo 1783-1796, el crecimiento del sector basado principalmente en el estampado de lienzos de importación. Eso permite una importante acumulación de capital y favorece la substitución del algodón hilado maltés por el algodón americano, cuestión fundamental para que se pudiera desarrollar la hilatura en Cataluña. De esta manera, cuando las guerras de finales del siglo paralizaron el comercio con las colonias y obligaron a los fabricantes a abandonar el estampado de lienzos y a concentrarse en la producción genuinamente algodonera, que tenía el mercado natural en el interior, la situación no se hizo dramática”) (Alex Sánchez Suárez, «La industria nova», en Història, Política, Societat i Cultura dels Països Catalans, Barcelona, 1997, vol. 6, p. 165). <<

[1069] Biblioteca de Cataluña. Archivo Junta de Comercio, legajo 53. <<

[1070] Alex Sánchez Suárez, «Los inicios del asociacionismo empresarial en España. La Real Compañía de Hilados de Algodón de Barcelona, 1772-1820», Hacienda Pública Española, 108-109 (1987), pp. 253-268. <<

[1071] Ernest Lluch, El pensament econòmic…, pp. 172 y 174. <<

[1072] Juan Torrejón, «Fábricas textiles en la Isla de León a finales del Setecientos», Trocadero, 3 (1991), pp. 59-76, y Ricardo Franch, «Las primeras empresas de estampados de indianas en la Valencia del s. XVIII», en L’impresa. Industria, commercio, banca. Sec. XIII-XVIII. Prato, 1991, pp. 385-392. <<

[1073] Agustín González Enciso, «La protoindustrialización en Castilla la Vieja en el siglo XVIII», Revista de Historia Económica, II, 3 (1984), pp. 63-64, y Gonzalo Martín García, La industria textil en Ávila durante la etapa final del Antiguo Régimen. La Real Fábrica de Algodón, Ávila, 1989. <<

[1074] Pierre Vilar, «La Catalunya industrial…», p. 15. <<

[1075] Jaume Vicens Vives y Montserrat Llorens, Industrials i polítics…, pp. 99-105; Josep Fontana, Aribau i la industria cotonera a Catalunya, Barcelona, 1963, pp. 13-22; Alex Sánchez, Protecció, ordre i llibertat. El pensament i la política econòmica de la Comisió de Fàbriques de Barcelona, Barcelona, 1990; Maties Ramisa, «Guerra, economía i política a Catalunya a les acaballes de la guerra del francès», en Enfrontaments civils: posguerres i reconstruccions, Lleida, 2002, pp. 356-366, y Lluís Argemí d’Abadal, Història del pensament…, pp. 117-127. <<

[1076] Cf. Borja de Riquer, Lliga regionalista: la burguesia catalana i el nacionalisme, 1898-1904, Barcelona, 1977. <<

[1077] Josep Madurell Marimon, El paper a les terres catalanes. Contribució a la seva història, Barcelona, 1972, 2 vols.; Jaume Torras, «Estructura de la industria precapitalista. La draperia», Recerques, 11 (1979), pp. 7-28, y Josep María Delgado, «El paper», Història econòmica de la Catalunya contemporànea, Barcelona, 1991, vol. 3, pp. 203-232. <<

[1078] Miquel Gutiérrez, Full a full. La indústria paperera de l’Anoia (1700-1998): continuitat y modernitat, Barcelona, 1999, pp. 89-92. <<

[1079] Ibidem, p. 78. <<

[1080] José María Oliva, «Los intercambios de la Cataluña del siglo XVIII», Manuscrits, 11 (1993), pp. 85-108. La opinión crítica de Josep Maria Delgado respecto al alcance y a la naturaleza de los decretos de Libre Comercio puede consultarse en su bibliografía expuesta en la nota 1064. <<

[1081] Carlos Martínez Shaw, Cataluña…, pp. 251-269. <<

[1082] José María Oliva, Cataluña y el comercio privilegiado…, pp. 251-323. <<

[1083] Josep María Oliva, «Reflexiones en torno al comercio libre de Barlovento: el caso catalán», en VV. AA., El comercio libre entre España y América Latina, 1765-1824, Barcelona, 1987, pp. 71-94. <<

[1084] Para el período 1757-1777, cf. José María Oliva, «La aportación catalana a la Carrera de Indias en el siglo XVIII», en Actas I Congreso Historia de Andalucía, Córdoba, 1978, vol. II, pp. 126-131, y Cataluña y el comercio privilegiado…, p. 236. Para el período 1778-1787, cf. Josep Maria Delgado, Cataluña y el sistema de libre comercio (1718-1818): una reflexión sobre las raíces del reformismo borbónico, Barcelona, 1981, vol. 3, pp. 39-94 (tesis doctoral inédita). <<

[1085] John Fisher, Commercial Relations between Spain and Spanish America in the Era of Free Trade, 1778-1796, Liverpool, 1985; «Imperial “Free Trade” and the Hispanic Economy (1778-1796)», Journal of Latin American Studies, 13 (1981), pp. 21-56; «Els resultats del comerç lliure per a les relacions comercials entre Espanya i Amèrica amb referència especial al cas català: preguntes y algunes respostes», en Segones Jornades d’Estudis Catalano Americans, Barcelona, 1987, pp. 121-136, y El comercio entre España e Hispanoamérica (1797-1820), Madrid, 1993. <<

[1086] Marina Alfonso, La flota gaditana del Libre Comercio, 1778-1828, Sevilla, 1996 (tesis doctoral inédita); Josep Fabregas, «El primer año del libre comercio en Cataluña», en Carlos Martínez Shaw y José María Oliva Melgar (eds.), El sistema atlántico español (siglos XVII-XIX), Madrid, 2005, pp. 285-309. <<

[1087] Josep Maria Delgado, «El impacto de las crisis coloniales en la economía catalana (1787-1807)», en Josep Fontana (ed.), La economía española al final del Antiguo Régimen, Madrid, 1982, vol. 3, pp. 99-169; «El modelo catalán dentro del sistema de libre comercio», en El comercio libre…., pp. 53-70, y Dinámicas Imperiales…, 2007, pp. 417-520. <<

[1088] Josep Maria Fradera, Industria i mercat. Les bases comercials de la industria catalana moderna (1814-1845), Barcelona, 1987, y «¿Una o varias crisis coloniales? A propósito del caso catalán», en VV. AA., El comercio libre…, pp. 95-106. <<

[1089] Agustí Segarra, L’economia de Reus al segle XVIII: el comerç de l’aiguardent, Reus, 1988; Aiguardent i mercat a la Catalunya del segle XVIII, Vic, 1994, pp. 232-241; Ramon Arnabat, Vins, aiguardents, draps i papers. Economia i societat al corregiment de Vilafranca al tombant dels segles XVIII i XIX, San Sadurní d’Anoia, 1996, y Francesc Valls, La Cataluña Atlántica…, pp. 201-210 y 414-415. <<

[1090] Además de la influencia del mercado colonial en la industria algodonera, papelera o del aguardiente, otras ramas también se vieron estimuladas, como ocurrió con las industrias del hierro, del cuero o de la piel. Cf. Josep Maria Delgado, «Les transformaciones de la manufactura al segle XVIII», en Joaquim Nadal Farerras (ed.), Història de Catalunya, Barcelona, 1978, vol. IV, pp. 242-256, y Carlos Martínez Shaw, «La Cataluña del siglo XVIII…», pp. 80-85. <<

[1091] Carlos Martínez Shaw, «El Libre Comercio y Cataluña. Contribución a un debate», en El Comercio Libre…, pp. 43-52. <<

[1092] Para el auge de la construcción naval catalana, cf. Carlos Martínez Shaw, «La procedencia de los capitales en la industria naviera catalana del siglo XVIII: los barcos del comercio atlántico (1744-1752)», Anuario de Estudios Americanos, t. XXX (1973), pp. 471-488; Magda Andreu Vidiella, «La financiación de la industria naval en Barcelona (1745-1769)», Pedralbes, 1 (1981), pp. 267-293; Josep Maria Delgado, «Auge y decadencia de la marina colonial catalana (1720-1821)», Boletín Americanista, 29 (1979), pp. 31-64, y «La construcció i la indústria navals a Catalunya (1750-1820)», Recerques, 13 (1983), pp. 45-64. Sobre la legislación para el fomento de la marina mercante española, cf. Marina Alfonso, «La marina mercante colonial en la legislación borbónica (1700-1828)», en Carlos Martínez Shaw (ed.), El derecho y el mar…, pp. 173-215. <<

[1093] Buenaventura Gassó, España con industria…, pp. 36-38. A parecidas conclusiones llega también Josep Maria Delgado cuando afirma que el mercado americano y el Reglamento de 1778 ayudaron a expandir la industria prefabril catalana y «contribuyeron a incrementar el nivel de riqueza, bienestar y consumo de la Cataluña del último tercio del siglo XVIII», («Mercado interno versus mercado colonial…», pp. 27-28). <<

[1094] Pierre Vilar, Catalunya dins l’Espanya…, vol. 1, p 80. (T.P. “Barcelona sugiere, impone sus soluciones. Es en la base, en la práctica, y no en una ideología extranjera, que el ‘despotismo ilustrado ha formado sus opiniones’”). <<

[1095] Gemma García, «De la conspiración austracista a la integración a la Nueva Planta: la familia Duran, máximo exponente de la burguesía mercantil barcelonesa en el siglo XVIII», en Espacio, Tiempo y Forma, Serie IV, Historia Moderna, 17 (2004), pp. 143-162. <<

[1096] Antonio García-Baquero, El libre comercio a examen gaditano. Crítica y opinión en el Cádiz de fines del siglo XVIII, Cádiz, 1998, pp. 103-111, y «El comercio colonial en la época del absolutismo ilustrado: un balance desde el observatorio gaditano», en José Antonio Ferrer Benimeli (ed.), El conde de Aranda y su tiempo, Zaragoza, 2000, vol. 1, pp. 433-455. <<

[1097] Carlos Martínez Shaw, «Retrato del historiador modernista», en Roberto Fernández (ed.), Carlos Martínez Shaw…, p. 38. <<

[1098] Quiero reseñar ahora que varias de las diversas consideraciones que realizaré para el ámbito catalán son igualmente aplicables a otras historiografías hispanas, al conjunto de la historiografía española y a las de otros países europeos. En todo caso, me ha movido a realizar el presente estudio la creencia de que resulta un acto de verdadero «patriotismo» historiográfico y de sano «patriotismo» ciudadano catalán el ejercer la crítica racional y científica sobre las relaciones existentes entre historiografía y política (e ideología), y ver en qué medida la primera se ve alterada insanamente por la segunda y con ello se falta a la verdad histórica (racional y razonablemente conseguida con el método científico), tan necesaria por otra parte para el futuro de las sociedades y las respectivas naciones que aquellas puedan conformar. <<

[1099] Anoto que para mí la diferencia entre partidario y partidista es fundamental, puesto que si en el primer caso se excluye ciertamente la neutralidad (se es partidario de algo o alguien por sentimiento y/o convicción), no se actúa en cambio necesariamente dejándose llevar en las interpretaciones históricas por los sentimientos o las ideologías personales ni tampoco se niega la posibilidad de utilizar el método científico para conseguir conocimiento objetivo del pasado. En el caso de partidista, me parece que se excluyen tanto la neutralidad como la imparcialidad propia de la ciencia, siendo en este caso la axiología o la ideología, consciente o inconscientemente, quienes mandan de forma indefectible sobre el discurso histórico hasta poder llegar a deformarlo. <<

[1100] Mariona Lladonosa Latorre, La construcció de la catalanitat. Evolució de la concepció d’identitat nacional a Catalunya 1860-1990, Lleida, 2013. <<

[1101] Espero que se comprenda que las siguientes líneas tratan de ofrecer simplemente un esbozo generalista de lo que creo que es la esencia de un paradigma historiográfico de largo recorrido en referencia a las relaciones entre los catalanes y el absolutismo borbónico. Es evidente que cada uno de los autores que lo han ido conformando posee sus propios matices e ideas al respeto y que no todos coinciden en todo. Exponer ahora las diferencias que no sean sustanciales sería repetir lo ya dicho en anteriores páginas y convertiría en prolijo y farragoso el texto. Pido, pues, indulgencia al lector y singularmente a mis colegas. <<

[1102] Quisiera decir al respecto algo que he pensado desde hace tiempo y que aprovecho ahora para reseñar de manera muy sucinta: que unas Cortes estamentales defiendan sus poderes ante los intentos (ciertos o supuestos) absolutistas de un rey, no significa necesariamente que esas Cortes no puedan estar defendiendo intereses particulares de clase, más concretamente intereses oligárquicos de las clases dominantes y/o dirigentes, aunque en sus reuniones participen algunos representantes del «común». Ni tampoco significa, necesariamente, que esas Cortes no digan defender el interés de la «patria» pero que lo hagan, consciente o inconscientemente, desde la perspectiva de clase nobiliario-eclesiástica-burguesa. Tengo para mí que oponerse al poder regio no era, en esas condiciones, un síntoma inequívoco de «democracia» o «republicanismo». De hecho, la relación no era tanto de desconfianza del pueblo frente al rey, sino de las clases dominantes ante la posibilidad de que un poder regio fuerte (incluso absoluto) pudiera lesionar sus intereses y alterar la correlación de fuerzas entre el monarca y las élites regionales, intereses que por supuesto estas últimas podían vivir, confundir o camuflar con los del pueblo o con los del conjunto del país (en nuestro caso de Cataluña). Por eso, me parece que no deberíamos perder la posibilidad de mirar la constitucionalidad catalana anterior a 1714, como el resultado de un pacto entre la aristocracia y la burguesía catalana con el rey ejerciendo de árbitro vigilado y las clases populares con una representatividad formal con escasa capacidad de incidencia efectiva en el devenir del sistema (cf. Flocel Sabaté, «Ejes vertebradores de la oligarquía urbana en Cataluña», Revista d’Història Medieval, 9 (1998), pp. 127-153, y «Estamentos, soberanía y modelo político en la Cataluña bajomedieval», en Aragón en la Edad Media, Zaragoza, 2009, pp. 245-278). <<

[1103] Pierre Vilar, Breve Historia…, p. 74. <<

[1104] Acerca de los «lugares de memoria», cf. Pierre Nora, Les Lieux de mémoire, París, 1984-1992, 3 vol., y Pim dem Boer (ed.), Lieux de mémoire et identités nationales, Ámsterdam, 1994. Sobre la Diada del 11 de septiembre en Catalunya, cf. Pere Anguera, L’Onze de Setembre. Història de la Diada (1886-1938), L’Abadía de Montserrat, 2008. <<

[1105] Jordi Canal, «El nacionalismo catalán: mitos y lugares de memoria», Revista Historia y Política, 14 (2005), pp. 7-10. <<

[1106] Roberto Fernández, «Historia de España para ciudadanos», en Historia de España, Madrid, 2004, vol. 1, pp. 27-62. <<

[1107] Eva Serra, «Una aproximació…», p. 50. <<

[1108] Sobre la relación entre los historiadores y las naciones y los vaivenes de la historiografía nacional y/o nacionalista, cf. Xavier Torras, Naciones sin nacionalismo…, pp. 26-37; Anthony Smith, «Nationalism and the Historians», International Journal of Comparative Sociology, 33 (1992), pp. 58-80, y Stefan Berger, «National historiographies in transnational perspective: Europe in the nineteenth and twentieth centuries», Storia Della Storiografia, 50 (2006), pp. 3-26. <<

[1109] Sobre la historia social en Cataluña, cf. Roberto Fernández, «Historia social, historia en construcción. Una década de historia social en el modernismo catalán», en Carlos Martínez Shaw, Historia moderna, historia en construcción…, vol. 2, pp. 7-54. <<

[1110] Cf. Xusto Beramendi, «Marxismo y nacionalismo: una relación difícil», en Ramon Arnabat y Antoni Gavaldà (eds.), Projectes nacionals…, pp. 523-542. <<

[1111] Pierre Vilar, Catalunya dins l’Espanya…, vol. 1, p. 61. <<

[1112] Pierre Vilar, Assaig…, pp. 93-131. <<

[1113] Cf. Antonio Domínguez Ortiz, Sociedad y Estado en el siglo XVIII español, Barcelona, 1976, pp. 119-279; David Ringrose, España, 1700-1900: el mito del fracaso…, pp. 76-70 y 259-419; Carlos Martínez Shaw, «Las vías del desarrollo regional en la España del siglo XVIII», en El mundo hispánico en el Siglo de las Luces, Madrid, 1996, pp. 177-192, y Guillermo Pérez Carrión, La península comercial…, pp. 391-456. <<

[1114] Cf. Guillermo Céspedes del Castillo, «América en la monarquía», Actas del Congreso Internacional sobre Carlos III y la Ilustración, Madrid, 1989, vol. 1, pp. 91-194; John Lynch, «El reformismo borbónico e Hispanoamérica», en Agustín Guimerá (ed.), El reformismo económico, Madrid, 1996, pp. 37-59, y Antonio Miguel Bernal, «De colonias a Repúblicas: España-América (siglos XVIII-XIX)», en Josep Fontana. Historia y proyecto social, Barcelona, 2004, pp. 103-148. <<

[1115] Jean Pierre Dedieu, «El aparato de gobierno de la monarquía española en el siglo XVIII», en Guillermo Pérez Carrión (ed.), Más Estado y más mercado…, pp. 53-74, y Francisco Andújar, El sonido del dinero. Monarquía, ejército y venalidad en la España del siglo XVIII, Madrid, 2004. <<

[1116] Sobre la historia virtual, cf. Niall Ferguson, Historia virtual, ¿qué hubiera pasado si…?, Madrid, 1998. Una crítica a este tipo de actitudes historiográficas en José C. Bermejo, «¿Suposiciones o contrafactuales? A propósito del libro de Niall Ferguson», Memoria y Civilización, 2 (1999), pp. 333-341; Francesco Boldizzoni, La pobreza de Clío. Crisis y renovación en el estudio de la historia, Barcelona, 2013, pp. 31-37. <<

[1117] Guillermo Pérez Sarrión, La península comercial…, pp. 121-230. <<

[1118] Cf., por ejemplo, Josep Fontana, La revolució liberal a Catalunya, Lleida, 2003, pp. 177 y 185. <<

[1119] En una reciente entrevista, John Elliott señalaba su escepticismo respecto a esta interpretación contrafactual. En su opinión, vista la cuestión desde el conflictivo desarrollo del siglo XVII, Cataluña no era Portugal, que tenía a Brasil y miraba al Atlántico. Es verdad que el monopolio de Sevilla no puso la cosa nada fácil a los catalanes, pero Elliott opina que fue la propia falta de vitalidad interna la que impidió aprovechar mejor el mercado americano, pues los mercaderes genoveses, portugueses y de otras procedencias sí que supieron sacar buen partido. Es decir, por condiciones geográficas, económicas y por falta de gente con fuerza empresarial, Cataluña tuvo un XVII más bien gris y conflictivo. Un siglo gris y conflictivo que no fue responsabilidad solo de los «foráneos», añado yo. Y también opino que durante ese Seiscientos nada brillante, el país catalán estuvo presidido por unas Constituciones políticas propias que no deben hacernos pensar, sin temor a error, que de haber pervivido conducían inexorablemente a la modernidad como si de un destino prefijado se tratase [Entrevista de Josep María Muñoz, «John Elliott, una visió de fora estant», L’Avenç, 355 (2010), p. 27]. <<

[1120] José Ferrater Mora, «Catalunya i el passat», en Les formes de la vida catalana i altres assaigs, Barcelona, 2012, pp. 105-106. <<

[1121] Luis Sánchez Agesta, El pensamiento político del despotismo ilustrado, Madrid, 1953 (he utilizado la reedición efectuada por el Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Sevilla, Sevilla, 1979, p. 6). <<

[1122] John Elliott, Jaume Vicens Vives, ahí i avui, p. 27. (Traducción propia del catalán al castellano de la conferencia pronunciada el 10 de febrero de 2010 en el Palau de la Generalitat con motivo del Any Vicens Vives). <<

[1123] Pierre Vilar, Historia de España, París, 1963 (he utilizado la edición de la Editorial Crítica de Barcelona, 1984, p. 9-11). <<

[1124] Roberto Fernández, «Cataluña y el absolutismo…», en Ricardo Franch (ed.), La sociedad valenciana tras la abolición de los fueros, Valencia, 2009, p. 381. <<

[1125] Josep Maria Fradera y Enric Ucelay Da Cal (eds.), Notícia nova de Catalunya, Barcelona, 2005, p. 11. (T.P. “Someter la indagación crítica a las conveniencias de los intereses nacionales (u otros, establecidos desde fuera de la propia práctica científica) es una concepción ajena a las prácticas de la demostración filológica, del establecimieinto de hipótesis razonables, de la formulación crítica de nuevas explicaciones que son la base de la disciplina como tal”). <<

[1126] Cf. Eric Hobsbawm, Naciones y nacionalismo desde 1780, Barcelona, 1991, pp. 20-21. <<

[1127] George L. Mosse, La nacionalización de las masas, Madrid, 2005 (original en inglés, 1975). Para el caso español, Javier Moreno, Construir España: nacionalismo español y procesos de nacionalización, Madrid, 2008; Alejandro Quiroga Fernández de Soto, Haciendo españoles. La nacionalización de las masas en la dictadura de Primo de Rivera (1923-1930), Madrid, 2008; Alejandro Quiroga y Ferran Archilés (eds.), «La nacionalización en España», Ayer, 90 (2013), pp. 12-140; Alejandro Quiroga, «La nacionalización de España. Una propuesta teórica», Ayer, 90 (2013) pp. 17-38, y Mariano Esteban de Vega y María Dolores de la Calle Velasco (eds.), Procesos de nacionalización en la España contemporánea, Salamanca, 2010 (ya citado). <<

[1128] Stéphane Michonneau, Barcelona: memoria i identitat. Monuments, commemoracions i mites, Vic, 2002, y «Políticas de memoria en Barcelona al final del siglo XIX», en Ayer, 35 (1999), pp. 101-120. <<

[1129] Carlos Forcadell, «Historiografía española e historia nacional: la caída de los mitos nacionalistas», en Ayer, 30 (1998), pp. 141-158 <<

[1130] Michel Vovelle, Ideologías y mentalidades, Barcelona, 1985, y Juan María Sánchez Prieto, El imaginario vasco. Representaciones de una conciencia histórica, nacional y política en el escenario europeo (1833-1876), Barcelona, 1933. Para el caso catalán, Jaume Aurell, «La formación del imaginario histórico del nacionalismo catalán, de la Renaixença al Noucentisme (1830-1930)», Historia Contemporánea, 22 (2001), pp. 257-288, y Jesús Villanueva, «Francisco Calça y el mito de la libertad originaria de Cataluña», Revista de Historia Jerónimo Zurita, 69-70 (1994), pp. 75-87. <<

[1131] Anthony D. Smith, La identidad nacional, Madrid, 1997; Michael Billig, Banal Nationalism, Londres, 1995; «El nacionalismo banal y la reproducción de la identidad nacional», Revista Mexicana de Sociología, vol. 60, 1 (1998), pp. 35-57, y Ruth Wodak y otros, The discursive construction of nacional identity, Edimburgo, 2009. <<

[1132] Ignacio Peiró, «La opinión pública y los historiadores: memoria, historiografía y política», en Carlos Forcadell, Gonzalo Pasamar y otros (eds.), Usos de la historia…, pp. 146-165. <<

[1133] Salvador Giner, «La modernización de la tribu: a modo de prólogo», en Montserrat Guibernau, Los nacionalismos, Barcelona, 1996, p. 5. <<

[1134] Sobre esta cuestión y otras problemáticas que se han suscitado en la historiografía catalana sobre la historia de Cataluña y la tarea de sus historiadores en los últimos treinta años, cf. Albert Balcells, La història de Catalunya a debat. El textos d’una polèmica, Barcelona, 1994. <<

[1135] Tomás Pérez Vejo, Nación, identidad nacional y otros mitos nacionalistas, Oviedo, 1999, pp. 59 y 113-128. Para el caso español, cf. Juan Sisinio Pérez Garzón, «Los mitos fundacionales y el tiempo de la unidad imaginada del nacionalismo español», Historia social, 40 (2001), pp. 7-28, donde este autor analiza comparativamente las posiciones de Modesto Lafuente y Antonio Domínguez Ortiz sobre el nacimiento casi inmemorial de España. Asimismo, suscribo la tesis de Pérez Garzón de que en ocasiones se está siendo más crítico con los defectos de la historiografía nacionalista de la periferia española que con aquella que acaba practicando el nacionalismo español sin decirlo (p. 9). <<

[1136] Antonio de Capmany, Memorias… vol. 1. p. 8. <<

[1137] Enric Bagué, «Els joves investigadors de la història catalana», La Publicitat, 22 de agosto de 1935. <<

[1138] Josep Fontana, La Aventura de la Historia, 63 (2004), p. 109. <<

[1139] Jaume Vicens Vives, La Publicitat, Barcelona, 1935, en Obra dispersa, Barcelona, 1967, vol. 1, pp. 340-341. <<