Robert A. Potash había analizado en el primer volumen de El ejército y la política en la Argentina el período comprendido entre 1928 y 1945. En este segundo tomo se ocupa esencialmente de las dos primeras presidencias de Perón, de la fase inaugurada por la Revolución Libertadora y de los años de gobierno de Arturo Frondizi, hasta su derrocamiento por las fuerzas armadas en 1962; el capítulo que cierra el libro ofrece un breve panorama del papel político desempeñado por los militares en tiempos más recientes. Se trata, como el mismo autor lo aclara, de una época en que cambia radicalmente la índole de los problemas argentinos: al auge del peronismo se asocian significativas modificaciones en la estructura económica, la movilización de nuevas fuerzas sociales y una división del país en dos campos políticos adversos que perduraría durante largos años. Poco tiempo después, la revolución cubana y sus repercusiones en la política continental contribuirían también a moldear las actitudes de los militares y su relación con el poder civil, tema que constituye el centro de las investigaciones de Potash y representa sin duda un elemento clave para comprender la conflictiva realidad argentina de las últimas décadas.

Robert A. Potash

El ejército y la política en la Argentina II

1945-1962
De Perón a Frondizi

Biblioteca argentina de historia y política - 003

ePub r1.0

et.al 04.09.2019

Título original: The Army and Politics in Argentina

Robert A. Potash, 1969

Traducción: Aníbal Leal

Retoque de cubierta: et.al

Editor digital: et.al

ePub base r2.1

Para Jeanne y Ellen

PREFACIO

Este libro continúa el detallado análisis del Ejército argentino y su papel político iniciado en El ejército y la política en la Argentina, 1928-1945: De Yrigoyen a Perón. El enfoque principal, como en esta obra anterior, está centrado en los cambios producidos en las relaciones entre las más altas autoridades políticas de la nación y los integrantes de los cuerpos de oficiales. Al abarcar un período de igual duración, este libro analiza en esencia tres gobiernos: los casi diez años de presidencia del general Juan D. Perón, los tres años del régimen militar conocido como Revolución Libertadora y el interrumpido gobierno civil del doctor Arturo Frondizi. En el capítulo final se ofrece un breve panorama del papel político desempeñado por los militares a partir de 1962.

Como el libro anterior, este estudio no intentará proporcionar una historia exhaustiva del período; más bien procurará destacar los aspectos y acontecimientos en que los militares tuvieron especial interés o respecto de los cuales desempeñaron un papel decisivo. Puesto que el ascenso de Perón al poder cambió radicalmente la índole de la política argentina, los hechos concretos que suscitaron el interés de los militares fueron diferentes de los de años anteriores. Por eso deberá prestarse mayor atención a los aspectos sociales y económicos, aunque el enfoque central será, una vez más, el político.

Otra diferencia respecto del libro anterior consiste en la mayor atención que debe otorgarse a los otros ámbitos militares, en especial el de la Marina. El surgimiento de la Marina como nueva fuerza política y los persistentes esfuerzos de sus oficiales para desempeñar funciones políticas antes monopolizadas por sus colegas del Ejército, suman una nueva dimensión a la relación entre los ámbitos civil y militar. Por eso, aunque ni la Marina ni la Aeronáutica están mencionadas en el título, este libro estudiará sus interacciones con el Ejército y con las autoridades del gobierno durante los períodos en que éstas debieron tomar muy en cuenta las fuerzas de mar y de aire, así como las de tierra, para calcular los riesgos de su supervivencia política.

La investigación necesaria para este libro se inició en 1969, con la ayuda de una beca otorgada por el Joint Committee on Latin American Studies of the American Council of Learned Societies and Social Science Research Council (Comisión Conjunta de Estudios Latinoamericanos del Consejo Norteamericano de Sociedades Eruditas y del Consejo de Investigaciones en Ciencias Sociales). Quisiera expresar mi agradecimiento a esa institución, así como al University of Massachusetts Research Council, por su ayuda financiera.

Son muchas las personas que en la Argentina y en otros países colaboraron conmigo en el transcurso de este estudio. No sería posible mencionarlas a todas. Los nombres de quienes tuvieron la gentileza de proporcionarme documentos de sus archivos privados aparecen en las notas respectivas. En la bibliografía figuran las personas que accedieron a ser entrevistadas. Agradezco a todas ellas la confianza demostrada hacia este trabajo. Por otro lado, quisiera expresar mi particular gratitud a las siguientes personas, cuya constante amabilidad y cooperación facilitaron en gran medida mi investigación: doctor Roberto Etcheparéborda, general (R) Emilio Forcher, general (R) Juan E. Guglialmelli, almirante (R) Isaac F. Rojas, general (R) Tomás A. Sánchez de Bustamante y dos historiadores argentinos ya fallecidos, Ricardo Caillet-Bois y José Luis Romero. También deseo expresar mi agradecimiento por su inapreciable ayuda a las siguientes personas: general (R) Roberto Arredondo, general (R) José Embrioni, doctor Félix Luna, doctor Carlos M. Muñiz, almirante (R) Jorge Palma, almirante (R) Jorge Perren, general (R) Benjamín Rattenbach y doctor Alberto Rodríguez Galán. Ninguna de estas personas, por otro lado, tiene la menor responsabilidad por las opiniones o juicios vertidos en este libro.

Éste es el lugar apropiado para dejar constancia de mi agradecimiento a los cuerpos directivos de varias instituciones que prestaron su colaboración en la busca del material. En especial, deseo mencionar a los bibliotecarios y al personal de archivo de la Dirección de Estudios Históricos del Ejército Argentino, la Escuela Superior de Guerra y el Círculo Militar; la Division of Spanish and Portuguese Studies of the Library of Congress; la Diplomatic Branch, Civil Archives Division, of the National Archives; la Biblioteca John F. Kennedy y la Biblioteca de la Universidad de Massachusetts. Debo destacar la ayuda de mi ex discípulo, el doctor Celso Rodríguez, que colaboró en la transcripción de las cintas magnetofónicas de las entrevistas. Por fin, y por su indeclinable aliento durante estos muchos años de investigación y su ayuda en la redacción del manuscrito en sus diversas etapas, mi más profundo agradecimiento a mi esposa Jeanne.

R. A. P.

I

LA ESCENA: DESPUÉS DE OCTUBRE DE 1945

Hacia fines del año 1945, el pueblo argentino debió responder a la convocatoria de participar en una decisión política fundamental: la elección de un sucesor constitucional al régimen militar que había gobernado al país durante los dos años y medio anteriores. Durante ese período, ningún funcionario electo había prestado servicios en cargos ejecutivos o legislativos, tanto en un nivel nacional como provincial. En las próximas elecciones los votantes elegirían al presidente de la Nación y un congreso nacional, así como también a los gobernadores y las legislaturas provinciales. Para muchos argentinos —en especial los jóvenes que contaban entre dieciocho y veintiséis años de edad— esa sería la primera oportunidad de sufragar para elegir un presidente, algo que no sucedía desde las elecciones de 1937, calificadas como fraudulentas por la opinión pública. Teniendo en cuenta ese precedente —y otros que podríamos recordar— es probable que muchos votantes se preguntaran si la próxima consulta electoral, en la cual el coronel (R) Juan Domingo Perón era candidato a presidente, no se caracterizaría por las mismas fallas que se habían observado en las luchas electorales previas.

Pero el interés de los argentinos iba más allá de los aspectos técnicos del proceso electoral. Existía una amplia conciencia de que la Argentina se encontraba ante una disyuntiva histórica y de que las condiciones cambiantes —tanto en el orden interno como en el externo— convertían esa elección en un hecho especialmente importante, al extremo de que podía afectar la orientación del país en un futuro previsible. En el aspecto internacional, la guerra, que había influido tan profundamente sobre el país desde un punto de vista económico y que al mismo tiempo lo había dividido políticamente, había terminado. Los Estados Unidos, país con el que la Argentina continuaba malquistada diplomáticamente, habían emergido de la contienda como la potencia militar y económica dominante. Alemania, país al que ciertos elementos —militares y civiles— habían considerado como la esperanza de contrapeso con relación a la influencia de los Estados Unidos y Gran Bretaña, ya no existía. Y Gran Bretaña, cuya influencia económica sobre el país se había convertido en el blanco de los ataques nacionalistas, soportaba ahora una pesada deuda con la Argentina y, al mismo tiempo, dependía de la ayuda norteamericana para poder recuperarse de las presiones económicas resultantes de seis años de conflicto. Los argentinos, al menos los más perspicaces, también habían tomado conciencia de que su propio país estaba sobrellevando profundos cambios sociales y económicos, en parte como consecuencia de la guerra, pero que en realidad derivaban de la Gran Crisis. Esos cambios pueden resumirse —a pesar de que la descripción no sería la adecuada— apelando a los términos urbanización e industrialización. La primera mitad de la década de 1930 fue testigo de los comienzos de un movimiento masivo de habitantes rurales y de pequeñas poblaciones hacia las grandes ciudades. Hacia 1943, existía un mayor porcentaje de población total residente en ciudades de 100.000 o más habitantes que en Estados Unidos o en Canadá.[1] El éxodo desde las áreas rurales fue tal que según el próximo censo, que se realizaría en 1947, sólo una cuarta parte de la población económicamente activa se dedicaba a tareas agrícolas, de forestación, o a actividades afines.[2] El principal punto de destino de esta migración interna era la Capital Federal y sus aledaños. Todos los años decenas de miles de hombres y mujeres, y después de 1943 más de 100.000 por año, llegaban al Gran Buenos Aires en busca de trabajo y esparcimiento. La presencia de este casi millón de recién llegados de otras partes del país fue alterando gradualmente el carácter del área metropolitana, poblándola de una masa de gente cuyos vínculos y tradiciones estaban más ligados al interior que a Europa.[3]

El crecimiento industrial tuvo como consecuencia la expansión urbana, pero no fue la única causa de ella; en realidad, un mayor porcentaje de personas encontró más trabajo en distintos empleos que en la industria manufacturera. De todos modos, fue este sector el que llegó a convertirse en el elemento dinámico de la economía. Todavía es tema de discusión si el crecimiento industrial fue un objetivo explícito de los responsables de la política económica posterior a 1933, pero es un hecho que la industria manufacturera fue la causa de buena parte del crecimiento global registrado en los seis años subsiguientes. El impacto de la Segunda Guerra Mundial desaceleró la tasa de crecimiento del sector manufacturero, tal como ocurrió en la economía como totalidad. No obstante, hacia 1945, la contribución de la industria al producto bruto interno era superior a la del sector agrícola.[4]

La industrialización que la Argentina estaba experimentando revelaba características especiales. Desde un punto de vista geográfico, la mayor parte de la actividad se concentraba en la ciudad y en la provincia de Buenos Aires. En general, los establecimientos industriales eran pequeños y por lo tanto no requerían un alto nivel tecnológico. Gran porcentaje del capital invertido en la industria se destinaba a la producción de bienes de consumo y era relativamente pequeña la parte de ese capital reservada para la industria pesada o de infraestructura. La única excepción significativa a esta pauta era el desarrollo de la industria petrolera, evidenciada por el hecho de que Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) había aumentado su producción, hasta el año 1943, llegando al muy respetable promedio anual del 8,2 por ciento.[5]

Los años de la guerra crearon una ilusión de prosperidad, sobre todo entre los obreros industriales, cuyos sueldos reales habían disminuido en los primeros años de la expansión económica (1935-1943)[6] y que comenzaron a crecer hacia 1943, en parte como respuesta a la escasez de trabajo y en parte como consecuencia de las políticas oficiales inspiradas por Perón. Otro factor que contribuyó a esta sensación de prosperidad fue el aumento de la producción textil y otros bienes similares de consumo, además del hecho de que la Argentina estuviera en condiciones de exportar tales productos a otros países latinoamericanos. Menos evidente para el argentino corriente, pero sin lugar a dudas un hecho real, era el serio deterioro de las maquinarias y equipos existentes. Industrias básicas como el transporte, la metalurgia y la refinación del petróleo, habían declinado. De este modo, y a pesar de que hacia fines de la guerra, en 1945, el país poseía amplias reservas de oro y divisas (en parte en libras bloqueadas), en la Argentina existían un parque industrial y una red de transportes que evidenciaban una angustiosa necesidad de repuestos; a la vez el país soportaba una incesante demanda de nafta, camiones, automotores y, en la opinión de los militares, armamentos. Casi todas esas carencias sólo podían resolverse desde los Estados Unidos o con su consentimiento.

Para comprender el ambiente político de la Argentina en los meses anteriores a las elecciones de febrero de 1946, es necesario analizar desde cerca las dos fuerzas políticas no tradicionales más poderosas, ambas capaces de influir en los resultados: los militares y el movimiento obrero. A pesar de que ninguna de esas dos fuerzas había desempeñado un papel importante cuando la Argentina había concurrido por última vez a las urnas en las elecciones legislativas de 1942, observadores sagaces debieron percibir en la expansión del movimiento obrero una fuerza cuya capacidad para ofrecer apoyo político a un gobierno electo era comparable a la capacidad de los militares para derrocarlo.

Los militares argentinos afrontaron las inminentes elecciones y la restauración del gobierno constitucional desde las diversas perspectivas de una abundancia presupuestaria, un crecimiento organizacional y una división política interna. Los últimos tres años habían sido testigos de un incremento en el destino de fondos para la defensa, de modo tal que hacia 1945 casi la mitad del presupuesto total (43,3 por ciento) estaba destinada a las Fuerzas Armadas. En otros términos, los gastos militares de ese año absorbieron el 6 por ciento del producto bruto interno de la Argentina, un nivel extremadamente alto para un país que no había intervenido en la guerra. En efecto, los gastos militares de la Argentina en 1945 excedieron el total conjunto de Chile, Colombia, Perú, Venezuela y Brasil.[7]

El Ejército argentino fue, como es habitual, el principal beneficiario del presupuesto de defensa, con un 65 por ciento del total de 1945 destinado a sus necesidades. Aunque la construcción de bases militares y el desarrollo de fábricas de armamentos absorbían sumas sustanciales, el reclutamiento de un gran número de conscriptos y la expansión general en todos los niveles de sus fuerzas significaron el mayor drenaje de ingresos. En 1945, el Ejército había incorporado cerca de 104.000 conscriptos y tenía una fuerza global autorizada de 138.000 hombres, el mayor número de su historia. El presupuesto para 1946 anticipaba una reducción de los conscriptos a 87.000, pero la retención de suboficiales, voluntarios y personal superior en número cercano a los niveles existentes, indicaba que la fuerza global autorizada para tiempos de paz excedería, de todos modos, los 125.000 hombres. Esta cifra puede compararse con los 51.000 efectivos que integraban el Ejército en 1939, antes de que la Segunda Guerra Mundial ejerciera su influencia sobre la política de defensa de la Argentina.[8]

Las actitudes y acciones de la oficialidad —pero no de los conscriptos o los suboficiales— determinó en gran parte el papel del Ejército como fuerza política y, dentro del cuerpo de oficiales, fueron los oficiales de combate, más que los de los servicios auxiliares, quienes ejercieron mayor influencia. Hacia fines de 1945, la fuerza autorizada para el nivel de oficiales de combate era de 3.454 hombres. Estos oficiales estaban distribuidos en forma de pirámide de grados, con una base de 2.380 oficiales subalternos (subtenientes, tenientes, tenientes primeros y capitanes), un medio de 870 jefes (mayores y tenientes coroneles) y un vértice de 204 oficiales superiores (coroneles y generales).[9]

No hay datos disponibles acerca del origen social del cuerpo de oficiales como totalidad, pero tal como lo revela la Tabla 1, por lo menos la mitad de los generales en servicio activo en enero de 1946 eran hijos de inmigrantes.[10] El área metropolitana de Buenos Aires era el lugar de nacimiento del mayor número de generales (dieciocho, o el 40 por ciento), seguida a alguna distancia por dos provincias esencialmente rurales: Corrientes (seis, o el 14 por ciento) y Entre Ríos (cinco, o el 11 por ciento). Si estos datos pudieran extrapolarse, el cuerpo de oficiales como totalidad, a pesar de las distintas extracciones de sus miembros, reflejaría la preponderancia demográfica de la Capital Federal.

En su formación profesional estos oficiales de combate compartían una experiencia común: desde el general más antiguo hasta el subteniente de graduación más reciente, todos se habían iniciado como cadetes en el Colegio Militar y habían ingresado al servicio activo después de completar su carrera. No existía ningún otro camino hacia el ingreso al servicio activo para los oficiales de combate de carrera. En cuanto a sus antecedentes previos al ingreso al Colegio Militar, sin embargo, estos oficiales diferían considerablemente; algunos sólo habían terminado el sexto grado de la escuela primaria; pero otros habían completado uno o más años en colegios secundarios.

El recién establecido requisito de cuatro años de estudios secundarios significaba que los futuros oficiales traerían consigo una mayor uniformidad en su formación intelectual, pero para el cuerpo de oficiales de 1945 o de 1946, la regla general era la diversidad y no la homogeneidad en sus antecedentes previos al Colegio Militar.[11]

TABLA 1
GENERALES EN SERVICIO ACTIVO, ENERO DE 1946

Nombre y rango | Año y lugar de nacimiento | Clase académica | Nacionalidad del padre
Teniente General |  |  |  |
Carlos von der Becke | 1889 | Santa Fe | 1908 | Alemán
Generales de División |  |  |  |
Juan Pistarini | 1882 | La Pampa | 1903 | Italiano
Eduardo Lapez | 1888 | Buenos Aires | 1908 | Argentino
Diego Mason | 1887 | Buenos Aires | 1908 | Argentino
Edelmiro Farrell | 1887 | Avellaneda (B. A.) | 1908 | Argentino
Juan Carlos Bassi | 1889 | Buenos Aires | 1909 | Italiano
Juan Carlos Sanguinetti | 1890 | Buenos Aires | 1909 | Argentino
Pablo Dávila | 1891 | Buenos Aires | 1909 | Argentino
Víctor J. Majó | 1890 | San Luis | 1909 | Español
Estanislao López | 1887 | Santa Fe | 1908 | Argentino
Generales de Brigada |  |  |  |
Jorge J. Manni | 1890 | Zárate | 1909 | Italiano
Baldomero de la Biedma | 1891 | Buenos Aires | 1909 | Italiano
Ricardo Miró | 1889 | San Nicolás | 1909 | Argentino
Ernesto Florit | 1889 | Buenos Aires | 1909 | Español
Santos V. Rossi | 1889 | Buenos Aires | 1910 | Italiano
Luis Perlinger | 1892 | San Juan | 1910 | Argentino
Alberto Guglielmone | 1888 | Buenos Aires | 1909 | Italiano
Manuel Savio | 1892 | Buenos Aires | 1910 | Italiano
Elbio C. Anaya | 1887 | Buenos Aires | 1910 | Uruguayo
Carlos Kelso | 1891 | Corrientes | 1910 | Australiano
Raúl González | 1891 | Mendoza | 1910 | Argentino
Angel Solari | 1892 | Entre Ríos | 1912 | Argentino
José Humberto Sosa Molina | 1893 | Mendoza | 1912 | Argentino
Laureano Anaya | 1890 | Buenos Aires | 1912 | Argentino
Moisés Rodrigo | 1894 | Corrientes | 1912 | Español
Julio Checchi | 1892 | Buenos Aires | 1912 | Italiano
Enrique D. Quiroga | 1892 | Buenos Aires | 1912 | Argentino
Pedro D. Abadíe Acuña | 1891 | Corrientes | 1912 | Francés
Alfredo L. Podestá | 1891 | Santa Fe | 1912 | Italiano
Aristóbulo Vargas Belmonte | 1891 | Jujuy | 1912 | s/d.
Lorenzo Yódice | 1891 | Entre Ríos | 1912 | Italiano
Pedro R. Jandula | 1891 | Salta | 1912 | Argentino
Alfredo P. Escobar | 1891 | Entre Ríos | 1912 | Argentino
Ramón Albariño | 1891 | Entre Ríos | 1912 | Argentino
Ernesto O. Trotz | 1891 | Buenos Aires | 1912 | Alemán
Felipe Urdapilleta | 1890 | Corrientes | 1912 | Argentino
Otto Helbling | 1892 | Santa Fe | 1912 | Suizo
Francisco Sáenz | 1891 | Entre Ríos | 1912 | Español
Ambrosio Vago | 1895 | Marcos Paz | 1913 | Italiano
Virginio Zucal | 1892 | Sgo. del Estero | 1913 | Austríaco
Armando Raggio | 1893 | Buenos Aires | 1912 | s/d.
Isidro J. Martini | 1893 | Corrientes | 1913 | Argentino
Juan J. Velazco | 1892 | Corrientes | 1913 | Italiano
Leopoldo T. Peña | 1895 | Buenos Aires | 1915 | Argentino
FUENTES: Secretaría de Guerra, Dirección General del Personal, «Nómina de los S. S. Generales que se encontraban en actividad en el año 1946», M. S.; Boletín Militar Reservado, varios números.
Esta tabla no incluye a los generales de servicios auxiliares.

Una vez ingresados en servicio activo, sin embargo, estos oficiales compartieron las experiencias comunes del soldado en época de paz, dividiendo su tiempo entre el servicio en Unidades de línea y la asistencia a distintas escuelas militares. Unos pocos con el grado de capitán, eran elegidos para seguir cursos en la Escuela Superior de Guerra o en la Escuela Superior Técnica y, a partir de 1943, coroneles recientemente promovidos debieron seguir un curso especial sobre estrategia nacional de un año de duración.

El hecho de haber compartido estas experiencias profesionales podría hacer pensar que se había fomentado una mentalidad uniforme, pero lo cierto es que los oficiales del Ejército no compartieron la misma actitud hacia los objetivos o los candidatos involucrados en la campaña electoral de 1946. La división que se puso de manifiesto en el infructuoso intento de terminar con la carrera política de Perón en octubre de 1945 no había desaparecido, a pesar de que los opositores más activos que aún no estaban en situación de retiro habían sido declarados en disponibilidad o cumplían servicios en puestos insignificantes y en lugares alejados del país.[12]

Sin embargo, sería un error llegar a la conclusión de que entre los altos mandos del Ejército existía una simpatía general hacia las aspiraciones políticas de Perón. En realidad, sus puntos de vista integraban una amplia gama, desde una minoría de entusiastas partidarios, en un extremo, hacia una minoría de vehementes opositores en el otro. En el medio se situaba la mayoría políticamente neutral, cuyos miembros evitaban con cautela que se los identificara con cualquier extremo, aunque en privado se inclinaran en uno u otro sentido.

Puesto que los reglamentos del Ejército prohibían al personal de carrera en servicio activo comprometerse en actividades políticas partidarias (aunque no le impedía aceptar candidaturas a cargos nacionales electivos), y puesto que además una prudencia elemental hacía que los oficiales mantuvieran en secreto sus preferencias políticas, no es posible establecer con certeza la orientación política de todos los oficiales claves. Sea como fuere, y siguiendo el criterio de la opinión corriente (es decir, la tendencia de los oficiales tal como era percibida por sus colegas), podemos llegar a una conclusión razonablemente aceptable acerca de sus simpatías políticas.

La Tabla 2 identifica la orientación respecto a la candidatura de Perón de los cuarenta y cuatro generales en servicio activo, en enero de 1946, según los recuerdos que en 1973 manifestaron tres oficiales retirados. Se utilizan cinco categorías: peronista, anti peronista, neutral, neutral-anti (neutral pero considerado opositor) y neutral-pro (neutral, pero considerado peronista). Es inevitable que elementos subjetivos se insinúen en las calificaciones, pero el hecho de que las fuentes de consulta estén identificadas de acuerdo con las tres orientaciones —peronista, antiperonista y neutral— otorga verosimilitud a las calificaciones en las que todos los informantes están de acuerdo o en las que sus consideraciones difieren sólo en detalles menores.[13]

Las tres fuentes de consulta están totalmente de acuerdo en designar a seis generales como peronistas (Juan Pistarini, Edelmiro J. Farrell, José Humberto Sosa Molina, Ramón Albariño, Isidro Martini y Juan Velazco) y coinciden casi totalmente en otros dos (Laureano Anaya y Aristóbulo Vargas Belmonte). Pero si consideramos que una calificación es aceptable cuando al menos dos de las fuentes coinciden, son trece los generales que pueden considerarse peronistas (Pistarini, Farrell, Juan Carlos Sanguinetti, Sosa Molina, L. Anaya, Vargas Belmonte, Lorenzo Yódice, Albariño, Felipe Urdapilleta, Francisco A. Sáenz, Ambrosio Vago, Martini y Velazco).

La calificación de generales antiperonistas se complica por el hecho de que la Fuente «C» no hizo comentarios sobre este tema y hemos debido atenernos a sólo dos fuentes; éstas, sin embargo, están de acuerdo en considerar a tres generales como antiperonistas (Luis C. Perlinger, Carlos Kelso y Enrique D. Quiroga) y difieren, pero sólo en detalles, respecto de otros doce (Eduardo Lapez, Víctor Majó, Baldomero de la Biedma, Santos Rossi, Ernesto Florit, Manuel Savio, Elbio Anaya, Raúl González, Moisés Rodrigo, Alfredo Escobar, Ernesto Trotz y Virginio Zucal).

TABLA 2
ORIENTACIÓN DE LOS GENERALES EN SERVICIO ACTIVO CON RESPECTO A LA CANDIDATURA DE PERÓN, ENERO DE 1946.a

Nombre y rango
Destino
Fuente A
Fuente B
Fuente C

Teniente General

Carlos von der Becke
Comandante en Jefe
Neutral
Neutral
s/d.

Generales de División

Juan Pistarini
Vicepresidente
Peronista
Peronista
Peronista

Eduardo López
s/d.
Neutral - A
Opositor
s/d.

Diego Mason
Comand. Gral. del Interior
Neutral
Neutral
s/d.

Edelmiro Farrell
Presidente
Peronista
Peronista
Peronista

Juan Carlos Bassi
Jefe Estado Mayor General
Neutral - A
Neutral - A
s/d.

Juan Carlos Sanguinetti
Insp. General de Instrucción
Peronista
Neutral
Peronista

Pablo Dávila
Com. Gral. de Reg. Militares
Neutral - P
Neutral - A
s/d.

Víctor Majó
Cuartel Maestre Gral. del Interior
Neutral - A
Opositor
s/d.

Estanislao López
Comandante 2.° Ejército
Neutral
Neutral - P
s/d.

Jorge J. Manni
s/d.
Neutral - P
Opositor
s/d.

Baldomero de la Biedma
Consejo Defensa Nacional
Neutral - A
Opositor
s/d.

Santos Rossi
Comandante 1.er Ejército
Neutral - A
Opositor
s/d.

Luis Perlinger
Comandante Agrupación Patagonia
Opositor
Opositor
s/d.

Ricardo Miró
Presidente Comisión de Compras

de Armamentos
Neutral
s/d.
s/d.

Ernesto Florit
Comandante Defensa Antiaérea

del Interior
Neutral - A
Opositor
s/d.

Alberto Guglielmone
Comandante 4.ª Reg. Militar
Neutral - A
Neutral - P
s/d.

Manuel Savio
Director General Fabric. Militares
Neutral - A
Opositor
s/d.

Elbio C. Anaya
Comandante 5.ª Reg. Militar
Opositor
Neutral - A
s/d.

Carlos Kelso
Comandante de Caballería
Opositor
Opositor
s/d.

Raúl González
Comandante 7.ª División Infantería
Neutral - A
Opositor
s/d.

Ángel Solari
Comandante 1.ª División Infantería
Peronista
s/d.
s/d.

José H. Sosa Molina
Ministro de Guerra
Peronista
Peronista
Peronista

Laureano Anaya
Inspector de Infantería
Peronista
Neutral - P
Peronista

Moisés Rodrigo
Comandante 4.ª División Caballería
Opositor
Neutral - A
s/d.

Julio Checchi
Inspector Gral. de Artill. Antiaérea
Neutral
Neutral - P
s/d.

Enrique Quiroga
en disponibilidad
Opositor
Opositor
s/d.

Pedro B. Abadíe Acuña
Comandante 5.ª División Infantería
Neutral
Opositor
s/d.

Alfredo L. Podestá
Director Centro Altos Estudios
Neutral
Neutral - A
s/d.

Aristóbulo Vargas Belmonte
Comandante Agrupación Cuyo
Peronista
Neutral - P
Peronista

Pedro R. Jandula
Director Gral. Serv. de Remonta
Peronista
Neutral - A
s/d.

Alfredo P. Escobar
Director Gral. de Administración
Neutral - A
Opositor
s/d.

Ramón Albariño
Jefe Guarnición Campo de Mayo
Peronista
Peronista
Peronista

Ernesto Trotz
Comandante 1.ª División Caballería
Neutral - A
Opositor
s/d.

Felipe Urdapilleta
Ministro del Interior
Peronista
Peronista
s/d.

Otto Helbling
Instituto Geográfico Militar
Neutral - A
Neutral - A
s/d.

Francisco Sáenz
Comandante 3.ª División Infantería
Peronista
Peronista
s/d.

Ambrosio Vago
Comandante 4.ª División Infantería
Neutral - P
Peronista
Peronista

Virginio Zucal
Director General de Personal
Neutral - A
Opositor
s/d.

Armando Raggio
Gobernador Mil. de C. Rivadavia
Neutral
Opositor
Peronista

Isidro Martini
Comandante 2.ª División Infantería
Peronista
Peronista
Peronista

Juan F. Velazco
Jefe Policía Federal
Peronista
Peronista
Peronista

Leopoldo Peña
Comandante 2.ª División Caballería
Peronista
Neutral - P
s/d.

FUENTES: Entrevistes y correspondencia durante el año 1973 con tres generales retirados cuyas carreras militares pueden identificarse con tres orientaciones distintas: A) Antiperonista; B) Neutral no comprometido; C) Peronista. La fuente C prefirió clasificar a aquellos claramente vinculados a Perón sin abrir juicio sobre los otros; de aquí la gran cantidad de «sin datos» en la columna. Los destinos se obtuvieron del Boletín Militar Reservado varios números.

a Se utilizaron cinco categorías para clasificar la orientación política de los oficiales: Peronista = amigo o partidario conocido de Perón; Opositor = conocido opositor a las aspiraciones políticas de Perón; Neutral = no reveló o no tenía orientación política; Neutral-A = neutral, pero con posible tendencia antiperonista; Neutral-P = neutral, pero con posible tendencia peronista.

Si sumamos las calificaciones acerca de las cuales existe acuerdo total o casi total, llegamos a un total de trece peronistas y quince antiperonistas. Y aunque admitimos que estas cifras no deben considerarse absolutamente indudables, podemos llegar a la conclusión de que los generales políticamente comprometidos componían dos grupos de número casi igual y que cada uno representaba una minoría respecto del total. Los dieciséis oficiales restantes constituían un núcleo neutral suficiente para permitir que el Ejército mantuviera su equilibrio y siguiera funcionando como institución independiente.

Aunque los dos grupos de generales —peronistas y antiperonistas— pudieran no ser representativos de sus contrapartes en los rangos inferiores del cuerpo de oficiales, cada uno de ellos tenía características en común. De los trece generales adictos a Perón sólo cinco, o menos del 40 por ciento, eran hijos de inmigrantes, mientras que de los quince generales antiperonistas, nueve, o el 67 por ciento, tenían la misma ascendencia. Estas cifras no permiten deducir que Perón atrajo al «nuevo» argentino como contraparte de los miembros de familias con mayor radicación en el país. Respecto de sus lugares de origen, los generales adictos a Perón también diferían de sus rivales. Los primeros eran por abrumadora mayoría hombres del interior (diez sobre trece), mientras que los antiperonistas estaban divididos más proporcionadamente entre los nativos del Gran Buenos Aires y los nacidos en otro lugar (siete y ocho, respectivamente). Es evidente, pues, que el más firme apoyo a Perón entre los generales no provenía de una primera generación de porteños, sino de una primera y una segunda generación de provincianos, en especial hombres provenientes de Entre Ríos y Corrientes.

Aunque los generales peronistas y antiperonistas parecían agrupados en sectores de número casi igual, las posiciones que ocupaban no tenían una significación política o militar similar. De los trece generales peronistas, cinco ocupaban puestos políticos claves: presidente, vicepresidente, ministro de Guerra, y jefe de la Policía Federal; ocho tenían importantes mandos de tropa, incluyendo cuatro divisiones de infantería y la guarnición de Campo de Mayo, y dos de ellos ocupaban puestos burocráticos. De los quince generales antiperonistas, dos no tenían destino asignado, seis ocupaban puestos administrativos y siete tenían mando de tropas; pero de estos últimos, sólo tres pertenecían al nivel de comandante de división y todos ellos estaban muy lejos de la Capital. Es evidente que los amigos de Perón entre los generales ocupaban posiciones de mucha más fuerza que sus enemigos.

Es igualmente significativo, sin embargo, que los generales que ocupaban los dos puestos más altos en el Ejército no pertenecían a ninguno de ambos bandos. El comandante en jefe, general Carlos von der Becke, y el comandante general del Interior, general Diego Mason, eran considerados como totalmente neutrales. La presencia de estos hombres en el vértice de la jerarquía salvaguardaba ante los ojos de la mayoría de los oficiales (inclusive los que tenían orientación política) la imagen del Ejército, como una institución profesional dedicada a los intereses nacionales y no a actuar como guardia pretoriana.

Si nos apartamos del Ejército para analizar lo que después se consideraría la fuerza política más importante de la Argentina —el movimiento obrero— nos encontramos con una situación notoriamente distinta, pero igualmente compleja. El movimiento obrero, en sus bases, era mucho menos disciplinado que el Ejército; la reacción del trabajador común ante los líderes del movimiento, a diferencia de lo que sucedía con los soldados respecto de sus superiores, no siempre era previsible. Los líderes sindicales, a su vez, diferían entre sí por sus antecedentes, su experiencia y su orientación, así como por su actitud ante el gobierno. Pero algo tenían en común: una firme convicción de que los sindicatos debían y podían desempeñar un papel activo en la inminente campaña electoral.

Esta convicción era el producto de las contrastantes experiencias del movimiento obrero en los últimos cuatro años. Con anterioridad al golpe militar de junio de 1943, los esfuerzos de los sindicatos para lograr mejoras salariales u otros beneficios para sus afiliados a través de negociaciones directas con los empleadores, habían alcanzado un éxito limitado; las huelgas habían aumentado notablemente —en 1942 se produjeron 113, más del doble de las 54 del año anterior—, pero en la ausencia de un gobierno favorable, los resultados habían sido decepcionantes para casi todos aquellos que se declaraban en huelga. Cuando Perón creó la Secretaría de Trabajo y Previsión, en noviembre de 1943, la situación cambió radicalmente. Los sindicatos que colaboraban con Perón no encontraban mayores dificultades para obtener beneficios para sus afiliados. Las dificultades derivadas del descuido de gobiernos anteriores al intentar poner en vigencia la legislación social existente se aliviaron, y amplios sectores del movimiento laboral que en el pasado no habían obtenido beneficios mediante los esfuerzos de los sindicatos ni a través de la legislación social, estaban ahora protegidos por unos u otra, o ambos a la vez.[14]

Desde un punto de vista organizacional, el cambio más notable en el movimiento obrero fue el notorio incremento en el número de sindicatos reconocidos: de 356, en 1941, a 969, en 1945. Los sindicatos operaban ahora en muchas de las provincias. En términos de afiliación paga, sin embargo, el incremento fue menos significativo. Las 528.523 personas afiliadas en 1945 constituían sólo un moderado aumento sobre los 441.412 empadronados en 1941, y aún seguían representando menos del 15 por ciento de la población activa no agrícola. La proliferación de sindicatos, sin embargo, indicaba que una nueva generación de líderes gremiales estaba emergiendo para unirse o competir con aquellos que habían desempeñado un papel activo en el ámbito laboral durante las últimas décadas.[15]

Para los líderes más jóvenes, las implicancias de la cooperación con la Secretaría de Trabajo eran menos traumáticas que para la generación previa, muchos de cuyos miembros estaban identificados con las tradiciones antimilitaristas y antifascistas de los movimientos sindicales socialistas, comunistas o anarquistas. La renuencia a buscar beneficios en un organismo oficial tan íntimamente asociado a las ambiciones políticas del coronel Perón, planteó un dilema a muchos de los líderes sindicales de la vieja línea. Algunos de ellos al anteponer la coherencia ideológica a cualquier otra consideración, se negaron a tener tratos con la Secretaría; otros se apresuraron a asociarse con ella pensando en los beneficios prácticos que esperaban para sus sindicatos o para sí mismos; otros se debatieron en la incertidumbre acerca de qué actitud adoptar y algunos que al principio pusieron su confianza en Perón rompieron después con él, mientras que otros que al comienzo se mantuvieron distantes, optaron al fin por colaborar.[16]

Las experiencias de los líderes sindicales que colaboraron con la Secretaría de Trabajo demostraron la importancia de contar con una voz fuerte y confiable en el gobierno. Mientras que algunos vieron en el coronel Perón la manifestación de esa voz, otros discutían en privado si podían confiar en él en todo momento para defender los intereses del trabajador. ¿No era más conveniente para el movimiento obrero organizarse políticamente, formar un partido político separado que representara los intereses del trabajador en los futuros gobiernos y que de este modo sirviera de garantía contra los cambios arbitrarios en la política o las personalidades?

La idea de crear un partido nacional laborista había sido el tema de discusiones informales entre los dirigentes sindicales desde 1943. Pero fue sólo en octubre de 1945 cuando se dieron los pasos necesarios para poner en práctica esa idea. El primero de esos pasos fue la inclusión, en el estatuto recién promulgado que reglamentaba los sindicatos, del derecho de éstos a intervenir en actividades políticas sobre una base temporaria o permanente. No está claro a quién se debe el proyecto, pero sí que proporcionó las bases legales para que los sindicatos actuaran en ese campo si decidían hacerlo.[17]

El primer movimiento tendiente a obtener beneficios de la ley tuvo su origen entre líderes sindicales generalmente considerados como adictos a Perón. Contrariamente a la impresión general, su actividad se desarrolló antes de la crisis del 9 al 17 de octubre y fue guiada más por el recelo ante las intenciones de Perón que por el deseo de darle apoyo. Las medidas concretas se tomaron en una reunión de dirigentes sindicales realizada, sin el conocimiento de Perón, en la Secretaría de Trabajo el sábado 6 de octubre por la mañana. Durante esa reunión, que fue convocada y presidida por Aurelio Hernández, se tomó la decisión de organizar la formación de un partido que siguiera las líneas del partido Laborista británico. Se redactó un documento que proclamaba la creación del partido, suscripto por los 24 dirigentes sindicales presentes. Todos, excepto dos, expresaron además su determinación de iniciar la formación del partido con Perón o sin él.[18]

Según Hernández, el principal motivo de la reunión del 6 de octubre fue el temor de que Perón utilizara a los trabajadores en beneficio de sus ambiciones presidenciales. Perón se había reunido en los últimos tiempos con dirigentes del sector sabattinista del partido Radical, y no podía desestimarse la posibilidad de que llegara a un trato para asegurarse ese apoyo. La creación de un partido formado exclusivamente por sindicalistas era una medida para defender los intereses laborales, fuera cual fuere el rumbo que siguiera Perón.

Lo ocurrido fue que tanto los objetivos que motivaron la reunión del 6 de octubre como las decisiones allí tomadas fueron rápidamente superados por los hechos. La temida alianza política Perón-Sabattini no se materializó; en cambio jefes militares disidentes forzaron el desplazamiento de Perón de sus cargos el 9 de octubre, a lo que siguió, tras una semana de confusiones e indecisiones, la demostración obrera masiva del 17 de octubre, que permitió a Perón readquirir el control de la situación política y lanzar su candidatura. Para los sindicalistas que organizaron activamente el movimiento del 17 de octubre, así como para quienes se unieron a él a último momento, esta exitosa intervención del movimiento obrero en la escena política afianzó el propósito de crear un vehículo político permanente. Así fue como el 24 de octubre unos 50 dirigentes sindicales se reunieron para redactar las bases del partido Laborista, destinado a desempeñar un papel fundamental en la candidatura de Perón a la presidencia.[19]

Hacia fines de 1945, el movimiento obrero y las Fuerzas Armadas, así como el público argentino en general, siguieron con atención cada vez mayor la campaña electoral. Pero fue el gobierno militar encabezado por el general Edelmiro J. Farrell el que determinó concretamente las condiciones de la campaña. Y el análisis de la naturaleza de ese gobierno y sus precisas estrategias es imprescindible para comprender el proceso que condujo a los resultados finales.

II

ELECCIÓN CON GARANTÍAS, 1945-1946

El principal propósito del gobierno del general Farrell tras los agitados acontecimientos ocurridos entre el 9 y el 17 de octubre de 1945 era el realizar elecciones que terminaran con el régimen militar. Con ese fin el gobierno perseguía dos objetivos: en primer término, mantener o crear condiciones que favorecieran la victoria de su antiguo colega, el coronel (R) Juan D. Perón; en segundo término, garantizar que las próximas elecciones estuvieran libres del fraude y la violencia que habían perturbado las anteriores, cumpliendo así el compromiso de honor asumido por el presidente en nombre de las Fuerzas Armadas: asegurar una votación honesta. Para comprender de qué manera podían lograrse esos objetivos aparentemente contradictorios, es necesario examinar la naturaleza del gobierno reorganizado y los papeles desempeñados por sus partes componentes.

Los cambios que se produjeron en los más altos niveles del gobierno nacional después del 17 de octubre preservaron y aun intensificaron su carácter militar. El número de cargos de gabinete ocupados por civiles antes del 9 de octubre se redujo de cuatro a tres, y el Ministerio del Interior, de gran significación política, pasó a cargo de un oficial del Ejército. La influencia civil se limitó, por ende, a los ministerios de Relaciones Exteriores, Justicia e Instrucción Pública y Agricultura; oficiales del Ejército dirigían, al margen del Ministerio del Interior, los de Hacienda, Obras Públicas, Trabajo y Previsión, Industria y Comercio y, desde luego, el Ministerio de Guerra; oficiales de la Marina y la Fuerza Aérea estaban al frente del Ministerio de Marina y de la secretaría de Aeronáutica, respectivamente. A diferencia de la inestabilidad que antes había caracterizado al gobierno durante ese año de 1945, estas designaciones fueron asombrosamente duraderas. Las secretarías de Aeronáutica, Trabajo y Previsión, e Industria y Comercio cambiaron de manos después de octubre, pero sólo uno de los ocho puestos ministeriales experimentó un cambio entre octubre de 1945 y la asunción del nuevo gobierno en junio de 1946.[1]

El hecho de que personalidades militares controlaran la mayoría de los puestos claves en el gobierno no significó que prevaleciera un punto de vista uniforme respecto de las políticas concretas que debían seguirse. En efecto, a las pocas semanas se hizo evidente que existían diferencias dentro del gobierno acerca de cuál de los dos objetivos, elecciones honestas o victoria de Perón, era el que debía perseguirse con más vigor. Los que daban prioridad al propósito de inspirar confianza en las promesas electorales estaban en los ministerios del Interior y de Guerra. Para gran sorpresa de aquellos que conocían su prolongada amistad con Perón, el recién designado ministro del Interior, coronel (R) Bartolomé Descalzo, inició una enérgica actividad para crear las condiciones que aseguraran una campaña electoral sin restricciones. Al combinar las seguridades públicas con una serie de medidas concretas, pudo lograr en pocos días que el pueblo tuviera alguna confianza en las promesas oficiales de imparcialidad. El 2 de noviembre, empero, se anunció súbitamente que Descalzo había renunciado por razones de salud y que sería reemplazado por un oficial en servicio activo, el general Felipe Urdapilleta, hasta hacía poco tiempo comandante de la guarnición de Campo de Mayo.[2]

El reemplazo de Descalzo por Urdapilleta fue, aparentemente, una respuesta a la presión ejercida por Perón y sus adictos más cercanos para contar con alguien que estuviera más a tono con las tácticas apropiadas que debían seguirse. Si esto fue así, el general Urdapilleta debió resultar una gran decepción, ya que muy pronto puso en claro, con hechos y palabras, que estaba dispuesto a seguir el camino trazado por su predecesor. Además, como ministro del Interior, trabajó en contacto estrecho con el ministro de Guerra, general Humberto Sosa Molina, procurando evitar un favoritismo tan obvio hacia la candidatura de Perón. La presencia constante en el Ministerio del Interior del teniente coronel Arnaldo Sosa Molina, quien había sido nombrado como secretario general por el coronel Descalzo y que retuvo su cargo bajo el general Urdapilleta, revela tanto la continuidad de la política como los vínculos con el Ministerio de Guerra.[3]

El propio ministro de Guerra, general Sosa Molina, se esforzó especialmente para dar a conocer el compromiso asumido por el Ejército: asegurar elecciones libres. Y lo hizo procurando informar acerca de tal compromiso a los Estados Unidos y otros miembros de la comunidad internacional. En una recepción celebrada el 31 de octubre y a la que asistieron agregados militares acreditados ante el gobierno argentino, dio a conocer un extenso comunicado destinado a disipar dudas. Expresó a los concurrentes que el gobierno argentino, con la ayuda del Ejército, tenía la «inconmovible intención de asegurar elecciones libres». «El gobierno» —prometió— «mantendrá una posición de estricta neutralidad» en estas elecciones, y «ya ha impartido estrictas instrucciones a todos aquellos que ocupan puestos en la administración nacional». El general Sosa Molina aseguró además que el Ejército debía volver a sus labores profesionales y que «el hecho de que algunos oficiales estén ocupando puestos públicos es el resultado del deseo del Poder Ejecutivo de garantizar el libre ejercicio de la voluntad popular y de la firme intención de garantizar elecciones honestas».[4]

El ministro de Guerra enfatizaba reiteradamente a sus propios subordinados que el Ejército debía volver a sus deberes profesionales y preservar la más estricta neutralidad respecto de la campaña electoral. En su primera orden general, fechada el 30 de octubre, declaró que la única promesa que había hecho al aceptar el puesto era «la realización del proceso electoral más impecable de toda la historia política del país».[5] Un mes después, recordando al Ejército sus obligaciones, instruyó a todos los oficiales en el sentido de que debían abstenerse de expresar sus tendencias políticas, tanto en público como en privado, y pidió a todos los oficiales que informaran de la violación a esta orden a su inmediato superior.[6] En el discurso de fin de curso que pronunció en el Colegio Militar en el mes de diciembre, el ministro de Guerra volvió a tocar el tema, reiterando que el Ejército debía restringir sus actividades a la esfera militar y sugiriendo que cualquier soldado cuyas ambiciones fuesen demasiado grandes como para satisfacerse con las recompensas usuales del servicio activo debía renunciar antes que desacreditar a la institución.[7]

La firmeza con que los ministerios de Guerra y del Interior comprometían al gobierno para asegurar elecciones libres fue causa de honda preocupación para Perón y sus más íntimos allegados. A pesar de que la reestructuración del gabinete parecía indicar la presencia de sus simpatizantes, los hechos no respondían en la medida deseada a lo que él y sus asesores políticos consideraban sus requisitos electorales. Por eso intentaron producir cambios que incorporaran al gabinete a partidarios incondicionales, tales como el jefe de la Policía Federal, general Juan F. Velazco, y el comodoro Bartolomé de la Colina. Estos esfuerzos fueron exitosos, pero sólo en parte: de la Colina reemplazó al secretario de Aeronáutica el 7 de noviembre, y la secretaría de Industria y Comercio fue asumida por el coronel Joaquín Sauri el 19 de diciembre. Pero éstos fueron los únicos cambios logrados. El gabinete, por lo tanto, siguió dividido, con un grupo integrado en esencia por el secretario de Trabajo y Previsión, Domingo Mercante; el de Aeronáutica, de la Colina, y Sauri en Industria y Comercio, apoyados, por supuesto, por el jefe de la Policía Federal, Velazco; todos ellos dedicaban el máximo de energía para asegurar la elección de Perón por cualquier medio. Otro grupo, encabezado por el ministro de Guerra, Sosa Molina, y que incluía a los ministros del Interior, Marina, Hacienda, Agricultura y Justicia e Instrucción Pública, se esforzaba por crear la apariencia, tan verosímil como fuera posible, de una neutralidad oficial.[8]

No debe suponerse que el general Sosa Molina se oponía a la candidatura de Perón o que tratara de evitar su elección. Todo lo contrario: su postura parece haberse sustentado en la certeza de que Perón podía ganar en una elección libre. Sondeos hechos por oficiales del Ejército indicaban que gozaba de amplio apoyo en el interior del país, así como en el cordón industrial de Buenos Aires.[9] Por lo tanto, un comicio libre del fraude que había estigmatizado las elecciones de presidente desde 1930 podía ofrecer varias ventajas. El Ejército, como garantía de una elección honesta, podía volver a sus deberes profesionales con el honor intacto, la reputación afianzada y una justificada exigencia de recibir un tratamiento benévolo por parte del futuro gobierno. Tal gobierno disfrutaría de una legitimidad de origen que no había poseído ningún otro desde el derrocamiento de Yrigoyen; y según se esperaba, gozaría de una estabilidad que permitiría al Ejército concentrarse en la urgente tarea de adquirir equipo moderno y asimilar las lecciones militares dejadas por la Segunda Guerra Mundial.

Si bien el ministro de Guerra y sus colegas de similar tendencia estaban preparados para afrontar el riesgo de una derrota de Perón, no ocurría lo mismo con el círculo de oficiales más íntimamente vinculado al candidato. Descontando la influencia de Perón sobre el presidente Farrell, estaban preparados para convertir a sus cargos en parte de la maquinaria electoral de Perón. Las disposiciones de Sosa Molina con respecto a las prohibiciones a los militares para actuar en política no llegaron, evidentemente, al teniente coronel Domingo Mercante, quien ahora estaba al frente de la secretaría de Trabajo y Previsión, y pareció tener sólo un efecto intermitente en algunos otros oficiales del Ejército que ocupaban puestos no militares.

La secretaría de Trabajo y Previsión —que se había convertido en el principal instrumento de las ambiciones de Perón, desde su creación en noviembre de 1943 hasta octubre de 1945, cuando proclamó su candidatura presidencial— continuó al servicio de sus intereses bajo el mando del teniente coronel Mercante. Con un aparato burocrático que se extendía por todo el país, la secretaría estaba en posición de proporcionar la organización básica, y buena parte de los fondos necesarios para dar viabilidad al flamante partido Laborista. Las quejas manifestadas por sindicalistas independientes y por periódicos de la oposición en el sentido de que la Secretaría estaba abiertamente comprometida en la campaña electoral, fueron ignoradas.[10] En efecto: una vez que el nuevo partido llegó a la etapa de elegir sus candidatos para los puestos nacionales y provinciales que debían ocuparse en la próxima elección, varios miembros de la Secretaría fueron designados para las candidaturas. El caso más notorio entre ellos fue el del propio secretario Mercante. Al haber sido ascendido a coronel en diciembre de 1945, sin duda como reconocimiento por servicios extramilitares, aceptó la candidatura del partido Laborista al cargo de vicepresidente, solicitó su retiro del Ejército y renunció a su puesto en el gabinete.[11]

Las actividades políticas partidarias de la secretaría de Trabajo y Previsión tenían su paralelo en las que llevaban a cabo los adictos a Perón en las administraciones provinciales. Después de octubre de 1945 no se habían producido intervenciones provinciales importantes y en consecuencia la dirección de los asuntos provinciales había quedado, básicamente, en manos de los hombres que habían sido nombrados durante los años del predominio de Perón en el gobierno nacional. Sólo cuatro de las provincias estaban bajo intervención militar; las diez restantes eran gobernadas por civiles. En varias de estas últimas, a pesar de las instrucciones explícitas dadas por el ministro del Interior Urdapilleta, los interventores asistían personalmente a manifestaciones políticas en favor de Perón, y los oficiales de menor graduación utilizaban sus cargos y los fondos públicos para promover su causa. Más grave aún fue el uso arbitrario de la autoridad administrativa para desalentar o socavar la actividad de los partidos Radical, Socialista y Demócrata Progresista, que se habían unido, junto con el Comunista, para formar la Unión Democrática, cuya lista única enfrentaría a Perón en las elecciones. Funcionarios del Correo en varias provincias obstaculizaban la distribución de periódicos que apoyaban a la Unión Democrática, permitiendo al mismo tiempo la libre circulación de las publicaciones peronistas. Las policías provinciales, bajo la dirección de interventores partidarios, eran utilizadas también para acosar a los adictos a esa agrupación.[12]

En la ciudad de Buenos Aires, las actividades de la Policía Federal, bajo la dirección de un condiscípulo de Perón en el Colegio Militar, el general Velazco, provocaban frecuentes y amargas quejas por parte de representantes de partidos políticos antiperonistas, grupos civiles y gremios independientes. El general Velazco no sólo era un ferviente partidario de Perón, sino que además mantenía íntimas vinculaciones con los grupos nacionalistas que, a pesar de su recelo anterior acerca del oportunismo de Perón, habían salido en apoyo de su candidatura. Bandas de jóvenes nacionalistas, confiando en que la policía no intervendría con mucho rigor, podían circular libremente por las calles, atacando a los opositores o llevando a cabo depredaciones antisemitas. Los repudios oficiales por parte del ministro del Interior a tales actos parecen haber tenido poco efecto, y a pesar de los rumores de que el general Urdapilleta estaba buscando la destitución del jefe de Policía, nada de eso ocurrió. El control de la Policía Federal por parte de Velazco era un factor demasiado importante para Perón, y sólo una grave crisis política como la que el gobierno quería evitar podría haber producido ese cambio.[13]

A pesar de la impunidad con que los partidarios de Perón actuaban dentro de las administraciones nacionales y provinciales, y quizá, en alguna medida, debido a ello, el ministro del Interior Urdapilleta trató de establecer reglas de juego ecuánimes para la campaña electoral. Sin duda, algunos de sus pronunciamientos reflejaron una evidente parcialidad respecto de las prerrogativas del gobierno y muy poca consideración hacia los reclamos de los grupos políticos que en los dos últimos años habían padecido medidas represivas; pero sus decisiones acerca de algunos puntos importantes le permitieron crearse, en forma gradual y no sin vencer muchos recelos, cierta imagen de credibilidad.

La primera prueba a que se sometió la sinceridad de Urdapilleta surgió con respecto a la disposición sobre las propiedades que habían sido confiscadas a los partidos políticos después de su disolución en 1943. Según el decreto suscripto por su predecesor el 30 de octubre de 1945, esos partidos volvían a ser legales y sus representantes estaban autorizados a solicitar el reintegro de sus edificios, equipos y documentos. Cuando los miembros del grupo peronista escindido del partido Radical, la Junta Reorganizadora encabezada por Hortensio Quijano, se presentaron como legítimos propietarios de los documentos del partido Radical, su solicitud fue rechazada y los materiales fueron devueltos a los dirigentes antiperonistas del partido regular.[14]

El ministro del Interior se apresuró a responder contra los cargos por interferencia en la circulación de publicaciones vinculadas con los grupos antiperonistas. Cuando el partido Socialista se quejó de que su diario La Vanguardia no era distribuido por medio del Correo, ordenó que esta interdicción cesara, pese a que no pudo dejar de observar que según las leyes nacionales e internacionales en vigor, el Correo estaba autorizado a suspender la distribución de publicaciones que insultaran al gobierno legalmente constituido. Dos semanas después, cuando los representantes de la Unión Democrática acusaron al Correo argentino de interferir en la distribución de publicaciones y en la correspondencia privada, el ministro del Interior impartió explícitas instrucciones al director general de Correos y Telecomunicaciones para que adoptara las medidas que aseguraran la normal circulación de todas las publicaciones periódicas y se evitaran demoras en la distribución y entrega de la correspondencia de los partidos políticos. Ese funcionario, un teniente coronel del ejército, advirtió al personal del Correo que cualquier persona que utilizara su cargo oficial para auxiliar o sabotear a cualquier partido político sería pasible de castigo. Fue evidente, sin embargo, que tales advertencias no tuvieron efecto general, ya que las quejas por interferencia del Correo en la circulación de periódicos siguieron elevándose en varias provincias.[15]

La incapacidad del ministro del Interior para eliminar la actividad partidaria entre los empleados públicos se evidenció en una serie de instrucciones que se sintió obligado a impartir. En este caso, una vez más, fue el coronel Descalzo, en su breve desempeño como ministro del Interior, quien envió a los interventores provinciales una precisa serie de instrucciones que entre otras cosas los urgía a «impartir instrucciones a los funcionarios a sus órdenes en el sentido de que está absolutamente prohibido al personal del Estado realizar actividades políticas de ninguna índole, debiendo actuar en el proceso electoral que se inicia con completa equidistancia».[16]

El general Urdapilleta, al asumir el ministerio del Interior, avaló estas instrucciones como propias, pero cuando las quejas acerca de la actividad partidaria del personal de la secretaría de Trabajo y de ciertas administraciones provinciales continuaron, redactó un decreto, suscripto por la totalidad del gabinete, para establecer las reglas de conducta de los empleados públicos federales. Con excepción de profesores universitarios y de escuelas secundarias, y el personal médico, los empleados del gobierno no podían actuar en comités políticos o en puestos de mando dentro de los partidos políticos, firmar manifiestos de carácter político o participar de la lucha electoral. El 17 de diciembre, el ministro del Interior impartió directivas a los interventores provinciales para que dictaran reglamentaciones similares, pero diez días después tuvo que recordar a los interventores de Tucumán, Jujuy, Santiago del Estero, La Rioja, Santa Fe y Salta su obligación de cumplir estrictamente esas instrucciones. A principios de enero, el general Urdapilleta llamó al subsecretario de Información para solicitarle que lo pusiera al corriente diariamente acerca de cualquier noticia periodística sobre empleados públicos comprometidos en actividades políticas. Y unos pocos días más tarde, debía recordar una vez más a los interventores provinciales sus obligaciones, en especial la concerniente a las leyes que prohibían a los funcionarios públicos presionar a sus subordinados para que se afiliaran a cualquier partido o para que votaran por cualquier candidato.[17]

Dos conclusiones parecen surgir de este examen de los esfuerzos del ministro del Interior para evitar que los empleados del gobierno llevaran a cabo actividades partidarias: la primera, que el general Urdapilleta era sincero en su intento de asegurar la neutralidad del gobierno; la segunda, que la tradición del calor oficial según la cual los influyentes hacen todo lo posible para ayudar a sus amigos políticos no era fácil de erradicar, aun cuando un general del Ejército ocupara el cargo de ministro del Interior.

Aunque el ministro fracasó en su intento de acabar con el uso de los cargos públicos en favor de la candidatura de Perón, tuvieron más éxito sus esfuerzos para imponer medidas ecuánimes en otra zona de interés vital para los grupos políticos: las emisiones radiales. Desde 1943, el gobierno militar en general y el coronel Perón en particular habían utilizado abundantemente los programas radiales para justificar sus actividades. Era evidente que la radiodifusión desempeñaría un papel más importante en la próxima campaña electoral que en cualquiera de las anteriores elecciones nacionales. Lo cual otorgaba una significación especial a las reglamentaciones que se fijarían para conceder espacios radiales para la campaña electoral.

La red de radiodifusión en la Argentina comprendía unas 45 emisoras privadas, distribuidas en varias ciudades, además de la emisora oficial, LRA, con sede en la Capital Federal. Las redes privadas aún eran rudimentarias, pero los medios de que disponía LRA, controlados por el gobierno, hicieron posible la conexión de las emisoras privadas a la red nacional y el reemplazo de programas locales por emisiones desde la radio estatal. La creación de un sistema para otorgar espacios radiales en forma equitativa exigía, pues, una reglamentación tanto del sector privado cuanto del oficial. Como primera medida, el ministro del Interior impartió instrucciones a LRA en el sentido de que sólo podía difundir sucesos públicos con autorización previa y expresa del Ministerio. Y dejó bien en claro que tal autorización se concedería sólo en el caso de sucesos organizados por los organismos gubernamentales. Dentro del sector privado, la asociación de propietarios de radioemisoras se reunió y elaboró un acuerdo para garantizar el uso imparcial de sus equipos. Cada estación de radio vendería a cada partido político participante en la campaña electoral un mismo espacio de tiempo de importancia comparable, dentro de los programas diarios. Al margen de esos espacios, las radioemisoras prometieron no incluir ninguna publicidad política.[18]

Cuando se dio publicidad a ese texto a través de los periódicos, hubo reacciones diversas. El vocero de un partido tradicional protestó por el aspecto comercial involucrado y sostuvo que las emisoras debían otorgar esos espacios como un servicio público. Los representantes de la Unión Democrática manifestaron su preocupación acerca de la censura previa y exigieron que se la eliminara en cuanto a los materiales que saldrían al aire. Los peronistas, por su parte, no hicieron muchos comentarios públicos, pero en privado, según informes del propietario de una radioemisora, Perón trató de echar por tierra el acuerdo. Utilizando sin duda la antigua vinculación de Evita, y la suya propia, con Jaime Yankelevich, propietario de Radio Belgrano, Perón propuso que todos los espacios de esa emisora estuvieran dedicados a su campaña. Urgió a Yankelevich a que renunciara a la asociación de radioemisoras y le prometió un subsidio para compensar la pérdida de los ingresos por publicidad, que pagaría la Compañía de Electricidad de Buenos Aires. La negativa de Yankelevich motivó una escena violenta, seguida de varios hostigamientos manifestados por las repetidas inspecciones de que fueron objeto las instalaciones de la radio.[19]

El ministro del Interior, al aceptar el acuerdo de los propietarios para el otorgamiento de espacios, dictó reglamentaciones especiales en cuanto al contenido de las emisiones políticas radiales. El gobierno se abstenía de ejercer la censura directa, pero hacía responsables a los directores de programación, quienes debían garantizar que las emisiones no violaran los cánones de la decencia y el orden. Los textos de todos los pro gramas políticos debían someterse por anticipado a los directores de programación, quienes estaban obligados a eliminar todo material que implicara una falta de respeto hacia las instituciones nacionales, comprometiera la armonía social, explotara las diferencias raciales o religiosas, insultara o difamara a personas o partidos, o pudiera perjudicar las relaciones internacionales de la nación.[20]

En la práctica, el sistema que garantizaba un igual acceso a los espacios radiales no carecía de imperfecciones. Los propietarios de radioemisoras privadas, alarmados por la responsabilidad que se les atribuía en cuanto al contenido de los programas políticos, se mostraron cautelosos en el otorgamiento de permisos a los voceros de la Unión Democrática cuando había de por medio críticas a la actividad del gobierno o de sus funcionarios, o comentarios sobre la situación internacional del país. Mientras tanto, los partidarios de Perón en la secretaría de Trabajo podían utilizar los espacios de LRA en funciones ostensiblemente «oficiales». Además, al menos en una ocasión, el espacio radial que utilizaba el candidato presidencial de la Unión Democrática fue interrumpido compulsivamente para que la radio entrara en cadena con LRA, que transmitió un programa de noticias. A pesar de estas dificultades y de las obvias injusticias en la utilización de LRA, los diversos partidos pudieron utilizar la radio para difundir sus mensajes. Y a medida que la campaña avanzaba, el gobierno se mostró exigente en cuanto a la presentación anticipada de textos de discursos de los candidatos presidenciales y vicepresidenciales.[21]

Problema más serio para las fuerzas antiperonistas que las dificultades relacionadas con la emisión de programas radiales fue la insistencia del gobierno en mantener el estado de sitio durante la campaña electoral. A pesar de las persistentes demandas por parte de numerosos grupos, inclusive la Cámara de Comercio, los principales periódicos, los sindicatos independientes y, desde luego, los partidos políticos que integraban la Unión Democrática, el gobierno no daba muestras de renunciar a sus facultades en situación de emergencia. Lo cual significaba que quienes tomaban parte activa en la campaña electoral debían ser conscientes de que las garantías constitucionales acerca de los derechos de expresión y de reunión, y contra el arresto arbitrario, dependían de la voluntad, si no del capricho, del gobierno.[22]

No está claro si el mantenimiento del estado de sitio se debía, tal como algunos críticos opinaban, al deseo de apoyar la candidatura de Perón, o al temor de que no hubiera otro recurso para garantizar el proceso electoral; lo cierto es que la decisión del gobierno suponía una grave responsabilidad en cuanto al uso imparcial de sus poderes. Esto fue especialmente cierto respecto de la autorización de manifestaciones políticas, ya que bajo el estado de sitio, el ministro del Interior decidía cuándo y cómo se podía ejercer el derecho de reunión.

A los pocos días de asumir su cargo, el general Urdapilleta anunció que en adelante los partidos políticos estaban autorizados a celebrar reuniones en locales cerrados. Este derecho se extendió después a otros grupos, tales como asociaciones profesionales, grupos civiles y sindicatos independientes, y la policía recibió órdenes de no interferir. La prueba real, sin embargo, fue el manejo de solicitudes para reuniones en lugares abiertos. Según los edictos policiales en vigor basados en el estado de sitio, tales reuniones no estaban permitidas, pese a que la policía tenía autoridad para hacer excepciones. Las solicitudes de excepción debían elevarse por lo menos diez días antes de la reunión pública propuesta.[23]

Durante el mes de noviembre, los partidarios del peronismo realizaron demostraciones callejeras en diversas ocasiones, por lo general frente a la secretaría de Trabajo, sin que la policía interviniera. No se sabe si tales manifestaciones habían sido autorizadas, pero cuando los dirigentes de la Unión Democrática solicitaron permiso para una reunión masiva cerca del Congreso que se realizaría el sábado 1.º de diciembre por la tarde, el jefe de Policía Velazco rechazó la solicitud. Sólo después de repetidas protestas ante el ministro del Interior revocó éste la orden del jefe de Policía y autorizó la congregación, que debió reprogramarse para el día 8 de diciembre.[24]

La primera asamblea pública convocada por los opositores políticos a Perón congregó a unas 200.000 personas. La intención de sus organizadores, la comisión ejecutiva de la Unión Democrática, era demostrar la unidad, la fuerza y el sentido del orden de sus adherentes, así como presentar al hombre que en muy poco tiempo sería su candidato en la elección presidencial, el doctor José Tamborini. Hombre fornido, de pelo lacio, Tamborini era un veterano del partido Radical que había cumplido varios mandatos como diputado desde 1918, había sido miembro del gabinete bajo la presidencia de Alvear (1925-28) y más recientemente (1940-43), senador nacional por la Capital Federal.

La reunión convocada por la Unión Democrática cumplió ampliamente con las expectativas de sus organizadores: su final, sin embargo, reveló lo azaroso de la escena política. Jóvenes nacionalistas trataron en vano de alterar la congregación con provocaciones a los hombres apostados como guardias y al fin apelaron a las armas de fuego. Durante una media hora se intercambiaron balazos antes que irrumpiera la policía, cuyo departamento central estaba a sólo dos cuadras de distancia. Cuando se contaron las víctimas, hubo cuatro muertos (dos radicales, un socialista y un comunista) y treinta heridos.[25]

El trágico incidente complicó aun más las relaciones de las fuerzas antiperonistas con el gobierno. Los dirigentes de la Unión Democrática, al denunciar la conducta de la policía, exigieron la destitución del coronel Velazco, pero el ministro del Interior, aunque deploró el tiroteo, se negó a responsabilizar a la policía. El coronel Velazco trató inclusive de hacer responsables de la violencia a los participantes en la reunión, intento que no podía soslayar el hecho de que los jóvenes nacionalistas armados habían sido los promotores del enfrentamiento. El propio coronel Perón consideró prudente emitir una declaración contra los «sujetos irresponsables que al grito de “Viva Rosas”, “Mueran los judíos” y “Viva Perón”, escudan su indignidad para sembrar la alarma y confusión» y negó que cualquiera de los grupos que apoyaban su candidatura fuera responsable.[26]

A pesar de la violencia que acompañó a esta primera manifestación masiva al aire libre, la campaña política había llegado al punto en que ya no podía limitarse a reuniones en locales cerrados. Seis días después de la reunión pública de la Unión Democrática, el partido Laborista llevó a cabo su primera congregación al aire libre, una demostración masiva que tuvo lugar en la Plaza de Mayo. Y hacia fines del mes, el ministro del Interior autorizó a los interventores provinciales a actuar por cuenta propia en el permiso de reuniones públicas en lugares abiertos, aun cuando distribuyó nuevas instrucciones acerca de cómo prevenir la violencia antes, durante o después de tales reuniones. Sea como fuere, la pauta de la violencia que había caracterizado el comienzo de la campaña política continuaría prácticamente hasta la víspera de la elección de febrero.[27]

Mientras la campaña política se desarrollaba revelando a una Argentina apasionadamente dividida en grupos hostiles, cada uno de ellos convencido de la justicia de su causa, las Fuerzas Armadas se preparaban para cumplir una nueva función. Durante la última década, algunas voces se habían alzado para pedir, sin mayor éxito, que el custodio de las elecciones estuviera en manos de los militares, antes que de las fuerzas policiales, a menudo controladas por políticos. Ahora, el gobierno de Farrell, al emitir el decreto del 1.º de diciembre —que detallaba los cargos por llenarse y las normas que se aplicarían en la elección general del 24 de febrero— proclamó que las Fuerzas Armadas asegurarían «el acceso al comicio, la libre emisión del voto y la custodia de las urnas».[28]

Anticipándose al papel que el Ejército estaría llamado a desempeñar, el ministro de Guerra Sosa Molina procuró inculcar un más alto sentido de disciplina y unidad. Se robusteció la autoridad jerárquica, amenazada en el pasado por la existencia de redes personales en competencia con la cadena del comando.[29] El ministro de Guerra también trató de suavizar algunas asperezas motivadas por las rencillas políticas de los últimos meses. Una docena de oficiales que habían sido dados de baja por participar en el frustrado levantamiento de setiembre en Córdoba, fueron reincorporados, aunque la mayoría de ellos pasó a situación de retiro. Inclusive un grupo de dieciocho maestros, muchos de ellos miembros del Partido Socialista, destituidos en el mes de agosto de sus cargos en el Liceo Militar General San Martín, fueron reincorporados a sus puestos.[30]

Desde luego, medidas como las mencionadas no podían anular las diferencias de opinión que existían dentro del cuerpo de oficiales. El ministro de Guerra, sin embargo, se dejó guiar sagazmente sobre su sentido profesional al propio tiempo que daba muestras de ecuanimidad al efectuar las designaciones y recomendaciones para la promoción. La lista de ascensos de ese año, aprobada por el presidente Farrell, reflejaba en sus más altos niveles las contradictorias presiones en juego. De los cinco generales de brigada promovidos a generales de división, sólo uno era considerado partidario de Perón; pero de los cuatro coroneles promovidos al grado de general de brigada, sin duda tres, y quizá los cuatro, pertenecían a esa misma categoría. Además, dos de esos coroneles, el jefe de Policía, Velazco, y un oficial de caballería, Leopoldo Peña, fueron ascendidos aun cuando no eran oficiales del estado mayor y carecían de los antecedentes por lo común exigidos para ser promovidos a los rangos más altos. Desde un punto de vista profesional, sus ascensos sólo podían considerarse recompensas políticas por servicios a la causa de Perón.[31]

La misma interpretación puede darse a la decisión de asignar al general Ramón Albariño el mando de la importante guarnición de Campo de Mayo. Envuelto en un escándalo por la acusación de haber utilizado su cuenta personal bancaria para canalizar contribuciones políticas a los periódicos peronistas durante su actuación como interventor de Buenos Aires, el general Albariño renunció a su cargo en enero de 1946 ante la fuerte presión de la Marina, pero fue recompensado con el prestigioso cargo de comandante de Campo de Mayo. La defensa que hizo el ministro de Guerra de esta designación ante la crítica del periodismo, sosteniendo que no se debía a motivos sino a necesidades de servicio, no convenció a muchos. Lo natural hubiera sido dejar a Albariño en disponibilidad hasta el final de la investigación sobre su conducta.[32]

La intervención de la Marina en el asunto Albariño fue una consecuencia imprevista de la decisión de compartir responsabilidades para garantizar las elecciones asumida por las tres Fuerzas Armadas. Un acuerdo elaborado en nivel de gabinete había dispuesto la creación de un Comité Coordinador de la Campaña Electoral, formado por el Comandante en Jefe del Ejército, el Jefe del Estado Mayor de la Marina y el Comandante de la Fuerza Aérea Argentina, que sería presidido por el miembro más antiguo, el teniente general Carlos von der Becke. Este Comité Coordinador, a su vez, había nombrado comandantes electorales para cada una de las provincias y la Capital Federal, las cuales abarcaban los quince distritos electorales del país. Oficiales del Ejército fueron designados comandantes en trece distritos, uno de la Fuerza Aérea en la provincia de San Luis, y un contralmirante en la provincia de Buenos Aires, teniendo en cuenta que la mayoría de las fuerzas navales argentinas estaban emplazadas en la costa de esa provincia. Cuando estalló el escándalo Albariño, la insistencia de ese contralmirante, apoyado por sus colegas, en que las garantías electorales en su provincia deberían quedar libres de toda duda, dio como resultado la renuncia de Albariño a su cargo de interventor.[33]

TABLA 3
COMANDANTES DE LOS DISTRITOS ELECTORALES

Distrito | Nombre y Rango | Servicio | Orientación
Capital Federal | General de División Diego Mason | Ejército | Neutral
Buenos Aires | Contralmirante José Zuloaga | Marina | Desconocida
Córdoba | General de Brigada Ambrosio Vago | Ejército | Peronista
Santa Fe | General de Brigada Pablo Dávila | Ejército | Neutral
Tucumán | General de Brigada Estanislao López | Ejército | Neutral - P
Mendoza | General de Brigada Víctor Majó | Ejército | Neutral - A
San Juan | General de Brigada Carlos Kelso | Ejército | Antiperonista
Santiago del Estero | General de Brigada Ernesto Florit | Ejército | Antiperonista
Salta | General de Brigada Pedro Abadíe Acuña | Ejército | Neutral - A
San Luis | Vicecomodoro Roberto Bonel | Fuerza Aérea | Desconocida
Corrientes | General de Brigada Raúl González | Ejército | Antiperonista
Entre Ríos | General de Brigada Francisco Sáenz | Ejército | Peronista
Catamarca | Coronel Jubo B. Montoya | Ejército | Desconocida
La Rioja | Coronel Emilio Taft Olsen | Ejército | Desconocida
Jujuy | Coronel Guillermo Genta | Ejército | Desconocida
FUENTE: Fuerzas Armadas, II, 168-69; y tabla 2.

Un similar sentido de responsabilidad parece haber caracterizado a la mayoría, si no a todos los hombres del Ejército designados comandantes electorales. La Tabla 3 enumera esos oficiales y sus distritos y, cuando hemos podido rastrearla, su orientación política. En los diez casos en que tales datos son disponibles —todos ellos son generales del Ejército—, dos son considerados peronistas, tres antiperonistas y cinco neutrales. Estos rótulos políticos indican sus inclinaciones personales, pero en la ausencia de otras pruebas, ello no significa que los oficiales utilizaran sus cargos para colaborar con los candidatos de su preferencia.

En efecto, en el caso del general Ambrosio Vago, calificado como peronista, la información disponible indica que hizo grandes esfuerzos como comandante electoral en Córdoba para evitar interferencias en el proceso electoral. Hizo severas advertencias a las Policías provinciales que no cumplían las órdenes de permanecer neutrales, suspendió a quienes las violaron y no vaciló en transferir policías a otros distritos para evitar incidentes. Quizá la prueba más evidente de la seriedad con que el general Vago asumió sus responsabilidades esté en el hecho de que el día de la elección, la Unión Democrática logró una leve victoria.[34]

Pero si a pesar de sus presuntas inclinaciones personales el general Vago antepuso sus deberes a la política, la situación en Entre Ríos, a cargo de otro simpatizante de Perón, el general Francisco A. Sáenz, fue menos clara. Se habían hecho acusaciones de parcialidad no contra el propio general Sánchez, sino contra el recién promovido general Leopoldo Peña quien, como comandante de la Segunda División de Caballería en Concordia, era también el comandante electoral local que servía bajo las órdenes del general Sáenz. El ayudante del general Peña, por entonces teniente primero Alejandro Lanusse, no adherente al peronismo, recordó después los diversos métodos empleados por su jefe para demostrar su favoritismo por el partido Laborista a expensas de la Unión Democrática. Cuando los representantes de esta agrupación trataron de entrevistarse con el comandante electoral debieron someterse a largas esperas, mientras que los dirigentes del partido Laborista fueron recibidos de inmediato. Al emitir los permisos para las reuniones públicas, el general Peña confinó a la Unión Democrática a áreas remotas y en horarios incómodos, permitiendo que los laboristas realizaran reuniones en la plaza central inmediatamente después del cierre de los comercios. Lanusse opinó que a pesar de que el acto electoral fue totalmente claro, «todo lo anterior estuvo impregnado de favoritismo».[35]

La creación del Comité Coordinador del Comando Electoral y la designación de los quince comandantes electorales no fueron sino los primeros pasos en un plan cuidadosamente elaborado para garantizar la elección del 24 de febrero. Órdenes de operativos comparables a las que se lanzan en tiempos de guerra o de emergencia nacional se emitían desde la Sede Central del Comando Coordinador, a fin de designar las unidades que se emplearían y para especificar las medidas necesarias para asegurar el libre acceso al comicio y la custodia de las urnas.[36]

Un problema fundamental que debía resolverse —y que de alguna manera implicaba una prueba de la sinceridad del gobierno en su promesa de elecciones libres— era el grado de control que los comandantes electorales debían ejercer sobre la Policía. ¿La Policía debía estar bajo control militar o debía actuar como fuerza independiente, con libertad para hostilizar a los simpatizantes de la Unión Democrática, de acuerdo con las órdenes de los interventores provinciales o de sus propios dirigentes? En primera instancia, el gobierno pareció preferir este último acuerdo, ya que las directivas emitidas originalmente por el Comité Coordinador sólo expresaban que las Fuerzas Armadas debían colaborar, donde fuese necesario, con la Policía local en el mantenimiento del orden general.[37]

Al cabo de una semana, sin embargo, una decisión del gabinete redefinió la relación entre las Fuerzas Armadas y la Policía. No está claro si esta decisión se debió a la presión militar o al deseo de afianzar la confianza pública en sus promesas, pero lo cierto es que el gabinete llegó a un acuerdo en el sentido de que los comandantes militares electorales debían controlar las fuerzas policiales desde el día antes de la elección hasta el siguiente. En consecuencia, el Comité Coordinador instruyó a los comandantes de distrito para que reunieran toda la información necesaria sobre la distribución de la Policía, a fin de estar en condiciones de disponer los cambios que resultaran necesarios durante el período de tres días que comenzaría el 23 de febrero.[38] A medida que se acercaba la fecha de la elección, el gabinete, bajo la evidente presión de los altos oficiales del Ejército y la Marina, decidió extender el período de control militar. El 8 de febrero se anunció que todas las fuerzas policiales estarían subordinadas a los comandantes electorales a partir del 19 de febrero. Esto significaba que durante los últimos cuatro días de la campaña electoral, así como el día de la elección misma, los militares asumirían el deber intransferible de cumplir con su promesa de neutralidad oficial.[39] Fuera cual fuese el grado de favoritismo oficial o de injerencia policial en que hasta entonces se había violado esa promesa de neutralidad, todo estaba dispuesto para que el final de la campaña electoral —siempre y cuando los militares acataran las órdenes de sus superiores— fuera una honrosa experiencia por encima de toda sospecha.

Las diez semanas previas a la elección, sin embargo, fueron testigo de una serie de explosivas maniobras políticas, maquinaciones, acusaciones y contraacusaciones, algunas de ellas de origen externo, que sirvieron para elevar la temperatura política a nuevas alturas. El primero de esos estallidos fue una medida del gobierno, ostensiblemente ajena a la elección, pero con enorme repercusión a corto y largo plazo, si se la compara con cualquier otro hecho a partir de octubre. El 20 de diciembre, el secretario de Trabajo y Previsión, coronel Mercante, durante una ceremonia a la que asistió el presidente Farrell, anunció la promulgación de una nueva política de precios y salarios. Según los términos del decreto 33.302, los empleadores debían pagar un salario mínimo según el costo de vida, establecer escalas salariales que reflejaran, entre otras cosas, la capacidad económica de sus empresas, y un aguinaldo equivalente al salario de un mes. Además, el decreto incrementaba la paga de bonificaciones y de despido, la creación de un instituto, bajo el control gubernamental, para administrar toda esta política. Se suponía que la total implementación de estos beneficios tomaría su tiempo, pero el decreto ordenaba a los empleadores el pago del primer aguinaldo y de un aumento de emergencia en los salarios a fines del mes en curso.[40] El decreto no incluía ninguna medida acerca de la participación en las ganancias que Perón, desde fuera del gobierno, y Mercante, dentro de él, propugnaban; pero aun así las medidas impuestas representaban una ruptura demasiado violenta con las tradicionales prerrogativas de los empleadores y no podían sino alarmarlos. Por otro lado, era a tal punto evidente que esas medidas estaban tomadas para apoyar al candidato laborista que sus opositores políticos se vieron ante un problema muy serio. Si aceptaban sin críticas el decreto sobre los salarios, avalaban implícitamente su justicia y, por extensión, el buen criterio del hombre considerado su inspirador, el coronel Perón; si atacaban las disposiciones, daban crédito a la acusación hecha por el coronel Perón: la Unión Democrática no era más que un frente compuesto por elementos reaccionarios que no se interesaban por la clase trabajadora.

En tal situación, la Unión Democrática mantuvo un silencio oficial. No ocurrió lo mismo en las esferas comerciales. Con una energía pocas veces desplegada antes, asociaciones de empleadores que representaban al comercio, la industria y la producción se organizaron para resistir al decreto. Una serie de reuniones culminaron el 27 de diciembre en una asamblea realizada en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires a la que asistieron unas 2.000 personas y que denunció al decreto por anticonstitucional, solicitó a los comerciantes que no pagaran el aguinaldo y nombró un comité ejecutivo con autoridad para convocar a un paro nacional de las actividades económicas si el gobierno insistía en implementarlo.[41]

El lapso concedido para el pago del aguinaldo terminaba el 7 de enero, esa fecha pasó sin que los empleadores cejaran en su resistencia y los trabajadores se declararon en huelga en una ciudad tras otra. En el centro de Buenos Aires, los empleados ocuparon muchos comercios, inclusive algunas de las grandes tiendas; en otros lugares, tomaron fábricas. Cundió una atmósfera de alarma y hubo quienes pensaron que se estaba preparando otro 17 de octubre. Por su parte, e incapacitados de persuadir al gobierno para que anulara el decreto, los grupos empresarios apelaron a su último recurso: el cierre de fábricas. Durante tres días, a mediados de enero, los comercios y las fábricas de todo el país cerraron sus puertas; la economía se paralizó, y las ciudades argentinas adquirieron un aspecto desértico. Pero los empresarios no podían afrontar cierres por tiempo indeterminado y cuando el gobierno no mostró signos de rever su actitud, una a una todas las empresas debieron llegar a acuerdos con sus trabajadores en cuanto al pago del aguinaldo. Hacia fines del mes la rebelión empresaria era cosa del pasado, pero como los principales voceros de los intereses comerciales eran también simpatizantes de la Unión Democrática, el episodio sirvió tanto para aumentar la popularidad de Perón entre los obreros como para apoyar a los dirigentes sindicales que apoyaban su elección a expensas de los rivales socialistas y comunistas afiliados a la oposición.[42]

Aunque se apaciguaba la irritación provocada por el pago del aguinaldo, rumores de una inminente revolución contribuyeron a crear nuevas tensiones. El origen de esos rumores estaba, por un lado, en la actividad de un movimiento de resistencia antiperonista y, por el otro, en la aparente determinación de Perón de obtener la presidencia por cualquier medio, lícito o ilícito. El movimiento de resistencia antiperonista, encabezado por civiles pero que incluía a algunos oficiales en retiro, había procurado organizar un levantamiento contra el gobierno de Farrell después del fracasado intento de derrocarlo en octubre de 1945. Gracias a los esfuerzos del coronel (R) José F. Suárez y otros oficiales en retiro, inclusive Bartolomé Gallo y Miguel Mascaré, se habían reclutado simpatizantes entre jóvenes oficiales del Ejército. No ha podido establecerse cuántos oficiales en servicio activo estuvieron envueltos en el plan, pero se sabe que el teniente coronel Carlos Toranzo Montero, comandante del Undécimo Regimiento de Caballería de Entre Ríos, fue uno de ellos.[43]

La adquisición de armas para equipar a los miembros de la resistencia era una constante preocupación de sus organizadores. Se hicieron esfuerzos para adquirir armas en países limítrofes e incluso en los Estados Unidos. Se realizaron numerosas gestiones en la embajada de los Estados Unidos en Buenos Aires para establecer contactos con traficantes de armas; y, a través de un hombre de negocios norteamericano que actuaba como intermediario, el secretario asistente Spruille Braden fue entrevistado a fines de noviembre para averiguar si el Departamento de Estado podía proporcionar armas, en especial ametralladoras y bazucas. El pedido fue categóricamente rechazado.[44]

El esfuerzo para adquirir armas continuó hasta principios de enero de 1946. Sin armamento adicional, parecía improbable que los civiles pudieran constituir una fuerza militar de algún peso. Lo cierto es que durante la semana del 21 al 28 de enero, arreciaron los rumores sobre un levantamiento inminente. Los ataques de simpatizantes de Perón contra el tren de la campaña presidencial de Tamborini, el candidato de la Unión Democrática, el nombramiento de un conocido peronista como interventor de la provincia de Buenos Aires en reemplazo del general Albariño; la designación de policías para vigilar a los oficiales de la Marina que habían exigido su destitución; y el nombramiento de Albariño como comandante de Campo de Mayo, fueron todos factores que contribuyeron a convencer a los activistas antiperonistas de que el gobierno no permitiría una elección honesta. Teniendo en cuenta que sólo faltaba un mes para que ésta se realizara, urgía el intento de forzar un cambio en el gobierno.[45]

Durante los siete días subsiguientes cundieron por Buenos Aires fantásticos rumores, muchos de ellos provenientes de las radioemisoras uruguayas. Ninguno de los vaticinios se materializó en los hechos; pero dentro del gobierno, entre bambalinas, se estaba desarrollando una lucha significativa para decidir cuál de los dos objetivos debía tener prioridad: asegurar la sucesión de Perón o garantizar la honestidad de la inminente elección. El tema que en apariencia provocó un conflicto en el gabinete fue la propuesta de Perón de postergar las elecciones en el nivel provincial. Las ambiciones competitivas de sus simpatizantes en los partidos Laborista y la Unión Cívica Radical Junta Renovadora habían demorado la nominación de candidatos a las gobernaciones en varias provincias, y se necesitaba tiempo para resolver las diferencias. Pero esa propuesta de postergar las elecciones provinciales, en caso de ser adoptada, implicaba una violación de la harto publicitada promesa hecha por el gobierno: convocar a elecciones generales el 24 de febrero. Como el prestigio de las Fuerzas Armadas estaba envuelto en este compromiso, su integridad quedaría expuesta al cuestionamiento público.

La presencia en la capital de todos los comandantes de distritos electorales el 31 de enero, fecha en que el gabinete consideró la propuesta de Perón, parece ser más que una coincidencia. En todo caso, a pesar de la urgencia de los simpatizantes de Perón, la firme postura del ministro de Marina, unida a la actitud de ciertos oficiales del Ejército, evitó que se resolviera esa postergación.[46] Para salvar las apariencias, el ministro del Interior emitió una declaración oficial el 1.º de febrero en la que negaba que el gobierno hubiera siquiera considerado la postergación de la elección, en parte o en su totalidad.[47] Pero no existen grandes dudas de que la decisión en este caso fue una coyuntura fundamental; sumadas a ella, una nueva orden general del ministro de Guerra en la que advertía contra la actividad política por parte de los integrantes del Ejército y una serie de reuniones públicas en las que el presidente de la Comisión Coordinadora Electoral, general von der Becke, explicó los planes para garantizar la elección, hicieron que se disipara la atmósfera de escepticismo que había reinado en la Unión Democrática, la prensa independiente y el cuerpo diplomático en cuanto a la honestidad de la inminente elección.[48] El 8 de febrero se resolvió adelantar la fecha en que los militares controlarían a la Policía y tal decisión también sirvió para aumentar el optimismo en los círculos opositores. Quizá el mejor indicio de la confianza con que la Unión Democrática veía ahora la honestidad de las elecciones del 24 de febrero fue una reunión secreta realizada una semana antes de esa fecha, cuando el candidato vicepresidencial, doctor Enrique Mosca, informó a los miembros de la resistencia antiperonista que estaba al corriente de sus actividades y que los urgía a desistir de ellas.[49]

Sostenidos por sus esperanzas de victoria en una elección libre, los dirigentes de la Unión Democrática intensificaron sus ataques verbales contra Perón. Toda su campaña había procurado establecer una distinción entre la propia Unión Democrática, representante de la libertad y la democracia, y Perón, encarnación del fascismo y el nazismo. Cuando el camino hacia la victoria electoral pareció libre de fraudes, acusaron a Perón de intentar llegar al poder por el único camino posible: la insurrección.

El 10 de febrero, el comité nacional interpartidario de la Unión Democrática presentó al ministro de Guerra, Sosa Molina, y al general von der Becke una denuncia escrita respecto de un plan de Perón para evitar las elecciones. El jefe del partido Demócrata Progresista, Julio Noble, había adelantado pocos días antes las líneas generales del presunto plan: Perón renunciaría espectacularmente a su cargo; sus simpatizantes se reunirían en una demostración masiva similar a la del 17 de octubre y lo proclamarían presidente por «plebiscito». El apoyo militar, compuesto por cuatro regimientos de infantería, la Policía Federal, unidades de la Fuerza Aérea y 2.000 civiles armados, neutralizaría la esperada reacción de la Marina y del público. La congregación convocada para el 12 de febrero por los partidos Laborista, la UCR-JR, la Alianza Libertadora Nacionalista y otros grupos peronistas, con la notoria intención de proclamar la candidatura de Perón y Quijano, brindaría la ocasión para llevar a cabo el golpe.[50]

No es posible establecer con certeza si hubo algo de verdad en estas acusaciones. El ministro de Guerra designó al jefe del Estado Mayor General del Ejército, teniente general Juan C. Bassi —un oficial considerado políticamente neutral, pero que no era simpatizante de Perón—, para que hiciera una investigación sobre la posible vinculación del personal del Ejército con el presunto plan. Aunque el general Bassi ya había empezado a reunir datos y hasta había tomado declaración a los acusadores de Perón y unos 60 oficiales del Ejército presuntamente implicados, la congregación peronista del 12 de febrero se realizó sin incidentes. El día anterior, sin embargo, el general von der Becke, durante una entrevista extraoficial había declarado enérgicamente que el Ejército suprimiría cualquier intento para evitar que se cumpliera la promesa de elecciones honestas. Además, afirmó explícitamente que utilizaría la fuerza contra los partidarios de Perón[51] de ser necesario, para mantener el orden.

La investigación del general Bassi no pudo reunir pruebas concretas que apoyaran la acusación de los dirigentes de la Unión Democrática. Éstos se habían negado a identificar a las personas que les habían proporcionado la información. A su vez, los oficiales de las unidades supuestamente implicadas en el plan negaron categóricamente las imputaciones contra ellos. Es muy posible, por lo tanto, que la presunta confabulación fuera más imaginaria que real y que la denuncia pública fuera, en parte, un ardid político para poner a Perón en la defensiva, y en parte una prueba de que las Fuerzas Armadas estaban resueltas a garantizar la elección. Por otro lado, si los peronistas habían pensado en la posibilidad de un movimiento anticonstitucional, la firme actitud asumida por la Marina y el Ejército debió desalentar cualquier intento de llevarlo a cabo.[52]

Aun antes de que terminara la investigación del general Bassi, la atención pública olvidó esas acusaciones de confabulaciones en uno u otro sentido, al producirse una nueva y explosiva denuncia con origen en Washington, D. C. El 11 de febrero, el Departamento de Estado distribuyó ejemplares de su «Libro Azul Argentino». Compilado a partir de fuentes diversas que incluían archivos alemanes capturados e interrogatorios a ex oficiales alemanes, el Libro Azul acusaba a muchos miembros del régimen militar, y en especial al coronel Perón, de complicidad con los nazis durante la Segunda Guerra Mundial y de crear un estado nazifascista en la Argentina. La intención principal del Libro Azul era documentar la protección dada al espionaje y a los intereses económicos nazis, la índole totalitaria del régimen de Farrell y la amenaza que representaba para los países vecinos.[53]

La publicación del Libro Azul fue sólo la última de las iniciativas tomadas por los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial en su esfuerzo por que la Argentina adoptara una actitud acorde con el resto del hemisferio. Al final de la guerra, tales esfuerzos se intensificaron, ya que importantes sectores de la opinión pública norteamericana, y el propio Spruille Braden, que marcaba el rumbo de la política latinoamericana en el Departamento de Estado, no veían con buenos ojos que un hombre como Juan Perón controlara el destino de la Argentina, precisamente cuando el Eje había sido derrotado. Con un fervor moralista que recordaba la campaña de Woodrow Wilson contra el dictador mejicano Victoriano Huerta, Braden trató de terminar con el régimen militar de Farrell y al mismo tiempo con la carrera política del coronel Perón.

La historia entera del episodio del Libro Azul, desde su concepción hasta su elaboración y su distribución final, merece estudio aparte. Aquí nos interesan sobre todo el propósito mismo del Libro Azul, la época de su publicación y el impacto que causó en la Argentina. Aunque las apariencias sugirieran lo contrario, el propósito de influir sobre las elecciones del 24 de febrero poco tenía que ver con la decisión primera cuando se resolvió compilar ese estudio especial sobre la situación en la Argentina. Cuando el secretario de Estado, James Byrnes, autorizó el 25 de octubre la formación de un equipo para elaborar lo que en última instancia se conoció como el Libro Azul, el principal objetivo era preparar un estudio basado, entre otras fuentes, en pruebas obtenidas de archivos alemanes oficiales, con el fin de persuadir a las otras repúblicas americanas de que mantuvieran un frente unido contra el régimen argentino. En efecto, cuando el equipo se reunió por primera vez el 30 de octubre para analizar su tarea, Washington no confiaba demasiado en que el régimen de Farrell cumpliría con su promesa de elecciones. La magnitud del trabajo y la urgencia por llevarlo a cabo eran las mayores preocupaciones de los hombres que dirigían el proyecto.[54]

Cinco semanas después, cuando los documentos alemanes comenzaban a acumularse y la promesa del gobierno argentino de garantizar las elecciones parecía cumplirse, la idea de utilizar esa documentación para presionar al gobierno fue sugerida a Spruille Braden por el editor de un periódico argentino, Hugo Stunz, que visitaba los Estados Unidos. No está claro si Spruille Braden había pensado ya en esa idea. La propuesta de Stunz consistió en «difundir una documentación de las pruebas encontradas en Alemania unos veinte días antes de la elección programada para el 24 de febrero».[55]

El Encargado de Negocios de los Estados Unidos en Buenos Aires, John Cabot, propuso un plan diferente. Impaciente por dar a conocer los documentos al público argentino, aunque consciente de la posible acusación de intervención, instó a que se publicara lo antes posible el material, o siquiera parte de él. «Cualquier publicación posterior al 1.º de enero», cablegrafió el 4 de diciembre, «será considerada sin duda por la camarilla de Perón como un torpe intento de influir en la elección y, en consecuencia, como intervención en los asuntos internos de la Argentina».[56]

La sugerencia de Cabot influyó sobre la decisión del Departamento de Estado, que le permitió distribuir el 17 de enero una parte preliminar de material, consistente en las fotocopias de trece telegramas enviados desde la Embajada Alemana en Buenos Aires. Esos telegramas documentaban el monto de los subsidios alemanes a favor de periódicos argentinos durante la guerra.

El hecho de que dos de los diarios que apoyaban la candidatura de Perón, La Época y Tribuna, tuvieran vinculaciones documentadas con las publicaciones financiadas por los alemanes sin duda tuvo mucho que ver con la decisión.[57]

Ante la proximidad de las elecciones, y al mejorar las perspectivas para la Unión Democrática, Cabot no consideró aconsejable que siguieran difundiéndose materiales antes del 24 de febrero. Cuando supo, el viernes 8 de febrero, que el Departamento de Estado planeaba distribuir el texto completo del Libro Azul el lunes siguiente, solicitó una demora: «Perón se ha visto envuelto en una serie de graves problemas y la mayoría de los observadores piensa ahora que no podrá ganar las elecciones. Arrojar la “bomba atómica” directamente contra el gobierno argentino en la actual atmósfera de tensión sería provocar consecuencias imprevisibles. Todos opinarán que tratamos de influir en el resultado de las elecciones».[58]

Sin embargo, sus superiores en el Departamento de Estado no compartieron la preocupación de Cabot. Spruille Braden no se dejaría persuadir, a esa altura de los hechos, por posibles acusaciones de intervención; si la Unión Democrática empezaba a aventajar a Perón, la publicación de los materiales condenatorios sería el golpe de gracia para su candidatura. Y en todo caso, si Cabot tenía sus dudas acerca del impacto que la publicación del documento produciría sobre la elección, los políticos argentinos, inclusive el candidato vicepresidencial de la Unión Democrática, el doctor Enrique Mosca, estaban a favor de una distribución inmediata.[59]

Al margen de los cálculos políticos, el proyecto del Libro Azul había adquirido un impulso burocrático propio. Durante más de tres meses mucha gente había trabajado en él a marchas forzadas, tanto en los Estados Unidos como en Alemania. Se habían tomado datos de toneladas de archivos diseminados por toda Alemania; los miembros del equipo de trabajo habían preparado extensos informes que se redujeron a un primer esbozo sólo en la mañana del 4 de febrero. Durante los días subsiguientes, ese borrador fue pulido para llegar al texto final y estuvo listo para ser impreso en las primeras horas del sábado 9 de febrero. Relegar el producto de todos esos esfuerzos a un estante, siquiera por algún tiempo, era algo difícil de esperar. El punto de vista de Washington, después de todo, no era el mismo que el de la embajada en Buenos Aires.[60]

La publicación del Libro Azul resonó en toda la Argentina con la fuerza de un salvaje pampero. La prensa antiperonista, que incluía a la mayoría de los diarios de la capital y las provincias, dedicó más espacio al Libro Azul que a cualquier otro acontecimiento desde el fin de la guerra. Día tras día, sus columnas se llenaban con reproducciones del texto del Libro Azul, editoriales y notas relacionadas con él. Las publicaciones peronistas, por su parte, evitaron cuidadosamente la reproducción de cualquier parte del texto. En lugar de ello, en titulares y artículos, denunciaban la edición del Libro Azul como la forma más grosera de intervención en los asuntos internos de la Argentina, negaban la exactitud de los cargos y publicaban contraacusaciones de espionaje de los Estados Unidos en la Argentina. El fuego graneado de palabras impresas en la prensa argentina entre el 13 y el 23 de febrero hace difícil concebir que hubiera una sola persona en edad de votar que no estuviera al tanto del Libro Azul, en uno u otro contexto.[61]

La inmediata respuesta del gobierno de Farrell a la publicación del Libro Azul —a cuyas manos llegó oficialmente un ejemplar sólo varios días después— fue de extrema cautela. Aunque algunos miembros del gabinete solicitaron la ruptura de relaciones, el gobierno se limitó a emitir declaraciones en el sentido de que el Libro Azul era una muestra de interferencia en los asuntos internos. De todos modos, prometía una respuesta detallada a los cargos que se daría oportunamente y, mientras tanto, reafirmaba el cumplimiento argentino de las obligaciones con el resto del hemisferio. La respuesta detallada se dio a conocer un mes después de las elecciones y apareció como una publicación del Ministerio de Relaciones Exteriores.[62]

Dentro de las Fuerzas Armadas, las reacciones ante el Libro Azul fueron diversas, pero la actitud predominante entre la mayoría de los oficiales del Ejército y la Fuerza Aérea fue de indignación. Muchos de ellos, al verse señalados como pro nazis o como algo peor aún, publicaron desmentidos en forma de solicitadas que aparecieron en los diarios. En la Marina, que concentraba a los opositores a Perón, la satisfacción suscitada por el Libro Azul coincidió con el recelo de que tal publicación, pocos días antes de las elecciones, perjudicara a la causa antiperonista. Algunos dirigentes de la Unión Democrática temieron que los oficiales del Ejército acusados en el Libro Azul hicieran cuanto estuviera a su alcance para que el gobierno quedara en manos de amigos.[63]

Para el coronel Perón, el Libro Azul significó tanto un desafío como una oportunidad y lo cierto es que no perdió tiempo para utilizar en beneficio propio esa publicación. Con el instinto político que le había sido tan útil durante los dos últimos años, no hizo ningún esfuerzo para defenderse de los cargos, y en cambio aprovechó la ocasión para atacar a Spruille Braden y hacer de la dominación extranjera el tema central de su campaña. En las palabras finales de su discurso de proclamación, pronunciado en Buenos Aires el 12 de febrero ante una demostración masiva de sus simpatizantes y transmitido en cadena en todo el país, definió la opción de sus compatriotas: «… sepan quienes voten el 24 por la fórmula del contubernio oligárquico-comunista, que con este acto entregan sencillamente su voto al señor Braden. La disyuntiva en esta hora trascendental es esta: O Braden o Perón. Por eso, glosando la inmortal frase de Roque Sáenz Peña, digo: “Sepa el pueblo votar”».[64]

La última semana de la campaña electoral se desarrolló bajo la influencia del asunto del Libro Azul. Los peronistas distribuyeron miles de volantes y cubrieron las paredes de la ciudad con carteles que llevaban el simple pero incisivo mensaje de tres palabras: «Braden o Perón». El último día de la campaña, Perón publicó un panfleto en respuesta al Libro Azul, destinado a demostrar la injerencia de Braden en instituciones argentinas vitales que apoyaban a la Unión Democrática, y también para documentar casos de espionaje de la embajada de los Estados Unidos. Es probable que el aspecto más significativo de este panfleto, preparado a toda prisa y pobremente impreso, que apareció en los quioscos el 22 de febrero, haya sido su eficaz título: Libro Azul y Blanco. Una vez más, y con la alusión a los colores nacionales, se insinuaba que un voto por Perón era un voto por la defensa de la soberanía nacional.[65]

La última semana presenció además un recrudecimiento de la violencia que había aflorado en la campaña desde su comienzo. El episodio más grave ocurrió en Buenos Aires el 19 de febrero, al regreso del tren electoral de Tamborini-Mosca a la ciudad tras una gira por el interior. Aunque los candidatos resultaron ilesos, tres personas murieron y seis fueron heridas cuando hubo disparos contra la multitud que esperaba en Plaza Once. El día siguiente, durante el entierro de una de las víctimas, y aunque se destinaron fuerzas militares para ofrecer protección, de nuevo hubo disparos contra los participantes. Estos episodios causaron gran preocupación a los partidarios de la Unión Democrática, que vieron en ellos un anuncio de que, a pesar de todas las promesas de garantía, las elecciones se convertirían en un acto de violencia.[66]

Los hechos no confirmaron tal pesimismo, quizá porque la ley exigía el cierre de la campaña electoral a la medianoche del 22 de febrero, a fin de asegurar un día de tranquilidad para que se calmaran los ánimos, o quizá por la presencia de una multitud de periodistas extranjeros llegados para informar sobre las elecciones. Pero aun es más probable que el factor decisivo fuera la firme resolución de las Fuerzas Armadas, empeñadas en no permitir que nada empañara el desarrollo de los acontecimientos. Lo cierto es que las elecciones del 24 de febrero fueron unas de las más limpias, si no la más limpia de la historia argentina. Una suma extraordinaria de votantes cumplió con su deber en forma ordenada. El despliegue de tropas en cada distrito electoral aseguró el acceso pacífico al comicio durante el día entero e impidió toda posible violación de las urnas. Los militares habían garantizado la honestidad de la elección y su actuación motivó el elogio de todos los sectores políticos, del periodismo, de los observadores extranjeros. Entre los primeros en saludar a los militares estuvo el doctor José Tamborini, el candidato a la presidencia por la Unión Democrática. Convencido de su propia victoria, saludó la «renacida hermandad entre el pueblo y las Fuerzas Armadas».[67]

Durante la semana que siguió a las elecciones, mientras el recuento de los votos avanzaba con exasperante lentitud, los adherentes a la Unión Democrática siguieron creyendo en el triunfo de Tamborini. Sólo al saberse los resultados de la Capital Federal, Santa Fe, Mendoza y Entre Ríos, empezaron a advertir el fin de sus ilusiones. En contra de lo que habían creído desde el principio, Perón ganaba la presidencia con una votación honesta. Además, sus adherentes obtenían una mayoría abrumadora en ambas Cámaras del Congreso Nacional y todas las gobernaciones, excepto una.[68]

El triunfo de los peronistas en las elecciones del Congreso Nacional y de los gobernadores provinciales, en las cuales los partidos que integraban la Unión Democrática intervenían con listas propias, ocultó el escaso margen de la victoria de Perón en la contienda presidencial. Se ha afirmado a menudo que esa ventaja sobre Tamborini superó el 54 por ciento.[69] Sin embargo, un análisis reciente de las estadísticas de la elección, basado en el recuento oficial de los votos de cada distrito y archivado en el Ministerio del Interior, revela que Perón obtuvo sólo el 52,4 por ciento de los 2.839.507 votos emitidos y que su ventaja sobre su adversario fue solamente de 280.806 votos.[70]

Estas cifras sugieren que al creer en su victoria la Unión Democrática no carecía de fundamento. La pérdida de sólo 140.500 votos por parte de Perón hubiera otorgado la mayoría popular a Tamborini. Para ser más precisos: una variación de sólo 37.350 votos en cinco distritos electorales le habría dado la mayoría en el colegio electoral.[71]

La escasa diferencia en la victoria electoral de Perón hace más que probable que el Libro Azul haya inclinado la balanza en su favor. Esto no excluye, por supuesto, el hecho de que la clase trabajadora votó abrumadoramente por él, pero estudios recientes demuestran que Perón recibió un importante apoyo de otros sectores sociales.[72] Hubo una clase de votantes que pareció muy sensible a la posible intervención de los Estados Unidos: los jóvenes votaban por primera vez en elecciones presidenciales. En 1946 hubo 700.000 más votantes empadronados que en 1937, y esa cifra se acerca al número de jóvenes que habían llegado a la edad para votar desde las fraudulentas elecciones de Ortiz.[73] Aunque la clase social, la tradición familiar y hasta las motivaciones religiosas influyeran sobre muchos votantes, es probable que gran cantidad de jóvenes hasta entonces no comprometidos políticamente, o aun adherentes a la Unión Democrática, votaran por Perón llevados por su prurito patriótico.[74]

Qué habría ocurrido en la Argentina si Tamborini hubiese obtenido la victoria es algo que no compete al estudio de un historiador. Entrevistas con oficiales peronistas del Ejército, sin embargo, hechas veinticinco años después, demuestran que existe una tal coincidencia en el sentido de que el Ejército habría apoyado la decisión del electorado. Tal era, desde luego, la actitud asumida por las Fuerzas Armadas en aquel momento, pero por fortuna —o por desgracia, según sea el punto de vista— no necesitó ponerse a prueba. La «renacida hermandad entre el pueblo y las Fuerzas Armadas» de que Tamborini habló pensando en sus propios votantes también existía, y quizá con fuerza aun mayor, entre las masas que votaron por Perón. A diferencia del papel desempeñado entre 1932 y 1943 como defensor de gobiernos esencialmente impopulares y minoritarios, el Ejército podía mirar hacia el futuro y vislumbrar para sí una función más holgada como protector de un gobierno constitucional debidamente elegido.

III

LA PRESIDENCIA DE PERÓN:

CONSOLIDACIÓN, 1946-1948

Asumir la presidencia constitucional de la Argentina, el 4 de junio de 1946, señalaba para Juan Domingo Perón el comienzo de una nueva fase en su hábil carrera política, a la vez que permitía al país concebir esperanzas de que se iniciara un período normal, después de tres años de gobierno militar.

La semana en que se puso la banda presidencial tenía un doble significado para Perón, que veía colmadas dos ambiciones: el 29 de mayo, el gobierno saliente había decretado su reintegro al servicio activo y su promoción al rango de general. Antes de cumplir los cincuenta y un años, Perón realizaba así el ideal de todo militar de carrera, al propio tiempo que ingresaba en el grupo de los elegidos para la presidencia de la Argentina.[1]

¿Qué importancia tenía esa doble condición de general y de presidente para la futura administración del país? ¿Hasta qué punto los intereses y la mentalidad militares influirían sobre el estilo, los objetivos y los métodos de esa administración? ¿Cómo conciliaría Perón su compromiso inaugural de defender la Constitución y ses presidente de todos los argentinos con los rasgos del militar y la tendencia a preferir la uniformidad a la diversidad, a equiparar lealtad con obediencia y a considerar la crítica pública casi como una forma de subversión? Además, ante la deuda contraída con la clase trabajadora, cuyas condiciones de vida una vez más se comprometió a mejorar en su discurso inaugural, ¿cómo equilibraría las exigencias de los sectores que lo habían apoyado, el militar y el civil?

Perón, desde luego, no era el primer general que asumía el cargo de presidente electo. El general Agustín P. Justo, el último que había gozado de ambas distinciones, había relegado —quizá por el carácter dudoso de las elecciones— su aspecto militar al retirarse del servicio activo justo antes de asumir el mando y al cambiar el uniforme por la ropa de civil.[2] El general Perón, en cambio, lució el uniforme militar al mismo tiempo que declaró su orgullo «por haber llegado a la más elevada magistratura por el consenso de voluntades que repudian la presión ajena, por el asentimiento de cuantos anhelan que la justicia prevalezca sobre el interés»: en suma, gracias al despertar de la conciencia popular.[3]

Afianzado en su gran popularidad y confiado en que la legitimidad de su elección no era impugnable, el general Perón puso en primer plano su condición de militar, quizá como una advertencia hacia quienes, en su propio país y en el extranjero, todavía estaban dispuestos a dificultar su gobierno y también como un anuncio para sus adeptos en la administración que estaba a punto de iniciar: en ella, su función consistiría en seguirlo, pues él era el jefe.

A decir verdad, la suya fue algo más que una advertencia: en su discurso ante la asamblea de los senadores y diputados recién elegidos, puso bien en claro su firme propósito de conducirse como un dirigente activo y ejercer todos los poderes de la presidencia para cumplir con el mandato del pueblo.[4] Además, anunció: «daré siempre más importancia a las realizaciones prácticas inmediatas que a las discusiones bizantinas sobre la estructura de los organismos… Más que buenos proyectistas, necesitamos decididos realizadores».[5]

Esta preferencia por los administradores más orientados hacia la acción que hacia la planificación hace útil examinar la lista de sus colaboradores. El gabinete que designó tuvo una abrumadora mayoría de civiles: de los doce cargos de ministros y secretarios, sólo los tres correspondientes a las Fuerzas Armadas y el Ministerio de Obras Públicas recayeron en militares. En este último caso, la elección designó a un integrante del gabinete anterior, el general (R) Juan Pistarini, de sesenta y tres años de edad, quien había actuado sin interrupción como ministro de Obras Públicas desde diciembre de 1943 y que habría de lograr un récord al permanecer en su cargo hasta 1952. Las designaciones de Perón para los demás puestos del gabinete lo hicieron diferir en diversos aspectos de los gabinetes anteriores. En primer lugar, sus miembros eran jóvenes: el más joven, el ministro de Hacienda, doctor Ramón Cereijo, tenía apenas treinta y tres años, y el civil de más edad, el secretario de Trabajo y Previsión, José María Freire, sólo cuarenta y cuatro. Un segundo rasgo distintivo fue el nombramiento de tres hombres provenientes del movimiento obrero organizado. Al margen de la Secretaría de Trabajo, los importantes y prestigiosos Ministerios del Interior y de Relaciones Exteriores recayeron en Ángel Borlenghi y el doctor Juan Bramuglia, respectivamente; el primero era un veterano dirigente de los trabajadores de comercio, con larga experiencia en política sindical; el segundo era un abogado gremialista que había proyectado buena parte de la legislación laboral decretada por el gobierno militar.[6]

En cuanto a su nivel de instrucción y a su experiencia previa, los integrantes del primer gabinete de Perón no rompían abruptamente con la tradición. Seis de los ocho civiles nombrados tenían instrucción universitaria y habían actuado en gobiernos anteriores.[7] Si se incluyen las designaciones de militares, tres de los miembros permanecían en los mismos cargos desempeñados en el gobierno anterior (el ministro de Guerra Sosa Molina, el secretario de Industria y Comercio Rolando Lagomarsino y el ministro de Obras Públicas Pistarini), y un cuarto, el ministro de Agricultura, Picazo Elordy, había sido trasladado de la subsecretaría de Industria y Comercio. Ése no era, pues, un gabinete que careciera de experiencia o capacidad como algunos sostuvieron en esa época. Lo que sí faltaba, sin embargo, acaso con una o dos excepciones, era la presencia de hombres con distinción personal, de prestigio reconocido y relevancia profesional que pudieran merecer el respeto tanto de los opositores como el de los partidarios del nuevo gobierno.[8]

Sea como fuere, esa no era una administración que entroncara con la tradición conservadora o radical, sino que se identificaba con un jefe carismático y con un programa para acelerar los cambios sociales y económicos iniciados durante el régimen militar.

Aunque el presidente optó, en primer término, por los civiles para llenar los puestos del gabinete, algunos militares fueron designados para dirigir diversos organismos claves. La Policía Federal fue confiada una vez más al condiscípulo de Perón en el Colegio Militar, el general Juan F. Velazco; el general Ramón Albariño, cuyo papel en la campaña electoral, como ya lo hemos mencionado, había suscitado muchas discusiones, fue nombrado director de YPF y otro aliado político, el general A. Vargas Belmonte, fue nombrado director de la Oficina Nacional de Transportes, con jurisdicción sobre las carreteras y los ferrocarriles. Con éstos y otros nombramientos, Perón perseguía el doble propósito de recompensar a sus partidarios leales y al mismo tiempo daba al Ejército la sensación de participar en áreas de interés estratégico tales como la energía, el transporte y la seguridad interna.[9]

Dentro de la Casa Rosada, el presidente también dispuso que hubiera cierto número de militares. Además del número habitual de edecanes militares —la Casa Militar— Perón inició su administración creando una oficina centralizada de inteligencia presidencial y una oficina llamada la Secretaría Militar. La oficina de inteligencia, conocida habitualmente por las iniciales CIDE, estaba dirigida por un oficial superior del Ejército y actuaba como coordinadora de las actividades de inteligencia internas y externas de las Fuerzas Armadas y otros departamentos del gobierno, y se convirtió en parte permanente de la administración de Perón.[10] La Secretaría Militar, sin embargo, tuvo una vida más efímera.

Creada en apariencia como oficina paralela a las Secretarías Política y Técnica, que estaban dirigidas, respectivamente, por asesores íntimos de Perón, Ramón Subiza y José Figuerola, la Secretaría Militar ofreció un lugar en la Casa Rosada al entonces coronel (después general) Oscar Silva, antiguo partidario de Perón e identificado con los ultranacionalistas dentro y fuera de las Fuerzas Armadas; su designación, junto con la del jefe de Policía Velazco, de igual tendencia, obedecía al propósito de otorgar a esos elementos cierta representación en el gobierno. En poco más de un año, empero, las diferencias políticas y de personalidad provocaron las renuncias de Velazco y Silva, y la disolución de la Secretaría Militar.[11] Poco tiempo después, como respuesta a la preocupación de los círculos militares acerca de la corrupción oficial, el presidente creó otra oficina al mando de un militar aue debía mantenerse en contacto directo con él. Conocido como Control de Estado, las funciones de ese organismo eran las de vigilar la moral administrativa y comprobar que se cumplieran las directivas presidenciales.[12] A través del mecanismo del CIDE y de Control de Estado, el presidente se aseguró los medios para tener buena información sobre las operaciones en su propia administración y en todos los niveles, y para eliminar a los corruptos y a los infieles, si así lo resolvía. Como habrá de verse, su voluntad para actuar contra la corrupción dependía de la sospecha de que las figuras clave en su administración, e inclusive miembros del grupo presidencial, utilizaran sus cargos públicos en beneficio personal.

Todo intento de comprender la dinámica interna del gobierno de Perón sería incompleto si no prestara atención a dos personas que, cada una a su manera, contribuyeron a crear en buena parte su imagen controvertida en los primeros tres años de su presidencia. Esas personas eran, por supuesto, la esposa del presidente, María Eva Duarte de Perón, y su principal asesor económico y responsable de la política en ese sector, Miguel Miranda.

En una época en que la presencia de una mujer en el ámbito político era algo insólito y en un país donde las esposas de los presidentes habían permanecido por lo común entre bambalinas, con la excepción de algún acto social o de beneficencia, las actividades de la señora de Perón produjeron oleadas de sorpresa entre sus compatriotas. Al no estar dispuesta a aceptar el limitado papel de sus predecesoras, transformó la influencia inicial inherente a su posición como esposa del presidente en un genuino poder político. Se convirtió en el socio político de su marido, y no necesariamente un socio subordinado. En efecto: un funcionario que cumplió servicios durante cinco años en el gabinete recordó más tarde: «Nunca supe quién gobernaba a quién».[13]

Salvo con relación a determinados asuntos, Eva Perón parecía menos interesada en los objetivos políticos que en las personalidades. Tenía afición a las intrigas y disfrutaba de la sensación de manipular a la gente. Dentro del ambiente ministerial y presidencial, poseía su propia camarilla de favoritos y no vacilaba en utilizar su posición para anteponer sus intereses a los de sus rivales. Podía ser despótica y más de un funcionario del gabinete fue el blanco de su afán de venganza. Sobre todo para los hombres que desaprobaban la presencia de una mujer en los ámbitos oficiales —y aquí deben incluirse no pocos oficiales del Ejército— su conducta era fuente de profunda preocupación. Un funcionario que había sido edecán militar presidencial desde 1946 hasta 1948 recordó con disgusto cómo la señora de Perón daba órdenes a funcionarios del gabinete, empleando el familiar «vos» para llamarlos a su presencia. Este mismo oficial notó, con orgullo, que a él nunca lo había tratado, por fortuna, de la misma manera, pero agregó que se sintió aliviado cuando fue designado para un cargo en el exterior en 1949.[14]

Los principales intereses de Evita se concentraban en los simpatizantes que lograba para sí en el movimiento sindical, en las obras de beneficencia y en la pugna por los derechos de la mujer. Desde su despacho, instalado en la Secretaría de Trabajo y Previsión, supervisaba las relaciones del gobierno con los sindicatos, convirtiendo al Secretario, José María Freiré, en un simple títere.[15] Evita no sólo adquirió el control de ese organismo, sino que comenzó a desempeñar un papel activo en la política sindical. Su intervención culminó con el desplazamiento de Aurelio Hernández, secretario general de la CGT (Confederación General del Trabajo) en diciembre de 1947, y su reemplazo por un hombre sin experiencia sindical, José Espejo.[16]

Evita había asumido con pasión la tarea de mejorar las condiciones de las clases trabajadoras, en especial las mujeres de niveles inferiores, y los niños, ya que sus propios antecedentes le permitían identificarse rápidamente con ellos. Mediante fondos provenientes de fuentes privadas (que no siempre contribuían voluntariamente), Evita dirigió una fundación de beneficencia que llevaba su nombre. Las actividades de esta fundación, que nunca fueron sometidas al examen público, tenían el encomiable fin de aliviar la condición de los desheredados. Los resultados, sin embargo, no solían ser los previstos. Evita carecía de la experiencia o la capacidad necesarias para dirigir con eficacia una fundación de beneficencia de tal magnitud y con frecuencia era víctima de oportunistas que aprovechaban su impulso sentimental para ayudar a quienes se proclamaban trágicas víctimas de la vida. Sea como fuere, las actividades de Evita respondieron a muchas necesidades genuinas y contribuyeron a crearle en el corazón de los pobres una imagen de generosidad y compasión.[17]

Después del presidente y su esposa, ningún miembro del gobierno atraería tanta atención, así en el país como en el exterior, como el presidente del Banco Central, Miguel Miranda. Empresario proveniente del sector de la industria de la alimentación, Miranda había desarrollado una íntima relación con Perón que comenzó en 1944, cuando cumplió servicios en la junta del banco industrial estatal (Banco de Crédito Industrial) y después en el Consejo Nacional de Posguerra, un organismo creado por Perón para determinar las prioridades del futuro desarrollo económico. Miranda compartía las ideas de Perón en cuanto a la promoción de la independencia económica, y las mejoras en los niveles de vida, y era casi el único entre los empresarios que había apoyado a Perón durante la crisis política de 1945 y en la subsiguiente campaña electoral.[18]

Después de la elección de febrero de 1946, Miranda, en colaboración con otros, proyectó la serie de medidas de reforma económica que fueron publicadas como decretos por el régimen saliente de Farrell pocas semanas antes de que Perón asumiera el poder. Esas medidas brindaron a la nueva administración los instrumentos legales que podían emplearse de inmediato, y sin ser tratadas en el Congreso, para obtener el control de vitales procesos económicos. Mediante la nacionalización del Banco Central y el replanteo de sus relaciones con otros bancos, el gobierno logró el control del otorgamiento de créditos; y mediante la creación, con dependencia del Banco Central, de un organismo con el inocuo nombre de Instituto Argentino de Promoción del Intercambio (IAPI), se estableció un sistema con amplio poder para controlar el comercio de exportación e importación de la Argentina.[19]

Como presidente del Banco Central, y por lo tanto también del IAPI, Miguel Miranda surgió en 1946 como la más poderosa figura económica del gobierno, eclipsando tanto al ministro de Hacienda como al secretario de Industria y Comercio. Dada la amplia autoridad que ejercía en asuntos que afectaban a cada actividad comercial argentina, no es de sorprenderse que tanto el hombre como su política suscitaran acaloradas discusiones. Pero a pesar de los ataques periódicos contra esa política y de las acusaciones en el sentido de que utilizaba el cargo para beneficiar sus propias empresas, Miranda conservó la confianza de Perón y su autoridad durante varios años.

El hecho de que Perón se negara a prescindir de los servicios de Miranda a pesar de las sucesivas oleadas de críticas —tanto de militares como de civiles— sugiere no sólo que en esencia estuviera de acuerdo con la política del industrial, sino también que no existía un reemplazante adecuado. Todo parecía indicar que Perón necesitaba un hombre de negocios con gran experiencia que dirigiera la economía; pero alejado como estaba del mundo de los negocios, no le era fácil encontrar un hombre que combinara el talento de Miranda con una indudable lealtad política. Perón prefirió, pues, salvar las apariencias ante las asiduas críticas nombrando en otros cargos a Miranda, pero conservando sus servicios como su principal asesor económico hasta 1949.[20]

Buena parte de las críticas de los militares dirigidas contra Miranda, Evita y otros miembros del gabinete de Perón en el primer año del gobierno implicaban cargos de corrupción y tuvieron su origen en un reducido grupo de ultranacionalistas, encabezados por los generales Velazco y Silva. Perón pudo contener a este grupo desplazando a los dos oficiales de sus puestos en la administración nacional y evitando que cundiera el descontento mediante un firme control ejercido por su ministro de Guerra, el general Humberto Sosa Molina. En efecto, Sosa Molina desempeñó ante Perón un papel semejante al del ministro del presidente Justo, Manuel Rodríguez, en 1930. En ambos casos la misión fue reavivar el sentido de profesionalismo, después de un período de intervención en la política.[21]

El general Sosa Molina, que había sido comandante de Infantería con experiencia en tropas de montaña, tenía reputación en el Ejército de ser un oficial enérgico habituado a imponer una severa disciplina, que exigía mucho de sí mismo y de sus subordinados. No era la clase de militar contra el cual es fácil rebelarse. La fama de sus condiciones para ejercer el mando era tal que cuando asumió su cargo en el gabinete, todos pensaron que el propio Perón debía tratarlo con deferencia. En suma, el ministro de Guerra era considerado el hombre indicado para alejar al Ejército de la política, concentrando sus esfuerzos en la restauración de la disciplina y desarrollando su capacidad profesional.[22]

El modo en que Sosa Molina desempeñó su cargo demostró que obraba impulsado por la necesidad de mantener la moral del cuerpo de oficiales mientras los hacía volver a sus deberes profesionales. Aún antes que Perón asumiera el poder, cuando todavía era ministro de Guerra del presidente saliente, aprobó una enmienda al reglamento militar básico que reducía el tiempo necesario para la promoción a capitán y aumentó sustancialmente el número de vacantes en ese nivel y también a los grados de mayor y coronel. El 23 de mayo autorizó un incremento en la escala básica de salarios para todos los oficiales en comisión que benefició, en primera instancia, a los de más alto rango.[23]

En las designaciones del personal, el ministro de Guerra procuró equilibrar las exigencias profesionales con el comprensible deseo del presidente Perón de contar con oficiales políticamente bien dispuestos en los comandos clave dentro y alrededor de la Capital Federal. Así (y aunque los cargos de comandante de la guarnición de Campo de Mayo y el de la división de Palermo fueron ocupados por militares leales a Perón[24]), los dos puestos más importantes, el de comandante en Jefe y el de comandante general del Interior, fueron asignados a los dos oficiales más antiguos en el escalafón, los generales Mason y Bassi, ambos considerados en el Ejército políticamente neutrales. Un equilibrio similar entre lo profesional y lo político se reflejó en la lista de promoción anual de 1946 y una vez más en la de 1947. En un nivel superior, los oficiales promovidos al prestigioso rango de teniente general de división fueron casi todos profesionales vinculados a Perón. Los nuevos generales de brigada eran una combinación de leales a Perón y de políticamente neutrales, pero todos ellos parecen haber tenido los méritos necesarios para el ascenso.[25]

Los datos sobre promociones y designaciones hechas durante los dos primeros años en que el general Sosa Molina se desempeñó en el Ministerio de Guerra son incompletos, pero la información disponible sugiere que lo decisivo para los ascensos era la competencia profesional, antes que la tendencia política. Un oficial apto exclusivamente dedicado a la profesión, podía esperar una carrera normal; al menos antes de 1949, no era imprescindible demostrar una actitud política manifiesta. Por supuesto que los oficiales que eran tanto profesionales expertos como amigos personales del presidente gozaban de ventajas para los nombramientos en el área de Buenos Aires. Sosa Molina, sin embargo, no estaba dispuesto a transar con la indisciplina, inclusive entre esos oficiales, y en una oportunidad dispuso el arresto de un general que no había seguido la vía jerárquica al solicitar una audiencia con el presidente.[26]

Pero tales pruebas de un estricto cumplimiento de las reglamentaciones militares no oculta el hecho de que Sosa Molina no veía con buenos ojos la presencia de antiperonistas en el cuerpo de oficiales. Estos últimos, y en especial los que no ocultaban su punto de vista, solían sentirse hostigados. El teniente coronel Carlos S. Toranzo Montero, por ejemplo, en vez de recibir una valoración justa por su desempeño durante las maniobras de Entre Ríos en 1946, fue objeto de críticas injustas por parte del propio ministro. Toranzo Montero, acompañado por sus colegas del Undécimo de Caballería, todos ellos fatigados y sucios por las maniobras, se adelantaron y con la mano en la espada cuestionaron la exactitud de las observaciones del ministro de Guerra. Un enfrentamiento al borde mismo de la violencia, en presencia de 4.000 oficiales, pudo evitarse cuando el ministro aceptó la sugerencia del general Carlos Kelso, comandante de Caballería, en el sentido de reexaminar su información; pero no caben dudas de que el impetuoso teniente coronel fue a partir de entonces un hombre marcado.[27]

Para los oficiales subalternos, no ser partidario de Perón —siempre que no se incurriera en actos manifiestos de hostilidad— no significaba un obstáculo insalvable en su carrera militar. Lo demuestra la experiencia del teniente primero de caballería Alejandro Agustín Lanusse. Destacado en Tandil, en 1947, fue acusado de conspiración por un soldado. Una investigación exhaustiva llevada a cabo por el comandante de la división llegó a la conclusión de que los cargos no tenían fundamento y el soldado fue dado de baja. A pesar de todo, Lanusse esperaba que lo descartarían en la lista de ascensos de fin de año. Ante su sorpresa, lo ascendieron al grado de capitán, fue asignado a Campo de Mayo en 1948 para el curso requerido a los oficiales de ese rango y se le permitió ingresar en el curso para oficiales de Estado Mayor de la Escuela Superior de Guerra al año siguiente.[28]

El general Sosa Molina fue mucho menos tolerante con los oficiales comprometidos en actos de declarada oposición a Perón. Entre ellos había algunos jefes y oficiales superiores que aún permanecían en servicio activo, a pesar de haber estado complicados en el frustrado movimiento de octubre de 1945. Como habían sobrevivido al examen de antecedentes del personal hecho a fines de ese año, sin duda esperaban que el episodio quedaría definitivamente olvidado. Hacia fines de 1946, sin embargo, el ministro de Guerra ordenó a las juntas de calificación de oficiales, convocadas de nuevo, que reexaminaran algunos casos individuales, basándose en el hecho de que existía una prueba adicional que evidenciaba fallas de carácter en los oficiales implicados. La prueba era un documento redactado mucho antes de octubre de 1945, en el cual los oficiales suscribían una promesa de lealtad al entonces coronel Perón. Obedeciendo a las directivas impartidas por el ministro de Guerra, en el sentido de dar gran importancia a una promesa violada y ver en ello una prueba de incapacidad moral, la junta de calificación dictaminó que ciertos oficiales no estaban en condiciones de continuar su carrera. Aunque algunos apelaron con éxito para que reconsideraran sus casos, la resolución final fue el retiro, en 1947, de cuatro generales, trece coroneles y otros cincuenta oficiales.[29]

No es posible comprobar si la iniciativa para eliminar a esos oficiales provino del ministro de Guerra o del propio Perón. Quizá ambos vieron en ella un recurso para suprimir del cuerpo de oficiales a quienes no inspiraban confianza y una advertencia para los que pudieran caer en la tentación de actuar contra el gobierno. Para los oficiales implicados, sin embargo, el fin de su carrera significó una represalia que los instó a unirse a otros opositores al gobierno para vigilar la política de la administración de Perón y esperar el momento del desquite.

Hasta 1948, sin embargo, el gobierno de Perón no dio mucha oportunidad a esos críticos. Por el contrario, con sus adeptos en la mayoría del Congreso y confiado en la lealtad de las Fuerzas Armadas, podía desarrollar en pleno las estrategias destinadas a promover la «nueva Argentina» que había prometido al electorado. Un factor clave que robusteció el optimismo de su administración fue una existencia de reservas de oro y divisas sin precedentes, el superávit de los años de guerra y la permanente perspectiva de altas ganancias provenientes de una Europa ávida de las exportaciones agrícolas argentinas.[30]

Alentado por la favorable situación económica internacional, Perón comprometió a su administración en un elevado presupuesto destinado simultáneamente a transformar la economía, ampliar los programas de salud pública y bienestar social, y fortalecer la defensa nacional. Esbozado en su discurso de apertura de las sesiones del Congreso el 26 de junio, el programa se incluyó con bombos y platillos en el Plan Quinquenal que el presidente anunció al pueblo en octubre de 1946. Aunque el Plan incluía medidas en cuanto a la reorganización administrativa, judicial y educacional y en cuanto al estímulo a la inmigración, su objetivo principal era promover la industrialización del país.[31]

Se ha señalado algunas veces que al tomar tal decisión Perón demostraba el influjo de los militares sobre su gobierno y el peso de su propia condición de miembro del Ejército. Un diplomático extranjero escribió en 1948: «El gobierno argentino está interesado en la industrialización del país y a veces lleva hasta el absurdo ese interés. Uno de los motivos por tan intenso interés en la industrialización proviene de los aspectos militares del asunto y el deseo que el Ejército tiene de promover la industrialización militar».[32]

Aunque los intereses militares tuvieran peso en la promulgación del Plan Quinquenal y si bien los militares participaron en el esbozo de los estudios preliminares, las razones que justificaban el programa de industrialización trascendían tales aspectos y respondían a aspiraciones muy vastas. En el texto del Plan se sostenía que la industrialización redundaría en una amplia gama de beneficios económicos, sociales y financieros. El más importante entre los beneficios económicos previstos era un aumento del ingreso nacional, la absorción de la superproducción agrícola no exportable y una mayor estabilidad en los precios internos. Los beneficios sociales previstos consistían en el aumento de oportunidades de empleo y los salarios más altos que ofrecería un sector industrial en expansión. Desde el punto de vista financiero, el auge industrial suministraría nuevas oportunidades para inversiones productivas y nuevas fuentes de ingresos gubernamentales más estables que los relacionados con las fluctuaciones del comercio exterior.[33]

Además de todos estos beneficios tangibles, se esperaba que la promoción de la industria tendría consecuencias políticas, la primera y más importante de las cuales sería «incrementar y fortalecer la economía nacional y la independencia política».[34] Perón ya había apelado con eficacia antes de su elección a esta entusiasta perspectiva de convertir a los argentinos en dueños y señores de su propio país, suprimiento lo que una generación posterior llamaría «dependencia»; ahora la proclamaba como el objeto central de la política económica de su gobierno. La industrialización no sólo traería consigo ventajas concretas: también abriría las puertas a la grandeza moral y material en que muchos argentinos, y no sólo los militares, veían el destino de su nación.

El Plan Quinquenal detallaba gráficamente los proyectos de las obras públicas que se realizarían y presentaba las propuestas de veintisiete iniciativas de legislación que se someterían a la aprobación del Congreso. El Plan, sin embargo, era impreciso, si no engañoso, en dos cuestiones vitales: ¿Cuál sería el costo total? ¿Cómo se lo financiaría?

El Plan mencionaba una serie de cifras, consideradas estimativas de los costos de organización e inversión para el período 1947-1951, y que llegaban a la suma total de 6,66 billones de pesos (1.270 millones de dólares).[35] Pero este total excluía, por cierto, la adquisición de equipos y fábricas militares destinados a servicios del Ejército; también omitía toda suma destinada a la salud pública y a los programas de construcción de viviendas y no hacía referencia a las industrias de servicios públicos en poder de empresas extranjeras y cuya adquisición, en una u otra forma, era parte implícita del programa de independencia económica. En efecto: el contrato de compra de la Unión Telefónica, de propiedad norteamericana, que se concluyó sólo unas pocas semanas antes del anuncio del Plan Quinquenal y significaba un costo de 419 millones de pesos; la adquisición de los ferrocarriles de propiedad francesa, aprobada en diciembre de 1946, llegaba a 183 millones y la operación mayor, la compra del sistema ferroviario de propiedad inglesa, resuelta en febrero de 1947, suponía la suma de 2.000 millones de pesos. Es evidente, pues, que una estimación de 10.000 millones de pesos hubiera arrojado una cifra más realista para el Plan Quinquenal.[36]

Las previsiones para la financiación, así como para el costo total del Segundo Plan Quinquenal, fueron inciertas. No existía una programación detallada que mostrara cómo y en qué sucesión se cubrirían los costos externos de los diversos provectos. Lo único cierto es que no se acudiría a préstamos externos. El gobierno de Perón estaba resuelto a saldar la última deuda externa de la Argentina como una medida más para lograr la independencia económica. Se necesitaría otro recurso para crear el ingreso de divisas extranjeras.

El recurso a que apeló el gobierno de Perón en 1946 fue el Instituto Argentino de Promoción del Intercambio, más conocido como IAPI. Este organismo, bajo el control del Banco Central, era el único agente comprador y vendedor de granos y algunos otros productos agrícolas. Al fijar precios internos considerablemente inferiores a los precios que los agricultores debían pagar en el mercado internacional, el IAPI podía obtener grandes beneficios; y en su carácter de importador exclusivo de determinados artículos, para los cuales el Banco Central se negaba a otorgar divisas a los importadores privados, podía lograr amplias ganancias al revenderlos a los compradores privados. Tan exitosas fueron, en verdad, las operaciones iniciales del IAPI que su titular y presidente del Banco Central, Miguel Miranda, anunció en diciembre de 1946 que el superávit hacia fines de 1947 llegaría a los 2.000 millones de pesos, pronóstico que la subsiguiente ausencia de balances públicos del IAPI hace difícil de verificar.[37]

Por su importancia en la historia del gobierno de Perón, el IAPI merece un estudio aparte objetivo y bien documentado.

Aún no se lo ha hecho y muchas de las operaciones del IAPI no han dejado de ser tema de discusión. Lo que parece claro, sin embargo, es que los planes para que el IAPI financiara el Plan Quinquenal no se cumplieron y que la causa de este fracaso fueron, en parte, los errores de cálculo de quienes dirigían sus actividades y, en parte, otros factores situados más allá del radio de acción de cualquier funcionario argentino.

Un problema que hoy resulta evidente fue el fracaso del gobierno al tratar de establecer un sistema eficaz de prioridades entre los proyectos para los cuales adquiría equipamiento en el exterior. La compra simultánea de elementos para numerosos proyectos, ninguno de los cuales podía ponerse en marcha mientras no se hicieran fuertes gastos adicionales, significaba que si en el futuro escaseaban los fondos las consecuencias serían muy graves. Mientras tanto, en el puerto de Buenos Aires se acumulaban equipos que no parecían tener destino resuelto. Lo mismo ocurría con los muchos camiones usados, modelos militares remanentes de guerra, que el IAPI había adquirido para revender a usuarios civiles. Estos últimos preferían los vehículos nuevos, construidos según las pautas del uso civil y que no ofrecieran dificultades en materia de repuestos.[38]

Otro factor que obró en contra de la eficacia financiera del IAPI y contribuyó a desprestigiarlo ante muchas miradas fue el avance de la corrupción en su interior. Como exclusivos agentes de compras en el extranjero para la mayoría de los organismos gubernamentales, los funcionarios del IAPI tenían asidua oportunidad para obtener coimas. Los funcionarios del Departamento de Estado y de la embajada de los Estados Unidos tenían la impresión de que para los contratos de compra en ese país se elegían con premeditación proveedores poco conocidos, en vez de las compañías más importantes, a fin de facilitar ese tipo de operaciones.[39] Nunca se ha podido fijar cuánto dinero perdió el gobierno argentino por esas prácticas, pero un incidente que oficiales del Ejército argentino llevaron a la consideración de la embajada norteamericana en Buenos Aires sugiere que importantes fondos públicos iban a parar a manos de individuos.

La Dirección General de Fabricaciones Militares planeaba construir una planta industrial de acero laminado y había pedido licitación a grandes compañías estadounidenses y británicas, esperando obtener el contrato más ventajoso. Resultó elegida una compañía norteamericana, ARMCO. Pero Miguel Miranda, sin la menor consulta a las autoridades militares o al presidente Perón, concedió el contrato a una firma desconocida, a un costo que superaba en 7 millones de dólares la oferta más baja. Al saberlo, el Ejército protestó ante el presidente, que a su vez ordenó al Banco Central que anulara el acuerdo; pero cuando sus directivos se reunieron para cumplimentar la orden, descubrieron la falta inexplicable de 2 millones de dólares en los fondos asignados por el Banco para la planta siderúrgica. Temiendo que tal situación adquiriera proporciones de escándalo y que la estabilidad del régimen peligrara si el presidente apoyaba a Miranda contra el Ejército, altos oficiales invitaron al embajador Bruce a reunirse con ellos. Ante la ausencia de una invitación formal por parte del presidente o de la cancillería, Bruce se rehusó. El resultado final del asunto fue que para evitar un escándalo nacional, el Ejército acordó con el presidente que ellos mismos construirían la planta, disimulando la falta de los 2 millones de dólares en los consiguientes gastos de la construcción. Pero las futuras compras del Ejército ya no estuvieron bajo la jurisdicción de Miranda y el IAPI.[40]

La mala administración y la corrupción fueron un autoataque contra el éxito del plan de desarrollo industrial del gobierno de Perón. Los problemas más graves, sin embargo, surgieron al fallar espectacularmente los pronósticos demasiado optimistas acerca del orden económico de la posguerra. El presidente y sus asesores económicos proyectaban emplear las divisas extranjeras —en especial la libra esterlina— ganadas gracias al alto nivel de las exportaciones agrícolas argentinas, para equilibrar los déficit comerciales con los Estados Unidos. También esperaban que una Europa recuperada pronto estaría en condiciones de abastecer de combustibles, materias primas y la maquinaria necesaria para el programa de desarrollo. Ninguna de esas expectativas se concretó en los primeros años de la posguerra. El golpe más penoso lo recibió el gobierno en agosto de 1947, cuando Gran Bretaña, que en setiembre había accedido al libre uso de las ganancias argentinas en libras esterlinas, debió suspender la convertibilidad. Mientras tanto, la Argentina había cuadruplicado sus importaciones de los Estados Unidos, pero incapaz de incrementar sus ventas en ese mercado, se encontró ante el serio y persistente problema del dólar.[41] Hacia fines de 1948, las reservas argentinas en oro y divisas habían bajado a 258 millones de dólares desde los 1.100 de los dos años anteriores; a la vez su deuda comercial con los bancos norteamericanos se había elevado a más de 200 millones de dólares. El Plan Quinquenal, lanzado con gran publicidad dos años antes, se había ido a pique.[42]

Por lo demás, cada vez era más claro que a pesar de toda la retórica oficial sobre la independencia económica, sólo una inyección sustancial de dólares estadounidenses podría reflotar el Plan Quinquenal. En 1948, Perón y sus asesores esperaban que tal inyección fuera posible gracias a determinadas condiciones externas sobre las que no tenían control: la posibilidad de que el deterioro en las relaciones soviético-norteamericanas llevara a una guerra, o bien la anticipación —a veces alentada por declaraciones de funcionarios norteamericanos— de que fondos del Plan Marshall aseguraran la compra de cantidades considerables de productos agrícolas argentinos para su consumo en Europa.[43] Ninguna de tales perspectivas se materializó. Una solución de alternativa teóricamente posible para la Argentina consistía en obtener la participación de capitales extranjeros en el desarrollo de la economía; pero el presidente Perón se había comprometido demasiado a reducir las inversiones extranjeras como para cambiar de rumbo súbitamente.

Al principio de su presidencia, Perón no había excluido toda posibilidad de asociar capitales extranjeros en sus planes de desarrollo. Un decreto ley sancionado en vísperas de su toma del mando había creado el instrumento legal necesario para ello: la «sociedad de economía mixta» o corporación mixta en la que el Estado podía unirse al capital privado e inclusive a inversores extranjeros para fomentar empresas de interés público. El presidente de tal corporación y por lo menos un tercio de su directorio serían nombrados por el Estado y debían ser argentinos nativos; no había requisito de nacionalidad para los demás miembros del directorio.[44]

La fe puesta por Perón en las posibilidades de la sociedad de economía mixta quizá proviniera de su experiencia como militar. Desde 1941, la Dirección General de Fabricaciones Militares (DGFM) había sido autorizada a asociarse con capitales privados en la creación de compañías productoras de elementos necesarios para la fabricación de armas. Durante el mandato de Perón como ministro de Guerra, se habían creado dos de esas empresas en el ámbito de la metalurgia y el de la química. Después, en enero de 1946, al planear el proyecto más ambicioso de la DGFM (la creación de una planta siderúrgica integral), su presidente, el general Manuel Savio, inició tratativas con unas cuantas compañías siderúrgicas privadas, inclusive con la filial argentina de la American Rolling Mill Company, para hacerlas accionistas de empresas conjuntas. Es evidente, pues, que en principio el Ejército no se oponía a tomar en cuenta la cooperación de capitales privados y extranjeros para proyectos de interés nacional.[45]

Fue sobre todo durante los primeros dieciocho meses de su presidencia cuando Perón se mostró más inclinado a activar el ingreso de capitales foráneos, mediante el sistema de la empresa mixta, en significativos sectores de la economía. Durante ese lapso apoyó públicamente la reorganización de los ferrocarriles incluida en el acuerdo Miranda-Eady con Gran Bretaña y analizó en privado propuestas para atraer a inversores estadounidenses hacia el fomento de la industria petrolífera.

El acuerdo Miranda-Eady, firmado el 17 de setiembre de 1946, abarcaba una amplia gama de objetivos bilaterales, inclusive la futura venta de carnes, los términos de pago y el uso que podía darse a los saldos —pasados y futuros— argentinos en libras.

El convenio sobre los ferrocarriles no fue sino una parte del acuerdo. Programaba la creación en la Argentina de una sociedad mixta que tomaría a su cargo los activos y pasivos operativos de las empresas existentes, otorgándoles acciones en la nueva corporación. Estas acciones reflejarían el capital invertido por esas empresas, que sería determinado por una comisión conjunta y al que se garantizaría un dividendo anual del 4 por ciento sobre la base de la paridad del peso en el momento de la emisión. El gobierno argentino debió prometer una inversión de 500 millones de pesos durante los próximos cinco años destinados a reacondicionar las líneas, por lo cual recibiría acciones sin las garantías anteriores. La corporación estaría exenta de impuestos sobre sus operaciones y gozaría de una exención de derechos de aduana por los equipos y materiales que importara, excepto cuando compitieran con fabricaciones argentinas.[46]

Los opositores al plan de reorganización de los ferrocarriles pertenecían a todos los sectores del ámbito político, desde los que por lo general apoyaban al gobierno hasta los radicales, socialistas y conservadores. Entre los críticos figuraban los partidarios de la nacionalización total que condenaban el acuerdo viendo en él una forma de mantener el control inglés sobre los ferrocarriles y que denunciaban la sociedad mixta como un recurso inspirado por Gran Bretaña para proteger su inversión. Tales críticos no reparaban en el hecho de que, según la legislación existente acerca de las empresas mixtas (artículo 8), el presidente de la sociedad debía ser un argentino nativo, nombrado por el gobierno, y con autoridad para oponerse a las decisiones de la mayoría del directorio o de los accionistas en asuntos de interés vital para el Estado. Tampoco hacían hincapié en una cláusula del acuerdo Miranda-Eady, que autorizaba al gobierno argentino a «adquirir en cualquier momento a la par una parte o la totalidad de las acciones de la nueva compañía en manos de cualquier tenedor». En una época en que la inflación ya se hacía sentir, esa cláusula otorgaría al gobierno el derecho de comprar las acciones privadas en el futuro y cuando disminuyera el valor del peso.[47]

Pocos de los críticos, empero, estaban dispuestos a admitir tal posibilidad y el propio Perón no parecía tener clara conciencia de su alcance. A las pocas semanas, por razones que todavía no están del todo en claro, Perón pareció reconsiderar el proyecto y postergó la designación del miembro argentino en la comisión conjunta. No existen pruebas ciertas de que estuviera presionado por grupos militares o por la poderosa Unión Ferroviaria, aunque las protestas de otros sectores eran vehementes. Fueran cuales fuesen sus motivos, lo cierto es que Perón aprovechó la oportunidad de abandonar la sociedad mixta cuando los británicos, a su vez presionados por los Estados Unidos a causa de las disposiciones sobre las libras esterlinas bloqueadas, solicitaron en diciembre la reapertura de los términos del acuerdo Miranda-Eady.[48]

Empezó una nueva serie de negociaciones, esta vez sobre la base de una propuesta británica para la venta total de los ferrocarriles como medio para saldar la cuenta en libras esterlinas. El principal problema por resolver fue la valuación de las propiedades. Por fin, en febrero de 1947, al cabo de un mes de negociaciones, el gobierno argentino acordó abonar 150 millones de libras, esto es, 2.480 millones de pesos al cambio del momento, precio que incluía los ferrocarriles, sus compañías subsidiarias y los bienes inmuebles que eran suyos. Esta decisión apaciguó inmediatamente el recelo nacionalista en los círculos partidarios del gobierno, pero sus opositores políticos, como era de esperar, encontraron nuevo motivo de crítica en el precio, que denunciaron como exorbitante.[49]

Aunque la reacción hostil provocada por la actitud asumida ante la cuestión de los ferrocarriles podía ser una advertencia respecto a la acogida que tendría cualquier medida en apariencia favorable a los inversores extranjeros —y en un sector industrial a tal punto influido por la política—, hacia fines de 1946 el presidente Perón empezó a considerar muy en serio las propuestas de aumentar el ingreso de capitales foráneos en un ámbito como el del petróleo, objeto de tanta suspicacia. Eso es tanto más sorprendente si se tiene en cuenta que el Plan Quinquenal recién dado a conocer no hacía demasiado hincapié en la expansión de la producción petrolera local. Los expertos, tanto militares como civiles, que avalaban la sección energética del Plan habían pensado que el país carecía de la suficiente cantidad de combustible necesaria para abastecer las demandas de energía a largo plazo y por eso dieron prioridad al desarrollo de las fuentes de energía renovable mediante la programación de obras hidroeléctricas. Perón aceptó ese punto de vista al lanzar el Plan Quinquenal. Pero semanas después analizaba otro tipo de solución para el problema de las necesidades de combustible en conversaciones secretas con el embajador de los Estados Unidos, George Messersmith, y con Herman A. Metzger, al frente de la filial local de la Standard Oil de New Jersey.[50]

¿Cómo explicar estas actitudes de Perón? Sin duda obraba influido por el hecho de que la Argentina dependía cada vez más de las importaciones de petróleo. La demanda de combustibles industriales y de nafta, que ya superaban la producción interna, no podía sino ir en aumento a causa de la expansión del transporte automotor y de la industria. Pero también había de por medio motivos de índole internacional. Debe recordarse que las conversaciones de Perón con Messersmith y Metzger tuvieron lugar en un momento en que las relaciones de la Argentina con los Estados Unidos seguían afectadas por las tensiones de la época de la guerra. El Departamento de Estado adhería todavía a la política de Spruille Braden, quien insistía que la Argentina debía demostrar su plena anuencia al compromiso de Chapultepec de actuar contra los intereses y los agentes del Eje. Para dar vigor a esa política, los Estados Unidos mantenían un embargo sobre la venta de armas a la Argentina por parte de posibles proveedores europeos, así como también norteamericanos. El embajador Messersmith, por su parte, convencido de que el gobierno de Perón cumplía de buena fe con ese compromiso, urgía a sus superiores a actuar con rapidez para normalizar las relaciones. La buena disposición de Perón para analizar con él y con Metzger la posibilidad de inversiones privadas en el desarrollo petrolero argentino puede considerarse, pues, como un esfuerzo para fortalecer la posición de Messersmith en su oposición a la política de Braden, al alistar el apoyo de poderosos empresarios norteamericanos en nombre de una pronta normalización de las relaciones. Una actitud franca respecto del petróleo podía coadyuvar a que la Argentina recuperara su lugar como miembro activo de la comunidad hemisférica y permitir que las fuerzas militares, ávidas de armas, renovaran su equipamiento, anterior a la Segunda Guerra Mundial.[51]

Fuera cual fuese el punto de vista en cuanto a las relaciones internacionales, aún quedaba por resolver el problema de la oposición interna. ¿No provocaría una ola de protestas acaloradas la determinación de abandonar la política existente, que otorgaba a la empresa petrolera estatal, YPF, el papel dominante en la producción en crudo? Si era cierto que Perón intentaba crear una sociedad mixta con capitales norteamericanos, debió creer que podía contener la reacción en contra, quizá identificándola con el opositor partido Radical, tradicionalmente el más enérgico defensor de YPF, y apelando en términos partidarios a sus propios simpatizantes.

En todo caso, el presidente no vaciló en expresar sus puntos de vista en conversaciones privadas con el embajador de los Estados Unidos. En un despacho ultrasecreto, Messersmith informó exhaustivamente acerca de los términos de esa conversación:

Él [presidente Perón] advirtió que el Estado no tenía suficiente dinero, aun bajo las mejores circunstancias, para ayudar adecuadamente a YPF en un programa amplio. Había llegado a la conclusión de que era preciso dar toda clase de aliento a las compañías petrolíferas foráneas para que expandieran aquí sus programas…

Después me preguntó si yo pensaba que las compañías norteamericanas estarían interesadas en integrar una sociedad mixta, es decir, en actuar como asociadas con el gobierno argentino.[52]

Semanas después de esta conversación, el presidente Perón recibió a Herman A. Metzger, quien había solicitado la entrevista para analizar un memorándum preparado por su compañía dos años antes y elevado nuevamente al secretario técnico de Perón, José Figuerola, el mes de julio previo. En ese memorándum, la Standard Oil de Argentina manifestaba su interés en formar una sociedad mixta y expresaba sus puntos de vista sobre las condiciones necesarias para un posible acuerdo. Se proponía la creación de una sociedad a la que se otorgaría una exclusividad de diez años para la busca de petróleo en la zona al sur del paralelo 49.º de latitud sur. La Standard Oil suministraría todo el capital de explotación mediante un préstamo sin intereses. El gobierno recibiría un 12 por ciento en concepto de regalías por todo el petróleo descubierto y el 51 por ciento de las eventuales ganancias después que la inversión o préstamo original hubiese sido amortizado. La gerencia general de la sociedad mixta sería nombrada por los cinco miembros privados de su directorio. El gobierno nombraría al presidente y a dos directores, y el primero tendría derecho de veto sobre las decisiones del directorio en los casos en que estuvieran de por medio intereses nacionales vitales, tal como lo preveía en el artículo 8 del estatuto de las empresas mixtas.[53]

La conversación entre Perón y Metzger, a la que asistió el presidente de YPF, general Albariño, y el Director General de Energía, coronel (R) Descalzo, fue tan cordial que Metzger decidió regresar a los Estados Unidos para analizar lo tratado con sus superiores en Nueva York.[54] Fue así como surgió el primer obstáculo importante. Metzger, según se supo, había presentado su memorándum al gobierno argentino antes de someterlo a consideración de sus superiores en los Estados Unidos. Los funcionarios de la Standard Oil en Nueva York estimaron que la disposición del veto incluida en el artículo 8 era inquietante; y ante las dimensiones de la inversión proyectada —entre 25 y 30 millones de dólares— decidieron que un requisito previo para la formación de la sociedad mixta era la revisión de ese artículo.[55]

Era muy difícil que tal solicitud fuera aceptada por el gobierno argentino, ya que suprimir el artículo no implicaría una compañía mixta embarcada en una aventura conjunta, sino una concesión mal disimulada a la Standard Oil. Pero aun cuando Perón estuviese dispuesto a seguir ese camino, debía solicitar al Congreso que quitara fuerza a un estatuto ya considerado insuficiente por los nacionalistas. Y ese era un paso que aún no estaba dispuesto a dar. En efecto, aunque se suponía que las negociaciones con la Standard Oil eran confidenciales, ya se alzaban voces en contra en el Congreso. Hacia fines de enero de 1947, el diputado radical Arturo Frondizi declaró categóricamente, ante el desmentido de los partidarios del gobierno, que se estaban llevando a cabo planes para convertir a YPF en una empresa mixta. Pocas semanas después, Frondizi contó con el apoyo de otros miembros del bloque de la Unión Cívica Radical al someter una serie de resoluciones a la cámara baja que solicitaban al Poder Ejecutivo el rechazo de cualquier propuesta para la formación de empresas mixtas, integradas por el Estado y firmas petroleras privadas. También solicitaba una investigación de todos los problemas relacionados con las fuentes petrolíferas y las actividades de las compañías internacionales y pedía al Poder Ejecutivo que convocara a sesión especial del Congreso para considerar la expropiación de las compañías privadas y la nacionalización de toda la industria.[56]

Aunque existían pocas probabilidades de que la Cámara, dominada por los peronistas, aprobara estas resoluciones, su propósito parece haber sido el de alertar a los defensores de YPF y obstaculizar al gobierno en sus negociaciones con la Standard Oil. El semanario Qué, crítico moderado del gobierno, se unió a este intento de conmover a la opinión pública publicando un artículo titulado «Qué pasa con el petróleo», en el que informaba sobre una resistencia a cualquier cambio a introducirse en YPF por parte de sus más altos funcionarios, así como por parte de los trabajadores de ese sector.[57] El dilema para los diputados nacionalistas y peronistas, en caso de que el presidente solicitara el aval legislativo para un acuerdo con la Standard Oil, sin duda era una amenaza real.

Aunque Perón volvió a asegurar al embajador Messersmith —en la víspera de la partida de éste de la Argentina— que no tenía esperanzas de que YPF pudiera satisfacer las necesidades energéticas del país, que sus operaciones habían sido insatisfactorias durante años y que la mejor solución estaba en llegar a un acuerdo entre el gobierno y empresas extranjeras, de preferencia norteamericanas, las perspectivas de negociación con la Standard Oil y, en verdad, con cualquier empresa extranjera eran escasas.[58] Las compañías foráneas, al corriente de las dificultades que ya afectaban el mercado de operaciones, exigían garantías en el sentido de que toda nueva inversión gozara de protección; pero el gobierno, a pesar de las opiniones expresadas por el propio presidente, no pudo seguir adelante. En setiembre, cuando presentó sus credenciales el nuevo embajador de los Estados Unidos, James Bruce, el presidente se sintió en la obligación de declarar que, después de conversar con sus partidarios en el Congreso, ya estaba convencido de la imposibilidad de promulgar una ley del Congreso que permitiera a las empresas extranjeras explorar el terreno y desarrollar los recursos petrolíferos argentinos.[59]

Perón no sólo encontró resistencia en el Congreso, sino también una aguda división dentro de su propio gobierno. La opinión del presidente acerca de las ventajas que podrían redundar de la inversión de capital extranjero en la exploración y explotación de petróleo era compartida por Miguel Miranda, presidente del Consejo Económico, y por el ministro de Relaciones Exteriores, Bramuglia. Pero YPF tenía firmes defensores dentro del gabinete: el recién nombrado secretario de Industria V Comercio, José C. Barro; el ministro de Hacienda, Cereijo, y el secretario de Aeronáutica, de la Colina. Junto a Julio Canessa, un ingeniero que estaba provisionalmente al frente de YPF durante una licencia por enfermedad del general Albariño, todos ellos iniciaron una campaña para terminar de una vez por todas con las amenazas a la autonomía de YPF.[60]

El primer paso fue una notificación de YPF a todas las empresas privadas, suscripta por Julio Canessa el 30 de setiembre, para informar que los acuerdos existentes en cuanto a la distribución de petróleo por su parte en el mercado local se darían por concluidos al fin de los seis meses de preaviso exigidos.[61] El secretario Barro dio el segundo paso mediante una categórica declaración a los representantes de las empresas privadas acerca de su punto de vista personal, en el sentido de que la producción de petróleo, en el futuro, sería monopolio del gobierno y que, si era preciso, las propiedades privadas serían expropiadas.[62] Éste era, en realidad, el objetivo de los defensores de YPF; y su problema era lograr que el presidente apoyara ese punto de vista.

La expropiación por parte de YPF de las propiedades privadas de las empresas petroleras fue analizada en dos agitadas reuniones de gabinete a principios de diciembre. En la primera, realizada el 4 de ese mes, el secretario Barro, el ministro Cereijo y el secretario de la Colina presentaron un vigoroso alegato en favor de la expropiación. Sólo el presidente, Bramuglia, Miranda y Orlando Maroglio, el nuevo presidente del Banco Central, se opusieron. El resto del gabinete (inclusive los ministros de Guerra y de Marina, aunque evidentemente inclinados hacia la expropiación), se abstuvieron de una participación activa en la discusión. No se llegó a ninguna decisión, pero los que abogaban por el monopolio de YPF —quizá con conocimiento del presidente, aunque esto se desmintió después— se embarcaron en un riesgoso complot para lograr que las compañías foráneas se pusieran en venta voluntariamente.[63]

Los titulares locales de la Standard Oil, Ultramar y Shell fueron convocados a una reunión en el despacho de Miranda el 5 de diciembre; en esa reunión, el secretario de Comercio Barro y el director de YPF, Canessa, explicaron que el gobierno quería anunciar el 13 de diciembre, el «Día del Petróleo», que la Argentina había recuperado todas sus propiedades petrolíferas. Se solicitaba a las empresas privadas que contestaran antes del 9 de diciembre si estaban dispuestas a vender sus pozos productores a cambio de un acuerdo de distribución y refinación con «generosas ganancias» garantizadas. Cuando los representantes de las empresas extranjeras quisieron aclarar si una negativa por parte de ellos significaría la expropiación, los funcionarios argentinos dijeron que en ese momento no estaban en condiciones de dar una respuesta.[64]

Aunque la proposición fue presentada como una «solicitud», el lapso de cuatro días fijado para la respuesta —que incluía un fin de semana— tenía el tono de un ultimátum. Lo que siguió no fue sin duda lo que habían pensado los autores del plan. Guy Ray, al frente de la embajada norteamericana por ausencia temporaria del embajador Bruce, solicitó una entrevista inmediata al canciller Bramuglia para averiguar si el presidente mismo aprobaba el plan y para protestar contra la injusticia de tener que tomar una decisión tan importante en tan poco tiempo. El embajador británico, preocupado por los intereses de la Shell, adoptó la misma actitud. Bramuglia aseguró a Ray, en nombre del presidente, que no tenía conocimiento de las exigencias hechas a las empresas, que no se tomaría ninguna medida y que el presidente «no tenía la menor intención de expropiar petróleo o cualquier otra propiedad norteamericana».[65] Un día después del fin del lapso concedido, tanto la Standard Oil como la Shell rechazaron la «solicitud».[66]

El momento crítico de la lucha intragubernamental en torno de la política petrolífera fue una reunión de gabinete realizada unos pocos días antes que el presidente pronunciara su discurso del Día del Petróleo. Los miembros más nacionalistas del gabinete ejercieron una fuerte presión sobre él para que comprara o expropiara los pozos de propiedad extranjera y para que proclamara en su discurso un programa de nacionalización de todos los recursos petrolíferos de la Argentina. Esta vez, sin embargo, él ministro de Guerra intervino con energía, y en oposición a su postura anterior advirtió que cualquier amenaza de expropiación o venta forzosa sería perjudicial para los intereses del país. Fue el presidente quien, citando la negativa de las compañías a vender y las enconadas protestas recibidas desde las embajadas norteamericana y británica, tomó la decisión final.[67]

Fueran cuales fuesen las ventajas políticas que Perón haya visto en el rumbo propuesto, sin duda tenía plena conciencia de que la Argentina dependía de la importación de combustibles para abastecer al menos en un tercio de sus necesidades. Cualquier medida para expropiar la Standard Oil o la Shell bien podía interrumpir la afluencia de petróleo importado y producir enojosas complicaciones, internacionales. Pero al rehusarse, tal como lo hizo, a autorizar la expropiación de los pozos petrolíferos, Perón se encontró en posición menos favorable de resistir la presión nacionalista en cuanto a lo que sin duda era un objetivo secundario de ese sector: una declaración pública para asegurar que en el futuro no se harían más concesiones a empresas extranjeras y que no se aprobarían las sociedades mixtas con capital extranjero. Perón, quizá de mala gana, incorporó estos deseos de los nacionalistas en el párrafo final de su discurso del 13 de diciembre. Empleando un lenguaje que distaba mucho de ser directo, anunció:

La política petrolera argentina ha de basarse en los mismos principios en que descansa toda la política económica: conservación absoluta de la soberanía argentina sobre las riquezas de nuestro subsuelo y explotación racional y científica por parte del Estado; advirtiendo que cuando el Estado rescata la dirección inmediata y directa de los bienes que la Nación posee, no debe ya despojarse del privilegio de seguir administrándolos, sin compartir funciones con otros intereses que no sean los que corresponden a todos los argentinos.[68]

De este modo, tras un año o aun más de discusiones secretas, negociaciones privadas y controversias internas, la política petrolera argentina quedó como había comenzado. El statu quo del enfrentamiento Estado-explotación privada permaneció sin variantes; el gobierno no había asumido ninguna actitud que acelerara de manera significativa la producción interna o que redujera la dependencia cada vez mayor del país respecto de las importaciones. Esta controversia interna, sin embargo, es de especial interés porque ilumina el modo en que Perón ejercía el poder y aclara el papel representado por los militares en esos momentos. Es evidente que en materia de petróleo Perón era mucho más pragmático que su retórica pública acerca de la dependencia económica; también es evidente que a pesar de su imagen de dictador, no tenía libertad absoluta para imponer sus propias ideas. Sus ministros no eran por cierto títeres, sino que podían defender posiciones diametralmente opuestas a las de él. Al final, tras lo que él mismo llamaría una de las peores luchas libradas contra su gabinete, Perón se negó a satisfacer el reclamo más imperioso, pero a la vez debió sacrificar, al menos durante varios años, su esperanza de desarrollar la industria petrolera argentina. En ese sentido, hacia 1948 se había convertido en prisionero de su propia retórica nacionalista.

El rasgo más saliente del papel del Ejército en la controversia política suscitada por el asunto del petróleo fue su relativa pasividad. Parece extraño que en asunto de tanta importancia estratégica como era el desarrollo de la industria petrolera, el Ejército no tuviera una posición claramente definida. Pero lo cierto es que las actitudes vacilantes e incoherentes asumidas por los oficiales que ocupaban los cargos más importantes demuestran que, en efecto, no habían definido su posición. A la inversa del secretario de Aeronáutica, empeñado en dar el monopolio de la producción de petróleo a YPF, los portavoces del Ejército se mostraron ambivalentes. El hecho mismo de ser presidente de la empresa estatal pareció no bastar para que un oficial del Ejército como el general Albariño se mostrara el activo defensor de las aspiraciones de ese organismo. Debe recordarse que Albariño estuvo presente, apoyando a Perón, cuando se analizó el plan de las sociedades mixtas con H. A. Metzger. Y fue sólo cuando Albariño pidió licencia por enfermedad que los demás funcionarios de YPF iniciaron su plan para expropiar las empresas petrolíferas privadas. El ministro de Guerra, por su parte, pareció mirar con buenos ojos ese plan al elevárselo por primera vez al gabinete, pero se mostró mucho menos explícito que su colega de Aeronáutica. El general Sosa Molina sólo habló con energía durante una reunión de gabinete posterior, y en esa ocasión para oponerse a la expropiación.[69]

Tal decisión del ministro de Guerra reflejaba no tanto su interés por la política petrolera cuanto su alarma ante los posibles efectos que la expropiación tendría sobre otros intereses del Ejército, en especial sus planes de adquisición de armas. El recelo del ministro de Guerra había surgido durante conversaciones con Guy Ray, consejero de la embajada de los Estados Unidos, y con un oficial de alto rango del Ejército de los Estados Unidos, el teniente general Willis Crittenberger, quien por coincidencia estaba en la Argentina en visita oficial con el objeto de analizar la necesidad de la modernización militar, precisamente cuando los defensores de YPF lanzaban su ultimátum contra las empresas petrolíferas. La subsiguiente advertencia del general Sosa Molina al gabinete, en el sentido de que esa acción podía dañar los intereses argentinos, era harto comprensible proviniendo de alguien cuyo interés esencial, desde el momento mismo de asumir el cargo, había sido reemplazar el obsoleto equipo del Ejército y convertirlo en una fuerza a tono con las exigencias posteriores a la Segunda Guerra Mundial.[70]

El deseo de restaurar en el ámbito internacional el poderío militar argentino, seriamente afectado por la escasez de armamentos durante la Segunda Guerra Mundial, fue uno de los objetivos principales de la jerarquía militar en el período que siguió a la asunción del mando por Perón. Tal propósito influyó sobre el rumbo que el gobierno procuró dar a las relaciones exteriores, al tiempo que trazaba los planes para la modernización militar.

La preocupación inmediata de las Fuerzas Armadas argentinas era, pues, adquirir la última palabra referente a equipamiento militar para reemplazar el anticuado material anterior a la Segunda Guerra Mundial: aviones para la Aeronáutica; naves y aviones para la Armada; cañones antiaéreos, tanques, artillería y todo cuanto fuese necesario para los equipos mecanizados y motorizados del Ejército. Pero existía otra preocupación no menos importante, un proyecto de largo alcance: desarrollar una industria de armas nacional. La reciente guerra había corroborado una vez más que la Argentina dependía de la importación de armas y eso la hacía vulnerable ante las decisiones tomadas por otros países. Los planificadores militares querían reducir esa vulnerabilidad mediante la construcción de fábricas que produjeran armas pesadas y el desarrollo de una industria siderúrgica.

Al tratar de adquirir equipamiento militar, el gobierno de Perón debió seguir enfrentando el embargo de armas impuesto por los Estados Unidos durante la guerra. Este embargo procuraba asegurar que la Argentina cumpliera satisfactoriamente con los compromisos asumidos en relación con los acuerdos de Chapultepec.[71] La medida se aplicaba no sólo a ventas o transferencias de armas desde los Estados Unidos, sino también —mediante un acuerdo de caballeros con los respectivos gobiernos— a armas producidas en Gran Bretaña y Canadá. Inclusive los Estados Unidos presionaron a la neutral Suecia para que no entregara armas que habían sido contratadas años antes.[72]

La Argentina logró la primera suspensión significativa en este embargo a principios de 1947, cuando Gran Bretaña notificó a Estados Unidos que se proponía «en el futuro tratar a la Argentina, en todos los aspectos, en el mismo pie de igualdad que a los demás países latinoamericanos».[73] La fecha de este anuncio, el 27 de enero, que coincide con las negociaciones argentino-británicas que condujeron, el 13 de febrero, al acuerdo para la venta de los ferrocarriles, sugiere una vinculación entre ambos hechos. Es probable que para que la Argentina pagara el precio acordado, Gran Bretaña haya insinuado su buena disposición para entrar en negociaciones sobre compra de armas. Apoya esta hipótesis el hecho de que el acuerdo sobre los ferrocarriles no hacía referencia al uso de las libras esterlinas, tal como los británicos lo habían propuesto en diciembre. En apariencia presionado por los militares, el gobierno de Perón decidió utilizar parte de las esterlinas acumuladas para adquirir nuevo «hierro» en forma de armas, antes que el metal viejo de las líneas férreas.

Lo cierto es que la Argentina inició prontas negociaciones con firmas británicas a fin de adquirir aviones militares y naves de combate. En mayo, a pesar de las objeciones hechas por los Estados Unidos, el gobierno británico aprobó contratos por los cuales sus fabricantes de aviones se comprometían a entregar 100 cazas Meteor a reacción y cierto número de bombarderos Lincoln. El valor total de las naves y aviones encargados a Gran Bretaña fue, según se informó, de unos 20.000.000 de libras esterlinas.[74]

Mientras la Argentina se volvía hacia Gran Bretaña para cumplir con el principal objetivo de la Fuerza Aérea, su política de adquisición de armas para el Ejército siguió basándose en la premisa de que, tarde o temprano, las relaciones con los Estados Unidos volverían a la normalidad total. El gobierno de Perón estaba comprometido a reequipar el Ejército —dentro del marco de referencia del pacto de defensa hemisférico promulgado en el acuerdo de Chapultepec— y a emprender el programa de uniformación de armas, entrenamiento y organización recomendado por la Junta Interamericana de Defensa.[75] Los elementos nacionalistas del Ejército, por su parte, insatisfechos ante las medidas en que se empeñaban los Estados Unidos para normalizar las relaciones diplomáticas, sin duda urgían la compra de armas a otros países. Como el embargo norteamericano continuaba, el propio ministro de Guerra Sosa Molina dio claras muestras de que estaba dispuesto a reconsiderar la política que evitaba compras importantes a proveedores europeos como Skoda.[76] Sin embargo, Perón persistió en su actitud y logró cumplir un importante objetivo cuando el 3 de junio de 1947, prácticamente un año después de su asunción al mando, el presidente Truman anunció en Washington que los Estados Unidos ya estaban satisfechos ante el cumplimiento, por parte de la Argentina, de las disposiciones del acuerdo de Chapultepec y que estaban dispuestos a reanudar discusiones con otros países del hemisferio en torno del fin del pacto de defensa mutua. La conferencia de Río de Janeiro, postergada tanto tiempo, ya podía realizarse.[77]

Al recobrar para la Argentina, frente a los Estados Unidos, una condición de igualdad respecto del resto de América Latina, el presidente Perón no había hecho demasiados sacrificios de principios o intereses. Sin duda había procedido a la adquisición en bloque de empresas de propiedad del Eje y había ordenado la deportación de algunos agentes del Eje, aunque sin acercarse siquiera aproximadamente a la lista suministrada por los Estados Unidos.[78] De todos modos, aun estas medidas irritaron a los ultranacionalistas de su gobierno. En las semanas que siguieron al anuncio del presidente Truman, algunos de estos funcionarios, civiles y militares, se separaron de sus cargos. Las renuncias del general Velazco como jefe de la Policía Federal y del general Silva como titular de la Secretaría Militar de la Presidencia —aunque relacionadas con disidencias internas con Perón— pueden considerarse consecuencias del apoyo buscado en los Estados Unidos para modernizar el Ejército y del programa de industrialización relacionado con esa medida.[79]

La asiduidad con que el gobierno de Perón procuraba obtener la amistad y el apoyo de los Estados Unidos se reflejó en el grado de cooperación sin precedentes demostrado por sus delegados en la Conferencia Internacional de Río de Janeiro. Ya antes del comienzo de la Conferencia, el canciller Bramuglia aseguró en privado al encargado de negocios en Buenos Aires que la Argentina apoyaría internacionalmente a los Estados Unidos en forma total y que toda insinuación en sentido contrario sólo obedecía a necesidades del consumo interno. En efecto, Bramuglia propuso que ambos países llegaran a un acuerdo anticomunista secreto y aunque hizo algunas críticas a algunas medidas tomadas por los Estados Unidos respecto de Rusia, declaró explícitamente: «En todo caso, la Argentina participará desde el principio en toda guerra contra Rusia apoyando a los Estados Unidos».[80]

Al ratificar los términos del tratado de ayuda mutua que Bramuglia suscribió en Río el 2 de setiembre, Perón y su canciller sacrificaron en parte la independencia de acción en que los gobiernos argentinos habían insistido al tratar los acuerdos interamericanos anteriores. La Argentina ya no podría utilizar el requisito de consenso unánime, como lo había hecho en 1942, para oponerse a medidas colectivas que una mayoría de dos tercios de las repúblicas americanas podía solicitar en el futuro contra todo Estado que atacara a uno de sus miembros.[81] Pero por un lado si la aceptación del poder indiscutible de los dos tercios de los votos —que sin duda no se extendía al uso de fuerzas militares sin el consentimiento de cada miembro— parecía implicar un sacrificio de la autonomía, por el otro no hay duda de que la idea que Perón tenía de la posición de su país en el sistema interamericano no era la de un satélite de la potencia más fuerte del hemisferio, sino más bien la de un poderoso asociado que desempeñaría un papel predominante en el radio sur.

Esto se reveló muy claramente en las actitudes asumidas por la Argentina respecto de la propuesta patrocinada por los Estados Unidos en cuanto a la modernización del equipamiento militar en el hemisferio. El ministro de Guerra expresó el punto de vista del Ejército, así como los del gobierno, durante un discurso pronunciado en el mes de julio en Villa María, al declarar que la Argentina estaba en condiciones de producir sus propios equipos y que «la Nación no puede abandonar frente a ningún principio de unificación de armamentos todo cuanto lleva realizado para su propia defensa». El ministro continuó: «Estamos de acuerdo con la uniformidad de armamentos, pero a condición que los produzca nuestra propia industria, que está capacitada para ello. No podemos dejar de lado esta realidad que es patrimonio de todo el pueblo argentino».[82]

Este punto de vista que la Argentina debía producir sus propias armas, aunque sobre la base de modelos norteamericanos y con equipo obtenido en ese país, fue ampliamente compartido por los amigos y enemigos del gobierno de Perón. La Argentina, en consecuencia, tendría libertad de armarse como le pareciera conveniente, independientemente de cualquier cuota que los Estados Unidos le fijaran. La Argentina podía convertirse en el arsenal del sector sur de Sudamérica y, en caso de guerra, podía abastecer sus propias necesidades, así como las de sus vecinos. La tradicional aspiración del país a adquirir preeminencia en su parte del hemisferio tendría así un nuevo fundamento sobre el cual basarse.[83]

La tarea de promover el desarrollo de la industria bélica argentina recayó en primera instancia en la Dirección General de Fabricaciones Militares (DGFM). Su director, el general Savio, insistió en dos factores clave: la creación de una planta siderúrgica integral y la construcción de fábricas de armamentos. El plan siderúrgico de Savio, presentado ante el Congreso con apoyo del gobierno, logró aprobación y fue promulgado en junio de 1947. La ley disponía la creación de una compañía mixta bajo control militar con un capital de 100 millones de pesos, el 80 por ciento del cual sería suministrado por el Estado. El objetivo inicial era una planta siderúrgica que estaría en actividad hacia 1951, con una capacidad de producción anual de 300.000 toneladas de hierro y productos terminados de varios tipos, inclusive acero laminado.[84] El general Savio trataba de instalar tres fábricas de armamentos determinados: una planta para manufacturar piezas de artillería, inclusive cañones antiaéreos de 90 mm; otra para producir ametralladoras de diversos calibres; y una tercera que produjera todo tipo de municiones. El costo de adquisición del equipamiento necesario para esas tres fábricas fue estimado en unos 14 millones de dólares.[85] El costo conjunto de la planta siderúrgica y de las fábricas de armamentos que el general Savio promovía se aproximaba, de este modo, a los 40 millones de dólares.

Mientras hacía estos esfuerzos para desarrollar la capacidad de producción de acero y de fabricación de armas, el ministro de Guerra procuraba adquirir diversos materiales y armamentos para necesidades inmediatas. El objetivo inicial era equipar las escuelas de armas a fin de comprobar si el equipo se adecuaba a las necesidades de la Argentina. Para los elementos de mayor adecuación, el ministro de Guerra trataría de obtener la maquinaria necesaria y el asesoramiento técnico que le permitiera fabricarlos dentro del país. Los elementos que la Argentina no pudiera producir se adquirirían en el extranjero.[86]

Una vez más, era de los Estados Unidos de donde el Ejército esperaba obtener el equipamiento, pese a que, ante lo que parecían ser respuestas dilatorias de las autoridades norteamericanas, el presidente Perón insinuaba la amenaza de que aceptaría ofertas de armamentos de otros países. Tal insinuación, que implicaba la posible compra a la firma checoslovaca Skoda de 200 cañones antiaéreos de 88 mm, permitió a Perón, en octubre de 1947, convencer al embajador Bruce de que intercediera ante sus superiores en Washington. El resultado fue que en menos de dos meses, el Departamento de Guerra de los Estados Unidos resolvió que podía poner a disposición de la Argentina su equipamiento antiaéreo de 90 mm y el Departamento de Estado aprobó una venta inicial de 50 cañones.[87]

A partir de entonces se intensificaron los contactos entre las autoridades militares argentinas y norteamericanas. El teniente general Willis Crittenberger visitó la Argentina hacia fines de noviembre y principios de diciembre para inspeccionar unidades e instalaciones, y recibir del ministro de Guerra una lista detallada de las necesidades del Ejército argentino, así como una solicitud de que militares norteamericanos fueran destinados a la Argentina como asesores para el empleo del material que se adquiriría.

Tras varios meses de comunicación por escrito, el general Sosa Molina, acompañado por una delegación de oficiales, viajó oficialmente a los Estados Unidos e hizo una gira durante la cual visitó instalaciones y examinó el equipamiento militar disponible. El punto culminante de esa visita fue el acuerdo a que se llegó en Washington en el mes de junio de 1948, según el cual el ministro redujo su primera lista de compras para equipar a unidades orgánicas enteras y aceptó una oferta del secretario de Ejército norteamericano, quien propuso la venta del equipamiento organizacional que existía en depósito, con exclusión de vehículos, para seis unidades mecanizadas. Después se fijaron los detalles relativos a la designación de asesores del Ejército norteamericano, que quedaron a cargo de una misión de acuerdo formal firmado por representantes de ambos gobiernos en octubre de 1948.[88]

Esta compra de equipamiento organizacional involucraba sólo una parte del material que el ministro de Guerra se proponía adquirir. Por eso obtuvo autorización para organizar una misión de compra en los Estados Unidos que podía negociar directamente con la industria privada la adquisición del material adicional, así como el equipo necesario para las fabricaciones. Mientras tanto, a través de fuentes en Bélgica, el ministro continuó con su programa de adquisición de tanques norteamericanos de rezago pero en servicio y otros vehículos. No puede establecerse con precisión a cuánto ascendió el gasto de estas compras militares en Estados Unidos y Europa, pero debió llegar sin duda a varios millones de dólares.[89]

La contraparte interna de las adquisiciones en ultramar era un ambicioso programa militar de construcciones, cuyos principales objetivos estaban determinados en el Plan Quinquenal. No sólo se construirían nuevas bases que permitieran al Ejército la desconcentración de unidades normalmente localizadas en Campo de Mayo, sino que además el programa contemplaba la construcción de hospitales militares, viviendas en las bases del interior para las familias de oficiales, suboficiales y empleados civiles, y colonias de vacaciones para esas familias.[90]

Bajo el gobierno de Perón, los militares gozaron de una autonomía mucho mayor en la selección e implementación de proyectos de construcciones, con relación a los gobiernos constitucionales previos a 1943. Así como el Congreso, en 1941, al aprobar un gasto a largo plazo de 127 millones de pesos para construcciones militares, había determinado los elementos que serían construidos, en 1947 un decreto que reglamentaba esa ley de 1941 autorizaba a la Dirección de Ingenieros del Ejército a proyectar su plan de construcción anual (sujeto a la aprobación de los ministros de Guerra y Hacienda) que no se llevaría al conocimiento público. Además, cuando el Congreso, a pedido del gobierno, votó en 1948 la autorización de un presupuesto adicional de 458 millones de pesos para construcciones militares, ninguno de los proyectos que se iniciarían con esos fondos fue especificado en la ley. La mayoría peronista aceptaba sin duda la afirmación del gobierno de que «la prosecución de construcciones militares es ineludible para satisfacer el aumento vegetativo del Ejército y el plan de modernización del mismo, que ha trazado el departamento de Guerra».[91]

Cuando el Congreso aprobó los pedidos de fondos con destino militar durante los tres primeros años de la administración de Perón, aseguró a las Fuerzas Armadas una parte sustancial, aunque con tendencia declinante, del presupuesto. El máximo que obtuvieron fue, en 1945, el 43,3 por ciento del presupuesto total; después las Fuerzas Armadas vieron reducido ese porcentaje en un 5 por ciento anual, hasta llegar al 24,9 por ciento del presupuesto total, en 1949. Los gastos reales, calculados en pesos al valor del momento, se incrementaron, pero medidos en valores constantes declinaron a causa de la inflación permanente.[92]

El ministro de Guerra procedió a reorganizar los efectivos del Ejército mediante la parte que le correspondía en el presupuesto (una parte que declinó verticalmente entre 1945 y 1946, a medida que la Fuerza Aérea se organizó por separado, pero que después permaneció estable, algo por debajo de la mitad del total). En contra de lo que se supuso, el Ejército argentino disminuyó sus fuerzas en un 14 por ciento entre 1946 y 1949. Tal reducción se logró, en primera instancia, incorporando un número muy inferior de conscriptos para el servicio militar obligatorio, al tiempo que se conservaba el número de hombres permanentemente incorporados casi en el mismo nivel que los anteriores. Pero lo que debe destacarse en el proceso de reorganización del Ejército es que se restó gravitación al recurso de los oficiales de la reserva, y en cambio se incrementó en medida importante el número autorizado de oficiales combatientes. En 1949, en contraste con los tres años anteriores, el presupuesto del Ejército contemplaba un aumento de más de 900 oficiales combatientes para el mando de una fuerza reducida en 17.000 efectivos; y tal como lo demuestra la Tabla 4, persistió esa tendencia a aumentar el número de oficiales combatientes en un conjunto de fuerzas menor.

El hecho de que la decisión de permitir un constante aumento del cuerpo de oficiales coincidiera con una importante reducción de la tropa requiere una explicación. ¿Tal decisión se debió a que se preveían necesidades militares ante la posibilidad de que empeorara la situación internacional y fuera precisa la movilización? ¿O se relacionaba con las políticas sociales del gobierno? ¿Perón y su ministro de Guerra —de acuerdo con la orientación populista del primero— vieron una oportunidad para ofrecer posibilidades de carrera a los hijos de familias de la clase trabajadora y otros sectores sociales no representados en el cuerpo de oficiales? ¿De ese modo el Ejército servía como vehículo de integración social, al amalgamar en su jerarquía elementos de todos los estratos sociales? Dada la importancia del apoyo obrero con que contaba Perón, una medida como esa habría tenido gran resonancia política. Además, tomando en cuenta el origen sindical de muchos de los peronistas que integraban el Congreso, era previsible que las iniciativas del gobierno para brindar a todos la posibilidad de una carrera militar fuera acogida con entusiasmo.

TABLA 4
EJÉRCITO ARGENTINO: NÚMERO AUTORIZADO DE EFECTIVOS, 1946-1950

Grado | 1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950
Tropa |  |  |  |  |
Conscriptos | 87.273 | 81.500 | 77.500 | 71.900 | 68.500
Otros a | 32.185 | 26.786 | 31.598 | 30.543 | 29.848
Total | 119.458 | 108.286 | 109.098 | 102.443 | 98.348
Oficiales |  |  |  |  |
Combatientes | 4.754 | 5.025 | 5.389 | 5.661 | 5.766
De la Reserva | 1.547 | 1.705 | 1.648 | 402 | 300
Total | 6.301 | 6.730 | 7.037 | 6.063 | 6.066
Suma de totales | 125.759 | 115.016 | 116.135 | 108.506 | 104.414
FUENTES: Boletín Militar Reservado, números 2466, 2626, 2765, 2947 y 3092.
a Incluye los puestos permanentes (suboficiales y voluntarios) y para los suboficiales de reserva, cadetes y candidatos en escuelas para tropa. El número de puestos permanentes era el que sigue: en 1946, 20.865; en 1947, 21.102, y en 1950, 21.280.

Un examen de los Diarios de Sesiones demuestra, sin embargo, que el ministro de Guerra hizo pocos esfuerzos durante los tres primeros años del gobierno de Perón para alterar el sistema de reclutamiento de futuros oficiales y que fue el partido Radical el que inició desde la oposición los proyectos tendientes a democratizar la selección de oficiales. El principal objetivo de dichos proyectos era eliminar el monopolio que el Colegio Militar había ejercido desde principios de siglo en la preparación de oficiales combatientes. Un monopolio que los radicales denunciaron como discriminatorio contra los pobres y los no católicos. El ministro de Guerra defendió el Colegio Militar contra tales cargos, destacando recientes incrementos en las becas y negando que existiera una discriminación de tipo religioso para el ingreso. Por otro lado, admitió que tal restricción había existido hasta mayo de 1945, aunque aclaró que Perón, cuando era ministro de Guerra, había instruido al Colegio para que dejara de exigir pruebas de bautismo y profesión de catolicismo como parte de la solicitud de ingreso.[93]

Las propuestas de los radicales para posibilitar el ingreso a la carrera de oficial del Ejército a los sectores sociales inferiores adoptaron dos formas: la primera consistía en tratar de eliminar las matrículas pagas, otorgando una beca a cada cadete; la otra consistía en permitir el ascenso al rango de oficial —al margen del Colegio Militar— a los suboficiales, la mayoría de los cuales provenían de las clases inferiores. Los diputados radicales presentaron proyectos al menos en tres ocasiones, entre 1946 y 1948, para solicitar la creación de una Escuela de Aspirantes a Oficiales, a la que podrían ingresar los sargentos y cabos con dos años de servicio, con examen de admisión previo; en caso de completar el curso, serían promovidos a subtenientes.[94]

Ninguno de esos proyectos tuvo origen en la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara, controlada por los peronistas. El ministro de Guerra estaba poco inclinado a alentar la posibilidad de ascenso al rango de oficial entre el personal subalterno. Inclusive cuando un Congreso posterior, de acuerdo con el nuevo estatuto militar de 1950, autorizó a los tres servicios a desarrollar sus propios procedimientos para facilitar tales promociones, el ministro de Guerra se negó obstinadamente a proceder en ese sentido.[95] No pareció mostrarse dispuesto a modificar su actitud hasta 1953, cuando se fijó un procedimiento para admitir a los sargentos y cabos seleccionados como cadetes de tercer año en el programa de cuatro años del Colegio Militar. Sin embargo, los datos de que disponemos indican que mientras Perón estuvo en el poder, ni un solo sargento o cabo ascendió nunca al rango de oficial mediante este procedimiento.[96]

Durante el período 1946-1949, la única concesión aparente que el Ejército estaba dispuesto a hacer para democratizar el alistamiento de oficiales se relacionaba con sus liceos militares, los colegios secundarios dirigidos por el Ejército. Sus graduados eran alistados como oficiales de reserva, aunque algunos de ellos ingresaban al Colegio Militar y una vez graduados se incorporaban al servicio activo como oficiales combatientes. Pero la transferencia al Colegio Militar no era automática y para la mayoría de los estudiantes que asistían al Liceo General San Martín o al Liceo General José C. Paz, el principal beneficio era la experiencia en una formación muy rigurosa.

Para los jóvenes de familias con bajos ingresos, la oportunidad de recibir ese tipo de instrucción aumentó significativamente en setiembre de 1947, cuando el Congreso aprobó un proyecto que disponía la creación de becas en los liceos militares para hijos de trabajadores, suboficiales, empleados, pensionados y miembros de otros sectores cuyos ingresos mensuales no excedieran los 400 pesos. La ley especificaba, además, que el 50 por ciento de las clases que ingresaran a los dos liceos militares existentes y a cualquiera que se creara en el futuro debía estar integrado por los que ganaran las becas.[97]

Aunque un estudioso francés interpretó esta ley como una hábil jugada de Perón para congraciarse con los sectores populares, así como un esfuerzo para democratizar el reclutamiento del Colegio Militar[98], la historia legislativa de la ley revela algo muy distinto. La ley no se originó en el gobierno, sino más bien en el partido Radical, seis de cuyos diputados redactaron el proyecto original.[99] Derivado a la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara, obtuvo el apoyo de la mayoría peronista, que no se mostró dispuesta a oponerse a un paso de índole a tal punto populista. Aun así, la reacción del ministro de Guerra no fue en modo alguno entusiasta. En discusiones que se adelantaron a las suscitadas en los Estados Unidos en la década del 70 contra los programas de ayuda para estudiantes pertenecientes a las minorías, el general Sosa Molina sostuvo que el proyecto contemplaba formas de discriminación basadas en la condición social de los aspirantes, con el resultado posible de que estudiantes que hubieran obtenido bajas calificaciones en los exámenes de ingreso recibieran un trato preferencial frente a candidatos más aptos, simplemente porque eran hijos de trabajadores. Además el ministro de Guerra objetó que las becas se solventaran con fondos de su presupuesto.[100]

La Comisión acusó recibo de esta objeción derivando el costo al plan de becas del Ministerio de Educación y Justicia. Pero insistió en el criterio de dar preferencia absoluta a los jóvenes de las categorías especificadas.[101] No consta que el ministro de Guerra hiciera otras objeciones. Por lo tanto, el proyecto fue convertido en ley por ambas Cámaras del Congreso. Nueve meses después, el diputado radical Atilio Cattáneo, ex oficial del Ejército, elevó una protesta con relación a uno de los liceos: «Hasta este momento no hay un solo caso de que el hijo de un suboficial haya podido ingresar a dicho colegio».[102]

Subsiste la duda de si alguno de los otros presuntos beneficiados fue en realidad admitido y en qué medida el Ejército cumplió con la ley durante los años que siguieron. No puede aventurarse ninguna conclusión mientras no se investigue el origen social de los estudiantes que ingresaron en los liceos militares antes y después de 1947; pero es admisible que en este sentido —como cuando se intentó posibilitar la carrera de oficial a los sargentos y cabos— el ministro de Guerra encontrara los medios para evitar que lo presionaran para asumir actitudes contrarias a su modo de pensar.

Si el ministro de Guerra logró preservar la autonomía del Ejército de la intromisión de los civiles, también tuvo gran éxito al evitar que hasta 1949 el Ejército se involucrara en la política civil. En parte lo consiguió gracias a la sensación de bienestar profesional que el presidente Perón fomentó mediante el aumento de las remuneraciones, el mejoramiento de la vivienda y otros beneficios sociales, y mediante el decidido apoyo que dio a la adquisición de armamentos y la construcción de nuevas instalaciones militares. Otro factor que contribuyó a la neutralidad política del Ejército fue su dedicación a la tarea de adaptar los conceptos de organización y los equipos norteamericanos. En la Escuela Superior de Guerra, por ejemplo, el estudio del inglés adquirió nueva importancia ya que, como su director lo señaló en la apertura del curso de 1948, «todo o casi todo lo que pueda interesarnos profesionalmente lo vamos a encontrar en las fuerzas armadas de los Estados Unidos de Norteamérica y, por otra parte, muchos de los futuros oficiales de E. M. están llamados a formar parte de los organismos militares interamericanos, donde deberán intercambiar opiniones y ponerse de acuerdo, entre otros, con los representantes americanos».[103]

A esos factores se sumó la gran importancia que el ministro de Guerra y los oficiales superiores daban a los valores tradicionales de obediencia y disciplina. El general Sosa Molina procuró impedir que personal del Ejercito expresara públicamente sus opiniones políticas y aunque no lo consiguiera del todo, hasta 1949 en el ámbito militar los intereses profesionales se superponían a los políticos.[104] Unos pocos oficiales, sin duda, asumieron actitudes personales, pero no hubo reacciones colectivas o uniformes ante las medidas políticas tomadas por el gobierno. Puede presumirse que los oficiales reaccionaran de manera diversa —y no necesariamente por razones partidarias— ante rupturas tan categóricas con la tradición como fue el otorgamiento del derecho de voto a la mujer y a los suboficiales, en 1947 y en 1948 respectivamente. Por otro lado, y en la medida en que se interesaban por los procedimientos y garantías constitucionales, es posible que algunos oficiales hayan visto con alarma medidas tan drásticas como el juicio político a la Suprema Corte, el silenciamiento de los periódicos de la oposición y el duro trato dado a los opositores, ya fueran diputados radicales o ex simpatizantes de Perón, que se rehusaban a anular su identidad en el partido único en que insistía Perón.

Ninguna de esas medidas —al margen de su arbitrariedad produjo conmoción dentro del Ejército. Como lo recordó después un oficial profesionalmente orientado, no se trataba de que el Ejército apoyara a Perón, sino de obedecer. «El Ejército siguió durante muchos años todavía el proceso tradicional de la obediencia, de la lealtad, de la disciplina, hasta que se llega a un límite… en que ya la cosa es tan grande que hasta el más zonzo se da cuenta que esto no puede seguir así, pero se necesita tiempo».[105] Hacia fines de 1948, para muchos oficiales aun no se había llegado a ese límite.

IV

LAS PRIMERAS ADVERTENCIAS, 1949-1951

A comienzos de 1949, el presidente Juan Domingo Perón podía sentirse satisfecho por la firmeza de su posición y la popularidad de su gobierno. A pesar de las duras críticas formuladas en el país por los opositores y reflejadas en la prensa mundial, el electorado argentino había demostrado en dos ocasiones su decidido y, por cierto, creciente apoyo a su jefe. En las elecciones para diputados del 7 de marzo de 1948, los candidatos peronistas obtuvieron el 60 por ciento de los votos —a diferencia del 54 por ciento de dos años antes— y se aseguraron con facilidad el manejo de una mayoría de dos tercios en la Cámara de Diputados. En las elecciones del 5 de diciembre para delegados a la Asamblea Constituyente que se reuniría en enero de 1949, los peronistas obtuvieron el 66 por ciento de los votos y los dos tercios de las bancas.[1]

El movimiento peronista aún no estaba libre de las luchas internas que lo habían caracterizado desde su ascenso al poder, pero los lugartenientes de Perón estaban aprendiendo a controlar los elementos heterogéneos que lo integraban. Se tomaron medidas directas contra la oposición de los ex partidarios de Perón, como el Laborista Cipriano Reyes. El propio Reyes fue arrestado en setiembre de 1948 y acusado, junto con John Griffith —ex funcionario de la embajada de los Estados Unidos en Buenos Aires y por entonces residente en el Uruguay sin cargo oficial—, de confabular para derrocar el gobierno y asesinar al presidente y a su mujer. La hostilidad hacia los Estados Unidos, acicateada por esta acusación clamorosa aunque nunca probada, fue cediendo lentamente, pero Reyes permaneció encarcelado durante los siete años que siguieron y sus correligionarios Laboristas fueron forzados a la inactividad o el exilio.[2] Mientras tanto, la señora de Perón instaba a las mujeres, recién beneficiadas con las derechos civiles, a intervenir activamente en la política. Aunque algunas demoras en la preparación de los padrones postergaría la participación femenina en las elecciones nacionales hasta 1951, todo indicaba que cuando ejercieran su derecho de voto las mujeres se revelarían partidarias de Perón aun más entusiastas que los hombres.

Ahora, como en el pasado, el núcleo del apoyo a Perón estaba en las clases trabajadoras. A pesar de los esfuerzos de los dirigentes socialistas y los miembros de otros partidos antiperonistas para sacar partido de la alarma ante el aumento de precios, el apoyo obrero a Perón aumentó, sin duda reforzado por una serie de triunfos que Perón podía señalar con orgullo: el aumento de salarios reales durante los últimos tres años; la extensión del sistema jubilatorio, que incluía nuevos grupos; beneficios adicionales tales como las vacaciones pagas y la asistencia médica, cuyos montos quizá alcanzaran la mitad del valor de los salarios; la lucha contra la escasez de viviendas mediante la construcción de unidades a bajo costo y el otorgamiento de préstamos hipotecarios a bajo interés, canalizados por bancos controlados por el Estado.

Razones emocionales, así como pragmáticas, explicaban la identificación de muchos argentinos de condiciones de vida modestas con el gobierno del presidente Perón. Las obras de beneficencia de Evita y sus muchas apariciones en público contribuyeron a crear la sensación de un contacto personal con el presidente y su administración. Los sindicatos, a través de la influencia de Evita y la asidua presencia del secretario general de la CGT en reuniones de alto nivel, podía hacer sentir a sus miembros que participaban de manera vicaria en los lineamientos de la política. La vinculación entre las masas de trabajadores y el gobierno de Perón se fortaleció, además, con las frecuentes acusaciones a otros partidos políticos, señalados como agentes de los explotadores y del imperialismo extranjero. Revelaciones estruendosas tales como el «complot» Griffith sirvieron para sacar partido de los sentimientos nacionalistas ante presuntas intervenciones externas contra Perón y exacerbaron casi hasta el fanatismo la adhesión de sus simpatizantes.[3]

Sea como fuere, y a pesar de su seguridad en cuanto al apoyo popular, la posición del presidente Perón no era invulnerable. Las razones eran varias: a comienzos de 1949, su administración debió enfrentar una serie de crisis económicas que contribuyeron a crear una sensación de intranquilidad política y social. La crisis económica de 1949 se manifestó de diversas maneras: un serio problema de pagos con los Estados Unidos que prácticamente suspendió las importaciones, inclusive las de combustible y maquinarias necesarios para varias industrias; un aumento acelerado de la tasa de inflación, que deterioró los ingresos reales; un nivel reducido de exportaciones agrícolas, provocado en parte por una estructura de precios no realista que se agravaría hacia el final del año por una severa sequía; y una declinación general de la actividad económica.[4]

Lo que al principio pareció ser un retroceso sólo temporario en la pauta de fuerte crecimiento económico que había caracterizado los últimos tres años, demostró ser más persistente. La declinación del ingreso nacional real, observada en 1949, se repitió en 1950. Factores internacionales favorables mejoraron la situación en 1951, pero la segunda sequía grave ocurrida en tres años puso al país, en 1952, ante las dificultades más serias que había enfrentado desde que Perón asumiera la presidencia. Ante las tasas de inflación que llegaron a niveles históricos y una declinación permanente de los ingresos reales, el gobierno pidió a los argentinos que redujeran el consumo de carne con el objeto de producir nuevos cupos de exportación.[5]

La reacción del gobierno de Perón ante la crisis económica de 1949 consistió en conservar una actitud pública que defendía las políticas en vigencia, al tiempo que negaba la gravedad de la situación general. En discurso tras discurso, el presidente enumeraba las medidas que habían logrado la «independencia económica» de la Argentina, pero dejaba en silencio o restaba importancia a la gravedad de los problemas del momento.[6] Entre bambalinas, sin embargo, esos problemas provocaban una serie de esfuerzos para obligar al presidente a dejar de lado a sus más íntimos colaboradores y modificar sus políticas. En los primeros meses de 1949, este movimiento precipitó una crisis política interna que pareció amenazar la estabilidad del gobierno.

La naturaleza y ramificaciones de este movimiento, y la identidad de quienes participaron en él, nunca se determinaron con claridad. Evidentemente, involucraba a algunos miembros del gabinete, inclusive el ministro de Guerra Sosa Molina y varios amigos militares de Perón que actuaban con independencia. Un observador interesado, si no un activo participante, fue el ministro de Relaciones Exteriores Bramuglia. El primer blanco al que apuntaban era el responsable de la economía, Miguel Miranda, que había sobrevivido a tantos intentos previos para derribarlo. Pero esta vez, por razones personales, Evita prestó su apoyo a los que exigían la destitución de Miranda y el resultado fue su renuncia formal a fines de enero.[7]

La salida de Miranda creó un vacío que Perón trató de llenar nombrando en su gabinete al doctor Roberto Ares, funcionario de la rama económica de la cancillería e íntimo asociado del doctor Bramuglia, y al doctor Alfredo Gómez Morales, economista de carrera con larga experiencia en el gobierno y, en tiempos muy recientes, en la Secretaría de Industria y Comercio. El nombramiento de estos hombres en las recién creadas Secretarías de Economía y de Finanzas, respectivamente, no produjo, sin embargo, el acuerdo previsto dentro del gobierno respecto de las medidas apropiadas para enfrentar la crisis económica. El problema central era en qué medida debían cambiarse la estructura y la política económica de Miranda.

Los recién nombrados, en especial el doctor Ares junto con el canciller Bramuglia, urgían claramente a cambios fundamentales: la abolición del IAPI, el desmantelamiento de los controles de la exportación «y una mayor cooperación con los Estados Unidos. Parecían abogar por el eventual ingreso de la Argentina en las organizaciones económicas y financieras internacionales y estudiaban la posibilidad de asegurar un crédito en dólares para aliviar la crisis en la balanza de pagos. Los funcionarios más nacionalistas, sin embargo, fuertemente apoyados por Evita, se oponían terminantemente a que los intereses privados reasumieran posiciones de predominio en el comercio exterior; impugnaban las concesiones a intereses comerciales extranjeros y consideraban la afiliación a las organizaciones internacionales como incompatible con la independencia económica. La idea de algo que tuviera el menor parecido con un préstamo extranjero era un anatema para ellos».[8]

Las divisiones políticas dentro del gobierno eran tan grandes que a principios de febrero circularon rumores de que habían amenazado renunciar Bramuglia, Ares y Gómez Morales. Otros rumores aseguraban que el propio presidente había hecho la misma amenaza durante una reunión de funcionarios. Aunque ninguna de esas amenazas se materializó, es evidente que Perón trabajaba bajo una enorme tensión, no tenía idea clara de cómo resolver los problemas económicos y su salud daba muestras de agotamiento.[9]

Para complicar aun más la situación del presidente, el ministro de Guerra, apoyado por algunos oficiales superiores, eligió esos momentos críticos para iniciar un ataque contra el papel representado por Evita y su influencia dentro del gobierno. Oficiales en retiro tan prestigiosos como el teniente general von der Becke, ex comandante en jefe, y el teniente general Pistarini, el ministro de Obras Públicas, se unieron a Sosa Molina para solicitar en privado al presidente que enviara a Evita fuera del país, con preferencia a Europa, o al menos que hiciera una declaración pública para asegurar que en el futuro ya no tendría injerencia en el gobierno.[10]

Al insistir en el retiro de la Primera Dama a la vida privada, el ministro de Guerra parece haber respondido más a la preocupación de algunos oficiales de su misma generación o de otras anteriores que a demandas de acción por parte de oficiales más jóvenes. El general Sosa Molina no era hombre dispuesto a discutir semejante asunto en cualquier reunión de oficiales y no hay pruebas de que lo haya mencionado siquiera a quienes tenían el rango de general. Además, cuando solicitó al presidente el alejamiento de Evita, optó por que no estuvieran presentes comandantes de tropa en posiciones claves. Así, el comandante general del Tercer Ejército, que tenía a su cargo todas las unidades de combate de Buenos Aires, no tomó parte en la entrevista con Perón.[11]

El general Sosa Molina y los que participaron con él en esa delicada misión parecen haber actuado sobre la base de dos supuestos: primero, que una absoluta discreción podía suavizar los lados peligrosamente humillantes de tal misión y de ese modo facilitar el triunfo; segundo, que un consejo fraternal dado por camaradas de armas de mayor edad bastaría para llegar al fin propuesto. Con el objeto de atraer lo menos posible la atención pública, los oficiales demoraron el pedido hasta el momento en que el presidente y su esposa iniciaron un breve período de vacaciones, el 8 de febrero, en su quinta de San Vicente, a pocos kilómetros de la Capital. Por circunstancias fortuitas, el día en que el matrimonio partió a San Vicente coincidió con un cierre temporario de diarios en Buenos Aires. Una huelga de gráficos que empezaba ese día impidió la aparición de todos los diarios de la Capital y los mantuvo cerrados durante varias semanas. De ese modo, ninguna publicación importante, tanto opositora como oficialista, pudo informar a sus lectores sobre la visita (o sobre su importancia) del ministro de Guerra y otros altos oficiales a San Vicente. A través de rumores, sin embargo, pronto empezaron a circular versiones en los círculos diplomáticos, así como entre los corresponsales extranjeros y buena cantidad de argentinos, de que el Ejército presionaba a Perón para que apartara a Evita de toda actividad pública. El prolongado cierre de los diarios locales hizo que los rumores transformaran el episodio en una grave crisis política.[12]

El ministro de Guerra y sus colegas no pensaban hacer más que insistir en sus puntos de vista ante el presidente. Al imaginar que podían persuadirlo de que se privara de la atracción política de Evita —y quizá aún de su afecto—, subestimaron en mucho la lealtad de Perón hacia su esposa, así como su sentido de la realidad política. Perón se negó al pedido, aunque hizo vagas promesas de limitar las actividades al ámbito del bienestar social; en el fondo, los desafiaba a que prescindieran de él. Pero aquello no era una repetición del episodio del 8 de octubre de 1945, cuando emisarios de los comandantes de tropa de Campo de Mayo que se habían sublevado y estaban listos para marchar sobre la Capital, pidieron su renuncia. El ministro de Guerra y sus colegas querían que Perón permaneciera en el cargo; confiaban poco en que cualquier otro conductor pudiera ganarse el apoyo suficiente para dirigir el gobierno y temían provocar una revolución.[13]

Poco dispuestos, pues, a llevar su iniciativa hasta su conclusión lógica, el ministro de Guerra y su grupo no tuvieron otra posibilidad que aceptar la promesa de Perón acerca de Evita y trabajar juntos para restaurar la imagen de la administración pública y el Ejército. Con ese fin organizaron una visita del presidente, ampliamente publicitada, a las bases militares, seguida de un almuerzo en Campo de Mayo, al que asistieron el presidente, los ministros de las tres Armas y sus respectivas esposas. En el subsiguiente discurso transmitido por radio, el presidente sumó a su elogio al ministro de Guerra un análisis optimista de la situación económica. «Deseo que los camaradas escuchen de mis propios labios la verdad, pero absolutamente la verdad», dijo, y aseguró que desde su propia juventud «la República Argentina no ha gozado jamás de un bienestar ni de posibilidades económicas como los que gozamos en el presente».[14]

En su propio discurso, el ministro de Guerra identificó el Ejército con el Plan Quinquenal del gobierno y con sus principios de soberanía popular, justicia social e independencia económica. Al referirse a la reciente oleada de rumores, negó categóricamente que el Ejército estuviera involucrado en asuntos políticos o que se opusiera a los planes de acción del gobierno, tanto en la esfera social como en la económica. Después, en palabras dirigidas a la señora de Perón, el general Sosa Molina procuró borrar la impresión dejada por los hechos recientes. Señaló que la obra de la esposa del presidente en favor de los necesitados y los pobres la hacían merecedora de respeto y aseguró:

No es otro el significado de encontrarse entre nosotros como especial invitada de honor, que el de un rotundo desmentido a versiones que señalan al Ejército contrariando su acción y, por ende, el sentir del pueblo que la apoya, para despertar así esta confianza hacia la Institución. Sepa el país que las Fuerzas Armadas como parte viviente de su pueblo sienten con la misma intensidad en su fuero interno la grandiosa obra de justicia social que encarna como estoica abanderada de sus reivindicaciones.

Lejos de interferir por ello su proficua labor que exige tan grandes renunciamientos y desvelos, encuentra de parte de las instituciones armadas la franca cooperación que exige de todos su humanitaria y fraternal misión.[15]

Aunque el discurso del ministro de Guerra en Campo de Mayo estaba cuidadosamente calculado para destacar sólo la obra social de Evita, representaba una capitulación ante ella y ante su empeño en ejercer influencia dentro del gobierno. En cuestión de días se hizo evidente que sus actividades trascendían la esfera social y que sus opiniones eran de nuevo un factor significativo en los consejos de la administración.[16] Un observador perteneciente a la diplomacia, que no simpatizaba especialmente con esos puntos de vista, escribió unas semanas después: «No hay indicios de que ella esté limitando sus actividades y, en verdad, todo señala que no puede tomarse ninguna medida importante sin que ella intervenga. Es probable que tenga más agallas y energía que los llamados buenos miembros del gabinete, y sabe cómo imponerse».[17] El nombramiento de uno de sus protegidos, Raúl Apold, en el decisivo cargo de subsecretario de Prensa e Información destacó el poder de Evita. Apold estaría en condiciones de manejar las noticias difundidas por la radio controlada por el gobierno y por la prensa oficialista, así como podría ejercer presión sobre otros diarios mediante la administración del monopolio, recientemente establecido, de la asignación del papel prensa.[18] El silencio en que los medios de difusión controlados por el gobierno sumían la acción de Bramuglia, por quien Evita sentía poca inclinación, era otro claro ejemplo de su influencia.[19]

El resurgimiento del poder de Evita fue paralelo al deterioro del prestigio personal del general Sosa Molina. Al menos ante los ojos de algunos de sus subordinados, ya no era el duro, enérgico defensor del Ejército y sus principios institucionales, sino más bien un instrumento, cada vez más dócil, del matrimonio Perón.[20] El hecho de haber emitido una orden general, una semana después del almuerzo en Campo de Mayo, para que el discurso del presidente se leyera formalmente ante todos los oficiales y suboficiales, y el de haber reiterado su desmentido de la hostilidad contra la obra social de Evita poco debieron contribuir a borrar esa impresión.[21]

El propio presidente llegó a juzgar necesario un cambio en el alto mando del Ejército, pero sólo podemos conjeturar sus motivos para ello. Es muy posible que, a pesar de haber dominado la situación, Perón siguiera considerando a Sosa Molina como una figura demasiado independiente, y por lo tanto demasiado peligrosa, para mantenerlo en su actual posición. Un oficial más joven, con menos prestigio profesional y mayores vinculaciones con Perón, serviría mejor para sus fines. También es posible que la señora de Perón, ansiosa de imponer un castigo por el reciente episodio, urgiera a su esposo a tomar medidas contra el ministro.[22] Una oportunidad conveniente para dar el paso inicial se presentó por sí sola durante la reorganización del gabinete exigida por la reforma constitucional. Perón designó a Sosa Molina en el nuevo cargo de ministro de Defensa, permitiéndole retener su antiguo cargo sólo transitoriamente. Después de siete meses de conjeturas acerca de quién sería el titular permanente del Ministerio de Ejército, como se lo llamó a partir de entonces, Perón confió el cargo a su ex subordinado e íntimo amigo, el general Franklin Lucero. Sosa Molina, como ministro de Defensa, continuaría desempeñando funciones en el gobierno, pero el suyo era sobre todo un cargo administrativo: ya no tendría autoridad directa sobre los comandantes de tropas, los coroneles y los generales cuyo apoyo era necesario para influir sobre los acontecimientos.[23]

A estas tensiones político-militares se sumaba el problema de completar la tarea de la Asamblea Constituyente, que a principios de enero había comenzado la labor de revisar la Constitución del siglo XIX.

Sin prestar atención a la minoría de los delegados del partido Radical que objetaron la legitimidad de la convención y al fin se retiraron de ella el 9 de marzo, la mayoría procedió a aprobar un documento que llevaba el inequívoco sello peronista. El tono de la Constitución se establecía en el nuevo preámbulo que, sin modificar mayormente el lenguaje original, afirmaba la voluntad de ratificar «la irrevocable decisión de constituir una Nación socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana». Acorde con esta declaración la Constitución modificada incorporaba dos nuevos capítulos, uno sobre los derechos del trabajador, la familia, los ancianos y el derecho a la educación, y el otro sobre los derechos de propiedad y actividad económica. Este último reflejaba el fervor estatista y nacionalista de sus autores, asignaba al Estado el control directo del comercio exterior, la propiedad permanente de todos los yacimientos, subsuelos y las fuentes naturales de energía, inclusive los depósitos de petróleo, y la propiedad original e inalienable de las empresas de servicios públicos. Tales empresas, por lo general en manos privadas, serían adquiridas por el Estado mediante la compra o la expropiación, y en este último caso a un precio que deduciría del costo de inversión original tanto la amortización como toda ganancia que se considerara excesiva. De este modo se daba apoyo constitucional a las expropiaciones —a bajo costo o sin costo alguno— de las empresas extranjeras aún existentes en el país.[24]

La Constitución reformada difería mucho, en su tono colectivista, de la inspiración liberal de su predecesora, pero conservaba la existente estructura formal del gobierno, con su separación de poderes y su índole federalista. Cierto número de artículos fueron modificados y otros suprimidos. El fin perseguido era aumentar el poder del presidente a expensas de las demás autoridades. Pero el cambio más importante, señalado por los críticos del gobierno como el propósito esencial de la reforma toda, consistió en suprimir la traba a la autosucesión presidencial. Eliminado el requisito que figuraba en la Constitución anterior —un término intermedio— era casi indudable que Perón trataría de permanecer en el poder durante otros seis años, al expirar en 1952 el término de su presidencia. No es de sorprenderse, pues, que en su discurso ante el Congreso del 19 de mayo, Perón describiera la reforma constitucional como «el asunto más grave y trascendental de cuantos ha tenido que abordar el Poder Ejecutivo en el transcurso de los doce últimos meses».[25]

La satisfacción del presidente ante la reforma tenía, sin embargo, sus reservas. En particular, Perón estaba disconforme con la fórmula que determinaba la compensación a las empresas de servicios públicos expropiadas, incorporada al último párrafo del Artículo 40. Esta fórmula, al amenazar con eliminar la diferencia entre expropiación y confiscación de lo que en su mayoría eran empresas de propiedad foránea, suscitó las protestas de la comunidad internacional. El párrafo había sido insertado por los delegados nacionalistas a última hora y, a pesar de las objeciones del presidente Perón, fue incorporado al texto final de la reforma constitucional.[26]

Incapaz (o poco dispuesto a ello por razones políticas) de brindar un apoyo manifiesto a impopulares empresas de propiedad extranjera, como la conspicua Compañía Argentina de Electricidad (CADE), el presidente Perón trató de asegurar a los gobiernos de Bélgica, Suecia, Holanda y los Estados Unidos que mientras él estuviera en el poder nunca haría uso de la controvertida cláusula constitucional. Pero tal afirmación no disipó las dudas y el Artículo 40 se convirtió en un factor que obstaculizaba los esfuerzos argentinos para obtener la cooperación de Estados Unidos ante el problema de la escasez de dólares y otras dificultades que afectaban las relaciones entre ambos países.[27]

En un intento de eliminar la preocupación provocada por el Artículo 40, el presidente Perón alentó a un ejecutivo de una de las empresas afectadas, la International Telephone and Telegraph Company, que por entonces visitaba el país, para que propusiera una interpretación legislativa que a su vez el Poder Ejecutivo argentino pudiera someter al Congreso. Este intento de proyectar una ley que pudiera anular el efecto de una cláusula constitucional terminó en un fracaso, como era de esperar. Pero el ejecutivo de la ITT, Sosthenes Behn, propuso una alternativa: una declaración que, en su opinión, Perón podía hacer con efectos saludables. El afán de Perón por superar las nocivas consecuencias del Artículo 40 se evidenció en la inclusión textual de esa declaración en su discurso del 19 de mayo ante el Congreso.[28] En párrafos cuya redacción, sin que muchos de sus oyentes lo supieran, se debía al directivo de una empresa multinacional con sede central en los Estados Unidos, el presidente explicó su política respecto de las empresas de servicios públicos. Afirmó que, como en el pasado, su propósito era recuperar esas empresas para la Nación, pero no con el fin de desalentar la iniciativa privada en el ámbito de la industria, el comercio y las finanzas; la denominación de servicios públicos se limitaba a aquellos servicios que, por su índole misma, debían ser prestados por algún organismo del Estado. Para el rescate de las empresas de servicios públicos, procedería mediante negociaciones directas, como ya lo había hecho en el caso de los ferrocarriles y los teléfonos. La compra, a través de un mutuo acuerdo entre los propietarios y el gobierno, «será adoptada por mi gobierno como política uniforme en la materia…» anunció, y se recurriría a la expropiación sólo cuando los propietarios rechazaran soluciones razonables «que estamos dispuestos a ofrecer en todo momento». La declaración continuaba asegurando que su política estaba ampliamente apoyada por el Artículo 40, del cual citó la parte que más venía al caso (el párrafo tercero), omitiendo cuidadosamente el párrafo final, objeto de tanta polémica. «Sobre la base del precepto constitucional transcripto —continuó—, mi gobierno procederá a recuperar oportunamente para la Nación los servicios públicos que todavía se encuentran en poder de empresas particulares, acordando con las mismas condiciones recíprocas y equitativas de compra y recurriendo a la alternativa de la expropiación, con indemnización previa, cuando resulte necesario».[29]

La promulgación de la reforma de la Constitución, en marzo de 1949, no produjo un impacto que se percibiera de inmediato en las relaciones entre Perón y las Fuerzas Armadas. Entre los oficiales del Ejército, quienes como todos los funcionarios del gobierno debían prestar juramento de fidelidad a la nueva Constitución, la reacción general fue de acatamiento automático. La mayor parte de los oficiales, absorbidos por sus deberes profesionales, dieron poca importancia tanto al contenido de la nueva Constitución como al requisito del juramento. Algunos de ellos, sin embargo —sobre todo los que estaban unidos por vínculos familiares a miembros del partido Radical u otras agrupaciones tradicionales—, consideraron que la nueva Constitución era un documento cuyo designio primordial era prolongar la presidencia de Perón. Solicitar, pues, el juramento de fidelidad a esa Constitución (y prestar juramento era un acto muy serio para los militares) equivalía para ellos a exigir juramento de lealtad a Perón. Es posible que algunos recordaran de qué manera se había servido Perón, durante su ascenso al poder antes de 1945, del juramento prestado por algunos compañeros de arma y el castigo impuesto después a determinados oficiales acusados de violar tal juramento. Desde luego, cualquier oficial podía evitar el requisito del juramento solicitando su pase a retiro, pero éste era un precio demasiado alto. Así fue como la mayoría de los oficiales cumplieron con el juramento; pero verse obligados a hacerlo a pesar de sus reservas mentales irritó profundamente a varios de ellos y acicateó las razones de su descontento. Con el tiempo, su actitud crítica hacia la Constitución de 1949, exacerbada por la violencia impuesta a sus conciencias, afectaría el modo de pensar de un número de oficiales cada vez mayor. En efecto, hacia 1950, la sensación de malestar adquiría proporciones significativas en el Ejército.[30]

La situación se agravaba con el cambio gradual, pero perceptible, en la administración de Perón y en el uso de sus poderes. Al promulgarse la reforma constitucional, Perón y sus simpatizantes adoptaron el punto de vista de que la doctrina peronista, simbolizada en las consignas de justicia social, independencia económica y soberanía política, ya había rebasado los ideales partidarios. Ahora se había convertido en una doctrina nacional, así como el movimiento que la apoyaba. Por lo tanto, quienes estaban en desacuerdo con el peronismo (o justicialismo, como empezó a llamarse) servían con plena conciencia a intereses antinacionales, o bien eran víctimas de la ignorancia y debían ser reeducados. Aunque el presidente insistía en que su meta no era el partido único, sino la unión nacional, dejaba bien en claro su opinión de que los partidos existentes no merecían tal denominación y eran tan sólo facciones políticas. En un discurso revelador que pronunció en diciembre de 1949, declaró que en lugar de esas facciones aspiraba a ver surgir un partido de oposición integrado por hombres decentes que desearan el bien público, un partido al cual pudiera confiar el gobierno, si el pueblo así lo decidía alguna vez. El mayor legado que podía dejar a la República serían dos partidos: el suyo propio y un partido opositor orgánico y decente; en otras palabras, un sistema bipartidario, ambos peronistas.[31]

Sobre la base de tales premisas, el gobierno de Perón limitó aun más las ya restringidas oportunidades para la oposición política y la crítica independiente. Hacia fines de 1949 se adoptó una nueva legislación que prohibía la formación de coaliciones electorales y obstaculizaba la creación de nuevos partidos políticos. La promulgación de enmiendas al Código Penal que fijaba graves condenas para quienes ofendían la dignidad de los funcionarios públicos, es decir, para los cargos de desacato, dio al gobierno una nueva arma para intimidar a la oposición, ya fuese en la plataforma pública o a través de la palabra escrita.[32] Los peronistas utilizaron su abrumadora mayoría dentro del Congreso para acosar a sus opositores, votando la expulsión de dos temerarios diputados del partido Radical —quienes se exiliaron de inmediato para no ser arrestados— y privaron a otro de su inmunidad parlamentaria para que pudiera ser juzgado por la ley de desacato a causa de observaciones hechas en un discurso electoral. Arrestado en marzo de 1950, Ricardo Balbín, jefe parlamentario de la minoría radical, permaneció en prisión durante los diez meses subsiguientes: un símbolo tanto del carácter cada vez más represivo del gobierno como de la resistencia que estaba gestando.[33]

La administración revelaba su deseo de acatamiento en el trato cada vez más arbitrario a que sometía a la prensa. A pesar de que ya en el pasado Perón no había vacilado en clausurar periódicos individuales, su gobierno, a fines de 1949, inició una campaña de intensa hostilidad contra las publicaciones independientes. Un comité ad hoc del Congreso, creado para investigar denuncias de torturas por parte de la policía, así como las actividades antiargentinas, sirvió como el principal instrumento para intimidar a las publicaciones que aún no estaban en manos de partidarios del gobierno. Este comité comenzó por incautar los registros contables de diversas publicaciones y agencias de noticias. En 1950, utilizando como protexto la desobediencia a una directiva del Congreso que exigía incluir en el pie de imprenta una alusión al centenario del héroe nacional, San Martín, clausuró diarios provinciales. Hacia fines de 1950, ya se había iniciado el proceso de transformar lo que alguna vez había sido una prensa con diversidad de opinión en un coro uniforme de voces aprobatorias.[34]

Los principales obstáculos para llegar a la uniformidad total eran dos órganos de propiedad familiar y de tendencia conservadora independiente, La Nación y La Prensa; ambos diarios existían desde hacía más de 80 años y gozaban de fama internacional por la calidad de su cobertura. En enero de 1951, el gobierno eligió al más franco de los dos diarios, La Prensa, propiedad de la familia Paz, como el blanco de su hostigamiento. Lo que pareció empezar como una huelga de canillitas que obligó a La Prensa a suspender su publicación, terminó con la incautación del diario, a pesar de una oleada de protestas internacionales. Una nueva La Prensa reapareció después totalmente transformada y como órgano oficial de la CGT; una cautelosa y sometida La Nación quedó como el único diario nacional independiente del gobierno.[35]

Las razones por las que a partir de 1949 el presidente Perón, con sus abrumadoras mayorías en el Congreso y su amplio apoyo popular, se sintió impulsado a ejercer un mayor control sobre la sociedad argentina constituyen un tema complejo que la simple observación no puede explicar. Suponer que tal tendencia era el inevitable resultado de la mentalidad totalitaria de Perón o atribuirla a sus antecedentes militares es dejar de lado la época y es conjetura que apenas sirve como explicación. La historia ha conocido a dirigentes civiles con inclinaciones democráticas en apariencia impecables, por ejemplo Indira Gandhi, que oprimieron a la prensa y persiguieron a sus opositores. En el caso de Perón, sería más aceptable la explicación de que sus actos eran una reacción defensiva ante la gravedad de la situación económica.[36]

Por más que en sus discursos públicos insistiera en que la situación de la economía argentina era más sólida que nunca, el presidente tenía conciencia de que las tácticas de los últimos años debían modificarse en formas que provocarían el descontento en los ámbitos del sector obrero, la burocracia y sus seguidores más nacionalistas. Las restricciones en sueldos y jornales, las exigencias de productividad mayor, las reducciones en los gastos de obras públicas, un descenso en el consumo interno a fin de incrementar las exportaciones agrícolas, la derivación del ingreso al sector agrícola, los incentivos a la inversión privada, eran una serie de factores que no podían sino tomarse en cuenta si lo que se intentaba era detener la inflación y revitalizar la economía.[37] El perjuicio político que tales medidas podían provocar en la popularidad de Perón podía reducirse, sin embargo, si el gobierno asumía el control absoluto de los medios de comunicación y si lograba fragmentar y desacreditar a la oposición.

Contemplar el viraje hacia un control mayor como un recurso político sugerido por la crisis económica parece negar todo impulso ideológico al movimiento peronista. Si se toma en cuenta el fervor que este movimiento logró despertar entre sus seguidores, no sólo en los días de triunfo, sino también en los amargos años que siguieron al derrocamiento de Perón en 1955, es preciso admitir la presencia de una mística, de un sentido de compromiso para con una sociedad nueva, aun cuando los detalles fueran vagos y los fundamentos carecieran de vigor intelectual. Pero ¿cómo definir al líder? ¿Compartía Perón la fe de sus adeptos más abnegados o era un total oportunista que decía lo que había que decir y hacía lo que había que hacer sólo para mantenerse en el poder? Es inevitable que los juicios discrepen, pero parece haber existido algo más que un mero oportunismo en el ejercicio del poder por parte de Perón. Después de todo, se había identificado con los cambios en la distribución del poder y los ingresos dentro de la Argentina, los cambios en el equilibrio entre la industria y la agricultura, los cambios de estilo y de sustancia en las relaciones económicas de la Argentina con el mundo exterior. Ésa era su «revolución» y todo indicaba que el impulso hacia un mayor dominio de la vida argentina a partir de 1949 obedecía al designio de crear una estructura permanente que hiciera imposible un regreso al pasado.

Tal impulso coincidió con el cada vez mayor énfasis retórico puesto en la necesidad de organización. En 1950, Perón señaló en discurso tras discurso la importancia de la organización en el nivel del gobierno, del Estado y de la Nación, a fin de asegurar a los logros peronistas una perduración que trascendiera su permanencia en el poder. Una mayor organización en el nivel nacional significaría la propagación de la conciencia peronista entre el pueblo. Como él mismo lo explicó en una reunión de gobernadores provinciales, «actualmente, para un ciudadano argentino ser peronista debe ser un orgullo. Debemos grabar estos sentimientos y nuestras ideas en los niños, en los jóvenes, en las mujeres, en los hombres y en todos los elementos que actúan dentro de nuestro país, porque no lo hacemos por política, lo hacemos por un sentido nacional, porque estamos persuadidos que nuestras ideas son las que salvan al país».[38] Pero al llamar a la acción para fortalecer a la mayoría peronista, amenazó con la destrucción a aquellos que no compartieran sus ideas: «Ya no se concebiría en la Argentina peronista, puesta bajo nuestra custodia y nuestro gobierno, que nadie, absolutamente nadie, pueda levantarse contra el sentir mayoritario de la Nación, y aquel que lo haga, sufrirá las consecuencias de su acción».[39]

Fueran cuales fuesen los motivos subyacentes, a medida que el peronismo se adueñaba cada vez más de la escena política y se arrogaba el monopolio de ser el único movimiento nacional, las relaciones del presidente con las Fuerzas Armadas estaban destinadas a cambiar. Perón ya no podía estar conforme con la relativa autonomía de que las Fuerzas Armadas habían gozado entre 1946 y 1949. Era esencial que las instituciones militares mismas se integraran cada vez más al movimiento político. Desde luego, ese era un proceso complejo cuyo objetivo primordial no podía proclamarse ni abiertamente ni perseguirse con precipitación. Si alguna vez se lograba, ello significaría nada menos que eliminar en el Ejército la tradicional norma profesional de neutralidad política e imponer la politización manifiesta que caracteriza a los ejércitos de los Estados unipartidarios.

El hombre elegido para dirigir el proceso de integración del Ejército con el movimiento peronista fue el ex colaborador militar de Perón y devoto partidario suyo, el general Franklin Lucero, quien se hizo cargo del Ministerio de Ejército el 15 de octubre de 1949.[40] Como se ha sugerido antes, el proceso sería gradual. Suponía hacer esfuerzos para promover un sentimiento de identificación personal y afinidad ideológica con el presidente y su movimiento; también implicaba medidas que fortalecerían en los militares el sentido de reconocimiento personal y profesional, por el trato favorable que ellos mismos y sus instituciones habían recibido.

En un nivel institucional, la capacidad del gobierno para dar ese tratamiento encontró el obstáculo de la situación económica general. Ya no se daban las condiciones para afrontar importantes compras de equipos para el Ejército o de cualquier otro elemento que implicara fuertes erogaciones de divisas extranjeras. El caso de SOMISA, la Sociedad Mixta Siderúrgica Argentina, controlada por el Ejército, es un buen ejemplo. El capital original autorizado, 150 millones de pesos, había resultado insuficiente, en parte por la decisión de aumentar la capacidad de la planta básica de 315.000 a 500.000 toneladas anuales, pero mucho más a causa del aumento en los costos. Para hacer frente a esta situación, el directorio de SOMISA había solicitado al gobierno en 1948 que incrementara su capital autorizado a 500 millones de pesos. Sólo en 1950, quizá en respuesta a una directiva presidencial, el Congreso promulgó la legislación que autorizaba al Poder Ejecutivo a «aumentar el capital de la Sociedad Mixta Siderúrgica Argentina hasta la suma que resulte indispensable para el cumplimiento de los fines del plan siderúrgico argentino ley núm. 12.897».[41] Pero toda reacción de alegría en los círculos de SOMISA habría sido prematura, ya que el gobierno no contribuyó en modo alguno a aumentar el capital en 1950 ni 1951, ni tampoco autorizó a la sociedad a buscar créditos externos para adquirir el equipo necesario.[42] Otras necesidades económicas, en especial la amortización de deudas comerciales, tenían mayor prioridad, y la continua postergación de medidas concretas para completar la planta permaneció en el orden del día. Aunque en 1949 el Consejo Económico analizó la posibilidad de un préstamo del Banco de Exportación e Importación para la planta, el gobierno nada hizo para obtener dicho préstamo. El crédito de 125 millones de dólares, al fin acordado con el Banco en mayo de 1950, se destinó a saldar deudas ya vencidas contraídas con bancos privados de los Estados Unidos; la planta siderúrgica nada recibió.[43]

En la esfera de los beneficios personales, sin embargo, donde la escasez de divisas no creaba un problema mayor, el gobierno de Perón actuó con energía. Para combatir las consecuencias de la inflación, dispuso ajustes periódicos de salarios. Aunque los empleados civiles también recibían esos aumentos, los montos asignados a los militares eran más generosos. En marzo de 1952, cuando el aumento máximo basado en el costo de vida y concedido a todo el personal civil —inclusive los empleados judiciales y del Congreso, y hasta los altos miembros de la Policía Federal— fue de 500 pesos, los generales del Ejército, mediante un decreto aparte fechado el mismo día, recibieron de 1.100 a 1.300 pesos; los coroneles, 1.000; y los subtenientes, 450 pesos. No es de asombrarse que no se publicara el texto de este último decreto.[44]

El gobierno también permitió que los oficiales del Ejército compartieran los beneficios de un sistema especial instituido para proveer automóviles a funcionarios del gobierno, dirigentes sindicales y otros adeptos, a un precio inferior a su costo normal. El sistema, introducido en 1949, exigía a los concesionarios de automóviles, como condición para otorgarles los permisos de importación, que entregaran la mitad de las unidades importadas al Ministerio de Industria y Comercio. El Ministerio designaba a los destinatarios de los vehículos y fijaba su precio utilizando una tasa de cambio artificialmente baja para la conversión de dólares en pesos. El «precio de lista» resultante era la mitad o aun menos de lo que el comprador común debía pagar para adquirir un automóvil igual en las agencias comerciales, donde escaseaban. Esta estructura de precios permitía a los afortunados que obtenían permiso de compra del Ministerio utilizar para sí tal permiso o revenderlo con una espléndida ganancia.[45]

La inclusión de oficiales del Ejército como participantes de este sistema se inició hacia abril de 1951, cuando el ministro de Ejército Lucero anunció que «por resolución expresa del Excmo. señor Presidente de la Nación, fueron ampliados los beneficios de la Obra Social que realiza el Ejército, con la asignación de 441 automóviles a precio de lista, al personal superior interesado».[46] Un año después se suprimió la oportunidad de adquirir automóviles en esas condiciones, pero en el lapso transcurrido 435 oficiales, desde el grado de teniente primero hasta el de teniente general, y seis empleados civiles del Ministerio se favorecieron con tal oportunidad. No todos los oficiales que integraban la lista de compradores eran partidarios entusiastas de Perón, lo cual sugiere que el general Lucero vacilaba en seguir las pautas políticas o bien —lo cual es más probable— que esperaba utilizar la concesión de automóviles como un recurso para ganarse el apoyo de los favorecidos. Pero lo que está fuera de duda es que algunos oficiales que después rompieron con Perón, en esos momentos no tuvieron reparos en usar en beneficio propio el favoritismo inherente al sistema de «precio de lista».

Todo parecía indicar que ni el gobierno que ofrecía la oportunidad ni los oficiales que la aprovechaban veían por entonces nada incorrecto en ella.[47]

Además de ofrecer automóviles y aumentos de sueldos en relación con el costo de vida, el gobierno de Perón demostró que tomaba en cuenta ciertas aspiraciones de los militares: el deseo de ascensos más rápidos, por un lado, y el de un sistema de retiro obligatorio menos rígido por el otro. En setiembre de 1950, al elevarse al Congreso un proyecto de revisión y unificación de los estatutos básicos relacionados con los servicios de las tres Fuerzas Armadas, se presentó la oportunidad para responder en cierta medida a ambas aspiraciones. En cuanto a los ascensos, el proyecto —que el Congreso se apresuró a aprobar— reducía el mínimo de tiempo que los oficiales debían pasar en cada grado, desde teniente primero a teniente general. Así, un graduado del Colegio Militar con bastante suerte como para hacer su carrera en el tiempo mínimo autorizado, podía llegar a general de división en apenas 22 años, a diferencia de los 29 que antes se requerían. La mayor parte de reducciones de tiempo se producían a partir del grado de capitán, lo cual aceleraba el ritmo de los ascensos en las prestigiosas categorías de jefes (mayores y tenientes coroneles) y oficiales superiores (coroneles y generales).[48]

La otra cara de la moneda era el sistema de retiro obligatorio. El Ejército argentino, como la mayor parte de los servicios de carrera, operaba mediante el sistema de exclusión-ascenso: para crear vacantes en las promociones, a veces era necesario obligar al retiro a oficiales que estaban al final de sus respectivas listas de méritos. Bajo la legislación anterior, una cuarta parte de los cargos presupuestados a partir del grado de mayor debía renovarse todos los años, y si los retiros por incapacidad y otros factores no dejaban suficientes vacantes, oficiales plenamente capacitados para seguir en servicio podían verse obligados al retiro. Para quien no fuera un oficial muy sobresaliente en cada grado, la amenaza de que «lo mandaran a casa» era desmoralizadora, a la vez que un desperdicio de personal bien adiestrado. La legislación de 1950 nada hizo para modificar los fundamentos del sistema, pero lo hacía más flexible al permitir a los ministros militares la opción de prolongar por decreto el lapso en que debían producirse cambios en determinados grados. Así, el Ejército tenía autoridad —aunque era muy cauteloso en su empleo— para retener a cierto número de jefes y oficiales superiores que de otro modo habrían tenido que pasar a retiro.[49]

TABLA 5
Cambios en el número autorizado de oficiales superiores, 1950-1955

| 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955
Generales | 61 | 66 | 72 | 71 | 76 | 90
Coroneles | 214 | 224 | 236 | 244 | 251 | 299
Total de oficiales | 6.066 | 5.721 | 5.820 | 5.753 | 5.753 | 5.753
Total de tropa | 98.348 | 101.617 | 103.427 | 103.101 | 103.101 | 103.101
Total de efectivos | 104.414 | 107.338 | 109.247 | 108.854 | 108.854 | 108.854
FUENTES: Anexo al Boletín Militar Reservado, números 3092, 3208, 3368, 3415, 3486 y 3555, 1950-55.

Mediante esa mayor flexibilidad otorgada por la nueva legislación, Perón y su ministro de Ejército, el general Lucero, iniciaron una política de promociones cuya consecuencia fue la reducción de la pirámide en los niveles inferiores y su expansión en otros, sobre todo en el de los grados superiores. Como lo demuestra la Tabla 5, el número general del personal del Ejército aumentó en alrededor de un cuatro por ciento entre 1950 y 1953, para permanecer en ese nivel en los dos años siguientes. En ese mismo período se redujo el número total de oficiales para permanecer luego en un nivel estable, pero aumentó con firmeza el número de cargos para los oficiales superiores. Entre 1950 y 1955, hubo 85 vacantes más para el grado de coronel, o sea que se registró un aumento del 40 por ciento; en el mismo lapso, las vacantes para el grado de general aumentaron en un 48 por ciento, elevándose desde 61 en 1950 a 90 en 1955. Como prueba de que los cambios en el presupuesto no carecían de relación con la realidad, el escalafón del Ejército registra 76 generales a fines de 1952 y 96 a fines de 1954.[50] para este último grado, las cifras oficiales de la Tabla 5 parecen estar algo por debajo del nivel real.

Aunque esa tendencia al exceso en los cargos superiores es inequívoca, sus motivos sólo pueden conjeturarse. Razones profesionales —tales como la necesidad de ubicar a oficiales no ascendidos— parecen justificar ciertos incrementos en los niveles superiores, pero es difícil resistirse a la conclusión de que los motivos de índole política eran aun más poderosos. En momentos en que el gobierno no podía satisfacer las aspiraciones institucionales a obtener nuevos armamentos y equipos modernos, el ascenso al grado de general o dentro de ese mismo nivel debió parecer un recurso muy práctico para acelerar el proceso de integrar el Ejército en el movimiento «nacional».

Aquí debe destacarse una vez más la índole gradual y no uniforme del proceso. A fines de 1950, los oficiales profesionales sin inclinaciones peronistas aún podían lograr promociones en esos altos niveles. La lista de promociones de fin de año incluyó a varios de esta categoría entre los quince oficiales ascendidos de general de brigada a general de división.[51] Desde luego, los cargos más altos en la estructura del mando estaban ahora, por abrumadora mayoría, en manos de simpatizantes de Perón, a diferencia de lo que ocurría apenas dos años antes.[52] Los generales cuyas inclinaciones políticas eran de alguna manera inciertas, ocupaban puestos burocráticos. La única excepción a esta pauta entre los flamantes generales de división era Eduardo Lonardi, quien, por razones nada claras, fue trasladado de su puesto como director general de administración del Ministerio de Ejército a un comando superior, la jefatura del Primer Ejército, con asiento en Rosario. Si, como algunos creen, el deseo de compensar una antigua ofensa hecha a Lonardi fue lo que movió a Perón a aprobar esta designación, después tendría razones para arrepentirse de su generosidad.[53]

Los esfuerzos para identificar al Ejército con los objetivos, la ideología y la retórica del movimiento peronista constituyeron un aspecto significativo del proceso de integración. Perón, en virtud de su triple condición de titular del Poder Ejecutivo, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y jefe del movimiento peronista, fue el promotor natural e inicial de esos esfuerzos. Cada visita a una instalación militar, cada discurso suyo ante un público de militares estaba cargado de resonancias políticas. Esto era evidente tanto cuando hablaba en un curso para coroneles en la Escuela Superior de Guerra como cuando se dirigía a los oficiales reunidos en el banquete de camaradería anual, que se realiza en el mes de julio. En el banquete de 1950, por ejemplo, después de manifestar que concebía el futuro argentino como el de «una comunidad organizada marchando hacia la conquista de claros objetivos», definió la función de las Fuerzas Armadas con estas palabras: «Dentro de la comunidad organizada, las Fuerzas Armadas de la Nación son algo así como la columna vertebral que sostiene la vertical de todo el organismo, formando parte de la unidad nacional, pero no como una parte inerte, sino como un órgano vivo integrante de todos e integrado por todos los demás».[54]

Si quedaba alguna duda acerca de lo que quería decir, su observación, durante el mismo discurso, de que sólo existía en esos momentos una sola fuerza política creativa debió despejar esa incógnita. En otros discursos, además, el presidente adelantó la idea de que el pueblo argentino y sus Fuerzas Armadas estaban íntimamente ligados entre sí por la fe que compartían en los principios del movimiento. «Las Fuerzas Armadas —señaló en su mensaje al Congreso en 1951— han comprendido perfectamente estos principios de doctrina justicialista; y el mayor elogio que yo puedo hacer de ellas ante vuestra honorabilidad es afirmar que en estos momentos el pueblo de la Nación confía y quiere a su ejército, a su marina y a su aeronáutica, porque ve en ellos no tanto a los instrumentos de su seguridad, como a causas eficientes de su felicidad y de su grandeza. ¡Han sabido ganarse lo único que tiene valor para nosotros: el cariño del pueblo!».[55]

Los ministros militares y otros altos oficiales compartían con el presidente el afán por fortalecer las Fuerzas Armadas y el movimiento peronista. En algunos, su contribución era sobre todo simbólica, como lo era, por ejemplo, la asistencia del ministro de Defensa al congreso del partido Peronista en julio de 1949. Con mayor frecuencia, la contribución se manifestaba uniendo los intereses proverbiales del Ejército a la retórica del peronismo. El general Laureano Anaya, cuartelmaestre general del Ejército, por ejemplo, pronunció una pormenorizada conferencia en el Círculo Militar destinada a demostrar que el Ejército contribuía al progreso antes que ser una carga financiera para la Nación. La única conclusión que optó por enfatizar, sin embargo, fue que «el Ejército constituye una óptima reserva para la consecución de los ideales que señala el preámbulo de la nueva Carta Magna: “Una Patria socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana”».[56] De manera algo similar, el general Eduardo Garimaldi, ingeniero militar, publicó un ensayo que analizaba los obstáculos en el camino de la movilización industrial. Su análisis de la situación existente lo inclinaba, admitió, a asumir un punto de las primeras advertencias, 1949-1951 vista pesimista, pero era necesario tener presente lo que el presidente había proclamado acerca de la independencia económica y la necesidad de organizar las fuerzas económicas de la Nación. La conclusión del general Garimaldi fue, en consecuencia, adecuadamente optimista; esperaba el momento de atestiguar «la efectiva realidad de nuestro potencial económico equilibrado, gracias al extraordinario esfuerzo del gobierno de la nación, para que seamos un país políticamente soberano, socialmente justo y económicamente libre».[57]

En esta atmósfera de armonía deliberadamente cultivada entre las Fuerzas Armadas y el movimiento peronista, fue sólo un hecho natural que se reexaminaran las tradicionales trabas legales impuestas a los militares respecto de la actividad política. Desde principios del siglo, cuando se puso en marcha la profesionalización del Ejército, los oficiales en servicio activo tenían prohibido por ley participar directa o indirectamente en actividades políticas. Desde luego, las mismas leyes permitían a un oficial aceptar la elección para un cargo nacional, pero si lo hacía quedaba en condición de disponibilidad, lo cual congelaba sus perspectivas de promoción. Ese oficial no podía computar para su ascenso el tiempo transcurrido en el desempeño del cargo para el que había sido elegido; además, sólo podía contar dicho tiempo a los fines de su retiro si el cargo había sido nacional, y no provincial o municipal. Tal ausencia de incentivo sin duda era un factor que pesaba mucho en la decisión de un oficial interesado en su carrera, cuando sus amigos lo instaban a tomar parte activa en la política.[58]

Un grupo de diputados peronistas tomó la iniciativa para reducir la distancia abierta entre la carrera militar y la actividad política. En 1948 elevaron un proyecto de ley que permitiría a los oficiales en servicio activo —previa autorización de sus superiores— servir en un cargo electivo nacional, provincial o municipal, sin menoscabo de sus posibilidades de ascenso o sus méritos para el retiro. El proyecto fue aprobado en la Cámara baja, pero no pasó de allí.[59] Sin embargo, el Congreso autorizó algunas excepciones a la ley: en un caso, permitió a un oficial de la Aeronáutica, que cumpliera servicios como gobernador peronista de Córdoba sin pérdida de sus privilegios; en otro, aprobó el ascenso de Perón a teniente general a pesar del hecho —señalado por la oposición— de que había estado en disponibilidad desde su última promoción, en 1946, y no reunía el número de años de servicios necesarios para tal ascenso.[60]

Por fin el Poder Ejecutivo encaró la idea de allanar el camino a los oficiales que deseaban participar en política: en 1950, el presidente y sus ministros militares revisaron el proyecto de un estatuto militar que se aplicaría uniformemente al Ejército, la Marina y la Aeronáutica. No se sabe si tomaron seriamente en cuenta la posibilidad de legalizar la afiliación manifiesta al partido Peronista, pero sin duda debieron mencionarla. Después de todo, era público y notorio que el presidente era el primer afiliado al Partido, y el deseo de emularlo debió ser muy fuerte. En efecto, el comandante del Grupo Patagónico del Ejército, general de brigada Julio Lagos, anticipándose quizá a un cambio en la política, se había afiliado abiertamente, en la filial del partido de la ciudad donde estaba situado su cuartel general. Tal vez para sorpresa suya, fue castigado y relevado del mando, aunque ello no impidió que continuara en servicio y después ascendiera. Fue evidente que el presidente y sus ministros decidieran que el momento no era el más propicio para un cambio tan radical con las tradiciones castrenses.[61]

Por lo tanto, cuando el gobierno elevó su proyecto de reforma y unificación de los estatutos militares existentes en setiembre de 1950, el texto conservó parte de las prohibiciones en vigencia.[62] Se ordenó al personal en servicio activo «la no participación en las actividades de los partidos políticos».[63] De esta obligación, empero, se exceptuó concretamente a aquellos «llamados a desempeñar funciones electivas federales mientras dure su mandato».[64] El texto determinaba que tales oficiales estarían en condiciones de poder acreditar el tiempo pasado en el cargo, tanto para su promoción como para su retiro; pero reiteraba la tradicional prohibición de uso del uniforme o de la insignia del rango en las reuniones políticas.[65] El Congreso, por su parte, promulgó la ley rápidamente, con unas pocas enmiendas, una de las cuales preveía la promoción del presidente al rango de general del Ejército; otra se relacionaba con la ampliación de los méritos para la promoción y el retiro de oficiales que sirvieran en cualquier función electiva y no sólo nacional. Cuando esta última disposición fue propuesta por primera vez en el Senado, el ministro de Defensa se opuso. La Cámara de Diputados, sin embargo, insistió en que fuera incluida en el proyecto final.

Así, hacia fines de 1950, de acuerdo con el nuevo estatuto unificado, los oficiales del Ejército, la Marina y la Aeronáutica en servicio activo podían aceptar candidaturas propuestas por sectores políticos para cargos electivos municipales, provinciales o nacionales, sin entorpecer su carrera. El único requisito impuesto a todos ellos era que antes de aceptar la nominación debían obtener el permiso de sus respectivos ministros. Puesto que el presidente consideraba ilegítimo todo partido de la oposición, era previsible que sólo estuvieran dispuestos a aprovechar las ventajas de la nueva legislación los oficiales interesados en el partido Peronista.

En su empeño por identificar a las Fuerzas Armadas con su movimiento y con su propia persona, Perón no descuidó a los suboficiales. Desde hacía algún tiempo procuraba ganarse su apoyo. Puesto que al comienzo de su propia carrera había servido en la Escuela de Suboficiales, Perón tenía muchas relaciones entre los sargentos del Ejército y conocía de cerca sus intereses profesionales y personales. Sabía muy bien que todo esfuerzo para acortar la distancia entre ellos y los oficiales produciría reacciones enconadas y se proponía introducir cambios en áreas que no afectaran los principios fundamentales de la jerarquía. En 1948, la ley que otorgó el derecho de votar al personal de suboficiales fue un ejemplo de tales cambios. Otros introdujeron mejoras importantes en materia de vivienda y beneficios sociales para sus familias, así como modificaciones en el uniforme que permitieron a los suboficiales de rango más alto adquirir un aspecto no muy diferente del de los oficiales.[66]

Pero los halagos de Perón al sector de los suboficiales trascendían en el ámbito profesional. Después de todo, su movimiento se dirigía a las clases sociales de las cuales provenían casi todos los suboficiales; era previsible que los mismos programas y políticas sociales que ya habían asegurado el apoyo de los trabajadores produjeran un impacto semejante entre sus parientes de uniforme. Los efectos de esta combinación de halagos a una clase social y beneficios profesionales concedidos se reveló en varias formas: en la cálida recepción de que eran objeto el presidente y su esposa cuando visitaban bases militares; en las insignias que elogiaban a Evita y que se alzaban en los cuarteles, contrariando las prácticas militares; en hechos tales como el «acto de homenaje» organizado por los suboficiales de los tres servicios en la residencia de Olivos, en enero de 1951. El «Himno a Perón» compuesto por un suboficial mayor y entonado en la ocasión, además de los regalos ofrecidos al presidente y a su esposa, marcaron el tono de la reunión. No menos reveladoras, quizá, de la relación existente entre el matrimonio Perón y buena parte de los suboficiales fueron las palabras con que la señora de Perón terminó su discurso de agradecimiento a los presentes en el acto: «Espero que ustedes transmitan a sus esposas y a sus familiares este cariño de la compañera Evita, que sabe que los suboficiales, como todo el pueblo argentino, han levantado en su corazón un altar al más insigne de todos los argentinos, el general Perón».[67]

No todos los argentinos, desde luego, fueran militares o civiles, estaban dispuestos a levantar esos altares. Muy por el contrario. Ante las restricciones cada vez mayores que Perón imponía a toda oposición política manifiesta, algunos miembros de los partidos Radical, Socialista, Demócrata Progresista y Conservador empezaron a contemplar la posibilidad de una insurrección. El problema era dejar de lado antiguas diferencias y encontrar suficiente apoyo militar.

Durante varios años un reducido número de oficiales en retiro había analizado entre sí la posibilidad de derrocar a Perón. Muchos de esos oficiales se habían identificado con el sector liberal o pro aliado del Ejército, antes que con el ala nacionalista o pro Eje, en la época de la caída del presidente Ramón S. Castillo, en 1943; muchos de ellos habían participado, en una u otra forma, de los fallidos intentos para impedir que Perón subiera al poder en 1944 y 1945, lo cual había truncado sus carreras. Desde entonces trataban de influir sobre las actitudes de sus colegas en servicio activo, con frecuencia haciendo circular folletos anónimos y panfletos de propaganda para denunciar los excesos del gobierno de Perón. Tales actividades mantenían en vigor el espíritu de resistencia de sus autores, pero no parecían tener demasiado efecto sobre los jefes militares cuyo apoyo era esencial para dar cualquier paso decisivo. Inclusive entre los oficiales en retiro, sobre quienes seguían pesando antiguas diferencias, no existía unidad de opinión ni acuerdo acerca de lo que debía hacerse —si es que algo se haría— o en cuanto a quién podía hacerlo.[68]

Esta situación empezó a cambiar en la atmósfera cada vez más cargada que sumía a la Argentina en 1950 y en 1951. Contribuyó al cambio la firme evidencia de que Perón preparaba su reelección, sumada a las señales —menos firmes, pero muy alarmantes— de que Evita sería su compañera de fórmula.[69] Tal perspectiva, aunque muy satisfactoria para los fieles de Evita, puso sobre ascuas a muchos hombres de la Argentina, sobre todo los que llevaban uniforme, para quienes la idea de que esta mujer —y a decir verdad, cualquier mujer— fuera sucesora constitucional y por lo tanto comandante en jefe de las Fuerzas Armadas aún era algo inconcebible.

Otro factor que contribuyó a cambiar la situación fueron los hechos acaecidos en los ámbitos social, económico y de política exterior, los cuales sugerían que Perón ya era más vulnerable a una oposición unificada que en ningún otro momento a partir de 1946. Bajo el impacto de la inflación, las divisiones en la conducción gremial se hicieron más evidentes. Una serie de huelgas, en abierto desafío a órdenes del gobierno, durante 1950, que culminaron con el movimiento de fuerza realizado por los ferroviarios en enero de 1951 y al que Perón puso fin ordenando la movilización militar de los trabajadores, indicaron que su dominio sobre el movimiento obrero ya no era tan amplio como podía suponerse.[70]

La escasez de combustible y otras dificultades económicas seguían abrumando al país, aunque el aumento de las exportaciones a los Estados Unidos, motivadas por el estallido de la guerra de Corea, aliviaban la balanza de pagos. Pero inclusive en este caso el gobierno se expuso a las críticas al abandonar su promesa de no pedir nunca dinero prestado en el exterior. Desde luego, el préstamo de 125 millones de dólares aceptado al Banco de Exportación e Importación en mayo de 1950 se hizo pasar por un crédito extendido a un grupo de bancos privados y no al gobierno argentino mismo. Pero el Banco Central garantizó el pago de la deuda y funcionarios del gobierno habían viajado a los Estados Unidos para concertar los acuerdos preliminares.[71] Entre los elementos nacionalistas, cuyo apoyo al gobierno se basaba en su afirmación de la independencia económica, empezó a perder prestigio la imagen de Perón, aun cuando los voceros del gobierno siguieron insistiendo en la diferencia que había entre un préstamo y un crédito.

Más serios fueron los rumores, en realidad sin base efectiva, pero creídos por una gran mayoría, de que existía una condición para asegurar el crédito del Banco de Exportación e Importación: la Argentina ratificaría el Tratado de Río de Janeiro, firmado en 1947. Perón había postergado el momento de someter a la Cámara de Diputados dicho tratado —ya aprobado por el Senado en 1948— por temor a las críticas nacionalistas. Pero dos días después del estallido de la guerra de Corea, el tratado fue elevado a la Cámara sin anuncio y aprobado en una sola sesión.[72] La ratificación del tratado suscitó dudas respecto a la tercera posición (ni pro norteamericana ni pro soviética) presuntamente asumida por Perón en los asuntos internacionales. Del mismo modo procedió su ministro de Relaciones Exteriores en la ambigua respuesta que dio a las Naciones Unidas, que había solicitado apoyo para la guerra en Corea.[73] Empezaron a circular insistentes rumores de que el gobierno proyectaba enviar tropas a Corea y hubo algunas reuniones de protesta, quizá inspiradas —como lo aseguró el jefe de Policía— por los enemigos del régimen.[74] Ante la marcada oposición popular a cualquier ruptura de la tradición de paz que había imperado durante ochenta años en la Argentina, el presidente anunció que él haría «lo que el pueblo quisiera». Su canciller aclaró la respuesta enviada a las Naciones Unidas insistiendo en que nunca se había proyectado el envío de tropas.[75] El episodio entero, sin embargo, produjo en quienes no apoyaban incondicionalmente a Perón la impresión de que el presidente vacilaba, en vez de mostrarse firme.

Bajo el impacto de tales acontecimientos, así como ante el empuje de las políticas de Perón, los argentinos descubrieron en 1950 que era cada vez más difícil mantenerse en una actitud independiente, ni en contra ni a favor del gobierno. En otros términos, un proceso de polarización obligaba a los argentinos hasta entonces no comprometidos a asumir posiciones; un proceso que los propios peronistas promovían activamente apoyándose en su convicción de que «para nosotros… solamente hay peronistas y antiperonistas».[76] Aunque los dirigentes peronistas esperaban que así fortalecerían su movimiento y muchos maestros y empleados públicos se afiliaron al partido oficial sólo para conservar sus puestos, el resultado de la polarización no benefició exclusivamente a una de las partes. Entre los militares, en actividad o en retiro, el conformismo suscitaba actitudes de resistencia en un creciente número de oficiales.

Indicios de tal reacción entre oficiales en retiro que durante mucho tiempo habían sido considerados políticamente neutrales pudieron verse en varios episodios secundarios que en otro momento no hubieran llamado la atención. En julio de 1950, por ejemplo, Perón reemplazó súbitamente al coronel (R) Bartolomé Descalzo como director del Instituto y Museo Sanmartiniano, aduciendo que el personal de esa institución no permitía que grupos humildes visitaran el lugar y sosteniendo que su edificio se utilizaba para actividades antigubernamentales. Debe tomarse en cuenta que en el consejo del Instituto intervenían junto a Descalzo varios oficiales superiores en retiro, como los tenientes generales Mason, Bassi y von der Becke; ninguno de ellos tenía reputación de proselitismo político, y todos elevaron sus renuncias al consejo del Instituto.[77]

Fuera cual fuese la validez de los cargos de Perón, la creciente dificultad de los oficiales para mantenerse neutrales aparece señalada por la presencia de von der Becke, pocos días después, en una conferencia del general (R) Adolfo Espíndola auspiciada por el Instituto Popular de Conferencias, del diario La Prensa. Era el año del centenario de la muerte de San Martín; la conferencia de Espíndola era sobre el tema: «San Martín, primer soldado de la libertad». Quizá el tema mismo atrajera a von der Becke, pero el lugar donde se daba la conferencia, la reputación del conferenciante y la personalidad de otros integrantes del público sugieren otros motivos. El Instituto de Conferencias de La Prensa se había convertido en un centro de oposición cultural a Perón y el peronismo, y los conferenciantes de tendencias oficialistas jamás subían a su tribuna; pero cuando un antiperonista como el coronel (R) Roque Lanús habló en ese lugar un mes antes o cuando lo hizo ese otro opositor igualmente resuelto como el general Espíndola, la sala colmada del Instituto fue un verdadero Quién es quién de personajes que habían dominado la política y la sociedad argentinas antes del ascenso al poder de Perón. También estaban presentes muchos oficiales en retiro: algunos de ellos, como el conferenciante, eran ex activistas que habían estado en prisión; otros, como von der Becke o Moisés Rodrigo, recién retirado, habían preferido no meterse en dificultades. Pero todos ellos podían apreciar las vastas connotaciones de las observaciones finales de Espíndola cuando expresó: «Quiera Dios que la Argentina en el transcurso sin fin del tiempo siga produciendo hombres libres y que éstos, animados por el espíritu del primer soldado de la libertad, no permitan jamás que se eclipse el sol de nuestra querida y gloriosa bandera».[78] Aunque no puede sostenerse que por el solo hecho de asistir a esa conferencia von der Becke, Rodrigo o cualquier otro oficial de los allí reunidos eran conspiradores, su presencia simbolizaba la preocupación cada vez mayor que los oficiales en retiro sentían al comprobar las tendencias del gobierno peronista: una preocupación que no podría sino ahondarse cuando por ordenanza policial en el mes de setiembre se interrumpió la serie de conferencias del Instituto y cuando en enero de 1951 el propio diario La Prensa fue clausurado.[79]

No era sólo en el interior de grupos civiles o de oficiales en retiro donde era cada vez mayor la preocupación ante la índole del gobierno peronista, que les parecía a ellos cada vez más totalitario. Los oficiales en servicio activo empezaban a reaccionar de la misma manera. Entre los oficiales destinados a instalaciones militares en varias partes del país, así como entre los oficiales de la Aeronáutica y de la Marina, aumentaba la hostilidad hacia Perón, acicateada por la clara evidencia de que estaba preparando su reelección y por la incipiente campaña para elevar a Evita a la vicepresidencia. Pero el mayor número de oficiales adversos a Perón estaba en el personal de los colegios militares y navales de Buenos Aires, y en la Escuela Superior de Guerra, institución que era el centro intelectual de todo el sistema de adiestramiento profesional para los oficiales del Ejército. Entre los más de 400 oficiales que la componían —incluyendo directores de curso, profesores y oficiales estudiantes—, quizá el 80 por ciento se había apartado de Perón en 1951. Por eso no es sorprendente que los oficiales de la Escuela Superior de Guerra hicieran grandes esfuerzos para organizar un movimiento revolucionario que tuviera por objeto derrocar a Perón antes de que pudiera ser reelegido.[80]

Pero los oficiales empeñados en ese intento debían tomar en cuenta no sólo la vigilancia del gobierno y de los oficiales leales, sino también las divisiones en el interior de su propio movimiento. En efecto, tal movimiento estaba integrado por varios grupos separados y no todos ellos se entendían con facilidad entre sí. La falta de coordinación y la rivalidad entre quienes aspiraban al mando entorpecieron la acción desde el principio mismo. La rivalidad fundamental existía entre dos grupos de oficiales: uno guiado por el general Lonardi, por entonces comandante del Primer Ejército en Rosario; el otro, por el general (R) Benjamín Menéndez, oficial de caballería cuyo servicio activo había terminado en 1942.

A Lonardi, oficial de artillería de 55 años de edad, con una reputación profesional de primera clase, nunca se le habían conocido compromisos políticos aunque tenía razones personales que se remontaban a los años treinta para no simpatizar con Perón.[81] A causa de su temperamento tranquilo, sus maneras francas y su dedicación al deber, era la última persona en quien sus camaradas de armas, que lo conocían desde sus tiempos de cadete, hubieran pensado como posible caudillo de una revolución.[82] Su decisión de participar en el movimiento sugiere hasta qué punto el proceso de polarización promovido por Perón podía modificar la actitud de un oficial que, por lo demás, disfrutaba de una exitosa carrera profesional. La presión familiar —la esposa de Lonardi pertenecía a una familia tradicional y muy nacionalista de Córdoba— pudo haber gravitado en esa decisión. Pero también es posible que algunos oficiales de la Escuela Superior de Guerra lo hayan instado a intervenir. Hacia fines de 1949, un grupo de oficiales profesores y miembros del personal superior de la institución, inclusive el subdirector, el por entonces coronel Pedro Eugenio Aramburu, comenzaron a contemplar la idea de derrocar al gobierno. En su busca de un oficial a quien pudieran persuadir de que condujera el movimiento, pusieron sus miradas en el general Lonardi, que en esos momentos prestaba servicios como director general de administración del Ministerio de Guerra. Es posible que pensaran en Lonardi en parte porque era un general de gran prestigio personal, y en parte porque conocían su aversión personal por el gobierno de Perón. Lo cierto es que se pusieron en contacto con Lonardi por medio del teniente coronel Bernardino Labayru, y así comenzaron un período de discusiones y tanteos que duró más de un año. Cuando el general Lonardi, ahora con destino en Rosario, por fin decidió organizar un movimiento revolucionario en marzo de 1951, fue en la Escuela Superior de Guerra de Buenos Aires, antes que en el Primer Ejército, donde trató de encontrar sus principales colaboradores. El coronel Juan C. Lorio, jefe del curso del Estado Mayor de la Escuela y varios tenientes coroneles profesores, asumieron determinados deberes como miembros del Estado Mayor revolucionario del general Lonardi; en Rosario era evidente que sólo su edecán personal sabía que el comandante del Primer Ejército estaba implicado en un movimiento revolucionario.[83]

El general Menéndez, principal rival de Lonardi en la organización del movimiento subversivo de 1951, era casi su antítesis por su temperamento y su experiencia profesional. Más impetuoso que reflexivo, Menéndez había llevado una vida agitada, marcada por duelos, desafíos a políticos y participación en una serie de conspiraciones, ninguna de ellas exitosa. Muy estimado por sus camaradas de armas, lo decepcionaba que no lo hubieran invitado a desempeñar un papel principal en el exitoso golpe de 1943 y había visto con disgusto el ascenso de Perón al poder. Durante los años subsiguientes, había mantenido contactos dentro del Ejército, en parte a través de sus dos hijos, ambos oficiales de caballería. Por otro lado, había mitigado su rigor nacionalista y había entablado vínculos con figuras políticas civiles, en especial con miembros del conservador partido Demócrata Nacional. En 1950 creía que el apoyo militar a Perón estaba disminuyendo, y en 1951, impulsado por su propia indignación ante el trato dado a la oposición, así como por el aliento de sus amigos civiles, empezó a conspirar activamente. Alto, erguido, con un porte que negaba sus 66 años, así era el hombre vehementemente empeñado en sacar partido de los sentimientos antiperonistas dentro de las Fuerzas Armadas y resuelto a encabezar por primera vez en su carrera un movimiento subversivo que triunfara.[84]

La existencia de esos dos grupos rivales era causa natural de confusión para los posibles participantes, en especial cuando representantes de ambos grupos solicitaban promesa de apoyo a los mismos oficiales o a las mismas unidades. Fuera como fuese, lo cierto es que en marzo y abril de 1951, el movimiento comenzó a tomar forma. El general Lonardi obtuvo una promesa de apoyo del oficial retirado coronel José Francisco Suárez y su grupo, que habían llevado a cabo la campaña panfletaria antiperonista de los últimos años. Lonardi recibió asimismo promesas de apoyo por parte de varios civiles, entre ellos el dirigente radical Miguel Ángel Zavala Ortiz y el socialista Américo Ghioldi, muchos de cuyos correligionarios habían sido encarcelados tras la huelga ferroviaria de enero (el propio Ghioldi debió ocultarse de la policía). A través de intermediarios, Lonardi sondeaba a oficiales de las tres Fuerzas Armadas en el Gran Buenos Aires, Córdoba y localidades tales como Tandil, donde la Aeronáutica poseía bases para sus aviones y el Ejército una división de caballería. Las respuestas obtenidas fueron alentadoras, pero no lo bastante firmes como para mantener el plan original, que iniciaría el levantamiento en junio o julio. El general Lonardi prefería la cautela a la acción precipitada y postergó la decisión de la fecha, a pesar de la comprensible impaciencia de algunos civiles que participaban del movimiento.[85]

El tiempo permitió hacer nuevos esfuerzos para obtener más apoyo, pero también aumentó el riesgo de que las autoridades descubrieran el plan. En junio, el ministro de Ejército anunció el arresto de cinco oficiales subalternos, acusados de participar en un complot para destruir la unidad del cuerpo de oficiales. Poco tiempo después, se anunció que Suárez había sido arrestado, acusado de complotar contra el gobierno. Fue una suerte para el general Lonardi que las autoridades no tuvieran pruebas concretas contra él, aunque el Servicio de Informaciones del Ejército seguía sus pasos, como lo había hecho con los oficiales mencionados. Es probable que favoreciera a Lonardi el hecho de que el comandante en jefe del arma, general Ángel Solari, fuera muy amigo suyo, personal y profesional. Con clara conciencia —a raíz de conversaciones privadas mantenidas en los últimos años— de que Lonardi no compartía su entusiasmo por Perón, Solari se mostraba reticente, de todos modos, ante la idea de que su colega estuviera realmente implicado en un movimiento subversivo.[86]

Lo cierto es que el gobierno aumentó la vigilancia de altos oficiales sospechosos, en unos pocos casos designando a oficiales leales en cargos estratégicos, a fin de contrarrestar posibles maniobras en su contra.[87] Pero en general, las autoridades procuraron fortalecer el sentido de la disciplina y la unidad en las filas del Ejército. El ministro Lucero, mediante una serie de órdenes generales, conferencias y visitas a guarniciones, abogó por la necesidad de mantener la ética profesional y el orgullo de la unidad a que pertenecía cada militar. En su alocución a los oficiales, destacó que era fundamental consagrarse exclusivamente a las funciones específicas y manifestar «la sincera coincidencia espiritual» con el gobierno, los superiores y el resto del Ejército, a fin de asegurar su bienestar y también para salvaguardar el prestigio de cada unidad individual. En este contexto, la Orden General N.º 6 señalaba que «vulnera el prestigio de la unidad cualquier integrante de los cuadros que dentro o fuera de los cuarteles comenta o critica desfavorablemente al gobierno constituido».[88]

Lucero no actuaba por sí solo en sus esfuerzos por preservar la lealtad de los oficiales: así fue como comisionó a otros altos oficiales para que dictaran conferencias en diversas guarniciones. El destino quiso que el inspector de instrucción, Emilio Forcher, fuera enviado a Rosario, donde en una reunión presidida por el general Lonardi pronunció una enérgica conferencia en la cual destacó la ineludible obligación de todo soldado, al margen de cualquier circunstancia, de apoyar a las autoridades civiles. El disgusto de Lonardi fue evidente; invitó a Forcher a su alojamiento para manifestarle que, en su opinión, el estado de cosas presente no podía continuar. Pero Forcher se mantuvo en su actitud, y sin advertir que aquél ya estaba implicado en un movimiento revolucionario, partió de Rosario para pronunciar su conferencia en otros lugares.[89]

Tales esfuerzos por reforzar la lealtad militar quizá demoraran el avance de la conspiración, pero desde luego no la interrumpieron. Obstáculo más serio para los complotados era el aún no resuelto problema de quién sería el jefe del movimiento. A fines de julio, ante la irresolución de Lonardi para actuar e impulsado por la repentina decisión del gobierno, resuelto a adelantar en tres meses la fecha de las elecciones, programadas para noviembre, el general Menéndez dio claras muestras de asumir el mando por sí solo. En una reunión secreta a la que asistieron importantes figuras de los partidos políticos de la oposición: Arturo Frondizi de la UCR, el Socialista Américo Ghioldi, Reynaldo Pastor, de los Demócratas Nacionales, y Horacio Thedy, de los Demócratas Progresistas, el general Menéndez se presentó a sí mismo como el «jefe natural» de la inminente revolución. Después de detallar sus planes para imponer un gobierno patriótico y decente basado en la Constitución de 1853, con la ayuda de los partidos representados en la reunión, y tras anunciar su determinación de derrocar a Perón antes de las elecciones de noviembre, pidió la colaboración de todos los presentes. Los cuatro dirigentes políticos asistentes accedieron, aunque Ghioldi hizo notar su relación con Lonardi y reclamó que ambos grupos se unieran.[90]

En las semanas que siguieron hubo varios intentos por lograr tal unidad mediante exhortaciones a militares y a civiles. Algunos conspiradores de la Aeronáutica y la Marina se mostraban especialmente ansiosos por ver unir fuerzas a sus colegas del Ejército, aunque ellos mismos estaban dispuestos a integrarse al primer grupo, fuera cual fuese, que resolviera actuar. En el esfuerzo por llegar a la unidad, se concertó un encuentro personal entre los generales Menéndez y Lonardi. Para no ser descubiertos, ambos se reunieron en el estrecho interior de un Mercedes Benz gasolero, propiedad del capitán de la Escuela Superior de Guerra que actuaba como edecán de Menéndez. Ni en ese encuentro ni en un segundo, que tuvo lugar en circunstancias similares, se llegó a la esperada unión de fuerzas.[91]

Pero si algo lograron esos encuentros fue evidenciar las diferencias entre ambos jefes. Sus discrepancias abarcaban tanto los aspectos tácticos de la etapa revolucionaria como la política que debía seguirse si lograban derribar el régimen imperante. Menéndez proponía una dictadura interina y la derogación de la reforma constitucional de 1949 a fin de empezar desde cero, dejando sin efecto la mayor parte de la legislación peronista. El general Lonardi, por su parte, consideraba necesario preservar muchas de las medidas sociales peronistas. Respecto de la táctica, Lonardi insistía en que debían obtener más apoyo, con la idea de iniciar la acción ya avanzado el año, quizá en noviembre. Menéndez, por el contrario, se empeñaba en actuar lo antes posible; pensaba que un golpe dado por sorpresa con una reducida fuerza que incluyera unidades de Campo de Mayo y el Colegio Militar levantaría a la Nación entera.[92] Era como si el general Menéndez, tanto al planear su táctica como al concebir su futura política, siguiera pensando en el golpe llevado a cabo en 1930 por otro general retirado, e ignorara los grandes cambios políticos y sociales ocurridos desde entonces.

Pero el mayor obstáculo para que ambos generales se pusieran de acuerdo no parecía ser su discrepancia en cuanto a la táctica revolucionaria o la futura política, sino algo mucho más poderoso: la dignidad personal, el orgullo y la ambición. Ninguno de los dos estaba dispuesto a subordinarse al otro.

Por lo demás, las posibilidades de la planeada revolución acabarían dependiendo no sólo de la actitud de ambos generales, sino también de las decisiones políticas tomadas por Perón. El 22 de agosto, la campaña para su reelección, cuidadosamente orquestada, llegó al punto culminante en una inmensa concentración organizada por la CGT. Allí, en presencia de cientos de miles de entusiastas partidarios, se proclamaron formalmente las candidaturas de Perón y de su esposa a la presidencia y la vicepresidencia de la Nación. Pero aunque Perón indicó que aceptaría, Evita pidió unas horas para responder. Las horas se convirtieron en nueve días, al cabo de los cuales Evita anunció en un emotivo discurso transmitido por radio la noche del 31 de agosto que prefería mantenerse en su actual posición y que no aceptaría la candidatura.[93]

¿Qué había sucedido? ¿Acaso Evita tenía conciencia de la declinación de su salud y del cáncer que la llevaría al hospital, y por eso rechazaba la candidatura? ¿O fue el Ejército, como han sostenido algunos investigadores, el que forzó al presidente a dejar de lado las ambiciones políticas de su esposa?[94] No hemos podido descubrir ninguna prueba de que oficiales del Ejército, ya fuere individualmente o agrupados, se hayan dirigido siquiera al presidente con tal reclamo. Es más probable que Perón haya utilizado los nueve días para analizar por cuenta propia la reacción de los militares. A través de sus ministros militares disponía de una red de agentes de inteligencia que podían informar acerca de actitudes de los oficiales ante la candidatura propuesta. También es posible que en los casinos de oficiales, los que se oponían a la candidatura expresaran con energía sus puntos de vista, sabiendo muy bien que los miembros del Servicio de Informaciones del Ejército (SIE) informarían de ellos a sus superiores. Perón pudo haber llegado fácilmente a la conclusión de que la candidatura de Evita era demasiado peligrosa para insistir en ella.[95]

Es curioso que el propio general Lonardi quizá contribuyera a la decisión de Perón. El 27 de agosto, el comandante del Primer Ejército, en una abrupta notificación al ministro de Ejército, solicitó su inmediato relevo del cargo. «Los últimos acontecimientos políticos de pública notoriedad», escribió, «han creado al suscripto un estado espiritual incompatible con la adhesión a los actos del gobierno que es señalada al personal militar por las Directivas y Órdenes Generales de V. E. como condición necesaria para merecer la confianza de la superioridad».[96] Perón debió pensar que si el general Lonardi, a quien aún consideraba un oficial leal, ya no podía conciliar sus opiniones personales con su sentido del deber y pedía el retiro, qué podía esperarse de oficiales sin las virtudes profesionales de Lonardi. Sea como fuere, el 31 de agosto se anunció que el por entonces vicepresidente Quijano acompañaría a Perón en la fórmula presidencial.[97]

La eliminación de la candidatura de Evita —y con ella, de una causa inmediata de descontento entre los militares— sin duda influyó sobre las perspectivas de la revolución en marcha. El general Menéndez, sin embargo, siguió firme en su posición y planeó el golpe inminente. Por su parte, el general Lonardi empezó a vacilar. Al ser relevado como comandante del Primer Ejército, el 28 de agosto, su intención aparente era regresar a Buenos Aires y aprovechar su presencia en esa ciudad para obtener más apoyo y coordinar el esfuerzo revolucionario, aún disperso. Sin embargo, en algún momento durante las dos semanas que siguieron resolvió desistir de toda actividad ulterior. Quizá al tanto de que el general Menéndez ya estaba listo para actuar, pero acaso también con la impresión de que tal movimiento estaba destinado al fracaso, resolvió hacerse a un lado. Fuera cual fuese el motivo, lo cierto es que comunicó su decisión a quienes lo apoyaban, permitiendo así a los impacientes por tantas postergaciones que se incorporaran al grupo del general Menéndez.[98]

El levantamiento del 28 de setiembre pecó por su planificación inadecuada y su ejecución deficiente. Puesto que daba gran importancia al secreto y al factor sorpresa, Menéndez permitió que sus adictos viajaran al interior sin saber que el golpe era inminente. Él y sus colaboradores contaban demasiado con el azar y así no previeron que los tanques del regimiento de Campo de Mayo, que esperaban copar, necesitarían combustible, o que los suboficiales se les opondrían. Las demoras ocasionadas por el aprovisionamiento de los vehículos permitieron a un oficial leal y a varios suboficiales entorpecer los planes y alterar los tiempos calculados. Pero el error fundamental del general Menéndez fue de cálculo. Supuso que una abrumadora mayoría de militares opinaba como él y que un valiente puñado de hombres, con un simple desafío al gobierno, concentraría las fuerzas necesarias para derrocarlo. Aunque así fuera, era imprescindible un resonante éxito inicial para persuadir a los indecisos a que tomaran parte en la acción; pero la pobre columna de tres tanques y doscientos hombres que salió de Campo de Mayo rumbo al Colegio Militar no ofrecía demasiado incentivo a los oficiales que aprobaban esa causa pero no estaban resueltos a arriesgar por ella sus carreras.[99]

La revuelta de Menéndez fue exigua en cuanto a su alcance geográfico, su carácter y su duración. Sus objetivos principales eran las instalaciones de la Aeronáutica y la Marina situadas al noroeste de la Capital, y la base aeronaval de Punta Indio. Sólo en Campo de Mayo hubo algunas víctimas, y su escasa importancia —un muerto y cuatro heridos en ambos bandos— indica que ese movimiento no estaba resuelto a persistir hasta las últimas consecuencias, sino que era un intento de explotar el presunto disconformismo de los oficiales. Lo cierto es que el general Lucero, ministro de Ejército, pudo reunir una cantidad abrumadora de fuerzas al mando de comandantes leales y hacer que el general Menéndez se rindiera en horas. Mientras tanto, los obreros peronistas, convocados por la CGT, se reunieron para defender al gobierno de un ataque que nunca se produjo. Al rendirse Menéndez, rebeldes de la Aeronáutica y pilotos de la Marina que habían dejado caer sobre la Capital una lluvia de panfletos que proclamaban la revolución abandonaron sus bases ante el avance de las fuerzas leales y buscaron refugio en el Uruguay.[100]

Aunque Lucero intentó después subestimar el significado del episodio del 28 de setiembre y hasta procuró asegurar al público que ya habían pasado los días de las revoluciones en la Argentina, el levantamiento tendría consecuencias de largo alcance para el gobierno, el país y las Fuerzas Armadas.[101] La reacción inmediata del gobierno ante las primeras noticias del movimiento consistió en proclamar el estado de guerra interno. Similar al estado de sitio, pero sin concreto respaldo constitucional, tal medida permitía al Poder Ejecutivo suspender las garantías constitucionales y arrestar a individuos sin juicio previo.[102] Mediante la aplicación de ese decreto, muchas personas fueron detenidas, no sólo durante los días que siguieron, sino también a lo largo de meses y años. Como el estado de guerra interno se había decretado sin límite de tiempo, Perón lo mantuvo, con el apoyo del Congreso, hasta el fin de su mandato, cuatro años después, salvo durante los días de elección. Esto demuestra que si bien contaba con un apoyo abrumador —como lo revelan las elecciones y las concentraciones masivas periódicamente organizadas por la CGT—, Perón se sentía obligado a utilizar una legislación de emergencia, más que las disposiciones normales de la Constitución, para mantenerse en el poder.

Como resultado, el ambiente político argentino se dividió aun más que antes. Los peronistas acusaban cada vez con mayor encono a los opositores al gobierno de ser traidores coaligados con las fuerzas imperialistas. La oposición, por su parte, encontraba dificultades que se agravaban sin cesar para hacer oír su voz. Por ejemplo, durante la campaña política previa a las elecciones del 11 de noviembre, los partidos antiperonistas actuaron con la desventaja de que se les negaba todo acceso a los programas radiales. Sólo podían organizar reuniones al aire libre con permiso policial, y aun cuando lograban llevarlas a cabo, con frecuencia eran blanco de ataques físicos. El partido Socialista tenía una desventaja aún mayor: sus candidatos a la presidencia y la vicepresidencia, así como la mayoría de los nominados para integrar el Congreso, estaban en prisión o permanecían ocultos de la policía.[103]

El impacto causado por la fracasada rebelión sobre las Fuerzas Armadas mismas fue inmediato y profundo. Perón reemplazó a sus ministros de Aeronáutica y de Marina, y ordenó una investigación de la conducta de cada oficial y suboficial durante esa emergencia.[104] Las consecuencias abarcaron no sólo a quienes habían participado activamente del movimiento, sino también a quienes tenían conocimiento del intento revolucionario y no habían actuado con rapidez para reprimirlo. Dentro del Ejército, se inició un enérgico operativo de limpieza que incluyó a sus instituciones más prestigiosas, la Escuela Superior de Guerra, la Escuela Superior Técnica y el Colegio Militar de El Palomar. Se expulsó a algunos oficiales que asistían a las clases dictadas en las dos primeras; a unos se les dio de baja y se los sentenció a prisión, y a otros se los obligó a un inmediato retiro. Los generales que estaban al frente de las tres instituciones fueron reemplazados; uno de ellos, el director del Colegio Militar, que se había negado a unirse a Menéndez el 28 de setiembre, fue dado de baja y sentenciado a tres meses de arresto. Una curiosa ironía quiso que el general en retiro que presidió la corte marcial que dictó esas sentencias fuera un ex director del Colegio Militar que cuando ejercía esa función había intervenido en el exitoso levantamiento de Uriburu, en 1930.[105]

Esa misma corte marcial enjuició por rebelión al general Menéndez y a otros importantes partícipes de su movimiento. Aunque las publicaciones peronistas reclamaban la pena de muerte, el tribunal sentenció a Menéndez a quince años de prisión en una cárcel patagónica y ordenó su destitución. Aun en este caso, el tribunal se abstuvo de aplicar el castigo más severo de la degradación, autorizado por el código de justicia militar. Los principales colaboradores de Menéndez recibieron sentencias de cuatro a seis años de prisión; quienes estaban menos implicados en el movimiento fueron objeto de sentencias menos rigurosas. En total, 111 oficiales de las tres fuerzas fueron condenados a prisión y destituidos de sus respectivos servicios; otros 66 oficiales que no comparecieron ante la corte marcial porque habían abandonado el país fueron destituidos por rebeldía. Si se incluye a quienes no fueron juzgados por esa corte pero que debieron retirarse mediante acción administrativa, el número total de oficiales en servicio activo que vieron interrumpida su carrera a consecuencia del levantamiento del general Menéndez fue alrededor de 200.[106]

La mayoría de estos oficiales pertenecían a los niveles inferiores del escalafón, pero también fue elevado el número de oficiales superiores que sufrieron las consecuencias del fracasado golpe de Menéndez. Eso se debió a que Perón y su ministro de Ejército llevaron a cabo en noviembre un operativo de rastrillaje prácticamente en todos los comandos de tropa. El propio comandante en jefe del Ejército, teniente general Solari, quien había reprimido en persona el levantamiento y después fue condecorado —tanto por el presidente como por la CGT durante una ceremonia especial realizada el 17 de octubre— fue víctima de esa purga. El hecho de que se lo reemplazara después de prestar servicio sólo durante un año, a diferencia de los comandantes anteriores, que habían permanecido dos años en el cargo, indica que el presidente ya no confiaba en él.[107]

Además del retiro de Solari, se ordenó el de ocho generales de división y el de seis de brigada. De estos catorce oficiales superiores, diez provenían de la artillería o de la caballería, sectores a que estaban vinculados Lonardi y Menéndez, respectivamente. Nueve de esos catorce habían sido promovidos el año anterior y lo normal habría sido que prolongaran su servicio durante un tiempo antes de pasar a retiro. Es evidente, pues, que con esos cambios en gran escala, el presidente deseaba asegurarse de que en el futuro sólo hombres de infalible lealtad ocuparían los cargos de comandantes.[108]

Con el mismo propósito de impedir que se reiteraran los sucesos recientes, el presidente inició una serie de medidas institucionales para aumentar el poder del Ministerio del Interior a expensas de los servicios militares. Un decreto dado a conocer el 13 de noviembre creó, bajo la presidencia de Borlenghi, ministro del Interior, un nuevo cuerpo de seguridad interna, el Consejo Federal de Seguridad, que coordinaría la tarea de todas las fuerzas policiales en los niveles nacional y provincial. Borlenghi, que ya tenía bajo su control a los 25.000 efectivos de la Policía Federal, ahora estaba a cargo directo de la Gendarmería Nacional, fuerza de frontera militarizada, hasta entonces bajo la autoridad del Ejército, y de la Prefectura General Marítima, fuerza policial con control sobre ríos y puertos, antes bajo la jurisdicción de la Marina. Sin duda Perón tenía plena fe en la lealtad de su ministro del Interior, y procuraba encontrar el modo de hacer invulnerable su gobierno ante el posible descontento militar.[109]

Semejante era el propósito subyacente en la decisión de desplazar algunas unidades desde el área de Campo de Mayo —Gran Buenos Aires— hacia plazas más alejadas. Los traslados debieron esperar a que se terminaran las instalaciones, pero no fue una simple coincidencia que la Escuela de Caballería y el Destacamento de Exploración, ambas involucradas en el levantamiento de Menéndez, fueran transferidas desde sus bases, en los alrededores de la Capital, a la provincia de Corrientes. Al fin, mediante traslados de otras unidades de infantería y blindadas, las guarniciones del interior, sobre todo las de la zona de Córdoba, adquirieron una significación militar que disminuyó la importancia tradicional y absoluta de Campo de Mayo.[110]

Pero hacia fines de 1951, no hubo cambios de hombres o de unidades que pudieran eliminar la hostilidad alimentada por cientos de oficiales destituidos, o que garantizaran que la política de Perón dejaría de crear opositores entre el personal del Ejército en servicio activo. Por el momento, Perón tenía firme control de la institución militar. Pero la duración de ese control dependería no sólo de la vigilancia de sus servicios policiales y de espionaje, sino también de cómo ejercería los poderes de su cargo cuando fuera reelegido.[111]

V

NUEVOS RUMBOS, 1951-1954

Las elecciones nacionales que el golpe de Menéndez esperaba impedir se realizaron sin incidentes el 11 de noviembre de 1951. Una vez más, como en 1946, los militares garantizaron la libre emisión del voto el día del comicio. Pero si algo puede decirse de la campaña electoral que lo precedió no es que fuera una muestra de juego limpio. Enardecidos por los hechos recientes, los peronistas no consideraban que los partidos de la oposición eran rivales dignos de un trato justo, sino que los veían como organizaciones de subversivos en potencia, si no declarados. Los candidatos de esos partidos (los que ya no estaban detenidos u ocultos) tropezaron con severas restricciones respecto de lo que podían decir y dónde decirlo. A diferencia de 1946, se les negó acceso a las radioemisoras y los diarios se manifestaban abiertamente partidarios de los candidatos peronistas. Sólo por medio de reuniones públicas la oposición podía exponer sus programas, y aun para ello dependían de las autoridades policiales peronistas, de quienes debían obtener autorización para el lugar y la fecha de las reuniones. En tales circunstancias, quizá sea asombroso que el principal rival de Perón, Ricardo Balbín, candidato del partido Radical, obtuviera 2.400.000 votos, es decir, el 32 por ciento del total de 7.600.000. Es harto dudoso que Balbín hubiese ganado la mayoría mediante una campaña sin trabas, pero el presidente y sus asesores no estaban dispuestos a correr ningún riesgo, aun cuando dieran a la oposición sólidos motivos para cuestionar la legalidad de los resultados.[1]

Para el presidente Perón, la abrumadora votación en su favor —un 10 por ciento más respecto de su margen de victoria en 1946— significó un mandato para gobernar tal como él quería. Una vez más, sus partidarios lograron el control absoluto del Senado, ahora elegido por primera vez, como ocurría con la presidencia, por el voto popular directo; también obtuvieron casi todas las bancas de la Cámara de Diputados (salvo catorce) y ganaron las gobernaciones de todas las provincias.[2]

La elección, además, dio pruebas de la astucia política de la conducción peronista al ganarse los votos femeninos. Aunque el derecho había sido otorgado por ley en 1947 y se habían sucedido varias elecciones nacionales y provinciales desde entonces, la de noviembre de 1951 fue la primera oportunidad en que las mujeres pudieron votar. Las autoridades habían justificado las postergaciones alegando la falta de tiempo para preparar los padrones electorales. Lo cierto es que Eva Perón empleó ese tiempo para organizar el partido Peronista Femenino y reforzar el apoyo a su esposo. Esa inversión de tiempo y energía, y de los recursos de su fundación de bienestar social, produjeron dividendos políticos en los resultados de la elección. Las mujeres superaron por 137.000 votos a los hombres en las elecciones, y de esas mujeres, una proporción mayor que en el caso de los hombres votó por Perón (63,9 por ciento, frente al 60,9). Por primera vez, además, seis mujeres fueron elegidas para el Senado y 21 para la Cámara de Diputados, todas ellas peronistas; ocuparían sus bancas cuando el nuevo Congreso Nacional se reuniera en mayo de 1952.[3]

La significación de la victoria electoral de noviembre radicaba no sólo en el aval implícito a la continuación del mando por parte de Perón, sino también en el acrecentamiento de la legitimidad de su programa ante los ojos de los militares. Después de todo, esa era la primera votación popular desde que la convención constituyente de 1949 diera aval jurídico a la ideología peronista. Ahora, al votar en una proporción de dos a uno para que Perón continuara en el mando, el electorado sancionaba la transformación de la filosofía de Perón: la llamada doctrina peronista era ya una doctrina nacional. En el futuro podían continuarse a ritmo sostenido los esfuerzos por identificar a los militares con esa doctrina. Y en efecto, el general Lucero ordenó que a partir de 1952 el estudio de la doctrina nacional se incorporara al programa de instrucción del Ejército en todos los niveles. Desde entonces, de acuerdo con planes aun más elaborados, se exigió al personal del Ejército que asistiera a clases y conferencias en que se elogiaban con vehemencia las realizaciones de Perón, sobre todo en materia de obras públicas, y en que se presentaba una interpretación revisionista de la historia argentina, a fin de atacar el patriotismo y la eficacia de los grandes personajes liberales y conservadores del pasado.[4]

Desde luego, para algunos opositores de Perón el resultado de las elecciones no significó en modo alguno la legitimidad de su ejercicio del poder. Muy por el contrario, descartando la lucha electoral como medio para destituirlo —y a pesar de la gran dispersión que siguió al fracasado intento de Menéndez— organizaron un nuevo movimiento. A decir verdad, no era un «nuevo movimiento», sino una reorganización de elementos que de una u otra manera habían participado de las conspiraciones anteriores. Lo nuevo no era la identidad de los participantes, sino el acto temerario que se proponían: el asesinato del presidente y de Eva Perón. El jefe de este movimiento era un inveterado conspirador, el ex coronel José Francisco Suárez. Se habían unido a él varios cientos de civiles, varios oficiales en retiro, un ex funcionario policial y unos pocos oficiales del Ejército y de la Marina que habían logrado continuar en servicio activo a pesar de la dispersión que siguió al fallido golpe de Menéndez.[5]

El plan contemplaba la toma simultánea de la Casa Rosada, el Correo Central y el Departamento Central de la Policía Federal, pero su principal objetivo era la residencia presidencial en la avenida Libertador. Se utilizarían camiones pesados para derrumbar la verja de hierro circundante, permitiendo así que fuerzas de choque bien armadas entraran en el edificio y liquidaran a sus habitantes. Los conspiradores no podían garantizar, sin embargo, que el presidente Perón estuviese durmiendo en la residencia. En algunas ocasiones dormía en otras partes, inclusive, irónicamente, en la residencia del director de la Penitenciaría Nacional, donde muchos de sus más encarnizados enemigos políticos estaban encarcelados.[6]

La conspiración de Suárez se planeó para que coincidiera con el centenario de la batalla de Caseros, el 3 de febrero que significó la derrota del dictador Juan Manuel de Rosas. Éste era un hecho histórico, muy importante para los liberales argentinos, que el gobierno peronista trataba cuidadosamente de ignorar. Por desgracia para los conspiradores, en su ansiedad por dar a sus partidarios una doble razón para celebrar el 3 de febrero, resultaron víctimas de su propio descuido; habían incluido en sus filas a un agente del Servicio de Informaciones de Aeronáutica, que los traicionó ante las autoridades. Antes que pudieran actuar, la policía se movilizó, apresó a Suárez y a sus principales colaboradores, con el subsiguiente arresto de cientos de miembros del partido Radical y de otros grupos de oposición. La censura impidió que las noticias llegaran a los diarios, pero informes sobre los arrestos y las torturas al coronel Suárez y otros prisioneros circularon pronto, tanto en la Argentina como en el exterior. Sólo en mayo, cuando el juez que intervenía en la causa presentó sus cargos en audiencia pública, el pueblo pudo enterarse de los detalles del complot, el nombre de los principales participantes y sus planes para el futuro del país.[7]

La reacción de Perón ante ese acto de violencia planeada contra su persona fue no sólo que los tribunales militares y civiles actuaran contra los directamente involucrados y se promulgaran leyes para castigar a las familias de los conspiradores militares al privarlas de sus pensiones[8], sino también la autorización de un plan secreto de medidas violentas que se tomarían en caso de que volviera a intentarse contra su vida. Mediante una directiva conocida como Orden General N.º 1, enviada el 18 de abril a todos los altos funcionarios del gobierno nacional y de los gobiernos provinciales y redactada en las oficinas centrales de Control de Estado, organismo bajo el mando directo del presidente, y a través de una directiva relacionada con la anterior y conocida como «Plan Político Año 1952», que circulaba entre altos dirigentes del partido Peronista. Perón inició la política de que «al atentado contra el presidente de la Nación, hay que responder con miles de atentados». El Plan Político impartía instrucciones a los dirigentes políticos partidarios provinciales para que cooperaran en la preparación de listas de enemigos y en la organización de grupos fuertemente armados, que se formarían con individuos especialmente elegidos en el Partido y en la CGT y cuya misión consistiría en llevar a cabo ataques personales, atentados con bombas e incendios. Control de Estado distribuyó sus propias listas preliminares de enemigos, que se ampliarían «a medida que nuevas investigaciones permitan actualizarlas». Las listas iniciales contenían los nombres de 322 personas, 50 empresas extranjeras, embajadas y personas, 29 firmas comerciales argentinas vinculadas a elementos de la oposición, y locales de partidos políticos de la oposición. Las personas estaban clasificadas según una escala de uno a cinco para determinar su importancia política como opositores. Los que tenían más alto puntaje serían presumiblemente los primeros «que deben ser suprimidos sin más en caso de atentado contra el excelentísimo señor presidente de la Nación».[9]

Esta asombrosa política de planes de emergencia contra ciudadanos argentinos y residentes extranjeros suscita un interrogante sobre los motivos de Perón y su sentido de la responsabilidad. Podría sostenerse que era una medida defensiva, una respuesta a la provocación, pero confiar a bandas militares la implementación de una política de desquite contra personas arbitrariamente elegidas por una mezcla de agentes de inteligencia internos y de partidarios políticos significaba abdicar de los procedimientos legales que son norma de los gobiernos responsables. ¿Por qué, entonces, autorizó el presidente Perón el plan de represalia, con sus peligrosas connotaciones respecto de la futura integridad de la sociedad argentina? ¿Era su intención intimidar a la oposición para impedir que se repitiera el complot de Suárez? Si así era, el secreto de que estaban rodeadas las directivas actuaba en contra de él mismo. ¿Era un extravío momentáneo, motivado en primer lugar por su convicción de omnipotencia y en segundo lugar por la furia que le había provocado la osadía de los opositores al insistir en conspiraciones contra él? Es posible que así fuera, pero su actitud podía tener peligrosas consecuencias, aun cuando las directivas estuviesen guardadas en las cajas fuertes de altos funcionarios. La tendencia de Perón a iniciar una política de violentas represalias debió conocerse entre los altos dirigentes de la CGT y del Partido. En febrero de 1952 aprobó la compra de importantes cantidades de revólveres por parte de la Fundación Eva Perón que fueron distribuidos en la CGT y otros organismos. Tales compras, prohibidas por las leyes, salvo con autorización previa del Ministerio de Defensa, fueron aprobadas posteriormente, a solicitud expresa del Presidente.[10]

Más que un estallido emocional surgido de la arrogancia del poder o que una muestra de machismo político, con revólveres y todo, las directivas de Perón relacionadas con las represalias parecen haberse propuesto dos objetivos muy prácticos: identificar y eliminar del gobierno nacional y de los provinciales a todo empleado que no fuera miembro reconocido del partido Peronista, y —al centrar la atención en sus enemigos políticos— levantar el ánimo del Partido y de los dirigentes de la CGT en momentos en que la creciente crisis económica forzaba a Perón a abandonar las políticas anteriores, orientadas hacia el consumidor.[11]

El 18 de febrero, ante las consecuencias de una cosecha desastrosa, el estancamiento de la producción industrial, el deterioro del comercio exterior y la tasa de inflación en veloz aumento, el presidente apeló a la radio para anunciar un programa de austeridad económica. Fue un sobrio mensaje en el que Perón señaló que durante los últimos cinco años, «no hemos pedido al pueblo ningún esfuerzo extraordinario y menos aún el menor sacrificio para realizar su felicidad y consolidar la grandeza de la Patria», pero agregó que había llegado el momento de adoptar una política de menor consumo y de mayor productividad. El mensaje de Perón especificaba claramente que el gobierno daría prioridad al estímulo de los sectores agrícola y ganadero, asegurando precios sostén y suprimiendo trabas laborales en los establecimientos agrícolas y los frigoríficos. El consumidor, a su vez, no podría comprar carne un día por semana y debía reducir las compras de artículos exportables.[12]

El Plan Económico para 1952, como se denominó la nueva política, también intentaba promover el ahorro y la inversión privada, y reducir el papel del Estado en la industria de la vivienda, a fin de alentar la iniciativa privada. En el difícil ámbito de la relación precios-salarios, el gobierno proponía que se mantuviera el control de precios, como hasta entonces, pero los acuerdos sobre salarios, una vez ajustados según una fórmula del gobierno que tomaba en cuenta el reciente aumento de precios, no se modificarían, salvo en casos especiales, durante un lapso mínimo de dos años.[13]

El Plan Económico de 1952 sirvió de transición hacia la declaración de objetivos políticos a largo plazo que el presidente anunció al Congreso y al país en su Segundo Plan Quinquenal, publicado en diciembre de 1952. Con la intención de guiar al desarrollo argentino durante el período 1953-57 y asegurar el logro de su objetivo fundamental, «consolidar la independencia económica para asegurar la justicia social y mantener la soberanía política», este Plan difería del Primer Plan Quinquenal por su definición de prioridades. La principal de ellas era esta vez el desarrollo del sector agrario, los recursos energéticos y las industrias pesada y minera, seguido de un mejoramiento en la infraestructura (transportes, caminos, obras sanitarias y de suministro de agua potable). Del monto de 33.500 millones de pesos que se calculaba para el próximo lustro, el 42 por ciento se destinaría a las obras y servicios públicos y el 33 por ciento al estímulo de la actividad económica, con sólo el 4 por ciento para la acción social. El resto debía distribuirse entre el Ejército (4.000 millones, el 12 por ciento del total) y los gobiernos provinciales (3.000 millones, o sea el 9 por ciento). Las mayores áreas de inversión eran el transporte (5.000 millones), los combustibles (4.600 millones), los caminos (3.500 millones) y la energía eléctrica (2.500 millones).[14]

Aunque el Segundo Plan Quinquenal suponía con mucho optimismo que el Estado podía crear los fondos necesarios por medio de empréstitos públicos y de los impuestos, el texto incorporaba el concepto de que podía atraerse al capital privado, tanto interno como externo, para cooperar en la puesta en marcha del Plan. Al estipular que el Estado crearía «las condiciones adecuadas y las oportunidades favorables» para atraer esos capitales, el Plan posibilitaba un cambio de rumbo que lo alejaba del nacionalismo económico de los últimos años. La verdadera significación de este desplazamiento hacia una postura económica más tradicional se hizo evidente más tarde, en 1953, cuando Perón solicitó al Congreso que promulgara una nueva ley de inversiones extranjeras y comenzó a hablar abiertamente en favor de la busca de inversiones extranjeras en el sagrado ámbito de la producción petrolífera.[15]

Un factor que contribuyó a este cambio de orientación no fue sólo la presión de la realidad económica, sino también la desaparición de la más ardiente opositora a la inversión privada, Eva Perón. Operada de cáncer pocos días antes de la reelección de Perón, parecía haberse recuperado lo bastante para un retorno parcial a la vida pública. El 1.º de mayo de 1952, habló ante la manifestación masiva organizada por la CGT, pero ésta sería la última vez que pronunciaría un discurso en público. Aunque hizo el enorme esfuerzo de asistir a la ceremonia de iniciación del nuevo mandato de Perón, el 4 de junio de 1952, esta mujer, antes vibrante y hermosa, era ahora una trágica sombra de sí misma a quien apenas le quedaban 56 días de vida.

Al hacerse pública la proximidad de la muerte de Evita una oleada de exaltación corrió por la escena argentina, en especial en el Congreso, donde la abrumadora mayoría peronista, compuesta por los hombres y las mujeres elegidos en noviembre previo, ocupó sus bancas en la primera sesión ordinaria del 1.º de mayo. En las semanas que siguieron, esos legisladores peronistas se entregaron a una orgía de discursos, tratando de superarse unos a otros en expresiones de afecto y valoración de la jefa moribunda. Miembros del Senado, por ejemplo, que ya habían prestado el juramento proscripto por la Constitución, hicieron un nuevo juramento de lealtad al Presidente y a su esposa el 18 de junio.[16] Ni este gesto, ni el acto de proclamar a Evita Jefa Espiritual de la Nación, ni el voto para erigirle un monumento en la Capital Federal, con réplicas en cada provincia y territorio, podían detener el avance de su cruel enfermedad. El 26 de julio de 1952 murió la que había sido la mujer más poderosa de la Argentina.[17]

La muerte de Evita provocó manifestaciones de dolor popular casi sin precedentes en la historia argentina; quizá la más cercana fuera la motivada por la muerte de Yrigoyen, en 1933. Pero la muerte de Evita también fue ocasión para imponentes ceremonias fúnebres, cuidadosamente planificadas y escenificadas para lograr un máximo impacto político y filmadas por camarógrafos contratados con ese fin. Durante dos semanas el cadáver se exhibió en el Ministerio de Trabajo, ante el cual el pueblo formó largas filas de miles de personas, a menudo bajo la lluvia, para mirarla por última vez. Los restos se trasladaron después, con honores militares, al Congreso, donde permanecieron un día más, mientras los trabajadores argentinos de todo el país participaban de un paro general decretado por la CGT desde las 6 de la mañana hasta la medianoche. Las exequias mismas se hicieron el 10 de agosto; el cuerpo de Evita, en un catafalco arrastrado por dirigentes de la CGT, avanzó solemnemente por las calles de Buenos Aires, entre efectivos del Ejército que procuraban contener a las multitudes conmovidas por el dolor. En el momento del entierro, las unidades militares de todo el país guardaron un minuto de silencio. El sitio del entierro no era un cementerio, sino la sede central de la CGT. Allí, los restos de Evita, especialmente preservados en un ataúd hermético con tapa de cristal, tendrían lugar de descanso temporario mientras se construía el monumento ya votado. Más alto que la Estatua de la Libertad en los Estados Unidos y financiado mediante contribuciones «voluntarias», el monumento nunca se terminaría.[18]

Era inevitable que la desaparición de Evita en el escenario argentino produjera efectos en las relaciones personales y de poder dentro del movimiento peronista y el gobierno. Perón, por ejemplo, decidió no permitir que ninguna de las mujeres peronistas reemplazara a Evita como jefa del partido Peronista Femenino; tomó la misma decisión respecto de la Fundación Eva Perón, y en ambos casos anunció su intención de hacerse cargo personalmente de ambas instituciones. En el ámbito gremial, tomó medidas para reemplazar a hombres cuya posición se debía en gran medida a la influencia de su esposa. El secretario general de la CGT, José Espejo, al ser blanco de una andanada de burlas durante la manifestación del 17 de octubre, Día de la Lealtad, acusó el impacto y elevó su renuncia. El ministro de Trabajo pudo hacer mutis de manera más airosa: su mala salud lo hizo renunciar voluntariamente en abril de 1953. Perón eligió a un dirigente sindical de menor jerarquía, Eduardo Vuletich, para ponerlo al frente de la CGT, y a un político de Santa Fe, el senador Alejandro Giavarino, para designarlo ministro de Trabajo.[19]

La renuncia del hermano de Evita, Juan Duarte, a su cargo de secretario privado del presidente, en abril de 1955, fue otra etapa en el operativo de limpieza de la Casa Rosada. Las circunstancias, tanto previas como posteriores, en torno de este hecho fueron de índole diferente y más espectaculares. No fue Perón quien dio el primer paso para obligarlo a renunciar, sino sus colaboradores militares, ansiosos por eliminar a Duarte, a Orlando Bertolini —cuñado de Duarte— y a otros miembros del personal de la Casa Rosada a quienes sabían comprometidos negocios turbios. Conscientes del afecto de Perón hacia Juan Duarte, los militares eligieron a Bertolini como blanco de sus acusaciones, sabiendo muy bien que seguir el hilo de la corrupción los llevaría inevitablemente al hermano de Evita.[20] Los cargos contra Bertolini se elevaron en momentos en que era cada vez mayor la preocupación pública por el sideral aumento del costo de los alimentos y cuando arreciaban las críticas, tanto en los medios peronistas como en los de la oposición, por la corrupción en las altas esferas. Inclusive algunos funcionarios de la CGT insinuaban que ciertos altos funcionarios podían ser responsables de la escasez de carne en Buenos Aires. En tales circunstancias, y ante el riesgo de que la inacción gubernamental instara a sus edecanes militares a comunicar su preocupación a sus compañeros de armas, Perón accedió a la propuesta de nombrar al general León Bengoa, un prestigioso oficial del Ejército con firme reputación como hombre de juicio independiente, para que iniciara una investigación sobre las actividades de Bertolini.[21]

Investido por el presidente de amplios poderes para llevar a cabo la investigación, y con garantías de poder ponerse en contacto directo con él en todo momento, Bengoa inició su tarea el 6 de abril con un reducido equipo de oficiales y el personal de Control de Estado, por el momento a su cargo. Cada día Bengoa escribía en una sola copia manuscrita un sumario de lo que había descubierto e informaba en persona al presidente. No encontró obstáculos para su misión y así pudo sacar a luz —revisando los archivos de Duarte y Bertolini y por medio de declaraciones tomadas a intermediarios— pruebas que demostraban las actividades ilícitas no sólo de ambos parientes de Evita, sino también de otros importantes funcionarios. Duarte en fue separado de su cargo el primer día de la investigación y se le prohibió la entrada a su propia oficina. Dos días después, el 8 de abril, el presidente manifestó en un discurso transmitido por radio que tenía conocimiento de la preocupación pública por el aumento de precios y de los insistentes rumores sobre la corrupción en los medios oficiales. Pero anunció que había ordenado una investigación en su propio despacho, «para establecer la responsabilidad de cada uno de los funcionarios, empezando por mí. Y donde hay delito, va a ir a la justicia, tal como ha sido mi norma inquebrantable desde que estoy en el Gobierno».[22]

Esa «norma» se quebró al día siguiente mismo, cuando Juan Duarte apareció muerto de un balazo a causa de un suicidio, como sostuvo la policía, o víctima de un atentado por parte de desconocidos, como muchos argentinos pensaron en ese momento y aún siguen creyéndolo. Fuera como fuese, el presidente ordenó al general Bengoa que suspendiera la investigación y elevara un informe final.

A las pocas horas Bengoa entregó todas las pruebas que había reunido y así se dio por terminado el asunto. De manera evidente, unos pocos individuos fueron trasladados después de la Casa Rosada a otros cargos, pero salvo Juan Duarte, ninguno de los principales personajes complicados en negocios ilícitos sufrió el menor castigo. La imagen de la Casa Rosada como antro de corrupción no mejoró.[23]

A pesar del sensacionalismo que rodeó el caso Juan Duarte, no fue sino apenas un aspecto de la crisis que Perón debió enfrentar en abril de 1953. Las quejas por los aumentos del precio de los alimentos y la escasez de carne en el Gran Buenos Aires significaban problemas mucho más graves. El malestar ocasionado por tal situación, como ya hemos observado, daba fundamento a las acusaciones de corrupción y mala administración que en varios sectores se hacían contra las altas esferas. En el ámbito de los trabajadores, manifestaciones espontáneas presionaban a los dirigentes de la CGT para que lograra la reducción de precios o para dejar sin validez el compromiso de no modificar los salarios durante dos años, como había urgido el gobierno el año anterior. La difícil alternativa del presidente era tratar de apaciguar de algún modo a los grupos consumidores sin abandonar su política básica, o mantener en su nivel actual los precios y salarios.

La primera reacción de Perón ante el problema del precio de los alimentos pareció indicar que no había perdido su vigor político y que, aun sin Evita, era capaz de atraer a las masas. Con gran publicidad, convocó a una reunión conjunta del gabinete económico, el comité nacional de precios y salarios, representantes de la CGT y de la Confederación General Económica (CGE, el grupo empresarial) y les ordenó que se mantuvieran en sesión permanente hasta acordar soluciones.

En sus propias observaciones, que iniciaron la reunión, trató de dar fuerza a la imagen de los dirigentes de la CGT elogiando la energía con que defendían los intereses de los consumidores: «Es la primera vez que la Confederación me ha puesto el cuchillo en la barriga, pero con verdad y con justicia». Con lenguaje de igual franqueza, se comprometió personalmente a ajustar cuentas con los proveedores responsables de la escasez de carne; «aunque sea voy a carnear en la avenida General Paz y voy a repartir carne gratis, si es necesario. La pagarán los que no han sabido cumplir con su deber de abastecedores».

Esta imagen de su presidente, un teniente general del Ejército, faenando carne en los aledaños de la Capital debió producir un curioso impacto sobre los argentinos conscientes de los niveles jerárquicos; pero no debe desestimarse el efecto positivo de sus observaciones sobre los trabajadores.[24]

Perón descubrió pronto que era más fácil dar la impresión de que se buscaban soluciones a los problemas económicos que encontrarlas. En su mensaje radial a toda la nación, programado para una semana después, en el que anunciaría las nuevas medidas económicas, Perón no podía ofrecer más que un mayor control de los precios de todos los productos alimentarios y la promesa de ejercer una vigilancia rigurosa. Ese discurso del 8 de abril, sin embargo, reveló a un presidente distinto, un hombre que estaba al borde de perder el control. Consciente ya de la necesidad de encubrir los descubrimientos de Bengoa, de la permanente oleada de quejas públicas y de la falta de toda solución real a los dilemas económicos, Perón se desahogó en una mezcla de denuncias, amenazas y expresiones de autocompasión.

No pudiendo sino darse por enterado de que las acusaciones por robos y estafas surgían de todos los ámbitos, Perón apeló a una lógica extravagante y culpó a las víctimas: «Cuando un tipo es un ladrón, es porque hay un estúpido que se deja robar. Primera cosa. Y cuando hay un coimero, hay un ladrón que le paga la coima». También fustigó duramente a los típicos porteños que no se mostraban dispuestos a negarse a pagar precios mayores que los exhibidos en los comercios o a acusar formalmente a los corruptos. Perón advirtió a los comerciantes que él mismo les haría respetar los precios fijados, «y si no los cumplen les daremos con los inspectores; si todavía eso no es suficiente, les voy a poner la tropa y a culatazos se los voy a hacer cumplir»

Ostensiblemente destinadas a quienes difundían rumores, pero en realidad dirigidas al núcleo de sus partidarios, Perón hizo otra incoherente serie de observaciones que parecían revelar un estado de ofuscación mental:

Y a los señores que se encargan de esparcir rumores, sean éstos enemigos del Gobierno o partidarios del Gobierno —que también los hay— que se cuiden mucho, porque si el pueblo no tiene los suficientes pantalones como para imponerse sobre los propaladores, he de tomar yo también esa función. No me va a extrañar. Hace diez años que vengo poniendo el pecho a los enemigos de adentro y a los enemigos de afuera, y yo lo he de poner mientras tenga un hálito de vida, aunque no me acompañe nadie, porque sé que cumplo con mi deber. Pero, señores, yo ya me estoy cansando. Son demasiados años de lucha y esto lo fatiga y lo cansa a cualquiera. Yo he de seguir mientras sienta el apoyo. Pero a mí no me va a pasar lo de Yrigoyen; a mí con mentiras no me van a voltear, porque me voy a ir un año antes de que me volteen, cuando no me sienta apoyado por hombres, que es lo que se necesita para esta clase de lucha.[25]

Es harto dudoso que Perón pensara seriamente en renunciar. Es más probable que con sus observaciones, por irracionales e incoherentes que resultaran una vez impresas, procurara suscitar expresiones de apoyo. La CGT tradujo sus deseos convocando a un paro general y a una concentración que se realizaría en Plaza de Mayo una semana después, el 15 de abril. Una vez más, ante miles de rostros que miraban hacia el balcón, Perón se sintió en dominio total de la situación. Aunque admitió que «quizás en el fragor de la lucha haya dejado escapar alguna expresión de desaliento», reafirmó su voluntad de conducir al país:

Yo no soy de los hombres que se desalientan, a pesar de la legión de bienintencionados y de malintencionados que golpean permanentemente sobre mi espíritu y mi sistema nervioso. Yo no soy de los hombres que se desalientan desfilando, como lo hacen entre una legión de aduladores y una legión de alcahuetes. Si esto pudiera desalentarme, si mediante eso pudiese algún día llegar a perder la fe inquebrantable que tengo en mi pueblo, habría dejado de ser Juan Perón.[26]

No todo lo que ocurrió en la concentración del 15 de abril, sin embargo, obedeció al plan de Perón. Sólo hacía pocos minutos que hablaba cuando estallaron dos bombas causando momentos de pánico y una serie de víctimas que, según se informó después, llegaron a seis muertos y noventa y tres heridos. Interrumpido en medio de las declaraciones que había planeado hacer, Perón se lanzó contra los responsables y aseguró que los identificaría y los llevaría ante la justicia. Pero cuando se elevaron gritos que reclamaban venganza, Perón, en apariencia sin premeditación, contestó: «Eso de la leña que ustedes me aconsejan, ¿por qué no empiezan ustedes a darla?»[27]

Ya fuese esa la única señal dada, o ya se hubiesen impartido por otros conductos instrucciones especiales, lo cierto es que esa noche bandas dispersas de jóvenes peronistas ejercieron violentas represalias semejantes a las reclamadas por la Orden General N.º 1. Irrumpieron en la sede central del partido Socialista, la Casa del Pueblo, destruyeron sus instalaciones e incendiaron el edificio, en el cual estaban los archivos y la biblioteca; siguieron atentados contra las sedes del partido Radical y el partido Demócrata, y la destrucción total del Jockey Club. Símbolo del lujo de la clase alta, el edificio del club fue pasto de las llamas, que devoraron su biblioteca y destruyeron algunos de sus valiosos cuadros, ante la indiferencia de la policía y los bomberos, que sólo procuraron proteger los edificios vecinos.[28]

Los acontecimientos del 15 de abril de 1953 provocaron tensiones que llegaron a niveles más altos que los de cualquier otro momento desde que se proclamó el estado de guerra interno, en setiembre de 1951. En las semanas que siguieron, la policía detuvo a cientos de personas tratando de encontrar a quienes habían puesto las bombas y registró el país entero en la busca de armas ocultas. En la creencia de que los terroristas estaban vinculados a la comunidad exiliada en el Uruguay, el gobierno procuró controlar todo movimiento entre ambos países, manteniendo estrecha vigilancia sobre viajes clandestinos por el río y prohibiendo todo movimiento de aviones privados en las zonas fronterizas con Uruguay y Brasil. A pesar de esos primeros esfuerzos de la policía, hubo estallidos de explosivos de menor potencia en varios lugares de la Capital, inclusive en las cercanías del Círculo Militar. Seis de esos estallidos se produjeron horas antes del mensaje anual que el presidente pronunciaría en el Congreso.[29]

Aunque en su discurso del 1.º de mayo ante la concentración de los trabajadores el presidente culpó de esos actos de violencia a miembros del partido Radical, en realidad fue un grupo de jóvenes conservadores, algunos de ellos miembros de distinguidas familias, los que habían organizado la campaña de atentados.[30] Pero aun después que la policía descubriera la identidad de los verdaderos autores y pusiera fin a sus actividades, el gobierno continuó empleando rigurosas medidas contra otros partidos de oposición. A mediados de mayo, dirigentes Radicales como Arturo Frondizi y Ricardo Balbín, los Socialistas Nicolás Repetto y Alfredo Palacios, y los Demócratas Adolfo Vicchi y Reynaldo Pastor se sumaron a las filas de muchos de sus correligionarios detenidos en las cárceles del país.[31] Perón adoptó desde un comienzo la posición de que los extranjeros también estaban involucrados y, descontento ante lo que consideró como una distorsión deliberada por parte de la prensa norteamericana, sancionó a las agencias de noticias norteamericanas prohibiendo sus servicios a los periódicos argentinos.[32] Todo parecía indicar que se iniciaba un largo, difícil invierno argentino de conflictos políticos, internos e internacionales.

Los hechos probaron lo contrario. Perón mismo estaba ansioso por evitar una prolongada agitación política, ya que eso podía comprometer su programa económico, basado cada vez más en crear las condiciones que pudieran alentar una expansión en la actividad agrícola y atraer las inversiones extranjeras, en especial de los Estados Unidos. Sin esas inversiones, el desarrollo de los recursos de energía y combustibles, la industria pesada y los medios de transporte —ámbitos a que el Segundo Plan Quinquenal otorgaba las más altas prioridades— no podía sino estancarse. Un clima de tensión permanente también podía afectar de manera adversa las perspectivas de llevar a cabo su política de unión económica con los países vecinos, política que Perón había iniciado durante una visita oficial a Chile en febrero de 1953 y en relación con la cual ya se había programado la correspondiente visita a la Argentina del presidente chileno Carlos Ibáñez.[33] Desde el punto de vista del desarrollo económico, así como de las relaciones internacionales, urgía encontrar los medios para reducir la tensión que había aumentado a tal punto en los últimos tiempos y llegar a una tregua política duradera.

Quizá también influyera sobre Perón su creencia de que gozaba aún de más poder que antes y que era invulnerable a la oposición política.[34] Los recientes acontecimientos sin duda habían acrecentado el apoyo de sus partidarios; el movimiento obrero, a pesar de los tumultos de abril, estaba bajo su firme dominio y todo parecía indicar que otro tanto ocurría con los militares. A diferencia de lo sucedido en 1951 ya principios de 1952, ningún oficial en servicio activo había estado implicado en los últimos sucesos. En apariencia, el operativo de limpieza hecho en aquella ocasión había sido eficaz. Por lo demás, bajo la dirección del ministro de Defensa, Sosa Molina, y el ministro de Ejército, Lucero, estaba avanzando el proceso para identificar el Ejército como institución y los oficiales del Ejército como individuos con las políticas y la persona del presidente. Su doctrina nacional ya era asignatura obligatoria en todos los institutos de instrucción militar, inclusive los más avanzados[35], y, más aún, Perón recibía expresiones de homenaje institucional que habrían sido inconcebibles algunos años antes. El ejemplo más notable puede encontrarse en lo ocurrido el 29 de mayo, Día del Ejército, cuando en lugar del tradicional desfile militar para honrar la creación en 1810 de los primeros regimientos de infantería, los ministros de Ejército y de Defensa, generales Lucero y Sosa Molina, organizaron una demostración formal militar al presidente, con discursos y la entrega de una plaqueta.

Las solemnes expresiones que el ministro de Defensa dedicó a Perón revelan el espíritu de ilimitada adhesión personal que él y sus colegas de los demás ministerios militares habían procurado inculcar en sus subordinados:

Señor, estamos aquí para testimoniaros solemnemente ante propios y extraños y con la más alta, genuina y resonante expresión de nuestros sentimientos, la más firme solidaridad y absoluta identificación con la ciclópea obra de gobierno que realizáis en favor del pueblo argentino y con la orientación de vuestra política internacional…

En el estricto orden militar, bien lo sabemos, señor, este gesto de las fuerzas armadas no es usual ni acaso lo necesitéis como conductor de la Nación, pero en esta ocasión particular lo justificamos plenamente.

Es que le asignamos tal trascendencia y estamos tan convencidos de que vuestra política interpreta cabalmente los sentimientos del pueblo argentino que los componentes de las fuerzas armadas —que son parte integrante de ese mismo pueblo— han sentido la necesidad de decirlo pública y solemnemente para que todos, propios y extraños, sepan que ellos unen en este caso al principio inconmovible de subordinación que los alienta, un fuerte sentimiento de adhesión inquebrantable al excelentísimo señor presidente y la noble causa que representa…[36]

En esta atmósfera condicionada por manifestaciones de este tipo, el gobierno de Perón empezó a desplazarse desde la represión rigurosa hacia una política de conciliación limitada. Inaugurada con algunas alternativas durante un período de seis meses a partir de junio, esta fase conciliatoria sobreviviría, no sin fluctuaciones, hasta alrededor de un año después, para ser repentinamente abandonada en los meses finales de 1954.

Los orígenes específicos de la política de conciliación no son del todo claros. Los comienzos públicos pueden rastrearse hacia iniciativas no tomadas por el gobierno, sino por miembros del más conservador de los grupos de la oposición, el partido Demócrata. El 30 de junio, una delegación de sus miembros se reunió con Borlenghi, el ministro del Interior, y le presentó una declaración en la que solicitaba la libertad de todos los presos políticos y el levantamiento del estado de guerra interno como pasos esenciales para el logro de la unidad espiritual. En otro intento separado, pero en apariencia relacionado con el anterior, el distinguido Conservador Federico Pinedo, en una carta escrita desde la celda de su prisión, propuso una tregua política en la que la oposición se abstendría de hacer críticas a fin de apaciguar las pasiones, mientras que el gobierno, reconociendo su triunfo, revocaría el estado de guerra interno y no apelaría a medidas excepcionales.[37]

Lo que no está claro, sin embargo, es si contactos preliminares entre voceros del gobierno y los dirigentes Conservadores precedieron a estas iniciativas públicas. Es sabido que unas semanas antes, en un discurso dirigido al sector agrícola, el presidente se opuso resueltamente a la reforma agraria y se mostró en favor de preservar el sistema de propiedad existente, con sus grandes terratenientes.[38] El partido Demócrata era, por supuesto, el vehículo político de los grandes terratenientes, y sus dirigentes quizá actuaran en respuesta a lo que consideraron un signo alentador, sin necesidad de otros contactos más específicos. Sea como fuere, la reacción inmediata del gobierno ante la solicitud del partido Demócrata fue dejar en libertad a varios de sus principales miembros, inclusive el presidente de su comité nacional.[39]

Este precedente hizo que una serie de delegaciones de otros sectores empezara a solicitar entrevistas al Ministerio del Interior; entre otros acudieron Enrique Dickmann, del ala disidente del partido Socialista, y los representantes del partido Demócrata Progresista. El resultado de esas gestiones fue la inmediata libertad de algunos de sus correligionarios. Pero ni el comité nacional del partido Radical ni el Socialismo regular estaban dispuestos a humillarse ni a avalar la noción de tregua política que tenía Pinedo. Borlenghi, el ministro del Interior, a su vez señaló la actitud de los Radicales, el principal grupo de la oposición, para justificar el mantenimiento del estado de guerra interno y mantuvo la presión contra los Socialistas regulares al admitir al grupo de Dickmann. Pero lo cierto es que desde el punto de vista gubernamental, la política de conciliación limitada estaba avanzando. La liberación discriminada de prisioneros había alentado ulteriores conversaciones políticas, en especial con el partido Demócrata, a petición del cual unos pocos dirigentes Radicales y Socialistas fueron puestos en libertad en setiembre. El gobierno, además, estaba preparando la adopción de una medida adicional bajo la forma de una amnistía aparentemente amplia, pero en realidad cuidadosamente estudiada, para los transgresores políticos.[40]

Tal como fue promulgada en diciembre por el Congreso controlado por los peronistas, la ley de amnistía hacía una neta distinción entre delitos políticos cometidos por civiles y los cometidos por militares, al margen de otra distinción en el rubro de los transgresores gremiales. Los civiles recibirían «una amplia amnistía total general por delitos políticos cometidos con anterioridad a la presente ley»; los transgresores políticos bajo jurisdicción militar recibirían los beneficios de la ley «sólo en los casos y en la extensión que determine el Poder Ejecutivo». En ningún caso la amnistía favorecería a quienes hubieran cometido delitos de terrorismo político. En el ámbito sindical, se estableció una diferencia entre transgresiones cometidas antes del 17 de octubre de 1945, a las que se concedía total amnistía, y las cometidas a partir de esa fecha, que se considerarían individualmente. En suma: ni los militares ni los dirigentes sindicales que hubieran cometido actos políticos antiperonistas en violación de la ley se beneficiaban automáticamente por la ley de amnistía.[41] Era obvio que Perón quería asegurarse de que ninguno de los liberados de acuerdo con esas disposiciones volvería a actuar para socavar su control de los dos sectores que más le importaban: el movimiento obrero y las Fuerzas Armadas.

La promulgación de la ley de amnistía muy poco antes de Navidad de 1953 tuvo como resultado la liberación de cientos de individuos y la derogación de órdenes de arresto contra otras figuras políticas en el exilio u ocultas. Pero ninguno de los Laboristas, como por ejemplo Cipriano Reyes, en prisión desde 1947, o algunos militares como el coronel (R) José Suáres, complicado en los complots de 1951 y 1952, salieron de las cárceles en que estaban detenidos. Inclusive las figuras políticas que se beneficiaron por la ley descubrieron que estar fuera de la cárcel o en sus casas después del exilio no significaba que gozaban de libertad para hablar abiertamente contra el gobierno. El estado de guerra interno seguía en vigor; la autorización policial aún era imprescindible para realizar reuniones públicas, y la ley de desacato todavía servía para desalentar todo intento de crítica.[42]

Pero para Perón la política de conciliación limitada siguió pagando dividendos: en la esfera internacional, a raíz de una mejora de la imagen de la Argentina ante los ojos de posibles inversores (tema que analizaremos más adelante); en el frente interno, a causa de la desintegración de los sectores de la oposición. Dentro de los partidos más tradicionales, se intensificaron las luchas internas en cuanto a cómo hacer frente al arbitrario poder del gobierno. Esto se hizo evidente cuando el gobierno anunció que las elecciones para el Congreso y para la vicepresidencia se harían el 25 de abril de 1954.

El anuncio mismo de las elecciones fue una muestra del poder arbitrario que el gobierno de Perón, según la Constitución en vigor, podía ejercer. El cargo de vicepresidente, para el cual había sido reelecto el anciano Hortensio Quijano en noviembre de 1951, había quedado vacante tras su muerte inesperada, el 3 de abril de 1952, dos meses antes de la iniciación de su segundo mandato. Durante los dos años siguientes, el gobierno no adoptó ninguna medida para elegir al sucesor. Era evidente que Perón y su ministro del Interior esperaban el momento en que pudieran dominar las pasiones políticas y sólo necesitaran un moderado esfuerzo para obtener el resultado deseado. La decisión de hacer coincidir las elecciones legislativas y la de vicepresidente era en apariencia una medida práctica, ya que suprimía los gastos y complicaciones de dos elecciones nacionales; pero en este caso, una vez más la periodicidad electoral exigida por la Constitución se dilató hasta la distorsión. Las bancas del Congreso para las cuales debían elegirse diputados y senadores el 25 de abril de 1954, no estarían vacantes durante otro año o hasta tanto se realizara una sesión completa del Congreso. En el ínterin, el país conocería la insólita experiencia de tener dos series simultáneas de miembros del Congreso: los que ya estaban en posesión del cargo y los recién designados, cada uno de ellos con inmunidad parlamentaria.[43]

Enfrentar o no a los peronistas en esa elección era una decisión que preocupaba profundamente a los Radicales, los Demócratas y otros grupos de la oposición. Al fin, en los dos partidos mencionados triunfó el sector a favor de la participación, pero sólo tras agrias discusiones cuyo resultado fue que los elementos Unionistas y Sabattinistas boicotearan la asamblea del partido Radical, mientras que la asamblea del partido Demócrata fue convocada pero no llegó a ninguna decisión. El partido Socialista condicionó su participación al levantamiento del estado de guerra interno; como eso no se produjo, el 15 de marzo retiró los nombres de sus candidatos. El hecho de que el gobierno permitiera al grupo disidente de Dickmann nominar a sus candidatos bajo el rubro de partido Socialista (Revolución Nacional) quizá influyera sobre la decisión de la rama unificada del partido Socialista.[44]

La campaña electoral misma no abundó en los excesos que enviciaron las elecciones de 1951, aunque una vez más la oposición no contó con el recurso de las emisiones radiales. En esta ocasión fue asombrosa la declarada manifestación de adhesión partidaria por parte de algunos altos oficiales; por ejemplo, el ministro de Ejército Lucero ofreció un almuerzo en su residencia oficial de Campo de Mayo al que fueron invitados el senador Alberto Teisaire, candidato peronista a la vicepresidencia, y destacados miembros del gobierno, junto con comandantes de todas las unidades del Ejército en el área del Gran Buenos Aires. Ni estas muestras de parcialidad ni otras semejantes tuvieron influencia visible sobre los resultados del comido, pero demostraron hasta qué punto el Partido y el Estado, inclusive en el ámbito del Ejército, se habían coaligado. En la elección, Teisaire triunfó sobre su principal oponente, el candidato de la UCR Crisólogo Larralde, por un margen de casi dos a uno, logrando poco menos que el mismo porcentaje obtenido por Perón en 1951. Una vez más quedó claro que no podía desafiarse a Perón en un proceso electoral.[45]

El apaciguamiento de las tensiones que caracterizó la política argentina después de junio de 1953 y que se prolongó hasta bien entrado 1954, coincidió con nuevas iniciativas políticas encaminadas a crear una unión económica con los países vecinos, por un lado, y a atraer le inversión foránea de los Estados Unidos y de Europa, por el otro. El gobierno de Perón dio gran publicidad a la política de unión económica y a la serie de tratados que se firmaron primero con Chile, cuyo presidente, el general Ibáñez, visitó la Argentina en julio de 1953, y después con Paraguay, que Perón visitó tres meses más tarde. Actas de cooperación económica se firmaron luego con Ecuador y Bolivia, pero ni Brasil, Uruguay o Perú estaban dispuestos a hacerlo. A pesar de la fanfarria con que se lanzó la política de cooperación económica, ésta daría escasos frutos, tanto en el plano económico como en el político.[46]

De mucho mayor importancia en ambos sectores fue la decisión de Perón y sus asesores económicos de atraer capital extranjero para el desarrollo de industrias básicas. Esta decisión llevaba implícita la necesidad de estrechar relaciones con los Estados Unidos, perspectiva que el reciente reemplazo del demócrata Truman por el republicano Eisenhower hacía mutuamente atractiva. En efecto, en julio de 1953, Milton Eisenhower, enviado por su hermano en misión exploratoria latinoamericana, fue recibido con gran cordialidad por el presidente Perón. Su visita de dos días permitió a los funcionarios del Departamento de Estado que lo acompañaban en la misión, analizar con los funcionarios argentinos los principales asuntos relativos a ambos países y a observar desde cerca los problemas y las perspectivas que encontrarían los inversores norteamericanos en la Argentina.[47]

Aun antes de la llegada de la misión Eisenhower, el gobierno de Perón había señalado su interés por nuevas inversiones en una entrevista presidencial concedida a un periodista norteamericano y a través del proyecto de una nueva ley de inversiones presentada al Congreso el 14 de julio de 1953.[48] Tal como después fue promulgada por ese cuerpo, la ley garantizaba a los inversores extranjeros que amparados por ella traían nuevos capitales al país, transferencia de ganancias de hasta un máximo del 8 por ciento anual, y después de diez años de operaciones, el retiro de sus inversiones en una serie de cuotas. Pero más importante desde el punto de vista de los intereses políticos y económicos internos era el hecho de que la ley otorgaba al Poder Ejecutivo amplia autoridad discrecional —que los Radicales llamaron un cheque en blanco— para establecer acuerdos con los posibles inversores.[49]

De particular interés, tanto para los defensores de la ley como para los que se opusieron a ella en el debate en el Congreso, eran sus proyecciones sobre la industria petrolífera. Los diputados Radicales, al mantener la tradicional postura del Partido, denunciaron el proyecto, ya que no excluía esa industria del ámbito de la posible inversión privada, y la emprendieron contra sus colegas peronistas, señalando que el proyecto significaba abandonar los principios nacionalistas contenidos en el artículo 40 de la Constitución de 1947. Los defensores de la medida, sin embargo, insistieron en que podían encontrarse medios para que el capital extranjero participara en la explotación del petróleo sin necesidad de sacrificar ninguno de esos principios. En todo caso, fueran cuales fuesen las dudas que personalmente los congresales peronistas pudieran tener, votaron en abrumadora mayoría por la adopción de las medidas, en los términos precisos solicitados por el gobierno.[50]

Aunque la promulgación de la nueva ley de inversiones constituyó un estímulo para los posibles inversores potenciales, no dio fin al debate interno. A pesar de las expresiones de absoluta confianza en su política manifestadas por sus partidarios en el Congreso, Perón sentía la permanente necesidad de educar a otros sectores de la opinión para que admitieran que esa política era imprescindible. Tarea complicada por los exagerados reclamos hechos en el pasado en cuanto a las realizaciones económicas. En este sentido, era muy significativa la convicción que imperaba en ciertos círculos militares acerca del estado de la industria petrolífera local. Un terminante artículo aparecido en la Revista de Informaciones (prestigiosa publicación de la Escuela Superior de Guerra), de mayo-junio de 1953, por ejemplo, señalaba que entre 1946 y 1950 el volumen físico de la producción en la industria petrolera, incluyendo los sectores públicos y privados, se había elevado en un 40 por ciento, «todo ello en concordancia con las medidas y previsiones del Primer Plan Quinquenal», cuando en verdad la producción interna total había aumentado sólo en un 13 por ciento. Ese mismo artículo citaba los aumentos proyectados en el Segundo Plan Quinquenal y expresaba confiadamente la opinión de que «no está lejano el día en que la propia industria petrolera nos libre de los abastecimientos del exterior», pero no tomaba en cuenta los obstáculos técnicos y financieros que podían dificultar el camino hacia el logro de tal objetivo.[51] Esta ausencia de sentido de la realidad hizo aun más difícil justificar la necesidad del ingreso de capitales foráneos para el desarrollo de la industria petrolera.

El propio Perón, en varios discursos pronunciados hacia fines de 1953, procuró abogar por esa causa señalando el desnivel cada vez mayor entre la producción y el consumo internos, y el inmenso expendio de divisas extranjeras que podía reservarse para otras necesidades del desarrollo mediante un rápido incremento de la producción local. Al hablar ante un grupo de dirigentes sindicales en setiembre de 1953, se refirió a los grandes beneficios que podían obtener las compañías extranjeras señalando que trabajarían para la empresa petrolera estatal, YPF:

Y bueno, si trabajan para YPF, no perdemos absolutamente nada, porque hasta les pagamos con el mismo petróleo que sacan. En buena hora, entonces, que vengan para que nos den todo el petróleo que necesitamos. Antes no venía ninguna compañía si no le entregaban el subsuelo y todo el petróleo que producía. Ahora, para que vengan a trabajar, ¡cómo no va a ser negocio, un gran negocio, si nosotros estamos gastando anualmente en el exterior arriba de 350 millones de dólares para comprar el petróleo que necesitamos, que lo tenemos bajo tierra y que no nos cuesta un centavo! ¡Cómo vamos a seguir pagando eso!… ¿Que ellos sacan beneficios? Por supuesto que no van a venir a trabajar por amor al arte. Ellos sacan su ganancia y nosotros la nuestra; es lo justo.[52]

Ante un grupo de oficiales del Ejército a quienes se dirigió después de las grandes maniobras de Córdoba, también en setiembre, Perón no habló concretamente del petróleo, sino del impulso general de su programa económico y su significación para la conducción de las políticas extranjera y de defensa:

Yo empeño mi palabra de que antes de cinco años habremos conquistado nuestra independencia industrial y en consecuencia nuestra independencia político-internacional. Recién entonces podremos realizar nuestros propios planes, nuestras propias hipótesis y aun nuestra propia preparación. Hasta entonces estamos en un compás de espera. Es difícil poder seguir, congruentemente, una línea política internacional firme. Pero numerosas circunstancias favorables pueden aún acelerar mucho más el plazo que he fijado.[53]

El autoabastecimiento de petróleo era, por cierto, un requisito esencial para lo que Perón llamaba la independencia industrial, y es de suponer que las circunstancias favorables a las que se refería incluían los pasos ya dados para acelerar la expansión petrolera de la Argentina.

En el discurso transmitido por radio en el Día del Petróleo, el 13 de diciembre, ocasión en que se conmemoraba el descubrimiento de yacimientos petrolíferos en la Argentina y que se había utilizado con frecuencia para apelar a los sentimientos nacionalistas, Perón destacó una vez más los beneficios que se obtendrían de la rápida expansión de la producción petrolífera y del aporte del capital extranjero. «No es extraño —observó—, por consiguiente, que el Gobierno tenga una “patriótica impaciencia” por alcanzar a breve plazo la meta del autoabastecimiento, y que, ante las trascendentales consecuencias que tal objetivo significa, se haya considerado conveniente aprovechar el esfuerzo de todos; inclusive el de la experiencia, que con su capital y sus riquezas y elementos materiales, pueda llevar a nuestro país al amparo de la ley de capitales.» Perón rechazó por infundadas las conjeturas acerca de la naturaleza de la colaboración extranjera y aseguró a sus oyentes «que no va a ser tan luego mi gobierno el que va a renunciar a los principios de independencia económica declarados el 9 de julio de 1947».[54]

El dilema que Perón y su gobierno enfrentaban, sin embargo, era cómo poder actuar de conformidad con este compromiso; cómo satisfacer las expectativas que su anterior retórica nacionalista había contribuido a crear, y al mismo tiempo proporcionar las condiciones y garantías que atrajeran a compañías petrolíferas extranjeras. La estrategia inicial, al menos como pudo verse en declaraciones hechas durante el estudio legislativo de la ley de inversiones, consistía en tratar de establecer acuerdos con operadores independientes, antes que con las compañías internacionales más importantes. Tal estrategia se apoyaba en la presunción de que las compañías independientes, a diferencia de las grandes, no insistirían en concesiones y estarían dispuestas a trabajar para YPF mediante contratos de servicio que el gobierno podría justificar ante la opinión pública argentina.[55]

Los esfuerzos para llevar a la práctica esta estrategia resultaron más difíciles que su formulación. El gobierno recibió diversas propuestas y en un momento dado pareció a punto de firmar con la Floyd Odium. Pero hasta octubre de 1954, más de un año después de la promulgación de la ley de inversiones, no existía ningún acuerdo en firme con ninguna compañía que pudiera provocar un impacto significativo en la exploración y explotación de los recursos petrolíferos argentinos.[56]

En otras industrias que no fuesen la petrolera, los intentos de atraer capital foráneo según los términos de la ley de inversiones de 1953 fueron algo más fructíferos. Compañías alemanas e italianas daban los pasos iniciales para establecer plantas de fabricación de automotores y tractores. Sin duda las firmas norteamericanas se mostraban más lentas en sus iniciativas, sobre todo las principales fábricas de automotores y de maquinaria agrícola, pero hacia octubre de 1954 los intereses de H. J. Kaiser ya estaban comprometidos en la formación de una corporación argentina que produciría eventualmente jeeps y otros vehículos en una planta cercana a Córdoba.[57]

Inclusive empezó a adquirir vida el proyecto para la planta siderúrgica integral, SOMISA, bajo el control de los militares y cuyas obras, situadas en San Nicolás, provincia de Buenos Aires, de las que tanto se había hablado en el pasado, habían languidecido por falta de fondos. Al fin el gobierno consolidó un contrato de construcción firmado en 1952 con una compañía francesa para la construcción del puerto de aguas profundas necesario para la entrega de materias primas. Además, el gobierno aprobó la adquisición de la planta de laminación de chapas construida en los Estados Unidos para una firma checoslovaca, pero que estaba bajo embargo desde que ese país ingresara al bloque comunista. La compra se formalizó en mayo de 1954, cuando el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos entregó al director de SOMISA, coronel Pedro Castiñeiras, el título de propiedad de la planta a cambio de un pago de 9 millones de dólares. Estibada ya en el puerto de Nueva York, esta planta siderúrgica casi de inmediato inició su marcha hacia San Nicolás.[58]

Pero aún debía adquirirse el componente más caro de la planta integral, el alto horno para la producción de arrabio. En marzo de 1954, los directores de SOMISA acordaron en principio conceder el contrato de suministro, ensamble e instalación del alto horno a la firma norteamericana A. G. McKee and Company. Pero aún no se había resuelto el problema de cómo financiar la compra. El gabinete se mostró poco dispuesto a que SOMISA negociara directamente con el Banco de Exportación e Importación y se hicieron algunos intentos infructuosos para que la propia McKee and Company arreglara la financiación. Al fin se autorizó a los directores de SOMISA a pedir el préstamo al Banco de Exportación e Importación, y en marzo de 1955 recibieron la buena noticia de que el Banco estaba dispuesto a suministrar 60 millones de dólares para el costo del equipamiento y los servicios adquiridos en los Estados Unidos. Por primera vez en varios años, la planta siderúrgica ambicionada por el general Savio, y autorizada por el Congreso en 1947, parecía estar a punto de ser realidad.[59]

La cambiante orientación económica del gobierno de Perón, con la importancia que dio a una mayor participación del capital extranjero y del sector privado, tendría consecuencias de índole social y política que se revelarían después de 1953. El movimiento obrero organizado continuó siendo el principal apoyo de Perón; sin embargo, el presidente había concedido un papel más importante a la CGE, Confederación General Económica, la organización empresarial dirigida por José Gelbard. Con el estímulo del gobierno, la CGE trató de nuclear todas las asociaciones empresariales en una red de grupos locales, regionales y nacionales. El titular de la CGE fue invitado a las reuniones de gabinete; y la entidad misma fue considerada la representante autorizada de todo el sector privado, a pesar de la resistencia de ciertos grupos, sobre todo los ganaderos, a ser absorbidos por una organización tan abiertamente oficialista.[60]

Otro grupo similar que se formó hacia fines de 1953 fue la CGP, Confederación General de Profesionales, que trató de reunir asociaciones dispersas tales como las de maestros, abogados, médicos y agrónomos, integrándolas en una organización nacional directamente vinculada con el presidente.[61] Al estimular su formación, Perón procuraba sin duda integrar en el gobierno los grupos que no pertenecían a la CGE y que no se sentían cómodos en la CGT. La formación de la CGP, sin embargo, representaba no sólo un paso adelante hacia el objetivo de Perón tantas veces proclamado: lograr una sociedad organizada, sino también la creación de un contrapeso que en cualquier momento del futuro podría emplearse para equilibrar el poder de la CGT.

Respecto del presente, por lo demás, Perón seguía manteniendo lazos estrechos con la organización laboral, no sólo en el nivel de la CGT, sino también con los sindicatos particulares del país. Por lo menos una vez por semana, aunque a menudo con más asiduidad, se reunía personalmente con dirigentes sindicales. Todos los miércoles dedicaba parte de su tiempo a hablar ante cualquier reunión o asamblea gremial que se hiciera en la Capital Federal. Pero la frecuencia de esos contactes personales no debe soslayar el hecho de que Perón se reunía con los dirigentes sindicales no tanto para analizar problemas sociales, cuanto para buscar apoyo para sus políticas económicas. Si los dirigentes sindicales peronistas habían servido antes como vehículo para obtener beneficios para los afiliados, ahora debían retribuir los favores recibidos asegurando la cooperación del movimiento obrero en los objetivos económicos del gobierno.[62]

El esfuerzo mayor se concentraba ahora en mantener la disciplina laboral, evitando pedidos de aumentos de salarios más allá de los amplios acuerdos colectivos con validez de dos años, y en evitar que elementos ajenos al peronismo —comunistas o de otra ideología— se infiltraran en los sindicatos. Perón adquirió clara conciencia de ese peligro tras un estallido de violencia durante una disputa interna en el sindicato de los obreros metalúrgicos, en junio de 1954, y durante varios meses, en sus conversaciones con los dirigentes sindicales, subrayó la necesidad de una vigilancia que previniera el menor intento de subversión ante su autoridad.[63] Todo parecía indicar que las relaciones de Perón con los trabajadores argentinos seguían tan cordiales como siempre, pero más allá de la retórica de mutuo apoyo que seguía imperando en sus reuniones con los dirigentes sindicales, yacían contradicciones de las que pudiere sacar partido una oposición alerta.

Hacia fines de 1954, las relaciones del presidente Perón con los militares parecían estables, aunque también en este ámbito, en medio de tantas expresiones de lealtad y apoyo, había cierta tensión. En parte, esto se debía al modo en que los ministros militares y otros altos oficiales demostraban su lealtad política. Dejando de lado las restricciones en cuanto a los comentarios públicos, que eran parte tan importante de la tradición militar, de hecho y de palabra adoptaban actitudes que llegaban al culto de la personalidad. Lo cual quedó demostrado no sólo en las ostentosas declaraciones dirigidas al presidente en ocasiones tales como el Día del Ejército, sino también en el nuevo hábito de bautizar unidades o instalaciones militares con el nombre de «General Juan Domingo Perón». Con frecuencia las unidades militares llevaban el nombre de héroes de la Independencia, y esta era la primera vez que se acudía al nombre de una persona en vida.[64]

Inclusive la severa Revista de Informaciones, la publicación oficial de la Escuela Superior de Guerra, mostró los efectos de esa tendencia hacia el personalismo tras el nombramiento del general Oscar Uriondo como director, a principios de 1954. Amigo y partidario del presidente desde hacía mucho tiempo, en su intento de dar nueva apariencia y un título más apropiado a la publicación, Revista de la Escuela Superior de Guerra, Uriondo cedió a la tentación de incluir en cada número citas del presidente Perón. Y la que había sido una publicación puramente profesional durante tres décadas, empezó a exhibir matices de índole partidaria y política.[65]

Para los oficiales de mentalidad puramente profesional y que preferían permanecer alejados de la actividad política, tales hechos agudizaron la sensación de intranquilidad ya suscitada por otras medidas tomadas por las altas autoridades militares. El programa de adoctrinamiento del general Lucero, que ya era parte habitual de la instrucción militar, había resultado contraproducente respecto de la actitud de muchos oficiales disconformes con su enfoque simplista y artificial de la realidad argentina. Esos oficiales también se mostraban disconformes ante otro programa en que el ministro de Ejército había puesto gran interés: su política de autoabastecimiento económico. Tal programa se originó en la idea de que el Ejército, con la vasta extensión de hectáreas que poseía, podía proveer a sus necesidades de alimento y forraje, reduciendo así los gastos que ocasionaba al presupuesto público. Ya en 1951, el general Lucero se había comprometido con entusiasmo en el logro de ese propósito y había indicado a los comandantes de tropa del país entero que organizaran y establecieran granjas, hizo visitas de inspección a esos establecimientos y en última instancia creó un comando general para administrar todo ese operativo de alcance nacional.[66]

Para muchos oficiales del Ejército, este programa de auto-abastecimiento, fuera cual fuese su lógica económica, estaba en flagrante oposición con su sentido profesional. Después de todo, las tareas agrícolas eran una actividad civil y como oficiales querían ser considerados por su destreza militar, y no por la capacidad de sus unidades para producir cereales o criar ganado. La práctica inaugurada por el general Lucero al conceder gran prioridad a las visitas oficiales de inspección a las obras agrícolas en bases militares frustró a más de un oficial y disminuyó su respeto hacia sus superiores al verlos supeditar todos sus esfuerzos —hasta llegar a la simulación— al intento de mostrar al secretario de Ejército lo que él deseaba ver. Un típico ejemplo ocurrió en la base antiaérea de Mar del Plata, a fines de 1951: dos días antes de la anunciada visita del general Lucero, el comandante ordenó que se construyera un mercado de aspecto impresionante, que abarrotó de productos en apariencia producidos en la base, pero en realidad provenientes de fuentes civiles. La desilusión que cundió entre los oficiales de menor grado de esa base se agravó ante la insistencia que el general Lucero puso en visitar en primer término la granja de la base, y ante su total indiferencia hacia lo que ellos consideraban su gran triunfo profesional: dominar el manejo del nuevo equipo —con sus complicados controles electrónicos— recién adquirido en los Estados Unidos.[67]

En 1954, los oficiales del Ejército ajenos a las políticas gubernamentales tuvieron nuevos motivos para preocuparse ante las pruebas cada vez más abundantes de que sólo quienes alardeaban de lealtad política hacia el gobierno tenían probabilidad de ascender a los rangos más altos. En la última tanda de promociones, por lo menos un coronel con las más altas calificaciones —un oficial ingeniero que prestaba servicios como director de producción en la DGFM— no fue promovido a general de brigada por no estar «adoctrinado».[68] Que Perón tenía la intención de aplicar con rigor esa política en el futuro resultó evidente en el discurso que pronunció ante los generales de brigada recién promovidos, que se reunieron con él en 1954 para recibir el sable corvo símbolo de su nueva condición:

Hemos visto cómo, paulatinamente, el adoctrinamiento nacional dentro de las instituciones armadas progresa a pasos rápidos y seguros. El adoctrinamiento nacional representa para nosotros el punto de partida de una Nueva Argentina, que piensa de una misma manera, siente de un mismo modo y obrará unánimemente en una misma forma. Por eso, damos a este adoctrinamiento una importancia extraordinaria. Yo observo, especialmente en el ejército, que ese adoctrinamiento progresa y progresa constructivamente. Ese mérito es mérito que debo asignar personalmente al señor ministro y en forma general a los señores generales que están realizando una verdadera construcción en el ejército, dentro de esa doctrina nacional.

Me satisface, como ciudadano y como soldado, que este adoctrinamiento progrese y que se vaya haciendo carne efectiva en la sinceridad y en la lealtad de los que mandan.[69]

La reacción ante tan evidente exigencia de conformismo político varió según los casos individuales. Para algunos, sólo fue cuestión de aceptar su papel como miembros de una organización que era tanto militar como política y que, en su opinión, estaba unida a las masas de la población y a su dirigente. Para muchos otros, sin embargo, ese giro hacia una fuerza declaradamente politizada —giro que a su modo de ver se identificaba cada vez más con un hombre, más que con un sistema que pudiera existir al margen de él— era causa de hondo malestar. Por el momento, sin embargo, estos últimos tenían una alternativa: ocultar su opinión o solicitar el retiro.[70]

Lo cierto es que hacia octubre de 1954 el descontento del Ejército no era tal que significara una clara amenaza contra la estabilidad del gobierno. Desde luego, cierto número de oficiales se mostraban lo bastante incómodos como para convertirse en posible peligro, pero era necesario algo más, más allá de las instituciones militares, para que esa posibilidad se hiciera real. Era preciso que se produjera un profundo cambio en la atmósfera política, un fracaso de la actitud conciliatoria que, con todas sus limitaciones, había asumido el gobierno durante el año transcurrido. ¿Quién habría previsto que el propio Perón sería quien creara esa atmósfera y precipitara los hechos que llevaron a su caída?

VI

EL FIN DE UNA ERA: LA CAÍDA DE PERÓN, 1954-1955

En los diez meses transcurridos entre noviembre de 1954 y setiembre de 1955 fue resquebrajándose la estructura política que había mantenido a Juan Domingo Perón en el poder durante casi diez años. Su destreza para manejar gente y la inflamada retórica que había empleado tantas veces para convocar a sus partidarios —y al mismo tiempo para mantener divididos y en la incapacidad total a sus opositores— ya no resultaban eficaces. El descontento respecto de Perón y su entorno era cada vez mayor a medida que pasaban los meses, y quienes habían sido observadores pasivos se volvían activistas políticos, así como los ex partidarios unían fuerzas con los opositores más intransigentes en la busca de medios para acabar con la experiencia peronista.

¿Qué había sucedido? ¿Por qué el dirigente de un movimiento popular que en fecha tan cercana como abril de 1954 había demostrado poseer un dominio casi absoluto sobre el electorado se veía ahora incapaz de detener la erosión de su poder? Más que en el análisis de factores generales como la situación económica, las respuestas deben buscarse en la atmósfera emocional y altamente politizada que el propio Perón, con actos de deliberación y descuido, había contribuido a crear.

En efecto, aunque no sin problemas, la economía argentina estaba en mejor situación, comparada con la crisis del período 1951-1952. La tasa anual de inflación, que había superado el 35 por ciento, había bajado a niveles de una sola cifra en 1953 y en 1954; las balanzas comerciales se inclinaban a favor de la Argentina, y el nivel general de la actividad económica estaba otra vez en alza. El gobierno, además, había decidido atacar los obstáculos para un rápido desarrollo económico, y hacia marzo de 1955 había establecido acuerdos con una compañía petrolífera extranjera para inversiones que reducirían la dependencia de la Argentina respecto de combustibles importados, y con el Banco de Exportación e Importación de Estados Unidos respecto de un crédito de 60 millones de dólares para la tan postergada planta siderúrgica. Por otro lado, el gobierno instaba a los grupos obreros y empresariales para que ensayaran medios de incrementar la productividad. La situación económica, desde luego, tenía sus puntos débiles: el sector agrícola, después de su espectacular recuperación en 1953, ya no lograba producir un aumento significativo en excedentes de exportación, y los factores inflacionarios aún estaban muy presentes, por más que sus efectos se disimularan transitoriamente por medio de medidas gubernamentales como los subsidios para alimento, las tarifas de los servicios públicos artificialmente bajas y el control de precios mantenido con rigor. A pesar de todo, la economía no había llegado en resumidas cuentas a una situación de crisis inminente que por sí sola provocara la exigencia de cambios revolucionarios.[1]

Una causa más directa para la aparición de inquietudes revolucionarias puede encontrarse en las tensas relaciones que se desarrollaron entre el gobierno de Perón y la Iglesia católica en noviembre de 1954 y en una decisión crucial de Perón: organizar una campaña declarada contra algunos miembros del clero. Hasta ese momento, las relaciones entre la jerarquía eclesiástica y el gobierno, a pesar de algunas ocasionales fricciones, había sido armónica. Después de todo, el Congreso dominado por los peronistas había votado en 1947 para hacer permanente un decreto provisional que imponía la instrucción religiosa como asignatura obligatoria en los programas de los establecimientos de enseñanza; y la Convención Nacional Constituyente, también dominada por los peronistas, había mantenido el catolicismo apostólico romano como religión oficial. Al observar este principio, el gobierno peronista había otorgado subsidios anuales para el mantenimiento de instituciones católicas, inclusive el amplio sistema de escuelas religiosas. A su vez, la jerarquía católica había prestado apoyo, en general, al gobierno de Perón o, para decirlo con más exactitud, se había abstenido de cuanto pudiera pasar por crítica declarada.[2]

El factor que evidentemente precipitó el enfriamiento de las relaciones entre la Iglesia y el gobierno fue la decisión de Perón de extender la red de organizaciones peronistas hasta incluir la juventud de las escuelas secundarias del país. Al justificar esta acción con el lema de que ignorar a la juventud es perder todo derecho sobre el futuro, Perón autorizó a su ministro de Educación, Armando Méndez San Martín, a iniciar la formación de dos ramas de una Organización nacional, una para mujeres, otra para varones, que se conocería con el nombre de Unión de Estudiantes Secundarios (UES). La afiliación a la UES significaba no sólo el adoctrinamiento peronista, sino también una serie de beneficios, entre ellos el acceso a instalaciones deportivas y de recreo, y el goce de vacaciones gratuitas. Perón dispuso que las propiedades pertenecientes al gobierno fueran asignadas a la UES para desarrollar sus actividades. Abrió las puertas de las instalaciones de la residencia presidencial en Olivos para que fueran utilizadas por la rama femenina de la UES. Allí las adolescentes podían disfrutar de la piscina y otras instalaciones, mientras el presidente, como él mismo lo explicó después, podía «compartir con la juventud mi propia mesa familiar y mi descanso, y allí me siento como padre de una gran familia».[3]

El clero católico y muchos otros tenían una visión menos idílica de las actividades del presidente. No sólo dudaban en privado que su conducta fuera correcta al rodearse de esas adolescentes, sino que además resolvieron contraatacar lo que consideraban una amenaza de la UES a la influencia de la religión y de los padres. En varias partes del país, ero sobre todo en Córdoba, grupos de la juventud católica afiliados a la organización laica Acción Católica Argentina, compitieron con la UES para lograr el apoyo estudiantil.

En otras esferas de actividad, organizaciones profesionales católicas también hicieron sentir su presencia al oponerse a la influencia peronista.[4]

Fuera cual fuese el verdadero alcance de estas actividades, algunos miembros de su gabinete, funcionarios del Partido y gobernadores provinciales urgieron a Perón para que tomara recaudos. Influido por quienes aseguraban que los sacerdotes católicos no sólo estaban tras las acometidas contra la UES, sino que además procuraban infiltrarse en los sindicatos, Perón aprovechó la ocasión de una conferencia de gobernadores del 10 de noviembre para lanzarse a un ataque público. En un discurso transmitido por radio en todo el país, denunció a la Acción Católica como una organización internacional hostil al peronismo y nombró a tres obispos y varios otros sacerdotes, a quienes acusó de actuar contra el gobierno.[5]

A partir de ese momento, aunque los sacerdotes mencionados desmintieron la acusación y a pesar de los esfuerzos del clero para superar las diferencias, se ahondó la brecha entre el gobierno de Perón y la Iglesia católica. El arresto en Córdoba de varios sacerdotes y la advertencia del partido Peronista a sus miembros en el sentido de que mantuvieran vigilancia sobre «esos elementos clericales» capaces de provocar disturbios, sólo sirvieron para inflamar la opinión católica. Lo mismo ocurrió con los agresivos discursos de tres dirigentes peronistas en una concentración realizada en el Luna Park el 25 de noviembre en apoyo del gobierno, aun cuando las observaciones de Perón eran de un tono conciliatorio.[6]

Con esta hostilidad de una parte cada vez mayor de la opinión católica, Perón proporcionó gratuitamente a sus tradicionales opositores —muchos de ellos anticlericales o católicos apenas tibios— un nuevo aliado en potencia. Los dirigentes de los partidos Radical y Conservador no tardaron en expresar su solidaridad a los católicos víctimas de persecuciones, y ya se daba la oportunidad para que sectores de las clases media y alta olvidaran su antigua rivalidad y se unieran en un frente de oposición al gobierno de Perón.

No está claro hasta dónde había llegado este proceso de coalición el 8 de diciembre, pero ese día la celebración del día de la Inmaculada Concepción atrajo a la catedral de Buenos Aires a una inmensa multitud que llenó la Plaza de Mayo, superando en 50 veces el número de quienes habían aceptado la invitación del gobierno a unirse con el presidente en la concentración popular en el Aeroparque de la ciudad de Buenos Aires, para recibir al campeón mundial de boxeo Pascual Pérez, cuya llegada había sido demorada para hacerla coincidir con la ceremonia religiosa. La presencia de unas 200.000 personas ante la catedral, en una demostración que podía considerarse tanto religiosa como política, dio nuevos ánimos a quienes se oponían a Perón desde hacía mucho tiempo, así como servía de desafío al prestigio y la autoridad del gobierno.[7]

Perón no tardó mucho en responder al desafío. El gobierno clausuró el diario católico El Pueblo, que publicó amplia información sobre el acontecimiento, y el Congreso promulgó poco después una ley que so pretexto de reglamentar el derecho constitucional de reunión, prohibía a los partidos políticos y a otras organizaciones las reuniones en lugares públicos. Y como si se hubiera empeñado en impedir todo posible arreglo de las diferencias con la Iglesia católica, la mayoría peronista del Congreso promulgó otra ley que violaba la tradición al autorizar el divorcio con derecho a un nuevo casamiento. Introducido como adición a un proyecto de ley que se debatía en las primeras horas de una mañana, este cambio trascendental del código civil se impuso sin la menor discusión pública ni advertencia previa. A su vez, y a pesar de los reclamos de los obispos para que la vetara, Perón refrendó la ley el 22 de diciembre. Y como nueva demostración de que la opinión de la Iglesia ya no contaba, el gobierno terminó el año promulgando un decreto que autorizaba a los gobernadores provinciales y territoriales y al intendente de Buenos Aires a legalizar los prostíbulos.[8]

¿Cómo puede explicarse la decisión de Perón de desafiar a la Iglesia y aceptar un conflicto de imprevisibles consecuencias? Después de todo, Perón era católico. Hasta entonces había tenido pocas diferencias con la Iglesia y nunca había manifestado interés en redefinir su posición en el sistema institucional argentino. ¿La suya era una manifestación de megalomanía? ¿Creía que su poder era tal que podía hacer lo que se le antojara con impunidad? Esto es lo que parece sugerir una explicación que atribuye la decisión de lanzar la campaña anticlerical al deseo de Perón de poner fin a una lucha entre varios dirigentes peronistas por la sucesión presidencial. Otras explicaciones, sin embargo, ven en la campaña la consecuencia lógica de una filosofía política que no podía aceptar la existencia de ninguna institución independiente poderosa y que veía en la Iglesia el último obstáculo para el control absoluto de la sociedad argentina.[9]

Queda aún otro enfoque para entender la campaña anticlerical: atribuirla a la perniciosa influencia de ciertos consejeros, en particular el ministro de Educación, Méndez San Martín, el ministro del Interior y Justicia, Ángel Borlenghi, y el titular del Consejo Superior del partido Peronista, el vicepresidente Alberto Teisaire. Existen pocas dudas de que Méndez San Martín insistió en que Perón asumiera una actitud anticlerical y contribuyera a planificar muchas de las medidas concretas que después se tomaran. Él era, desde luego, quien había organizado la UES; pero más importa el hecho de que también era él quien había implantado una serie de medidas para eliminar la influencia católica sobre la educación. En los comienzos mismos de la campaña abolió la dirección y la inspección de la educación religiosa dentro de su propio ministerio. Después denunció públicamente a las escuelas católicas por mal uso de los subsidios públicos y ordenó que los suspendieran. Más tarde abolió por decreto la legislación de 1947 que imponía la instrucción religiosa en las escuelas, medida que el Congreso mismo ratificó de inmediato. Fuera o no ateo como algunos sostenían, Méndez San Martín sin duda actuaba impulsado por una profunda animadversión hacia la posición y prerrogativas de la Iglesia católica.[10]

Menos fanático, pero igualmente dispuesto a alentar a Perón en su desafío a la Iglesia, el vicepresidente Teisaire, almirante en retiro (y según algunos, masón), evidentemente estaba convencido de que el pueblo argentino sólo era católico de nombre y no reaccionaría con energía ante medidas anticlericales. Hasta llegó a decir al presidente en una oportunidad que no debía preocuparse, que ya nadie se sentía ligado a su cura párroco y que muchas personas habían reemplazado en sus hogares la imagen de la Virgen por retratos de Perón y Evita.[11]

El caso de Borlenghi, ministro del Interior y Justicia, es menos claro y las consideraciones que se han hecho sobre el papel que desempeñó como consejero en la campaña anticlerical quizá reflejen los prejuicios de sus críticos. Borlenghi, ex dirigente gremial socialista, estaba casado con una judía y había nombrado subsecretario suyo a su cuñado. Desestimando el hecho de que el propio Borlenghi era católico, sus críticos sostienen que sus vínculos judíos le hacían tomar parte activa en la campaña anticlerical. La verdad parece muy distinta. De un sagaz político que había conservado el difícil cargo de ministro del Interior desde 1946, era de esperar que fuera un hombre pragmático, con una visión muy realista del modo de sentir popular y de lo peligroso que era contrariar las convicciones religiosas. Y en verdad existen pruebas de que ése era su modo de ver las cosas. Sólo un día después de la reunión de gobernadores realizada el 10 de noviembre, durante la cual Perón lanzó su ataque contra el clero en el discurso transmitido por radio, Borlenghi visitó a un colega del gabinete que no había asistido a la reunión, el doctor Gómez Morales, para conversar acerca de ella. Borlenghi lamentó lo ocurrido y se refirió a la idea manifestada en esa ocasión, según la cual la mayoría de los argentinos poco tenían que ver con el catolicismo. El doctor Gómez Morales recuerda que Borlenghi calificó de craso error esa «actitud global» y lamentó el paso dado por Perón: «Perón realmente ha enfrentado a la Iglesia sin ninguna necesidad; esto en el mejor de los casos no suma, resta».[12] A pesar de todas sus dudas, Borlenghi no era hombre dispuesto a dimitir por discrepancias tácticas y acompañó a Perón durante las siguientes etapas de la campaña anticlerical.[13]

Pero aun cuando Perón recibiera consejos peligrosos de hombres como Méndez San Martín y Teisaire, era un político avezado y sin duda lo bastante astuto para calcular las posibles consecuencias de sus actos. ¿Por qué, pues, estaba dispuesto a aceptar esos consejos? Aquí, y no sin cierta vacilación, debemos empezar a tomar en cuenta el estado mental y emocional del hombre. Perón ya tenía sesenta años y hacía nueve que era presidente. Quienes lo veían de cerca sabían que era un hombre cansado, con dificultades para concentrarse en los asuntos de Estado.[14] Además, hacía más de dos años que había muerto Evita. Fuera cual fuese la índole de las relaciones entre ambos —tema sobre el cual no existe aún ninguna certeza y que sólo permite conjeturas—, esa muerte lo privó de un ancla, así como de un crítico sin temor. Si Evita hubiera vivido, es poco probable que Perón hubiese sido tan maleable por la influencia de Méndez San Martín. Es difícil concebir que Evita hubiese permitido que la residencia de Olivos adquiriera el aspecto de un harén presidencial, al margen de lo que ella hubiese opinado sobre la utilidad de la UES.[15]

Pero en 1954, el presidente ya no tenía a Evita para que fortaleciera su voluntad y como se había comprometido de un modo personal con la UES, era muy sensible a las críticas formuladas contra él mismo o contra la organización. Esto, a su vez, aumentó la capacidad de Méndez San Martín para influir sobre Perón, al exagerar la importancia de episodios aislados en que estaban involucrados la Acción Católica o miembros individuales del clero. Al responder, como lo hizo, con una denuncia pública, Perón permitió que un asunto de menor cuantía llegara al punto en que su propio prestigio se pusiera en juego. Esto fue lo que dio por tierra con la esperanza de llegar a cualquier transacción y lo llevó a autorizar las medidas aun más extremas que reclamaban sus consejeros anticlericales. De este modo, lo que en noviembre de 1954 empezó como la denuncia pública contra unos pocos sacerdotes se transformó, en mayo de 1955, en un resuelto ataque contra el rango constitucional de la Iglesia católica argentina. El Congreso aprobó en mayo de 1955 una ley para disponer que se hicieran elecciones, dentro de los seis meses, para una convención que reformaría la Constitución «en todo cuanto se vincula a la Iglesia y a sus relaciones con el Estado a fin de asegurar la efectiva libertad e igualdad de cultos frente a la ley».[16]

Al hacerse evidente el continuo apoyo de Perón a las medidas anticlericales, su dominio sobre la lealtad de los oficiales del Ejército comenzó a debilitarse. Como Borlenghi lo había previsto, un ataque global contra una institución a tal punto integrada en la tradición del país no podía sino afectar la mentalidad de muchos argentinos, por exterior que fuera su catolicismo, y esto también era válido para las Fuerzas Armadas. La ceremonias religiosas eran un componente habitual de la experiencia militar, desde la bendición de los sables entregados a los graduados de los colegios militares hasta las misas de campaña celebradas en las bases militares. Los capellanes formaban parte del cuerpo de oficiales, y cada servicio de las Fuerzas Armadas, así como muchas de sus ramas subordinadas, tenían su propio santo patrono.

Pero igualmente importantes, si no más aún, para conformar la mentalidad de los militares, eran las presiones ejercidas sobre ellos por los parientes cercanos, en especial las esposas, las madres y las hermanas. Por lo general concurrentes más asiduas a las iglesias que los hombres, esas mujeres estaban en frecuente contacto con el clero y en condiciones de reflejar y transmitir las pasiones suscitadas por la campaña anticlerical, a medida que se iba revelando su plena dimensión.[17]

Otro factor que contribuía al debilitamiento de la lealtad militar era el alud de propaganda dirigida a las Fuerzas Armadas desde varios sectores. Grupos católicos, inclusive escritores y activistas nacionalistas que antes habían apoyado a Perón, preparaban y distribuían panfletos destinados a socavar el respeto por el presidente. Los militares fueron los primeros objetivos de estos panfletos subversivos mimeografiados que, después impresos en decenas de millares, se distribuían en otros sectores del pueblo, a pesar de todos los esfuerzos de la policía para impedir su producción y difusión.[18]

Mientras los activistas católicos trataban así de precipitar una crisis de conciencia entre los miembros de las Fuerzas Armadas, Radicales, Socialistas, Conservadores y otros antiguos opositores de Perón intensificaban sus esfuerzos para indisponer a los militares con el régimen. Todos estos sectores de la oposición encontraron una causa común de la cual sacar partido cuando Perón, a principios de 1955, anunció que se había llegado a un acuerdo con una compañía norteamericana para que invirtiera capital en la producción petrolífera argentina. El contrato formal, firmado por O. J. Haynes, de la Standard Oil Company de California, y el ministro de Industria Orlando Santos, aprobado por Perón el 6 de mayo y sometido al Congreso para su ratificación ese mismo día, ofreció un blanco excelente para quienes procuraban volver a los militares contra el presidente.[19]

El contrato de petróleo asignaba a la compañía californiana el derecho exclusivo de explorar, extraer y explotar petróleo en un área de unos 50.000 kilómetros cuadrados al sur de Patagonia. El petróleo y otros hidrocarburos que se descubrieran debían ser entregados a la empresa estatal, YPF, hasta tanto la demanda interna se cubriera totalmente; a partir de ese momento se permitirían las exportaciones. Por el petróleo entregado, YPF pagaría a la compañía de California en pesos argentinos un 5 por ciento menos que la suma fijada por la East Texas por entregas equivalentes. A su vez, YPF recibiría el 50 por ciento de las ganancias obtenidas por la compañía durante los 40 años de vigencia del contrato.[20]

Las críticas que arreciaron contra el contrato abarcaban amplio espectro de opositores al peronismo, desde los católicos hasta los comunistas, e incluían no sólo a los representantes de los partidos Radical, Socialista, Conservador, Demócrata Progresista y el recién formado Demócrata Cristiano, sino también, como es de presumir, a quienes tenían un interés económico en que la Argentina siguiera dependiendo de la importación de petróleo. La índole de las críticas variaba de acuerdo con el sector, pero en general apelaban a los sentimientos nacionalistas y denunciaban el contrato como la muestra de que la soberanía argentina había entregado una parte inmensa del ámbito nacional. Los dirigentes del partido Radical, que siempre habían propugnado el monopolio de YPF para la producción petrolífera, denunciaban el contrato como un ardid para destruir ese organismo, cuyo desarrollo habían impulsado los altos mandos del Ejército, en la persona del general Enrique Mosconi.[21]

Los opositores de Perón se apresuraron a insistir en que el contrato representaba lo contrario de su proclamada defensa de la independencia económica, y señalaron una flagrante contradicción entre el contrato y las disposiciones del Artículo 40 de la Constitución, que prohibía enajenar los depósitos de petróleo. Un panfleto nacionalista católico llegó a vincular el contrato con la cuestión de la Iglesia:

Podemos afirmar ante el juicio público que la cuestión religiosa tan sorpresivamente promovida desde la Presidencia de la República, no es sino la cortina de humo con que se quiere ocultar el verdadero objetivo de la reforma constitucional, exigida por la plutocracia yanqui para ocurrir en apoyo del gobierno argentino, que se encuentra, en virtud de los inmensos errores cometidos, ante la perspectiva de un desastre que se quiere conjurar desesperadamente.[22]

En contra de lo que sostenía tan enconada acusación, el gobierno no consideraba necesaria la reforma del Artículo 40. Los miembros del gabinete que se ocupaban de la política económica opinaban que el acuerdo con la compañía californiana era un contrato de servicio que no suponía la transferencia de la propiedad del petróleo en el subsuelo y, más aún, que ese contrato podía servir como modelo para nuevos acuerdos —algunos de los cuales ya estaban en la etapa de las negociaciones preliminares— con otras compañías petroleras internacionales. Pero la intranquilidad creada en círculos militares por los ataques a ese contrato preocupó al gabinete. Aun antes que el presidente firmara y sometiera el contrato al Congreso, Lucero, secretario de Ejército, y el general Ernesto Fatigatti visitaron al doctor Gómez Morales, secretario de Asuntos Económicos y titular del consejo económico del gabinete, para transmitir las reacciones de los círculos militares. Gómez Morales manifestó su buena voluntad para ofrecer una conferencia a los oficiales y explicarles el contrato, aunque también él estaba de acuerdo en que ciertas medidas que afectaban el orgullo nacional debían modificarse.[23]

Sin embargo, el contrato que fue sometido al Congreso conservaba esas discutidas disposiciones. Pero cuando se hizo evidente que hasta los peronistas que integraban el Congreso no estaban demasiado dispuestos a aprobarlo, el presidente autorizó a su equipo económico a reunirse con una delegación del Congreso para escuchar las recomendaciones de cambios. Sobre la base de estas discusiones, la secretaría de Asuntos Económicos redactó una serie de enmiendas al contrato original, y poco después Gómez Morales y Orlando Santos reabrieron las negociaciones con los representantes de la compañía petrolera de California.[24] Quienes trabajaban en el gobierno conocían la situación, que poco sirvió para apaciguar el descontento que había cundido dentro de las Fuerzas Armadas, y nada en absoluto para modificar la determinación de ciertos oficiales, dispuestos a derrocar a Perón en cuanto se presentara la ocasión.

Explicar en detalle los orígenes del movimiento que culminó con el levantamiento revolucionario en sus dos etapas de junio y setiembre de 1955, es tarea complicada. Desde el momento mismo del doble fracaso de Menéndez, en setiembre de 1951, y de Suárez, en febrero de 1952, cierto número de oficiales del Ejército había permanecido en estado de conspiración latente. Muchos de ellos, como el general Eduardo Lonardi o el coronel Arturo Ossorio Arana, por ejemplo, estaban en situación de retiro; unos pocos, inclusive el general Pedro E. Aramburu, estaban en servicio activo, pero habitualmente se desempeñaban en puestos administrativos que rio suponían el mando de tropas. A fines de 1954, sin embargo, la convicción de que los militares debían actuar para derrocar a Perón comenzó a cundir entre los oficiales en servicio activo, en especial entre quienes tenían fuertes lazos católicos y nacionalistas. El proceso a través del cual profesionales leales se convirtieron en conspiradores potenciales o activos fue gradual, pero en el transcurso de ocho meses, varios oficiales del Estado Mayor del Ejército, así como en los comandos de campaña, se convencieron de la necesidad de una acción militar que provocara un cambio. Entre ellos, y para nombrar a sólo dos de los principales, estaban el general de brigada León Bengoa, comandante de la Tercera División de Infantería con asiento en Paraná, Entre Ríos, y el coronel Eduardo Señorans, jefe de Personal del Estado Mayor General del Ejército con sede en el edificio del Ministerio de Ejército, a una cuadra de la Casa de Gobierno.

La iniciativa concreta que condujo a la organización de un movimiento revolucionario a principios de 1955 no provino, sin embargo, de estos oficiales del Ejército, sino de miembros de la Marina. Puesto que el papel de esta Fuerza aún no se ha analizado hasta ahora en este libro, conviene dar una síntesis de sus relaciones con el gobierno de Perón.

Desde el comienzo mismo de su asunción del mando, Perón no tuvo muchos partidarios genuinos en la Marina, e inclusive algunos de los pocos con quienes contaba terminarían por volverse contra él. Los oficiales de la Marina tendían a identificarse, en su gran mayoría, con las clases sociales que Perón denunciaba sin cesar como la oligarquía y miraban con mal disimulada hostilidad sus programas sociales, así como su persona misma. Pero a causa de las exigencias técnicas de la Marina, en especial su necesidad de oficiales bien entrenados para operar sus naves, Perón no había podido realizar una purga total de elementos hostiles. Esto hizo posible que oficiales de dudosa lealtad fueran designados en puestos claves y que utilizaran esos cargos para obstaculizar los deseos de Perón. Un caso digno de mención es el Servicio de Informaciones Navales (SIN) que, a diferencia de sus equivalentes en el Ejército y la Aeronáutica, concentraba su actividad en los servicios de inteligencia externa, antes que en informar sobre la lealtad política de los oficiales navales. El SIN no prestó mucha ayuda al gobierno para detectar las conspiraciones de 1951 y 1952, aunque había oficiales navales complicados en ellas.[25]

Después de 1952 la atmósfera en la Marina siguió reflejando una profunda hostilidad hacia Perón y su movimiento. Un claro indicio de la actitud prevaleciente fue la reacción de la Marina ante la campaña nacional de octubre de 1952 para financiar el gigantesco monumento a Evita. En Puerto Belgrano, más del 90 por ciento de las tripulaciones de las naves no consintió en que se le dedujera un día de sueldo, como pedían quienes auspiciaban la colecta, y en algunas naves ni siquiera un solo miembro de la tripulación permitió tal deducción.[26]

En 1953, tras los actos de violencia de abril que culminaron con el incendio del Jockey Club y otros edificios por parte de los partidarios de Perón, la conspiración naval adquirió nueva vida. Un grupo de oficiales elaboró un plan para capturar al presidente en julio, en ocasión de su visita a la nave insignia de la flota durante las ceremonias del Día de la Independencia, levar anclas y proclamar una revolución. Este plan temerario, que fue analizado con el general Lonardi y con oficiales de la Fuerza Aérea, al fin se abandonó por falta de apoyo. Pero revela que en 1953 había un estado incipiente de subversión entre los oficiales de un servicio que antes sólo había desempeñado un papel secundario en la política argentina.[27]

Este estado de ánimo, durante 1954, hizo que los oficiales de la base naval de Puerto Belgrano concibieran el plan de desarrollar y poner a prueba la estrategia para un futuro levantamiento. En él se asignaba un papel fundamental a la Marina, aunque con apoyo del Ejército y la Fuerza Aérea. La base de Puerto Belgrano debía ser lo bastante fuerte para sostener contraataques, hasta tanto la flota de mar pudiera bloquear el Río de la Plata y debilitar la decisión del gobierno de resistir mediante el bombardeo naval de puntos costeros estratégicos. En el transcurso del año, con el consentimiento de un superior que no sospechó nada, el oficial a cargo de la defensa de la base trabajó para mejorar su capacidad defensiva. Se elaboraron planes concretos de defensa que implicaban el despliegue de unidades marítimas, la aviación naval y el personal de la base. Hacia fines del año, el ejercicio de entrenamiento de 48 horas denominado «Alcázar» probó las defensas de la base contra ataques simulados desde tierra, mar y aire. Como el jefe de defensa de la base lo recordó después, se hizo todo lo posible a fin de preparar a la base para una revolución, sin revelar ese objetivo final.[28]

A principios de 1955, en una atmósfera de creciente tensión política, un grupo de capitanes de fragata y capitanes de corbeta estacionados cerca de Buenos Aires, más dos capitanes de la Fuerza Aérea, iniciaron un nuevo esfuerzo para derrocar a Perón. Su designio inmediato fue encontrar un oficial naval superior dispuesto a encabezar el movimiento revolucionario. Al no poder comprobar el menor interés entre los almirantes en servicio activo, al fin encontraron a su cabecilla en un oficial de la Infantería de Marina, el contralmirante Samuel Toranzo Calderón.[29]

A pesar de su rango, Toranzo Calderón no era el típico oficial naval. No se había graduado en la Escuela Naval pues había comenzado su carrera en el Ejército antes de ser trasladado, en la década de 1930, al cuerpo de Infantería de Marina. Además, a diferencia de la mayoría de los oficiales navales, había sido uno de los primeros simpatizantes de Perón y aún mantenía buena parte de su entusiasmo por sus programas sociales si bien ya estaba totalmente alejado del hombre. Tratándose de un oficial con la mentalidad de Toranzo Calderón, el hecho de encabezar un movimiento revolucionario basado esencialmente en la Marina revela en cierto modo el carácter contradictorio del movimiento mismo, así como la resolución de hombres con diferentes puntos de vista a unirse en la causa común de derrocar a Perón.

Resuelta la designación de su jefe, el próximo paso de los conspiradores era buscar apoyo en el Ejército. De acuerdo con el entonces capitán de fragata Antonio Rivolta, revisaron la lista de los oficiales retirados y se pusieron en contacto con el general (R) Eduardo Lonardi, sólo para recibir la respuesta de que el movimiento era prematuro. El propio Toranzo Calderón se puso en contacto con el general Aramburu, quien estaba de acuerdo con la necesidad de actuar, pero como director de Sanidad del Ejército no tenía tropas a su mando. Fue después de esta entrevista cuando surgió el nombre del general Bengoa: los informes indicaban que no era adverso al objetivo revolucionario y además tenía mando de tropas, aunque en Entre Ríos, demasiado lejos de Buenos Aires. Por intermedio de un amigo común, el conocido nacionalista Luis María de Pablo Pardo, se establecieron los contactos entre Toranzo Calderón y Bengoa, y se hicieron los arreglos para un encuentro personal en Buenos Aires. La conversación resultante, que se desarrolló el 23 de abril en un automóvil, condujo a un acuerdo: Bengoa debía seguir actuando como hasta ese momento, sondeando a otros generales, aunque con gran cautela, dada la estrecha vigilancia que el gobierno mantenía a través de sus servicios de informaciones, y los dos volverían a reunirse al cabo de dos o tres meses.[30]

A los esfuerzos para reunir suficiente apoyo militar se sumaba la tarea de definir la naturaleza y el carácter del futuro gobierno, en caso de que la revolución triunfara. Los conspiradores estaban en contacto con sectores muy diversos de las fuerzas políticas civiles, desde los nacionalistas católicos, en un extremo, hasta los socialistas, en el otro; pero salvo el derrocamiento de Perón, no parecía haber acuerdo en cuanto al programa específico que se seguiría. Todo lo que se sabía era que el jefe militar de la revolución encabezaría un régimen cívico-militar y que gobernaría con una junta civil integrada por Miguel Ángel Zavala Ortiz, Radical, Adolfo Vicchi, Conservador, y Américo Ghioldi, Socialista.[31]

Los tres eran antiguos opositores de Perón, habían tomado parte en otras conspiraciones y habían estado exilio por sus actividades. Pero debe señalarse que sólo tenían vinculación con los grupos que habían dominado sus respectivos partidos antes de 1945 y apenas tenían relación con las nuevas fuerzas surgidas en los últimos años. En el triunvirato no había ninguna figura identificada con los nacientes grupos políticos católicos, y el propio representante del partido Radical, Zavala Ortiz, provenía del sector unionista, que acababa de perder el control del comité nacional del partido, ahora en manos del sector rival intransigente encabezado por Arturo Frondizi. Una junta cívica así constituida sin duda encontraría problemas para lograr apoyo entre los fragmentados elementos que formaban el universo político no peronista.

Pero quizá fuera más grave el problema del evidente fracaso de los civiles y militares integrantes del régimen sucesorio propuesto, al tratar de definir sus respectivas esferas de autoridad y al tratar de llegar a un acuerdo en cuanto a los modos de acción concretos que debían seguir. Con una figura de tan fuerte voluntad como la de Toranzo Calderón como jefe de Estado, la junta de políticos civiles podía prever una relación tormentosa. Pero eso debió de parecerles poco importante ante la perspectiva de acabar por fin con la pesadilla peronista. Además, en la atmósfera de constante vigilancia en que debían moverse los conspiradores, las reuniones frecuentes entre los principales del grupo habrían sido un lujo peligroso. En efecto, Toranzo Calderón sólo tuvo un encuentro personal con Vicchi y Zavala Ortiz, con quienes se entrevistó en un automóvil, y nunca se reunió con Ghioldi, exiliado en Montevideo.[32]

Aunque los conspiradores aún no habían fijado la fecha del golpe y en verdad todavía carecían de fuerza militar suficiente, los hechos creaban un clima de tensión que lindaba con lo explosivo. La controversia suscitada por la campaña anticlerical del gobierno se había trasladado de las salas del Congreso a las calles de Buenos Aires. El sábado 11 de junio hubo una demostración masiva en abierto desafío a las órdenes del gobierno. La ocasión fue el día de Corpus Christi, que debía celebrarse dos días antes, pero se había postergado hasta el sábado para permitir mayor participación. El ministro del Interior, que había autorizado la procesión del día jueves, se negó a permitirla el sábado. Sin embargo, tras los servicios celebrados en la Catedral, frente a la Plaza de Mayo, miles de argentinos, inclusive muchos que no habían estado en una iglesia desde su juventud, se unieron a la marcha multitudinaria que avanzaba hacía el Congreso, agitando sus pañuelos como expresión de solidaridad mutua y como repudio al gobierno.[33]

La reacción no tardó en producirse. El ministro del Interior denunció a los manifestantes por sus acciones ilegales y por una serie de presuntas depredaciones, inclusive haber arrancado las placas que honraban la memoria de Evita en el exterior del edificio del Congreso, haber izado la bandera del Vaticano en dependencias del Congreso y, lo más grave de todo, haber quemado una bandera argentina. Se entregaron a los diarios fotografías del presidente y del ministro del Interior observando con pesar los restos de una bandera supuestamente quemada en las escalinatas del Congreso. Sólo después se enteraría el público de que los verdaderos autores del hecho habían sido policías que cumplían órdenes del ministro del Interior.[34]

Con ese ardid, Perón y sus asesores anticlericales esperaban marcar a la Iglesia con el estigma de antiargentinidad y creían agitar los sentimientos nacionalistas de sus propios partidarios. Las tensiones llegaron de nuevo a un punto máximo cuando los simpatizantes de Perón atacaron la Catedral, sólo para ser rechazados por sus defensores católicos. Perón apeló a la radio para acusar a los sacerdotes en un discurso dirigido a la nación entera el 13 de junio, y durante una manifestación masiva realizada el 14, con la ostensible intención de desagraviar a la bandera por la supuesta ofensa recibida, advirtió a la Iglesia que si continuaban los disturbios tomaría severas represalias. Ese mismo día, en un discutible ejercicio de autoridad, relevó a dos dignatarios de la Iglesia de sus cargos eclesiásticos y ordenó su expulsión del país.[35]

Exacerbadas las pasiones por los sucesos recientes, es comprensible que Toranzo Calderón y sus compañeros de confabulación desearan dar el golpe lo antes posible. Por desgracia, aún no habían resuelto el problema más serio: contar con la garantía de un suficiente apoyo del Ejército. El 12 de junio, el almirante, acompañado por el nacionalista Pablo Pardo, visitó en secreto al general Bengoa en Paraná para discutir ese problema de la participación del Ejército. Bengoa lo persuadió de que lo mejor sería esperar hasta después de la celebración del Día de la Independencia, en julio; eso daría a Bengoa tiempo suficiente para convencer a otros elementos, sobre todo porque tendría oportunidad de conversar con otros generales en Campo de Mayo durante el asado del 17 de junio, al que él y otros altos oficiales en servicio activo habían sido invitados. Tal invitación le permitiría dejar su comando en Paraná sin despertar sospechas y pasar el lapso entre el 15 y el 19 de junio en la zona de Buenos Aires. Pero para Toranzo Calderón quedó en claro que si resolvía dar el golpe antes de julio, Bengoa lo apoyaría desde Paraná.[36]

El día de la decisión para el movimiento llegó mucho antes de lo que todos esperaban y en circunstancias que redujeron sus posibilidades de éxito. El martes 14 de junio, el almirante Toranzo Calderón supo a través de un contacto del Servicio de Informaciones Navales que el Servicio de Informaciones de Aeronáutica había filmado una película con teleobjetivo en la cual se veía la entrada de su casa y cierto número de personas saliendo de una reunión. Para él fue claro que había sido descubierta su participación en el complot y que su arresto era sólo cuestión de tiempo: probablemente sería sometido a tortura para que revelara la identidad de los demás conspiradores. En tales circunstancias, Toranzo Calderón tomó la fatal decisión de actuar, antes de esperar que lo detuvieran, y ordenó que la revolución se iniciara el jueves 16 de junio a las diez de la mañana.[37]

El plan general de los revolucionarios incluía un ataque aéreo a la Casa de Gobierno con aviones de la Marina y la Fuerza Aérea, a fin de matar a Perón. Un batallón de la Infantería de Marina, con asiento en los muelles, dirigiría un ataque por tierra contra el edificio, con el apoyo de civiles armados, mientras otros grupos de civiles armados coparían las diversas emisoras de radio. El plan preveía que la revuelta contaría a esa altura de los hechos con la ayuda de unidades del Ejército en el litoral, bajo el mando del general Bengoa, de las Escuelas de Artillería y de Aviación en Córdoba, y de la base naval de Puerto Belgrano. Allí, según se esperaba, oficiales revolucionarios tomarían la flota y ordenarían su salida al mar, así como el despliegue de unidades de la Infantería de Marina y la aviación naval desde la base principal.[38]

Por desgracia para sus promotores, el momento elegido para la revolución impidió su eficacia. El 16 de junio, el general Bengoa no estaba en su cuartel general de Paraná, sino en su departamento de Buenos Aires, preparándose para asistir al asado del día siguiente. Esa mañana ignoraba que la revolución era inminente y aun cuando lo hubiese sabido, difícilmente hubiera podido regresar a Paraná sin despertar sospechas.

En Puerto Belgrano, donde la decisión de actuar fue recibida sólo dos horas antes del tiempo fijado, la situación era igualmente poco propicia. Las naves de la flota eran inoperables, con buena parte de su personal bajo licencia; no se habían impartido directivas precisas a los simpatizantes de la revolución y el oficial designado por Toranzo Calderón para hacerse cargo de la flota como comandante era un capitán de la Marina cuyas cualidades profesionales y opiniones políticas eran vistas con recelo por sus camaradas de Arma. La falta de coordinación entre el mando revolucionario en Buenos Aires y las fuerzas en el litoral y Puerto Belgrano redujo el apoyo del movimiento, restringiéndolo a los elementos disponibles en la Capital Federal o cerca de ella.[39]

Los hechos del 16 de junio de 1955 constituyen un cruento capítulo de la historia argentina, ya que armas de guerra, adquiridas con el ostensible propósito de defender a la nación contra un ataque extranjero, fueron empleadas contra los propios argentinos por miembros de sus Fuerzas Armadas y por civiles armados. Las víctimas de ese día, entre muertos y heridos, llegaron a ser casi 1.000; la mayoría fueron civiles sorprendidos por la lluvia de balas y metralla que cayó sobre la Plaza de Mayo y las calles que van desde ella hacia el edificio del Ministerio de Marina.[40]

Al decidir el bombardeo aéreo de la Casa de Gobierno el mando revolucionario adoptó con deliberación una táctica que podía tener cruentas consecuencias. Procedió así en parte por la índole de las fuerzas que disponían: consistían sobre todo en las unidades navales aéreas de Punta Indio, los jets de la Fuerza Aérea con asiento en Morón y la Infantería de Marina con asiento en la zona del puerto de Buenos Aires. Pero la decisión de recurrir a un ataque aéreo también reflejaba la convicción —sin duda robustecida por el recuerdo del fracaso de 1951, cuando sólo se habían arrojado panfletos desde el aire— de que únicamente al precio de infligir y recibir víctimas podía derribarse el gobierno. Tal era la cólera de los enemigos de Perón ante los últimos acontecimientos, tal su ansiedad por ver su caída, que estaban dispuestos a herir y a matar a inocentes para lograr ese propósito, y a arriesgar sus propias vidas.

En casi ninguno de sus aspectos la revolución del 16 de junio resultó de acuerdo con el plan. No sólo faltó el apoyo de las unidades del Ejército en el interior, sino que una densa niebla sobre la Capital impidió que los aviones de la Marina iniciaran su ataque a las diez de la mañana contra la Casa de Gobierno. Sólo a las 12,30 los primeros aviones, ahora con base en el aeropuerto de Ezeiza, aparecieron sobre la Plaza de Mayo para arrojar sus proyectiles. Para entonces, los grupos civiles que esperaban en las calles adyacentes habían recibido orden de dispersarse. Lo más importante fue que esa demora reveló la existencia del movimiento y Perón, siguiendo el consejo del general Lucero, se había trasladado de la Casa Rosada al amparo del Ministerio de Guerra, a una cuadra de distancia. Desde el subsuelo de ese imponente edificio, el presidente pudo seguir el desarrollo de los acontecimientos mientras el general Lucero, a quien había designado para que se hiciera cargo de reprimir el movimiento, enviaba a unidades del Ejército en defensa de la Casa de Gobierno y para recuperar zonas tomadas por los rebeldes. Al final de la tarde, a pesar de los reiterados bombardeos y la metralla de los aviones de la Marina y la Fuerza Aérea, todas las bases en manos de los rebeldes habían caído, inclusive el Ministerio de Marina, que había servido como cuartel general de Toranzo Calderón.[41]

Allí, el ministro de Marina, contralmirante Aníbal Olivieri, y el comandante de la Infantería de Marina, vicealmirante Benjamín Gargiulo, a pesar de que no habían tomado parte en la conspiración, se asociaron a la frustrada rebelión en un acto de identificación moral que provocaría la destitución y la corte marcial del primero y el suicidio del segundo.[42]

A pesar de su fracaso como operativo militar, el levantamiento del 16 de junio produjo una oleada de estupor que barrió con todo el sistema político argentino y afectó al gobierno de Perón, la oposición y las Fuerzas Armadas. La violencia del 16 de junio, debe señalarse, no se redujo a los hombres uniformados. Activistas civiles participaron de ella en ambos bandos, y en verdad fue el peligro de que civiles armados pudieran irrumpir e incendiar el Ministerio de Marina lo que instó al ministro a iniciar su rendición ante las tropas del Ejército.[43] Inclusive después del fin de las hostilidades, elementos civiles, sin que la policía lo impidiera, quemaron y saquearon varias iglesias, entre ellas los edificios históricos de Santo Domingo y San Francisco, además de la Curia Metropolitana. Aunque Perón negó ser responsable de esas depredaciones (y existen ciertas pruebas de que hizo un esfuerzo para impedirlas), el simple hecho de que ocurrieran contribuyó a deteriorar aún más su imagen ante los ojos de muchos ciudadanos.[44]

La reacción del gobierno de Perón tras la frustrada revuelta fue una serie de movimientos en uno y otro sentido que reflejaban su incertidumbre en cuanto a qué actitud asumir. La reacción inicial consistió en actuar con mano de hierro. La policía arrestó a muchos ciudadanos, inclusive al diputado Radical Oscar Alende y a otros personajes importantes de la oposición, mientras la mayoría peronista del Congreso se apresuraba a aprobar la legislación necesaria para implantar el estado de sitio en el país. Perón anunció que los complicados en la revuelta recibirían las penas máximas previstas por la ley, lo cual parecía sugerir la pena de muerte. Pero lo cierto es que —con la sola excepción del almirante Gargiulo, que se quitó la vida— ninguno de los conspiradores corrió peligro de muerte y la sentencia más severa fue la impuesta al almirante Toranzo Calderón, condenado a cadena perpetua. Los pilotos de la Marina y la Fuerza Aérea que habían intervenido en los bombardeos habían buscado refugio en el Uruguay y sólo se les dio de baja por rebelión.[45]

Pero aunque Perón ordenó que los partícipes uniformados del movimiento fueran juzgados por tribunales militares y dispuso que en cada uno de los servicios juntas especiales investigaran el comportamiento de todo el personal militar durante la crisis, los acontecimientos del 16 de junio fueron una advertencia que lo hizo reflexionar sobre la necesidad de introducir cambios fundamentales en su gobierno. Durante una reunión de gabinete, realizada al día siguiente del golpe, según uno de los asistentes llegó a proponer su propia renuncia. Ninguno de los ministros apoyó la idea, como quizá él lo previera. Lo que surgió de esa reunión fue el aparente consenso en cuanto a que el gabinete en pleno debía ser reemplazado.[46] Dentro del gabinete, uno de los principales partidarios de la continuidad de Perón en el mando y de la necesidad de cambios personales fue el ministro de Ejército, el general Lucero. Su opinión estaba avalada por el hecho de que había sido quien había logrado personalmente la derrota de los rebeldes y, a diferencia de la Marina y la Fuerza Aérea, podía afirmar que ningún miembro del Ejército, fuera general o simple soldado, había tomado parte en la rebelión. La lealtad del Ejército, que Perón había reconocido reiterada y públicamente, era lo que había salvado al gobierno. El general Lucero, sin embargo, no utilizó su posición ventajosa para tratar de imponer el control militar sobre el gobierno; era demasiado leal a Perón para proceder así. Pero trató de influir sobre Perón para que asumiera una actitud conciliatoria ante las críticas al régimen. No sólo pidió un cambio total en el gabinete, para lo cual elevó su propia renuncia, sino que recomendó que se disminuyeran las restricciones para el uso de los medios de difusión por parte de los partidos opositores y que se tomaran otras medidas que podían aliviar las tensiones y lograr cierta reordenación.[47]

La influencia de estas propuestas sobre Perón pueden comprobarse en el hecho de que abandonó su táctica de puño fuerte empleada en la primera semana después del golpe. A los pocos días, el 29 de junio, se levantó el estado de sitio y muchos de los que habían sido arrestados en relación con el movimiento quedaron en libertad. Además Perón reemplazó a los miembros más discutidos de su gobierno, inclusive a los ministros del Interior y de Educación, aunque no al gabinete entero, como recomendaba Lucero. El director de prensa y propaganda del gobierno, Raúl Apold, presentó su renuncia y lo mismo hizo Vuletich, el secretario general de la CGT. Pero tiene importancia mayor el discurso de Perón transmitido por radio el 5 de julio a todo el país, en el cual se comprometió a iniciar una política de pacificación nacional. Eximiendo explícitamente a los partidos políticos de toda responsabilidad en los «hechos criminales del 16», invitó a sus dirigentes a un intercambio de ideas para afianzar la paz interna y comenzar una tregua política.[48]

El concepto que Perón tenía del significado de la pacificación y de lo que implicaba para él la nueva orientación de la política pública, quedó establecido en un discurso pronunciado el 15 de julio ante legisladores de su propio partido:

La revolución peronista ha finalizado; comienza ahora una nueva etapa que es de carácter constitucional, sin revoluciones, porque el estado permanente de un país no puede ser la revolución.

¿Qué implica eso para mí? La respuesta es muy simple, señores: dejo de ser el jefe de una revolución para pasar a ser el presidente de todos los argentinos, amigos o adversarios.

Mi situación ha cambiado absolutamente, y, al ser así, yo debo resolver todas las limitaciones que se han hecho en el país sobre los procederes y procedimientos de nuestros adversarios, impuestos por la necesidad de cumplir los objetivos, para dejarlos actuar libremente dentro de la ley, con todas las garantías, derechos y libertades.[49]

¿Cuál era el objetivo de Perón al solicitar de este modo una tregua política y al anunciar su determinación de gobernar como un ejecutivo constitucional? Evidentemente, esperaba obtener la cooperación de los elementos legalistas dentro del partido Radical y de otros partidos opositores, al tiempo que aislaba y socavaba a aquellos que todavía procuraban derrocarlo. No pudo lograrlo. Estos últimos continuaron elaborando planes para un levantamiento revolucionario, tal como lo veremos más adelante, y encontraron nuevos conversos en los servicios militares. Los primeros, aunque intrigados por las promesas del gobierno de garantizar un tratamiento ecuánime para todos los partidos políticos, no podían contentarse sólo con palabras. Es muy probable que recordaran que en su discurso inaugural del 4 de junio, Perón se había proclamado «el presidente de todos los argentinos, de mis amigos y de mis adversarios», pero sólo para ignorar esta promesa, como él mismo lo reconocía ahora. No bastó que el gobierno aliviara el control sobre las reuniones partidarias en locales cerrados o que permitiera que los dirigentes de la oposición hablaran por radio por primera vez desde 1946. Fueran cuales fuesen las diferencias que los separaban, los representantes de los partidos opositores ahora estaban de acuerdo en que una condición mínima para iniciar una tregua política era el inmediato desmantelamiento de la estructura legal, comenzando por la legislación del estado de guerra interno, que permitía al gobierno operar como un estado policial.[50]

Perón, sin embargo, no estaba dispuesto a adoptar esas medidas. El resultado fue que la política de pacificación se estancó y hacia fines de agosto resultó claro que su llamado a una tregua política sólo había servido para dar a los representantes de la oposición nuevas oportunidades para denunciar a su gobierno. Panfletos y rumores para desacreditarlo continuaron circulando; las calles de Buenos Aires fueron una vez más escenario de demostraciones y disturbios y los incidentes violentos, a menudo dirigidos contra los policías, se multiplicaban. En tales circunstancias, no es de sorprenderse que el presidente se viera obligado a tomar un nuevo rumbo.[51]

Ese cambio se inició espectacularmente la mañana del 31 de agosto, cuando el pueblo argentino supo que el presidente había elevado una nota a los dirigentes de las tres ramas del partido Peronista para explicar en detalle las razones por las cuales él debía abandonar su cargo, y para solicitar el permiso para proceder de ese modo. La reacción unánime fue rechazar la propuesta y acompañar a la conducción de la CGT en su decisión de ordenar una inmediata huelga general y convocar a los trabajadores a la Plaza de Mayo, para que permanecieran allí indefinidamente, hasta que Perón retirara la nota. Una gran multitud comenzó a reunirse a partir de las diez de la mañana y permaneció en la plaza hasta la medianoche, cuando el presidente se asomó al balcón de la Casa Rosada y habló.[52]

Aunque muchos de los que estaban presentes en la Plaza de Mayo y en concentraciones similares en otras ciudades, creían que su conductor era sincero al ofrecer su renuncia, existen pruebas de que ésta fue una maniobra cuidadosamente montada para reanimar los sentimientos de la clase trabajadora, demostrar el permanente apoyo masivo a Perón y proporcionar una espectacular ocasión, como en 1945, para intimidar a los que militaban en la oposición. Las pruebas se basan, en parte, en la cronología de los hechos.

Si bien el público en general no tuvo conocimiento de la renuncia hasta la mañana del 31 de agosto, y en verdad no fue sino hasta las 10,30 de la mañana cuando el texto completo de la nota de Perón estuvo disponible, los dirigentes de la CGT tuvieron ese texto la noche anterior y habían tomado su decisión de movilizar a sus simpatizantes poco después de la medianoche. Antes de las 2 de la madrugada, mucho antes que la población conociera la propuesta de renuncia, es presumible que en la intimidad del gabinete se supiera que la renuncia no respondía a una intención seria, ya que en esos momentos el jefe de Operaciones Navales, actuando sobre la base de una información digna de fe, telefoneó al comandante del Área Marítima de Puerto Belgrano para informarle que el presidente renunciaría el 31, que el comandante no debía alarmarse, ya que era una maniobra para hacer una demostración de fuerza, y que a mitad de la mañana, cuando la CGT lo pidiera, el personal civil debía recibir asueto.[53]

Pero quizá la mejor prueba de la insinceridad de la propuesta de renuncia sea el hecho de que Perón optó por no someterla al Congreso, que tenía autoridad legal para decidir sobre ella y donde los diputados de la oposición podían tomar parte en el debate, sino que la elevó a funcionarios del movimiento peronista. Como en el pasado, podía contarse con estos hombres, en el sentido de que cumplirían los deseos de Perón y cooperarían para reunir un público masivo al que Perón pudiera dirigirse.

El anuncio de Perón, la noche del 31 de agosto, de que retiraría su renuncia, no puede sorprender a nadie, pues, salvo a los ingenuos. Pero lo que no estaba previsto fue el carácter irresponsable y la vehemencia de las observaciones de Perón. Al denunciar a sus opositores como criminales que habían rechazado sus ofertas de perdón y reconciliación, no sólo proclamó que cualquier violencia por parte de ellos sería reprimida con violencia aun mayor, sino que autorizó a sus adictos a hacer valer la ley con sus propias manos:

Con nuestra tolerancia exagerada, nos hemos ganado el derecho a reprimirlos violentamente. Y desde ya establecemos como una conducta permanente para nuestro movimiento: aquel que en cualquier lugar intente alterar el orden en contra de las autoridades constituidas, o en contra de la ley o de la Constitución, puede ser muerto por cualquier argentino.

Esta conducta que ha de seguir todo peronista no va dirigida solamente contra los que ejecuten actos de violencia, sino también contra los que conspiren e inciten.

… La consigna para todo peronista, esté aislado o dentro de una organización, es contestar a una acción violenta con otra más violenta. Y cuando uno de los nuestros caiga, caerán cinco de los de ellos.[54]

Es difícil comprobar si Perón estaba resuelto desde el principio a pronunciar declaraciones tan inflamadas, o si se dejó llevar por la sensación de poder al ver la multitud. Lo que está fuera de dudas es que al provenir de un jefe de Estado que ha jurado cumplir con las leyes, sus palabras suscitaron profunda alarma entre sus opositores, a la vez que causaron una creciente preocupación en cuanto a su equilibrio mental, inclusive entre sus adictos. En las Fuerzas Armadas, además, sus declaraciones provocaron gran conmoción y dieron nuevos ímpetus a las conspiraciones que ya estaban en camino.[55]

Dentro de la Marina, el espíritu de rebelión contra Perón había permanecido vivo, a pesar del fracaso del 16 de junio y a pesar de (o en parte a causa de ellas) las medidas punitivas ordenadas por el gobierno contra la institución. En efecto, la disolución de los cuarteles generales de la Infantería de Marina y la Aviación Naval y de dos de sus unidades, el retiro de la jurisdicción naval sobre las gobernaciones territoriales de Tierra del Fuego y Martín García, y el secuestro de pertrechos navales, inclusive los detonantes de bombas aéreas, sirvieron tanto para robustecer la determinación de los conspiradores como para lograr nuevos adherentes a la causa.[56]

La conducción del movimiento revolucionario se puso en manos nuevas y más hábiles. En Buenos Aires, el capitán de navío Arturo Rial, oficial que había sido el primero en su promoción de la Escuela Naval y ahora era el director de los institutos navales, asumió el cargo de coordinador general, mientras que en Puerto Belgrano, el comandante segundo de la base, capitán de navío Jorge Perren, se hizo cargo de la estrategia de la conspiración. Y lo que era igualmente importante, un oficial superior con grado de contralmirante, Isaac Rojas, aceptó asumir el mando naval de la inminente revolución. Rojas, director de la Escuela Naval de Río Santiago, no había participado anteriormente en las conspiraciones antiperonistas, pero su actuación como defensor del ex ministro Olivieri durante su enjuiciamiento militar llamó la atención de los conspiradores, cuya oferta de conducción aceptó.[57]

De este modo, aun antes del discurso de Perón del 31 de agosto, la conspiración de la Marina había logrado una conducción unificada y resuelto su principal problema de organización. En efecto, el 27 de agosto un grupo de jefes que representaban a los diversos componentes regionales de la conspiración se reunieron cerca de Bahía Blanca para precisar los detalles concretos, llegar a un acuerdo en cuanto a quién sería el ministro de Marina en el futuro gobierno y discutir las posibles fechas del levantamiento. En opinión de todos, el momento ideal sería durante el próximo ciclo de ejercicios navales, que comenzaría el 8 de setiembre, cuando el personal en licencia regresara a sus puestos y las naves ancladas estuvieran de nuevo listas para operar en aguas abiertas.[58]

Sin embargo, algo demoraba la elección de la fecha. Algunos de los marinos unidos en el movimiento (aunque no todos) tenían la convicción de que la participación del Ejército era imprescindible. Consideraban esencial que unidades del Ejército se rebelaran abiertamente para que no se repitiera lo ocurrido el 16 de junio, cuando el Ejército permaneció leal y el conflicto no trascendió de un sector. La participación del Ejército, aunque limitada a un solo regimiento, haría vacilar a otras unidades del Ejército, que ya no estarían tan resueltas a aplastar la rebelión.[59]

Dentro del Ejército, el movimiento revolucionario estaba mucho más fragmentado y menos organizado que en la Marina. La estrecha vigilancia mantenida por los servicios de informaciones del gobierno, así como las rivalidades personales y los recelos, eran factores que contribuían a crear esa situación. Además, en un servicio donde las demostraciones de lealtad hacia Perón habían sido requisito para la promoción a los rangos superiores, el número de altos oficiales dispuestos a tomar parte en una rebelión era relativamente pequeño. A fines de agosto, sólo tres o cuatro de los noventa y tantos generales en servicio activo podían ser considerados como resueltamente comprometidos en el derrocamiento de Perón.

Entre ellos, el oficial de más alta jerarquía era el general de división Pedro Eugenio Aramburu, hasta hacía poco tiempo al frente de la Dirección de Sanidad del Ejército y ahora director de la Escuela Nacional de Guerra. Ninguno de esos cargos le daba el mando de tropas, pero su nueva designación en la Escuela le proporcionaba razones legítimas para reunirse con oficiales de otros servicios. Uno de ellos era el ya mencionado capitán de navío Arturo Rial, egresado de la Escuela Nacional de Guerra y secretario de su asociación de ex alumnos. Rial, como coordinador general de la conspiración naval, pidió a Aramburu, en razón de su rango, que asumiera el mando general del movimiento en gestación y que lograra la cooperación del Ejército, esencial para llegar al triunfo.[60]

Como jefe del movimiento, era natural que Aramburu tuviera dos preocupaciones: evitar que se llegara a saber de la conspiración antes de tiempo y proteger su posición como jefe del movimiento ante posibles rivales. Tenía plena conciencia de que el conflicto por la conducción había contribuido al fracaso del movimiento de 1951. El posible rival a quien Aramburu parecía considerar con más recelo era el general (R) Eduardo Lonardi, uno de los indicados por el propio Aramburu para que se pusiera a la cabeza del movimiento de 1951, aunque en los años subsiguientes las relaciones entre ambos se enfriaron. Este alejamiento quizá explique la curiosa conducta de Aramburu al negar categóricamente a Lonardi que estuviera conspirando, cuando este último se lo preguntó en alguna ocasión durante el mes de agosto.[61]

El mayor peligro para los planes de Aramburu, sin embargo, no provenía del general Lonardi en retiro, sino de un hecho imprevisto, obra de un general en servicio activo que actuó por cuenta propia. El 1.º de setiembre, como reacción ante el discurso del presidente, de pocas horas antes, el general de brigada Dalmiro Videla Balaguer, comandante de la Cuarta Región Militar en Río Cuarto, Córdoba, trató infructuosamente de montar una revuelta. Videla Balaguer, que antes tenía fama de ser camarada de Perón, actuó por iniciativa propia. Pero ahora existía el peligro de que una investigación del episodio de Río Cuarto descubriera la existencia de otros conspiradores y redundara en la destrucción de todo el movimiento. En tales circunstancias, Aramburu debía tomar una difícil decisión entre ordenar un levantamiento prematuro o permanecer a la espera. Las perspectivas de triunfo, sin embargo, en lo que al Ejército concernía, parecían dudosas. Sólo en el área de Córdoba existía una razonable certeza en cuanto al apoyo por parte de la Escuela de Artillería, la Escuela de Paracaidistas y las bases cercanas de la Fuerza Aérea; pero en la zona de Buenos Aires no había nada preparado, y en otros lugares sólo podía contarse con oficiales aislados más que con unidades. Para empeorar las cosas, el ministro de Guerra había adelantado la fecha de las maniobras de campaña, dificultando los contactos con los oficiales de los regimientos de caballería de Entre Ríos, en quienes se había depositado mucha confianza. Por lo tanto, en términos del número de unidades del Ejército que prestarían su apoyo, las perspectivas de un levantamiento eran en verdad desalentadoras. El general Aramburu, por lo tanto, temiendo otro fracaso como el del 16 de junio y las lamentables consecuencias que podían esperarse del furor del presidente y de sus simpatizantes entre la clase trabajadora, suspendió su propia actividad de conspirador y aconsejó la postergación de la revolución para un momento más oportuno.[62]

Los hechos posteriores hicieron que en ciertos círculos se censurara a Aramburu por falta de coraje. En su defensa puede argumentarse que como jefe de la conspiración en Buenos Aires, Aramburu tenía pocos contactos directos con los jóvenes y entusiastas oficiales revolucionarios de Córdoba y otras zonas. No tenía tropas a su mando ni vinculaciones especiales con los regimientos de Artillería y Caballería, donde se suponía que el sentimiento antiperonista era el más fuerte. A decir verdad, debió de experimentar una sensación de aislamiento, ya que la mayoría de sus colegas de la Infantería estaban de parte del gobierno. Así, en la imposibilidad de valorar los factores psicológicos que favorecían la causa revolucionaria, resolvió elegir lo que parecía el camino de la prudencia.

Fue esta decisión, empero, la que hizo que el general Lonardi surgiera como la principal figura de la inminente revolución. Lonardi ya había sido invitado por un antiguo colega de la Artillería y también partícipe del movimiento de 1951, el coronel (R) Arturo Ossorio Arana, a unirse a él en el sector cordobés del movimiento general. Al retirarse Aramburu, Ossorio Arana y otros oficiales solicitaron a Lonardi que encabezara el movimiento revolucionario y lo lanzara desde la Escuela de Artillería, en Córdoba. Aunque residía en Buenos Aires, Lonardi pudo captar, a través de miembros de su familia, la intensidad del espíritu revolucionario que caracterizaba tanto a los oficiales jóvenes como a los civiles organizados en ese centro católico. Así fue como el 11 de setiembre aceptó la invitación y de inmediato comenzó a planificar una revuelta que se iniciaría allí y que, según esperaba, se difundiría a otras partes, el 15 de setiembre a medianoche.[63]

Cierta ironía rodea la decisión de Aramburu de abandonar la conducción del movimiento conspirativo. El temor de que el ministro de Guerra llevara a cabo una enérgica investigación del episodio de Río Cuarto y ordenara arrestos, traslados y retiros para desmantelar el aparato de la conspiración, resultó erróneo. El ministro de Guerra, general Lucero, se mostraba reacio a creer que existía una conspiración en gran escala. A fin de asegurarse, designó un juez militar para que investigara el episodio de Río Cuarto y hasta envió al comandante general del interior, teniente general Forcher, para que analizara la situación. Pero cuando Forcher informó el 7 o el 8 de setiembre que sospechaba la existencia de una conspiración en gran escala que implicaba a elementos de muchas guarniciones, Lucero se negó a creerlo. Es más: el 12 y el 13 de setiembre el propio Lucero se trasladó a Córdoba para presenciar un ejercicio de artillería en Pampa de Olaen y aprovechó la ocasión para hablar a los oficiales claves de la guarnición de Córdoba. Y el 15 de setiembre, a las 7 de la mañana, en una reunión en el Ministerio de Guerra a la que asistieron Forcher y otros generales para escuchar un informe de su viaje, el recién llegado general Lucero aseguró que «aquellos que suponen que hay una conspiración en marcha, se equivocan de medio a medio». Diecisiete horas más tarde, el ministro de Guerra comprendería que el equivocado era él.[64]

La decisión del general Lonardi al asumir el mando de la revolución sin tomar en cuenta la medida del apoyo del Ejército, más allá de Córdoba, fue un acto de coraje en nada disminuido por el hecho de que fuera un hombre enfermo y quizá consciente de que sólo le quedaban pocos meses de vida. Pero llegar a la conclusión de que si no hubiese sido por Lonardi la revolución no se habría llevado a cabo, es ignorar las presiones extremas que existían en todas partes.[65] Quizá sea algo más que una coincidencia que el 11 de setiembre, el mismo día en que el general Lonardi decidió encabezar el movimiento, a cientos de kilómetros al sur, en Puerto Belgrano, el capitán de navío Jorge Perren tomaba por su lado la decisión de que si no había noticia de que unidades del Ejército se prepararan para rebelarse el 20 de setiembre, él dirigiría un levantamiento de la base, en conjunción con las fuerzas navales y aéreas vecinas. El 14 de setiembre, sin embargo, Perren recibió la buena nueva de que la Armada no actuaría por sí sola.[66]

La decisión del general Lonardi de lanzar la revolución desde Córdoba a la hora cero del día 16 reflejaba no sólo el deseo de anticiparse a posibles contramedidas del gobierno, sino también la plena conciencia de que la Escuela de Artillería de Córdoba, en la cual basaba su estrategia, debía entregar sus armas el día siguiente para tareas de mantenimiento. Por lo tanto, tenía poco tiempo por delante antes que él mismo debiera partir de Buenos Aires hacia Córdoba.[67] Imposibilitado a causa de la estrecha vigilancia, de convocar a una reunión de las figuras claves que formaban parte de la conspiración, de todos modos logró establecer contactos individuales con muchas de ellas, en buena medida gracias a la infatigable ayuda de un miembro del equipo de Señorans, el mayor Juan Guevara. Así se aseguró, a través de un representante del capitán de navío Rial, de que la Armada también se levantaría el 16; también obtuvo la promesa de colaboración por parte de varios oficiales superiores del Ejército que se ofrecieron para intentar el levantamiento de sus tropas en unidades del Litoral y de Cuyo.[68]

La precipitación de estos acuerdos, sin embargo, impidió todo análisis serio de los problemas políticos que los revolucionarios enfrentarían si el movimiento triunfaba. No sólo no había acuerdo entre los principales participantes en cuanto a sus objetivos políticos, al margen de la eliminación de Perón, sino que la constitución misma del futuro gobierno quedaba librada a la conjetura y la presunción, sin ningún entendimiento concreto.[69]

La experiencia de 1943 no había servido de lección. De este modo, mientras el general Lonardi daba por sentado que como jefe de una revolución triunfante asumiría la presidencia, los conspiradores navales ni siquiera reconocían en él al jefe absoluto de la revolución. Tampoco lo reconoció como tal el general Aramburu. Los problemas que quedaron pendientes antes del estallido de la revolución seguirían acosando a los vencedores hasta mucho tiempo después de la victoria.[70]

Esa victoria, sin embargo, distaba mucho de ser segura cuando estalló la revolución el 16 de setiembre. Sólo después de una dura lucha con la Escuela de Infantería las fuerzas del general Lonardi lograron asumir el control de todas las unidades del Ejército y la Fuerza Aérea en los alrededores de la ciudad de Córdoba; pero en la base armada de Curuzú Cuatiá, el intento revolucionario en que el general Aramburu desempeñó un papel fue copado por completo, y en la base naval de Río Santiago, los rebeldes, tras varias horas de lucha, debieron ser evacuados a naves de la flota fluvial. Al día siguiente, aunque oficiales rebeldes bajo el mando del general (R) Julio Lagos lograron el control de Cuyo, fuerzas leales numéricamente superiores convergían sobre el puesto del general Lonardi en Córdoba y sobre la base naval de Puerto Belgrano. Todo indicaba que la confianza del gobierno en su capacidad para aplastar la rebelión, como lo anunciaban los diarios y la radio, tenía fundamento.[71]

Pero la superioridad numérica por sí sola no podía ser la clave para resolver una situación en que los factores psicológicos y políticos importaban tanto como los militares, Muchos oficiales del Ejército, en unidades que se suponían leales, carecían de la voluntad y convicción para luchar con vigor en defensa del gobierno de Perón. Esto, a su vez, dio oportunidad a la Marina para desempeñar un papel decisivo. Los oficiales rebeldes, que ya habían logrado el control de toda la Armada, estaban dispuestos a utilizar toda la fuerza necesaria para triunfar. El contraste entre ambos sectores puede verse en las operaciones militares alrededor de Puerto Belgrano, donde fuerzas navales inferiores acosaron con ataques aéreos a las tropas del Ejército que se aproximaban y el 19 de setiembre lograron la rendición de dos generales y la totalidad de sus comandos.[72]

Era en Buenos Aires, sin embargo, donde la Armada esperaba ganar la victoria final mediante la propia rendición de Perón. Cuando las naves de la flota marítima llegaron al Río de la Plata tras una rápida travesía de dos días desde Puerto Madryn, el almirante Rojas declaró el 18 de setiembre un bloqueo de la costa y advirtió que la Armada atacaría las instalaciones de depósitos de petróleo en Dock Sur y de la refinería de YPF en La Plata. Al día siguiente, antes del mediodía, la Armada advirtió por radio a la población civil que se alejara de las instalaciones de La Plata, ya que serían atacadas a las trece. Esa mañana, más temprano, la Armada ya había dado pruebas fehacientes de su resolución cuando un crucero, con unos pocos disparos certeros, destruyó los depósitos de petróleo en Mar del Plata. El bombardeo de los objetivos en La Plata nunca se produjo, sin embargo, ya que poco antes de la hora señalada, el ministro de Ejército Lucero anunció por radio que pedía un parlamento entre los bandos opuestos y un inmediato cese de las hostilidades. Casi inmediatamente después leyó una carta del presidente Perón en la que proponía entregar su mando al Ejército a fin de facilitar un acuerdo. La victoria de los revolucionarios parecía cercana.[73]

Lo cierto es que la carta de Perón no era una renuncia categórica y habría de plantear problemas no sólo a los rebeldes sino también a la Junta Militar de generales superiores que se había formado para conducir las negociaciones. Los primeros debían considerar si la actitud de Perón no era un ardid para evitar el bombardeo, mientras ganaba tiempo para que las fuerzas que convergían sobre Lonardi en Córdoba pudieran atacarlo. La Junta, por otro lado, enfrentaba la necesidad de definir el alcance de su propia autoridad. ¿Actuaba sólo como intermediaria del presidente o como un sucesor de facto, con total autoridad para lograr un acuerdo según los términos que estimara mejores?

El problema no podía sino entorpecer la labor de la Junta, aunque asumió la responsabilidad de evitar desórdenes en la ciudad de Buenos Aires y adoptó las primeras medidas para saber quién era el representante de la revolución con quien debían tratar. Desde la una de la tarde del 19 de setiembre hasta casi las seis, los diecisiete generales que formaban la Junta analizaron esta cuestión.[74] En parte, el debate se centró en torno de un problema semántico, ya que Perón, en la carta en que solicitaba al Ejército la negociación de un acuerdo, describía su actitud como un renunciamiento, término más ambiguo que renuncia. Algunos lo interpretaron como índice de que en realidad no abandonaba el mando. También surgieron problemas constitucionales, ya que un presidente normalmente eleva su renuncia a la consideración del Congreso. Pero al fin, tras consultar a asesores legales del Ejército que argumentaron en favor o en contra, los diecisiete generales (entre los cuales había oficiales que habían sido íntimos colaboradores del gobierno peronista), votaron por unanimidad en el sentido de que la carta debía interpretarse como una renuncia y la Junta Militar tenía plena libertad de acción para negociar con el comando revolucionario.[75]

Sin embargo, la Junta Militar no asumió los poderes de un gobierno, salvo los relacionados con el mantenimiento del orden; a pesar de algunas expectativas, no nombró un gabinete. Limitó sus funciones a negociar un acuerdo de paz con los revolucionarios. Con este fin nombró un comité de cuatro personas para estudiar la situación y preparar la actitud negociadora para aprobación de la Junta. El comité, bajo la presidencia del general Forcher, comenzó su tarea alrededor de las siete de la tarde y cerca de medianoche presentó su asesoramiento a la Junta.[76]

Pero en ese momento fue evidente que Perón no se había propuesto renunciar al presentar su carta en la mañana, o bien cambió después de parecer, ya que convocó a la Junta Militar a una reunión en la residencia presidencial y al mismo tiempo solicitó a la sección Operaciones del Estado Mayor que le entregara los últimos datos sobre la situación militar. Algunos miembros de la Junta juzgaron que la intervención de Perón ya era inadmisible, pero la opinión que predominó fue la de enviar ante él una delegación de los seis generales con mayor antigüedad. En la residencia presidencial, Perón negó haber renunciado al poder que el electorado le había conferido e insistió en que si debía renunciar, lo haría ante el Congreso. La delegación abandonó la residencia y regresó al edificio del Ministerio de Ejército para informar a la Junta. Una vez más, tras algunas discusiones, la Junta votó por unanimidad y confirmó su decisión previa. Además, designó a uno de sus integrantes, el general Ángel J. Manni, para que anunciara a Perón que la Junta Militar había ratificado su interpretación de la carta como una renuncia y que actuaba con total independencia. Manni informó al presidente por teléfono, a través de uno de sus edecanes, y agregó su consejo personal, en caso de que quisiera salvar la vida: «ponga distancia cuanto antes». El ya ex presidente aceptó el consejo y buscó refugio, poco tiempo después, en la embajada del Paraguay.[77]

Los motivos de la conducta de Perón entre el 19 y el 20 de setiembre aún son un tema de discusiones. Sus críticos han insistido en que la falta de coraje personal determinó su comportamiento; sus partidarios, por el contrario, han sostenido que Perón sacrificó su cargo para evitar más derramamiento de sangre y la muerte de sus conciudadanos. Las pruebas disponibles son contradictorias. Es cierto que en su carta de «renunciamiento» Perón hacía referencia a la pérdida de vidas y al daño material que podía esperarse si la lucha continuaba:

Estoy persuadido de que el pueblo y el Ejército aplastarán el levantamiento; pero el precio será demasiado cruento y perjudicial para sus intereses permanentes…

Ante la amenaza de bombardear a los bienes inestimables de la Nación y sus poblaciones inocentes, creo que nadie puede dejar de deponer otros intereses o pasiones. Creo firmemente que ésta debe ser mi conducta y no trepido en seguir ese camino. La historia dirá si había razón de hacerlo.[78]

Pero si éstos eran sus motivos en la mañana del 19 de setiembre, ¿qué había cambiado hacia la medianoche, cuando trató de reafirmar su autoridad? Sin duda la capacidad de la Marina para destruir las instalaciones petrolíferas y privar a Buenos Aires de sus fuentes de combustible no había disminuido en modo alguno por la demora de doce horas. Quizá Perón contemplara la posibilidad de convocar a sus simpatizantes civiles; pero a las seis de la tarde del día 19, el secretario general de la CGT había dirigido un mensaje radial a los trabajadores para pedirles calma, y no había indicios de una acción espontánea por parte de ellos. Existe aún otra posibilidad, al menos en teoría. Por medio del general Lucero, que todavía ocupaba su cargo de ministro de Ejército a pesar de haber anunciado su propia renuncia, Perón pudo ordenar a tropas leales que arrestaran a los miembros de la Junta Militar que habían insistido con mayor convicción en que él estaba terminado. Pero en esos momentos, en las primeras horas del 20 de setiembre, y sin que la Junta hiciera ningún intento para detenerlo, la huida parecía la actitud más sensata.[79]

Los hechos que ocurrieron entre el 19 y el 20 de setiembre revelan que, dispuesta a no desempeñar el papel de simple emisaria, la Junta Militar destituyó en efecto a Perón antes de la apertura de las negociaciones con los revolucionarios. El alcance de la contribución de la Junta para el final pacífico del conflicto no ha quedado en claro, en parte por la reticencia del general Lonardi a distinguir entre Perón y la Junta Militar, y en parte por la interpretación que se dio a un discutido episodio que ocurrió con la Junta Militar en las primeras horas del 20 de setiembre.[80]

Los hechos que, según se admite, ocurrieron durante ese episodio son los siguientes: poco después que la Junta Militar volviera a reunirse en su sala de conferencias y escuchara el informe de la delegación que había acudido a la residencia presidencial, y mientras los miembros de la Junta volvían a deliberar sobre qué medidas tomarían, un grupo de oficiales armados irrumpió en el recinto. Encabezaba el grupo el general de brigada Francisco A. Imaz, jefe de Operaciones del Estado Mayor General del Ejército y hasta hacía muy poco tiempo ayudante clavé del ministro de Ejército en la dirección de las operaciones de las tropas leales. Imaz abogaba ahora por rápidas negociaciones con las fuerzas rebeldes. Tras un intercambio de palabras con los miembros de la Junta, el grupo de Imaz se retiró. Poco después se notificó a Perón que, aunque él mismo no aceptaba esa interpretación, la Junta Militar consideraba que había presentado la renuncia a su cargo.

La discusión gira en torno de los motivos que guiaron al general Imaz y su grupo, qué fue lo que en realidad se dijo cuando irrumpió ante la Junta, y qué importancia tuvo todo eso sobre las subsiguientes decisiones de la Junta y los juicios que recibió por su actuación.

Según el general Imaz, aceptar las renuncias de Perón y el ministro Lucero presentadas en las primeras horas del día había indicado que todo estaba dado para encontrar una solución patriótica. Pero varios factores —entre ellos la continua presencia del general Lucero en el Ministerio de Ejército, el hecho de que la Junta hubiera aceptado el llamado de Perón a una reunión en su residencia y la reapertura del debate, dentro de la Junta, acerca del sentido de su carta de renuncia hicieron deducir a Imaz que se estaba desarrollando una maniobra que sólo desacreditaría al Ejército y, si se reanudaba la lucha, llevaría a una guerra civil. Después de salir de la sala de conferencias donde había escuchado el debate, reunió un grupo de oficiales jóvenes, les explicó sus preocupaciones y obtuvo su apoyo para un audaz plan a fin de terminar con las vacilaciones de la Junta. Irrumpió con ese grupo de oficiales, todos ellos llevando armas, y dijo a los miembros de la Junta que tenían quince minutos para informar al general Perón y al general Lucero que habían aceptado sus renuncias, y para tomar las medidas necesarias a fin de llegar a un acuerdo con el bando rebelde. El grupo de Imaz se retiró después a una antecámara para esperar los resultados; poco después supieron que la Junta había resuelto aconsejar a Perón y a Lucero que admitieran el fin de sus funciones.[81]

Esta versión de los sucesos, que afirma la existencia de un doble juego al menos por parte de algunos miembros de la Junta y sugiere que los diecisiete generales que votaron por la renuncia de Perón lo hicieron presionados por el grupo de Imaz, es la que fue admitida como la más verosímil en los círculos antiperonistas. La consecuencia fue que el general Imaz y su grupo quedaran exentos de la purga de oficiales del Ejército que siguió al cambio de gobierno y lograran permanecer en servicio activo. Pero es una versión de los hechos categóricamente negada por varios miembros de la Junta, y en especial por el teniente general Forcher. Forcher, que actuó como fuerza impulsora en la Junta y presidió el comité que redactó el documento de negociación, niega lisa y llanamente que la intervención de Imaz tuviera el carácter o consecuencias que se le atribuyen.

La versión de Forcher sobre el discutido episodio admite que el general Imaz, acompañado de un grupo de oficiales armados, irrumpió en la sala de conferencias, expresó su impaciencia por la demora y exigió saber qué se había decidido. Puesto que Imaz, por ser general, tenía libre acceso a la sala, su conducta provocó gran sorpresa. Forcher insiste, no obstante, en que la Junta hizo caso omiso de la amenaza. Y al oír a uno de los oficiales que acompañaban al general Imaz gritar «Viva la patria», Forcher contestó con energía. Señaló que todos los que estaban allí podían oír con emoción la invocación a la patria, pero en determinadas condiciones y con un mínimo de respeto por la jerarquía y el orden que deben caracterizar la conducta militar. Tomó cuenta de la preocupación que había llevado allí a los oficiales, expresó que «esta Junta Militar ha adoptado las decisiones que más convienen a la Nación». Entonces ordenó a los oficiales que se retiraran, orden que el teniente general Molina repitió y así se procedió sin que mediara otra palabra.[82]

La opinión del general Forcher es que la Junta Militar actuó sin coacción de nadie; llegó a la decisión de aceptar la renuncia de Perón e iniciar un pacto con los revolucionarios no obedeciendo a ningún ultimátum de quince minutos impuesto por un grupo de oficiales armados, sino tras un proceso de cuidadosa deliberación que duró varias horas. Es una opinión que un tribunal de honor militar formado más tarde por generales en retiro, sin intereses personales o políticos en el asunto, encontró de acuerdo con los hechos.[83]

Mientras la Junta se ocupaba en establecer su independencia respecto de Perón antes de iniciar las negociaciones, los jefes revolucionarios aún debían poner en orden sus asuntos. Era preciso tomar las decisiones políticas básicas y tenían que resolver el problema, tantas veces pospuesto, de decidir quién encabezaba la revolución. Entre los jefes del Ejército, la lógica del campo de batalla simplificó la solución. El éxito del general Lonardi, que había logrado crear un foco revolucionario en Córdoba y resistir con firmeza en circunstancias muy desventajosas, hizo legítimas sus aspiraciones. En Cuyo, el general Lagos se apresuró a ponerse bajo las órdenes de Lonardi, mientras que el general Aramburu, que estaba oculto tras su fracaso en Corrientes, por el momento no se encontraba en posición de oponerse. Pero el problema fundamental eran las relaciones entre los rebeldes de la Marina y el general Lonardi. Fue aquí donde el almirante Rojas, ahora comandante de la flota revolucionaria, tomó la decisión capital. Sin consultar a los capitanes de navío Perren ni Rial, que dirigían el operativo revolucionario en la zona de Puerto Belgrano, Rojas reconoció al general Lonardi como jefe de la revolución y como presidente provisional. Si Rojas hubiera consultado a esos oficiales habría tropezado con su falta de entusiasmo no sólo ante tal decisión, sino también ante la idea misma de aceptar una tregua. Pero una vez tomada la decisión, se la aceptó lealmente. La disciplina naval, aun entre los revolucionarios, permanecía inalterable.[84]

Mientras la tregua no tardaba en cumplirse en la zona de Buenos Aires, las tratativas concretas entre el Comando Revolucionario de las Fuerzas Armadas y la Junta Militar se iniciaron a las seis de la tarde del 20 del setiembre, a bordo de la nave insignia del almirante Rojas, anclada en la rada de Buenos Aires.[85] La elección del lugar había sido impuesta por la Marina, bajo la amenaza de reanudar las hostilidades. Pero a pesar de esa concesión, los emisarios de la Junta llegaron a bordo escoltados con todos los honores militares. Y a decir verdad, durante las ocho horas que estuvieron a bordo, la delegación, formada por el teniente general Forcher, los generales de división Manni y José Sampayo, y el auditor general de brigada Oscar Sacheri, fueron tratados con la dignidad correspondiente a su rango. Más aún, al terminar las prolongadas negociaciones la atmósfera era tal que el almirante Rojas invitó a la delegación a una comida, y hasta insistió en que el general Forcher presidiera la mesa. Al menos por el momento el espíritu de camaradería militar eclipsaba el abismo de las diferencias políticas.[86]

Esas diferencias habían surgido, sin embargo, en el transcurso de seis horas de continua discusión, no sólo respecto de los puntos concretos propuestos por cada sector, sino también en cuanto al concepto que cada uno tenía de la naturaleza y carácter de la negociación. Los delegados de la Junta Militar, que representaban al Ejército leal aún incólume en el área de Buenos Aires, no se consideraban representantes de un partido derrotado, sino los árbitros de la situación argentina. Habían llegado a esa reunión con la idea de participar, junto con los militares del otro bando, en un régimen provisional que adoptaría rápidamente las medidas para convocar a elecciones. Con ese fin acudieron con una lista de diecisiete propuestas, tanto de carácter general como concreto, basadas en la premisa de que el principio básico de las futuras acciones debía ser: «Entre los bandos no hay ni debe haber vencedores ni vencidos».[87]

El Comando Revolucionario, representado por el almirante Rojas y el general Uranga, enfocaron las negociaciones desde una perspectiva muy distinta.[88] Se consideraban militares victoriosos frente a un ejército que había mantenido una vinculación demasiado estrecha con el régimen caído como para participar de algún modo en el futuro gobierno. El propósito esencial de las negociaciones era el traspaso efectivo de las tropas leales al mando revolucionario y la aquiescencia respecto de la designación del general Lonardi como presidente provisional. Los puntos básicos aparecían en el documento preparado por el general Uranga antes de que empezaran las conversaciones. Bajo el encabezamiento «Condiciones que impone el Jefe de la Revolución», los siete puntos se referían a la renuncia de Perón y otras autoridades nacionales; la llegada del general Lonardi a Buenos Aires para asumir la presidencia; el sometimiento de Perón y cierto número de otros oficiales al mando revolucionario; el regreso de las unidades de tropa a sus guarniciones y la rendición de todas las aeronaves en una base aérea naval.[89]

Durante las prolongadas negociaciones, los representantes del Comando Revolucionario, respaldados por la amenaza implícita de bombardear lugares claves si las conversaciones se interrumpían, forzaron la aceptación de casi todos los puntos. Sólo respecto del sometimiento de ex oficiales logró la delegación de la Junta Militar que Rojas y Uranga suprimieran su exigencia. Pero a pesar de las prolongadas discusiones, los emisarios no consiguieron que se aceptara su punto de vista en el sentido de que el futuro gobierno debía estar en manos de una nueva Junta Militar, o al menos que el general Lonardi compartiera el poder con un triunvirato militar. Los representantes de la Junta Militar sólo obtuvieron que se incorporaran en el acuerdo final sus diecisiete puntos, aunque sin la obligación de cumplirlos por parte del futuro gobierno.[90]

A pesar de todo, la atmósfera cordial que rodeó las tratativas dio al general Forcher y a los demás representantes de la Junta la sensación de que al menos se daría curso a algunas de sus propuestas. Existen pruebas, además, que sugieren que el almirante Rojas y el general Uranga alentaron esa creencia. El 22 de setiembre, en una respuesta a un diario de Buenos Aires que pedía información sobre las negociaciones, el almirante Rojas cablegrafió:

Puntos de acuerdo que determinaron cese hostilidades fueron: Cese autoridades nacionales y provinciales asumiendo Gobierno Provisional Nación, General Lonardi, ni vencedores ni vencidos, solidaridad fuerzas armadas y pueblo, imperio Constitución dentro del más amplio concepto de la libertad y el orden, vigencia de la ley Sáenz Peña, nuevos padrones controlados por los partidos políticos. Se mantendrán incólumes todas las conquistas sociales y obreras, intervención Poder Judicial.[91]

Todos los puntos de acuerdo citados más arriba, con excepción del primero, provenían directamente del párrafo introducido en el documento conjunto firmado por el general Forcher y su delegación.

Cuando en la mañana del 21 de setiembre la Junta Militar aceptó las condiciones impuestas por el almirante Rojas y el general Uranga, concluyeron las hostilidades en todo el territorio de la Argentina. Dos días después, la Junta Militar desapareció al llegar el general Lonardi a Buenos Aires para prestar juramento. Como autoridad de transición después de la renuncia de Perón, la Junta había desempeñado un papel útil, a pesar de la imagen negativa que tuvo para los revolucionarios. Había mantenido el orden en la Capital, desalentado las demostraciones de los trabajadores y reprimido a un exacerbado grupo nacionalista que todavía era leal a Perón.

Si la tensa situación provocada por los manejos de Perón no se precipitó en una guerra civil, parte del mérito debe concederse a los oficiales superiores del Ejército que integraban la Junta Militar.[92]

Pero el general Lonardi, con el orgullo de un jefe que ha desafiado con éxito el poder militar de un régimen represivo, se sentía muy poco inclinado a dar el menor crédito a los oficiales del Ejército que sólo habían repudiado la autoridad del presidente a partir del 19 de setiembre. La actitud de Lonardi no era revanchista, como lo demostró en Córdoba al honrar a los soldados de la Escuela de Infantería que habían luchado contra él y al proclamar su adhesión a la consigna «ni vencedores ni vencidos». Pero consideraba que como jefe de una revolución triunfante tenía pleno derecho a la presidencia y no estaba dispuesto a aceptar las limitaciones de su autoridad que pudieran surgir si reconocía el papel representado por la Junta Militar. Así, a pesar de los sucesos de los días anteriores y del acuerdo firmado a bordo del crucero, Lonardi inició su gobierno negándose a reconocer a la Junta Militar y ahondando las divisiones ya existentes en el Ejército.[93]

En la atmósfera de alborozo y optimismo que rodeó la asunción del mando ante una extraordinaria multitud en la Plaza de Mayo ese 23 de setiembre, bien puede excusarse al general Lonardi si pensaba que un gobierno comprometido con la honestidad, la decencia y el respeto a la ley encontraría solución para el problema de un Ejército dividido, así como para otros problemas que debía enfrentar. Pero las pasiones, ambiciones e intereses desatados por su «Revolución Libertadora» resultaron mucho más difíciles de dominar que cuanto podía prever ese general enfermo y retirado, que en el transcurso de una semana había ascendido al poder político desde la relativa oscuridad en que vivía.

VII

LOS MILITARES EN EL PODER:

LA REVOLUCIÓN LIBERTADORA, 1955-1958

El derrocamiento de Perón en setiembre de 1955 señaló el retorno de la Argentina a un control militar directo, después de nueve años de gobierno semilegal. La disolución del Congreso, de los gobiernos provinciales y de los cuerpos municipales electos, concentraron todo el poder en las manos de las nuevas autoridades y los funcionarios designados por ellas. Durante los 33 meses subsiguientes, primero bajo la presidencia del general Lonardi y después del general Aramburu, el auto-titulado gobierno de la Revolución Libertadora debió enfrentar los problemas que surgieron de la naturaleza misma de su origen. Debió definir su propia orientación, interna y externa, ante la ausencia de entendimientos prerrevolucionarios, y desarrollar políticas en medio de las presiones competitivas de grupos rivales, cada uno de ellos tratando de llenar el vacío dejado por la partida de Perón. Pero no eran sólo los grupos civiles los que preocupaban al gobierno. Como gobierno cuyos poderes provenían del ejercicio de la fuerza, debía estar seguro de su control sobre la institución militar, gravemente afectada por los hechos de setiembre.

Esto se debió a que después de la revolución, cada una de las Fuerzas Armadas emprendió la tarea de revisar la situación de su personal, decidiendo el futuro de quienes no habían demostrado lealtad hacia los vencedores y estudiando, con vistas a la reincorporación, los casos de los oficiales que habían sido dados de baja o se habían retirado por razones políticas. El empleo de un criterio político para tomar decisiones que afectaban al cuerpo de oficiales no podía sino afectar también el control jerárquico y la calidad de la disciplina en los tres servicios.

La Marina, a causa de su apoyo casi unánime al levantamiento de setiembre, resultó menos afectada que el Ejército, salvo en sus más altos niveles. El consejo especial asesor revolucionario creado el 7 de octubre consideró conveniente recomendar el retiro de sólo 114 oficiales, pero entre ellos figuraban todos los almirantes excepto Isaac Rojas y 45 capitanes de navío. Para cubrir sus puestos, se nombraron oficiales más jóvenes que normalmente no hubieran asumido tales responsabilidades hasta tanto no tuvieran más edad y mayor experiencia.[1]

En el Ejército, la purga del personal cuestionado se inició por el general León Bengoa, el primer ministro de Guerra designado por el presidente Lonardi. En consulta con el presidente, pero sin la participación de un consejo asesor, el general Bengoa concentró su atención en los más altos rangos. Su opinión era que los generales, en virtud de su alta responsabilidad, hubiesen debido reaccionar oportunamente ante los excesos de Perón y que quienes no habían procedido así ya no merecían pertenecer al servicio activo. El resultado de esta política fue que terminó la carrera de 63 de los 86 generales en servicio en el momento del estallido de la revolución. La purga de oficiales en los niveles inferiores, que comenzó de manera limitada, se extendió bajo el sucesor de Bengoa en el Ministerio de Guerra, el general Ossorio Arana, quien resolvió incluir otros 12 generales en la lista de retiros. No ha sido posible obtener los totales exactos, pero es evidente que a principios de 1956 cientos de oficiales resultaron afectados y que tal vez unos 1.000 fueron obligados al retiro. Los suboficiales, cuya lealtad a Perón se había demostrado en el pasado, también debieron abandonar el servicio en grandes cantidades.[2]

Aunque el retiro forzoso del personal del Ejército en cantidades tan elevadas creaba la posibilidad de movimientos contrarrevolucionarios, surgió una amenaza más inmediata a la unidad y disciplina del Ejército con la reincorporación de personal militar que había interrumpido sus carreras a causa de los fallidos movimientos contra Perón en 1951 y 1952. Como partícipe directo en esas conspiraciones, el presidente Lonardi estaba ansioso por compensar a sus ex camaradas por los años pasados en la cárcel, el exilio o en el retiro prematuro, reintegrándoles su condición militar con promociones y sueldos retroactivos. El retorno de unos 170 oficiales, aproximadamente —la mayoría de ellos pertenecientes a los grados de jefes y oficiales superiores—, significó que los militares que habían estado fuera de servicio durante tres o cuatro años, ahora podían ser elegidos para nuevas designaciones y promociones ulteriores, en abierta competencia con los oficiales que habían permanecido en la profesión sin interrupción.[3] Quizá fuera inevitable que estos últimos se resintieran ante las ventajas otorgadas a colegas con menos experiencia profesional, o que quienes regresaban consideraran la corrección política más importante en las decisiones personales que la antigüedad en el cargo. Sea como fuere, la subsiguiente lucha entre oficiales rivales afectó materialmente la disciplina del Ejército y a veces hasta amenazó la estabilidad misma del gobierno.

Las luchas intestinas en el Ejército también eran, en cierta medida, un reflejo de las controversias políticas, económicas e ideológicas que afectaban a toda la comunidad argentina después de la caída de Perón. El gran problema del momento era cómo manejar la herencia de Perón: el apoyo de las masas, las instituciones, las políticas puestas en vigor durante la última década. ¿Qué debía hacerse con el partido Peronista? ¿Con el poderoso movimiento laboral centralizado en la CGT? ¿Con las publicaciones y radioemisoras que estaban en manos de peronistas? ¿Con las universidades? ¿Qué debía hacerse con la economía? ¿Con los controles y subsidios que favorecían a ciertos grupos a expensas de otros? ¿Con las empresas de propiedad estatal y sus sueldos superfluos? ¿Qué orientación internacional debía adoptar el país? Interrogantes como estos suscitaban hondas divisiones en la comunidad argentina y sometieron al general Lonardi a presiones contradictorias desde el comienzo mismo de su gobierno.

El nuevo presidente, hombre de impulsos generosos, pero con experiencia política limitada, comenzó su administración nombrando en los cargos principales a amigos y participantes de la lucha antiperonista, sin evidente interés por sus opiniones políticas. El resultado fue un gobierno con predominio de civiles en el nivel ministerial, pero que no compartía un mismo enfoque respecto de los problemas del momento. En un extremo estaban los autotitulados demócratas, hombres que se identificaban con las tradiciones liberales de la Argentina, la mayoría de los cuales habían sido proaliados durante la Segunda Guerra Mundial y que se habían opuesto a Perón desde el comienzo mismo. Entre moderados y conservadores en sus concepciones socioeconómicas, querían desmantelar el aparato político peronista, reducir el poder de la CGT y reconstruir la vida política sobre la base de los partidos políticos antiperonistas.

En el otro extremo estaban los católicos nacionalistas, hombres que consideraban tanto el liberalismo argentino como los partidos políticos tradicionales como traidores a los verdaderos valores nacionales. Neutrales, si no claramente partidarios del Eje durante la guerra, habían dado la bienvenida a la elección de Perón en 1946 y encontrado muchas cosas dignas de elogio en su primer gobierno. Fue sólo después cuando se volvieron contra él, exasperados por su hostilidad hacia la Iglesia católica, por su viraje en la política petrolífera y por la corrupción y los excesos que caracterizaron la etapa final del peronismo. Ahora, sin Perón en el poder, esperaban atraer a sus simpatizantes mediante el mantenimiento de la estructura del partido Peronista y el establecimiento de acuerdos con los dirigentes de la CGT. En la perspectiva de futuras elecciones, esperaban sin duda reorganizar la vida política argentina sobre la base de un peronismo sin Perón y de este modo asegurar la victoria de los candidatos nacionalistas.

Los principales exponentes del punto de vista nacionalista en el gabinete eran el ministro de Relaciones Exteriores, Mario Amadeo, el de Trabajo y Previsión Social, Luis Cerruti Costa, y dos generales, Uranga, ministro de Transportes, y Bengoa, de Guerra. Pero una figura igualmente —si no más— importante era el doctor Clemente Villada Achával, cuñado del presidente, que actuaba como asesor principal en la Casa Rosada. Militante católico que había contribuido a organizar la rebelión de Córdoba, Villada Achával ocupaba una estratégica posición que le permitía influir sobre las designaciones y moldear las políticas del gobierno.[4]

El grupo rival ter{a su principal exponente dentro del gabinete en el ministro de Interior y Justicia, cargo para el cual el presidente había designado a su viejo amigo y asesor legal, el doctor Eduardo Busso. Distinguido profesor de derecho civil, el doctor Busso confiaba plenamente para los asuntos políticos en su subsecretario del Interior, el doctor Carlos Muñiz, que había sido estudiante activista. Muñiz y sus colaboradores dedicaban todas sus energías a aumentar la influencia de hombres con sus mismas tendencias y a impedir la posible amenaza de que el nacionalismo dominara el gobierno.[5]

Compartían esa preocupación, aunque por razones que trascendían la esfera civil, el almirante Rojas, vicepresidente de la Nación, el mando de la Marina, representado por el almirante (R) Teodoro Hartung, designado ministro de Marina, y el capitán de navío Arturo Rial, subsecretario del arma. Convencidos de que si Perón había sido derrocado gracias a la Marina, estos hombres estaban resueltos a que su institución tuviera el mayor peso en las designaciones gubernamentales y las decisiones políticas. Por tradición, recelosos de los nacionalistas del Ejército, a quienes consideraban no demasiado mejores que Perón, los jefes de la Marina eran sensibles a cualquier medida que pudiera aumentar la influencia nacionalista dentro del gobierno.[6]

Otro foco de oposición al nacionalismo podía encontrarse en la Casa Militar, el organismo encargado de la seguridad presidencial, las audiencias oficiales y el protocolo. El presidente Lonardi nombró jefe de la Casa Militar al coronel Bernardino Labayru, un viejo amigo e implicado en la conspiración frustrada de 1951. Reincorporado al servicio activo, Labayru trató de contrarrestar la influencia de los nacionalistas sobre el Ejército. En parte por influjo de Labayru sobre el presidente, otros oficiales reincorporados y de ideas afines a las suyas obtuvieron designaciones claves en el área de Buenos Aires.[7]

Con los nacionalistas y los liberales maniobrando hábilmente para obtener cargos de influencia —cada uno de ellos dispuesto a interpretar cada movimiento de los demás como un intento de dominar al gobierno—, una ruptura violenta era sólo cuestión de tiempo. El estallido habría de producirse en noviembre. Mientras tanto, la división entre los grupos rivales iban ahondándose cada vez más a medida que avanzaban las discusiones preliminares sobre un plan de reorganización gubernamental propuesto y sobre la designación de un secretario de Prensa de la presidencia. El plan de reorganización propuesto aumentaba la autoridad de Villada Achával al otorgarle condición de ministro y situarlo entre el gabinete y el presidente. Al frente de un ministerio asesor del presidente, podría controlar la política decidiendo qué decretos elevados por los ministerios debían ser sometidos al presidente para su firma y proyectando otros decretos por iniciativa propia. Para el sector liberal era igualmente riesgoso que el asesor actuara como «intérprete del espíritu revolucionario», el guardián ideológico, por así decirlo, de lo que a todas luces era un movimiento heterogéneo.[8]

Aunque el presidente Lonardi, físicamente agotado por las exigencias de su cargo y por la enfermedad, veía en el doctor Villada Achával a un hombre inteligente que podía aliviarlo de muchas de sus responsabilidades, abandonó el plan de reorganización e hizo pedazos el decreto ante la tenaz oposición del ministro del Interior y Justicia, Eduardo Busso. Algunos interesados, sin embargo; recompusieron los fragmentos del decreto e hicieron circular una copia entre oficiales liberales de la Marina y la Fuerza Aérea, para que sirviera de advertencia contra otras maniobras nacionalistas. No puede sorprender, pues, la indignada reacción producida por la designación —por sugerencia de Villada Achával— de Juan C. Goyeneche como titular de la secretaría de Prensa. La perspectiva de que Goyeneche, hábil escritor pero ultranacionalista, asumiera el control de las radioemisoras y publicaciones intervenidas, actualmente en manos de hombres designados por el ministro del Interior, alarmó a toda la opinión liberal. Como resultado de las protestas, que se concentraban en los antecedentes de Goyeneche como colaborador nazi durante la guerra, el nuevo secretario ofreció al presidente su renuncia, que fue aceptada.[9]

Pero había en juego cargos aun más decisivos que el de secretario de Prensa. Preocupado por informes sobre una reunión entre Bengoa, ministro de Ejército, el doctor Villada Achával y el canciller Amadeo, y por rumores de un plan para imponer un régimen «neofascista», el titular de la Casa Militar, coronel Labayru, junto con otros oficiales reincorporados, inició una campaña para desacreditar al ministro de Ejército. Oficiales antiperonistas de la línea dura pertenecientes a varios regimientos acusaron a Bengoa de demoras en el reemplazo de comandantes de regimiento peronistas y de retener a oficiales peronistas en importantes puestos ministeriales. Oficiales superiores, haciéndose eco de esas acusaciones, expresaron al presidente Lonardi la necesidad de reemplazar al ministro de Ejército para conservar el orden. El general Bengoa, por su parte, trató de justificar sus decisiones personales como coherentes con la propia política presidencial en el sentido de que no habría «vencedores ni vencidos», pero la presión sobre Lonardi era tan fuerte que el 8 de noviembre, cuando Bengoa prefirió renunciar antes que aprobar ciertos traslados, el presidente aceptó rápidamente la oferta. Cuando, horas después, se tuvo la impresión de que amigos de Bengoa procuraban dejar sin efecto la decisión, jóvenes oficiales que llevaban armas en sus portafolios llenaron la antesala de la presidencia para asegurarse de que la renuncia era un hecho.[10]

Para reemplazar a Bengoa el presidente eligió al coronel (R) Arturo Ossorio Arana. Lonardi insistió en Ossorio Arana a pesar de la manifiesta preferencia de los oficiales superiores del Ejército por el nombramiento del general Pedro E. Aramburu, y desoyendo las advertencias del general nacionalista Uranga en el sentido de que no podía confiarse en que Ossorio Arana defendería al presidente contra quienes pronto presionarían para lograr su destitución. A pesar de todo, Lonardi prefirió depositar su confianza en su colega de artillería, el hombre que lo había invitado a hacerse cargo de la revolución en Córdoba y que había sido su camarada de armas en los peligrosos días de la revolución de setiembre. Más aún, para elevar el rango de Ossorio Arana, Lonardi no vaciló en solicitar al general Bengoa, como último acto oficial antes del juramento de su sucesor, que firmara un decreto para reincorporar a Ossorio Arana al estado de servicio activo y ascenderlo, a pesar de no ser diplomado de la Escuela Superior de Guerra, al grado de general de brigada.[11]

Cierta ironía rodea la negativa del presidente Lonardi a tomar en cuenta al general Aramburu como ministro de Ejército. Aunque los antecedentes revolucionarios de Ossorio Arana y su orientación general lo hacían aceptable ante los oficiales antiperonistas, no era un profesional distinguido. Aramburu, por el contrario, era el general de división con mayor antigüedad del Ejército, hombre con foja de servicios inmaculada, así como de reconocida militancia antiperonista. Pero Lonardi, recordando el trato poco amistoso de que había sido objeto por parte de Aramburu en agosto, así como la frialdad casi permanente de las relaciones entre ambos, no estaba dispuesto a recompensarlo con un cargo en el gabinete y menos aún con la función de ministro de Ejército. Pero si Lonardi hubiera procedido de esa manera, la curiosa etiqueta militar que rige en estos casos habría impedido que Aramburu fuese elegido como sucesor de Lonardi en la presidencia cuando los militares decidieron por fin separarlo del cargo, el 13 de noviembre. Sin embargo, lo cierto es que Lonardi debió soportar la doble humillación de tener que abandonar el cargo a petición de sus colegas militares y ver a su máximo rival prestando juramento para reemplazarlo.

La crisis que provocó el alejamiento del primer presidente de la Revolución Libertadora fue la imprevista consecuencia de los intentos nacionalistas para compensarse de la pérdida del Ministerio de Ejército adueñándose del Ministerio del Interior. Durante algún tiempo se había hablado en los círculos del gobierno de la posibilidad de dividir el Ministerio del Interior y Justicia, a fin de poder separar las funciones esencialmente políticas del uno de la tarea del otro: rehabilitar el sistema judicial. Sea como fuere, resultó sorpresivo que el 10 de noviembre el presidente Lonardi firmara decretos que no habían sido preparados por el Ministerio, sino por Villada Achával, en los que se solicitaba la creación de dos cargos separados en el gabinete y se designaba ministro del Interior al conocido nacionalista, doctor Luis María de Pablo Pardo.[12]

Aunque de Pablo Pardo había tomado parte activa en la revolución del 16 de junio y había cooperado con oficiales navales en su preparación, su fama de militante nacionalista y colaborador de las publicaciones fascistas en las décadas de 1930 y 1940 lo hacían inaceptable como ministro del Interior para los jefes navales, así como para otros sectores liberales. La reacción fue tratar de presionar al presidente para que retirara el nombramiento, pero a pesar de estos esfuerzos, el círculo inmediato de sus asesores —inclusive su hijo, el capitán Luis Lonardi, y su edecán, el mayor Juan Guevara— instaron a Lonardi a que refirmara su autoridad y no retrocediera. Tras una demora de dos días, el presidente decidió por fin seguir adelante y tomó juramento a su nuevo ministro del Interior el sábado 12 de noviembre, a las 13,30, con plena conciencia de la fuerte oposición provocada por esa designación. En efecto, poco antes de la ceremonia, el ministro de Marina, al acceder al pedido del presidente y firmar el decreto de designación, le advirtió: «Señor Presidente, en este momento que firmo, se inicia la rebelión contra usted».[13]

Ninguno de los militares, inclusive los jefes navales, deseaban que el general Lonardi se alejara de su cargo. Esperaban llegar a un entendimiento por el cual el presidente consentiría en eliminar tanto a Villada Achával como a de Pablo Pardo de sus respectivos cargos, adoptaría políticas más firmes con respecto al partido Peronista y autorizaría que una junta militar revolucionaria controlara las designaciones y los pronunciamientos políticos. Las veinticuatro horas que siguieron al juramento de de Pablo Pardo fueron testigos de un intento para llegar a ese acuerdo.[14]

Durante la noche del 12 al 13 de noviembre, los tres ministros militares conversaron con el presidente y después un grupo de oficiales superiores de las tres Fuerzas se reunieron con él en la residencia de Olivos. Esta reunión, que se prolongó hasta las 4 de la madrugada, no llevó a un entendimiento total. El presidente se mostró inclinado a seguir gobernando sin los servicios de Villada Achával y a aceptar la renuncia de de Pablo Pardo, si éste la ofrecía voluntariamente; pero se mostró inexorable en su insistencia de conservar al mayor Guevara como su edecán personal y se negó a compartir su autoridad con una Junta, aunque estaba dispuesto a reunirse una vez por semana con los ministros militares para intercambiar ideas. En más de una ocasión, durante la larga, agotadora sesión, el general Lonardi, visiblemente cansado y con signos de agotamiento nervioso, propuso hacerse a un lado, pero su oferta fue rechazada.[15]

Aunque muy pocos de los militares que participaron de la reunión de Olivos salieron de ella con la esperanza de llegar a un compromiso, otros pensaron, al analizar el tono de las declaraciones del presidente hechas horas después, que habría sido preferible aceptar su renuncia. Alentados por el general Aramburu, estos oficiales convocaron a una nueva reunión de oficiales revolucionarios de las tres Fuerzas Armadas que se hizo esa mañana en el Ministerio de Ejército; en su transcurso se decidió por unanimidad solicitar a Lonardi que formalizara su propuesta de renuncia e impusiera al general Aramburu como su sucesor. Como delegados de los oficiales en asamblea, los tres ministros militares, el general Ossorio Arana, el almirante Hartung y el vicecomodoro de Aeronáutica, Ramón Abrahín, fueron a Olivos para informar a Lonardi que había perdido la confianza de las Fuerzas Armadas y solicitarle su renuncia por escrito.[16]

Lo que sucedió después fue una incómoda experiencia para todos los implicados. La primera reacción de Lonardi fue informar a sus visitantes que, terminada la reunión de la noche anterior, él mismo había decidido elevar su renuncia y que estaba redactando una declaración para exponer sus razones. A sugerencia suya, esta decisión fue comunicada por teléfono a los oficiales reunidos en el Ministerio de Ejército. Tras una conversación posterior, y cuando los tres ministros estaban a punto de abandonar la residencia, dejando al edecán del almirante Hartung en espera de la renuncia, el hijo del presidente, Luis, llevó a su padre hasta una habitación vecina, donde esperaba el doctor Villada Achával. Después de un intervalo durante el cual pudieron oírse voces airadas, el general Lonardi reapareció transformado. Mientras acompañaba a los ministros hasta los automóviles que los esperaban, les anunció con irritación que podían proceder como les pareciera conveniente, pero que él ni escribiría ni enviaría nada. Todo cuanto los ministros obtuvieron de su visita fue que Lonardi consintiera en no hacer declaraciones a la prensa, a fin de conservar la paz pública.[17]

La falta de una renuncia escrita no impidió que el general Aramburu asumiera pocas horas más tarde como segundo presidente de la Revolución Libertadora. Esto significaba que, contrariamente a la información dada al público, Lonardi no había renunciado por problemas de salud. Víctima en sentido directo de una destitución militar, también era víctima de la incapacidad de sus conciudadanos para subordinar las diferencias ideológicas, las pasiones políticas y el logro de ventajas partidarias al interés general. La falta de experiencia política de Lonardi, su indecisión y, en verdad, la decencia misma que le impedía actuar sin miramientos, quizá también contribuyeran a la brevedad de su presidencia. Si se hubiera identificado claramente con cualquiera de las facciones en pugna, o si hubiera tenido la habilidad suficiente para manejarlas a ambas en su propio beneficio, habría podido permanecer en el cargo mientras se lo permitiera su salud. Lo cierto es que su muerte, ocurrida en marzo de 1956, libró a sus sucesores de la incomodidad de su presencia y le permitió recibir, al menos por parte de los no peronistas del país, el elogio universal que se le había negado mientras ocupó su cargo.

La elección del general Aramburu como sucesor del general Lonardi no fue una decisión apresurada del momento, hecha por oficiales del Ejército y la Marina reunidos en el Ministerio de Ejército la mañana del 13 de noviembre. Cinco días antes, cuando un grupo de generales había acudido al Ministerio de Marina para discutir su intención de forzar el alejamiento del ministro Bengoa, había surgido la cuestión de qué ocurriría si el presidente Lonardi insistía en su propia renuncia, en vez de prescindir de Bengoa. La discusión que siguió evidenció que aun cuando el almirante Rojas fuera vicepresidente, la Marina aceptaría a un general como sucesor de Lonardi a fin de evitar un posible enfrentamiento de las Fuerzas. Fue también durante esa reunión cuando el comandante en jefe del Ejército, general Julio Lagos, se descalificó a sí mismo como posible candidato, señalando que antes había sido peronista, y propuso que el general Aramburu, el siguiente en el escalafón, fuera el sucesor si resultaba necesario encontrar un reemplazante para el general Lonardi.[18]

Aunque los jefes navales estuvieron de acuerdo en la designación del general Aramburu, estaban resueltos a asegurarse de que las tres Fuerzas ejercieran en el futuro un control directo sobre las políticas y designaciones del gobierno. De acuerdo con esto, en la asamblea del 13 de noviembre, aun cuando los ministros militares partieron para asegurarse de la renuncia de Lonardi, el subsecretario naval Arturo Rial proyectó un documento destinado a servir como acuerdo básico entre las tres Fuerzas Armadas. Aprobado después, cuando los ministros regresaron de Olivos, ese acuerdo fue suscripto por veinte militares importantes, entre ellos los generales Aramburu y Lagos, los almirantes Rojas y Hartung, y el vicecomodoro de la Fuerza Aérea Ramón Abrahín.[19]

El texto del acuerdo se refería tanto a la organización del nuevo gobierno como a las medidas concretas que se adoptarían en el futuro. En esta última categoría estaban los acuerdos para disolver el partido Peronista, la prohibición a sus dirigentes de actuar en cualquier actividad política futura, y el avance de las investigaciones ya iniciadas sobre la corrupción y los excesos cometidos durante los años de Perón. También se acordó, con miras al futuro, que el nuevo gobierno emitiera una declaración de principios y, como parte de su palabra dada de restaurar la democracia, que declarara a los militares no elegibles para ocupar cargos en las próximas elecciones.[20]

El interés de la Marina en garantizar su propio papel en el proceso de la toma de decisiones resulta particularmente evidente en las disposiciones del acuerdo acerca de la organización futura. Se disponía no sólo que Aramburu reemplazara a Lonardi como presidente provisional, sino también que la Marina debía elegir al vicepresidente. Esto significaba, de hecho, la permanencia del almirante Rojas, que antes había elevado su propia renuncia. Pero lo más importante era que el acuerdo exigía la creación de un Consejo Militar Revolucionario, con su estructura y poderes establecidos en un documento que se firmaría por separado.[21] Ese documento se hizo público pocas horas después, en forma de un decreto ley, el primero que firmaría el general Aramburu después de su designación como presidente provisional. Como se especificaba en esa medida, el Consejo Militar Revolucionario serviría como control del Poder Ejecutivo, en ausencia de un Congreso electo. La aprobación del Consejo Militar era necesaria para todos los decretos ley emitidos por el gobierno en el ejercicio de sus facultades legislativas; su consentimiento era imprescindible para la designación de ministros y de interventores provinciales; el Consejo participaría, junto al Poder Ejecutivo, en la publicación de «los planes, declaraciones y medidas de importancia tendientes al cumplimiento de los fines perseguidos por la Revolución Libertadora». Puesto que el Consejo Militar estaría formado por el vicepresidente y los ministros de cada una de las tres Fuerzas Armadas, la Marina, que contaba con la mitad de los integrantes de ese cuerpo, parecía haberse asegurado una voz de peso en el gobierno posterior a Lonardi.[22]

El gobierno del general Aramburu comenzó como una administración de autoridad compartida entre el presidente provisional, por un lado, y las Fuerzas Armadas, representadas por sus respectivos ministros y el vicepresidente, por el otro. La presencia civil dentro del gobierno fue predominantemente mayoritaria en el gabinete, cuya constitución registró un cambio notable al asumir el nuevo presidente. Aun así, tal como sucediera bajo Lonardi, sólo el cargo de Transportes, esta vez asignado a un capitán de navío en retiro, se puso en manos de un militar. También se dispuso el aporte civil para las funciones de asesoría mediante la creación de la Junta Consultiva Nacional, compuesta por veinte hombres, que había sido creada en los últimos días de la presidencia de Lonardi para dar a los partidos políticos no peronistas la sensación de participar en el gobierno. En la crisis que llevó al alejamiento de Lonardi, todos sus miembros, salvo dos —afiliados a un pequeño partido nacionalista católico— brindaron apoyo moral a las fuerzas antinacionalistas. Reemplazados estos dos hombres por Demócratas Cristianos, la Junta Consultiva Nacional, que se reunía bajo la presidencia del vicepresidente Rojas, actuó como caja de resonancia de los problemas políticos fundamentales que enfrentaba el gobierno de Aramburu. Después de un cierto lapso, sin embargo, su constitución partidaria y la práctica de realizar sesiones abiertas al público, hicieron de la Junta más un foro de debate entre partidos políticos cada vez más competitivos, que un instrumento eficaz para influir sobre las políticas de un gobierno militar.[23]

El presidente Aramburu no era insensible a la opinión civil antiperonista, en especial cuando cuadraba a sus propósitos, y en un caso notable un determinado individuo que ni siquiera era miembro de la Junta Consultiva pudo efectuar un cambio vital. El doctor Alfredo Palacios, veterano dirigente socialista, prestigiosa figura pública y por entonces embajador argentino ante el gobierno uruguayo, cuestionó categóricamente el decreto ley del 13 de noviembre, que creaba el Consejo Militar Revolucionario. En una entrevista con el presidente, a la que también asistió el vicepresidente Rojas, Palacios expresó la opinión de que el decreto ley convertía al presidente en un prisionero de las Fuerzas Armadas, que eso era intolerable en un régimen democrático y que si la situación continuaba, él renunciaría a su cargo de embajador. El general Aramburu acordó tomar una medida que fortaleciera sus propios poderes y propuso la transformación del Consejo en una Junta Asesora, solución que el embajador consideró aceptable.[24]

El vicepresidente Rojas no se mostró muy entusiasta por la propuesta, pero ante las seguridades ofrecidas por Aramburu en el sentido de que nada cambiaría de hecho y que siempre actuaría de acuerdo con los militares, se dio por satisfecho. Por lo tanto, se publicó un nuevo decreto ley que cambiaba el nombre del Consejo por el de Junta Militar Consultiva, con facultades de consulta, más que de decisión. El presidente Aramburu aseguró a sus colegas militares, cuando firmaron el nuevo decreto ley del 22 de noviembre, que la medida se tomaba simplemente para cubrir las apariencias, que nada había cambiado.[25] Pero, en realidad, se había creado una base legal sobre la cual el presidente podía en un momento dado escapar del tutelaje de las Fuerzas Armadas: un tutelaje que la Marina, en especial, estaba ansiosa por mantener. Ese momento se presentaría unos trece meses después, hacia fines de 1956.

Mientras tanto, los últimos meses de 1955 y los primeros de 1956 serían testigos de una serie de medidas que definirían la orientación del gobierno provisional. El 7 de diciembre se publicó una declaración de objetivos básicos originados en un documento preparado por la Marina. Esa declaración empeñaba la palabra del gobierno en suprimir todo vestigio de totalitarismo y en la creación de condiciones que permitieran la presencia de un gobierno constitucional democráticamente electo. Con ese fin, la declaración comprometía a los miembros del gobierno provisional a no aspirar a cargos en la próxima elección y a mantener una posición de neutralidad e independencia frente a las diferentes tendencias y a los partidos políticos democráticos.[26]

La denominación «partido político democrático» no incluía al partido Peronista, que había sido declarado ilegal y cuyas pertenencias habían sido incautadas pocos días después que el general Aramburu se hiciera cargo del gobierno. En efecto, preocupación fundamental de las autoridades era desacreditar a todos aquellos que habían ocupado posiciones de mando en el movimiento peronista e impedir cualquier posibilidad de resurgimiento de un movimiento masivo que tuviera sus mismas características. En un nivel político, esto llegó al extremo de incluir la prohibición o publicación del nombre de Perón o cualquier símbolo, palabra o imagen que fuera sinónimo de, su movimiento. Además, los individuos que habían ocupado cargos electivos o por nombramiento en el gobierno peronista después de 1946, o que habían sido dirigentes del partido Peronista, fueron declarados ineptos para aspirar a cargos electivos, ocupar puestos en el gobierno o actuar en cargos partidarios hasta una fecha que fijaría el próximo gobierno constitucional.[27]

El intento de desmantelar el aparato político peronista se extendió al movimiento obrero. Abandonando la táctica contemporizadora de su predecesor, el gobierno de Aramburu, dos días después de haber asumido el poder y al enfrentar una huelga general ordenada por la conducción peronista de la CGT, declaró que era un paro ilegal y solicitó la intervención del organismo sindical nacional. La autoridad sobre la CGT fue confiada a un interventor militar, el capitán de navío Alberto Patrón, a quien se confirieron poderes para designar los interventores militares en los sindicatos afiliados. La política del gobierno consistía en alentar el surgimiento de una conducción gremial antiperonista, al propio tiempo que intentaba mermar el poder político del movimiento laboral como totalidad.[28]

Con esos fines dio la bienvenida a socialistas, sindicalistas y a otros dirigentes independientes que habían sido obligados a alejarse de los cargos gremiales durante el régimen de Perón, para que actuaran como asesores de los interventores militares. Además, mediante un decreto publicado en abril de 1956, prohibió a todos aquellos que habían actuado en puestos importantes en la CGT o en sus gremios afiliados entre febrero de 1952 y el 16 de setiembre de 1955, que ocuparan cualquier puesto en sindicatos hasta que un futuro gobierno constitucional decidiera lo contrario. Después, en mayo de 1956, ordenó la suspensión del estatuto sindical vigente, reemplazándolo por un decreto ley que no sólo prohibía a los gremios intervenir en actividades políticas, sino que también autorizaba la existencia de sindicatos plurales en cualquier industria y en el nivel de las confederaciones nacionales. La despolitización del movimiento laboral era el objetivo deseado de estas reformas.[29]

Las políticas económicas del gobierno provisional también tuvieron el efecto, previsto o no, de disminuir los ingresos reales de la clase trabajadora. Siguiendo los consejos de un equipo consultor de las Naciones Unidas encabezado por el economista argentino Raúl Prebisch, el gobierno devaluó el peso, desnacionalizó los depósitos bancarios y puso fin a los controles cuantitativos sobre el comercio, esperando que así estimularía las exportaciones, sobre todo en el sector de la agricultura. Los resultados, en términos de la balanza de pagos, no fueron tantos como los esperados. La declinación en los precios internacionales redujo las ganancias previstas, mientras que, en la ausencia de controles cuantitativos, aumentaron las importaciones de bienes de consumo, lo cual provocó un continuo drenaje de reservas. Los precios internos también sufrieron aumentos por encima de los niveles previstos, ya que los comerciantes, liberados del control de precios, trataron de compensar la situación producida por los reducidos márgenes de ganancia del pasado. El resultado general motivó una redistribución de los ingresos que se desplazó desde los asalariados hacia otros sectores, proceso que, junto con las políticas sindicales, difícilmente podía aumentar la popularidad del gobierno ante la clase trabajadora y, en especial, los medios peronistas.[30]

Al adoptar sus duras políticas antiperonistas, el gobierno de Aramburu debió tomar en cuenta la posibilidad de la violencia contrarrevolucionaria. Sobre todo en razón de las medidas punitivas que adoptaba contra aquellos a quienes consideraba beneficiarios inmorales del régimen peronista. La detención de personalidades prominentes, la investigación de personas y compañías presuntamente involucradas en ganancias ilícitas, y las amplias purgas que afectaron a personas que ocupaban cargos en el gobierno, profesores, dirigentes sindicales, y militares, todo ello contribuyó a formar un grupo de individuos descontentos. No era sino lógico esperar que algunos de ellos, en especial los que tenían formación militar, apelaran a la acción directa para hostigar al gobierno o para derribarlo.

Aunque los incidentes por sabotajes hechos por obreros fueron comunes en los meses que siguieron a la asunción de Aramburu, fue sólo en marzo de 1956, como consecuencia de los decretos que prohibían el uso público de símbolos peronistas y que instituía las descalificaciones políticas ya mencionadas, cuando empezaron las confabulaciones. Un factor que contribuyó a ello, aunque en última instancia condujo a error, pudo ser la decisión del gobierno, anunciada en febrero, de eliminar del código de justicia militar la pena de muerte para los promotores de rebeliones militares. Este castigo, que había sido promulgado por el Congreso controlado por Perón después de la revuelta de 1951, encabezada por Menéndez, se eliminaba del código militar sobre la base de que «es violatorio de nuestras tradiciones constitucionales que han suprimido para siempre la pena de muerte por causas políticas». Los hechos probarían que esta declaración era prematura.[31]

La figura prominente en los intentos de conspiración contra Aramburu fue Juan José Valle, general de división que se había retirado voluntariamente tras la caída de Perón. Condiscípulo de Aramburu en el Colegio Militar, trató de atraer a otros oficiales descontentos por las medidas del gobierno. Uno de los que optó por unirse a él fue el general Miguel Iñíguez, profesional que gozaba de gran reputación y que aún estaba en servicio activo, aunque revistaba en disponibilidad, a la espera de los resultados de una investigación de su conducta como comandante de las fuerzas leales en la zona de Córdoba, en setiembre. Oficial que no había intervenido en la política antes de la caída de Perón, pero con profunda vocación nacionalista, el general Iñíguez se unió al general Valle en la reacción contra la política del gobierno de Aramburu. A fines de marzo de 1956, Iñíguez consintió en actuar como jefe de estado mayor de la revolución, pero pocos días después fue arrestado, denunciado por un delator. Mantenido bajo arresto durante los cinco meses subsiguientes, pudo escapar al destino que esperaba a sus compañeros de revolución.[32]

La conspiración de Valle fue, en esencia, un movimiento militar que trató de sacar partido del resentimiento de muchos oficiales y suboficiales en retiro así como de la intranquilidad reinante entre el personal en servicio activo. Aunque contaba con la cooperación de muchos civiles peronistas y con el apoyo de elementos de la clase trabajadora, el movimiento no logró la aprobación personal de Juan Perón, por ese entonces exiliado en Panamá.[33] En sus etapas preliminares, el movimiento trató de atraer a oficiales nacionalistas descontentos, como los generales Bengoa y Uranga, que acababan de retirarse; pero el evidente desacuerdo acerca de quién asumiría el poder después del triunfo, terminó con la participación de esos generales. En resumidas cuentas, los generales (R) Juan José Valle y Raúl Tanco asumieron la conducción de lo que se denominó «Movimiento de Recuperación Nacional» y ellos —en vez de Perón, cuyo nombre no apareció en la proclama preparada para el 9 de junio— esperaban ser sus beneficiarios políticos directos.[34]

El plan disponía que grupos de comandos de militares, en su mayor parte suboficiales, y de civiles coparan unidades del Ejército en varias ciudades y guarniciones, se apropiaran de medios de comunicación y distribuyeran armas de depósitos militares entre quienes respondieran a la proclama de un levantamiento popular. El plan también incluía ataques terroristas a conocidos simpatizantes del gobierno y el secuestro de altos funcionarios y prominentes personalidades políticas. Con este fin,, se pintaron cruces rojas en las casas de algunas de las víctimas previstas, entre ellas el dirigente del partido Socialista, Américo Ghioldi, para señalarlas a los grupos de ataque.[35]

El gobierno de Aramburu tenía conocimiento desde hacía algún tiempo de que se preparaba una conspiración, aunque no sabía con precisión su alcance ni su fecha. A principios de junio, varios indicios —entre ellos la aparición de las cruces pintadas— hicieron pensar que el levantamiento era inminente. Por ese motivo, antes que el presidente Aramburu saliera de Buenos Aires en compañía de los ministros de Ejército y de Marina para una visita programada a Santa Fe y Rosario, se resolvió firmar decretos sin fecha y dejarlos en manos del vicepresidente Rojas para poder proclamar la ley marcial, si las circunstancias lo exigían. El 8 de junio la policía detuvo a cientos de militantes gremiales peronistas para desalentar la participación obrera en masa en los movimientos planeados.[36]

Los rebeldes iniciaron el levantamiento entre las 23 y la medianoche del sábado 9 de junio, logrando el control del Regimiento Siete de Infantería con asiento en La Plata y la posesión temporaria de radioemisoras en varias ciudades del interior. En Santa Rosa, provincia de La Pampa, los rebeldes coparon rápidamente el cuartel general del distrito militar, el departamento de policía y el centro de la ciudad. En el área de la Capital Federal, sin embargo, los oficiales leales, alertados horas antes del inminente golpe, pudieron frustrar en poco tiempo el intento de copar la Escuela de Mecánica del Ejército y su adyacente arsenal, los regimientos de Palermo, y la Escuela de Suboficiales de Campo de Mayo. Sólo en La Plata los rebeldes pudieron sacar partido de su triunfo inicial, con la ayuda de apoyo civil, para lanzar un ataque contra el cuartel general de la Policía provincial y el de la Segunda División de Infantería. Allí, sin embargo, con refuerzos del Ejército y la Marina que acudieron en apoyo de la Policía, se obligó a los rebeldes a retirarse a las instalaciones del regimiento donde, tras los ataques de aviones de la Fuerza Aérea y la Marina, se rindieron a las 9 de la mañana del 10 de junio. Los ataques aéreos sobre Santa Rosa también terminaron en la rendición o la dispersión de los rebeldes, más o menos a la misma hora.[37]

La insurrección del 9 de junio fue aplastada con una dureza que no tenía precedentes en los últimos años de la historia argentina. Por primera vez en el siglo XX un gobierno ordenó ejecuciones al reprimir un conato de rebelión. Según las disposiciones de la ley marcial, proclamada poco después de los primeros ataques rebeldes, el gobierno decretó que cualquier persona que perturbara el orden público, con armas o sin ellas, sería sometida a juicio sumario. Durante los tres días subsiguientes, a pesar de la supresión de la pena de muerte del código de justicia militar, veintisiete personas —dieciocho militares y nueve civiles— enfrentaron los escuadrones de fusilamiento.[38]

¿Cómo se explica este derramamiento de sangre? Un crítico lo considera acto deliberado, instigado por la oligarquía, para poner una cuña «entre las Fuerzas Armadas y el peronismo, entre las Fuerzas y el pueblo. Antes del 9 de junio la revolución libertadora era un hecho cancelable. Después del 9 de junio aparecerá como un hecho irreversible, especialmente a los ojos de los jefes y oficiales que ejecutaron o consintieron los fusilamientos».[39] Este mismo autor, ardiente opositor del gobierno de Aramburu, denunció el episodio como un crimen premeditado.[40]

Los hechos permiten una interpretación algo distinta, aunque apenas más benévola. Durante la noche del 9 al 10 de junio, cuando fueron ejecutados nueve civiles y dos oficiales, los rebeldes aún dominaban un sector de La Plata y no podía descontarse la posibilidad de levantamientos obreros en el Gran Buenos Aires y otros lugares. Esas primeras ejecuciones fueron una reacción de emergencia para atemorizar y evitar que la rebelión se transformara en guerra civil. Esto explicaría la rapidez del gobierno para autorizar y hacer públicas las ejecuciones, rapidez que se demostró en la falta de toda clase de juicio previo, en la inclusión, en los que enfrentaron los escuadrones de fusilamiento, de hombres que habían sido capturados antes de proclamarse públicamente la ley marcial, y en las confusiones de los comunicados oficiales emitidos durante la noche del 9 al 10 de junio, que exageraban el número de civiles rebeldes fusilados e informaban erróneamente sobre la identidad de los dos oficiales ejecutados.[41]

Pero si los fusilamientos del primer día pueden atribuirse al hecho de que el gobierno estaba resuelto a frenar la rebelión, no puede decirse lo mismo de las ejecuciones del 11 y el 12 de junio, cuando ya era evidente que la rebelión estaba aplastada. No se trataba ya de una medida de emergencia, sino de imponer castigo a los militares, en su mayoría oficiales en retiro y suboficiales, capturados durante la rebelión o mientras trataban de escapar después del fracaso. Además, no fue sólo el vicepresidente Rojas, sino la Junta Militar en pleno —Aramburu, Rojas, y los tres ministros militares— la que tomó la funesta decisión sobre los prisioneros en una reunión celebrada la tarde del 10 de junio. Esta reunión se hizo entre escenas de júbilo y alivio, a medida que multitudes antiperonistas acudían a la Plaza de Mayo para saludar al presidente Aramburu, que acababa de regresar, y al vicepresidente Rojas, y pedir severos castigos para los rebeldes. Escenas semejantes, aunque con los papeles invertidos, habían ocurrido en el pasado, cuando muchedumbres peronistas exigieron venganza contra los rebeldes antiperonistas en setiembre de 1951 y en junio de 1955. Sólo que esta vez el gobierno militar prestó más atención que Perón en su momento al clamor de sangre.[42]

Contra el consejo de algunos políticos civiles, entre ellos algunos miembros de la Junta Consultiva, que instaron a terminar con las ejecuciones, y por más que oficiales que integraban las cortes marciales recomendaron que los rebeldes fueran sometidos a la justicia militar ordinaria, los miembros de la Junta Militar resolvieron seguir aplicando los castigos previstos en la ley marcial. Al tomar esa decisión, se persuadían a sí mismos de que daban un ejemplo que aumentaría la autoridad del gobierno y desalentaría futuros conatos de rebelión, previniendo así la pérdida de más vidas.[43]

No se sabe si la Junta Militar, en la reunión del 10 de junio, tomó en cuenta el hecho de que la mayoría de los ya ejecutados eran civiles y que si se suspendían las ejecuciones los jefes militares de la rebelión sufrirían castigos más leves que esos civiles. Lo cierto es que la Junta Militar rechazó la sugerencia del comandante de Campo de Mayo, coronel Lorio, en el sentido de limitar las ejecuciones pendientes a la de uno o dos oficiales de menor jerarquía. El almirante Rojas se opuso enérgicamente a hacer excepción con los oficiales de mayor antigüedad por considerar que eso era una violación a la ética que la «Historia» no perdonaría; prefería suspender todas las ejecuciones a tomar cualquier medida que permitiera a los jefes militares escapar al castigo impuesto a quienes los habían seguido. En última instancia, la Junta Militar asumió la responsabilidad directa de ordenar la ejecución, en los dos días subsiguientes, de nueve oficiales y siete suboficiales.[44]

El 12 de junio, con la captura y ejecución del general Valle, jefe de la rebelión, el gobierno suspendió la aplicación de la ley marcial, cediendo a la presión cada vez mayor de civiles y militares que reclamaban el fin de las ejecuciones. Pero las medidas punitivas ya tomadas dejaron en el gobierno una marca que afectó su futuro. Las ejecuciones de junio serían un tema político que los críticos del gobierno aprovecharían. El recuerdo de «los mártires del 9 de junio» fortaleció la resistencia a los esfuerzos del gobierno para apartar a la clase obrera de su orientación peronista. Las consecuencias a largo plazo fueron aún más serias, ya que quedó sentado el precedente de una dureza política que afectó a toda la sociedad argentina. La conducta brutal de los jóvenes guerrilleros argentinos en la década de 1970 debe algo al modo en que el gobierno de Aramburu, producto a su vez de una revolución triunfante, trató a aquellos que se rebelaron en 1956.[45]

De todos modos, cualquiera que haya sido el costo a largo plazo en términos políticos, el gobierno de Aramburu logró liberarse de la amenaza de posteriores revueltas peronistas. Desde luego, un movimiento de resistencia subterráneo llevó a cabo actos de sabotaje e hizo circular materiales subversivos, pero nunca puso en peligro el poder del gobierno.

Preocupación mucho mayor para el gobierno de Aramburu eran sus problemas militares internos, producto de desacuerdos dentro del Ejército y de celos entre las diferentes Armas. Aun antes del levantamiento del 9 de junio, los intentos de un grupo de oficiales reincorporados conocidos como «gorilas», entre los cuales los coroneles Bernardino Labayru y Víctor Arribau eran los más destacados, para imponer la destitución de algunos generales a quienes denunciaron como antidemocráticos, crearon una atmósfera de tensión permanente. La subsiguiente eliminación, tanto de Labayru como de un importante blanco de los «gorilas», el jefe de Estado Mayor general Roberto Dalton, mediante el elegante recurso de designaciones diplomáticas, demostró que sólo era un paliativo. En la imposibilidad de satisfacer a los grupos rivales o de imponer un imprescindible sentido de la disciplina en el Ejército, el ministro de Ejército Ossorio Arana resultó blanco de ataques tan enconados que el presidente Aramburu, a principios de junio, pidió al ministro de Marina Hartung que solicitara la renuncia de su colega. La reacción ante este insólito procedimiento —implicar al ministro de Marina en un asunto del Ejército— fue tan violenta que el presidente, insistiendo sin mayor convicción en que había sido mal interpretado por Hartung, restituyó a Ossorio Arana en su cargo ministerial un día después. Es innecesario decir que la reputación de Aramburu no dejó de menguar ante los ojos de los involucrados, en especial ante los dos ministros militares.[46]

La revuelta peronista unos días después produjo una unidad transitoria dentro de las Fuerzas Armadas, pero durante los meses que siguieron las tensiones volvieron a aumentar hasta producir un enfrentamiento de proporciones sin precedentes en noviembre de 1956. Una vez más, la crisis giró en torno de Ossorio Arana, pero las causas subyacentes eran más complejas que en ocasiones anteriores. A las fricciones personales, las diferencias ideológicas y los desacuerdos políticos que habían caracterizado otras crisis en el Ejército se sumaron factores que derivaban de tensiones cada vez mayores entre las Fuerzas y las maniobras intensificadas de políticos, partidos y facciones.

Aunque cierto grado de fricción entre las tres Fuerzas era inevitable, la segunda mitad de 1956 reflejó las circunstancias especiales de un país bajo el control de un régimen que se reconocía como provisional y que aspiraba a restablecer un gobierno constitucional por medio de elecciones. En julio de 1956, el presidente Aramburu, en nombre de sus colegas, anunció que esas elecciones se realizarían antes del fin de 1957; también reiteró la promesa, hecha en diciembre de 1955, mediante la declaración de objetivos básicos e incorporada al decreto que prohibía la candidatura de militares, de que el gobierno no trataría de influir sobre los resultados de la elección.[47] Ninguna de las Fuerzas Armadas, sin embargo, podía ser del todo inmune a los esfuerzos de políticos civiles para obtener medidas preelectorales que beneficiaran a sus respectivos intereses. Era evidente, pues, que tanto la falta de acción del gobierno como la acción directa podían ser una forma de favoritismo político.

Esto quedó bien demostrado en las acaloradas discusiones que se suscitaron tanto en círculos civiles como militares sobre el alcance de la propuesta de un nuevo estatuto de partidos políticos. El punto más controvertido fue si se debía exigir o no a los partidos políticos divididos en facciones rivales que se sometieran a un proceso de reorganización y unificación mediante nuevas elecciones internas. La exigencia propuesta afectó en primera instancia al partido no peronista más importante del país, la UCR, varios de cuyos comités provinciales y centrales habían cuestionado la legitimidad del control de Arturo Frondizi sobre la organización nacional del partido.[48]

En la Junta Consultiva Nacional, sólo los dos Radicales antifrondicistas estuvieron en favor de la idea. Pero dentro del gabinete, los representantes de la Marina instaron a que se adoptara una propuesta de estatuto preparado por el subsecretario naval, almirante Rial, que obligaría al partido Radical a unificarse. Tras un prolongado debate en que el Ejército y la Fuerza Aérea unieron fuerzas contra la Marina, el gobierno dictó por fin una ley, en octubre de 1956, que permitía a las fracciones rivales de cualquier partido presentar candidatos por separado en las próximas elecciones, si no podían resolver sus propias diferencias. Esto garantizaba que la UCR pudiera concurrir a esas elecciones no como una organización unificada, sino como dos partidos rivales de fuerza comparable, que buscaban obtener los votos peronistas para desempatar.[49]

Aunque el mando de la Marina aceptó el rechazo de su propuesta, la lucha en torno del estatuto de los partidos políticos dejó huellas. El ministro de Marina Hartung pensaba que las intenciones de la Marina habían sido deliberadamente tergiversadas por elementos frondicistas para hacerla aparecer como un veto a la candidatura de Frondizi, cuando su verdadero fin era asegurar la existencia de un fuerte partido centrista, bien organizado y capaz de ganar la elección y de hacerse cargo del gobierno. También preocupaba a Hartung que la iniciativa de la Marina en cuanto al estatuto había redundado en su aislamiento de las otras dos Fuerzas militares y en un debilitamiento de su posición en el gobierno. El empeño en evitar nuevas fricciones con el Ejército y la Fuerza Aérea, y la decisión de permanecer alerta ante toda posible pérdida de poder fueron las principales preocupaciones del ministro de Marina.[50]

El debate en torno del estatuto también tuvo repercusiones dentro del Ejército. Muchos oficiales, inclusive una mayoría de los generales en servicio, veían con preocupación el papel de la Marina en el gobierno. La actitud de esos generales se debía en parte a las disidencias en las concepciones política y económica. Esos oficiales tendían a ser más nacionalistas que sus equivalentes en la Marina, y por lo tanto más inclinados a simpatizar con el tipo de programa al que estaba asociado Arturo Frondizi. Pero las actitudes de estos oficiales del Ejército reflejaban también un prejuicio histórico, una tendencia a aceptar la Marina sólo como un socio menor. La circunstancia de que la Marina hubiese adquirido nuevos equipos para reforzar la infantería de Marina y su componente aéreo, y que los oficiales navales ocuparan puestos claves en la Policía y otros organismos y que ahora presionara en favor de su propia versión de un estatuto de los partidos políticos, suscitó temores en cuanto a sus verdaderos objetivos. Estos oficiales del Ejército parecían pensar que la Marina planeaba crecer a expensas del Ejército y ocupar su lugar en la estructura del país.[51]

El contraste entre este modo de ver las cosas, que veía a la Marina como una fuerza agresiva que procuraba dominar al gobierno, y la imagen que tenían de sí mismos los jefes navales, que se consideraban en una posición de defensa al tratar de conservar la parte ganada con tanto esfuerzo en el proceso de la toma de decisiones, fue un rasgo notable de la confusa situación que precedió y acompañó la crisis militar cuyo estallido se produjo en noviembre de 1956.

Un hecho político decisivo que contribuyó a esa crisis fue la resolución del gobierno, anunciada por el presidente Aramburu en un discurso pronunciado en Tucumán el 26 de octubre, de llamar a elecciones para una Asamblea Constituyente mediante un sistema de representación proporcional antes de las elecciones generales ya prometidas para fines de 1957. Este anuncio provocó enérgicas protestas de la UCR, de los partidarios de Frondizi (quienes la consideraron una maniobra para violar la promesa de elecciones generales justo antes de la víspera de la convención nacional del partido, en la que se elevaba la candidatura de Frondizi) y también de las fuerzas Radicales rivales, que se oponían a cualquier modificación del sistema electoral Sáenz Peña por ofrecer demasiada voz a los partidos más pequeños. Algunos observadores consideraron que la decisión de reunir una Asamblea Constituyente era un recurso para sondear la opinión pública, que quizá convencería al gobierno de prolongarse indefinidamente en el poder, en vez de correr el riesgo de la elección general.[52]

El anuncio de la decisión de convocar a elecciones para la Asamblea Constituyente tuvo repercusiones entre los militares. Un grupo de oficiales nacionalistas que prestaban servicios en el Ministerio de Ejército, aparentemente sin el conocimiento de Ossorio Arana, trató de culpar a la Marina por la decisión, en un esfuerzo para soliviantar a oficiales de guarniciones del interior y presionar así al gobierno para que renovara su compromiso de respetar la fecha original.[53] Por la misma época se hicieron intentos para sacar partido de la animadversión contra la Marina, tanto en el Ejército como en la Fuerza Aérea, haciendo circular documentos apócrifos, presuntos planes secretos de la Marina para imponer su hegemonía política. El llamado «Plan Cangallo», que se conoció alrededor del 27 de octubre, anunciaba como objetivos de la Marina la abolición de la Junta Militar, el nombramiento del almirante Rial como ministro del Interior, la destitución de Ossorio Arana y Julio Krause como ministros de Ejército y de Aeronáutica, y la siguiente determinación: «Debe impedirse a toda costa la Convención Radical a reunirse en Tucumán el 9 de noviembre donde Frondizi [sic] espera consagrar su candidatura».[54] En realidad, el ministro de Marina daba gran importancia al fortalecimiento de la Junta Militar como factor clave para asegurar la influencia naval; no estaba en modo alguno ansioso por ver desempeñar a Rial un papel político más importante y, como se verá más adelante, prefería ejercer su influencia en apoyo de Ossorio Arana, y no en contra de él.[55]

Aunque los jefes de la Armada, en su mayoría conservadores, no compartían la orientación política de Frondizi, los oficiales nacionalistas del Ejército exageraron en demasía —si no malinterpretaron deliberadamente— el papel desempeñado por la Marina en la decisión de celebrar las elecciones para la Asamblea Constituyente antes de los comicios generales. Cuando se llevó por primera vez ante la Junta Militar la idea de una reforma constitucional, el mismo Hartung, así como su colega Ossorio Arana, se opusieron. Fue el presidente Aramburu quien presentó la idea a principios de julio y fue él, junto con el vicepresidente Rojas, quien la defendió enérgicamente. Todo indica que el anuncio hecho en Tucumán el 26 de octubre, que incluyó la disposición sobre la representación proporcional, fue resolución personal de Aramburu, a la cual la Junta Militar, consultada pocos días antes, no opuso objeción.[56]

Después de adoptar un rumbo político que los oficiales nacionalistas consideraron inquietante, el presidente Aramburu se consagró a la tarea de asegurar el firme control del Ejército. Los últimos meses del año eran la época normal para resolver los retiros y las designaciones; ese año, sin embargo, a causa de la caldeada atmósfera política, los oficiales del Ejército sentían una inquietud superior a la habitual en cuanto a lo que podía ocurrir y se mostraban hipersensibles ante los rumores sobre los cambios inminentes. Y los rumores corrían. Civiles con contactos en la Casa Rosada, y hasta oficiales navales, parecían saber más acerca de lo que sucedería que los generales de más alto rango, inclusive el Comandante en Jefe, general Francisco Zerda. A pesar de las negativas personales del presidente acerca de no haber tomado ninguna decisión, el general Zerda siguió bombardeado por rumores de que algunas cabezas caerían, inclusive la suya. La seguridad ofrecida por el ministro de Ejército Ossorio Arana, en el sentido que él no estaría de acuerdo con tales cambios, no contribuyeron mucho a disipar el malestar que reinaba en el nivel de los generales, malestar que se intensificó cuando se enteraron, el 21 de noviembre, de que en una reunión en lugar público celebrada la noche anterior, el doctor Arturo Mathov, Radical Unionista, había calificado a determinados generales como nazis y neofascistas.[57]

Lo que siguió se ha descrito de diversas maneras de acuerdo con el punto de vista de cada uno: como un «complot gorila» para liquidar a los oficiales nacionalistas en el Ejército, o como un «complot nacionalista» para terminar con la influencia liberal en el gobierno y restituir al Ejército su tradicional papel hegemónico.[58] Ante los confusos episodios de los días y semanas anteriores, episodios difíciles de explicar si se los observa como acontecimientos separados —como por ejemplo los enconados ataques contra la Marina y la aparición de documentos, por un lado, o las denuncias públicas contra tradiciones del Ejército, la campaña de rumores y los ataques a los generales por el otro— puede admitirse la existencia simultánea de dos complots. Lo más probable, empero, es que la lucha interna por el poder, y el predominio que había deteriorado al Ejército y afectado al gobierno de la Revolución Libertadora desde su comienzo mismo ya no podían contenerse apelando a ajustes menores.

En la noche del 21 de noviembre las tensiones militares estallaron en una abierta confrontación entre el ministro de Ejército Ossorio Arana, apoyado por el presidente Aramburu, y el mando naval, por un lado, y los principales comandantes del Ejército guiados por su comandante en jefe, general Francisco Zerda, por el otro. El enfrentamiento estalló cuando los generales que formaban la Junta Superior de Calificaciones del Ejército abandonaron las tareas que se les habían asignado para referirse al ataque de Mathov y a la debilidad de Ossorio Arana en la defensa de los intereses del Ejército. Cuando el general Zerda y el jefe del Estado Mayor, Guillermo Alonso, dijeron que el ministro de Ejército se había quejado, ese mismo día, de las tremendas presiones de que era objeto y había expresado su intención de renunciar, los generales reunidos acordaron en forma unánime que Ossorio Arana había sido un fracaso. En consecuencia, adoptaron una resolución, con sólo dos de los oficiales superiores presentes en disenso, para informar a Ossorio Arana que los Altos Mandos del Ejército «le habían perdido la confianza» y solicitarle que, si ya no lo había hecho, elevara su renuncia a consideración del presidente. El general Zerda, que no estaba presente en esta etapa de la reunión, avaló la resolución y se hizo cargo él mismo de entregar la petición.[59]

Lo que siguió no estuvo de acuerdo, por cierto, con lo que los comandantes habían previsto. En lugar de aceptar dócilmente la solicitud, Ossorio Arana devolvió el golpe. Contando con el explícito estímulo del presidente, el apoyo de comandantes de tropas leales (inclusive el teniente coronel Alejandro Lanusse, del Regimiento de Granaderos a Caballo, y la cooperación de la Marina, que exhibió una muestra de fuerza al poner a sus unidades en estado de alerta y ordenar a la flota que pusiera proa a Buenos Aires), Ossorio Arana notificó al general Zerda que quedaba relevado de su cargo. Ossorio Arana asumió las funciones de comandante en jefe al margen de sus obligaciones ministeriales y convocó, uno por uno, a los oficiales superiores que habían pedido su renuncia, los relevó de sus funciones militares y los envió a sus respectivas casas.[60] La energía con que Ossorio Arana reaccionó ante la gestión colectiva de esos generales sin duda los tomó por sorpresa, ya que no hicieron nada inmediato para resistirse. Más tarde, empero, reunidos en una residencia privada, los generales relevados elaboraron un plan para reponer al general Zerda en su cargo de comandante en jefe y para librarse de Ossorio Arana. El plan preveía que cada uno de los ex comandantes regresara a su antiguo comando y asumiera el control; el general Zerda, mientras tanto, establecería un comando en el Colegio Militar y desde allí enviaría telegramas a todas las unidades del Ejército para advertirles que «el general Aramburu y su comandante en jefe, el general Zerda, estaban asumiendo el mando del Ejército». Es evidente que contaban con la confusión reinante, que les permitiría lograr el control de una parte del Ejército suficiente para poner a Aramburu en la alternativa de nombrar un nuevo ministro de Ejército o enfrentar algo peor.[61]

Por fortuna para el presidente, el plan se reveló antes que se pusiera en acción. El 23 de noviembre, dos de los generales, Jorge Nocetti Campos y Francisco A. Imaz, visitaron al ministro de Aeronáutica, Julio Krause, para solicitarle la neutralidad de la Fuerza Aérea en la inminente rebelión. Krause, a pesar de su simpatía por la tendencia nacionalista de los generales, y aunque tenía la impresión personal de que la Marina estaba de alguna manera detrás de toda esa crisis, permaneció leal a Aramburu y le informó sobre el plan. Los generales destituidos fueron arrestados y sometidos a una investigación sobre su participación en el complot, y una especie de calma descendió sobre el Ejército.[62] Quizá sea digno de señalarse que como consecuencia de una huelga nacional de gráficos que comenzó el 13 de noviembre, ningún diario o revista apareció durante toda la crisis y el público no pudo enterarse de su existencia hasta el 24 de noviembre.

El enfrentamiento de noviembre de 1956 puso fin a la serie de choques dentro del Ejército, motivados sobre todo por diferencias ideológicas o políticas. El relevo de los generales nacionalistas más prominentes —diecisiete debieron pasar a retiro— y el traslado a remotas guarniciones del interior de otros oficiales que habían utilizado su posición en Buenos Aires para presionar en favor de sus preferencias políticas, dejaron al Ejército casi en manos de oficiales que se contentaban con un papel más pasivo en el proceso de toma de decisiones políticas.[63]

Esto no significaba, que el Ejército estuviera totalmente libre de intrigas políticas o que se hubiera recuperado un alto nivel de disciplina profesional. Lo que sin duda significó fue que las nuevas contiendas que perturbaban la calma de los cuerpos de oficiales se debían en esencia a ambiciones y rivalidades personales. Un factor que contribuyó a ello fue la existencia de camarillas basadas en experiencias previas, como por ejemplo, la formada por los jefes reincorporados, muchos de los cuales eran de la caballería.[64] La tarea de crear espíritu de cuerpo en un Ejército que había soportado tantos problemas en los últimos años no era fácil de cumplir. Tampoco lo era la reimposición de pautas de conducta basadas en los reglamentos del arma. En más de una ocasión, durante los meses subsiguientes, el ministro de Ejército Ossorio Arana se vio obligado a recordar a los oficiales su obligación de respetar la línea jerárquica y abstenerse de pasar por encima de sus superiores. Pero en última instancia Ossorio Arana no fue eficaz para imponer la disciplina y después lamentaría su desagrado por haber tenido que ser el verdugo de tantos colegas suyos.[65]

Con la designación, en diciembre de 1956, como nuevo comandante en jefe del general Luis Bussetti, veterano de la caballería del golpe de Menéndez de 1951 y oficial con vinculaciones en los mismos círculos que Ossorio Arana, podía esperarse que el Ejército lograría por fin cierta estabilidad. Lo cierto fue que las relaciones entre el ministro de Ejército y el comandante en jefe comenzarían a deteriorarse pocos meses después. Al fin, en mayo de 1957, un enfrentamiento entre ambos debido a una medida disciplinaria tomada por Ossorio Arana contra un general de caballería, persuadió al general Aramburu de que había llegado el momento de elegir un nuevo ministro. Ignorando el obvio interés del general Bussetti por asumir él mismo el cargo, así como las ambiciones del subsecretario de Ejército, general Luis Leguizamón Martínez, el presidente se dirigió a un distinguido profesional retirado, el teniente general Víctor J. Majó, de sesenta y seis años, con la esperanza de poder reimponer la disciplina.[66] Fue una buena elección.

Resulta irónico que una de las primeras víctimas de la determinación del nuevo ministro de Ejército de disciplinar a los oficiales que violaran los reglamentos fuera el propio general Bussetti. Relevado como comandante en jefe el 22 de mayo por concurrir a una asamblea de oficiales no autorizada, se lo obligó a pedir el retiro pocas semanas después.[67] En un giro aun más irónico, el general Majó, con aprobación del presidente, se dirigió a Ossorio Arana para que fuera el próximo comandante en jefe.[68] Esta combinación del general Majó, hombre de larga experiencia y madurez como ministro y el general Ossorio Arana, el principal símbolo viviente del levantamiento de Córdoba de 1955 contra Perón, como comandante en jefe, por fin aseguraba al presidente Aramburu un equipo capaz de mantener en orden al Ejército hasta que el gobierno entregara el poder a un sucesor electo.

Mientras la Junta Militar seguía analizando los principales problemas políticos durante los meses que siguieron a la crisis de noviembre de 1956, es evidente que iba produciéndose un sutil viraje en el equilibrio político interno. El proceso de toma de decisiones colectivas que había caracterizado el primer año del general Aramburu como presidente cedía paso a una situación en la que él mismo se iba haciendo cada vez más a la fuerza dominante. En asuntos de importancia, Aramburu no vacilaba en seguir los consejos de sus colaboradores inmediatos o de sus ministros civiles, antes que los de sus colegas militares. Sin duda la experiencia adquirida durante un año en el cargo había aumentado la confianza en su propio juicio; pero su independencia cada vez mayor respecto de la Junta Militar también puede atribuirse a la nueva situación creada dentro del Ejército, donde ahora disfrutaba de mayor ascendencia con relación a la época en que fuera elevado a la presidencia en 1955.

Una de las consecuencias de su mayor control sobre el Ejército, fue que las relaciones del presidente Aramburu con la Marina también registraron cambios. Irónicamente, los jefes navales, sobre todo el vicepresidente Rojas y el almirante Hartung, al apoyar al presidente durante la crisis de noviembre de 1956, contribuyeron, sin proponérselo, a un debilitamiento de su propia influencia. La razón es simple: como se ha señalado ya en este capítulo, era a través de las funciones de la Junta Militar como la Marina ejercía su principal influencia política, y cualquier disminución de la autoridad de ese cuerpo significaba una correspondiente disminución en la capacidad de la Marina para moldear la política.

Las pruebas de que la Marina ya no estaba en posición de conservar la influencia que había ejercido durante el primer año de la presidencia de Aramburu puede verse en una serie de episodios acaecidos hacia fines de 1956 y comienzos de 1957. El primero, que fue en sí un síntoma de la situación cambiante, fue la repentina decisión del almirante Rojas de renunciar a la vicepresidencia. Nunca hecha pública, tal decisión fue comunicada en una extensa carta fechada el 16 de diciembre al almirante Hartung. Firme creyente en el concepto del mando compartido, Rojas era sensible al hecho de que el presidente no buscaba su colaboración ni utilizaba los servicios de sus colaboradores; orgulloso y de voluntad firme, Rojas se sentía incómodo en un papel que parecía darle más influencia de la que en realidad tenía. Suponiendo que había factores personales que explicaban lo que él consideraba una falta de confianza por parte del presidente, Rojas solicitó a la Marina, que lo había nombrado vicepresidente, que aceptara su renuncia y le permitiera servir en un puesto no político.[69]

No está claro si el almirante Rojas se propuso seriamente que su renuncia fuera aceptada o simplemente dio rienda suelta a la periódica sensación de frustración que todo vicepresidente debe sentir en un momento dado. Lo cierto es que el almirante Hartung no adoptó ninguna medida para aceptar la renuncia. Antes bien, solicitó a Rojas que no abandonara su puesto y que en lugar de ello procurara eliminar los motivos de fricción mediante cambios en los ministerios y otros organismos del gobierno, e hiciera lo posible por reforzar la influencia de la Junta Militar. Hartung destacó que sólo podía haber una figura visible al frente del gobierno, pero que confiaba en que el presidente quería y necesitaba la colaboración del vicepresidente y de las tres Fuerzas Armadas.[70]

La confianza del ministro de Marina mismo resultó defraudada por el método empleado por el presidente Aramburu para llevar a cabo los cambios en el gabinete, que se iniciaron el 25 de enero de 1957. Aunque todos tenían conciencia de que se preparaban cambios ministeriales, el presidente no trató el asunto ante una reunión de la Junta Militar. Fue el propio presidente quien decidió qué ministros debían ser reemplazados y fue él, previa consulta con ciertos asesores, quien tomó la iniciativa para elegir a los sucesores. Desde luego, analizó los cambios propuestos con el almirante Rojas y Hartung, pero no con Krause, ministro de Aeronáutica, y sólo en parte con el ministro de Guerra. Es muy probable que el presidente esperara provocar la renuncia del ministro de Aeronáutica, pero los jefes navales, a pesar de sus propias diferencias con Krause, temían que si él dejaba el cargo y Aramburu nombraba a su reemplazante, el poder de la Junta Militar se debilitaría. Los almirantes Rojas y Hartung, por lo tanto, recordaron al presidente su obligación de compartir el poder, según el acuerdo del 13 de noviembre de 1955, y lograron su promesa en el sentido de que la Junta Militar participaría en todas las futuras designaciones de ministros y subsecretarios. Los jefes navales, sin embargo, siguieron creyendo que la promesa del presidente no era sincera. Ya eran conscientes de que debían «tener las antenas levantadas y las válvulas prendidas» para evitar un debilitamiento aun mayor de la Junta Militar.[71]

Aunque el gobierno de Aramburu no podía ignorar los problemas sociales y económicos, en especial frente a una inflación mayor que la prevista, el continuo drenaje de reservas y la intensificación de la inquietud obrera, los principales problemas que concentraban la atención de las más altas autoridades del gobierno, los partidos políticos y la población en general, eran problemas políticos. Éstos se relacionaban con los métodos que el gobierno se proponía adoptar para implementar su plan político. Ya a principios de 1957 se daba por entendido que planeaba convocar a dos elecciones, la primera para una asamblea que reformara la Constitución, y la otra, una elección general, para elegir las autoridades civiles a quienes eventualmente se entregaría el poder. Lo que aún no estaba claro eran las fechas de esos comicios: ¿cuándo se celebrarían las elecciones para la Asamblea Constituyente? ¿Cumpliría el gobierno su promesa, hecha en nombre de las tres Fuerzas Armadas, de llamar a elecciones generales hacia fines de 1957? ¿Cuándo asumirían las nuevas autoridades? Tampoco estaba claro si la reiterada promesa hecha por el gobierno de permanecer políticamente neutral se cumpliría ante la concreta realidad política.

Un aspecto importante de esa realidad era la persistencia, a pesar de los esfuerzos del gobierno por cambiar su orientación, de una masa de votantes argentinos todavía leales a Perón y que respondía a las directivas enviadas por él a través de su organización clandestina. Antes de la elección no podía calcularse el peso de esta masa leal, pero toda evaluación realista del impacto de las políticas del gobierno no podía sino llegar a la conclusión de que los trabajadores, que componían el núcleo de esa masa, tenían pocas razones para sentir simpatía por el gobierno o por cualquier político que se identificara con él. Otro aspecto importante de la realidad política era el surgimiento de un formidable movimiento de oposición que trataba de capitalizar el descontento peronista para promover la candidatura de Arturo Frondizi.

Aunque el ala frondicista del partido Radical había aceptado en un principio el reemplazo del general Lonardi por el general Aramburu y seguía representada en la Junta Consultiva Nacional, aun después de las ejecuciones de junio de 1956, el ala comenzó a transformarse en un enérgico crítico de la Revolución Libertadora. Contribuyó a esta evolución la alianza política que se estableció entre Arturo Frondizi y el economista, periodista y empresario Rogelio Frigerio.[72] Como director del influyente semanario Qué, cuyas páginas incluían contribuciones de ex simpatizantes de Perón, Frigerio montó un ataque sistemático contra las políticas del gobierno, calificándolo de instrumento retrógrado de la oligarquía y de los intereses internacionales. Atacando al gobierno por sus actos punitivos contra los peronistas, por medidas económicas que favorecían la agricultura a expensas de la industria, y por planes de vender el dominio argentino sobre las fuentes naturales de energía, Frigerio procuró sacar partido de la inquietud de los industriales y los obreros, de los nacionalistas y los católicos, y de los miembros de las Fuerzas Armadas, para asegurar más electores a Frondizi. Tales electores podían estar más allá del sector Radical e integrar un movimiento multiclasista, comprometido a un programa de desarrollo nacional por medio de la industrialización.[73]

Los esfuerzos para crear ese electorado, que incluían peticiones al gobierno para que liberara a prisioneros políticos y gremialistas, denuncias a sus agentes de informaciones por torturas a prisioneros y críticas por las ejecuciones de junio, eran un desafío que el presidente Aramburu no podía o no debía ignorar. Estimulado por sus más íntimos colaboradores, entre los cuales el más importante en ese momento era el flamante general Leguizamón Martínez, un hombre que tenía estrechas vinculaciones con los dirigentes radicales antifrondicistas, Aramburu confió puestos claves del gabinete, durante los cambios producidos el 25 de enero, a hombres que trabajarían para derrotar las fuerzas conducidas por Frondizi. El doctor Carlos Aleonada Aramburú, nuevo ministro del Interior, y el doctor Acdeel Salas, nuevo ministro de Educación y Justicia, estaban asociados a Ricardo Balbín, principal rival de Frondizi en la convención de Tucumán; y existen buenas razones para creer que el presidente pidió concretamente a Balbín que sugiriera los candidatos para esos puestos. El Ministerio de Comunicaciones, con control de los servicios postales, fue ocupado por el doctor Ángel Cabral, afiliado al ala sabattinista y antifrondicista del partido Radical, mientras que el doctor Tristán Guevara, Demócrata Progresista, fue nombrado ministro de Trabajo.[74]

Al designar a políticos antifrondicistas para esos ministerios que controlaban vitales funciones estatales y que otorgaban gran posibilidad de ejercer influencia, el presidente Aramburu dio un nuevo sesgo a su promesa de neutralidad política que no dejaron de advertir los más directamente interesados. Mientras los simpatizantes de Frondizi extremaban sus acusaciones de favoritismo político, las diversas fracciones antifrondicistas del partido Radical —unionistas, balbinistas, sabattinistas y rabanalistas— superaban sus diferencias mutuas para formar un nuevo partido, la Unión Cívica Radical del Pueblo (UCRP) que de allí en adelante competiría con la Unión Cívica Radical Intransigente (UCRI), conducida por Frondizi, en las próximas elecciones.[75]

Pero aun antes que pudiera fijar las fechas para esas elecciones, el presidente Aramburu debió enfrentar dos crisis, una que implicaba a la Marina, la otra a la Fuerza Aérea, y que revelaron que su nueva política era mirada con gran recelo por los oficiales militares en ambas Fuerzas. La crisis naval se produjo a principios de marzo, cuando un semanario político publicó una serie de cartas personales escritas por el almirante Arturo Rial y dirigidas al presidente. Rial, que había sido la fuerza motriz de la organización de la revolución antiperonista de la Marina, había asumido el papel de cancerbero del gobierno revolucionario, que él mismo se había asignado. Desde su puesto de subsecretario de Marina, mantenía una red de observadores en los diversos ministerios y gobiernos provinciales, situación que ni era desconocida ni encontraba acogida entre los propios destinatarios de esa vigilancia, pero su prestigio personal y el apoyo general de la Marina lo habían afirmado, hasta ese momento, contra cualquier probabilidad de relevo.[76]

Ahora, sin embargo, ante la publicación de las cartas, el presidente Aramburu exigió la destitución de Rial. Mientras cuatro de las cartas criticaban actos de comisión u omisión del ministro de Industria y Comercio y del ministro de Obras Públicas (ambos integrantes del gabinete anterior), la quinta denunciaba violaciones de la promesa de neutralidad política. «Los actos de los componentes de este Gobierno Revolucionario —escribía el almirante Rial— tienen que ajustarse, invariablemente, a las Directivas Básicas del 7 de diciembre de 1955. Ni siquiera es permitido el no “ser indiferente” al punto de comprometer la confianza que debe merecer en el cumplimiento de su palabra sobre prescindencia».[77] Aunque el blanco concreto de la crítica epistolar de Rial era el interventor gobernador de Buenos Aires, el hecho de que el ministro del Interior fuera su superior inmediato implicaba que la crítica también alcanzaba a ese funcionario, si no al presidente mismo, que era el responsable de su nombramiento.[78]

La insistencia de Aramburu, una vez que las cartas llegaron al dominio público el 5 de marzo, en que Rial debía separarse de su cargo y que si no lo hacía él mismo renunciaría a la presidencia, agravó las proporciones de la crisis. En una reunión de la Junta Militar, y una vez más en directa discusión con el presidente, los almirantes Rojas y Hartung se opusieron categóricamente a la destitución de Rial, ofreciendo en cambio un compromiso en la forma de una licencia en su cargo, un arresto en su domicilio de treinta días por haber mostrado las cartas a sus amigos, y un comunicado de prensa para anunciar una investigación acerca de cómo las cartas habían llegado a los diarios. Pero Aramburu siguió inexorable en cuanto a la renuncia de Rial, arguyendo que una actitud menos firme de su parte lo «desprestigiaría» ante el Ejército.[79] Durante los tres días transcurridos entre el 8 y el 10 de marzo, los oficiales superiores de la Marina, almirantes y capitanes se reunieron para considerar alternativas que iban desde la asunción del almirante Rojas como presidente, si Aramburu insistía en renunciar, hasta un retiro de la Marina del gobierno para limitarse a sus funciones naturales. Al fin, después que el presidente Aramburu conversó personalmente con algunos almirantes, ya no se defendió tanto la permanencia de Rial en su cargo. La mayoría llegó a la conclusión de que si Aramburu renunciaba la Marina no estaba en condiciones de apoyar el ascenso de Rojas a la presidencia, ante la previsible oposición del Ejército y la Fuerza Aérea; que la permanencia de Aramburu en su cargo era preferible a cualquiera de los generales cuyos nombres se mencionaban como posibles sucesores; y que los intereses en juego no justificaban los riesgos de llevar al país a una guerra civil.[80] La crisis se resolvió cuando oficiales superiores de la Marina votaron por la renuncia de Rial como subsecretario, pero con la salvedad de que el presidente debía tomar las medidas necesarias para restablecer la apariencia y la realidad de la neutralidad política del gobierno, y para convocar a elecciones lo antes posible.[81] La solución de la crisis, que evidenció tantas rivalidades, dejó a Aramburu en una posición más fuerte que la anterior, ya que se había librado de un regañón que había incomodado a los miembros de su gobierno y en el proceso había demostrado a los almirantes Rojas y Hartung que no siempre podían contar con el apoyo unificado de sus propios oficiales superiores.[82]

La crisis en la Fuerza Aérea que el gobierno de Aramburu enfrentó desde el 30 de marzo hasta el 2 de abril se relacionaba directamente con la tarea de definir el calendario político y fijar las fechas para las dos elecciones. Ante el deseo del presidente de anunciar tal calendario en un discurso a todo el país programado para el 30 de marzo, la Junta Militar, en una serie de sesiones que comenzaron el 28 de ese mes, analizó el tema sobre la base de una propuesta inicial hecha por el ministro del Interior. La propuesta del doctor Aleonada Aramburú consistía en llamar a elecciones para Asamblea Constituyente el 28 de julio de 1957, fijar la elección general para el 2 de marzo de 1958 y la entrega del poder para el 20 de junio de ese año. Su explicación era que razones técnicas hacían imposible realizar la primera elección antes del 28 de julio, que la Asamblea Constituyente, si iniciaba sus sesiones el P de setiembre, necesitaría actuar hasta mediados de noviembre para completar su tarea, y que una elección general en diciembre sería inconveniente, pues era la época de cosecha y la temporada de vacaciones y también porque los partidos políticos necesitaban un período de tres meses para su campaña.[83] Entre los tres ministros militares sólo el ministro de Aeronáutica, Julio Krause, objetó enérgicamente el calendario propuesto como una violación de la promesa hecha el 6 de julio de 1956 por el presidente Aramburu, en nombre de las tres Fuerzas Armadas, de llamar a elecciones generales en el último trimestre de 1957. Ni siquiera convenció a Krause una solución de compromiso, aceptada por el general Aramburu, del almirante Rojas y los ministros de Ejército y Marina, consistente en fijar la elección para el 23 de febrero de 1958 y la entrega del poder para el 1.º de mayo de 1958. Ya fuera porque el ministro de Aeronáutica actuara como instrumento de los frondicistas —como el ministro del Interior se inclinaba a creerlo—, o que cediera a la influencia de civiles nacionalistas —como lo pensaba el ministro de Marina—, o que hablaba —como él mismo lo aseguró— para expresar los sentimientos de sus oficiales, cuyo sentido del honor no les permitía consentir una violación de la palabra empeñada, lo cierto es que la actitud de la Fuerza Aérea amenazaba la unidad de las Fuerzas Armadas. Ningún intento de persuasión por parte de los ministros de Ejército y Marina, en el sentido de que el honor de sus Fuerzas no sería afectado por una demora de cincuenta días en el llamado a la elección general, pudo persuadir a Krause de que cambiara de opinión.[84]

Fuera cual fuese el propósito que los oficiales de la Fuerza Aérea esperaban cumplir (quizá se propusieran demorar cualquier compromiso en firme respecto de fechas concretas), lo cierto es que el presidente Aramburu ratificó en su discurso del 30 de marzo las fechas del calendario político, tal como lo había sido acordado con el Ejército y la Marina. El ministro de Aeronáutica, por su parte, emitió una notable proclama para explicar la posición de la Fuerza Aérea y anunciar que en adelante el ministro Krause ya no formaría parte de la Junta Militar y se limitaría a sus deberes ministeriales. La Fuerza Aérea, señalaba el manifiesto, ya no compartiría la responsabilidad de gobernar la Nación, pero sin que esto «signifique restar su apoyo al Gobierno Provisional en todo otro orden, particularmente en la permanente vigilancia contra el peligro del advenimiento de todo totalitarismo».[85]

Que la Fuerza Aérea entrara en abierta disidencia con un pronunciamiento político básico del gobierno era algo que este último no podía permitir. El presidente Aramburu ordenó el retiro de la proclama, orden que sólo se cumplió parcialmente, y solicitó la renuncia de Krause. Pero quedaba el problema de encontrar sucesor. Los brigadieres de la Fuerza Aérea solicitaron que Krause se mantuviera en el cargo, cosa que el presidente estaba resuelto a impedir. El comandante en jefe de la Fuerza Aérea, brigadier Guillermo Zinny, aceptó al principio la oferta del cargo y hasta se llegó a anunciar públicamente la fecha de su juramento de rigor, pero después Zinny declinó la oferta, alegando que los oficiales de la Fuerza Aérea no obedecerían sus órdenes. El presidente pidió a los brigadieres de la Fuerza Aérea que eligieran su propio ministro, pero una y otra vez los brigadieres apoyaron a Krause. Al fin, después que Aramburu debió postergar tres veces la fecha del juramento, y en medio de rumores que aseguraban que oficiales subalternos en las diversas bases aéreas estaban a punto de rebelarse, el comodoro Eduardo McLoughlin, íntimo amigo del ex ministro Krause, asumió el cargo el 2 de abril. Todo el episodio reveló que dentro de la Fuerza Aérea había elementos importantes muy dispuestos a desacreditar al gobierno de Aramburu, pero que sin la cooperación de los otros servicios carecían de la fuerza necesaria para lograr su reemplazo o siquiera un cambio en sus políticas básicas.[86]

Las elecciones para la Asamblea Constituyente se realizaron según lo anunciado, bajo la supervisión militar, el 28 de julio de 1957. La campaña que la precedió, sin embargo, se caracterizó por denuncias de los círculos frondicistas y nacionalistas en el sentido de que el gobierno inventaba directivas en nombre de Perón que aconsejaban a sus partidarios votar en blanco. El propósito de esta presunta maniobra era restar votos a los partidos —sobre todo a la UCRI y su representante, Frondizi— que habían proclamado su oposición a la Asamblea Constituyente y exigían el inmediato llamado a elecciones generales. La revista frondicista Qué, por su lado, se embarcó en una campaña para persuadir a los votantes peronistas de que la mejor manera de oponerse al gobierno era votar por la UCRI. Dos intelectuales de considerable prestigio en los círculos peronistas, Raúl Scalabrini Ortiz y Arturo Jauretche, publicaron declaraciones en Qué para denunciar al voto en blanco como un voto en favor de la oligarquía.[87]

Esas declaraciones, no obstante, se hicieron sin la autorización del propio Perón. El jefe exiliado, en realidad, pedía a sus seguidores, a través de sus canales clandestinos, que demostraran su resistencia a la «tiranía» mediante la abstención, la emisión de votos impugnables o el voto en blanco. Pero cuando el jefe de operaciones de Perón, John W. Cooke, envió cartas a Qué y a la publicación nacionalista Azul y Blanco, en que afirmaba la autenticidad de las directivas de Perón, los respectivos directores de las revistas se negaron a publicarlas.[88] No puede sorprender, pues, la confusión que rodeó las elecciones del 28 de julio ni las diversas interpretaciones dadas a los resultados.

Esos resultados mostraron que si bien ningún partido obtuvo una mayoría absoluta, los Radicales progubernamentales (UCRP) obtuvieron el mayor número de votos emitidos en favor de un solo partido: 2.107.000, o sea el 24,2 por ciento del total; el segundo lugar correspondió a la UCRI, que obtuvo 1.848.000 votos, el 21,2 por ciento. Los discutidos votos en blanco fueron los más abundantes: 2.116.000 votos, es decir, el 24,3 por ciento del total. Los restantes 2.600.000 votos se distribuyeron entre muchos partidos más pequeños, encabezados por los Socialistas, con el 6 por ciento, y los Demócratas Cristianos, con el 4,8 por ciento. En la distribución de bancas para la Asamblea Constituyente, los partidos que estaban a favor de la reforma constitucional lograron 120 bancas; los que se oponían, obtuvieron 85.[89]

El gobierno de Aramburu consideró la elección de julio como un triunfo, ya que los partidos que apoyaban su plan político, siempre que se pusieran de acuerdo entre sí, tendrían la mayoría en la inminente asamblea. Además, teniendo en cuenta que las tres grandes fracciones en que se dividía el electorado, la UCRP, la UCRI y el Peronismo, este último representado por la cantidad de votos en blanco, eran casi iguales: ninguna de ellas estaba en condiciones de imponer su voluntad sobre el gobierno provisional.[90] Sin embargo, para Juan Domingo Perón, en su exilio en Caracas, que sumaba no sólo los votos en blanco, sino también las abstenciones, los votos impugnados y los votos que en la confusión se habían asignado a otros partidos, los resultados probaban que «el electorado peronista está hoy tan firme como en sus mejores tiempos» y que «ésta es una comprobación muy satisfactoria para nosotros que demuestra nuestra cohesión, disciplina y organización, además de la firmeza en la posición intransigente que sostenemos».[91] Para Arturo Frondizi y Rogelio Frigerio, por el contrario, los resultados probaban que la campaña para lograr el apoyo de los votantes peronistas no había sido suficiente, y era necesario llegar a un entendimiento con Juan Perón.[92]

Dentro de los círculos militares, los resultados de la elección no tuvieron un impacto perceptible, salvo en la Fuerza Aérea, donde el ex ministro Krause y otros oficiales frondicistas o nacionalistas ejercían todavía considerable influencia a través del nuevo ministro McLoughlin y el comandante en jefe, brigadier Angel Peluffo. Estimulados sin duda por la evidencia de que las fuerzas guiadas por Frondizi no constituían una mayoría, un grupo de oficiales superiores rivales de la Fuerza Aérea tomaron la ofensiva, precipitando una crisis interna que permitió intervenir al presidente Aramburu, apoyado por los ministros de Ejército y Marina. Se solicitó a McLoughlin que presentara su renuncia y el presidente nombró nuevo ministro de Aeronáutica al comodoro Jorge Landaburu, uno de los oficiales que se oponían a Krause. Los cambios de personal resultantes ubicaron a miembros de este grupo en puestos claves de la Fuerza Aérea, reduciendo la posibilidad de que los frondicistas, por un lado, y los grupos nacionalistas, por el otro, ejercieran su influencia sobre las decisiones del gobierno a través de sus aliados en la Fuerza Aérea.[93]

Con sólo seis meses por delante para celebrar la elección general prometida para el 23 de febrero de 1958, el gobierno provisional encontró cada vez más difícil separar el proceso de las decisiones políticas de los asuntos electorales. Esto fue evidente sobre todo en el manejo de los problemas laborales. Aunque su propósito original había sido eliminar el control peronista sobre los sindicatos mediante la intervención a la CGT y sus afiliadas, y mediante la prohibición a los dirigentes sindicalistas que habían actuado hasta 1955 de ocupar cargos gremiales, el proceso de normalización de los sindicatos a través de elecciones internas en 1957 demostró que el objetivo era muy difícil, si no imposible, de cumplir. Los dirigentes de orientación peronista lograron el control directo de los principales sindicatos industriales, inclusive en los sectores de servicios comerciales, transportes y gubernamentales, donde se eligió a independientes para los cargos más altos; las masas respondían a la influencia peronista. Tal influencia, ejercida a través de una organización clandestina de dirigentes de la CGT «descalificados», sacaba partido de las legítimas quejas de los trabajadores para provocar la inquietud obrera con miras a la eventual insurrección revolucionaria en la que Perón y sus principales colaboradores estaban empeñados. Procuraban recuperar en poco tiempo su ascendencia sobre el movimiento obrero y hostigar al gobierno mediante diversas exigencias, apoyadas por huelgas y actos de sabotaje. Inclusive los dirigentes sindicales independientes no eran inmunes a sus tácticas, y a fin de mantener su propio prestigio ante la masa, también ellos asumieren actitudes duras al exigir el rechazo de la legislación laboral represiva y cambios en la política social y económica. En setiembre y octubre el gobierno debió enfrentar una ola de paros que culminaron con dos huelgas generales, en la segunda de las cuales los dirigentes independientes se unieron a sus rivales peronistas y a otros sindicalistas en demanda de un aumento de salarios para hacer frente a la inflación.[94]

Dentro del gobierno existía una amplia división acerca de cómo responder a la presión gremial. El presidente Aramburu y los ministros civiles se mostraban a favor de una política blanda, que contemplaba la concesión de aumentos de salarios y desaconsejaba acciones que pudieran exacerbar las pasiones. El vicepresidente Rojas, por el contrario, apoyado por el ministro Hartung, estaba a favor de una política de línea dura que se oponía al aumento de sueldos y pedía el arresto de los «agitadores peronistas y comunistas», a quienes hacían responsables de la inquietud gremial.[95]

Las distintas actitudes ante el problema sindical eran parte de un desacuerdo mayor en la perspectiva general, motivado por la inminencia de la elección general. Tal desacuerdo amenazaba a principios de octubre con producir una división total entre el presidente y el vicepresidente. Para el vicepresidente Rojas, el presidente parecía ignorar las sugerencias políticas de la Junta Militar y apoyarse más en el consejo de sus ministros civiles. En dos ocasiones —una de ellas en relación con la propuesta de proscribir al partido Comunista, la otra acerca de la emisión de una orden de arresto de dirigentes gremiales peronistas— el presidente se negó a refrendar decretos leyes que habían sido preparados, con su consentimiento inicial, por la Junta Militar. En cada caso, fue el ministro del Interior quien objetó las medidas, y en cada caso el vicepresidente sospechó que motivos políticos habían inducido a Aramburu a rechazar las recomendaciones de la Junta Militar.[96]

Las relaciones entre el presidente y el vicepresidente bordearon la ruptura el 6 de octubre, cuando durante una reunión realizada en Olivos y a la que asistieron los tres ministros militares y sus subsecretarios, el general y el almirante se acusaron airadamente de acciones que podían menoscabar la palabra empeñada por el gobierno y su promesa de neutralidad política en la convocatoria a elecciones generales. Aramburu sostuvo que la decisión, propuesta por Rojas, de arrestar a dirigentes gremiales tenía la deliberada intención de provocar disturbios entre los trabajadores. Pese a que Aramburu no especificó detalles, aludía a las acusaciones que circulaban en varios sectores y que señalaban al vicepresidente como integrante de un movimiento para utilizar la intranquilidad obrera y justificar la suspensión de las elecciones, a fin de crear un régimen dictatorial que se mantendría indefinidamente en el poder. Rojas negó categóricamente esa acusación y a su vez imputó al presidente que se apoyaba en ministros civiles, quienes utilizaban abiertamente sus cargos para promover los programas políticos de la UCRP y restar votos a Arturo Frondizi. Rojas pidió la destitución del ministro del Interior, medida que el presidente Aramburu no estaba dispuesto a tomar.[97]

El presidente y el vicepresidente, a pesar de la enconada discusión, lograron mantener una apariencia pública de cordialidad, pero es evidente que cada uno consideraba las intenciones del otro con algo más que una ligera sospecha, y que tenían ideas diferentes acerca de cómo conducir el gobierno en los meses que faltaban para la elección.[98]

Esas discrepancias se extendían no sólo a las medidas políticas concretas, sino también a la índole legal del gobierno provisional, una vez que la Asamblea Constituyente se reuniera en Santa Fe y votara por que se reconociera la validez de la Constitución de 1853 y sus varias enmiendas, con exclusión de las de 1949.[99] En efecto, la Asamblea ratificaba la proclama del gobierno provisional hecha el 27 de abril de 1956, pero esa proclama había estipulado que el gobierno provisional adhería a la Carta Magna de 1853 «en cuanto no se oponga a los fines de la Revolución enunciados en las directivas básicas del 7 de diciembre de 1955 y a las necesidades de la organización y conservación del gobierno provisional».[100] El problema planteado por la acción de la Asamblea fue si el gobierno provisional aún ejercía la autoridad revolucionaria o debía acatar las restricciones constitucionales.

El presidente Aramburu, estimulado por su ministro del Interior, se inclinaba a opinar que ahora prevalecía un estado de derecho. El vicepresidente Rojas, por el contrario, insistía en que el gobierno provisional se había originado en una acción revolucionaria y que no había perdido su índole inicial a causa del voto de la Asamblea Constituyente. En la oposición de Rojas al estado de derecho subyacía su temor de que el acuerdo del 13 de noviembre de 1955 establecido entre el gobierno y las Fuerzas Armadas, ya no tuviera validez, que Aramburu quedara libre para actuar sin restricciones por parte de la Junta Militar y que la Marina —que en opinión de Rojas había ganado la revolución de 1955— perdiera su papel político.[101]

Los recelos de Rojas respecto del posible cambio de la condición legal del gobierno aumentaron ante el plan concebido por algunos miembros de la Asamblea Constituyente, que proyectaban terminar sus sesiones con una «ceremonia espectacular» en que Aramburu y Rojas aparecerían ante ese cuerpo para jurar obediencia a la Constitución reformada y la Asamblea los designaría presidente y vicepresidente de jure. El general Aramburu se sentía atraído por ese plan, viendo en él el medio para ratificar los actos del gobierno provisional y evitar así la ulterior revisión por parte de las nuevas autoridades constitucionales. Pero el almirante Rojas sólo estaba dispuesto a aceptar el plan si también se mantenía el papel y la autoridad de la Junta Militar.[102]

El fracaso de la propia Asamblea Constituyente, motivado por su incapacidad para lograr quórum después del 25 de octubre, volvió inaplicable la solución de jure. Desde el comienzo mismo, la Asamblea había sido repudiada por la UCRI, cuyos 77 delegados —el bloque más numeroso— abandonaron las sesiones el 20 de agosto; los que permanecieron en ella no lograron superar sus discrepancias personales, partidarias e ideológicas. Incapaz de librarse de las presiones surgidas en y entre los partidos políticos ante la próxima elección general, la Asamblea sólo pudo obtener un cambio constitucional, una declaración de los derechos laborales y sindicales, antes que el retiro de otros miembros interrumpiera el quórum y la redujera a la impotencia.[103]

La experiencia de la Asamblea Constituyente demostró que era imposible llegar a un acuerdo sobre cambios políticos fundamentales en una atmósfera caracterizada por la proscripción de lo que había sido el partido mayoritario del país y por una enconada rivalidad entre los otros partidos para atraer los votos de los peronistas. La esperanza de quienes, como el vicepresidente Rojas, deseaban que los poderes del presidente se redujeran aumentando la influencia del poder Legislativo y Judicial y que la autonomía provincial y municipal pudiera fortalecerse a expensas del gobierno central, resultó ilusoria ante la incapacidad o la falta de voluntad de las fuerzas antiperonistas y no peronistas para superar sus propias discrepancias.[104]

La publicación, el 15 de noviembre, del decreto oficial que llamaba a elecciones generales para el 23 de febrero de 1958, empezó a disipar las dudas reinantes en ciertos círculos acerca de la realización del comido y el país entró de buena fe en la caldeada atmósfera de una campaña presidencial. Aunque una docena de partidos nombraron sus candidatos, la opinión general era que la elección del nuevo presidente estaba entre los dos hombres que habían integrado juntos la fórmula Radical en 1951: Ricardo Balbín, ahora candidato de la UCRP, y Arturo Frondizi, candidato de la UCRI.

Balbín, con inmediatos aliados personales en el gobierno nacional, así como en varios gobiernos provinciales, contaba sin duda con las ventajas de que puede gozar quien disfruta del «calor oficial». Pero como candidato oficialista, debía sobrellevar la carga de que se lo identificara con los discutidos logros de la Revolución Libertadora. Para sus competidores representaba el continuismo, la indefinida prolongación de medidas antiperonistas del gobierno militar y de sus políticas económicas y sociales, que dejaban el país con una alta inflación y una disminución en las reservas de divisas, respecto de la época del derrocamiento de Perón, y con una clase trabajadora resentida por el deterioro de sus ingresos reales y la proscripción del movimiento político que había respondido a sus intereses en el pasado.[105]

En tales circunstancias, no fue ilógico que Arturo Frondizi desplegara su campaña presentándose como un opositor a todo lo que defendía la Revolución Libertadora. Al pedir que se pusiera fin a la persecución ideológica y política, y al prometer una amplia amnistía para los acusados de delitos de índole política, Frondizi anunció su intención de otorgar un carácter «nacional y popular» a la economía, y de integrar a la clase trabajadora en una participación activa en la vida nacional. Su manifiesta intención de gobernar con los más capaces sin tomar en cuenta a qué partido pertenecían, su programa, cuidadosamente calculado, de prioridades económicas con énfasis en el desarrollo de la industria pesada, su sensibilidad para las preocupaciones católicas en las áreas de la educación y la familia, todo ello sirvió para aumentar su atractivo y para suscitar entusiasmo por su candidatura más allá de las divisiones tradicionales y sobre todo entre los jóvenes. Las muchedumbres que se reunían durante sus apariciones en público y la aprobación de que era objeto por parte de nacionalistas, católicos, ex peronistas y hasta miembros del partido Comunista argentino, demostraron la eficacia de su campaña.[106]

Ante el creciente empuje del movimiento frondicista, los partidarios de Balbín dentro del gobierno consideraron seriamente la posibilidad de permitir que candidatos peronistas concurrieran a la elección, como recurso para dividir a los simpatizantes de Frondizi. A principios de enero de 1958, el propio presidente Aramburu sugirió la idea de levantar la proscripción al partido Peronista durante una reunión de oficiales navales realizada en la base de Puerto Belgrano. La reacción fue casi unánimemente negativa; sólo dos de los oficiales superiores presentes se mostraron dispuestos a considerar la idea.[107]

Aunque nada surgió de todo eso, el gobierno permitió a un grupo de partidos neoperonistas, inclusive la Unión Popular, el partido Blanco, el partido Populista y el partido de los Trabajadores, que se registraran en los tribunales electorales para obtener el derecho a presentar candidatos. Aquí puede señalarse una vez más que la Marina no estuvo de acuerdo en absoluto y entre bambalinas protestó severamente contra la situación. Hartung, el ministro de Marina, consideró que esos partidos eran simplemente el peronista con otros nombres y denunció su participación como una contradicción de las «Directivas Básicas» adoptadas por la Revolución Libertadora. En una extensa carta al presidente Aramburu, manifestó que la Armada estimaba que las cuestiones involucradas eran éticas y morales, así como políticas, y solicitó una urgente reunión de la Junta Militar para decretar la inmediata disolución de esos partidos.[108] Pero la Marina se equivocó al esperar que la Fuerza Aérea y el Ejército compartirían su actitud, lo cual quedó demostrado cuando la Junta Militar analizó la cuestión en sus reuniones del 24 y 29 de enero. El presidente Aramburu, apoyado por Majó, el ministro de Ejército, y por Landaburu, de Aeronáutica, rechazó la propuesta de la Marina, expresando su confianza en el sentido de que los peronistas mismos estaban divididos y no tenían posibilidad de triunfar.[109]

Las diferencias básicas dentro de la Junta respecto de la elección nunca se evidenciaron mejor que cuando sus miembros reaccionaron ante la preocupación de la Marina, temerosa de que los votos en blanco de la elección de julio pudieran responder a la orden de Perón de apoyar una lista de candidatos con un rótulo neoperonista. El presidente Aramburu, el ministro Majó y el ministro Landaburu, asumieron una actitud pragmática. Estaban dispuestos a aceptar una victoria neoperonista en una o dos provincias si el presidente y el resultado general eran democráticos; pero si los neoperonistas obtenían una victoria mayor, la elección debía anularse. La actitud de la Marina, por el contrario, se basaba en un principio coherente: ningún peronista, bajo ninguna denominación, podía concurrir a las elecciones. Los almirantes Rojas y Hartung adoptaron el punto de vista de que «era inmoral dejar correr en la elección a los neoperonistas, para luego escamotearles la elección si ganaban; que era más decente correr el riesgo de que se aglutinaran en la proscripción y hacer una elección limpia con los partidos democráticos».[110]

La negativa del presidente Aramburu a eliminar los partidos neoperonistas un mes antes de la elección se relacionaba con la creencia de que dividiendo los votos peronistas contribuirían a la victoria de la UCRP. En efecto, una encuesta general llevada a cabo por el SIDE a sugerencia de Aramburu, indicó hacia fines de enero que Balbín, de la UCRP, ganaría la elección con el 35 por ciento de los votos contra el 20 por ciento de la UCRI; el resto de los votos se distribuiría entre los restantes partidos, con sólo el 8 por ciento para los neoperonistas.[111]

La confianza que existía dentro y fuera del gobierno respecto de una victoria de Balbín comenzó a disminuir a principios de febrero ante los indicios de que Perón, ahora en Santo Domingo, solicitaba a los peronistas que habían aceptado candidaturas de los partidos neoperonistas que renunciaran a ellas y urgía a sus simpatizantes «a impedir con sus votos el plan continuista de la tiranía».[112] Lo que pudo interpretarse como un respaldo a Arturo Frondizi, pero también como un apoyo al candidato Vicente Solano Lima, del partido Conservador Popular, se puso en claro una semana después cuando miembros del Comando Táctico Peronista en Buenos Aires distribuyeron copias fotostáticas de una orden de Perón recibida desde Santo Domingo, en la que indicaba expresamente a sus simpatizantes que votaran por el doctor Arturo Frondizi.[113] ¿Qué había pasado entre el 4 de febrero, cuando Perón ordenó a sus simpatizantes votar contra el continuismo, y el 10 de febrero, cuando les dijo que votaran por Frondizi? La respuesta debe encontrarse en la historia de un entendimiento secreto que suele llamarse el pacto Perón-Frondizi.

Que el candidato de la UCRI y el jefe exiliado estaban involucrados en un acuerdo político había sido tema de conjeturas en el periodismo y en los círculos políticos durante varias semanas. Pero una cosa era sostener que ese acuerdo existía y la otra era probarlo. Dentro del gobierno, los más altos jefes militares no podían resignarse a creer que Frondizi pudiera hacer un trato con Perón, y en más de una ocasión optaron por ignorar las pruebas que los ministros civiles del gabinete les ofrecían.

La primera de esas ocasiones se presentó a principios de 1958, cuando el ministro de Relaciones Exteriores, doctor Alfonso Laferrère, solicitó urgentemente una reunión con el presidente. En presencia tanto del general Aramburu como del vicepresidente Rojas, el doctor Laferrère presentó testimonios y otros documentos reunidos por personal diplomático argentino que atestiguaban los contactos entre representantes de Frondizi y Perón, y que demostraban la existencia de un pacto político entre ambos. El almirante Rojas, según él mismo lo recordaría más tarde, propuso que el presidente convocara al doctor Frondizi para que confirmara o negara los hechos, pero no se tomó ninguna medida: «Lo cierto es que ni el general Aramburu ni yo creímos que el doctor Frondizi pudiese haber contraído un compromiso de esa naturaleza con Perón», dijo Rojas. La única consecuencia fue que el canciller, advirtiendo que sus esfuerzos eran inútiles, optó por presentar su renuncia.[114]

La Junta Militar nunca se reunió formalmente para analizar la posible existencia del pacto Perón-Frondizi; al menos, no existe referencia a eso en las actas de las sesiones mantenidas por el ministro de Marina. Aun después del anuncio de Perón del 4 de febrero, cuando el ministro del Interior Aleonada aseguró que tenía pruebas de que miembros de la UCRI y peronistas habían llegado a acuerdos para presentar listas conjuntas en las elecciones para el Congreso, el ministro de Marina consideró que esa era una estratagema del ministro probalbinista para lograr que la UCRI fuera proscripta. El ministro Hartung aún no creía el 9 de febrero que la victoria de Frondizi era inevitable.[115]

Pero aunque a los jefes militares del gobierno provisional les parecía harto difícil que Frondizi, que se había opuesto a Perón en 1955, pudiera comprometerse a un cambio de línea total respecto de la Revolución Libertadora, ya estaban echadas las bases para una alianza electoral entre la UCRI y los peronistas. La figura clave en este intento fue el aliado político de Frondizi, Rogelio Frigerio. Embarcado en un programa económico y social «desarrollista» que aspiraba a la transformación del país mediante la expansión del sector de la industria nacional y el debilitamiento de los tradicionales intereses agropecuarios y de importación, Frigerio había buscado durante meses el apoyo de Perón. Su idea era lograr una alianza electoral que hiciera posible la eventual integración de los peronistas, los radicales intransigentes y otros grupos en un movimiento multiclasista que apoyara los cambios estructurales previstos por el programa desarrollista. Frigerio aseguraba que tal programa promovería los mismos objetivos de soberanía política y justicia social con que el propio Perón estaba identificado.[116]

A pesar de las aperturas de Frigerio, Perón no tuvo mucha confianza en los propósitos de Frondizi hasta fines de 1957 y se opuso indeclinablemente a apoyar a cualquier candidato en la elección de febrero. «Intervenir en ella indirectamente —escribió a su delegado en Chile— apoyando a cualquiera que sea, es dar un escape político que la dictadura no tiene y dar una apariencia de legalidad a una elección que todos sabemos que es fraudulenta.» «La experiencia de estos dos años —continuaba— nos demuestra que la intransigencia absoluta es la única posición compatible con nuestra causa y con nuestro Movimiento y la única que mantiene en pie al estado insurreccional».[117]

Pero a partir de ese total desdén ante la posibilidad de un pacto con Frondizi, Perón comenzó a cambiar de opinión a fines de 1957. Aparentemente fue la legalización de los partidos neoperonistas lo que lo movió a proceder así, ya que ahora era posible que en la elección general sus partidarios estuvieran menos dispuestos que en la elección para la Asamblea Constituyente, en el mes de julio, a obedecer sus órdenes de votar en blanco. Y así podía flaquear su condición de jefe indiscutido del movimiento peronista. Un acuerdo político con las fuerzas frondicistas, por otro lado, podía servir a los intereses de Perón al evitar divisiones y reafirmar su control sobre sus seguidores en la Argentina.[118]

Ya es un hecho aceptado que Rogelio Frigerio, en pro de la candidatura de Frondizi, y Juan Perón, en nombre de sus propios objetivos políticos, negociaron un acuerdo previo a la elección del 23 de febrero. Lo que aún queda por aclarar es la cronología exacta de las negociaciones, hasta qué punto estaba involucrado Arturo Frondizi y los términos concretos del acuerdo.

Las negociaciones para establecer el pacto electoral se hicieron en Caracas, adonde Frigerio viajó el 3 de enero de 1958 por invitación de Perón.[119] Tras una discusión preliminar, Frigerio partió de Caracas —quizá para hablar del asunto con Frondizi— y regresó a ella el 18 de enero.[120] Pero el mutuo acuerdo de redactar un pacto escrito esa vez se interrumpió por el estallido de la revolución que derrocó al dictador venezolano Marcos Pérez Jiménez el 21 de enero. Temiendo por su seguridad, ahora que su protector venezolano había sido derrocado, Perón se refugió en Santo Domingo, mientras Frigerio regresaba a Buenos Aires.[121] Fue allí donde el documento que incluía los detalles de los convenios a que se había llegado en Caracas se preparó y se despachó a Santo Domingo el 5 de febrero, por medio de un enviado especial, Ramón Prieto.[122] La entrega en manos de Perón de tal documento, que aparentemente llevaba las firmas de Arturo Frondizi y Rogelio Frigerio, era requisito necesario para que Perón impartiera las instrucciones —remitidas a Buenos Aires el 10 de febrero— en que pedía expresamente a sus seguidores que votaran por Frondizi como presidente de la Nación.[123]

Pero ¿qué contenía el documento que Prieto entregó a Perón? ¿Frondizi firmó en realidad ese documento, a pesar de que durante años se mantuvo en su negativa de que hubiese llegado a ningún pacto? Según la información suministrada por Frigerio, él y Frondizi firmaron las dos copias del documento que Prieto entregó a Perón.[124] Pero Frigerio también insiste en que «no se establecían medidas concretas, sino la necesidad de utilizar el proceso electoral como el campo de lucha para enfrentar al CONTINUISMO LIBERTADOR A TRAVÉS DEL RADICALISMO DE BALBÍN y las maniobras del neoperonismo del partido Blanco de los Trabajadores. Se consagraban igualmente los puntos de coincidencia sobre los fines a alcanzar».[125]

La aseveración de Frigerio en cuanto a que el documento «no establecía medidas concretas» está en desacuerdo con el texto que Perón dio a publicidad en junio de 1959, después de volverse contra el gobierno de Frondizi. ¿Existían, pues, dos documentos separados: uno auténtico, que fijaba simplemente un acuerdo general en cuanto a los objetivos, y que Frigerio y Frondizi firmaron, y otro apócrifo, con compromisos concretos y firmas falsificadas que Perón fraguó para tratar de socavar el gobierno de Frondizi en 1959? El método más eficaz para resolver este problema sería que Frigerio o alguna otra persona pudiera presentar el original del documento que él afirma haber enviado a Santo Domingo. Pero tal documento no ha aparecido nunca y el único texto disponible para el análisis es el que Perón distribuyó en 1959.[126]

Aunque Frondizi negó haberlo firmado y su ministro del Interior denunció la maniobra como un fraude deliberado para crear intranquilidad, existen pruebas de que al menos algunas de sus disposiciones fueron de hecho parte del acuerdo electoral.[127] Esas pruebas pueden encontrarse en las cartas que Perón escribió a un colaborador de confianza en abril y junio de 1958, cuando el jefe exiliado aún tenía esperanzas en la nueva administración. El 26 de abril, por ejemplo, Perón observaba que «Frondizi está en buena disposición a cumplir» y mencionaba la destitución de la Suprema Corte y el restablecimiento de la ley de bancos de 1946, ambos puntos mencionados en el texto que se conoció en 1959.[128] Más tarde, el 7 de junio de ese año, el jefe exiliado, con menos confianza en las intenciones de Frondizi, escribió: «Sigo pensando que debemos realizar diversas acciones destinadas a obligar a Frondizi a cumplir con sus compromisos… Debe saber que si el 1.º de agosto no ha cumplido bien todas las cosas prometidas, nosotros le descargaremos un golpe mortal».[129] Debe señalarse que el documento entregado por Perón estipulaba un máximo de 90 días, después que Frondizi asumiera la presidencia, para la adopción de siete medidas concretas; el período expiraba el 1.º de agosto de 1958.

La coherencia que existe entre las referencias al compromiso de Frondizi en la correspondencia privada de Perón y el texto del acuerdo tal como se lo presentó después es una prueba elocuente de que este último es, al menos, parcialmente exacto. Hasta el momento, pues, en que la versión Frigerio del pacto Perón-Frondizi pueda sustanciarse mediante testimonio documental, el texto distribuido por Perón no puede desestimarse.[130]

¿Cuáles fueron, entonces, los términos del acuerdo según ese texto? El pacto establecía como objetivos generales la promoción de la armonía interna y la revisión de las políticas de la Revolución Libertadora que, según los puntos de vista de quienes llegaban al acuerdo, había incrementado la dependencia internacional de la Argentina y disminuido las condiciones de vida del pueblo. Para lograr esas metas, Perón y Frondizi acordaron un plan político por el cual el primero se comprometía a impartir instrucciones electorales cuyo resultado sería un voto peronista para Frondizi el 23 de febrero, mientras que Frondizi se comprometía, una vez en el cargo, a «restablecer las conquistas logradas por el pueblo en los órdenes social, económico y político». Nueve párrafos numerados especificaban las medidas que adoptaría Frondizi. Entre ellas figuraban las políticas a largo plazo, así como las medidas por tomarse dentro de sus primeros 90 días en el cargo. Estas últimas incluían la revocación de todas las medidas tomadas a partir del 16 de setiembre de 1955 para perseguir a los peronistas; el cese de todas las interdicciones y la devolución de propiedades, inclusive las incautadas a la Fundación Eva Perón; la eliminación de todas las proscripciones de sindicalistas y la normalización de los sindicatos y de la CGT mediante elecciones supervisadas por funcionarios nombrados en forma conjunta; el reemplazo de todos los miembros de la Suprema Corte y de otros jueces involucrados en actos de persecución política; el reintegro de la legalidad al partido Peronista bajo funcionarios nombrados por el general Perón. Por fin, dentro de un lapso que no debía exceder los dos años, se debía convocar a una asamblea constituyente que revisara por completo la Constitución, declarara vacantes todos los cargos por elección y convocara a nuevas elecciones generales.[131]

A la luz de estos términos, es comprensible que Frondizi negara reiteradamente que hubiese llegado a un acuerdo con Perón o con cualquier otro grupo. También es comprensible que ni el general Aramburu, ni el almirante Rojas, ni otros elementos no peronistas de la UCRI, se mostraran dispuestos a creer antes de febrero de 1958 que existiera un acuerdo de semejante naturaleza. Aun al cabo de muchos años, es difícil creer que el candidato de la UCRI considerara el pacto —si en verdad el texto es auténtico— apenas como un acuerdo temporario que sólo se proponía cumplir en parte. Aceptar el papel de un presidente que cesaría apenas dos años después y que serviría ante todo como nexo legal para reimponer el peronismo, es algo que muy poca relación tiene con la ambición política que había llevado tan lejos a Frondizi.

Cualesquiera que hayan sido los términos concretos del pacto que Frigerio negoció con Perón, no cabe duda de que ofreció a Arturo Frondizi y a la UCRI una abrumadora victoria en las elecciones del 23 de febrero. Con 4.070.000 votos, unos 2 millones más de los que su partido había obtenido en las elecciones para la Asamblea Constituyente siete meses antes, Frondizi derrotó fácilmente a Ricardo Balbín. La UCRI, además, logró 133 bancas de las 187 en la Cámara de Diputados, asumió el control de los gobiernos de todas las provincias y ganó todas las bancas en el Senado nacional. Qué habría ocurrido de no haber existido el pacto es sólo tema de conjeturas. Es posible que Frondizi habría ganado la presidencia, de todas maneras, pero por escaso margen y con una reducida representación en los niveles nacionales y provinciales. Pero Frondizi quería asumir el cargo con apoyo tan fuerte como fuese posible; un apoyo que, en opinión de Frigerio, permitiera al gobierno soportar las presiones de quienes «trataban de desvirtuar el sentido revolucionario, transformador del gobierno».[132]

Pero al buscar deliberadamente el apoyo peronista, en forma manifiesta a través de la retórica de la campaña, y en secreto mediante negociaciones con Perón en el exilio, y también al recibir apoyo del partido Comunista, Frondizi asumiría la presidencia con un doble riesgo: por un lado, el agudizado recelo de los militares antiperonistas, casi tan disgustados por su propia incapacidad política como por el método de Frondizi para lograr el triunfo; por el otro, la determinación de Juan Domingo Perón de exigir el pago político total por los votos prestados.

VIII

LA PRESIDENCIA ENSOMBRECIDA:

FRONDIZI Y LOS MILITARES, 1958-1961

Las elecciones de 1958 y el posterior traspaso del poder señalaron varios hechos insólitos en la reciente historia política argentina: era la primera vez en treinta años que un candidato presidencial que había hecho una campaña contra un gobierno en el poder era declarado ganador; era la primera vez desde 1930 que un régimen militar proscribía voluntariamente las candidaturas de militares y se comprometía a entregar el poder a un sucesor civil; y era la primera vez desde 1943 que el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas era un hombre que no llevaba uniforme. En estas circunstancias, el gran desafío que afrontaban tanto el presidente electo Frondizi como los miembros de las fuerzas militares era lograr una relación viable que superara los recelos mutuos que constituían el legado inevitable de los últimos años. Del éxito de este esfuerzo dependería no sólo la supervivencia del gobierno del doctor Frondizi, sino también los futuros gobiernos constitucionales de la Argentina. Llegar al final del término de seis años —cualesquiera fuesen las concesiones y compromisos que pudieran exigirse a todas las partes interesadas— podía sentar un útil precedente para la Argentina postperonista.

El presidente electo llevaba a su cargo su austeridad personal, su mentalidad analítica y su don para la expresión inteligente, rasgos que le otorgaban una atracción especial entre los jóvenes y los universitarios. Alto, delgado, con anteojos con armazón de carey posados sobre una nariz que hacía las delicias de los caricaturistas, Frondizi daba la imagen de alguien que se mantenía a fría distancia, un hombre casi sin emociones. Años de experiencia en los vaivenes de la política le habían dado una reputación de total dedicación a los asuntos públicos, pero una menor entrega a la amistad y las lealtades personales.[1]

Como presidente electo, Frondizi tenía conciencia de que debía llevar tranquilidad a las Fuerzas Armadas. Su «problema militar» no era simple, sin embargo. Durante la campaña, sus simpatizantes habían acusado a los miembros del gobierno de Aramburu de varios actos remontándose hasta la destitución de Lonardi e incluyendo la dura represión de la revuelta del 19 de junio.[2] Frondizi, además, se había comprometido a una amplia amnistía para los transgresores políticos y esto hizo surgir la posibilidad de que oficiales que habían sido destituidos, ya fuese por sus inclinaciones peronistas o nacionalistas, podían ahora ser reincorporados al servicio activo. Tal perspectiva, que significaría una conmoción en el existente cuerpo de oficiales, era una gran preocupación dentro del Ejército y la Fuerza Aérea, que habían soportado las purgas más severas, pero tenía menos importancia para la Marina. Los tres servicios, sin embargo, estaban intranquilos ante la posibilidad de que sus decisiones y acciones desde 1955 pudieran ser objeto de una revisión crítica por parte del nuevo gobierno.

A pesar de los pedidos de oficiales retirados peronistas y nacionalistas para que actuara en nombre de ellos, Frondizi tenía plena conciencia de que la mayor amenaza para su futuro político no estaba en los rangos de los retirados, sino entre los oficiales superiores y subalternos que integraban los cuadros actuales, oficiales tan hostiles al método utilizado para su victoria electoral que hasta podían intentar el modo de impedir que asumiera la presidencia el 1.º de mayo.[3] Lo inmediatamente necesario, en consecuencia, era garantizar la cooperación del general Aramburu y sus colegas de la Junta Militar. Por lo tanto, desde el día posterior a la elección hasta la víspera de su asunción del mando, Frondizi dio reiteradas seguridades a Aramburu, Rojas y los más altos jefes militares de que no se proponía autorizar ninguna reincorporación, que los cuadros permanecerían intactos y que no se proponía revisar nada hecho por las Fuerzas Armadas desde la revolución. Frondizi llegó hasta extender un cheque en blanco a los servicios militares al declarar que los ministros podían dictar todos los decretos-leyes que consideraran necesarios antes de las 23.30 del 30 de abril, que él los aceptaría y que no habría ningún reexamen.[4]

Aunque era evidente que los ministros militares no estaban convencidos en absoluto de la sinceridad de Frondizi, sacaron partido del «cheque en blanco», como lo prueban varios decretos-leyes dictados en los últimos días del gobierno de Aramburu. Uno de ellos era un nuevo estatuto orgánico militar que reemplazaba la legislación peronista de 1950. Entre sus nuevas disposiciones figuraba la terminante prohibición a quienes gozaban del estado militar de aceptar o servir en un cargo electivo. Hasta se exigía a los oficiales retirados que esperaran dos años después de dejar el servicio activo antes de iniciar actividades políticas.[5] Pero si el gobierno de Aramburu trataba así de revocar la autorización otorgada en el pasado a los oficiales que aspiraban a ocupar cargos públicos, no vaciló en utilizar las últimas semanas de su gestión para mejorar las remuneraciones pecuniarias de la carrera militar. Alentado sin duda por las promesas de Frondizi, decretó una nueva escala de salarios para el cuerpo de oficiales que se haría efectiva a partir del 1.º de abril. Puesto que aparecía sólo cinco meses después de un importante aumento ya concedido, prácticamente duplicaba los sueldos de ese momento. Para los oficiales desde el grado de mayor hacia arriba, los nuevos sueldos representaban un aumento de más del 300 % respecto de los sueldos anteriores al 1.º de noviembre de 1957, y esto en un período en que la tasa de inflación no superaba el 25 % (véase la Tabla 6).

Pero los aumentos de remuneraciones, por satisfactorias que fueran para los beneficiarios, no podían ni lograron eliminar la intranquilidad que prevalecía en los círculos militares. Existía una gran preocupación en el sentido de que Frondizi pudiera designar a peronistas o comunistas para altos cargos de su gobierno. El propio general Aramburu, durante una de sus primeras reuniones con Frondizi después de la elección, le expresó esa preocupación, advirtiéndole que las Fuerzas Armadas permanecerían alerta ante la posibilidad de tales nombramientos. Pero el presidente electo, poco dispuesto a ceder cualquiera de sus prerrogativas a un control exterior a su gobierno, muy poco hizo para tranquilizar a los militares en este respecto durante las semanas previas a la asunción del mando. Sus designaciones del personal de transición en su gobierno recayeron en hombres que habían trabajado mucho por su elección, y entre ellos había hombres considerados comunistas en los círculos militares. En el único caso en que el Ejército y la Fuerza Aérea objetaron resueltamente la decisión de Frondizi de incluir a un hombre muy discutido en la representación oficial que lo acompañaría durante la visita, previa a la asunción del mando, que haría al Uruguay y al Brasil, el presidente electo resolvió retener a ese hombre, aunque ello significara el retiro de los edecanes militares que se habían designado para acompañarlo.[6]

TABLA 6
SUELDOS MENSUALES BÁSICOS PARA OFICIALES DEL EJÉRCITO 1956-1958

Grado
Antes de nov. de 1957
1.º de nov. de 1957-
30 de marzo de 1958
1.º de abril de 1958

Teniente general
5.000
9.800
18.500

General de división
4.300
8.500
15.700

General de brigada
3.800
7.400
13.200

Coronel
3.100
6.100
10.500

Teniente coronel
2.500
4.800
7.900

Mayor
2.000
3.920
6.100

Capitán
1.700
3.200
4.700

Teniente primero
1.300
2.440
3.500

Teniente
1.000
1.810
2.500

Subteniente
850
1.540
2.100

Fuentes: Boletín Militar Reservado, N.º 3628, 29 de noviembre de 1956; N.º 3677, 20 de setiembre de 1957; N.º 3721, 30 de abril de 1958. El decreto-ley N.º 3810, del 30 de marzo de 1958, autorizó el último aumento.

En el período de transición entre la elección y la asunción del mando, Frondizi sondeó a los militares acerca de la creación del cargo de ministro de Defensa. Todo indicaba que había esperado que el gobierno de Aramburu creara tal cargo por decreto, de modo que él pudiera comenzar su gobierno asignando sólo uno de los ocho puestos del gabinete permitidos por la Constitución a los militares. Los tres ministros militares existentes, ahora denominados secretarios, seguirían ocupando sus lugares en el gabinete y cada uno de ellos manejaría su propio presupuesto, pero el ministro de Defensa firmaría decretos. La Marina, representada por el almirante Rojas y el almirante Hartung, se opuso categóricamente a la idea, ante el temor de que el Ministerio de Defensa, en manos de un general, redundara en la pérdida de la independencia de la Marina. Aunque Frondizi insistió en que su intención era designar a un distinguido civil para el cargo, los jefes de la Marina se negaron a aprobar todo decreto-ley que significara la creación inmediata del puesto y advirtieron al presidente electo contra la creación de ese cargo en el futuro.[7]

Entre todas las cuestiones relacionadas con los militares que Frondizi debió tomar en cuenta antes de asumir el mando, la que suscitó el mayor interés entre los oficiales fue su elección de los futuros colaboradores. ¿Elegiría a oficiales retirados para integrar su gabinete, o nombraría a hombres en servicio activo? ¿Qué clase de persona elegiría? En las semanas previas al 1.º de mayo, Frondizi se reunió con muchos oficiales de las tres Fuerzas, tanto retirados como en servicio activo, y escuchó sugerencias pero sin comprometerse. En el caso de la Marina, el consejo que recibió fue de una previsible coherencia: debía designar secretario a un almirante en retiro de reconocido prestigio por su capacidad profesional, sus ideales democráticos y su identificación con la Revolución Libertadora. Se adujo que los almirantes en servicio activo eran en mayor o menor medida rivales personales: habían sido promovidos a sus grados prematuramente, a causa de la revolución, y era útil que el secretario fuera un almirante que inspirara respeto, siquiera por su edad, y que fuera obedecido sin discusión.[8]

Frondizi optó por no seguir ese consejo. Decidió nombrar a oficiales en servicio activo para las secretarías militares. Además, a pesar de las sugerencias recibidas de oficiales con experiencia, resolvió no nombrar a un comandante en jefe por separado, sino unir ese cargo al de secretario de gabinete en una misma persona. También en la Marina el secretario sería al mismo tiempo jefe de Operaciones Navales. Teóricamente, esta combinación de funciones evitaba las fricciones que podían surgir entre un secretario de gabinete y un comandante de servicio de voluntad firme; pero también significaba que cada servicio militar estaría privado de un jefe militar con dedicación exclusiva y que se rompía el tradicional equilibrio entre los intereses políticos del gobierno, representados por el secretario del gabinete, y los intereses de la Marina o el Ejército, representados por su comandante en jefe. Además, significaba que un cargo prestigioso, al que podía aspirar un oficial superior, de hecho quedaba eliminado del escalafón.[9]

No fue sino después de asumir el cargo cuando Frondizi anunció públicamente sus designaciones para los puestos militares en el gabinete. Dentro del Ejército, sin embargo, y sobre todo entre un grupo de generales, se hizo un esfuerzo conjunto para influir sobre la designación de secretario de Ejército. El candidato de ese grupo era el general de división Carlos Toranzo Montero, por entonces inspector general de Instrucción y el oficial de rango más alto después del comandante en jefe, Ossorio Arana. Oficial de caballería con lazos familiares que lo unían al partido Radical, Toranzo Montero era conocido por su inflexible oposición al peronismo, el comunismo y el ultranacionalismo. Y —rasgo quizá aún más importante, ante el resultado de las elecciones de febrero— era uno de los oficiales que había procurado en vano persuadir a Aramburu de que anulara las elecciones, sobre la base del presunto pacto Perón-Frondizi.[10]

Es comprensible que el presidente electo prefiriera a otro oficial con quien había entablado una estrecha relación, el general de división Héctor Solanas Pacheco, por entonces comandante del Segundo Ejército. Con antecedentes igualmente antiperonistas, aunque sin ser diplomado del Estado Mayor, Solanas Pacheco era más flexible que Toranzo Montero y además estaba en buenos términos con los oficiales nacionalistas. A mediados de marzo, Frondizi ofreció discretamente los cargos conjuntos de Secretario de Ejército y Comandante en jefe a Solanas Pacheco, y aunque este último declaró que hubiese preferido que se nombrara a otro para el cargo de secretario, aceptó ante la insistencia de Frondizi.[11] Este arreglo significaba para el presidente que tendría un secretario de gabinete en quien podría confiar, al mismo tiempo que arrebataría el cargo de comandante en jefe de manos del oficial más capacitado por su antigüedad para desempeñarlo: el ambicioso e independiente general Toranzo Montero.

Sin saber que Frondizi había tomado una firme decisión y creyendo que la elección para la Secretaría de Ejército estaba aún entre Solanas Pacheco y Toranzo Montero, quienes apoyaban la candidatura de este último persistieron en su esfuerzo hasta prácticamente la víspera de la asunción del mando. En una reunión entre Frondizi y la Junta Militar que se hizo el 27 de abril en Olivos, especialmente para tratar asuntos militares, el general Aramburu unió su voz a la de Ossorio Arana y el subsecretario de Ejército, Martín Cabanillas, en la objeción a las calificaciones personales de Solanas Pacheco para el cargo de comandante. Frondizi refutó hábilmente sus argumentos, señalando que quienes opinaban contra él habían mantenido a Solanas Pacheco en el servicio activo y más aún, recientemente lo habían promovido a general de división. El presidente electo no podía creer que si Solanas Pacheco no tenía carácter firme y era fácil de manejar, como ellos sostenían, pudiera ocupar un puesto tan alto. Los partidarios de Toranzo Montero, a quienes Frondizi no les había dicho explícitamente que ya había hecho su elección, quedaron con la impresión de que habían discutido en vano. Dos días después, el 29 de abril, el misterio estaba resuelto. Solanas Pacheco, como próximo ministro y comandante en jefe, y Ossorio Arana, como comandante en jefe saliente, se reunieron y acordaron que las responsabilidades de este último continuarían hasta las 16 del 1.º de mayo, cuando Solanas asumiera su cargo.[12]

Fue durante esa misma reunión del 27 de abril cuando Frondizi, al oír de los miembros navales de la Junta, los almirantes Rojas y Hartung, que no tenían ningún problema en particular que analizar, les adelantó el nombre de su elegido para el cargo de secretario de Marina: el almirante Adolfo Estévez. Rojas y Hartung dieron de inmediato su aprobación.[13] Estévez, el almirante de más antigüedad después de Rojas, era comandante de la Flota. A semejanza del general Solanas Pacheco, había estado involucrado en las fallidas conspiraciones contra Perón de 1951-1952; a ambos se les había impuesto el retiro y habían compartido la cárcel en Martín García. Además, fue a través de Estévez como Solanas Pacheco se reunió por primera vez con Frondizi, por entonces diputado nacional, y se unió a su círculo político.[14] Ahora, cinco años después, el presidente electo llamaba a estos dos militares amigos para que asumieran la difícil tarea de dirigir al Ejército y la Marina en un momento de transición política.[15]

La asunción del mando por parte del doctor, Arturo Frondizi, el 1.º de mayo, marcó el fin de casi treinta y dos meses de gobierno militar y el traspaso de la autoridad política a manos civiles. Antes de examinar los métodos mediante los cuales el nuevo gobierno ejerció su autoridad, conviene reconocer el papel fundamental que el general Aramburu desempeñó para hacer posible ese traspaso. Como se ha señalado en el capítulo anterior, no deseaba ver a Frondizi elegido como presidente y había permitido a sus rivales políticos que trabajaran desde el gobierno para combatir su candidatura. Cuando los resultados de las elecciones fueron claros, el general Aramburu hizo todo lo posible para asegurar que el ganador asumiera el cargo. A pesar de sus recelos respecto de Frondizi, se rehusó a ceder a las presiones de oficiales colegas para prolongar la actuación del gobierno militar. Consideraba que proceder de ese modo hubiera sido traicionar su palabra y desacreditar tanto la Revolución como el Ejército. Por otro lado, respetar la voluntad popular robustecería las fuerzas democráticas y antimilitaristas dentro del Ejército.[16]

Éste fue el razonamiento que el general Aramburu utilizó para resistir a las presiones de los altos oficiales. Además, en el último discurso público que dijo como presidente, comparó los errores de los pasados regímenes militares de 1930 y 1943 con los logros de su propio gobierno al devolver al pueblo un país «con las libertades e instituciones reestablecidas en la senda de la democracia y en la fecha prevista». Al urgir a sus camaradas de armas para que volvieran a sus deberes profesionales orgullosos de cuanto habían hecho, pero sin esperar gratitud, les advirtió contra los falsos políticos del futuro, que podían tratar de persuadirlos de que eran «la reserva de la nacionalidad y la nueva solución a nuevos problemas». «Cuidad —prosiguió— de los intrigantes y embaucadores que aún añoran gobiernos fuertes y pueblos resignados, porque en su dulce ponzoña y en sus cálidas promesas se cobijan la destrucción, el odio, la esclavitud y la miseria».[17]

Puesto que provenían de un general del Ejército, estas palabras fueron recibidas por los militares con mucha menor disposición que las dichas por el presidente Frondizi en su discurso inaugural, dos días después. Aunque no hizo mucho más que expresar algunas verdades trilladas (que en el futuro serían los representantes electos y no las Fuerzas Armadas quienes tomarían las decisiones; que el deber de las Fuerzas Armadas era respetar el mandato del Congreso, los tribunales y las órdenes del presidente constitucional; que él, Frondizi, consideraba a los militares «al servicio de la Nación y no como guardia pretoriana del presidente de la República», y que la jerarquía, la disciplina y la unidad debían prevalecer), las observaciones de Frondizi resultaron profundamente hirientes para muchos hombres de uniforme. Inclusive oficiales que habían apoyado lealmente el traspaso del mando vieron en las palabras del presidente una innecesaria insistencia en su nueva posición y un insulto que quizá él mismo nunca había tenido intención de hacer.[18]

El discurso inaugural del doctor Frondizi fue, por supuesto, mucho más que un mensaje a los militares; fue una declaración cuidadosamente preparada que enumeraba los principales objetivos de su gobierno y en la que se especificaban las medidas mediante las cuales esperaba poner al país en camino hacia el desarrollo nacional. El principal interés se centraba en la economía, en especial en la necesidad de desarrollar industrias pesadas y lograr el autoabastecimiento de petróleo. Frondizi anunció su intención de asumir la responsabilidad directa de YPF; también indicó que el capital extranjero sería necesario para acelerar el crecimiento económico. Al señalar que las tensiones sociales podían afectar el desarrollo, Frondizi comprometió a su gobierno en un aumento de salarios y en la devolución del control del movimiento obrero (inclusive la CGT) a los dirigentes que los trabajadores mismos eligieran, sin interferencia oficial. Y al destacar la necesidad de una armonía política interna, el nuevo presidente anunció que trataría de eliminar el odio y el temor de los corazones de todos los argentinos. Propuso bajar el telón sobre el pasado, concediendo una amnistía a todas las transgresiones políticas, y poniendo fin a todas las discriminaciones en ese campo. En el futuro, declaró, nadie sería perseguido por sus ideas o sus actos políticos, todos gozarían del derecho de votar y de presentar candidaturas, y todos los partidos políticos podrían funcionar libremente.[19]

Durante todo su discurso, Frondizi destacó que gobernaría dentro del marco de la ley y con respeto por las otras ramas del gobierno. También se comprometió a desarrollar una política de apertura, prometiendo consultar a todos los partidos políticos y grupos de intereses acerca de los grandes problemas nacionales. Más concretamente, en el uso de sus facultades económicas, prometió que el gobierno no actuaría arbitrariamente. «Los programas de acción y las medidas prácticas serán sometidos a la discusión pública… Los distintos sectores sociales interesados participarán activa y responsablemente en la discusión y elaboración de los planes de desarrollo económico nacional».[20] La realidad se quedaría algo atrás de esa categórica promesa.

En efecto, una cosa era anunciar un programa y otra muy distinta cumplirlo. Los obstáculos no eran una posible oposición en el Congreso —sus partidarios dominaban ambas Cámaras—, sino en la división y hostilidad que caracterizaban la sociedad en conjunto. Para muchos argentinos, el llamado de Frondizi a que pusieran fin a los odios políticos era prematuro. Los antiperonistas, fuertemente representados en las Fuerzas Armadas, no veían con buenos ojos que las restricciones impuestas por el reciente gobierno militar se levantaran; los peronistas, confirmado su control sobre la masa trabajadora, esperaban con impaciencia la total restitución de su antiguo poder, inclusive el regreso de su jefe exiliado. Aun entre las filas de quienes apoyaban más de cerca a Frondizi había una rivalidad entre los llamados integracionistas, los elementos no pertenecientes a la UCRI asociados a Rogelio Frigerio, por un lado, y los dirigentes de la UCRI, como el vicepresidente Alejandro Gómez, por el otro; este último estaba molesto ante la influencia de los primeros sobre el presidente y hubiera querido excluirlos de los puestos claves del gobierno.[21]

Los primeros ocho meses de su gobierno dieron una prueba de la capacidad del presidente Frondizi para adelantar su programa dentro de su anunciado marco de apertura y sujeción a la ley. Desde el comienzo mismo, mostró capacidad para hacer concesiones destinadas a equilibrar los grupos de presión y retener el control sobre el proceso de toma de decisiones. Las designaciones para su gabinete son un buen ejemplo. Aunque hubiera preferido nombrar a Rogelio Frigerio, su asesor más inmediato, como ministro de Economía, era muy consciente de las consecuencias negativas que tal nombramiento podía producir en las Fuerzas Armadas, donde se lo detestaba particularmente, así como en la UCRI. Por lo tanto, Frondizi designó a una figura prestigiosa del partido, Emilio Donato del Carril, ministro de Hacienda, pero creó un nuevo puesto en la presidencia de la Nación para Rogelio Frigerio. Como secretario de Relaciones Socioeconómicas en la Casa Rosada, Frigerio tenía jurisdicción directa sobre todas las negociaciones con inversores extranjeros y acceso inmediato al presidente. De manera similar, Frondizi nombró a figuras importantes del partido en la mayoría de los cargos del gabinete, pero asignó funciones claves en la Oficina de la Presidencia a miembros del grupo integracionista. No es de sorprenderse, pues, que las críticas a Frigerio se quejaran de un doble sistema de autoridad en el gobierno: uno que se encauzaba a través de los ministros del gabinete, y el otro a través de la Secretaría de Relaciones Socioeconómicas.[22]

La prontitud de Frondizi al equilibrar las concesiones para favorecer sus propios objetivos también quedó demostrada por el manejo de sus propias promesas en cuanto a eliminar las medidas antiperonistas tomadas por la Revolución Libertadora. Frondizi había hecho esas promesas durante su campaña electoral; debe recordarse que también las había incorporado en el pacto electoral acordado con Perón. Cumplirlas ya era un factor importante si quería conservar la cooperación de Perón. Por lo tanto, uno de los primeros actos de su gobierno consistió en elevar al Congreso un proyecto de ley de amplia amnistía que eliminaría todas las transgresiones políticas, inclusive las relacionadas con delitos comunes o militares, y pondría fin a cualquier investigación, o proceso judicial, a cualquier persona acusada de cometer tales violaciones. Al mismo tiempo, Frondizi sometió a consideración del Congreso un proyecto de ley para rendir homenaje a las Fuerzas Armadas de la Nación y otro para ascender al general Aramburu y al almirante Rojas a los rangos más altos, como reconocimiento de su actuación al cumplir la promesa hecha por las Fuerzas Armadas de restaurar el gobierno constitucional. Los tres proyectos fueron promulgados por las mayorías de la UCRI en el Congreso, pero no sin crear la sensación, tanto en los sectores peronistas como antiperonistas, de que el presidente jugaba cínicamente con sus sentimientos más profundos.[23]

La ley de amnistía, no obstante, a pesar de su amplitud, no abría explícitamente el camino para el retorno de Perón. La legislación promulgada pocos días después para revocar las proscripciones acerca de la actividad política peronista impuesta por la Revolución Libertadora, no se extendía a la legalización del partido Peronista. En adelante era perfectamente legal utilizar símbolos peronistas y hacer propaganda peronista; los dirigentes políticos y gremiales peronistas proscriptos volvían a gozar del derecho a ocupar cargos públicos o sindicales; pero al partido Peronista como tal, cuya disolución había sido ordenada en 1955, sólo se le permitió permanecer en un limbo legal. No es de sorprenderse, pues, que el exiliado Perón comenzara a quejarse en su correspondencia privada de que Frondizi no era hombre de confiar.[24]

Desde luego, Perón no fue el único que cuestionó la sinceridad del compromiso del presidente en sus promesas electorales. Entre muchos frondicistas no peronistas, en especial los de tendencia nacionalista o socialista, comenzó a cundir una sensación de decepción a medida que el nuevo gobierno revelaba los detalles de sus políticas económicas. Aunque Frondizi había mencionado en su campaña la necesidad de atraer al capital foráneo para acelerar el desarrollo industrial, había evitado cuidadosamente dar detalles de su plan. Muchos de los que habían votado por él lo habían hecho en la creencia de que el presidente sería leal al programa de la UCR de Avellaneda, que nunca haría concesiones a las compañías internacionales que habían explotado el mercado energético de la Argentina en el pasado y que sobre todo en el sector petrolífero continuaría siendo el paladín del ideario de un total monopolio estatal sobre la producción, la refinación y la distribución del petróleo.[25]

Sin embargo, como presidente, Frondizi no tenía intención de adherir a posiciones que pudieran demorar la rápida expansión de la producción de energía. Mucho antes de su elección, había llegado a compartir el enfoque «realista» de Rogelio Frigerio respecto del papel del capital foráneo en una sociedad en desarrollo: era el propósito de la inversión, y no la fuente del capital, lo que determinaba el fortalecimiento o el debilitamiento de la independencia económica de un país. Las inversiones en la industria pesada, en acero, petróleo, electricidad, petroquímica y celulosa eran necesarias. Dado el estado empobrecido del tesoro, el objetivo inicial era la rápida expansión de la producción petrolífera. Con experiencia y capital extranjeros, el país estaría en condiciones de lograr el autoabastecimiento en pocos años, reduciendo su dependencia de los combustibles importados y posibilitando la utilización de 300 millones de dólares anuales en moneda extranjera en otros sectores de la economía. Tal política haría más por promover la independencia económica de la Argentina que la permanente insistencia en la retórica nacionalista, que sólo prolongaba la situación existente.[26]

El presidente Frondizi tenía plena conciencia de las protestas que seguirían al anuncio público de su política petrolera, pero era evidente que confiaba —a través de sus seguidores leales en la UCRI y mediante los contactos de Frigerio en el movimiento peronista— en que estaba en condiciones de soportar las presiones. Sin embargo, hasta tanto se llegara a acuerdos preliminares con los posibles inversores, ocultó sus intenciones al pueblo. Su promesa hecha al asumir el mando, de consultar con los sectores interesados antes de adoptar medidas económicas concretas, y su compromiso de no utilizar arbitrariamente los poderes económicos del Estado quedaron de lado en el intento de negociar contratos favorables con compañías extranjeras y de presentarlos a la opinión pública como un hecho consumado. Sólo el 24 de julio, en un mensaje televisado a todo el país, el doctor Frondizi exhibió su programa petrolero.[27]

Un rasgo central de ese programa habría de ser una serie de contratos de perforación concedidos directamente (para evitar las demoras de una licitación pública) a cierto número de empresas privadas. A algunas de esas empresas se asignaron áreas donde equipos de YPF ya habían localizado la existencia de petróleo; otras empresas debieron asumir los riesgos de exploración, pero en todos los casos el petróleo extraído debía entregarse a YPF, a precios estipulados en los respectivos contratos. Voceros del gobierno calificaron estos acuerdos como contratos de servicios, negaron que fuesen concesiones e insistieron en que no implicaban ningún sacrificio de la soberanía argentina. Aun así, ansioso de evitar cualquier circunstancia que pudiera demorar la marcha hacia el autoabastecimiento, Frondizi se negó a elevar al Congreso los contratos para que los ratificara, insistiendo en que ya tenía los poderes legales necesarios para actuar. Este enfoque le permitió sin duda sortear la posible oposición del Congreso y acelerar así el cumplimiento de su programa, pero expuso al presidente a acusaciones de que violaba la ley misma que había prometido cumplir.[28]

No era sólo en el sector petrolero donde Frondizi se proponía desafiar el lema fundamental de los nacionalistas. Convencido de que los inversores extranjeros necesitaban claras pruebas de un clima favorable para sus inversiones, se mostró ansioso por llegar a un acuerdo con las empresas extranjeras cuyos bienes habían sido expropiados en otra época, pero cuyas compensaciones o acuerdos estaban todavía pendientes. Como varias de esas empresas, en especial las instalaciones de la ANSEC y la CADE, eran a tal punto impopulares, los gobiernos anteriores habían vacilado en actuar, ya que cualquier acuerdo aceptable por las compañías foráneas sería denunciado por la opinión nacionalista como un acto vendepatria.[29]

Como presidente electo, Frondizi había tratado de persuadir al gobierno saliente de que resolviera las disputas, en parte para asegurar un rápido comienzo a su programa económico, pero también, en apariencia, para reducir sus propios riesgos políticos. Tres días después de la elección, había solicitado al ministro de Industria que satisficiera los reclamos de la ANSEC, fuera cual fuese el precio en que la compañía insistiera; pero cuando el ministro le preguntó si firmaría un documento que autorizara el acuerdo, el presidente electo rehusó categóricamente.[30] El gobierno de Aramburu declinó la responsabilidad de resolver los reclamos y dejó la tarea a su sucesor. Como presidente, Frondizi tomó las medidas necesarias para crear un clima favorable para las inversiones, cosa esencial para su programa económico. En mayo devolvió a sus propietarios alemanes empresas que habían sido incautadas a sus compatriotas en 1945; en setiembre elevó al Congreso un acuerdo con la CADE para formar con sus equipos una empresa mixta proveedora de electricidad en el área de Buenos Aires. El problema de la ANSEC también se resolvió mediante un acuerdo que estipulaba que los propietarios norteamericanos reinvirtieran al menos parte de la suma que se pagaría por las propiedades expropiadas en una planta de 300.000 kilovatios en la zona del Gran Buenos Aires.[31]

Si las políticas de Frondizi respecto de los inversores extranjeros suscitaron amargas críticas, también sus políticas laborales provocaron la misma reacción, aunque en este caso no pudiera decirse que se había retractado de sus promesas electorales. Pocos días después de asumir el cargo, decretó un aumento del 60 por ciento para todos los trabajadores, públicos y privados, devolvió seis sindicatos intervenidos a la conducción peronista, adoptó medidas para restablecer la autonomía de la CGT y, unas pocas semanas después, presentó al Congreso un estatuto sindical que revocaría el esfuerzo, posterior a 1955, de promover el sindicalismo pluralista. A través de la gestión del ministro de Trabajo, Alfredo Allende, él mismo funcionario gremial, y mediante los contactos de Rogelio Frigerio con los dirigentes gremiales peronistas, el gobierno intentaba obviamente lograr el apoyo sindical para sus políticas generales, en compensación por los favores recibidos. Pero en muchos otros sectores del pueblo, inclusive en los partidos políticos opositores, los intereses comerciales y entre los dirigentes gremiales antiperonistas, las políticas gremiales de la administración provocaron la impresión de un movimiento gremial verticalmente dominado, que una vez más servía como poderoso instrumento de un gobierno autoritario. En los círculos militares, vehementes opositores a Frondizi trataron de explotar el propuesto estatuto gremial para exacerbar los temores acerca de las presuntas tendencias totalitarias del gobierno.[32]

Desde luego, las actitudes del personal militar, en especial los altos oficiales, eran causa de preocupación para Frondizi. Como presidente constitucional, sin embargo, no estaba dispuesto a ajustar sus políticas sociales o económicas según los reclamos de los círculos militares; por otro lado, tampoco estaba dispuesto a seguir el consejo de quienes, como su vicepresidente, le pedían la rápida destitución de oficiales conocidos por haberse opuesto a su elección. Frondizi prefirió seguir una política cautelosa, evitando las medidas que pudieran enardecer la opinión pública o precipitar una crisis prematura. La premisa aparente de su política militar, al menos en los primeros meses de su gobierno, fue que la gran mayoría de oficiales defendía el gobierno constitucional y que el método para fortalecer ese apoyo, y al propio tiempo para aislar a los opositores más enconados, era respetar la autonomía de las Fuerzas Armadas. Recordando quizá las lamentables consecuencias de la intervención del presidente Yrigoyen en asuntos militares, Frondizi decidió seguir un rumbo opuesto, es decir, no interferir con sus ministros militares, satisfaciendo sus reclamos presupuestarios y dándoles mano libre en las decisiones acerca de su personal.[33]

El general Solanas Pacheco, secretario de Ejército, se valió de la confianza que le brindaba el presidente para tratar de asegurar su propio control sobre la institución militar. Aunque trató de evitar el retiro forzoso de oficiales, impuso importantes cambios en los puestos claves para desmantelar lo que después describiría como «la máquina bien montada» dejada por su predecesor, Ossorio Arana.[34] Los traslados que ordenó abarcaron prácticamente todo comando supremo, y en algunos casos, por ejemplo el de las unidades motorizadas vecinas a la Capital, alcanzaron el nivel de regimiento o batallón. Los traslados de oficiales con grado de coronel fueron tan extensos que la fecha de apertura del curso de coroneles en la Escuela Superior de Guerra debió postergarse. Como resultado de esta reorganización, los oficiales antifrondicistas no fueron eliminados del Ejército, pero fueron destinados a puestos menos importantes que los ocupados hasta entonces. En algunas ocasiones esto significó el traslado a unidades con asiento en el interior, pero en el caso de dos prominentes oficiales de incierta lealtad, los generales Carlos Toranzo Montero y Emilio Bonnecarrère, se acudió a la solución de una elegante forma de exilio diplomático. Ambos fueron destinados a representaciones militares en Washington, D. C. Sólo al año siguiente, cuando ambos regresaron a la Argentina, estuvieron en condiciones de crear serios problemas al gobierno.[35]

La cautela del presidente respecto de sus opositores militares pareció funcionar con mucho éxito en sus relaciones con la Marina. Su secretario, almirante Estévez, hizo en ella pocos traslados, a lo sumo ocho o nueve en un nivel superior. El presidente, además, adhirió a la práctica iniciada en 1955 de asegurar a la Marina un papel en las actividades de seguridad interna, al poner a la Policía Federal bajo el control de la Marina, y no en manos de oficiales del Ejército. Como un paso más para asegurar el apoyo naval, Frondizi aprobó la compra de un portaaviones, vieja aspiración de la Marina nunca cumplida hasta ese momento. La decisión no dejó de suscitar críticas en los otros servicios, e inclusive en la propia Marina elementos antifrondicistas decidieron ver en esa decisión un oculto propósito de arrebatar a la Marina la posesión de aviones con base en tierra.[36]

A pesar de estos rumores y de su propio recelo ante los nombramientos y las políticas de Frondizi, la mayoría de los almirantes navales estaban en contra de cualquier ruptura del orden constitucional. Su determinación a apoyar al gobierno, sin embargo, se puso a prueba por primera vez durante el asunto Rial, que llegó a su clímax en julio de 1958. Oponiéndose a sus colegas, el almirante Arturo Rial, segundo en el escalafón después del almirante Estévez, era un violento crítico de Frondizi, así como rival personal del secretario de Marina. Aprovechando el descontento con ambos oficiales que existía en muchas unidades, Rial presentó su candidatura como presidente del Centro Naval, entidad social a que pertenecían casi todos los oficiales, retirados y en servicio activo. En una elección que reveló, a través de sus resultados, la atmósfera politizada que cundía en los círculos navales, Rial y su lista ganaron las elecciones. Esto le dio una base para oponerse al presidente, sobre todo si se toma en cuenta que Frondizi asistiría al banquete anual de las Fuerzas Armadas programado para el 7 de julio, y en el cual el almirante Rial, como titular del Centro Naval, sería el principal portavoz de las Fuerzas Armadas.[37]

Rial se había reunido antes en privado con el presidente Frondizi para expresarle su preocupación acerca de las políticas gremiales del gobierno y la designación de «extremistas de izquierda» en cargos del gobierno, pero sin resultado. Ahora el almirante se proponía emplear el texto de su discurso en el banquete como palanca para lograr que el presidente hiciera concesiones o corriera el riesgo de una revuelta. Más o menos un día antes del banquete, envió el texto a la consideración de Frondizi, suponiendo que éste lo convocaría para resolver sus mutuas discrepancias y para que él, a su vez, mitigara el tono violento de su discurso. Pero el presidente no hizo nada de eso. Actuando con una destreza que no siempre demostró en las crisis militares, ordenó que se cancelara el banquete e impuso a Rial arresto disciplinario de ocho días. Si el almirante esperaba que sus colegas se levantaran en protesta, se equivocaba.[38]

Aunque el episodio Rial provocó olas de estupor en todos los cuadros navales, la mayoría de los oficiales superiores, tal se ha señalado antes, se opusieron a un copamiento militar. El propio Rial fue obligado a retirarse del servicio activo unos pocos meses después del episodio de julio. Aun en este caso debe señalarse que el presidente actuó con gran cautela y que, en resumidas cuentas, fue el propio almirante Rial quien hizo inevitable su propio retiro. Como oficial superior de antigüedad más cercana a la del almirante Estévez, hubiera sido el candidato natural para ocupar el cargo de jefe de Operaciones Navales en ejercicio cuando Estévez fue invitado, en setiembre, a una visita oficial a los Estados Unidos. Desde luego, era previsible que el presidente Frondizi tuviera reparos en nombrar a un enemigo declarado para ese cargo tan delicado; pero si nombraba a otro almirante, Rial automáticamente debía pedir el retiro.[39] Un oficial superior, Jorge Perren, jefe del Estado Mayor Naval, que estaba en desacuerdo con las actitudes de Rial pero que no quería perder sus servicios, propuso una solución que el presidente aceptó: designar a Rial como jefe de Operaciones Navales en ejercicio, siempre y cuando prometiera no utilizar el cargo para perturbar al gobierno. Rial, sin embargo, rehusó ese compromiso con el almirante Perren y reveló su intención de iniciar una revolución en la primera oportunidad, en caso de ser designado. En tales circunstancias, no había otra opción que pedirle que solicitara el retiro y designar a otro almirante para el puesto.[40]

El prestigio de Frondizi quedó fortalecido por su manejo del episodio Rial, pero tuvo menos suerte al enfrentar la primera crisis con la Fuerza Aérea. El desafío, en este caso, era algo más que la eliminación de una declarada crítica militar; significaba hacer frente a la negativa de casi todos los mandos superiores del arma a obedecer a su secretario de la Aeronáutica, comodoro Roberto Huerta. El nombramiento inicial de Frondizi para ese puesto, el 1.º de mayo, había suscitado la inquietud de esos oficiales superiores, pero tal inquietud se calmó transitoriamente ante las repetidas promesas, tanto del presidente como del comodoro Huerta, de que no tomaría ninguna medida para alterar la estructura de comando existente. A esos oficiales preocupaba en especial la posibilidad de que el gobierno pudiera reponer en el servicio activo a hombres destituidos en 1955 por apoyar a Perón, y a otros como el ex ministro de Aeronáutica, Krause, destituido en 1957.[41]

Fue precisamente la decisión del presidente, comunicada en un decreto del 1.º de setiembre, firmado por Frondizi y Huerta, que convocaba nuevamente al servicio activo al discutido comodoro Krause, la que precipitó la crisis en la Fuerza Aérea. Prácticamente todos los oficiales superiores, desde el comandante en jefe para abajo, manifestaron su oposición a esta medida, renunciando a sus cargos o negándose a obedecer las órdenes del secretario de Aeronáutica. El secretario Huerta se vio obligado a designar a comandantes y a vicecomodoros en cargos que por ley debían ser cubiertos por brigadieres y comodoros. Los oficiales en rebeldía, además, tomaron el control de la red de comunicaciones de la Fuerza Aérea, obligando al secretario a servirse de un sistema improvisado para mantener contacto con bases y unidades del interior.[42]

Las razones por las que el presidente ordenó el reintegro de Krause y si esa fue idea suya o de Huerta, son cuestiones que no pueden resolverse con certeza. Algunos críticos de Frondizi vieron en esa medida un esfuerzo deliberado para debilitar la Fuerza Aérea, intensificando las rivalidades internas; otros la consideraron un primer paso hacia el objetivo de transformar a la Fuerza Aérea en un instrumento de la presidencia. Después de todo, Krause tenía reputación de haber trabajado para promover las aspiraciones presidenciales de Frondizi cuando era ministro de Aeronáutica. Pero que haya sido el presidente quien siquiera iniciara el reintegro de Krause es algo que sólo puede conjeturarse. Su enfoque, por lo común cauteloso, de los problemas militares y la libertad de acción que dio a los secretarios de Ejército y Marina, hacen más probable que aceptara una proposición del secretario de la Fuerza Aérea. Los motivos de Huerta pudieron responder, en parte, al deseo de fortalecer su propia posición y en parte a un gesto de amistad para permitir a Krause acumular tiempo suficiente en el grado como para merecer el ascenso al ambicionado grado de brigadier, Sea como fuere, los oficiales superiores de la Fuerza Aérea no estaban dispuestos a correr riesgos.[43]

El resultado fue un período de transición que se prolongó durante una semana. Al principio el presidente brindó total apoyo a su secretario, pero la lista de oficiales que solicitaban el pase a retiro o que elevaban sus renuncias crecía a medida que pasaban los días. Según informes de la prensa, en una unidad con asiento en Córdoba, 66 oficiales adoptaron esa actitud, dejando sólo a dos en servicio. En tal situación y ante la exigencia de que revocara el reintegro a Krause y reemplazara al comodoro Huerta, el presidente al fin cedió.[44]

Haya sido o no su primera intención obtener el control de la Fuerza Aérea, lo cierto es que Frondizi salió de la crisis con menos influencia que antes sobre el arma. Inclusive debió negociar su decisión de reemplazar al secretario de Aeronáutica con los comandantes superiores, que rechazaron su primera elección, un comodoro en servicio activo que había actuado junto a Huerta. Y sólo cuando el presidente nombró al brigadier en retiro Ramón Abrahín, la crisis se superó.[45] Todo el episodio demostró al presidente que cualquier esfuerzo para elevar su autoridad sobre los militares debía evitar la reincorporación de oficiales destituidos[46]; al mismo tiempo, dejó una lección a los oficiales disidentes, quienes aprendieron que el presidente era capaz de sacrificar a sus propios hombres cuando enfrentara una determinada resistencia por parte de sus subordinados. El principio de respeto a la jerarquía había tambaleado, si es que no se había roto, y se había establecido un lamentable precedente para el futuro.[47]

Al acceder a abandonar a su secretario de Aeronáutica, el presidente Frondizi se dejó llevar, en apariencia, por el temor de que si se prolongaba el enfrentamiento con la Aeronáutica, podía estallar una insurrección contra su gobierno. En efecto, durante varias semanas habían circulado informes acerca de reuniones entre dirigentes de los partidos políticos opositores y militares. Además, la atmósfera ya estaba caldeada por huelgas por motivos políticos y protestas contra las medidas laborales, energéticas y educacionales del gobierno. La posibilidad de que disidentes militares intentaran derrocar al gobierno era lo bastante real para que Frondizi, pese a que trataba de encontrar una solución a la crisis de la Aeronáutica, solicitara al general Aramburu que empleara su influencia en los círculos militares para desalentar cualquier ruptura del orden legal. El ex presidente provisional, en un discurso radial transmitido el 10 de setiembre, habló con energía contra toda posible insurrección militar, al propio tiempo que criticaba al gobierno de Frondizi por su turbia política y por confiar posiciones claves a figuras no partidarias, de dudosos antecedentes.[48]

El principal blanco de ese ataque era, por supuesto, el colaborador más importante del presidente, Rogelio Frigerio. La crítica del general Aramburu simplemente hacía eco a la opinión de muchos miembros de las Fuerzas Armadas, para quienes Frigerio era la eminencia gris del gobierno. Tan difundida era la creencia de que Frigerio era comunista —una creencia deliberadamente fomentada por los políticos opositores al gobierno— que los secretarios de Marina y Ejército, almirante Estévez y general Solanas Pacheco, a pesar de la alta estima que tenían por la importancia de sus servicios, solicitaron al presidente el alejamiento de Frigerio como un medio para mejorar la imagen del gobierno ante los militares. Frondizi, el 10 de noviembre, relevó a Frigerio de su cargo en la Casa Rosada como secretario de Relaciones Socioeconómicas, pero lo instaló inmediatamente en la residencia de Olivos como asesor personal, medida obvia que no logró reducir los ataques contra su gobierno.[49]

Pero no fue la amenaza de una intervención militar, sino una protesta laboral de inspiración política la que llevó a Frondizi a adoptar la medida más drástica de los seis meses de su presidencia: la declaración, el 11 de noviembre, del estado de sitio durante 30 días en todo el territorio de la Nación. La excusa inmediata fue el permanente desafío de los trabajadores de YPF en Mendoza a la exhortación hecha por el presidente a que terminaran la huelga ilegal iniciada once días antes. Declarada por el Sindicato Unido de Petroleros del Estado, (SUPE), dirigido por peronistas, esa huelga no era una contienda laboral común, puesto que su principal objetivo era obligar al gobierno a que anulara los contratos recién firmados con dos empresas norteamericanas para producir petróleo en áreas donde YPF ya había probado la existencia de reservas.[50]

La huelga de los petroleros era, sin duda, política, pero no está claro en absoluto si era parte de un movimiento insurreccional, como lo proclamaba el estado de sitio. Las pruebas disponibles indican que Perón mismo, pese a estar molesto por el fracaso de Frondizi en el cumplimiento de sus promesas electorales, no había llegado al extremo de autorizar a sus simpatizantes un intento de destituir al gobierno. Sólo unas pocas semanas antes de la huelga, el representante de Perón, John William Cooke, advertía contra el riesgo de hacerles el juego a los opositores «gorilas» de Frondizi. «Los peronistas —salvo algún sectorcito extremista— comprenden que la caída de Frondizi no implicará un mejoramiento de sus problemas sino la agravación de los males que actualmente padecen».[51]

Es verdad que el 10 de noviembre el grupo sindical de conducción peronista, el bloque de las «62 organizaciones», invirtió su posición anterior y prestó apoyo a la huelga de Mendoza; pero también es cierto que la conducción del SUPE propuso ese día levantar la huelga si el gobierno estaba dispuesto a escuchar sus objeciones a los contratos de petróleo y a no tomar represalias contra los huelguistas. El subsecretario de Trabajo, Rubén Virue, al aceptar esos términos, llegó a firmar un acuerdo con los dirigentes del SUPE que pedía la creación de un comité ad hoc para examinar sus objeciones a los contratos. El presidente Frondizi, sin embargo, no aceptó el acuerdo y con el apoyo total del gabinete decretó el estado de sitio. En las primeras horas del 11 de noviembre, la policía hizo batidas en la Capital Federal y en varias provincias, y arrestó a cientos de personas, la mayoría de ellas peronistas y comunistas, pero sin excluir a miembros de la UCRP.[52]

Al recurrir al estado de sitio, Frondizi llevó hasta el límite su concepto del estado de derecho que había anunciado como principio rector de su gobierno seis meses antes. Aunque la Constitución disponía la suspensión de las garantías individuales en épocas de guerra interna, no era en modo alguno claro que las circunstancias imperantes en el sector petrolero, o inclusive las amenazas por parte de otros grupos de convocar a una huelga general en apoyo de los obreros petroleros, pudieran llegar al extremo de justificar una medida tan drástica. Además, aunque el gobierno considerara que no tenía otro recurso para hacer frente a la huelga del SUPE, la decisión de declarar el estado de sitio en el país entero, y no sólo en Mendoza, hizo dudar acerca de las verdaderas intenciones de Frondizi. Causa de preocupación semejante era la violación apenas disimulada de los preceptos constitucionales que regían la imposición del estado de sitio. Aduciendo que el Congreso estaba en receso, el presidente recurrió a un decreto para declararlo, en vez de solicitar autorización a ese organismo, como lo estipulaba la Constitución. En realidad, el Congreso estaba en sesión, aunque no reunido, en las primeras horas del 11 de noviembre y el presidente procuró obtener su aprobación después del hecho consumado, y la obtuvo ese mismo día de ambas Cámaras, dominadas por la UCRI.[53]

El gobierno justificó el empleo de tales medidas alegando que estaba resuelto a preservar el principio de autoridad ante las amenazas de anarquía y subversión. Al explicar la posición del gobierno ante el Congreso, el ministro del Interior Alfredo Vítolo mencionó la acción de varios grupos laborales y políticos que aprovechaban el asunto del petróleo para convertirlo en grito de combate. Pero Vítolo no pudo dar pruebas concretas de una amenaza inminente contra su autoridad.[54]

A decir verdad, lo único más parecido a un plan concreto que el gobierno de Frondizi hubiera podido señalar en los días que siguieron fue la desconcertante conducta de su propio vicepresidente, el doctor Alejandro Gómez. Gómez había visto con disgusto durante meses la influencia que Rogelio Frigerio ejercía sobre el presidente y desaprobaba las políticas específicas que Frondizi había adoptado respecto de los contratos de energía eléctrica, la universidad y los contratos de petróleo. En conversaciones directas con el presidente y en reuniones con dirigentes políticos, no había ocultado su descontento y periódicamente manifestaba la posibilidad de renunciar. En los últimos tiempos, el 10 de noviembre, había advertido al presidente que si no admitía que era legalmente imprescindible someter los contratos de petróleo a la aprobación del Congreso, él, Gómez, renunciaría resueltamente.[55]

Lo que sucedió en los días que siguieron aún es tema de discusiones. De acuerdo con Gómez, al saber por intermedio de un oficial del Ejército partidario de Frondizi que los militares estaban muy descontentos con la orientación del gobierno y se encontraban en estado de rebelión incipiente, el vicepresidente propuso de buena fe el 12 de noviembre al ministro del Interior Vítolo y al propio presidente que él, Gómez, podría servir como instrumento para iniciar conversaciones con los dirigentes civiles no pertenecientes al gobierno, a fin de aumentar el apoyo popular y desalentar la revuelta militar. La intención personal de Gómez era unificar a los radicales intransigentes, divididos entre la UCRI y la UCRP, alimentando la esperanza de que el presidente consentiría en cambiar el rumbo de sus políticas para hacer posible tal unión. De acuerdo con su versión, no tenía la menor intención de aprovechar la amenaza de un golpe militar para presionar a Frondizi y obligarlo a formar un gobierno de coalición, ni tampoco aspiraba a reemplazarlo como titular de tal gobierno.[56]

Ésa, sin embargo, fue la interpretación que Frondizi optó por dar a los actos de Gómez. Convocado esa misma tarde a una reunión del gabinete militar presidido por Frondizi, el vicepresidente debió oír de labios del presidente la acusación de que intentaba abrir una brecha entre los militares y el gobierno civil. Además, cuando el secretario de Ejército le pidió que identificara al oficial que lo había informado acerca de una inminente revuelta militar, el vicepresidente se negó a contestar y abandonó la reunión. En pocas horas, comenzaron a correr rumores en círculos del gobierno, entre los militares y en el ambiente de la prensa en el sentido de que se había descubierto un complot de Gómez para suplantar a Frondizi en un gobierno de coalición. Los pedidos de que renunciara a la vicepresidencia arreciaron durante los días subsiguientes, y el 18 de noviembre, después de un intercambio epistolar con el presidente en el cual este último aseguró a Gómez la total confianza que tenía en su integridad, el vicepresidente elevó su renuncia al Congreso.[57]

Una apología de Gómez, publicada cinco años después de los hechos, revela que el ex vicepresidente había sido más una víctima de su propia ingenuidad que un intrigante ambicioso. Al rehusarse a revelar el nombre de su informante militar, aceptando así la responsabilidad de encubrir una posible conspiración, Gómez expresó que estaba cumpliendo con una palabra de honor, no ante el oficial en cuestión, sino ante el propio Frondizi, que lo había comprometido a esa palabra poco antes del tenso enfrentamiento con el gabinete militar. Los subsiguientes ataques contra Gómez, hasta que consintió en abandonar la vicepresidencia, también parecen haber sido orquestados por Frondizi, o al menos lanzados con su aprobación y consentimiento.[58]

¿Por qué trató el presidente a su compañero de fórmula de manera tan dura? Una hipótesis se relaciona con el factor tiempo. A causa de su rígida adhesión al programa electoral anunciado por la UCRI; su abierta antipatía por Frigerio y otros hombres que no pertenecían al partido y que ocupaban altos cargos; sus críticas a políticas específicas del gobierno; Gómez fue a la vez una molestia para el presidente y un problema que debía manejarse con tacto. Si el doctor Gómez hubiera cumplido la amenaza del 10 de noviembre y renunciado en protesta por el manejo de los contratos petrolíferos, sin duda habría podido dividir el partido y debilitar el apoyo del Congreso al gobierno. Por el contrario, si era posible hacer pasar al vicepresidente como un traidor, como partícipe de un complot fraguado por elementos de otros sectores políticos, Frondizi podía eliminarlo del cargo con un mínimo de riesgos para la unidad partidaria.

Al actuar rápidamente el 12 de noviembre para desacreditar a Gómez ante los ojos del partido, de la población y de los militares, el presidente Frondizi logró varios objetivos con una sola maniobra. Se libró de un colaborador que estaba convirtiéndose en algo más que en un riesgo a medida que pasaban los meses y cada vez que el gobierno desmentía su plataforma electoral. Además, con la vicepresidencia vacante, quedaba descartada la posibilidad de que el cargo pudiera utilizarse para alguna maniobra legal contra la presidencia en cualquier momento del futuro. Frondizi evitó cuidadosamente una convocatoria a elecciones para cubrir la vacante mientras permaneció en el cargo. Finalmente el hecho de que Frondizi y el ministro del Interior Vítolo descubrieran el «complot Gómez» un día después de la proclamación del estado de sitio, hizo más verosímiles las razones aducidas para tomar tal medida.

El genuino propósito de la declaración del estado de sitio, sin embargo, sólo se revelaría con el transcurso del tiempo. Cuando el límite de 30 días establecido en la promulgación original se reemplazó en diciembre por una prolongación indeterminada —un plazo que en verdad duró hasta el mismo día de la destitución de Frondizi como presidente— se puso en evidencia que el motivo no era tanto la amenaza de una conspiración en marcha, cuanto el deseo de evitar toda futura resistencia a las impopulares medidas económicas. El decreto original del 11 de noviembre fue así una admisión tácita de que los esfuerzos de Frondizi para conservar la cooperación de Perón habían sido infructuosos, así como una declaración pública de que el presidente no se dejaría detener por una oposición política o laboral, ya fuese peronista o no peronista, al poner en práctica su programa económico. Pero ese decreto implicaba además otro mensaje: que toda vez que los gremios iniciaran una acción directa para oponerse a sus medidas, el presidente Frondizi no vacilaría en apelar a los militares para obligar a aceptarlas.[59]

Esta resolución se puso a prueba por primera vez a las pocas semanas, ya terminada la huelga del SUPE[60], cuando el 27 de noviembre el presidente ordenó la movilización de los trabajadores ferroviarios para poner fin a una huelga que estaba paralizando el transporte. Al proceder de esa manera, Frondizi utilizó los poderes prescriptos en una ley peronista de 1948 que él y otros dirigentes radicales habían denunciado como totalitaria en el momento de su promulgación. Ahora, sin embargo, bajo la dirección de Frondizi, jefes del Ejército se hicieron cargo de las operaciones de seis líneas ferroviarias estatales, mientras que los tribunales militares tenían facultad para dictar sentencias contra los trabajadores que desobedecían a la convocatoria de regresar a sus puestos de trabajo.[61] Pero la dependencia del presidente respecto de los militares, que le permitía llevar a cabo sus políticas económicas, aumentaría aun más en los meses subsiguientes, sobre todo después del anuncio hecho el 29 de diciembre en el sentido de que el gobierno iniciaba un programa de estabilización que exigía cambios fundamentales en las prácticas económicas en vigencia y que afectaría a todos los sectores de la sociedad argentina.

Este programa de estabilización fue, en realidad, el precio exigido a la Argentina por el Fondo Monetario Internacional y el Tesoro de los Estados Unidos para brindar la ayuda económica necesaria para resolver la crisis en la balanza de pagos. El gobierno de Frondizi, durante los ocho meses que permaneció en el poder, no había podido solucionar el problema del comercio exterior y de los pagos, situación heredada del gobierno anterior. Ante la perspectiva de suspender los pagos si no tenía certeza de recibir ayuda exterior, Frondizi optó como política básica por la estabilización económica así como por el desarrollo. La recompensa era un paquete financiero del FMI y de bancos oficiales y privados de los Estados Unidos que sumaban un monto de 329 millones de dólares. El programa de estabilización preveía diversas medidas: eliminación de las tasas de cambio múltiples, de los subsidios al consumidor y del control de precios que habían distorsionado artificialmente los precios internos; limitación de aumentos de salarios a quienes los justificaran mediante incrementos en la producción; restricción en los créditos y su canalización hacia fines productivos; reducción del déficit fiscal, causado en buena medida por las empresas de propiedad estatal y que eran el principal motivo de la inflación monetaria.[62]

Como ha sido caso frecuente en América Latina, los remedios recetados por el FMI produjeron una amarga reacción entre la clase trabajadora y los sectores de bajos ingresos. No eran sólo los consiguientes aumentos de los precios al consumidor —aumento que llegarían a duplicar el índice del costo de vida hacia fines del año— los que suscitaban el descontento, sino también la anunciada intención del gobierno de librarse de empresas deficitarias que habían sido adquiridas en la época de Perón. Para los que trabajaban en esas compañías, y para muchos otros argentinos, esas empresas representaban parte del patrimonio nacional que debía ser preservado y no entregado a manos privadas, fueran cuales fuesen los déficit que produjeran.

Fue en verdad la promulgación por parte del Congreso, en enero de 1959, de una ley que autorizaba la venta de una de esas empresas, el Frigorífico Nacional en el barrio de Mataderos, lo que provocó una protesta espontánea que pronto se convirtió en un gran enfrentamiento entre el gobierno y el movimiento obrero. Los obreros del frigorífico, esperando presionar al gobierno para que vetara la ley, se refugiaron en barricadas dentro de la fábrica. Frondizi, a punto de partir hacia los Estados Unidos en su primera visita oficial a ese país, se negó a que lo coaccionaran de esa manera y ordenó que la planta fuese tomada. Una masiva operación policial, apoyada por tanques del Ejército utilizados para derribar las barricadas, llevó a cabo la tarea sin aparentes víctimas; pero la valentía demostrada por los trabajadores del frigorífico y sus amigos en Mataderos estimuló a otros sectores del movimiento laboral a entrar en acción. El bloque peronista de las «62» declaró estado de huelga por tiempo indeterminado, mientras que en las agrupaciones no peronistas sus miembros, irritados tanto por las medidas policiales como por el reciente aumento de precios, también tomaron parte. Durante dos días, la economía argentina fue paralizándose a medida que las industrias cerraban, el transporte público no funcionaba y los diarios dejaban de aparecer.[63]

Con el presidente Frondizi en los Estados Unidos, el presidente en ejercicio, José María Guido, aconsejado por el ministro del Interior Vítolo y los secretarios militares, reaccionó ante la huelga apelando a firmes medidas. Se dieron órdenes que ponían el sistema de transporte de la Capital en movilización militar. En ese momento tanto los trabajadores ferroviarios nacionales, movilizados desde noviembre, como los trabajadores transportistas de Buenos Aires, estaban bajo disciplina militar. El gobierno también movilizó al personal de YPF, y ante el temor de intentos de sabotaje declaró zonas militares el área de Dock Sur, la ciudad de La Plata y las zonas vecinas de Berisso y Ensenada. Refuerzos de tropas fueron convocados desde el interior del país y, con guardias militares en trenes, ómnibus y en sitios estratégicos, la Capital Federal adquirió la apariencia de una ciudad ocupada. A esas medidas de seguridad se sumó el esfuerzo del gobierno por arrestar a quienes consideraba responsables de la huelga revolucionaria. Actuando de acuerdo con los procedimientos habituales para combatir una insurrección interna conocidos como el Plan Conintes, la policía y el ejército destrozaron oficinas peronistas y comunistas, y detuvieron a cientos de líderes gremiales. Se prohibieron los comentarios radiales sobre la huelga que no fuesen los suministrados oficialmente y se castigaron las violaciones.[64]

La firmeza de la reacción del gobierno a la huelga general encauzó la economía en pocos días a la normalidad. Pero el episodio de la huelga, con sus antecedentes de medidas de austeridad ordenadas para lograr el programa de estabilización, marcó un cambio de rumbo en las relaciones del gobierno con el sector laboral. La política original de Frondizi-Frigerio, que procuraba lograr la cooperación de Perón mientras atraía a los dirigentes gremiales peronistas mediante el proceso de devolverles el control del movimiento laboral, tambaleaba. Estos mismos dirigentes habían sido los que, después de todo, y urgidos por el representante de Perón, John Cooke, habían tomado la decisión de ordenar la huelga general. Desde el punto de vista de ellos, el acuerdo Perón-Frondizi ya estaba liquidado.[65]

Dentro del propio gobierno, mientras Frigerio y sus colaboradores aún esperaban resucitar ese acuerdo[66], el ministro del Interior Vítolo, por un lado, y los ministros militares, por el otro, ejercían inevitablemente una influencia cada vez mayor en el proceso de toma de decisiones. No podía esperarse que los militares, tras habérsele pedido que reprimieran la huelga, aceptaran sin protestas la renovación de una política destinada a entregar la CGT a los peronistas. Y en efecto, durante las semanas subsiguientes a la confrontación de enero, fue evidente que la anterior política de normalización del movimiento obrero, a través de elecciones que favorecían a la conducción peronista, había llegado a un punto muerto. Interventores militares volvieron a controlar los sindicatos más importantes que habían sido entregados a la conducción peronista durante las primeras semanas del gobierno de Frondizi; las elecciones que se habían programado en varios sindicatos fueron suspendidas y el ministro de Trabajo Allende, que a su vez era dirigente gremial y colaborador de Frigerio, renunció para ser reemplazado por un antiguo hombre de confianza del presidente y miembro del partido Radical, el doctor David Bléjer. La política de Bléjer, resuelto a tratar con firmeza a los sindicatos, en términos generales era vista con buenos ojos por los militares, pero provocó el peligro de que los dirigentes gremiales peronistas reaccionaran uniéndose a otro intento contra el gobierno.[67]

En este sentido, las ambiciones del subsecretario de Ejército, coronel Manuel Reimúndez, eran causa de preocupación para el presidente Frondizi y objeto de muchas conjeturas políticas. El coronel Reimúndez había sido designado en junio de 1958 a solicitud del secretario de Ejército Solanas Pacheco, quien vio en su energía y capacidad de organización rasgos útiles en un colaborador suyo. Pero el coronel Reimúndez no vacilaba en valerse de su posición para ubicar a sus amigos en lugares estratégicos. Además, mantenía contactos, o así se creía, con Andrés Framini, un peronista de la línea dura a quien había conocido en 1955 cuando Reimúndez había estado vinculado al Ministerio de Trabajo, durante la breve presidencia de Lonardi. Asimismo se decía que Reimúndez era el creador de una logia militar secreta, el Dragón Verde, a través de la cual organizaba el apoyo para su futuro político. Los observadores del ámbito político argentino no dejaron de advertir el paralelo entre las presuntas actividades del coronel Reimúndez y las de otro subsecretario de Guerra en 1943, el coronel Perón. El propio Juan Domingo Perón, en su exilio en la República Dominicana, estaba intrigado por Reimúndez, aunque había observado sagazmente que «las segundas partes nunca fueron buenas y que la situación del pueblo argentino en 1958 no es ni parecida a lo que era en 1943».[68]

En la medida en que puede confirmarse, la Logia del Dragón Verde nunca existió en verdad; parece haber sido más bien una invención publicitada con astucia por enemigos de Reimúndez. Entre ellos no sólo había civiles, sino también algunos altos oficiales del Ejército molestos por el trato que recibían de Reimúndez en sus entrevistas oficiales. Es raro que los generales encuentren cómodo recibir órdenes de un oficial de menor grado, y la aspereza de este coronel no facilitaba las cosas.[69]

Pero si los motivos profesionales explicaban parte de las reacciones negativas que provocaba Reimúndez, aún quedaba el problema no resuelto de su ambición de poder. El potencial del coronel para organizar un bloque militar nacionalista-peronista y laboral, en suma, para revivir el alineamiento político intentado por Lonardi, hicieron de él un hombre marcado tanto para los antiperonistas y los sectores antifrondicistas, como para el propio Frondizi. Según una fuente que cita como autoridad al general Aramburu, el presidente estaba lo bastante preocupado como para hacer vigilar desde cerca al coronel Reimúndez por medio de una oficina de informaciones especial.[70]

Pero los más firmes enemigos de Frondizi eran los integrantes de un grupo de antiperonistas civiles y militares, hombres ligados a los sectores extremistas de la UCRP, el partido Conservador y el Socialista. Al amparo de las actividades legítimas de sus respectivos partidos, esos hombres procuraban soliviantar a los militares acusando al gobierno de corrupción en varias áreas, denunciando al presidente de entregarse a los comunistas e insistiendo en que provocaba el caos deliberadamente para facilitar la acción del comunismo. Tras los fallidos intentos de dar un golpe contra Frondizi en los primeros ocho meses de su gobierno, intensificaron su campaña en el otoño de 1959.[71]

Los planes concretos de un golpe militar, a diferencia de las conversaciones en salones, parecen haber empezado a fines de marzo o comienzos de abril. Los principales jefes militares eran oficiales en retiro, ex miembros de la Revolución Libertadora, inclusive partidarios del general (R) Aramburu y el almirante (R) Isaac Rojas. El propio Aramburu, que había viajado a Europa hacia fines de abril, se manifestó en contra de toda ruptura del orden constitucional. Rojas, por su parte, en observaciones publicadas en el país y en el extranjero, denunció la administración de Frondizi en términos tan duros como para no dejar dudas de que estaba en favor de su derrocamiento. En efecto, tal fue la interpretación que hizo, a miles de kilómetros de distancia, en Méjico, el agregado militar argentino y antes aliado político de Rojas, el coronel Alejandro Lanusse, quien se sintió impulsado a escribir una carta personal al almirante para aclarar que discrepaba de su posición.[72]

El secretario de Ejército Solanas Pacheco, y quizá también sus colegas de la Marina y de la Fuerza Aérea, tenían plena conciencia de los intentos de influir sobre la opinión de los oficiales impresionables. Mediante órdenes generales, visitas a las guarniciones y contactos personales, trabajaron con energía y con éxito para mantener la lealtad de sus respectivos servicios.[73] Al mismo tiempo, junto con otros ministros urgía al presidente para que tomara firmes medidas a fin de mejorar la imagen pública del gobierno. No se sabe en qué medida sus consejos fueron decisivos, pero en abril, después de varios disturbios callejeros en Buenos Aires, el gobierno adoptó una posición cada vez más anticomunista, ordenando la partida de varios diplomáticos del bloque socialista y prohibiendo toda actividad comunista en el país.[74] Además, en un operativo de limpieza de largo alcance, Frondizi comenzó a reemplazar a los funcionarios del gobierno más íntimamente identificados con Rogelio Frigerio. El propio Frigerio, en una carta dada a conocer el 13 de mayo, renunció como asesor personal del presidente en asuntos económicos, aunque en realidad siguió haciendo visitas secretas por la noche y durante los fines de semana a la residencia de Olivos.[75]

Aunque el gobierno nacional eliminó a funcionarios discutidos y los reemplazó por otros más aceptables para los grupos políticos tradicionales y a los intereses económicos, las tensiones políticas en la Argentina no disminuyeron. Inclusive la evidencia de que Frondizi respetaba las formas legítimas de actividad política y de que los partidos opositores podían participar y aun ganar las elecciones provinciales, no contribuyó demasiado a disminuir el encono de los conspiradores resueltos a destituir al presidente.[76] En efecto, en el mes de junio Frondizi tendría que enfrentar una de las peores crisis político-militares desde que asumiera la presidencia.

Los factores que contribuyeron al estallido de la crisis no fueron sólo los conspiradores antifrondicistas, sino el ex presidente Perón desde su exilio dominicano y, según parece; el propio presidente Frondizi. En el caso de Perón, su maniobra para desacreditar a Frondizi consistió en dar a la prensa el documento que contenía el presunto texto de su pacto secreto con Frondizi de 1958. El 11 de junio, agentes de Perón en Buenos Aires distribuyeron fotocopias del texto y emitieron un manifiesto en el que el dictador exiliado denunciaba al gobierno de Frondizi de violar la Constitución y las leyes. Cuando los periodistas a quienes había mostrado el original le preguntaron en Santo Domingo por qué lo daba a publicidad en esos momentos, contestó: «Porque la situación en la Argentina ha creado tal drama para los ideales populares nacionales que se hacía ya imposible mantener en reserva los solemnes compromisos contraídos y violados por Frondizi. En síntesis, lo denuncio por razones patrióticas».[77]

Sin embargo, la política más que el patriotismo, parece haber motivado la decisión de Perón. Con los sindicatos peronistas sometidos a severas restricciones, con la eliminación de la influencia de Frigerio sobre la política laboral del gobierno, y con poco por ganar en futuros contactos secretos con el gobierno, Perón, en paradójica combinación con sus propios enemigos, procuraba hacer poner de rodillas a Frondizi.

La revelación del documento intensificó forzosamente las presiones sobre Frondizi. Aunque él negó terminantemente, como ya lo había hecho en el pasado, que hubiera llegado nunca a un acuerdo con Perón, y aunque aseguró que su firma en ese documento era falsa, debió ponerse a la defensiva.[78] Los reclamos de una investigación sobre la autenticidad del documento empezaron a circular, no sólo en los salones del Congreso, sino también en los círculos militares. Los grupos antifrondicistas y antiperonistas habían recibido impulso de una fuente inesperada y ya disponían de una nueva arma para conducir su guerra psicológica contra la lealtad de los militares hacia las autoridades constituidas.

En tales circunstancias, Frondizi adoptó medidas defensivas que quizá incluyeron el riesgoso intento de promover un movimiento para desconcertar a la oposición. La información acerca de los actos del presidente en la crisis es incompleta y se basa en relatos más o menos partidarios, aunque no en documentación digna de confianza. A partir de tal información, parecería que Frondizi trató de concentrar la atención en el discutido subsecretario de Ejército, coronel Reimúndez. Rumores acerca de que Reimúndez estaba ligado por un pacto político con el dirigente gremial peronista de la línea dura Andrés Framini comenzaron a circular entre los militares en los días previos al 15 de junio. Es posible que el presidente, utilizando los canales secretos de que disponía, tratara de dar pábulo a esos rumores como recurso para apartar la atención del ya muerto pacto Perón-Frondizi y desviar el interés hacia un acuerdo Reimúndez-Framini que podía tener serias consecuencias en el futuro.[79]

No es posible probar que, como sostiene una fuente de consulta, el presidente procuró deliberadamente que ese presunto pacto trascendiera entre los militares que criticaban con más dureza su gobierno para provocar su reacción contra Reimúndez.[80] Lo que sí es claro es que el 15 de junio, entre indicios de intranquilidad en varias guarniciones, dos de los comandantes de tropa de mayor rango en Buenos Aires, los generales Raúl Poggi y Florencio Yornet, declarando que hablaban en nombre de sus subordinados presentaron al secretario de Ejército un pedido que incluía tres puntos: la destitución del coronel Reimúndez, una investigación sobre la autenticidad del pacto Perón-Frondizi y el fin de la movilización militar de los trabajadores ferroviarios. El general Solanas Pacheco relevó inmediatamente de sus puestos a los dos generales, pero el suelo que sostenía el establishment militar ya empezaba a estremecerse.[81]

Al día siguiente, en el cuarto aniversario de la revolución antiperonista del 16 de junio de 1955, se hizo un intento para provocar una rebelión militar contra el presidente Frondizi. El ex comandante en jefe del Ejército, teniente general (R) Ossorio Arana, acompañado por el almirante (R) Toranzo Calderón y otros dos generales, volaron a Córdoba en la madrugada con la esperanza de ganar el apoyo de la guarnición local. En el área de Buenos Aires, mientras tanto, el almirante (R) Rial y otros conspiradores esperaban obtener el apoyo de comandantes de unidades del Ejército dando la impresión de que la Marina respaldaba con firmeza la rebelión.[82]

Pero ni en Córdoba ni en Buenos Aires se movió ninguna unidad del Ejército. Durante la noche del 15 al 16 de junio y durante las 36 horas subsiguientes, oficiales leales se esforzaron por evitar toda insurrección. El ministro de Marina, por su parte, envió representantes a todos los regimientos del Ejército vecinos a la Capital y a la guarnición de Córdoba para informar a los oficiales que la Marina no tomaba parte en el movimiento. El resultado fue que la rebelión nunca remontó vuelo, ni siquiera hasta el punto de emitir una proclama. Los ministros de Ejército y de Marina ordenaron el arresto de los principales partícipes, pero la Policía Federal, quizá bajo órdenes del presidente Frondizi, permitió que Ossorio Arana escapara al Uruguay. El episodio entero reveló que aun cuando muchos oficiales odiaran las personalidades y las prácticas del gobierno de Frondizi, el espíritu de lealtad al orden constitucional aún era fuerte. Como el almirante Rial, jefe de la rebelión, lo recordaría después, el golpe había sido prematuro; pero él y otros que compartían su opinión en cuanto al gobierno de Frondizi estaban impacientes por detener lo que consideraban una caída en el comunismo.[83]

El fallido intento del golpe del 16 de junio no disipó la atmósfera de crisis que rodeaba al gobierno. En los círculos militares era evidente que la disciplina, el orden y el espíritu de cuerpo se deterioraban por la intervención de oficiales en las discusiones políticas. Como gesto conciliatorio hacia los más descontentos, y como medida para fortalecer el sentido de unidad en la guarnición Córdoba, su jefe de Estado Mayor, el coronel Osiris Villegas, propuso al secretario de Ejército que el discutido coronel Reimúndez fuese reemplazado como subsecretario. El secretario de Ejército Solanas Pacheco, considerando el pedido como un desafío a su autoridad, ofreció su propia renuncia, pero el presidente la rechazó. Frondizi, sin embargo, actuó rápidamente para reemplazar a Reimúndez, eliminando así de un puesto estratégico a un hombre considerado como una amenaza tanto por miembros del gobierno de Frondizi como por sus propios enemigos.[84]

La crisis de junio de 1959 fue, desde luego, mucho más que un asunto militar. Para muchos argentinos, los problemas radicaban en el fracaso del gobierno para detener la inflación galopante, lograr la prosperidad y llegar a una paz en el campo laboral. Desde dentro del gobierno, sin embargo, el problema era considerado como una necesidad de ganar tiempo para permitir que las medidas económicas produjeran su efecto total. Los enemigos políticos de Frondizi en la UCRP y otros partidos señalaban como simple solución a la crisis la renuncia del presidente y la convocatoria a nuevas elecciones. El presidente, sin embargo, trató de hallar la solución en un espectacular cambio de gabinete que pudiera superar la deteriorada imagen del gobierno y lograra apoyo tanto en los círculos militares como en los civiles, aunque sin abandonar la orientación desarrollista. Ese cambio se produjo entre el 22 y el 24 de junio, cuando Frondizi sacudió su gabinete e invitó a un permanente crítico y rival político, Álvaro Alsogaray, a que tomara a su cargo las carteras de Economía y Trabajo.[85]

El nombramiento de Alsogaray fue un sobresalto para los partidarios de Frondizi en la UCRI y una sorpresa para sus enemigos políticos. Hombre de negocios que había demostrado escasa simpatía hacia los sindicatos, defensor de la empresa privada y admirador de Ludwig Erhardt y de la política económica alemana de la posguerra, Alsogaray parecía una elección casi imposible por parte de Frondizi. Pero el presidente lo nombró a solicitud de varios de sus asesores, inclusive Rogelio Frigerio y el general Solanas Pacheco. Frigerio veía en Alsogaray a un hombre capaz de luchar contra la inflación que preocupaba a vastos sectores de la clase media y cuya presencia en el gobierno podía satisfacer a los grupos militares, ya que no era izquierdista. Frigerio también creía que Alsogaray, a medida que hiciera cumplir las medidas de estabilización, trabajaría para promover la política desarrollista existente.[86] El general Solanas Pacheco, por su parte, veía en Alsogaray a un hombre que podía lograr apoyo militar para el gobierno.[87] Alsogaray había sido oficial subalterno del Ejército y disfrutaba de considerable prestigio en los círculos militares por derecho propio y también a través de su hermano Julio, un coronel muy conocido y participante de los juegos olímpicos como jinete. Dados sus contactos militares, no es sorprendente que uno de los primeros actos oficiales de Álvaro Alsogaray fuese el de dar fin a las movilizaciones militares que habían puesto a las Fuerzas Armadas en conflicto con los trabajadores del transporte y otras actividades.[88]

Los cambios de gabinete que Frondizi llevó a cabo en junio de 1959 no se proponían afectar a los ministros militares. En efecto, el presidente estaba ansioso por retener los servicios del secretario de Ejército Solanas Pacheco del secretario de Marina Estévez y del secretario de la Fuerza Aérea Abrahín que habían demostrado lealtad y eficacia al mantener bajo control sus respectivas Fuerzas durante la crisis. Pero sería precisamente esa eficacia —sobre todo en el caso de los secretarios de Ejército y de Marina— la que se volvería contra ellos a causa de la actitud que muchos militares argentinos asumían respecto del papel que correspondía a todo ministro militar. Reaccionando contra el tipo de relación que había existido bajo Perón, los oficiales esperaban cada vez más que un ministro fuera el representante de ellos en el gobierno nacional, y no un agente del presidente. En realidad, todo ministro era ambas cosas, pero las dificultades inherentes al desempeño de ese doble papel aumentaron con el transcurso del tiempo, sobre todo en una atmósfera en que la mayoría de los militares recelaban de la integridad del presidente.

El general. Solanas Pacheco, por su parte, había manifestado su propia independencia respecto de los partidos políticos y su total identificación con las aspiraciones del Ejército. Por ejemplo, en declaraciones hechas durante una gira por guarniciones del interior, aseguró: «No soy hombre de partido; no he servido jamás, ni serviré en el futuro, a otros intereses que los de la Nación y los del Ejército, al cual he consagrado apasionadamente mi vida y al que debo todo lo que soy. La experiencia lograda con sufrimiento y sacrificios durante la dictadura que padecimos no debe ser olvidada. Hace quince años vi claro cuando otros estaban confundidos».[89] Solanas Pacheco sugirió a sus colegas intranquilos que debían ser pacientes con el gobierno electo: «Estamos sufriendo y seguiremos sufriendo las presiones de una opinión que urge a la acción sin medir consecuencias… Esta singular oportunidad histórica no debe ser malograda por la insensatez o la impaciencia».[90]

Como ya se ha señalado, el secretario de Ejército logró prevenir cualquier rebelión declarada, pero al precio de ver disminuida su autoridad y su prestigio ante los ojos de sus camaradas. Como superior del coronel Reimúndez y por lo tanto con autoridad para aprobar las decisiones profesionales del coronel, sintió que su posición había sido socavada por los hechos recientes; y, en efecto, sobre todo en la guarnición Córdoba, ya se oían voces que pedían su destitución. El 30 de junio, después de completarse la reorganización del gabinete, Solanas Pacheco presentó su renuncia, dejando al presidente la delicada tarea de encontrar un nuevo comandante en jefe, así como un secretario del gabinete, ambos cargos ocupados por él desde que Frondizi asumiera el mando.[91]

Al alejamiento del general Héctor Solanas Pacheco siguió en pocas semanas el del secretario de Marina, almirante Estévez. Pero mientras que Solanas Pacheco se había retirado voluntariamente, en medio de crecientes signos de intranquilidad en el Ejército, pero conservando toda su dignidad personal, el secretario de Marina trató de aferrarse al cargo, subestimando el profundo descontento que se había formado contra él. Frondizi insistió en retenerlo, a pesar de los pedidos casi unánimes de los almirantes de que nombrara un nuevo ministro. El resultado fue que un problema que podría haberse resuelto con tacto, sin ruptura del orden jerárquico, estalló en un enfrentamiento sedicioso. Ante la presencia de una amenaza que podía extenderse a su propio cargo, el presidente por fin resolvió arrojar por la borda a Estévez, pero demasiado tarde, para evitar que siete almirantes y otros oficiales cayeran tras él. Con el transcurso del tiempo y lamentablemente para Frondizi, la lista de los que pasaron a retiro en ese momento incluía a profesionales destacados que se habían esforzado por contener a elementos peligrosos y por mantener el apoyo al gobierno constitucional. En marzo de 1962, cuando su futuro político se decidiría, ya no iban a estar presentes para expresar sus puntos de vista en el Consejo de Almirantes.[92]

¿Por qué permitió, pues, el presidente, que la situación llegara a tal extremo en 1959? La respuesta parece estar, por un lado, en su análisis de la índole de la oposición a Estévez y, por el otro, en su reticencia como presidente civil para intervenir en lo que consideraba un conflicto interno. Frondizi pareció creer que la oposición a Estévez provenía de una minoría de golpistas, oficiales politizados vinculados con los opositores civiles de la UCRP y otros partidos; esos oficiales, en su opinión, querían destituirlo y podían provocar problemas a cualquier ministro identificado con su gobierno. Su juicio era correcto en el sentido de que tomaba en cuenta sólo a los primeros promotores de la hostilidad hacia Estévez, pero no advirtió que amplios sectores del cuerpo de oficiales navales —hombres que no estaban movidos por ambiciones políticas y que, a pesar de sus críticas a las medidas del gobierno, no eran golpistas— ya estaban hartos de Estévez y de su estilo de conducción. Hombre de dotes intelectuales, Estévez era errático en sus contactos con los oficiales superiores, sin tacto y con aire superior en su trato con la gente, e indiferente ante la necesidad de mantener buenas relaciones públicas. Como secretario de Marina y como jefe de Operaciones Navales, era responsable por todo lo que sucedía en el arma, situación que lo convertía en el blanco inevitable de las críticas a las decisiones que, en verdad, eran tomadas por otros.[93]

El descontento creciente de los no golpistas, al margen de las actividades de la minoría antifrondicista, exigía remedios rápidos. La tardía decisión de aislar el cargo de jefe de Operaciones y designar en él al almirante Alberto Vago demostró ser ineficaz para detener los crecientes pedidos de la renuncia de Estévez. Inclusive subordinados leales a él como el almirante Perren, jefe del Estado Mayor Naval, consideraron que la única manera de evitar una insurrección declarada era hacer renunciar a Estévez, pero el presidente se negaba a tomar esa medida. Rechazando la sugerencia de prácticamente todos los almirantes en servicio activo, que se reunieron con él a pedido suyo el 14 de julio, Frondizi insistió en que el problema no era la persona de Estévez, sino el principio de mantener la disciplina. Ellos eran responsables de la situación y su deber era castigar la insubordinación, y no solicitar la renuncia del secretario.[94]

Aunque en teoría su posición era correcta, el presidente subestimó la reacción de los almirantes ante tal desaire y sobreestimó la capacidad de ellos para afrontar la situación. Los almirantes presentes en la reunión del 14 de julio, al considerar que habían sido citados para que expresaran su opinión, que fue rechazada, presentaron pedidos individuales de retiro; al mismo tiempo, sin embargo, acordaron entre sí evitar actos de indisciplina al propio tiempo que siguieron presionando para lograr la renuncia de Estévez. Pero esta coincidencia de opinión empezó a ceder ante la insistencia de oficiales de menor rango. Almirantes como Perren y Mario Robbio, para quienes la ruptura de la disciplina era un anatema, permanecían leales a Estévez mientras fuera secretario de Marina, aunque por otro lado seguían pidiendo su renuncia para evitar un motín. Pero otros, siguiendo al almirante Vago, se pusieron a la cabeza del motín. El 24 de julio, el jefe de Operaciones Navales y el almirante Eladio Vázquez, subsecretario de Marina, en contacto con oficiales de varias unidades, se declararon en abierta rebelión contra la autoridad del almirante Estévez. Frondizi, ante la alternativa de reemplazar a su secretario de Marina o hacer frente a una rebelión dirigida contra él mismo, dejó de lado los principios y tomó su decisión.[95]

Para reemplazar a Estévez, el presidente recurrió a un almirante en retiro que gozaba de gran respeto, Gastón C. Clement. Con esa designación Frondizi disfrutaría de un período de relativa tranquilidad en sus relaciones con esa rama de las Fuerzas Armadas. En efecto, hasta marzo de 1962, el almirante Clement pudo conservar la confianza depositada en él tanto por sus subordinados como por el presidente. Quizá eso se debiera a las cualidades personales de Clement —su madurez, experiencia y capacidad administrativa—, pero también al hecho de que muchos oficiales, ya resuelto el asunto Estévez, adquirieron conciencia de que la Marina como institución corría el riesgo de perder el statu quo que permitía a Clement satisfacer a ambas partes. Después de todo, si los militares tomaban el poder, el régimen resultante no podía sino estar dominado por el Ejército, y la influencia que la Marina ejercía normalmente dentro del gobierno civil podía disminuir.[96]

Pero si bien los problemas del presidente Frondizi con la Marina eran, por el momento, menos graves, su experiencia con el Ejército, en especial después de agosto de 1959, fue exactamente la contraria. Desde esa fecha hasta marzo de 1962, estuvo expuesto a una serie de presiones, confrontaciones e incipientes revueltas que apuntaban tanto a su transformación en títere completo como a su definitiva destitución del cargo. En efecto: sólo merced a su pertinaz determinación de mantenerse en la presidencia y su habilidad para superar en destreza y manejo de la situación a sus opositores en el Ejército, Frondizi pudo permanecer en el cargo hasta la fecha de su derrocamiento.

El período más angustioso en esta lucha por la supervivencia, desde agosto de 1959 a marzo de 1961, coincidió con permanentes y severas dificultades económicas. El déficit fiscal, los aumentos en el índice del costo de vida y los desequilibrios en el comercio exterior oscurecieron los reales logros del gobierno en el desarrollo del sector petrolífero y la producción siderúrgica. Durante ese período, los salarios reales permanecieron en niveles de deterioro, contribuyendo a las tensiones sociales que se canalizaron a través de actos de violencia; también en esa época, el apoyo popular al gobierno, si se lo calcula por las cifras de elecciones provinciales y para el Congreso, fue siempre escaso. Como si eso no fuera suficiente, esos veinte meses coincidieron con el atrincheramiento en el cargo de comandante en jefe del Ejército de un obstinado oficial en esencia hostil a Frondizi: el teniente general Carlos S. Toranzo Montero.

El nombramiento de Toranzo Montero fue la consecuencia indirecta de la crisis de junio de 1959, que obligó a Solanas Pacheco a renunciar a sus cargos de secretario de Ejército y comandante en jefe. Para cubrir la posición en el gabinete, Frondizi llamó a un general retirado de avanzada edad, Elbio Anaya; su reputación de antiperonista, su alejamiento de las recientes disputas y su prestigio militar, sobre todo en la caballería, aseguraban la posibilidad de que podría restaurar la unidad y la disciplina en el Ejército. Sin embargo, al tratar de que el general Anaya aceptara el cargo, el presidente le prometió carta blanca para conducir al Ejército, promesa de la que muy pronto se arrepentiría, ya que el nuevo secretario, tradicionalista del arma, insistió en nombrar al general de división de más antigüedad en la lista de activos como comandante en jefe. Ese general, que como capitán de caballería años antes había servido a las órdenes de Anaya como leal subordinado, era Carlos S. Toranzo Montero.[97]

Al prever que el general Toranzo Montero les crearía problemas a ambos, el presidente trató de hablar con el secretario de Ejército para que reviera el nombramiento. Fracasado el intento, propuso que el nombramiento se hiciera sobre la base de un período de prueba, condición que Toranzo Montero se negó a aceptar. Por fin Frondizi aprobó el nombramiento sobre la base de un entendimiento con el general Anaya y en apariencia también con Toranzo Montero, en el sentido de que este último no haría cambios de personal en los puestos claves.[98] El nuevo comandante en jefe, sin embargo, estaba poco dispuesto a aceptar una condición que lo obligaba a mantener en puestos estratégicos a oficiales que no le merecían mucha confianza. En efecto, los esfuerzos del presidente para fijar límites a su autoridad lo llevaron a la conclusión de que las reales intenciones de Frondizi al nombrarlo eran las de hacerlo fracasar. Al no estar en condiciones de llevar a cabo sus proyectos de reformas militares, quedaría desacreditado ante los oficiales y pronto sería reemplazado y lo obligarían a pedir el retiro. Frondizi, en opinión de Toranzo Montero, podía demostrar de esta manera su respeto por el principio de la antigüedad en el rango y al mismo tiempo se libraría de un peligroso opositor.[99]

Fuese o no ésta la intención del presidente, la insistencia de Toranzo Montero en reemplazar a los hombres identificados con el círculo de Reimúndez y su deseo de cubrir puestos claves con oficiales de su propia confianza, dejaron libre el camino para un enfrentamiento que dividiría una vez más al Ejército y haría surgir el fantasma de una guerra civil.

Esta crisis se precipitó el 2 de setiembre, cuando el secretario Anaya, al oponerse a los cambios propuestos por Toranzo Montero, lo destituyó del cargo de comandante en jefe, con el consentimiento del presidente, y lo reemplazó por un comandante interino. El hecho de que esta decisión se tomara sólo unas pocas semanas después que Toranzo Montero asumiera su cargo, hizo que los oficiales más identificados con sus puntos de vista y por consiguiente muy recelosos de los de Frondizi, iniciaran una resistencia abierta.[100]

Catorce generales del área de Buenos Aires, nueve de ellos con importantes mandos de tropa, cablegrafiaron en forma conjunta su repudio a la destitución de Toranzo Montero a todas las unidades del Ejército y reclamaron a sus oficiales que adoptaran una posición determinada.[101] Aunque el secretario Anaya arrestó a esos generales, Toranzo Montero se sintió alentado por ese apoyo y por la información que recibió acerca de las actitudes del Ejército a través de amigos en el Servicio de Informaciones del Ejército e inició un movimiento contra el secretario de Ejército. En la noche del 3 de setiembre, estableció su cuartel general en la Escuela de Mecánica del Ejército, a varias cuadras del edificio del Ministerio de Ejército, y con equipos de comunicaciones sacados en secreto de este edificio y montados en la Escuela de Mecánica, Toranzo Montero estableció contacto radial con todas las unidades del Ejército para informar que reasumía el cargo de comandante en jefe.[102]

La estrategia de Toranzo Montero era valerse de las reacciones favorables de las guarniciones del interior —la división de Córdoba ya se había plegado a su favor el 2 de setiembre— para presionar sobre los oficiales de las unidades en el área de Buenos Aires que estaban al mando de comandantes leales al secretario de Ejército. La primera unidad que se opuso contra su comandante, el Tercer Regimiento de la Primera División Motorizada, brindó a Toranzo Montero una fuerza de tropa que aumentaba su capacidad para defender su posición contra un esperado ataque de tanques. Su plan de batalla preveía dejar sólo un reducido número de tropas en la Escuela de Mecánica, pero rodearla de barricadas para dar la impresión de que su fuerza principal estaba allí. El grueso de sus tropas se ocultaría en edificios de manzanas vecinas donde, con armas antitanques obtenidas en el arsenal del Ejército vecino a la Escuela de Mecánica, podía abrir fuego desde todos los flancos sobre los tanques cuando éstos entraran en las estrechas calles.[103]

Durante la noche del 3 al 4 de setiembre, mientras los tanques se movilizaban desde Campo de Mayo hacia los aledaños de la ciudad, ya todo estaba dispuesto para una lucha cruenta. En todo el país, las guarniciones del Ejército adoptaban posiciones, con preponderancia de fuerzas del interior que se inclinaban hacia Toranzo Montero. En el área de Buenos Aires, mientras la guarnición de Campo de Mayo, el grupo de artillería de Ciudadela y el regimiento de Granaderos permanecían leales, los dos restantes regimientos de infantería de la Primera División Motorizada eran copados por partidarios de Toranzo Montero. Mientras tanto, la crisis se hacía sentir en los otros servicios. Se esperaba que la Fuerza Aérea, con algunas excepciones, se mantuviera leal al gobierno en la represión de los rebeldes, pero la posición de la Marina era cuando menos ambivalente. El secretario de Marina Clement ofreció la cooperación de la flota, pero el jefe de Operaciones Navales, almirante Vago, se mostraba reticente a que la Marina tomara parte en la represión. Oficiales de ambas Fuerzas, además, visitaban Campo de Mayo y el regimiento de Granaderos en el intento de persuadir a sus oficiales de no oponerse a Toranzo Montero.[104]

Fue el presidente Frondizi quien debió tomar la penosa y difícil decisión: ordenar a los tanques que estaban detenidos en San Isidro que reprimieran a los rebeldes en la Escuela de Mecánica o tratar de encontrar una fórmula de compromiso que evitara la violencia. En medio de contradictorios consejos de sus más cercanos colaboradores militares y al no poder lograr tener la certeza de una pronta e incruenta victoria, Frondizi optó por el último rumbo.[105] Utilizando como mediador a un amigo mutuo, el general (R) Rodolfo Larcher, Frondizi invitó a Toranzo Montero a la Casa Rosada y, después de enterarse de que su objetivo no era derrocar al gobierno, ambos acordaron una solución según la cual Larcher reemplazaría a Anaya como secretario de Ejército, y Toranzo Montero sería restituido en su cargo de comandante en jefe. En las últimas horas de la tarde del 4 de setiembre las respectivas ceremonias de juramento ya se habían realizado, las unidades militares regresaron a sus bases, y la crisis inmediata había sido superada.[106] Pero la solución de este episodio de setiembre tendría serias consecuencias, tanto para el presidente como para el Ejército. Frondizi sobrellevaba ahora las presencias de un comandante en jefe cuya autoridad provenía de un exitoso desafío y la de un secretario de Ejército que no había sido elegido por él. Ante el fallido intento de sostener la autoridad del general Anaya cuando debió enfrentar un acto de rebelión abierta, su propio prestigio como comandante en jefe constitucional de las Fuerzas Armadas disminuyó, invitando así a futuros cuestionamientos de su propia autoridad.

Para el Ejército, la crisis de setiembre también fue una experiencia perturbadora: puso en primer plano las persistentes divisiones en el cuerpo de oficiales y demostró una vez más la débil índole del control jerárquico en el Ejército después de 1955. Desde luego, el nuevo secretario de Ejército en su primer mensaje general a la Fuerza trató de superar la situación presentando un panorama optimista. Con solemnes palabras expresó:

Los acontecimientos desarrollados desde el 2 al 4-IX-59 permitieron materializar el propósito esencial de reestablecer el principio de autoridad, el respeto a la jerarquía y, en definitiva, la disciplina… La situación muestra al Ejército argentino firmemente unido en el cumplimiento de su misión permanente: defender el honor de la Nación, velar por el imperio de la legalidad constitucional y garantizar el patrimonio moral y material del pueblo argentino.[107]

Tal opinión difícilmente podía ser compartida por los oficiales que habían demostrado su lealtad a las autoridades constitucionales. Era una experiencia desconcertante, si no decepcionante, verse «vendidos» por su mas alta autoridad civil y estar subordinados al hombre que era el rebelde de ayer. La amargura de algunos de esos oficiales encontraría su expresión en ataques al carácter del presidente Frondizi. Al escribir años después, el coronel Juan Guevara, el hombre que había comandado el leal Primer Grupo de Artillería Motorizado, aseguraría:

El orden militar reposa en el mando y en la obediencia. Sin ellos están minadas las bases de la disciplina y sin ésta no hay fuerzas militares.

Pocas veces nuestra historia presenta un error más grave que éste cometido por el presidente Frondizi. Su obligación primera era la de reprimir la sublevación, máxime cuando contaba con fuerzas para ello. Pero si no se sentía capaz de hacer respetar su jerarquía y de hacerse obedecer por todos los sectores militares, no tenía otra alternativa que renunciar e irse…

En aquel aciago día, Frondizi demostró no poseer estos conceptos, primarios, esenciales. Creyó que podía gobernar sin autoridad y confundió gobierno con permanencia física en la presidencia, en la cual quiso quedarse a cualquier precio.[108]

El doctor Frondizi, como ya hemos visto, vio el problema desde un ángulo distinto. Como primer mandatario de la Nación, estaba ansioso por evitar pérdidas de vidas. Además, como político y estadista civil comprometido con la idea de que un desarrollo económico era la clave de la estabilidad política y social futura, no consideró las personalidades o temas implicados en las disputas militares como de importancia intrínseca. En consecuencia, estaba preparado para asumir compromisos y hacer todos los sacrificios necesarios, en términos de otras personas o de su propio prestigio, para asegurar su permanencia en la conducción del país. El hecho de que su disposición a efectuar compromisos fuera considerada por sus militares como un signo de debilidad y no de su posición de estadista, de autointerés político y no de servicio público, hizo del resto de su mandato una tarea mucho más difícil.

Agravó esas dificultades el principal vencedor en la crisis de setiembre de 1959, el general Toranzo Montero. Figura ya más poderosa que cualquiera de sus predecesores en el cargo de comandante en jefe, pudo llevar a la práctica sus ideas de reorganizar el Ejército y al mismo tiempo ejercer una influencia restrictiva sobre el gobierno de Frondizi. Para asegurar su control dentro del Ejército, llevó a cabo, con la cooperación del nuevo secretario de Ejército, cambios de personal de largo alcance, modificando la conducción de los comandos claves y nombrando a aliados de confianza en los puestos estratégicos del área de Buenos Aires. Todos los generales de división al servicio dentro del país, excepto uno, así como tres generales de brigada, debieron pasar a retiro; de este modo, eliminó de los puestos principales a los amigos del coronel Reimúndez, quien también fue obligado a pasar a retiro.[109]

Las promociones de fin de año dentro del Ejército estuvieron inevitablemente influidas por esos hechos. El secretario de Ejército Larcher nombró una nueva Junta de Calificaciones de cuyos siete miembros seis eran generales que habían firmado, el 2 de setiembre, el radiograma en protesta contra la destitución de Toranzo Montero. Sus recomendaciones, que eran rutinariamente elevadas por el Poder Ejecutivo al Senado para su aprobación, dieron como resultado la promoción de un grupo de oficiales superiores que habían sido eliminados de la lista por Solanas Pacheco el año anterior, así como una larga nómina de nuevos candidatos para los grados superiores. Se nombraron cuatro nuevos generales de división, todos ellos allegados a Toranzo Montero, pero no fue posible —tampoco lo deseaba el comandante en jefe— reservar las demás promociones para simpatizantes identificables. A decir verdad, al menos uno de los nuevos generales de brigada, Juan Carlos Onganía, y varios de los nuevos coroneles, habían apoyado abiertamente a Anaya durante la crisis de setiembre.[110]

Pese a que Toranzo Montero insistía en que su objetivo era restaurar la unidad y la disciplina en las filas del Ejército, instituyó una práctica que contribuyó a la politización de sus más altas esferas. Consistió en la reunión semanal de generales —se reunían todos los lunes por la mañana— para tratar temas de interés común. Tales reuniones, presididas por el comandante en jefe, permitía a éste estudiar temas de carácter político, así como estrictamente militares, y lograr apoyo a su programa de redefinición y expansión de las funciones del Ejército.[111]

La meta del general Toranzo Montero como comandante en jefe era preparar al Ejército argentino para una lucha contra los movimientos revolucionarios de inspiración comunista. En su opinión, era necesario poner al día las planificaciones tradicionales militares, desarrollando una capacidad de operación basada en la hipótesis de una guerra revolucionaria.[112] Este concepto no era nueve para el Ejército argentino, ya que la idea; en realidad, había sido introducida por oficiales franceses que hicieron una visita al país en 1957, y había sido tema de conferencias y análisis en círculos militares.[113] Toranzo Montero, sin embargo, con la flamante experiencia en la Junta Interamericana de Defensa, estaba ansioso por utilizar su puesto a fin de urgir para la reestructuración y reequipamiento del Ejército, basándose en la hipótesis de una posible insurrección. Su hostilidad contra el comunismo y su idea del peronismo como «un conglomerado de delincuentes vinculados entre sí, con sentido de poder» y con el objetivo de «retornar al estado totalitario», daba fundamento ideológico a sus reformas.[114]

Pero Toranzo Montero no se contentaba con satisfacer su urgencia de reformas sólo en asuntos del Ejército. El peligro del resurgimiento del peronismo —que consideraba un preludio del comunismo— o de una directa toma del poder por parte del comunismo exigía que las autoridades civiles en los niveles provincial y nacional adoptaran medidas apropiadas. Como comandante en jefe se consideraba en el deber concreto de vigilar posibles errores de los funcionarios civiles. Después recordaría:

Yo consideraba que había sido puesto, restablecido por el Ejército precisamente porque el gobierno llamado constitucional se había apartado de los objetivos de la Revolución Libertadora. Y por lo tanto creía en la necesidad de que el Ejército vigilara la acción del gobierno del presidente Frondizi. Tenía perfecta conciencia de que esto de ninguna manera es normal, pero que dada la situación especial en que se encontraba el Ejército y la política del país en ese momento no había otra fuerza que pudiera vigilar el cumplimiento de esos objetivos que las fuerzas armadas.[115]

Esta doctrina de vigilancia, como puede llamársela, guió la acción de Toranzo Montero y de sus camaradas generales durante más o menos un año, a partir de setiembre de 1959. Se basaba en la premisa de que el presidente Frondizi podía ser presionado, en caso de ser necesario, para que adoptara las políticas que ellos consideraban esenciales, y que su destitución no era necesaria ni conveniente. También reflejaba la opinión casi unánime en los círculos militares de que la historia había depositado en el Ejército la especial responsabilidad de salvaguardar los intereses de la Nación. El secretario de Ejército Larcher, en la celebración del Día del Ejército (29 de mayo de 1960) lo dijo en los términos más tajantes: «No hay un solo acto trascendente en la vida nacional en que el Ejército no haya jugado un rol principal… Es pues muy cierto que la Patria Argentina no es hija de la política sino de la espada. Desde Suipacha a Caseros, desde Ituzaingó hasta Tuyutí, la guerra la creó, la Constitución la aseguró y la fortificó en la senda de su destino».[116]

La puesta en práctica por parte del Ejército de su política de vigilancia creó un inevitable clima de enfrentamientos intermitentes. El presidente Frondizi, por su parte, no estaba dispuesto a acceder a todas las exigencias, pero su agudo sentido de la realidad política le indicaba cuándo debía hacer concesiones. Así, en marzo de 1960, ante una creciente ola de terrorismo que se cobró las primeras víctimas militares, el presidente, al propio tiempo que se negaba a imponer la ley marcial, accedía a poner en vigor el plan Conintes: un estado de emergencia que asignaba a las Fuerzas Armadas el control directo de la represión del terrorismo, subordinaba las policías provinciales a la autoridad del Ejército y daba a los tribunales militares jurisdicción sobre civiles acusados de participar o promover actos subversivos.[117]

Al tomar otra medida relacionada con el terrorismo, el presidente solicitó al Congreso que reformara las disposiciones del código penal. En aparente espíritu de cooperación con las ideas de los militares, propuso castigos más severos, inclusive la incorporación de la pena capital. Pero si bien el Congreso aprobó el recargo de sanciones menores, se negó a legalizar la pena de muerte. Dado el control del gobierno sobre ambas Cámaras, no era difícil llegar a la conclusión de que Frondizi no era sincero al solicitar la pena de muerte. Opositor de larga data a esta sanción, su propósito parecía ser el de ceder en apariencia, pero no de hecho, a los puntos de vista militares.[118]

No obstante, aún antes que el código penal fuera reformado, el presidente debió enfrentar una exigencia militar que no pudo eludir. Investigadores de las Fuerzas Armadas habían descubierto que miembros del gobierno provincial de Córdoba, sobre todo en su Policía, tenían vinculaciones con acusados de terrorismo. Ante la inflexible insistencia de destituir al gobernador, perteneciente a la UCRI, y a otros funcionarios, Frondizi solicitó autorización al Congreso para intervenir la provincia. En ambas Cámaras, para la mayoría de la UCRI, que votó por la medida, consciente de que si no procedía así podía precipitar la destitución de su presidente, éste fue un amargo ejercicio de realismo político. Para la conducción militar, por el contrario, fue un triunfo fundamental en su política de vigilancia.[119]

Sin embargo, no todos los oficiales del Ejército estaban satisfechos con la doctrina de vigilancia de Toranzo Montero. Muchos de ellos, en el nivel de regimiento, estaban muy molestos por lo que consideraban un abandono del profesionalismo militar, así como unos pocos opinaban que aún no había llegado bastante lejos. Estos oficiales, bajo la influencia de elementos civiles y de otros oficiales antiperonistas retirados, empezaron a conspirar; pero sin el apoyo de la jerarquía militar, tales intentos pocas veces fueron más allá de meras conversaciones. En junio de 1960, sin embargo, en la víspera del viaje del presidente a Europa, un grupo de oficiales conducidos por un general retirado, Fortunato Giovannoni, trataron de iniciar una revolución en la distante provincia de San Luis. Aunque el comandante del Segundo Ejército, general de brigada Mauricio Gómez, les dio su apoyo, el movimiento fue dominado con facilidad y tuvo poca repercusión. Cinco meses después, otro complot, esta vez de inspiración peronista y encabezado por el ex general Miguel Á. Iñíguez, produjo un levantamiento infructuoso en Rosario, donde el intento por copar el Undécimo Regimiento de Infantería fue aplastado al costo de varias vidas.[120]

Mucho más peligrosa para el presidente Frondizi que estos frustrados intentos de rebelión fue la evolución de la actitud del general Toranzo Montero y de los generales que le respondían en cuanto al gobierno civil. Qué fue exactamente lo que lo decidió a abandonar la política de vigilancia para adoptar una actitud de control directo aún no está en claro. Sin duda la experiencia acumulada durante los últimos meses fue un factor básico. Era evidente que el presidente Frondizi, a pesar de las concesiones que había hecho a regañadientes en asuntos de seguridad interna, aún intentaba lograr sus propios objetivos; se había negado a una purga en la administración nacional o a intervenir otras provincias y a tomar en cuenta los criterios vagamente definidos sobre antiperonismo y anticomunismo de los servicios de información militares; todavía estaba resuelto a lograr el objetivo de un movimiento laboral unificado, inclusive bajo la conducción de dirigentes peronistas; y aún esperaba recuperar el apoyo de votantes peronistas, cuando las condiciones económicas mejoraran. La actitud de los generales también estaba influida, presumiblemente, por la opinión civil y por consejos recibidos de los grupos de intereses económicos y de personalidades políticas en oposición al gobierno. Pero no debe excluirse el factor de la ambición personal. Si un nuevo régimen reemplazaba al gobierno civil, el general Toranzo Montero se convertiría, sin duda, en la figura predominante.[121]

El viraje en la actitud del Ejército respecto del gobierno se manifestó a principios de octubre, cuando el comandante en jefe fijó planes para ejercer acción directa contra el presidente Frondizi. En la planificación de Toranzo Montero era fundamental la necesidad de lograr una postura uniforme dentro de las Fuerzas Armadas, y en especial dentro del Ejército, para evitar el peligro de una guerra civil. Al prepararse para el enfrentamiento con el presidente, Toranzo Montero contaba básicamente con el fuerte apoyo del secretario de Ejército, general Larcher, que había cooperado con él durante el último año. Asumir una posición conjunta por parte del secretario de Ejército y del comandante en jefe haría casi imposible que los oficiales del arma no compadeciendo de sus planes iniciaran una oposición efectiva.[122]

El libreto escrito por Toranzo Montero incluía presentar al doctor Frondizi el reclamo de cambios fundamentales en la conducción del gobierno. Con ese fin, oficiales del Estado Mayor General redactaron un memorándum de doce páginas. El memorándum mostraba al Ejército como defensor de la democracia argentina y enumeraba una lista de quejas: el fracaso del gobierno para eliminar a los comunistas, en especial en las instituciones culturales y educacionales; la presencia en el gobierno nacional y en algunos provinciales de integracionistas (frigeristas) que aún tenían trato con los peronistas e inclusive toleraban actos subversivos para capitalizar el resentimiento de las masas peronistas contra los militares cuando éstos tomaban medidas represivas; la corrupción y la ineficacia en el manejo de las empresas estatales, inclusive YPF; la debilidad y los errores cometidos en la realización de objetivos de política económica. El memorándum concluía declarando que las Fuerzas Armadas no estaban dispuestas a que se las considerara cómplices de las erróneas políticas nacionales y solicitaba una rápida acción para modificar la política y una purga de los funcionarios indeseables en el gobierno.[123]

El enfrentamiento planeado entre el presidente Frondizi y el Ejército se produjo entre el 10 y el 14 de octubre. Sin embargo, en contra de las expectativas de Toranzo Montero, el secretario de Ejército, Larcher, quien había estado ausente del país durante el último mes y aparentemente no en contacto directo con el comandante en jefe, se negó a avalar el memorándum de reclamos. Cualquiera que hubiera sido su relación anterior con Toranzo Montero, Larcher se identificaba ahora totalmente con el gobierno de Frondizi. Como miembro de1 gabinete, no estaba dispuesto a colaborar en la destitución del gobierno, y en verdad, hacía todo lo posible por evitarlo.[124]

La división entre Larcher y el comandante en jefe fue un importante factor en la alteración de los planes de este último. El secretario de Ejército, que era también oficial de caballería retirado, podía lograr el apoyo de los oficiales de su arma. Toranzo Montero se vio forzado así a elegir entre aceptar la responsabilidad de provocar un enfrentamiento armado si seguía presionando con sus intenciones originales o retirarse a una posición prevista y esperar otra oportunidad. Eligió esta última posibilidad y anunció mediante un comunicado que la meta del Ejército era dirigir la atención hacia los problemas serios, y no romper el orden constitucional.[125]

Las medidas adoptadas a su vez por el presidente Frondizi también resultaron un factor fundamental que contribuyó a frustrar el objetivo de Toranzo Montero. Una vez más, como en las crisis anteriores, logró el apoyo del ex presidente Aramburu para que hablara con personal militar y lo desalentara de cualquier interrupción del orden constitucional. El presidente Frondizi también pudo llevar a cabo una hábil maniobra psicológica que debilitó el entusiasmo de los conspiradores militares. En el momento mismo en que recibía al general Toranzo Montero en la Casa Rosada el 12 de octubre para discutir el contenido del memorándum del Ejército, una transmisión radial en cadena emitía su voz grabada denunciando qué «un minúsculo sector conspira para asumir el poder». En este discurso radial, el presidente defendía los logros de su gobierno, impugnaba los motivos de los conspiradores y proclamaba su determinación de no renunciar, fuera cual fuese la presión ejercida sobre él. Ese oportuno discurso puso a sus críticos militares a la defensiva. Nadie quería admitir abiertamente que estaba en favor de romper el orden constitucional.[126]

La crisis de octubre de 1960 concluyó con el presidente Frondizi todavía en el cargo y con sus poderes relativamente intactos. El 14 de octubre, en una entrevista personal con un grupo de generales a quienes había invitado a la Casa Rosada, admitió que las Fuerzas Armadas tenían el derecho de hacer observaciones sobre cualquier aspecto de la orientación del gobierno; inclusive estuvo de acuerdo con la creación de un comité especial del Ministerio de Defensa que examinara las demandas e hiciera propuestas. Pero permaneció inflexible al insistir en que eran privativas de su autoridad constitucional la designación de su gabinete y la determinación de su política, y que no subordinaría esas decisiones al veto del Ejército.[127]

El presidente Frondizi se negó a excluir de su gabinete a los miembros civiles señalados por los generales del Ejército, pero encontró conveniente ceder a la exigencia de la renuncia del secretario de Ejército. El general Larcher, en realidad, la había ofrecido voluntariamente el 10 de octubre, después de negarse a apoyar la presentación del memorándum, pero Frondizi había rehusado aceptarla. Las relaciones de Larcher con el comandante en jefe y otros generales ya eran ahora tan tensas, sin embargo, que la insistencia del presidente en retenerlo en su cargo sólo podía prolongar la atmósfera de crisis. Al acceder, el 14 de octubre, a que Larcher renunciara, la primera elección del doctor Frondizi como sucesor fue el general (R) Aramburu. El ex presidente, a pesar de sus esfuerzos para evitar un golpe, no estaba dispuesto a identificarse con la administración de Frondizi. El presidente ofreció, por fin, la cartera, después de consultar con varios oficiales, inclusive el propio Toranzo Montero, a un oficial en servicio activo, el jefe de la guarnición de Campo de Mayo y director del Colegio Militar, general de brigada Rosendo Fraga.[128] Para el presidente Frondizi, la designación del general Fraga resultó una elección acertada. Aunque había estado muy identificado con Toranzo Montero en la crisis de setiembre de 1959 y había sido un activo participante en las reuniones de los generales que provocaron el enfrentamiento del 10-14 de octubre de 1960, una vez nombrado en el gabinete de Frondizi se convirtió en un firme defensor de la continuación del gobierno civil. Además, como miembro de una distinguida familia de militares y hombre de considerable atractivo personal, era el individuo más apropiado para lograr el apoyo de los oficiales que hasta ese momento habían seguido la guía del comandante en jefe.

Debe señalarse que Toranzo Montero no había renunciado a su propósito de destituir a Frondizi y seguía elaborando planes en la creencia de que el general Fraga, que ya antes había estado de su lado, volvería a estarlo en el futuro. Pero el nuevo secretario de Ejército rehuía hábilmente sus sugerencias, al propio tiempo que tomaba discretas medidas para limitar su influencia. Mediante una de ellas, ordenó la suspensión de las reuniones periódicas de los generales los lunes por la mañana, encuentros que el comandante en jefe había utilizado para afirmar su influencia. En el futuro esas reuniones sólo se harían a solicitud del secretario de Ejército.[129]

El general Fraga se movió con mucha lentitud y discreción en sus intentos de reducir el influjo de Toranzo Montero sobre la lealtad de los generales. La lista de promociones de fin de año, por ejemplo, parece haber sido aprobada sin reticencias tanto por el secretario como por el comandante en jefe y en ella figuraba el ascenso de varios oficiales que pertenecían al círculo de Toranzo Montero, inclusive su hermano Federico, uno de los únicos dos promovidos al grado de general de división. Es comprensible, pues, que Toranzo Montero siguiera actuando sobre la premisa de que cuando llegara el momento oportuno para que el Ejército se movilizara contra el presidente, el general Fraga y prácticamente todos los generales estarían de su parte.[130]

La validez de esa premisa se comprobaría a mediados de marzo de 1961. Antes de ese momento, y durante un lapso de varias semanas, los hechos habían provocado una sensación de creciente alarma en el general Toranzo Montero y los sectores políticos que compartían su postura anticomunista, antiperonista y pro norteamericana. El hecho de que en febrero el ganador en la elección para senadores por la Capital Federal fuese Alfredo Palacios, antiguo socialista cuya campaña se basó en una plataforma pro castrista y que tuvo el apoyo tanto de los comunistas como de los peronistas, aumentó el temor de que si no se tomaban medidas rigurosas, el país caería irremisiblemente en las garras del comunismo. Esta sensación de intranquilidad se agudizó tras la publicación, a principios de marzo, de un anuncio en el sentido de que el gobierno de Frondizi planeaba dejar sin efecto el plan Conintes. Esto pondría fin al papel representado por los militares en la represión de la subversión y reduciría su influencia en aquellas provincias donde los gobernadores de la UCRI aún hacían tratos con los peronistas locales. Las presiones más o menos disimuladas, quizá ejercidas desde el Ministerio de Defensa, postergaron toda decisión final, pero el solo indicio de que el gobierno considerara esa medida era de por sí alarmante. También lo era la decisión de entregar la CGT a dirigentes sindicales y poder cumplir así una antigua promesa de Frondizi: promover un movimiento laboral unificado. Después de estar bajo la permanente intervención oficial desde 1955, la CGT al fin se entregó, el 16 de marzo, a un comité mixto que representaba a veinte gremios. Aunque diez de ellos eran peronistas de la línea dura y los otros independientes de diversas tendencias, Toranzo Montero consideró esa medida como una vergonzosa entrega de la CGT a «los delincuentes de la dictadura».[131]

Aunque la situación en el país parece haber sido su preocupación principal, Toranzo Montero y los elementos de igual mentalidad en los círculos militares y civiles también se alarmaron ante el manejo oficial de la política exterior, en especial respecto de la Cuba de Castro. Cuanto no fuera un apoyo, decidido a los Estados Unidos era considerado por ellos como una traición a los intereses nacionales y una colaboración con el extremismo. Fue así como reaccionaron ante la propuesta del canciller argentino, dada a conocer el 6 de marzo, de que Argentina actuara como mediadora en las diferencias entre los Estados Unidos y Cuba. Toranzo Montero consideró la propuesta, con su implicación de que la Argentina era neutral y los asuntos en cuestión no eran hemisféricos sino bilaterales, como «una torcida gestión internacional… que abre las compuertas al más crudo izquierdismo». El almirante (R) Rojas, que compartía esa opinión, vio en la propuesta de mediación un regreso a la «desacreditada» tercera posición de Perón.[132]

Bajo el impacto de la serie de hechos enumerados, el general Toranzo Montero sondeó al secretario Fraga y a sus colegas generales acerca de la necesidad de terminar con el gobierno de Frondizi. Para su sorpresa, el comandante en jefe descubrió que ya no disfrutaba del apoyo casi unánime que había logrado en vísperas del enfrentamiento de octubre de 1960. En efecto, entre el 10 y el 22 de marzo, descubrió huellas de un intento organizado para desacreditarlo como general politizado y para lograr su relevo. Consciente ahora de que el secretario Fraga se oponía categóricamente a un golpe y que varios antiguos simpatizantes suyos, inclusive el general Poggi, titular del Primer Cuerpo de Ejército, y el general Pablo Spirito, jefe del Estado Mayor General, también se oponían, pidió ser relevado de su cargo como comandante en jefe el 22 de marzo. El general Fraga, después de una demostración de vacilaciones, aceptó el pedido verbal e informó al Ejército que por el momento asumía las obligaciones de comandante en jefe.[133]

A causa de los hechos ocurridos durante las horas subsiguientes, subsiste un interrogante acerca de las intenciones de Toranzo Montero: no ratificó su renuncia verbal por escrito, como se lo requería repetidamente el secretario Fraga. Mientras tanto, empezaron a correr rumores en los círculos militares de que la renuncia no era voluntaria. Esa noche y durante las primeras horas del 23 de marzo, tuvo lugar una reunión de generales en el cuartel general de Palermo de la Primera División Motorizada, a la que asistió Toranzo Montero. Su comandante, el general Fernando Elizondo, se ofreció para apoyarlo mediante el copamiento de la Casa Rosada, si él daba la orden. Pero el secretario Fraga que apareció en la reunión, solicitó a Toranzo Montero que confirmara que su pedido de retiro había sido voluntario. El ex comandante en jefe, consciente de que muchos generales ya secundaban a Fraga, que su propio prestigio había disminuido a causa de los ataques personales y que un copamiento del poder dividiría al Ejército y crearía el peligro de una guerra civil, confirmó su primera decisión de renunciar, y la reunión se disolvió sin más consecuencias.[134]

La renuncia y el retiro inmediato del general Toranzo Montero debió suponer un gran alivio para el presidente Frondizi. Ya podía tomar decisiones con mucha más libertad y menos preocupación por las reacciones del Ejército que en cualquier otro momento de los dos últimos años.[135] Con ese espíritu, Frondizi hizo cambios en su gabinete y excluyó de él a Álvaro Alsogaray, a quien había nombrado de mala gana en el Ministerio de Economía para apaciguar la opinión militar en junio de 1959, y cuyo fracaso en la puesta en práctica del aspecto desarrollista de su programa económico era causa de gran exasperación.[136] El presidente también prestó atención cada vez mayor a los asuntos internacionales. Durante los ocho meses que siguieron, Frondizi viajó cinco veces al exterior en una de las cuales habló ante las Naciones Unidas y se reunió con el presidente Kennedy. Otro viaje más extenso lo llevó al Canadá, Grecia y Asia, y concluyó con otra reunión con el presidente norteamericano. En ningún momento pareció preocupado por la posibilidad de perder el control del gobierno durante su ausencia. Sin embargo, tal como se analizará en el próximo capítulo, el ejercicio independiente de su autoridad constitucional respecto de la política exterior provocaría agitación en las Fuerzas Armadas y abriría el camino para el final y funesto enfrentamiento de marzo de 1962.

IX

JUEGOS PELIGROSOS:

LA CAÍDA DE FRONDIZI, 1961-1962

El aliento que significó para el presidente Frondizi la partida del general Carlos Toranzo Montero no podía ignorar el hecho de que el Ejército aún estaba fuertemente dividido en sus opiniones. A lo sumo existía un inseguro equilibrio dentro del cuerpo de oficiales en favor del apoyo al gobierno constitucional. Las divisiones dentro de ese cuerpo no eran simplemente de carácter político; los valores profesionales y las ambiciones personales también estaban en juego. El desafío a que debía hacer frente el secretario Fraga era cómo reaccionar ante las presiones provenientes de los distintos grupos y al mismo tiempo preservar la paz interna y la unidad de la institución.

Por un lado estaban los legalistas, oficiales que apoyaban el gobierno de Frondizi sin estar de acuerdo necesariamente con sus planes de acción concretos. Durante los días que siguieron a la partida de Toranzo Montero, un grupo de estos oficiales, bautizado por los medios de difusión como los «cuarenta coroneles», tramó con el secretario de Ejército una purga de aquellos generales más estrechamente asociados al ex comandante. Además, demostrando poca confianza hacia los demás oficiales superiores, propusieron el regreso al servicio activo de uno o dos prestigiosos generales para que asumieran los cargos de comandante en jefe y jefe del Estado Mayor General. Esos coroneles, muchos de ellos comandantes de unidades de caballería, se consideraban a sí mismos oficiales altamente profesionalizados que querían que el Ejército se limitara a sus deberes institucionales y deseaban eliminar de él a los elementos politizados. Pero al proponer que las vacantes resultantes fueran cubiertas por «verdaderos profesionales», al margen de que tuvieran o no el grado necesario, daban lugar al reproche de solicitar un plan de acción cuyos principales beneficiarios serían ellos mismos: coroneles que aspiraban al rango de general.[1]

En el frente opuesto a los legalistas estaban los ex torancistas, oficiales todavía convencidos de que no se podía confiar en el presidente Frondizi y de que su permanencia en el cargo era un peligro para el país. Esos oficiales no vacilaban en buscar dentro del cuerpo de oficiales adherentes a sus puntos de vista o en hacerlos públicos, si bien en forma indirecta. En un artículo publicado en las páginas de la Revista Militar, el órgano del Círculo Militar que llegaba hasta cientos de oficiales del Ejército, tanto en actividad como retirados, el coronel Rómulo Menéndez expuso la posibilidad de una intervención militar. Al propio tiempo que negaba que las Fuerzas Armadas debieran tomar parte en luchas partidarias, proclamaba sin ambages su obligación de actuar en salvaguardia de los más altos intereses de la Nación: «Sin embargo, cuando las autoridades estatales, por incapacidad o errores conscientes en el ejercicio del poder, se manifiestan impotentes o inoperantes frente al progreso de males que afectan o vulneran aquellos valores esenciales poniendo en peligro la existencia misma de la Nación, las Fuerzas Armadas deben, en cumplimiento de su misión específica, intervenir en su defensa».[2] Citaba varios actos gubernamentales que consideraba promotores del caos y concluía expresando: «La hora es, en consecuencia, una de profunda y grave reflexión».[3]

La reacción del secretario Fraga ante las conflictivas presiones reinantes en la institución consistió en moverse con mucha discreción. A pesar de las actividades de los «cuarenta coroneles» y de los aparentes pedidos del propio presidente, evitó tomar cualquier medida que se pareciera a una purga. Su elección de Raúl Poggi, el teniente general de más antigüedad, como nuevo comandante en jefe, fue hecha en parte para evitar las solicitudes de retiro que hubieran seguido al nombramiento de un general de menor antigüedad. Esta designación de Poggi, oficial de ingenieros, no pudo evitar que surgieran críticas de otras ramas, pero la experiencia de Poggi, tanto como comandante de tropas como en los servicios administrativos, ofreció a Fraga argumentos a los que podía apelar para defender su elección.[4] El secretario de Ejército, sin embargo, hizo concesiones a los oficiales de caballería legalista. Designó a uno de ellos subjefe del Estado Mayor General; y cuando se les ofreció una excusa por la conducta del comandante torancista de la Primera División Blindada de Campo de Mayo, él y el general Poggi lo reemplazaron en ese cargo de tanto poder por el general de brigada Juan Carlos Onganía. Poco tiempo después, otros dos conocidos generales torancistas fueron transferidos de sus cargos; uno de ellos era el titular de la Primera División Motorizada con asiento en la Capital Federal.[5]

La esperanza de Fraga era robustecer la cohesión de fuerzas dentro del Ejército. En su primera Orden General, emitida el 13 de abril, solicitó a los oficiales que depusieran sus antagonismos y unieran sus esfuerzos para proteger a la institución de las «influencias extrañas a ella que en definitiva la perturban, dividen y debilitan». Prometió, además, contemplar «los importantes problemas que hacen a la vida de la institución y del país» y ser «fiel intérprete de los justos anhelos de los Cuadros».[6] Con este fin, y con la aprobación del presidente Frondizi, creó un consejo de generales que serviría como vehículo institucionalizado para que los comandantes del Ejército pudieran expresar sus preocupaciones. Formado por una tercera parte de los generales del cuerpo de comando, elegidos en orden de antigüedad, el consejo, de acuerdo con el decreto del 14 de abril que determinaba su creación, tendría como misión asesorar al secretario de Guerra en los problemas fundamentales de la institución.[7] Sus miembros originales eran los quince generales de mayor antigüedad; al menos cuatro, y posiblemente más, de esos oficiales estaban claramente identificados con posiciones antifrondícistas. No debe sorprender, entonces, que sus reuniones derivaran hacia debates políticos y que un organismo concebido pará promover la cohesión del Ejército lograra muy poco en sus objetivos originales.[8]

A pesar de las innovaciones institucionales del secretario Fraga, el Ejército continuó siendo un cuerpo tan dividido como unido. Su unidad radicaba en el acuerdo de prácticamente todos los oficíales en cuanto a que un retorno de Perón o de su sistema de poder no debía tolerarse. Tal unidad se extendía también a una preocupación compartida acerca de la expansión del comunismo, preocupación que se transformaba en obsesión tras el impacto de los sucesos en Cuba. Los oficiales del Ejército de todos los matices políticos veían en la manifiesta posición marxista-leninista de Castro, en su aceptación de la ayuda soviética y en el apoyo a Fidel manifestado en los círculos estudiantiles, intelectuales y laborales, una amenaza no sólo a la seguridad nacional sino también a la existencia misma de las Fuerzas Armadas. La destrucción del cuerpo de oficiales de la Cuba precastrista por obra de los pelotones de fusilamiento de Fidel no pasó inadvertida.

Pero aun cuando los oficiales del Ejército argentino estaban unidos en su oposición al peronismo y al comunismo, no sucedía lo mismo respecto de si esos objetivos podían lograrse de mejor manera manteniendo en el poder al presidente Frondizi y permitiéndole llevar a cabo sus planes desarrollistas, o si debían procurar su alejamiento del cargo. E inclusive entre quienes abogaban por este último curso de acción, existían diferencias acerca de si el gobierno que lo sucedería debía ser de carácter civil, el producto de una nueva elección, o una franca dictadura militar.

Al 1.º de mayo de 1961, el tercer aniversario de la asunción de la presidencia por parte de Frondizi, y en la mitad del lapso de su mandato constitucional, el equilibrio de fuerzas dentro del Ejército, aunque no abrumador, todavía apoyaba su continuación en el cargo. Una distribución similar parecía prevalecer en la Marina y la Fuerza Aérea. Era el propio presidente quien debía decidir si su acción futura reforzaría ese equilibrio o persistiría en sus actitudes que, si bien justificables de acuerdo con sus puntos de vista, podían crear el riesgo de destruir el equilibrio.

Aunque dispuesto a escuchar las inquietudes de los militares, el presidente Frondizi no estaba preparado, sobre todo en el ámbito de las relaciones exteriores, a ceder el control de la determinación de sus políticas. Su concepto de la autoridad en tal ámbito parecía hacer pocas concesiones a lo precario de su posición o a la necesidad de calcular el impacto de sus actos sobre el equilibrio militar. En un discurso dirigido a todo el país en agosto de 1961, afirmó:

Soy el jefe del Poder Ejecutivo y tengo la unipersonal responsabilidad del cumplimiento de los deberes que la Constitución le impone. Asumo íntegramente esa responsabilidad y no estoy dispuesto a rehuirla, a delegarla o a descargarla en funcionarios que cumplen lealmente las instrucciones que les imparte el presidente de la Nación. Tal conducta sería impropia de un jefe que aspira al respeto de sus subordinados.[9]

Esta idea de sus poderes y su inclinación a mantener sus decisiones en materia de política exterior fuera del conocimiento de los miembros militares de su gabinete, precipitarían en un período de siete meses dos grandes crisis, cada una de las cuales pudo haber tenido como desenlace su destitución.

Antes de analizar esas crisis específicas, es importante señalar el conflicto entre el enfoque personal que el presidente Frondizi tenía de las decisiones sobre política exterior y los reclamos históricos de los militares argentinos en este ámbito. En este conflicto intervenían problemas de estilo y de fondo. Aun a partir de la década de 1930, y quizá antes, las Fuerzas Armadas argentinas habían llegado a creer que tenían un derecho inherente a desempeñar un papel fundamental en las decisiones sobre política exterior. En períodos de gobierno militar, o cuando el jefe del Poder Ejecutivo había sido un militar, las diferencias surgidas se habían superado dentro de la jerarquía militar. Pero aun bajo las presidencias de civiles (Ortiz, 1938-40, y Castillo, 1940-43) los militares pudieron ejercer una significativa influencia sobre las decisiones en este ámbito. No parece aventurado decir que bajo la presidencia de Frondizi los jefes militares esperaban estar plenamente informados y tener oportunidad de vetar actos que, en su opinión, pusieran en peligro la seguridad nacional.[10]

Frondizi, sin embargo, estaba resuelto a jugar su política exterior sin mostrar las cartas, aun a riesgo de indisponerse con los militares. ¿Por qué procedía así? La explicación parece consistir en una mezcla de motivos, políticos, prácticos e inclusive emocionales. En las decisiones referidas a su política económica y en otros ámbitos tales como la educación, Frondizi, ya lo hemos señalado, había roto con las posiciones tradicionales de los Radicales Intransigentes, apartándose en ese proceso de muchos de sus ex amigos y simpatizantes. También se había visto forzado a ceder en diversas ocasiones a las presiones militares, con una considerable mengua de su dignidad y autoridad personales. El ámbito de las relaciones exteriores, en especial después de 1961, ofrecía a Frondizi la oportunidad de recuperar su imagen y, quizá, también su autoestima. Podía demostrar a los Radicales Intransigentes, así como a los nacionalistas de la derecha o de la izquierda, que no había perdido nada de su anterior devoción por una Argentina que no admitía que la pasaran por alto, un país que insistiría en desempeñar un papel independiente en las políticas hemisféricas e inclusive aspiraría a un reconocimiento en el concierto mundial. Podía, al mismo tiempo, demostrar a otros países que la Argentina estaba en manos de un jefe que sabía lo que quería y que debía ser tomado en serio. En realidad, como consecuencia de sus contactos con los líderes políticos y diplomáticos de otros países, el prestigio de Frondizi era mucho más alto en el exterior que en su propio país.

El acceso de John F. Kennedy a la presidencia de los Estados Unidos, coincidente con el desafío de la Cuba de Castro, a las relaciones interamericanas existentes, brindó a Frondizi la oportunidad de desempeñar un papel más importante en los asuntos hemisféricos. Invocando principios argentinos tradicionales sobre política exterior, tales como el respeto a la autodeterminación, la no intervención en asuntos internos de otros países y la busca de soluciones pacíficas en las disputas internacionales, el presidente Frondizi formuló una política sutil destinada a demostrar su amistad con Estados Unidos y, al mismo tiempo, su oposición a tomar medidas precipitadas contra Cuba. Frondizi pareció ver en la continuidad de un régimen castrista una palanca que podía ser hábilmente utilizada por la Argentina en beneficio propio. El presidente Kennedy, al proclamar la Alianza para el Progreso, se comprometía, en principio, a prestar ayuda a cambios económicos y sociales pacíficos. Dedicado a su propia estrategia desarrollista, el presidente Frondizi esperaba persuadir a la administración Kennedy de un aumento en el componente de ayuda económica anunciado en el programa y la asignación de un mayor porcentaje de esos fondos para los proyectos argentinos. En verdad, Frondizi logró establecer una cordial relación con el presidente Kennedy y la Argentina fue eventualmente elegida como uno de los principales campos de acción de la Alianza para el Progreso. En este contexto, la actitud del presidente argentino con respecto a Cuba parece haber tenido el propósito de asegurar una mayor afluencia de ayuda económica de los Estados Unidos; al mismo tiempo demostraba que su gobierno no era un satélite. Frondizi, en efecto, estaba resuelto a demostrar su independencia mediante iniciativas tendientes a promover un frente común de los países integrantes del Cono Sur.[11]

El resultado más concreto de esas iniciativas fue la reunión de Uruguayana con el presidente brasileño Janio Quadros, en abril de 1961, y la firma de un tratado, ambiguamente redactado, de amistad y consulta que comprometía a ambos países a coordinar sus esfuerzos para obtener concesiones del mundo de avanzada a fin de promover el desarrollo de sus respectivos países. Por varias razones, la política de amistad de Frondizi con Brasil preocupó a los militares argentinos. Las proclamas públicas de Quadros sobre su neutralidad ante la rivalidad norteamericano-soviética y su manifiesta simpatía hacia los sucesos en Cuba aumentaron la intranquilidad de los militares, que tradicionalmente consideraban a su poderoso vecino como un rival permanente y un enemigo en potencia. Sin embargo, una cosa era expresar esa preocupación, como lo hicieron respecto del acuerdo de Uruguayana, y otra muy distinta era montar una resistencia organizada, como lo harían después a propósito de asuntos relacionados con Cuba.[12]

Aunque Frondizi podía ofrecer una explicación razonable, pero discutible, para su política exterior con Cuba, tal explicación no podía formularse abiertamente sin perder su eficacia. Además, la suya era una posición que muchos militares no estaban preparados para aceptar. Toda actitud que no fuese de manifiesta oposición a la Cuba de Castro se consideraba como promotora de la difusión del comunismo en la Argentina y el resto de América Latina. Dada la sospecha ya existente en determinados círculos —en especial los Servicios de Información— de que los asesores más allegados al presidente, e inclusive el propio Frondizi, en el fondo eran comunistas, acciones que en otro jefe del Poder Ejecutivo habrían sido aceptables sólo servían para provocar reacciones histéricas.[13]

Tal fue el caso de la entrevista secreta que Frondizi concedió a Ernesto «Che» Guevara, en la residencia presidencial de Olivos, el 18 de agosto de 1961. Guevara, en su carácter de ministro de Industria de Cuba, había asistido en Punta del Este a la reunión del Consejo Interamericano Económico y Social, en la cual, a pesar de su oposición, se había avalado el concepto de la Alianza para el Progreso y se había aprobado el mecanismo para llevarla a la práctica.

Los detalles preliminares a la reunión Frondizi-Guevara aún siguen en la incertidumbre, y sin probarse en forma definitiva quién tomó la iniciativa para celebrarla ni qué se dijeron los interlocutores. Pero la decisión de Frondizi de recibir a Guevara parece relacionarse con su esperanza de actuar como mediador entre Cuba y los Estados Unidos. De haberlo conseguido, habría tenido un triunfo diplomático con beneficios políticos para su partido en las próximas elecciones argentinas. Lo que él provocó, en cambio, fue una crisis política que estuvo a punto de precipitar un golpe en el país.[14]

Aunque la visita de Guevara a la Argentina sólo duró cuatro horas, las precauciones tomadas para mantenerla en secreto no fueron muy estrictas. Voló en un pequeño avión desde Montevideo a un aeródromo poco importante en la provincia de Buenos Aires y fue conducido en un automóvil cerrado a Olivos. Autorizado por Frondizi a visitar a un pariente enfermo en Buenos Aires, regresó al Uruguay por los mismos medios en que había llegado, no sin que lo reconocieran antes de su partida.[15]

El rumor de la visita de Guevara, que la oficina de prensa de la Casa Rosada después confirmó, corrió como el relámpago que precede a una tormenta. La tormenta, en esta instancia, tuvo su origen en la oleada emocional que corrió por todas las Fuerzas Armadas y buena parte de la población. Durante los dos días subsiguientes, los cuarteles generales y las guarniciones militares fueron escenario de muchas reuniones, mientras los secretarios de Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea se enfrascaban en maratónicas discusiones con sus comandantes, entre sí, y con el presidente. Un factor que aumentaba la dificultad de los secretarios militares para contener a sus subordinados fue su total ignorancia de la visita de Guevara, hasta que resultó un hecho consumado. La decisión de Frondizi (tomada, según se adujo, por razones de seguridad) de arreglar el encuentro como hizo, dejó a los secretarios pocos recursos para apaciguar las protestas de los oficiales enfurecidos. Sobre todo Fraga, el secretario de Ejército, se sintió seriamente comprometido por la actitud del presidente y en algún momento estuvo a punto de renunciar. Frondizi, no obstante, consiguió disuadirlo y logró que siguiera dándole su apoyo, sin el cual hubiera sido inevitable un golpe del Ejército.[16]

Como parte del proceso para restaurar la calma, el presidente Frondizi convocó el 19 de agosto a una reunión de altos mandos de las tres Fuerzas Armadas, junto con todo el gabinete de Defensa. Tras una prolongada exposición del presidente y una vez que los militares expresaron sus preocupaciones, se emitió un comunicado por acuerdo mutuo a fin de informar que la visita de Guevara no había alterado en absoluto la firme posición de la Argentina respecto de Cuba y el comunismo. También se decidió que Frondizi debía dirigir un mensaje a todo el país para explicar los objetivos y principios de su política exterior. Su discurso del 21 de agosto fue una exposición magistral que combinaba una resuelta afirmación de sus prerrogativas presidenciales con un llamado a la sensibilidad nacionalista. Vinculó la preocupación de la Argentina en cuanto a la defensa de su propia soberanía con la necesidad de respetar la soberanía de otros países y de aceptar pacíficamente la coexistencia de sistemas divergentes. Al mismo tiempo, y dirigiéndose indirectamente a quienes provocaban dudas sobre su propia orientación política, destacó su repudio al totalitarismo, reafirmó su adhesión a los valores occidentales y se refirió por extenso al alto concepto que el presidente Kennedy y otros funcionarios de los Estados Unidos tenían de su gobierno.[17]

El furor suscitado por la entrevista secreta del presidente con Guevara al fin se disipó; la única consecuencia visible fue la renuncia del canciller, Adolfo Mugica. En su carácter de funcionario nominalmente responsable de autorizar la visa de entrada al revolucionario cubano, Mugica elevó su renuncia como una concesión para apaciguar la ira militar. En su lugar, Frondizi nombró a un conocido conservador, Miguel Angel Cárcano, cuyos antecedentes políticos y cuya larga amistad personal con la familia Kennedy quizá se consideraran factores que podían fortalecer al gobierno.[18]

La crisis de agosto, sin embargo, dejó heridas ocultas. Inclusive oficiales que no se oponían a Frondizi consideraron que sus actos eran desconcertantes.[19] ¿Frondizi esperó en verdad mantener en secreto la entrevista, sobre todo teniendo en cuenta que el edecán presidencial que había escoltado a Guevara hasta la residencia de Olivos era un oficial naval? Y si no fue así, ¿el presidente procuró deliberadamente provocar a los militares o calculó mal la vehemencia de su reacción? Después de todo, era el presidente de la Nación en persona quien había tratado de ocultar al público la entrevista, y no un emisario suyo cuyas acciones podían desmentirse oficialmente. Fuera cual fuese el propósito de Frondizi, «es indiscutible —como observó un escritor bien dispuesto hacia él— que la visita de Guevara lanzó a la conspiración a oficiales todavía renuentes y, sobre todo, desarmó en algunos militares la voluntad de defender con las armas la legalidad».[20]

La relativa calma que descendió sobre las relaciones entre Frondizi y las Fuerzas Armadas se prolongaría cinco meses. En ese lapso, Frondizi continuó enfatizando su papel en la política exterior e hizo una visita a Nueva York, en setiembre, para hablar ante las Naciones Unidas y para reunirse por primera vez con el presidente Kennedy; poco después, en noviembre, inició un viaje que se prolongaría durante un mes y que lo llevó a Canadá, Grecia, el Lejano Oriente y, una vez más, a Estados Unidos. En el momento de su partida, el país padecía una prolongada huelga ferroviaria dispuesta en protesta contra su recurso para reducir el déficit de los ferrocarriles estatales: la entrega a manos privadas del mantenimiento y otros servicios auxiliares. Levantada durante su ausencia merced a la mediación del arzobispo de Buenos Aires, la huelga de 42 días agotó los nervios del público usuario, provocó la preocupación de los militares y sirvió para demostrar que serios problemas sociales y económicos acosaban al gobierno, ya fuese que el presidente estuviese en el país o en el extranjero.

La crisis que estalló entre el presidente y los militares hacia fines de enero de 1962 se relacionó una vez más con las diferencias en torno del manejo de los asuntos exteriores. Esta vez la chispa que encendió la controversia fue el papel representado por la delegación argentina en la Octava Reunión Consultiva de Cancilleres, hecha en Punta del Este bajo los auspicios de la OEA para analizar el problema cubano.

Es tema de controversia cómo y en qué medida el presidente Frondizi consultó con los secretarios de las Fuerzas Armadas las instrucciones que debían darse a la delegación argentina. Un reciente estudio en favor de Frondizi sostiene que «los secretarios militares presionaban al presidente para que definiera ante ellos la posición que Argentina asumiría en Punta del Este. Y Frondizi, que conocía sus intenciones, obró de manera tal que las Fuerzas Armadas recién se enteraron de la posición argentina cuando se iniciaron las reuniones, aunque la Marina había enviado allá casi todo su servicio de informaciones, incluso al almirante Palma, que era jefe de Estado Mayor».[21] Esta versión implica que Frondizi mantuvo a distancia a los secretarios militares hasta que éstos pudieron enterarse por los hechos mismos de cuál era su política.

Otras fuentes proponen una interpretación menos benigna, sin embargo. Según lo recuerda el subsecretario de Marina, Juan Carlos Bassi, el presidente invitó a los secretarios militares antes de la conferencia a expresar las opiniones de sus respectivos servicios; el canciller Cárcano se reunió con ellos y les aseguró que la Argentina asumiría una posición de franca oposición a la Cuba comunista. La subsiguiente conducta de la delegación argentina, insiste Bassi, defraudó la seguridad ofrecida y los militares se sintieron engañados en un asunto en que, como guardianes de la defensa de la Nación, tenían derecho legal a influir.[22] La versión de Bassi encuentra apoyo no sólo en los recuerdos de otros oficiales, sino también en las pruebas documentales contemporáneas. El 1.º de febrero, un día después de terminada la Conferencia de Punta del Este, Frondizi presidió una reunión del Gabinete de Seguridad Exterior. Las actas de esa reunión registran que el secretario de Marina Clement expresó, sin que lo contradijeran el presidente ni el canciller, que «de acuerdo a los informes que por distintos conductos se reciben, la conducta de la delegación argentina contradice el intercambio de opiniones tenido con anterioridad».[23]

La conclusión inevitable es que el presidente hizo algo más que mantener a los militares en la ignorancia: los engañó deliberadamente.

La verdadera disputa entre el presidente y los militares, sin embargo, no obedeció a un problema de ética sino de política. Mientras que los jefes de las Fuerzas Armadas veían el problema cubano esencialmente como una amenaza militar que debía enfrentarse con sanciones colectivamente avaladas, entre ellas la expulsión de Cuba del sistema interamericano de defensa, Frondizi veía el asunto desde un ángulo distinto. Para él, la verdadera cuestión que debían analizar las naciones reunidas en la Conferencia de Punta del Este no era Castro, sino encarar los problemas del subdesarrollo. Como lo expresó en una carta de instrucciones al canciller Cárcano:

… nos cabe a nosotros, los argentinos, dejar claramente establecido que lo que se está discutiendo en América no es la suerte de un caudillo extremista que se expresa a favor de un orden político que nada tiene que ver con la realidad de nuestros pueblos, sino el futuro de un grupo de naciones subdesarrolladas que han decidido libremente ascender a niveles más altos de desenvolvimiento económico y social. Si esa soberana decisión no es respetada; si se la pretende ocultar o distorsionar con el juego ideológico de los extremismos, entonces sí el mal será difícil de conjurar: un continente entero se convulsionará política y socialmente.[24]

Era obvio que Frondizi pensaba que la preocupación por las reacciones militares ante el problema cubano derivaría la atención de las necesidades de desarrollo a largo plazo y aumentaría la resistencia en América Latina a los cambios sociales y económicos pacíficos. En su carta de instrucciones al doctor Cárcano, por lo tanto, puso en claro su actitud ante las sanciones: «Por ello deseamos salvar la unidad del sistema interamericano y por ello nos abstendremos de votar sanciones que puedan vulnerar el principio de no intervención, que irritarán más las condiciones políticas actuales y que se prestarán a la continuación más agresiva de las actividades de los extremistas de izquierda y de derecha».[25]

Al justificar así su oposición a las sanciones autorizadas por el Tratado de Río, que sirvieron como base legal para convocar la Conferencia de Punta del Este, Frondizi no mencionó lo que pudo considerarse como otro problema importante: que si Cuba era excluida del sistema interamericano de defensa, como proponían Colombia, Perú y varios otros países centroamericanos, la Argentina y el resto de América Latina bien podían ser los perdedores. Si las sanciones votadas contra Cuba resultaban eficaces y la preocupación de los Estados Unidos por Castro se disipaba, también desaparecería la buena disposición del Congreso norteamericano a votar las concesiones económicas y las sumas masivas necesarias para el desarrollo latinoamericano. El desafío que enfrentaba la diplomacia argentina en Punta del Este era en consecuencia encontrar los caminos para condenar el régimen de Castro sin destruirlo.

En Punta del Este, la delegación argentina desempeñó un papel que exteriormente pareció ambiguo. Al principio dio muestras de estar de acuerdo con los Estados Unidos en cuanto a la conveniencia de excluir a Cuba de la OEA. El 24 de enero, sin embargo, se unió a Brasil Méjico y Chile y a otros tres países para oponerse a la expulsión de Cuba, sobre la base de que la Carta de la OEA debía ser reformada previamente para permitir tal medida. Al día siguiente, el canciller Cárcano, en un importante discurso, deploró la orientación marxista-leninista de las autoridades cubanas, pero al mismo tiempo afirmó el derecho de cada país a determinar su propia forma de gobierno. La posición de la Argentina el 27 de enero pareció favorecer una vez más la expulsión, aunque no inmediata, y sus delegados trabajaron con la delegación de Estados Unidos para tratar de encontrar una fórmula que declarara al gobierno de Cuba como un régimen marxista incompatible con su afiliación a la comunidad interamericana.[26]

De las nueve resoluciones por fin adoptadas en las sesiones plenarias, la Argentina votó en favor de ocho. Varias de ellas se dirigían directamente contra el régimen de Castro, como la Resolución I, que declaraba que la unidad continental y las instituciones democráticas corrían el peligro de una ofensiva comunista internacional; la Resolución II, que reclamaba al Consejo de la OEA la formación de un comité consultivo especial de seguridad contra la subversión comunista, la Resolución IV, que solicitaba a todos los gobiernos que realizaran elecciones libres; la Resolución VII, que excluía a Cuba de inmediato de la Junta Interamericana de Defensa; y la Resolución VIII, que requería una prohibición inmediata de venta de armas a Cuba y encargaba a la OEA que analizara la posibilidad de extender el embargo comercial a otros artículos. Además, la Argentina votó sin demora las resoluciones que reiteraban los principios de no intervención y autodeterminación (III), destacó la necesidad de fomentar el desarrollo económico y social (V) y solicitó una revisión del estatuto de la Comisión de Derechos Humanos (IX).[27]

Sin embargo, fue el voto argentino del 30 de enero emitido sobre la fundamental Resolución VI el que reveló la contradicción inherente a la posición de la Argentina. La Resolución VI constaba de cuatro puntos: primero, una declaración de que la adhesión de cualquier miembro de la OEA al marxismo era incompatible con el sistema interamericano; segundo, que el actual gobierno cubano, habiéndose identificado como gobierno marxista-leninista, era incompatible con los principios y propósitos de ese sistema; tercero, que dicha incompatibilidad excluía a Cuba del sistema interamericano; y cuarto, que el Consejo de la OEA y otros cuerpos interamericanos debían cumplir con esta resolución. En la etapa de la votación de cada uno de los puntos, la delegación argentina votó en favor del primero y el segundo, pero se abstuvo en cuanto a los puntos tercero y cuarto. Cuando llegó el momento del voto de la resolución en conjunto, la Argentina se abstuvo, junto con Brasil, Méjico, Chile, Bolivia y Ecuador.[28]

Esta negativa a asociarse con los Estados Unidos y los otros trece países que votaron por la inmediata expulsión de Cuba —negativa que el canciller Cárcano trató de justificar sobre la base jurídica de que la Carta de la OEA no contenía disposiciones sobre la exclusión de miembros— provocó la ira de las Fuerzas Armadas argentinas, motivó denuncias de la prensa y de los partidos políticos opositores, y precipitó la crisis más grave que el presidente Frondizi sobrellevaría desde la visita de Guevara. Una vez más, como en el mes de agosto anterior, cada cuartel general fue escenario de tormentosas discusiones. La Fuerza Aérea fue la primera en exponer la situación ante la opinión pública. En una declaración notable dada a conocer el 31 de enero, el secretario repudiaba la política de la delegación argentina a Punta del Este, y en una orden general enviada a todas las unidades proclamaba la solidaridad del arma con «todos aquellos países que han asumido la defensa del mundo libre».[29] En los otros servicios militares no reinaba menor agitación. Esa noche, los tres secretarios militares, en nombre de sus respectivos altos mandos, elevaron notas individuales al presidente Frondizi. Según informes de prensa, esas notas reclamaban al presidente Frondizi que calmara a la opinión pública mediante la adopción de tres medidas: redefinición de la política exterior del gobierno; ruptura de relaciones con Cuba y un cambio fundamental en el Ministerio de Relaciones Exteriores mediante las renuncias del doctor Cárcano y de algunos otros asesores en política exterior.[30]

La reacción del presidente Frondizi consistió en convocar el 1.º de febrero a la reunión del Gabinete de Seguridad Exterior a que ya se ha hecho referencia para que Cárcano, que había regresado del Uruguay ese mismo mediodía, «informara con toda amplitud sobre el desarrollo de la Reunión y explicara la posición adoptada por la Representación argentina». El canciller hizo una vigorosa defensa de la delegación. Alegó que había demostrado una «firme convicción anticomunista» en los varios votos emitidos y que la «abstención en la votación de los puntos 39 y 49 de la Resolución [VI] se basó exclusivamente en razones jurídicas». La reunión de consulta de Punta del Este, agregó, no tenía autoridad jurídica para excluir a ninguno de sus miembros y desafió a cualquier jurista a que probara lo contrario. Cárcano insistió además en que la diplomacia argentina había logrado un triunfo al conseguir la aceptación de la tesis de la incompatibilidad cubana con la OEA y al persuadir a Méjico y Brasil de que se abstuvieran, en lugar de votar contra la Resolución como era la intención original de esos países, «con lo cual —aseguró— se había logrado la unanimidad ya que nadie había votado en favor del régimen imperante en Cuba». El presidente Frondizi, a su vez, avaló estas declaraciones acerca de los logros argentinos en la conferencia, señaló que Cárcano había seguido siempre las instrucciones presidenciales y observó que el presidente Kennedy había elogiado públicamente el papel de la Argentina en Punta del Este.[31]

La respuesta de los tres secretarios militares fue reclamar al presidente la ruptura de relaciones con el régimen cubano, como extensión lógica de la tesis de incompatibilidad y también como un paso esencial para restaurar la tranquilidad de las Fuerzas Armadas y la población en general. Fraga, el secretario de Ejército, Clement, el de Marina, aunque admitieron las justificaciones legales presentadas por el doctor Cárcano, también preguntaron si la Argentina no podía entonces apoyar una enmienda a la Carta de la OEA que permitiera expulsar legalmente a Cuba.[32] El secretario de Aeronáutica, Jorge Rojas Silveyra, por su parte, mostrándose menos sensible al aspecto jurídico argumentó que el peligro del comunismo, que hace caso omiso de las restricciones legales, a veces justifica el sacrificio de la ley. «Las democracias —dijo— no deben ser tan generosas y deben cuidar su subsistencia aun a costa del derecho, para no correr el riesgo de sucumbir en manos de quienes no lo respetan».[33] Ninguno de los presentes en la reunión apoyó este razonamiento, pero representaba un punto de vista que no se limitaba a la Fuerza Aérea. Quince años después, y en circunstancias totalmente distintas, se convirtió en principio de acción de un régimen militar argentino.

La reunión de tres horas del Gabinete de Seguridad Exterior finalizó con el anuncio de Frondizi de la adopción de las medidas que se proponía llevar a cabo. Prometió que la Argentina implementaria estrictamente todas las resoluciones adoptadas en Punta del Este y que la abstención respecto de los dos puntos de la Resolución VI de ninguna manera perjudicaba la solidaridad de la Argentina con los países que habían votado afirmativamente en Punta del Este. También estipuló que la cancillería adoptaría cuatro medidas: el retiro inmediato del embajador argentino en Cuba; la pronta iniciación de un estudio de la posibilidad de reformar la Carta de la OEA; el estudio del problema de una ruptura de relaciones con el gobierno cubano y la preparación, para ser elevada al presidente, de un comunicado para explicar la actitud de la delegación argentina en Punta del Este.[34]

Si el presidente esperaba que estas decisiones disiparían la crisis, sufriría una decepción. El día siguiente, el 2 de febrero, aumentó la tensión; las tres Fuerzas Armadas acuartelaron todos sus efectivos y la Fuerza Aérea llegó al extremo de poner a todas sus unidades en estado de alerta. El motivo central en la continuación de la crisis fue la exigencia hecha por oficiales de las tres Fuerzas para una inmediata ruptura de relaciones con el gobierno de Cuba. La decisión del presidente de ordenar a la cancillería el estudio del problema no era suficiente para apaciguar la opinión militar. En efecto, los ánimos ya estaban tan caldeados que cuando el canciller Cárcano, por invitación del almirante Clement, visitó el Ministerio de Marina para explicar su actuación en la Conferencia de Punta del Este, los oficiales exasperados no lo dejaron hablar.[35]

La atmósfera de tirantez cada vez mayor puso en estado de especial tensión a los secretarios militares. Situados entre la determinación de Frondizi de resolver por sí solo su política exterior y la presión ejercida por sus subordinados, cada uno de los secretarios se encontró en la posición de tener que representar las opiniones de sus respectivas Fuerzas y, al mismo tiempo, defender al gobierno contra las maquinaciones de oficiales ansiosos de destituirlo. Cuanto más durara la crisis, tanto mayor sería el peligro de que la minoría golpista lograra suficiente apoyo de la corriente mayoritaria de opinión entre los oficiales para poder dar el golpe. Para prevenir tal eventualidad, los secretarios militares aseguraron a sus respectivos oficiales superiores, después de la reunión de gabinete del 1.º de febrero, que podía esperarse una ruptura de relaciones. Además, en reemplazo del proyecto de comunicado preparado por la cancillería (que no hacía mención a la ruptura diplomática), redactaron un texto que incorporaba sus propias ideas. Ese texto llegó a manos de los periodistas, que lo describieron como un ultimátum presentado al presidente.[36]

Con justificado disgusto, Frondizi convocó a una nueva sesión del Gabinete de Seguridad Exterior la noche del 2 de febrero. Durante varias horas, él y los secretarios militares discutieron acaloradamente acerca de lo que debía hacerse. El presidente, protestando ante el insulto hecho a su persona, insistió en que él tenía el poder de decisión y que, a pesar de estar dispuesto a analizar sus políticas con ellos, no cedería ante ninguna imposición. Los secretarios militares, por su parte, negaron que hubiesen tenido intención de insultar al presidente y aseguraron que habían procurado fortalecer su autoridad. Tanto Fraga, el secretario de Ejército, como Clement, el de Marina, trataron de explicar que habían dejado la reunión anterior del gabinete en la creencia de que el presidente había aceptado de mala gana la necesidad de una ruptura con Cuba y que el estudio solicitado a la cancillería sólo se ocuparía de la forma de llevarla a cabo. El presidente, apoyado por el canciller Cárcano, volvió a insistir categóricamente en que la decisión de la ruptura, así como la forma en que debía hacerse, dependía de los resultados del estudio. Durante esa vehemente discusión, el presidente citó las actas del 1.º de febrero para demostrar que él no había acordado una ruptura de las relaciones, sino sólo un estudio del problema. Dejó de mencionar que tras esa reunión había solicitado al funcionario encargado de hacer el acta que cambiara la redacción: la frase «el Ministerio de Relaciones Exteriores estudiará la ruptura de relaciones diplomáticas con el régimen cubano» debía cambiarse por «estudiará el problema de la ruptura…» etc. La confusión de los secretarios militares era comprensible.[37] Ante la actitud inflexible del presidente, Clement y Fraga admitieron que habían entendido mal. Según las palabras del secretario de Marina: «He interpretado mal e informado mal y eso crea una situación insostenible para mí».[38] Sin embargo, él y otros secretarios militares señalaron que el problema continuaba: sus Fuerzas esperaban un cambio aceptable en la política del presidente. En ese momento, el ministro del Interior, Vítolo, que asistía a la reunión en su carácter de titular de Seguridad Interna, trató de llegar a un compromiso. Bajo su dirección, se preparó una declaración pública que combinaba elementos del texto de los secretarios militares y el de la cancillería. El párrafo final, cuidadosamente redactado, insinuaba sin expresarlo claramente que la ruptura de relaciones diplomáticas con Cuba estaba en preparación.[39]

El presidente, sin embargo, que se oponía terminantemente a ella, anunció al gabinete que no se sentía obligado por esa declaración; su decisión seguía dependiendo del futuro estudio. En ese momento, el ministro Vítolo se unió a los secretarios militares para destacar la necesidad de una decisión rápida, si lo que se pretendía era mantener el orden constitucional.[40] Enfrentado, pues, a la posibilidad de una revuelta, y ante la advertencia de los secretarios militares, quienes anunciaron que si no se llegaba a una decisión inmediata debían renunciar, el presidente acabó por ceder. Las notas manuscritas en las que se basa este informe sobre la reunión del 2 de febrero, finalizan con el siguiente casi doloroso intercambio de palabras: «Fraga: ¿Usted tiene el deseo de romper las relaciones? Presidente: Sí. Pero así yo no tomo la decisión bajo presión. Fraga: Necesito conocer su intención. Presidente: Sí».[41]

El decreto que ordenaba la ruptura de relaciones con el gobierno cubano al fin se publicó seis días después.[42] Antes de resolverse a firmarlo, sin embargo, y abandonar así bajo presión una política que en su opinión era la mejor para la Argentina, Frondizi dio rienda suelta a sus sentimientos en un amargo discurso pronunciado en Paraná el 3 de febrero. Rindiéndose a la emotividad que había caracterizado a buena parte de las críticas contra sus actos expresadas en círculos civiles y militares, Frondizi denunció a sus opositores como enemigos de la democracia argentina y como miembros de una conspiración mundial de reaccionarios que se oponían al desarrollo y la soberanía de América Latina.[43] La vehemencia de esas observaciones poco hizo para reducir el resentimiento y el recelo que existían entre muchos militares. Con la firma del decreto, la crisis inmediata cesó, pero los factores que la habían provocado no desaparecieron. La falta de franqueza del presidente en sus reuniones con los militares, sumada a la incapacidad de estos últimos para entender sus miras políticas, contribuyeron a impedir toda mejora de las relaciones entre ambas partes.[44]

Los asuntos de la política exterior habían precipitado la crisis más reciente afrontada por el presidente Frondizi, pero su manejo de los asuntos electorales y los resultados de las elecciones de marzo de 1962 pondrían a la más dura prueba sus relaciones con los militares. En esas elecciones estaban en juego el control de la Cámara de Diputados —por primera vez desde 1958 la UCRI podía reducirse a una minoría sin quorum propio— y las gobernaciones de varias provincias. Además, más allá de los cargos específicos que podían ganarse o perderse, estaba la cuestión vital de la permanencia de Frondizi en el cargo: una clara victoria de los candidatos del gobierno le permitiría aumentar su prestigio y reducir las posibilidades de quienes habían procurado su derrocamiento forzado; una derrota electoral bien podía tener el efecto opuesto.

Antes de las elecciones, Frondizi y los dirigentes de la UCRI prestaron seria atención a dos aspectos fundamentales de la estrategia política. El primero implicaba la posibilidad de cambiar las disposiciones que regían la elección de diputados y, en cuanto a comicios presidenciales, las que regían la proporción de votos para el colegio electoral. Según el sistema Sáenz Peña, implantado a principios de siglo pero modificado por Perón, el partido político que obtenía la mayor cantidad de votos en cualquier provincia (o en la Capital Federal) recibía las dos terceras partes de las bancas en la Cámara de Diputados, y en las elecciones presidenciales, de los votos para el colegio electoral; el partido que salía segundo en la elección, recibía el tercio restante. El partido Radical había abogado siempre por este sistema, y después de la caída de Perón, sus dos ramas, la UCRI y la UCRP —ambas con la esperanza de ser la ganadora— insistieron en volver al sistema Sáenz Peña para las elecciones de 1958. A pesar de las objeciones de los partidos menos numerosos, el régimen militar de Aramburu accedió y gracias al cumplimiento de la ley Sáenz Peña, la UCRI había logrado el dominio inicial del Congreso.

Pero esta vez la UCRI debía enfrentar una situación distinta. Ya no podía contar con el apoyo de los votos peronistas, como en 1958. La abstención peronista, en 1960, había permitido a los candidatos de la UCRP triunfar en varias provincias, incrementando sustancialmente la representación de ese partido en el Congreso. Una elección similar en los comicios de 1962 podía dar a la UCRP el control de la cámara baja, a menos que, por supuesto, las reglas del juego se cambiaran. Adoptando un sistema de representación proporcional en las provincias más pobladas, donde las perspectivas de la UCRI eran muy dudosas, podían reducirse las consecuencias negativas de la derrota. Si los candidatos de la UCRI perdían por escaso margen, como algunos lo preveían, podían recibir casi tantas bancas como la ganadora. Pero si la UCRI salía tercera, aún recibiría algunas de las bancas en disputa. La UCRP perdería los beneficios de la ley Sáenz Peña. Además, la puesta en vigor del nuevo sistema en momentos en que la UCRI aún tenía la mayoría en ambas cámaras del Congreso, podía permitir el control de la elección de un presidente en 1964. En una elección reñida, el resultado de la distribución proporcional de votos para el colegio electoral bien podía ser el impedir que se llegara a una decisión. La opción quedaría entonces en manos de la Asamblea Legislativa, donde los diputados y senadores emiten un voto cada uno y era allí donde los senadores de la UCRI, que constituían el 80 por ciento del total, podían influir sobre el resultado.[45]

Cálculos de este tipo, expuestos por el ministro del Interior Vítolo y otros asesores, hicieron que el presidente Frondizi enviara un proyecto de reforma electoral al Senado en noviembre de 1961. El cuerpo lo aprobó de inmediato, pero la Cámara de Diputados postergó la decisión final hasta que pudieran analizarse los resultados de las elecciones del 17 de diciembre en las provincias de San Luis, Catamarca y Santa Fe. La victoria de la UCRI en las tres provincias hizo menos urgente la necesidad de la reforma electoral y el gobierno decidió postergar la votación definitiva del proyecto.[46]

Esta primera elección y en especial la contienda en Santa Fe, con un alto porcentaje de clase trabajadora en su población, planteó de manera perentoria el segundo interrogante esencial de la estrategia política: ¿debía permitirse a los peronistas que presentaran sus propios candidatos? Cuando Frondizi se negó, en 1958, a legalizar al proscripto partido Peronista, los simpatizantes de Perón, actuando según sus órdenes, votaron en blanco en las elecciones legislativas de 1960; después, en ese mismo año, los dirigentes peronistas adoptaron la táctica de brindar su apoyo, en elecciones predeterminadas a los candidatos de los partidos que se oponían al gobierno. Ahora, en 1961, por primera vez desde la caída de Perón, presentaron a consideración de las autoridades electorales sus propias listas de candidatos, utilizando partidos neoperonistas de diversa denominación como los instrumentos legales para canalizar los votos potenciales de sus seguidores leales. Lo cierto es que los peronistas desafiaban al gobierno de Frondizi a que cumpliera con sus retóricas declaraciones en favor de la legalidad y la democracia autorizándolos a participar en las elecciones según sus propios términos, o en caso contrario excluyéndolos y brindando una excusa para la violencia.[47]

El hecho de que sólo tres provincias estuvieran involucradas y de que en Santa Fe el candidato a la gobernación por la UCRI fuera particularmente popular entre la clase trabajadora, parece haber facilitado la decisión. Vítolo, el ministro del Interior, era notoriamente optimista en el sentido de que la UCRI derrotaría a los candidatos peronistas en las tres provincias, y los hechos probaron que estaba en lo cierto. Sin embargo, debe señalarse que el presidente Frondizi se había opuesto en un principio a permitir que los peronistas se presentaran con listas propias. Cuando debía tomarse la decisión visitaba Nueva Delhi, en la India, y comunicó por teléfono sus puntos de vista al comité nacional de la UCRI; pero al fin aceptó las razones de su ministro del Interior y permitió a los peronistas que participaran de la elección.[48]

Las elecciones de diciembre ejercerían una funesta influencia doble sobre los preparativos en torno de los comicios de marzo de 1962, más importantes. En primer lugar, al permitir las candidaturas de los peronistas, fijaron un precedente que el gobierno encontraría muy difícil de revocar. Sin presión o provocación externa, un cambio de curso ya sería políticamente injustificable. La segunda consecuencia (en relación con la anterior) de esas elecciones fue que las opiniones del ministro del Interior Vítolo como dirigente político ganaron en credibilidad y adquirieron mayor influencia sobre el presidente, lo cual no habría ocurrido en el caso opuesto.[49]

Sin embargo, los peligros de un cálculo equivocado eran mucho más grandes ante las elecciones de marzo, no sólo porque estaba en juego una mayor cantidad de cargos, sino también porque estaba involucrado el control del cargo electivo más importante después de la presidencia: la gobernación de la provincia de Buenos Aires. Esta provincia, la más grande y de mayor población en todo el país, contenía el cinturón industrial del cual Perón había obtenido buena parte de su fuerza y en el cual la lealtad a sus deseos era muy previsible. Una victoria del gobierno sobre un candidato peronista significaría un golpe mortal para la influencia política de Perón y sería un antecedente fundamental para asegurar a la UCRI una victoria en la elección presidencial de 1964. Por contrario imperio, una victoria peronista podía ser un desastre para Frondizi.

Y en este caso no eran simplemente los votos los que debían calcularse. Si la provincia de Buenos Aires contenía el núcleo básico del apoyo peronista, también era el asiento de numerosas bases militares del Ejército, la Fuerza Aérea y en especial la Marina. En las ceremonias tradicionales que forman buena parte de la vida militar, la elección e instalación de un gobernador peronista pondría a los comandantes militares en la obligación de invitarlo a sus instalaciones y a brindarle la cortesía debida al jefe civil de la provincia. Era posible que una vez más se pidiera a las bandas militares que ejecutaran las odiadas marchas peronistas que habían sido prohibidas después de 1955. Por motivos emocionales, así como también institucionales y políticos, los siete años transcurridos desde que estos oficiales derrocaran a Perón no bastaban para borrar la antipatía que sentían hacia él o para permitirles considerar con ecuanimidad la elección de peronistas en los cargos públicos.

¿Por qué, entonces, las Fuerzas Armadas no presionaron a Frondizi para que prohibiera a los peronistas presentar sus candidaturas? Después de todo, no habían vacilado en presionar sobre sus decisiones en materia de política exterior. ¿Por qué no actuaron para prevenir la posibilidad de una victoria peronista en las elecciones de marzo mediante la exclusión de los candidatos peronistas? La respuesta puede encontrarse si se examina la serie de hechos desde fines de enero hasta la víspera de las elecciones.

En enero, el pueblo argentino, civiles y militares, se sorprendió al enterarse de que la Unión Popular había presentado el nombre de Juan D. Perón como su candidato a la vicegobernación de la provincia de Buenos Aires; al mismo tiempo, en la Capital Federal, el nombre de Perón fue incluido en la lista de candidatos del Partido para la Cámara de Diputados. Estas novedades provocaron, como era de suponer, la preocupación de los círculos militares. Lo que parecían no saber es que el propio Perón contaba con esa reacción. El jefe exiliado, presionado por los simpatizantes en la Argentina que querían participar en las elecciones, pero a su vez temeroso de que si lograban la victoria el resultado podía ser un golpe militar y un regreso a la atmósfera aun más represiva de 1955, presentó su propia candidatura como un ardid político. Sin duda su propósito era incitar a los militares a que urgieran al gobierno no sólo para que proscribiera su propio nombre, sino también el de otros candidatos peronistas. De ese modo podría justificar el hecho de pedir a sus simpatizantes que se abstuvieran en las elecciones.[50]

Lo que siguió no coincidió exactamente con esas expectativas. Los tres secretarios militares y Vítolo, el ministro del Interior, reunidos en la sede del Ministerio de Defensa el 29 de enero, intercambiaron ideas que fueron incorporadas a un documento confidencial. Vítolo declaró que Perón no podía ser candidato a ningún cargo, ya que estaba descalificado tanto por motivos legales como políticos e históricos. El ministro, además, hablando en nombre del presidente y de sí mismo, expresó que el gobierno «está firmemente dispuesto a impedir cualquier forma de retorno al sistema derrocado el 16 de setiembre de 1955». Sin embargo, prosiguió, esto no obstaba para que los simpatizantes del ex dictador se organizaran legalmente y participaran en la vida nacional con fines pacíficos y democráticos. Los tres secretarios militares, después de manifestar que no tenían intención de interferir en los actos políticos del gobierno, aclararon que sus Fuerzas no estaban dispuestas a permitir que Perón o quienes junto con él habían sido responsables del perjuicio hecho a la Nación regresaran a la vida política. Esas personas, afirmaron, son «delincuentes que no pueden ocupar cargos electivos ni de otra naturaleza sin desmedro de la dignidad nacional».[51]

Este intercambio de ideas llevó a un acuerdo acerca de la exclusión de Perón, pero dejó para una futura discusión el problema de qué debía hacerse con los otros candidatos peronistas. La importancia de este tema pronto quedó supeditada a la crisis surgida tras la conferencia de Punta del Este. Tal como ya se ha señalado, la crisis se resolvió cuando el presidente al fin rompió relaciones diplomáticas con Cuba, pero el resentimiento causado por su discurso en Paraná persistió en los círculos militares, así como en los civiles. Las relaciones entre el ministro Vítolo y los secretarios Fraga, Clement y Rojas Silveyra, no obstante, tal vez mejoraron, ya que el ministro los había apoyado en las tensas discusiones de gabinete que precedieron a la ruptura. No es de asombrarse, pues, que como resultado, el optimismo de Vítolo respecto de las elecciones haya influido sobre las actitudes de los secretarios militares. Durante todo el mes de febrero y hasta la víspera misma de las elecciones, Vítolo alardeó de su confianza en que los peronistas no podían ganar y, por lo tanto, en el interés mismo de la Nación convenía dejarlos participar, en consecuencia, en la elección, para destruir así el mito de poder de Perón.[52]

La última fase de la campaña electoral, sin embargo, suscitó aprehensiones en otros círculos. No tan confiado como Vitólo en cuanto al resultado, el presidente Frondizi había procurado desde enero negociar con los peronistas su voluntaria abstención de las elecciones. Si hemos de dar crédito a las crónicas periodísticas, el presidente había enviado intermediarios para que hablaran con Perón en Madrid, después con los dirigen es del Consejo Coordinador Peronista en la Capital, y por fin con el candidato de la Unión Popular a la gobernación de la provincia de Buenos Aires. Éste era Andrés Framini, dirigente de los trabajadores textiles nacionales quien, junto con un ex ministro del gabinete de Perón, el doctor Francisco M. Anglada, encabezaban la lista de candidatos peronistas en esa provincia.[53] Perón, como ya se ha señalado, compartía el deseo de Frondizi de evitar una confrontación electoral que pudiera precipitar un golpe militar. Si era posible persuadir a sus seguidores de abstenerse en las elecciones de marzo, permitiendo de ese modo que Frondizi se mantuviera en el cargo, el jefe exiliado estaría en una sólida posición para exigir concesiones en los comicios presidenciales de 1964.[54] Pero a pesar de toda su agudeza política, el propio Perón no pudo negarse cuando una delegación de sus principales simpatizantes gremiales viajó a Madrid con el firme propósito de urgirlo a que diera su aval a los candidatos de los diversos partidos neoperonistas, ya agrupados en un «Frente Justicialista». Según lo recuerda uno de los dirigentes gremiales, tal era el temor de que Perón después pudiera cambiar de opinión, que la delegación logró que quedara registrada por escrito su aprobación a la fórmula Framini-Anglada.[55]

Descartada la autoproscripción peronista, Frondizi se encontró con que sus alternativas quedaban limitadas en las últimas semanas de la campaña electoral. Desde luego, podía apelar a los votantes independientes para que apoyaran a la UCRI como la única barrera a un diluvio peronista, táctica electoralista que podía ser eficaz en distritos como la Capital Federal, donde la clase media abarcaba una gran parte del electorado. Pero esto no contribuía en nada a resolver la amenaza de una victoria peronista en otras provincias, sobre todo en Buenos Aires. La única opción que Frondizi rechazaba con firmeza era proscribir a los candidatos peronistas mediante un decreto presidencial. Proceder así por iniciativa propia sin poder acudir como excusa a una amenaza a la paz interna o ante una irresistible presión militar, habría significado una burla a su propia adhesión pública a la legalidad y la democracia; podía provocar la irreparable hostilidad de la clase trabajadora y negar así toda posibilidad de determinar los resultados de la próxima contienda electoral por la presidencia; y podía dar a sus enemigos golpistas nuevos pretextos para provocar su destitución. Pero aun cuando Frondizi hubiese pensado en el recurso extremo de proscribir a los peronistas, la inesperada muerte, el 22 de febrero, del candidato de la UCRP a la gobernación de Buenos Aires, hizo que todo eso fuera casi imposible políticamente. En lo que a partir de entonces era en esencia una contienda entre dos hombres, la proscripción de Framini habría equivalido a otorgar por decreto la victoria al candidato de la UCRI.[56]

A medida que la hora de la verdad del 18 de marzo se aproximaba, es probable que el doctor Frondizi habría recibido con alivio un pronunciamiento militar que hubiese exigido la eliminación de los candidatos del Frente Justicialista. En efecto, el 16 de marzo, durante las ceremonias conmemorativas del 150.º aniversario de la creación del regimiento de Granaderos a Caballo, el doctor Frondizi expresó al comandante en jefe del Ejército, general Poggi, que todavía estaban a tiempo para excluir a los peronistas, si él insistía. Pero ni Poggi ni ningún otro alto oficial militar optó por asumir esa responsabilidad.[57] ¿En qué medida ese rechazo fue parte de una maniobra militar deliberada para destituir a Frondizi? No hay duda de que oficiales golpistas, que ya habían intentado tantas veces destituir al presidente mediante crisis maquinadas por ellos mismos, tenían poco interés en ayudarlo a resolver un dilema que él mismo se había creado. Y por cierto existen pruebas de que en la víspera de la elección ciertos oficiales antifrondicistas deseaban una clara victoria peronista en la provincia de Buenos Aires, quizá en la creencia de que eso convulsionaría a la opinión pública y facilitaría un golpe.[58]

Pero esos oficiales golpistas no dictaban las políticas de sus respectivos servicios. Es irónico que la mayor responsabilidad por la pasividad militar pueda atribuirse a los oficiales de tendencia legalista. Aunque les hubiera gustado ver excluidos a los candidatos peronistas, decidieron acompañar al gobierno antes que intervenir abiertamente para forzar un cambio. Al mantenerse en esa actitud cautelosa, trataban de evitar que las Fuerzas Armadas se convirtieran en instrumentos de los partidos políticos. Conscientes de que políticos de varios sectores, frondicistas, antifrondicistas e inclusive peronistas, especulaban con una resistencia militar al peronismo, no veían razones para hacerles el trabajo sucio.[59] En visión retrospectiva, esta inhibición por parte de ellos contribuyó a provocar la crisis posterior a las elecciones y precipitó la ruptura del orden constitucional mismo que habían apoyado durante los últimos cuatro años.

Pero aunque los secretarios militares, como voceros de la opinión que prevalecía dentro de sus respectivos servicios, no dieron ningún ultimátum al presidente, estaban profundamente preocupados en cuanto a cómo se proponía el gobierno cumplir el compromiso que les había hecho el 29 de enero: el compromiso incorporado en el documento confidencial suscripto por Vítolo de «impedir cualquier forma de retorno al sistema derrocado el 16 de setiembre de 1955». Tal fue el tema de una reunión del Gabinete de Seguridad Exterior hecha a solicitud del ministro de Defensa el 15 de marzo, tres días antes de la fecha fijada para el comido.[60]

Con la presencia del presidente Frondizi, el ministro de Defensa doctor Justo O. Villar, el secretario de Ejército Fraga, el de Marina Gastón C. Clement, y el subsecretario de la Fuerza Aérea brigadier Juan C. Pereyra, el ministro del Interior Vítolo reseñó la situación en las distintas provincias, distinguiendo los diferentes partidos que recibían apoyo electoral peronista (como en La Rioja, San Juan y Entre Ríos) de los que eran genuinamente peronistas (como la Unión Popular y el Frente Justicialista). Vítolo seguía insistiendo en que los peronistas saldrían segundos en todo el país, pero admitió que una victoria peronista en Buenos Aires, Córdoba y Tucumán podía tener serias consecuencias. Su propuesta, en caso de esa eventualidad, era recurrir al poder constitucional de intervención, esto es, que el gobierno federal asumiera el control directo del gobierno provincial.[61]

Las actas de esta reunión no dejan ninguna duda en cuanto a las tácticas que Vítolo proponía seguir en el más importante distrito electoral:

En cuanto a la provincia de Buenos Aires, Framini es netamente peronista. Yo creo que Framini no puede hacerse cargo del gobierno, tal como lo expresé en la reunión que hubo en el Ministerio de Defensa, aun cuando no se aclaró el procedimiento a seguir. Yo creo que en tal caso, se debe recurrir al arbitrio constitucional de intervenir la provincia, en base a los antecedentes que representa el desarrollo de su campaña política y los propósitos en ella enunciados que constituyen un indicio evidente del caos y regresión que se instaurará en la provincia. Creo que no se debe esperar la iniciación de las sesiones del Congreso, sino que se debe proceder a la intervención durante el receso parlamentario, disponiendo su oportuna comunicación… Con respecto a Buenos Aires, creo que vale correr el riesgo y considero que el peronismo y sus postulados, serán definitivamente derrotados. Repito, no obstante, que si gana, se la debe intervenir.[62]

Ni el ministro del Interior ni el presidente Frondizi intentaron argumentar en favor de otra alternativa: permitir que Framini asumiera la gobernación. La justificación podía consistir en que Framini, como gobernador, tendría una autoridad limitada; la legislatura provincial estaría en manos de partidos hostiles; el gobierno federal y las Fuerzas Armadas lo vigilarían de cerca, y ante el primer signo de arbitrariedad o de exceso contra cualquier sector de la población, el recurso de la intervención podía utilizarse para destituirlo. Fuera cual fuese la lógica de tal estrategia, nadie estaba preparado en ese momento para llevarla a cabo.[63]

En lugar de ello, el análisis del gabinete se planteó en torne de la fecha y el método para ordenar las intervenciones. Los secretarios militares estaban ansiosos de que los interventores se hicieran cargo lo antes posible, con el fin de evitar desórdenes. Pero Vítolo y el presidente propusieron una alternativa: dar a conocer los decretos de intervención el día posterior a la elección, pero diferir su puesta en vigor hasta el 1.º de mayo, cuando los gobernadores electos asumieran sus cargos. En caso contrario, sostuvo Frondizi, las intervenciones se aplicarían a los gobernadores salientes y no a sus sucesores. Cuando se le preguntó si la fecha de apertura de sesiones del Congreso, el 1.º de mayo, no podía provocar dificultades —ya que según la Constitución, cuando el Congreso está sesionando, su autorización es necesaria para la intervención—, el presidente Frondizi contestó que «en caso de necesidad y a efectos de evitar interferencias, se podría postergar la inauguración de las sesiones del Congreso, por dos o tres días».[64] La conclusión del debate fue que el anuncio de las intervenciones, ya fuese en Buenos Aires, Córdoba o en Tucumán, se haría el día posterior a las elecciones y que los decretos correspondientes se aprobarían en una reunión de gabinete en pleno.[65]

En ningún momento durante esta última reunión del gabinete antes del 18 de marzo, día de las elecciones, el presidente admitió alguna duda acerca del curso de acción que había resuelto. Defendió el modo en que el ministro Vítolo había encarado el problema de la participación peronista y expresó su confianza en la posibilidad de la victoria.[66] Los secretarios militares, por su parte, no disimularon su preocupación. El secretario de Marina, Clement, en particular, expresó su preocupación «por la violencia moral que significa para las Fuerzas Armadas fiscalizar una elección en la cual si triunfa Framini y se decreta la intervención, ello implica una complicidad con el fraude político que se consumaría». Clement quería que se entendiera claramente que él se había opuesto en primera instancia a que las Fuerzas Armadas controlaran las elecciones y reiteró su opinión de que era un error político del gobierno permitir que los peronistas se presentaran a ellas.[67]

Cuando esta delicada reunión finalizó, quedó establecido que el ministro del Interior informaría a la prensa que el presidente había convocado a ella para revisar las medidas tendientes a garantizar el comicio. También reiteraría su declaración previa a la prensa en el sentido de que no habría proscripciones para ningún partido «y que se respetaría la voluntad popular que se mantuviera dentro de las normas democráticas de vida». Tras ese deliberado engaño, los altos funcionarios del gobierno de Frondizi regresaron a sus otras tareas y a esperar los resultados de la elección del domingo.[68]

Resulta irónico que, de no haber sido por las consecuencias políticas, la elección del 18 de marzo podría recordarse como el mejor ejemplo de cultura cívica argentina. Bajo la estrecha vigilancia de dotaciones militares destinadas a asegurar el acceso a los locales de votación y la honestidad del escrutinio, hombres y mujeres en grandes cantidades emitieron sus votos sin que se registrara una sola denuncia por irregularidades. Hacia las últimas horas de la noche, sin embargo, cuando los resultados preliminares mostraban que el Frente Justicialista iba ganando en diez de las catorce gobernaciones, inclusive en la decisiva provincia de Buenos Aires, no quedaron dudas de que el gobierno de Frondizi estaba a punto de enfrentar la crisis más seria de su historia. Había jugado su carta al tratar de anular a los peronistas como fuerza política mediante una derrota en las urnas, y había perdido. La cuestión que ahora surgía era el precio político que debía pagar por este juicio de apreciación equivocado.[69]

La busca de una respuesta se convirtió, a medida que el tiempo transcurrió, en un agonizante proceso que casi paralizó al gobierno argentino. Durante los diez días y noches subsiguientes, el presidente y los jefes militares, los dirigentes políticos de todos los sectores, la prensa argentina y hasta el embajador de los Estados Unidos tomaron parte en esa busca, que terminó sólo en las primeras horas de la mañana del 29 de marzo, cuando las Fuerzas Armadas depusieron al doctor Frondizi. Al principio de la crisis, no obstante, el resultado final era muy incierto. En efecto, si los líderes militares hubieran tomado la decisión de hacerse cargo del poder, no habrían esperado diez días ni habrían actuado por fin de la manera en que lo hicieron.

La vacilación de las Fuerzas Armadas, reflejo de las divisiones dentro y entre cada Servicio militar, creó una situación fluida que permitió intentos de soluciones de compromiso. El primero de ellos se produjo la noche misma de las elecciones, cuando los doce militares más prominentes —los secretarios de Ejército, Marina y Fuerza Aérea, los subsecretarios, los comandantes en jefe y los jefes de los Estados Mayores Generales— se reunieron en la sede del Ministerio de Aeronáutica para analizar la situación creada por las victorias electorales peronistas. La sesión de este comité, que se prolongaría durante toda la noche, llegó a un consenso acerca de diversos puntos: no se aceptaría a Framini ni a otros peronistas de su tipo; no aprobaban la idea de apelar a las intervenciones; el recurso de anular las elecciones que sus propios hombres habían custodiado era desagradable. Pero si la alternativa era destituir al presidente o proceder a las intervenciones, optarían por esta última.[70]

En consecuencia, redactaron un planteo de cuatro puntos que fue entregado a Frondizi en las últimas horas de esa mañana. El planteo solicitaba la intervención federal de todas las provincias donde los peronistas habían triunfado, excepto Salta, Jujuy y San Juan; la eliminación de frigeristas de todos los cargos oficiales; un ataque directo al comunismo y la proscripción del peronismo, sus emblemas y actividades, directas o indirectas. Además, solicitaban el arresto de los líderes peronistas para desalentar actos de violencia.[71]

Frondizi accedió al planteo, pero sólo en parte, ya que al mismo tiempo que aceptaba la intervención, sólo prometió estudiar el pedido de proscripción de los peronistas y se negó categóricamente a autorizar cualquier arresto.[72] Su decreto de intervención se conoció ese mismo día, el 19 de marzo, y se aplicaba sólo a cinco provincias: Buenos Aires, Chaco, Río Negro, Santiago del Estero y Tucumán. Los términos del decreto, sin embargo, iban más allá del concepto formulado por el presidente el 15 de marzo y consistente en diferir su puesta en vigor hasta el 1.º de mayo. En lugar de ello, el decreto ponía a esas provincias bajo el inmediato y total control federal y estipulaba que la intervención debía aplicarse tanto al gobierno y las legislaturas vigentes como a los elegidos el 18 de marzo. Además, al instruir a los interventores federales en el sentido de planificar nuevas elecciones para autoridades municipales y provinciales, el decreto, de hecho, anulaba los resultados del 18 de marzo.[73]

Los comentarios partidarios tendieron a disminuir el papel del presidente Frondizi en la emisión del decreto. Los autores que simpatizan con él han tratado de deslindarle toda responsabilidad y de culpar de esa violación del principio democrático a la inflexible presión militar. Los críticos de Frondizi, por el contrario, han procurado disminuir la influencia de los factores externos y destacar su responsabilidad personal. La verdad de este asunto es más compleja.[74]

La idea de apelar a la intervención federal para privar a los peronistas de los frutos de la victoria fue, como ya hemos visto, del ministro del Interior, Vítolo, y no de los militares, quienes habían criticado que se permitiera votar a los peronistas. En la reunión de gabinete del 15 de marzo, el presidente había dado su aprobación explícita a la idea de la intervención. Por lo tanto, el hecho de que el planteo hecho por los militares el 19 de marzo contuviera un pedido de intervención a las provincias no podía caer de sorpresa. Pero existen otras pruebas de que, una vez conocidos los resultados de las elecciones, Frondizi instó deliberadamente a los militares para que insistieran en las intervenciones, a fin de atemperar la atmósfera de crisis. Aun antes que el comité militar de los doce comenzara a deliberar, había empezado a redactar el decreto de intervención. Además, antes que el comité pudiera decidir qué rumbo tomar, el doctor Vítolo se reunió con ellos en el Ministerio de Aeronáutica y en una conversación telefónica con Olivos (que los altos jefes pudieron escuchar) confirmó que el presidente estaba redactando personalmente el decreto de intervención.[75] Por lo tanto, parece justo llegar a esta conclusión: a pesar de que la presión militar, explícita o implícita, sin duda influyó sobre la decisión de Frondizi para emitir el decreto de intervención, su papel en los pasos que llevaron a la promulgación del decreto no fue sólo el de un testigo inocente.

Cualesquiera que hayan sido las expectativas de Frondizi respecto del decreto de intervención, lejos de poner fin a la crisis, le dio nuevo impulso. Los grupos de oposición ya podían argumentar que, al rechazar los resultados de las elecciones provinciales, el presidente violaba su juramento constitucional de respetar las leyes.[76] Dentro de las filas militares, los elementos golpistas utilizaron ese argumento para superar los reparos de los oficiales legalistas, y en ninguna Arma lo hicieron con mayor eficacia que en la Marina. El 20 de marzo, los jefes navales decidieron presionar para obtener la renuncia voluntaria del presidente y la designación de un sucesor constitucional o, si Frondizi se negaba, establecer un nuevo gobierno. Por iniciativa de la Marina, el comité de los doce se reunió de nuevo para analizar esa propuesta.[77] Ni los altos jefes del Ejército ni los de la Fuerza Aérea, sin embargo, estaban dispuestos para seguir ese rumbo. En cambio, propusieron que el doctor Frondizi permaneciera en la presidencia siempre y cuando accediera a nombrar un gabinete de coalición designado por los tres Servicios y a seguir un plan de gobierno que ellos trazarían. Si Frondizi se negaba a aceptar ese arreglo, la posición que asumirían sería la de destituirlo y transferir el control a las Fuerzas Armadas. Los representantes de la Marina resolvieron aprobar esta iniciativa del Ejército y la Fuerza Aérea a fin de mantener un frente militar unido, pero reservándose el derecho de reexaminar su posición de acuerdo con el curso de los acontecimientos. Los doce militares procedieron, por lo tanto, a refrendar con sus firmas un acta secreta que fijaba las posiciones de sus respectivos Servicios.[78]

Sin embargo, los elementos golpistas dentro de la Marina, a través de sus contactos con los partidos políticos, bien pudieron prever que la idea de un gabinete de coalición no resultaría. Y en verdad los hechos demostraron que estaban en lo cierto. Aunque Frondizi accedió de inmediato a la propuesta militar y aceptó las renuncias de sus ministros civiles, su invitación a los dirigentes de los siete partidos no peronistas para discutir la formación de un gabinete de coalición no tuvo el éxito esperado. Al margen de su propio partido, la UCRI, sólo el pequeño partido Demócrata Cristiano y el minúsculo partido Cívico Independiente de Álvaro Alsogaray aceptaron su invitación. Los dirigentes del principal partido opositor, la UCRP, así como los de la Federación de Partidos de Centro, los Demócratas Progresistas y los Socialistas Democráticos hasta se negaron a hablar con el presidente y exigieron que renunciara. Tal era la desconfianza hacia Frondizi que prefirieron correr el riesgo de provocar una interrupción del gobierno civil antes que hacer algo que le permitiera llegar hasta el fin de su mandato. Fraga, el secretario de Ejército, que había sido delegado por el comité de los doce para estudiar las posibilidades de formar un gabinete de coalición el 22 de marzo, se vio obligado a informar a sus colegas y al presidente que el plan había fracasado.[79]

Consciente ya de que su presidencia estaba al borde del colapso, Frondizi apeló al hombre que muchas veces había acudido en su ayuda, el ex presidente general Pedro E. Aramburu. El prestigio del general Aramburu en los círculos militares aún era considerable, salvo, desde luego, entre los golpistas, que nunca le habían perdonado que entregara la presidencia a Frondizi. Aramburu había demostrado su compromiso con el gobierno constitucional en aquel momento al aceptar los resultados de las elecciones de 1958, y a la vez que condenaba abiertamente muchas de las medidas tomadas por Frondizi, se había opuesto a todos los intentos de destituirlo. Era opinión pública que el general Aramburu esperaba ser elegido presidente para suceder a Frondizi, pero que ese fuera el principal motivo para desalentar todo intento de golpe durante los últimos cuatro años, es una opinión demasiado cínica para que pueda aceptarse.[80]

Lo cierto es que el presidente Frondizi, en el momento de mayor riesgo para su presidencia, invitaba al general Aramburu a fin de que actuara como mediador y encontrara una solución aceptable para todas las partes interesadas, civiles y militares. Aramburu accedió sin vacilar y colaboró en la formación de un nuevo gabinete al aconsejar a dos de sus amigos políticos, Oscar Puiggrós y Rodolfo Martínez, que accedieran a prestar ayuda cuando Frondizi se dirigiera a ellos. Hacia la noche del 23 de marzo, el presidente pudo anunciar el nombramiento de cuatro nuevos ministros, dos de ellos miembros antifrigeristas de la UCRI, los otros dos (Puiggrós y Martínez) afiliados al partido Demócrata Cristiano, y los cuatro elegidos de una lista de recomendados por los militares. El general Aramburu, además, asistió a una prolongada reunión del comité de los doce en la cual expuso su plan para resolver la crisis y pidió tiempo para calcular su factibilidad.[81]

Aunque los jefes del Ejército y la Aeronáutica estaban dispuestos a esperar, la Marina volvió a su posición anterior e insistió en la renuncia voluntaria del presidente. Ante los reclamos de los oficiales jóvenes, impacientes por la demora, los altos mandos de la Marina se apartaron de sus colegas del Ejército y la Aeronáutica al exigir públicamente una rápida solución de la crisis y apelando directa y personalmente al presidente para que abandonara el cargo. En la noche del 24 al 25 de marzo, Clement, el secretario de Marina, acompañado por los almirantes Bassi, Penas y Palma, visitó a Frondizi en la residencia de Olivos. El secretario Clement, de manera muy respetuosa, sugirió al presidente que renunciara en bien del país y a fin de mantener un gobierno constitucional. Los otros almirantes, mientras negaban que hacían un planteo, también pidieron la renuncia o, al menos, que solicitara licencia hasta tanto se calmara la agitación política. Frondizi rechazó ambas proposiciones y dejó muy en claro que no tenía intención de abandonar su cargo voluntariamente. Al no haber logrado la renuncia voluntaria y al encontrarse en medio de un conflicto de lealtad, el secretario de Marina presentó su propia renuncia.[82]

Aunque la Marina fue la primera de las Fuerzas que solicitó abiertamente la renuncia de Frondizi, dentro del Ejército aumentaban las presiones para que el Arma adoptara una postura similar. El general Franklin Rawson, que prestaba servicios en Tandil, se trasladó a las inmediaciones de la Capital Federal para instar a otros generales a que se declararan contra el apoyo acordado por el secretario Fraga a la mediación de Aramburu. El 25 de marzo ya era evidente que el comandante en jefe del Ejército, general Poggi, se había identificado con las opiniones de esos oficiales y estaba en desacuerdo con el secretario de Ejército.[83] Es probable que este cambio en el equilibrio de la opinión dentro del más alto nivel del Ejército, junto con las respuestas recibidas de políticos civiles a su esfuerzo de mediación y a las sugerencias provenientes de su círculo inmediato de amigos, hayan sido los factores que condujeron al general Aramburu a reconsiderar su propia posición. Aunque se abstuvo de hacer cualquier anuncio público hasta la noche del día 26, después de consultar nuevamente al comité militar y visitar personalmente a Frondizi, es evidente que en las primeras horas de esa mañana ya había tomado la decisión de abandonar al presidente.[84]

Entre los primeros en enterarse de esta decisión más allá de su círculo más inmediato estaban los dos hombres a quienes Aramburu había aconsejado tres días antes que aceptaran designaciones en el nuevo gabinete. Consciente de que Rodolfo Martínez y Oscar Puiggrós estaban a punto de prestar juramento al cargo, junto con los otros ministros designados, en una ceremonia programada para el mediodía, el general Aramburu los convocó a su casa esa mañana para informarles que no debían jurar. Les explicó que esa misma noche anunciaría el fracaso de su mediación y que pediría públicamente la renuncia del presidente. Pero ni Puiggrós ni Martínez, que habían dado su palabra a Frondizi de integrar el gabinete, estaban dispuestos a seguir el nuevo consejo de Aramburu. La reunión finalizó con un airado intercambio de palabras, y Martínez llegó inclusive a decir a Aramburu que si el plan era liquidar al presidente y a los miembros del gabinete, que pusiera su nombre en la lista.[85]

Ahora que el general Aramburu sumaba su voz al creciente clamor por la renuncia del presidente, la posición de este último, al 26 de marzo, era más precaria que nunca desde la noche de las elecciones. No obstante no era del todo desesperada. Dentro del Ejército, la guarnición de Campo de Mayo aún estaba todavía en manos legalistas, y muchos comandantes de unidades estaban dispuestos a defender al gobierno si recibían la orden. Sin embargo, el presidente Frondizi, que se negaba obstinadamente a renunciar pero estaba igualmente resuelto a evitar un derramamiento de sangre, prefirió confiar en el poder de persuasión de dos hombres que de distintas maneras procuraban impedir su destitución: el flamante ministro de Defensa, Rodolfo Martínez, y el embajador de los Estados Unidos, Robert McClintock.

El papel representado por los Estados Unidos en los sucesos de esos días se ha interpretado de diferentes maneras. Autores que simpatizan con Frondizi han sostenido que el Pentágono, por motivos que van desde el deseo de socavar la Alianza para el Progreso del presidente Kennedy hasta la irritación ante la política de Frondizi respecto de Cuba, orquestó deliberadamente el golpe contra el presidente argentino. Nunca se han ofrecido pruebas para sostener esa acusación general ni para otra acusación más concreta, según la cual militares norteamericanos destacados en Buenos Aires, durante la crisis de diez días que empezó el 18 de marzo instaron a sus colegas argentinos a que destituyeran a Frondizi.[86] Mientras llegue el momento de contar con pruebas documentales o testimonios orales convincentes —cosa que hasta ahora no ha ocurrido—, tales acusaciones no pueden sino considerarse conjeturas muy imaginativas. Lo que ha podido establecerse, en cambio, es el denodado esfuerzo del embajador McClintock para salvar al presidente argentino.

McClintock, según parece antes de recibir instrucciones concretas desde Washington, hizo visitas personales a altos jefes militares para llamarles la atención sobre las serias dificultades que la Argentina tendría con los Estados Unidos si caía Frondízí. Según testimonio del entonces jefe del Estado Mayor de la Marina, almirante Jorge Palma, el embajador solicitó una entrevista conjunta con el jefe de operaciones navales, almirante Agustín Penas. En una reunión celebrada en un departamento privado, McClintock explicó que el presidente Kennedy estaba muy preocupado por lo que le estaba sucediendo a su único amigo en la Argentina, el doctor Frondizi. La respuesta de Palma, no muy entusiasta, fue la siguiente: «Yo lamento que el presidente Kennedy tenga tan malos amigos». McClintock advirtió a los dos almirantes que si Frondizi era destituido, la Argentina no obtendría ningún apoyo económico de Estados Unidos. Palma respondió, según recuerda: «No puedo decirle si Frondizi se irá o no; pero si se va, enfrentaremos la situación con independencia de los Estados Unidos». Los jefes navales obviamente no estaban dispuestos a dejarse amilanar por los esfuerzos del embajador, esfuerzos que si implicaban la intervención de los Estados Unidos en asuntos argentinos no era para destituir su gobierno, sino para salvarlo.[87]

La contribución del ministro de Defensa Rodolfo Martínez en la serie de intentos de proteger a Frondizi adoptó la forma de un ingenioso plan para conciliar la profunda desconfianza al presidente por parte de poderosos círculos militares y políticos, con la obstinada negativa del doctor Frondizi a renunciar a su cargo. Martínez propuso que se limitaran los poderes del primer mandatario y se lo subordinara a un consejo de gobierno integrado por los ministros del Interior y de Defensa. El nombramiento del ministro de Defensa exigiría la aprobación de las Fuerzas Armadas, y el consentimiento de este ministro, junto con el del ministro del Interior, sería necesario para hacer legal todo decreto presidencial, mensaje al Congreso o promulgación de ley. Para poner en vigor la legislación que establecería la reordenación de poderes, Martínez propuso que se convocara una sesión especial del Congreso, dentro de las 48 horas a partir de la aprobación del plan. También se pediría al Congreso que sancionara una ley de representación proporcional a fin de que en el futuro ningún partido pudiera monopolizar el poder, que proscribiera a los grupos totalitarios y que prohibiera el uso de símbolos y emblemas peronistas. El ministro de Defensa Martínez presentó su plan como un recurso de acción intermedio entre posiciones enfrentadas; un recurso para mantener, según sus propias palabras, la continuidad constitucional, la única garantía para evitar que el país marchara hacia la anarquía o la dictadura.[88]

El presidente Frondizi se apresuró a aceptar el plan de Martínez, a pesar de la pérdida de autoridad que sus disposiciones implicaban. En efecto, la noche del 27 de marzo, mientras Martínez analizaba su plan con los jefes navales, el presidente solicitó a los miembros del Congreso y a los integrantes del gabinete que permanecieran en la Casa Rosada hasta después de la medianoche, listos para adoptar las medidas necesarias para convocar al Congreso a una sesión especial, si los militares estaban de acuerdo. Ni esa noche ni durante la mañana siguiente Martínez pudo lograr el acuerdo unánime de las tres Fuerzas. Aunque los secretarios de Ejército y de la Fuerza Aérea dieron su apoyo tentativo, en la Marina el plan fue sometido al Consejo de Almirantes, donde la línea dura lo rechazó de plano. Rodolfo Martínez quedó con la sensación de haber estado a un paso del éxito, pero la condición previa de proceder sólo si las tres Fuerzas Armadas lo aprobaban, condenó el plan al fracaso.[89]

Cuando la crisis política entraba en su décimo día, los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas, el general Raúl Poggi, el almirante Agustín Penas y el brigadier Cayo Alsina, decidieron por fin, en la mañana del 28 de marzo, imponer su propia solución. Hasta ese momento, pese al clamor por la renuncia del doctor Frondizi, se habían mostrado reticentes ante la decisión de asumir la responsabilidad concreta de destituirlo. Pero cuando subordinados impacientes amenazaron con una acción directa —en Ja madrugada el Tercer Regimiento Motorizado de La Tablada, acantonado en los aledaños de la Capital, se proclamó en rebelión—, los comandantes en jefe superaron su reticencia y adoptaron medidas para asumir el control de la situación. Se puso en vigencia el plan Conintes para someter a la Policía y a todos los medios de comunicación al control militar y, justo antes del mediodía, Poggi, Penas y Cayo Alsina tomaron la decisión de exigir la renuncia de Frondizi esa misma tarde y destituirlo si persistía en su negativa de abandonar el cargo.[90]

Antes de tomar una decisión que sabían trascendental, los tres comandantes en jefe analizaron la índole del gobierno que tomara el mando. Ya para dejar de lado las ambiciones personales, o para reducir al mínimo las rivalidades militares, o teniendo en cuenta la opinión internacional, Poggi, Penas y Cayo Alsina se comprometieron mutuamente a no aspirar a la presidencia para sí mismos y acordaron por escrito que «en el caso que los acontecimientos lleven a situaciones extremas que hagan ineludible el cambio de Gobierno, el nuevo Gobierno será civil».[91] Queda claro, pues, que aún antes que tomaran ninguna medida para terminar con la presidencia de Frondizi, esperaban evitar que se estableciera una junta militar y mantener al menos el aspecto de un gobierno constitucional.

El último acto del prolongado drama avanzó de manera curiosamente caballeresca hasta el final. Aunque los comandantes en jefe habían anunciado al mediodía su intención de exigir la renuncia del presidente, sólo a las cinco de la tarde se les dio audiencia con él en la Casa Rosada. En la conversación que siguió, no desprovista de cordialidad, le pidieron por última vez que renunciara o que al menos solicitara licencia. Una vez más, Frondizi se negó e insistió en que si había procedido mal, el remedio apropiado era someterlo a juicio político. El hecho de que sus partidarios controlaran ambas Cámaras del Congreso hizo que esa respuesta fuera menos que satisfactoria para sus visitantes militares. Lo cierto es que pocos minutos después que los comandantes salieron de la Casa de Gobierno, el presidente abandonó apresuradamente la Casa Rosada y se trasladó a la residencia de Olivos, situada mucho más cerca de la guarnición de Campo de Mayo, donde podía esperar ayuda.[92]

Durante las diez horas que siguieron, mientras los comandantes en jefe trataban en vano de persuadir al doctor José María Guido —presidente del Senado y sucesor legal de Frondizi— de que asumiera la presidencia, la residencia de Olivos fue escenario de febriles esfuerzos para salvar a Frondizi. Martínez, el ministro de Defensa, procuró resucitar su plan, mientras que otros asesores ofrecían sus propias soluciones. Poco después de medianoche, Clement, el secretario de Marina, y Rojas Silveyra, de la Fuerza Aérea —cuyas respectivas propuestas de renuncia ya había rechazado el presidente— aparecieron en Olivos para analizar la posibilidad de una salida.[93]

Fue durante esa conversación cuando el propio Frondizi hizo una sugerencia para salir del atolladero. Según lo comunicado por el almirante Clement a los tres comandantes en jefe, que en esos momentos esperaban en el despacho del doctor Guido, y lo que transmitió por separado a sus colegas en el Ministerio de Marina, la sugerencia de Frondizi fue: «Si usted me pregunta como el doctor Frondizi, no como el presidente, qué debe hacerse, le aconsejo lo siguiente: 1) Debo ser detenido en una base militar. 2) Prefiero la isla de Martín García. 3) El arresto debe hacerse a las ocho de la mañana, con el cambio de guardia demorado quince minutos, de modo que las tropas que custodian al presidente no se sientan obligadas a combatir».[94] La sugerencia fue aceptada. Ante una orden del almirante Clement, el almirante Penas radiografió al comandante de la base naval de Martín García —donde Hipólito Yrigoyen, en 1930, y Juan D. Perón, en 1945, también habían estado confinados— que tomara las medidas necesarias para suministrar alojamiento adecuado. El jefe de la Casa Militar del presidente, capitán de navío Eduardo Lockhart, mientras tanto, redactó personalmente las instrucciones que debían entregarse al comandante de la base para asegurar que el doctor Frondizi recibiera un trato acorde con su condición de ex presidente.[95]

El capitán Lockhart fue a Olivos alrededor de las cuatro de la madrugada para informar al presidente que sería embarcado en un avión de la Marina esa mañana misma con destino a la isla. La respuesta del doctor Frondizi, según recuerda Lockhart, fue: «en cuanto antes, mejor». A las siete y cuarenta y cinco, en compañía del capitán Lockhart y de su custodia personal habitual, el presidente, sin mostrar ninguna emoción, fue conducido en automóvil hacia el aeroparque metropolitano, con destino a Martín García. El gobierno de Frondizi había llegado a su fin.[96]

Pero para entender por completo el papel de los militares en ese último día, es necesario plantear otro interrogante. ¿Por qué las importantes fuerzas militares que se oponían a un golpe, las legalistas, no intervinieron en defensa del presidente? La respuesta exige un análisis de las actitudes y acciones del doctor Frondizi, así como de la única persona que podía haberlo protegido, el secretario de Ejército Rosendo Fraga. Tal como sucediera en las crisis anteriores, el presidente quería evitar derramamientos de sangre y, en consecuencia, se mostraba reacio a permitir confrontaciones militares que pudieran llevar a enfrentamientos armados. Por lo tanto, durante las primeras horas de la mañana del 28 de marzo no permitió que el teniente coronel José Herrera, comandante del regimiento escolta del presidente, los Granaderos a Caballo de San Martín, enfrentara al rebelde Tercer Regimiento de Infantería en La Tablada. Herrera ya había puesto en estado de alerta a su unidad para entrar en acción y contaba con el apoyo de dos unidades equipadas con tanques de Campo de Mayo, cuyos comandantes también habían alistado a sus tropas para entrar en acción, cuando el presidente ordenó a Herrera que desistiera.[97]

Pocas horas más tarde, el general Enrique Rauch, comandante de Caballería, trató de organizar un movimiento por separado en apoyo del presidente. Ese intento también fracasó. Autorizado por el secretario de Ejército Fraga, con quien había conferenciado esa mañana en el Ministerio, el general Rauch fue hasta Campo de Mayo en un intento de organizar fuerzas para reprimir la rebelión en La Tablada. Después de recibir garantía de apoyo por parte de oficiales de la Primera División Blindada, primero telefoneó al comandante en jefe, general Poggi, para decirle que ya no aceptaba sus órdenes, y después trató de establecer contacto con el secretario Fraga, sólo para enterarse de que ya no estaba al frente del Ministerio y que había renunciado. En ese momento, el general Rauch, considerándose relevado de su puesto de comandante de Caballería, desistió de sus esfuerzos.[98]

Aun cuando el doctor Frondizi y el general Fraga, cada uno a su manera, contuvieron la ansiedad de actuar en los legalistas mencionados, también es evidente que el presidente y el secretario fracasaron en su intento de elaborar entre ambos un plan para defender el gobierno. A quién corresponde la responsabilidad de este fracaso es tema de discusiones. Un escritor pro frondicista sostiene que el 27 de marzo, Frondizi y Fraga llegaron al entendimiento de que antes que perdieran el control de la situación, el presidente se instalaría en Olivos, mientras que el secretario de Ejército iría a Campo de Mayo y desde allí intentaría defender el gobierno. Ese mismo autor asegura que Frondizi llegó a redactar una nota en que instruía a Fraga de que defendiera el orden constitucional. El secretario de Ejército, no obstante, en lugar de ir a Campo de Mayo cuando el presidente abandonó rápidamente la Casa Rosada rumbo a Olivos la tarde del 28 de marzo, se dirigió al Ministerio de Ejército. Allí, fuerzas que respondían al general Poggi lo arrestaron y ya no pudo desempeñar ningún papel en el desarrollo de los acontecimientos.[99]

Esta versión difiere en varios aspectos de la que el propio general Fraga mismo habría de dar durante una entrevista personal. Niega haber consentido en ir a Campo de Mayo y no hace mención a ninguna nota. Según explica, la propuesta surgió por primera vez el 28 de marzo, cuando llegó a la Casa Rosada alrededor de la una de la tarde para ofrecer su renuncia. Cuando el presidente le preguntó si quería ir a Campo de Mayo, contestó que estaba dispuesto a hacerlo, siempre y cuando el doctor Frondizi lo acompañara. Con el presidente también allí, sostiene Fraga, las posibilidades de conservar la lealtad del núcleo principal del Ejército eran buenas, y sus propias intenciones estaban fuera de toda duda. De otro modo, la situación podía llegar al extremo de enfrentamiento armado entre el secretario de Ejército y el demandante en jefe, situación que se había producido varias veces en el pasado y que él no quería reiterar. Pero el presidente se negó a aceptar la idea de Fraga e insistió en que sólo iría a Olivos. El resultado fue que no se llegó a una firme decisión durante ese encuentro, y Fraga, después de presentar su renuncia, se retiró a su domicilio.[100]

El general Fraga también cita otro intento de persuadir a] presidente de que se trasladara a una unidad militar. Esa tarde, en su casa, recibió la visita del teniente coronel Herrera, jefe del Regimiento de Granaderos a Caballo, quien se sentía muy molesto por tener que ser un simple espectador del drama. Quería cumplir con su misión de defender el gobierno y propuso que el presidente y el general Fraga se instalaran en el cuartel del Regimiento de Granaderos. Fraga telefoneó al presidente para comunicarle la propuesta y recibió la misma respuesta de antes: ellos debían ir, pero él sólo se trasladaría a Olivos.[101]

Ya sea que el general Fraga prometiera defender al gobierno desde Campo de Mayo —como asegura la versión pro frondicista— o que no llegara a ningún compromiso en ese sentido —como él sostiene—, lo cierto es que sus esfuerzos para proteger al doctor Frondizi fueron menos enérgicos que los de los militares que procuraban derrocarlo. Es indudable que el general Fraga apoyó cada una de las propuestas para preservar el orden constitucional —el gabinete de coalición, la mediación de Aramburu, el plan de Martínez—; pero no estaba dispuesto a tomar medidas que lo enfrentaran resueltamente al comandante en jefe. Es presumible que tendría demasiado presente el destino de sus predecesores sacrificados por el presidente para aplastar a un comandante en jefe rebelde; aunque la situación en esos momentos era, por cierto, distinta, a menos que tuviera plena seguridad de que el presidente estaba con él —y su presencia física en Campo de Mayo o en el cuartel de Granaderos le habría dado esa garantía—, prefería abstenerse de cualquier acción que lo hiciera responsable de una escisión en el Ejército.

Sin embargo, podemos preguntarnos por qué, el 28 de marzo a eso de las seis de la tarde, el general Fraga regresó al Ministerio de Ejército, donde tropas que recibían órdenes del general Poggi lo pusieron bajo arresto. Fraga procuró deliberadamente situarse en una posición que le permitiera permanecer como simple espectador y deslindar toda responsabilidad suya respecto del curso de los acontecimientos. Tal juicio supone que sabía lo que sucedería cuando regresó al Ministerio. Existen pruebas, sin embargo, que sugieren que ése no fue el caso y que sólo seguía un mal consejo. Un visitante que llegó a su casa antes de su partida hacia el Ministerio, el coronel Alejandro Lanusse, oficial legalista, le había dicho: «Váyase ya al ministerio y haga de cuenta, porque si usted, si da órdenes se las van a cumplir». Fraga esperó a que Frondizi rechazara formalmente su propuesta de renuncia, y después fue al Ministerio sólo para encontrarse bajo arresto.[102]

La detención del secretario de Ejército desbarató los últimos intentos de Frondizi para lograr apoyo militar. Esa misma noche, más tarde, telefoneó a algunos oficiales para comprobar si lo ayudarían a resistir. Uno de ellos fue el general Juan C. Onganía, comandante de la Primera División Blindada de Campo de Mayo. Según un testigo presencial, Onganía escuchó al presidente y contestó: «No, no señor presidente, este comando obedece las órdenes de su mando natural».[103] En esos momentos, su mando natural era el general Poggi. El coronel Lanusse también recibió a medianoche una llamada del edecán presidencial desde la residencia de Olivos. Su respuesta fue otra muestra de consejo dudoso: su mensaje al presidente era que «si él quiere resistirse, a mí me va encontrar, para otra cosa no, y si quiere mantenerse, resistirse como presidente de la República, tiene que ir a la Casa de Gobierno; cuando esté en la Casa de Gobierno, que me avise».[104]

A esta altura de los hechos, sin embargo, era poco probable que las fuerzas bajo el mando de los tres comandantes en jefe hubieran permitido al presidente abandonar Olivos.

Si Frondizi hubiera pensado seriamente en resistir, no habría esperado hasta que fuera demasiado tarde. Es lícito preguntarse, pues, si esas llamadas tardías procuraban obtener resultados o sólo se proponían satisfacer a sus simpatizantes políticos demostrándoles que su presidente no había caído sin luchar. Lo cierto es que Frondizi no tenía ahora otra opción que aceptar su destitución y tratar de salvar lo que podía para su partido, su programa, y su propio futuro político.[105]

X

EPÍLOGO

El colapso del gobierno de Frondizi destruyó las esperanzas que existieron alguna vez en cuanto a que la presencia de un presidente civil elegido por el pueblo iniciaría un prolongado período de régimen constitucional. Los impulsos democráticos que habían sustentado el levantamiento contra Perón en 1955 y que habían presionado sobre el régimen militar que lo sucedió para que entregara el poder en la primera oportunidad posible, resultaron insuficientes para echar las bases de una prolongada estabilidad política. Los acontecimientos revelaron que el abismo entre peronistas y antiperonistas —escisión que afectaba por igual a civiles y militares— era demasiado grande para que las medidas políticas y las promesas del gobierno de Frondizi pudieran superarlo. A pesar de sus indudables dotes de político, Arturo Frondizi fracasó en su intento de destruir el arraigo de Perón en las clases trabajadoras, exacerbó los temores de los antiperonistas y en el proceso consiguió desmoralizar a elementos que no pertenecían ni a uno ni a otro sector.

En primer término, quizá fuera un error histórico del doctor Frondizi —con sus planes para integrar sectores antagónicos de la sociedad argentina bajo el estandarte del desarrollismo— el haber deseado y ganado la presidencia en 1958. Tres años transcurridos tras la caída de Perón era un lapso demasiado breve para erradicar la sensación de agravio experimentada por quienes habían padecido bajo su régimen. Un período intermedio bajo un gobierno más de acuerdo con la filosofía de la Revolución Libertadora quizá hubiera redundado, siquiera por reacción, una aceptación más genuina de la actitud de Frondizi ante los problemas sociales, tanto en los círculos militares como en los laborales.

Lo cierto fue que para muchos de los militares que habían intervenido en la destitución de Perón, las tácticas de integración de Frondizi parecían significar el retorno al servicio activo de los oficiales nacionalistas y peronistas, y una amenaza a sus propias carreras profesionales; y en consecuencia, actuaron de acuerdo con esa impresión. En contraste, años después, cuando esta generación de oficiales entregó el control de las Fuerzas Armadas a hombres más jóvenes, resultó relativamente fácil reincorporar en situación de retiro a todos los oficiales destituidos por sus posturas políticas, y recompensarlos en forma retroactiva con ascensos y aumentos de las jubilaciones. Pero para ese entonces, desde luego, se había producido una nueva situación dramática. El surgimiento de grupos terroristas que atacaron a los militares y sus instalaciones habría de tener como efecto la cohesión de las actitudes de los oficiales, al hacerles pensar que las diferencias políticas del pasado eran mucho menos significativas.

Hacia fines de la década del 50 y principios de la siguiente, sin embargo, esas diferencias eran muy reales y contribuyeron de manera directa al derrocamiento de Frondizi. Ese hecho, empero, en lo que respecta a la unidad militar, empeoró las cosas. Durante el resto de 1962, el Ejército fue desganado por una serie de enfrentamientos que culminaron en hechos de guerra. En definitiva, los vencedores en esta lucha fueron los legalistas, ahora bautizados como los Azules, que eran, básicamente, oficiales de caballería y artillería, quienes a partir de entonces vieron en el general Juan Carlos Onganía a un líder nacional. Considerándose a sí mismos más profesionales en el sentido militar del término, y también más comprometidos con la forma de gobierno constitucional que sus rivales, los Colorados, procedieron a imponer sobre estos últimos la paz del vencedor. Así obligaron a cientos de oficiales Colorados a un retiro prematuro. Al mismo tiempo, brindaron apoyo tentativo a un plan político que contemplaba la formación de un frente nacional que incluiría a los peronistas, pero no a Perón, y serviría como vehículo electoral del general Onganía.

A causa de la resistencia interna, en el sector de los Azules, proveniente de oficiales que pensaron las cosas dos veces, el plan del frente nacional fracasó y con él la candidatura de Onganía. Oficiales Colorados destituidos, por su parte, ansiosos de desbaratar el plan, hicieron un último intento para tomar el control, lanzando una revolución a principios de abril de 1963. Obligados a contar sobre todo con el apoyo naval, experimentaron una nueva derrota, con la consecuencia adicional de que la Marina sobrellevó una purga general y perdió el resto de la influencia política de que había disfrutado desde 1955.

La victoria Azul garantizó en breve plazo un nuevo experimento con el gobierno civil en las elecciones de julio de 1963, que elevaron al poder al doctor Arturo Illia, de la UCRP. Irónicamente, el principal apoyo civil de los oficiales Colorado: derrotados había provenido de miembros de ese partido. Las relaciones del doctor Illia con el Ejército dominado por los Azules fueron, en consecuencia, todo menos cordiales. Pero no era sólo la historia reciente la que amenazaba el apoyo que el gobierno de Illia necesitaba de la institución militar. El énfasis mismo en el profesionalismo que caracterizaba a los oficiales Azules los condujo cada vez más a cuestionar la eficacia de ese gobierno civil.

Un Ejército profesional, en opinión de esos oficiales, tenía poco sentido a menos que sirviera a un país cuyos objetivos nacionales estuvieran claramente definidos en términos de realidades actuales, internas e internacionales. La preparación de los planes militares exigía una redefinición de los objetivos nacionales, y el gobierno de Illia se mostraba lento para ofrecerla. Además, el gobierno parecía incapaz de promover el desarrollo económico o de superar las divisiones políticas y sociales heredadas del pasado.

El subsiguiente derrocamiento del doctor Illia en junio de 1966 y el ascenso del general (R) Juan C. Onganía al cargo de presidente dictatorial con poderes ilimitados fue un acto de exagerada confianza en sí mismos por parte de esos militares; expresaba su creencia de que todo lo que los administradores civiles habían sido incapaces de hacer para acabar con las permanentes pautas de inflación, el bajo desarrollo económico y la intranquilidad laboral, y para eliminar de la agenda nacional el problema peronistas-antiperonistas, podía lograrse con la intervención de un régimen militar que no tuviera compromisos con ningún sector político.

Pero no eran sólo los militares quienes sustentaban esa convicción. Intelectuales civiles que habían estado vinculados al grupo Azul, ciertos políticos y dirigentes gremiales e inclusive el ex presidente Arturo Frondizi contribuyeron al abrupto fin del gobierno de Illia y dieron la bienvenida al de Onganía. En el caso del doctor Frondizi, no fue simplemente un asunto de revancha política contra la UCRP, muchos de cuyos dirigentes habían colaborado en la destitución de su gobierno; fue más bien que había llegado a la conclusión de que los gobiernos electos no podían producir los cambios sociales, políticos y económicos de largo alcance que él consideraba esenciales. Esta falta de fe en el proceso democrático fue una de las consecuencias de los acontecimientos descriptos en este volumen.

La vuelta a un gobierno con base militar presidido por el general Onganía habría de iniciar un nuevo capítulo en la historia reciente de la Argentina. Aún no ha transcurrido tiempo suficiente como para determinar si este gobierno estaba predestinado desde su comienzo mismo a defraudar las expectativas de quienes lo crearon, o si en manos de un dirigente con mayor talento político habría tenido más éxito. Lo cierto es que bajo este gobierno los problemas del país se agravaron. Sin elecciones en las cuales pudiera descargar sus energías políticas, ante medidas económicas impopulares y como reacción frente a la violenta intervención de las universidades, la generación de argentinos jóvenes fue haciéndose cada vez más revolucionaria.

La significación plena de este proceso no se reveló hasta el levantamiento de estudiantes y obreros en Córdoba, en mayo de 1969, el secuestro y asesinato del ex presidente, general (R) Pedro E. Aramburu, un año después, y la incidencia cada vez mayor, a partir de entonces, del terrorismo político. Ni siquiera la decisión de los altos mandos militares, de acuerdo con el comandante en jefe del Ejército, Alejandro A. Lanusse, de destituir a Onganía y reanudar el gobierno constitucional en el país pudo detener el proceso durante el cual muchos hombres y mujeres jóvenes se unieron a los movimientos guerrilleros e intentaron imponer su ideología revólver en mano.

Tampoco el triunfo peronista en las elecciones de marzo de 1973 y el retorno de un Perón ya envejecido a la presidencia de la Nación logró eliminar la propensión a la violencia. Los conflictos entre grupos de jóvenes izquierdistas que esperaban el regreso de Perón viéndolo como un primer paso hacia algún tipo de Estado socialista, y los peronistas más conservadores, interesados sobre todo en los frutos del poder, produjeron un alud de secuestros y asesinatos. La violencia política alcanzó extremos sin precedentes tras la muerte de Perón. Cuando su viuda, la vicepresidenta Isabel Martínez de Perón, asumió la presidencia, la Argentina empezó a hundirse en su propio infierno, a medida que los operativos de la guerrilla se hacían cada vez más audaces y los grupos anónimos de la contraguerrilla libraban su propia guerra secreta de represión.

En marzo de 1976, las Fuerzas Armadas volvieron a asumir el control directo del gobierno argentino. Ésa fue una medida que todos preveían y que fue recibida con alivio por casi todos los sectores de la opinión, inclusive los peronistas. Y hasta los grupos terroristas, que eran los que más tenían que perder, aparentemente abrigaron la esperanza de que un nuevo gobierno militar revolucionaría aun más a la población argentina e iniciaría el camino hacia la transición a un régimen socialista revolucionario. Hacia 1978, sin embargo, las Fuerzas Armadas ya habían actuado con eficacia y sin piedad para destruir el poder de los grupos guerrilleros, impulsando al exilio a muchos simpatizantes y también a otros argentinos que sólo estaban asustados. Y únicamente en el futuro podrán percibirse del todo los efectos producidos sobre la sociedad argentina por esta guerra interna, entre cuyas víctimas se cuentan muchos inocentes y cuyo número supera el de las de cualquier otro conflicto padecido por la Argentina en el presente siglo. Únicamente el futuro revelará cuándo y en qué condiciones las Fuerzas Armadas entregarán el poder a un régimen constitucional de base más ancha.

El hecho de que los militares hayan asumido el mando periódicamente —seis veces, entre 1930 y 1976— es más un indicio de la incapacidad del sector civil para permanecer unido en defensa de la forma de gobierno constitucional, que de la ambición de poder de los militares. Al producirse cada uno de los seis golpes militares, parte de la opinión pública —a veces una parte muy importante— alentó a las Fuerzas Armadas. Dirigentes de prácticamente todos los partidos políticos, sindicalistas y organizaciones empresarias, vieron con buenos ojos, al menos en una ocasión, la destitución de un presidente en ejercicio. La noción de que los partidos políticos argentinos u otros grupos civiles importantes se opusieran sin cesar a los levantamientos militares, tiene poca relación con la realidad.

Es cierto, sin embargo, que una vez en el poder, los regímenes militares se vieron presionados por la opinión pública para limitar sus mandatos. Los mismos civiles que pidieron a los militares que actuaran, por lo general se interesaban en un acto de cirugía política, y no en una cura prolongada: al poco tiempo de la destitución de los gobiernos en ejercicio, esos civiles clamaban por la necesidad de devolverles el poder. Esto puede explicar por qué, antes de 1966, los gobiernos militares nunca duraron más de tres años y por qué los funcionarios electos, a pesar de las seis intervenciones militares entre 1930 y 1976, gobernaron al país durante esos cuarenta y seis años, excepto diecinueve. Sin embargo, deben señalarse dos variantes recientes en la alternancia de regímenes civiles y militares. La primera consiste en que el período de duración de los gobiernos electos se redujo cada vez más: Perón ejerció el poder durante nueve años como presidente constitucional, antes de su destitución en 1955; Frondizi sólo duró cuatro años e Illia menos de tres, antes de sus respectivas destituciones en 1962 y 1966; y, más recientemente, el gobierno peronista de 1973 sólo duró dos años y diez meses. La segunda variante es la mayor permanencia de los gobiernos militares. El régimen impuesto en 1966 duró, bajo distintos conductores, casi siete años, y hay motivos para creer que el gobierno de las Fuerzas Armadas que asumió el control en 1976 permanecerá en el poder por lo menos durante un período de igual duración. Esto sugiere una confianza menor en la Argentina, tanto por parte de los civiles como de los militares, en la capacidad de los gobiernos constitucionalmente elegidos para resolver los problemas de la Nación. La desilusión ante el proceso democrático, que fue el legado de los hechos previos a 1962, se reiteró después de cada experiencia con un gobierno elegido. Lo cual no equivale a negar que dentro de la población civil, así como entre los militares, exista un gran deseo de presenciar el retorno al gobierno constitucional; pero tal deseo está acompañado, al menos en el ámbito militar, por el propósito de establecer un conjunto de acuerdos institucionales que interrumpan esa pauta del último medio siglo, la alternancia de gobiernos civiles y militares, y aseguren una prolongada estabilidad política, el desarrollo económico y la armonía social. Es esta una aspiración que comparten civiles argentinos con puntos de vista diversos. Queda por verse si lograrán ponerse de acuerdo entre sí y con la conducción militar respecto de los pasos necesarios para asegurar su logro.

BIBLIOGRAFÍA

FUENTES PRIMARIAS

Materiales inéditos

El historiador de la Argentina contemporánea no puede esperar que obtendrá materiales trascendentes en los archivos públicos del país, en parte porque los funcionarios tienden a llevarse consigo sus documentos cuando abandonan los cargos públicos, en parte porque los documentos que están destinados a esos archivos suelen mantenerse fuera del alcance de los estudiosos hasta tanto transcurran varias generaciones. La tarea del investigador, por lo tanto, se convierte en la de buscar documentos que puedan llegar a manos privadas. Lograr acceso a esos materiales es a menudo cuestión de suerte, y el historiador nunca puede tener la certeza de haber visto todos, ni siquiera una parte sustancial, de los documentos que importan.

Para este estudio, tuve bastante suerte al lograr acceso a diversos materiales en poder de manos privadas. Entre éstos se incluyen copias de actas, memorándums militares internos, cartas, documentos de posición e informes sobre sucesos preparados por sus propios participantes u observadores cercanos. Entre los varios documentos inéditos que pude consultar, los más valiosos son los tres siguientes: las memorias del almirante (R) Jorge Penen, un original mecanografiado de casi 400 páginas que abarca el período 1943-1966 y es especialmente útil para conocer el papel de la Marina durante los años 1955-62; actas de reuniones del gabinete hechas por el capitán de navío (R) Eduardo Lockhart entre el 1.º de febrero y el 20 de setiembre de 1962; y el diario del difunto almirante (R) Teodoro Hartung, informe contemporáneo de 493 páginas sobre lo que vio, oyó e hizo como miembro de la Junta Militar desde noviembre de 1955 hasta abril de 1958.

Los archivos norteamericanos también me brindaron importantes materiales. Los General Records del Departamento de Estado (Record Group 59) fueron examinados en los National Archives, Washington, D. C., y abarcaron los años 1945-49. Los más útiles de esos registros fueron los siguientes: documentos relacionados con los asuntos internos argentinos (U. S. State Department File 835), en especial las secciones política, militar, económica y petrolera; United States-Argentine relations (Decimal File 711.35); los Argentine Blue Book Files; y los Office of American Republic Affairs Memoranda on Argentina, serie que finaliza en 1947. Al margen de estos documentos, pude consultar los documentos en el archivo de los asuntos políticos internos argentinos (735.00) durante los años 1950-52, merced a las disposiciones de la Ley de Información (Freedom of Information Act). Las largas demoras necesarias para lograr acceso a esos documentos, sin embargo, me decidieron a no hacer más esfuerzos para explorar los registros del Departamento de Estado posteriores a 1950 y resolví acudir a otras fuentes. Encontré unos pocos documentos útiles en la John F. Kennedy Library and Archive de Waltham, Massachusetts.

Aunque los manuscritos mencionados fueron de gran valor, este estudio se apoyó sobre todo en datos de la historia oral. Pude obtener información, que de otra manera no habría podido reunir, mediante una serie de entrevistas con personalidades políticas y militares argentinas. Esas entrevistas, muchas de ellas grabadas, se hicieron durante un período de quince años en la Argentina y los Estados Unidos. En los casos en que resultó posible, traté de confrontar la información obtenida de esta manera con otras fuentes, impresas, manuscritas u orales, inclusive la Oral History Collection de la Columbia University. En algunos casos se utilizaron entrevistas de seguimiento e intercambio de correspondencia para resolver contradicciones o conflictos. Estoy profundamente agradecido a las 80 personas enumeradas a continuación, algunas de ellas ya fallecidas, y a otras que no quisieron ser mencionadas, por su generoso consentimiento a contestar a mis preguntas. Un comentario final: el lector perspicaz notará en la lista la ausencia de una figura central en este estudio. Sólo puedo asegurar que no fue por falta de esfuerzos de mi parte el que no haya podido conversar con Juan D. Perón.

Las personas que contribuyeron a este estudio con sus entrevistas fueron:

Alsogaray, ingeniero Alvaro C. | Laprida, general (R) Manuel A.
Alsogaray, general (R) Julio | Lockhart, capitán de navío (R) Eduardo
Apicella, brig, mayor (R) Horacio | López Aufranc, general (R) Alcides
Aramburu, general (R) Pedro E. | Martínez, doctor Rodolfo (h)
Arredondo, general (R) Roberto J. M. | Menéndez, general (R) Benjamín
Avalos, general (R) Ignacio | Molinari, capitán de navío (R) Aldo
Bassi, almirante (R) Juan C. | Morello, general (R) José H.
Becerra, doctor Olegario | Muñiz, doctor Carlos M.
Bléjer, doctor David | Ordóñez, doctor Manuel
Bramuglia, doctor Juan A. | Palma, almirante (R) Jorge
Cáceres Monié, doctor José R. | Penas, almirante (R) Agustín R.
Caro, general (R) Carlos | Peralta, general (R) Carlos
Castiñeiras, general (R) Pedro | Pérez Amuchástegui, coronel (R) Agustín
Castro Sánchez, general (R) Eduardo | Pérez Leirós, señor Francisco
Correa, coronel (R) Daniel A. | Perren, almirante (R) Jorge
Embrioni, general (R) José | Pistarini, general (R) Pascual
Emery, ingeniero Carlos | Poggi, general (R) Raúl
Estévez, almirante (R) Adolfo B. | Pomar, general (R) Manuel H.
Etchepareborda, doctor Roberto | Puiggrós, doctor Oscar
Fernández Funes, coronel (R) Jorge M. | Rattenbach, general (R) Benjamín
Forcher, general (R) Emilio | Real, doctor Pedro
Fraga, general (R) Rosendo | Rial, almirante (R) Arturo
Frigerio, señor Rogelio | Rivera, general auditor (R) Román
Frondizi, doctor Arturo | Rivolta, capitán de navío (R) Antonio
Gallo, general (R) Bartolomé | Rojas, Almirante (R) Isaac F.
Garasino, teniente coronel (R) Alberto | Rojas Silveyra, brigadier (R) Jorge
Garrido, doctor Jorge E. | Sánchez de Bustamante, general (R) Tomás A.
Ghioldi, profesor Américo | Sánchez Sañudo, almirante (R) Carlos A.
Gómez Morales, doctor Alfredo | Shaw, doctor José D.
Goyret, general (R) José T. | Solanas Pacheco, general (R) Héctor
Grondona, doctor Mariano | Solari, general (R) Ángel
Guglialmelli, general (R) Juan E. | Toranzo Calderón, almirante (R) Samuel
Guido, doctor José M. | Toranzo Montero, general (R) Carlos S.
Hernández, señor A. Aurelio | Toranzo Montero, general (R) Federico
Illia, doctor Arturo | Uranga, general (R) Juan J.
Iñíguez, general (R) Miguel A. | Uriondo, general (R) Oscar A.
Ivanissevich, doctor Oscar | Vago, general (R) Ambrosio A.
Labayru, general (R) Bernardino | Varela, coronel (R) Eliseo
Lagos, general (R) Julio A. | Videla Balaguer, general (R) Dalmiro F.
Lanusse, general (R) Alejandro A. | Zavala Ortiz, doctor Miguel Ángel

Documentos impresos

Leyes y Decretos

[1] Anales de legislación argentina, 1852-1973. 33 volúmenes encuadernados en 70. Buenos Aires, 1942-73.

Debates legislativos

[2] Congreso Nacional. Diario de sesiones de la cámara de diputados. Años 1946-55, 1958-66. 117 volúmenes.

[3] Congreso Nacional. Diario de sesiones de la cámara de senadores. Años 1946 55, 1958-66. 55 volúmenes.

[4] Convención Nacional Constituyente. Diario de sesiones año 1957. 2 volúmenes. Buenos Aires, 1958.

[5] Junta Consultiva Nacional. Bases para la confección de una nueva ley electoral. Buenos Aires, 1956.

Informes de cuerpos ejecutivos y legislativos

[6] Comando en jefe de la Armada. Secretaría General Naval. Departamento de Estudios Históricos Navales. Las primeras cien promociones egresadas de la escuela naval militar 1879-1971. Buenos Aires, 1972.

[7] Comisión de Estudios Constitucionales. Materiales para la reforma constitucional. 7 volúmenes. Buenos Aires, 1957.

[8] Comisión Especial Investigadora Sobre Petróleo. Dictámenes de mayoría y minoría. Cámara de Diputados de la Nación. Sesiones de prórroga 1964. Orden del Día N.º 394.

[9] Comisión Investigadora de los Servicios Públicos de Electricidad de la Ciudad de Buenos Aires. Informe. Superiores decretos 4910 y 6961 del 6 y 28 de agosto de 1943 respectivamente. Buenos Aires, 1959.

[10] Comisión Nacional de Investigaciones. Documentación, autores y cómplices de las irregularidades cometidas durante la segunda tiranía. 5 vols. Buenos Aires, 1958.

[11] Libro Negro de la segunda tiranía. Buenos Aires, 1958.

[12] Ministerio del Interior. Subsecretaría de Informaciones. Las fuerzas armadas restituyen el imperio de la soberanía popular. 2 volúmenes. Buenos Aires, 1946.

[13] Ministerio de Guerra (también conocido como Ministerio de Ejército). Boletín Militar Público, 1946-63.

[14] — Boletín Militar Reservado, 1945-63.

[15] — Dirección General de Difusión. Manual de doctrina y organización nacional. Buenos Aires, 1953.

[16] — Escalafón del ejército argentino… hasta el 1.º de julio de 1946. Buenos Aires, 1946.

[17] — Escalafón del ejército argentino… hasta 31 de diciembre de 1952. Buenos Aires, 1952.

[18] — Escalafón del ejército argentino… hasta el 31 de diciembre de 1954. Buenos Aires, 1955.

[19] — Memoria presentada al Honorable Congreso de la Nación correspondiente al año 1940-1941. Buenos Aires, 1941.

[20] — Memoria… 4 de junio 1945-4 de junio 1946. Buenos Aires, 1946.

[21] — Memoria… 4 de junio 1946-4 de junio 1947. Buenos Aires, 1947.

[22] — Memoria… 4 de junio 1947-4 de junio 1948. Buenos Aires, 1948.

[23] Ministerio de Hacienda. Dirección Nacional de Estadística y Censos. Informe demográfico de la República Argentina, 1944-54. Buenos Aires, 1956.

[24] Ministerio de Marina. Memoria correspondiente al ejercicio 1945. N.p., n.d.

[25] — Memoria… al ejercicio 1946. N.p., n.d.

[26] — Memoria… al ejercicio 1947. N.p., n.d.

[27] — Memoria… al ejercicio 1948. N.p., n.d.

[28] Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. La República Argentina ante el «Libro Azul». Buenos Aires, 1946.

[29] Presidencia de la Nación. Secretaría de Prensa y Difusión. Doctrina nacional. Buenos Aires, 1954.

[30] — Gobierno Provisional de la Revolución Libertadora. Memoria 1955-1958. Buenos Aires, 1958.

[31] — Subsecretaría de Informaciones. Doctrina Peronista. Perón expone su doctrina. N.p., n.d.

[32] — Subsecretaría de Informaciones. 2.º Plan Quinquenal. N.p., n.d.

[33] Ratificación del informe producido por la Comisión Investigadora N.º 58 de la Policía Federal, sobre la muerte de Juan Duarte. Buenos Aires, 1956.

Otros documentos impresos

[34] Council on Foreign Relations. Documents on American Foreign Relations. New York, 1962.

[35] United Nations. Departamento de Asuntos Económicos y Sociales. Análisis y proyecciones del desarrollo económico. Part Five, El desarrollo económico de la Argentina. 3 volúmenes. México, 1959.

[36] U. S. Department of State. Bulletin. Washington, D. C., 1949-55, 1962.

[37] — Consultation Among the American Republics with Respect to the Argentine Situation. Washington, D. C., 1946.

[38] — Foreign Relations of the United States: Diplomatic Papers, 1945. Volume IX, The American Republics. Washington, D. C., 1969.

[39] — Foreign Relations of the United States: Diplomatic Papers 1946. Volume XI, The American Republics. Washington, D. C., 1969.

[40] — Foreign Relations of the United States 1947. Volume VIII, The American Republics. Washington, D. C., 1972.

[41] — Foreign Relations of the United States 1948. Volume IX, The Western Hemisphere. Washington, D. C., 1972.

[42] — Foreign Relations of the United States 1949. Volume II, The United Nations; The Western Hemisphere. Washington, D. C., 1975.

[43] — Foreign Relations of the United States 1950. Volume I, National Security Affairs; Foreign Economic Policy. Washington, D. C., 1977.

Memorias, diálogos, cartas y defensas

[44] Alende, Oscar. Entretelones de la trampa. Buenos Aires, 1964.

[45] Amadeo, Mario. Ayer, hoy, mañana. 3.ª ed., Buenos Aires, 1956.

[46] Antonio, Jorge. ¿Y ahora qué? Buenos Aires, 1966.

[47] Arce, José. Cartas y escritos inéditos. Buenos Aires, 1958.

[48] Braden, Spruille. Diplomats and Demagogues: The Memoirs of Spruille Braden. New Rochelle, 1971.

[49] Bruce, James. Those Perplexing Argentines. New York, 1953.

[50] Bustos Fierro, Raúl. Desde Perón hasta Onganía. Buenos Aires, 1961.

[51] Carril, Bonifacio del. Crónica interna de la Revolución Libertadora. Buenos Aires, 1959.

[52] Canilla, Juan E. El medio siglo se prolonga. Buenos Aires, 1965.

[53] Corbière, Emilio J. Conversaciones con Oscar Alende. Buenos Aires, 1978.

[54] Correspondencia Perón-Frigerio 1958-1973. Análisis crítico de Ramón Prieto. Buenos Aires, 1975.

[55] Díaz, Fanor. Conversaciones con Rogelio Frigerio. Sobre la crisis política argentina. Buenos Aires, 1977.

[56] Domínguez, Nelson. Conversaciones con Juan José Taccone sobre sindicalismo y política. Buenos Aires, 1977.

[57] Galíndez, Bartolomé. Apuntes de tres revoluciones (1930-1943-1955). Buenos Aires, 1956.

[58] García; Eduardo A. Yo fui testigo. Antes, durante y después de la segunda tiranía (Memorias). Buenos Aires, 1971.

[59] Gómez, Alejandro. Política de entrega. Buenos Aires, 1963.

[60] Guardo, Ricardo C. Horas difíciles. Buenos Aires, 1963.

[61] Ibarguren (h), Carlos. Respuestas a un cuestionario acerca del nacionalismo, 1930-1945. Buenos Aires, 1971.

[62] Irazusta, Julio. Balance de siglo y medio. Buenos Aires, 1972.

[63] Lanusse, Alejandro A. Mi testimonio. Buenos Aires, 1977.

[64] Luca de Tena, Torcuato, y otros. Yo Juan Domingo Perón. Relato autobiográfico. Barcelona, 1976.

[65] Lucero, Franklin. El precio de la lealtad. Buenos Aires, 1959.

[66] Luna, Félix. Diálogos con Frondizi. Buenos Aires, 1963.

[67] Martínez, Rodolfo. Grandezas y miserias de Perón. México, 1957.

[68] Olivieri, Aníbal O. Dos veces rebelde: Memoria… julio 1945-abril 1957. Buenos Aires, 1958.

[69] Pastor, Reynaldo. Frente al totalitarismo peronista. Buenos Aires, 1959.

[70] Pavón Pereyra, Enrique. Coloquios con Perón. Buenos Aires, 1965.

[71] Perina, Emilio. Detrás de la crisis. Buenos Aires, 1960.

[72] Perón-Cooke, correspondencia. 2 volúmenes. Buenos Aires, 1973.

[73] Perón, Juan. Del poder al exilio. Cómo y quiénes me derrocaron. Buenos Aires, 1973.

[74] La fuerza es el derecho de las bestias. Montevideo, 1959.

[75] Tres revoluciones militares. Buenos Aires, 1963.

[76] Plater, Guillermo D. Una gran lección. La Plata, 1956.

[77] Prieto, Ramón. El pacto. 8 años de política argentina. Buenos Aires, 1963.

[78] Real, Juan José. Treinta años de historia argentina. 2.ª ed. Buenos Aires, 1976.

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[80] Viñas, Alberto. Celda 43. Treinta y dos meses de cautiverio (1951-1953). Buenos Aires, 1956.

Discursos, mensajes y folletos

[81] Centro de Documentación Justicialista. Diálogo entre Perón y las Fuerzas Armadas. Buenos Aires, 1973.

[82] Descartes (seud. de Juan D. Perón). Política y estrategia (no ataco, critico). Buenos Aires, 1953.

[83] Farrell, Edelmiro J. Discursos pronunciados por el Excelentísimo señor presidente de la Nación Argentina durante su período presidencial, 1944-1946. Buenos Aires, 1946.

[84] Frondizi, Arturo. Petróleo y nación. Prólogo y notas por Arturo Sábato. Buenos Aires, 1963.

[85] — La política exterior argentina. Ordenación y prólogo de Dardo Cúneo. Buenos Aires, 1962.

[86] Lafiandra, Félix (h). Los panfletos. Su aporte a la Revolución Libertadora. Buenos Aires, n.d.

[87] Manual práctico del 2.º plan quinquenal. Buenos Aires, 1953.

[88] Partido Peronista, Consejo Superior. Manual peronista. Buenos Aires, 1954.

[89] — El movimiento peronista. Origen, ideal, síntesis de la doctrina, realizaciones y soluciones universales. Buenos Aires, 1954.

[90] Perón, Eva. «Representamos el ejemplo de la cooperación social». Hechos e Ideas, volumen XX, N.º 79 (octubre 1950), págs. 25-28.

[91] Perón, Juan D. Discursos del Excmo. señor presidente de la Nación… dirigidos a las Fuerzas Armadas, 1946-1951. Buenos Aires, n.d.

[92] — «En el quinto aniversario del 17 de octubre», Hechos e Ideas, volumen XX, N.º 79 (octubre 1950), págs. 19-24.

[93] — «Hablando a los intelectuales», Hechos e Ideas, volumen XIX, N.º 77 (agosto 1950), págs. 406-418.

[94] — «Informando al pueblo sobre los alcances del 2.º plan quinquenal», Hechos e Ideas, volumen XXIV, Nos. 106-9 (enero-abril 1953), págs. 397-430.

[95] — «Lineamientos del plan económico para 1952», Hechos e Ideas, volumen XXIII, N.º 95 (febrero 1952), págs. 483-496.

[96] — «Normas de gobierno y directivas políticas», Hechos e Ideas, volumen XXIV, N.º 103 (octubre 1952), págs. 177-188.

[97] — «La organización del gobierno, del Estado y de la Nación», Hechos e Ideas, volumen XIX, Nos. 74-75 (mayo-junio 1950), págs. 193-206.

[98] — Perón expone su doctrina. Buenos Aires, 1948.

[99] — Perón habla a las Fuerzas Armadas, 1946-1954. Buenos Aires, 1954.

[100] — El pueblo ya sabe de qué se trata. Discursos, 1944-1946. Buenos Aires, n.d.

[101] — «Principios doctrinarios que orientaran la política social del gobierno y declaración de los derechos del trabajador», Hechos e Ideas, volumen VI. N.º 42 (agosto 1947), págs. 51-61.

[102] — Síntesis del mensaje presidencial pronunciado… el día 1.º de mayo de 1954 ante el Honorable Congreso Nacional, al inaugurar el 88.º período de Sesiones. Buenos Aires, 1954.

[103] La revolución de los tres tanques. Buenos Aires, 1951.

FUENTES SECUNDARIAS

Obras generales

[104] «Los años críticos 1955 1970. De Perón a Onganía», Panorama Semanal, volúmenes VI-VII, Nos. 79-134 (1968-69).

[105] Cantón, Darío. Materiales para el estudio de la sociología política en la Argentina. 2 volúmenes. Buenos Aires, 1968.

[106] Ciria, Alberto, y otros. New Perspectives on Modern Argentina. Latin American Studies Program, Indiana University. Bloomington, 1972.

[107] Ferns, FI. S. Argentina. London, 1969.

[108] Floria, Carlos A., y César A. García Belsunce. Historia de los argentinos. 2 volúmenes. Buenos Aires, 1971.

[109] Germani, Gino. Estructura social de la Argentina. Buenos Aires, 1955.

[110] «La historia del peronismo», Primera Plana, volúmenes III-VII, Nos. 136-55, 175-392 (1965-69).

[111] Imaz, José Luis de. Los que mandan (Those Who Rule). Traducción e introducción de Carlos A. Astiz. Albany, 1970.

[112] Luna, Félix. Argentina de Perón a Lanusse, 1943-1973. Barcelona, 1972.

[113] Magnet, Alejandro. Nuestros vecinos justicialistas. 10.ª edición. Santiago, 1955.

[114] Rock, David, ed. Argentina in the Twentieth Century. Pittsburgh, 1975.

[115] Santos Martinez, Pedro. La nueva Argentina, 1946-1955. 2 volúmenes. Buenos Aires, 1976.

[116] Whitaker, Arthur. Argentina. Englewood Cliffs, N. J., 1964.

[117] — The United States and Argentina. Cambridge, Mass., 1954.

[118] — The United States and the Southern Cone. Cambridge, Mass., 1976.

[119] Zuleta Alvarez, Enrique. El racionalismo argentino. 2 volúmenes. Buenos Aires, 1975.

Publicaciones relacionadas con la esfera militar

[120] Abrahamsson, Bengt. Military Professionalization and Political Power. Beverly Hills, 1972.

[121] «A diez años de un intento para derrocar la dictadura», La Prensa, setiembre 28-30, octubre 10, 1961.

[122] Albariño, general Ramón A. «La contribución de las Fuerzas Armadas al desarrollo industrial en el 2.º Plan Quinquenal», Hechos e Ideas, volumen XXIV, Nos. 106-9 (enero-abril 1953), págs. 687-694.

[123] — Verdad y justicia (documentos que revelan los móviles políticos de una imputación calumniosa). Buenos Aires, 1947.

[124] Alonso, Enrique. «Hace diez años: La caída de Frondizi», Todo es Historia, N.º 59 (marzo 1972), págs. 8-35.

[125] Anaya, general Laureano. «El Ejército: Factor ponderable en el desenvolvimiento económico social y político de la Nación», Hechos e Ideas, volumen XVI, Nos. 62-63 (mayo-junio 1949), págs. 188-234.

[126] — La nacionalización de los transportes y servicios públicos. Su significado desde el punto de vista de la defensa nacional. Conferencia. Buenos Aires, 1951.

[127] Ardid, León. «Frondizi y los militares», El Príncipe, volumen 3, N.º 9 (marzo 1962), págs. 8-10.

[128] «Así cayó Frondizi», Atlántida (abril 1966), págs. 74-83.

[129] Astiz, Carlos. «The Argentine Armed Forces: Their Role and Political Involvement», Western Political Quarterly, volumen 22, N.º 4 (1969), págs. 862-78.

[130] Becke, teniente general Carlos von, der. Destrucción de una infamia: Falsos «Documentos oficiales», Buenos Aires, 1956.

[131] Beltrán, Virgilio R. «El Ejército y los cambios estructurales de la Argentina en el siglo XX», Revista de Estudios Políticos (Madrid), Nos. 171-72 (1970), págs. 173-199.

[132] Bortnik, Rubén. El ejército argentino y el arte de lo posible. Buenos Aires, 1967.

[133] Botana, Natalio, Rafael Braun y Carlos A. Floria. El régimen militar, 1966-1973. Buenos Aires, 1973.

[134] Burzio, Humberto F. Armada nacional. Reseña histórica de su origen y desarrollo orgánico. Número extraordinario del Boletín del Centro Naval. Buenos Aires, 1961.

[135] Cantón, Darío. La política de los militares, 1900-1971. Buenos Aires, 1971.

[136] Cardoso Cúneo, capitán Raúl E. «El concepto marxista ante las Fuerzas Armadas», Revista Militar, N.º 651 (enero-marzo 1959), págs. 58-65.

[137] Carreras, general Marino B. «La mentira», Revista Militar, N.º 659 (enero-marzo 1961), págs. 41-42.

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[139] Ceresole, Norberto. Ejército y política nacionalista. Buenos Aires, 1968.

[140] Cerro Fernández, Patricio. En defensa de la libertad. Crónica de un movimiento terrorista. Buenos Aires, n.d.

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[142] Fayt, Carlos. El político armado. Dinámica del proceso político argentino, 1960-1971. Buenos Aires, 1971.

[143] Ferla, Salvador. Mártires y verdugos. 3.ª edición. Buenos Aires, 1972.

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Revistas de información: Confirmado, 1965-66; Esto Es, 1954-56; Extra, 1966; Panorama Semanal, 1968-69; Primera Plana, 1963-70; Qué, 1946-47, 1956-59; Usted, 1960-61.

Semanarios políticos: Adelante, 1957; Afirmación, 1958-60; Azul y Blanco, 1956-59; El Leñador, 1957; La Lucha, 1949-50; Mayoría, 1957; Mundo Peronista, 1955; Nuevas Bases, 1950-52; País Unido, 1957-58; Rebeldía, 1957; Resistencia Popular, 1957; El Socialista, 1948— 1949; La Vanguardia, 1957-60.

Otros periódicos: Desarrollo Económico, 1961-78; Foreign Broadcast Information Service. Latin America Daily Report, 1955-62; Hechos e Ideas, 1945-55; Review of the River Plate, 1945-55; Todo es Historia, 1967-78.

ROBERT A. POTASH (1921 - 2016). Historiador estadounidense que se ha especializado en estudiar el papel de los militares en la historia argentina.

En la década de 1950, Potash fue contratado por la Universidad de Massachusetts en Amherst, eligiendo como temas de investigación la historia económica de México y la relación entre el Ejército y la política en Argentina, tema que lo ocupó desde entonces.

Su libro El Ejército y la Política en la República Argentina (1928-1973), en tres tomos, revolucionó la historiografía argentina, al realizar un estudio exhaustivo del actor principal de la historia argentina en ese período, marcado por los golpes de Estado militares.

Fue nombrado miembro correspondiente de la Academia Nacional de la Historia de la República Argentina y en México como corresponsal de la Academia Mexicana de la Historia.

Notas al Capítulo 1

[1] Informe de la Dirección del Censo Escolar de la Nación en La Prensa, 22 de noviembre de 1945. Según este informe, el 34,2 por ciento de la población argentina vivía en ciudades de 100.000 o más habitantes. La población total a fines de 1945 había sido calculada en 15.520.000 habitantes, de los cuales 2.968.000 residían en la Capital Federal. El Gran Buenos Aires, que incluía a la Capital Federal y los diecisiete partidos que la rodeaban localizados en la provincia de Buenos Aires, tenía aproximadamente 4.500.000 habitantes (Ministerio de Hacienda, Dirección Nacional de Estadística y Censos, Informe Demográfico de la República Argentina, 1944-1954 [23], Tablas 1, 4 y 12). (Se emplea una forma abreviada para la cita de fuentes en las notas de este libro. Los números entre corchetes que acompañan a la cita refieren al lector al título completo en la Bibliografía. <<

[2] Germani [109], pág. 129, Tabla 59. <<

[3] Ibid., págs. 74-78. <<

[4] Díaz Alejandro [247], capítulos 2 y 4, y Apéndice Estadístico, Tabla 18 (pág. 417). <<

[5] Ibid., pág. 119, nota 53; págs. 241-46. <<

[6] Ibid., pág. 103 y Apéndice Estadístico, Tabla 133; véase también Zuvekis [282], pág. 26. Los salarios reales aumentaron en 1944, pero disminuyeron en 1945. <<

[7] Heare [157], tablas 1 y 19. Las cifras brasileñas excluyen gastos de guerra. <<

[8] Ibid., Tabla 7; Ministerio de Guerra, Boletín Militar Reservado [14], N.º 2466 (Anexo), 6 de febrero de 1946. <<

[9] Decreto N.º 21.381, 12 de setiembre de 1945. Anales de Legislación Argentina [1], V, 634. De aquí en más todas las citas de decretos serán textos reproducidos en los volúmenes V al XXII de esta colección. Pese a que la fuerza autorizada para los generales era de 52, la fuerza real cayó a principios de 1946 a 44 y permaneció en 42 hasta el 30 de junio de 1946. Ministerio de Guerra, Dirección General del Personal, Escalafón del ejército argentino… hasta el 1.º de julio de 1946 [16]. <<

[10] En la década de 1920, el 40 por ciento era hijo de inmigrantes. Véase Potash, El Ejército y la Política en la Argentina, 1928-1945 [188], pág. 22. <<

[11] Secretaría de Guerra, Dirección General del Personal, «Nómina de los S. S. Generales que se encontraban en actividad en el año 1946», MS. Debo a la gentileza de José Luis de Imaz el haberme proporcionado una copia de este documento que fue preparado a su solicitud. <<

[12] Para los cambios de destino de conocidos opositores véase Boletín Militar Reservado [14], N.º 2408, 19 de octubre; 2415, 31 de octubre; 2419, 10 de noviembre; 2431, 30 de noviembre de 1945. La Prensa del 20 de octubre hasta fin de año también informa de numerosos cambios. <<

[13] Los tres informantes son todos generales retirados. Para protegerlos de cualquier recriminación, sus nombres no serán citados. <<

[14] Murmís y otros [266], pág. 91; Baily [238], págs. 74-78. Para una interpretación que cuestiona los beneficios laborales otorgados entre 1943 y 1945, véase Stickell [279], págs. 38-48. <<

[15] Durruty [250], Tabla 1, pág. 114. Según un estudio de las Naciones Unidas, la población de la Argentina económicamente activa, al margen de los que realizaban tareas agrícolas, promediaba los 3.679.000 de personas en el período 1940-44 (Naciones Unidas, Departamento de Asuntos Económicos Sociales [35], I, 37). Los 528.523 trabajadores afiliados a sindicatos formaban el 14,4 por ciento. <<

[16] Ejemplos son el líder de la Unión Ferroviaria, José Domenech, un simpatizante de Perón que después rompió con él, y Ángel Borlenghi, titular de la Confederación General de Empleados de Comercio, que al principio se opuso a Perón y después se convirtió en un firme adicto. Sobre los antecedentes socialistas de muchos de aquellos que se unieron a Perón, véase Sylvester [280], capítulo XVII. <<

[17] Belloni [239], pág. 56; véase también artículos 33-36 del Decreto N.º 23.852 del 2 de octubre de 1945. <<

[18] Entrevista con Agustín Hernández el 14 de junio de 1962. Expreso mi agradecimiento al señor Hernández por haberme mostrado este importante documento. Cipriano Reyes estuvo ausente de la reunión pero después aceptó la idea de formar un partido laborista; tampoco estuvieron presentes, y según Hernández, se oponían a la idea, Luis Gay y Angel Borlenghi. Los dos sindicalistas que condicionaron su apoyo a que Perón la aceptara provenían del Sindicato de Luz y Fuerza, que tradicionalmente trataba de estar en buenos términos con el gobierno. <<

[19] Entrevista con Hernández; Fayt, La naturaleza del peronismo [252], págs. 116-34, proporciona extensos datos sobre el partido, basados, en parte, en información suministrada por Luis Gay. <<

Notas al Capítulo 2

[1] Los ministros civiles eran: Juan I. Cooke, que conservaba su cargo en Relaciones Exteriores; José M. Astigueta, en Justicia e Instrucción Pública; y Pedro Marotta, en Agricultura. Los ministros militares eran: coronel (R) Bartolomé Descalzo, en Interior; coronel (R) Amaro Avalos, en Finanzas; general Juan Pistarini, que retenía su cargo de ministro de Obras Públicas y también juró como vicepresidente; el general Humberto Sosa Molina, en Guerra; y el almirante Abelardo Pantín en Marina. El secretario de la Fuerza Aérea era el comodoro Edmundo Sustaita; el de Trabajo y Previsión Social, el coronel Domingo Mercante; y el de Comercio e Industria, el teniente coronel Mariano Abarca (decretos Nos. 25.723, del 18 de octubre; 25.855/8 y 25.861, todos del 20 de octubre de 1945). El general Felipe Urdapilleta reemplazó al coronel Descalzo el 2 de noviembre (Decreto N.º 27.497); el brigadier Bartolomé de la Colina reemplazó al secretario de la Fuerza Aérea, Sustaita, el 7 de noviembre (Decreto N.º 28.158); y el coronel Joaquín L. Sauri reemplazó al teniente coronel Abarca el 1.º de diciembre (decretos Nros. 30.961/63). <<

[2] Para un informe sobre las opiniones del ministro de Guerra, véase Embajada de Estados Unidos, Buenos Aires, Despacho 1242, al secretario de Estado, 3 de noviembre de 1945, National Archives, Record Group 59, File N.º 835.00/11-345 (en adelante citado como Embajada BA, ítem, fecha y número de archivo); sobre Descalzo, Embajada BA, Despacho 1288, 10 de noviembre de 1945, 835.00/11-1045. La Embajada, debe señalarse, se mostró escéptica en un principio acerca de la significación de las diferencias. <<

[3] The Times (Londres), 5 de noviembre de 1945, analizaba la significación de la renuncia de Descalzo; sobre la existencia de una alianza Sosa Molina-Urdapilleta, Embajada BA, Telegrama 2800, 7 de noviembre de 1945, 835.00/11-745; también Despacho 1370, 21 de noviembre de 1945, 835.00/11-2145; sobre la presencia de Arnaldo Sosa Molina en el Ministerio del Interior, Ministerio del Interior, Subsecretaría de Informaciones, Las Fuerzas Armadas [12], II, 638. <<

[4] Anexo 1 al Despacho de Embajada N.º 1242, citado en nota 2. Aquí y en otras citas del libro, han sido omitidos los puntos suspensivos al comienzo y final de los pasajes de acuerdo con la política editorial de la Stanford University Press. <<

[5] Orden General N.º 29, Boletín Militar Reservado [14], N.º 2414, 30 de octubre de 1945. <<

[6] Orden General N.º 30, ibid, N.º 2428, 27 de noviembre de 1945. <<

[7] Fragmentos del discurso están contenidos en Embajada BA, Despacho N.º 1618, 19 de diciembre de 1945, 835.00/12-1945, y también en La Vanguardia, 18 de diciembre de 1945, pág. 2. En su edición del 4 de diciembre, sin embargo, este partido Socialista expresaba diariamente que los boletines mensuales de propaganda del Ejército eran notoriamente partidarios y hostiles a la Unión Democrática antiperonista. <<

[8] Sobre los esfuerzos de Perón para nombrar a Velazco en el gabinete, Embajada BA Telegrama 2800, 7 de noviembre de 1945, 835.00/11-745; sobre los bloques rivales dentro del gobierno, Embajada BA Despacho 1370, citado en nota 3; Telegrama 2917, 21 de noviembre de 1945, 835.00/11-2145; Telegrama 2933, 22 de noviembre de 1945, 835.00/11-2245. <<

[9] Por ejemplo, el general Carlos Kelso, comandante de Caballería, expresó al agregado militar de la Embajada norteamericana el 15 de diciembre que él acababa de regresar de un viaje de inspección realizado en automóvil por todas partes del territorio argentino y que como resultado de una encuesta que hacía de la opinión pública «estaba convencido de que el coronel Perón sería elegido presidente en elecciones libres». Kelso se oponía personalmente a la candidatura de Perón. Véase Agregado a Embajada BA Despacho 1678, 29 de diciembre de 1945, 835.00/ 12-2945. También se informó que el coronel Franklin Lucero, subsecretario de Guerra, había expresado que en una elección libre «Perón ganará con votos para regalar» (Agregado a Embajada BA Despacho 1388, 24 de noviembre de 1945, 835.00/11-2445). <<

[10] Sobre las actividades políticas de la secretaría de Trabajo y las quejas presentadas por grupos antiperonistas, véase Embajada BA Despacho 1313, 14 de noviembre de 1945, 835.00/11-1445; Embajada BA Telegrama 3408, 6 de diciembre de 1945, 835.00/12-645; La Vanguardia, 6 de noviembre de 1945; La Prensa, 13 de noviembre de 1945. <<

[11] La Prensa, 15-16 de enero de 1946. Mercante cambió posteriormente la nominación vicepresidencial por la de gobernador de la provincia de Buenos Aires. Su promoción militar estaba de acuerdo con la legislación del Ejército que le permitía sumar el tiempo dedicado a asignaciones hechas por el Poder Ejecutivo en su servicio militar. Véase Decreto N.º 29.375 de 1944, artículo 86. Sobre la aceptación de las nominaciones del partido Laborista por otro personal de la secretaría de Trabajo, véase Review of the River Plate, 22 de feb. de 1946, pág. 4. <<

[12] Véanse reclamos contra interventores de La Rioja, Salta, Jujuy y Córdoba en La Prensa, 19 y 27 de noviembre, 3-30 de diciembre de 1945. <<

[13] Para el esfuerzo que, según rumores, hacía Urdapilleta para trasladar a Velazco, véase Embajada BA Telegrama 3048, 6 de diciembre de 1945, 835.00/12-645; para los reclamos de la Unión Democrática sobre favoritismo de parte de la policía a los simpatizantes de Perón, La Prensa, 23 de noviembre, 10 de diciembre de 1945; para un orgulloso reconocimiento de que aquellos que estaban tratando de perturbar las reuniones de la Unión Democrática e intervenían en tiroteos eran los jóvenes nacionalistas, véase Ibarguren (h), [61]. <<

[14] Embajada BA Despacho 1313, 11 de noviembre de 1945, 835.00/ 11-1145. <<

[15] Las Fuerzas Armadas [12], II, 116, 125-27. <<

[16] Ibid., pág. 113. <<

[17] Ibid., págs. 115-16, 118-19. 167, 179, 196, 204-5; Decreto N.º 32.577 del 14 de diciembre de 1945. <<

[18] Las Fuerzas Armadas [12], II, 138-42; La Prensa, 15 de noviembre de 1945. <<

[19] Sobre las reacciones de la Unión Democrática, La Prensa, 4 de diciembre de 1945; sobre el esfuerzo de Perón para copar el espacio aéreo de Radio Belgrano, Informe del Agregado Militar en Argentina R-779-45; 29 de noviembre de 1945, National Archives Record Group 59, Departamento de Estado, Argentine Blue Book Files (de aquí en más Archivos Libro Azul). <<

[20] Las Fuerzas Armadas [12], II, 140. <<

[21] Ibid., págs. 154, 172, 218; La Prensa, 16-25 de diciembre de 1945. <<

[22] Las Fuerzas Armadas [12], II, 125, 128, 153-55. <<

[23] Ibid., págs. 116, 123. <<

[24] Las demostraciones callejeras peronistas fueron informadas por La Prensa el 10 y 28 de noviembre de 1945; sobre los esfuerzos de la Unión Democrática para obtener permiso para su manifestación, ibid., 22, 23 de noviembre, 7 de diciembre de 1945. <<

[25] Para un buen informe del mitin y de los tiroteos, véase The Times (Londres), 10 de diciembre de 1945; véase también Ibarguren (h), [61]. <<

[26] Para la reacción de la Unión Democrática ante la violencia, véase La Prensa, 10 de diciembre de 1945; para la reacción de Perón, ibid., 12 de diciembre de 1945; para la respuesta del ministro del Interior, véase Las Fuerzas Armadas [12], II, 158-59. <<

[27] Las Fuerzas Armadas [12], II, 191; La Prensa, 14-15 de diciembre de 1945, para su tratamiento de última página del mitin del P. Laborista. <<

[28] Las Fuerzas Armadas [12], II, 142-44. Las palabras citadas están en el artículo I, párrafo I, página 143. <<

[29] El general Kelso, comandante de Caballería, antiperonista, expresó al Agregado Militar de la Embajada de los Estados Unidos a principios de noviembre que por primera vez tenía realmente bajo control a su comando (Embajada BA Telegrama 2800, 7 de noviembre de 1945, 835.00/11-745). <<

[30] Véase La Prensa, 23 de noviembre de 1945, para los nombres de los profesores; ibid., 1.º de enero de 1946, para los nombres de los oficiales. Entre los profesores estaban Luis Arocena, José Luis Romero y Julio César González; entre los últimos, los generales Arturo Rawson y Osvaldo Martín. <<

[31] Los ascensos fueron autorizados por Decreto N.º 34.517 de 31 de diciembre de 1945, que se reproduce en Senadores [3], 1946, VII, 1170-71. Los nuevos generales de división eran: Juan C. Bassi, Juan Carlos Sanguinetti, Pablo Dávila, Víctor S. Majó y Estanislao López; los nuevos generales de brigada eran: Armando Raggio, Isidro I. Martini, Juan F. Velazco y Leopoldo T. Peña. Para sus orientaciones políticas véase tabla 2. <<

[32] La Prensa, 30 de enero de 1946, publica la defensa del ministro de Guerra de la designación de Albariño. Sobre los cargos detallados hechos en su contra, ibid., 16, 17 de enero de 1946. <<

[33] Las Fuerzas Armadas [12], II, 144-51, y 168-71 para la creación del Comando Electoral y la designación de oficiales; sobre el papel de la Marina para forzar al general Albariño a abandonar la intervención. La Prensa, 17-21 de enero de 1946. <<

[34] Entrevista con el general (R) Ambrosio Vago, 10 de agosto de 1962. <<

[35] Entrevista con el general (R) Alejandro A. Lanusse, 23 de agosto de 1973. <<

[36] Ministerio de Guerra, Memoria… 4 de junio de 1945-4 de junio de 1946 [20], págs. 32-72. <<

[37] Directiva N.º 1 para los Comandantes de Distritos Electorales, artículo 1b, 24 de diciembre de 1945. Las Fuerzas Armadas [12], II, 173. <<

[38] Directiva N.º 2 para los Comandantes de Distritos Electorales, artículo 1.º, 7 de enero de 1946, ibid., pág. 198. La decisión del gabinete se tomó el 31 de diciembre de 1945 (ibid., pág. 197). <<

[39] Ibid., págs. 238-39. <<

[40] Anales de Legislación Argentina [1], 757-66; sobre el discurso radial del coronel Mercante a todo el país otorgando crédito al decreto de Perón, véase La Prensa, 21 de diciembre de 1945. <<

[41] La Prensa, 28 de diciembre de 1945. <<

[42] Ibid., 10-30 de enero de 1946; para un buen análisis de este episodio y su impacto político, véase Luna, El 45 [262], págs. 444-51. <<

[43] Embajada BA Telegrama 2800, 7 de noviembre de 1945, 835.00/ 11-745; Despacho 1747, 9 de enero de 1946, 835.00/1-946; entrevistas con los generales (R) Bartolomé Gallo, 23 de febrero de 1970, Carlos Toranzo Montero, 22 de marzo de 1970, y Alejandro Lanusse. <<

[44] Agregado Militar de los Estados Unidos, Uruguay, Informe N.º R-484-45, fechado el 18 de diciembre de 1945, Archivos Libro Azul; Departamento de Estado, Memorándum de Conversaciones entre Mr. R. B. Smith, Director General, Will L. Smith, S. A., Buenos Aires, y Mr. Braden, 26 de noviembre de 1945, 835.00/11-2645; Embajada BA Despacho 1747, 9 de enero de 1946, citado en nota 43. <<

[45] Embajada BA Telegramas 220, 21 de enero de 1946, 835.00/1-2146; 230, 22 de enero de 1946, 835.00/1-2246; 261, 25 de enero de 1946, 835.00/1-2546. <<

[46] Embajada BA Telegrama 349, 1.º de febrero de 1946, 835.00/ 2-146; véase también La Prensa, 1.º de febrero de 1946, editorial; Las Fuerzas Armadas [12], II, 221. <<

[47] La Prensa, 2 de febrero de 1946. <<

[48] Las Fuerzas Armadas [12], II, 223-24, 225-27. <<

[49] Entrevistas con el general (R) Lanusse. <<

[50] Las Fuerzas Armadas [12], II, 237-38, 247-49; La Prensa, 11-15 de febrero de 1946. <<

[51] La Prensa, 2 de febrero de 1946; Las Fuerzas Armadas [12], II, 249-53; véase Embajada BA Telegrama 451, 11 de febrero de 1946, 835.00/2-1146, para las observaciones de von der Becke. <<

[52] Sobre el informe de la investigación Bassi, Las Fuerzas Armadas [12], II, 249-50; La Prensa, 19 de febrero de 1946; Luna, El 45 [262], pág. 464, niega categóricamente que el complot haya existido. <<

[53] Consultation Among the American Republics with Respect to the Argentine Situation [37]. <<

[54] Departamento de Estado, Memorándum de Reunión, 30 de octubre de 1945. Tema: Preparación de Material referido a la Situación Argentina y Agregado, Orden Departamental N.º 1353, fechada el 25 de octubre de 1945, emitida por James F. Byrnes, 835.00/10-3045. <<

[55] Departamento de Estado, Memorándum de Conversación entre el señor Hugo Stunz, editor de El Día de La Plata y el señor Braden, 2 de diciembre de 1945, 835.00/12-345. <<

[56] Embajada BA Telegrama 3033, 4 de diciembre de 1945, 835.00/ 12-445. <<

[57] Departamento de Estado, Foreign Relations of the United States, 1946 [39], XI, 183-84, 187-90. <<

[58] Cabot al secretario de Estado. Buenos Aires, 8 de febrero de 1946, Telegrama 430, ibid., págs. 201-2. Un telegrama posterior (N.º 432, 9 de febrero de 1946), da cuenta de la segunda opinión de Cabot sobre el tema (ibid., págs. 203-204). <<

[59] Secretario de Estado a Cabot, ibid., pág. 204; sobre la aprobación del doctor Mosca véase Embajada BA Telegrama 435, 9 de febrero de 1946, 835.00/2-946. <<

[60] Sobre la tarea que exigió el Libro Azul, véase Roland Hussey, declaración mecanografiada fechada el 13 de febrero de 1946, que está adherida a la retiración de tapa de la copia guardada en National Archives Argentine Blue Book Files, Box N.º 1. <<

[61] Embajada BA Despacho 2087, 20 de febrero de 1946, 835.00/ 2-2046. <<

[62] Embajada BA Telegramas 506, 16 de febrero de 1946, 835.00/ 2-1646; 518, 17 de febrero de 1946, 835.00/2-1746; 520, 18 de febrero de 1946, 835.00/2-1846; Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto [28]. <<

[63] Embajada BA Telegramas 515, 16 de febrero de 1946, 835.00/ 2-1646; y 569, 23 de febrero de 1946, 835.00/2-2346. <<

[64] Cabot al secretario de Estado, 13 de febrero de 1946, en Foreign Relation of the United States, 1946 [39], XI, 210-11. <<

[65] Embajada BA Telegramas 556, 21 de febrero de 1946, 835.00/ 2-2146; y 569, 23 de febrero de 1946, 835.00/2-2345; Luna, El 45 [262], 534-39. <<

[66] Embajada BA Telegrama 564, 22 de febrero de 1946, 835.00/2-2246; La Prensa, 16, 20, 21-11-1946; Luna, El 45 [262], págs. 471-72. <<

[67] Las Fuerzas Armadas [12], II, 329-30; para los informes militares sobre sus actividades en el día de la elección, ibid., págs. 331-49; sobre la reacción en el exterior, The Times (Londres), 25 de febrero de 1946. <<

[68] Luna, El 45 [262], págs. 576-81. <<

[69] Smith, Argentina and the Failure of Democracy [272], pág. 103, hace referencia a una «sólida mayoría del 54 por ciento»; Luna, El 45, pág. 583, expresa que el «55 por ciento del electorado había votado por Perón». <<

[70] El total de votos, con el porcentaje sobre el total entre paréntesis, fue el siguiente: peronistas, 1.487.886 (52,40); Unión Democrática, 1.207.080 (42,51); demócratas nacionales, 43.499 (1,53); lencinistas (UCR), 3.918 (0,14); bloquistas (UCR), 13.469 (0,47); UCR de Santiago del Estero, 12.362 (0,44); en blanco, 23.735 (0,84); restantes sin identificar, 47.558 (1,67); (Cantón, Materiales para el estudio de la sociología política en la Argentina [105], I, 129). <<

[71] La división es la siguiente: 21.700 votos en la Capital Federal; 7.559 en Entre Ríos; 5.489 en Mendoza; 1.976 en Catamarca; y 619 en La Rioja (basado en datos sobre las elecciones dados en ibid.). <<

[72] Smith, «The Social Base of Peronism» [274], págs. 67-68; Llorente [261], págs. 61-68. <<

[73] Cantón, Materiales [105], 119, 129, informa que el número total de votos registrados en 1937 fue de 2.672.750, y en 1946, de 3.405.173, esto es, un incremento de 732.423. Los datos sobre el servicio militar indican que aproximadamente 112.000 jóvenes habían cumplido dieciocho años entre 1937 y los dos años subsiguientes. Proyectando esa cifra sobre el período 1938-45 tendríamos aproximadamente 896.000 hombres entre los 18 y 25 años de edad, los cuales nunca habían votado antes para presidente («Cantidad de ciudadanos sorteados… para cada uno de los años 1920 a 1939», Ministerio de Guerra, Memorias… 1940-1941 [19]). <<

[74] La opinión de que el Libro Azul proporcionara el margen de victoria a Perón está expresada por el general (R) Carlos von der Becke en Destrucción de una infamia [130], pág. 274. Von der Becke era el presidente del Comité Coordinador Electoral en 1946. El propio Perón expresó que debía su victoria a la intervención de Spruille Braden, en una conversación con el embajador norteamericano George Messersmith que este último citó en una carta de 26 de febrero de 1947, enviada a William Pawley. Expreso mi agradecimiento a Ray Sadler por haberme llamado la atención sobre este asunto. <<

Notas al Capítulo 3

[1] Perón nació el 8 de octubre de 1895. Para su reincorporación y promoción véase decreto N.º 15.656 en Ministerio de Guerra, Boletín Militar Público [13], N.º 767. <<

[2] Para Justo, véase Potash, El Ejército y la Política en la Argentina, 1928-1945 [188], capítulo IV. <<

[3] El texto del mensaje inaugural se reproduce en Diputados [2], 1946, I, 39-47. Las palabras citadas están en la página 40. <<

[4] Ibid., pág. 42. <<

[5] Ibid., pág. 43. <<

[6] Los ministros eran: Guerra, general Humberto Sosa Molina; Marina, capitán de navío Fidel Anadón; Justicia e Instrucción Pública, doctor Belisario Gaché Piran; Finanzas, doctor Ramón Cereijo; Interior, Angel Borlenghi; Relaciones Exteriores, doctor Juan Bramuglia; Agricultura, Juan C. Picazo Elordy; Obras Públicas, general (R) Juan Pistarini. Los secretarios de Estado eran: Aeronáutica, brigadier Bartolomé de la Colina; Salud Pública, doctor Ramón Carrillo; Industria y Comercio, Rolando Lagomarsino; Trabajo y Previsión, José María Freire. <<

[7] Las excepciones eran el ministro del Interior Borlenghi y el secretario de Trabajo Freire. Lagomarsino y Elordy habían sido alumnos de la Universidad de Buenos Aires (UNBA), pero aparentemente no habían terminado sus carreras. Carrillo, Gache Pirán y Cereijo eran egresados de la UNBA; Bramuglia había recibido su título en la Universidad Nacional de La Plata. <<

[8] El miembro más distinguido era probablemente el doctor Carrillo, neurocirujano y profesor de la Facultad de Medicina de la UNBA, en la que se graduó en 1929 con medalla de oro al estudiante más sobresaliente de su promoción. <<

[9] Para los diversos nombramientos véase La Prensa, 6-15 de junio de 1946. El coronel (R) Bartolomé Descalzo siguió al frente de la Dirección Nacional de Energía. <<

[10] El CIDE fue creado por decreto N.º 337 del 13 de junio de 1946. Expreso mi gratitud al general (R) Oscar Uriondo por haberme proporcionado datos referidos a ese organismo, que dirigió desde 1949 hasta 1953 (entrevista del 5 de agosto de 1973). <<

[11] Para datos acerca de los antecedentes que condujeron a esas renuncias y a la disolución de la oficina de Silva, véase Embajada BA Telegrama 673, 4 de junio de 1947, 835.00/6-447, y aerograma 468, 25 de julio de 1947, 835.00/7-2547; también Qué, 29 de julio de 1947, pág., 7. <<

[12] Entrevista con el general Uriondo. <<

[13] Entrevista con Carlos Emery, 22 de julio de 1971. Emery fue el segundo ministro de Agricultura de Perón desde agosto de 1947 a junio de 1952. <<

[14] Entrevista con el general (R) Juan J. Uranga, 27 de julio de 1971. <<

[15] Ibid.; también entrevista con Aurelio Hernández, 14 de junio de 1962. Hernández, secretario general de la CGT desde enero a diciembre de 1947, proporcionó detalles acerca de la elección de Freire y del tratamiento humillante al que estaba sometido. <<

[16] Entrevista con Hernández. Véase también Alexander [283], págs. 110-111. <<

[17] Entrevista con Carlos Emery. <<

[18] Miranda proporcionó esta información en un discurso pronunciado en la Bolsa de Comercio, publicado en La Prensa, 17 de diciembre de 1946. <<

[19] Ibid. Los colaboradores de Miranda eran Orlando Maroglio y Rolando Lagomarsino. Véanse decretos Nros. 14.957, 14.959, 14.961 y 14.962, todos fechados el 24 de mayo de 1946, y N.º 915.350 del 28 de mayo de 1946. <<

[20] Para los comentarios de Perón acerca de las dificultades para lograr que los hombres de negocios colaboraran con él, véase Embajada BA Despacho 3060, 6 de octubre de 1947, 835.00/10-647. En julio de 1947 Miranda renunció a su cargo como titular del Banco Central y del IAPI, pero fue nombrado de inmediato en el flamante cargo, a nivel de gabinete, de presidente del Consejo Económico Social. Orlando Maroglio, considerado en ese momento como allegado a Miranda, fue nombrado en los puestos vacantes (Qué, 22 de julio de 1947, pág. 3). <<

[21] Qué, 29 de julio de 1947, pág. 6; Embajada BA Telegrama 1037, 21 de agosto de 1947, 835.00/8-2147. <<

[22] Esta imagen del general Sosa Molina surge de entrevistas con varios generales retirados, incluidos el teniente general Emilio Forcher (4 de julio de 1971), el general de brigada J. J. Uranga (27 de julio de 1971) y un hombre al que llamaré el general de brigada «X», quien pidió no ser identificado (8 de agosto de 1973). El general «X» fue en algún momento edecán de Sosa Molina y actuó muy cerca de él durante varios años. <<

[23] Decretos Nros. 14.584, 21 de mayo de 1946; 14.753, 23 de mayo de 1946. El pago de los aumentos fue incorporado al siguiente proyecto de presupuesto. <<

[24] Generales de brigada Ángel Solari y Lorenzo L. Yódice respectivamente (Decreto N.º 1377, 25 de junio de 1946). <<

[25] Si nos basamos en los datos ofrecidos en la tabla 2, ninguno de los tres oficiales promovidos en diciembre de 1946 a general de división (Santos Rossi, Luis C. Perlinger y Manuel Savio) eran firmes simpatizantes de Perón. En 1947, nueve flamantes generales de división podían incluirse en los tres grupos: cuatro pueden calificarse como simpatizantes de Perón (Humberto Sosa Molina, Ángel Solari, Laureano Anaya y A. Vargas Belmonte); uno se oponía claramente a Perón (Carlos Kelso); y cuatro eran neutrales pero se inclinaban a no simpatizar con Perón (Raúl González, Moisés Rodrigo, Pedro Abadíe Acuña y Alfredo L. Podestá). <<

[26] Entrevista con Carlos Emery (Emery fue testigo presencial de este episodio); entrevista con el general de brigada (R) Dalmiro Videla Balaguer, 26 de febrero de 1970. <<

[27] Entrevistas con el teniente general (R) Carlos S. Toranzo Montero, 22 de marzo de 1970, y con el general de división (R) Héctor Solanas Pacheco, 28 de mayo de 1970. <<

[28] Entrevista con el teniente general (R) Alejandro Lanusse, 23 de agosto de 1973. <<

[29] El forzado retiro de estos oficiales fue tema de polémica entre el diputado por el partido Radical, Raúl Uranga, y el ministro de Guerra. Para la crítica de Uranga véase Diputados [2], 1947, III, folio 278, 465; IV, 387; V, 32-34; para la réplica de Sosa Molina véase su carta al presidente del Comité de Defensa Nacional, 15 de setiembre de 1947; Ibid., V, 594-605. El Boletín Militar Reservado, varios números pero especialmente los Nos. 2617, 2631, 2640 y 2669 contienen datos sobre los retiros; los totales mencionados en el texto fueron provistos por el diputado Uranga en Diputados [2], 1950, IV, 3536. <<

[30] Las reservas de oro y divisas llegaban a 1.600 millones de dólares en junio de 1946. Para una opinión de que la situación económica no era favorable para basarla en las exportaciones agrícolas a largo plazo, véase Jorge Fodor, «Public Policies for Agricultural Exports, 1946-1948: Dogmatism for Common Sense», en Rock [114], págs. 135-61. <<

[31] Para el texto del discurso, véase Diputados [2], 1946, I, 58-72; para el texto del Plan Quinquenal, véase Senadores [3], III, 82-308. <<

[32] Embajada BA Despacho 338, 3 de junio de 1948, 835.00/6-348. El pasaje citado se encuentra en la pág. 11. <<

[33] Véase sección XI del Plan Quinquenal, en especial los pasajes «Razones que justifican la industrialización», en Senadores [3], 1946, III, 186. <<

[34] Ibid. <<

[35] Ibid., pág. 225. <<

[36] Para la compra de los activos de la compañía telefónica véase Qué, 14 de setiembre de 1946, y Senadores [3], 1946, II, 241; para las dos compañías de propiedad francesa. La Prensa, 18 de diciembre de 1946; sobre la compra de los ferrocarriles ingleses, véase nota 46. <<

[37] La estimación de Miranda fue hecha en su discurso en la Bolsa de Comercio, citado anteriormente en nota 18. El primer informe publicado del IAPI cubría sólo la operación del año anterior. Véase La Prensa, 30 de diciembre de 1950. <<

[38] Embajada BA Despacho sin numerar, 14 de agosto de 1947, 835.00/8-1447, págs. 4-5; aerograma 626, 15 de octubre de 1947, 800-5018/10-1547; sobre los camiones no vendidos, véase Qué, 24 de junio de 1947, pág. 13. Para descongestionar el puerto de Buenos Aires, el Ejército, en cumplimiento de órdenes presidenciales, trasladó a fines de agosto de 1947, 7.783 vehículos, 7.524 embalajes que contenían motores y maquinarias, y otros 3.376 embalajes (Ministerio de Guerra, Memoria… 4 de junio de 1947-4 de junio de 1948 [22], pág. XI). <<

[39] Embajada BA Aerograma 731, 2 de diciembre de 1947, 835.656/ 12-247. <<

[40] Ibid. (este aerograma fue redactado personalmente por el embajador Bruce); también carta de Guy Ray a Cecil Lyon, 17 de noviembre de 1947, 835.50/11-1747. <<

[41] Jorge Fodor, «Public Policies» en Rock [114], pág. 146, tabla 6.1. <<

[42] La tasa de cambio no convertible se había elevado en 1947 al equivalente de 730 millones de dólares, pero descendió a 320 millones hacia fines de 1948 (Díaz Alejandro [247], pág. 486, tabla 73). Para estimaciones de los atrasos argentinos en sus deudas con proveedores norteamericanos, véase Embajada BA Despacho 128, 15 de febrero de 1949, 835.00/2-154, pág. 4. <<

[43] Para las expectativas económicas argentinas en 1948, véase observaciones del doctor Gómez Morales incorporadas como apéndice a Cafiero [241], págs. 405-6. Gómez Morales reemplazó a Miranda en el control de la política económica en 1949. <<

[44] Decreto N.º 15.349, 28 de mayo de 1946. <<

[45] Castiñeiras [138], págs. 11-32, brinda detalles de esos acuerdos. ARMCO se retiró más tarde como accionista en razón de un posible conflicto de intereses con su condición de proveedor de servicios técnicos. <<

[46] Drosdoff [249], págs. 197-206, reproduce el texto del acuerdo Miranda-Eady; para un reciente tratamiento de las negociaciones, véase Wright [281], capítulo XII. <<

[47] Wright [281], págs. 252-54; para críticas contemporáneas, véase los sumarios en Irazusta, Perón y la crisis argentina [291], págs. 63-69. <<

[48] Wright [281], págs. 255-58, cita las quejas del secretario del Tesoro de los Estados Unidos Snyder a Gran Bretaña en el sentido de que el acuerdo Miranda-Eady violaba el espíritu del acuerdo de préstamo de 1945; Wright también sostiene, sin citar su fuente, que los argentinos temían que Gran Bretaña pudiera transferir el control de los ferrocarriles a Estados Unidos. <<

[49] El texto del acuerdo del 13 de febrero de 1947, en inglés, puede consultarse en la Review of the River Plate, 24 de febrero de 1947, pág. 15, y en castellano en La Prensa de la misma fecha. Wright [281], pág. 259, se equivoca al asegurar que por este acuerdo «los británicos cancelaban su deuda de guerra con Argentina». En el texto no se hace mención respecto del uso de las esterlinas bloqueadas, y en realidad el pago por los ferrocarriles se financió en su mayor parte por el valor de las exportaciones argentinas a Gran Bretaña en 1948 tal como lo disponía el acuerdo del 12 de febrero de 1948 entre ambos países. El texto de este acuerdo, que es ignorado por Wright, se reproduce en Drosdoff [249], págs. 207-12. Para críticas de la época en tomo del aspecto del precio del acuerdo de compra, véase Qué, 18 de febrero de 1947, págs. 2-3. La conveniencia de la compra ha sido tema de controversia hasta nuestros días. <<

[50] Cafiero [241], págs. 284-85; Embajada BA Despacho Ultra Secreto 1196, 12 de noviembre de 1946, 835.00/11-1246; Carta del embajador Messersmith a W. L. Clayton, 12 de noviembre de 1946, 835.6363/11-1246. <<

[51] La controversia política entre Messersmith-Braden está reflejada en muchos documentos del Departamento de Estado que se guardan en los National Archives. De especial interés es el memorándum de dieciséis páginas preparado por el embajador Messersmith en Buenos Aires el 16 de diciembre de 1946, anticipándose a una conversación con el secretario de Estado Byrnes y elevado más tarde, con un apéndice de siete páginas, al secretario de Estado Marshall el 24 de enero de 1947. El documento, que lleva irónicamente la inscripción «TOP SECRET NOT FOR THE FILES» («Ultra Secreto. No archivar») está archivado bajo el número 711.35/1-2447. <<

[52] Embajada BA Despacho 1996, 12 de noviembre de 1946, citado en nota 50. La conversación en cuestión tuvo lugar unas tres semanas antes de este despacho. <<

[53] Ibid., carta de L. F. McCollum, de la Standard Oil Co., al secretario asistente Braden, Nueva York, 25 de setiembre de 1946, y agregados 835.6363/9-2546. <<

[54] Embajada BA Despacho 1196, pág. 4. <<

[55] Departamento de Estado, Memorándum de Conversación, tema: Propuesta de contrato de exploración entre Standard Oil Company S. A. Argentina y el gobierno argentino, 25 de setiembre de 1946, 835.6363/ 9-2546; Departamento de Estado, Memorándum de Conversación. Tema: Posibilidad de formar una compañía de exploración petrolífera entre la Standard Oil Company y el gobierno argentino, 19 de diciembre de 1946, ARA Memorándum sobre Argentina, volumen 8. <<

[56] Diputados [2], 1946, X, 25 y 671-72; Embajada BA Despacho 788, 14 de febrero de 1947, 835.00/2-447; La Prensa, 6 de marzo de 1947. <<

[57] Qué, 18 de marzo de 1947, págs. 30-31. <<

[58] Embajada BA Despacho 2691, 17 de junio de 1947, 835.6363/ 6-1747, pág. 4. Es evidente que Perón no hace referencia en esta conversación del 14 de junio a ningún factor externo que afecte la capacidad de YPF. Para una opinión que atribuye las dificultades de expansión del organismo estatal petrolero a la política del gobierno norteamericano de restricción de las ventas de equipos de perforación, aparatos para refinerías y repuestos, véase Solberg [278], págs. 164-65. Para pruebas de que las políticas de compra del IAPI impedían a YPF la adquisición de tales equipos, véase Embajada BA Aerograma 626, 15 de octubre de 1947, 800.5018/10-1547. <<

[59] Embajada BA Despacho 2924, 27 de agosto de 1947, y memorándum adjunto de conversación entre el presidente Perón y el embajador Bruce, 711.35/8-2747. <<

[60] Embajada BA Despacho 3265, 1.º de diciembre de 1947, 835.6363/ 12-147; carta de Guy Ray a Cecil Lyon, Buenos Aires, 12 de diciembre de 1947, 835.6363/12-1247. <<

[61] Departamento de Estado, Memorándum de Conversación. Tema: La Situación Petrolífera Argentina, 25 de noviembre de 1947, 835.6363/11-2547. <<

[62] Embajada BA Despacho 3265, citado en nota 60. <<

[63] Carta de Guy Ray a Cecil Lyon, citada en nota 60. La Prensa, 5 de diciembre de 1947, informa acerca de una reunión de gabinete de tres horas de duración la mañana previa dedicada a la discusión del tema de la producción petrolífera, pero no ofrece detalles acerca de la controversia. <<

[64] Embajada BA Telegrama 1416, 5 de diciembre de 1947; 835.6363/12-547. <<

[65] Embajada BA Telegrama 1417, 15 de diciembre (sic) de 1947; 835.6363/12-547. La fecha es obviamente un error, ya que el N.º 1417 fue emitido una hora después del N.º 1416. <<

[66] Embajada BA Telegrama 1435, 10 de diciembre de 1947, 835. 6363/12-1047. <<

[67] Carta de Guy Ray a Cecil Lyon citada en nota 60. <<

[68] Discurso pronunciado por el presidente de la Nación, general Juan Perón, con motivo de celebrarse en la fecha el «Día del Petróleo», adjunto a Embajada BA Despacho 3328, 17 de diciembre de 1947, 835.6363/12-1747. <<

[69] Se comentaba que otros oficiales del Ejército, mientras tanto, presionaban a Perón para que actuara contra todas las compañías petroleras extranjeras (Embajada BA Aerograma 748, 11 de diciembre de 1947, 810.6363/12-1147). <<

[70] Carta de Guy Ray a Cecil Lyon, citada en nota 60. La información de Ray sobre las discusiones dentro del gabinete fue proporcionada por el canciller Bramuglia. <<

[71] El presidente Truman, el 22 de julio de 1946, reafirmó la política, incluido el embargo de armas, que el secretario de Estado Byrnes había formulado el 8 de abril después de la elección de Perón. Para una explicación racional de esta política según su principal proponente, véase carta de Spruille Braden a Will Clayton, 15 de agosto de 1946, y memorándum adjunto sobre la situación argentina. 835.00/8-1546. <<

[72] Departamento de Estado, Memorándum de Conversación. Tema: Armas Bofors y Argentina, 30 de julio de 1946, ARA Memorándum sobre Argentina, volumen 6; Spruille Braden a Will Clayton, memorándum fechado el 19 de setiembre de 1946, ibid., vol. 7. <<

[73] Memorándum de Conversación, Departamento de Estado. Tema: Relaciones con Argentina, 27 de enero de 1947, 711.35/1-2747. Se adjunta una copia del ayudamemoria presentado por el embajador británico en Washington. <<

[74] Spruille Braden a Mr. Acheson, Memorándum sobre las negociaciones argentino-británicas, 25 de marzo de 1947; R. S. Atwood a Mr. Tewksbury, Memorándum sobre Contratos de Compra Argentinos con los Británicos, 5 de noviembre de 1947, ambos en ARA Memorándurn sobre Argentina, volúmenes 7 y 8; también Foreign Relations of the United States 1947 [40], 219-25.233. <<

[75] Véase la conversación entre el canciller Bramuglia y el embajador Messersmith del 18 de marzo de 1947, informado en Embajada BA Despacho 2119, 31 de marzo de 1947, 711.35/3-3147. <<

[76] Miguel Miranda en una conversación con el embajador Messersmith sostiene haber bloqueado una medida del Ministerio de Guerra Para aceptar una oferta de armas de Skoda (Embajada BA Despacho 2023, 12 de marzo de 1947, 835.516/3-1247). <<

[77] New York Times, 4 de junio de 1947. <<

[78] Memorándum de Mr. Mann a Mr. Braden, 13 de mayo de 1947, 711.35/5-1347. <<

[79] Véase Embajada BA Telegrama 1037 citado en nota 21; para la renuncia de Santiago Peralta, el notoriamente antisemita Director Nacional de Inmigración, véase Embajada BA Telegrama 791, 27 de junio de 1947, 835.00/6-2747. <<

[80] Embajada BA, Telegrama Ultra Secreto 985, 8 de agosto de 1947, 710 Consulta 4/8-847. <<

[81] Conil Paz y Ferrari [230], págs. 144-47. <<

[82] El Mundo, 5 de julio de 1947. La Prensa, en su edición del 5 de julio de 1947 da su propia versión según la cual el ministro declaró: «La Nación no puede abandonar, frente a ningún principio de solidaridad americana, todo cuanto lleva realizado», que tiene un tono más nacionalista que el texto de El Mundo. <<

[83] Carta de Guy Ray a James Wright, Buenos Aires, 28 de julio de 1947, y Memorándum adjunto, 710 Consulta 4/7-2847; Embajada BA Despacho, 14 de agosto de 1947, págs. 8-9, 835.00/8-1447. <<

[84] Ley N.º 12.987. El extenso debate en la Cámara de Diputados en tomo de esta medida puede seguirse en Diputados [2], 1947, I, 257. <<

[85] Departamento de Estado, Memorándum de Conversación. Tema: Propuesta de Establecimiento de Fábricas de Armas y Municiones en Argentina, 5 de noviembre de 1947, en ARA Memorándum sobre Argentina, volumen 8. <<

[86] Memorándum al jefe del Estado Mayor, Ejército de los Estados Unidos, de Willis D. Crittenberger, comandante en jefe, Comando del Caribe. Tema: Conversaciones Informales del Estado Mayor con Argentina. 15 de diciembre de 1947, y un adjunto titulado «Bases para un Entendimiento Directo» elevado por el ministro de Guerra, general Sosa Molina, 835.20 Missions/1-1648 (de aquí en más citado como Memorándum Crittenberger). <<

[87] Foreign Relations 1947 [40], VIII, 230-31; Foreign Relations 1948 [39], IX, 325; Memorándum de John Dreier, División de Asuntos Especiales Latinoamericanos, al coronel Kingman, 5 de diciembre de 1947, ARA Memorándum sobre Argentina, volumen 8. <<

[88] Memorándum Crittenberger; Memorándum al Departamento de Estado del coronel P. L. Freeman, Latin American Branch, War Department General Staff, con agregados, 5 de junio de 1948, 835.20/6-548; Foreign Relations 1948 [41], IX, 321; Departamento de Estado, Bulletin [36], XIX, N.º 485 (17 de octubre de 1948), pág. 494. <<

[89] Al 30 de abril de 1949 Argentina había adquirido equipo militar al gobierno de los Estados Unidos a un costo de 1.400.000 dólares según la U. S. Public Resolution 83, y un adicional de 6.800.000 dólares de equipo (valor nominal) al precio de propiedad de rezago de 748.000 dólares (Departamento de Estado, Bulletin [36], XXI, N.º 534 [26 de setiembre de 1949], págs. 479-81). Para datos sobre las compras de la Argentina en Europa, véase Foreign Relations 1948 [41], IX, 310-16; también Diputados [2], 1949, VI, 5132-35. <<

[90] Diputados [2], 1946, III, 148. <<

[91] Ley N.º 12.737, 30 de setiembre de 1941; Decreto N.º 1434, 24 de enero de 1947; el pasaje citado es del mensaje del Poder Ejecutivo al Congreso, 8 de agosto de 1947, Diputados [2], 1947, III, 203. La solicitud fue promulgada como Ley 13.227, 19 de agosto de 1948. <<

[92] Heare [157], tabla 1, pág. 11. <<

[93] Diputados [2], 1946, II, 136. <<

[94] Diputados [2], 1946, I, 123; ibid., V, 120; Diputados [2], 1948, I. 161. <<

[95] Cfr. Ley 13.996 (1950), artículo 39 con la reglamentación de este artículo en el Decreto N.º 20.493 (12 de octubre de 1951), artículos 12 y 114, y las reglamentaciones modificadas incorporadas al Decreto N.º 11.321 (21 de noviembre de 1952). Ninguno de los decretos especificaba los medios para que el personal de suboficiales ascendiera al grado de oficial. <<

[96] Decreto N.º 9278, 28 de mayo de 1953; entrevista con el general Uranga. <<

[97] Ley N.º 13.024, 30 de setiembre de 1947. <<

[98] Rouquié [205], pág. 86. La ley, por supuesto, no se aplicaba a las academias militares sino a los liceos. <<

[99] Diputados [2], 1946, II, 271. Los autores eran Gregorio Pomar, un oficial retirado, H. Pueyrredón, Arturo Frondizi, Emilio Ravignani, Luis Dellepiane (hijo de un oficial) y Raúl Uranga. <<

[100] Diputados [2], 1947, IV, 440-41. <<

[101] Ibid., págs. 440-48. <<

[102] Diputados [2], 1948, IV, 2629. <<

[103] Revista de Informaciones, XXVI, N.º 276 (marzo-abril 1948), pág. 152. <<

[104] El Ministerio de Guerra emitía periódicamente órdenes generales advirtiendo contra la discusión política. Véase Orden General N.º 34 del 6 de junio de 1946, y la del 20 de setiembre de 1948, emitida después haberse otorgado el voto al personal de suboficiales. <<

[105] Entrevista con el ten. gen. (R) B. Rattenbach, 8 de abril de 1970. <<

Notas al Capítulo 4

[1] Los resultados de las elecciones pueden encontrarse en la prensa contemporánea. Véase también Embajada BA Despacho 304, 12 de abril de 1948, 835.00/4-1248; ARA Office Memorándum de Mr. Dearborn a Mr. Tewksbury, 10 de enero de 1948 (este documento está obviamente mal fechado en 1949 y mal archivado bajo el N.º 835.00/1-1048). <<

[2] Las acusaciones contra Griffith provocaron una ola de informes de las embajadas norteamericanas en Buenos Aires y Montevideo, la mayoría de los cuales están archivados bajo el número 835.00, comenzando con el Telegrama BA 955, 24 de setiembre de 1948. Para una explicación del partido Laborista del «complot», véase el Memorándum Beveraggi transmitido en Embajada BA Despacho 642, 14 de octubre de 1948, 835.00/10-1548. <<

[3] El método empleado por los peronistas para explotar las acusaciones de complot está explicado en Embajada BA Despacho 609, 1.º de octubre de 1948, 835.00/10-148. <<

[4] Díaz Alejandro [247], passim, y Apéndice Estadístico, tablas 34, 37, 64, 123, 124 y 133. Para comentarios contemporáneos sobre la situación económica, véase Embajada BA Despachos 7, 4 de enero de 1949; 611.3531/1-449 y 128; 15 de febrero de 1949, 835.00/2-1549. En enero de 1949 la Embajada estimaba la deuda argentina a proveedores norteamericanos en el orden de los 300 millones de dólares. <<

[5] Díaz Alejandro [247], Apéndice Estadístico, tablas 11, 123 y 124. Para la reglamentación de los días en que estaba prohibido vender carne, véase La Nación, 31 de enero de 1952. <<

[6] Véase, por ejemplo, su discurso del 18 de febrero ante agregados laborales en el que proclamaba que «hoy no debemos nada», resumido en Embajada BA Despacho 143, 23 de febrero de 1949, 835.00/2-2349; también su discurso en Campo de Mayo del 10 de marzo, La Prensa, 11 de marzo de 1949; su mensaje inaugural al Congreso el 1.º de mayo, en Diputados [2], 1949, I, 11-35, y su discurso a las Fuerzas Armadas durante la cena de camaradería en julio de 1949, reproducido en Perón, Perón habla a las Fuerzas Armadas, 1946-1954 [99], págs. 51-65. <<

[7] Según el embajador Bruce, la decisión de Evita de presionar para la destitución de Miranda se produjo cuando ella supo que estaba recibiendo una comisión del 3 por ciento en el otorgamiento de licencias de exportación para lanas y expresando que procedía de esa manera en representación de ella (Embajada BA Aerograma 39, 21 de enero de 1949, 711.35/1-1249). Para otra información sobre la renuncia de Miranda, que fue presentada formalmente el 18 de enero y confirmada el 26 del mismo mes, véase La Prensa, 19 de enero de 1949, y New York Times, 6 de marzo de 1949. <<

[8] Embajada BA Despacho 128, 15 de febrero de 1949, 3, 835.00/2-1549; Memorándum de Conversación entre el señor Juan Scarpati, consejero económico, Embajada Argentina, y el señor Tewksbury y otros, Departamento de Estado, 9 de febrero de 1949, 835.50/2-949; Memorándum de Conversación, señor Solar R. del Campo, Embajador James Bruce, y Mr. Tewksbury, Departamento de Estado, 11 de marzo de 1949, 835.50/3-1149. <<

[9] Embajada BA Telegrama 145, 9 de febrero de 1949, 835.00/2-949, y Despacho 128, 15 de febrero de 1949, 835.00/2-1549. Se informó que Perón había tenido problemas con su dentadura y su presión arterial. <<

[10] Embajada Despacho 128. <<

[11] Entrevistas con el general de división (R) Oscar Uriondo, 5 de agosto de 1957; teniente general (R) Ángel Solari, 10 de agosto de 1973; y teniente general (R) Emilio Forcher, 1.º de agosto de 1973. Solari fue titular del Tercer Ejército, Forcher comandante de la Segunda División de Infantería y Uriondo jefe del Servicio de Informaciones del Ejército (SIE) a principios de 1949. Ninguno de estos oficiales recuerda haber escuchado o haber concurrido a una reunión en que fueran analizadas las actividades de la Primera Dama. <<

[12] Véase New York Times, «Perón not at Parley; Tension is Reported», 11 de febrero, y «News Strike Spurs Argentine Rumors», 12 de febrero de 1949 (fechas de transmisión de Buenos Aires); también Embajada BA Telegrama 152, 14 de febrero de 1949, 835.00/2-1449; y Despacho 128, 14 de febrero de 1949, 835.00/2-1549. <<

[13] Embajada BA Telegramas 162, 16 de febrero de 1949, 835.00/ 2-1649, y 190, 23 de febrero de 1949, 835.00/2-2349; Despacho 207, 22 de marzo de 1949, 835.00/3-2249. En una interesante coincidencia, von der Becke, que apoyaba los esfuerzos de Sosa Molina, era uno de los emisarios que había obtenido la renuncia de Perón en octubre de 1945. <<

[14] La Prensa, 11 de marzo de 1949; Embajada BA Telegrama 242, 11 de marzo de 1949, 835.00/3-1149. El texto preparado de los discursos pronunciados durante la comida puede encontrarse en Embajada BA Despacho 177, 11 de marzo de 1949, 835.00/3-1149. <<

[15] «Discurso pronunciado por S. E. el señor ministro de Guerra en las guarniciones de El Palomar y Campo de Mayo», Embajada Despacho 177. <<

[16] Embajada BA Despacho 207, 22 de marzo de 1949, pág. 5, 835.00/3-2249. <<

[17] Embajada BA Despacho 322, 28 de abril de 1949, pág. 5, 835.00/4-2849. <<

[18] La Prensa, 8 y 9 de marzo de 1949. <<

[19] Embajada BA Despacho 368, 17 de mayo de 1949, 835.00/5-1749. <<

[20] Entrevista con el general (R) «X», 8 de agosto de 1973. Este oficial pidió permanecer en el anonimato, pero los puestos que ocupó, algunos de ellos muy cercanos al ministro de Guerra, conceden especial significación a sus observaciones. <<

[21] Orden General N.º 38, 18 de marzo de 1949, en Anexo al Boletín Militar Reservado, N.º 2955, 18 de marzo de 1949. <<

[22] Durante la reciente crisis, se informó que la señora de Perón había solicitado la renuncia de Sosa Molina y que recibió como respuesta un abierto desafío (Embajada BA Despacho 157, 1.º de marzo de 1949, 835.00/3-149). <<

[23] Para el comentario del Agregado Militar de la Embajada de los Estados Unidos en torno de la designación de Sosa Molina como ministro de Defensa Nacional, véase Embajada BA Despacho 230, 29 de marzo de 1949, 835.00/3-2949. <<

[24] El texto de la Constitución revisada, así como el informe del comité en favor del cambio, puede consultarse en Anales [1], IX, 1-184. <<

[25] Diputados [2], 1949, I, 12. En su mensaje ante el Congreso justo un año antes, Perón se había opuesto categóricamente a las enmiendas al artículo 77 que permitían la reelección presidencial (ibid., 1948, I, 17-18); fue durante las últimas horas de la convención cuando el articulo fue modificado. Para un informe acerca del papel de Eva Perón en la ratificación de esta enmienda, véase Luna, Argentina de Perón a Lanusse, 1943-1973 [112], págs. 57-58. <<

[26] Embajada BA Telegrama 230, 9 de marzo de 1959, Aerograma 134, 14 de marzo de 1949. Foreign Relations of the United States 1949 [42], II, 485-87. <<

[27] Foreign Relations 1949 [42], II, 490-97; Embajada BA Despacho 207, 22 de marzo de 1949, 835.00/3-2249. <<

[28] Memorándum de Conversación, coronel Sosthenes Behn y Mr. Thomas Blake, de la International Telephone and Telegraph, Mr. Daniels y Mr. Martin, Departamento de Estado, 20 de mayo de 1949, 835.50/5-2049. <<

[29] Diputados [2], 1949, I, 27. Para la declaración «Servicios Públicos» preparada por el coronel Behn, véase agregado a Memorándum de Conversación, citado en nota 28. <<

[30] Entrevistas con los generales (R) Emilio Forcher, 4 de julio de 1971; Benjamín Rattenbach, 8 de abril de 1970; Julio Alsogaray, 6 de agosto de 1973; Juan Uranga, 24 de julio de 1971; José Embrioni, 19 de mayo de 1970; almirante (R) Samuel Toranzo Calderón, 6 de abril de 1970; y general (R) «X», 8 de agosto de 1973; también entrevistas con el coronel (R) A. Pérez Amuchástegui, 19 de febrero de 1970. <<

[31] La Nación, 10 de diciembre de 1949. Las observaciones fueron hechas a una delegación del Ateneo Bancario. Véase también Embajada BA Despacho 931, 13 de diciembre de 1949, 835.00/12-1349. <<

[32] Para las sanciones por desacato, véase ley 13.569, artículo 49; para las nuevas reglamentaciones de los partidos políticos, véase ley 13.645; ambas fueron promulgadas el 10 de octubre de 1949. Restricciones adicionales a las críticas políticas fueron impuestas por la Ley de Represión de Actos de Espionaje, Sabotaje y Traición (ley 13.985), promulgada el año siguiente, que ampliaba la definición de espionaje e incluía (artículo 6.º) la publicación o difusión de «datos económicos, políticos, militares, financieros o industriales que sin ser secretos o reservados no estén destinados a su publicación o divulgación» e imponía prisión de un mes a cuatro años a los transgresores. <<

[33] Sobre el debate por la pérdida de inmunidad de Balbín, véase Diputados [2], 1949, VI, 4257-96; sobre la sentencia subsiguiente, Embajada BA Despacho 782, 30 de noviembre de 1950, 735.00/11-3050; sobre su libertad, La Prensa, 3 de enero de 1951. Los diputados expulsados fueron Agustín Rodríguez Araya, el 9 de junio de 1949, y Atilio Cattáneo, por acusar a Perón de enriquecimiento en el cargo, 12 de diciembre de 1949. Para el debate precedente a la expulsión de Cattáneo, Diputados [2], 1949, VI, 5259-66. El presidente de la Cámara omitió sus acusaciones del Diario de Sesiones, pero son informadas en Embajada BA Despacho 1010, 27 de diciembre de 1949, 835.00/12-2749. <<

[34] Sobre las actividades del comité Visca-Decker, tal como fue bautizado, véase Embajada BA Despachos 836, 28 de noviembre de 1949, 835.00/11-2849; 865, 5 de diciembre de 1949, 835.00/12-549; 56, 12 de enero de 1950, 735.00/1-1250; 64, 12 de enero de 1950, 735.00/1-1250; 129, 20 de enero de 1950, 735.00/1-2050; 154, 25 de enero de 1950, 735.00/1-2550. Véase también Rabinovitz [296], págs. 116-21. <<

[35] Los detalles acerca de las dificultades de La Prensa con los vendedores de diarios y el gobierno de Perón pueden seguirse en las columnas de La Nación, desde el 28 de enero de 1951, y en muchos diarios extranjeros, inclusive el New York Times. <<

[36] Para una interpretación que se basa casi exclusivamente en la crisis económica de 1949, véase Ferns [107], pág. 194. <<

[37] Para un memorándum supuestamente presentado por el presidente Perón a su gabinete estableciendo la necesidad de considerar con precisión esas medidas, véase agregado a Embajada BA Despacho 517, 25 de julio de 1949, 835.00/7-2549. <<

[38] Hechos e Ideas, XIX, N.º 74/75 (mayo-junio 1950), pág. 205. El texto completo del discurso de Perón a los gobernadores se reproduce aquí bajo el título «La organización del gobierno, del Estado y de la Nación». <<

[39] Ibid. Para otros discursos que trataban los temas de logros organizacionales en el gobierno y la necesidad de organizar las fuerzas económicas, véanse su mensaje inaugural al Congreso del 1.º de mayo de 1950, Diputados [2], 1950, I, 7-13, y sus observaciones en el banquete anual de camaradería de las Fuerzas Armadas en julio de ese mismo año, Perón habla a las Fuerzas Armadas [99], págs. 76-77. <<

[40] La Prensa, 16 de octubre de 1949. Lucero había prestado servicios como subsecretario del ministro de Guerra desde el 18 de marzo de 1949. Previamente había sido Agregado Militar en los Estados Unidos. Su amistad con Perón databa de una serie previa en sus respectivas carreras y se consolidó entre 1944 y 1945, cuando Perón fue ministro de Guerra y el subsecretario. Para los propios comentarios de Lucero acerca de esa amistad, véase su El precio de la lealtad [65], págs. 22-23. <<

[41] Artículo 4, ley 13.997, promulgada el 29 de setiembre de 1950. En torno de los pedidos previos al Congreso para incrementar el capital de SOMISA, véase Diputados [2],' 1948, II, 809, y 1949. I. 678-79. <<

[42] Castiñeiras [138], págs. 41, 42, 52-54, 66. <<

[43] Embajada BA Despachos 322 y 323, ambos del 28 de abril de 1949, 835.00/4-2849; Foreign Relations 1949 [42], II, 504; Foreign Relations 1950 [43], II, 711-24. Como evidencia adicional de las prioridades argentinas vigentes, el gobierno canceló una orden de 5.600.000 dólares para equipamiento militar, que había sido colocada en los Estados Unidos en 1948 (ibid., II, 729, n. 3). <<

[44] El decreto N.º 6000, del 25 de marzo de 1952, autorizaba un aumento de salarios para todos los empleados del gobierno excepto los militares; un decreto inédito de la misma fecha, N.º 6019, autorizando un aumento de sueldos a los militares se reproduce en Boletín Militar Reservado, N.º 3350, 7 de abril de 1951. Previamente, los militares habían compartido tanto el aumento por índice del costo de vida concedido por el decreto N.º 7025 del 13 de abril de 1951, como los ajustes de los sueldos base y emolumentos autorizados por el decreto N.º 21.087 del 24 de octubre de 1951. <<

[45] Véase testimonio del ministro de Industria y Comercio, José C. Barro, ante un comité investigador en 1955 después de la caída de Perón, Comisión Nacional de Investigaciones [10], I, 168-69. <<

[46] Boletín Militar Reservado, N.º 3351, 8 de abril de 1952, pág. 502. <<

[47] Los nombres de las 441 personas que recibieron los automóviles están registrados en ibid., págs. 502-512. Presumiblemente, esos vehículos, que fueron otorgados antes del 8 de abril de 1952, fueron incluidos en la cifra de 481 que según el testimonio de 1955 de J. C. Barro (véase nota 45), fueron distribuidos entre personas recomendadas por el ministro de Ejército Lucero. Barro también declaró que otros 168 vehículos fueron asignados a personas recomendadas por el ministro de Defensa, general Humberto Sosa Molina. Éstos fueron presumiblemente a oficiales del Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea asignados a su ministerio. <<

[48] Los cambios en tiempos mínimos fueron los siguientes:

Rango | 1946 | 1950 | Rango | 1946 | 1950
General de brigada | 4 | 3 | Capitán | 6 | 4
Coronel | 4 | 3 | Teniente primero | 3 | 2
Teniente coronel | 4 | 3 | Teniente | 2 | 2
Mayor | 4 | 3 | Subteniente | 2 | 2

Las cifras para 1946 surgen del decreto N.º 14.584, y las de 1950 de la ley 13.996. <<

[49] Artículo 189, decreto N.º 29.375, 26 de octubre de 1944, tal como fuera enmendado por el decreto N.º 14.584 del 12 de mayo de 1946; artículo 89, ley 13.996/1950. La ley de 1950 permitía a los mayores y oficiales superiores a ese grado permanecer en el mismo durante un periodo equivalente al doble del tiempo mínimo fijado para el grado o grado superior o hasta seis años. En 1952 (ley 14.163), esto se extendió hasta tres veces el mínimo o hasta nueve años. <<

[50] Ministerio de Ejército, Escalafón del Ejército Argentino… hasta el 31 de diciembre de 1952 [17]; Escalafón del Ejército Argentino… hasta el 31 de diciembre de 1954 [18]. Nueve de los 96 generales registrados en 1954 estaban destinados a pasar a retiro hacia principios de 1955, pero esto dejó de todos modos en servicio activo a 87. <<

[51] Los generales Fosbery, Rattenbach, Lonardi y Corti son los más obvios. <<

[52] Antes de 1948, el puesto de comandante en jefe del Ejército había sido ocupado por los generales von der Becke (1944-46) y Mason (1946-48), y el puesto de comandante general del Interior por los generales Mason (1945-46) y Juan Bassi (1946-48), todos los cuales tenían reputación de ser neutrales. Hacia fines de 1950, los generales Ángel Solari y Laureano Anaya ocuparon ambos puestos, y los dos eran considerados por sus pares como oficiales de fuerte inclinación peronista. Véase capítulo I, tabla 2. <<

[53] En 1937, Lonardi reemplazó a Perón como agregado militar en Santiago de Chile. Perón, que había dispuesto una transferencia de materiales en violación a las leyes chilenas de espionaje, dejó encargado a Lonardi que recogiera los datos sin informarle previamente acerca de la naturaleza o ilegalidad de la operación. Lonardi cayó en la trampa que las autoridades chilenas habían preparado a Perón, y aquél fue arrestado y alojado en una comisaría de policía de Santiago hasta que el embajador argentino pudo lograr su libertad. El episodio estuvo a punto de interrumpir la carrera militar de Lonardi, pero se le permitió continuar en parte merced a la intercesión de su amigo y condiscípulo Benjamín Rattenbach, que estaba relacionado con el ministro de Guerra. El general Rattenbach cree que Perón tenía sentimiento de culpa por este asunto y que eso afectó las relaciones posteriores con Lonardi (entrevista con el teniente general (R) Rattenbach, 8 de abril de 1970). <<

[54] Perón habla a las Fuerzas Armadas [99], pág. 77; para su discurso de inauguración del curso de coroneles en marzo de 1949, véase Revista de Informaciones, XXVII, N.º 282 (marzo-abril 1949), págs. 121-28. <<

[55] Diputados [2], 1951, I, 42. <<

[56] Anaya, «El Ejército» [125], pág. 232. <<

[57] Garimaldi, «La defensa nacional y el progreso industrial» [148], págs. 351-52. <<

[58] El artículo 59, cláusula Ie y el artículo 86 del decreto N.º 29.375 del 26 de octubre de 1944 estaban en vigencia. Para la legislación previa que reglamentaba la actividad política, véanse artículo 31, cláusula 4, de la ley 9765 de 1915; artículos 6 y 24 de la ley 4707 de 1905, y artículo 6 de la ley 4031 de 1901. <<

[59] Diputados [2], 1948, V, 3567, 3983. <<

[60] La ley N.º 13.339 de setiembre de 1948 autorizaba al brigadier Juan I. San Martín, como gobernador de Córdoba; la ley 13.896 del 1.º de mayo de 1950, promovía a Perón. Para el debate en la Cámara de Diputados véase Diputados [2], 1950, I, 34; el Senado ya había actuado en este tema previamente (Senadores [3], 1949, III, 2851-57). <<

[61] Para el traslado del general Lagos, véase Boletín Militar Reservado, N.º 3135, 12 de junio de 1959. Posteriormente fue nombrado comandante de Comunicaciones bajo el mando del comandante en jefe (ibid., N.º 3264, 14 de junio de 1951), y unos pocos meses después comandante del Segundo Ejército (ibid., N.º 3306, 13 de noviembre de 1951), con ascenso a general de división en diciembre de 1951. <<

[62] El texto completo de este proyecto se reproduce en Senadores [3], 1950, II, 1084-1101. <<

[63] Artículo 5, cláusula 6, ibid., pág. 1085. <<

[64] Artículo 54, cláusula 5, ibid., pág. 1090. <<

[65] Artículo 54, cláusula 5, y artículo 56, ibid., pág. 1090. <<

[66] Otro «beneficio» derivó de la legislación de 1950 que autorizaba la creación de un procedimiento mediante el cual un suboficial podía ser promovido a oficial. En el capítulo III, nota 96, señalé que esta promulgación (art. 39 de la ley 13.996) no fue implementada por un decreto específico hasta mayo de 1953, cuando se estableció que un suboficial calificado si completaba los dos últimos años en el Colegio Militar, podía obtener una comisión. El ministro de Ejército permitió, sin embargo, que tres suboficiales que aprobaron sus exámenes de calificación ingresaran al Colegio Militar como estudiantes de primer año (La Nación, 5 de mayo de 1951). No se sabe si alguno de esos tres suboficiales finalizó el curso, pero está claro que recibieron sólo un crédito limitado por su experiencia militar previa. <<

[67] La Nación, 26 de enero de 1951, cubre el hecho y reproduce los discursos; sobre la presencia de carteles en los diversos edificios, entrevista con el teniente general (R) Emilio Forcher, 4 de julio de 1971. <<

[68] Entrevista con el general (R) Bartolomé Ernesto Gallo, 23 de febrero de 1970; «Alocución pronunciada por el general de brigada (R) Bartolomé Ernesto Gallo, en homenaje a la Revolución Libertadora… 16 de setiembre de 1969» (manuscrito en mi posesión). Desde 1945 hasta 1951 Gallo y José Francisco Suárez, coroneles retirados, asumieron papeles protagónicos en la promoción de la resistencia a Perón. <<

[69] «Peron’s Wife Seen as Running Mate», New York Times, 4 de setiembre de 1950. <<

[70] La intranquilidad obrera se reflejó en la huelga de obreros portuarios que se prolongó durante tres meses a pesar de una orden del gobierno que la declaraba ilegal; en huelgas en los sectores frigorífico y bancario, y en la temporariamente exitosa protesta contra la medida auspiciada por la CGT de descontar los salarios pertenecientes al día 12 de octubre y donarlos a la Fundación Eva Perón (La Prensa, 14 de octubre de 1950; 16 de enero de 1951). La huelga ferroviaria que se declaró en diciembre, aparentemente levantada y declarada otra vez en enero, fue tanto una protesta contra la conducción reconocida oficialmente de la Unión Ferroviaria como lo fue por el aumento de salarios. Tanto Eva Perón como el ministro de Transportes, Castro, trataron infructuosamente de resolver las diferencias. Finalmente, Perón relevó de su cargo al ministro de Tansportes, dispuso que los trabajadores quedaran bajo control militar y ordenó el arresto de numerosos dirigentes del partido Socialista, a quienes hizo responsables de la medida de fuerza. La Prensa dio amplia cobertura a las actividades y declaraciones de los gremialistas disidentes, un hecho que puede haber influido sobre la decisión, aparentemente acordada en una reunión entre la señora de Perón y los dirigentes de los vendedores de diarios el 19 de enero (La Nación, 20 de enero de 1951) para que La Prensa se viera forzada a cerrar sus puertas una semana después. <<

[71] Los funcionarios del Banco Central José Brignoli y Julio Juncosa estaban en Washington desde setiembre de 1949 participando en un estudio argentino-norteamericano de los problemas de intercambio comercial. <<

[72] Diputados [2], 1950, II, 681, 746-47; para la desmentida del Departamento de Estado en el sentido de que Perón había prometido la ratificación del Tratado de Río como quid pro quo para la asistencia financiera norteamericana, véase circular secreta del Departamento a las embajadas de Estados Unidos en Latinoamérica fechada el 7 de junio de 1950, en Foreign Relations 1950 [43], II, 727-28. <<

[73] Para el texto de esta declaración véase La Prensa, 1.º de julio de 1950. <<

[74] Conversación radial del jefe de la Policía Federal, general Bertollo, La Prensa, 19 de julio de 1950. <<

[75] La declaración de Perón se hizo en una reunión auspiciada por la CGT en el Teatro Colón. Véase La Prensa, 18 de julio de 1950. Para la aclaración del ministro de Relaciones Exteriores, véase ibid., 19 de julio de 1950. <<

[76] Citado de las observaciones de Alberto Teisaire, presidente del Consejo Superior del Partido Peronista ante la Conferencia de Gobernadores, La Prensa, 15 de junio de 1950. El presidente Perón enunció una opinión similar en sus «Las veinte verdades del Justicialismo», que proclamó ante la multitud reunida para celebrar el «Día de la Lealtad», 17 de octubre de 1950. La verdad seis expresaba: «Para un peronista no puede haber nada mejor que otro peronista». <<

[77] La Prensa, 27-30 de julio de 1950. Descalzo también renunció como titular de la Comisión Nacional de Energía, un organismo dependiente del Ministerio de Industria y Comercio. Para una indicación de que las críticas de Evita fueron un factor en su relevo del Instituto Sanmartiniano, véase Embajada BA Despacho 169, 7 de agosto de 1950, 735.00/8-750. <<

[78] El texto de la conferencia de Espíndola y un informe con la identificación de miembros prominentes de la audiencia, civiles y militares, se ofrece en La Prensa, 5 de agosto de 1950: para la conferencia de Roque Lanús y una descripción de su audiencia, véase ibid., 1.º de julio de 1950. <<

[79] El 26 de setiembre la Policía Federal notificó al Instituto que a partir de esa fecha era obligatoria una solicitud de permiso previo para llevar a cabo las conferencias. Los directores del Instituto decidieron suspender la serie de charlas. Cuatro meses más tarde, el 26 de enero de 1951, el diario mismo fue obligado a cerrar (La Prensa, 27 de setiembre de 1950). <<

[80] Entrevistas con los generales (R) Bernardino Labayrú, 14 de mayo de 1970; Juan E. Guglialmelli, 13 de julio de 1970; Julio Alsogaray, 6 de agosto de 1973; almirante (R) Adolfo Estévez, 24 de marzo de 1970; y otro oficial entrevistado el 14 de agosto de 1973, quien pidió no ser identificado y que de aquí en adelante será conocido como el general (R) «Z». La cifra del 80 por ciento de oficiales desafectos en la Escuela Superior de Guerra proviene del general (R) «Z». <<

[81] Véase nota 53. <<

[82] Entrevista con el general (R) Benjamín Rattenbach, 8 de abril de 1970. <<

[83] Entrevistas con los generales (R) Bernardino Labayrú, 14 de mayo de 1970; Bartolomé Gallo, 23 de febrero de 1970; Alejandro Lanusse, 23 de agosto de 1973; coronel (R) Luis M. Terradas (conversación telefónica), 21 de agosto de 1973. También expreso mi agradecimiento al general (R) Tomás Sánchez de Bustamante por haber obtenido respuestas a mis preguntas del teniente coronel (R) Abel Almeida. Este oficial había prestado servicios en Rosario en 1951 como ayudante del general Lonardi; Terradas fue miembro de la plana mayor de la Tercera Región Militar en Rosario. <<

[84] Entrevistas con el general (R) Benjamín Menéndez, 23 y 27 de marzo de 1970; véase también Potash [188], págs. 111, 149-51, 156. <<

[85] Entrevistas con los generales (R) «Z», 14 de agosto de 1973; Bartolomé Gallo, 23 de febrero de 1970; con los señores Miguel Ángel Zavala Ortiz, 22 de julio de 1971; Américo Ghioldi, 20 de marzo de 1970; almirante (R) Adolfo Estévez, 24 de marzo de 1970; Francisco Pérez Leirós, 16 de mayo de 1962. La dificultad en la coordinación de los elementos civiles y militares involucrados en la conspiración la ilustran los hechos del 1.º de agosto de 1951. En el entendimiento de que el levantamiento militar tendría lugar ese día, los dirigentes socialistas dispusieron que las principales líneas férreas que tienen sus terminales en Buenos Aires fueran voladas. Hacia fines de julio, el general Lonardi envió a Estévez para que informara a Ghioldi que el movimiento militar debía postergarse. Sin embargo, ya era demasiado tarde para avisar a los saboteadores, y las explosiones se produjeron en las primeras horas de la mañana del 1.º de agosto para gran sorpresa del público. El gobierno peronista procedió a estrechar su vigilancia, advirtiendo a los partidos opositores acerca de las severas consecuencias y ordenando otros arrestos de individuos sospechosos. <<

[86] Entrevista con el general (R) Ángel Solari, 10 de agosto de 1973. Para el anuncio de los arrestos, véase La Nación, 23 de junio y 1.º de julio de 1951. <<

[87] Entrevista con el general (R) Manuel Iñíguez, 21 de agosto de 1973; relatos del brigadier mayor de la Fuerza Aérea Samuel Guaycochea, publicados en La Prensa, 29 de setiembre de 1961, en una serie de artículos titulados «A diez años de un intento para derrocar la dictadura». <<

[88] Véase La Nación, 13 y 14 de marzo de 1951, para la reunión de oficiales de la Capital Federal y Gran Buenos Aires y el texto de la Orden General N.º 6 de Lucero; para la visita del ministro de Ejército a diversas guarniciones de Córdoba, donde comentó esta misma orden general, véase La Nación, 31 de mayo y 2 de junio de 1951. A fines de agosto, el general Lucero hizo circular en todo el Ejército un panfleto impreso que reproducía varías de sus homilías previas sobre normas de conducta apropiada, incluidas las Órdenes Generales N.º 6 y N.º 7 del 16 de agosto, sobre el estricto cumplimiento de las obligaciones militares. La Nación, 25 de agosto de 1951, publicó un resumen de este panfleto. <<

[89] Entrevista con el general (R) Emilio Forcher, 4 de julio de 1971. El general Forcher recordó que estos hechos tuvieron lugar algún tiempo después del levantamiento militar del 28 de setiembre encabezado por el general Menéndez (véase texto más adelante), pero resulta claro por las evidencias documentales que su conversación con Lonardi debe haber tenido lugar antes de fines de agosto de 1951. El general Lonardi, a su propio pedido, fue relevado de su mando y puesto en disponibilidad el 28 de agosto; fue nombrado para reemplazarlo como comandante del Primer Ejército el general Felipe Urdapilleta, quien se hizo cargo formal del puesto el 30 de agosto (Boletín Militar Reservado, N.º 3284, 29 de agosto de 1951; La Nación, 31 de agosto de 1951). Si se necesitaran otras pruebas, el teniente coronel (R) Abel Almeida, que prestó servicios como ayudante de Lonardi, recuerda la conferencia de Forcher y la subsiguiente reunión con Lonardi e insiste en que tuvieron lugar antes de que Lonardi fuera relevado del mando. <<

[90] Entrevistas con el general (R) Menéndez, 23 de marzo de 1970; general (R) Julio Alsogaray, 6 de agosto de 1973; y Américo Ghioldi, 20 de marzo de 1970; también «A diez años de un intento para derrocar la dictadura», La Prensa, 28 de setiembre de 1961, entrevista publicada con el general Menéndez. <<

[91] La Prensa, 29 de setiembre de 1961, publicó entrevistas con el brigadier mayor (R) Guaycochea y el almirante (R) Vicente Pío Baraja; también entrevistas con los generales (R) Menéndez, 23 de marzo de 1970, y Alsogaray, 6 de agosto de 1970. Alsogaray era el propietario y chofer del Mercedes; el teniente coronel Labayrú acompañó al general Lonardi en el primer encuentro en el automóvil, y el coronel Juan C. Lorio en el segundo. <<

[92] Entrevista con el general (R) Menéndez, 27 de marzo de 1970. <<

[93] Para un informe detallado en torno de esta amplia concentración, cuyos auspiciantes llamaron el «Cabildo Abierto del Justicialismo» y de los discursos e intercambios entre Evita y la multitud, véase La Nación, 23 de agosto de 1951. Para el texto de la señora de Perón y su renuncia a la nominación, véase La Nación, 1.º de setiembre de 1951. En agosto de 1973 este «discurso de renunciamiento» fue retransmitido por la televisión argentina como parte de un programa especial dedicado a Evita, y yo estuve en condiciones de grabarlo. <<

[94] Para interpretaciones que afirman la manifiesta presión del Ejército, véase Magnet [113], pág. 100; Whitaker, The United States and Argentina [117], pág. 161; y Ferns, Argentina [107], págs. 196-97. <<

[95] Entrevistas con los generales (R) Ángel Solari, 10 de agosto de 1973; Oscar Uriondo, 5 de agosto de 1973; y «X», 8 de agosto de 1973. <<

[96] Para el texto completo de esta nota y de los intercambios subsiguientes entre Lucero y Lonardi, véase Lonardi [161], págs. 340-43. <<

[97] Existe la posibilidad de que Perón haya decidido mucho antes de la nota de Lonardi del 27 de agosto que Evita no fuera candidata. En un libro escrito ocho años más tarde, Lucero afirma que él había asegurado privadamente a Lonardi, como amigo, que la señora de Perón rechazaría la nominación y que, en consecuencia, se sintió sorprendido al recibir su pedido de relevo y retiro (Lucero [65], págs. 41-42). <<

[98] Entrevistas con el general (R) Federico Toranzo Montero, 24 de febrero de 1970, y general (R) Alejandro Lanusse, 23 de agosto de 1973; declaraciones del teniente coronel (R) Abel Almeida (véase nota 83), entrevista con el almirante (R) Vicente Pío Baroja, tal como la publicara La Prensa, 29 de setiembre de 1951. <<

[99] Entrevistas con el almirante (R) Adolfo Estévez, 13 de marzo de 1970; general (R) Benjamín Menéndez, 23 y 27 de marzo de 1970; y general (R) Julio Alsogaray, 6 de agosto de 1973. <<

[100] La Nación, 29, 30 de setiembre de 1951, ofrece una cobertura contemporánea de los hechos; los informes detallados desde el punto de vista de los ministros de Marina y Ejército fueron entregados a la prensa y publicados en La Nación, 7, 8 de octubre respectivamente; el general Menéndez, mientras esperaba el juicio, preparó su propio informe manuscrito, «Relato de los acontecimientos revolucionarios del 28 de setiembre de 1951 (para mis hijos Rómulo y Benjamín)», fechado el 3 de octubre de 1951; una copia mecanografiada del mismo está en mi poder. <<

[101] En su conferencia de prensa del 8 de octubre, después de presentar su informe de las operaciones del Ejército el 28 de setiembre, el general Lucero observó: «Esta chirinada prueba que las revoluciones han desaparecido de la Argentina. El país posee una estatura moral, espiritual y material ante los ojos de todo el mundo y de su propio pueblo; es una gran nación y en consecuencia las revoluciones están desahuciadas». <<

[102] Decreto N.º 19.376 del 28 de setiembre de 1951; y ley 14.062 de la misma fecha. La Constitución revisada de 1949 disponía en el artículo 34 la declaración del estado de sitio (bajo el cual las garantías constitucionales estaban suspendidas) y un estado más limitado de prevención y alarma, pero no hacía mención acerca de un estado de guerra interno. <<

[103] Para interferencias en las concentraciones radicales y comunistas, véase La Nación, 28 de octubre y 1.º de noviembre de 1951; sobre el estado de detención o de fuga de los candidatos socialistas, véase ibid., 6 de noviembre de 1951, y Nuevas Bases, 15 de octubre de 1951. Embajada BA Despacho 76, 9 de noviembre de 1951, 735.00/11-951, ofrece comentarios sobre la atmósfera general del período preelectoral. <<

[104] Los nuevos ministros designados eran el brigadier Juan San Martín v el capitán de navío (más tarde almirante) Aníbal Olivieri. San Martín, quien renunció a la gobernación de Córdoba para asumir el cargo de ministro de Aeronáutica, aseguró al presidente que «ayer, hoy y siempre mi identificación incondicional con el movimiento peronista no podía ser más absoluta y decisiva» (La Nación, 4 de octubre de 1951). Para la orden del presidente de realizar una investigación general del papel del personal militar durante la crisis, véase Boletín Militar Reservado, N.º 3297, 16 de octubre de 1951. El Congreso promulgó rápidamente la ley 14.063 el 28 setiembre de 1951, autorizando a juntas militares especiales el análisis de la conducta de cada militar que hubiera participado de alguna manera en los hechos del día y para recomendar promociones, retiros o destituciones, según se desprendiera de esas conductas. Boletín Militar Reservado, N.º 3295, 5 de octubre de 1951, contiene la orden que crea la junta especial para el Ejército. <<

[105] Boletín Militar Reservado, N.º 3294-3307, 3 de octubre-13 de noviembre de 1951; La Nación, 15 de noviembre de 1951. El general (R) Francisco Reynolds, participante clave en la revolución de 1930, presidió el tribunal que dictaminó la destitución del general Héctor Ladvocat. El general Eneas Colombo, director de la Escuela Superior de Guerra, fue autorizado a renunciar, pero el general Guillermo Streich, de la Escuela Técnica, fue declarado inocente de cualquier implicación y se le asignó un nuevo destino. <<

[106] Para las sentencias de la corte marcial, véase La Nación, 5, 6 y 15 de octubre de 1951; para las destituciones por rebelión de 34 oficiales de la Fuerza Aérea, véase ibid., 2 de octubre de 1951; para la destitución de 22 oficiales del Ejército, véase ibid., 15 de octubre de 1951. Los diez oficiales navales que escaparon al Uruguay fueron presumiblemente destituidos. No incluidos entre los recién mencionados había un número de oficiales retirados que fueron condenados como conspiradores permanentes, eliminados de la lista de retirados, y privados de sus derechos a pensión. Véase La Nación, 13 de noviembre de 1951, para la aplicación de estas penas al general (R) Arturo Rawson, general (R) Bautista Molina, general (R) Fortunato Giovannoni, coronel (R) José F. Suárez, coronel (R) Bartolomé Gallo, teniente coronel (R) Bernardo Guillenteguy, y teniente coronel (R) Carlos S. Toranzo Montero. <<

[107] Para las condecoraciones recibidas por el general Solari y otros oficiales véase El Laborista, 18 de octubre de 1951; y La Nación de la misma fecha; sobre el reemplazo de comandantes claves, véase Boletín Militar Reservado, N.º 3306, 13 de noviembre de 1951, y La Nación, 15 de noviembre de 1951. Sobre el carácter a largo alcance del movimiento, entrevista con el general (R) «X», 8 de agosto de 1973. <<

[108] Para las órdenes de retiro, véase Boletín Militar Reservado, N.º 3320, 3321, 3327, 3328, 3340, 19 de diciembre de 1951-27 de febrero de 1952. En situación de retiro con sólo un año en el grado estuvieron los generales de división Fosbery y Cassagne (Caballería), Rattenbach y Corti (Artillería), Genta y Daneri (Infantería), los generales de brigada Elies (Caballería), J. Sanguinetti (Artillería) y S. V. Alvarez (Ingenieros). Otros que pasaron a retiro fueron los generales de división Urdapilleta y Sáenz (Artillería), los generales de brigada Soulier y Colombo (Caballería), y Luis González (Infantería). Pese a que algunos de estos oficiales hubieran pasado a retiro como parte del proceso normal de rotación, el número excedía notoriamente al necesario para crear aperturas a las promociones, en especial si uno tiene en mente las vacantes creadas por los retiros de setiembre de los generales de división Lonardi y Vago y la destitución del general de brigada Ladvocat. <<

[109] La Nación, 14 de noviembre de 1951. <<

[110] Para referencias sobre la reubicación de unidades militares, véase La Nación, 8 de enero, 19-20 de noviembre de 1953 y 31 de enero de 1954. <<

[111] La Marina así como el Ejército sobrellevaron una severa operación de limpieza después del levantamiento de setiembre. Hacia fines del año, ocho almirantes y numerosos oficiales de menor graduación pasaron a retiro (entrevista con el almirante (R) Carlos Sánchez Sañudo, 20 de marzo de 1970). <<

Notas al Capítulo 5

[1] Para una cobertura general de la campaña véase La Nación, 1.º de octubre-11 de noviembre de 1951; para las quejas socialistas acerca del tratamiento recibido por sus candidatos, Nuevas Bases, 31 de octubre de 1951; para un muestreo de las opiniones peronistas acerca de sus opositores, véanse los artículos publicados originalmente en Democracia, 13-16 de octubre y reproducidos en el panfleto La Revolución de los tres tanques [103]. Sobre los resultados del comicio la mejor fuente es Cantón. Materiales para el estudio de la sociología política en la Argentina [105], I, 137-48. <<

[2] Los diputados se elegían ahora por un término de seis años y por distritos legislativos, en oposición al sistema de la ley Sáenz Peña que disponía que un tercio de las bancas para cada provincia debía ser ocupado por el partido que entraba segundo. Los distritos legislativos para la elección de 1951 fueron determinados de una manera tal que los candidatos peronistas con el doble de votos que los radicales obtuvieron un número de bancas diez veces mayor. <<

[3] Cantón, Materiales [105], 1,137-40; Diputados [2], 1952, I, XVII. <<

[4] Entrevista con el general (R) José T. Goyret, 24 de marzo de 1977, y otros oficiales que pidieron no ser identificados. El hombre que preparó los materiales para las nuevas instrucciones era el entonces coronel Miguel A. Iñíguez. <<

[5] Entrevista con el general (R) Federico Toranzo Montero, 24 de febrero de 1970; La Nación, 22 de mayo de 1952. <<

[6] Entrevista con el general Federico Toranzo Montero; también entrevista con el almirante (R) Adolfo Estévez, 13 de marzo de 1970. <<

[7] Embajada BA Despachos 1245, 11 de febrero de 1952, 735.00/ 2-1152 y 1458, 28 de marzo de 1952, 735.00/3-2852; New York Times, 4-5 y 8-9 de febrero de 1952; La Nación, 22 de mayo de 1952; Nuevas Bases, abril de 1952. <<

[8] Senadores [3], 1952, I, 366 67; ley 14.123, Anales [1], XII-A, 2; Boletín Militar Reservado, N.º 3343, 7 de marzo de 1952, y N.º 3375, 7 de agosto de 1952; La Nación, 22 de mayo de 1952; también entrevista con el general (R) Federico Toranzo Montero, 24 de febrero de 1970. <<

[9] Una copia de la Orden General N.º 1 fue encontrada por el general Benjamín Rattenbach en la caja fuerte del general Humberto Sosa Molina, ministro de Defensa Nacional, después de la caída de Perón y entregada al Tribunal Superior de Honor (entrevista con el general (R) Rattenbach, 9 de marzo de 1977). El texto de los documentos se reproduce en Comisión Nacional de Investigaciones [10], I, 82-83; y Libro Negro de la segunda tiranía [11], págs. 110-13. <<

[10] Sobre la compra de armas, véase el dictamen del Tribunal Superior de Honor en el caso contra el general Humberto Sosa Molina, publicado en La Nación, 4 de enero de 1956. <<

[11] El Plan Político era muy explícito con respecto al adoctrinamiento de los empleados públicos. Establecía la necesidad de «destruir el falso concepto de que el funcionario o empleado es neutro en su acción y función» y proseguía asegurando que «cuando éstos no son de la confianza del gobierno pueden ser separados de sus puestos sin otro requisito que la disposición del Poder Ejecutivo» (Libro Negro [11], pág. 113). <<

[12] La Nación, 19 de febrero de 1952. Detalles de la nueva política económica se conocieron en el discurso del 5 de marzo que fue publicado con el título de «El Plan Económico 1952. Ejecución y Control», en Hechos e Ideas, XXIII, N.º 96 (marzo 1952), págs. 13-14. <<

[13] «El Plan Económico 1952.» <<

[14] Perón elevó el texto del Plan en un mensaje al Congreso el 1.º de diciembre de 1952: el Plan fue promulgado rápidamente mediante la ley 14.184. Para la declaración de los objetivos fundamentales, véase su artículo 2.º; para las prioridades en gastos públicos, véase capítulo XXX del Plan. El texto completo, que consta de 31 capítulos, puede consultarse en la Subsecretaría de Información [32]. <<

[15] Ibid., capítulo XIII (Objetivo 6) y capítulo XXX (objetivo 10), págs. 171 y 347. Véase más adelante para un análisis posterior de la Ley de Inversiones para 1953. <<

[16] El general (R) Ramón Albariño, flamante senador, propuso este gesto (La Nación, 19 de junio de 1952). <<

[17] Diputados [2], 1952, I, 66-75, 180-297, 582-85; La Nación, 27 de julio de 1952. <<

[18] Pedro Santos Martínez [115], I, 170-74; La Nación, 27 de julio-11 de agosto de 1952. El film documental «Ni vencedores ni vencidos» por Daniel Mallo, contiene amplio material contemporáneo filmado del funeral. <<

[19] La Nación, 13 de setiembre, 21-28 de octubre, 7-9 de abril de 1953. <<

[20] Álvaro Carvajal, «El caso Duarte», en Esto Es, N.º 107 (enero 3-9, 1956), págs. 5-7; Santos Martínez [115], I, 174-77. Como suplemento de estos informes impresos hubo datos proporcionados por un oficial retirado que estuvo muy cerca de la investigación, pero que prefiere no ser identificado. <<

[21] Ibid. <<

[22] Ibid.; para el discurso de Perón, La Nación, 9 de abril de 1953. <<

[23] Véanse fuentes citadas anteriormente en nota 20. La causa de la muerte de Juan Duarte ha sido tema de permanente controversia. El principal exponente de la teoría de un asesinato y de la creencia que la policía encubrió el crimen, ha sido el capitán de navío (R) Aldo Molinari, quien, como subjefe de la Policía Federal en 1956 dirigió una investigación del asunto. Sus opiniones están incorporadas en el panfleto Ratificación del Informe producido por la Comisión Investigadora N.º 58 de la Policía Federal sobre la muerte de JUAN DUARTE [33]. <<

[24] Para la cobertura de prensa de la reunión del equipo económico y del texto completo de las observaciones de Perón, véase La Nación, 2 de abril de 1953. <<

[25] La Nación, 9 de abril de 1953. <<

[26] La Nación, 16 de abril de 1953. <<

[27] Ibid. <<

[28] Ibid.; también New York Times, 17-19 de abril de 1953. <<

[29] Detalles referidos a atentados con bombas, arrestos y otras medidas de seguridad fueron informados casi diariamente por La Nación, entre el 30 de abril y el 30 de mayo de 1953. <<

[30] La Nación, 2-5 de mayo de 1953. <<

[31] La Nación, 20 de mayo de 1953; New York Times, 16 de mayo de 1953. <<

[32] Para la opinión de Perón de que elementos en los Estados Unidos, incluidas las agencias noticiosas, estaban fomentando deliberadamente que él entrara en colisión con sus enemigos internos, véase su mensaje al Congreso del 1.º de mayo, en Diputados [2], 1953, I, 11-12,23. Sobre las penalidades impuestas a las agencias noticiosas norteamericanas, véase New York Times, 10, 12 de mayo de 1953. <<

[33] Para el texto del Acta de Santiago comprometiendo a Argentina y Chile en la formación de una unión económica, véase La Nación, 22 de febrero de 1953; para las referencias de Perón a la idea de una unión de Estados sudamericanos, véase su discurso al Congreso, Diputados [2], 1953, I, 10. <<

[34] Ya a principios de febrero de 1953 Perón había indicado un deseo de conciliación con los partidos políticos opositores. Véase su serie de mensajes radiales sobre el Segundo Plan Quinquenal reproducidos en Hechos e Ideas, XXIV, N.º 106/109 (enero-abril de 1953), pág. 414. <<

[35] La recientemente establecida Escuela Nacional de Guerra (ENG) dio mayor atención al estudio de la doctrina nacional. Para un análisis revelador de las opiniones de Perón acerca de la necesidad de que cada funcionario, civil o militar, asimilara esa doctrina, véanse sus observaciones en la clase inaugural de los cursos de la ENG, La Nación, 15 de mayo de 1952. Cinco coroneles, cuatro capitanes de navío y tres comodoros se contaban entre los 29 oficiales que participaban en el curso de siete meses (Boletín Militar Reservado, N.º 3364, 5 de junio de 1952; La Nación, 11 de diciembre de 1952). Por su parte, el Ministerio de Ejército difundió sus propios materiales de adoctrinamiento en el Manual de doctrina y organización nacional [15]. <<

[36] Para el texto completo de estas observaciones, véase La Nación, 30 de mayo de 1953. <<

[37] La Nación, 1.º, 2 de julio de 1953; Orona, La dictadura de Perón [177], págs. 180-83. <<

[38] La Nación, 9 de junio de 1953. Para un editorial de aprobación, Ibid., 13 de junio de 1953. <<

[39] La Nación, 2 de julio de 1953. <<

[40] La Nación, 3 de julio de 1953, para la visita del grupo Dickmann; 4 de julio para la visita del partido Demócrata Progresista; 4 de julio para el repudio de la UCR a la propuesta de Pinedo; 12 de julio para la posición del partido Socialista; 17 de julio para la declaración política del ministro del Interior Borlenghi. Las leyes de amnistía fueron elevadas al Congreso el 11 de noviembre. Véase La Nación, 12 de noviembre de 1953. <<

[41] Véase el texto de la ley 14.296, promulgada el 18 de diciembre de 1953. <<

[42] La Nación, 24-31 de diciembre de 1953; 2, 4, 7, 15, 17 de febrero de 1954. <<

[43] Para la convocatoria electoral, véase La Nación, 15 de enero de 1954. <<

[44] Una cobertura del conflicto interno en la UCR puede encontrarse en La Nación, 1.º, 15 de febrero de 1954; sobre el retiro del partido Socialista, ibid., 15 de marzo de 1954; para las dificultades internas del partido Demócrata Nacional, ibid., 9-12, 17, 25 de marzo. Algunos de sus miembros apelaron incluso a procedimientos legales en un intento infructuoso por impugnar la legitimidad de la persona reconocida por la Junta Electoral como candidato del partido Demócrata Nacional (La Nación, 27 de marzo, 1.º de abril de 1954). <<

[45] En las elecciones para el Congreso los peronistas obtuvieron el 62,95 por ciento de los votos, los radicales el 31,64 por ciento (Cantón, Materiales [105], I, 153-55). <<

[46] La Nación, 9 de julio, 15 de agosto de 1953; para el viaje de Perón a Asunción, 4-6 de setiembre de 1953; también Conil Paz y Ferrari [203], págs. 174-76. <<

[47] Para la visita de Eisenhower, La Nación, 18-21 de julio de 1953; y New York Times, 19-20 de julio de 1953. Una de las consecuencias de la visita fue la decisión de levantar las restricciones administrativas impuestas dos meses antes a las operaciones de las agencias noticiosas de propiedad norteamericana (ibid., 29 de julio de 1953). <<

[48] La entrevista (15 de julio) de Perón con Clark Galloway, del U. S. News and World Report (La Nación, 16 de julio de 1953), fue publicada en Hechos e Ideas, XXV, N.º 112-13 (julio-agosto de 1953), págs. 377-84; para el mensaje al Congreso el 14 de julio y el texto de la Ley de Inversiones véase Diputados [2], 1953, II, 671-75. <<

[49] Diputados [2], 1953, II, 1010-44; ley 14.222 promulgada el 21 de agosto de 1953. <<

[50] Diputados [2], 1953, II, 1010-44, 1047-87, 1096-1136. Véase en especial las observaciones de los diputados radicales Alende, Nudelman y Perette; loe diputados peronistas Gomiz y Rumbo; también la declaración del 30 de julio del ministro de Asuntos Económicos, Gómez Morales, al Comité de Presupuesto y Finanzas reproducido en la página 1139. <<

[51] General de brigada (R) Julio Sanguinetti: «El problema nacional de los combustibles y las previsiones del Segundo Plan Quinquenal» [211], págs. 240-41. Para datos sobre la producción interna, véase Díaz Alejandro [247], tabla 42, págs. 451-52. <<

[52] La Nación, 17 de setiembre de 1953. <<

[53] La Nación, 11 de setiembre de 1953. <<

[54] La Nación, 14 de diciembre de 1953. <<

[55] Véase la declaración del ministro de Asuntos Económicos Gómez Morales del 30 de julio, citada en nota 50. Gómez Morales recordaría más tarde que a principios de 1949 él había analizado la posibilidad de otras inversiones con la Standard y la Shell, pero se le informó que las compañías no considerarían contratos de tipo-servicio (entrevista, 18 de marzo de 1977). <<

[56] En junio de 1954, Floyd Odium anunció en una conferencia de prensa realizada en Buenos Aires (La Nación, 12 de junio de 1954), que había llegado a un acuerdo en principio con el gobierno argentino para la formación de una compañía que perforaría pozos y construiría un gasoducto hasta Bahía Blanca. Junto a Odium, en una conferencia de prensa posterior, estuvo un tal señor O’Connor, de Dresser Industries, que también participaría en la nueva compañía (La Nación, 13 de junio de 1954). En su entrevista del 18 de marzo de 1977, sin embargo, el doctor Gómez Morales insiste en que no se había llegado a ningún acuerdo y que Odium estaba tratando de presionar al gobierno para que firmara un contrato desfavorable. Las negociaciones con la California Argentina Oil Company, una subsidiaria de la Standard Oil de California, comenzaron en octubre de 1954. <<

[57] Las firmas alemanas Deutz, Fahr y Hanomag fueron comprometidas a la producción de tractores; la Fiat de Italia en la fabricación de motores Diesel para locomotoras así como para tractores (La Nación, 5, 23, 29 de octubre de 1954). <<

[58] Castiñeiras [138], págs. 56-61, 67 y anexo 1. <<

[59] Ibid., págs. 67-71. La revolución de 1955 que derrocó a Perón condujo a demoras adicionales, y no fue sino hasta el 5 de mayo de 1961 cuando la planta General Savio en San Nicolás produjo su primer acero. <<

[60] Para el origen y evolución de la CGE, véase Cúneo [246], Págs. 191-214. <<

[61] La Nación, 30 de setiembre de 1953, informa acerca de los pasos iniciales destinados a la organización de la CGP; su primera asamblea pública, a la que concurrió el presidente Perón, se realizó el 22 de abril, en la víspera de las elecciones nacionales, cuando sus funcionarios anunciaron la creación de un premio internacional conocido como «Premio América Juan D. Perón» (La Nación, 23 de abril de 1954). <<

[62] Véanse especialmente sus observaciones ante una reunión nacional de dirigentes gremiales en el teatro Discépolo, La Nación, 13 de noviembre de 1953. <<

[63] Véanse sus discursos a los empleados del Ministerio de Educación el 24 de junio; a los trabajadores textiles el 1.º de julio; a la CGT el 18 de agosto, en La Nación, 25 de junio, 2 de julio y 19 de agosto de 1954. <<

[64] Para los discursos del Día del Ejército Caño 1953), véase anteriormente, nota 36; Boletín Militar Reservado, N.º 3513, 1.º de diciembre de 1954 para la Resolución del 1.º de octubre de 1954, bautizando al Centro de Instrucción de Caballería en Mercedes, Corrientes, con el nombre de Perón. Tanto para los oficiales properonistas como antiperonistas, esta designación tuvo un doble significado ya que esta unidad, entonces con asiento en Campo de Mayo, era la que se había rebelado bajo la conducción de Menéndez en 1951. <<

[65] Comenzando con el N.º 313 (mayo-junio de 1954) y continuando hasta el N.º 317 (abril-junio de 1955), el último número que apareció antes de la destitución de Perón, la Revista contenía citas tanto de Perón como de Lucero. El general Uriondo defendió la inclusión de esos materiales como legítimas referencias a los hombres que estaban actuando como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y como ministro de Ejército (entrevista del 5 de agosto de 1973). <<

[66] El ingeniero Carlos Emery, quien ocupó el cargo de ministro de Agricultura (1947-52), se atribuye la idea original de que el Ejército debía explotar sus propiedades para obtener productos agrícolas (entrevista, 22 de julio de 1971). Para la legislación referida al programa de autoabastecimiento, véase ley 14.147 de 1952 y decretos 24.176 de 1948, 13.656 de 1952, 20.176, de 1954 y 5411 de 1954. Para una conferencia de prensa en la que el general Lucero anunció la designación del general Arnaldo Sosa Molina como administrador del programa, léase La Nación, 10 de abril de 1954. <<

[67] Entrevistas con los generales (R) Emilio Forcher, 4-7 de julio de 1971 y 26 de julio de 1973; Juan José Uranga, 24 de julio de 1971; y José T. Goyret, 24 de marzo de 1977. Goyret prestó servicios como oficial subalterno en la Escuela de Artillería Antiaérea de Mar del Plata en 1951. <<

[68] Entrevista con el general (R) Pedro Castiñeiras, 26 de julio de 1973. Castiñeiras, que nunca disimuló sus críticas a las políticas de Perón, pasó a retiro con el grado de coronel en febrero de 1954. Después de la caída de Perón, fue reincorporado al servicio activo, nombrado presidente de SOMISA y ratificado en ese cargo por cinco presidentes argentinos. <<

[69] La Nación, 5 de enero de 1954. <<

[70] Para una opinión que atribuye al programa de adoctrinamiento la principal responsabilidad de la difusión del antiperonismo entre la oficialidad joven del Ejército, véase un artículo sin firma en Extra, N.º 10 (mayo de 1966). El autor era el teniente coronel Alberto Garasino. <<

Notas al Capítulo 6

[1] Para una breve reseña de las tendencias y políticas económicas en este período, véase Mallon y Sourrouille [263], págs. 9-15. <<

[2] Las cambiantes relaciones de Perón con la Iglesia católica son tratadas exhaustivamente en Santos Martínez [115], II, 161-238; para la incursión de Perón en el espiritismo y la fricción que surgió con los católicos, véase Embajada BA Despachos 617, 24 de octubre de 1950, 735.00/10-2450, y 656, 31 de octubre de 1950, 735.00/10-3150. <<

[3] Las citas pertenecen al mensaje de Perón al Congreso del 1.º de mayo de 1955, tal como lo publica Hechos e Ideas, XXVIII, N.º 133 (mayo 1955), pág. 398. Véanse también sus observaciones en la inauguración de las instalaciones de la UES en Olivos tal como las informa La Nación, 17 de enero de 1954, y su discurso ante los legisladores electos, ibid., 30 de marzo de 1955. <<

[4] Santos Martínez [115], II, 184-85. <<

[5] El discurso de Perón del 10 de noviembre ante los gobernadores se reproduce en Hechos e Ideas, XXVII, N.º 126-27 (octubre-noviembre 1954), págs. 387-97. <<

[6] El discurso de Perón del 25 de noviembre se reproduce en ibid., págs. 397-403; para los aspectos públicos de la controversia incluidos discursos, pronunciamientos episcopales e informes sobre arrestos, véase La Nación, 11-25 de noviembre de 1954. <<

[7] La Nación, 9 de diciembre de 1954; Santos Martínez [115], II, 193-94. Esto Es, N.º 55 (1954), pág. 9, publica una fotografía de la multitud reunida fuera de la Catedral. <<

[8] Santos Martínez [115], II, 194-97; sobre el proyecto de ley prohibiendo las reuniones públicas, Senadores [3], 1954, II, 1238-39, y Diputados [2], 1954, IV, 3162; sobre el proyecto de ley de divorcio y, su tratamiento, Diputados [2], 1954, 2721-29, 2798-2811; sobre el infructuoso pedido episcopal para que Perón vetara la ley, La Nación, 16, 18, 23 de diciembre de 1954. <<

[9] Para la presunta vinculación entre la campaña anticlerical y la sucesión presidencial, véanse las observaciones de Méndez San Martín tal como informa Martínez [67], págs. 174-75; para una interpretación que destaca los objetivos totalitarios de Perón, Whitaker, Argentina [116], páginas 141-43. <<

[10] La Nación, 3, 17 de diciembre de 1954; 1.º, 15 de abril de 1955; Diputados [2], 1955, I, 213-44; entrevista con el doctor Alfredo Gómez Morales, 18 de marzo de 1977. En 1954, el doctor Gómez Morales era secretario de Asuntos Económicos del gobierno de Perón. <<

[11] Entrevista con Gómez Morales. <<

[12] Ibid. <<

[13] Para la opinión de otro miembro del gabinete que consideró a Borlenghi como uno de los principales promotores de la campaña anticatólica, véase Olivieri [68], págs. 98-99. Olivieri fue ministro de Marina desde setiembre de 1951 a junio de 1955. <<

[14] Gómez Morales recuerda que después de escuchar durante sólo media hora el análisis de un problema económico, Perón mostró signos de intranquilidad y nerviosidad (entrevista, 19 de marzo de 1977). <<

[15] Olivieri opina que Evita en su lecho de muerte advirtió a Perón que debía librarse de Méndez San Martín [68], pág. 91. Para una indicación del carácter tormentoso de la relación Perón-Evita, véase Embajada BA Despacho 1319, 6 de marzo de 1951, 735.OO/3-651. <<

[16] Ley 14.404; para el debate en la Cámara de Diputados de esta medida véase Diputados [2], 1955, I, 256-97, 300-50. <<

[17] Entrevista con el teniente general (R) Julio Lagos, 3 de agosto de 1967. <<

[18] Santos Martínez [115], II, 198-250; para una colección de estos materiales véase Lafiandra [86], <<

[19] El texto completo del contrato se reproduce en Diputados [2], 1955, I, 122-58. <<

[20] Ibid. <<

[21] Para las declaraciones de Arturo Frondizi y Federico Monjardín, presidente y secretario del Comité Nacional del partido Radical, respectivamente, véase del Mazo, El radicalismo: El movimiento de intransigencia y renovación, 1945-1957 [264], págs. 363-71. <<

[22] Lafiandra [86], pág. 461. <<

[23] Entrevista con el doctor Gómez Morales. <<

[24] El doctor Gómez Morales declaró en la entrevista que su ministerio había preparado el texto de una revisión del contrato para ser puesto a consideración de los representantes de la compañía petrolífera californiana; fue por esta razón, insiste, que el presidente no presionó al Congreso para que aprobara el contrato original. Gómez Morales señala más adelante que los voceros de la California estaban dispuestos a aceptar aquellos cambios en el contrato que no afectaran los aspectos económicos. He tratado de corroborar estas declaraciones con la compañía. Los documentos de la California Argentina Oil Company están actualmente bajo la custodia de la Chevron Overseas Petroleum, Inc., de San Francisco. Una búsqueda de los archivos a solicitud mía no produjo ninguna copia de un proyecto revisado del contrato total, pero reveló que «revisiones a ciertas partes se habían hecho y habían sido discutidas durante el período 16 de junio-16 de setiembre de 1955» (carta de D. O. Nelson, Chevron Overseas Petroleum, Inc., San Francisco, California, 26 de julio de 1977, al autor). <<

[25] Entrevistas con el almirante (R) Samuel Toranzo Calderón, 31 de marzo y 6 de abril de 1970; también Memorias del almirante (R) Jorge Perren, manuscritos, págs. 28-36. Estoy profundamente agradecido al almirante Perren por haberme permitido el acceso a este manuscrito de casi 400 páginas que es una fuente de información en torno de las actividades de la Marina desde 1943 hasta 1966. En 1950-51 Perren fue director del Servicio de Información Naval. <<

[26] Memorias de Perren, pág. 36. Como indicación adicional del sentimiento de la Marina en la elección vicepresidencial de abril de 1954, cuando el personal militar con asiento en la Antártida debía realizar un voto cantado por radio el personal de la Marina, sin excepción, en contraste con sus colegas del Ejército, votó contra los candidatos peronistas en una proporción del 100 por ciento (Olivieri [68], páginas 77-78). <<

[27] Memorias de Perren, pág. 42. Entrevistas con el almirante (R) Adolfo Estévez, 24 de marzo de 1970, y almirante (R) Carlos A. Sánchez Sañudo, 20 de marzo de 1970. <<

[28] Memorias de Perren, págs. 43-44. <<

[29] Entrevista con el capitán de navío (R) Antonio Rivolta, 20 de abril de 1970, y almirante (R) Samuel Toranzo Calderón. <<

[30] Ibid., Amadeo [45], págs. 37-41. <<

[31] Entrevistas con Toranzo Calderón; capitán de navío (R) Rivolta; Américo Ghioldi, 20 de marzo de 1970; y Miguel Ángel Zavala Ortiz, 22 de julio de 1971. <<

[32] Entrevistas con Toranzo Calderón y Américo Ghioldi. <<

[33] La Nación, 10-12 de junio de 1955. <<

[34] La Nación, 13 de junio de 1955; Olivieri [68], págs. 110-16. <<

[35] La Nación, 13-15 de junio de 1955; para una reproducción del discurso de Perón del 14 de junio y el texto del decreto expulsando a los obispos Tato y Novoa, véase Hechos e Ideas, XXVIII, N.º 3, 134-35 (junio-julio 1955), págs. 556-67. <<

[36] Entrevistas con el almirante (R) Toranzo Calderón y capitán de navío (R) Rivolta. Según este último, el almirante ofreció entregar la conducción del movimiento al general Bengoa, pero éste la rechazó. <<

[37] Entrevistas con los almirantes (R) Toranzo Calderón y Sánchez Sañudo y capitán de navío Rivolta. <<

[38] Entrevista con el almirante (R) Toranzo Calderón; Memorias de Perren, págs. 50-59. <<

[39] Ibid. Se sabía que el general Bengoa saldría de Paraná con destino a Buenos Aires el 15 de junio, pero los hombres enviados para interceptar su automóvil y pedirle que volviera a su comando en Paraná lo perdieron totalmente de vista. <<

[40] La Nación, 17 de junio de 1955, publicó una estimación de 350 muertos y 600 heridos. Referencias posteriores estimaron las víctimas fatales en alrededor de 200. Según el almirante Toranzo Calderón, los aviones debían dejar caer bombas de demolición primero y luego de fragmentación, pero las primeras, que eran esperadas desde Puerto Belgrano, nunca llegaron. El alto número de víctimas puede relacionarse con el uso exclusivo de bombas de fragmentación. <<

[41] Entrevista con el almirante (R) Toranzo Calderón; Olivieri [68], págs. 120-32; Lucero [65], págs. 79-100; Amadeo [45], págs. 47-50. <<

[42] El mayor Vicente, ayudante de Perón, visitó a los tres almirantes, Toranzo Calderón, Olivieri y Gargiulo, en las primeras horas del 17 de junio para notificarles que estaban condenados a ser ejecutados según la ley marcial y ofreciendo a cada uno de ellos una pistola para que se suicidaran. Sólo Gargiulo tomó la decisión en base a lo que era una mala información, ya que los otros dos, que habían rechazado el arma, sólo fueron condenados a prisión (Olivieri [68], pág. 132; entrevista con Toranzo Calderón). <<

[43] Olivieri [68], págs. 128-29. El asalto contra el edificio de la Marina fue llevado a cabo por trabajadores con armas presumiblemente suministradas por la CGT y por miembros del grupo nacionalista paramilitar, la Alianza Libertadora Nacionalista (ALN). <<

[44] El general (R) José Embrioni, subsecretario de Ejército en esos momentos, sostiene que Perón lo instruyó para que ordenara al jefe de Policía la protección de las iglesias (entrevista, 19 de mayo de 1970). Para las declaraciones de Perón deslindando responsabilidades, véase su discurso del 17 de junio de 1955, en Hechos e Ideas, XXVIII, N.º 134-35 (junio-julio 1955), pág. 520. <<

[45] Diputados [2], 1955, I, 604 y 614 sobre los arrestos; ley 14.409 promulgada el 17 de junio, para el establecimiento del estado de sitio; para el discurso de Perón del 16 de junio en el que declaró: «Sentirán todo el peso de la ley; no daré ningún paso para mitigar su culpa o disminuir la pena que merecen», véase La Nación, 17 de junio de 1955, y también Diputados [2], 1955, I, 597-98, donde se reproduce. Para una lista del personal de la Marina y la Fuerza Aérea que escapó a Uruguay y que fue destituido por rebelión, véase La Nación, 8 de julio de 1955. <<

[46] Lucero [65], pág. 116; la operación de limpieza fue autorizada por ley 14.410 e implementada por el nombramiento de juntas especiales de revisión, la formación de las cuales fue informada por La Nación, 1.º de julio de 1955. <<

[47] Lucero [65], pág. 116; entrevista con el general (R) José Ebrioni, 19 de mayo de 1970. Perón en el exilio expresó que «para aplastar la rebelión de la Marina de junio de 1955 impusieron condiciones muy duras que en realidad eran el equivalente a una extorsión en gran escala» (Pavón Pereyra [70], pág. 145), pero hasta ahora no existen pruebas independientes que apoyen esta declaración en lo que concierne a la jerarquía del Ejército. No hubo reuniones de generales el 16 de junio o durante los días subsiguientes para analizar temas políticos (entrevista con el teniente general (R) Emilio Forcher, 4-7 de julio de 1971). <<

[48] La Nación, 29 de junio-6 de julio de 1955. Los reemplazos en el gabinete fueron: Oscar Albrieu por Borlenghi en Interior y Justicia; Francisco M. Anglada por Méndez San Martín en Educación; Alberto Iturbe por J. E. Maggi en Transportes; y J. M. Castiglione por Carlos Hogan en Agricultura. El discurso pronunciado por Perón el 5 de julio se reproduce en Hechos e Ideas, XXVIII, N.º 134-35 (junio-julio 1955), págs. 532-35. <<

[49] Hechos e Ideas, XXVIII, N.º 134-35 (junio-julio 1955), pág. 538. <<

[50] Cfr. discursos radiales del líder del partido Radical Arturo Frondizi, de Vicente Solano Lima, del partido Conservador, y Luciano Molinas, del partido Demócrata Progresista, tal como los reproduce La Nación, 28 de julio, 10 de agosto y 23 de agosto, respectivamente. A los dirigentes socialistas Alfredo Palacios y Nicolás Repetto se les negó espacio radial, pero los textos de sus declaraciones fueron entregados a la prensa y pueden consultarse en La Nación, 13 de agosto de 1955. <<

[51] El abandono de la política de pacificación, a pesar de las negativas en contrario, data del 15 de agosto, cuando se hicieron numerosos arrestos de opositores y el flamante ministro del Interior Albrieu denunció la existencia de un complot terrorista (La Nación, 16 y 17 de agosto de 1955). <<

[52] La Nación, 1.º de setiembre de 1955. <<

[53] Memorias de Perren. Una conexión clandestina en la línea telefónica del comandante del área marítima proporcionó la información al capitán Perren. <<

[54] La Nación, 1.º de setiembre de 1955. <<

[55] Entrevistas con el doctor Arturo Frondizi, 14 de abril de 1970, y teniente general (R) Forcher; carta del general (R) Francisco A. Imaz al autor, 26 de mayo de 1977. Una indicación de que los propios integrantes de la clase trabajadora que asistieron a la concentración deben haberse sentido sorprendidos ante las observaciones de Perón, puede observarse en el hecho de que la multitud reunida en la Plaza de Mayo se dispersó sin incidentes y en completo orden. <<

[56] Memorias de Perren, pág. 72 y sigs.; Plater [76], pág. 216. <<

[57] Plater [76], pág. 216; también entrevistas con los almirantes (R) Arturo Rial, 4 de mayo de 1970, Isaac F. Rojas, 29 de mayo de 1970, y Jorge Palma, 3 de abril de 1970. <<

[58] Véase 27 de agosto de 1955, en Memorias de Penen. Presentes en la reunión estaban los entonces capitanes de navio Jorge Perren y Mario Robbio y el capitán de fragata Patrón Laplacette. La elección unánime para ministro de Marina fue el almirante (R) Teodoro Hartung. <<

[59] Ibid.; también entrevista con el almirante (R) Arturo Rial. <<

[60] Entrevista con Rial; Guevara [153], pág. 75. El nombramiento del general Aramburu como Director de la Escuela Nacional de Guerra databa del 29 de julio de 1955. <<

[61] El episodio se describe en Lonardi [161], pág. 23. <<

[62] Sobre la decisión de Aramburu para postergar la revolución, entrevista con el almirante (R) Arturo Rial y con el general (R) «Y», 10 de marzo de 1977; véase también Lonardi [161], págs. 37-38, para una conversación entre el general Lonardi y el entonces coronel Eduardo Señorans. Señorans había prestado servicios como jefe del Estado Mayor revolucionario del general Aramburu. <<

[63] Lonardi [161], págs. 24-25, 36-41. <<

[64] Entrevista con el teniente general (R) Emilio Forcher; sobre la visita de Lucero a Córdoba y su regreso, La Nación, 13-15 de setiembre de 1955. <<

[65] Para la expresión de una opinión tal, véase Guevara [153], pág. 82. En 1955 el entonces mayor Guevara prestaba servicios como ayudante principal de Lonardi. <<

[66] Memorias de Perren, pág. 135. <<

[67] El general (R) Lonardi, con ropas de civil, abandonó Buenos Aires a las 17 horas del 13 de setiembre, viajó en un transporte público y llegó a Córdoba a las 10 horas de la mañana siguiente. <<

[68] El general Julio Lagos, que recientemente se desempeñara como comandante del Segundo Ejército con asiento en Cuyo, accedió a ir a San Luis para lograr que sus oficiales se unieran a la causa revolucionaria; el general Aramburu aceptó la invitación del coronel Señorans para hacerse cargo del control de las unidades blindadas con asiento en Curuzú Cuatiá, Corrientes; el general Uranga, imposibilitado de llevar a cabo la directiva de Lonardi de organizar una unidad rebelde para movilizarla hacia Rosario, se unió a los rebeldes de la Marina en Río Santiago (Lonardi [161], págs. 47-60; del Carril [51], págs. 55-68). <<

[69] Entrevista con el almirante (R) Isaac F. Rojas, 29 de mayo de 1970. Las palabras de Rojas son dignas de ser citadas: «Yo no conocía personalmente al general Lonardi. Lo conocía a través de sus actividades… no hubo ningún acuerdo político». <<

[70] Entrevistas con los almirantes (R) Arturo Rial y Jorge Palma. Palma niega la exactitud del informe de Luis Lonardi [161], págs. 52-53, en torno de la conversación Lonardi-capitán de navío Palma en la que se supone que este último preguntó quién era el jefe de la revolución y de haber dicho «Comprendido, señor», cuando Lonardi se autoidentificó como tal. Palma recuerda que fue Lonardi el que preguntó acerca de la identidad del jefe naval de la revolución. <<

[71] Los aspectos militares de la rebelión son analizados en diversos informes impresos, todos los cuales reflejan un prejuicio particular y deben ser utilizados con cuidado. Sobre la acción referida a Córdoba, Lonardi [161], págs. 63-118; sobre los acontecimientos en Cuyo, del Carril [51], págs. 59-123; sobre los aspectos navales, contralmirante (R) Carlos Sánchez Sañudo, «La Revolución Libertadora», Gaceta Marinera, VII, N.º 51 (16 de setiembre de 1967); para los hechos tal como fueron vistos por un comandante leal, Lucero [65], págs. 132-57. <<

[72] Las actitudes de los oficiales del Ejército pueden haber sido influidas por los esfuerzos de la CGT para obtener el consentimiento del gobierno para formar milicias de trabajadores. Pese a que el ministro de Ejército Lucero se negó, la idea estaba en el aire y pudo haber servido como refuerzo adicional para debilitar el entusiasmo militar para defender a Perón. Para un ejemplo de una unidad cuyos oficiales decidieron permanecer en una actitud vacilante, véase Lonardi [161], págs. 92-93. Para las operaciones alrededor de Puerto Belgrano que dieron como resultado la rendición de los generales E. Molinuevo, de la Tercera División de Caballería y Jorge Boucherie, de la Sexta División de Infantería de Montaña, véase Memorias de Perren, capítulos XII-XIII. Lucero brinda una defensa de la conducta de Molinuevo [65], págs. 145-51. <<

[73] Sánchez Sañudo, «La Revolución Libertadora»; Memorias de Perren, capítulo XIII; para una fotocopia de la nota manuscrita de Perón, véase Clarín (Buenos Aires), 20 de setiembre de 1955. <<

[74] Convocada por el ministro de Ejército Lucero, la Junta estaba formada en un principio por todos los generales en servicio activo en la región del Gran Buenos Aires. Más tarde se decidió formar una junta ejecutiva limitada a los generales de división y superiores, pero se permitió que los generales de brigada concurrieran a las reuniones con derecho a voz pero no a voto. Observadores de la Fuerza Aérea y la Marina también concurrieron a las sesiones. El oficial que debía presidir las reuniones era el teniente general José D. Molina, comandante en jefe del Ejército, pero dado su íntima vinculación con Perón, el teniente general Emilio Forcher, Comandante General del Interior, surgió como la figura dominante en los procedimientos de la Junta. <<

[75] Entrevista con el teniente general (R) Emilio Forcher. Un hecho que contribuyó a la interpretación de considerar la decisión de Perón como una renuncia puede haber sido la insistencia de Lonardi sobre ella como requisito previo para la aceptación de una tregua. El texto del mensaje del general revolucionario se reproduce en Lonardi [161], págs. 125-26. <<

[76] Entrevista con el general (R) Forcher. <<

[77] Ibid. <<

[78] Véase Clarín, 20 de setiembre de 1955, para el texto de la carta. <<

[79] Clarín, 20 de setiembre de 1955, publica la exhortación del secretario general de la CGT, Hugo Di Pietro, a la clase trabajadora para mantenerse en calma; sobre las acciones de la Junta frente a Perón, entrevista con el general (R) Forcher. <<

[80] Sobre la actitud de Lonardi hacia la Junta, Lonardi [161], págs. 144-45, 156-61. <<

[81] Carta del general (R) Francisco Imaz al autor, 26 de mayo de 1977. El general Imaz incluyó un memorándum de nueve páginas contestando a una serie de preguntas que serán conocidas de aquí en más como el Memorándum Imaz. <<

[82] La versión Imaz se reproduce prácticamente al pie de la letra en Lonardi [161], págs. 135-36, y es aceptada por Bonifacio del Carril [51], pág. 118; la versión Forcher, contenida en nuestras entrevistas, es apoyada por el observador de la Fuerza Aérea que concurrió a las sesiones de la Junta, el brigadier mayor Horacio Apicella (entrevista del 12 de julio de 1971). <<

[83] El Tribunal Superior de Honor, formado por los generales de división (R) Pertiné, Rodrigo, Rossi, Fosbery y el general de brigada (R) Nougés, informó de su decisión el 7 de noviembre de 1957, pero ésta nunca se publicó. Para los esfuerzos del general Forcher y otro a hacerla pública, véase su carta al director de Clarín, 12 de setiembre de 1965. <<

[84] Entrevista con el almirante (R) Arturo Rial; sobre los actos del general Lagos, del Carril [51], págs. 105-6. <<

[85] Hay una cierta ironía en el hecho de que el crucero de la Marina estuviera bautizado con el nombre peronista de 17 de Octubre, en recordación del regreso triunfal de Perón a la actividad política en 1945. La nave fue rebautizada rápidamente en homenaje al general Belgrano, héroe de la Independencia. <<

[86] Entrevistas con los generales (R) Forcher y Juan J. Uranga, 24 de julio de 1971. Fotografías de los negociadores de la Junta a bordo del crucero fueron publicadas por Clarín, 24 de setiembre de 1955, págs. 2-3. <<

[87] Estas diecisiete propuestas comprenden la segunda parte del acta que fue redactada y suscripta por todos los negociadores a bordo del crucero. Expreso mi gratitud al almirante (R) Rojas por haberme proporcionado una fotocopia del original firmado, Acta N.º 1 de la Marina de Guerra en Operaciones, y al almirante (R) Palma por otra copia que sólo difiere en la falta de firmas. La frase «ni vencedores ni vencidos» es histórica en la Argentina, y fue atribuida originalmente al general Urquiza después de haber derrotado al dictador Juan Manuel de Rosas en 1852. En 1955, tanto el general Forcher como el general Lonardi, adoptaron el concepto pero con interpretaciones divergentes. <<

[88] El general Uranga prestó servicios como representante del Ejército en las negociaciones cuando el general Lonardi declinó la invitación del almirante Rojas para que un avión naval lo trasladara desde Córdoba. Lonardi envió un representante, el mayor Juan F. Guevara, pero éste arribó a bordo del crucero cuando el acta ya había sido firmada. <<

[89] Expreso mi gratitud al general (R) Uranga por haberme proporcionado una fotocopia de este documento de cuatro páginas, escrito por su propia mano con unas pocas correcciones del almirante Rojas. Fue redactada en papel con membrete del crucero La Argentina, donde el almirante Rojas y su cuartel general dirigieron las operaciones antes de ser trasladados al 17 de Octubre. <<

[90] Carta del general Emilio Forcher al autor, 24 de mayo de 1973; carta del almirante (R) Rojas al autor, 28 de agosto de 1974; Acta N.º 1 de la Marina de Guerra en Operaciones, manuscrito citado en nota 87. <<

[91] Comandante en Jefe Fuerzas Marina de Guerra en Operaciones, Mensaje Naval 22-IX-1955, 12.00 hs al Diario El Clarín-Capital vía Radio Pacheco. Expreso mi gratitud al almirante Rojas por haberme proporcionado una fotocopia del original, en especial porque la versión publicada por Clarín, 24 de setiembre de 1955, pág. 5, difiere en varios aspectos del original. <<

[92] Entrevista con el general (R) Forcher, en la que expresó que la Junta solicitó y obtuvo la cooperación de la conducción de la CGT para evitar desórdenes por parte de los trabajadores mediante una promesa de mantener los logros laborales en las negociaciones. Este objetivo fue incluido en la propuesta de diecisiete puntos de la Junta y fue citado en el radiograma del almirante Rojas a Clarín antes citado. Para un comunicado de la CGT emitido a las 5.10 hs del 20 de setiembre pidiendo a los trabajadores que mantuvieran la calma en vista de las negociaciones, véase el ejemplar del 21 de setiembre del diario El Mundo. Esto parece corroborar la versión del general Forcher. <<

[93] Para la actitud de Lonardi hacia la Junta Militar, véase nota 80. El general Emilio Forcher trató infructuosamente de que el general Lonardi hiciera una breve alusión a la Junta Militar en su discurso inaugural para dar una indicación de continuidad dentro del Ejército. La negativa de Lonardi fue considerada por Forcher como una retractación de su anunciado compromiso hacia una política de ni vencedores ni vencidos. Forcher y los otros generales que integraban la Junta Militar elevaron sus solicitudes por escrito de pase a retiro para el día en que Lonardi llegara a Buenos Aires y se hiciera cargo del gobierno (entrevistas con el general Forcher). <<

Notas al Capítulo 7

[1] Memorias de Perren, pág. 314. <<

[2] Escalafón del Ejército Argentino… hasta 31 de diciembre de 1954 [18], primera parte; Boletín Militar Reservado, N.º 3562-76, octubre 1955-enero 1956; decretos-leyes Nos. 2545, 2546, 2757, 3758-60, de fechas 10 y 17 de febrero de 1956; decretos-leyes Nos. 6616-18, 6655, todos del 13 de abril de 1956. <<

[3] Boletín Militar Público, Nos. 2728, 2729, 2734, 2741-49; también Boletín Militar Reservado, N.º 3570, para el escalafón modificado de los reincorporados. Veinte de esos oficiales fueron reincorporados como generales, 25 como coroneles, 16 como tenientes coroneles y 43 como mayores. <<

[4] Zuleta Álvarez [119], II, 548-49; también entrevista con el general Juan J. Uranga, 24 de julio de 1971. <<

[5] Por ejemplo, trataron de que hombres de la izquierda liberal fueran nombrados como directores de los diarios incautados a los peronistas y utilizaron la prensa para denunciar a sus rivales dentro del gobierno. <<

[6] Diario del almirante Hartung, manuscrito. Este diario manuscrito por el difunto ministro de Marina cubre el período que va desde noviembre de 1955 a 30 de abril de 1958. Expreso mi gratitud a una persona anónima por permitirme examinar una copia de esta autorizada fuente, que contiene varios documentos en su apéndice, al margen de los textos manuscritos día a día. <<

[7] «Relatos de los acontecimientos que motivaron el cambio del Excmo. señor presidente de la República, general de división don Eduardo Lonardi». Diario de Hartung, 8. Entre los oficiales en esa posición se encontraban el coronel Emilio Bonnecarrère como jefe de despacho de la Casa de Gobierno y el mayor (más tarde teniente coronel) Alejandro Lanusse, como jefe del regimiento de custodia presidencial, los Granaderos a Caballo de San Martín. Boletín Militar Reservado, N.º 3565, 26-X-1955, informa los destinos de casi todos los oficiales reincorporados. <<

[8] Entrevista con el doctor Carlos M. Muñiz, 29 de marzo de 1977; para los argumentos en favor y en contra de la propuesta reorganización, véase Lonardi [161], págs. 265-66, 269-70. <<

[9] Entrevista con el doctor Carlos Muñiz; Lonardi [161], págs. 253-54, 271-72, 302-3. Sobre las actividades de Goyeneche durante la guerra, véanse las acusaciones en el Libro Azul, págs. 43-44. <<

[10] Diario de Hartung, págs. 8-9; entrevista con el general Uranga. <<

[11] Entrevista con el general Uranga; Diario de Hartung, págs. 9-11. <<

[12] Diario de Hartung, pág. 12; también Lonardi [161], págs. 258-60; 323-28; y Guevara [153], págs. 97-98. <<

[13] Diario de Hartung, págs. 12-14; también entrevista con el capitán de navío (R) Antonio Rivolta, 20 de abril de 1970. Para la asociación de Pablo Pardo en 1930 con el fascismo y el antisemitismo, véase Zuleta Álvarez [119], I, 284-88. <<

[14] Diario de Hartung, pág. 14; entrevistas con el almirante (R) Adolfo Estévez, 21 de marzo de 1970, y general (R) Carlos S. Toranzo Montero, 26 de marzo de 1970. <<

[15] Diario de Hartung, págs. 14-15; Lonardi [161], pags. 233-41. <<

[16] Diario de Hartung, págs. 15-16. <<

[17] Ibid., págs. 17-18; Lonardi [161], págs. 241-47. Un relato jurado de los hechos del 13 de noviembre está incorporado al «Acta de Relación de Hechos» que los tres ministros militares firmaron ante el escribano general de la Nación. Una copia de este documento se incluye en el Diario de Hartung. <<

[18] Diario de Hartung, pág. 19; entrevista con el almirante (R) Adolfo Estévez. <<

[19] Entrevista con el almirante (R) Rial, 4 de mayo de 1970. El acuerdo del 13 de noviembre consistía en nueve disposiciones manuscritas y fue mecanografiado en dos páginas de papel oficial del Ministerio de Ejército bajo el encabezamiento de «acuerdo». Expreso mi gratitud al general (R) Juan E. Guglialmelli por haberme proporcionado una copia fotográfica del original firmado. Los firmantes fueron: almirantes Rojas, Hartung, Toranzo Calderón, Rial y Estévez; capitanes de navío Robbio y Vago; generales Aramburu, Lagos, Huergo, Videla Balaguer, Solanas Pacheco, Carlos Salinas, Tassi y Zerda; y vicecomodoro Abrahín. Las firmas de otros cuatro signatarios son ilegibles. <<

[20] «ACUERDO», párrafos e, g, h, i. <<

[21] Ibid., párrafos a, b, c. El párrafo d estipulaba la reestructuración de los ministerios no militares con la participación del Consejo Militar Revolucionario; el párrafo f solicitaba el restablecimiento de la Junta Consultiva Nacional y el rechazo de las renuncias de miembros de la Suprema Corte si el caso se producía. <<

[22] Decreto ley 2908, 13 de noviembre de 1955. A semejanza del «ACUERDO», fue redactado por el almirante Rial (Diario de Hartung, pág. 288) <<

[23] Entrevista con Américo Ghioldi, 20 de marzo de 1970; para opiniones contradictorias acerca de los orígenes de la Junta Consultiva, véase Lonardi [161], págs. 254-55, 273-74; véase también decreto N.º 3153 del 17 de noviembre de 1955. <<

[24] Diario de Hartung, pág. 287; La Vanguardia, 24 de noviembre de 1955, publica un intercambio epistolar entre Palacios y Rojas y el texto de un comunicado de prensa de Palacios después de su entrevista con el presidente. <<

[25] Decreto-ley N.º 3440, 22 de noviembre de 1955; Diario de Hartung, págs. 382-83. <<

[26] El texto de la declaración fue publicado por la oficina presidencial bajo la forma de un panfleto, Carta Republicana de la Revolución. Declaraciones de Principios, República Argentina, 1955. El texto fue incorporado como apéndice a la proclamación del 27 de abril de 1956 que anulaba las reformas constitucionales de 1949 y declaraba la vigencia de la Constitución de 1853. Véase Anales [1], XVI-A, 1-4. <<

[27] Decretos-leyes Nos. 3855, 24 de noviembre de 1955; 4161, 5 de marzo de 1956; 4258, 6 de marzo de 1956. <<

[28] Decretos-leyes Nos. 3032, 16 de noviembre de 1955; 6295, 16 de abril de 1956. <<

[29] Decretos-leyes Nos. 7107, 19 de abril de 1956; 9270, 23 de mayo de 1956. <<

[30] Mallon y Sourrouille[263], págs. 14-19; Anales [1], XVI-A, 308-25, incluye los textos de las recomendaciones de Prebisch. El fracaso del gobierno para resolver las disputas heredadas con los inversores de ultramar desalentó las inversiones extranjeras sustanciales; además, sus políticas internas hicieron inclinar el ingreso hacia las clases acomodadas y fallaron en el intento de producir un incremento en la inversión. El porcentaje de inversión del producto bruto nacional declinó concretamente de 1955 a 1957. <<

[31] El decreto-ley N.º 8313 del 30 de diciembre de 1955 (que fue publicado en el Boletín Oficial el 21 de febrero de 1956), derogaba la pena de muerte. Para una lista de actos de sabotaje, véase Qué, 7 de marzo de 1956, pág. 11. <<

[32] Entrevista con el general (R) Miguel Iñíguez, 21 de agosto de 1973. <<

[33] Para las opiniones de Perón acerca de los conspiradores militares, véanse sus dos cartas del 12 de junio de 1956, en Perón-Cooke, correspondencia [72], I, 7-15; véase también Martínez [67], pág. 61. <<

[34] Martínez [67], pág. 73. El texto de la proclama se reproduce en Ferla [143], págs. 307-12. <<

[35] Ferla [143], pág. 51; entrevista con Américo Ghioldi; conferencia de prensa del general Aramburu, La Prensa, 12 de junio de 1956. Documentos y materiales presuntamente incautados a los conspiradores se reproducen o se resumen en un pequeño volumen de Cerro Fernández [140]. <<

[36] «Proceso de la revolución del 9 al 10 de junio de 1956», Diario de Hartung, págs. 34-37; para el arresto de los gremialistas, incluido el ex activista del partido Comunista Juan José Real, véase sus Treinta años de historia argentina [78], pág. 178 y nota 2. <<

[37] La Prensa, 10-12 de junio de 1956, ofrece un informe de los hechos tal como lo vieron funcionarios y simpatizantes del gobierno. <<

[38] Ferla [143], págs. 67-200, ofrece un apasionado relato que está en favor de las víctimas; Diario de Hartung, págs. 37-40, brinda el relato de un participante que fue escrito el 13 de junio de 1956. <<

[39] Ferla [143], pág. 40. <<

[40] Ibid., págs. 258-71. <<

[41] El temor a una guerra civil fue la consideración básica subyacente en la decisión de ordenar las ejecuciones, según el almirante (R) Carlos Sánchez Sañudo (entrevista del 20 de marzo de 1970). Como capitán de navío, Sánchez Sañudo era miembro del staff inmediato de Rojas y estuvo con él durante la noche del 9 al 10 de junio de 1956. Años más tarde, en una entrevista televisiva, el almirante (R) Rojas declaró: «Tuvimos la sensación que el movimiento contrarrevolucionario era muy poderoso y que debía ser detenido drásticamente. Por lo tanto nosotros, el general Aramburu, los ministros militares y yo, asumimos colectivamente la responsabilidad histórica de esas lamentables sentencias». (La Nación [edición internacional], 4 de diciembre de 1972.) <<

[42] Diario de Hartung, pág. 37; La Prensa, 11 de junio de 1956. <<

[43] Entrevistas con Américo Ghioldi, 20 de marzo de 1970, y con el general CE) Juan E. Guglialmelli, 13 de marzo de 1970. Ghioldi, miembro de la Junta Consultiva, expresa que ese cuerpo no fue consultado en torno de las ejecuciones, pero que al enterarse por la radio, él y otros miembros de la Junta fueron a la Casa de Gobierno el domingo 10 de junio, para solicitar clemencia y que se pusiera fin a las ejecuciones. Guglialmelli, en ese entonces oficial que prestaba servicios en el Ministerio de Guerra, recuerda que él y otros en el Ministerio se oponían a las ejecuciones y que telefoneó personalmente a Arturo Frondizi para pedirle que intentara presionar sobre las autoridades para suspenderlas. En Campo de Mayo la corte marcial había votado cuatro a dos, contra la pena de muerte para aquellos que habían sido hechos prisioneros durante la rebelión (Diario de Hartung, pág. 38). <<

[44] Diario de Hartung, págs. 38-39. <<

[45] Aramburu mismo fue víctima de esa brutalidad cuando un grupo guerrillero conocido como «Montoneros» lo secuestró el 29 de mayo de 1970, y posteriormente, después de un «juicio», fue ejecutado de varios balazos. El episodio tuvo grandes repercusiones en la escena política argentina. <<

[46] «Acontecimientos del 21 de mayo con relación al Ejército», Diario de Hartung, págs. 20-28; «Episodio de la renuncia del general Ossorio Arana como ministro de Ejército», ibid., págs. 29-33. El general Dalton fue nombrado embajador en Perú (La Prensa, 7 de junio de 1956); el coronel Labayru fue relevado de su cargo como secretario-ayudante del ministro de Guerra y nombrado agregado militar en Bélgica. Otra víctima de la guerra intestina fue el general Lagos, comandante en jefe del Ejército, a quien el presidente Aramburu le pidió el pase a retiro y fue sucedido el 5 de junio por el general Francisco Zerda (La Prensa, 6 de junio de 1956). <<

[47] Mensaje del presidente provisional de la Nación en la comida de camaradería de las Fuerzas Armadas, 6 de julio de 1956. <<

[48] El cuestionamiento al liderazgo del doctor Frondizi databa de principios de 1954, cuando su bloque, el Movimiento de Intransigencia y Renovación (MIR) asumió el control del comité nacional de la UCR tras una acalorada convención del partido. Opuestos al control del MIR estaban los unionistas liderados por Miguel A. Zavala Ortiz, y los intransigentes nacionales, conducidos por el doctor Amadeo Sabattini. Además, aun dentro del MIR, la aspiración de Frondizi a ser el candidato presidencial del partido para las próximas elecciones estaba distanciando a elementos allegados a Ricardo Balbín, quien había sido el portaestandarte de la UCR en las elecciones de 1951. <<

[49] Para el texto del estatuto de los partidos políticos tal como fue aceptado finalmente por todos los miembros de la Junta Militar, véase decreto-ley N.º 19.044, 16 de octubre de 1956. Sobre la controversia interna que precedió al acuerdo, para la opinión de la Marina, «Suceso del estatuto de los partidos políticos», Diario de Hartung, págs. 41-43. Para el exitoso esfuerzo del Ejército tendiente a modelar al resultado final, expreso mi agradecimiento al general (R) Juan E. Guglialmelli, por proporcionarme copias de los siguientes documentos: «Antecedentes a los proyectos de estatuto de partidos políticos», que circuló entre los oficiales superiores antes de la reunión del 3 de setiembre de 1956; e «Informe a S. E. el señor ministro secretario de Estado de Ejército fechado el 6 de setiembre y presentado por el comandante en jefe del Ejército, general Francisco Zerda». <<

[50] Diario de Hartung, págs. 41-46. Véase especialmente el texto debajo de 15 de setiembre con el título «Apreciación de la situación». <<

[51] Esta es en buena parte la preocupación reflejada en el panfleto de veinte páginas, anónimamente preparado y titulado «La verdad sobre los relevos de los altos mandos del Ejército», págs. 3-4. Este panfleto circuló hacia fines de 1956 y por evidencia interna fue preparado (o con la asistencia de) por el general Francisco Zerda, comandante en jefe del Ejército hasta su destitución el 22 de noviembre. <<

[52] El semanario Qué, que apoyaba ahora las aspiraciones presidenciales de Frondizi, era frecuente vocero de tales quejas. Véanse los números de 30 de octubre de 1956, págs. 4-5; 6 de noviembre de 1956, pág. 4; y 5 de febrero de 1957, pág. 4. <<

[53] Diario de Hartung, pág. 48; entrevista con el general Guglialmelli. Debo a este último la gentileza de haberme proporcionado copias de los controvertidos telegramas que fueron enviados vía la red de comunicaciones del Servicio de Informaciones del Ejército (SIE) a las guarniciones del interior. El autor de los telegramas, el teniente coronel Pascual Ypoliti, descartó cualquier intención de crear una división dentro de las Fuerzas Armadas, pero Aramburu no pensó lo mismo y ordenó una operación de limpieza en el staff del Ministerio de Ejército. <<

[54] El general Guglialmelli, quien me proporcionó gentilmente una copia mecanografiada del Plan Cangallo, declaró haber recibido su copia de manos de Luis de Pablo Pardo el 27 de octubre de 1956, a las 23.00 horas (entrevista, 14 de mayo de 1970). El almirante (R) Rojas, por su parte, declaró que Ossorio Arana, poco antes de su muerte, le dijo «que el autor del Plan Cangallo era el actual general Guglialmelli» (entrevista del 29 de mayo de 1970). <<

[55] Diario de Hartung, pág. 45. En el texto correspondiente al 15 de setiembre de 1956, titulado «Apreciación de la situación», el ministro de Marina registra como una de las medidas tendientes a reducir la tensión dentro del servicio «evitar la intervención directa de Rial en tratos con el gabinete militar». La preocupación de Hartung por preservar la Junta Militar se refleja en todo el Diario. <<

[56] Diario de Hartung, págs. 332-33. La oposición del ministro de Marina a una reforma de la Constitución previa a las elecciones generales fue reconocida más tarde por el semanario profrondicista Qué, 5 de febrero de 1957, pág. 4. <<

[57] «La verdad sobre los relevos de los altos mandos del Ejército», págs. 10-14. <<

[58] Para la interpretación del «complot gorila», véase ibid., passim; para el «complot nacionalista», véase «Crisis en Ejército en noviembre de 1956», Diario de Hartung, págs. 47-49. <<

[59] «La verdad sobre los relevos de los altos mandos del Ejército», págs. 14-17. <<

[60] Ibid., pág. 18; Diario de Hartung, págs. 50-55. <<

[61] «Fin de la crisis de noviembre en el Ejército», Diario de Hartung, págs. 60-61. <<

[62] Ibid., págs. 61-62. Coincidente con la destitución de diecisiete generales en servicio activo, dos generales nacionalistas retirados, León Bengoa y Juan José Uranga, ex miembros del gobierno de Lonardi, fueron detenidos como sospechosos de complotar. Permanecieron bajo arresto durante casi un año. <<

[63] El retiro concreto de los diecisiete generales tuvo lugar en grupos de cinco, uno y once, durante el período de tres meses que va desde enero a marzo de 1957 (Boletín Militar Reservado, N.º 3639, 24 de enero de 1957; 3642, 14 de febrero de 1957; 3648, 22 de marzo de 1957). Once de esos oficiales experimentaron el retiro obligado por segunda vez en sus carreras. <<

[64] De los 24 jefes que fueron nombrados oficiales del Estado Mayor hacia fines de 1956, catorce eran de caballería y todos eran oficiales reincorporados (ibid., N.º 3635, diciembre de 1956). <<

[65] Ibid., N.º 3641, 7 de febrero de 1957, y 3651, 12 de abril de 1957, para los textos de las órdenes generales emitidas por Ossorio Arana; véase también «Crisis general de brigada Dn. Arturo Ossorio Arana», Diario de Hartung, págs. 214, 217. <<

[66] Diario de Hartung, págs. 215-27. <<

[67] «Consecuencias de la renuncia del señor general D. Arturo Ossorio Arana», Diario de Hartung, págs. 226-28, texto del día 23 de mayo de 1957. El general Majó asumió el cargo de comandante en jefe así como el de ministro de Ejército el 22 de mayo, y Bussetti se retiró formalmente el 4 de junio (Boletín Militar Reservado, Nos. 3657, 22 de mayo de 1957; 3659, 7 de junio de 1957). <<

[68] Ossorio Arana fue nombrado comandante en jefe del Ejército el 17 de julio (Boletín Militar Reservado, N.º 3666, 18 de julio de 1957). <<

[69] «Carta a S. E. el señor ministro de Marina, Buenos Aires, 16 de diciembre de 1956», Diario de Hartung, págs. 63-68. <<

[70] «Análisis de la carta del almirante Rojas de fecha 16/12/56», Diario de Hartung, págs. 69-75. <<

[71] «Apreciación al 1.º de febrero de 1957 luego de la crisis ministerial de enero», ibid., págs. 81-89; decretos N.º 1086-88, 26 de enero de 1957; Nos. 1115 y 1155, 30 de enero de 1957; y N.º 1277, 4 de febrero de 1957. <<

[72] Frigerio se reunió con Frondizi por primera vez en enero de 1956; poco tiempo después el primero se hizo cargo de la dirección del semanario Qué y en su primer número presentó a Frondizi en la tapa (entrevista con Rogelio Frigerio, 23 de marzo de 1977; también Díaz [55], págs. 31-32; Qué, 29 de febrero de 1956). <<

[73] Frigerio y su grupo de allegados comenzaron a ser conocidos como los desarrollistas. Sus críticas al gobierno de Aramburu y la presentación de sus opiniones en torno de temas políticos, sociales, económicos e internacionales llenaban las páginas de Qué y de los suplementos mensuales que comenzaron a aparecer antes de las elecciones de febrero de 1957. Entre los colaboradores de esos suplementos estaban Arturo Frondizi, Raúl Scalabrini Ortiz y Arturo Jauretche, estos dos últimos muy conocidos escritores nacionalistas que habían apoyado a Perón. <<

[74] Diario de Hartung, págs. 83-84. El general Leguizamón Martínez, que en esos momentos prestaba servicios como subsecretario de Ejército, era yerno del veterano político radical de la rama unionista, Eduardo Laurencena. Leguizamón Martínez había sido comandante de la Segunda División de Infantería con asiento en La Plata y tuvo amplias posibilidades de conocer a los dirigentes radicales de la provincia de Buenos Aires. <<

[75] Qué, 5 de febrero de 1957, págs. 3 y 6; 19 de febrero de 1957 pág. 6. <<

[76] «Posición del señor almirante Rial», Diario de Hartung, páginas 90-92. <<

[77] Carta de 12 de febrero de 1957. Los textos de las cinco cartas están en el Diario de Hartung, págs. 133-37. El semanario político que las publicó fue Resistencia Popular, un órgano antigubernamental dirigido por Raúl Damonte Taborda. <<

[78] La acusación específica de Rial fue que el interventor, general Emilio Bonnecarrère, había pedido la renuncia de todos los intendentes-interventores y estaba solicitando a los radicales balbinistas los nombres de personas para reemplazar a los neutrales que estaban en ejercicio de sus funciones. <<

[79] «Asunto almirante Rial», Diario de Hartung, págs. 138-39. <<

[80] Ibid., págs. 139-43; Memorias de Perren, págs. 321-23. Los generales que fueron mencionados como posibles sucesores eran Benjamín Menéndez, Luis Bussetti y José Francisco Suárez. <<

[81] Diario de Hartung, págs. 129-30, 143-44. <<

[82] El almirante Rial, después de cumplir una detención de 30 días, fue recompensado con una prestigiosa designación, comandante del Área Naval del Plata. Irónicamente, durante el período de su arresto, Rial fue considerado por el frondicista Qué (números de 5, 12 y 19 de marzo de 1957) como un campeón del juego limpio electoral y como opositor a los intereses económicos foráneos, mientras que los generales nacionalistas, resentidos por sus propias destituciones en noviembre previo, esperaban encontrar en él un aliado para el movimiento conspirativo destinado a derrocar al presidente Aramburu (Diario de Hartung, pág. 144). <<

[83] «Reuniones realizadas entre el 28 de marzo al 2 de abril de 1957», Diario de Hartung, pág. 168. <<

[84] Ibid., págs. 169-74. <<

[85] El texto se reproduce en ibid., págs. 174-76. <<

[86] Ibid., págs. 176-86. <<

[87] Para los alegatos presentados por círculos frondicistas y nacionalistas y para los artículos de Scalabrini Ortiz y Jauretche, véanse los números de Qué, 9, 16, 23 y 26 (edición especial), de julio de 1957 <<

[88] Sobre las directivas de Perón y los esfuerzos de Cooke para reafirmarlas, Perón-Cooke, correspondencia [72], I, 210-20. <<

[89] Zalduendo [301], págs. 31-32; Qué, 6 de agosto de 1957, pág. 3. <<

[90] «Comentarios sobre las elecciones del 28 de julio de 1957», Diario de Hartung, págs. 248-51. <<

[91] Carta de Juan Perón a John W. Cooke, Caracas, 5 de agosto de 1957. Perón-Cooke, correspondencia [72], I, 236. <<

[92] El 28 de agosto de 1957, un mes después de la elección, Cooke escribió a Perón: «Alicia le informará de las visitas que estamos recibiendo de amigos de Frondizi. Él está ansioso para que yo me entusiasme por sus propósitos ya que quiere que yo sea un intermediario entusiasta» (ibid., I, 247). Para un informe de las aperturas iniciales de simpatizantes de Frondizi con Cooke, véase Prieto [77], págs. 71-73. Américo Ghioldi, miembro de la Junta Consultiva en esos momentos, recuerda que otro integrante del cuerpo, López Serrot, de la UCRI, le dijo en privado que la misma noche de la elección Frondizi, calculando el número de sus propios votos y los votos en blanco, declaró: «Ya tengo ganadas las próximas elecciones». Ghioldi interpretó que esto quería dar a entender que Frondizi había decidido esa misma noche entrar en un pacto con Perón (entrevista, 20 de marzo de 1970). <<

[93] «Crisis de Aeronáutica entre los días 3 y 7 de agosto de 1957», Diario de Hartung, págs. 252-59. <<

[94] Para los esfuerzos peronistas para recuperar el control de los sindicatos, véase Perón-Cooke, correspondencia [72], II, 15-19; para las opiniones de funcionarios del gobierno acerca de la intranquilidad laboral, véase «Crisis de octubre» y «Problema gremial», Diario de Hartung, págs. 293-310. <<

[95] Diario de Hartung, págs. 303-10. La justificación del arresto fue la violación a las disposiciones del decreto-ley N.º 10.956, publicado el 9 de setiembre de 1957. Esta ley prohibía las huelgas en industrias de servicios públicos y estipulaba que una mayoría de los afiliados al gremio debía dar su aprobación para que tuviera validez una huelga en cualquier otra industria. <<

[96] Ibid., págs. 292-95. La Junta Militar quería actuar sobre la base de, su poder como cuerpo revolucionario; el ministro del Interior adoptó el punto de vista de que el gobierno debía respetar las limitaciones constitucionales en las órdenes de arresto. Se llegó a un compromiso con la publicación de un decreto-ley que establecía un estado de sitio durante 30 días en la Capital Federal y la provincia de Buenos Aires y con efecto retroactivo para justificar los arrestos que ya se habían realizado. <<

[97] Ibid., págs. 296-98. En esos momentos comenzaron a correr rumores en varios círculos en el sentido de que el almirante Rojas quería postergar las elecciones para permanecer en el poder. Rojas negó pública y privadamente esas presunciones (Diario de Hartung, págs. 285, 308-9) y posteriormente (entrevista de 29 de mayo de 1970). No se han presentado, además, pruebas en firme en el sentido de que Rojas quisiera en realidad postergar las elecciones. Incluso el almirante Estévez, quien prestaba servicios directamente bajo el almirante Rojas como comandante de la Flota en 1957-58 y luego fue elegido por el presidente Frondizi para ocupar el cargo de ministro de Marina, insiste en que contrariamente a la impresión general, Rojas nunca trató de evitar la elección de Frondizi (entrevista, 24 de marzo de 1970). <<

[98] Diario de Hartung, págs. 382-84. Las tensiones entre los dos principales líderes del gobierno no podían disimularse ante la gente, en especial después que el vicepresidente Rojas, molesto por la actitud del presidente de no consultar a la Junta Militar sobre ciertos nombramientos judiciales, decidió, el 5 de enero de 1958, no concurrir a las ceremonias que se realizaban en la Casa de Gobierno (Qué, 15 de enero de 1958, pág. 5). <<

[99] Este voto se tomó el 23 de setiembre de 1977. Para los extensos debates que condujeron a esta medida, véase Convención Nacional Constituyente [4], I, 259-722. <<

[100] Anales [1], XVI-A, 2. <<

[101] Diario de Hartung, págs. 344, 353. <<

[102] Ibid., págs. 353-57. <<

[103] Para el texto de esta declaración, Convención Nacional Constituyente [4], II, 1668. El quórum necesario para que la Convención siguiera en sesión fue roto por los sucesivos retiros de los delegados radicales intransigentes nacionales (sabattinistas) y de los conservadores. <<

[104] Las expectativas del almirante Rojas ante la reforma constitucional se encuentran en el Diario de Hartung, pág. 331. <<

[105] «Sólo hay dos caminos», Qué, 21 de enero de 1958, págs. 8-9. <<

[106] Para una declaración típica de Frondizi durante la campaña, véase la entrevista publicada en el recién aparecido semanario de la UCRI País Unido, Año 1, N.º 1, 26 de noviembre de 1957. Dirigido por Celestino Gelsi, País Unido fue utilizado para apelar a los afiliados al partido Radical, mientras que el semanario Qué, de Frigerio, se dirigía a los sectores no partidistas, especialmente los peronistas, nacionalistas y católicos. <<

[107] Memorias de Perren, pág. 334; entrevista con el almirante (R) Adolfo Estévez, 24 de marzo de 1970. Los dos oficiales navales que vieron méritos en la idea eran el capitán de navío Francisco Manrique, jefe de la Casa Militar de Aramburu, y Arturo Rial. <<

[108] Diario de Hartung, págs. 385-91. <<

[109] Ibid., págs. 392-93; también «Reunión del 24 de enero relativa a intervención partidos neo-peronistas en acto eleccionario del 23 de febrero», ibid., págs. 395-97. <<

[110] Ibid., pág. 392. <<

[111] Ibid. <<

[112] Citado de una extensa declaración que Perón entregó a la prensa el 4 de febrero. Ni el «New York Times», que cubrió la noticia el 5 de febrero bajo el título «Perón Drops Plan for Blank Ballots», ni La Prensa, de Buenos Aires, que tituló su informe de contratapa el mismo día, «Habría transmitido una Orden a sus Parciales el ex Tirano Prófugo», trataron este anuncio de Perón como un apoyo explícito a Frondizi. Lo mismo es verdad para las noticias radiales reproducidas en el Foreign Broadcast Information Service (de aquí en más FBIS), N.º 26, 6 de febrero de 1958. <<

[113] Según el capítulo XXIV de «De Perón a Onganía», una serie histórica publicada en Panorama Semanal, 15 de abril de 1969, pág. 69, Adolfo Cavalli, un dirigente gremial, llevó la orden de Perón desde Ciudad Trujillo hasta Buenos Aires, el 10 de febrero. Esto está de acuerdo con informaciones contemporáneas publicadas en FBIS, N.º 30, 12 de febrero de 1958, y La Prensa, 14 de febrero de 1958, que hace referencia a una carta manuscrita de Perón dando instrucciones para el apoyo a Frondizi. <<

[114] Las palabras citadas son del almirante (R) Rojas, entrevista de 29 de mayo de 1970. Rojas establece el episodio en diciembre de 1957, pero parece más probable que ocurriera después que Rogelio Frigerio visitara a Perón en Caracas el 3 de enero. Laferrère presentó su renuncia el 13 de enero (La Prensa, 14 de enero de 1958). <<

[115] Diario de Hartung, pág. 394. El almirante creía que la decisión del partido Comunista argentino de apoyar a Frondizi le restaría votos entre los peronistas y antiperonistas. <<

[116] La revista Qué había publicado un programa de Frondizi bajo la forma de implacables críticas a las políticas de la Revolución Libertadora y de la elaboración de sus propias ideas desarrollistas en el campo económico y social. Para los primeros pasos que condujeron a la alianza electoral y su propio papel en ellas, véase Prieto [77], págs. 71-77, 101-13; y también su trabajo más reciente, Correspondencia Perón-Frigerio [54], págs. 11-15. Prieto, que comenzó como peronista y terminó como frigerista, ofrece un informe partidista y no siempre exacto. <<

[117] Perón a John W. Cooke, Caracas, 22 de noviembre de 1957, en Perón-Cooke, correspondencia [72], II, 46. Para las observaciones de Perón en torno de Frondizi, véase su carta de 1.º de setiembre de 1957, ibid., II, 320-22. <<

[118] Para una explicación que atribuye a las presiones de los dirigentes gremiales la decisión de Perón de apoyar a Frondizi, véase Domínguez [56], págs. 70-71. <<

[119] Díaz [55], pág. 42; Prieto [77], págs. 110-11; véase también Panorama Semanal, 15 de abril de 1969, pág. 68, y Perina [71], págs. 133-34, todos los cuales tratan la reunión Frigerio-Perón. <<

[120] Ninguna de las fuentes citadas en la nota previa, ni siquiera el reciente volumen de entrevistas Fanor Díaz-Frigerio mencionan los dos viajes de Frigerio a Caracas. Sin embargo, Prieto y Perina sostiene que Frigerio estuvo en esa ciudad cuando el dictador venezolano Marcos Pérez Jiménez fue derrocado el 21 de enero de 1958. Al menos que uno suponga que Frigerio permaneció en forma continuada en Caracas desde el 2 hasta el 21 de enero, debió haber hecho dos viajes. En realidad, si se examinan los números de Qué de 14 y 21 de enero y 4 de febrero de 1958, resulta claro que Frigerio regresó a Buenos Aires en algún momento posterior a su primer viaje de enero y volvió a partir hacia mediados de mes, llegando probablemente a Caracas el 18 de enero, tres días antes de la caída de Pérez Jiménez. La importancia de establecer que Frigerio regresó a Buenos Aires después de su reunión con Perón el 3 de enero radica en la oportunidad que brindó a Frondizi y Frigerio para analizar las condiciones de Perón. <<

[121] Correspondencia Perón-Frigerio [54], pág. 15. Prieto, una vez más, establece erróneamente la interrupción de las conversaciones, la partida de Perón hacia Santo Domingo y el regreso de Frigerio a Buenos Aires a principios de enero. Para informes de prensa contemporáneos sobre la destitución de Pérez Jiménez y la búsqueda de refugio por parte de Perón en la embajada dominicana, véase La Prensa, 22-26 de enero de 1958. <<

[122] Carta de Rogelio Frigerio al autor, 6 de abril de 1977. Esta carta incluía una declaración de diez páginas que respondían a las preguntas que dejé al señor Frigerio durante una entrevista en Buenos Aires el 23 de marzo de 1977. Esta declaración, de aquí en más, será conocida como el Memorándum Frigerio. <<

[123] Véase nota 113. <<

[124] Memorándum Frigerio, pág. 4. <<

[125] Ibid., pág. 3. Las bastardillas y versalitas son del original. <<

[126] Para un despacho de la United Press desde Ciudad Trujillo que describe los aspectos físicos así como el contenido del documento entregado por Perón, véase La Prensa, 12 de junio de 1959. El texto se reproduce en Guardo [60], págs. 109-11. <<

[127] Para la negativa de Frondizi, véase su carta al ministro del Interior Vítolo, La Prensa, 15 de junio de 1959: «No he suscripto pacto político alguno. La firma que se me atribuye ha sido falsificada. Puede usted empeñar en esta afirmación mi honor ante Dios y ante la historia. Los únicos compromisos que tengo adquiridos son los que asumí públicamente ante el pueblo de la Nación». <<

[128] Perón a John W. Cooke, Ciudad Trujillo, 26 de abril de 1958, Perón-Cooke, correspondencia [72], II, 52-53. <<

[129] Perón a Cooke, 7 de junio de 1959, ibid., II, 58. Otras referencias a los compromisos de Frondizi ante Perón pueden encontrarse en la segunda carta de este último a Cooke de 7 de junio de 1958 (ibid., II, 60-61); la tercera, de la misma fecha (ibid., II, 63); la de 18 de junio de 1958 (ibid., II, 68, 70); la de 30 de setiembre de 1958 (ibid., II, 105-6); la de 20 de diciembre de 1958 (ibid., II, 128-29) y la de 26 de diciembre de 1958 (ibid., II, 131). <<

[130] Frondizi, desde ese momento, ha negado haber firmado un acuerdo con Perón (entrevista, 14 de abril de 1970). No puede excluirse la posibilidad de que no haya firmado de hecho el documento presentado por Perón pero que alguien haya copiado su nombre, permitiendo así negar su autenticidad. En apoyo de esta hipótesis está el hecho de que oficiales navales familiarizados con su firma cuestionaron la autenticidad de la firma que apareció en el documento entregado por Perón (entrevista con el almirante (R) Adolfo Estévez, 13 de marzo de 1970). <<

[131] Guardo [60], págs. 109-11 <<

[132] Memorándum Frigerio, pág. 4. <<

Notas al Capítulo 8

[1] Sobre los principios de la carrera de Frondizi, su estilo de vida y personalidad, véase Pandolfi [228], págs. 9-60; y Casas [224]. Ambos trabajos tienen una notoria simpatía hacia el tema, y el volumen de Casas lleva incluso un aval personal del doctor Frondizi respecto de la exactitud de los datos. <<

[2] Los miembros de la Junta Militar se sentían especialmente irritados por los comentarios de órganos frondicistas tales como Qué y Resistencia Popular (Diario de Hartung, pág. 434). <<

[3] Sobre los esfuerzos para evitar la transferencia del poder, entrevista con el general (R) Carlos Toranzo Monteros 26 de marzo de 1970; para las opiniones y esperanzas de oficiales retirados peronistas y nacionalistas, véase Gómez [59], págs. 149-50; Diario de Hartung, pág. 488; entrevista con el general (R) Miguel Iñíguez, 21 de agosto de 1973. <<

[4] Diario de Hartung, págs. 428, 488. <<

[5] Decreto-ley N.º 6301, 29 de abril de 1958. <<

[6] Diario de Hartung, págs. 434, 476-81. Rogelio Frigerio, Isidro Odena y Dardo Cúneo eran mirados con sospecha por los círculos militares. Frondizi insistió en que Raúl Damonte Taborda, director de Resistencia Popular, fuera incluido en la comitiva oficial que visitó Uruguay. <<

[7] Diario de Hartung, págs. 428, 430-32, 438, 442. <<

[8] Memorias de Perren, págs. 336-37. <<

[9] La explicación del doctor Frondizi de su designación de oficiales en servicio activo en los ministerios militares es que procedió de esa manera porque la Junta Militar se lo pidió (entrevista, 14 de abril de 1970). El Diario de Hartung, que informa en detalle las discusiones entre la Junta Militar y el presidente electo, no hace mención de esto. Es posible que el general Aramburu lo aconsejara personalmente a seguir este curso, pero la opinión de la Armada estaba claramente en favor de un almirante retirado. <<

[10] Véase nota 3; Diario de Hartung, págs. 482-85, 491. <<

[11] Entrevista con el general (R) Héctor Solanas Pacheco, 28 de mayo de 1970. <<

[12] Diario de Hartung, págs. 490-93; entrevista con el general (R) Solanas Pacheco. <<

[13] Diario de Hartung, pág. 492. <<

[14] Entrevistas con el almirante (R) Adolfo Estévez y general (R) Solanas Pacheco. <<

[15] Como titular de la Fuerza Aérea Frondizi eligió al comodoro Roberto Huerta, un oficial en actividad que tenía estrechas vinculaciones con el sector nacionalista identificado con el ex ministro Julio Krause. Éste fue un nombramiento controvertido que provocaría una seria crisis en cuestión de meses. <<

[16] Éstas eran las opiniones de Aramburu tal como las recuerda el general (R) Carlos Toranzo Montero, uno de los que propusieron que debía negarse la presidencia a Frondizi (entrevista, 26 de marzo de 1970). <<

[17] El texto completo de este discurso se publica en La Prensa, 30 de abril de 1958. <<

[18] Memorias de Perren, pág. 336. El texto completo del mensaje de Frondizi al Congreso (1.º de mayo de 1958), se reproduce en el apéndice de Casas [224], págs. 407-34. <<

[19] Casas [224], págs. 407-34. <<

[20] Ibid., pág. 418. <<

[21] Gómez [59], págs. 171-75, 185-88; para el punto de vista integracionista, véase Qué, 7 de junio de 1958, pág. 8. <<

[22] Al margen del doctor del Carril y los tres ministros militares, el primer gabinete de Frondizi estaba compuesto de la siguiente manera: Héctor V. Noblía y Luis McKay, ambos radicales intransigentes, en los ministerios de Salud Pública y Bienestar y Educación y Justicia; Alfredo Vítolo, alguna vez radical unionista de Mendoza, como titular de Interior; y Carlos Florit, un joven que apenas superaba los veintitantos años y vinculado a Frigerio, como ministro de Relaciones Exteriores y Culto. Una nueva ley de ministerios promulgada en junio redesignaba los puestos militares como secretarías de Estado, permitiendo de este modo la creación del ministerio de Defensa, en el cual fue nombrado el veterano radical Gabriel del Mazo, y el ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que fue confiado a un dirigente gremial, titular del sindicato del Seguro, Alfredo Allende. Pese a que no era miembro original del círculo de Frigerio, Allende cayó bajo su influencia. En el despacho de la presidencia los funcionarios claves, al margen de Frigerio, eran: coronel Juan E. Guglialmelli, secretario de Enlace y Coordinación; Samuel Schmuckler, secretario ejecutivo; y Nicolás Babini, secretario técnico. <<

[23] Ley 14.436 (amnistía general), 22 de mayo de 1958; ley 14.441 (ascensos de Rojas y Aramburu), 23 de junio de 1958; véase también Casas [224], págs. 62-63. <<

[24] Ley 14.444, 1.º de julio de 1958. Cartas, Juan Perón a John W. Cooke, 7 de junio, 30 de setiembre de 1958, Perón-Cooke, correspondencia [72], II, 58-64, 105-9. <<

[25] Las opiniones de Frondizi respecto del petróleo eran ampliamente conocidas en razón de su libro Petróleo y Política [256], y por sus discursos ante el Congreso atacando las políticas petrolíferas de Perón previas a 1955. Durante la campaña electoral no dio indicios de haber cambiado de opinión tal como se evidenció en el siguiente diálogo durante una entrevista radial en vísperas de la elección: «Pregunta: doctor Frondizi, ¿tiene usted soluciones concretas para una fórmula de soberanía nacional con respecto a los recursos nacionales? Respuesta: Nuestra posición sobre el petróleo es bien conocida. No ha cambiado» (FBIS, N.º 32, 21 de febrero de 1958). <<

[26] Para el punto de vista desarrollista del papel del capital extranjero, véase el ensayo de Rogelio Frigerio (1959), «Introducción a la política económica», en su libro Los cuatro años (1958-1962) [254], págs. 33-51. No se sabe con claridad en qué momento Frondizi modificó su tradicional oposición a la inversión petrolífera extranjera. Pandolfi [228], págs. 82-84, asegura que fue en 1957. <<

[27] Casas, en su «autorizado» estudio escribe acerca de la decisión de Frondizi de no consultar a las partes interesadas: «Pero no era parte de su plan someter el tema a discusión ya fuera a un nivel burocrático o en el Congreso, ya que él sabía muy bien que el tema quedaría detenido en los procedimientos y el tiempo escaseaba. Decidió, en consecuencia, actuar por sorpresa» [224], págs. 39-50. <<

[28] El texto del mensaje del 24 de julio titulado «La batalla del petróleo», se reproduce en Petróleo y Nación [84], págs. 61-79. <<

[29] Véase la interesante carta de Scalabrini Ortiz a Rogelio Frigerio del 1.º de abril de 1958, reproducida en el apéndice de Merchensky [292]. Scalabrini Ortiz, quien se acababa de enterar de las ideas de Frondizi-Frigerio para resolver los problemas de la CADE, ANSEC y del petróleo, advirtió acerca de los peligros políticos. <<

[30] Diario de Hartung, pág. 429. En esta reunión del 26 de febrero con el doctor Cueto Rúa, según el testimonio de Hartung, Frondizi utilizó la siguiente analogía: «El caso ANSEC es muy similar al del Cadillac que está atascado en el campo; pasa por allí un campesino y le ofrece sacarlo por 300 pesos. El propietario del coche no tiene más alternativa que pagar los 300; y nosotros no tenemos más alternativa que pagar a la ANSEC. Procedan así, tienen mi aprobación». Cueto Rúa, en una conferencia de prensa realizada ocho meses después, confirmó que Frondizi había analizado con él la necesidad de encontrar soluciones amistosas a los problemas de la ANSEC, CADE y otros (La Prensa, 17 de octubre de 1958, pág. 4). <<

[31] Ley 14.739 del 13 de enero de 1959. Las sumas a pagarse por los activos expropiados debían ser fijadas por el presidente de la Suprema Corte. <<

[32] La ley 14.455 (Estatuto de Asociaciones Profesionales de Trabajadores), fue promulgada el 8 de agosto de 1958. Para la reacción militar, entrevista con el almirante (R) Arturo Rial, 4 de mayo de 1970. El estatuto sindical fue una fuente de críticas militares durante toda la presidencia de Frondizi. <<

[33] Gómez [59], págs. 149-52; entrevistas con el general (R) Solanas Pacheco y almirante (R) Adolfo Estévez. <<

[34] Entrevista con el general (R) Solanas Pacheco. <<

[35] Boletín Militar Reservado, Nos. 3720-23, mayo de 1958. Boletín Militar Público, Nos. 2992 y 2995, junio de 1958. <<

[36] Entrevistas con los almirantes (R) Adolfo Estévez y Jorge Palma. Palma, que no era amigo de Frondizi, confirma que Estévez como secretario de la Marina siempre aceptó las recomendaciones de las Juntas Navales y no permitió que las consideraciones políticas influyeran sobre las designaciones y promociones. <<

[37] Memorias de Perren, págs. 338-39. <<

[38] Luna, Diálogos con Frondizi [66], pág. 84; entrevista con el almirante CR) Arturo Rial. <<

[39] La etiqueta militar más que la ley obligó a esos retiros. <<

[40] Memorias de Perren, págs. 338-41; La Prensa, 9, 11 y 13 de setiembre de 1958. En razón de sus actividades políticas, Rial fue obligado más tarde a renunciar como presidente del Centro Naval. <<

[41] Sobre la molestia inicial de los oficiales antikrausistas por la designación de Huerta como secretario de la Fuerza Aérea, véase Diario de Hartung, pág. 491. <<

[42] La Prensa, 3-9 de setiembre de 1958, cubre en detalle la crisis. <<

[43] Sobre las posibles motivaciones de Huerta, véase entrevista con el comodoro Pizarro en La Prensa, 7 de setiembre de 1958. <<

[44] Ibid., 10 y 11 de setiembre de 1958. <<

[45] La primera elección de Frondizi, el comodoro Gallina, no pudo prestar juramento al cargo en la fecha prevista, el 11 de setiembre. Al día siguiente se anunció la designación de Abrahín (La Prensa, 12-14 de setiembre de 1958). <<

[46] Como una indicación de la delicadeza del tema, en medio de la crisis de la Fuerza Aérea el secretario de Ejército radiografió a todas sus unidades que no habría reincorporaciones en el Ejército (La Prensa, 5 de setiembre de 1958). <<

[47] Para restaurar algo que se pareciera a la disciplina, la Aeronáutica sometió a corte marcial a los oficiales que se habían rebelado contra Huerta. Ninguno de esos oficiales sufrió algo más que una detención de pocos meses; todos fueron reincorporados al servicio activo, muchos en sus puestos previos. El nuevo secretario de la Aeronáutica nombró, sin embargo, como nuevo comandante en jefe del arma al brigadier mayor Manuel Alemán, quien en virtud de su nombramiento como Agregado Aeronáutico en Washington había logrado no involucrarse en la crisis (La Prensa, 20, 25 de setiembre, 1.º, 7 de octubre de 1958). <<

[48] Sobre las aprensiones de Frondizi referidas a permitir que la crisis de la Fuerza Aérea continuara, véase Luna, Diálogos con Frondizi [66], pág. 84; sobre el papel del vicepresidente Gómez para asegurar la mediación de Aramburu, Gómez [59], págs. 348-54. Para el texto del discurso del ex presidente ante un grupo de propietarios de radioemisoras, La Prensa, 11 de setiembre de 1958. <<

[49] Entrevistas con el general (R) Solanas Pacheco y almirante (R) Estévez. Frigerio fue el blanco especial de un informe del Servicio de Información Naval (SIN) sobre la infiltración comunista en el gobierno, que fue una mezcla de hechos y exageraciones. El traslado de Frigerio a Olivos tras la presión de la Marina para su relevo por ser demasiado peligrosa su presencia en la Casa Rosada, dejó una amarga huella en los círculos navales (entrevista con el almirante (R) Jorge Perren, 30 de abril de 1970). <<

[50] Sobre los orígenes y evolución de la huelga, véase Qué, 11 de noviembre de 1958, y La Prensa, 2-10 de noviembre de 1958; véase también la solicitada a toda página firmada por los tres sindicatos incluido el SUPE (Sindicato Único Petroleros del Estado) y FASP (Federación Argentina Sindical de Petroleros) en La Prensa, 5 de setiembre de 1958; para el decreto 9764 del 11 de noviembre de 1958, estableciendo el estado de sitio en todo el país, véase Anales [1], XVIII-B, 1223-24. <<

[51] Anales [1], XVIII-B, 1223-24; Cooke a Perón, sin fecha (octubre de 1958). Perón-Cooke Correspondencia [72], II, 117. <<

[52] La Prensa, 11-12 de noviembre de 1958; Qué, 25 de noviembre de 1958, pág. 8. La prensa informó de 250 arrestos, pero Ricardo Guardo, un escritor peronista, eleva la cifra a 1.000 [60], pág. 120. <<

[53] Diputados [2], 1958, VIII, 6095-6126; Senadores [3], 1958, IV, 2737-42. <<

[54] Diputados [2], 1958, VIII, 6103. <<

[55] Gómez [59], págs. 295-98, 337-38. <<

[56] Ibid., págs. 357-62. <<

[57] Ibid., págs. 362-79. «Transcripción del acta de la reunión efectuada el día 13 de noviembre de 1958 en la Presidencia de la Nación», comunicado al Ejército vía Boletín Militar Público, N.º 3034, 27 de noviembre de 1958; Qué, 18 de noviembre de 1958, págs. 4-6; Diputados [2], 1958, VIII, 6169-94. <<

[58] Gómez [59], págs. 361-65, 373-79. <<

[59] El mensaje presidencial solicitando una ampliación ilimitada del estado de sitio fue elevado al Congreso el 4 de diciembre y promulgado como ley 14.785 el 11 de diciembre de 1958. Para la justificación del ministro del Interior, Vítolo, véase Senadores [3], 1958, IV, 2825; para críticas del bloque de la UCRP que abandonó el recinto de Diputados como protesta cuando se llegó al momento de la votación, véase Diputados [2], 1958, IX, 6558-92. <<

[60] La filial Mendoza del SUPE votó por el levantamiento de la huelga el 17 de noviembre sobre la base de una promesa del gobierno de otorgar a la organización sindical nacional una representación en la junta de directores de YPF (Qué, 25 de noviembre, pág. 15). La promesa se cumplió cuando el nuevo estatuto orgánico de YPF, incluido en el decreto N.º 10.612 del 28 de noviembre, asignó dos de los catorce asientos en la junta de directores de YPF a representantes de los trabajadores petroleros. En un sentido, esta decisión otorgó a los trabajadores la voz que habían buscado en el acuerdo del 10 de noviembre con el subsecretario de Trabajo Virue que el presidente se había negado a aprobar. <<

[61] Decretos 10.394 y 10.395 de 27 de noviembre de 1958; los nombres de los seis coroneles designados como jefes de la movilización para los ferrocarriles se publican en Boletín Militar Público, N.º 3042. <<

[62] Peterson [232], págs. 511-12; Potash [187], «Argentina’s Quest for Stability», pág. 72. <<

[63] La Prensa, 15-18, 21-22 de enero de 1959; New York Times, 18-20 de enero de 1959. <<

[64] New York Times, 18-20 de enero de 1959; La Prensa, 22 de enero de 1959; Boletín Militar Publico, N.º 3048, 21 de enero de 1959; N.º 3051, 30 de enero de 1959. Radio Rivadavia, que era utilizada a menudo para difundir las opiniones antioficialistas, fue clausurada por el gobierno durante 30 días. <<

[65] La creciente hostilidad de Perón hacia Frondizi puede verse en su carta del 20 de diciembre de 1958 a Cooke, Perón-Cooke Correspondencia [72], II, 127. Sobre el plan de Cooke para crear disturbios que coincidieran con el viaje de Frondizi a Estados Unidos, véase ibid., pág. 138; sobre su apoyo a la huelga general y la claudicación de otros políticos peronistas, véase su carta a Perón fechada el 5 de febrero de 1959, ibid., pág. 139. <<

[66] El esfuerzo frigerista para promover la renovación de vínculos entre el gobierno y la conducción sindical peronista se refleja en el tratamiento otorgado a las noticias sindicales presentado por el semanario Qué. Véase, por ejemplo, el número del 3 de marzo de 1959, página 10. <<

[67] Bléjer, el primer judío argentino que ocupara un cargo ministerial, consultó a los secretarios de las Fuerzas Armadas y obtuvo sus seguridades de apoyo antes de aceptar el cargo de ministro de Trabajo (entrevista con el doctor David Bléjer, 12 de mayo de 1970). <<

[68] Juan Perón al doctor John W. Cooke (muy confidencial), Ciudad Trujillo, 26 de diciembre de 1958, en Perón-Cooke Correspondencia [72], II, 134; entrevista con el general (R) Solanas Pacheco. Reimúndez reemplazó al subsecretario coronel D’Andrea Mohr, nombrado por Frondizi, quien mostró una falta de sentido común al concurrir a una cena en honor del almirante Rial después de haber cumplido el arresto disciplinario impuesto por el presidente. <<

[69] Entrevistas con los generales (R) Solanas Pacheco y Juan E. Guglialmelli. <<

[70] Toryho [79], pág. 62. <<

[71] El ministro del Interior Vítolo calificó una vez a estos conspiradores permanentes como el «elenco estable del golpismo». Incluidos, entre otros, estaban el doctor Arturo Mathov, de la UCRP; Adolfo Zinny, titular del Movimiento Cívico Revolucionario, un comando civil que se había formado durante la resistencia a Perón en la década de 1950; y un general retirado, Fortunato Giovannoni. <<

[72] La admonición del general (R) Aramburu, publicada en París, fue reproducida por La Prensa del 7 de junio de 1959; para la declaración del almirante Rojas a la Associated Press, que comenzaba con las palabras «la situación política no puede ser más deplorable», véase La Nación, 24 de marzo de 1959, primera página; para la carta del coronel Lanusse a Rojas, véase fragmentos incluidos en Lanusse [63], págs. 193-94. <<

[73] Para las conversaciones del secretario de Ejército con un grupo de comandantes y sus visitas a guarniciones del interior, véase Qué, 24 de marzo de 1959, pág. 6; y La Prensa, 23-25 de abril de 1959. <<

[74] Detalles de los disturbios callejeros del 3 de abril, la expulsión de diplomáticos del bloque soviético y declaraciones del ministro Vítolo calificando los disturbios como de inspiración comunista pueden encontrarse en La Prensa, 4-8 de abril de 1959. El decreto N.º 4965, publicado el 27 de abril, prohibía todas las actividades del partido Comunista argentino y grupos afines y ordenaba la clausura de sus oficinas y la suspensión de todas las publicaciones. <<

[75] Sobre las visitas secretas de Frigerio, véase Díaz [55]. La lista de aquellos que fueron relevados de sus puestos en la administración incluía los nombres de Dardo Cúneo en la oficina de Prensa de la presidencia, Isidro Odena como interventor en Radio y Televisión, Carlos Florit como canciller, Bernardino Horne como ministro de Agricultura, y el general (R) Uranga como titular de Yacimientos Carboníferos Fiscales (YCF). Un conservador prestigioso, el doctor Diógenes Taboada, asumió el cargo de ministro de Relaciones Exteriores, y el doctor Ángel Lagomarsino fue nombrado ministro de Comercio, Finanzas y Transportes. Véase La Prensa, 25 de abril-6 de mayo, 14-16 de mayo de 1959. <<

[76] Sobre las elecciones y sus resultados en San Luis, Corrientes, Catamarca y Mendoza, véase La Prensa, 9, 30, 31 de marzo; 1.º, 5, 27 de abril de 1959. Sólo en San Luis la UCRI obtuvo la mayoría de las bancas en juego. <<

[77] La Prensa, 12 de junio de 1959, proporciona una cobertura total de la revelación del documento por Radio Rivadavia por intermedio de allegados a Perón y de su conferencia de prensa en Ciudad Trujillo. <<

[78] La negativa de Frondizi asumió la forma de una carta al ministro del Interior, Vítolo. Véase capítulo VII, nota 127. <<

[79] La hipótesis de este movimiento de Frondizi es mía y se basa concretamente en dos indicios sutiles: la opinión de Aramburu en el sentido de que Frondizi decidió «quemar» a Reimúndez haciendo correr la voz de las negociaciones secretas de este último con Framini (Toryho [79], pág. 72); y la declaración en las memorias de Perren (pág. 346) que la historia del contacto Reimúndez-Framini surgió justo antes de la intranquilidad militar del 15 de junio. Dada la secuencia de hechos —primero la revelación por parte de Perón de su pacto con Frondizi el 11 de junio y luego la circulación, entre los militares, del presunto acuerdo Reimúndez-Framini— la idea de un intento deliberado de distraer la atención de la primera parece plausible. <<

[80] El principal impulso del relato de Aramburu es que Frondizi utilizó a los golpistas para librarse de Reimúndez (Toryho [79], pág. 72). <<

[81] La Prensa, 16 de junio de 1959. Poggi, comandante del Tercer Ejército, y Yornet, comandante de la Primera División Motorizada, fueron reemplazados por el general Ángel Peluffo y el coronel Carlos Muzzio, respectivamente. <<

[82] Entrevistas con el general (R) Solanas Pacheco y el almirante (R) Arturo Rial; Memorias de Perren, pág. 346. Los generales que acompañaron a Ossorio Arana a Córdoba fueron Emilio Bonnecarrère, oficial en servicio activo, y Bernardino Labayru, que estaba retirado. También participó el almirante (R) Pedro Favarón, ex titular del cuerpo de Infantería de Marina. <<

[83] Sobre los esfuerzos de la Marina para desalentar la revuelta, véase Memorias de Perren, pág. 346; entrevistas con el general (R) Solanas Pacheco y el almirante (R) Arturo Rial. <<

[84] Entrevista con el general (R) Solanas Pacheco; La Prensa, 17-18 de junio de 1959. <<

[85] Sobre la posición del partido Socialista, Afirmación, 30 de junio de 1959; para la posición de la UCRP, véase Anzoátegui [222], pág. 135; para los cambios en el gabinete, La Prensa, 23-27 de junio de 1959. <<

[86] Díaz [55], págs. 64-66. <<

[87] Entrevista con el general (R) Solanas Pacheco. <<

[88] Decreto N.º 8197, 30 de junio de 1959, en Boletín Militar Público, N.º 3090, 8 de julio de 1959. <<

[89] Declaración emitida en Salta, La Prensa, 26 de abril de 1959. <<

[90] Declaración emitida en Jujuy, ibid. <<

[91] Entrevista con el general (R) Solanas Pacheco; La Prensa, 1.º de julio de 1959. <<

[92] Entre aquellos que se retiraron voluntariamente después del levantamiento del 25 de julio estaban: almirante Helvio Guozden, director del Material Naval; almirante Jorge Perren, jefe del Estado Mayor General Naval; almirante Mario Robbio, agregado naval en Washington; almirante Alberto Patrón Laplacette, director general de Personal; almirante Carlos Kolungia, comandante de la Fuerza de Cruceros; y almirante Renato Ares, agregado naval en Londres (memorias de Perren, págs. 363-64). <<

[93] Memorias de Perren, págs. 341-45. Como jefe del Estado Mayor, el almirante Perren estima que él hizo el ochenta por ciento de las decisiones publicadas con la firma del jefe de Operaciones Navales, pero, en razón de que no era el almirante más antiguo, esto provocaba sólo más molestias al secretario Estévez. <<

[94] Ibid., págs. 346-58; véase también La Prensa, 18 de julio de 1959, para el texto de la carta del presidente Frondizi al almirante Vago, fechada el 15 de julio, explicando su negativa a reemplazar a Estévez como secretario de Marina. <<

[95] Memorias de Perren, págs. 358-65. La confrontación final fue tan dramática como deprimente. El presidente Frondizi mismo concurrió apresuradamente al Ministerio de Marina para encontrar al almirante Vago rodeado de un grupo de oficiales de la Marina y el Ejército. Frente a este grupo, el presidente le ordenó que abandonara su actitud de desobediencia al secretario Estévez. La respuesta fue categórica: «Me niego». Frondizi, evidentemente sorprendido, entró en una oficina para conferenciar con los almirantes Estévez, Perren y Robbio. A pedido del presidente, Perren y Robbio le aconsejaron que si no anunciaba dentro de un minuto que estaba reemplazando a Estévez, en otros cinco minutos la Marina lo destituiría. Esta vez el presidente aceptó el consejo (entrevista con el almirante (R) Jorge Perren, 1.º de abril de 1970; Memorias de Perren, pág. 363). <<

[96] A pesar de su destitución en marzo de 1962, en la que la Marina desempeñó un papel fundamental, Frondizi considera que la Marina contribuyó significativamente a la preservación del gobierno constitucional (entrevista con el doctor Arturo Frondizi, 14 de abril de 1970). <<

[97] Entrevista con el teniente coronel (R) Alberto Garasino, 11 de marzo de 1970. Anaya hizo su elección de una lista de posibles candidatos, los generales de división en servicio activo. Por una u otra razón descalificó a todos excepto a Toranzo Montero. Al margen de su experiencia personal con Toranzo Montero años antes, Anaya puede haber estado influido por el fuerte aval a su candidatura recibido de los almirantes Penen y Robbio (entrevista con el almirante (R) Jorge Perren, 30 de abril de 1970). <<

[98] Entrevista con el general (R) Carlos Toranzo Montero, 26 de marzo de 1970; Casas [224], págs. 110-11. <<

[99] Entrevista con el general (R) Carlos Toranzo Montero. <<

[100] El general Toranzo Montero estaba muy ansioso por reemplazar al general Héctor Lambardi, comandante de los cuerpos de Caballería, y al general Conesa, jefe del Estado Mayor General (ibid.). <<

[101] Los catorce generales eran: Cordes, en disponibilidad; Cordini, director de la Escuela Superior de Guerra; Fraga, director de la Escuela Nacional de Guerra; Hosking, director del Instituto Geográfico Militar; Locatelli, director de Material Motorizado; Martijena, director de Fabricaciones Militares; Picea, jefe del Estado General Coordinador; Pizarro Jones, director de Material del Ejército; Poggi, en disponibilidad; Sosa, titular de Regiones Militares; Federico Toranzo Montero, director del Servicio de Remonta y Veterinaria. Villamil, director de Ingenieros; Yornet, en disponibilidad; y Zenarruza, Cuartelmaestre General del Ejército. <<

[102] Entrevista con el general (R) Carlos Toranzo Montero. El general Fraga, uno de los signatarios del radiograma del 2 de setiembre que habían escapado al arresto, recibió órdenes de Toranzo Montero de ir a Córdoba para hacerse cargo de la Cuarta División de Infantería, que él había comandado a principios de ese año. Otro ayudante clave fue el teniente coronel Catán, quien fue responsable de desmontar el equipo de radio en el Ministerio de Ejército y de rearmarlo en la Escuela de Mecánica, brindando de ese modo a Toranzo Montero comunicaciones fluidas con todo el Ejército. <<

[103] Ibid. <<

[104] Ibid.; también entrevista con el doctor José R. Cáceres Monié, 20 de mayo de 1970. El doctor Cáceres Monié era subsecretario de Defensa en el momento de los hechos y estuvo en posición de recibir datos fidedignos sobre la posición adoptada por varios comandantes de tropas. <<

[105] Un ejemplo del conflictivo consejo fue el ofrecido por el staff del secretariado de Enlace y Coordinación de la Casa Rosada. El coronel Guglialmelli, su titular, advirtió al presidente en el sentido de no permitir que los tanques ingresaran a la ciudad y recomendó una negociación; el mayor Garasino, sin embargo, era de la creencia de que la guarnición del ministerio de Guerra podía aplastar a los 500 efectivos que se encontraban en la Escuela de Mecánica (entrevista con el teniente coronel (R) Alberto Garasino, 11 de marzo de 1970). Para la posterior defensa de la actitud de Frondizi, véase Luna, Diálogos con Frondizi [66], págs. 86-88. <<

[106] Entrevista con Carlos Toranzo Montero, La Prensa, 4-5 de setiembre de 1959. Larcher y Toranzo Montero se conocían personalmente al menos desde el año 1930, cuando en su carácter de tenientes del Octavo Regimiento de Caballería bajo el mando del teniente coronel Francisco Bosch, se habían opuesto a la destitución de Yrigoyen por parte de Uriburu. Debo esta información a la gentileza del doctor José Shaw, quien, como cuñado de Bosch, era amigo de Toranzo Montero y de Larcher y también conocido del doctor Frondizi. <<

[107] Boletín Militar Público, N.º 3017, 21 de setiembre de 1959. <<

[108] Guevara [153], págs. 128-29. <<

[109] Para los cambios en el personal, véase Boletín Militar Reservado, Nos. 3818-21, 3827 y 3833, 16 de setiembre-3 de diciembre de 1959. A situación de retiro pasaron los generales de división Castiñeiras, Huergo, Solanas Pacheco y Lambardi. El general de división Julián García fue puesto en disponibilidad y el general de división Villarruel fue asignado a un cargo en Washington. El restante general de división en servicio activo, Videla Balaguer, era embajador ante el gobierno italiano. Los tres generales de brigada que se retiraron voluntariamente el 22 de setiembre fueron Eduardo Conesa, Julio Teglia y E. P. Taquini, quienes habían prestado servicios como jefe del Estado Mayor, comandante del Segundo Ejército y comandante de la Tercera División de Infantería, respectivamente. <<

[110] Para la nueva junta de promociones, véase la resolución del 15 de setiembre de la secretaría de Ejército en Boletín Militar Reservado, N.º 3819, del 16 de setiembre de 1959; para la lista de promociones que ascendía a cuatro coroneles al grado de general de brigada con fecha 31 de diciembre de 1958, trece a general de brigada con fecha 31 de diciembre de 1959 y promovía a Raúl Poggi, Eduardo Sosa, Juan B. Picea y Octavio Zenarruza a generales de división, véase Boletín Militar Público, N.º 3128, 29 de diciembre de 1959, y Senadores [3], 1959, IV, 3680-81. Entre los simpatizantes de Anaya que recibieron el ascenso a coronel estaban Jorge F. von Stecher, Jorge E. Cáceres Monié y Manuel A. Laprida. <<

[111] Para referencias a las reuniones específicas, véase las ediciones del martes de La Prensa; para una opinión extremadamente negativa del impacto de esas reuniones y de las políticas de Toranzo Montero en torno de la disciplina en el Ejército, véase el artículo sin firma publicado por el teniente coronel (R) Garasino en la revista Extra, N.º 10 (mayo de 1966). <<

[112] Entrevista con el general (R) Carlos Toranzo Montero. <<

[113] La influencia francesa puede observarse en la presencia de oficiales del ejército francés, quienes actuaban como asesores en la Escuela Superior de Guerra y en la publicación de artículos traducidos de periódicos militares franceses en el órgano oficial del instituto. Véase Revista de la Escuela Superior de Guerra, Nos. 328, 329, 331, 334, 335 (enero-marzo de 1958 a octubre-diciembre de 1959), para artículos que analizan la guerra revolucionaria. <<

[114] Citado del informe de Toranzo Montero a los generales en la reunión del 14 de marzo de 1960 (lunes), tal como lo reproduce La Prensa, 28 de junio de 1960, pág. 4. Como comandante en jefe, Toranzo Montero promovió estrechos vínculos con el ejército de Estados Unidos. En 1960, el Ejército argentino aceptó una misión de entrenamiento militar norteamericana (tales misiones ya existían en la Fuerza Aérea y la Marina), y se incrementaron las oportunidades para que oficiales argentinos recibieran adoctrinamiento militar norteamericano. Las relaciones entre ambos ejércitos, sin embargo, nunca alcanzaron el nivel de amistad y cooperación que caracterizó a la relación brasileño-norteamericana durante la década de 1960. <<

[115] Entrevista con el general (R) Toranzo Montero. La idea de que el Ejército debía cumplir una función moralizadora y que ésta era «sin duda alguna la máxima contribución que realiza la institución a la República», contaba con amplia aceptación entre los oficiales. Estas palabras son de Leoni [159], pág. 34. <<

[116] Boletín Militar Público, N.º 3156, 1.º de junio de 1960, pág. 511. <<

[117] Decretos Nos. 2628 y 2639 del 13 y 15 de marzo de 1960; Boletín Militar Publico N.º 3145, 17 de marzo de 1960; Casas [224], pág. 118. <<

[118] La historia legislativa del proyecto de ley avala esta conclusión. El comité de la Cámara de Diputados que elevó el proyecto omitió la pena de muerte, y el ministro del Interior no hizo ningún esfuerzo por incluirla. En efecto, el vocero del comité de la UCRI, diputado Bulet Goñi, justificó así la eliminación de la disposición: «con ello lo hemos librado [al Poder Ejecutivo] de un gran peso, de una gran responsabilidad». Para estas observaciones, el texto original del proyecto y su forma final véase Diputados [2], 1960, I, 451-55, y ley 15.293. <<

[119] La Prensa, 2-5 de junio de 1960, informa de la situación en Córdoba, la presión militar para la intervención y el mensaje del presidente Frondizi ante el Congreso. Para los argumentos de que el gobernador Zanichelli estaba implicado personalmente en la protección de los terroristas peronistas, véase Toryho [79], págs. 90-91; para la acusación de Frondizi de que un pequeño grupo de oficiales del Ejército estaba complotando deliberadamente para provocar la intervención, véase Luna, Diálogos con Frondizi [66], págs. 123-34. <<

[120] Sobre el levantamiento de San Luis y los castigos a los participantes, véase La Prensa, 14 de junio de 1960, y Boletín Militar Público, N.º 3163, 11 de julio de 1960; sobre la insurrección en Rosario, entrevista con el general (R) Miguel A. Iñíguez, 21 de agosto de 1973. El general Iñíguez sostiene que él tenía amplio apoyo de oficiales de varias guarniciones del interior así como de dirigentes gremiales, pero un informe aparentemente digno de confianza insiste en que su insurrección estaba condenada antes de comenzar (Usted, Año 1, N.º 7 [3 de diciembre de 1960], págs. 8-9). <<

[121] Un factor que merece una exploración adicional es la influencia de la situación internacional sobre la decisión de Toranzo Montero. Para su aparente implicación accidental en una disputa interna que dividió a los miembros de la delegación argentina a la Sexta y Séptima Reuniones Consultivas de Cancilleres en San José en setiembre de 1959, véase Conil Paz y Ferrari [230], págs. 188-90, y Casas [224], pág. 133. <<

[122] Entrevista con el general (R) Carlos Toranzo Montero. <<

[123] El texto original de este memorándum nunca se dio a conocer. Para un resumen de su contenido, véase La Prensa, 14 de octubre de 1960, pág. 4. Toranzo Montero, en la entrevista anteriormente citada, desestimó su contenido y destacó su valor táctico: «A mi no me importaba tanto lo que estaba escrito en el memorándum como que el memorándum fuera, digamos, el ariete, el arma materializada con la cual llegar a chocar con Frondizi para producir, ¿no es cierto?, la acción de fuerza en caso que Frondizi no aceptara». <<

[124] Entrevista con Toranzo Montero; véase también informes de las diferencias entre Toranzo Montero y Larcher en La Prensa, 11-15 de octubre de 1960; sobre la ausencia del secretario de Ejército del país desde el 9 de setiembre al 8 de octubre, véase Boletín Militar Público, Nos. 3174 y 3178. <<

[125] Entrevista con Toranzo Montero, véase también Rauch [200], págs. 96-97. El general Rauch, comandante de la Segunda División de Caballería, sostiene que él era el único general que había expresado una opinión contra los planes del comandante en jefe, lo cual sugiere que los comandantes de unidades de caballería a nivel de regimiento fueron los que decidieron el retiro de Toranzo Montero. <<

[126] Para la intervención de Aramburu, véase La Prensa, 12 de octubre de 1960; para el texto del discurso radial de Frondizi, ibid., 13 de octubre de 1960. <<

[127] Frondizi sorprendió a los generales al tomar la decisión de que los procedimientos fueran grabados y más tarde entregados a la prensa. Esto puede explicar la reticencia con la cual Toranzo Montero y sus compañeros de armas presentaron sus opiniones. El presidente, por su parte, expresó sus opiniones con mucho vigor. En particular, colocó a Toranzo Montero a la defensiva al revelar detalles de la conversación personal entre ellos del 12 de octubre. La transcripción de la reunión del 14 de octubre, publicada en La Prensa del 15 de octubre de 1960, revela al presidente Frondizi en lo mejor de su dialéctica, sosteniendo las prerrogativas de su cargo, accediendo a procedimientos para permitir que las preocupaciones de los militares fuesen expresadas, pero concediendo muy poco en sustancia. La capacidad del presidente para permanecer firme descansaba en parte en las expresiones de apoyo recibidas de grupos sindicales y empresariales, pero más básicamente en el hecho de que tanto la Marina como la Fuerza Aérea se habían negado a unirse al Ejército para interrumpir el orden constitucional. Véanse las actas de la reunión del gabinete militar que el general Larcher entregó a la prensa, en La Prensa, 15 de octubre de 1960. <<

[128] Boletín Militar Público, N.º 3178, 15 de octubre de 1960; La Prensa, 15 de octubre de 1960. Toranzo Montero en una entrevista asumió la posición de que el presidente había nombrado al general Fraga a recomendación suya. <<

[129] Usted, Año I, N.º 5 (19 de noviembre de 1960), pág. 9; entrevista con el general (R) Rosendo Fraga, 23 de julio de 1971. <<

[130] Entrevista con el general (R) Toranzo Montero. Para la promoción de oficiales superiores, véase Senadores [3], 1960, III, 2784. Ascendido a general de división junto con Federico Toranzo Montero estaba Florencio A. Yornet, hasta ese momento simpatizante de Toranzo. Pese a que no es posible clasificar a los doce flamantes generales de brigada en términos de su apoyo a Toranzo, ciertos nombres sobresalen como Carlos Ayala, Guillermo Salas Martínez y Horacio Luis Scasso. <<

[131] Las palabras citadas son de la carta posterior a la renuncia de Toranzo Montero y dirigida al secretario de Ejército Fraga, publicada en La Prensa del 26 de marzo de 1961. Para una interpretación que considera a Toranzo Montero como el blanco de una trampa de la administración, véase Usted, Año II, N.º 21 (14 de marzo de 1961), pág. 11. <<

[132] Véase la carta citada en la nota anterior; sobre la reacción del almirante Rojas, véase su carta al secretario de Marina Clement, La Prensa, 7 de abril de 1961. <<

[133] Entrevistas con los generales (R) Toranzo Montero y Rosendo Fraga; Usted, Año II, N.º 22 (21 de marzo de 1960), pág. 12, y N.º 23 (28 de marzo de 1961), págs. 11-12. <<

[134] Entrevistas con los generales Toranzo Montero y Rosendo Fraga. Toranzo Montero se retiró oficialmente el 18 de abril de 1961 con un total de 50 años, 10 meses y 24 días de servicio militar (Boletín Militar Reservado, N.º 3911, 19 de abril de 1961). <<

[135] Un hecho coincidente que también contribuyó a una mayor sensación de alivio por parte del presidente fue una serie de victorias electorales locales logradas por la UCRI. Sus candidatos ganaron en Catamarca el 5 de marzo, en Rosario el 19 de marzo, y en Misiones y San Luis el 9 de abril. <<

[136] Para la explicación de Frondizi en torno de su decisión de relevar a Alsogaray tal como la ofreció a un periodista en 1962, véase Pandolfi [228], pág. 89 y nota 7. La fecha del relevo fue el 24 de abril (La Prensa, 25 de abril de 1961). <<

Notas al Capítulo 9

[1] Usted, Año II, N.º 25 (18 de abril de 1961), págs. 11-12, y N.º 26 (25 de abril de 1961), pág. 12. Entre los voceros del punto de vista legalista se contaban los coroneles T. Sánchez de Bustamante, Berrotarán, Caro, Aguirre y el general Enrique Rauch. <<

[2] Menéndez, «Las Fuerzas Armadas y la defensa nacional» [168], pág. 14. <<

[3] Ibid., pág. 17. <<

[4] Entrevista con el general (R) Rosendo Fraga, 23 de julio de 1971. <<

[5] El coronel Carlos Caro (véase nota 1 anteriormente) reemplazó al general Salas Martínez como subjefe del Estado Mayor General; el general Onganía al general Ayala en Campo de Mayo; el general Enrique Maffei al general Fernando Elizondo en la Primera División Motorizada; y el general Luis Estol reemplazó al general Horacio Scasso en la Octava División de Infantería de Montaña (La Prensa, 17, 20, 25, 28 de abril de 1961). <<

[6] Boletín Militar Reservado, N.º 3910, 14 de abril de 1961. <<

[7] Ibid. <<

[8] Entrevista con el general (R) Raúl Poggi, 29 de mayo de 1970. Los miembros originales eran los generales Poggi, Sosa, Yornet, Federico Toranzo Montero, Ardanaz, Locatelli, Spirito, Morón, Landa, Naveiro, Cordes, Cecilio Labayru, Cordini, Túrolo y Martijena. <<

[9] La Prensa, 22 de agosto de 1961, pág. 4. Véase también Casas [224], pág. 123, donde, según cita del autor, expresa: «Es de mi absoluta incumbencia el manejo de las relaciones exteriores y en estos problemas no cederé un ápice». <<

[10] Potash [188], El Ejército y la Política en la Argentina, 1928-1945, capítulos IV y VI, para el desarrollo de la opinión militar acerca de la conducción de las relaciones extranjeras. <<

[11] Para una opinión crítica acerca de la política cubana de Frondizi, véase Conil Paz y Ferrari [230], págs. 128-222; Casas [224], págs. 129-160, ofrece una visión favorable. Para pruebas de que el presidente Frondizi esperaba obtener un préstamo de 1.000 millones de dólares del presidente Kennedy destinados a proyectos desarrollistas argentinos, véase John F. Kennedy Library, President’s Office Files, Folder 12, Document 11a. <<

[12] Sobre el acuerdo de Uruguayana, véase Conil Paz y Ferrari [230], págs. 201-3, y Casas [224], págs. 135-40; para la defensa del acuerdo por parte de la administración Frondizi, véase Senadores [3], 1961, II, 1078-79, y Diputados [2], 1961, VII, 4653-54. <<

[13] Entrevistas con los generales (R) Pedro E. Aramburu, 31 de julio de 1962, y Federico Toranzo Montero, 24 de febrero de 1970. Aramburu, al mismo tiempo que sostiene que ese no era su punto de vista, expresó que muchos militares creían que Frondizi era comunista. Toranzo Montero, refiriéndose a la entrevista con el Che Guevara (véase más adelante), aseguró: «Si no fuera Frondizi, nadie le quita al presidente el derecho de que hiciera lo que quisiera, pero esa era la gota que bastaba para causar una indignación general en todas las Fuerzas Armadas, aun los que eran peronistas y aun los semi, los tibios frondicistas». <<

[14] Para una interpretación que atribuye la iniciativa a Guevara, véase Pandolfi [228], pág. 97; Casas [224], pág. 143, la atribuye a Frondizi. Guevara, por su parte, a su regreso a Cuba, declaró que él había sido invitado (La Prensa, 24 de agosto de 1961), pero el canciller Mugica insistió en que «no fue invitado» (ibid., 25 de agosto de 1961). <<

[15] Sobre los detalles de la visita, véase Pandolfi [228], págs. 97-103. <<

[16] Las reacciones militares cubrieron las primeras páginas de la prensa argentina desde el 18 hasta el 23 de agosto. Sobre la casi renuncia de Fraga, véase Casas [224], pág. 123. El general Aramburu criticó severamente la actitud de Frondizi al prestarse a una entrevista con Guevara pero, al mismo tiempo, se oponía a una insurrección militar. Para sus declaraciones a la prensa, véase La Prensa, 21 de agosto de 1961; sobre las actividades más allá de bambalinas, véase Toryho [79], págs. 110-12. <<

[17] La Prensa, 20, 22 de agosto de 1961. El discurso de Frondizi citó textualmente la declaración del 24 de mayo de 1961 del presidente Kennedy que destacaba la relación de amistad, compañerismo y respeto mutuo entre los dos gobiernos. <<

[18] La Prensa, 29 de agosto de 1961. La amistad Cárcano-Kennedy databa de vísperas de la Segunda Guerra Mundial, cuando Cárcano y el padre del presidente Kennedy servían simultáneamente como embajadores en Londres. <<

[19] Entrevistas con el almirante (R) Jorge Perren, 1.º de abril de 1970; y general (R) Alcides López Aufranc, 23 de marzo de 1977. <<

[20] Alonso [124], pág. 20. <<

[21] Casas [224], págs. 155-56. <<

[22] Entrevista con el almirante (R) Juan C. Bassi, 5 de mayo de 1970. <<

[23] Reunión del gabinete de Seguridad Exterior, 1.º de febrero de 1962, manuscritos, Documentos Lockhart. Éstas son actas mecanografiadas de las notas tomadas por el capitán de navío Eduardo Lockhart, quien, en su carácter de jefe de la Casa Militar prestó servicios como secretario de actas de las reuniones del gabinete de Seguridad Externa. Estuvieron presentes en la sesión del P de febrero de 1962, al margen del presidente Frondizi, el canciller Cárcano, el ministro de Defensa Nacional Villar, el secretario de Marina Clement, el de Ejército Fraga y de la Fuerza Aérea Rojas Silveyra. <<

[24] Citado por el presidente Frondizi en su discurso de Paraná, 3 de febrero de 1962, y reproducido en Casas [224], pág. 447, y también en Frondizi, La política exterior argentina [85], pág. 189. <<

[25] Frondizi, La política exterior argentina [85], págs. 189-90. <<

[26] La Prensa, 26 de enero de 1962, para el discurso de Cárcano; Conil Paz y Ferrari [23], págs. 216-17; para un informe norteamericano, Schlesinger [297], págs. 782-83. <<

[27] Departamento de Estado, Bulletin [36], 19 de febrero de 1962, págs. 278-83. <<

[28] Ibid., La Prensa, 31 de enero de 1962. <<

[29] Orden General N.º 29, en La Prensa, 1.º de febrero de 1962, pág. 20. <<

[30] La Prensa, 1.º de febrero de 1962, pág. 20. <<

[31] Reunión del gabinete de Seguridad Exterior, 1.º de febrero de 1962 (véase nota 23), manuscritos, págs. 1-4. <<

[32] Ibid., págs. 4-6. <<

[33] Ibid., págs. 4-6. 88 Ibid., págs. 6-7 <<

[34] Ibid., pág. 11. Según el capitán de navío Lockhart, el presidente Frondizi pidió, después de levantarse la sesión, ver las actas y le ordeno que cambiara la redacción: donde el presidente decía «El Ministerio de Relaciones Exteriores estudiará la ruptura de relaciones diplomáticas con el régimen cubano» debía decir tal como aparece en las actas, «estudiará el problema de la ruptura de relaciones diplomáticas con el régimen cubano». Ésta fue la primera sesión del gabinete en la que Lockhart había tomado actas en su nueva designación, y en ese momento no dio importancia al cambio (entrevista con el capitán de navío (R) Eduardo Lockhart, 16 de mayo de 1970). <<

[35] Entrevista con el almirante (R) Bassi. <<

[36] Reunión del gabinete de Seguridad Exterior, 2 de febrero de 1962, manuscritos, Documentos Lockhart. Éste es un documento manuscrito compuesto por 35 páginas pequeñas. <<

[37] Ibid., págs. 1-7. Véase nota 34. <<

[38] Reunión del gabinete…, 2 de febrero, pág. 17. <<

[39] Ibid., págs. 18-25. <<

[40] Ibid., págs. 26-33. <<

[41] Ibid., págs. 33-35. <<

[42] Decreto N.º 1250, 8 de febrero de 1962, en Anales [1], XXII A, 254. <<

[43] El texto completo del discurso de Paraná se reproduce en Frondizi, La política exterior argentina [85], págs. 186-95, con los pasajes de denuncia a partir de la página 193. <<

[44] Las relaciones entre el presidente y sus secretarios militares estaban tan frías que tras la reunión del 2 de febrero estos últimos boicotearon una cena oficial ofrecida al rey de Bélgica el 6 de febrero y no concurrieron a la Casa Rosada hasta el 12 de febrero. La exigencia militar de una operación de limpieza en la política exterior condujo a las renuncias del subsecretario de Relaciones Exteriores, Oscar Camilión y del embajador Arnaldo Musich, asesor económico (La Prensa, 7, 13, 15 de febrero de 1962). <<

[45] Este análisis de las connotaciones en torno de un cambio por la representación proporcional está tomado de la columna «Panorama político», La Nación, 15 de noviembre de 1961. <<

[46] Sobre el voto del Senado del 10 de noviembre aprobando el proyecto, Senadores [3], 1961, III, 2432-83. La Cámara de Diputados consideró el proyecto brevemente en 7 de diciembre, pero cuando una moción para considerarlo sobre tablas no pudo lograr el voto necesario, la mayoría de la UCRI nunca programó un debate posterior a pesar de que se celebraron sesiones especiales en diciembre y nuevamente entre el 17 y el 31 de enero de 1962 (Diputados [2], 1961, IX, 5970-75). <<

[47] Para la opinión de un protagonista del proceso que colocó nuevamente a los peronistas en la actividad electoral, véase Guardo [60], págs. 301-46. <<

[48] Entrevista con Roberto Etchepareborda, 25 de abril de 1970. El doctor Etchepareborda fue el primer vicepresidente del Comité Nacional en diciembre de 1961; véase también su «Un poco de historia», págs. 1-2, una memoria con extensión de un artículo que amablemente puso a mi disposición. <<

[49] Para pruebas de la influencia del doctor Vítolo, véase la carta abierta de Felipe Díaz O’Kelly al doctor Frondizi publicada en La Nación (edición internacional), 31 de agosto de 1964. Díaz O’Kelly había sido ministro de Gobierno en la provincia de Buenos Aires antes de las elecciones de marzo de 1962. <<

[50] «Así cayó Frondizi» [128], pág. 75. <<

[51] Expreso mi gratitud al almirante (R) Jorge Palma por haberme proporcionado una copia fotostática del original de este documento. Marcado «confidencial» y fechado el 29 de enero de 1962, tiene una extensión de tres páginas, la primera de las cuales tiene iniciales en el margen izquierdo y la tercera tiene las firmas de las siguientes personas: Justo R. Villar, ministro de Defensa Nacional; A. R. Vítolo, ministro del Interior; R. M. Fraga, secretario de Ejército; G. Clement, secretario de Marina; y Rojas Silveyra, secretario de la Fuerza Aérea. <<

[52] Véase nota 40; reunión del gabinete de Seguridad Exterior y ministro del Interior, 15 de marzo, manuscritos, págs. 1-3. <<

[53] «Así cayó Frondizi» [128], pág. 75; Pandolfi [228], pág. 136. <<

[54] Para proporcionar argumentos a Perón en el sentido de superar los deseos de sus simpatizantes de participar en las elecciones, el presidente Frondizi solicitó secretamente al ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Díaz O’Kelly, que prohibiera un mitin peronista y que interviniera ante la junta electoral provincial para lograr una proscripción de los peronistas. Díaz O’Kelly se negó. Véase su carta, citada en nota 49. <<

[55] Domínguez [56], págs. 82-85; «Así cayó Frondizi» [128], páginas 75-76. <<

[56] «Así cayó Frondizi» [128], pág. 74; Pandolfi [228], pág. 137. Larralde murió durante la campaña electoral el 22 de febrero de 1962 (La Prensa, 23 de febrero de 1962). <<

[57] Entrevista con el general (R) Raúl Poggi. <<

[58] Los almirantes Palma y Sánchez Sañudo expresaron esas opiniones durante una cena privada celebrada en el domicilio del almirante (R) Jorge Perren (entrevista del 1.º de abril de 1970; también Memorias de Perren, pág. 367). <<

[59] Guevara [153], págs. 134-38; entrevista con el general Tomás Sánchez de Bustamante, 11 de mayo de 1970. <<

[60] Guevara, miembro del Estado Mayor General del Ejército, sostiene que esto fue el resultado de un memorándum preparado por él el 13 de marzo en el sentido de que la conducción de las Fuerzas Armadas insistieron sobre esta reunión. Véase nota previa. <<

[61] Reunión del gabinete…, 15 de marzo, págs. 1-5. <<

[62] Ibid., págs. 3-4. <<

[63] El caso de esta alternativa había sido presentado a fines de enero o principios de febrero por Felipe Díaz O’Kelly, pero sin resultado. Véase su carta citada anteriormente en nota 49. Era una alternativa que Rodolfo Martínez (h), un político demócrata cristiano, también apoyaba (entrevista, Washington, D. C., 29 de octubre de 1970). <<

[64] Reunión del gabinete…, 15 de marzo, pág. 4. <<

[65] Ibid., pág. 5. <<

[66] Ibid., pág. 5. Esto puede compararse con la opinión pesimista atribuida a él por escritores tales como Pandolfi [228], pág. 137, y Alonso [124], pág. 25. <<

[67] Reunión del gabinete…, 15 de marzo, pág. 5. <<

[68] Ibid., págs. 5-6. Las observaciones de Vítolo a la prensa tras la reunión adhirieron a la explicación acordada (La Prensa, 16 de marzo de 1962). <<

[69] Sobre la ausencia de irregularidades en las elecciones, véase La Prensa, 19 de marzo de 1962. <<

[70] Entrevistas con el almirante (R) Bassi, general (R) Poggi, brigadier (R) Rojas Silveyra, general (R) Fraga, y almirante (R) Palma. <<

[71] El doctor José Cáceres Monié, en esos momentos subsecretario de Defensa, proporcionó estos detalles en una declaración publicada en la prensa en abril de 1962 y que se reproduce en Luna, Diálogos con Frondizi [66], págs. 211-12. <<

[72] Ibid. <<

[73] Decreto N.º 2542, 19 de marzo de 1962, Anales [1], XXII A, 1962, 342-43. <<

[74] Como ejemplo de un informe que centra su atención en la presión militar, véase Luna, Argentina de Perón a Lanusse, 1943-1973 [112], pág. 140; para un informe que ignora la presión militar, véase Toryho [79], pág. 159. <<

[75] El capitán de navío Lockhart recuerda que cuando él llegó a Olivos alrededor de las 23.00 horas, Frondizi le dijo que ya había preparado los fundamentos del decreto (entrevista, 6 de mayo de 1970). Sobre la conversación telefónica con Vítolo, entrevistas con el almirante (R) Bassi y el brigadier Rojas Silveyra. <<

[76] Para las reacciones de los partidos políticos ante las intervenciones provinciales, véase La Nación, 20-25 de marzo; también entrevista con el líder del Socialismo Democrático Américo Ghioldi, 20 de marzo de 1970. <<

[77] Entrevista con el general (R) Poggi. <<

[78] Expreso mi agradecimiento al almirante (R) Palma por haberme proporcionado una copia fotostática del original. Es un documento manuscrito de cinco páginas, inicialado en el margen izquierdo de las primeras cuatro y que lleva las doce firmas en la página 5: (Ejército) Fraga, Peralta, Poggi, Spirito; (Marina) Clement, Bassi, Penas, Palma; (Fuerza Aérea) Rojas Silveyra, Pereyra, Cayo Alsina y Romanelli. El último de los nombrados preparó el documento de su propio puño y letra. <<

[79] Entrevista con el general (R) Poggi; Alonso [124], pág. 28. <<

[80] La idea de que Aramburu, si podía evitar una insurrección militar, podía ser el beneficiario del apoyo de la UCRI en las elecciones presidenciales de 1964 estaba muy en la mente de los políticos (entrevista con Rodolfo Martínez; carta de Roberto Etchepareborda al autor, 22 de mayo de 1978). <<

[81] Entrevistas con Oscar Puiggrós, 12 de julio de 1971, y Rodolfo Martínez (h). Estos hombres fueron elegidos para ocupar los ministerios de Trabajo y Seguridad Social y Defensa Nacional, respectivamente; los otros dos elegidos fueron Hugo Vaca Narvaja para Interior, y Jorge Wehbe para Economía (La Nación, 24 de marzo de 1964; Alonso [124], págs. 29-30). <<

[82] Entrevistas con los almirantes (R) Bassi, Penas y Palma. Palma recuerda haber dicho al presidente: «¿Cuál es la solución, entonces? Usted es responsable de la situación». La respuesta de Frondizi fue ofrecer tres opciones: que él continuara en el cargo como hasta ese momento; que continuara bajo un plan de conciliación tal como el que estaba elaborando el general Aramburu; que si los militares tenían la fuerza necesaria, impusieran una solución (entrevista con el doctor Arturo Frondizi, 14 de abril de 1970). <<

[83] Para la divergencia Fraga-Poggi, véase el radiograma del secretario de Ejército a todas las unidades reproducido en La Prensa, 26 de marzo de 1962; también entrevista con el general (R) Carlos Caro, 18 de marzo de 1977. <<

[84] Para la declaración pública de Aramburu solicitando la renuncia del presidente, véase La Nación, 27 de marzo de 1962. Una influencia decisiva en la resolución de Aramburu puede haber sido el consejo recibido de su antiguo allegado, el general (R) Bernardino Labayru, en cuyo domicilio había cenado la noche del 24 de marzo (La Prensa, 25 de marzo de 1962). Entrevista con Rodolfo Martínez. <<

[85] Entrevistas con Rodolfo Martínez y Oscar Puiggrós. Prestaron juramento, al margen de los citados en nota 81, los siguientes ministros: Roberto Etchepareborda, Relaciones Exteriores y Culto; Miguel Sussini, Educación y Justicia; Tiburcio Padilla, Bienestar Social y Salud Pública; y Pedro Petriz, Obras y Servicios Públicos. <<

[86] Para tales alegatos, véase Alonso [124], págs. 13 y 31; Casas [22d], pág, 173; también García Lupo [146]. <<

[87] Entrevista con el almirante (R) Palma. La fecha y naturaleza de las instrucciones enviadas por Washington a McClintock están contenidas en documentos del Departamento de Estado que todavía no se han hecho públicos. A las 22.30 o 23.00 horas del 27 de marzo, según el doctor Oscar Puiggrós (entrevista, 12 de julio de 1971), el embajador McClintock interrumpió una reunión que el presidente Frondizi estaba celebrando con miembros de su gabinete para informarle que había recibido instrucciones de Washington para apoyar al presidente argentino. <<

[88] La Nación, 29 de marzo de 1962. Las palabras citadas son del texto del discurso televisado de Martínez pronunciado la noche anterior. <<

[89] Entrevista con Rodolfo Martínez; Roberto Etchepareborda, «Un poco de historia», pág. 11 (véase anteriormente, nota 48); entrevista con el brigadier (R) Jorge Rojas Silveyra. Fue en esta reunión del Consejo de Almirantes donde las voces de los almirantes legalistas que se habían retirado en 1959 faltaron. Véase capítulo VIII, cerca nota 92. <<

[90] Entrevistas con el general (R) Poggi y almirante (R) Penas. Para los movimientos del Tercer Regimiento de Infantería, véase La Nación, 20 de marzo de 1962. Su comandante, el teniente coronel Amicarelli, operaba bajo las órdenes del general Franklin Rawson, quien simultáneamente mandaba su propia Tercera División de Caballería, al sur de Buenos Aires, para adoptar una posición insurreccional. <<

[91] El texto de este acuerdo es el siguiente: «En Buenos Aires a los veintiocho días del mes de marzo del año mil novecientos sesenta y dos, en reunión celebrada en la Secretaría de Estado de Marina a once horas, los comandantes en jefe de las tres Fuerzas Armadas dejan expresa constancia de que en caso que los acontecimientos lleven a situaciones extremas que hagan ineludible el cambio de gobierno, el nuevo gobierno será civil. (Firmado) Raúl Poggi, Cayo Alsina, A. R. Penas». Debo a la gentileza del almirante Palma el haberme proporcionado una copia fotostática del original. <<

[92] Entrevistas con el general (R) Poggi y almirante (R) Penas; sobre la partida del presidente hacia Olivos, véase La Nación, 29 de marzo de 1962. <<

[93] Sobre los esfuerzos para persuadir al doctor Guido, entrevista con él mismo en Boston, Massachusetts, 1.º de marzo de 1975; también entrevistas con el general Poggi y almirante Penas. <<

[94] Entrevista con el doctor Guido. Una versión ligeramente distinta de la sugerencia de Frondizi fue ofrecida por el doctor Guido a Félix Luna en una entrevista de 1970 o 1971 que se publicó posteriormente en Todo es Historia, N.º 99 (agosto 1975), págs. 12-13. Sobre el informe del almirante Clement ante la sugerencia de Frondizi a sus colegas del ministerio de Marina, entrevistas con los almirantes (R) Penas y Palma. <<

[95] Entrevistas con el almirante (R) Penas y capitán de navío (R) Lockhart. Expreso mi agradecimiento al almirante Penas por permitirme ver el original «Instrucciones para custodia del doctor Frondizi». Según esas instrucciones, se permitió que la esposa, hija y un ayuda de cámara del presidente lo acompañaran; se le permitía recibir visitas con la aprobación del secretario de Marina; debía ser alojado en la mejor casa amueblada de la base; y gozaría de libertad de movimiento dentro de la isla. La Marina asumía los gastos de su estadía. <<

[96] Entrevista con el capitán de navío (R) Lockhart. Los diarios del 29 de marzo ofrecen fotografías del doctor Frondizi de ninguna manera conmovido por los hechos del día. <<

[97] Entrevista con el general (R) Tomás Sánchez de Bustamante, 11 de mayo de 1970. En 1962, como coronel comandaba el Décimo Regimiento de Caballería Blindado en Campo de Mayo; contaba con el apoyo del general Carlos Caro, quien estaba al mando de la Escuela de Caballería. El objetivo de ambos, el Tercer Regimiento de Infantería, fue el que se movilizó más tarde ese mismo día hacia la Capital sin encontrar oposición, capturando cabeceras de puentes, y en algún momento amenazó con ocupar la Casa Rosada. <<

[98] Rauch [200], págs. 98-100; entrevista con el general (R) Tomás Sánchez de Bustamante. <<

[99] Alonso [124], págs. 31-32. <<

[100] Entrevista con el general (R) Fraga. Los motivos de su renuncia hacen necesaria una explicación. El almirante Clement había presentado su propia renuncia como secretario de Marina días antes. Fraga y el secretario de la Fuerza Aérea Rojas Silveyra decidieron presentar sus renuncias también, y así lo hicieron alrededor de las 13.00 del 29, para permitir al presidente tratar directamente con los tres comandantes en jefe, quienes tenían prevista una visita para las 17.00 horas. El doctor Frondizi, sin embargo, emitió una declaración alrededor de las 16.30 en la que rechazaba las renuncias de los tres secretarios (La Nación, 29 de marzo de 1962). <<

[101] Entrevista con el general (R) Fraga. <<

[102] Entrevista con el general (R) Alejandro A. Lanusse, 23-24 de agosto de 1973, y con el general (R) Fraga. Fraga recuerda que el general Poggi le pidió que se uniera al movimiento para destituir al presidente, pero que él se negó, declarando que un secretario de Ejército es parte del Poder Ejecutivo y de ninguna manera puede unirse a una revolución contra su propio gobierno. Detenidos con Fraga en el Ministerio, había varios otros oficiales, inclusive el general Rauch, con quien dice haber perdido contacto desde la mañana. <<

[103] Entrevista con el general (R) Tomás Sánchez de Bustamante. <<

[104] Entrevista con el general (R) Lanusse. <<

[105] Una vez convencido de que había sido depuesto, el doctor Frondizi pidió a Rodolfo Martínez, ministro de Defensa, y al almirante Clement que persuadieran al presidente del Senado, el doctor Guido, de que ocupara el cargo vacante. Después, el 29 de marzo, cuando el doctor Guido por fin consintió en hacerlo y prestó juramento en la Suprema Corte, el doctor Frondizi —ya en la isla Martín García— dio su expresa aprobación a un grupo de dirigentes de la UCRI que fueron a verlo en un avión de la Marina ofrecido por el almirante Clement (entrevistas con Rodolfo Martínez y José M. Guido). Expreso mi agradecimiento a Roberto Etchepareborda por suministrarme una copia de las notas tomadas por el senador Lucio Racedo de los comentarios hechos por Frondizi a los dirigentes de la UCRI en Martín García. <<