En el primer volumen de su estudio sobre el papel de los militares en la política argentina, el historiador norteamericano Robert A. Potash analiza un período clave de nuestro pasado: el que va desde el comienzo de la segunda presidencia de Yrigoyen, en 1928, hasta el turbulento año 1945, que abrió a Perón el camino hacia el poder. Las revoluciones del 6 de septiembre de 1930 y del 4 de junio de 1943 constituyeron, junto con el ambiguo interludio profesionalista de la década del treinta, otros tantos jalones en un proceso de creciente politización de las fuerzas armadas, decisivo para la comprensión de las recurrentes quiebras del sistema institucional en las décadas siguientes. Producto de varios años de investigación en Argentina y Estados Unidos, el libro de Potash huye de las generalizaciones fáciles. La abundante documentación utilizada, que incluye no solo una vasta gama de textos impresos, sino también materiales inéditos y testimonios orales de los protagonistas de los sucesos, se halla al servicio de un cuidadoso examen del acontecer político, de las características de la institución militar, de los orígenes sociales, valores y actitudes de sus miembros.

El segundo volumen de la obra de Potash, que se publicará a continuación, trata el período 1945-62.

Robert A. Potash

El ejército y la política en la Argentina I

1928-1945
De Yrigoyen a Perón

Biblioteca argentina de historia y política - 002

ePub r1.0

et.al 09.06.2019

Título original: The Army and Politics in Argentina

Robert A. Potash, 1969

Traducción: Aníbal Leal

Retoque de cubierta: et.al

Editor digital: et.al

ePub base r2.1

Para Jeanne

PREFACIO

El importante papel representado por los militares en América Latina contemporánea ha inspirado en los últimos años un flujo constante de libros y artículos. Muchos de ellos han formulado interesantes hipótesis o generalizaciones acerca de las actividades políticas de las Fuerzas Armadas, pero pocos han enriquecido fundamentalmente nuestro caudal de información básica. Como consecuencia de esta situación las palabras «militares» o «Fuerzas Armadas» han venido a representar cada vez más abstracciones despersonalizadas más que instituciones humanas que actúan en un contexto de realidad histórica. En una palabra, la literatura acerca de los militares se ha visto sobrecargada de clisés, y ha llegado el momento de intentar un enfoque distinto: es decir, un enfoque que concentre la atención en las figuras reales que han dirigido las Fuerzas Armadas, en los detalles del desarrollo institucional y en un espectro de la conducta política más amplio que el golpe ocasional.

Este volumen se propone precisamente esa tarea en relación con Argentina, donde la presencia militar en la política ha llegado a ser endémica a pesar de las ventajas de que goza la nación —con referencia al desarrollo económico, social y cultural— comparada con las áreas menos favorecidas de América Latina. La persistencia de la política dominada por los militares, allí donde podría haberse anticipado otro curso, sugiere la existencia de un viraje, de una vertiente en la cual sobrevino un cambio fundamental, y para el caso irreversible en la trama de la política argentina. Si en efecto ese es el panorama real, ¿cuándo ocurrió dicho cambio?

Podría responderse de manera obvia mencionando el año 1930, en que el Ejército argentino asumió el control del gobierno nacional por primera vez en este siglo. Pero ¿esta acción no fue la respuesta a un proceso que ya estaba muy avanzado antes de dicho año, y que comenzó durante el periodo de gobierno del Partido Radical? ¿Y es acaso tan evidente que la asunción del poder por los militares en 1930 desencadenó un proceso irreversible? ¿En los años siguientes no hubo oportunidades de restablecer un sistema político civil autónomo, como ocurrió en la vecina Chile después de una breve experiencia de gobierno militar?

Este volumen concentra la atención en el periodo que se inicia en los últimos años de gobierno del Partido Radical, más específicamente desde la reelección de Hipólito Yrigoyen en 1928, hasta la conquista del control político total en 1945 por el coronel Juan D. Perón, y de ese modo procura aclarar no sólo los interrogantes formulados anteriormente, sino también las relaciones del Ejército con la política en diferentes regímenes. La interacción de los oficiales con las autoridades políticas, civiles o militares, la influencia que los jefes militares pudieron ejercer sobre la adopción de decisiones, el tratamiento concedido a las Fuerzas Armadas bajo los diferentes gobiernos, son todos factores que interesan fundamentalmente para este estudio.

Como el cuerpo de oficiales fue el núcleo que aportó muchos de los principales actores del drama político-militar de dicho periodo, este volumen intentará determinar con cierto grado de precisión los orígenes sociales, las actitudes fundamentales y las concepciones de rol de los oficiales, así como el faccionalismo político y las divisiones internas del cuerpo. Los resultados de este enfoque deben representar un test, aplicado al caso argentino, de las generalizaciones acerca de los oficiales que hallamos en algunas de las obras recientes sobre militares latinoamericanos. Los datos acerca del cuerpo de oficiales argentinos serán expuestos, siempre que ello sea posible, con referencia a individuos identificables más que a estadísticas anónimas.

Este libro no pretende ofrecer una historia integral de Argentina en el período 1928-45. Se examinan los procesos económicos y sociales de manera muy general, y se omite la vida interna de los partidos políticos, en la inteligencia de que el lector dispone de otras fuentes para desarrollar esos temas. El objetivo esencial es ofrecer una nueva perspectiva para comprender la historia política de este periodo fundamental, durante el cual tanto el Ejército argentino como el proceso político sufrieron cambios fundamentales.

La investigación reflejada en este libro se realizó en Argentina y en Estados Unidos durante un período de varios años. Deseo aprovechar esta oportunidad para agradecer al «Joint Committee on Latin American Studies of the American Council of Learned Societies and Social Science Research Council» (Comisión Conjunta de Estudios Latinoamericanos del Consejo Norteamericano de Sociedades Eruditas y del Consejo de Investigaciones en Ciencias Sociales), y a la Organización de Estados Americanos y el Consejo de Investigaciones de la Universidad de Massachusetts, que demostraron su confianza en el proyecto apoyándolo prácticamente. Por supuesto, la generosidad financiera de estos organismos no los hace responsables del contenido del libro.

Los argentinos, civiles y militares, que me ayudaron en el curso de la investigación forman un grupo excesivamente numeroso, de modo que no es posible identificar individualmente a sus miembros. En las notas pertinentes y en la bibliografía expreso mi agradecimiento a quienes consintieron en ser entrevistados. Sin embargo, debo señalar que he contraído una deuda particular con el coronel (R) Augusto G. Rodríguez, director del Centro de Estudios Históricos del Ejército, e historiador por derecho propio, cuyo amplio conocimiento del Ejército y abundantes contactos personales en sus filas representaron una ayuda inestimable. También deseo agradecer al profesor José Luis de Imaz, y al coronel (R) Juan V. Orona, que generosamente me facilitaron materiales en su poder, y al señor D. Fernando García Cambeiro, que demostró espíritu de cooperación y eficacia para localizar publicaciones agotadas.

No siempre es posible medir con exactitud la deuda intelectual que uno ha contraído, pues el origen de las ideas se pierde fácilmente en el proceso mismo de su evolución. De ahí que desee expresar mi agradecimiento general a la doctora Elizabeth H. Hyman, de Washington, D. C.; al profesor John J. Johnson, de la Universidad Stanford, y al profesor Lyle J. McAlister, de la Universidad de Florida, con quienes he mantenido un diálogo intermitente durante casi una década acerca de la naturaleza y el papel de los militares en América Latina. También deseo agradecer a mis colegas, los profesores Howard H. Quint y Harold J. Gordon, que pacientemente escucharon durante muchos años mis exposiciones acerca de Argentina y me sugirieron materiales pertinentes, que en otro caso quizá habría ignorado. Finalmente, expreso el más profundo agradecimiento a mi esposa, Jeanne, que me alentó constantemente durante los años de investigación, y supo criticar con franqueza el manuscrito en sus diferentes etapas de elaboración.

I

LA ORGANIZACIÓN MILITAR

Los acontecimientos del 6 de setiembre de 1930 señalaron el fin de una era de la Argentina moderna. Ese fatídico sábado, el movimiento de un reducido número de fuerzas militares argentinas en las calles de Buenos Aires derribó el segundo gobierno de Hipólito Yrigoyen[1] y puso fin al experimento con un gobierno elegido por el pueblo iniciado catorce años antes con su primer ascenso a la presidencia. Pero en ese día de invierno no sólo concluyó un experimento. Terminó también una sucesión ininterrumpida de presidentes constitucionales que había durado casi setenta años; y se desechó la tradición de abstención militar en el campo político que había durado veinticinco años.

¿Qué tipo de institución era este Ejército que irrumpió en la escena política en 1930, una escena sobre la cual habría de actuar, unas veces francamente y otras entre bambalinas, durante los 40 años siguientes? ¿Qué relación mantenía este Ejército con la sociedad y la vida política argentinas en la década anterior a su decisión de intervenir? La organización militar de la década de 1920 estaba muy alejada del Ejército que había luchado en el último conflicto internacional (1865-70), en las campañas de las décadas siguientes contra los indios, o en las perturbaciones civiles de la década de 1870, de 1880 y en la de 1890. Los oficiales del antiguo ejército eran hombres que aprendían su profesión en el campo mismo, a menudo luchando contra sus compatriotas. Algunos habían iniciado su carrera como oficiales de menor graduación; otros habían ascendido desde la condición de soldado raso. El Colegio Militar fue fundado recién en 1870, con el fin de educar a los jóvenes oficiales. Pero aún entonces no era necesario asistir a sus aulas para obtener un grado. La masa de soldados de este ejército estaba formada por voluntarios enganchados, delincuentes de menor cuantía y reclutas involuntarios (contingentes). Presuntamente se elegían los contingentes a la suerte, en el nivel local, entre todos los solteros aptos; pero en realidad estos reclutas provenían de las filas de los pobres o los desocupados. La ley permitía que los acomodados evitasen el servicio contratando sustitutos, práctica que determinó que la condición de alistado fuese sinónima de la clase inferior de la sociedad argentina.

Pero alrededor de principios de siglo hubo una serie de reformas que modificaron profundamente el carácter de la organización militar. La mayoría de estas innovaciones ocurrió durante el segundo gobierno del general Julio A. Roca (1898-1904), oficial de larga y distinguida foja de servicios, cuyas hazañas militares habían atraído la atención de influyentes dirigentes civiles, y que le merecieron, a la edad de 37 años, su primer período como Presidente de la República (1880-86). La adopción de las reformas militares fue parte de una serie de medidas enderezadas a mejorar las defensas de Argentina frente a sus vecinos, y especialmente Chile. A fines de la década de 1890, la posibilidad de una guerra originada en una disputa fronteriza con Chile, que ya había procedido a modernizar sus fuerzas armadas, creó una atmósfera propicia para las reformas militares.

Un cambio fundamental fue la introducción del servicio militar universal con arreglo al reglamento orgánico militar de 1901, denominado generalmente Ley Ricchieri (por Pablo Ricchieri, que era ministro de Guerra). De acuerdo con este nuevo sistema de reclutamiento, todos los jóvenes de veinte años estaban obligados a prestar servicio. La ley reformada de 1905 establecía un año de servicio en el Ejército o dos en la Marina, realizándose la selección mediante un sorteo. En adelante, las filas del Ejército argentino estuvieron formadas por un cuadro permanente engrosado por contingentes anuales de soldados-ciudadanos.[2] Con el fin de suministrar el personal de cuadros a todas las armas de combate, en 1908 se fundó un organismo especial denominado Escuela de Clases, que vino a sustituir los esfuerzos anteriores para entrenar a los suboficiales en unidades individuales o en grupos separados. Rebautizada en 1916 con el nombre de Escuela de Suboficiales, fue instalada en la guarnición de Campo de Mayo, donde representó una unidad militar poderosa por derecho propio, a causa de la capacidad profesional de su personal y su acceso a todos los tipos de armas.[3]

Las reformas encaminadas a profesionalizar el cuerpo de oficiales complementaron los nuevos esquemas de reclutamiento de los alistados. Una vez que entraron en vigor las reformas de 1905 al reglamento, solamente los graduados del Colegio Militar podían merecer grados regulares, limitación que garantizó la homogeneidad de los antecedentes educacionales de los miembros del futuro cuerpo de oficiales. Otra innovación fue la insistencia en que los oficiales asistiesen a escuelas de perfeccionamiento en el servicio, con el fin de optar a los ascensos. La creación de la Escuela Superior de Guerra en 1900 fue un paso fundamental en la elevación del nivel profesional. Hasta 1905 el ascenso al grado de mayor exigía que el candidato aprobase un examen especial rendido en esta escuela; una década después los oficiales debían seguir un curso de un año para aspirar al grado de capitán. Entretanto, la reducción de la edad de retiro obligatorio en cada grado, sancionada en 1905, y la obligación, incorporada en 1915, de que los oficiales que quedaban atrás en la lista de ascensos, superados por hombres más modernos, pasaran a retiro, eliminó de las filas del ejército activo a muchos oficiales veteranos. El Ejército de la década de 1920 todavía contaba con oficiales veteranos que habían conquistado grados y ascensos a causa de sus años de servicio, pero era evidente que ahora el futuro pertenecía a los graduados de las escuelas profesionales.[4]

Un aspecto significativo de la importancia que se atribuyó después de 1900 al profesionalismo fue la difusión de la influencia militar alemana en la forma de asesores, períodos de entrenamiento en ultramar y armamentos. Una serie de contratos firmados con las fábricas alemanas de municiones, a partir de la década de 1890, determinó que el Ejército argentino se abasteciese casi totalmente con armas y equipos fabricados en Alemania. Pero aún más importante por su influencia sobre el cuerpo de oficiales fue la decisión adoptada en 1899, de acuerdo con la cual se invitaba a oficiales alemanes a organizar la Academia de Guerra. Cuando esa institución abrió sus puertas en abril de 1900, el director y cuatro de sus diez profesores eran oficiales alemanes. Y durante los catorce años siguientes varios mayores y capitanes alemanes, que vestían uniformes argentinos y ostentaban grados argentinos honorarios de teniente coronel y mayor respectivamente, se turnaron en el cuerpo de instructores, dictando los cursos principales a centenares de oficiales argentinos de todas las graduaciones. Puede agregarse que varios oficiales alemanes también enseñaron en la Escuela de Tiro y sirvieron en el Instituto Geográfico Militar, ambos organizados de acuerdo con los modelos prusianos.[5]

La influencia de los conceptos militares alemanes en el cuerpo argentino de oficiales se acentuó aún más a causa de la práctica consistente en enviar oficiales seleccionados para seguir cursos suplementarios de entrenamiento en Alemania. Algunos pasaban un año en regimientos alemanes; otros asistían a escuelas militares avanzadas; y otros aún concurrían a observar las maniobras anuales. Desde 1905, año en que se inició dicha práctica, hasta 1914, en que fue suspendida a causa de la iniciación de la Primera Guerra Mundial, veintenas de oficiales argentinos pudieron observar de cerca el funcionamiento del sistema militar alemán. Lo que pudieron aprender se vio limitado en algunos casos por las dificultades idiomáticas y en otros por la suspicacia con que a menudo eran mirados por los regimientos alemanes. De todos modos, la experiencia fortaleció el sentido de profesionalismo en el Ejército argentino en general. Precisamente estos oficiales fueron designados más tarde como instructores de las escuelas militares argentinas y alcanzaron elevados cargos administrativos e importantes mandos de tropa en el Ejército argentino de la década de 1920.[6]

El más prestigioso de los oficiales entrenados en Alemania durante esa década fue el general de división José F. Uriburu. Muy admirado en la colonia alemana de Argentina por su defensa de la neutralidad en la Primera Guerra Mundial, fue considerado como candidato para el Ministerio de Guerra por el presidente electo Marcelo T. de Alvear en 1922, pero luego se lo desechó a causa de las posibles repercusiones en los países aliados. Sin embargo, a principios de 1923 se le asignó el cargo recientemente creado de inspector general, la más alta jerarquía militar. En su carácter de oficial de mayor jerarquía en servicio activo, fue el principal responsable del rechazo de los esfuerzos franceses para crear estrechos vínculos militares en la década de la posguerra, y de la utilización de varios oficiales alemanes expatriados, encabezados por el general Wilhelm Faupel, que fue su asesor personal de 1921 a 1926.[7]

La presencia de estos extranjeros no era mirada con buenos ojos por todos los oficiales argentinos; y después de 1926, cuando Uriburu abandonó el cargo de inspector general, cambió el clima en que desarrollaban su actividad los asesores alemanes. A fines de ese año el coronel Ramón Molina, destacado oficial del Estado Mayor General que por su parte había pasado dos años con las tropas alemanas antes de la guerra, y que durante mucho tiempo había sido el principal colaborador de Uriburu, rompió con su jefe y criticó a los asesores, afirmando que eran seudoexpertos. En un artículo publicado en la difundida Revista Militar, exhortó a sus colegas a no subordinar su juicio al criterio de los oficiales extranjeros simplemente porque estos últimos tenían experiencia bélica. «Y que en el Ejército sea una consigna», escribió, «¡confianza en nosotros mismos!».[8]

La posición de Molina era en parte resultado de la irritación personal, pero otros oficiales compartían su resentimiento ante la actividad del principal asesor alemán, el general Faupel. En 1926, cuando abandonó Argentina, el general Faupel aceptó un ofrecimiento para reorganizar el Ejército peruano; y aunque ningún compromiso lo obligaba, los oficiales argentinos vieron en esta vinculación con un ejército rival una forma de traición. El sucesor de Faupel, el general Johannes Kretzschmar, demostró mucho tacto y cíe ese modo consiguió preservar la presencia alemana a pesar de la reacción nacionalista; y los asesores, aunque en número un tanto reducido, continuaron prestando servicios.[9]

La década de 1920 presenció un constante crecimiento del Ejército argentino, y un aumento mucho mayor de sus gastos. La razón principal del crecimiento del nivel de fuerzas fue la expansión del número de soldados-ciudadanos incorporados anualmente. Las autoridades militares deseaban firmemente mantener la proporción de jóvenes de veinte años llamados a prestar servicios en relación con el crecimiento de la población total. En concordancia, el número de conscriptos pasó de 17.743 en 1920 a 22.373 cinco años después, y a 25.079 en 1930; es decir hubo un aumento de un cuarenta por ciento en el curso de la década. Aun así, el crecimiento no concordó con el aumento general de la población; y si en 1910 uno de cada tres jóvenes de veinte años había recibido entrenamiento, en 1930 sólo uno de cada cuatro fue llamado a vestir el uniforme.[10] El aumento del contingente de conscriptos en el curso de la década no marchó de la mano con un incremento comparable del cuerpo de oficiales, a pesar de los esfuerzos del Ministerio de Guerra para persuadir al Congreso a fin de que autorizara la creación de 600 nuevos cargos. Más aún, el número de oficiales militares incluidos en el presupuesto en realidad disminuyó en el curso de la década; pero como resultado de algunas medidas adoptadas al margen del presupuesto, el cuerpo de oficiales se elevaba a 1.789 individuos en 1930 comparado con 1.670 diez años antes.[11]

TABLA 1
GASTOS DE LOS MINISTERIOS DE GUERRA Y MARINA, 1916-30
(En millares de pesos)

Año | Ministerio de Guerra | Ministerio de Marina | Año | Ministerio de Guerra | Ministerio de Marina
1916 | 28.667 | 23.396 | 1924 | 58.596 | 45.116
1917 | 29.577 | 24.356 | 1925 | 65.203 | 54.058
1918 | 31.280 | 31.958 | 1926 | 66.124 | 47.837
1919 | 37.283 | 29.189 | 1927 | 80.153 | 48.117
1920 | 43.259 | 36.024 | 1928 | 71.669 | 47.591
1921 | 50.479 | 40.991 | 1929 | 77.893 | 48.423
1922 | 54.823 | 42.721 | 1930 | 80.136 | 51.856
1923 | 57.099 | 42.064 |  |  |
FUENTES: «Comparativo, por anexo, de gastos autorizados efectuados… 1910-1927», Diputados [4], 1928, V, 460, 461, 465; Ministerio de Hacienda, El ajuste [37], Tablas 11 y 12; Contaduría, Memoria… 1926 [13], Anexos F y G, Memoria… 1927 [14], Anexos F y G.

Aunque la fuerza total del Ejército aumentó aproximadamente en un 26 por ciento durante la década, los gastos militares durante el mismo período se elevaron mucho más rápidamente.[12] La Tabla 1 indica los desembolsos directos del Ministerio de Guerra en los rubros de personal y afines así como los del Ministerio de Marina durante el período 1916-30. Durante el primer gobierno de Yrigoyen (1916-22), los gastos del Ministerio de Guerra prácticamente se duplicaron, y pasaron de 28.667.000 pesos a 54.823.000 pesos. Durante los ocho años siguientes de gobiernos radicales, estos gastos aumentaron nuevamente en la mitad, y superaron los 80 millones de pesos en 1930.[13] Los más elevados niveles de fuerza indicados anteriormente explican en parte el constante aumento de gastos, pero los dos aumentos de sueldo que los partidarios de Yrigoyen aprobaron en 1920 y 1929 también fueron factores significativos. Sin embargo, el crecimiento de los gastos ministeriales directos en el Ejército y la Armada representa sólo una parte de los mayores costos militares en esta época de gobiernos radicales. En las cifras de la Tabla 1 no aparecen los rubros representados por las pensiones militares y las obras públicas, y los que corresponden a las leyes secretas de armamentos de 1923, cuya influencia cabal comenzó a sentirse únicamente después de 1926 (véase la Tabla 2).

TABLA 2
GASTOS EN EQUIPOS MILITARES Y MODERNIZACIÓN, 1925-30
(Leyes 11.222 y 11.266)

Año | Millares de pesos
1925 | 353
1926 | 18.391
1927 | 85.142
1928 | 42.025
1929 | 16.725
1930 | 27.927
FUENTES: «Comparativo, por anexo, de gastos autorizados efectuados… 1910-1927»; Diputados [4], V. 465; Contaduría, Memoria… 1926 [13], Anexos F, G y K; Contaduría, Memoria… 1927 [14], III, 178, 198; Ministerio de Hacienda, El ajuste [37], Tablas 11-13.

Con el fin de ofrecer un cuadro total de los gastos militares, tanto en cifras absolutas cuanto como por ciento, de los gastos totales del gobierno, la Tabla 3 reúne datos de los informes de la Contaduría General para cinco años diferentes. Como es fácil advertir, las cifras absolutas de los gastos aumentaron constantemente y en 1927 alcanzaron un máximo que casi triplicó los gastos de 1919. Sin embargo, el porcentaje de gastos gubernamentales totales representados por los gastos militares aumentó más lentamente, y fue inferior al 20 por ciento hasta 1926, alcanzando el 23,1 por ciento en 1927 —el nivel más elevado de la década. Después, de acuerdo con otros cálculos oficiosos, el porcentaje descendió al 21,5 en 1928, al 19,7 en 1929, y al 19,0 en 1930.[14] Por lo tanto, en general el costo de la organización militar argentina durante esta década fue de aproximadamente un quinto del presupuesto total en constante crecimiento del gobierno.

TABLA 3
GASTOS MILITARES Y GASTOS NACIONALES EN CIERTOS AÑOS, 1919-27
(En millares de pesos)

1919
1922
1925
1926
1927

Ministerio de Guerra
37.283
51.487
65.731
66.124
80.153

Ministerio de Marina
29.129
40.609
51.075
47.837
48.117

Pensiones militares *
13.609
14.906
18.617
18.648
18.813

Obras públicas de carácter militar
000.7
000,2
2.836
4.636
10.281

Armamentos
000,0
000,0
353,0
18.391,0
85.142,0

Gastos militares totales
80.022
107.002
111.612
155.636
242.507

Gobierno nacional
127.911
614.461
713.460
745.816
1.048.764

Proporción de los gastos militares
18,7
17,3
19,8
20,8
23,1

FUENTES: Contaduría, Memoria… 1919, 1929, 1925, 1926, 1927 [10-14], Anexos F, G, J, K y L, en cada volumen.

* Los gastos en concepto de jubilación incluidos aquí se atribuyen específicamente a los Ministerios de Guerra y Marina, en el Anexo J de cada Memoria. Se incluyen los gastos mencionados en el Anexo J bajo el título «Leyes Especiales». Este rubro no diferencia entre los pagos realizados a civiles y los destinados a beneficiarios militares.

El profesionalismo cada vez más acentuado, aun acompañado del crecimiento físico y de la ampliación de las asignaciones del presupuesto, no siempre implicó mayor unidad y satisfacción, ni la elevación de la moral del cuerpo de oficiales. Por el contrario, en la década de 1920 se manifestaron diferentes tensiones entre grupos rivales de oficiales, y entre sectores de las Fuerzas Armadas y las autoridades gobernantes. Estas tensiones se relacionaron de un modo o de otro con el ascenso de Hipólito Yrigoyen y la Unión Cívica Radical al poder político. El proceso de profesionalización había coincidido con los esfuerzos del Partido Radical (y hasta cierto punto era una respuesta a los mismos) para obtener el acceso al poder de su creciente número de partidarios de la clase media. Desde su fundación en 1891, el fraude electoral había impedido que el partido realizase legalmente sus objetivos; y bajo la dirección de Yrigoyen había reclamado la reforma electoral, al mismo tiempo que iniciaba una serie de conspiraciones y revueltas. Éstas culminaron en la fracasada revolución de febrero de 1905, en la que muchos oficiales intervinieron aun a riesgo de su carrera profesional.[15] En parte como reacción ante esas actividades, el reglamento militar reformado que se sancionó en fecha posterior de ese mismo año refirmó las normas vigentes que prohibían que los oficiales que tenían mando de tropa o misiones encomendadas por el Ministerio de Guerra participasen directamente o indirectamente en política, aun en el ejercicio de sus derechos políticos, y previno que «los oficiales que no cumplan con las prescripciones… serán castigados por desobediencia».[16]

Dichas normas no impidieron que algunos oficiales se incorporasen a la causa radical, y afírmase que aun el general Ricchieri, que en su carácter de ministro de Guerra en 1901 había sancionado la prohibición original de que los comandantes de tropa desarrollasen actividades políticas, en 1909, cuando era comandante de campo, ofreció su apoyo a la lucha de Yrigoyen por la reforma electoral. Continuaron las actividades conspirativas que implicaban a civiles y militares, pero no hubo nuevos alzamientos. Las garantías de la reforma electoral ofrecidas a los radicales de 1910 por Roque Sáenz Peña, el nuevo presidente conservador, iniciaron en cambio un proceso pacífico de transformación que culminó en 1916 con la elección de Yrigoyen a la presidencia.[17]

La serenidad con que los militares aceptaron la revolución pacífica inherente a la asunción del poder nacional por los radicales se vio perturbada por las medidas del nuevo gobierno. Aparentemente, los militares no oponían mayores objeciones a la política internacional de Yrigoyen, y especialmente a su decisión de no interrumpir las relaciones con Alemania en la Primera Guerra Mundial. Pero en el plano nacional el elevado número de intervenciones a las provincias tuvo definida repercusión. Yrigoyen justificó las intervenciones como medio de asegurar la honestidad de las elecciones del gobierno provincial y para poner término a la corrupción política —una forma de expiación de los antiguos pecados a la que denominó reparación política.[18] Pero estas intervenciones utilizaron frecuentemente al Ejército para mantener el orden, y los críticos señalaron que el empleo de las unidades militares en tareas policiales perjudicaba gravemente el entrenamiento de los conscriptos.[19] Más aún, el uso de las fuerzas militares para facilitar a los dirigentes provinciales del Partido Radical la ocupación de los gobiernos de las provincias en desmedro de los grupos políticos rivales seguramente representó un factor de perturbación para los oficiales que concebían su propia misión en términos profesionales.

Al aplicar el concepto de reparación al propio Ejército, Yrigoyen también suscitó el resentimiento de los oficiales de orientación profesional, para quienes los reglamentos militares eran sacrosantos, o por lo menos no debían ser ignorados a capricho de la autoridad civil. Por su parte, como era natural que ocurriera, el Presidente quiso recompensar a los hombres cuya carrera militar se había visto perjudicada a causa del compromiso con la «causa». Yrigoyen designó a un civil como ministro de Guerra —hecho que en sí mismo interrumpía la práctica usual, consistente en designar a un oficial de elevada graduación—, ignoró a los oficiales que estaban en condiciones de ser ascendidos para favorecer a ex revolucionarios, y además sancionó decretos que modificaban las listas de grados, ascendían a oficiales retirados y concedían pensiones al margen de las normas de la ley y los reglamentos vigentes.[20] El disgusto de muchos oficiales se acentuó a causa de un proyecto legislativo de 1921, cuya sanción fue solicitada premiosamente por el presidente Yrigoyen, en el cual se declaraba que la participación en los movimientos radicales de 1890, 1893 y 1905 constituía un servicio a la nación. El proyecto proponía la reincorporación a la lista de retiros y el otorgamiento de los correspondientes beneficios a los ex oficiales que habían sido eliminados del servicio militar, así como ascensos de un grado para los que ahora se encontraban en la lista de retiros, y que habían sido omitidos a causa de su participación en las revueltas. Aunque en definitiva los beneficiarios del proyecto, después de su aprobación con algunas reformas en 1923, formaron un grupo relativamente reducido, este intento de recompensar a los individuos que, de acuerdo con las palabras del propio autor del proyecto, ponían las obligaciones cívicas por encima del deber militar, representaba un ataque a la conciencia de los que habían permanecido fieles a dicho deber. Al sostener que había «deberes primordiales para con la patria y la Constitución muy superiores a todos los reglamentos militares»[21], los partidarios de Yrigoyen involuntariamente ofrecían una justificación de los futuros alzamientos militares, de los cuales ellos serían las primeras víctimas. El sesgo trágico del problema consistía en que con sus intentos de reparar las injusticias del pasado, Yrigoyen estaba contribuyendo a socavar la tradición no muy vigorosa de prescindencia militar respecto de la actividad política, y a debilitar el sentido de unidad del cuerpo de oficiales.

Más aún, en la década de 1920, a medida que la diferencia entre los oficiales cristalizó y que se acentuó el faccionalismo, dicha unidad prácticamente desapareció. Prueba de esta afirmación fue la creación en 1921 de una sociedad secreta de oficiales descontentos ante el modo en que el gobierno trataba los problemas militares. Esta sociedad se originó en una fusión de dos grupos de oficiales, uno de ellos formado por capitanes pertenecientes sobre todo al arma de caballería, y el otro por coroneles y jefes de distintas ramas. La sociedad adoptó el nombre de Logia General San Martín, y con el tiempo llegó a contar con unos trescientos oficiales, más o menos un quinto del cuerpo total de oficiales.[22]

Un estudio reciente de la Logia atribuye su formación a cinco factores fundamentales: la tolerancia demostrada por el Ministerio de Guerra ante los oficiales que tenían vocación política y que utilizaban sus cargos para mejorar sus posibilidades de ocupar puestos públicos, o para promover el apoyo a Yrigoyen; el favoritismo y la arbitrariedad en los ascensos; los defectos que se manifestaban en el entrenamiento de los conscriptos; la pasividad del gobierno ante los requerimientos del Ejército, que necesitaba armas y equipos adecuados; y el deterioro general de la disciplina en el Ejército, que se reflejaba tanto en los soldados y los suboficiales como en los oficiales.[23]

A estas inquietudes esencialmente profesionales que determinaron la creación de la Logia debe agregarse la aprensión con que algunos oficiales miraban la difusión de las actividades izquierdistas en Argentina. Todavía estaba fresca en el recuerdo la imagen de los días de enero de 1919, la llamada «semana trágica» de desórdenes en Buenos Aires, cuando un conflicto obrero de importancia secundaria originó sangrientos choques con las autoridades, la violencia de las turbas y lo que algunos consideraron un intento abortado de revolución social. El descubrimiento ulterior de que los soldados y los suboficiales por lo menos de dos guarniciones habían estado formando «soviets» influyó directamente sobre varios de los oficiales que dos años después tomaron la iniciativa de constituir la Logia General San Martín. Por consiguiente, los miembros de la Logia vieron en la organización no sólo un instrumento para corregir defectos profesionales, sino también un medio de presionar al gobierno, con el fin de que se mostrase menos tolerante hacia la izquierda política.[24]

A diferencia de las sociedades militares secretas de épocas anteriores de la Historia argentina, la Logia General San Martín no partió de un programa político y no se interesó en las medidas generales del gobierno de Yrigoyen. (En realidad, algunos de sus miembros experimentaban profunda simpatía hacia dichas medidas). Su objetivo principal era más bien eliminar del Ejército toda la actividad política partidista, que a juicio de los fundadores de la organización representaba la principal amenaza a la disciplina, y por consiguiente la causa básica de la mayoría de los males del Ejército. Infortunadamente, en su esfuerzo por eliminar la política partidaria, los miembros de la Logia se hallaron incursos en actividades políticas de otra clase.[25]

Después de convenir en la necesidad de acción, el primer paso importante fue conquistar el control de la comisión directiva del Círculo Militar, el club social al que pertenecía la mayoría de los oficiales. Desde esta organización procuraron ejercer presión sobre el Ministerio de Guerra de Yrigoyen, para librar batalla a los oficiales políticos; y cuando este método fracasó, en 1922 procuraron influir sobre la elección del ministro de Guerra del presidente electo Alvear. Los miembros de la Logia deseaban impedir la designación de otro civil para ese puesto fundamental de control de la organización militar, pero estaban igualmente decididos a evitar la elección del general Luis Dellepiane, oficial que mantenía estrechas relaciones con Yrigoyen. El candidato de la Logia era el coronel Agustín Justo, que durante los últimos siete años había sido director del Colegio Militar.[26]

El coronel Justo no era miembro de la Logia General San Martín, y aparentemente ni siquiera tuvo conocimiento de los esfuerzos desarrollados para lograr su nombramiento. Su reputación profesional entre sus compañeros de armas era extremadamente elevada, sobre todo gracias a su labor en el mejoramiento del nivel del Colegio Militar. Diplomado universitario, además de oficial del Ejército, Justo gozaba de elevada consideración en los círculos civiles aristocráticos. Hasta cierto punto se explica esta estima por sus antecedentes familiares. El padre de Justo, de profesión abogado, había sido gobernador de Corrientes y amigo del estadista liberal y dirigente político Bartolomé Mitre. El suegro de Justo, general del ejército, había sido propietario de amplias extensiones de tierra, así como gobernador de Río Negro. El propio Justo era miembro del club masculino más exclusivo de Buenos Aires, el Círculo de Armas, cuyos miembros conocían su repudio a Yrigoyen. Sin duda, aplaudieron cálidamente la ocasión en que el coronel Justo desafió de modo explícito al Presidente, cuando en 1921 se cumplió el centenario del nacimiento de Mitre. Sin autorización de Yrigoyen, que hubiera preferido pasar en silencio el aniversario de quien había sido un rival político, el coronel Justo ordenó a sus cadetes del Colegio Militar que se reuniesen frente al Museo Mitre, en el centro de Buenos Aires, donde rindió encendido tributo a este soldado, estadista, periodista, historiador y héroe del liberalismo argentino.[27]

Los esfuerzos de la Logia General San Martín en pro de la designación de Justo como ministro de Guerra alcanzaron éxito cuando el presidente electo Alvear le ofreció el cargo, poco después de regresar a Argentina desde Europa. Los antecedentes del ofrecimiento arrojan luz sobre las diferentes fuerzas que confluyeron para determinar la designación. Alvear no mantenía relaciones personales con Justo, y aparentemente había considerado con seriedad la posibilidad de designar a su viejo amigo del 90 (la Revolución de 1890), el general José Uriburu. La presión de los amigos franceses de Alvear lo indujo a eliminar la candidatura de Uriburu, notoriamente favorable a los alemanes. Al mismo tiempo, dos oficiales asignados a la Embajada argentina en París, ambos miembros de la Logia, sugirieron al presidente electo el nombre de Justo. Por intermedio de su íntimo amigo, Tomás Le Bretón, quien conoció a Justo en el Círculo de Armas, Alvear arregló una entrevista con aquel a su regreso de Europa, y después de una reunión personal le ofreció el cargo, que fue aceptado.[28]

La designación de Agustín Justo como ministro de Guerra de Alvear en 1922 fue una victoria de la Logia, pero también de la persistencia del faccionalismo. La distancia que separaba a los oficiales que habían adoptado una actitud crítica frente a las medidas militares de Yrigoyen, de los que se habían beneficiado de ellas, se amplió aún más, y la diferencia fundamental consistía en que los antiguos críticos ocupaban ahora las principales posiciones de poder. Los miembros de la Logia obtuvieron muchos cargos fundamentales, entre ellos el de jefe del secretariado del Ministerio de Guerra, el de jefe de la Casa Militar del Presidente y el de director del Colegio Militar y de la Escuela Superior de Guerra. Más aún, se retiró, antes de que fuese posible aprobarla, la lista de ascensos de los oficiales superiores, que el gobierno anterior había presentado en las últimas semanas al Senado, y se preparó otra nueva.[29]

Los miembros de la Logia desencadenaron una lucha implacable contra los oficiales que a su juicio estaban comprometidos en la actividad política. No sólo obtuvieron la sanción de un decreto oficial que exigía la vigencia de la prohibición reglamentaria de dicha actividad, sino que condenaron al ostracismo a los oficiales que continuaban violando dicha norma. Los dirigentes de la Logia redactaron lo que ellos mismos denominaron una lista negra de dichos oficiales, y exigieron a sus miembros que se abstuviesen de todo contacto personal con los que estaban incluidos en dicha lista, excepto en la medida requerida por los actos de servicio.[30] La existencia de la Logia como organización formal concluyó a principios de 1926. Una mayoría de su comisión directiva había llegado a la conclusión de que su misión estaba cumplida; y para impedir que se la utilizase con fines personales se adoptó la iniciativa de disolverla, paso apoyado por la mayoría de los miembros. De todos modos, los procedimientos utilizados por la Logia en sus cinco años de existencia no habían eliminado las facciones en el cuerpo de oficiales. Entre algunos de los antiguos «logistas» se creó un vínculo especial, que habría de manifestarse en la política futura; y por su parte, los que habían sufrido las consecuencias de la acción de la Logia concibieron la decisión de vengarse de los miembros de dicha entidad.[31]

Al margen de las disensiones en el cuerpo de oficiales, durante el gobierno de Alvear el Ejército realizó notables progresos, mediante la creación de nuevas unidades (especialmente de aviación), la organización de las primeras maniobras en gran escala en más de una década, y las medidas adoptadas para modernizar el equipo militar.[32] Los dirigentes militares argentinos habían experimentado urgentemente la necesidad de dicha modernización desde fines de la Primera Guerra Mundial. La transformación del material de guerra determinada por ese conflicto los había convencido de que a menos que Argentina sustituyese sus equipos anticuados, nada podría hacer frente a un posible enemigo.[33] Sin embargo, el presidente Yrigoyen había demostrado escaso interés en asignar fondos para esos fines. Afírmase que, ante los urgentes pedidos formulados por el jefe de su Estado Mayor General, replicó lo siguiente: «No se aflija, coronel, soy muy amigo de mis colegas de los países vecinos, y mientras viva no habrá peligro de conflictos con ellos».[34]

Para los oficiales profesionales, y especialmente para los que tenían experiencia de actividad en el Estado Mayor General, dicha actitud era por lo menos inquietante. Educados para considerar a los países vecinos, y especialmente a Brasil y Chile, como posibles enemigos —Argentina había librado una guerra con Brasil a principios del siglo XIX, y había estado cerca de un conflicto con Chile a fines del mismo siglo— no creían en la inevitabilidad de la paz. A pesar del carácter pacífico de las relaciones internacionales de América del Sur en el curso del último medio siglo, preferían depender de la existencia de fuerzas militares bien equipadas más que de las transitorias relaciones personales entre los presidentes, o del naciente sistema interamericano, para garantizar los intereses argentinos. Además, los hechos pronto habrían de confirmar la validez de esta posición, pues en el Chaco, en el año 1932, y en el Alto Amazonas, en 1933, otros estados sudamericanos fueron a la guerra para resolver sus diferencias.[35]

Dada la actitud del presidente Yrigoyen hacia la adquisición de armamentos, no es de extrañar que los oficiales del Ejército acogiesen con agrado el ascenso de Alvear a la presidencia, pues creaba una nueva oportunidad para conquistar el apoyo del gobierno a un programa de modernización militar. Agustín Justo, ministro de Guerra de Alvear, tomó la iniciativa de la formulación de un proyecto de armamentos del gobierno y obtuvo la aprobación del Congreso, que asignó la suma entonces enorme de 100 millones de pesos oro, o 78 millones de dólares a la tasa de cambio del momento (ley 11.266 de 1923). En el curso del debate legislativo, el ministro de Guerra demostró su talento para la maniobra política. Aunque el debate se mantuvo en secreto, un informe confidencial escrito por un miembro de la Logia General San Martín describe las actividades del ministro, y al mismo tiempo revela el desprecio del autor por los hombres que formaban el Congreso:

El ministro se vinculó con la mayoría de los legisladores para poder tener una idea más o menos concreta sobre la personalidad de cada uno de ellos. Este estudio previo le fue sumamente provechoso y, como es de imaginar, exigió tiempo y condiciones especiales.

La mayoría de los legisladores es una masa amorfa que posee ideas simplistas respecto a los problemas de fondo que interesan a la Nación; son infatuados y, en general, ignorantes; no conocen el país ni sus necesidades, y lo que es más grave, no les interesan tampoco. Son vanidosos, y este es el lado flaco que el ministro ha sabido explotar maravillosamente, haciéndoles comprender, a cada uno individualmente, que su prestigio era tal que sería decisivo en una votación. Halagando las pequeñas vanidades obtuvo la promesa de una gran cantidad de votos. Para cada uno empleó el recurso adecuado.[36]

El informe observa que Justo utilizó la táctica de la sorpresa para conseguir que el proyecto fuese tratado por el Senado en sesión secreta, y que su actuación fue tan persuasiva que el proyecto fue aprobado por todos los miembros, excepto el único senador socialista. En la Cámara de Diputados el ministro de Relaciones Exteriores soportó el peso del debate, pero aun aquí justo fue quien convenció a los diputados conservadores y obtuvo su apoyo. El informe concluye con acentos de autoelogio: «Finalmente, hay que dejar constancia de que pocas veces en los anales de nuestro Congreso se ha despachado más prontamente un proyecto de ley para gastar una suma tan crecida de dinero. Todo esto se obtuvo sin claudicación alguna, a menos que quiera dársele este nombre a la concesión hecha a algunos diputados con respecto a días de licencia de conscriptos o pase de algún oficial».[37]

La actuación del general Justo como ministro de Guerra lo llevó al primer plano de la atención pública como hombre capaz de obtener resultados. Bajo su dirección el Ejército se desarrolló y estuvo mejor entrenado y alojado que nunca. Se inició un amplio programa de modernización de sus equipos; y se echaron los cimientos de una industria nacional de producción de armas. En 1927 la eficaz organización de las grandes maniobras en Mendoza también acrecentó el prestigio del ministro de Guerra.[38] Pero, como ya se ha observado, en el seno del Ejército Justo no logró eliminar las rivalidades entre los ex logistas y sus opositores. Más aún, sus relaciones con estos últimos continuaron siendo frías; y en el caso del general Luis Dellepiane aun desembocaron en un duelo cruento.[39] A medida que se acercaban las elecciones de 1928, a los ojos del público el ministro de Guerra se identificaba con las maniobras políticas encaminadas a impedir el regreso de los radicales yrigoyenistas al poder.[40] ¿Puede afirmarse que en ese momento el general Justo aspiraba también a la presidencia? Así lo sostiene el historiador radical Gabriel del Mazo. Afirma este autor que las fuerzas político-sociales reaccionarias habían venido creciendo desde el 12 de octubre de 1922, que la Logia era un instrumento fundamental de dichas fuerzas, y que Justo —a quien denomina director de la organización— «desde el primer momento se propuso ser el sucesor del doctor Alvear, acompañado constantemente en ese propósito por el subsecretario del ministro, el coronel y luego general Rodríguez».[41] Como no es posible examinar los papeles personales de Justo, no cabe formular un juicio definitivo; pero de acuerdo con la opinión de su hijo, que en general tenía una actitud crítica con respecto a las posiciones políticas del padre, el Ministerio de Guerra representaba la culminación de las aspiraciones de Justo; no ambicionaba la presidencia.[42]

Pero es indudable que el general Justo se oponía al regreso de Yrigoyen. Como miembro del gabinete de Alvear apoyó activamente la propuesta del ministro del Interior, Vicente Gallo, formulada en marzo de 1925, en el sentido de intervenir la provincia de Buenos Aires. Esta era el bastión del poder político de Yrigoyen, y la pérdida del control de dicha provincia en beneficio de los antiyrigoyenistas podía ejercer considerable influencia sobre la elección presidencial. La negativa del presidente Alvear a utilizar el poder de la intervención con ese fin frustró el plan. Sin embargo, a medida que la reelección de Yrigoyen se convertía cada vez más en certidumbre, un pedido de último momento de los candidatos de la coalición antiyrigoyenista para que Alvear interviniese en esa provincia clave fue discutido en una reunión del gabinete celebrada en febrero de 1928. Nadie apoyó la idea, ni siquiera el general Justo, quien afirmó que ya era demasiado tarde para tomar medidas. A pesar de sus simpatías políticas, el gobierno de Alvear adoptó una posición de neutralidad frente a la elección del 19 de abril.[43]

De todos modos, antes de esta fecha y durante meses había circulado el rumor de que en caso de una victoria de Yrigoyen el general Justo realizaría un golpe militar. Este rumor se originó en los esfuerzos de algunos elementos civiles para convencer a Justo de la necesidad de convertirse en «salvador del país». El poeta nacionalista Leopoldo Lugones, que algunos años antes, en presencia de Justo, había proclamado el benéfico advenimiento de «la hora de la espada», se destacó entre quienes intentaron infructuosamente conseguir que el ministro de Guerra encabezase un golpe. No es posible determinar si Justo consideró seriamente el proyecto. De acuerdo con su hijo, dicha iniciativa no cuadraba con su carácter ni con su enfoque legalista.[44] El rumor del golpe cobró mayor fuerza a medida que se aproximaba la elección, pero los sectores moderados del público, al margen de sus temores acerca de Yrigoyen, se oponían vigorosamente a una actitud de ese tipo. Así, el embajador norteamericano comentaba:

Observo que los argentinos serenos, que se enorgullecen de que su país haya vivido tanto tiempo sin revoluciones, se oponen resueltamente a la idea de cualquier acción de este tipo. Estas personas aprecian el lamentable efecto que suscitará en el exterior en detrimento del buen nombre de Argentina, y comprenden que retrasaría su desarrollo y tendería a suscitar cierta falta de confianza en los posibles inversores extranjeros… De todos modos, prefieren el retorno de Yrigoyen, con las posibles desventajas y contrastes que su gobierno implique quizá, como mal menor comparado con un golpe de Estado, y con los acontecimientos más graves que este último puede acarrear.[45]

Finalmente, el propio general Justo se hizo eco públicamente del rumor, y en una carta a un amigo publicada en la primera página de La Nación, negó categóricamente que jamás hubiese utilizado al Ejército como instrumento político, o que tuviese planes en ese sentido. Destacó su preocupación acerca de las infortunadas consecuencias de un retorno del yrigoyenismo, pero de todos modos insistió en que dichos males «nunca tendrían la importancia de los que emergían de la intromisión del Ejército en la vida política del país, intromisión que nos haría retrogradar más en el perfeccionamiento de nuestra democracia que cualquier mal gobierno». Después de señalar sus propias obligaciones como soldado, Justo afirmaba que no traicionaría su juramento de apoyo a la Constitución, y que no se proponía «hacer valer la fuerza o la influencia de su puesto a fin de torcer la voluntad nacional manifestada en comicios libres…». Por otra parte, escribía, se proponía «estar hoy y siempre con aquellos que busquen por los caminos legales el evitar a la nación un gobierno que, a su juicio, carezca de la altura moral que el país necesita y de las cualidades que nuestro pueblo merece».[46] La carta de Justo no causó impresión muy profunda en Argentina.[47] Debían celebrarse las elecciones el 1.º de abril, y en ellas Yrigoyen conquistó la mayor victoria en la historia del país. Sin embargo, dos años después la adhesión del ex ministro de Guerra y de muchos otros oficiales a los principios formulados en esa carta debió soportar otra prueba, y según se comprobó, la definitiva. Antes de examinar el segundo gobierno de Yrigoyen y sus relaciones con los militares conviene detenerse un momento para definir la relación del Ejército y especialmente de sus jefes, con la sociedad argentina. ¿Quiénes eran los hombres que formaban el cuerpo de oficiales? ¿Qué opiniones sostenían acerca de los problemas fundamentales de orientación económica y de transformación social que dicha sociedad afrontaba? Por otra parte, ¿qué opinaban acerca de los militares ciertos grupos civiles importantes, y especialmente los partidos políticos? Los estudios acerca de los orígenes sociales del cuerpo de oficiales se encuentran todavía en su infancia, y los que fueron publicados se relacionan con períodos posteriores. El examen de los registros de ingreso en el Colegio Militar y de las fojas de servicio en general, aportará algún día los datos que permitirán un análisis más fidedigno que el que podemos realizar ahora. De todos modos, hay pruebas sobradas en el sentido de que el liderazgo militar de la década de 1920 ya estaba reflejando los cambios que habían sobrevenido en la sociedad argentina como resultado de la inmigración masiva que comenzara medio siglo antes.

TABLA 4
OFICIALES PROMOVIDOS A GENERALES DE BRIGADA BAJO EL GOBIERNO DEL PARTIDO RADICAL, 1917-28 *

Año de aprobación | Nombre | Fecha y lugar de nacimiento | Nacionalidad del padre
1917 | Gerardo Aranzadi | 1865 | Entre Ríos | Español
1917 | Andrés E. Rodríguez | 1865 | Buenos Aires | Portugués
1917 | Isaac de Oliveira César | 1866 | Chivilcoy, B. A. | Uruguayo
1918 | Carlos M. Fernández | 1868 | Corrientes | Argentino
1918 | Eduardo Broquen | 1866 | Buenos Aires | Alemán (sajón)
1918 | Ricardo E. Solá | 1866 | Tucumán | Argentino
1919 | Carlos J. Martínez | 1871 | Buenos Aires | Argentino
1919 | Enrique Jaureguiberry | 1867 | Entre Ríos | Francés
1919 | Nicolás A. de Vcdia | 1866 | Buenos Aires | Argentino
1920 | Martín Rodríguez | 1869 | Buenos Aires | Argentino
1920 | Ladislao M. Fernández | 1870 | Corrientes | Sin datos
1923 | José E. Rodríguez | 1869 | Corrientes | Argentino
1923 | José E. Belloni | 1872 | Corrientes | Italiano
1923 | José L. Maglione | 1872 | Entre Ríos | Argentino
1923 | Severo Toranzo | 1874 | Córdoba | Argentino
1923 | Alberto Noailles | 1873 | Entre Ríos | Argentino
1923 | Pascual Quirós | 1872 | Santa Fe | Argentino
1923 | Agustín Justo | 1876 | Entre Ríos | Argentino
1923 | Elias Alvarez | 1877 | Buenos Aires | Argentino
1923 | Isidro Arroyo | 1867 | Buenos Aires | Argentino
1923 | Francisco Medina | 1870 | Buenos Aires | Uruguayo
1924 | Juan E. Vacarezza | 1872 | Buenos Aires | Italiano
1924 | Nicasio Adalid | 1873 | Chaco | Argentino
1924 | José P. Marcilese | 1871 | B. A. provincia | Francés
1925 | Gil Juárez | 1869 | Entre Ríos | Argentino
1925 | Aníbal Vernengo | 1874 | Corrientes | Italiano
1925 | Alfredo Córdoba | 1872 | Mendoza | Argentino
1926 | Alonso Baldrich | 1870 | B. A. provincia | Español
1926 | Enrique Mosconi | 1877 | Buenos Aires | Italiano
1927 | Tomás Martínez | 1875 | Córdoba | Argentino
1927 | Manuel J. Costa | 1874 | Buenos Aires | Español
1927 | Luis Bruce | 1874 | San Luis | Argentino
1928 | Emilio Sartori | 1876 | Buenos Aires | Argentino
1928 | Basilio B. Pertiné | 1879 | Buenos Aires | Italiano
1928 | Francisco Vélez | 1874 | Salta | Argentino
FUENTES: Nombres extraídos de los acuerdos informados en Senadores [5], 1917-28; datos personales obtenidos en la Secretaría de Guerra, Dirección de Estudios Históricos, gracias a la amabilidad del director, coronel (R) Augusto G. Rodríguez.
* El Senado argentino no aprobó ascensos en 1921-22 o 1920-30.

Un indicio en este sentido es el número de argentinos de primera generación que estaban alcanzando las jerarquías más elevadas durante la era de dominio radical. Esto último no implica afirmar que los hombres de ese origen no hubiesen representado ningún papel anteriormente. Hacia 1914, por lo menos cuatro de los veintiún generales en servicio activo en ese momento descendían de inmigrantes.[48] Pero precisamente en la década de 1920 los hijos de inmigrantes, especialmente de italianos y españoles, pero también de franceses, hicieron sentir su presencia al lado de los descendientes de familias tradicionales. Puede comprobárselo en la Tabla 4, que incluye a todos los oficiales promovidos al grado de generales de brigada a partir de 1917, año en que la primera lista de ascensos del presidente Yrigoyen obtuvo la aprobación del Senado, hasta 1928, el último año anterior a la revolución de 1930 en que se concedieron dichos ascensos. Catorce de los 35 oficiales promovidos al grado de general de brigada en ese período —es decir, el 40 por ciento del total— eran argentinos de primera generación. Vale la pena observar que estos catorce hombres nacieron todos entre 1865 y 1879, período en que el país todavía estaba envuelto en perturbaciones internacionales o internas, cuando los indios aún controlaban al sector meridional del país y antes de los grandes movimientos inmigratorios que comenzaron en la década de 1880. Este último aflujo habría de incorporar al Ejército un número todavía más elevado de jóvenes, deseosos de realizar carreras que les confiriesen una identidad definida como argentinos y los elevasen socialmente.

El carácter de crisol del cuerpo de oficiales a fines de la década de 1920 se manifiesta también en la identidad de los oficiales elegidos para formar la comisión directiva del Círculo Militar, el club social que incluía entre sus afiliados a la gran mayoría de oficiales activos y retirados. En el mes de junio de cada año los miembros renovaban parte de la comisión directiva, generalmente eligiendo a los candidatos de listas rivales. En el período 1927-29 los tres puestos principales (presidente, vicepresidente primero y vicepresidente segundo) cambiaron de titular dos veces, y en los seis casos los individuos elegidos eran hijos de inmigrantes italianos. En este mismo período otras nacionalidades representadas en la comisión incluyeron a un eslavo, un australiano y un judío. La presencia del judío, el capitán Bernardo Weinstein, demuestra una actitud liberal hacia los no católicos, que habría de desaparecer del Ejército en los años siguientes.[49]

Aunque, como puede verse, el cuerpo de oficiales representaba muchos antecedentes distintos, parece que la tendencia favorecía a los argentinos de primera generación. Más aún, como los oficiales de menor graduación eran hijos de padres que habían llegado al país con los grandes movimientos migratorios posteriores a 1880, puede presumirse que provenían de estratos sociales más bajos que los generales mencionados anteriormente, cuyos padres emigraron en un período anterior. Esto no implica afirmar que dichos oficiales más jóvenes venían de la clase trabajadora, y más bien sugiere que habían nacido en los sectores inferiores de la clase media. A veces, el hijo de un trabajador conseguía hacer carrera en el cuerpo de oficiales, pero en el único caso que hemos podido identificar, cabe señalar la presencia de circunstancias especiales.[50]

Aunque los problemas profesionales sin duda absorbieron la atención de la mayoría de los oficiales del Ejército, los miembros más importantes también estaban considerando las cuestiones más generales de la política pública. En la esfera económica, estas cuestiones se relacionaban con las posibilidades de desarrollo industrial y la modificación de las relaciones económicas tradicionales. Las deficiencias del abastecimiento en los años de guerra habían determinado una importante expansión de la industria doméstica y la consolidación de un sentimiento favorable al proteccionismo gubernamental. El crecimiento del sector industrial, limitado principalmente a las industrias livianas, perdió impulso a principios de la década de 1920, pero se acentuó significativamente entre 1925 y 1930. Al mismo tiempo, durante los últimos años de la guerra fue visible el desplazamiento de habitantes del campo a la ciudad, y los inmigrantes de posguerra tendieron a agruparse en las ciudades.[51]

Estos primeros pasos hacia la urbanización y la industrialización, que anticiparon los movimientos mucho más significativos de la década de 1930 a 1940, suscitaron distintas reacciones en los militares. Algunos oficiales, cuyo símbolo y vocero fue el general Enrique Mosconi, no sólo saludaron con alegría la tendencia hacia la industrialización sino que se identificaron con un incipiente nacionalismo económico que procuró desarrollar los recursos petrolíferos de Argentina bajo el control estatal. En su carácter de primer director (1922-30) de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), el joven organismo petrolero del Estado, Mosconi se esforzó por demostrar que los argentinos eran capaces de explotar estos recursos sin la participación de concesionarios extranjeros.[52]

Sin embargo, para muchos otros oficiales era ilusoria la idea de una economía argentina completamente distinta de la que existía, con su base agraria y su subordinación al comercio exterior. Este concepto tradicionalista fue expresado vigorosamente en una conferencia en la Escuela Superior de Guerra, pronunciada —por irónico que parezca— precisamente en vísperas de la crisis mundial. El teniente coronel Juan Pierrestegui, profesor de geografía militar, relacionó la prosperidad y el prestigio de Argentina con su papel como exportador de productos agrícolas. «Si el país perdiese terreno como exportador», afirmó, «perdería también el valor como entidad internacional, repercutiendo en el prestigio y crédito exterior».[53] Pierrestegui, convencido de que el destino de Argentina residía exclusivamente en la agricultura y el pastoreo, deploró la tendencia hacia la urbanización:

Si la proporción de población rural disminuye, y si de la inmigración que llega una buena parte se queda en la ciudad, el país tiene que soportar el doble perjuicio de tener menor producción y mayor consumo, en razón de que cada hombre de ciudad es un brazo menos y una boca más. Un aumento de la población en estas condiciones le es desfavorable, pues tiende a disminuir la capacidad de país exportador… que es su verdadera fuerza en la paz y por la paz y muy especialmente en la guerra.[54]

El comienzo de la crisis mundial, desencadenada por la caída de la Bolsa de Valores en Estados Unidos, tres semanas después del día en que Pierrestegui pronunció su conferencia, habría de obligar a muchos argentinos, uniformados o no, a reexaminar sus hipótesis acerca del futuro de la economía nacional.

En la década de 1920 los oficiales del Ejército argentino estaban definiendo actitudes frente a las cuestiones sociales y económicas. Las primeras dos décadas del siglo habían presenciado el desarrollo de un movimiento obrero dividido internamente en grupos dirigidos por anarquistas, socialistas y sindicalistas. Durante esos años numerosos actos de violencia habían caracterizado las relaciones entre obreros, patrones y autoridades, dejando una herencia de hostilidad y aprensión en todos los sectores. La participación de los oficiales militares en diferentes episodios de represión de las perturbaciones obreras determinó que ellos y la policía fuesen objeto del odio de los dirigentes obreros.[55] A su vez, el extremismo anarquista verbal y práctico promovió en los militares una actitud de rechazo e incomprensión que a veces se extendió a todo el movimiento obrero. El ascenso de los bolcheviques al poder en Rusia, que se reflejó en Argentina en la formación de un partido socialista cismático más tarde denominado Partido Comunista Argentino, fue otro factor que plasmó las actitudes de los militares hacia los movimientos sociales.

Tampoco aquí la reacción de los oficiales fue uniforme. Desde luego, se condenó el uso de la violencia revolucionaria, pero a veces se expresó simpatía hacia las aspiraciones de los obreros en sectores totalmente inesperados. Así, por ejemplo, el director del Colegio Militar afirmó en su discurso a los cadetes egresados en 1920: «La sociedad se está transformando en su contextura; una noble aspiración de más igualdad, de mejor distribución de los bienes materiales, empuja y guía a las masas ansiosas de gozar bajo el sol de una parte de los frutos obtenidos por el esfuerzo de sus brazos. Pero dicha transformación no es bien mirada por todos, ni se realiza en todas partes como es debido». En una actitud crítica tanto frente a los conservadores como a los revolucionarios, el director, que no era otro que Agustín Justo, adoptó una posición moderada ante la transformación social: «Esta transformación a que asistimos, esto que se ha denominado lucha de clases, es simplemente una evolución fatal; en la naturaleza lo inerte absoluto no existe; todo se transforma, todo evoluciona». Justo advertía que el papel del ejército en esta lucha por la transformación no era el del participante: «¿Cuál es vuestro lugar en esta brega? El lugar del Ejército; pero bien entendido, el de un ejército que no participa en la lucha porque su misión es más alta, más humana: asegurar el libre ejercicio de todas las energías mientras ellas se desenvuelvan en sus propias órbitas».[56]

Las palabras de Justo eran las de un liberal para quien las aspiraciones de las masas podían armonizar con la estructura institucional vigente. Pero sus actos posteriores sugieren que pensaba más en términos de concesiones desde arriba que en el ascenso al poder de un movimiento basado en las masas. Ciertamente, su hostilidad a la política yrigoyenista permite concebir interrogantes acerca de sus convicciones fundamentales.

De todos modos, la actitud de Justo hacia la cuestión social difería de la que adoptaban otros oficiales, atraídos por la idea de una reforma institucional en la cual los principios democráticos expresados en la Constitución y las leyes electorales serían reemplazados por los conceptos de orden y jerarquía. Estos oficiales, entre los cuales el general José F. Uriburu era el más destacado, veían en el régimen de Primo de Rivera en España y de Benito Mussolini en Italia ejemplos de paz social y orden político, de los cuales podían aprender útiles lecciones. Apoyaban las opiniones de estos hombres un pequeño grupo de intelectuales nacionalistas que en su rechazo ante actitudes que consideraban excesos del yrigoyenismo, se proponían salvar al país mediante una variante argentina del nacionalismo integral. La transformación de las opiniones de estos oficiales en totalitarismo liso y llano habría de ocurrir después de 1930, pero las simientes habían sido plantadas antes.[57]

¿Qué opinaba la sociedad argentina de su propia organización militar antes de la revolución de 1930? La prensa contemporánea y los debates del Congreso nos aportan algunas ideas en este sentido. Por supuesto, la crítica principal provenía de la izquierda. Pero los objetivos de esta crítica eran muy variados. Los elementos más extremos del movimiento obrero, los estudiantes y los partidos organizados de izquierda concebían al Ejército en los términos marxistas clásicos, como instrumento de la opresión de la clase gobernante.[58] Se desechaba el hecho de que el Ejército tenía una base esencialmente civil, pues el objeto principal del ataque era el cuerpo de soldados profesionales. En un artículo de la Revista Socialista, el joven E. Anderson Imbert, que después habría de conquistar fama como uno de los principales literatos del país, pudo escribir en agosto de 1930: «y es que existe un divorcio absoluto entre nuestra institución militar y el pueblo. Aquélla defiende intereses que no son los de éste. Hay, pues, un conflicto que no terminará sino con la transformación del Ejército».[59] Los socialistas más moderados no dudaban de que fuese necesario un ejército como instrumento de protección nacional y para defender la Constitución, pero concentraron su crítica en lo que entendían era la magnitud y los gastos excesivos de la institución. En este punto contaban con el apoyo de los miembros del pequeño Partido Demócrata Progresista, cuyo dirigente fundamental, Lisandro de la Torre, fue uno de los principales opositores al programa de expansión de armamentos aprobado en 1923.[60]

Es interesante observar que el Partido Radical, y especialmente el ala yrigoyenista, realizó la defensa más vigorosa del Ejército. Esta actitud aparece bien ilustrada en los debates de la Cámara de Diputados acerca de un aumento de sueldos a los militares propuesto en 1928. Se había aprobado el último aumento de sueldos en 1919, durante la primera presidencia de Yrigoyen. El nuevo proyecto fue considerado en relación con el debate acerca del presupuesto, en setiembre de 1928, pocas semanas antes de la asunción del poder por Yrigoyen, pero en una cámara dominada por sus partidarios. En respuesta a los ataques socialistas, en el sentido de que los radicales estaban tratando de conquistar el apoyo de los militares con el proyectado aumento de 12 millones de pesos, los diputados radicales formularon elogios a la identificación del Ejército con el pueblo: «Si el Ejército ha intervenido entre nosotros, en un movimiento armado», proclamó el diputado Justo Díaz de Vivar, «no ha dado un cuartelazo; se ha puesto del lado de una gran masa de opinión, y al apoyar una revolución con sus armas, lo ha hecho con un concepto eminentemente patriótico, no con el espíritu de casta o con criterio de gremio».[61] El diputado Juan Carlos Vázquez también entró a la liza, contestando directamente la crítica socialista:

La Unión Cívica Radical y los diputados que a ella pertenecemos no necesitamos captarnos la simpatía del Ejército para contener al pueblo. Sabemos que el pueblo está con la Unión Cívica Radical, y en representación de ese pueblo cumplimos aquí nuestro mandato. El Ejército para nosotros es sagrado, las instituciones armadas del país están para defender la soberanía de la Nación; y si alguna vez salieron de los cuarteles empuñando las armas, agrupándose para defender una causa noble y justa fue porque los latidos del corazón del pueblo argentino estaban dentro de los cuarteles y salió de ellos para derrocar un gobierno y para dar al pueblo argentino el gobierno que reclamaba.[62]

Al elogiar de este modo a los militares por la ayuda prestada a su causa una generación antes, nuevamente los radicales estaban justificando sin quererlo la revolución antiyrigoyenista del futuro. Pues ni la retórica retrospectiva ni la moneda contante y sonante de los sueldos más elevados fue suficiente para garantizar la lealtad de los militares al segundo gobierno de Yrigoyen.

II

YRIGOYEN Y EL EJÉRCITO, 1928-1930

En octubre de 1928 el ascenso al poder de Hipólito Yrigoyen señaló el retorno a la presidencia de un líder carismático, la figura más popular en la historia argentina antes de Perón. Ni las limitadas realizaciones del primer gobierno de Yrigoyen (1916-22) ni sus seis años fuera del poder lo habían desalojado del lugar especial que ocupaba en el corazón del argentino medio. A diferencia de otros dirigentes apoyados por las masas, Yrigoyen no era un gran orador ni tendía a halagar a la multitud. Más aún, rara vez había aparecido en público y había evitado cuidadosamente pronunciar discursos, incluso durante la reciente campaña electoral. Su fuerza residía más bien en su persuasión personal, en la capacidad de imponer su dirección a quienes tenían contacto directo con él. Voluntarioso, tenaz, convencido de su propia misión histórica de redimir a los oprimidos, Yrigoyen proyectaba una sinceridad de propósitos y una autoridad que era difícil resistir. Venía a reforzar su atracción el aire de misterio que cultivaba acerca de su propia persona y la austeridad de su vida privada. Aun en el ejercicio del cargo evitó todo lo posible las ceremonias, y continuó la vida ascética que había sido su norma durante el último medio siglo. En su predilección por conversar en voz baja en cuartos oscuros, su preferencia por la ropa oscura y poco llamativa, y su renuencia a posar para las fotografías, revelaba los efectos de las primeras etapas de su carrera, en los que había sido un conspirador político.

Aunque su reelección en 1928 por una mayoría de dos a uno fue un triunfo personal y político, su reasunción de la presidencia a la edad de 76 años señaló el comienzo de una tragedia personal y política. A pesar de su aparente robustez —la cabeza masiva, y el físico poderoso habían sido parte de su mística— los años se habían cobrado su precio. Yrigoyen inició su segundo gobierno cuando ya era un anciano fatigado al borde de la senilidad.

Para el Ejército y su vida interna, el retorno de Yrigoyen representó el comienzo de un período de inestabilidad sin precedentes. Jamás un traspaso pacífico del poder presidencial se vio seguido por desplazamientos de personal tan amplios como los que ocurrieron entonces, o por una atmósfera de tanta incertidumbre e improvisación como la que comenzó a prevalecer en la organización militar. Más aún, desde el punto de vista de la influencia sobre el cuerpo de oficiales, las condiciones no fueron distintas de las que habrían de llegar a ser dolorosamente familiares en las décadas futuras, después de cada golpe o intento de golpe.[1]

El presidente Yrigoyen eligió como ministro de Guerra al teniente general Luis Dellepiane, oficial retirado de gran prestigio y amplia experiencia, que le había prestado buenos servicios en un período crítico de su primer gobierno. Sin embargo, los esfuerzos de Dellepiane como ministro de Guerra se vieron perjudicados por su mala salud, que lo obligó a abandonar el cargo durante varios meses a principios de 1929, y por la interferencia del ministro del Interior, Elpidio González. Este último, que había sido ministro de Guerra en la primera presidencia de Yrigoyen, reemplazó a Dellepiane durante su enfermedad y utilizó su considerabie influencia sobre el Presidente para intervenir en los nombramientos militares.[2]

TABLA 5
GASTOS EN PENSIONES (ANEXO J), 1926-31
(En millares de pesos)

Año | Ministerio de Guerra y Marina | Leyes especiales (militares, policía, maestros) | Hacienda (civiles) | Total
1926a | 18.648 | 2.898 | 797 | 22.342
1927a | 18.813 | 2.846 | 1.343 | 23.004
1928b | — | — | — | 22.251
1929a | 29.585 | 7.036 | 663 | 37.285
1930b | 28.945 | — | — | 38.322
1931b | 35.606 | — | — | 37.810
FUENTES: a Contaduría, Memoria… 1926 [13], Memoria… 1927 [14], Memoria… 1929 [14a], passim. b Ministerio de Hacienda, El ajuste [37], Tablas 12a, 12e, 12d; Diputados [4], 1940, V, 99.

Vino a complicar los problemas del ministro de Guerra la tendencia del Presidente a subordinar los reglamentos y procedimientos vigentes a las consideraciones de carácter personal y político. Aparentemente, el presidente Yrigoyen concebía el Ejército como una asociación de individuos no muy distinta de una familia o un club político, más que como una institución jerárquica en la cual la moral y la disciplina están íntimamente vinculadas con el cumplimiento cuidadoso de normas establecidas. Entonces como ahora los oficiales argentinos concebían las leyes y los reglamentos que rigen el estado militar como un contrato que definía tanto sus propias obligaciones frente al Estado como las del gobierno hacia ellos. En parte sobre esta base evaluaron las medidas militares del gobierno de Yrigoyen, y también reaccionaron frente a ellas.

De ningún modo puede afirmarse que todas estas medidas fueron negativas o divisionistas. En los asuntos relacionados con los sueldos el gobierno de Yrigoyen fue más generoso que su predecesor No sólo se aprobó un aumento general de sueldos, como indicamos en el capítulo anterior, sino que se adoptaron medidas para equiparar las pensiones del personal retirado con los sueldos recibidos por los oficiales y los hombres en servicio activo.[3] Ciertamente, en cuanto se refiere a las pensiones este gobierno aumentó notablemente el número y el volumen de los pagos. Los gastos gubernamentales en concepto de pensiones militares regulares ascendieron de 18,8 millones de pesos en 1927 a 29,6 millones en 1929, primer año de gobierno de Yrigoyen. Las pensiones pagadas con arreglo a diferentes leyes especiales que incluían a beneficiarios militares y no militares también aumentaron de 2,8 a 7,0 millones en el mismo período (véase la Tabla 5). Corresponde observar que ninguna de estas pensiones exigía contribuciones de los beneficiarios.

En las medidas relacionadas con el potencial humano militar el gobierno de Yrigoyen, a pesar de los rumores en contrario, continuó la tendencia de los aumentos anuales constantes pero reducidos. Indiferente a la posición antimilitarista de los partidos de izquierda, autorizó la conscripción de 24.838 jóvenes en enero de 1929, y de 25.098 un año después.[4] La inscripción de cadetes en los cursos preparatorios y regulares del Colegio Militar aumentó aún más bruscamente, pues de 542 en 1928 pasó a 674 un año después, y a 682 en 1930. También se permitió el aumento del número de oficiales en todos los grados, de subteniente a teniente coronel, por encima de los niveles estipulados en el presupuesto.[5]

Las medidas militares de este gobierno se orientaron más hacia los beneficios a los individuos que hacia la fuerza organizativa, más hacia los hombres que hacia el material. Esta actitud se reflejó en diferentes aspectos: en la pauta de nombramientos de oficiales, en la intención explícita de obtener cambios en el reglamento militar básico, y en el tratamiento de los programas de construcción y de armamentos. El Ministerio de Guerra reveló parte de su actitud cuando permitió que gozasen de las ventajas de un puesto en Buenos Aires un número de oficiales mayor de lo que establecían los diagramas de organización. Los regimientos de las provincias padecían escasez de oficiales, al mismo tiempo que las unidades de la capital tenían sobra de ellos.[6] Los cambios proyectados en los reglamentos militares se referían sobre todo al aumento de beneficios para el personal militar —por ejemplo, reducción de la edad de retiro con sueldo íntegro y ampliación de la categoría de personas dependientes que podían optar a pensiones por fallecimiento del titular. Otras cláusulas se referían al aumento de la magnitud del cuerpo de oficiales y del número de ascensos anuales, la regularización del status del personal asimilado, y la creación de un procedimiento que permitía otorgar grado a los suboficiales destacados.[7] Todas estas medidas revelaban cierto interés en la humanización de la profesión militar.

La otra cara de la moneda fue la interrupción del programa inaugurado por el gobierno anterior para mejorar las instalaciones del Ejército y suministrar equipo moderno. Durante 1929 se detuvo la construcción de cuarteles militares y otras instalaciones, prácticamente se clausuró la fábrica de aviones militares de Córdoba y se redujo drásticamente el programa de adquisición de armamentos en países extranjeros. Más aún, durante el primer año de gestión el gobierno de Yrigoyen no aprobó ningún contrato nuevo relacionado con el programa de armamentos, y en sus dos años de existencia aprobó contratos que totalizaron sólo 276.000 pesos, en contraste con la cifra de más de 100 millones de pesos autorizada por el gobierno anterior.[8] Además de negar autorización para los nuevos contratos, el gobierno postergó y a veces aun retuvo los pagos que debía realizar, con arreglo a los contratos en vigor, por los materiales entregados.[9] Hasta cierto punto esta situación fue resultado de la insistencia del presidente Yrigoyen en examinar personalmente todas las facturas presentadas al gobierno antes de autorizar el pago. La decisión del anciano presidente, que deseaba asegurar la honestidad de su gobierno, ciertamente era comprensible a la luz de los rumores de irregularidades que afectaban a los contratos militares y que circulaban entonces.[10] Pero su quijotesco intento de garantizar una conducta ética desempeñando el papel de auditor individual acrecentó el costo final de los contratos, a causa de la necesidad de pagar intereses, al mismo tiempo que impedía que las fuerzas armadas utilizasen los materiales disponibles.[11]

La Tabla 6, que compara los gastos militares totales para los años 1928-31, demuestra estadísticamente que el principal esfuerzo financiero del gobierno en el terreno militar tuvo que ver con los gastos en concepto de personal, y no con los que se referían a las plantas y los equipos. Las únicas categorías que exhiben una disminución en 1929, el primer año completo del gobierno de Yrigoyen, son las que se refieren a armamentos y obras públicas. La primera sufrió una tremenda disminución, que se habría reflejado en una reducción comparable del total general si no hubiese sido por el aumento de las pensiones y los sueldos que ya hemos mencionado (véase la Tabla 5). En 1930, los gastos en concepto de obras públicas continuaron disminuyendo, pero un aumento de los gastos por pago de armamentos, así como los continuos incrementos en los gastos ministeriales y en los correspondientes al rubro de pensiones, determinaron la elevación sustancial de los costos generales de la organización militar, al extremo de que por su monto dicho presupuesto alcanzó el segundo lugar en la historia del Ejército. Sin embargo, debe observarse que el gobierno de Yrigoyen no fue responsable de los gastos de todo el año, pues su autoridad cesó en setiembre.

La actitud del gobierno de Yrigoyen frente a los programas de construcciones militares y armamentos durante los primeros ocho meses de actividad fue motivo de considerable insatisfacción en los círculos militares. Hacia fines de julio de 1929, en un mensaje consagrado al análisis de la situación general, el embajador norteamericano observaba: «Afírmase que los oficiales del Ejército y la Armada en general están disgustados con el gobierno porque se han interrumpido los trabajos, a causa de la falta de pago, en los cuarteles y en muchas otras mejoras iniciadas por el gobierno».[12]

TABLA 6
GASTOS MILITARES, 1928-31
(En millares de pesos)

| 1928 | 1929 | 1930 | 1931
Ministerio de Guerra | 71.669 | 77.893 | 80.136 | 80.753
Ministerio de Marina | 47.592 | 48.423 | 51.857 | 53.994
Armamentos | 42.024 | 16.725 | 27.927 | 11.670
Pensiones * | 22.251 | 37.450 | 38.322 | 37.810
Obras públicas | 10.999 | 8.001 | 5.210 | 6.600
| 194.535 | 188.492 | 203.452 | 190.827
Gastos gubernamentales totales | 949.856 | 931.720 | 993.512 | 1.094.508
Proporción de los gastos militares | 20,9 | 18,9 | 18,6 | 20,0
FUENTES: Ministerio de Hacienda, El ajuste [37], Tablas 11-13, y (para los datos acerca de las obras públicas militares), cartas del ex ministro de Finanzas Enrique Uriburu a La Nación, 7 y 10 de abril de 1932, citadas en de la Torre, Obras [89], IV, 262 y 275.
* Las cifras acerca de las pensiones citadas aquí son los totales del anexo J, o incluyen algunos pagos no militares afines. Véase la Tabla 5.

Este sentimiento de descontento sin duda se acentuó a causa de la notoriedad periodística que mereció en julio de 1929 el caso de dos destructores construidos por contrato en un astillero británico. El personal naval argentino enviado para recibir los buques se vio obligado a esperar inactivo porque los constructores británicos rehusaron entregar las naves, en vista de la falta de pago de varias facturas pendientes. Los periódicos de Buenos Aires publicaron extensos artículos acerca de la situación, describiendo la humillante escena representada por los oficiales y los marineros argentinos que erraban sin dinero por las calles inglesas, imposibilitados de pagar siquiera fuese los derechos de puerto a causa de la falta de fondos gubernamentales. Aunque el gobierno de Yrigoyen respondió a esta crítica «rescatando» los barcos, y permitiendo de ese modo que las tripulaciones argentinas tomasen posesión a principios de setiembre, el incidente suscitó una penosa impresión.[13]

El malestar militar que se desarrolla durante el gobierno de Yrigoyen tenía otras raíces, aparte de la actitud del gobierno frente al programa de gastos para instalaciones básicas. Desde el punto de vista del oficial común era mucho más grave la manifestación de favoritismo político en el tratamiento del personal militar. Este favoritismo adoptaba diferentes formas: la reincorporación al cuerpo de oficiales de personal dado de baja hacía mucho tiempo, con reconocimiento integral de los años transcurridos entretanto; la promoción retroactiva de oficiales retirados, en oposición a cláusulas explícitas de los reglamentos militares, con derecho a percibir el diferencial en la situación de retiro, y la modificación de la fecha de ascenso de los oficiales en servicio activo que gozaban de favor, medida que les otorgaba mayor antigüedad que a sus contemporáneos, y por consiguiente ventajas en los ascensos.[14]

Estas medidas, que caracterizaron el manejo del gobierno de Yrigoyen en los asuntos militares durante sus dos años de existencia, no dejaron de suscitar críticas en los grupos de oposición del Congreso y en la prensa. En setiembre de 1929 un diputado socialista independiente trató infructuosamente de lograr que la mayoría yrigoyenista votase una interpelación al ministro de Guerra, para reclamarle explicaciones acerca de los muchos decretos que beneficiaban a determinados oficiales.[15] Pocos meses después el senador socialista Mario Bravo criticaba la suma gastada en sueldos del personal reincorporado, y analizaba los perturbadores efectos de esa situación sobre otros oficiales:

Se trata de hombres completamente alejados de las filas sin ninguna intención de volver a la actividad militar, y que en compensación de servicios más o menos revolucionarios han sido incorporados con antigüedad reconocida en el grado, de modo que han venido a perturbar completamente el orden establecido por la ley para los militares verdaderos que han ido al Colegio Militar, que han salido del Colegio Militar, que están en servicio activo y que se han acogido a todas las disposiciones de la ley en cuanto a obligaciones y derechos y que, creyendo ellos encontrarse normalmente en una situación determinada dentro del escalafón, de la noche a la mañana se ven entorpecidos en su carrera con la aparición de 5 o 6 o 10 o 50 o 100 [hombres], porque no se sabe cuántos reincorporados se han intercalado en su paso, y como ellos no son revolucionarios del 90, del 93 o de 1905, tendrán que esperar un más largo plazo de tiempo para obtener su ascenso militar, que legalmente ya debieron haberlo obtenido.[16]

Asimismo, era evidente que la actitud del gobierno de Yrigoyen en el asunto de los ascensos debilitaba la disciplina y provocaba descontento. El reglamento orgánico militar establecía que debían concederse los ascensos anuales el 31 de diciembre, y se acostumbraba publicar las listas alrededor de esa fecha. En el caso de los oficiales superiores (coroneles y generales), el requisito de la aprobación del Senado, que generalmente se otorgaba sin dificultad, a veces había determinado un sistema distinto, aunque la fecha real era la misma. Sin embargo, el gobierno de Yrigoyen no concedió ascensos en los grados superiores desde el momento de iniciación de su actividad hasta su derrocamiento. No presentó listas de nombres al Senado durante el año 1929, y aunque aparentemente lo hizo en 1930, no se convocó a sesiones del Senado para considerarlas.[17] Naturalmente, la falta de ascenso constituyó un motivo de frustración para los oficiales que reunían las condiciones exigidas, y particularmente para los tenientes coroneles, en cuyo caso este ascenso significaba cruzar la mágica línea que separaba a los grados medios de los superiores. La paralización de los ascensos de los tenientes coroneles implicaba que el gobierno corría el riesgo de perder la simpatía precisamente de los hombres que tenían el mando de los regimientos del Ejército argentino. En realidad, el gobierno aprobó ascensos de jefes y oficiales subalternos, pero también en este aspecto procedió después que las prolongadas demoras habían irritado a muchos oficiales e inspirado comentarios críticos en la prensa. La lista correspondiente al 31 de diciembre de 1928 fue publicada en mayo, y la lista del año siguiente fue conocida sólo después de las elecciones de marzo de 1930.[18]

El papel del presidente Yrigoyen en el mecanismo de los ascensos y en otras decisiones acerca del personal militar no fue pasivo. Se creyó autorizado a introducir cambios en las listas presentadas por las juntas de promoción del Ejército, y ordenó ascensos suplementarios en respuesta a pedidos personales de determinados oficiales. Ciertamente, su inclinación a responder generosamente a los individuos que aspiraban a mejorar su propia condición introdujo un factor caótico en la organización del personal. Como observó La Prensa en julio de 1930: «Es hoy corriente en toda la administración, hasta en la Armada y en el Ejército, sobre todo, que el militar o sus familiares que pueden llegar a la presencia del Presidente de la Nación consiguen todo lo que desean, aunque sea injusto o ilegal».[19]

La benevolencia de Yrigoyen significaba no sólo que a menudo se ignoraba los reglamentos y procedimientos dirigentes, sino también que se debilitaban los lazos de la disciplina. Los oficiales de diferentes jerarquías se sentían tentados de ignorar las vías reglamentarias y tendían a pasar por encima de sus superiores, alentados por los edecanes presidenciales que ofrecían concertar entrevistas con el Presidente.[20] Los efectos de este sistema se sintieron incluso en las academias militares, donde los alumnos expulsados por razones disciplinarias o académicas eran reincorporados por orden del Presidente. En marzo de 1929 el director de la Escuela Naval renunció a causa de una de estas órdenes. Sin embargo, el director del Colegio Militar, antiguo amigo del Presidente, prefirió por el momento soportar la reincorporación de 100 ex cadetes.[21]

La incertidumbre que prevaleció en las Fuerzas Armadas después de la iniciación del gobierno de Yrigoyen se originó también en las agudas divisiones que se manifestaban en el cuerpo de oficiales. Como se mencionó en el Capítulo 1, los oficiales perjudicados por la Logia General San Martín habían esperado que llegase el momento de poder vengarse de sus opositores. Y pudieron hacerlo cuando ocuparon puestos fundamentales en el Ministerio de Guerra, bajo la dirección del general Dellepiane. Una figura importante fue el coronel Pedro Grosso Soto, ardiente yrigoyenista y veterano del movimiento de 1905, que ocupó en el Ministerio el segundo cargo (jefe de la secretaría) por orden de importancia.

En los primeros tiempos del nuevo gobierno, los oficiales identificados con la Logia o con el ministro de Guerra saliente, el general Justo, fueron separados de sus puestos y declarados en disponibilidad. Esta condición, que algunos oficiales soportaron durante más de un año, determinaba un estado de forzosa ociosidad así como la pérdida de la paga suplementaria que se asignaba a los destinos específicos. Con el tiempo se dio destino a muchos de estos oficiales, pero otros prefirieron pedir el retiro.[22] Entre estos últimos estaba el coronel Luis García, otrora jefe de la Logia y ex director del Colegio Militar, que utilizó su situación de retiro para disparar sucesivas andanadas contra el Ministerio de Guerra desde las columnas editoriales de La Nación, el diario conservador de Buenos Aires. Sus 137 artículos, publicados desde mediados de julio de 1929 hasta el 5 de setiembre de 1930, explicaron convincentemente los errores del gobierno en los asuntos militares, procurando así socavar la lealtad del cuerpo de oficiales.[23]

En el mismo sentido estaba trabajando el general José F. Uriburu, cuyo retiro del servicio activo en mayo de 1929 lo liberó de inhibiciones con respecto a la participación en una conspiración. Afírmase que en diciembre de 1927, abordado por unos jóvenes nacionalistas que lo invitaron a considerar la posibilidad de un movimiento militar para impedir el retorno de Yrigoyen, replicó lo siguiente: «¿Olvidan ustedes que soy un oficial en servicio activo?».[24]

Luego, una vez retirado, mostró claramente su hostilidad al gobierno de Yrigoyen en un discurso en el cual denunció su influencia sobre el Ejército. Después de señalar que una fuerza armada es el reflejo de la Nación, y que tiene sus mismas virtudes y defectos, dijo:

Las debilidades del mando, que por si mismas suelen ser expresión de la decadencia del carácter, toman un aspecto catastrófico desde el momento en que la protección política socava su entraña destruyendo, por el favor o la amenaza, lo que hay de más respetable en el alma del oficial: su desprendimiento. Y puede asegurarse sin temor a equívoco que desde el instante mismo en que comienza a flaquear dicho sentimiento, la intriga y el bajo servilismo sustituyen el ideal común, de servir con desinterés a la patria.[25]

Desde mediados de 1929 el cuerpo de oficiales fue cada vez más el blanco de esfuerzos que procuraban malquistarlo con un gobierno cuyos actos ofrecían material a la crítica de sus adversarios. Sin embargo, el proceso de alienación fue gradual. Tenemos pruebas en este sentido en las elecciones anuales para la comisión directiva del Círculo Militar, que constituyen un tosco barómetro de la opinión de los oficiales en esa época. En junio de 1929 había dos listas rivales, cuyas actitudes hacia el gobierno eran muy distintas. Una de ellas, encabezada por el venerable general (R) Pablo Ricchieri, acompañado por el coronel Carlos Casanova, secretario de la Inspección General del Ejército, evidentemente simpatizaba con las autoridades nacionales; la otra, encabezada por el general Uriburu, recientemente retirado, a quien acompañaba el coronel Manuel Rodríguez, íntimo asociado del general Justo, se mostraba evidentemente hostil al gobierno. La lista Uriburu-Rodríguez, que representaba a los elementos descontentos, perdió la elección por 635 votos contra 929.[26] Evidentemente, aún había tiempo para contener el movimiento de oposición al gobierno, pero de todos modos continuaron las medidas y las prácticas que estaban minando el apoyo militar.

Las elecciones celebradas en el Círculo Militar, un año después, en junio de 1930, constituyen una medida menos exacta de la opinión de los oficiales, pues en definitiva sólo se presentó una lista. Otra lista de candidatos, encabezada por hombres a quienes se consideraba más cercanos al gobierno, se retiró a último momento —aparentemente para impedir que se utilizara la elección como prueba de la popularidad del régimen.[27] El nuevo presidente de la entidad, general Francisco Vélez, jefe del Estado Mayor, en su discurso inaugural definió cuidadosamente el curso apolítico de la asociación. Destacó que las relaciones de la misma con el gobierno se caracterizarían por la «escrupulosa consideración y comedimiento, no obsecuencia y servilismo».[28] Estas palabras, con su crítica implícita a los oficiales identificados estrechamente con el yrigoyenismo, señalaron la grave reserva con que la masa del cuerpo de oficiales miraba ahora al gobierno.

La atmósfera en las filas del cuerpo de oficiales inevitablemente se relacionaba con el estado general de incertidumbre y de creciente tensión que caracterizó a Argentina desde mediados de 1929 en adelante. La gravedad de la situación era tal que ya a fines de julio el embajador norteamericano Robert Woods Bliss anticipaba una ruptura política:

Los problemas gubernamentales y económicos están acercándose a una situación de parálisis. No veo cómo pueden seguir mucho más tiempo en el mismo estado sin que se produzca un estallido —violento o pasivo— para retrotraerlos a las condiciones de desarrollo normal y sano que merecen en este fértil y rico país. Un cambio de actitud de último momento podría salvar la posición del presidente Yrigoyen, pero creo que se trata de una concesión imposible en vista de su edad y su deterioro mental, de modo que temo que este gobierno continuará su marcha hacia lo inevitable.[29]

La decisión del presidente Yrigoyen de manejar personalmente aun los más insignificantes detalles de las cuestiones gubernamentales, y la consiguiente inercia, del gobierno nacional, a causa de la incapacidad del primer mandatario para realizar ese propósito, eran a juicio del embajador las causas esenciales de la situación crítica.[30] Pero venía a agravar el problema el odio profundo que se había suscitado entre los partidarios de Yrigoyen y sus opositores políticos, sentimiento que se reflejaba no sólo en los análisis políticos y la prensa partidaria, sino también en las demostraciones callejeras de los grupos de acción. La aparición, hacia fines de 1929, de la Liga Republicana, contraria al gobierno por una parte, y del Klan Radical, por otra, así como la reactivación de la Liga Patriótica Argentina, una organización de derecha fundada diez años antes, reveló la tendencia cada vez más acentuada a reemplazar el debate político por actos de violencia.[31]

El derrumbe económico mundial, cuyos efectos comenzaron a sentirse en Argentina en el año 1930, en la forma de una brusca declinación del comercio exterior y de los ingresos provenientes de los aranceles aduaneros, del descenso de la actividad económica y de la desocupación cada vez más acentuada, creó nuevos problemas para el apremiado gobierno de Yrigoyen, así como nuevos factores de tensión económica y social. A pesar de todo, el gobierno y sus opositores se interesaron principalmente en las cuestiones políticas. El gobierno ejercía un firme control de la Cámara de Diputados pero el Senado estaba en manos de los conservadores, los antipersonalistas y los socialistas.[32] Desde ese reducto consiguieron impedir la aplicación de ciertos programas gubernamentales, especialmente los que proponían ampliar el papel del Estado en la economía a expensas de los intereses privados argentinos y extranjeros.

La decisión de Yrigoyen de utilizar las atribuciones de su cargo para destruir los últimos baluartes provinciales de la oposición, abriendo de ese modo el camino al control del Senado por los radicales, suscitó la firme resistencia de esa oposición. Se acusó a Yrigoyen de dictador porque envió la intervención federal, apoyado en algunos casos por tropas federales, para obtener el control de los procesos políticos en cuatro provincias: Mendoza, San Juan, Santa Fe y Corrientes. En realidad, Yrigoyen se ajustaba a las tradiciones de la política argentina y seguía los precedentes de su primer gobierno.[33] Sin embargo, la táctica aplicada por los interventores yrigoyenistas en la preparación de las elecciones de marzo de 1930 para diputados y senadores, y el desarrollo concreto de dichas elecciones en Mendoza y San Juan incluyeron episodios de fraude generalizado, contradiciendo así los mismos ideales que Yrigoyen había representado.[34] Los resultados generales de la elección hubieran debido representar una advertencia al gobierno, induciéndolo a modificar su actitud. Por primera vez en catorce años los yrigoyenistas perdieron la mayoría en la Capital Federal; y las grandes mayorías provinciales obtenidas dos años antes se convirtieron en minorías —como en Córdoba y Entre Ríos— o disminuyeron mucho, como en Buenos Aires y Santa Fe.[35] Pero aunque algunas voces del partido del Presidente reclamaron una política de reconciliación[36], sus partidarios en la Cámara de Diputados utilizaron su mayoría para aprobar los diplomas, obtenidos en elecciones dudosas, de los correligionarios de Mendoza y San Juan, después de haber rechazado a tres opositores. Más aún, las acciones dilatorias de la mayoría radical impidieron que la Cámara joven se reuniese en sesión regular hasta que casi había expirado el período fijado por la Constitución. De hecho, el Congreso había dejado de funcionar como cuerpo legislativo.[37]

A comienzos del invierno de 1930, el gobierno del anciano Presidente se veía jaqueado desde todos los ángulos. En su propio partido, los elementos desilusionados ponían en tela de juicio su liderazgo y el de los hombres que lo rodeaban; pero Yrigoyen no adoptó medidas para modificar su línea de conducta o reemplazar a sus consejeros. En cambio, se contentó con criticar a los críticos formulando observaciones inmoderadas acerca del papel de los extranjeros y los jóvenes en el partido. Fuera del partido la ola de críticas alcanzó alturas sin precedentes. Hacia fines de agosto, cuando se supo que Yrigoyen proyectaba intervenir la provincia de Entre Ríos, la atmósfera llegó a ser explosiva. Los dirigentes de todos los partidos de oposición pidieron al Presidente que modificase su actitud. Una serie de mítines de masas intentó movilizar a la opinión pública contra el gobierno, al mismo tiempo que algunas figuras políticas de derecha comenzaban a conspirar con oficiales militares. Estaba preparándose la escena para la intervención militar del 6 de setiembre.[38]

Desde el punto de vista político-militar este golpe fue el producto de un prolongado período de conversaciones exploratorias, un esfuerzo organizativo de tres meses y un alto grado de improvisación de último momento. Su éxito debe atribuirse no a su fuerza material —600 cadetes y 900 soldados formaban la fuerza que marchó contra el gobierno— sino a su influencia psicológica sobre el público en general y el resto de la organización militar, y a la parálisis de sus opositores.[39] Pero hallamos los orígenes del movimiento que desembocó en el golpe en la decisión del general Uriburu, adoptada aparentemente en 1929, de organizar el derrocamiento del gobierno de Yrigoyen, y en los sondeos que realizó entre los oficiales en servicio activo desde principios de 1930. Uriburu aportó a esta tarea el gran prestigio de que gozaba en los círculos militares. Era una figura vigorosa y enérgica, y reproducía en todo sentido la imagen del oficial profesional. Erecto y ágil a pesar de sus 61 años, con un mostacho erizado sobre su rostro alargado, su voz y sus modales desbordaban confianza. Después de todo, tenía tras de sí una carrera que lo había llevado a la posición más elevada en el Ejército, y que incluía un período en el Congreso Nacional. Más aún, como sobrino de un ex presidente y miembro de una familia aristocrática, tenía amplios contactos en los círculos sociales, comerciales y políticos. Para decirlo con las palabras del entonces capitán Perón, a los ojos de los oficiales más jóvenes parecía «un perfecto caballero y hombre de bien, hasta conspirando… un hombre puro y bien inspirado».[40]

Pero el esfuerzo de Uriburu fue sólo uno de los hilos que condujeron al 6 de setiembre. Otros oficiales, entre los cuales el general Agustín Justo fue el más destacado, también estaban analizando la posibilidad de actuar con los civiles y sus camaradas de armas. Hacia marzo de 1930 muchos de los ex logistas, los oficiales que habían sido castigados por el gobierno de Yrigoyen, se unieron a la conspiración, algunos en relación con Uriburu, y otros con Justo.[41] En el movimiento conspirativo había diferencias fundamentales con respecto a los objetivos políticos y la estrategia revolucionaria, hecho que influyó sobre su evolución hasta el último momento. El objetivo del general Uriburu era realizar fundamentales reformas institucionales después de la expulsión de Yrigoyen. Apoyado y alentado por los intelectuales nacionalistas y por algunos elementos conservadores, se proponía reemplazar el sistema vigente del gobierno representativo por otro basado en la idea corporativista. De ese modo se eliminaría «el reino de la demagogia» y se aseguraría el control de la sociedad por los «elementos más calificados». Su programa implicaba la eliminación de todos los partidos políticos existentes, incluidos los que se oponían del modo más estridente a los radicales. En conformidad, Uriburu estaba decidido a evitar cualquier compromiso con esos partidos y a realizar la revolución con un movimiento puramente militar.[42]

Por otra parte, el general Justo y los oficiales que compartían su posición, si bien coincidían con los uriburistas en la necesidad de la acción militar, rechazaban tanto la estrategia de un movimiento puramente militar como la idea de utilizar la revolución para imponer cambios institucionales. El objetivo político del movimiento, como lo señaló el teniente coronel José María Sarobe, íntimo asociado de Justo, debía ser «tomar con las armas el camino de la Constitución, y desde esta base volver cuanto antes a la normalidad».[43] Los militares, convenían Justo y Sarobe, debían hacer causa común con los partidos políticos de oposición, y buscar apoyo popular desde el comienzo mismo. Esta actitud, así lo creían, armonizaría con la tradición argentina de los movimientos cívico-militares, y conferiría prestigio al proyectado movimiento.[44]

Las diferencias entre el grupo de Uriburu y el de Justo se extendían al problema fundamental del carácter y la duración del futuro gobierno provisional. El general Uriburu evidentemente se proponía asumir el puesto de presidente provisional, y formar su gabinete con hombres sin afiliaciones partidarias. No se comprometía, excepto quizá ante su círculo íntimo, con respecto a la duración del gobierno provisional en el poder, pero en vista de sus objetivos institucionales era razonable suponer que calculaba gobernar varios años. Por el contrario, el grupo de Justo deseaba crear un gobierno provisional que adhiriese todo lo posible a la Constitución y redujese al mínimo la etapa de transición.

De acuerdo con las memorias del teniente coronel Sarobe, el plan político original elaborado por él y aceptado por Justo rechazaba la idea de que el jefe militar de la revolución debía asumir la presidencia. Se sostenía que el sucesor legal del Presidente y el Vicepresidente de la Nación, el presidente pro tempore del Senado, que era un radical antipersonalista, debía ocupar la vacante creada por el derrocamiento de aquéllos. «De ese modo», escribía Sarobe, «procediéndose así, sería menos honda la crisis a sobrevenir a causa del empleo de la fuerza y más fácil restituir al país, en breve término, al ejercicio de la normalidad».[45] Sarobe concebía un gobierno provisional que estaría en condiciones de llamar a elecciones en tres meses. Confiaba en que ese gobierno contaría con el apoyo de los partidos políticos contrarios a Yrigoyen, de la opinión independiente, y aun de los radicales que habían roto con el gobierno.[46] Pero las memorias de Sarobe no aclaraban si en junio de 1930 el general Justo había decidido ser candidato en una elección que se celebraría después de la revolución.

En todo caso, es evidente que la posición del grupo de Justo acerca de los objetivos y la estrategia de la revolución tenía el apoyo de la mayoría de los oficiales dispuestos a participar en un movimiento revolucionario. Los esfuerzos de Uriburu para incorporar oficiales a su movimiento, iniciados seriamente en junio de 1930, alcanzaron mediano éxito. Juan Perón, que se unió al grupo de Uriburu, observó más tarde que hacia principios de setiembre el grupo podía contar con un limitado número de oficiales, casi todos subalternos que tenían escasas esperanzas de apoderarse de las unidades militares fundamentales. El propio Perón, cada vez más desilusionado por la incompetencia y las actitudes individualistas del grupo de colaboradores inmediatos de Uriburu, y convencido de que la misión táctica que se le había asignado fracasaría, se retiró del grupo el 3 de setiembre. Al día siguiente se reunió con los oficiales del grupo de Justo en un esfuerzo de último momento para imponer sus ideas a Uriburu, y conquistar más amplio apoyo para el movimiento revolucionario.[47]

En este esfuerzo dos tenientes coroneles, Sarobe y Bartolomé Descalzo, representaron los papeles fundamentales. Ambos oficiales pertenecían al claustro de profesores de la Escuela Superior de Guerra, institución en la cual se propugnaba vigorosamente el derrocamiento del senil Presidente. A Descalzo le interesaba particularmente conferir carácter civil a cualquier movimiento militar orientado hacia este fin; por su parte Sarobe deseaba definir los objetivos de dicho movimiento. El aporte particular de Sarobe fue la elaboración de un programa de acción que, difundido entre los alumnos y los profesores de la Escuela Superior de Guerra el 4 de setiembre, conquistó el apoyo de más de un centenar de oficiales en un solo día. Se enviaron copias otras unidades, y así se obtuvo la firma de unos trescientos oficiales.[48]

El programa de Sarobe no insistía, como lo había hecho su plan anterior, en que se entregase la presidencia provisional a un civil. Pero definía en términos inequívocos los objetivos políticos de la futura revolución. Debía dirigirse el movimiento contra los hombres que ocupaban los más altos cargos públicos, no contra los partidos políticos o las instituciones; y el gobierno provisional respetaría la Constitución y las leyes, y garantizaría el retorno a la normalidad, mediante elecciones libres, en el más breve lapso. El programa de Sarobe proponía asimismo que no se permitiera a los miembros del gobierno presentarse después como candidatos a la presidencia, y que se prohibiera a los oficiales militares participar en reuniones políticas o electorales. También establecía que los oficiales designados para ocupar puestos civiles recibirían únicamente su sueldo militar, y que no se otorgarían ascensos, salvo los establecidos por ley. Esta medida implicaba postergar los ascensos de los grados superiores hasta que se reuniese un Senado elegido, y de ese modo vinculaba las ambiciones de los principales oficiales con el restablecimiento del gobierno constitucional.[49]

El 5 de setiembre fue un día fundamental para la revolución que estaba gestándose. La tarde anterior algunas manifestaciones estudiantiles contra el gobierno habían producido bajas, y la tensión en la ciudad de Buenos Aires se había acentuado considerablemente. Ese día el presidente Yrigoyen, confinado en su casa durante varios días por una enfermedad, delegó sus poderes en el vicepresidente Enrique Martínez. Y el mismo día Sarobe y Descalzo, en una reunión con el general Uriburu que tuvo muchos momentos de tensión, llegaron a un acuerdo acerca de los objetivos de la revolución, fijada para la mañana siguiente.[50]

Comprendiendo que necesitaba consolidar sus fuerzas el general Uriburu mostró una inclinación a la transacción que no había exhibido anteriormente en su discusión con miembros del grupo Justo. Aparentemente gravitó mucho en su decisión el total fracaso del alzamiento que había ordenado para el 30 de agosto, y su tardío reconocimiento de que necesitaría el apoyo de la opinión pública para gobernar. Ya el 3 de setiembre el íntimo asesor político y futuro ministro del Interior de Uriburu, Matías Sánchez Sorondo, había comenzado a realizar proposiciones a los dirigentes de los partidos políticos antiyrigoyenistas, ofreciendo garantías en el sentido de que Uriburu ya no se proponía modificar la Constitución o las leyes.[51] Cuando Sarobe y Descalzo visitaron a Uriburu, el 5 de setiembre, presentándose como voceros de más de un centenar de oficiales, el general, indicó su disposición a aceptar el programa de Sarobe. Sin embargo, rehusó obstinadamente introducir ningún cambio en las personas seleccionadas para su futuro gabinete, a pesar de las objeciones de los dos tenientes coroneles, y tampoco se mostró dispuesto a estipular una fecha definida para poner término al gobierno provisional, según le reclamaba Descalzo.

Sin embargo, Uriburu aceptó permitir que Sarobe introdujese cambios en el proyecto de manifiesto revolucionario ya preparado por el poeta nacionalista Leopoldo Lugones, y el texto revisado por Sarobe fue distribuido por las fuerzas revolucionarias el 6 de setiembre. El general Uriburu también aceptó la proposición de Descalzo en el sentido de asegurar la cooperación civil con el movimiento, con la condición de que esta actitud no implicase un compromiso formal con los partidos políticos. Más avanzado ese mismo día, Descalzo se reunió con figuras políticas de los partidos Antipersonalista, Conservador y Socialista Independiente, y mostrando una credencial firmada por Uriburu elaboró los detalles de la presencia civil en las bases militares de Buenos Aires durante la mañana del 6 de setiembre.[52] Los acuerdos concertados entre el general Uriburu y los dos tenientes coroneles establecieron las bases del movimiento revolucionario desencadenado el 6 de setiembre. El general Justo y el teniente coronel Sarobe, como lo relata este último, se felicitaron del éxito de los esfuerzos realizados para dar al movimiento una orientación liberal.[53] Sin embargo, es evidente que los términos de los acuerdos implicaban apartarse bastante del plan original esbozado por Sarobe.

Al aceptar la decisión del general Uriburu de asumir la presidencia provisional, el grupo de oficiales acaudillado por Justo renunció a la idea de que el presidente del Senado —un civil— ocupase ese puesto. Más aún, al aceptar —aun bajo protesta— la elección de ministros realizada por Uriburu, se corría el riesgo de que las concesiones políticas que el propio Uriburu había realizado por razones de conveniencia perdiesen toda importancia después de la revolución. Por ejemplo, ¿qué podía esperarse de un ministro del Interior de quien el propio Sarobe afirmaba que tenía «un carácter autoritario e ideas políticas afines»?[54]

Aun el manifiesto revolucionario revisado que tanto enorgullecía a Sarobe carecía del carácter franco de su «programa de acción». Faltaba en el manifiesto la formulación explícita del «programa» en el sentido de que «el movimiento se dirige contra los hombres que actualmente ocupan las más altas posiciones públicas». Si bien el manifiesto incorporaba el compromiso fundamental de respetar la Constitución y retomar a la normalidad mediante elecciones litres a la brevedad posible, el «programa» había subrayado, por vía de repetición, que el gobierno provisional duraría únicamente el tiempo que fuese necesario para preparar dichas elecciones. El manifiesto también omitía el pasaje que alentaba a los partidos políticos a promover el celo democrático de la ciudadanía, de modo que grandes masas de la opinión se movilizasen en favor de las futuras elecciones. También se excluían del manifiesto los compromisos de abstención aplicables a los oficiales del Ejército, suprimidos ante el pedido de Uriburu en el sentido de que eran detalles que podían resolverse mediante decretos ulteriores. El tono del manifiesto dejaba entrever sus orígenes duales, y reflejaba bien las opiniones contradictorias de los que se habían unido para derrocar a Yrigoyen.[55]

Aunque los oficiales que se comprometieron a intervenir activamente en el movimiento Revolucionario representaban una minoría del cuerpo total, el número de los que experimentaban un profundo sentimiento de lealtad hacia el gobierno era también una minoría, que además estaba disminuyendo constantemente. Aun entre los principales oficiales del Ejército que tenían antecedentes de estrecha relación con Yrigoyen, se acentuaba la convicción de que el Presidente debía modificar su actitud. El caso más notable fue el ministro de Guerra Dellepiane, que exhortó al Presidente a frustrar el golpe inminente mediante una política dual: arrestar a los oficiales que según se creía estaban conspirando, y reorganizar su gobierno mediante la expulsión de varios ministros del gabinete, asesores presidenciales y otros funcionarios. La negativa de Yrigoyen a aceptar este consejo precipitó la renuncia del ministro de Guerra el 2 de setiembre. Su carta de renuncia, publicada al día siguiente, alentó a los opositores del régimen, pues en ella se reconocían las irregularidades en el tratamiento dispensado al personal militar y se denunciaban episodios de deshonestidad de los colaboradores de Yrigoyen.[56]

Otros oficiales que ocupaban cargos importantes también desesperaban de la posibilidad de salvar el orden constitucional sin cambios drásticos. El general José Marcilese, comandante de la Primera División, acantonada en la ciudad de Buenos Aires, reclamó el 5 de setiembre la renuncia del Presidente y de todo el gabinete, como único medio de resolver la crisis.[57] El coronel Francisco Reynolds, director del Colegio Militar, cuya amistad con Yrigoyen se remontaba a 1905, también estaba convencido de que el senil presidente debía renunciar. Sin embargo, en las últimas horas del 5 de setiembre ya no creía que esa solución fuese posible, y a medianoche notificó al general Uriburu que podía contar con su apoyo para la revolución inminente.[58]

La reacción de la mayoría de los oficiales el día mismo de la revolución reveló una actitud de general indiferencia frente a la suerte del gobierno. Era evidente que los actos anteriores del gobierno y las denuncias de sus críticos habían contribuido a socavar el sentido de lealtad de los militares a la autoridad constituida. Se observó escasa disposición en los comandantes de elevada o baja graduación a tomar la iniciativa para reprimir a los cadetes militares y a las restantes tropas que formaron la pequeña columna de Uriburu, mientras marchaba entre grupos de civiles simpatizantes desde el Colegio Militar hasta la Casa Rosada. En realidad, en Campo de Mayo y también en Liniers un puñado de oficiales leales adoptó medidas enérgicas, pero sólo consiguieron impedir que otras unidades se incorporasen a la columna de Uriburu, y de ningún modo lograron destruirla.[59] A medida que pasaban las horas y que se advertía que las autoridades civiles estaban desorganizadas y se mostraban indecisas, una unidad tras otra se plegaba a la revolución, comenzando por el regimiento de guardia en la presidencia e incluyendo a los comandantes de los navíos anclados en el puerto.[60]

La renuncia del Presidente en ejercicio, el Vicepresidente Martínez, presentada al general Uriburu en la Casa Rosada ocho horas después que los cadetes iniciaron su marcha desde el Colegio Militar, señaló el triunfo de la revolución. Pocas horas después el presidente Yrigoyen, que había huido a La Plata en un vano esfuerzo por obtener el apoyo de la guarnición local, también presentó su renuncia; las restantes unidades militares del área de Buenos Aires que aún no habían reconocido la autoridad de Uriburu, se pusieron a sus órdenes. En el resto del país, un intercambio de telegramas con los comandantes de las regiones militares tercera, cuarta y quinta fue suficiente para obtener que aceptaran el nuevo orden de cosas.[61]

La revolución del 6 de setiembre colocó al Ejército argentino en una posición de responsabilidad política franca. A diferencia de los intentos revolucionarios de 1890, 1893 y 1905, este movimiento tuvo éxito, y también a diferencia de los alzamientos anteriores, esta revolución fue dirigida por un oficial de carrera dispuesto a asumir el liderazgo político del país. Antes de examinar cómo utilizó este liderazgo, conviene formular un comentario acerca del papel que el profesionalismo militar representó en los acontecimientos de 1930.

El desarrollo de un concepto profesional, promovido por los cambios legales e institucionales explicados en el capítulo anterior, sin duda fue en parte responsable del distanciamiento entre Yrigoyen y gran parte del cuerpo de oficiales. Su manejo de los problemas relacionados con el personal fue considerado una amenaza a los procesos normales que regían la institución, y su indiferencia al deseo de los militares de adquirir equipos modernos fue interpretada como incapacidad para comprender las necesidades de la defensa nacional. De todos modos, la influencia del profesionalismo en la relación del Ejército con el gobierno de Yrigoyen fue un fenómeno más complejo que lo que puede deducirse a partir de las observaciones anteriores. La lealtad a la autoridad constituida y la abstención política eran aspectos del código del oficial profesional, actitudes inculcadas desde que el joven ingresaba en el Colegio Militar. La participación en una revolución implicaba superar escrúpulos profesionales, algo que la minoría de oficiales activamente comprometida en el movimiento revolucionario estaba dispuesta a hacer. Pero en el caso de la mayoría de oficiales, los valores profesionales no suministraron una clara guía de conducta, y es posible que este hecho explique su vacilación en los primeros momentos de la revolución.

¿Qué puede decirse acerca de la contribución de la influencia militar alemana sobre el Ejército argentino en la revolución de 1930? Como es sabido, el general Uriburu experimentaba profunda admiración por las instituciones militares alemanas —una actitud que se había originado durante los años en que era un oficial de menor graduación, cuando estudiaba en Alemania. Veintenas de oficiales argentinos de elevada graduación de fines de la década de 1920 habían servido diferentes períodos en unidades alemanas, o participado en sus maniobras antes de la Primera Guerra Mundial. ¿Es posible que esta experiencia dejase un legado de menosprecio hacia la autoridad civil, actitud que se manifestó en el movimiento de 1930? Tampoco en este aspecto la respuesta es sencilla. En realidad, el general Uriburu y sus colaboradores íntimos tenían escaso respeto por los políticos civiles; y como hemos visto, desde el principio se propusieron excluirlos de la participación en el movimiento revolucionario. Pero también había oficiales entrenados por los alemanes entre los hombres que apoyaron hasta el fin al gobierno de Yrigoyen. Los generales Enrique Mosconi, Nicasio Adalid y Alonso Baldrich pertenecían a esta categoría, lo mismo que los coroneles Pedro Grosso Soto, Avelino Alvarez, Guillermo Valotta, Florencio Campos y los hermanos Francisco y Roberto Bosch.

Corresponde señalar que la influencia de los valores militares alemanes sobre los oficiales argentinos fue particularmente intensa en tiempos del Kaiser, una época durante la cual dichos valores incluían el respeto a la autoridad constituida. Este hecho fue destacado durante la visita que realizó a Argentina en 1929 el general Wilhelm Heye, jefe del Estado Mayor General alemán. En una cena ofrecida en abril, a la cual asistieron las principales autoridades militares argentinas, el general Mosconi, en su condición de presidente del Círculo Militar, subrayó este punto en un entusiasta discurso de bienvenida. Al observar la presencia de muchos oficiales que, como él mismo, habían servido en el Ejército alemán, señaló: «Y allí, en ese ambiente de disciplina, de método, de previsión y consumada experiencia técnico-militar, nos instruimos y perfeccionamos nuestros conceptos militares; allí adquirimos la firme convicción de que el Ejército no debe apartarse de su cometido constitucional».[62] Diecisiete preses después, el 6 de setiembre, los oficiales que habían asistido a la cena se enfrentaron con posiciones diferentes. Algunos dirigían la revolución, otros se mantenían, leales hasta el fin, y la mayoría se mostraba indecisa: es evidente que la experiencia alemana no había ejercido una influencia consecuente sobre la conducta política de los oficiales argentinos.

Se observan contradicciones semejantes en otras explicaciones de la conducta de estos hombres. Por ejemplo, no hay una correlación claramente definida entre los orígenes sociales y las actitudes políticas en la crisis de 1930. A decir verdad, es posible identificar a los generales Uriburu y Justo con los intereses tradicionalistas, y puede afirmarse que la revolución se oponía al carácter populista y de clase media del yrigoyenismo; pero esta fórmula no explica por qué algunos hijos de inmigrantes italianos fueron miembros destacados de los respectivos grupos dirigentes —oficiales como Manuel Savio, Emilio Faccione, Juan Pistarini y Pedro Rocco, que pertenecían al grupo de Uriburu, o Juan Tonazzi y Santos V. Rossi, que colaboraron con Justo. En realidad, el 6 de setiembre aparecen oficiales argentinos de primera generación en todos los bandos, hecho que quizá constituye un indicio de las divisiones que se perfilaban en la nueva clase media.[63]

Asimismo, desde el punto de vista de la motivación económica no se delinea una imagen clara. El gobierno de Yrigoyen se había orientado hacia una política nacionalista en ciertos campos —especialmente el petróleo, donde se proponía transferir la propiedad de los recursos petroleros de la jurisdicción provincial a la nacional, otorgando al organismo estatal, YPF, el monopolio absoluto de la industria. La oposición del Senado había postergado la sanción de las leyes necesarias, aprobadas por la cámara joven en 1927. El gobierno de Yrigoyen también estaba negociando acuerdos comerciales y de pagos intergubernamentales con Gran Bretaña, y estaba discutiendo otro acuerdo con la Unión Soviética. Estos pasos implicaban alejarse del liberalismo económico, e introducir la acción del Estado en esferas económicas dominadas por los intereses económicos extranjeros. Así, se ha sostenido que la revolución del 6 de setiembre fue inspirada por los intereses económicos extranjeros, y realizada para impedir la aplicación de estas medidas. De acuerdo con una versión que se difundió poco después del 6 de setiembre, la Standard Oil financió la revolución con fondos distribuidos por el embajador norteamericano.[64] De acuerdo con otra versión, los fondos fueron movilizados por la filial local de un banco norteamericano. Jamás se presentaron pruebas de ninguna de estas dos afirmaciones.[65]

Lo que aquí nos interesa es determinar si las posiciones adoptadas por ciertos oficiales del Ejército en relación con el gobierno de Yrigoyen en setiembre de 1930 sufrieron la influencia de las medidas económicas nacionalistas del régimen. Lamentablemente, se dispone de escasa información acerca de la actitud general del cuerpo de oficiales en relación con este punto. No hay indicios en el sentido de que los oficiales discutiesen estas medidas, y menos aún de que adoptasen actitudes hacia el régimen en relación con las mismas. En unos pocos casos puede establecerse cierta relación, pero a lo sumo cabe afirmar que la misma es bastante tenue. Por ejemplo, el general Enrique Mosconi, leal hasta el fin en setiembre de 1930, había sido director de YPF. ¿Esta lealtad tenía que ver con su identificación con la política petrolera de Yrigoyen? Sería difícil sostenerlo, puesto que Mosconi, nombrado en 1922 por el presidente Alvear, se había opuesto al Partido Radical cuando se pretendió excluir toda participación privada en la industria petrolera.[66] En el caso del teniente coronel Manuel Savio, futuro defensor del desarrollo de la industria pesada bajo la dirección estatal, y partidario del nacionalismo económico, hubiera debido ser un defensor de Yrigoyen si los problemas económicos hubiesen tenido carácter determinante; pero como sabemos, representó un papel destacado en el grupo de Uriburu.[67]

Cuando se trata de explicar las decisiones de los oficiales del Ejército, en último análisis debe recordarse que no vivían en un vacío. En el ámbito del servicio militar, y al margen de las consideraciones profesionales, se manifestaron las presiones ejercidas por vínculos personales a veces muy antiguos, por ejemplo, el respeto a ciertos oficiales y la antipatía hacia otros. Y fuera del cuerpo militar sé originaban presiones determinadas por los compromisos políticos de familiares y amigos. Como ya se ha indicado, la revolución del 6 de setiembre fue mucho más que una operación militar; y las decisiones adoptadas por los oficiales del Ejército, aunque muy influidas por las reacciones de los propios oficiales ante los acontecimientos ocurridos en el servicio, reflejaron también su sensibilidad a las condiciones exteriores. Al responder de muchos modos distintos a la crisis política y económica que determinó el 6 de setiembre, los oficiales del Ejército argentino procedieron movidos por una variedad de motivos, y no como miembros de una casta militar.

III

EL EJÉRCITO EN EL PODER, 1930-1932

La asunción del poder por el general Uriburu, en setiembre de 1930, como Presidente del Gobierno Provisional, señaló el comienzo de un período de diecisiete meses de gobierno de facto. En esa misma época y después, se ofrecieron diferentes descripciones del gobierno de Uriburu: un régimen militar, un gobierno civil-militar, una dictadura personalista.[1] La confusión terminológica deriva de la estructura contradictoria del régimen. Para comprender su verdadero carácter y el lugar de los militares en él, es necesario examinar a las personas que formaron el gobierno, los procedimientos que aplicó, los grupos que lo apoyaron, y finalmente los programas que desarrolló.

El gobierno de Uriburu no fue una junta militar en el habitual sentido latinoamericano de un cuerpo ejecutivo en el cual las Fuerzas Armadas están representadas directamente en proporción con su fuerza o su aporte a la acción revolucionaria que les permite la conquista del poder. En su condición de oficial retirado, Uriburu no tenía mando militar en 1930. El éxito que alcanzó en la organización del movimiento revolucionario fue consecuencia, no tanto de su posición en la jerarquía militar, como de su enorme prestigio personal tanto entre los oficiales en servicio activo como entre los retirados.[2]

El gobierno que se originó en este movimiento fue principalmente civil. El gabinete constituido por Uriburu estaba formado, además de los ministros de Guerra y Marina, por hombres que habían ocupado cargos públicos antes de la época de Yrigoyen, o que habían actuado en las esferas comerciales y profesionales. Con excepción del ministro del Interior, Matías Sánchez. Sorondo, que tenía 50 años, los civiles incorporados al gabinete habían sobrepasado con exceso los 50 y 60 años; eran hombres que representaban el conservadorismo tradicional.[3]

El predominio de los civiles es también notable en el caso de los hombres designados para los cargos de interventores provinciales. El gobierno revolucionario actuó rápidamente para derrocar a las autoridades existentes allí donde los radicales yrigoyenistas ejercían el control. Sólo las provincias de Entre Ríos y San Luis quedaron en manos de sus gobernadores electos; pero en las otras doce se designaron interventores que actuaban bajo las instrucciones del ministro del Interior. En nueve provincias fueron designados civiles; entre ellas se contaban las más importantes y progresistas. Las otras tres —Salta, Jujuy y La Rioja— en el lejano noroeste, fueron puestas bajo la dirección de dos generales retirados y un almirante retirado.[4] Se atribuyó la misma importancia a la administración civil en las designaciones de directores de los principales organismos y entidades autónomas del gobierno nacional. Las principales excepciones fueron la Policía de la Capital Federal, puesta bajo el mando de un almirante retirado; la Dirección de Correos y Telégrafos, y la Administración de Ferrocarriles del Estado, dirigidas por oficiales del Ejército, y el organismo petrolero estatal, YPF, en cuyo caso se designó a un capitán de la Marina. Por supuesto, YPF había estado bajo la dirección del general Mosconi durante los ocho años anteriores, de modo que en ese caso la designación de un administrador militar no representó una innovación. El cambio real sobrevino en abril de 1931, cuando se designó a un civil para reemplazar al oficial naval.[5]

La presencia militar en el gobierno se manifestó esencialmente en la Casa Rosada, en el propio general Uriburu y en el pequeño grupo de oficiales que eran sus ayudantes y asesores inmediatos. Estos oficiales habían estado estrechamente vinculados con Uriburu en todo el proceso de planificación revolucionaria, y eran los que mantenían vínculos más estrechos con los objetivos extremistas y militaristas disimulados o atenuados apenas en vísperas de la revolución. El más importante de ellos era el teniente coronel Juan Bautista Molina, hombre que después adquirió notoriedad propia como nacionalista extremista, pero que entonces actuaba como jefe de la secretaría de la Presidencia. Entre otros miembros del grupo se contaban el teniente coronel Emilio Faccione, designado secretario militar, y el teniente coronel Alvaro Alsogaray, que ocupó el cargo de jefe de la Casa Militar.[6]

La presencia de estos oficiales en la Casa Rosada, en cargos que los situaban en contacto diario con Uriburu constituía un recordatorio permanente de sus planes originales, y un factor de aliento a las medidas que debían transformar las instituciones políticas de Argentina. Los oficiales que se oponían a estas medidas no tenían acceso tan fácil al presidente. Más aún, los tenientes coroneles Sarobe y Descalzo, los hombres cuyos esfuerzos para obtener el compromiso de Uriburu en el sentido de que respetaría dichas instituciones fueron explicados en el capítulo anterior, comprobaron que su presencia misma en Buenos Aires era considerada inconveniente. Unas seis semanas después de la instalación del gobierno de Uriburu, se relevó a Descalzo de su cargo de profesor en la Escuela Superior de Guerra y se lo destinó al remoto distrito militar de Formosa; y poco después Sarobe estaba a bordo de un barco, enviado como agregado militar a la Embajada de Japón. Además, media docena de coroneles y tenientes coroneles a quienes los uriburistas consideraban peligrosos para sus planes fueron destinados a cargos similares, que equivalían a una forma de exilio diplomático.[7]

Uriburu siguió un curso doble tanto en la elección de funcionarios gubernamentales como en sus procedimientos administrativos: combinó la arbitrariedad total en algunos asuntos con un escrupuloso respeto por la ley en otros. Sin embargo, en definitiva el uso discrecional de sus atribuciones dio el tono del gobierno. En realidad, un gobierno nacido de la revolución es por definición extraconstitucional, y no es lógico suponer que sus actos se ajusten a las pautas normales. Su justificación final deriva de lo que realice con su poder, no de la legalidad de sus procedimientos. Pero, de acuerdo con las palabras de su manifiesto del 6 de setiembre, el Gobierno Provisional había proclamado «su respeto por la Constitución y las leyes fundamentales vigentes», y se había presentado como un movimiento cuyo objetivo era restaurar las leyes viciadas por su predecesor. Al jurar «por Dios y la Patria», como lo hizo el general Uriburu el 8 de setiembre, «mantenerme solidario con el pueblo, con el Ejército, con la Armada, y bregar por el restablecimiento de las instituciones, por el imperio de la Constitución, y por la concordia y la unión de todos los argentinos», el Gobierno Provisional estaba definiendo una norma que permitiría juzgar sus procedimientos y los resultados de su gobierno.[8]

El gobierno de Uriburu actuó bajo el imperio del estado de sitio y la ley marcial. El estado de sitio en Argentina representa una suspensión temporaria de las garantías individuales que la Constitución garantiza, pero tiene sus propias restricciones. Las personas detenidas durante el estado de sitio pueden ser trasladadas a cualquier lugar del territorio nacional, pero debe otorgárseles la opción de marchar al exilio. Al asumir el poder, el gobierno de Uriburu utilizó el estado de sitio que el régimen derrocado había decretado el 5 de setiembre para arrestar a muchas de las principales autoridades yrigoyenistas, y a veintenas de sus partidarios. Sin embargo, en varios casos —particularmente el caso del ex presidente Yrigoyen— se negó a conceder el exilio. Yrigoyen fue detenido inicialmente a bordo de una serie de navíos de la Armada, y luego confinado hasta el último día del Gobierno Provisional en la isla Martín García, una base naval que luego habría de servir como lugar de detención de otros dos presidentes y de un futuro presidente.[9]

El gobierno de Uriburu proclamó la ley marcial durante la noche del 8 de setiembre, después de un abortado intento contrarrevolucionario de los partidarios de Yrigoyen. Permaneció en vigor hasta el mes de junio siguiente, pese a que los tribunales civiles no escatimaron los juicios durante todo el gobierno de Uriburu. Según parece, las principales víctimas de su aplicación fueron algunos criminales comunes, aunque dos de las cinco personas que según se sabe fueron fusiladas eran anarquistas. La persistencia de la ley marcial durante un período de nueve meses contribuyó a crear la imagen de un régimen brutal e implacable.[10] Ensombreció aún más esta imagen la deportación de numerosos sindicalistas extranjeros acusados de agitación social, y el empleo de la tortura física contra personas, militares y civiles, de quienes se sospechaba que habían conspirado contra el régimen. No se sabe con certera si el propio general Uriburu tenía conocimiento de las torturas, pero en todo caso es indudable que sus colaboradores inmediatos estaban bien informados. Sea como fuere, ni la deportación de trabajadores ni la aplicación de técnicas inquisitoriales promovieron la «armonía y la unidad entre todos los argentinos», un objetivo que el gobierno se había comprometido a promover.[11] El régimen de Uriburu aplicó procedimientos dictatoriales no sólo en la esfera de las libertades civiles. Su decisión de eliminar de los cargos públicos a los hombres que se habían mostrado activos en el Partido Radical lo indujo a invadir la esfera judicial y a ordenar la suspensión de jueces que, de acuerdo con las leyes, sólo podían ser removidos mediante juicios políticos. Por irónico que parezca, esta venganza contra los radicales contribuyó mucho a atenuar el descontento público que el partido había provocado durante los últimos seis meses del gobierno de Yrigoyen.

El régimen de Uriburu dependía principalmente del apoyo de las Fuerzas Armadas, que como veremos no era ilimitado; de algunos estridentes grupos nacionalistas, incluida una organización paramilitar, la Legión Cívica Argentina, que describimos en las páginas siguientes; y de ciertas organizaciones políticas provinciales, de las cuales el Partido Conservador de Buenos Aires era la más importante. Pero al comienzo mismo de su gobierno, como consecuencia de la euforia suscitada por el éxito de la revolución y por las promesas de respetar la Constitución y trabajar por la armonía nacional, el general Uriburu contó con el apoyo, o por lo menos con la buena voluntad, de sectores mucho más amplios de la opinión argentina. Estaban dispuestos a cooperar con el gobierno no sólo los partidos políticos que habían trabajado para provocar la revolución, especialmente los socialistas independientes de la Capital Federal, los demócratas de Córdoba (grupo conservador), y los radicales antipersonalistas, sino que además algunos partidos que se habían opuesto a la intervención militar, como los viejos socialistas y los demócratas progresistas, se mostraban dispuestos a convivir con el régimen. Incluso un importante sector del dividido movimiento obrero hizo una declaración pública en apoyo.[12]

Si el gobierno revolucionario se hubiese contentado simplemente con un papel de transición, preparando el país para la realización de prontas elecciones generales, estos diferentes grupos lo habrían apoyado en la tarea. Pero la decisión de Uriburu reconocida públicamente a principios de octubre, de promover una serie de reformas constitucionales que, entre otras cosas, modificaría el sistema electoral y representativo, precipitó un proceso de división política. A la oposición natural y franca de los radicales se agregó la oposición tácita de varios de los partidos que habían combatido a los radicales. Dada la falta de entusiasmo público ante sus proyectos de reforma, el apoyo a Uriburu se redujo con el tiempo a los militares, los nacionalistas y los pequeños grupos conservadores.[13]

El apoyo militar al gobierno de Uriburu, si bien suficiente para permitir la ocupación del poder durante un año y medio, no era incondicional. Uriburu debía lidiar no sólo con la amenaza de los oficiales que todavía eran leales a Yrigoyen, sino también con la influencia y las ambiciones del general Justo y sus partidarios, que discrepaban con Uriburu acerca de los objetivos de la revolución.

De los dos problemas, en definitiva fue más fácil resolver el que representaba la amenaza radical. El retiro forzoso de los oficiales superiores que se negaron a aceptar el nuevo orden, el exilio diplomático de otros, y el envío a guarniciones del interior de los oficiales de grado medio e inferior, fueron los recursos utilizados para reducir todo lo posible la influencia radical en el Ejército. Estos cambios no impidieron la actividad conspirativa, pero tendieron a alejarla de las fundamentales guarniciones de Buenos Aires. El único movimiento revolucionario que pasó a la etapa de la acción estalló en la lejana provincia de Corrientes, y fue reprimido fácilmente.[14]

La lucha entre Uriburu y Justo tuvo carácter diferente, y en general se libró tras una fachada de unidad. Los límites de esta lucha estaban determinados por la oposición de los dos contendientes al retorno radical, y su deseo común de evitar una situación en la cual el prestigio militar se viese expuesto al ridículo. La táctica del general Justo consistió en evitar el desempeño de algún cargo importante en el gobierno de Uriburu. Antes del 6 de setiembre Justo había rechazado el puesto de vicepresidente en el futuro gobierno; y aunque el 8 de setiembre, después del abortado intento contrarrevolucionario radical, a pedido de Uriburu aceptó el cargo de comandante en jefe del Ejército, renunció al puesto pocas semanas después. La razón que ofreció Justo para renunciar fue la necesidad de facilitar una investigación de los cargos que se remontaban a dos años antes, en relación con su intervención como ministro de Guerra en las compras de armamentos. Pero una ventaja implícita de su renuncia era el hecho de que evitaba el compromiso que afectaba a todos los miembros del gobierno de Uriburu, en el sentido de que ninguno de sus miembros aspiraría a la presidencia en elecciones futuras.[15]

Así, mientras Justo permanecía al margen del gobierno, procuraba mantener sus vínculos con otros oficiales y con las figuras políticas civiles. Más aún, en la reorganización de mandos militares que siguió al movimiento del 6 de setiembre, los partidarios de Justo obtuvieron cargos importantes, que les permitieron ejercer una influencia moderadora sobre el gobierno. El más importante de estos cargos correspondió al ex colaborador principal de Justo en el Ministerio de Guerra, el coronel Manuel Rodríguez, designado comandante de la división más poderosa del Ejército, destacada en Campo de Mayo.[16] La ulterior elección del coronel Rodríguez como presidente del Círculo Militar en marzo de 1931, demostró la permanente influencia del grupo de Justo sobre el cuerpo de oficiales.[17]

En la lucha silenciosa entre los generales Uriburu y Justo por el apoyo de las fuerzas militares, el Presidente Provisional contaba con ciertas ventajas. Por ejemplo, podía designar —y aprovechó ese privilegio— oficiales del Ejército para integrar comisiones investigadoras y ocupar cargos civiles que implicaban emolumentos adicionales. Pero en vista de la promesa del gobierno en el sentido de que reduciría el presupuesto, no podía ofrecer un aumento general de sueldos; más aún, todos los empleados del gobierno, civiles y militares, sufrieron una reducción del sueldo, algunos en la proporción del 22 por ciento.[18] Sin embargo, se halló un modo indirecto de mejorar la situación financiera de los oficiales militares, mediante una novedosa operación de préstamos organizada por la Presidencia, para solventar las deudas personales de todo el cuerpo de oficiales. La Oficina de Administración General del Ministerio de Guerra tomó prestada la suma de 5 millones de pesos para cancelar las cuentas individuales de los oficiales. Pero las solicitudes de préstamos debían ser aprobadas personalmente por el secretario de la Presidencia, teniente coronel Juan Bautista Molina. Los oficiales que se beneficiaban con el plan podían reembolsar el préstamo en el plazo de diez años, mediante descuentos mensuales de sus sueldos. Se ignora cuántos oficiales aprovecharon la oportunidad; pero toda esta operación, que no fue revelada oficialmente al público, exhibió las características de un esfuerzo deliberado para comprar el apoyo al gobierno.[19]

En sus esfuerzos por obtener apoyo entre los oficiales superiores, el Presidente Provisional soportaba ciertas desventajas. Su sentido de corrección le impedía violar el precepto constitucional que exigía la confirmación del Senado para los ascensos al rango de coronel y grados superiores.[20] Por lo tanto, no podían otorgarse dichos ascensos antes de que se celebraran elecciones para reorganizar el Congreso Nacional. Si bien los planes políticos de Uriburu permitían concebir dudas acerca del momento en que se realizarían las elecciones, Justo siempre se había manifestado favorable a una pronta convocatoria. Por lo tanto, los oficiales que estaban en condiciones de ascender a los grados superiores —y su número era desusadamente elevado porque no se habían otorgado ascensos desde 1928— tenían motivos para apoyar la pronta convocatoria del Congreso. Sin embargo, sólo cabe conjeturar hasta qué punto esta consideración influyó sobre la posición que adoptaron.

Los problemas económicos propiamente dichos sólo tuvieron interés indirecto para las Fuerzas Armadas durante el gobierno de Uriburu. Éstas revelaron escasa disposición a discutir, y mucho menos a interferir, en las medidas fiscales, monetarias y comerciales del gobierno, quizá a causa de la magnitud de los problemas creados por la crisis mundial, y tal vez en vista de la reputación de los administradores económicos del Presidente Provisional; pero probablemente también porque pocos militares se consideraban competentes para afrontar las complejas cuestiones debatidas. En todo caso, la administración pudo aplicar sus programas económicos sin que los militares adoptasen actitudes de oposición.

El sector que interesaba directamente a los militares era, por supuesto, la distribución del presupuesto. El Gobierno Provisional se propuso reducir los déficit del gobierno anterior mediante la reducción de los gastos públicos. En el curso de 1931, a pesar de la permanente disminución de los ingresos en concepto de aranceles aduaneros —fenómeno relacionado con la brusca disminución de las importaciones— el gobierno logró disminuir la distancia entre los ingresos y los gastos. Los gastos gubernamentales fueron reducidos al nivel más bajo desde 1928, y los gastos militares también disminuyeron en términos absolutos. Pero una ojeada a la Tabla 6 (pág. 60) muestra que el gobierno procuró no efectuar reducciones excesivas en los rubros que afectaban a las Fuerzas Armadas. La reducción de casi 13 millones de pesos en los gastos de 1931 —que situó el total de gastos militares por debajo de la cifra correspondiente a 1928, pero no a 1929— se obtuvo principalmente mediante una drástica reducción de los gastos en armamentos. Por otra parte, los gastos del personal militar continuaron siendo más o menos los mismos, y los correspondientes a la Marina de hecho aumentaron. En vista de las mayores reducciones de los gastos gubernamentales en otros departamentos, la parte correspondiente al presupuesto militar en el total de gastos del gobierno aumentó en 1931 —a pesar de la reducción de 13 millones de pesos— al 20 por ciento, comparado con el 18,6 por ciento en 1930.

En resumen, el gobierno de Uriburu actuó cautelosamente con respecto a los gastos militares.[21] El presupuesto proyectado para 1932 imponía una nueva disminución de los gastos militares, con reducción de las sumas destinadas al pago del personal militar y upa disminución sustancial de los pagos por armamentos. Es verdad que Uriburu autorizó nuevos contratos de armamentos por más de 7 millones de pesos, pero los materiales debían entregarse más adelante, en un período en que, según se esperaba, las condiciones fiscales habrían mejorado. Más aún, los fondos autorizados, aunque mucho más elevados que durante el gobierno de Yrigoyen, representaban una continuación de la política seguida entre 1923 y 1928.[22]

Aunque el gobierno de Uriburu pudo aplicar su programa económico despreocupándose relativamente de las reacciones militares, las medidas de carácter político lo implicaron en un diálogo con los oficiales de las Fuerzas Armadas. Los ministros de Guerra y Marina eran los canales normales de comunicación, pero el presidente Uriburu a menudo hablaba ante el público militar con el fin de obtener apoyo para sus medidas. Es un hecho paradójico que realizó algunos de sus anuncios políticos más importantes en los discursos pronunciados en instalaciones militares, en las cuales la política era presuntamente una amenaza a la moral y la unidad.[23]

Como ya se ha observado, el objetivo político del general Uriburu era la adopción de reformas constitucionales que, en su opinión, impedirían una repetición de un gobierno tipo Yrigoyen. Si bien algunas de estas reformas implicaban proyectos de gran alcance destinados a fortalecer las ramas legislativa y judicial en relación con la ejecutiva, y a defender la autonomía provincial de los intentos de dominio del centro, la esencia de la proyectada reforma era la modificación del sistema vigente de sufragio masculino universal y representación geográfica. Aunque nunca se explicaron los detalles, los proyectos se orientaban hacia cierto tipo de voto limitado, y procuraban establecer la representación directa de los grupos funcionales.

Después de haberse comprometido privadamente en un acuerdo prerrevolucionario con los oficiales de Justo, y públicamente en el juramento del 8 de setiembre, en el sentido de que no impondría sus ideas mediante la fuerza, el general Uriburu se propuso asegurar la adopción constitucional de las mismas mediante un plan político que contemplaba una serie de elecciones realizadas de acuerdo con las leyes en vigencia, y un retorno gradual al gobierno constitucional. La primera etapa debía ser la restauración de las autoridades provinciales mediante elecciones escalonadas, que comenzarían en las provincias en que las fuerzas políticas antirradicales ofrecían las mejores perspectivas de victoria. Después de completado el ciclo de elecciones provinciales, se celebrarían elecciones nacionales de diputados y senadores. Una vez reunido el Congreso, se le pediría que aprobase la convocatoria de una asamblea constituyente —digamos de pasada que esta decisión exigía una mayoría de dos tercios—, que debía considerar los proyectos de reforma. Sólo después de aprobados estos últimos se celebrarían elecciones presidenciales y desaparecería el gobierno revolucionario. Este plan político, cuya aplicación fue iniciada por el ministro del Interior Sánchez Sorondo, descansaba en dos supuestos dudosos: primero, que al margen de sus sentimientos acerca del Partido Radical, la masa del electorado aprobaría cambios institucionales destinados a limitar su participación futura en el proceso político; y segundo, que los partidos antiyrigoyenistas en las diferentes provincias apoyarían el proyecto de representación corporativa, y de esa manera pondrían en peligro su propio futuro.

Se puso a prueba por primera vez el plan en la provincia de Buenos Aires. Allí, el Partido Conservador, a diferencia de los partidos no radicales de otras provincias, aceptó apoyar los objetivos reformistas del gobierno, como parte de un entendimiento en el sentido de que el propio Partido Conservador sería el núcleo de un nuevo movimiento político nacional. Seguros de que contaban con abrumador apoyo electoral, los líderes conservadores reclamaron que se llamase cuanto antes a elecciones en la provincia de Buenos Aires, y alentaron la participación de las fuerzas radicales, presuntamente debilitadas, de modo que no pudiese dudarse de la legitimidad de los resultados.[24] La elección, que se realizó el 5 de abril de 1931, permitiría designar gobernador y constituir la legislatura provincial. Presentaron candidatos los conservadores, los radicales y los socialistas; tan considerable era el optimismo del Gobierno Provisional que el general Uriburu jugó su propio prestigio en la disputa electoral. En un manifiesto publicado pocos días antes de la votación, denunció a los radicales que, según afirmó, hacían un doble juego de conspiración y elecciones, insistió en que no tenían derecho a dirigirse al público mientras no repudiasen al yrigoyenismo, y afirmó claramente que su victoria «nos retrotraería a la época prerrevolucionaria y habría hecho inútil y estéril a la Revolución».[25]

Los resultados de la elección del 5 de abril conmovieron hasta los cimientos al gobierno de Uriburu. La mayoría radical en la pugna entre los tres partidos demostró los falsos supuestos del plan político y puso en tela de juicio el futuro mismo del gobierno, al mismo tiempo que originaba una ola de entusiasmo y confianza entre los líderes radicales de todo el país. En el curso detesta crisis se acentuó la presión militar en favor de una reorientación de la política oficial. El general Uriburu se vio en la alternativa de ceder el cargo al Presidente de la Corte Suprema, o hacer concesiones al grupo Justo en el sector militar. Uriburu eligió este último plan de acción, con la esperanza de que en el desarrollo del proceso podría salvar parte de su programa original. El precio inmediato del mantenimiento de la fuerza militar fue la renuncia del ministro del Interior, Sánchez Sorondo, reclamada desde hacía cierto tiempo con intensidad cada vez mayor en los círculos militares y navales —en parte a causa de sus maniobras políticas, y en parte en vista de su supuesta responsabilidad en el maltrato de los oficiales arrestados cuando se descubrió la conspiración radical de febrero. Después del fracaso electoral, los ministros de Guerra y Marina señalaron a Uriburu que la renuncia de Sánchez Sorondo era absolutamente necesaria.[26]

La renuncia de todo el gabinete el 15 de abril abrió el camino a una restructuración del gobierno. Ni Lisandro de la Torre, líder demócrata progresista y antiguo amigo del Presidente Provisional, ni el general Justo estaban dispuestos a incorporarse al gabinete; pero después de consultas con Justo, Uriburu designó a Octavio Pico, poco antes ministro de Obras Públicas, para ocupar la crítica cartera del Interior. A su vez, las Fuerzas Armadas realizaron una manifestación pública de solidaridad con el régimen, y unos ochocientos oficiales del Ejército y la Marina —prácticamente todo el cuerpo de oficiales del área de Buenos Aires—visitaron en masa al presidente Uriburu en la Casa Rosada y le aseguraron su apoyo.[27] A juicio del diario La Prensa, este acontecimiento debía «dar al país la sensación de confianza que necesita, a fin de que se lleve adelante el programa de restauración institucional que justificó el pronunciamiento cívico-militar del 6 de setiembre».[28] Y entre los oficiales, considerados individualmente, había optimismo acerca de las posibilidades de retornar a la normalidad antes de fin de año.[29]

Pero en realidad, el general Uriburu continuaba adhiriendo obstinadamente a la idea de la reforma institucional, y no quería reconocer que, en vista de la oposición pública, carecía siquiera fuese de la fuerza, militar necesaria para realizar dicha transformación. Aunque no veía su propia debilidad política, ésta era obvia para quienes examinaban la situación como observadores. «La educación y la experiencia militar», comentaba un funcionario de la Embajada de Estados Unidos, «han desarrollado en el Presidente una voluntad firme y un sentido de autoridad, pero no han creado una comprensión de la psicología política, como en su colega el general Justo». Después de señalar que Justo había rehusado astutamente participar en el gabinete, el funcionario continuaba: «Como estos dos hombres parecen marchar unidos, el Ejército apoyará al Presidente, pero creo que poca duda cabe de la preferencia de la gran mayoría de oficiales por Justo».[30]

La insistencia de Uriburu en las reformas constitucionales lo indujo a ignorar el clamor público en favor de un llamado inmediato a elecciones presidenciales. Aceptó, en efecto, llamar a elecciones simultáneas de gobernadores provinciales y de diputados y senadores, y el 8 de mayo emitió un decreto convocando a dichas elecciones, que se celebrarían 6 meses después. Pero en un decreto publicado el mismo día anunció que se llamaría a sesión especial al nuevo Congreso para considerar el problema de la reforma constitucional. Las recomendaciones específicas mencionadas en este decreto y desarrolladas más ampliamente en un manifiesto público que se conoció un mes después, ya no incluían la comprometida idea de la representación corporativa. Ahora Uriburu estaba dispuesto a sacrificar ese punto, si podía obtener la adopción de otras recomendaciones, de modo que la revolución significase algo más que la mera expulsión de su predecesor.[31]

Pudo dudarse de la sinceridad con que Uriburu renunciaba a un concepto que a juicio de sus críticos tenía carácter eminentemente fascista, cuando se vio que simultáneamente organizaba una fuerza paramilitar con los elementos nacionalistas que habían gravitado hacia él antes y después del 6 de setiembre. La idea de fusionar a estos grupos se originó en el teniente coronel Molina y el doctor Juan Carulla, médico nacionalista y estrecho asociado del Presidente.[32] La Legión Cívica Argentina, como se denominó a este grupo, recibió estado legal por un decreto del 18 de mayo, como reserva de las Fuerzas Armadas. Se autorizó a sus miembros a recibir entrenamiento militar en los cuarteles del Ejército los domingos por la mañana, y se designó a cierto número de oficiales regulares para que ayudasen a organizarías.[33]

La Legión Cívica, que tenía unos diez mil miembros en mayo de 1931, también obtuvo privilegios especiales, por ejemplo la autorización para utilizar las escuelas públicas en sus actividades patrióticas. El presidente Uriburu demostró su interés personal en el asunto asistiendo al primer desfile importante, realizado el 26 de abril, y con un acto sin precedentes: el permiso otorgado a las fuerzas de esta organización para que marchasen al frente del desfile anual del 25 de Mayo. La creación de la Legión Cívica, con sus formaciones de jóvenes militarizados, fue a juicio de muchos argentinos de los círculos civiles y militares una imitación de la milicia fascista italiana. El general Uriburu defendió a la Legión Cívica, afirmando que era un «organismo absolutamente apolítico, que persigue el más alto objetivo que pueda anhelar una corporación, cual es la defensa de la Patria y del orden»; pero el hecho de que sus miembros adoptasen una actitud critica frente a todos los partidos políticos existentes mal podía convertirla en organización apolítica. Una indicación más acentuada de su carácter fue el anuncio del doctor Carulla, a principios de junio, de un plan para realizar un mitin de masas de cien mil legionarios el 8 de setiembre, «para liberar de su juramento al general Uriburu e informarle que la verdadera opinión y el deseo ferviente del pueblo argentino es que presente su candidatura a la presidencia titular de la Nación».[34]

Aunque el general Uriburu se apresuró a desmentir esta declaración, aparentemente había pensado utilizar a la Legión Cívica para fines políticos de otro tipo. Lisandro de la Torre ha relatado una conversación que sostuvo con Uriburu en junio de 1931, acerca de las actitudes del futuro Congreso frente a la reforma constitucional. Cuando de la Torre expresó dudas acerca de la posibilidad de que se obtuviese la necesaria mayoría de dos tercios, el Presidente replicó: «Setenta mil legionarios desfilarán por delante del Congreso y le enseñarán lo que debe hacer, y si rechaza la reforma, le demostraré que si hice una revolución de abajo, soy capaz de hacerla de arriba».[35] Tal el relato de Lisandro de la Torre, publicado después que rompió con Uriburu; en todo caso, Uriburu jamás lo refutó. El comentario de Lisandro de la Torre al recordar el episodio fue que Uriburu no tenía setenta mil legionarios, que el Congreso no habría cedido, y que ni siquiera el Ejército lo habría apoyado.

En realidad, la actividad conspirativa contra el gobierno de Uriburu en los círculos militares se había acentuado en las semanas que siguieron a la elección del 5 de abril. Las principales figuras de esta conspiración, que se desarrollaba en varias guarniciones, eran oficiales que habían permanecido leales el 6 de setiembre, hombres que se autodenominaban legalistas o imparciales, pero que políticamente simpatizaban con los radicales. Inicialmente el movimiento debía estallar en junio, pero ocurrió algo que determinó su postergación.[36]

De acuerdo con la versión del teniente coronel Atilio Cattáneo, jefe de la conspiración en la Quinta División de Tucumán, lo que ocurrió fue que se introdujeron en el movimiento el general Justo y su camarilla. Utilizando a un intermediario, Justo estableció contacto con el jefe de la conspiración en Buenos Aires, que según la versión de Cattáneo era el teniente coronel Francisco Bosch; y como resultado de algunas negociaciones, Justo asumió la dirección del movimiento, mientras Bosch ocupaba el papel de jefe de Estado Mayor. Esta división de papeles se realizó a pesar de las protestas de Cattáneo, del teniente coronel Gregorio Pomar, jefe de la conspiración en la Tercera División de Paraná, y de otros oficiales legalistas. Poco después del cambio de jefatura, llegó la orden de postergar la iniciación del movimiento hasta que se Conocieran los resultados de la elección del 8 de noviembre.[37]

De acuerdo con la versión de Cattáneo, el general Justo utilizó el movimiento para obligar a Uriburu a aceptar la candidatura del primero a la presidencia. Cattáneo afirma que se realizó el anuncio público de esta candidatura en el momento mismo de la postergación del golpe.[38] Pero en el mes de junio —precisamente el momento en que, según se afirma, ocurrían estos hechos— el presidente Uriburu aún no se resignaba a aceptar a Justo como posible sucesor, o siquiera a celebrar elecciones presidenciales antes de realizar las reformas constitucionales.[39] Más aún, en la cena anual de las Fuerzas Armadas, realizada el 7 de julio, Uriburu todavía insistió en que estas reformas constituían el prerrequisito de la restauración del gobierno constitucional. Afirmó entonces:

Y bien: volveremos a la normalidad: es este mi más apurado deseo, y mi más vivo empeño, pues me es muy áspero el sacrificio de un gobierno difícil que no ambiciono. Pero no retornaremos a la normalidad engañosa que hasta el 6 de setiembre permitió todos los excesos de la demagogia y que representa en el porvenir un grave peligro que puede repetirse, sino a la que estará garantizada con las reformas que constituyen el programa de la Revolución, para las que por mi parte agotaré todos los esfuerzos, a fin de que sean sancionadas.[40]

La suspensión de la conspiración en junio por iniciativa de Justo, suponiendo la exactitud de la reseña fundamental de Cattáneo, seguramente respondió a otros motivos que los que el propio Cattáneo le atribuye. Sin embargo, más tarde Justo negó haber tenido ninguna participación en esta conspiración, y en realidad no hay más pruebas que las afirmaciones de sus enemigos políticos.[41] Sin embargo, es evidente que, a pesar de la afirmación de Cattáneo, las perspectivas políticas de Justo todavía eran inciertas en junio de 1931.

Todo esto habría de cambiar un mes después, cuando el teniente coronel Pomar intentó una revuelta en Corrientes. Pomar, Cattáneo y otros legalistas se opusieron a la orden de postergar la acción hasta noviembre, y procuraron mantener vivo el movimiento. Los esfuerzos de Cattáneo en Tucumán se vieron socavados por el traslado de sus compañeros de conspiración; pero Pomar, que había dejado su puesto de Paraná en uso de licencia, halló importante apoyo en los hombres del 9 de infantería, acantonado en Corrientes. El 20 de julio se apoderó del regimiento y de la ciudad. En la proclama que publicó reclamaba el retorno inmediato a la normalidad institucional, la asunción del poder nacional por el Presidente de la Corte Suprema, la celebración de elecciones simultáneas para constituir todas las ramas y los niveles del gobierno, y el retorno del Ejército a sus funciones profesionales. Evidentemente, Pomar esperaba que su iniciativa alentaría en el mismo sentido a otras guarniciones, pero nada de ello ocurrió. Al atardecer del 21, en vista de la rápida movilización de las fuerzas gubernamentales, se vio obligado a buscar refugio con sus hombres en Paraguay.[42] La rebelión de Pomar fue mucho más que un fracaso militar. Dio al gobierno la excusa que necesitaba para perseguir al Partido Radical, y abrió el camino a la candidatura del general Justo. Desde el 5 de abril los radicales habían creído que vencerían en elecciones libres, y muchos de sus enemigos coincidían en ello. El partido estaba reorganizándose entusiastamente bajo la dirección del ex presidente Alvear, y reparando las antiguas divisiones entre los personalistas (yrigoyenistas) y los antipersonalistas.[43] La actitud de Alvear, que se negaba a repudiar a los personalistas, representaba una fuente de inquietud para el presidente Uriburu y para todos los que se identificaban con el movimiento del 6 de setiembre. El espectro de un retorno al poder, por vía electoral, de los mismos hombres que habían sido eliminados por la revolución, agobiaba la imaginación de los partidarios del régimen, y los acicateaba a idear modos de celebrar elecciones sin ese riesgo. El abortado golpe de Pomar, el 20 de julio, proveyó la justificación indispensable.

La persecución a los radicales adoptó varias formas, desde la clausura de sus locales y publicaciones al exilio de las principales figuras partidarias, incluido el ex presidente Alvear.[44] Sin embargo, un hecho más serio que estas medidas policiales fue la decisión, publicada en un decreto del 24 de julio, en el sentido de que quien hubiera ocupado cargos en el depuesto gobierno de Yrigoyen, incluidas bancas en la legislación, no podría ser candidato en las elecciones del 8 de noviembre. La prohibición afectaba también a todos los que de cualquier modo estuviesen implicados en la conspiración de Pomar. La decisión del gobierno de limitar la participación en dichas elecciones a los candidatos que él mismo aprobara era evidente, y esta decisión habría de ratificarse una y otra vez en los meses subsiguientes, y culminaría, una vez realizada la convocatoria a elecciones presidenciales,\ en el veto del 6 de octubre a los candidatos radicales Marcelo de Alvear y Adolfo Güemes. Puesto ante la alternativa de requerir la previa aprobación oficial de sus candidatos, o de boicotear la elección del 3 de noviembre, el Partido Radical adoptó este último temperamento. De ese modo, la política argentina había retornado a condiciones semejantes a las que regían antes de la sanción de las reformas electorales de 1912.[45]

Después de la rebelión de Pomar, cuando decidió utilizar todos los medios necesarios para excluir de las elecciones del 8 de noviembre a los candidatos yrigoyenistas, el presidente Uriburu también convino, en un significativo cambio de actitud, en ampliar la convocatoria para incluir la elección de presidente. Este abandono de su obstinada insistencia en la prioridad de la reforma constitucional sobre la celebración de elecciones presidenciales se atribuye generalmente a la enfermedad del Presidente, un estado ulceroso que «le obligó a convocar a elecciones apresuradamente, para sustituir al Gobierno Provisional y retirarse de la jefatura del Estado».[46]

Sin embargo, la oportunidad del cambio de actitud sugiere que influyeron sobre la decisión ciertas presiones que se ejercían desde otros sectores. Aunque el decreto de convocatoria a elecciones presidenciales no fue publicado hasta el 28 de agosto, los periódicos ya anticiparon la decisión a los diez días del fracaso del movimiento de Pomar. Por consiguiente, puede conjeturarse que el grupo de Justo reclamó las elecciones presidenciales de noviembre como precio de su cooperación para aplastar la conspiración.[47]

Por supuesto, el general Justo fue el principal beneficiario de la decisión política adoptada por el general Uriburu después de julio de 1931. Su candidatura a la presidencia, que sus amigos en el Ejército habían apoyado desde el comienzo mismo, fue aceptada ahora por los partidarios de Uriburu como una alternativa más conveniente que una candidatura civil —especialmente si el civil era Lisandro de la Torre, que tenía la reputación de ser contrario a los gastos militares.[48] Sin embargo, los militares no podían imponer la candidatura del general Justo; era necesario el apoyo de un movimiento político civil de base nacional. Como sólo los radicales tenían una organización nacional, se necesitaba crear una combinación de partidos regionales que promoviese su candidatura.

De hecho, se organizó esa combinación en pocas semanas, y así nació el agrupamiento denominado la Concordancia, asociación de los partidos Conservador, Antipersonalista y Socialista Independiente, que se habían unido antes del 6 de setiembre para oponerse a Yrigoyen. A pesar de las diferencias que más tarde separaron a estos grupos, y de las que se manifestaron con respecto al gobierno tradicional, la perspectiva de obtener el poder político mediante el apoyo a un candidato común los indujo a designar al general Justo candidato a la presidencia. Sin embargo, los conservadores y los antipersonalistas insistieron en designar cada uno su propio candidato a vicepresidente —Julio Roca y José Matienzo, respectivamente— y como resultado de esta actitud, Justo fue conocido como el candidato bígamo.[49]

Una vez que el Partido Radical decidió abstenerse, la principal oposición a los binomios Justo-Roca y Justo-Matienzo fue otra combinación partidaria, la que formaron los demócratas progresistas y los socialistas, quienes convinieron apoyar a Lisandro de la Torre y Nicolás Repetto para la presidencia y vicepresidencia respectivamente. La Alianza, nombre por el cual se la conocía, tenía su fuerza principal en Santa Fe y la Capital Federal; pero en cuanto era la principal oposición al candidato del Gobierno Provisional, contó con el apoyo individual de muchos radicales.

Sin embargo, este apoyo no bastó para compensar las ventajas de que gozaba el general Justo, cuyos partidarios en el Ministerio del Interior y en los gobiernos provinciales no vacilaron en utilizar su control sobre la policía y los procedimientos electorales en beneficio de su candidato. El hecho de que gran parte de la campaña se desarrollase en las condiciones creadas por el estado de sitio, dirigido y aplicado por los funcionarios provinciales, limitó severamente las posibilidades de los candidatos de la Alianza.[50] Cabe formular conjeturas acerca de la posibilidad de que de la Torre y Repetto, en vista de sus antecedentes antirradicales, anticlericales y antimilitares, hubiesen obtenido apoyo suficiente, fuera de Santa Fe y la Capital Federal, para conquistar una mayoría en el colegio electoral en el curso de elecciones libres; pero es indiscutible que el general Justo ganó la presidencia en una elección viciada desde el comienzo por exclusiones y limitaciones. Una elección que de ningún modo respondía a las normas establecidas por las leyes que el propio Gobierno Provisional había jurado respetar.

La elección de noviembre de 1931 fue el puente que permitió a Argentina pasar de un prolongado período de gobierno de facto a lo que era por lo menos una apariencia de gobierno constitucional. Pero las condiciones de la elección crearon una situación artificial y peligrosa. El Partido Radical, que había dominado la política nacional durante quince años con sus abrumadoras mayorías populares, carecía absolutamente de representación. Las fuerzas conservadoras estaban ahora en condiciones de ejercer un poder que no habían detentado desde 1916; y aun el papel de oposición legislativa al gobierno correspondió, por defecto, a partidos distintos de los radicales.[51]

La organización del Congreso en enero de 1932, seguida del ascenso al poder del presidente Justo el 20 de febrero, terminó el periodo de responsabilidad militar directa en el ejercicio del gobierno. Corresponde que nos preguntemos en este punto ¿cómo influyó dicha experiencia política sobre la propia organización militar? ¿Cómo influyó sobre la organización, los reglamentos, la disciplina y la opinión del Ejército? ¿Qué imagen pública de los militares se delineó como resultado de la experiencia?

La época de Uriburu influyó menos de lo que podría imaginarse sobre la fuerza y la estructura del Ejército. En general, las tendencias iniciadas en la década de 1920 continuaron desarrollándose: por ejemplo, en las medidas relacionadas con el potencial humano no hubo un aumento muy importante, a pesar de la impresión suscitada por los críticos contemporáneos y repetida en obras más recientes.[52] En realidad, los reclutas militares incorporados a principios de 1930 permanecieron bajo bandera hasta febrero de 1931, con el fin de mantener el nivel de fuerza militar hasta que la nueva clase recibiese cierto entrenamiento rudimentario.[53] Pero esta nueva clase, la primera incorporada bajo el régimen de Uriburu, contó con 25.600 individuos, comparados con los 25.098 incorporados durante el gobierno de Yrigoyen, el año anterior; como se ve, mal puede hablarse de un aumento considerable de las cifras de reclutas. En enero de 1932, la segunda clase incorporada durante el gobierno de Uriburu aportó 26.575 hombres, incremento un poco mayor —pero todavía ajustado a la pauta de incrementos anuales que había comenzado a prevalecer hacia fines del primer gobierno de Yrigoyen.[54]

El gobierno de Uriburu se ocupó de resolver la evidente escasez de oficiales. No sólo anticipó en tres meses la graduación de la clase de 1931 del Colegio Militar, sino que aumentó el número de becas disponibles en la institución. La inscripción total, que era de 682 cadetes en 1930, aumentó a 690 en 1931, y luego, con el agregado de un año preparatorio al programa regular de cuatro años, aumentó en 1932 a 837 individuos. Sin embargo, es posible que ese aumento respondiese a otras razones. En períodos de crisis económicas, la ampliación de las oportunidades de realizar una carrera militar no dejaba, por lo tanto, de ejercer cierta atracción general.[55]

En sus medidas acerca del personal militar, el régimen de Uriburu se caracterizó por una mezcla de favoritismo, espíritu de venganza y limitación. Ya hemos mencionado el préstamo especial organizado para financiar las deudas de los oficiales militares. Otro ejemplo de favoritismo, especialmente desde el punto de vista de los civiles, era la tarifa reducida que el personal militar pagaba por la patente de sus automóviles. Más aún, cuando se acercaba el término de su presidencia, Uriburu se preocupó de que los miembros de su círculo íntimo se viesen recompensados con interesantes designaciones en el extranjero.[56] Con respecto a los actos de venganza, cabe señalar que el Gobierno Provisional revocó las medidas que habían representado la reparación practicada por Yrigoyen. Los ascensos irregulares, las modificaciones de la antigüedad, las violaciones del diagrama de organización, todo fue anulado en un mismo decreto.[57] Es indudable que en los ascensos que concedió al personal subalterno y medio, el gobierno de Uriburu recompensó a los partidarios leales; pero cabe señalar que se mantuvo dentro de los límites fijados por la ley, y que no concedió ascensos generosos, como había hecho Yrigoyen.[58] Más aún, como ya se ha indicado, en los grados superiores Uriburu no otorgó ascensos, y prefirió esperar la convocatoria del Senado. Cuando el cuerpo recientemente elegido se reunió, a principios de 1932, Uriburu le presentó una lista de ascensos de coroneles y generales; pero la misma nunca fue considerada, y por su parte Justo la retiró.[59]

El gobierno de Uriburu también prefirió remitir a la consideración futura del Congreso, en lugar de resolver el problema con un decreto, sus recomendaciones de modificación del reglamento militar fundamental que establecía los procedimientos de reclutamiento, ascenso y retiro. Sancionada en 1915, a juicio de los círculos civiles y militares esta ley era deficiente, en particular en cuanto se refería a las cláusulas relativas al retiro, y exigía importantes cambios.[60] Los intentos anteriores de obtener su reforma por vía legislativa habían fracasado, y es indudable que la tentación de modificarla por decreto habrá sido muy intensa. Sin embargo, el Ministerio de Guerra de Uriburu se limitó a preparar un proyecto para someterlo a la consideración del futuro Congreso.[61] Podemos adelantar aquí que durante los doce años siguientes el Congreso no se ocupó de modificar la ley de 1915, y que cuando al fin se la sustituyó, en 1944, la medida adoptó la forma de un decreto dictado por otro régimen militar.

Pero el gobierno de Uriburu utilizó su poder de emitir decretos para realizar una importante innovación, la creación de la Escuela Superior Técnica, contraparte tecnológica de la Escuela Superior de Guerra. Esta institución, que reemplazaba al curso avanzado que se impartía en el Colegio Militar, educaba a los ingenieros militares y era el corolario lógico de los esfuerzos que ya estaban realizándose para desarrollar una industria de armamentos, incluida la producción de aviones. Bajo su primer director, el teniente coronel Manuel Savio, la Escuela Superior Técnica habría de convertirse en centro de estudio de los problemas técnicos relacionados con el desarrollo de la industria pesada, y en promotora de las doctrinas económicas nacionalistas en el seno del Ejército.[62]

La influencia de la época de Uriburu sobre el Ejército argentino por supuesto no se limitó a los problemas de desarrollo, ascensos, entrenamiento y reglamentaciones, y de hecho afectó la moral misma y la opinión del cuerpo de oficiales. Se perfiló la tendencia a subordinar los valores profesionales a los problemas políticos, y los temas que antes se creían ajenos a la competencia de los oficiales se convirtieron en cuestiones de discusión cotidiana. Los efectos perjudiciales para el nivel profesional fueron evidentes aun para aquellos oficiales que habían apoyado la revolución. En una carta de abril de 1931, el capitán Perón observaba al teniente coronel Sarobe, quien entonces se encontraba muy alejado de la escena argentina:

Creo que al cuadro de oficiales esta revolución le ha hecho un gran mal. Será necesario que los hombres que vengan a gobernar vuelvan las cosas a sil lugar. Esto no tiene otro arreglo que multiplicar las tareas. El año 1932, por lo menos, debe ser para los oficiales en general un año de extraordinario trabajo de todo orden; sólo así podrá evitarse el mal que produce en el Ejército la ociosidad, la murmuración, y la política. Será necesario que cada militar esté ocupado en asuntos de su profesión de diana a retreta. De lo contrario, esto irá de mal en peor.[63]

Otros oficiales expresaron opiniones semejantes. El teniente coronel Ángel M. Zuloaga, director general de la Aviación Militar, escribía en esa misma época a Sarobe, y comentaba el resquebrajamiento de la disciplina en el Ejército y la Marina: «Sin este requisito no podrán existir por mucho tiempo como órganos de la defensa nacional, al margen de las luchas políticas naturales en los países cultos. De no proceder con mano férrea en este problema, el país tendrá que lamentar el triste espectáculo de conatos revolucionarios en base a facciones del Ejército o la Marina».[64] El deterioro de la disciplina y la intensificación de las rivalidades en el seno del cuerpo de oficiales fueron la consecuencia inevitable de la revolución de setiembre. Otro resultado fue el desdén cada vez más acentuado hacia los civiles y los políticos civiles. Los discursos de Uriburu a sus camaradas de arma denigraban insistentemente a los políticos e inculcaban la opinión de que el patriotismo era hasta cierto punto monopolio de las Fuerzas Armadas o de grupos especiales como la Legión Cívica. No es posible determinar cuántos oficiales aceptaron esta posición, pero parece probable que buen número de oficiales jóvenes compartieran las desdeñosas actitudes de su comandante en jefe.

El daño infligido por la revolución a la sociedad argentina se manifestó en dos aspectos. Por una parte, muchos oficiales se resistieron a aceptar del todo la idea de que la actividad política partidaria es un fenómeno normal y esencial en una sociedad democrática. Por otra parte, se destruyó en parte la confianza de los civiles en las Fuerzas Armadas como institución nacional que estaba por encima de la política, y se difundió un sentimiento de escepticismo acerca de sus objetivos. Como dijo Alfredo Colmo: «En adelante, el Ejército se verá en dificultades para convencer a nadie de que es patrimonio de todo el país, de que en su seno no tienen cabida ciertas pasiones extrañas, y de que no hay elementos egoístas o irresponsables que ejercen una influencia nefasta. Tendrá que trabajar para recuperar su prestigio y su buen nombre».[65]

Como se ve, el gobierno de Justo, que asumió el poder en 1932, afrontaba una enorme tarea —una tarea creada por las mismas actividades que se desarrollaron en la persecución del poder. No sólo debía afrontar la alienación de los radicales y los problemas económicos y sociales creados por la crisis cada vez más aguda; además, debía establecer, en una atmósfera de considerable desconfianza, una relación viable entre el Ejército y buena parte de la sociedad argentina.

IV

EL GENERAL-PRESIDENTE

La iniciación del período de gobierno del general Justo, el 20 de febrero, seis días antes de cumplir cincuenta y seis años, llevó a la Casa Rosada al primer oficial profesional elegido para la presidencia desde Julio Roca (1880-86 y 1898-1904), y el segundo que ocupaba el cargo desde Bartolomé Mitre (1862-68). Es indudable que Justo abrigaba la esperanza de igualar las realizaciones constructivas del gobierno Roca, y de contribuir como su predecesor a la organización de la Nación. Justo no era porteño, pero su carrera profesional lo había mantenido cerca de Buenos Aires; además de soldado era ingeniero civil, y se mostró sensible a la necesidad de mejores comunicaciones en el interior. No es casualidad que la principal realización de su gobierno haya sido la creación de un sistema nacional de caminos.

Con su habilidad para la maniobra política y su capacidad para adoptar la máscara oportuna, Justo estaba más cerca de la astucia de Roca que de la franqueza de Uriburu. Su apariencia amable y paternal, la corpulencia que lo llevaba a sentirse incómodo en el uniforme militar escondía una mente muy astuta. Inquieto y ambicioso, pero al mismo tiempo prudente, estudioso de la historia y de sus semejantes, Justo tenía las cualidades del político práctico. Consciente de que se le consideraba el heredero de dieciocho meses de gobierno militar de facto, Justo procuró destacar el aspecto civil de su carácter y borrar la impresión de que representaba una continuación del gobierno de Uriburu. Se le concedió el retiro del servicio militar activo pocos días antes de la asunción del mando, y durante las ceremonias Justo prefirió el atuendo civil antes que el uniforme de general de división, que todavía tenía derecho a usar. Cuando el general Uriburu, resplandeciente en su uniforme de gala, depositó en las manos de Justo sus planes irrealizados de reforma constitucional, expresando la confianza de que sólo un soldado de la revolución podía continuar su obra, el presidente Justo, si bien aceptó cortésmente los planes, señaló en términos inequívocos que la «Revolución como fuerza y como régimen» había desaparecido totalmente.[1]

Justo apeló también a otros recursos para crear una imagen de su persona como figura nacional más que militar. En las designaciones de funcionarios para los puestos importantes o secundarios evitó a los militares para favorecer a los civiles —excepto, naturalmente, en el caso de los ministerios de Guerra y Marina y de la Policía de la Capital Federal. Aun la atmósfera de la Casa Rosada cambió: algunas puertas que habían estado cerradas con llave durante un año y medio fueron abiertas, y se retiraron los soldados y los emplazamientos de armas que le habían conferido la apariencia de un reducto militar.[2]

El nuevo Presidente se mostró decidido desde el comienzo a desalentar la participación de los militares en política. Un día después de la asunción del mando, envió un mensaje a las Fuerzas Armadas destacando la importancia de la disciplina y la abnegación. La Nación, dijo entonces, «exige que sean apartadas en absoluto de toda función ajena a sus misiones y que rija su vida la más severa disciplina basada en el cumplimiento austero del deber».[3] Sin embargo, como veremos, se necesitaban más que palabras para mantener a los militares apartados de la política.

El carácter del gobierno de Justo se reflejó en la estructura del gabinete. Aparte de los Ministerios de Guerra y Marina, confiados a oficiales profesionales, el Presidente buscó la colaboración de políticos-abogados que habían servido en el Congreso o en gabinetes anteriores. En general, estos hombres eran miembros de la clase gobernante tradicional, individuos que habían desarrollado actividad como radicales o conservadores, pero que en ambos casos se habían opuesto al yrigoyenismo y a las tendencias dictatoriales de Uriburu. El único designado que no se ajustó del todo a esta pauta fue el ministro de Agricultura, Antonio de Tomaso. Hijo de un inmigrante, y durante mucho tiempo militante del Partido Socialista, hasta que en 1927 se apartó de dicha organización para formar el Partido Socialista Independiente, de Tomaso había desempeñado un papel fundamental en la organización de la oposición pública a Yrigoyen. Su presencia en el gabinete de Justo aportó una nota popular que no armonizaba del todo con la posición de sus colegas, miembros de la clase alta.[4] Sin embargo, es interesante señalar que el presidente Justo siempre se apoyó sobre todo en el consejo de De Tomaso, el socialista independiente, y del general Manuel Rodríguez, el ministro de Guerra.[5] Que Justo los eligiera como principales consejeros no era ciertamente un acto arbitrario, pues estos hombres se distinguían por su capacidad y su seriedad en un gabinete que no carecía de talento. Pero habrían de ser los primeros miembros del grupo que fallecieran mientras desempeñaban sus cargos; de Tomaso después de ocupar menos de dieciocho meses el cargo de ministro de Agricultura, y Rodríguez a principios de 1936.

Mientras vivió, Rodríguez fue la clave del control de Justo sobre el cuerpo de oficiales; pero también fue mucho más que asesor de asuntos militares. Consultado por el Presidente en problemas de todo tipo, era «el único oficial en quien Justo tenía confianza total».[6] La relación de Justo con Rodríguez databa de la época en que este último era su subordinado inmediato en el Colegio Militar. Rodríguez acompañó a Justo en el Ministerio de Guerra durante el gobierno de Alvear, y en los círculos militares ya se había conquistado una reputación como modelo de oficial profesional, «el hombre del deber» —la expresión que habría de aplicársele más tarde. Aunque varias veces se le invitó a participar en el movimiento conspirativo durante la crisis de 1930, rehusó, insistiendo en que su obligación era obedecer órdenes. Pero en julio de 1931, en su condición de Presidente del Círculo Militar, pronunció en presencia del general Uriburu un discurso que fue interpretado como una advertencia en el sentido de que era necesario restaurar cuanto antes el gobierno constitucional, para que el Ejército pudiese retornar a sus tareas profesionales. En su carácter de ministro de Guerra y del más íntimo asesor personal de Justo, la influencia de Rodríguez en el gobierno trascendió la esfera militar. Más aún, hasta su muerte, en febrero de 1936, Rodríguez fue la mano derecha de Justo y el hombre a quien había elegido para que lo sucediera en la presidencia.[7]

Además de Rodríguez y de Tomaso, el círculo de asesores íntimos de Justo incluía a dos ingenieros, Pablo Nogués y Justiniano Allende Posse. Nogués era el responsable de la administración de las líneas ferroviarias estatales, y Allende Posse dirigía el nuevo programa nacional de construcción de caminos. Como el propio Presidente era ingeniero, no puede sorprender que compartiese las opiniones de estos hombres en muchos asuntos, y que los consultase acerca de diferentes problemas, además de los que se relacionaban con la gestión de los respectivos organismos.[8] Vista la falta de documentación, es difícil determinar qué influencia ejercieron en dichas cuestiones. De todos modos, en sus respectivos campos de acción, los dos hombres se identificaron con los actos más constructivos y perdurables del gobierno de Justo.

Durante sus primeros tres años de gobierno afrontó graves problemas económicos, originados parcialmente en la crisis mundial, y en parte en la mala administración de las finanzas nacionales. El fundamental sector agrícola, en el cual descansaba la prosperidad de la nación, se había visto conmovido por el derrumbe de los precios mundiales y amenazado con la pérdida de mercados tradicionales; el sistema bancario soportaba graves tensiones y estaba al borde del derrumbe; se acentuaba la desocupación y la inquietud social; y el propio gobierno, privado de ingresos tradicionales, cumplía con atraso los pagos a empleados y proveedores, y afrontaba una considerable deuda nacional y extranjera.

Para resolver estos problemas el gobierno de Justo comenzó a aplicar una serie de medidas, objeto de acres discusiones en esa época y materia de polémica aún hoy. Las tradiciones del liberalismo económico, debilitadas ya por las medidas que se adoptaron bajo el régimen de Uriburu, debieron ceder aún más terreno cuando el gobierno creó una serie de controles sobre la producción y la comercialización de las cosechas fundamentales, concertó una serie de acuerdos comerciales bilaterales y aplicó un rígido control sobre las, divisas extranjeras. En el campo fiscal y monetario, el gobierno unificó la recaudación de impuestos —realizada anteriormente por las provincias—, inició la aplicación de un impuesto a los réditos, y creó el Banco Central Argentino para regular el crédito, coordinar el sistema bancario y actuar como agente fiscal del gobierno.

Las controversias suscitadas por estas medidas se originaron sobre todo en la creencia de que sus principales beneficiarios eran los grandes intereses agrícolas y mercantiles, más que los empresarios medianos o las masas del pueblo. Pero el gobierno de Justo se basaba aparentemente en la teoría de que las medidas que beneficiaban a estos intereses fundamentales en definitiva aprovecharían a todo el país; y el hecho es que hacia 1936, en cuanto se refiere a la balanza comercial y a la solvencia fiscal, Argentina se había recuperado muy bien de los efectos de la crisis.

Además, se criticaban las medidas económicas del gobierno de Justo con el argumento de que implicaban excesivas concesiones a los intereses extranjeros, y especialmente a los británicos. Los principales blancos de dicha crítica fueron el acuerdo comercial Roca-Runciman de 1933, la legislación bancaria de 1935, y la coordinación del transporte urbano. En el caso del acuerdo comercial poca duda cabe de que el gobierno de Justo pagó elevado precio para garantizar el acceso de la carne y otras exportaciones agrícolas argentinas a los mercados británicos. Los británicos amenazaron comprar la carne y los cereales en sus propios dominios, de acuerdo con el sistema de preferencias imperiales establecido en ese momento, y de ese modo obtuvieron una serie de concesiones. Estas últimas protegían la venta de los artículos británicos en Argentina, incluso frente a la competencia de los posibles proveedores nacionales, aseguraban el uso preferencial de las divisas extranjeras obtenidas por Argentina para efectuar remesas a Gran Bretaña, garantizaban a los frigoríficos extranjeros el monopolio de las exportaciones de carnes argentinas, y comprometían un tratamiento favorable para los inversores británicos en los servicios públicos argentinos. Las críticas formuladas contra el gobierno de Justo ante la aceptación de estos términos tendían a ignorar el hecho de que carecía de alternativa; Argentina no tenía otros mercados para sus exportaciones de carne y granos, de modo que no estaba en condiciones de negociar más eficazmente. En las condiciones dadas, el tratado Roca-Runciman disipó una sombría nube que se cernía sobre toda la economía, y no sólo sobre los intereses de los grandes terratenientes —hecho reconocido aun por los dirigentes sindicales de la época. Pero la severidad de los términos del tratado contribuyó a provocar una reacción nacionalista, especialmente en los miembros de la generación más joven, que habría de influir sobre los hechos de la década siguiente.[9]

La crítica de la legislación bancaria, y particularmente de la creación del Banco Central, también destacó el papel de la influencia británica. Se arguyó que la utilización de un experto británico en finanzas, sir Otto Niemeyer, en la elaboración de un proyecto había determinado un reglamento orgánico que convenía a los británicos más que a los intereses nacionales. Es indudable que las propuestas de Niemeyer influyeron sobre las cláusulas de los proyectos presentados finalmente a la legislatura en 1935, pero como más tarde observó Federico Pinedo, ministro de Finanzas de Justo, las ideas del experto británico fueron rechazadas en todos los casos en que se oponían a las soluciones que la situación argentina aparentemente exigía. Pero en muchos casos se aceptaron las ideas y aun la fraseología de Niemeyer en lugar de fórmulas posiblemente mejores, porque se creyó que ese precedimiento garantizaría la rápida aprobación de los proyectos. «Sabíamos», escribió Pinedo una década más tarde, «que por una curiosa modalidad del espíritu colectivo, en ese momento se facilitaba la adopción de las iniciativas del gobierno si podíamos presentarlas como coincidiendo en mucho con lo aconsejado por el perito extranjero».[10] Esta actitud hacia los modelos extranjeros aún no ha desaparecido totalmente de Argentina.

El Banco Central nació entonces como una empresa mixta en la cual eran accionistas los bancos privados y el Estado. Su presidente y vicepresidente debían ser ciudadanos argentinos, designados por el Presidente de la Nación, con aprobación del Senado, de una lista de candidatos propuestos por los bancos accionistas; pero su directorio estaba dominado por los intereses bancarios privados, y se garantizaba la representación en el organismo a los bancos extranjeros que operaban en Argentina. Aun a juicio de individuos que simpatizaban con el gobierno, esta cláusula equivalía a introducir un caballo de Troya en una institución que asumía la responsabilidad de aplicar la política monetaria nacional. De todos modos la creación misma del Banco Central fue una realización importante del gobierno de Justo, como lo reconocieron los gobiernos ulteriores, puesto que —después de reformar su estructura— lo utilizaron como instrumento fundamental de sus propios programas concretos.

Esta breve reseña de las medidas económicas del gobierno de Justo y de las controversias que suscitaron sería incompleta si no refiriéramos al sector de los transportes. Ya hemos mencionado el compromiso incluido en el acuerdo Roca-Runciman en el sentido de dispensar tratamiento favorable a las empresas de servicios públicos de capital británico. Esta cláusula se refería, en primer término, a las líneas ferroviarias que unían a las ricas regiones agrícolas —pero de ningún modo a todo el interior— con el puerto de Buenos Aires; y en segundo lugar, al sistema tranviario de la capital, en su mayor parte propiedad de la Compañía Anglo Argentina de Tranvías. Los dos sistemas de transporte eran objeto de crítica, porque prestaban servicios insuficientes, tenían equipos anticuados, y en general subordinaban el interés público a la búsqueda de la ganancia. Al mismo tiempo, puede afirmarse que ambos sistemas se mostraban muy sensibles a la competencia que les hacían otras formas de transporte.[11]

En el caso de los ferrocarriles, el gobierno de Justo hizo oídos sordos a los proyectos de nacionalización, o a otras medidas sensacionales que podrían haber impresionado la imaginación del público. Pero al aplicar su programa nacional de caminos, el gobierno desarrolló un medio de transporte que hacía cierta competencia a los ferrocarriles, al mismo tiempo que unía entre sí regiones que nunca habían sido atendidas por el sistema ferroviario. Con los fondos obtenidos principalmente de un impuesto sobre la nafta establecido por el gobierno de Uriburu, el régimen de Justo comenzó a aplicar enérgicamente un programa de construcción de caminos que hacia 1938 debía incorporar 30.000 kilómetros de caminos pavimentados y mejorados a un sistema que en 1932 sólo contaba con 21.000 kilómetros. En realidad, muchos de esos caminos no estaban pavimentados, pero el hecho de que durante los veinte años siguientes jamás se igualó el ritmo de construcciones alcanzado durante el gobierno de Justo constituye un índice de la tarea cumplida.[12]

Pero este aspecto positivo del gobierno de Justo pasó a segundo plano ante su actitud, equívoca a juicio de muchos argentinos, en el problema de los transportes de la Capital Federal. La controversia se originó en una iniciativa del gobierno para obligar a las empresas de transporte competidoras a unirse en una compañía holding denominada Corporación de Transportes. Cada una de las empresas participantes, así como la Municipalidad de Buenos Aires y el gobierno federal, recibiría acciones en proporción con los bienes de capital aportados; o en el caso de los organismos gubernamentales se capitalizarían los impuestos aplicados a las empresas, puesto que se suspendería su recaudación. La Corporación gozaría del monopolio de todos los servicios de transporte de la Capital Federal, y se le garantizaría un beneficio del 7 por ciento sobre el capital.[13]

Aunque los partidarios de la ley la justificaron, afirmando que era un medio de terminar con una situación antieconómica y caótica y de suministrar mejores servicios, para los críticos representaba un intento mal disimulado de rescatar la situación de la Compañía Anglo Argentina de Tranvías a expensas de los competidores locales. Durante varios años la compañía británica había estado perdiendo pasajeros y ganancias en beneficio de los ómnibus, y especialmente de los llamados colectivos. Estos últimos eran vehículos de propiedad particular, inicialmente taxis y más tarde microómnibus, que transportaban a los pasajeros a través de la ciudad con rapidez mucho mayor que los anticuados y deteriorados tranvías de la Compañía Anglo, y más cómodamente que los subterráneos. Eximidos de los impuestos y las cargas fijas que la Compañía Anglo debía soportar, a juicio de la empresa británica los colectivos eran una forma de competencia desleal; pero para el público representaban una ingeniosa solución nacional a las necesidades del trasporte urbano, ignoradas desaprensivamente. Como se ve, los problemas debatidos tenían que ver con los sentimientos nacionales tanto como con la economía.[14]

Como los bienes de capital del Anglo excedían con mucho a los de cualquier otra empresa de transporte, se sobreentendía que sus intereses habrían de predominar en el directorio de la Corporación.[15] Por otra parte, los propietarios de los colectivos se veían forzados a elegir entre convertirse en accionistas minoritarios en una empresa que no podían controlar, o permitir que se expropiasen sus vehículos «por razones de interés público». Pero hasta 1942, durante el gobierno de Castillo, la Corporación no adoptó medidas para apoderarse de los vehículos; en todo caso, la legislación que Justo había patrocinado y que creara ese organismo, desde hacía tiempo para el público era sinónimo de la entrega a los intereses extranjeros.[16]

Un juicio equitativo acerca del general Justo obliga a señalar que aún no se ha relatado la historia de la Corporación de Transportes. La interpretación aceptada generalmente acerca de su origen es que en 1936 el gobierno insistió en la aprobación de las leyes pertinentes para garantizar la renovación del pacto Roca-Runciman, que expiraba ese año.[17] Pero se conoce menos el papel de Justo en relación con la Corporación aún después de abandonar la presidencia. La legislación de 1936, que creó una comisión especial, bajo el control del gobierno, encargada de evaluar los activos de las empresas participantes, como paso previo a la organización de la Corporación —un proceso que se prolongó hasta principios de 1938— también determinaba la designación de una Comisión de Control que debía regular las actividades de aquel organismo. Esta comisión, que de acuerdo con los términos de la ley estaba formada por tres argentinos nativos designados por el Presidente con acuerdo del Senado, gozaría de la autoridad necesaria para fijar las tarifas a pedido de la Corporación, y en general para supervisar sus actividades financieras y administrativas. Los miembros de la primera Comisión de Control fueron designados nominalmente por el presidente Roberto M. Ortiz en 1938, pero los hombres elegidos habían sido indicados por Justo como parte de un acuerdo con Ortiz. La elección de Justo para la presidencia de la Comisión de Control recayó en el ex director de Vialidad, Justiniano Allende Posse, un hombre que no había vacilado en construir caminos que competían con los ferrocarriles, y que personalmente se había opuesto a la creación de la Corporación. Allende Posse y sus colegas en la comisión, que se mantenían en consulta con el ex presidente, rehusaron con firmeza los aumentos de tarifas mientras ocupaban sus puestos, y según parece también fueron responsables de que la expropiación de los colectivos se postergase hasta 1942. Como se ve, desde el llano y gracias a su influencia sobre la Comisión de Control, Justo pudo atenuar alguna de las consecuencias impopulares de las leyes cuya sanción había reclamado como Presidente en 1936.[18]

La capacidad del gobierno de Justo para aplicar las medidas económicas enumeradas en las páginas anteriores a pesar de la crítica general del público, por supuesto puede atribuirse a su control de los resortes del poder político. De acuerdo con las convenciones de la época, esto último significaba contar con la coalición de partidos políticos (en el caso de Justo se trataba de la Concordancia) que pudiese aportar mayorías electorales con métodos legales o fraudulentos, conservando simultáneamente la lealtad de los militares. En la década de 1930 el movimiento sindical tenía aún proporciones muy reducidas, estaba excesivamente dividido y carecía de la agresividad necesaria para representar una forma de competencia.[19]

Durante los primeros tres años, el período de la más profunda tensión económica y de las principales innovaciones institucionales, el boicot de la Unión Cívica Radical a las elecciones facilitó el control político del presidente Justo. La política de abstención, adoptada en 1931 por el partido que según la opinión general era mayoritario, persistió hasta 1935, acompañada de ineficaces intentos de conquistar el poder mediante la fuerza. Como sólo los socialistas, los demócratas progresistas y los radicales de Entre Ríos eran rivales activos en las elecciones, los aliados políticos de Justo —el Partido Demócrata Nacional, de orientación conservadora, y los radicales antipersonalistas— pudieron mantener fácilmente el control del Congreso en las elecciones de 1934 sin apelar al fraude, y de ese modo aportaron una mayoría de votos que apoyó las medidas gubernamentales.

Pero en 1935 la situación política cambió, en vista de la decisión de la U. C. R. de retornar al campo electoral. Como ahora corría peligro de perder varias provincias —especialmente Buenos Aires, con su nutrida participación en el Congreso, y su papel fundamental en la siguiente elección presidencial—, Justo permitió que los conservadores bonaerenses manipulasen la elección de gobernador celebrada en noviembre de 1935.[20]

Esta práctica del fraude electoral, repetida en las elecciones parlamentarias de marzo de 1936 en esta y en otras provincias, anticipó el carácter de las elecciones presidenciales de 1937, en las que se proclamó el triunfo de los candidatos de la Concordancia, Ortiz y Ramón Castillo, sobre sus opositores radicales, Alvear y Enrique Mosca.[21]

¿Qué relación mantenían las Fuerzas Armadas con estos hechos? Sobre todo, ¿cómo reaccionó el cuerpo de oficiales del Ejército ante las actitudes económicas y políticas del gobierno de Justo? A su vez, ¿de qué modo el Presidente, y sus consejeros consolidaron la lealtad del único grupo que tenía fuerza suficiente para derrocarlos? Finalmente, ¿qué efecto tuvieron las medidas oficiales y las influencias originadas en sectores distintos del gobierno sobre la actitud adoptada por los militares hacia el final del gobierno de Justo?

Desde el comienzo mismo de su gobierno, el presidente Justo se mostró sumamente sensible al problema del apoyo militar. Sabía perfectamente que la masa del cuerpo de oficiales era neutral en política. Sin embargo, había dos posibles fuentes de, peligro: por una parte, los oficiales que pertenecían a la U. C. R. o simpatizaban con ésta, y que afirmaban la posición de que el gobierno de Justo tenía orígenes ilegítimos; y en el otro extremo, alentando sentimientos de acre hostilidad hacia los radicales, los oficiales autoritarios que habían estado cerca de Uriburu, y que después de su muerte crearon el mito de que Justo había traicionado los ideales de la revolución de setiembre.

La respuesta de Justo al problema fue una mezcla de medidas enderezadas a reducir la probabilidad de alejar más aún a los oficiales, protegiéndose al mismo tiempo de las actividades subversivas de los elementos irreconciliables. Quizá su iniciativa más astuta fue la designación de Manuel Rodríguez como ministro de Guerra. Como ya se ha señalado, Rodríguez era un oficial prestigioso, conocido por su profunda fidelidad a las normas profesionales. En su carácter de ministro de Guerra, Rodríguez se esforzó por aislar a los militares de la política, y por restaurar la disciplina trastornada por los acontecimientos de 1930-31. Por una parte, acentuó deliberadamente los diagramas de entrenamiento diario, de modo que hubiese poco tiempo para otras actividades. Por otra, destacó constantemente el concepto profesionalista y la primacía del deber militar sobre otras cuestiones. Es indudable que la sinceridad con que el general Rodríguez pudo proclamar estos valores contribuyó a mantener la lealtad de la mayoría del cuerpo de oficiales.[22]

Pero para proteger a su gobierno de la influencia de los oficiales inclinados a la acción política, el presidente Justo utilizó otros medios. Se organizó un sistema de vigilancia, que incluía la intercepción de las llamadas telefónicas de larga distancia que pasaban por Buenos Aires, y el mantenimiento de una vigilancia estrecha de los contactos entre los oficiales y los políticos. Gracias a la información aportada por el personal militar de informaciones y por la Policía de la Capital Federal, Justo estaba en condiciones de desembarazarse discretamente de los posibles conspiradores, en unos casos trasladándolos a cargos sin importancia, y en otros utilizando la promesa del ascenso para separarlos de sus aliados. En todo caso, el arresto y el retiro eran los castigos habituales para los militares de servicio activo que extremaban su actitud opositora.[23]

Justo prefería con mucho el empleo de métodos indirectos para frustrar la oposición militar. Es visible esta inclinación cuando se examinan las nóminas de ascensos de los oficiales superiores. En la lista que presentó al Senado en julio de 1932, la primera aprobada desde 1928, se solicitó el grado de coronel para 43 oficiales, y esa nómina incluía a uriburistas y radicales tanto como a miembros del «grupo Justo».[24] Más aún, hay motivos para suponer que el Presidente intentó explotar la mutua hostilidad de los oficiales radicales y uriburistas como medio de mantener controlados a ambos sectores. Sus insinuaciones a los primeros, mediante un proyecto de amnistía de los oficiales que simpatizaban con el radicalismo y que habían sido castigados por el régimen de Uriburu, y la concesión que hizo a los ex uriburistas absteniéndose de disolver a la Legión Cívica vienen a abonar esa interpretación. El descontento de ambos grupos persistió, pero ninguno de ellos pudo por sí mismo conmover la posición de Justo.[25]

Durante los primeros dos años de gobierno los esfuerzos más definidos para derrocar a Justo se originaron en el sector radical. Un pequeño grupo de oficiales y suboficiales, impulsados sobre todo por el teniente coronel Atilio Cattáneo, trató de organizar una revolución cívico-militar en conjunción con dirigentes de la U. C. R. Como lo demuestran las memorias de Cattáneo, la oposición del sector alvearista del partido y las rivalidades entre los militares y los civiles comprometidos debilitaron el esfuerzo. El primer intento, que debía consistir en alzamientos coordinados en la capital y varias provincias, no se realizó nunca porque una explosión accidental, una semana antes del día fijado —en diciembre de 1932—, puso sobre aviso a las autoridades y provocó el arresto de Cattáneo.[26]

Pocas semanas después dos oficiales radicales intentaron, sin éxito, levantar a un regimiento en Concordia, Entre Ríos; pero el siguiente intento fundamental debía coincidir con la celebración de la convención nacional de la Unión Cívica Radical en Santa Fe, en el mes de diciembre de 1933. En este caso las autoridades conocían de antemano la fecha del movimiento, aunque no sabían exactamente dónde comenzaría. En el barco fluvial que llevó a Santa Fe a los miembros de la U. C. R. se había reemplazado a los camareros por agentes de policía y, sobre la base de sus informes, el Presidente y sus consejeros esperaron el estallido del alzamiento en la noche del 28 al 29 de diciembre. Los principales encuentros ocurrieron en Santa Fe y Corrientes, y también hubo desórdenes en la provincia de Buenos Aires; pero las fuerzas federales restablecieron fácilmente el orden. Se proclamó el estado de sitio en todo el país, y el presidente Justo aprovechó la situación para perseguir a todo el partido radical, arrestando a Alvear y a otros dirigentes moderados que deseaban el retorno a la política electoral, así como a quienes preconizaban francamente la aplicación de métodos revolucionarios.[27]

Después del fracaso del movimiento de 1933, la actividad conspirativa de los oficiales de orientación radical quedó limitada a unos pocos intransigentes. En vista de la imposibilidad de recuperar el poder mediante la fuerza, y a pesar de la vigorosa oposición en sus propias filas, en 1935 la Unión Cívica Radical decidió reanudar la participación en las elecciones.[28] En adelante, sus contactos con los militares procuraron esencialmente persuadir al cuerpo de oficiales en el sentido de que una victoria radical en las urnas no representaba, desde luego, una amenaza a la carrera profesional de nadie.

La campaña política que precedió a la elección de gobernador en la provincia de Buenos Aires, en noviembre de 1935, reveló la sensibilidad de los políticos radicales con respecto a ese problema. Ante las sugestiones de los conservadores en el sentido de que no podía esperarse que el Ejército aceptara en los cargos de autoridad a hombres vinculados en los «supuestos ideales y la presunta moral de los prófugos de 1930»,[29] los radicales procuraron demostrar que el Ejército nada tenía que temer y mucho que ganar de los radicales. En un artículo que se publicó en el autorizado órgano de la U. C. R., Hechos e Ideas, el ex senador yrigoyenista Delfor del Valle observó: «Si algún partido político se esmeró en enaltecer al Ejército, fue el nuestro, tanto en la oposición como en el gobierno. Jamás miró en el Ejército a su enemigo, ni dudó tampoco que fuera la garantía de sus derechos y libertades».[30] Después de insistir en los antecedentes históricos demostrando que tanto Alvear como Yrigoyen habían favorecido al Ejército, Delfor del Valle ofrecía seguridades para el futuro. «No tiene, pues, la Unión Cívica Radical cuenta pendiente alguna con el Ejército, y triunfante, lo considerará siempre comb la institución que la Carta Fundamental ha asignado en la administración del país para defender la integridad y la soberanía de la Nación y ser guardián de su honor y sus libertades».[31]

En el mismo sentido se expresó Marcelo de Alvear, jefe de la Unión Cívica Radical, en vísperas de la elección provincial. Al mismo tiempo, acusó a algunos oficiales superiores, que enviaban a sus colegas folletos con citas falsas de discursos radicales, para poder «afirmar que la vuelta de nuestro partido al gobierno sería un peligro para las instituciones armadas de la República».[32] El ministro de Guerra Rodríguez negó que los oficiales en servicio activo estuvieran comprometidos en nada semejante, y afirmó que los partidos políticos estaban tratando de implicar al Ejército en sus propias disputas.[33]

A pesar del descarado fraude con que los conservadores triunfaron en la elección de gobernador en la provincia de Buenos Aires, y de la ulterior aceptación de los resultados por el presidente Justo, los radicales no abandonaron la esperanza de que el Ejército podía representar aún el papel de una fuerza favorable a los procedimientos electorales limpios. En las elecciones de marzo de 1936 para el Congreso, la U. C. R. reclamó al presidente Justo que designase veedores militares en las mesas electorales de la provincia de Buenos Aires; la solicitud fue rechazada, pero en todo caso anticipó el uso que se haría más tarde de las Fuerzas Armadas para garantizar la honestidad electoral.[34] En 1946 y en las siguientes elecciones nacionales, los servicios militares cumplieron esa función.

Los esfuerzos radicales en relación con el cuerpo de oficiales no fracasaron del todo. La muerte del ministro de Guerra Rodríguez, a principios de 1936, y su sustitución por el general Basilio Pertiné, que a juicio de algunos observadores simpatizaba con los radicales, pareció presagiar un mejoramiento de las perspectivas políticas del partido. Más aún, un observador diplomático norteamericano comunicó a su gobierno en marzo que, según sabía de muy buena fuente, «un grupo representativo de oficiales militares y navales había visitado al ex presidente Alvear, en su condición de jefe del Partido Radical, para asegurarle que el Ejército y la Marina no interferirían la actividad política, mientras se mantuviesen la ley y el orden».[35]

Aún más alentadora era la posición adoptada públicamente por un oficial respetado y laborioso, el general de división Ramón Molina, quien se declaró en favor de la celebración de elecciones democráticas. Ramón Molina, llamado «El Burro» por sus camaradas de armas, y a quien no debe confundirse con Juan Bautista Molina, gozaba de una reputación de eficacia que se remontaba a sus años de joven oficial. Miembro de la generación que se había educado en las unidades militares alemanas antes de la Primera Guerra Mundial, había estado estrechamente vinculado con el general Uriburu cuando éste era comandante de la Primera División (1919-23), y después cuando se desempeñó como Inspector General (1923-26). Ciertamente, en su carácter de jefe del secretariado de la Oficina del Inspector General, Molina redactó muchos de los manuales de entrenamiento utilizados durante esos años en el Ejército. Molina no compartía el profundo entusiasmo de Uriburu por las prácticas militares alemanas, y se distanció de él cuando prestaba servicio en la inspección general. Molina se hallaba fuera del país, desempeñando un cargo en el extranjero, durante la crítica segunda presidencia de Yrigoyen; pero regresó a Argentina después de la revolución de 1930, fue ascendido a general, y de 1932 a 1934 desempeñó la función de jefe del Estado Mayor General del Ejército. En julio de 1936, en una conferencia pronunciada en el Círculo Militar, el general Molina sorprendió a su público con sus observaciones acerca de los problemas políticos, sociales y económicos del momento, y sus fórmulas destinadas a resolver el problema de la convivencia nacional (que implícitamente representaban una crítica a la actitud del gobierno).

Contrariamente a la práctica habitual, la Revista Militar, órgano del Círculo Militar, no publicó el texto de la conferencia; pero Molina, sin requerir la aprobación oficial, obtuvo un público mucho más amplio enviando el texto a La Prensa. Publicadas en diciembre de 1936 con el título: «Los verdaderos fundamentos de paz del país: población, orden y seguridad», las observaciones del general revelaban que era, hasta cierto punto, un socialista democrático —un hombre que apoyaba la celebración de elecciones limpias y se oponía a todos los extremismos. En el campo social subrayaba la dignidad de los seres humanos y proponía que se sancionasen leyes obreras y se adoptasen medidas de salud pública para garantizar un nivel de vida que fomentara la constitución de las familias. (Creía también que debía alentarse el aumento de la población mediante el crecimiento demográfico y la inmigración). En el campo económico proponía la nacionalización de los servicios públicos, «lo que permitiría que las inmensas ganancias que ellos producen quedaran en beneficio del propio pueblo argentino», y señalaba la necesidad de que la riqueza del país se aplicase primero a asegurar la felicidad del pueblo, y en segundo lugar a recompensar el capital. En resumen, sus opiniones políticas insistían en el mantenimiento de la Constitución vigente y en el cumplimiento honrado de sus preceptos.[36]

Las opiniones del general Ramón Molina le confirieron una dimensión casi heroica a los ojos de los partidos opositores de izquierda, y de los estudiantes universitarios moderados e izquierdistas Organizados en la Federación Universitaria Argentina. La federación de estudiantes aprobó sus ideas, y una delegación de jóvenes lo visitó en febrero de 1937.[37] Pero desde el punto de vista del general Justo, los actos de Molina estaban convirtiéndolo en una figura política que podía influir en favor de un candidato opositor en las elecciones dé presidente que se avecinaban.

Parece que, para salvaguardar las posibilidades de su candidato personal, Justo no creyó prudente permitir que actuase en las filas del Ejercito un hombre que se había declarado francamente en favor de la honestidad electoral. Con el pretexto de que había violado los reglamentos que regían las declaraciones públicas de los oficiales, Molina fue arrestado durante dos meses a bordo de una nave de guerra, al mismo tiempo que se difundían rumores, fundamentalmente basados en sus contactos con los estudiantes, en el sentido de que había adoptado la ideología comunista.[38] El retiro forzoso de Molina del servicio activo en mayo de 1937 le permitió actuar más directamente en política. Apoyó consecuentemente la candidatura presidencial de Alvear en 1937 y más tarde se afilió al Partido Radical; pero sus posibilidades de obtener el apoyo del Ejército, que habían sido limitadas en el mejor de los casos, desaparecieron por completo cuando se retiró del servicio activo.[39]

Mientras los esfuerzos de la U. C. R. para influir sobre el Ejército se desarrollaban como hemos indicado, los oficiales uriburistas reaccionaron a su propio modo ante los actos del gobierno de Justo. Impulsados más por la preocupación por su propia carrera que por consideraciones ideológicas (aunque este último aspecto también pesaba), les inquietaba cualquier medida que significase el retorno de los radicales al poder. Así, en los primeros meses de gobierno, cuando el Presidente procuró conciliar a los radicales en un esfuerzo destinado a promover la armonía nacional, los elementos uriburistas que actuaban dentro y fuera del Ejército desarrollaron una campaña destinada a modificar esta actitud. La presión alcanzó su punto más alto en junio de 1932, con demostraciones callejeras de los nacionalistas armados y enfrentamientos privados entre los militares nacionalistas y el Presidente. Era tan aguda la tensión, que los elementos de la oposición democrática, temerosos de un golpe militar de orientación fascista, se unieron a los socialistas independientes que apoyaban el gobierno en un agrupamiento destinado a defender el constitucionalismo.[40] La crisis pasó, y al mismo tiempo se desechó la política de conciliación, víctima tanto de la negativa de los radicales a aceptar a Justo como de la presión uriburista sobre Justo para inducirlo a mantener una línea dura. La muerte de un conocido oficial yrigoyenista, el mayor (R) Regino P. Lescano, que fue asesinado mientras llevaba, desarmado, instrucciones revolucionarias para el teniente coronel Cattáneo, y las expresiones de los radicales en su funeral, simbolizaron el fracaso de dicha política.[41]

Pero la oposición de los uriburistas al gobierno no se atenuó. De hecho, muchos de los antiguos colaboradores del finado Presidente Provisional perpetuaron un estado de incipiente conspiración. Pero su capacidad de acción estaba limitada por el hecho de que ninguno podía unificar a los hombres que habían rodeado a Uriburu. El general (R) Francisco Medina, ex ministro de Guerra, trató de recoger la sucesión, lo mismo que el general Nicolás Accame, jefe de la estratégica Primera División, acantonada en la Capital Federal; y lo mismo hizo el general Francisco Fasola Castaño.[42] Pero ninguno reclamó la herencia política de Uriburu con mayor tenacidad que el coronel (después general) Juan Bautista Molina.

Molina, que según la expresión de un uriburista fue el «deus ex machina de la conspiración antiyrigoyenista de 1929-80»,[43] había de convertirse en revolucionario profesional durante los años siguientes. Tanto el general Justo como su sucesor en la presidencia fueron blanco de las inclinaciones conspirativas de Molina. El hecho de que su carrera militar activa se prolongase hasta mucho después que Justo abandonara el cargo constituye un índice de algunas características de la época.

Las relaciones de Molina con Justo son muy interesantes para quien estudie las motivaciones políticas de los militares. En su carácter de asesor y colaborador de Uriburu, se había identificado con los aspectos nacionalistas y autoritarios del régimen y con la oposición a los partidos políticos tradicionales. Pero cuando en definitiva Uriburu decidió no oponerse a la candidatura de Justo, en julio de 1931, Molina se ocupó de solicitar a los camaradas de armas del grupo de Uriburu que prestasen apoyo a Justo. Durante los primeros cuatro años del gobierno de Justo, Molina desempeñó misiones en Europa, primero como presidente de la Comisión de Adquisiciones en el Exterior, y luego como agregado militar de la Embajada en Alemania. A su admiración anterior por el ejército alemán, basada en la experiencia recogida antes de la Primera Guerra Mundial, siguió un sentimiento análogo respecto de las técnicas políticas de Hitler, y la firme decisión de aplicarlas en su propio país. Molina se convirtió en defensor de un nacionalismo argentino influido profundamente por el ejemplo nazi.[44] En 1936, de regreso en la Argentina, se encomendó a Molina la dirección de la Escuela de Suboficiales, unidad de considerable poder combatiente acantonada en la base de Campo de Mayo. Más o menos en la misma época asumió la dirección de una conspiración militar contra Justo, y comenzó a movilizar el apoyo de sus antiguos camaradas en el movimiento de 1930. Nunca se conocieron públicamente los detalles de esta conspiración. Pero uno de sus miembros, el otrora yrigoyenista y después peronista Diego Luis Molinari, afirma haber elaborado el plan político del golpe.[45] Este plan contemplaba el derrocamiento de todas las autoridades públicas, desde el nivel federal al municipal, la intervención de todas las empresas económicas fundamentales, y la restructuración de las profesiones y los sindicatos de acuerdo con criterios corporativistas. La nacionalización del Banco Central y de todos los servicios de transporte, la reducción de las tasas de interés y una moratoria para las deudas eran también parte del plan, así como ciertas medidas destinadas a beneficiar a las masas —entre ellas, el salario familiar. El plan subrayaba el concepto de «liberación nacional», equiparado con la creación de un nuevo orden jurídico fundado en «el principio de la supremacía del Estado en la comunidad nacional o internacional y el de la Sociedad sobre los individuos que la componen».[46]

Es evidente que el plan debía mucho a las ideas importadas de Europa. Pero la táctica militar que se proyectaba aplicar en el golpe tenía carácter rigurosamente local. Se había dispuesto que el movimiento estallara el 9 de julio, aniversario de la independencia argentina, con el fin de aprovechar el traslado de tropas a Buenos Aires para participar en el desfile anual. Las tropas de Molina y las de sus coaligados debían llevar munición de guerra, para poder adueñarse del gobierno.[47] No es posible determinar si este plan tuvo en ese momento alguna posibilidad de éxito. El 20 de junio el Boletín del Ministerio de Guerra publicó una orden por la que se trasladaba inesperadamente al coronel Molina de su comando de tropa al cargo de director general de Ingenieros, un puesto en apariencia muy importante pero en realidad inocuo; simultáneamente, se designó en su reemplazo al ayudante de campo del propio Presidente, el coronel Santos V. Rossi. También fueron reemplazados otros oficiales que, según se sospechaba, estaban complicados en la conspiración. Con estos traslados, y el desplazamiento precautorio de tropas estacionadas en Campo de Mayo, se eliminó el peligro del golpe.[48]

El presidente Justo no tomó represalias contra los conspiradores. En el caso del coronel Molina, lejos de imponer castigos, Justo aprobó la inclusión de su nombre en la lista de fin de año, que proponía su ascenso a general de brigada.[49] Pocos meses después, en junio de 1936, Justo nada hizo para impedir la elección de Molina a la presidencia del Círculo Militar.[50] ¿Cómo explicar la actitud de Justo ante este oficial que continuaba conspirando contra él? ¿Es posible invocar consideraciones personales que trascendían el dominio político? Si ese es el caso, nunca fueron conocidas. ¿Acaso Justo temió que si castigaba a Molina podía acentuarse el creciente sentimiento nacionalista en el cuerpo de oficiales? En todo caso, no vaciló en castigar a otro nacionalista, el general (R) Fasola Castaño, cuando éste criticó públicamente la política administrativa del gobierno.[51] Además, si el motivo era el temor a la autoridad de Molina entre sus compañeros, ¿por qué acrecentó su prestigio otorgándole las codiciadas insignias de general? ¿O tal vez Justo vio en la conspiración de Molina una forma útil de oposición, porque atraía a los elementos nacionalistas más descontentos y al mismo tiempo servía de contrapeso a la oposición radical y de izquierda, pero sin amenazar gravemente al régimen? Si esa era la explicación, Justo estaba jugando un juego peligroso, cuyas consecuencias se sentirían en el futuro, cuando ocupase la presidencia un civil que no contaba con la camarilla justista de fieles oficiales.

Hacia 1937, el presidente Justo controlaba el proceso político en la medida suficiente para manipular la elección de su sucesor sin necesidad de temer la intervención militar. Los reclamos de los radicales al Ejército en el sentido de que controlase la elección, no suscitaron respuesta visible en el cuerpo de oficiales, que se atuvo a la exhortación de Justo, repetida en la cena anual de las Fuerzas Armadas, el 6 de julio, cuando recomendó que se mantuviesen apartados de la política. Los oficiales de tendencia nacionalista, que miraban con tan malos ojos al candidato oficial como a su opositor radical, no estaban en condiciones de actuar. En cambio, decidieron esperar la terminación del gobierno de Justo antes de realizar un nuevo intento de asumir el poder.[52]

TABLA 7
GASTOS MILITARES, 1931-37 *
(En millares de pesos)

Año | Ministerio de Guerra | Ministerio de Marina | Total
1931 | 121.019 | 68.780 | 189.799
1932 | 104.069 | 66.199 | 170.268
1933 | 109.438 | 64.248 | 178.686
1934 | 121.144 | 70.817 | 191.961
1935 | 132.047 | 79.677 | 211.724
1936 | 138.350 | 111.544 | 249.894
1937 | 171.865 | 143.441 | 315.306
Fuente: Cifras preparadas por la Contaduría General y presentadas en la Cámara de Diputados por el diputado socialista J. A. Solari (Diputados [4], 1938, VII, 503-4). El total de 1931 indicado aquí difiere un tanto del que aparece en la Tabla 6, preparada sobre la base de otras fuentes.
* Las cifras incluyen los gastos autorizados por los presupuestos, las leyes especiales y los acuerdos de gabinete, imputados a rentas generales y otros recursos, y también incluyen las pensiones y obras públicas de carácter militar.

Es indudable que la inclinación del cuerpo de oficiales en general a dejar la gestión política en manos del Presidente estuvo influida por la aprobación que le merecía la posición del gobierno en los problemas militares. Durante el gobierno de Justo se reinició el proceso de modernización de las Fuerzas Armadas, interrumpido después de 1928, y los gastos militares alcanzaron niveles sin precedentes. Como lo demuestra la Tabla 7, si bien durante los difíciles años de 1932 y 1933 los gastos fueron muy inferiores a los habituales bajo el régimen de Uriburu, comenzaron a aumentar constantemente en 1931, de modo que durante el último año del período de Justo casi habían duplicado la cifra de gastos del primer año.

La Armada fue el principal beneficiario de estos gastos, que le permitieron incorporar navíos de superficie, submarinos y una flota aérea, y convertir a Puerto Belgrano en la principal base naval. Pero los gastos del Ejército también le permitieron satisfacer antiguas aspiraciones. La Fuerza Aérea Militar fue ampliada y equipada con material nuevo; se crearon nuevas bases y se procedió a ampliar las antiguas, construyendo cuarteles, hospitales y viviendas para el personal de oficiales y suboficiales. Se reanudó la construcción de fábricas de armas, iniciada durante el gobierno de Alvear e interrumpida más tarde, y se impulsó la construcción de media docena de instalaciones diferentes, entre ellas una pequeña planta siderúrgica. Que el gobierno adoptaba una actitud benévola hacia las fuerzas militares lo demuestra el hecho de que en julio de 1937 se firmaron los contratos para la construcción de los edificios correspondientes a los ministerios de Guerra y Marina; y otro indicio es que en diciembre de 1937, diecisiete años después de iniciada la construcción, el presidente Justo inauguró las nuevas instalaciones del Colegio Militar en El Palomar.[53]

El gobierno de Justo no autorizó aumentos de sueldos para las Fuerzas Armadas. Pero se opuso a los proyectos de la oposición en 1932, originados en dificultades fiscales, que proponían la reducción de los sueldos de los oficiales, y desechó las propuestas del mismo origen que sugerían reducir a la mitad al Ejército.[54] Una reducción temporaria —aproximadamente dos mil hombres— rebajó el cupo de conscriptos en 1933 a 24.400 individuos; pero hacia 1935 se había restablecido el nivel anterior, y volvió a aplicarse la pauta de los incrementos anuales constantes. En 1937 se dispuso un aumento muy importante del número de hombres, y otro en 1938, de modo que cuando Justo abandonó la presidencia, los conscriptos llamados a servicio sumaban aproximadamente treinta y siete mil hombres.[55]

El aumento del número de hombres bajo banderas se sumó a la creación de nuevas unidades militares, incluyendo una sexta división y una reorganización de la estructura de comando. Se dispuso la realización de un curso acelerado en la Escuela Superior de Guerra para poder contar con los oficiales jóvenes necesarios. La ampliación de la organización militar ofrecía abundantes oportunidades a los oficiales que deseaban obtener cargos con mando de tropa, tan esenciales para hacer carrera.[56] Por lo tanto, no es de extrañar que el oficial medio estuviese dispuesto a consagrarse a sus obligaciones profesionales.

La actitud de aquiescencia del cuerpo de oficiales ante las maniobras políticas de Justo se extendió también a sus medidas de carácter económico. En realidad, algunos oficiales criticaron determinadas medidas —el acuerdo Roca-Runciman constituía un factor particular de irritación—, pero en todo caso se abstenían de manifestaciones organizadas o francas de desaprobación. Asimismo, los oficiales superiores se mostraban especialmente discretos cuando se les pedía que expresaran la opinión de la organización militar acerca de las medidas económicas que afectaban a sus propios intereses.

Mientras no sea posible investigar los archivos de los estados mayores del Ejército y la Marina, no habrá modo de establecer con certeza el papel de estos organismos en la determinación de la política de gobierno de Justo. Es sabido que se los consultó en relación con el problema de los transportes, y parece probable que sus opiniones se reflejaran en otras decisiones, entre ellas los planes de desarrollo de las industrias del hierro y el acero. Sin embargo, no debe suponerse que a causa de sus antecedentes militares el presidente Justo aceptase automáticamente las recomendaciones de las Fuerzas Armadas. Demostró su independencia rechazando las recomendaciones del Ejército en relación con el trazado de algunos caminos, y aceptando en cambio el plan de construcciones viales trazado por un civil, el jefe de la Dirección de Vialidad.[57] Se ignoraron las objeciones del Ejército al trazado del camino Buenos Aires-Rosario (Ruta 8) que atraviesa la base militar de Campo de Mayo. Lo mismo que su oposición a la construcción del puente internacional que vincula a Argentina y Brasil en Paso de los Libres.[58] José Luis Torres afirmó que el Estado Mayor del Ejército también opuso graves objeciones a la ley de Coordinación de Transportes, pero no es posible corroborar este dato.[59]

El apoyo prestado al gobierno de Justo por las Fuerzas Armadas disimuló pero no impidió la acentuación del sentimiento nacionalista en el cuerpo de oficiales, y el desarrollo de la convicción cada vez más acentuada de que los militares debían representar un papel más importante en la elaboración de la política pública. Podemos hallar pruebas de esta tendencia en los artículos publicados en los órganos militares oficiales y semioficiales durante la época de Justo y después. Aunque en sus trabajos se expresaron opiniones individuales, es evidente que los oficiales que editaban la Revista Militar y la Revista de Informaciones no veían con malos ojos que los lectores asociasen dichas opiniones con la organización militar. Un tema favorito de estos artículos era el elevado destino que esperaba a Argentina y la necesidad de que la nación se preparase para desempeñar en el futuro un importante papel internacional. Una expresión típica de esta posición fue el aserto liso y llano de un ingeniero militar, el mayor Ricardo Maraimbo, en el sentido de que «la República Argentina debe y tiene que ser una gran potencia mundial». La preparación que el autor y otros oficiales de mentalidad semejante proponían incluía la nacionalización de las inversiones extranjeras, la promoción de la autarquía industrial, la acentuación del sentimiento patriótico mediante el repudio a las «ideas utópicas, intemacionalistas, pacifistas y exóticas», y el fortalecimiento fundamental del Ejército en tiempo de paz.[60]

A veces se justificaba el desarrollo militar e industrial con el argumento de que Argentina estaba comprometida en una lucha por la existencia para la cual se encontraba admirablemente dotada tanto desde el punto de vista de la ubicación geográfica como de la riqueza de recursos. También se le atribuía una misión de progreso y civilización en el nuevo mundo, pero se proponía esta misión en un contexto que exaltaba la guerra como estímulo del progreso, y que lamentaba la pérdida de los límites naturales por obra de la complacencia y la ingenuidad manifestadas en épocas anteriores. En todos estos artículos, si no en recomendaciones concretas, ciertamente se advertía el carácter expansionista y se reflejaban los argumentos geopolíticos utilizados por quienes hacían el elogio de Italia y Alemania.[61]

No contentos con la formulación de objetivos generales, algunos oficiales insistían en el derecho del Ejército a llevar la voz cantante acerca de las decisiones de la política exterior. El coronel Carlos Gómez propuso repetidamente que los jefes de los estados mayores generales participasen en un consejo de defensa nacional, responsable no sólo de los planes de defensa sino de todo el proceso de las relaciones internacionales. Con respecto a los países limítrofes, afirmaba específicamente el derecho de los militares a decir: «De este vecino debemos ser amigos o aliados; de este otro, no importa que no lo seamos». A su juicio, sólo las consideraciones de carácter estratégico debían determinar la naturaleza de las relaciones de Argentina con sus vecinos de América del Sur.[62]

De la idea de que los militares tenían un derecho natural a determinar las decisiones relacionadas con la política exterior, no había mucha distancia a la conclusión de que esta competencia se extendía también a los problemas internos. Por supuesto, hacía mucho que algunos civiles nacionalistas como el poeta Leopoldo Lugones defendían la influencia militar en los problemas internos; y las ideas de estos hombres casi se habían realizado durante el interludio de Uriburu. En el curso de la década de 1930 se realizaron nuevos esfuerzos con el fin de convencer a los militares de qué ellos eran los «creadores de la nación», los «defensores de su cultura», el «símbolo vivo de la nacionalidad».[63] Con mayor vigor aún que los autores militares, los civiles insistieron en que los oficiales gozaban de superioridad moral con respecto a los políticos prácticos. Por ejemplo, Juan R. Beltrán, un civil que enseñaba psicología en el Colegio Militar, se atrevió a afirmar: «El militar es, dentro de nuestro medio social el elemento más puro, más incontaminado. Por esta significativa razón de pureza espiritual, de incontaminada conciencia, el militar es la permanente esperanza del país, y la más bella realidad actual de nuestra democracia».[64] No puede sorprender que algunos oficiales manifestasen una actitud despectiva hacia los políticos civiles, y un concepto mesiánico de su propio papel en la sociedad argentina.

A medida que se acercaba el fin del gobierno de Justo, se acentuaba la distancia entre el concepto oficial del papel del Ejército y el que era propio de un número indeterminado pero cada vez mayor de militares. Oficialmente se describía al Ejército como una institución que no tenía otros intereses que los de la nación, un cuerpo que aceptaba la subordinación a las autoridades constituidas, y que contribuía al progreso general de la República.[65] El primer ministro de Guerra de Justo había resumido cierta vez esta idea afirmando en el Congreso que él era «un representante de los intereses de la Nación en el Departamento de Guerra, y no el representante de intereses del ejército».[66] Aunque el general Rodríguez se había referido al Ejército afirmando que era «un arma que habían de ejercitarla los civiles que tienen la responsabilidad de los gobiernos de la Nación»,[67] el escepticismo de los militares acerca de la capacidad de dichos civiles para manejar los asuntos nacionales era muy intenso cuando asumió el poder la fórmula Ortiz-Castillo, elegida en comicios fraudulentos. Los seis años del gobierno de Justo habían postergado pero no resuelto el delicado problema del lugar de los militares en el proceso político.

V

LA LUZ QUE SE APAGÓ

El ascenso al poder de Roberto Ortiz, el 20 de febrero de 1938, significó la primera vez en ocho años que un civil revestía la banda presidencial. Según se desarrollaron los acontecimientos, fue también el último civil elegido presidente durante los veinte años siguientes. Pero si Arturo Frondizi ascendió a la presidencia en 1958 como candidato de un partido opositor votado en una elección libre, en 1937 se proclamó a Roberto Ortiz triunfador en una elección manipulada por el gobierno saliente. A pesar de que pretendió haber obtenido el 57 por ciento de los votos del pueblo, Ortiz fue Presidente por la decisión personal del general Agustín Justo y el acatamiento de la Concordancia a los deseos de Justo.

El ascenso de Ortiz a la presidencia fue la culminación de una carrera política que comenzó cuando todavía era estudiante universitario, y que ejemplificaba las oportunidades que se ofrecían a los jóvenes talentosos de orígenes humildes durante las primeras décadas del siglo. Había nacido en la capital en 1886, y era hijo de inmigrantes vascos; se incorporó a la Unión Cívica Radical cuando aún cursaba la Facultad de Derecho, y una vez que la ley Sáenz Peña permitió celebrar elecciones limpias, conquistó una banca en el Concejo Deliberante y más tarde en la Cámara de Diputados. Vinculado con el sector antipersonalista de la U. C. R., Ortiz fue ministro de Obras Públicas en el gabinete de Alvear; pero después de 1928 regresó a la vida privada, hasta que en 1935 Justo lo designó ministro de Finanzas. Ortiz, un hombre alto y corpulento de 51 años, cuando asumió el cargo gozaba de la reputación de buen administrador, y se le atribuían opiniones políticas moderadas.

Pero es necesario explicar por qué Justo eligió a Ortiz. La muerte había eliminado al general Manuel Rodríguez, el candidato favorito de Justo; y como no depositaba la misma confianza en otros militares, Justo volvió los ojos hacia las filas de los civiles.[1] Era inevitable excluir a los dirigentes del Partido Conservador (los demócratas nacionales), que evidentemente tenían escaso apoyo popular, de modo que se hubiera necesitado un enorme esfuerzo para imponer al país un candidato demócrata nacional. Se necesitaba un candidato que tuviese cierto atractivo para la masa de votantes de orientación radical, de modo que la elección recayó lógicamente sobre un radical antipersonalista.

Es muy posible que Justo haya preferido a Ortiz movido por la creencia de que podía contar con su lealtad. Cuando se inclinó por su ministro de Finanzas, de hecho ignoró las pretensiones de otros antipersonalistas, entre ellos Leopoldo Melo, que había sido su ministro del Interior; se trataba de un hombre que a juicio de algunos observadores poseía mayor estatura presidencial que Ortiz, aunque precisamente por sus cualidades y ambiciones se perfilaba como un rival más que como un colaborador. Según parece, Justo esperaba tener en Ortiz un sucesor que continuaría su política económica, protegería el prestigio de su gobierno y allanaría el camino a una segunda presidencia del propio Justo.[2] Pero la designación de Ortiz como candidato oficial debía llevar a la presidencia del país a un hombre mortalmente enfermo. Parece que cuando adoptó su decisión Justo no sabía que su ex ministro de Finanzas padecía una forma avanzada de diabetes. Se tuvo la primera noticia pública en julio de 1937, cuando Ortiz sufrió un desmayo en el curso de la campaña presidencial. Pero ya era demasiado tarde para cambiar de candidato, y debió afrontarse la posibilidad de que Ortiz no consiguiera completar su período.

Un hecho aún más grave desde el punto de vista de Justo fue que al elegir a Ortiz para ocupar el primer término, había anulado su posibilidad de imponer el candidato a vicepresidente. Justo se inclinaba personalmente por Miguel A. Cárcano, abogado, profesor y anglófilo que desempeñaba el cargo de ministro de Agricultura, hijo de un distinguido historiador y figura política conservadora de Córdoba. Pero en vista de la decidida oposición dirigida por Robustiano Patrón Costas, presidente pro tempore del Senado y jefe conservador de Salta y de las provincias norteñas vecinas, Justo tuvo que abandonar la candidatura de Cárcano.[3] Patrón Costas, imposibilitado de obtener para sí la candidatura, deseaba contar con un aliado político en la vicepresidencia; y mediante la amenaza de retirar su apoyo a la fórmula, obligó a Justo a aceptar a otro norteño, Ramón Castillo, de Catamarca.[4] Castillo, un ex juez de 64 años que había ocupado dos carteras diferentes en el gabinete de Justo, era un auténtico representante de las camarillas conservadoras que dominaban a sus provincias mediante la fuerza y el fraude.[5] Menos de dos años y medio después de la asunción del poder, este hombre ocuparía la presidencia como resultado del retiro forzoso de Ortiz.

A pesar de las circunstancias de su elección, el presidente Ortiz no estaba dispuesto a contentarse desempeñando el papel de defensor de las ambiciones de Justo. Más bien deseaba imitar a un predecesor lejano, Roque Sáenz Peña, que había usado la autoridad derivada de una elección fraudulenta para garantizar la honestidad de las elecciones futuras. Ortiz se proponía acabar con la lamentable parodia de los procesos democráticos que había caracterizado a la política argentina durante los últimos años. Esta actitud implicaba atacar arraigados intereses políticos en la provincia de Buenos Aires y en varias provincias del interior, incluidas las que estaban especialmente relacionadas con su propio vicepresidente; significaba desmantelar el aparato político que Justo había manipulado, y que había servido para elegir al propio Ortiz. Pero éste confiaba en que la inevitable pérdida de apoyo conservador se vería más que compensada por la aprobación del público en general, y particularmente por el apoyo de la Unión Cívica Radical, que se convertiría en el principal beneficiario de dicha política electoral.

Pero Ortiz debía considerar no sólo la reacción de los partidos políticos; también era necesario contemplar la actitud de los militares. ¿Podía contar con el apoyo militar si aplicaba medidas que representaban una actitud de repudio al general Justo, y que quizás determinaran la elección de un presidente radical en 1943? ¿Cómo podía tener la certeza de que los militares se mantendrían apartados de las pasiones políticas que sin duda se suscitarían como consecuencia de las medidas destinadas a destruir las máquinas políticas firmemente arraigadas? Por supuesto, no había modo de garantizar el desinterés de los militares, pero el Presidente podía por lo menos dar algunos pasos destinados a promover vínculos de lealtad entre su persona y el cuerpo de oficiales. Más aún, como era el primer civil que ocupaba la presidencia desde Yrigoyen, el presidente Ortiz debía demostrar su preocupación por las necesidades de las Fuerzas Armadas, con el fin de crear confianza en su liderazgo. Además, debía hallar y designar en los puestos fundamentales a oficiales que simpatizaran con su programa y que tuviesen el deseo y la capacidad de defender a su gobierno contra quienes intentasen frustrar sus propósitos o aun pretendiesen derrocarlo. Frente a un Ejército dominado en los escalones superiores por los hombres que Justo había designado, y saturado de nacionalismo pro alemán y antibritánico en los niveles medios, el presidente Ortiz debía actuar con suma cautela.

En efecto, durante más de un año después de su ascenso al poder, Ortiz apenas hizo otra cosa que hablar de la necesidad de un régimen de limpieza electoral, evitando un enfrentamiento con sus aliados conservadores al mismo tiempo que procedía a reforzar sus puntos de apoyo en el Ejército.[6] Su principal colaborador en este proceso fue el ministro de Guerra, general de brigada Carlos Márquez, oficial de artillería, porteño e hijo de un comerciante, que había desempeñado cargos en Europa los dos últimos años del gobierno de Justo. No se han revelado los motivos de su designación para la cartera de Guerra, pero sería interesante saber si el propio Justo no reclamó su designación, en la creencia de que Márquez —cuyos dos últimos ascensos habían sido obra de Justo— sería un aliado en el gabinete de su sucesor.

En todo caso, el presidente Ortiz halló en el general Márquez un colaborador dispuesto a hacer lo necesario para elevar el prestigio de su superior a los ojos del cuerpo de oficiales. Consciente de la importancia de los contactos personales y de la sensibilidad de los militares ante la indiferencia presidencial, durante el primer año de ejercicio del cargo, como señaló un observador diplomático extranjero, Ortiz «se esforzó… a pesar de su escasa salud por asistir a las maniobras militares en Entre Ríos, una región de la cual por lo menos puede afirmarse que es inhospitalaria; participó en todas las ceremonias militares de cierta importancia, entregó personalmente los diplomas a los jóvenes tenientes que se graduaron en el Colegio Militar, etc.».[7]

En junio de 1938 hubo pruebas más concretas del interés del gobierno de Ortiz en el bienestar de la organización militar, pues entonces se percibió claramente que el presupuesto del Ejército, que alcanzaba a 97 millones de pesos, autorizado durante los últimos meses del régimen de Justo, no era suficiente para financiar el programa de expansión iniciado al mismo tiempo. Un acuerdo especial del gabinete de Ortiz estableció que ese año se asignarían 10,5 millones de pesos suplementarios al Ejército, permitiendo de ese modo la realización de los planes de expansión de las unidades del Ejército y la Fuerza Aérea, y la continuación de las compras de material de guerra en el exterior. Más aún, el primer presupuesto integral preparado por el gobierno de Ortiz mantuvo el nuevo nivel de gastos militares, y seguramente disipó cualquier inquietud en el sentido de que este gobierno dirigido por un civil mostraría menor simpatía que su predecesor frente a las aspiraciones del Ejército en el sentido de la profesionalización, la modernización y el crecimiento.[8]

Ciertamente, el presidente Ortiz y su ministro de Guerra fueron responsables de la más amplia reorganización de la estructura de mando realizada desde 1905 y de importantes innovaciones en la preparación profesional de los oficiales. La reorganización de la estructura de los mandos fue una secuela lógica del aumento promovido poco antes en el número de unidades del Ejército y la Fuerza Aérea, y de la necesidad —que era sentida desde hacía mucho tiempo— de separar las funciones operativas de las de carácter organizativo. De acuerdo con los términos de un decreto emitido en diciembre de 1938, las tareas de movilización y organización que los comandantes de división habían venido realizando desde principios de siglo correspondían en adelante a nuevas regiones militares, incluidas en la jurisdicción del Cuartelmaestre General del Interior. Este centro general también tenía jurisdicción sobre los principales organismos burocráticos del Ejército, de modo que el Inspector General asumía las funciones de un comandante en jefe. Designado por decreto comandante de todas las fuerzas militares y subordinado únicamente al ministro de Guerra, el Inspector General, con el Estado Mayor General que lo asesoraba, era ahora responsable de la preparación, el entrenamiento y la distribución de todas las fuerzas militares.[9] Para resolver los problemas de organización planteados por la proliferación de nuevas unidades, el decreto Ortiz-Márquez también creó, sometidos directamente al Inspector General, tres nuevos comandos fundamentales, los ejércitos primero y segundo, con cuarteles generales en Rosario y Mendoza respectivamente, y el Comando de Caballería en Campo de Mayo. Todas las divisiones del Ejército, así como los destacamentos independientes y las brigadas fueron asignados a alguno de estos tres centros, y se estableció que las unidades creadas en el futuro también se subordinarían a uno de los tres comandos.[10]

Con el apoyo del presidente Ortiz, el ministro de Guerra Márquez no sólo reorganizó la estructura de los mandos sino que también incorporó ciertas mejoras a la formación de los oficiales de carrera. En esencia, estas reformas procuraron que los oficiales retornasen con mayor frecuencia a las escuelas militares, con el fin de prepararse para las obligaciones propias de los grados superiores. Hacia 1940, aproximadamente un cuarto de todos los oficiales en los grados de teniente a mayor inclusive asistían a diferentes cursos; y por primera vez los coroneles debían inscribirse en un curso oficial organizado por un instituto de reciente creación, el Centro de Altos Estudios. Las reformas del ministro Márquez se extendieron aun al Colegio Militar, que impuso un año adicional de colegio secundario como condición de ingreso, y cuyo curso regular se redujo de cinco a cuatro años.[11]

Aunque podía suponerse que todos estos cambios en el área de la formación y la organización ejercerían a largo plazo cierta influencia sobre la eficacia y las actitudes del cuerpo de oficiales, el gobierno de Ortiz podía esperar que fortalecería su control inmediato sobre la institución únicamente mediante el empleo de sus atribuciones para destinar, trasladar, promover o pasar a retiro a los miembros del cuerpo de oficiales. El primer golpe importante del gobierno contra la intervención de los militares en la actividad política se descargó en julio de 1938, cuando se relevó al general nacionalista Juan Bautista Molina de su cargo de Director General de Ingenieros. Como se recordará, Molina había logrado evitar que se lo castigara a pesar de su conspiración contra el presidente Justo, y aun había conseguido concertar con Justo cierto acuerdo implícito que le permitió continuar en servicio activo y aun ser elegido presidente del Círculo Militar. Precisamente en este último carácter Molina dio la bienvenida al presidente Ortiz en el banquete anual de las Fuerzas Armadas, el 7 de julio, y en presencia del primer magistrado pronunció un discurso acerca de la revolución de 1930, exaltando a «aquellos que, aún no hace mucho, supieron afrontar con ejemplar entereza, sinceridad y patriotismo situaciones en que fue indispensable la intervención de las Fuerzas Armadas para salvar a las instituciones del país y garantizar su cultura y progreso».[12]

Tres semanas después Ortiz firmó un decreto separando a Molina de su cargo en la Dirección de Ingenieros, y pasándolo a situación de disponibilidad.[13] La razón no fue el discurso pronunciado en el banquete de las Fuerzas Armadas, en el curso del cual Molina simplemente volvió a expresar las opiniones de los antiguos uriburistas, y que había sido contestado por el presidente Ortiz con algunas observaciones que destacaban la necesidad de que el Ejército se consagrase totalmente a las tareas profesionales.[14] Se lo separó del cargo porque había ofrecido un banquete a un grupo de diputados sin permiso de la autoridad superior. El hecho de que estos diputados perteneciesen al partido radical, que jamás había merecido ninguna simpatía de Molina, confirió al episodio un carácter extraño. Pero al margen de los motivos que lo habían impulsado a establecer contactos con la oposición, el gobierno no estaba dispuesto a aceptar su conducta.[15] La carrera militar activa de Juan Bautista Molina concluyó seis meses después cuando solicitó el retiro antes que aceptar un mando en Bahía Blanca, ciudad muy alejada de la política y las posibilidades de Buenos Aires.[16] Pero como veremos más adelante, la carrera de Molina como activista político no había concluido, ni mucho menos.

El relevo de Molina fue la más espectacular de las modificaciones realizadas en el cuadro del personal durante el primer año del gobierno de Ortiz. Sin embargo, fue sólo uno de los muchos cambios que modificaron la situación de los altos mandos.[17] El fin de cada año es normalmente la ocasión de muchos nombramientos y traslados exigidos por la lista anual de ascensos, los pases a situación de retiro y otros factores. Pero el fin del año 1938 presenció un número de cambios mucho más elevado que lo habitual. Se designaron nuevos comandantes en la totalidad de las seis divisiones de infantería, y en una de las dos divisiones de caballería —la restante continuó al mando del oficial designado por Ortiz y Márquez en el mes de febrero anterior. También se realizaron nuevas designaciones en el cargo de Cuartelmaestre General del Interior, en el Estado Mayor General, y en las principales secciones de administración y personal del Ministerio de Guerra. Además, el gobierno designó comandantes para dirigir el Primer Ejército, el Segundo Ejército y el Comando de Caballería, recientemente creados, así como las seis regiones militares.[18]

En general, la reorganización designó para los cargos fundamentales a oficiales de opiniones políticas moderadas, sin eliminar del todo a los que se identificaban con los sentimientos nacionalistas. Entre los nuevos comandantes de división había hombres como el coronel José María Sarobe, Juan Monferini, Juan Tonazzi y Jorge Giovanelli, todos los cuales compartían la tradicional opinión liberal. La reorganización quitó a un ex uriburista y nacionalista, el general Nicolás Accame, el control de la sexta división de infantería (Bahía Blanca), y trasladó a este oficial a un cargo inocuo en el Consejo Superior de Guerra y Marina, el más alto tribunal del sistema judicial militar. Una excepción notable a esta norma —la asignación de los comandos fundamentales a hombres de opiniones moderadas— fue la designación del general Benjamín Menéndez como jefe de la caballería. Pero Menéndez, espíritu rebelde y hombre de opiniones nacionalistas, así como admirador cada vez más franco de Alemania, fue separado de su cargo al año siguiente y designado para ocupar un puesto en el consejo superior de Guerra y Marina.[19]

Un aspecto interesante de la reorganización personal dirigida por Ortiz y su ministro de Guerra a fines de 1938 fue la designación en cargos claves de oficiales que se habían opuesto al movimiento militar de 1930. Por ejemplo, se designó al general Avelino Alvarez en el prestigioso cargo de Cuartelmaestre General del Ejército, desde el punto de vista jerárquico inferior únicamente al de inspector general. Sobre todo gracias a este jefe la división de Campo de Mayo se había abstenido de participar en la revolución, después de que su comandante regular decidió unirse a la columna del general Uriburu. Y uno de los secretarios del ministro de Guerra era el teniente coronel José F. Suárez, que cuando era mayor se había opuesto en el Colegio Militar a la decisión de su director de unir fuerzas con Uriburu en la revolución antiyrigoyenista.[20]

Ese día (5-6 de setiembre de 1930), siete capitanes, una minoría de los oficiales incorporados a la institución también habían rehusado participar en la revolución. Habían redactado un documento que explicaba su posición, pero convinieron en no publicarlo sin acuerdo unánime.[21] Dicho documento nunca vio la luz pública, pero es interesante observar que cuatro de los siete capitanes recibieron nombramientos importantes durante el gobierno de Ortiz. Rafael Lascalea y Ambrosio Vago, que ahora eran tenientes coroneles, fueron designados para comandar los regimientos de infantería segundo y tercero, acantonados en Buenos Aires; el puesto de oficial mayor de la secretaría del Ministerio de Guerra (equivalente al cargo actual de subsecretario) correspondió al teniente coronel Germán Gutiérrez; y el teniente coronel Antonio Vieyra Spangenberg fue asignado también a esta secretaría.[22] Parece evidente que, con el fin de asegurar el éxito de sus planes de reforma política, el presidente Ortiz apelaba a los oficiales que habían ofrecido prueba inequívoca de su lealtad a los principios constitucionales.

La primera medida importante de realización de este programa fue adoptada en febrero de 1940, cuando se decidió intervenir Catamarca, la provincia natal del vicepresidente Castillo. A pesar de las advertencias formuladas por el ministro del Interior, el doctor Diógenes Taboada, los funcionarios conservadores locales habían tolerado el uso del fraude para asegurar la victoria de su partido en las elecciones de gobernador de diciembre de 1939. La decisión del colegio electoral controlado por los conservadores, que se reunió en febrero de 1940, en el sentido de aprobar las elecciones precipitó el decreto de intervención. Se designó interventor federal al general retirado Rodolfo Martínez Pita, y se le ordenó que preparase la provincia para celebrar nuevas elecciones, y «presidir el acto electoral con todos los resguardos y garantías de libertad para los electores».[23] Aunque la designación de un militar como interventor tenía muchos precedentes, en este caso era evidente que el presidente Ortiz estaba considerando la posibilidad de usar al Ejército para asegurar la honestidad electoral dondequiera los intereses provinciales arraigados no se avinieran a la persuasión. El diario La Prensa, aunque tenía una actitud de dura crítica con respecto a las prácticas electorales fraudulentas, consideró necesario formular una advertencia contra la implicación del Ejército en las funciones políticas. Si bien aceptaba que la supervisión militar de las elecciones garantizaría la imparcialidad, y por eso mismo satisfaría las quejas de los grupos opositores, La Prensa advertía: «Sin embargo, y a pesar de todas esas ventajas, tan apreciables, la tendencia a confiar al Ejército funciones políticas es sensible por muchos motivos y principalmente porque entraña el grave riesgo de colocarlo en situación inconveniente para el normal cumplimiento de sus actividades específicas».[24] En realidad, La Prensa temía que se descargase sobre los oficiales del Ejército una lluvia de ataques sectarios. Los ataques de este tipo eran inevitables en la caldeada atmósfera de la política argentina, al margen de la parcialidad de los oficiales, y podían ser peligrosos para la imagen del Ejército.[25]

Estas advertencias no impidieron que el presidente Ortiz apelase a los oficiales del Ejército para fortalecer su posición cuando debió afrontar la principal prueba política de su gobierno: las elecciones de Buenos Aires para gobernador, que debían celebrarse el 25 de febrero. Durante diez años las minorías conservadoras habían controlado esta provincia fundamental, utilizando el fraude y la fuerza para impedir que la mayoría radical llegase al gobierno. Ahora, el presidente Ortiz se había comprometido a seguir una política de honestidad electoral, y se trataba de determinar si el doctor Manuel Fresco, gobernador de Buenos Aires, y el Partido Conservador provincial se ajustarían a los deseos del Presidente, a riesgo de perder el control de la provincia en beneficio de los radicales. La resistencia que manifestaba Fresco reflejaba la conciencia de su partido en el sentido de que estaba en juego no sólo el control de la provincia sino también su capacidad estratégica para determinar el resultado de la próxima elección presidencial. Buenos Aires no era otra Catamarca. Cualquier movimiento que se propusiera minar la posición de sus poderosos jefes conservadores debía planearse cuidadosamente, porque los efectos se sentirían en todo el país, el Congreso, el Gabinete y las Fuerzas Armadas. Era necesario conceder al gobernador Fresco total libertad para realizar la elección, pero al mismo tiempo obtener pruebas indudables de lo que ocurría en las urnas, materiales que representasen piezas de convicción en los círculos militares y políticos.

La estrategia del presidente Ortiz y el ministro del Interior Taboada consistió en indicar al Ejército que encomendase a los oficiales, destacados en la provincia, observar la elección en los diferentes distritos electorales. El 19 de febrero, seis días antes de la elección, los coroneles Eduardo Lápez y Diego Mason, comandantes de la segunda división de infantería y la segunda región militar, respectivamente, ambas con centro en La Plata, conferenciaron con el Presidente en presencia del ministro de Guerra. No se indicó el propósito de la reunión, pero todos entendieron que los participantes habían conversado acerca de la próxima elección. El domingo 25 de febrero, día del acto electoral, estos oficiales superiores estaban en sus cuarteles generales de La Plata, y un grupo de oficiales de graduación mediana e inferior, pertenecientes a los respectivos comandos, estaban observando el desarrollo de los acontecimientos prácticamente en todos los distritos electorales. En el curso del día varios dirigentes de los partidos Radical y Socialista visitaron los centros militares de La Plata para formular protestas en vista del desarrollo de la elección. Es interesante señalar, a la luz de las aprensiones de La Prensa, citadas anteriormente, que cuando los oficiales del Ejército pasaban frente a los locales electorales de la capital provincial eran aplaudidos por las filas de ciudadanos, en su mayoría radicales, que esperaban para votar.[26]

Habida cuenta de la posición del Presidente y del precedente establecido poco antes en Catamarca, era opinión general que Ortiz derrocaría a Fresco. Ciertamente, la noche misma de la elección el presidente Ortiz fue saludado en la Estación Constitución de Buenos Aires, adonde retornó después de asistir a una revista naval en Mar del Plata, por una entusiasta multitud que voceaba consignas en favor de la intervención.[27] Sin embargo, el Presidente no se dejó apremiar, y habrían de transcurrir otros diez días mientras realizaba sus preparativos.

En parte determinó esta demora el hecho de que ya se habían fijado elecciones para el Congreso, que debían realizarse el domingo siguiente, 3 de marzo, en Buenos Aires y en otras ocho provincias. Si se postergaba la intervención, estas elecciones podrían realizarse de acuerdo con el plan. Si en la provincia de Buenos Aires se repetían las irregularidades, se acentuaría el descrédito de Fresco. Por otra parte, si la elección era normal, el futuro Congreso podría inaugurar sus sesiones con la bancada completa. En un discurso a la Nación pronunciado en vísperas del acto electoral, el presidente Ortiz sugirió claramente que se disponía a intervenir a Buenos Aires. Atacó la burla de los ideales democráticos, y afirmó que si los dirigentes partidarios no sabían contener las pasiones políticas desbordadas, él mismo se ocuparía de ello. Quizá porque el gobernador Fresco confiaba en desviar el golpe, las elecciones bonaerenses para el Congreso Nacional se desarrollaron sin que se manifestaran tan graves irregularidades como en el acto electoral realizado una semana antes.[28]

Otra razón que explica la demora del decreto de intervención fue probablemente la presión que ejercieron sobre el Presidente importantes figuras, algunas pertenecientes al gobierno y otras ajenas al mismo. En definitiva, los miembros conservadores del gabinete rehusaron firmar el decreto de intervención y renunciaron a sus cargos.[29] Es posible también que el ex presidente Justo haya procurado impedir la intervención. De acuerdo con Félix Luna, «Justo, con sus vinculaciones en los comandos metropolitanos [del Ejército] presionaba sordamente en defensa de Fresco». Luna no ofrece pruebas de este aserto, pero continúa afirmando que «todos los jefes consultados expresaron su absoluta adhesión al poder civil».[30] Si en efecto Justo intentó ejercer presión militar sobre Ortiz es asunto que pertenece al dominio de la conjetura mientras no se conozcan sus papeles personales. Sin embargo, es evidente que los mandos militares, incluidos algunos oficiales que estaban muy cerca de Justo, prestaron firme apoyo al Presidente.[31]

Como era posible que los partidarios del gobernador Fresco opusiesen resistencia física, o que estallasen actos de violencia entre la policía provincial militarizada y los miembros de la U. C. R., se planificó la intervención como una operación militar. El general de división Luis Cassinelli, comandante del Primer Ejército con cuartel general en Rosario de Santa Fe, y uno de los jefes militares de más elevada graduación en servicio activo, fue enviado a La Plata el 6 de marzo, con la misión oficial de inspeccionar la Segunda División. Al día siguiente se publicó el decreto de intervención que designaba a Cassinelli interventor interino en La Plata. Después que un oficial comunicó formalmente al gobernador Fresco que la provincia se hallaba bajo los efectos de un decreto de intervención federal, el general Cassinelli, acompañado por los comandantes de la Segunda División y la Segunda Región Militar, así como por todos los miembros del Estado Mayor divisional, se presentó en la Casa de Gobierno para hacerse cargo. La presencia militar produjo el efecto deseado, y la designación de un coronel del Ejército como jefe interino de la policía provincial contribuyó a asegurar la cooperación de ese cuerpo. La participación del Ejército en el gobierno de Buenos Aires duró sólo una semana; el 13 de marzo un civil asumió la intervención. Por el momento el programa de reforma política del presidente Ortiz había pasado la prueba, y el Ejército había demostrado su voluntad de apoyar a un gobierno comprometido con la restauración de las prácticas democráticas.[32]

Pero las perspectivas de completar ese proceso de restauración se vieron reducidas bruscamente por dos hechos: en el exterior, la ofensiva alemana de mayo de 1940, que en pocas semanas eliminó a Francia del conflicto y dejó a Gran Bretaña afrontando sola la aplanadora nazi; y en Argentina, el deterioro de la salud del presidente Ortiz hasta el punto en que se vio obligado a delegar sus atribuciones en el vicepresidente Castillo. Para comprender la influencia de las victorias militares alemanas sobre las relaciones cívico-militares argentinas es esencial examinar las corrientes de opinión y los agrupamientos que existían en el seno del cuerpo de oficiales. El ministro de Guerra Márquez y los oficiales más estrechamente relacionados con él se identificaban con las tradiciones liberales de Argentina; como hemos visto apoyaron la política nacional del presidente Ortiz encaminada a la restauración de los métodos electorales limpios, y también su política de neutralidad con respecto a la guerra en Europa. Pero parece que, a semejanza del Presidente, experimentaron un esencial sentimiento de simpatía hacia las víctimas de la agresión nazi. El presidente Ortiz resumió esta actitud en su mensaje del 14 de mayo al Congreso, en el cual refirmó la decisión argentina de no reconocer las conquistas realizadas mediante la fuerza, y la voluntad de no interrumpir las relaciones diplomáticas con los países ocupados. «Somos neutrales», observó el Presidente al comienzo de su discurso. «Pero la neutralidad argentina no es ni puede significar una actitud de absoluta indiferencia e insensibilidad».[33]

Compartían la posición del Presidente y de su ministro de Guerra varios comandantes superiores y un número indeterminado de oficiales de menor graduación; pero estaba convirtiéndose rápidamente —si ya no era ese el caso— en posición minoritaria en el cuerpo de oficiales en general, pues como se ha indicado en capítulos anteriores, en el curso de la década pasada cierta posición nacionalista había ganado terreno constantemente entre los oficiales del Ejército. Esta actitud, promovida con astucia por civiles ambiciosos y por algunos oficiales, implicaba esencialmente la imagen de una Argentina unida y disciplinada, organizada políticamente en estratos jerárquicos y dotada de la fuerza necesaria para desarrollar una política exterior independiente.[34] De hecho, esta posición implicaba eliminar la influencia económica y política de Gran Bretaña en Argentina. La hostilidad a Gran Bretaña era, por consiguiente, un artículo de fe para la mayoría de los nacionalistas argentinos.[35] La influencia de los partidarios y los agentes de la Alemania de Hitler contribuía a este sentimiento antibritánico y también a la difusión de las ideas totalitarias en el cuerpo de oficiales. Desde el momento de su llegada en 1933, el embajador alemán, barón Edmund von Thermann, trabajó esforzadamente para desarrollar y fortalecer los vínculos con el personal militar argentino.[36] El intenso esfuerzo de propaganda dirigido a las Fuerzas Armadas incluía las publicaciones nacionalistas subvencionadas por la Embajada alemana o por miembros de la comunidad alemana. El doctor Juan E. Camilla, director del periódico nacionalista Bandera Argentina, relató más tarde que ese órgano publicaba propaganda nazi, y que se regalaban a los oficiales del Ejército subscripciones pagas. Cabe presumir que en el caso de otros órganos, por ejemplo Crisol y El Pampero, se siguieron procedimientos semejantes.[37]

El desarrollo de los vínculos profesionales entre el Ejército argentino y la Wehrmacht, durante la década de 1930, también representó un papel en la determinación de la actitud de los oficiales argentinos. Durante el régimen de Uriburu se restableció la práctica de la época anterior a la Primera Guerra Mundial, consistente en enviar oficiales a Alemania para recibir un curso adicional de entrenamiento, y hacia 1937 unos veinte oficiales por año se dirigían a ese país. Un estímulo todavía más importante que vino a fortalecer el sentimiento pro alemán fue la presencia de una misión militar de seis hombres en Argentina. Durante la década de 1920 y principios de la década de 1930 un núcleo más reducido de oficiales alemanes había desempeñado funciones de asesoramiento, con carácter informal e individual, y sin que mediaran contratos escritos. Pero después de 1935 se contrató una misión oficial encabezada por el general Günther Niedenführ para que asesorase al Estado Mayor General argentino y dictase cursos en la Escuela Superior de Guerra. De ese modo establecieron contacto con los miembros más inteligentes y capaces del cuerpo de oficiales argentinos en los grados medio e inferior —es decir, con los hombres destinados a asumir en el futuro los comandos superiores.[38]

Esta intensificación de los contactos militares germano-argentinos por una parte, y por otra el impulso cada vez más acentuado de la propaganda nacionalista, suscitaron importantes sentimientos pro alemanes entre los oficiales de grado medio e inferior. No es posible medir exactamente la proporción de oficiales que respondían a dicha orientación, pero las elecciones anuales en el Círculo Militar, en las que participaban oficiales retirados y en servicio activo, ofrecen algunos indicios acerca del clima de opinión. En junio de 1937 el general ultranacionalista Juan Bautista Molina fue elegido presidente por un período de dos años; al año siguiente, se eligió vicepresidente al coronel Juan Sanguinetti, que había regresado poco antes de Berlín, donde desempeñaba el cargo de agregado militar en la Embajada argentina. Antes de la elección, los colegas de Sanguinetti sabían perfectamente bien que éste aceptaba las posiciones antisemitas de Hitler, y la idea de que el nazismo era la única alternativa frente al comunismo.[39] En junio de 1939, cuando Molina cesó en el cargo de presidente, los miembros del Círculo eligieron para reemplazarlo al general (R) Basilio Pertiné. Este ex ministro de Guerra era mucho más discreto que su predecesor y gozaba de más elevada reputación desde el punto de vista profesional; pero también era un conocido germanófilo, y así lo entendían las embajadas alemana y norteamericana en Buenos Aires.[40]

La elección de una sucesión de oficiales pro alemanes para los puestos fundamentales del Círculo Militar puede explicarse en parte por el prestigio personal de dichos jefes; pero el hecho indica también que las opiniones pro alemanas de estos hombres no eran alarmantes para la mayoría de los miembros de la institución. A lo sumo, sólo una minoría de oficiales argentinos podía haberse alarmado ante la ideología nazi o el expansionismo alemán. De todos modos, la conclusión de que un elevado porcentaje de oficiales argentinos era pro alemán no impone el corolario de que estos oficiales estaban ansiosos de fundar un Estado totalitario o de ver a su país sometido al dominio alemán. En realidad, los extremistas como el general Molina querían reorganizar el país de acuerdo con los principios nazis, y el propio Molina aparentemente se veía a sí mismo en el papel de un Hitler argentino, trabajando en estrecha cooperación con el original alemán.[41] Pero Molina y sus partidarios inmediatos de ningún modo constituían la representación típica del cuerpo de oficiales; y ciertamente, cuando intentó desarrollar acción política fuera de los límites del Círculo Militar, no pudo obtener el apoyo de un número importante de colegas. La masa de oficiales no estaba formada por militantes políticos, ni deseaba que los militares gobernasen el país. Hacia 1940 la posición de este sector era una confusa amalgama, en la cual se combinaban la admiración profesional por las hazañas militares alemanas, la idea de que la humillación de Gran Bretaña redundaría en beneficio económico de Argentina, y la decisión de preservar a toda costa la neutralidad del país.

En la incierta atmósfera creada por los progresos militares alemanes de mayo de 1910, los extremistas pro germanos procuraron hallar la oportunidad de explotar estos sentimientos a expensas del gobierno de Ortiz. Una de esas oportunidades fue la declaración del ministro de Relaciones Exteriores José María Cantilo el 12 de mayo, después de la invasión alemana a Holanda, en la cual ponía en tela de juicio el sentido de la neutralidad. Luego de señalar que se había convertido en un simple concepto jurídico que no merecía el respeto de los beligerantes, ni podía proteger la soberanía de las naciones, sugería que las repúblicas americanas reexaminaran la posición neutral que habían adoptado el año anterior en la Declaración de Panamá, y adoptasen una «política circunstancial y coordinada de vigilancia».[42]

La declaración del ministro de Relaciones Exteriores provocó la réplica de poderosas figuras militares y civiles. Mientras los principales círculos económicos la criticaron por considerarla prematura, el senador Matías Sánchez Sorondo, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, a quien el embajador alemán consideraba un hombre «especialmente cordial», solicitó que Cantilo compareciese ante su comisión.[43] Pero fue más significativa la reacción de los círculos militares. Aunque no se conocen bien los detalles, la Embajada de Estados Unidos comunicó la creencia de que los círculos militares posiblemente habían presionado al presidente Ortiz para que rectificase la posición del ministro de Relaciones Exteriores.[44] El embajador alemán fue más explícito. De acuerdo con sus informantes, el Presidente estaba «muy influido por la información recibida poco antes de su asesor militar especial, en el sentido de que el Ejército era 90 por ciento pro alemán».[45] Más aún, von Thermann se vanagloriaba de que una invitación que el presidente del Círculo Militar, general Pertiné, le había enviado para el 17 de mayo, confirmaba el informe presentado al Presidente, y «quizá fue el factor decisivo en la aclaración presidencial».[46] En todo caso, el 18 de mayo Ortiz formuló una declaración que representaba un retroceso con respecto a la posición adoptada por el ministro de Relaciones Exteriores. El Presidente insistía en que no tenía la intención de comprometer al país en el conflicto, señalaba que su política era una continuación de las tradiciones históricas, y que «mantiene, pues, el gobierno argentino su más estricta equidistancia» de los beligerantes.[47] Acicateados por este signo de vacilación y por los constantes informes acerca de los éxitos militares alemanes, los elementos nacionalistas continuaron ejerciendo presión sobre el gobierno. En una serie de actividades que retrospectivamente parecen haber sido la preparación para un golpe que nunca se materializó, trataron de acentuar la disensión en el cuerpo de oficiales, crear un estado de confusión general y socavar la confianza en el liderazgo del gobierno. El ministro de Guerra Márquez fue el blanco particular de los ataques, que influyeron desde el pedido de una investigación del Senado en un supuesto escándalo a causa de cierta compra de tierras por el Ministerio de Guerra, hasta la circulación de rumores en el sentido de que el gobierno se disponía a movilizar las reservas.[48] Márquez no sólo debió desmentir dichos rumores, sino que se vio en la ingrata obligación de castigar a oficiales de reserva declaradamente pro alemanes y totalitarios que hicieron gala de sus opiniones en presencia del ministro durante un banquete de oficiales.[49]

Según parece, la tensión provocada por las actividades nacionalistas debía alcanzar su clímax el 24 de mayo, fecha fijada para el proyectado golpe. Como suele ocurrir en relación con este tipo de episodios, la información disponible es imprecisa y contradictoria. Los informes contemporáneos que algunas fuentes aliadas enviaron a Washington afirman que cuatro generales argentinos bien conocidos por sus actitudes pro alemanas estaban complotando con la embajada de Alemania para reemplazar al gobierno de Ortiz por un régimen nazi; pero los informes de la Embajada alemana a Berlín que hemos podido examinar en microfilm no arrojan luz sobre este punto. Otros informes indican que el general Molina había planeado primero un golpe, y luego una manifestación para el día 24; pero en definitiva, nada de eso ocurrió.[50]

Al margen de las intenciones reales de los elementos pro nazis, el presidente Ortiz superó la amenaza de mayo, y pareció salir fortalecido de ese episodio. La Embajada de Estados Unidos pudo informar el 27 de mayo que si bien se atribuían tendencias pro nazis o pro facistas a una elevada proporción de oficiales del Ejército, se señalaba que el Presidente contaba con el apoyo de la mayoría de los oficiales militares, «cuyo antagonismo se dirige especialmente contra el ministro de Relaciones Exteriores».[51] La misma Embajada de Alemania observó una tendencia contraria a su influencia en el Ejército. En un mensaje del 8 de junio que enumeraba los factores que favorecían los intereses alemanes en la Argentina, la Embajada mencionaba a los «oficiales pro germanos del Ejército y la Armada que, sin embargo, especialmente en el Ejército, [se han visto] eliminados gradualmente por el ministro de Guerra, que no está bien dispuesto hacia nosotros».[52]

En realidad, el gobierno de Ortiz estaba tratando de acrecentar el poder de las Fuerzas Armadas, al mismo tiempo que reducía la influencia alemana en ellas y perseguía a los grupos extremistas de todo el país. En relación con este último objetivo, el 5 de junio pidió al Congreso un nuevo instrumento legal que le permitiese disolver las asociaciones controladas desde el extranjero, declarar fuera de la ley a cualquier sociedad o asociación de comprobada actividad subversiva, y prohibir las publicaciones tendenciosas que comprometían la neutralidad argentina, afectando sus relaciones con países extranjeros, o perturbando la paz interior. La Cámara de Diputados aprobó rápidamente el proyecto, con algunas reformas, y el Senado introdujo otras modificaciones, aunque algunos comentaristas advirtieron que las cláusulas representaban un arma potencialmente peligrosa que podía amenazar la libertad de prensa.[53]

Los esfuerzos del gobierno de Ortiz para aumentar el poder de las Fuerzas Armadas y su propio control sobre ellas coincidieron con la noticia de la caída de Francia y los intentos de los elementos simpatizantes del Eje para convencer a la opinión pública de que la guerra ya estaba definida. Por ejemplo, el 25 de junio el senador Sánchez Sorondo propuso que el Senado reclamase el envío de «una misión especial a Alemania, Italia y España, a fin de que estudie las bases de la organización comercial de la posguerra y proponga los medios adecuados para que la República Argentina colabore en dicha organización».[54]

Pero el gobierno todavía estaba lejos de aceptar la inevitabilidad de una Europa dominada por Alemania, o de fundar un plan de acción en ese supuesto. En todo caso, se mostraba decidido a desarrollar las defensas de Argentina y a mantener los Contactos militares con Estados Unidos, al mismo tiempo que solicitaba la ayuda norteamericana para resolver graves problemas económicos y financieros.[55] La noche de la entrada de las tropas alemanas en París, el presidente Ortiz se reunió en su despacho con el ministro de Guerra Márquez; el inspector general del Ejército, general Guillermo Mohr; el jefe del Estado Mayor General, general Rodolfo Márquez; el Cuartelmaestre General, Avelino J. Alvarez y el comandante de la caballería, general Martín Gras, para examinar los requerimientos de la defensa nacional.[56] Cuatro días después el gobierno presentó al Congreso un proyecto de ley relacionado con la defensa que establecía la asignación de mil millones de pesos, la suma más elevada para gastos de armamentos incluida jamás en el presupuesto nacional.[57] Al mismo tiempo, el gobierno solicitó la organización de una Dirección General de Fabricaciones Militares, que debía administrar las fábricas militares en actividad y las que se creasen en el futuro, y promover el desarrollo de industrias vinculadas con las necesidades de las Fuerzas Armadas.[58]

El proyecto de ley acerca de los gastos en armamentos fue aprobado en la Cámara de Diputados en poco más de un mes, pero el Senado demoró la consideración de la medida.[59] El general (R) Ramón Molina destacó vigorosamente la necesidad de la sanción, subrayando que la victoria alemana en Europa representaba un peligro para la soberanía argentina. En una carta dirigida al Presidente del Senado, el ex jefe del Estado Mayor General reclamó un rápido aumento de las Fuerzas Militares para complementar la ley de armamentos, y previno: «El vencedor vendrá a buscar aquí esas tierras codiciadas, no solamente para comprarnos a precios generosos los productos de nuestro suelo —como pretendieran creerlo algunos ilusos de nuestra propia entraña para justificar malsanas ambiciones sino que vendrá a apoderarse de nuestro suelo para traer su superpoblación, para levantar sus ciudades, para extender por todo el mundo su poderío».[60]

La atmósfera de crisis originada en el gobierno de Ortiz, en el Congreso y en el público en general por las victorias alemanas no sólo promovió una actitud de apoyo al aumento de los armamentos, sino que también concentró la atención en la anomalía representada por la presencia de la misión militar alemana. En el Congreso se oyeron voces que reclamaban el término de dicha misión, y el 14 de junio se presentó en la Cámara de Diputados un proyecto que reclamaba al gobierno que adoptase medidas para «alejar de las funciones que ejerzan en las instituciones armadas a los jefes u oficiales de los ejércitos de países beligerantes actualmente al servicio de la nación».[61] El proyecto fue remitido a la Comisión de Guerra y Marina de la Cámara, pero el debate preliminar, durante el cual el diputado Francisco Vélez, general retirado y presidente de dicha comisión, apoyó vigorosamente el proyecto, produjo resultados aún más rápidos que los esperados por los partidarios de la medida.[62]

Un telegrama enviado por von Thermann el 17 de junio ofrece el mejor resumen de los acontecimientos:

La Cámara de Diputados argentina formuló el 14 de junio moción urgente para promover se eliminen inmediatamente del Ejército argentino los oficiales de países beligerantes. La moción afecta sólo a asesores militares alemanes; no hay oficiales de otros países beligerantes. El ministro de Guerra no se opuso; más bien, el inspector general dejó traslucir que el gobierno deseaba la aprobación del proyecto. Por consiguiente, para evitar la aplicación de la medida, el general Niedenführ, el teniente coronel Wolf y el mayor Kriesche, con mi aprobación, han presentado sus renuncias, que han sido aceptadas inmediatamente. Por consiguiente, las actividades de la misión militar concluyeron el 15 de junio.[63]

La versión oficial de este asunto, destinada quizá a suavizar la reacción de los elementos germanófilos, sólo fue publicada el 3 de julio, y adoptó la forma de un moderado anuncio del Ministerio de Guerra, en el sentido de que los contratos de los asesores militares alemanes habían expirado, y de que por mutuo acuerdo no se renovarían. Muchos oficiales del Ejército argentino lamentaron el fin de la misión, y personalmente expresaron al general Niedenführ su esperanza de que pronto pudiese restaurarse la antigua relación entre los dos ejércitos.[64]

Pero desde el punto de vista del presidente Ortiz y el ministro de Guerra Márquez, parece que la conclusión de la misión alemana fue parte de un plan general para eliminar gradualmente los vínculos tradicionales con el Ejército alemán, y para buscar ayuda militar en otros sectores. Es significativo el hecho de que apenas unos días antes, el 19 de junio, el embajador argentino en Washington hubiese firmado un acuerdo que ampliaba el convenio concertado en el mes de setiembre anterior, en virtud del cual una misión aérea militar de siete oficiales norteamericanos continuaría sirviendo otro año como instructora de la Fuerza Aérea militar argentina. Pero en ese momento el presidente Ortiz no estaba dispuesto a establecer nuevos vínculos militares con Estados Unidos, de modo que evitó cuidadosamente las propuestas norteamericanas de planificación militar conjunta.[65]

Hacia el 1.º de julio de 1940, la posición del gobierno de Ortiz frente al Ejército era bastante fuerte. Contaba con la inclinación general del cuerpo de oficiales a apoyar al civil que ejercía la presidencia, actitud que según parece se consolidó en vista del compromiso de Ortiz con una política de honestidad electoral y de las medidas adoptadas en favor del aumento de los armamentos y el desarrollo de la capacidad industrial. Ciertamente, puede afirmarse que las medidas adoptadas por Ortiz para aplicar las leyes electorales, confirieron a su gobierno, a los ojos de muchos oficiales, una legitimidad de la cual carecía antes, en vista de las circunstancias de su elección. Por otra parte, la situación europea complicó la posición del Presidente. Las rápidas victorias alemanas acentuaron la audacia de los elementos totalitarios que actuaban en las filas militares, al tiempo que persuadieron a los vacilantes y a los partidarios tibios de la democracia constitucional de que el futuro pertenecía al Eje. Pero el gobierno de Ortiz había sobrevivido a la crisis en mayo, y en junio había comenzado a contragolpear. Estaba preparando el terreno para reprimir las actividades subversivas de los elementos extremistas y abordar la tarea más difícil de apartar de la influencia alemana al cuerpo de oficiales en el mismo momento en que el Ejército alemán alcanzaba sus principales éxitos.

Por lo tanto, la situación afrontada por el gobierno y su plan de restauración de la integridad del proceso político era delicada, pero no insalvable ni mucho menos. Pero todo dependía, como ha ocurrido siempre en el sistema argentino, de la persona del Presidente; y en esta coyuntura el destino, que adoptó la forma del deterioro físico, obligó a Ortiz a delegar temporariamente sus atribuciones en el Vicepresidente. De acuerdo con el anuncio formulado públicamente el 3 de julio, por consejo médico el Presidente debía cumplir un período de reposo total, con el fin de superar los efectos de una condición renal agravada por un resfrío. El 4 de julio el vicepresidente Castillo asumió, sin ningún tipo de ceremonia, el cargo de Presidente interino.[66]

Al comentar el estado del Presidente, el periodismo señaló que el súbito fallecimiento de la esposa, tres meses antes, era un factor que contribuía a agravar la situación; pero no hubo comentarios públicos acerca de la posibilidad de que su dolencia fuese mucho más grave de lo que se había revelado. Más aún, únicamente un boletín médico posterior, el 22 de julio, entre palabras optimistas acerca de la recuperación del Presidente, mencionó por primera vez el deterioro de su capacidad visual.[67] Pero si se suscitó la impresión de que el Presidente diabético gozaba de una licencia temporaria, los hombres del gabinete Ortiz-Castillo sabían a qué atenerse. Entre bambalinas comenzó la lucha por el poder, que habría de pasar por una fase inicial de dos meses y varias veces llevaría al país al borde de un golpe.

Tres grupos, en todos los casos combinaciones de figuras militares y políticos civiles, compitieron en esta lucha por el control del ejecutivo y el poder de determinar el curso político. Los problemas políticos internos ocupaban el primer plano en la mente de los antagonistas, pero la lucha local sufría la presión originada en la guerra que se libraba en Europa, y se nutría de las esperanzas y los temores de que cualquier transferencia del poder determinara cambios en la política exterior argentina. Los principales jefes militares rivales en las maniobras que se realizaron entre bambalinas fueron el ministro de Guerra, general Carlos Márquez; el general (R) Juan Bautista Molina, ultranacionalista y germanófilo; y el ex presidente, general (R) Agustín Justo. Cada uno de estos generales tenían aliados políticos civiles; además, cada uno de ellos podía contar con la lealtad de algunos oficiales; y según parece, los tres confiaban obtener por lo menos el apoyo tácito de algunas potencias extranjeras, o tal vez explotar en beneficio propio las tensiones internacionales del momento.

En su condición de miembro del gabinete estrechamente asociado con la política presidencial de aplicación de las normas de honestidad electoral, el general Márquez halló entusiastas aliados en algunos dirigentes de la Unión Cívica Radical. Comprendiendo que la presidencia de Castillo constituiría un golpe catastrófico para sus esperanzas políticas, estos líderes iniciaron inmediatamente negociaciones con el ministro de Guerra, con el fin de apoyarlo en un golpe de estado destinado a impedir que Castillo fuese presidente y a organizar elecciones en un mes o dos.[68]

Se ignora si Márquez o los dirigentes radicales iniciaron las negociaciones; en todo caso, uno de estos últimos, el diputado radical Raúl Damonte Taborda, se aproximó a los funcionarios de la Embajada de Estados Unidos en procura de signos de aliento. Explicó que si Castillo ascendía a la presidencia, probablemente reorganizaría el gabinete con hombres como Sánchez Sorondo y el general Molina en los ministerios de Interior y Guerra, y adoptaría una política de amistad hacia el Eje. Señaló que por esa razón el general Márquez estaba considerando seriamente la posibilidad de un golpe que eliminase a Castillo. El diputado radical expresó la creencia de que Márquez tendría éxito si se decidía a actuar, pero exhortó al embajador a hacer una visita al ministro de Guerra, para expresar su confianza en la lealtad de este último a la democracia y las instituciones democráticas. Este pedido fue rechazado de plano, pero el episodio sugiere que por lo menos algunos políticos estaban más ansiosos que el general Márquez de apelar a remedios desesperados.[69]

A pesar de los informes acerca de un golpe inminente, en realidad el general Márquez no estaba dispuesto a actuar inmediatamente. Por una parte, aún era considerable la incertidumbre acerca del estado del presidente Ortiz, e incluso era posible que superase la crisis y retornase al ejercicio de su cargo; por otra, sin el respaldo de la autoridad y el prestigio del Presidente, Márquez no podía contar con el apoyo de la mayoría de los oficiales. De modo que resolvió esperar, sin esforzarse por asumir personalmente el poder, pero tratando al mismo tiempo de desalentar la actividad política de otros militares. Debemos interpretar en esta perspectiva el discurso que pronunció en Tucumán el 10 de julio, ante sus camaradas de armas, durante la cena de celebración del día de la independencia:

Las formas democráticas no son excluyentes y por eso hemos visto escalar las altas jerarquías del poder a militares ilustres que dejaron en el país hondas huellas de su espíritu disciplinado y progresista. Pero esa es la excepción. Esta rememoración de las efemérides de nuestra independencia viene a recordarnos que el éxito de nuestra carrera no está fuera sino dentro de nuestra vocación.

Hoy más que nunca debemos afianzarnos en esta verdad. La tragedia inmensa que vive el mundo, la anulación de los valores morales, que trae consigo la intranquilidad de los pueblos, le dice a los militares de todas las naciones que deben vivir en su propia vida, sin más preocupaciones que las que impone la seguridad de la patria.[70]

Uno de los blancos principales de las palabras del ministro Márquez estaba representado por los ultranacionalistas civiles y militares, que deseaban el liderazgo del general Juan Bautista Molina, y en menor medida del general Basilio Pertiné. Como las actividades conspirativas del mes de mayo contra el presidente Ortiz no habían producido resultado, el paso del vicepresidente Castillo a la condición de Presidente interino les ofreció una inesperada oportunidad de ocupar posiciones de poder. Castillo era un acérrimo conservador, básicamente contrario a la política de Ortiz favorable a la participación de los radicales en las elecciones; además, parece que no compartía absolutamente las simpatías personales del Presidente hacia las víctimas de la agresión nazi. Más aún, las opiniones totalmente neutralistas de Castillo en el conflicto internacional se manifestaron claramente al día siguiente de la asunción de su nuevo cargo, cuando dijo a los oficiales militares y navales reunidos en el banquete anual de las Fuerzas Armadas que «en nada hemos influido sobre los motivos determinantes de la guerra, y por lo tanto nuestra neutralidad, proclamada oportunamente, debe ser sostenida con toda decisión».[71]

El objetivo de los ultranacionalistas era crear y controlar un régimen autoritario que desarrollase una política de amistad hacia Alemania. Aparentemente abrigaban la esperanza de convencer a Castillo de que les confiara las fundamentales carteras de Interior y Guerra, a cambio del apoyo militar y político nacionalista; de ese modo Castillo se liberaría de las fuerzas que rodeaban a Ortiz y podría gobernar con independencia. No es posible determinar con certeza hasta qué punto Castillo estuvo dispuesto a aceptar este plan. Hacia el 12 de julio, los observadores bien informados creían que el Vicepresidente formaba parte de un grupo conservador que incluía al senador Patrón Costas, el senador Sánchez Sorondo y los generales Juan Bautista Molina y Basilio Pertiné.[72]

Que Castillo estaba acercándose a los ultranacionalistas lo sugiere claramente un extenso cable del embajador alemán. Von Thermann, que mantenía estrecho contacto con los dirigentes ultranacionalistas, el 20 de julio comunicó a su gobierno que Argentina se aproximaba a un cambio fundamental:

Muchos informes de los últimos días sugieren la culminación de la crisis interna argentina. Abundan los rumores acerca de un golpe. Es evidente que el vicepresidente Castillo, que desempeña las funciones de jefe del Estado, en reemplazo del Presidente enfermo, y que simpatiza con los intereses alemanes, no piensa limitarse al desempeño rutinario del cargo, y por el contrario se propone intervenir activamente en el gobierno del país. De acuerdo con los informes, la primera medida será la designación de nuevos titulares de las carteras más importantes. Están destinados a desaparecer los ministros de Finanzas y Guerra, comprometidos en un negociado de tierras; con el segundo nosotros sólo hemos tenido experiencias negativas; asimismo, el ministro del Interior, que está bajo la influencia inglesa, los ministros de Educación y Obras Públicas, y quizá también el ministro de Relaciones Exteriores Cantilo, que ha sido muy criticado últimamente. Se mencionan como sucesores: nuestro gran amigo, el general Bautista Molina, para el Ministerio de Guerra; nuestro amigo de confianza, el senador Sánchez Sorondo, para la cartera del Interior, y quizá más tarde para la cartera de Relaciones Exteriores; en relación con este último ministerio también se mencionan al embajador Melo, actual jefe de la delegación en La Habana.[73]

Aunque el embajador alemán revelaba así su creencia de que existía un entendimiento entre Castillo y los ultra-nacionalistas, y de que estaba preparándose un golpe, también evaluaba las fuerzas que podían impedir el éxito del plan:

Como en todos los países de América del Sur, la actitud del Ejército es decisiva en las crisis nacionales. En el momento actual, la mayoría del Ejército argentino continúa respaldando a nuestros amigos Castillo y Molina. Pueden surgir dificultades porque quizá el actual ministro de Guerra Márquez no acepte retirarse, y por el contrario busque el apoyo del Ejército en la medida en que éste acata sus órdenes, de la Marina y de la oposición radical. Sin embargo, podemos suponer que, en concordancia con su actitud tradicional, la Marina tratará de mantenerse al margen de los conflictos internos.[74]

Como conclusión de su cable acerca de la crisis de julio, von Thermann rehusaba prudentemente anticipar el desenlace: «[El] desarrollo indicado al comienzo será muy bienvenido desde el punto de vista de nuestros intereses en este país. Sin embargo, la experiencia ha enseñado que dichos planes a menudo quedan en nada por falta de decisión y discreción. Por consiguiente, no es posible formular una predicción confiable».[75]

Los acontecimientos habrían de justificar la prudencia de von Thermann, pero no por las razones que él aducía. Si bien es cierto que el ministro de Guerra Márquez trataba de impedir que Molina y Sánchez Sorondo llegasen al poder en alianza con Castillo, había otro obstáculo más poderoso que se oponía a sus ambiciones —un factor que, por extraño que parezca, no se menciona en el informe del embajador— en la persona y la amplia influencia del ex presidente Agustín Justo.

Para el ex presidente, la enfermedad de Ortiz representaba la oportunidad de abandonar el papel de espectador político y asumir un rol fundamental en el manejo de los problemas nacionales. La influencia inicial sobre Ortiz, así como su ambición de sucederlo al final del período presidencial habían sufrido un grave contraste cuando el Presidente decidió intervenir la provincia de Buenos Aires y garantizar elecciones honestas. Pero ahora que Castillo era presidente interino, las perspectivas políticas de Justo podían mejorar —siempre que aprovechase bien la delicada situación. Desde el punto de vista de Justo y de sus aliados políticos civiles, de orientación esencialmente conservadora, la solución ideal de la crisis era un acuerdo con Castillo que permitiese a este último alcanzar la presidencia al mismo tiempo que dejaba bajo el control de Justo ciertas carteras fundamentales. En suma, el general Justo se convertiría en el hombre fuerte, preparándose para asumir la presidencia una vez que Castillo hubiese completado el período legal. Pero para llegar a ese acuerdo el grupo de Justo necesitaba superar la resistencia de los elementos democráticos y de los ultra-nacionalistas, persuadir a Castillo de la conveniencia de rechazar el apoyo de los ultranacionalistas, y anular la influencia tanto del ministro de Guerra Márquez como de su acérrimo enemigo, el general Molina.

Los recursos políticos de Justo en esta lucha entre tres contendientes no eran escasos. Aunque en ese momento no ocupaba ningún cargo, continuaba siendo una figura nacional que gozaba de gran influencia personal en las Fuerzas Armadas, así como entre los políticos civiles. Ni el general Molina ni el general Carlos Márquez gozaban de un prestigio semejante al de Justo; y si bien Márquez todavía era ministro de Guerra, sus posibilidades de contar con la lealtad del cuerpo de oficiales aparentemente disminuyeron a causa de la delegación temporaria del poder presidencial en Castillo. Puede afirmarse que la incertidumbre que comenzó a apoderarse de la organización militar y del público en general mejoró la posición del general Justo —por lo menos a los ojos de los oficiales superiores, la mayoría de los cuales en diferentes ocasiones habían recibido de él ascensos y nombramientos importantes.[76]

A pesar de todas las esperanzas y de los temores de los observadores, nacionales y extranjeros, el mes de julio de 1940 finalizó sin el golpe que se rumoreaba, pero también sin que se resolviera de ningún modo la crisis política nacional. Aparentemente, el general Justo y sus partidarios pudieron convencer al vicepresidente Castillo de la necesidad de reconsiderar su línea de acción, pero no recibieron seguridades en el sentido de que colaboraría con ellos. Los ultranacionalistas, relegados a un segundo plano, aún no abandonaban la esperanza de derrocar el régimen.[77]

El obstáculo fundamental para los planes de Justo y Molina era en este momento el ministro de Guerra Márquez, y cada grupo, a su modo, se esforzó por eliminarlo. El eje de sus esfuerzos fue una investigación del Senado en relación con las irregularidades cometidas en una adquisición de tierras por el Ministerio de Guerra; la investigación había comenzado en mayo, y en agosto el asunto debía irrumpir en la escena política con la fuerza explosiva de un gran escándalo.

El negociado de las tierras de El Palomar, la designación por la cual se conoció este asunto, era un problema intrínsecamente menudo, que no habría producido las repercusiones que tuvo si los grupos de Molina y Justo no hubiesen estado buscando algo que jaquease al general Márquez, y si los ultranacionalistas no hubiesen hecho todo lo posible por aprovechar una cuestión que desacreditaba todo el proceso democrático.[78] La acusación específica formulada contra Márquez se refería a su decisión de ordenar la compra de un lote de tierras adyacentes al Colegio Militar, en El Palomar. El precio que se pagó (1,10 pesos el metro cuadrado) representaba varias veces el valor que le había asignado la Dirección de Ingenieros del Ejército, y aun era superior al precio (1 peso el metro cuadrado) que los propietarios originarios habían pedido antes; por otra parte, un precio que el Ejército se había negado a pagar. Sin embargo, en definitiva se adquirieron esas tierras, no a dichos propietarios, sino a un par de especuladores que se aseguraron una opción sobre la propiedad a fines de 1937, al precio de 0,67 el metro cuadrado, y que mediante el ofrecimiento de compartir las futuras ganancias con ciertos legisladores bien situados, consiguieron que el Congreso incluyese en el presupuesto de 1938 una cláusula especial que autorizaba la compra a un precio inflado (hasta 1,10 el metro cuadrado).

Estas manipulaciones legislativas habían ocurrido en enero de 1938, un mes antes del comienzo del gobierno de Ortiz, y antes también de que el general Márquez asumiese el control del Ministerio de Guerra.[79] El papel de Márquez en el asunto comenzó más avanzado ese año, cuando recomendó al Presidente que el gabinete aceptase la compra de la tierra, por temor de que perdiese validez la autorización del presupuesto; y pocos meses después, en abril de 1939, Márquez ordenó se concretase la adquisición. A pesar de los informes de la Dirección de Ingenieros acerca del valor real de la tierra, y después de un inútil intento de conseguir que los especuladores redujesen su precio por debajo del máximo autorizado por la ley de presupuesto de 1938, el ministro de Guerra prosiguió con la operación y pagó el precio exigido. Esta actitud, de dudosa sensatez, garantizaba al Ejército la posesión de las tierras de El Palomar, pero otorgaba a los especuladores y sus colaboradores una ganancia neta de un millón de pesos, a cambio de una inversión constituida simplemente por un poco de tiempo, de ingenio y de influencia.[80]

El Senado comenzó la investigación de las compras de tierras de El Palomar sobre la base de las acusaciones formuladas por el senador Benjamín Villafañe de Jujuy, una figura política independiente muy conocida por su desilusión con respecto al sufragio universal, su franca admiración por la idea de la representación corporativa y otras opiniones comunes a los nacionalistas argentinos. En un discurso pronunciado en el Senado el 16 de mayo, reclamó la creación de una comisión especial que determinase la veracidad de la información que le habían suministrado fuentes «insospechables», en el sentido de que el gobierno de Ortiz estaba complicado en un deshonesto negociado de tierras. Después de citar nombres y mencionar detalles que revelaban un conocimiento íntimo de la transacción, Villafañe afirmó que el asunto era «algo que no se puede menos que calificar de horroroso», y llegó a la conclusión de que el «gobierno nacional, por su propio decoro, ha de tener interés en que se haga la luz de inmediato en este asunto».[81] Por supuesto, el senador no mencionó en su proyecto acerca de la investigación que ésta también venía a servir los intereses de los hombres que, como él mismo, se oponían al gobierno y a la política que éste seguía. Tampoco reconoció Villafañe, en ese momento, aunque después se conoció el hecho, de que parte de su información provenía de Manuel Fresco, el ex gobernador de la provincia de Buenos Aires derrocado por el presidente Ortiz a causa del fraude electoral.[82] En todo caso, el Senado aprobó su proyecto acerca de la organización de una comisión investigadora especial.

Designada por el presidente del Senado, y constituida por tres hombres de diferentes partidos bajo la dirección del socialista Alfredo Palacios, esta comisión trabajó desde fines de mayo hasta principios de agosto, reuniendo antecedentes e interrogando testigos. Consagró gran parte de su esfuerzo a seguir la pista de la distribución final de la ganancia de los especuladores, tarea simplificada por la forma de pago del Ministerio de Guerra, consistente en bonos numerados de la deuda pública. La comisión también reunió pruebas de que el Poder Ejecutivo y la Contaduría General habían aplicado procedimientos administrativos impropios en este asunto. El informe de la comisión, publicado el 8 de agosto, acusó al ministro de Guerra Márquez, afirmando que no había sabido proteger el interés público cuando ordenó la compra de las tierras, y que por eso mismo había violado su responsabilidad legal como funcionario público. Se formuló la misma acusación contra el director de la Contaduría General. Sin embargo, la parte más sensacional del informe fue la identificación de los que habían recibido una parte de las ganancias, así como la indicación de las sumas —la lista incluía a un ex presidente de la Cámara de Diputados y a cuatro miembros de su comisión de presupuesto durante el período de sesiones 1936-38. En sus recomendaciones al Senado, la comisión proponía que se remitiesen los resultados a los tribunales federales, con el fin de que se acusara judicialmente a los principales especuladores y a sus cómplices, y a la Cámara de Diputados, para que se iniciase acción contra los diputados complicados en el asunto, y quizá se hiciese juicio político al ministro de Guerra.[83]

El debate del Senado acerca de las recomendaciones de su comisión especial se realizó el 19 y el 20 de agosto, en una atmósfera de tensión política y excitación pública. Pues más allá del problema de la responsabilidad personal del ministro de Guerra en el escándalo de las tierras estaba la cuestión del futuro político del país. Si se desacreditaba al general Márquez y se lo removía de su cargo era posible que desapareciese el impasse político de los dos últimos meses, y que el control del gobierno pasara a los ultranacionalistas o a un grupo conservador vinculado con el general Justo. En cualquiera de ambos casos, se reducían las perspectivas de que continuara desarrollándose la política del presidente Ortiz, y por lo mismo se disipaban las esperanzas radicales de retomo al poder.

De ahí que los dirigentes de la Unión Cívica Radical considerasen necesario hacer todo lo posible para defender al general Márquez. Como explicó el doctor Carlos Noel, dirigente radical y presidente de la Cámara de Diputados, a un funcionario de la Embajada de Estados Unidos, las irregularidades cometidas en el caso de El Palomar no eran más importantes que muchos otros escándalos políticos; pero un grupo hambriento de poder estaba subrayando todo lo posible la importancia del problema para descolocar al ministro de Guerra Márquez, cuyo control sobre el Ejército representaba un obstáculo a las ambiciones de poder de ese sector. De acuerdo con la opinión de Noel, si ese grupo adquiría fuerza suficiente ni Ortiz ni Castillo continuarían en la Casa Rosada, y se establecería una dictadura. Según veía las cosas, estaba preparándose un golpe peligroso; y por su propio interés, así como por la preservación de un régimen constitucional, los radicales tenían que defender al ministro de Guerra.[84]

El debate de dos días en el Senado en relación con el negociado de El Palomar reveló las agrias diferencias existentes entre los generales Márquez y Molina, y evidenció los vínculos que los conectaban con los políticos civiles. En una autodefensa vigorosa, el general Márquez rechazó todas las acusaciones; señaló que importantes jefes del Ejército, entre ellos su predecesor, el general Basilio Pertiné, y Juan Bautista Molina, habían opinado que la adquisición de los terrenos de El Palomar era indispensable desde el punto de vista de las necesidades militares. Con respecto al precio pagado, si se hubiese rechazado la oferta y expropiado la tierra, habría costado al gobierno por lo menos la misma suma.[85] Al observar que el general Molina había declarado ante la comisión especial que él nunca se había mostrado dispuesto a pagar el precio reclamado por especuladores, Márquez destacó que precisamente Molina, en su condición de Director de Ingenieros, había atestiguado la necesidad de los terrenos cuando la Comisión de Presupuesto estaba considerando el discutido artículo en enero de 1938. Más aún, en julio de 1938 Molina había redactado un decreto, que Márquez debía firmar, autorizando la compra de las tierras, y no había formulado ninguna objeción acerca de la corrección del procedimiento. Márquez afirmó que si el general Molina en ese momento abrigaba dudas acerca de la operación, como lo había señalado en su reciente testimonio, se había abstenido de «cumplir con un deber elemental de lealtad para con su superior inmediato, de quien es asesor precisamente en esta cuestión».[86]

La negativa de Márquez a admitir la responsabilidad de cualquier error provocó firmes y detalladas refutaciones de los miembros de la Comisión Especial.[87] Pero correspondió al senador ultranacionalista Matías Sánchez Sorondo dirigir el ataque más enconado contra el ministro de Guerra. Después de afirmar que el escándalo de El Palomar igualaba, y quizá sobrepasaba los peores casos de corrupción administrativa en la historia argentina, insistió en que la responsabilidad del ministro de Guerra era igual a la de los hombres que habían recibido los sobornos.[88] En contraste con lo anterior, elogió a los generales Pertiné y Molina, que habían cumplido cabalmente con su deber. Aprovechando la oportunidad de congraciarse con estos y otros jefes del Ejército, al mismo tiempo que denigraba al general Márquez, anunció:

Valgan estas palabras para llevar, por lo menos, al espíritu de esos dos distinguidos jefes y al espíritu de muchos otros oficiales que ven, que sienten, que palpan en este instante comprometida la unidad y la disciplina del Ejército por la actitud imprudente del señor ministro de Guerra, valgan, repito, estas palabras, para llevar al espíritu de esos jefes la certidumbre de que por lo menos en el Senado de la Nación hay quien cree en su honorabilidad, en su dedicación y en su amor a la carrera militar.[89]

La andanada del senador contra la corrupción en el gobierno de Ortiz fue acompañada de una sugestión bastante clara en el sentido de que quizá sus días estaban contados. Oponiendo lo que, según afirmó, era la indiferencia del pueblo argentino ante el fraude electoral, con su preocupación por la deshonestidad del gobierno, advirtió:

Nuestro pueblo tiene una sensibilidad que le es característica. Quiere, por ejemplo, que se estampe en la letra de la ley sus derechos a la libertad política, pero no le interesan sus atropellos. El fraude lo deja, en el fondo, indiferente, acaso porque siente instintivamente que las épicas batallas de los partidos se desenvuelven en un plano convencional que le es perfectamente ajeno, pero no acepta el escándalo administrativo. No tolera que sus mandatarios sean deshonestos ni complacientes con los deshonestos. En nuestro país, lo único que ha volteado gobiernos es una acusación de deshonestidad.[90]

En total oposición a las opiniones de Sánchez Sorondo, se manifestaron los senadores Juan Cepeda, José P. Tamborini, y Aldo Cantoni, que representaban a diferentes ramas del radicalismo. Los tres deploraron los aspectos de corrupción del negociado de las tierras, pero convinieron en que los resultados de la investigación de ningún modo afectaban el honor o la reputación del general Márquez. El senador Tamborini expresó su preocupación ante la posibilidad de que los «resultados de esta investigación, malamente interpretados, se aprovecharan para encumbrar a unos y roer el prestigio de otros»; también subrayó que la misión del Ejército estaba en los cuarteles, y «se desvirtúa a su función, debilitándola, cuando se pretende hacer que la alcancen los ecos de la pasión política».[91] El senador Cantoni fue más lejos que sus colegas en la defensa del ministro de Guerra, y expresó la optimista creencia de que «la opinión pública llegará al convencimiento de que el señor ministro Márquez tiene toda la autoridad que necesita para continuar desempeñando, con acierto y capacidad, la cartera de Guerra de la Nación».[92]

Pero cuando llegó el momento de la votación, los senadores radicales eran muy pocos para impedir que se aprobara la resolución original de la comisión especial. Por una mayoría de 21 a 5, el 20 de agosto el Senado aprobó la remisión de todas las comprobaciones de la comisión a la Cámara de Diputados, que de acuerdo con la Constitución podía determinar si había fundamentos para iniciar juicio político.[93] La decisión del Senado determinó que culminase súbitamente la crisis política que se mantenía en estado latente desde principios de julio. Pues al poner en tela de juicio la conducta del ministro de Guerra, implícitamente desafiaba al presidente Ortiz a definir su relación con este colaborador fundamental de su política. Y al plantear el problema del status futuro del general Márquez, ponía también en discusión el futuro de todo el Gabinete y su relación con el presidente interino. Ya no era posible postergar la aclaración de la confusa situación del gobierno.

En Buenos Aires prevalecía una atmósfera de suma tensión mientras el presidente enfermo y sus asesores realizaban premiosas consultas. En las calles, los opositores y los partidarios del gobierno protagonizaban choques. Muchos de los defensores del gobierno eran afiliados de la Unión Cívica Radical, entre ellos diputados y concejales, que participaban en las manifestaciones que vivaban a Ortiz, a Márquez y al Ejército argentino. Entre los críticos había miembros de la Alianza de la Juventud Nacionalista, y aunque parezca irónico este sector halló, si bien temporariamente, un nuevo héroe en la persona del jefe de la Comisión Investigadora del Senado, el senador socialista Alfredo Palacios. El carácter de la crisis se reflejaba en las medidas precautorias adoptadas por la policía y las fuerzas militares.[94]

Entre los rumores inevitables de golpe, la expectativa pública de un desenlace dramático no se vio decepcionada, pues en la tarde del 22 de agosto el doctor Ortiz presentó al Congreso su renuncia como Presidente de la Nación. En un mensaje cuidadosamente redactado criticaba la acción del Senado, que no había destacado la total falta de vínculos del Presidente con los individuos corrompidos que habían participado en el asunto de las tierras, hombres a quienes el propio Ortiz repudiaba y condenaba; además, Ortiz negaba que «el dignísimo general don Carlos Márquez» hubiese servido jamás de pantalla a intereses venales; y después de pasar revista a sus esfuerzos por restaurar la vida democrática, afirmaba que la investigación del escándalo tenía un propósito ulterior. Con una elocuencia que no podía dejar de suscitar la reacción pública, el doctor Ortiz anunciaba que entendía que su deber era ahora devolver el poder al pueblo que se lo había otorgado, y que sometía «mis actos de gobernante y toda mi vida pública al juicio de mis conciudadanos y de la historia».[95]

Aún antes de que pudiese celebrarse la sesión conjunta del Congreso, el 24 de agosto, para considerar la renuncia, cierto número de oficiales del Ejército, entre los cuales aparentemente estaba el propio ministro de Guerra Márquez, consideró seriamente la posibilidad de utilizar medidas de fuerza para eliminar de la sucesión política al presidente interino Castillo. Es difícil reconstruir íntegramente la naturaleza de este movimiento. Se ignora cuántos oficiales estaban comprometidos, y aun si hubo acuerdo acerca de la línea de acción. De todos modos, es evidente que los oficiales identificados en su trayectoria anterior con el apoyo a los gobiernos de orientación democrática consideraron que había llegado el momento de pasar a la acción directa. Uno de los focos del movimiento fue la estratégica primera división de infantería, acantonada en la capital y sus cercanías. Dos de los comandantes de regimiento, los tenientes coroneles Ambrosio Vago y Rafael Lascalea, miembros del grupo de «capitanes leales» de 1930, reclamaron se organizara un golpe para expulsar a Castillo. En sus conversaciones con otros oficiales destacaron la necesidad de terminar con el fraude electoral. Proponían la formación de una Junta Militar cuyo único programa sería la celebración de elecciones limpias en el plazo de seis meses. Pero su motivación inmediata era el temor de que muchos comandantes de unidades fuesen reemplazados por oficiales nacionalistas. Poco después que Ortiz presentó su renuncia, el 22 de agosto, el general Márquez había solicitado una licencia de dos semanas en el Ministerio de Guerra, con el fin de prepararse para el inminente juicio político. Castillo se apresuró a designar sucesor interino al ministro de Marina, y se difundió rápidamente el rumor de que existía el proyecto de nombrar un general nacionalista, Nicolás Accame, en el alto cargo de inspector general del Ejército. Se temía que esa designación iniciase una reorganización integral de los comandos fundamentales, y la eliminación de los hombres designados por Ortiz-Márquez.[96]

El movimiento que Vago y Lascalea trataron de promover llegó a un impasse cuando no pudieron persuadir al comandante de división, general Abel Miranda, de la necesidad de tomar la iniciativa. Miranda no quiso entrar en acción sin el apoyo de otras unidades, y en todo caso tanto el doctor Ortiz como Marcelo T. de Alvear, presidente de la Unión Cívica Radical, con quienes después discutieron el asunto, se opusieron a cualquier infracción a los procedimientos constitucionales. Así quedó en nada este intento de organizar un golpe preventivo de orientación democrática contra el futuro gobierno de Castillo.[97]

Simultáneamente se gestó otro movimiento, posiblemente relacionado con el anterior, que implicó a la Gendarmería Nacional —fuerza de policía militarizada creada poco antes para actuar en las zonas fronterizas, y cuyos cuarteles estaban en Campo de Mayo—. Aún no se conocen bien los detalles de este movimiento, pero la figura fundamental era el jefe de la Gendarmería, general Manuel Calderón, íntimo amigo del general Márquez si hemos de creer a una fuente militar alemana.[98] La conspiración de Calderón aparentemente contaba con la aprobación del ministro de Guerra licenciado, y según parece también tenía el apoyo de algunos diputados del partido radical.[99] Su objetivo inmediato era la detención del Presidente interino por personal de la gendarmería, pero no se conocen con exactitud los objetivos intermedios y a largo plazo. De acuerdo con una información confidencial obtenida por la Embajada alemana, el procedimiento tendría lugar la noche del 23 de agosto; pero la conspiración abortó porque en las primeras horas de la mañana del mismo día el doctor Castillo relevó súbitamente de su puesto al general Calderón y nombró interinamente en su lugar al jefe de la Casa Militar, coronel Carlos Kelso.[100] La figura cuya actuación fundamental permitió frustrar esta conspiración —y la persona a la que Castillo debía ahora su posición— era el general Agustín Justo. Mediante su servicio de información militar, privado pero eficiente, el ex presidente había seguido de cerca los movimientos del general Márquez y sus principales colaboradores. Ciertamente, después de la votación del Senado contra el ministro de Guerra el 20 de agosto, Justo tenía motivos para creer que su propio arresto era inminente; y aun llegó al extremo de enviar una persona de confianza a una embajada extranjera para indagar acerca de la posibilidad de obtener asilo político.[101] La advertencia de Justo avisó a Castillo de la conspiración de Calderón, y el presidente interino apeló a un miembro de su grupo, el coronel Kelso, para confiarle el control de la Gendarmería.[102] Estos hechos acentuaron la situación de dependencia de Castillo respecto de Justo, en oposición a los nacionalistas, y abrieron el camino al acuerdo político que puso fin a la prolongada crisis.

El 24 de agosto el Congreso, reunido en asamblea, rechazó por 170 votos contra 1 la renuncia de Ortiz —el único voto negativo perteneció al senador Sánchez Sorondo. El debate anterior a la votación se ajustó a los antecedentes conocidos; en efecto, los oradores conservadores y socialistas repudiaron la afirmación contenida en la carta de Ortiz acerca de la existencia de motivos políticos ulteriores, pero de todos modos rechazaron la renuncia. Por otra parte, los voceros radicales apoyaron sin reservas las afirmaciones del Presidente y nuevamente defendieron al general Márquez, a quien describieron, en las palabras de Noel, presidente de la Cámara, como «un militar digno que hace honor al Ejército por su aptitud, su pericia y su fidelidad a nuestro sistema de gobierno democrático, continuando así la característica tradicional del Ejército argentino».[103]

Para el doctor Ortiz esa votación abrumadora, después de las grandes manifestaciones de apoyo público que había recibido con motivo de su renuncia, representó un gran triunfo personal.[104] Pero nada de todo esto podía modificar el hecho de que estaba físicamente imposibilitado de reasumir la presidencia, y de que si se quería organizar un gobierno eficaz, el gabinete que había colaborado con él desde el comienzo debía dejar el sitio a un nuevo grupo de hombres, con quienes el vicepresidente Castillo pudiese desarrollar una relación de trabajo. Tres días después de la decisión del Congreso los miembros del gabinete designado por Ortiz, encabezados por el ministro del Interior Taboada, ofrecieron sus renuncias al vicepresidente Castillo. La única excepción, de carácter temporario, fue el general Márquez, que técnicamente continuó en el cargo hasta el 6 de setiembre, día en que la Cámara de Diputados votó su absolución; inmediatamente después también él presentó su renuncia.[105]

Una vez que el general Márquez y el doctor Taboada se retiraron de los Ministerios de Guerra e Interior, el presidente Ortiz se vio privado de toda posibilidad de actuar en favor de la aplicación de su programa. En realidad, durante las conversaciones preliminares que llevaron a la designación del nuevo gabinete, se anunció que el Vicepresidente había concertado un acuerdo de honor con Ortiz, en el sentido de que no haría nada que modificase la orientación esencialmente democrática que este último había impartido al gobierno.[106] Pero ahora correspondía al doctor Castillo y a quienes lo apoyaban adoptar decisiones básicas que determinaran el destino del futuro político del país.

VI

EL INTERLUDIO DE CASTILLO

Aunque había desempeñado las funciones de presidente interino desde el 3 de julio de 1940, el control de Ramón Castillo sobre el ejecutivo adquirió cierto grado de estabilidad sólo después que designó su propio gabinete, el 2 de setiembre. El doctor Castillo era un hombre de escasa estatura y cuerpo delgado, cuyos movimientos lentos, el cabello ralo y el abundante bigote blanco le hacían parecer mayor que los 67 años que tenía realmente. Cuando asumió la presidencia poseía mucha mayor experiencia como jurista y profesor de derecho que como figura política. En realidad, hacía apenas diez años que había desempeñado su primer cargo político cuando fue designado interventor provincial. Más tarde, ocupó durante tres años una banca de senador nacional, desempeñándose dos años como ministro del gabinete antes de ser candidato a vicepresidente, en 1937. En la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, donde se graduó en 1897, Castillo llamó la atención por la claridad de sus conferencias y por sus opiniones sociales conservadoras. Su especialidad profesional era la ley de quiebras, quizá un presagio de su ascenso a la presidencia como liquidador judicial del infortunado Ortiz. Este jurista sereno y de modales pausados poseía en medida considerable los atributos que uno espera hallar en un juez. Pero la integridad personal, la firmeza de convicciones y la claridad intelectual no eran en sí mismas sustituto adecuado del conocimiento de los hombres y los problemas, que podría haber adquirido con una carrera más prolongada en la vida pública. Tampoco podían aportar a Castillo la energía ilimitada y la capacidad necesarias para imponer su voluntad a otros, factores tan esenciales para cualquier hombre que desempeña un alto cargo.

De 1940 a 1943, período que presenció tantas intrigas civiles y militares, y tan considerable confusión política, que rara vez se ha visto nada igual en Argentina, este hijo de la atrasada provincia de Catamarca dirigió los destinos de su país. Durante casi dos años fue presidente interino, mientras el doctor Ortiz se aferraba al título y a la vana esperanza de que su salud le permitiese reasumir el poder. Después de la renuncia de Ortiz, en junio de 1942, Castillo asumió discretamente el título y la autoridad del cargo de Presidente.

Pero en setiembre de 1940 la posición política de Castillo todavía era extremadamente débil, y a pesar de su posición conservadora y nacionalista se vio obligado a contemplar los deseos de figuras políticas hacia las cuales no alentaba una mínima simpatía. Esta situación se manifestó en la composición de su primer gabinete; pues en lugar de seleccionar un ministerio completamente identificado con su propio criterio, confió puestos fundamentales a individuos que eran aceptables para sus protectores en la crisis de agosto.[1] No sólo el general Justo y el doctor Ortiz, sino también el doctor Marcelo de Alvear, dirigente del Partido Radical, podían sentirse complacidos con el nuevo gabinete. Sólo dos de sus miembros eran conservadores acérrimos: Guillermo Rothe, ministro de Justicia e Instrucción Pública y Daniel Amadeo y Videla, de Agricultura. Por otra parte, los Ministerios de Finanzas y Relaciones Exteriores fueron encomendados a un ex ministro del gabinete, Federico Pinedo, y a un ex vicepresidente, Julio Roca, ambos destacados como moderados políticos y bien conocidos como firmes partidarios de la causa aliada en el conflicto europeo. La presencia de estos hombres en el gabinete —especialmente la del doctor Roca, que había condicionado su aceptación a la continuación de la política de Ortiz— fue saludada por un órgano oficial de la Unión Cívica Radical «como una garantía de respeto hacia nuestras instituciones democráticas».[2]

Aunque las designaciones de Pinedo y Roca representaron una fuente de satisfacción para quienes relacionaban el apoyo a los Aliados con el apoyo a las prácticas democráticas en el orden nacional, para ocupar los puestos fundamentales de carácter político y militar se designaron hombres patrocinados por el general Justo, cuya presidencia mal podía considerarse modelo de dichas prácticas. Miguel Culaciati, radical antipersonalista y ex intendente de Rosario, fue designado ministro del Interior; y el general Juan N. Tonazzi, firme partidario de Justo, ocupó la cartera de Guerra.[3] Estas designaciones sugerían que Justo estaba decidido a plasmar las medidas políticas del gobierno en beneficio de su propia candidatura en la siguiente elección de presidente, y que por el momento Castillo no estaba en condiciones de oponerse al plan.

Pero en realidad, el Presidente interino no estaba dispuesto a ser el instrumento permanente de las ambiciones de Justo, del mismo modo que no deseaba respetar los deseos de la U. C. R., que reclamaba elecciones honestas; o las aspiraciones de los simpatizantes de los Aliados. Su programa político, que nunca fue expresado claramente en público, se perfiló gradualmente: en el plano nacional procuró acrecentar su poder político y su prestigio, hasta el punto en que pudiese desafiar eficazmente al general Justo y a los radicales, con el fin de imponer la sucesión política; en el frente internacional se esforzó por mantener a toda costa la neutralidad argentina, aún después de la intervención de Estados Unidos en la guerra, y al mismo tiempo hizo todo lo posible por impedir que su país cayese en la órbita norteamericana. Para realizar estos objetivos, Castillo debía buscar o aceptar apoyo dondequiera lo encontrase: en los diferentes sectores del Partido Conservador, entre los elementos aislacionistas del público en general, entre las organizaciones nacionalistas y favorables al Eje, en las comunidades alemana e italiana, y aun en la Embajada alemana. Pero a la larga, habría de buscar el poder decisivo que le permitiera seguir ese curso de acción en los militares, y sobre todo en los que se mostraban hostiles a las ambiciones del general Justo.

Pero en los primeros meses de su gobierno, el doctor Castillo se esforzó por disimular sus planes y se abstuvo de cualquier paso que indujese al general Justo a retirarle su apoyo. Más aún, sus actos como Presidente reflejan la disposición a cooperar con el ex presidente, aun hasta el punto de fortalecer temporariamente el poder de Justo. Así lo revela la aprobación de Castillo al nombramiento, en diciembre de 1940, de un marino que era antiguo amigo del general Justo, el capitán (R) Juan C. Rosas, como jefe de la Policía de Buenos Aires; y su aprobación, aparentemente sin objeciones, de la reorganización fundamental de los mandos militares realizada por el ministro de Guerra Tonazzi.[4]

El propósito de esta reorganización era colocar a hombres leales a Justo en puestos estratégicos de la Capital y alrededores. Así, el general Adolfo Espíndola, antiguo amigo de Justo y Tonazzi, fue traído de Paraná para asumir el comando de la división de Palermo (primera división de infantería), y el general Jorge Giovanelli fue designado para ocupar el puesto de inspector de infantería, que había sido restablecido, y designado jefe de la Guarnición de Campo de Mayo. El prestigioso puesto de director del Colegio Militar, que después de 1930 tenía importancia política, fue asignado al coronel Emilio Daul, otro partidario de Justo; y el coronel Santos Rossi, fiel amigo de Justo, continuó al frente de la Escuela de Suboficiales «Sargento Cabral», de Campo de Mayo, unidad importante por el calibre profesional de su personal y la variedad de armas que utilizaba. Con estas y otras designaciones, el ex presidente tenía partidarios dignos de confianza en las tres guarniciones fundamentales: Campo de Mayo, El Palomar y Palermo.[5]

Debe señalarse que la reorganización de Tonazzi determinó pocos retiros involuntarios, en contraste con el panorama que hallamos en la época de Perón y en la que le siguió.[6] Puede afirmarse más bien que se realizó un esfuerzo con el fin de promover la lealtad de los oficiales que se habían identificado con el doctor Ortiz o con el ex ministro de Guerra Márquez. Por ejemplo, el general Luis Cassinelli, cuya estrecha cooperación con la política electoral del doctor Ortiz fue señalada en el capítulo anterior, fue designado inspector general —el más alto cargo del Ejército—, reconociéndose así su condición de general de división más antiguo en actividad. El ex ministro de Guerra ocupó un cargo prestigioso —aunque sin mando de tropa—, el de Cuartelmaestre General, y más tarde fue ascendido a general de división. El general Calderón, ex jefe de la Gendarmería, fue reintegrado al servicio activo y obtuvo un comando en el interior del país; y también se trató correctamente a los comandantes del regimiento que habían estado comprometidos en la conspiración del mes de agosto.[7]

Mientras se realizaba la reorganización militar destinada a fortalecer la posición del general Justo, el doctor Castillo daba los primeros pasos para romper con la política de elecciones honestas de Ortiz. El 18 de diciembre en la provincia de Santa Fe, y nuevamente en Mendoza el 5 de enero, a pesar de las agrias protestas de los dirigentes radicales y de las repetidas advertencias de la prensa independiente acerca del fraude que los gobiernos provinciales preparaban, el Presidente interino adoptó una actitud tolerante. El resultado fue la derrota de los candidatos radicales del gobernador en favor de un antipersonalista en Santa Fe y de un conservador en Mendoza, en elecciones que recordaron los peores excesos del período anterior a Ortiz.[8]

Cuando decidió retornar a la política del fraude electoral, el doctor Castillo sin duda pensó que las ventajas que se obtendrían a largo plazo evitando que estas provincias fundamentales quedasen bajo el control radical en la siguiente elección presidencial compensarían sobradamente las consecuencias políticas inmediatas en el Congreso, en su propio gabinete y en el público en general. Pero no es fácil determinar si adoptó esta decisión en mérito a sus propios objetivos políticos, o presionado por el general Justo, o como resultado de ambos factores. Por supuesto, el ministro del Interior Culaciati, responsable oficial de la aplicación del programa del gobierno, estaba identificado con el general Justo. No es de extrañar, por lo tanto, que los rumores que circulaban en enero identificasen al general Justo como el verdadero culpable de las elecciones fraudulentas.[9] Vista la falta de pruebas más sólidas, parece lógico llegar a la conclusión de que fue una política común preconizada por Justo y adoptada por el Presidente interino, cada uno impulsado por su propio interés.

Sin embargo, las repercusiones inmediatas de esta política habrían de tener importantes consecuencias; llevaron al Congreso a una impasse, y nuevamente provocaron una crisis política con complicaciones militares. La primera víctima fue el plan de trabajo legislativo, incluidos los proyectos de ley de presupuesto y de armamentos, que el Congreso debía tratar en sesión especial. El partido radical, en un esfuerzo por utilizar su mayoría en la Cámara de Diputados como medio de obligar al gobierno a anular las elecciones rehusó sancionar el presupuesto o adoptar otras medidas que el ministerio de Finanzas había propuesto para afrontar las dificultades económicas provocadas por la guerra en Europa. Así, el año fiscal concluyó sin que el gobierno contase con la autorización legal para pagar sus cuentas, y con escasas perspectivas de que la Cámara de Diputados discutiese, y mucho menos sancionase, cualquier ley importante reclamada por el gobierno.

Los efectos de la crisis se transmitieron rápidamente del Congreso al gabinete, donde el ministro de Finanzas Pinedo presentó su renuncia, y fue imitado poco después por el ministro de Relaciones Exteriores Roca. Pinedo adoptó esa actitud cuando fracasó en sus intentos por promover una tregua política que permitiese obtener la legislación financiera indispensable. Por propia iniciativa había propuesto dicha tregua al doctor Alvear, pero sus esfuerzos se vieron frustrados ante la imposibilidad de persuadir a los dirigentes conservadores que controlaban el Senado para que hiciesen concesiones a los reclamos radicales de intervención federal en las provincias afectadas.[10]

La renuncia del ministro de Relaciones Exteriores, presentada diez días después del retiro del ministro de Finanzas, agravó la crisis al mismo tiempo que acentuaba la distancia entre el Presidente interino por una parte y la Cámara de Diputados por otra.[11] La carta pública de renuncia de Roca estaba redactada en términos corteses y respetuosos para el doctor Castillo, pero en una carta privada, de la cual se conocieron después algunos fragmentos, denunciaba las medidas tortuosas que caracterizaban al gobierno, y advertía que el curso seguido podía llevar a la revolución. Profetizaba que a menos que el gobierno definiese sus objetivos de manera categórica y franca, se «expondrá a ser sorprendido por los sucesos sobre los cuales habría perdido todo control, y librará al país a las mayores incertidumbres y a las más hondas perturbaciones».[12]

La crisis política precipitada por el repudio del doctor Castillo al programa electoral de su predecesor inauguró una nueva fase a principios de febrero, con la intervención explícita del doctor Ortiz en la controversia. El Presidente enfermo había estado recibiendo vigorosas voces de aliento de los dirigentes radicales, los grupos estudiantiles y otras organizaciones, que lo invitaban a reasumir el cargo. Y en efecto, a pesar de su estado físico —ahora se encontraba prácticamente ciego— el doctor Ortiz comenzó a actuar como si se propusiera volver al poder. Se realizó un intento de preparar al público para su retorno mediante la publicación de fotografías periodísticas que lo mostraban caminando por el jardín y concediendo entrevistas, y reproduciendo la lista de quienes lo visitaron diariamente.[13]

Estos preparativos culminaron con la publicación, el 12 de febrero, de un manifiesto del doctor Ortiz al pueblo. En este documento, respuesta a lo que él mismo denominaba «el clamor unánime de la opinión pública» que pedía una formulación clara, rehusaba cualquier responsabilidad por los actos de Castillo y, con expresiones acres, fustigaba la actitud indiferente del Presidente interino hacia el fraude electoral, afirmando que constituía el regreso a un pasado muerto. Pero el manifiesto nada decía del retorno al poder, y concluía exhortando a todos los dirigentes y grupos políticos, incluido el Presidente interino, a que utilizaran las atribuciones que la ley les confería para promover la fe en las instituciones republicanas y la paz nacional.[14]

A pesar de la recepción entusiasta que se le dispensó en los círculos no conservadores y en la prensa independiente, el manifiesto de Ortiz no debilitó la decisión del doctor Castillo y sus partidarios.[15] Al día siguiente, la gran mayoría conservadora del Senado aprobó rápidamente un proyecto que establecía la designación de una comisión encargada de investigar el estado de salud del doctor Ortiz. Se argüía que los actos de Ortiz suscitaban un problema constitucional, puesto que de hecho creaban un doble poder ejecutivo; pero la intención política se revelaba en la división rigurosamente partidaria de los votos.[16] Entretanto, un veterano funcionario del Ministerio del Interior señaló a un miembro de la Embajada de Estados Unidos que correspondía al Presidente interino determinar si el doctor Ortiz podía reasumir el cargo, y que se impediría el retorno del Presidente enfermo aunque fuese necesario usar la fuerza.[17] Según parece, después de la reciente reorganización militar los partidarios del doctor Castillo confiaban en que, si era necesario, el Ejército lo apoyaría contra el doctor Ortiz.

Posiblemente con el fin de consolidar dicho apoyo, los voceros del Partido Conservador en la Cámara de Diputados se apresuraron a conjurar el espectro de futuros atropellos al Ejército, citando las infortunadas experiencias de la época de Yrigoyen.[18] El argumento sugería, por implicación, que la política electoral del doctor Ortiz abriría la puerta a dicha perspectiva. La respuesta de los voceros radicales fue insistir en que el Ejército no pertenecía a ningún partido o a ninguna clase. Más aún, en una serie de observaciones que seguramente sonaron extrañas aun a sus colegas de bloque, Raúl Damonte Taborda insistió en que el Ejército argentino, en cuanto ente diferenciado de ciertos individuos, no había sido responsable del derrocamiento de Yrigoyen: «El Ejército de nuestra patria, cumpliendo estrictamente su rol constitucional, salvo escasísimas excepciones, permaneció en los cuarteles y no se plegó a la revuelta; porque no en vano habíamos gozado, en decenios de vida institucional organizada, de un nuevo Ejército glorioso, heredero del que había paseado el estandarte argentino por la mitad de América, liberando a otros pueblos».[19] El mismo orador se apresuraba a absolver al Ejército por los procesos ocurridos después de 1930:

El Ejército tampoco se complicó en ninguna de las actividades durante el gobierno del general Uriburu. No fue el Ejército el que acudió a las cárceles a torturar a ciudadanos argentinos indefensos ni sirvió doctrinas seudototalitarias, ni llevó al general Justo a la primera magistratura del país.

Volvió a su rol dentro de los cuarteles, a seguir cumpliendo con lo que creía que era su pundonoroso deber. Y en este instante se trae al recinto parlamentario el problema del Ejército, como para presentar al radicalismo en pugna con los más dignísimos oficiales de las Fuerzas Armadas.[20]

Con este ajuste de cuentas, el representante radical aparentemente esperaba impedir que los militares apoyasen el movimiento destinado a frustrar los esfuerzos del doctor Ortiz, si éste resolvía reasumir la presidencia. Pero a medida que pasaban los días, el presidente Ortiz, que estaba casi ciego, no pareció dispuesto a actuar, y así desapareció una oportunidad que quizá hubiera sido propicia. No es posible determinar con certidumbre las razones de su pasividad. Algunos rumores que circulaban entonces atribuyen esa actitud a una advertencia del general Justo, quien habría indicado que estaba dispuesto a utilizar su influencia en el Ejército para oponerse al retorno; o bien a la decisión del doctor Castillo de utilizar la fuerza en el mismo sentido.[21] Sin embargo, parece probable que el estado físico de Ortiz haya sido también un factor determinante. Aun en el caso de que nadie se hubiese opuesto, Ortiz debía considerar seriamente si le era posible, en vista de su estado de salud, reasumir la pesada carga de la presidencia. Pero el riesgo de la violenta confrontación que quizá desembocase en la desaparición del gobierno civil era más de lo que podía soportar.

Considerada retrospectivamente, la «Operación Retorno», como se la llamaría hoy, fue un «bluff» político en el cual el grupo de Castillo tenía las mejores cartas y los nervios más serenos. A pesar de la enorme popularidad del Presidente inválido, no disponía de los instrumentos de fuerza. Al margen de la consideración personal que les mereciera el doctor Ortiz, puede presumirse que los militares no estaban muy interesados en que un diabético ciego fuese su comandante en jefe.

El deterioro de las prácticas políticas argentinas —reflejado en el retorno a las elecciones provinciales fraudulentas—, la lucha política entre el Presidente interino y la Cámara de Diputados, con la consiguiente paralización de la actividad legislativa, y la tensión suscitada por la figura del doctor Ortiz, fueron todos factores que contribuyeron a una atmósfera que los elementos nacionalistas intentaron aprovechar. Como había ocurrido en anteriores crisis nacionales estos elementos militares y civiles consideraron que era la oportunidad de intentar otro de sus golpes. Ahora estaban gestándose dos movimientos diferentes, uno encabezado por el inveterado conspirador, el general (R) Juan Bautista Molina, y el otro por el general Benjamín Menéndez, quien inició entonces su carrera como permanente conspirador de la década de 1950 y principios de la de 1960.[22]

El principal colaborador del general Molina en la organización del movimiento fue el teniente coronel Urbano de la Vega, oficial de artillería vinculado desde hacía mucho tiempo con Molina, en cuya casa se reunían a menudo los conspiradores. También como en años anteriores, el principal asesor civil fue el ex yrigoyenista e historiador y político, doctor Diego Luis Molinari, cuya organización, el Partido Radical del Gorro Frigio, sirvió de pantalla a la actividad conspirativa. Molinari preparó el plan político del movimiento militar, de hecho una repetición del plan trazado para el abortado esfuerzo de 1936. Molinari difundió su plan y habló a grupos de oficiales para explicar los fines de una revolución que organizaría un nuevo orden argentino sobre bases totalitarias.[23]

Los preparativos de la conspiración culminaron en febrero, en una atmósfera de tensión nacional. En una actitud que reflejaba su optimismo, el doctor Molinari redactó los decretos que se emitirían si el movimiento triunfaba, y por su parte el general Molina y sus colaboradores intensificaron sus esfuerzos para conquistar el apoyo de los comandantes de las tropas. Según parece un número importante de estos oficiales comprometieron su apoyo, y aun el general Arturo Rawson (de acuerdo con la versión de Molinari, que no aporta pruebas en apoyo de su aserto) aceptó unirse a la conspiración. Pero cuando se aproximaba el momento de la acción, varios jefes muy importantes con los cuales el general Molina contaba (incluidos los comandantes de las escuelas de Infantería y Artillería de Campo de Mayo, los tenientes coroneles Franklin Lucero y Joaquín Sauri) rehusaron colaborar. Lucero negó más tarde que hubiese comprometido jamás su participación, y afirmó que el general Molina había usado su nombre y el de Sauri sin conocimiento de los interesados, para conquistar adherentes. En todo caso, la separación de estos hombres en el momento decisivo debilitó la voluntad de otros comandantes, y el movimiento se desintegró.[24]

Fue la última vez que los inquietos oficiales jóvenes de la corriente nacionalista que estaban en servicio activo se sometieron a la dirección del general Molina. Éste pronto habría de afrontar las acusaciones del gobierno, originadas en una investigación del complot iniciada por el Ministerio de Guerra; y su condición de acusado le impidió continuar los trabajos destinados a atraer el apoyo de este sector de oficiales, aunque de ningún modo puso fin a sus actividades políticas.[25] En general, los castigos aplicados a los conspiradores no fueron severos. Como resultado de la investigación secreta del Ministerio de Guerra, que incluyó al grupo de Menéndez tanto como al de Molina, se puso en situación de disponibilidad a un puñado de oficiales. Entre ellos se contaba el propio general Menéndez y el principal colaborador de Molina, el teniente coronel Urbano de la Vega. Hubo varios traslados en Campo de Mayo y en otras bases, pero no se adoptaron medidas contra los comandantes de regimiento que habían ofrecido apoyo a Molina, de modo que conservaron tanto el mando de tropas como sus posibilidades futuras de actividad política.[26]

Quizá a causa de la crisis política general, pero principalmente porque ni el Ministerio de Guerra ni los conspiradores deseaban publicidad, la conspiración nacionalista de febrero-marzo de 1941 tuvo limitadas repercusiones públicas. Por ejemplo, el diario La Prensa nada publicó acerca del asunto, aunque en un editorial observó:

Cada vez que el país se ha hallado frente a una crisis política o institucional, como la que estamos viviendo en los momentos actuales, gentes sin ponderación y sin responsabilidad, militantes casi siempre de alguna fracción partidaria, han procurado mediante toda clase de artificios atraer la opinión de las Fuerzas Armadas, para apoyar en ella su acción proselitista o sus aspiraciones o intereses.

No es admisible que, como ocurre con algunos, los militares se crean autorizados a intervenir en las contiendas políticas que agitan al pueblo, procurando escalar posiciones por cualquier medio, y mucho menos es tolerable que se presten como instrumentos de ambiciosos e impacientes.[27]

Pero la indignación manifestada por La Prensa halló escaso eco en el recinto del Congreso. Ni el Senado dominado por los conservadores, ni la Cámara de Diputados controlada por los radicales intentaron iniciar una investigación. En vista del carácter antirradical y contrario a Ortiz de la conspiración podía esperarse que los radicales intentarían investigar el asunto, pero de hecho evitaron cualquier acción de este tipo.

Es posible que no se haya insistido en una investigación pública a causa de la situación política particularmente delicada. Pero los radicales tenían motivos especiales para rehuir la indagación: el temor de que una vez iniciada se extendiese a otras actividades conspirativas, incluido el golpe que había estado próximo a estallar en el mes de agosto anterior, y en el cual se afirmaba que estaban comprometidos algunos diputados radicales. La sensibilidad de los radicales en este punto se manifestó cuando un diputado conservador propuso deliberadamente una investigación del asunto de agosto.[28] El diputado radical Mario Castex, egresado del Colegio Militar y figura que tenía amplios contactos en el cuerpo de oficiales, se opuso al proyecto señalando que antes nadie había intentado investigar a los oficiales implicados en revoluciones, y que nadie se proponía investigar a los que estaban complicados en el reciente movimiento nacionalista.[29]

El fracaso de las conspiraciones de Molina y Menéndez simplemente cerró un capítulo en la serie de conspiraciones nacionalistas: otro habría de comenzar casi inmediatamente. Pues la atmósfera de crisis política creada por la política electoral de Castillo y por su actitud de intermitente benevolencia hacia las organizaciones nacionalistas persistió hasta bien avanzado el año 1941, con variaciones temporarias de intensidad. Sobrevino uno de esos períodos de aflojamiento de la tensión cuando el Presidente interino designó ministro de Finanzas al doctor Carlos Acevedo, y de Relaciones Exteriores al doctor Enrique Ruiz Guiñazú, representante argentino ante el Vaticano. Ruiz Guiñazú era cuñado de uno de los principales miembros del sector radical de Alvear, y ese grupo creyó —equivocadamente, como se vio después— que la designación representaba un paso hacia un entendimiento político nacional.[30]

También contribuyeron a acentuar la atmósfera de tensión nacional el constante éxito de los ejércitos del Eje en Europa oriental y las sorprendentes revelaciones acerca de la penetración ideológica nazi. Estas revelaciones se originaron sobre todo en la Comisión de Investigaciones Antiargentinas, integrada por miembros de la Cámara de Diputados, y creada en junio después de formularse en el Congreso y la prensa acusaciones en el sentido de que el gobierno de Castillo conocía las actividades de la quinta columna en los organismos del gobierno y el Ejército, pero no había realizado ningún esfuerzo real para impedirla.[31] Encabezada por el diputado radical Raúl Damonte Taborda, e integrada principalmente por opositores políticos del régimen, la comisión reunió y publicó pruebas de las actividades del Eje. En una serie de informes documentados, la comisión estableció que la rama argentina del Partido Nazi, presuntamente declarada fuera de la ley en 1939, continuaba actuando bajo otro nombre; que en 1940-41 la Embajada de Alemania había duplicado sus gastos en relación con el año anterior, y que con fondos obtenidos de manera irregular había iniciado una campaña masiva para debilitar la fe en las instituciones argentinas y obtener apoyo a la causa del Eje. Uno de los blancos principales de la comisión fue el personal de la Embajada alemana, incluido el propio embajador von Thermann, a quien se acusó de abusar del privilegio diplomático. Las relaciones cordiales del embajador con algunos oficiales del Ejército no pasaron inadvertidas, y en la Cámara de Diputados se inició una campaña para declararlo persona no grata.[32]

La reacción de los círculos militares ante estos hechos de ningún modo fue uniforme. En el nivel más alto, el ministro de Guerra Tonazzi y los oficiales vinculados a él, muchos de ellos miembros del círculo del ex presidente Justo, estaban muy preocupados ante el problema de la infiltración nazi y el peligro de la actividad conspirativa. Más aún, poco después de constituirse la comisión de Damonte Taborda (en el mes de junio), cuatro generales que representaban a un grupo más amplio de oficiales superiores visitaron al ministro de Guerra para expresar su apoyo a las medidas gubernamentales destinadas a combatir el avance totalitario en Argentina.[33]

Pero parece que en el sector de los oficiales medios e inferiores no se experimentaba mayor preocupación. En todo caso, se manifestaba una tendencia al fortalecimiento de las posiciones nacionalistas, y específicamente se consolidaba la idea de que la Argentina debía mantener una política rigurosamente neutral frente al conflicto europeo, y cierta reserva en relación con los esfuerzos de Estados Unidos para promover la defensa continental. Aunque no es posible citar pruebas directas de las actitudes de los oficiales medios e inferiores, podemos hallar evidencia de carácter indirecto en la reelección, en junio de 1941, del general (R) Basilio Pertiné, como presidente del Círculo Militar. La reelección no constituía un procedimiento normal, y el hecho de que se lo retuviera en ese prestigioso cargo a pesar de sus conocidos sentimientos pro alemanes, sugiere que en 1941, lo mismo que dos años antes, la generalidad de los oficiales no vacilaba en apoyarlo.

Es probable que cuando unas pocas semanas después de su elección Pertiné dirigió la palabra a los participantes en el banquete anual de las Fuerzas Armadas, expresara las opiniones de muchos de estos oficiales. Allí, en presencia del doctor Castillo, afirmó dogmáticamente que las Fuerzas Armadas deseaban de manera ferviente la preservación de la política de neutralidad afirmada en principio por el doctor Ortiz y ratificada por el doctor Castillo.[34] Estas afirmaciones movieron a La Prensa a observar en un editorial que la Constitución no había encomendado el manejo de las relaciones exteriores a las Fuerzas Armadas, y que «no sería admisible que quienes carecen de toda facultad al respecto aparecieran arrogándose presuntos derechos para recomendar determinada orientación o propugnar la política que más o mejor consultará sus puntos de vista».[35]

En las declaraciones del general Pertiné estaba implícita la advertencia de que quien se apartara de la política que entonces se aplicaba podía provocar una reacción militar. De ese modo, se recordó al doctor Castillo, destinatario específico y particular de dichas afirmaciones, que estaba caminando sobre una cuerda floja política tendida entre los oficiales que apoyaban una victoria alemana en el conflicto y no creían que las actividades del Eje representaban una amenaza para Argentina, y los oficiales que como el ministro de Guerra veían en ambos hechos una situación peligrosa. Como carecía de una firme base política propia, y como no estaba dispuesto a ser mero instrumento de las ambiciones del general Justo, y aún no había concertado un acuerdo firme con los sectores nacionalistas, el Presidente interino sólo podía seguir un curso tortuoso.

En los últimos seis meses de 1941, y a medida que el doctor Castillo procuraba fortalecer su posición, las medidas gubernamentales se vieron inevitablemente envueltas en contradicciones. Estas últimas se manifestaron con particular claridad en las relaciones del Presidente interino con los militares. El 7 de julio aprovechó la ocasión ofrecida por el banquete anual de las Fuerzas Armadas, el mismo en que había hablado el general Pertiné, para recordar a sus oyentes uniformados que los intereses del país residían en «el respeto sin mancilla de las instituciones democráticas», y que el papel de los militares era formar a sus reclutas en el respeto por la democracia. Castillo aseguró a sus oyentes que no se había introducido ningún cambio en la política tradicional de paz y armonía con todas las naciones; pero al mismo tiempo subrayó el deseo de colaboración con todos los países americanos.[36] Este discurso, que mereció el comentario favorable de los círculos pro aliados[37], fue seguido en agosto por la decisión de aceptar una invitación norteamericana, formulada mucho tiempo antes, para analizar las necesidades de la defensa. Se convino enviar una misión mixta a Washington para iniciar conversaciones de alto nivel, y formular las necesidades argentinas de armamentos, con el fin de incluirlas en las cláusulas de la Ley de Préstamo y Arriendo. Sin embargo, esta misión, encabezada por el general Eduardo Lápez y el almirante Sabá Sueyro, partió para Estados Unidos el 27 de noviembre —apenas diez días antes de Pearl Harbor.[38]

Entretanto, a pesar de los indicios de que el gobierno tendía a una más acentuada cooperación hemisférica[39], el doctor Castillo se esforzó por robustecer sus vínculos con los oficiales militares de orientación nacionalista. En este sentido, se le ofreció una oportunidad cuando Brasil y Chile propusieron el envío de delegaciones oficiales para asistir a las respectivas ceremonias del día de la independencia. El ministro de Guerra Tonazzi encabezó la delegación que fue a Río de Janeiro, y mientras se encontraba en esa ciudad se le comunicó que también iría a Santiago. Así, durante más de un mes, del 22 de agosto al 25 de setiembre, Tonazzi estuvo fuera del país, y por lo tanto no pudo seguir el desarrollo cotidiano de la actividad del Ministerio de Guerra.[40]

En ausencia del ministro de Guerra, el doctor Castillo aprobó una serie de medidas que levantaban los castigos impuestos por Tonazzi a los oficiales nacionalistas acusados de actividades conspirativas. Los principales beneficiarios fueron el general Benjamín Menéndez, el teniente coronel Urbano de la Vega —reintegrado al servicio activo después de un período de disponibilidad— y el capitán Anacleto Llosa, cuyo arresto fue interrumpido y que pasó a revista como ayudante del comandante de la Fuerza Aérea Militar. También se beneficiaron varios oficiales de menor graduación.[41] Estas medidas no dejaron de suscitar críticas en el Congreso[42], pero la ola de quejas cobró nuevo impulso pocos días después, cuando se descubrió una conspiración en la cual estaban comprometidos varios oficiales nacionalistas y cierto número de bases aéreas. Los críticos afirmaron que con su actitud de tolerancia hacia los conspiradores el gobierno había alentado el movimiento.[43] En un editorial titulado «La indignación argentina», La Prensa expresó coléricamente la frustración que muchos argentinos experimentaban:

El conspirador que arriesga su vida —es lo menos que puede arriesgar—, por extraviado que esté, merece algún respeto. Pero aquí se permite que se conspire sin arriesgar nada, ni siquiera la carrera que se ha escogido, el sueldo del Estado que se gana, ni la jubilación o el retiro que se esperan, de los que se habla como de una propiedad inviolable.[44]

Los fines y los objetivos del frustrado golpe y, lo que es más importante, la relación del doctor Castillo con el mismo, permanecieron en la sombra durante mucho tiempo. La información aportada en ese momento por la prensa fue escasa, pues pocos de los participantes estaban dispuestos a discutir el episodio, y el propio gobierno deseaba subestimar todo lo posible su importancia. Las obras publicadas después generalmente no mencionan el caso, o como hace un autor, se refieren breve y erróneamente a «algunas alteraciones en bases aéreas del interior».[45] Pero hay un informe contemporáneo confidencial que arroja luz sobre el papel del Presidente interino, y por implicación sobre los propósitos del proyectado golpe.[46] De acuerdo con esta versión, el doctor Castillo conocía perfectamente la conspiración, y en realidad continuó recibiendo en audiencia hasta el momento mismo de la crisis a dos de sus principales figuras: el general Benjamín Menendez y el general Ángel M. Zuloaga, comandante de la Fuerza Aérea Militar. Además, quien actuó para desbaratar la conspiración no fue el doctor Castillo, sino el ex presidente Justo, que movilizó a sus amigos en el Ejército y la policía. El doctor Castillo se mantuvo en actitud pasiva hasta el momento en que se desbarató el movimiento.

Si esta versión es válida, parece razonable llegar a la conclusión de que la finalidad política del movimiento no era la expulsión del doctor Castillo, sino la creación de un régimen autoritario bajo su dirección nominal, un régimen comprometido con el mantenimiento de la neutralidad y la amistad con Alemania. Un objetivo vinculado con el anterior era la eliminación de la vida política del ex presidente Justo, que para los nacionalistas argentinos simbolizaba el vínculo vergonzoso con el imperialismo británico. Para realizar estos objetivos políticos, ante todo era esencial asumir el control de la organización militar, arrebatándola de las manos de los hombres de Justo y de los oficiales apolíticos que ocupaban puestos clave. La ausencia del ministro de Guerra Tonazzi pareció ofrecer el momento oportuno, y el movimiento debía comenzar con un alzamiento en la base aérea de Córdoba, asiento de la Escuela de Aviación Militar, posiblemente el 23 de setiembre.

La conspiración fracasó, en gran parte gracias a la eficacia del servicio de información privado de Justo y a su capacidad para actuar rápidamente y desorganizar el movimiento. Colaborando con el jefe de la secretaría del Ministerio de Guerra, coronel José F. Suárez, y con el general Cassinelli, inspector general del Ejército, y el ministro de Marina Mario Fincati, que era ministro de Guerra interino en ausencia de Tonazzi, Justo tomó medidas precautorias el 20 de setiembre. En la capital fue movilizado más de un millar de agentes de policía. En Campo de Mayo, los miembros de la Escuela de Suboficiales, bajo el mando del coronel Santos Rossi, hombre leal a Justo, fueron puestos en pie de guerra y desplazados al Colegio Militar, desde donde podían dominar la base aérea del Palomar. El 23 de setiembre las tropas de infantería ocuparon las instalaciones de las bases aéreas de Paraná y Córdoba; se cancelaron todos los vuelos, y se retiraron las municiones depositadas en los aeródromos militares.[47]

Justo y sus colaboradores estaban convencidos de que algunas tropas de infantería y de otros sectores debían participar en el movimiento, de acuerdo con instrucciones del general Menéndez; pero ignoraban quiénes estaban complicados y dónde. De todos modos, las rápidas medidas adoptadas en las bases aéreas aparentemente trastornaron los planes de los conspiradores, pues las unidades del Ejército no iniciaron acciones francas. Por consiguiente, sólo se arrestó a oficiales de la Fuerza Aérea, entre ellos el comandante de la Escuela de Aviación Militar de Córdoba, teniente coronel Edmundo Sustaita, y el jefe de la base aérea de Paraná, mayor Bernardo Menéndez. Justo no intentó apresar a los altos jefes complicados en la conspiración; pero al regreso de Chile, el 24 de setiembre, el ministro de Güeña Tonazzi reclamó y obtuvo del doctor Castillo mano libre para castigar a los conspiradores. El general Zuloaga, comandante de la Fuerza Aérea Militar, fue inmediatamente relevado de su puesto, y se trazaron planes que contemplaban su expulsión y la de otros dos oficiales, y el arresto del general Menéndez.[48] Pero en vista de la situación extremadamente delicada, se postergó la aplicación de estos planes, y en definitiva se los desechó.[49]

En ese momento era opinión general que la Embajada alemana estaba complicada en la conspiración.[50] Damonte Taborda, presidente de la Comisión de Actividades Antiargentinas de la Cámara de Diputados, afirmó que se trataba de «otro intento nazi de apoderarse del control del gobierno argentino mediante la acción de los Quislings».[51] Para el grupo de Justo la situación era más compleja, pero de todos modos entendían sus miembros que los alemanes estaban complicados hasta cierto punto, en vista de las grandes sumas que gastaban para obtener el apoyo de los círculos militares.[52] Poca duda cabe de que los dirigentes de la conspiración simpatizaban con el Eje. Por ejemplo, en un telegrama a Berlín el embajador alemán afirmó que el general Zuloaga era «el jefe de la Fuerza Aérea Argentina, ardientemente pro alemán».[53] Pero no puede afirmarse con certeza que la Embajada alemana participase en la conspiración. Los telegramas especiales enviados por el embajador von Thermann el 25 y el 26 de setiembre no revelan un conocimiento del complot mayor que el que podía obtenerse leyendo los periódicos.[54] Por supuesto, es posible que los miembros del servicio alemán de inteligencia estuviesen promoviendo activamente la conspiración sin conocimiento directo del embajador. Sin embargo, mientras no se disponga de documentos más explícitos, la participación de la Embajada de Alemania en la conspiración sólo puede ser tema de conjetura.

Puede presumirse que cuando actuó rápidamente para aplastar la conspiración de setiembre, el general Justo abrigaba la esperanza de acentuar su influencia en el gobierno de Castillo. Más aún, pronto comenzaron a circular rumores en el sentido de que el Ejército y la Marina le habían otorgado plenos poderes, y de que de hecho se había convertido en ministro sin cartera.[55] Sea como fuere, los progresos que pudo realizar el ex presidente tuvieron carácter meramente temporario; poco después el doctor Castillo demostraba una actitud independiente respecto de la tutela de Justo, y una capacidad cada vez mayor para imponer su propio criterio.[56]

Podemos hallar la clave de esta nueva situación en las negociaciones celebradas entre el doctor Castillo y varios comandantes militares con mando de tropa, y en el acuerdo tácito concertado entre ambas partes poco después de aplastada la conspiración de setiembre. Los detalles de estas negociaciones todavía son poco claros, pero es evidente que la iniciativa de las discusiones partió de los militares. A principios de octubre una delegación de oficiales presentó al doctor Castillo un memorial escrito que contaba con la aprobación de la mayoría de los comandantes de unidades en el área del Gran Buenos Aires. La aceptación de los puntos enumerados en el documento era la condición del apoyo futuro; el rechazo de los mismos, según se explicaba, implicaría el derrocamiento de Castillo.[57]

De acuerdo con una versión recogida por la Embajada de Estados Unidos, el ultimátum incluía ocho puntos concretos: postergación indefinida de las elecciones anunciadas en tres provincias intervenidas; disolución del Concejo Deliberante de Buenos Aires; retiro del general Justo de la actividad política; disolución del Congreso Nacional; proclamación de estado de sitio; clausura de varios periódicos, entre ellos Critica, publicación de Damonte Taborda; renuncia de los ministros de Guerra, Marina e Interior; y mantenimiento de una política nacional de rigurosa neutralidad. De acuerdo con otra versión, también se pedía la disolución de Acción Argentina, una organización pro aliada, y mayor libertad de acción para las organizaciones nacionalistas.[58] En todo caso, el carácter de los reclamos demuestra claramente que los oficiales del Ejército se sentían sumamente perturbados por la perspectiva de un retorno al poder del ex presidente Justo, que les interesaban poco los problemas económicos y que deseaban acabar con la política partidaria y el debate libre de los problemas nacionales.

Para el doctor Castillo no fue difícil aceptar la mayoría de los reclamos. Pero se opuso a la proyectada disolución del Congreso, por entender que ese paso podía traer repercusiones peligrosas. Los oficiales aceptaron suprimir ese punto, y a su vez Castillo se comprometió a mantener una política de rigurosa neutralidad, y a no conceder bases militares a Estados Unidos en ningún caso.[59] Es discutible que el Presidente interino se propusiese cumplimentar sin reservas el acuerdo. Pues si bien le confería mayor capacidad para resistir las presiones políticas, la postergación de las elecciones presidenciales representaba un golpe a las esperanzas electorales de sus propios partidarios conservadores. Por consiguiente, la tarea del doctor Castillo era delinear un curso que satisficiera a los oficiales nacionalistas y al mismo tiempo le permitiese conservar el apoyo del sector político conservador. Era necesario ofrecer un gesto dramático que demostrase a los oficiales la sinceridad de sus intenciones. El paso más lógico era la clausura del Concejo Deliberante de Buenos Aires, un cuerpo electivo dominado por los políticos opositores radicales y socialistas. El 10 de octubre el doctor Castillo comunicó a la prensa la aparición de un decreto que disolvía el Concejo, con el argumento de que había perdido su autoridad moral, y que lo reemplazaba con un cuerpo de notables designados por el gobierno.[60]

En las semanas siguientes el Presidente interino no dio nuevos pasos para cumplir otros aspectos del acuerdo, pero intentó complacer a los oficiales nacionalistas utilizando diferentes medios. Por ejemplo, el 16 de octubre designó al coronel Manuel Savio primer director de un organismo creado recientemente, la Dirección General de Fabricaciones Militares, entidad destinada a promover la fabricación de armamentos y las industrias vinculadas con la defensa.[61] Savio era no sólo un antiguo defensor del desarrollo industrial sino también, de acuerdo con una versión, el oficial que había seleccionado a los miembros de la delegación militar que visitara al doctor Castillo a principios de ese mes.[62] Pocas semanas más tarde Castillo prohibió una campaña nacional de reuniones públicas organizada por Acción Argentina, el grupo cívico pro aliado, para criticar la política exterior del Presidente.[63] Hacia fines de año, como prueba suplementaria de su orientación, el doctor Castillo ordenó que los oficiales de la Fuerza Aérea Militar que habían sido suspendidos por complicidad en la conspiración de setiembre, fueran puestos en libertad y reintegrados al servicio activo.[64]

La contraparte política de estos pasos fue la obstinada decisión de Castillo de celebrar elecciones antes de fines de año en Buenos Aires y las otras dos provincias intervenidas.[65] A causa de su insistencia en la determinación de la fecha, que constituía una violación de la constitución provincial de Buenos Aires, y en la aplicación de una ley electoral de 1935 que alentaba el fraude, el primer interventor designado por Castillo, un almirante retirado, presentó su renuncia; el sucesor del almirante, decano de una facultad de derecho, imitó su ejemplo. Finalmente, el doctor Castillo halló un interventor dispuesto a complacerlo —un oficial militar retirado, el teniente coronel Enrique I. Rottger. La elección, celebrada el 7 de diciembre, aportó la victoria tan deseada por los conservadores, pero al precio de una serie de prácticas fraudulentas.[66]

La reacción que pudo haber provocado en los círculos militares este retorno a las peores prácticas electorales del período anterior a Ortiz se vio desdibujada por la preocupación que suscitó el ataque a Pearl Harbor, lanzado ese mismo día. Los humoristas de Buenos Aires, que advirtieron la coincidencia, sugirieron que el gobernador electo conservador, Rodolfo Moreno, ex embajador de Argentina en Tokio, seguramente había concertado un pacto privado con los japoneses para distraer la atención de su escandalosa elección.[67]

En todo caso, la extensión de la guerra al Hemisferio Occidental creaba una situación peligrosa para el doctor Castillo, y debía someter a dura prueba su política exterior neutralista.

En el público general, y sobre todo en los círculos más organizados de Buenos Aires, la noticia del ataque japonés suscitó un movimiento de simpatía hacia Estados Unidos, y determinó expresiones de apoyo de grupos más amplios que los que se habían manifestado hasta ese momento. Los líderes políticos conservadores, los hombres de la Iglesia y aun diferentes miembros de las Fuerzas Armadas visitaron la Embajada de Estados Unidos o enviaron notas como manifestación de solidaridad. En el sector militar, la expresión más enérgica correspondió al general (R) Justo, quien declaró que Argentina debía ponerse al lado de Estados Unidos, y sí las circunstancias lo requerían llegar al extremo de declarar la guerra.[68]

La reacción oficial ante la existencia de una situación de guerra entre Estados Unidos y Japón, si bien mucho más circunspecta, expresó un desconcertante espíritu de amistad. Un decreto del gobierno, emitido el 9 de diciembre, declaró que la República Argentina cumpliría sus obligaciones panamericanas, relacionadas con la seguridad, la asistencia mutua y la cooperación defensiva, y que por lo tanto la República Argentina no consideraría país beligerante a Estados Unidos. Ciertamente, el mismo decreto refirmaba la neutralidad argentina, pero su tono general, así como el texto del mensaje personal enviado por el doctor Castillo al presidente Roosevelt, sugería la disposición a crear un estado de estrecha cooperación.[69]

Pero era evidente que entre bambalinas los miembros del gobierno no concordaban acerca de la intensidad de dicha cooperación. Cabe presumir que en su condición de miembro del círculo de Justo, el ministro de Guerra Tonazzi compartía la posición de su mentor; y es posible que el ministro del Interior Culaciati adoptase la misma actitud, aunque debe señalarse que no hay pruebas documentales de la posición de estas dos figuras. Sin embargo, es evidente que el doctor Castillo y el ministro de Relaciones Exteriores Ruiz Guiñazú estaban decididos desde el comienzo a mantener su política de neutralidad, y que procuraron obtener la cooperación del gobierno alemán para facilitar su propia tarea.

En la semana que siguió al decreto del 9 de diciembre comenzó a perfilarse la auténtica naturaleza de la posición argentina. El 11 de diciembre, cuando el embajador alemán von Thermann visitó al ministro de Relaciones Exteriores para notificarle el estado de guerra entre su país y Estados Unidos, se le dio a entender que Argentina procuraría continuar su política de neutralidad, en la medida de lo posible, y en el marco de los acuerdos panamericanos. Más aún, en la misma reunión, Ruiz Guiñazú solicitó su ayuda para conseguir que el gobierno alemán hiciese concesiones en una cuestión que era objeto de discusión, con el fin de fortalecer la posición del gobierno de Castillo.[70] Se trataba del embarazoso y delicado asunto de la continuación del propio von Thermann en el cargo de embajador. Desde que el Congreso argentino había formulado su voto de censura al embajador, el doctor Castillo y su ministro de Relaciones Exteriores habían sufrido duros ataques, pues se les acusaba de ignorar la voluntad del Congreso. A principios de diciembre el ministro de Relaciones Exteriores propuso a Berlín un retiro amistoso del embajador, pero sin resultado. Ahora, en medio de las tensiones creadas por el ataque japonés y las declaraciones de guerra de Alemania e Italia a Estados Unidos, Ruiz Guiñazú abrigaba la esperanza de una rápida solución que él pudiese presentar como una victoria diplomática. Ante su urgente pedido, von Thermann telefoneó a Berlín el 11 de diciembre para explicar en nombre de Ruiz Guiñazú que:

este hombre, que está decidido a mantener la neutralidad argentina, afronta una situación extraordinariamente difícil. Es inminente la Conferencia de ministros de Relaciones Exteriores de Río. La presión norteamericana sobre Argentina se acentúa rápidamente. Ayudaríamos considerablemente al ministro de Relaciones Exteriores, que desea mantener la neutralidad, si le autorizáramos a declarar públicamente, si es posible esta noche, que el gobierno alemán está considerando el retiro de su embajador.[71]

La solicitud fue remitida al propio von Ribbentrop, pero el ministro de Relaciones Exteriores alemán no estaba dispuesto a ir tan lejos para facilitar la situación de su colega argentino.[72]

De todos modos, cada vez era más evidente la decisión dél doctor Castillo de mantener relaciones amistosas con Alemania e Italia. El 13 de diciembre emitió un decreto que tomaba nota del estado de guerra entre Estados Unidos por una parte y Alemania e Italia por otra, concedía derechos de no beligerante a Estados Unidos, y afirmaba nuevamente la neutralidad argentina. Pero a diferencia del decreto del 9 de diciembre, que se había referido específicamente a la violación del territorio norteamericano por los japoneses, ahora no se señalaban los actos de Alemania e Italia como formas de agresión o amenaza al continente.[73] Más aún, en una audiencia concedida al embajador von Thermann el 15 de diciembre, el doctor Castillo le aseguró (como más tarde informó von Thermann a Berlín), que

el gobierno está decidido a aferrarse a la neutralidad refirmada recientemente con respecto a Alemania e Italia. Una guerra contra Italia era inconcebible, a causa de los muchos vínculos de sangre. La próxima conferencia de ministros de Relaciones Exteriores en Río de Janeiro se ocuparía principalmente de resolver los problemas económicos de la solidaridad panamericana. No podría producir decisiones políticas obligatorias, por ejemplo una declaración de guerra o la ruptura de relaciones. En este grupo de problemas, cada país continuaría siendo el dueño soberano de sus decisiones.[74]

Cuando explicaba de antemano al embajador alemán la posición que Argentina adoptaría en la inminente Conferencia de Río, evidentemente el doctor Castillo creía que contaba con suficiente apoyo militar para soportar las presiones que pretendían inducirlo a una cooperación más estrecha con Estados Unidos. Después de todo, apenas dos meses antes su promesa de mantener una rigurosa política de neutralidad había sido el factor fundamental que le permitió concertar un acuerdo con los comandantes militares. Ahora, pocos días antes, el almirante (R) León Scasso le había asegurado nuevamente que los oficiales del Ejército y la Marina propugnarían el mantenimiento de esta política.[75]

Fortalecido por estas seguridades, el Presidente interino recabó el consentimiento del gabinete para un decreto que imponía el estado de sitio en todo el país. En octubre los comandantes de tropa de orientación nacionalista le habían reclamado ese paso, pero entonces Castillo había vacilado. Ahora, en la atmósfera de crisis del mes de diciembre era más fácil justificar la apelación a los poderes de emergencia, y así Castillo logró que todos los miembros del gabinete firmasen el decreto.[76] De todos modos, los ministros mostraron considerable renuencia, como prácticamente lo reconoció el propio doctor Castillo ante los periodistas cuando entregó el decreto. Preguntado si los ministros del gabinete lo habían aprobado de modo unánime, replicó: «Sí. Unanimidad de uno… del Presidente, que es quien lo dispone».[77]

Una vez promulgado este decreto, el doctor Castillo pudo al fin perseguir al grupo numeroso y estridente de críticos de su política exterior, al mismo tiempo que concedía libertad de acción a sus partidarios en el sector de nacionalistas y simpatizantes del Eje. Aunque parezca irónico, la primera aplicación del decreto, cuyo preámbulo se refería al cumplimiento de las obligaciones asumidas en las conferencias panamericanas, fue la suspensión de un mitin de masas organizado para rendir homenaje al presidente Roosevelt.[78] Se ordenó a las autoridades policiales que prohibieran la celebración de reuniones públicas y la publicación en la prensa de artículos o comentarios que pudiesen interpretarse como críticas a la política exterior del gobierno, que afectasen la neutralidad del país frente a las naciones en conflicto, o que tendiesen a perturbar el orden interior.[79] Y para que no hubiese peligro de que se interpretasen mal estas instrucciones, el doctor Castillo sustituyó al jefe de la Policía de la Capital Federal, designando al general Domingo Martínez, oficial en servicio activo de tendencia nacionalista y pro germana, en lugar del capitán de navío (R) Juan Rosas, partidario de Justo.[80]

A principios de 1942 la posición política del doctor Castillo era más sólida que en cualquier período anterior, a partir de su ascenso a la presidencia, dieciocho meses antes. Gracias a los poderes especiales que le otorgaba el estado de sitio, ahora podía amordazar a quienes criticaban su manejo de la política exterior; y como pronto habría de demostrarlo la Conferencia de Río, celebrada los días 15 a 28 de enero, no estaba dispuesto a permitir que nada lo apartase de la línea de acción que había adoptado.[81] Más aún, el hecho de que el doctor Castillo lograse soportar la presión ejercida por Estados Unidos y otras naciones americanas en el problema fundamental de la ruptura de relaciones con el Eje le permitió presentarse ante sus compatriotas como campeón de la soberanía argentina y defensor de la paz.[82]

La firmeza del Presidente interino en Río también mejoró las perspectivas políticas de los conservadores. Fuera de la ciudad de Buenos Aires, la opinión pública argentina era sensible a las afirmaciones que identificaban a los adeptos de Castillo en los partidos Demócrata Nacional y Antipersonalista con la preservación de la paz. En las elecciones del 1.º de marzo para el Congreso, estos partidos realizaron importantes progresos; y aunque la utilización del fraude en varias provincias deformó los resultados, la votación implicó una pérdida de posiciones del partido radical, al cual se atribuía una postura intervencionista.[83]

En realidad, la Unión Cívica Radical de ningún modo tenía una posición unificada en los problemas relacionados con la política exterior, y si bien es cierto que su dirección nacional, encabezada por el ex presidente Alvear, defendía vigorosamente la causa aliada, muchos radicales preferían la neutralidad. El más destacado de ellos era el ex gobernador nacionalista de Córdoba, el doctor Amadeo Sabattini, quien, según se rumoreaba, se proponía integrar una fórmula radical independiente en la próxima elección presidencial, precisamente con el apoyo del general Juan Bautista Molina. La muerte de Alvear, poco después de las elecciones de marzo, privó al Partido Radical de un líder reconocido, justamente cuando estaba dividido por profundas discrepancias políticas y tácticas.[84]

Pero la clave de la posición política del doctor Castillo no era su papel en la política partidaria sino su relación con los militares. Cuando se inició el nuevo año, aún era posible clasificar a los oficiales del Ejército argentino en tres amplios grupos: los que mantenían vínculos con el ex presidente Justo y solicitaban su liderazgo en las cuestiones políticas; los nacionalistas, muchos de ellos simpatizantes del Eje, que respondían a diferentes líderes y carecían de un vocero único; y el resto de la oficialidad, quizá un tercio del total, la mayoría apolíticos y ocupados esencialmente en sus tareas profesionales. Por supuesto, el grupo de Justo incluía al ministro de Guerra Tonazzi y a cierto número de altos jefes del área de Buenos Aires, pero su influencia en el Ejército estaba disminuyendo, en parte porque el intervencionismo manifiesto de Justo había irritado a oficiales de diferentes jerarquías, y en parte porque el sistema anual de retiros, ascensos y traslados estaba raleando sus filas. Por ejemplo, el retiro del general Luis Cassinelli, a fines de 1941, eliminó a un partidario de Justo del cargo de Inspector General, el más importante en el Ejército. Su sucesor, el general Martín Gras, era un profesional sin vínculos políticos; pero fue a ocupar el puesto que él dejó vacante —comandante de la Caballería— el general Pedro Ramírez, cuyos vínculos con los oficiales nacionalistas se remontaban a sus actividades como uriburista en 1930.[85]

El doctor Castillo había concertado su acuerdo del mes de octubre con los oficiales nacionalistas de jerarquía media, muchos de ellos comandantes de regimiento, y con el apoyo de este sector había podido mantener la política de neutralidad. Pero no cabía esperar que estos oficiales apoyasen sin reserva sus planes políticos, especialmente cuando llegó el momento de elegir candidato para el siguiente período presidencial. Si el Presidente interino deseaba mantener el control del proceso de selección y garantizar la elección del candidato de su preferencia, era posible que necesitase contar con mayor número de partidarios y más amplios puntos de apoyo en el cuerpo de oficiales. De ahí que desde principios de 1942 el doctor Castillo iniciara una campaña para conquistar dicho apoyo, mediante la creación de oportunidades de contacto personal sin formalismos con los comandantes superiores del Ejército y la Armada, en el curso de una serie de comidas que les ofreció en su residencia privada.[86]

A causa del cambio de la situación internacional después de Pearl Harbor, el doctor Castillo se vio obligado a prestar cada vez más atención a los problemas de la defensa nacional, y sobre todo a la urgente necesidad de equipo moderno para el Ejército y la Armada. En realidad, las leyes aprobadas en 1941 habían autorizado un plan quinquenal de rearme que contemplaba una inversión total de 646 millones de pesos en el Ejército, y de 712 millones de pesos en la Armada, con un promedio anual de gastos de 272 millones de pesos.[87] Pero el problema fundamental era hallar proveedores en un mundo desgarrado por la guerra. Podía suponerse que con el tiempo la Dirección General de Fabricaciones Militares, recientemente creada, satisfaría algunas necesidades; pero los requerimientos inmediatos de tanques, aviones y naves podían resolverse únicamente apelando a fuentes extranjeras.

Hasta unas semanas después de la Conferencia de Río, el jefe del Poder Ejecutivo y sus asesores abrigaron la esperanza de obtener dichos materiales de Estados Uní dos, mediante un acuerdo dé préstamo y arriendo o mediante la compra directa. Una comisión militar y naval argentina que había viajado a Washington en el mes de noviembre continuó reuniéndose con oficiales del Ejército y la Armada norteamericanos para analizar los problemas de la defensa y determinar las necesidades de armamentos, a pesar de que el gobierno argentino no manifestaba deseos de romper relaciones con el Eje. Como indicio de su disposición a adoptar medidas defensivas, y quizá como modo de demostrar la necesidad de equipos, durante la Conferencia de Río y después, el gobierno argentino adoptó medidas para aumentar los efectivos de su ejército en tiempo de paz hasta una cifra de aproximadamente 100.000 hombres —es decir, el doble de la magnitud normal— al mismo tiempo que destacaba tropas a lo largo de la costa patagónica. Estas medidas, con el correspondiente aumento de los gastos, fueron citadas por el embajador argentino en Washington como prueba de la voluntad de cooperación de su país en el plan de defensa continental.[88]

Pero el Departamento de Estado no pensaba lo mismo; y hacia el final de la Conferencia de Río había decidido no entregar material de guerra a Argentina hasta tanto y a menos que el gobierno argentino modificase su posición, que era el mantenimiento de relaciones amistosas con el Eje.[89] A pesar de la atmósfera de cordialidad en que los oficiales militares y navales de los dos países realizaban sus conversaciones técnicas, la imposibilidad de salvar este escollo determinó la suspensión de las conversaciones el 20 de marzo; y hacia el 1.º de junio podía afirmarse que se habían derrumbado totalmente las perspectivas argentinas de obtener armamentos en Estados Unidos.[90] Pocas semanas después el gobierno argentino ordenó el licénciamiento de los 31.000 conscriptos que habían continuado en servicio desde el mes de enero, fecha en que normalmente debían haber regresado a la vida civil; y de ese modo redujo la fuerza del Ejército a una cifra apenas ligeramente superior a la del año anterior.[91]

La frustración de los esfuerzos argentinos para obtener equipos militares en Estados Unidos habría de tener consecuencias distintas de las que anticiparan los funcionarios del Departamento de Estado. El Departamento de Estado confiaba en utilizar la ayuda militar como un factor ele presión que promoviese un cambio en la política exterior de Castillo. Se creía que, negando armas a la, Argentina y simultáneamente suministrando grandes cantidades de equipo en préstamo y arriendo a dos países vecinos —Brasil y Uruguay, que habían roto relaciones con el Eje— se ejercería intensa presión conducente al cambio de la política exterior argentina. Más aún, en abril de 1942 el embajador Norman Armour, representante de Estados Unidos en la Argentina, observó la considerable publicidad que se daba en este país a la reciente llegada de material de guerra a Brasil y Uruguay, y después de mencionar las declaraciones oficiales de Washington en el sentido de que había sido necesario dar tratamiento preferencial a los países que habían roto relaciones, expresó la creencia de que «en el plazo de seis meses la presión ejercida por las Fuerzas Armadas habrá modificado radicalmente la política aislacionista de Castillo».[92] La premisa que servía de punto de partida a la opinión de Norman Armour y de los funcionarios de Washington —a saber, que los oficiales del Ejército y la Marina argentinos se sentirían profundamente preocupados ante el deterioro de la situación militar de su país en relación con la de sus vecinos— sin duda era acertada. Pero el resultado no fue la prevista modificación de la política de Castillo, sino una serie de esfuerzos para hallar otras fuentes de armas, los cuales a su vez determinaron un mayor acercamiento entre el gobierno argentino y las potencias del Eje.

El primer paso adoptó la forma de acercamiento oficioso a la Embajada alemana en febrero y marzo de 1942, utilizando intermediarios privados (Vertrauensleute) que afirmaban hallarse en contacto con los círculos gubernamentales.[93] Sus indagaciones, primero acerca de la posibilidad de obtener aviones y luego en relación con otros tipos de equipos, determinaron que Otto Meynen, encargado de negocios alemán, solicitase a Berlín, el 24 de marzo de 1942, «instrucciones precautorias que le indicasen si, en caso de que el gobierno argentino formulara pedidos oficiales a la Embajada en relación con este asunto, Alemania querría y podría entregar dicho material».[94] Se le indicó que en ese caso replicara que la Embajada comunicaría a Berlín la solicitud.[95] En julio, después del fracaso total de las negociaciones con Estados Unidos, se dio un paso mucho más significativo; en efecto, el general Domingo Martínez pidió al encargado de negocios alemán que explorase la posibilidad de realizar embarques de armas. El general Martínez, jefe de policía de Buenos Aires, realizó la gestión por propia iniciativa y sin conocimiento del ministro de Guerra Tonazzi —pero como afirmaría después, con conocimiento y acuerdo del doctor Castillo. Según el general Martínez, el doctor Castillo estaba muy preocupado por el sesgo de las relaciones con Brasil y la posibilidad de afrontar un ultimátum de Estados Unidos. En dichas circunstancias se proponía resistir, aunque la Argentina debiese unirse francamente a las fuerzas del Eje. El general observaba que Argentina tenía un buen ejército y condiciones geográficas favorables para la defensa, pero se necesitaban armas. Se trataba de determinar el nivel de la posible ayuda alemana a Argentina. Podían entregarse las armas desafiando el bloqueo, o utilizando navíos argentinos que tocarían los puertos de dos países neutrales, España o Suecia. El general Martínez explicó que el dinero no representaba un obstáculo, y que «siquiera fuese un buque que transportase los elementos más importantes representaría una ayuda esencial para Argentina».[96]

El general Martínez no fue el único que sugirió a la Embajada alemana la idea de enviar partidas de armas. Entre otros debemos mencionar al conde Eduardo Aunos, jefe de la delegación comercial española que había llegado a Buenos Aires en mayo para negociar un acuerdo bilateral. A fines de julio Aunos reveló a Meynen que estaba celebrando discusiones con individuos destacados, incluido el general Martínez, con vistas a un acuerdo que permitiese satisfacer las necesidades de armas del Ejército argentino.[97] Aunos mantuvo informado de sus actividades a Meynen, y hacia mediados de agosto el encargado de negocios pudo comunicar no sólo los términos del acuerdo comercial hispanoargentino (cuya firma era inminente) sino el hecho de que «al mismo tiempo hay acuerdos secretos relacionados con las entregas españolas de armamentos, especialmente pólvora… que pueden cumplirse sólo con el apoyo alemán».[98] También se informó a Meynen que el comandante de la Caballería, general Pedro Ramírez, a quien se consideraba un oficial «particularmente capaz, muy nacionalista y con simpatías evidentes hacia las fuerzas del Eje», debía acompañar a Aunos cuando éste regresase a Madrid, para completar los detalles del acuerdo de armamentos.[99]

Algunas fuentes confidenciales cercanas al Presidente, informaron también a Meynen de otras razones por las cuales Castillo quería obtener armas a la brevedad posible. Como explicaba el encargado de negocios:

El gobierno de Castillo teme que Estados Unidos, «desesperado» ante la oposición de Argentina, adopte medidas de fuerza —por ejemplo, so pretexto de una amenaza del Eje al continente americano, la ocupación del puerto de Comodoro Rivadavia, y por consiguiente la paralización del abastecimiento nacional de petróleo.

De acuerdo con la opinión de Castillo y sus asesores, el rearme de Argentina debe realizarse muy pronto, porque la campaña electoral para la nueva presidencia comenzará a más tardar en enero/febrero del año próximo. El gobierno posee información en el sentido de que Estados Unidos, Brasil y Uruguay apoyarán la candidatura del ex presidente general Justo (cuyo triunfo sería extremadamente perjudicial para nosotros). Si el gobierno de Castillo se viese obligado, en vista de esta situación, a organizar otra fórmula presidencial, sería necesario considerar la posibilidad de una provocación de Brasil y Uruguay, y Argentina no debe afrontar desarmada esa eventualidad.[100]

Aunque el general Martínez y el conde Aunos informaron a la Embajada alemana acerca del interés argentino en la adquisición de armas, ni el Ministerio de Relaciones Exteriores ni los de Guerra o de Marina habían hecho todavía ninguna proposición formal a los funcionarios del Eje. Se habían evitado cuidadosamente los conductos normales de examen de dichas propuestas, presumiblemente para evitar que se enterasen otros funcionarios que eran miembros del círculo de Justo, o que alentaban manifiestas simpatías contrarias al Eje. Por lo tanto, a mediados de agosto de 1942 no podía afirmarse que el gobierno argentino hubiese presentado formalmente un pedido de armamentos a Alemania, a pesar del acuerdo secreto con el conde Aunos.

Pero esta situación debía cambiar a causa de la entrada de Brasil en la guerra, el 22 de agosto. Aunque la reacción ostensible del gobierno de Castillo fue declarar no beligerancia al país vecino, «por los compromisos panamericanos», y expresar su disposición a «acordarle todas las facilidades inherentes a la defensa de sus intereses que a juicio de este gobierno sean necesarias», la verdadera respuesta tuvo diferente carácter.[101] Ese mismo día se realizó un pedido oficial de armas al gobierno alemán. El agregado naval alemán en Buenos Aires fue llamado al Ministerio de Marina, donde se le preguntó, «por orden del ministro de Marina», si Alemania quería y podía vender equipos militares —específicamente submarinos, aviones, armas antiaéreas y municiones de toda clase. Se formularon preguntas semejantes al agregado naval italiano en Buenos Aires.[102]

Mientras las autoridades alemanas del Ministerio de Relaciones Exteriores y el Alto Mando estaban procurando definir una actitud frente al pedido argentino, y solicitaban la ayuda de Hitler[103], el general Martínez y sus colaboradores, por una parte, y el conde Aunos, por otra, elaboraban posibles formas de pago de las armas y modos de transportarlas a Argentina. Según veían el problema, se concertaría un acuerdo triangular, en virtud del cual las armas provendrían de las existencias o la producción española, y se las reemplazaría en España con entregas alemanas. España pagaría estas armas con mercaderías propias, reemplazadas a su vez por entregas de mercaderías argentinas, de acuerdo con las estipulaciones del acuerdo comercial hispanoargentino negociado poco antes.[104]

A causa de los muchos aspectos implicados en el proyecto de transferencia de armas, el conde Aunos propuso —y el Ministerio de Relaciones Exteriores alemán aceptó— que las discusiones prosiguieran en Madrid. Por consiguiente, a principios de octubre el diplomático español partió para su patria, en la inteligencia de que el general Pedro Ramírez y un ahnirante argentino se reunirían con él en noviembre.[105] Pero el gobierno alemán estaba adoptando una actitud muy cautelosa en relación con los pedidos argentinos. Si bien a principios de setiembre autorizó al agregado naval a declarar ante el Ministerio de Marina argentino que los pedidos serían examinados con espíritu amistoso, se le indicó claramente que de ningún modo debía prometer a los argentinos la entrega de las armas.[106] Más aún, después de explorar la posibilidad de suministrar los tipos de armas mencionados por los argentinos a la Embajada alemana y al conde Aunos, las autoridades militares alemanas llegaron a la conclusión de que poco podían hacer sin reducir existencias que eran esenciales para la propia Alemania. Por lo tanto, el Alto Mando alemán aconsejó a su Ministerio de Relaciones Exteriores que diera largas a las negociaciones.[107] Así, los nacionalistas argentinos, civiles o militares, que esperaban que Alemania se mostraría dispuesta a suministrar pronta ayuda militar, vieron fracasar sus esperanzas a causa de las realidades impuestas por la guerra.

Quizá para compensar este fracaso, ese mismo grupo de hombres acentuó su presión sobre el doctor Castillo para inducirlo a separar del Ministerio de Guerra al general Tonazzi.[108] Ciertamente, el Presidente no dejaba de advertir que la necesidad de evitar la participación de los ministros responsables en las recientes negociaciones acerca de los armamentos constituía una anomalía. Pero tanto o más le preocupaba el hecho de que el general Justo estaba manifestándose cada vez más francamente como candidato presidencial. «La presencia del general Tonazzi en el Ministerio de Guerra», recordó más tarde el doctor Castillo, «era para todos lo mismo que si el propio general Justo estuviese allí. Este hecho llegó a preocuparme».[109]

Se trataba de una reacción lógica. Pues aunque la influencia del ex presidente en el seno del cuerpo de oficiales estaba disminuyendo, aún contaba con amigos que ocupaban importantes posiciones de mando. Lo que es más, estaba obteniendo cierto éxito en sus esfuerzos por persuadir a algunas figuras políticas civiles de que él era el único candidato capaz de derrotar a Castillo y triunfar en una elección. Con el fallecimiento de Marcelo de Alvear y Roberto Ortiz en marzo y julio de 1942, respectivamente, se había reducido el grupo de dirigentes nacionales; y a pesar del dudoso prontuario de su propio gobierno, Justo abrigaba la esperanza de obtener el apoyo de los radicales y los socialistas, tanto como de los personalistas. Ofrecía a los políticos de espíritu práctico la posibilidad de conquistar el poder en las futuras elecciones; y esta perspectiva los inducía a olvidar el pasado.[110]

La postura inequívoca del general Justo en los problemas internacionales contribuía a su transformación en símbolo de la democracia. La entrada de Brasil en la guerra le ofreció una nueva oportunidad de manifestarse en defensa de la solidaridad hemisférica. Mientras el gobierno de Castillo se limitó al decreto ya mencionado, que con palabras cuidadosamente elegidas concedía a Brasil el status de país no beligerante, el general Justo recordó el grado de general brasileño honorario que se le había concedido años antes, y ofreció sus servicios a la causa brasileña.[111] El presidente Getulio Vargas respondió invitando a Justo a participar en las ceremonias del día de la independencia en Río, y enviando su avión personal para que lo transportase. La partida y el regreso del general Justo —en ambos casos se utilizó la base aérea El Palomar, cerca de Buenos Aires— permitió que muchos civiles y militares se reunieran en actos que sólo podían interpretarse como demostración de apoyo al general Justo y de protesta contra la política neutral del gobierno. El ministro de Guerra Tonazzi, Pierrestegui —jefe del Estado Mayor del Ejército— y Espíndola —comandante de la primera división— fueron algunas de las figuras más destacadas en esas reuniones.[112]

La intensificación de las actividades del general Justo en los meses de setiembre y octubre coincidió con una campaña más enérgica de los elementos pro aliados de Argentina, estimulados por la entrada de Brasil en la guerra, para imponer la modificación de la política exterior de Castillo. La Comisión de Actividades Antiargentinas de la Cámara de Diputados, encabezada ahora por el diputado socialista Juan Antonio Solari, publicó una serie de informes en los que se denunciaba a los agregados naval y cultural de Alemania, a quienes se acusaba de actos de conducta impropios de diplomáticos; y en los últimos días del período de sesiones, la Cámara de Diputados no sólo aprobó los acuerdos finales de la Conferencia de Río, sino que se declaró en favor de una inmediata ruptura de relaciones con las potencias del Eje.[113]

Entretanto, los grupos nacionalistas desarrollaban intensa actividad en apoyo de la política exterior de Castillo. A principios de setiembre, en vísperas de una gira presidencial por el interior, una «comisión del plebiscito por la paz» entregó ceremoniosamente a Castillo un manifiesto, presuntamente firmado por casi un millón de argentinos, en apoyo de la política exterior que el Presidente y Ruiz Guiñazú venían desarrollando desde la Conferencia de Río.[114] No está claro cuántas eran firmas auténticas, ni el número de personas inscriptas colectivamente por los dirigentes de distintos grupos; pero en momentos en que el número de votantes registrados en Argentina apenas era un poco mayor de tres millones, la recolección de las firmas fue un esfuerzo muy considerable.[115]

Pero lo que la mayoría de los firmantes no comprendió fue la profunda implicación de la Embajada alemana en el proyecto. De acuerdo con el informe del encargado de negocios Meynen a Berlín, la «acción… había sido iniciada y desarrollada secretamente por la Embajada, especialmente por el agregado cultural, y financiada con fondos de las secciones prensa e información». El esfuerzo de recolección de firmas, que insumió varios meses, y en el cual participaron gobiernos provinciales, obispos, generales, intelectuales y políticos, representaba, de acuerdo con las palabras del encargado de negocios, «la más amplia acción de propaganda realizada jamás por la Embajada».[116]

La cordialidad cada vez más acentuada de las relaciones del doctor Castillo con los grupos nacionalistas de tendencia totalitaria y francamente pro alemana anticipaba la adopción de una actitud más dura hacia el general Justo. En realidad, los activistas del nacionalismo habían intentado algunas veces impedir sus apariciones en público; pero hacia fines de setiembre la ofensiva contra Justo estaba asumiendo una gravedad distinta. Todos los partidarios conocidos de Justo en la Dirección de Correos y el Departamento de Policía fueron separados de sus puestos, y se llegó al extremo de trasladar al hombre que había sido el guardaespaldas de confianza de Justo durante diez años.[117] En una actitud de mayor importancia política, pocos días después de iniciado el receso del Congreso, el gobierno ordenó la intervención en la provincia de Corrientes, eliminando de ese modo el control que ejercían allí los partidarios de Justo.[118]

Pero el ataque más importante a los planes políticos del ex presidente sobrevino el 16 de noviembre, cuando el doctor Castillo provocó la renuncia del ministro de Guerra Tonazzi. Durante cierto tiempo el ministro de Guerra había soportado las afrentas y humillaciones inferidas por el Presidente, sin duda con el propósito de obligarlo a dar ese paso; pero había permanecido en su cargo por explícito pedido de Justo y de los amigos del propio Tonazzi en el grupo de oficiales de jefes superiores. El Presidente había ignorado la nómina de designaciones de fin de año propuesta por Tonazzi, y rechazado su recomendación de que el coronel Roque Lanús (hermano de un diputado pro aliado) ocupara el cargo de agregado militar en Río. No se le había consultado cuando se nombró al jefe de la Fuerza Aérea Militar; y se ignoraron sus objeciones a la designación del teniente coronel Urbano de la Vega, el eterno conspirador, como jefe del Servicio de Informaciones Militares.[119]

El insulto definitivo inferido a Tonazzi fue el modo de aplicar una medida en relación con las denuncias norteamericanas de espionaje del Eje en suelo argentino. El 3 y el 4 de noviembre los funcionarios norteamericanos habían entregado al Ministerio de Relaciones Exteriores argentino una serie de memorándums que documentaban las actividades de espionaje de los agentes del Eje. Aunque la investigación de dichas actividades correspondía normalmente al Ministerio del Interior, el ministro de Relaciones Exteriores Ruiz Guiñazú propuso y el presidente Castillo aceptó la creación de un tribunal militar especial, que debía investigar las acusaciones. El protocolo exigía que el Ministerio de Guerra preparase dicho decreto, pero según parece Tonazzi tuvo la primera noticia del asunto cuando se le presentó un texto, ya firmado por el ministro de Relaciones Exteriores, que integraba el tribunal con oficiales simpatizantes del Eje.[120] Es evidente que el presidente Castillo anticipaba la reacción de Tonazzi ante este insulto, pues ya había elegido al sucesor. El mismo comunicado que informaba a un público desprevenido la renuncia del general Tonazzi anunciaba la designación del general Pedro Ramírez como nuevo ministro de Guerra.[121]

La eliminación del general Tonazzi fue el paso decisivo que destruyó las ambiciones políticas del general Justo. Aunque sus partidarios todavía controlaban varios cargos fundamentales, los cambios anuales de los mandos, que debían realizarse un mes más tarde, permitirían su desplazamiento a puestos inocuos.[122] El ex presidente ya no podía utilizar la amenaza de una acción militar para contener al doctor Castillo, y mucho menos como garantía de honestidad electoral. En el caso del general Justo el golpe coincidió con una grave pérdida personal, a causa del fallecimiento de su esposa. De acuerdo con la opinión de los amigos que lo visitaron en esa época, parecía haber envejecido mucho; y en verdad, pocas semanas después, el 11 de enero de 1943, sucumbió repentinamente, víctima de una hemorragia cerebral.[123]

Con la muerte del general Justo, el último de los tres ex presidentes fallecidos en un período de diez meses, no quedaba ningún líder opositor de parecida envergadura nacional que rivalizase con el doctor Castillo. Por consiguiente, la situación electoral se simplificó. Como señaló un observador de la Embajada de Estados Unidos:

Los resultados [de la muerte del general Justo] son tres: se fortalece considerablemente el control del gobierno sobre el Ejército; los antipersonalistas pierden a su candidato presidencial, y apenas les queda la alternativa entre modificar su tendencia reciente o colaborar estrechamente con los demócratas nacionales; y aunque los radicales aún no habían admitido francamente la posibilidad de apoyar a Justo, actúan ahora como si hubiesen perdido a su propio candidato, y exhiben un derrotismo casi total con respecto a la capacidad de las fuerzas democráticas para oponerse con éxito al candidato del gobierno.[124]

Por lo tanto, desde el punto de vista del presidente Castillo, al iniciarse el año 1943 la situación política ofrecía motivos suficientes para justificar una actitud optimista. Con excepción de Córdoba, las provincias fundamentales estaban en manos de conservadores (demócratas nacionales) o de antipersonalistas que cooperaban con aquéllos. Ciertamente, estaba organizándose un movimiento, iniciado poco antes por los socialistas y apoyado por Acción Argentina, para organizar una coalición de partidos pro aliados, pero los dirigentes radicales estaban lejos de aceptar que su partido, el más importante del país, debía incorporarse a esta Unión Democrática.[125] En todo caso, el control de la maquinaria electoral determinaría los resultados; y parecía que ella estaba dominada firmemente por los partidarios del Presidente.

Pero los planes electorales del doctor Castillo se complicaban a causa de los indicios cada vez más claros en el sentido de que en los frentes de batalla la suerte de las armas se volvía contra el Eje. La confianza en una victoria del Eje había sido la base de su manejo de los asuntos exteriores durante la mayor parte de 1942, y puede presumirse que también había influido sobre sus intenciones iniciales acerca de la sucesión presidencial.[126] Aunque no es posible ofrecer pruebas inequívocas de dichas intenciones, parece que Castillo tendía a apoyar a un sucesor nacionalista —posiblemente el doctor Carlos Ibarguren o el almirante (R) León Scasso, ambos miembros de su círculo íntimo de asesores, firmes partidarios de la política de neutralidad y también amigos cordiales de la Embajada alemana—.[127] En sus planes relacionados con las futuras elecciones, el doctor Castillo también alimentó la idea —no es posible determinar con qué grado de seriedad— de prolongar su propia permanencia en el cargo. Algunos de sus partidarios sostenían que tenía derecho legal a ejercer la presidencia durante otro período, o a obtener un dictamen que lo autorizase a cumplir un período completo de seis años, contados a partir de 1942, año en que había asumido la presidencia por derecho propio.[128]

Al margen de sus inclinaciones iniciales, la decisión del doctor Castillo acerca de la futura elección debía tener en cuenta, cuando comenzó el nuevo año, la posibilidad cada vez más acentuada de una nueva derrota del Eje.[129] Un candidato excesivamente identificado con los sentimientos pro alemanes podía representar un lastre. Era necesario un candidato aceptable para la comunidad empresaria, que contase con apoyo organizativo en el Partido Demócrata Nacional, y cuya posición pública en los problemas internacionales fuese suficientemente equívoca para que lo aceptaran diferentes sectores de la opinión conservadora. A mediados de febrero circuló la versión de que el presidente Castillo había elegido a su hombre: el senador Robustiano Patrón Costas, magnate del azúcar, líder conservador del Noroeste, y desde 1932 presidente provisional del Senado.[130]

Ciertamente, era el hombre que había impuesto la candidatura a vicepresidente del doctor Castillo en la fórmula de 1937, y en cierto sentido Castillo ahora devolvía el favor a su colega. En su carácter de presidente del Senado, Patrón Costas había cooperado con el doctor Castillo en los problemas de la política nacional, incluida la aprobación legislativa de la ampliación del estado de sitio impuesto inicialmente por decreto. Parece que en los problemas de la política exterior tenía una posición flexible, por lo menos en la medida en que podían determinarla los observadores extranjeros.

El encargado de negocios alemán afirmaba en octubre de 1942: era un «íntimo amigo y sustituto constitucional de Castillo, político moderado, partidario de la neutralidad, no muy inteligente y por lo tanto hasta cierto punto accesible a influencias».[131] Un documento del Departamento de Estado norteamericano lo describía en enero de 1943 como un hombre de opinión favorable al Eje, y aunque no explícitamente pro nazi, capaz de alentar dichas posiciones.[132] Pero un mes más tarde la Embajada de Estados Unidos en Buenos Aires observaba que Patrón Costas había dicho poco en público para indicar su posición en los problemas internacionales, pero que en privado había expresado opiniones favorables a los Aliados, y revelado simpatía hacia Estados Unidos.[133] De todos modos, en mayo de 1943 la Embajada de Alemania continuaba afirmando que era partidario de la política de neutralidad, un hombre de sentimientos amistosos hacia Inglaterra, pero de actitud reservada hacia Estados Unidos.[134] Evidentemente, si la oscuridad o la inconsecuencia en los problemas internacionales representaban virtudes en un candidato, Patrón Costas las tenía de sobra.

En las filas del Partido Demócrata Nacional, la decisión del doctor Castillo no encontró obstáculos —excepto en un sector importante, la provincia de Buenos Aires, cuyos dirigentes respaldaban las ambiciones de su propio gobernador, Rodolfo Moreno. Deseoso de convertirse en el primer hombre en la historia argentina que pasaba de la gobernación de Buenos Aires a la presidencia de la república, el gobernador Moreno rehusó aceptar la inevitabilidad de la candidatura de Patrón Costas. Pero después de varias semanas de discusiones con los dirigentes del Partido, descubrió que el presidente Castillo no estaba dispuesto a aceptar presiones que lo indujesen a modificar su actitud; y que, más aún, amenazaba emplear el arma política más poderosa de que disponía, la intervención del gobierno provincial, para realizar sus planes. Obligado finalmente a enfrentar la alternativa humillante: ser expulsado de la gobernación o renunciar a su cargo, Moreno eligió este último temperamento, y la máquina partidaria provincial cerró filas detrás de la candidatura de Patrón Costas.[135]

Como se ve, en mayo de 1943 las perspectivas del presidente Castillo de realizar su plan político, la elevación de una figura conservadora leal a la presidencia de 1944, parecían bastante brillantes. No sólo habían sido eliminadas las diferencias entre los partidos aliados, sino que se había concertado un acuerdo en virtud del cual un radical antipersonalista de Santa Fe, el ex gobernador Manuel Iriondo, sería el candidato a la vicepresidencia, asegurando de ese modo los votos de la populosa provincia.[136] Como únicamente las provincias de Entre Ríos y Córdoba estaban en manos de la oposición, la Concordancia de conservadores y antipersonalistas, ahora reorganizada, controlaba un sector de la maquinaria electoral que era suficiente para garantizar la victoria, aun en el caso de que los radicales, los socialistas y los demócratas progresistas superasen sus diferencias para presentar fórmula común.

Sólo un sector de la sociedad argentina disponía de la fuerza necesaria para desbaratar los planes del Presidente; pero superficialmente había escasos indicios de que las Fuerzas Armadas estuviesen dispuestas a intervenir. Después de la muerte del general Justo, aparentemente no había ninguna figura que pudiese organizar un amplio movimiento militar con fines políticos. Para consolidar aún más su situación, el doctor Castillo reanudó la costumbre de realizar comidas en las que participaban oficiales de elevada graduación. Las reuniones comenzaron poco después del anuncio de la candidatura de Patrón Costas, y en sucesivas semanas el Presidente invitó a su residencia oficial a grupos de oficiales de la Marina y el Ejército. Sumadas, las listas de invitados constituían una nómina completa de los oficiales superiores de los dos servicios.[137] No es de extrañar, por consiguiente, que a medida que se acercaba el fin del mes de mayo, el presidente Castillo pareciese contemplar con ánimo confiado las elecciones de setiembre, y la posibilidad de completar sin incidentes su propio período presidencial.

VII

EL GOLPE MILITAR DEL 3-4 DE JUNIO

A pesar de los esfuerzos, que merecieron gran publicidad, del presidente Castillo para atraerse a los principales jefes militares de la Nación y tras la aparente calma exterior, un profundo sentimiento de alienación estaba difundiéndose entre los jefes de unidades y sus subordinados. Es fácil hallar las raíces de este proceso en aspectos institucionales, políticos e ideológicos, que en conjunto fueron creando una actitud receptiva a la idea de la intervención militar, antes que se hubiese trazado ningún plan de acción concreta.[1]

Contribuyeron al clima de descontento los esfuerzos del gobierno de Castillo encaminados a utilizar las Fuerzas Armadas con fines partidistas. Las implicaciones políticas de las invitaciones personales del Presidente a los generales y los almirantes no pasaban inadvertidas para los coroneles que mandaban unidades de tropa. Más aún, estaban enterados de otros esfuerzos realizados con el fin de comprometer a las fuerzas militares en la campaña política. Se pedía a oficiales del Ejército que firmaran declaraciones de apoyo al candidato oficial; e incluso se los sondeaba para determinar si estaban dispuestos a llevar sus tropas a la provincia de Buenos Aires cuando aún parecía que el gobernador conservador Moreno se opondría a la elección de Robustiano Patrón Costas en el carácter de candidato de la Concordancia. El resentimiento suscitado por esta utilización de las Fuerzas Armadas con fines partidistas se acentuó todavía más a fines de mayo, cuando el presidente Castillo, invitado a una ceremonia militar en los cuarteles de Palermo, apareció en el palco oficial acompañado de Patrón Costas, candidato aún no designado de la Concordancia. Muchos de los oficiales que asistían a la ceremonia se convencieron más que nunca de la necesidad de actuar para proteger a la institución militar.[2]

En todo este proceso puede observarse —y el hecho trasciende las diferencias entre liberales y nacionalistas y entre neutralistas, simpatizantes del Eje y de los Aliados— la renuencia a verse complicados en otra elección presidencial fraudulenta. En realidad, en años anteriores el cuerpo de oficiales había tolerado elecciones de dudosa limpieza, de las que el general Justo había sido el beneficiario. Pero los oficiales habían respondido positivamente a los esfuerzos del presidente Ortiz en favor de la corrección de los procedimientos electorales. Y aunque más tarde mantuvieron una actitud prescindente cuando el doctor Castillo intervino las provincias y retornó al fraude en las elecciones provinciales, ahora, en 1943, estaba en juego la presidencia de la Nación. Una actitud pasiva significaba avalar la imposición mediante el fraude de un hombre desprovisto de apoyo popular, un hombre identificado en el espíritu público con el oportunismo y el beneficio personal. Ni como aprovechador de la industria del azúcar —una actividad protegida— ni como veterana figura política estrechamente vinculada con los intereses británicos, Patrón Costas inspiraba confianza en el sentido de que llevaría a la suprema magistratura un sentimiento de idealismo o propósitos elevados. La perspectiva de una presidencia de Patrón Costas suscitaba profunda oposición tanto en los oficiales pro aliados como en los nacionalistas.[3]

Pero la oposición de algunos oficiales nacionalistas no se limitaba a la figura de Patrón Costas; por el contrario, se extendía a la estructura de los partidos políticos, y aun a las bases liberales de la vida argentina. Como se ha señalado en páginas anteriores de este estudio, dichos oficiales, que reflejaban diferentes influencias, veían en los regímenes totalitarios de Alemania e Italia, y especialmente en la dictadura española del general Franco, modelos útiles para la reorganización de Argentina. Encarnizadamente opuestos al compromiso argentino en la guerra, hostiles al gobierno popular (por entender que era el primer paso hacia el comunismo) estos oficiales de mentalidad fascista veían la salvación del país únicamente en la terminación del gobierno civil y la creación de un régimen militar.

De ningún modo puede afirmarse que todos los oficiales nacionalistas compartían esta posición extrema. Algunos afirmaban lo que podría denominarse una concepción nacionalista popular, y si bien coincidían en la necesidad de la acción militar para impedir que se prolongase el control de la minoría gobernante, deseaban la aparición de un gobierno elegido por el pueblo. Dicho gobierno mantendría la política de neutralidad con respecto al conflicto, y se esforzaría por reducir la influencia extranjera sobre la vida política y económica argentina. Los oficiales que sostenían estas opiniones creían ver en el ala intransigente del Partido Radical dirigido por el doctor Amadeo Sabattini, ex gobernador de Córdoba, la base de la creación de dicho gobierno.[4]

La existencia de un grupo cada día más numeroso de oficiales que, a pesar de las diferencias de orientación política, experimentaban un creciente resentimiento ante la táctica y los planes políticos del doctor Castillo, creó el escenario propicio para la intervención militar. Para comprender la naturaleza y la oportunidad del movimiento que estalló el 4 de junio de 1943, es esencial examinar el papel de algunos individuos fundamentales y del GOU, la sociedad militar secreta a la cual con frecuencia se atribuye la organización del golpe. Aunque ha transcurrido un cuarto de siglo desde que el GOU ocupó el primer plano de la atención del público, aún existe considerable confusión acerca de sus orígenes (y específicamente, acerca del papel del coronel Perón), la naturaleza y la amplitud de sus actividades, y su responsabilidad en los hechos del 4 de junio. Las mismas iniciales «GOU» han recibido diferentes interprecaciones: Grupo Obra de Unificación; Gobierno, Orden, Unidad; Grupo Orgánico Unificado; Grupo Organizador Unificador; y simplemente Grupo de Oficiales Unidos. Estos nombres aparecieron en documentos legítimos o apócrifos, que fueron relacionados con el GOU. Sin embargo, no cabe duda de que el nombre oficial de la organización fue Grupo de Oficiales Unidos. Fue el título adoptado cuando se constituyó el núcleo, y sus ex miembros aún hoy la denominan así.[5]

Se constituyó formalmente en GOU el 10 de marzo de 1943, día en que los miembros fundadores se reunieron secretamente en el Hotel Conte, que daba sobre la Plaza de Mayo, a escasa distancia de la Casa Rosada. Esta reunión fue la culminación de esfuerzos iniciados un año antes para convencer a un grupo seleccionado, de oficiales militares de la necesidad de dicha organización. El origen de estos esfuerzos ha sido atribuido a veces a dos tenientes coroneles, Miguel Á. Montes y Urbano de la Vega, preocupados ante la confusión que caracterizaba la actitud de muchos oficiales, y que abordaron la tarea de crear una logia que promoviese la unidad en sus filas. De acuerdo con esta misma versión, el movimiento estaba bastante desarrollado cuando Perón y otro grupo de oficiales asumió el control del mismo y lo orientó en otra dirección.[6]

Por el contrario, parece bastante evidente que la idea de la logia partió de Perón. A pesar de las diferencias ideológicas, Montes era íntimo amigo de Perón y había sido su condiscípulo en el Colegio Militar; como habría de recordarlo otro condiscípulo, en los esfuerzos originales para obtener apoyo Montes actuó como representante de Perón.[7] También corresponde observar que Perón estaba en Buenos Aires en la época en que, según se afirma, se realizaron los esfuerzos iniciales, pues en marzo de 1942 fue trasladado de Mendoza, donde había prestado servicio desde su regreso de Italia a principios de 1941, a un cargo en la Capital Federal.[8]

Además de Perón, el núcleo original que trabajó durante el año 1942 para promover la idea de una logia estaba formado por siete oficiales, incluidas dos parejas de hermanos: Miguel A. y Juan Carlos Montes, Urbano y Agustín de la Vega, Emilio Ramírez, Aristóbulo Mittelbach, y Arturo Saavedra.[9] Con excepción de los hermanos Montes, todos estos oficiales habían participado en la revolución de 1930 o en las abortadas conspiraciones nacionalistas que sé sucedieron en la década siguiente. Por otra parte, los hermanos Montes mantenían antiguos vínculos con el partido radical, y especialmente con el dirigente cordobés, doctor Amadeo Sabattini.[10]

En sus esfuerzos enderezados a persuadir a otros oficiales de la necesidad de una organización especial, Perón y sus colaboradores más estrechos evocaron diferentes temas: la necesidad de precaverse de un alzamiento comunista; el temor al compromiso en la guerra como resultado de la presión externa, y especialmente norteamericana; el sentimiento de solidaridad propio del cuerpo de oficiales y el resentimiento ante la intromisión de la política en el Ejército. Para evitar cualquier sospecha acerca de posibles motivos ulteriores, los promotores del GOU insistieron en su absoluta falta de ambiciones personales. No debía haber jefe o líder; más bien se organizaría un cuerpo ejecutivo que debía trabajar de manera anónima. Afirmaban que su único interés era el bienestar del Ejército y la Patria.[11]

La suerte favoreció al grupo en los últimos meses de 1942. En primer lugar, el presidente Castillo designó a Urbano de la Vega jefe del Servicio de Informaciones del Ejército; pero un hecho más importante fue la elección del general Pedro Ramírez para ocupar la cartera de Guerra. Pues el yerno de Ramírez, capitán Francisco Filippi, había sido incorporado al grupo dirigente del GOU; y en su nuevo cargo de secretario privado del ministro de Guerra, Filippi podía influir sobre las designaciones del personal militar para el año siguiente. Más aún, esta redistribución anual de cargos determinó la llegada al área de Buenos Aires de un importante nuevo miembro del GOU, el teniente coronel Enrique P. González, oficial que habría de representar un papel fundamental en la revolución de junio de 1943. Después de haberse desempeñado en Paraná como jefe de inteligencia de la segunda división de caballería, González pasó a ocupar el cargo de secretario-ayudante del ministro de Guerra Ramírez.[12]

Filippi también dispuso otros traslados que situaron a miembros del grupo en cargos estratégicos, en Buenos Aires y sus alrededores. Así, el coronel Domingo Mercante, antiguo camarada de Perón en el Destacamento de Montaña de Mendoza, fue llamado a la capital para unirse con él en la Inspección de Tropas de Montaña; y el coronel Emilio Ramírez, que había actuado en la Dirección General de Personal, fue designado director de la Escuela de Suboficiales de Campo de Mayo, un mando de tropas muy importante.[13]

Según parece, dos procesos, uno relacionado con la política interna y otro con la política exterior del gobierno de Castillo influyeron sobre la decisión de los promotores del GOU de superar la fase de la organización preliminar para estructurar formalmente la logia, en marzo de 1943. El primero fue el anuncio de la Casa Rosada, el 17 de febrero, que disipó cualquier duda acerca de la elección de sucesor por el Presidente. Ahora era absolutamente claro que se utilizarían los resortes administrativos para garantizar la elección de Patrón Costas. El hecho relacionado con la política exterior se originó en el propio Ejército. En febrero, el general Pierrestegui, jefe del Estado Mayor General y simpatizante de los aliados, en un memorándum presentado al presidente Castillo por intermedio del Ministerio de Guerra, urgió la concertación de un acuerdo con Estados Unidos para facilitar la obtención por Argentina de equipos militares en préstamo y arriendo. Aunque el doctor Castillo rechazó de plano esta recomendación, parece que la iniciativa del Estado Mayor General persuadió a los futuros dirigentes del GOU, todos partidarios de la neutralidad, de que había llegado el momento de activar su organización de oficiales, creando de ese modo un mecanismo que permitiese actuar en el futuro al margen de la cadena de mandos.[14]

TABLA 8
GRUPO DIRECTIVO DEL GOU, MARZO-MAYO DE 1943

Grado | Nombre | Arma | Cargo | Lugar
Coronel | Miguel Á. Montes | Infantería | D. G. de Administración | Capital Federal
Coronel | Juan D. Perón | Infantería | Inspección de Tropas de Montaña | Capital Federal
Coronel | Emilio Ramírez | Infantería | Director Escuela de Suboficiales | Campo de Mayo
Teniente coronel | Tomás Ducó | Infantería | Comando de Defensa Antiaérea | Capital Federal
Teniente coronel | Severo Eizaguirre | Infantería | D. G. de Personal | Capital Federal
Teniente coronel | Enrique P. González | Caballería | Secretario del ministro de Guerra | Capital Federal
Teniente coronel | Bernardo Guillanteguey | Artillería | Subjefe del Servicio de Informaciones del Ejército | Capital Federal
Teniente coronel | Julio Lagos | Comunicaciones | Inspección de Comunicaciones | Capital Federal
Teniente coronel | Bernardo Menendez a | Cuerpo aéreo | Jefe de la base aérea El Palomar | El Palomar
Teniente coronel | Domingo Mercante | Infantería | Inspección de Tropas de Montaña | Capital Federal
Teniente coronel | Aristóbulo Mittelbach | Caballería | Cuartel General del Comdo. de Caballería | Campo de Mayo
Teniente coronel | Juan C. Montes | Infantería | Inspección de Tropas de Montaña | Capital Federal
Teniente coronel | Arturo Saavedra | Caballería | Centro de Remonta | Capital Federal
Teniente coronel | Oscar A. Uriondo | Infantería | Estado Mayor, Cuartel General de la Inspección General | Capital Federal
Teniente coronel | Agustín de la Vega | Caballería | Centro de Remonta | Capital Federal
Teniente coronel | Urbano de la Vega | Artillería | Jefe del Servicio de Informaciones del Ejército | Capital Federal
Mayor | Heraclio Ferrazano | Infantería | Ayudante del inspector general | Capital Federal
Mayor | Fernando González | Infantería | Inspección de Tropas de Montaña | Capital Federal
Mayor | Héctor J. Ladvocat | Infantería | Cuartel general del Cuartelmaestre General | Capital Federal
Capitán | Francisco Filippi | Caballería | Secretario privado del ministro de Guerra | Capital Federal
FUENTES: Los nombres fueron extraídos de listas que suministraron los coroneles Enrique P. González y Eduardo B. Arias Duval. Otros datos fueron recogidos del Boletín Militar, en diferentes números.
a La inclusión del teniente coronel Bernardo Menéndez es provisional. El coronel González recuerda que era miembro, pero el coronel Arias Duval estaba en duda.

La reunión del 10 de marzo en el Hotel Conte presenció la constitución formal del grupo directivo del GOU. En esta reunión se adoptó el nombre de Grupo de Oficiales Unidos, se reformó y aceptó un borrador de carta orgánica preparado por Perón, y los asistentes juraron mantener el secreto de lo actuado. Después, el grupo directivo se reunió aproximadamente cada dos semanas, eligiendo diferentes lugares para evitar la posibilidad de ser descubiertos por la policía.[15]

Aunque el número de miembros que asistía a cada reunión variaba, el directorio del GOU llegó a incluir unos veinte oficiales, todos destacados en la ciudad de Buenos Aires o en la guarnición vecina. Como lo revela la Tabla 8, más de la mitad de estos oficiales eran tenientes coroneles; el resto consistía en tres coroneles, tres mayores y un capitán. Del grupo de veinte oficiales, dos se destacaban sobre el resto: el coronel Juan Perón y el teniente coronel Enrique P. González, o «Gonzalito», como solía llamársele. Ambos eran oficiales del Estado Mayor General y diplomados de la Escuela Superior de Guerra, y los dos habían realizado cursos de instrucción en el extranjero, Perón en Italia con las tropas de Montaña, y González en la Escuela de Estado Mayor alemana. Es indudable que estas experiencias contribuyeron en parte a determinar sus actitudes, y también que realzaron el prestigio de que gozaban entre sus compañeros.

Por lo que se refiere a sus posiciones en la jerarquía militar, y por consiguiente a sus posibilidades de utilizar la fuerza militar, ciertamente vale la pena señalar que los dirigentes del GOU eran principalmente oficiales del estado mayor, más que jefes de unidades o de tropas. Sólo dos de ellos, el coronel Emilio Ramírez y el teniente coronel Bernardo Menéndez, tenían mando directo de unidades; los otros se desempeñaban en diferentes cargos del estado mayor o burocráticos, como lo demuestra la Tabla N.º 8. En realidad, sus puestos en el despacho del ministro de Guerra determinaron que el teniente coronel Enrique P. González y el capitán Filippi dispusiesen de excelentes oportunidades para establecer contactos en todo el Ejército, y el cargo del teniente coronel Urbano de la Vega en el Servicio de Informaciones del Ejército también era muy valioso para el grupo. De todos modos, la dirección del GOU no controlaba directamente los recursos militares necesarios para realizar una revolución. Pese al trabajo de reclutamiento que la logia había realizado y continuaba desarrollando, si se quería promover un movimiento militar sería necesario buscar la cooperación de jefes con mando de tropa que no estaban afiliados al grupo.

Los esfuerzos iniciales del GOU no se orientaron hacia este fin, sino hacia las tareas de organización interna y reclutamiento. Perón atribuía gran importancia a la incorporación de oficiales jóvenes, y en las reuniones del grupo directivo se quejaba de los lentos progresos que se realizaban en ese aspecto. Según los recuerdos del secretario del GOU, no había un sentido de apremio en este sentido, porque no se contemplaba ninguna acción revolucionaria en el futuro próximo. Más aún, otro miembro del GOU no recuerda que se prestase mucha atención a ningún aspecto político en las reuniones a las cuales él asistió. Pero ambos coinciden en que Perón no reveló sus verdaderas intenciones en estas reuniones.[16]

De todos modos, en el mes de mayo se perfiló como un objetivo fundamental del GOU frustrar la elección de Patrón Costas. La figura principal en este sentido no fue Perón sino el teniente coronel González. Desde su puesto en el Ministerio de Guerra, «Gonzalito» habló con oficiales de diferentes jerarquías, sondeando sus reacciones ante la posibilidad del fraude. Como resultado de las observaciones de González, el GOU adoptó la decisión de realizar una revolución en setiembre, si el presidente Castillo insistía en imponer a Patrón Costas. El ministro de Guerra Ramírez conocía las actividades del GOU, pero no adoptó ninguna medida para desalentarlas.[17]

Mientras trazaba los planes del movimiento revolucionario, algunos líderes del GOU establecieron contacto con diferentes figuras políticas, todas las cuales convinieron en que Patrón Costas era un candidató imposible. Si bien se establecieron relaciones con socialistas y conservadores, se celebraron las discusiones más serias con miembros de la Unión Cívica Radical. También en este aspecto el teniente coronel González desempeñó el papel principal. En el curso del mes de mayo se relacionó con un grupo de radicales de la provincia de Buenos Aires, por intermedio de Juan I. Cooke, un ex diputado. Se reveló a este grupo el plan de la revolución que debía estallar en setiembre, y Cooke se convirtió en visitante asiduo del Ministerio de Guerra.[18]

Las relaciones entre los oficiales del Ejército y este grupo de radicales entraron en una fase nueva a fines de mayo, cuando los radicales señalaron la posibilidad de designar al general Ramírez candidato presidencial de una fórmula de la U. C. R. De acuerdo con la versión del teniente coronel González, se formuló la idea en una reunión celebrada en su casa el día 26 de mayo, poco más o menos, a la cual asistieron siete dirigentes radicales y —ante la insistencia de estos últimos— el propio general Ramírez. Cuando se preguntó allí al ministro de Guerra si estaba dispuesto a aceptar dicha candidatura, ofreció una respuesta ambigua, y el asunto quedó en suspenso. Sin embargo, esta reunión tuvo importancia histórica, pues su consecuencia involuntaria e imprevista fue desencadenar los hechos que condujeron directamente al movimiento del 4 de junio.[19]

Según parece, la propuesta oficiosa en el sentido de designar al general Ramírez candidato presidencial de la Unión Cívica Radical partió de dos diputados nacionales de la provincia de Buenos Aires, Mario Castex y Juan Carlos Vázquez. Entretanto, otros dirigentes radicales también estaban en contacto con oficiales del Ejército, y procuraban conseguir que las fuerzas militares apoyasen los esfuerzos destinados a frustrar el inminente fraude electoral. Aunque no es posible identificar a todos los que desarrollaron actividades en este sentido, es evidente que estaban desarrollándose simultáneamente varios movimientos distintos. Por ejemplo, es sabido que el doctor Emilio Ravignani, principal defensor de la participación de su Partido en una coalición electoral con los socialistas y los demócratas progresistas, estuvo comprometido en contactos secretos con oficiales del Ejército durante el mes de mayo. Aún antes, el ex diputado, doctor Ernesto Sammartino, había comenzado a trabajar con el general Arturo Rawson en la preparación de un movimiento para derrocar al presidente Castillo. En otro plano, un grupo de radicales abrigaba la esperanza de que las Fuerzas Armadas garantizarían una elección honesta, y con ese fin promovía la candidatura de un general retirado y miembro del Partido, Ramón A. Molina. Pero ninguno de estos esfuerzos provocó una reacción tan definida como la que siguió a la reunión con el general Ramírez.[20]

A pesar del carácter supuestamente confidencial del asunto, el doctor Castillo pronto se enteró de la reunión de su ministro de Guerra con los dirigentes radicales, y en el curso de una entrevista tormentosa exigió una explicación. El general Ramírez negó que él hubiese aceptado ninguna candidatura, pero se negó a revelar los detalles de la entrevista. Para salir al paso de los rumores que circulaban públicamente, publicó en la prensa una declaración imprecisa que no satisfizo al Presidente. Era obvio que el doctor Castillo ya no confiaba en el ministro, y que esperaba la renuncia de este último. Pero pasaron dos días sin que el general Ramírez presentase voluntariamente su renuncia al cargo, y en la mañana del 3 de junio el doctor Castillo pidió al ministro de Marina, almirante Fincati, que preparase el decreto de finalización de los servicios de Ramírez, y de designación del propio Fincati como ministro de Guerra interino. El decreto fue redactado por el almirante Fincati, pero el Presidente no habría de firmarlo; en cambio fue la señal que galvanizó al cuerpo de oficiales alienado y dividido, confiriéndole cierta unidad temporaria e impulsándolo a la acción revolucionaria.[21]

El movimiento militar del 4 de junio no fue resultado de un plan elaborado cuidadosamente por el GOU, o siquiera por cualquier otro grupo de oficiales. No fue tampoco un movimiento inspirado por Estados Unidos, como creyeron inmediatamente los círculos simpatizantes del Eje en todo el mundo; ni un golpe anticipado y promovido por la embajada alemana en Buenos Aires, como afirmaron otros después. Más bien fue una rápida improvisación cuyos participantes apenas concertaron acuerdos en relación con objetivos específicos, fuera del derrocamiento del presidente Castillo.[22]

El hecho de que fuera posible obtener apoyo militar para el movimiento en el curso de horas sugirió la medida con la que el doctor Castillo se enajenó el cuerpo de oficiales, así como la existencia de un estado de espíritu revolucionario en muchos de sus miembros. Varios grupos e individuos, cada uno con sus propias esperanzas y sus propios agravios, respondieron rápidamente al llamado en favor de la acción, y cada uno creyó que de este modo abría el camino a la realización de sus propias aspiraciones. La confusión que caracterizó a los aspectos políticos del movimiento fue consecuencia inevitable de esta contradicción de objetivos.

La sucesión de hechos que culminó en la revolución del 4 de junio comenzó aproximadamente a las 10 de la mañana del día 3 de junio en el Ministerio de Guerra, cuando un periodista informó que el almirante Fincati salía del Ministerio de Marina con el proyecto de decreto destinado a separar de su cargo al general Ramírez. De acuerdo con su propia versión, el teniente coronel González fue quien informó al ministro de Guerra acerca del decreto inminente; después de señalar que esa medida amenazaba al plan del GOU para evitar la elección de Patrón Costas, González pidió que se le dejase en libertad para adoptar contramedidas. El general Ramírez aceptó liberar a González de sus obligaciones regulares; afirmó entonces que por su parte adoptaría una actitud neutral en todo el asunto, pero recomendó que se encontrase un general para dirigir el movimiento.[23]

El oficial superior a quien González apeló fue el general de brigada Arturo Rawson, que había sido superior del propio González en la Caballería, y cuya serenidad en situaciones críticas conocía muy bien. Rawson, que entonces ocupaba el cargo de comandante de la Caballería, era un hombre audaz, decidido, pero desprovisto de experiencia política; tiempo atrás había estado estrechamente vinculado con elementos nacionalistas, pero ahora, según se comprobó, preconizaba una cooperación más firme con los Aliados.[24] En sus conversaciones con González, partidario de la neutralidad argentina, no se discutió el problema de las relaciones exteriores; tampoco se definió el papel exacto del general Rawson en el movimiento. Según los recuerdos de González, él pidió a Rawson que se incorporase al movimiento, pero el general, que hacía tiempo que estaba planificando su propio golpe, entendió que él era quien había iniciado el movimiento. «La revolución fue efectivamente precipitada por mí», habría de insistir más tarde, «ante la noticia de la renuncia del ministro de Guerra, para aprovechar la circunstancia de la crisis».[25] Es evidente que ninguno de estos dos hombres fue totalmente franco con el otro. González no reveló la existencia y los objetivos del GOU, y Rawson no expresó las aspiraciones de un grupo conspirativo de almirantes y generales que lo contaba entre sus miembros —un grupo que incluía al almirante Benito Sueyro, comandante de la Flota de Mar. Por el momento bastaba coincidir en la necesidad de la acción.[26]

Una vez que el general Rawson manifestó su disposición a asumir la dirección militar de la operación, el principal problema era obtener apoyo de tropas, pues en la mañana del 3 de junio aún no se contaba con una sola unidad. Pero facilitó la tarea el hecho de que durante varias semanas los jefes de las tropas de Campo de Mayo habían celebrado conversaciones acerca de un posible movimiento destinado a derrocar a Castillo. Una de las figuras principales en estas conversaciones fue el jefe de la guarnición, coronel Elbio C. Anaya, oficial pro aliado que había venido observando con creciente inquietud el plan de Castillo para imponer a Patrón Costas. El coronel Anaya fue quien pidió a los jefes de regimiento de Campo de Mayo que se reuniesen con el general Rawson la noche del 3 de junio, en la trascendente sesión de la Escuela de Caballería que decidió la suerte del gobierno de Castillo.[27]

La contribución del GOU al movimiento que estaba desarrollándose adoptó la forma de esfuerzos para obtener apoyo de oficiales destacados en el área de Buenos Aires. Entre otros, Perón, González, y Montes apelaron a sus amigos en distintas unidades y cargos. Entre los que aceptaron unirse al movimiento había oficiales simpatizantes de los aliados y neutralistas. En la primera categoría estaba el coronel Ambrosio Vago, director de la Escuela de Mecánica del Ejército, que fue apalabrado por Montes; en la segunda, el íntimo amigo de González, coronel Alberto Gilbert, director de Material del Ejército, que aportó al movimiento un factor importante: el control del arsenal de Buenos Aires.[28]

Mientras el coronel Anaya alentaba a los comandantes de regimiento de Campo de Mayo y los miembros del GOU procuraban obtener apoyo en otros sectores, el general Rawson intentaba infructuosamente interesar a otros generales para que se incorporasen al movimiento. Entre los que rechazaron su pedido «pretextando tener esa noche una entrevista con su abogado en un trámite de divorcio», estaba el superior inmediato de Perón, general Edelmiro Farrell, que pronto habría de convertirse en principal beneficiario ele la revolución.[29]

El fracaso de los esfuerzos del general Rawson para obtener el apoyo de otros oficiales de su misma graduación se vio compensado hasta cierto punto por el hecho de que pudo garantizar una actitud neutral de la Flota de Mar. Como se ha mencionado anteriormente, Rawson había estado en contacto con un grupo de almirantes, y en especial con Benito y Sabá Sueyro, respectivamente comandante de la Flota de Mar y director de Material de la Armada. El hecho de que Benito Sueyro y Arturo Rawson ocupasen departamentos en el mismo edificio había facilitado sus conversaciones. Pero el 3 de junio el almirante estaba en su puesto de Puerto Belgrano, y Rawson transmitió la noticia del movimiento inminente por intermedio de Sabá Sueyro, hermano del almirante, que aprovechó el hecho de que el yerno de Benito estaba a cargo de las comunicaciones de la Marina. De ese modo, los vínculos familiares facilitaron los propósitos de la revolución.[30]

Los esfuerzos destinados a improvisar una revolución en unas pocas horas culminaron en la reunión de oficiales celebrada en la Escuela de Caballería de Campo de Mayo. A causa de la densa niebla que cubría la zona, el automóvil que traía de la capital al general Rawson, el teniente coronel González y el colega de este último en el Ministerio de Guerra, teniente coronel Carlos Vélez, no pudo llegar antes de la 10 de la noche. Cuando los visitantes entraron a la Escuela de Caballería, estaba esperándolos un grupo: el comandante de la guarnición, coronel Elbio C. Anaya, y su jefe de estado mayor, teniente coronel Fernando Terrera; el director de la Escuela de Artillería, coronel Eduardo J. Ávalos; el director de la Escuela de Suboficiales, coronel Emilio Ramírez; el director de la Escuela de Caballería, teniente coronel Leopoldo Ornstein; el director de la Escuela de Comunicaciones, teniente coronel Aníbal Imbert; el director interino de la Escuela de Infantería, teniente coronel Rodolfo Rosas y Belgrano; el director de la Escuela de Defensa Antiaérea, teniente coronel Héctor V. Nogués; el jefe del primer regimiento de Caballería, teniente coronel Antonio G. Carosella; el jefe del décimo regimiento de Caballería, teniente coronel Romualdo Aráoz; y el jefe del octavo regimiento de caballería, teniente coronel Indalecio Sosa, que había venido desde la guarnición de Liniers. Fue notoria la ausencia del coronel Juan Perón. Aunque se le había pedido explícitamente que asistiera a la reunión, no fue posible encontrar en ninguna parte a Perón esa noche, o durante la mayor parte del día siguiente, hasta que fue evidente que la revolución había triunfado.[31]

Los catorce jefes reunidos en la oficina revestida con paneles de madera de la Escuela de Caballería adoptaron la decisión final de derrocar a Castillo e instalar un régimen militar.[32] Desde el punto dé vista de la posición política, ese grupo incluía a partidarios de la democracia y del nacionalismo, simpatizantes de los Aliados y pro germanos. Dos de ellos, González y Ramírez, eran dirigentes del GOU, y por lo menos otro, Sosa, estaba afiliado; pero otros participantes, entre ellos Anaya y Ornstein, jamás habían oído hablar de la organización. Tenían en común una profunda antipatía hacia el gobierno de Castillo —y sobre todo hacia su evidente decisión de imponer al impopular Patrón Costas como futuro presidente.[33]

Pero las consideraciones políticas no ocupaban el lugar principal en el espíritu de los catorce oficiales reunidos en la Escuela de Caballería. Más aún, al ocuparse casi exclusivamente de los aspectos militares del plan, los jefes de regimiento exhibieron una actitud de ingenuidad política que rayaba en la irresponsabilidad. No sólo no concertaron un acuerdo claro acerca de la orientación principal a la cual debía ajustarse el futuro gobierno, sino que dejaron prácticamente en suspenso la determinación de la persona que había de presidirlo. Un oficial se retiró de la sesión creyendo que sería el general Rawson quien, en su carácter de jefe de las fuerzas revolucionarias, asumiría naturalmente la presidencia; era evidente que otros esperaban que el general Ramírez asumiera el cargo; y por lo menos tres de los participantes, que se organizaría un triunvirato formado por el general Rawson, el general Ramírez y el almirante Sabá Sueyro. El único punto en que todos parecían convenir era que se trataba de un movimiento rigurosamente militar. Los civiles no participarían, y los militares debían dirigir el futuro gobierno.[34]

La participación simultánea en el movimiento de oficiales simpatizantes de los Aliados y del Eje excluía cualquier discusión franca, y mucho menos un acuerdo acerca de los objetivos de la política exterior. Así los oficiales que se sentían irritados por las consecuencias de la política exterior de Castillo podían concebir la revolución como un movimiento para terminar con el neutralismo; y otros, por ejemplo los miembros del GOU, González y Ramírez, estaban decididos a impedir que se persiguiese ese objetivo.[35]

En su inclinación a ignorar las diferencias internas para asegurar el éxito militar, los catorce oficiales aprobaron por unanimidad la distribución pública de un manifiesto cuyo texto había sido preparado de antemano, y cuyo lenguaje se asemejaba por el tono y el contenido a un pronunciamiento político democrático. Después de denunciar al gobierno de Castillo por haber «defraudado a los argentinos adoptando como sistema la venalidad, el fraude, el peculado y la corrupción», el manifiesto afirmaba que las Fuerzas Armadas respondían al clamor del pueblo, ya que su movimiento era esencialmente constitucional. «Sostenemos nuestras instituciones y nuestras leyes», decía en un pasaje, «persuadidos de que no son ellas sino los hombres quienes han delinquido en su aplicación». Con respecto al problema internacional, el manifiesto nada decía acerca de la preservación de la neutralidad, y en cambio declaraba: «Lucharemos por mantener una real e integral soberanía de la Nación, por cumplir firmemente el imperativo de su tradición histórica, por hacer efectiva una absoluta, verdadera y real unión y colaboración americana, en cumplimiento de compromisos internacionales». A pesar de la referencia a la soberanía, que era un lema nacionalista, el texto parecía concebido más para promover el apoyo de los simpatizantes de los Aliados que el de sus rivales. Como garantía final para el público en general, el manifiesto prometía que todos los militares «llevados por las circunstancias a la función pública» actuarían de modo desinteresado «en defensa del honor, del bienestar, de la libertad, de los derechos y de los intereses de los argentinos».[36]

Dado el fervor nacionalista de algunos de los organizadores del movimiento, y las opiniones francamente totalitarias de unos pocos miembros de ese grupo, su aceptación del contenido de la proclama puede interpretarse como una subordinación de las diferencias a la causa común; o si se considera el asunto con criterio más severo, como un acto deliberado de engaño. La identidad de los autores del manifiesto permite suponer que en el caso dado existían los dos factores. Pues fue redactado, no en la reunión de Campo de Mayo, sino en un departamento de Buenos Aires, unas horas antes de la reunión, por dos miembros del GOU: los coroneles Miguel Á. Montes y Juan Perón, el primero nacionalista democrático, el segundo admirador de los fascistas.[37]

Los preparativos finales del movimiento militar se desarrollaron en las primeras horas de la mañana del 4 de junio. Las fuerzas comprometidas en la revolución se fortalecieron con la adhesión del coronel Miguel A. Mascaró, director de la Escuela de Infantería de Campo de Mayo, que consiguió liberarse de un compromiso anterior que le imponía defender al gobierno. Otra adhesión tardía a las fuerzas revolucionarias fue la del regimiento 1.º de artillería montada de Liniers, cuyos oficiales fueron apalabrados por el teniente coronel Sosa, del vecino regimiento 8 de caballería.[38]

Durante la noche, el propio ministro de Guerra Ramírez visitó Campo de Mayo, esta vez a pedido del presidente Castillo. Ramírez había visitado al Presidente alrededor de medianoche en la residencia de Olivos, posiblemente con la idea de presentarle su renuncia. En realidad, uno de sus ayudantes había preparado un texto apropiado, pero por accidente o intencionalmente el documento fue dejado en el Ministerio de Guerra. Cuando el general Ramírez visitó al Presidente, el doctor Castillo no aludió al problema de la renuncia, y en cambio le pidió que se dirigiese inmediatamente a Campo de Mayo para disuadir a las fuerzas que se disponían a iniciar el movimiento.[39]

La aparición del general Ramírez en Campo de Mayo, en las primeras horas de la madrugada del 4 de junio no modificó la decisión del comandante de la guarnición, coronel Anaya, y de sus colegas, en el sentido de marchar sobre la capital. El ministro de Guerra permaneció el tiempo suficiente para transmitir el pedido de postergación de 24 horas formulado por el doctor Castillo, y para advertir al general Rawson que había tropas leales en la capital; pero fuera de exhortarle a que no se derramase sangre, no intentó utilizar el prestigio de su cargo para detener el movimiento.[40]

Ciertamente, el general Ramírez se hallaba en una posición contradictoria, que difícilmente hacía honor a su sentido ético. Aún no había presentado la renuncia a su cargo, pero mediante su inacción —su supuesta neutralidad— estaba respaldando de hecho el derrocamiento de un gobierno del cual era miembro. Por lo tanto, no puede sorprender que cuando el ministro de Guerra se presentó en la mañana del 4 de junio, el Presidente lo calificase de traidor, ordenase su arresto en la Casa Rosada y exigiese su renuncia.[41] Pero en ese mismo momento las tropas ya estaban saliendo por las puertas de Campo de Mayo y Liniers para iniciar la marcha sobre la capital.

La fuerza militar que marchó contra el gobierno de Castillo el 4 de junio era mucho más poderosa que la que se había alzado contra Yrigoyen trece años antes. Se recordará que entonces los cadetes del Colegio Militar, acompañados por un núcleo relativamente reducido de tropas del Ejército, formaban la totalidad de la fuerza revolucionaria. Ahora, un ejército de diez mil hombres, que constituían la totalidad de las guarniciones de Campo de Mayo y Liniers, y a las órdenes de sus mandos naturales, se desplazaron en tres columnas sobre la capital.[42] Para algunos de los oficiales jóvenes que participaban en el movimiento fue la primera experiencia en una operación político-militar; para otros fue la segunda; y para muchos, entre ellos un oscuro teniente primero, Juan C. Onganía, que iba en un vehículo de la caballería detrás del general Rawson, sería una de la larga serie de experiencias que salpicarían su carrera militar.[43]

Las fuerzas revolucionarias del general Rawson avanzaron hacia la capital prácticamente sin hallar oposición. A pesar de las promesas personales de lealtad al Presidente, ni el comandante de la primera división acantonada en Palermo, general Juan Carlos Bassi, ni el jefe de la policía de Buenos Aires, general Domingo Martínez, realizaron verdaderos esfuerzos para detener el movimiento.[44] Sólo hubo un choque en una instalación de la Marina, situada sobre la línea de avance, donde las actitudes precipitadas de un coronel revolucionario y del oficial naval a cargo de la unidad determinaron un trágico intercambio de disparos y considerable pérdida de vidas.[45] Pero el episodio contuvo temporariamente a las fuerzas de Rawson, y a media tarde la ciudad estaba en sus manos. Entretanto, el doctor Castillo había abandonado la Casa Rosada, refugiándose en un barreminas de la Armada que se internó en el estuario, mientras el Presidente esperaba en vano que las fuerzas leales del interior acudiesen a sostenerlo. Al día siguiente, triste y desilusionado, desembarcó en La Plata y presentó su renuncia escrita en el mismo lugar en que Yrigoyen, trece años antes, había soportado la misma experiencia humillante.

VIII

EL EJÉRCITO EN EL PODER, 1913-1944

La sustitución del gobierno civil por el gobierno militar en junio de 1943 se realizó en condiciones muy distintas de las que prevalecían cuando estalló el primer movimiento, trece años antes. Faltaba la atmósfera de excitación pública que había precedido al golpe de Uriburu, una atmósfera fomentada deliberadamente por los opositores de Yrigoyen. En cambio, el alzamiento de junio fue una sorpresa para el público en general, y aun para los políticos que conocían el descontento que prevalecía en el cuerpo de oficiales. Los políticos esperaban un movimiento en setiembre, no en junio.[1]

De todos modos, sería erróneo afirmar que los militares actuaron sin tener en cuenta al sector civil, o aun sin que este último los alentara.[2] Los oficiales compartían la inquietud general acerca de los planes electorales del presidente Castillo, aunque los diferentes grupos discrepaban acerca del acierto de la política exterior nacional. Más aún, si en los militares se afirmó la convicción de que tenían la responsabilidad de actuar, ello fue resultado de los contactos cada día más intensos con los dirigentes políticos, especialmente los de la Unión Cívica Radical.[3] Si no hubiese contado con este estímulo, es dudoso que el sector liberal y pro aliado del Ejército se hubiese alzado, y sin su participación el movimiento podía haber fracasado. La incapacidad del sector nacionalista para organizar por sí mismo un golpe exitoso se había demostrado varias veces en los años anteriores.

Cuando actuaron para derrocar al gobierno de Castillo, los militares respondían a un implacable axioma de la política argentina. A saber, que ninguna autoridad constitucional tiene fuerza suficiente para impedir que un presidente decidido imponga su voluntad, aunque ello implique la violación de las leyes y de la propia constitución; y que sólo el retiro de la fuerza militar puede poner freno a dicho gobierno. Como controlaba el Senado, el doctor Castillo podía despreocuparse de un posible juicio político; y con la constante prolongación del estado de sitio había demostrado su decisión de ignorar la opinión hostil. La creencia de que los militares debían actuar no se limitaba de ningún modo a los círculos castrenses: muchos civiles habrían coincidido con estas palabras del general Rawson a sus camaradas de armas: «Pero cuando la Nación, debido a los malos gobernantes, es llevada a una situación en donde no hay soluciones constitucionales, los militares tienen un deber que cumplir: poner en orden la Nación».[4] Pero este era el quid del asunto. Un cuerpo de oficiales tan profundamente dividido como el que existía en 1943, ¿podía «poner en orden la Nación»? La incapacidad de la reunión del 3 de junio en Campo de Mayo para afrontar las decisiones políticas fundamentales no era un buen signo. Los hechos de los días y las semanas siguientes suscitaron nuevas dudas, a medida que se desarrolló la lucha por el predominio en el gobierno revolucionario.

En esta lucha, que fue de personalidades tanto como de programas políticos, los contendientes debían tener en cuenta las fuentes de su poder. La victoria o la derrota dependería de la capacidad para conquistar o conservar la lealtad de gran parte o la totalidad del cuerpo de oficiales. Por consiguiente, en este punto conviene repasar brevemente la estructura del cuerpo de oficiales argentino en junio de 1943. Excluidas las reservas y los oficiales retirados, el cuerpo de oficiales regulares del Ejército, sumando el personal de combate y de servicio, se elevaba a unos 3.300 individuos. De ese número, unos ochocientos tenían el grado de mayor o jerarquía superior, y el resto estaba formado por oficiales de menor graduación. En la cima de la jerarquía estaban los oficiales superiores, los 37 generales y los 121 coroneles, seguidos por los jefes, los 233 tenientes coroneles y 371 mayores.[5]

Estos oficiales no se habían beneficiado con ascensos rápidos, como lo demostraban la edad y los períodos de servicio de los grados superiores: los tenientes coroneles tenían entre 40 y 49 años, con un mínimo de 22 años de servicio a contar desde la fecha de graduación en el Colegio Militar; los coroneles tenían entre 47 y 56 años, con un mínimo de 27 años de servicio; los generales tenían de 52 años (un general de brigada) a 62 (un general de división) y sus fojas variaban entre los 34 y 45 años de servicio.[6]

Aunque estos oficiales tenían distintos antecedentes geográficos y sociales, ahora como en la década de 1920 muchos eran argentinos de primera generación, hijos de inmigrantes que habían ingresado en el Ejército para alcanzar status y respetabilidad. Como lo demuestra la Tabla 9, un tercio de los 32 generales de combate en servicio activo durante el año 1943 pertenecían a esta categoría. En los tres años siguientes el proceso de selección habría de elevar la proporción a casi la mitad del total (47 por ciento).[7]

Como instrumento de mantenimiento de la disciplina y como expresión de las opiniones del cuerpo de oficiales, la cadena regular de mandos padeció graves defectos después del 4 de junio. Precisamente a causa de su éxito, la revolución deterioró las relaciones militares normales, y determinó que los criterios políticos —es decir, el apoyo a la revolución o a determinados líderes— se convirtieran en la base de las designaciones, los retiros y los ascensos militares.[8] El hecho de que la revolución fuese obra de coroneles y tenientes coroneles, y de que con excepción de Rawson y Ramírez los generales del Ejército no hubiesen intervenido, debilitó la capacidad de estos últimos para controlar el Ejército o para influir sobre el curso de la política pública. Por consiguiente, la iniciativa en el ejercicio de dicha influencia pasó a otros grupos e individuos, especialmente al GOU.

Hallamos una demostración inmediata de este cambio en la lucha que se desarrolló entre bambalinas en relación con la composición del nuevo gobierno. En la tarde del 4 de junio el general Rawson ocupó tranquilamente el cargo que había dejado vacante Castillo; pero ese hecho precipitó una división en el grupo de dirigentes revolucionarios, varios de los cuales esperaban que se organizaría una junta de tres hombres o que el propio general Ramírez asumiría la autoridad presidencial. De todos modos, Rawson tal vez habría conseguido mantenerse en el poder, de no haber sido porque eligió mal a les hombres que debían acompañarlo en el gabinete, y porque se negó a cambiarlos. En efecto, en la noche del 4 de junio, después de cenar con varios amigos en el Jockey Club, según acostumbraba hacerlo los viernes, Rawson ofreció carteras a dos de sus acompañantes, sin reflexionar en las implicaciones políticas. Quizá esa actitud fue consecuencia de la fatiga provocada por dos días de permanente tensión emocional, pero es más probable que la falta de experiencia política le haya inducido a invitar a dos veteranos conservadores, el doctor José María Rosa, simpatizante del Eje, y el doctor Horacio Calderón, partidario de los Aliados, para que ocuparan las carteras de Finanzas y Justicia. Los dos hombres estaban identificados con los mismos círculos dirigentes conservadores del doctor Castillo, y su presencia en la Casa Rosada suscitó una violenta reacción en los jefes militares que se habían unido a la revolución. Cuando el general Rawson comunicó los nombres de los restantes miembros del gabinete, se acentuó la consternación, pues anteponiendo nuevamente la amistad al criterio político invitó a los generales Domingo Martínez y Juan Pistarini para que se desempeñasen como ministros de Relaciones Exteriores y Obras Públicas respectivamente. Martínez había sido jefe de Policía de Castillo hasta la víspera, pero lo que era más grave, los dos hombres eran bien conocidos por sus simpatías pro alemanas. En vista de la inequívoca intención del general Rawson de romper relaciones con el Eje, estas designaciones carecían de sentido, y confundieron tanto a los observadores extranjeros como a los argentinos.[9] Los restantes miembros del gobierno de Rawson suscitaron menos objeciones: el almirante Sabá Sueyro como vicepresidente; su hermano, Benito Sueyro, vecino de Rawson, como ministro de Marina; el general Pedro Ramírez continuaba desempeñando la cartera de Guerra; el almirante Segundo Storni, ocupaba el Ministerio del Interior; y el general Diego Mason, el de Agricultura.

TABLA 9
GENERALES ARGENTINOS EN SERVICIO ACTIVO, 1912-43a

Nombre y grado | Fecha de nacimiento | Lugar de nacimiento | Promoción | Nacionalidad del padre | Formación extranjera
Generales de división |  |  |  |  |
Reynolds, F | 1881 | Buenos Aires | 1898 | argentino | Alemania, 1906-7
Pistarini, J. | 1882 | La Pampa | 1903 | italiano | Alemania, 1911-13
Arana, A. | 1882 | Corrientes | 1903 | argentino | Alemania, 1911-12
Gras, M. | 1883 | Río Negro | 1904 | argentino | Alemania, 1911-13
Márquez, R. | 1885 | San Isidro, Prov. de Buenos Aires | 1905 | argentino | ninguna
Ramírez, P. | 1885 | Entre Ríos | 1904 | argentino | Alemania, 1911-13
Generales de brigada |  |  |  |  |
Monferini, J. | 1887 | Buenos Aires | 1906 | italiano | Alemania, 1911-13
Crespo, H. | 1887 | San Nicolás, Prov. De Buenos Aires | 1906 | español | sin datos
Pierrestegui, J. | 1883 | Entre Ríos | 1907 | francés | Alemania, 1914
Giovanelli, J. | 1887 | 25 de Mayo, Prov de Buenos Aires | 1907 | argentino | Francia
Sarobe, J. | 1888 | La Plata, Prov. De Buenos Aires | 1907 | argentino | Francia
Rawson, A. | 1884 | Santiago del Estero | 1905 | argentino | ninguna b
Tonazzi, J. | 1888 | Buenos Aires | 1907 | italiano | ninguna c
Becke, C. von der | 1889 | Santa Fe | 1908 | alemán | Alemania, 1932
Zuloaga, A. | 1885 | Mendoza | s.d. | sin datos | Francia
Lápez, E. | 1888 | Buenos Aires | 1908 | argentino | sin datos
Farrell, E. | 1887 | Avellaneda, Prov. de Buenos Aires | 1908 | argentino | Italia, 1921-26
Mason, D. | 1887 | Buenos Aires | 1908 | argentino | ninguna
Salazar Collado, J. | 1884 | San Nicolás, Prov. de Buenos Aires | 1907 | argentino | sin datos
Martínez, D. | 1889 | Pilar, Prov. de Buenos Aires | 1908 | español | ninguna
Castrillón, M. | 1885 | Entre Ríos | 1908 | sin datos | ninguna b
Bassi, J. | 1889 | Buenos Aires | 1909 | italiano | ninguna
Sanguinetti, J. | 1890 | Buenos Aires | 1909 | argentino | ninguna d
García Tuñón, H. | n.d. | sin datos | s.d. | sin datos | sin datos
Magalhaes, J. | n.d. | sin datos | 1909 | sin datos | sin datos
Manni, J. | 1890 | Zárate. Prov. de Buenos Aires | s.d. | italiano | sin datos
Dávila, P. | 1891 | Buenos Aires | 1909 | argentino | sin datos
Majó, V. | 1890 | San Luis | 1909 | español | Francia 1938-39
López, E. | 1887 | Santa Fe | 1908 | argentino | ninguna
Sarmiento, J. | n.d. | sin datos | s.d. | argentino | sin datos
FUENTES: Secretaría de Guerra, Dirección General de Personal, «Nómina de los SS generales que se encontraban en actividad en el año 1941 y 1946», MSS; Senadores [5], 1942, II, 798 y 803; Quién es quién [222], passim; Boletín Militar, diferentes números.
a No incluye los cinco generales que no son de combate.
b Elegido para seguir un curso de instrucción en Alemania, en 1915, pero no fue enviado a causa de la Primera Guerra Mundial.
c Fue agregado militar en Italia en 1925-26.
d Fue agregado militar en Alemania, 1935-37.

Las reacciones de los coroneles y los tenientes coroneles revolucionarios ante las medidas de Rawson no fueron uniformes, ni mucho menos. Los-miembros del GOU favorables al Eje, dirigidos por el teniente coronel González y el coronel Juan Perón estaban decididos a derrocar a Rawson. Pero otro miembro del GOU, el coronel Miguel Montes, estaba igualmente decidido a que continuase en el poder, con la condición de que aceptara modificar el gabinete. La misma posición adoptó un grupo de jefes de Campo de Mayo simpatizantes de los Aliados, dirigidos por el comandante de la guarnición, coronel Anaya. Durante dos días, el 5 de junio y hasta las últimas horas del 6, Rawson celebró una serie de reuniones durante las cuales estos coroneles procuraron inducirlo a modificar su actitud. Rawson argüía que había dado su palabra y que no pensaba desmentirla. Pero el coronel Anaya, que en principio deseaba que Rawson permaneciese en el cargo, empleó medidas drásticas para resolver la situación. Cuando los civiles Rosas y Calderón aparecieron en la Casa Rosada, los obligó a salir escoltados, con la advertencia de que no volvieran; y acompañado del teniente coronel Imbert, hizo una visita al nuevo ministro de Relaciones Exteriores, general Martínez, y lo convenció de la necesidad de renunciar.[10]

A pesar de estas medidas, que según creía Anaya superarían el sentimiento de obligación, de Rawson frente a sus amigos, aquél persistía en sus decisiones iniciales. Con esa actitud acabó enajenándose a los jefes de Campo de Mayo dirigidos por el coronel Anaya, quienes entonces se unieron a los miembros del GOU que, como González y Perón, habían actuado desde el principio en favor del derrocamiento de Rawson. Sin quererlo, el propio coronel Anaya fue agente de los designios del grupo cuando en la noche del 6 de junio entró en el despacho de Rawson para decirle, en nombre de los jefes de Campo de Mayo, que debía retirarse. Fuera de un dolorido comentario —«¡Usted también!»—, el general Rawson no protestó. Después de firmar su renuncia, abandonó solo la Casa Rosada, rechazando la escolta que se le ofreció, mientras los coroneles llevaban triunfalmente al general Ramírez hacia el despacho presidencial.[11]

Años después, en una carta al doctor Ernesto Sammartino, el general Rawson explicó del siguiente modo su decisión de renunciar:

Intrigado por los jefes que valientemente me habían acompañado con sus tropas en la decisión [sic] del triunfo de la revolución —intriga planeada desde el propio Ministerio de Guerra, que ejercía el general Pedro Ramírez, y que yo por supuesto ignoraba—, concurrieron conducidos por el general Elbio Anaya para plantearme su disidencia [sic] respecto al gabinete que yo había designado. Me encontré ante esta disyuntiva: me trasladaba a un cuartel, los citaba, y una vez detenidos los embarcaba para Martín García o adoptaba otra actitud más severa, o renunciaba. Aprecié que lo primero desprestigiaba la revolución que frenéticamente había sido aceptada por la opinión pública del país y justificada hasta en el extranjero. Creí ineludible evitar este bochorno a una institución seria como era el Ejército. Mi renuncia, en cambio, podría quizás ser una lección de desinterés. Lamenté el riesgo que correrían los postulados y propósitos que me animaban, pero jamás pensé en la trascendencia acaecida. Tenía fe en el pudor de mis camaradas, Y RENUNCIÉ.[12]

El doctor Sammartino aporta un curioso comentario a la breve gestión presidencial del general Rawson. El 5 de junio supo que Rawson deseaba verlo en la Casa Rosada. Cuando se presentó, como un solitario político civil entre muchos militares, se le indicó que esperase. Después de aguardar cierto tiempo, y como nada indicaba que se le recibiría, dejó un mensaje para el general Rawson en el sentido de que podía llamarlo por teléfono a su oficina. Rawson nunca telefoneó, y según se supo más tarde, nadie le informó de la presencia de Sammartino en la Casa Rosada ni del mensaje que había dejado. Según parece, Rawson había llamado al político radical para pedir su colaboración en la reorganización del gabinete. Pero como consecuencia del azar o de la actitud deliberada de algunos oficiales del Ejército, los dos hombres no llegaron a verse.[13]

El ascenso del general Pedro Ramírez a la presidencia provisional llevó a ese cargo a un militar profesional cuya experiencia política estaba limitada a los siete meses que había servido como ministro de Guerra de Castillo. Hombre taciturno, de cuerpo delgado —desde sus tiempos de cadete lo llamaban «Palito»— y rostro impasible que recordaba a un actor de expresión inmóvil, Ramírez poseía las cualidades de liderazgo que permiten triunfar en la carrera militar.[14] Sus colegas lo respetaban por la calidad de su pensamiento, su sentido de justicia y su ecuanimidad. Pero para el público en general era hasta cierto punto un desconocido, cuyas opiniones y cualidades políticas constituían un interrogante.

De todos modos, algunos círculos civiles recibieron con evidente satisfacción su ascenso a la presidencia. Algunos de los dirigentes radicales que habían celebrado conversaciones políticas con Ramírez antes de la revolución alentaban un discreto optimismo acerca de las perspectivas de alcanzar el objetivo que venían persiguiendo desde 1931 —la garantía de una elección presidencial honesta—. Sin embargo, no fueron los políticos civiles, sino los oficiales del Ejército relacionados con el GOU —una organización que aún era secreta— quienes habían de convertirse en los beneficiarios inmediatos de la presidencia del general Ramírez.[15]

La llave que abrió la puerta del primer gobierno a la influencia del GOU fue sin duda la estrecha relación entre el general Ramírez y el teniente coronel González. En la noche del 6 de junio «Gonzalito», acompañado de su colega del Ministerio de Guerra, el teniente coronel Carlos Vélez, y del coronel Anaya, comandante de Campo de Mayo, se reunieron con el general Ramírez para ayudarle a elegir el gabinete. En la reunión de este pequeño núcleo se adoptó la decisión de designar al general Farrell, jefe de Perón, en el importante cargo de ministro de Guerra, que controlaba todas las designaciones militares, y de entregar al coronel Alberto Gilbert, íntimo amigo de González, el Ministerio del Interior, una cartera muy importante desde el punto de vista político.[16] El presidente Ramírez completó el gabinete conservando a los hombres que Rawson había designado en los Ministerios de Marina y Agricultura; trasladando al ministro del Interior, almirante Storni, a Relaciones Exteriores, y designando a Jorge Santamarina, conocido banquero, en el Ministerio de Finanzas; el almirante (R) Ismael Galíndez ocupó la cartera de Obras Públicas, y el coronel Elbio Anaya el cargo de ministro de Justicia e Instrucción Pública. Así, el gabinete de Ramírez estaba formado por dos coroneles, tres almirantes y un civil, comparado con los cuatro generales, dos almirantes y dos civiles que el general Rawson había intentado designar.[17]

Puede interpretarse la distribución de carteras como un esfuerzo destinado a dar a los coroneles revolucionarios intervención directa en el gobierno, así como a fortalecer el apoyo de la Marina al gobierno. Pero desde el punto de vista de la orientación internacional el gabinete estaba profundamente dividido: Farrell, Mason, Gilbert y Benito Sueyro simpatizaban con el Eje, o por lo menos tenían opiniones neutralistas; y Storni, Santamarina, Galíndez y Anaya proponían relaciones más estrechas con los Aliados.

Pero este equilibrio de fuerzas en el gabinete tenía relativa importancia en vista de la designación de miembros del GOU en cargos burocráticos fundamentales. El 7 de junio el presidente Ramírez nombró a «Gonzalito» jefe de la secretaría de la presidencia, y al día siguiente el general Farrell anunció que el coronel Perón asumiría la jefatura de la secretaría del Ministerio de Guerra, un cargo equivalente al de subsecretario. Más aún, el ministro del Interior anunció que el coronel Emilio Ramírez, oficial de posición germanófila, era el nuevo jefe de Policía. Pocos días después, otros dos dirigentes del GOU, el teniente coronel Domingo Mercante y el coronel Miguel Á. Montes, fueron designados en los cargos de oficial mayor de los Ministerios de Guerra e Interior, respectivamente. Entretanto, el mando de varios regimientos claves de la Capital Federal y Campo de Mayo fue confiado a otros miembros de la Logia (véase la Tabla 10). De ése modo, el GOU creó rápidamente una base de poder que le permitió presionar sobre las decisiones del gobierno.[18]

En el curso de los cuatro meses siguientes, la atención de muchos oficiales del Ejército, así como del público en general, se concentró en dos procesos interrelacionados: los esfuerzos que realizaba el coronel Perón desde su cargo en el Ministerio de Guerra para convertirse en una fuerza política fundamental; y la enconada lucha que se libraba en el seno del gobierno de Ramírez entre varias figuras que intentaban encauzar su orientación nacional e internacional. El secreto que prevaleció entonces, y después la renuencia de los protagonistas a comentar públicamente sus experiencias, durante mucho tiempo impidieron delinear claramente la historia de estos procesos. Pero ahora es posible, con la ayuda de entrevistas y de los archivos diplomáticos extranjeros, reconstruir los hechos principales.

Casi desde el momento mismo en que asumió el segundo cargo por orden de importancia en el Ministerio de Guerra, Perón acometió la compleja tarea de adquirir ascendiente personal sobre el cuerpo de oficiales. Comprendía perfectamente que su arma esencial era el sometimiento total del general Farrell a sus propios deseos. Hombre que no tenía excesivas dotes intelectuales, y más inclinado a las diversiones que al cumplimiento de sus obligaciones oficiales, Farrell había aprendido a confiar en el juicio de su laborioso subordinado, que le había servido consecuentemente, en el carácter de jefe de estado mayor, desde marzo de 1942. Por otra parte, en el Ministerio de Guerra Perón se esforzó siempre por preservar la ficción de que el general Farrell era quien adoptaba las decisiones.

TABLA 10
GRUPO DIRECTIVO DEL GOU. NOMBRAMIENTOS DESPUÉS DEL 4 DE JUNIO

Nombre | Cargo
Coronel Juan D. Perón | Jefe de la secretaria del Ministerio de Guerra d
Coronel Enrique P. González a | Jefe de la secretaría de la Presidencia
Coronel Emilio Ramírez | Jefe de la Policía de la Capital Federal
Coronel Eduardo J. Ávalos b | Jefe de la guarnición de Campo de Mayo
Coronel Miguel Á. Montes c | Oficial mayor del Ministerio del Interior
Coronel Juan C. Montes a | Inspección de Tropas de Montaña
Coronel Urbano de la Vega a | Jefe del regimiento 1.º de artillería (Capital)
Coronel Agustín de la Vega a | Jefe de la segunda brigada de caballería (Campo de Mayo)
Teniente coronel Domingo Mercante | Oficial mayor de la secretaría del Ministerio de Guerra e
Teniente coronel Oscar Iriondo | Secretaría del Ministerio de Guerra
Teniente coronel Julio Lagos | Servicio de Informaciones del Ejército
Teniente coronel Héctor Ladvocat | Sección Prensa de la secretaría de la Presidencia
Teniente coronel Severo Eizaguirre | Jefe del regimiento 2 de infantería (Capital)
Teniente coronel Tomás Ducó | Jefe del regimiento 3 de infantería (Capital)
Teniente coronel Arturo Saavedra | Jefe del Regimiento de Granaderos a Caballo (Capital)
Teniente coronel Aristóbulo Mittelbach | Jefe de la primera brigada de caballería (Capital)
Teniente coronel Bernardo Menéndez | Jefe de la Base Aérea El Palomar
Mayor Heraclio Ferrazano | Jefe del batallón del regimiento 3 de infantería (Capital)
Mayor Fernando González | Subsecretario de Trabajo y Bienestar Social (desde diciembre de 1943)
Capitán Francisco Filippi | Ayudante de la Presidencia
FUENTE: Boletín Militar, varios números.
a Ascendido a este grado por decreto N.º 5548, del 12 de agosto de 1943.
b Se incorporó al grupo directivo del GOU después de la revolución del 4 de junio.
c Se retiró del GOU cierto tiempo después de la revolución.
d Equivalente a subsecretario.
e Equivalente a suplente del subsecretario.

Con la seguridad que este apoyo le brindaba, Perón estaba dispuesto a afrontar la hostilidad de algunos oficiales, mientras se esforzaba por acrecentar su prestigio y su poder en el resto. Colaboraron con él en este proceso algunos intelectuales nacionalistas ansiosos de poder que vieron en Perón un vehículo para realizar sus propias ambiciones. Diego Luis Molinari y José Luis Torres fueron algunos de los hombres que lo asesoraron y lo apoyaron con artículos en el semanario sensacionalista Ahora, publicación muy difundida entre los militares. Otrora se había utilizado ésta revista como vehículo de propaganda del tipo intelectual de nacionalismo. Ahora se la usaba como instrumento del servicio de relaciones públicas de Perón; y así ofreció a sus lectores un material muy interesante —una entrevista ilustrada con el coronel, publicada el 25 de junio bajo el título: «Ahora visita al jefe del Estado Mayor Revolucionario del 4 de junio».[19] Los jefes de Campo de Mayo, que sabían la verdad acerca de la desaparición de Perón en las peligrosas circunstancias de ese día, sin duda formularon algunos comentarios escogidos cuando leyeron el artículo. Pero los que tenían cierta sensibilidad para los precedentes históricos podían haber recordado que Benito Mussolini, el héroe de Perón, en 1922 dirigió su «Marcha sobre Roma» desde un lugar seguro de Milán, varios centenares de millas a retaguardia, sin riesgo para su ulterior carrera política.

Para promover sus propios intereses, Perón no se limitó a escribir nuevamente la historia de la revolución en una revista popular. También se utilizaron los boletines del GOU para difundir una versión falsa de los hechos ocurridos poco antes. Deseoso de aumentar el número de miembros del GOU, y comprendiendo que era más probable que los oficiales jóvenes se uniesen a una organización que evocaba una imagen de fuerza y realización, Perón trató de suscitar la impresión de que el GOU era el único responsable del golpe. «Los acontecimientos producidos/y que son del dominio público», comenzaba el Boletín N.º 5 del GOU, publicado a fines de junio, «han tenido en el GOU su gestación y realización». El boletín continuaba en el mismo tono: «A pesar de los hechos, que se precipitaron y encontraron al GOU en plena labor de enrolamiento, la mayor parte de los jefes y oficiales ya pertenecían a él, lo que le permitió la realización del movimiento revolucionario, como única solución patriótica ante la grave situación creada al país».[20]

El absurdo de estas pretensiones era evidente para los hombres que mandaban el 4 de junio los regimientos de Campo de Mayo, y que en la mayoría de los casos jamás habían oído hablar del GOU; pero la masa de oficiales a la cual ahora se pretendía atraer carecía de elementos de juicio. Desde su puesto en el Ministerio de Guerra, Perón consiguió persuadir a centenares de jóvenes oficiales de que afiliarse al GOU era el modo de demostrar su apoyo al gobierno militar. Desprovistos de experiencia política, y asequibles a los llamados que destacaban el espíritu de cuerpo, estaban dispuestos a aceptar la idea —sobre todo porque emanaba del propio Ministerio de Guerra— de que «el GOU es el espíritu de la Revolución del 4 de junio; es el recuerdo de su pasado; es la fuerza de su presente y es la esperanza de su continuación en el futuro».[21] Los nuevos miembros del GOU fueron un arma importante para Perón, pues no sólo se les exigió «defender el régimen instituido, sus ideas, obras y personas», sino también que informasen acerca de los oficiales que se oponían a sus medidas o a las actividades de la organización.[22] De hecho Perón creó una red de espionaje interno para controlar al cuerpo de oficiales. Además, de acuerdo con las reglas del GOU, los nuevos afiliados garantizaban su propia lealtad entregando voluntariamente solicitudes —sin fecha, pero firmadas— de retiro del servicio activo.[23]

El hecho de que Perón utilizase ostensiblemente su cargo en el Ministerio de Guerra para promover él GOU, y al mismo tiempo su propio prestigio, no dejó de provocar oposición, especialmente en los jefes que habían participado en el derrocamiento de Castillo. Más aún, exactamente un mes después de ese acontecimiento los jefes de Campo de Mayo, resentidos ante las actividades de Perón, se reunieron en la casa del director de la Escuela de Caballería, coronel Ornstein, para determinar la actitud que adoptarían. Asistió la mayoría de los jefes de regimiento que habían participado en la reunión del 3 de junio —incluido el coronel Ávalos, que ahora era comandante de la guarnición en reemplazo del coronel Elbio Anaya, designado ministro de Justicia e Instrucción Pública—. En representación de la Escuela de Suboficiales asistió su director interino, el teniente coronel Francisco Gómez, que como su predecesor, el coronel Emilio Ramírez —ahora jefe de Policía de Buenos Aires—, era fiel miembro del GOU.[24]

Este núcleo de jefes de unidades decidió enviar una delegación que conversara con el presidente Ramírez acerca de la necesidad de separar de sus cargos a Farrell y a Perón. Al día siguiente, los coroneles Ávalos y Mascaró, acompañados del teniente coronel Fernando P. Terrera, se dirigieron a cumplir su misión. Quizá por sugestión de Terrera, primero visitaron a su ex jefe, el coronel Anaya, en el Ministerio de Justicia. Según más tarde Anaya recordaba el episodio, cuando vio por primera vez a este grupo de oficiales en el Ministerio, se preguntó si no habrían ido a reclamar su propia dimisión. Pero cuando Ávalos, que habló en nombre del grupo, le dijo que deseaban que los acompañase a hablar con el Presidente, Anaya los exhortó a no dar ese paso. Señaló que hacía apenas un mes que el gobierno revolucionario estaba en el poder, y que era necesario preservar la apariencia de estabilidad. De todos modos, prometió hablar con el ministro de Guerra Farrell acerca de la necesidad de poner freno a Perón.[25]

Los jefes de regimiento retornaron a Campo de Mayo a esperar los acontecimientos. De acuerdo con su promesa, Anaya informó esa noche a su colega de gabinete, en el curso de una cena, que los jefes de Campo de Mayo estaban hartos de la conducta de Perón. No reveló a Farrell que dichos jefes también deseaban desembarazarse del ministro de Guerra. Pero por los canales del GOU Perón se enteró de los detalles de la reunión, e informó al ministro de Guerra que su propia posición estaba amenazada. En vista del peligro común, ambos actuaron rápidamente. Se inició una investigación oficial, y pocas horas después se impartieron órdenes confidenciales del ministro de Guerra relevando a tres de los comandantes de Campo de Mayo. Se entendía que esa medida debía ser una lección para el resto. De la noche a la mañana, el coronel Mascaró, el teniente coronel Ornstein y el teniente coronel Nogués ya no fueron los prestigiosos directores de los regimientos escuela de Infantería, Caballería y Defensa Antiaérea, respectivamente, sino oficiales de importancia secundaria destacados en rincones remotos del país.[26]

Como sabía que la base de Campo de Mayo aún podía derrocarlo, Perón trató de proteger su flanco ganándose a su comandante, el coronel Ávalos. Se ignora cómo logró persuadirlo, pero hacia mediados de julio Ávalos se convirtió en uno de los jerarcas del GOU, y a causa de su antigüedad presidió sus sesiones semanales en el edificio del Ministerio de Guerra.[27] La relación entre Ávalos y Perón, que se inició en este período, habría de ser fundamental en los meses siguientes; y en más de una ocasión la lealtad de Ávalos permitió que Perón continuase escalando posiciones políticas.

Envalentonado por el éxito con que había afrontado el desafío de Campo de Mayo, Perón comenzó a extender su red en la propia Casa Rosada. Ciertamente, «Gonzalito» estaba a cargo de la secretaría de la presidencia, pero no podía esperarse que actuase como agente de las aspiraciones personales de Perón. Como era una de las figuras principales del GOU e íntimo asesor del presidente Ramírez, era muy posible que más tarde o más temprano González decidiese influir sobre el presidente en un sentido contrario a los intereses de Perón. Por consiguiente, Perón necesitaba tener a sus propios partidarios en la Casa Rosada, para estar permanentemente informado de los posibles peligros.

Hacia mediados de agosto Perón halló la solución a este problema. Desde que asumió la presidencia el general Ramírez, servían en la Casa Rosada cuatro oficiales que ya habían trabajado con él en el Ministerio de Guerra: el coronel Armando Raggio, que había sido su jefe de la Secretaría y que ahora desempeñaba las funciones de ayudante personal; el teniente coronel Carlos Vélez, ex oficial mayor del Ministerio y ahora jefe de la Casa Militar, responsable de las medidas de seguridad; y los tenientes coroneles Francisco Fullano y Augusto G. Rodríguez, edecanes presidenciales.[28] Si se lograba persuadirlos para que aceptaran voluntariamente otros cargos, sería posible ocupar sus puestos con hombres de Perón. Pero ¿qué puestos podían ser más atractivos que el servicio al lado del Presidente? Sólo uno representaba una irresistible tentación, tanto por la paga como por los privilegios: el cargo de agregado militar en un país extranjero. A Perón no le fue muy difícil convencer a tres de los cuatro oficiales —Raggio, Vélez y Fullano— ofreciéndoles los cargos de agregado en Roma, Madrid y Lima respectivamente. Sólo el teniente coronel Rodríguez rehusó la carnada. Aun así, Perón realizó gran parte de sus objetivos, pues a fines de agosto se anunció que el teniente coronel Aristóbulo Mittelbach y el mayor Heraclio Ferrazano, miembros titulares del ejecutivo del GOU, habían asumido sus cargos como jefe de la Casa Militar y edecán presidencial, respectivamente. En adelante, en la presidencia se mantuvieron pocas conversaciones que no llegaran a oídos de Perón.[29]

Cuando aprobó estos cambios —pues todas las designaciones de militares exigían la firma del Presidente—, el general Ramírez rechazó las advertencias que se le formularon en el sentido de que estaba rodeándose de hombres a quienes no conocía, y en cuya lealtad no podía confiar. A pesar de las exhortaciones de amigos y parientes para que frenase a Perón antes de que fuese demasiado tarde, Ramírez se negó a ver malas intenciones en los actos del sonriente coronel. Y en las ocasiones en que aparentemente se lo persuadió de que debía separar de su cargo a Perón, el Presidente invariablemente cambió de idea. Más aún, estos cambios de actitudes se repitieron tanto que la esposa del Presidente, que a menudo creía que lo había convencido en su hogar para que actuase contra Perón, llegó a preguntarse si no le introducían alguna droga en el café que bebía en la Casa Rosada.[30]

Esta falta de firmeza del Presidente permitió que Perón afrontase con éxito una serie de ataques, el más grave de los cuales sobrevino en octubre, en relación con un esfuerzo combinado cívico-militar para modificar la orientación del gobierno. El presidente Ramírez, aparentemente convencido de que había llegado el momento de interrumpir las actividades de Farrell y Perón, ordenó al general Santos V. Rossi, comandante de la primera división de infantería, generalmente acantonada en la Capital Federal, pero que en ese momento se disponía a regresar de las maniobras realizadas en Campo de Mayo, que a la mañana siguiente continuase la marcha y se apoderase del Ministerio de Guerra, situado en el centro de la ciudad. Debía arrestar a Farrell y a Perón, y el propio general Rossi sería el nuevo ministro de Guerra. Entre la inedia tarde, en que el Presidente impartió sus órdenes a Rossi, y las dos de la madrugada, el Presidente cambió de idea. Se envió un edecán a Campo de Mayo, para comunicar a Rossi que se suspendía el movimiento, y que a primera hora de la mañana debía presentarse ante el Presidente. Cuando el general Rossi se presentó ante Ramírez, éste le explicó que la orden original nunca había sido impartida, y que se lo relevaba de su mando. Rossi dijo que soportó este trato como un sacrificio en aras de la revolución.[31]

En realidad, era el sacrificio de los pocos oficiales que aún podían oponerse a Perón y a sus colegas nacionalistas del GOU. Pues el relevo de Rossi coincidió con una reorganización política y militar mucho más amplia, que fue la culminación de la lucha acerca de las medidas de gobierno que habían venido aplicándose desde junio.[32]

La lucha política, como la extensión del poder de Perón, implicó en momentos críticos una lucha por el control de la mente de Ramírez. Pues el general Ramírez carecía de ideas firmes, y a menudo reflejaba las opiniones de la última persona con la cual había hablado. El resultado inevitable de ese estado de cosas era la vacilación que caracterizaba su enfoque de los problemas generales del gobierno. Le desagradaba la controversia, y prefería postergar todo lo posible las decisiones difíciles. Sus críticos —que forman un grupo considerable— lo definieron como un hombre sin carácter. Una opinión quizá más generosa es que tenía buenas intenciones, pero le faltaba la fuerza necesaria para realizarlas. En el ejercicio de la presidencia se sometió al influjo de hombres mucho más astutos y decididos que él, y por lo tanto se convirtió en poco más que un títere de quienes lo rodeaban.

La lucha entre bambalinas en el seno del gobierno de Ramírez giraba alrededor de dos problemas fundamentales: uno interno, el otro vinculado con la política exterior. ¿El régimen militar debía procurar una rápida restauración del dominio civil en el marco de las tradiciones constitucionales y liberales, como deseaban los hombres de opiniones centristas e izquierdistas moderadas, o debía introducir cambios fundamentales en la estructura institucional, como proponían los elementos clericalistas y nacionalistas situados en la dirección? Y en la esfera internacional ¿Argentina debía unirse finalmente al resto del hemisferio en la oposición a las potencias del Eje, o continuaría desarrollando una política neutralista que, al margen de los argumentos patrióticos que pudiesen esgrimirse, servía a los intereses del Eje?

De junio a octubre la posición del presidente Ramírez en el problema interno fundamental estuvo cerca de la que adoptaban los partidos políticos. En su primera conferencia de prensa insistió en que los militares habían asumido el poder no para hacer una revolución, sino para remediar la angustiosa situación del pueblo y resolver la crisis institucional creada por el fraude sistemático y la corrupción. Una opinión similar fue expresada pocas semanas después por el ministro de Justicia, coronel Anaya, quien afirmó en una cena en honor de Rawson y Ramírez que los militares no se proponían eternizarse en el poder. En su discurso del 10 de octubre, pronunciado en Azul, el presidente Ramírez todavía destacó la importancia de los partidos políticos y elogió la capacidad de algunos de sus dirigentes.[33]

Pero otros militares que ocupaban cargos públicos, especialmente en el nivel de las gobernaciones, estaban adoptando una actitud contraria, se arrogaban el monopolio de la virtud cívica y la eficacia administrativa, y afirmaban que los partidos políticos eran la fuente de todos los males. De ningún modo puede afirmarse que todos los oficiales expresaban posiciones antiliberales, pero la designación de notorios críticos del proceso democrático para desempeñar puestos tan importantes como el de interventor de la provincia de Buenos Aires y el de intendente de la Capital Federal era ciertamente desconcertante.[34] Entre los políticos liberales, el optimismo original acerca de una pronta transición al gobierno civil cedió el sitio a la desilusión, a medida que se acumulaban pruebas en el sentido de que poderosos elementos nacionalistas impulsaban al gobierno de Ramírez hacia un prolongado dominio dictatorial. El mantenimiento del estado de sitio, la suspensión de las elecciones de setiembre, la eliminación de la palabra «provisional» de la designación oficial del gobierno, y el amordazamiento de la prensa eran todos indicios que apuntaban en la misma dirección, y estos hechos a su vez parecían conferir verosimilitud a los rumores acerca de un plan secreto en virtud del cual los militares gobernarían diez o veinte años, o todo el tiempo que fuese necesario para reformar el carácter de los argentinos y su política.[35]

El debate interno acerca de la orientación de la política nacional tuvo su contraparte en una polémica aún más enconada en relación con la política exterior. Pues en este aspecto, los intereses políticos y económicos, las rivalidades ideológicas y las presiones exteriores confluyeron para promover el mantenimiento o el abandono de la neutralidad de Argentina. En esta cuestión vital la posición de Ramírez era por lo menos ambivalente. En su condición de ministro de Guerra en el gobierno de Castillo, aparentemente había apoyado la recomendación del Estado Mayor General, en febrero de 1943, que proponía que Argentina se acercara a Estados Unidos para obtener armas. Pero en una conversación privada con el doctor Ernesto Sammartino, diez días antes del golpe del 4 de junio, expresó claramente su opinión de que el honor argentino estaba comprometido con la continuación de la política de neutralidad.[36]

En su gestión presidencial continuó siguiendo una línea incierta, y si a veces reveló la intención de orientarse hacia la ruptura de relaciones con el Eje, siempre abandonó el proyecto antes de realizarlo. El ministro de Relaciones Exteriores Storni, que no ocultaba su propia convicción de que Argentina debía cumplir los compromisos asumidos en la Conferencia de Río, a mediados de julio aparentemente aún creía que Ramírez participaba de la misma idea, pero tenía que actuar cautelosamente a causa de la oposición de los oficiales nacionalistas más jóvenes. El 15 de julio Storni dijo a algunos funcionarios de la Embajada de Estados Unidos que el presidente Ramírez había reunido a varios oficiales de elevada graduación pocos días antes, instruyéndolos para que intentasen persuadir a los oficiales más jóvenes de la necesidad de aceptar la ruptura.[37] Un coronel simpatizante de los Aliados recuerda que aproximadamente en esta misma época asistió a una reunión de comandantes de unidades, posiblemente la misma a la que alude Storni, en la cual el presidente Ramírez realizó «un análisis muy brillante» de la situación bélica, y señaló la necesidad de que Argentina se incorporase al campo aliado. Sin embargo, algunos expresaron oposición a este paso, con el argumento de que Chile y Brasil habían reforzado sus fronteras para ejercer presión sobre Argentina, y de que el gobierno no debía adoptar una posición pro aliada impulsado por la presión.[38]

Este argumento, con su evidente apelación a los sentimientos nacionalistas, fue explotado por los dirigentes del GOU para movilizar a sus afiliados contra cualquier intento de modificación de la política de neutralidad. «Todo enrolado en la obra del GOU», proclamó Noticias, N.º 8, del 17 de julio, «debe saber y sentir que nuestra neutralidad es el símbolo de la soberanía nacional ante las presiones foráneas, y que ella no constituye ni una adhesión ni un repudio a ninguno de los bandos en lucha».[39] Tan eficaz fue esta reacción contra la proyectada ruptura, que hacia fines del mismo mes el propio Storni abandonó toda esperanza de promoverla.[40]

La influencia del GOU sobre las decisiones acerca de la política exterior de ningún modo se limitaba a la propaganda que inducía a los oficiales más jóvenes a rechazar la ruptura de relaciones con las potencias del Eje. Algunos de los dirigentes —sobre todo el teniente coronel González— se esforzaron activamente por establecer un contacto del presidente Ramírez con funcionarios alemanes, y utilizaron la posibilidad de la ayuda alemana como medio de consolidar la decisión presidencial de mantener la actitud neutralista. Los materiales provenientes de fuentes del servicio de inteligencia alemán demuestran que González intentó no sólo mantener sino aun fortalecer las relaciones de Argentina con la Alemania Nazi, en un período en que las perspectivas de triunfo de ese país estaban disminuyendo.

El 28 de junio, dos semanas después que el Ministerio de Relaciones Exteriores había aplicado una resolución de la Conferencia de Río, que prohibía el envío de radiotelegramas en código, el teniente coronel González organizó una reunión, aparentemente en la Casa Rosada, entre el presidente Ramírez y un agente secreto alemán. Vale la pena citar en detalle el informe de esta reunión, de acuerdo con el informe preparado después por la oficina en Berlín del SD (la organización de inteligencia del Partido Nazi) al ministro de Relaciones Exteriores alemán:

En la tarde del 28 de junio de 1943 se celebró una conversación en la cual, además de nuestro representante, intervinieron las siguientes personas: teniente coronel González, jefe de la secretaría de la Presidencia; capitán Filippi, ayudante y yerno de Ramírez; y mayor Bernard, secretario privado del ministro de Guerra.

Como introducción, el teniente coronel González explicó que el presidente Ramírez desea ofrecer al gobierno alemán una imagen clara de la situación actual en Argentina. El gobierno argentino se ha abstenido de aportar estos elementos a la Embajada alemana, pues no es posible prohibir el envío de telegramas en código por una parte, y por otra pedir a la Embajada que mantenga informado a su gobierno. Ante la objeción de nuestro representante en el sentido de que él, como la Embajada, carecía de conexión telegráfica, González mencionó que podían enviarse mensajes dirigidos a Berlín en un código propio por intermedio de la Embajada argentina en Berlín. González mencionó nuevamente que el gobierno argentino desea mantener las relaciones más amistosas con las potencias del Eje. El gobierno argentino se dirige al gobierno alemán para que los gobiernos del Pacto de las tres Potencias estén informados de la situación sumamente difícil de Argentina.

Una vez concluida la presentación del teniente coronel González, apareció el presidente Ramírez. Declaró que no deseaba romper relaciones con el Eje, pero qué la presión de Estados Unidos y Brasil era terriblemente intensa. Explicó que el tono en que el embajador norteamericano había presentado sus reclamos le había hecho hervir la sangre; pero que él había tenido que controlarse porque era el dirigente responsable del destino de la Nación.[41]

Es muy probable que el agente secreto con quien el presidente Ramírez habló fuese Johann Leo Harnisch, hombre de negocios alemán y antiguo residente en Buenos Aires, que se había incorporado a la Abwehr (organización alemana militar de inteligencia) en 1941, y que después trabajó para el SD. Gracias a sus vínculos con hombres de negocios argentinos había conocido al teniente coronel González a mediados de mayo de 1943. Este contacto sería muy útil, porque de acuerdo con las observaciones escritas de los superiores de Harnisch: «Gracias a sus buenas relaciones personales con González, estaba constantemente informado de las intenciones políticas argentinas, después de la afortunada revolución del general Ramírez».[42] Es probable qué González y sus colegas utilizaran a Harnisch como medio de comunicación con el gobierno alemán, en parte porque este empresario formulaba la impresionante afirmación de que era íntimo amigo de Hitler y su representante personal en Argentina. Más aún, pocas semanas después se volverían hacia él más que hacia la Embajada alemana para organizar las discusiones acerca de la posible adquisición de equipos militares alemanes.[43]

En realidad, todos los sectores reconocían la importancia de las armas como instrumento de presión para encauzar la política exterior argentina. Estados Unidos se había propuesto no discutir siquiera la posibilidad de proveer armas hasta que Argentina hubiese ofrecido verdaderas pruebas de su adhesión a los acuerdos de la Conferencia de Río, mediante la ruptura de relaciones con el Eje. Los círculos de Washington nunca habían abandonado del todo la creencia de que los militares argentinos impondrían un cambio de rumbo favorable a Estados Unidos, con el fin de obtener la ayuda que les permitiera salvar sus deficiencias en el terreno de los armamentos. Esta convicción fue el fundamento de la interpretación inicial del subsecretario de Estado Welles acerca de la revolución del 4 de junio, y fue el factor que fortaleció la decisión del Departamento de Estado de no desviarse de la norma establecida.[44]

Por otra parte, las autoridades alemanas esperaban utilizar la promesa de proveer armas, que difícilmente hubieran podido cumplir, como medio de fortalecer la decisión argentina de mantener la neutralidad. En su audiencia del 20 de julio con el presidente Ramírez, el encargado alemán desarrolló el argumento de que Estados Unidos no se encontraba en condiciones de entregar grandes cantidades de armas a América del Sur, y señaló que Alemania estaba dispuesta a iniciar negociaciones en relación con posibles embarques. De acuerdo con el informe del encargado, el presidente Ramírez manifestó considerable interés en el asunto, e indicó su intención de ordenar al agregado militar argentino en Berlín que realizase un examen de las posibilidades.[45]

Pero antes de iniciar negociaciones serias con los alemanes, el gobierno de Ramírez realizó un intento final de obtener armas norteamericanas sin modificar su política de neutralidad. Este intento tuvo principios de realización en la extraña carta dirigida por el ministro de Relaciones Exteriores Storni al secretario de Estado el 5 de agosto, y que fue contestada por Cordell Hull con un acre rechazo. El contenido de la correspondencia Hull-Storni ha sido examinado muchas veces, de modo que no es necesario que aquí reconsideremos el asunto.[46] De todos modos, es interesante especular acerca de las razones que movieron al gobierno de Ramírez a formular el pedido, y a acuñarlo en términos que mal podían suscitar una respuesta favorable —por ejemplo, el pasaje de la carta que alude al restablecimiento de «la posición de equilibrio de Argentina, a la que tiene derecho con respecto a otros países de América del Sur».[47]

El borrador original de la carta fue preparado por Storni en respuesta a un pedido del embajador norteamericano Norman Armour, quien le solicitó una clara formulación escrita de la posición argentina, para llevarla consigo a Washington. Pero la versión final de la carta fue resultado de varias manos, incluidas —según se afirma— las de González y Perón. En general, puede concebirse la carta como un desesperado alegato de los elementos pro aliados encabezados por el almirante Storni, en favor de la comprensión de Estados Unidos, y de algunas concesiones que fortaleciesen la posición de aquéllos frente a sus rivales nacionalistas y pro alemanes. Sin embargo, parece que algunos pasajes de la carta fueron introducidos deliberadamente por los dirigentes del GOU para provocar una respuesta áspera, y precipitar de ese modo una crisis que los beneficiara.[48] En todo caso, eso precisamente fue lo que ocurrió. El gobierno adoptó una medida desusada: autorizar la publicación de la correspondencia Storni-Hull; y en la tormenta que se desató, el ministro de Relaciones Exteriores renunció a su cargo en el gabinete, al mismo tiempo que el GOU distribuía millares de volantes en los cuales se afirmaba que sus miembros nada habían tenido que ver en el asunto.[49] Habían demostrado al presidente Ramírez y a la oficialidad en general que no era posible esperar armas de Estados Unidos; había llegado el momento de acercarse audazmente a Alemania.

Sin conocimiento del resto del gabinete, a fines de setiembre de 1943, un grupo formado por el coronel González, el general Alberto Gilbert (ministro de Relaciones Exteriores interino) y el ministro de Marina Sueyro obtuvo el consentimiento del presidente Ramírez para el envío de una misión especial a Berlín, con el fin de negociar la compra de material de guerra. La misión debía cumplir su cometido rápidamente y en secreto, sin la participación de personal diplomático de ninguna de las partes.[50] El hombre elegido para cumplir la misión era un oficial de la reserva naval argentina, Osmar Alberto Helmuth, íntimo colaborador del agente alemán Harnisch, el presunto representante personal de Hitler en Argentina. La principal cualidad que Helmuth aportaba a la tarea era su afirmación de que en Alemania tenía tan excelentes conexiones que a los cuatro días de su llegada podía resolver el problema del abastecimiento de armas, y sería recibido personalmente por Hitler.[51] No es posible determinar con claridad si el presidente Ramírez comprendió que Helmuth era a su vez un agente del espionaje que colaboraba con Harnisch. En todo caso, se sabe que al elaborar el plan de viaje en virtud del cual Helmuth iría primero por mar a España, y luego en avión a Alemania, las autoridades argentinas aceptaron el ofrecimiento de Harnisch, de acuerdo con el cual el SD arreglaría los detalles del vuelo secreto de Madrid a Berlín.[52]

Se entendía que la misión Helmuth era un secreto absoluto, conocido únicamente por el presidente Ramírez, Sueyro, Gilbert y González. Además de sus instrucciones, Helmuth recibió cartas de presentación para los funcionarios alemanes, firmadas por el coronel González y el ministro de Marina Sueyro. Se pensó inicialmente entregarle una carta manuscrita dirigida por el presidente Ramírez al Führer, pero según se afirmó se abandonó esta idea por razones de seguridad. Para disimular eficazmente su viaje a España, Helmuth fue designado cónsul argentino en Barcelona.[53]

El 2 de octubre de 1943 el joven oficial de reserva partió de Buenos Aires en el buque español «Cabo de Hornos», que debía recalar en el puerto británico de Trinidad antes de cruzar el Atlántico en dirección a Bilbao, lugar de desembarco de Helmuth. Sus mentores argentinos apenas comprendieron que al confiar una misión tan delicada a este hombre ponían en funcionamiento una bomba de tiempo que explotaría tres meses después, desbaratando la política de neutralidad a la cual adherían, y destruyendo ulteriormente sus propias posiciones políticas.

El presidente Ramírez se mostró dispuesto a realizar este esfuerzo secreto para obtener armas alemanas precisamente cuando los elementos pro aliados que actuaban dentro y fuera del gobierno estaban haciendo un esfuerzo decidido para modificar su orientación. Ante la renuncia de Storni, varios civiles y militares trataron de convencer a Ramírez de la necesidad de afirmar su posición contra los líderes del GOU, y de reorientar el gobierno de acuerdo con criterios constitucionales. El presidente Ramírez afirmó a algunos líderes políticos como el socialista Américo Ghioldi, que conversó con él en setiembre, que apoyaba la ruptura de relaciones con el Eje. Y aun en una reunión de gabinete, según recuerda el general Anaya, el Presidente aceptó una recomendación de romper relaciones, aunque luego rehusó aplicarla.[54]

La lucha entre los liberales y los nacionalistas, entre las facciones pro aliadas y pro alemanas, culminó a principios de octubre, cuando el presidente Ramírez pidió al general Rossi que eliminase a Farrell y a Perón, para cambiar de idea pocas horas después. La vacilación de Ramírez envalentonó a los líderes del GOU, quienes pugnaron por obtener el control total. En circunstancias que todavía no están bien aclaradas, el Presidente aceptó designar al general Farrell en el puesto vacante de vicepresidente, con retención de la cartera de Guerra, y separar del gabinete a los hombres moderados que aún quedaban —el ministro de Finanzas Santamarina; el ministro de Justicia e Instrucción Pública general Anaya; y el almirante (R) Galíndéz, ministro de Obras Públicas.[55]

La reorganización política iniciada el 11 de octubre señaló una nueva fase del gobierno militar. El coronel Perón, cuyo amigo Farrell, en la vicepresidencia, estaba dispuesto a ascender un escalón si se creaba una vacante, evidentemente tenía más poder en el gobierno. Pero en la reorganización del gabinete las fuerzas del nacionalismo reaccionario también realizaron conquistas importantes. La cartera de Justicia e Instrucción Pública, que controlaba las universidades y los colegios secundarios, fue confiada a un intelectual ultracatólico, el doctor Gustavo Martínez Zuviría, cuyas novelas publicadas bajo el seudónimo de Hugo Wast eran notorias por su antisemitismo. Y el general Luis Perlinger, oficial pro alemán, para quien los comunistas y los dirigentes políticos liberales eran igualmente nefastos, obtuvo la cartera del Interior, que en las condiciones creadas por el estado de sitio le otorgaba amplio poder sobre la vida cotidiana de la ciudadanía.[56]

En vista de la presencia de estos extremistas en el gabinete, durante los meses que siguieron a la reorganización de octubre el régimen de Ramírez asumió rápidamente la forma de una dictadura autoritaria de derecha, más o menos en el estilo de Franco. Se adoptaron medidas represivas no sólo contra los comunistas, que habían sido perseguidos desde que los militares asumieron el poder, sino también contra los liberales que se atrevían a criticar francamente el régimen. Los profesores universitarios y los funcionarios del gobierno que firmaron un manifiesto reclamando el retorno a las prácticas democráticas y el cumplimiento de las resoluciones de la Conferencia de Río fueron exonerados sumariamente[57]; se disolvieron las organizaciones estudiantiles que protestaron; y la prensa debió soportar diversas restricciones. La culminación de este proceso fue una serie de decretos firmados el 31 de diciembre, que disolvían todos los partidos políticos, establecían la educación religiosa obligatoria en las escuelas públicas y creaban rígidos controles sobre la reunión y difusión de noticias.[58]

Los criterios fundamentales que orientaban a los ministros nacionalistas del gabinete fueron formulados en las instrucciones confidenciales que el general Perlinger, ministro del Interior, dirigió a los interventores provinciales en el mes de noviembre. En este documento los invitaba a pasar de la primera etapa de la revolución —el derrocamiento de las autoridades anteriores— a la segunda, la formación de una conciencia nacional y la realización de una «unidad real e integral del pueblo argentino». De acuerdo con el lenguaje de las instrucciones:

El sentido de la revolución debe llegar cuanto antes a todos los órdenes sociales, políticos y económicos. El aspecto social debe ser conducido en forma tal que se asegure la más absoluta justicia y el apoyo al débil. El pueblo quiere tranquilidad y justicia. El aspecto político debe caracterizarse por una orientación eminentemente argentinista. Ningún político —cualquiera sea su filiación— será llamado a colaborar con el gobierno. Por la educación y acción enérgica debe quebrarse el régimen. La masa ciudadana debe ser disciplinada. Las mentalidades deben ser transformadas de manera tal que, en el futuro, sepan discernir y encontrar el camino de la verdad y no sean engañadas por las palabras de los demagogos. Es indispensable definir con urgencia los problemas y encontrar en el más corto plazo la solución de los mismos. No interesan, por ahora, los partidos políticos. Todos los habitantes deben ser orientados y conducidos en la misma forma con la sola excepción de aquellos que intenten perturbar la acción del gobierno. A ésos se les tratará como enemigos de la patria. El comunista y los comunizantes son enemigos de la patria, y en tal sentido deben ser extirpados del país, tratando especialmente de individualizar a los dirigentes principales. Ninguna circunstancia impedirá que el comunista, cualquiera sea su situación, sea tratado como enemigo declarado de la patria.

No se desea escándalo. Sólo se desea depuración, reorganización y saneamiento y, por sobre todas las cosas, gobernar con visión futura. La visión futura debe estar dirigida hacia los objetivos ya señalados: soberanía nacional, bienestar del pueblo. En el orden económico debe llegarse a la depuración total del régimen.[59]

De este documento se desprende con claridad que el general Perlinger y sus colaboradores nacionalistas carecían de un programa concreto y audaz. Sus cláusulas más claras son de carácter negativo: la represión de los enemigos del régimen. Pero en lugar de propuestas concretas para realizar su sociedad ideal se apoyan en conceptos imprecisos y trillados —purificación, reorganización, perfeccionamiento— y en la idea de que la mente de las masas necesita disciplina y orientación. Nada se dice acerca de la obtención de apoyo público para el régimen. El supuesto básico parece haber sido que los militares podían permanecer indefinidamente en el poder.

Pero mientras Perlinger, Martínez Zuviría y sus colaboradores estaban muy ocupados en adoptar medidas antiliberales, el coronel Juan Perón comenzó a maniobrar en otro plano para conquistar el apoyo —ostensiblemente para el régimen, pero en realidad para sí mismo— en las filas de las masas trabajadoras. Las medidas sociales del gobierno militar desde junio hasta octubre habían coordinado las actitudes paternalistas con los controles rigurosos sobre el movimiento obrero. Como conocía las difíciles condiciones que las clases inferiores soportaban, el gobierno había impuesto controles de precios y ordenado una rebaja de los alquileres; pero al mismo tiempo había disuelto una de las dos centrales obreras rivales, y paralizado las actividades de la otra, al mismo tiempo que exigía que los sindicatos obtuviesen la aprobación del gobierno para funcionar legalmente.[60]

El espíritu antiobrero que caracterizó a las primeras medidas oficiales relacionadas con los sindicatos cambió después que el coronel Perón consiguió ser designado, el 27 de octubre, director del Departamento Nacional del Trabajo —un organismo regulador relativamente ineficaz, subordinado al Ministerio del Interior— y procedió un mes después a transformarlo en la Secretaría de Trabajo y Previsión, que dependía directamente de la presidencia. En su carácter de secretario, cargo que asumió con retención de su puesto en el Ministerio de Guerra, Perón inició el proceso de conquista de los líderes sindicales, ofreciéndoles puestos en el nuevo organismo. Respaldando las demandas sindicales de beneficios materiales con el poder de la Secretaría, y promoviendo la organización sindical de los trabajadores no especializados, Perón lograría crear paulatinamente un amplio núcleo de partidarios en las filas del movimiento obrero; además, al tratar los reclamos del movimiento obrero como inquietudes legítimas del gobierno, confirió al trabajador común un nuevo sentimiento de dignidad.[61]

Los oficiales del Ejército mostraron diferentes reacciones ante las relaciones cada vez más estrechas de Perón con los dirigentes obreros; así, los oficiales de graduación media e inferior adoptaron en general una actitud más favorable que sus superiores. Es indudable que una de las razones de la actitud favorable de algunos oficiales fue su conocimiento de las condiciones de las clases pobres (resultado de las funciones militares que habían desempeñado en guarniciones provinciales) y la experiencia realizada año tras año con los conscriptos provenientes de las clases más pobres.[62] Pero es probable que un factor más decisivo en la determinación de esa actitud fuera la creencia de que los métodos de Perón estaban disminuyendo la atracción del comunismo sobre el trabajador argentino. Ciertamente, sobre esa base Perón trató de justificar sus actividades ante el resto de la oficialidad, utilizando los canales del GOU o en el curso de discusiones directas. Un ejemplo notable de este enfoque directo del problema fue el discurso a los alumnos del último año del Colegio Militar, en diciembre de 1943, con motivo de una visita sin precedentes de los cadetes a la Secretaría de Trabajo y Previsión.[63]

Entre los dirigentes del GOU, el teniente coronel Domingo Mercante era el principal colaborador de Perón en la promoción de las actividades obreras. Mercante, que era hijo de un miembro de La Fraternidad, el sindicato de maquinistas de locomotoras, representó un papel fundamental en el establecimiento de los contactos que facilitaron las visitas de los dirigentes sindicales a Perón en el Ministerio de Guerra, antes aún de asumir el control del Departamento Nacional del Trabajo. Mercante fue designado más tarde interventor del gobierno en La Fraternidad y la Unión Ferroviaria, los principales sindicatos de obreros del riel, y trabajó en estrecha colaboración con Perón en la nueva Secretaria de Trabajo y Previsión.[64]

Pero no todos los dirigentes del GOU contemplaban con simpatía las actividades de Perón. Como resultado de un acuerdo entre los miembros del grupo superior, se entendía que el control de la organización estaba a cargo de los «cuatro coroneles» —Perón, González, Ramírez y Ávalos—, todos los cuales se habían comprometido a rehusar cargos públicos. Como era cada vez más evidente que Perón intentaba convertir el GOU en instrumento de sus ambiciones políticas, se suscitó una división entre él y González; el coronel Ávalos se inclinaba por Perón, y el coronel Ramírez tendía a hacer causa común con González.[65]

En vista del cargo que ocupaba en la Casa Rosada, que adquirió jerarquía ministerial a fines de octubre, el coronel González se hallaba en condiciones estratégicas para tratar de poner término a las maniobras de Perón.[66] Ni González ni el presidente Ramírez habían previsto lo que Perón sería capaz de hacer con la Secretaría de Trabajo. Por extraño que parezca, Ramírez no tuvo el menor inconveniente en entregar la Secretaría a Perón, en la creencia de que lo tendría atareado y le impediría conspirar. Pero ahora, ante los esfuerzos de Perón para crear grupos de partidarios en las filas del movimiento obrero, al mismo tiempo que utilizaba el GOU para manipular la opinión de los oficiales, el coronel González intentó reducir el poder de Perón mediante ciertas cláusulas de un nuevo estatuto de los partidos políticos que estaba redactando. La disolución de los partidos tradicionales había paralizado la actividad política civil; pero de acuerdo con el plan de González, Argentina debía retornar a la política partidaria sobre la base de ciertas reformas y controles incluidos en la ley. Después de rechazar una sugestión de Perón, transmitida por un ex diputado radical, en el sentido de que contemplara la posibilidad de integrar con Perón una futura fórmula presidencial, el coronel González incluyó en el proyecto de estatuto una cláusula que prohibía explícitamente las candidaturas de militares en la futura elección. Según parece, esta iniciativa convenció a Perón de la necesidad de obtener la eliminación de González. Según se dieron las cosas, la crisis diplomática que estalló en enero le ofreció la oportunidad de alcanzar su objetivo.[67]

Esta crisis se originó en la ambiciosa política internacional que el gobierno de Ramírez había iniciado después de octubre, y concretamente en dos hechos que tuvieron resultados imprevistos. Uno fue la misión Helmuth para obtener armas alemanas; el otro fue el intento de crear un bloque pro argentino, y por implicación antinorteamericano en América del Sur, colaborando con los movimientos revolucionarios de países vecinos. En ambos casos, cayeron en manos aliadas pruebas documentales de las actividades reservadas del gobierno argentino.

La misión Helmuth, cuya seguridad se vio comprometida por disputas entre agentes alemanes, concluyó bruscamente a principios de noviembre, cuando las autoridades británicas de Trinidad lo detuvieron para interrogarlo, en momentos en que descendía de la nave española. El 5 de noviembre el ministro argentino en Caracas comunicó confidencialmente a Buenos Aires la noticia de su arresto. Los agentes del servicio de inteligencia alemán en Buenos Aires se enteraron del asunto poco después, gracias a los coroneles González y Perón.[68] De acuerdo con los informes del SD recibidos en Berlín, las autoridades argentinas resolvieron que no era conveniente enviar otro agente a Europa, y en cambio despacharon un sobre sellado con instrucciones para su agregado naval en Berlín.[69] Entretanto, presentaron a los británicos una protesta oficial en relación con el arresto de Helmuth y procuraron obtener su libertad y retorno a Buenos Aires.[70]

Aparentemente, los funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores alemán juzgaron las consecuencias del arresto de Helmuth con más realismo que las autoridades argentinas. En un perspicaz memorándum del 17 de noviembre, el embajador Otto Reinebeck, del Ministerio de Relaciones Exteriores, señaló que si las cartas e instrucciones comprometedoras que Helmuth llevaba caían en manos de los aliados, o si podía arrancársele una confesión, «la situación sería peligrosa para el gobierno de Ramírez, y por consiguiente para la continuación de la política de neutralidad de Argentina».[71] Sólo a fines de diciembre, después que los británicos informaron al gobierno argentino que Helmuth había confesado su condición de agente alemán, los funcionarios de Buenos Aires comprendieron cabalmente la situación.[72]

Pero entonces se encontraron en una situación aún más grave como resultado de la segunda empresa, la subversión de los gobiernos vecinos favorables a los Aliados, que alcanzó su primer éxito en el golpe boliviano del 20 de diciembre. El derrocamiento del régimen de Peñaranda no sólo alarmó al gobierno uruguayo, donde los elementos extremistas también amenazaban con su acción, sino que convenció a Estados Unidos de que había llegado el momento de ponerse firme con el gobierno de Ramírez. Mientras algunas poderosas unidades de la flota del Atlántico sur entraban en el Río de la Plata y anclaban en Montevideo, frente a Buenos Aires, y mientras el Tesoro de Estados Unidos se disponía a congelar los fondos argentinos depositados en bancos norteamericanos, el Departamento de Estado hizo saber que estaba preparando la publicación de un memorándum que daría detalles de la complicidad argentina en el golpe boliviano, y de su intervención en los asuntos de otros países sudamericanos.[73]

En vista de esta situación, el presidente Ramírez y el ministro de Relaciones Exteriores Gilbert decidieron impedir a toda costa la publicación del material acusatorio. El 24 de enero el general Gilbert informó al embajador norteamericano Armour que, en vista de las pruebas aportadas por el caso Helmuth, en el sentido de que Alemania había infringido su promesa de no abusar de la hospitalidad argentina, comprometiéndose en actividades de espionaje o subversivas, el gobierno argentino había decidido definitivamente romper relaciones con Alemania. La realización de los preparativos necesarios requeriría unos pocos días; entretanto pedía que Estados Unidos evitase cualquier acto que pudiese interpretarse como una forma de presión, y concretamente que se paralizase el plan norteamericano de acusación a Argentina como punto focal de las actividades subversivas contra los gobiernos vecinos. En vista de la promesa de romper relaciones, Washington accedió al pedido del ministro de Relaciones Exteriores. El 26 de enero, en un decreto firmado únicamente por Ramírez y Gilbert, el gobierno argentino rompió relaciones diplomáticas con Alemania y Japón, con el argumento de que se había descubierto una extensa red de espionaje que actuaba en suelo argentino.[74]

Se cree generalmente que el factor decisivo que determinó la ruptura de relaciones fue el deseo de impedir la publicación de las pruebas de intervención de Argentina en Bolivia.[75] Sin embargo, es muy posible que los documentos de Helmuth representasen un papel aún más importante. El hecho de que los nacionalistas argentinos —incluidos los oficiales del Ejército— estaban alentando a sus colegas de los países vecinos mal podía ser un secreto. En todo caso, lo sabían los respectivos gobiernos, aunque lo ignorase el público en general.[76] Pero todavía era un secreto la medida en que los altos funcionarios argentinos —sobre todo el presidente Ramírez, el coronel González y el general Gilbert— estaban implicados personalmente en el esfuerzo por obtener armas alemanas. La captura de Helmuth significaba muy probablemente que las cartas de presentación que le habían confiado habían caído en manos británicas. ¿No es posible que la amenaza de publicarlas contribuyese de modo significativo a la decisión del presidente Ramírez? No hay modo de confirmar esta hipótesis sobre la base de los documentos británicos o norteamericanos, pero las fuentes alemanas la confirman hasta cierto punto. En un cable a su gobierno, cinco días después de la ruptura de relaciones diplomáticas, el ex encargado alemán, el doctor Meynen afirmaba: «He sabido de buena fuente, pero hasta aquí muy confidencialmente, que cuando se apresó a Helmuth en Trinidad se le encontró una carta que compromete mucho al general Ramírez, y que ese documento fue utilizado por Estados Unidos e Inglaterra para obtener la ruptura».[77] Si puede aceptarse esta interpretación, ella explicaría también por qué los defensores más ardientes de la ruptura de relaciones en el seno del gobierno argentino fueron Ramírez, Gilbert y González, y por qué estaban decididos a realizar su propósito, no sólo sin consultar a los restantes miembros del gabinete, sino también a pesar de la enérgica oposición suscitada en el cuerpo de oficiales.

Más aún, la decisión del gobierno de romper con el Eje representó una desconcertante sorpresa para los centenares de oficiales neutralistas que formaban la base del GOU. Apenas dos meses antes, una delegación de unos trescientos oficiales había visitado al ministro de Relaciones Exteriores para manifestarle su total apoyo a las declaraciones que había formulado a un corresponsal chileno, en el sentido de que la política exterior argentina era de «una perfecta y absoluta neutralidad», y de que Argentina «no desea enemistarse con ningún país del mundo».[78] El único indicio público de que estaba gestándose algo sobrevino el 21 de enero, cuando el ministro de Relaciones Exteriores publicó una declaración mencionando por primera vez el arresto del cónsul argentino Helmuth por los británicos, y comentando que este incidente había revelado la existencia de una red de espionaje del Eje en el país, hecho que ahora estaba siendo investigado.[79] De todos modos, un boletín confidencial del GOU fechado el día siguiente no aportó indicaciones de que estuviese contemplándose algún cambio, y después de aludir a la «política exterior acertada y firme, y su proceder político-interno sincero, leal y constructivo», pedía a los miembros que cerraran filas en apoyo del gobierno, y ayudasen a crear una atmósfera de tranquilidad.[80]

Pero no prevalecía una atmósfera de tranquilidad, ni mucho menos, cuando veintenas de oficiales convocados por el GOU a una reunión especial, tres noches más tarde, se dividieron en irritadas y vociferantes facciones al enterarse de la intención del gobierno de romper relaciones con el Eje. Muchos de los que asistieron a la tumultuosa asamblea en el edificio del Concejo Deliberante rechazaron la afirmación del ministro de Relaciones Exteriores, quien declaró que las actividades de espionaje del Eje eran el motivo de la ruptura, y atribuyeron la decisión a la presión de Estados Unidos. Como no conocían los hechos que habían inducido al presidente Ramírez y al ministro de Relaciones Exteriores Gilbert a dar ese paso, lo denunciaron como un abandono injustificado de la política de neutralidad, con la cual se había identificado el GOU, y como una vergonzosa traición al honor nacional.[81]

La división que se manifestó en la asamblea se extendió al organismo ejecutivo del GOU: el coronel Urbano de la Vega, el teniente coronel Julio Lagos, el teniente coronel Alfredo Baisi, y el mayor León Bengoa reclamaron la continuación de la neutralidad; y los coroneles González, Ávalos, Emilio Ramírez y Alfredo Argüero Fragueiro apoyaron la insistencia del ministro de Relaciones Exteriores en la ruptura. El coronel Perón representó un papel equívoco. A pesar de que el coronel González le pidió que hablase vigorosamente en defensa de la iniciativa, se limitó a declarar que había dado su palabra al ministro de Relaciones Exteriores, y que como caballero debía cumplirla. El anuncio de Gilbert a los oficiales reunidos de que con la aprobación del GOU o sin ella esa noche se firmaría el decreto de ruptura, momentáneamente puso término al debate, pero no sofocó la indignación.[82]

En realidad, a partir de ese momento la posición del presidente Ramírez y de sus colaboradores más íntimos se vio gravemente debilitada. Se vio que la tan mentada unidad del GOU era ilusoria; y prevaleció en el cuerpo de oficiales una atmósfera de incertidumbre y confusión. Los nacionalistas de posición más doctrinaria, que ahora tendían cada vez más a apegarse al ministro del Interior, general Perlinger, presionaron en favor de una reorganización del gobierno. Aunque el propio Perón era uno de los blancos principales de este sector, pudo explotar la situación en beneficio propio, encauzando el descontento hacia el ministro de Relaciones Exteriores Gilbert y el coronel González.

El movimiento en favor de la separación de Gilbert y González se originó sobre todo en los oficiales más jóvenes, resentidos ante la reciente ruptura de relaciones y soliviantados por la falsa noticia de que estos generales estaban convenciendo al presidente Ramírez de la necesidad de emitir tres decretos: uno establecía el imperio de la ley marcial, el segundo movilizaba a las Fuerzas Armadas, y el tercero declaraba la guerra al Eje.[83] Parece bastante evidente que Perón, utilizando su capacidad de persuasión y los mecanismos del GOU para negar toda relación personal con las presuntas iniciativas, inspiró el movimiento de los jóvenes oficiales en favor de las renuncias. Aunque en el curso de una conversación con funcionarios de la Embajada de Estados Unidos, pocas semanas después, un vocero de Perón trató de achacar a Perlinger la responsabilidad del movimiento que agitaba a los oficiales, González insiste en que fue el propio Perón, acompañado por Ávalos, quien le pidió su renuncia. Como carecía de fuerza para resistir, González cedió, y su renuncia fue seguida poco después por la del ministro de Relaciones Exteriores Gilbert.[84] Ahora el GOU estaba devorando a sus propios hijos.

Pero la crisis política precipitada por lo repentino de la ruptura de relaciones no concluyó con esas renuncias.[85] El general Ramírez estaba amenazado ahora por dos sectores diferentes: por una parte, los miembros antirrupturistas del cuerpo de oficiales, algunos de ellos pro alemanes, pero muchos auténticos aislacionistas, que eran incitados a la acción por civiles nacionalistas deseosos de obtener el control del gobierno; y por otra el grupo de oficiales dirigidos por Perón y Farrell, a quienes impulsaban no tanto las consideraciones ideológicas como el instinto de conservación, y que abrigaban la esperanza de utilizar la cólera del resto para su propio beneficio político.[86] También en este caso el presidente Ramírez reveló su indecisión, su falta de firmeza y su desagrado por los enfrentamientos; pero esta vez él mismo fue la víctima propiciatoria.

Después de permitir la separación de González y Gilbert, el 15 de febrero, sin formular protestas, Ramírez advirtió tardíamente que corría peligro su propia posición, pues los rumores que habían provocado las renuncias de González y Gilbert continuaban circulando. En las guarniciones de la capital, en El Palomar, en Campo de Mayo y aun en La Plata, los oficiales repetían la versión de que el Presidente se disponía a firmar, y en otra versión de que ya había firmado los tres decretos imponiendo la ley marcial, declarando el estado de guerra con Alemania y Japón, y ordenando la movilización general. Ramírez trató de sofocar estos rumores hablando en dos grandes reuniones de oficiales en el cuartel general de la primera división de Palermo y en Campo de Mayo, pero no se aceptaron sus desmentidas categóricas. Aparentemente, la fuente de los rumores era el propio Ministerio de Guerra, y los oficiales preferían creer a Farrell y a Perón antes que a un presidente que con su actitud anterior había abusado de la confianza que le dispensaran.[87]

La crisis culminó el 24 de febrero, después de una serie de movimientos que prepararon la escena del enfrentamiento. A altas horas de la noche anterior Perón y sus colegas en la dirección del GOU, conscientes de la sensibilidad de los militares con respecto a la palabra empeñada, habían buscado un medio que les permitiese liberarse del juramento de apoyo al general Ramírez, pronunciado por ellos y los restantes miembros de la organización. Finalmente apelaron al cínico recurso de disolver el GOU. Según afirmaron después, adoptaron esta actitud porque la organización «podría ser un obstáculo para la marcha normal del gobierno». Pero se ajustaba más a la realidad de la situación la declaración de este mismo grupo, dirigida al sector de afiliados de la organización, en la cual afirmaban que: «Aun cuando el general Ramírez resolviera la continuación de la obra del GOU, los miembros del organismo director quedaban liberados de los juramentos y compromisos contraídos».[88]

Pero el general Ramírez, lejos de desear la continuación de las actividades del GOU, trataba de desembarazarse de sus dirigentes y beneficiarios. De acuerdo con los materiales disponibles, su plan era incorporar al gabinete a sus leales asesores Gilbert y González, reemplazando a Farrell y a Perlinger en los dos ministerios fundamentales, Guerra e Interior. Dio el primer paso en la mañana del día 24, solicitando a Farrell que renunciara a la cartera de Guerra. El vicepresidente respondió convocando a los principales comandantes de las guarniciones a una reunión urgente en el Ministerio de Guerra.[89] En esta situación el ministro de Marina Sueyro (que también desempeñaba las funciones de ministro interino de Relaciones Exteriores) exhortó al Presidente a ordenar el arresto de Farrell y Perón, y ofreció apoyarlo con fuerzas navales. Poco dispuesto a aceptar un enfrentamiento militar, Ramírez rehusó. Esa noche Farrell y Perón, apoyados por los jefes reunidos en el Ministerio de Guerra, adoptaron medidas para apoderarse del gobierno mediante la fuerza. Se reemplazó a los hombres designados por Ramírez en la policía y el sistema de comunicaciones, al mismo tiempo que fuerzas que respondían al Ministerio de Guerra rodeaban la residencia presidencial de Olivos y convertían a Ramírez en virtual prisionero.[90]

Informado por una delegación de oficiales de que los jefes militares de las guarniciones reclamaban su renuncia, el Presidente accedió; pero no sin antes incluir una trampa verbal en el texto de la renuncia. En este documento, del cual se envió un ejemplar a la Suprema Corte y otro al Ministerio de Guerra, Ramírez decía:

Al pueblo de la República: Como he dejado de merecer la confianza de los jefes y oficiales de las guarniciones de la Capital Federal, Campo de Mayo, Palomar y La Plata, según me lo acaban de manifestar personalmente dichos jefes y como no deseo comprometer la suerte del país, cedo ante la imposición de la fuerza y presento la renuncia del cargo de presidente de la Nación.

Pedro P. Ramírez, general de división

Buenos Aires, 24 de febrero de 1944.[91]

El sentimiento de satisfacción con que se recibió inicialmente la renuncia en el Ministerio de Guerra pronto se atenuó, porque los miembros del gabinete, convocados por Farrell, señalaron que los términos de la renuncia creaban al sucesor de Ramírez el problema del reconocimiento diplomático. Por sugestión del ministro de Justicia, se resolvió pedir a Ramírez que no renunciara, y que se limitara simplemente a delegar sus poderes. En las primeras horas de la mañana del 25, el general Farrell, acompañado de varios miembros del gabinete, realizó una visita a Ramírez en Olivos, y lo exhortó a acceder. A pesar de las recomendaciones de firmeza del almirante Sueyro, Ramírez cedió y estampó su firma al pie de un documento preparado. El Ministerio de Guerra impidió la publicación de la renuncia original, y en cambio el coronel Perón entregó a la prensa el siguiente texto:

Al pueblo de la Nación Argentina. Fatigado por las intensas tareas de gobierno, que me exigen tomar un descanso, en la fecha delego el cargo que desempeño en la persona del Exmo. señor vicepresidente de la Nación, general de brigada Edelmiro J. Farrell.

Pedro P. Ramírez, general de división

Buenos Aires, 24 de febrero de 1944.[92]

El golpe de estado que dejó al presidente Ramírez el título de su cargo, paradójicamente lo convirtió en objeto de una solicitud política intensa, aunque temporaria. Los opositores liberales del régimen militar, los radicales y los socialistas, así como varios generales y almirantes, le ofrecieron apoyar su retorno al cargo si aceptaba adherir a un movimiento de restauración del régimen constitucional. Al principio Ramírez se mostró interesado, y específicamente alentó al dirigente radical Ernesto Sammartino, que lo visitó el 4 de marzo, para que continuase preparando el movimiento. Cinco días después, sin una palabra de advertencia a sus organizadores, Ramírez se declaró vencido y renunció a su cargo de Presidente. De nuevo, pero ahora por última vez, este delgado general de caballería, a quien el destino había llevado a una posición que le permitía influir sobre el futuro de su país, demostró que el uniforme de soldado no es sustituto del valor político.[93]

IX

EL TRIUNFO DE PERÓN

Cuando la autoridad presidencial pasó al general Farrell, el gobierno militar inició una nueva fase, en definitiva más prolongada de lo que podía anticiparse en vista de la suerte corrida por sus antecesores. El derrocamiento de tres jefes de Estado en menos de ocho meses ciertamente no representaba un buen augurio para el futuro del cuarto. Más aún, no sólo los civiles de tendencia liberal, sino muchos nacionalistas que antes se mostraban hostiles al gobierno civil, ahora dudaban francamente de la capacidad de los militares para garantizar un gobierno estable.[1] Tanto los jefes superiores militares y navales como los civiles deseaban cada vez más firmemente un pronto retorno al gobierno constitucional.[2] Pero la incapacidad de estos hombres para coincidir en un plan y para coordinar su oposición más de una vez condenó al fracaso sus esfuerzos para promover un cambio. Así, durante dos años el gobierno de Farrell pudo sostenerse en el poder, y ello permitió que su miembro más talentoso crease un clima de opinión y un aparato electoral que le garantizó su propio predominio político.

Pero en febrero de 1944 la posición del coronel Perón de ningún modo era segura. Más aún, aunque el derrocamiento de Ramírez eliminaba del poder a una de las facciones, también iniciaba un nuevo capítulo en la lucha interna que había comenzado en el mes de junio del año anterior. El principal antagonista de Perón en esta coyuntura fue el general Perlinger, que ocupaba la cartera de Interior. Aunque no había participado en la revolución de junio, el general Perlinger estaba conquistando ahora el apoyo de los antiguos dirigentes del GOU —por ejemplo, los coroneles Julio Lagos y Arturo Saavedra, el teniente coronel Severo Eizaguirre, y el mayor León Bengoa—, que se sentían desilusionados ante las actitudes de Perón. Es indudable que su equívoco papel en la crisis provocada por la ruptura de relaciones con Alemania desencadenó la reacción de estos hombres; pero parece probable que otros dos aspectos los hayan impulsado básicamente: el resentimiento originado en el hecho de que se los había utilizado, en oposición al propósito explícito del GOU, para realizar las ambiciones políticas de Perón, y la inquietud suscitada por sus medidas en el campo obrero. En todo caso, cuando el general Farrell asumió la presidencia, intentaron impedir que se designase a Perón para ocupar el cargo vacante de ministro de Guerra. A pesar de que estos oficiales entendían que Farrell había prometido designar al general Sanguinetti, el 26 de febrero se nombró a Perón ministro interino de Guerra.[3]

El ministro del Interior continuó siendo la principal esperanza de los militares y civiles ultranacionalistas, para quienes Perón era ahora simplemente un traidor a la causa.[4] Según el acre lenguaje de uno de sus folletos, era el «jefe militar cuya claudicación en el momento decisivo de la ruptura fue, acaso, la más pérfida, por ser el depositario de la confianza unánime de las Fuerzas Armadas, que creían ver en su nombre la principal garantía de esa neutralidad que él había prometido defender».[5] En su permanencia en el cargo veían «el peligro de que se consolide una dictadura entreguista de tipo centroamericano, inspirada por el personaje que junto con el cargo oficioso de Eminencia Gris, ocupa el Ministerio de Guerra y la Secretaría de Trabajo».[6]

Pero no sólo los extremistas volvían los ojos hacia el general Perlinger, en la esperanza de que contuviese a Perón. Los brillantes jóvenes del Movimiento de la Renovación, un grupo moderado que no era liberal ni nacionalista, y que formaba una suerte de élite aristocrática, también se agruparon detrás del ministro del Interior. El fundador y jefe de este grupo, Bonifacio del Carril, habría de aceptar el cargo de subsecretario de Interior para colaborar con Perlinger contra Perón.[7] Aunque el ministro del Interior no pudo impedir la designación de Perón en el gabinete, logró ampliar su propia base burocrática. En una serie de decretos emitidos el 10 de marzo, la Policía Federal, de reciente creación y la subsecretaría de Prensa e Información, organismos que habían venido funcionando subordinados a la presidencia, fueron incorporados al Ministerio del Interior.[8] Gracias al poder que había adquirido sobre la policía y la prensa, el general Perlinger parecía estar en mejores condiciones de limitar la acción de su colega en el Ministerio de Guerra.

Pero en la lucha por el poder los factores favorables a Perón eran mucho más amplios. El nuevo ministro de Guerra continuaba siendo íntimo amigo del presidente Farrell, que aparentemente solicitaba su consejo más que el de cualquier otro hombre; y aun contaba con un sólido aliado en el coronel Ávalos, el poderoso comandante de la Guarnición de Campo de Mayo. Más aún, Perón halló otro apoyo en el contraalmirante Alberto Teisaire, que asumió la cartera de Marina el 29 de febrero, en reemplazo de Benito Sueyro, quien había renunciado cuando el presidente Ramírez abandonó el cargo. Según parece, Farrell había querido retener al almirante Sueyro; pero un pequeño grupo de capitanes de la Marina que habían estado reuniéndose con Perón durante un período de varios meses visitó a Farrell el 27 de febrero, y afirmando falsamente que «representaban los cañones de la marina» persuadieron al Presidente de la necesidad de designar a Teisaire.[9] En las tortuosas maniobras políticas de los meses siguientes, el almirante fue uno de los aliados más firmes de Perón.

La presencia de colaboradores en lugares estratégicos sin duda reforzó la posición de Perón, pero el cargo de ministro de Guerra fue el factor que le permitió consolidar su dominio sobre el cuerpo de oficiales. Mediante la manipulación de los destinos, los ascensos y los retiros, pudo aislar a sus enemigos y recompensar a sus amigos. Más aún, en su carácter de ministro de Guerra pudo realizar reformas militares populares que influyeron tanto sobre la estructura organizativa del Ejército como sobre las necesidades individuales de los hombres. Entre otras cosas, creó el Consejo de la Defensa Nacional, una medida reclamada desde hacía mucho tiempo en los círculos militares profesionales, y organizó un sistema de préstamos hipotecarios a largo plazo y reducido interés que permitió que el personal militar adquiriese su propia vivienda.[10]

En último análisis, los principales factores positivos de Perón en la lucha por el poder fueron su intelecto y su personalidad enérgica. Poseía dotes extraordinarias para atraer a los oficiales, y especialmente a los de jerarquía inferior. Estos últimos, que a menudo experimentaban un sentimiento de inseguridad profesional, se sentían confortados por las expresiones de cordialidad e interés de Perón; como tenían conciencia de que su comprensión del mundo de la política era limitada, les maravillaba la agudeza política de Perón y aceptaban sus análisis por su valor aparente. También su capacidad oratoria suscitaba respeto. Su capacidad de hablar a seis grupos distintos en un mismo día sin utilizar textos o aun notas impresionaba mucho a estos oficiales, para quienes la obligación periódica de dirigir la palabra a sus tropas en algunas ceremonias habría sido un desastre si no hubiesen podido leer textos preparados de antemano.[11] Perón comprendía profundamente a sus compañeros de armas, conocía sus virtudes y sus defectos, sus aspiraciones y sus limitaciones; y sabía cómo suscitar sus sentimientos, para beneficio propio, en relación con aspectos como la importancia de la palabra empeñada. Lo había demostrado al desarrollar el GOU hasta que casi coincidió con el cuerpo de oficiales. Ahora que el GOU estaba disuelto, comprendió la ventaja de un sustituto que atase a los oficiales del Ejército mediante compromisos personales.

La necesidad de actuar rápidamente para obtener dichos compromisos se demostró pocos días después del derrocamiento de Ramírez, cuando el teniente coronel Tomás Ducó, ex dirigente del GOU y jefe del regimiento 3 de infantería, acantonado en la Capital, movilizó sus tropas en un esfuerzo frustrado por derrocar a Farrell y a Perón. Aunque fue la única unidad que salió de los cuarteles, era evidente que Ducó formaba parte de una conspiración más amplia, que no había conseguido coordinar sus esfuerzos.[12] La amenaza implícita en el movimiento de Ducó bastó para convencer a Perón de la necesidad de adoptar medidas urgentes. Por consiguiente, despachó un emisario, el coronel Orlando Peluffo, para que se realizara una rápida recorrida por todas las guarniciones del Ejército, con el fin de que los oficiales firmasen un documento especial. El texto de este documento decía así:

Juro:

Servir incondicionalmente a la unión y la solidaridad de las Fuerzas Armadas de la Nación.

Reprimir enérgicamente toda forma de disensión o conspiración que intente provocarse entre las tropas de mi mando.

Ceder mi puesto sin resistencia cuando así lo estimen mis superiores naturales, o cuando a mi juicio haya perdido el prestigio ante mis subalternos.

A fin de disipar toda clase de dudas, convengo y acepto:

Que el señor general de división don Pedro Pablo Ramírez ha dejado de ser definitivamente jefe de la Revolución, y en consecuencia Presidente de la Nación.

Que en su reemplazo corresponde ese alto cargo al señor general de brigada don Edelmiro J. Farrell.

Que por tales motivos y a partir de este momento cumpliré las órdenes de su ministro interino de Guerra, coronel don Juan D. Perón. Si alguna vez faltase a este solemne compromiso de honor, que Dios, la Patria y mis camaradas me lo demanden.[13]

El éxito obtenido por los esfuerzos de Perón para conseguir que entre el 5 y el 12 de marzo centenares de oficiales firmasen este compromiso le aportó un instrumento análogo al GOU, que podría utilizar después para promover sus propias aspiraciones políticas.[14]

Sin embargo, el ministro de Guerra se abstuvo cuidadosamente de reconocer en ese momento, y especialmente ante los miembros del cuerpo de oficiales, que estas aspiraciones incluían su candidatura a la presidencia en una futura elección. Pero es interesante observar que no vaciló en comunicar sus planes a la Embajada de Estados Unidos. Un vocero que Perón envió a conversar con funcionarios de la Embajada el 2 de marzo admitió francamente que Perón abrigaba la esperanza de ser elegido presidente con el apoyo de la Unión Cívica Radical.[15] El mismo vocero explicó el derrocamiento de Ramírez como resultado de una prolongada lucha por el poder entre Ramírez, Gilbert y González por una parte, y Farrell y Perón por otra, y no como reacción ante la ruptura. Afirmó que Perón era enemigo de los nacionalistas, y que procuraba eliminar su influencia en el gobierno. Se proponía reemplazar al ministro del Interior Perlinger con un oficial realmente dispuesto a llevar adelante la ruptura; promover una reforma general del gabinete que confiase el Ministerio de Relaciones Exteriores y otros tres cargos a civiles; y anulara gradualmente las restricciones impuestas a las libertades civiles, aunque sin levantar el estado de sitio.[16]

Es evidente que Perón envió este vocero a la Embajada con la esperanza de conseguir que Estados Unidos mantuviese relaciones diplomáticas con el régimen de Farrell. Pero su afirmación de que estaba trabajando por la restauración del gobierno constitucional y la aplicación auténtica de las medidas contrarias al Eje no impidió que las autoridades de Washington suspendiesen todos los contactos oficiales dos días después. Convencido de que el derrocamiento de Ramírez era obra de una camarilla militar simpatizante del Eje, que reaccionaba irritada ante la ruptura, y no advirtiendo diferencia significativa entre Perlinger y Perón, el gobierno norteamericano adoptó una política de no reconocimiento que habría de durar más de un año.[17]

La situación incierta que el régimen de Farrell afrontaba a principios de marzo inspiró los esfuerzos de altos jefes militares, que presionaron en favor de la abstención política del Ejército. Después de una reunión preliminar el 29 de febrero, y de otra con asistencia del ministro de Guerra Perón, el 9 de marzo, un grupo de veintiún generales visitó al presidente Farrell el 22 de marzo, para comunicarle sus opiniones.[18] Un manifiesto firmado por dieciséis de estos oficiales reclamaba la celebración de elecciones generales con arreglo a las leyes vigentes en el más breve lapso posible, la restauración inmediata de todas las garantías constitucionales, y la «restitución inmediata del Ejército al cumplimiento de su misión específica y a sus carriles disciplinarios y jerárquicos, incluso el alejamiento paulatino de los cargos ajenos a las tareas profesionales, de los jefes y oficiales que las desempeñan».[19] Es interesante observar que entre los signatarios había oficiales ascendidos a general después de la revolución del 4 de junio, así como otros que habían alcanzado esa jerarquía anteriormente. También corresponde señalar que, como grupo, estos oficiales representaban diferentes orientaciones políticas: de la liberal a la nacionalista, de la pro aliada a la pro alemana.[20]

Sólo podemos conjeturar cuál fue la respuesta del presidente Farrell a sus colegas. Un autor ha afirmado que su respuesta a los generales fue «Incorporar al alto mando a los coroneles que eran amigos de Perón, diecisiete de los cuales fueron ascendidos a general el 6 de abril, con la aprobación del Presidente».[21] Esta afirmación implica interpretar con criterio absolutamente político los ascensos; pero los hechos no justifican este aserto. En primer lugar, el ascenso de los coroneles fue parte del decreto anual regular de ascenso de los oficiales superiores, y no un acto especial de retribución; segundo, aunque el número de coroneles ascendidos a general de brigada fue desusadamente elevado, no representaba un hecho anormal, si se tiene presente el aumento de la magnitud del Ejército y el número de generales que se retiraban del servicio activo; y finalmente, de acuerdo con uno de los diecisiete coroneles ascendidos, sólo ocho (incluido él mismo) eran partidarios de Perón en ese momento.[22]

En general, la respuesta del gobierno al pedido de los generales fue simplemente una actitud de indiferencia.[23] A pesar de su jerarquía, disponía de poco más que su fuerza moral. Precisamente el estado de cosas que intentaban remediar —la quiebra de las relaciones disciplinarias y jerárquicas— los convertía en figuras prácticamente impotentes frente a un ministro de Guerra que trataba directamente con los comandantes de tropa e incluso con los oficiales de menor graduación. Más aún, Perón había cultivado a estos oficiales más jóvenes con el mayor cuidado. En las asambleas especiales, celebradas en las bases militares, les hablaba con aparente franqueza, excitando su menosprecio latente hacia los políticos, su respeto a la fuerza y su desdén por la edad. En cierta ocasión, en una asamblea de unos doscientos oficiales realizada en la Escuela de Artillería de Campo de Mayo, afirmó que los generales que pedían elecciones eran «hombres viejos que están en el ocaso de la vida, y que no saben lo que quieren». En la misma charla se refirió a la importancia del apoyo obrero al gobierno, y se vanaglorió: «En este instante, si yo quiero puedo parar aquí mismo a 100.000 obreros». Después de negar que le interesaran los políticos, aunque reconoció que éstos deseaban verlo, Perón dijo a su admirado público: «Los dejaré llegar hasta mi despacho en el tercer piso del Ministerio, y desde allí los arrojaré por el balcón a la calle». La brusquedad de sus modales y la crudeza del lenguaje evidentemente atraían a los oficiales jóvenes irreflexivos y desprovistos de experiencia política.[24]

Pero tras la máscara del antipolítico, Perón se esforzaba activamente por crear un apoyo político civil. En abril se informó que estaba celebrando conversaciones con miembros del ala intransigente del Partido Radical, e incluso que había ofrecido el Ministerio del Interior al doctor Amadeo Sabattini, propuesta que este último rechazó.[25] En presencia de algunos grupos de oficiales, Perón no ocultó su respeto por la atracción popular de la U. C. R. o sus esperanzas de utilizarla. En una charla en Campo de Mayo, consagrada al análisis de los partidos políticos, observó:

El Partido Radical, esta es la gran fuerza que perdura y que es poderosa. Pero su dirección es anticuada, y se percibe un movimiento para expulsar a los generales. (Risas). Anticipamos una revolución como la nuestra, que permitirá el acceso de hombres jóvenes a la dirección. Se trata de una fuerza utilizable, si podemos encauzarla de modo que coopere con nuestra obra. Estamos ocupándonos de ello, y tenemos confianza en el éxito.[26]

Los esfuerzos de Perón para obtener el apoyo radical, en estos primeros meses de 1944, tuvieron mucho menos éxito que sus actividades en el campo obrero. Ninguna de las figuras partidarias de envergadura nacional estaba dispuesta a respaldarlo, pública o privadamente, en contraste con la actitud de varios dirigentes sindicales que aceptaron puestos en la Secretaria de Trabajo, o que realizaron asambleas y mítines de masas para que Perón hablara.[27] Este fracaso de sus esfuerzos para concertar un acuerdo en sus propias condiciones con los líderes radicales probablemente explica el tono más duro que Perón adoptó en mayo en relación con todos los partidos políticos. En una orden general del Ministerio de Guerra, distribuida en todo el Ejército, Perón previno contra el egoísmo de estos partidos, e indicó que el gobierno de Farrell no se proponía convocar prontamente a elecciones. «Nosotros los soldados», afirmó, «debemos hacer oídos sordos, como hasta aquí, a las malignas insinuaciones de los políticos, cualquiera sea el sector al que pertenezcan», y para apartar la atención de sus anteriores iniciativas políticas, aseguró a sus compañeros de armas que «ninguno de los jefes activos en el gobierno, muy especialmente el que firma, presta o prestará atención a los cantos de sirena de los políticos».[28]

Otra razón del cambio de táctica de Perón fue el hecho de que reconoció la permanente gravitación de la influencia ultranacionalista sobre el régimen y la necesidad de una tregua, aunque fuese temporaria, con el general Perlinger. Así se concertó un acuerdo que permitió designar a las figuras que ocuparían las dos carteras vacantes en el gabinete. El 2 de mayo, el doctor Alberto Baldrich, ultranacionalista y durante mucho tiempo simpatizante totalitario, asumió la cartera de Justicia y Educación. Por otra parte, el aliado de Perón, el general Orlando Peluffo, fue designado ministro de Relaciones Exteriores. El principal beneficiario del acuerdo fue el propio Perón, pues su designación en el Ministerio de Guerra, que tenía mero carácter interino desde el 26 de febrero, se convirtió en un cargo permanente.[29]

La rivalidad entre Perón y Perlinger, acallada durante cierto tiempo gracias a este acuerdo, estalló nuevamente en junio, y culminó a principios de julio. La permanente popularidad de Perlinger en los círculos nacionalistas, tanto militares como civiles, lo convertían en una amenaza que Perón no podía ignorar. Más aún, con la ayuda del núcleo de jóvenes capaces integrados en el grupo Renovación, el ministro del Interior comenzó a obtener el apoyo de los moderados, para quienes Perlinger era la única figura en condiciones de contener el ascenso de Perón.[30] Perón no podía permitir que este proceso continuase indefinidamente.

Seguro de que un sector importante del movimiento obrero lo apoyaba, Perón tenía que resolver otro problema: elevar su prestigio como ministro de Guerra a los ojos de sus colegas profesionales. El período que transcurrió entre el primer aniversario de la revolución del 4 de junio de 1943, hasta la celebración del día de la independencia, el 9 de julio, le ofreció varias oportunidades de demostrar que, a pesar de sus actividades tan publicitadas en los sectores del movimiento obrero y el bienestar social, era un hombre igualmente apto en su condición de militar profesional. En una exposición consagrada a las realizaciones del gobierno revolucionario durante el año de ejercicio del poder, el ministro presentó el primer tanque pesado producido totalmente en un arsenal argentino, y mostró un nuevo avión construido en la fábrica de aviones militares de Córdoba. La publicidad que se dio al episodio trató de suscitar la impresión de que, al fin, Argentina estaba realizando verdaderos progresos para resolver el problema del abastecimiento de armas.[31] El 10 de junio, en un importante discurso de inauguración de la cátedra de estudios de la defensa nacional, creada poco antes en la Universidad de La Plata, el ministro de Guerra delineó un programa de fortalecimiento del potencial militar del país.[32] Este discurso, que fue citado por el Departamento de Estado como prueba de la tendencia totalitaria de Argentina, según parece fue un movimiento destinado esencialmente a conquistar apoyo político.[33] Es probable que la reacción norteamericana aumentase el prestigio de Perón a los ojos de los nacionalistas. Pero lo que es más importante, los círculos militares e industriales argentinos reaccionaron favorablemente a la idea de que el mejor modo de mantener la paz era prepararse para la guerra.[34] Aun el diario La Prensa, convencido partidario del constitucionalismo en el orden interno y de la causa aliada en el plano internacional, no halló nada que criticar en el discurso de Perón. En todo caso, expresó la esperanza de que la instrucción impartida por el nuevo curso universitario fuese, como la conferencia del ministro de Guerra, «objetiva, convincente, práctica y desprovista de elementos declamatorios».[35]

Aparentemente seguro de su fuerza como resultado de estos procesos, Perón precipitó una crisis con el general Perlinger cuando propuso que se llenase la vacante de vicepresidente. El cargo estaba desocupado desde el mes de febrero, y ahora se convirtió en la meta final de la lucha por el poder. De acuerdo con una versión, la decisión de llenar el cargo fue adoptada por una asamblea de oficiales militares convocada por Perón.[36] La votación de los asistentes favoreció al ministro de Guerra sobre el general Perlinger, aunque por un margen notablemente reducido. A pesar de lo ajustado de la elección, Perón aprovechó rápidamente su victoria. Con la cooperación de su colega de la Marina, almirante Teisaire, el ministro de Guerra informó a Perlinger que el Ejército y la Armada deseaban que renunciara a su cargo en el gabinete. Como no podía esperar apoyo del presidente Farrell, el 6 de julio el ministro del Interior abandonó el gobierno, seguido poco después por los hombres que él había designado y por sus amigos en el gobierno nacional y las administraciones provinciales.[37] Al día siguiente, un decreto avalado por el almirante Teisaire como ministro interino del Interior, comunicó al país que el coronel Juan D. Perón era el Vicepresidente de la Nación, con retención de sus cargos de ministro de Guerra y secretario de Trabajo.[38] La afortunada culminación de la rivalidad de cuatro meses había colocado a Perón a un paso de su objetivo final.

A pesar del amplio poder que ahora ejercía el coronel Perón en el régimen de Farrell, el nuevo Vicepresidente tenía que afrontar y resolver una serie de problemas militares, internacionales y nacionales antes de que le fuese posible trazar planes de carácter electoral. Tenía que consolidar su posición de dominio en el Ejército, hasta el punto en que le fuese posible afrontar la inevitable reacción que se manifestaría cuando abandonara su actitud sanmartiniana de desinterés político, y se manifestase claramente como un político ambicioso. En el plano internacional tenía que prepararse para afrontar las consecuencias de una victoria aliada, que ya se delineaba como un hecho indudable. Argentina debía hallar algún tipo de acuerdo con Estados Unidos que le permitiese quebrar el aislamiento diplomático y representar un papel en la reorganización de la posguerra. Finalmente, Perón tenía que organizar un aparato político que le garantizase la victoria en una futura elección. Necesitaba conquistar el apoyo de la U. C. R., o de una fracción importante de ese núcleo, o bien crear una coalición ad hoc con los elementos a los que pudiese convencerse de que colaborasen con él —dirigentes sindicales, políticos disidentes, nacionalistas, y aun sectores de la industria y el comercio—. La búsqueda de soluciones a estos diferentes problemas duraría más de un año, culminando en la más grave crisis —militar, social y política— que Argentina afrontó en el siglo XX.

En sus relaciones con los militares, Perón prestó cuidadosa atención a las aspiraciones profesionales y las necesidades institucionales, revelando la misma combinación de energía ejecutiva y sensibilidad para las oportunidades de cambio que tanto lo habían favorecido en el campo obrero. Una manifestación importante de estas características fue la promulgación por Perón, en octubre de 1944, de un nuevo reglamento orgánico para el Ejército, el primero publicado desde 1915.[39] Varias veces en el curso de los últimos treinta años se habían elaborado proyectos de modernización del reglamento orgánico, pero siempre sin éxito. El propio general Uriburu había llegado a redactar el borrador de un nuevo reglamento, cuando era presidente de facto, pero por una razón o por otra no se decidió a sancionarlo por decreto, y en cambio lo sometió a la consideración del futuro Congreso, que en definitiva no lo aprobó.[40]

El reglamento de octubre de 1944 elaborado por Perón incluía varios aspectos que merecerían la aprobación de los militares. Por una parte, reducía el tiempo mínimo que un oficial necesitaba en cada grado para optar al ascenso, especialmente en los grados inferiores y medios.[41] Como la paga por antigüedad también se basaba en el completamiento del tiempo mínimo necesario para el ascenso, como consecuencia de esta medida se otorgaba un más rápido aumento de sueldo a muchos oficiales que no obtenían ascensos inmediatos. Pero el reglamento también aumentó las oportunidades de ascenso, pues creó un nuevo diagrama de organización militar que amplió los cuadros del Ejército. No sólo se aumentó el número total de miembros del cuerpo de oficiales, elevándolo a 4.584 hombres (3.454 oficiales de combate y 1.130 de servicio), comparados con los 3.274 cargos autorizados para 1943, sino que el mayor número de nuevos puestos correspondió a los grados de capitán a general de brigada, más que a las jerarquías inferiores.[42] El aumento del número de oficiales de mayor jerarquía significaba que podía suspenderse la práctica tradicional consistente en obligar a los oficiales a solicitar el retiro para crear posibilidades de ascenso al resto. De ese modo, el reglamento de Perón ofreció beneficios concretos que tanto los oficiales jóvenes como los veteranos pudieron apreciar.[43]

Por supuesto, la ampliación del cuerpo de oficiales se relacionó con el aumento general del número de tropas promovido por el régimen de Farrell. Otrora los jefes militares a menudo se habían quejado porque se instruía anualmente a un número insuficiente de jóvenes de veinte años, de modo que no era posible crear una reserva adiestrada. En realidad, la escasez de fondos había determinado que la proporción de miembros de cada clase llamada a prestar servicio se limitase aproximadamente a un cuarto de los que podían ser convocados de acuerdo con la ley. Pero ahora, por primera vez desde que había comenzado a aplicarse el sistema, a principios de siglo, el ministro de Guerra Perón ordenó en 1945 la incorporación a las filas de toda la clase.[44]

Al margen de los aspectos militares, este paso tenía ciertas implicaciones sociales y políticas. Todos los jóvenes argentinos de veinte años, con pocas excepciones, fueron sometidos a examen médico. Para muchos esta fue probablemente la primera visita a un médico experto. Más aún, si aprobaban el examen físico los analfabetos de este grupo de edad eran incorporados al Ejército lo mismo que el resto, y de acuerdo con un sistema que se aplicaba desde hacía mucho, pasaban una parte de su servicio militar aprendiendo a leer y a escribir.[45] A fines de 1945, el nivel de alfabetización de los hombres nacidos en 1924 era más elevado presumiblemente que el de cualquier otro grupo adulto. Ciertamente, qué leían y qué se les enseñaba a pensar era harina de otro costal. Como todos sus camaradas, estos conscriptos se convirtieron en el blanco natural de la Dirección General de Propaganda del Ejército. Desde su creación en 1943, este organismo había procurado inculcar sentimientos de respeto y admiración por el gobierno militar, así como de menosprecio por los políticos civiles. Se describía a los líderes militares como seres nobles y desinteresados, amigos de los pobres, y se afirmaba que los políticos civiles eran individuos corrompidos y ambiciosos.[46] Sólo puede conjeturarse si este tipo de propaganda ejerció alguna influencia sobre la conducta electoral de los 80.000 conscriptos, poco más o menos, que fueron dados de baja antes de las elecciones de 1946.

En su entusiasmo reformista, Perón prestó particular atención a las ramas más recientes del Ejército, y especialmente a los aviadores. No sólo fomentó la minúscula industria de construcción de aviones, como se ha señalado en otro pasaje, sino que, sensible a las novedades aportadas por la aviación militar de tiempo de guerra en el extranjero, tanto como a las aspiraciones de sus compañeros de armas, adoptó una medida trascendente: la creación de una fuerza aérea autónoma. La Fuerza Aérea ya no debió ajustarse a reglamentos concebidos originariamente para las fuerzas terrestres, y obtuvo su propio reglamento orgánico en octubre de 1944; y pocos meses después se dictó un decreto que creaba el cargo de secretario de Aviación, con jerarquía ministerial, reconociéndose así la existencia de la tercera arma desde el punto de vista burocrático y presupuestario.[47] En reconocimiento de sus esfuerzos en beneficio de la aviación, se otorgó a Perón el título de «aviador honorario»; pero lo que era más importante, ahora Perón ostentaba títulos que lo hacían acreedor a la lealtad de la nueva fuerza.[48]

En su desempeño como ministro de Guerra, el coronel Perón exhibió una comprensible sensibilidad frente a la antigua preocupación de los planificadores militares en relación con el desarrollo industrial. Más aún, aunque Perón no fue el único responsable de la medida, el régimen de Farrell reconoció en el plano institucional esta inquietud mediante la creación, en abril de 1944, del Banco de Crédito Industrial, el primer banco público creado explícitamente para respaldar el desarrollo industrial; y mediante la organización de la Secretaría de Industria y Comercio, directamente responsable ante el Presidente, cuyo objetivo era el desarrollo y la aplicación de programas relacionados con los sectores no agrícolas de la economía. La estructura del Banco Industrial reconoció explícitamente los intereses especiales de los militares, pues concedió a los ministerios de Guerra y Marina asientos permanentes en su directorio.[49] El interés particular del Ejército obtuvo un reconocimiento incluso más cabal cuando se designó primer secretario de Industria y Comercio a un diplomado de su Escuela Superior Técnica, el general Julio Checchi.

El principal organismo de promoción de las industrias relacionadas con la producción de material bélico fue, por supuesto, la Dirección General de Fabricaciones Militares, dirigida desde 1941 por el general Manuel Savio, ex profesor de la Escuela Superior Técnica. Aunque el general Savio no simpatizaba con Perón, y aun había sido uno de los firmantes del manifiesto de marzo, sin duda se sintió complacido ante el aumento de los fondos asignados a su organismo por el presupuesto del Ministerio de Guerra, y ante el apoyo prestado a los esfuerzos de la Dirección General para crear una serie de empresas mixtas que produjesen metales y sustancias químicas necesarias para la fabricación de armas.[50] Sin embargo, los progresos realizados por los arsenales y las fábricas que trabajaban bajo la guía de la Dirección General de Fabricaciones Militares no podía eliminar la dependencia de Argentina respecto de las fuentes extranjeras en el rubro de equipos pesados. El tanque «Nahuel», exhibido tan orgullosamente en junio, impresionaba más en el salón de exhibición que en las prácticas de combate.[51] Se necesitaba algo más que golpes de publicidad para que Argentina tuviese tanques, aviones y cañones mejores que los de sus vecinos. Así lo reconoció implícitamente el Ministerio de Guerra, pues continuó realizando esfuerzos secretos para conseguir armas extranjeras.

Los datos provenientes de fuentes alemanas revelan que el agregado militar argentino en Madrid, coronel Carlos Vélez, en cumplimiento de instrucciones de su gobierno, entre marzo y setiembre de 1944 celebró conversaciones intermitentes con el representante en España de las fábricas de municiones Skoda y Brunner. La última reunión conocida se celebró el 26 de setiembre, a pedido del funcionario argentino.[52] El hecho de que Argentina hubiese interrumpido las relaciones diplomáticas con Alemania a principios de ese año evidentemente no impidió que se intentara obtener armas, vía España, de las fábricas controladas por los alemanes. Sin embargo, debe observarse que Estados Unidos había suspendido todas las relaciones oficiales con Argentina en marzo, y que este hecho quizá contribuyó a la decisión de reanudar las negociaciones con los alemanes.

De todos modos, es difícil comprender de qué modo el ministro de Guerra Perón y sus colegas militares esperaban todavía en setiembre de 1944 conseguir equipos de un país que retrocedía derrotado ante los golpes de los Aliados. ¿Perón creía realmente que las discusiones de Madrid aportarían resultados concretos o se trataba de una maniobra política para consumo interno del Ejército, destinada a apaciguar a los fanáticos pro alemanes de la oficialidad y, simultáneamente con la demostración de la inutilidad de las negociaciones, a abrir el camino para un cambio de actitud con respecto a Estados Unidos? Es posible que nunca se conozca la explicación real. De todos modos, es evidente que las autoridades militares argentinas deseaban conseguir todos los tipos posibles de armas. El dinero no constituía un problema, y el gobierno argentino estaba dispuesto a adquirir patentes de fabricación si no era posible obtener embarques del material mismo. Es lo que se desprende del informe de Herr Spitzy, representante de las fábricas alemanas de municiones, escrito después de su extensa conversación del 16 de setiembre en Madrid, con el coronel Vélez y su ayudante el capitán Núñez, que había llegado poco antes. Los dos oficiales explicaron que las fuerzas armadas argentinas habían recibido después de la revolución del 4 de junio la suma de 900 millones de pesos para modernizar sus equipos; pero en vista de la imposibilidad política de realizar compras en gran escala en Inglaterra o Estados Unidos, hasta ese momento sólo se habían gastado 120 millones de pesos. En estas circunstancias, informaba Spitzy, existía «un vivo y ardiente interés en reanudar las negociaciones con Alemania acerca del material de guerra». Cuando se les preguntó qué tipos de material deseaban particularmente, los dos oficiales indicaron que «les interesaban… todos los implementos modernos que fuese posible adquirir», y citaron entre los rubros de más urgente necesidad las armas antiaéreas y antitanques, los tanques y motores para tanques, los sistemas de prevención antiaérea, los cazas y bombarderos, y las patentes necesarias para instalar una fábrica de caucho sintético.[53]

Pero la respuesta alemana consistió simplemente en tomar nota del pedido argentino. Ni en esta ni en cualquiera de las negociaciones anteriores hay pruebas de que el Alto Mando alemán considerase muy seriamente la idea de suministrar armas pesadas a Argentina. En todo caso, cuando tocaba a su fin el año 1944, Alemania no deseaba ni podía suministrar los elementos requeridos. Si el Ejército argentino quería conseguir siquiera una parte del equipo pesado que deseaba, sólo le quedaba una solución, por desagradable que ésta fuese para algunos de sus miembros: llegar a un acuerdo con Estados Unidos.

Mientras no sea posible consultar las fuentes oficiales argentinas, no habrá modo de determinar con certidumbre en qué medida el anhelo de equipos modernos que alentaban los militares influyó sobre los cambios políticos que permitieron la reconciliación de Argentina con Estados Unidos y otros países americanos entre febrero y abril de 1945. Es indudable que el inminente derrumbe militar de Alemania representó para el régimen de Farrell un incentivo suficiente que lo indujo a poner término a su separación del resto del hemisferio; de todos modos, si el gobierno argentino quería dar los pasos necesarios necesitaba contar con el apoyo de los jefes de las guarniciones y las unidades de tropa. Parece más que probable que Perón esgrimiese la perspectiva de obtener equipos norteamericanos como medio de conquistar este apoyo.

Poca duda puede caber con respecto al hecho de que el aporte de dichos equipos fue una de las principales preocupaciones de Perón, en las conversaciones secretas que celebró en Buenos Aires, durante el mes de febrero de 1945, con una misión especial del Departamento de Estado. Sumner Welles ha señalado que estas conversaciones precedieron a la Conferencia de Repúblicas Americanas celebrada en la ciudad de México, más avanzado el mismo mes, y que en el curso de esos intercambios se concertó un acuerdo acerca de los pasos ostensibles y públicos que conducirían a un reacercamiento. Si Argentina cumplía los compromisos hemisféricos refrendados en la Conferencia de Río de 1942, y aceptaba las condiciones que impondría la futura Conferencia de México, Estados Unidos no sólo abandonaría su actitud coercitiva, anulando las medidas económicas restrictivas impuestas en el curso del año anterior, sino que proveería material militar.[54]

Las condiciones impuestas por los delegados a la Conferencia de México reclamaban a Argentina que suscribiese el Acta de Chapultepec, que incluía una serie de resoluciones acerca de los problemas hemisféricos; que declarase la guerra al Eje; y que impusiese restricciones más severas a las actividades del Eje. Diecinueve días después de la conclusión de la Conferencia, el gobierno de Farrell emitió un decreto global, en virtud del cual adhería al Acta de Chapultepec, declaraba la guerra a Japón y Alemania, y se comprometía a adoptar las medidas necesarias contra las empresas y los ciudadanos del Eje.[55]

Tanto los amigos como los enemigos del régimen dictatorial de Farrell reconocieron que esta declaración de guerra en vísperas del derrumbe de Alemania carecía de valor real. De todos modos, aparentemente se suscitaron agudas divisiones en el seno del Ejército; y en los días que precedieron a la sanción del decreto, se celebraron reuniones de oficiales en Campo de Mayo y en el Círculo Militar para discutir el problema, mientras los grupos de civiles nacionalistas realizaban manifestaciones y pedían la cabeza de Perón. En definitiva, el oportunismo prevaleció sobre el orgullo nacionalista.[56]

El cambio de actitud internacional pareció ofrecer a Perón la oportunidad de conquistar el apoyo de muchos que antes se habían opuesto al régimen. Los profesores secundarios y universitarios exonerados en 1943 a causa de sus opiniones fueron invitados a reintegrarse a sus cátedras, y en febrero se autorizó el restablecimiento de la autonomía universitaria, según padece en un esfuerzo por crear la base de un reacercamiento con los intelectuales liberales y otros grupos de profesionales de la clase media.[57] También en las esferas militares Perón trató de obtener el apoyo de oficiales que en diferentes ocasiones habían intentado derrocarlo. Obtuvo unos pocos éxitos, pero un número importante de oficiales pro aliados en servicio activo y retirados se mantuvo firmemente hostil.[58]

Más aún, a pesar de que en abril Perón procuró explotar el estado de guerra como argumento para promover la unidad nacional y atenuar las pasiones políticas[59], el ritmo de la oposición civil al régimen de Farrell en general y al de Perón en particular cobró mayor intensidad en las semanas siguientes. Inspirado en las noticias acerca de las derrotas nazis en los campos de batalla europeos, estaba organizándose rápidamente un movimiento de resistencia, integrado por estudiantes y profesores universitarios, dirigentes de los partidos políticos declarados ilegales, sindicalistas independientes y oficiales militares de los sectores justistas y pro aliados. Los exiliados que estaban en los países vecinos lanzaban llamados a la acción, como éste del socialista Guillermo Korn:

Aprovechemos la desesperación plañidera de la dictadura, para cumplir una tarea profiláctica: el día de la caída de Berlín puede ofrecernos una brillante oportunidad. Preparémonos consolidando la acción concordante de los grupos de resistencia y los partidos políticos. Como socialista militante, invito a los compatriotas y a sus órganos de lucha política o de resistencia secreta a unirse en la hora decisiva frente a la desesperación impotente de la dictadura, para darle el empellón definitivo.[60]

Al recordar los sentimientos hostiles manifestados por el pueblo de Buenos Aires en el mes de agosto, cuando París fue liberado por los Aliados, y sospechando que la caída de Berlín sería la señal para un alzamiento, el gobierno de Farrell abandonó su política de guante blanco con la oposición, reemplazándola con una áspera represión. Durante cierto tiempo había venido observando los movimientos de un grupo de oficiales liberales y simpatizantes de los Aliados, dirigidos por el general retirado Adolfo Espíndola. El 20 de abril la policía arrestó a Espíndola y a otros siete oficiales sospechados de conspirar para derrocar el régimen.[61] En los días siguientes se realizaron unos cuatrocientos arrestos, principalmente de civiles, pero también de oficiales del Ejército de la misma tendencia. Se adoptaron severas medidas de seguridad en Buenos Aires, y se advirtió insistentemente al público que las manifestaciones serían reprimidas enérgicamente. Tan convencidas estaban las autoridades de que se había planeado un alzamiento, que llegaron a prohibir que los locutores de las radioemisoras utilizaran la frase «Berlín ha caído».[62]

El contenido de dos declaraciones notables formuladas durante la crisis sugieren que Perón estaba tan preocupado ante una reacción militar como ante el peligro originado en los civiles. Aún antes de que el público tuviese conocimiento de los arrestos, pues inicialmente la censura prohibió cualquier alusión a los mismos, el 23 de abril, a una hora desusada, las 2 de la madrugada, Perón formuló una declaración en la cual negaba expresamente que alentase aspiraciones presidenciales. Afirmó que no era candidato a ese cargo, y desautorizó todos los esfuerzos que pudiesen realizarse en ese sentido. Al mismo tiempo, insistía, era esencial lograr que el futuro gobierno continuase el programa del que ahora detentaba\el poder, especialmente en el terreno social, y que no se permitiese el retorno de los políticos fraudulentos de la época anterior a junio de 1943.[63]

Parece bastante evidente que estas observaciones estaban destinadas al consumo de los militares. Más aún, Perón estaba confirmando públicamente la garantía privada que había dado poco antes a una asamblea, convocada especialmente, de más de un millar de oficiales del Ejército, en el curso de la cual había dicho: «No aceptaré candidatura de ninguna clase, y mucho menos la de Presidente, así vengan y me lo pidan de rodillas».[64] Perón sabía bien que el anuncio prematuro de sus ambiciones presidenciales podía enajenarle peligrosamente el apoyo militar, y estaba decidido a postergar todo lo posible la revelación.

La preocupación por las actitudes militares también se manifestó con claridad en la segunda declaración, la extensa explicación de los arrestos entregada a la prensa el 27 de abril. Este comunicado afirmaba que los conspiradores eran una mezcla de oficiales militares retirados, políticos profesionales, comunistas y fascistas, que se proponían desencadenar una guerra civil mediante actos de terrorismo, incluido el asesinato de miembros del gabinete y la ejecución de todo el personal militar que rehusase colaborar. Entre los presuntos propósitos del movimiento se contaban: la reducción del cuerpo de oficiales y suboficiales en un 30 por ciento; la disminución de los sueldos militares en un tercio; y la clausura durante diez años de todas las escuelas militares, incluido el Colegio Militar, la Escuela Superior de Guerra y la Escuela de Suboficiales. Como si esto fuera poco, los conspiradores se proponían eliminar todas las fuerzas policiales, federales y provinciales, y encomendar las tareas correspondientes al Ejército.[65]

Parece evidente que ni el general Espíndola ni los restantes oficiales de carrera arrestados al mismo tiempo podían haber alentado los planes fantásticos que se les atribuyeron en el comunicado de prensa. Además, el tribunal militar que después los juzgó, seguramente creyó lo mismo, pues la pena más grave impuesta fue la pérdida de la condición militar y seis meses de cárcel.[66] Pero parece que las exageraciones del comunicado de prensa fueron concebidas con vistas a su efecto sobre el personal militar, y especialmente sobre los oficiales jóvenes y los suboficiales. La ingrata vida de un policía mal pagado, con escasa oportunidad de progreso, era la sombría perspectiva de estos soldados profesionales si permitían el derrocamiento del gobierno.

El gobierno de Farrell superó la amenaza, real o imaginaria, que percibió en la conspiración de abril, pero a un costo considerable. El empleo de medidas represivas precisamente cuando en San Francisco estaba examinándose su ingreso en las Naciones Unidas, contribuyó a ensombrecer su reputación ya dudosa. Molotov, ministro de Relaciones Exteriores de la Unión Soviética, no pudo impedir el ingreso de la Argentina, pero provocó una conmoción con su denuncia del 30 de abril, en la cual mencionó explícitamente la ola de arrestos y la negativa a permitir celebraciones públicas por la caída de Berlín, como prueba de que el régimen argentino mantenía su carácter fascista. La prensa norteamericana batió el mismo parche, y formuló tantas críticas al Departamento de Estado por su apoyo al ingreso de Argentina en las Naciones Unidas, que el gobierno de Estados Unidos comenzó a abandonar la política conciliatoria de los meses anteriores. Pocas semanas después el régimen de Farrell se vio obligado a recibir a un embajador norteamericano, Spruille Braden, que entendía que el objetivo de su misión era la restauración del régimen constitucional, y que se alió francamente con las fuerzas de la oposición liberal que procuraban derrocar al régimen militar.[67]

Una víctima inmediata del cambio de actitud de Estados Unidos fue el acuerdo acerca de la provisión de armamento. Varios oficiales militares y navales norteamericanos de elevada graduación habían llegado a Buenos Aires entre el 17 y el 21 de abril para analizar con Perón y otros funcionarios del Ministerio de Guerra las necesidades de la defensa.[68] Pero diez días después de su llegada a Buenos Aires, el 19 de mayo, el embajador Braden logró que el Departamento de Estado cancelase un embarque de armamentos preparado de acuerdo con el programa de préstamo y arriendo; y el 29 de mayo Washington anunció que Argentina no recibiría equipo militar mientras su gobierno no cumpliese los compromisos de la Conferencia de México.[69] Era un golpe grave para Perón, pues su aparente éxito en la solución final del problema de los armamentos de pronto quedaba reducida a nada. Seguramente en ese momento algunos oficiales de elevada graduación se preguntaron si el propio Perón no era el principal obstáculo que impedía obtener los cañones, los aviones y los tanques que deseaban tan ardientemente.

La atmósfera de creciente tensión política que caracterizó a Argentina durante junio y julio no podía dejar de influir sobre la opinión militar. La oposición activa a Perón, que se había centrado al principio en las universidades y en los diferentes partidos políticos, estaba extendiéndose a nuevos sectores de la clase media y alta. A mediados de junio, más de trescientas asociaciones empresarias, que incluían a la mayoría de los grupos económicos nacionales, condenaron públicamente las medidas obreras y económicas de Perón. Las irritaban sobre todo las restricciones cada día más severas que el gobierno imponía a la iniciativa privada, las medidas monetarias de carácter inflacionario, y el apoyo de Perón a los reclamos obreros en favor de salarios más elevados y a los planes de participación en las ganancias.[70]

La actitud adoptada por la comunidad empresaria robusteció a la oposición, pero al mismo tiempo suministró a Perón un nuevo blanco, y la oportunidad de afirmar que toda la oposición —que incluía a socialistas y comunistas era hostil a los intereses de las masas. Del mismo modo, las críticas francas del embajador Braden al régimen y sus manifestaciones deliberadas de cordialidad a los opositores permitieron a Perón afirmar que sus enemigos servían los intereses imperialistas.[71] En sus discursos a los grupos obreros —y apenas pasaba un día sin que dirigiese la palabra a una reunión sindical— Perón se apoyaba cada vez más en los antagonismos de clase.[72] En estos discursos se destacaban las necesidades de los trabajadores rurales y urbanos, y en este punto Perón proclamó que la reforma agraria debía realizarse al mismo tiempo que se creaban las condiciones propias de la seguridad social. No vaciló en utilizar el lenguaje marxista, como en el discurso a los trabajadores del gremio de la alimentación: «La Secretaría de Trabajo y Previsión pasará a la historia como el puente magnífico de la evolución de la burguesía al dominio de las masas».[73] En otras ocasiones, Perón procuraba recoger la herencia de Yrigoyen. Daba a entender que la misma oligarquía que había derrocado al popular presidente cuando éste trató de ordenar las cosas, intentaba anular las recientes reformas sociales; pero Perón garantizaba a los obreros que con su apoyo él no permitiría que ocurriese nada igual.[74] Entretanto, muchos sectores de la clase media —políticos, intelectuales, profesionales y empresarios— ejercían creciente presión sobre el gobierno, reclamando el retorno al régimen constitucional. En vista de estas demandas, el presidente Farrell aprovechó el banquete anual de las Fuerzas Armadas, celebrado a principios de julio, para anunciar que «antes de finalizar el año se convocará al pueblo a elegir sus autoridades». En el mismo discurso aseguró al país que no era su intención imponer a determinada figura para ocupar la presidencia: «No estamos fabricando sucesiones… He de hacer todo cuanto esté a mi alcance para asegurar elecciones completamente libres, y que ocupe la primera magistratura el que el pueblo elija. Repito: el que el pueblo elija. Y anticipo que no expondré a las fuerzas armadas a la crítica de haber participado en fraude alguno».[75]

Al margen del valor que pudo tener para algunos de sus oyentes, la garantía ofrecida por Farrell pronto perdió sentido cuando Perón no ofreció ningún indicio de que pensaba renunciar a sus cargos en el gobierno. Por el contrario, comenzó a adoptar cada vez más explícitamente actitudes propias de un candidato. El 12 de julio una comisión intersindical patrocinó una enorme asamblea obrera en el centro de la ciudad, ostensiblemente «en defensa de las mejoras obtenidas por los trabajadores por intermedio de la Secretaría de Trabajo y Previsión». Pero los estandartes, los lemas y las gigantescas reproducciones del rostro de Perón, así como los gritos de los participantes, eran evidentemente los que caracterizan a una reunión política.[76] Dos semanas más tarde, una asamblea de dos mil presuntos «soldados auténticos del yrigoyenismo», en Parque Retiro, proclamó la consigna: «Perón presidente». Después de la asamblea, seiscientos participantes marcharon por las calles bajo la protección de la policía, en dirección al departamento de Perón, y allí le pidieron que hablase. Perón accedió, y sus lemas, voceados cadenciosamente en el barrio de clase media donde vivía, seguramente estremecieron a sus enemigos: «¡Perón presidente! ¡Perón si, otro no! ¡Perón, Perón, veinte años con Perón!».[77] Seguramente en ese momento ni el más ingenuo de los oficiales militares podía dudar de que Perón era un candidato activo.

La comprensión de este hecho sin duda contribuyó al malestar que se difundió paulatinamente en las filas de los oficiales a medida que transcurría el mes de julio, y que se reflejaba en la agudización de las críticas, y aun en actividades conspirativas. En realidad, en el caso de los oficiales retirados, dichas actividades eran cosa antigua, y casi se habían convertido en un modo de vida. Más aún, es posible identificar por lo menos dos sectores distintos: los antiguos partidarios de Justo, cuya posición favorable a los Aliados y cuyo compromiso con las tradiciones liberales habían determinado que se separasen del gobierno revolucionario desde los primeros meses; y los nacionalistas de derecha, que habían intentado infructuosamente detener el ascenso de Perón desde el gobierno mismo. Las figuras principales del grupo nacionalista fueron dos antiguos líderes del GOU, los coroneles (R) Emilio Ramírez y Enrique P. González, y dos ex ministros del gabinete, el almirante Benito Sueyro y el general (R) Alberto Gilbert.[78]

El hecho nuevo de la atmósfera conspirativa creada en julio fue la participación de oficiales en servicio activo que desempeñaban cargos fundamentales —hombres que no sólo habían obtenido ascensos de Perón, sino que habían apoyado sus medidas durante los últimos dos años. Los más destacados entre los oficiales que ahora se mostraban inquietos ante las actitudes de Perón eran el comandante de la guarnición de Córdoba, general de brigada Osvaldo B. Martín, el director de la Gendarmería, general de brigada Fortunato Giovannoni, y el oficial que había contribuido más que nadie al ascenso constante, el comandante de Campo de Mayo, general de brigada Eduardo Ávalos.[79]

No es posible explicar la alienación de estos oficiales con una causa única. Ese proceso fue más bien resultado de una serie de experiencias individuales, reacciones personales y políticas ante la conducta de Perón, y ante la influencia originada en la creciente resistencia de otros sectores de la sociedad. Todos estos factores contribuyeron a debilitar el sentimiento de lealtad y camaradería que los unía con el ministro de Guerra. Hubo en la relación un cambio sutil que impidió seguir considerando a Perón un camarada honorable o el defensor de lo que a juicio de los oficiales eran los mejores intereses del Ejército y la Nación.

Por extraño que parezca, cuando veinte años después se les pidió que explicaran la creciente inquietud militar, tanto Ávalos como Giovannoni mencionaron los constantes engaños y ardides de Perón, el hecho de que no respetara los principios de camaradería, y su traición al espíritu de cuerpo. Otro factor que estos oficiales mencionaron fue la relación de Perón con Eva Duarte. De acuerdo con un código sancionado por una antigua tradición, y aplicado a veces por tribunales de honor, se esperaba que un oficial superior no viviese públicamente con una amante, y ciertamente no era admisible que llevase una mujer de dudosa reputación a sus habitaciones en Campo de Mayo. La indiferencia de Perón frente a esta tradición militar determinó que muchos de sus camaradas le pidiesen que pusiera fin a su relación con Eva Duarte. Según recordaba el general Ávalos en 1965, «era algo que nos molestaba mucho, tanto que quizás hoy pocos puedan comprenderlo».[80]

Pero el primer intento serio de separar del gobierno a Perón no fue iniciado por los oficiales del Ejército, sino por el alto mando de la Marina argentina. En su carácter de asociado menor en el gobierno, con escasa influencia sobre su política, a pesar de la frecuente afirmación del Presidente de que hablaba en representación de las dos fuerzas armadas, la Marina había mirado con creciente inquietud los actos arbitrarios del gobierno, y sobre todo los esfuerzos de Perón para promover sus propias aspiraciones electorales. Después de una reunión con el ministro de Marina, el 28 de julio, el jefe del Estado Mayor Naval, almirante Héctor Vernengo Lima, acompañado por otros nueve almirantes, presentó tres reclamos básicos al presidente Farrell: la celebración inmediata de elecciones; que ningún miembro del gobierno realizase propaganda política en beneficio propio; y que no se pusieran los recursos del gobierno a disposición de ningún candidato.[81] Al día siguiente el presidente Farrell convocó a una asamblea de generales y almirantes para discutir la situación política general, y después de varias horas fue posible formular una posición común. El documento en cuestión, que llevaba la firma de once almirantes y veintinueve generales, no se declaraba a favor ni en contra de ningún candidato presidencial, pero reclamaba la reorganización del gabinete y la renuncia voluntaria de cualquier funcionario que proyectase ser candidato, o de quien, sobre la base de las circunstancias, pudiese afirmarse que tenía ese propósito.[82]

Desde el punto de vista de la Marina, esta declaración implicaba claramente que Perón debía renunciar a sus cargos oficiales. Sin embargo, no era un ultimátum, y hay motivos para suponer que alguno de los generales que firmaron lo hicieron únicamente para salvar las apariencias.[83] En todo caso, el presidente Farrell no adoptó ninguna medida para satisfacer el pedido fundamental. Por otra parte, se realizaron algunos cambios en el gabinete, pero no de acuerdo con el espíritu del pedido. Cuando los oficiales de la Marina insistieron en que el contraalmirante Teisaire abandonase el Ministerio del Interior, cartera que había desempeñado durante más de un año, sin perjuicio de sus funciones de ministro de Marina, Perón aprovechó rápidamente la oportunidad para incorporar a un antiguo radical yrigoyenista, el doctor Hortensio Quijano, que poco antes se había incorporado a su movimiento. Pocas semanas después, cuando la brusca intervención del general Ávalos en una discrepancia suscitada en el gobierno en relación con asuntos financieros determinó la renuncia del ministro de Finanzas, Perón consiguió que se diese esa cartera a otro colaborador radical, el doctor Armando Antille. A fines de agosto, otro político radical, el ex diputado doctor Juan Cooke, hombre de conocidas tendencias pro aliadas, asumió el Ministerio de Relaciones Exteriores con la bendición de Perón, presumiblemente para quitar justificativo a las críticas de Estados Unidos. Aunque la Unión Cívica Radical inmediatamente expulsó a estos tres hombres, porque habían violado la norma que prohibía colaborar con el régimen, su presencia en el gabinete era prueba indudable de que Perón estaba decidido a crear una organización política que le permitiese competir con los votos radicales, y de que estaba igualmente decidido a utilizar los recursos del gobierno mientras le fuese posible para promover su propia candidatura.[84]

El fracaso de los almirantes y los generales en sus esfuerzos por imponer la renuncia de Perón fue el preludio de una intensificación de las actividades opositoras de los grupos civiles. En el mes de agosto se profundizó la división entre el gobierno de Farrell y los sectores argentinos de la clase media: una tras otra, las asociaciones universitarias, profesionales y empresarias reclamaron la cesación del gobierno y la transferencia de sus atribuciones a la Suprema Corte. Ni siquiera la suspensión del estado de sitio, ordenada a principios de agosto por el nuevo ministro del Interior Quijano pudo detener el movimiento hacia un enfrentamiento decisivo. Se tuvo un anticipo de lo que vendría en los episodios de mediados de agosto, con motivo de la rendición de Japón, pues durante tres días las calles de Buenos Aires fueron escenario de choques violentos entre los estudiantes, la policía y los partidarios del régimen.[85]

Con el fin de crear una dirección unificada de la causa antiperonista, se creó la Junta de Coordinación Democrática, apoyada por todos los partidos políticos tradicionales, de los conservadores a los comunistas. La Unión Cívica Radical, cuyas diferentes fracciones no coincidían en la necesidad de la acción conjunta, aceptó participar sólo a fines de agosto, si bien su sector intransigente —identificado con el doctor Sabattini— continuó distanciado del movimiento. Pero se dio la bienvenida a los estudiantes universitarios en la Junta de 39 miembros, así como a los representantes de los intereses económicos.[86]

Hacia fines de agosto la Junta se esforzó sobre todo por obtener la cooperación de oficiales del Ejército y la Armada para realizar un movimiento cívico-militar antiperonista. Las conversaciones entre miembros de la Junta, algunos de los cuales tenían parientes en las Fuerzas Armadas, y el personal militar, revelaron la disposición de muchos oficiales a participar.[87] Algunos, como el general Arturo Rawson, no tenían mando de tropa, pero estaban dispuestos a actuar, especialmente si podía organizarse primero un gran pronunciamiento civil contra el régimen.[88] Aparentemente creían que dicha demostración revelaría la distancia que separaba al régimen de los elementos decentes de la sociedad, y que crearía el marco propicio para la intervención militar.

Precisamente con el fin de crear dicho marco la Junta consagró sus energías en las primeras semanas de setiembre a la organización de la llamada «Marcha de la Constitución y la libertad».[89] El 19 de setiembre, más de 250 mil argentinos —desde los miembros elegantemente vestidos de la alta sociedad hasta los trabajadores comunes, pero integrada principalmente con miembros de la numerosa clase media de la Capital— desfilaron para expresar su repudio a Perón y reclamar el fin del régimen de Farrell. «Ni gobierno del Ejército, ni gobierno en nombre del Ejército», sino «La transferencia del poder a la Suprema Corte y la celebración de elecciones prontas», era la consigna mientras desfilaban ordenadamente de Plaza de Congreso a Plaza Francia.[90]

La Marcha de la Constitución y la Libertad —sin duda una de las mayores manifestaciones en la historia de Buenos Aires— estuvo mucho mejor organizada que las operaciones militares que debían complementarla. Una de las principales dificultades fue la falta de unidad entre los grupos militares dispuestos a actuar. No apareció ningún jefe militar que tuviese prestigio suficiente para concitar el apoyo de los diferentes elementos descontentos. Tampoco entre ellos se manifestaron agudas diferencias de táctica política. Mientras el general Rawson, así como muchos oficiales de la Marina, aceptaron el reclamo civil de transferencia del poder al presidente de la Suprema Corte, ese no era el objetivo de los oficiales antiperonistas de la Escuela Superior de Guerra o de los jefes de unidades de Campo de Mayo. Estos dos últimos grupos estaban dispuestos a promover la eliminación de Perón, pero apoyaban el mantenimiento del general Farrell en la presidencia hasta que pudiese elegirse nuevo gobierno. Sobre todo en el caso de los jefes y oficiales de Campo de Mayo, el proyecto de transferir el gobierno a la Suprema Corte parecía un final humillante para un régimen militar con el cual ellos mismos se habían identificado durante tanto tiempo.[91]

Por lo tanto, la reacción militar ante la grave crisis política no fue consecuente ni organizada, sino más bien incoordinada y fragmentaria. El general Rawson fue quien intentó asestar el primer golpe, eligiendo como base de operaciones la guarnición de Córdoba, y anticipando así en una década la estrategia que el general Lonarcli utilizaría eficazmente en 1955. Y, lo mismo que Lonardi años después, Rawson convino con oficiales navales un plan en virtud del cual éstos acudirían en apoyo de su movimiento.[92]

La preferencia de Rawson por una guarnición del interior como Córdoba aparentemente estuvo influida por dos suposiciones: primero, que sus oficiales estaban dispuestos a adoptar una actitud firme contra Perón; y segundo, que una vez iniciado allí el movimiento se extendería rápidamente a otras guarniciones, entre ellas la de Campo de Mayo. Otro factor, más vital que los anteriores, era el hecho de que Rawson podía suponer que contaría con facilidades especiales para introducirse en la cuarta división de infantería, núcleo básico de la guarnición de Córdoba. Su hijo Franklin, teniente primero que prestaba servicio en la división, era yerno de su comandante, el general Osvaldo B. Martín.

Con la garantía previa de la cooperación de Martín, y en la confianza de que lograría ganarse a los jefes de los regimientos, el general Rawson salió de Buenos Aires para Córdoba la noche misma de la «Marcha» y llegó a destino en la mañana del día 20. Cuatro días después, Rawson y los oficiales que se le unieron resolvieron iniciar el movimiento en la noche del 24 de setiembre. Rawson preparó una proclama en la cual justificaba el movimiento inminente en términos concebidos para obtener el apoyo de civiles y militares:

La revolución del 4 de junio de 1943, tergiversada en sus propósitos, desvirtuada en sus hechos y usurpada en sus hombres, ha llevado al país, por obra de un gobierno nefasto, al borde del caos. Las Fuerzas Armadas de la Nación que la realizaron patrióticamente inspiradas, tienen para con su país y el pueblo el sagrado deber de restituirles el pleno ejercicio de su soberanía y recobrar para sí el prestigio glorioso que les viene de la historia de la patria misma. Interpretando el sentir del pueblo y de las Fuerzas Armadas de la Nación, la IV división del Ejército se levanta en armas para derrocar el gobierno usurpador, y en cumplimiento de los preceptos constitucionales invita al presidente de la Suprema Corte de Justicia a asumir el gobierno nacional, respaldado por la autoridad de las fuerzas a sus órdenes. Pueblo argentino: seamos dignos de nuestros antepasados, y recorramos con serena energía los caminos, a veces difíciles pero siempre fecundos de la libertad.[93]

A diferencia de la proclama que el general Rawson firmó en vísperas del 4 de junio de 1943, ésta no dejaba lugar a dudas acerca de la identidad de la persona que asumiría el poder en caso de que el movimiento triunfase. Pero también, a diferencia del movimiento anterior, éste concluyó en el fracaso. Los pocos días necesarios para concertar los planes permitieron que los oficiales leales a Perón tendiesen una trampa a los conspiradores. Cuando el general Rawson y los comandantes de unidades que habían comprometido su apoyo se reunieron en el puesto de mando, la noche del 24 de setiembre, las tropas leales dirigidas por el comandante de un regimiento de artillería rodearon el lugar e impusieron la rendición del grupo. Fue suficiente para liquidar completamente el plan revolucionario de Rawson.[94]

El general Rawson había contado erróneamente con una rápida respuesta de los oficiales de Córdoba ante su aparición personal, al día siguiente de la gran manifestación en Buenos Aires. En cambio, los oficiales quisieron sopesar cuidadosamente todos los aspectos de su plan revolucionario; y aun llegaron al extremo de exigir pruebas del prometido apoyo naval, insistiendo en que un almirante viajase desde Buenos Aires para ofrecer su promesa personalmente. La demora consiguiente favoreció a Perón, que desde hacía varias semanas anticipaba la posibilidad de un alzamiento, y que ya había decidido reemplazar al general Martín, jefe de la división. Así, poco después del arresto de los conspiradores por las fuerzas leales, el general Ambrosio Vago volaba secretamente a Córdoba para asumir el control de la guarnición. Del general Vago partió el primer anuncio, en el sentido de que los generales Rawson y Martín, así como otros oficiales, habían sido detenidos, para conocimiento del sorprendido público argentino, que nada sabía de la conspiración y que veía con asombro la presencia del nuevo comandante en Córdoba.[95]

El abortado golpe de Córdoba indujo a Perón a realizar un doble esfuerzo para consolidar su posición: por una parte, pronunció discursos y adoptó medidas destinadas a acentuar la lealtad de las masas trabajadoras; por otra, aplicó medidas represivas dirigidas contra sus enemigos políticos. El 26 de setiembre se restableció el estado de sitio, y en los días siguientes hubo una ola de arrestos de opositores. La identidad de los detenidos y de los que huían del país para evitar el encarcelamiento equivalía a un «quién es quién» del periodismo, la política y la educación. Con el apoyo de los estudiantes, las autoridades universitarias suspendieron las actividades como protesta contra la represión, y el gobierno replicó ordenando la clausura formal de las instituciones. En Buenos Aires y La Plata, la policía libró enconadas batallas con los estudiantes atrincherados en los edificios universitarios.[96]

Era inevitable que la atmósfera de creciente tensión alcanzara a los círculos militares, y los oficiales reaccionaron celebrando reuniones espontáneas en las cuales se discutieron las posibles medidas. La Escuela Superior de Guerra y la guarnición de Campo de Mayo fueron los focos principales de estas deliberaciones. La Escuela Superior de Guerra disponía de escasas armas, pero su cuerpo de alumnos estaba formado por unos ciento cincuenta oficiales, la mayoría capitanes, que representaban la élite intelectual del Ejército y gozaban de considerable prestigio entre sus compañeros de armas. El principal factor de la actividad antiperonista en la Escuela fue el profesor de logística, teniente coronel Manuel A. Mora, que ejercía considerable influencia sobre los capitanes inscriptos en el segundo curso. Según recuerdan sus ex alumnos, en su decisión de frustrar los planes de Perón, Mora llegó al extremo de organizar un plan de asesinato. En combinación con un grupo de capitanes, se propuso capturar y matar a Perón cuando éste visitara la Escuela Superior de Guerra para inaugurar un nuevo curso relativo a la energía atómica. La inauguración del curso estaba fijada para el 9 de octubre, pero Mora y sus compañeros de conspiración perdieron una oportunidad de modificar el curso de la historia argentina, pues a último momento el apremio de otros problemas obligó a Perón a cancelar su visita.[97]

Aunque parezca irónico, otra amenaza a su posición política permitió que Perón evitara esta amenaza a su vida. En la mañana del 9 de octubre el ministro de Guerra tuvo pruebas inequívocas de que la guarnición de Campo de Mayo se disponía a actuar contra él. La única guarnición que tenía fuerza suficiente para imponer su voluntad al gobierno finalmente había decidido proceder.

Hasta la primera semana de octubre, las relaciones de Perón con los jefes de Campo de Mayo no habían sufrido cambios. En realidad, en su condición de vocero de los jefes de regimiento el general Eduardo Ávalos había interferido de tanto en tanto en las decisiones gubernamentales; en este sentido, el episodio más dramático ocurrió en agosto, y su consecuencia fue la renuncia de un ministro del gabinete. A su vez, Perón había contemplado la posibilidad de reemplazar a Ávalos. Su principal colaborador en el Ministerio de Guerra, el coronel Franklin Lucero, lo exhortaba a adoptar esa medida, y aun había llegado a redactar las correspondientes órdenes; sin embargo, Perón no acababa de decidirse.[98] Es posible que su vacilación respondiese, como ha sostenido Lucero, a su confianza en la lealtad de Ávalos; pero parece igualmente probable que esperase el momento oportuno para adoptar una medida tan peligrosa. Después de todo, Ávalos había sido comandante de Campo de Mayo durante más de dos años, lapso suficiente para crear una red de vínculos de lealtad personal entre los jefes de los regimientos.

En todo caso, durante la crisis general que afectó al país a principios de octubre Perón no supo calcular la reacción que provocaría en los oficiales de Campo de Mayo una designación política que contrariaba las opiniones de ese grupo. La persona designada era Oscar Lorenzo Nicolini, un amigo de Eva que había sido blanco de anteriores críticas de los militares. La insistencia de Perón en su nombramiento para el estratégico cargo de director de Correos y Telecomunicaciones, a pesar de las objeciones formuladas por el general Ávalos y una delegación de oficiales que concurrió al Ministerio de Guerra el 8 de octubre, desencadenó la explosión del día siguiente.[99] El asunto Nicolini permitió que se manifestasen los resentimientos latentes que experimentaban contra Perón todos los oficiales de Campo de Mayo. El 8 de octubre, mientras el general Ávalos celebraba consultas con los comandantes de más elevada graduación, los oficiales jóvenes realizaban reuniones espontáneas en toda la base. Lo que había sido una guarnición disciplinada se convirtió rápidamente en una sociedad de debates. Los oficiales jóvenes adoptaron resoluciones en las que reclamaban el derrocamiento de Perón y la celebración de elecciones libres; y muchos querían marchar inmediatamente sobre Buenos Aires.[100]

En estos hechos Ávalos desempeñó papel de árbitro más que de iniciador de la acción. Más aún, cuando en la tarde del 8 de octubre regresó del Ministerio de Guerra, su primer impulso fue solicitar su propio retiro. Cuando comunicó esa intención a los jefes de mayor graduación, la excitación en la base se intensificó; y fue sólo bien entrada la noche, ante las exhortaciones de los jefes y los oficiales jóvenes, que aceptó encabezarlos en un movimiento contra Perón. En la mañana del 9 de octubre, mientras los oficiales de menor graduación preparaban a las unidades para la marcha sobre la Capital, el general Ávalos los convenció de que convenía esperar una reunión definitiva del propio Ávalos con el presidente Farrell.[101]

Ávalos empleó las tácticas de un hombre que esperaba evitar un enfrentamiento militar directo, y que prefería obtener la separación de Perón amenazando con la fuerza más que utilizándola. Por su parte, Perón también deseaba evitar una situación que provocase choques sangrientos entre las tropas. Aunque sus colaboradores en el Ministerio de Guerra respondieron a la movilización de Campo de Mayo preparando órdenes operativas que alertaban a la Fuerza Aérea y desplegaban tropas leales en defensa de la Capital, Perón prefirió no firmarlas. Si quería alcanzar su objetivo, la sucesión constitucional, era necesario evitar un enfrentamiento armado y sus imprevisibles consecuencias. Ahora necesitaba no aferrarse a sus diferentes cargos sino mantener en el poder un gobierno benévolo que le permitiese organizar a sus partidarios del sector obrero y desarrollar su campaña política. De modo que dejó al presidente Farrell la tarea de negociar como mejor pudiera con la oposición militar.[102]

Farrell aceptó la invitación del general Ávalos y se trasladó a Campo de Mayo a primera hora de la tarde del 9 de octubre, con el fin de reunirse con los oficiales. Acompañaban al Presidente los ministros de Interior y Obras Públicas, doctor Quijano y general Pistarini, ambos firmes partidarios de Perón, y el comandante en jefe y el jefe del Estado Mayor General, generales Carlos von der Becke y Diego Mason, respectivamente. Además de Ávalos y los jefes de Campo de Mayo, participaron en la reunión el general Pedro Jandula, de la primera división de Caballería, y el coronel Indalecio Sosa, de la guarnición de Palermo. De acuerdo con las versiones disponibles acerca de estas reuniones, el presidente Farrell procuró obstinadamente proteger la posición de Perón. Primero propuso que se concediese al coronel un tiempo prudencial para renunciar espontáneamente, pero Ávalos replicó que los oficiales estaban cansados de sus engaños, que esa misma tarde debía informarse al país que Perón había sido separado de todos los cargos públicos. Cuando Farrell advirtió que Perón podía utilizar el apoyo obrero con que contaba para hundir al país en la guerra civil, Ávalos replicó que su separación del gobierno era el único modo de evitar dicho conflicto. Entonces el Presidente propuso que por lo menos se permitiese a Perón conservar el Ministerio de Guerra, pero el clamor unánime de los oficiales lo convenció de que no estaban dispuestos a aceptar ningún compromiso.[103]

Se convino enviar un grupo de cuatro hombres constituido por von der Becke, Pistarini, Sosa, y el doctor Quijano, para que reclamasen la renuncia de Perón en la Capital, mientras el Presidente permanecía en Campo de Mayo. Se convino en que si la misión, que salió a las tres y media de la tarde, no estaba de regreso a las ocho, la guarnición iniciaría la marcha. En realidad, la misión de cuatro hombres no se entrevistó con Perón, pues en el camino a la Capital el general Pistarini propuso, y se aceptó su sugestión, que sólo él fuera a hablarle. Se ignora qué se dijeron estos dos viejos amigos en la breve reunión del Ministerio de Guerra; pero quince minutos después de entrar, Pistarini reapareció con la renuncia de Perón. Alrededor de las cinco de la tarde, el grupo de cuatro hombres regresó a Campo de Mayo con la noticia de que había cumplido su misión. El otrora sonriente coronel ya no ocupaba la vicepresidencia, el Ministerio de Guerra, la Secretaría de Trabajo, o para el caso ningún otro cargo público.[104]

La súbita deposición del coronel Perón el 9 de octubre, como culminación de varios meses de permanente tensión política, regocijó a sus enemigos y conmovió a sus amigos y partidarios. Pero esas reacciones iniciales fueron prematuras. No se lograría tan fácilmente frustrar el trabajo realizado por Perón durante dos años para asegurarse la sucesión política. Durante los ocho días siguientes, entre escenas de turbulencia y confusión, se desarrolló la lucha final por el control. El destino de Argentina durante los diez años siguientes pendía de un hilo. En este enfrentamiento crucial, se hubiera dicho que las fuerzas contrarias a Perón contaban con un poder abrumador. Contra él se alzaban no sólo los jefes de Campo de Mayo, los oficiales de la Escuela Superior de Guerra y de muchas otras unidades, y prácticamente toda la Marina, sino la mayoría de las instituciones establecidas del país: los intereses empresarios y agrícolas, los propietarios de periódicos, los educadores, los dirigentes de los partidos políticos y los estudiantes universitarios. Y en el trasfondo, alentándolos, se hallaba Estados Unidos. Sin embargo, Perón contaba con varios elementos favorables. En el Ejército aún tenía muchos partidarios fieles; algunos en los regimientos acantonados estratégicamente en la Capital, y otros en las guarniciones del interior.[105] Las fuerzas policiales, en la Capital y el resto del país, simpatizaban con su causa. Y también trabajaba en favor de su retorno un grupo de estrechos colaboradores, encabezados por el teniente coronel Domingo Mercante, Eva Duarte y el coronel J. Filomeno Velazco. Pero los dos factores más importantes que Perón podía movilizar eran la intensa lealtad que inspiraba a las masas obreras, que le agradecían no sólo los beneficios materiales, sino también el hecho de haberles otorgado un sentimiento de dignidad en esta sociedad de status, y su capacidad de maniobra política. En los días que siguieron se pondría a prueba el valor real de ambos factores. Perón también se benefició con los errores de sus enemigos. El general Ávalos, que asumió el cargo de ministro de Guerra el 10 de octubre, se convirtió en la figura dominante del nuevo orden; pero ni su temperamento ni su experiencia anterior lo habían preparado para este papel. No podía o no quería creer que su predecesor apelaría a todos los recursos para promover su propio retorno, de modo que utilizó ineficazmente el poder. Un ejemplo oportuno es el control de la policía. El 9 de octubre, después de la renuncia de Perón, Ávalos indicó al ministro del Interior Quijano que reemplazara al coronel Velazco, jefe de la Policía Federal, compañero de promoción y estrecho colaborador del líder derrocado. Quijano acató la indicación, pero designó a otro de los partidarios de Perón, el coronel Aristóbulo Mitteibach. Ávalos comprendió recién el 15 de octubre que debía insistir en la designación de un oficial antiperonista en el cargo de jefe de esa vital organización.[106]

Otro ejemplo de la ingenuidad política de Ávalos fue su pasividad cuando Perón abandonó el cargo en el curso de una despedida pública. Según parece, Ávalos no intervino cuando el presidente Farrell permitió que su ex colega no sólo dirigiese la palabra a una multitud de obreros en la Secretaría de Trabajo, el 10 de octubre, sino aun que utilizara la cadena oficial de radiodifusión para transmitir sus comentarios a toda la nación. Perón aprovechó la oportunidad para excitar los temores de las masas obreras ante la posibilidad de que se anulasen las conquistas sociales, y para crear el precedente de la afirmación, difundida luego entre los trabajadores con gran efecto, de que su derrocamiento era consecuencia de las nuevas medidas sociales que se disponía a adoptar, específicamente el plan de participación obligatoria en las ganancias. Únicamente después de este discurso, y ante la presión de los irritados militares, el general Ávalos se mostró dispuesto a adoptar medidas contra Perón.[107]

Si Ávalos vaciló en proceder contra la persona de Perón, no es menos cierto que la lentitud caracterizó su reorganización de gabinete. Aunque tenía que obtener el consentimiento del presidente Farrell antes de introducir cambios, no parece que considerase la tarea con mucho apremio. Los miembros del gabinete favorables a Perón continuaron en sus cargos hasta que la presión ejercida por los círculos militares y civiles determinó su eliminación el 12 de octubre. En realidad, Ávalos ya había conversado con el almirante Héctor Vernengo Lima, jefe del Estado Mayor Naval, el 11 de octubre, y le había solicitado que ocupase la cartera de Marina. El almirante aceptó, pero se hizo cargo de sus funciones sólo el 13 de octubre; y en ese momento él y Ávalos formaban todo el gabinete.[108]

En sus conversaciones con Vernengo Lima, Ávalos había aceptado prontamente dos condiciones: que el único propósito del gobierno era celebrar elecciones rápidas, libres y democráticas; y que el resto del ministerio estaría constituido por civiles. ¿Pero Ávalos se proponía elegir un ministerio formado por ciudadanos distinguidos sin afiliación partidaria —en resumen, un gabinete de notables— o tendía más bien a un gabinete de orientación política definida? En este punto no hay pruebas concluyentes en un sentido o en otro. Un historiador del radicalismo afirma que Ávalos había estado en contacto con miembros de ese sector, y que había invitado a organizar el nuevo gobierno al líder de su ala intransigente, el doctor Amadeo Sabattini, ex gobernador de Córdoba. Sabattini se mostró dispuesto a aceptar la oferta, y aun viajó a Buenos Aires desde su residencia en Villa María; pero la oposición de los altos dirigentes de su propio partido impidió que aceptase la invitación.[109]

Esta versión sostiene que Ávalos ya estaba cooperando con Sabattini cuando impulsó el derrocamiento de Perón, el 9 de octubre. Vienen a confirmar esta interpretación los comentarios atribuidos a Perón esa misma noche, cuando dijo a sus amigos íntimos: «Todo esto viene del tanito de Villa María, que lo ha catequizado a este b… de Ávalos, y ahora me han hecho la revolución».[110] Pero el propio Ávalos nunca reconoció que hubiese civiles comprometidos en los hechos del 8-9 de octubre, y mientras no se disponga de pruebas independientes no se puede considerar demostrada la afirmación de que se proponía entregar el gobierno a Sabattini. En todo caso, hacia el 13 de octubre el general Ávalos se había comprometido a formar un gabinete de notables; y ese día se encomendó la tarea al doctor Juan Alvarez, distinguido escritor, abogado y miembro de la magistratura.[111]

Los esfuerzos de Ávalos para crear una conducción política interina se complicaron a causa de la existencia de varios centros de activismo militar. Aunque su autoridad combinada como ministro de Guerra y comandante de Campo de Mayo lo convertía en la figura militar más influyente, varios grupos de oficiales que desempeñaban distintas funciones se unieron para formar núcleos de presión. Por ejemplo, la noche del 10 de octubre una caravana de oficiales de la Escuela Superior de Guerra se dirigió en automóvil a la residencia de Ávalos en Campo de Mayo, con el fin de reclamarle el arresto de Perón. Al día siguiente el Círculo Militar se convirtió en escenario de una suerte de cabildo abierto militar, donde veintenas de oficiales de diferentes jerarquías discutieron acaloradamente el camino a seguir; de esta asamblea se desprendieron delegaciones que presentaron sus reclamos al general Ávalos y al presidente Farrell. Sobre todo como respuesta a esta agitación, el 12 de octubre se decidió deponer a los miembros del gabinete y ordenar el arresto de Juan Perón.[112]

Ni Farrell ni Ávalos deseaban realmente dar ese paso; el primero porque era amigo de Perón, el segundo porque temía convertir a Perón en mártir. Pero las amenazas provenientes de varios sectores contra la vida de Perón convencieron al Presidente de la necesidad de autorizar su detención. Así, en las primeras horas de la mañana del 13 de octubre, la policía detuvo a Perón en su departamento de Buenos Aires; y un navío de la marina lo trasladó a la isla de Martín García, donde quince años antes había estado recluida otra figura carismática, el derrocado presidente Yrigoyen.[113]

Por mucho que el arresto de Perón satisficiera los sentimientos de sus más enconados opositores, en nada contribuía a resolver la flaqueza fundamental de la situación política. En realidad, se necesitaba un rápido acuerdo en la formación de un gobierno popular, un régimen que pudiese ofrecer garantías a todos los sectores sociales, incluidas las masas trabajadoras. En cambio, comenzó una disputa política entre los dirigentes civiles y los jefes militares. Los civiles, representados por la Junta de Coordinación Democrática, procuraron obtener la transferencia inmediata del poder ejecutivo a la Suprema Corte; los militares insistieron firmemente en que el general Farrell permaneciese al frente del gobierno.[114] Los violentos choques suscitados entre grupos antimilitaristas y la policía de Buenos Aires, por ejemplo en la Plaza San Martín el 12 de octubre, en nada contribuyeron a consolidar la confianza mutua.[115]

Es indudable que cierta euforia poseía a los participantes en esta lucha. Los políticos civiles, tranquilizados ante la desaparición de Perón, no advirtieron el apremio de la situación. Sobreestimaron su propia capacidad de obligar a los militares a entregar el gobierno a la Suprema Corte; y por eso mismo estorbaron los esfuerzos del doctor Juan Alvarez, que intentaba formar gabinete, de modo que consiguieron demorar el coronamiento de la tarea hasta el 17 de octubre.[116] Al mismo tiempo, subestimaron la magnitud y la tenacidad del apoyo obrero a Perón. La presencia de dirigentes obreros independientes en la Junta de Coordinación Democrática y la actitud antiperonista de los socialistas y los comunistas les impidieron comprender que la masa de la clase trabajadora ya no los consideraba sus líderes. Pero en realidad, pocos observadores, argentinos o extranjeros, apreciaron exactamente el estado de ánimo de los trabajadores. Una excepción notable fue el corresponsal del Times de Londres. En un comentario acerca de Perón, publicado a principios de octubre, previno que «un hombre odiado tan intensamente también debe ser intensamente amado».[117]

Mientras los roces entre los opositores civiles y militares de Perón demoraban la formación de un gabinete, perdiéndose así un tiempo precioso, los amigos de Perón concentraban todos sus esfuerzos en el restablecimiento de su poder. Los esfuerzos del propio Perón para recuperar el control en realidad comenzaron la noche de su derrocamiento, cuando discutió con Mercante la posibilidad de convocar a una huelga general y de organizar una manifestación de masas en la Plaza de Mayo. Como aún ignoraba que sería arrestado, el propósito de dichos movimientos era garantizar la continuación de sus aliados en el gabinete y obtener del presidente Farrell apoyo suficiente para la campaña presidencial. El incendiario discurso radial del 10 de octubre fue el primer paso en esa dirección.[118]

Temeroso de que el discurso provocase una agresión física, y al parecer menos decidido a continuar la lucha, Perón se ocultó al día siguiente; pero Mercante continuó aplicando el plan de movilización obrera. En la mañana del 12 de octubre dirigió la palabra a 80 líderes obreros reunidos en la Secretaría de Trabajo, y les explicó la necesidad de una movilización general. El arresto de Mercante al día siguiente, ejecutado pocas horas después de la detención de Perón, dejó la coordinación del movimiento en otras manos. En la Secretaría de Trabajo, cuyos altos cargos estaban ocupados ahora por antiperonistas, su sobrino Hugo Mercante y una rubia secretaria, Isabelita Ernst, llevaron a cabo una extraordinaria labor para promover la movilización obrera.[119]

La noticia de que Perón era prisionero de la Marina en la isla de Martín García sin duda contribuyó a acelerar la manifestación de masas, y a conferirle una amplitud que ni siquiera sus organizadores podían haber previsto. Muchos de los 80 dirigentes obreros que se reunieron con Mercante el 12 de octubre creyeron al principio que necesitarían por lo menos diez días de preparación. Pero cuando decidieron apresurar sus esfuerzos, hallaron rápida respuesta en millares de trabajadores que formaban el cinturón obrero alrededor de Buenos Aires. Ya el 16 de octubre comenzaron a realizarse manifestaciones en los sectores fabriles de Avellaneda y Valentín Alsina; y entrada la tarde, como anticipo del aflujo masivo de manifestantes del día siguiente, dos mil obreros llegaron a Plaza de Mayo.[120]

El general Ávalos, que personalmente se había opuesto al arresto de Perón, el 16 de octubre procuró ofrecer garantías que tranquilizaran a los trabajadores. En una declaración expedida por intermedio del Ministerio del Interior, insistió en que Perón no estaba detenido contra su voluntad, y que únicamente se hallaba bajo custodia protectora, con el fin de impedir daños a su persona. Al mismo tiempo, Ávalos prometía «que todas las conquistas sociales alcanzadas por la población trabajadora serán íntegramente mantenidas por el actual gobierno, y que nadie debe dar crédito a versiones contrarias a lo expresado».[121] En un comunicado del Ministerio de Guerra emitido esa noche, Ávalos reiteró que Perón estaba bajo custodia protectora, y prometió que el Ejército no intervendría contra el pueblo y sólo procedería para mantener el orden.[122]

El confinamiento de Perón en Martín García no impidió que se mantuviese en comunicación con sus amigos. Su médico personal, el capitán Miguel Mazza, que pudo visitarlo el 14 y nuevamente el 16, representó el papel de intermediario. Más aún, Mazza fue quien convenció al presidente Farrell de que Perón estaba enfermo, y de que debía traérselo nuevamente a la Capital para suministrarle atención médica. Ávalos no se opuso, pero su colega en el ministerio, el almirante Vernengo Lima, insistió inicialmente en enviar a la isla un grupo de dos médicos, con el fin de que se examinase al paciente. Únicamente después que Perón rechazó de plano someterse al examen médico, el almirante cedió y autorizó el traslado. A primera hora del 17 de octubre el coronel Perón fue llevado al Hospital Militar Central, en la ciudad de Buenos Aires. Allí, cómodamente instalado en el departamento del capellán, situado en el undécimo piso, aguardó expectante todo el día, mientras millares de trabajadores se volcaban en la ciudad en una manifestación de apoyo a su persona.[123]

El desafío al gobierno representado por este movimiento de masas fue esencialmente una prueba de la capacidad de juicio y de la decisión de un solo hombre. Quien debía adoptar las decisiones fundamentales no era ni el presidente Farrell, ni el alto mando del Ejército, ni los jefes de la Marina, sino el general Eduardo Ávalos. Suya era la tremenda responsabilidad de decidir si correspondía contener la concentración obrera, y en caso de que se resolviese por la afirmativa, cuándo, dónde y con qué medios; y también debía juzgar si el uso de la fuerza desencadenaría una reacción contraria, y si este hecho representaba la antesala de la violencia generalizada y aun de la guerra civil. En su carácter de ministro del Interior y de Guerra, teóricamente Ávalos ejercía el control de la Policía Federal, y por intermedio de un interventor militar en la provincia de Buenos Aires, designado poco antes, supuestamente controlaba también los efectivos policiales de esa provincia. En realidad, esas fuerzas no respondían a su persona, pues había tardado demasiado en purgarla de sus simpatizantes peronistas. La policía provincial se abstuvo de intervenir cuando las multitudes peronistas ocuparon las calles de los suburbios industriales, en las primeras horas del 17; a su vez, la Policía Federal sólo realizó débiles esfuerzos para evitar que cruzaran el límite y entrasen en la Capital Federal.

Por lo tanto, el general Ávalos podía controlar la situación utilizando a las unidades militares, más que a la policía. En su carácter de comandante de la guarnición de Campo de Mayo sabía que contaba con el apoyo total de los jefes de regimiento; también sabía que necesitaban cuatro horas para desplazar sus unidades a la ciudad. Por supuesto, había otras unidades acantonadas en la Capital: las tropas de la primera división de infantería que formaban la guarnición de Buenos Aires, pero Ávalos no estaba seguro de su reacción.[124] Si quería mantener el control con un mínimo de violencia, Ávalos tendría que ordenar a las tropas de Campo de Mayo que entrasen en la ciudad el día 16, o a más tardar en la mañana del 17. Pero advirtió tardíamente la gravedad de la situación. Los jefes de Campo de Mayo estaban mucho más preocupados que él, en vista de los informes iniciales de inquietud obrera en los suburbios industriales. En la mañana del 17, el teniente coronel Gerardo Gemetro, jefe del regimiento 10 de caballería, telefoneó a Ávalos, que se hallaba en el Ministerio de Guerra, solicitándole permiso para actuar, en vista de la pasividad de la policía; Ávalos negó su consentimiento, en parte porque entendía que la situación no era peligrosa; pero también porque no deseaba que hubiese derramamiento de sangre.[125]

A medida que transcurrían las horas sin que el ministro impartiese órdenes, los jefes de Campo de Mayo comenzaron a alarmarse cada vez más. Al mediodía el jefe de regimiento de mayor antigüedad convocó a todos sus colegas para analizar la situación. Aún confiaban en Ávalos; pero como no podían comunicarse telefónicamente con él, pues estaba almorzando con el Presidente, lo único que consiguieron acordar fue el envío de uno de ellos en misión de reconocimiento. Durante el resto del día y hasta entrada la noche estos jefes de los regimientos, los más poderosos y decididos enemigos de Perón, estuvieron aislados de su jefe. Su lealtad al general Ávalos les impedía proceder por cuenta propia, y las órdenes correspondientes no llegaron jamás.[126]

La inquietud de la Marina iba de la mano con la que experimentaban los jefes de Campo de Mayo. Desde primera hora de la mañana del 17, el ministro de Marina Vernengo Lima exhortaba a su colega de gabinete a que adoptase medidas de fuerza. Sus propuestas para contener el aflujo de obreros, formuladas a Farrell y Ávalos en un almuerzo de la Casa Rosada, tampoco obtuvieron una decisión definida. Avanzada la tarde, como percibía que la atmósfera en la Casa Rosada ahora se inclinaba al compromiso, el almirante se retiró a su escuadrón de naves de la Armada, ancladas en el Río de la Plata, para continuar sus esfuerzos destinados a impedir el retorno de Perón.[127] Es muy dudoso que Ávalos haya contemplado seriamente el empleo de la fuerza en el curso de ese agitado día. Antes de que la marcha obrera se convirtiese en avalancha no advertía la necesidad de adoptar medidas enérgicas; después, era demasiado tarde, salvo a un costo en vidas civiles que no estaba dispuesto a pagar. Entrada la tarde, cuando los gritos resonantes de la multitud que exigía el retorno de Perón penetraban por las ventanas de las oficinas del gobierno, Ávalos se comportaba cada vez más como un hombre que abrigaba la esperanza de concertar un compromiso, pero prefería la derrota antes que el derramamiento de sangre.

Las negociaciones con Perón comenzaron aproximadamente a las cuatro y media de la tarde, cuando Ávalos llamó a Mercante a la Casa Rosada. En las horas que siguieron, un equipo de negociadores, constituido por los asesores de Perón —entre ellos el ex ministro de Finanzas, Armando Antille, el general Pistarini, y el brigadier de la Fuerza Aérea, Bartolomé de la Colina—, recorrió varias veces el camino entre el Hospital Militar y la Casa Rosada. En determinado momento el propio Ávalos fue a conversar con Perón, para pedirle que «calmara a la gente concentrada en Plaza de Mayo».[128] Cuando se advirtió claramente que Ávalos se resistía a utilizar su principal arma —a saber, la guarnición de Campo de Mayo—, el presidente Farrell emergió del segundo plano que ocupaba hasta ese momento para representar un papel más importante en las negociaciones. Las condiciones que le formularon los representantes de Perón fueron muy definidas: las renuncias de Ávalos y Vernengo Lima a sus cargos en el gabinete, y la designación de un nuevo gabinete con ministros elegidos exclusivamente en el grupo de Perón. Después de nuevas consultas, Farrell aceptó esas condiciones. En ese momento ocurrió un hecho irónico: un mensaje del doctor Juan Álvarez a Farrell. Finalmente había logrado formar un grupo de ciudadanos distinguidos que estaban dispuestos a integrar el gabinete. Por supuesto, era demasiado tarde.[129]

El titular del Times de Londres que encabezó las noticias de Argentina el 18 de octubre, resumió los hechos del día anterior con mucho mayor brevedad que las grandes letras impresas en la primera página de La Prensa. Mientras La Prensa anunciaba las renuncias de los ministros de Guerra y Marina, e informaba que Perón y Farrell habían hablado a una gran multitud desde los balcones de la Casa Rosada, The Times señalaba sencilla pero exactamente: «Todo el Poder a Perón». Si bien el coronel anunció que no ocuparía cargo oficial, y que además se retiraría del servicio militar activo, había realizado su objetivo. Desde ese momento hasta las elecciones celebradas en el mes de febrero del año siguiente, la presencia de aliados fieles en el gabinete le permitió desarrollar su campaña presidencial en condiciones favorables.

El general Humberto Sosa Molina, nuevo ministro de Guerra, adoptó rápidas medidas para destruir los baluartes militares del antiperonismo. Comenzando con el general Ávalos, que fue reemplazado en el cargo de comandante de la guarnición de Campo de Mayo, Sosa Molina relevó a todos los jefes de los regimientos de esa base, y los envió a cargos sin mando de tropa. Como precaución suplementaria, dio licencia a todos los conscriptos; sólo quedaron en la base los enfermos y los detenidos. La purga de los antiperonistas que ocupaban cargos militares importantes se extendió inexorablemente a otras guarniciones, y también a la Fuerza Aérea y la Marina. A fines de octubre se había eliminado toda posibilidad de oposición militar a Perón.[130]

Cuando analizamos el desenlace del enfrentamiento del 17 de octubre, forzosamente llegamos a la conclusión de que el general Ávalos fue quien permitió el retorno de Perón. Una vez iniciada la manifestación obrera, su decisión de no utilizar la fuerza determinó el inevitable resultado. Más aún, como abandonó sin resistencia el Ministerio de Guerra, al final de ese día, y dio su palabra de honor al presidente Farrell en el sentido de que Campo de Mayo aceptaría la decisión, de hecho paralizó a sus propios jefes de regimiento, que aún deseaban modificarla apelando a la fuerza.[131] Pero a pesar de la cólera y la frustración que estos jefes experimentaban, prevaleció el hábito de la disciplina. Y al aceptar la decisión de Ávalos eliminaron toda posibilidad de resistencia militar, y además condenaron al fracaso una breve insurrección naval que el almirante Vernengo Lima inició a medianoche del 17, en la errónea creencia de que Campo de Mayo estaba dispuesto a actuar.[132]

La falta de firmeza del general Ávalos, después de dirigir el movimiento que había derrocado a Perón nueve días antes da pie a un sugestivo interrogante. Es indudable que un factor de su actitud fue la tensión física y emocional provocada por la atención simultánea de varios ministerios, al mismo tiempo que intentaba crear la base de un nuevo gobierno. Pero bien podemos preguntarnos si el acoso a que lo sometieron los civiles antiperonistas no debilitó su decisión. La insistencia de estos últimos en la entrega del gobierno a la Suprema Corte, una solución que a juicio de Ávalos era humillante, quizá lo indujo a preguntarse si en definitiva no tenía más en común con Perón. Pero quizá la razón más importante de su actitud no fue política sino personal. Se recordará que Ávalos rehusó firmemente refrendar medidas que pudieran provocar bajas civiles. Por tratarse de un oficial instruido profesionalmente en el uso de la fuerza, su actitud ciertamente fue desusada. En efecto, sus propios subordinados de Campo de Mayo y los jefes de la Marina no mostraron esa renuencia. Pero es posible que la actitud de Ávalos reflejara consciente o inconscientemente un profundo sentimiento de culpa. Dos años antes, durante la revolución del 4 de junio, su decisión de invadir el terreno de la Escuela de Mecánica de la Armada, que había adoptado una posición neutral, y su ulterior altercado con el director de esa institución, había provocado un tiroteo e innecesaria pérdida de vidas. Entre las 70 bajas fatales provocadas por el encuentro antes de que se suspendiera el fuego, se contaba no sólo el ayudante personal de Ávalos, que se encontraba a su lado, sino muchos civiles inocentes, atrapados en medio del fuego cruzado.[133] Ávalos nunca olvidó el episodio, y el 16 de octubre lo mencionó específicamente en una entrevista concedida a un corresponsal de Reuters.[134]

Por consiguiente, no es ilógico suponer que en el fondo de la conducta del general Ávalos el 17 de octubre había un íntimo sentimiento de desasosiego en vista de su actitud anterior. De ahí su decisión de evitar cualquier medida que lo hiciese responsable de nuevas pérdidas de vidas. Si esta interpretación es exacta, los hechos del 4 de junio de 1943 y del 17 de octubre de 1945 guardan una relación más estrecha de lo que se cree generalmente. Pues la revolución de junio no sólo abrió el camino —aunque se tratase de una senda tortuosa y sembrada de obstáculos— al predominio político del coronel Juan Perón, sino que desarmó psicológicamente al único oficial que disponía de poder suficiente para impedir que Perón conquistase un control total en octubre de 1945.

X

CONCLUSIÓN

El activismo político de los militares argentinos a partir de 1945 es esencialmente la consecuencia de cambios que sobrevinieron en el Ejército antes de ese año, y que afectaron los valores y las actitudes de su cuerpo de oficiales a medida que crecieron la magnitud y la complejidad de la institución. La duplicación del número de oficiales profesionales entre 1930 y 1945, el aumento de sus responsabilidades en la esfera de la administración militar a medida que crecían las fuerzas bajo su control, hasta triplicar el nivel inicial, la creación de fábricas y arsenales dirigidos por los militares, la organización de cursos en la Escuela Superior de Guerra para los oficiales superiores, todos estos fenómenos acentuaron la confianza de los jefes militares en su propia capacidad para resolver los problemas nacionales. El hecho de que a partir de 1916 los principales partidos políticos no formasen un sólido frente contra la intervención militar también contribuyó a que los oficiales tendiesen cada vez más a verse en el papel de árbitros naturales del proceso político. El hecho de que los políticos civiles reclamasen una y otra vez el apoyo de los oficiales del Ejército implicaba reconocer su propia debilidad y alentar el activismo militar. A pesar de su gran popularidad, incluso el presidente Yrigoyen sintió la necesidad de tener favoritos y de crear un grupo de apoyo en el Ejército. Por supuesto, en la crisis de 1930 fueron sus opositores, los partidos antiyrigoyenistas, los que apelaron al Ejército para que resolviese mediante la fuerza un problema que ellos no habrían podido solucionar utilizando medios constitucionales.

La experiencia con el gobierno provisional de Uriburu, si bien estimuló el apetito del poder político de algunos oficiales, demostró las limitaciones del régimen militar, y no tendría por qué haber sido fatal para la restauración de un sistema político civil eficaz. Pero el empleo constante del fraude electoral en el régimen del general Justo destruyó las perspectivas de dicha restauración. Como carecía de legitimidad, el gobierno de Justo dependía finalmente del apoyo de los militares. La dependencia del gobierno respecto del Ejército no era menos real porque las medidas disciplinarias del ministro de Guerra Rodríguez garantizaran la relativa pasividad de esta institución; y los opositores al régimen tenían cabal conciencia del hecho.

En sus esfuerzos por modificar la situación, los partidos políticos de oposición afrontaron un dilema, pues no tenían más remedio que sugerir a los militares que asumiesen un papel más activo. En realidad, los nacionalistas, que tenían escaso apoyo popular, confiaban en alcanzar el poder mediante un golpe triunfante, y estaban dispuestos a aceptar indefinidamente el régimen militar. Pero la Unión Cívica Radical, apoyada en su mayoría popular, quería que el Ejército fuese el instrumento que garantizara elecciones honestas. Este esquema fracasó en 1937; y cuando un breve período de esperanza, originado en la posibilidad de que el presidente Ortiz diese elecciones limpias, se convirtió en desesperación ante su abandono del cargo, algunos dirigentes radicales volvieron nuevamente los ojos hacia los militares. El efecto acumulativo de estos esfuerzos mutuamente hostiles de los radicales y los nacionalistas para comprometer al Ejército en la acción política probablemente convenció a los oficiales de que sólo ellos podían salvar a la Nación. Así, no es de extrañar que el golpe de 1943, a pesar de su carácter de improvisación de último momento, obtuviese pronto apoyo en el Ejército, o que muchos de sus oficiales adoptasen la posición de que ahora los partidos políticos eran incompetentes, y de que sólo un gobierno militar podía resolver los problemas del momento Por supuesto, el principal y definitivo beneficiario de esta posición fue el coronel Juan D. Perón.

Se ha sostenido a veces que la influencia de la doctrina y la instrucción militar alemana sobre los oficiales del Ejército argentino determinó una actitud de desdén hacia los políticos civiles y un sentimiento de hostilidad hacia el gobierno democrático. Es indudable la admiración de muchos oficiales por Alemania desde principios de siglo hasta 1945, pero es muy dudoso que el activismo político de los militares pueda atribuirse a esta actitud. En la vecina Chile, la influencia militar alemana fue mucho más profunda que en Argentina antes de 1930; pero en ese país las Fuerzas Armadas aceptaron el régimen civil y representaron un papel mucho menos activo que sus colegas argentinos. Además la persistencia del activismo militar en la década de 1960, mucho después que se había desvanecido la influencia militar alemana, suscita dudas acerca de su importancia como causa fundamental de la actividad política anterior.

¿Qué puede afirmarse acerca del significado de los orígenes sociales como determinantes de la conducta política de los oficiales militares? ¿Los antecedentes familiares y de clase afectaban la conducta de estos profesionales, o las experiencias institucionales anulaban la influencia de los vínculos no militares, sustituyéndolos por nuevas actitudes y sentimientos de lealtad? En este caso sería necesario generalizar a partir de datos inadecuados e imprecisos. Afirmar que la mayoría de los oficiales militares se originó en la clase media significa únicamente señalar que provenían de un sector social heterogéneo que a su vez estaba profundamente dividido. Y aunque fuese posible conocer el sector exacto de la clase media en que nació tal o cual oficial, también sería necesario conocer el status de la familia con la cual se relacionó por vía del matrimonio. A igualdad de los demás factores, la vinculación matrimonial de un oficial argentino de segunda generación con una familia tradicional bien podía inducirlo a adoptar la coloración política de esta última, siendo iguales los otros factores.

Pero los «otros factores» no siempre eran iguales, pues consistían en la suma total de sus experiencias profesionales y personales desde el día de su ingreso en el Colegio Militar. La formación profesional tendía a inculcar una serie de valores comunes, así como un código de conducta personal. A lo largo de años se le enseñaba a valorar la jerarquía, la disciplina y el orden; pero al mismo tiempo el oficial establecía vínculos personales que influían sobre sus conceptos. De ese modo, cada oficial alentaba diferentes sentimientos de lealtad: a su propia familia, a sus parientes políticos, a los políticos civiles que cultivaban su amistad, a sus camaradas más cercanos en el servicio, a sus superiores directos en el puesto que ahora ocupaba, y finalmente a las leyes y los reglamentos que presuntamente regían la conducta militar.

En el curso de un enfrentamiento político debía arreglárselas para reconciliar estas presiones diferentes y a menudo contradictorias, al mismo tiempo que satisfacía otra: la ambición profesional, el anhelo de elevarse a la cúspide de la jerarquía militar. Desde su época de cadete, prácticamente todos los oficiales aspiraban a ser «generales de la Nación»; pero no todos estaban dispuestos a sacrificar todo para alcanzar el objetivo. De modo que en momentos de crisis política los oficiales considerados individualmente adoptaban actitudes bajo la influencia de variables combinaciones de principios y conveniencias. En algunos casos había sobre todo un sentimiento de identificación con problemas no militares, en otros un espíritu de camaradería que los unía a los compañeros de armas, y en otros aun el mero oportunismo determinaba esencialmente la conducta.

Las consideraciones ideológicas representaban cierto papel en las decisiones de los oficiales, aunque en este sentido es difícil ofrecer fórmulas exactas. El nacionalismo que se difundió en la década de 1930, con sus matices antibritánicos y pro alemanes, y en algunos aspectos francamente totalitarios, no influyó sobre todo el cuerpo de oficiales; un número importante de militares continuó adhiriendo a cierta forma de liberalismo, por lo menos en el sentido de que deseaban conservar la tradicional estructura constitucional. Incluso en el caso de los que participaron en el movimiento nacionalista, hubo hondas diferencias entre los nacionalistas conservadores y los oficiales cuyas opiniones se acercaban más a las que prevalecían en la población general. En todo caso, es evidente que en los dos años de lucha por el poder que siguieron a 1943, la afinidad ideológica fue sólo uno entre varios factores eficaces y que, en último análisis, los vínculos personales y las ambiciones privadas revelaron más vigor que la consecuencia ideológica. Dicho de otro modo, las distinciones tradicionales entre liberales y nacionalistas perdieron actualidad en presencia del movimiento de Perón por la conquista del poder; y se creó una nueva distribución de fuerzas, en relación con la cual la aceptación del liderazgo de Perón fue un factor más importante que las diferencias anteriores.

Por supuesto, no se trataba sólo de la aceptación de un líder. Los oficiales militares que apoyaban a Perón estaban sumando fuerzas con un innovador que había roto con las actitudes militares tradicionales hacia los sindicatos, y que había demostrado su voluntad de extender el control estatal sobre muchos aspectos de la vida económica. A juicio de dichos oficiales, el programa obrero de Perón era un modo aceptable de obtener en el seno de la clase obrera el apoyo popular que el régimen militar necesitaba y que otros sectores civiles no estaban dispuestos a suministrar, y era también un método que posibilitaba la transición a un gobierno constitucional sin el empleo del fraude electoral.

Pero no debe creerse que las medidas obreras de Perón representaban una ruptura total con las actitudes militares anteriores. Como resultado de las funciones desempeñadas en las guarniciones del interior y de su contacto con los reclutas, los oficiales del Ejército conocían bien las privaciones de las clases inferiores. Los informes del Ministerio de Guerra publicaban regularmente estadísticas acerca de los defectos físicos y educacionales de los jóvenes convocados al servicio militar. Algunos artículos publicados en los órganos militares habían llamado la atención sobre dichas condiciones, y habían propuesto que el Estado suministrara viviendas baratas, instalaciones sanitarias, asignaciones familiares e instrucción industrial. Como se ve, las medidas de Perón para mejorar las condiciones de la clase trabajadora concordaban con la actitud paternalista hacia los pobres que caracterizaba a muchos oficiales del Ejército.

En la esfera económica, la continuidad entre la posición de Perón y el pensamiento militar anterior era aún más claro. La idea de que la industrialización era la clave de la fuerza militar y la grandeza nacional se había convertido en artículo de fe para muchos oficiales; y lo mismo puede decirse de la convicción de que los militares debían representar un papel directo en la promoción y la administración de las empresas industriales. En 1941 la creación de la Dirección General de Fabricaciones Militares, sobre la base de un proyecto presentado inicialmente al Congreso por el presidente Ortiz, mucho antes de que Perón apareciese en la escena, afirmó el principio de las empresas industriales dirigidas por los militares. Perón compartía el entusiasmo de sus colegas por el desarrollo de la industria pesada, y sus iniciativas como ministro de Guerra garantizaron a los militares que el Ejército representaría un papel fundamental en los futuros programas del propio Perón.

Es muy dudoso que los oficiales militares que aceptaron las aspiraciones presidenciales de Perón después de octubre de 1945 hayan previsto realmente el tipo de régimen que él crearía. Muy probablemente estaban cansados de ver al Ejército comprometido directamente en la actividad política, y deseaban el retorno de la institución a sus tareas profesionales. Pero aunque rehuían la compleja tarea de dirigir el Estado, sin duda creían ser una fuerza política de reserva, que tenía el derecho y el deber, cuando las circunstancias lo justificaran, de regresar al centro de la escena política.

BIBLIOGRAFÍA

FUENTES PRIMARIAS

Materiales inéditos

Los historiadores de la Argentina del siglo XX afrontan el inconveniente de que, en general, no tienen acceso a los archivos oficiales. Además, es usual que los herederos consideren propiedad privada los papeles de los ex presidentes y ministros y que no permitan el examen crítico; rara vez se han entregado dichos papeles a los archivos públicos. De ahí que el Archivo General de la Nación, rico en materiales de épocas anteriores, haya ofrecido escaso material a este estudio. Algunos hechos recientes permiten abrigar la esperanza de que los estudiosos del futuro tendrán más fácil acceso a los materiales inéditos. Los herederos del ex presidente Agustín Justo finalmente aceptaron depositar sus papeles en el Archivo General, donde los investigadores podrán investigarlos dentro de algunos años; y los papeles del ex presidente Julio Roca, que falleció en 1914, podrán ser examinados tan pronto se cumpla el sexagésimo aniversario de su muerte.

Para los fines de este estudio, la existencia de abundantes datos en los archivos diplomáticos extranjeros compensó en medida considerable la dificultad del acceso a los materiales manuscritos argentinos. Los informes acerca de los procesos políticos de ese país representan una parte importante del U. S. State Department Decimal File 835 (Argentine Internal Affairs), que está en los Archivos Nacionales (National Archives) de Washington, D. C. Gracias a la amable cooperación del finado doctor E. Taylor Parks, se me permitió examinar este archivo en la sección correspondiente al año 1944, con la condición habitual de que las correspondientes autoridades del Departamento de Estado aprobasen mis notas. Me complace señalar que se impusieron restricciones al uso de los datos sólo en uno o dos casos, que carecieron de importancia para los fines que me interesaban.

Otro cuerpo importante de archivos diplomáticos es la colección de archivos del Ministerio de Relaciones Exteriores alemán, reproducida en microfilms guardados en los Archivos Nacionales de Estados Unidos (Microcopy T-120). Y según parece, soy el primero que los ha utilizado para estudiar la política interna argentina. Una parte de los centenares de films que forman la serie se refieren a Argentina. Los siguientes fueron particularmente útiles para este estudio: rollo 4006, que se refiere a problemas militares argentinos, 1920-34; rollos 25, 26 y 207, que reproducen el amplio archivo del Büro des Staatsekretärs en relación con el período entre abril de 1938 y agosto de 1943; los rollos 766 y 762, que reproducen el archivo del embajador Ritter sobre la Argentina, correspondiente al período que va de marzo de 1942 a setiembre de 1944; y el rollo 347, que contiene el pequeño pero importante archivo de la operación de espionaje Harnisch-Helmuth que desembocó en la ruptura de Argentina con Alemania en 1944.

Complementé los materiales anteriores con los datos inéditos que pude obtener en Argentina aprovechando otras tres fuentes: personalidades privadas, como el doctor Ernesto Sammartino y el señor Miguel J. Rojas, que me mostraron diferentes rubros de sus archivos; la Dirección de Estudios Históricos del Ministerio de Guerra, que aportó datos acerca de los orígenes sociales, extraídos de las fojas de servicio de los oficiales del Ejército; y lo que es más importante, los argentinos mencionados a continuación —oficiales del Ejército, figuras políticas, dirigentes obreros e intelectuales—, que amablemente aceptaron ser entrevistados acerca de sus propias experiencias. Son los siguientes:

Allende Posse, Ing. Justiniano | Hernández, señor A. Aurelio
Anaya, general (R) Elbio C. | Iñigo Carrera, señor Héctor
Aramburu, general (R) Pedro Eugenio | Lagos, general (R) Julio A.
Arce, doctor José | Lanús, doctor Adolfo
Arias Duval, coronel (R) Eduardo B. | Levene, doctor Gustavo G.
Arocena, doctor Luis | Marotta, señor Sebastián
Astraldi, doctor Alejandro | Miguens, doctor José
Ávalos, general (R) Eduardo J. | Molinari, doctor Diego Luis
Arredondo, general Roberto | Nogués, general (R) Héctor V.
Becerra, doctor Olegario | Noriega, señor José V. (h)
Beveraggi Allende, doctor Walter | Oddone, señor Jacinto
Binayán, profesor Narciso | Orona, coronel (R) Juan V.
Bramuglia, doctor Juan A. | Orús, doctor Manuel
Caillet-Bois, doctor Ricardo | Pérez Leirós, señor Francisco
Cueto Rúa, doctor Julio | Pichetto, doctor Juan Raúl
Cúneo, señor Dardo | Reguera Sierra, señor Ernesto
Ghioldi, profesor Américo | Repetto, doctor Nicolás
Colletti Wilkinson, teniente coronel (R) Augusto | Rial, almirante (R) Arturo
González, coronel (R) Enrique P. | Rodríguez, coronel (R) Augusto G.
González, profesor Julio César | Rojas, señor Miguel J.
Goyret, teniente coronel José | Ruiz-Guiñazú, doctor Enrique
| Sammartino, doctor Ernesto
| Sosa, general (R) Indalecio
| Vago, general (R) Ambrosio

Documentos impresos

Leyes y Decretos

[1] Anales de legislación argentina, 1852-1964. 28 volúmenes encuadernados en 46. Buenos Aires, 1942-65.

[2] Decretos nacionales 4 de junio de 1948-4 de junio de 1946. 4 volúmenes. Buenos Aires, 1944-46.

[3] Ministerio de Guerra. Digesto de Guerra. Leyes, reglamentos, decretos y disposiciones vigentes… dictados hasta el 1.º de octubre de 1909. 2.ª Edición. Buenos Aires, 1909.

Debates legislativos

[4] Congreso Nacional. Diario de sesiones de la cámara de diputados. Años 1921-30, 1932-42. 123 volúmenes.

[5] Congreso Nacional. Diario de sesiones de la cámara de senadores. Años 1916-30, 1932-42. 50 volúmenes.

[6] Convención Nacional Constituyente. Diario de sesiones año 1957. 2 volúmenes. Buenos Aires, 1958.

[7] Junta Consultiva Nacional. Bases para la confección de una nueva ley electoral. Buenos Aires, 1956.

Informes de cuerpos ejecutivos y legislativos

[8] Comisión de Estudios Constitucionales. Materiales para la reforma constitucional. 7 volúmenes. Buenos Aires, 1957.

[9] Comisión Nacional de Investigaciones. Documentación, autores y cómplices de las irregularidades cometidas durante la segunda tiranía. 5 volúmenes. Buenos Aires, 1958.

[10] Contaduría General de la Nación. Memoria anexa a la memoria del Ministerio de Hacienda correspondiente al año 1919. Buenos Aires, 1921.

[11] Memoria… 1922. Buenos Aires, 1925.

[12] Memoria… 1925. Buenos Aires, 1927.

[13] Memoria… 1926. Buenos Aires, 1927.

[14] Memoria… 1927. Buenos Aires, 1928.

[14a] Memoria… 1929. Buenos Aires, 1930.

[15] Memoria… 1945. Buenos Aires, 1946.

[16] Intervención Nacional en la Provincia de Buenos Aires. Informe elevado por el interventor nacional, don José Luis Cantilo al poder ejecutivo de la nación. La Plata, 1918.

[17] Intervención Nacional en Salta. Informe elevado al Ministerio del Interior por el interventor nacional doctor Manuel Carlés. Buenos Aires, 1919.

[18] Ministerio del Interior. Departamento Nacional del Trabajo. Organización sindical: Asociaciones obreras y patronales. Buenos Aires, 1941.

[19] — Subsecretaría de Informaciones. Las fuerzas armadas restituyen el imperio de la soberanía popular. 2 volúmenes. Buenos Aires, 1946.

[20] — Ministerio de Guerra. Boletín Militar, 1901-48.

[21] — Boletín Militar Público, 1943-45.

[22] — Escalafón del Ejército Argentino… jefes y oficiales en actividad hasta el 22 de enero de 1914. Buenos Aires, n.d.

[23] — Memoria presentada al honorable congreso nacional correspondiente al año 1926-1927, Buenos Aires, 1927.

[24] — Memoria… 1927-1928. Buenos Aires, 1928.

[25] — Memoria… 1928-1929. Buenos Aires, 1929.

[26] — Memoria… 1929-1930. Buenos Aires, 1930.

[27] — Memoria… 1930-1931/1931-1932. Buenos Aires, 1932.

[27a] — Memoria… 1932-1933. Buenos Aires, 1933.

[27b] — Memoria… 1933-1934. Buenos Aires, 1934.

[28] — Memoria… 1934-1935. Buenos Aires, 1935.

[29] — Memoria… 1935-1936. Buenos Aires, 1936.

[30] — Memoria… 1936-1937. Buenos Aires, 1937.

[31] — Memoria… 1937-1938. Buenos Aires, 1938.

[32] — Memoria… 1938-1939. Buenos Aires, 1939.

[33] — Memoria… 1939-1940. Buenos Aires, 1940.

[34] — Memoria… 1940-1941. Buenos Aires, 1941.

[35] — Memoria… 1941-1942. Buenos Aires, 1942.

[36] — Memoria presentada al Excelentísimo Señor Presidente de la Nación, 4 de junio de 1943-4 de junio de 1945. Buenos Aires, 1945.

[37] Ministerio de Hacienda. El ajuste de los resultados financieros de los ejercicios de 1928 a 1936. Buenos Aires, 1938.

[38] Ministerio de Marina. Memoria correspondiente al ejercicio 1929-1930. Buenos Aires, 1930.

[39] — Memoria… al ejercicio 1932. Buenos Aires, 1933.

[40] — Memoria… al ejercicio 1941. Buenos Aires, 1942.

[41] — Memoria… al ejercicio 1946. N.p., sin fecha.

[42] — Memoria… al ejercicio 1947. N.p., sin fecha.

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[274] Torres, José Luis. La década infame. Buenos Aires, 1945.

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Ayuda bibliográfica

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[285] Kent, George O., compilador. A Catalogue of Files and Microfilms of the German Foreign Ministery Archives 1920-1945. 3 volúmenes, Stanford, Calif., 1962-66.

Diarios y periódicos

Diarios: La Fronda, 1943; La Nación, 1928-45; The New York Times, 1940-45; El Pampero, 1939; La Prensa, 1918, 1921, 1928-45; La Vanguardia, 1930-45; The Times (Londres), 1945.

Revistas militares: El Ejército y la Armada, 1942-45; Estudios y Comunicaciones de Información (en 1936 el título cambió a: Revista de Informaciones y en 1945 a: Revista de la Escuela Superior de Guerra), 1923-66; Revista Militar, 1921-64.

Revistas de información: Ahora, 1942-44; Esto Es, 1954-56; Primera Plana, 1963-66; Qué, 1946-47, 1958-59; Review of the River Plate, 1928-45.

Otros periódicos: CGT, 1934-37; Hechos e Ideas, 1935-47; InterAmerican Monthly, 1942-45; Nueva Política, 1940; El Obrero Ferroviario, 1930-35; Revista de Historia, 1957-58; Revista Socialista, 1930-40; Señales, 1935-36; Sol y Luna, 1939-41.

ROBERT A. POTASH (1921 - 2016). Historiador estadounidense que se ha especializado en estudiar el papel de los militares en la historia argentina.

En la década de 1950, Potash fue contratado por la Universidad de Massachusetts en Amherst, eligiendo como temas de investigación la historia económica de México y la relación entre el Ejército y la política en Argentina, tema que lo ocupó desde entonces.

Su libro El Ejército y la Política en la República Argentina (1928-1973), en tres tomos, revolucionó la historiografía argentina, al realizar un estudio exhaustivo del actor principal de la historia argentina en ese período, marcado por los golpes de Estado militares.

Fue nombrado miembro correspondiente de la Academia Nacional de la Historia de la República Argentina y en México como corresponsal de la Academia Mexicana de la Historia.

Notas al Capítulo 1

[1] El apellido de Yrigoyen a menudo fue escrito en la forma «Irigoyen»; pero el dirigente radical, quizá para diferenciarse, insistía en esta forma peculiar cuando firmaba. En este libro se ha respetado su preferencia. <<

[2] Rodríguez [191], págs. 45-103. (En las notas de este libro se utiliza una forma abreviada para citar las fuentes. El número entre corchetes que acompaña las citas remite al lector al título completo, mencionado en la Bibliografía, págs. 409-427.) <<

[3] Ibid., págs. 77-78, 107-10. Los textos de las leyes 4031 (1901) y 4707 (1905) pueden consultarse en los Anales de legislación argentina [1] organizados cronológicamente. En adelante los textos de todas las leyes y decretos, que serán citados simplemente por el número y la fecha de publicación, estarán referidos a los Anales, a menos que se diga lo contrario. <<

[4] Ley 4707 (1905), Título II, artículos 55, 68 y 69 y el Título III, artículo 4; Ley 9675 (1915), artículos 60, 65. La reducción de la edad de retiro obligatorio del nivel de 1895 (Ley 3289) al nivel de 1905 (Ley 4707) adoptó la siguiente forma: teniente general, de 68 a 65; general de división, de 65 a 63; general de brigada, de 62 a 60; coronel, de 60 a 57; teniente coronel, de 58 a 54; mayor, de 56 a 50; capitán, de 54 a 46; teniente primero, de 52 a 43; teniente, de 50 a 40; y subteniente, de 50 a 40. <<

[5] Duval [133], II, págs. 367-69. El mayor Duval, agregado militar brasileño en Buenos Aires durante los años 1916-20, ofrece la reseña más exacta del personal militar extranjero en la Argentina antes de 1920. <<

[6] Ibid., págs. 370-71; Epstein [134], pág. 141. Nunca se estableció el número exacto de oficiales argentinos enriados a Alemania en el período anterior a la Primera Guerra Mundial. Examinando los números del Boletín Militar de 1906-14, he podido identificar a 140 oficiales que pasaron diferentes periodos en ese país, y sobre esta base he llegado a la conclusión de que el total constituyó un grupo formado aproximadamente por 150-175 individuos. <<

[7] Epstein [184], págs. 68, 110, 145; Luna, Alvear [219], pág. 58. <<

[8] Molina, «La defensa profesional» [171], pág. 306. <<

[9] En 1931 había tres asesores (un general y dos mayores), comparados con seis asesores cinco años antes. El ministro alemán en Buenos Aires en 1931 temía que cualquier aumento del número provocara peligrosas repercusiones. Ministro alemán, Buenos Aires, al Ministerio de Relaciones Exteriores, Berlín, 16 de marzo, 1927 y 22 de junio, 1931, Auswärtiges Amt, Abteilung III, Akten betreffend Argentinien, Bände I, II MSS, reproducido en la National Archives Microcopy T-120, Roll 4006, frames K 122, 404-7, 122, 425-30. En adelante todos los documentos de los archivos del Ministerio de Relaciones Exteriores alemán correspondientes a la serie T-120 serán citados simplemente por el número de rollo y película. <<

[10] Por ejemplo, en 1910, de los 45.000 jóvenes de veinte años, 16.410 fueron incorporados al Ejército; en 1930, de los 101.354 jóvenes de veinte años, fueron incorporados 25.079. Maligné, «El Ejército argentino en 1910» [163], pág. 307; La Prensa, 14 de enero de 1930; Duval [183], pág. 89; Ministerio de Guerra, Memoria 1940-1941 [84], tabla titulada «Cantidad de ciudadanos sorteados e incorporados… 1920 a 1939». <<

[11] Duval [133], I, 89-91; Boletín Militar, N.º 8614, del 22 de octubre de 1930. La ley 11.539 (1928), que estableció el presupuesto para 1929, y fue prorrogada por la ley 11.577 (1930) también para 1930, fijó el número de oficiales de combate en 1501, y el cuadro de alistados en 4.963. <<

[12] Las cifras de Duval para 1920 (I, 89 y sigs.), tomadas del Boletín Militar, establecen la fuerza total del Ejército, entre personal de combate y de servicio, oficiales, cuadros y conscriptos, en 25.904 individuos. La cifra correspondiente para 1929, derivada de las asignaciones del presupuesto para los oficiales, los cuadros y el personal de servicio, más el número real de conscriptos, es de 32.738, lo cual representa un aumento del 26,3 por ciento. <<

[13] El desusado aumento a 80.153.000 de 1927 fue resultado del llamado de las reservas para participar en grandes maniobras. <<

[14] Sobre la base de datos publicados por el ex ministro de Finanzas Enrique Uriburu, en cartas a La Nación, 7 de abril de 1932, reproducidas en de la Torre, Obras [89], IV, 262, 275. <<

[15] Caballero [57], passim; Rodríguez [191], págs. 89-92. 125-26; Arturo Torres [222a], pág. 230. <<

[16] Ley 4707 (1905), artículos 6 y 7. Debe señalarse que esta ley no impedía que los oficiales fuesen candidatos a cargos efectivos. Pero el tiempo en que desempeñaban estos puestos no era computable a los efectos del ascenso (artículo 24). <<

[17] Caballero [57], págs. 146-64. <<

[18] Luna, Yrigoyen [220], págs. 242-46. De acuerdo con el uso argentino, la intervención significa el derrocamiento de las autoridades existentes y la asunción de sus poderes por una persona designada por el gobierno nacional. La intervención provincial puede ser resultado de una decisión del Congreso, o cuando éste no sesiona, de un decreto del Poder Ejecutivo. Durante la presidencia de Yrigoyen hubo veinte intervenciones provinciales, catorce de ellas por decreto del ejecutivo. <<

[19] Juan V. Orona, «Una logia poco conocida y la revolución del 6 de setiembre», Revista de Historia, III (1958), 74. <<

[20] Orona, Yrigoyen [173], págs. 68-72, 81. El ministro de Guerra, un civil, fue el doctor Elpidio González, líder radical de la provincia de Córdoba, que actuó allí durante la revolución de 1905. En 1918 González renunció para presentar su candidatura a gobernador de Córdoba, y fue reemplazado en el Ministerio de Guerra por el doctor Julio Moreno, que entonces era jefe de la Policía de Buenos Aires. Yrigoyen más tarde designó a González, que no tuvo éxito en las elecciones, para el cargo de jefe de Policía, indicación de que a juicio del Presidente este puesto tenía la misma importancia que el de ministro de Guerra. <<

[21] Observaciones del senador Martín Torino, 15 de setiembre de 1921, Senadores [5], 1921, pág. 436. El proyecto original fue modificado varias veces, y en definitiva fue la ley 11.268 (1923). Al apoyar su sanción, en un mensaje dirigido en 1922 al Congreso, Yrigoyen afirmó: «Consagramos así por este proyecto de ley, lo más puro e inmortal de la vida de las generaciones, para perpetuo ejemplo y definitivo arquetipo de la estirpe nacional» (citado en Arturo Torres [222a], pág. 36). Con respecto a las reacciones negativas provocadas por la medida, véase Orona, Yrigoyen [173]. págs. 70-71, 81. <<

[22] Orona, Yrigoyen [173], págs. 85-86. Debo el cálculo estimado del número de afiliados al coronel (R) Enrique P. González, que cuando era teniente primero de caballería se incorporó con su cuñado, el capitán Conrado Sztyrle, a la Logia San Martín, la cual se fusionó con el Centro General San Martín, para formar la Logia General San Martín (entrevista del 22 de julio de 1965). <<

[23] Orona, Yrigoyen [173], págs. 79-83. <<

[24] Entrevista con el coronel E. P. González, 22 de julio de 1965. Un artículo inédito del coronel Luis Jorge García, primer presidente de la Logia Militar, afirma que una de las tres causas inmediatas que condujeron a la creación de la Logia fue el descubrimiento de los soviets (véase Orona, Yrigoyen [173], pág. 183, que reproduce el artículo de García). <<

[25] En general, los escritores radicales han afirmado que la Logia era una organización política antiyrigoyenista. Véase, por ejemplo, Del Mazo, Notas [242], pág. 54; Cattáneo, Entre rejas [61], págs. 3-6. Por otra parte, Orona insiste en que «la Logia no fue contraria al primer gobierno radical, considerado por muchos de sus miembros popular, progresista y serio; sino enemiga de las prácticas retrógradas y desquiciadoras de quienes echaban en saco roto las viejas y claras prescripciones contenidas en la Constitución, las leyes y los reglamentos militares. El mal no estaba en las altas esferas exclusivamente, sino en el Ejército mismo, en sus oficiales superiores, sobre todo» (Orona, «Una logia poco conocida y la revolución del 6 de setiembre», Revista de Historia, III, 1958), pág. 88. <<

[26] Orona, Yrigoyen [173], págs. 104-8. <<

[27] Ibid., págs. 108-9; Quebracho [76], págs. 12-23, 41n; entrevista con Miguel J. Rojas, 21 de julio de 1965. Quebracho es el seudónimo de Liborio Justo, hijo de Agustin Justo. Rojas fue secretario privado de Justo de 1931 a 1943. Su relato del desafío de Justo a Yrigoyen puede ser apócrifo, pues La Prensa, del 22 de junio de 1921, informó que el ministro de Guerra había autorizado la ceremonia. Con respecto al discurso de Justo en el Museo Mitre, véase La Prensa, del 27 de junio de 1921. <<

[28] Entrevista con Miguel J. Rojas, 30 de julio de 1965; del Mazo, Ensayo [244], pág. 22. <<

[29] Orona, Yrigoyen [173], págs. 108, 124. <<

[30] Ibid., págs. 113, 117-18. <<

[31] En una votación secreta de los miembros realizada en diciembre de 1925, tres cuartas partes se declararon en favor de la disolución de la Logia (ibid., págs. 125-27, 172-73, 190-91). <<

[32] Se hallará el elogio de las realizaciones del gobierno en el documento titulado La presidencia de Alvear. 1922-28 [45], VI. <<

[33] El lector encontrará opiniones militares representativas acerca de la necesidad de nuevas armas en Quiroga [181]; la entrevista periodística con el general Severo Toranzo después de su gira europea aparece en un despacho de la Embajada de Estados Unidos en Buenos Aires al secretario de Estado, el 29 de julio de 1924, National Archives Record Group 59, File N.º 835.00/346 (materiales citados en adelante bajo el rubro Embajada de Estadas Unidas, fecha y número de archivo); y las observaciones retrospectivas del general Manuel Rodríguez al Senado argentino, en Senadores [5], 1932, I, 607. También algunas fuentes civiles apoyaron la adquisición de armamentos extranjeros y la construcción de fábricas de armas en el país (véase el editorial de La Prensa, titulado «Los armamentos nacionales», 5 de febrero de 1921). <<

[34] Luis Jorge García, «La verdad sobre la Logia General San Martín», en Orona, Yrigoyen [173], pág. 183. <<

[35] Acerca de la recurrencia a la guerra como fenómeno latinoamericano, Bryce Wood ([234], pág. 14) ha escrito: «No hay otro periodo del siglo que siguió a 1830 en que estallaron tantos conflictos entre estados americanos como en los catorce años transcurridos entre 1928 y 1942». <<

[36] «Memorándum sobre la gestión del ministro de Guerra, general de brigada D. Agustín P. Justo, con el fin de conseguir la sanción de la ley de armamentos N.º 11.266», Apéndice C, en Orona, Yrigoyen [173], págs. 170-71. <<

[37] Ibid., pág 171. Hay detalles acerca del programa de adquisición de armamentos en un despacho de la Embajada de Estados Unidos, 17 de diciembre de 1923, 885.20/12. <<

[38] Véase los esfuerzos de los civiles para organizar una demostración al general Justo, después de las maniobras de Mendoza (La Prensa, 17 de diciembre de 1927). <<

[39] Justo desafió a duelo a Dellepiane cuando este último rehusó retirar las acusaciones de irregularidades en la manipulación de los contratos de construcción de cuarteles por el ministro de Guerra. Después del duelo, Justo exigió públicamente que la Contaduría General de la Nación realizase una investigación exhaustiva de los contratos (véase La Prensa, 24 y 25 de marzo de 1924; y despacho de la Embajada de Estados Unidos, 25 de marzo de 1924, 835.002/74). <<

[40] Despacho de la Embajada de Estados Unidos, 8 de febrero de 1928, 835.00/418. <<

[41] Del Mazo, Ensayo [244], II, 53. <<

[42] «Mi padre nunca había aspirado a la presidencia de la República. Hombre culto, liberal, sencillo y, entonces, austero, con espíritu civil, pero militar al fin, tuvo en su vida como máxima aspiración la posibilidad de llegar al Ministerio de Guerra. Cuando el doctor Alvear lo designó para tal cargo, repetía constantemente; “He llegado, he llegado”». (Quebracho [76], pág. 180n.) <<

[43] Raúl A. Molina, «Presidencia de Marcelo T. de Alvear», en Historia argentina contemporánea [92], Segunda Sección, 271-345. Molina aporta interesantes detalles de las actividades ministeriales entre bambalinas, basándose parcialmente en un diario inédito de Ángel Gallardo, ministro de Relaciones Exteriores. Acerca del papel de Justo, véanse especialmente las págs. 299-800, 340-41. <<

[44] Quebracho [76], pág. 180n. <<

[45] Despacho de la Embajada de Estados Unidos, 8 de febrero de 1928, 835.00/418. <<

[46] Carta al doctor Clodomiro Zavalia, La Nación, 21 de febrero de 1928. <<

[47] Despacho de la Embajada de Estados Unidos, 6 de marzo de 1928, 835.00/421. <<

[48] Escalafón [22]. De los cuatro, dos eran franceses, uno italiano y uno costarricense. En nueve de los veintiún casos se ignora la nacionalidad del padre, pero alguno de ellos pudo ser italiano. <<

[49] Revista Militar XLVIII (junio de 1927), 756; ibid., L (junio de 1928), 1191-92; ibid., LII (junio de 1929), 1006-7. <<

[50] Domingo Mercante era hijo de un maquinista ferroviario, pero el padre también poseía algunos alojamientos o conventillos (entrevista con el general [R] Héctor V. Nogués, 8 de agosto de 1967). <<

[51] Ricardo M. Ortiz, «El aspecto económico de la crisis de 1930», Revista de Historia, III (1958), 41-72, analiza las tendencias demográficas y económicas del periodo 1914-30. <<

[52] Las opiniones de Mosconi, expresadas en varios discursos, pueden consultarse en su Dichos y hechos [84]. <<

[53] Pierrestegui [179], pág. 213. La conferencia fue pronunciada el 8 de octubre de 1929. <<

[54] Ibid., pág. 214. <<

[55] En general, el gobierno de Yrigoyen demostró mayor simpatía hacia el movimiento obrero que cualquiera de sus predecesores. De todos modos, utilizó a los soldados como rompehuelgas durante la huelga ferroviaria de Rosario, en julio-agosto de 1917, y utilizó al Ejército para mantener el orden en otras ocasiones. Los dos casos más notables, a causa de la pérdida de vidas, ocurrieron durante la Semana Trágica, en enero de 1919 y en la Patagonia (1921-22). Se hallarán detalles en Luna, Yrigoyen [220], págs. 259-61, nota 1. <<

[56] «Discurso del director del Colegio Militar, coronel D. Agustin P. Justo… en el mes de diciembre del año 1920», Revista Universitaria, número extraordinario dedicado al Ejército argentino, Vol. VI, N.º 61 (1935), pág. 97. En esta y otras citas de nuestra obra, hemos omitido los puntos suspensivos al comienzo y fin de los pasajes, en concordancia con la norma editorial de la Stanford University Press. <<

[57] Se relatan las actividades de estos intelectuales nacionalistas y sus contactos con Uriburu y otros oficiales en las memorias de uno de sus miembros principales, Juan Carulla (Al filo [59], págs. 160-82). Véase también la labor de otro miembro, Ernesto Palacio [100], II, 364-65. También colaboró con este grupo el destacado poeta Leopoldo Lugones, cuya famosa oración de la «hora de la espada», pronunciada en Ayacucho, Perú, en 1924, apoyaba la idea de que sólo los militares podían regenerar al país. <<

[58] Se manifestó la hostilidad de los estudiantes hada el Ejército en un desorden que estalló en la Facultad de Derecho de Buenos Aires durante una conferencia acerca del tema «La guerra entre las naciones en armas», pronunciada por el mayor Enrique I. Rottger (Despacho de la Embajada de Estados Unidos, 24 de agosto y 21 de setiembre de 1927, 835.00/406 y 408). <<

[59] Revista Socialista, I (1930) 201. <<

[60] Con respecto a las opiniones socialistas, véase Nicolás Repetto, El socialismo argentino y el ejército: problemas y tareas nuevos (Buenos Aires, sin fecha). Se trata de un folleto que resume los textos de dos conferencias pronunciadas en noviembre de 1933 y abril de 1934. Véanse también las observaciones de Repetto en el debate de la Cámara de Diputados, el 24 de setiembre de 1928 (Diputados [4], 1928, V, 126), que describen a los militares como un grupo privilegiado de servidores públicos. Acerca de las opiniones de De la Torre, véase Obras [89], IV, passim. <<

[61] Diputados [4], 1928, V, 133. <<

[62] Ibid., pág. 135. <<

Notas al Capítulo 2

[1] Los frecuentes y amplios desplazamientos de personal militar —un año después de la asunción del poder por Yrigoyen se había trasladado al sesenta por ciento de todo el cuerpo de oficiales— provocaron un pedido de investigación parlamentaria y agrias críticas periodísticas. Véase el pedido de interpelación de dieciocho puntos al ministro de Guerra, elaborado por el diputado socialista independiente González Iramain, Diputados [4], 1929, III, 550; editoriales de La Prensa, 15 de mayo y 15 de agosto de 1930. <<

[2] En su carácter de comandante de las fuerzas militares y civiles, el general Dellepiane finalmente restableció el orden en Buenos Aires en enero de 1919. Acerca del desempeño de González como ministro de Guerra interino, véase La Prensa, 5 de febrero, 7 y 12 de marzo de 1929; se hallará una crítica de su permanente influencia sobre el Ministerio de Guerra «sin las responsabilidades que determinan la Constitución y las leyes aplicables», en un editorial en ibid., 3 de julio de 1930. <<

[3] Véase el articulo 16, ley 11.539. <<

[4] La Prensa, 14 de enero de 1929 y 14 de enero de 1930. Aparecen cifras apenas distintas en Ministerio de Guerra, Memoria… 1940-1941 [34], en una tabla titulada «Cantidad de ciudadanos sorteados e incorporados al ejército de las clases 1899 a 1918». <<

[5] Ministerio de Guerra, Memoria… 1928-1929 [25], pág. 263; Memoria… 1929-1930 [26], pág. 208; Memoria… 1930-1931 /1931-1932 [27], pág. 111. Acerca del exceso de oficiales, véase el editorial «Realidades del presupuesto de guerra», La Prensa, 26 de julio de 1930. <<

[6] Véase una comparación entre las pautas de organización del elenco de oficiales en tres regimientos destacados en provincias y en tres regimientos de la capital, en el editorial de La Prensa del 9 de agosto de 1930. <<

[7] La Prensa, 4 de junio de 1930. <<

[8] Hay una lista de los contratos de armamentos autorizados por cada gobierno entre 1926 y 1932 en Senadores [5], 1934, II, 463; con respecto a la fábrica de aviones de Córdoba, véase La Prensa, 11 y 26 de marzo de 1929; con referencia a la interrupción de estos proyectos, véase los despachos de la Embajada de Estados Unidos del 81 de julio de 1929, 835.00/436, y 30 de octubre de 1929, 835.00/442. <<

[9] Despacho de la Embajada de Estados Unidos, 30 de octubre de 1929, 885.00/442. <<

[10] Estos rumores determinaron más tarde acusaciones de malversación contra el general Justo, y provocaron entre 1932 y 1934 una amplia investigación del Senado acerca del programa de compras en países extranjeros. <<

[11] Con respecto al pago de intereses, véanse las acusaciones formuladas en 1934 por el ministro de Guerra Manuel Rodríguez, Senadores. 1934. II 704 <<

[12] Despacho de la Embajada de Estados Unidos, 31 de julio de 1929, 835.00/436. <<

[13] Ibid., 4 de setiembre de 1929, 835.00/437. <<

[14] Se practicaron las reincorporaciones, ascensos de oficiales retirados y cambios de la antigüedad en el grado mediante decretos publicados en el Boletín Militar, y se informaron las medidas en las columnas de asuntos militares de La Prensa, de octubre de 1928 a julio de 1930. Entre los beneficiarios estaban el mayor Regino P. Lascano, que obtuvo el grado de teniente coronel, con retroactividad al 31 de diciembre de 1922 (La Prensa, 27 de octubre de 1928); el mayor José Hermida, cuya retroactividad fue llevada al 31 de diciembre de 1924 (La Prensa, 4 de diciembre de 1928) y que más tarde fue ascendido a teniente coronel (La Prensa, 18 de marzo de 1930); el general de brigada José Marcilese, a quien se le reconoció antigüedad al 31 de diciembre de 1921, poniéndolo a la cabeza del escalafón (La Prensa, 24 de febrero de 1929); el coronel Guillermo Valotta, cuya antigüedad en el grado fue llevada al 31 de diciembre de 1920 (La Prensa, 24 de febrero de 1929); y el teniente coronel Armando Verdaguer, con retroactividad al 31 de diciembre de 1921 (La Prensa, 18 de mayo de 1929). <<

[15] Resolución propuesta por el diputado González Iramain, el 18 de setiembre de 1929 (Diputados [4], 1929, III, 550). <<

[16] Senadores [5], 1929-30, III, 301. <<

[17] En su columna de noticias militares, La Prensa del 26 de marzo de 1930 alude a un mensaje enviado al Senado para pedir confirmación de los ascensos oficiales superiores; pero en las actas publicadas del Senado no se encuentra ninguna referencia a dicho mensaje. <<

[18] La Prensa, 3 de mayo de 1929 y 18 de marzo de 1930, publica las respectivas listas de ascensos. Se hallará una agria crítica de las demoras y violaciones de las leyes militares por el gobierno, en ibid, 31 de marzo de 1929, y en el editorial del 20 de marzo de 1930. <<

[19] Editorial, La Prensa, 14 de julio de 1930. <<

[20] Ibid. <<

[21] Véase «En los institutos militares se quebranta la disciplina por decisiones del gobierno», La Prensa, 29 de marzo de 1929, en relación con el incidente en la Escuela Naval. Acerca de la reincorporación de los cadetes militares, véase las observaciones de González Iramain, Diputados [4], 1929, III, 411. El director del Colegio Militar era el coronel Francisco Reynolds, que como teniente había participado en el movimiento radical de 1905. <<

[22] Orona, La revolución, 174, págs. 20-22. <<

[23] Ibid., págs. 21-29. A juicio de Orona, el coronel García fue el iniciador del grupo acaudillado más tarde por Justo, que participó en la conspiración militar contra Yrigoyen. Véase más adelante, pág. 72. <<

[24] Canilla, Al filo [59], pág. 180. Cartilla fue uno de los jóvenes nacionalistas que entrevistaron al general. <<

[25] Citado en Ibarguren [68], pág. 382. <<

[26] Revista Militar, LII (junio 1929), 1007. Los matices políticos de esta elección fueron observados por el coronel Luis García en un editorial de La Nación, contrario al gobierno, del 23 de julio de 1929, reproducido en Orona, La revolución [174], pág. 23. <<

[27] La Prensa, 13 de mayo y 14 de junio de 1930. <<

[28] La Prensa, del 23 de julio de 1930, reprodujo con aprobación sus observaciones en un editorial titulado «Ni obsecuencia ni servilismo en el militar». <<

[29] Despacho de la Embajada de Estados Unidos, 31 de julio de 1929, 835.00/436. <<

[30] Bliss informaba en otro pasaje del mismo despacho que «La situación es esencialmente el resultado de la inercia del gobierno nacional, consecuencia a su vez de la incapacidad aparentemente cada vez más acentuada del Presidente para dirigir los asuntos del Estado, sobre los cuales ejerce un control absoluto». <<

[31] Se hallará un informe acerca de los incidentes callejeros a fines de 1929 en los despachos de la Embajada de Estados Unidos, 9 de octubre de 1929, 835.002/89; 30 de octubre de 1929, 835.00/442; y 20 de noviembre de 1929, 835.00/450. <<

[32] Comenzó a usarse el término «antipersonalista» durante la presidencia de Alvear (1922-28) para designar a quienes se oponían al dominio de Yrigoyen en el Partido Radical. Eran el sector más conservador del Partido Radical, y más tarde formaron un partido político autónomo que se opuso a la reelección de Yrigoyen en 1928, y apoyó la revolución del 6 de setiembre. Aunque algunos de sus dirigentes más tarde se reincorporaron al Partido Radical reorganizado, durante la década siguiente continuó actuando un Partido Radical Antipersonalista como fuerza política autónoma. <<

[33] El Congreso había votado la intervención de Mendoza y San Juan en octubre de 1928, poco antes de que Yrigoyen reasumiese la presidencia; Santa Fe y Córdoba fueron intervenidas por decreto de abril de 1929, antes de que el Congreso pudiese volver a reunirse. Yrigoyen designó a los interventores en las cuatro provincias (Comisión de Estudios Constitucionales [8], VI, Intervención federal, 33-34). <<

[34] Se hallará una denuncia del uso de tropas federales para fines políticos en las provincias, en víspera de la elección del 2 de marzo, en el editorial «El ejército y la política» en La Prensa, 27 de febrero de 1930. Los historiadores del Partido Radical reconocen el carácter violento y fraudulento de las elecciones provinciales (véase, por ejemplo, Luna, Yrigoyen [220], págs. 443-44). <<

[35] Roberto Etchepareborda, «Aspectos políticos de la crisis de 1930», Revista de Historia, III (1958), 32. <<

[36] Sobre todo el diputado electo Raúl F. Oyhanarte, en una serie de discursos pronunciados en la Cámara de Diputados en junio y julio de 1930 (véase Oyhanarte [86], passim). <<

[37] El período establecido por la Constitución para las sesiones regulares corría del 1.º de mayo al 30 de setiembre. Pero las sesiones preliminares consagradas a la discusión de los diplomas duraba del 1.º de abril al 30 de agosto. La mayoría radical en la Cámara joven rechazó constantemente los proyectos de aceleración de los debates (véase Diputados [4], 1930, sesiones del 25 de abril, 27 de junio y el 7 de agosto), y al negarse periódicamente a responder a los pedidos de formación de quórum también contribuyó a la postergación de las sesiones regulares. En del Mazo, Notas [242], págs. 150-51 se hallará una interpretación radical que achaca a los diputados de la oposición la responsabilidad de las demoras. <<

[38] Etchepareborda, «Aspectos políticos», págs. 83-84; Oyhanarte [86], pág. 33; La Prensa, 20 de agosto de 1930, advirtió en un editorial contra el envío de tropas federales a Entre Ríos con fines políticos partidistas; el día anterior había pedido al país que no se apelase a las tropas para resolver la crisis política. <<

[39] Aparte de los aviadores que volaron sobre la ciudad, las tropas que participaron en el movimiento no superaron los 1.500 hombres (despachos de la Embajada de Estados Unidos, 11 de setiembre de 1930, 835.00 Revolutions/12). <<

[40] Sarobe, Memorias [80], apéndice, pág. 284. <<

[41] Orona, Castillo [172], págs. 29-30; Carulla, Al filo [59], pág. 194. <<

[42] Ibarguren [68], págs. 384-85; Pinedo [74], I, págs. 76-77; Sarobe, Memorias [80], págs. 26-36. <<

[43] Sarobe, Memorias, pág. 21. <<

[44] Ibid. <<

[45] Ibid., pág. 23. Acerca de la semejanza de las ideas de Justo con las de Sarobe, véase ibid., pág. 51. De hecho, los acontecimientos no siguieron este curso en 1930; pero en 1962, después de la expulsión del presidente Frondizi por los militares, el presidente pro tempore del Senado ocupó la vacante, confiriendo así cierta respetabilidad constitucional a la operación. <<

[46] Ibid., pág. 23. <<

[47] Juan Perón, «Lo que yo vi de la preparación y realización de la revolución del 6 de setiembre de 1930», Apéndice en Sarobe, Memorias [80], págs. 281-310. Esta versión de primera mano, preparada en enero de 1931 en la forma de notas sin revisar, ha sido reproducida también en Perón [73], págs. 10-86. <<

[48] Perón, «Lo que yo vi», en Sarobe, Memorias [80], págs. 302-3. <<

[49] Sarobe, Memorias, págs. 60-78. <<

[50] Ibid., págs. 112-22. <<

[51] Más tarde Sánchez Sorondo afirmó que le correspondía el mérito de haber persuadido a Uriburu para que abandonase la idea de modificar la Constitución apelando a la fuerza, y que en cambio lo había convencido de que sometiese los cambios propuestos al veredicto de la opinión pública. Senadores [5], 1935, II, 332; Pinedo [74], III, 25. <<

[52] Sarobe, Memorias [80], págs. 115-40. <<

[53] Ibid., pág. 141. <<

[54] Ibid., pág. 119. <<

[55] Los textos del manifiesto original que Uriburu quería emitir, la versión revisada de Sarobe según se publicó el 6 de setiembre, y el «programa de acción» de este último, redactado el 28 de agosto, aparecen en los Anexos 1-3 de Sarobe, Memorias [80], págs. 250-54. Tengo en mi poder una copia fotostática del primero de estos materiales, con modificaciones de puño y letra de Sarobe. <<

[56] Sarobe, Memorias, págs. 83-96. <<

[57] Roberto Etchepareborda, «Aspectos políticos de la crisis de 1930», Revista de Historia, III (1958), 37. <<

[58] Diez periodistas porteños [132], págs. 157-60. Apoyaron la decisión del coronel Reynolds todos los oficiales asignados al Colegio Militar, con excepción del mayor José Suárez y 7 capitanes (Ambrosio Vago, Bernardo Weinstein, Raúl Teisaire, Rafael Lascalea, Germán Gutiérrez, Manuel A. Rodríguez y Antonio Vieyra Spangenberg), que creían en la posibilidad de una solución constitucional de la crisis, y por consiguiente rehusaron unirse a la revolución. Debo al finado general (R) Ambrosio Vago los nombres de estos ocho oficiales legalistas (entrevista del 19 de julio de 1965). <<

[59] Se destacaron en la defensa enérgica del gobierno el coronel Avelino Alvarez, jefe de la Escuela de Infantería de Campo de Mayo, que inmovilizó a la mayor parte de la guarnición; y el teniente coronel Francisco Bosch, jefe del regimiento 8.º de caballería de Liniers. <<

[60] En Diez Periodistas Porteños, págs. 171-83, se hallará una cronología hora por hora de los acontecimientos del 6 de setiembre. Algunos autores sostienen que la pasividad del Vicepresidente en ejercicio, doctor Martínez, que no adoptó medidas enérgicas contra la columna de Uriburu, respondió a su errónea creencia de que él mismo sería el beneficiario de la revolución (Orona, La revolución [174], págs. 46-48). <<

[61] Diez Periodistas Porteños [132], págs. 332-50, 364-68; Sarobe, Memorias [80], págs. 166-72. <<

[62] Revista Militar, LII (enero-junio de 1929), 612. El texto completo de este discurso, fechado erróneamente, ha sido incluido también en Mosconi [84], págs. 179-80. Se hallará una lista de los oficiales que asistieron a la cena del Círculo Militar en La Prensa, del 5 de abril de 1929 <<

[63] Entre los principales defensores del régimen que tenían origen italiano se contaban los generales Mosconi y Vacarezza, los coroneles Pedro Grosso Soto, Lucas Rocca y Guillermo Valotta, y el teniente coronel Atilio Cattáneo. <<

[64] Telegrama de la Embajada de Estados Unidos, del 13 de setiembre de 1930, 835.00 Revolutions/9, informa que los miembros del Partido Radical estaban difundiendo este rumor. <<

[65] Las crónicas periodísticas difundidas en América del Sur en el sentido de que la Standard Oil de Nueva Jersey había provocado varias revoluciones recientes indujeron a Chester O. Swain, consejero general y vicepresidente de la compañía, a solicitar una entrevista con el subsecretario de Estado, y a afirmar «del modo más absoluto que jamás adoptaron ninguna actitud de ese tipo» (Memorándum del subsecretario de Estado a la División de Asuntos Latinoamericanos, 23 de octubre de 1930, 835.00 Revolutions/20). Swain solicitaba que se comunicasen sus afirmaciones a los embajadores norteamericanos en Buenos Aires, Lima y Santiago. El Departamento de Estado satisfizo el pedido, y señaló a los embajadores que consideraba «que sus [de Swain] formulaciones merecen confianza y créditos totales» (Departamento de Estado, Telegrama a la Embajada de Estados Unidos en Buenos Aires, 24 de octubre de 1930, 835.00 Revolutions/22). <<

[66] Del Mazo, Ensayo [244], II, 76. <<

[67] Savio era miembro del Estado Mayor General Revolucionario de Uriburu (véase Sarobe, Memorias [80], pág. 157). <<

Notas al Capítulo 3

[1] Alfredo Colmo, conocido abogado y publicista, destacó el carácter militar del régimen de Uriburu en su estudio contemporáneo ([127], págs. 156-58). Por otra parte, Matías Sánchez Sorondo, que desempeñó cargos en ese gobierno, insistió en que «una de las características del gobierno provisional fue su esencia civil» («6 de setiembre de 1930», Revista de Historia, III [1958], 104). <<

[2] Véase anteriormente, Capítulo 2. <<

[3] El ministro de Relaciones Exteriores, doctor Ernesto Bosch, había desempeñado ese mismo cargo de 1910 a 1914; el doctor Ernesto Padilla, ministro de Justicia e Instrucción Pública, había sido gobernador de Tucumán de 1913 a 1917; el ministro de Obras Públicas, ingeniero Octavio Pico, había sido subsecretario de Justicia en 1895; el doctor Beccar Varela, ministro de Agricultura, había ocupado diferentes puestos en el gobierno provincial de Buenos Aires; y el doctor Ernesto Pérez, ministro de Finanzas, había desempeñado las mismas funciones en 1921. Dos de estos hombres, Pérez y Bosch, habían ocupado cargos en la Sociedad Rural Argentina. <<

[4] Review of the River Plate, 19 de setiembre de 1930, pág. 23 y sigs. <<

[5] Ibid., véase también el número del 12 de setiembre de 1930, pág. 17. <<

[6] Boletín Militar, N.º 8578, setiembre 9 de 1930. <<

[7] Sarobe, Memorias [80], 192-95. Boletín Militar, N.º 8607, 14 de octubre de 1930, y N.º 8617, 25 de octubre de 1930. Este último decreto también destinaba a los coroneles Ricardo Miró, Carlos Casanova, Guillermo Valotta, Florendo Campos, Avelino Alvarez, a los tenientes coroneles Pedro Ramírez, Juan Tonazzi, Armando Verdaguer y al mayor Ángel Solari a los cargos de agregados militares en Estados Unidos, Brasil, Francia, Bélgica, Gran Bretaña, Italia, Uruguay, Paraguay y Chile, respectivamente. Casanova, Valotta y Campos se hablan mantenido leales a Yrigoyen en 1930; Tonazzi y Sarobe eran conocidos partidarios de Justo. <<

[8] Los textos del manifiesto del 6 de setiembre y del juramento del 8 de setiembre aparecen en Uriburu [90], págs. 15-19. <<

[9] Marcelo T. de Alvear en 1933, Arturo Frondizi en 1962, y Juan Perón en octubre de 1945. Acerca del tratamiento dispensado a Yrigoyen, véase del Mazo, Ensayo [244], II, 201 y sigs. <<

[10] La Review of the River Plate, 12 de junio de 1931, pág. 5, informa acerca de la suspensión de la ley marcial, y ofrece una reseña de las ejecuciones. <<

[11] Con respecto a la deportación de dirigentes obreros y al maltrato de los detenidos sindicales, véase Diego A. de Santillán, «El movimiento obrero argentino ante el golpe de Estado del 6 de setiembre de 1930», Revista de Historia, III (1958), 131-32. Acerca del arresto y la tortura a oficiales del Ejército en relación con una conspiración radical dirigida por el general Severo Toranzo, véase el informe de la Embajada de Estados Unidos, el 24 de abril de 1931, 835.00/535. El presidente Uriburu realizaba un viaje por el interior cuando se descubrió la conspiración de Toranzo, y era presidente en ejercicio el ministro del Interior Sánchez Sorondo. Se hallará una enérgica denuncia de las torturas infligidas a su hijo en febrero de 1931, en la carta abierta del general Toranzo al general Uriburu, enviada desde el Uruguay, escrita y publicada un año después en Crítica, 21 de febrero de 1932, y reproducida en Cattáneo, Plan 1932, [62], pág. 429. <<

[12] Véase el editorial de La Nación, del 7 de setiembre de 1930, y las declaraciones de dirigentes socialistas, socialistas independientes y demócratas progresistas en La Nación, el 10 de setiembre de 1930. Véase también las observaciones retrospectivas de Lisandro de la Torre en Senadores [5], 1935, II, 323-28. Acerca de las expresiones de apoyo de los sindicatos ferroviarios, véase Diego A. de Santillán «El movimiento obrero», pág. 131 y La Nación, 11 de setiembre de 1930. <<

[13] El lector hallará el texto del fundamental manifiesto de Uriburu, publicado en octubre de 1930, en Uriburu [90], págs. 21-25. <<

[14] En las páginas siguientes se examina la rebelión de Pomar en Corrientes, en julio de 1931. En diciembre de 1930 se descubrió en Córdoba una conspiración radical en la que estaban complicados unos treinta o cuarenta suboficiales; en febrero de 1931 fue aplastada la conspiración ya mencionada, en la cual estaba complicado el general Severo Toranzo. Telegrama de la Embajada de Estados Unidos, 2 de marzo de 1931, 835.00/504, e informe 13 de marzo de 1931, 835.00/511. Con respecto al tratamiento aplicado a los oficiales yrigoyenistas, véase Orona, La revolución [174], pág. 107. <<

[15] Sarobe, Memorias [80], págs. 183-84. <<

[16] Otros partidarios de Justo que obtuvieron importantes mandos de tropa fueron los tenientes coroneles Adolfo Espíndola, Santos Rossi y Héctor Pelesson, nombrados para dirigir la Escuela de Artillería de Campo de Mayo, el segundo regimiento de infantería de Buenos Aires y el Regimiento de Granaderos de San Martín respectivamente (Orona, La revolución [174], pág. 106). <<

[17] Esta elección, en la que se presentó una sola lista, fue un acto especial destinado a obtener la sustitución de la comisión anterior, desorganizada como resultado de la revolución. En junio de 1931 se celebraron elecciones regulares, y se reeligió por un período completo al coronel Rodríguez (La Prensa, 8 de marzo y junio 14 de 1931). <<

[18] Sólo los jueces se vieron eximidos de la reducción de sueldos, que osciló entre el 0,57 por ciento y el 22,35 por ciento, según el salario mensual (La Prensa, 24 de enero de 1931; Review of the River Plate, 30 de enero de 1931, pág. 15). <<

[19] La Prensa del 28 de marzo de 1931 ofreció amplios detalles de la operación de préstamo, a pesar de la reserva oficial que la rodeaba. En Atilio Cattáneo, Plan 1932 [62], págs. 432-33, hay una copia de la circular del 25 de noviembre de 1930, distribuida por el teniente coronel Molina entre todos los comandantes de unidades para explicar el plan de préstamos. <<

[20] Sarobe, Memorias [80], pág. 77 y nota. <<

[21] La imagen que se ofrece a veces de un elevado aumento de los gastos militares ciertamente es engañosa. Véase Colmo [127], págs. 132-33, 162n; de la Torre, Obras [89], IV, 241-44; y más recientemente, Whitaker, Argentina [109], pág. 87. Colmo omite los gastos en armas y pensiones del total de gastos militares de 1929, e incluye esos rubros en su total de 1931, y de ese modo esta última cifra es un 60 por ciento mayor que la de 1929. De la Torre compara los gastos proyectados por Uriburu para 1932 con las cifras proyectadas para 1929, sin tener en cuenta que los gastos reales en 1929 fueron muy superiores a los proyectados, que los gastos reales en 1930 fueron aún mayores, y que los gastos proyectados en 1932 representaban de hecho una reducción con respecto al nivel real de 1930 y 1931. <<

[22] Véase la Tabla 6, anteriormente, pág. 60, que trae los gastos militares para 1928-31. Los gastos militares proyectados para 1932 totalizaron 188,7 millones de pesos, de acuerdo con de la Torre, o 178,6 millones de acuerdo con el ministro de Finanzas Enrique Uriburu (de la Torre, Obras, IV, 241-44, 262-63, 269-70, 274, 280). <<

[23] Véase, por ejemplo, su ataque a los partidos políticos en la Escuela Superior de Guerra, el 13 de diciembre de 1930. Puede consultarse el texto de Uriburu [90], págs. 47-53. Se hallarán otros discursos de matices políticos, pronunciados en reparticiones del Ejército, en ibid., págs. 54-56, 72-73. <<

[24] Pinedo [74], I, 104-5. <<

[25] Véase el texto completo en Uriburu [90], págs. 80-83. <<

[26] Informe de la Embajada de Estados Unidos, del 24 de abril de 1931, 835.00/535, y del 6 de febrero de 1931, 835.00/505. <<

[27] La Prensa, 17 de abril de 1931; informe de la Embajada de Estados Unidos, del 24 de abril de 1931, 835.00/535. <<

[28] Editorial de La Prensa, del 23 de abril de 1931. <<

[29] Carta del teniente coronel Zuloaga al teniente coronel J. M. Sarobe, 20 de abril de 1931, en Sarobe, Memorias [80], págs. 209-10. <<

[30] Despacho de la Embajada de Estados Unidos del 22 de abril de 1931, 835.00/524. <<

[31] Aparece el texto del decreto del 8 de mayo en la Review of the River Plate, del 15 de mayo de 1931; el manifiesto del 9 de junio está reproducido en Uriburu [90], págs. 93-98, y también en Orona, La revolución [174], págs. 218-20; Orona, págs. 136-38, reproduce pasajes de un folleto, publicado el 18 de junio, que contenía aspectos específicos de las propuestas reformas constitucionales. <<

[32] Carulla, Al filo [59], pág. 210. <<

[33] Review of the River Plate, 22 de mayo de 1931. <<

[34] Las observaciones de Cartilla aparecen en la Review of the River Plate, del 5 de junio de 1931, pág. 4; acerca de la fundación de la Legión y de su papel en el desfile del 25 de Mayo, véase ibid., 29 de mayo de 1931, págs. 9, 32. Los comentarios de Uriburu defendiendo a la Legión aparecen en una carta abierta a Eduardo Laurencena, gobernador de Entre Ríos, citada en Sarobe, Memorias [80], pág. 207. Véase ibid., pág. 206, donde se da un cálculo de la fuerza de la Legión en mayo de 1931. <<

[35] De la Torre, Obras [89], I, 232. <<

[36] Atilio Cattáneo, Entre rejas [61], págs. 82-83; Cattáneo, Plan 1932 [62], pág. 62. <<

[37] Ibid., págs. 63-64. <<

[38] Cattáneo, Entre rejas [61], pág. 83. <<

[39] Véase el informe de Lisandro de la Torre acerca de su conversación de junio con Uriburu, en Obras [89], I, 230. <<

[40] El texto completo aparece en La Prensa, del 8 de julio de 1931. <<

[41] Aparte los escritos de Cattáneo, la única evidencia confirmatoria proviene de fuentes radicales. En un debate de 1936 en la Cámara de Diputados, un diputado demócrata progresista, Julio Noble, citó pero no reprodujo una carta del dirigente radical Francisco Ratto, como prueba de la implicación de Justo (Diputados [4], 1936, II, 211). Con respecto a la opinión de que el nombre de Justo fue utilizado sin su conocimiento, véase Orona, La revolución [174], págs. 189. 162. <<

[42] En Orona, La revolución, págs. 139-63, aparece la reseña más detallada de la rebelión de Pomar y de la investigación que siguió. <<

[43] Luna, Alvear [219], págs. 82-90. <<

[44] Ibid., pág. 91. <<

[45] Orona, La revolución [174], págs. 167-74. <<

[46] Ibarguren [68], pág. 433. <<

[47] Sugerir que el general Justo aprovechó la rebelión de Pomar no implica afirmar que la inspiró deliberadamente, como sostiene Luna (Alvear [219] pág. 90). La actitud de Justo en este asunto permanecerá en duda mientras los estudiosos no puedan examinar sus papeles. <<

[48] Poco después del 20 de julio, el secretario presidencial, teniente coronel Juan Bautista Molina, invitó a varios oficiales uriburistas a una cena en la estación Retiro, y les informó que el general Justo era ahora el candidato de Uriburu. Entre los que participaron en la cena, según los recuerdos del coronel Enrique P. González, estaban el mayor Filomeno Velazco, el mayor Pablo Beretta, el capitán Oscar Silva, el capitán Ricardo Mendioroz, el capitán Emilio Correa Morales, el capitán Franklin Lucero, el capitán Luis Daneri, el teniente primero MacHannfor, el mayor de administración Félix Bese y el capitán Enrique P. González (entrevista con el coronel [R] Enrique P. González, 22 de julio de 1965). <<

[49] Pinedo [74], I, págs. 108-14, reseña los pasos que condujeron a la formación de la Concordancia y a las candidaturas. Los conservadores carecieron de una estructura partidaria nacional hasta 1931, año en que varias organizaciones provinciales de diferentes nombres se unieron para formar el Partido Demócrata Nacional, o PDN. A pesar de su nombre oficial, a menudo se lo llama Partido Conservador, y en este libro utilizaremos la expresión como equivalente de las designaciones oficiales. <<

[50] Repetto, Mi paso [78], págs. 17-20, describe las dificultades que afrontó la campaña de la Alianza. Se hallará una opinión muy distinta, según la cual la elección fue esencialmente ordenada, y que señala que la votación en la capital fue la más elevada desde 1912, en Review of the River Plate, 13 de noviembre de 1931, pág. 5, y el 4 de diciembre de 1931, pág. 9. <<

[51] Acerca de la composición de la Cámara de Diputados en 1932-1943, véase Zalduendo [278], pág. 227. <<

[52] Véase, por ejemplo, Whitaker, Argentina [109], pág. 87, quien afirma: «Aparte de su desventurado plan político, el gobierno de Uriburu fue notable por su actividad de fortalecimiento de las fuerzas militares y su nacionalismo económico. A pesar de la crisis económica y del déficit cada vez más elevado, otorgó a las fuerzas militares una participación mayor en el presupuesto nacional, aumentó las importaciones de armas traídas de Europa, elevó la cuota de reclutas, de aproximadamente 21.000 a 26.000, y duplicó el número de cadetes del Colegio Militar, elevándolo de 350 a 700». Colmo [127], pág. 133, cita estas mismas cifras, todas erróneas. <<

[53] La Prensa, 3 de enero de 1931, trae el anuncio de la prolongación del servicio. <<

[54] Acerca del número de conscriptos durante los gobiernos de Yrigoyen y Uriburu, véase Ministerio de Guerra, Memoria… 1940-1941 [34], Tabla titulada «Cantidad de ciudadanos sorteados e incorporados al ejército de las clases 1899 a 1918». La Prensa, 15 de enero de 1931, también observa que en 1931 fueron llamados a servicio 25.600 hombres. <<

[55] Las cifras de inscripción corresponden al comienzo de cada año escolar, en el mes de marzo. Ministerio de Guerra, Memoria… 1930-1931/1931-1932 [27], págs. 111, 114; Memoria… 1932-1933 [27a], pág. 119. <<

[56] El principal asesor de Uriburu, el teniente coronel Juan Bautista Molina, fue nombrado jefe de la comisión de adquisición de armamentos en Europa, con los tenientes coroneles Luis Daneri y Lauro Lagos como miembros (La Prensa, 14 de febrero de 1932); los edecanes militares de Uriburu, capitán Oscar Silva y mayor Ricardo Mendioroz, fueron designados agregados militares en Bélgica y Francia respectivamente (La Prensa, 30 de enero de 1932); también fueron nombrados agregados militares el teniente coronel Pedro Ramírez, en Italia, el teniente coronel Alberto Gilbert en España; el mayor Pablo Beretta en Inglaterra, y el capitán Alfredo Pérez Aquino en Brasil (La Prensa, 3 de febrero de 1932). <<

[57] Boletín Militar, N.º 8587, 20 de setiembre de 1930. Orona, La revolución [174], págs. 109-11, enumera en detalle a los individuos afectados; véase también La Prensa, 29 de abril de 1931. Entre los oficiales a quienes se quitó un año de antigüedad estaban los tenientes coroneles Cattáneo y Pomar. Esta medida, anunciada en abril de 1931, seguramente alentó la actividad conspirativa de ambos oficiales contra el régimen. <<

[58] Por ejemplo, sólo se concedieron 18 ascensos a fines de 1930, al grado de teniente coronel, y 19 un año después (La Prensa, 10 de enero de 1931, y 1.º de enero de 1932, publica los ascensos). <<

[59] Senadores [5], 1932, I, 224, 974-75, publica la lista original de Uriburu y la que más tarde fue aprobada por el Senado. <<

[60] Véase editorial de La Prensa, 12 de enero de 1931. La crítica de los civiles tendió a concentrarse en los gastos y el despilfarro determinados por el retiro obligatorio de oficiales veteranos, simplemente con el propósito de crear vacantes. La crítica de los militares se dirigía, entre otras cosas, a la inflexibilidad del diagrama de organización, y a su falta de adaptación a los cambios organizativos, por ejemplo el desarrollo de la Fuerza Aérea. <<

[61] La obra de gobierno [46], pág. 36. <<

[62] La Nación, 8 de noviembre de 1930, publica el decreto de creación de la escuela. Véase Revista Universitaria, IV, 61 (1935), 127 y siguientes, donde se analizan su organización, objetivos y cursos. <<

[63] Perón a Sarobe, 20 de abril de 1931, citado por Sarobe, Memorias [80], pág. 206. <<

[64] Zuloaga a Sarobe, 20 de abril de 1931, ibid., págs. 209-10. <<

[65] Colmo [127], pág. 177. <<

Notas al Capítulo 4

[1] La Prensa, 21 de febrero de 1932. El gran desfile militar organizado por el Gobierno Provisional para el acto de transmisión del mando fue también anulado a insistencia de Justo (ibid., 12 de febrero de 1932). Con respecto al retiro del servicio activo del presidente electo, véase el informe de la Embajada de Estados Unidos, 11 de febrero de 1932, 835.00/618. <<

[2] La Prensa, 23 de febrero de 1932, describe el nuevo aspecto de la Casa Rosada. <<

[3] El texto completo, en traducción inglesa, aparece en el despacho de la Embajada de Estados Unidos del 22 de febrero de 1932, 835.001 Justo, Agustín P./II; véase también La Prensa, 22 de febrero de 1932. <<

[4] Los otros miembros del gabinete original fueron: Interior, el doctor Leopoldo Melo; Relaciones Exteriores y Culto, el doctor Carlos Saavedra Lamas; Finanzas, el doctor Alberto Hueyo; Justicia e Instrucción Pública, el doctor Manuel de Iriondo; Obras Públicas, el doctor Manuel Alvarado; Guerra, el coronel (después general) Manuel A. Rodríguez; Marina, el capitán (más tarde almirante) Pedro S. Casal. Los seis civiles eran todos diplomados de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Buenos Aires, aunque sólo tres de ellos eran nativos de la capital. Por supuesto, Melo es el candidato presidencial antipersonalista que en 1928 había perdido frente a Yrigoyen, y que había sido senador en el Congreso en el período 1917-30. Saavedra Lamas e Iriondo habían sido ministros con presidentes conservadores. <<

[5] Entrevista con Miguel J. Rojas, 30 de julio de 1965. Como se señaló en el Capítulo 3, Rojas fue secretario privado de Justo de 1931 a 1943. <<

[6] Entrevistas con el doctor Manuel Orús, 3 de agosto de 1965. Abogado y amigo de Justo, el doctor Orús viajó con él en el mismo vehículo durante la revolución del 6 de setiembre de 1930. Rojas y Orús coinciden en esta descripción de la influencia de Rodríguez. <<

[7] Entrevistas con Rojas y Orús. El discurso de Rodríguez en la cena de las Fuerzas Armadas, el 7 de julio de 1931, fue reproducido en La Prensa del 8 de julio de 1931. El hombre del deber [213], es un volumen apologético acerca de la persona de Rodríguez, publicado después de su muerte. <<

[8] Entrevista con Rojas, 30 de julio de 1965. <<

[9] Se hallará una reseña breve pero equilibrada de las medidas económicas de Justo en, Whitaker, Argentina [109], págs. 90-94; en Rennie [104], págs. 230-64, hay una exposición más detallada y en Palacio [100], págs. 377-83 se ofrece una versión de más acentuado sentido crítico. Los debates acerca de la oportunidad de estas medidas llenaron centenares de páginas de las actas del Congreso, y se reflejan en la prensa, los periódicos y diferentes libros de la época. La opinión del movimiento obrero organizado se manifiesta en las columnas de El Obrero Ferroviario, 1.º y 16 de julio y 1.º de junio de 1933, y en el Boletín, Volumen 2, N.º 18 (25 de junio de 1933), pág. 2, de la Confederación General del Trabajo. En Scalabrini Ortiz [272] se hallará una enérgica crítica de estas medidas. <<

[10] Pinedo [74], I, 160. <<

[11] Rennie [104], págs. 230-34. <<

[12] Las estadísticas provienen de Tarea que realizó el gobierno… 1932-1938 [44], Vol. II, Vialidad nacional, págs. 16, 89. Con respecto al significado de esta era de construcciones, véase Naciones Unidas, El desarrollo económico [47], III, 116-18. <<

[13] Ley 12.311 (1936); Rennie, págs. 240-41. <<

[14] Ibid., 243-44. <<

[15] Al oponerse al proyecto, el senador Alfredo Palacios calculaba que el activo del Anglo representaba unos 240 millones, de modo que la compañía tendría una amplia mayoría en el directorio. Cuando la comisión especial creada por la ley para evaluar el activo de las empresas componentes completó su tarea, en 1938, se reconoció al Anglo una participación de 210 millones, de un total de 668 millones. Senadores [5], 1936, II, 516; Arce, Mi vida [56], III, 398, 401. <<

[16] La creación de la Corporación de Transportes fue sólo una de varias iniciativas gubernamentales en relación con los inversores extranjeros que suscitaron una vigorosa crítica pública a causa de sus matices escandalosos. Pertenecen a esta categoría la prolongación del contrato del Puerto de Rosario en noviembre de 1935, y la prolongación de la concesión de la Compañía Argentina de Electricidad (CADE), en 1936. (Rennie [104], págs. 259-61, 301-4.) <<

[17] Ibid., pág. 244. <<

[18] Entrevistas con Justiniano Allende Posse, 3 de agosto de 1965, y Miguel J. Rojas, 21 de julio de 1965. Rojas y el conocido abogado católico Atilio Dell’Oro Maini fueron miembros de la Comisión de Control, con Allende Posse. <<

[19] La afiliación sindical en el período 1935-39 nunca superó la cifra de 437.000 individuos, de una fuerza obrera total cuyo promedio era de 5.016.000 trabajadores. Ministerio del Interior, Organización sindical [18], Tablas 3 y 10; Naciones Unidas, El desarrollo económico [47], I, 37 (Cuadro 37). <<

[20] Un despacho de la Embajada de Estados Unidos, 22 de noviembre de 1935, 835.00/726, comentaba así dicha elección: «El Partido Demócrata Nacional, principal grupo político de la coalición gubernativa, ha ganado las elecciones provinciales en la provincia de Buenos Aires en lo que, según se afirma, es una de las contiendas electorales más grotescas y fraudulentas realizada jamás en Argentina». <<

[21] Acerca de las elecciones para el Congreso del 1.º de marzo de 1936, véase el despacho de la Embajada de Estados Unidos del 15 de marzo de 1936, 835.00/737. <<

[22] Este parágrafo se basa en datos suministrados por varios oficiales. Deseo agradecer especialmente al coronel (R) Juan V. Orona la información acerca de los diagramas de entrenamiento. <<

[23] Entrevista con Miguel J. Rojas, 21 de julio de 1965. De acuerdo con la versión de Rojas, la información obtenida de estas fuentes del Servicio de Informaciones y policiales se guardaba en un archivo, destruido por él después de la muerte de Justo, ocurrida en 1948. <<

[24] Senadores [5], 1932, I, 974-75. <<

[25] Un despacho de la Embajada de Estados Unidos, el 4 de marzo de 1932, 835.00/617, informa el proyecto de reincorporación de oficiales alejados por Uriburu; véase también el despacho del 18 de mayo de 1932, 835.00/628, que señala la reacción negativa del cuerpo de oficiales ante el proyecto. <<

[26] Cattáneo, Plan 1932 [62], págs. 71-158. <<

[27] Entrevistas con Miguel J. Rojas, 21 de julio de 1965, y Juan V. Orona, 5 de julio de 1965; Del Mazo, Notas [242], págs. 246-48; Cattáneo, Plan 1932 [62], 293-327, ofrece la versión de un participante en la conspiración de diciembre de 1933. <<

[28] Del Mazo, Notas, págs. 249-59. <<

[29] De un discurso conservador citado en del Valle [204], pág. 123. <<

[30] Ibid., pág. 124. <<

[31] Ibid., pág. 127. <<

[32] «Discurso pronunciado en La Plata el 31 de octubre de 1935», reproducido en Alvear, Democracia [82], págs. 148-49. <<

[33] La Prensa, 5 de noviembre de 1935. <<

[34] Un despacho de la Embajada de Estados Unidos, el 15 de marzo de 1936, 835.00/737, al referirse a las elecciones celebradas poco antes comentaba: «Es interesante observar que el presidente Justo rehusó designar a oficiales militares para controlar las urnas, según habían pedido los radicales». <<

[35] Despacho de la Embajada de Estados Unidos, 20 de marzo de 1936, 835.00/738; véase también el despacho del 19 de abril de 1936, 835.00/740, que afirma del general Pertiné que es un «firme radical». Vale la pena señalar que Pertiné era hombre de origen humilde, aunque por matrimonio se había vinculado con la prestigiosa familia Botet, de Buenos Aires. <<

[36] La Prensa, 26 y 27 de diciembre de 1936. Molina reeditó la alocución en ¡Defendamos nuestro país! [170], págs. 107-27. <<

[37] Las observaciones de Molina a estos estudiantes aparecen reproducidas en ibid., págs. 129-35. <<

[38] La Nación, 26 de febrero de 1937. <<

[39] Véase la crónica del mitin de masas en honor del general Molina, en el curso del cual habló Alvear, candidato a presidente de los radicales (La Nación, 29 de julio de 1937). En el curso de esta reunión Molina reclamó que se encomendase al Ejército la custodia de las urnas el día de la elección. <<

[40] Despachos de la Embajada de Estados Unidos del 18 de mayo de 1932, 885.00/628, del 10 de junio de 1932, 835.00/630, del 17 de junio de 1932, 835.00/632, del 19 de julio de 1932, 835.00/634, y especialmente del 9 de febrero de 1938, 835.00/649. Véase también Repetto, Mi paso [78], págs. 37-38. <<

[41] Despacho de la Embajada de Estados Unidos del 7 de julio de 1932, 835.00/635; Cattáneo, Plan 1932 [62], págs. 87-89. <<

[42] Acerca de Medina y Accame, véase el despacho de la Embajada de Estados Unidos, del 9 de febrero de 1933, 835.00/649; con respecto a Fasola Castaño, el despacho del 20 de marzo de 1936, 835.00/738. <<

[43] Carulla, Al filo [59], pág. 221. <<

[44] Despacho de la Embajada de Estados Unidos del 11 de marzo de 1944, 800.20210/1804. <<

[45] Entrevista con Diego Luis Molinari, 2 de julio de 1962. <<

[46] Molinari utilizaba un pequeño partido político llamado Partido Radical-Gorro Frigio como disfraz de sus operaciones. Su plan revolucionario fue desarrollado en un folleto que publicó más tarde, en 1940, y del cual poseo un ejemplar. La portada del folleto dice: «Por la argentinidad integral — Partido Radical». La primera página contiene las palabras «El plan de acción»; la página siguiente reproduce el juramento de San Martín y sus oficiales, quienes realizaron la revolución del 8 de octubre de 1812; y la tercera página afirma: «Este plan fue decretado para el 9 de julio de 1936». <<

[47] Entrevista con Molinari, 2 de julio de 1962. <<

[48] Boletín Militar, N.º 10.269, 20 de junio de 1936; despacho de la Embajada de Estados Unidos del 26 de junio de 1936, 835.00/752. <<

[49] Senadores [5], 1936-37, III, 1067. <<

[50] Revista Militar, LXVIII (junio de 1937), 1454. <<

[51] Despacho de la Embajada de Estados Unidos del 20 de marro de 1936, 835.00/738; Luna, Alvear [219], pág. 162. Fasola Castaño fue privado del derecho de usar uniforme (La Nación, 11 de junio de 1936). <<

[52] Con respecto a los discursos de Justo en los cuales exhorta a los oficiales a mantenerse apartados de la política, véase Revista Militar LXVII (julio de 1936), 190-92, e ibid., LXIX (julio de 1937), 172-77; véase también el despacho de la Embajada de Estados Unidos del 17 de julio de 1937, 835.00/785. <<

[53] Tarea que realizó el gobierno… 1932-1938 [44], Vol. VI, Ejército, y Vol. VII, Marina; despacho de la Embajada de Estados Unidos del 10 de abril de 1936, 885.00/740. <<

[54] Los diputados socialistas y demócratas progresistas encabezaron a los que exigían dichas reducciones (Diputados [4], 1932, 162-67. 237 y sigs.; Senadores [5], 1932, I, 423). <<

[55] Ministerio de Guerra, Memoria 1940-41 [34], tabla titulada «Cantidad de ciudadanos sorteados e incorporados… 1920 a 1939». <<

[56] Tarea que realizó el gobierno… 1932-1938, Vol. VI, Ejército. <<

[57] Entrevista con Justiniano Allende Posse, 8 de agosto de 1965. <<

[58] Ibid. <<

[59] José Luis Torres, La década infame [274], pág. 162. <<

[60] Maraimbo, «La autarquía industrial» [165], pág. 868. <<

[61] Crespo, «Colaboración» [128], págs. 42, 520, 525-27. <<

[62] Gómez, «La política exterior» [144]; véase también su artículo anterior, «Guerra y política» [141]. <<

[63] Baldrich, «Las instituciones armadas» [116]; véase también Baldrich, «La sociología de la guerra» [117], obra en que sostenía que «El militar es el paladín de la cultura de su pueblo» (pág. 30) y afirmaba que la guerra cumplía una función creadora (pág. 36). Fueron conferencias pronunciadas en el Círculo Militar y en la Escuela Superior de Guerra, en julio y agosto de 1937. <<

[64] Doctor Juan R. Beltrán [119], pág. 511. <<

[65] A partir de 1937 el Ejército procuró mejorar su imagen pública destacando lo que una generación ulterior llamaría la «acción cívica». En Buenos Aires, un programa radial diario mantenía informado al público acerca de sus diversas actividades. Se procuró llamar la atención sobre distintas realizaciones: educación de los analfabetos, organización de almuerzos escolares, preparación de mapas, investigaciones geodésicas, etc. Ministerio de Guerra, Memoria… 1935-1936 [29], pág. 9, Memoria… 1936-1937 [30], pág. XX. <<

[66] Diputados [4], 1932, I, 297. <<

[67] Ibid., pág. 299. <<

Notas al Capítulo 5

[1] Justo reveló el desdén que le inspiraban otros jefes militares en una observación casual formulada durante el funeral de su ministro de Guerra. Mientras marchaba detrás de los ocho generales que llevaban el ataúd, comentó: «Lo de adentro vale más que todos los de afuera» (entrevista con Miguel J. Rojas, 21 de julio de 1965). <<

[2] Entrevista con el doctor Manuel Orús, 3 de agosto de 1965. <<

[3] Pinedo [74], I, 182-83. <<

[4] Entrevista con el doctor Manuel Orús, 3 de agosto de 1965. <<

[5] Catamarca, la provincia natal de Castillo, rara vez ha presenciado una elección honesta, sea cual fuere el partido que detentase el poder. La práctica de comprar votos mediante regalos de alimentos y ropas, o utilizando los nombramientos en cargos públicos ha persistido hasta hoy. En Primera Plana [146], N.º 147 (31 de agosto - 6 de setiembre de 1965), págs. 8-12, el lector hallará una descripción de los procedimientos electorales, en esa provincia en 1965. <<

[6] Es significativo que Ortiz nada hiciera para impedir abusos en las elecciones de diputados y senadores de marzo de 1938, que dieron mayoría a la Concordancia en la Cámara de Diputados, y que no castigara a los culpables (despacho de la Embajada de Estados Unidos, 18 de marzo de 1938, 835.00/806). <<

[7] Despacho de la Embajada de Estados Unidos, 8 de febrero de 1939, 835.00/812. La Prensa del 15 al 16 de marzo, y 19 de diciembre de 1938 publica crónicas de algunas de las visitas presidenciales a instalaciones militares. <<

[8] Testimonio del general Márquez acerca del presupuesto, Diputados [4], 1938, VII, 57-58. El gobierno también concedió un subsidio al Círculo Militar, para permitirle la compra del hermoso edificio que está frente a Plaza San Martín. <<

[9] La Prensa, 8 de diciembre de 1938 analiza ampliamente la nueva organización. Las seis regiones militares, que a su vez incluían los 68 distritos militares en que se dividía el país, estaban bajo el mando del Cuartelmaestre General del Interior. <<

[10] La jerarquía especial de la caballería en el Ejército argentino se reflejó en esta reorganización. Si bien se asignaron las unidades de infantería y montaña a una de las dos divisiones del Ejército, de acuerdo con las respectivas localizaciones, todas las brigadas y divisiones de caballería, al margen de la localización, estaban sometidas al comando de caballería de Campo de Mayo. <<

[11] «Los institutos de enseñanza militar y el comando de tropas», editorial de La Prensa, 18 de abril de 1940. En el número del 7 de marzo de 1940 de La Prensa se hallará una reseña elogiosa de las reformas militares Ortiz-Márquez. Sin embargo, el Centro de Altos Estudios no inició sus actividades de acuerdo con el plan, y en realidad no incorporó a la primera clase de coroneles hasta mayo de 1943. <<

[12] La Prensa, 8 de julio de 1938 publica el texto completo de su discurso. <<

[13] La Prensa, 8 de julio de 1938. <<

[14] Véase La Prensa, 8 de julio de 1938. <<

[15] Se publica una crónica del banquete en Hechos e Ideas, VII (julio-agosto de 1938), 332. <<

[16] La Prensa, 12 de junio de 1939. <<

[17] Contribuyó a la magnitud de la reorganización el número de retiros de oficiales superiores, más elevado que de costumbre. Seis generales pasaron a situación de retiro a fines de 1938, comparados con dos el año anterior. <<

[18] Véase La Prensa, 15 de diciembre de 1938, y 5 de junio de 1939, que trae los nombramientos principales. <<

[19] Ibid., 5 de enero de 1939; con respecto al nombramiento de Accame, véase La Prensa del 11 de enero de 1939; acerca del traslado de Menéndez, véase La Prensa, 18 de mayo de 1940. <<

[20] La Prensa, 5 de enero de 1939, véase anteriormente, Capítulo 2, Nota 58. <<

[21] Entrevista con el general (R) Ambrosio Vago, 19 de julio de 1965. <<

[22] Vago y Lascalea fueron designados ya en mayo de 1938 (La Prensa, 29 de mayo de 1938); con respecto a las designaciones de Gutiérrez y Vieyra Spangenberg, véase La Prensa, 5 de enero de 1939. Acerca de los otros tres capitanes «leales» de 1930, uno, Bernardo Weinstein, se retiró del servicio a principios de 1938 (La Prensa, 3 de mayo de 1938). <<

[23] La Prensa, 21 de febrero de 1940, publicó las instrucciones. Véase también La Prensa, 20 de febrero de 1940, y el editorial que se publicó el mismo día acerca de esa cuestión. <<

[24] «El Ejército en funciones políticas», editorial de La Prensa, 21 de febrero de 1940. <<

[25] Ibid. <<

[26] La Prensa siguió atentamente estos hechos (véase los números del 20, 26 y 27 de febrero de 1940). <<

[27] Ibid., 26 de febrero de 1940. <<

[28] La Prensa, 3 de marzo de 1940 publica el texto del discurso pronunciado por Ortiz en vísperas de la elección; en el número del 4 de marzo de 1940 hay un comentario acerca del carácter de la elección. <<

[29] Renunciaron el ministro de Agricultura Padilla y el ministro de Obras Públicas Alvarado, dos hombres que eran herencia del gabinete de Justo (La Prensa, 8 de marzo de 1940.) <<

[30] Luna, Alvear (219], pág. 261. <<

[31] Es notable el apoyo concedido al presidente Ortiz por el general de división Luis Cassinelli, comandante general del Primer Ejército (con asiento en Rosario). Los vínculos de Cassinelli con Justo databan de 1922, cuando recomendó la designación de este último como ministro de Guerra al presidente electo Alvear, que se hallaba en París. Cassinelli obtuvo dos ascensos durante la presidencia de Justo, y a su vez fue uno de los principales organizadores de un banquete de despedida en honor de Justo, celebrado en abril de 1938, en vísperas de la partida del ex presidente para Europa. <<

[32] La Prensa, 5-8 de marzo y 12-13 de marzo de 1940. Octavio Amadeo, que había sido embajador en Brasil y era una figura generalmente respetada, asumió el cargo de interventor. Hay un comentario acerca del control del presidente Ortiz sobre el Ejército en el despacho de la Embajada de Estados Unidos del 8 de marzo de 1940, 835.00, Revolutions/62. <<

[33] Diputados [4], 1940, I, 10, 24. La Embajada de Alemania en Buenos Aires entendía que el general Márquez tenía una actitud hostil a sus intereses (Meynen a Berlín, telegrama N.º 619, 8 de junio de 1940, Roll 207/156,540). <<

[34] El doctor Carlos Ibarguren era uno de los principales defensores de la filosofía nacionalista (véase [68], págs. 463-67). <<

[35] Romero [105], pág. 240. <<

[36] Von Thermann llegó a Argentina en diciembre de 1933, en el mismo barco que trajo a Juan Bautista Molina, que regresaba a su patria en uso de licencia. Se hallarán pruebas del estrecho entendimiento entre estos hombres en: von Thermann a Berlín, despacho N.º 943, 13 de junio de 1934, Roll 3397/E 608,428-30. <<

[37] Carulla, Al filo [59], págs. 228-30. <<

[38] Despacho de la Embajada de Estados Unidos del 28 de abril de 1936, 835.20/21; carta del embajador de los Estados Unidos al Secretario de Estado, 28 de setiembre de 1937, 811.22735/18: Epstein [131], pág. 147. <<

[39] Véase su conferencia en el Círculo Militar del 10 de setiembre de 1937. <<

[40] En relación con las elecciones del Círculo Militar, véase la edición de junio de la Revista Militar de los años 1937, 1938 y 1939. <<

[41] En 1936, al regreso a Argentina desde Alemania, Molina había reorganizado la Legión Cívica de acuerdo con el sistema establecido en el Partido Nazi, y más tarde se convirtió en el espíritu rector de una organización paramilitar, la Alianza de la Juventud Nacionalista. Molina fue presidente de la Alianza desde 1937 hasta 1943 (despacho de la Embajada de Estados Unidos, 11 de marzo de 1944, 800.20210/ 1084). <<

[42] El texto completo de la declaración aparece en La Prensa, del 13 de mayo de 1940. <<

[43] Von Thermann a Berlín, telegrama N.º 489 del 15 de mayo de 1940, y N.° 494 del 15 de mayo de 1940, Roll 207/156,202 y 156,204. El embajador alemán también afirmó haber oído que los ministros de Guerra y Marina habían condenado la declaración. <<

[44] Despacho de la Embajada de Estados Unidos del 24 de mayo de 1940, 740.00111 AR/1178. <<

[45] Von Thermann a Berlín, telegrama N.º 534 del 23 de mayo de 1940, Roll 207/156,218. <<

[46] Ibid. <<

[47] El texto completo aparece en La Prensa, el 19 de mayo de 1940. <<

[48] Más adelante se analiza la investigación del Senado y la crisis política fundamental que ella originó. Aquí puede señalarse que el pedido de investigación fue formulado el 16 de mayo, y que los instigadores fueron el ex gobernador de Buenos Aires, doctor Manuel Fresco; un periodista, José Luis Torres, y el senador Benjamín Villafañe, todos nacionalistas declarados (Torres, La década infame [274], págs. 63, 98). <<

[49] En La Prensa del 23 de mayo de 1940 se desmienten los rumores de movilización. El incidente con los oficiales de reserva fue conocido públicamente cuando el senador Sánchez Sorondo lo mencionó en el debate. <<

[50] Telegrama de la Embajada en París, el 24 de mayo de 1940, 835.00 N/48; Embajada de Estados Unidos, despacho del 28 de mayo de 1940, 835.00 N/57. <<

[51] Telegrama de la Embajada de Estados Unidos del 27 de mayo de 1940, 740.00111 AR/1164. <<

[52] Meynen a Berlin, Telegrama N.º 619, 8 de junio de 1940, Roll 207/156,240. <<

[53] Senadores [5], 1940, I, 424. La Prensa, 6 de junio de 1940 también publicó el texto del proyecto. Véase ibid., 7 de junio de 1940, con un editorial que formula críticas. Acerca del debate en la Cámara de Diputados, véase ibid., 9 de junio de 1940. <<

[54] Senadores, 1940, I, 448. <<

[55] Acerca de las negociaciones relacionadas con la ayuda financiera, véase Foreign Relations, 1940 [51], V, 460. <<

[56] La Prensa, 15 de junio de 1940. <<

[57] La Prensa, 20 de junio de 1940; Diputados [4], 1940, I, 602. Las sumas exactas aprobadas fueron secretas, pero algunas fuentes periodísticas citadas por la Embajada alemana afirmaron que los gastos se elevarían probablemente a 550 millones para el Ejército y 450 millones para la Marina (von Thermann a Berlín, telegrama N.º 689, 22 de junio de 1940, Roll 207/156,270). Acerca del significado histórico de la medida, véase las observaciones del diputado Manubens Calvet, Diputados [4], 1940, II, 341, y La Prensa, 20 de junio de 1940. <<

[58] Este proyecto no fue ley hasta octubre de 1941 (ley 12.709), cuando Ramón Castillo ya era presidente interino. A menudo se le ha atribuido el mérito de la creación de la Dirección General de Fabricaciones Militares, pero como se indica aquí, el presidente Ortiz fue quien tomó la iniciativa de crear ese organismo militar, que hoy controla un importante imperio industrial. <<

[59] La Cámara de Diputados aprobó el proyecto en sesión secreta el 24 de julio; pero el Senado no consideró el asunto hasta la sesión especial convocada para el 1.º de octubre. El proyecto fue aprobado en abril de 1941, y fue la ley 12.672 (secreta). (Diputados [4], 1940, II, 406; Senadores [5], 1940, I, 702, y II, 294; New York Times, 24 de abril de 1941). <<

[60] Carta del general (R) Ramón Molina al presidente del Senado, 17 de julio de 1940, Senadores, 1940, I, 663-66. <<

[61] Diputados, 1940, I, 580 y sigs. <<

[62] Ibid., pág. 593. <<

[63] Telegrama N.º 667, 17 de junio de 1940, Roll 207/156,258. <<

[64] La Prensa, 4 de julio de 1940. El general Niedenfiihr fue designado agregado militar alemán en Brasil y Argentina, con residencia en Río, desde donde continuó manteniendo contacto con Buenos Aires (Embajada alemana en Rio [Prufer] a Berlín, telegrama N.º 824, 14 de agosto de 1940, Atención: OKH — Attaché Abteilung Roll 207/156,808-9). <<

[65] Executive Agreement Series, N.º 175: Military Aviation instruction Agreement between the United States of America and Argentina; firmado el 29 de junio de 1940; Foreign Relations, 1940 [51], V, 21-33, <<

[66] La Prensa, 4 y 5 de julio de 1940. <<

[67] Review of the River Plate, 5 de julio de 1940; La Prensa, 23 de julio de 1940. <<

[68] Memorándum de conversación de la Embajada de Estados Unidos, 10 de julio de 1940, 885.00/870 1/2. <<

[69] Memorándum de conversación de la Embajada de Estados Unidos, 5 de julio de 1940, 885.00/901. <<

[70] La Prensa, 11 de julio de 1940. <<

[71] La Prensa del 6 de julio de 1940 publicó el texto completo. <<

[72] Despacho de la Embajada de Estados Unidos, 12 de julio de 1940, 835.001 Ortiz, R. M./104. <<

[73] Von Thermann a Berlín, telegrama N.º 820, 20 de julio de 1940, Roll 207/156,283. <<

[74] Ibid. <<

[75] Ibid., Roll 207/156,284 <<

[76] Un observador contemporáneo objetivo calculaba que los partidarios de Justo representaban entre el 50 y el 70 por ciento de los oficiales. Estas cifras pueden ser engañosas, pero que la influencia de Justo en el Ejército era mayor que la de Márquez parece indudable (memorándum de conversación incluido en un despacho de la Embajada de Estados Unidos, 12 de julio de 1040, 835.001 Ortiz, R-M./104). <<

[77] Despacho de la Embajada de Estados Unidos, 23 de julio de 1940, 835.00/874. <<

[78] El 30 de julio un supuesto confidente del general Justo informó a un funcionario de la Embajada norteamericana que el general Márquez se vería obligado a renunciar a causa de ciertas irregularidades en el manejo de bienes del gobierno, asunto acerca del cual el general Molina había reunido pruebas. La misma fuente afirmaba que el general Justo estaba presionando a Márquez (despacho de la Embajada de Estados Unidos, 30 de julio de 1940, 835.00/875). <<

[79] Ley 12.360 (1938), artículo 60. La Cámara de Diputados había aprobado este artículo el 22 de enero, y el Senado el 28 de enero de 1938. El gobierno de Ortiz asumió el poder el 20 de febrero de 1938. <<

[80] Los hechos fundamentales están reseñados en el informe de la comisión investigadora del Senado y en el debate que siguió (Senadores [5], 1940, I, 828-1041.) <<

[81] Senadores, 1940, I, 106-7. Acerca de la concepción política de Villafañe, véase su discurso en el Senado, el 27 de junio de 1940 (Senadores, 1940, I, 497-507). <<

[82] Se suministró la información a través de un intermediario, el periodista nacionalista José Luis Torres (véase Torres a Fresco, 28 de julio de 1943, carta reproducida en Torres, La década infame [274], pág. 98). Villafañe admitió más tarde que había recibido la información en mayo, de un periodista amigo (Senadores, 1940, I, 1168). <<

[83] Senadores [5], 1940, I, 828-35. <<

[84] Memorándum de conversación incluido en un despacho de la Embajada de Estados Unidos, 20 de agosto de 1940, 835.00/900. <<

[85] Senadores [5], 1940, I, 1045-65. <<

[86] Ibid., pág. 1051. <<

[87] Ibid., págs. 1095-1108. <<

[88] Ibid., pág. 1113, <<

[89] Ibid., pág. 1114. <<

[90] Ibid., pág. 1115. <<

[91] ibid., pág. 1172. <<

[92] Ibid., págs. 1117-18 <<

[93] Ibid., pág. 1120. <<

[94] La Prensa, 21 y 23 de agosto de 1940. <<

[95] El texto oficial de la renuncia aparece en Diputados [4], 1940, III, 333-34, y también en Senadores [5], 1940, I, 1144-45. Acerca de las reacciones populares, véase La Prensa, 23 de agosto de 1940. <<

[96] Entrevista con el general (R) Ambrosio Vago, 19 de julio de 1965. La visita del general Accame al presidente interino Castillo, la noche del 22 de agosto, sin duda suministró la base de los rumores. Al día siguiente el ministro de Guerra interino Scasso envió un radiograma a las unidades militares, negando oficialmente que se estuviese relevando a altos oficiales (La Prensa, 23 y 24 de agosto de 1940). <<

[97] Entrevista con Vago; Luna, Alvear [219], págs. 268-69 y siguientes. <<

[98] Embajada alemana, Río de Janeiro, Berlín, telegrama N.º 872, 24 de agosto de 1940, Roll 207/156,324. Este mensaje fue preparado por el general Niedenführ y dirigido al OKM Attachégruppe. <<

[99] Un diputado conservador formuló acusaciones en este sentido; véase Diputados [4], 1941, VI, 335, y hay una versión un tanto distinta en Luna, Alvear, págs. 268-69n. Los artículos de la prensa contemporánea (La Prensa, 23 de agosto de 1940) nada dicen acerca del golpe, pero describen los vigorosos discursos de los diputados radicales Emir Mercader y Emilio Ravignani, y del concejal radical Mario Posse ante una multitud reunida cerca de la casa del presidente Ortiz, la noche del 22 de agosto; en esos discursos se exhortaba al pueblo a apoyar la democracia a toda costa. Por sugestión de Posse, la multitud marchó desde la residencia del presidente hasta el Ministerio de Guerra, vivando al doctor Ortiz, al general Márquez y al Ejército argentino. Parece razonable suponer que algunos de los oradores, enterados del golpe que se preparaba contra Castillo, estaban tratando de crear una atmósfera propicia. <<

[100] Von Thermann a Berlín, telegrama N.º 947, 23 de agosto de 1940, Roll 207/156,319. El Boletín Militar, N.º 11.487, 24 de agosto de 1940, publicó decretos fechados el día anterior que relevaban a Calderón y designaban a Kelso. <<

[101] Carta de la Embajada de Estados Unidos, 4 de octubre de 1941, adjunto, 835.00/1082. El general Márquez ya había aplicado a Juan Bautista Molina un arresto disciplinario de 60 días el 20 de agosto, a causa de una carta que de hecho lo calificaba de mentiroso; y también había castigado al general (R) Ramón Molina por haber redactado cartas en las que criticaba a las autoridades militares. <<

[102] Ibid. <<

[103] Senadores [5], 1940, I, 1145-84. Las observaciones citadas están en la pág. 1178. <<

[104] Afluyeron al Congreso mensajes de grupos políticos, obreros, étnicos, cívicos, estudiantiles y otros en apoyo del doctor Ortiz (véase Senadores, 1940, I, 1185-1217, donde aparecen los textos). <<

[105] La Prensa, 28 de agosto, y 7 de setiembre de 1940. <<

[106] La Prensa, 31 de agosto de 1940. <<

Notas al Capítulo 6

[1] Véase el telegrama de la Embajada de Estados Unidos, 2 de setiembre de 1940, 885.00/911. El embajador alemán juzgó que el nuevo gobierno constituía una «grave decepción para los partidarios conservadores del vicepresidente Castillo… pues éste no demostró gran inteligencia ni suficiente decisión en la formación del gabinete» (von Thermann a Berlín, telegrama N.º 995, 2 de setiembre de 1940, Roll 207/156,332). <<

[2] Hechos e ideas, N.º 37 (octubre de 1940), pág. 7. Con respecto a la adhesión de Roca a la política de Ortiz, véase la entrevista de La Prensa, 3 de setiembre de 1940, pág. 12. <<

[3] El nuevo ministro de Marina, almirante Mario Fincati, también era amigo de Justo, pero sus vínculos no eran tan firmes como los de Tonazzi. Este último había sido miembro del círculo íntimo de Justo, en los hechos que culminaron el 6 de setiembre de 1930, y ese día lo había acompañado personalmente (véase Sarobe, Memorias [80], pág. 156 y siguientes). <<

[4] En La Prensa, del 25 de diciembre de 1940, se informa la renuncia de Sabalain después de un altercado con el ministro del Interior. Acerca de los antecedentes, véase la carta y adjuntos de la Embajada de Estados Unidos, 4 de octubre de 1941, 835.00/1082. Contrariamente a lo que se afirma allí, en el sentido de que Tonazzi comenzó la reorganización un mes después de asumir el cargo, señalamos que los primeros cambios importantes ocurrieron a principios de diciembre. Véase La Prensa, 11 de diciembre de 1940. <<

[5] Espíndola y Rossi, como el propio Tonazzi, habían formado parte del círculo de Justo aún antes del 6 de setiembre de 1930. Se hallará una lista más extensa de los partidarios de Justo en la carta y adjuntos de la Embajada de Estados Unidos, 4 de octubre de 1941, 835.00/1082. Las designaciones de estos hombres, así como los traslados rutinarios de fin de año del personal militar aparecen en el Boletín Militar (véase también La Prensa, 11 y 25 de diciembre de 1940; 4 y 9 de enero, 18 y 27 de febrero de 1941). <<

[6] Parece que la única excepción fue el general Abel Miranda, relevado del mando de la División Palermo (primera división) el 9 de diciembre, y puesto en disponibilidad. Su retiro, ostensiblemente a su propio pedido, fue anunciado el 8 de marzo de 1941 (La Prensa, 4 de marzo de 1941). <<

[7] Boletín Militar Público, N.º 11.594 y N.º 11597, del 9 de enero de 1941; La Prensa, 11 de diciembre de 1940. El teniente coronel Vago, comandante del tercer regimiento de infantería, y el teniente coronel Lascalea, comandante del segundo regimiento de infantería, fueron destinados al comando de la Escuela de Mecánica del Ejército en Buenos Aires y a un puesto de Estado Mayor en el cuartel general de la segunda región militar, en La Plata. <<

[8] Despacho de la Embajada de Estados Unidos, 20 de diciembre de 1940, 835.00/933; telegrama del 7 de enero de 1941, 835.00/935; también La Prensa, varios números (véase especialmente el editorial del 6 de enero de 1941, «¿Estamos retomando al fraude como sistema político?»). <<

[9] Un despacho de la Embajada de Estados Unidos, 10 de enero de 1941, 835.00/944, comunica varios rumores que vinculan a Justo con los hechos recientes. <<

[10] Telegrama de la Embajada de Estados Unidos, sin fecha (recibido en Washington el 18 de enero de 1941), 835.00/987; también telegramas del 14 y 15 de enero de 1941, 835.00/988 y 939. Acerca de la versión de Pinedo véase [74], I, 191-92. Pinedo relata que en una reunión de dirigentes del Partido Demócrata Nacional convocada para escuchar su propuesta de conciliación, le sorprendió verse violentamente atacado aun por parlamentarios que eran amigos personales. Aunque Pinedo no ofrece ninguna explicación, es muy posible que la mano del general Justo estuviese detrás de este rechazo liso y llano del esfuerzo de Pinedo. Acerca de la reacción de Justo ante la tregua propuesta, la Embajada de Estados Unidos observa cautelosamente el 13 de enero: «La actitud del ex presidente, que actúa de modo independiente, es insegura. Es posible que un acuerdo práctico entre los radicales y los conservadores no concuerde con sus planes» (telegrama sin fecha, 835.00/937). <<

[11] Véase el mensaje de Castillo al Congreso, el 17 de enero, imputando a la intransigencia radical la falta de realizaciones legislativas, y la ulterior decisión de los legisladores radicales, que rehusaban considerar ley alguna mientras el gobierno se negase a intervenir en Santa Fe y Mendoza (La Prensa, 17 y 25 de enero de 1941). <<

[12] Columba [63], III, 18. <<

[13] Despacho de la Embajada de Estados Unidos del 4 de febrero de 1941, 835.00/972 y despachos del 15 de enero y 21 de marzo de 1941, 835.00/949 y 995. El embajador, que visitó a Ortiz el 14 de enero, recogió la impresión de que estaba prácticamente ciego, impresión, según afirmó, confirmada por el Nuncio papal y el embajador británico, después que visitaron al Presidente. <<

[14] Acerca del texto del manifiesto, véase La Prensa del 12 de febrero de 1941. <<

[15] En El presidente Ortiz [88], págs. 17-57, se publicó una recopilación de reacciones favorables ante el manifiesto. Este volumen también contiene el discurso de tres legisladores que se opusieron a la creación y las recomendaciones de la comisión especial del Senado que investigó el estado de salud de Ortiz. <<

[16] Senadores [5], 1940-41, II, 661-77. <<

[17] Despacho de la Embajada de Estados Unidos, 18 de febrero de 1941, 835.00/979. <<

[18] Diputados [4], 1940-41, VI 356-57, observaciones del diputado Lima. <<

[19] Ibid., pág. 361, observaciones del diputado Raúl Damonte Taborda. <<

[20] Ibid. <<

[21] Despacho de la Embajada de Estados Unidos del 21 de marzo de 1941, 835.00/993. <<

[22] Güemes [145], págs. 9-13. Güemes es un seudónimo; se cree que el verdadero autor es Ernesto Castrillón, hijo del general Manuel Castrillón, retirado del servicio activo en 1943. <<

[23] Las fechas incluidas en este párrafo y el siguiente provienen de dos entrevistas con Diego Luis Molinari, en Buenos Aires, el 2 y 13 de julio de 1962, complementadas por la versión de Güemes, que en general confirma los recuerdos de Molinari. Poseo una copia de su plan político, en un folleto publicado en octubre de 1940. <<

[24] Acerca de la versión de Lucero, véase [71], págs. 16-19. Lucero fue más tarde ministro de Guerra de Perón, y esta obra fue escrita esencialmente como apología de su carrera ulterior. Quizá ello explique la errónea cronología acerca de los episodios de principios de 1941. <<

[25] Molina intentó rechazar la acusación con el argumento de que los tribunales civiles carecían de jurisdicción sobre su persona. Por otra parte, el fiscal federal insistió en que el fuero personal de los oficiales había sido abolido por Rivadavia en 1823, y que los tribunales civiles tenían jurisdicción real. Sin embargo, parece que el general retirado jamás sufrió pena de cárcel o multa por sus actividades (véase La Prensa, 13 y 30 de agosto de 1941). <<

[26] Entre los oficiales trasladados estaban el coronel Bernardo Menéndez, jefe de la Escuela de Aviación, y el teniente coronel Aníbal Barros, jefe de la Base Aérea Urquiza (Resolución del Ministerio de Guerra, 27 de febrero de 1941, en el Boletín Militar, N.º 11.640, del 3 de marzo de 1941). Acerca del relevo del general Menéndez, véase La Prensa, 25 de marzo de 1941. <<

[27] La Prensa, 13 de marzo de 1941. <<

[28] Véase la resolución propuesta por el diputado Osorio el 16 de abril de 1941, en Diputados [4], 1940-41, VI, 874. El debate que siguió, y que se prolongó varios días, ha sido reproducido en ibid., págs. 877-905, 939-46. <<

[29] Ibid., pág. 946. Al oponerse a la investigación, Castex preguntó: «¿Es que acaso alguien ha pretendido investigar la revolución del 6 de setiembre, en cuanto a la falta de lealtad de los militares que la realizaron, que acababan de empeñar su palabra de honor con el Ejecutivo de entonces? ¿Es que alguien ha pretendido, en este momento, investigar las actividades de los oficiales que están en connivencia con embajadas extranjeras? ¿Es que alguien ha pretendido en este caso investigar las actividades de militares que no hace muchos días han sido pasados a disponibilidad por el Poder Ejecutivo, porque seguramente estaban conspirando contra las instituciones del país?». <<

[30] Cuando se anunció su designación, también de Ruiz Guiñazú se dijo que era antitotalitario. Una fuente cercana al doctor Castillo aseguró al embajador de Estados Unidos que esa había sido la razón que había movido a elegirlo (despacho de la Embajada de Estados Unidos, 26 de marzo de 1941, 835.00/994), y por su parte la Embajada alemana informaba que el nuevo ministro tenía «escasa comprensión de la idea totalitaria del Estado» (Embajada alemana, Buenos Aires, telegrama N.º 371, 14 de marzo de 1941, Roll 207/156,471). <<

[31] Acerca de las acusaciones que precedieron a la creación de la comisión, véase La Prensa, 7-20 de junio de 1941; también el New York Times, 18 de junio de 1941. <<

[32] Cámara de Diputados de la Nación, Comisión Investigadora de Actividades Antiargentinas, Informe N.º 1, 29 de agosto de 1941; Informe N.º 2, 5 de setiembre de 1941; Informe N.º 3, 17 de setiembre de 1941; Informe N.º 4, 30 de setiembre de 1941; Informe N.º 5, 28 de noviembre de 1941. <<

[33] Se hallará una exposición muy elogiosa de los esfuerzos de Tonazzi para impedir la infiltración de ideologías extranjeras en el Ejército, en los comentarios de Damonte Taborda ante la Cámara de Diputados, el II de setiembre de 1941, en Diputados [4], 1941, IV, 334. Los cuatro generales que se reunieron con Tonazzi fueron Accame, Giovanelli, Lápez y Espíndola. Los últimos tres fueron comandantes, respectivamente, de la guarnición de Campo de Mayo, la segunda división de infantería (La Plata), y la primera división de infantería (Palermo). La participación del general Accame es interesante porque se lo vinculaba antes con los oficiales nacionalistas (telegrama de la Embajada de Estados Unidos, 27 de junio de 1941, 835.00/1012, y despacho de la misma fecha, 835.00/1015). <<

[34] La Prensa, 8 de julio de 1941, pág. 11. Las afirmaciones de Pertiné contrastan con las del presidente del Club Naval, almirante Sabá Sueyro, quien dijo entre otras cosas: «Uno de los principales deberes de las Fuerzas Armadas es apoyar la política diplomática de su gobierno». (Ibid.) <<

[35] La Prensa, 9 de julio de 1941, pág. 8. <<

[36] La Prensa, 8 de julio de 1941, pág. 11. <<

[37] Véase editorial de La Prensa, 9 de julio de 1941. <<

[38] Foreign Relations, 1941 [52], VI, 325-26, 329. <<

[39] Peterson [230], págs. 409-10. <<

[40] La Prensa, 22 de agosto y 26 de setiembre de 1941. Tonazzi retornó de Brasil el 10 de setiembre, pero partió para Chile dos días después. El jefe del Estado Mayor General del Ejército, Pierrestegui, y el coronel Daul, director del Colegio Militar, ambos miembros del «grupo Justo», acompañaron al ministro de Guerra al Brasil. Se presumía que el inspector general del Ejército, Luis Cassinelli, lo acompañaría a Chile (La Prensa, 9 de setiembre de 1941, pág. 12), pero por una decisión de último momento permaneció en Buenos Aires (La Prensa, 13 de setiembre de 1941), posiblemente porque se tenía noticia de la conspiración. <<

[41] La Nación, 26 de setiembre de 1941; Boletín Militar, N.º 11.806, 25 de setiembre de 1941; Memorándum, División de las Repúblicas Americanas, 13 de enero de 1944, 800.20210/908. <<

[42] Véase las observaciones del diputado Lanús, del 12 de setiembre de 1941, en Diputados [4], IV, 339. <<

[43] El 23 de setiembre, el diputado radical Teisaire fue sumamente franco: «Acuso al vicepresidente de conspirar contra nuestras instituciones, complotando con los que trabajan para destruir nuestro sistema de gobierno, con el fin de dar al país un régimen de tipo totalitario, como lo demuestra el hecho de que ha ordenado la libertad de oficiales que estaban arrestados por sus actividades contrarias a nuestra forma de gobierno» (ibid., V, 204). Véase también La Nación, 26 de setiembre de 1941. <<

[44] Editorial de La Prensa, 25 de setiembre de 1941. <<

[45] Luna, Alvear [219], pág. 283. <<

[46] Este informe adoptó la forma de un adjunto a la carta de la Embajada de Estados Unidos del 4 de octubre de 1941, 835.00/1082. <<

[47] Ibid., véase también la crónica de La Prensa, 24 de setiembre de 1941, pág. 11 y en La Nación, 24 de setiembre de 1941. <<

[48] Informe citado en la nota 46; Boletín Militar, N.º 11.807, 26 de setiembre de 1941; La Prensa, 26 de setiembre de 1941. <<

[49] Más tarde Zuloaga fue sentenciado a cuatro meses de confinamiento. Otros seis oficiales de la Fuerza Aérea fueron pasados a disponibilidad, y quince trasladados a diferentes puestos. (Boletín Militar, N.os 11.807, 11.813, 11.830, 26 de setiembre, 3 y 21 de octubre de 1941; La Nación, 10 de octubre de 1941. <<

[50] Telegrama de la Embajada de Estados Unidos, 24 de setiembre de 1941, 835.00 Rev/67; La Prensa, 24 de setiembre de 1941, pág. 11. <<

[51] Despacho de United Press fechado en Buenos Aires, el 24 de setiembre, y reproducido en el New York Times, 25 de setiembre de 1941. <<

[52] Informe citado en la nota 46. <<

[53] Von Thermann a Berlín, telegrama N.º 1634, 25 de setiembre de 1941, Roll 207/156, 799-81. <<

[54] Ibid., telegrama N.º 1640, 26 de setiembre de 1941, Roll 207/156, 782. <<

[55] Telegrama de la Embajada de Estados Unidos, 30 de setiembre de 1941, 835.20/57; véase también carta de la Embajada, 4 de octubre de 1941, adjunto 1, 835.00/1082. <<

[56] Véase adjunto a un despacho de la Embajada de Estados Unidos en Santiago, 18 de diciembre de 1941, 835.00/1105. <<

[57] Güemes [145], págs. 14-19; Luna, Alvear [219], pág. 283; despacho de la Embajada de Estados Unidos. 29 de octubre de 1941, 835.00/1060. <<

[58] Ibid. <<

[59] Güemes, págs. 1819. <<

[60] La Nación, 11 de octubre de 1941. <<

[61] Boletín Militar, N.º 11.824, 16 de octubre de 1941; la Ley 12.709, que creó la Dirección General de Fabricaciones Militares, se basó en un proyecto presentado por el presidente Ortiz (véase antes, Capítulo 5), y sancionado el 26 de setiembre de 1941. <<

[62] Güemes [145], pág. 17. <<

[63] La Prensa, 29 de noviembre de 1941. <<

[64] La Prensa, 23 de diciembre de 1941; Decreto 109.340 en Boletín Militar, N.º 11.881, 25 de diciembre de 1941. El teniente coronel Edmundo Sustaita fue designado jefe de la base aérea de Pringles; el mayor F. C. T. Carbia, jefe de la base Urquiza, y el mayor Lauro Lagos, jefe del grupo 1, regimiento aéreo 2. <<

[65] Catamarca y San Juan, donde debían celebrarse elecciones el 23 y el 30 de noviembre, respectivamente (La Prensa, 24, 25, 30 de noviembre y 19 de diciembre de 1941). <<

[66] Respecto de la renuncia del contraalmirante (R) Eleazar Videla, el 1.º de setiembre, y del doctor González Gowland, el 20 de octubre, véase despacho de la Embajada de Estados Unidos, 10 de setiembre de 1941, 835.00/1031, y telegrama del 20 de octubre de 1941, 835.00/1049. Se informa la designación de Rottger en un telegrama del 22 de octubre de 1941, 835.00/1051; hay un comentario acerca de la elección en La Prensa del 8 y el 10 de diciembre de 1941. <<

[67] Luna, Alvear [219], pág. 282. <<

[68] Foreign Relations, 1941 [52], VI, 63-65; New York Times, 10 de diciembre de 1941. <<

[69] Foreign Relations, 1941, VI, 59-60. El doctor Castillo afirmó que la acción japonesa era «una agresión injustificada y lamentable» y en este mensaje, el primero que dirigió al presidente Roosevelt, formuló «los deseos amistosos del gobierno y el pueblo argentinos». <<

[70] Von Thermann a Berlín, telegramas N.os 2092 y 2098 del 11 de diciembre de 1941, Roll 207/156,848 y 846. <<

[71] Memorándum de una conversación telefónica con el embajador von Thermann, firmado Weizsacker, St.-S. N.º 815, 11 de diciembre de 1941, Roll 207/156,844. <<

[72] Telegrama de Weizsacker al embajador en Buenos Aires, 12 de diciembre de 1941, Roll 207/156,845. El retiro de von Thermann fue anunciado finalmente el 29 de diciembre (véase La Prensa, 30 de diciembre de 1941 y New York Times, 31 de diciembre de 1941). <<

[73] Von Thermann señaló esta diferencia en su extenso telegrama N.º 2122, 15 de diciembre de 1941, 207/156,852-58. <<

[74] Von Thermann a Berlín, telegrama N.º 2124, 15 de diciembre de 1941, Roll 207/156,855. <<

[75] Von Thermann a Berlín, telegrama N.º 2122, 15 de diciembre de 1941, 207/156,852-53. <<

[76] El texto del decreto y las firman aparecen en Anales [1], 1941, tomo I, pág. 381. <<

[77] La Nación, 17 de diciembre de 1941. Digamos de pasada que se advirtió a los periódicos que no debían comentar el decreto. <<

[78] La Nación, 19 de diciembre de 1941; Foreign Relations, 1911 [52], VI, 67-68. <<

[79] Ibid. <<

[80] La Nación, 24 y 25 de diciembre de 1941; Boletín Militar, N.º 11.884, 3 de enero de 1942. <<

[81] Hay numerosas reseñas de la Conferencia de Río. El lector encontrará un resumen reciente en Peterson [230], págs. 37, 87. <<

[82] Véase el mensaje anual del doctor Castillo leído ante el Congreso el 28 de mayo. Senadores [5], 1942, I, 37, 87. <<

[83] Acerca de las actitudes del electorado y la interpretación de los resultados de la elección, véanse los despachos de Arnaldo Cortese en el New York Times, 25 de febrero y 13 de marzo de 1942: el lector encontrará una interpretación alemana similar en un informe del doctor Otto Meynen, encargado alemán en Buenos Aires a Berlín, telegrama N.º 1028 del 9 de abril de 1942, Roll 25/26,827-29. <<

[84] New York Times, 25 de febrero de 1942; despacho de la Embajada de Estados Unidos, 10 de diciembre de 1941, 885.00/1100; Luna, Alvear [219], págs. 295-96. <<

[85] Telegrama de la Embajada de Estados Unidos, 8 de enero de 1942, 835.20/68; memorándum de conversación con el diputado radical doctor Eduardo Araujo, Departamento de Estado, Washington, 13 de enero de 1942, 835.00/1137. Otras modificaciones importantes del cuadro de personal fueron la designación del general Ángel Zuloaga, que poco antes sufriera arresto en relación con la conspiración de setiembre de 1941, para el estratégico cargo de director general de Personal. Por otra parte, el coronel Santos Rossi, fiel partidario de Justo, fue nombrado jefe del acantonamiento de Campo de Mayo, en sustitución de otro hombre de Justo, el general Jorge Giovanelli, designado director general de Material del Ejército (La Prensa, 28 de enero de 1942). <<

[86] La lista de invitados de cada una de estas comidas fue publicada en la prensa (véase La Prensa, 24 de enero, 20 de marzo, y 10 de abril de 1942). El despacho del 19 de mayo, 1942, 835.00/1194, refleja la opinión de la Embajada de Estados Unidos en el sentido de que Castillo estaba buscando el apoyo del Ejército para oponerse a las ambiciones presidenciales del general Justo. <<

[87] New York Times, 24 de octubre de 1941. <<

[88] Memorándum de la Embajada argentina acerca de las negociaciones sobre la cooperación en el plan de defensa continental, 24 de marzo de 1942, en Foreign Relations, 1942 [53], V, 387-90. <<

[89] Telegramas de Norman Armour a Sumner Welles, 3 de febrero de 1942, y Welles a Armour, 4 de febrero de 1942, ibid., 376-77. <<

[90] También se rechazó una propuesta norteamericana en el sentido de que Argentina podía optar por la ayuda militar si organizaba convoyes protegidos de naves mercantes en las aguas adyacentes a Argentina (ibid., págs. 384-86, 393-400). <<

[91] La Prensa, 17 de enero, 5, 6 y 8 de febrero y 16-17 de junio de 1942. Los oficiales de la reserva convocados al servicio activo en marzo (La Prensa, 1.º de marzo de 1942) fueron dados de baja en agosto y setiembre (La Prensa, 11 de agosto y 25 de setiembre de 1942). <<

[92] Telegrama de la Embajada de Estados Unidos, N.º 650, 10 de abril de 1942, 885.34/583. El diario La Prensa, favorable a Estados Unidos, procuró promover el mismo objetivo destacando en sus editoriales la llegada de abastecimientos de armas norteamericanas a Uruguay y Brasil, y señalando el carácter alarmante de la debilidad militar argentina (véanse los editoriales de La Prensa del 28 de marzo, 23 de junio, 24 de junio, 24 de julio y 26 de agosto de 1942). <<

[93] Meynen a Berlín, telegramas N.º 563, 27 de febrero de 1942, y N.º 581, 24 de marzo de 1942, Roll 25/26,748 y 26, 790-92. <<

[94] Ibid., Roll 25/26, 791. <<

[95] El mensaje original no aparece en las series microfilmadas, pero se incluye el resumen del contenido en un memorándum del 28 de agosto de 1942, acerca de los pedidos argentinos de armas, preparado por Wiehl (funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores alemán) para von Ribbentrop (Roll 26/27,255). <<

[96] Meynen a Berlín, telegrama N.º 2610, 27 de julio de 1942, Roll 26/27, 170-71. <<

[97] Ibid., Roll 26/27, 171-72. <<

[98] Meynen a Berlín, telegrama N.º 2929, 16 de agosto de 1942, Roll 26/27, 212, véase también Meynen, telegrama N.º 2886 del 14 de agosto de 1942, Roll 26/27, 199-200. <<

[99] Meynen a Berlín, telegrama N.º 2929, 16 de agosto de 1942, Roll 26/27, 212. <<

[100] Ibid., Roll 26/27, 212-13. <<

[101] En Anales [1], II, 263, puede hallarse el texto del decreto N.º 128.782 del 24 de agosto de 1942 declarando país no beligerante a Brasil. <<

[102] Meynen a Berlín, telegrama N.º 3067, 24 de agosto de 1942, Roll 26/27, 246; véase también Meynen, telegrama N.º 3166, 29 de agosto de 1942, Roll 26/27, 263. <<

[103] Véase el memorándum de Berlín, del 28 de agosto, citado en la Nota 95; también telegrama Sonderzung N.º 1032, 31 de agosto de 1942, firmado «Sonnleitner» y con indicación «Notiz für den Führer», Roll 26/27, 264-65. <<

[104] Meynen a Berlín, telegrama N.º 3275, 5 de setiembre de 1942, Roll 26/27, 297-98. <<

[105] Meynen a Berlín, telegrama N.º 4029, 21 de octubre de 1942, Roll 26/27, 438; véase también telegrama de Meynen N.º 3121, 27 de agosto de 1942, Roll 26/27, 254. <<

[106] Meynen a Berlín, telegrama N.º 3296, 7 de setiembre de 1942, Roll 26/27, 302; Memorándum acerca de la entrega de armas a Argentina (Auzeichining betreffend Waffenlieferung an Argentinien), fechado en Berlín, el 21 de setiembre de 1942, firmado «Wiehl», Roll 26/27, 353-354; Meynen a Berlín, telegrama N.º 3509, 21 de setiembre de 1942, Roll 26/27, 351. <<

[107] Memorándum acerca del estado de las negociaciones relacionadas con las entregas de armas a Argentina, fechado en Berlín, 3 de noviembre de 1942, firmado «Wiehl», Roll 26/27, 476-77. <<

[108] Los círculos nacionalistas querían que Castillo se desembarazase de todos los ministros del gabinete que se mostraban tibios hacia sus medidas favorables al Eje (Meynen a Berlín, telegrama N.º 4625, 25 de noviembre de 1942, Roll 26/27, 517). <<

[109] Citado de una conferencia de prensa celebrada el 18 de marzo de 1944 por el ex presidente Castillo, y comunicada en traducción inglesa en el Adjunto N.º 1, despacho de la Embajada de Estados Unidos N.º 14.345. 31 de marzo de 1944, 835.00/2768. <<

[110] Luna, Alvear [219], 300 y siguientes, ofrece una reseña en general hostil de los esfuerzos de Justo para promover su candidatura en el sector radical. Agradezco al ex secretario privado de Justo, señor Miguel J. Rojas, y al doctor Manuel Orús, colaborador de Justo, que me aportaron una perspectiva de estos hechos. <<

[111] La Prensa, 27 de agosto de 1942. <<

[112] La Prensa, 7 de setiembre de 1942. <<

[113] Acerca de los informes de la Comisión de Actividades Antiargentinas de la Cámara de Diputados, véase antes Nota 32 y también La Prensa, 18 de setiembre y 4, 23 y 30 de octubre de 1942; con respecto a los actos de la propia Cámara de Diputados, véase La Prensa, 30 de setiembre de 1942. <<

[114] Meynen a Berlín, telegrama N.º 3284, 6 de setiembre de 1942, Roll 26/27,300. El diario pro aliado La Prensa trae la noticia de la ceremonia en una página interior, afirma que el manifiesto es un álbum y no menciona el número de firmas indicado por los organizadores. <<

[115] La Prensa, del 28 de febrero de 1912, informó que el número de votantes registrados alcanzaba a 3.152.974. Por supuesto, eran todos varones mayores de 18 años, mientras que el «plebiscito de la paz» podía haber incluido los nombres de mujeres y posiblemente aun de niños. <<

[116] Meynen a Berlín, telegrama N.º 3284, 6 de setiembre de 1942, Roll 26/27,3000. <<

[117] Telegrama de la Embajada de Estados Unidos, 28 de setiembre de 1942, 835.00/1274. <<

[118] Despacho de la Embajada de Estados Unidos, 6 de octubre de 1942, 835.00/1284. <<

[119] Telegrama de la Embajada de Estados Unidos del 18 de noviembre de 1942, y despachos del 25 de noviembre de 1942, 835.00/1303 y -/1314. <<

[120] Telegrama de la Embajada de Estados Unidos del 18 de noviembre de 1942, 835.00/1303; también de Armour al secretario de Estado, 16 de noviembre de 1942, en Foreign Relations, 1942 [53], V, 249; el lector hallará detalles de la respuesta argentina a los memorándums de Estados Unidos en ibid., págs. 230-61; con respecto a la interpretación alemana de la renuncia de Tonazzi, que la atribuye a la insistencia de Castillo en que el ministro de Marina encabezase el tribunal especial, véase Meynen a Berlín, telegrama N.º 4506, 8 de noviembre de 1942, Roll 26/27, 503. <<

[121] La Prensa, 18 de noviembre de 1942. <<

[122] Los principales cambios afectaron al coronel Santos Rossi, el coronel Carlos Kelso y el general Adolfo Espindola, que fueron separados de sus comandos de tropa en Campo de Mayo y la división de Palermo y asignados a tareas burocráticas como jefe de Ingenieros, jefe de Remonta, y jefe de la segunda región militar respectivamente (Boletín Militar, N.º 12.178, 31 de diciembre de 1942). <<

[123] Entrevista con el doctor Manuel Orús, 3 de agosto de 1965; La Prensa, 11 de enero de 1943. <<

[124] Despacho de la Embajada de Estados Unidos, 20 de enero de 1943, 835.00/1343. <<

[125] Los esfuerzos de organización de la «unión democrática» merecieron mucha atención de los diarios, y fueron seguidos de cerca por la Embajada de Estados Unidos (véanse despachos con fecha 1.º de diciembre de 1942 y 20 de enero de 1943, 835.00/1317 y -/1342). <<

[126] La confianza de Castillo en un triunfo del Eje fue señalada periódicamente por la Embajada de Alemania en Buenos Aires. Es particularmente interesante en este sentido la evaluación de las medidas de Castillo por el encargado de negocios Meynen el 20 de julio de 1942, que concluía con estas expresiones: «Como el Presidente y el ministro de Relaciones Exteriores, según se confirmó en la conversación de ayer con este último, creen en la victoria final del Pacto de las Tres Potencias, y la desean, podemos suponer que el gobierno continuará tratando de hallar soluciones tolerables para ambas partes en caso de que aparezcan dificultades en nuestra relación» (telegrama N.º 2490, 20 de julio de 1942, Roll 26/27.140-42). <<

[127] En Meynen a Berlín, telegrama N.º 3754, 5 de octubre de 1942, Roll 26/27,410-14 se hallará un juicio franco, desde el punto de vista alemán, acerca de los probables candidatos presidenciales para las futuras elecciones. <<

[128] Meynen a Berlín, telegrama N.º 4562, 23 de noviembre de 1842, Roll 26/27,511. <<

[129] Castillo dijo al embajador norteamericano Armour, el 24 de noviembre de 1942, que creía que los alemanes ya estaban derrotados (Foreign Relations, 1942 [53], V, 174), pero únicamente a fines de diciembre el encargado alemán Meynen comunicó que, según datos de un informante fidedigno, el Presidente «cuya política se ha visto fortalecida hasta ahora por su confianza en la victoria del Eje, recientemente expresó su convicción en sentido contrario» (Meynen a Berlín, telegrama N.º 4931, 30 de diciembre de 1942, Roll 26/27,601). <<

[130] Despacho de la Embajada de Estados Unidos del 26 de febrero de 1943, 835.00/1371. <<

[131] Véase el informe citado antes, nota 127. <<

[132] Memorándum del Departamento de Estado, 20 de enero de 1943, 800, 20.235/280. <<

[133] Véase el despacho citado en la nota 130. <<

[134] Meynen a Berlín, telegrama N.º 598, 10 de mayo de 1913, Roll 26/27,679. <<

[135] Despacho de la Embajada de Estados Unidos, 19 de abril de 1943, 835.00/1403, La Prensa, 12 a 14 de abril de 1943, véase también Luna, Alvear [219], pág. 313. <<

[136] Despacho de la Embajada de Estados Unidos, 10 de mayo de 1943, 835.00/1412. <<

[137] Se hallarán noticias periodísticas acerca de estas comidas en La Prensa, 3, 10, 17 y 24 de febrero y 3 y 18 de marzo de 1943. <<

Notas al Capítulo 7

[1] Se obtuvieron los datos de este capitulo en diferentes fuentes, y especialmente en una serie de entrevistas que celebré con oficiales retirados que habían ocupado importantes cargos militares en esa época. En la medida de lo posible, se comprobó la concordancia y la exactitud de la información recogida en estas entrevistas con datos derivados de la prensa contemporánea y de publicaciones militares como el Boletín Militar. En algunos casos se pidió a los oficiales que volviesen a examinar sus recuerdos en entrevistas ulteriores. Deseo expresar aquí mi profundo agradecimiento ante la cooperación de los siguientes oficiales retirados (y de otros que prefieren no ser mencionados) para este estudio: coronel Augusto G. Rodríguez (ayudante del general Ramírez en 1943); general Elbio C. Anaya (jefe de la guarnición de Campo de Mayo, después ministro de Justicia e Instrucción Pública en 1948); general Eduardo J. Ávalos (director de la Escuela de Artillería de Campo de Mayo, más tarde jefe de la guarnición, 19-13-45); general Indalecio Sosa (jefe del octavo regimiento de caballería, destacado en Liniers, en el año 1943); general Ambrosio Vago (director de la Escuela de Mecánica del Ejército, Buenos Aires, en 1943); general Héctor V. Nogués (director de la Escuela de Defensa Antiaérea, Campo de Mayo, 1943); coronel Enrique P. González (secretario del ministro de Guerra Ramírez, y después jefe de la secretaría de la presidencia, 1943-44); general Julio A. Lagos (incorporado a la inspección de Comunicaciones, 1943); y coronel Eduardo B. Arias Duval (incorporado a la Escuela Superior de Guerra, 1943). <<

[2] Entrevistas con el general Ambrosio Vago, 1.º de agosto de 1962, 19 de julio de 1965; entrevista con el general Elbio Anaya, 2 de agosto de 1967. En La Fronda del 30 de mayo de 1943 se reproduce una fotografía del presidente Castillo y Patrón Costas en Palermo. <<

[3] Ninguno de los sistemas de clasificación de los oficiales es totalmente satisfactorio, pues todos implican una homogeneidad de opiniones que a menudo faltaba, e ignoran la importancia de los vínculos personales. Por ejemplo, en junio de 1948 el sector «pro aliado» incluía a ex justistas como Santos Rossi; a oficiales independientes como Ambrosio Vago; a reclutas recientes de los círculos nacionalistas y neutralistas como Arturo Rawson; y a oficiales cuya posición anterior es poco clara, entre ellos a Elbio C. Anaya y Leopoldo Ornstein. <<

[4] Parece que el coronel Miguel Ángel Montes tenía esta posición. Acerca de los esfuerzos realizados en 1945 para crear una fórmula presidencial Sabattini-Montes, véase Levene [97], III, 258-59. <<

[5] Entrevista con el general Julio A. Lagos, el 3 de agosto de 1967; entrevista con el coronel Eduardo Arias Duval, el 14 de agosto de 1967; entrevista con el coronel Enrique P. González, el 25 y el 26 de julio de 1962; un resumen dactilografiado de las entrevistas con González corregidas de su puño y letra, al cual agregó un memorándum complementario el 23 de agosto de 1962, constituye una fuente que en adelante se denominará el memorándum de González. <<

[6] Güemes [145], págs. 21-22. <<

[7] Entrevista con el general Ambrosio Vago, el 19 de julio de 1965. Vago, los dos hermanos Montes (Miguel A. y Juan C.), Juan Perón, y J. Filomeno Velazco pertenecían a la promoción de 1913. <<

[8] Boletín Militar, N.º 11.950, 21 de marzo de 1942. <<

[9] Entrevista con el general Indalecio Sosa, el 3 de agosto de 1967. Sosa se incorporó al GOU después de la constitución formal de éste grupo, en marzo. <<

[10] Entrevista con el doctor Ernesto Sammartino, el 16 de agosto de 1967. Miguel Á. Montes estuvo implicado con Sammartino en una conspiración radical destinada a impedir que el presidente Ortiz asumiese el cargo a principios de 1938. <<

[11] Entrevista con el general Lagos. Perón se acercó a Lagos alrededor de febrero de 1943, y le entregó para su lectura un documento que esbozaba las bases del proyectado Grupo de Oficiales Unidos. Aparentemente Perón había preparado distintas variaciones de las bases con diferentes nombres para la organización, y de ahí la confusión acerca de las iniciales GOU. El contenido de una versión que alude a un Grupo Organizador y Unificador está parafraseado en Orona, Castillo [172], págs. 43-49. La Vanguardia del 17 de julio de 1945 publicó fragmentos de una versión que alude a un Grupo Directivo de Unión Espiritual y Unificador. La estructura de la proyectada organización parece ser la misma en cada una de las versiones publicadas. No se ha conocido el texto original. <<

[12] Memorándum de González; Boletín Militar, N.º 12.178, 31 de diciembre de 1942. <<

[13] Ibid. <<

[14] La Prensa, 18 de febrero de 1943; telegrama de la Embajada de Estados Unidos, 18 de febrero de 1943, 835.00/-1363, y telegrama, 19 de febrero de 1943, 835.20/91 <<

[15] Entrevista con el coronel Arias Duval, memorándum de González. Arias Duval, que era teniente primero en 1943, fue secretario del grupo directivo del GOU. <<

[16] Entrevistas con el general Lagos y el coronel Arias Duval. <<

[17] Memorándum de González. <<

[18] Ibid., entrevista con Américo Ghioldi, 10 de agosto de 1967. Ghioldi, diputado socialista, era informado diariamente por el ex diputado Cooke de los contactos de este último con el Ministerio de Guerra. <<

[19] Memorándum de González. Hay otra versión de las conversaciones entre radicales y oficiales del Ejército, aportada por un diputado radical, que afirmó que el general Ramírez y un grupo de oficiales en servicio activo se habían acercado a un núcleo radical del cual el informante era miembro para indagar el apoyo político de ese Partido en caso de que organizaran un golpe (telegrama de la Embajada de Estados Unidos, 1.º de junio de 1943, 385.00/1418). <<

[20] Acerca del papel de los diputados Castex y Vázquez, véase el despacho de la Embajada de Estados Unidos, 14 de junio de 1943, 835.00/1564; se hallará una reseña periodística de lo que ocurría entre bambalinas, que concentra la atención en los vínculos entre los oficiales del Ejército y los políticos de la U. C. R. en una carta de la Embajada de Estados Unidos, del 19 de junio de 1943, y adjunto, 835.00/1632; acerca del papel de Ravignani, véase Caillet-Bois [209], pág. 264; con respecto a la candidatura de Ramón Molina, véase telegrama de la Embajada de Estados Unidos, 2 de junio de 1943, 835.00/1420. El doctor Sammartino explicó sus propias actividades en una entrevista realizada el 16 de agosto de 1967. <<

[21] Véase la carta de la Embajada de Estados Unidos, 19 de junio de 1943, y el adjunto, 835.00/1632, y el memorándum de González. Con respecto a la declaración de prensa del general Ramírez y a un relato ulterior de sus tensas relaciones con el presidente Castillo, véase La Nación, 1 y 4 de junio de 1943. <<

[22] La situación era tan confusa que la Embajada alemana en Buenos Aires, lejos de representar la fuerza que estaba manipulando el golpe, o de tener conocimiento de sus intenciones últimas, quemó sus archivos secretos el 5 de junio, Meynen a Berlín, telegrama N.º 719, 5 de junio de 1943, Roll 26/27.714. Con respecto a las afirmaciones de que las autoridades alemanas tenían conocimiento anticipado del golpe, véase «Los nazis alemanes estaban informados del estallido de la revolución del 4 de junio», La Vanguardia, 22 de enero de 1946, material reproducido en Ghioldi, Historia critica [139], págs. 506-7. Es probable que las autoridades alemanas supiesen que el GOU se proponía actuar más adelante, pero fueron sorprendidas por el golpe que estalló el 4 de junio. Con respecto a las reacciones inmediatas del Eje, en el sentido de que se tratase de un movimiento controlado por Estados Unidos, véase el telegrama de los embajadores alemanes en Madrid y Tokio a Berlín (Roll 26/27.702, 27.709). <<

[23] Memorándum de González. <<

[24] Acerca de implicaciones anteriores de Rawson con conspiradores nacionalistas, véanse las observaciones de Diego Luis Molinari en Primera Plana [146], 13 de julio de 1965, pág. 50; también el telegrama de apoyo de Molinari a Rawson el 4 de junio de 1943, en el cual recordaba anteriores vínculos, material publicado por Rawson sin refutación en una carta a La Nación, el 6 de junio de 1949. En una entrevista celebrada el 3 de agosto de 1967, el general Indalecio Sosa confirmó la disposición de Rawson de colaborar con una conspiración nacionalista a principios de 1942. <<

[25] Declaraciones a la prensa del embajador Rawson en Río de Janeiro, La Prensa, 7 de diciembre de 1943. <<

[26] Memorándum de González; el lector hallará una versión periodística de la conspiración militar que vincula al general Rawson con el general Ramírez, el general Mason, y los almirantes Sabá y Benito Sueyro en «Documentos para la historia… Los generales del “Jousten”», La Vanguardia, 9 de octubre de 1945. No se conoce información fidedigna acerca de la naturaleza de esta conspiración. <<

[27] Entrevista con los generales Elbio C. Anaya, Eduardo Ávalos (2 de agosto de 1967), e Indalecio Sosa. <<

[28] Memorándum de González; entrevista con el general Ambrosio Vago, 1.º de agosto de 1962. <<

[29] Acerca de la imposibilidad de Rawson para interesar a otros generales, véase su carta publicada en La Nación, el 6 de junio de 1949. El pasaje citado acerca del general Farrell pertenece a una carta de A. Rawson, Buenos Aires, 1.º de diciembre de 1950, al doctor Sammartino, en posesión de este último. Expreso mi agradecimiento al doctor Sammartino, que me permitió conocer este material. <<

[30] Memorándum de González. <<

[31] Memorándum de González; entrevistas con los generales Eduardo Ávalos e Indalecio Sosa, y el doctor Ernesto Sammartino. Sammartino recuerda que él y el coronel Miguel Á. Montes, en camino hacia Campo de Mayo en la madrugada del 4 de junio, pasaron por el departamento de Perón y le telefonearon, sin resultado. Tuvieron la sensación de que estaba ocultándose. <<

[32] Pocos días después, estos oficiales regresaron y posaron para una fotografía, ocupando los mismos asientos. <<

[33] Mucho se ha hablado de un supuesto volante del GOU con formulaciones totalitarias, que habría circulado el 3 de junio entre todos los oficiales destacados en Campo de Mayo. Entrevisté a seis de los catorce jefes que se reunieron allí esa noche y ninguno aceptó haber conocido el documento. Su autenticidad fue negada también por el ex secretario del GOU, coronel Arias Duval, encargado de la preparación de las circulares del GOU, y que sin vacilar autenticó para nosotros otros documentos controvertidos. Los textos publicados de dicho volante contienen varias diferencias lingüísticas secundarias que sugieren que son traducciones de un original no español. Véase Güemes [145], págs. 125-26, que ofrece una versión, y Santander, Técnica [198], págs. 87-88, que suministra otra. <<

[34] Memorándum de González; entrevistas con los generales Anaya, Sosa, Nogués (8 de agosto de 1967), Ávalos, el coronel González y otro participante que prefiere quedar en el anonimato. <<

[35] Ibid. <<

[36] La Nación, 5 de junio de 1913. El texto ha sido reproducido muchas veces, recientemente en Orona, Castillo [172], pág. 112. <<

[37] Como más tarde Perón afirmó haber escrito el manifiesto, su autoría es objeto de discusión. En el memorándum de González se delinea claramente el papel de Montes; véase también Sammartino [268], pág. 92; y Levene [97], III, 253. <<

[38] Entrevistas con los generales Nogués y Sosa. <<

[39] Entrevista con el coronel Augusto G. Rodríguez, 4 de agosto de 1967. Rodríguez, que en esa época era teniente coronel, fue uno de los ayudantes personales del general Ramírez. <<

[40] Memorándum de González: entrevistas con los generales Anaya y Ávalos. Véanse también los detalles publicados en La Nación, 5 de junio de 1943. <<

[41] Entrevista con el coronel Augusto G. Rodríguez. Fue testigo del arresto del general Ramírez, y debió regresar al Ministerio en busca de la renuncia preparada previamente, y firmada luego por el general. <<

[42] En su condición de comandante de la guarnición de Campo de Mayo, el coronel Anaya firmó las órdenes de marcha. <<

[43] La Nación, 5 de junio de 1943. <<

[44] En un principio, Bassi envió tropas para que ocupasen posiciones defensivas; pero estas fuerzas se retiraron después de que sus jefes hablaron con oficiales de la columna revolucionaria. El coronel Miguel Á. Montes cumplió aquí una útil función, induciendo a los oficiales de la primera división a deponer la resistencia (entrevista con Sosa; La Nación, 5 de junio de 1943). <<

[45] Memorándum de González. De acuerdo con la versión de González, en este episodio murieron unas setenta personas; atribuyó el hecho, no a una actitud general de resistencia de la Marina, sino a un malentendido: «Las actitudes personales del coronel Ávalos, por una parte, y del capitán de navío Anadón, por la otra, fueron, en verdad, los determinantes del choque sangriento». Las autoridades procuraron subestimar la importancia de la tragedia, y nunca publicaron la cifra total de bajas; pero el incidente habría de tener un efecto de trascendencia insospechada. (Véase más adelante, el Capítulo IX.) <<

Notas al Capítulo 8

[1] Despacho de la Embajada de Estados Unidos, 14 de junio de 1943, 835.00/1564. Ghioldi, Palabras [254], pág. 9, escribió: «Sabía, si, con alguna exactitud, que el entonces ministro de Guerra encabezaba una conspiración, pero creí que estallaría en víspera de las elecciones presidenciales». <<

[2] Véase Potash [180], pág. 573, donde se hallará una formulación de este punto de vista, que el autor ya ha desechado. <<

[3] En una comunicación preparada diez días después del golpe, un funcionario de la Embajada de Estados Unidos observaba: «Aunque el movimiento revolucionario fue realizado principalmente por unos pocos coroneles y tenientes coroneles con mando de tropas, dirigidos por los generales Arturo Rawson y Pedro P. Ramírez, es probable que no se lo hubiese desencadenado si los dirigentes radicales no hubieran asegurado que el derrocamiento del gobierno de Castillo por un golpe de estado militar tendría por lo menos el apoyo moral del pueblo» (despacho del 14 de julio de 1943, 835.00/1564). <<

[4] Observaciones en una comida de oficiales en Campo de Mayo, 22 de junio de 1943, reproducidas en Ejército y Armada, III, N.º 80 (junio de 1943), 46. <<

[5] Véase más adelante, Capitulo IX, nota 42. <<

[6] Datos obtenidos de las listas de ascensos del Ejército y del Quién es quién [222]. En 1943 el coronel de más extensa foja de servicios era Baldomero de la Biedma, nacido en 1891, graduado en el Colegio Militar en 1909 y ascendido por última vez en 1936; el coronel más joven, ascendido en 1942, era un oficial de aviación, Aristóbulo Reyes, egresado del Colegio Militar en 1916. Con respecto a los generales en servicio activo, véase la Tabla 9. <<

[7] Véase la Tabla 9. Hacia 1946, 19 de los 41 generales eran hijos de inmigrantes (Secretaría de Guerra, Dirección General de Personal, «Nómina de los SS Generales que se encontraron en actividad en el año 1941 y 1946», MSS, fotocopias en posesión del autor). Agradezco profundamente a José Luis de Imaz, que me facilitó esas copias sobre la base de originales preparados a su pedido por la Secretaría de Guerra, en octubre de 1961. <<

[8] La manifestación más evidente de este hecho fue el decreto N.º 3672 del 26 de julio de 1943, que anulaba las recomendaciones de la junta de calificaciones, aprobadas antes de la revolución, pero que aún no habían sido aplicadas, y creaba una nueva lista de ascensos que reflejaba «nuevos elementos de juicio» (Boletín Militar, N.º 12.342, 27 de julio de 1943). <<

[9] Entrevistas con el general Elbio C. Anaya (2 de agosto de 1967) e Indalecio Sosa (3 de agosto de 1967); memorándum de González. Acerca de las promesas de Rawson en el sentido de que rompería con el Eje, véase Conil Paz y Ferrari [226], pág. 121. <<

[10] Entrevistas con los generales Anaya y Sosa; véase memorándum de González. <<

[11] Entrevistas con el coronel Augusto G. Rodríguez (4 de agosto de 1967) y el general Anaya. Rodríguez, que fue entonces ayudante del general Ramírez, ofreció escoltar a Rawson. <<

[12] Carta de A. Rawson al doctor Sammartino, Buenos Aires, diciembre de 1950, en los archivos del doctor Sammartino. <<

[13] Entrevista con el doctor Sammartino, 16 de agosto de 1967. <<

[14] Levene et al. [218], pág. 236; memorándum de González, <<

[15] Los políticos radicales, como la mayoría de los civiles, se sintieron desconcertados ante la inesperada secuencia de acontecimientos, pero quienes habían conversado con Ramírez entendieron que personalmente deseaba elecciones tempranas (despacho de la Embajada de Estados Unidos, 14 de junio de 1943, 835.00/1564). <<

[16] Entrevistas con el coronel Rodríguez y el general Anaya. Rodríguez estuvo en la reunión y desempeñó funciones de secretario, mientras se proponían nombres. Los recuerdos de Rodríguez y Anaya coinciden en la nómina de asistentes a la reunión, pero difieren en detalles. <<

[17] El almirante Sabá Sueyro, designado vicepresidente en el gobierno de Rawson, conservó ese cargo en el régimen de Ramírez. El nuevo gobierno juró la noche del 7 de junio, después eje un día de rumores e incertidumbre. <<

[18] Decretos números 11 y 12, 7 de junio de 1943; Boletín Militar, números 12.302 y 12.325, 8 de junio-6 de julio de 1943. <<

[19] Entrevistas con Diego Luis Molinari, 2 y 13 de junio de 1962, Ahora, 25 de julio de 1943. Molinari afirmó que se reunía a menudo con Perón en su departamento de la calle Coronel Díaz para entregarle memorándums acerca de distintos problemas. <<

[20] Noticias, N.º 5, sin fecha, reproducido en Orona, Castillo [172], pág. 118. <<

[21] Noticias, N.º 9, 24 de julio de 1943, reproducido en La Vanguardia, 22 de enero de 1946. La importancia atribuida a la incorporación de nuevos miembros se manifiesta en cada uno de estos boletines publicados después de la revolución. Entre el 15 y el 22 de enero de 1946 La Vanguardia reprodujo pasajes de los boletines 1 a 9, de los cuales los números 1 a 6 no tienen fecha, y los números 7 a 9 están fechados el 10, el 17 y el 24 de julio de 1943. Orona (Castillo [172], págs. 118-83) reprodujo los textos íntegros de los boletines 5 8 y 16 a 18. Aunque el memorándum de González niega explícitamente la autenticidad de los pasajes reproducidos en La Vanguardia, concuerdan con los que publicó Orona. Más aún, la validez de estos últimos ha sido confirmada por el coronel Arias Duval, que en su condición de secretario del grupo directivo del GOU ayudó a preparar los boletines en 1943. <<

[22] Sección 3.ª de Noticias, N.º 6, sin fecha, en Orona, Castillo, pág. 121. <<

[23] Sección II, subsección 8, parágrafo 4 de las «Nuevas Bases para el GOU», reproducida en Güemes [145], págs. 129-40. <<

[24] Entrevista con el general Héctor V. Nogués (8 de agosto de 1967), y con otro, participante que prefiere permanecer en el anonimato. <<

[25] Entrevista con el general Anaya. <<

[26] Entrevistas con los generales Anaya y Nogués. Mascaró fue enviado a una guarnición de Jujuy, Ornstein a Comodoro Rivadavia, y Nogués a Neuquén. <<

[27] Memorándum de González; entrevista con el general Ávalos. Como garantía adicional, Perón revisó las «Nuevas Bases para el GOU», publicadas recientemente, de modo que sus miembros se comprometieron específicamente con el general Farrell, aliado de Perón. La subsección 3.ª de las «Nuevas Bases», en la versión del 10 de julio, declaraba únicamente que los miembros del GOU aceptaban de modo absoluto las directivas del ministro de Guerra, pero no mencionaba nombres. La fraseología corregida comprometía a los miembros del GOU, no sólo a sostener y proteger la obra del general Ramírez, sino a «colaborar decididamente en mantener al Ejército en la mano de su ministro de Guerra, general Edelmiro Farrell, que es el órgano técnico, natural y legal para dirigirlo» (Noticias, N.º 8, 17 de julio de 1948, en Orona, Castillo [172], págs. 125-26). <<

[28] Boletín Militar, N.º 12.302, 8 de junio de 1943. <<

[29] Entrevista con el coronel Augusto C. Rodríguez; Boletín Militar, N.º 12.371, 1.º de setiembre de 1943; despacho de la Embajada de Estados Unidos, 31 de agosto de 1943, 835.00/1813. La Embajada interpretó los desplazamientos de personal con referencia a la división en oficiales pro nazis y antinazis, más bien que según el criterio expuesto aquí. Con respecto a las conversaciones informadas, aparentemente ellas incluían algunas entre el presidente Ramirez y su esposa, que a menudo pidió a su marido que se desembarazase de Perón (entrevista con el coronel Rodríguez). <<

[30] Entrevista con el coronel Augusto G. Rodríguez. La señora de Ramírez le pidió que vigilase el café del Presidente. <<

[31] Entrevista con el coronel Augusto Rodríguez. Fue el edecán que llevó el mensaje a Rossi, y este último habló con él después de ver al Presidente, a la mañana siguiente. En Güemes [145], págs. 65-67, el lector hallará otra versión de estos hechos. <<

[32] Otros oficiales perdieron sus mandos, entre ellos el coronel Juan A. Palacios, director de la Gendarmería, y el coronel Ambrosio Vago, director de la Escuela de Mecánica del Ejército, exiliado a un cargo de plana mayor en Bahía Blanca (despacho de la Embajada de Estados Unidos, 23 de octubre de 1913, 835.00/2091; entrevista con el general Vago, 1.º de agosto de 1962). <<

[33] Con respecto a los textos de la conferencia de prensa de Ramírez el 11 de junio, y a las palabras de Anaya del 22 de junio, véase Ejército y Armada, III, N.º 30 (junio de 1943), 40-41, 46. Ramírez declaró en Azul que «mi gobierno no teme a los partidos políticos. Por el contrario, los desea; sabe que en el seno de estos partidos hay hombres, e incluso dirigentes, que han sido muy beneficiosos para el país, y que si no han realizado sus altos y patrióticos ideales, la causa infortunada del hecho es que el organismo general de la Nación se ha desintegrado en virtud de una serie de factores que no son imputables a esos hombres, pues se trata de figuras que están en condiciones de asumir la dirección de sus partidos para colaborar de modo eficaz y constructivo con el gobierno de la Nación» (La Prensa, 11 de octubre de 1943). <<

[34] Un ejemplo del desdén militar hacia los políticos civiles es el discurso que pronunció en Azul el general (R) Armando Verdaguer, interventor en Buenos Aires y otrora favorito de Yrigoyen, y que indujo al general Ramírez a formular las observaciones antes citadas (ibid.). La designación del general (R) Basilio Pertiné, franco admirador de Alemania, en el cargo de intendente, decepcionó a los liberales y los demócratas. <<

[35] Ghioldi, Palabras [254], pág. 41n. <<

[36] Telegrama de la Embajada de Estados Unidos, 18 de febrero de 1943, 835.00/1363; entrevista con el doctor Sammartino, 16 de agosto de 1967. <<

[37] Telegrama de la Embajada de Estados Unidos, 15 de julio de 1948, 885.00/1643. <<

[38] Entrevista con el general Vago, 1.° de agosto de 1962. <<

[39] Orona, Castillo [172] págs. 124-25. <<

[40] Bernardo Rabinovitz [264], pág. 27, cita las observaciones de Storni ante un grupo de periodistas. <<

[41] «Ergebnis einer Besprechung mit General Ramírez vom 28. Juni 1943», Roll 762/356, 225-26. <<

[42] Chef der Sicherheitspolizei und des SD zu Staatsekretär von Steengracht, Berlín, 28 de enero de 1944, Roll 351/259, 904. <<

[43] Meynen, encargado alemán en Buenos Aires, a Berlín, telegrama N.º 86, 30 de setiembre de 1943, Roll 351/259, 818-19. Meynen tuvo la primera noticia de los preparativos ese día en una entrevista con Gilbert, ministro interino de Relaciones Exteriores. <<

[44] Carta de Welles al embajador Norman Armour, Washington, 28 de junio de 1943. Foreign Relations, 1943 [54], V. 419-24. <<

[45] Meynen a Berlín, telegrama N.º 30, 20 de julio de 1943, Roll 26/27,821. <<

[46] El lector interesado en este problema puede consultar Peterson [230], pág. 432; Smith [232], págs. 84-89; Conil Paz y Ferrari [226], págs. 128-34; Whitaker, The United States and Argentina [110], pág. 124. Los textos de las cartas aparecen reproducidos en Foreign Relations, 1943, V. 447-51, 454-60. <<

[47] Ibid., pág. 450. <<

[48] Conil Paz y Ferrari, págs. 128-129; Güemes [145], págs. 62-63. La interpretación de la carta como un esfuerzo deliberado con el fin de provocar una respuesta áspera corre por nuestra cuenta. <<

[49] Conil Paz y Ferrari, pág. 133; entrevista con el coronel Eduardo Arias Duval, 14 de agosto de 1967. <<

[50] Véase la fuente citada en la nota 41; también informe del SD (Sicherheitsdienst) de Buenos Aires, presentado por el SS-Oberstführer Schellenberg al Ministerio de Relaciones Exteriores el 25 de octubre, y reproducido en el memorándum del embajador Reinebeck, Berlín, 5 de noviembre de 1948, Roll 351/259,881. <<

[51] Esta fue la razón ofrecida por el ministro interino de Relaciones Exteriores de Argentina al encargado alemán (Meynen a Berlin, telegrama N.º 86, 30 de setiembre de 1948, Roll 351/259,818). <<

[52] Véase la fuente citada en la nota 42, Roll 351/259,905 <<

[53] Véase el informe del SD citado en la nota 50. Dice en un pasaje: «El 2 de octubre Helmuth partió para Europa en el buque español “Cabo de Hornos”. Lleva la misión de entregar a Alemania una declaración acerca de los deseos argentinos, y tiene cartas de presentación de González, jefe de la Secretaría de la Presidencia, y del ministro de Marina Sueyro. Se había preparado inicialmente una carta manuscrita del general Ramírez al Führer, pero se abandonó la idea por razones de seguridad. El gobierno argentino desea que la misión se desarrolle en el mayor secreto. Sólo Ramírez, Gilbert, González y Sueyro conocen el asunto. Por razones de camuflaje H. fue designado oficialmente cónsul argentino en Barcelona». <<

[54] Ghioldi, Palabras [254], pág. 508; entrevista con el general Anaya, 2 de agosto de 1967; telegrama de la Embajada de Estados Unidos, 15 y 25 de setiembre de 1943, 835.00/1857 y 835.00/1924; despacho del 18 de setiembre de 1913, 835.00/1928. <<

[55] El pedido de elevación del general Farrell a la vicepresidencia fue resultado de una reunión de oficiales en el Ministerio de Guerra, la tarde del 11 de octubre, y según se afirma en el curso de la misma Perón y el jefe de Policía, coronel Ramírez, representaron los principales papeles. De acuerdo con una versión publicada, un grupo de oficiales abordó el tren presidencial que volvía de Azul a Buenos Aires, y reclamó a Ramírez la firma del decreto de designación (despacho de la Embajada de Estados Unidos, 23 de octubre de 1943, y adjunto, 835.00/2091; Güemes [145], págs. 60-70). <<

[56] Otras figuras designadas para formar el gabinete fueron César Ameghino, en la cartera de Finanzas, y el capitán de navío (R) Ricardo Vago en la de Obras Públicas. La posición pro aliada de Vago lo convirtió en una anomalía en este gabinete que ahora estaba dominado por personalidades favorables al Eje (telegrama de la Embajada de Estados Unidos, 15 de octubre de 1943, 835.00/2003), <<

[57] Varios radicales que poseían prestigio nacional rehusaron firmar el manifiesto democrático del 15 de octubre, aparentemente porque aún esperaban que podrían concertar con el gobierno un acuerdo que los beneficiara (despacho de la Embajada de Estados Unidos, 27 de octubre de 1943, 835.00/2163). Véase también un memorándum de una conversación con uno de los firmantes del manifiesto, preparado por la Embajada el 20 de octubre de 1943, 835.00/2125. <<

[58] Véase los decretos N.os 18.406, 18.407, 18.408, 18.409 y 18.411, todos del 31 de diciembre de 1943. Las medidas nacionalistas contra los liberales en las universidades y la prensa están detalladas en Rabinovitz [264], págs. 32-41. <<

[59] «Instrucciones reservadas del Ministerio del Interior al comisionado en la provincia de…», carta circular reproducida y difundida por la Logia General San Martín, contraria al régimen, el 30 de noviembre de 1943. Se incluye un ejemplar en un despacho de la Embajada de Estados Unidos, 3 de diciembre de 1943, 835.00/2209. La Embajada suministró una traducción inglesa de un documento semejante, fechado el 30 de diciembre de 1943, y entregado el 22 de enero de 1943, 835.00/2312. Con la palabra «régimen» el general Perlinger se refería a toda la estructura político-económica argentina —el sistema electoral, los partidos políticos, la economía orientada hacia el extranjero, etc. En general, se utilizaba en Argentina este término para aludir a cualquier «institución real» a la cual uno se oponía. Yrigoyen había utilizado el término antes de 1916 para referirse a la corrompida estructura conservadora. <<

[60] Véase los decretos N.os 1580 del 29 de junio, 2669 del 20 de julio, 14.001 del 12 de noviembre y el 14.672 del 20 de noviembre de 1948. Con respecto a la actitud del gobierno frente a los sindicatos entre junio y octubre, véase López [240], págs. 67-69; Oddone [245], págs. 402-7, y Baily [235], págs. 71-78. <<

[61] Baily, págs. 75-78; Alexander [93], págs. 22 y siguientes. <<

[62] Las entrevistas con diferentes oficiales revelan que hacia 1944 las medidas obreras de Perón suscitaban general simpatía en los círculos militares. En este período el coronel Ávalos, poderoso comandante de la guarnición de Campo de Mayo, respaldó plenamente a Perón, y a menudo visitó personalmente la Secretaría de Trabajo. <<

[63] Véase Noticias del GOU, N.º 16, 2 de noviembre de 1943, en Orona, Castillo [172], pág. 127. La visita de los alumnos del curso superior del Colegio Militar a la Secretaría de Trabajo tuvo repercusiones en el Ejército, pues fue ordenada por el subdirector del Colegio, coronel Oscar Silva, sin la aprobación de la autoridad superior. El general Jorge Giovanelli, director general de Instrucción del Ejército, que tenía jurisdicción sobre el Colegio Militar, aplicó a Silva ocho días de arresto domiciliario. Cuando el presidente Ramírez anuló el arresto, Giovanelli, desairado, solicitó el retiro. Además de su condición de partidario de Perón, Silva era nacionalista extremo y «rosista» —es decir, uno de los que mantenían viva la memoria del dictador del siglo XIX, Juan Manuel de Rosas, en oposición a quienes admiraban a Domingo F. Sarmiento, opositor liberal de Rosas. Giovanelli era un destacado defensor de la tradición liberal en el Ejército (entrevistas con el coronel Augusto Rodríguez, 9 y 15 de agosto de 1967). <<

[64] Aunque era un afiliado sindical retirado, el padre de Mercante gozaba de una posición bastante acomodada, y poseía varios «conventillos» o alojamientos en Buenos Aires. Pudo ofrecer a su hijo militar un automóvil que era la envidia de sus compañeros de armas; incluso el general Farrell lo utilizó en varias ocasiones (entrevista con el general Nogués, 8 de agosto de 1967). En Primera Plana [146], 21 de agosto de 1965, págs. 42 y siguientes, el lector hallará una reseña del propio Mercante acerca de sus relaciones con Perón y su papel como intermediario entre aquél y los dirigentes obreros. <<

[65] Memorándum de González. <<

[66] González fue incorporado al gabinete una semana antes de la designación de Perón, como director del Departamento de Trabajo (Decreto N.º 12.937 del 21 de octubre de 1943). El coronel Emilio Ramírez también alcanzó más elevada jerarquía cuando se lo designó jefe de la nueva Policía Federal, puesta directamente a las órdenes del presidente, y no del Ministerio del Interior (Decreto N.º 17.550, 24 de diciembre de 1913). <<

[67] Memorándum de González. <<

[68] RSHA (Reichsicherheitsamt) al Ministerio de Relaciones Exteriores alemán, telegrama, 12 de noviembre de 1943, transmisión radial de algunos datos recibidos de Buenos Aires (Roll 351/259,825). <<

[69] SD, Schellenberg, al Ministerio de Relaciones Exteriores, 2 de diciembre de 1943, transmisión radial de algunos datos recibidos de Buenos Aires, el 24 de noviembre de 1943. Roll 351/259,839. <<

[70] SD al Ministerio de Relaciones Exteriores, 11 de diciembre, comunicación de un mensaje radial sin fecha de Buenos Aires. Roll 351/259,843. <<

[71] Roll 351/259.829. <<

[72] Con respecto a la versión británica, véase The Times (Londres), 27 de enero de 1944. El gobierno argentino, que ahora comprendió que debía proceder contra la red de espionaje nazi revelada por la confesión de Helmuth, el 20 de diciembre previno indirectamente a la Embajada alemana. En esa fecha el subsecretario de Relaciones Exteriores informó confidencialmente al doctor Meynen que Helmuth y Harnisch eran un par de aventureros que habían estado intrigando contra la Embajada alemana (Meynen a Berlín, telegrama N.º 9, 15 de enero de 1944, Roll 351/259,846). <<

[73] Conil Paz y Ferrari [226], págs. 135-38. <<

[74] Ibid., págs. 138-39; Hull [67], págs. 1891-94; Decreto N.º 1830, del 26 de enero de 1944. <<

[75] Véase Peterson [230], pág. 434; Smith [232], págs. 98-99; Welles [233], pág. 196; Conil Paz y Ferrari, pág. 138. <<

[76] Cordell Hull observa la recepción de informes acerca de dichas actividades en Uruguay, Bolivia y Chile hacia mediados de agosto de 1943 [67], II, 1386. <<

[77] Meynen a Berlín, telegrama N.º 28, 31 de enero de 1944, Roll 762/356,240. <<

[78] La entrevista con Gilbert fue publicada en El Mercurio (Santiago), el 1.º de noviembre de 1943; acerca de la demostración militar, véase el telegrama de la Embajada de Estados Unidos del 6 de noviembre de 1943, 835.00/2109. <<

[79] La Prensa, 22 de enero de 1944. No se mencionaba la fecha del arresto de Helmuth, conocido por las autoridades argentinas desde principios de noviembre. <<

[80] Noticias, N.º 17, 22 de enero de 1944, en Orona, Castillo [172], págs. 130-31. <<

[81] Se hallará una versión detallada de lo ocurrido en el folleto antigubernamental titulado A las fuerzas armadas de la Nación, publicado por la Junta Revolucionaria Nacionalista; ejemplar adjunto en el despacho de la Embajada de Estados Unidos del 1.º de abril de 1944, 835.00/2769. <<

[82] Ibid.; Memorándum de González; entrevista con el general Eduardo Ávalos (2 de agosto de 1967). Ávalos había presidido esta asamblea, que se celebró en el recinto de sesiones del Concejo Deliberante. <<

[83] Memorándum de González; despacho de la Embajada de Estados Unidos, 19 de febrero de 1944, 835.00/12,372. <<

[84] Telegrama de la Embajada de Estados Unidos, 2 de marzo de 1944, 835.00/2489; memorándum de González; La Prensa, 16 de febrero de 1944, publica los comunicados oficiales relacionados con las renuncias. <<

[85] El general Ávalos me dijo que, a su juicio, si hubiera sido posible disponer de unas pocas semanas, se habría logrado persuadir a los oficiales más jóvenes de la necesidad de aceptar la ruptura. De acuerdo con la primera fuente citada en la Nota 84, también Perón creía que se necesitaba tiempo para preparar al Ejército; pero como hemos visto, el presidente Ramírez no podía esperar. <<

[86] Véase la interpretación de la crisis ulterior que culminó en el derrocamiento de Ramírez, en el despacho de la Embajada de Estados Unidos, 7 de marzo de 1944, 835.00/2641. <<

[87] Memorándum de González; véase también la versión del propio Ramírez en su carta de renuncia al general Farrell, 9 de marzo de 1944. Hay una copia fotográfica del original en poder del señor José Víctor Noriega (h), quien amablemente me facilitó una copia fiel. Güemes [145], págs. 101-3, publica el texto que no fue comunicado al público en 1944. <<

[88] Noticias, N.º 18, 28 de febrero de 1944, en Orona, Castillo [172], pág. 133; Güemes, pág. 92. <<

[89] Telegrama de la Embajada de Estados Unidos, 2 de marzo de 1944, 835.00/2489; Güemes, pág. 92. <<

[90] Memorándum de González (González estaba con el general Ramírez en la residencia de Olivos la noche del 24-25 de febrero de 1944). Véase también la versión de La Prensa, del 25 de febrero de 1944. El coronel Velazco, secuaz de Perón, asumió el control de la policía, y el teniente coronel Julio Lagos, vinculado más estrechamente con Perlinger, ocupó el cargo de director general de Correos y Telecomunicaciones. <<

[91] El texto, que no fue publicado entonces, apareció en La Vanguardia del 10 de abril de 1945; González afirma que él redactó el borrador (memorándum de González). <<

[92] La Prensa, 25 de febrero de 1944. En su primera edición matutina, el diario Cabildo, de orientación favorable al Eje, traía titulares con la renuncia de Ramírez. La policía trató de secuestrar ejemplares de esta edición. La edición publicada después se ajustó a la versión oficial (despacho de la Embajada de Estados Unidos, 29 de febrero de 1944, 835.00/2581). <<

[93] Entrevista con el general Anaya y el doctor Sammartino. El doctor Sammartino tuvo la amabilidad de permitirme leer su detallada reseña contemporánea de las diferentes consultas que realizó con el general Ramírez y con otras personalidades políticas y militares. También pasó revista a sus propios esfuerzos en una carta abierta del 14 de marzo de 1944, en la cual denunciaba en términos acres la cobardía política del general Ramírez. Se hallará una copia en el despacho de la Embajada de Estados Unidos del 8 de abril de 1944, adjuntos, 835.00/2788. El análisis del texto de la renuncia del general Ramírez (véase antes, Nota 87) indica que lo tenía preparado antes del 9 de marzo, día en que lo fechó y firmó. <<

Notas al Capítulo 9

[1] Junta Revolucionaria Nacionalista. A los argentinos, marzo? de 1944, págs. 11-12. Es un folleto de trece páginas; se conserva un ejemplar en los Archivos del Departamento de Estado, National Archives, 835.00/2271. <<

[2] Telegrama de la Embajada de Estados Unidos, 29 de febrero de 1944, 835.00/2450. <<

[3] Del Carril [58], págs. 30-32. <<

[4] Se hallará un análisis detallado de los diferentes grupos nacionalistas en un despacho de la Embajada de Estados Unidos, 11 de marzo de 1944, 800.20210/1804. <<

[5] A los argentinos, pág. 4. <<

[6] Ibid., pág. 7. <<

[7] Del Carril [58], págs. 32-33. <<

[8] Decretos N.os 6006 y 6134, 10 de marzo de 1944. <<

[9] Plater [75], págs. 44-45. <<

[10] El Decreto N.º 13.959 del 31 de mayo de 1944, creó el Consejo Nacional de Defensa. Véase Cernadas [125], que desarrolla una argumentación favorable a dicho organismo. <<

[11] Es indudable que Perón poseía talentos extraordinarios. Cuando era un joven oficial había participado en representaciones teatrales en los cuarteles, y quizá entonces desarrolló su capacidad oratoria, así como el arte de disimular sus intenciones, aspectos que tan útiles le fueron después de 1943. <<

[12] Telegrama de la Embajada de Estados Unidos, 1.º de marzo de 1944, 835.00/2469; entrevista con el general Indalecio Sosa, 3 de agosto de 1967. <<

[13] Reproducido en Primera Plana [146], 6 de julio de 1965, págs. 44-45. <<

[14] Ibid. <<

[15] Telegrama de la Embajada de Estados Unidos, 2 de marzo de 1944, 835.00/2489. <<

[16] Ibid. <<

[17] Hull [67], II, 1395. En Peterson [230], págs. 434 y siguientes, hay un examen detallado reciente de las actitudes norteamericanas en este período. <<

[18] Telegrama de la Embajada de Estados Unidos, 22 de marzo y 24 de marzo de 1944, 835.00/2489 y -/2707. <<

[19] Poseo una fotocopia del manifiesto, con las firmas. <<

[20] Los dieciséis firmantes eran todos generales de brigada: Manuel Calderón, Adolfo S. Espíndola, Juan Tonazzi, Manuel Savio, Ángel María Zuloaga, Víctor Majó, Elbio Anaya, Horacio García Tuñón, Julio A. Sarmiento, Jorge Manni, Pablo Dávila, Baldomero de la Biedma, Arturo Rawson, Santos Rossi, Eduardo Lápez y Ricardo Miró. Se les pidió que firmaran, pero se negaron, los generales Juan Bassi y Estanislao López. No se pidió la firma a los generales von der Becke y Reynolds. Como estaba sometido a investigación, en relación con el complot de Ducó, no se pidió la firma del general Crespo, que apoyaba el memorándum. <<

[21] Whitaker, The United States and Argentina [110], pág. 129. <<

[22] Entrevista con el general (R) Eduardo J. Ávalos, 3 de agosto de 1967. El decreto de ascenso, N.º 8836, del 5 de abril de 1944, inicialmente un documento reservado, fue sometido a la ratificación del Senado en 1946, y aparece en Senadores [5], 1946, VII, 1170. <<

[23] Roque Lanús (en Al servicio del Ejército [157], pág. 33) afirmó que «Muchos de ellos fueron relevados de sus puestos, sufrieron la postergación de sus ascensos, y fueron obligados a solicitar el retiro». A mi juicio se trata de una exageración. Sólo dos de los dieciséis se retiraron en 1944, otros tres fueron ascendidos después al grado de general de división, y el resto continuó en servicio activo de uno a seis años. Espíndola y Calderón, firmantes iniciales y presumiblemente autores del memorándum, fueron los dos oficiales más perjudicados por la lista de ascensos. <<

[24] Las citas corresponden al discurso de Perón del 27 de marzo de 1944, en el regimiento 4 de infantería, de Campo de Mayo, de acuerdo con un informe leído ante la Cámara de Diputados chilena, y reproducido en El Siglo (Santiago), 13 de julio de 1944. <<

[25] Despacho de la Embajada de Estados Unidos, 18 de abril de 1944, 835.00/2797. <<

[26] Citado en un despacho de la Embajada de Estados Unidos, 9 de mayo de 1944, 835.00/2848. <<

[27] Se hallarán detalles de las relaciones de Perón con los dirigentes obreros en Oddone [245], págs. 411-16; Cerrutti Costa [236], págs. 126 y siguientes; y López [240]. <<

[28] Reproducido en un despacho de la Embajada de Estados Unidos, 9 de mayo de 1944, 835.00/2848. También se señala la línea más dura de Perón hacia los políticos en un despacho de la Embajada de Estados Unidos, 24 de junio de 1944, 835.00/6-2444. <<

[29] Telegramas de la Embajada de Estados Unidos del 3 y el 4 de mayo de 1944, 835.00/2821 y -/2825. Las designaciones de Peluffo y Baldrich están incluidas en los decretos Nos. 11.119 y 11.120, respectivamente, del 2 de mayo de 1944. <<

[30] Del Carril [58], págs. 32-35. Se hallará un enfoque contemporáneo del grupo Renovación, en los despachos de la Embajada de Estados Unidos, 11 de marzo y 30 de mayo de 1944, 800.20210/1804 y -/1840. <<

[31] La Prensa, del 5 de junio de 1944, trae la noticia de la exposición. Con respecto a las felicitaciones de Perón al teniente coronel Alfredo Baisi, constructor del tanque, que fue denominado Tanque Nahuel, modelo Baisi 1943, véase La Prensa del 27 de junio de 1944. <<

[32] Universidad Nacional de La Plata. Inauguración de la cátedra de defensa nacional, 10 de junio de 1944. (La Plata, 1944.) <<

[33] A fines de junio el Departamento de Estado formuló un acre comentario acerca del discurso, y lo citó nuevamente en su declaración política titulada «No reconocimiento de la Argentina», Bulletin, XI, N.º 266 (30 de julio de 1944), 109, del Departamento de Estado. Perón insistió en que el Departamento de Estado se apoyaba en una versión deformada de su exposición, y que había interpretado mal el sentido de sus palabras (véanse La Prensa, 4 de julio de 1944, y el número del New York Times, correspondiente a la misma fecha). <<

[34] Las acciones de las empresas industriales en el Mercado de Valores de Buenos Aires subieron como reacción ante el discurso, hecho sugestivo de que los círculos industriales contemplan con simpatía el programa de defensa del gobierno (telegrama de la Embajada de Estados Unidos, 13 de junio de 1944, 835.20/120). <<

[35] Editorial de La Prensa del 11 de junio de 1944. Este diario también consideró oportuno comentar favorablemente el discurso en otros tres editoriales, publicados el 12, 17 y 19 de junio. <<

[36] Güemes [145], pág. 112. <<

[37] Ibid.; del Carril [58], pág. 35. Bonifacio del Carril renunció al cargo de subsecretario del Interior, y Francisco Ramos Mejía a su puesto de interventor en Tucumán, el mismo día; el teniente coronel Julio Lagos renunció al cargo de director general de Correos y Telecomunicaciones una semana después. También abandonaron sus cargos en el ministerio el mayor Miguel Iñíguez, el mayor Juan Carlos Poggi y el coronel Celestino Genta. (Véanse los decretos N.os 18.277, 18.279-81 del 6 de julio y 18.745 del 13 de julio de 1944.) <<

[38] Decreto N.º 17.906, 7 de julio de 1944; La Prensa, 8 de julio de 1944. <<

[39] Decreto-ley 29375, 26 de octubre de 1944. <<

[40] Véase antes. Capítulo 3. <<

[41] Los años mínimos de servicio en cada grado, de acuerdo con las dos leyes, eran los siguientes:

Grado | Ley 9675 (1915) | Decreto-ley 29375(1944) | Grado | Ley 9675 (1915) | Decreto-ley 29375 (1944)
Gral. de división | 4 | 2 | Mayor | 4 | 3
Gral. de brigada | 4 | 4 | Capitán | 4 | 4
Coronel | 4 | 4 | Teniente 1.º | 4 | 8
Teniente coronel | 4 | 4 | Teniente | 4 | 3
|  |  | Subteniente | 8 | 3

<<

[42] Se introdujeron los siguientes cambios en el cuadro de organización del Ejército:

Grado | 1943 | 1944 | Grado | 1943 | 1944
Teniente general | 0 | 1 | Mayor | 371 | 450
General de división | 12 | 15 | Capitán | 584 | 670
General de brigada | 25 | 36 | Teniente 1.º | 637 | 540
Coronel | 121 | 152 | Teniente | 626 | 570
Teniente coronel | 233 | 420 | Subteniente | 665 | 600

Las cifras de 1943 se basan en la ley de presupuesto de 1942, cuya vigencia se extendió a 1943. Las cifras de 1944 fueron extraídas del Artículo 96 del Decreto-Ley 29.375, 26 de octubre de 1944. <<

[43] Véase el Artículo 227 del Decreto-Ley 29.375. <<

[44] Ministerio de Guerra, Memoria… presentada al… presidente [36], pág. 233. <<

[45] Ibid. <<

[46] Se hallarán muestras de esta propaganda en la obra Al servicio del Ejército [157], págs. 145-49, del coronel Roque Lanús. <<

[47] Decreto-Ley 29.376 del 22 de octubre de 1944; Decreto N.º 288 del 4 de enero de 1945. <<

[48] El Decreto N.º 17.886, del 6 de julio de 1944, otorgó a Perón el título de «aviador Honoris Causa», y el derecho a usar el emblema correspondiente. <<

[49] Decreto N.º 8537 del 3 de abril de 1944 (véase especialmente el Artículo 11). <<

[50] Hay datos acerca de la expansión de las industrias argentinas de material bélico en el memorándum del Departamento de Estado, del 18 de agosto de 1944, 835.20/8-1844. Los decretos N.º 4316 del 12 de febrero de 1944 y el N.º 7595 del 28 de marzo de 1944, autorizaron a la Dirección General de Fabricaciones Militares a constituir compañías mixtas. <<

[51] Orona, Castillo [172], págs. 91 y 140. <<

[52] Memorándum del Ministerio de Relaciones Exteriores alemán preparado por el embajador Ritter, Berlín (3 de abril de 1944), Roll 762/356, 220-22; memorándum preparado por el ministro Ripken, 28 de julio de 1944, Roll 762/356,204-6; Embajada alemana, Madrid, a Berlín, telegrama N.º 636, 26 de setiembre de 1944, Roll 762/356,197-98. <<

[53] El telegrama N.º 636, informó detalladamente sobre las conversaciones del 26 de setiembre entre Vélez, Núñez y Spitzy. <<

[54] Welles [233], pág. 206. No ha sido posible confirmar la versión de Welles acerca de las conversaciones secretas en Buenos Aires, y debe contemplarse la posibilidad de que no se hayan desarrollado de acuerdo con la descripción que él ofrece. Las referencias de Welles al doctor Juan Cooke, de quien afirma que fue uno de los participantes, suscita ciertas dudas, pues Cooke no ocupó la cartera de Relaciones Exteriores hasta entrado el mes de agosto siguiente. Otro interrogante es la posibilidad de que a principios de 1945 Perón hubiese recibido ciertas seguridades de Gran Bretaña, en el sentido de que este país podía proveer equipos. Mientras no sea posible examinar las fuentes británicas, muchos aspectos de la búsqueda de armas por Argentina permanecerán oscuros. <<

[55] Resolución LIX del Acta Final de Chapultepec; Decreto N.º 6945, 27 de marzo de 1945. <<

[56] New York Times, 27 y 28 de marzo, y 1.º de abril de 1945. <<

[57] La Prensa, 11 y 16 de febrero de 1915. <<

[58] La lista anual de ascensos establecida por el Decreto N.º 2497 del 2 de febrero de 1945, incluía los nombres del general de brigada Eduardo Lápez y del coronel Ambrosio Vago, quienes en períodos anteriores se habían opuesto a Perón. Este último también trató de atraerse a un ex partidario de Justo, el general Santos Rossi. Lápez y Rossi aceptaron cargos en el Consejo de Posguerra (véase La Prensa, 29 de agosto de 1945). <<

[59] La Prensa, 14 de abril de 1945. <<

[60] Korn [70], pág. 116; véase también Tulio Halperin Donghi, «Crónica del período», en Paitá [99], págs. 46-47. <<

[61] «La conspiración encabezada por el general Adolfo S. Espíndola», en Ministerio del Interior, Las Fuerzas Armadas [19], I, 726. <<

[62] New York Times, 24 y 26 de abril de 1945; La Prensa, 25 de abril de 1945. <<

[63] La Prensa, 23 de abril de 1945. <<

[64] Orona, Castillo [172], págs. 71-72. <<

[65] La Prensa, 28 de abril de 1945; New York Times, 28 de abril de 1945. <<

[66] Acerca de las penas impuestas por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, véase el Boletín Militar Público, 7 de junio de 1945. Catorce oficiales, la mayoría retirados, fueron sentenciados a penas de prisión de uno a seis meses; seis oficiales perdieron su estado militar. <<

[67] Welles [233], págs. 212-17; Peterson [230], págs. 446-47. <<

[68] Los oficiales norteamericanos formaban parte de la Misión Warren. En el New York Times, 18-21 de abril de 1945 hay una reseña contemporánea. <<

[69] Smith [232], pág. 41; Peterson, pág. 447. <<

[70] Véase el manifiesto a toda página firmado por 319 grupos de empresarios en La Prensa, 15 de junio de 1945. <<

[71] De acuerdo con la versión de Diego Luis Molinari, después de los ataques de Braden, muchos viejos radicales yrigoyenistas decidieron adherir a Perón (entrevista publicada en Primera Plana [146], 13 de julio de 1965, págs. 49-50). <<

[72] En la sección de actividades obreras de La Prensa pueden hallarse resúmenes de los discursos de Perón. <<

[73] La Prensa, 20 de julio de 1945. <<

[74] Véase la respuesta de Perón al manifiesto de los empresarios en La Prensa, 17 de junio de 1945. <<

[75] En La Prensa del 7 de julio de 1945 se hallará el texto de su discurso. <<

[76] Ibid., 13 de julio de 1945. <<

[77] Primera Plana [146], 20 de julio de 1965, págs. 50-52. <<

[78] Coronel (R) Enrique P. González, entrevista, 25-26 de julio de 1962; Primera Plana [146], 29 de junio de 1965, pág. 43. <<

[79] Ibid., págs. 42-43. <<

[80] Ibid. El teniente coronel Gerardo Gemetro, uno de los principales subordinados de Ávalos, mencionó motivos similares en una entrevista concedida a Primera Plana [146], 19 de octubre de 1965, pág. 41. <<

[81] Entrevista con el almirante Vernengo Lima, Primera Plana [146], 5 de octubre de 1965, pág. 50. La fecha de mediados de julio que este jefe cita parece ser un error. Véase la reseña publicada en La Vanguardia, 7 de agosto de 1945. <<

[82] Ibid. Véase también la versión en The Times (Londres), 6 de agosto de 1945. No he visto el documento, pero las versiones de La Vanguardia y The Times coinciden respecto del contenido. <<

[83] Los generales Juan Pistarini y Humberto Sosa Molina firmaron, a pesar de que eran dos de los más firmes partidarios militares de Perón. <<

[84] Con respecto a la renuncia impuesta a Teisaire, véase The Times (Londres), 1.º de agosto de 1945; acerca del significado de las designaciones en el gabinete, véase Primera Plana [146], 13 de julio de 1965, págs. 48-49, e ibid., 27 de julio de 1965, pág. 55; acerca de la intervención de Ávalos, véase La Prensa, 23 de agosto de 1945. <<

[85] Véase La Prensa, 1-17 de agosto de 1945. <<

[86] El lector hallará crónicas de las actividades de la Junta en La Prensa, a partir del 21 de agosto de 1945; y en Primera Plana [146], 14 de setiembre de 1965, pág. 38. <<

[87] Ibid. Entre los dirigentes civiles comprometidos en las negociaciones con oficiales del Ejército y la Marina, se contaban Adolfo Lanús, Manuel V. Ordóñez, Eduardo Benegas, Eustaquio Méndez Delfino, Luis Reissig, Germán López y Alejandro Lastra. Adolfo Lanús era hermano del coronel Roque Lanús, cuyo retiro forzoso del servicio activo fue ordenado por Perón el 7 de febrero de 1945 (véase también su libro Al servicio del ejército [157], págs. 82 y sigs.). <<

[88] Primera Plana [146], 14 de setiembre de 1965, pág. 38. <<

[89] Ibid., pág. 38. <<

[90] Ibid., pig. 40. The Times (Londres), 20 de setiembre de 1945, calculó en 500.000 el número de participantes. <<

[91] Con respecto a la división de opiniones entre los oficiales militares, véase más adelante. El criterio de la Marina fue expresado en una declaración pública, el 24 de setiembre, aprobada por 51 almirantes y capitanes retirados, que pidieron al presidente Farrell que imitase a San Martín en un acto de renunciamiento. «Hay renuncias que honran a los hombres y a los gobernantes», argüyeron, «y el país tiene, en efecto, un cuerpo constitucional legítimo [la Suprema Corte] que puede dirigir las elecciones reclamadas por el pueblo, sin ser objeto de sospechas» (La Prensa, 24 de setiembre de 1945). <<

[92] Este y los siguientes parágrafos acerca del movimiento de Córdoba se basan sobre todo en los detalles suministrados por Franklin Rawson a Primera Plana [146], 21 de setiembre de 1965, 40 y sigs., y en el informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina, que sentenció a los participantes, publicado en el Boletín Militar Público, N.º 630, diciembre de 1945, <<

[93] Primera Plana [146], 21 de setiembre de 1965, pág. 42. <<

[94] Ibid. <<

[95] Ibid.; La Prensa, 26 de setiembre de 1945. <<

[96] The Times (Londres), 27 de setiembre-6 de octubre de 1945; Primera Plana [146], 28 de setiembre de 1965, pág. 40. <<

[97] Ibid., pág. 42. <<

[98] Lucero [71], pág. 26, nota. <<

[99] Ibid., pág. 27; Primera Plana [146], 28 de setiembre de 1965, págs. 40-41. Hay una reseña muy útil de la crisis de octubre en el folleto de quince páginas titulado «Acontecimientos militares en Campo de Mayo entre los días 6 y 19 de octubre de 1945», resumido en La Vanguardia del 25 de diciembre de 1945. <<

[100] Ibid. <<

[101] General Eduardo Ávalos, entrevista, 2 de agosto de 1967; «Acontecimientos militares», en La Vanguardia, 25 de diciembre de 1945. <<

[102] Lucero [71], págs. 29-31. <<

[103] Entrevista con el general Indalecio Sosa, 3 de agosto de 1967; «Acontecimientos militares», en La Vanguardia, 25 de diciembre de 1945. <<

[104] Ibid. Lucero [71], pág. 30, afirma que Perón sólo preguntó si Farrell estaba de acuerdo con el pedido, y cuando se le respondió afirmativamente, escribió su renuncia. En vista de los estrechos vínculos de Pistarini con Perón, puede conjeturarse que también hablaron de un posible sucesor en el ministerio que protegiese los intereses de Perón. <<

[105] Primera Plana [146], 12 de octubre de 1965, pág. 40. Perón trató de que se nombrase ministro de Guerra a su leal amigo, el general Humberto Sosa Molina, que mandaba la tercera división en Paraná. <<

[106] «Acontecimientos militares»; Mittelbach, uno de los miembros originales del GOU, había sido hombre de Perón en la Casa Rosada, donde desempeñó las funciones de jefe de la Casa Militar desde agosto de 1943. El Decreto N.º 25.037 del 10 de octubre de 1945, refrendado por Quijano, designó a Mittelbach jefe de Policía interino. El 15 de octubre Ávalos refrendó el Decreto N.º 25.614 designando al coronel Emilio Ramírez, también antiguo miembro del GOU, pero ahora enconado antiperonista, en el cargo de jefe de Policía. Ramírez juró el 16 de octubre y renunció al día siguiente. <<

[107] Entrevista con Eduardo Colom en Primera Plana [146], 5 de octubre de 1965, pág. 52; entrevista con el general Rosendo Fraga, ibid., 28 de setiembre de 1965, pág. 43. <<

[108] Entrevista con Vernengo Lima en Primera Plana [146], 5 de octubre de 1965, págs. 50-51; La Prensa, 13 de octubre de 1945. <<

[109] Del Mazo, El movimiento [243], pág. 57. <<

[110] Citado por Eduardo Colom en Primera Plana [146], 5 de octubre de 1965, pág. 51. <<

[111] Entrevista con Vernengo Lima en Primera Plana [146], 5 de octubre de 1964, págs. 50-51; La Prensa, 13 de octubre de 1945. <<

[112] Acerca de los actos de los oficiales de la Academia de Guerra, véanse los recuerdos del general Rosendo M. Fraga, Primera Plana [146], 28 de setiembre de 1965, pág. 43. Los hechos del Circulo Militar han sido analizados en Primera Plana, 12 de octubre de 1965, págs. 41-44. <<

[113] Ibid., 5 de octubre de 1965, págs. 51-58. <<

[114] Güemes [145], págs. 120-22, trae una pretendida versión taquigráfica de una reunión entre representantes de la Junta y el general Ávalos en el Ministerio de Guerra, el 12 de octubre de 1945. <<

[115] Debe observarse que en esta fecha el coronel Mittelbach aún era jefe de Policía. Sólo después de estos choques Ávalos, en su carácter de ministro interino del Interior, puso en libertad a los civiles antiperonistas. <<

[116] Primera Plana [146], 26 de octubre de 1965, pág. 32. En sus memorias, el embajador británico atribuyó la demora de los civiles a falta de instinto político (Kelly [69], pág. 113). <<

[117] The Times (Londres), 5 de octubre de 1945. En general, los observadores norteamericanos subestimaron el arraigo popular de Perón hasta el áspero despertar de las elecciones de febrero de 1946. En este sentido, vale la pena mencionar que ya en agosto de 1944 un funcionario consular norteamericano que actuaba en el interior del país, después de una gira por varias provincias informó que la mayoría de las personas conocidas creía que si se realizaban elecciones libres con el Partido Radical en la oposición, Perón podía triunfar fácilmente. <<

[118] Entrevista con Domingo Mercante en Primera Plana [146], 12 de octubre de 1965, págs. 41, 44. <<

[119] Ibid. Una versión contraria, que insiste en que Mercante ordenó el 12 de octubre no ir a la huelga, corresponde a Aurelio M. Hernández. Hernández, líder obrero peronista en esa época, y después secretario general de la Confederación General del Trabajo, afirma que la manifestación del 17 de octubre fue resultado de una reacción espontánea de los trabajadores ante la noticia del arresto de Perón. (Entrevista del 17 de julio de 1962). <<

[120] Primera Plana [146], 12 de octubre de 1965, pág. 44; La Prensa, 17 de octubre de 1945. <<

[121] Ibid. <<

[122] Ibid. <<

[123] Primera Plana [146], 12 de octubre de 1965, págs. 4-1-46, especialmente las observaciones de Miguel A. Mazza. <<

[124] Antes del 13 de octubre Ávalos había designado al general Santos Rossi comandante de la primera división, y había comenzado a destituir a los jefes del regimiento favorables a Perón. Pero los jefes aún ejercían considerable influencia sobre esas unidades, como se vio en la tarde del 17 de octubre, cuando el coronel Carlos Mujica recuperó el control del regimiento 3 de infantería (Primera Plana [146], 19 de octubre de 1965, pág. 43). <<

[125] Entrevista con Gerardo Gemetro, ibid., pág. 42. <<

[126] Ibid., págs. 43-44. <<

[127] Primera Plana [146], 12 de octubre de 1965, pág. 47; ibid., 19 de octubre de 1965, págs. 40-43. <<

[128] Ibid., págs. 43-44. <<

[129] Ibid.; La Prensa, 18 de octubre de 1945. <<

[130] Primera Plana [146], 26 de octubre de 1965, págs. 30-32. <<

[131] Ibid., pág. 29. <<

[132] Ibid. <<

[133] Entrevista con el coronel Enrique P. González, 25-26 de julio de 1962. <<

[134] La entrevista concedida a Reuters fue publicada en La Prensa, 17 de octubre de 1945. <<