Las últimas décadas, periodo de neoliberalismo y de giro autoritario de las formas de gobierno, han venido igualmente marcadas por una creciente violencia contra las mujeres. Los asesinatos sistemáticos de Ciudad Juárez se han convertido en un ensayo a escala planetaria, desbordándose allí donde el Estado se ha descompuesto en sus tradicionales funciones soberanas. El capitalismo exacerbado, producto de una modernidad-colonialidad nunca superada, se descarga ahora en las nuevas guerras contra las mujeres, destruyendo la sociedad al tiempo que sus cuerpos. Comprender este nuevo giro violento del patriarcado, que Segato considera acertadamente la primera estructura de dominación en la historia de la humanidad, implica desplazarlo «del borde al centro». De acuerdo con la autora, solo a partir de una revitalización de la comunidad y de una repolitización de lo doméstico será posible detener el femigenocidio hoy en marcha. Se juega en ello nada menos que el futuro de la humanidad.

Rita Segato

La guerra contra las mujeres

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Titivillus 02.10.2021

Rita Segato, 2016

Editor digital: Titivillus

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Dedico este libro a mis discípulos y colaboradores del último período, en cuya generosa compañía e interlocución fui redactando estas páginas: Aída Esther Bueno Sarduy, Paulina Álvarez, Marcelo Tadvald, Lívia Vitenti, Elaine Moreira, Vicenzo Lauriola, Luciana Santos, Cesar Baldi, Luciana Oliveira, Larissa da Silva Araujo, Mariana Holanda, Daniela Gontijo, Wanderson Flor do Nascimento, Elisa Matos, Juliana Watson, Saúl Hernández, Aline Guedes, Irina Bacci, Priscila Godoy, Vanessa Rodrigues, Tarsila Flores, Nailah Veleci, Ariadne Oliveira, Lourival de Carvalho, Douglas Fernandes, Larissa Vieira Patrocínio de Araújo, Paulo Victor Silva Pacheco y Alejandra Rocío del Bello Urrego. Con ellos aprendí y ellos me inspiraron, instigaron y alimentaron la esperanza.

Introducción[1]

Tema uno: la centralidad de la cuestión de género

Es en franco estado de asombro que redacto la presentación para el volumen de Traficantes de Sueños que reúne textos y conferencias de la última década (2006-2016). A pesar de lo que afirmo en ellos, no puede dejar de sorprenderme que las maniobras recientes del poder en las Américas, con su retorno conservador al discurso moral como puntal de sus políticas antidemocráticas —2016: Macri en Argentina, Temer en Brasil, el «No» uribista y corporativo en Colombia, el desmonte del poder ciudadano en México y Trump en los Estados Unidos—, acaben por demostrar de forma irrefutable, por la relevancia de la embestida familista y patriarcal en sus respectivas estrategias, la apuesta interpretativa que recorre y confiere unidad al argumento construido a lo largo de estas páginas. En efecto, la presión desatada en todo el continente por demonizar y tornar punible lo que acuerdan en representar como «la ideología de género»[2] y el énfasis en la defensa del ideal de la familia como sujeto de derechos a cualquier costo transforma a los voceros del proyecto histórico del capital en fuentes de prueba de lo que he venido afirmando: que, lejos de ser residual, minoritaria y marginal, la cuestión de género es la piedra angular y eje de gravedad del edificio de todos los poderes. Brasil es el país en el que la relevancia del discurso moral de la política de los dueños se vuelve más transparente, ya que la destitución —impeachment— de la presidenta electa se realizó en el Congreso Nacional con una mayoría de votos proclamados públicamente «en nombre de Dios» o «Jesús» y por el «bien de la familia». Son precisamente nuestros antagonistas en la historia quienes acabaron demostrando la tesis central de estas páginas, al instalar la demonización de la «ideología de género» como punta de lanza de su discurso.

Hablo aquí de un «retorno conservador al discurso moral» porque se verifica un repliegue con relación al discurso burgués del periodo post-guerra fría, caracterizado por un «multiculturalismo anodino» que, como he defendido en otra parte, sustituyó el discurso antisistémico de la era política anterior por el discurso inclusivo de los Derechos Humanos del periodo de la construcción de las «democracias» latinoamericanas post-dictatoriales (Segato 2007 a). La pregunta que se impone en este momento es: por qué razón y a partir de qué evidencias los think-tanks del Norte geopolítico parecen haber concluido que la fase actual demanda mudar el rumbo de la década anterior, en la que endosaron un multiculturalismo destinado a originar élites minoritarias —de negros, de mujeres, de hispánicos, de LGBTs, etc.— sin modificar los procesos de generación de riqueza, ni los patrones de acumulación / concentración y, por consiguiente, sin alterar el creciente abismo entre pobres y ricos en el mundo. En otras palabras, si la década benigna de la «democracia multicultural» no afectaba la máquina capitalista, sino que producía nuevas élites y nuevos consumidores, ¿por qué ahora se hace necesario abolirla y decretar un nuevo tiempo de moralismo cristiano familista, sospechosamente afín a los belicismos plantados por los fundamentalismos monoteístas de otras regiones del mundo? Probablemente porque si bien el multiculturalismo no erosionó las bases de la acumulación capitalista, sí amenazó con corroer el fundamento de las relaciones de género, y nuestros antagonistas de proyecto histórico descubrieron, inclusive antes que muchos de nosotros, que el pilar, cimiento y pedagogía de todo poder, por la profundidad histórica que lo torna fundacional y por la actualización constante de su estructura, es el patriarcado.

En mi condición de antropóloga, con la escucha etnográfica como mi caja de herramientas, estas páginas componen una etnografía del poder en su forma fundacional y permanente, el patriarcado. Aflora aquí el mandato de masculinidad como primera y permanente pedagogía de expropiación de valor y consiguiente dominación. Pero ¿cómo etnografiar el poder, con su estrategia clásica del pacto de silencio sellado entre pares, raramente falible en cualquiera de sus escenas —patriarcal, racial, imperial, metropolitana—? Solo podemos conocerlo por la regularidad de algunos de sus efectos, que nos permiten orientarnos hacia el desciframiento de adónde se dirige su proyecto histórico (Segato 2015a). La violencia patriarcal, es decir, la violencia misógina y homofóbica de esta plena modernidad tardía —nuestra era de los derechos humanos y de la ONU— se revela precisamente como síntoma, al expandirse sin freno a pesar de las grandes victorias obtenidas en el campo de la letra, porque en ella se expresa de manera perfecta, con grafía impecable y claramente legible el arbitrio creciente de un mundo marcado por la «dueñidad», una nueva forma de señorío resultante de la aceleración de la concentración y de la expansión de una esfera de control de la vida que describo sin dudarlo como paraestatal, por las razones que explico especialmente en el segundo ensayo de este volumen. En esos crímenes, el capital, en su forma contemporánea, expresa la existencia de un orden regido por el arbitrio, exhibiendo el espectáculo de la posibilidad de una existencia sin gramática institucional o, en otras palabras, de falencia institucional inevitable ante niveles de concentración de riqueza sin precedentes. Al constatar el ritmo en que ocurre en esta fase del capital la concentración de riqueza, sugiero en el tercer ensayo, que se ha vuelto insuficiente hablar de «desigualdad», como lo hacíamos en el discurso militante del período antisistémico de la guerra fría, porque el problema hoy es de «dueñidad» o señorío.

Y no está resultando fácil, después de un periodo de eslóganes multiculturales que parecían potentes, entender por qué al proyecto histórico de los dueños le resulta tan caro y, al parecer, indispensable, predicar y reinstalar en la sociedad un fanatismo patriarcal militante que parecía haberse ausentado para siempre. En América Latina ha aparecido recientemente la expresión «ideología de género» como categoría de acusación. Inclusive con un proyecto de ley federal en Brasil llamado «Ley de la Escuela Sin Partido» a la espera de votación en el Congreso Nacional, aunque ya en vigencia en algunos estados como ley estadual (en el estado de Alagoas, por ejemplo). En esa ley, el parágrafo único del primer artículo establece la prohibición en la educación de «la aplicación de los postulados de la teoría o ideología de género» y de «cualquier práctica que pueda comprometer, precipitar o orientar la maduración y el desarrollo en armonía con la respectiva identidad biológica de sexo». El extraordinario empeño en el campo del «género» por parte de la nueva derecha, representada por las facciones más conservadoras de todas las iglesias, a su vez representantes del empresariado extractivista recalcitrante actuando en el agro-negocio y en las mineras, es, por lo menos, enigmático. ¿Qué se intenta al vigilar de esa forma la obediencia a la moral conservadora de género? ¿Hacia dónde apunta esta estrategia? Repentinamente, después de un episodio en que vi agredida y amenazada mi propia presencia como conferencista en la Pontificia Universidad Católica de Minas Gerais por un sector de la ultraderecha católica con sede en España[3], percibí con susto que el estilo truculento y el espíritu de los argumentos se aproximaba a algo que ya conocía, porque evocaba, con relación a la posición de las mujeres, el patrullismo y la avidez persecutoria del fundamentalismo islámico, que he considerado, en otra parte, como la versión más occidentalizada del Islam, por su naturaleza reactiva y, por lo tanto, derivativa con respecto a Occidente en su emulación del esencialismo identitario y racializador de la modernidad occidental (Segato 2008).

Pasé a preguntarme entonces si no estaríamos testimoniando el intento de plantar y hacer cundir entre nosotros el embrión de una guerra religiosa semejante a la que viene destruyendo Oriente Medio, justamente en tiempos en que, como sugiero en el segundo ensayo, la decadencia política y económica del imperio le deja la guerra como único terreno de superioridad incontestable.

Tema dos: pedagogía patriarcal, crueldad y la guerra hoy

En el presente volumen, permanecen mis formulaciones iniciales sobre género y violencia (Segato 2003): 1) la expresión «violencia sexual» confunde, pues aunque la agresión se ejecute por medios sexuales, la finalidad de la misma no es del orden de lo sexual sino del orden del poder; 2) no se trata de agresiones originadas en la pulsión libidinal traducida en deseo de satisfacción sexual, sino que la libido se orienta aquí al poder y a un mandato de pares o cofrades masculinos que exige una prueba de pertenencia al grupo; 3) lo que refrenda la pertenencia al grupo es un tributo que, mediante exacción, fluye de la posición femenina a la masculina, construyéndola como resultado de ese proceso; 4) la estructura funcional jerárquicamente dispuesta que el mandato de masculinidad origina es análoga al orden mafioso; 5) mediante este tipo de violencia el poder se expresa, se exhibe y se consolida de forma truculenta ante la mirada pública, por lo tanto representando un tipo de violencia expresiva y no instrumental.

Permanece aquí, también y a pesar de todo el debate reciente sobre este tema, mi convicción de que el patriarcado, o relación de género basada en la desigualdad, es la estructura política más arcaica y permanente de la humanidad. Esta estructura, que moldea la relación entre posiciones en toda configuración de diferencial de prestigio y de poder, aunque capturada, radicalmente agravada y transmutada en un orden de alta letalidad por el proceso de conquista y colonización, precede sin embargo, como simple jerarquía y en un patriarcado de baja intensidad o bajo impacto, a la era colonial-moderna. La expresión patriarcal-colonial-modernidad describe adecuadamente la prioridad del patriarcado como apropiador del cuerpo de las mujeres y de este como primera colonia. La conquista misma hubiera sido una empresa imposible sin la preexistencia de ese patriarcado de baja intensidad, que torna a los hombres dóciles al mandato de masculinidad y, por lo tanto, vulnerables a la ejemplaridad de la masculinidad victoriosa; los hombres de los pueblos vencidos irán así a funcionar como pieza bisagra entre dos mundos, divididos entre dos lealtades: a su gente, por un lado, y al mandato de masculinidad, por el otro.

El género es, en este análisis, la forma o configuración histórica elemental de todo poder en la especie y, por lo tanto, de toda violencia, ya que todo poder es resultado de una expropiación inevitablemente violenta. Desmontar esa estructura será, por eso mismo, la condición de posibilidad de todo y cualquier proceso capaz de reorientar la historia en el sentido demandado por una ética de la insatisfacción (Segato 2006). He descrito en otra parte este cristal arcaico, de tiempo lentísimo, a pesar de plenamente histórico, con la expresión pre-historia patriarcal de la humanidad (Segato 2003). Sustenta mi afirmación de su precedencia y universalidad la constatación de la existencia de una fórmula mítica de dispersión planetaria que relata un momento, ciertamente histórico —ya que si no fuera histórico no aparecería hoy en la forma de narrativa— en que la mujer es vencida, dominada y disciplinada, es decir, colocada en una posición de subordinación y obediencia. No solo el relato bíblico del Génesis, sino una cantidad inmensa de mitos origen de distintos pueblos cuentan también la misma y reconocible historia. En el caso de Adán y Eva, el acto de comerse la manzana retira a ambos de su playground edénico de placeres irrestrictos y hermandad incestuosa, y castiga a ambos… conyugalizándolos. Mitos dispersos en todos los continentes, Xerente, Ona, Baruya, Masai, etc., incluyendo el enunciado lacaniano de un falo que es femenino pero que el hombre «tiene», leído aquí en clave de mito, nos hablan de un evento fundacional, temprano, porque común (Segato ibídem). Podría tratarse de la transición a la humanidad, en el momento en que esta emerge todavía una, antes de la dispersión de sus linajes y de la proliferación de sus pueblos, durante la era en que la prominencia muscular de los machos se transformaba en la prominencia política de los hombres, en la larga transición de un programa natural a un programa civilizatorio, es decir, histórico. La hondura temporal ha compactado lo que podría ser un relato histórico en una síntesis mítica.

Eso lleva a pensar que mientras no desmontemos el cimiento patriarcal que funda todas las desigualdades y expropiaciones de valor que construyen el edificio de todos los poderes —económico, político, intelectual, artístico, etc.—, mientras no causemos una grieta definitiva en el cristal duro que ha estabilizado desde el principio de los tiempos la prehistoria patriarcal de la humanidad, ningún cambio relevante en la estructura de la sociedad parece ser posible —justamente porque no ha sido posible—. Por eso, la relación de género, su estructura, que no es otra hasta hoy que el orden patriarcal fundado en el principio de la historia, muestra ahora como nunca su drama y su urgencia, a pesar de todos los esfuerzos en el campo jurídico-institucional moderno. Esto nos lleva al tema de la mutación colonial de esta estructura y, hacia el presente, a la cuestión de la colonialidad permanente de los Estados criollo-republicanos en nuestro continente.

Con el proceso de conquista y colonización, un viraje o vuelta de tuerca exacerba el patrón jerárquico originario. Abordo ese proceso especialmente en el cuarto capítulo de este volumen. El hombre con minúscula, de sus tareas y espacio particulares en el mundo tribal, se transforma en el Hombre con mayúscula, sinónimo y paradigma de Humanidad, de la esfera pública colonial-moderna. Adopto la expresión «moderno», precedido por el término «colonial», para expresar, siguiendo el giro decolonial con que Aníbal Quijano ha inflexionado la conciencia histórica y sociológica, la necesidad del evento «americano» como condición de posibilidad de la modernidad, así como también del capitalismo (Segato 2015 b). A partir de esa mutación histórica de la estructura de género, al mismo tiempo que el sujeto masculino se torna modelo de lo humano y sujeto de enunciación paradigmático de la esfera pública, es decir, de todo cuanto sea dotado de politicidad, interés general y valor universal, el espacio de las mujeres, todo lo relacionado con la escena doméstica, se vacía de su politicidad y vínculos corporados de que gozaba en la vida comunal y se transforma en margen y resto de la política. El espacio doméstico adquiere así los predicados de íntimo y privado, que antes no tenía, y es a partir de esa mutación que la vida de las mujeres asume la fragilidad que le conocemos, su vulnerabilidad y letalidad se establecen y pasan a incrementarse hasta el presente.

Visto a través de ese prisma, el Estado muestra su ADN masculino, pues resulta de la transformación de un espacio particular de los hombres y su tarea específica —la política en el ámbito comunitario, intercomunitario y, más tarde, ante el frente colonial y el Estado nacional— en una esfera englobante de toda la realidad y secuestradora de todo lo que se pretende dotado de politicidad. La genealogía de esa esfera englobante «universal y pública» proviene de aquel espacio particular de los hombres transformado a través del proceso de instalación y expansión de la colonial-modernidad. La matriz dual y reglada por la reciprocidad muta en la matriz binaria moderna, en la cual toda alteridad es una función del Uno y todo Otro tendrá que ser digerido a través de la grilla de un referente universal.

Este proceso de mutación de la relación masculino-femenino de jerárquica a englobante es acompañada por una transformación en el campo y significado de la sexualidad, como he argumentado anteriormente (Segato 2015 c) y como revisito en el tercer capítulo de este volumen. El acceso sexual se ve contaminado por el universo del daño y la crueldad —no solo apropiación de los cuerpos, su anexión qua territorios, sino su damnación—. Conquista, rapiña y violación como damnificación se asocian y así permanecen como ideas correlativas atravesando el periodo de la instalación de las repúblicas y hasta el presente. La pedagogía masculina y su mandato se transforman en pedagogía de la crueldad, funcional a la codicia expropiadora, porque la repetición de la escena violenta produce un efecto de normalización de un pasaje de crueldad y, con esto, promueve en la gente los bajos umbrales de empatía indispensables para la empresa predadora —como Andy Warhol alguna vez dijo en una de sus célebres citas: the more you look at the same exact thing, the more the meaning goes away, and the better and emptier you feel—. La crueldad habitual es directamente proporcional al aislamiento de los ciudadanos mediante su desensitización.

Como afirmo en ese mismo capítulo, en la actual fase apocalíptica del capital, la aceleración concentradora hace caer por tierra la ficción institucional que antes ofrecía una gramática estable para la vida social. Más que «desigualdad» es la idea de un señorío, en una refeudalización de territorios gigantescos, lo que lanza su garra sobre los últimos espacios comunes del planeta. Y es precisamente la sombra de la sexualidad como daño que ofrecerá su lenguaje para los pactos de lucro escondidos en lo que llamo, en el segundo ensayo del volumen, segunda realidad. Porque el pacto y el mandato de masculinidad, si no legitima, definitivamente ampara y encubre todas las otras formas de dominación y abuso, que en su caldo se cultivan y de allí proliferan. Lo que dije sobre Ciudad Juárez es también aplicable a la lógica de la trata y la reducción a la esclavitud sexual: en su espacio sombrío y dañino se sellan todos los secretos mafiosos que hoy pavimentan el camino de la acumulación.

La trata con fines de esclavitud sexual de nuestro tiempo —distinta en diversos aspectos, como sostengo en la entrevista incluida como Anexo, de la que asoló los países de inmigración en las primeras décadas del siglo XX— ilustra esta idea, pues su rendimiento no reside meramente en la contabilidad del lucro material que de ella se extrae, sino en lo que ella cobija, en términos de los pactos de silencio y complicidad que a su sombra se consolidan. Economías simbólica y material entreveradas, como argumento en el primer ensayo, en las que el cuerpo de las mujeres hace de puente entre lucro en peculio y capacidad de dominio jurisdiccional expresado en un orden moral en el que el acceso sexual cimienta el mancomunamiento de los dueños al garantizarles la capacidad da dañar impunemente. Los dos primeros ensayos del volumen sugieren que en la trata y en los feminicidios propios del orden bélico mafioso y de la esfera paraestatal que se expande en el continente no es únicamente la materialidad del cuerpo de la mujer lo que se domina y comercia, sino su funcionalidad en el sostenimiento del pacto del poder. Será por eso, posiblemente, que no se puede abolir ese comercio, material y simbólico, a pesar de todos los esfuerzos.

Sin duda esto tiene su papel en las guerras informales contemporáneas, y en su «feminización» y carácter profanador apuntados como metodología de las nuevas formas de la guerra por diversos autores que cito. He constatado, en el peritaje antropológico de género que realicé para el Caso Sepur Zarco de sometimiento a esclavitud sexual y doméstica de un grupo de mujeres maya q’eqchi’es de Guatemala, cómo ese «método» de destrucción del cuerpo social a través de la profanación del cuerpo femenino tuvo un papel importante en la guerra genocida del Estado autoritario en los años ochenta (Segato 2016). Una estrategia «de manual de guerra», que nada tuvo que ver con el orden jerárquico de un patriarcado de baja intensidad propio de los hogares campesino-indígenas. La potencia expresiva de la letalidad moral de la guerra sobre el cuerpo de las mujeres y su carácter deliberado, programado por los estrategas en sus laboratorios y ejecutado quirúrgicamente por una secuencia de mandos, fue evidente y revela ese papel de la posición femenina en las guerras mafiosas o represivas, que expanden la esfera de control para-estatal sobre las poblaciones.

Por otro lado, en tiempos de crueldad funcional y pedagógica, es en el cuerpo de la mujer —o del niño— que la crueldad se especializa como mensaje, porque en un imaginario arcaico no representan la posición del antagonista bélico sino del tercero «inocente» de las tareas de guerra. Es por eso que, en ellos, como víctimas sacrificiales, se sella el pacto de complicidad en el poder y se espectaculariza su arbitrio exhibicionista. Por el carácter público de este tipo de violencia feminicida, que no puede ser referido a agresiones de fundamento vincular, propongo el término femigenocidio, en el quinto texto del volumen. Agrego aquí, sin embargo, que por las intersecciones que resultan entre las distintas formas de opresión y discriminación existentes, podríamos combinar la categoría amefricanidade de la gran pensadora negra brasileña prematuramente fallecida, Lélia Gonzalez, y hablar de amefricafemigenocidio; y también la categoría juvenicidio, utilizada por Rossana Reguillo y otros autores mexicanos (Valenzuela 2015; Reguillo 2015), para montar amefricajuvenifemigenocidio, que designa la ejecución cruel y sacrificial no utilitaria sino expresiva de soberanía, acto en que el poder exhibe su discrecionalidad y soberanía jurisdiccional.

En suma, los crímenes del patriarcado expresan las formas contemporáneas del poder, el arbitrio sobre la vida de los dueños, así como una conquistualidad violadora y expropiadora permanente, como prefiero decir en el tercer capítulo por resultar un término más verdadero que colonialidad, especialmente después de concluir, a partir de situaciones como la guerra represiva guatemalteca, la situación de la Costa Pacífica de Colombia o el martirio del pueblo Guaraní Kaiowa en Mato Grosso, entre otros espacios del continente, que es falso pensar que el proceso de la Conquista un día concluyó.

A la pregunta sobre cómo se detiene la guerra, referida al escenario bélico informal contemporáneo que se expande en América Latina, he respondido: desmontando, con la colaboración de los hombres, el mandato de masculinidad, es decir, desmontando el patriarcado, pues es la pedagogía de la masculinidad lo que hace posible la guerra y sin una paz de género no podrá haber ninguna paz verdadera.

Tema tres: lo que enmascara la centralidad del patriarcado como pilar del edificio de todos los poderes

Lo que enmascara la centralidad de las relaciones de género en la historia es precisamente el carácter binario de la estructura que torna la Esfera Pública englobante, totalizante, por encima de su otro residual: el dominio privado, personal; es decir, la relación entre vida política y vida extra-política. Ese binarismo determina la existencia de un universo cuyas verdades son dotadas de valor universal e interés general y cuya enunciación es imaginada como emanando de la figura masculina, y sus otros, concebidos como dotados de importancia particular, marginal, minoritaria. El hiato inconmensurable entre lo universalizado y central, por un lado, y lo residual minorizado, por el otro, configura una estructura binaria opresiva y, por lo tanto, inherentemente violenta de una forma en que otros órdenes jerárquicos no lo son. Justamente por esta mecánica de minorización en la estructura binaria de la modernidad, afirmo en el quinto ensayo del volumen, que los crímenes contra las mujeres y la posición femenina en el imaginario patriarcal colonial-moderno no acaban de encontrar su justo lugar en el Derecho, ni alcanzan su pleno carácter público jamás.

En ese sentido, inclusive, podríamos arriesgar la idea, a ser desarrollada en otra parte, de que la quema de brujas en el medioevo europeo no equivale a los feminicidios contemporáneos, pues aquella representaba una pena pública de género, mientras los feminicidios contemporáneos, aunque sean realizados en medio del fragor, espectáculo y ajustes de cuentas de las guerras paraestatales, nunca alcanzan a emerger de su captura privada en el imaginario de los jueces, procuradores, editores de medios y la opinión pública en general.

Por eso podemos afirmar que la modernidad es una gran máquina de producir anomalías de todo tipo, que luego tendrán que ser tamizadas, en el sentido de procesadas por la grilla del referente universal y, en clave multicultural, reducidas, tipificadas y clasificadas en términos de identidades políticas iconizadas, para solamente en ese formato ser reintroducidas como sujetos posibles de la esfera pública (Segato 2007). Todo lo que no se adapte a ese ejercicio de travestismo adaptativo a la matriz existente —que opera como una gran digestión— permanecerá como anomalía sin lugar y sufrirá la expulsión y el destierro de la política. Es de esa forma que la modernidad, con su Estado oriundo de la genealogía patriarcal, ofrece un remedio para los males que ella misma ha producido, devuelve con una mano y de forma decaída lo que ya ha retirado con la otra y, al mismo tiempo, substrae lo que parece ofrecer. En ese medio, la diferencia radical, no tipificable ni funcional al pacto colonial-moderno-capitalista, no puede ser negociada, como sí puede y es constantemente negociada en el medio comunitario propio de los pueblos amefricanos del continente.

La modernidad, con su precondición colonial y su esfera pública patriarcal, es una máquina productora de anomalías y ejecutora de expurgos: positiviza la norma, contabiliza la pena, cataloga las dolencias, patrimonializa la cultura, archiva la experiencia, monumentaliza la memoria, fundamentaliza las identidades, cosifica la vida, mercantiliza la tierra, ecualiza las temporalidades (ver un conjunto de críticas afines en el volumen organizado por Frida Gorbach y Mario Rufer, 2016).

El camino, por lo tanto, no es otro que desenmascarar el binarismo de esta matriz colonial-moderna, replicada en múltiplos otros binarismos, de los cuales el más citado es el de género, y hacerlo desmoronar, abdicando de la fe en un Estado del que no se puede esperar que pueda desvencijarse de su constitución destinada a secuestrar la política de su pluralidad de cauces y estilos. Esto es especialmente verdadero para el medio latinoamericano en el que los estados republicanos fundados por las élites criollas no representaron tanto un quiebre con relación al periodo de la administración colonial, como la narrativa mítico histórica nos ha hecho creer, sino una continuidad en la que el gobierno, ahora situado geográficamente próximo, se estableció para heredar los territorios, bienes y poblaciones antes en poder de la administración ultramarina. Las así llamadas independencias no fueron otra cosa que el repase de esos bienes de allá para acá, pero un aspecto fundamental permaneció: el carácter o sentimiento siempre exterior de los administradores con relación a lo administrado. Esta exterioridad inherente a la relación colonial agudiza la exterioridad y distancia de la esfera pública y del Estado con relación a las gentes, y lo gobernado se vuelve inexorablemente marginal y remoto, agravando el hiato del que hablo y la vulnerabilidad de la gestión como un todo.

Nuestros estados fueron arquitectados para que la riqueza repasada pudiera ser apropiada por las élites fundadoras; hasta hoy la vulnerabilidad a la apropiación es la característica de su estructura, de forma que, cuando alguien no perteneciente a esas élites ingresa al ámbito estatal, se transforma en élite como efecto inexorable de formar parte de ese ámbito de gestión siempre exterior y sobrepuesto. La crisis de la fe cívica se vuelve inevitable. De hecho, el sujeto fundador de las repúblicas de nuestro continente, es decir, el «criollo», no es tal paladín de la democracia y la soberanía como la historia publicita, sino el sujeto de cuatro características que refrendan su exterioridad con relación a la vida: es racista, misógino, homofóbico y especista.

Así como del argumento desarrollado en el cuarto ensayo del volumen surge una inversión para la célebre fórmula inclusiva de los Derechos Humanos «diferentes pero iguales» y, con base en la estructura explícitamente jerárquica de los mundos comunitarios, formula la alternativa: «desiguales pero diferentes». Aquí sugeriré también un viraje en la comprensión de la consigna feminista de los años setenta «lo privado es político». El camino que propongo en el capítulo tercero no es una traducción de lo doméstico a los términos públicos, su digestión por la gramática pública para alcanzar algún grado de politicidad, sino el camino opuesto: «domesticar la política», desburocratizarla, humanizarla en clave doméstica, de una domesticidad repolitizada. Los constantes fracasos de la estrategia de tomar el Estado, por fuerza o por elecciones, para reconducir la historia indican que ese podría no ser el camino: jamás se ha conseguido llegar a destino mediante la toma del Estado, pues la arquitectura estatal es la que acaba por imponer sobre sus operadores su razón de ser como sede de una élite administradora que, en nuestro caso es, además, colonial. Que sea reconocida y reaprovechada la pluralidad de espacios y politicidades de diferente estilo que la vida comunal ofrece, al contemplar la diferencia entre la tarea política de los hombres —en la aldea, entre aldeas y frente al frente colonial—. Mientras tanto, el camino es anfibio, dentro y fuera del campo estatal, con políticas intra y extra-estatales, de la propia gente organizada, reatando vínculos, reconstruyendo comunidades agredidas y desmembradas por el proceso de la intervención colonial estatal llamado «modernización».

Lo que debemos recuperar, al desmontar el binarismo público-privado, son las tecnologías de sociabilidad y una politicidad que rescate la clave perdida de la política doméstica, de las oiconomías (Segato 2007b), así como los estilos de negociación, representación y gestión desarrollados y acumulados como experiencia de las mujeres a lo largo de su historia, en su condición de grupo diferenciado de la especie, a partir de la división social del trabajo. Hubo derrotas, sin duda. Pero mayor es la derrota contemporánea de los dueños en el camino hacia la catástrofe a que su enemistad con la vida los condujo. No se trata de esencialismo y sí de una idea de historias en plural, de una pluralidad histórica, en la que sociedades de distinto tipo y estructura han construido sus proyectos, dentro de los cuales también las metas de felicidad y bienestar y formas de acción en clave femenina y masculina se han diferenciado. Las mujeres podemos recuperar esa politicidad en clave femenina, y los hombres pueden sumarse y aprender a pensar la política de otra forma. Podría ser el principio de una nueva era, la cual, en realidad, ya está dando señales; la puesta en marcha de un nuevo paradigma de la política, quizás el principio del fin de lo que he llamado en otra parte «pre-historia patriarcal de la humanidad» (Segato 2003).

Al final, las feministas nos hemos esforzado a lo largo de la historia de nuestro movimiento por recrear sororidades, en el sentido de blindajes de los espacios nuestros, olvidando o quizás desconociendo que esos blindajes siempre han existido en el mundo comunal, hasta ser desalojados por la captura de toda asociación, representación y tarea de gestión en una esfera que ha totalizado la política y que se encuentra modelada «a imagen y semejanza» de las instituciones del mundo de los hombres. La historia de los hombres es audible, la historia de las mujeres ha sido cancelada, censurada y perdida en la transición del mundo-aldea a la colonial-modernidad.

La idea de un totalitarismo de la esfera pública, para usar la forma en que lo expreso en el cuarto capítulo, y la crisis de la fe estatal resultante, conduce aquí a una breve mención de un problema vinculado al fatal equívoco de la fe estatal. Me refiero a lo que opto por describir como autoritarismo de la utopía, aun a sabiendas de que toco sensibilidades muy consolidadas a lo largo de la historia del monoteísmo cristiano y de las convicciones socialistas (no olvidemos que «de buenas intenciones está pavimentado el camino al infierno»). Concepciones de una sociedad futura perfecta, a la que una eficaz apropiación del Estado y control administrativo deberían conducirnos triunfalmente, nunca han dejado de tornarse autoritarias. La utopía no puede evitar un efecto autoritario, por eso, como ya sugerí anteriormente (Segato 2007), lo mejor es retirar los ojos de la abstracción utópica, evolucionista y eurocéntrica proyectada en un futuro cuya real indeterminación e incerteza se presume pasible de control, para dirigirlos a las experiencias concretas que los pueblos de organización comunitaria y colectiva todavía hoy, y entre nosotros, ponen en práctica para limitar la acumulación descontrolada y cohibir la grieta de desigualdad entre sus miembros. La única inspiración posible, porque no está basada en una ilusión de futuro diseñada a priori por la neurosis de control característica de la civilización europea, es la experiencia histórica concreta de aquellos que, aun después de 500 años de genocidio constante, deliberaron y enigmáticamente eligieron persistir en su proyecto histórico de continuar siendo pueblos, a pesar de habitar en un continente de desertores como el nuestro —desertores de sus linajes no blancos y de su pertenencia a un paisaje humano e histórico amefricano— (ver Sahlins 1972, sobre sociedades que decidieron no almacenar excedente y no dar lugar a la emergencia de las clases ociosas, y Clastres 1974, sobre las sociedades que decidieron contra la emergencia del Estado como estructura de control). Aun en medio de las grandes metrópolis latinoamericanas, vemos las lecciones de los que persisten tejiendo comunidad.

Tema cuatro: hacia una política en clave femenina

Buscar inspiración en la experiencia comunitaria, es decir, no repetir el reiterado error estratégico de pensar la historia como un proyecto a ser ejecutado por el Estado, se presenta como la alternativa a todos los experimentos que han venido fracasando a lo largo de la historia. Retejer comunidad a partir de los fragmentos existentes sería entonces la consigna. Eso significa, también, recuperar un tipo de politicidad cancelada a partir del secuestro de la enunciación política por la esfera pública, y la consecuente minorización y transformación en resto o margen de la política de todos aquellos grupos de interés que no se ajusten a la imagen y semejanza del sujeto de la esfera pública, a cuya genealogía y constitución me referí más arriba y especialmente en el capítulo cuarto. Ese estilo de hacer política que no forma parte de la historia de la gestación de la burocracia y el racionalismo moderno tiene su punto de partida en la razón doméstica, con sus tecnologías propias de sociabilidad y de gestión.

La experiencia histórica masculina se caracteriza por los trayectos a distancia exigidos por las excursiones de caza, de parlamentación y de guerra entre aldeas, y más tarde con el frente colonial. La historia de las mujeres pone su acento en el arraigo y en relaciones de cercanía. Lo que debemos recuperar es su estilo de hacer política en ese espacio vincular, de contacto corporal estrecho y menos protocolar, arrinconado y abandonado cuando se impone el imperio de la esfera pública. Se trata definitivamente de otra manera de hacer política, una política de los vínculos, una gestión vincular, de cercanías, y no de distancias protocolares y de abstracción burocrática. Necesitamos restaurar no solamente los hilos de memoria a que la apreciación de nuestra corporalidad racializada en el espejo nos remite, deshaciendo mestizajes, como argumenté anteriormente (Segato 2015d), sino también rescatar el valor y reatar la memoria de la proscrita y desvalorizada forma de hacer política de las mujeres, bloqueada por la abrupta pérdida de prestigio y autonomía del espacio doméstico en la transición a la modernidad.

Pero sin caer en el voluntarismo, ya que no todo colectivo de dimensiones pequeñas y relaciones cara a cara es una comunidad. Es ese el error de los ejercicios de economía solidaria y de justicia restaurativa, pues cuando un colectivo se organiza con un fin instrumental como, por ejemplo, suplir carencias en momentos de escasez o resolver conflictos, se disuelve apenas el problema que vino a solucionar se ve resuelto, como se ha visto para el caso de Argentina después de la crisis del 2001. Una comunidad, para serlo, necesita de dos condiciones: densidad simbólica, que generalmente es provista por un cosmos propio o sistema religioso; y una autopercepción por parte de sus miembros de que vienen de una historia común, no desprovista de conflictos internos sino al contrario, y que se dirigen a un futuro en común. Es decir, una comunidad es tal porque comparte una historia. En efecto, el referente de una comunidad o un pueblo no es un patrimonio de costumbres enyesadas, sino el proyecto de darle continuidad a la existencia en común como sujeto colectivo (Segato 2015d y 2015e).

El deseo de un estar en conjunción, en interlocución, es lo que hace a una comunidad, además de la permanente obligación de reciprocidad que hace fluir diferentes tipos de recursos entre sus miembros. Es posible pensar que las iglesias neo-pentecostales y evangélicas literalistas, cuyas gerencias controlan la voluntad de números crecientes de poblaciones latinoamericanas, han sabido precisamente hacer la mímesis de las tecnologías comunitarias de sociabilidad y sustituir los antiguos y deshechos conjuntos por otros nuevos y vaciados de su sentido de arraigo e historia (Segato, 2007b).

Retejer comunidad significa alistarse en un proyecto histórico que se dirige a metas divergentes con relación al proyecto histórico del capital. Aquí la religión o lo que he llamado «cosmos propio» juega un papel considerable. Lo comprendí enseñando en un barco-universidad llamado SS Universe administrado por la Universidad de Pittsburgh, en el que universitarios norteamericanos de familias ricas y destinados muchos de ellos a ocupar cargos públicos en el futuro se matriculan para realizar un semester at sea en el que obtienen los créditos de diversas materias mientras dan la vuelta al mundo. En el año 1991, debido a los peligros de la Guerra del Golfo, el transatlántico fue obligado a cambiar su curso y fui contratada como docente entre los puertos de Caracas y Salvador, Bahía. Mi rol allí fue enseñar a los jóvenes que harían puerto en Salvador justo el primer día de Carnaval sobre lo que había sido el tema de mi tesis doctoral en los años ochenta: las religiones afro-brasileñas (Segato, 1995). Durante una de mis clases, un señor que se encontraba asistiendo me pidió la palabra. Se la concedí y, dándome la espalda, asumió la autoridad de profesor y, dirigiéndose a los estudiantes, les dijo: «es por este tipo de religiones que yo les digo que estos países no podrán progresar, porque ellas son disfuncionales al desarrollo». Inmensa fue mi conmoción al escucharlo. Incalculable la lección, que, naturalmente, en mi caso, tomó inmediatamente la dirección contraria a la que el respetable señor se había propuesto. Salí de la clase preguntando por la identidad de esa enigmática persona que tanto había celado por la buena formación de los alumnos ante una peligrosa lección de religión africana en el Brasil. Supe así que se trataba de un político que había sido tres veces gobernador del Estado de Colorado y ahora dirigía el Instituto de Políticas Públicas de la Universidad de su estado —izquierda al Norte, derecha al Sur—. Para siempre entendí que ciertos «cosmos» y espiritualidades, muy lejos de ser «el opio de los pueblos», constituyen, ciertamente, vallas disfuncionales al capital.

De forma algo esquemática, es posible tipificar lo funcional y lo disfuncional al capital en el mundo hoy en términos de dos proyectos históricos divergentes: el proyecto histórico de las cosas y el proyecto histórico de los vínculos, dirigidos a metas de satisfacción distintas, en tensión y en última instancia incompatibles. Para tornar más gráfica esta idea usaré como referencia las imágenes documentales y los relatos que circulan en el dominio público sobre la peregrinación de los migrantes latinoamericanos al país del Norte, atravesando México en el tren La Bestia. Llaman intensamente la atención los testimonios, accesibles en ese material documental pero también, en mi caso, oídos en presencia de sus protagonistas a lo largo de por lo menos tres eventos internacionales dedicados al tema.

El relato tiene una estructura recurrente: los migrantes suben al tren, algunos caen y se lastiman, un número de ellos quedan amputados de algún miembro, las mujeres son todas inescapablemente violadas como en el cumplimiento de una cláusula pétrea, numerosos migrantes son capturados, esclavizados y obligados a trabajar en fincas o para la trata, a uno y otro lado de la Gran Frontera, muchas veces durante años. Al final de esta odisea con sus probaciones extremas, que incluyen también el pago de altas cifras a los coyotes o atravesadores, los migrantes resultan frecuentemente capturados y devueltos a su lugar de origen. Y ¿qué hacen en números considerables? Pues vuelven a empezar la travesía otra vez… El abordaje habitual es la explicación por la expulsión de sus lugares de origen debido a la carencia material y a las guerras mafiosas. En mi caso, después de ver durante días imágenes de lo que aquí describo, he pensado de otra forma y lo arriesgo como una apuesta para la compresión de este raro y compulsivo fenómeno de nuestro tiempo y de nuestro continente, ya que no me refiero a los pueblos expulsados de sus países de origen por las guerras en Oriente Medio. Me aventuro a enfatizar el factor de atracción por encima del factor de expulsión, pero no sin revisar las ideas de abundancia, falta e investimento libidinal como construcciones de una época histórica y de una fase apocalíptica del capital con características particulares, ya apuntadas por Deleuze en su crítica spinoziana al freudismo. Porque es la abundancia que produce la falta, demoliendo lo que anteriormente satisfacía y colmaba la vida. En el lugar de partida se encuentra la intemperie resultante de las relaciones de confianza y reciprocidad en proceso de desgaste, desprestigio y ruptura por el efecto interventor de la modernización y las presiones del mercado supra-regional. Rotos los vínculos, impuesta una carencia que no es meramente material sino una intemperie social, la pulsión se desvía y es chupada por lo que elijo llamar «el mundo de las cosas», la región «donde las cosas están». Un nuevo tipo de culto de cargo se impone como mística: la mística de un paraíso exuberante de mercancías y su estética. Es el fetiche del Norte o, mejor dicho, el fetichismo del Norte como reino de las mercancías, que va interviniendo y forzando su entrada en la pluralidad de cosmos del planeta. Lo que captura al continente hacia el Norte es el magnetismo de una fantasía de abundancia, de un fetichismo de la región de la abundancia, aplicado sobre psiquismos que fluctúan en un vacío de ser, en un espacio que se ha tornado desprovisto de su magnetismo propio, antes garantizado por los placeres y obligaciones de la reciprocidad. Psiquismos chupados por el mundo de las cosas a partir de la falencia múltiple de sus lazos de arraigo. Y para coronar este gráfico, viene a la memoria la fantástica escena de la película Purgatorio: un viaje al corazón de la frontera, dirigida por Rodrigo Reyes, en la que vemos tres migrantes adheridos como por una electricidad a la cerca de barrotes metálicos que divide los dos mundos, y percibimos que los zombis de la filmografía reciente los replican adecuadamente: ellos son también ahora seres desgajados, solos, sin sangre propia, que se alimentan de la vitalidad imaginada de los habitantes del mundo de las cosas.

Este flujo pulsional hacia el mundo de las cosas de sujetos desgajados de territorios en que los vínculos perdieron su oferta y magnetismo exhibe la forma en que el deseo es producido por un exceso que se presenta como fetiche, es decir, mistificado y potente. Es así que el deseo de las cosas produce individuos, mientras el deseo del arraigo relacional produce comunidad. Este último es disfuncional al proyecto histórico del capital, pues el investimento en los vínculos como forma de felicidad blinda los lazos de reciprocidad y el arraigo comunal y torna a los sujetos menos vulnerables al magnetismo de las cosas. Solo con sujetos desgajados y vulnerables, el mundo de las cosas se impone: las lecciones de las cosas, la naturaleza cosa, el cuerpo cosa, las personas cosas, y su pedagogía de la crueldad que va imponiendo la estructura psicopática, de pulsión no vincular sino instrumental, como personalidad modal de nuestro tiempo.

Por eso sugiero que el camino de la historia será el de retejer y afirmar la comunidad y su arraigo vincular. Y por eso creo que la política tendrá que ser a partir de ahora femenina. Tendremos que ir a buscar sus estrategias y estilo remontando el hilo de la memoria y los fragmentos de tecnologías de sociabilidad que están entre nosotros hasta recuperar el tiempo en que el espacio doméstico y sus formas de contacto interpersonal e inter-corporal no habían sido desplazados y clausurados por la emergencia de la esfera pública, de genealogía masculina, que impuso y universalizó su estilo burocrático y gestión distanciada con el advenimiento de la colonial-modernidad. Este formato de la política y su razón de estado es por naturaleza monopólico e impide el mundo en plural. Impone la coherencia del uno a la política y digiere todo otro mediante la grilla de un referente universal. Mientras tanto, la práctica política femenina no es utópica sino tópica y cotidiana, del proceso y no del producto[4].

Un mundo en plural es un mundo probablemente no republicano, pero sí más democrático. Necesitamos recuperar lo que restó y existe en nuestros paisajes después del gran naufragio y reconstruir la vida. Al hacerlo, tendremos que ir componiéndole su retórica también, las palabras que nombran este proyecto femenino y comunitario por su historia y por sus tecnologías de sociabilidad, pues solo esa inscripción podrá defendernos de una retórica tan poderosa como es la del valor de los bienes y la cosificación de la vida.

Olinda, Pernambuco, 21 de noviembre de 2016.

Bibliografía

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Valenzuela Arce, José Manuel (coord.) (2015), Juvenicidio. Ayotzinapa y las vidas precarias en América Latina y España. Guadalajara, ITESO, El Colegio de la Frontera Norte y Ned Ediciones.

1. La escritura en el cuerpo de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez.

Territorio, soberanía y crímenes de Segundo Estado[5]

CIUDAD JUÁREZ, EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA, en la frontera norte de México, es un lugar emblemático del sufrimiento de las mujeres. Allí, más que en cualquier otro lugar, se vuelve real el lema «cuerpo de mujer: peligro de muerte». Ciudad Juárez es también, significativamente, un lugar emblemático de la globalización económica y del neoliberalismo, con su hambre insaciable de ganancia.

La sombra siniestra que cubre la ciudad y el miedo constante que sentí durante cada día y cada noche de la semana que allí estuve me acompañan hasta hoy. Allí se muestra la relación directa que existe entre capital y muerte, entre acumulación y concentración desreguladas y el sacrificio de mujeres pobres, morenas, mestizas, devoradas por la hendija donde se articulan economía monetaria y economía simbólica, control de recursos y poder de muerte.

Fui invitada a ir a Ciudad Juárez durante el mes de julio de 2004 porque el año anterior dos mujeres de las organizaciones mexicanas Epikeia y Nuestras Hijas de Regreso a Casa me habían oído formular lo que me pareció ser la única hipótesis viable para los enigmáticos crímenes que asolaban la ciudad; unas muertes de mujeres de tipo físico semejante que, siendo desproporcionadamente numerosas y continuas a lo largo de más de once años, perpetradas con excesos de crueldad, con evidencia de violaciones tumultuarias y torturas, se presentaban como ininteligibles.

El compromiso inicial de nueve días para participar en un foro sobre los feminicidios de Juárez fue interrumpido por una serie de acontecimientos que culminaron, en el sexto día, con la caída de la señal de televisión de cable en la ciudad entera cuando comencé a exponer mi interpretación de los crímenes en una entrevista con el periodista Jaime Pérez Mendoza del Canal 5 local. La estremecedora precisión cronométrica con que coincidieron la caída de la señal y la primera palabra con que iba a dar inicio a mi respuesta sobre el porqué de los crímenes hizo que decidiéramos partir, dejando Ciudad Juárez la mañana siguiente para preservarnos y como protesta por la censura sufrida. Cuál no sería nuestra impresión al percibir que todos aquellos con quienes hablamos confirmaron que la decisión de irnos de inmediato era sensata. No olvidábamos que en Ciudad Juárez no parece haber coincidencias y, tal como intentaré argumentar, todo parece formar parte de una gran máquina comunicativa cuyos mensajes se vuelven inteligibles solamente para quien, por una u otra razón, se adentró en el código. Es por eso que el primer problema que los horrendos crímenes de Ciudad Juárez presentan al forastero, a las audiencias distantes, es un problema de inteligibilidad. Y es justamente en su ininteligibilidad que los asesinos se refugian, como en un tenebroso código de guerra, un argot compuesto enteramente de acting outs. Solamente para dar un ejemplo de esta lógica de la significación, la periodista Graciela Atencio, del diario La Jornada de la Ciudad de México, también se preguntó, en una de sus notas sobre las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, si habría sido algo más que coincidencia que justamente el día 16 de agosto de 2003, cuando su periódico publicaba por primera vez la noticia de un revelador «informe del FBI que describía un posible modus operandi en el secuestro y desaparición de jóvenes», problemas de correo impidieron su distribución en Ciudad Juárez[6].

Desafortunadamente, no había sido esa la única coincidencia que nos pareció significativa durante nuestra estadía en la ciudad. El lunes 26 de julio, después de haber concluido mi primera exposición, a medio camino de la extensión total del foro que nos reunía y exactamente cuatro meses después del hallazgo del último cuerpo, apareció el cadáver de la obrera de maquiladora Alma Brisa Molina Baca. Ahorro aquí el relato de la cantidad de irregularidades cometidas por los investigadores y por la prensa local en torno a los restos de Alma Brisa. Era necesario, sin cualquier exageración, ver-para-creer, estar allí para ser testigo de lo inconcebible, de lo increíble. Pero hago notar, sí, que el cuerpo aparecía en el mismo terreno baldío del centro de la ciudad donde el año anterior fuera encontrada otra víctima. Esa otra víctima era la hija asesinada (todavía niña) de la madre que precisamente habíamos entrevistado la víspera, 25 de julio, en el sombrío barrio de Lomas de Poleo, asentado en el desierto inclemente que atraviesa la frontera entre Chihuahua y el estado de Nuevo México, en el país vecino[7]. Los comentarios generales también apuntaban al hecho de que el año anterior, justamente coincidiendo con la intervención federal en el estado de Chihuahua ordenada por el presidente Fox, otro cuerpo había sido hallado. Las cartas estaban dadas. El siniestro «diálogo» parecía confirmar que estábamos dentro del código y que la huella que seguíamos llevaba a destino.

Ese es el camino interpretativo que deseo exponer aquí y, también, lo que estaba por comenzar a decir cuando la señal de la televisión de cable cayó, en la madrugada del viernes 30 de julio de 2004. Se trata, justamente, de la relación entre las muertes, los ilícitos resultantes del neoliberalismo feroz que se globalizó en las márgenes de la «gran frontera» después del NAFTA y la acumulación desregulada que se concentró en las manos de algunas familias de Ciudad Juárez. De hecho, lo que más impresiona cuando se le toma el pulso a Ciudad Juárez es la vehemencia con que la opinión pública rechaza uno a uno los nombres que las fuerzas públicas presentan como presuntos culpables. Da la impresión de que la gente desea mirar en otra dirección, espera que la policía dirija sus sospechas hacia el otro lado, hacia los barrios ricos de la ciudad[8]. El tráfico ilegal de todo tipo hacia el otro lado incluye las mercancías producidas por el trabajo extorsionado a las obreras de las maquiladoras, el valor excedente que la plusvalía extraída de ese trabajo agrega, además de drogas, cuerpos y, en fin, la suma de los cuantiosos capitales que estos negocios generan al sur del paraíso. Su tránsito ilícito se asemeja a un proceso de devolución constante a un tributador injusto, voraz e insaciable que, sin embargo, esconde su demanda y se desentiende de la seducción que ejerce. La frontera entre la miseria-del-exceso y la miseria-de-la-falta es un abismo.

Existen dos cosas que en Ciudad Juárez pueden ser dichas sin riesgo y que, además, todo el mundo dice (la policía, la Procuraduría General del República, la fiscal especial, el comisionado de los derechos humanos, la prensa y las activistas de las ONG); una de ellas es que «la responsabilidad por los crímenes es de los narcos», remitiéndonos a un sujeto con aspecto de malhechor y reafirmando nuestro terror a los márgenes de la vida social; la otra es que «se trata de crímenes con móvil sexual». El diario del martes, un día después del hallazgo del cuerpo de Alma Brisa, repetía: «Un crimen más con móvil sexual», y la fiscal especial subrayaba: «Es muy difícil conseguir reducir los crímenes sexuales», confundiendo una vez más las evidencias y desorientando al público al conducir su raciocinio por un camino que creo que es equivocado. Es de esta forma que autoridades y formadores de opinión, aunque pretenden hablar en nombre de la ley y los derechos, estimulan una percepción indiscriminada de la cantidad de crímenes misóginos que ocurren en esta localidad como en cualquier otra de México, de Centroamérica y del mundo: crímenes pasionales, violencia doméstica, abuso sexual, violaciones a manos de agresores seriales, crímenes por deudas de tráfico, tráfico de mujeres, crímenes de pornografía virtual, tráfico de órganos, etc. Entiendo esa voluntad de indistinción, así como también la permisividad y la naturalidad con que en Ciudad Juárez se perciben todos los crímenes contra las mujeres, como un smokescreen, una cortina de humo cuya consecuencia es impedir ver claro un núcleo central que presenta características particulares y semejantes. Es como si círculos concéntricos formados por distintas agresiones ocultasen en su interior un tipo de crimen particular, no necesariamente el más numeroso pero sí el más enigmático por sus características precisas, casi burocráticas: secuestro de mujeres jóvenes con un tipo físico definido y en su mayoría trabajadoras o estudiantes, privación de libertad por algunos días, torturas, violación «tumultuaria» (como declaró en el foro el exjefe de peritos Oscar Máynez, más de 17 una vez), mutilación, estrangulamiento, muerte segura, mezcla o extravío de pistas y evidencias por parte de las fuerzas de la ley, amenazas y atentados contra abogados y periodistas, presión deliberada de las autoridades para culpar a chivos expiatorios a las claras inocentes y continuidad ininterrumpida de los crímenes desde 1993 hasta hoy. A esta lista se suma el hecho de que nunca ningún acusado resultó verosímil para la comunidad y ninguna «línea de investigación» mostró resultados.

La impunidad, a lo largo de estos años se revela espantosa, y puede ser descrita en tres aspectos: 1) ausencia de acusados convincentes para la opinión pública; 2) ausencia de líneas de investigación consistentes; y, consecuencia de las dos anteriores, 3) el círculo de repetición sin fin de este tipo de crímenes.

Por otro lado, dos valientes periodistas de investigación, Diana Washington Valdez, autora de Cosecha de mujeres (2005) y Sergio González Rodríguez, quien escribió el libro Huesos en el desierto (2002[9]), recogieron numerosos datos que la policía descartó a lo largo de los años y llegaron a una lista de lugares y personas que tienen, de una forma u otra, relación con las desapariciones y los asesinatos de mujeres.

Conversé con Diana Washington en dos oportunidades del otro lado de la frontera (pues el FBI no le permite cruzar el puente sin escolta) y leí el libro de Sergio González. Lo que emerge es que personas «de bien», grandes propietarios, están vinculados con las muertes. Falta, sin embargo, un eslabón crucial: ¿qué lleva a estos respetados jefes de familia, exitosos en las finanzas, a implicarse en crímenes macabros y, por lo que todo indica, cometidos colectivamente? ¿Cuál sería el vínculo plausible entre estos señores y los secuestros y violaciones tumultuarias que permitiría llevarlos a juicio? Falta ahí una razón. Y es justamente aquí, en la búsqueda de esta razón, que la idea de la que tanto se abusa del «móvil sexual» resulta insuficiente. Nuevas tipificaciones y un refinamiento de las definiciones se hacen necesarios para que sea posible comprender la especificidad de un número restringido de las muertes de Juárez; es necesario también formular nuevas categorías jurídicas. Especialmente, es necesario decir lo que parece obvio: que ningún crimen realizado por marginales comunes se prolonga por tanto tiempo en total impunidad, y que ninguna policía seria habla con tamaña liviandad de lo que, en general, es producto de una larga investigación: el móvil, el motivo, la razón de un crimen. Esas verdades elementales causaron estremecimiento en Ciudad Juárez y resultaron impronunciables.

La ciencia y la vida

Algún tiempo antes de oír hablar de Ciudad Juárez por primera vez, entre los años 1993 y 1995, conduje una investigación sobre la mentalidad de los condenados por violación, presos en la penitenciaria de Brasilia[10]. Mi «escucha» de lo dicho por estos presidiarios, todos ellos condenados por ataques sexuales realizados en el anonimato de las calles y a víctimas desconocidas, respalda la tesis feminista fundamental de que los crímenes sexuales no son obra de desviados individuales, enfermos mentales o anomalías sociales, sino expresiones de una estructura simbólica profunda que organiza nuestros actos y nuestras fantasías y les confiere inteligibilidad. En otras palabras: el agresor y la colectividad comparten el imaginario de género, hablan el mismo lenguaje, pueden entenderse. Emerge de las entrevistas con más fuerza que nunca lo que Menacher Amin ya había descubierto con datos empíricos y análisis cuantitativo, que, contrariando nuestras expectativas, los violadores, las más de las veces, no actúan en soledad, no son animales asociales que acechan a sus víctimas como cazadores solitarios, sino que lo hacen en compañía. No hay palabras suficientes para enfatizar la importancia de ese hallazgo y sus consecuencias para entender las violaciones como verdaderos actos que acontecen in societate, es decir, en un nicho de comunicación que puede ser penetrado y entendido.

Uso y abuso del cuerpo del otro sin que este participe con intención o voluntad, la violación se dirige al aniquilamiento de la voluntad de la víctima, cuya reducción es justamente significada por la pérdida de control sobre el comportamiento de su cuerpo y el agenciamiento del mismo por la voluntad del agresor. La víctima es expropiada del control sobre su espacio-cuerpo. Es por eso que podría decirse que la violación es el acto alegórico por excelencia de la definición schmittiana de la soberanía: control legislador sobre un territorio y sobre el cuerpo del otro como anexo a ese territorio (Agamben, 1998; Schmitt, 2008 [1922]). Control irrestricto, voluntad soberana arbitraria y discrecional cuya condición de posibilidad es el aniquilamiento de atribuciones equivalentes en los otros y, sobre todo, la erradicación de la potencia de estos como índices de alteridad o subjetividad alternativa. En ese sentido, también este acto está vinculado a la consumición del otro, a un canibalismo mediante el cual el otro perece como voluntad autónoma y su oportunidad de existir solamente persiste si es apropiada e incluida en el cuerpo de quien lo ha devorado. Su resto de existencia persiste solo como parte del proyecto del dominador.

¿Por qué la violación obtiene ese significado? Porque debido a la función de la sexualidad en el mundo que conocemos, ella conjuga en un acto único la dominación física y moral del otro. Y no existe poder soberano que sea solamente físico. Sin la subordinación psicológica y moral del otro lo único que existe es poder de muerte, y el poder de muerte, por sí solo, no es soberanía. La soberanía completa es, en su fase más extrema, la de «hacer vivir o dejar morir» (Foucault, 2000). Sin dominio de la vida en cuanto vida, la dominación no puede completarse. Es por esto que una guerra que resulte en exterminio no constituye victoria, porque solamente el poder de colonización permite la exhibición del poder de muerte ante los destinados a permanecer vivos. El trazo por excelencia de la soberanía no es el poder de muerte sobre el subyugado, sino su derrota psicológica y moral, y su transformación en audiencia receptora de la exhibición del poder de muerte discrecional del dominador.

Es por su calidad de violencia expresiva más que instrumental —violencia cuya finalidad es la expresión del control absoluto de una voluntad sobre otra— que la agresión más próxima a la violación es la tortura, física o moral. Expresar que se tiene en las manos la voluntad del otro es el telos o finalidad de la violencia expresiva. Dominio, soberanía y control son su universo de significación. Cabe recordar que estas últimas, sin embargo, son capacidades que solo pueden ser ejercidas frente a una comunidad de vivos y, por lo tanto, tienen más afinidad con la idea de colonización que con la idea de exterminio. En un régimen de soberanía, algunos están destinados a la muerte para que en su cuerpo el poder soberano grabe su marca; en este sentido, la muerte de estos elegidos para representar el drama de la dominación es una muerte expresiva, no una muerte utilitaria.

Es necesario todavía entender que toda violencia, aun aquella en la cual domina la función instrumental como, por ejemplo, la que tiene por objetivo apropiarse de lo ajeno, incluye una dimensión expresiva, y en este sentido se puede decir lo que cualquier detective sabe: que todo acto de violencia, como un gesto discursivo, lleva una firma. Y es en esta firma que se conoce la presencia reiterada de un sujeto por detrás de un acto. Cualquier detective sabe que, si reconocemos lo que se repite en una serie de crímenes, podremos identificar la firma, el perfil, la presencia de un sujeto reconocible por detrás del acto. El modus operandi de un agresor es nada más y nada menos que la marca de un estilo en diversas alocuciones. Identificar el estilo de un acto violento como se identifica el estilo de un texto nos llevará al perpetrador, en su papel de autor. En este sentido, la firma no es una consecuencia de la deliberación, de la voluntad, sino una consecuencia del propio automatismo de la enunciación: la huella reconocible de un sujeto, de su posición y de sus intereses, en lo que dice, en lo que expresa en palabra o acto (Derrida, 1989). Si la violación es, como afirmo, un enunciado, se dirige necesariamente a uno o varios interlocutores que se encuentran físicamente en la escena o presentes en el paisaje mental del sujeto de la enunciación.

Sucede que el violador emite sus mensajes a lo largo de dos ejes de interlocución y no solamente de uno, como generalmente se considera, pensándose exclusivamente en su interacción con la víctima. En el eje vertical, él habla, sí, a la víctima, y su discurso adquiere un cariz punitivo y el agresor un perfil de moralizador, de paladín de la moral social porque, en ese imaginario compartido, el destino de la mujer es ser contenida, censurada, disciplinada, reducida, por el gesto violento de quien reencarna, por medio de este acto, la función soberana.

Pero es posiblemente el descubrimiento de un eje horizontal de interlocución el aporte más interesante de mi investigación entre los presidiarios de Brasilia. Aquí, el agresor se dirige a sus pares, y lo hace de varias formas: les solicita ingreso en su sociedad y, desde esta perspectiva, la mujer violada se comporta como una víctima sacrificial inmolada en un ritual iniciático; compite con ellos, mostrando que merece, por su agresividad y poder de muerte, ocupar un lugar en la hermandad viril y hasta adquirir una posición destacada en una fratría que solo reconoce un lenguaje jerárquico y una organización piramidal.

Esto es así porque en el larguísimo tiempo de la historia del género, tan largo que se confunde con la historia de la especie, la producción de la masculinidad obedece a procesos diferentes a los de la producción de femineidad. Evidencias en una perspectiva transcultural indican que la masculinidad es un estatus condicionado a su obtención —que debe ser reconfirmada con una cierta regularidad a lo largo de la vida— mediante un proceso de aprobación o conquista y, sobre todo, supeditado a la exacción de tributos de un otro que, por su posición naturalizada en este orden de estatus, es percibido como el proveedor del repertorio de gestos que alimentan la virilidad. Ese otro, en el mismo acto en que hace entrega del tributo instaurador, produce su propia exclusión de la casta que consagra. En otras palabras, para que un sujeto adquiera su estatus masculino, como un título, como un grado, es necesario que otro sujeto no lo tenga pero que se lo otorgue a lo largo de un proceso persuasivo o impositivo que puede ser eficientemente descrito como tributación[11]. En condiciones sociopolíticas «normales» del orden de estatus, nosotras, las mujeres, somos las dadoras del tributo; ellos, los receptores y beneficiarios. Y la estructura que los relaciona establece un orden simbólico marcado por la desigualdad que se encuentra presente y organiza todas las otras escenas de la vida social regidas por la asimetría de una ley de estatus.

En síntesis, de acuerdo con este modelo, el crimen de estupro resulta de un mandato que emana de la estructura de género y garantiza, en determinados casos, el tributo que acredita el acceso de cada nuevo miembro a la cofradía viril. Y se me ocurre que el cruce tenso entre sus dos coordenadas, la vertical, de consumición de la víctima, y la horizontal, condicionada a la obtención del tributo, es capaz de iluminar aspectos fundamentales del largo y establecido ciclo de los feminicidios de Ciudad Juárez. De hecho, lo que me llevó a Ciudad Juárez es que mi modelo interpretativo de la violación es capaz de lanzar nueva luz sobre el enigma de los feminicidios y permite organizar las piezas del rompecabezas haciendo emerger un diseño reconocible.

Inspirada en este modelo que tiene en cuenta y enfatiza el papel de la coordenada horizontal de interlocución entre miembros de la fratría, tiendo a no entender los feminicidios de Juárez como crímenes en los que el odio hacia la víctima es el factor predominante[12]. No discuto que la misoginia, en el sentido estricto de desprecio a la mujer, sea generalizada en el ambiente donde los crímenes tienen lugar. Pero estoy convencida de que la víctima es el desecho del proceso, una pieza descartable, y de que condicionamientos y exigencias extremas para atravesar el umbral de la pertenencia al grupo de pares se encuentran por detrás del enigma de Ciudad Juárez. Quienes dominan la escena son los otros hombres y no la víctima, cuyo papel es ser consumida para satisfacer la demanda del grupo de pares. Los interlocutores privilegiados en esta escena son los iguales, sean estos aliados o competidores: los miembros de la fratría mafiosa, para garantizar la pertenencia y celebrar su pacto; los antagonistas, para exhibir poder frente a los competidores en los negocios; las autoridades locales, las autoridades federales, los activistas, académicos y periodistas que osen inmiscuirse en el sagrado dominio; los parientes subalternos —padres, hermanos, amigos— de las víctimas. Estas exigencias y formas de exhibicionismo son características del régimen patriarcal en un orden mafioso.

Los feminicidios de Ciudad Juárez: una apuesta criminológica

Presento aquí una lista con algunas ideas que, combinadas, se constelan en una imagen posible del lugar, las motivaciones, las finalidades, los significados, las ocasiones y las condiciones de posibilidad de los feminicidios. Mi problema aquí es que la exposición no puede más que ser hecha en forma de listado. Sin embargo, los temas desplegados forman una esfera de sentido; no una sucesión lineal de elementos sucesivos sino una unidad significativa: el mundo de Ciudad Juárez. Y es por eso que no es preciso que los hechos formen parte de una conciencia discursiva por parte de los autores, ya que son, fundamentalmente, acciones constitutivas de su mundo. Hablar de causas y efectos no me parece adecuado. Hablar de un universo de sentidos entrelazados y motivaciones inteligibles, sí.

El lugar: La Gran Frontera

Frontera entre el exceso y la falta, Norte y Sur, Marte y la Tierra, Ciudad Juárez no es un lugar alegre. Abriga muchos llantos, muchos terrores.

La frontera que el dinero debe atravesar para alcanzar la tierra firme donde el capital se encuentra finalmente a salvo y da sus frutos en prestigio, seguridad, confort y salud. La frontera detrás de la cual el capital se moraliza y se encuentran los bancos que valen la pena. La frontera con el país más controlado del mundo, con sus rastreos de vigilancia cerrada y casi infalible. A partir de ese punto, de esa línea en el desierto, cualquier negocio ilícito debe ser ejecutado con un sigilo más estricto, en sociedades clandestinas más cohesionadas y juradas que en cualquier otro lugar. El lacre de un silencio riguroso es su requisito. La frontera donde los grandes empresarios viven de un lado y «trabajan» del otro; de la gran expansión y valorización territorial —literalmente, terrenos robados al desierto cada día, cada vez más cerca del río Bravo—. La frontera del tráfico más lucrativo del mundo: tráfico de drogas, tráfico de cuerpos. La frontera que separa una de las manos de obra más caras del mundo de una de las manos de obra más baratas. Esa frontera es el escenario del mayor y más prolongado número de ataques y asesinatos de mujeres con modus operandi semejante del que se tiene noticia en «tiempos de paz».

Los propósitos

La evidencia de un larguísimo periodo de inercia de la justicia en torno a los crímenes conduce inmediatamente nuestra atención hacia el subtexto permanente de los mismos: los crímenes hablan de impunidad. Impunidad es su gran tema y, por lo tanto, es la impunidad la puerta de entrada para su desciframiento. Podría ser que, si bien el caldo de cultivo para los asesinatos es el ambiente que acabo de describir, caracterizado por la concentración de poder económico y político y, por lo tanto, con altos niveles de privilegio y protección para algunos grupos, creo sin embargo que nos equivocamos cuando pensamos en la impunidad exclusivamente como un factor causal.

Deseo proponer que los feminicidios de Juárez se pueden comprender mejor si dejamos de pensarlos como consecuencia de la impunidad e imaginamos que se comportan como productores y reproductores de impunidad. Esta fue mi primera hipótesis y es posible también que haya sido el primer propósito de sus perpetradores en el tiempo: sellar, con la complicidad colectivamente compartida en las ejecuciones horrendas, un pacto de silencio capaz de garantizar la lealtad inviolable a cofradías mafiosas que operan a través de la frontera más patrullada del mundo. Dar prueba, también, de la capacidad de crueldad y poder de muerte que negocios de alta peligrosidad requieren. El ritual sacrificial, violento y macabro, une a los miembros de la mafia y vuelve su vínculo inviolable. La víctima sacrificial, parte de un territorio dominado, es forzada a entregar el tributo de su cuerpo a la cohesión y vitalidad del grupo y la mancha de su sangre define la esotérica pertenencia al mismo por parte de sus asesinos. En otras palabras, más que una causa, la impunidad puede ser entendida como un producto, el resultado de estos crímenes, y los crímenes como un modo de producción y reproducción de la impunidad: un pacto de sangre en la sangre de las víctimas.

En este sentido, es posible apuntar ya aquí una diferencia fundamental entre este tipo de crimen y los crímenes de género perpetrados en la intimidad del espacio doméstico, sobre víctimas que pertenecen al círculo de relaciones de los abusadores (hijas, hijastras, sobrinas, esposas, etc.). Si al abrigo del espacio doméstico el hombre abusa de las mujeres que se encuentran bajo su dependencia porque puede hacerlo, es decir, porque estas ya forman parte del territorio que controla, el agresor que se apropia del cuerpo femenino en un espacio abierto, público, lo hace porque debe hacerlo para demostrar que puede. En un caso, se trata de una constatación de un dominio ya existente; en el otro, de una exhibición de capacidad de dominio que debe ser reeditada con cierta regularidad y puede ser asociada a los gestos rituales de renovación de los votos de virilidad. El poder está, aquí, condicionado a una muestra pública dramatizada a menudo en un acto predatorio del cuerpo femenino. Pero la producción y la manutención de la impunidad mediante el sello de un pacto de silencio en realidad no se distinguen de lo que se podría describir como la exhibición de la impunidad. La estrategia clásica del poder soberano para reproducirse como tal es divulgar e incluso espectacularizar el hecho de que se encuentra más allá de la ley. Podemos entender también de esta forma los crímenes de Ciudad Juárez y sugerir que, si por un lado son capaces de sellar la alianza en el pacto mafioso, por otro, también cumplen con la función de ejemplaridad por medio de la cual se refuerza el poder disciplinador de toda ley. Con el importante agregado de que la asociación mafiosa parece actuar en red y articulación tentacular con sujetos insertados en la administración oficial a varios niveles, revelándose por lo tanto como un Segundo Estado que controla y da forma a la vida social por debajo del manto de la ley.

Esto es así porque en la capacidad de secuestrar, torturar y matar reiterada e impunemente, el sujeto autor de estos crímenes ostenta, más allá de cualquier duda, la cohesión, vitalidad y control territorial de la red corporativa que comanda. Es evidente que la continuidad de este tipo de crímenes por once años sin que su recurrencia sea perturbada requiere recursos humanos y materiales cuantiosos que involucran: control de una red de asociados extensa y leal, acceso a lugares de detención y tortura, vehículos para el transporte de la víctima, acceso e influencia o poder de intimidación o chantaje sobre los representantes del orden público en todos sus niveles, incluso federal; acceso e influencia o poder de intimidación o chantaje sobre los miembros del gobierno y la administración pública en todos sus niveles, incluso federal. Lo que es importante notar es que, al mismo tiempo que esta red de aliados es accionada por quien comanda los crímenes corporativos de Ciudad Juárez, se exhibe su existencia, en franca ostentación de un dominio totalitario de la localidad.

Los significados

Es precisamente al cumplir este último papel que los asesinatos pasan a comportarse como un sistema de comunicación. Si escuchamos con atención los mensajes que allí circulan, podremos acceder al rostro del sujeto que en ellos habla. Solamente después de comprender lo que dice, a quién y para qué, podremos localizar la posición desde la cual emite su discurso. Es por eso mismo que debemos insistir en que, cada vez que el lema del móvil sexual se repite con liviandad antes de analizar minuciosamente lo «dicho» en estos actos de interlocución, perdemos la oportunidad de seguirle el rastro a quien se esconde detrás del texto sangriento.

En otras palabras, los feminicidios son mensajes emanados de un sujeto autor que solo puede ser identificado, localizado, perfilado, mediante una «escucha» rigurosa de estos crímenes como actos comunicativos. Es en su discurso que encontramos al sujeto que habla, es en su discurso que la realidad de este sujeto se inscribe como identidad y subjetividad y, por lo tanto, se vuelve rastreable y reconocible. Así mismo, en su enunciado, podemos encontrar el rastro de su interlocutor, su impronta, como un negativo. Eso no es verdad solamente para los acting outs violentos que la policía investiga, sino también para el discurso de cualquier sujeto, como lo han explicado multitud de filósofos y teóricos literarios contemporáneos[13].

Si el acto violento es entendido como mensaje y los crímenes se perciben orquestados en claro estilo responsorial, nos encontramos con una escena donde los actos de violencia se comportan como una lengua capaz de funcionar eficazmente para los entendidos, los avisados, los que la hablan, aun cuando no participen directamente en la acción enunciativa. Es por eso que, cuando un sistema de comunicación con un alfabeto violento se instala, es muy difícil desinstalarlo, eliminarlo. La violencia constituida y cristalizada en forma de sistema de comunicación se transforma en un lenguaje estable y pasa a comportarse con el casi-automatismo de cualquier idioma.

Preguntarse, en estos casos, por qué se mata en un determinado lugar es semejante a preguntarse por qué se habla una determinada lengua (el italiano en Italia, el portugués en Brasil…). Un día, cada una de esas lenguas se estableció por procesos históricos de conquista, colonización, migraciones o unificación de territorios bajo un mismo Estado nacional. En este sentido, las razones por las cuales hablamos una lengua son arbitrarias y no pueden ser explicadas por una lógica necesaria. Son, por lo tanto, también históricos los procesos por los cuales una lengua es abolida, erradicada de un territorio. El problema de la violencia como lenguaje se agrava aún más si consideramos que existen ciertas lenguas que, en determinadas condiciones históricas, tienden a convertirse en lingua franca y a generalizarse más allá de las fronteras étnicas o nacionales que le sirvieron de nicho originario.

Preguntamos entonces: ¿quién habla aquí? ¿A quién? ¿Qué le dice? ¿Cuándo? ¿Cuál es la lengua del feminicidio? ¿Qué significante es la violación? Mi apuesta es que el autor de este crimen es un sujeto que valoriza la ganancia y el control territorial por encima de todo, incluso por encima de su propia felicidad personal. Un sujeto con su entorno de vasallos que deja así absolutamente claro que Ciudad Juárez tiene dueños, y que esos dueños matan mujeres para mostrar que lo son. «Soberano es aquel para quien todos los hombres son potencialmente hominis sacri» (vida «nuda» que puede ser aniquilada sin consecuencias porque, como expresaba un tipo jurídico de la pena de muerte en el derecho romano, su condena consistía en retirarles cualquier estatus civil y humano; Agamben, 1998) «y homo sacer es aquel con respecto a quien todos los hombres actúan como soberanos» (Agamben, 2007). ¿Sabrá el autor de esas líneas que, en cierto sentido, la noción de vida nuda puede ser referida a las mujeres, ya que, como queda claro en comarcas como Ciudad Juárez, es posible apagar su existencia sin consecuencias para la ley?

El poder soberano no se afirma si no es capaz de sembrar el terror. Se dirige con esto a los otros hombres de la comarca, a los tutores o responsables de la víctima en su círculo doméstico y a quienes son responsables de su protección como representantes del Estado; le habla a los hombres de las otras fratrías amigas y enemigas para demostrar los recursos de todo tipo con que cuenta y la vitalidad de su red de sustentación; le confirma a sus aliados y socios en los negocios que la comunión y la lealtad de grupo continúa incólume. Les dice que su control sobre el territorio es total, que su red de alianzas es cohesiva y confiable, y que sus recursos y contactos son ilimitados.

Se pronuncia de esta forma cuando se consolida una fratría; cuando se planea un negocio amenazado por el peligro de lo ilícito en esta frontera patrullada; cuando se abren las puertas para algún nuevo miembro; cuando otro grupo mafioso desafía el control sobre el territorio; cuando hay intrusiones externas, inspecciones, en el coto totalitario de la localidad.

La lengua del feminicidio utiliza el significante cuerpo femenino para indicar la posición de lo que puede ser sacrificado en aras de un bien mayor, de un bien colectivo, como es la constitución de una fratría mafiosa. El cuerpo de mujer es el índice por excelencia de la posición de quien rinde tributo, víctima cuyo sacrificio y consumición podrán más fácilmente ser absorbidos y naturalizados por la comunidad.

Es parte de este proceso de digestión la acostumbrada doble victimización de la ya víctima, así como la doble y triple victimización de su familia, representada las más de las veces por una madre triste. Un mecanismo de defensa cognitiva casi incontrolable hace que, para reducir la disonancia entre la lógica con que esperamos que la vida se comporte y la manera en que se comporta en realidad, odiemos a quien encarna esa inversión, esa infracción a la gramática de la sociabilidad. Ante la ausencia definitiva de un agresor, alguien tiene que ser responsabilizado por la desdicha colectiva así causada.

Así como es común que el condenado recuerde a su víctima con gran rencor por asociarla al desenlace de su destino y a la pérdida de su libertad, de la misma forma que la comunidad se sumerge más y más en una espiral misógina que, a falta de un soporte más adecuado para deshacerse de su malestar, le permite depositar en la propia víctima la culpa por la crueldad con que fue tratada. Fácilmente optamos por reducir nuestro sufrimiento frente a la injusticia intolerable testimoniada, aduciendo que «debe haber una razón». Así, las mujeres asesinadas de Ciudad Juárez se transforman rápidamente en prostitutas, mentirosas, fiesteras, drogadictas y en todo aquello que pueda liberarnos de la responsabilidad y la amargura que nos inocula depararnos con su suerte injusta.

En la lengua del feminicidio, cuerpo femenino también significa territorio y su etimología es tan arcaica como recientes son sus transformaciones. Ha sido constitutivo del lenguaje de las guerras, tribales o modernas, que el cuerpo de la mujer se anexe como parte del país conquistado. La sexualidad vertida sobre el mismo expresa el acto domesticador, apropiador, cuando insemina el territorio-cuerpo de la mujer. Por esto, la marca del control territorial de los señores de Ciudad Juárez puede ser inscrita en el cuerpo de sus mujeres como parte o extensión del dominio afirmado como propio. La violación tumultuaria es, como en los pactos de sangre, la mezcla de substancias corporales de todos los que en ella participan; el acto de compartir la intimidad en su aspecto más feroz, de exponer lo que se guarda con más celo. Como el corte voluntario del que aflora la sangre, la violación es una publicación de la fantasía, la transgresión de un límite, un gesto radicalmente comprometedor.

La violación, la dominación sexual, tiene también como rasgo conjugar el control no solamente físico sino también moral de la víctima y sus asociados. La reducción moral es un requisito para que la dominación se consume y la sexualidad, en el mundo que conocemos, está impregnada de moralidad.

¿Qué es, entonces, un feminicidio, en el sentido que Ciudad Juárez le confiere a esta palabra? Es el asesinato de una mujer genérica, de un tipo de mujer, solo por ser mujer y por pertenecer a este tipo, de la misma forma que el genocidio es una agresión genérica y letal a todos aquellos que pertenecen al mismo grupo étnico, racial, lingüístico, religioso o ideológico. Ambos crímenes se dirigen a una categoría, no a un sujeto específico. Precisamente, este sujeto es despersonalizado como sujeto porque se hace predominar en él la categoría a la cual pertenece sobre sus rasgos individuales biográficos o de personalidad.

Pero hay, me parece, una diferencia entre estos dos tipos de crímenes que debería ser mejor examinada y discutida. Si en el genocidio la construcción retórica del odio al otro conduce la acción de su eliminación, en el feminicidio la misoginia por detrás del acto es un sentimiento más próximo al de los cazadores por su trofeo: se parece al desprecio por su vida o a la convicción de que el único valor de esa vida radica en su disponibilidad para la apropiación.

Los crímenes, así, parecerían hablar de un verdadero «derecho de pernada» bestial, de un barón feudal y postmoderno con su grupo de acólitos, como expresión por excelencia de su dominio absolutista sobre un territorio, donde el derecho sobre el cuerpo de la mujer es una extensión del derecho del señor sobre su gleba. Sin embargo, en el más que terrible orden contemporáneo postmoderno, neoliberal, postestatal, postdemocrático, el barón se volvió capaz de controlar de forma casi irrestricta su territorio como consecuencia de la acumulación descontrolada característica de la región de expansión fronteriza, exacerbada por la globalización de la economía y la desregulación del mercado neoliberal en vigor. Su única fuerza reguladora radica en la codicia y en la potencia de rapiña de sus competidores: los otros barones del lugar.

Microfascismos regionales y su control totalitario de la provincia acompañan la decadencia del orden nacional de este lado de la Gran Frontera y requieren, más que nunca, la aplicación urgente de formas de legalidad y control de cuño internacionalista. Los misteriosos crímenes perpetrados contra las mujeres de Ciudad Juárez indican que la descentralización, en un contexto de desestatización y de neoliberalismo, no puede sino instalar un totalitarismo de provincia, en una conjunción regresiva entre postmodernidad y feudalismo, donde el cuerpo femenino es anexado al dominio territorial.

Las condiciones de posibilidad

La extrema asimetría por la extracción desregulada de ganancias por parte de un grupo es una condición crucial para que se establezca un contexto de impunidad. Cuando la desigualdad de poderes es tan extrema como en un régimen neoliberal ilimitado, no hay posibilidad real de separar negocios lícitos de negocios ilícitos; la desigualdad se vuelve tan acentuada que permite el control territorial absoluto a nivel subestatal por parte de algunos grupos y sus redes de sustento y alianza. Estas redes instalan, entonces, un verdadero totalitarismo de provincia y pasan a demarcar y expresar sin ambigüedades el régimen de control vigente en la región. Los crímenes de mujeres de Ciudad Juárez me parecen una forma de significar ese tipo de dominio territorial. Una característica fuerte de los regímenes totalitarios es el encierro, la representación del espacio totalitario como un universo sin lado de afuera, encapsulado y autosuficiente, donde una estrategia de atrincheramiento por parte de las élites impide a los habitantes acceder a una percepción diferente, exterior, alternativa, de la realidad. Una retórica nacionalista que se afirma en una construcción primordialista de la unidad nacional (como es el caso de la «mexicanidad» en México, la «civilización tropical» en Brasil o el «ser nacional» en Argentina) beneficia a los que detentan el control territorial y el monopolio de la voz colectiva. Estas metafísicas de la nación basadas en un esencialismo antihistórico, por más populares y reivindicativas que puedan presentarse, trabajan con los mismos procedimientos lógicos que ampararon el nazismo. Este mismo tipo de ideología nacional puede ser también encontrado en las regiones cuando una élite regional consolida su dominio sobre el espacio y legitima sus privilegios en una ideología primordialista de la región, es decir, trabajando su identificación con un grupo étnico o con una herencia de civilización. Consignas nativistas poderosas presionan para la formación de un sentimiento de lealtad a los emblemas de la unidad territorial con los cuales la élite, por otro lado, diseña su heráldica. Cultura popular significa, en un medio totalitario, cultura apropiada; pueblo son los habitantes del territorio controlado; y autoridades son los dueños del discurso, la cultura tradicional, la riqueza producida por el pueblo y el territorio totalizado. Como en el totalitarismo de nación, una de las estrategias principales del totalitarismo de región es la de prevenir a la colectividad contra cualquier discurso que pueda ser tildado de no autóctono, no emanado y sellado por el compromiso de la lealtad interior. «Extranjero» y «extraño en la comarca» son transformados en categorías de acusación y se confisca la posibilidad de hablar «desde afuera». Por lo tanto, la retórica es la de un patrimonio cultural que ha de ser defendido por encima de todo y la de una lealtad territorial que predomina y excluye otras lealtades, como, por ejemplo, la del cumplimiento de la ley, la de la lucha por la expansión de los derechos y la demanda de activismo y arbitraje internacional para la protección de los derechos humanos.

Es por esto que, si el «lado de adentro» y el sitio mediático son la estrategia inequívoca de los líderes totalitarios, el «lado de afuera» es siempre el punto de apoyo para la acción en el campo de los derechos humanos. En un ambiente totalitario, el valor más martilleado es el «nosotros». El concepto de nosotros se vuelve defensivo, atrincherado, patriótico y quien lo infringe es acusado de traición. En este tipo de patriotismo, la primera víctima son los otros interiores de la nación, de la región, de la localidad —siempre las mujeres, los negros, los pueblos originarios, los disidentes—. Estos otros interiores son coaccionados para que sacrifiquen, callen y posterguen su queja y el argumento de su diferencia en nombre de la unidad sacralizada y esencializada de la colectividad.

Es blandiendo ese conjunto de representaciones típicamente totalitarias —de un totalitarismo de provincia— que los medios de comunicación juarenses descalifican uno a uno a los veedores foráneos. El discurso de los medios es, cuando se «escucha» el subtexto de la noticia, cuando se lee entre líneas:

«Es mejor un asesino propio, por más cruel que sea, que un justiciero ajeno, aunque tenga razón». Esta conocida estrategia propagandística elemental construye, todos los días, frente a cualquier amenaza de la mirada exterior, la muralla totalitaria de Ciudad Juárez, y ha contribuido, a lo largo de estos años, a escamotear la verdad al pueblo y a neutralizar las fuerzas de la ley que se resistan a una articulación protésica con los poderes locales.

Imposible no recordar Ciudad Juárez cuando leemos a Hannah Arendt:

Los movimientos totalitarios han sido llamados «sociedades secretas montadas a la luz del día»[14]. Realmente […] la estructura de los movimientos […] nos recuerda en primer lugar ciertas características de esas sociedades. Las sociedades secretas forman también jerarquías de acuerdo con el grado de «iniciación», regulan la vida de sus miembros según un presupuesto secreto y ficticio que hace que cada cosa parezca ser otra diferente; adoptan una estrategia de mentiras coherentes para engañar a las masas de afuera, no iniciadas; exigen obediencia sin reservas por parte de sus miembros, cuya cohesión se mantiene por la fidelidad a un líder frecuentemente desconocido y siempre misterioso, rodeado, o supuestamente rodeado, por un pequeño círculo de iniciados; y estos, a su vez, son rodeados por semiiniciados que constituyen una especie de «amortiguador» contra el mundo profano y hostil. Los movimientos totalitarios tienen todavía en común con las sociedades secretas la escisión dicotómica del mundo entre «hermanos por pacto de sangre» y una masa indistinta e inarticulada de enemigos jurados […] distinción basada en la absoluta hostilidad al mundo que los rodea. […] Tal vez la más clara semejanza entre las sociedades secretas y los movimientos totalitarios resida en la importancia del ritual […] [Sin embargo] esa idolatría no prueba la existencia de tendencias pseudoreligiosas o heréticas […] son simple trucos organizacionales, muy practicados en las sociedades secretas, que también forzaban a sus miembros a guardar secreto por miedo y respeto a símbolos truculentos. Las personas se unen más firmemente a través de la experiencia compartida de un ritual secreto que por la simple admisión al conocimiento del secreto. (Arendt 1998: 425-427).

Pero ¿qué Estado es ese? ¿Qué liderazgo es ese que produce el efecto de un totalitarismo regional? Es un Segundo Estado que necesita de un nombre. Un nombre que sirviera de base para la categoría jurídica capaz de encuadrar en la ley a sus dueños y la red de complicidad que controlan[15]. Los feminicidios de Ciudad Juárez no son crímenes comunes de género sino crímenes corporativos y, más específicamente, son crímenes del Segundo Estado, del Estado paralelo. Se asemejan más, por su fenomenología, a los rituales que cimientan la unidad de sociedades secretas y regímenes totalitarios. Comparten una característica idiosincrática de los abusos del poder político: se presentan como crímenes sin sujeto personalizado realizados sobre una víctima tampoco personalizada, un poder secreto abduce a un tipo de mujer, victimizándola, para reafirmar y revitalizar su capacidad de control. Por lo tanto, son más próximos a crímenes de Estado, crímenes de lesa humanidad, donde el Estado paralelo que los produce no puede ser encuadrado porque carecemos de categorías y procedimientos jurídicos eficientes para enfrentarlo. Es por eso que sería necesario crear nuevas categorías jurídicas para encuadrarlos y tornarlos jurídicamente inteligibles, clasificables: no son crímenes comunes, es decir, crímenes de género de motivación sexual, o de falta de entendimiento en el espacio doméstico como afirman frívolamente agentes de la ley, autoridades y activistas. Son crímenes que podrían ser llamados de Segundo Estado o crímenes de corporación, en los que la dimensión expresiva del control totalitario prevalece. Entiendo aquí «corporación» como el grupo o red que administra los recursos, derechos y deberes propios de un Estado paralelo, establecido firmemente en la región y con tentáculos en las cabeceras del país. Si invirtiésemos los términos por un momento y dijéramos que el telos o finalidad del capital y de «los mandamientos de la capitalización» no es el proceso de acumulación, porque eso significaría caer en una tautología (la finalidad de la acumulación es la acumulación; la finalidad de la concentración es la concentración) y, por lo tanto, estaríamos describiendo el ciclo cerrado de un fin en sí mismo; si, en lugar de eso, dijésemos que la finalidad del capital es la producción de la diferencia mediante la reproducción y ampliación progresiva de la jerarquía hasta el punto del exterminio como expresión incontestable de su éxito, concluiríamos que solamente la muerte de algunos es capaz de alegorizar idóneamente y de forma auto-evidente el lugar y la posición de todos los dominados, del pueblo dominado, de la clase dominada. Es en la exclusión y su significante por antonomasia, la capacidad de supresión del otro, que el capital se consagra. ¿Y qué más emblemático del lugar de sometimiento que el cuerpo de la mujer mestiza, de la mujer pobre, de la hija y hermana de los otros que son pobres y mestizos? ¿Dónde podría significarse mejor la otredad producida justamente para ser vencida? ¿Qué trofeo serviría mejor de emblema a la prebenda de óptimos negocios más allá de cualquier regla o restricción? Esa doblemente otra mujer emerge así en la escena como el lugar de la producción y de la significación de la última forma de control territorial totalitario —de cuerpos y terrenos, de cuerpos como parte de terrenos— por el acto de su humillación y supresión. Nos encontramos, así, frente al sin-límite de ambas economías, simbólica y material. La depredación y la rapiña del ambiente y de la mano de obra se dan la mano con la violación sistemática y corporativa. No olvidemos que rapiña, en español, comparte su raíz con rape, violación en inglés. Si esto es así, no solamente podemos afirmar que una comprensión del contexto económico a gran escala nos ayuda a iluminar los acontecimientos de Ciudad Juárez, sino también que las humildes muertas de Juárez, desde la pequeña escala de su situación y localidad, nos despiertan y nos conducen a la más lúcida lectura de las transformaciones que atraviesa el mundo en nuestros días, mientras se vuelve, a cada instante, más inhóspito y aterrador.

Epílogo[16]

Las muertes y nosotros

Examinar con cautela mis razones personales al involucrarme en el caso de Ciudad Juárez es, al final, necesario. Forma parte de mis resultados el haber entendido que, si bien es de las propias víctimas, sus madres y deudos próximos el sufrimiento mayor, los atroces crímenes de mujeres de Ciudad Juárez son jurisdicción obligatoria de todos los fueros y preocupación ineludible de todas las personas que valorizan la justicia y la felicidad colectiva. Esto es así por dos caminos: por un lado, el tema teórico, ético y jurídico de los feminicidios es semejante al gran tema del Holocausto y sus dilemas; ambos crímenes son patrimonio, aprendizaje y lección que pertenece a la humanidad toda. Ni se encuentran sus perpetradores fuera de un horizonte de humanidad común, ni están sus víctimas dotadas de una cualidad esencial e idiosincrática que las distinga de todos los otros pueblos masacrados de la historia. Las condiciones históricas que nos transforman en monstruos o cómplices de los monstruos nos acechan a todos. La amenaza de la «monstruificación» pende sobre todos, sin excepción, así como la amenaza de la victimización. Basta establecer una frontera rigurosa y precisa entre un «nosotros» y un «los otros» y el proceso estará en marcha.

De otra manera, y para dar otro ejemplo, también el problema del racismo es un problema de todos y no solo de los que lo sufren. «El problema del racismo es de ustedes, los blancos, que lo producen» me dijeron en una ocasión. Y quien ve pasar a su lado la marcha de su reproducción, creyendo que no le afecta, tiene un alto precio a pagar. Mientras que, en su sufrimiento, la víctima tiene una oportunidad para la lucidez y la conciencia regeneradora, es la humanidad del supuestamente «no afectado» la que se deteriora sin noción y sin remedio, y se sume en una decadencia inexorable. Se instalan tiempos sombríos, cuyo origen y causa no atinamos a identificar porque el sufrimiento causado nos parece que se exhibe y manifiesta exclusivamente en los otros.

Pero esta no es la única razón por la que estamos frente a un problema de todos. Como he argumentado, en el caso particular de los feminicidios de Ciudad Juárez, estoy convencida de que tenemos, además, otros motivos, porque entiendo que se trata de crímenes perpetrados contra nosotros, para nosotros —las mexicanas y los mexicanos, las mujeres de otros países y toda la humanidad en su conjunto—. Y que lo que nos coloca en interlocución con sus perpetradores es deliberado e intencional. No lo digo de una manera general sino en el sentido estricto de que estoy convencida de que esos crímenes nos están dirigidos, lanzados, como enunciados de soberanía totalitaria sobre el territorio regional, de un control cerrado sobre ese confín de México y de este lado del mundo. Dicho de otra forma: no afirmo que estamos involucrados simplemente porque los crímenes nos agreden, nos hacen sufrir, nos ofenden, sino en un riguroso sentido técnico que me permite afirmar que la exhibición de un dominio discrecional sobre la vida y la muerte de los habitantes de ese territorio límite, representada e inscripta en el cuerpo de sus mujeres como un documento, como un edicto, sanción inapelable de un decreto, es la puesta en escena de un diálogo establecido con la ley y con todos los que en ella buscamos refugio. Esos asesinatos, destinados a la exhibición ANTE NOSOTROS de una intensa capacidad de muerte, pericia para la crueldad y dominio soberano sobre un territorio, nos dicen que se trata de una jurisdicción ajena, ocupada, sobre la que no podemos interferir. Y es justamente porque no estamos de acuerdo con esto, porque pensamos que Ciudad Juárez no se encuentra fuera de México y fuera del mundo, que tenemos que hacernos cargo de la posición de interlocutores antagónicos, críticos, en desacuerdo, en que los asesinatos nos colocan.

¿Qué hacer?

Cuando creí que había hecho correctamente mi trabajo de intérprete del texto social y que había dado mi contribución para entender lo que bien podría llamar «el enigma de Ciudad Juárez», recordé, una vez más, la frase que me estuvo rondando desde el día en que el documental Señorita extraviada de Lourdes Portillo introdujo el tema en mi vida: «Descíframe o te devoro», «Descíframe-o-te-devoro». Asociaba, en un proceso inconsciente, la interpelación de la esfinge que asoló el reino de Tebas con el desafío entre las facultades racionales y las infamias de Ciudad Juárez.

Al llegar ahora el momento de hacer un balance vuelve, con toda su fuerza amenazadora, el reto burlón de la Esfinge: «Descíframe o te devoro». Y en plena duda, me acuerdo de Edipo, el héroe que, pensamos, venció a la esfinge, descifró el enigma que ella anteponía a los viajeros, hoy transformado en inocente adivinanza del folclore infantil. Edipo, efectivamente, fue lo suficientemente hábil, astuto e inteligente, como para encontrar la respuesta certera. Entendió. Consiguió dar sentido. Pero, curiosamente, esto no lo salvó, ni a él ni a Tebas, de su destino trágico[17].

Y fue justamente después del acto que asumió la apariencia de entender, inteligir, descifrar, desvelar, que la trama trágica, inapelable, se instaló. Es esta, creo yo, nuestra situación ahora en Ciudad Juárez. Es posible que hayamos dado un paso en la compresión de los hechos, una imagen asoma, pálida pero reconocible, del juego de piezas dispersas que componen la siniestra charada. Sin embargo, el descubrimiento de un cuerpo, una vez más, en un «campo algodonero», el 25 de noviembre último, coincidiendo con el Día Mundial de Combate a la Violencia contra las Mujeres, parece reforzar la incertidumbre. El nuevo hallazgo coincide también, espantosamente, con el aniversario exacto de un hallazgo semejante en otro terreno baldío de Ciudad Juárez en 2003. Un interlocutor recalcitrante y hostil a las intervenciones no desiste de pronunciarse.

Digamos, supongamos, que se ha descifrado el enigma, que sabemos lo que quiere decir. Sin embargo, al igual que el héroe trágico, nos sumergimos más y más en un destino que no conseguimos detener.

Y eso cavilaba, cuando un libro de Federico Campbell me llegó a las manos: La memoria de Sciascia. Es del capítulo «Nunca se sabrá», en que comenta el libro Negro sobre negro, donde Leonardo Siascia publicó, reunidas, sus colaboraciones a periódicos italianos entre 1969 y 1979, que extraigo el fragmento siguiente: «Nunca se sabrá ninguna verdad respecto a hechos delictivos que tengan relación, incluso mínimamente, con la gestión del poder». Máxima que pasa a ilustrar con numerosos ejemplos tomados de la historia reciente de México e Italia.

Nunca se sabrá quién mató a Pasolini, nunca se sabrá quién envenenó a Pisciotta, nunca se sabrá quién acribilló a Manuel Buendía[18], nunca se sabrá quién fraguó la matanza de Tlatelolco, nunca se sabrá si la muerte de Enrico Mattei fue accidente o delito, nunca se sabrá quién puso la bomba en la Banca dell’Agricoltura de Piazza Fontana, nunca se sabrá quiénes debieron ser consignados por la matanza del 10 de junio de 1971 en San Cosme, nunca se sabrá cómo y a manos de quién murió el editor Feltrinelli, nunca se sabrá por qué ultimaron a los moradores de El Mareño, Michoacán, nunca se sabrá quién firmó la sentencia de Huitzilac en 1927, nunca se sabría quién le disparó a Salvatore Giuliano y a Francisco Villa, nunca se sabrá si fueron envenenamientos intencionales o no las muertes de Benjamín Hill y de Maximino Ávila Camacho, nunca se sabrá si los avionazos de Carlos Madrazo o de Alfredo Bonfil fueron efectivamente accidentes, nunca se sabrá quién organizó el holocausto de Topilejo, nunca se sabrá quién asesinó a Rubén Jaramillo en 1962, nunca se sabrá quiénes y por órdenes de quién y para qué asesinaron a los ejidatarios de San Ignacio de Río Muerto, Sonora, en 1975, nunca se sabrá quién mandó matar al periodista Héctor Félix Miranda «el Gato» en Tijuana, en 1988, nunca se sabrá por órdenes de quién fueron acribillados Francisco Xavier Ovando (uno de los líderes de la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas a la Presidencia de la República) y el joven militante Román Gil Heráldez el 2 de julio de 1988.

Sin embargo, y Campbell cita ahora directamente a Sciascia: «Hemos sabido muy pronto, en pocas horas, de dónde salía la bomba que mató al agente Marino: señal evidente de que los responsables no tenían conexiones con el hiperpoder» (Campbell, 2004 [1989]: 23-25). Medito en mi fuero más íntimo: me temo que el carácter trágico del destino humano sea el patrón que estructura la vida personal y la historia, y si la tragedia tiene una característica, entre muchas, es que no acoge la posibilidad de la justicia sin distorsionar su naturaleza. ¿Y si tal vez la justicia no fuera posible sino solamente la paz? ¿Alguna paz sería suficiente? ¿Podríamos conformarnos con que los asesinatos de mujeres de Ciudad Juárez un día, simplemente, acaben y se vayan transformando lentamente en pasado, sin que nunca se llegue a hacer justicia?

Planteo estas preguntas seriamente, auténticamente. Me las pregunto en primer lugar a mí misma, en la máxima privacidad. ¿Si nos dijeran que la única salida es un armisticio, sería yo, serían ustedes, capaces de aceptarlo? ¿Y seríamos capaces de no aceptarlo? Quedo perpleja ante esta pregunta, porque, si Sciascia tiene razón, la década de impunidad indica que los crímenes de Ciudad Juárez son crímenes del poder y, por lo tanto, posiblemente, solo podamos negociar su declinación y cese.

Bibliografía

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Washington Valdez, Diana (2005), Cosecha de mujeres. Safari en el desierto mexicano, México, Editorial Océano (fragmentos del libro se publicaron en la columna de Diana Washington en el diario El Paso Times de la ciudad de El Paso, Texas).

2. Las nuevas formas de la guerra y el cuerpo de las mujeres[19]

Introducción

Las nuevas formas de la guerra, caracterizadas por la informalidad, se despliegan hoy en un espacio intersticial que podemos caracterizar como paraestatal porque se encuentra controlado por corporaciones armadas con participación de efectivos estatales y paraestatales. En esa esfera de paraestatalidad en franca expansión, la violencia contra las mujeres ha dejado de ser un efecto colateral de la guerra y se ha transformado en un objetivo estratégico de este nuevo escenario bélico. Se examinan aquí las transformaciones históricas que circundan la informalización de la guerra y la centralidad que asume en ellas una «pedagogía de la crueldad» contra aquellos que no juegan el papel de antagonistas armados —mujeres y niños— en los enfrentamientos. Las guerras actuales se han transformado de forma sustantiva. No se destinan a un término y su meta no es la paz, en cualquiera de sus versiones. El proyecto de la guerra es hoy, para sus administradores, un proyecto a largo plazo, sin victorias ni derrotas conclusivas. Casi podría decirse que el plan es que se transformen, en muchas regiones del mundo, en una forma de existencia. Una de las razones para esto es que, con la progresiva pérdida de control sobre la economía global y el desplazamiento del epicentro del capital, la potencia imperial ve en la proliferación de las guerras su última forma de dominio. Para esta fase apocalíptica, Estados Unidos viene preparándose desde hace por lo menos dos décadas, con inversiones desproporcionadas en investigación científico-tecnológica y en la industria bélica. La guerra es su último naipe frente a la pérdida progresiva de dominio. Más con Clausewitz que con Foucault, hoy la guerra aflora y se vuelve conspicua como la materialidad última e irreductible horizonte de toda política, es decir, como la política por otros medios.

Guerra despojadora y lucrativa, sin principio y sin final, de la emergencia a la permanencia. Los templos de los pueblos derrotados ya no son soterrados bajo los nuevos templos construidos por los pueblos victoriosos; sus ruinas expuestas son el locus en el que se exhibe la potencia predadora del más fuerte. En este nuevo escenario bélico mundial, las guerras de nuestro continente son de tipo no convencional y hacen del mismo el espacio más violento del planeta en términos de guerras no libradas formalmente entre Estados, aunque en estas participen efectivos y corporaciones armadas estatales y no estatales. En él se encuentra la ciudad más violenta del globo en términos de homicidios por cada 100 000 habitantes, San Pedro Sula en Honduras, y el país más violento, Brasil, con once de las treinta ciudades más violentas del mundo (UNODOC, Naciones Unidas: 2014), seguido por México.

Trato aquí el impacto de las nuevas formas de la guerra en la vida de las mujeres. La guerra hoy se ha transformado, y algunos especialistas en su historia comienzan a examinar su diseño y listar sus nuevas características. Desde las guerras tribales hasta las guerras convencionales que ocurrieron en la historia de la humanidad hasta la primera mitad del siglo XX, el cuerpo de las mujeres, qua territorio, acompañó el destino de las conquistas y anexiones de las comarcas enemigas, inseminado por la violación de los ejércitos de ocupación. Hoy, ese destino ha sufrido una mutación por razones que tenemos pendiente examinar: su destrucción con exceso de crueldad, su expoliación hasta el último vestigio de vida, su tortura hasta la muerte.

La rapiña que se desata sobre lo femenino se manifiesta tanto en formas de destrucción corporal, sin precedentes, como en las formas de trata y comercialización de lo que estos cuerpos puedan ofrecer, hasta el último límite. A pesar de todas las victorias en el campo del Estado y de la multiplicación de leyes y políticas públicas de protección para las mujeres, su vulnerabilidad frente a la violencia ha aumentado, especialmente la ocupación depredadora de los cuerpos femeninos o feminizados en el contexto de las nuevas guerras.

Aun en un panorama que enfatiza las continuidades del destino de las mujeres en la historia de las guerras, como es el caso del ya clásico texto de la magistrada costarricense Elizabeth Odio, jueza del Tribunal Internacional para juzgar los crímenes de la antigua Yugoslavia y primera jueza del Tribunal Penal Internacional, la autora reconoce que, a pesar del surgimiento y la firma de convenios humanitarios con cláusulas para la protección de las mujeres en la guerra, en los conflictos del siglo XX no solo ha empeorado la situación para los civiles y, en especial para las mujeres y los niños, sino también la violación y los abusos sexuales «parecen haber aumentado en sadismo» (Odio, 2001: 101).

En mi análisis, intento demostrar la existencia de un quiebre o discontinuidad en los paradigmas bélicos del presente caracterizados por el predominio de la informalidad y de un accionar que puede ser descrito como claramente paraestatal aun en los casos en que el Estado sea la agencia propulsora y sostenedora de ese accionar. Sostengo que en el papel y función asignado al cuerpo femenino o feminizado en las guerras de hoy se delata una rotación o viraje del propio modelo bélico. Las guerras de la antigua Yugoslavia y de Ruanda son paradigmáticas de esta transformación e inauguran un nuevo tipo de acción bélica en el que la agresión sexual pasa a ocupar una posición central como arma de guerra productora de crueldad y letalidad, dentro de una forma de daño que es simultáneamente material y moral.

La impresión que emerge de ese nuevo accionar bélico es que la agresión, la dominación y la rapiña sexual ya no son, como fueron anteriormente, complementos de la guerra, daños colaterales, sino que han adquirido centralidad en la estrategia bélica. Precisamente por esa mutación, después de su invisibilidad inicial y como consecuencia de la presión de entidades de derechos humanos, «la violación y la violencia sexual» («violación y otros actos inhumanos») practicadas como parte de un proceso de ocupación, exterminio o sujeción de un pueblo por otro, se fueron incorporando paulatinamente a la legislación sobre crímenes de guerra, genocidio y lesa humanidad: la violación, «como tortura y esclavitud», y «otras formas de violencia sexual, como la desnudez forzada y el entretenimiento sexual, como tratamiento inhumano», en el Estatuto del Tribunal Internacional para la ex-Yugoslavia y, más tarde, como «actos constitutivos de genocidio» en el Estatuto del Tribunal Penal Internacional para Ruanda, pasando allí también a ser consideradas crímenes de guerra y tipos de tratamiento humillante y degradante («atentados contra la dignidad personal, en particular violación, tratos humillantes y degradantes, y abusos deshonestos») (Copelon 2000: 8 y 11). Este fue también el camino por el cual se tipificaron finalmente diversos crímenes sexuales en el Estatuto de Roma, que rige los procesos del Tribunal Penal Internacional.

Para comprender las nuevas guerras, es necesario primero pasar revista a los cambios contextuales que las hacen posible ya que afectan a la estructura de los conflictos. Estos son cambios consonantes con una economía de mercado global, en una modernidad tardía, en medio de ciclos críticos del capitalismo cada vez más frecuentes, con inestabilidad política, decadencia de la «democracia real» y una creciente porosidad de los Estados y de los territorios nacionales que administran. El contexto de ese cambio de la guerra, que ya no responde al conflicto convencional entre Estados nación característico de las conflagraciones del siglo XX, es también el del cambio de muchas otras dimensiones de la vida: la territorialidad, la política, el Estado, la economía y el propio patriarcado. Paso a continuación revista de las dimensiones contextuales de la guerra que se han transformado, confiriendo a la escena bélica una nueva estructura y asignando al cuerpo femenino o feminizado un papel nuevo que lo transfiere de una posición marginal a una posición central.

Informalización de las normas bélicas contemporáneas

La nueva conflictividad informal y las guerras no convencionales configuran una escena que se expande en el mundo y, en especial, en América Latina, con muchas caras. El crimen organizado; las guerras represivas paraestatales de los regímenes dictatoriales, con sus fuerzas paramilitares o sus fuerzas de seguridad oficiales actuando paramilitarmente; la represión policial, con su acción siempre, ineludiblemente, en un registro estatal y en un registro paraestatal; el accionar represivo y truculento de las fuerzas de seguridad privadas que custodian las grandes obras; las compañías contratadas en la tercerización de la guerra; las así llamadas «guerras internas» de los países o los «conflictos armados» son parte de ese universo bélico con bajos niveles de formalización. No comportan ni uniformes ni insignias o estandartes, ni territorios estatalmente delimitados, ni rituales y ceremoniales que marcan la «declaración de guerra» o armisticios y capitulaciones de derrota, y aun cuando hay ceses del fuego y treguas sobreentendidas, estas últimas son siempre confusas, provisorias e inestables, y nunca acatadas por todos los subgrupos de miembros de las corporaciones armadas enfrentadas. Estos conflictos, en la práctica, no tienen un comienzo y un final, y no ocurren dentro de límites temporales y espaciales claros.

Los grupos o corporaciones armadas que se enfrentan en esta nueva modalidad de la guerra son facciones, bandos, maras, patotas, gangs, grupos tribales, mafias, mercenarios corporativos y fuerzas paraestatales y estatales de varios tipos incluyendo aquí los agentes de la así llamada «seguridad pública» en el ejercicio de su discrecionalidad en Estados cuya «duplicidad» creciente ya no se disimula (volveré más tarde sobre el tema de la dualidad del Estado). Se trata de un escenario difusamente bélico, en el que las acciones violentas son de tipo criminal o se encuentran en el liminar de la criminalidad, y son «corporativas», pues la responsabilidad sobre las mismas es de los miembros armados de una corporación de tipo paraestatal y de sus «cabezas» o dirigentes, de los que emana el mandato de la misma a sus perpetradores.

Dario Azzellini, en su libro El negocio de la guerra (2005) y en una exhaustiva entrevista en la que sintetiza sus hallazgos (2007) enfatiza la diferencia o «discontinuidad» de la historia bélica, como la he llamado más arriba, al notar que antes los mercenarios eran individuos o pequeños grupos de personas, marginales en relación a la conducción de la guerra, mientras que hoy constituyen un cuantioso capital humano bélico administrado dentro del rubro «recursos humanos» por empresas de la guerra de gran porte, y su accionar se ve libre de los códigos que constriñen el comportamiento de las fuerzas propiamente estatales. Esta violencia corporativa y anómica se expresa de forma privilegiada en el cuerpo de las mujeres, y esta expresividad denota precisamente el esprit-de-corps de quienes la perpetran, se «escribe» en el cuerpo de las mujeres victimizadas por la conflictividad informal al hacer de sus cuerpos el bastidor en el que la estructura de la guerra se manifiesta (Segato, 2003, 2006, 2011a, 2012 y 2013). En otras palabras, en estas guerras de bajos niveles de formalización, parece estar difundiéndose una convención o código: la afirmación de la capacidad letal de las facciones antagónicas en lo que llamé «la escritura en el cuerpo de las mujeres» (Segato, 2006 y 2013), de forma genérica y por su asociación con la jurisdicción enemiga, como documento eficiente de la efímera victoria sobre la moral del antagonista. Y ¿por qué en las mujeres y por qué por medio de formas sexualizadas de agresión? Porque es en la violencia ejecutada por medios sexuales donde se afirma la destrucción moral del enemigo, cuando no puede ser escenificada mediante la firma pública de un documento formal de rendición. En este contexto, el cuerpo de la mujer es el bastidor o soporte en que se escribe la derrota moral del enemigo.

Es muy importante también hacer notar que no es esta una agresión al cuerpo antagonista, al cuerpo del sicario de la facción enemiga, sino otra cosa. Los agredidos son cuerpos frágiles, no son cuerpos guerreros. Por eso manifiestan tan bien, con su sufrimiento, la expresividad misma de la amenaza truculenta lanzada a toda la colectividad. Un mensaje de ilimitada capacidad violenta y de bajos umbrales de sensibilidad humana. En la acción paraestatal de estos grupos es todavía más crucial la necesidad de demostrar esa ausencia de límites en la ejecución de acciones crueles, ya que no se dispone de otros documentos o insignias que designen quién detenta la autoridad jurisdiccional. Por un lado, la truculencia es la única garantía del control sobre territorios y cuerpos, y de los cuerpos como territorios, y, por otro, la pedagogía de la crueldad es la estrategia de reproducción del sistema. Con la crueldad aplicada a cuerpos no guerreros, sobre todo, se aísla y se potencia la función propiamente expresiva de estos crímenes, función que, como he destacado en todos mis análisis anteriores, es inherente e indisociable en todos los tipos de violencia de género.

Estamos frente a crímenes de guerra, de una nueva forma de la guerra. La violación y la tortura sexual de mujeres y, en algunos casos, de niños y jóvenes, son crímenes de guerra en el contexto de las nuevas formas de la conflictividad propios de un continente de paraestatalidad en expansión, ya que son formas de la violencia inherente e indisociable de la dimensión represiva del Estado contra los disidentes y contra los excluidos pobres y no-blancos; de la paraestatalidad propia del accionar bélico de las corporaciones militares privadas; y de la acción de los sicariatos —constituidos por pandillas y maras— que actúan en las barriadas periféricas de las grandes ciudades latinoamericanas; y, posiblemente, en el contexto subterráneo de la interconexión entre todos ellos. Allí, la finalidad es otra, diferente a la de los crímenes ordinarios de género o crímenes de la intimidad, aunque los elementos centrales a la configuración de la estructura patriarcal permanecen y son determinantes como, por ejemplo, lo que he descrito como el mandato de violación emanado de la cofradía masculina en el horizonte mental del violador común (Segato, 2003), que acaba siendo análogo al mandato de la pandilla o corporación armada que ordena reducir, subordinar, masacrar moralmente mediante la violación sexual de la mujer asociada a la facción antagonista o al niño que no se deja reclutar o que desobedece.

Es necesario recordar y reafirmar que estos no son crímenes de motivación sexual, como los medios y las autoridades siempre insisten en decir para privatizar y, de esa forma, banalizar este tipo de violencia ante el sentido común de la opinión pública, sino crímenes de guerra, de una guerra que debe ser urgentemente redefinida, analizada bajo una nueva luz y a partir de otros modelos, e incorporada con nuevas categorías jurídicas en el Derecho y, muy especialmente, en el Derecho Internacional, es decir, en el campo de los Derechos Humanos y de la Justicia Humanitaria. Una nueva generación de investigadores comienza a trazar las características de esta nueva modalidad de la guerra. Elementos que aparecen por ellos destacados son, precisamente, su informalización a medida que los conflictos dejan de serlo entre Estados nación. Para Herfried Münkler, después de un largo periodo de estatización, ha ocurrido un retorno a la privatización y comercialización de las guerras. Este autor, al igual que Azzellini, también subraya su carácter lucrativo, así como la utilización de mercenarios y de niños como recursos humanos, su transnacionalización y su «desmilitarización», o sea, su informalización (2003). En The New Wars (2005), Münkler habla de la transferencia del control de la guerra de ejércitos de Estados nación a bandas comerciales pertenecientes a señores de la guerra, y a la participación de Estados, paraestados y actores privados (ibídem: 3).

Con estas transformaciones, el antiguo límite claramente trazado entre la violencia permisible en las acciones de guerra y la violencia criminal se disuelve (2005: 40). En la paradigmática guerra de los nuevos tiempos que fue la de la antigua Yugoslavia, tanto en el lado serbio como en el bosnio, «el submundo de las grandes ciudades», sus matones y sus pandillas mafiosas, «ocupaban las posiciones clave en los grupos paramilitares»[20].

Pero lo que es más relevante para nuestro tema aquí es su coincidencia en la discontinuidad en el tratamiento de las mujeres y los niños en las nuevas formas de la guerra. Si las mujeres siempre fueron tratadas como «botín de guerra, el premio de la victoria, el objeto sexual de los soldados», «sin embargo, la forma extrema de generalización que presenta la violencia contra las mujeres como un fenómeno siempre idéntico, una constante antropológica, minimiza la extensión en que esto ha variado históricamente tanto en escala como en intensidad». «Evidentemente siempre hubo violencia contra las mujeres en las guerras clásicas entre Estados, pero desde el siglo XVIII, como mínimo, eso ha sido considerado como crimen de guerra por el cual la penalidad ha sido usualmente la pena de muerte», mientras que las guerras de las últimas dos décadas no demuestran ningún respeto por ningún tipo de instrumento o reglamento para la protección de mujeres y niños. El autor destaca aquí la eficacia de la violación como instrumento de limpieza étnica de bajo costo: una forma de eliminación sin el costo de las bombas ni la reacción de los Estados vecinos. Los tres pasos de la disolución de un pueblo sin genocidio consisten, para Münkler, en la ejecución pública de sus figuras prominentes, la destrucción de sus templos, construcciones sagradas y monumentos culturales, y la violación sistemática y el embarazo forzado de sus mujeres. Con esto, de forma eficaz y «económica» se sustituye la batalla de las guerras convencionales, por la masacre de las guerras contemporáneas. El autor también menciona la emasculación y humillación que retiran la asertividad de los vencidos por no poder proteger a «sus» mujeres, lo que torna evidente que se trata de un ataque dirigido al enemigo «por medio de la violencia infligida en el cuerpo de la mujer» y ya no, como antes, «golpeando los órganos de poder del Estado». Y por el hecho de que esa práctica se ha extendido hoy en sociedades en las que la violación raramente ocurría anteriormente, Münkler considera posible afirmar que se trata de una violencia calculada y premeditada que forma parte de una estrategia militar, y que es independiente de los patrones tradicionales de comportamiento. Es decir, no se trata de una «costumbre» que se abre camino en la escena bélica, sino de un comportamiento militar planificado. En consecuencia, una «sexualización extensiva de la violencia es observable en prácticamente todas las nuevas guerras».

También otra especialista en la nueva forma de la guerra, Mary Kaldor, a partir de su análisis de lo ocurrido en Serbia, arriba a esta misma conclusión de la inauguración de una guerra privatizada, a manos de fuerzas paramilitares, que se vale de la desmoralización de las élites, la profanación de las mezquitas y lugares sagrados y la violación masiva de las mujeres como un método militar de máxima eficiencia. Con relación a las violaciones masivas, la autora entiende que, aunque han ocurrido en otras guerras, por el carácter sistemático que hoy asumen en centros de detención y en espacios determinados, actualmente tienen un nuevo carácter como «estrategia deliberada» de guerra (Kaldor, 2012).

A partir de un marco analítico en el que destaca la globalización de la economía, las políticas de la identidad y el cosmopolitismo como dimensiones relevantes para la transformación de la guerra, es muy interesante la forma en que esta autora traza un paralelo entre tres patrones de violencia destinados a alcanzar el control territorial no por adhesión de la población sino por su desplazamiento por medio del uso de técnicas de contrainsurgencia que crean un ambiente de miedo e inseguridad permanente desfavorable para su permanencia en los territorios que ocupaban. Estos medios son la ejecución de atrocidades de una forma tal que se tornan de público conocimiento; la profanación y destrucción de todo lo que sea socialmente significativo, de los hitos de la historia y de la cultura, por medio de la remoción de sus huellas físicas, y de las edificaciones religiosas y de los monumentos históricos que permitan la reclamación territorial de un área particular; y, en tercer lugar, la deshonra por medio de la violación sistemática y el abuso. La autora concluye entonces apuntando a una diferencia clave entre las guerras del presente y las guerras convencionales del pasado:

Esencialmente, todo lo que se consideraba un efecto colateral no deseable e ilegítimo de la antigua guerra se transformó en el modo central de luchar en las nuevas guerras […] Estas guerras son racionales en el sentido de que aplican pensamiento racional a los fines de la guerra y rechazan los límites normativos. (Kaldor, 2012).

En diversos países de América Latina, varios equipos de investigación recientemente constituidos estudian hoy los crímenes sexuales ocurridos en los conflictos internos de los países y crean categorías forenses (Fernández, 2009; Otero Bahamón, Quintero Márquez y Bolívar, 2009) y jurídicas para aprehender, investigar y procesar ese tipo específico de violencia como crímenes de guerra (entre otros Theidon, 2004; Uprimny Yepes, Guzmán Rodríguez y Mantilla Falcón, 2008; Sondereguer, 2012). Un caso sobre el que existe abundante literatura que, inclusive, coloca su foco en el análisis de la violencia sistemática contra las mujeres indígenas como componente central del «conflicto interno» es el de Guatemala. Allí, fuerzas militares actuando paraestatalmente atacaron a las mujeres de los diversos pueblos mayas que forman la mayoría indígena de ese país, las sometieron a actos de extrema crueldad y a violaciones sistemáticas que se tornaron públicas y resultaron en la estigmatización y el ostracismo de esas mujeres, como forma de disolver el tejido social, sembrar la desconfianza y romper la solidaridad comunitaria.

En su interesante estudio del caso guatemalteco, Lily Muñoz (2013) hace referencia precisamente a una reveladora orientación encontrada en el Manual del Centro de Estudios Militares que comprueba lo que los autores citados más arriba afirman al respecto del carácter deliberado y calculado de la violencia sexualizada. Esa orientación contradice la regla humanitaria según la cual la violencia sexual en las guerras se encuentra proscripta y es condenable pues señala: «Las tropas empleadas contra fuerzas subversivas están sujetas a presiones morales y psicológicas diferentes de aquellas que normalmente se encuentran en operaciones de guerra convencional. Esto resulta particularmente cierto debido a la arraigada renuencia del soldado para tomar medidas represivas contra mujeres, niños y ancianos» y concluye enfatizando la necesidad de entrenar a los soldados para que ejecuten esa forma de violencia contra sujetos que no son agentes bélicos, enemigos armados, sino civiles y frágiles: «El soldado normalmente tiene gran aversión por las operaciones de tipo policial y por las medidas represivas contra mujeres, niños y enfermos de la población civil, a menos que esté extremamente bien adoctrinado en la necesidad de estas operaciones»[21].

Cambio del paradigma territorial

Una segunda dimensión contextual que se combina con los cambios de la modalidad de la guerra y vulnera el cuerpo de las mujeres es la transformación del paradigma territorial o territorialidad. En su historia de las formas de gobierno, Foucault presenta una periodización de las relaciones entre gobierno y territorio que aquí nos interesa. Según Foucault, en la época feudal y la modernidad temprana la forma de gobierno fue el gobierno del territorio o «dominio» de un señor feudal o rey, que incluía todas las cosas y personas contenidas en ese espacio delimitado. Solo después, a partir del siglo XVIII, el gobierno se transformó en gobierno de la población, es decir, de la administración del grupo humano asentado en el territorio. Esa mutación significó un cambio muy profundo en la concepción de la propiedad y la posesión que, ciertamente, debido a la contigüidad cognitiva entre cuerpo de mujer y territorio, resultó en una transformación profunda en las concepciones de género y sexualidad. Lo mismo ocurrió en la fase siguiente.

Las técnicas disciplinarias y la exhibición ejemplar del castigo, situadas por Foucault en los siglos XVIII y XIX, dieron paso a la sociedad de control en el siglo XX[22]. El ejercicio del poder pastoral fue un elemento crucial en esta transformación. Esta técnica, originaria del mundo judeocristiano de los tiempos bíblicos, es para Foucault la más eficiente de las tecnologías de poder, «una forma de poder simultáneamente individualizante y totalizadora» (Foucault, 1983: 213-234). La progresión de las modalidades de gobierno todavía continúa hasta un estadio final del control de la sociedad: el del poder como biopoder, ejercido a través de la biopolítica, con su correspondiente tipo de gobierno, esto es, el gobierno de las personas como seres biológicos por medio de la gestión de sus cuerpos. Políticas que, en esta fase, son referidas a cuerpos (Foucault, 1997, 2004a y 2004b).

He defendido anteriormente que, en lo que respecta al gobierno y sus objetos de gestión, estamos hoy frente a la lenta emergencia de un tercer momento, en el que los Estados compiten con agencias no estatales, ambos ejerciendo su control sobre la población por medio de la técnica pastoral, es decir, como rebaño. En esta nueva etapa, el trazo distintivo de la población gobernada es su carácter extensible y fluido en forma de red y ya no su fijación en una jurisdicción administrada por un Estado (Segato, 2007a y b, y 2008).

El anclaje anterior de las poblaciones gobernadas dentro de un territorio fijo y nacionalmente delimitado va siendo transformado porque el foco del control se viene dislocando progresivamente hacia un rebaño humano móvil que corta a través de las fronteras nacionales. Por el efecto del paradigma del biopoder, la red de los cuerpos pasa a ser el territorio, y la territorialidad pasa a ser una territorialidad de rebaño en expansión. El territorio, en otras palabras, está dado por los cuerpos. Como nunca antes, por esta soltura de las redes con relación a la jurisdicción territorial estatal-nacional, con sus rituales, códigos e insignias, la jurisdicción es el propio cuerpo, sobre el cuerpo y en el cuerpo, que debe ahora ser el bastidor en que se exhiben las marcas de la pertenencia.

Este último estadio introduce, por lo tanto, una mutación en la territorialidad misma, si entendemos territorialidad como una concepción particular, históricamente definida, del territorio. Los sujetos y sus «territorios» son coproducidos por cada época y por el discurso de cada forma de gobierno. Por lo tanto, los elementos constitutivos de una experiencia territorial no son fijos sino históricamente definidos. También se puede decir que esta forma contemporánea de territorialidad en red es un dispositivo a través del cual los sujetos son atraídos a la pertenencia, reclutados y marcados.

La modernidad avanzada y la forma de vida colonizada por la economía de mercado tienden a liberar a los sujetos de un territorio vinculado al Estado y a producir poblaciones y territorialidades organizadas en red que atraviesan e interactúan con la jurisdicción estatal, pero que no coinciden completamente con ella. Como dije, agencias estatales y no estatales de gestión coexisten. Algunas agencias no estatales se encuentran totalmente fuera de la legalidad, otras mantienen solamente una tensión con la institucionalidad de tipo estatal, siempre contorneando y resolviendo su diferencia de proyectos e intereses. Las redes, por su lado, producen sus propios paisajes.

Para controlar el rebaño, las ahora agencias administradoras de redes deben intensificar tanto como sea posible su capacidad de control pastoral y sus biopolíticas, así como sus estrategias de marcación de los cuerpos para que exhiban su afiliación. El gobierno, por lo tanto, se ha separado del Estado, y gobiernos —en el sentido de administraciones— estatales comparten el espacio, coexisten y compiten, como he dicho, con gobiernos —agencias de gestión— no estatales, sean estas empresarial-corporativas, político-identitarias, religiosas, bélico-mafiosas, etc. Esto, en asociación con el biopoder, que coloca en los cuerpos el foco de la gestión, y la técnica pastoral, que conduce y produce rebaños por la producción y control de subjetividades, resulta en un nuevo paradigma de territorialidad, es decir, de la concepción y definición de lo que es territorio. A su vez, esto tiene un fuerte impacto en la posición y el papel del cuerpo de las mujeres, por ser este, ancestralmente, cognitivamente afín a la idea de territorio.

En el estadio anterior de la sociedad de control, el Estado implementaba técnicas pastorales y biopolíticas para producir sujetos dóciles. En la presente transición, las organizaciones gestoras propias de las redes poblacionales tienen a su cargo políticas de subjetivación. El aparato de Estado y su territorio es intersectado por estas nuevas realidades jurisdiccionales —como dije, empresarial-corporativas, político-identitarias, religiosas, bélico-mafiosas— que secuestran para sí una influencia importante en la toma de decisiones y en el acceso a recursos.

Estas redes están internamente diversificadas y estratificadas, cortan el territorio preexistente y son gobernadas por sus propias nomenklaturas; debido a que los rebaños se desprenden de los territorios nacionales y de los paisajes fijos que previamente les servían como referencia y los aglutinaban, la subordinación y la cohesión entre sus miembros debe ahora expresarse exclusivamente por una imagen exterior unificada, es decir, la unidad debe ser espectacularizada y depende de claves performáticas. Se necesitan signos claros de pertenencia y de exclusión de lo no perteneciente. Lealtades a la red rediseñan el territorio como entidades protopolíticas y sus caudillajes se comportan como liderazgos paraestatales, coexistiendo con Estados nación en el control de las poblaciones. El tipo de lealtad que Habermas llamó «patriotismo de la Constitución» (1994: 135) es reemplazado por un «patriotismo de las reglas de red», y los nuevos territorios se expanden constantemente en un proceso que se podría describir como una «anexión blanda». La red, a diferencia del Estado, no tiene una tradición bélica, en el sentido tradicional, pero se constituye conflictivamente. Su conformación y la definición de sus límites no tienen origen bélico, como en la historia de los Estados nación, pero su conflictividad es difusa, sin principio ni fin, una forma de existencia. Las redes pertenecen al ambiente formateado por el englobante paradigma de la política de la identidad (Segato, 2007c) y proveen patrias territoriales sustitutas para la gente común. Como, por un lado, los territorios pasaron a ser carriles extensibles de identidad común e intereses compartidos dentro de cada red corporativa y, por otro, se debilitó el papel de los paisajes fijos como referencias para la identidad, la exhibición ritualizada de fórmulas expresivas de lealtad en red pasan a ser cruciales. En este nuevo ambiente, las personas son las depositarias y portadoras del territorio y la cadena de personas pertenecientes a una red es una población. En otras palabras: el grupo de personas que copertenece a una red particular constituye, en sí mismo, el territorio y la población de esa red. Por eso podemos decir que los cuerpos mismos son el paisaje y la referencia, como portadores de los signos que componen la heráldica que simboliza la propia existencia de la red, de este territorio en rebaño, siempre en expansión y consolidación.

El cuerpo y muy especialmente el cuerpo de las mujeres, por su afinidad arcaica con la dimensión territorial, es, aquí, el bastidor o tableta sobre el cual los signos de adhesión son inscritos. Codificados atributos de pertenencia son burilados o anexados al mismo. Y en él, en especial en el cuerpo femenino y feminizado, los enemigos de la red graban con saña las señales de su antagonismo.

Si el énfasis es colocado en los signos exteriores de afiliación, únicos que expresan la unidad del grupo, necesariamente el disenso interior y la deliberación deben ser restringidos y reprimidos, presionando el paradigma territorial a afirmarse en la exhibición corporal de los signos diacríticos de una lealtad cohesionada —los tatuajes conspicuos de los miembros de las maras centroamericanas son un perfecto ejemplo de esta espectacularización de la pertenencia—. Estas colectividades así marcadas no coliden porque son civilizatoriamente diferentes, como afirma la tesis huntingtoniana; al contrario, espectacularizan sus diferencias, las exacerban, porque compiten por recursos. Pertenecen al mismo paradigma territorial y político, y es mucho más lo que las une y las hace parte de un mismo mundo que lo que las divide. Sus signos espectaculares de cohesión y de antagonismo son solamente el escaparate, la inscripción pública de su existencia, así como de su cohesión corporativa. Su papel es expresar, más allá de cualquier duda, la unidad y lealtad interna del grupo y la capacidad de su clase dirigente, de sus élites, para controlarlo. La pertenencia tiene que ser externalizada, dramatizada. Cuando el dominio o jurisdicción no es un determinado feudo o nación, sino una congregación fluida, los signos expresivos de adhesión y de antagonismo ganan importancia. La eficiencia performativa de una identidad ritualizada, una identidad como política, tiene relevancia crucial. El cuerpo obediente se torna, ahora, una función de un territorio cuya unidad no puede ser enunciada de otra forma. El tema central, dentro de la lógica de la política de la identidad, es menos una cuestión de persuasión que de representación.

El cuerpo inscrito como territorio y su afinidad con el biopoder es la forma última de control y completa la comprensión de la nueva territorialidad y sus demandas por lealtad y antagonismo ostensivos. Podría decirse que esta territorialidad es paraétnica. Esta nueva territorialidad no es otra cosa que el hidden script [guion oculto] y la precondición de las guerras no convencionales, las nuevas formas de la guerra: el poder actúa en este estadio directamente sobre el cuerpo y es por eso que, desde esta perspectiva, es posible decir que los cuerpos y su ambiente espacial inmediato constituyen tanto el campo de batalla de los poderes en conflicto como el bastidor donde se cuelgan y exhiben las señas de su anexión.

Como he dicho, el cuerpo femenino o feminizado se adapta de forma más efectiva a esta función enunciativa porque es y siempre ha estado imbuido de significado territorial. El destino de los cuerpos femeninos, violados e inseminados en las guerras de todas las edades dan testimonio de esto (Segato, 2003, 2006). Pero lo que la nueva territorialidad introduce es una vuelta de tuerca en esa afinidad, ya que el cuerpo se independiza de esa contigüidad y pertenencia a un país conquistado, y pasa a constituir, en sí mismo, terreno-territorio de la propia acción bélica.

Cambio correlativo en la cultura política o faccionalización de la política

En sintonía con el cambio del paradigma territorial, se constata un cambio en el campo propiamente político, es decir, en el campo de la conflictividad de intereses y de la expresión de los antagonismos. En este nuevo contexto, la espectacularización de aspectos visibles de la diferencia —étnica, religiosa, racial, etaria, etc.— entre los antagonistas es más importante que los contenidos de la misma, por su propia instrumentalidad en la producción y reproducción de los conflictos que, en nuestro tiempo, se han constituido en un fin en sí mismo por su carácter lucrativo para la industria bélica y para las compañías militares privadas (Azzellini, 2005 y 2007; Münkler, 2005). En este nuevo trazado territorial, el valor reside en la pertenencia, en la afiliación, en la identidad política, en existir como rebaño, y los nuevos mecanismos corporativos en la economía y en la política benefician a quien accede a posicionarse y a marcarse comportamentalmente como miembro de la red.

Es necesario aquí advertir acerca de la diferencia diametral que opone mis apreciaciones a la célebre y archipromovida tesis huntingtoniana, que es, como esta, una tesis sobre la guerra. En ella, Huntington afirma que los pueblos se alinean en bloques antagónicos porque son diferentes, formulando una perspectiva que puede ser descrita como «determinismo étnico», que lo lleva a vaticinar un futuro de conflagraciones bélicas cuya causalidad radica en las diferencias de cosmovisiones, sistema de creencias, valores y proyectos de sociedad de pueblos que conviven hoy más estrechamente que en el pasado. La diferencia civilizatoria es, para Huntington, el factor determinante de los antagonismos. Mi tesis (en Segato, 2007a y b, y 2008) es exactamente contraria, ya que afirmo que lo que se da, en el momento presente, es un lenguaje político-identitario en el que las posiciones con intereses en disputa —que describo como eminentemente territoriales, en el sentido descrito más arriba— se expresan por medio de marcas culturales exacerbadas e instrumentalizadas para este fin.

El antagonismo se vale de un lenguaje étnico o religioso para simbolizarse y politizarse, la pauta de la política de la identidad domina, pero achata y vacía la densidad y profundidad de los contenidos de las diferencias civilizatorias, étnicas, ideológicas, doctrinales y teológicas sustantivas (Segato, 2007c). Hay una formateo étnico o religioso, siempre eminentemente identitario de la red de afiliación política, pero la disputa por el dominio territorial y la globalización del capital y del mercado unifican todas las disputas. Por eso, las personas son obligadas y presionadas a alinearse en torno a los signos que demarcan estas jurisdicciones, a riesgo de que, de no hacerlo, no puedan ni expresar sus intereses ni encontrar medios para alcanzarlos.

El formateo de las identidades, como soporte de la política, tiene que ver también con lo territorial, lo que he descrito como el carácter territorial de la política hoy. La cultura política de las identidades es también territorial y hasta la política partidaria es hoy una cuestión de identidad y, por lo tanto, de territorio. La expansión de las identidades en red, las formas de anexión de miembros a redes identitarias o, en otras palabras, a redes como territorios, es hoy el tema y el proyecto de la política. Así como la religión hoy se prende al control fundamentalista de los cuerpos (y aquí coloco en el mismo plano el velo obligatorio en el islam y la obsesión antiabortista entre los cristianos) por razones que son de soberanía jurisdiccional, de control del rebaño y de exhibición de ese control, y no de orden teológico, moral o doctrinal, de la misma forma, las razones de la política han perdido su foco en la dimensión ideológica y son hoy del orden de la cohesión y de las alianzas y, en ese sentido hasta la política partidaria es hoy «política de identidad» y su proyecto puede ser también comprendido como territorial, entendiendo la red de sus miembros como su territorio.

El único valor buscado es el poder y esta estrategia que prioriza la cohesión de las alianzas y su clara simbolización por encima de todas las dimensiones de la diferencia tiene como clave oculta la relación competitiva por el poder y un pacto vigente entre las facciones o partidos en conflicto con relación a las pautas que orientan su accionar para obtener porciones de poder, en el sentido de control jurisdiccional sobre recursos y personas. Poder este que tiene en el control de los cuerpos el soporte donde puede simbolizarse y ejercer su pedagogía.

Cuando hablo de una clave oculta y de un pacto o acuerdo estratégico entre las facciones que compiten por poder, indico que todas ellas reconocen una reconfiguración del campo político en territorios marcados por la presencia de redes que se distribuyen entre sí recursos humanos, materiales y simbólicos específicos. Estos territorios tienen la característica de no ser democráticos ni socialmente homogéneos internamente, sino fuertemente estratificados, donde una cúpula o nomenklatura político-gerencial, doctrinario-religiosa o empresarial encuentra la forma de atesorar grandes recursos financieros que le permiten el monopolio del poder decisorio y un cerrado control, vigilancia y capacidad de expurgo sobre la totalidad de sus miembros. Esto es así porque solamente se puede acceder a esta lengua franca de la gestión política si se genera internamente una estratificación tal que la disputa entre redes es una disputa entre sus nomenklaturas y la red es la masa de maniobra de esa cúpula para su proyecto de expansión del dominio territorial. No estoy afirmando que este tipo de estrategia no haya existido anteriormente. Lo que afirmo es que este paradigma de bajo perfil doctrinario y preponderancia del «proyecto de poder» sobre el «proyecto político-ideológico» se ha transformado en la gramática general que compatibiliza las acciones de las facciones políticas. Por razones que examinaré enseguida, las nuevas formas de la guerra responden también a esta misma lengua franca faccional, y se articulan perfectamente con este nuevo paradigma de la política.

Mafialización de la política y captura del campo criminal por el Estado

Nótese que no hablo aquí de la mafialización del Estado, como sería esperable, sino, a la inversa, de la captura del campo criminal por el Estado, la institucionalización de la criminalidad. Esa es mi lectura actual del fenómeno de las adherencias y vasos comunicantes entre Estado y submundo criminal. Mi apuesta: estamos en la fase final de los robinhoods como Escobar o Escadinha, no quedan ya resquicios románticos en el campo criminal; el crimen institucional hoy es al crimen de ayer como la soja y las plantaciones de eucaliptos y pinos son al antiguo espíritu del monocultivo clásico del tabaco, trigo o lino.

Me he referido hasta aquí a los cambios contextuales que configuran una esfera político-bélica en el mundo, con sus juegos de alianzas, antagonismos, facciones, sobre un cada vez más homogéneo telón de fondo resultante de la expansión del mercado global y del predominio del capital financiero. Ahora colocaré mi foco en el universo mafioso de la escena bélica difusa que se transnacionaliza, particularmente pero no exclusivamente, en América Latina.

La violencia urbana, especialmente en las ciudades latinoamericanas, diseña escenarios bélicos difusos y en franca expansión, vinculados estrechamente a la informalización de la economía y al aumento vertiginoso del capital no declarado. Su contraparte es la exacerbación de la naturaleza dual del Estado, que podríamos describir también como paraestatalización del Estado, liminalidad de la operatividad estatal o cinismo de la excepcionalidad.

Para trazar la relación entre la economía y la guerra informal de modalidad mafiosa, por tratarse de un universo no plenamente observable y al que accedemos por indicios dispersos, eventos de violencia que se presentan fragmentados y de baja inteligibilidad, tenemos que valernos necesariamente de un modelo, es decir, de una apuesta en la existencia de una estructura de relaciones capaz de explicar los sucesos que en los medios son clasificados como «policiales» y en la gestión pública como «seguridad». Ante la evidencia de que el crimen organizado es hoy un continente en expansión y no parece haber medida pública capaz de contenerlo, nos vemos obligados a trascender esas casillas que confinan sus episodios en los márgenes del universo social y pensar de otra manera, hacer apuestas respecto a relaciones, conexiones, entre dimensiones de la vida social que van mucho más allá de los márgenes de la sociedad, de la categoría «policial» y del tema de la «seguridad pública».

El modelo que propongo parte de considerar que una interminable serie de negocios ilícitos producen sumas masivas de capital no declarado. Estos negocios son de muchos tipos: contrabandos diversos como el narcotráfico y las armas; el tráfico consentido y la trata engañosa de adultos y de niños; el tráfico de órganos; y el tráfico de una cantidad inmensa de bienes de consumo legal que ingresan desde el exterior, incluyendo bebidas alcohólicas, drogas lícitas y partes de aparatos electrónicos, entre muchos otros productos que pasan a venderse en el comercio legal. También por el contrabando hacia el exterior de minerales estratégicos, piedras preciosas, maderas y hasta animales exóticos. Aquí también suma mucho dinero la explotación de la prostitución en reductos francamente concentracionarios, donde se somete especialmente, pero no exclusivamente, a las mujeres al trabajo sexual esclavo. Otras fuentes de ese gran lago de capital sumergido, subterráneo, no declarado, son las casas de juego, los casinos, públicos o clandestinos, en los que es muy difícil medir los dineros que por allí circulan. También el pago de varias formas de protección mafiosa, como, por otra parte, de servicios de seguridad privada, cuyas contabilidades son siempre ambiguas pues es común contratar, para los mismos, «en negro», el trabajo de policías en sus horarios fuera de servicio.

El valor extraído no remunerado del cada vez más numeroso contingente de personas que realizan trabajo esclavo y servil, no pagado en la forma de salario declarado, así como en la diferencia entre los valores de pagos declarados y no declarados; las varias magnitudes de la coima, así como los dineros que circulan en el tráfico de influencia y la compra de voluntades políticas; la corrupción que circunda todas las grandes obras, los emprendimientos intermediados por las megacorporaciones contratistas, con conexiones transnacionales; la evasión de impuestos en los grandes negocios, los impuestos de los sectores ricos de la sociedad (no de las híper y estúpidamente vigiladas clases medias que viven de sus sueldos)… la lista podría seguir. Nos convencemos, entonces, de que se trata de una segunda economía de porte y caudal extravagantemente inmenso.

En el subtítulo «La conexión perversa: La economía del crimen global» de «Fin de milenio», último volumen de su trilogía sobre La era de la información, Manuel Castells (1999) hace una reseña estimativa de este monto de capital de origen criminal, y dice, por ejemplo, que la Conferencia de la ONU de 1994 sobre Crimen Global Organizado estimó que solo el narcotráfico ya rendía cifras anuales mayores que las transacciones globales de petróleo. Eso nos da una idea de la importancia de esa segunda economía, de la que podemos suponer que duplica, especularmente, o sobrepasa la primera economía, que circula a cielo abierto. La informalidad de la economía hoy es un continente inmenso, en el que participan banqueros, grandes empresarios y actores pertenecientes a las «buenas familias». No podría ser de otra forma, dada la enorme masa de caudales que allí se administra. Desafortunadamente, lo que vemos en los noticieros es la soldadesca oriunda de las ranchadas pobres y no blancas, la leva reclutada por la persuasión, por la necesidad de los desposeídos o por la fuerza, para ser carne de cañón en la primera línea de fuego a la que son mandados los peones, los soldados rasos, de esa organización gigantesca que atraviesa todos los estratos y niveles económicos de la sociedad. Si consideramos que el papel del Estado, con sus leyes y normativas de diversos niveles, es proteger, en primer lugar, la propiedad, inclusive por encima de la protección de la vida, es decir, si recordamos que el valor jurídico por excelencia en un mundo en que el pacto central de los Estados es su pacto con el capital y que el Estado cumple este papel mediante el monopolio de lo que se concibe como «violencia legítima», es decir, aquella violencia ejercida por los agentes estatales que actúan en la seguridad pública, diremos, entonces, que el Estado dedica una proporción considerable de sus fuerzas y de la violencia legítima de que dispone a proteger la propiedad.

Será por tanto inevitable la pregunta: ¿y qué fuerzas y qué tipo de violencia protegen la cuantiosa y enormemente variada propiedad en el nivel subterráneo de la segunda economía? Llegamos, a través de esa pregunta, a postular la existencia de dos realidades: una Primera Realidad, constituida por todo aquello regido por la esfera del Estado, todo aquello declarado al Estado, visible en las cuentas de la nación y en las páginas de Internet de la «Transparencia en gestión pública», las propiedades inmuebles residenciales, comerciales e industriales compradas o heredadas; los impuestos recaudados; los sueldos públicos y privados, los pagos «en blanco»; todo lo producido y comercializado; las empresas, sociedades de lucro y ONG registradas, etc. Para su protección, ese universo cuenta con las fuerzas policiales y militares, instituciones y políticas de seguridad pública, sistema judiciario y carcelario que protegen ese caudal legítimo, legal.

Por otro lado, en el subsuelo de ese mundo de supuestas transparencias, se encuentra lo que en mi ensayo sobre Ciudad Juárez (2006) llamé Segundo Estado, y que hoy prefiero llamar Segunda Realidad, pues es una realidad especular con relación a la primera: con monto de capital y caudal de circulante probablemente idéntico, y con fuerzas de seguridad propias, es decir, corporaciones armadas ocupadas en proteger para sus «dueños» la propiedad sobre la riqueza incalculable que en ese universo se produce y administra.

No podemos entender la violencia como nos la presentan los medios, es decir, como dispersa, esporádica y anómala. Tenemos que percibir la sistematicidad de esta gigantesca estructura que vincula elementos aparentemente muy distantes de la sociedad y atrapa a la propia democracia representativa. Y, si pensamos un poco más, concluiremos que necesariamente esa estructura tiene una extensión global y una importancia política, es decir, que interfiere en la política e influencia los gobiernos, como también es interferida por estos, tanto en las cabeceras nacionales como en los centros imperiales. En el ámbito nacional, porque su impacto es determinante en los pleitos electorales y sus vencedores quedan cautivos de los pactos que celebraron para elegirse. Y en el ámbito global porque, por un lado, prestigiosos bancos del Norte lavan el dinero que produce y acumula la segunda economía y no es posible investigarlos y procesarlos con todo el rigor de la ley, allá, en el mismo Norte, ya que, como afirmó en 2013 el propio fiscal general de Estados Unidos, Eric Holder, los actos de corrupción y fraude cometidos por los ejecutivos de los bancos norteamericanos no pueden ser judicializados debido al tamaño de esas instituciones y su incidencia en las economías nacional (de Estados Unidos) y global[23]. Estamos aquí frente a la duplicación del Estado y la llana aceptación de la intocabilidad y funcionalidad de la Segunda Realidad. Es esta otra muestra de la interconexión entre los caudales que fluyen subterráneamente y los que fluyen en la superficie.

De esta forma, el crimen y la acumulación de capital por medios ilegales dejó de ser excepcional para transformarse en estructural y estructurante de la política y de la economía.

Por otro lado, los siempre atentos estrategas del Norte ven también, en esta partición del control estatal, una nueva oportunidad para controlar los destinos de las naciones, y ciertamente se hacen presentes aquí, con agentes al servicio de intereses imperiales interviniendo en ambos lados de la realidad, es decir, tanto en los negocios sombríos y subterráneos como en las políticas represivas.

La abertura y vulnerabilidad de los negocios subterráneos a la injerencia de los servicios imperiales y su expertise es de mano doble: por debajo, a través de los acuerdos del mundo subterráneo, sus tráficos de capital y mercaderías ilícitas, bienes e influencias, como muestra la omisión declarada del fiscal general de Estados Unidos frente al hecho de que sus bancos lavan el dinero de los negocios sucios en América Latina; y, por arriba, en los servicios de asesoría para la represión. Es vinculando estas dos evidencias que acabo de mencionar, la de la complicidad de los bancos del Norte con el lavado del dinero que arrojan los negocios mafiosos en el Sur, por un lado, y la de la oferta de instrucción para la represión de las pandillas por parte de expertos militares norteamericanos, que podemos afirmar que las formas nuevas de la conflictividad son puertas de acceso para el control de asuntos de fuero nacional en ambos universos o «realidades», la Primera y la Segunda Realidad, como las vengo llamando aquí. Es, por lo tanto, indispensable pensar a lo grande y conectar el nicho «policial», el «crimen» y los temas de la «seguridad pública», con el Estado y la política. No hay que conformarse con el menudeo de los epifenómenos ofrecido por los medios.

Una de las consecuencias de la existencia de una Segunda Realidad, con su capital propio, sus «dueños» y sus negocios es la expansión de un campo bélico de características nuevas, difuso, de difícil aprehensión, que está afectando progresivamente la vida de las sociedades. Los métodos, las prácticas, son muy semejantes en los diversos países, se transnacionalizan, delatando la posible existencia de una agenda común, así como también de conexiones, migraciones de jefes que se desplazan con sus métodos, y de correos, que relatan e instruyen sobre las nuevas tácticas. En América Latina, desde Centroamérica hasta la Argentina, hay un proceso de mafialización de la política que resulta en guerras del paraestado mafioso y guerras de los Estados actuando siempre con un brazo paraestatal. Lo que está ocurriendo es una expansión vertiginosa de lo que podríamos llamar «esfera paraestatal», que siempre existe porque, en sus variedades, siempre está operativa, y que es inherente a la naturaleza del Estado, pero que ahora, nuevamente, amenaza con imponerse sobre la esfera estatal, ya no por el camino de un golpe militar, sino desde abajo y por una forma nueva de inflación de la dimensión paraestatal que ya habita dentro del Estado.

Por otro lado, quienes actúan hoy sumergidos en el paraestado mafioso son en muchos casos los mismos agentes de la represión de los tiempos dictatoriales, a veces inclusive como recursos humanos de las empresas de seguridad privada, como también son la mano de obra mercenaria de las compañías militares privadas que actúan en las guerras transnacionales de hoy, tal y como ha señalado Azzellini.

La dualidad del Estado fue teorizada por Ernst Fraenkel en la Alemania nazi (1941); el autor cita a Toennies diciendo que la principal característica de todo Estado moderno es su naturaleza dual. La co-etaneidad de la regla y la excepción, como afirma Giorgio Agamben en su relectura de Schmitt, Benjamin y Kafka (2004), y también Eugenio Raúl Zaffaroni en su relectura de Gunther Jacobs (2006), es propia de todo Estado en toda y cualquier época, de paz o de guerra, de democracia y, claro, de autoritarismo. Esa estructura dual se debe a que ningún gobierno puede actuar solo estatalmente, normativamente, y debe echar mano de agencias y acciones que Frankel describe como «prerrogativas» o discrecionales junto a agencias y acciones «normativas».

Si bien en Estados autoritarios esa duplicación es más visible, en tiempos democráticos se encuentra igualmente operativa. Es imposible controlar o disciplinar una sociedad nacional, con toda su pluralidad de intereses y de grupos, solo con las leyes constitucionales. El llamado «gatillo fácil», por ejemplo, es la consecuencia de que el policía en la calle tiene poder de juez. El agente estatal policial tiene poder discrecional para juzgar y evaluar si una situación ofrece peligro y, como consecuencia de su arbitrio, dar muerte a un ciudadano sin por esto tener que responder ante la ley. Esa «soberanía» en términos agambenianos, es decir, ese arbitrio o discrecionalidad que caracteriza el papel policial frente a la población representa un vacío de legalidad que es, sin embargo, legal, y constituye un hiato natural, inextricable e inseparable de la ley.

Tal duplicidad de competencia propia del papel policial en la calle no es en sí otra cosa que la personificación de la estructura dual del Estado en la figura del policía, que ejecuta —en ejecuciones sumarias llamadas «extrajudiciales», prácticas «normales» en todo y cualquier país— sin que esta acción represente una ilegalidad sino una de las formas naturales de la duplicación del accionar estatal a través de sus agentes. Dualidad aquí entendida como su duplicación en un permanente accionar estatal y paraestatal. La aquí descrita es una, entre muchas, de las formas en que el Estado es legalmente dual y actúa paraestatalmente sin traicionar su normativa. Existen varias formas de duplicación, y todo un territorio liminal entre lo legal y lo criminal, un verdadero limbo que demuestra la naturaleza ficcional del Estado de derecho.

Si la Primera Realidad a la que me he referido ya contiene, en su accionar, ese tipo de desdoblamiento, de duplicación, la Segunda Realidad es toda ella operada por un Segundo Estado, marcado por la acción de corporaciones armadas propias, sicariatos organizados y conducidos por cabezas que actúan a nivel local, barrial, y otras más distantes, a gran distancia social por la cantidad de capital que circula, y a distancias geográficas que no podemos verificar pero que podemos suponer por la recurrencia de ciertas tácticas, por la sistematicidad de su forma de operar en localidades distantes e inclusive cruzando fronteras nacionales y continentales.

Como expliqué, el accionar de esas corporaciones armadas tiene por finalidad ocuparse del mercadeo ilegal y de la protección de la propiedad y del flujo de los capitales sumergidos, así como de la intocabilidad de este ambiente. Es, por esto, un Segundo Estado, con su economía, con sus leyes, fuerzas de seguridad y organización propia. El efecto, para toda la sociedad, de la existencia subterránea de esos elementos es la expansión, muy actual, de un escenario bélico caracterizado por la informalidad, tipo de guerras no convencionales, en las que las facciones en conflicto por la apropiación territorial de espacios barriales y personas, en general jóvenes reclutas que se agregan a sus fuerzas, no usan uniformes ni insignias y expresan su poder jurisdiccional con la ejemplaridad cruel a la que hice referencia antes. Por otra parte, no hay un lenguaje jurídico para hablar de estas nuevas formas de la guerra. No están legisladas en ningún lugar. La Convención contra la Tortura, por ejemplo, habla de la tortura a mano de agentes del Estado, pero allí practican la tortura los agentes de otro Estado, los miembros de otro tipo de corporaciones armadas. La Segunda Realidad es un campo incierto, un pantano inexplorado.

La situación de la propia democracia liberal representativa —la «democracia real» o «democracia realmente existente»— se ve necesariamente afectada en este complejo escenario. No es despreciable la reciente declaración pública de un importante alto jefe policial, jefe del Combate al Crimen Organizado de la Policía Federal brasileña, en la que afirma que no existe político, de partido alguno, que se elija sin contar con un fondo de campaña de origen ilícito[24]. Periodistas investigadores de diversos países y autoridades policiales, como la citada, ofrecen descripciones que apuntan a la conexión indeclinable entre políticos de todos los partidos y las mafias, con sus aportes indispensables a los fondos electorales de los procesos políticos sacramentados por el Estado. Lo anterior coloca un signo de interrogación permanente sobre la estructura misma de la democracia representativa de masas y el orden «democrático», que no pueden defenderse ni de su propia sombra paraestatal ni del capital en su doble flujo: su flujo en los circuitos de la Primera Realidad y su flujo en los circuitos de la Segunda Realidad, ambos interconectados por adherencias irrigadas capilarmente por vasos sanguíneos muy bien surtidos. Esta situación diseña una escena de inmensa inestabilidad y anomia estatal que, sin embargo, emana, como he dicho, de la propia estructura del Estado. Y esa anomia abre las puertas a una belicosidad que, como intento demostrar, se expresa de forma particular en la violencia ejercida sobre el cuerpo de las mujeres.

Tendemos a buscar, de forma casi automática y guiados por una racionalidad instrumental, los fines de la violencia de baja inteligibilidad de la que tenemos noticia, como es la violencia de género en las situaciones bélicas. Indagamos la dimensión instrumental de la violencia. Nos preguntamos «para qué», cuando deberíamos, como ya he argumentado anteriormente, rastrear en estos crímenes la dimensión expresiva.

Toda violencia tiene una dimensión instrumental y otra expresiva. En la violencia sexual, la expresiva es predominante. La violación, toda violación, no es una anomalía de un sujeto solitario, es un mensaje de poder y apropiación pronunciado en sociedad. La finalidad de esa crueldad no es instrumental. Esos cuerpos vulnerables en el nuevo escenario bélico no están siendo forzados para la entrega de un servicio, sino que hay una estrategia dirigida a algo mucho más central, una pedagogía de la crueldad en torno a la cual gravita todo el edificio del poder.

Enseñar la mirada exterior con relación a la naturaleza y a los cuerpos; producirse como seres externos a la vida, para desde esa exterioridad dominar, colonizar, expoliar y rapiñar es un elemento central en el entrenamiento militar que se ha exacerbado en las guerras del presente. El orden económico-militar, que actúa en un escenario informal y subterráneo, parece depender de procesos de «desensitización» extrema y sin límites, del desmonte deliberado y sistemático de toda empatía humana, y, en un universo escasamente normalizado como es el de la Segunda Realidad, de la exhibición de la crueldad como única garantía del control territorial.

Formas de castigo amedrentadoras aplicadas a los más jóvenes para atraparlos en una leva forzosa instalan el terror, con su truculencia, entre las gentes de las periferias pobres de las grandes urbes y muestran que hay un caldo de cultivo del cual emana una amenaza clara para toda la sociedad; son señales disimuladamente emitidas a voz en cuello para anunciar que un peligro se cierne sobre el orden y previsibilidad de la existencia. Un signo de interrogación planea ahora sobre los códigos y las convenciones que dan estabilidad a las relaciones entre las personas.

En otro lugar (Segato, 2013) me he referido a este proceso de «mafialización de la república» con la imagen de El huevo de la serpiente, título de la película sobre los orígenes del nazismo del gran director sueco Ingmar Bergman. Este tipo de crueldad expresiva, denotativa de la existencia de una soberanía paraestatal que controla vidas y negocios en un determinado territorio es particularmente eficaz cuando se aplica al cuerpo de las mujeres. Este «método» es característico de las nuevas formas de la guerra no convencional, inauguradas en nuestras dictaduras militares y guerras sucias contra la gente, en las guerras internas, en las guerras llamadas «étnicas», en la soldadesca asalariada de las empresas militares privadas, en el universo de los sicariatos que trabajan para las mafias, y en el actuar paraestatal de las fuerzas estatales de seguridad en tiempos de «democracia real».

Antes, en las guerras hoy consideradas convencionales, desde el mundo tribal hasta las guerras formales entre Estados del siglo XX, la mujer era capturada, como el territorio: apropiada, violada e inseminada como parte de los territorios conquistados, en afinidad semántica con esos territorios y sus cuerpos como territorio mismo. Era un efecto colateral de las guerras. En ella se plantaba una semilla tal como se planta en la tierra, en el marco de una apropiación. Pero la violación pública y la tortura de las mujeres hasta la muerte de las guerras contemporáneas es una acción de tipo distinto y con distinto significado. Es la destrucción del enemigo en el cuerpo de la mujer, y el cuerpo femenino o feminizado es, como he afirmado en innumerables ocasiones, el propio campo de batalla en el que se clavan las insignias de la victoria y se significa en él, se inscribe en él, la devastación física y moral del pueblo, tribu, comunidad, vecindario, localidad, familia, barriada o pandilla que ese cuerpo femenino, por un proceso de significación propio de un imaginario ancestral, encarna. No es ya su conquista apropiadora sino su destrucción física y moral lo que se ejecuta hoy, destrucción que se hace extensiva a sus figuras tutelares y que me parece mantener afinidades semánticas y expresar también una nueva relación de rapiña con la naturaleza, hasta dejar solo restos. Ese huevo de la serpiente que está siendo incubado, cuya existencia se revela en varios epifenómenos, es el proyecto histórico de un nuevo orden en el cual el mal es la regla.

Quiero advertir que, en mis análisis, no considero el gozo ni hablo del móvil del odio. No uso, por ejemplo, la expresión «crímenes de odio», porque es una explicación monocausal y porque alude al fuero íntimo, emocional, como causa única. Sugiero que el contingente agresor tiene interés en significar su pertenencia a una corporación armada, a una pandilla de sicarios, a una mara. Es un cálculo: para ser parte, será necesario ofrecer algunas demostraciones de capacidad letal y cruel sin quebrantarse. Por lo tanto, el miembro de la corporación armada paraestatal será entrenado para lograr el descenso de su umbral de fragilidad y el aumento de la capacidad de crueldad sin sufrir ni vulnerarse. Se prepara para entrar en un mundo en el cual el sufrimiento es el modo de vida. Quiero decir, por lo tanto, que ese soldado se sujeta a ese orden interesadamente, a partir de un cálculo de conveniencia. La crueldad es expresiva y se separa de lo instrumental; pero la opción por ella es instrumental. Es un cálculo con referencia a los beneficios codiciados que se derivan del pacto mafioso que, como he afirmado otras veces, obedece y replica el pacto masculino. Por esta razón, es importante dejar claro que los crímenes sexuales, especialmente los de guerra, son de soberanía jurisdiccional y de discrecionalidad soberana sobre un territorio, y no «de odio».

En este sentido, aunque la idea del «odio» del agresor a su víctima es fácil de aprehender y comprender, es necesario percibir sus limitaciones, precisamente derivadas de su simplicidad. La atribución de semejante complejidad en el accionar de las nuevas formas belicistas de la masculinidad al sentimiento de odio es, como afirmé, una explicación reduccionista y simplificadora por ser monocausal, en primer lugar, porque pretende dar cuenta de escenas de altísima complejidad, en las que se combinan dimensiones psicológicas y sociales —la estructura del patriarcado— con intereses empresariales y políticos, los negocios fuera de la ley y los pactos de la élite política; y, en segundo lugar, por tratarse de una explicación referida a emociones privadas, a los afectos de fuero íntimo como es «el odio», cuando en realidad estamos frente a un panorama guerrero configurado por intereses de órdenes que superan en mucho la esfera de la intimidad.

La explicación monocausal y de sentido común que atribuye al móvil del «odio» las agresiones letales de género, es decir, que define los feminicidios como «crímenes de odio», ha hecho un gran daño a nuestra capacidad de entender qué sucede en la variedad de crímenes de género. Causalidad, y peor aún, monocausalidad es una manera extremamente superficial de tratar cualquier acción humana.

Sobre la violación como método, insisto en que, en el nuevo contexto bélico, ella no es apropiación sino destrucción, es decir, la devastación física y moral de un organismo-pueblo. Es muy importante aquí hacer notar otra importante característica de este nuevo escenario de guerra: ese cuerpo en el que se ve encarnado el país enemigo, su territorio, el cuerpo femenino o feminizado, generalmente de mujeres o de niños y jóvenes varones, no es el cuerpo del soldado-sicario-mercenario, es decir, no es el sujeto activo de la corporación armada enemiga, no es el antagonista propiamente bélico, no es aquel contra quien se lucha, sino un tercero, una víctima sacrificial, un mensajero en el que se significa, se inscribe el mensaje de soberanía dirigido al antagonista.

Y esa victimización de quien no es el contrincante tiene una eficacia mayor como espectáculo de poder, en su exhibición de barbarie y ferocidad, en su mensaje de prerrogativa de arbitrariedad soberana, en otras palabras, como expresividad de una supremacía anómica. Y es por eso también que, desde una perspectiva analítica convencional, este tipo de violencia resulta poco inteligible, al mismo tiempo que aquellos a quienes el mensaje va dirigido lo interpretan de forma automática y sin mediaciones: saben que se trata del poder expresándose por detrás de la crueldad impune.

Si la violación a varones, por otro lado, es la feminización de sus cuerpos, su desplazamiento a la posición femenina, la violación de las mujeres es también su destitución y condena a la posición femenina, su clausura en esa posición como destino, el destino del cuerpo victimizado, reducido, sometido. La pedagogía de feminidad como sometimiento se reproduce allí. Cuando se viola tanto a una mujer como a un hombre, la intención es su feminización como marca definitiva e indeleble, y ese acto, a su vez, establece de forma inapelable la imposibilidad de escapar de la matriz heterosexual como fundamento y primera lección de todas las otras formas de relación de dominación (Segato, 2003).

En la lengua franca del género se habla allí, en ese acto de guerra, directamente, de la captura jerárquica de la humanidad en la matriz binaria de opresores y oprimidos, dominadores y dominados. En ese universo bélico de baja codificación, el último nomos que parece imperar, en medio de un vacío normativo, es el nomos del poder, expresado en el lenguaje primero y último del género, de allí la importancia de las violaciones como acto central de esta nueva modalidad de la guerra. De esta forma, las guerras no convencionales, a contramano de todas las campañas que las mujeres hemos emprendido y en muchos casos ganado en el campo legislativo, renuevan y enyesan el imaginario colectivo colonial-moderno que nos atraviesa y que confiere significado a la violación, o acceso sexual forzado, como daño moral indeleble a la víctima y a todos aquellos que detentan la capacidad de tutela y custodia sobre su cuerpo —sus padres, hermanos, maridos y las autoridades políticas que tienen a su cargo la jurisdicción territorial en que habitan—. Este imaginario establece la relación jerárquica que llamamos «género» como estructura binaria y desigual por la cual la posición masculina secuestra para sí la plataforma de enunciación de verdades de interés universal llamada «esfera pública» y se coloca en la posición de sujeto paradigmático de lo Humano pleno y englobante, en un gesto que expulsa a la posición femenina a la calidad de margen, resto, particularidad, cuestión de intimidad (Segato, 2011b y 2014). La agresión bélica sexualizada a mujeres y a niños, es decir, a aquellos que no ocupan la posición del sujeto antagonista en la guerra, representa una agresión simultáneamente física y moral a cuerpos cuya existencia debe darse bajo custodia, es decir, que por definición son cuerpos tutelados. La falla en poder proteger esos cuerpos de la saña enemiga es un indicativo de quiebra moral, una de las formas más importantes de la derrota en un imaginario que es arcaico, ancestral. La producción y reproducción de la moral de la tropa es un elemento central en la formación para la guerra y su manutención esencial para obtener la victoria sobre el enemigo. Por otro lado, no hay derrota del vencido sin que en ella participe su destrucción moral.

Femigenocidio: la dificultad de percibir la dimensión pública de los feminicidios bélicos

Como he argumentado hasta aquí, en el tipo de guerra informal característica de la modernidad y el capitalismo avanzado, el cuerpo femenino y feminizado tiene un destino particular. En las guerras convencionales del pasado, se lo anexionó, se lo inseminó masivamente, se lo incorporó como parte del territorio conquistado, distribuyendo su posesión entre los hombres y las familias, como cuerpo esclavo o servil, y como cuerpo concubino. En la actualidad, ha ocurrido una transformación de ese antiguo papel del cuerpo femenino en la escena de la guerra. En las guerras informales que se expanden en el presente, el cuerpo de las mujeres es torturado por medios sexuales hasta la muerte, a él se le destina la destrucción siempre mediante la utilización —aunque no exclusiva— del abuso y la intrusión sexual por su carácter profanador de lo que debe ser resguardado. Como hemos dicho en otras ocasiones, «cuerpo de mujer, campo de batalla», pues en él se agreden, desmoralizan, amedrentan, desmovilizan y, eventualmente, derrotan las huestes de hombres a cargo de su vigilancia y protección, usando saña no conocida anteriormente contra víctimas no guerreras, no directamente involucradas en el trabajo de la guerra.

A partir de estas consideraciones, entonces, es posible afirmar que si bien todas las agresiones de género y los feminicidios obedecen a un orden cuyo patrón se establece en la época temprana de la vida, en el medio familiar, y atraviesa toda la vida social al organizarla según una estructura patriarcal que ordena el campo simbólico y orienta los afectos y valores, hay, asimismo, un tipo particular de violencia de género que involucra necesariamente tratamiento cruel y letalidad, y que se separa y obtiene especificidad. Si toda la violencia de género es estructural, y cobra vidas en números próximos a un genocidio sistemático y en una multiplicidad de escenarios, es indispensable, para los fines de las estrategias de lucha contra la victimización de las mujeres, es decir, para poder investigar y desarticular los agentes perpetradores del daño, entender que hay un tipo de violencia de género que se genera y transita por escenarios absolutamente impersonales.

En otras palabras, aunque todos los feminicidios obedecen a un dispositivo de género y resultan del carácter violentogénico de la estructura patriarcal, el fin de la impunidad depende de una tipificación rigurosa, que trascienda en mucho la mera utilización del nombre «feminicidio» y que sea capaz de discriminar por lo menos dos tipos amplios o grandes clases dentro de esta clasificación general, a partir de la consideración del móvil inmediato que los desencadena o gatilla: aquellos que pueden ser referidos a motivaciones de orden personal o interpersonal —crímenes interpersonales, domésticos y de agresores seriales—, y aquellos de carácter francamente impersonal, que no pueden ser referidos al fuero íntimo como desencadenante y en cuya mira se encuentra la categoría mujer, como genus, o las mujeres de un cierto tipo racial, étnico o social, en particular —mujeres asociadas a la corporación armada antagónica, mujeres de la otra vecindad, mujeres del grupo tribal antagónico, mujeres en general como en la trata.

Estamos aquí frente a la agresión y eliminación sistemática de un tipo humano, que no responde a un móvil inmediato o gatillo que pueda ser remitido a la intimidad. Entre estos últimos pueden ser contadas las agresiones de género en el contexto de los nuevos tipos de guerra, la trata de personas con su reducción a condiciones concentracionarias y el abandono o subnutrición de bebés de sexo femenino y niñas en los países asiáticos, entre otros. Este tipo de feminicidios, que sugiero llamar «femi-geno-cidios» (Segato, 2001b y 2012), se aproximan en sus dimensiones a la categoría «genocidio» por sus agresiones a mujeres con intención de letalidad y deterioro físico en contextos de impersonalidad, en las cuales los agresores son un colectivo organizado o, mejor dicho, son agresores porque forman parte de un colectivo o corporación y actúan mancomunadamente, y las víctimas también son víctimas porque pertenecen a un colectivo en el sentido de una categoría social, en este caso, de género. Puede constatarse, a este respecto, que en los países que han pasado o atraviesan una alta conflictividad interna aumentan las cifras de la violencia letal contra las mujeres, esto indicaría que lo que eleva esas cifras es el aumento de los crímenes en contexto de impersonalidad y que, por lo tanto, hay una proporcionalidad directa entre guerra y aumento notable de feminicidios.

Una muestra de 54 países y territorios con información sobre la relación entre victimario y víctima de feminicidios revela que la proporción entre violencias letales interpersonales es menor en los países con tasas de feminicidios más elevadas. Por ejemplo, en El Salvador y Colombia, países que están entre los que tienen mayores tasas de feminicidio, solamente el 3 % del total de feminicidios son cometidos por un compañero actual o previo. Por otro lado, Chipre, Francia y Portugal (países con bajas y muy bajas tasas de feminicidio), el 80 % de los asesinatos de mujeres son cometidos por compañeros actuales o previos (Alvazzi del Frate, 2011: 129-30).

De la misma forma, se puede constatar que, entre los países marcados por altas tasas de violencia letal, las mujeres son asesinadas con mayor frecuencia en el espacio público, inclusive por gangs y grupos organizados (Segato y Libardone, 2013). Infelizmente, solo podemos hablar de tendencias, ya que es imposible hacer más precisiones, debido a que no hay todavía una consciencia en la programación de las preguntas que guían la extracción de datos para la confección de las estadísticas ni de que se deban separar los crímenes asociados a detonantes personalizables (domésticos, interpersonales, seriales, etc.) de los crímenes genéricos realizados por colectivos o corporaciones armadas contra categorías de mujeres.

Los crímenes de «femigenocidio», de genus, genéricos tanto en el campo de los perpetradores como en el de las víctimas, plenamente impersonales y masivos, que, por sus características, se aproximan a la definición del genocidio, están aumentando en número y en proporción con relación a los interpersonales o personalizables. Sabemos esto, por ejemplo, con relación a países para los cuales sí hay alguna información que permite discriminarlos. Guatemala, El Salvador y México, en América Latina, y Congo dando continuidad a las escenas horrendas de Ruanda, son emblemáticos de esta realidad. En Congo, los médicos ya utilizan la categoría «destrucción vaginal» para el tipo de ataque que en muchos casos lleva a sus víctimas a la muerte. En El Salvador, entre 2000 y 2006, en plena época de «pacificación», frente a un aumento de 40 % de los homicidios de hombres, los homicidios de mujeres aumentaron en un 111 %, casi triplicándose; en Guatemala, también de forma concomitante con el restablecimiento de los derechos democráticos, entre 1995 y 2004, mientras los homicidios de hombres aumentaron un 68 %, los de mujeres crecieron un 144 %, duplicándose; en el caso de Honduras, la distancia es todavía mayor, pues entre 2003 y 2007, el aumento de la victimización de los hombres fue del 40 % y de las mujeres del 166 %, cuadruplicándose (Carcedo, 2010: 40-42).

Todos estos países son palco de una duplicación extrema del Estado y de un «conflicto interno» que en lugar de resolverse se transforma y adapta a lo largo de décadas en la historia reciente. La escena bélica informal de estos países es de alta intensidad. Llama también la atención otro cambio en la escena tradicional de los crímenes de género para esta región, asolada por la conflictividad informal en el periodo para el que se registran esas cifras: los asesinatos de mujeres por sus parejas y exparejas ya no representan la mayoría (ibídem: 49), y los crímenes de género en la intimidad van decreciendo en número notablemente. Por ejemplo, para el caso de Honduras, junto al mayor ritmo de aumento de los asesinatos de mujeres, solamente uno de cada cuatro de estos crímenes se ejecutaron en el universo familiar (ibídem: 53). Esto demuestra que la impersonalidad es un trazo que se afinca en los crímenes de género, y que esto se encuentra en asociación con los escenarios de creciente conflictividad, es decir, de las nuevas formas de la guerra, caracterizadas por la informalidad. La resistencia a hacer esta distinción por parte de algunos sectores del feminismo acaba aliándose a lo que he calificado como «voluntad de indistinción» de los crímenes contra la mujer, demostrada, por ejemplo, para el caso de Ciudad Juárez, por las fuerzas de seguridad, la autoridad judicial y los medios de comunicación. Esa voluntad de indistinción responde y a la vez realimenta la tendencia conservadora, muy fuerte en la opinión pública y en la mentalidad de las autoridades, al mismo tiempo que perpetuada por la estereotipia propia de los medios, de capturar todas las agresiones sufridas por las mujeres dentro del universo íntimo, de la domesticidad y de la interpersonalidad, remitiendo el móvil a emociones y afectos. Al ignorar y oscurecer, tanto en la tipificación como en las estadísticas y en la propia reflexión feminista, la existencia de crímenes de género plenamente públicos e impersonales, que involucran contingentes específicos o poblaciones, concernientes a la conflictividad y a las presiones de los intereses que afectan a la sociedad en general, protagonizados en el papel del agresor y la víctima por agrupaciones o contingentes —contingentes organizados y corporaciones armadas de hombres perpetradores, y contingentes o categorías genéricas de víctimas—, se contribuye a reproducir el estereotipo que encapsula a la mujer en una atmósfera de domesticidad y particulariza sus demandas, es decir, se perpetúa una ideología de la «mística» femenina.

La privatización, es decir, el confinamiento de todos los crímenes de género a la esfera de la intimidad, consumada en la negativa de los medios, las autoridades y algunos sectores muy influyentes del feminismo, a visualizar la existencia de un tipo particular de estos crímenes, que deben ser discriminados, tipificados e investigados en su especificidad y diferencia por medio de protocolos y procedimientos forenses, policiales y jurídicos específicos, se deriva y a su vez realimenta los estereotipos vigentes que trazan una equivalencia entre «femenino» e «íntimo». Estos estereotipos afectan negativamente las prácticas de investigación policial y jurídicas, así como la administración de una justicia capaz de contemplar la queja de las víctimas. Contribuyen a que los crímenes contra las mujeres continúen sin ser percibidos por la opinión pública como ocurrencias plenas de la esfera pública por derecho propio, pues todos los tipos de crímenes contra las mujeres se encuentran contaminados, en el imaginario colectivo, por la atmósfera del espacio de intimidad, es decir, la domesticidad nuclearizada privatizada propia de los tiempos modernos (Segato, 2011a).

De esta forma, cuando los miembros de una corporación armada, esté está formada por agentes estatales actuando de manera paraestatal, o de una corporación armada paramilitar o milicia, agreden sexualmente por medio de violación y abusos el cuerpo de una mujer que han detenido o secuestrado, se puede decir que «sexualizan» ese sujeto, es decir, lo empujan y capturan en la esfera de su intimidad y despolitizan la agresión, lo reducen al campo de las relaciones de estatus desiguales propio del patrón de género y lo alejan de la posibilidad de una justicia plenamente pública. Cuentan con la complicidad de un imaginario colectivo en el que sexualidad y ley pertenecen a esferas separadas e irreconciliables, lo sexual al orden privado, íntimo y doméstico, y la ley a la esfera pública de interés universal y general. Eso hace que, a pesar de la prédica del movimiento feminista y de la existencia de diversas leyes al respecto, haya siempre una resistencia difícil de vencer cuando se trata de situar los delitos de orden sexual en el plano universal del interés general de la sociedad.

Frente a una escena bélica informal y difusa en expansión, que opera con métodos mafiosos, configura un universo paraestatal de control y captura progresivamente la vida social y la política, es necesario introducir en la retórica jurídica y en la consciencia de la opinión pública la centralidad y el significado de las formas nuevas de victimización del cuerpo femenino en las estrategias de manutención de un orden basado en la dominación arbitraria y soberana sobre la vida de las personas y sus territorios. Localizar y desarticular este dispositivo de dominio es una tarea urgente.

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3. Patriarcado: Del borde al centro.

Disciplinamiento, territorialidad y crueldad en la fase apocalíptica del capital[25]

La historia de la esfera pública es la historia del patriarcado

La intervención colonial, del pasado y del presente, en lo que he llamado el «mundo-aldea» (Segato, 2015a y b) ha terminado por minorizar todo lo que respecta a las mujeres. El término minorización hace referencia a la representación y a la posición de las mujeres en el pensamiento social; minorizar alude aquí a tratar a la mujer como «menor» y también a arrinconar sus temas al ámbito de lo íntimo, de lo privado, y, en especial, de lo particular, como «tema de minorías» y, en consecuencia, como tema «minoritario». Los elementos que determinan la minorización de las mujeres están relacionados con la transición de la vida comunal a la sociedad moderna y, en América Latina, al tránsito de los pueblos que habitan los territorios nacionales de nuestro continente a la colonial modernidad. Este tránsito fue primero impulsado por el proceso de la conquista y la colonización conducido por la metrópoli ultramarina y más tarde por la administración del Estado construido por las élites criollas. Este proceso también puede ser descrito como criollización.

La expansión del frente estatal-empresarial-mediático-cristiano, que se amplía vertiginosamente en el presente, interviene la vida del mundo-aldea, que a su paso integra a la masividad de la «ciudadanía» nacional. Ese tránsito a la colonialidad-modernidad tiene un impacto masivo sobre las relaciones interpersonales y la organización de las relaciones de género en las sociedades regidas por patrones comunitarios y colectivistas de convivencia o en las cuales todavía puede ser encontrado el tejido comunitario, si no ileso, por lo menos reconocible y vital.

Defiendo aquí que comprender las transformaciones del «sistema de género» y la historia de la estructura patriarcal arroja una luz indispensable para entender el giro social introducido por la modernidad como un todo. Si leemos adecuadamente lo que ese tránsito significó y la forma en que la intervención reacomodó y agravó las jerarquías preexistentes, comprenderemos una gran cantidad de fenómenos del presente que afectan a toda la sociedad y que están muy lejos de constituir apenas «el problema de la mujer».

En concordancia con esta propuesta está mi permanente insistencia en que los feminismos así como todos los otros frentes del movimiento social cometen un gran equívoco tanto político como epistemológico o, en otras palabras, un error teórico-político de inestimables consecuencias negativas al guetificar sus temas y compartimentalizar lo que entienden como «el problema de la mujer», tanto en el campo del análisis como en el campo de la acción. Como he afirmado en Las estructuras elementales de la violencia (Segato 2003), es en los «géneros» que se traviste una estructura subliminal, en sombras, de relación entre posiciones marcadas por un diferencial de prestigio y de poder. Ese cristal jerárquico y explosivo se transpone y manifiesta en la primera escena de nuestra vida bajo las formas hoy maleables del patriarcado familiar, y luego se transpone a otras relaciones que organiza a imagen y semejanza: las raciales, las coloniales, las de las metrópolis con sus periferias, entre otras. En ese sentido, la primera lección de poder y subordinación es el teatro familiar de las relaciones de género, pero, como estructura, la relación entre sus posiciones se replica ad infinitum, y se revisita y ensaya en las más diversas escenas en que un diferencial de poder y valor se encuentren presentes.

Existe un debate instalado entre los feminismos de cuño decolonial a respecto de si existe el patriarcado, es decir, el género como desigualdad, en el mundo pre-intervención colonial. La evidencia incontestable de alguna forma de patriarcado o preeminencia masculina en el orden de estatus de sociedades no intervenidas por el proceso colonial reside en que los mitos de origen de una gran cantidad de pueblos, si no todos, incluyendo el propio Génesis judeo-cristiano, incluyen un episodio localizado en el tiempo de fundación en que se narra la derrota y el disciplinamiento de la primera mujer o del primer grupo de mujeres. Ese episodio fundacional de toda historia humana, omnipresente en las historias míticas de los pueblos, es una prueba de la prioridad de la sujeción de género como molde primordial de todas las otras formas de dominación, aunque plenamente histórico justamente porque aparece narrado en la forma compacta del relato del pasado que son las mitologías. Por otro lado, es precisamente la captura de una masculinidad con prerrogativas ya previamente existentes por la masculinidad blanca y rapiñadora del mundo del conquistador lo que hace posible la propia conquista, pues el hombre no-blanco, en su derrota militar, acaba funcionando como la pieza bisagra entre los dos mundos, es decir, como el colonizador dentro de casa. Dividido por un conflicto de lealtades entre su mandato de masculinidad y su conexión con su comunidad y red de parentesco, acaba emulando dentro de casa la agresividad viril del vencedor y es él quien va a transferir la violencia apropiadora del mundo que llega hacia el interior de las relaciones de su propio mundo. Lo vemos hoy mismo en las actitudes de lo que he llamado fundamentalismo de los caciques o caciquismo fundamentalista. Las mujeres, como sujetas de un arraigo mayor, sujetas comunitarias, no son vulnerables a esa captura, y su conflicto de lealtad existe, pero asume otra forma: defender lealmente los patrones de existencia de su pueblo sin abdicar de sus propias reivindicaciones como mujeres no es, en general, tarea fácil.

El mundo que el frente colonial y, más tarde, el frente colonial-estatal intervienen e invaden es un mundo en el que los géneros ocupan dos espacios diferentes de la vida social. En ese sentido, como se ha dicho muchas veces, la estructura de ese mundo es dual y conducida por una reciprocidad férrea vinculante. Lo dual es una de las variantes de lo múltiple, y entre los términos de una dualidad hay tránsitos y es posible la conmutabilidad de posiciones. En el mundo dual, ambos términos son ontológicamente plenos, completos, aunque puedan mantener una relación jerárquica. No hay englobamiento de uno por el otro: el espacio público, habitado por los hombres con sus tareas, la política y la intermediación (los negocios, la parlamentación y la guerra), no engloba ni subsume el espacio doméstico, habitado por las mujeres, las familias, y sus muchos tipos de tareas y actividades compartidas.

En esa atmósfera colectiva y comunitaria no hay englobamiento, no hay sujeto universal, hombre con H mayúscula catapultado por el humanismo colonial-moderno a la posición de Sujeto Universal, ni enunciados de valor general capaces de representar a todos. No hay tampoco un referente universal de lo que se define como humano, ni equivalente universal del valor que permita mercantilizar el hábitat o volver negociable el nicho territorial y su paisaje. Cada naturaleza es irreductible a la otra.

Esa estructura dual pasa a ser capturada y reformateada por el binarismo colonial que se impone. La estructura binaria resulta de la captura moderna de la dualidad recíproca, aunque jerárquica, del mundo-aldea. En el mundo binarizado de la modernidad, el otro del Uno es destituido de su plenitud ontológica y reducido a cumplir con la función de alter, de otro del Uno como representante y referente de la totalidad. Este papel de Otro (femenino, no-blanco, colonial, marginal, subdesarrollado, deficitario) como han mostrado Edward Said y una generación entera de teóricos postcoloniales, pasa a constituir-se en la condición de posibilidad para la existencia del Uno (sujeto universal, humano generalizable, con H). Su tributación, la dádiva de ser que de él se extrae, fluye hacia el centro, plataforma del sujeto humano universal, lo construye y lo alimenta.

Descrito aquí de forma muy compacta, es este el proceso de emergencia de la esfera pública o, mejor dicho, la forma en que, en el proceso histórico, lo que fue un espacio público o dominio masculino en el mundo comunitario, mutó en la esfera pública o dominio universal. Como vemos, la historia y constitución de la esfera pública participa y se entrama con la historia del propio patriarcado y su mutación estructural a partir de la captura colonial-moderna del mundo-aldea. Visto de esta forma, la historia de la esfera pública o esfera estatal no es otra cosa que la historia del género. Esa esfera pública, o ágora estatal, se transformará en el locus de enunciación de todo discurso que aspire a revestirse de valor político. En otras palabras, secuestrará a partir de ahora la política y, al decir eso, decimos que tendrá el monopolio de toda acción y discurso que pretenda adquirir el predicado y el valor de impacto de la politicidad.

En razón de su historia, a la que acabo de referirme de forma muy condensada, el sujeto natural de esa esfera pública, heredera del espacio político de los hombres en la comunidad, será, por marca de origen y genealogía: 1) masculino; 2) hijo de la captura colonial y, por lo tanto, a) blanco o blanqueado; b) propietario; c) letrado; y d) pater-familias (describirlo como «heterosexual» no es adecuado, ya que de la sexualidad propiamente dicha del patriarca sabemos muy poco). Por lo tanto, a pesar de sus atributos particulares, todos los enunciados del sujeto paradigmático de la esfera pública serán considerados como de interés general y poseerán valor universal. Es a partir de ese proceso que se puede afirmar que la historia de los hombres, el proceso histórico de la masculinidad es el ADN del Estado, y su genealogía masculina se revela cotidianamente.

Este proceso devalúa abruptamente el otro espacio, el doméstico, hasta ese momento abarrotado por una multiplicidad de presencias, escena de las actividades de las mujeres y regido por estas. A partir de ese momento, se produce una caída brusca del espacio doméstico: antes subordinado en prestigio pero ontológicamente completo en sí mismo, es ahora defenestrado y colocado en el papel residual de otro de la esfera pública: desprovisto de politicidad, incapaz de enunciados de valor universal e interés general. Margen, verdadero resto de la vida pública, es inmediatamente comprendido como privado e íntimo. Cuando quiera expresarse, tendrá que practicar un travestismo de la presentación del yo y un estilo distanciado para cumplir con los requerimientos de la esfera pública, reglas de etiqueta en el estilo masculino exigidas para hablar en público. Por el contrario, en el mundo-aldea, en la comunidad no intervenida o escasamente intervenida por la intrusión colonial-moderna, lo doméstico nada tiene de privado o de íntimo.

Esa construcción colonial moderna del valor residual del destino de las mujeres es lo que necesitamos desmontar, oponer y reencaminar, porque es de este esquema binario y minorizador que se derivan no solo los daños que afectan a la vida de las mujeres sino que también se expresan los males que afectan a la sociedad contemporánea como un todo. Porque las agresiones que la mujer padece en las violencias y abusos cotidianos de la casa y en nuevas formas informales de la guerra, son el termómetro que permite diagnosticar los tránsitos históricos de la sociedad como un todo. Es por esto que deberíamos poder reclamar la restitución de la plenitud ontológica de los espacios de la vida femenina y la capacidad y derecho de las mujeres de hablar al interés general desde su parcialidad. En los años setenta lo intentamos diciendo «lo personal es político», la consigna feminista de entonces y que nos llevó a luchar por leyes y políticas públicas sin que hayamos conseguido llegar muy lejos por ese camino (porque quizás no ha sido la mejor de las ideas, como Foucault notó tempranamente, bregar para que el ojo del panóptico nos alcance en casa o aspirar a tener un abogado en la almohada, como resultó en el modelo norteamericano). Quizás, entonces, ese camino no fue el más interesante ni el que arrojó los mejores resultados, porque la estructura expropiadora y violenta del género no cedió en lugar alguno.

Ensayar, por lo tanto, un gesto de desconfianza con relación a la esfera pública, por su estirpe apenas disimulada, y tratar de visualizar un nuevo tránsito que sea capaz de desmontar el Uno universal que ella instaura y, al hacerlo, pluralice los mundos, es un camino prometedor. Esto es así porque el secuestro de todo lo que se quiera político por la estructura de prestigio basada en el carácter unitario de la esfera pública, con su capacidad única de emitir todo lo que aspire a ser de interés general y valor universal, su maniobra instaladora de la abstracción de centralidad, generalidad y universalidad, inherente e impuesta por el siempre auto-referido arraigo y naturalización de su sujeto masculino, no lleva sino a la mala ruta de las democracias del presente en nuestro continente, con su desvío hacia una dictadura de las mayorías. Una democracia que no tenga como su deontología irreductible la defensa del pluralismo no será democracia, aunque represente la voluntad mayoritaria. ¿Por qué? Porque su polo conductor será esa esfera, diseñada a partir de una estructura binaria donde las variedades de sujetos diferenciados y minorizados (las mujeres, las personas practicantes de modalidades no normativas de la sexualidad, los negros, los indios, los jóvenes y niños, y todo lo que se desvíe de la norma encarnada por el sujeto universal) pasan a ser alteridades y anomalías del Uno en la imaginación colectiva, y deben realizar un esfuerzo de travestismo para hablar en el idioma de la política, ahora secuestrada por el campo estatal; incómodas anomalías que encarnan «el problema del otro», que es y nunca puede dejar de ser el problema de la colonial-modernidad.

Disciplinamiento y pedagogía de la crueldad: el carácter funcional del patriarcado colonial moderno de alta intensidad con respecto al proyecto histórico del capital en su fase apocalíptica

La privatización, minorización y transformación de los asaltos letales contra las mujeres en «problemas de interés particular» o «temas de minorías» es consecuencia de ese tránsito del patriarcado de baja intensidad de la parcialidad masculina en el mundo comunitario al patriarcado colonial-moderno de alta intensidad propio del dominio universal. El efecto de la minorización es sentido, por ejemplo, en la forma en que feminicidios y crímenes homofóbicos tienen un valor residual, siendo rebajados a casi apenas un espectáculo en la práctica jurídica y en los estandards mediáticos de América Latina; al mismo tiempo, las feministas, y nuestras demandas, nos plegamos a tratarlos como temas particulares, compartimentados y del gueto. De esta forma se pasa por alto que todas esas violencias a «minorías» no son otra cosa que el disciplinamiento que las fuerzas patriarcales nos imponen a todos los que habitamos ese margen de la política. Se trata de crímenes del patriarcado colonial moderno de alta intensidad, contra todo lo que lo desestabiliza, contra todo lo que parece conspirar y desafiar su control, contra todo lo que se desliza hacia fuera de su égida, con las varias estrategias y tácticas diarias con las que muchos de nosotros, a propósito o inadvertidamente, nos deslizamos y escabullimos de la vigilancia patriarcal y la desobedecemos. Expurga de ese modo todo lo que no le concede el reconocimiento debido a su forma de estructurar y disciplinar la vida, a su forma de habilitar y naturalizar un camino de asimetrías y dominaciones progresivas.

Por otro lado, y este es el núcleo de mi argumento aquí, si observamos los crímenes contra las mujeres que marcan el presente y buscamos entender qué expresan, qué dicen y qué ocasionan, podremos observar su fuerte conexión con la fase histórica que atravesamos como sociedad. Así como comprender la historia del patriarcado es entender la historia de la esfera pública y del Estado, de la misma forma y en el centro de todas las cuestiones, entender las formas de la violencia de género hoy es entender lo que atraviesa la sociedad como un todo.

Si tuviéramos que construir una alegoría gráfica, pictórica, del mundo hoy, en esta modernidad avanzada, la alegoría sería una de esas pirámides invertidas que forman los acróbatas en los circos, donde una a una se van superponiendo hileras de equilibristas hasta armar un edificio completo de gente a duras penas superpuesta, pies sobre cabezas, estrato sobre estrato, pero allá abajo, en la fundación, en la base de la pirámide, yacería, sustentando el edificio todo, un cuerpo de mujer. Muchas veces me imagino esa estructura, porque me parece ser lo único capaz de explicar por qué permanece imposible algo que a simple vista se presenta tan sencillo de realizar como retirar a la mujer de la posición de subordinación en que se encuentra, castigada, subyugada, agredida; impedir que continúe siendo violada, traficada y esclavizada por la trata, cosificada y desmembrada por el ojo del lente mediático. No sería una tarea difícil, bastarían unas pocas acciones, unas pocas medidas, intervenciones puntuales no muy complicadas. Pero por alguna razón no se puede. Se presenta imposible. Nunca hubo más leyes, nunca hubo más clases de derechos humanos para los cuerpos de seguridad, nunca hubo más literatura circulando sobre derechos de la mujer, nunca hubo más premios y reconocimientos por acciones en este campo, y sin embargo las mujeres continuamos muriendo, nuestra vulnerabilidad a la agresión letal y a la tortura hasta la muerte nunca existió de tal forma como hoy en las guerras informales contemporáneas; nuestro cuerpo nunca fue antes tan controlado o médicamente intervenido buscando una alegría obligatoria o la adaptación a un modelo coercitivo de belleza; nunca tampoco como hoy se cerró el cerco de la vigilancia sobre el aborto que, sintomáticamente, nunca antes fue un tema de tan acalorada discusión como lo es hoy, en la modernidad avanzada.

Al pensar el tema desde esa perspectiva, al sospechar que su victimización cumple allí con la función de proveer el festín en que el poder se confraterniza y exhibe su soberanía, discrecionalidad y arbitrio, entendemos que algo muy importante debe seguramente depender, apoyarse, en esa destrucción constantemente renovada del cuerpo femenino, en el espectáculo de su subyugación, en su subordinación de escaparate. Algo central, esencial, fundacional para el «sistema» debe ciertamente depender de que la mujer no salga de ese lugar, de ese papel, de esa función.

Desmontar la minorización del tema de la mujer equivale a aceptar que, si entendiéramos la formas de la crueldad misógina del presente, no solamente entenderíamos lo que está pasando con nosotras las mujeres y todos aquellos que se colocan en la posición femenina, disidente y otra del patriarcado, sino que también entenderíamos lo que le está pasando a toda la sociedad. Los indicios muestran que se trata de un edificio cuyo material está formado por la amalgama de las corporaciones y el Estado; por alianzas de todo tipo entre actores corporativos, lícitos e ilícitos o de ambas cualidades a la vez, y agentes de gobierno; por razones que se invocan como «razones de Estado» y son, en verdad, «razones de empresa». De algo tengo certeza: para pensarlo, tenemos que retirar del gueto el problema de la mujer, pensarlo entrelazado como cimiento y pedagogía elemental de todas las otras formas de poder y subordinación: la racial, la imperial, la colonial, la de las relaciones centro-periferia, la del eurocentrismo con otras civilizaciones, la de las relaciones de clase.

En un mundo en el que ya en 2015 el 1 % de sus habitantes alcanzó a concentrar en sus manos más riqueza que el restante 99 %; en el que 62 personas son dueñas de la misma riqueza que la que posee la mitad más pobre del planeta, a un creciente ritmo de concentración[26]; en el que 1 % de la población de Estados Unidos es dueña de la totalidad de la tierra utilizable de ese inmenso país; en el que apenas nueve familias son propietarias de toda la extensión de la costa marítima chilena… se constata que el correlato de la financiarización del capital es la más contundente de todas las formas de propiedad: el acopio, la concentración de la tierra en pocas manos, el neo-rentismo y la patrimonialización creciente de la gestión estatal. Un escenario de esas características indica que ya no podemos hablar de mera desigualdad, como hacíamos en los años setenta, sino que el tema hoy es la dueñidad o señorío —lordship—. Señorío tiene aquí el sentido muy preciso de que un pequeño grupo de propietarios son dueños de la vida y de la muerte en el planeta. Son sujetos discrecionales y arbitrarios de un poder de magnitud nunca antes conocida, que vuelve ficcional todos los ideales de la democracia y de la república. El significado real de este señorío es que los dueños de la riqueza, por su poder de compra y la libertad de circulación offshore de sus ganancias, son inmunes a cualquier tentativa de control institucional sus maniobras corporativas, que se revelan hoy desreguladas por completo. Esta inmunidad del poder económico inaugura una fase apocalíptica, completamente anómica del capital, y nos remite a la etapa final, descompuesta y ya transicional del Medievo, cuando los señoríos eran inconmensurablemente mayores pero igualmente regidos por un modo del ejercicio del poder de corte feudal ejercido como crueldad ejemplar sobre los cuerpos, a la manera en que Foucault lo describió.

La dueñidad en Latinoamérica se manifiesta bajo la forma de una administración mafializada y gangsteril de los negocios, la política y la justicia, pero esto de ninguna forma debe considerarse desvinculado de un orden global y geopolítico sobreimpuesto a nuestros asuntos internos. El crimen y la acumulación de capital por medios ilegales dejó de ser excepcional para transformarse en estructural y estructurante de la política y de la economía.

En este nuevo mundo, la noción de un orden del discurso pautado por la colonialidad del poder se vuelve prácticamente insuficiente. De ese patrón emerge, nuda y cruda, la práctica del barrido de los pueblos de los territorios de ocupación tradicional o ancestral. De la colonialidad se consuma un retorno a la conquistualidad, sin los amarres o arrestos que por lo menos en alguna medida y en algunos casos la presencia de la Iglesia impuso un día a la avidez colonial (Gott, 2002). Para nuestro continente, América Latina, las formas extremas de crueldad que se expanden desde México, América Central y Colombia hacia el sur, su atmósfera dramática, caótica y crecientemente violenta pueden ser atribuidas a la idea de que en nuestros paisajes la Conquista nunca se completó, nunca fue consumada, y es un proceso continuo todavía en marcha.

Para este contexto histórico, la compasión, la empatía, los vínculos, el arraigo local y comunitario, y todas las devociones a formas de lo sagrado capaces de sustentar entramados colectivos sólidos operan en disfuncionalidad con el proyecto histórico del capital, que desarraiga, globaliza los mercados, rasga y deshilacha los tejidos comunitarios donde todavía existen, se ensaña con sus jirones resistentes, nulifica las marcas espaciales y puntos de referencia de cuño tradicional sagrado que obstaculizan la captura de los terrenos por el referente universal monetario y mercantil, impone la transformación de oikonomias de producción doméstica y circuitos de mercadeo local y regional en una única economía global, introduce el consumo como meta antagónica por excelencia y disruptiva con respecto a las formas de felicidad relacionales y pautadas por la reciprocidad de la vida comunitaria. En esta fase extrema y apocalíptica en la cual rapiñar, desplazar, desarraigar, esclavizar y explotar al máximo son el camino de la acumulación, esto es, la meta que orienta el proyecto histórico del capital, es crucialmente instrumental reducir la empatía humana y entrenar a las personas para que consigan ejecutar, tolerar y convivir con actos de crueldad cotidianos.

Debe ser por eso que una estrategia central de las guerras contemporáneas, guerras ya no entre Estados, guerras de un alto grado de informalidad, en América Latina y Medio Oriente, es la estrategia de la profanación (Segato, 2014; Kaldor, 2012). No es por otra razón que los expertos hablan hoy de una «feminización de la guerra». Existen innumerables pruebas en documentos humanos de todo tipo y lugar de que es la posición femenina la que custodia, encarna y representa el arraigo territorial, lo sagrado, la vincularidad y la comunidad.

Chile y Qatar proporcionan los dos modelos que exponen las tendencias de la presente fase —apocalíptica— del proyecto histórico del capital. Chile, con la aplicación ortodoxa de la receta de Milton Friedman, que conduce a un régimen societario regido por el mercado. La tristeza que impregna la sociedad chilena es frecuentemente asociada por la propia gente al efecto de precariedad que ese modelo le imprime a la vida, en un sentido del término precariedad que lo desvincula de la idea de pobreza o carencia, para significar con precisión precariedad de la vida vincular, destrucción de la solidez y estabilidad de las relaciones que arraigan, localizan y sedimentan afectos y cotidianos. La experiencia de intemperie y desprotección se apodera así de una nación. Qatar, por otro lado, epitomiza el fenómeno de un gobierno de propietarios y la extensión territorial de la nación se confunde con la idea de un inmueble. La abstracción estatal no existe y el Estado es neta y literalmente patrimonial: un Estado de dueños. En América Latina, el patrimonialismo constitutivo de las repúblicas criollas corre un serio riesgo de qatarización. La reprimarización de la producción, la megaminería, la agricultura extractivista y el turismo extractivista son los correlatos del régimen absolutista de mercado y de la fusión del poder político con la dueñidad, de allí resulta la agresión al ser humano y a su medio en forma extrema, sin dejar más que restos a su paso. Intemperie progresiva de la vida, mercadeo de todo y reserva de seguridad exclusiva para los propietarios y controladores de los mecanismos de Estado. Radicalización del despojo, etnocidio, genocidio y conquistualidad.

Tal escena está ligada al ejercicio de la indiferencia frente a la crueldad, ensayada y entrenada, con saña impune, sobre el cuerpo de la mujer y de los jóvenes, como en Ayotzinapa —cuerpos que no representan al antagonista bélico, sujetos que no corresponden al soldado de la corporación armada enemiga—. El terror de Estado de las dictaduras ha dejado paso a un terror difuso que se instala capilarmente en la sociedad. Afirmé que las nuevas formas de la guerra, en nuestro continente, son guerras represivas o guerras mafiosas, o quizás más exactamente una combinación de ambas a la vez, como un golpe que nos llega desde otro lugar, desde una Segunda Realidad (Segato, 2014). Creo inclusive que es posible hablar de una nueva forma de terror asociada a lo que he llamado aquí «intemperie» y que no sería otra cosa que un limbo de legalidad, una expansión no controlable de las formas paraestatales del control de la vida apoderándose de porciones cada vez mayores de la población, en especial de aquellos en condición de vulnerabilidad, viviendo en nichos de exclusión. Ese terror es la constatación, para muchas personas, de que el control estatal y la protección del Estado, así como las leyes republicanas son, y quién sabe si han sido siempre, una ficción, «un sistema de creencias», apenas una fe proveedora de una gramática estable para la interacción social y los límites de la conducta humana. Es posible que las dictaduras terminaran cuando ya habían preparado el terreno para las nuevas formas del terror. Ya no un terror de Estado, sino un entrenamiento para llevar la existencia sin sensibilidad con relación al sufrimiento ajeno, sin empatía, sin compasión, mediante el gozo encapsulado del consumidor, en medio del individualismo productivista y competitivo de sociedades definitivamente ya no vinculares. Algo que remite a la diferencia apuntada por Hannah Arendt entre soledad y aislamiento, este último precondición del control totalitario.

Defendí por mucho tiempo la separación de los feminicidios íntimos de los feminicidios públicos, bélicos, en una fase informal de las guerras. Hoy la lección de la guerra informal, paraestatal, en sus varias formas, ha entrado en las casas, y el umbral de sufrimiento empático se ha retirado. En Guatemala la guerra dejó una secuela de hogares indígenas y campesinos ultra-violentos —atención: no fue al contrario, como sostiene un cierto pensamiento feminista eurocéntrico—. La violencia sexual y feminicida no pasó de los hogares a la guerra, su derrotero fue el inverso. En nuestros días, como demuestran una serie de casos en todo el continente, el crimen íntimo pasa a tener características de crimen bélico: la desova de la víctima al aire libre, en las zanjas, basurales y alcantarillas, la espectacularidad de los asesinatos, que han pasado a perpetrarse también en lugares públicos. Asimismo, hablan de ese terror difuso las ejecuciones sumarias, extrajudiciales y a manos de agentes estatales, que sin explicación aumentan cada día en América Latina y especialmente en Brasil, agrediendo la lógica, la gramática que permite tener una expectativa estabilizada de mi relación con los otros.

Es por todo esto que podemos aventurar que, si cada época tiene una personalidad modal, funcional a su fase propia de relaciones económicas (histeria para la revolución industrial, esquizofrenia con su delirio en la expresión artística del modernismo), la estructura psicopática se presenta hoy como la personalidad modal. La personalidad psicopática parecería ser hoy la estructura de personalidad mejor equipada para operar de forma funcional en el orden de la fase apocalíptica del capital. El perfil psicopático, su ineptitud para transformar el derrame hormonal en emoción y afecto, su necesidad de ampliar constantemente el estímulo para alcanzar su efecto, su estructura definitivamente no-vincular, su piel insensible al dolor propio y, consecuentemente y más aún, al dolor ajeno, su enajenación, encapsulamiento, desarraigo de paisajes propios y lazos colectivos, la relación instrumental y cosificada con los otros… parece lo indispensable para funcionar adecuadamente en una economía pautada al extremo por la deshumanización y la ausencia de límites para el abordaje de rapiña sobre cuerpos y territorios, dejando solo restos. Es así que una pedagogía de la crueldad se presenta como el criadero de personalidades psicopáticas apreciadas por el espíritu de la época y funcionales a esta fase apocalíptica del capital.

El extraño destino de la película británica La naranja mecánica, de 1971, basada en la novela homónima de Anthony Burgess, a su vez escrita bajo el impacto de la violación sufrida por la esposa del autor en Londres durante la Segunda Guerra Mundial por parte de soldados estadounidenses, parece confirmar mi tesis sobre la abrupta y funcional reducción de la empatía en nuestro tiempo. La naranja mecánica, dirigida por Stanley Kubrick y protagonizada de forma inolvidable por Malcolm McDowell, fue una de las películas más censuradas de la historia del cine en varios países, inclusive en la propia Inglaterra. En ella se suceden escenas de golpizas, violaciones, asesinatos y un feminicidio. Alex, el personaje central, pasa de la total ausencia de empatía como victimario a un estado de empatía y vulnerabilidad al sufrimiento ajeno, logrado por medio de un tratamiento psiquiátrico experimental, que lo transforma inevitablemente en víctima. No hay posición intermedia entre la personalidad del victimario y de la víctima, el antes y el después del experimento «terapéutico», es decir, si la posición de victimario es abandonada, no resta alternativa que volverse vulnerable. Pero lo más extraordinario del caso es que hoy, 40 años después de su estreno y como el propio McDowell ha reconocido (2009), aquel espanto con que los públicos recibieron esta obra ha desaparecido por completo, dando lugar a la risa del público ante algunas de las que fueron, en el pasado, sus escenas más horrorosas. Claro indicio este de la naturalización de la personalidad psicopática y de la violencia, en especial de la violencia contra la mujer, secuencia central de la película.

Se trata de un signo incontestable del proceso de los tiempos y del modo de vida que se ha impuesto en el capitalismo tardío. En esta era, el sufrimiento y la agresión impuestos al cuerpo de las mujeres, así como la espectacularización, banalización y naturalización de esa violencia constituyen la medida del deterioro de la empatía en un proceso adaptativo e instrumental a las formas epocales de explotación de la vida.

La historia por nuestra mano

En suma, la reducción del femenino, como argumenté, es un episodio fundacional de la historia de la especie narrada en una gran cantidad de mitologías esparcidas en la totalidad del planeta, lo que la instala como piedra angular de la pirámide de dominaciones en una temporalidad filogenética, al tiempo que constituye también la primera lección de desigualdad en la escala ontogenética de la emergencia del sujeto en la vida familiar (Segato, 2003). Hoy, la crueldad misógina, que transforma el sufrimiento de los cuerpos femeninos en un espectáculo banal y cotidiano, es la pedagogía que habitúa a las masas a convivir con el arbitrio, con el margen agramatical de la vida humana, con el carácter finalmente ficcional de las instituciones.

Sin embargo el tema es «minorizado», empujado al rincón residual de la gran política, de la gran justicia y de la seguridad, es decir, pensado como marginal con relación a todo aquello que se clasifica como cuestión de Estado por ser de interés general y valor universal. Esa clasificación, esa estructura que nos hace creer que existen temas centrales (la economía y las finanzas, la política y el gobierno, la salud, la educación, la seguridad pública) y temas eufemísticamente llamados «transversales» para disimular su arrinconamiento en la posición de cuestiones particulares, de interés parcial, es lo que estoy llamando «minorización», y está asociado con la creencia moderna de que todo lo relativo al tema de las relaciones de género es clasificable dentro del ámbito de lo privado y de lo íntimo.

Esa clasificación hace aguas hoy en día, es completamente equivocada y ni siquiera tiene gran profundidad histórica. No es otra cosa que el resultado del proceso de modernización por el que pasaron los pueblos y de la destrucción del ambiente comunal en el que muchas personas de nuestro continente vivían hasta tiempos relativamente recientes y en el que algunas todavía viven. Tiene que ver con la constitución de Estados republicanos de fondo fuertemente patrimonialista, construidos para que las élites puedan administrar y decidir los destinos de los recursos de la nación. La historia y la estructura de ese Estado lo hizo apropiable por aquellos que detentan las llaves de sus instituciones. Y la destrucción de las comunidades con sus lógicas destituyó las formas de politicidad de los espacios domésticos y entronizó a los hombres como operadores por excelencia de toda política, aunque excepcionalmente podamos tener figuras femeninas en los cargos. Lo que se produjo fue una masculinización de la institucionalidad y una despolitización de los vínculos que emergen del espacio doméstico, una desdomesticación de la vida y de toda política.

Un canon remoto, de atmósfera enrarecida, se estableció en los espacios institucionales progresivamente así como la particularización, residualización, «minorización» de todo aquello no actuante en el campo de esa «vida pública», que no está diseñada para estar al alcance de todas las personas. Esto es así porque, debido a su historia colonial, nuestros Estados no mantienen con la sociedad y los territorios que administran la misma relación que los Estados europeos mantienen con los suyos. Nuestros Estados y todos sus operadores cuando se instalan en sus competencias, no pueden sino reproducir la relación distanciada y exterior con relación a lo administrado, gentes y territorios. Es muy difícil alterar esa relación de exterioridad gestora, encarnada por los hombres, pues es la marca y estructura de la relación colonial y su herencia siempre presente en la arquitectura estatal.

Al mismo tiempo que vamos comprendiendo que el tema de las mujeres es fundación y soporte de todas las otras formas de opresión, percibimos también que es un termómetro que permite diagnosticar lo que le pasa a una época. Muy lejos de ser un problema de «minoría», es la base del edificio de todas las opresiones, y por donde todos los poderes, aun supuestamente «bienintencionados» y recitando un ideario progresista, sean estos gobiernos encastillados en la administración o loggias de illuminati en sus claustros académicos, han hecho siempre agua en la historia, mostrando su flanco débil, su incoherencia. Por lo tanto, por innumerables razones, o revisamos el patrón patriarcal, o la historia no sale del lugar (valga la aclaración: nadie sale del lugar, ni hombres ni mujeres, ni ellos ni nosotras).

Basta escuchar atentamente el discurso «progresista» de los representantes del socialismo de Estado para percibir la jerarquía consolidada y equivocadísima de lo que importa más y lo que importa menos, de lo que suponen es de interés general y valor universal, y de lo que postergan como minorizado y desprestigiado, transformado en particular y secundario, de gentes menos importantes como nosotras, las mujeres. Su reiterado y cíclico fracaso en conducir desde el Estado la tan esperada reorientación de la historia hacia sociedades más benignas muestra a las claras que hay un error fatal en su concepción revolucionaria, por habernos relegado siempre a la posición de no pensantes y haber vuelto inaudible nuestra voz. Nos damos cuenta entonces de que es de nuestra mano que la historia tendrá que caminar.

Son innumerables los ejemplos de que somos las mujeres, con nuestro activismo, quienes mostramos el rumbo y hacemos la historia, que es de nuestra mano que la historia camina y ha caminado, dejando a la vista el gran equívoco del arrinconamiento y la parcialización. Es el papel que tuvieron y todavía tienen las Madres de Plaza de Mayo, cuyo gesto estratégico devolvió la politicidad al papel materno y fue liberador para la sociedad argentina como un todo, luego replicado por mujeres en una gran variedad de países del mundo en sus luchas por diversos tipos de demandas. No es para nosotras, no es parcial, no es particular, no es de la intimidad, no es privado, no es de minoría, sino una estrategia plenamente política y un proyecto histórico de interés general y valor universal, que, al romper la estructura minorizadora, introduce precisamente desde su margen otra propuesta y otra política. Cada vez más se demuestra que las estrategias creadas y puestas en práctica por las mujeres son las que marcan el rumbo e indican el camino para todos.

Las mujeres (representando aquí la posición femenina), sujetas de una historia propia que produjo saberes especializados, somos la estabilidad confiable del cotidiano, custodias del arraigo, emblema de la comunidad, responsables de la diversidad genética que todavía existe en el planeta, expertas en la vida relacional y en la gestión de los lazos de la intimidad, idóneas en las prácticas no burocratizables de la vida, capaces de habitar el seguro escondite del espacio doméstico otorgándole politicidad, dotadas de una imaginación marginal y no disciplinada por la norma positiva, hábiles para sobrevivir.

Es por esto que la fe cívica, al llevarnos a poner los dos pies de nuestras luchas en el campo del Estado, nos ha llevado a ese beco sem saída, a ese dead end [callejón sin salida]. Pues, como argumenté, el Estado es siempre patriarcal, no puede dejar de serlo, porque su historia no es otra cosa que la historia del patriarcado. No hay que abandonarlo como campo de reivindicaciones, pero no puede secuestrar nuestras luchas por entero ni monopolizar la política. Hay vida inteligente fuera del campo estatal y existen instituciones no estatales. Quien hace la historia es la gente, capilarmente, con su imaginación y sus insurgencias diarias, con sus tecnologías de sociabilidad, construyendo sus propios mundos, sin vanguardias vanidosas y siempre al final expropiadoras de la voz de los pueblos, con énfasis en los vínculos inmediatos, con la práctica rigurosa de la reciprocidad, como siempre ha sido en nuestro continente.

Porque el Estado, con su estructura patriarcal, captura mucho más de lo que nosotros somos capaces de capturarlo. Está concebido y diseñado para ser apropiado por las élites o para entronizar nuevos segmentos de la sociedad y elitizarlos cuando se tornan parte del gobierno. Y, sobre todo, para mantener la matriz binaria que ha establecido que existen temas del sujeto universal, siempre con la H mayúscula que vincula lo Humano al Hombre, y temas de la domesticidad parcializada, reducida, minorizada. Por eso digo que el camino es por afuera, con el cuerpo en la calle y con la estrategia femenina, que siempre ha hecho historia, a pesar de su intensa desvalorización por efecto de la maniobra que he llamado aquí minorizadora y a la cual muchas veces, sin advertirlo, nos hemos plegado. El cuerpo en la calle, como el de las Madres sin dejar de serlo y desde la posición de madres, presiona al Estado, presiona a quien se encuentre ocupando los despachos de las oficinas que administran los bienes de la nación.

Hay que rehacer las formas de vivir, reconstruir comunidad y vínculos fuertes, próximos, al estilo y con las «tecnologías de sociabilidad» que comandan las mujeres en sus dominios, localmente arraigados y consolidados por la densidad simbólica de un cosmos alternativo, disfuncional al capital, propio de los pueblos en su camino político, estratégico e inteligente, que les permitió sobrevivir a lo largo de quinientos años de conquista continua. Hay que hacer la política del día a día, por fuera del Estado: retejer el tejido comunitario, derrumbar los muros que encapsulan los espacios domésticos y restaurar la politicidad de lo doméstico propia de la vida comunal. Es de esta politicidad y de esas tecnologías vinculares que surgirá el formato de la acción política capaz de reorientar la historia en la dirección de una felicidad mayor, pautada por el fin de la prehistoria patriarcal de la humanidad. Es la política de las mujeres la que ahora tiene su vez.

Elegir el camino relacional es optar por el proyecto histórico de ser comunidad. Es percibir que a las tres consignas de la Revolución francesa, igualdad / libertad / fraternidad, les faltaba una cuarta, muy propia de los experimentos de nuestro continente, con su propuesta comunal: la reciprocidad, pues la reciprocidad arraiga, localiza y relaciona de forma concreta. El arraigo y la centralidad de la vida vincular es una alternativa disfuncional al mundo que se orienta por las cosas y obstaculiza el proyecto histórico del capital con su meta colocada en la acumulación y su consecuencia ineludible, la concentración.

El camino de los afectos y el camino de las cosas constituyen dos proyectos históricos orientados a metas de felicidad diferentes e incompatibles, y nuestra tarea como profesionales de la palabra es dotar de una retórica de valor, un vocabulario de defensa al camino relacional, a las formas de felicidad comunales, que pueda contraponerse a la poderosa retórica del proyecto de las cosas, meritocrático, productivista, desarrollista y concentrador. La estrategia a partir de ahora es femenina.

Bibliografía

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Segato, Rita Laura (2003), Las estructuras elementales de la violencia, Buenos Aires, Prometeo.

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______ (2015a), «Género y Colonialidad», en Rita Segato, La crítica de la colonialidad en ocho ensayos, Buenos Aires, Prometeo.

______ (2015b), «El sexo y la norma», en Rita Segato, La crítica de la colonialidad en ocho ensayos, Buenos Aires, Prometeo.

4. Colonialidad y patriarcado moderno

LAS SIGUIENTES LÍNEAS fueron extraídas del ensayo «Género y Colonialidad: en busca de claves de lectura y de un vocabulario estratégico descolonial»[27]. La modelización que presenta del proceso histórico ocasionado por la transición de lo que he llamado «mundo-aldea», a falta de un nombre mejor para representar las relaciones sociales antes de la intrusión colonial, al mundo intervenido por la administración colonial primero ultramarina y después republicana es el resultado de un periodo de diez años de observación de la expansión del frente estatal «democrático» en el mundo indígena de Brasil. El frente estatal «democrático» al que hago referencia es el de las postdictaduras en nuestros países, que llega a la frontera indígena, al «mundo-aldea», con leyes y políticas públicas, empresas y ONG. Ese frente, siempre colonial, irremediablemente intrusivo e interventor en lo que resta del mundo-aldea, intenta entregar con una mano lo que ya ha retirado con la otra, se esfuerza en ofrecer antídotos, bajo la forma de derechos, para contener la acción del veneno que ya inoculó. Debido al formato constitutivo del Estado y la baja consciencia entre sus agentes de la diferencia entre la «ciudadanía» como masa de individuos formalmente titulares de derechos y una organización comunitaria y colectivista de la vida, la consecuencia de su accionar es, casi inevitablemente, disruptivo con respecto al tejido de relaciones y sistema de autoridad propio del mundo-aldea y produce la ruptura de los hilos de la memoria de sus miembros. He visto ese proceso desdoblarse, expandirse y afectar la vida de las mujeres, es de él que hablo en este texto.

El evento fundacional de ese periodo de participación y observación de casi una década se inició cuando, en 2002, dos mujeres, Rosane Kaingang y Miriam Terena, solicitaron la realización de un seminario-taller con la finalidad de apropiarse de un vocabulario de Género y de Derechos humanos que les permitiera expresar, frente al Estado, reivindicaciones de recursos y derechos para su condición de mujeres indígenas. La FUNAI [Fundación Nacional del Indio] me encomendó la conducción de ese seminario-taller de una semana, con permanencia allí, plenamente interactivo, donde escuché los problemas de cuarenta y una mujeres indígenas de todas las regiones del país, que hablaban el idioma portugués como segunda lengua, y respondí con categorías, conceptos y narrativas en las que se pudiesen verter las experiencias que allí se compartieron. Este intercambio tuvo la finalidad de colocar a su disposición un léxico para la construcción de un discurso capaz de capturar y transferir la demanda de políticas de las mujeres indígenas al Estado brasilero en las vísperas de la ascensión del PT y del presidente Lula a la presidencia de la nación[28]. A partir de ese momento, y durante una década, siguieron dos secuencias de reuniones temáticas y se creó una Coordinación de Género y Generación, a cargo de la compañera indígena Leia Bezerra Wapichana. Es de todas esas situaciones de encuentro y diálogo a lo largo y a lo ancho del inmenso país y a través de la diferencia de los muchos pueblos que lo constituyen que, bajo la forma de un discurso teórico, presento estas ideas.

Dualidad y binarismo. Verosimilitudes entre el género «igualitario» de la colonial / modernidad y su correlato jerárquico del orden pre-intrusión

Me referiré a continuación a una forma de infiltración específica, como es el de las relaciones de género del orden colonial moderno en las relaciones de género en el mundo-aldea. Es de la mayor importancia entender aquí que, al comparar el proceso intrusivo de la colonia y, más tarde, del Estado republicano en los otros mundos, con el orden de la colonial / modernidad y su precepto ciudadano, no solamente iluminamos el mundo de la aldea sino que también y sobre todo accedemos a dimensiones de la República y del camino de los Derechos que nos resultan en general opacas, invisibilizadas por el sistema de creencias —cívicas, republicanas— en el que estamos inmersos, es decir, por la fe cívica de nuestro mundo. También, me gustaría hacer notar que el análisis de lo que diferencia el género de uno y otro mundo revela con gran claridad el contraste entre sus respectivos patrones de vida en general, en todos los ámbitos y no solamente en el ámbito del género. Eso se debe a que las relaciones de género son, a pesar de su tipificación como «tema particular» en el discurso sociológico y antropológico, una escena ubicua y omnipresente de toda vida social.

Propongo, por lo tanto, leer la interface entre el mundo pre-intrusión y la colonial modernidad a partir de las transformaciones del sistema de género. Es decir, no se trata meramente de introducir el género como uno entre los temas de la crítica descolonial o como uno de los aspectos de la dominación en el patrón de la colonialidad, sino de darle un real estatuto teórico y epistémico al examinarlo como categoría central capaz de iluminar todos los otros aspectos de la transformación impuesta a la vida de las comunidades al ser captadas por el nuevo orden colonial moderno.

Este tema, me parece, forma naturalmente parte de un debate muy reciente y, para situarlo, es oportuno identificar, aquí, tres posiciones dentro del pensamiento feminista: el feminismo eurocéntrico, que afirma que el problema de la dominación de género, de la dominación patriarcal, es universal, sin mayores diferencias, justificando, bajo esta bandera de unidad, la posibilidad de transmitir los avances de la modernidad en el campo de los derechos a las mujeres no-blancas, indígenas y negras de los continentes colonizados. Sustenta, así, una posición de superioridad moral de las mujeres europeas o eurocentradas, autorizándolas a intervenir con su misión civilizadora colonial/modernizadora. Esta posición es, a su vez, inevitablemente ahistórica y antihistórica, porque forclusa la historia dentro del cristal de tiempo lentísimo, casi estancado, del patriarcado, y sobre todo ocluye la torsión radical introducida por la entrada del tiempo colonial / moderno en la historia de las relaciones de género. Como ya mencioné anteriormente, tanto la raza como el género, a pesar de haber sido instalados por rupturas epistémicas que fundaron nuevos tiempos —el de la colonialidad para la raza, y el de la especie para el género— hacen historia dentro de la estabilidad de la episteme que los originó.

Una segunda posición, en el otro extremo, es la posición de algunas autoras, como María Lugones y también Oyeronke Oyewumi, que afirman la inexistencia del género en el mundo precolonial (Lugones, 2007). Publiqué en 2003 un análisis crítico del libro de Oyeronke de 1997, a la luz de un texto mío de 1986 que manifestaba perplejidad idéntica frente al género en la atmósfera de la civilización yoruba, pero con conclusiones divergentes (Segato, 1986 y 2005).

Y una tercera posición, por mí aquí representada, respaldada por una gran acumulación de evidencias históricas y relatos etnográficos que muestran de forma incontestable la existencia de nomenclaturas de género en las sociedades tribales y afroamericanas. Esta tercera vertiente identifica en las sociedades indígenas y afroamericanas una organización patriarcal, aunque diferente a la del género occidental y que podría ser descrita como un patriarcado de baja intensidad, y no considera ni eficaz ni oportuno el liderazgo del feminismo eurocéntrico. En este grupo podemos mencionar a las pensadoras feministas vinculadas al proceso de Chiapas, que constituyó una situación paradigmática de resolución de las tensiones derivadas de la dupla inserción de las mujeres en la lucha de los pueblos indígenas y la lucha en el frente interno por mejores condiciones de existencia para su género (véase, por ejemplo, Gutiérrez y Palomo, 1999; Hernández Castillo, 2003; y Hernández y Sierra, 2005).

Las mujeres —tanto indígenas como afroamericanas (véase, por ejemplo, Williams y Pierce, 1996)— que han actuado y reflexionado divididas entre, por un lado, la lealtad a sus comunidades y pueblos en el frente externo y, por otro, a su lucha interna contra la opresión que sufren dentro de esas mismas comunidades y pueblos, han denunciado frecuentemente el chantaje de las autoridades indígenas, que las presionan para que posterguen sus demandas como mujeres a riesgo de que, de no hacerlo, acaben fragmentando la cohesión de sus comunidades, tornándolas más vulnerables para la lucha por recursos y derechos. Esto ha sido contestado por las autoras que cito.

Datos documentales, históricos y etnográficos del mundo tribal, muestran la existencia de estructuras reconocibles de diferencia, semejantes a lo que llamamos relaciones de género en la modernidad, con jerarquías claras de prestigio entre la masculinidad y la feminidad, representados por figuras que pueden ser entendidas como hombres y mujeres. A pesar del carácter reconocible de las posiciones de género, en ese mundo son más frecuentes aberturas al tránsito y circulación entre esas posiciones que se encuentran interdictas en su equivalente moderno occidental. Como es sabido, pueblos indígenas, como los warao de Venezuela, cuna de Panamá, guayaquís (aché) de Paraguay, trio de Surinam, javaés de Brasil y el mundo incaico precolombino, entre otros, así como muchos pueblos nativo norteamericanos y de las primeras naciones canadienses, además de todos los grupos religiosos afroamericanos, incluyen lenguajes y contemplan prácticas transgenéricas estabilizadas, casamientos entre personas que el Occidente entiende como del mismo sexo, y otras transitividades de género bloqueadas por el sistema de género absolutamente enyesado de la colonial / modernidad (para una lista de identidades transgenéricas en sociedades históricas y contemporáneas véase Campuzano, 2009 a: 76).

También son reconocibles, en el mundo pre-intrusión, las dimensiones de una construcción de la masculinidad que ha acompañado a la humanidad a lo largo de todo el tiempo de la especie, en lo que he llamado «prehistoria patriarcal de la humanidad», caracterizada por una temporalidad lentísima, es decir, por una longue-durée que se confunde con el tiempo evolutivo (Segato, 2003b). Esta masculinidad es la construcción de un sujeto obligado a adquirirla como estatus, atravesando pruebas y enfrentando la muerte —como en la alegoría hegeliana del señor y su siervo—. Sobre este sujeto pesa el imperativo de tener que conducirse y reconducirse a ella a lo largo de toda la vida bajo la mirada y evaluación de sus pares, probando y reconfirmando habilidades de resistencia, agresividad, capacidad de dominio y acopio de lo que he llamado «tributo femenino», para poder exhibir el paquete de potencias —bélica, política, sexual, intelectual, económica y moral— que le permitirá ser reconocido y titulado como sujeto masculino.

Esto indica, por un lado, que el género existe, pero lo hace de una forma diferente que en la modernidad. Y por el otro, que cuando esa colonial modernidad se le aproxima al género de la aldea, lo modifica peligrosamente. Interviene la estructura de relaciones de la aldea, las captura y las reorganiza desde dentro, manteniendo la apariencia de continuidad pero transformando los sentidos, al introducir un orden ahora regido por normas diferentes. Es por eso que hablo, en el título, de verosimilitud: las nomenclaturas permanecen, pero son reinterpretadas a la luz del nuevo orden moderno. Algo semejante ha apuntado Julieta Paredes con su idea del «entronque de patriarcados» (2010). Este cruce es realmente fatal, porque un idioma que era jerárquico, en contacto con el discurso igualitario de la modernidad, se transforma en un orden superjerárquico y desarraigado, debido a los factores que examinaré a continuación: la superinflación de los hombres en el ambiente comunitario, en su papel de intermediarios con el mundo exterior, es decir, con la administración del blanco; la emasculación de los hombres en el ambiente extracomunitario, frente al poder de los administradores blancos; la superinflación y universalización de la esfera pública, habitada ancestralmente por los hombres, con el derrumbe y privatización de la esfera doméstica; y la binarización de la dualidad, resultante de la universalización de uno de sus dos términos, constituido como público, en oposición a otro, constituido como privado.

Si la aldea siempre estuvo organizada por el estatus, dividida en espacios bien caracterizados y con reglas propias, con prestigios diferenciales y un orden jerárquico, habitados por criaturas destinadas a ellos que pueden ser, de forma muy genérica, reconocidas desde la perspectiva moderna como hombres y mujeres por sus papeles, propios de esos espacios, y que se muestran marcadas por este destino de distribución espacial, laboral, ritual; el discurso de la colonial / modernidad, a pesar de mostrarse como igualitario, esconde en su interior, como muchas autoras feministas ya han señalado, un hiato jerárquico abisal, debido a lo que podríamos aquí llamar, tentativamente, totalización progresiva por la esfera pública o totalitarismo de la esfera pública. Sería posible inclusive sugerir que es la esfera pública lo que hoy continúa y profundiza el proceso colonizador. Si utilizamos la categoría «contrato sexual» acuñada por Carole Pateman, iluminamos esta idea afirmando que en el mundo-aldea el contrato sexual se encuentra expuesto, mientras que en la colonial modernidad, el contrato sexual se encuentra disfrazado por el idioma del contrato ciudadano.

Ilustro con un ejemplo lo que sucede cuando llegamos con los talleres de la Coordinación de Mujeres de la Fundación Nacional del Indio a las aldeas a hablar con las mujeres indígenas sobre los problemas crecientes de violencia contra ellas, cuyas noticias llegan a Brasilia. Lo que ocurre, en general, pero muy especialmente en áreas donde la vida considerada «tradicional» se encuentra supuestamente más preservada y donde hay más consciencia del valor de la autonomía frente al Estado, como es el caso de los habitantes del Parque Xingú, en Mato Grosso, es que los caciques y los hombres se hacen presentes e interponen el argumento de que no existe nada que el Estado deba hablar con sus mujeres. Sustentan este argumento con la verdad verosímil de que su mundo «siempre fue así»: «El control que nosotros tenemos sobre nuestras mujeres es un control que siempre tuvimos sobre ellas». Sustentan este enunciado con un argumento culturalista, y fundamentalista por lo tanto, que presupone que la cultura no tiene historia. Arlette Gautier llama a esta miopía histórica «el invento del derecho consuetudinario» (Gautier 2005: 697).

La respuesta, bastante compleja por cierto, que les devolvemos, es: «En parte sí y en parte no». Porque, si siempre existió una jerarquía en el mundo de la aldea, un diferencial de prestigio entre hombres y mujeres, también existía una diferencia, que ahora se ve amenazada por la injerencia y colonización por el espacio público republicano, que difunde un discurso de igualdad y expele la diferencia a una posición marginal, problemática —el problema del «otro», o la expulsión del otro a la calidad de «problema»—. Esa inflexión introducida por la anexión a la égida, primero, de la administración colonial de base ultramarina, y, más tarde, a la de la gestión colonial / estatal, tienen, como el primero de sus síntomas, la cooptación de los hombres como la clase ancestralmente dedicada a las faenas y papeles del espacio público con sus características pre-intrusión.

Deliberar en el terreno común de la aldea, ausentarse en expediciones de caza y contacto con las aldeas, vecinas o distantes, del mismo pueblo o de otros pueblos, parlamentar o guerrear con las mismas ha sido, ancestralmente, la tarea de los hombres. Y es por esto que, desde la perspectiva de la aldea, las agencias de las administraciones coloniales que se sucedieron entran en ese registro: con quien se parlamenta, se guerrea, se negocia, se pacta y, en épocas recientes, se obtienen los recursos y derechos (como recursos) que se reivindican en tiempos de política de la identidad. La posición masculina ancestral, por lo tanto, se ve ahora transformada por este papel relacional con las poderosas agencias productoras y reproductoras de colonialidad. Es con los hombres que los colonizadores guerrearon y negociaron, y es con los hombres que lo hace el Estado de la colonial / modernidad. Para Arlette Gautier, fue deliberada y funcional a los intereses de la colonización y a la eficacia de su control la elección de los hombres como interlocutores privilegiados: «La colonización trae consigo una pérdida radical del poder político de las mujeres, allí donde existía, mientras que los colonizadores negociaron con ciertas estructuras masculinas o las inventaron, con el fin de lograr aliados» (2005: 718) y promovieron la «domesticación» de las mujeres y su mayor distancia y sujeción para facilitar la empresa colonial (ibídem: 690; Assis Climaco, 2009).

La posición masculina sufre así una inflexión y resulta promovida a una plataforma nueva y distanciada que se oculta por detrás de la nomenclatura precedente, robustecida ahora por un acceso privilegiado a recursos y conocimientos sobre el mundo del poder. Se disloca, así, inadvertidamente, mientras se opera una ruptura y reconstitución del orden, manteniendo, para el género, los antiguos nombres, marcas y rituales, pero invistiendo la posición con contenidos nuevos. Los hombres retornan a la aldea sustentando ser lo que siempre han sido, pero ocultando que se encuentran ya operando en nueva clave. Podríamos aquí también hablar de la célebre y permanentemente fértil metáfora del body-snatching de la clásica película The invasion of the body snatchers [La invasión de los cazadores de cuerpos]; el «crimen perfecto» formulado por Baudrillard, en cuanto eficazmente oculto en la falsa analogía o vero-similitud. Estamos frente al elenco de género representando otro drama; a su léxico, capturado por otra gramática.

Las mujeres y la misma aldea se vuelven ahora parte de una externalidad objetiva para la mirada masculina, contagiada, por contacto y mímesis, del mal de la distancia y exterioridad propias del ejercicio del poder en el mundo de la colonialidad. La posición de los hombres se tornó simultáneamente interior y exterior, con la exterioridad y capacidad objetificadora de la mirada colonial, simultáneamente administradora y pornográfica. De forma muy sintética, que no tengo posibilidad de extender aquí, anticipo que la sexualidad se transforma, introduciéndose una moralidad antes desconocida, que reduce a objeto el cuerpo de las mujeres y al mismo tiempo inocula la noción de pecado, crímenes nefandos y todos sus correlatos. Debemos atribuir a la exterioridad colonial / moderna —exterioridad de la racionalidad científica, exterioridad administradora, exterioridad expurgadora del otro y de la diferencia— ya apuntada por Aníbal Quijano y por Walter Mignolo en sus textos, ese carácter pornográfico de la mirada colonizadora (Quijano 1992; Mignolo 2003: 290-291 y 424).

Advertir todavía que, junto a esta hiperinflación de la posición masculina en la aldea, ocurre también la emasculación de esos mismos hombres en el frente blanco, que los somete a estrés y les muestra la relatividad de su posición masculina al sujetarlos a dominio soberano del colonizador. Este proceso es violentogénico, pues oprime aquí y empodera en la aldea, obligando a reproducir y a exhibir la capacidad de control inherente a la posición de sujeto masculina en el único mundo ahora posible, para restaurar la virilidad perjudicada en el frente externo. Esto vale para todo el universo de masculinidad racializada, expulsada a la condición de no-blancura por el ordenamiento de la colonialidad.

Son también parte de este panorama de captación del género pre-intrusión por el género moderno el secuestro de toda política, es decir, de toda deliberación sobre el bien común, por parte de la naciente y expansiva esfera pública republicana, y la consecuente privatización del espacio doméstico, su otrificación, marginalización y expropiación de todo lo que en ella era quehacer político. Los vínculos exclusivos entre las mujeres, que orientaban a la reciprocidad y a la colaboración solidaria tanto ritual como en las faenas productivas y reproductivas, se ven dilacerados en el proceso del encapsulamiento de la domesticidad como «vida privada». Esto significa, para el espacio doméstico y quienes lo habitan, nada más y nada menos que un desmoronamiento de su valor y munición política, es decir, de su capacidad de participación en las decisiones que afectan a toda la colectividad. Las consecuencias de esta ruptura de los vínculos entre las mujeres y del fin de las alianzas políticas que ellos permiten y propician para el frente femenino fueron literalmente fatales para su seguridad, pues se hicieron progresivamente más vulnerables a la violencia masculina, a su vez potenciada por el estrés causado por la presión sobre ellos del mundo exterior.

El compulsivo confinamiento del espacio doméstico y sus habitantes, las mujeres, como resguardo de lo privado tiene consecuencias terribles en lo que respecta a la violencia que las victimiza. Es indispensable comprender que esas consecuencias son plenamente modernas y producto de la modernidad, recordando que el proceso de modernización en permanente expansión es también un proceso de colonización en permanente curso. Así como las características del crimen de genocidio son, por su racionalidad y sistematicidad, originarias de los tiempos modernos, los feminicidios, como prácticas casi maquinales de extermino de las mujeres son también una invención moderna. Es la barbarie de la colonial modernidad mencionada anteriormente. Su impunidad, como he intentado argumentar en otro lugar, se encuentra vinculada a la privatización del espacio doméstico, como espacio residual, no incluido en la esfera de las cuestiones mayores, consideradas de interés público general (Segato, 2010b). Con la emergencia de la grilla universal moderna, de la que emanan el Estado, la política, los derechos y la ciencia, tanto la esfera doméstica como la mujer que la habita, se transforman en meros restos, en el margen de los asuntos considerados de relevancia universal y perspectiva neutra.

Si bien en el espacio público del mundo de la aldea de un gran número de pueblos amazónicos y chaqueños existen restricciones precisas a la participación y alocución femenina y es reservada a los hombres la prerrogativa de deliberar, estos hombres, como es bien sabido, interrumpen al atardecer el parlamento en el ágora tribal, en muchos casos muy ritualizado, sin llegar a conclusión alguna, para realizar una consulta por la noche en el espacio doméstico. Solo se reanudará el parlamento al día siguiente, con el subsidio del mundo de las mujeres, que solo habla en la casa. Si esta consulta no tiene lugar, la penalidad será intensa para los hombres. Esto es habitual y ocurre en un mundo claramente compartimentalizado donde, si bien hay un espacio público y un espacio doméstico, la política, como conjunto de deliberaciones que llevan a las decisiones que afectan la vida colectiva, atraviesa los dos espacios. En el mundo andino, la autoridad de los mallkus, aunque su ordenamiento interno sea jerárquico, es siempre dual, involucra una cabeza masculina y una cabeza femenina y todas las deliberaciones comunitarias son acompañadas por las mujeres, sentadas al lado de sus esposos o agrupadas fuera del recinto donde ocurren, y ellas hacen llegar las señales de aprobación o desaprobación al curso del debate. Si es así, no existe el monopolio de la política por el espacio público y sus actividades, como en el mundo colonial moderno. Al contrario, el espacio doméstico es dotado de politicidad, por ser de consulta obligatoria y porque en él se articula el grupo corporativo de las mujeres como frente político.

El género, así reglado, constituye una dualidad jerárquica, en la que ambos términos, a pesar de su desigualdad, tienen plenitud ontológica y política. En el mundo de la modernidad no hay dualidad, hay binarismo. Mientras en la dualidad la relación es de complementariedad, la relación binaria es suplementar, un término suplementa —y no complementa— el otro. Cuando uno de esos términos se torna «universal», es decir, de representatividad general, lo que era jerarquía se transforma en abismo, y el segundo término se vuelve resto: esta es la estructura binaria, diferente de la dual.

De acuerdo con el patrón colonial moderno y binario, cualquier elemento, para alcanzar plenitud ontológica, plenitud de ser, deberá se ecualizado, es decir, conmensurado a partir de una grilla de referencia o equivalente universal. Esto produce el efecto de que cualquier manifestación de la otredad constituirá un problema, y solo dejará de serlo tamizado por la grilla ecualizadora, neutralizadora de particularidades, de idiosincrasias. El otro-indio, el otro-no-blanco, la mujer, si no son depurados de su diferencia o exhiben una diferencia conmensurada en términos de identidad reconocible dentro del patrón global, no se adaptan con precisión a este ambiente neutro, aséptico, del equivalente universal, es decir, de lo que puede ser generalizado y atribuido de valor e interés universal. Solo adquieren politicidad y son dotados de capacidad política, en el mundo de la modernidad, los sujetos —individuales y colectivos— y cuestiones que puedan, de alguna manera, procesarse, reconvertirse, transportarse y reformular sus problemas de forma que puedan ser enunciados en términos universales, en el espacio «neutro» del sujeto republicano, donde supuestamente habla el sujeto ciudadano universal. Todo lo que sobra en ese procesamiento, lo que no puede convertirse o conmensurarse dentro de esa grilla, es resto.

Sin embargo, como ya otros autores han afirmado, este ámbito, esta ágora moderna, tiene un sujeto nativo de su espacio, único capaz de transitarlo con naturalidad porque de él es oriundo. Y este sujeto, que ha formulado la regla de la ciudadanía a su imagen y semejanza, porque la originó a partir de una exterioridad que se plasmó en el proceso primero bélico e inmediatamente ideológico que instaló la episteme colonial y moderna, tiene las siguientes características: es hombre, es blanco, es pater familiae —por lo tanto, al menos funcionalmente, heterosexual—, es propietario y es letrado. Todo el que quiera mimetizarse de su capacidad ciudadana tendrá que, por medio de la politización —en el sentido de publicización de la identidad, pues lo público es lo único que tiene potencia política en el ambiente moderno—, reconvertirse a su perfil (véase Warner, 1990; West, 2000 [1988]; Benhabib, 2006 [1992]; Cornell, 2001 [1998]; Young. 2000).

El dualismo, como el caso del dualismo de género en el mundo indígena, es una de las variantes de lo múltiple. El dos resume, epitomiza una multiplicidad originada en los tránsitos entre los dos polos; los cruces, encuentros y encrucijadas de las tantas formas de transgeneridad constatadas en los mundos no intervenidos o solo parcialmente intervenidos por la estructura de la colonialidad. El binarismo, propio de la colonial modernidad, resulta de la episteme del expurgo y la exterioridad construida, del mundo del Uno. El uno y el dos de la dualidad indígena son posibilidades de lo múltiple, donde el uno y el dos, aunque puedan funcionar complementariamente, son ontológicamente completos y dotados de politicidad, a pesar de ser desiguales en valor y prestigio. El segundo en esa dualidad jerárquica no es un problema que demanda conversión, procesamiento por la grilla de un equivalente universal, y tampoco es resto de la transposición al Uno, sino que es plenamente otro, un otro completo, irreductible.

Al comprender esto, entendemos que el doméstico es un espacio ontológica y políticamente entero, completo con su política propia, con sus asociaciones propias, jerárquicamente inferior a lo público, pero con capacidad de autodefensa y de autotransformación. Podría decirse que la relación de género en este mundo configura un patriarcado de baja intensidad, si lo comparamos con las relaciones patriarcales impuestas por la colonia y estabilizadas en la colonialidad moderna.

Sin ir a los detalles, llamo la atención aquí sobre el conocido fracaso de las estrategias de género de prestigiosos programas de cooperación internacional, precisamente porque aplican una mirada universalista y parten de una definición eurocéntrica de lo que es el «género» y las relaciones que organiza. En otras palabras, la gran fragilidad de las acciones de cooperación en este aspecto se debe a que carecen de sensibilidad para las categorías propias de los contextos para los cuales los proyectos son formulados. En las comunidades rurales y en las aldeas indígenas, la sociedad es dual en lo que respecta al género, y esa dualidad organiza los espacios, las tareas, la distribución de derechos y deberes. Esa dualidad define las comunidades o colectivos de género. Eso quiere decir que el tejido comunitario general es, a su vez, subdividido en dos grupos, con sus normas internas y formas propias de convivencia y asociación tanto para tareas productivas y reproductivas como para tareas ceremoniales. En general, los proyectos y acciones de cooperación técnica de los países europeos revelan la dificultad de percibir la especificidad del género en los ambientes comunitarios de su actuación. El resultado es que proyectos y acciones referidos al género y destinados a promover la igualdad de género son referidos y aplicados a personas, esto es, a individuos mujeres, o a la relación entre individuos mujeres e individuos hombres, y el resultado perseguido es el de la promoción directa y sin mediaciones de la igualdad de género concebida como igualdad de personas y no de esferas. Centradas en los individuos, las acciones de promoción de la equidad de género no perciben que acciones sensibles al contexto comunitario deben estar dirigidas a promover la esfera doméstica y el colectivo de las mujeres como un todo, frente a la jerarquía de prestigio y el poder del espacio público comunitario y el colectivo de los hombres. En verdad, la meta de los proyectos debería ser la promoción de la igualdad entre el colectivo de los hombres y el colectivo de las mujeres dentro de las comunidades. Solamente esa igualdad podrá resultar, posteriormente, en el surgimiento de personalidades destacadas de mujeres que no se distancien de sus comunidades de origen, es decir, que tengan retorno y una actuación permanente junto a su grupo.

El otro gran error en que incurren programas de cooperación internacional, políticas públicas y acciones de ONG reside en la noción de transversalidad y en la estrategia derivada de transversalizar las políticas destinadas a remediar el carácter jerárquico de las relaciones de género. Si el error anteriormente apuntado resultaba de la idea eurocéntrica de considerar que en el mundo-aldea las relaciones de género son relaciones de individuos mujeres e individuos hombres y no percibir que se trata jerarquía de grupos de género, es decir, de desigualdad entre las esferas en las que se subdivide la organización de la comunidad, el error de la idea de transversalidad es que se basa en el supuesto de que existen dimensiones de la vida comunitaria que son de interés universal —su economía, su organización social, su vida política, etc.— y dimensiones que son de interés particular, parcial —la vida doméstica y lo que les pasa y hacen las mujeres. La propuesta de transversalizar las políticas de género se basa en la errónea idea ya examinada más arriba de que en la aldea lo público es de valor universal, es decir, que es equivalente al ámbito universal situado en la esfera pública en el régimen colonial moderno, y lo doméstico es de interés particular, privado e íntimo, estableciendo una jerarquía entre los dos. Como consecuencia de esta jerarquía, lo que se transversaliza es lo que se supone de interés parcial, particular, considerándolo como un agregado de los temas centrales y de interés universal. Esta es también como en el caso anterior, una proyección eurocéntrica de la estructura de las instituciones en la modernidad sobre las instituciones del mundo-aldea. Tranversalizar lo de interés particular, parcial, como son las acciones de género, atravesando temáticas supuestas universales es un error cuando se quiere alcanzar la realidad de los mundos que no obedecen a la organización occidental y moderna de la vida, mundos que no operan orientados por el binarismo eurocéntrico y colonial. En el mundo-aldea, aunque más prestigiosa, la esfera de lo político no es universal sino, como la doméstica, una de las parcialidades. Ambas son entendidas como ontológicamente completas.

Además del apuntado individualismo inherente a la perspectiva del Estado y de los programas estatales y transestatales, el mundo moderno es el mundo del Uno, y todas las formas de otredad con relación al patrón universal representado por este Uno constituyen un problema. La propia disciplina antropológica es prueba de ello, pues nace al abrigo de la convicción moderna de que los otros tienen que ser explicados, traducidos, conmensurados, procesados por la operación racional que los incorpora a la grilla universal. Lo que no puede ser reducido a ella, permanece como sobra y no tiene peso de realidad, no es ontológicamente pleno, es descarte incompleto e irrelevante. La deconstrucción derrideana, que desestabiliza la dupla binaria, no tiene cabida ni rendimiento en el circuito de la dualidad.

Con la transformación del dualismo, como variante de lo múltiplo, en el binarismo del Uno —universal, canónico, «neutral»— y su otro —resto, sobra, anomalía, margen— pasan a clausurarse los tránsitos, la disponibilidad para la circulación entre las posiciones, que pasan a ser todas colonizadas por la lógica binaria. El género se enyesa, a la manera occidental, en la matriz heterosexual, y pasan a ser necesarios los derechos de protección contra la homofobia y las políticas de promoción de la igualdad y la libertad sexual, como el matrimonio entre hombres o entre mujeres, prohibido en la colonial / modernidad y aceptado en una amplia diversidad de pueblos indígenas del continente (por ejemplo, las comunidades de religión afrobrasileira nagô yoruba de Recife, Segato, 1986).

Las presiones que impuso el colonizador sobre las diversas formas de la sexualidad que encontró en el incanato han sido reveladas por Giuseppe Campuzano en crónicas y documentos del siglo XVI y XVII (Campuzano, 2006 y 2009, entre otros). En ellas se constata la presión ejercida por las normas y las amenazas punitivas introducidas para capturar las prácticas en la matriz heterosexual binaria del conquistador, que impone nociones de pecado extrañas al mundo aquí encontrado y propaga su mirada pornográfica. Esto nos permite concluir que muchos de los prejuicios morales hoy percibidos como propios de «la costumbre» o «la tradición», aquellos que el instrumental de los derechos humanos intenta combatir, son en realidad prejuicios, costumbres y tradiciones ya modernos, esto es, oriundos del patrón instalado por la colonial modernidad. En otras palabras, la supuesta «costumbre» homofóbica, así como otras, ya es moderna y, una vez más, nos encontramos con el antídoto jurídico que la modernidad produce para contrarrestar los males que ella misma introdujo y continúa propagando.

Ese enyesamiento en posiciones de identidad es también una de las características de la racialización, instalada por el proceso colonial / moderno, que empuja a los sujetos a posiciones fijas dentro del canon binario aquí constituido por los términos blanco / no-blanco (sobre la coemergencia de la colonia, la modernidad y el capitalismo con las categorías «Europa», «América», «raza», «indio», «blanco», «negro», véase Quijano, 1991, 2000; y Quijano y Wallerstein, 1992).

También la redistribución del cosmos y la tierra toda con todos sus seres, animados e inanimados, para caber en el binarismo de la relación sujeto-objeto de la ciencia occidental es triste parte de este proceso. En esta nueva situación —nueva y progresiva para muchos pueblos expuestos a un permanente y diario proceso de conquista y colonización—, las luchas por derechos y políticas públicas inclusivas y tendentes a la equidad son propias del mundo moderno, naturalmente, y no se trata de oponerse a ellas, pero sí de comprender a qué paradigma pertenecen y, especialmente, entender que vivir de forma descolonial es intentar abrir brechas en un territorio totalizado por el esquema binario, que es posiblemente el instrumento más eficiente del poder.

Es por eso que les digo, a mis interlocutoras indias, en los talleres de la Coordinación de Género y Generación de la Fundación Nacional del Indio, al exponer ante ellas los avances de la Lei Maria da Penha contra la Violência Doméstica: el Estado les da con una mano lo que ya les sacó con la otra, intenta vacunar contra el veneno que ya ha inoculado.

Cuando el mundo del Uno y su resto, en la estructura binaria, encuentra el mundo de lo múltiplo, lo captura y modifica desde su interior como consecuencia del patrón de la colonialidad del poder, que permite una influencia mayor de un mundo sobre otro. Lo más preciso será decir que lo coloniza. En este nuevo orden dominante, el espacio público, a su vez, pasa a capturar y monopolizar todas las deliberaciones y decisiones relativas al bien común general, y el espacio doméstico como tal se despolitiza totalmente, tanto porque pierde sus formas ancestrales de intervención en las decisiones que se tomaban en el espacio público, como también porque se encierra en la familia nuclear y se clausura en la privacidad. Pasan a normar la familia nuevas formas imperativas de conyugalidad y de censura de los lazos extendidos que atravesaban la domesticidad (Maia, 2010; Abu-Lughod, 2002), con la consecuente pérdida del control que el ojo comunitario ejercía, vigilando y juzgando los comportamientos. La despolitización del espacio doméstico lo vuelve entonces vulnerable y frágil, y son innumerables los testimonios de los grados y formas crueles de victimización que ocurren cuando desaparece el amparo de la mirada de la comunidad sobre el mundo familiar. Se desmorona entonces la autoridad, el valor y el prestigio de las mujeres y de su esfera de acción.

Esta crítica de la caída de la esfera doméstica y del mundo de las mujeres desde una posición de plenitud ontológica al nivel de resto o sobra de lo real tiene consecuencias gnoseológicas importantes. Entre ellas, la dificultad que enfrentamos cuando, a pesar de entender la omnipresencia de las relaciones de género en la vida social, no conseguimos pensar toda la realidad a partir del género dándole un estatuto teórico y epistémico como categoría central capaz de iluminar todos los aspectos de la vida. A diferencia de esto, en el mundo pre-intrusión, las referencias constantes a la dualidad en todos los campos simbólicos muestran que este problema de la devaluación gnoseológica del sistema de género allí no existe.

Lo que es más importante notar aquí es que, en este contexto de cambio, se preservan las nomenclaturas y ocurre un espejismo, una falsa impresión de continuidad de la vieja ordenación, con un sistema de nombres, formalidades y rituales que aparentemente permanece, pero que es ahora regido por otra estructura (Segato, 2007). Este pasaje es sutil, y la falta de claridad sobre los cambios ocurridos hace que las mujeres se sometan sin saber cómo contestar la reiterada frase de los hombres del «siempre fuimos así», y a su reivindicación de la manutención de una costumbre que suponen o afirman tradicional, con la jerarquía de valor y prestigio que le es propia. De allí deriva un chantaje permanente a las mujeres que las amenaza con el supuesto de que, de tocar y modificar este orden, la identidad, como capital político, y la cultura, como capital simbólico y referencia en las luchas por la continuidad como pueblo, se verían perjudicadas, debilitando así las demandas por territorios, recursos, y derechos como recursos.

Lo que ha pasado, sin embargo y como vengo diciendo, es que se han agravado internamente, dentro del espacio de la aldea, como consecuencia de la colonización moderna, la distancia jerárquica y el poder de los que ya tenían poder —ancianos, caciques, hombres en general—. Como afirmé, si bien es posible decir que siempre hubo jerarquía y relaciones de género como relaciones de poder y prestigio desigual, con la intervención colonial estatal y el ingreso al orden de la colonial / modernidad esa distancia opresiva se agrava y magnifica. Ocurre una mutación bajo el manto de una aparente continuidad. Es, por eso, necesario ensayar una habilidad retórica considerable para hacer comprender que el efecto de profundidad histórica es una ilusión de óptica, que sirve para solidificar las nuevas formas de autoridad de los hombres y otras jerarquías de la aldea. Porque nos encontramos aquí frente a un culturalismo perverso, que no es otra cosa que el fundamentalismo de la cultura política de nuestra época, inaugurado con la caída del muro de Berlín y la obsolescencia del debate marxista, cuando las identidades, ahora politizadas, se transformaron en el lenguaje de las disputas (Segato, 2007).

En suma y recapitulando, cuando, en un gesto que pretende la universalización de la ciudadanía, pensamos que se trata de substituir la jerarquía que ordenaba la relación de hombres y mujeres por una relación igualitaria, lo que estamos realmente haciendo es remediando los males que la modernidad ya introdujo con soluciones también modernas: el Estado entrega con una mano lo que ya retiró con la otra. A diferencia del «diferentes pero iguales» de la fórmula del activismo moderno, el mundo indígena se orienta por la fórmula, difícil para nosotros de entender, de «desiguales pero distintos». Es decir, realmente múltiplos, porque el otro, distinto, y aún inferior, no representa un problema a ser resuelto. El imperativo de la conmensurabilidad desaparece. Es aquí que entra con provecho el entremundo de la modernidad crítica, fertilizando la jerarquía étnica con su discurso de igualdad, y generando lo que algunos comienzan a llamar ciudadanía étnica o comunitaria, que solamente podrá ser adecuada si parte del fuero interno y la jurisdicción propia, es decir, del debate y la deliberación de sus miembros, tramando los hilos de su historia particular. Concluyo aquí remitiendo a la extraordinaria película Mooladé, del director senegalés recientemente fallecido Ousman Sembene, sobre la lucha de un grupo de mujeres de una aldea de Burkina Faso para erradicar la práctica de la infibulación: desde el interior, la faz interna de la comunidad atravesada, como siempre ha sido, por el mundo circundante.

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5. Femigenocidio como crimen en el fuero internacional de los Derechos Humanos[29]

La lucha por el derecho como contienda en el campo discursivo

Partiré de una idea que ya se encuentra presente en dos de los capítulos de mi libro Las estructuras elementales de la violencia (2003). Allí afirmo que mucho más que su rendimiento en sentencias proferidas por los jueces, el derecho es instrumental en manos de las personas como repertorio de palabras consagradas por la narrativa eminente que son los códigos jurídicos.

Esto quiere decir que el campo jurídico es, por encima de todo, un campo discursivo y, por eso mismo, la Lucha por el Derecho, tanto en el sentido de la formulación de leyes como en el sentido de hacer efectivo el estatus de existencia de las ya formuladas (recordando aquí el seminal ensayo de Rudolf Von Ihering) es, por un lado, la lucha por la nominación, por la consagración jurídica de los nombres del sufrimiento humano, por entronizar jurídicamente los nombres que ya se encuentran en uso, y, por el otro, la lucha por publicitar y colocar en uso, en boca de las personas, las palabras de la ley.

En otras palabras, se trata de la doble disputa por el acceso a los códigos jurídicos en su condición de narrativa maestra de las naciones y por la capacidad de inscribirnos, como demandantes, en ellos; y por hacer valer, no solo en los tribunales sino también en las relaciones cotidianas, cara a cara, las palabras autorizadas por la ley.

Por otro lado, las leyes son la forma en que las naciones consagran, a través de los Estados, la acogida y el reconocimiento de la existencia de cada comunidad de intereses y acatan su «yo acuso» idiosincrásico y particular. Si una comunidad solidificada a partir de una identidad de intereses no se encuentra en el discurso jurídico, ella concluirá naturalmente que el Estado no le otorga existencia. La ley, de esta forma, se comporta como la institución que reconoce e inscribe la silueta de cada una de las colectividades cuya vida pretende regir. De esa forma, la lucha por el derecho es la lucha por obtener esa inscripción, y quien consigue acceder a ella exhibe esa capacidad, esa plenitud ontológica, ese estatuto de ser-entre-los-otros, por encima de aquellos que no lo consiguen.

Si la ley tiene la audibilidad o potencia discursiva que permite validar la influencia de un sujeto colectivo que en ella consigue representarse, sobre su eficacia pesa un límite muy preciso. Ese límite es relativo a su dimensión discursiva, porque, cuando relevo esta última colocándola a la par o hasta por encima de su productividad propiamente normativa en términos de sentencias, presumo precisamente que ella tendrá, por su parte, un rendimiento que le es propio y característico. Y ¿cuál sería el rendimiento inherente a la dimensión discursiva de la ley? Pues no otro que su capacidad de impactar y modelar, con las categorías que consagra legislativa y jurídicamente, la sensibilidad ética de las personas. En este sentido, el derecho y, en especial, los Derechos Humanos, se encuentran indisociablemente vinculados a la historia del progresivo desarrollo de la sensibilidad ética de los pueblos y, sin esa correlación, su eficacia se encuentra severamente comprometida (Segato, 2006a). Por esto mismo, una ley que no obtenga eficacia en este campo, es decir, que no consiga representar, interpelar y controlar la ética de las personas y las ideas corrientes sobre lo que es decente o indecente, bueno o malo, no tendrá vigencia real y será necesariamente una ley sin eficacia normativa. Esta cualidad coloca en jaque la fe que el sentido común deposita en la causalidad propiamente normativa de la ley y la suposición de que existiría una relación directa, de causa-efecto, entre leyes y prácticas.

La lucha por el aborto es un claro ejemplo de este aspecto, de esta dimensión fundamental de lo jurídico. La prohibición del aborto en la ley nunca llevó a la abolición de la práctica del aborto. Como lo demuestra un estudio de 2007 realizado para la Comisión Nacional de Programas de Investigación Sanitaria del Ministerio de Salud de la Nación, en la Argentina, los casi 90 años de vigencia de la ley que criminaliza el aborto poco impacto han tenido, ya que, según sus conclusiones, cada mujer practica, en promedio, dos abortos, de manera que se produce poco menos que un aborto por cada nacimiento (Mario y Pantelides, 2008). Esto indica que no debemos buscar el propósito real de la ley que prohíbe el aborto en el intento de controlar su práctica, a la cual ya quedó demostrado que poco puede afectar, sino en otro referente. Y, precisamente, la posibilidad de vigencia de esta ley se ve severamente comprometida porque sería imposible convencer a la mayor parte de las mujeres y a la población en general de que un ser orgánicamente inacabado y, en muchos casos, un conjunto de pocas células debe ser considerado un ser humano, una persona, ya que esta afirmación contradice la racionalidad propia de la inteligencia de sentido común y demanda creencias mágicas disfuncionales a los proyectos históricos contemporáneos.

Por lo tanto, concluimos que la ley, muy especialmente en ese caso, debe ser percibida inequívocamente como el resultado de una relación entre partes, la relación entre los sectores que se ven representados en la enunciación jurídica de la prohibición del aborto y los sectores que se ven representados en la no-enunciación jurídica de la prohibición del aborto. Es decir, la lucha por la criminalización o la descriminalización del aborto no es una lucha para que sea posible la práctica del aborto, pues la ley no ha demostrado capacidad para controlar eso, sino que es la lucha por el acceso y la inscripción en la narrativa jurídica de dos sujetos colectivos en pugna por obtener reconocimiento en el contexto de la nación. La lucha por la autorización o no-autorización del aborto es nada más y nada menos que la confrontación entre partes que pretenden afirmar su existencia y capacidad de influencia en la escena nacional. Una de esas partes es el Estado Vaticano y su representación en el país, ansioso por afirmar ante la nación que todavía retiene una porción importante de poder decisorio sobre su destino.

Es necesario aclarar aquí, todavía, que esas partes no son simétricas o equivalentes, a pesar de representar grupos de interés diferenciados dentro de la sociedad. Y no son equivalentes porque una de ellas, la que lucha por descriminalizar el aborto, lucha auténticamente por esta razón y con la finalidad de salvar vidas de mujeres. La otra, sin embargo, aunque antagónica, no lucha, como acabo de demostrar, como proclama, en defensa de la vida, sino dentro de lo que puede ser interpretado como una política de la identidad: para afirmar una identidad mediante su demanda, y marcar territorio dentro de la nación como dominio bajo el control de la iglesia. A pesar del antagonismo, una posición es auténtica y la otra es inauténtica con relación al contenido que invocan para su accionar político.

En el caso de los feminicidios, que he trabajado en estos últimos años, se percibe claramente una economía circular, de doble mano: ante la negativa de los cuerpos jurídicos y de los juristas y jueces que tendrían la capacidad de crear jurisprudencia o de influir en la formulación de normativas, las mujeres han pasado a usar el término feminicidio como si ya existiera en el derecho, alzándose, de esa forma, contra la resistencia de las autoridades a acoger la categoría que las consagra como demandantes a pesar de que esta ya existe, de hecho, plenamente en los criterios de la población y es acatada por los medios.

Esta dimensión se encuentra presente no solo en la función legislativa, sino también en la aplicación de la ley. Un buen ejemplo es el debate actual, en Brasil, sobre la extradición de Cesare Battisti, exintegrante de las Brigadas Rojas italianas. Este debate también debe ser referido al conflicto entre partes desiguales en un mundo marcado por la colonialidad y el eurocentrismo (Quijano, 2000). En este caso, la tensión ocurre, por un lado, entre la Italia de Berlusconi, su presunta condición geopolítica dominante como país europeo y la ansiedad de sus autoridades por demostrar ante el mundo su capacidad de ser-Europa mediante la imposición de una influencia y consecuente acatamiento eurocéntrico de las eminencias jurídicas brasileñas —los ministros de la Suprema Corte—; y, por otro, la resistencia de un Ejecutivo, en la persona del ministro de Justicia Tarso Genro, líder histórico del Partido de los Trabajadores, que opera con una conciencia más nacionalista y, en este caso, antagónica con respecto a la militancia eurocentrista de Berlusconi y su presión implacable sobre las autoridades brasileñas. Poco tiene que ver este conflicto con la peligrosidad del detenido, y mucho con la necesidad de demostrar influencia, en el caso del actor Berlusconi, o autonomía soberana, en el caso de los actores políticos brasileños. Esto nos lleva muy lejos de las cuestiones que pensaríamos sustantivas del derecho.

El protagonismo de los legisladores y del sistema judicial sería, de acuerdo con esta perspectiva, más complejo de lo que imaginan los juristas, pues tendrían, por encima de todo, el papel de otorgar legitimidad a determinadas posiciones de sujeto mediante su autoridad nominadora —en el sentido de tener autoridad para instalar nombres en el discurso consagrado como legislativo, o para adjudicar nombres a través de la función juzgadora—, actuando así como ancla, referente o garante de que el discurso es válido y el sufrimiento social que nomina está oficialmente reconocido.

Esta me parece una concepción mucho más democrática de la función jurídica: si la teoría no solamente describe la realidad sino que también la prescribe, estaríamos precisamente sancionando una forma de entender el derecho como asunto de todas las personas, puesto que, si bien solamente algunas pueden ser «operadoras del derecho», todas pueden ser «operadoras del discurso del derecho».

Un caso que ilustra perfectamente lo que vengo diciendo es la forma en que se da el gran debate nacional brasileño sobre la política de reserva de cupos o cuotas para alumnos negros en las universidades, de cuya primera e histórica proposición fui coautora, con José Jorge de Carvalho, en noviembre de 1999. Ese debate fue compendiado en sendos conjuntos de manifiestos, en pro y en contra de la política de reserva de cupos. El primer par de manifiestos —pro y contra— fue entregado por representantes de sus respectivos signatarios al Congreso Nacional en 2006, y el segundo par, a la Suprema Corte Federal, en 2008. La posición de la élite conservadora revela de forma muy clara el impúdico desvelo de las élites blanca y blanqueada brasileñas por impedir el pasaje de los excluidos por el corredor de acceso a las posiciones de control de la vida nacional que es la universidad pública, e intenta sin más mantener el monopolio de la universidad, en plena conciencia de que la universidad es la avenida de acceso a las profesiones de prestigio y a los ámbitos donde se toman las decisiones sobre los destinos de la nación. La raza, para este grupo, estaría propiamente «creada», instituida, si está mencionada en la legislación; si no está mencionada en la legislación, su realidad no tendría contundencia. Crear raza, legislándola, según afirman, es contraproducente porque divide y fragiliza la unidad nacional.

Esto se constata en la ADPF (Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental) presentada por la abogada Roberta Fragoso Kaufmann en representación del partido Demócratas (DEM), a la Suprema Corte Federal, contra la adopción de cuotas raciales en las universidades brasileñas. Pues el argumento central esgrimido por la abogada no es, como se pensaría, que las acciones afirmativas son anticonstitucionales en un Estado democrático; ni que Brasil no debe adoptar un modelo de Estado social (en oposición al Estado liberal), legislando a favor de la «integración de minorías», la «erradicación de la pobreza», la «reducción de las desigualdades sociales y regionales», etc., priorizando así la idea «de solidaridad, de armonía, de preponderancia de la totalidad con relación a lo individual». Ni tampoco la autora pone en duda «la existencia de racismo, de prejuicios y discriminación en la sociedad brasileña», ni niega que estos «representan llagas que deben ser proscriptas, combatidas y castigadas con el máximo rigor, en la órbita individual y en la esfera colectiva». Ninguno de estos es el eje central de la argumentación de la abogada, sino algo que demuestra ciertamente el valor discursivo otorgado al derecho, ya que lo que confronta es precisamente «la implementación de un Estado racializado», es decir, la institucionalización del racismo mediante la nominación de la raza en la ley. Este es el eco, en el debate jurídico sobre el tema, de la posición, en el Brasil, de un grupo importante de intelectuales destacados en la sociedad, que afirma sin dudar que la idea de raza solamente existirá en la nación si está legislada, es decir, si está nombrada en la ley. Esto muestra el alcance y la impregnación de la idea del derecho como un repertorio de nombres sancionados, validados, consagrados como capaces de crear realidad, es decir, numinosos, dotados de poder místico.

Con lo dicho hasta aquí intento llamar la atención para lo que he entendido como la «eficacia nominativa de la ley» (Segato, 2003) o, citando al jurista colombiano Mauricio García Villegas (1993), «eficacia simbólica del derecho», y que también puede ser descrito como «eficacia performativa del derecho» (Enríquez, 2009) y encuentra afinidades con la formulación del «derecho como conjuro» (Lemaitre Ripoll, 2009). Esta perspectiva, si es mal entendida, sugeriría un cierto grado de colisión con la crítica que el eminente jurista brasileño Marcelo da Costa Pinto Neves formula en su libro A Constitucionalização Simbólica (2007), en el sentido de que una mera hiperinflación discursiva de la ley no consigue impactar en las prácticas sociales. Mi preocupación va en sentido contrario, sin negar lo que este autor nos muestra: que la ley no solamente debe impactar en la realidad por medio de las sentencias de los jueces, sino que, sobre todo, debe arraigarse en la realidad en el uso cotidiano de sus nombres, mediante campañas de publicidad y también como consecuencia del acatamiento de los nombres que ya circulan entre las personas para indicar las siempre renovadas formas de sufrimiento, otorgándoles reconocimiento como experiencia.

Abordada desde este ángulo, la lucha por el derecho se muestra próxima a lo que algunos autores han llamado el «derecho a narrar», porque el acceso a la inscripción de la demanda de un sujeto colectivo constituido por intereses comunes es también, y sobre todo, el derecho a narrarse en el discurso maestro sobre la nación que es el discurso jurídico (Said, 1984; Bhabha, 2001).

Disputas por nombrar o por no nombrar en el derecho

Como es de público conocimiento, son diversas las disputas por nombrar o por no nombrar en el derecho. Nombrar como «genocidio», lo sabemos, el exterminio de los grupos políticos confesionales cometido por los regímenes dictatoriales en nuestro continente, frente a la insistencia de los que afirman que constituyen, de forma más genérica, crímenes de lesa humanidad. Es, sin embargo, la voz popular la que domina el debate, al gritar: «¡Genocidas!».

También la presión por extender la categoría «genocidio» al exterminio colonial, como primer genocidio en el sentido moderno del término, y que en mucho se anticipó al holocausto o Shoá nazi. Como afirma el activista indígena Chris Mato Nunpa, los dakota del actual estado de Minnesota fueron sometidos al mismo planificado tratamiento previsto por la totalidad de los criterios de la Convención de 1948: cacería de personas, con trofeos de caza por indio asesinado; campos de concentración; marchas forzadas hasta la extenuación y la muerte; relocalizaciones forzadas; limpieza étnica y, claro, exterminio directo. Aquí, en la Argentina, también tenemos esa nada gloriosa precedencia. Mato Numpa insiste: You need to begin using these terms [Necesitamos empezar a usar esos términos] (2008).

De la misma forma, la lucha por el reconocimiento, por ejemplo, en Brasil, de que está en curso un genocidio de jóvenes negros, cuya primera causa mortis entre los 18 y los 25 años es el asesinato (Paixão y Carvano, 2008), en el que el Estado es el actor más francamente inimputable de cuantos participan en esa escena (Matos Menezes, 2009). Efectivamente, el Estado es responsable de este genocidio por dos caminos diferentes: por dejar matar, en áreas desatendidas en las que víctimas y verdugos son del mismo grupo social; o por matar directamente a manos de los agentes estatales, detentadores del monopolio legítimo de la violencia, siempre impunes como jueces de facto debido al poder de arbitrio o discrecionalidad al que tienen derecho los policías en las calles y dentro de las comisarías e instituciones de detención. De esta forma, como apuntan las voces que comienzan a insubordinarse críticamente contra el excepcionalismo historiográfico con que es tratado el autoritarismo de Estado en épocas dictatoriales, sería improcedente y políticamente ingenuo hablar de un «nunca más», ya que la página de la historia de la colonialidad es una sola si se la mira desde la perspectiva de los pobres y no-blancos: el genocidio contra los pueblos derrotados en el proceso de la conquista ha sido continuo y permanente (Rufer, 2009; Passos, 2008; Segato, 2007a y 2009a).

Es importante también recordar aquí que no solo existen esfuerzos por alcanzar representación en la narrativa jurídica, sino que también los hay por ausentarse, es decir, por no quedar capturados en esa narrativa. Un ejemplo que no deja de ser interesante en esta lista es el debate en pro y en contra de la criminalización del así llamado «infanticidio indígena» actualmente en curso en el Congreso Nacional brasileño. En ese caso, el proyecto de construcción de autonomías indígenas y la plataforma del pluralismo jurídico que ellas necesitan construir se ven amenazados por el Proyecto de Ley 1057, de 2007. El argumento del derecho a la diferencia es esgrimido, entonces, mediante la referencia a instrumentos internacionales de los Derechos Humanos como el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes y la Declaración de los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas de la ONU, para defender la no-intervención del Estado nacional. En este caso, he propuesto «que cada pueblo trame los hilos de su historia», introduciendo el principio que defino como «pluralismo histórico», en lugar del «relativismo cultural». Sugiero, entonces, que una perspectiva relativista y pluralista referida a cada pueblo como proyecto histórico permite entender que, si ocurre una devolución del debate jurídico a las comunidades, ellas mismas podrán deliberar y ejecutar los tránsitos y transformaciones que sean necesarios para su bienestar, como, en este caso, la eliminación de la práctica de infanticidio (Segato, 2009b).

La lucha por elevar el feminicidio a la categoría jurídica de genocidio de mujeres

Llegamos, así, al tema del feminicidio y los debates feministas y jurídicos con relación a este término. Es precisamente en las resistencias del derecho a incorporarlo y darle judiciabilidad donde puede percibirse, con claridad meridiana, el límite patriarcal de la visión de la Justicia dominante entre los juristas. Esto condice con el papel primitivo, fundacional y permanente de la atmósfera patriarcal, como pedagogía primera, en la manutención y reproducción de todas las otras formas de poder y sujeción —la racial, la imperial, la de la colonialidad, la regional y la económica—. Es sobre la base patriarcal que se construye el andamiaje jerárquico que organiza la sociedad, y por eso mismo ese sustrato es el más difícil de visibilizar y encuadrar en cualquier lucha —incluyendo la que se da en el campo jurídico— para su transformación. Es posible afirmar, a partir de las evidencias, que la manutención del patriarcado es una cuestión de Estado y, de la misma forma, que preservar la capacidad letal de los hombres y garantizar que la violencia que cometen permanezca impune es cuestión de Estado.

Esta percepción del límite infranqueable colocado por el patriarcado emerge incontestable cuando prestamos atención, por ejemplo, a los argumentos conclusivos de la reseña general elaborada por Patsilí Toledo Vásquez para la Oficina de México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. El informe aborda el estado del arte de la incorporación del concepto de feminicidio en las legislaciones de los Estados nación latinoamericanos y en la legislación internacional de los Derechos Humanos (Toledo Vásquez, 2009). En sus conclusiones, al finalizar su detallado examen de una gran variedad de leyes nacionales e internacionales que representan prácticamente todos los esfuerzos legislativos y jurídicos ya realizados en la región por incluir la especificidad de los crímenes contra las mujeres, Toledo Vásquez revela sin proponérselo el mecanismo que da origen al punto ciego de la ley, así como su inherente inercia. La autora argumenta, con razón, que los intentos realizados dentro de los fueros nacionales —base imprescindible para su tipificación en el Derecho Penal Internacional— encuentran su imposibilidad en la imprecisión de las definiciones del crimen de feminicidio y, por lo tanto, en su indeterminación normativa (ibídem: 143). También explica, al referirse al derecho internacional, que ninguna de sus tres grandes categorías —genocidio, lesa humanidad y crímenes de guerra— podría adecuarse para contemplar el crimen de feminicidio.

En el caso de genocidio, porque entre los grupos consagrados —nacional, étnico, racial y religioso— por la Convención de 1948 y reconfirmados por el Estatuto de Roma (ibídem: 50) no nos encontramos tipificadas las mujeres. Algunos países han ampliado esta definición a «grupos políticos u otros grupos con identidad propia», y es de notarse el caso de Uruguay, cuya Ley 18 026 de Cooperación con la Corte Penal Internacional en materia de lucha contra el Genocidio, los Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad, de 2006, tipifica el genocidio, en su artículo 16, como acción «con intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial, religioso, político, sindical, o a un grupo con identidad propia fundada en razones de género, orientación sexual, culturales, sociales, edad, discapacidad o salud» (ibídem: 51). Sin embargo, advierte la autora, el problema será siempre la dimensión subjetiva, es decir, «conseguir demostrar la intención de destruir total o parcialmente un determinado grupo». Y concluye que el genocidio no puede comportar el crimen de feminicidio.

En el caso de los crímenes de lesa humanidad, la conclusión de la autora no difiere, ya que, como argumenta, las agresiones mayores a mujeres cometidas «en el ámbito privado o íntimo» impedirían comprobar la intención de ataque generalizado y sistemático a ellas como grupo. Toledo Vásquez no deja de hacer referencia, a este respecto, tanto a mi argumento expuesto en La escritura en el cuerpo de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez (2006b), como al argumento de Julia Monarrez (2006), y los describe en detalle en el capítulo conceptual de su informe; sin embargo, no consigue aprovechar productivamente ninguno de los dos análisis, por permanecer secuestrada en la positividad del léxico jurídico ya consagrado e impedida de una visión de mundo más amplia y abierta a las presiones de la época. Lo mismo ocurre cuando se refiere a los crímenes de guerra y la posibilidad de incluir los feminicidios en el Derecho Humanitario Internacional, ya que, por descartar la tipificación de escena bélica de nuevo tipo que intentamos quienes nos hemos debruzado sobre la realidad centroamericana y mexicana, pierde ahí una gran oportunidad para ejercer la creatividad promoviendo la formulación de conceptos que hoy día se han vuelto necesarios.

La fragilidad conceptual que resulta del escrúpulo positivista se revela finalmente en una síntesis conclusiva que la autora hace para explicar la serie de imposibilidades que relata:

Gran parte de los modelos analizados revelan una inadecuada configuración penal en cuanto que los tipos suelen caer en rangos de indeterminación o imprecisión que pueden importar una vulneración a las garantías de legalidad y tipicidad. Esto ocurre, por un lado, debido a que se tiende a la mera trasposición de conceptos sociológicos o antropológicos a las normas penales, los cuales carecen de la precisión que exige la constitucionalidad de estas. Por otro lado, existe la tendencia a usar expresiones no del todo claras o precisas en su contenido. En este sentido, es necesario tener en cuenta que —atendida la generalizada resistencia del ámbito académico jurídico frente a estos delitos— los criterios con que son examinadas estas leyes están siendo mucho más exigentes que con otras legislaciones —como ha ocurrido en Costa Rica—, lo cual hace recomendable un extremo cuidado. La indeterminación normativa no solo conlleva el riesgo de impugnación constitucional, sino también el de la inaplicabilidad de estas disposiciones en la práctica (Ibídem: 143).

¡Órale! Si la ley no puede dar cuenta de las complejidades y transformaciones del accionar humano ni es capaz de valerse de las contribuciones de la antropología y la sociología para formular derechos y garantizar protección, debería desistir de su intento normativo y reinventarse como sistema. Es por esa debilidad positivista que, hoy en día, investigadores dedicados a temas relativos a la seguridad pública nos hemos ido orientando a búsquedas en el campo del pluralismo jurídico y de los derechos propios practicados por comunidades indígenas, que sí demuestran la flexibilidad necesaria para considerar los actos humanos en sus matices y variabilidad contextual. Si el tecnicismo y el purismo categorial que impera en los medios jurídicos matan la posibilidad de captar el dinamismo de la historia y la consecuente mutabilidad de las prácticas que causan sufrimiento, la ley debe declararse incapaz de hablar de lo que le interesa a las personas, de lo que nos interesa. No se puede argumentar la imposibilidad de crear algo por el hecho de que todavía no haya sido creado, la justificación de lo no creable por lo no existente es un razonamiento circular y falaz.

Mientras tanto, el aumento vertiginoso de las formas de crueldad letal contra el cuerpo de las mujeres prosigue su curso. Nos horrorizamos al hablar del tiempo en que se enjuiciaba a las brujas y de las torturas inquisitoriales, y olvidamos que la humanidad hoy testimonia un momento de tenebrosas innovaciones en las formas de ensañarse con los cuerpos femeninos y feminizados, un ensañamiento que se difunde y se expande sin contención. Guatemala, El Salvador y México, en nuestro continente, y Congo, en continuidad a las escenas horrendas de Ruanda, son emblemáticos de esta realidad. En Congo, los médicos ya utilizan la categoría «destrucción vaginal» para el tipo de ataque que en muchos casos lleva a sus víctimas a la muerte. En El Salvador, entre 2000 y 2006, en plena época de «pacificación», frente a un aumento del 40 % de los homicidios de hombres, los homicidios de mujeres aumentaron en un 111 %, casi triplicándose; en Guatemala, también de forma concomitante con el restablecimiento de los derechos democráticos, entre 1995 y 2004, si los homicidios de hombres aumentaron un 68 %, los de mujeres crecieron en un 144 %, duplicándose; en el caso de Honduras, la distancia es todavía mayor, pues entre 2003 y 2007, el aumento de la victimización de los hombres fue del 40 % y de las mujeres del 166 %, cuadruplicándose (Carcedo, 2010: 40-42).

Llama también la atención otro cambio en la escena tradicional de los crímenes de género para esta región, emblemáticamente asolada por la conflictividad informal en el periodo para el que se registran esas cifras: los asesinatos de mujeres por sus parejas y exparejas ya no representan la mayoría (ibídem: 49), y los crímenes de género en la intimidad van decreciendo en número notablemente. Por ejemplo, para el caso de Honduras, junto al mayor ritmo de aumento de los asesinatos de mujeres, solamente uno de cada cuatro de estos crímenes se ejecutaron en el universo familiar (ibídem: 53). Esto demuestra que la impersonalidad es un trazo que se afinca en los crímenes de género, y que esto se encuentra asociado a los escenarios de creciente conflictividad, es decir, de las nuevas formas de la guerra, caracterizadas por la informalidad.

La rapiña que se desata sobre lo femenino se manifiesta tanto en formas de destrucción corporal sin precedentes como en las formas de tráfico y comercialización de lo que estos cuerpos puedan ofrecer, hasta el último límite. La ocupación depredadora de los cuerpos femeninos o feminizados se practica como nunca antes. Estos cuerpos constituyeron, en la historia de la especie y en el imaginario colectivamente compartido a lo largo de ella, no solo la primera forma de colonia, sino también, en la actualidad, la última. Y la colonización que de ellos se ejecuta hoy, en esta etapa apocalíptica de la humanidad, es expoliadora hasta dejar solo restos.

He defendido no solo la importancia y la necesidad, sino también la posibilidad de tipificar los asesinatos de mujeres solamente por ser mujeres (Segato, 2007b), llamando a un debate urgente entre las feministas para que lleguemos a algunas definiciones y estrategias. Porque si bien, por un lado, como acabo de argumentar, no me parece aceptable el argumento que enfatiza las dificultades de la tipificación jurídica del feminicidio, sí me parece procedente la evaluación de Toledo Vásquez respecto de las imprecisiones y ambigüedades en el uso indiscriminado de esta categoría.

Desde las guerras tribales hasta las guerras convencionales que ocurrieron en la historia de la humanidad hasta la primera mitad del siglo XX, el cuerpo de las mujeres, qua territorio, acompañó el destino de las conquistas y anexiones de las comarcas enemigas, inseminadas por la violación de los ejércitos de ocupación. Hoy, ese destino ha cambiado por razones que tenemos pendiente examinar: su destrucción con exceso de crueldad, su expoliación hasta el último vestigio de vida, su tortura hasta la muerte. Es una novedad a la cual el eminente discurso jurídico tendrá que adaptarse; deberá acatar su contundencia y otorgarles estatus de existencia a sus víctimas, reales y potenciales.

Recordemos aquí que, después de su invisibilidad inicial y como consecuencia de la presión de entidades de derechos humanos, la violencia sexual y la violación practicadas como parte de un proceso de ocupación, exterminio o sujeción de un pueblo por otro, se incorporaron paulatinamente como crímenes de lesa humanidad («violación y otros actos inhumanos») en el Estatuto del Tribunal Internacional Ad Hoc para la exYugoslavia y, más tarde, en el Estatuto del Tribunal Penal Internacional para Ruanda, pasando también a ser consideradas crímenes de guerra como tipos de tratamiento humillante y degradante («atentados contra la dignidad personal, en particular violación, tratos humillantes y degradantes, y abusos deshonestos»). Así resume Rhonda Copelon estos avances en el juicio a Jean Paul Akayesu, que lideró la ofensiva hutu contra los tutsi en la comunidad de Taba, durante la guerra de Ruanda:

Akayesu fue un hito como primera condena internacional por genocidio, la primera en reconocer la violación y la violencia sexual como actos constitutivos de genocidio, y la primera en ampliar la definición de violación al concebirla como una invasión física de naturaleza sexual, librándola de descripciones mecánicas que requieren la penetración en la vagina por el pene. También se estableció a partir de este caso que la desnudez forzada es una forma de tratamiento inhumano, y reconoció que la violación es una forma de tortura y releva la falta de considerarla como tal bajo la categoría de crímenes de guerra.

En relación con la violación y la violencia sexual como genocidio, la sentencia Akayesu es importante porque explica por qué dichos actos son «constitutivos de genocidio de la misma manera que cualquier otro acto siempre que se haya cometido con la intención específica de destruir, total o parcialmente, un grupo en particular, considerado como objetivo para tales efectos». La sentencia se centra en el objetivo étnico producido por la representación sexualizada de la identidad étnica, como lo expresara en sus palabras Akayesu al decir «Veamos ahora cómo sabe la vagina de una mujer tutsi» y la emparentada noción de mujeres como botín y como instrumento de genocidio. La sentencia caracteriza dichos crímenes no solo como la inflicción severa (seria) de daño físico y mental, como consta en la acusación, sino también como «parte integral de un proceso de destrucción». (Copelon, 2000: 8).

En el Tribunal Internacional Ad Hoc para la exYugoslavia, «la violación fue considerada como tortura y esclavitud, y otras formas de violencia sexual, como la desnudez forzada y el entretenimiento sexual, como tratamiento inhumano» (ibídem: 11). Y ese fue también el camino por el cual se tipificaron finalmente una diversidad de crímenes sexuales en el Estatuto de Roma, que rige los procesos del Tribunal Penal Internacional[30].

Sin embargo, esta importante inscripción en la pauta legal y forense todavía habla de lo que he venido refiriendo como la ocupación del cuerpo de las mujeres en situaciones de enfrentamiento y dominación de un pueblo o de una facción por otro, y no de su exterminio directo como contingente marcado por el género. Es decir, el crimen de feminicidio no se encuentra todavía plenamente en el foco de estos conceptos, que no lo contemplan ni nominan de forma particular. Ahora debemos empeñarnos en construir una definición operativa del mismo en dos niveles, el nacional de los derechos formulados por los fueros estatales, y el internacional, por el fuero de los derechos humanos que trata de los crímenes de genocidio y lesa humanidad. Efectivamente, la pauta forense, guiada por el derecho humanitario y los protocolos de Minnesota de 1991 y de Estambul de 1999, busca los crímenes sexuales de guerra como crímenes de tortura, colaborando así positivamente con la desprivatización de este tipo de agresión, pero las mujeres continúan siendo consideradas dentro del conjunto de los caídos en el conflicto. En el caso de la tipificación del feminicidio, de lo que se trata es de abordar el género como foco y meta de la agresión feminicida y femi-geno-cida.

Debemos por lo tanto empeñarnos no solo en inscribir el término feminicidio en el discurso potente de la ley y dotarlo así de eficacia simbólica y performativa, sino también en obtener otras ventajas prácticas que resultan de esa eficacia. Pues unas leyes específicas obligarán con más rigor a establecer protocolos detallados para laudos periciales policiales y médico-legales adecuados y eficientes para la investigación de la diversidad de los crímenes contra las mujeres en todos los tipos de situaciones, aún en aquellas que no sean entendidas, en las concepciones vigentes, como de tipo bélico o de conflicto interno. Como sabemos a partir de la experiencia de Ciudad Juárez, es indispensable que los formularios estén elaborados de manera adecuada para guiar la investigación policial y así disminuir la impunidad.

En el presente, diversos tipos de violencia contra las mujeres son confundidos y no obtienen especificidad en las investigaciones criminales, perdiéndose así un gran número de información cualificada indispensable para caracterizar cada tipo de caso y su correspondiente resolución[31]. Más aún, insisto en que el sentido común y el discurso de las autoridades presionan para que todos los tipos de crímenes permanezcan encuadrados en el ámbito de la privacidad, a pesar de los serios indicios, como mencioné anteriormente, de que la tendencia apunta a la desprivatización de los crímenes de género.

A pesar de condenas como la de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) en noviembre de 2009 al Estado mexicano por la violación de los derechos humanos de tres mujeres[32], lamentablemente, «no se logró que la Corte reconociera el término feminicidio». La jueza, Cecilia Medina Quiroga, dijo en una entrevista concedida a Mariana Carvajal (publicada en Pagina 12 el 21 de diciembre de ese año) que se trató de «el primer fallo (de esa Corte) de un caso de homicidio de mujeres por razones de género» y en el cual «el Estado tiene responsabilidad» independientemente de que no se pudiera probar que los crímenes hubiesen sido cometidos por agentes estatales. Sin embargo, aclaró que «difícilmente la Corte podrá tomar esa palabra [feminicidio] porque en la academia y en el activismo tiene muchas definiciones y entonces no estaría bien que se adhiriera a alguna de ellas». Vemos aquí expresadas las consecuencias de la imprecisión nominativa en la indeterminación normativa del concepto. Una vez más, se revela aquí la relación entre las dimensiones nominativa y jurídica, así como su impacto en la eficacia de la ley.

Condiciones para inscribir el crimen de feminicidio en el fuero estatal y femi-geno-cidio en el fuero internacional de los Derechos Humanos

Importan, según creo, en este esfuerzo por inscribir el crimen feminicidio en el léxico de la ley, dos elementos. El primero de ellos es la necesidad y la posibilidad de identificar una dimensión plenamente genérica y sistemática de estos crímenes; el segundo, relacionado con aquel, es la tarea de redefinir la guerra a partir de los nuevos escenarios bélicos que se multiplican en el mundo contemporáneo.

La primera dimensión responde al imperativo de sistematicidad y carácter genérico que la tipificación de crímenes en el Derecho Penal Internacional exige para poder acoger el concepto de feminicidio como «conjunto de violencias dirigidas específicamente a la eliminación de las mujeres por su condición de mujeres». Esto solo será posible, como he argumentado anteriormente (Segato, 2006b y 2007b), si somos capaces de 1) acceder cognitivamente al hecho de que, si bien el medio de la agresión es sexual, su finalidad no es de orden sexual sino de exterminio o eliminación dirigida a una categoría o genus de personas; y 2) fundamentar su «impersonalidad», es decir, si conseguimos caracterizar su dimensión subjetiva en términos de una intención genérica y no personalizable, tanto con relación a los móviles del agresor, como a la relación entre este y su víctima. Fundamentar su «impersonalidad» implica desarrollar una estrategia retórica que convenza a jueces, fiscales y público de que los feminicidios son crímenes contra un genus.

Un tema se perfila como motivo para un debate tímido, pero ya en curso, en las filas de los feminismos: ¿debemos englobar dentro de esta categoría a todos los asesinatos de mujeres, sean domésticos, sean a manos de asesinos seriales, sean lo que he llamado «públicos», o debemos seleccionar específicamente los «públicos» para que la categoría sea eficiente? Por supuesto que sería posible sostener que todos y cada uno de los crímenes de género tienen una dimensión de impersonalidad y antagonismo genérico emanada de la estructura de poder jerárquica y patriarcal. Esta estructura, a la que denominamos «relaciones de género», es, por sí misma, violentogénica y potencialmente genocida por el hecho de que la posición masculina solo puede ser alcanzada —adquirida en cuanto estatus— y reproducirse como tal ejerciendo una o más dimensiones de un paquete de potencias, es decir, de formas de dominio entrelazadas: sexual, bélica, intelectual, política, económica y moral. Esto hace que la masculinidad como atributo deba ser comprobada y reafirmada cíclicamente y que, para garantizar este fin cuando el imperativo de reconfirmación de la posición de dominio se encuentre amenazado por una conducta que pueda perjudicarlo, se suspenda la emocionalidad individual y el afecto particular que pueda existir en una relación yo-tú personal entre un hombre y una mujer que mantengan un vínculo «amoroso». El recurso a la agresión, por lo tanto, aun en el ambiente doméstico, implica la suspensión de cualquier otra dimensión personal del vínculo para dar lugar a un afloramiento de la estructura genérica e impersonal del género y su mandato de dominación. Eso es lo que nos hace dudar, con Katherine MacKinnon, de que para el género existan «tiempos de paz» (MacKinnon, 1993).

Es posiblemente debido a la progresiva comprensión de esta dimensión genérica de los crímenes contra las mujeres que, en el ámbito de los países de América Latina, el sentido común y los medios de información usan hoy con alguna frecuencia y de forma indistinta e intercambiable las expresiones feminicidio y femicidio para hablar de los asesinatos de mujeres por razones de género en la intimidad de las relaciones —ya que el sentido común no ha asimilado ni comprendido la oposición introducida entre estos dos términos por la autora costarricense Ana Carcedo, cuyo uso se diferencia del término feminicidio utilizado por la autora mexicana Marcela Lagarde—. El problema es que si, por un lado, el término ayuda a las audiencias a percibir el volumen de los crímenes misóginos, por otro, refuerza la privatización de la violencia de género y dificulta percibir las manifestaciones de esa misma violencia que forman parte de otras escenas. Sin embargo, es precisamente la percepción de las violencias de género propias de esas otras escenas, públicas y bélicas, que presionan para transformar la imaginación socialmente compartida y la orientan hacia una comprensión del género como una dimensión no particular, no privada de la existencia humana, sino pública, política y de impacto general en la historia de las colectividades.

Por otro lado, hasta que la prehistoria patriarcal de la humanidad comience a ceder ante la epifanía de una nueva era, a menos que despleguemos una capacidad retórica hasta ahora desconocida, será difícil que se acepte, si se continúa por este camino de la privatización del concepto de feminicidio, que estos crímenes tienen el impacto y la magnitud de un genocidio. Pues nuestro imaginario se encuentra formateado por la inicua noción de que lo público y lo privado se constituyen jerárquicamente, y solamente lo primero es de interés general mientras lo segundo es una parcialidad, una particularidad, un verdadero resto. Si, por la avenida opuesta, mostramos que hay crímenes de género que se encuentran plenamente en la escena pública y bélica, esta constatación impactará en la mirada colectiva y presionará para instalar las relaciones de género en una plataforma de importancia general y de valor universalizable. Esta consideración es de orden estratégico, casi didáctica, y resulta en una contrarretórica que compensa y revierte el esfuerzo privatizador del sentido común patriarcal.

El carácter perverso e inicuo del juego de lo público / universal y lo privado / particular y su influencia negativa en la validación de las agresiones de género y su reconocimiento por el público y la justicia puede ser demostrado con dos ejemplos distantes entre sí. Uno de ellos es el reciente retroceso que sufrió la Ley María da Penha contra la violencia doméstica en Brasil, cuando, al llegar un recurso repetitivo al Superior Tribunal de Justicia, este se pronunció a favor de la comprensión de la violencia doméstica —los crímenes de lesión corporal considerados de naturaleza leve, practicados contra la mujer en el ambiente doméstico— como crimen de naturaleza pública condicionado a representación (con referencia a la representación de la ofendida o víctima, que, en audiencia pública puede desistir de la acción y, como no es infrecuente, ser inducida a hacerlo por el juez), mientras la violencia doméstica debería constituir acción pública incondicionada, es decir, incumbencia ineludible del fuero estatal[33]. Este último tipo de incumbencia era lo que la ley de 2006 intentaba y, en realidad, el mayor de sus avances en términos de eficacia propiamente jurídica. La fuente del otro ejemplo es la interesante tesis defendida por Natalia Cabanillas sobre los testimonios de las mujeres frente a la Comisión de la Verdad y la Reconciliación en Sudáfrica postapartheit (Cabanillas, 2009a). La autora muestra que, a pesar de que las mujeres representaron entre el 53 % y el 60 % de los testimonios, sintieron que fueron desplazadas del epicentro del metarrelato nacional y colocadas en la posición del sujeto-víctima en la periferia de este relato precisamente porque su experiencia fue privatizada y sexualizada. Fueron, según la autora interpreta, desplazadas de un plano político a un plano privado, mientras demandaban una posición como actores plenamente políticos (Cabanillas, 2009). Vale la pena considerar una cita textual de un texto resumen enviado por la autora:

Cuando la Comisión de Verdad y Reconciliación implementa las audiencias de mujeres como un espacio separado «especial», «protegido», para que las mujeres «hablen en su defensa» («Final Report», vol. 5, Special Hearings, 1998), plantea una generización particular donde predominó una sexualización de la violencia contra las mujeres. Se consideró que las mujeres necesariamente habrían sufrido más la violencia sexual que los hombres, y por ser este tipo de violencia «la más traumática», era necesario, sobre todo, alentar a las mujeres a declarar sobre este tipo de hechos ante la Comisión. Otras violencias contra las mujeres fueron así desconsideradas o no se les dio tanta importancia […] y el foco fue colocado en la violación y en la tortura genital. (Cabanillas, 2009b).

Sin mucho espacio aquí como para llevar este análisis a sus últimas consecuencias, entendemos, por lo tanto, que la agresión por violación privatiza la experiencia de la violencia, y la politización de la violación pretende desprivatizar la experiencia femenina. Sin embargo, es necesario percibir que no basta un mero voluntarismo en la argumentación, pues el objetivo de universalizar las así llamadas agresiones de género solo se tornará posible si y solamente si un movimiento de las placas tectónicas que sustentan la imaginación colectiva tiene lugar. Por eso y para ese fin es de la mayor relevancia insistir sin sosiego en la afirmación de que la violación, especialmente en escenarios bélicos, no es violencia sexual sino violencia por medios sexuales.

Podríamos todavía mencionar un tercer ejemplo, particularmente pertinente al tema que nos ocupa, de la presión domesticadora y privatizante sobre las agresiones de género. Se trata del voto de la jueza Cecilia Medina Quiroga en relación con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que el que expuso: «No concuerdo con el hecho de que la Corte no haya calificado como tortura las acciones perpetradas en contra de las víctimas […] La descripción del estado de los cadáveres […] los hechos permitían ser considerados como actos de tortura». La jueza rebatió entonces, en este voto separado, la omisión del término tortura con argumentos técnico-jurídicos rigurosamente informados y fundamentados en la jurisprudencia internacional de Derechos Humanos. En la línea que vengo desarrollando aquí, nos basta enfatizar el silenciamiento, es decir, el hiato nominativo que presiona nuevamente estos crímenes en dirección de la esfera sexual y, por lo tanto, privada y doméstica, del tratamiento del cuerpo de las víctimas, negándole el término que instalaría de forma definitiva estos casos en el espacio de lo público y universalmente sufrible, como es la tortura, aunque de tipo sexual.

Como he observado en ocasiones anteriores, existe algo que puede ser afirmado sin temor a equivocarse sobre el caso paradigmático de Ciudad Juárez, y esto es, precisamente, lo que he descrito como voluntad de indistinción por parte de las autoridades y los medios, que repiten «Un crimen más con móvil sexual», «Es muy difícil conseguir reducir los crímenes sexuales», confundiendo una vez más las evidencias y desorientando el público al conducir su raciocinio por un camino que creo equivocado. Aquí querría agregar una segunda dimensión interpretativa a esta voluntad de indistinción que no es la puramente práctica de confundir los protocolos de investigación policial y pericial. Este segundo aspecto se refiere a otra estrategia obstructora de los poderes locales que actúa fomentando discursivamente en la imaginación colectiva lo que he descrito aquí como privatización de todos los crímenes donde el abuso sexual es uno de los instrumentos de agresión.

Retomando, entonces, el análisis de las condiciones para la formulación de la categoría jurídica para los asesinatos de mujeres por razones de género, hago notar que, aun si persistimos en considerar que conviene todavía incluir en un mismo conjunto denominado feminicidio los crímenes que respondan al principio de impersonalidad y aquellos perpetrados en contextos domésticos, y aun si conseguimos probar el carácter generalizable y de fuero público de estos últimos, quedará siempre pendiente solicitar, para mayor eficacia investigadora, protocolos pormenorizados y radicalmente diferenciados que permitan captar informaciones relativas a perpetradores inspirados por móviles personales y femi-geno-cidas que actúan en contextos de impersonalidad. Estos dos tipos de violencia son estructuralmente diferentes y solamente pueden ser desvendados mediante estrategias investigadoras de gran especificidad. Solamente su separación clara en los protocolos de investigación policial puede garantizar la diligencia debida, exigida por los instrumentos de la justicia internacional de los Derechos Humanos. Por esto, se me ocurre más eficaz la selección de algunos rasgos para tipificar el crimen de feminicidio, que puedan caracterizarlo como un femi-geno-cidio a los ojos del sentido común patriarcal de jueces, fiscales y público como un crimen genérico, sistemático, impersonal y alejado de la intimidad de los agresores.

Sin esa tipificación y la adaptación de los protocolos de investigación pericial a la misma, estaremos siempre andando en círculos, porque los técnicos forenses no podrán detectar si un crimen constituye o no un feminicidio, ya que no habrá pautas establecidas para proceder a esa identificación y, a su vez, no se habrán diseñado los formularios con las preguntas pertinentes porque el crimen no ha sido tipificado.

El segundo elemento a ser tomado en cuenta son las transformaciones de los escenarios bélicos en el mundo actual. Una discriminación más precisa de la categoría feminicidio como un tipo específico de crimen contra las mujeres torna evidentes los cambios en las prácticas bélicas al enunciar sus consecuencias para los cuerpos de las mujeres y los tipos de violencia sobre ellos perpetrados. Exige, por lo tanto, comprender y representar adecuadamente las rupturas históricas ocurridas en el campo de la guerra.

Las nuevas formas bélicas, descritas como no convencionales, de tercera o cuarta generación, informales, sean promovidas por el crimen organizado, guerras represivas, las así llamadas «guerras internas» de los países o «conflictos armados», tienen bajos niveles de formalización, no contemplan ni uniformes ni insignias o estandartes, ni territorios estatalmente delimitados, ni rituales ni ceremoniales de victoria y de derrota, y estas últimas son siempre provisorias e inestables. Los grupos que se enfrentan en esta nueva modalidad de la guerra son facciones, bandos, maras, patotas, gangs, grupos tribales, mafias y fuerzas paraestatales y estatales de varios tipos —incluyendo aquí los agentes de la así llamada «seguridad pública» de Estados crónicamente duales en el ejercicio de su discrecionalidad—. Es por eso que anteriormente me he referido a los asesinatos de mujeres que ocurren en este tipo de escenario difusamente bélico como crímenes corporativos, pues la responsabilidad es corporativa y son los miembros armados de una corporación, por un mandato de la misma, sus perpetradores.

El derecho internacional tendrá que contemplar los crímenes de guerra que este tipo hoy difundido de confrontación bélica produce, y en especial las formas sistemáticas de ataque al cuerpo de las mujeres que habitan las jurisdicciones en disputa. Como anticipé, lo que ocurre en este tipo de escena no es ya la anexión y ocupación de los cuerpos de las mujeres de los territorios tomados, sino su tortura y destrucción.

En estas guerras de bajos niveles de formalización, parece estar difundiéndose una convención o código: la afirmación de la letalidad de las facciones antagónicas en lo que llamé «la escritura en el cuerpo de las mujeres» (Segato, 2006b), de forma genérica y por su asociación con la jurisdicción enemiga, como documento eficiente de la efímera victoria sobre la moral del antagonista. Y ¿por qué en las mujeres y por qué por medio de formas sexualizadas de agresión? Porque es en la violencia ejecutada por medios sexuales donde se afirma la destrucción moral del enemigo, cuando no puede ser escenificada mediante la firma pública de un documento formal de rendición. En este contexto, el cuerpo de la mujer es el bastidor o soporte en que se escribe la derrota moral del enemigo. Es necesario recordar y reafirmar que estos no son crímenes de motivación sexual, como los medios y las autoridades insisten en anunciar para banalizar las prácticas, sino crímenes de guerra, de una guerra que debe ser urgentemente redefinida.

Finalmente, una última consideración en torno de otro tipo de exterminio de mujeres que debe ser incluido aquí en la categoría femi-geno-cidio por su impersonalidad y niveles de letalidad dirigida al genus mujer, pero cuyo contexto no es bélico. Me refiero a lo que propongo aquí denominar violencia alimentar como una modalidad de violencia de género, en un doble sentido, material y simbólico. Material porque agrede materialmente a las mujeres, cuando privilegia la alimentación del padre y los hijos varones de una familia, y simbólica, porque al alimentar primero a los hombres del grupo doméstico expresa el mayor valor social de estos con relación a sus mujeres, y este mensaje de subvaloración es percibido por las mujeres y niñas desde la más tierna edad. Esta subalimentación sistemática resulta en desnutrición y, en situaciones de escasez, lleva a la muerte. El Premio Nobel de economía Amartya Sen publicó en 1990 su cálculo de 100 millones de mujeres faltantes en Asia debido a la discriminación y a las diversas formas de agresión que de ella se derivan, como el aborto y el abandono de hijas mujeres o la desnutrición (Sen, 1995). Este genocidio de mujeres es sistemático e impersonal. «La violencia mundial contra las mujeres es ya otro Holocausto» ha escrito Ayaan Hirsi Ali, al comentar las cifras de un informe publicado por el Centro para el Control Democrático de las Fuerzas Armadas de Ginebra (DCAF) en marzo de 2004: «Entre 113 y 200 millones de mujeres de todo el mundo están “desaparecidas” demográficamente» (Hirsi Ali, 2006).

Tendríamos, todavía, que analizar con detenimiento si consideramos que debería incluirse en la categoría de femi-geno-cidio el crimen de la trata forzada de mujeres, porque incluye, en muchos casos, privación de la libertad, malos tratos, desplazamientos forzados y formas de envenenamiento mediante la inoculación de sustancias químicas que resultan en severo deterioro físico y muerte de sus víctimas.

En suma, sugiero que si la categoría feminicidio, siempre que esté debidamente definida y formulados los subtipos que la componen, puede ser usada dentro del fuero del derecho estatal para englobar todos los crímenes cometidos en la frontera de género, los que ocurren en contextos interpersonales y también aquellos perpetrados por agentes cuyos móviles son de orden personal, es necesario también, por otro lado, llevar la categoría de feminicidio al rango de femi-geno-cidio para incluirla en el fuero internacional que se ocupa de los crímenes de lesa humanidad y genocidio. Para esto, es necesario considerar aquellos crímenes de naturaleza impersonal, que no pueden ser personalizados ni en términos de la relación ni de los móviles del perpetrador.

Reconocemos, en la frecuencia cada vez mayor con que las mujeres en América Latina utilizan el término feminicidio al expresarse en medios de comunicación y en el lenguaje cotidiano, la presión espontánea por inscribir esa idea en el derecho, la pugna por el registro, en el sentido del reconocimiento de la comunidad de intereses que se expresa en esta queja. El uso cada día más frecuente del término sugiere que, acatando la evidencia de las bajas impuestas al colectivo mujeres, debido a la naturaleza eminentemente discursiva de la ley y para alcanzar eficacia en los protocolos de investigación, es necesario definir con precisión e inscribir la peculiaridad y la novedad del crimen de feminicidio en el derecho. La «Ley Especial Integral para una vida libre de violencia para las mujeres», votada en el pasado noviembre de 2010 por la Asamblea Legislativa de El Salvador, última norma formulada en el continente hasta el momento, muestra, en su Artículo 45, este avance en la definición de feminicidio como «Muerte a una mujer mediando motivos de odio o menosprecio por su condición de mujer» con el agregado de una lista las conductas que constituirían prueba de la motivación por odio o menosprecio: «Que a la muerte le haya precedido algún incidente de violencia cometido por el autor contra la mujer, independientemente de que el hecho haya sido denunciado o no por la víctima; que el autor se hubiere aprovechado de cualquier condición de riesgo o vulnerabilidad física o psíquica en que se encontraba la mujer víctima; que el autor se hubiere aprovechado de la superioridad que le generaban las relaciones desiguales de poder basadas en el género; que previo a la muerte de la mujer el autor hubiere cometido contra ella cualquier conducta calificada como delito contra la libertad sexual; muerte precedida por causa de mutilación». Este renovado esfuerzo de tipificación que la nueva ley salvadoreña registra es de gran valor, así como otras dimensiones de su texto que vale la pena apreciar con detenimiento.

El término femigenocidio quedaría reservado para los crímenes que, por su cualidad de sistemáticos e impersonales, tienen por objetivo específico la destrucción de las mujeres (y los hombres feminizados) solamente por ser mujeres sin que haya posibilidad, y, como he señalado, de personalizar o individualizar ni el móvil de la autoría ni la relación entre perpetrador y víctima. A esta característica se le suma otra, a ella vinculada, que es nada menos que la multiplicidad de las víctimas en relación inversa con el número de responsables por el crimen, ya que los feminicidios de naturaleza impersonal, llamados aquí femi-geno-cidios, revisten una sistematicidad y un carácter repetitivo resultantes de normas compartidas dentro de la facción armada que los perpetra, que los diferencia de los crímenes que ocurren en contextos interpersonales o de motivaciones subjetivas, como en el caso de los seriales.

De esta forma, destinaríamos la categoría feminicidio a todos los crímenes misóginos que victimizan a las mujeres, tanto en el contexto de las relaciones de género de tipo interpersonal como de tipo impersonal, e introduciríamos la partícula geno para denominar aquellos feminicidios que se dirigen, con su letalidad, a la mujer como genus, es decir, como género, en condiciones de impersonalidad.

Como afirmé, toda la violencia contra la mujer es arrinconada y confinada por la imaginación colectiva en el compartimiento de lo doméstico, privado y particular. Por un lado, agregar todos los asesinatos de mujeres por razones de género bajo la denominación de femicidio o feminicidio es interesante porque muestra el gran volumen numérico de estas muertes violentas en su conjunto; por otro, al enfatizar que existe un tipo de asesinatos de mujeres perpetrado, con frecuencia creciente, en contextos marcados por la impersonalidad, introduciremos retóricamente en el sentido común patriarcal el carácter público de la experiencia femenina y validaremos su victimización como problema del interés general. Esto podrá contribuir a que la mirada pública se habitúe a percibir todos los crímenes contra la mujer como problema de alcance general. Al visibilizar y llevar un tipo de agresión de género como forma de exterminio de orden impersonal al fuero internacional de los Derechos Humanos estaremos presionando la imaginación colectiva a desprivatizar y retirar de su domesticación el papel de la mujer y de lo femenino en las relaciones de poder.

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6. Cinco debates feministas.

Temas para una reflexión divergente sobre la violencia contra las mujeres[34]

EN EL AÑO 2003 publiqué Las estructuras elementales de la violencia, un libro en el cual presenté la violencia de género de una forma universalista o, mejor dicho, que buscó los aspectos de más larga duración en la estructura de género. Allí afirmo que el género tiene un tiempo tan largo como el tiempo de la especie, un tiempo lentísimo, mucho más lento que el de la historia de las mentalidades. Es un tiempo casi cristalizado, parece un tiempo natural. Es por eso que es tan difícil modificar la opresión de género. No he dejado de creer en esa afirmación, pero a lo largo del tiempo he conseguido historizar el género e introducirle una inflexión radical.

La lentitud de su tiempo la constatamos en el presente. A pesar de la cantidad de luchas, de leyes, de políticas públicas e instituciones, la letalidad del género se acrecienta. Esto no implica un aumento solamente en el número de crímenes, sino también en la crueldad que involucran. Sucede de forma similar en el campo de la violencia no letal contra las mujeres, no conseguimos ponerle freno. Muchos de los que se oponen a nuestras luchas sostienen que no se puede comparar el pasado con el presente, porque hoy las mujeres denuncian más. En el campo de la violencia letal, cuando hay un cuerpo, cuando hay un óbito, se puede tener, con un margen de error, la certeza de que esos cadáveres no solo no menguan, sino que cada vez son más en su porcentaje respecto de la población total. En Brasil, en 2012, se mataba una mujer cada dos horas. Esa proporción, considerada en el volumen de la población brasilera, era ya de por sí muy grande. Y al año siguiente se mataba una mujer cada hora y media. Algo similar vemos para Centroamérica en los últimos años. En el otro campo, el de la violencia no letal, sí es posible aceptar el argumento optimista de que hay hoy más denuncias de violación, más denuncias de violencia doméstica, pues antes esas violencias eran entendidas por muchos y en diversas regiones como parte de la costumbre y las mujeres no denunciaban. Aun así se constata que no conseguimos frenarlas; el imaginario de género que se encuentra por detrás de ellas, como su caldo de cultivo, se encuentra intacto. No hay ninguna señal de que esos otros tipos de violencia no letal estén siendo detenidos por las leyes, o sea, por nuestras luchas dentro del campo estatal.

Entonces, el género es un cristal muy duro de romper, parece que no tuviera tiempo. Una de mis dificultades como persona que piensa el género desde hace mucho es colocar la historia dentro de él. Porque una cosa es afirmar que el género no es natural sino cultural y plenamente histórico, pero otra muy diferente es la tarea de colocar la historia en el género. No ha sido una tarea fácil, por lo menos para mí.

Lo que sigue son apuntes fragmentarios de mis esfuerzos en ese sentido, apuntes que he ido recogiendo a lo largo de la última década o más, desde la publicación de aquel libro. Y como creo que uno piensa mejor a través de la polémica, los presento en la forma de cinco divergencias entre feministas que fui encontrando desde 2003, en las diversas audiencias ante las cuales expuse mis ideas y foros de debate en que participé durante estos años. Las disidencias convocan, agitan el pensamiento, hacen pensar más, de allí su utilidad.

Voy a presentar esas cinco divergencias en el orden cronológico en que fueron surgiendo en mi pensamiento. Recientemente me he dado cuenta de que forman parte de una misma esfera, de un mismo universo de cuestiones y, en realidad, creo que están profundamente emparentadas, que son parte de un debate único e indivisible. No he llegado todavía al final de estas reflexiones, es un pensamiento que expongo de manera no conclusiva, pero percibo que detrás de las divergencias hay una estructura única que conjuga en circunstancias particulares dos grandes posiciones.

Feminicidio y femi-geno-cidio

La primera de esas divergencias y posiblemente la más conocida para las personas que han leído mis análisis es la que encuentro cuando me enfrenté a Ciudad Juárez. Llegué allí por una convocatoria, una invitación que me hicieron algunas organizaciones de la ciudad, porque el modelo sobre el mandato de masculinidad que presenté en Las estructuras elementales de la violencia encajaba como un guante a la mano para entender los crímenes de mujeres. Como ya señalé, es un libro universalista que habla de ese tiempo larguísimo y ubica en el mismo lugar a las sociedades tribales, modernas, contemporáneas, las considera de una forma semejante. Sostengo, entre otras cosas, que el cuerpo de mujer es la primera colonia, que la primera colonia en la historia de la humanidad fue el cuerpo de la mujer. Antes que nada el libro habla de masculinidad, de un mandato de masculinidad, la cofradía masculina, la hermandad masculina entendida como un pacto que necesita de víctimas sacrificiales. La mujer juega un papel funcional ahí por el lugar en el que es colocada. La conclusión es que el pacto masculino tiene ya en sí la estructura del pacto mafioso, del club, de la hermandad, de la cofradía.

En Ciudad Juárez me encontré con lo que en mi ensayo La escritura en el cuerpo de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez (2006 y 2014) llamé voluntad de indistinción por parte de los medios, de las autoridades, la fiscalía, la policía, los forenses. El discurso con que se habla de los crímenes y de los cadáveres que se encuentran tiene esa característica, la voluntad de indistinción. En los informativos abundan noticias sobre el hallazgo de cuerpos. Las muertes por maridos celosos, por deudas de narco, las fosas comunes y los cadáveres de mujeres característicos de Ciudad Juárez, son presentados de la misma manera, todo revuelto. De noche todos los gatos son pardos.

En la misma platea de la que participé en Ciudad Juárez el grupo se dividió entre quienes hablan de la victimización de las mujeres como un único fenómeno y otro grupo, pequeño, minoritario, que empezamos a hablar de la necesidad de tipificar, aunque no de la manera en que normalmente se entiende la palabra «tipificar». La mayor parte de las personas entienden «tipificar» como colocar dentro de la ley la palabra feminicidio y los crímenes con motivación de género. En este caso, con este grupo minoritario, decíamos que es necesario separar los tipos, los móviles, los contextos que producen la letalidad femenina. Todos los crímenes contra las mujeres están contenidos por la gran simbólica de género, por la gran estructura patriarcal, todos tienen el esquema de género en su subterráneo. Pero la casuística hace que tengamos que entender algunos asesinatos de mujeres en su particularidad. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos, no podemos investigarlos, es imposible.

Es lo que entendí y defiendo en varios textos, como por ejemplo Femi-geno-cidio como crimen de lesa humanidad: el derecho a nombrar el sufrimiento en el derecho y otro más breve, Feminicidio y femi-geno-cidio. La idea es que si no tenemos protocolos específicos, no podemos investigar crímenes como los que se volvieron visibles en Ciudad Juárez, hayan ocurrido allí o en otras localidades. No los podemos investigar con la misma metodología policial, ni los jueces pueden juzgarlos con los mismos patrones de compresión con que se juzga y se prende, por ejemplo, un marido asesino, un feminicida del espacio doméstico o de las relaciones interpersonales. Y esto no llega a atravesar al movimiento feminista. He leído diversas tesis sobre feminicidio, inclusive me llaman para examinarlas, que no capturan la idea de esa diferencia.

Carecemos de protocolos para crímenes de mujeres en espacios de no relación, donde no existe interpersonalidad de ningún tipo. Sucede igual cuando es imposible referirlos a móviles individuales, por ejemplo, los seriales. Lo mismo es válido para los boletines y los formularios forenses. Debemos comprender que hay mujeres que no mueren en el campo de lo íntimo y que por eso todo el protocolo debería ser adaptado. Estos casos se aproximan a los crímenes de guerra o de paraguerra, donde como mucho influirá el barrio, la relación de una mujer con un determinado grupo o espacio geográfico, o tribu (como en el África, en Congo). Si no separamos este tipo de crímenes, no pueden ser comprendidos, no se puede echar luz sobre ellos, no se pueden investigar, no pueden ser juzgados.

Un ejemplo lo constituye el juicio por los crímenes del Campo Algodonero de Ciudad Juárez, realizado en Santiago de Chile en el año 2009. El tribunal, presidido por la jueza chilena Cecilia Medina, no aceptó considerar la violación como tortura. Ella votó en disidencia y defendió la posición de que se trató de tortura sexual. ¿Por qué el tribunal no adoptó esa misma posición? Porque la tortura es un crimen de interés general y la violación es un crimen particular de las mujeres. Encuadrar las violaciones del Campo Algodonero como tortura sexual, sería llevarlas al campo de lo universal. Es un tema muy grande, un capítulo para mí no cerrado. Si aceptamos que la violación es tortura, ¿qué tipo de tortura? Concuerdo con el voto de la jueza y me resulta muy interesante que ella, siendo la presidenta de esa Corte, no haya podido imponer la perspectiva de que se trataba de crímenes de interés general, de tortura, crímenes plenamente públicos.

Esa es la primera divergencia. A pesar de que todos los crímenes emanan de un mismo lecho de género, de un subterráneo, de una estructura de género, hoy las mujeres están muriendo cada vez más en un campo que es plenamente público, que no puede ser referido a las relaciones interpersonales, ni puede ser personalizado en sus móviles. Por alguna razón que habría que analizar, al movimiento feminista le resulta inmensamente difícil comprender esa diferencia. Pero se vuelve indispensable entenderla en la práctica, porque debemos ser capaces de elaborar protocolos de investigación y protocolos forenses específicos. Los protocolos jurídico-policiales deben cambiar según se trate de un escenario o del otro.

En mi vocabulario propongo hablar de feminicidios para todos los crímenes contra las mujeres con intención letal y separar algunos que llamo femi-genocidios, que no pueden ser referidos a móviles personales, ni a la interpersonalidad. Surgen aquí muchos problemas. El más importante está vinculado a la conveniencia política de sumar todos los crímenes de género, porque los números son muy llamativos, muy convocantes desde el punto de vista de su volumen. Además, los crímenes domésticos son evidentemente mayoritarios. Otro de los problemas es que por nuestros moldes mentales tendemos a privatizar, a domesticar y a referir al campo de lo íntimo todas las cosas que tienen que ver con el destino de las mujeres. Eso tiene que ver con la modernidad, la modernidad privatiza lo femenino, lo doméstico.

Recordemos, sin embargo, que según los últimos números de Naciones Unidas, América Latina en es el continente más violento del mundo. La letalidad por violencia criminal, no por guerra, es mayor inclusive que la de África. En nuestro continente tenemos la ciudad más violenta del mundo, San Pedro Sula, en Honduras. En este marco, en América Central, los crímenes que no son de carácter doméstico están creciendo a un ritmo muy superior a lo que crecen los crímenes de orden doméstico. Y en casi todos nuestros países del sur, algo más pacíficos que los de América Central, con la excepción de Brasil que tiene índices de criminalidad iguales o mayores a los de México, están surgiendo también unos crímenes que no tenemos herramientas para comprender, porque los privatizamos todos.

Enfatizar la necesidad de tipificar este tipo de crímenes no implica negar el valor de las luchas en el campo estatal y la introducción de instrumentos jurídicos tales como feminicidio o femicidio desde los organismos internacionales.

Como discursos son muy interesantes, aunque no creo que tengan un gran rendimiento en términos de sentencias por parte de los jueces. Lo que sí logran es ir colocando palabras al sufrimiento de las personas, construyendo una retórica. El discurso jurídico va así creando un hablar. Esa es la eficacia simbólica del derecho, su eficacia performativa. Los instrumentos jurídicos se hacen más potentes cuando son usados, antes que por los jueces, por el resto de las personas.

La victimización de las mujeres en la guerra

La segunda divergencia, con la que me encuentro de una manera cada vez más clara, está vinculada con la primera y tiene que ver con las nuevas formas de la guerra. Si bien tiene que ver con lo que sucede en Ciudad Juárez, se amplía. El núcleo fuerte de mi observación viene de Guatemala. Ya en Ciudad Juárez percibía un universo bélico, aun de un tipo bélico no determinado todavía, sin las definiciones que hoy son imprescindibles para hablar de nuevas formas de la guerra. Me refiero a un gran ámbito paraestatal que se expande en nuestros países y que tiene varios formatos (Segato, 2015a). En el pasado, las dictaduras actuaron con un gran rango de paraestatalidad. Hoy actúan de este modo las mafias, las varias formas en las que el Estado se duplica, las varias formas de control y ejercicio de la violencia de una forma organizada.

Como parte de ese fenómeno de duplicación, el Estado muestra con toda la fuerza un segundo brazo que siempre tiene. Pienso en autores que han hablado de Estado de excepción, Agamben y otros. Para Alemania, por ejemplo, el jurista contemporáneo Günther Jakobs vuelve actualmente sobre un discurso jurídico emparentado con el de Carl Schmitt y afirma que es necesario tener leyes especiales para árabes. Jakobs vive en Alemania hoy, y nosotros pensamos que Europa está libre de este tipo de ideas con resonancias nazis. En el mundo del nazismo, las leyes comunes continuaron siendo las mismas, pero se hicieron leyes especiales para judíos. La gente «normal», alemanes que hacían transacciones comerciales, se casaban, entraban en conflictos de intereses, etc., continuaron teniendo una legislación «común». Y hubo una legislación especial para judíos. En El enemigo en el derecho penal, Eugenio Raúl Zaffaroni, jurista argentino, hace un muy buen análisis y una exégesis del pensamiento de Günther Jakobs.

El Estado siempre tiende a duplicarse. Cuando es necesario, saca su brazo y se duplica, casi cotidianamente. Un policía actúa paraestatalmente en cualquier Estado, en cualquier país del mundo, porque tiene investidura de juez y juzga en la calle. En Inglaterra, por ejemplo, mataron a un joven brasilero y no se pudo culpar al policía, porque en la calle tiene fuero de juez, juzga el peligro y lo juzga solo. Y si juzga que hay peligro, mata, y no puede ser enjuiciado. Eso es un margen de paraestatalidad permanente en toda la violencia legítima estatal, en cualquier lugar del mundo. Ese campo, que está siempre presente en la estructura estatal «moderna», «cívica», «legislada», que está siempre ahí, se amplía en algunos contextos, esa esfera se vuelve más grande que la esfera propiamente legal, de orden normal.

La naturaleza siempre dual y duplicable de todo Estado es un tema muy importante que no puedo agotar en este texto. Ante esto, somos movidos a una intensa, fervorosa, fe estatal, tenemos una gran fe ciudadana, nunca constatada, nunca chequeada, nunca examinada atentamente. Valdría la pena que nos preguntemos si esa fe estatal que nos mueve, que mueve nuestro movimiento y todos los movimientos sociales, se confirma.

En América Latina percibimos un campo bélico difuso que algunos autores comienzan a llamar nuevas formas de la guerra, o nuevas guerras, o formas no convencionales de la guerra. En los países más violentos vemos la ampliación de esa esfera que, de una manera muy genérica, vengo llamando esfera paraestatal. Estamos ante una guerra informal que se extendió primero en la época de los gobiernos autoritarios y luego tuvo su continuación en la época de las pandillas, las maras de América Central. Hay sectores que podríamos definir como corporaciones armadas, que organizan, mantienen, controlan caudales de riquezas que responden a ciertos dueños. Y esto, que se relaciona con lo planteado para la primera divergencia, me lleva a decir que necesitamos nuevas definiciones para la guerra.

En nuestro mundo existe un nexo histórico, personal mismo, entre la gente que actuó en los grupos armados durante la represión de paraestado militar, de los autoritarismos de Estado que tuvimos y las mafias actuales. Muchas de las personas que antes actuaban en el Estado, como un segundo brazo del Estado, pasaron a seguridades privadas y también al crimen, pasaron a ser las corporaciones armadas que hoy actúan de modo criminal. Esta recolocación de recursos humanos es palpable en Argentina, pero más palpable y conocida es en El Salvador y en Guatemala. De esta forma, las prácticas que fueron de guerra en los años ochenta son las prácticas mareras de hoy, continúan siendo las prácticas del narcotráfico —uno dice narcotráfico, pero no es solamente narcotráfico—.

Las nuevas formas de la guerra tienen como característica una victimización extrema de las mujeres. Dentro del feminismo han surgido dos posiciones a la hora de considerar esta victimización. Elizabeth Odio, una jueza de Costa Rica, la primera jueza mujer en la Corte Penal Internacional, tiene un bello ensayo que es una historia de la guerra y las mujeres. Su perspectiva, a pesar de sostener que las formas de crueldad contra el cuerpo de las mujeres en la guerra parecen exacerbarse después de Yugoslavia, es una perspectiva de continuidad; pero ya habla ahí de un cambio de grado. Otros autores, como Mary Kaldor o Herfried Münkler (alemán oriental que tiene dos estudios que mapean estas nuevas formas de la guerra con foco sobre todo en Yugoslavia), se concentran en los aspectos novedosos de la crueldad sobre el cuerpo de las mujeres. Identifico una coincidencia llamativa entre lo que he escrito pensando en América, especialmente América Central y México, y estos dos autores para Europa.

En guerras anteriores el daño a las mujeres era colateral al daño bélico, a la guerra misma. Sucedía por botín de guerra, por la anexión del territorio y la anexión de sus mujeres como territorio, por inseminación y captura como concubinas, esclavas sexuales, etc. Estos autores y yo misma, para América Central, decimos que la guerra se hace hoy mediante la victimización de las mujeres. Lo que era colateral se vuelve central, se vuelve la forma de hacer la guerra. Es importante decir que estos autores no son feministas, yo lo soy, pero estos dos autores no, son especialistas en guerra. Mary Kaldor afirma que el método de la guerra contemporánea es la profanación, entre otras cosas, la profanación de las mezquitas. Así puede caracterizarse también la destrucción de los budas arqueológicos, esculturas colosales de piedra, en Afganistán. De forma equivalente, el cuerpo de la mujer es, entonces, profanado. En un sentido similar, Münkler dice que la manera de destruir sin genocidio es atacar los lazos comunitarios en el cuerpo de las mujeres, profanar la mujer. Es el método mismo de la guerra. En Guatemala esto se ve claramente, porque está incluido en los manuales, en las instrucciones para la guerra.

Aquí puedo introducir la segunda divergencia de la que quiero hablar. Una parte del movimiento, siguiendo sobre todo a Catharine MacKinnon, habla de continuidad de crímenes de guerra y crímenes de paz, no hay tiempo de paz para el género, el género no conoce tiempo de paz. Este grupo de mujeres afirma que la práctica de violación en las guerras contemporáneas, en las nuevas formas de la guerra, es una prolongación y una expansión de la experiencia doméstica, de lo que pasa en los hogares. Para el caso de Guatemala, por ejemplo, según un discurso subterráneo, el problema de los hogares mayas es que los hombres son incivilizados, pegan a sus mujeres, es un mundo explícitamente jerárquico, no tienen patrones cívicos de género como nosotros —me pregunto si los tenemos—. Cuando la guerra llega a Guatemala, eso que ya era violento dentro de los hogares se amplifica y es la forma en que se victimiza a las mujeres, como continuidad de lo que ocurría en el espacio del hogar.

Sin embargo, los autores que vengo citando, Münkler específicamente, dicen que hasta en sociedades donde la violación no era una práctica regular sino una en la que se incurría muy raramente, pasa a estar en los manuales de la guerra, pasa a ser parte del entrenamiento para la guerra. En Guatemala eso es clarísimo. Podemos decir que en los hogares guatemaltecos había una jerarquía de género, mujer y hombre no valían lo mismo; era una jerarquía de prestigio, basada en la división sexual de los papeles laborales, sociales, etc., todo lo que criticamos a las sociedades tribales. Pero, al igual que en el mundo árabe, no había violación.

Por eso es muy importante hilar fino. La indiferenciación con relación a las violencias de género, la práctica de poner todo junto, a veces nos lleva a dar vueltas en círculo, a no encontrar salidas para nuestros problemas. Tanto para el mundo de Europa Oriental que estos autores analizan, como en nuestro mundo centroamericano, sudamericano, nuestroamericano, la guerra ha introducido como estrategia la tortura sexual de las mujeres hasta la muerte. Y sucede tanto en las guerras de represión, como en las guerras del tipo de Ciudad Juárez, las guerras de mafias en ese gran ámbito paramilitar, paraestatal. En lugar de una amplificación desde el hogar hacia la guerra, lo que hay es un retorno de la guerra a los hogares y una exacerbación de la violencia doméstica por la existencia de esa guerra, que afecta sobre todo a ciertos bolsones de la población. En algunos países como Guatemala, Honduras y El Salvador, afecta a toda la población. Brasil podría también incluirse en este grupo, ya que a pesar de que produce una fachada de paz, los números de la victimización y los homicidios cada cien mil habitantes son altísimos, son números de guerra. Así pues, en algunos lugares esto es extenso y afecta la vida, es palpable para toda la población; en otros países se trata de pliegues, de dobleces, de bolsones donde hay altísima letalidad. Mi posición no es que en esos bolsones las formas de la guerra sean una continuidad de la vida doméstica, sino al contrario, que es la misma forma de la guerra que hace foco en la destrucción del cuerpo de las mujeres y con eso destruye la confianza comunitaria.

Respecto a esto, fui modificando mi posición. Hasta no hace mucho hablaba de la destrucción del cuerpo de las mujeres como forma de destrucción de la moral enemiga. Hoy, después de haber trabajado en Guatemala durante varios meses, he cambiado un poco esa visión. Entiendo que se trata de la destrucción de los lazos de confianza del tejido de la comunidad. Es una forma de hacer la guerra que vuelve y entra en el espacio doméstico. Hay una realimentación del patriarcado por la guerra. Es como un círculo, creo que hay una inversión en la secuencia. La guerra aprende de las estructuras patriarcales y las aplica para disolver comunidad, desocupar territorios sin genocidio. Así está planteado en el vocabulario de los autores que piensan Europa Oriental, como técnicas para desocupar territorios y producir desintegración de un pueblo sin genocidio. El eje de gravedad, el centro de gravedad, el ombligo de ese cuerpo social es el cuerpo de las mujeres. En los manuales a los que me referí antes se pueden localizar artículos, pautas donde se habla claramente de disminuir los reparos de los soldados en causar daños a las mujeres. Ahí surge un problema, hay una cuestión. ¿Por qué se ataca a las mujeres? Eso ya lo había planteado desde Ciudad Juárez, ¿por qué las mujeres?

La mujer no es el enemigo bélico, no es el soldado enemigo, no es el recurso armado de la tropa enemiga. Los hombres mueren mucho más por asesinato, pero también matan en la misma proporción, hay proporcionalidad entre el grado de violencia letal que ejercen y la que reciben. Las mujeres, en relación con lo que matan, mueren muchísimo más de asesinato que los hombres. Entonces, ¿por qué las nuevas formas de la guerra no simplemente anexan a las mujeres, las inseminan, como en las guerras que van desde los primeros relatos y evidencias que tenemos del mundo tribal hasta la Segunda Guerra Mundial? Hasta ese momento hay una continuidad clara, la mujer no es objeto de destrucción. Es anexada, violada, secuestrada como concubina, como esclava, pero como un subproducto de la guerra. ¿Qué pasa después de Yugoslavia y de Ruanda, por ejemplo? ¿Qué ocurre en esa fase tardía de la modernidad y del capital que la mujer pasa a ser la forma de la guerra? En Ruanda y Yugoslavia la guerra se paramilitariza, hay un fenómeno de paramilitarización de las guerras. Las guerras antes eran entre Estados, se hacían con insignias, con uniformes, con métodos para levantar la moral de la tropa. Todo era convencional, eran guerras de escuela. Hacia la segunda mitad del siglo XX la guerra se paramilitarizó.

La guerra hoy en día es técnica, involucra profesionales, psicólogos sociales, neuroprogramadores. Así como hay una programación neurolingüística, existe claramente una programación neurobélica. Se trata de estudios que componen casi una ingeniería, un tipo de ingeniería social que busca identificar dónde está el centro de gravedad de un tejido social, de un tejido comunitario, por dónde se lo destruye de una manera más eficiente, directa y rápida, y sin gastar tanta bala. Hay trabajos que muestran que atacando a las mujeres se ataca ese eje de gravedad, como quien implosiona un edificio. Se destruye por ahí. La mujer tiene ese papel de puntal, las feministas lo sabemos, de mantener el mundo en pie, de reproducir el mundo.

El contenido del Plan de Campaña para Guatemala es uno de los elementos en los que sustento mi posición. Los manuales dicen textualmente que los soldados que no tienen como parte de su comportamiento habitual la victimización de mujeres tienen que ser entrenados para que bajen ese límite de su acción, para que puedan, así, victimizarlas. Eso encuentra una gran afinidad con lo que sucedió en Argentina después de un periodo en que se prohibió la prostitución en los años cuarenta. En años veinte y treinta hubo allí algunos rufianes franceses y judíos que trajeron prostitución, lo que se llamaba en aquella época «esclavas blancas», e instalaron burdeles que años después fueron prohibidos durante algún tiempo. Finalizado ese periodo, los primeros burdeles que abrieron, que se permitieron legalmente, fueron los que se encontraban en las proximidades de los cuarteles. Y esto por ley, es ley, está escrito en los documentos de la época.

Más recientemente, hay evidencia de que en algunos lugares sucede algo similar. Por ejemplo, Comodoro Rivadavia es una ciudad ubicada en la costa atlántica patagónica, una región de intensa explotación petrolera en el sur de la Argentina. Estas explotaciones y algunas grandes obras de infraestructura siempre traen consigo la instalación de prostíbulos, la trata. Cerca, hacia la cordillera, hay pueblos indígenas o mestizos todavía muy próximos a la vida indígena, a lo mapuche. También hay cuarteles. Algunas investigadoras de esa región sostienen que cuando los soldados son reclutados en esos pueblos, contratados para trabajar en los cuarteles de la costa, donde hay explotaciones de petróleo y prostíbulos, lo primero que se hace como parte de su entrenamiento militar es llevarlos a los prostíbulos. Hay testimonios de estos soldados en los que relatan que la reducción de la mujer por métodos sexuales no era parte de sus experiencias, que son experiencias aprendidas. Esto no significa que no tuvieran género, jerarquías, formas de opresión. Significa que las formas de victimización no son las mismas, no tienen los mismos significados, ni son funcionales a lo mismo.

La victimización de la mujer, entonces, es parte de un entrenamiento militar, para la guerra. Vemos ahí la funcionalidad de la victimización sexual, de la crueldad contra el cuerpo de la mujer en el campo de la guerra, un campo donde el pacto entre hombres tiene que ser muy estrecho y donde la disolución de patrones comunitarios de existencia es vital. Por los nexos históricos y personales que mencioné más arriba, la criminalidad organizada hoy continúa usando las estrategias bélicas del paraestado represivo, incluso los manuales de Guatemala. Y esa continúa siendo la estrategia de guerra del narco en nuestros países.

Un caso clásico en Argentina fue el asesinato de la niña Candela Rodríguez, que mostró la actuación de una corporación del ámbito paraestatal formada por policías, piratas del asfalto, narcotraficantes. Otro caso que me impactó cuando estaba en Ciudad Juárez es el de un niñito, un caso muy hablado un tiempo después de Candela. Ambos me hicieron pensar que lo mismo que pasa con las mujeres podría pasar con los niños, porque ni mujeres ni niños son soldados, no son el enemigo de la corporación armada antagonista, no son el enemigo armado. Ellos mueren, son agredidos como una forma de violencia expresiva, un tema que está muy presente en mi libro Las estructuras elementales de la violencia y más presente en el ensayo La escritura en el cuerpo de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez. Es un tipo de violencia que no se usa directamente para vencer al enemigo, sino para expresar su derrota, para simbolizar la destitución del enemigo como una fuerza respetable, considerable, poderosa. Cuando se agrede, se mata, se destruyen los cuerpos de aquellos que son inocentes de la guerra, que no son soldados antagonistas. De esa manera, se independiza el mensaje, el mensaje cobra la función de puro mensaje. No es la guerra, es una guerra en el campo simbólico, se especializa ahí.

Recapitulando, vemos cómo, en el primer caso, la mayor parte del movimiento feminista piensa que es necesario colocar todos juntos los crímenes letales contra las mujeres. Yo pienso que tenemos que aprender a pensar en feminicidios que son de un tipo particular, que no pueden ser privatizados en sus móviles, que corresponden a móviles que son de un tipo no privado, no íntimo. En el segundo caso, la divergencia está en que existe un grupo dentro del movimiento feminista que piensa que en la guerra, sobre todo en estas guerras informales, hay una continuidad entre lo doméstico, la violencia doméstica, y la violencia bélica. Yo pienso que hay una discontinuidad, que hay formas de violencia bélica, de crueldad sobre el cuerpo de las mujeres, que son de manual y que luego reingresan al campo de lo doméstico.

Desiguales, pero diferentes

Si consideramos el patriarcado como la célula elemental de toda violencia expropiadora y un tipo de estructura de tiempo larguísimo que prácticamente coincide con el tiempo de la especie, parece una estructura casi natural. Eso no evita que pensemos que es una estructura que ha sufrido modificaciones a lo largo del tiempo, que es histórica. Y aquí me encuentro con una tercera divergencia, la más difícil de explicar, la menos concreta, que requiere un poco más de cuidado. Lo que me interesa destacar es un tercer tipo de discontinuidad, la discontinuidad del patriarcado a partir de la experiencia de la conquista y la colonización. Creo poder probar que la estructura patriarcal tiene ahí una transformación, una vuelta de tuerca que la convierte en el patriarcado moderno tal y como lo conocemos hoy, que para mí es el patriarcado de máxima letalidad (Segato, 2015b).

Mi visión sobre este tema está alimentada por diez años de colaboración con la FUNAI, la Fundación Nacional del Indio, el órgano estatal que administra las cuestiones indígenas en Brasil. En 2002, dos mujeres indígenas se presentaron en la FUNAI pidiendo políticas de género para las mujeres indígenas, políticas por ese entonces inexistentes. Cuando Lula ganó las elecciones y asumió la presidencia en enero de 2003, las mujeres solicitaron al presidente de la FUNAI que se hiciera una gran reunión y se llevara un pedido al nuevo presidente que estaba llegando al Palacio de Planalto. Fui invitada a dar este taller para 41 mujeres indígenas de todas las regiones de Brasil. Ese taller después dio origen a una secuencia de dos series de talleres, organizadas con alguna diferencia, pero continuadas a lo largo de diez años. Se hicieron en todas las regiones del país y tocaron mujeres «desaldeadas», ya urbanas, y mujeres que vivían o viven todavía en sus aldeas; mujeres que hablaban fluido el portugués, que todavía lo hablaban con gran acento de sus propias lenguas y que no lo hablaban —el uso del «todavía» es parte de esta herencia evolucionista de la cual no conseguimos desvencijarnos—. Acompañé esta acción estatal en el mundo indígena y, de alguna manera, pude observar también el avance del frente que llamo frente estatal-empresarial-mediático-cristiano, siempre patriarcal y permanentemente colonial hacia el interior del país.

Una de las preguntas que me hice por entonces fue qué pasaba con los hombres en las aldeas, en lo que —usando una especie de tipo ideal weberiano— llamo el «mundo-aldea». En las regiones, en los pueblos donde la organización comunitaria y colectivista todavía existe, con estrategias de control de la acumulación, de la concentración, con tecnologías de la sociabilidad que son propias y con proyectos históricos divergentes del capital, ¿qué pasa con el género? ¿Qué pasa cuando ese frente estatal bien intencionado, con sus ONG, sus políticas públicas, las escuelas, los puestos de salud, las acciones para las mujeres indígenas… van entrando en ese mundo? Pasa que, junto a todo eso, aumenta la violencia. Gran signo de interrogación. ¿Por qué sucede esto? Es un fenómeno totalmente convocante para pensar. ¿Por qué junto con el frente estatal y sus alianzas empresariales, mediáticas y cristianas avanza también, aumentan también las formas de agresión a la mujer indígena? Esto es observable, es un dato de la realidad. Hay una mujer a quien su marido le cortó un brazo con un machete, otra que quedó renga de los palazos, de los golpes, etc. Esas formas de violencia doméstica, esas formas de crueldad contra las mujeres, de odio hacia la mujer, no eran propias de la estructura comunitaria previa, tienen que ver con la captura de los hombres por parte del mundo colonial.

Aquí sintetizo un argumento que he desarrollado en dos textos, Género y colonialidad, y El papel del Estado y de las leyes frente a la estructura y las transformaciones de la violencia de género. Es una gran síntesis, casi una geometría de un análisis que tendría que ser mucho más largo. Una cuestión clave es el acriollamiento. Yo soy argentina, durante una gran parte de mi vida decir «criollo» me parecía una cosa muy bonita. Hoy creo que «criollo», «prejuicio», «homofobia» y «misoginia» son sinónimos. Nuestro mundo criollo es un mundo letal para las mujeres. Y eso tiene que ver con el frente colonial. No soy la única en decir algo así, lo han dicho también investigadoras francesas para el África. Yo lo observo para nuestro mundo. El hombre que guerrea con el colonizador se acriolla, sea un colonizador de la administración ultramarina o un colonizador republicano, de nuestras repúblicas, un agente estatal, es lo mismo.

A raíz de esta observación vengo a dar con la idea de que nos engañaron cuando nos dijeron que nuestras repúblicas representaban un gran quiebre, una gran ruptura con el mundo de la administración ultramarina. Eso es un mito. O ni siquiera un mito, mito es una palabra demasiado noble como para usarla aquí. Fue un engaño que sufrimos, porque nuestros Estados republicanos, nuestros gobiernos criollos tienen mucho más de continuidad con el mundo colonial, con la administración ultramarina que de discontinuidad, de quiebre, de ruptura. Eso se ve en la manera en que los Estados se aproximan a su mundo interior, al mundo interior de nuestras naciones.

El caso de Uruguay es muy interesante. En Argentina y en Brasil vivimos fascinados con la gran ciudadanía uruguaya. Pero solemos omitir que es un país que está construido encima de una gran fosa común. Y esos espectros se sienten, esos espectros están siempre presentes. No se puede suprimir completamente la población que ha circulado por un paisaje y enterrarla en Salsipuedes, eso no se puede hacer.

En el avance del frente estatal ocurre un acriollamiento de los hombres, que son capturados primero para defenderse bélicamente de la conquista y luego para negociar la paz. Esos hombres son capturados, secuestrados por los patrones del hombre blanco, por los estilos de sexualidad blanca. La visión, el significado del acceso carnal, cambia completamente. Y el hombre acriollado resulta profundamente transformado y adaptado, porque tiene que hacer una elección, tiene que elegir entre su par, su parcero, su hermano, el hombre blanco, o su mujer, sus hijos y su casa. La interpelación de la masculinidad blanca es muy fuerte, sobre todo porque la masculinidad blanca es vencedora, es victoriosa. Ese hombre se entrega a los mandatos del formato de la sexualidad, del poder blanco y se transforma en el colonizador dentro de casa.

Este es mi relato de la historia, pero dentro del feminismo podemos ver tres posiciones sobre el tema. Una primera posición, que de una forma simplificadora podríamos caracterizar de eurocéntrica, dice que el género es igual acá, allá y, si se quiere, peor en el mundo «periférico» visto desde Europa. En el otro extremo tenemos un grupo de autoras entre las que destaco una autora argentina, María Lugones, que enseña en Estados Unidos. Aun en desacuerdo con ella, aprecio sus ensayos, sus textos. Tomando evidencias etnográficas e históricas de un conjunto de autoras, ella afirma que en el mundo precolonial no existía nada como el género. Su gran inspiración es una autora nigeriana, Oyeronke Oyewumi, que también enseña en Estados Unidos. Oyeronke Oyewumi señala que el género en el mundo yoruba es una invención colonial británica, que no existía antes de la colonización británica. Este sería el conjunto de autoras en el otro extremo. Yo me localizo en el término medio.

Mi posición es que en el mundo precolonial sí existía el patriarcado, la jerarquía de género, el mayor prestigio de los hombres y de las tareas masculinas, y una cierta violencia, porque donde hay jerarquía tiene necesariamente que ser mantenida y reproducida por métodos violentos. Pero ese patriarcado era o es, donde todavía existe, y existe en muchos lugares aun en recesión, un patriarcado de bajo impacto o baja intensidad. Donde hay comunidad la mujer está más protegida. Lo que ocurre en el tránsito a la modernidad es esa captura colonial del hombre no blanco y una caída abrupta del espacio doméstico en valor y en politicidad. Eso lo vemos ocurrir, es casi visible en algunos bolsones, en algunos espacios.

En el mundo comunitario tenemos dos espacios. Por un lado, el espacio público. ¿Monopolio de los hombres? Sí. ¿Con mayor prestigio? Sí. ¿Solo el hombre habla ahí en el espacio público? Sí, en muchísimas sociedades tribales. Y por otro un espacio doméstico, con menos prestigio pero político, dotado de politicidad, no íntimo, no privado. ¿Cómo es político el espacio doméstico? Cuando se nucleariza la familia, cuando el espacio doméstico pasa a ser aquella cápsula entre cuatro paredes, mamá, papá y nenes, también se despolitiza. Esto se ve en el mundo indígena. Antes, la comunidad tenía su espacio doméstico atravesado por decenas de personas mirando a todo el mundo. No existía, como existe entre nosotros, la noción de vida privada, la idea de proteger la privacidad, ese valor de lo privado que es plenamente moderno, plenamente individualista. No existía lo íntimo, lo que no se puede ver, no existía esa visión de las cosas. Ese ojo colectivo se pierde con la familia nuclear. La modernización, el individualismo, la nuclearización de la familia, hay en todo eso una caída abrupta del valor del espacio particular, del espacio doméstico, que se vuelve un espacio íntimo y privado. Antes no lo era.

Otra diferencia importantísima es que el espacio público en el mundo comunitario no es una esfera donde lo que se enuncia tiene valor universal, no hay universalidad, los dos son dos, es un mundo dual. Con la modernidad, esta dualidad estructural se transforma en binarismo. No son la misma cosa, hay diferencias entre dualismo y binarismo. La estructura binaria es la estructura del Uno. Para hablar políticamente, para enunciar un discurso que tenga validez universal, de interés general, un enunciado francamente político, es necesario enunciarlo en la esfera pública. Esa esfera no existía en el mundo tribal, porque era solo un espacio público, un espacio de dos. Aquí, en el mundo de la modernidad, hay un espacio de Uno, la esfera pública es el único espacio donde lo que se habla tiene impacto político en la totalidad de las personas. Quien quiera hablar ahí, va a tener que adaptarse, aprender a comportarse, ciertas formas de corporalidad, formas de vestimenta. Podemos pensar que es mentira, porque ahí hablan la mujer, el negro, el gay, el deficiente, todos hablan. Pero tienen que hacer un gran esfuerzo de travestismo, un gran esfuerzo de aprendizaje para hablar en la esfera pública. Nadie habla en delantal ahí, porque esa es la esfera que monopoliza y totaliza lo político. Y el resto es resto, es residuo.

Esa es la estructura de la modernidad, letal como nunca, porque transforma la vida de las mujeres, nucleariza las familias y transforma todo lo que nos pasa. Por eso también es indispensable hablar de lo que nos pasa en la guerra, no porque sea numéricamente más importante, sino porque cambia nuestro pensamiento sobre lo que nos pasa a las mujeres, nos muestra que lo que nos pasa puede ser de orden plenamente público. Esto es clave, porque todos los mecanismos que vemos, todos los discursos oficiales sobre las mujeres, empujan el destino de la mujer al campo de lo privado, de lo íntimo, de lo particular. La misma diferencia entre lo general y lo particular, y la manera en que lo clasificamos en la modernidad, esa diferencia está estructurada por el binarismo.

Esa es otra de las grandes divergencias, otro de los grandes debates dentro del feminismo que considero importantísimo para pensar con más claridad. En un texto que he escrito sobre este tema digo algo que es aberrante, épater le bourgeois, pero es necesario desafiar los esquemas biempensantes con los que damos vueltas en círculo. Digo lo siguiente. Si el eslogan moderno es «diferentes, pero iguales» —que al final es una ficción, porque en la estructura binaria eso es imposible, no hay lugar para el otro, el otro es una función del uno—, en el mundo tribal el eslogan sería «desiguales, pero diferentes», el mundo es francamente plural.

Cuando decimos el gran eslogan nuestro, tan sentido, «diferentes pero iguales», estamos creyendo el discurso de la modernidad. Es un discurso igualitario, pero es solamente un discurso. Como muy bien han dicho las juristas feministas desde siempre, es la gran crítica de las juristas feministas, la modernidad tiene un discurso igualitario que enmascara la desigualdad. Nunca en la historia de la humanidad la concentración y la desigualdad fueron mayores que en el presente. Ochenta y cinco personas tienen la misma riqueza de la mitad de la humanidad restante. Nunca la concentración fue mayor. Y eso no significa que la desigualdad sea una cuestión de dinero. Se trata de poder, esas personas tienen poder de vida y muerte sobre los demás.

En el mundo tribal, hombres y mujeres son dos naturalezas diferentes. No existe el postulado de un equivalente universal, de un ser humano universal, con todos los problemas que pueden derivarse de allí. No son jerárquicamente iguales, pero en esa desigualdad los dos son plenos en su ser, en su diferencia, en lo que son. Y tienen su mundo propio. Entonces, son desiguales, pero en un mundo plural. Decir «desiguales, pero diferentes», es una alerta, un desafío. En esas sociedades, hombres y mujeres son dos conjuntos, dos grupos de personas ontológicamente plenas, ontológicamente completas, un grupo no es la deficiencia del otro, la función alterna para el Uno. No es el mundo del Uno como el nuestro, los dos tienen su completud, su proyecto histórico, sus pactos, sus formas de politicidad, sus alianzas inclusive dentro de la divergencia, sus espacios de hacer política. La mujer tiene un blindaje, la comunidad protege a la mujer, el ojo colectivo, porque el espacio doméstico está poblado por gran cantidad de personas que lo transitan.

Enfatizo la diferencia, porque nos cuesta entender la existencia de esa diversidad en las de formas de ser. Las mujeres árabes lo han dicho muchísimo. También lo vemos para América. Quien va al campo, quien se aproxima a la vida comunitaria, ve que las mujeres tienen comportamientos muy diferentes a la vida plenamente urbana. En Argentina vivo en una región muy rural en los Andes. Allí las mujeres son mucho más poderosas que en la ciudad. Es un fenómeno observable, que se va perdiendo a medida que la urbanización avanza, que avanza el mundo de masas y avanza la ciudadanía.

Es que, en el mundo occidental, en el mundo europeo, la diferencia es un problema que debe ser «ecuacionado» de alguna manera, de alguna manera hay que echar mano a un equivalente universal para producir igualdad. Y ahí los sacrificios son muchos. Hoy el mundo comunitario es atravesado por discursos de igualdad, por el discurso de los Derechos Humanos y el propio debate interno de las comunidades, que van produciendo un camino histórico, en Chiapas por ejemplo, utilizando los buenos eslogans que llegan del mundo de la modernidad. Son mundos abiertos.

No se trata de una cuestión de costumbres, no hablo de cultura, porque el culturalismo es una de las variantes del fundamentalismo. En algunas sociedades tribales, en sociedades indígenas, vemos a veces formas de caciquismo que son criollas, pero que se presentan como costumbres propias, como si la jerarquía de género fuera prescrita por la tradición. Ese recurso a la costumbre es un recurso culturalista, que es sinónimo de fundamentalismo. Pasa no solo en el islam, también pasa en el catolicismo, en algunas de las formas de las religiones evangélicas, y pasa en el mundo tribal. Por eso no uso prácticamente la noción de cultura a no ser que sea indispensable, no estoy hablando de costumbres, estoy hablando de proyectos históricos, de pluralismo histórico, de historia diferente. En esos proyectos históricos diferentes había, siempre hubo deliberación interna, siempre hubo cambio. La humanidad nunca fue igual a sí misma en ningún lugar. Eso de que la historia es nuestra, del mundo moderno, blanco, europeo, y que los otros pueblos tienen costumbres es una invención binaria, una invención eurocéntrica, una visión eurocéntrica de los pueblos tribales. Pero no es verdadera. Todo pueblo siempre tuvo costumbres e historia, las dos cosas. Y nosotros, si es que somos pueblo, también.

En algunas instancias han señalado que idealizo lo tribal. ¿No estaremos, en cambio, teniendo prejuicios contra lo tribal? ¿No tenemos que examinar nuestras creencias? ¿No es una obligación constante de la persona que indaga y que se indaga examinar sus propias certezas? ¿Podemos avanzar en el pensamiento sin dudar de nuestras certezas? Ahora bien, nuestras certezas señalan que lo tribal es subdesarrollado. Y lo que yo digo —por eso comprendo las resistencias, porque desafían la certeza general de que lo tribal es subdesarrollado— es que el mundo avanza en la dirección de la violencia, que el holocausto es moderno, como han dicho Hannah Arendt y Zygmut Bauman, o sea, que sin modernidad no hay genocidio. Digo esto con absoluta conciencia de instilar una duda en relación a una serie de certezas no examinadas con las que pensamos y trabajamos. Lo creo necesario, porque estamos llegando a la derrota, el movimiento feminista está derrotado en sus luchas por disminuir la violencia.

Este llamado, esta alerta, suele ser absolutamente desconcertante, porque tenemos una ceguera cívica, una fe cívica que nos impide ver la realidad del mundo que habitamos y la realidad de nuestra fe. El discurso de la modernidad es igualitario, pero la igualdad jurídica, liberal, general, enmascara un mundo progresivamente desigual. Y nosotras hemos apostado todas nuestras fichas al campo estatal, el movimiento social ha entrado con los dos pies a expandir el campo del Estado. Yo simplemente pregunto, ¿cuáles son los resultados de esa apuesta? ¿Cuáles son los resultados que hemos tenido de nuestra apuesta al proyecto de la igualdad?

El desafío es muy grande. Si necesitamos hacer todas las distinciones de las que hablo y, al mismo tiempo, afirmar que el subsuelo de toda la violencia es una estructura común, el patriarcado simbólico, ¿cómo hacemos entonces? La solución es pensar históricamente, es indispensable no compartimentar ni nuestras teorías, ni nuestro pensamiento, ni nuestras luchas. Estamos cometiendo un error al guetificar nuestras luchas. ¿Por qué puedo decir que es un error? Porque no estamos obteniendo grandes resultados. Estamos hoy frente a un mundo donde el ejercicio de la pedagogía de la crueldad es evidente, basta escuchar el raggaeton, basta escuchar muchas de las músicas que masivamente se escuchan, ver la televisión, ver las propagandas. Vemos todo el tiempo que estamos sometidos, estamos entrenados en una pedagogía de la crueldad. El lente televisivo es un lente rapiñador, despojador.

Finalmente, también debemos preguntarnos, ¿por qué las mujeres feministas manifestamos esa voluntad de indistinción histórica, civilizatoria? Creo que esa es una característica del pensamiento feminista en la actualidad. Así, propicia una indistinción dentro del movimiento feminista, enmascara las formas de dominación, las desigualdades de prestigio dentro del propio movimiento. Pero dentro del propio movimiento también se lucha, como todo el mundo sabe, por control, por influencia, por prestigio y hasta también, sobre todo, por recursos. Nosotras, las mujeres, deberíamos ser las primeras en reconocer el carácter plural de las experiencias y ser capaces de pensar proyectos históricos diferentes.

Sobre el papel asignado al Estado

Registro, aún, una cuarta divergencia feminista, a la que me referiré solo brevemente, pues la remito a la literatura sobre los debates del feminismo institucional: la que divide a aquellos sectores, hoy mayoritarios, que han puesto toda su fe y esfuerzos en los avances dentro del campo estatal: por más leyes, más políticas públicas, más institucionalidad; y al feminismo que constata que la estrategia institucional ha dado pocos frutos, especialmente en lo que respecta a la violencia letal y en las formas de crueldad sufridas por las mujeres, y, cuando los ha dado, ha beneficiado prioritariamente a las mujeres blancas, de capas medias, que por este camino han conseguido «incluirse» y actuar en la esfera pública. El primer sector cree en la relación causal entre las leyes y las prácticas, que he criticado en diversas oportunidades.

Esta posición está relacionada con el debate que examiné en el tercer epígrafe, que contrapone los feminismos europeos a los feminismos no-blancos o nuestroamericanos, y se deriva de la perspectiva eurocéntrica, propia de una realidad en la que, por razones históricas, la relación entre el Estado y la sociedad no es igual a la relación Estado-sociedad en nuestro continente, en espacios de colonización. En nuestros espacios, el Estado republicano, heredero de la administración ultramarina, ha mantenido la exterioridad colonial con relación al territorio nacional y a la sociedad. Las mujeres que siguen por este camino se adhieren, sin inspeccionarlo, al supuesto de que las fallas institucionales se deben a la ejecución inadecuada de las normas por parte de los agentes estatales a cargo de los mostradores de servicio al público. Creen, por lo tanto que con una instrucción adecuada, ese defecto circunstancial puede resolverse y, también, que el Estado mismo puede ser reformado para un mejor desempeño de gestión frente a la sociedad. Esta creencia surge, como indiqué más arriba, de la influencia de los feminismos del Norte sobre nosotras, y su presión por imponer metas y generar políticas en nuestro medio concebidas a imagen y semejanza de las políticas que sirven para su región geopolítica, sin sensibilidad para reconocer la historia y arquitectura constitutiva del Estado en los contextos postcoloniales. Esa arquitectura constitutiva, inherente a los Estados del continente, se caracteriza por un diseño que, a partir de su fundación por las élites republicanas criollas, garantiza su apropiabilidad permanente y el fisiologismo de sus apropiadores. Esta como dije, es una falla constitutiva, pues nunca la historia ha probado que pudiera ser subsanada la apropiabilidad de sus reparticiones, operadas territorialmente por una élite administradora que se reproduce endogámicamente en sus espacios —élite, en la definición que adopto, es todo grupo o red de operadores del Estado—. A esto se le suma el cada vez menos judicializable y refrenable pacto Estado-empresa, al cual el discurso de los Derechos Humanos intenta, sin éxito, poner coto.

Frente a esta posición, estamos las que nos preguntamos qué es lo que el Estado puede y no puede hacer por nosotras, y buscamos soluciones dentro y fuera del campo estatal. Las que vamos percibiendo que, casi sin darnos cuenta, hemos ido plegándonos a las estrategias y metas de los feminismos del Norte, que nos llevaron a colocar todas las fichas del juego, sin excepción, en el campo estatal, sin que esto nos haya llevado muy lejos en la dirección de nuestras propuestas y reivindicaciones.

Sin abandonar las luchas en el frente estatal, pues es necesario darlas en todos los frentes, es preciso intentar avanzar con nuestras metas también por fuera del mismo, por caminos extraestatales, mediante la reconstrucción de los tejidos comunitarios a partir de fragmentos de comunidad que todavía se encuentran reconocibles y vitales, lo que he llamado «jirones de comunidad», nunca a partir de modelos abstractos, pues la comunidad necesita de historia y de densidad simbólica, un cosmos propio que sustente su cohesión y señale la dirección de su proyecto histórico.

No guetificar el problema de género

Esta quinta divergencia ya ha sido mencionada anteriormente, al examinar la diferencia entre el mundo dual de las sociedades colectivistas y la estructura binaria que organiza las sociedades modernas, pero amerita una sección propia y específica. En estas últimas, el diseño binario de la relación entre la esfera pública, plataforma que autoriza la enunciación de todo lo que tiene relevancia universal e interés general, y sus márgenes, en los que se acogen los temas correspondientes al interés particular de las así llamadas «minorías», determina, como expliqué en mis análisis del cruce entre género y colonialidad y la resultante emergencia de un patriarcado de alta intensidad colonial/moderno, que todo lo relacionado a las relaciones de género y lo que afecta a la vida de las mujeres sea arrinconado, relegado, rebajado al reino de la íntimo, de lo privado, de lo desprovisto de politicidad. Esta estructura binaria, que atrapa el destino y la «ciudadanía» de las mujeres en el ámbito de lo particular, lo específico, lo parcial, subyace a los abordajes del género que lo guetifican, esto es, que definen la cuestión de las relaciones de género y la victimización de las mujeres y de todos los marcados por sexualidades no normativas como un tema que puede ser examinado solo en el ámbito de los vínculos, afectos y representaciones de los hombres y de las mujeres. Esa es una posición que, como teórica y activista, no me representa.

La posición así definida como guetificadora de la cuestión de género se deriva también de los enfoques, categorías y prácticas muy consolidadas de los feminismos eurocéntricos, que podríamos describir como «productivistas» e institucionales. Estos feminismos de «especialistas» tienden a aislar el tema de las relaciones entre hombres y mujeres de consideraciones más amplias y generales sobre el contexto y las relaciones de poder propias del mismo en su tiempo histórico.

En oposición a esta aproximación se encuentra un feminismo que aborda en primer lugar la escena histórica y considera el destino de las mujeres en esa escena histórica como un dominio de lectura fundamental para localizar el poder y analizar la forma en que se ejerce. Este abordaje entiende el género como un termómetro, un campo que permite leer y ser leído a la luz de un contexto amplio constituido por la trama del capital, la política y las prácticas societarias en general. La situación de género permite hacer el diagnóstico de la escena histórica, y solo su análisis en el entramado de esa escena permite, a su vez, entender los eventos relativos al género.

Solo cuando el tema es considerado de esta forma entendemos por qué es tan difícil retirar a la mujer de la posición de vulnerabilidad creciente en que se encuentra en el mundo de hoy, a pesar del aumento de leyes y medidas institucionales para su protección y promoción. Pues la trama que amarra su posición subordinada excede en mucho cualquier análisis que guetifique y especialice la estructura patriarcal.

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7. La nueva elocuencia del poder.

Una conversación con Rita Laura Segato[35]

En tu ensayo sobre Las nuevas formas de la guerra y el cuerpo de las mujeres vinculás el control mafioso de sectores cada vez más amplios de la sociedad con la acumulación y con la política representativa. Denunciás también la existencia de dos realidades paralelas, una legal y la otra ilegal, pero imbricadas en una estructura única. ¿Cuáles son las consecuencias para la sociedad de esta estructura que conecta, como decís, sectores aparentemente muy distantes de la sociedad y también engloba la política?

En mi perspectiva, intento la formulación de un modelo que trascienda los casos particulares, con todo su dolor. Y esa formulación teórica no es otra cosa que un discurso sobre la estructura misma de la democracia representativa de masas. En otras palabras, no se trata, para mí, de hacer una crítica constructiva a su mal funcionamiento, sino una crítica destructiva a sus bases estructurales, que no pueden defenderse, ni de su propia sombra paraestatal, ni del capital en su doble flujo: su flujo en los circuitos de la Primera Realidad y su flujo en los circuitos de la Segunda Realidad, ambos interconectados por adherencias irrigadas capilarmente por vasos sanguíneos muy bien surtidos. La democracia hace aguas, está expuesta al nuevo golpe en curso, que no le llegará desde arriba, a manos de militares uniformados que por la fuerza se apropiarán del Estado, de todos sus recursos y aparataje. Sino que este golpe le llega a la democracia desde abajo, desde el control que las mafias obtienen por su capacidad de financiamiento de la propia política. Sin su contribución, ningún candidato se encuentra hoy en condiciones de ser elegido, pues ese influjo de recursos es necesario para la compra de voluntades políticas, así como para la destrucción de coaliciones y alianzas del campo antagonista.

Entonces, mi argumento sobre la indefensión del campo estatal con relación a la Segunda Realidad es un argumento que se encuentra dentro de un horizonte teórico político de mayor alcance. No se trata de pensar remedios para resolver algunos casos y prender a los culpables ocasionales, ni se trata de reformar las policías para que se vuelvan respetuosas de la ley, para que se disciplinen y sean confiables. Es necesario evaluar de forma cruda y realista las verdaderas posibilidades constatables a la luz de experiencias pasadas de que una estructura estatal consiga por sí misma dar cuenta de la magnitud de las dificultades que tenemos en puertas, es decir, consiga blindarse contra la expansión oportunista del paraestado que actúa en su interior o a su lado, en la Segunda Realidad.

Yo he sido clara en todos mis textos de la última década y tengo una certeza: solo un Estado que promueva la reconstrucción de los tejidos comunitarios, un Estado que devuelva, restituidor de foro étnico o comunitario podrá proteger a la gente en América Latina. Es por esto que tenemos que reaprender a pensar por fuera de la Res-Pública, libertarnos del secuestro de toda política en la esfera pública estatal. Los movimientos se han dejado capturar por esa esfera pública, y emplean toda su energía e inteligencia en ese campo. Por eso creo que su fe en el Estado es pía, su ingenuidad es total. Es importante advertir que las luchas y la recomposición política debe correr dentro y también fuera del campo estatal.

Cuando el poder no puede expresarse a través de la ley y del código, utiliza los cuerpos como territorio de inscripción. En Ciudad Juárez las mujeres ocupan ese lugar de bastidor, pero acá en Argentina aparecen los jóvenes como superficie de escritura de esta nueva forma de soberanía.

Empecé a pensar esto como alternativa de explicación ante algo que aparecía como irracional. Porque buscamos siempre la dimensión instrumental de la violencia. Nos preguntamos «para qué». Intenté, en cambio, rastrear en estos crímenes la dimensión expresiva. Toda violencia tiene una dimensión instrumental y otra expresiva. En la violencia sexual, la expresiva es predominante. No se trata de obtener un servicio sin pagar. El ataque sexual común, del violador de calle, tiene una racionalidad evasiva, difícilmente capturable hasta para los propios agresores. Cuando un preso, ya condenado, un tiempo después del hecho, es confrontado con la violación que cometió, lo que encuentra es algo tan opaco que se asombra, se espanta, él mismo no consigue acceder a la racionalidad de ese acto, a pesar de que lo ha perpetrado. Es como que la violación se apropia de la persona del propio violador, la sorprende. Hay una estructura compartida que actúa a través del sujeto, desde dentro de sí, utilizando al individuo para operar un pasaje al acto. Y la persona se disuelve en ese acto. El sujeto que está en una búsqueda por reconstruir su virilidad se apropia de un tributo femenino y se construye como hombre. He analizado este tipo de irrupción de un contenido compartido a través del sujeto en la violación en mi libro Las estructuras elementales de la violencia. Lacan tiene dos categorías diferentes para dar cuenta de estas irrupciones: el acting out, en la cual en lugar de hablar la persona se expresa a través de una acción expresiva de ese contenido; y el passage a l’acte, en la que el sujeto se destruye en la acción. Esto ocurre en la violación. Es muy impresionante escuchar al violador decir: «yo ahí me morí», «me maté». En la atmósfera patriarcal colonial moderna, la violación se vive como un asesinato moral. Solo que la mujer que es violada no tiene por qué acatarlo de esa forma. Esto me trajo muchos problemas con las feministas, sobre todo mexicanas. La violación es una agresión tremenda pero no necesariamente un asesinato moral, a pesar de que su intención lo sea. Es la atmósfera patriarcal que respiramos lo que la convierte en un asesinato moral, atmósfera patriarcal de la cual el violador es un agente.

En este pasaje al acto que describís, ¿qué tipo de fuerza se estaría expresando?

Algo que atraviesa al sujeto, una estructura que pasa a través de todos nosotros. La violación no es una anomalía de un sujeto solitario, es un mensaje pronunciado en sociedad. Hay una participación de toda la sociedad en lo dicho ahí. No en cuanto conciencia discursiva pero sí en una especie de conciencia inmediata, práctica. La finalidad de esa crueldad no es instrumental. Esos cuerpos no están siendo forzados para la entrega de un servicio, sino que hay una estrategia dirigida a algo mucho más central, una pedagogía de la crueldad en torno a la cual gravita todo el edificio del capitalismo. Enseñar la mirada exterior con relación a la naturaleza y a los cuerpos; producirse como seres externos a la vida, para desde esa exterioridad colonizar y dominar la vida, extorsionarla y rapiñarla de una forma nueva. Pero estamos hablando aquí de la violación en un escenario de género y, más especialmente, de un tipo de acto referido a la construcción y reconstrucción de la masculinidad. Sin embargo, el foco de esta entrevista es el crimen de guerra, es decir, la violación y la tortura sexual de mujeres y, en algunos casos como los de las villas de Rosario, de niños y jóvenes, como crimen de guerra en el contexto de las nuevas formas de conflictividad en las barriadas periféricas de las grandes ciudades latinoamericanas. La violación en el contexto de las pandillas y maras. Allí, la racionalidad es otra, aunque algunos elementos de la estructura patriarcal permanecen como, por ejemplo, lo que he descrito como el mandato de violación emanado de la cofradía masculina en el horizonte mental del violador común, que acaba siendo análogo al mandato de la mara o pandilla que ordena reducir, subordinar, masacrar moralmente mediante la violación sexual de la mujer asociada a la facción antagonista o al niño que no se deja reclutar o que desobedece.

Sin embargo, hay distintos campos de inteligibilidad. Hay quienes comprenden la gramática de esas violencias, sus códigos, y otros que guardan distancia y lo que ven son muertes sin sentido.

Volviendo a la primera pregunta, cuando empecé a ver lo que sucedía con las mujeres en el caso de Ciudad Juárez, con la mutilación y tortura sexual de los cuerpos, luego desechados en baldíos y basurales, me di cuenta que esto podía suceder también con los niños. No es una agresión al cuerpo antagonista, al cuerpo del sicario de la facción enemiga, es otra cosa. Los agredidos son cuerpos frágiles, no son cuerpos guerreros. Y me dio un escalofrío. Candela [Rodríguez] era una niña. En Argentina también está el caso de un niño, Marcos de Palma, que es impresionante. Un niño que era huérfano de madre, y al padre lo secuestran con él. Era un empresario de medio porte a quien comenzó a irle bien y se compró una avioneta. Cabe preguntarse por la finalidad de la avioneta. Al papá lo matan, pero al niño no solo lo matan, sino que también le cortan las manos. Y los medios dicen: «Bueno, lo mataron como quema de archivo, porque había testimoniado cómo mataban al papá». Pero ¿por qué cortarle las manos? Se trata claramente de una «firma» mafiosa. Es la expresividad misma de la amenaza truculenta lanzada a toda la colectividad. Un mensaje de ilimitada capacidad violenta, y de bajos umbrales de sensibilidad humana. En la acción paraestatal de estos grupos es todavía más crítica la necesidad de demostrar esa ausencia de límites en la ejecución de acciones crueles, ya que no hay otros documentos o insignias que designen quién detenta la autoridad jurisdiccional.

En Rosario (Argentina) hay estadísticas de los pibes muertos por el accionar del narco, pero no aparecen datos sobre la crueldad que se pone en juego y las marcas que se dejan inscritas en aquellos cuerpos que no se quieren matar. Nosotros, en diálogo con trabajadores de la salud, vamos sabiendo que los disparos en esos casos se realizan a la cintura, a la altura del nervio ciático o la columna vertebral, y las rodillas, para que queden paralíticos.

Eso lo hacía el IRA en Irlanda a los traidores y desertores, y se llama, en inglés, knee-capping. Les tiraban a las rodillas porque esa ruptura es irrecuperable y dejaba a la persona definitivamente renga. En otras palabras, le dejaba una marca indeleble en el cuerpo. En el caso del tiro a la médula, a la espina dorsal, la persona queda parapléjica. Son castigos impuestos por diversas formas de desacato o pequeñas traiciones, porque las grandes se castigan con la muerte. No olvidemos que las condiciones de esa Segunda Realidad no permiten la manutención de cárceles, que son el lugar del castigo en la Primera Realidad.

Todas esas formas de castigo y violencia difusa, ese temor que se ha alojado ya sin duda entre las gentes de las periferias pobres de Rosario, de Córdoba, de Buenos Aires y de todas las grandes urbes latinoamericanas muestran que hay un caldo de cultivo del cual emana una amenaza clara para toda la sociedad, son señales disimuladamente emitidas a voz en cuello para anunciar que un peligro se cierne sobre el orden y previsibilidad de la existencia. Un signo de interrogación planea ahora sobre los códigos y las convenciones que dan estabilidad a las relaciones entre las personas.

Pienso en la extraordinaria película de Ingmar Bergman sobre los preanuncios del nazismo El huevo de la serpiente. Es una película que muestra cómo se cocina un nuevo régimen de poder, cómo emerge un nuevo poder. Es el huevo de la serpiente que está siendo incubado en un nido oculto. Todo esto de las mafias que está pasando es muy nuevo. Este tipo de crueldad, por ejemplo, con el cuerpo de la mujer, es propio de las nuevas formas de la guerra, inauguradas en nuestras dictaduras militares y guerras sucias contra la gente, en Guatemala, en las guerras internas, en la guerra de la Antigua Yugoslavia, de Ruanda y ahora en el universo de los sicariatos. Antes, en las guerras hoy consideradas convencionales, desde el mundo tribal hasta las guerras entre Estados durante el siglo XX, la mujer era capturada, como el territorio. La tierra, la naturaleza, no es el territorio. El territorio es el espacio delimitado, circunscrito y políticamente habitado, administrado. La mujer siempre fue apropiada, violada e inseminada como parte de las campañas de conquista. En ella se plantó una semilla tal como se planta en la tierra, en el marco de una apropiación. Pero no es lo que está pasando ahora. La tortura de las mujeres hasta la muerte es una acción de guerra de tipo distinto. Es la destrucción del enemigo en el cuerpo de la mujer. No es su conquista apropiadora sino su destrucción. Y yo creo que es la expresión también de una nueva relación de rapiña con la naturaleza. Ese huevo de la serpiente que está siendo incubado, cuya existencia se revela en varios epifenómenos, es un nuevo orden en el cual el mal es regla.

En distintos barrios del conurbano bonaerense se han visto idénticas acusaciones a referentes de organizaciones sociales por supuestos abusos de menores, impulsadas por miembros de grupos criminales con la intención de organizar puebladas y quemarles las casas. El objetivo es que se vayan del lugar, y disponer del territorio. Pero quienes agreden, violan y brutalizan a los niños del barrio son las propias organizaciones criminales.

Es la inversión de un procedimiento comunitario, que es ahora adoptado como una metodología de la bandas pero con intención contraria: destruir la organización comunitaria, la politización de la gente. En el caso del castigo a niños varones violándolos, el castigo mismo es la feminización de sus cuerpos, su desplazamiento a la posición femenina; vale la pena comentar aquí, la violación de las mujeres es también su destitución y condena a la posición femenina, su clausura en esa posición como destino, el destino del cuerpo victimizado, reducido, sometido. Cuando se viola a una mujer o a un hombre, la intención es su feminización. Esto porque nos atraviesa un imaginario colectivo que confiere significado a la violación y que establece la relación jerárquica que llamamos «género», es decir, la relación desigual que vincula la posición femenina y la posición masculina. Cuando se trata de un niño, como el caso de este pobrecito al que le cortaron las manos, aparece en el imaginario general en la misma posición de la mujer, es decir, aquello que tiene que estar protegido, aquel cuerpo que por definición es un cuerpo tutelado. La falla en poder tutelarlo, protegerlo de la saña enemiga, es un indicativo de quiebra moral, una de las formas más importantes de la derrota en un imaginario que es arcaico, ancestral. La imaginación de género no se modifica fácilmente, no se modifica por un decreto, tiene tiempos muy largos para el cambio. Los cuerpos de las mujeres y los niños, en la perspectiva de esa imaginación de tiempo larguísimo, tienen que estar protegidos. Para eso están los padres, los hermanos mayores, sus tíos, el intendente, los soldados, que tienen que custodiar el cuerpo de las mujeres que se encuentran bajo su cuidado, en su jurisdicción territorial.

Pero en el caso, como sucede en Rosario, de que quienes sufren este tipo de ataque son niños que ya son potenciales soldados, es decir, que tienen doce años o más, la estructura, la economía simbólica que confiere significado al mensaje no es exactamente la misma, porque este es un niño que ya es un sujeto con relativa autonomía, en la percepción de la consciencia colectiva, por lo tanto no tiene que ser cuidado. Cuando se agrede el cuerpo de un niño, o el cuerpo de una mujer, a través de ese cuerpo se desafía y destruye la moral de aquel que debería poder proteger y cuidar ese cuerpo. En el caso de los «soldaditos», en cambio, se estaría reclutando cuerpos como mano de obra para la guerra, o castigando y destruyendo la mano de obra que no se deja reclutar, que no se entrega a esa leva forzada para el tráfico y otras tareas del nuevo frente de conflictividad.

La diferencia que hiciste entre niño y soldadito, aún cuando puedan tener la misma edad, puede ser una clave. La pregunta de por qué a esos pibes no se los viola, y sí se les pega un tiro en la rodilla o la cintura parecería entonces que tiene que ver con inutilizar a la fuerza de trabajo…

Claro, si no vas a ser de mi legión, no vas alimentar las filas de ninguna. También lo que da miedo es que hay métodos que se transnacionalizan. Pero ¿cómo se transmite el conocimiento de esos métodos? Hay una tradición bélica de esta Segunda Realidad que tiene ramificaciones transnacionales. Hay migraciones de jefes, se sabe que los colombianos se fueron a México, Sendero Luminoso se desparramó en el Cono Sur… y ellos se desplazan con sus métodos. También hay correos, que relatan e instruyen sobre las nuevas tácticas.

La impresión es que en esta Segunda Realidad se arma un código que supone un tipo de legibilidad específico, cada vez más heterogéneo respecto del campo de sentido de la Primera Realidad. La capacidad de leer esas formas de manifestación de la violencia es casi exclusiva para quienes viven en esos territorios, y quienes lo vemos desde afuera, a través de los medios, no entendemos de qué se trata.

En una oportunidad participé de una movilización de madres de Ciudad Juárez que pedían dos cosas: el fin de la impunidad, por un lado, y también, sorprendentemente, la libertad de los acusados que se encontraban en prisión. Algo nunca visto, porque las víctimas y sus parientes por lo general siempre quieren un culpable y su linchamiento. Pero esas madres, no. Esas madres, de alguna forma inquietante, sabían que los que estaban presos no eran los culpables. ¿Por qué? Eso es lo interesante… ¿Cómo lo sabían? ¿Dónde se originaba su certeza? Y la razón, en toda su grandeza e interés, es que en Ciudad Juárez hay un consenso, un saber compartido, que no es otra cosa que el conocimiento de que esos raros crímenes contra las mujeres son crímenes del poder. Y los presos no son ni representan el poder. Quiero aclarar que pienso que, así como le estoy poniendo nombre a lo sucedido en esa extraña protesta, y el nombre que he encontrado es «crímenes del poder», por ese camino, estoy convencida que nuestro papel como intelectuales es producir retóricas, ofrecer un léxico a las gentes para que puedan dar voz a lo que ya saben. Porque la gente estaba diciendo algo en la marcha: no son estos, son los poderosos. Y nosotros somos los operarios de las palabras, que podemos formular la idea de «crímenes del poder».

Por otra parte, déjenme, finalmente, decir que la intocabilidad e impunidad que se constata en estos escenarios de la guerra contemporánea es gigante. El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, dio respaldo a todos los implicados por la investigación del Congreso Provincial en torno al caso Candela. Por lo tanto, yo no creo que este Estado pueda proteger a las personas. Se trata de una ficción que no funciona.

¿Qué avances hay en el campo del Estado?

En el caso de las violencias contra las mujeres, nunca hubo tantas leyes de protección a las mujeres, nunca hubo tanta capacidad de denuncia. Leyes, políticas públicas, instituciones. Pero la violencia letal contra las mujeres en lugar de disminuir, aumenta. En Brasil muere asesinada una mujer cada hora y media. Para una cantidad de problemáticas cada vez más urgentes no hay correlación entre derecho y justicia. Las exigencias de justicia no alcanzan a ser traducidas en el lenguaje del derecho. El derecho está muy distanciado de las cuestiones importantes, la vida se está feudalizando, y las redes corporativas de favores ganan cada vez más espacio en la vida de los ciudadanos comunes. Esta constatación debe ser proyectada a nivel teórico, para elaborar una crítica contemporánea a la estructura de la democracia representativa de masas. Como dije, es posible que ya no alcance con una crítica constructiva a su mal funcionamiento, porque sus bases estructurales son muy vulnerables y aparecen comprometidas e involucradas. Las instituciones ya no pueden defenderse del doble flujo del capital del que hablé.

Eso supone también un desafío para nosotros, para quienes estamos proponiendo una lectura de lo que acontece. Un modelo es una apuesta de interpretación que permite dar sentido y constelar eventos dispersos que parecen sueltos e inexplicables, respecto de los cuales no se ha descubierto qué los causa. De repente a uno empieza a ocurrírsele que existe una estructura profunda que no podemos observar, pero que tenemos que postularla para develar cierta coherencia entre esos hechos de la superficie. El ensayo sobre Ciudad Juárez es, en este sentido, una modelización posible a partir de la cual cobran inteligibilidad una serie de hechos.

De forma análoga, para Argentina, podemos hablar de la trata y preguntarnos muchas cosas que solo pueden ser respondidas sugiriendo un modelo de relaciones invisibles, que no pueden fácilmente ser observadas, constatadas, pero cuya suposición permite explicar algunos aspectos ininteligibles de ese fenómeno, como, por ejemplo: ¿cómo puede ser que la trata y la impunidad con relación a la misma persistan? Parecería que hay una intocabilidad de ciertos tipos de crímenes, cuando sería facilísimo destruirlos. La trata está a la vista de todos, en lugares conocidos; en las localidades es muy fácil saber dónde se encuentran los burdeles. ¿De dónde surge esa imposibilidad de atacarla, de desmontar la trata, siendo algo tan evidente?

Entonces, tenemos que ponernos a pensar: ¿dónde reside, en qué consiste lo que blinda a la trata, lo que la vuelve indestructible, lo que le permite permanecer, como crimen a la vista de todos? Y para contestar esa pregunta, al igual que en el caso de Ciudad Juárez, tenemos que valernos de conjeturas razonables, aceptables, convincentes. Como, por ejemplo, los siguientes aspectos que producen, garantizan su intocabilidad: en primer lugar, desde el punto de vista económico, la trata y la explotación de la prostitución forzada es una forma de desposesión del cuerpo de las mujeres que arroja valor, es decir, capitaliza con bajísimos niveles de inversión, al punto que puede decirse que se trata de un tipo de renta derivada de la explotación de un territorio-cuerpo que ha sido apropiado. Se puede hablar, inclusive, en términos estrictamente económicos, de acumulación por desposesión. De acuerdo a cifras de la ONU, la trata con fines de explotación sexual produce anualmente un lucro de 27,2 millardos de dólares.

Segundo, las cuantías que la trata produce, en consonancia con la tesis que vengo sustentando aquí, pasa, a través de las coimas entregadas a la policía para que esta no desactive los burdeles, a los fondos de elección de los políticos. He sabido de un comisario de los alrededores de La Plata a quien, por no aceptar la explotación de niñas paraguayas en un burdel de su distrito, le fueron ofrecidas dos opciones: o pasar a retiro prematuramente o ser trasladado a municipio bonaerense remoto y de importancia menor. La orden vino directamente de un funcionario de gobierno por motivo de la disminución de la colecta para la caja electoral. La razón no es el mero enriquecimiento sino, como vengo defendiendo aquí, la alimentación de los fondos electorales de lo que llamamos «democracia representativa».

Un tercer elemento es que, simultáneamente, su práctica juega un papel en una economía simbólica que sustenta y alimenta la economía material propia del mercado en esta fase apocalíptica del capital, pues escenifica una pedagogía perversa, lo que he llamado más arriba una pedagogía de la crueldad, al promover y acostumbrar al espectáculo de la rapiña de la vida hasta el desecho, hasta dejar solo restos. Es la propagación de la idea del goce como secuencia de consumo y desecho.

En cuarto lugar, hay que tener en cuenta que la motivación de la visita a burdeles por parte de los hombres en la actualidad no es la satisfacción sexual —si alguna vez lo fue—. Los clientes generalmente concurren en grupos. Es común que estos grupos tengan el burdel como el local para una confraternización entre hombres que incluye la celebración de acuerdos, alianzas, negocios y pactos que entrelazan a empresarios de los más diversos portes y ramos, jueces, policías y miembros de otras fuerzas, y políticos con sus punteros y cabos electorales; como un subproducto derivado del burdel como local para el pacto comercial entre hombres se encuentra la exclusión de mujeres empresarias, políticas, juezas, etc., del acceso a los negocios que allí se aciertan.

La trata y la explotación sexual en los burdeles es, por lo tanto, un negocio redondo, perfectamente blindado por donde se lo mire. Solo así podemos explicar su comprobada indestructibilidad.

Nosotros estamos proponiendo una hipótesis según la cual, en el marco de esta complejidad promiscua, ha emergido un nuevo tipo de conflicto social que exige la creación de un inédito estilo de intervención política…

Para mí, este tipo de estructura de relaciones que he descrito representa la trampa final de la democracia. Un golpe a la misma que le llega desde abajo. No sorprende entonces el ataque de los sicarios al servicio de las organizaciones criminales contra las organizaciones comunitarias que intentan politizar los barrios, construir colectividades que practican la reciprocidad y construyen polos de economía popular alternativa. El antagonismo entre las dos formas de organización es total: la organización criminal opera fuera de la ley pero no nos engañemos porque, por otro lado, opera, como surge de lo dicho más arriba, perfectamente dentro de la lógica del capital. Por lo tanto, la construcción de economías alternativas, populares, basadas en la reciprocidad y en la ayuda mutua se encuentra en el campo enemigo, es un obstáculo para la expansión de su mercadeo. Al mismo tiempo, la organización comunitaria ofrece una alternativa de supervivencia para la gente que, al tener esa opción, no aceptará la muerte como proyecto de vida. Es esencial que no exista esperanza alternativa para la expansión del capital en la Segunda Realidad, con su correlato de guerra y muerte como forma de vida. Solo cuando no existe opción la gente se deja entrampar por esa escena. Es por eso que la organización criminal destina mucha munición a extinguir el conjunto de oportunidades basadas en la solidaridad y la organización comunitaria.

Entonces, ¿cuál es la opción? ¿Qué es lo que puede frenar las nuevas formas de conflictividad? ¿Cuál sería el papel del Estado frente al peligro de la expansión del control mafioso sobre la sociedad y la política?

El laboratorio que es Centroamérica para estos temas puede ofrecernos luz para responder esa pregunta y orientarnos acerca de cómo detener la destrucción del proyecto popular a manos del proyecto mafioso. Hay un fenómeno muy revelador sobre cuál es y cuál no es el caldo de cultivo favorable a la proliferación de las pandillas que actúan al servicio de las organizaciones criminales. Es sabido que las maras que se multiplicaron desde El Salvador hacia los otros países de la región no atravesaron la frontera sur de Honduras. Y es sabido que el territorio que no consiguieron cruzar en dirección a Costa Rica y Panamá es Nicaragua. Los analistas se han preguntado por qué Nicaragua se ha constituido hasta el momento en esa barrera infranqueable para las pandillas reclutadas como tropa sicaria de las organizaciones mafiosas. Para este enigma de cuál es el antídoto nicaragüense para las maras hay dos respuestas que, a fin de cuentas, apuntan a una cuestión común: la política. Un analista, Steven Dudley, lo explica a partir de la diferencia del tratamiento que se dio a los migrantes nicaragüenses en Estados Unidos durante los años ochenta, ya que, naturalmente, los que dejaron Nicaragua por Estados Unidos en esa década eran disidentes del nuevo orden instalado en su país después de la Revolución Sandinista y, por lo tanto, muy bienvenidos en el país del Norte. Al contrario, los inmigrantes de El Salvador, Honduras y Guatemala eran vistos como marginales indeseables y fueron deportados masivamente hacia sus países de origen, donde a su llegada dieron origen a las pandillas de mareros. La segunda explicación, ofrecida por Francisco Bautista Lara, uno de los fundadores de la policía sandinista después del derrocamiento de Somoza, me parece todavía más interesante: la transformación de la sociedad nicaragüense en el proceso revolucionario sandinista y la reorganización del país después de su victoria, con vigorosos mecanismos de participación popular en la política. Este autor destaca también el hecho de que Nicaragua es un país donde la gente mantiene fuertes lazos comunitarios. Allí encontramos, por lo tanto, la respuesta a lo que estamos buscando: el freno a la mafialización solo puede venir de la participación política de la sociedad y su organización comunitaria.

En fin, sintetizando, lo que he afirmado aquí es que no se puede mirar más los problemas del Estado como una falla de sus agentes, de sus representantes, de sus gestores. Tenemos que encarar la vulnerabilidad del Estado, su flanco abierto al oportunismo de la expansión del capital en sus dos realidades. Necesitamos volver a preguntarnos sobre la estructura misma del Estado, sobre su verdadera capacidad de conducir a la sociedad hacia metas de paz, justicia e igualdad y, en especial, sobre las razones por las cuales a lo largo de la historia de los países latinoamericano su fracaso es recurrente, permanente. ¿Por qué las buenas intenciones de todos aquellos que han trabajado por correctivos parciales no han dado resultado?

Yo creo, como he argumentado en otra parte, que los Estados latinoamericanos deben abandonar el terror étnico que orientó el proceso de unificación nacional emprendido a partir de la fundación de las Repúblicas y promover la reconstitución de los tejidos comunitarios agredidos y desintegrados por la intervención colonial, primero ultramarina y más tarde republicana. El único Estado capaz de frenar la expansión mafiosa es el que devuelve fuero comunitario y garantiza los mecanismos de deliberación interna, un Estado restituidor de ciudadanía comunitaria. Solo las comunidades con tejido social vigoroso, políticamente activas y dotadas de una densidad simbólica aglutinante tienen la capacidad de proteger a todas sus categorías de miembros, mantener formas de economía basadas en la reciprocidad y la solidaridad y ofrecer un sentido para la vida. Cuando esa opción existe, la muerte como proyecto es rechazada.

Ph. D. en Antropología Social de la Queen’s University of Belfast. Actualmente es Profesora del Departamento de Antropología de la Universidad de Brasilia e investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones.

Áreas de interés: comparación en las variaciones de las representaciones de lo mestizo en las diferentes formaciones nacionales de alteridad, con especial interés en el mestizaje como genocidio y blanqueamiento para producir el sujeto incluido de las élites nacionales; mestizajes que producen el no-blanco genérico de los países del continente. El criollo de arriba y el criollo de abajo.

Publicaciones:

2008. Closing ranks: religion, society and politics today. En: Social Compass v. 55 (pp. 207-219).

2008. «Gender, Politics, and Hybridism in the Transnationalization of the Yorùbá Culture» en: J. K. Olupona & T. Rey (eds.). Orisa Devotion as World Religion: The Globalization of Yoruba Religious Culture. En: University of Wisconsin Press (pp. 485-512).

2007. Die Verbrechen des «zweiten Staates». Die Handschrift auf den Körpern getöteter Frauen in Ciudad Juárez. En: K. Harrasser, T. Macho & B. Wolf (eds.). Folter: Politik und Technik des Schmerzes (pp. 173-192).

2007. El color de la cárcel en América Latina: Apuntes sobre la colonialidad de la justicia en un continente en deconstrucción. En: La Nueva Sociedad Venezolana v. 208 (pp. 142-161).

2007. La faccionalización de la República y el paisaje religioso como índice de una nueva territorialidad. En: A. Alonso (coord.). La América Latina y el Caribe: Territorios Religiosos y Desafíos para el Diálogo. (p. 48-82).

Notas

[1] Agradezco a Gustavo Augusto Gomes de Moura y a Noemí Pérez Axilda la lectura cuidadosa de esta introducción y las recomendaciones que me permitieron mejorarla. <<

[2] Para una clarificadora historia de cómo fue forjada la formulación de la categoría «ideología de género» véase Maria das Dores Campos Machado (2016). Allí se revela, por ejemplo, que el concepto se hace público como título de un libro publicado por Jorge Scala, católico conservador argentino, en 2010, y al año siguiente traducido al portugués. <<

[3] http://infocatolica.com/?t=noticia&cod=26336, 5/04/16 7:00 PM, consultado el miércoles, 23 de noviembre de 2016, a las 14:07. <<

[4] Agradezco a Ondina Pena Pereira la idea de la política de las mujeres como tópica, en contraposición a utópica, y a mi fallecido orientador John Blacking su permanente énfasis en la preeminencia del proceso al hacer música de forma comunitaria, por encima de la importancia relativa del producto (Blacking 1970). <<

[5] Este texto fue publicado en 2006 por la Universidad del Claustro de Sor Juana (México) y en 2013 por la Editorial Tinta Limón (Argentina) en el volumen La escritura en el cuerpo de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez. [N. de E.]. <<

[6] Graciela Atencio, «El circuito de la muerte», Triple Jornada (suplemento del diario La Jornada), núm. 61, septiembre de 2003, p. 14. <<

[7] Los restos de Alma Brisa fueron hallados entre girasoles en el mismo terreno del centro de la ciudad donde había sido hallado el cuerpo de Brenda Berenice, hija de Juanita, una de las principales colaboradoras del proyecto de Epikeia. <<

[8] Por ejemplo, presencié, en noviembre de 2004, en el Centro Cívico de Coyoacán, Ciudad de México, una manifestación de madres y familiares de las víctimas quienes, al mismo tiempo, pedían el fin de la impunidad para los verdaderos asesinos y la liberación de «el Cerillo», un joven preso y, de acuerdo con los manifestantes, acusado falsamente por los crímenes. Por otro lado, ya es bien conocida la actuación de la abogada Irene Blanco, defensora de Latif Sharif, falsamente acusado por los crímenes, cuyo hijo sufrió un atentado; o el reclamo de las madres contra el encarcelamiento de la pandilla Los Rebeldes, por la misma razón. <<

[9] Golpeado y dejado por muerto en una calle de la Ciudad de México hace más de cuatro años, cuando se encontraba en plena investigación para su libro, lo que le causó la pérdida de todos los dientes y lo obligó a permanecer un mes hospitalizado. <<

[10] Presenté los resultados en Segato, Las estructuras elementales de la violencia. Ensayos sobre género entre la antropología, el psicoanálisis y los derechos humanos, Buenos Aires, Universidad Nacional de Quilmes/Prometeo, 2003. <<

[11] Véase el capítulo «La célula violenta que Lacan no vio: un diálogo (tenso) entre la antropología y el psicoanálisis» en Segato, cit., 2003. <<

[12] Como se afirma, por ejemplo, en el libro de Hill Radford y Diana E. H. Russell, Femicide: The Politics of Woman Killing, Nueva York, Twayne Publishers, 1992. <<

[13] Véase un panorama de esta forma de «escucha» contemporánea del texto en autores como Bakhtin, Lacan, Levinas y otros en David Patterson, Literature and Spirit. Essays on Bakhtin and his contemporaries, Lexington, The University Press of Kentucky, 1988. <<

[14] Apud Alexandre Koyré, «The Political Function of the modern lie», Contemporary Jewish Record, 1945. La traducción del fragmento es mía a partir de la edición portuguesa. <<

[15] Giorgio Agamben reconoce la noción de «estado dual» como adecuada para hablar del funcionamiento de sistemas totalitarios como el fascismo y el nazismo. Ella alude a que estos tenían un marco constitucional y reglas secundarias, las de un «Segundo Estado», que mantenían el sistema cohesionado y funcionando; véase Agamben, Estado de excepción, Buenos Aires, Adriana Hidalgo, 2007. <<

[16] Texto que leí para la presentación del libro Ciudad Juárez: De este lado del puente y de la obra Lacrimosa de Rogelio Sosa, interpretada por Lorena Glinz, junto al fiscal anticorrupción español Carlos Castresana y a Isabel Vericat el 29 de noviembre de 2004 en el Museo de El Chopo de la Ciudad de México. <<

[17] «Oidipous, los pies que caminan hacia el saber, el famoso Edipo que sabe del famoso enigma, pero desconoce que “es la týche [causa divina, esquiva a la lógica humana, y que alude a la arbitrariedad del destino humano y de la Historia] quien todo lo gobierna, como le anticipa, inútilmente, Yocasta”» (véase Ana Vicentini, «Entre týche e autómaton: o próprio nome de Édipo» , Percurso, núm. 23, 2/1999, p. 61), y por eso, aun descifrándola, queda atrapado en los términos de la adivinanza. De hecho, Oidipous y toda su familia pertenecen al enunciado «¿cuál es el ser que es al mismo tiempo dípous, trípous, tétrapous?», que la esfinge propone, y no por descifrar su significado aparente queda disuelta la trama oculta de las pertenencias a la estructura de la Historia. <<

[18] Periodista mexicano asesinado el 30 de mayo de 1984. <<

[19] Este texto fue publicado en 2014 por la Editorial Pez en el árbol (México) en el volumen Las nuevas formas de la guerra y el cuerpo de las mujeres. [N. de E.]. <<

[20] Las siguientes citas corresponden a las pp. 81-86 de Herfried Münkler, The New Wars, Cambridge, Polity Press, 2005. <<

[21] Manual del Centro de Estudios Militares, s/d, p. 196, apud Lily Muñoz, Mujeres mayas: Genocidio y delitos contra los deberes de la humanidad, Guatemala, Centro de Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH), 2013, pp. 15-16. El énfasis es mío. <<

[22] Véase, para una nueva comprensión de este proceso de transformación de las técnicas de disciplinamiento, Deleuze, «Society of Control», L’autre journal, núm. 1, 1990. <<

[23] Declaración del fiscal general de Estados Unidos, Eric Holder, al New York Times el domingo 20 de octubre de 2013. Barry Grey (2013) sintetizó lo publicado por el periódico neoyorkino de esta forma: «Tal y como publicó el New York Times el domingo: “El gobierno prefiere sentarse a negociar con las grandes compañías antes que denunciarlas, por miedo a que la economía se deprima”. El pasado marzo, en su declaración ante el Comité del Senado, Holder reconoció que el hecho de que el gobierno Obama no hubiera denunciado a un solo banquero de Wall Street era una política consciente. Dijo al Comité que los bancos son tan grandes y poderosos que “si los denunciamos, tendrá un impacto negativo en la economía nacional, puede que en la economía mundial”»; véase Barry Grey Justice and Financial Fraud: The Blanket Settlement with J. P. Morgan: A $13-Billion Cover-up, Global Research, 21 de octubre de 2013. <<

[24] Entrevista a Oslain Santana, Jornal O Globo, 19 de octubre de 2013. <<

[25] Versiones parciales de este texto fueron publicadas en The South Atlantic Quarterly, vol. 115, núm. 3, 2016, («Patriarchy from Margin to Center: Discipline, Territoriality, and Cruelty in the Apocalyptic Phase of Capital») y en Revista Nueva Sociedad, núm. 264, julio-agosto de 2016. <<

[26] Según OXFAM, en 2010, 288 personas tenían la misma riqueza que la mitad más pobre; eran 177 en 2011, 159 en 2012, 92 en 2013, 80 en 2014 y 62 en 2015. Véase OXFAM, «62 personas poseen la misma riqueza que la mitad de la población mundial», 18 de enero de 2016; disponible en Internet. <<

[27] Publicado en Karina Bidaseca y Vanesa Vazquez Laba (comp.), Feminisimos y Poscolonialidad. Descolonizando el feminismo desde y en América Latina, Buenos Aires, Ed. Godot, 2011, y de próxima aparición en Aníbal Quijano y Julio Mejía Navarrete (eds.), La cuestión descolonial, Lima, Universidad Ricardo Palma - Cátedra América Latina y la Colonialidad del Poder. <<

[28] Véase, sobre esa experiencia, Rita Laura Segato, Uma Agenda de Ações Afirmativas para as Mulheres Indígenas do Brasil (nova versão), Brasilia DF, Depto. de Antropologia, Universidade de Brasília, 2003. <<

[29] Publicado en Rosa Linda Fregoso y Cynthia Bejarano (eds.), Feminicidio en América Latina, México DF, UNAM-CIIECH / Red de Investigadoras por la Vida y la Libertad de las Mujeres, 2011. Este texto reedita, con una segunda parte muy ampliada, el artículo publicado como «El derecho a nombrar el sufrimiento en el Derecho» en Dalila Polack y Leandro Despouy (comp.), Voces y silencios de la discriminación, Buenos Aires, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y Relatoría Especial sobre independencia de jueces y abogados. <<

[30] Esto precedió y estimuló iniciativas recientes en nuestro continente, como el Amicus Curiae presentado por la Organización No Gubernamental De Justicia de Colombia ante la Primera Fiscalía Penal de Abancay sobre Violación sexual como crimen de lesa humanidad en el conflicto armado peruano (Uprimny Yepes et al., 2008) y los importantes estudios en curso de investigadoras argentinas y sus respectivos equipos, como María Sondereguer y Violeta Correa, con su proyecto «Violencia Sexual y Violencia de Género en el Terrorismo de Estado» y Alejandra Oberti, que dirige el archivo oral de Memoria Abierta; y de investigadoras colombianas como Viviana Quintero Márquez y Silvia Otero, con su proyecto, coordinado por María Emma Wills y presentado a COLCIENCIAS en 2007: «No oímos lo que su cuerpo dice. No vemos lo que su cuerpo muestra. Prácticas estatales en levantamiento de cadáveres femeninos, en contexto de conflicto armado», y Karen Quintero y Mirko Fernández, de la Unidad de Género del Equipo Colombiano de Investigaciones Antropológico Forenses (ECIAF) (los dos últimos han desarrollado sus trabajos no solamente en Colombia sino también en Guatemala y Timor Oriental; véase Otero Bahamón et al., 2009 y Fernández 2009). La preocupación de todos ellos es precisamente visibilizar lo que la privatización de la sexualidad en el orden moderno y el consecuente «pudor» de jueces y fiscales no han tornado público, id est, lo acontecido a los cuerpos de las mujeres que cayeron victimizadas por las nuevas formas de la guerra. <<

[31] Véase, por ejemplo, la denuncia sobre fallas del peritaje en el Informe de la Comisión de Expertos Internacionales de la Organización de las Naciones Unidas sobre la Misión en Ciudad Juárez, Chihuahua, presentado por el relator, Carlos Castresana, a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en noviembre de 2003. <<

[32] Esmeralda Herrera Monreal, Claudia Ivette González y Laura Berenice Ramos Monárrez, que fueron encontradas sin vida y con rasgos de tortura sexual los días 6 y 7 de noviembre de 2001, en el predio conocido como Campo Algodonero, ubicado en Ciudad Juárez, Chihuahua. Diez días después del fallo de la Corte Interamericana, el 28 de noviembre, Jesús Alfredo Santos Portillo, de 27 años, yerno de Marisela Ortiz, cofundadora y copresidenta de la ONG Nuestras Hijas de Regreso a Casa, fue también asesinado en Ciudad Juárez; y Flor Alicia Gómez López, de 23 años, sobrina de Alma Gómez Caballero, de la organización Justicia Para Nuestras Hijas, corrió la misma terrible suerte después de ser secuestrada, violada y torturada en el pueblo de Tomochi, también en el estado de Chihuahua. Mencionarlo es importante para que los lectores perciban la gravedad del tema que tocamos. <<

[33] Agradezco al abogado y jurista César Augusto Baldi clarificaciones a este respecto. <<

[34] Los epígrafes de este texto son transcripciones de presentaciones y conferencias magistrales; todas ellas están disponibles en Internet. Epígrafe 1: conferencia Magistral «Tres temas de una reflexión divergente sobre la violencia contra las mujeres», Jornadas de Debate Feminista 2014, Montevideo, 5 de junio de 2014; vídeo en Youtube por Cotidiano Mujer. Epígrafe 2: conferencia Magistral «Tres debates sobre violencia y derechos de las mujeres en los feminismos contemporáneos», III Congreso de Genero y Sociedad «Voces, cuerpos y derechos en disputa», Universidad Nacional de Córdoba, 24 de septiembre de 2014; vídeo de la Red Nosotras en el Mundo en Internet. Epígrafe 3: conferencia Magistral «Los estudios de género y violencia: tensiones y desafíos», Seminario Internacional Los Caminos Trazados por los Estudios de Género, Pontificia Universidad Católica del Perú, 17 de junio de 2015; vídeo en Youtube. Epígrafe 4: mesa Redonda para la presentación del libro de mi autoría Las nuevas formas de la guerra y el cuerpo de las mujeres. La nueva elocuencia del poder (México, Pez en el Árbol, 2014), Universidad de Puebla, 13 de abril de 2015; vídeo disponible en Internet. <<

[35] Versión de la entrevista del Instituto de Investigación y Experimentación Política, desarrollada en el transcurso del año 2013 entre Buenos Aires, Río Cuarto y Brasilia, incluida en La escritura en el cuerpo de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, Tinta Limón, 2013 y en Las nuevas formas de la guerra y el cuerpo de las mujeres, México DF., Pez en el árbol, 2014. [N. de E.]. <<