Richard Pipes analiza dos conceptos fundamentales, propiedad y libertad, desde perspectivas históricas y filosóficas. En este libro toma como ejemplo dos naciones que los han entendido de maneras distintas, Inglaterra y Rusia, para revelar los vínculos entre propiedad privada y la noción de libertad como un derecho inherente al ser humano. Sin embargo, se trata de un análisis que no se limita a cuestiones económicas. Es un recorrido fascinante y enriquecedor a lo largo de la historia de la lucha del ser humano por hacer valer su individualismo y, al mismo tiempo, integrarse plenamente en una sociedad.

Richard Pipes

Propiedad y libertad

Dos conceptos inseparables a lo largo de la historia

ePub r1.1

Titivillus 18.02.2019

Título original: Property and Freedom

Richard Pipes, 1999

Traducción: Josefina de Diego

Editor digital: Titivillus

ePub base r2.0

Dedico este libro a mi esposa, Irene, quien durante más de cincuenta años me ha proporcionado las condiciones ideales para realizar mis estudios académicos.

AGRADECIMIENTOS

Me gustaría expresar mi agradecimiento a un grupo de colegas que han dedicado su tiempo a leer parte del contenido de este libro y me han ofrecido sus consejos críticos: Thomas Bisson (Harvard), Richard Epstein (Chicago), Nathan Glazer y Mark Kishlansky (Harvard), y Douglas North (Universidad de Washington). No tienen ninguna responsabilidad con relación a cualquier error que pueda haberse introducido en este libro.

Mi editor en Knopf, Ashbel Green, ha sido, como siempre, un consejero de gran ayuda.

La Fundación John M. Olin ha subsidiado generosamente este trabajo. Tengo con la Fundación y con su director ejecutivo, James Piereson, una inmensa deuda de gratitud.

También me gustaría expresar mi agradecimiento al Fondo Mark de Wolfe Howe de la Escuela de Leyes de Harvard por su apoyo al trabajo editorial de este libro.

INTRODUCCIÓN

No existe nada que encienda tanto la imaginación y comprometa las inclinaciones de la humanidad como el derecho de la propiedad…

W. BLACKSTONE[1]

La propiedad nunca ha sido abolida y nunca será abolida. El asunto se reduce, simplemente, a quién la posee. Y el sistema más justo que se haya ideado nunca es aquél en el que todos, y no uno solo, son propietarios.

A. N. WILSON[2]

El tema de este libro difiere de los temas de mis libros anteriores, todos los cuales (con excepción de un libro de texto escrito para la universidad sobre la Europa moderna) han tratado sobre Rusia, su pasado y presente. Y, sin embargo, se desprende, naturalmente, de mis trabajos previos. En la época en que me dediqué seriamente a mis estudios sobre Rusia, me di cuenta de que una de las diferencias fundamentales entre su historia y la de otros países europeos radicaba en el débil desarrollo de la propiedad. Los historiadores occidentales (a diferencia de los filósofos occidentales y los politólogos) dan por sentado la existencia de la propiedad: rara vez le prestan algo de atención, a pesar de su vínculo íntimo con cada uno de los aspectos de la vida occidental y de su enorme papel en la historia de su pensamiento:

Si usted busca la palabra propiedad en el índice de los libros que tratan la evolución de las actitudes propias de los americanos, posiblemente no la encontrará. Lea con detenimiento la lista: progreso, prohibición, entonces, donde esperaría encontrar la palabra propiedad hay como un salto. La enumeración continúa, digamos, en prostitución.[3]

En el caso de Rusia, no es la presencia sino la ausencia de la propiedad lo que se da por sentado. Uno de los temas más importantes en la teoría política occidental durante los últimos 2500 años ha sido la controversia en relación con los beneficios y desventajas de la propiedad privada; en la historia intelectual rusa, este tema casi nunca se menciona debido a la opinión virtualmente unánime de que es un mal endémico.

La palabra “propiedad” evoca en nuestras mentes la idea de objetos físicos: inmuebles, cuentas de bancos, acciones, bonos. Pero de hecho tiene un sentido mucho más amplio porque en el mundo moderno, y con un gran desarrollo, se ha comenzado a aplicar a activos intangibles tales como el crédito, las patentes y los derechos de autor. Más aún, como señalaremos a su debido tiempo, en el pensamiento occidental durante los siglos XVII y XVIII adquirió un significado todavía más amplio, que incluye todo lo que uno puede reclamar como propio, comenzando por la vida y la libertad. Toda la multiplicidad de ideas modernas relacionadas con los derechos humanos tiene sus raíces en esta extensión de la definición de propiedad. Esto fue señalado hace doscientos años por James Madison.

La propiedad en su uso propio significa “ese dominio que cada hombre reclama y ejerce sobre las cosas externas del mundo, excluyendo a cualquier otro individuo”. En su sentido más amplio y justo, abarca todo aquello a lo que el hombre puede conferirle un valor y al cual tiene un derecho; y que le da la misma oportunidad a los demás. En el primer caso, a la tierra, a la mercancía o al dinero de un hombre se le llama su propiedad. En el otro sentido, el hombre tiene la propiedad de sus opiniones y la libertad de comunicarlas libremente. Detenta, en sentido peculiar, la propiedad sobre sus opiniones religiosas, y sobre el ejercicio y la práctica que dictan. Tiene la propiedad, muy apreciada por él, de la seguridad y la libertad de su persona. Tiene igual propiedad de la libre utilización de sus facultades y de la libre elección de los objetos sobre las que las emplea. En una palabra, al igual que se dice que un hombre tiene el derecho a su propiedad, también se puede decir que tiene una propiedad en sus derechos.[4]

Hace cuarenta años se me ocurrió la idea de que la propiedad, en los dos sentidos de la palabra, el estrecho y el amplio, proporciona la clave para el surgimiento de instituciones legales y políticas que garantizan la libertad. Esta idea sirvió como premisa para el estudio de la historia política de Rusia que publiqué en 1974 con el título de Rusia bajo el Viejo Régimen (Russia Under the Old Regime). Aquí argumenté que el totalitarismo, que alcanzó su consumación en la Unión Soviética, tenía sus raíces en el sistema “patrimonial” de gobierno que había prevalecido a través de casi toda la historia de Rusia, un sistema que no reconocía distinción entre soberanía y propiedad, y que permitía que el zar actuara como gobernante y como dueño de sus dominios.

La idea de que la libertad y la propiedad están relacionadas no es nueva —surgió en el siglo XVII y se hizo común en el siglo XVIII— pero, hasta donde sé, nadie todavía ha tratado de demostrar esta conexión sobre la base de la evidencia histórica. Hay una bibliografía inmensa sobre cada uno de estos dos temas: hay cientos, si no miles, de trabajos sobre la propiedad y una cantidad similar sobre la libertad. Sin embargo, se desarrollan por caminos diferentes. Los libros que tratan la libertad se centran en la evolución del concepto de libertad y en las instituciones políticas que la garantizan, y todos ignoran sus fundamentos económicos. Los tratados económicos típicos sobre la historia de la propiedad ignoran sus aspectos políticos y culturales. Los tratados legales sobre el tema, por regla general, también ignoran sus dimensiones filosóficas, económicas y políticas. Como resultado, no contamos con una explicación, basada en materiales históricos concretos, de cómo la propiedad permite el desarrollo de la libertad y de cómo la ausencia de libertad hace posible la existencia de una autoridad arbitraria.

Es éste el ámbito que he tratado de cubrir. Mi hipótesis inicial sostiene que existe una conexión íntima entre las garantías públicas de la propiedad y la libertad individual: que mientras que la propiedad en ciertas formas es posible sin la libertad, lo contrario es inconcebible.

Para probar la hipótesis, comencé a estudiar la relación entre propiedad y sistemas políticos desde los albores de la historia documentada. Cuando comencé en este empeño, no sospechaba lo difícil que iba a resultar. Me di cuenta, por supuesto, de la inmensa variedad de formas que la propiedad ha adoptado en diferentes sociedades en épocas distintas, pero no preví que muchas situaciones que se denominan propiedad no se encuentran reflejadas en documentos y que mucho de lo que, en teoría, es simplemente poseído, es decir, físicamente retenido, es en realidad una propiedad. Tampoco vislumbré las dificultades de relacionar la propiedad, en sus variadas apariencias, con la política, particularmente en los países no occidentales en donde las fuentes permanecen inéditas y la literatura complementaria sobre este asunto es virtualmente inexistente. Pronto se hizo obvio, por lo tanto, que una empresa de esta envergadura excedía las capacidades de cualquier individuo. Estudiar las economías de la China antigua y de la Grecia clásica, Mesopotamia y México, la Francia medieval y la Inglaterra moderna y considerar en qué medida influyen en la evolución política de cada uno de estos países requeriría varios equipos de historiadores. En vez de abandonar el proyecto por demasiado ambicioso, decidí escribir algo más modesto, un ensayo que trataría el asunto selectivamente, sacrificando la extensión a favor de la profundidad. Renuncio a lograr un alcance sistemático u omnicomprensivo y me siento satisfecho con demostrar, a través de algunos ejemplos históricos, la relación entre el poder económico y el político.

Los dos primeros capítulos tratan sobre la evolución histórica, tanto de la idea como de la institución de la propiedad. En la mitad del libro —capítulos 3 y 4— se analiza el vínculo entre las relaciones de propiedad y la política en Inglaterra y en Rusia, dos casos extremos que trasmiten con fuerza el punto que trato de demostrar. El capítulo final se concentra en el siglo XX, con especial atención a los Estados Unidos, y hace hincapié en las amenazas a la libertad implícitas en el Estado de bienestar que pretende alcanzar la igualdad económica y social.

Incluso en su proyección más limitada, este libro abarca temas tan alejados del campo de mi especialidad académica que los presento con cierto temor. Con excepción del capítulo sobre Rusia y de partes del capítulo sobre la historia de la idea de la propiedad, mi información procede, principalmente, de fuentes secundarias, que, generalmente, no concuerdan unas con otras. Por lo tanto, sin lugar a dudas, los expertos encontrarán razones para criticarme sobre algún que otro hecho o sobre ésta u otra interpretación. Confío, sin embargo, en que tendrán presente que si el propósito de la historia es la comprensión, el historiador deberá, de vez en cuando, aventurarse fuera de su especialidad hacia campos en los que su conocimiento es una derivación. En defensa de esta proposición, puedo citar una autoridad como Jacob Burckhardt, quien escribió que el diletantismo debe su mala reputación a las artes en las que, por supuesto, uno es o nadie o un maestro que dedica toda su vida a ellas porque las artes demandan perfección.

En el proceso de aprendizaje, por el contrario, se puede llegar a ser un maestro sólo en un campo limitado, es decir, como especialista, y es éste el dominio que se debe alcanzar. Pero si uno no desea renunciar a la capacidad de formarse una visión general (y es más, respetando esa visión) entonces uno debe ser un diletante en tantos campos como sea posible, por lo menos privadamente, para mejorar nuestro propio conocimiento y enriquecimiento de diversos puntos de vista históricos. De otra forma, uno queda como un ignorante en todo lo que vaya más allá de su propia especialidad y, dadas las circunstancias, en general, queda como una persona inculta.[5]

RICHARD PIPES
Cambridge, Massachusetts
Octubre de 1998

DEFINICIONES

Posesión se refiere al control físico de los activos, materiales o inmateriales, sin un título formal hacia ellos: es una pertenencia de facto, no de iure. Comúnmente se justifica por el uso prolongado o porque se haya heredado de los padres, lo que en el Derecho inglés se llama “prescripción” y se asegura mediante la fuerza física y por apoyo comunitario tácito. Aunque los objetos poseídos no se pueden vender, en la práctica casi siempre su poseedor puede legarlos a sus descendientes y de esta manera tienden a convertirse en propiedad. A través de la historia, y en muchas partes del mundo contemporáneo, los activos se poseen de esta forma.

Propiedad se refiere al derecho del dueño o de los dueños, reconocidos formalmente por la autoridad pública, a explotar los activos excluyendo a todos los demás y a venderlos o disponer de ellos de otra forma. “Lo que distingue la propiedad de la simple posesión momentánea es que la propiedad es un derecho que se reconoce por la sociedad o el Estado, por la costumbre o por la convención o por la ley.”[6] En la práctica, postula una autoridad pública de cierto tipo. El concepto se originó en la Roma antigua, cuyos juristas designaron con el término de dominium a lo que entendemos por “propiedad”.[*]

La propiedad es de dos tipos: productiva, es decir, la que puede crear más propiedad (por ejemplo, tierra, capital) y personal, que sirve exclusivamente para usarse (por ejemplo, vivienda, ropa, armas, joyas). Así es como se usa comúnmente. Pero en un sentido más amplio, en la terminología de la teoría occidental desde finales de la Edad Media, “propiedad” abarca todo lo que propiamente pertenece a una persona (suum en latín), incluyendo su vida y su libertad. Es esta definición más amplia de property (propiedad) o de “propriety” (propiedad), como se utilizó en el siglo XVII en Inglaterra y como fue trasplantada a la colonia de América, la que contribuye al vínculo filosófico entre propiedad (ownership) y libertad.

Bajo la influencia de Marx, algunos teóricos modernos prefieren definir “propiedad” (en su sentido más estrecho, convencional) no como el derecho sobre “las cosas” sino como “relaciones entre personas con respecto a las cosas”.[7] “El derecho a la propiedad no se debe identificar con el hecho de la posesión física […] el derecho a la propiedad no es una relación entre un dueño y una cosa, sino entre el dueño y otros individuos con relación a las cosas.”[8] Pero una definición así dista mucho de ser satisfactoria, teniendo en cuenta que la “propiedad” abarca mucho más que el derecho sobre “las cosas”.

Se puede disponer de dos tipos de propiedad: (1) colectivamente y (2) privadamente. El derecho a la propiedad colectiva se confiere conjuntamente a todos los miembros de una comunidad, pero ésta no dispone de ella; ni tampoco tiene derechos colectivos sobre ella (por ejemplo, un edificio moderno de apartamentos en cooperativa). La propiedad privada pertenece a un individuo, a un grupo familiar o a una asociación de individuos. La “propiedad comunista” es una contradicción de términos, en tanto que la “propiedad” pertenece al dominio de la ley privada, mientras que en el comunismo, el Estado, una institución pública, es el dueño exclusivo de todos los activos productivos en su condición de autoridad soberana.

En el uso cotidiano, es muy difícil mantener la distinción legal entre posesión y propiedad. Por lo tanto, en el libro, con excepción de los momentos en que se aclare específicamente, se utilizarán indistintamente “posesión” y “propiedad”.

El término libertad, como se usa en este estudio, abarca cuatro aspectos: (1) libertad política, es decir, el derecho del individuo a participar en la elección de los responsables del gobierno bajo el cual vive; (2) libertad legal, es decir, el derecho, tanto en relación con otros individuos como con respecto al Estado, a ser juzgado por terceras partes de acuerdo con la ley; (3) libertad económica, es decir, el derecho de usar y de disponer, libremente, de los activos propios, y (4) los derechos personales, es decir, el derecho del individuo a su vida y a su libertad y la facultad de hacer lo que desee siempre y cuando no infrinja las libertades y derechos de los otros: en otras palabras, la ausencia de coerción. La libertad y los derechos personales no están, necesariamente, incluidos en la democracia política: “No existe una conexión necesaria entre la libertad individual y el precepto democrático”.[9] De esta forma, el ciudadano de la Atenas antigua disfrutaba de derechos políticos pero no de derechos civiles, mientras que súbditos privilegiados de algunos déspotas ilustrados tenían derechos civiles pero no políticos.

La libertad no incluye el tan mencionado “derecho” al apoyo y a la seguridad públicos (como se desprende de las consignas “libertad de no carecer” y “el derecho a la vivienda”), que viola los derechos de los otros dado que son ellos los que los tienen que pagar. Esos “derechos”, en el mejor de los casos, constituyen una exigencia moral y, en el peor, si son impuestos por la autoridad pública, se convierten en un privilegio inmerecido.

CAPÍTULO UNO
LA IDEA DE LA PROPIEDAD

La propiedad puede ser estudiada desde dos puntos de vista bien distintos: como concepto y como institución. Los dos enfoques generan resultados muy diferentes. A través de la historia del pensamiento, la propiedad ha disfrutado de una reputación ambivalente, y ha sido identificada en ocasiones con la prosperidad y la libertad, y otras veces con la corrupción moral, la injusticia social y la guerra. Las fantasías utópicas, como regla general, sitúan en el centro de su análisis la abolición de la distinción entre “mío” y “tuyo”. Incluso muchos pensadores que defienden la existencia de la propiedad la ven, en el mejor de los casos, como un mal inevitable. Por otro lado, la historia de todas las sociedades, desde la más primitiva a la más avanzada, revela la universalidad de los derechos de propiedad y el fracaso de todos los intentos de establecer una comunidad sin propiedad, ya sea voluntariamente o por la fuerza. En este caso, por lo tanto, existe una disparidad excepcionalmente amplia entre qué es lo que la humanidad piensa que quiere y lo que, a juzgar por sus actos, realmente prefiere. Lewis Mumford explicó esta disparidad cuando sugirió que el hombre vive en dos mundos, el mundo interior y el mundo exterior. El primero es el reino de las ideas, deseos e imágenes. El último es el mundo de la realidad dura e inevitable. “Si el entorno físico es la tierra, el mundo de las ideas pertenece a los cielos.”[1]

De acuerdo con esto, dividiremos nuestro análisis en dos partes. Este capítulo tratará sobre las actitudes con relación a la propiedad de filósofos, teólogos y teóricos políticos occidentales.[A] El capítulo siguiente se dedicará a la institución de la propiedad tal como se manifiesta en la historia, la psicología, la antropología y la sociobiología. La distinción, por supuesto, es artificial y se introduce para facilitar la claridad de la exposición; en realidad, las ideas y los hechos han tenido una interacción constante. Como señalaremos más adelante, cada cambio de actitud con relación a la propiedad puede explicarse a partir de desarrollos políticos y económicos.

Los análisis sobre la propiedad desde los tiempos de Platón y Aristóteles hasta el presente han tenido que ver con cuatro cuestiones principales: su relación con la política, con la ética, con la economía y con la psicología.

1.El argumento político a favor de la propiedad sostiene que ésta (a menos que se distribuya de una forma extremadamente injusta) promueve estabilidad y limita el poder del gobierno. En contra de la propiedad se argumenta que la desigualdad, que necesariamente la acompaña, genera intranquilidad social.

2.Desde el punto de vista moral se afirma que la propiedad es legítima porque todo el mundo tiene derecho a los frutos de su trabajo. A lo que los críticos responden que muchos dueños no realizan ningún esfuerzo para adquirir lo que poseen, y que la misma lógica demanda que todos deben tener las mismas oportunidades a la hora de adquirir propiedad.

3.El razonamiento económico que defiende la propiedad sostiene que es el modo más eficiente de producir riqueza, mientras que sus opositores afirman que la actividad económica impulsada por el afán de obtener beneficios conduce a una competencia destructiva.

4.La defensa psicológica de la propiedad sostiene que eleva el sentido de identidad y autoestima del individuo. Otros afirman que corrompe la personalidad al infectarla con la avaricia.

Estos cuatro enfoques abarcan, prácticamente, el espectro de argumentos a favor y en contra de la propiedad articulados en los últimos trescientos años. En sus raíces, la controversia enfrenta el enfoque moral al pragmático.[2]

1. LA ANTIGÜEDAD CLÁSICA

El tratamiento ético de la propiedad, que ha dominado el análisis hasta los tiempos modernos, ha evolucionado teniendo como base una creencia profunda en la existencia de una “Edad de Oro”. En su aspecto más familiar, la Edad de Oro es el Paraíso judío, cristiano e islámico (Jardín del Edén), pero de una forma o de otra es algo común a todas las civilizaciones. La cualidad sobresaliente de este pasado mítico es la ausencia de la propiedad privada: en la Edad de Oro todo se poseía en común y las palabras “mío” y “tuyo” eran desconocidas. Si hacemos notar que no ha existido nunca una sociedad, como demostraremos en el capítulo siguiente, sin algún tipo de propiedad, la visión de un mundo sin propiedad encuentra su fundamento no en la memoria colectiva sino en el deseo colectivo. Se inspira en la noción de que las desigualdades de status y riquezas son “antinaturales”. Tienen que haber sido creadas por el hombre, no por Dios: porque ¿no nacen todos los seres humanos iguales y, después de la muerte, no se convierten todos en polvo?

La primera descripción conocida de la Edad de Oro se detalla en una obra de Hesíodo, un contemporáneo de Homero, llamada Los trabajos y los días. El poeta griego de principios del siglo VII A. N. E.[B] menciona cuatro edades de la humanidad, cada una de las cuales estaría representada por un metal: la de Oro, la de Plata, la de Bronce y la de Hierro; cada edad sucede a la otra marcada por un deterioro moral progresivo. En el principio, durante la Edad de Oro, cuando el mundo estaba dominado por el titán Cronos, los bienes existían en abundancia y la paz prevalecía. Pero en su época, que él llamó la Edad de Hierro, Hesíodo vio que la violencia y la “vergonzosa avidez por las ganancias” prevalecían por encima de la justicia.[3] Esta imagen de la infancia feliz de la humanidad entró en la corriente de las literaturas griega y romana. Como veremos, la idea de la Edad de Oro ejerció gran influencia en el pensamiento europeo del período renacentista, estimulando los viajes de los descubridores e influyendo en la forma en que estos fueron percibidos.

Las primeras elaboraciones teóricas sobre la propiedad se encuentran en La República de Platón, una obra que ha influido en todas las utopías posteriores. La República y su continuación, Las Leyes, no fueron las primeras obras que buscaron la eliminación de la propiedad por ser ésta la causante de las luchas sociales, pero los escritos de los predecesores de Platón no nos han llegado y se conocen sólo por referencias de otros autores. Platón escribió en un momento en que Grecia se encontraba inmersa en conflictos sociales y guerras dentro de las ciudades-Estado y entre ellas. Se dice que se inspiró en el ejemplo de Esparta, un Estado altamente centralizado en el cual el gobierno impidió la concentración de la riqueza en manos de la élite y que, en la guerra del Peloponeso, finalmente, derrotó y sometió a Atenas. El triunfo de Esparta se atribuyó, sin discusión, a su Constitución. Ésta fue concebida, según se afirma, por Licurgo, su fundador legendario, quien proscribió el comercio y la industria para liberar a los ciudadanos del peligro de la guerra. A los espartanos se les prohibió poseer no sólo bienes materiales sino incluso a sus esposas y a sus hijos: las esposas debían ser compartidas con otros hombres, para engendrar descendientes más saludables y más fuertes, y los hijos debían ser entregados al Estado a la edad de siete años para entrenarse militarmente. Plutarco, quien resumió las posiciones de los historiadores romanos sobre el tema, escribió que Licurgo había ordenado a los notables de Esparta que renunciaran a sus propiedades. También ordenó que se retirara de la circulación el oro y la plata y se reemplazaran por monedas de hierro. Como resultado de estas medidas, desaparecieron el lujo, el robo, el soborno y los litigios. Se eliminaron las diferencias entre bienestar y pobreza y se alcanzó la igualdad. Una sociedad igualitaria, dedicada por entero a las necesidades del Estado, debe haber resultado muy atractiva para un ateniense que había presenciado la destrucción de su ciudad-Estado por la ambición y la avaricia. Como destacaremos en el siguiente capítulo, Atenas poseía un sistema de propiedad privada altamente desarrollado, lo que explica la atención que le prestaron sus filósofos.

Platón esboza su comunismo utópico a través de Sócrates en los libros 5-7 de La República. Su objetivo era diseñar un orden social en el que la élite dominante no se dejara llevar por el egoísmo, sino que se dedicara por entero al bienestar público. Para lograrlo, se le retiraban sus pertenencias. Al referirse a los conflictos políticos de su época, Sócrates dice:

Estas diferencias se originan comúnmente en un desacuerdo con relación al uso de los términos “mío” y “no mío”, “suyo” y “no suyo” […] ¿Y el Estado mejor ordenado no es aquél en el que la mayoría de las personas aplica los términos “mío” y “no mío” de la misma forma a la misma cosa?[4]

El Estado platónico ideal consistía en dos castas: los gobernantes, llamados “guardianes”, formada por los miembros más viejos y más sabios de la comunidad, y el resto de las personas. Los guardianes, que dirigían el Estado, adquirían su status después de pasar pruebas rigurosas. No poseían ninguna propiedad —ni casas ni tierras— por lo que no “destruirían la ciudad por no estar de acuerdo con relación a los términos ‘mío’ y ‘no mío’”.[5] Platón consideraba que la virtud y la propiedad eran incompatibles: “porque, ¿no son el dinero y la virtud como los dos extremos de una balanza: cuando uno sube el otro baja?”.[6] Los guardianes vivían en comunidad, como los espartanos, y compartían a sus esposas y a sus hijos; sus necesidades materiales básicas eran suministradas por los demás miembros de la sociedad que no tenían su posición (y cuyo status Platón no aclaró bien) a quienes, según parece, se les permitía tener familia y propiedad. Como consecuencia, cesaron las rivalidades entre la clase dominante: no existía razón para la violencia, las disputas o la adulación. Este ideal de una casta desinteresada y selecta, dedicada totalmente al Estado, fue retomado (al menos en teoría) 2500 años después, por los partidos comunista y nazi.

En Las Leyes, una obra posterior, Platón intentó diseñar un Estado que se ajustara más a la realidad, por lo que dejó de insistir en la eliminación de la familia y en presentar al Estado como el responsable de la educación de los niños. Pero sobrevivió su utopía igualitaria inicial. Ahora permitía la propiedad privada, pero quería que el Estado garantizara que no se alcanzarían extremos de riqueza y de pobreza, especialmente en la distribución de la tierra. El ideal de un mundo sin propiedad se mantenía:

La primera y más alta forma de Estado y del gobierno y de la ley es aquella en la que prevalece más ampliamente el antiguo refrán que dice: “los amigos tienen todas las cosas en común”. Si existe ahora, o si existirá algún día, esta comunión de mujeres y de niños y de la propiedad, en la que se ha eliminado de la vida lo privado y lo individual, y las cosas que son por naturaleza privadas, como los ojos, los oídos y las manos, se han convertido en comunes a todos, y que, de alguna forma, también el ver, oír y actuar son comunes y todos los hombres expresan alabanza y reproche y sienten alegría y pena a la vez, y que las leyes existentes logran la máxima unión de la ciudad; sea esto posible o no, digo que ningún hombre, que actúe sobre la base de cualquier otro principio, jamás constituirá un Estado que sea más verdadero, mejor o más virtuoso.[7]

La visión de Platón de la sociedad ideal fue cuestionada por Aristóteles en su Política. Aristóteles compartía la creencia de su maestro de que las desigualdades extremas en la distribución de la riqueza conducían a disturbios sociales.[8] Pero consideraba que la propiedad como institución era indestructible y, al final, una fuerza positiva. Platón, a juicio de Aristóteles, confundía, y trataba como si fueran un solo factor, los diversos elementos que conformaban el cuerpo político: la casa, la comunidad (pueblo) y el Estado. Su error radicaba en tratar al Estado como si fuera una casa y asignarle, por tanto, el control de la riqueza.[9] La propiedad, de hecho, es un atributo de la casa y no de la comunidad o del Estado: “los Estados necesitan de la propiedad, pero la propiedad no forma parte de un Estado”.[10]

Aristóteles basó su oposición a la propiedad común no sólo en el aspecto lógico sino, fundamentalmente, en su aspecto utilitario. Es impracticable porque nadie cuida adecuadamente los objetos que no son suyos: “Cuán inmensamente superior es el placer cuando un hombre siente que algo es suyo; porque ciertamente el amor a uno mismo es un sentimiento implantado por la naturaleza”.[11] Las satisfacciones procedentes del amor a uno mismo son, entonces, la base de una buena sociedad. Aristóteles rechaza el argumento de Platón de que la propiedad común elimina la discordia social, arguyendo que, al contrario, las personas que poseen cosas en común tienden a pelearse más que aquellas que las poseen personalmente. Ve la causa de la discordia social no en el esfuerzo por adquirir una propiedad sino en la naturaleza humana —“no es la posesión sino los deseos de la humanidad lo que debe igualarse”—,[12] de lo que se desprende que las desavenencias se eliminan mejor a través de la aceptación y no de la abolición de la propiedad privada. Además, argumenta Aristóteles, las posesiones permiten que los hombres alcancen un nivel ético superior al darles la oportunidad de ser generosos: “el liberalismo consiste en el uso que se le dé a la propiedad”[13] —un argumento que sería muy utilizado por los teólogos cristianos de la Edad Media—. El régimen preferido de Aristóteles era el fundado a partir de una clase media, con una distribución equitativa de los fondos.[14] Las diferencias entre los dos filósofos atenienses prefiguran el curso del pensamiento sobre este tema en los siguientes 2500 años: la controversia ininterrumpida entre el idealismo ético y el realismo utilitario. A través de la historia del pensamiento occidental, los escritores que tratan el tema de la propiedad se agruparán, a grandes rasgos, del lado de Platón o de Aristóteles, haciendo hincapié, ya sea en los beneficios potenciales de su abolición o en las recompensas tangibles de su aceptación.

En el siglo IV A. N. E., después de la muerte de Platón y de Aristóteles, la discusión sobre la propiedad alcanzó un nivel más alto y abstracto, con la introducción del principio estoico de la Ley Natural. La contribución del estoicismo en la formación de la tradición intelectual occidental es, probablemente, sólo superada por el monoteísmo judío. Si el monoteísmo adelantó el concepto revolucionario de un Dios inmaterial, todopoderoso y omnipresente que gobernaba el universo, la teoría de la Ley Natural afirmaba que el universo de Dios era racional y podía ser aprehendido por la inteligencia humana. Aunque, como muchas otras cosas, el concepto de Ley Natural existía de forma incipiente en Aristóteles, maduró sólo después de su muerte, primero en Grecia, bajo el dominio de Macedonia, y después en Roma.

Platón y Aristóteles pensaban exclusivamente en términos de ciudades-Estado, pequeñas comunidades de ciudadanos del mismo origen étnico, religión y cultura. La política, para ellos, era más bien un asunto de costumbres, no de leyes; de aquí que para Platón la sociedad ideal no tenía normas escritas (según Plutarco, Licurgo no permitiría que las reglas que él había establecido para Esparta se escribieran). Pero el problema de las leyes surgió con urgencia en el siglo IV cuando Filipo de Macedonia y su hijo Alejandro el Grande liquidaron la polis, primero para favorecer el Estado nacional, y después para beneficiar el imperio multinacional. El Imperio de Macedonia, en su momento de mayor esplendor, se extendía desde el Mar Egeo hasta el río Indo y la península arábiga. Estaban sometidos a la autoridad de Macedonia, además de los griegos, los armenios, bactrianos, judíos, egipcios, indios, parsianos, sogdianos y una amplia variedad de otras nacionalidades que hablaban diferentes lenguas y que profesaban diferentes religiones. Y aplicaban diferentes leyes. Estas disparidades legales debían ser conciliadas de alguna manera por los gobernantes macedonios si querían mantener la unidad de su imperio y conseguir la eficacia en su administración. Pero su existencia también planteaba una pregunta filosófica fundamental: ¿existía una concepción de justicia para cada nación?; en otras palabras, ¿no existía un patrón universal para el bien y el mal?, ¿o es que los diversos cánones y procedimientos legales eran simples adaptaciones de la misma ley universal a las condiciones locales?

La respuesta la dio la escuela estoica, que aparece al mismo tiempo que el Imperio macedonio. Su noción central de un orden racional para el mundo existía ya, de forma incipiente, en los comienzos de la ciencia griega, que diferenciaba entre la variedad infinita de los fenómenos naturales específicos y la unidad subyacente de las leyes que gobiernan la naturaleza. En su momento, esta idea se aplicó a los problemas humanos. Se puede deducir de algunos fragmentos de la Etica a Nicómaco de Aristóteles, donde se habla de la existencia de la justicia de dos formas: “legal” (convencional) y “natural”.[15] La primera encuentra su expresión en la ley positiva, adaptada a las necesidades particulares de una sociedad dada, por lo que difiere de una nación a otra, mientras que la segunda es uniforme para toda la humanidad.

Aristóteles no tenía necesidad de ampliar esta idea, ya que él trataba con sociedades homogéneas. Esto lo hizo Zenón, el fundador de la escuela estoica: “El principio fundamental de la política y de la ética estoicas es la existencia de una ley universal y de alcance mundial, que es una con la razón, en la naturaleza y en la naturaleza humana”.[16] La humanidad tiene sus leyes universales y eternas, al igual que el mundo físico. El elemento revolucionario implícito en la filosofía estoica se basaba en la controversia de que los principios fundamentales del orden social no están sujetos a cambios porque se encuentran enclavados en el orden natural. En el corazón de este orden está la igualdad de hombres y mujeres, de los hombres libres y de los esclavos. La libertad consiste en vivir según las leyes de la naturaleza.

En los tres siglos que separaron a Aristóteles de Cicerón, la idea de la Ley Natural ganó una amplia aceptación en el mundo mediterráneo, aunque su apogeo llegaría mucho después, en los siglos XVI y XVII en Europa, donde ayudaría a los juristas y a los teóricos de la política a independizar sus disciplinas de la teología. Se ha dicho que, desde Platón y Aristóteles, nadie ha sido capaz de hablar sobre la propiedad privada sin plantearse la cuestión de si es o no “natural”.[17] De hecho, hasta finales del siglo XVIII, en cierto modo, hasta nuestros días, el debate sobre la propiedad se ha desarrollado alrededor de la pregunta de si pertenece al orden “natural” o al orden “convencional” de las cosas. Este principio se encuentra en la raíz de la discusión entre los enfoques morales y pragmáticos: porque si la propiedad es un asunto de la convención puede ser eliminada, pero si pertenece al dominio de la naturaleza es un hecho inalterable de la vida.

La filosofía estoica y el concepto de Ley Natural tuvieron más influencia en Roma que en Grecia, su país de origen. Los antiguos romanos no eran dados a las especulaciones abstractas y no debatían sobre las ventajas y desventajas de la propiedad privada, ni pensaban en comunidades ideales imaginarias. Pero los hombres que se sienten orgullosos de su pragmatismo a menudo siguen caminos trazados por los idealistas. Los poetas romanos adoptaron la noción griega de la Edad de Oro en que todos los bienes eran propiedad común y que terminó con el triunfo de la avaricia y, como resultado, un reino de injusticia y lucha. Virgilio se refirió a la Edad de Oro como un tiempo en el que

Ningún agricultor tenía tierras,

hasta marcar los límite de la tierra

era malo: los hombres trabajaban por el bien común,

y la propia tierra, sin amarras, era más fructífera.[18]

Ovidio presentaba la Edad de Hierro como una en la que

la propia tierra, que antes había sido, como el aire y el sol, un tesoro que todos podían compartir, estaba ahora cruzada con límites que el hombre medía y marcaba con postes y con cercas.[19]

Séneca, el estoico por excelencia de Roma, que ha sido llamado “un millonario con conciencia de culpa”, nunca se cansó de enaltecer la pobreza.[C] “Aquél que haya hecho un pacto justo con la pobreza es rico”, le enseñó a su amigo Lucilio.[20]

Las virtudes sociales habían permanecido puras e invioladas antes de que la codicia enloqueciera a la sociedad e introdujera la pobreza, porque los hombres dejaron de poseer todas las cosas cuando comenzaron a llamarlas suyas. Qué feliz era la edad primitiva cuando los frutos de la naturaleza pertenecían a todos y eran usados de forma promiscua [indiscriminadamente]; la avaricia y el lujo no habían desunido a los mortales y los hombres no se habían devorado unos a otros. Disfrutaban todo lo que les brindaba la naturaleza en común, lo que les dio posesión segura de la riqueza pública. ¿Por qué no puedo pensar que eran los más ricos entre todos los hombres, ya que no se podía encontrar un pobre entre ellos?[21]

El elogio de la igualdad social en el estoicismo la convirtió en una especie de religión e influyó en el cristianismo en su fase de formación.

La principal contribución romana a la idea de la propiedad descansaba en el imperio de la ley. Los juristas romanos fueron los primeros en formular el concepto de la propiedad privada absoluta, al que llamaron dominium y lo aplicaron a los bienes raíces y a los esclavos, un concepto que no existía en el vocabulario griego. Para que un objeto se clasificara como dominium tenía que satisfacer cuatro criterios: tenía que ser obtenido legítimamente, de forma exclusiva, absoluta y permanente.[22] La mejor y más conocida definición de la ley romana describía el dominium como “el derecho de utilizar y consumir algo de uno según lo permite la ley” (ius utendi et ahutendi re sua quatenus iuris ratio patitur).[D] La jurisprudencia romana incluso llegó a regular todos los matices posibles relacionados con los derechos de propiedad: cómo se adquiría y cómo se perdía, cómo se transfería, cómo se vendía.[23] Los derechos implícitos en el dominium eran tan absolutos que la antigua Roma desconocía todo lo referente al dominio eminente.[E]

A pesar de todo su pragmatismo, los juristas romanos se vieron obligados a buscar una base filosófica para la ley porque, al igual que los macedonios, al expandirse su dominio, primero de una ciudad-Estado a una nación-Estado y, después, a un imperio, se encontraron con una sorprendente variedad de normas legales y procedimientos distintos de los suyos, y que además diferían entre sí. El problema surgió aún antes de que Roma se hubiera convertido en la dueña de la península Itálica ya que, mucho antes, los tribunales romanos tuvieron que tratar con extranjeros que llegaban para hacer negocios o para casarse con romanos. La ley local, el ius civile, no se aplicaba a ellos, sólo a los ciudadanos romanos. Los juristas romanos tuvieron entonces que buscar principios comunes contenidos en los diversos sistemas legales con los que tenían contacto. A medida que el territorio romano se expandía alrededor de la cuenca del Mediterráneo, formularon un Derecho de Gentes (ius gentium) que sintetizaba las reglas compartidas por todas las naciones que conocían. Bajo la influencia de la filosofía estoica, el Derecho de Gentes, gradualmente, se fusionó con el Derecho Natural (ius naturale); el proceso culminó a principios del siglo III N. E., cuando la ciudadanía romana se extendió a todos los súbditos del imperio.[24] Así surgió un postulado fundamental del pensamiento occidental: que el bien y el mal no son conceptos arbitrarios sino normas enraizadas en la naturaleza y, por lo tanto, que se imponen a toda la humanidad; los problemas éticos deben resolverse referidos a la Ley Natural, la cual es racional y va más allá de la ley positiva (ius civile) de las sociedades individuales. Un elemento esencial de la Ley Natural es la igualdad del hombre, específicamente, la igualdad ante la ley, y el principio de los derechos humanos, que incluye los derechos a la propiedad, que antecede al Estado y, por lo tanto, son independientes de él.[F] Quinientos años después, estas ideas se convirtieron en la piedra angular de la democracia occidental.

Inicialmente, los filósofos y juristas romanos trataron la propiedad privada, no como parte de la Ley Natural sino como parte del Derecho de Gentes. Sin embargo, con el tiempo, al fundirse los dos conceptos, comenzaron a verla como parte de la Ley Natural.[25] Una defensa teórica de la propiedad privada como rasgo distintivo de la Ley Natural, sin embargo, no fue desarrollada completamente hasta los siglos XVI y XVII, en la época de Jean Bodino y Hugo Grocio. Pero es evidente que la idea se les ocurrió a los romanos, a partir del argumento de Cicerón de que el gobierno no podía interferir en la propiedad privada porque había sido creado para protegerla.[26]

2. LA EDAD MEDIA

Los Padres de la Iglesia se enfrentaron con serias dificultades al abordar el tema de la propiedad privada. Según los Evangelios, Jesús exhortó a los ricos a que entregaran sus pertenencias a los pobres porque la riqueza era un obstáculo para la salvación. Rechazó tener propiedades, para él y para sus discípulos. Los Evangelios y otros textos de la Biblia cristiana están llenos de censuras a las riquezas y de exhortaciones a renunciar a ellas, como reza el aforismo popular: “es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja a que un rico entre en el reino de Dios”.[27] Al mismo tiempo, en su vida privada, Jesús no se comportaba como un asceta: no despreciaba la propiedad, ni siquiera la riqueza, incluso visitaba las casas de los ricos y dejaba que lo agasajaran.[28] Debido a las esperanzas de una llegada inminente del reino de Dios, la Biblia cristiana “no parece contener una teoría definitiva sobre la propiedad”.[29]

Algunos historiadores se preguntan si Jesús realmente propuso un programa de reforma social: según un destacado especialista en la materia, más bien, Jesús “convocaba a prepararse para la llegada del reino de Dios”, lo que sucedería “dentro de los límites del orden mundial actual”.[G] De cualquier modo, los primeros cristianos aplicaban, sólo entre ellos, las enseñanzas de Jesús:

El nuevo orden social se reducía a la comunidad cristiana; no era un programa popular de reforma social general. Dentro de la propia Iglesia […] el único comunismo posible era uno que difería de las otras formas de comunismo y sólo puede describirse como el comunismo religioso del amor. Es decir, era un comunismo que consideraba la puesta en común de posesiones como una prueba de amor y del espíritu religioso del sacrificio. Era un comunismo compuesto sólo por consumidores, un comunismo basado en la suposición de que sus miembros continuarían ganándose la vida a través de sus actividades privadas, para poder ser capaces de practicar la generosidad y el sacrificio. Sobre todo, no disponía, en absoluto, de una teoría sobre la igualdad, ya fuera la igualdad absoluta de compartir posesiones, o la igualdad relativa en la contribución de los distintos miembros a la vida del conjunto, de acuerdo con sus méritos y servicios. Finalmente, no existía ninguna hostilidad hacia lo que constituye el verdadero obstáculo para la existencia de un comunismo verdadero, esto es, la oposición a la institución de la familia, la cual está estrechamente relacionada con la empresa privada.[30]

La Iglesia cristiana primitiva aceptó la propiedad privada como un hecho de la vida y se dedicó a exhortar a los fieles a que practicaran la caridad lo más posible. Las pertenencias se consideraban algo maligno sólo en el caso de ser usadas de forma egoísta.[H]

Sin embargo, una Iglesia que se basaba en la defensa de la abnegación muy pronto se convirtió en un enorme poder temporal con grandes extensiones de tierra y otras formas de riqueza que necesitaba para poder desarrollar sus responsabilidades religiosas y seculares. También se enfrentó con la realidad, aceptada tácitamente por Jesús, pero a menudo mal interpretada por muchos cristianos devotos, de que, para millones de sus seguidores, los bienes materiales eran una necesidad: Es evidente que no todo el mundo puede aceptar el voto de pobreza y dedicar su vida entera a la piedad cristiana, como lo hacen los sacerdotes, monjes o monjas, del mismo modo que no todo el mundo puede practicar el celibato.

Por lo tanto, se debía encontrar un compromiso entre el ideal cristiano y la realidad del mundo.

Se encontró y resultó básicamente satisfactorio. La premisa fundamental de los teólogos cristianos sostenía que la propiedad se derivaba no de la Ley Natural sino de la ley convencional (positiva) y como tal debía ser respetada. Era potencialmente un mal capaz de corromper el alma y que inducía al pecado. Pero, en las palabras de San Agustín, una sociedad sin propiedad era posible solamente en el Paraíso, porque exigía perfección,[31] el tipo de perfección que desde el pecado original se encontraba fuera del alcance de la mayoría de la humanidad.[I] Además, las posesiones eran éticamente neutrales y sólo se convertían en algo maligno si daban lugar a la avaricia. San Agustín escribió que una cosa no debía ser condenada porque condujera a la corrupción: “¿No es bueno el oro?”, preguntaba y respondía: “Sí, es bueno. Pero el malo usa el buen oro para hacer daño y el bueno usa el buen oro para hacer el bien”.[32] De acuerdo con San Agustín, cuando Jesús decía que había que renunciar a las fortunas personales, lo decía como consejo, no como obligación.[33] En el mundo como lo conocemos hoy en día, este consejo lo seguirían sólo unos pocos escogidos. San Agustín veía la propiedad como una responsabilidad más que como una garantía para poder actuar libremente, esto es, como una especie de depósito que poseían los individuos para realizar el bien público.

Como justificación a su tolerancia hacia la propiedad, los teólogos cristianos podían señalar pasajes en la Biblia hebrea que demostraban que estaba protegida por una aprobación divina. El Octavo Mandamiento, que prohíbe el robo, implica claramente la santificación de la propiedad; lo mismo sucede con el Décimo Mandamiento, que proscribe codiciar “los bienes ajenos”. Está la historia de Abraham y Lot, quienes dividieron sus ovejas para poner fin a las querellas entre sus pastores y, de esta manera, establecieron sus derechos respectivos a una parte de la tierra (Génesis 13). Se hizo referencia también a la historia del rey Acab (I Reyes 21), quien codiciaba una viña de Nabot y ofreció cambiársela por otra o comprarla. Cuando Nabot se negó a deshacerse de su tierra, Jezabel, la esposa de Acab, urdió una mentira y lo acusó de blasfemia; apedrearon a Nabot hasta que le provocaron la muerte, lo que permitió que Acab tomara posesión de la viña. Por este crimen Dios, a través del profeta Elías, los amenazó a él y a su esposa con una muerte ignominiosa. La historia proporciona un ejemplo de la avaricia que conduce al pecado pero también confirma la inviolabilidad de la propiedad.

En la tradición legal judía, la riqueza adquirida honradamente era considerada una bendición: los rabinos prohibían a su pueblo deshacerse de su riqueza, o dedicarse en exceso a la caridad, para que no llegaran a convertirse en una carga para la comunidad.[34] En contraste con los Evangelios cristianos, la Biblia hebrea no ensalza ni a la pobreza ni al pobre.[35] Al mismo tiempo, está llena de condenas a los ricos por sus injusticias y de mandatos a ejercer la caridad y de ayudar a los demás, no sólo a los de la propia comunidad sino también a extranjeros e, incluso, a los animales.[J] Para cumplir estos preceptos, las comunidades judías desarrollaron un sistema de bienestar social que era probablemente único en la antigüedad: se basaba en el diezmo para “el extranjero, el huérfano y la viuda”, tal como se exigía en la Biblia hebrea.[36]

La idea católica de la propiedad fue recopilada por Santo Tomás de Aquino en la Suma teológica (Summa Theologica). Santo Tomás de Aquino se acercó al tema en el contexto de la justicia, que definió como “el deseo constante y perpetuo de dar a cada cual lo que es de él”.[37] Reconoció que, en cierto sentido, “no era natural al hombre poseer cosas externas”, porque todos los bienes pertenecen a Dios y son la propiedad común de los hijos de Dios.[38] Sin embargo, basándose en la Política de Aristóteles, argumentó que la propiedad común no promovía eficacia ni armonía sino discordia. Para perfeccionarse espiritualmente, el hombre tenía que tener el tipo de seguridad que sólo le ofrece la propiedad. Santo Tomás de Aquino también adoptó de Aristóteles la idea de que las posesiones hacen posible que las personas puedan practicar la caridad, una obligación cristiana: dar limosna era un corolario esencial de la propiedad, y los ricos estaban moralmente obligados a entregar a los pobres toda su riqueza superflua.[39] Cualquier exceso que permitiera un incremento en la riqueza debía ser controlado por la sociedad.

Sobre este asunto, la visión general de los denominados Padres de la Iglesia se resume como sigue. Los primeros teóricos de la Iglesia reconocieron

[…] que la vida humana, como es realmente, necesita disciplina, necesita un orden reforzado por la coerción. Y de esta forma llegan a distinguir entre un ideal, que también consideran como la condición primitiva del hombre, y lo real. Idealmente, si el hombre hubiera seguido su verdadera naturaleza, si hubiera obedecido las leyes de la razón y de la justicia, no hubiera necesitado una disciplina coercitiva de este tipo. Pero, al ser lo que es, una criatura cuyos verdaderos instintos y naturaleza son constantemente dominados por sus bajas pasiones, sólo a través de una férrea disciplina puede evitarse que caiga en la anarquía y el desorden. No pueden aceptar la propiedad privada con sus enormes desigualdades como una institución primitiva y natural. En un Estado primitivo o natural los derechos de la propiedad no podían haber sido otra cosa que el derecho a usar lo que el hombre requería. Pero una vez más, teniendo en cuenta la condición real de la naturaleza humana tal y como es, entendieron que era necesaria una regulación del ejercicio del derecho a disponer. La propiedad privada es, realmente, otra institución disciplinaria que intenta controlar y contrarrestar la disposición viciosa de los hombres.[40]

Contrariamente a un concepto erróneo, ampliamente difundido, la Iglesia no aceptó, y menos aún propagó, el comunismo, por lo que los Padres de la Iglesia no pueden citarse como prueba de ello.[41]

Como observó hace un siglo el filósofo ruso Vladimir Soloviev, los cristianos exhortan a sus seguidores a renunciar a sus riquezas mientras que los socialistas reclaman la confiscación y distribución de la riqueza de otros. Las doctrinas económicas de las Iglesias cristianas sólo pedían la renuncia voluntaria de la riqueza personal. No era, por tanto, incoherente que la Iglesia tratara como herejes a aquellos grupos, como los “waldesianos” del siglo XII, que predicaban la pobreza y, después, a los anabaptistas, que intentaron imponer el comunismo. En términos generales, “la veneración por la pobreza” fue un rasgo distintivo de los movimientos heréticos, no de la Iglesia establecida.[42] A finales de los siglos XIII y XIV surgió una fuerte controversia en la orden franciscana entre los “espiritualistas”, que defendían la renuncia a todas las posesiones, y los “conventuales”, que deseaban conservar las grandes propiedades que la orden había adquirido. En el papado de Juan XII, la Iglesia aplastó a los espiritualistas y condenó a más de cien a morir quemados en la hoguera. En una bula pontificia promulgada en 1323, este Papa declaró como herejía negar que Cristo y los apóstoles hubieran tenido posesiones.[43] Seis años después, en otra bula, Juan XXII afirmó que la propiedad (dominium) del hombre sobre sus posesiones no difiere de la propiedad ejercida por Dios sobre el universo, la cual concedió al hombre al crearlo a su semejanza. Es, por tanto, un derecho natural que antecede la ley humana.[44]

Los fundadores del protestantismo fueron más allá de la tolerancia de la Iglesia católica con relación a la propiedad: tanto Lutero como Calvino la respaldaron con énfasis, al vincularla con el trabajo, que consideraban como un derecho cristiano. Lutero condenó a los campesinos rebeldes de Alemania y los llamó “perros rabiosos”, por confiscar propiedades diciendo que los Evangelios no exhortaban a que se convirtiera en propiedad común la propiedad ajena ni a que se aferraran a la propiedad personal, sino que pedían a los cristianos que entregasen voluntariamente lo que tenían.[45] Los calvinistas mantenían puntos de vista aún más proclives a la propiedad. Calvino escribió elogiosamente sobre el trabajo y el comercio, y sobre las grandes ganancias que proporcionaban a algunos, rechazando las prohibiciones medievales sobre la usura y reconociendo los beneficios del dinero y del crédito.[46] Los historiadores saben muy bien que el calvinismo hizo mucho por alentar el espíritu capitalista.

A finales de la Edad Media, la Iglesia católica pasó de defender la propiedad como una realidad lamentable pero inevitable a defenderla como cuestión de principios. El cambio se produjo como reacción a las críticas que hacían las autoridades seculares a la riqueza de la Iglesia. El debate se desarrolló de forma aguda a principios del siglo XIV, cuando Felipe IV, el Hermoso, de Francia (1285-1314), al necesitar dinero para financiar su guerra contra Inglaterra, exigió un impuesto al clero y prohibió la exportación de metales preciosos, incluyendo las rentas papales. Para impedir que las propiedades eclesiásticas fueran confiscadas por la corona, los teólogos se referían ahora a la propiedad como a un derecho inalienable, es decir, principalmente, la propiedad de la Iglesia, pero por extensión la propiedad en general. En el transcurso de esta polémica, los teóricos eclesiásticos formularon la doctrina, luego adoptada por importantes escritores laicos como Bodino y Grocio, de que la autoridad del Estado, absoluta en otros aspectos, no se aplicaba a la propiedad de sus súbditos. El argumento se sustentaba con referencias a la ley romana, que se redescubrió y se enseñó en las universidades italianas desde comienzos del siglo XII.

Un destacado exponente de esta nueva teoría de la propiedad fue Aegidio Romano (Colonna), discípulo de Tomás de Aquino, quien argumentaba que Felipe IV no podía apoderarse de las propiedades de la Iglesia porque los derechos de propiedad antecedían y trascendían los del Estado. La Iglesia y el Sumo Pontífice tenían poder sobre todas las cosas temporales y eran los dueños últimos de los bienes del mundo. Empleando una terminología feudal, aseguraba que los reyes tenían un “dominio superior” pero no eran dueños de las posesiones de sus vasallos.[47]

El oponente de Aegidio Romano, Juan de París, sostenía, en defensa de Felipe IV, que la propiedad privada se derivaba de concesiones del príncipe y que la Iglesia, así mismo, conservaba sus bienes debido a estas concesiones. Pero estaba de acuerdo en que los derechos de la propiedad no podían ser violados, ni por el rey ni por el Papa.[48] En estos debates la influencia de la ley romana quedaba clara. Juan de París sostenía que

[…] los individuos, en sus potestades individuales, poseen el derecho, el poder y el verdadero señorío, y cualquiera puede ordenar, disponer, abandonar, retener o enajenar su propiedad según quiera sin provocar daño a otro, ya que él es el señor y por lo tanto ni los príncipes ni los Papas tienen derecho o exención en esas cosas.[49]

La disputa entre el papado y las autoridades seculares a finales de la Edad Media tuvo como consecuencia la reafirmación del status de la propiedad privada en ambas partes de la polémica. Aunque basaba la justificación legal de la propiedad en diferentes fuentes, estaba de acuerdo en considerarla sacrosanta y protegida, tanto de la Santa Sede como de la corte real.[K]

3. EL DESCUBRIMIENTO DEL “BUEN SALVAJE”

Durante la Edad Media, los europeos mantuvieron vivo el mito de la Edad de Oro, cuando el hombre era inocente y se desconocía la propiedad. Algunos creían que, incluso en su época, existían regiones remotas, generalmente descritas como islas en los confines del mundo, en las que las personas continuaban viviendo en ese estado de felicidad. Debido al pecado original, la mayoría de la humanidad estaba excluida de estos reinos, pero sí eran accesibles a héroes y santos capaces de vencer grandes peligros.[50] Los Padres de la Iglesia debatieron durante siglos si todavía existía o no un paraíso terrenal.[51] Este mito puede haber sido uno de los factores que inspiraron a Colón y lo llevaron a realizar el viaje del descubrimiento de América: algunos historiadores creen que antes de lanzarse a la primera expedición había leído el libro de Pierre d’Ailly, Imago mundi, en el que se describía la tierra feliz de los hiperbóreos, quienes vivían en estado de virtual inmortalidad.[L]

Cuando Colón vio por primera vez a los nativos del Caribe, lo que más le impresionó a él y a sus compañeros, vestidos con sus excesivos y ridículos trajes, fue su desnudez, porque inmediatamente le recordó a Adán y a Eva antes de la Caída.[M] Aún más le impresionó el hecho de que fueran “cándidos” y de que nunca “se negaban a entregar nada de lo que poseían, si se les pedía; al contrario, invitaban a todos a compartirlo”.[52] Colón reconoció que no pudo determinar si los nativos tenían propiedad privada, pero se llevó la impresión de que “de lo que tenían, todos participaban, especialmente de las cosas para comer”.[53] En la descripción fragmentaria de los viajes de Colón, de su propio puño y letra, en América

[…] hay una primavera eterna, el ruiseñor canta, las flores brotan, los árboles son verdes, los ríos se deslizan, las montañas son altas, y los habitantes son inocentes y felices.[N]

Estas primeras impresiones marcaron el tono para toda la literatura utópica de los siguientes quinientos años, al proporcionar la prueba efectiva de que el hombre imperfecto podía alcanzar la perfección si adoptaba las actitudes del “buen salvaje”.[Ñ] Y la cualidad más sobresaliente en la vida de los salvajes, aparte de no conocer lo que era la vergüenza, consistía en su ignorancia sobre cuestiones de propiedad. Un historiador de la literatura francesa encuentra que existe un vínculo directo entre la primera carta de Colón, en la que se refiere a sus descubrimientos, y el Discurso sobre la desigualdad (Discours sur l’lnégalité], de Rousseau, escrito dos siglos y medio después, en el que la propiedad se describía como la fuente de todos los males sociales.[54]

Impresiones similares a las de Colón fueron ofrecidas a los lectores europeos mediante dos descripciones de los viajes realizadas a principios del siglo XV, y que contribuyeron a conformar la idea del buen salvaje.

Américo Vespucio, el explorador y geógrafo italiano, del que América tomó su nombre, describió en sus Viajes, publicado en 1505 o 1506, un cuadro encantador de los indios del Nuevo Mundo. Según él, no tenían “capitanes” que los dirigieran sino que vivían en libertad. Si iban a la guerra era para vengar la muerte de los suyos, no para saquear o para dominar. No conocían la religión (razón por la cual los consideró inferiores), ni las leyes, ni el matrimonio. No comerciaban y no le conferían ningún valor al oro o a las piedras preciosas.[55] Vivían en un paraíso terrenal.

Pedro Mártir d’Anghiera, un negociante italiano que vivía en España, publicó en 1516 una descripción del Nuevo Mundo (De Orbe Novo). Allí describe así lo que Colón había visto:

[E]ntre ellos, la tierra es tan común como el sol y el agua: y la distinción entre Mío y Tuyo (la semilla de todo mal) no existe. Se conforman con tan poco que, en un país tan grande, les sobran las cosas y no padecen escasez. Por lo que parece que viven en un mundo dorado, sin fatigas, disfrutando de amplios jardines abiertos, sin cercas, vallas o protegidos por murallas. Se relacionan desinteresadamente entre ellos, sin leyes, sin libros y sin jueces.[56]

No pasó mucho tiempo hasta que los europeos, que llegaron a América como comerciantes o colonos, cambiaran su opinión sobre los indios nativos. Aquellos que tuvieron un contacto prolongado con ellos tendían a describirlos como bárbaros despreciables, buenos sólo para ser esclavos. El desconocimiento de la propiedad privada era considerado como la prueba de su inferioridad.[57] Ya desde 1525, un fraile dominico escribió que

[…] en el continente comen carne humana. Son más dados a la sodomía que cualquier otra nación. No existe justicia entre ellos. Andan desnudos. No sienten respeto por el amor ni por la virginidad […] son más estúpidos que los burros y rehúsan totalmente superarse.[58]

Samuel Purchas, el editor inglés especializado en la literatura de viajes, en 1625, se refirió a los indios americanos como inhumanos, más animales que las bestias salvajes.[59] Algunos escritores franceses también redactaron, a partir de sus experiencias directas, descripciones nada favorables sobre los indios, calificándolos de brutos.[60] Se difundió el desencanto a partir de las descripciones que hacían los testigos oculares de las torturas y los sacrificios humanos realizados por los nativos. Antes de que pasara mucho tiempo, el “buen salvaje” de América se convirtió en Satanás.[61] Pero la imagen original dejó sus huellas, ya que, hasta nuestros días, muchos europeos y americanos conservan la visión romántica del indio americano que proyectaron los primeros exploradores.

Al erosionarse la imagen idílica del indio, la búsqueda de los europeos de un paraíso terrenal se dirigió al sur del Pacífico: en el siglo XVIII la utopía americana cedió su lugar a la utopía australiana. La tierra escogida fue Tahití. Avistada por los portugueses a principios del siglo XVII, quedó en el olvido hasta que fue “redescubierta” por los ingleses y los franceses un siglo y medio más tarde. Tahití debía su reputación de paraíso del Edén a la descripción que de ella hizo Louis Bougainville en un viaje realizado en 1768. El viajero francés no ofreció una descripción uniformemente favorable de los nativos, al acentuar su tendencia a la crueldad en la guerra y destacar su hábito incurable de robar a los extranjeros, robar a su propio pueblo, señaló, era castigado con la horca. Sin embargo, elogió mucho su indiferencia por los bienes materiales:

Estén o no, de día o de noche, sus casas están siempre abiertas. Todos recogen las frutas del primer árbol con el que se tropiezan, o se las llevan de las casas que visitan. Parecería como si, con relación a las cosas absolutamente necesarias para el desarrollo de la vida, no existiera entre ellos la propiedad personal, y todos tuvieran derechos iguales sobre esos artículos.[62]

La propiedad compartida se extendía a las mujeres. Bougainville y sus compañeros se quedaron asombrados por la tranquilidad con la que las mujeres de Tahití se entregaban a cualquier hombre que se les antojara, y su asombro era mayor por el hecho de que, en ocasiones, la cópula ocurría a la vista pública. Fue por esto que llamó a Tahití “la Nueva Citera”, en honor a la isla que, en la mitología griega, se dedicaba al culto de Afrodita. Cuando Diderot escribió sus comentarios sobre los viajes de Bougainville hizo hincapié en el libertinaje sexual de los tahitianos, ignorando las observaciones despreciativas de Bougainville.[63] De esta forma se produjo la “erotización” del buen salvaje, lo que, probablemente, contribuyó a influir en el relajamiento de las costumbres sexuales en los años finales del Antiguo Régimen francés.

Cuando en 1769 Filiberto Commerson proporcionó otra descripción de la isla encantada de Tahití, lo hizo a través de la mirada condescendiente de Rousseau, al justificar el robo, criticado por sus predecesores, como una prueba concluyente de que sus habitantes no tenían noción de la propiedad.[64]

Tendemos a pensar en los efectos de los viajes del descubrimiento, principalmente, en términos políticos y económicos. Pero no fue menor su influencia en las teorías sociales de Occidente. Porque el descubrimiento de América y de las islas del Pacífico Sur fortaleció un idealismo utópico que se opuso al idealismo pragmático de la teología cristiana y a las nuevas corrientes del pensamiento asociado con el resurgir de las teorías de la Ley Natural.

El prototipo de este idealismo utópico fue desarrollado por Santo Tomás Moro en su Utopía (Utopia). La influencia que ejerció en Santo Tomás Moro la literatura que trataba sobre los viajes del descubrimiento fue tan fuerte que algunos contemporáneos consideraron su libro, publicado en 1516, como una representación verídica del Nuevo Mundo.[65] Aunque especialistas modernos prefieren hacer hincapié en la influencia que Platón y Erasmo de Rotterdam tuvieron sobre Moro, es cierto que Moro había leído los relatos sobre los descubrimientos y había quedado fascinado por ellos. Sin embargo, en su visión de un paraíso terrenal, ocurrió una metamorfosis curiosa. Un tema común de las narraciones de los viajeros era que los “buenos salvajes” llevaban una vida sin restricciones y que desconocían la existencia de gobiernos o leyes. En la Utopía de Moro, así como virtualmente en todas las comunidades imaginarias que se escribieron después, el tema dominante es la disciplina férrea.[O] Al igual que los teólogos medievales, los escritores utópicos consideraban al hombre como corrupto, pero a diferencia de ellos creían que era posible hacerlo perfecto al someterlo, por la fuerza si era necesario, al orden de la razón. Y por una vida centrada en la razón generalmente querían decir una vida de una igualdad ejemplar: porque, para los escritores utópicos, la igualdad desplazaba a la libertad como el bien supremo.[66] Dado que en su estado actual el hombre se deja consumir por las pasiones, se deja llevar por el egoísmo y no por la razón, necesita, por su propio bien, que se lo coloque bajo un régimen de hierro. Esta noción, común entre los escritores utópicos —que el hombre es corrupto pero básicamente bueno y susceptible de alcanzar la virtud a partir de las influencias combinadas de las leyes y la educación—, se convierte en una doctrina muy reaccionaria. Los utópicos crean comunidades imaginarias para controlar las pasiones y las ambiciones humanas, proyectando un estilo de vida que es diametralmente opuesto al de los también (imaginarios) alegres nativos de América y de Tahití y que más bien recuerda al estilo de la sombría Esparta.

La isla imaginaria de Moro es un lugar lóbrego en el que todas las ciudades están construidas con el mismo plan y todos sus habitantes están vestidos con la misma ropa. Las residencias están abiertas para todos y se intercambian, por sorteo, cada diez años. No hay lugar para la privacidad. Los naturales consumen el alimento servido por los esclavos en edificios comunales. Nadie puede viajar sin autorización; la violación de esta regla dos veces conduce a la esclavitud. Las mujeres no se deben casar antes de los dieciocho años; los hombres antes de los veintidós. El sexo antes del matrimonio es castigado severamente y el adulterio se pena con la servidumbre. Los ciudadanos no deben inmiscuirse en los asuntos del gobierno: se les puede aplicar la pena de muerte si, en privado, “solicitan consejos sobre asuntos de interés común”. Pueden disponer de su tiempo libre después del trabajo según deseen, siempre que no sea en “orgías o en ocio”. Y, por supuesto, no saben nada de la propiedad privada —el dinero no circula y se usa sólo en el comercio con los extranjeros— porque Moro creía que la abolición del dinero provocaría que desaparecieran todos los males que afectaban a la humanidad:

En Utopía toda la avaricia por el dinero se eliminaba totalmente con la eliminación del uso del dinero. ¡Cuántos problemas se eliminaban así! ¡Cuántos crímenes eran arrancados de raíz! ¿Quién no sabe que el fraude, el robo, la rapiña, las peleas, los desórdenes, las riñas, las sediciones, los asesinatos, las traiciones, los envenenamientos —que, en vez de reprimirse por las ejecuciones diarias, son después vengados— se desvanecen con la destrucción del dinero? ¿Quién no sabe que el miedo, la ansiedad, las preocupaciones, las fatigas y los noches sin dormir desaparecerán junto con el dinero? Lo que es más, la pobreza, que existe por el dinero, se desvanecería y desaparecería si el dinero fuera totalmente eliminado en todas partes.[67]

El oro y la plata se utilizarían para hacer orinales y los grilletes para encadenar a los esclavos.[P] El resultado es la paz mental y la oportunidad para dedicarse a los estudios intelectuales.

R. W. Chambers ha observado acertadamente que “pocos libros se han entendido tan mal como Utopía

En el idioma inglés la palabra “utópico” significa algo visionario e impracticable. Sin embargo, lo que llama la atención sobre Utopía es la amplitud con la que bosqueja las reformas políticas y sociales que o han sido llevadas a efecto o se han llegado a considerar como políticas muy adecuadas. Utopía se describe como un Estado severamente recto y puritano, en el que muy pocos nos sentiríamos verdaderamente felices; no obstante, continuamos utilizando la palabra “utopía” para designar un paraíso agradable, cuyo único fallo es que resulta un lugar demasiado feliz e ideal para poderse alcanzar.[Q]

Algo muy parecido puede decirse de otra de las primeras utopías, La ciudad del sol de Tommaso Campanella, escrita en 1602 (pero publicada treinta y cinco años después).[68] Campanella, un fraile dominico y un fanático religioso, a quien la Inquisición mantuvo veintisiete años en prisión por herejía, vislumbraba una sociedad en la cual todo se poseería en común, incluidos los productos del intelecto. La Ciudad del Sol está rodeada por una muralla y es gobernada por un sacerdote llamado Hoh (metafíisico), junto con tres príncipes, uno de los cuales es “Amor”. “Amor” regula las relaciones sexuales, y une a los hombres y a las mujeres para producir una descendencia lo más saludable posible. La ciudad también gobierna la educación de los niños. Se elimina a la familia porque Campanella la ve como la razón por la que la gente codicia bienes. Por supuesto, la misma consideración tiene la propiedad privada: “Todas las cosas son comunes entre ellos”, incluso las artes, los honores y los placeres. Esto elimina el amor propio y sólo queda el amor al Estado. La sedición se castiga con la muerte. Los naturales de la Ciudad del Sol viven en comunidad. A diferencia de la Utopía de Moro, allí ni siquiera hay esclavos, porque todo trabajo ennoblece. Las personas desconocen la gula y la borrachera, así como muchas dolencias, tales como la gota y el catarro. La fantasía comunitaria de Campanella, junto con la de Moro, influyeron en Lenin.[69]

Estas primeras utopías tenían en común el hecho de que fueron escritas por hombres de la Iglesia, cuyo ideal era el monasterio. Pero si los establecimientos monásticos estaban ocupados por individuos que habían renunciado voluntariamente a la vida secular, las comunidades utópicas se habían concebido para que el Estado se las impusiera a todos sus habitantes. El mundo ideal de hombres libres naturales es, de esta forma, transformado en un proyecto controlado en el que no hay cabida para el individualismo y las violaciones a las rígidas reglas son penadas con castigos draconianos. Desaparecen la propiedad individual y la familia. Para promover la virtud, todas las utopías eliminan la capacidad de elección. Como demostraremos más adelante, al citar a Frederick Hayeck, esto puede suceder porque los individuos pueden ponerse de acuerdo con relación a muy pocos asuntos y cualquier intento de hacerlos coincidir un poco más de ese mínimo puede lograrse sólo mediante la coerción.

La mentalidad utópica, lúgubre y rigurosa, iba contra el espíritu vigoroso del individualismo y del empresariado que surgía en ese tiempo en Europa occidental.

4. LOS COMIENZOS DE LA EDAD MODERNA

En algún momento durante el período de la historia europea, a la que se llamó, vagamente, “modernidad temprana”, se produjo un gran cambio en la actitud hacia la propiedad. Fue la consecuencia de una notable expansión del comercio que comenzó a finales de la Edad Media y que se aceleró después del descubrimiento del Nuevo Mundo. Antes de ese momento, la “propiedad” significaba, esencialmente, la tierra; y como la tierra estaba fuertemente ligada a los poderes de la soberanía, las discusiones sobre la propiedad cuestionaban la autoridad real (o papal). Con la expansión del comercio, sin embargo, en algunas partes de Europa, la propiedad comenzó a tener el significado de capital; y el capital era independiente de asociarse con la política, se trataba como un activo personal y, como tal, se poseía sin requisitos. Siguió un cambio de actitud: si en las discusiones teóricas del milenio precedente la propiedad había sido tratada como un mal inevitable, ahora podía considerarse como un bien positivo. Esta actitud prevaleció hasta la segunda mitad del siglo XVIII, cuando los sentimientos de igualdad condujeron a un ataque renovado hacia la institución de la propiedad, esta vez con una agresividad sin precedentes.

Otros dos factores contribuyeron a la nueva importancia que se le confirió a la propiedad.

Uno fue el auge del individualismo. Cada vez más, la comunidad comenzó a verse como una abstracción hecha de individuos y el bienestar común como la suma total de la prosperidad individual. La prosperidad individual, a su vez, comenzó a verse como una recompensa de la vida racional. El humanista florentino Leonardo Bruni (aprox. 1370-1444) elogió las riquezas como indispensables para una vida pública activa, que por sí misma merecía ser llamada “virtuosa”. “En general —escribió—, necesitamos muchos bienes materiales para poder alcanzar nuestras metas, y cuanto más grandes y más excelentes sean nuestros actos virtuosos, más dependeremos de esos medios.”[70] León Battista Alberti (1404-1472), un humanista italiano del Renacimiento aún más conocido, predicó una moralidad “burguesa” muy parecida a la que propondría Benjamín Franklin trescientos años después:

Sé virtuoso y serás feliz: esa es la idea principal de las vidas [de los dos hombres]. La virtud es eficiencia económica: vivir virtuosamente significa unir el cuerpo y el alma. Esta es la razón para la sobriedad: la virtud más apreciada por Alberti es “sobrieta", para Franklin es la “frugalidad”. El objetivo del sabio es, entonces, la total racionalización y economización de la conducta humana.[71]

La literatura de los siglos XVI y XVII proporciona muchos ejemplos de una aprobación incondicional de la búsqueda del interés privado que sería difícil de encontrar en las épocas anteriores. Las hemos encontrado en Calvino. También en Spinoza, que escribió en su Etica:

Cuanto más se esfuerza una persona y es capaz de buscar lo que es útil para ella, lo que quiere decir, que es capaz de preservar su propio ser, más virtuosa resulta; al contrario, dado el caso que desatienda lo que le es útil […] más poder pierde.[72]

Y, finalmente, se debe mencionar el resurgimiento de la idea estoica de la Ley Natural. El concepto no se abandonó totalmente en la Edad Media, pero en aquella época se identificó con la voluntad de Dios, tal y como fue revelado en las Sagradas Escrituras.[73] Al buscar una justificación más racional de la autoridad terrenal que la que proporcionaban las Escrituras, los teóricos del Renacimiento se remitieron a los textos literarios y legales romanos.[74] Revivieron la idea, llena de potencial revolucionario, de que la Ley Natural antecedía las leyes positivas y de que todos los humanos poseían derechos innatos que no podían ser violados por los gobiernos porque los Estados se habían establecido con el propósito expreso de protegerlos.

Aunque el auge de la actividad económica comenzó en Italia, las ciudades-Estado italianas no produjeron una doctrina económica que justificara el capitalismo. No obstante, en el notable tratado de Alberti sobre la familia, encontramos las pruebas del cambio de actitud que provocó. Orgulloso de haber nacido en el seno de una familia próspera, este arquetipo del hombre del Renacimiento no sentía escrúpulos cuando elogiaba la riqueza. Su tratado, escrito en forma de diálogo, equiparaba la prosperidad material (adquirida honradamente) con la virtud. Un interlocutor al que llamó Giannozzo (Werner Sombart vio en él a uno de los primeros representantes del “espíritu del capitalismo”) elogia los beneficios de la industria y del comercio que dan ganancias de la misma forma que alaba una buena casa en la ciudad y una villa en el campo.[75] La riqueza administrada apropiadamente —esto es, administrada con prudencia, no con avaricia o con despilfarro— es esencial para la felicidad de la familia, al proporcionarle renombre y permitir que la persona pueda ayudar a su país. En realidad, es una precondición para la libertad personal y para la dignidad:

Es, quizás, una especie de esclavitud tener que suplicar y depender de otros hombres para lograr la satisfacción de nuestras necesidades. Por ello, no despreciamos la riqueza sino que aprendemos a gobernarnos a nosotros mismos y a dominar nuestros deseos mientras vivimos libres y felices en medio de la abundancia y la opulencia.[76]

Aunque discutida, esta visión positiva de la propiedad y la riqueza llegó a dominar el pensamiento occidental en los siglos XVII y XVIII.

Un antecedente temprano a la teoría de la Ley Natural para justificar la propiedad puede encontrarse en el libro de Jean Bodino, Seis libros sobre la República (1576), considerado el primer tratado político sistemático de los tiempos modernos.[77] El propósito de Bodino era justificar las prerrogativas reales, lo que hizo al formular una novedosa definición de la soberanía como una autoridad “no limitada ni por el poder, cargos o tiempo”.[78] Cuando se refería a que no era limitada por el “poder”, Bodino quería decir que no se restringía a la voluntad humana o a las leyes hechas por el hombre (la “ley convencional” de Aristóteles). La soberanía, sin embargo, está sujeta siempre y en todas partes a la Ley Divina y Natural, que requiere que se cumplan los acuerdos y se respete la propiedad de sus súbditos sobre la base (previamente establecida por Tomás de Aquino) de que “todo hombre tendrá lo que merece”. El gobierno debe su origen al hecho de que la gente, en un estado natural, y al sentir la necesidad de que se protejan sus pertenencias, entraba en un pacto político. EJ fundamento del Estado está en la familia dueña de una propiedad. La autoridad del soberano se detiene en el umbral de la casa: imperium o potestas no deben confundirse con dominium o proprietas. Bodino cita a Séneca a los efectos de que “a los reyes pertenece el poder sobre todos, pero la propiedad pertenece a los individuos.[79] El Estado ideal para Platón, que no distingue entre “mío” y “suyo”, es considerado por él como una contradicción en términos ya que “nada puede ser público donde nada es privado”, al igual que no puede existir un rey donde todos son reyes.[80] De lo que se desprende que el soberano, a pesar de ser todopoderoso, no puede apropiarse de las pertenencias de sus súbditos. No puede ni confiscar los bienes de sus súbditos ni tampoco puede imponerles impuestos sin su consentimiento (el impuesto arbitrario era equivalente a la confiscación), porque la ley divina establece que “nadie puede apropiarse de lo que pertenece a otro”.[81] Ni tampoco puede adueñarse de ninguna parte del dominio real, ya que se le ha dado sólo para su uso, no como propiedad.[82]

El tratado de Bodino formuló el principio fundamental de la teoría y de la práctica política occidental (incipiente ya en las discusiones, a finales del medioevo, sobre las reclamaciones de los monarcas sobre los bienes de la Iglesia) de que el gobierno no tenía derechos sobre las propiedades privadas.

El siguiente teórico con influencia que insiste en la santidad de la propiedad con argumentos extraídos del Derecho Natural fue el jurista holandés Hugo Grocio. El tratado precursor de Grocio, Sobre la ley de la guerra y de la paz (1625), que ha sido reconocido como el tratado que sentó las bases del Derecho Internacional, se refiere principalmente a las relaciones entre Estados soberanos, pero en su desarrollo también trata los derechos civiles.[83] Grocio también dedica al tema de la propiedad gran parte de otro libro dedicado al Derecho holandés.[84] Su premisa fundamental sostiene que los hombres tienen la obligación de “preservar la paz social” y que “la condición principal para una comunidad pacífica es el respeto por los derechos de cada uno”,[85] siendo los más importantes los derechos de propiedad.

Grocio aborda el tema de la propiedad en los capítulos iniciales del libro 2 de Sobre la ley de la guerra y de la paz, en los que trata de descubrir las causas legales de las guerras. Entre ellas relaciona, como la primera y más importante, la defensa y la recuperación de las propiedades personales: “porque es legal la preservación de nuestros bienes, si fuera necesario se podría matar a quien tratara de apoderarse de ellos”.[86] Esta afirmación lo conduce a la discusión sobre los orígenes y las bases legales de la propiedad. Originalmente, afirma, todas las cosas se poseían en común, como era todavía el caso de los indios americanos. Pero la generosidad de la naturaleza no es inagotable:

Dios Todopoderoso creó todas las cosas visibles y sensibles por el bien de la humanidad en general. Pero de las cosas creadas algunas son de tal naturaleza que alcanzan para todos los hombres, como el sol, la luna, las estrellas y el cielo y, hasta cierto punto, también lo son el aire y el mar; otras no son suficientes, principalmente las cosas que no pueden ser disfrutadas igualmente por todos. De éstas existen algunas que se consumen por su uso, inmediatamente o en un período de tiempo, como la comida y la bebida: la propia naturaleza de estas cosas no permite que se continúen disfrutando en común, porque tan pronto como alguien consume para su propio provecho cualquier parte de la provisión común, ya ésta se convertirá en sustento de esa persona y de nadie más; y aquí ya vemos algo parecido a la propiedad, que nace de una acto en concordancia con la Ley Natural.[87]

El incremento de la población y la influencia de la ambición y de la avaricia indujeron a las personas a reclamar la propiedad de sus rebaños, pastos y tierras cultivables, a partir del “Derecho de Primera Ocupación”. Esto ocurrió antes de que existieran los Estados.

Al igual que Bodino, Grocio está de acuerdo con Séneca en que la soberanía y la propiedad son diferentes. Y al igual que él, aun cuando define la autoridad soberana como algo no sujeto a controles externos, la ve subordinada a la Ley Natural: esa ley es “tan inalterable que el propio Dios no la puede cambiar”.[88]

Así, durante el siglo XVII, se aceptó ampliamente en la Europa occidental que existe una Ley Natural que es racional, que no cambia, que es inmutable y que trasciende las leyes (positivas) humanas; que una faceta de la Ley Natural es la inviolabilidad de la propiedad privada; y que los soberanos están obligados a respetar las pertenencias de sus súbditos, aun cuando les nieguen el derecho de participar en los asuntos del Estado. Ciertamente, el reconocimiento del derecho de los súbditos al libre disfrute de sus propiedades justifica que se les nieguen los derechos políticos, sobre la base de que la reciprocidad exigía que los súbditos le dejaran al soberano el poder absoluto para gobernar. Que sería lo que Carlos I tenía en mente cuando, en el patíbulo, dijo con respecto al pueblo que:

Su libertad y sus libertades consisten en tener como forma de gobierno aquellas leyes por las cuales su vida y sus propiedades sean fundamentalmente de ellos mismos. No consiste en que participen en la dirección política. Señores, eso es algo que no les compete.[89][R]

5. EL SIGLO XVII EN INGLATERRA:
LA PROPIEDAD SANTIFICADA

En el siglo XVII, todo el complejo de ideas asociadas con la Ley Natural encontraría aplicación práctica en la revolución cromweliana y en la Revolución Gloriosa en Inglaterra. Aunque este tema corresponde al capítulo 3, es necesario aclarar algunos aspectos de la política del siglo XVII inglés porque proporcionan el antecedente de las nuevas ideas sobre la propiedad, y su relación con el poder político, formuladas por los teóricos ingleses de aquella época.

En la primera mitad del siglo XVII, Inglaterra atravesó por una serie de conflictos entre la Corona y el Parlamento en relación con sus respectivos poderes y, específicamente, en relación con el derecho del rey a imponer tributos sin contar con el consentimiento parlamentario, esto es, el conflicto que culminó en 1649 con la ejecución de Carlos I. Bajo la República (commonwealth) que siguió a la monarquía, las propiedades del rey, que siempre le habían proporcionado beneficios a la Corona, fueron confiscadas. El resultado fue una situación original: el país no tenía rey y toda la riqueza territorial de la corona pasó a manos del Estado, que vendió gran parte de ella a particulares. Esta circunstancia singular inspiró nuevas ideas políticas y logró que se examinara por primera vez la relación entre propiedad y libertad.

Durante esta época turbulenta, el término “propiedad” sufrió una metamorfosis, revolucionaria en sus implicaciones, al ampliarse y referirse no sólo a los objetos materiales sino a todo lo que el individuo tuviera el derecho natural de reclamar como suyo. Esta noción se había prefigurado en el pensamiento medieval, el cual definía que el concepto de suum incluía todo lo que perteneciera al hombre en virtud de su derecho inherente o “natural”, y eso abarcaba también, junto a sus bienes terrenales, su vida y su libertad.[90] La fórmula latina suum cuique tribuere, traducida al latín de un texto de Platón y popularizada por Cicerón, era citada por Santo Tomás de Aquino para definir la justicia (“la voluntad perpetua y constante de dar a cada uno lo que es suyo”).[91] Tomás Hobbes, a mediados del siglo XVII, tradujo la frase “dar a cada uno lo suyo” o suum con el término “propiedad”.[92]

Había indicios de este concepto en los escritos de Grocio. Él dividió “cosas que pertenecen a los individuos” entre “alienables” e “inalienables”. La primera forma se aplica a “cosas que, por su naturaleza, pueden pertenecer a una u otra persona”. “Las cosas inalienables son las que pertenecen tan esencialmente a un hombre que resulta imposible que pertenezcan a otro, como es la vida, el cuerpo, la libertad, el honor”, atributos de la personalidad, santificados por la Ley Natural. La distinción le permitió a Grocio negar a las personas el derecho a renunciar a su libertad al ponerse en una situación de servidumbre.[93] Estos pasajes, que Grocio escribió entre 1618 y 1621, mientras estaba preso por disidencia política, pueden considerarse los primeros esbozos, en la historia intelectual, de la teoría que explica que la libertad es una propiedad “inalienable”, con lo cual se sentaron las bases para el concepto de derechos inalienables.

En el siglo XVII inglés estas ideas adquirieron una relevancia política directa. Desde la irrupción del conflicto entre la Corona y los Comunes, existieron referencias al “patrimonio” (birthright) de los ingleses. Este término apareció por primera vez en el siglo XVI, pero en aquella época se refería al patrimonio de una persona, es decir, aquél que uno podía reclamar por haber nacido en una familia que tenía derechos específicos, tales como el derecho a heredar la corona. Ahora adquiría un sentido más amplio e incluía prerrogativas que cualquier ser humano, no importaba cuán humilde fuera, disfrutaba por el simple hecho de ser humano. Ya en 1621, la Cámara de los Comunes afirmó que los privilegios del Parlamento eran “la herencia y el patrimonio (birthright), antiguos e indudables, de los súbditos de Inglaterra”.[94] En 1640, durante los debates sobre la decisión del rey de imponer “pagos de embarque”, considerado por muchos como un impuesto ilegal, un miembro del Parlamento aseveró que los súbditos del rey “tienen derecho de patrimonio (birthright) en las leyes del reino”.[95] Seis años después, un igualitarista radical insistió en que “por nacimiento todos los hombres son iguales y tienen derechos iguales a la propiedad y a la libertad”.[96] Se considera que la noción de “derechos inalienables”, popularizada por los radicales ingleses en el siglo XVII, abarca “todo lo que es posible desear”, e incluye la religión que uno profesa, e incluso los derechos de propiedad sobre la esposa.[97] Junto con la noción de suum, estableció las bases del concepto moderno de derechos humanos, un concepto totalmente desconocido fuera de los límites de la civilización occidental.

Las prerrogativas de la Corona fueron defendidas por varios teóricos, de los cuales Tomás Hobbes es el más conocido. Los principales escritos de Hobbes aparecieron entre 1640 y 1651, esto es, durante e inmediatamente después del reinado de Carlos I. En sus propias palabras, Hobbes comenzó sus estudios sobre la “justicia natural” preguntándose sobre qué bases alguien podía pretender que una cosa concreta era suya. Decidió que la propiedad no se deriva de la naturaleza sino del consentimiento, dado que en el estado de la naturaleza, la cual él y muchos en su tiempo entendían como una condición en la que los bienes no pertenecen a nadie, la competencia por ellos producía una “guerra de todos contra todos”.[98] Llevados por el instinto de autoconservación, deseosos de evitar las rivalidades interminables, los hombres habían consentido en hacer dejación de su derecho natural a gobernarse a sí mismos y lo habían transferido al Estado. Por lo que el Estado precede a la sociedad y no se beneficia de ella (como lo plantearían Bodino y Grocio): antes de que surgiera, sólo existían individuos en guerra unos contra otros. Hobbes despreciaba la idea de que la libertad fuera un “patrimonio privado” o un “derecho de nacimiento”: desde su punto de vista, la libertad era conferida por la autoridad soberana.[99] La propiedad privada es la creación del Estado que protege a los dueños de los abusos de sus conciudadanos. La autoridad del soberano es absoluta —su única alternativa es la anarquía, la reversión a la condición original del hombre en conflicto perpetuo—. Dado que es el rey quien ha hecho posible la propiedad, tiene un derecho legítimo sobre ella: puede establecer impuestos y confiscar sin el consentimiento de sus súbditos.

Los pronunciamientos doctrinales de Hobbes desconocían los desarrollos en las relaciones de propiedad que se habían producido en Inglaterra desde la ascensión de los Tudor. Una descripción mucho más realista de las prerrogativas de la corona frente a sus súbditos y sus propiedades fue proporcionada por el contemporáneo de Hobbes, James Harrington, en su Oceana (1656).[S] Oceana, un trabajo precursor en la sociología política, pretendió explicar las razones de la caída de la monarquía inglesa, no en términos metafísicos o moralistas, sino en términos realistas. En su metodología, Harrington se parecía a Maquiavelo en el sentido de que insistía en describir las cosas, no como debían ser sino como eran realmente. Harrington entendía los acontecimientos políticos como si estuvieran determinados no por la distribución del poder sino por la distribución de la propiedad, refiriéndose a la tierra. Su hipótesis básica sostenía que “todo Gobierno es interés, y del interés principal surge la base o fundamentación del gobierno”.[100] Fue el primer autor de teoría política en ver el poder político como un producto derivado de la economía o, más específicamente, de la distribución de la propiedad entre el Estado y la población. Hablaba de un “equilibrio” de los derechos de propiedad entre la corona y los súbditos, una noción que tuvo gran arraigo en la era de la ciencia mecanicista. Su tesis era tan simple como innovadora: aquél que controla la riqueza del país controla su política, en gran medida porque el poder político descansa en el poderío militar y a las fuerzas armadas hay que pagarles. Desde el punto de vista de la estabilidad social y política (algo que consideraba de gran importancia después de los levantamientos de 1640) el peor acuerdo es aquél bajo el cual la Corona y los lores poseen una mitad de los bienes de la nación y los Comunes la otra mitad, porque una distribución así conduce a una inquietud permanente e incluso a la guerra civil, ya que los primeros aspiran a una autoridad ilimitada y los últimos pretenden la libertad.[101] La estabilidad se obtiene cuando uno de los tres grupos sociales adquiere un “interés predominante”. La monarquía absoluta existe cuando la Corona es dueña de toda la riqueza de la tierra o, al menos, de las dos terceras partes; la aristocracia, cuando los lores poseen una parte similar. Cuando el pueblo posee dos tercios o más, se alcanza la democracia.[102] El centro de la soberanía debe, más tarde o más temprano, ser coherente con la distribución de la riqueza.[T] Harrington vio la causa última de la caída de la monarquía en 1649 en las políticas con relación a la tierra de los primeros Tudor, que beneficiaban a los yeomen, pequeños propietarios agrícolas procedentes de los ejércitos feudales, a expensas de la Corona y de la nobleza. Enrique VII dividió las grandes propiedades entre los pequeños propietarios, una práctica que Enrique VIII continuó al entregarles la tierra confiscada al clero. Según Harrington, en el reinado de Isabel, la balanza de la propiedad en Inglaterra cambió, decisivamente, de manos de la Corona y de la nobleza a la de los comunes, o sea, a la clase media agrícola y a los propietarios agrícolas.[103] Estos nuevos propietarios podían formar un ejército más numeroso que la Corona y, por lo tanto, vencieron en la guerra civil. También exigieron y, finalmente, lograron tener voz en el sistema de gobierno. Estudiosos actuales concuerdan con la opinión de Harrington de que, en su tiempo, la mayoría de los ingleses eran, en alguna medida, propietarios.[104]

El sucesor de Harrington fue Henry Neville, cuyo libro Plato Redivivus apareció en 1681.[105] Pero ya en 1658, dos años después de la publicación de Oceana, de Harrington, al dirigirse a la Cámara de los Comunes, Neville llamó la atención sobre el dramático cambio en las relaciones de propiedad que había tenido lugar en Inglaterra:

Los Comunes, hasta Enrique VII, nunca se pronunciaron de forma negativa. Todo dependía de los lores. En aquella época hubiera sido difícil haber encontrado en esta casa a tantos dueños de propiedades. La clase media agrícola no depende ahora de la nobleza. El peso de la balanza está en los propietarios agrícolas. Ellos poseen todas las tierras.[106]

Neville aceptó la premisa de Harrington de que, en todas partes y en todo momento, el “dominio se basa en la propiedad” y el gobierno se determina por la distribución de la propiedad entre el gobernante y sus súbditos.[107] En contraste con las monarquías asiáticas como la persa, la asiria y la otomana (y él podría haber añadido, si la hubiera conocido, la rusa), en las que el monarca es el “propietario absoluto de todas las tierras”, en Inglaterra el monarca posee muy poco: según Neville, después de la Restauración, el rey poseía sólo una décima parte de la tierra y las otras nueve décimas partes habían pasado a manos de sus súbditos.

La consecuencia es: la parte natural de nuestro gobierno, que es el poder, se encuentra en manos del pueblo a través de la propiedad, mientras que la parte artificial, o el pergamino en el que está descrita la forma de gobierno, permanece como el marco.

Debido a que los príncipes habían “enajenado su propio patrimonio”,

[…] los ingresos que el rey recibe de sus súbditos deben ser pocos; y el rey debe depender del Parlamento para su sustento en tiempos de paz. Y esto solamente es suficiente para hacer que el rey dependa de su pueblo.[108]

El acuerdo aseguraba que el pueblo de Inglaterra “disponía libremente sobre sus vidas, propiedades y sobre sus personas”.[109] Por el contrario, en Francia, el rey, al ser financieramente independiente de sus súbditos, podía actuar despóticamente.

Harrington y, en menor medida, Neville ejercieron una gran influencia tanto en Inglaterra como en los Estados Unidos,[U] aunque no siempre en el sentido en el que ellos hubieran deseado o, incluso, previsto, ya que los políticos en ejercicio invocaban sus teorías para justificar que disponer de propiedades fuera un requisito tanto para ser votante como para ser miembro de una Cámara Legislativa.[110]

Desde el punto de vista de la evolución de la idea de la propiedad, la obra de John Locke Dos tratados sobre el gobierno (Two Treatises of Government), que tanta influencia ejerció, marcó un retroceso ya que se basaba más en el concepto metafísico de la Ley Natural que en la sociología política. Locke se propuso la tarea de refutar el panfleto monárquico de Robert Filmer, De Patriarcha, escrito a principios del siglo pero publicado por primera vez en 1680, en el que se avanzaba un argumento similar al de Hobbes. Two Treatises se publicó de forma anónima en 1690, dos años después del exilio de Jacobo II y del ascenso de Guillermo y María, y por mucho tiempo se creyó, incorrectamente, que se había publicado con la intención de justificar la Revolución Gloriosa: de hecho, los tratados se escribieron antes de que ocurriera.[V]

El libro de Locke se centra en la propiedad como la fuente y raison d’être de todo gobierno. Muchos analistas han sostenido que Locke usa el término de “propiedad” en dos sentidos: unas veces en el sentido estricto de activos materiales (“bienes”), y en otras ocasiones en el sentido amplio de los derechos generales, tal y como se establecen en el Derecho Natural. Sin embargo, un estudio más profundo revela que él usa el concepto, de forma coherente, en su última acepción, es decir, en su sentido más amplio. Como dice en cierta ocasión: “Cuando utilizo la palabra propiedad, aquí y en otros momentos, se debe entender aquella propiedad que los hombres tienen sobre sus personas así como sobre sus bienes”, esto es, “vida, libertades y patrimonio”,[111] la esfera, que en latín le llama suum y en español “propiedad”, en la que cada ser humano es soberano.[W] Al igual que Bodino, Grocio y Harrington y a diferencia de Hobbes y Filmer, Locke consideraba que la propiedad antecedía a la soberanía. El Estado de la naturaleza no era, como pensaba Hobbes, una jungla feroz, sino una circunstancia feliz de libertad e igualdad.

De ser así, ¿por qué la humanidad abandonó su estado de felicidad para formar parte de un convenio político y social? La respuesta de Locke: por el bien de la propiedad (entendida siempre en su sentido amplio).[112] Con el desarrollo del comercio y la invención del dinero llegaron la avaricia y la discordia. Entonces la gente renunció a su libertad e igualdad por el bien de la seguridad de sus personas y posesiones: así surgió el Estado. Y ésta continúa siendo su función primaria: “el poder político… [es] el derecho a hacer leyes para la regulación y preservación de la propiedad”.[113] de lo que, necesariamente, se desprende que “[e]l fin principal y más importante de los hombres, unidos en la comunidad y entregados al gobierno, es la preservación de su propiedad”.[114] Teniendo en cuenta su origen, el Estado se sostiene o fracasa dependiendo de su habilidad para cumplir esta responsabilidad suprema. Locke defendía el derecho del pueblo a rebelarse contra el monarca que no lo pudiera llevar a cabo.

Locke introdujo la noción de que el origen de la propiedad material radica en el trabajo, una noción que exigía mucho a un país en el que la mayoría de sus habitantes eran campesinos independientes, artesanos y comerciantes. Según Locke, la propiedad surge cuando un individuo se dedica a trabajar objetos que no pertenecen a nadie. Y esto es así porque nosotros, sin discusión, somos nuestros propios dueños y, por extensión, somos los dueños de todo lo que producimos:

Aunque la Tierra y todas las criaturas inferiores son comunes a todos los hombres, esto no excluye que todo hombre tenga la propiedad sobre su propia persona. A esto sólo él tiene derecho, nadie más. El trabajo de su cuerpo y el trabajo de sus manos, podemos decir, son de su propiedad. Entonces, cualquier cosa que él transforme y convierta en algo diferente a lo que es en su estado natural, le haya incorporado su trabajo y añadido algo suyo, automáticamente lo convierte en su propiedad. Al haber sido cambiado por él, del estado común en que la Naturaleza lo había colocado, le ha incorporado algo que excluye el derecho común de otros hombres sobre el mismo. Por ser este trabajo la propiedad indiscutible del trabajador, ningún hombre, salvo él, tiene derecho a lo que una vez él le incorporó, al menos cuando hay suficiente, y haya quedado suficiente para compartirlo con otros.[X]

A lo que dijo Descartes, “pienso, luego existo”, Locke podemos imaginar que añade, “existo, luego poseo”: soy mi dueño, por lo tanto, soy el dueño de todo lo que produzco. Más aún: la noción de que nuestra propiedad elemental somos nosotros mismos, es decir, nuestras personas y nuestros cuerpos, implica que la propiedad, necesariamente, lleva consigo la libertad. Porque decir que “somos dueños de nosotros mismos”, es decir que somos nuestra propia “propiedad”, es equivalente a decir que tenemos la libertad de disponer de nosotros mismos, que es el significado de la libertad.

Atractiva y, al parecer, casi obvia, la teoría de la propiedad producto del trabajo es una espada de dos filos, porque también puede utilizarse para atacar a la propiedad. ¿Cómo se puede justificar la riqueza heredada, que no requiere de esfuerzo personal, o el hecho de que los trabajadores del campo y de las fábricas no sean dueños de lo que producen? Como veremos, las implicaciones radicales y contra la propiedad de la teoría de Locke serían utilizadas por los socialistas y anarquistas del siglo XIX para argumentar que bajo el modelo “capitalista” de producción la masa de los trabajadores no recibe los frutos de su trabajo y, por lo tanto, se deben nacionalizar los medios de producción.[115]

El mensaje político de Locke, sin embargo, es claro e inequívoco: el rey no debe violar ninguno de los derechos de propiedad de sus súbditos; si lo hace, está “en guerra” con ellos y corre el riesgo de ser desobedecido.[116]

A pesar de que en la Inglaterra del siglo XVI, y en sus colonias, se aceptaba que el principio de la propiedad privada era sacrosanto, también hubo voces que disentían. Las objeciones más radicales vinieron de los llamados “diggers” (“ocupantes de tierras”). El fundador y líder del movimiento, Gerard Winstanley, muy activo en los años 1648-1652, exhortó al pequeño grupo de sus seguidores a “ocupar las tierras” comunales, que en aquella época eran una porción considerable de la superficie de la tierra en Inglaterra. Comenzaron a hacerlo hasta que los detuvieron y expulsaron, como resultado del esfuerzo continuo del gobierno y de los campesinos. Winstanley, sin embargo, fue más allá de aquellas acciones ilegales y desarrolló una teoría de tipo comunista. Uno de sus principios sostenía que ni la tierra ni sus frutos debían ser mercancías.[117] Especialmente interesante resulta su hostilidad hacia la propiedad intelectual: afirmaba que los sabios académicos que monopolizaban el conocimiento eran tan malvados como los hacendados que monopolizaban la tierra. Su ideal era el de una tiranía rígida en la que todo el mundo trabajaba y donde el que dejaba de trabajar o eludía su trabajo era castigado con el látigo y la guillotina.[118]

La noción de la propiedad como algo sagrado y de su corolario político, que en el siglo XVII conllevaba un mensaje revolucionario, adquirió en el siglo XVIII, al menos en Inglaterra, una connotación conservadora. Muchos creyeron en esa época que, si la política era una función de la propiedad, sólo los dueños de propiedades tenían el derecho legítimo a participar en la política. Al argumentar en contra de la exigencia del sufragio universal por parte de los igualitaristas radicales, Henry Ireton, el yerno de Oliver Cromwell, afirmó en un sorprendente non sequitur:

Deseo que todos consideremos con qué base ustedes defienden que todo el pueblo tenga derecho a participar en las elecciones. ¿Es por el derecho natural? Si ustedes sostienen eso como su punto de partida, entonces pienso que deben negar la propiedad también. Por el mismo derecho natural […] por el cual ustedes pueden decir que un hombre tiene el mismo derecho que otro para escoger quién lo va a gobernar, por ese mismo derecho natural, él tiene un derecho igual sobre los bienes que ve, la comida, la bebida, la ropa, para tomarlos y usarlos para su sustento.[119]

Un propagandista del partido Whig formuló el argumento de forma más razonable:

Se admite que es el hombre quien hace los gobiernos, y que el gobierno debe ser establecido por aquellos hombres que son los dueños del territorio que este gobierno controla. Igualmente debe reconocerse que en Inglaterra los PROPIETARIOS AGRÍCOLAS son los dueños del territorio inglés y que, por lo tanto, tienen un derecho natural para erigir el gobierno que deseen.[120]

Estos argumentos tenían dos corolarios. Primero, establecían que la autoridad política dependía de los propietarios de tierras. Segundo (según el modelo ateniense), se negaba la participación en la política a quienes no poseyeran tierras. En Inglaterra, donde la tierra escaseaba, la aplicación de este principio restringía de forma más bien severa el sufragio. En las colonias de América del Norte, un grupo de Estados, siguiendo el ejemplo inglés, adoptaron el sistema de la propiedad de la tierra como condición indispensable para el sufragio, pero como allí la tierra era abundante tuvo un efecto mucho menos restrictivo.[121]

En los últimos años del siglo XVIII surgió un nuevo enfoque del tema de la propiedad. Los ingleses liberales, que habían recurrido a la teoría de la Ley Natural para enfrentarse a la autoridad real, se asustaron de la forma en que esta teoría había sido utilizada por los philosophes franceses radicales. Como resultado, algunos de ellos ahora preferían justificar la propiedad a partir del argumento utilitario de que, a pesar de sus inconvenientes morales, era preferible a cualquier otra alternativa porque era la forma con la que mejor se alcanzaba la prosperidad general. El pionero de esta formulación fue David Hume, quien describió la propiedad como una simple “convención” que la gente respetaba porque le proporcionaba ventajas. “¿Qué es la propiedad de un hombre?”, preguntaba y respondía:

Cualquier cosa, que él y sólo él, pueda usar legalmente. ¿Pero cuáles son las reglas que nos permiten distinguir cuáles son estos objetos? Aquí tenemos que recurrir a las leyes, costumbres, precedentes, analogías y cientos de otras circunstancias; algunas de las cuales son constantes e inflexibles, otras variables y arbitrarias. Pero, en definitiva, todas ellas profesan que pretenden alcanzar un mismo punto, el interés y la felicidad de la sociedad humana.[122]

Adam Smith, el economista más influyente de la época, estudió en qué consistía este “interés y felicidad”. Para Smith, la propiedad privada era útil porque aumentaba la productividad. A partir de este planteamiento demostró que el trabajo esclavo resultaba extremadamente caro debido a que “una persona que no puede adquirir ninguna propiedad no puede tener otro interés que no sea comer mucho y trabajar lo menos posible”.[123] Como veremos, dos siglos después, debido a las dificultades insolubles de justificar la propiedad a partir de bases morales, el argumento utilitario desplazaría, con mucho, a las teorías rivales.

6. EL SIGLO XVIII EN FRANCIA:
EL ATAQUE A LA PROPIEDAD COMIENZA EN SERIO

Si la exaltación de la propiedad privada alcanzó su apogeo en Inglaterra, donde tuvo el apoyo de un gran grupo de propietarios, fue durante el Antiguo Régimen en Francia cuando sufrió un ataque frontal.[Y] Los que encabezaban este movimiento eran intelectuales que, inspirados por los clásicos y por las descripciones que hacían los viajeros contemporáneos de lugares lejanos, pretendían trazar los planos de un paraíso terrenal. El empeño dio lugar a toda una literatura del exotisme, que idealizaba la vida de los no europeos.[124] Su rasgo más notable fue la supuesta ausencia, entre los desenfadados salvajes, de “lo mío” y “lo tuyo”.[125] Lo que se desprendía era que la humanidad contemporánea, degradada por la institución de la propiedad, podía alcanzar la felicidad tan pronto como se liberara de su influencia corruptora.

Si bien en Inglaterra el impulso para las deliberaciones sobre el origen y naturaleza de la propiedad emanaba de consideraciones estrictamente pragmáticas (el deseo de controlar el poder arbitrario de la Corona, especialmente en asuntos de impuestos), en Francia se inspiraba en una reacción filosófica contra el mundo, tal y como estaba constituido. Los philosophes franceses entendían el mundo real como una perversión del mundo verdadero o ideal, del mundo como debía y podía ser. Cuando James Boswell visitó a Rousseau, quien influyó en la opinión pública contra la propiedad privada más que ningún otro francés de su tiempo, su anfitrión le dijo: “Señor, no me gusta el mundo. Vivo aquí en un mundo de fantasías, y no puedo tolerar el mundo tal y como es. La humanidad me repugna”.[126] Malhumorado pero honrado: las utopías siempre han servido como un desahogo para las emociones misántropas.

Aunque puede resultar tentador buscar causas sociales y económicas en cada idea política y social, resulta difícil encontrar en la Francia del siglo XVIII algo que justifique el odio de sus intelectuales contra la propiedad. Hasta el punto de que aunque la mayoría de la población no estaba satisfecha con las condiciones económicas y sociales no era porque desaprobara la propiedad, sino porque quería más. El socialismo filosófico era un movimiento puramente intelectual dirigido por “aquellos hombres que”, en palabras de Trollope, “si hasta ahora habían logrado poco, habían logrado, al menos, la duda sobre mucho”. Según ellos, la concepción materialista del hombre jugaba una parte importante. La teoría del conocimiento de Locke, expuesta en The Essay on Human Understanding (1690), que afirmaba que los seres humanos no tienen ideas “innatas”, sino que forman sus ideas exclusivamente a partir de las percepciones sensoriales, era en Inglaterra una doctrina epistemológica compleja, exenta de significado político. En Francia, sin embargo, se aplicó a la política, proporcionando la base teórica para la convicción de que si se le daba una forma adecuada al entorno social del ser humano (la fuente exclusiva para todas las ideas) era posible entonces moldear el comportamiento humano que permitiera crear una sociedad ideal. Y la sociedad ideal, imaginada por Platón, se caracterizaba por la igualdad.

La irrupción del siglo XVIII marcó entonces un cambio radical en los conceptos tradicionales de la naturaleza humana. Desde el triunfo del cristianismo, mil trescientos años antes, se pensaba que el hombre había perdido, en la Caída, su capacidad para la perfección y se había convertido en un ser corrupto que requería de una disciplina que evitara que se descarriara por el camino de la depravación. La visión cristiana era conservadora porque consideraba que la naturaleza humana era inmutable. Pero ahora surgía otro punto de vista que con el tiempo llegó a dominar el pensamiento occidental y significó el rechazo abierto a la doctrina del pecado original. Sostenía que no existía la naturaleza humana como tal: sólo existía la conducta humana y ésta se formaba a partir del entorno social e intelectual. La tarea del filósofo era diseñar un sistema social que hiciera virtualmente imposible la depravación de los seres humanos. Una vez que se aceptó este criterio (y un siglo más tarde se convirtió en un concepto convencional entre socialistas y liberales) no hubo límite teórico a la manipulación del ambiente social e intelectual en la búsqueda de la perfectibilidad humana.

Comenzando con Helvecio, los philosophes mantenían que el factor decisivo para conformar las actitudes y conductas humanas era la “educación”, refiriéndose no sólo a la educación formal de la escuela sino también a las leyes y el entorno social del hombre. Veían la propiedad privada como el principal obstáculo para una vida virtuosa, porque corrompía la personalidad y producía desigualdades sociales intolerables.

Un ejemplo representativo de la literatura escrita contra la propiedad en el siglo XVIII francés es Code de la Nature, publicado en 1755 de forma anónima por un autor que utilizó el seudónimo de Morelly y cuya identidad continúa siendo un misterio en nuestros días. Morelly rechazaba el argumento de que la gente tenía que ser aceptada como era porque pensaba que había sido pervertida por su pasado: su verdadera naturaleza había sido depravada por las instituciones sociales, especialmente por la propiedad privada. Los seres humanos “naturales” se encontrarían entre los indios americanos, que cazaban y pescaban en común y desconocían lo que significaban las pertenencias personales. El hombre moderno estaba totalmente pervertido por su apetencia por las cosas:

El único vicio que conozco en el universo es la avaricia; todos los otros, independientemente del nombre que se les dé, son simples formas o grados de la avaricia: es el proteo, el mercurio, la base, el vehículo de todos los otros vicios. Analícense la vanidad, la arrogancia, el orgullo, la ambición, el engaño, la hipocresía, la infamia; destrúyase la mayoría de nuestras virtudes sofisticadas, todo se disolverá en este elemento sutil y pernicioso: el deseo de poseer.[127]

Morelly esbozó una especie de Constitución para instruir a la humanidad a vivir de acuerdo con la “naturaleza”. En su artículo inicial dice: “Nada en la sociedad pertenece únicamente o como propiedad a nadie”.[128] Con la abolición de la propiedad, Morelly pensaba que podía crear “una situación en la que es virtualmente imposible que el hombre llegue a la depravación o a la maldad”.[129] La sociedad del futuro de Morelly, al igual que en otras visiones utópicas, hacía hincapié en una vida ordenada y lóbrega.

La obra que más estimuló los sentimientos contra la propiedad en Francia no fue, sin embargo, el ampuloso tratado de Morelly sino el Discurso sobre el origen de la desigualdad (Discours sur l’Inégalité] (1755) de Jean-Jacques Rousseau, que fue tema de debate de la Academia de Dijon por considerarse la mejor respuesta a la pregunta “¿cuál es la causa de la desigualdad entre los hombres?; ¿es sancionada por la Ley Natural?”. El trabajo de Rousseau, que fue rechazado por la academia porque era demasiado largo, comenzaba con un pasaje que se ha hecho famoso porque se cita con frecuencia, aunque no es, de ninguna manera, original, pues repetía los sentimientos de los escritores de la Antigüedad clásica:

La primera persona a la que, al cercar una parcela de terreno, se le ocurrió decir esto es mío, y encontró personas lo suficientemente sencillas como para creerlo, fue el verdadero fundador de la sociedad civil. ¡Cuántas guerras, cuántos crímenes, cuánta miseria y cuánto horror se le hubieran podido evitar a la raza humana si alguien hubiera quitado las estacas, hubiera rellenado las zanjas y le hubiera gritado a sus compatriotas: “No escuchen a este impostor. Están perdidos si olvidan que los frutos de esta tierra pertenecen a todos y la tierra no le pertenece a nadie”![Z]

La explosión retórica, que no se basaba en la evidencia histórica, expresaba la metodología característica de Rousseau, que sostenía que cuanto más sabemos, menos entendemos. Para estudiar al hombre en su condición original, argumentaba Rousseau, debemos abandonar todos los hechos y acudir a un razonamiento “hipotético” o “condicional”.[130] En su Discurso Rousseau proporcionó un vago recuento de cómo, más allá de la igualdad original, se desarrolló la propiedad privada, y cómo la propiedad privada condujo a los celos, la envidia, la esclavitud y las guerras. Describió como malignas las desigualdades que existían en relación con la riqueza pero, sorprendentemente, no propuso que se aboliera la propiedad. Lo que se deducía de su argumento era que el daño no provenía de la propiedad como tal sino de su desigual distribución: estaba totalmente a favor de la propiedad adquirida a través del trabajo honrado.

Rousseau fue un escritor notoriamente incoherente, en El Discurso sobre política económica (Economie Politique), publicado el mismo año, se refirió al derecho a la propiedad como “el derecho más sagrado de todos los ciudadanos y, en ciertos aspectos, más importante que la libertad en sí misma”. Era “la base verdadera de la sociedad civil”.[131] Sin embargo, una vez más, en su libro más famoso, El contrato social (1762), mantenía que, al ser la sociedad la que sancionaba la propiedad, “el derecho de cada individuo a tener sus propios bienes está siempre subordinado al derecho común de todos”.[132] Son sus puntos de vista en contra de la propiedad, sin embargo, (la noción de que la propiedad es “artificial” y el comunismo “natural”, y que el Estado tiene un derecho legítimo para regular los usos que se le dé a la propiedad) los que más han influido en el pensamiento occidental.[AA] Presentaban la mezcla justa de nobles sentimientos, retórica sublime, pensamiento confuso y desprecio por la realidad para atraer a aquellos intelectuales que, como él, no estaban dispuestos a “tolerar el mundo como es”. Se dice que Robespierre releía diariamente El contrato social.[133]

“Después de mediados del siglo XVIII”, escribe Franco Venturi, “la idea de que la abolición de la propiedad podía cambiar las bases fundamentales de la sociedad humana, que podía eliminar toda la tradición moral y toda forma política del pasado, no volvería a desaparecer”. El comunismo nació “a mitad de camino del siglo XVIII”[134] —antes de la aparición del capitalismo industrial y de las evidentes desigualdades sociales que trajo consigo—. Fue una invención puramente intelectual, concebida por la imaginación de los pensadores, que trataban de reencontrar una Edad de Oro. Ejercía una atracción irresistible sobre aquellos intelectuales que les gustaba echar la culpa de sus problemas a la sociedad en la que vivían. Porque en un mundo en el que los bienes materiales estuvieran distribuidos de forma absolutamente igualitaria, un status superior y el poder que conlleva se derivaría de la capacidad intelectual de la que ellos se sentían dotados de una forma especial.

Los sentimientos contra la propiedad, a pesar de ser los que prevalecían en el siglo XVIII francés, no eran los únicos, porque había franceses muy prácticos que entendían las ventajas de la propiedad. El más influyente de todos pertenecía a la escuela de los fisiócratas, que se sumaba a la idea de la Ley Natural, y consideraba la propiedad como su componente integral. Un destacado fisiócrata, Mercier de la Riviere, citaba a Locke cuando escribió: “Proviene de la naturaleza el derecho exclusivo de todo hombre a su propia persona y a todas las cosas adquiridas a partir de su dedicación y trabajo”.[135] O: “La propiedad puede considerarse como un árbol cuyas ramas son las instituciones sociales que germinan de su tronco”.[136] Según los fisiócratas, la tierra era la forma más auténtica de la propiedad porque sólo la agricultura contribuía a la riqueza existente. El Estado debía ser gobernado por los terratenientes, que eran únicos en el sentido de que sólo ellos poseían una patria: patria (patrie) y patrimonio (patrimoine) eran lo mismo.[137]

Los fisiócratas ejercieron una gran influencia en el compromiso de los revolucionarios franceses de considerar la propiedad como una institución sacrosanta. En mayo de 1789 los Estados Generales redactaron un memorial de agravios llamado los cahiers de doléances, en los que se definían la libertad y la propiedad como derechos sagrados que el Estado tenía la obligación de respetar.[138] La consagración de los derechos de la propiedad justificó la abolición de los derechos feudales, los cuales fueron considerados por los revolucionarios como un privilegio y no como una propiedad. En agosto del mismo año, la Asamblea Nacional aprobó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano que establecía que la propiedad era uno de “los derechos naturales e imprescriptibles del hombre”.[139] La Constitución adoptada por la Convención en 1793 establecía en el artículo 2 que “la igualdad, la libertad, la seguridad y la propiedad” se encontraban entre los derechos fundamentales e inalienables del hombre. Los mismos sentimientos se hallaban en el Código de Napoleón (Code Civile) de 1804, el cual eliminaba todas las limitaciones sobre la propiedad que habían quedado desde los tiempos feudales e incorporaba, virtualmente, palabra por palabra, la definición romana de propiedad:

La propiedad es el derecho a disfrutar y a disponer de objetos de la forma más absoluta, garantizando que no se haga uso de ellos en formas prohibidas por las leyes y por las regulaciones. No se puede obligar a nadie a renunciar a su propiedad a menos que sea para el bien público, a partir de una indemnización justa y previamente acordada.[140]

Aunque acudían al principio de la propiedad privada para retirarle el apoyo a la aristocracia y para abolir sus privilegios, los revolucionarios franceses no lo tuvieron en cuenta, de forma coherente, en su práctica legislativa. Confiscaron las pertenencias de la Iglesia y de los emigrados sin compensación; también sometieron la herencia a regulaciones estatales. Justificaron estas medidas con el argumento de que, al haber sido la propiedad creada por el Estado, éste tenía derecho a regularla por motivos de interés público. Así, en un debate en la Asamblea Nacional en 1791, sobre el derecho de los ciudadanos a disponer de sus bienes mediante testamento, Mirabeau declaró que el derecho a la propiedad era una creación social por lo que la sociedad, mediante sus leyes, no sólo la protegía sino que también podía decidir sus usos. Esto recordaba las doctrinas reaccionarias de Hobbes y Filmer, disimuladas con la sustitución de la palabra “Estado” por la de “sociedad”. Los jacobinos, que fueron seguidos por comunistas aún más radicales, atacarían frontalmente la propiedad privada.

Estas corrientes prefiguraban el tratamiento futuro que se le daría a la propiedad. La noción de la propiedad privada como algo inalienable dejaría de existir a partir de los ataques apasionados contra ella que dominarían el pensamiento, desde la mitad del siglo XIX hasta finales del siglo XX.

7. SOCIALISMO, COMUNISMO Y ANARQUISMO

El siglo XIX fue testigo de la discrepancia, cada vez mayor, que surgió entre las actitudes predominantes hacia la propiedad y la realidad de las relaciones de propiedad. Marcó el apogeo de la propiedad en Europa, al concentrar en manos privadas enormes cantidades de capital recién creado. La propiedad adquirió el status de una institución inviolable, protegida del abuso del Estado por las Constituciones y, de los conciudadanos, por las normas de Derecho Privado. Al mismo tiempo, la opinión pública fue adoptando una actitud cada vez más hostil hacia la propiedad: por primera vez en la historia, se reclamaba con fuerza la promulgación de normas estatales sobre la propiedad e, incluso, su abolición. Anteriormente, aparte de algunas voces disidentes ocasionales, como las de Tomás Moro, Campanella o Winstanley, los críticos de la propiedad hacían hincapié en sus excesos; es decir, la falta de equidad en su distribución y la avaricia que provocaba. Ahora, sin embargo, se atacaba la propia institución de la propiedad sobre la base de que era intrínsecamente inmoral. Su justificación tradicional, de que se sustentaba en la Ley Natural, tuvo que someterse a un análisis minucioso:

A partir de la concepción de la propiedad como un derecho natural se desprenden algunas consecuencias inesperadas que socavan los fundamentos de esa concepción. Si la propiedad es esencial para el desarrollo de la libertad natural del hombre, no deberían disfrutarla sólo unos pocos, como si fuera un privilegio detestable; todos deberían ser dueños de una propiedad. La misma teoría de los derechos naturales, que consagraba la propiedad individual y, para protegerla, demolió el imperio del feudalismo, se desarrolló en la concepción opuesta, es decir, en el comunismo. Así, la negación suprema del individualismo surge, por un desarrollo lógico, de la concepción de la individualidad.[141]

En palabras de Pierre-Joseph Proudhon, uno de los fundadores del anarquismo:

[S]i la libertad del hombre es sagrada, es igualmente sagrada para todos los individuos […] si necesita de la propiedad para su acción objetiva, esto es, para su vida [entonces] la apropiación material es igualmente necesaria para todos.[142]

La propagación de la democracia tuvo que ver, obviamente, con este cambio de opinión. Porque aunque el sufragio se amplió y, finalmente, se hizo universal, los gobiernos comenzaron a depender del volumen de los votantes, quienes, al poseer muy poco o nada, exigían al Estado que garantizara una distribución más justa de los recursos del país. Esta demanda fue, finalmente, satisfecha en los países democráticos a través de recursos tales como los impuestos sobre las sucesiones y los impuestos recaudados sobre la renta, cuyo importe pasaba a financiar los programas de bienestar social. En los regímenes totalitarios condujo a expropiaciones completas o a regulaciones del gobierno sobre los medios de producción, que los transformaban en propiedad condicional; en ambos casos, las violaciones a los derechos de la propiedad servían para hacer más sólido el poder de los gobernantes a expensas de los propietarios privados.

Otro factor que condujo a desarrollar sentimientos contra la propiedad fue el cambio en la naturaleza de la propiedad. Aunque el comercio y la industria, y la riqueza monetaria que generaron, habían existido desde los orígenes de nuestra historia conocida, y aunque la riqueza monetaria había sido un elemento significativo de la economía occidental desde finales de la Edad Media, todavía, hasta finales del siglo XIX, prácticamente, la palabra “propiedad” se circunscribía a la propiedad de la tierra. Incluso en el siglo XVIII y principios del XIX, en Inglaterra, cuando el país se encontraba en los albores dolorosos de la Revolución Industrial, los debates sobre la propiedad se centraron en los bienes raíces: hasta 1867, fecha en que se promulgó la Ley de la Reforma en Inglaterra, el sufragio estaba restringido a las personas que tenían o alquilaban propiedades rurales o urbanas cuyo valor superara una determinada cantidad de dinero o que produjeran unos ingresos específicos. En las novelas de Trollope, escritas en el apogeo de la era victoriana, en una nación que se encontraba decididamente en el camino de desplazar a la agricultura a un lugar secundario, la propiedad (junto con el amor) ocupa el núcleo del argumento, y la propiedad significa, ante todo, propiedad agrícola y los ingresos que se desprenden de ella. A la opinión pública, le tomó tiempo darse cuenta de que el capital estaba desplazando a los bienes raíces como la forma principal de la riqueza.

Ahora bien, la relación entre el hacendado y sus arrendatarios u obreros agrícolas es muy diferente de la que se establece entre un industrial y su empleado. En el primer caso, la proximidad física y el hecho de compartir los caprichos de la naturaleza crean un vínculo que es de índole cuasi política. Se establecen relaciones personales que, en ocasiones, se remontan a generaciones. La consecuencia de todo ello es que las desigualdades parezcan ser más “naturales” y, por tanto, menos irritantes. En el último caso, la relación es impersonal: el obrero realiza el trabajo, el empresario lo compensa con el salario y ahí termina la conexión. Si dejan de necesitarlo, se le dice al empleado que se vaya. Aunque en las fases iniciales de la industrialización existieron ejemplos de relaciones patriarcales entre empresario y trabajador derivadas de los contratos propios del mundo agrario, en una economía capitalista madura, el empresario no tiene ninguna responsabilidad, ya sea moral o social, con sus trabajadores. Una responsabilidad de este tipo, en el momento en que se presenta, es asumida por el Estado. Es ciertamente más complicado desalojar a un campesino arrendatario que despedir a un obrero de una fábrica. Las desigualdades de la riqueza se hacen, por lo tanto, más perceptibles e intolerables.

La primera mitad del siglo XIX fue testigo de la desenfrenada expansión de las fortunas capitalistas y de la creciente ola de hostilidad en su contra. Al principio, como había sucedido en el pasado, la hostilidad se centró en las desigualdades. Sin embargo, en la segunda mitad del siglo, se transformó en un ataque generalizado hacia la propiedad como institución. Con excepción del liberalismo clásico, que tuvo que replegarse cada vez más, la mayoría de los movimientos políticos e ideologías de la segunda mitad del siglo XIX (desde los movimientos extremistas radicales, como el anarquismo y el comunismo, hasta el liberalismo e, incluso, el nacionalismo) asumieron, en diferentes grados, actitudes críticas hacia la propiedad privada.

Visto retrospectivamente, parece que la intensidad del ataque se debía a la convicción de que el capitalismo y la industrialización estaban destruyendo lo que existía en términos de igualdad social y seguridad, lanzando a la humanidad hacia una corriente inevitable y creciente de desigualdades con relación a la riqueza. Esta convicción encontró su expresión más acabada en la teoría marxista de la “pauperización”, según la cual el capitalismo, sin piedad, provocaría el empobrecimiento de la clase obrera hasta que no quedara otra alternativa que la rebelión y la abolición de la propiedad. Al argumentar de esta forma, los teóricos del socialismo pasaban por alto dos factores. Uno es que, incluso en la fase inicial y más brutal de la industrialización, a finales del siglo XVIII y principios del XIX, la situación de las clases sociales más bajas en Gran Bretaña, el país que iba a la cabeza de la industrialización capitalista, distaba mucho de ser desesperada, corno lo demostraban las bajas tasas de mortalidad y el sostenido crecimiento de la población.[143] Segundo, ignoraban que la riqueza generada por la nueva economía, con el tiempo, se filtraría y beneficiaría a la población en general —un desarrollo que, a finales del siglo, se burlaría de la noción de “pauperización” y de la tan mencionada inevitabilidad de la revolución social en los países industriales avanzados—. En el siglo XX las revoluciones sociales, de hecho, ocurrirían exclusivamente en países agrícolas preindustriales y precapitalistas, en donde los derechos sobre la propiedad se habían desarrollado muy débilmente y tenían, por lo tanto, bajas tasas de crecimiento económico.

Como era de esperar, a partir de lo que conocernos corno las actitudes de los philosophes, el ataque teórico contra la propiedad en nombre del comunismo ocurrió primero en Francia, en el mismo momento en que la propiedad celebraba allí sus mayores triunfos legislativos, al considerárselo corno fundamento de la libertad. Durante 1790, muchos revolucionarios franceses, dirigidos por Jacques-Pierre Brisot, desafiaron las opiniones establecidas y denunciaron la propiedad corno un “hurto”.[144] Los jacobinos, en la fase final de su dictadura, se plantearon la posibilidad de aprobar un conjunto de leyes (las llamadas Leyes de Ventóse) que se acercaban a las propuestas comunistas.[145] El correligionario de Robespierre, Louis Antoine de Saint-Just diseñó un programa de expropiaciones masivas de grandes propiedades: Las Leyes de Ventóse declararon, también, que las propiedades de “enemigos reconocidos de la revolución” podían ser expropiadas. Los jacobinos nunca llegaron a poner en marcha este programa radical: de hecho, su defensa contribuyó en gran medida a que perdieran el poder, porque atemorizó a los pequeños propietarios que se habían beneficiado de la revolución y ahora hacían causa común con los adinerados. Pero fue un presagio de acontecimientos que sucederían más adelante.

El padre del comunismo moderno fue el francés François Noel (“Graco”) Babeuf, un seguidor de Morelly. Su importancia política se deriva de dos factores: uno, que exigía la propiedad común de todos los recursos económicos y no su distribución equitativa entre propietarios individuales, como generalmente demandaban los críticos de la propiedad;[146] y dos, que con él, el odio contra la propiedad, formulado un siglo y medio antes por Winstanley, pasó del pensamiento a la acción. Babeuf organizó un complot para derrocar al Directorio que gobernaba a Francia después de la caída de los jacobinos, pero lo descubrieron antes de que pudiera llevarlo a cabo y lo ejecutaron. En 1828, su compañero Filippo Buonarroti publicó el programa del grupo, titulado “Conspiración por la igualdad”, que es el manifiesto comunista original.[147] Como haría Lenin un siglo después, Babeuf y sus seguidores revivieron una idea popularizada entre los jacobinos de que la Revolución Francesa se había detenido a mitad del camino:[148] limitada a la política, debía haber continuado con una revolución social, la cual alcanzaría la igualdad junto con la libertad. Babeuf veía al mundo como un infierno atroz, dominado por truhanes sin escrúpulos. Tenía que ser destruido y reemplazarse por una sociedad comunista:

Buscamos […] la propiedad común, o ¡la comunidad de bienes! Que deje de existir la propiedad individual sobre las tierras. La tierra no pertenece a nadie […] los frutos pertenecen a todos.[149]

La igualdad es “la primera promesa de la naturaleza” y “la primera necesidad del hombre” pero hasta ahora ha sido sólo una consigna vacía. “Deseamos igualdad real o muerte” y “tendremos una igualdad real, no nos importa a qué precio”: cuando decía igualdad “real"' se refería a aquélla que se basaba en la propiedad comunal. “¡Ay de aquél que ofrezca resistencia a una decisión tan firme!” Que todo el arte perezca, si fuera necesario. Según Babeuf, el establecimiento de un régimen así requeriría de un larga dictadura. El ideal de Babeuf era una comunidad ascética que castigaría severamente a los desafectos.

En los planes de los babeufistas, la “igualdad” adquiría un nuevo sentido. Para Locke y para los ideólogos de la Revolución Francesa significaba igualdad de oportunidad. Locke la consideraba como un aspecto de la libertad, y la definía como “el Derecho igual que todo hombre tiene a su Libertad Natural, sin que tenga que someterse a la Voluntad o a la autoridad de ningún otro hombre”.[150] Para Babeuf y para los comunistas significaba igualdad de beneficios, y ése fue el significado que tomó en las filosofías del bienestar del siglo XX.

Babeuf tuvo su figura análoga en Inglaterra con la persona de William Godwin. Esposo de una de las primeras feministas, Mary Wollstonecraft y padre de Mary Shelley, Godwin introdujo en Inglaterra las ideas del radicalismo francés. Sus escritos muestran poca originalidad y, en ocasiones, rayan en lo grotesco. El más importante de ellos es Una investigación sobre la justicia política (An Enquiry Concerning Political Justice),[151] escrito como respuesta al libro de Burke, Reflexiones sobre la Revolución Francesa (Reflections on the French Revolution), publicado en 1793, en el momento cumbre de la Revolución Francesa, muy elogiado por la elite intelectual: tanto les gustó a Wordsworth, Coleridge y a Southey que enseguida quisieron iniciar la construcción de una sociedad comunista. Godwin retomó las críticas a la propiedad privada, conocidas a través de la literatura francesa radical y concluyó que la propiedad y la familia eran las fuentes de todos los males que sufría la humanidad. La justicia requería que los recursos de este mundo se distribuyeran equitativamente: la desigualdad corrompía al rico y desviaba la atención del pobre de las cosas que eran importantes en la vida.[BB] Una vez que se hubiera eliminado la propiedad, la humanidad presenciaría un florecimiento de genios sin precedentes. Los crímenes desaparecerían, al igual que las guerras. La mente triunfaría sobre la materia y la fuerza de voluntad sobre la necesidad. El hombre se haría inmortal, ya que “estamos enfermos y morimos, en términos generales, porque aceptamos sufrir estos accidentes [!]”.[152] Para anticiparse a posibles objeciones a su teoría, Godwin admitió abiertamente que sus proposiciones eran una “conjetura probable” y que el “gran argumento de esta división del trabajo es, en su conjunto, independiente de su veracidad o falsedad”.[CC]

Sería redundante recapitular los criterios sobre la propiedad de socialistas prominentes de la primera mitad del siglo XIX —Saint-Simon, Fourier, Robert Owen y Louis Blanc— porque ellos, esencialmente, reformularon los argumentos que ya se habían hecho familiares a partir de Helvecio y Rousseau, Morelly y Mably, Babeuf y Godwin.[153] Todos pedían restricciones en la propiedad, o su total eliminación.

Se pueden encontrar argumentos menos convencionales sobre el tema en los escritos de Proudhon. La fama de Proudhon radica en la declaración “¿qué es la propiedad? Es un robo”[154] —un bon mot del que se encontraba muy satisfecho y que nunca se cansó de repetir—. Los bolcheviques lo utilizaron mucho en 1917-18 para incitar a los campesinos y obreros rusos a apoderarse de los bienes privados bajo la consigna de “saquead a los saqueadores”. Proudhon señaló con mucho poder de persuasión que cualquier argumento a favor de la propiedad es también un argumento en contra de ella. Si, como se sostiene, el primero que ocupe la tierra de nadie adquiere derechos para reclamar la propiedad, entonces, ¿qué les queda a los que vienen detrás? Y si la propiedad es un derecho fundamental, entonces todos deberían tener igual acceso a ella: pero la igualdad es la negación de la propiedad. El trabajo aplicado a objetos que no tienen dueño, que era la justificación de Locke para la propiedad, no significa mucho en un mundo en el que a todos los recursos productivos se les ha asegurado el derecho de prioridad. Proudhon no estaba en contra del derecho de propiedad como tal, sino en contra de los abusos que, en el capitalismo, permitían que el capitalista se apropiara, con la justificación de los intereses o de las rentas, de bienes a los que no tenía ningún derecho moral. Proudhon despreciaba la autoridad más que a la desigualdad, sin embargo, y ya en sus últimos años de vida, en su libro Teoría de la propiedad, publicado póstumamente, describió la propiedad y la familia como los únicos baluartes efectivos contra la tiranía.

Hasta 1840, los argumentos en contra de la propiedad eran, esencialmente, de una naturaleza moral. En ese momento, sin embargo, surgió una nueva tendencia que sostenía que la propiedad era una aberración histórica, un fenómeno transitorio relacionado con una organización particular de la vida económica, es decir, con el “capitalismo”. Carlos Marx y Federico Engels, los fundadores de lo que denominaron “el socialismo científico”, cuando se referían a la propiedad abandonaban los criterios éticos y, según afirmaban, la estudiaban sobre bases estrictamente científicas, esto es, “libres de prejuicios”.

Suponían que la humanidad, en su condición original, no había conocido la propiedad privada de la tierra: era un fenómeno moderno, un subproducto del modo capitalista de producción.[155] Esta creencia se basaba inicialmente en la invención metafísica llamada “dialéctica”, pero desde de la mitad del siglo se sustentó en pruebas proporcionadas por historiadores agrarios contemporáneos. Uno de ellos, Georg Hanssen, en ensayos publicados en 1835-1837, aseveró que en los asentamientos agrarios de la antigua Alemania, la tierra se poseía colectivamente.[156] Este descubrimiento aparentemente se confirmó a partir de las investigaciones efectuadas en Rusia durante la década de 1840 por el prusiano August von Haxthausen, un experto en agricultura, quien dio a conocer al resto del mundo la existencia del mir, o comuna repartida, bajo la cual los campesinos rusos compartían la tierra y la redistribuían entre ellos periódicamente para garantizar cambios en el tamaño de las propiedades. Haxthausen consideró que el mir tenía un origen antiguo, una reliquia viva de una institución que, en algún momento, había prevalecido en todo el mundo.[157] En la década siguiente se publicaron dos libros del historiador y jurista Georg von Maurer, en los que se afirmaba que las primeras tribus germánicas no conocían la propiedad de la tierra y que comenzaron a desarrollarla a partir de la influencia romana.[158] Los puntos de vista de Maurer alcanzaron gran aceptación porque agradaron igualmente a los nacionalistas y a los socialistas germanos. La noción del comunismo primitivo obtuvo un fuerte apoyo del inglés Sumner Maine, un historiador del Derecho, quien halló pruebas de esto en la India. En 1875, Maine generalizó la validez de sus hallazgos al afirmar que en todas las sociedades primitivas la propiedad de la tierra era colectiva:

La propiedad colectiva del suelo por grupos de hombres, unidos por lazos sanguíneos reales o asumidos como reales, se hace ahora merecedora de figurar como un fenómeno primitivo probado que una vez caracterizó universalmente aquellas comunidades de la humanidad entre cuya civilización y la nuestra no hay una determinada conexión o analogía.[159]

De esta forma se llegó a la creencia de que entre la existencia nómada, cuando se desconocía la propiedad privada, y las formas de trabajo agrícola ya establecidas, basadas en la propiedad individual o familiar, existió un período de transición de propiedad colectiva sobre la tierra o comunismo primitivo.[160]

Pero aquellos que compartían esta convicción todavía tenían que demostrar por qué y cómo la propiedad colectiva se había convertido en propiedad privada. Esta fue la contribución del antropólogo americano Lewis Margan, basada en sus estudios sobre los indios americanos. El libro de Morgan, La sociedad antigua (Ancient Society), publicado en 1877, adquirió importancia histórica debido a la influencia que ejerció sobre Engels. Según Morgan, en condiciones de “salvajismo”, la etapa más baja de la evolución humana, la humanidad desconocía la propiedad privada, exceptuando la propiedad de las pertenencias personales (armas, utensilios, ropa). Tampoco conocía todavía la pasión por poseer cosas ni “el deseo de lucrarse”. La tierra era propiedad comunal de la tribu, las casas eran de sus ocupantes. La noción de propiedad se desarrolló gradualmente: la tierra que pertenecía a la tribu primero se subdividió entre los miembros del clan y después pasó a los individuos. La razón para que sucediera esta evolución descansa en factores objetivos: el incremento notable de la población y las innovaciones tecnológicas. Morgan creía que en su propia época la propiedad había creado divisiones sociales tan grandes que amenazaban con la autodestrucción de la humanidad. La única alternativa era el regreso a las antiguas condiciones de igualdad económica, es decir, a un mundo sin propiedad.

En las doctrinas de los fundadores del “socialismo científico”, la propiedad privada ocupa un lugar central. Basta con decir que en el Manifiesto comunista de 1848 Marx y Engels afirmaron que “la teoría de los comunistas puede resumirse en una única frase: abolición de la propiedad privada”.[161] Y, sin embargo, ellos contribuyeron muy poco a que se entendieran los orígenes de la propiedad privada. A pesar de todas sus afirmaciones en relación con la utilización de una metodología científica, estudiaron el problema de forma muy parecida a la de sus precursores: esto es, construyeron un modelo teórico de sociedad ante la aparición de la propiedad y después describieron (a partir de conocimientos mínimos, tanto de antropología como de historia, temas en los que eran bastante ignorantes) cómo debía haber evolucionado la propiedad.[DD] El esquema era abstracto (“metafísico”), aunque la inyección de un vocabulario extraído de la economía, la sociología y la psicología le daba la apariencia de ser un esquema más científico que el que presentaban las teorías anteriores. Su punto de vista estaba enraizado, no en la evidencia empírica, sino en la visión romántica de la “hermandad” de la humanidad: su pathos era el de la Oda a la alegría de Schiller.

Su principal objeción contra la propiedad era que deshumanizaba a las personas, “alienaba” al hombre al hacer que su identidad se sumergiera en el dinero (un concepto tomado de Ludwig Feuerbach y de Moses Hess). A diferencia de Hegel, para quien la propiedad era “la libertad humana realizándose a sí misma en el mundo de los fenómenos”, Marx y Engels le otorgaban el efecto contrario: “la propiedad no es la realización de la personalidad sino su negación”.[162]

¿Cómo surgió la propiedad?

Marx y Engels, desde sus primeros escritos, asumieron que, originalmente, toda la propiedad había sido colectiva: llegaron a esta conclusión antes de que aparecieran los estudios de Haxthausen, Maurer, Maine y Margan. Dado el caso de que las familias organizadas en tribus dispusieran de bienes muebles e inmuebles, éstas estaban subordinadas a la comunidad y, por tanto, no sufrían la “alienación” que caracterizaría al capitalismo maduro. Fue más tarde cuando Marx y Engels respaldaron esta teoría a priori, con los escritos de Maurer y Morgan.

Según Marx, incluso en la economía más avanzada de las polis de la antigua Grecia prevalecía la comunidad: existía la propiedad privada pero en una “forma anormal subordinada a la propiedad comunal”, en buena medida porque la sociedad demandaba la esclavitud, una institución fundamental para el orden económico y social antiguo.[163] La propiedad feudal, “al igual que la propiedad tribal y comunal, [estaba] basada, otra vez, en una comunidad”, y el factor que los unía era la explotación del trabajo del siervo.[164]

Engels explicaba el surgimiento de la propiedad privada con argumentos de Morgan. En el libro El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado (1884) intentó demostrar cómo las familias se formaron a partir de grupos de cazadores y recolectores y cómo, consecuentemente, surgió la propiedad. Esto último se explicaba a partir de la división del trabajo:

[La propiedad privada] se desarrolló [en las comunas primitivas antiguas] primero a partir del trueque con extraños, hasta que lo que intercambiaban adquirió la forma de mercancía. En la medida en que los productos de la comuna asumían la forma de mercancía, es decir, en la medida en que se producían más para el intercambio que para el consumo del productor; mientras la primitiva división natural del trabajo era, progresivamente, reemplazada por el intercambio, incluso, dentro de los límites de la comuna; cuanto más se desarrollaba la desigualdad en la propiedad entre los miembros individuales de la comuna, más se resquebrajaba la antigua propiedad común de la tierra. En todos los lugares en los que se desarrolló la propiedad privada, esto fue posible por la transformación de las relaciones de producción y de intercambio, por el interés de incrementar la producción y de ampliar el comercio; esto es, como resultado de causas económicas. La fuerza no se utilizó en absoluto.[EE]

Éste es un punto de vista sobre los orígenes de la propiedad privada claramente equivocado porque ignora el hecho elemental de que, a lo largo de casi toda la historia, la forma principal de la propiedad había sido la tierra y que nunca había sido considerada una “mercancía”, en el sentido habitual de la palabra, y nunca tuvo conexión con la división del trabajo, un carácter que sólo había adquirido en tiempos muy recientes (de hecho, en la época de Engels).

La propiedad privada genuina (esto es, la propiedad totalmente divorciada de controles sociales, según Marx y Engels) surgió por primera vez en el capitalismo. El capitalista, sin embargo, a pesar de toda la libertad ostensible que su riqueza le proporciona está, de hecho, tan esclavizado como el proletario a quien explota. El concepto clave es “alienación”. El capitalista debe acumular riqueza y, por lo tanto, se niega compensaciones, que es lo mismo que decir que se priva del disfrute de sus riquezas. En sus Manuscritos económicos y filosóficos, escritos en 1844, Marx se refirió al dinero como un ente alienado, que obliga al dueño, en su búsqueda, a comportarse “ascéticamente”:

Ya que el dinero ahorrado implica posponer el consumo, el dinero ha conservado sus valores inherentes porque no ha sido utilizado por el hombre: “Cuanto menos comas, bebas, compres libros, vayas al teatro o a bailes, o a la taberna, y cuanto menos pienses, ames, teorices, cantes, pintes, practiques la esgrima, etc., más podrás ahorrar y mayor será tu tesoro, que no se corromperá ni por el óxido ni por las polillas: tu capital. Cuanto menos seas, mientras menos te manifiestes en tu vida, más tendrás, más alienada será tu vida y mayor será la salvación de tu ser alienado”.[FF]

El “ascetismo práctico” del capitalista tiene su contrapartida en la auto-negación inevitable del obrero causada por su no posesión de los medios de producción, controlados por el capitalista. Su consecuencia es la miseria y la deshumanización.

Las dos clases sociales rivales se encontraron atrapadas en una relación “dialéctica”:

El proletariado y la riqueza son antagónicos; y como tales, conforman un todo. Ambas son formas del mundo de la propiedad privada. La propiedad privada como propiedad privada, como riqueza, está obligada a mantenerse a sí misma y por tanto a su opuesto, el proletariado, en existence… El proletariado, por otro lado, está obligado, como proletariado, a eliminarse a sí mismo y a su contrario, condición de su existencia, lo que lo hace proletario, es decir, la propiedad privada.[165]

Finalmente, los desposeídos derrocarán a los poseedores y, en el proceso, abolirán la propiedad. Los bienes económicos, primero, se nacionalizarán y, después, se convertirán en bienes comunes, y el resultado final será que todos contribuirán de acuerdo con sus capacidades y recibirán de acuerdo con sus necesidades, que es el objetivo final del comunismo.

Según lo concibieron Marx y Engels, el nuevo orden comunista combinaría la propiedad común originaria con los altos niveles de productividad alcanzados por el capitalismo. Marx estaba convencido de que la maquinaria industrial simplificaría el trabajo de tal forma que no requeriría que los obreros tuvieran una cualificación especial ni que tuvieran que estar repitiendo movimientos: “La industria moderna, por su propia naturaleza, necesita variación en el trabajo, fluidez de función, movilidad universal del trabajador”.[166]

En una sociedad comunista […] la sociedad regula la producción general por lo que me permite hacer hoy una cosa y otra mañana, cazar en la mañana, pescar en la tarde, atender al rebaño al anochecer, hacer tertulias después de la comida, tal y como deseaba hacerlo, sin tener que convertirme, en ningún momento, en cazador, pescador, pastor o crítico.[167]

La sociedad del futuro realizará la idea anarquista de una asociación libre e igualitaria de productores, sin la existencia de un Estado que la supervise, en la que los individuos se sentirán totalmente satisfechos.[168] El individuo no volverá a sentirse “atomizado” por encontrarse aislado de la comunidad.

Esta teoría romántica, basada en pruebas endebles que fueron después casi totalmente desacreditadas, se consideró, a partir de ese momento, como una verdad obligada en la bibliografía socialista y en mucha literatura científica general. Pero encontró oposición incluso en su propia época. La crítica a la doctrina del comunismo primitivo, el postulado central de la bibliografía contra la propiedad, fue socavada por ensayos teóricos de escritores contemporáneos y demolida por la antropología en el siglo XX.

En 1850, el académico ruso Boris Chicherin cuestionó la interpretación del mir formulada por los nacionalistas románticos rusos, conocidos como “eslavófilos”, y que se había dado a conocer en Occidente por Haxthausen. Chicherin argumentó que, lejos de ser una antigua institución que englobara un espíritu comunal, no adquisitivo y precapitalista, el mir era el producto del Estado zarista, creado a partir de la imposición de la servidumbre en el pasado siglo XVI para asegurar, a través de los mecanismos de la responsabilidad colectiva, que los campesinos permanecieran en las tierras y pagaran sus impuestos.[169]

Después le llegó el turno a Von Maurer. En 1883 el americano Denman W. Ross demostró que las teorías sobre el comunismo primitivo entre las tribus germánicas se basaban en lecturas erróneas de Tácito y de César, las principales fuentes de información sobre este asunto. La ausencia de lindes entre los primeros cultivadores germanos (según lo relató César) significaba que la tierra no estaba dividida y no que fuera propiedad común: “La propiedad en común y la propiedad comunista deben diferenciarse cuidadosamente. Son cosas muy diferentes. En los primeros datos se describían muchas propiedades en común, pero no propiedades comunistas”.[170] Según Ross, ninguno de los datos existentes indican que la primitiva comunidad germánica disfrutara de derechos sobre la tierra de sus miembros: “La comunidad no existía como una corporación propietaria de tierra”, por lo que los conflictos sobre la tierra no se resolvían por la comunidad sino por las partes individuales en disputa, que se resolvían mediante duelos.

La principal arremetida contra la teoría del comunismo primitivo vino de la pluma del reconocido historiador francés Fustel de Coulanges, autor de La ciudad antigua, una obra en la que se describía la aparición de la propiedad privada en la antigüedad clásica como un resultado de los cultos religiosos centrados en la familia y en el hogar. En 1889, Fustel de Coulanges publicó un extenso artículo, que después salió como libro, en el que rechazaba la teoría del comunismo primitivo a partir de los mismos argumentos de Ross, es decir, planteaba que esa teoría interpretaba mal las fuentes, pero fue más lejos que Ross al negar, incluso, la existencia de la propiedad común de la tierra entre los antiguos germanos.[171] Su blanco principal fue Von Maurer. Tácito y César no respaldaban las teorías de Maurer: “Todo el conjunto de la ley germana es, de hecho, una ley en la que la propiedad es suprema”.[172] La propiedad común de la tierra requeriría de redistribuciones periódicas del suelo, algo de lo que no había prueba entre los primeros germanos. Descubrió que la creencia generalizada de la existencia del comunismo primitivo no se derivaba de la evidencia histórica sino del clima de opinión que prevalecía a finales del siglo XIX en Europa:

Entre las ideas aceptadas, que se adueñan de la imaginación de los hombres, se encuentra una que aprendieron de Rousseau. Que la propiedad es contraria a la naturaleza y que el comunismo es natural; y esta idea influye, incluso, en escritores que la aceptan sin darse cuenta.[173]

Estos argumentos no cambiaron la opinión pública de la época, no sólo por la disposición a favor del “comunismo natural”, sino también porque, a partir de mediados del siglo XIX en adelante, incluso los liberales comenzaron a preocuparse por el desigual crecimiento en la distribución de la riqueza. Un caso típico fue el de John Stuart Mill, quien en su libro Principios de Economía Política (Principles of Political Economy) (1848), ampliamente leído, acercó la ideología liberal al socialismo.[174] Mill creía que el comunismo era justo, posible y, probablemente, congruente con la libertad: “[L]as leyes de la propiedad”, escribió, “nunca se han ajustado a los principios en los que descansa la justificación de la propiedad privada”.[175] Estaba a favor de la propiedad privada porque elevaba la productividad del trabajo y no porque sirviera a la causa de la libertad: en su obra más conocida, Sobre la libertad (1859), prácticamente no menciona la propiedad. Mill se alejó en dos aspectos de la tradicional visión liberal del tema. Se preguntaba si los herederos de propietarios debían tener derechos ilimitados sobre su legado. Idealmente, él restringiría “no lo que alguien pueda legar, sino lo que a alguien se le debe permitir adquirir, por testamento o herencia”, con una cierta cantidad de normas.[176] En segundo lugar se preguntaba si la tierra debía ser tratada, simplemente, como una forma particular de propiedad, teniendo en cuenta que, en primer término, nadie la había creado y, en segundo lugar, que al crear riqueza mueble, uno no privaba a sus conciudadanos de la oportunidad de hacer lo mismo, al apropiarse de la tierra uno excluía a los otro.[177] Los derechos de los dueños de haciendas, por lo tanto, debían subordinarse a los del Estado, que debía tener el derecho de confiscar (con la debida compensación) las propiedades que sus dueños no habían logrado explotar: “En el caso de la tierra, no se debía permitir a ningún individuo ningún derecho exclusivo, si no puede mostrar que la tierra es productora de un bien positivo”.[GG]

Mill fue uno de los primeros liberales que introdujo en el liberalismo ideas socialistas, haciendo hincapié en la importancia enorme de una distribución equitativa de la riqueza productiva. Sus ideas alimentaron la aparición de un “nuevo liberalismo” en Inglaterra, que tuvo lugar, en parte, por temor al socialismo y, en parte, por la aceptación de que, bajo las condiciones modernas, la pobreza no sería eliminada, solamente, mediante el trabajo constante y la austeridad, como en un momento se creyó. Surgieron corrientes filosóficas a finales de siglo que sostenían que la pobreza, el alcoholismo y el hurto eran responsabilidad, no de sus víctimas, sino del capitalismo, que los forzaba a actuar de esa manera.[178] Formaba parte del “sistema”. Sin explicar por qué había existido el comportamiento antisocial y destructivo mucho antes de que el capitalismo apareciera en escena y por qué persistía en sociedades no capitalistas, los defensores de esta teoría exigían que el Estado interviniera para defender a sus ciudadanos menos afortunados. Estas ideas proporcionaron la justificación teórica en relación con las reformas sociales que, en el siglo XX, conducirían a la aparición del modelo de Estado de bienestar.

Así pues, en vísperas del siglo XX, los liberales comenzaron a aceptar restricciones sobre la propiedad privada. Lo hicieron al poner los derechos de la propiedad bajo la consideración de la justicia social, y al proporcionar al Estado la autoridad moral de restringir el derecho a la propiedad absoluta en favor del bien común. La propiedad se percibía, no sólo como un derecho privado sino también como una función social: si el dueño cumplía con sus obligaciones, la sociedad protegía sus posesiones; si no lo hacía, la sociedad podía intervenir legítimamente para garantizar que la propiedad cumpliera con su obligación.[179] Y, en este asunto, el Estado era el único juez.

8. EL SIGLO XX

Los sentimientos contra la propiedad, inspirados por inquietudes sociales, recibieron apoyo a partir de nuevas corrientes en la esfera de la psicología. En la segunda mitad del siglo XIX, bajo la influencia de Darwin, quien había afirmado que los seres humanos, al igual que los animales, estaban dominados por los instintos, William James desarrolló una teoría psicológica en la que demostraba que la conducta humana se determinaba por el instinto y no por el condicionamiento cultural. Para James ese instinto era “el deseo de adquirir”.[180] El defensor más influyente de este planteamiento fue William McDougall, un profesor inglés de las universidades de Harvard y Duke, quien en su manual, de gran divulgación, Introducción a la Psicología Social (Introduction to Social Psychology) (1908) proporcionó un verdadero catálogo de lo que llamó “los instintos y emociones principales del hombre”, tales como el instinto de evasión, de repulsión, de curiosidad, de agresividad y, por supuesto, el instinto de adquirir. El antropólogo francés Charles Letourneau, en un experimento precursor dentro de la sociología evolucionista, clasificó el deseo de adquirir como una manifestación del instinto de autoconservación.[181]

En los primeros años del siglo XX, sin embargo, los conceptos de “instinto” y su fundamento, la “naturaleza humana”, encontraron gran oposición; durante los años veinte fueron totalmente desechados. Entre las razones para este cambio se encontraba el absurdo obvio de explicar todo comportamiento por los instintos y por las emociones que los acompañan, como había hecho McDougall, así como las objeciones a sus implicaciones políticas. La explicación biológica del comportamiento humano podía ser manipulada, y de hecho así fue, para justificar la discriminación y persecución racial, primero de los negros y después de los judíos. Franz Boas, el fundador de la antropología cultural en los Estados Unidos, dirigió el ataque en su contra. Emigrante procedente de Alemania, criado en una familia judía liberal, consagró su vida a destruir las teorías que justificaban el racismo. Con este motivo, eliminó de la antropología todo lo que tuviera que ver con el determinismo biológico, y lo sustituyó por el condicionamiento cultural. Su argumento más sólido era la prueba de que las personas que emigraban hacia los Estados Unidos, de etnias y razas diferentes, adquirían, en su patria de adopción, características físicas comunes, lo que sugería que también adquirían los mismos rasgos intelectuales y psicológicos. En La mente del hombre primitivo (The Mind of Primitive Man) (1911) Boas afirmaba que los llamados “salvajes” no diferían, en su capacidad mental, de la gente civilizada. Él y sus discípulos separaron la sociología de la biología, y expulsaron, del vocabulario académico, los conceptos de “instinto” y “naturaleza humana”. Boas no reconocía la naturaleza humana como tal: sólo existía el comportamiento humano, moldeado por la cultura. En palabras de Margaret Mead, Boas y sus seguidores consideraban que los seres humanos “no dependían ni de su instinto ni de capacidades específicas trasmitidas genéticamente, sino que dependían de formas de vida aprendidas que se acumulaban lentamente a través del préstamo interminable, la readaptación y la innovación”.[182]

En la década del veinte, los puntos de vista antropológicos de Boas recibieron el apoyo de la escuela conductista de Psicología (conocida también como “behaviorista”), fundada por el americano John B. Watson, esta escuela de pensamiento también eliminaba de la conducta humana los factores biológicos, y la reducía a las respuestas a los estímulos externos. La agresividad, el dominio y el sentido de posesión eran tratados, entonces, como fenómenos culturales y no biológicos.

Después de la Segunda Guerra Mundial, el péndulo volvió a oscilar, pero no completamente. La antropología cultural y su aliada, la psicología del conductismo, que había adquirido un status casi de monopolio en los círculos académicos durante el período de entreguerras, manifestaron una notable contradicción. Sus partidarios aceptaron como prueba concluyente la tesis de Darwin de un continuum en la evolución de las criaturas vivas, según la cual la humana, aun siendo la más evolucionada de todas las especies animales, no era en absoluto única. La teoría evolucionista afirmaba que el comportamiento animal era importante para la comprensión del comportamiento humano. No obstante, Boas, Watson y sus seguidores negaron que la biología tuviera algo que ver en la conducta humana. Así que, aunque estaba biológicamente relacionado con los animales, psicológicamente (en su comportamiento), el hombre era sui generis. Las mismas personas que se espantarían ante la sugerencia de que el hombre era una criatura singular más que una especie animal, no veían ninguna incongruencia en el argumento de que, en términos de inteligencia y de conducta, era, ciertamente, único, ya que, al no tener “instintos”, él y sólo él estaba condicionado por su entorno cultural.[183] Pero, corno había observado el especialista en genética Theodosius Dobzhansky, resulta incoherente tratar la evolución biológica y cultural independientemente una de otra. El rechazo de los antropólogos culturales modernos a admitir vínculos de comportamiento entre los humanos y los animales repetía la negación de los adversarios de Darwin a reconocer vínculos biológicos entre humanos y animales.[184] En palabras de A. Irving Hallowell:

Mientras que los opositores a la tesis de la evolución humana en el siglo XIX eran aquellos que destacaban, con naturalidad, las pruebas que arrojaban una discontinuidad entre el hombre y los primates que lo precedieron, los antropólogos del siglo XX, mientras por un lado fingen estar de acuerdo con la tesis de la evolución morfológica, por el énfasis especial que han puesto en la cultura corno la diferencia humana fundamental, han dado a entender, que, en realidad, existe una brecha insalvable entre el comportamiento de los humanos y nuestros parientes más cercanos.[185]

Esta inconsistencia fue el objetivo de una nueva escuela de etólogos y sociobiólogos que surgió en 1930 y retornó la primacía de los instintos. Este asunto será tratado en el siguiente capítulo.

Como ha sucedido desde la antigüedad clásica, los puntos de vista dominantes sobre la propiedad, desde finales de la Segunda Guerra Mundial, han sido modificados, en gran medida, por los acontecimientos contemporáneos. Sin embargo, algunas obras seguían la vieja tradición de tratar la propiedad exclusivamente en términos morales. El más influyente de estos trabajos fue el tratado utópico de John Rawls, Una teoría sobre la justicia (A Theory of Justice).[186] Este libro, que se esfuerza por delinear los principios de una “sociedad bien ordenada” basada en la “imparcialidad” ignora absolutamente las realidades psicológicas, políticas y económicas, así como los registros de la historia y los descubrimientos de la antropología.[HH] Sólo sugiere fugazmente cómo deben cumplirse sus principios. En este sentido, es todavía más abstracto que los escritos de los padres de la Iglesia, quienes, al menos, aceptaron al hombre como realmente es. En su búsqueda de la justicia perfecta, Rawls propone reformar o abolir “las leyes e instituciones, si son injustas, no importa si son eficientes o si están bien concertadas”.[187] Y la esencia de la injusticia es la desigualdad. El ideal de Rawls, como el de todas las utopías, es alcanzar un igualitarismo perfecto: la renta y la riqueza deben repartirse equitativamente, aunque expone algo sorprendente, “a no ser que la distribución desigual… resulte en beneficio de todos”.[188] Rawls aprueba la máxima comunista “dé cada cual según su capacidad, a cada cual según sus necesidades”.[189]

La relativa novedad del libro radica en su insistencia en aplicar el principio de la igualdad, no sólo a los bienes materiales, sino también a la inteligencia y a las capacidades innatas. Al haber adquirido estas ventajas en el “sorteo” de la naturaleza, su afortunado poseedor no debía recibir ningún beneficio especial por ellas, porque no se las ha ganado. Según Rawls, la asignación de talentos y habilidades debe considerarse como “arbitraria desde una perspectiva moral”. No está de acuerdo con que “la distribución de la riqueza y de la renta [sea] determinada por la distribución natural de las capacidades y del talento”.[190] Éste debe apreciarse como un “bien común” y sus poseedores deben beneficiarse de ellos “de forma tal, solamente, que repercutan en la mejora de aquellos que no los poseen”.[II] Si es necesario, la eficiencia debe sacrificarse con vistas a obtener una igualdad perfecta.[191] De esta forma Rawls es más enérgico que los teóricos comunistas más radicales al desear la socialización de la capacidad natural, esto es, negar a los individuos más dotados los beneficios que sus capacidades les proporcionan. “La igualdad de oportunidades” es rechazada como algo intrínsecamente injusto, ya que “significa una oportunidad igual para dejar atrás al menos afortunado en la búsqueda personal para lograr influencia y posición social”.[192] Las capacidades de aquellos con más talento tienen que utilizarse en beneficio común: se convierten en un “bien común”. De esta manera, no sólo se eliminará la desigualdad sino también la envidia.[193]

Estas ideas, que se basan muy poco en la historia o en la economía y, en cambio, se sustentan en el ideal de justicia, son especialmente populares entre filósofos profesionales y psicólogos.[194] Un buen ejemplo de cómo se puede plantear el tema de la propiedad a partir de un punto de vista moral se encuentra en los trabajos del psiquiatra Erich Fromm, autor de numerosos libros sobre lo que él percibe como la condición del hombre moderno, uno de los cuales se titula ¿Tener o ser?[195] La comprensión de la supuesta dicotomía del título, según Fromm, es el resultado de sus años de trabajo como psicoanalista, que lo convencieron de que “tener y ser son dos modos fundamentales de la experiencia”.[196] Considera el surgimiento del “Hombre Nuevo” como algo esencial, porque la supervivencia física de la raza humana requerirá de personas que “abandonen todas las formas de posesión para poder llegar a ser, plenamente”.[197] Estas afirmaciones están exentas de realismo, ya que los seres humanos tienen que tener para poder ser.

Los cambios de mayor influencia ocurridos en las últimas décadas del siglo XX sobre la teoría de la propiedad han estado más relacionados con la economía que con la ética. En el pasado, los economistas profesionales le han prestado poca atención a los derechos de propiedad y se han ocupado más de los factores materiales que proporcionan el crecimiento económico, tales como la formación del capital y la innovación tecnológica. Pero una nueva generación de historiadores de la economía ha comenzado a interesarse en su infraestructura legal, principalmente en la institución de la propiedad privada. Al desarrollar el tema utilitario, mencionado por primera vez por David Hume, han barrido los argumentos que defienden la propiedad sobre la base de la Ley Natural, o con las especulaciones sobre el origen del Estado, para afirmar que su justificación radica en su contribución a la prosperidad. En palabras de Alfred Marshall, citadas muchas veces en manuales académicos publicados después de la Primera Guerra Mundial,

[…] la tendencia de un estudio económico cuidadoso es fundamentar los derechos de la propiedad, no en un principio abstracto, sino en la observación de que, en el pasado, no podían separarse del progreso estable; y que, por tanto, corresponde a hombres responsables proceder poco a poco y con cautela a la eliminación o modificación de, incluso, aquellos derechos que puedan parecer inapropiados para el establecimiento de las condiciones ideales de la vida social.[198]

Este enfoque, como tal, esquivaba los argumentos tradicionales contra la propiedad sobre la base de que alentaba las desigualdades en la riqueza y, a través de la herencia, promovía la injusticia: iba directamente en contra de lo planteado por el philosophe francés del siglo XVIII, Condorcet, con relación a que la igualdad era la quintaesencia del progreso.[199]

La nueva tendencia cobró fuerza después de la Segunda Guerra Mundial, en el marco de la batalla abierta entre el comunismo y las economías de mercado. La victoria de los Aliados sobre las fuerzas del Eje creó una situación sin precedentes: por primera vez en la historia de la humanidad dos regímenes opuestos —uno basado en el monopolio del Estado (o, más exactamente, del Partido Comunista), el otro en la empresa privada— se enfrentaron uno al otro, en una atmósfera de abierta rivalidad política.[JJ] Esta confrontación puso de manifiesto los principios de la propiedad pública y de la propiedad privada, que hasta entonces habían sido comparados en teoría de una forma directamente competitiva. Y no hay dudas de que a medida que el siglo XX se acercaba a su fin, el principio de la propiedad privada ha triunfado en todos sus aspectos. Los contrastes entre Alemania Oriental (RDA) y la República Federal, o entre Corea del Norte y Corea del Sur, o entre Taiwán y la China continental se hicieron más evidentes cada año; contrastes que tenían que ver tanto con la prosperidad como con la seguridad personal de sus ciudadanos. El derrumbe de la Unión Soviética y de su imperio en los años 1989-91 y el compromiso, por parte de los gobiernos comunistas posteriores, de respetar la empresa privada cerraron la discusión, cuyos orígenes se remontan a la Grecia antigua.

Mientras que la balanza se inclinaba a favor de la empresa privada, algunos economistas desviaron su atención hacia su fundamento, la propiedad privada, que era, tradicionalmente, el asunto que interesaba a los filósofos y a los expertos en ciencia política. Formularon una nueva teoría de la “economía de los derechos de propiedad”, que presenta a la propiedad como un factor fundamental en el crecimiento económico. Según un miembro de esta escuela, la propiedad privada surge “por el impulso de presiones para obtener la eficiencia a través de un proceso semejante al de la selección natural”.[200] Los historiadores de la economía Douglas North y R. P. Thomas han aplicado esta tesis al pasado para argumentar que las sociedades que proporcionan garantías sólidas a los derechos de propiedad son las que tienen más probabilidades de experimentar un desarrollo económico. En su opinión, lo que determina el crecimiento económico son las instituciones legales que aseguran a los empresarios individuales los frutos de su trabajo.

La organización económica eficiente es la clave para el crecimiento; el desarrollo de una organización económica eficiente en Europa occidental explica el auge de Occidente. Una organización eficiente asegura el establecimiento de acuerdos institucionales y de derechos de propiedad que crean un incentivo para canalizar el esfuerzo económico del individuo hacia actividades que acercan la tasa privada de rendimiento a la tasa social de rendimiento.[201]

Las garantías de la propiedad son, por tanto, de importancia fundamental: “El crecimiento económico ocurrirá si los derechos de propiedad son lo suficientemente valiosos para acometer actividades socialmente productivas”.[202] North ha demostrado, en particular, cómo la introducción en Inglaterra de las patentes animó a los inventores a hacer públicas sus invenciones y, de esta manera, estimularon la Revolución Industrial.[203]

A medida que finaliza el siglo XX, los beneficios que la propiedad privada proporciona, tanto a la libertad como a la prosperidad, se reconocen como nunca antes en dos siglos. Con excepción de algunos casos aislados de pobreza permanente, como son los casos de Corea del Norte y de Cuba, en donde los comunistas han podido mantenerse en el poder, y con excepción de las opiniones de algunos profesores, que cada día son menos, el ideal de la propiedad común, en todas partes, se va desvaneciendo. A partir de los años ochenta, la “privatización” va ocupando un espacio en el mundo, a un paso cada vez más acelerado. Así, Aristóteles triunfó sobre Platón.

CAPÍTULO DOS
LA INSTITUCIÓN DE LA PROPIEDAD

La cuestión que se ha mantenido en el centro de la discusión sobre la propiedad a través de la historia de la filosofía occidental y de la teoría política (si la propiedad es algo “natural” o el producto de las convenciones sociales) no se puede responder, obviamente, refiriéndose solamente a la “fantasía” de Rousseau, quien deliberadamente ignora hechos y se basa en razonamientos “hipotéticos” o “condicionales”, o al pensamiento basado en conjeturas de William Godwin, cuya argumentación, según el propio Godwin es “por completo independiente de su veracidad o de su falsedad”. La respuesta debe basarse en pruebas. Aquellos que aseguran que la propiedad es simplemente una costumbre social, característica de un cierto período en la evolución humana, deberían ser capaces de demostrar que los niños carecen de deseos de adquirir cosas y deberían mostrarnos sociedades que no estuvieran familiarizadas con la propiedad. Aquellos que afirman que el deseo de adquirir está enclavado en la naturaleza humana tienen que presentar datos que demuestren su universalidad.

El asunto presenta enormes dificultades debido a la inmensa variedad de formas que puede adoptar la propiedad. Es sencillamente imposible rastrear, a través de la historia de la humanidad, el origen de la propiedad privada de la tierra, que ha sido la principal forma de propiedad hasta hace muy poco. Se intentó estudiar este aspecto en el pasado siglo XIX (por ejemplo, los estudios realizados por Émile de Laveleye)[1] pero, al basarse en las narraciones que reflejaban las impresiones de exploradores y en las investigaciones de los primeros antropólogos, en la actualidad sólo pueden tomarse en cuenta como curiosidades históricas.[2] El mayor obstáculo con el que se tropieza el estudioso de este tema es la ausencia de registros de la propiedad: porque en la mayoría de los países la propiedad tuvo primero la cualidad de posesión, y los derechos de propiedad no se basaron en un título fundado en una ley sino que procedía de la posesión prolongada de la tierra, algo que la costumbre reconoció como prueba de propiedad. El historiador inglés L. T. Hobhouse renunció a la posibilidad de escribir una historia general de la propiedad (incluso la de un país con registros tan excelentes como los que tenía Gran Bretaña) debido a la escasez de datos y a la dificultad para distinguir la ley de la realidad.[3]

En este capítulo defenderemos la tesis de que el deseo de adquirir es universal entre los seres humanos y, también, entre los animales, que es mucho más que el deseo de controlar objetos físicos y que está íntimamente relacionada con la personalidad humana, al estimular un sentido de identidad y de competencia. Las imágenes del mundo sin propiedad del “hombre natural” son un espejismo, lo que Lewis Mumford imagina como “el cielo”.

1. EL SENTIDO DE POSESION ENTRE LOS ANIMALES

Los objetos principales del comportamiento adquisitivo de los animales son el territorio y el espacio, que forman parte de los temas de estudios de nuevas disciplinas académicas, y que tienen nombres tan raros como “territoriología” y “proxemica”.[A]

La “etología”, el estudio de los animales en su entorno, es una ciencia nueva. Sus orígenes se remontan hacia finales del siglo XIX, pero las investigaciones de campo profundas, encabezadas por Konrad Lorenz y Nikolaas Tinbergen, se desarrollaron por primera vez en el período de entreguerras. Después de la Segunda Guerra Mundial los estudios etológicos avanzaron notablemente y contribuyeron a la aparición de la sociobiología, ciencia que trata de explicar la conducta animal, y por inferencia la conducta humana, en términos biológicos cercanos a la teoría de la evolución. Los descubrimientos en estas disciplinas han arrojado serias dudas sobre las doctrinas psicológicas y sociológicas que dominaron el primer tercio de este siglo, es decir, las teorías que defienden que existe una gran diferencia entre la conducta humana y la conducta animal, basándose en que, mientras los animales actúan instintivamente, el comportamiento humano está condicionado en primer lugar, o exclusivamente, por la cultura. Demostraron que el deseo de adquirir, inicialmente considerado como un rasgo humano específico, y atribuido a influencias culturales, es común a todas las criaturas vivientes.

Los animales en su medio natural dependen para la supervivencia de su entorno físico: ya que no pueden ni cultivar la tierra ni elaborar productos, subsisten gracias a la generosidad de la naturaleza. Por esta razón, requieren el acceso libre a un territorio definido en el que se puedan alimentar y procrear; y cuyo tamaño depende de las necesidades particulares de la especie. La propiedad entre los animales se refiere, en primer lugar, al territorio. El concepto de “imperativo territorial” ya ha sido aceptado, aun cuando a algunos sociólogos y psicólogos les resulta difícil reconocerlo debido a sus implicaciones políticas (que veremos más adelante).[4]

Los animales, en lo que se conoce como su “estado natural de libertad”, nunca disfrutan, hasta donde sabemos, de una libertad sin ataduras ni restricciones, como quiere atribuírseles, a partir de una visión sentimental de la naturaleza. Ningún animal libre, tanto si pertenece a especies que viven en manada como si pasa gran parte de su vida en soledad, tiene libertad de movimiento, es decir, se mueve según sus deseos o al azar. A causa de su modo de vida, está confinado a un espacio vital limitado que le ofrece las condiciones necesarias para la supervivencia. Incluso en el caso de que este espacio fuera lo suficientemente amplio y le proporcionara estas condiciones de forma estable y uniforme, el animal tampoco tiene independencia total en sus movimientos. En vez de eso, se limita a unas cuantas áreas pequeñas, conocidas como su radio de acción, y normalmente no las abandona, a no ser por una necesidad imperiosa. Tampoco, dentro de este espacio, el animal se mueve al azar, sino solamente por caminos previamente trazados y de acuerdo con un patrón muy bien determinado.[5]

Además de defender el acceso y control sobre un territorio, los animales también mantienen dos tipos de distancias: con respecto a otras especies y en relación con sus congéneres. Estas “burbujas” espaciales se han delimitado con gran precisión según las especies, y la regla general es que cuanto más grande es el animal, más espacio requiere para sentirse seguro. Cuando esa distancia marcada es traspasada por algún ser vivo, el animal se escapa o ataca. Algunas especies, sin embargo, prefieren vivir muy cerca de los suyos.[6] Como regla, los animales que habitan cerca del agua y que se alimentan de peces y de otros productos de los lagos, de los ríos y del mar, toleran más la presencia de otros animales que aquellos que están tierra adentro. Por ello, los frailecillos, las alcas, los pingüinos y otros pájaros que habitan las riberas de los ríos y las costas y que tienen que viajar distancias cortas para conseguir sus alimentos viven en colonias muy pobladas.

Entre los primeros que se dedicaron a investigar sobre la territorialidad de los animales se encontraba el inglés H. Eliot Howard, ornitólogo aficionado, quien realizó sus estudios durante la Primera Guerra Mundial. Howard no encontró entre los pájaros instintos de propiedad, a no ser los relacionados con necesidades específicas: llegó a la conclusión de que sus exigencias sobre los territorios estaban directamente conectadas con el apareamiento. Notó que durante el invierno, los pinzones, que eran el objeto de sus investigaciones, vivían unos junto a otros en armonía. Pero cuando llegaba la primavera su comportamiento cambiaba drásticamente. Había surgido la competencia por las hembras y por los espacios para la cría:

Observen una de las numerosas bandadas de pinzones que vagan por los campos en invierno. Aunque puede estar compuesta por una gran cantidad de ellos, de diferentes tipos, sin embargo, los distintos grupos conforman una sociedad tranquila que actúa por una razón: buscar comida. No obstante, en respuesta a algunos cambios orgánicos internos, que ocurren a principios de temporada, surge la individualidad como un factor en la situación que se está desarrollando, y uno a uno los machos se trasladan hacia posiciones alejadas, en las que cada uno, al ocupar un área limitada, se aparta de sus compañeros. Después de esto no volvemos a encontrar lugares ocupados por bandadas más o menos grandes y, mientras que muchos acres de terreno permanecen desocupados, observamos que los setos y malezas se dividen en muchos territorios, cada uno de los cuales tiene su dueño. […] Un alejamiento tan radical de las pautas normales de comportamiento no podría aparecer, generación tras generación, en formas tan ampliamente divergentes y poseer, sin embargo, una uniformidad cada vez que sucede, si no estuviera basado sobre algunas bases congénitas adquiridas como respuesta a alguna disposición heredada.[B]

Howard explicaba este sentido de posesión territorial a partir del hecho de que, si los pájaros hacían sus nidos muy cerca uno de otro, tenían que volar distancias muy largas para encontrar su alimento, lo que pondría en peligro sus crías, extremadamente sensibles al frío.[7] Por esta razón, los pájaros defienden su espacio con mucha agresividad: los cantos son una de las formas que los machos utilizan para proclamar sus derechos sobre un territorio y para advertir a otros machos que deben mantenerse alejados. Howard llegó a la conclusión de que el comportamiento territorial de los pájaros era “instintivo”, es decir, “depende de condiciones biológicas puras, y de ningún modo está determinado por una experiencia consciente”.[8]

Investigaciones posteriores confirmaron los hallazgos de Howard. Se descubrió que el sentido de posesión territorial era prácticamente universal entre los animales, desde los protozoos más primitivos hasta los primates más avanzados.[9] Ernest Beaglehole, en un estudio sobre la propiedad, dedicó todo un capítulo a analizar el comportamiento posesivo de los insectos.[10] Así, por ejemplo, las libélulas atacan a otras libélulas si se acercan a las áreas en donde están sus huevos.[11] Una conducta similar se observó en los animales marinos: un pez conocido como pez espinoso de columna vertebral trífida defiende ferozmente el territorio de su cría.[12] Ejemplos como estos se pueden multiplicar ad infinitum. Los animales a menudo marcan espacios que consideran suyos mediante mecanismos ópticos, acústicos u olorosos, solos o en combinación, y los protegen de los intrusos, colectiva o individualmente. A diferencia de los humanos, sin embargo, cuando son agredidos, defienden su territorio con una violencia que no pone en peligro la vida de los otros; emiten señales con su cuerpo y utilizan otras demostraciones de fuerza, incluyendo peleas que, raramente, llegan a ocasionarles heridas, un hecho que nos hace reflexionar acerca de por qué a la conducta depravada de los humanos se la denomina “bestial”.

A partir de estos descubrimientos se llega a la importante conclusión de que los animales requieren un territorio propio no sólo para escaparse de los depredadores y para garantizar su alimentación y la de su familia, sino para poderse dedicar al acto mismo de la reproducción:

En la mayoría de las especies territoriales, aunque no en todas, la hembra no responde sexualmente a un macho que no domine su propiedad. Como pauta general de conducta, en las especies territoriales, la competencia entre los machos, que inicialmente pensábamos se daba por la posesión de la hembra, se produce, en realidad, por la posesión de la propiedad.[13]

Ya en 1903, un observador irlandés explicó que la presencia constante de una cantidad de aves de la misma especie en un área dada se debía a que sólo llegan a procrear aquellos pájaros que logran controlar un territorio en el que pueden alimentar y criar a su prole.[14] En otras palabras, las restricciones territoriales actúan como métodos eficientes de control de la población.

Algunos primates reafirman sus derechos exclusivos sobre el espacio al ocuparlo físicamente o al “sentarse” sobre él.[15] Este comportamiento no se diferencia mucho del de los humanos, como se aprecia en la etimología de las palabras que denotan posesión en diferentes lenguas. Así, el verbo alemán para “poseer”, besitzen, y el sustantivo para “posesión”, besitz reflejan, literalmente, la idea de sentarse sobre algo o, de forma figurada, asentarse. El verbo polaco posiadac, “poseer”, así como el sustantivo posiadlosc, “propiedad”, tienen un origen idéntico. La misma raíz se encuentra en la palabra latina possidere, específicamente, sedere, “sentarse”, de donde proviene la francesa posséder y la inglesa “to possess”.[16] La palabra “nido” proviene de una raíz (nisad o nizdo) que significa “sentarse”.[17] Se ha descrito que la ocupación del trono de un monarca “no es otra cosa que el acto simbólico de sentarse sobre su reino”.[18]

Las investigaciones etológicas han revelado que, además de darles la oportunidad de obtener su comida y de criar a sus hijos, la posesión del territorio y la posibilidad de familiarizarse con sus características es de una importancia vital para la supervivencia física de los animales:

La ocupación de un territorio particular permite que el animal llegue a conocer en detalle su entorno y, al mismo tiempo, le permite construir un inventario de reflejos condicionados en relación con las características del paisaje y a las posibilidades que le ofrece su entorno (puntos estratégicos, escondites, etc.) que le facilitan dar respuesta, con rapidez y eficacia, a los peligros y a las agresiones. Al combinarse con lo que podrían ser ventajas psicológicas, esto produce el conocido efecto de “jugar en casa”, gracias al cual los animales más débiles pueden defenderse de sus enemigos más fuertes cuando se encuentran en el territorio que consideran su hogar.[19]

En muchos casos ha sido posible determinar con bastante precisión el área que una especie dada requiere para sobrevivir y procrear. Como regla aproximada, los animales carnívoros necesitan un territorio diez veces mayor que los herbívoros.[20] Como es de esperar, los animales defienden su territorio con más ferocidad a medida que se va reduciendo.[21] El hacinamiento condiciona que se comporten de forma anormalmente agresiva e, incluso, neurótica. Aunque tengan suficiente comida, la superpoblación les produce cambios fisiológicos que pueden provocar muertes masivas.[22]

Uno de los fundadores de la sociobiología, Edward O. Wilson, asegura que casi todos los vertebrados y la mayoría de los invertebrados más avanzados “conducen sus vidas de acuerdo con reglas precisas sobre el derecho a la tierra, el espacio y el dominio”, y mantienen distancias precisas y específicas entre uno y otro.[23] Los animales sociales, como las hormigas, protegen su territorio celosamente, el hormiguero, y se ha llegado a afirmar que viven en un estado de guerra permanente.[24] Otros animales protegen el centro de su territorio con mucha agresividad pero toleran que los intrusos merodeen por una zona cercana vagamente determinada.

Lorenz, Tinbergen y otros etólogos defienden que las raíces de la agresividad humana y animal tienen su base en un “instinto territorial”. Este tema ha causado intensos debates porque implica que la agresividad tiene un origen genético y que, por lo tanto, no se puede erradicar.[25] Quienes se oponen a este punto de vista en ocasiones llegan a extremos para desacreditarlo. Mientras que algunos aceptan que el comportamiento humano es una mezcla de instinto y aprendizaje, otros rechazan radicalmente el factor biológico: por ejemplo el antropólogo cultural Ashley Montagu rechaza las teorías de Lorenz y Ardrey, que sostienen que la agresividad es inherente a los humanos, y no les concede ningún valor.

El hombre es hombre porque no tiene instintos, debido a que todo lo que es y en lo que se ha convertido lo ha aprendido, lo ha adquirido a través de su cultura, a partir de lo construido por el hombre en su medio natural, a partir de otros seres humanos.[26]

Tinbergen previno contra la tendencia a transferir mecánicamente las lecciones aprendidas del comportamiento animal al comportamiento de los humanos, porque los seres humanos poseen una inteligencia superior, manifestada en su capacidad para controlar su entorno y para transmitir el conocimiento. A pesar de esta advertencia, una sorprendente cantidad de psicólogos y de antropólogos se negaron a hacer concesiones a la etología y a la sociobiología. Los más tolerantes restaban importancia a los descubrimientos de estas disciplinas y los clasificaban como “simplificaciones exageradas”; los más intolerantes, sometían a sus autores al ostracismo y al insulto. Edward Wilson no sólo fue ultrajado verbalmente sino que incluso fue agredido físicamente por haber tenido la temeridad de afirmar que la sociobiología arroja luz sobre el comportamiento humano.[27] Stephen Jay Gould, en La medida errónea del hombre (The Mismeasure of Man), cuestionó el “determinismo biológico” a partir de consideraciones políticas, en el sentido de que tenía que estar equivocado porque es “en esencia, una teoría de los límites”[28], es decir, como si la visión de lo que el hombre puede y debe ser o puede y debe hacer (según los criterios del observador) determinara, de hecho, lo que es y lo que hace. Gould se detiene en cómo se utilizó el determinismo biológico para fomentar el racismo, el “fascismo” e incluso el genocidio.[29] Al recurrir a una lógica semejante, los sociobiólogos podrían acusar a los que proponen el condicionamiento cultural de que están defendiendo ideas que promueven la ingeniería social y que, por lo tanto, conducen al comunismo y al gulag de Stalin. Para alguien que no esté personalmente involucrado en esta controversia, la pregunta relevante no es si la biología puede utilizarse con fines políticos (como, indudablemente, se puede hacer y se ha hecho) sino qué nos puede aportar, para el conocimiento de los seres humanos, la observación de los animales.

Como hemos señalado anteriormente, en relación con las teorías de Franz Boas, la razón por la cual un núcleo considerable de la comunidad académica se niega a reconocer la prueba suministrada por la sociobiología tiene que ver, en última instancia, con la política. Así, un crítico de la sociobiología dice que los puntos de vista de Lorenz en relación con los orígenes de la agresividad humana se deben rechazar, no sólo porque son científicamente insensatos sino, además, por sus “implicaciones políticas”.[30] Constituye un dogma fundamental del liberalismo, del socialismo y del comunismo la afirmación de que los seres humanos son criaturas infinitamente maleables; las cuales, mediante la legislación, la educación (y el adoctrinamiento) pueden purificarse y llegar así a eliminar sus atributos socialmente indeseables (principalmente el deseo de adquirir, la agresividad) y transformarse en seres humanos que congenien entre sí y vivan felices entre iguales. La perfectibilidad del hombre se considera, según un famoso pensador liberal americano, como un requisito indispensable para la democracia;[31] y esta premisa resulta todavía más esencial para las ambiciones de los socialistas y de los comunistas. Este punto de vista es defendible solamente si se considera que el comportamiento humano está condicionado exclusivamente o casi exclusivamente por el entorno (“la cultura”). Si se encuentra enraizado en la biología, entonces las posibilidades de alterarlo son, necesariamente, limitadas. Lo máximo que se puede pretender, en estas condiciones, es que la educación, el castigo, la crítica social y otros mecanismos semejantes puedan controlar las formas de conducta social indeseables, asumiendo el riesgo de que el deseo de adquirir cosas y la agresividad reaparezcan en el instante en que estos mecanismos coercitivos pierdan fuerza. El asunto, por tanto, es de suma importancia para todos los que aspiran fundamentalmente a rehacer la sociedad. Explica las emociones que suscitó la controversia entre si “el hombre nace o se hace” y la razón por la cual personas que en otras circunstancias eran perfectamente capaces de observar y de analizar, sin apasionamientos, la evidencia científica, se alteraban de forma inusual cuando se trataba de un tema relacionado con la naturaleza humana. Esta experiencia confirma que los seres humanos pueden estudiar cualquier tema y mantener un distanciamiento científico, siempre y cuando este tema no sea el propio ser humano. Aunque pongan todo su empeño en mantenerse indiferentes, cuando llega el momento de analizar el comportamiento humano, la cuestión se desvía a cómo dirigirlo hacia actividades constructivas. Y la concepción de cada uno sobre lo que son “actividades constructivas” afecta invariablemente cómo uno entiende la motivación humana. Aun en el supuesto de que se tuviera la decisión de analizar el problema como si se estuviera libre de prejuicios, es decir, utilizando una terminología científica e, incluso, una formalización matemática, en la práctica el método utilizado acaba siendo deductivo, en última instancia, y se encuentra determinado por las preferencias políticas.

2. EL SENTIDO DE POSESIÓN EN LOS NIÑOS

Para demostrar que el deseo de adquirir es resultado de las condiciones culturales se debería probar que los niños no poseen una conducta posesiva y sólo la adquieren a medida que crecen, bajo la influencia de los adultos. De hecho, según las pruebas acumuladas por los psicólogos infantiles, resulta todo lo contrario, es decir, los pequeños son extremadamente posesivos y aprenden a compartir a medida que crecen porque se les enseña a hacerlo.

Al igual que en el caso de los animales, las causas principales para el deseo de adquirir en los humanos son las económicas y las biológicas: la necesidad de un territorio y de objetos que permitan la subsistencia y la procreación. Toda actividad humana “se realiza en lugares específicos o en contextos geográficos particulares” por lo que la “localización” es “uno de los aspectos fundamentales de la sociedad humana”.[32] Pero también existe un aspecto psicológico sutil relacionado con la propiedad-posesión que hace que los objetos poseídos se traten como una extensión de la persona. Ya Hegel había destacado los efectos psicológicos positivos de la posesión, en su propia terminología: “[E]s solamente a través de la posesión y del control de la propiedad como el hombre puede incorporar su voluntad a objetos externos y comenzar a trascender la subjetividad de su existencia inmediata”.[33] William James escribió unos comentarios muy perspicaces sobre este tema:

El ser empírico de cada uno de nosotros es todo lo que el hombre siente tentado a llamar con el nombre de mi. Pero está claro que, entre lo que el hombre llama mi y a lo que simplemente se refiere como mío, existe una línea difícil de trazar. Sentirnos y actuamos en relación con ciertas cosas que son nuestras de la misma forma en que sentirnos y actuamos en relación con nosotros mismos. Nuestra reputación, nuestros niños, el trabajo de nuestras manos, nos pueden resultar tan queridos corno nuestros cuerpos, y pueden provocar los mismos sentimientos y los mismos actos de represalia en caso de ser atacados. En su sentido más amplio posible… el Ser de un hombre es la suma total de todo lo que PUEDE llamar suyo, no sólo a su cuerpo y a sus poderes psíquicos, sino a su ropa, su casa, su esposa e hijos, sus ancestros y amigos, su reputación y su trabajo, sus tierras y sus caballos y su yate y su cuenta de banco. Todas estas cosas le proporcionan las mismas emociones. Si crecen y prosperan, se siente un triunfador; si se reducen y se desvanecen, se siente desanimado.

Un impulso instintivo nos lleva a la propiedad colectiva, y lo reunido se convierte, con diferentes grados de intimidad, en partes de nuestro ser empírico. [E]n cada caso [de pérdida de posesiones] queda una sensación de que nuestra personalidad se ha encogido, de que una parte de nosotros se ha convertido en nada.[C]

Se ha señalado que en las principales lenguas europeas —griego, latín, alemán, inglés, italiano y francés— la “propiedad” se utiliza en dos sentidos relacionados: aquél que es un atributo para alguien o para una cosa y aquél que pertenece a alguien.[34] “Propio” y “apropiado” tienen la misma etimología. En otras palabras, el vocabulario trata las pertenencias corno cualidades definidoras. Ésta es la razón por la cual todos los esquemas comunistas, desde La República de Platón hasta los kibbutzim radicales en Israel, se esfuerzan en erradicar la personalidad individual, al ver en ella un obstáculo para la obtención de la igualdad perfecta. En los comienzos de la Unión Soviética esta obsesión fue tan grande que algunos ideólogos llegaron a proponer seriamente que se reemplazaran los nombres propios de los ciudadanos por cifras o números.[35]

Se debe poner énfasis en la dimensión psicológica de la propiedad porque quienes se oponen a los derechos de propiedad siempre la ignoran. Por ello el historiador y socialista inglés Richard Tawney intentó explicar la disposición de las personas comunes a tolerar las desigualdades y la explotación asociadas con el capitalismo por el miedo a perder los ahorros que han logrado acumular para tener de reserva en caso de enfermedades o para su vejez. Estaban mal orientados, según él: “La propiedad es el instrumento, la seguridad, el fin, y cuando surge alguna alternativa que, en un futuro, permite que se obtenga lo segundo, en la práctica, la pérdida de confianza, de libertad, o de independencia no parecen ser causadas por la ausencia de la primera”.[36] Pero como demuestra la experiencia, apegarse a la propiedad no es sólo una fuerza negativa, sino también positiva: su fuerza impulsora no es solamente el miedo a perder sino también la esperanza de ganar. Es la incapacidad de reconocer este hecho lo que explica el pésimo rendimiento económico de las sociedades que han abolido la propiedad privada.

La percepción de James ha sido reivindicada por estudios clínicos sobre niños. El psicólogo infantil inglés D. W. Winnicott ha denominado “objetos transicionales” a las mantas y los ositos a los que los niños se aferran, y explica que sirven, al mismo tiempo, como sustitutos de la madre y como objetos que permiten al niño desprenderse de su dependencia materna y establecer una identidad personal al reconocer cosas que son externas a él, es decir, “lo que no soy yo”.[37] Los estudios sobre el desarrollo de los niños han permitido describir la evolución de los deseos de adquisición. Dos psicólogos han observado algo que los padres conocen muy bien, concretamente, que los niños de dieciocho meses presentan dificultades para dormirse sin su juguete favorito, una manta concreta u otro objeto familiar que los acompañe, y saben muy bien qué pertenece a quién. A los dos años, “un niño posee la mayor cantidad de cosas posibles” y manifiesta “un fuerte sentimiento de posesión”, especialmente con los juguetes. “Es mío” es un estribillo constante. A medida que crecen, los niños aprenden a compartir, pero el sentimiento de propiedad permanece con fuerza, al igual que el deseo de acumular. A la edad de nueve años, surge un marcado interés por tener dinero y una urgencia por tener lo más posible.[38] Esta prueba respalda el punto de vista de james de que la propiedad estimula el desarrollo de la personalidad humana. El “esto es mío” de un niño de dos años implica que “esto no es tuyo”, de lo que se desprende que “yo soy yo” y “tú eres tú”.

Investigaciones llevadas a cabo en los Estados Unidos, a principios de la década de los treinta, revelaron hasta qué punto los niños en edad de preescolar manifiestan su agresividad en relación con sus pertenencias. Una psicóloga estudió a cuarenta niños entre las edades de dieciocho a sesenta meses, durante su tiempo de recreo en la guardería. Tan pronto como surgía una pelea en algún lugar de la guardería, ella o uno de sus ayudantes se acercaba, “armados con cronómetros, cuadernos, y demás parafernalia” para apuntar la naturaleza y duración del desacuerdo. El equipo anotó alrededor de doscientas peleas. Encontró que en todos los grupos de edad la principal causa del conflicto eran los desacuerdos en relación con las pertenencias. Sin embargo, eran más frecuentes en las categorías más jóvenes (de dieciocho a veintinueve meses), en las que se registraron el 73,5% de las riñas.[39] Estos resultados sugieren que, en vez de tener una raíz cultural, la conducta adquisitiva es instintiva y se atenúa por la influencia cultural.

Ahora bien, es imaginable que los niños que se crían en sociedades que le dan gran prioridad a los bienes materiales aprendan de sus mayores el comportamiento posesivo. Sin embargo, estudios de niños criados en comunidades colectivizadas arrojan un patrón similar. En su innovador trabajo sobre los kibbutzim de Israel, Melford Spiro encontró los mismos impulsos adquisitivos y la misma envidia por la posesión entre los niños que vivían en el kibutz que entre los niños que se educaban en un entorno capitalista. Al crecer en guarderías comunitarias, reclamaban como propiedad objetos tales como pinturas y toallas y sabían perfectamente qué quiere decir “esto es mío”. “[E]xisten pruebas suficientes, en todos ellos, pero fundamentalmente entre los más pequeños, de que los niños en edad preescolar [entre dos y cuatro años] sí perciben ciertos objetos como su propiedad”. En la escuela primaria “son muy enérgicos a la hora de reclamar sus derechos de propiedad. Algunos sienten envidia de las pertenencias de los otros”. Sólo cuando crecen, bajo la influencia de la ideología colectivista, comienzan a negar la necesidad de las posesiones privadas. A partir de esto, el autor llega a la conclusión de que:

El niño no es una tabula rasa que, dependiendo de su entorno cultural, está dispuesto a aceptar, de igual modo, los acuerdos en relación con la propiedad privada o colectiva. Por el contrario, los datos sugieren que las primeras motivaciones de los niños van dirigidas, con gran fuerza, hacia la propiedad privada, una inclinación de la que se lo aparta, sólo gradualmente, a partir de técnicas culturales efectivas.[40]

Lita Furby, que también ha estudiado el comportamiento de los niños en la comunidad kibutz descubrió que, a pesar de la indiferencia que los adultos mostraban hacia la propiedad privada, crecía en ellos un fuerte espíritu adquisitivo que era reprimido socialmente. Se decidió a realizar este estudio porque tenía la impresión de que no existía todavía, en la década de los setenta, “ningún trabajo sistemático, ni empírico ni teórico sobre la psicología de la posesión, esto es, sobre los orígenes y desarrollo del sentido de posesión del individuo”.[41] Al tratar de cubrir este vacío, descubrió que el espíritu adquisitivo (o instinto) surgía a edades muy tempranas incluso en un entorno que le fuera abiertamente hostil: los niños criados en comunidades kibutzim manifestaban el mismo deseo de adquirir que los americanos criados en una cultura que estimula el materialismo. Sus investigaciones corroboran el peso que le da James Williams a la estrecha asociación que existe entre la posesión y el sentido del ser, así como al efecto que tienen las propiedades al acentuar el sentimiento de competencia: “Las primeras nociones sobre lo que es posesión se centraron en qué controlo yo y qué responde a mis acciones”.[42] Los niños utilizan el pronombre “mío” muy pronto y cuando son capaces de formar frases con dos palabras, uno de los primeros conceptos que expresan se relaciona con la posesión (por ejemplo, “silla papá”).[43] Bruno Bettelheim observó, para su sorpresa, que aunque era posible, con el tiempo, inculcar a los niños de los kibutzim la indiferencia hacia las pertenencias privadas, esto se lograba a un alto precio. Los israelíes que crecieron así en un ambiente espartano poseían un sentido de lealtad excepcional hacia el grupo y se convertían en excelentes soldados, pero les resultaba difícil comprometerse emocionalmente con otras personas, ya fuera en términos de amistad o amorosos.

La emoción compartida exclusivamente con otra persona es una señal de egoísmo, igual que el sentimiento hacia las pertenencias privadas. Fue en el kibutz donde me di cuenta de hasta qué punto la propiedad privada, en lo más profundo de la mente, se relaciona con las emociones privadas. Si una está ausente, la otra tiende a ausentarse también.[D]

Los jóvenes de los kibutzim admitieron que no se atrevían a escribir poesía o a pintar, porque estas actividades se consideraban “egoístas” y se consideraban una vergüenza por el grupo.[44]

Los estudios empíricos han demostrado además que, para desarrollarse normalmente, los niños, al igual que los animales, necesitan un espacio privado determinado. “[L]a demarcación territorial es necesaria para [su] el desarrollo completo de su salud psíquica.” “La falta de territorio en los niños conlleva una regresión”.[45] Al igual que los animales, los niños también establecen distancias bien precisas entre sus amigos, conocidos y entre personas extrañas y estas distancias difieren en cierta medida entre los niños y las niñas.[46] Asimismo, se rodean con “burbujas” espaciales invisibles, de las que se atribuyen la propiedad exclusiva. Cuando crecen, los seres humanos de culturas diversas mantienen entre ellos distancias establecidas por la costumbre y reaccionan con violencia cuando se invade su espacio personal.[E] Todo el concepto de privacidad se deriva del hecho de que podemos retirarnos, en parte o absolutamente, hacia nuestro propio espacio: la capacidad de poderse aislar es un aspecto importante de la propiedad privada. Donde no existe la propiedad, no se respeta la privacidad.[F] Hemos señalado la insistencia de los escritores utópicos, comenzando con Tomás Moro, en que miembros de sus comunidades ficticias se interrelacionaran y actuaran de común acuerdo. Los nazis y los comunistas hicieron todo lo posible para destruir la privacidad del hogar y lograr que las personas mantuvieran un contacto social constante. Cuando trataban con marginados políticos, llegaban a los extremos de despojarlos de su privacidad. En su extrema determinación para deshumanizar totalmente a sus víctimas, los nazis les robaban su espacio personal, amontonando a los reclusos de los campos de concentración de tal forma que no podían evitar tocarse unos a otros cuando dormían en las literas repletas de personas. Un hacinamiento parecido se impuso deliberadamente en los campos de concentración de Stalin.

3. LA POSESIÓN ENTRE LOS PUEBLOS PRIMITIVOS

Como hemos señalado en el capítulo anterior, la creencia de la existencia de una Edad de Oro, en que la humanidad disponía de todos los bienes en común, es tan antigua como la historia misma. Ha proporcionado el apoyo psicológico a los argumentos teóricos que mantienen que la propiedad es algo antinatural. Y, sin embargo, éste es un dogma de fe que no está avalado por la antropología moderna. Por el contrario, los antropólogos han llegado a la conclusión de que nunca existió una sociedad tan primitiva que no reconociera algunas formas de propiedad.[47]

La propiedad es un rasgo universal de la cultura humana. La tierra en la que el grupo social vive, de la que extrae su sustento, en la que las bestias vagan libres y los animales pastan mansamente, los árboles y las cosechas, las casas que los hombres construyen, las ropas que se ponen, las canciones que cantan, las danzas que bailan, los conjuros que formulan, todas estas cosas y muchas más son objetos de la propiedad. Cualquier cosa de la que los hombres dependan para el mantenimiento de la vida, o cualquier cosa que valoren, tienden a considerarla dentro del ámbito de la propiedad. Por esta razón la propiedad es tan omnipresente como el hombre, una parte de la estructura básica de la sociedad.[48]

El hecho de que todas las sociedades condenen y castiguen el robo, al menos dentro de su propias comunidades, da fe de su respeto por la propiedad.[G] De hecho, los códigos legales antiguos que se han encontrado daban la misma importancia a las agresiones físicas que a los asuntos relacionados con la propiedad y con las violaciones de la propiedad. Esto es cierto en relación con el Código de Hammurabi (hacia el 1750 a. C.), que dedica muchos de sus artículos al robo de bienes y esclavos, a la posesión de la tierra, al ganado vacuno y bovino, a las inversiones y a las deudas. Dos de las tres tablas que se conservaron con el código de la ley asiria, que datan del 1100 a. C., se refieren a la ley de la tierra y a otras formas de posesión: gran parte de la que se dedica a la mujer se refiere a los derechos de propiedad y a las reclamaciones. El código romano de las Doce Tablas (siglo V a. C.) trata temas tales como las deudas, el robo y la herencia: el derecho del dueño a disponer de su propiedad se garantiza con firmeza. El “comunismo primitivo” resulta entonces un mito, igual que es un mito la noción de que el sentido de posesión se inculca socialmente. A pesar de ello, la mayoría de los manuales de antropología no mencionan la propiedad o, en el mejor de los casos, lo hacen sólo de pasada.[H]

La creencia de la existencia del comunismo primitivo, que todavía abunda en la literatura académica, no se basa en pruebas concretas sustentadas por la historia y por la antropología sino en una deducción lógica a partir de la sociología evolutiva, una teoría que ahora ya está desacreditada y que surgió a mitad del siglo XIX bajo la influencia del libro El origen de las especies (Origin of Species), de Darwin. Darwin planteó que los fenómenos biológicos experimentaban un flujo constante, “evolucionando” de las formas más simples a las más complejas, de acuerdo con pautas identificables de progresión y regulados por el principio de la selección natural. Esta teoría se aplicó rápidamente a la sociología. La escuela evolucionista de la sociología supuso que, al igual que las criaturas vivientes, las instituciones experimentaban un desarrollo, de las formas más primitivas a las más avanzadas: por lo tanto, no se podía decir que algo “es” porque todo estaba siempre evolucionando. De este modo se mantuvo que la historia de la humanidad reflejaba unas pautas en su evolución, desde la caza y la recolección hasta el pastoreo del ganado, lo que fue seguido por la agricultura y culminó con la industria.

Desde los tiempos clásicos se ha reconocido la enorme trascendencia de los diferentes modos de vida y muy pronto se consideró que cada uno de ellos estaba dotado de una capacidad de desarrollo económico, es decir, se consideró a cada uno como “etapas económicas”. En el siglo XIX cuando, por primera vez, se estudiaron con profundidad las economías de los pueblos primitivos y sus arcaicas etapas económicas, se empleó un análisis basado, de una forma muy poco crítica, en las ideas de la evolución lineal, que a su vez habían pasado acríticamente de la biología a la cultura humana. Se sugería que, en todas partes, el hombre había comenzado siendo un cazador, más tarde había aprendido a domesticar algunos de sus animales de caza y se convirtió en pastor y, al final, llegó a la etapa de la agricultura. Apenas se señalaron distinciones entre las muchas y diversas formas de recolectar los alimentos, o entre la extracción rudimentaria de las raíces y el cultivo avanzado de los cereales con el arado. Tampoco se adujeron razones sólidas para suponer que en todas partes el pastoreo precedió al cultivo. Por último, y casi unánimemente, prescindieron del concepto de difusión cultural y no se reconoció el papel que jugó en los cambios de los patrones económicos de grandes zonas. Las ideas de la evolución y el progreso que dominaron el pensamiento científico y social produjeron un “hombre” vago y abstracto que vivía en cualquier lugar, que tenía siempre la tendencia de luchar por alcanzar una etapa superior. Las personas no viven en etapas económicas. Poseen economías; y repetimos, no encontramos economías únicas y exclusivas sino sus combinaciones.[49]

La evidencia antropológica e histórica indica que pueden coexistir economías diferentes y que, de hecho, coexisten, aun cuando una prevalezca sobre la otra. De este modo, entre las tribus germánicas antiguas la principal ocupación era el pastoreo de ganado, y se dedicaban a la agricultura como una actividad auxiliar, de la cual se encargaban las mujeres. Los hombres comenzaron a ocuparse de los cultivos cuando el arado, que requería una fuerza física mayor, reemplazó la azada tradicional.[50]

En la Rusia medieval dependían principalmente de la agricultura, pero también pescaban, cazaban y ponían trampas; más tarde, además de la agricultura, desarrollaron las industrias locales.

Se creía que esta imaginaria progresión evolutiva de una “etapa” económica a otra había estado acompañada por la aparición de la propiedad, supuestamente desconocida en la fase “salvaje” más primitiva de la humanidad, cuando todas las cosas eran propiedad común. En la sucinta frase de Robert Lowie, dado que la influencia de la propiedad “era fuerte en las civilizaciones industriales… los evolucionistas menos sofisticados supusieron con naturalidad que en la etapa más temprana de la civilización había sido nula”.[51] La opinión que prevalece hoy mantiene que

[…] el llamado sistema de tierra colectiva, en casi todas las etapas primitivas, ha sido más bien un sistema familiar, ni más colectivo ni más socialista que una propiedad familiar no dividida como las que observamos en la actualidad; que no ha existido ninguna secuencia definitiva ni universal en el cambio de formas de la posesión de la tierra; que desde las primeras etapas, al menos del hombre agricultor, han existido diferentes sistemas de tierra con dueños individuales, familiares o tribales; y, si ha predominado alguna, ha sido la posesión familiar.[52]

Lo más que se ha podido determinar es que, en las sociedades primitivas, las reclamaciones sobre territorio provienen de la ocupación de una res nullius y las de los bienes muebles, de la aplicación del trabajo: más o menos de la forma en que los teóricos clásicos como Locke imaginaron que apareció la propiedad privada.[53]

La propiedad entre los pueblos primitivos adquiere dos formas: de parentesco (tribal o familiar) e individual. Los grupos de parentesco comúnmente controlan la tierra en la que sus miembros se reúnen, cazan, pescan o, con menor frecuencia, cultivan y excluyen a los que no son miembros del grupo. La propiedad individual incluye los efectos personales (ropas, armas, herramientas) así como bienes intangibles como las canciones, los mitos, las oraciones, los conjuros, etcétera.

Comencemos por los efectos personales. Existe un acuerdo general entre los antropólogos de que las personas en todas partes consideran la ropa, los ornamentos, las armas, etc., como una propiedad privada indiscutible de la que el poseedor puede disponer según su voluntad.[54] Esto sucede porque estas pertenencias, generalmente hechas a mano por su dueño, se consideran como extensiones de su persona: “la propiedad personal es considerada, por los nativos, como una parte del ser, de alguna forma añadida, asimilada o apartada del ser […] algo del espíritu de la propia vida del individuo se integra a lo que él ha tomado y manipulado”.[55] Entre los maoríes de Nueva Zelanda, por ejemplo, era costumbre entre los dueños de una propiedad personal formular un hechizo religioso sobre la propiedad en forma de “tabú” (tapu) que impidiera que fuera usurpada por otros. En Melanesia, el dueño protegía su propiedad contra posibles ladrones mediante encantamientos que pudieran causarles alguna enfermedad.[56] Esas pertenencias personales generalmente se quemaban o se enterraban con el difunto. En muchas sociedades primitivas, la vivienda también se considera como una propiedad privada incuestionable, generalmente asignada a los herederos femeninos, porque fueron ellos, posiblemente, los que la construyeron.

En relación con el status de las esposas en las sociedades primitivas, algunos antropólogos las consideran como propiedad personal de sus esposos, porque pueden ser vendidas o utilizadas como avales.[57] La castidad prematrimonial de las mujeres y la fidelidad de la esposa, en los lugares en los que se exigía, también se han interpretado como expresiones del “tabú de la propiedad”.[I] Pero también existe el fenómeno conocido como “hospitalidad de la esposa”, la costumbre que tenían los hombres primitivos de compartir sus esposas con los visitantes, sin que se tomaran en cuenta los deseos de la mujer, lo que es otra muestra de las formas en que se proyecta la propiedad.[J] Generalmente, las viudas son consideradas como una parte de los bienes del difunto;[58] por ello, en algunas sociedades, las matan y las entierran o incineran junto al marido.

Los hombres primitivos afirman sus derechos sobre la propiedad personal, no sólo en relación con los objetos materiales, sino también sobre lo que podríamos considerar como propiedad intelectual, es decir, sobre las canciones, las leyendas, las pinturas y los conjuros mágicos, los cuales se creía que perdían su efectividad si otros los aprendían, a no ser que se les transfirieran adecuadamente mediante un regalo o por medio de la venta.[K] Estos bienes inmateriales se protegían mediante convenciones sociales complejas.[59] Robert Lowie plantea que los pueblos primitivos conocían las prácticas afines al derecho de autor y las leyes de patentes.[60] Un ejemplo de lo segundo es que ciertas familias de África oriental guardaron celosamente el secreto de cómo se trabajaba el hierro.[61] Cuando nos referimos a los objetos impersonales, específicamente a la tierra, es mucho más fácil describir qué es lo que la gente piensa de este tipo de propiedad que relatar cómo se comportan ante ella. En una sociedad occidental moderna, por razones tales como los impuestos o por el hecho de tener una cultura comercial altamente desarrollada, casi todo tiene un dueño, ya sea un gobierno, una sociedad, una asociación o un individuo; en otras palabras, casi todo, con excepción de la propia vida, es una mercancía. Pero este no es el caso en las sociedades premodernas. Para que surja la propiedad deben darse dos condiciones: que un objeto sea deseado y se encuentre disponible en cantidades limitadas. Como es obvio, la gente no se molestará en reclamar y defender objetos que nadie desea o que existen en abundancia. Cuando la población mundial no era más que una pequeña fracción de lo que es ahora y se encontraba muy dispersa, se suponía tácitamente que la tierra y sus productos pertenecían a aquellos que vivían en ella y la propiedad se hacía valer sólo cuando peligraba físicamente. (Se puede saber hasta qué punto estaban diseminados los seres humanos en los tiempos prehistóricos por el hecho de que la población total de Inglaterra durante la era paleolítica —desde c. 750 000 a. C. en adelante— se estima en unas 250 personas, y la de Francia en unas 10 000.)[62] No se habían creado los conceptos de “posesión” y “propiedad”, porque no habían sido necesarios, puesto que uno de sus rasgos esenciales (el derecho de excluir a otros) se convierte en algo operativo sólo cuando hay mucha población y la escasez de recursos genera competencia. Se cree que esto ocurre, en el caso de las economías predominantemente agrícolas, cuando la densidad de la población rural llega a la cifra de unas 75 a 150 personas por kilómetro cuadrado, lo que indica que existe un cultivo intensivo.[63]

La práctica de establecer títulos sobre las propiedades y considerarlos así como unos activos es reversible si cesan de ser escasas o deseables. Por este motivo, la mecanización de las granjas que comenzó después de la Primera Guerra Mundial y la decisión del Arma de Caballería de los Estados Unidos de suspender sus compras condujo a una caída estrepitosa en los precios de los caballos e hizo que en las grandes llanuras no fuera rentable hacer cumplir los títulos de propiedad sobre ellos, y como resultado se dejaron libres muchos caballos que se quedaron sin dueños.[64] Las aguas que no contienen peces pueden perder valor; lo mismo sucede con las tierras cultivadas que se convierten en desiertos.

Cuanto mejor se conocen las costumbres de las sociedades primitivas, más evidente se hace su tenacidad por mantener sus derechos exclusivos sobre cualquier cosa de la que dependiera su subsistencia. Ellos “casi nunca se alejan de sus regiones porque en los lugares que no conocen no pueden depender del intercambio recíproco de alimentos y, o no saben dónde crecen los alimentos silvestres o no se les permite recolectarlos”.[65] Lo que nos recuerda las ventajas que los animales consiguen cuando permanecen cerca de su territorio conocido.

El beneficio económico no es la única razón por la que el hombre primitivo defiende su hogar y no se decide a aventurarse fuera de él. Su apego tiene sus raíces tanto en las creencias religiosas como en la psicología.

Los pueblos primitivos mantienen un vínculo totémico con sus ancestros y creen que abandonar la tierra en la que sus antepasados vivieron impedirá la comunicación con ellos.[66] En muchas sociedades, como la de los antiguos griegos y la china, los muertos no se enterraban en los cementerios sino en la tierra en la que habían cultivado, lo que establecía un vínculo místico entre los ancestros y sus descendientes. Fustel de Coulanges le otorgaba una importancia tan grande a este vínculo que veía en él la fuente original para reclamar los derechos de propiedad. Al referirse a la aparición de la propiedad sobre la tierra en la Grecia antigua, su discípulo, Paul Guiraud, escribió:

Si los griegos soñaron con apoderarse de la tierra, fue porque tenían que comer y vestirse; si tuvieron éxito en apropiarse de ella, fue porque eran lo suficientemente fuertes como para tomar posesión de ella; si la convirtieron en un bien patrimonial y hereditario fue debido a que los ancestros de la familia necesitaban tener, cerca de la casa de sus descendientes, un espacio permanente que no les fuera arrebatado nunca, en el que pudieran descansar por toda la eternidad, en el que pudieran ser siempre venerados y en el que pudieran permanecer siempre unidos a ellos.[67]

El apego emocional al lugar en el que uno nace, llamado “nostalgia” o “morriña”, no es una característica que se adquiere ni es algo que se aprende.[68] Jomo Kenyatta, el primer presidente después de la independencia de Kenya, quien además había cursado estudios de antropología, al recordar su juventud en la tribu Gikuyu, confirma indirectamente los puntos de vista de Fustel de Coulanges sobre los antiguos griegos al describir la actitud de su pueblo hacia la tierra:

Al estudiar la organización tribal Gikuyu es necesario considerar la tenencia de la tierra como el factor más importante en la vida social, política, religiosa y económica de la tribu. La comunión con los espíritus ancestrales se realiza a través del contacto con la tierra en la que están enterrados los ancestros de la tribu. Los gikuyus consideran la tierra como la “madre” de la tribu, porque la madre lleva su carga durante ocho o nueve lunas mientras el niño está en su útero, y después, durante un período corto, cuando lo está amamantando. Pero es la tierra la que alimenta al niño durante toda su vida; y, de nuevo, después de la muerte, es la tierra la que cuida durante toda la eternidad los espíritus de los muertos. Por lo que la tierra es más sagrada que cualquier otra cosa que habite en ella o sobre ella.[69]

Vínculos emocionales como estos explican por qué los pueblos primitivos no consideran la tierra como una mercancía, esto es, como algo que puede ser enajenado. Un geógrafo canadiense, al referirse a lo difícil que resulta a los occidentales entender la actitud hacia la tierra de los inuits (esquimales), escribe:

La forma en que estas personas entendían su relación con la tierra se basaba en que sentían que pertenecían a ella y no que la tierra les pertenecía a ellos. La cosmología tradicional no compartía con el pensamiento occidental la clara diferencia sujeto-objeto entre el hombre y la naturaleza, mantenían la creencia de que la naturaleza es una materia inanimada que el hombre no puede dominar o controlar. La tierra servía como casa y sustento pero no podía reducirse a una posesión individual y no podía ser enajenada.[70]

Por estas razones, los pueblos primitivos no comercian con la tierra: el bantú africano, por citar sólo un ejemplo entre muchos posibles, nunca la vende.[L] Ya que el libre derecho de enajenar pertenencias es para los occidentales modernos uno de los atributos principales de la propiedad, ésta puede ser otra razón que explique por qué tienen dificultad en reconocer la existencia de la propiedad privada de la tierra en los no europeos.[M] Las reclamaciones sobre la propiedad que realizan estos últimos son más de tipo negativo que positivo: el énfasis recae más bien en excluir a los otros y no en afirmar el derecho de uno a poder disponer de todo. Mientras que para el hombre moderno poseer la tierra, de acuerdo con la ley romana, implica que tiene la libertad de venderla a otros, para el hombre primitivo significa solamente que tiene el derecho de mantener a los demás apartados de ella. La situación del hombre primitivo en este caso no es diferente de la de los animales: “La importancia fundamental del territorio [para los pájaros] no radica en el mecanismo (defensa manifiesta) por el cual el territorio llega a identificarse con su ocupante, sino en el grado en que, de hecho, es utilizado exclusivamente por su ocupante”.[71]

El apego emocional a la tierra natal resulta muy fuerte incluso en el hombre moderno. Su manifestación más dramática fue el regreso del pueblo judío a su tierra natal en Israel, después de más de dos mil años de diáspora, un caso único en la historia universal. Otro ejemplo es el regreso a sus tierras de origen de un grupo de pequeñas naciones que fueron deportadas por Stalin en 1944 por una supuesta colaboración con los invasores alemanes (los chechenos, los ingush, los balkar, los kalmycks y los tártaros de Crimea).[72]

A través de la historia, los pueblos que no han tenido una patria propia han sido despreciados. La mejor forma de ilustrar este hecho es la actitud tradicional de los cristianos hacia los judíos. Después de que los gobernantes del Imperio romano adoptaron el cristianismo en el siglo IV, una parte sustancial de la población judía rehusó convertirse a la nueva fe y fue objeto de la misma persecución que los cristianos habían sufrido anteriormente a manos de los romanos. A partir del siglo IV, los teólogos cristianos describían a los judíos como un pueblo maldito, condenado a un sufrimiento eterno. Como “prueba” de la desaprobación y del castigo de Dios por su supuesta responsabilidad en la crucifixión de Jesús, señalaron que los judíos no tenían un hogar propio ya que su templo había sido destruido por los romanos y habían sido dispersados:

Casi todos los Padres de la Iglesia del siglo IV decían lo mismo, desde San Efrén hasta San Jerónimo, desde San Juan Crisóstomo hasta San Agustín. En el gran tratado agustiniano La ciudad de Dios podemos leer: “Pero los judíos que lo negaron […] después fueron miserablemente despojados por los romanos y fueron dispersados por toda la faz de la tierra”.[73]

Este mito (que no es más que un mito, porque la dispersión de los judíos de Palestina había comenzado siglos antes del nacimiento de Jesús)[74] se hundió en las raíces más profundas en la conciencia cristiana, y reaparece, una y otra vez, como una prueba supuestamente concluyente de que los judíos son una nación de parias condenada a un sufrimiento eterno.

A continuación expondremos un ejemplo de esta mentalidad. Ha sido extraído de la crónica rusa que explica cómo el Gran Príncipe Vladimir, de Kiev, cuando buscaba una religión para su pueblo rechazó el judaísmo tal y como le ofrecieron los conversos de Khazar esa fe:

Entonces el príncipe les preguntó [a los judíos khazars] dónde se encontraba su tierra natal y ellos le contestaron que estaba en Jerusalén. Cuando Vladimir inquirió dónde estaba Jerusalén, ellos respondieron: “Dios estaba molesto con nuestros antepasados y nos dispersó entre los gentiles por nuestros pecados. Entonces nuestra tierra se la entregó a los cristianos”. El príncipe entonces requirió, “¿cómo piensan que podéis enseñar a otros si habéis sido expulsados y dispersados por el mundo por la mano de Dios? Si Dios os amara y amara vuestra fe, no andaríais dispersos por tierras extranjeras”.[75]

Esta noción continúa teniendo una importancia significativa en la hostilidad que muchos cristianos sienten hacia el Estado de Israel, una hostilidad muy desconcertante para los judíos, puesto que el regreso de los judíos a su patria puede interpretarse como la absolución de su culpa por el martirio de Jesús.

Y, finalmente, existe la dimensión psicológica de la propiedad. Los pueblos primitivos parece que obtienen de la propiedad el mismo sentido de bienestar y logran estimular la competencia de igual forma que el hombre occidental. Los estudios que se han hecho del muy primitivo pueblo Negrito en el sudeste asiático demuestran que no sólo tienen un elevado sentido de la propiedad sino que reciben gratificaciones psíquicas a partir de los objetos que poseen. “Las bases psicológicas de la propiedad privada’ entre estas personas “provienen de una conciencia de la individualidad claramente desarrollada, la cual está vinculada con la conciencia del logro personal”.[76]

Se ha sugerido que el hecho de que la humanidad moderna haya provocado que desaparezcan muchos territorios es la causa de muchos problemas sociales, puesto que la ausencia de un vínculo con la tierra disminuye el sentido de dignidad y de responsabilidad entre la gente.[77] El novelista ruso del siglo XIX Gleb Uspenskii ha escrito elocuentemente sobre el efecto devastador que tuvo para el campesino ruso perder el contacto con la tierra.[78] El desalojo violento y masivo de sus tierras, al que Stalin sometió a los campesinos rusos, puede haber sido la experiencia más traumática en la historia del pueblo ruso, y sus efectos se sentirán durante muchas generaciones.

4. SOCIEDADES DE CAZADORES Y RECOLECTORES

Cazar y recolectar es una forma de subsistencia que ha caracterizado, quizá, casi al noventa y nueve por ciento del pasado de la humanidad. Una estimación más prudente sostiene que, de los ochenta mil millones de personas que han habitado la tierra hasta el presente, más de un noventa por ciento se ha mantenido mediante la caza y la recolección, esto es, una forma de subsistencia que no difiere de la de los animales en su entorno (“Durante quince millones de años los miembros de una familia humana buscaron sus alimentos como animales entre animales”).[79] Se considera que sólo un seis por ciento se dedicó a la agricultura y el cuatro por ciento restante a actividades industriales.[80]

A menos que cuenten con más espacio del necesario, los cazadores y recolectores protegen sus territorios con mucho celo, porque dependen totalmente de él para su supervivencia. Es costumbre entre esos grupos, generalmente organizados en familias muy amplias, permitir que sean sólo sus parientes los que exploten las tierras en las que buscan sus alimentos. Aunque ocasionalmente se podía dar permiso a los extraños, se perseguía y mataba a los que entraban sin autorización.[81] La ferocidad con la que las tribus primitivas defendían su territorio ha sido comparada con la ferocidad de otros mamíferos.[82] Un estudio realizado por Frank G. Speck, publicado durante la Primera Guerra Mundial, sobre grupos de indios que habitaban el norte y nordeste de los Estados Unidos y Canadá expresa su desacuerdo con la opinión de Lewis Morgan y sus seguidores acerca de que los cazadores indios no imponían derechos exclusivos en sus territorios. Speck descubrió que

[…] [t]odo el territorio reclamado por cada tribu estaba subdividido en extensiones de tierra que habían pertenecido a las mismas familias desde tiempos inmemoriales y que se transmitían de generación en generación. Los límites de estos territorios se conocían con una gran precisión, y así eran reconocidos; y traspasarlos, lo que sucedía en muy pocas ocasiones, era severamente castigado.[N]

Investigaciones posteriores han revelado un hecho interesante sobre los indios del nordeste de América, y es que, a partir de la llegada de los europeos que buscaban pieles de castor, su territorio adquirió un valor mayor. Hasta ese momento, los castores abundaban tanto que, en la práctica, no tenían ningún valor y por tanto nadie reclamaba derechos de propiedad sobre ellos. En cuanto los comerciantes blancos estuvieron dispuestos a pagar por las pieles de los castores, los indios establecieron líneas divisorias que definían sus derechos territoriales.[83] Los esquimales caribús, por el contrario, no establecen límites territoriales para el caribú, su alimento principal, porque estos animales pastan en extensiones de tierra demasiado grandes que hacen imposible el establecimiento de límites.[84] Los indios de las llanuras sudoccidentales tampoco exigían derechos territoriales, en parte porque los animales que cazaban no tenían valor comercial y en parte porque también pastaban en terrenos muy extensos, lo que impedía que se establecieran esos derechos.[85]

Los cazadores y recolectores, junto con los pastores, a menudo manifiestan interés, no tanto en la tierra sino en los objetos que crecen en ella, tales como los árboles frutales o aquellos de los que pueden extraer veneno para sus flechas o que puedan servir como hogar para sus abejas.[86] De este modo, las tribus primitivas consideran que un árbol y su producto (por ejemplo, el olivo o el cacao) pertenecen a quien lo siembra y cultiva, sin tener en cuenta quién trabaja la tierra en la que se encuentra el árbol.[Ñ] Entre los habitantes de Sierra Popoluca, en México, por ejemplo, tradicionalmente los árboles tenían dueño, pero no la tierra en la que crecían. La propiedad sobre la tierra comenzó sólo cuando se introdujo la cultura del café, que requirió de un cultivo intensivo.[O]

Una persona que visitara Asia central antes de la década de los treinta, cuando su población nómada fue obligada a asentarse, podía haber llegado a la conclusión de que estos nómadas no reconocían la propiedad de los pastos porque durante los meses del verano pastoreaban sus rebaños sin tener en cuenta los límites. Una investigación más profunda revelaría que, una vez que se desplazaban a los pastizales de invierno, los clanes de Asia central exigían derechos de propiedad estrictos: debido a su escasez “los terrenos de invierno [se consideraban] como posesiones territoriales”.[87] De igual forma, los cazadores y recolectores bosquimanos de África, en general, no exigían derechos territoriales, y sólo reclamaban como propios algunos lugares valiosos, como los pozos.[88]

Es muy posible que este ejercicio selectivo de derechos exclusivos, determinado por la escasez y el deseo, junto con la no disposición para vender la tierra fue lo que confundió a los primeros exploradores y antropólogos occidentales, acostumbrados a que todo tenía un soberano o un dueño, razón por la cual llegaron a la conclusión de que los pueblos primitivos consideraban la tierra como una propiedad común. Todavía confunde a algunos antropólogos modernos que, al darse cuenta de que los pueblos primitivos a menudo se interesan solamente por el producto de la tierra y no por la propia tierra, concluyen que desconocen la verdadera propiedad.[89] La moderna distinción propiedad/usufructo no se utiliza en las sociedades premodernas. Tampoco la dicotomía comunismo/propiedad privada, porque el hombre primitivo puede compartir algunos objetos y sin embargo exigir un derecho exclusivo sobre otros.[90] Por eso es costumbre entre los cazadores primitivos compartir su presa, porque generalmente se caza en grupo y porque no saben qué hacer con lo que les sobra; la mayoría de las sociedades primitivas tienen reglas precisas para dividir la presa.[P] Sin embargo, las frutas y verduras, y la caza menor, recogidas en su mayoría por las mujeres, son consideradas propiedad familiar y no se comparten, a no ser en emergencias.[91]

5. LA APARICIÓN DE LA PROPIEDAD SOBRE LA TIERRA

Hemos demostrado la universalidad de las relaciones de propiedad a través de la historia en todas las sociedades, incluyendo las más primitivas. En esta generalización, sin embargo, hemos hecho una excepción fundamental: la tierra. Hasta hace muy poco, la tierra y sus productos fueron el recurso más importante con el que la humanidad contaba para su sustento. Incluso en Occidente, donde el comercio comenzó a tener una importante función económica desde finales de la Edad Media, al igual que la industria, a partir del siglo XVIII, la tierra seguía siendo la base de la riqueza. Pero, como se ha señalado anteriormente, en todas las sociedades primitivas y, en general, en la mayoría de las sociedades no occidentales, la tierra no se consideraba como una mercancía y, por lo tanto, no era una propiedad estrictamente, pues si lo fuera, por definición, se tendría el derecho a disponer de ella. La tierra estaba considerada, de forma general, exclusivamente como un recurso susceptible de explotación, pero que no podía ni poseerse ni venderse.

La cuestión que se plantea, entonces, es ¿cuándo y por qué se convirtió la tierra en una mercancía? Es importante responder esta pregunta porque el concepto moderno de propiedad, relacionado con los factores de producción, surgió a partir de la propiedad sobre la tierra.

La razón más convincente es de tipo económico. Todo parece indicar que la transformación de la tierra en propiedad tribal, familiar o individual ocurre, ante todo, como consecuencia del aumento de población que exige métodos de explotación más racionales y ello se debe a que la explotación no regulada de los recursos naturales provoca su agotamiento.

Los economistas han estado siempre de acuerdo con la afirmación de que el acceso libre, y sin el racionamiento que impone el sistema de precios, a cualquier recurso de propiedad común, como los espacios dedicados a la pesca y a la caza, conduce a una utilización ineficiente de estos recursos.[92]

Supongamos que la tierra se posee comunalmente. Todas las personas tienen el derecho de cazar, cultivar o explotar la tierra. Esta forma de propiedad no permite que se asignen los costes causados por el uso de los derechos a la propiedad común a la persona que los ejerce. Si la persona pretende explotar al máximo el valor de sus derechos a la propiedad común, tratará de cazar más y trabajar más la tierra porque algunos de los costes en los que incurre para lograr esto recaen sobre los otros. Las reservas de la caza y la riqueza del suelo disminuirán con mucha rapidez. Si una sola persona posee la tierra tratará de explotar al máximo su valor actual teniendo en cuenta las alternativas futuras de beneficios y costes y seleccionando aquélla con la que considera que podrá obtener el máximo valor actual de sus exclusivos derechos de propiedad sobre la tierra. […] De hecho, el dueño de un derecho exclusivo a usar la tierra actúa como un especulador cuya riqueza depende de lo bien que analice las posibilidades que le ofrece la explotación presente de su propiedad frente a su utilización futura, dos alternativas que compiten entre sí. Pero con los derechos colectivos no existe tal especulador, y los derechos de la generación actual tendrán un peso excesivo e ineficiente a la hora de determinar la intensidad con la que se trabaja la tierra. [L]a propiedad privada de la tierra hace recaer sobre el propietario muchos de los costes externos asociados a la propiedad colectiva, porque ahora un dueño, en virtud de su poder para excluir a otros, generalmente podrá contar con hacer suyas las ganancias asociadas a una explotación eficiente de la caza y al aumento de la fertilidad de su tierra. La concentración de beneficios y costes en manos de los propietarios genera los incentivos que permiten utilizar con más eficacia los recursos.[Q]

La ineficacia de la propiedad común se agrava con el denominado fenómeno del “gorrón”, que reclama su parte de los frutos del trabajo común pero evade sus obligaciones, esto es un fenómeno que, antes o después, lleva a la imposibilidad de la empresa no privada. Esto sucedió en Norteamérica durante el siglo XVII, cuando fracasaron los intentos de realizar cultivos colectivos y, con excepción de los Estados en los que existía la esclavitud, dio lugar a la agricultura de pequeños propietarios.

Un ejemplo sorprendente de este hecho lo proporciona la historia de la Compañía Jamestown de Virginia, la primera colonia británica permanente en Norteamérica. La compañía inicialmente adoptó el principio comunista que establecía que cada miembro de la comunidad debía contribuir, en la medida de sus posibilidades, a las reservas comunes y recibiría, a cambio, lo que necesitara. Debido a que esta política puso a la colonia al borde del hambre, la Compañía de Virginia renunció a ella y entregó a cada miembro una extensión de tres acres para que pudiera mantenerse junto con su familia. El resultado fue que la productividad se multiplicó por diez. En palabras de un contemporáneo:

Antiguamente, cuando los nuestros se alimentaban de las reservas comunes y trabajaban conjuntamente en la preparación de la tierra y sembraban el maíz, feliz era aquel hombre que podía escaparse de su trabajo, mejor dicho, el más honrado de ellos en cualquier negocio no se hubiese esforzado tanto, en una semana, como ahora lo hará en un día, ni les importaba el incremento, al suponer que, independientemente del modo en que su cosecha prosperara, la reserva general les procuraría sustento, lo que significa que no recolectábamos tanto maíz, con treinta hombres, como [a partir de ese momento) lo han hecho tres hombres para su provecho.[R]

Incluso en nuestros días, se sabe que las personas que dependen para su sustento de recursos que no han sido sometidos a derechos de propiedad o que, por su propia naturaleza, no pueden ser tratados de esa forma (como, por ejemplo, grandes cantidades de agua) han logrado acuerdos que hacen máximas sus ganancias al establecer derechos de propiedad informales.[93] Hemos encontrado pactos de este tipo entre los indios cazadores de castores en América del Norte, en el siglo XVII. Los balleneros, en el siglo XIX, establecieron normas que regulaban la propiedad de las ballenas que se escapaban del arpón.[94] Más recientemente, los pescadores de langostas en la costa de Maine “prácticamente han creado para ellos derechos de propiedad extralegales en el medio de la propiedad común que es el océano” al ponerse de acuerdo para excluir a los intrusos.[95]

El mismo principio también puede aplicarse a la tierra, como ha sido demostrado por una interesante descripción sobre la aparición de los derechos de propiedad en el Oeste americano después del descubrimiento del oro.[96] Cuando se encontró oro por primera vez en California (enero de 1848), la zona estaba a punto de convertirse en jurisdicción de los Estados Unidos mediante un tratado con México. Durante el período de transición, toda California era propiedad del gobierno federal. No existían reglas referidas a la explotación de los recursos minerales en tierras públicas. Mientras que cientos de buscadores de oro coincidían en las regiones donde había oro, California no contaba todavía ni con un gobierno, ni con tribunales de justicia ni con procedimientos para establecer los derechos de propiedad. No obstante, hubo pocas discusiones, porque el territorio era extenso y eran pocos los solicitantes. Pero entre 1849 y 1850, al llegar a California decenas de miles de buscadores de oro, la situación cambió:

En 1848, la proporción de tierra que le correspondía a los mineros era tan grande que los derechos sobre las minas tenían un valor relativamente bajo. Si una zona se llenaba mucho, los mineros, simplemente, se iban hacia zonas más altas en busca de un nuevo yacimiento de oro. Sin embargo, al llegar una nueva ola de mineros a California en 1849, los yacimientos de oro se hicieron cada vez más escasos.[97]

Entonces se convirtió en una práctica común entre los mineros realizar reuniones en las que, por mayoría de votos, se reconocía formalmente el derecho de los solicitantes a explotar un número determinado de pies cuadrados. El derecho era equivalente a un título de propiedad, porque se podía vender. Este episodio proporciona un ejemplo clásico de cómo la propiedad privada surge mediante consenso común cuando los objetos deseados comienzan a escasear.

Pruebas de este tipo ponen en duda el juicio aceptado de que todos los derechos de propiedad proceden de apropiaciones realizadas por la fuerza. Efectivamente, el propio interés económico racional a menudo interviene para transformar la propiedad común en privada: “el mercado tiene la tendencia a convertirse en un mecanismo generador de un comportamiento colaborador, que no se aprecia ni se entiende lo suficiente”.[98] Por ello, es razonable suponer que en los tiempos prehistóricos también se tuvieron en cuenta consideraciones de eficiencia económica al imponer límites a la propiedad de la tierra y a los espacios para la pesca que, previamente, habían estado al alcance de todos.

6. SOCIEDADES AGRÍCOLAS

Se cree que la transición desde depender principalmente de la caza y la recolección a hacerlo de la agricultura en Europa, Oriente Medio y América ocurrió en algún momento alrededor de los años 10 000 a 8000 a. C. Jericó, fundado entre el 7000 y el 9000 a. C. es el primer asentamiento agrícola conocido en el mundo. Se dice que en Egipto se practicó regularmente la agricultura a partir del 4500 a. C.

La transición fue un proceso complejo que se ha entendido muy vagamente. Con toda certeza, no fue un “acontecimiento”, como lo percibieron los antropólogos evolucionistas del siglo XIX que pensaban en términos de una evolución sistemática, de las etapas más bajas a las más altas. Como se ha señalado anteriormente, sistemas económicos diferentes pueden coexistir y generalmente lo hacen. Sin embargo, hay acontecimientos que provocan que uno u otro sistema llegue a ser dominante, generalmente como resultado de un exceso de población, que exige formas más intensivas de utilización de la tierra, o debido a que se agotan las anteriores fuentes de sustento.[S]

Cazar y recolectar, aunque exige poco esfuerzo, implica un gran despilfarro de la tierra. Algunas estimaciones (y varían considerablemente) calculan que un grupo típico de cazadores-recolectores de unos veinticinco individuos necesita, para su supervivencia, entre mil y tres mil kilómetros cuadrados.[99] En Tasmania, todavía en 1770, entre dos mil y cuatro mil personas cazaban en un área de unos 40 000 kilómetros cuadrados.[100] Un cultivo estable de la tierra puede abastecer a una población mayor que una economía basada, principal o exclusivamente, en la caza y la recolección. El hombre de los tiempos preagrícolas requería diez, o más, kilómetros cuadrados por persona; con la introducción de la agricultura, este requisito se redujo de uno a cinco kilómetros cuadrados y, con la domesticación de los animales, disminuyó hasta 0,5 kilómetros cuadrados, o incluso menos, por persona.[101]

Una teoría que explica el abandono de la caza y la recolección por una agricultura asentada lo atribuye a que el hombre del paleolítico abusó de la caza.[102] La extinción de las manadas de grandes herbívoros, muy asociada con la propagación geográfica de los humanos, se atribuye a la facilidad con la que se podían cazar estos animales. De este modo, alrededor del año 10 000 a. C., momento en que, aproximadamente, finalizó el paleolítico y comenzó a utilizarse la agricultura de forma estable, los nómadas que habían pasado a América desde Asia, unos dos milenios antes, habían logrado exterminar a los mamuts y a algunas especies de bisontes. Cuando se acabó con estas especies, los cazadores de grandes animales se dedicaron a la caza de animales más pequeños y aún más a la agricultura (maíz, judías, calabaza), que completaban con la caza menor. Investigaciones recientes han demostrado que la idea de que en América del Norte de la época precolombina existía una fauna numerosísima es un mito. Los indios llevaron a cabo una matanza sistemática de alces, venados y otras especies, en un grado tal que, a principios del siglo XIX los exploradores blancos que iban al Oeste casi nunca se tropezaban con estos animales. Se dice que ahora hay mas bisontes en el Parque Nacional de Yellowstone que los que había antes de 1500.[103] Lo mismo puede decirse de otras partes del mundo. El hombre primitivo tiene tendencia a exterminar los animales despreocupadamente. Y a destruir los bosques, en la medida en que son físicamente capaces, sin pensar mucho en el futuro.[104]

La dependencia de la agricultura fortalece el sentido de propiedad.

Las razones por las cuales los pueblos agrícolas se aferran con más tenacidad a sus tierras que los cazadores-recolectores no son difíciles de rastrear. En primer lugar, el cultivo de la tierra es un proceso prolongado: los cereales y los vegetales requieren meses para su maduración, mientras que los olivos y viñedos (las principales cosechas en el Mediterráneo, donde se cree que comenzó el tratamiento sistemático de la agricultura) tardan años. Exigen, por lo tanto, una atención constante: el trabajo que requieren los cultivos transforma las cosechas en posesiones personales, con todos los correspondientes efectos psicológicos secundarios. En segundo lugar, las personas que se ocupan de este tipo de trabajo se establecen en la tierra que cultivan para poderle brindar la atención que requiere.[T] Por ello, los pueblos agrícolas marcan sus áreas con objetos naturales (ríos, árboles, rocas, etc.), algo que se hace con menos frecuencia en el caso de los terrenos para la caza o el pastoreo, en los que los límites generalmente se conocen y son, en todo caso, menos precisos.[105] Un complemento constante en la agricultura (como la institución de la propiedad sobre la tierra) es el ejercicio de la topografía.

Existen pruebas de que se efectuaban mediciones de la tierra en el antiguo Egipto, así como en Sumeria, Grecia y Roma. No resulta sorprendente, por tanto, que los estudios de las economías de los pueblos primitivos demuestren que aquellos que dependían fundamentalmente de la agricultura desarrollaron un sentido de la propiedad privada más fuerte.[106] Según Jomo Kenyatta, la ley habitual en Gikuyu permitía que cada familia tuviera derecho a la tierra: “Mientras que toda la tribu defendía colectivamente los límites de su territorio, cada pulgada de la tierra tenía su dueño”.[U] La propiedad sobre la tierra agrícola entre los pueblos primitivos, como regla general, se concedía a los grupos familiares: “[N]o existe el comunismo de la tierra en relación con todo un territorio, sino que la propiedad común se producía dentro de límites estrictos de un parentesco real”. No existe prueba de que la tierra haya sido propiedad común, y la posesión compartida nunca fue más allá de “ciertos límites marcados por vínculos de sangre”.[107]

7. LA APARICIÓN DE LA ORGANIZACIÓN POLÍTICA

Aunque el cambio de la organización social primitiva a una organización como el Estado es de importancia trascendental, no se ha comprendido bien. Las fuentes históricas son muy escasas y no logran arrojar suficiente luz sobre este asunto. Para los antropólogos, durante mucho tiempo, el tema no tenía mucho interés profesional y preferían concentrarse en las etapas prepolíticas del desarrollo.[V] Para el historiador de la propiedad privada, sin embargo, el asunto es de una importancia vital, porque ayuda a esclarecer el antiguo debate sobre si fue la propiedad la que dio lugar al Estado o, por el contrario, si la propiedad fue creada por el Estado.

Las pruebas antropológicas disponibles sugieren que en las sociedades de cazadores-recolectores así como en los pueblos que se dedicaban principalmente al pastoreo, la autoridad pública, a diferencia de la autoridad del grupo de familia, o no existe o es insignificante. Estas sociedades acostumbran a escoger sus jefes por sus aptitudes militares y por su carisma. Su autoridad es puramente personal y no se define con precisión, pueden sustituirse fácilmente. El cacique típico es “el primero entre iguales”. No utilizan medios coercitivos y el orden se mantiene por la presión social. El empleo de procedimientos como estos es suficiente para mantener el orden en grupos de cazadores que generalmente están compuestos por un número limitado de individuos, entre veinticinco y cien. Las sociedades de pastores en ocasiones pueden conceder una autoridad considerable a uno de sus miembros cuando se trasladan hacia los pastizales, en el verano, lo que exige que el tráfico entre las tribus sea regulado con precisión, pero esta autoridad sólo se concede en este sentido y sólo durante un período limitado de tiempo.[108]

La cuestión es por qué y cómo acuerdos tan informales dan lugar a instituciones dotadas con poderes coercitivos formales.[W] En uno de los primeros estudios antropológicos dedicados a este asunto, el libro de Robert H. Lowie, El origen del Estado (The Origin of the State),[109] se sugería la siguiente respuesta: la transición de la organización “social” o “tribal” a la organización política se produce cuando la autoridad se hace territorial, esto es, cuando se extiende sobre todos los habitantes de un área determinada y no exclusivamente sobre aquellas personas unidas por lazos de sangre. Esta teoría se basa en los descubrimientos de sir Henry Maine quien, en su libro El Derecho en la Antigüedad (Ancient Law) (1861), sugirió por primera vez que hubo un momento decisivo en la evolución de la humanidad en el que los vínculos basados en la consanguinidad fueron sustituidos por los que se fundamentaban en la contigüidad del territorio:

De hecho, la historia de las ideas políticas comienza con la aceptación, en las funciones políticas, de que el parentesco de sangre es la única base posible de comunidad; no ha habido jamás un cambio radical en los sentimientos, un fenómeno que llamamos enfáticamente revolución, tan sorprendente y total como el que se produce cuando otro principio alternativo como el de, por ejemplo, contigüidad local se utiliza por primera vez como base de la acción política común. [L)a idea de que un grupo de personas debía ejercer sus derechos políticos en común sencillamente porque daba la casualidad de que vivían dentro de los mismos límite topográficos era totalmente ajena y monstruosa para la antigüedad primitiva.[110]

Lewis Morgan, quien asumió la tesis de Maine, definió la transición como el paso de las societas, en las que los vínculos son personales, a las civitas en las que eran territoriales.[111] Como resultado de esta evolución, las prácticas informales de los grupos de parentesco, basadas en la ley privada, fueron reemplazadas por la ley pública formal. El derecho a la participación y a la consulta para tomar decisiones, que previamente estaba restringido a los miembros libres de la tribu o del clan, se extendió a todos los habitantes libres de esa área determinada, y con el tiempo, cuando la población de esa área creció tanto que resultaba difícil que todos los que cumplían los requisitos participaran personalmente en el proceso político, se redujo a sus representantes electos. La historia política del mundo moderno se ha caracterizado por cambios constantes que van desde la autoridad informal, ejercida sobre grupos de parentesco, hasta la autoridad pública, ejercida sobre todos los habitantes de un territorio dado. Una de sus primeras manifestaciones es que un tercero (el Estado) elimina la venganza privada al asumir la responsabilidad de castigar el crimen. Esto sucedía en Babilonia ya en 1750 a. C. y estaba recogido en el Código de Hammurabi. En la Inglaterra anglosajona, la práctica se estableció alrededor del año 900 N. E.[112]

Algunos antropólogos contemporáneos, aunque en términos generales aceptan la tesis de Maine, cuestionan que la distinción parentesco/territorio fuera tan rígida como él suponía. Existen pruebas de que incluso en las sociedades primitivas organizadas a través de los lazos sanguíneos se reconocen algunos vínculos territoriales. En la Inglaterra del siglo XVII, cuando predominaban los vínculos de parentesco, las personas que vivían unas al lado de las otras se consideraban familiares, estuvieran o no emparentadas.[113] Por lo tanto, se debe señalar que la transición no consistió en la sustitución de un sistema por otro, sino en el paso del principio territorial de una posición subordinada a otra dominante.

Parece que son dos los factores que lo explican. Uno es la guerra. El hombre primitivo tendía a respetar los derechos territoriales de los otros: si resultaban vencedores, generalmente no desposeían a los vencidos, sino que los sometían.[114] Este procedimiento automáticamente introduce una base de autoridad que no está relacionada con el parentesco, es decir, una base territorial. El segundo, el crecimiento de la población y las presiones sobre los recursos limitados de la tierra, conduce a una mezcla de tribus y clanes, que tiene el efecto de que el principio territorial prevalezca sobre los lazos de parentesco.

Muchos antropólogos todavía defienden la explicación marxista de acuerdo con la cual la autoridad política surge como un medio para regular las tensiones de clases en la sociedad tribal y, como consecuencia de la aparición de la propiedad privada, permite a los que pertenecen a la clase de los propietarios, salvaguardar sus posesiones y la autoridad que emana de ellas. Pero al igual que sucede con otros esquemas marxistas, éste construye un lecho de Procrustes en el que los hechos conocidos no encajan.[115]

En relación con el origen de la organización política, Douglas North ha sugerido una explicación económica más convincente que la expuesta por Marx. Según su opinión, el Estado es una organización que, en contrapartida por los ingresos (impuestos) que recibe, defiende las propiedades y los derechos de sus ciudadanos. “El Estado intercambia un conjunto de servicios, que llamaremos protección y justicia, a cambio de ingresos.”[116]

El crecimiento económico tiene lugar si la producción crece más rápidamente que la población. [E]l crecimiento económico se produce si los derechos de propiedad hacen que valga la pena emprender una actividad social productiva. La creación, especificación y defensa de estos derechos de propiedad resultan costosos. Al aumentar la posibilidad de que el crecimiento de los beneficios personales exceda los costes de transacción, se harán esfuerzos para establecer esos derechos de propiedad. Los sistemas políticos se ocupan de la protección y ejecución de los derechos de propiedad porque lo pueden hacer con un coste inferior del que soportarían los grupos voluntarios privados.[117]

Estas teorías jurídicas y económicas proporcionan la mejor explicación sobre la aparición del Estado, entre las que se encuentran disponibles en la actualidad.[X]

8. LA PROPIEDAD PRIVADA EN LA ANTIGÜEDAD

La propiedad privada, en el sentido legal de la palabra, surgió con la aparición del Estado, es decir, al surgir la autoridad pública. Hasta entonces, era una posesión protegida por la fuerza física o por la ley de la costumbre y legitimada por la herencia o por el uso prolongado. Las sociedades primitivas reconocían el derecho a ocupar y cultivar tierras baldías así como a conservar las tierras heredadas del padre. Esta práctica era habitual en Europa durante la Edad Media. En la Francia feudal no era costumbre que la gente hablara de propiedad, ya fuera de un terreno o de un cargo, era incluso menos frecuente entablar pleitos relacionados con pertenencias. En vez de eso, las partes de una disputa podían reclamar la “prescripción” o seizin (seisin), es decir, “la posesión reconocida por el transcurso del tiempo”. En litigios de este tipo, ganaba quien pudiera probar que había ocupado y cosechado la tierra durante más tiempo que el contrario o, mejor aún, quien probara que la tierra había sido ocupada y trabajada por sus ancestros.[118]

Las reclamaciones sobre la propiedad basados en la memoria colectiva de una comunidad apenas se registraron por escrito. Así, aunque existen pruebas aplastantes que demuestran que los clanes, las familias o, incluso, los individuos, se dedicaron a la agricultura desde épocas muy remotas, y que se les reconocía la propiedad de la tierra a partir de la costumbre, no existe documentación sobre este hecho porque no era necesario documentarlo. Esta situación entorpece la investigación histórica. Explica por qué, en palabras de Douglas North, “existen muy pocos estudios históricos serios sobre la evolución de los derechos de propiedad”.[119]

En el antiguo Oriente Medio (Mesopotamia y el Egipto de los faraones), la forma de gobierno que prevalecía era el régimen “patrimonial”, bajo el cual el gobernante era el dueño de la tierra y tenía control sobre ella y sobre sus habitantes, y dirigía su reino como si fuera una gigantesca propiedad real.[Y] La propiedad significaba la ausencia de interferencia exterior: para decirlo en términos de Weber, el gobernante patrimonial era regelfrei, es decir, no se sometía ni a reglas ni a restricciones.[120] Esta fusión de soberanía y propiedad era muy común fuera de Europa hasta los tiempos modernos, especialmente en el Oriente Medio. Hasta hace muy poco, se creía que en la antigua Mesopotamia y en Egipto la tierra pertenecía a los palacios o a los templos. Esta opinión ha cambiado un poco a partir de investigaciones realizadas en décadas pasadas que han demostrado que estas dos regiones conocían la propiedad privada de la tierra.[121] Sin embargo, estas propiedades constituían sólo una parte pequeña de la tierra cultivable, la mayoría de la cual se encontraba bajo el control del Estado o del Templo. Además, pertenecían a familias amplias que casi nunca recurrían a la venta. Uno de los más autorizados expertos rusos en esta materia, teniendo en cuenta que existían excepciones al monopolio real o sacerdotal sobre la tierra, llegó a la conclusión de que “la propiedad privada sobre la tierra en el sentido moderno de la palabra no se conocía en ninguna de las sociedades antiguas, ya fuera en Europa o en Asia, al menos hasta el último período de la Antigüedad”.[Z] Los súbditos del rey eran funcionarios, sacerdotes y siervos. La ausencia de derechos políticos y civiles así como la presencia escasa y marginal de la propiedad privada sobre la tierra es el rasgo distintivo de los despotismos orientales.

La situación era muy diferente en la antigua Grecia y en Roma, donde por primera vez surgieron los derechos de propiedad, en el sentido moderno.

La Grecia antigua ocupa un lugar excepcional en la historia de las instituciones en al menos dos aspectos. Fue la primera democracia en el mundo —ciertamente, el concepto mismo de “política” se originó allí, el término procede de la palabra griega que se usa para ciudad, polis: significaba “aquello que concierne a todos” o “aquello que es público”, en contraste con “privado”, “personal” y “de interés personal”—.[122]

(Uno de los significados originales de la palabra “idiota”, en griego, era una persona privada, alguien que no participaba en la vida pública.) Fue en Grecia que surgió, por primera vez en la historia, el fenómeno de la ciudadanía con su fusión de derechos y obligaciones. También en la antigua Grecia es donde encontramos la primera prueba de la existencia de una agricultura trabajada fundamentalmente por campesinos propietarios independientes, antecesores de los terratenientes ingleses. La competencia era algo fortuito: tanto los ciudadanos como los propietarios de tierras garantizaban la exclusión de los intrusos, forjando vínculos de interdependencia entre ciudadanos que poseían propiedades.

En primer término, la propiedad sobre la tierra.

La antigua Grecia era, prácticamente en su totalidad, una sociedad agrícola, y casi el noventa por ciento de su población vivía de la tierra. Debido a la escasez de agua en el Ática, la población rural no vivía en granjas dispersas, sino en asentamientos compactos agrupados cerca de las fuentes de agua. Dicha población estaba formada por pequeños agricultores, los cuales, según estimaciones científicas, poseían, por término medio, cuatro hectáreas (menos de diez acres); las grandes propiedades eran la excepción. Estos agricultores cultivaban uvas, olivos, higos y cereales (cebada y trigo). Las tierras de labranza (kleros), el principal recurso de la nación, no se consideraban una mercancía. Se transmitían por sucesión hereditaria y casi nunca se vendían (aunque se podía hacer), porque su posesión estaba vinculada a la libertad personal y a los derechos de los ciudadanos: un griego (al igual que un romano) que perdía su tierra se convertía en un proletario.[123] Desde los tiempos de Solón estos granjeros independientes eran considerados hombres libres (eleutheroí), y estaban exentos del deber de pagar impuesto o de servir a los aristócratas. Trabajaban para ellos mismos, y esta independencia económica se convirtió en el sello distintivo de su libertad. Fueron ellos los que formaron las falanges, columnas de infantería fuertemente armadas que marcharon a la guerra para defender sus ciudades y sus campos.

Los historiadores del siglo XIX comprometidos con la teoría del comunismo primitivo supusieron, sin examinar los datos o interpretándolos a su manera para que se ajustaran a sus ideas preconcebidas, que los antiguos griegos sólo conocían la propiedad colectiva de la tierra.[124] Esta teoría fue puesta en cuestión por Fustel de Coulanges en su libro La ciudad antigua. Investigadores más recientes concuerdan con Fustel de Coulanges en que ya durante los siglos VIII y VII a. C., en la época de Homero y de Hesíodo, existía en Grecia la propiedad privada sobre la tierra, es decir, la poseían individuos y familias. En palabras de Jules Toutain, “si seguimos a Homero y a Hesíodo, encontramos que toda la propiedad es privada, al menos por lo que se refiere a la tierra cultivable… [E]n ningún lugar se menciona tierra cultivada que sea propiedad colectiva”.[125] El historiador angloamericano de la antigüedad sir Moses Finley también participa de esta opinión:

En los poemas de Homero, el régimen de propiedad, en concreto, ya estaba totalmente establecido. El régimen que nos presenta en los poemas era, ante todo, un sistema de propiedad privada. [E]xistía la libertad de disponer de forma ilimitada y libre de todos los bienes muebles. [L]a transmisión de todo el patrimonio de una persona mediante la herencia, los bienes muebles e inmuebles conjuntamente, era algo que se daba por sentado como un procedimiento normal después de su muerte.[126]

Según Finley, el mundo homérico no conocía “la tenencia feudal de la tierra o algo a lo que pudiera compararse”.[127] En la antigua Grecia “la propiedad privada [estaba] reconocida y protegida por el Estado como fundamento de la sociedad” y el Estado muy pocas veces interfería en el “libre juego de las fuerzas y la iniciativa económica”.[128] Precisamente porque la propiedad privada prevalecía en la Grecia clásica, Platón y Aristóteles le dedicaron tanta atención.

La polis o ciudad-Estado se ha descrito como un “sistema de gobierno en el que los ciudadanos tenían derechos al igual que deberes, regulados por la ley, un sistema hasta ahora desconocido en la historia de la humanidad”.[129] Era el sistema preponderante en casi toda Grecia a finales del siglo VI a. C. Tras las reformas que realizó Clístenes en aquella época, la población de Atenas se dividió en unidades territoriales: (sustituyendo las divisiones iniciales basadas en el parentesco) y cada una de ellas envió representantes al Consejo ateniense. El objetivo de estas reformas fue romper el poder de los clanes: sentaron las bases de la democracia ateniense. La polis tenía una estructura normal de Estado, con una autoridad pública permanente formada por magistrados elegidos anualmente y que generalmente procedían de las familias aristócratas; el Consejo de los Cuatrocientos que preparaba el orden del día de la Asamblea, y una Asamblea de todos los ciudadanos (ecclesia) que era la autoridad legislativa y judicial en última instancia. La polis, que abarcaba un territorio definido, generalmente rodeada por una muralla, con un templo como centro, se autogobernaba, hacía sus propias leyes y administraba su propia justicia: al no depender de ninguna autoridad exterior, era soberana.

Un historiador de la antigüedad encuentra un vínculo directo entre la soberanía de la ciudad-Estado y la soberanía del dueño y cultivador de la tierra. Desde este punto de vista, fue la aparición en la antigua Grecia de la propiedad privada de la tierra, independiente de cualquier obligación externa, lo que dio lugar a la primera democracia en el mundo:

El ascenso de los agricultores independientes, que eran dueños y trabajaban sus pequeñas parcelas sin gravámenes, a finales de la era de las Edades Oscuras [hacia el año 750 a. C.] fue un fenómeno completamente nuevo en la historia. Su esfuerzo por crear una comunidad más grande de agricultores en igualdad de condiciones dio como resultado, en mi opinión, un sistema de ciudades-Estado independientes pero interrelacionadas (poleis) que caracterizaron la cultura occidental.[130]

En la antigua Grecia, la propiedad de la tierra y la ciudadanía estaban indisolublemente ligadas, en el sentido de que sólo los ciudadanos podían poseer la tierra y sólo los propietarios de tierras podían ser ciudadanos: los no ciudadanos podían dedicarse a las finanzas y al comercio, podían arrendar tierras y minas, pero no podían poseer bienes raíces. Desde los tiempos de Solón, poseer títulos de propiedad era un requisito para ocupar altos cargos. Así, en efecto, se estableció un censo de propiedad para la participación política, un sistema no muy diferente del que prevaleció en Inglaterra, los Estados Unidos y un buen número de países occidentales en los siglos XVIII y XIX.

Si añadimos a esta información el hecho de que los ciudadanos atenienses no pagaban impuestos, pues consideraban a los tributos como un rasgo distintivo de la pertencencia a un status bajo,[AA] es muy evidente la correlación entre propiedad de la tierra, ciudadanía y participación democrática.

Parece ser que la amplia distribución de la propiedad sobre la tierra y el predominio de una economía libre (laissez-faire) jugaron un importante papel en la evolución de la democracia ateniense. Además, si en Oriente Medio los artesanos trabajaban para los reyes, en las ciudades-Estado griegas eran empresarios independientes. De esta forma, la mayoría de la población, específicamente en Atenas, tanto si vivían en el campo o en la ciudad, trabajaba por cuenta propia.[131]

Por el contrario, en Esparta, donde la propiedad privada sobre la tierra tenía una importancia menor, no existía la libertad personal. Los adultos, todos reclutados como soldados, recibían del Estado asignaciones de tierra de un tamaño bastante uniforme que cultivaban esclavos (ilotas). Sus derechos de propiedad eran escasos, porque sólo poseían la tierra condicionalmente: si no lograban explotarla eficientemente, el Estado se la requisaba para entregarla a alguien más capaz. A los soldados y a los funcionarios, que representaban la mayoría de los ciudadanos varones, se les prohibía participar en el comercio o dedicarse a la artesanía.[132] Su seguridad económica estaba totalmente garantizada por el Estado.

El punto de vista predominante en relación con las condiciones de vida en Esparta, y que está basado fundamentalmente en la información suministrada por historiadores de la antigüedad, ha sido cuestionado por una escuela que ha intentado revisar esta imagen, al sostener que el sistema espartano de tenencia de la tierra se caracterizaba “principalmente, por la propiedad privada de la tierra que se transmitía a través de particiones hereditarias y distribuciones desiguales y que podían enajenarse por donaciones vitalicias, mediante legados y a través del matrimonio con herede-ras”.[133] Pero parece que esta opinión sólo es compartida por una minoría de los especialistas en el mundo clásico, la mayoría de los cuales sigue sosteniendo el punto de vista tradicional. Ni siquiera los partidarios de la visión revisada afirman que la tierra en Esparta pudiera venderse, un derecho que, para Aristóteles, junto con el derecho de disponer a través de una donación o regalo, era el criterio para definir la propiedad.[BB]

Un rasgo muy significativo en la antigua Grecia era la estrecha relación que existía entre propiedad y libertad política y civil. La amplia distribución de la propiedad, especialmente sobre la tierra, que era la principal fuente de riqueza productiva, hizo posible que surgiera en Atenas el primer régimen democrático de la historia. En el resto del mundo antiguo, el Estado era el dueño de los recursos económicos y, como resultado de ello, la población terminaba sirviendo al Estado, lo que le generaba numerosas obligaciones y no le garantizaba ningún derecho.

Cuando los macedonios conquistaron casi todo el Oriente Medio, adoptaron el modelo oriental, más que el ateniense. Los sucesores del imperio helenístico de Alejandro Magno conservaron los regímenes patrimoniales en los que la tierra pertenecía al gobernante. Sus economías estaban minuciosamente reguladas. En Egipto, el Estado helenístico que se conoce mejor, los Tolomeos construyeron algunas ciudades a partir del modelo griego, y les entregaron la tierra como donación. También hicieron donaciones muy generosas a los templos. En todas partes, la propiedad privada sobre la tierra se fue estabilizando. Pero en último término, el reino era el patrimonio del rey-dios: “toda la tierra de Egipto pertenece a Tolomeo como antes perteneció al Faraón”.[134] El soberano “era el dueño de los bienes de sus súbditos y era dueño de sus personas. Desde el punto de vista teórico, todo Egipto era una posesión real, en la que vivían siervos que trabajaban para el rey”.[135] El rey explotaba directamente parte de sus dominios y arrendaba el resto, pero era el dueño de todo. Concretamente, las extensas propiedades que pasaron a manos del clero le pertenecían por el hecho de que él era el representante de los dioses en la tierra, y estos dominios servían a los dioses. Los sacerdotes simplemente los explotaban en la medida en que la corona se los permitía.[136] En el Egipto de Tolomeos, los artesanos no trabajaban para ellos sino para la corte: eran miembros de una extensa red de monopolios reales que abarcaba tanto la producción como la venta de mercancías.[137]

La evolución del concepto de propiedad y de la institución de la propiedad en la antigua Roma es un asunto que ha sido objeto de interminables discusiones académicas.[138] Un destacado especialista en la historia económica romana afirma que:

Las leyes de la propiedad privada se habían desarrollado mucho tiempo atrás, antes del siglo V [a. C.] cuando se elaboraron las Doce Tablas. [L)os ancestros de los romanos practicaban la agricultura organizadamente un siglo antes de que se hubieran escrito estas leyes, [por ello] que es muy probable que el pueblo latino respetara los derechos de propiedad antes de que se establecieran en las llanuras alrededor de Roma.[139]

Podemos deducir que en Roma la propiedad, concentrada en las manos del cabeza de familia o pater familias, antecedió al gobierno. El jefe de familia disfrutaba de una autoridad ilimitada, tanto sobre las personas (esposa, hijos y esclavos) como sobre los bienes de la casa. Gradualmente, se fue produciendo una diferenciación, y los miembros libres de la casa se emanciparon de toda sumisión con relación al pater familias, mientras que los esclavos, el ganado y otros objetos materiales continuaron siendo de su propiedad absoluta. Tenía propiedad sobre los segundos en virtud del dominium[140] y, por eso, podía disponer de ellos.

Roma fue el primer Estado en la historia en desarrollar normas legales y procedimientos que regularan tanto la vida civil como la pública, normas y procedimientos conocidos por todo el mundo y aplicados por juristas profesionales. En este aspecto se adelantó a Atenas. En su Derecho, las leyes que regulaban la propiedad alcanzaron su máximo desarrollo. Este hecho histórico confirma la afirmación de Jeremy Bentham: “la propiedad y la ley nacen y deben morir juntas. Antes de las leyes no existía la propiedad; elimínense las leyes y la propiedad cesará”.[CC] La razón para relacionar estos dos conceptos es que la propiedad representa un bien que el dueño reclama a título exclusivo, una reclamación que requiere ser ejecutada, no por el poder físico o la costumbre social, como sucede con la simple posesión, sino por la ley. De aquí que “es prácticamente imposible concebir una sociedad en la que la propiedad privada se reconozca y se autorice pero que no se proteja por la ley”.[141]

En la antigua Roma, sólo la tierra que se encontraba en la península itálica, la llamada ager Romanus, podía tenerse como propiedad absoluta (conocida como propiedad quiritaria) y sólo la podían poseer los ciudadanos romanos. No estaba sometida al pago de impuestos. La tierra conquistada por los romanos se convertía en ager publicus y, como tal, sí estaba sujeta al pago de impuestos (a una especie de tributo): podía arrendarse o colonizarse pero, al ser propiedad estatal, no podía poseerse en su totalidad. Fuera de Italia, ni siquiera los ciudadanos romanos tenían un derecho absoluto sobre la tierra y estaban sometidos al pago de un impuesto o tributum (uno sobre la tierra y otro por persona o de capitación) como una forma de recordarles que el Estado era quien tenía la última palabra sobre los territorios conquistados.[142] Aunque en Italia grandes extensiones de tierra cultivada pertenecían al emperador y a los nobles, la forma predominante de propiedad, al igual que en Grecia, era la pequeña propiedad, en manos de los pequeños propietarios que la explotaban personalmente o con la ayuda de esclavos.[DD] En los territorios conquistados, entre los romanos ricos, era práctica común cultivar grandes latifundios empleando trabajo esclavo.

La propiedad quiritaria, que abarcaba sólo una pequeña parte de la tierra del Imperio romano, se correspondía bastante con lo que se entiende por propiedad en la actualidad: pertenecía personalmente al cabeza de familia, que podía venderla o legarla.[143] En ese sentido, fue la precursora directa de las leyes y conceptos modernos sobre la propiedad, un hecho de gran importancia histórica:

Las instituciones del contrato y de la propiedad dejaron una huella profunda de la influencia romana, incluso en aquellas regiones de Europa que nunca “recibieron” formalmente todo el peso de la ley romana. Estos conceptos […] junto con los conceptos éticos del cristianismo son los factores subyacentes de continuidad y de unificación en la historia de nuestra cultura.[144]

9. LA EUROPA FEUDAL

Las leyes romanas relacionadas con la propiedad privada desaparecieron durante un largo período de tiempo en la Europa occidental durante lo que se conoció como la Alta Edad Media, es decir, el período que abarcó seiscientos o setecientos años después de la caída del Imperio romano. Las tribus germánicas que invadieron y, finalmente, conquistaron las zonas europeas del imperio, inicialmente impusieron sus propias normas “bárbaras”, pero al establecerse y mezclarse con la población local reemplazaron la jurisdicción personal por la territorial y adoptaron ciertos rasgos de la ley romana. El resultado fue una síntesis de las normas germánicas y romanas. Al principio, los recién llegados mostraron poco interés en las leyes relacionadas con la propiedad privada sobre la tierra porque eran, fundamentalmente, pastores organizados en clanes. Pero cuando se dedicaron a la agricultura, adoptaron las prácticas jurídicas romanas basadas en la propiedad privada.[145]

Los sistemas de señorío y sometimiento que dominaron la Europa occidental aproximadamente entre el 900 y el 1250 N. E. se caracterizaron por una fusión singular de soberanía y propiedad de las esferas públicas y privadas.[EE] Era singular en el sentido en que, aunque entre las monarquías patrimoniales del antiguo Oriente Medio se había impuesto una fusión similar, en Europa se había moderado a partir del principio de obligación mutua, algo que era totalmente desconocido (de hecho, inconcebible) para los despotismos orientales.[FF] El señor feudal era, al mismo tiempo, el terrateniente y el soberano de su vasallo, pero también asumía unas obligaciones con él. En la ceremonia simbólica de sometimiento, el vasallo prometía servir fielmente a su señor y el señor, en respuesta, se comprometía a protegerlo. Era, en palabras de Marc Bloch, una “reciprocidad de obligaciones desiguales”, pero este elemento de reciprocidad estaba siempre presente: era un verdadero contrato.[146] Si el señor era incapaz de cumplir su parte del acuerdo, el vasallo no tenía la obligación de cumplir sus deberes. Las disputas relacionadas con el cumplimiento de las promesas, por cualquiera de las dos partes, se llevaban algunas veces ante tribunales del rey, otras ante tribunales formados por vasallos y otras veces se resolvían por un juicio de armas. La obligación recíproca entre sujetos privados adquirió con el tiempo una dimensión pública y proporcionó las bases del gobierno constitucional en Europa y en los países colonizados por los europeos, ya que una Constitución también es un contrato que explica los derechos y obligaciones mutuas del gobierno y de los ciudadanos. Un historiador ha interpretado la Carta Magna como “la aplicación del principio feudal del contrato que los vasallos le exigen a su señor si no consigue cumplir las obligaciones que tenía con ellos”.[147]

En teoría, bajo el régimen de señores y vasallos, toda la tierra pertenecía al soberano y todos los demás la utilizaban condicionadamente. Como regla general, las propiedades eran de un vasallo, que las usaba como un feudo, cuyo título tenía el señor. Sin embargo, con el tiempo, la tenencia condicionada se convirtió, a través de una inercia irresistible, en propiedad absoluta. Según la práctica feudal, el señor no tenía obligación de extender los acuerdos a los que hubiera llegado con uno de sus vasallos a los descendientes de éste. Sin embargo, tenía todos los incentivos para hacerlo. Desde el punto de vista del señor, los hijos de un vasallo, si demostraban que podían cumplir correctamente las obligaciones que su padre tenía con él, eran los sucesores preferidos, puesto que eran de la familia y conocían sus responsabilidades mejor que un recién llegado.[148] Por la misma razón, los cargos feudales, que originalmente se otorgaban condicionada y temporalmente, con el tiempo se convirtieron en la propiedad hereditaria de los que los tenían. Ya en los siglos X y XI era costumbre, en Francia, Inglaterra, Italia y Alemania, que los vasallos heredaran los feudos.[149] En la Inglaterra normanda, cuyos conquistadores importaron las costumbres de Normandía, la tierra, desde un principio, podía heredarse, lo mismo por hombres que por mujeres: en opinión de Maitland, en el libro del registro catastral de las propiedades de la tierra de Inglaterra, compilado durante la época de Guillermo el Conquistador (Libro Domesday), probablemente aparecían los términos “feodum” (tenencia condicionada) y “alodium” (propiedad absoluta) como equivalentes para referirse a “una propiedad heredable, una propiedad sobre la tierra tan absoluta como pueda imaginarse”.[GG] Este hecho se confirma por la práctica utilizada por los arrendatarios principales del rey (sus vasallos directos) de derivar los nombres de sus familias a partir de los nombres de los lugares en que se encontraban sus propiedades. Aunque formalmente estos feudos hereditarios no podían enajenarse, de hecho, ya en el siglo XII la enajenación era algo frecuente.[150] De esta forma, los feudos evolucionaron imperceptiblemente hacia la propiedad privada. El redescubrimiento en el siglo XI del Derecho romano con sus definiciones inequívocas sobre la propiedad privada le proporcionaron a este proceso una autoridad legal.

Un proceso similar ocurrió entre los campesinos, quienes gradualmente adquirieron derechos hereditarios sobre la tierra que cultivaban.

Los vikingos reconocían la propiedad privada para los hombres y para las mujeres. Esto se sabe a partir del hecho de que la mayoría de las runas que sobrevivieron el paso del tiempo fueron utilizadas como títulos de propiedad y justificación de los derechos de herencia por parte de los individuos y de las familias.[151]

10. LAS CIUDADES MEDIEVALES

Nada contribuyó más a la aparición de la propiedad privada en Occidente, o a los derechos asociados con la propiedad, que la aparición, a finales de la Edad Media, de las comunidades urbanas. Lo que sucedió con la tierra, de una forma pausada e informal, en las ciudades adoptó formas legales específicas.

La propiedad privada alcanza importancia en una economía comercial, que es el sustrato de la vida urbana, porque así como es posible poseer y explotar la tierra sin que estos derechos queden claramente establecidos, o se tenga el derecho de venderla, tal cosa no puede suceder en el caso de las mercancías o del dinero, que adquieren sentido económico sólo si se comercian o invierten, y sólo pueden comerciarse e invertirse si se poseen de manera incuestionable.

Ya que el comercio presupone que los comerciantes posean la propiedad de lo que están vendiendo, y ya que los intercambios basados en entregas o pagos futuros son un aspecto básico de los contratos, la vida urbana casi inevitablemente le otorga a la propiedad y al contrato el mismo espacio que ocupan entre las instituciones capitalistas.[HH]

De este modo, si la expansión de la agricultura hizo posible que los derechos de propiedad se impusieran de forma más estricta que cuando sólo existía la caza y la recolección, en una economía comercial (e industrial), la propiedad llegó a dominar por igual las relaciones de los hombres sobre los bienes y entre ellos mismos.

Durante la segunda mitad del primer milenio después de Cristo las ciudades europeas que en su momento fueron florecientes entraron en decadencia. Las causas están en discusión, aunque no el hecho en sí. El medievalista belga Henri Pirenne argumentó que esto ocurrió, no por las invasiones de los bárbaros, como se creía comúnmente, sino por la conquista del Mediterráneo por los musulmanes en los siglos VII y VIII, que interrumpió el comercio europeo con el Oriente Próximo. Algunos historiadores rechazan esta explicación y prefieren encontrar las razones de la decadencia urbana en los cambios europeos internos. Cualquiera que haya sido la causa, no se discute que en los cinco o seis siglos que siguieron a la caída de Roma, las ciudades europeas se convirtieron en fortalezas que protegían a sus residentes de daños físicos pero apenas ejercían funciones económicas, o sólo realizaban muy pocas. Sus residentes no tenían derechos ni status social.

Las ciudades comenzaron a revivir en el siglo X y ya en el siglo XI se habían convertido en prósperos centros comerciales. Venecia y Génova se beneficiaban del renacido comercio con el Oriente Próximo, mientras que las ciudades flamencas se hicieron ricas a partir de la exportación de textiles. La prosperidad comercial condujo al surgimiento de una nueva clase social urbana. Inicialmente compuesta por vendedores ambulantes y otros integrantes de las clases bajas que no encontraban espacio en un campo estructurado a partir de normas feudales y centrado en la agricultura, los nuevos ciudadanos eran personas con recursos cuya riqueza se basaba en las mercancías, los bienes raíces y el capital. La primera clase media urbana de la historia[152] constituía una anomalía en un mundo en el que todos tenían obligaciones con un superior y estaban ligados a la tierra.

Precisamente fue el hecho de que su estilo de vida no encajara en los moldes feudales lo que permitió a los ciudadanos (en realidad, los obligó) aspirar al autogobierno. Debido a que la burguesía no pertenecía a la sociedad feudal, que proporcionaba a sus miembros un mínimo de seguridad en una época turbulenta, le interesaba fundamentalmente obtener privilegios de los príncipes, los nobles y del clero, en cuyas tierras vivían, y más concretamente, garantías para sus personas y sus propiedades. Estos privilegios implicaban el derecho de los ciudadanos a gobernarse por sí mismos y a administrar su propia justicia, de un modo muy parecido a lo que había sucedido con los ciudadanos de la antigua polis griega. La capacidad de administrarse justicia por ellos mismos era especialmente importante para los ciudadanos porque, al dedicarse al comercio, con frecuencia firmaban contratos privados que no podían hacer valer ante ningún tribunal real o feudal. Con el tiempo se añadieron otros derechos. Si el contrato feudal es la base del constitucionalismo moderno, los estatutos que los ciudadanos medievales obtuvieron de los señores de la región se pueden considerar como los fundamentos de los derechos civiles modernos.[II] Sus mayores éxitos se produjeron en los países que no tenían monarquías nacionales: Italia, los Países Bajos y Alemania. En Inglaterra, Francia y España los tuvieron en menor grado.

Algunas veces las ciudades obtenían su libertad rebelándose y otras porque llegaban a acuerdos con el gobernante local. Durante el siglo XI en Europa occidental estallaron rebeliones urbanas, a partir de las cuales los ciudadanos, a menudo apoyados por la corte, obtuvieron concesiones por parte de los señores feudales de la región. Estas ciudades se convirtieron en concejos con gobierno y justicia propios. Uno de los primeros pueblos (a finales del siglo X) en adquirir el derecho a gobernarse a sí mismo fue la ciudad sajona de Magdeburgo; sus leyes, compiladas a finales del siglo XIII, definían la independencia como “la libertad natural del hombre a hacer lo que quiera, a menos que esté prohibido por la fuerza o por la ley”.[153] Las leyes de Magdeburgo sirvieron como modelo para muchas comunidades urbanas de Europa oriental. A principios del siglo XI, un grupo de ciudades logró derechos similares en el sur de Italia, y un poco más tarde en Lombardía.

Todos los residentes varonwa de esas comunidades urbanas disfrutaban del mismo status y del derecho a participar en asambleas municipales, es decir, una importantísima innovación porque establecía el principio del derecho territorial en lugar de los derechos que se derivaban del status social. Los residentes de esas ciudades, sin importar su origen social, eran hombres libres: un siervo fugitivo, que hubiera logrado residir en una de esas ciudades durante un año y un día, obtenía su libertad. Los funcionarios eran elegidos por tiempo limitado. De este modo, la noción de ciudadanía común, que se forjó inicialmente en la Atenas antigua, resurgió en los enclaves urbanos localizados dentro de una sociedad feudal altamente estratificada. A esta idea responde la expresión alemana Stadtluft machtfrei (“El aire de la ciudad nos hace libres”) que marca el inicio de la ciudadanía moderna, una frase que los nazis imitaron obscenamente con el letrero que colocaron a la entrada de su campo de concentración en Auschwitz para calmar a las víctimas que iban a ser ejecutadas en las cámaras de gas: Arbeit machtfrei(“El trabajo nos hace libres”). (Tal como lo indica su etimología, la palabra “citizen” [ciudadano] proviene del francés cité y originalmente sólo se aplicaba a los habitantes urbanos.) Se ha afirmado que, si a principios del siglo XII, en países que se encontraban en la periferia de Europa, la palabra “ciudadano” se refería a alguien que residía en el territorio de una ciudad, en la zona central se refería a un miembro de un concejo.[JJ]

Gradualmente, los ciudadanos evolucionaron hacia una especie de “tercer Estado”, junto con el clero y la nobleza. Y gracias a sus riquezas, los monarcas, que siempre necesitaban dinero para sufragar sus guerras, recurrían cada vez más a ellos para que participaran en las sesiones legislativas: hacia el año 1300, tanto en Inglaterra como en Francia, los ciudadanos fueron invitados por primera vez a participar en las sesiones parlamentarias para que emitieran su voto en materias relativas a los impuestos.

En las ciudades medievales fue donde los bienes raíces adquirieron por primera vez la característica de una mercancía totalmente libre de cargas. Los propietarios de las viviendas urbanas, que generalmente se usaban como residencias y como locales de negocio, poseyeron en su totalidad la tierra sobre la que estaban construidas sus casas y podían disponer de ella según su voluntad.

Las libertades que finalmente obtuvieron los ciudadanos conforman una lista impresionante. Pueden clasificarse bajo cuatro apartados: políticas, personales, económicas y legales.[154]

Libertades políticas

El derecho a autogobernarse.

Libertades personales

Libertad para casarse sin pedir permiso.

Exención de obligaciones feudales.

Libertad para hacer testamento.

Libertad de desplazamiento.

Emancipación del status de siervo después de residir durante un año y un día en una ciudad.

Libertad de enajenar (es decir, la transmisión de una propiedad a otra persona).

Exención del servicio militar.

Libertades económicas

Libertad de alojamiento: si es necesario hospedar al rey y a su séquito, éstos deben pagar una compensación justa a cambio.

Exención de impuestos externos.

Derecho a gravar con impuestos a los conciudadanos.

Exención de peaje.

Derecho a controlar los mercados.

Libertades legales

Derecho de los ciudadanos a ser juzgados por magistrados urbanos.

Derecho a un proceso justo.

Protección contra arrestos y registros arbitrarios.

No tener la imposición de realizar servicios obligatorios.

Así, el comercio, junto con la industria y el capital, que se desarrollaron a partir de él, creado en medio de una sociedad agraria, basada en derechos y privilegios, disfrutaba de un oasis de libertad sustentada en los derechos. Por tanto, es difícil estar en desacuerdo con la idea de que la democracia moderna se originó en los pueblos medievales y que la libre empresa que engendró estos pueblos es “el medio principal o único para el progreso de la libertad humana”.[155] Estas instituciones eran únicas en Europa: “Fuera de Occidente, no había ciudades en el sentido de una comunidad unitaria”.[156]

Durante los siglos XIV y XV, como resultado del auge del Estado nacional, de los conflictos sociales urbanos y otros factores (como la introducción de la pólvora, que inutilizó las murallas como medio de protección de las ciudades) la mayoría de las ciudades europeas perdieron su autonomía. Los siglos XVI y XVII constituyeron una era de absolutismo que no toleraba la autorregulación urbana. Pero los ideales fomentados por las ciudades y las instituciones que crearon se convirtieron en una parte intrínseca de la tradición política occidental.

11. LOS COMIENZOS DE LA EUROPA MODERNA

Ya en el siglo XVI, se consideraba un axioma en Europa occidental el hecho de que el rey gobernaba pero eran sus súbditos los que tenían las propiedades, y que la propiedad real terminaba donde comenzaba la propiedad privada. “La propiedad pertenece a la familia, la soberanía al príncipe y a sus magistrados”, ése era el consenso general.[157] La sentencia de Séneca que reza “a los reyes les pertenece el poder de todas las cosas y a los hombres en particular la propiedad” llegó a considerarse como una verdad establecida. También era una convención afirmar que el rey no era el dueño del reino y que no podía disponer de él. Un jurista español del siglo XV afirmaba: “Al rey sólo se le confía la administración del reino y no el control sobre las cosas, porque la propiedad y los derechos del Estado son públicos y no pueden ser el patrimonio personal de nadie”.[158] Jean Bodino, quien en el siglo XVI formuló el concepto moderno de soberanía, aclaró que la soberanía no implica propiedad y que los ingresos del príncipe eran inalienables.[159] Estas concepciones se convirtieron en los fundamentos de la independencia europea debido, especialmente, a que en el siglo XVII el término “propiedad” llegó a abarcar no solamente las posesiones físicas de las personas sino también la posesión de sus vidas y de su libertad. De esta forma quedó automáticamente fuera del alcance de la autoridad estatal.

La inviolabilidad de la propiedad se incumplía en ocasiones. Los judíos, que vivían bajo la protección de los poderes seculares y, por tanto, dependían de ellos, fueron obligados impunemente a llenar las arcas de los reyes, príncipes, barones así como las de las ciudades. Las leyes del rey inglés Eduardo el Confesor afirmaban que “los judíos y sus posesiones pertenecen al rey”.[160] El mismo principio se aplicaba en Alemania: Rodolfo de Habsburgo declaró en 1286 que los judíos y sus bienes le pertenecían a él personalmente.[161] Los judíos fueron expulsados de Inglaterra en 1290 después de que el rey se apoderara de sus pertenencias, y de Francia en 1306 bajo circunstancias similares. En 1307, el rey francés confiscó los bienes de la Orden de los Caballeros Templarios, un sindicato bancario internacional muy próspero. En 1492 los judíos fueron despojados de su bienes y expulsados de España, y cuatro años más tarde fueron expulsados de Portugal. En 1502, los moriscos sufrieron el mismo destino en Castilla. En todos estos casos, sin embargo, las víctimas eran extranjeros u organizaciones internacionales que, generalmente, profesaban una religión diferente.

Una violación (infrecuente en Europa) de los derechos de la propiedad privada tuvo lugar en Suecia a finales del siglo XVII. En el siglo precedente la Corona sueca, que siempre tenía dificultades financieras, había vendido a los nobles grandes extensiones del dominio real. En 1650 el rey y los campesinos individuales poseían sólo el veintiocho por ciento de la tierra dedicada a la agricultura en Suecia, y el resto se encontraba en manos de los nobles.[162] En 1680, Carlos XI, con el apoyo de los pequeños propietarios y de los contribuyentes, logró que el Rigsdag aprobara una ley que asegurara la “reducción” de las posesiones de los nobles, lo que condujo a la confiscación de grandes haciendas. Como resultado de ello, la Corona adquirió alrededor de un tercio de la tierra del país. Esta nueva riqueza sentó las bases para el absolutismo real, pero sólo por un corto período de tiempo. Después de la desastrosa guerra contra Rusia a principios de 1700, las “reducciones” fueron revocadas y la Corona tuvo que aceptar importantes limitaciones a su autoridad. La mayoría de las propiedades de las que se había apoderado pasaron finalmente a manos de los campesinos, y el poder de la monarquía sueca se redujo, prácticamente, a nada.

A los monarcas europeos y a algunos ideólogos del absolutismo real en los siglos XVII y XVIII les gustaba reclamar la autoridad ilimitada de la Corona, la cual, en ocasiones, se extendía a las pertenencias de sus súbditos: tanto Jacobo I como Carlos I de Inglaterra consideraban que podían disponer de las propiedades de sus súbditos, según su criterio, porque los intereses de la nación así lo autorizaba.[163] En 1666, Luis XIV, en unas instrucciones dirigidas al Delfín, su hijo mayor, expresó el siguiente desatinado consejo:

Así que, ante todo, debes estar convencido de que los reyes son señores absolutos y tienen, por naturaleza, el derecho indiscutible y evidente de disponer en propiedad de todos los bienes, tanto del clero como de los seglares, y de utilizarlos en cualquier momento de la forma en que lo haría un administrador prudente, es decir, de acuerdo con las necesidades generales del Estado.[164]

Pero estas atribuciones no tenían sentido. No importa lo que la teoría absolutista pudo haber afirmado, incluso monarcas tan poderosos como los Borbones no se atrevían a traspasar los límites de la propiedad de sus súbditos porque el principio de la propiedad privada estaba tan firmemente afianzado que cualquier ataque a este principio podía precipitar, con toda seguridad, una reacción violenta o una revolución. El mejor ejemplo de este hecho fue el destino que tuvo Carlos 1, quien perdió su trono y su cabeza en un país leal a la monarquía porque se empeñó en aplicar unos impuestos que sus súbditos consideraron arbitrarios.

En el siglo XVIII ya era común ver en la propiedad, especialmente en la propiedad sobre la tierra, la garantía principal de la ciudadanía y, como el voto se otorgaba a los ciudadanos, se restringía a aquellas personas que tuvieran bienes raíces u otros activos tangibles. La discriminación se justificaba con el argumento de que los individuos que no tenían propiedades que produjeran ingresos no eran agentes independientes y, por tanto, podían ser manipulados. Blackstone, en su libro Comentarios sobre las leyes de Inglaterra (Commentaries on the Laws of England), que tuvo una gran influencia tanto en Gran Bretaña como en sus colonias americanas, afirmaba que

[…] la verdadera razón para exigir a los votantes algún título, relacionado con la propiedad, es excluir a aquellas personas que se encuentran en una situación tal de pobreza que se considera que no tienen voluntad propia. Si estas personas pudieran votar, estarían inclinadas a disponer de sus votos a partir de alguna influencia indebida de cualquier tipo.[165]

Las personas que no tenían propiedades eran, además, consideradas “holgazanes” y acusadas de carecer de un interés genuino por su país y su gobierno. Al principio, en las colonias de América del Norte, que generalmente imitaban las prácticas británicas, el derecho al voto estaba basado en la propiedad de la tierra: “se exigía casi de la misma manera en la que uno puede reclamar un voto como accionista en una sociedad anónima”.[166] Así, el sufragio era tratado como otro derecho de propiedad y como tal se restringía a los propietarios.[KK]

Inglaterra, que tenía el récord más antiguo de elecciones parlamentarias continuadas, mantenía, desde la Edad Media, un sistema complicado de sufragio, diferente para los pueblos o distritos y para los condados. Después de 1430, el derecho político o sufragio (franchise) en los condados se restringía a los hombres adultos que fueran dueños absolutos de una propiedad que produjera 40 chelines al año, lo que se consideraba como el mínimo requerido para disfrutar de una independencia financiera. En 1710, el Parlamento introdujo requisitos de propiedad para los miembros de la Cámara de los Comunes; no fueron abolidos hasta 1858. La ley de reforma parlamentaria de 1832 extendía el voto en los distritos a todos los habitantes varones que poseyeran o tuvieran en arrendamiento bienes raíces por valor de 10 libras anuales y en los condados a los agricultores que poseyeran tierras por valor de 50 libras anuales, y a los arrendatarios de tierras por un valor mínimo de 10 libras al año. La ley de reforma de 1867 amplió el sufragio en las ciudades y la de 1884 lo extendió a la mayoría de los trabajadores agrícolas, pero fue la ley de 1918 la que abolió todas las exigencias de propiedad para los votantes, reemplazándolas por simples requisitos de residencia.[167] En las colonias americanas, al igual que en Inglaterra, los derechos para votar sólo se concedían a los dueños de propiedades. La mayoría de las colonias rebeldes mantenían los requisitos de propiedad para los votantes, generalmente en la forma de bienes raíces, aunque algunas permitían que se sustituyeran por bienes personales. Algunas de las que extendían el sufragio a todos los que pagaban impuestos establecían requisitos de propiedad para tener un cargo. Después de obtener su independencia, las trece colonias impusieron requisitos de propiedad para el sufragio.[168] La lógica que se aplicaba para establecer estos requisitos era que “aquellos que pagan para mantener al gobierno deben tener el derecho exclusivo de controlarlo”.[169] Pero también existían razones de más peso para restringir el sufragio a las personas con propiedades. Estas razones eran esgrimidas por James Madison: el temor a que “con un sufragio universal y equitativo” los derechos de propiedad no iban a estar tan efectivamente protegidos como los derechos de las personas, mientras que el sufragio por los propietarios podía garantizar ambas cosas.[170] El sufragio censitario en los Estados Unidos, sin embargo, no era tan restrictivo como el de Gran Bretaña, porque la tierra en América era mucho más fácil de obtener y, de hecho, a menudo la regalaban, por lo que ya en 1750 la mayoría de los varones blancos poseían tierras.[171] Gradualmente, incluso estos moderados requisitos dejaron de ser tan estrictos. A mediados del siglo XIX, todos dejaron de existir: Carolina del Norte en 1856 fue el último Estado que los eliminó.

Francia, durante su revolución, introdujo requisitos para votar basados en el pago de impuestos. No eran onerosos: de los 24 a 27 millones de ciudadanos de todas las edades y de todos los sexos, 4 millones podían votar, lo que implicaba que, al tener Francia en aquella época seis millones de varones adultos, podían votar sus dos terceras partes. Aun así, esta norma violaba el espíritu de igualdad proclamado por los revolucionarios. Después de la Restauración, bajo el reinado de Luis XVIII, el derecho de sufragio activo se restringió considerablemente, por lo que sólo unos 100 000 ciudadanos podían votar y menos de una quinta parte de esa cantidad cumplía con los requisitos para ocupar cargos. Durante el reinado de Luis Felipe, la lista de los posibles electores se incrementó a un cuarto de millón.[172] Marx, no sin razón, describió el régimen de Luis Felipe como “una simple sociedad anónima para la explotación de la riqueza nacional de Francia”, cuyo director era el rey y cuyos dividendos se distribuían entre los ministros, los diputados y 240 000 votantes.[173] Fue el dictador Napoleón III quien suprimió todas las restricciones para el sufragio basadas en la propiedad: la constitución de 1852 amplió el derecho al sufragio a todos los ciudadanos varones.

La Alemania imperial mantuvo desde 1871 hasta 1914 un sistema peculiar de sufragio. El Parlamento nacional, el Reichstag, era elegido por todos los ciudadanos varones mayores de veinticinco años. Sin embargo, el Reichstag sólo podía controlar, fundamentalmente, el presupuesto para la defensa, que alcanzaba la cifra de un noventa por ciento del gasto total presupuestado. A partir del principio de que los impuestos indirectos correspondían al gobierno central y los directos a los Estados federados y a las entidades locales, los segundos recibían la mayor parte de los ingresos del país: eran ellos los que asignaban los recursos para la educación, asistencia social y otros servicios públicos. Los gobiernos locales, sin embargo, no adoptaron el principio del sufragio universal masculino, y restringieron el derecho al voto de acuerdo con sus propios criterios, en los que las exigencias de disponer de una propiedad jugaban un papel importante. En Prusia, por ejemplo, los ciudadanos más ricos disfrutaban de un voto triple y los que pertenecían a la clase media, de un voto doble, mientras que los más pobres sólo disponían de un voto.[174]

Otros países europeos (Italia, Dinamarca, Suecia, Bélgica) también impusieron, en algunos casos, hasta bien entrado el siglo XX, requisitos de propiedad.

Estas restricciones, a pesar de ir contra la ética del espíritu democrático, deben juzgarse teniendo en cuenta la experiencia del pasado, que explica que los intereses de propiedad constituyeron la primera barrera eficaz contra el absolutismo y sus poderes arbitrarios. Del mismo modo que las libertades alcanzadas por la nobleza feudal y los concejos medievales fueron, originalmente, privilegios exclusivos que con el tiempo se convirtieron en derechos comunes, así también el sufragio, inicialmente restringido a los dueños de propiedades se hizo, con el tiempo, universal. De hecho, sólo los países que inicialmente limitaron el sufragio se desarrollaron como auténticas democracias: los gobiernos que le confirieron el derecho al voto a todos los ciudadanos de inmediato casi siempre utilizaron el sufragio universal para mantenerse en el poder. Un libro reciente sobre la historia del sufragio en América se titula De la propiedad a la democracia (From Property to Democracy). A la luz de los hechos históricos debería ser A través de la propiedad hacia la democracia (Through Property to Democracy).

12. RESUMEN

La visión de conjunto en relación con la aparición y con la evolución de la idea y de la institución de la propiedad privada ha tratado de demostrar las siguientes proposiciones:

El deseo de adquirir es un fenómeno universal, tanto en los animales como en los seres humanos, en los niños como en los adultos, en los pueblos primitivos y en las sociedades culturalmente avanzadas. Está enraizado en el instinto de la autoconservación, pero también posee una dimensión psicológica importante porque acentúa los sentimientos de competencia y confianza en uno mismo. Sus objetivos son, en primer lugar, los bienes materiales, pero también tiene un aspecto intangible, que abarca las ideas, las creaciones artísticas, las invenciones e incluso el propio espacio que nos rodea. Las exigencias sobre el uso exclusivo son especialmente acusadas en relación con la tierra, a la cual los seres humanos están ligados por vínculos místicos. La noción del comunismo primitivo no tiene, de hecho, ninguna base: es simplemente el mito antiguo (y aparentemente indestructible) de la Edad de Oro, disfrazada con un lenguaje moderno pseudocientífico. La antropología no conoce ninguna sociedad en la que no hayan existido los derechos de propiedad: en palabras de E. A. Hoebel, citadas anteriormente, “la propiedad es tan omnipresente como el hombre, una parte del tejido básico de toda sociedad”. Lo que quiere decir, por emplear un término aristotélico, que no es solamente una institución “legal” o “convencional” sino una institución “natural”. Como tal, no es ya un asunto de moral (a no ser que sea por sus excesos), como no lo es la mortalidad o cualquier otro aspecto de la existencia sobre el que los seres humanos tienen, al menos, un mínimo de control.

Durante más del noventa por ciento de la historia de la humanidad, cuando la caza y la recolección eran los formas principales de la actividad económica, los derechos de propiedad se centraban en el control tribal del territorio, que era celosamente defendido para evitar la presencia de intrusos; las demandas de propiedad individual se dirigían a las armas, herramientas y otros efectos personales. El ganado se consideraba siempre como una propiedad, generalmente tribal. Con el cambio gradual hacia una vida más asentada, centrada en la agricultura, los derechos de propiedad cambiaron de perspectiva y se atribuyeron a la casa y sus pertenencias. La autoridad pública (el Estado) fue una consecuencia de estos cambios. Aunque los orígenes del Estado no están claros y dan pie a muchas controversias, parece ser que la causa decisiva para su aparición fue la transición de la organización social basada en el parentesco y en la economía preagraria a la organización basada en el territorio y en el cultivo de la tierra, forzada, en gran medida, por la presión que ejerció el crecimiento de la población y el aumento resultante de la competencia por la obtención de recursos naturales. En las sociedades asentadas, políticamente organizadas, la propiedad privada ganó en importancia, porque la tierra cultivada necesita de un cuidado intensivo y continuo. El cambio hacia un control exclusivo de la tierra es prácticamente imparable tanto por razones económicas como psicológicas: incluso sucedió en la Europa feudal en la que, en teoría, la propiedad de la mayor parte de la tierra era condicionada. Una de las funciones fundamentales del Estado es garantizar la seguridad de la propiedad. Antes de la existencia del Estado sólo existe la posesión, un título que el dueño hace valer a partir de una larga tenencia y que está respaldada por la costumbre y, en última instancia, por la fuerza; en una organización política, esta responsabilidad la asume la autoridad pública. La transformación de la posesión en propiedad avanza en todas partes con una fuerza inexorable, debido fundamentalmente a la institución de la herencia, que se aplica tanto al dueño como al poseedor, pero que beneficia al último porque tiene el control físico ininterrumpido de los objetos que están en juego.

La siguiente fase en el desarrollo de la propiedad privada es el resultado del comercio y del desarrollo de las ciudades. Se puede tener la posesión de la tierra de diferentes maneras que restringen la duración de la tenencia o que imponen otras limitaciones sobre ella. Sin embargo, las mercancías que se comercializan, y el dinero que proporcionan, se consideran, siempre y en todas partes, como propiedad privada. Al perder importancia la agricultura en relación con el comercio y con la industria, el dinero asume un papel económico mayor, al igual que la propiedad. El hecho de que en la Europa de los siglos XVIII y XIX la propiedad privada se elevara a un status de institución sacrosanta fue un resultado directo del desarrollo económico que habían producido el comercio y la industria.

La relación de la propiedad privada con las libertades civiles y políticas es el tema principal de nuestro estudio. La libertad y los derechos que emanan de ella son posibles solamente con la aparición de la autoridad pública, es decir, del Estado. En una organización social basada en el parentesco, las relaciones humanas son informales y el individuo no está en condiciones de llevar a cabo una reclamación legal para defender sus intereses. Una vez que surge el Estado y su autoridad se extiende sobre un territorio definido y sobre todos sus habitantes, el individuo puede reclamar. Un “derecho” ha sido acertadamente definido como “la capacidad de un hombre de influir sobre los actos de otro a partir, no de su propia fuerza, sino de la opinión o de la fuerza de la sociedad”.[175] Bajo estas condiciones la propiedad (donde quiera que le sea permitido aparecer) es protegida por el Estado como un “derecho”, pero ese mismo derecho de propiedad también protege al individuo del Estado junto con la ley, su consecuencia se convierte en el medio más eficaz para limitar el poder del Estado. En los lugares en los que el Estado reclama la propiedad de todos los recursos productivos, como sucede con las antiguas monarquías orientales, los individuos o las familias no tienen forma de hacer valer su libertad porque económicamente dependen totalmente del poder soberano. De hecho, no es ninguna coincidencia que la propiedad privada sobre la tierra y la democracia surgieran primero en la antigua Hélade, particularmente en Atenas, una ciudad-Estado fundada y gobernada por campesinos independientes que constituían la columna vertebral de su economía y de sus fuerzas armadas. Tampoco fue casualidad que muchas de las instituciones más importantes de la democracia moderna desciendan directamente de la comunidad urbana medieval, en donde el comercio y la industria dieron lugar a una poderosa clase adinerada que consideraba sus posesiones como un aspecto de su libertad.

La noción moderna de la libertad y de los derechos evolucionó a partir de estas experiencias. En la Europa medieval, y especialmente en el siglo XVII, época en que nacieron las ideas sobre la libertad, la “propiedad” llegó a concebirse como “propriedad”, la suma total de derechos sobre las posesiones, así como sobre los derechos personales, que les son concedidos al hombre por la naturaleza, y de los que no se le puede privar sin su consentimiento, e incluso, no siempre con su consentimiento (como, por ejemplo, la negación del “derecho” de venderse a uno mismo como esclavo). La noción de “derechos inalienables”, que ha jugado un papel cada vez mayor en la práctica y en el pensamiento político de Occidente desde el siglo XVII, se desprende del derecho a la propiedad, el más elemental de todos los derechos. Uno de sus aspectos es el principio de que el soberano gobierna pero no posee y por tanto no puede apropiarse de las pertenencias de sus súbditos o violar sus derechos personales, esto es, un principio que se convirtió en una poderosa barrera contra la autoridad política y permitió la evolución, primero, de los derechos civiles y, después, de los derechos políticos.

El historiador de la antigüedad clásica Moses Finley señala que “es imposible traducir la palabra ‘libertad’, eleutheria en griego, libertas en latín u ‘hombre libre’ a cualquier otro idioma antiguo del Oriente Próximo, incluido el hebreo, ni tampoco se puede traducir a un idioma del Lejano Oriente, por la misma razón”.[LL] ¿Por qué sucede así? ¿Qué tenían en común la antigua Grecia y la antigua Roma que no poseían los imperios del Oriente Medio y del Lejano Oriente? Una respuesta posible es la idea de la libertad. Pero entonces surge la cuestión inmediata: ¿qué había en la cultura de estos dos países que pudiera provocar la aparición de una idea tan original? Porque las ideas no se forman en el vacío: al igual que las palabras que las articulan, se refieren a cosas que son lo suficientemente importantes como para necesitar un nombre que permita la comunicación.

Se ha sugerido que la idea de la libertad nace a partir de la conciencia de la existencia de la esclavitud y del contraste que crea entre la persona que es libre y la que no lo es: se afirma que quien no es esclavo se da cuenta de su status de hombre libre al compararse con el esclavo. Según las palabras de uno de los defensores de esta explicación: “Los orígenes de la cultura occidental y de su ideal más apreciado, la libertad, se fundaron […] no sobre una roca de virtud humana sino sobre el tiempo degradado en que el hombre aplicó su inhumanidad más vil a otro hombre”.[176] Pero esta explicación no resulta convincente. Aunque la esclavitud era universal, y se practicaba ampliamente, incluso por el “buen salvaje”, como el indio americano, el concepto de libertad personal no surgió en ninguna sociedad esclavista, salvo en Occidente. En Rusia, por ejemplo, en donde la mayoría de la población había estado en régimen de servidumbre desde finales del siglo XVI, nadie parecía concebir la libertad personal en contraste con la servidumbre ni percibían la servidumbre como algo antinatural hasta que, bajo el reinado de la emperatriz Catalina la Grande, nacida en Alemania, se importaron de Occidente los sentimientos abolicionistas.

Lo que genera la idea de la libertad es el sentido de independencia económica y el del valor personal. Se ha sugerido que los griegos antiguos ya conocían este sentimiento a partir del pasaje en la Historia de Herodoto en donde se afirma que el valor con que los atenienses se enfrentaban a los persas se debía al hecho de que ya no “trabajaban para un amo”.[177] Herodoto quería decir, específicamente, que se habían liberado de los antojos de los tiranos. Pero el concepto tiene implicaciones que van más allá de las estrictamente políticas, al definir también a la persona que trabaja para sí misma, que era independiente económicamente. El tema se refleja en la oración fúnebre de Pericles, en la cual a cada individuo ateniense se le concede que está “en posesión de su propia persona… que es autosuficente en las más variadas formas de actividad”.[178]

Y una autosuficiencia de este tipo sólo es posible en las sociedades que reconocen la propiedad privada. Es mucho más probable, por tanto, que la idea de libertad haya surgido del contraste entre el dueño y el no dueño (y esta categoría incluía, en la Atenas antigua, a todos los no ciudadanos) que del contraste entre el hombre libre y el esclavo, porque una insuperable barrera psicológica separa a los dos últimos, lo que hace muy difícil de concebir las comparaciones entre ambos. La fuente original de independencia económica fue la tierra cultivada de forma privada, que primero surgió en el antiguo Israel, Grecia y Roma. Finley se adhiere claramente a esta explicación sobre los orígenes de la libertad en Occidente, aun cuando no la expresa explícitamente:

Las economías del Oriente Próximo [de la antigüedad] estaban dominadas por grandes palacios (o complejos de templos) [a los cuales] pertenecían la mayor parte de la tierra cultivable y, virtualmente, monopolizaban todo lo que podía llamarse “producción industrial” así como el comercio exterior […] y organizaban la vida económica, militar, política y religiosa de la sociedad a partir de una operación de registros única, complicada y burocrática, para la cual la palabra “racionamiento”, tomada en un sentido muy amplio, es la mejor descripción que se me ocurre. Nada de esto tuvo importancia para el mundo grecorromano hasta las conquistas de Alejandro Magno y, después, las de los romanos [tras haber] incorporado grandes territorios del Oriente Próximo.

No quiero simplificar demasiado. Existían parcelas privadas de tierra en el Oriente Próximo, trabajadas por propietarios privados; existían artesanos y vendedores ambulantes “independientes” en los pueblos. Nuestros datos no nos permiten cuantificarlo, pero no creo que sea posible considerar que estos individuos constituían el patrón predominante de la economía, mientras que el mundo grecorromano era de propiedad privada esencialmente y exactamente, ya sea unos pocos acres o los enormes dominios de los emperadores y senadores romanos, un mundo de comercio privado y de industria privada.[179]

El contraste entre el mundo grecorromano de la antigüedad y las monarquías del Oriente Medio se reprodujo, mutatis mutandis, en la Europa moderna, a partir del desarrollo divergente tanto de la propiedad como de la libertad en las mitades más occidentales y más orientales del continente, personificadas por Inglaterra y por Rusia. Inglaterra fue la primera en desarrollar la propiedad privada y proporcionó al mundo el modelo de la democracia política, mientras que Rusia, al haber tardado en aceptar la propiedad privada, e incluso cuando lo hizo en forma irregular, no pudo crear instituciones capaces de proteger a su pueblo de la autoridad déspota del Leviatán.

CAPÍTULO TRES
INGLATERRA Y EL NACIMIENTO
DE LA DEMOCRACIA PARLAMENTARIA

La libertad es inherente a una finalidad, razonable hasta cierto punto; cada nación ha establecido por sí misma algún aspecto que prefiere, y que debido a su preminencia se convierte en el criterio para su felicidad. Como usted sabe, señor, resulta que, en este país y desde sus inicios, las grandes batallas por la libertad se produjeron, principalmente, por causa de la cuestión de los impuestos.

EDMUND BURKE[1]

Inglaterra es la cuna de la democracia parlamentaria y por ello la historia de su evolución política reviste un interés universal: el historiador del constitucionalismo A. F. Pollard ha definido el Parlamento como la contribución más importante de Inglaterra a la civilización.[2] Sus datos históricos son abundantes y la bibliografía sobre la evolución de su sistema político es de una alta calidad. Inglaterra es totalmente atípica: de hecho, en muchos aspectos, es única y ha sido siempre reconocida como tal, tanto por los ingleses como por los extranjeros. Sir John Fortescue, en sus trabajos escritos en el siglo XV, y sir Thomas Smith, un siglo después, ya tenían conciencia de la diferencia existente entre Inglaterra y los Estados continentales contemporáneos. Para que estos puntos de vista no se consideren chovinistas, debe señalarse que muchos visitantes extranjeros los comparten. Montesquieu dijo que los ingleses eran el pueblo más libre del mundo porque limitaban el poder del rey mediante las leyes.[3] Voltaire quedó igualmente impresionado y describió a los ingleses como “el único pueblo en la Tierra que ha sido capaz de prescribir límites al poder de los reyes al oponerse a ellos; y el único que, a partir de unas cuantas batallas, ha podido finalmente establecer un gobierno sabio, en el que el Príncipe tiene todo el poder para hacer el bien y, al mismo tiempo, se le impide hacer el mal”.[4]

Inglaterra fue el primer país en el mundo que formó un Estado nacional; también fue el primero en institucionalizar, antes que ninguna otra nación, las prácticas democráticas primitivas de las tribus germánicas. Por lo tanto constituye un laboratorio en el que se pueden estudiar las condiciones en las que la libertad política y los derechos civiles tienen mejores oportunidades para desarrollarse.

¿Por qué y cómo pudo el Parlamento, como representante de la población en general, vencer a la Corona y asegurarle al pueblo los derechos y las libertades que recibieron la admiración del resto de Europa? La historia constitucional británica registra los avances del Parlamento desde su origen como un servidor de la Corona (siglo XI hasta el siglo XV), la transformación en su socio (siglo XVI hasta principios del XVII) y, finalmente, en su amo (desde 1640 en adelante).[A] En esta evolución, la distribución de la riqueza entre la Corona y sus súbditos representó un papel decisivo, dado que la decadencia del poder real vino acompañada de la reducción de las propiedades reales y de las rentas que se derivaban de ellas. La riqueza de la Corona inglesa disminuyó porque sus gastos excedieron sus ingresos como resultado de las guerras, las extravagancias en la corte, una pobre administración del patrimonio real y la inflación. La disminución de sus ingresos privados forzó a la Corona a depender cada vez más de los ingresos arancelarios y tributarios.

Este empobrecimiento tuvo consecuencias políticas trascendentales, porque los derechos de aduana y la mayoría de los impuestos tenían que ser aprobados por el Parlamento. “La Corona se hizo más y más pobre y cuando se vio obligada a recurrir al Parlamento tuvo que ceder derechos constitucionales para poder obtener fondos.”[5] “El umbral en el que los reyes tropezaban repetidamente era el dinero. Le exigían al pueblo dinero en efectivo, el pueblo les exigía libertades y reformas. Este es el hilo conductor, si es que existe alguno, que se encuentra presente en toda la historia parlamentaria inglesa.”[6] De hecho, como sabiamente comentó James Harrington hace tres siglos y medio, fue el aumento de la riqueza del pueblo y la dependencia creciente que tenía el rey de ella lo que obligó a la Corona a conceder a sus súbditos derechos y libertades. Por lo tanto, puede decirse que la evolución constitucional de Inglaterra marcha al compás de su historia financiera. Proporciona un ejemplo clásico de cómo la riqueza privada ejerce un control sobre la autoridad pública.

1. INGLATERRA PRENORMANDA

Al igual que sucedía en todas las regiones del Imperio romano que se hallaban fuera de la península Itálica, en Inglaterra, bajo el dominio romano, toda la tierra era, en última instancia, propiedad del emperador: los habitantes cultivaban la tierra en calidad de arrendatarios imperiales.[7] Por este derecho pagaban una renta a los funcionarios romanos.

Después de que los romanos se retiraron de Gran Bretaña, a mediados del siglo V, la isla fue invadida en repetidas ocasiones por tribus de bárbaros anglosajones procedentes de Schleswig-Holstein y Jutlandia. La unidad social básica de los invasores era el clan; se establecieron en la isla por clanes que estaban constituidos por hombres libres y por grandes contingentes de esclavos. La propiedad de la tierra se distribuyó entre el rey, los titulares privados y las explotaciones públicas o comunales; esta última disminuyó a un ritmo constante y finalmente desapareció, pues fue absorbida por la propiedad real.[8] La tierra de titularidad privada se poseía como una propiedad indiscutible.

Aunque el lapso de seiscientos años entre la retirada de los romanos de Gran Bretaña y la conquista normanda se ve comúnmente como un largo intervalo de anarquía, durante la última parte de este período fue cuando se sentaron las bases para la aparición de muchas de las futuras instituciones inglesas. En los dos siglos que precedieron a la conquista normanda, Inglaterra se unificó bajo una monarquía única, pero no se pretendía que los reyes legislaran sino que mantuvieran las costumbres, un principio que, por tanto, restringía profundamente su autoridad, porque implicaba que no podían introducir cambios sin la aprobación explícita de la comunidad,[B] con ello, se mantenían unas tradiciones que estaban profundamente enraizadas en las sociedades bárbaras (véase más abajo). Los reyes anglosajones, al igual que otros gobernantes germánicos, administraban el país con la ayuda de un consejo de sabios (witena gemot o witan) compuesto por nobles con prestigio y por eclesiásticos.[C] El consejo, ocasionalmente, elegía a los reyes, legislaba cuando era absolutamente necesario y recaudaba impuestos.[9] Las decisiones más importantes se sometían a la aprobación popular de la asamblea general del pueblo (folkmoots), que se reunía dos veces para servir como tribunal de justicia y para deliberar sobre asuntos públicos en la medida en que se presentaban. Todos los hombres libres podían asistir. Maitland llama la atención sobre el hecho de que estas prácticas eran idénticas a las que, según Tácito, existían entre las tribus germánicas de su época y que sabemos, por la antropología, que también son comunes entre los pueblos primitivos actuales.[D] Incluso antes de la conquista normanda, los reyes ingleses no podían legislar ni establecer impuestos sin el consentimiento de los “grandes” del reino y de la asamblea general del pueblo.[10] Sin duda alguna, este principio se derivaba de la convención establecida por las tribus germánicas sobre que “la ley queda en manos de la comunidad” y el rey gobierna no como el soberano de su pueblo sino como su representante.[E]

La explicación más aceptable de la razón por la que estas tradiciones germánicas sobrevivieron mejor en Inglaterra que en el continente es que Inglaterra, al ser una isla, estaba habitada por una población compacta y estaba físicamente separada de los pueblos no germánicos del continente europeo, entre los se asentaron las demás tribus germánicas y cuya influencia sintieron muy pronto.

Un gobierno por consenso puede surgir en diferentes condiciones siempre que la población políticamente activa sea también económicamente independiente y por tanto, de cierta manera, sea cosoberana. Lo hemos visto surgir en la Grecia antigua, entre los pequeños agricultores independientes. Es común entre las sociedades nómadas que se abastecen a partir de la caza y de la ganadería, porque estas sociedades, estructuradas a partir de líneas de parentesco, tratan a todos los hombres adultos miembros de la sociedad como iguales y con igual derecho a participar en las decisiones que afectan al grupo. Esto es un rasgo característico de todos los grupos de parentesco, ya sean las tribus germánicas descritas por Tácito, los indios americanos o los pueblos africanos.[11] Aunque la tiranía no era desconocida entre las sociedades primitivas basadas en el parentesco, es típico que su vida política sea participativa.[12]

La unidad básica de organización de los pueblos germánicos que conquistaron Europa era el clan, compuesto por parientes que presumían descender de un ancestro común. La autoridad suprema residía en la asamblea de guerreros, presidida por un líder que no tenía poder para rechazar sus decisiones. La asamblea decidía en cuestiones relacionadas con la guerra y la paz y repartía la tierra.[13]

Esta fue la situación mientras las tribus y los clanes se dedicaron a una existencia nómada o seminómada. Pero cuando estos grupos adoptaron la agricultura como actividad principal y abandonaron la vida nómada, los procedimientos democráticos practicados dentro del grupo de parentesco adquirieron una dimensión territorial. Esto no sucedió de un modo abrupto: los invasores germánicos que ocuparon Inglaterra siguieron, al principio, las leyes de parentesco, pues se asentaron por grupos emparentados por lazos de sangre.[14] Lo mismo ocurrió con los conquistadores bárbaros de la Europa continental, quienes, como ya hemos señalado, no aplicaron la ley romana existente en los territorios que ocupaban, sino sus normas “bárbaras”. Sin embargo, gradualmente, se fue imponiendo el principio territorial y la ley del grupo dominante se convirtió en la ley de la tierra.[15] Sólo de este modo se puede explicar uno cómo salvajes como los jutos, los anglos o los sajones pudieron sentar las bases de un gobierno representativo en la Inglaterra conquistada.

Esta transición de la organización fundada en el parentesco a la de base territorial tuvo lugar en Inglaterra a finales del siglo IX, durante el reinado de Alfredo el Grande, con la introducción de un sistema tributario basado más en los condados que en las unidades tribales.[F] El historiador del Derecho J. E. A. Jolliffe lo ha considerado el cambio más profundo y determinante de toda la historia de Inglaterra porque hizo posible la fusión de diversas comunidades en una nación y en un Estado nacional.[16] En este momento nació el Estado moderno, es decir, una institución que reclama la existencia de una autoridad pública sobre todos los habitantes de un territorio dado. En el caso de Inglaterra, el Estado surgió de una comunidad de hombres libres, y nunca perdió esta condición.

Durante el período anglosajón, una gran parte de la actividad pública se dedicó a la propiedad. Hay pruebas de que en la Gran Bretaña prenormanda la propiedad privada sobre la tierra era la institución predominante y que los dueños tenían todos los derechos de transmisión o de enajenación.[17] Según Maitland, los primeros documentos legales ingleses, que se remontan a la época del rey Egberto (hacia el 600 N. E.), trataban de esta cuestión.[18] La asamblea general del pueblo también la tenía en cuenta, y se dedicaba a resolver disputas relacionadas con la propiedad, así como a combatir el crimen, incluido el robo.[19]

Con relación a los impuestos, el principio era (y se mantuvo vigente, al menos en teoría, hasta mediados del siglo XVII) que los reyes ingleses cubrían los gastos normales, tanto los privados como los públicos, a partir de los ingresos de sus dominios privados y de la administración de justicia. Se cree que cuando necesitaban lograr ingresos adicionales mediante impuestos tenían que obtener el consenso del witena gemot. Pero esos impuestos eran tan infrecuentes que, prácticamente, no se sabe nada de ellos.[20]

2. EL PODER NORMANDO

En el momento de la conquista normanda las haciendas de los reyes británicos estaban en su apogeo.[21] Los conquistadores abolieron las propiedades alodiales: los antiguos propietarios, si es que se les permitía conservar sus posesiones, se convertían en arrendatarios reales. La Casa Real normanda no sólo heredó los terrenos de los reyes anglosajones destituidos sino que también confiscó las propiedades de los señores que les ofrecieron resistencia, y muchos de estos terrenos se distribuyeron entre sus arrendatarios.[22] Los arrendatarios del rey tenían que proporcionarle cuotas fijas de soldados de caballería. Para asegurarse de disponer de la cantidad necesaria de jinetes ellos, a su vez, concedían propiedades a los caballeros. De esta forma se forjó la cadena feudal. Pero Guillermo el Conquistador consideraba que toda la tierra, estuviera en manos seculares o eclesiásticas, le pertenecía, y que sus arrendatarios la poseían de acuerdo con las normas feudales. Un arrendatario que incumpliera sus obligaciones tenía que entregar sus tierras a la Corona.

Al igual que en el caso de los reyes anglosajones, los gobernantes normandos debían mantener la corte y administrar el país utilizando para ello sus ingresos privados.[23] Durante los doscientos años posteriores a la conquista normanda, esto es, hasta mediados del siglo XIII, los reyes ingleses obtenían hasta el sesenta por ciento de sus ingresos a partir de las rentas que proporcionaba el patrimonio real.[24] Tales recursos se completaban con la recaudación procedente de distintos derechos feudales, entre los que sobresalían las instituciones del escheat y de la wardship.[G] El principio se consolidó en una famosa declaración que hizo Eduardo IV en 1467 a los Comunes mucho después de que se hubiera convertido en un anacronismo: “Me propongo vivir con mis propios recursos, y sólo gravar a mis súbditos con impuestos por causas grandes y urgentes”. Con esto quería decir que, además de los ingresos aduaneros, viviría de las rentas de la tierra de la Corona y de sus derechos como monarca feudal, y todos ellos se depositarían en el Tesoro.[25] Los impuestos se reservaban para las emergencias: en situaciones de este tipo, el rey tenía que demostrar que existía una necesidad urgente de defender el reino y obtener así el consentimiento de las personas a quienes se les impondría. En la Carta Magna (1215), el rey Juan, al regresar derrotado de Francia, reafirmó que no fijaría impuestos sin el consentimiento del reino. En 1297, en la Confirmación de Charters, que incluía la Carta Magna, se reiteró el principio de que el rey no tenía autoridad para establecer impuestos no basados en sus derechos de señor feudal sin una autorización parlamentaria expresa.[26] Los historiadores han reconocido que estas concesiones constituyeron las garantías fundamentales para la seguridad de la propiedad privada en Inglaterra. Y aunque la Corona, entonces y después, se esforzó, con ingenio, para subvertir este principio, se mantuvo como el fundamento de la Constitución inglesa: el rey inglés “nunca tuvo el derecho de recibir ninguna ayuda o financiación procedente de sus súbditos sin el consentimiento del Parlamento”.[H] Lo que significaba, en efecto, que, a menos que tuviera suficientes ingresos propios, no podía gobernar de un modo efectivo sin el consentimiento de sus súbditos. Este principio ya estaba bien establecido antes de mediados del siglo XIV.[27] Fue este principio y esta necesidad los que lanzaron a la Cámara de los Comunes a su espectacular carrera.

Lo que nos lleva a la historia del Parlamento. Se ha dicho que es imposible determinar cuándo surgió esta institución. El sentido actual del término (una asamblea de representantes con poder para legislar) parece remontarse al reinado de Enrique III a mediados del siglo XIII. Hasta entonces, la palabra “Parlamento” se aplicaba con bastante flexibilidad a todo tipo de reuniones (parleys: parlamentos); hacia el año 1250 fue cuando se comenzó a utilizar para referirse específicamente a una conferencia convocada por un rey para asuntos de Estado.[28] De esta manera, el Parlamento emergió de la curia regis, o Consejo Real, de los reyes normandos. Los arrendatarios del rey estaban obligados a asistir a la corte cada vez que se los convocara. Inicialmente, su función no era legislar sino emitir opiniones sobre las normas consuetudinarias y juzgar. Este limitado rango de acción fue el resultado del punto de vista dominante en la Edad Media que consideraba las leyes como eternas e inmutables: no se hacían sino que se interpretaban. Esta actitud, sorprendentemente, sobrevivió muchos años. Antes de la Ley de Reforma de 1832, el Derecho en Inglaterra no era algo que se “hacía” sino que estaba “ahí”, en la sombra, para deducirse, cuando fuera requerido, de la costumbre y de la Ley Natural.[29] Debido a que la asistencia a estas juntas exigía mucho tiempo y dinero, se consideraba un deber gravoso más que una prerrogativa: en todo caso, no se sabe de ningún señor feudal que reclamara su derecho a asistir.[30] De todas formas, las normas jurídicas promulgadas en las primeras etapas del poder normando, aunque no eran muy frecuentes, se elaboraron y aprobaron con el consejo y consentimiento de los “grandes”. Guillermo 1, el Conquistador, siguió la tradición anglosajona de no establecer nuevas leyes o impuestos sin el consentimiento de los hombres “sabios” y poderosos del reino.[31] El punto crítico en la evolución del Parlamento tuvo lugar a finales del siglo XIII, cuando la Corona, que estaba muy necesitada de dinero y era incapaz de obtenerlo a partir de sus propios recursos, invitó a una representación de caballeros y ciudadanos (burghers) para que asistieran a sesiones especiales del consejo feudal.[32] Aquí tenían los monarcas una fuente potencial de ingresos rica y sin explotar. Hemos señalado que los feudos casi nunca se convertían en posesiones hereditarias (véase arriba, pág. 145), pero que existían muchas formas a través de las cuales los arrendatarios podían, con el permiso explícito de su señor o sin él, disponer de sus tierras.[33] Ya en el siglo XII, los tribunales reales de Inglaterra resolvían disputas por la propiedad de pequeños y grandes propietarios.[34] Alan Macfarlane ha probado que la propiedad individual de la tierra tuvo un desarrollo muy temprano en la Inglaterra feudal.[35] Ha explicado cómo en la época anterior a los Tudor (siglos XIII y XIV) la propiedad absoluta de la tierra pertenecía no a las familias sino a los individuos (incluidas las mujeres), que sus dueños eran libres de disponer de ella según su voluntad, y podían retirar el derecho de herencia a sus hijos, si así lo decidían, para vendérsela a terceros.[I] La Inglaterra del siglo XIII contaba con agricultores que consideraban la tierra que labraban como una mercancía. Macfarlane concluye que

[…] la propiedad [en Inglaterra] estaba, hacia finales del siglo XIII, altamente individualizada y, posiblemente, incluso antes de esa fecha. La poseían los individuos y no grandes grupos; se podía comprar y vender; los niños no tenían derechos automáticos sobre la tierra; no hay ninguna prueba de que existieran vínculos familiares con respecto a una particular extensión de tierra.[36]

La aparición de un mercado de la tierra se produjo principalmente entre los agricultores porque para los nobles la posesión de la tierra era el “sello” de su status aristocrático que no estaban dispuestos a comerciar por dinero.[J] La desaparición de la servidumbre (villanaje) en la Inglaterra de finales de la Edad Media acentuó la propiedad privada, porque los antiguos siervos, que ahora eran hombres libres, podían poseer un título. Según Tawney, en los siglos XIV y XV los arrendatarios de los señores feudales se convirtieron en campesinos acomodados; muchos cultivadores poseían la tierra en vez de arrendarla.[37] Aquí había una potencial fuente de ingresos que la Corona difícilmente podía ignorar, especialmente porque venía acompañada del crecimiento de los pueblos y de la aparición de una clase social formada por comerciantes.

Uno de los primeros ejemplos de la asistencia de plebeyos al Parlamento tuvo lugar en 1265 durante un enfrentamiento entre los nobles y Enrique III. Simon de Montfort, que dirigió la resistencia contra la Corona, mandó a detener al rey y después pidió que cada condado y distrito enviaran dos representantes a Westminster. Aunque su rebelión fue aplastada, se introdujo un principio novedoso y se sentó un precedente.[38] A partir de ese momento se citaba habitualmente a representantes de los burgos y de los condados para que dieran su parecer sobre las leyes y para que votaran los fondos para la Corona. Como resultado de esto, el papel del Parlamento se incrementó notablemente. En 1295 y 1296, la Corona convocó el primero de los que llegarían a conocerse como Parlamentos “modelos”. (Un acontecimiento similar ocurrió al mismo tiempo en Francia.) La innovación que se introdujo aquí consistía en que los participantes no se representaban a sí mismos sino a sus electores. Bajo el reinado de Eduardo III (1327-1377), el Tesoro se negó a entregar dinero al rey a menos que cumpliera ciertas condiciones: una de ellas era que sus ministros se responsabilizaran ante el Parlamento y otra le exigía que se informara al Parlamento del uso que se había dado a los fondos recibidos.[39] Estas demandas no se convirtieron en prácticas constitucionales hasta muchos siglos después, pero son un indicador de las crecientes aspiraciones del Parlamento.

De esta forma los Parlamentos se convirtieron en una parte integral del sistema de gobierno, pero todavía se convocaban ad hoc y no regularmente; cada Parlamento era nuevo y requería sus propias elecciones. Así, Inglaterra no tenía un “Parlamento” sino sólo “Parlamentos” específicos. La regla que exigía que los Parlamentos se reunieran continuamente no se adoptó hasta principios del siglo XVIII: hasta ese momento, se convocaban cada vez que el gobierno necesitaba dinero.

A comienzos del siglo XIV los Parlamentos exigieron, y obtuvieron, voz en la elaboración de normas jurídicas. En el siglo XV se aceptó que para que una ley entrara a formar parte del Derecho escrito tenía que ser aprobada tanto por los lores como por los comunes; las Ordenanzas, que tenían vigencia temporal, no lo necesitaban.[40] Después de 1530, una norma escrita, ya fuera una ley o un reglamento, se convertía en Derecho del reino sólo si contaba con la conformidad del Parlamento.[41] Se consideraba un abuso de autoridad que un rey derogase o modificase las normas de Derecho escrito por su propia iniciativa.

Así aparecieron determinados atributos que son decisivos en la democracia contemporánea: que el Estado no puede, basándose en su propia autoridad, derogar una ley o establecer un impuesto. A estas limitaciones se añadía la prohibición de interferir en la aplicación de la justicia.[42] Sir John Fortescue, un autor que escribió desde muy temprano sobre la Constitución inglesa, y que llegó ser lo que hoy llamaríamos presidente del Tribunal Supremo, argumentó, entre los años 1469 y 1471, que la ley inglesa había permanecido básicamente inalterada desde la antigüedad. La finalidad del Estado, tanto en el pasado como en el presente, era proteger a las personas y a sus pertenencias. Por esta razón, los reyes no podían establecer impuestos sin el consentimiento de sus súbditos. Fortescue comparaba al rey de Inglaterra con su homólogo, el rey de Francia, al distinguir entre un monarca que gobernaba sólo “regiamente” (como hacía el de Francia) y otro que gobernaba tanto “regiamente” como “políticamente” (en los términos actuales diríamos, constitucionalmente), como era el caso de Inglaterra. La diferencia radicaba en que el último “no puede cambiar las leyes de su reino según su gusto” ni tampoco puede establecer impuestos arbitrariamente y, de este modo, otorgaba a sus súbditos la facultad de disfrutar tranquilamente de sus propiedades.[43] Publicado por primera vez en latín en 1537 y en inglés en 1567, el tratado de Fortescue se convirtió en una especie de bestseller durante el reinado de la reina Isabel I. Su precisión histórica no es asunto nuestro; lo que importa es que reflejaba una opinión ampliamente compartida en los círculos cultos de la Inglaterra del siglo XV: que un buen sistema de gobierno era el que estaba sometido a la ley.

3. EL PAPEL DEL DERECHO CONSUETUDINARIO
(COMMON LAW)

Fortescue fue uno de los muchos juristas medievales que influyó profundamente en la forma en que los ingleses veían su sistema de gobierno. En ningún otro país los juristas influyeron tanto en la política como en Inglaterra.[44] La presencia de abogados no profesionales se remonta al siglo XIII. En 1300, Inglaterra ya tenía escuelas donde se formaba a estos letrados.[K] Sus graduados no procedían del mundo académico (había otros estudiosos del Derecho que tenían su acomodo en las universidades, donde se enseñaba Derecho Canónico y Derecho Romano) sino que eran expertos en el Derecho consuetudinario (common law) y, por tanto, tenían los mismos conocimientos profesionales que los jueces ante quienes actuaban. Debido a que el Derecho consuetudinario, como la política inglesa, tenía sus raíces en los precedentes históricos, los abogados, cuya autoridad era reconocida desde muy antiguo, tuvieron un papel muy importante en la interpretación de las normas constitucionales.[45] La abolición de la servidumbre y la aceptación del principio de que “nadie podía ir a la cárcel sin una causa justa” se atribuyen a su influencia.[46]

La extraordinaria importancia del Derecho y de los abogados en Inglaterra, y en todo el mundo angloparlante, se explica en gran medida por el temprano desarrollo de la institución de la propiedad, ya que, al constituir ésta un derecho de posesión que se defiende mediante procedimientos legales, la ley se convierte en el complemento indispensable del derecho de propiedad. Los juristas expertos en el Derecho consuetudinario dedicaban sus mayores esfuerzos a cuestiones relacionadas con la propiedad privada: “declarar meum y tuum es el auténtico objetivo de las leyes de Inglaterra”, escribió el historiador William Camden durante el reinado de Jacobo I.[47] Y, ciertamente, este tema fue motivo de la actividad de los tribunales ingleses desde épocas muy tempranas.

El Derecho consuetudinario de los siglos XII y XIII es, en gran medida, la ley de la tierra y la tenencia, la ley de los derechos de propiedad y de los servicios junto con las reglas de procedimiento para los administradores de la justicia. Una mirada a los capítulos de la Carta Magna o a cualquier colección de normas del Derecho consuetudinario revelará cómo el interés dominante está relacionado con los derechos sobre la tierra: la posesión de la tierra, o las formas de adquirirla, las contrapartidas que deben pagarse por la tenencia de la tierra, la transmisión hereditaria de la tierra, el arrendamiento de la tierra, la custodia de la tierra, los rendimientos que se obtienen de la tierra, la responsabilidad que se tiene por poseer la tierra y los daños que se le pueden causar a la tierra.[48]

En resumen, “el derecho consuetudinario medieval era, principalmente, la ley sobre la tierra”.[49]

Esta situación no cambió en los siglos posteriores. Al describir la situación tal y como vivía en 1770, el historiador del Derecho P. S. Atiyah escribe que

[…] la función de los jueces [en Inglaterra] era, en gran medida, proteger los derechos de propiedad, hacer cumplir los contratos de propiedad y castigar el crimen, que era considerado fundamentalmente como una amenaza a los derechos sobre la propiedad:[50]

En el reinado de los Tudor existían una serie de tribunales de justicia que actuaban de forma independiente con respecto a los tribunales del rey: el Tribunal del Tesoro (Court of Exchequer), que se ocupaba de los contenciosos entre el rey y sus súbditos por motivos financieros; cuando ambas partes se enfrentaban en un litigio civil o penal era el Tribunal Superior de justicia (King’s Bench) el que resolvía y, además, existían los Tribunales Civiles de Primera Instancia (Common Pleas), que decidían en los litigios de Derecho privado entre súbditos.[51]

Después de Fortescue hay que referirse a sir Edward Coke (se pronuncia como “Cook”), una de las mentes jurídicas más influyentes en la historia inglesa, una combinación infrecuente de teórico y político. Coke jugó un papel destacado en la evolución de la doctrina de los sistemas de gobierno consensuales al inventarse una imagen algo romántica de la “antigua Constitución” inglesa, una visión según la cual sus reyes siempre habían respetado las costumbres del país. Éstas formaban parte del Derecho consuetudinario, que era el árbitro supremo de la vida pública porque había sido creado y reconocido por el pueblo y estaba enraizado en el “derecho común y la razón”.[52] Según Coke, la competencia, en última instancia, para interpretar las leyes del reino residía no en el rey ni en el Parlamento ni tampoco en los dos actuando conjuntamente, sino en el Derecho consuetudinario tal y como lo interpretaban los tribunales.[53] Nadie ha contribuido más que Coke a establecer el punto de vista, dominante en las culturas de Gran Bretaña y de América, que sostiene que la ley es el árbitro definitivo para decidir lo que está bien y lo que está mal, no sólo en los litigios civiles y penales sino también en los asuntos de Estado.[54] Entre los investigadores contemporáneos se mantiene la opinión, prácticamente unánime, de que la insistencia de Coke en la supremacía histórica de la ley en Inglaterra era equivocada, pero se le reconoce que estableció el principio (en palabras de Thomas Paine) de que “la ley es el rey”. Esto tenía implicaciones de gran alcance: quería decir que los juristas eran los jueces máximos de lo que el gobierno podía o no podía hacer legalmente. Los tribunales ingleses comenzaron muy temprano a tratar asuntos constitucionales, emitiendo juicios que definían la autoridad respectiva de la Corona y del Parlamento, es decir, tenían un poder del que los abogados no disfrutaban en otros países.[55] Coke, en sus años de juventud, apoyó el absolutismo real; fue después de la ascensión de Jacobo I, en su condición de juez principal, cuando se unió a la oposición, argumentando que los reyes no podían juzgar: sólo los jueces podían interpretar la ley. Vivió lo suficiente para poder ver cómo su principio se impuso en el reinado de Carlos I.

La evolución del Derecho consuetudinario en Inglaterra se desarrolló de tal forma que, antes o después, tenía que provocar una confrontación entre el rey y los Comunes. Las “libertades” otorgadas por la Corona eran privilegios, que sólo podían ser disfrutados por un grupo escogido; el Derecho consuetudinario, sin embargo, protegía la propiedad privada y la libertad personal de todos:

Las instituciones del Derecho consuetudinario sobre los derechos personales, los derechos de propiedad y la libertad entraron en conflicto con las prerrogativas del monarca durante los reinados de Isabel I y de la dinastía de los Estuardo. Estaba preparado el camino para que existiera un doble significado para la palabra libertad. Podía significar las “libertades” de la Carta Magna, que eran los privilegios de los nobles concedidos por el monarca, o podía referirse a la “libertad” derivada de las costumbres aceptadas que constituían el Derecho consuetudinario, libertad para comprar y vender, para vivir sin violencia, robos o transgresiones a la propiedad. Las dos eran incompatibles. Una contradecía a la otra. Las “libertades”, en el sentido de una concesión a partir de las prerrogativas reales, establecían una relación de superior a inferior; la “libertad”, en el sentido del Derecho consuetudinario, establecía una relación de igualdad entre miembros de una misma clase. La primera noción se identifica más adecuadamente como “freedom” (libertades), la segunda como “liberty” (libertad). Gozar de “libertades” era tener la autorización para compartir los privilegios de quienes eran especialmente favorecidos por un superior. Disfrutar de la “libertad” era un derecho consuetudinario relacionado con la igualdad de trato entre individuos que pertenecían a la misma clase, gozaran o no de privilegios. Una libertad igual era incompatible con libertades desiguales.

Fue esta contradicción y esta doble acepción del término “libertad” lo que caracterizó el prolongado conflicto del siglo XVII que se acabó resolviendo con la Declaración de Instauración (Act of Settlement) en el año 1700.[56]

4. IMPUESTOS

Tradicionalmente, los ingleses han tenido que pagar muy pocos impuestos, y durante el reinado de Isabel I eran el pueblo que menos impuestos pagaba en Europa. Los impuestos pagados por las clases altas en Inglaterra se basaban en las valoraciones que realizaban ellos mismos; no los fijaba una burocracia profesional, sino que lo hacía la clase media agrícola local, que estaba interesada, al igual que los contribuyentes, en mantener un bajo nivel de imposición.[57] Y, por supuesto, el Parlamento, que tenía la última palabra en materia tributaria, se aseguraba de que la Corona no disfrutara de una independencia fiscal.

Alrededor de 1330, en vísperas de la Guerra de los Cien Años, Eduardo III estableció un impuesto sobre las propiedades muebles (personales), que requería que el Parlamento lo renovara anualmente. Fijaba una contribución de una décima parte del valor de los bienes personales de los habitantes urbanos (distritos) y de una quinceava parte para los que vivían en el campo (condados). Era un tributo de los denominados impuestos de “cuota fija”, que determinaba la cantidad que le correspondía a todo el país y delegaba en las comunidades la responsabilidad de asignarla entre los contribuyentes. Gradualmente se reemplazó por el denominado “subsidy”, cuyo principal componente era una forma de impuesto sobre la riqueza basado en una tasación del valor de ésta.[58] Los fondos obtenidos por esta forma de financiación eran la base de la asignación que el Parlamento entregaba a la Corona. En tiempos de guerra, el Parlamento los duplicaba, triplicaba e incluso cuadruplicaba.

Otra fuente de ingresos para la Corona, y de gran importancia, eran los derechos aduaneros o aranceles. La Corona disfrutaba, con la aprobación parlamentaria, del derecho a gravar las importaciones de vino y las exportaciones de lana; estos impuestos se conocían como “tonnage” y “poundagé’.[L] El Parlamento se los concedió por primera vez, de forma vitalicia, a Ricardo II en 1397 y desde entonces (hasta 1625) esta concesión se renovaba automáticamente a los sucesivos reyes y reinas que ocupaban el trono.[59] Al expandirse el comercio exterior británico en los siglos XVI y XVII, se incrementaron los ingresos percibidos por estos derechos arancelarios hasta el punto de que, como veremos, la Cámara de los Comunes se negó, en 1625, a conceder a Carlos I, de forma vitalicia, los ingresos de estos impuestos sobre el vino y la lana, insistiendo en que la entrega de los mismos se hiciera por asignaciones anuales, ante el temor de que, en caso contrario, el rey no dependiera para su financiación de los fondos recaudados por el impuesto sobre la riqueza. Este rechazo provocaría una grave crisis constitucional que culminaría con la Guerra Civil.

5. LOS TUDOR

Se estima que, cuando la dinastía de los Tudor llegó al trono en 1485, la población en Inglaterra y Gales había alcanzado la cifra de unos tres millones de habitantes, de los que nueve décimas partes era rural. La servidumbre prácticamente había desaparecido; la población era libre. Por entonces, Inglaterra poseía una numerosa clase de campesinos independientes. Los pequeños propietarios agrícolas no tenían ninguna obligación feudal, mientras que los arrendatarios se sentían seguros porque sabían que no podían ni desahuciarlos ni elevarles la renta que pagaban.[60]

Al igual que sus predecesores, en tiempos de paz los reyes Tudor obtenían el total de sus ingresos a partir de las rentas que proporcionaban las propiedades reales y los derechos feudales tradicionales,[61] además de los aranceles sobre el vino y la lana (tonnage y poundagé). Sin embargo, la proporción de los ingresos que obtenía la Corona de sus propiedades había disminuido y, en 1485, apenas alcanzaba la cifra de un treinta por ciento de sus recursos totales.[62] Esta situación cambió favorablemente bajo el reinado de Enrique VIII, quien incrementó el patrimonio real al expropiar los terrenos de alrededor de ochocientos establecimientos monásticos y eclesiásticos. Las rentas de estas propiedades secularizadas proporcionaron unos ingresos anuales de 140 000 libras esterlinas, una cifra algo mayor que los recursos normales de la Corona.[63] La expropiación se realizó sin violencia porque la mayoría de la tierra monástica había sido arrendada y la Corona permitió que los arrendatarios se quedaran como dueños.[64] Aunque constituían una abierta violación de los derechos de propiedad, estas expropiaciones no fueron acciones arbitrarias, pues se llevaron a cabo con el consentimiento del Parlamento.[65] Algunas de las tierras confiscadas se añadieron al patrimonio real y unas pocas pasaron a manos de quienes gozaban del favor real, pero la mayoría se vendió para cubrir los gastos de la guerra.[66] La clase media agrícola fue el principal beneficiario de estas ventas, aunque también obtuvieron beneficios no pocos propietarios agrícolas, comerciantes y artesanos, que alcanzaron de esta forma el rango de propietarios de tierras.[67] Cuando murió Enrique VIII, sólo una tercera parte de las antiguas tierras monásticas estaba, todavía, en posesión de la Corona.[68] Como consecuencia de ello, la capacidad de la Corona para vivir de sus propios recursos no mejoró significativamente.

La reina Isabel I, que reinó entre 1558 y 1603, heredó grandes extensiones de tierra, pero aun así los ingresos que le proporcionaban no eran suficientes para satisfacer sus necesidades, debido a la corrupción y a la mala administración del patrimonio real.[69] Además, el dinero obtenido perdió valor debido a la inflación general que se produjo en Europa, que incrementó los gastos mientras que los ingresos se mantenían fijos: se estima que la inflación en Inglaterra en el siglo XVI superó el trescientos por ciento.[70] Para tener una idea de hasta qué punto eran limitados los ingresos reales ordinarios durante el reinado de Isabel, hay que tener en cuenta que cuando Francis Drake regresó de su expedición pirata por las Américas, una de sus naves cargaba un botín equivalente, por lo menos, a dos años de ingresos reales.[71] Y los gastos de la Corona aumentaron rápidamente, debido, sobre todo, a la guerra con España. Entre 1588 y 1601, el Parlamento destinó unos dos millones de libras esterlinas a la guerra, pero los gastos finales duplicaron esa cifra.[72] Los déficits obligaron a la reina a enajenar tierras de la Corona. Como consecuencia de estas ventas, las rentas anuales que procedían ellas disminuyeron de 150 000 a 110 000 libras esterlinas.[73] Sus penurias económicas fueron una de las razones que obligaron a la reina a convocar con más frecuencia a los Parlamentos en las postrimerías de su reinado.

Durante la dinastía Tudor, especialmente bajo el reinado de Enrique VIII, se aumentó considerablemente el poder del Parlamento. Las decisiones políticas más importantes que se adoptaron durante el reinado de Enrique VIII recibieron la aprobación parlamentaria. Al igual que los otros reyes Tudor, Enrique VIII prefirió gobernar con la aprobación del Parlamento y no mediante ordenanzas.[74] Las prolongadas sesiones parlamentarias, frecuentes en su reinado, crearon un grupo de legisladores experimentados unidos por un esprit de corps: a finales del siglo XVI, ser miembro de la Cámara de los Comunes se convirtió en un valioso privilegio.[75] Aún así, el Parlamento no constituía todavía una parte activa del sistema político, ya que no existía un calendario regular para convocarlo y la Cámara de los Comunes se reunía cuando la Corona así lo decidía.[76] Y la Corona ejercía este privilegio fundamentalmente cuando precisaba dinero para financiar las guerras. Enrique VIII convocaba al Parlamento cada 4,2 años; Isabel, cada 4,5 años.[77] Así, al igual que en la Edad Media, no existía todavía la institución del “Parlamento”[78] sino la de los “Parlamentos” individuales.

Sin embargo, la noción de que el Parlamento era una parte esencial del entramado institucional estaba en el ambiente. Esta concepción fue elaborada en toda su plenitud por sir Thomas Smith en su libro Commonwealth of England (escrito en 1565, pero publicado por primera vez en 1583). Según Smith, el Parlamento no era ni un accesorio de la Corona ni su contrapeso, sino un elemento esencial del poder soberano, que Smith definió como “el rey junto al Parlamento” (King-in-Parliament). En 1610, el Parlamento adoptó formalmente esta doctrina, al declarar que la soberanía residía en “el rey junto con el Parlamento” más que en “el rey junto con su Consejo”.[79]

El principio inviolable de que la Corona no podía establecer nuevos impuestos sin la aprobación del Parlamento creó en Inglaterra una relación en la cual el poder era compartido, no sólo teóricamente sino de forma real, por la Corona y por los Comunes. Los intentos por burlar las prerrogativas parlamentarias en esta materia, mediante la exigencia de préstamos obligatorios, realizados tanto por Enrique VIII como por la reina María I, tropezaron con una resistencia tan decidida que tuvieron que renunciar a ellos.[80] En segundo lugar, la Corona reconoció que no podía legislar por decreto. Y en último término estaban los tribunales de justicia cuyos veredictos, basados en precedentes históricos, limitaban las posibilidades de que la Corona tratara a sus súbditos con arbitrariedad.[81] Teniendo en cuenta estas restricciones de la autoridad real, algunos historiadores modernos niegan que se pueda hablar de un “despotismo” de los Tudor. “Los errores e incorrecciones de los gobiernos Tudor”, escribe G. R. Elton, un importante especialista en este período histórico, “no desmienten que gobernaran sometidos al imperio de la ley”.[82] De esta forma surgió un clima político que frustraría todos los intentos de los Estuardo, que sucedieron a los Tudor, para imponer en Inglaterra un régimen de absolutismo real y, al final, obligó a la Corona a someterse al Parlamento.

6. LOS PRIMEROS ESTUARDO

El primer rey de la dinastía de los Estuardo, Jacobo I, creía firmemente en el derecho divino de los reyes; incluso escribió un tratado, Trew Law of Free Monarchies (1598), en donde lo justificaba. Por “libre monarquía” se refería a lo que Jean Bodino había definido veinte años antes como “soberanía”, esto es, un poder ejercido de una forma suprema y sin restricciones: los reyes estaban “por encima de la ley” porque hacían las leyes y eran responsables de sus actos sólo ante Dios.[83] Jacobo estaba convencido de que era el dueño de todos los bienes materiales del reino y que podía usarlos de la forma que mejor le pareciera: al igual que los padres, los reyes tenían el poder de desheredar a sus hijos-súbditos. Los monarcas se sentían obligados (quizá moralmente pero de ninguna manera legalmente) a respetar los derechos de propiedad de su pueblo. Esta doctrina se había originado en Francia y se importó a Inglaterra a través de Escocia, de donde procedía Jacobo. Iba en contra de las tradiciones enraizadas en Inglaterra desde tiempos remotos, y hubiera requerido de una revolución para imponerse.

Jacobo heredó un Tesoro vacío, con una deuda de 400 000 libras esterlinas y ya para 1608 había logrado aumentarla a más del doble.[84] En 1615, los proveedores se negaron a ampliarle el crédito.[85] No mejoró la salud de su hacienda derrochando una fortuna en joyas y otros lujos. Sus dificultades económicas se agravaron aún más por causa de la inflación general que sufría Europa, que ya se había hecho sentir durante el reinado de su predecesora, Isabel I. De esta forma, para poder cubrir sus gastos, tuvo que recurrir a todo tipo de prácticas dudosas, porque las propiedades de sus súbditos estaban fuera de su alcance, cualquiera que fuera la fundamentación teórica en que apoyara sus supuestos derechos sobre ellas. Obtuvo dinero vendiendo títulos nobiliarios, cobrando, por ejemplo, 1000 libras esterlinas por un título de barón y proporcionalmente más por títulos de mayor rango.[86] Cuando se negaron a darle crédito voluntariamente, recurrió a préstamos obligatorios. Pero recurrió, principalmente, al sistema habitual de vender tierras de la Corona. Durante la primera década de su reinado, la Corona enajenó propiedades por valor de 655 000 libras esterlinas; en sólo un año (1610) estas ventas alcanzaron la cifra de 68.ooo libras esterlinas.[87] Como Jacobo también distribuyó profusamente propiedades entre aquellos escoceses que gozaban del favor real, hacia 1628 las tierras de la Corona habían “dejado de ser una parte importante de los ingresos del monarca”.[88] Los fondos que provenían de esta fuente, que, en el momento de la ascensión al trono de Jacobo habían proporcionado 100 000 libras esterlinas al año, se redujeron en 1640 a 50 000 o 55 000 libras esterlinas y, posiblemente, a menos.[89] Como resultado de ello, el hijo de Jacobo, su sucesor Carlos I, se enfrentó a una falta de liquidez más desesperada, que trató de remediar, cuando le fue posible, con la conformidad del Parlamento, y cuando no fue factible, sin ella.

Durante el reinado de Carlos I, entre los años 1640 y 1642, se produjeron los cambios radicales que transformarían Inglaterra en la primera democracia parlamentaria; unos cambios que culminaron casi medio siglo después cuando, tras la huida de Jacobo II a Francia, el Parlamento ofreció la corona a Guillermo y a María bajo la condición de que reconocieran formalmente las limitaciones a su autoridad.

Carlos I logró suscitar la animadversión de sus súbditos casi desde el momento mismo en que accedió al trono, en 1625. Al principio, la hostilidad hacia él se debió, sobre todo, a que había dudas sobre las creencias religiosas con las que verdaderamente simpatizaba; a lo largo de los acontecimientos que condujeron a la Guerra Civil, la religión, la política y los asuntos tributarios estuvieron inextricablemente unidos. El nuevo rey se había casado con la hermana de Luis XIII de Francia, un católico devoto. Para obtener su mano tuvo que prometer que haría todo tipo de concesiones a sus súbditos católicos. Los protestantes ingleses, especialmente el poderoso electorado puritano, temían que su sucesor fuera un católico. Sin embargo, el conflicto entre el rey y el país no tardó en centrarse en cuestiones tributarias: Francis Bacon, en su ensayo “Sobre las sediciones y los disturbios” (“On Seditions and Troubles”), reimpreso el año en que Carlos ocupó el trono, explicaba que las causas de la “sedición” se explicaban en primer término por “las innovaciones en la religión” y, en segundo lugar, por “los impuestos”.

La opinión que prevalecía entre los ingleses a principios del siglo XVII consideraba la propiedad como esencial para la libertad.

Decir que algo era propiedad de un hombre era precisamente decir que la cosa en cuestión no se le podía arrebatar sin su consentimiento. Apoderarse de una propiedad sin autorización era robar y, por tanto, se violaba el Octavo Mandamiento.[90]

De ella se deducía que el rey no podía gravar con impuestos a sus súbditos o reducir sus bienes por cualquier otro procedimiento, excepto con su consentimiento, otorgado a través de sus representantes. De este modo sucedió que, en el núcleo de la crisis revolucionaria de Inglaterra bajo el reinado de los primeros Estuardo, se planteaba una cuestión referente a la propiedad:

[S]ería erróneo suponer que el conflicto de principios referentes a la política tributaria de la Corona fue simplemente un motivo poco importante, aducido a posteriori por la oposición para procurarse una falsa justificación. Desde el comienzo mismo del reinado de Jacobo I, era frecuente entre los ingleses encontrar estos dos puntos de vista opuestos sobre la relación que debía existir entre el poder del rey y la propiedad del súbdito. El poder real absoluto se enfrentó a la propiedad absoluta. El resultado fue el conflicto.[91]

En otras palabras, la resistencia política al absolutismo de los primeros Estuardo surgió de la defensa de la propiedad, que adquirió una dimensión política. La oposición parlamentaria que nació bajo el reinado de Jacobo I, y que se convirtió en una rebelión durante el reinado de su sucesor, no insistió tanto en que el rey convocara los Parlamentos y reconociera su autoridad en materia tributaria, basándose en los precedentes históricos o en un principio constitucional, sino que invocó estos precedentes y este principio para asegurar la inviolabilidad de la propiedad.

El temor se acentuó aún más porque existía la preocupación de que la nueva dinastía intentara no sólo burlar al Parlamento, como forma de alcanzar sus ambiciones absolutistas, sino que llegara incluso a eliminarlo. La aprehensión tenía su fundamento porque varios importantes monarcas continentales de la época habían conseguido que sus Parlamentos desaparecieran. En Francia, los últimos Estados Generales se habían convocado en 1614; las asambleas representativas también habían desaparecido en España, Portugal, Nápoles, Dinamarca y en otras monarquías continentales.[92] De aquí que “los temores sobre el futuro del Parlamento inglés estuvieran presentes en cada sesión parlamentaria”.[93] La agresividad del Parlamento bajo el reinado de los dos primeros reyes Estuardo se debió en gran medida al deseo de acumular el mayor poder posible con vistas a garantizar su propia supervivencia.

Carlos I compartía las radicales ideas de su padre sobre la autoridad real (aunque fue menos elocuente al expresarlas) y su esposa lo estimuló en este aspecto, pues había crecido en la atmósfera absolutista de la corte francesa. Al subir al trono se encontró con una situación fiscal difícil. Los ingresos netos proporcionados por sus propiedades eran lamentablemente pequeños, probablemente no excedían las 25 000 libras esterlinas anuales, una tercera parte de lo que disponía su padre cuando llegó al poder; en 1630 se habían reducido a unas 10 000 libras esterlinas.[94] Carlos reanudó inmediatamente las ventas de propiedades reales: en los diez primeros años de su reinado (1625-1635) enajenó tierras por valor de 642 000 libras esterlinas.[95] Pero estos ingresos resultaron insuficientes para cubrir sus necesidades inmediatas, estimadas en un millón de libras esterlinas, lo que obligó a Carlos a pedirle al Parlamento fondos elevados para financiar sus gastos militares y sus obligaciones en el exterior. El Parlamento de 1625, al igual que sus inmediatos sucesores, estuvo dominado por un nuevo tipo de representantes de la clase media agrícola que eran muy conscientes de ser los “dueños” de Inglaterra y, por tanto, no toleraban las exigencias absolutistas; los electores que votaron por ellos eran en su mayoría propietarios agrícolas que se consideraban como “el país”.[96]

El elemento predominante en el movimiento de oposición fue la clase media agrícola, en particular, la alta clase media agrícola. Los hombres en la Cámara de los Comunes que encabezaron la lucha por los privilegios parlamentarios, la libertad del súbdito y la seguridad de la propiedad; sus amigos y asociados fuera del Parlamento; las personas que más se opusieron a los préstamos obligatorios, pagos o impuesto de la armada y otros mecanismos del régimen: casi todos eran pequeños propietarios agrícolas.[97]

El “país”, en este sentido, incluía algunos nobles y también algunos funcionarios de la monarquía, junto con ciudadanos comunes. Este electorado constituía una fuerza formidable porque poseía la tierra, administraba justicia y jugaba un importante papel en el gobierno local corno agentes de la Corona.[98] Se sabe hasta qué grado dependía Carlos I de este grupo para administrar el país a partir del hecho de que la totalidad de su burocracia profesional alcanzaba la cifra de 1200 personas; su homólogo francés tenía a su disposición un cuerpo de 40 000 funcionarios.[99] En contraste con la Europa continental, en donde la lucha por la libertad política la habían dirigido los burgueses, en Inglaterra la clase media urbana era, más bien, inactiva, y el liderazgo pasó a manos de los dueños de tierras.[100]

Como parece desprenderse de los documentos “The Humble Answer” (“La respuesta humilde”) y “The Form of Apology and Satisfaction”[101] (“La forma de la apología y de la satisfacción”) elaborados por la Cámara de los Comunes, ya en 1604, la mayoría parlamentaria llegó a la conclusión de que sus propios privilegios (los principales eran la libertad de expresión y las garantías que evitaban las detenciones arbitrarias) no eran una concesión de la Corona sino derechos naturales de todos los ingleses:

Estos hombres pretendieron garantizar la libre elección de los representantes parlamentarios y el derecho de sus miembros debidamente elegidos a no ser detenidos, arrestados o encarcelados durante el tiempo en que ejercían sus funciones parlamentarias, así corno la libertad de estos miembros de hablar en la Cámara de acuerdo con sus conciencias, sin la amenaza de ser castigados por la Corona. […] A principios del siglo XVII un grupo importante de ingleses vinculados con la política consideraban los privilegios del Parlamento, simultáneamente, corno un derecho fundamental de los ingleses y corno un baluarte esencial para proteger todos sus derechos y libertades.[102]

“Nuestros privilegios y libertades”, declaró la Cámara, “son nuestro derecho y verdadera herencia en igual medida que nuestras propias tierras y bienes”.[103]

De pronto, el concepto de “derechos” hizo su aparición y en poco tiempo llegó a abarcar todo lo que tuviera valor, tanto material como inmaterial. Por ejemplo, según un contemporáneo, sir John Eliot, el conflicto de 1626 a 1627, referente a los préstamos obligatorios al rey, no solamente involucraba a la propiedad: “Sobre esta disputa, no sólo se incluyen nuestras tierras y nuestros bienes, sino todo lo que decimos que es nuestro”.[104] Esta redefinición fue un acontecimiento de una inmensa importancia histórica, en la medida en que el concepto de “derechos”, así planteado, constituiría la piedra angular de las nociones modernas de libertad.

La oposición parlamentaria tuvo la enorme fortuna de estar dirigida por un grupo de políticos pertenecientes a la clase media agrícola, excepcionalmente competentes y seguros de sí mismos, muchos de ellos relacionados unos con otros a través del matrimonio y de la amistad. Constituyeron un auténtico grupo parlamentario que mostraba algunas características propias de los partidos políticos, en una época en que tales organizaciones no existían aún. Al desconfiar de Carlos, porque se sentían insatisfechos por la indefinición de su proyecto político, y porque se oponían a su política exterior, persuadieron a la Cámara para que aprobara sólo una parte de los fondos que había solicitado. Para colmo de males, se negaron a otorgarle de forma vitalicia el derecho a cobrar los impuestos aduaneros (tonnage y poundage) que habían constituido una prerrogativa de los reyes ingleses desde el siglo XV; en lo sucesivo le sería concedido (en todo caso) anualmente. Este cambio radical lo motivó el crecimiento espectacular del comercio exterior inglés, que elevó notablemente los ingresos arancelarios e hizo que surgiera el temor a que la Corona pudiera independizarse del Parlamento. La recaudación de los derechos aduaneros, sin lugar a dudas, aumentó con gran rapidez: desde la modesta cifra de 50 000 libras esterlinas en 1590 se pasó a 148 000 en 1613 y a 323 000 en 1623.[M]

Carlos, en serios apuros financieros porque se había embarcado imprudentemente en dos guerras simultáneas contra Francia y España, respondió a esta humillación disolviendo el Parlamento y comenzó a cobrar los impuestos sobre el vino y la lana (tonnage y poundage) sin su aprobación, argumentando que constituían una prerrogativa real. De ahí en adelante, los problemas fiscales, que siempre se exacerbaban por diferencias en materia religiosa, se convertirían en la principal fuente de fricción entre la Corona y el país.

El segundo Parlamento de Carlos, que se reunió en la primera mitad de 1626, tampoco le proporcionó mayores satisfacciones. Le exigió que destituyera a su valido, el Gran Duque de Buckingham, quien combinaba su tendencia a cometer desfalcos en la administración de la riqueza nacional con una particular ineptitud para dirigir sus ejércitos en la batalla. Buckingham se defendía diciendo que con sus acciones, que habían causado el desagrado del Parlamento, no hacía más que cumplir fielmente las órdenes del rey. Los pliegos de cargo del Parlamento contra él rechazaban este argumento como una simple excusa de sus delitos:

Las leyes de Inglaterra nos enseñan que los reyes no pueden ordenar que se cometan actos perniciosos o ilícitos, con independencia de cómo se ordenen, ya sea a través de Cartas de Patentes o de documentos con Su Real Sello. Si lo que ordenan es malvado, las Cartas de Patentes son nulas y la aplicación de tales órdenes debe responder de cualquier perjuicio que pudiera derivarse de ellas.[105]

Este razonamiento implicaba que los ministros eran responsables ante el Parlamento, es decir, un principio que más tarde se convertiría en uno de los pilares de la Constitución inglesa.[106] Como represalia, el rey disolvió el Parlamento.

Al enfrentarse a unos Comunes hostiles y combativos, Carlos, después de 1629, trató de gobernar sin ellos, pero sus posibilidades de hacerlo dependían de su capacidad para financiar su gobierno sin los fondos que le otorgaba el Parlamento. El problema, por supuesto, era que el establecimiento de impuestos sin autorización parlamentaria era considerado, mayoritariamente, una violación de las tradiciones inglesas y podía provocar una confrontación con la Cámara de los Comunes y con las personas que representaba.

El rey recurrió a diversas estratagemas. Continuó apropiándose de los tributos aduaneros sin la autorización del Parlamento. La nación toleró estas exacciones. Pero sobrepasó los límites de esta tolerancia popular cuando exigió “préstamos” a sus súbditos acaudalados, especificando en cuánto tenía que contribuir cada uno. Cientos se negaron a pagar y setenta y siete ingleses fueron arrestados, entre ellos se encontraba John Hampden, que llegó a ser un personaje célebre tiempo después. El gobierno, “sin presentar una acusación formal”, mantuvo en prisión a estos “patriotas”, como se los conoció popularmente, y tal actitud dio lugar a serias dudas sobre el respeto que sentía el rey por la ley y los derechos de sus súbditos.

Mediante estos procedimientos, Carlos elevó sus ingresos hasta 600 000 libras esterlinas, pero esta suma todavía era insuficiente para cubrir sus necesidades. Siguiendo los consejos de un ingenioso asesor tributario, recurrió a otros trucos, muchos de los cuales tenían precedentes en la historia de Inglaterra pero que, en su reinado, eran considerados ilícitos por la mayoría.

Como el coste de las operaciones bélicas contra Francia y España, cada vez más desastrosas, continuaba elevándose, el rey trató de conseguir fondos adicionales de otro Parlamento más, el tercero (1628). Éste estaba dispuesto a satisfacer sus deseos pero sólo al precio de concesiones políticas. Uno de sus líderes sugirió que se le entregasen los fondos al rey bajo la condición de que aprobara un proyecto de ley que reconociera formalmente su obligación de respetar los derechos y las libertades tradicionales de sus súbditos. El documento, originalmente elaborado por sir Edward Coke, quien había sido anteriormente juez y ahora era miembro del Parlamento, se conoce como la Petición de Derechos. La petición, que contó con el apoyo de la Cámara de los Lores y que Carlos I firmó, estipulaba que “ningún hombre, de ahora en adelante, estará obligado a hacer o pagar ninguna contribución, préstamo, donativo, impuestos u obligaciones semejantes sin el consentimiento general, expresado por una ley del Parlamento”.[107] Aún más, prohibía la confiscación de propiedades, encarcelamiento o ejecución sin el “debido proceso legal”.[108] El rey firmó la petición en junio de 1628 y recibió del Parlamento el dinero que había solicitado. El incidente se conoce como “el primer paso decisivo hacia la libertad moderna, hacia la libertad tal y como la conocemos en nuestro mundo”.[109] Tras firmar la petición, la Corona inglesa dependía formalmente de la autorización del Parlamento para obtener cualquier tipo de ingresos, con excepción de los que procedieran de sus propiedades, que se habían reducido considerablemente, los préstamos voluntarios y las prerrogativas feudales que aún subsistían. Al menos, así era en teoría, es decir, porque el Parlamento no tenía medios para hacer cumplir estas disposiciones, y el rey continuó cobrando el impuesto sobre el vino y la lana (tonnage y poundage) y encarcelando a los comerciantes que se negaban a pagarlo. Las disposiciones de la petición sólo se convirtieron en una parte intrínseca de la Constitución sesenta años más tarde.

En 1629, harto ya de tantas discusiones, Carlos disolvió el Parlamento con el pretexto de que había usurpado los poderes reales, y gobernó los once años siguientes sin él. Llenó sus arcas vendiendo monopolios (el derecho exclusivo a producir y vender determinados productos) a los intereses privados[N] y enajenando aún más tierras de su patrimonio, que ya era minúsculo. Se consideraba legitimado para gobernar sin el Parlamento porque lo consideraba como algo complementario a su poder de convocarlo, establecer su duración y disolverlo.[110] Para aliviar sus penurias financieras, Carlos firmó la paz con Francia (1629) y con España (1630). En 1630 restableció la práctica medieval de exigir que fueran caballeros, o que aceptaran tal título, a los propietarios de tierra que generasen unos ingresos iguales o superiores a las 40 libras esterlinas anuales: negarse suponía la imposición de multas que proporcionaron al Tesoro alrededor de 170 000 libras esterlinas.[111] De esta forma, sí logró alcanzar una verdadera independencia política y financiera.

Pero en 1634 y los dos años posteriores, Carlos volvió a sobrepasar los límites de lo que sus súbditos consideraban formas tolerables de obtener ingresos al extender “el impuesto para la armada” a las ciudades y los condados del interior del país. Este impuesto era un tributo que, desde el siglo XIV, los reyes ingleses habían tenido el derecho de recaudar sin el consentimiento del Parlamento cada vez que, a su juicio, el país se enfrentase a una amenaza exterior. Se aplicaba a los puertos y los condados costeros. Los fondos recaudados por esta vía se utilizaban para abastecer a la marina. Los ingleses, cuya inmensa mayoría vivía del mar, se sentían muy orgullosos de su flota y pagaban gustosos este impuesto. Pero Carlos violó la tradición de dos formas: primero, al imponerlo en un momento en el que Inglaterra no enfrentaba, aparentemente, ninguna amenaza externa y, segundo, al exigírselo a ciudades y condados que no tenían puerto de mar y a los que nunca se les había pedido que contribuyeran. Su acción provocó una resistencia inmediata porque era un tributo de carácter impositivo y, por tanto, ilegal al no contar con la autorización del Parlamento. Esto fue lo que provocó la mayor reacción del país en contra del rey, en gran medida debido a que afectaba a miles de pequeños propietarios agrícolas y a los propietarios en general. Carlos acudió a los tribunales para afirmar su derecho a exigir el impuesto de la armada cuando el país estaba en peligro,[112] y el “peligro”, en este caso, estaba representado por la piratería, incontrolada, que infestaba los mares próximos a la Gran Bretaña. El argumento de la Corona a favor de recaudar el impuesto más allá de las zonas costeras era que, cuando el país estaba amenazado, todo él debía sufragar el coste de su defensa. Pero la nación no se convenció y la resistencia al impuesto aumentó. A causa de la abierta desobediencia no sólo de los contribuyentes sino incluso de los propios recadudadores, el rey sólo obtuvo la quinta parte del total del impuesto que había exigido.[113] Un miembro del Parlamento con sentido del humor argumentó que, al imponer el tributo a las ciudades y condados del interior, el rey había demostrado que sus súbditos no poseían propiedades, por lo que no había ninguna razón para seguir aprobando más fondos para el rey, puesto que uno no puede dar lo que no tiene.[114]

Muchos ingleses que vivían en el interior del país desafiaron la exigencia del pago de este impuesto. Uno de ellos fue a juicio y a prisión. Era John Hampden, un culto y acaudalado hacendado puritano que ya había estado casi un año encarcelado por negarse a contribuir al préstamo obligatorio exigido por el rey. En 1637, Hampden, a quien se atribuyen unos ingresos anuales estimados en 1500 libras esterlinas, rehusó pagar los veinte chelines del impuesto de la armada. Tal desafío lo convirtió al momento en un héroe popular. Su juicio ante el Tribunal del Tesoro por la cuestión del impuesto de la armada, en 1637, fue un hito en la evolución constitucional de Inglaterra. Los doce jueces que juzgaron a Hampden habían sido nombrados por el rey y se mantenían en sus cargos por su voluntad. Aun así, la justicia bajo los Estuardo no estaba, de ninguna manera, sometida a la voluntad real, especialmente si el acusado disfrutaba del apoyo popular: la Corona, por regla general, no interfería en los procedimientos judiciales. Los jueces escucharon a los abogados presentar sus alegatos, tanto a los que representaban la pretensión de la Corona como a los del acusado. Uno de los abogados de Hampden, Oliver Saint John, pronunció una vigorosa defensa en favor de su cliente, basándose en precedentes históricos que se remontaban a la época anglosajona para demostrar que el rey estaba actuando ilícitamente. Argumentó lo siguiente:

Si su Majestad puede, sin el Parlamento, gravar XX [20] chelines sobre los Bienes del Demandado… entonces por la misma Razón de la Ley podrían ser XX libras, y así ad infinitum; por lo que podría ocurrir que, si el Súbdito posee algo, no lo tendría por la Ley, sino por la Misericordia y Bondad del Rey.[Ñ]

Al final, el rey ganó por la más ajustada de las mayorías, al pronunciarse a su favor siete de los doce jueces. La mayoría argumentó que el rey era el único juez que podía decidir qué constituía una amenaza para la nación y tenía, no sólo el derecho, sino incluso la obligación de exigir a sus súbditos que contribuyeran para la defensa común.[115] Hampden tuvo que pagar el dinero que se le exigía. Aun así, el veredicto fue considerado por muchos como una derrota moral de Carlos, por dos razones, porque ganó por un margen muy estrecho y porque los jueces más respetados estuvieron de parte del acusado. El biógrafo de Hampden se refiere a él como “el primer miembro de la Cámara de los Comunes que fue aclamado como un líder popular por toda la nación”.[116]

Los historiadores rusos consideran el juicio de Hampden como un acontecimiento increíble, ya que, en toda la historia de su país, que abarca más de siete siglos, no se puede encontrar un solo ejemplo de que un súbdito desafíe a su rey y se le haya dado la oportunidad de tener un juicio.

En 1640, Carlos convocó otro Parlamento, con la esperanza de conseguir fondos para reprimir una rebelión que había estallado en Escocia en protesta de sus políticas religiosas allí; pero lo disolvió cuando éste se negó a asignar recursos para llevar a cabo una campaña contra los rebeldes (con los que el Parlamento simpatizaba secretamente). Desde entonces se ha conocido como el Parlamento Corto.

La situación financiera de Carlos era ya crítica, porque incluso los banqueros privados de Londres se negaron a concederle nuevos préstamos. Ese mismo año, desesperado por obtener dinero para pagar al ejército que combatía a los invasores escoceses, el rey aceptó convocar otro Parlamento: iba a durar trece años y se conoció como el Parlamento Largo. En esta oportunidad, los opositores del rey, en cuyas filas se encontraban súbditos que habían estado en prisión por negarse a contribuir al préstamo obligatorio, o por otros delitos políticos, superaron a sus partidarios en una proporción de casi dos a uno.[117] Los dirigió un experto estratega parlamentario, John Pym, que desafió frontalmente al rey porque sabía que la mayoría parlamentaria podía contar con el apoyo del país. Pym se aprovechó de las penurias financieras de Carlos para someterlo al poder de los Comunes como nunca antes lo había estado un monarca inglés.

En diciembre de 1640, los Comunes declararon que el impuesto de la armada, el recurso que el rey había utilizado anteriormente, era ilícito y revocaron la sentencia de Hampden sobre la base de que era “contraria a las leyes y al derecho escrito de este reino, al derecho de propiedad, [y] la libertad de sus súbditos”.[118] Después, la Cámara de los Comunes asumió el control sobre los consejeros reales, al imponer que éstos le rindieran cuentas; y por si esto no fuera suficiente, ordenó a los funcionarios aduaneros que no suministraran más dinero al monarca, salvo el que necesitaba para mantener su residencia.[119] El debilitado e impopular rey no tuvo otro remedio que someterse a estas humillaciones.

Para impedir que se repitiera la interrupción de once años durante la cual no se convocó al Parlamento, el Parlamento Largo promulgó en 1641, otra vez con el consentimiento reticente del rey, la Ley Trienal, que exigía que el Parlamento se reuniera, al menos, una vez cada tres años, ya fuera convocado o no por la Corona; se le debía permitir un período de sesiones de cincuenta días, por lo menos.[120] Más adelante, el Parlamento declaró que era ilegal que el rey aplazara, prorrogara o disolviera este Parlamento sin su consentimiento.[121] También a esto tuvo que someterse el rey. Otras leyes revolucionarias se sucedieron rápidamente: una que declaraba que era ilícito establecer el impuesto sobre el vino y la lana (tonnage y poundage) sin la autorización parlamentaria; otra que eliminaba los llamados tribunales de prerrogativa, incluyendo la detestada Cámara Estrellada (Star Chamber) y el Tribunal de la Cancillería (Court of High Commission), cuerpos administrativos que funcionaban como tribunales; y una tercera que declaraba nulos e invalidaba los procedimientos legales contra aquellos que se habían negado a pagar el impuesto de la armada.

A pesar de las concesiones del rey, la hostilidad entre el Parlamento y la corte se incrementó, agravada por los temas religiosos y por el comportamiento poco diplomático del rey. Para el rey, el colmo fue la decisión de Pym y de su partido, en 1641, de impedirle el nombramiento de los principales cargos públicos del país y negarle el control de las fuerzas armadas. A principios de 1642, en una atmósfera llena de violencia, Carlos se retiró de Londres. Su marcha marcó el comienzo de la Guerra Civil que dividiría al país en dos bandos: monárquicos y antimonárquicos. Los “realistas” (Cavaliers) que se habían enriquecido gracias a la Corona apoyaron a Carlos, mientras que los “cabezas redondas” (Roundheads), comerciantes, propietarios agrícolas y otros grupos pertenecientes a la clase media, incluyendo a los puritanos, apoyaron al Parlamento.

La Guerra Civil, que duró desde 1642 hasta 1648, terminó con una victoria decisiva de un “Nuevo Modelo” de ejército, dirigido por Oliver Cromwell, y culminó con la ejecución del rey en enero de 1649.

7. LA REPÚBLICA DE CROMWELL
(THE COMMONWEALTH)

La República confiscó todas las propiedades del monarca (menos los bosques). La mayoría de estas tierras se vendieron rápidamente y a precios por debajo de su verdadero valor de mercado, debido a la imperiosa necesidad de pagar los salarios del ejército, que era el soporte principal de la República.[122] El Parlamento Largo también declaró la confiscación de las haciendas de los monárquicos, de los propietarios católicos y de la Iglesia anglicana. Sin embargo, investigaciones recientes han demostrado que, en realidad, muchos de los propietarios monárquicos y católicos se las ingeniaron para conservar sus posesiones mediante diferentes subterfugios y, como resultado, la composición de la clase media agrícola permaneció bastante estable.[123]

La Cámara de los Comunes decidió otorgar a Cromwell unos ingresos anuales de 1,3 millones de libras esterlinas, lo que establecería el modelo de financiación de la Corona después de la Restauración.[124]

Debido a que la República se apoyaba en el ejército, y éste era muy costoso, la carga tributaria que se impuso al pueblo de Gran Bretaña se incrementó enormemente. Sin embargo, la nación soportó esta carga con un mínimo de resistencia, lo que supone un notable contraste con respecto a su anterior actitud desafiante en relación con los tributos y otras imposiciones que no habían sido aprobadas por el Parlamento.[125]

8. LOS ÚLTIMOS ESTUARDO

Durante cierto tiempo, los historiadores creyeron que la Corona sólo había podido recuperar una parte de sus propiedades confiscadas, después de la Restauración, debido a la dificultad de reclamárselas a los nuevos dueños.[126] Pero un estudio reciente ha demostrado que, de hecho, cuando Carlos II fue coronado recuperó “prácticamente todas las tierras de la Corona”.[127] Se compensó por su pérdida a algunos de los nuevos propietarios que ahora eran despojados de las tierras del monarca, pero otros se quedaron con las manos vacías.[128] Sin embargo, en ese momento, los ingresos que se obtenían por la recuperación de este patrimonio real eran tan pequeños que apenas resultaban suficientes para mantener a la reina madre y a la consorte del propio Carlos II.[129]

Después de la Restauración, se hizo evidente que el sistema fiscal de Inglaterra, que todavía estaba enraizado en las tradiciones feudales, tenía que ser modernizado. El nuevo rey, Carlos II, renunció a las impopulares prerrogativas feudales, tales como el escheat y la wardship (véase arriba, p. 171), que habían proporcionado a la Corona una importante fuente de ingresos no parlamentarios.[130] A cambio, recibió una renta vitalicia de 1,2 millones de libras esterlinas, una cifra que a la que se llegó estimando los ingresos de Carlos I en 900 000 libras esterlinas e incrementando dicha cantidad en un tercio.[O] Más adelante, Carlos II obtuvo, de forma vitalicia, el derecho a recaudar el impuesto sobre el vino y la lana (tonnage y poundage).[131] A partir de esta asignación presupuestaria debía cubrir no sólo sus gastos personales y los de la corte sino también los costes de su funcionariado civil. Era el último aliento que le quedaba a la idea medieval, según la cual el rey debía vivir de sus propios recursos y pedirle fondos al Parlamento sólo en casos de emergencia nacional.[132]

Se puede apreciar en cuánto disminuyó la capacidad de la Corona inglesa para autofinanciarse, entre 1558 y 1714, a partir de las siguientes cifras que expresan los ingresos de la Corona como porcentaje de la renta nacional:

1558-1603

28,83%

1604-1625

20,41%

1625-1640

12,24%

[1649-1659

3,16%]

1661-1685

5,41%

1686-1688

6,97%

1689-1714

1,98%[133]

Además de conceder una asignación al rey, el Parlamento introdujo el novedoso principio (que había intentado aplicar, sin éxito, desde el siglo XIV) de que tenía derecho a conocer cómo se habían gastado los fondos asignados. A tal efecto, creó un Comité de Cuentas Públicas, cuyos integrantes se elegían entre los propios miembros del Parlamento, y cuya responsabilidad era garantizar que el rey no hiciera un mal uso de las sumas destinadas para la guerra o para otros propósitos específicos.[134] Estos controles fiscales exigían que el Parlamento se reuniera regularmente. La Ley Trienal de 1664 derogó la ley del mismo nombre de 1641, reemplazándola con una versión que, aun siendo más moderada, mantenía la exigencia de que el Parlamento se convocara cada tres años.[135]

De hecho, entre 1660-1661 y 1676 (salvo una excepción) los Parlamentos se convocaron anualmente, debido principalmente a la necesidad de dinero de la Corona.[136] Medidas como éstas, fundamentadas en última instancia en controles fiscales, lograron que el parlamento, por fin, se convirtiera en una parte integral de la Constitución de Inglaterra.[137]

A pesar de la rigidez de las limitaciones fiscales que el Parlamento había impuesto a la Corona, el poder de ésta comenzó a crecer otra vez, a principios de 1680, en buena medida debido a que mejoró su situación financiera. Limitando los gastos, mejorando la recaudación de los impuestos así como aprovechando el incremento de los ingresos aduaneros, Carlos II se hizo rico.[138]

Su hermano y sucesor, Jacobo II, se benefició de esta nueva riqueza y logró independizarse del Parlamento. Éste incrementó la asignación anual a la Corona hasta 1,8 millones de libras esterlinas lo que, junto con la renta que recibía por ser duque de York, le proporcionaba unos ingresos de 2 millones de libras esterlinas al año.[139] En este momento se disolvió el Parlamento y no volvió a reunirse ni una sola vez durante los tres años siguientes del reinado de Jacobo.

Tanto Carlos II como Jacobo II se comprometieron a no “invadir” más las propiedades de sus súbditos.[140] Pero el término “propiedad”, a esas alturas, era sinónimo de “libertad”, abarcaba todo lo que un inglés consideraba su patrimonio, el cual también incluía su religión.

Jacobo II perdió el trono, fundamentalmente, por motivos religiosos. Su propio catolicismo y su voluntad de suspender las leyes discriminatorias contra los católicos con la esperanza de asegurar el triunfo del catolicismo en Inglaterra alarmó tanto a los Whigs como a los Tories, no sólo por lo que tenía de amenaza a la fe establecida, sino también porque muchos ingleses identificaban el catolicismo con el absolutismo monárquico. La mejoría en la situación financiera de la Corona aumentó aún más las dudas sobre las posibilidades de supervivencia del Parlamento. Los opositores al rey se pusieron en contacto con Guillermo de Orange, Estatúder General de los Países Bajos y nieto de Carlos 1, y con su esposa, María, hija, a su vez, de Jacobo II, ambos leales al protestantismo. Cuando Guillermo invadió Inglaterra en noviembre de 1688 con el objetivo de reclamar el trono y lograr que Inglaterra formara con los Países Bajos una gran alianza contra Francia, el desventurado Jacobo tuvo que huir, y así perdió la corona.

9. LA REVOLUCIÓN GLORIOSA

A diferencia de los especialistas en las denominadas ciencias “duras” que pueden demostrar sus descubrimientos de una manera irrebatible, reproduciendo los experimentos que les han permitido llegar a sus conclusiones, los historiadores se mueven en un mundo de impresiones que pueden convencer o no a sus lectores y que no pueden demostrarse fuera de toda duda. De aquí que, mientras que los primeros amplían o profundizan sobre verdades establecidas, los segundos siempre están revisándolas. Cada generación de historiadores reivindica la originalidad de su aportación, que en la actualidad es la característica necesaria para alcanzar el prestigio, poniendo en duda el trabajo de sus predecesores, generalmente haciendo hincapié en las excepciones y en los matices. Aquellos que llegan hasta el final de esta cadena, incapaces de revisar opiniones ya revisadas, se desesperan tanto que, en algunos momentos, recurren a una revisión extrema y afirman que las pruebas históricas son algo insustancial e incluso llegan a negar la existencia misma de la historia. Cuando se alcanza este punto (como ha ocurrido con el absurdo movimiento conocido como “deconstruccionismo”) todo puede suceder. Por esta razón, generalmente, la última palabra sobre cualquier tema histórico es la primera.

La revolución de 1688 no se generó debido a conflictos sociales o a una crisis económica y, por tanto, no se ajustó a los criterios convencionales que definen las revoluciones, y por ello algunos historiadores críticos niegan que fuera algo más que un golpe de Estado palaciego. Inglaterra se encontraba tranquila y gozaba de prosperidad.[141] Los sucesos de 1688 y 1689 fueron, en realidad, un clásico golpe de Estado llevado a cabo por políticos, con el apoyo de una nación que no quería a un gobernante católico, que se aprovecharon de la impopularidad del rey católico para deshacerse de él y colocar en su lugar a dos protestantes incondicionales a quienes obligaron a hacer concesiones políticas como pago por ocupar el trono.

La huida de Jacobo II a Francia fue considerada como una abdicación. El Parlamento que se convocó en 1688 se eligió como estaba previsto pero, al reunirse sin la presencia del rey, se le puso el nombre de Parlamento de la Convención (Convention Parliament). Era conservador en el sentido de que la revolución que promovió estaba destinada a restituir lo que consideraba como tradiciones antiguas. En realidad, sus acciones tenían un carácter más bien radical.

Antes de otorgar la corona a Guillermo y a María, el Parlamento de Convención les entregó una Declaración de Derechos. Redactada precipitadamente en febrero de 1689 como una confirmación de las demandas tradicionales del Parlamento, se la llamó “Declaración sobre los Derechos y Libertades de los Súbditos y sobre cómo se establece la sucesión a la Corona”. Debido a que el Parlamento de la Convención no tenía un status constitucional, sus líderes consideraron muy importante convertir la Declaración en una norma de Derecho escrito. Se llevó a cabo a través de una Declaración de Derechos que firmó Guillermo III y que se convirtió en ley en 1689.[142] La Declaración de Derechos (que un historiador ha denominado “el documento constitucional más importante [en la historia de Inglaterra] desde la Carta Magna”)[143] contenía lo que la mayoría del Parlamento consideraba que eran los fundamentos antiguos de las libertades inglesas. El rey se comprometió a no suspender las leyes[P] y a no establecer impuestos sin la aprobación del Parlamento. Cláusulas adicionales exigían la aprobación del Parlamento para mantener a un ejército en armas en tiempos de paz, concedían a los súbditos protestantes el derecho de portar armas para su defensa, garantizaban la libertad de expresión para los miembros del Parlamento, y asimismo la convocatoria frecuente de éste. Guillermo y María obtuvieron los impuestos sobre el vino y la lana (tonnage y poundage) sólo por un período de cuatro años porque, en palabras de la Cámara de los Comunes, “era la mayor seguridad que podía tener la nación para que los Parlamentos se reunieran con frecuencia”[144] (más adelante se ablandó y concedió a los nuevos monarcas, de forma vitalicia, el impuesto sobre el vino y la lana).

Guillermo III se embarcó en constantes guerras, lo que lo obligó a recurrir al Parlamento para que le concediera fondos. Convocaba anualmente al Parlamento, como se hacía en los Países Bajos, de donde era originario. Esto se convirtió en una práctica constitucional: a partir de ese momento, los Parlamentos ingleses se han convocado anualmente.[145] La Cámara de los Comunes ahora no sólo controlaba el presupuesto de la Corona sino que también supervisaba cómo se gastaba el dinero: ya en el ejercicio económico de 1690-1691, los Comunes asignaban los fondos con finalidades específicas y se aseguraban de que no se destinaran a otros objetivos.[146] La creación del Banco de Inglaterra y la introducción de la Deuda Nacional en 1693-1694 acentuó aún más los poderes financieros del Parlamento porque se convirtió en norma que la Cámara de los Comunes aprobara todos los préstamos que se hacían a la Corona.[147] Por primera vez en la historia de Inglaterra, se regularon los impuestos indirectos y los impuestos sobre la tierra, “el sistema tributario se aceptó como una parte normal de los ingresos de la Corona”.[148] Los ingresos se duplicaron y los ingleses, por tanto, tuvieron que pagar más impuestos que los franceses. La dependencia total de la Corona con respecto al Parlamento en todas las cuestiones de Hacienda, la obligó, progresivamente, a consultarlo sobre asuntos de política exterior e incluso a nombrar ministros que fueran del agrado del Parlamento.

Otro principio importante establecido después de 1688, que limitó rigurosamente el poder de la Corona, concernía a la justicia. Bajo el reinado de los Estuardo, los jueces ejercían sus funciones siguiendo los deseos del monarca que los podía sustituir por cualquier motivo. Ahora se estableció la norma que determinaba que los jueces conservaban su puesto si mantenían un comportamiento correcto y no se los podía expulsar a no ser que cometieran un delito, o que su sustitución fuera reclamada por ambas Cámaras del Parlamento.[149] Esta costumbre marcó la independencia del sistema judicial.

Las relaciones entre la Corona y la Cámara de los Comunes en el siglo XVIII no fueron siempre amistosas. Pero el acuerdo que se alcanzó en 1688 y 1689, después de la larga lucha del Parlamento por imponer sus derechos, no dejó lugar a dudas sobre lo que vendría después. Baste con decir que cuando en 1810, en medio de la guerra contra la Francia napoleónica, se declaró que el rey Jorge III estaba incurablemente loco, su incapacidad para desempeñar sus obligaciones no alteraron el funcionamiento del gobierno británico,[150] pues el poder había pasado decisiva e irrevocablemente al Parlamento.

10. EUROPA CONTINENTAL

Aunque Inglaterra fue la primera nación del mundo que estableció una democracia parlamentaria, estaba muy lejos de ser el único país europeo donde se desarrollaran instituciones parlamentarias. Los Parlamentos (o Estados) eran una institución casi universal en la Europa del medioevo. Se podían encontrar a todo lo ancho y largo del continente: tanto en Portugal como en Dinamarca, en Sicilia como en Polonia, lo mismo de ámbito nacional que de carácter regional.

La función principal de los Parlamentos continentales era la misma que en Inglaterra, principalmente concederle dinero a la Corona para gastos extraordinarios, fundamentalmente relacionados con la guerra. Su predominio demuestra hasta qué punto la propiedad privada estaba extendida en la Europa medieval porque los reyes no hubieran podido, fácilmente, exigir impuestos a personas que nada tenían. En realidad, los reyes que reivindicaban para sí la posesión de toda la tierra, como hicieron los gobernantes de Rusia (un país que no era completamente europeo), nunca se molestaron en pedir dinero a sus súbditos y nunca convocaron a los Parlamentos hasta que la opinión pública los obligó a hacerlo a principios del siglo XX. Como sucedió en Inglaterra, los Estados continentales a menudo se aprovecharon de las dificultades financieras de sus reyes para obtener privilegios. La originalidad del Parlamento inglés, por tanto, no radica en su antigüedad y funciones sino en su longevidad, ya que fue haciéndose cada vez más fuerte, mientras que sus homólogos continentales, con algunas excepciones (principalmente Polonia, Suecia y los Países Bajos), no sobrevivieron a la época del absolutismo monárquico.[151]

Los Parlamentos fueron una consecuencia del feudalismo. Surgieron de las reuniones de los vasallos cuya obligación era aconsejar y ayudar a sus señores: los señores feudales más importantes se consideraban, a su vez, vasallos de los reyes y de los príncipes. La asistencia a estas asambleas era obligatoria; los participantes se representaban a sí mismos. Con el tiempo, sin embargo, a los reyes y príncipes les resultó conveniente aceptar que, pese a no haber sido elegidos, los participantes de estas asambleas representaban a sus territorios y regiones, e incluso al reino en su conjunto, pues esta suposición hacía que el consejo y la ayuda que recibían de ellos tuviera un peso mayor. Por este motivo, en la mayor parte de Europa, las asambleas feudales se convirtieron en organismos representativos, de una forma gradual e imperceptible. Precisamente este carácter de órgano de representación es lo que las diferencia tanto de las primitivas asambleas populares, en las que todos los hombres libres participaban a título personal, como de los consejos reales, cuyos integrantes también se representaban solamente a sí mismos.[Q]

Las primeras instituciones representativas de la historia de la humanidad surgieron a finales del siglo XII (1188) en los reinos españoles de León y Castilla.[R] Poco después, en todos los reinos de la España cristiana se consolidaron las asambleas representativas (Cortes) tanto regionales como nacionales. Inglaterra, Austria, Brandemburgo, Sicilia, Portugal y el Sacro Imperio Romano siguieron su ejemplo en el siglo XIII; Francia, los Países Bajos, Escocia y Hungría en el siglo XIV; Polonia, Suecia y Dinamarca en el siglo XV.[152] Las asambleas legislativas de base representativa únicamente existían en Europa, hasta que se copiaron o fueron trasplantadas a otros continentes por los europeos.

Un rasgo sorprendente en la historia de los Parlamentos es su desigual evolución. A mediados del siglo XIV, los Estados Generales franceses reclamaron poderes extraordinarios y exigieron al rey, a cambio de los fondos para gastos militares que necesitaba con urgencia, unas concesiones que hubieran sido inconcebibles aun en la Inglaterra contemporánea, incluyendo convocatorias frecuentes de unos Estados Generales, que ostentarían la competencia para exigir impuestos y supervisar los gastos a los que se destinaran.[153] Un observador de la época podría haber llegado a la conclusión de que los franceses superaban a los ingleses en lo que se refiere al control que ejercían sobre la Corona. Pero eso no era así: la oposición parlamentaria francesa desapareció pronto y los Estados Generales se convirtieron en un apéndice nulo de la autoridad real. Los Estados Generales no se convocaron ni una sola vez entre 1484 y 1560. Reanudaron sus sesiones en la segunda mitad del siglo XVI, se convocaron por última vez en 1614, y no se volvieron a reunir hasta 1789.

En España, en el siglo XIV, las Cortes de Castilla, Aragón, Cataluña y Valencia obtuvieron la competencia exclusiva para aprobar todos los impuestos extraordinarios así como el derecho a participar en la redacción y aplicación de las leyes. El juramento de lealtad de los aragoneses a su rey excedía en audacia a cualquier cosa que la Cámara de los Comunes británica se hubiera atrevido a pronunciar: “Nosotros, que somos tan buenos como Usted, le juramos a Usted, que no es mejor que nosotros, aceptarlo como nuestro rey y señor soberano, siempre y cuando Usted respete todas nuestras libertades y leyes; pero si no lo hace, no lo aceptaremos”.[154] Y sin embargo, las Cortes españolas también decayeron a principios del siglo XVI y, para finales del XVII, dejaron de tener importancia.

El Parlamento alemán (Reichstag) o Dieta Imperial tuvo también, por un tiempo, su momento de auge pero después decayó. El emperador Leopoldo I convocó uno en 1663 que estuvo en sesión permanente hasta 1806, fecha en la que Napoleón disolvió al Sacro Imperio Romano.

¿Por qué se produjeron estos cambios en su destino?

Un factor que ayuda al sistema parlamentario es que el territorio donde se establece sea pequeño. Como regla general, cuanto más pequeño es el país y su población, más fácil resulta forjar instituciones democráticas eficaces porque representan comunidades manejables con intereses comunes y capaces de realizar acciones coordinadas: a la inversa, cuanto mayor es el país, mayor la diversidad social y los intereses regionales que impiden la unidad. Inglaterra se encontraba en una posición muy ventajosa en este sentido: al ser la primera monarquía nacional en Europa, ya desde el siglo XIII poseía un sentido de la “comunidad del reino” (communitas terrae),[155] ausente en el continente, en donde todavía no existían los Estados nacionales. En una época en que los viajes eran lentos, caros y peligrosos, los reinos grandes como los de Francia y el Sacro Imperio Romano tenían dificultades para convencer a las provincias de que enviaran sus representantes a los Estados Generales; estas últimas generalmente preferían pagar los impuestos que se les exigían, en lugar de asistir. Por esta razón, los Estados provinciales del continente tuvieron más éxito y duraron más que los nacionales. Tanto Francia como España tuvieron Parlamentos regionales muy vigorosos: Francia, los del Langue d’Oil (norte) y el Langue d’Oc (sur), así como los provinciales (por ejemplo, Borgoña, Turena y Bretaña), algunos de los cuales sobrevivieron hasta la Revolución Francesa, mucho después de que los Estados Generales se hubieran convertido en recuerdos históricos. España los tenía en Castilla, Aragón, Valencia, Catalunya, etc. Pero estas asambleas se preocupaban más de sus propios problemas y no constituían una amenaza para la Corona. En este sentido, también Inglaterra era afortunada porque, al no ser mucho más grande que una típica provincia, nunca desarrolló Parlamentos provinciales.

Otro factor que promovió o redujo el poder de los Parlamentos fue la seguridad exterior e interior: los países amenazados por invasiones extranjeras o desgarrados por guerras civiles tenían la tendencia a canjear paz por libertad.[156] Francia puede servir como el ejemplo clásico de esta regla. La Guerra de los Cien Años (1337-1453), provocada por las aspiraciones de los monarcas ingleses al trono de Francia, se desarrolló en su totalidad en suelo francés y en las proximidades de Flandes, causando estragos en ambos territorios. En 1439, en las postrimerías de la guerra, los Estados Generales franceses le concedieron al rey la autoridad de imponer y cobrar el impuesto más importante del país, el taille, un tributo general sobre los plebeyos, que se convertiría en una de las fuentes de ingresos de la monarquía francesa hasta 1790. El taille, combinado con el impuesto de la sal (gabelle), que era todavía más lucrativo, logró que la Corona francesa se independizara del Parlamento fiscalmente y, por tanto, también políticamente, lo que le permitió prescindir de los Estados Generales. En la segunda mitad del siglo XVI (1562-1598), Francia fue desgarrada por las guerras de religión entre católicos y protestantes. Cuando terminaron, la nación exhausta entregó todo el poder a la Corona, que creó un régimen absolutista que sirvió de modelo al resto de Europa.

La riqueza de la Corona contribuyó al crecimiento del absolutismo en Francia: una riqueza que procedía de sus competencias tributarias y también de los ingresos que proporcionaba el patrimonio real. La monarquía inglesa, cuyos ingresos, en su gran mayoría, eran controlados por el Parlamento, fue vendiendo sus propiedades hasta quedarse casi sin rentas privadas. A los reyes franceses, por el contrario, no se les permitía enajenar parte alguna del patrimonio real; cuando llegaban al trono tenían que garantizar esto bajo juramento. Como resultado, en los siglos XIV y XV, un período decisivo en la historia de las instituciones parlamentarias, la Corona francesa fue la casa real más rica de Europa.[157]

La situación de España era extremadamente complicada, en gran medida debido a que, a lo largo de la Edad Media, se había dividido en varios reinos soberanos a los que cabe añadir la presencia de una extensa área gobernada por los musulmanes. A finales del siglo XV, la unión de los dos reinos cristianos más importantes, mediante el matrimonio de Fernando de Aragón e Isabel de Castilla, sentó las bases del futuro Estado nacional. Las Cortes de Aragón y Castilla se reunían por separado, aunque en ocasiones se convocaban para sesiones conjuntas conocidas como las Cortes Generales.

Al igual que en Francia, la base del absolutismo real en los comienzos de la España moderna fue la independencia financiera de la Corona. El principal impuesto, llamado la alcabala, era un tributo sobre las transacciones comerciales introducido en 1342 como una medida temporal para obtener dinero en la lucha contra los moros; con el paso de los años, se hizo permanente y, por tanto, no precisaba de la autorización de las Cortes. Los ingresos obtenidos de esta fuente aumentaron prodigiosamente y, con el tiempo, llegaron a constituir entre un ochenta y un noventa por ciento de los ingresos totales de la Corona española.[158] En general, se considera que actuó como un freno en las posibilidades de desarrollo económico en España: Merriman lo ha catalogado como un “cáncer que estaba destinado a devorar los centros vitales del Imperio español”.[S] Pero ayudó a la Corona a independizarse del Parlamento. Dado que tanto la nobleza como el clero estaban exentos de pagar impuestos, ninguno de los dos desarrolló ningún interés por asistir a las Cortes, y como resultado toda la responsabilidad de enfrentarse a la Corona recayó en los representantes de las ciudades, que tenían la tendencia a ceder cada vez más.[159] En el siglo XVI, la Corona española consolidó aún más su independencia fiscal al extraer ingresos de sus posesiones en el exterior, principalmente de los Países Bajos, Italia y, a partir de 1550, del Nuevo Mundo.[160] La autosuficiencia fiscal permitió que los reyes españoles se independizaran de las Cortes Generales, con excepción de los momentos de emergencia nacional. En el siglo XVII, las Cortes fueron relegadas al olvido.

Un factor decisivo en la decadencia de los Parlamentos continentales fue la revolución en las artes militares, que comenzó a finales de la Edad Media con la introducción de la pólvora y culminó en el siglo XVII con la creación de los ejércitos modernos. Los ejércitos nacionales necesitaban gobiernos nacionales con una autoridad fuerte, y esto significó el comienzo del fin de los Estados medievales en donde habían surgido los Parlamentos.

Durante mil años o más, después de la caída del Imperio romano, el brazo dominante en los ejércitos de toda Europa había sido la caballería. Los jinetes eran los nobles, mientras los soldados de infantería que los acompañaban eran los siervos y otros plebeyos. La primacía de la caballería comenzó a declinar con la introducción del arco largo capaz de disparar con rapidez y decayó vertiginosamente cuando se generalizó el uso de las armas de fuego en el siglo XIV, primero como cañones y después como armas de fuego. Ahora, sus respectivos papeles se invirtieron, la infantería tomó la delantera y la caballería se convirtió en una fuerza auxiliar. Durante el siglo XVI, en Francia, Alemania, Suecia y otros países, este tipo de ejército, que marca una clara transición, se reclutaba de forma privada y estaba formado, fundamentalmente, por mercenarios. Una consecuencia de este cambio en el arte militar fue el declive de la nobleza, la columna vertebral de los ejércitos feudales y de los Parlamentos.

Después de 1500, el desarrollo de nuevas armas y los cambios en las tácticas que provocó este nuevo armamento condujeron a la aparición de los ejércitos modernos. España, durante el siglo XVI, fue la pionera en su creación pero fue seguida después, en el siglo XVII, por Suecia, bajo el reinado de Gustavo Adolfo, y por Francia, bajo el mandato de Luis XIV, y en último término fueron emuladas por la mayoría de las grandes potencias europeas, con la notable excepción de Inglaterra. Estos países establecieron ejércitos permanentes, compuestos unas veces por reclutas (Suecia, Rusia) pero, en la mayor parte de los casos, estaban integrados por voluntarios que procedían de las clases más bajas y cuyos jefes y oficiales pertenecían a la nobleza. El Estado los equipaba con un armamento y unos uniformes comunes y los sometía a un entrenamiento continuo tanto para aumentar su capacidad bajo el fuego enemigo como para mejorar la eficacia de su propia potencia de fuego. Su aparición incrementó enormemente el poder del gobierno central porque sólo él podía proporcionar la organización y los recursos necesarios, y como consecuencia debilitó el poder de la nobleza y de sus instituciones:

El absolutismo en su apogeo demostró que era superior a las otras posibles formas de gobierno, debido a su capacidad para mantener la paz en el interior y para movilizar hombres y dinero para la defensa nacional y el engrandecimiento del país. También poseía la potencialidad de incrementar la riqueza y, por tanto, de crear las condiciones económicas necesarias para sostener guerras prolongadas.[161]

Debido a que los Parlamentos demostraron que no eran capaces de proporcionar la organización centralizada y los fondos que necesitaban estas nuevas formas de organización militar sino que, más bien, las obstaculizaban, fueron decayendo en la mayor parte de la Europa continental.

La Corona inglesa fue incapaz de aprovecharse de la revolución militar para asegurar un poder absoluto. Gran Bretaña participó en muchas guerras pero, a diferencia de los poderes continentales, las desarrolló fuera de sus fronteras, en tierras extranjeras; por tanto, nunca fueron una amenaza para su población. No tuvo un ejército permanente (sólo durante la República, y por muy corto tiempo,) y se apoyaba fundamentalmente en su poderío naval y en los pagos que hacía a gobiernos extranjeros. La Declaración de Derechos de 1689 prohibía explícitamente a la Corona mantener un ejército permanente en tiempos de paz, a no ser que contara con la aprobación del Parlamento. De esta forma, los súbditos de la Corona inglesa podían aprovechar las necesidades financieras del rey, cuando éste tenía que sufragar las guerras, y obtener así concesiones políticas.

En tres países además de Inglaterra (Suecia, los Países Bajos y Polonia) los Parlamentos lograron controlar con efectividad el poder de la Corona.

La monarquía sueca redujo sustancialmente la autoridad del Parlamento (Rigsdag) en la época de sus grandes triunfos militares del siglo XVII. Pero después de la derrota desastrosa de sus ejércitos en Rusia a principios del siglo XVIII, el Parlamento sueco reafirmó su autoridad y, para mediados del siglo XVIII, logró que la Corona quedara, prácticamente, impotente.

Las Provincias Protestantes Unidas de los Países Bajos, la región más rica de Europa, con una burguesía poderosa y una nobleza empobrecida, se rebeló contra la autoridad española en la década de 1560 y en 1581 declaró su independencia. Los Países Bajos se convirtieron en una república, cuyo jefe del Poder Ejecutivo, llamado el Estatúder General, era elegido por los Estados de siete de las provincias unidas. En los asuntos relacionados con las finanzas, la política exterior, el ejército y la marina debía someterse a la autoridad de los Estados Generales.

La experiencia parlamentaria polaca fue única: aquí la nobleza aplastó a la monarquía y produjo un desequilibrio que, al final, destruyó al país. Debido a un accidente dinástico Polonia, a finales del siglo XIV, adoptó el principio de que la monarquía fuera electiva. Casimiro el Grande, el último rey de la dinastía Piast, que había gobernado desde el siglo X, no tuvo descendencia masculina. Como la Constitución polaca prohibía que las mujeres accedieran al trono, Casimiro designó como su heredero a Luis de Anjou, el rey de Hungría. Luis tampoco tuvo hijos varones y con el fin de asegurar el trono para una de sus hijas concedió a la nobleza polaca, en el llamado Privilegio de Koszyce (1374), una exención de impuestos prácticamente total. También aceptó que el establecimiento de cualquier impuesto extraordinario requeriría del consentimiento de toda la nobleza polaca. En los cuatro siglos siguientes, los aspirantes al trono polaco que, para ser elegidos, necesitaban la aprobación unánime de los nobles les concedieron más privilegios.

Hasta el final de su existencia como Estado soberano, Polonia fracasó en su intento de lograr la transición desde ser una aglomeración de Estados provinciales a convertirse en un verdadero Parlamento nacional. La Dieta (Sejm), que existía desde 1493, era en realidad una asamblea de diputados que representaba a las asambleas regionales soberanas (sejmiki). Llegaban con mandatos, al principio verbales, pero después escritos, que tenían que seguir al pie de la letra y sobre los que la Dieta no se podía imponer. Esto quería decir que cada aspecto de la legislación debía aprobarse de manera unánime: cualquier diputado, al ejercer el infame liberum veto, podía eliminar una propuesta legislativa e incluso lograr que se disolviera la Dieta. El principio no era diferente al que se adoptó en los Países Bajos independientes,[162] pero allí donde los imperturbables burgueses holandeses lograban que el sistema funcionara, los indisciplinados nobles polacos lograban que la legislación se estancara.

El resultado fue un exceso de libertad. La Dieta, que estaba formada exclusivamente por nobles (las ciudades no estaban representadas), era una organización que no pensaba en términos nacionales sino exclusivamente en términos regionales y de propiedades. En el siglo XVII tenía la autoridad total para establecer impuestos, pagados principalmente por los campesinos y por los burgueses cada uno de los tributos requería la aprobación de la Dieta y ésta se concedía por un plazo de un año; también controlaba la administración y la política exterior. Polonia nunca realizó la transición hacia un ejército moderno, y dependía de mercenarios. En la segunda mitad del siglo XVIII, los países que la rodeaban, Prusia, Austria y Rusia, todos ellos gobernados por monarcas absolutos que veían con disgusto el predominio de los nobles en Polonia, se la repartieron con facilidad.

Rusia siguió su propio camino. Aunque geográficamente formaba parte de Europa, a pesar de ello desarrolló un sistema de gobierno parecido al modelo oriental el cual, hasta los tiempos modernos, no le concedía a la propiedad privada un status de legitimidad. El efecto que este hecho tuvo en las libertades de sus habitantes será el tema del próximo capítulo.

CAPÍTULO CUATRO
LA RUSIA PATRIMONIAL[A]

En nuestro reino de Moscú del Gran Soberano y en la Siberia, los siervos de todo rango sirven al Gran Soberano de esta tierra, y los campesinos labran los campos del diezmo y pagan el censo, y ninguno posee tierras libremente.

PEDRO EL GRANDE[1]

Con anterioridad a 1991, los rusos y los pueblos que controlaban gozaban de escasos derechos civiles y (con la sola excepción de la década que va desde 1906 a 1917) de ningún derecho político. En la era del absolutismo, los soberanos de Rusia ejercieron la autoridad de una manera más absoluta que sus homólogos occidentales; en la era de la democracia, Rusia se aferró al absolutismo durante más tiempo que ningún otro país europeo. Y durante las siete décadas del comunismo, produjo un régimen que privó al pueblo de sus libertades hasta un punto nunca visto en la historia del mundo. Durante dos siglos y medio (c. 1600 hasta 1861) la inmensa mayoría de los rusos vivió como siervos del Estado o de los terratenientes, atados al suelo y sin recursos legales para protegerse de sus amos y de los funcionarios del gobierno.

¿Por qué esta divergencia con respecto al patrón seguido por la Europa occidental, al cual Rusia pertenece en virtud de su raza y religión, así como por su proximidad geográfica?

La tendencia rusa a un gobierno autoritario no puede atribuirse a factores genéticos. Como veremos más adelante, la ciudad-Estado de Novgorod, que en su momento de esplendor durante los siglos XIV y XV abarcó la mayor parte del norte de Rusia, otorgó a sus ciudadanos derechos que igualaban y en algunos aspectos sobrepasaban los que en la actualidad disfrutan los europeos occidentales. Las causas del fenómeno deben hallarse, por tanto, en otro lugar. Es nuestra opinión que el factor crítico del fracaso de Rusia en la creación de derechos y libertades fue la erradicación de la propiedad sobre la tierra en el Gran Ducado de Moscú, el principado que finalmente conquistó toda Rusia y la sometió a un régimen bajo el cual el monarca no sólo gobernaba al reino y a sus habitantes, sino que literalmente los poseía. Esta fusión de soberanía y posesión, un tipo de gobierno conocido como “patrimonial”, dejaba todos los derechos sobre la tierra en manos del monarca y le permitía exigir servicios ilimitados a sus siervos, nobles y plebeyos por igual. En un marcado contraste con el resto de la Europa occidental, donde la autoridad de los reyes se detenía en la frontera de la propiedad privada, en Rusia (al menos hasta finales del siglo XVIII) esta restricción del poder real era desconocida y, ciertamente, impensable.[B] Y cuando, cerca ya del fin del siglo XVIII, el zarismo reconoció tardíamente la propiedad privada sobre la tierra, encontró, por razones que detallaremos más adelante, una gran hostilidad tanto entre la élite ilustrada como entre las masas campesinas.

La ausencia de propiedad sobre la tierra privó a los rusos de todos esos mecanismos mediante los cuales los ingleses lograron limitar el poder de sus reyes. Al no requerir impuestos, dado que toda la tierra les proporcionaba rentas y estaba a su servicio, los zares no necesitaban convocar Parlamentos. Las instituciones legales que en todas partes acompañan a la propiedad eran rudimentarias y servían fundamentalmente como instrumentos de administración. La noción de derechos individuales se hallaba totalmente velada por la noción de deberes hacia el monarca. La Corona rusa no eximió a las clases altas de su obligatoria servidumbre hacia el Estado hasta 1762, y sólo en 1785 les concedió los títulos de propiedad sobre sus haciendas. Hasta 1861 los campesinos rusos no se libraron de su condición de siervos. Y hubo que esperar a los años 1905 y 1906 para que se otorgaran derechos civiles a los súbditos rusos y tuvieron voz en la actividad legislativa.

Así pues la historia de Rusia ofrece un excelente ejemplo del papel que representa la propiedad en el desarrollo de los derechos civiles y políticos, y demuestra cómo su ausencia posibilita la perpetuación de gobiernos arbitrarios y despóticos.

1. LA RUSIA PREMOSCOVITA

Como dijimos anteriormente, un objeto cuya propiedad se reclama debe cumplir dos requisitos: debe ser algo deseable, y accesible sólo en cantidad limitada. Para las gentes cuyo sustento primordial es la agricultura, este objeto es la tierra cultivable. Cuanto más escasa sea ésta, con mayor probabilidad será disputada y reclamada como propiedad. Así los bosques de la Gran Rusia que los eslavos orientales ocuparon a fines del primer milenio ofrecieron a los recién llegados unas tierras ilimitadas.[C] La tierra como tal, entonces, no valía nada; el valor lo constituía el trabajo. Esto era más evidente en el caso de los antiguos eslavos, quienes no practicaban la agricultura sedentaria sino una variante nómada conocida como “roza y quema”. Los campesinos que empleaban esta técnica abrían un claro en el bosque y prendían fuego a los árboles derribados; después de extinguirse las llamas, esparcían las semillas en el suelo enriquecido por la ceniza. En cuanto el suelo daba señales de agotamiento se trasladaban a otra parte de aquellos bosques ilimitados y repetían el proceso.

La sobreabundancia de tierras en la Rusia anterior al siglo XIX tuvo dos efectos importantes. En primer lugar, condujo a una falta de desarrollo de todas aquellas instituciones que, en regiones donde la dotación de tierra es limitada, conducen a la aparición de sociedades civiles: pues donde la tierra es escasa, la población local está obligada a crear formas de resolver pacíficamente los conflictos en torno de ella.

Nos vemos ante una paradoja: se lucha por la tierra cuando ésta abunda, pero cuando escasea (por el crecimiento de la población) evolucionan las instituciones para la asignación de tierras y las fronteras se vuelven precisas. [C]uando la tierra abunda, la necesidad de crear instituciones para su adjudicación —con todos los deberes de negociación, compromiso e imparcialidad que éstas implican— no es tan fuerte como cuando la tierra escasea.[D]

En segundo lugar, la abundancia, en apariencia inextinguible, de tierras antes del siglo XIX inculcó en el campesino ruso la convicción de que el suelo, como el agua y el aire, era una res nullius que Dios había creado para beneficio de todos y que, por tanto, no podía ser una posesión. Todo el mundo era libre de usarlo, pero nadie podía reclamarlo como su propiedad exclusiva. Uno sólo podía apropiarse de aquello que uno cultivaba o fabricaba: como nadie fabricaba la tierra, nadie podía adueñarse de ella. En la mente del campesino ruso, el bosque era una posesión común pero la leña pertenecía a aquel que la cortase. Esta visión, típica de las sociedades primitivas, en el caso de Rusia sobrevivió a esta época de abundancia y la mentalidad del campesino se aferró a ella hasta comienzos del siglo XX, cuando, debido al rápido crecimiento demográfico y al fin de la expansión territorial, el suelo cultivable comenzó a escasear.

La situación era aquí marcadamente distinta de la de Europa occidental, donde la agricultura sedentaria se había practicado durante milenios (en el caso de Inglaterra, al menos desde el 2500 a. C.) y donde, desde la antigüedad clásica, la posesión de tierras gozaba de respeto social y, en ocasiones, de protección legal.

También diferente, y ello contribuía al mismo resultado de no atribuir derechos de propiedad, era la naturaleza del primer Estado ruso, fundado en el siglo IX por los vikingos suecos. A diferencia de los vikingos noruegos y daneses que cayeron sobre la Europa occidental, los invasores suecos llegaron a Rusia no como terratenientes sino como comerciantes aventureros. Rusia no ofrecía las ricas tierras de cultivo, viñedos y olivares de Inglaterra, Francia y España, que atrajeron a los escandinavos hacia estos países, primero como ladrones y luego como colonos. Su principal atracción económica era que proporcionaba una ruta hacia Bizancio y el Oriente Medio árabe mediante una red fluvial que unía el Báltico con el Mar Negro y el Caspio. Era una ruta comercial rentable, pues la conquista musulmana del Mediterráneo en los siglos VII y VIII había interrumpido el comercio entre Europa occidental y el Oriente Medio. Uno de los más antiguos documentos rusos que han llegado es un tratado comercial entre los vikingos, por entonces llamados “rusos”, y Constantinopla, redactado en el 912 d. C. Numerosas monedas bizantinas y árabes desenterradas en el noroeste de Rusia y en Escandinavia atestiguan que los vikingos sostenían a través de Rusia un vigoroso comercio con el Este del Mediterráneo.

Los conquistadores escandinavos de Rusia no se asentaron para convertirse en terratenientes. El comercio ofrecía mayores rendimientos que la agricultura en un país donde el suelo era escasamente fértil, la estación agrícola corta y la fuerza de trabajo se desplazaba con facilidad. En lugar de eso, construyeron ciudades-fortalezas a lo largo de las principales rutas fluviales para acumular las mercancías que obtenían mediante el tributo de los aborígenes eslavos y fineses, y que cada primavera embarcaban fuertemente custodiadas rumbo a Constantinopla. Al igual que en otras partes de Europa, los vikingos se casaron con las mujeres de la región y, con el tiempo, fueron asimilados por la población autóctona: la opinión más extendida es que a mediados del siglo XI ya se habían eslavizado.

Los vikingos rusos desarrollaron un sistema peculiar de administración para apoyar sus actividades militares y comerciales, uno de cuyos rasgos más sobresalientes era la rotación de los príncipes, miembros de la dinastía en el poder, de una ciudad fortificada a otra de acuerdo con su edad. El título de gran príncipe otorgaba a su portador el derecho a gobernar Kiev, la ciudad a orillas del Dniéper que servía de última escala en la expedición anual a Constantinopla. Los miembros más jóvenes del clan gobernaban las otras fortalezas. El reino vikingo se expandió rápidamente a través de la llanura euroasiática, tropezando con poca resistencia por parte de las aisladas tribus eslavas y finesas. Sin embargo, el objetivo de esta expansión no era la tierra sino el tributo, que consistía fundamentalmente en esclavos, pieles y cera. El vasto territorio gobernado desde Kiev se administraba con considerable ligereza. Las fortalezas, provistas de hombres armados y con una pequeña población residente de artesanos, mercaderes, clero y esclavos desarrollaron una vida política rudimentaria que permitía a los hombres libres participar en las asambleas populares, llamadas veches.[2] Es esencial recordar el hecho de que, por ser una casta militar y comercialmente dominante, los antiguos vikingos en Rusia no se dedicaron a la agricultura ni tomaron posesión de las tierras, lo que supone un fuerte contraste con el caso de Inglaterra, donde los conquistadores normandos reclamaron para sí la propiedad de toda la tierra. Una consecuencia de este hecho es que los fundadores del primer Estado ruso no establecieron una distinción clara entre las funciones públicas y las privadas; gobernaban su reino y disponían de su riqueza sin distinguir una actividad de la otra.

No existen pruebas de que durante el llamado período de Kiev de la historia de Rusia (desde el siglo X hasta mediados del XIII), ni aún en el siglo siguiente, nadie, príncipe, noble o campesino, reclamase la propiedad de tierra alguna. El más antiguo código legal ruso, Russkaia pravda, compilado en el siglo XI, no hace referencia a la propiedad inmueble.[3] Prácticamente, no ha aparecido documentada ninguna transmisión de tierra mediante escritura en el nordeste de Rusia que sea anterior a la primera mitad del siglo XIV, y muy pocas que daten de la segunda mitad.[4] La noción de propiedad de la tierra, cosa distinta de la idea de posesión de territorios, no llegó a Rusia sino hasta 1400 aproximadamente, cuando el país estaba en poder de los mongoles. Éste es un hecho significativo, dada la sofisticación del sistema de tenencia de tierras en la Europa contemporánea. En Inglaterra, la posesión individual de la propiedad de la tierra, no sólo por parte de la nobleza sino también, de acuerdo con estudios recientes, por parte de hombres libres comunes y de villanos se remonta al año 1200.[5] Y en toda la Europa feudal, los feudos eran heredables y por lo tanto, en la práctica, eran propiedades.

El interés por la tierra surgió entre los gobernantes de Rusia a raíz de las invasiones de las estepas del Mar Negro por los guerreros nómadas de Asia. Alrededor del 1200, los repetidos ataques a las rutas de las caravanas que atravesaban la estepa del Mar Negro por parte de las tribus turcas, conocidas como pechenegos o polovtsy, interfirieron y finalmente interrumpieron el comercio entre Kiev y Constantinopla. Privados de sus ingresos procedentes del comercio, los príncipes comenzaron a asentarse. Esto sucedió sobre todo en los principados del norte, que estaban a salvo de las incursiones de los nómadas: como dijera Kliuchevskii, “el príncipe-propietario (kniaz’-votchinnik), que obtiene su posición por herencia, vino a reemplazar a su ancestro del sur, el príncipe-pariente (kniaz’-rodich), el cambiante, rotatorio cogobernador de la tierra rusa”; en su opinión, este nuevo tipo de gobernante proporcionó las bases de la autoridad de los zares moscovitas.[6] Al no tener todavía competencia en torno de la propiedad privada de la tierra, los príncipes se erigieron en soberanos al mismo tiempo que propietarios, considerando a sus principados como patrimonio, transmisible mediante testamento.[E] Así pues el concepto de soberanía en Rusia antecedió al de propiedad privada, un hecho que tendría importantes consecuencias para la evolución histórica de ese país. Ello explica que hasta el día de hoy la misma palabra (vladetel’) denota a un tiempo “posesor” y “soberano”.

El reino de Kiev, profundamente debilitado por las incursiones de los pechenegos, fue destruido entre los años 1237 y 1342 por los mongoles. Los nuevos invasores demolieron toda ciudad que les ofreciera resistencia, incluida Kiev, masacrando a muchos de sus habitantes. Lentamente se adentraron en Europa, y posiblemente la hubieran conquistado (pues jamás fueron derrotados en combate), cuando la noticia de la muerte de su emperador Ogoday, el sucesor de Gengis Khan, los hizo volverse y regresar a Mongolia.

Rusia, que desde un principio sólo había estado unida de un modo muy débil, se desintegró. Las regiones del sur y del sudoeste de lo que había sido el reino de Kiev (que hoy corresponden a la parte occidental de Ucrania) primero cayeron bajo el dominio de los lituanos y después de los polacos. La zona norte, dominada por Novgorod, que los mongoles no conquistaron pero sí obligaron a pagar un tributo (iasak), se convirtió en la práctica en una ciudad-Estado soberana. Las regiones centrales, el corazón del futuro reino de Rusia, se desmembraron en pequeños y numerosos principados dinásticos. Los mongoles las convirtieron en una provincia de su reino, que controlaban desde Sarai, a orillas del Volga, la capital de la Horda Dorada, uno de los Estados en los que se dividió el imperio de Gengis Khan. Dejaron intactos los principados, permitiendo a los príncipes dividir el reino entre sus hijos. Para tomar posesión de sus dominios, los príncipes rusos debían viajar hasta Sarai, allí eran investidos con un título en el que tales dominios les eran asignados como su patrimonio (otchina).[7] Era un viaje peligroso del cual algunos nunca regresaban.

Los mongoles no ocuparon físicamente el reino de Rusia, como sí hicieron con China, Corea e Irán, probablemente porque era pobre y de difícil acceso. Al igual que en el caso de los vikingos, su principal interés era el tributo. Entre los años 1257 y 1259 se compiló un catastro de la región del Volga-Oka y Novgorod para utilizarlo como instrumento para la recaudación de los impuestos. Inicialmente, encomendaron la tarea de cobrar los tributos a granjeros musulmanes, a quienes apoyaron con una fuerza armada compuesta en gran medida por rusos a las órdenes de oficiales mongoles, llamados basquaqs. Pero estos granjeros recaudadores se volvieron tan impopulares y fueron tan a menudo objeto de ataques y linchamientos que después de una serie de levantamientos en las ciudades, brutalmente reprimidos, los mongoles encomendaron la responsabilidad a los propios príncipes rusos. A principios del siglo XIV, el gobernante de la ciudad de Vladimir asumió la tarea del cobro y entrega del iasak en todos los principados bajo el dominio mongol y, en virtud de ello, se convirtió en Gran Príncipe.[8] Esta responsabilidad quedó en manos de los grandes príncipes, primero de Vladimir y luego de Moscú, hasta finales del siglo XV, cuando la Horda Dorada se disolvió y Rusia cesó de pagar el tributo.

Aún después de que el reino de Kiev se desintegrara, sobrevivió en la tierra rusa una cierta noción de unidad. Se inspiraba en la fe ortodoxa, que daba a los rusos un sentido de comunidad, al distinguirlos de los mongoles y musulmanes en el Este, y de los católicos en el Oeste. La responsabilidad colectiva del pago del tributo a la Horda Dorada también contribuyó a ese sentido de unidad. Como también lo hizo el hecho de que los mongoles estuvieran dispuestos a mantener el cargo de Gran Príncipe, aunque se hubiera trasladado su sede desde Kiev hacia el nordeste.

Durante el dominio mongol, también conocido como “período de infantazgo” (del término medieval “appanage”, que significa tierras u otra fuente de ingresos destinada por un gobernante para la manutención de sus hijos), los príncipes rusos consideraban sus reinos como una propiedad privada, de la cual hacían donaciones al clero y asimismo a sus vasallos más allegados. Boris Chicherin, un historiador del siglo XIX, fue el primero en llamar la atención sobre el hecho de que los tratados y testamentos de los príncipes de esta época utilizaban términos de Derecho Civil, exactamente igual que los testamentos privados. Los gobernantes de Moscú, desde Iván I Kalita (1325-1340) hasta Iván III (1462-1505) disponían de sus dominios como si fueran haciendas, dividiéndolos entre hijos y viudas, según su capricho. No había distinción entre los bienes privados de los príncipes y aquellos pertenecientes al Estado.[F] Esta actitud se vio reforzada por la costumbre mongola de contemplar su inmenso imperio como propiedad del emperador reinante y de los otros descendientes de Gengis Khan.[9] Es de la mayor importancia para el desarrollo posterior de Rusia que, como ha percibido otro antiguo historiador, “el soberano poseía toda Rusia, y la propiedad privada se derivaba del soberano”[10] —en otras palabras, en Rusia la esfera privada procedió de la pública—. En ese país la propiedad privada no dio origen al Estado (como en la Roma y en la Atenas clásicas) ni se desarrolló a la vez del Estado (como en la mayor parte de Europa occidental) sino que emanó de éste. Fue el producto de su benevolencia.

El hecho de que los príncipes rusos asumieran la responsabilidad de mantener el orden y recaudar el tributo en nombre de los mongoles tuvo diversas consecuencias para el futuro del país, todas ellas desfavorables a la causa del autogobierno. Por una parte, estas funciones altamente impopulares alejaron a los príncipes de su pueblo, creando una distancia entre gobernantes y gobernados que constituiría un rasgo permanente en la historia de Rusia. Por otra parte, indujeron a los príncipes a adoptar métodos autocráticos. Antes de la conquista mongola, los principados rusos eran administrados por los príncipes con la ayuda del veche, algo parecido a la asamblea popular (fOlkmoot) anglosajona.[11] Los mercaderes germánicos que visitaban Novgorod se quedaban atónitos ante la semejanza del veche con las instituciones de su tierra, a veces llamadas ghemeine ding o “cosa común”, “cosa” empleada en su antiguo sentido de asamblea. Todas las ciudades de la Rusia premongola tenían veches, y los más poderosos entre ellos habitualmente expulsaban a los príncipes que perdían una batalla o que de alguna manera no se mostraban a la altura de las expectativas. No es irracional suponer, por tanto, que de haber seguido el curso natural de los acontecimientos, las ciudades rusas hubieran evolucionado como sus homólogas occidentales, hasta convertirse en centros de autogobierno que otorgaban derechos civiles a sus pobladores.

Los mongoles impidieron esta evolución. Ellos no necesitaban el veche, puesto que éste era el punto de apoyo de la resistencia a sus exacciones. Los príncipes rusos encargados de cobrar el tributo mongol no tenían ya razones para fomentar las asambleas populares que los estorbaban en el cumplimiento de sus deberes para con sus señores mongoles. Como consecuencia, en la segunda mitad del siglo XIII estas asambleas cayeron en desuso. Excepto en el norte, especialmente en Pskov y Novgorod, el veche desapareció, dejando a los príncipes en posesión exclusiva de la autoridad. Cada vez que los príncipes hallaban resistencia por parte de sus súbditos solicitaban ayuda a sus amos mongoles. El príncipe Alejandro Nevski, al que Sarai nombró Gran Príncipe de Vladimir (1252-1263) y que más tarde fue canonizado por la Iglesia rusa, se destacó por reprimir brutalmente toda resistencia popular a las exigencias mongolas. Lo mismo hizo Iván I Kalita de Moscú.

Así pues, bajo el dominio mongol se puso en marcha un proceso de selección natural en virtud del cual los príncipes más renegados y despóticos fueron los que alcanzaron un poder mayor. El método con el que los mongoles administraron Rusia, utilizando a príncipes-colaboradores, condujo a la erradicación de las instituciones democráticas y echó los cimientos para su futura autocracia. El debate sobre la influencia mongola en la historia de Rusia (subrayada por algunos historiadores y minimizada por otros) puede zanjarse admitiendo que los rusos no imitaron el sistema político mongol, ya que las instituciones de un imperio nómada creado por guerras de conquista y mantenido por el poderío militar no resultan apropiadas para una población agraria. Pero los rusos, sin lugar a dudas, adoptaron la actitud política de los mongoles: servir como agentes mongoles les hizo acostumbrarse a tratar a su pueblo como a súbditos derrotados, desprovistos de cualquier derecho. Esta mentalidad sobrevivió al dominio mongol.

Una de las dificultades al tratar las relaciones de propiedad en la Rusia medieval es de naturaleza terminológica. El término corriente para propiedad era votchina (u otchina), un sinónimo del latino patrimonium, que significa lo que se hereda del padre. El problema consiste en que, como el ruso medieval no distinguía el Derecho Público del Derecho Privado, todo cuanto se obtenía en herencia, incluyendo el desempeño de la autoridad política, se designaba con esta palabra. Así pues, los príncipes infanzones se referían a sus principados como votchiny y sus vasallos llamaban a sus haciendas del mismo modo. Ocasionalmente los propios campesinos utilizaban el mismo término, si, tras haberse establecido, labraban la misma tierra que sus padres.[12] Al igual que en otras sociedades que no conocían los títulos de propiedad, el tiempo de posesión de algo definía su pertenencia, y el mejor modo de demostrarlo era la herencia. “Esto es mío porque mi padre me lo dio” era, en las sociedades premodernas, la principal legitimación de la propiedad. De esta práctica se deducía que si uno heredaba el derecho a gobernar, ese derecho también podía convertirse en patrimonio.

Durante los últimos tiempos de la dominación mongola, en el siglo XV, los príncipes infanzones reconocían cuatro categorías de tierra. Estaban (1) las tierras de la corte (dvortsovye) o heredad de los príncipes, cuyos ingresos servían para mantener al príncipe y su familia; éstas eran administradas por sirvientes de la corte. El resto del reino se dividía en “tierras blancas” y “tierras negras”. Las “tierras blancas” eran las posesiones de (2) los clérigos y (3) de los nobles, que los príncipes les donaban a perpetuidad. Sus poseedores no pagaban impuestos (de ahí el apelativo de “blancas”) pero sí se les exigía que prestaran determinados servicios, rezos en el caso de los clérigos y reclutamiento de hombres para las fuerzas armadas en el caso de los nobles. (4) El resto de las tierras, que constituía la mayor parte del principado, eran denominadas “negras”. Éstas tenían diversas obligaciones para con el príncipe, agrupadas bajo el nombre de tiaglo, que incluían pagos en moneda o trabajos serviles, o ambos.[13] Los príncipes consideraban las tierras “negras”, cultivadas por campesinos libres, como una reserva de la que extraer donaciones para iglesias, monasterios y nobles. El efecto de tales transmisiones era la transformación de las tierras “negras” en “blancas”. Debido a semejante “blanqueamiento”, la cantidad de tierras “negras” se fue haciendo cada vez menor hasta que, en el siglo XVII, desaparecieron completamente excepto en el remoto norte.[14]

En Rusia, los primeros casos de propiedad privada sobre la tierra (que no fuera la suprema propiedad del príncipe patrimonial) fueron las posesiones “blancas” de los monasterios y de un grupo de vasallos del príncipe conocidos como boyardos. Los monasterios acumularon una buena cantidad de propiedades gracias a los donativos que príncipes y nobles les hacían a cambio de que rogaran por la salvación de sus almas. Los príncipes concedían a los nobles sus votchiny, y su explotación corría a cargo de campesinos arrendatarios y de esclavos temporales. Las tierras de una votchina, ya hubieran sido donadas por el príncipe por servicios prestados, heredadas, o compradas, eran consideradas una propiedad alodial: los acuerdos entre los príncipes infanzones incluían por lo general una cláusula que garantizaba a todo noble la posesión de su hacienda incluso si no servía al príncipe en cuyo territorio ésta se hallaba.[15] Tal libertad y propiedad incondicional fueron generales hasta finales del siglo XV, cuando Moscú puso fin a ambas, al imponer la orden de que todos los súbditos seculares que poseían tierras en sus dominios, con independencia de cómo se hubiesen adquirido, debían servir a su príncipe. Con la expansión de Moscú, este mandato se aplicó a las áreas conquistadas, a las obtenidas mediante matrimonio o a las compradas.

El proceso de transformación de la propiedad alodial en una tenencia condicionada a la prestación de servicios al Estado comenzó realmente durante el reinado de Iván III, a finales del siglo XV; para entonces la Horda Dorada se había desintegrado y Rusia se había convertido, a todos los efectos, en un Estado soberano. En el transcurso de los doscientos años siguientes, todos los votchiny existentes en los dominios de los Grandes Príncipes de Moscú fueron nacionalizados, usando una terminología moderna. (Los terrenos cedidos al clero no corrieron la misma suerte hasta el siglo XVIII.) La propiedad privada de la tierra desapareció.

Podemos comprobar hasta qué punto pudo haber sido distinto el desarrollo de Rusia de no haber sido por la conquista mongola, con el ejemplo de Novgorod, un reino que rivalizó con Moscú en tamaño e influencia, durante un tiempo.

2. NOVGOROD

Los vikingos suecos fundaron Novgorod en el siglo IX como su principal fortaleza en el norte de Rusia: desde aquí se expandieron hacia el resto del país.

La Rusia del norte, especialmente Novgorod y su vecina Pskov, que tuvieron la suerte de escapar a la devastación mongola, lograron preservar y desarrollar instituciones autónomas como las que los mongoles habían suprimido en la Rusia central. Al tiempo que pagaba tributo a los mongoles, Novgorod conservó un veche central, que servía a toda la ciudad-Estado, así como diferentes veches para cada uno de los cinco distritos (“confines”) en que se dividía la ciudad. A todos los hombres libres de Novgorod y sus alrededores, sin distinción de status social, se les permitía tomar parte en sus deliberaciones: las decisiones se tomaban por aclamación. Sistemas similares existían en varias ciudades del norte, particularmente en Pskov.

Ni el suelo ni el clima de Novgorod favorecían la agricultura. Gran parte de la región estava constituida por lagunas y pantanos; sólo un 10 por ciento de la tierra era cultivable. El suelo, de una variedad inferior llamada podsol, era ácido, arcilloso y arenoso, y requería gran cantidad de cal y de abono. Aquí la estación agrícola duraba apenas cuatro meses por año. Como resultado de tan adversas condiciones, Novgorod tuvo siempre que importar alimentos de la Rusia central y, en tiempo de emergencia, del extranjero. Sin embargo, su localización geográfica le otorgaba una gran importancia comercial. A principios del siglo XIII, cuando los nómadas turcos comenzaron a asaltar la “ruta griega,” Novgorod entabló relaciones comerciales con la Liga Hanseática, que se hallaba en vías de dominar el comercio del Báltico. El Hansa abrió un almacén en Novgorod, similar a los que había establecido en Londres, Brujas y Bergen. Con el tiempo, la ciudad rusa se convirtió en la más importante plaza del comercio hanseático y, probablemente, no fie una coincidencia el hecho de que en 1494, habiendo Iván III conquistado Novgorod y suprimido su actividad, el Hansa comenzara a declinar rápidamente.[16] Los habitantes de Novgorod vendían materias primas a los germanos (pieles, cera y sebo, lino y cáñamo, colmillos de morsa y cuero) y les compraban telas, sal, armas, metales preciosos y, en tiempos de carestía, pan.[17]

Con vistas a asegurar sus exportaciones, Novgorod se expandió en todas direcciones. En su momento de mayor auge, a mediados del siglo XV, controlaba un vasto territorio que se extendía desde Karelia y Lituania en el Oeste hasta los Urales en el Este. Sus posesiones sureñas llegaban hasta doscientos kilómetros de Moscú. La ciudad-Estado florecía. Sus boyardos formaban una clase independiente de terratenientes y mercaderes.

El veche siguió siendo en Novgorod la institución política dominante, mientras que en el resto de Rusia se había eclipsado.[G] Los príncipes de Novgorod eran desconocidos, sin ningún derecho patrimonial sobre sus títulos ni sobre las riquezas del reino. Su principal función era comandar las fuerzas armadas de la ciudad. Aunque anteriormente a la invasión mongola los príncipes de Novgorod eran asignados por el gran príncipe de Kiev, existen razones para suponer que ya desde 1125, y tal vez desde antes, ellos venían siendo nombrados por el veche.[18] Hacia la mitad del siglo XII, todos los cargos políticos y religiosos eran electivos: además del príncipe, el funcionario supremo, llamado posadnik, que en ocasiones sustituía al príncipe (originalmente éste era nombrado por el príncipe), así como el obispo (anteriormente instaurado por el de la metrópoli, Kiev). Para asumir su cargo, el príncipe debía pronunciar un juramento (“besar la cruz”) comprometiéndose a cumplir con una escritura que establecía los límites de su autoridad. Aún siendo nominalmente un principado, hacia la mitad del siglo XII, Novgorod adoptó una forma republicana de gobierno en el sentido de que todos sus dirigentes, del príncipe hacia abajo, eran elegidos por los ciudadanos.

Los príncipes de Novgorod nunca tuvieron muchas tierras propias, puesto que su mandato allí era breve, y se lo veía sólo como un paso hacia el cargo de gran príncipe en Kiev.[19] Las tierras que habían acumulado les eran retiradas y entregadas a la Catedral de Santa Sofía.[20] Pero más importantes para la creación de la Constitución de Novgorod son ciertas cláusulas, aparecidas en las cartas constitucionales de privilegios, relativas a la posesión de tierras por parte de los príncipes. Tales cartas, que en esencia no eran más que contratos, eran endémicas de Novgorod y Pskov, pues en las demás partes de Rusia los príncipes llegaban al trono, ya en virtud de un nombramiento desde Kiev (luego desde Sarai) o por derecho hereditario. La más vieja de estas cartas llegada a nosotros data de 1264.[21] Su estilo cortesano ha llevado a algunos historiadores a verla como un ejemplar tardío de los acuerdos contractuales de finales del siglo XI.[22]

En este contrato de 1264 y en otros que vinieron después entre Novgorod y el príncipe, este último juraba cumplir fielmente varias condiciones. Prometía respetar las costumbres del país. No tomaría ninguna decisión sin el consenso del posadnik. No quitaría las tierras a personas inocentes. Especialmente interesantes para nuestra pesquisa resultan las cláusulas que limitan su independencia económica: las mismas indican que la élite de Novgorod percibía la relación entre la riqueza de su gobernante y su autoridad política. Las cartas prohibían a los príncipes, así como a sus esposas y criados, adquirir tierras en el territorio de Novgorod. No debían entregar a sus vasallos tierras de Novgorod. No se les permitía tratar directamente con los comerciantes germanos sino que debían hacerlo a través de intermediarios de Novgorod.[23]

Estas cláusulas garantizaban que los príncipes de Novgorod no pudieran disponer de recursos privados y tuvieran que depender por completo del veche, el cual les asignaba temporalmente algunas tierras de la ciudad para la recolección de rentas. Podían adicionalmente ganar dinero administrando justicia. Los príncipes debían complacer al veche, el cual los deponía a la menor provocación, a menudo después de alguna derrota militar: entre 1095 y 1304, Novgorod tuvo cincuenta y ocho príncipes, con un mandato promedio de 3,6 años.[24] Algunos historiadores rusos opinan que hacia 1300 Novgorod no tenía ya príncipes y se había convertido en una república democrática en todo el sentido de la palabra[25] —la única en la historia de Rusia hasta la década de 1990-2000—.

La democracia y la propiedad fueron de la mano. En la víspera de la conquista de Novgorod por Moscú a fines del siglo XV, cerca del 60 por ciento de sus tierras eran propiedad privada.[26] Las mujeres eran propietarias al igual que los hombres, lo cual evidencia un concepto más avanzado de la propiedad individual.[27] Las tierras que no estaban en manos de particulares pertenecían a la Iglesia y al Estado. La mayor parte de las tierras privadas eran propiedad de familias boyardas, de cuyas filas salió la mayoría de los funcionarios electos de la ciudad. Sus haciendas producían cereales y otros artículos alimenticios, pero su principal función era proporcionar mercancías para la exportación.[28]

Al igual que los burgueses (burghers) de la Europa occidental en la Edad Media, los habitantes de Novgorod gozaban de autonomía judicial. Los magistrados de la ciudad juzgaban a los defendidos cualquiera que fuese su status social, bajo la tácita premisa de que la ciudadanía comportaba una equidad ante la ley. La Carta Judicial de Novgorod, que data de mediados del siglo XV (Novgorodskaia sudnaia gramota), indicaba a la corte del arzobispo “administrar justicia a todos, sea boyardo, burgués de clase media (hurgher) o de extracción más baja”.[29]

En Pskov, que en 1347-1348 se separó de Novgorod y se convirtió en un principado independiente, prevaleció un régimen similar, con el poder del príncipe reducido al punto en que éste venía a ser “el principal sirviente del veche” —en otras palabras, un mercenario contratado para comandar las tropas de la ciudad y mantenido sólo mientras regresara victorioso de las guerras—. Su única fuente de ingresos era la administración de justicia, y ni siquiera esto estaba enteramente en sus manos.[30]

3. MOSCOVIA

El principado de Moscú tuvo una evolución muy diferente.

Cuando en la segunda mitad del siglo XIII los mongoles investían con el rango de gran príncipe a uno de los príncipes rusos, este último diferenciaba tal título de aquel que lo unía a su principado, es decir, el cargo de gran príncipe no era considerado aún propiedad patrimonial.[31] Pero una vez que devino hereditario —primero entre los príncipes de Vladimir-Suzdal y luego entre sus sucesores, los príncipes de Moscú— comenzaron a verlo como propiedad, ya que todo lo heredado era votchina y votchina significaba propiedad.[32] Interpretaron que el rango de gran príncipe, además de otorgarles la plena posesión de sus principados, les daba derecho de soberanía sobre todas las tierras que fueron una vez parte del reino de Kiev. De este modo, por ejemplo, impusieron —sólo en teoría al principio— su autoridad soberana sobre Novgorod.[33] Iván I Kalita, príncipe de Vladimir de 1328 a 1340, quien extrajo de la desafiante Novgorod el tributo para la Horda de Oro, intentó repetidamente imponer su mandato sobre esta ciudad-Estado. Cuando Pskov, con el respaldo de Moscú, se separó de Novgorod, se le exigió que reconociera al gobernante de Moscú como su gosudar, o sea, su amo. Esta ideología patrimonial serviría más tarde para justificar a Moscú en su reclamo de toda Rusia como su dominio y propiedad. Asimismo serviría de base para que los gobernantes de Moscú negaran a sus súbditos todos sus derechos y libertades, por cuanto reconocer estos tendría el efecto de hacer nulos sus títulos de propiedad.

Tan pronto como la Horda de Oro, debilitada por conflictos internos y desbandada por Tamerlán, se disolvió —esto sucedió en la segunda mitad del siglo XV— el príncipe de Moscú, Iván III (gobernó entre 1462-1505), se vio a sí mismo como el sucesor del khan mongol y se proclamó soberano de toda Rusia. Su atención se dirigió sobre todo hacia Novgorod, el más grande y rico de los principados rusos que permanecían fuera de su alcance.

La conquista de Novgorod sucedió por etapas. En 1471, las tropas de Iván propinaron una derrota aplastante a los ejércitos que defendían la ciudad-Estado. Sin embargo, Iván no se apresuró a anexársela, contentándose con la disposición de Novgorod a acatar su señorío. Seis años después, aprovechándose del uso incauto del apelativo gospodar, con que una misión diplomática de Novgorod se refirió a él —este término, como gosudar, significaba “amo” e implicaba una pertenencia— Iván exigió total sometimiento. Cuando Novgorod se rehusó, sus fuerzas asediaron la ciudad. Encarando una derrota segura, Novgorod intentó negociar su rendición proponiendo condiciones del mismo modo que lo había hecho con sus príncipes en el pasado. Ofrecieron reconocer al gobernante de Moscú con la condición, entre otras, de que ningún novgorodiano pudiese ser objeto de deportaciones o confiscaciones. Obviamente conocían bien el destino de las ciudades conquistadas por Moscú, muchas de las cuales habían recibido este tratamiento.[34] Iván rechazó indignado estas estipulaciones:

Se les ha dicho que deseamos el mismo gospodarstvo en nuestro patrimonio (otchina) de Novgorod que el que tenemos en el País Bajo, en el [río] Moscú; ¿y ahora se toman la atribución de enseñarme cómo debo gobernarlos? ¿Es que no me corresponde a mí este gobierno?[H]

Este lenguaje demuestra que en la mente de Iván soberanía era lo mismo que derecho de propiedad sobre el principado conquistado, esto es, dominium —el derecho de disponer libremente de sus recursos humanos y materiales—.

Novgorod no tenía otra opción que rendirse. Bien pronto se vio lo que el gobernante moscovita entendía por capitulación incondicional. Una de las primeras medidas de Iván en la conquistada Novgorod fue abolir el veche y embarcar hacia Moscú la campana que se usaba para convocarlo. Este acto imitaba el comportamiento de los mongoles en la Rusia central dos siglos atrás y simbolizaba el fin del autogobierno. Las instituciones democráticas construidas a lo largo de los siglos se desvanecieron en un solo momento.

El principal objetivo de Iván III en Novgorod fue abolir las posesiones privadas del tipo votchina, base de la riqueza y del poder patricio de la ciudad y cimiento de su constitución democrática. En tanto los boyardos retuvieran la absoluta propiedad del grueso de los bienes productivos de la ciudad-Estado, no se los podría someter. Conociendo el profundo arraigo de los hábitos democráticos en la república, Iván llevó a cabo extensivas confiscaciones de tierras y haciendas, y se aseguró de que las mismas fueran irreversibles deportando a los desposeídos propietarios hacia Moscovia.

Las primeras víctimas fueron los líderes de la facción prolituana, a quienes mandó a ejecutar en 1475. Estos eran probablemente los elementos más demócratas de Novgorod, ya que en la vecina Lituania, por entonces unida a Polonia, existía un régimen más liberal que en Moscú. Nuevas confiscaciones, acompañadas de deportaciones, comenzaron en pequeña escala en el invierno de 1475-1476; los monasterios estuvieron entre los primeros en perder sus propiedades.[I] Entonces el proceso de expropiación comenzó de veras. En el invierno de 1483-1484, y nuevamente en el de 1487-1489, varios miles de propietarios de tierras de Novgorod fueron objeto, junto con sus familias, de vyvod, o deportación. Los boyardos y mercaderes que sufrieron este tratamiento pertenecían por igual a las facciones a favor y en contra de Moscú, lo cual indica que desde el punto de vista de Moscú lo importante no era la posición política de sus nuevos súbditos sino su independencia económica. Al completarse el vyvod, todas las propiedades seculares de Novgorod sin excepción habían sido confiscadas, así como casi todas las tierras del obispo y tres cuartos de las restantes posesiones del clero: los títulos de las mismas fueron consignados al gran príncipe.[35] En 1494 Iván cerró el almacén del Hansa en Novgorod, eliminando así la última fuente de ingresos independiente.

Las tierras arrebatadas se dividían en dos categorías. La Corona se apropió un tercio de ellas para su explotación directa. Y los otros dos tercios fueron cedidos a sus vasallos —príncipes infanzones destituidos y boyardos, así como campesinos comunes, y hasta esclavos— que fueron transportados hacia la conquistada Novgorod. Estas propiedades no se poseían en calidad de votchina sino como una tenencia condicional llamada pomestia, cuyo título de propiedad era retenido por la Corona[36] —no nominalmente como en la Europa feudal, sino para todos los efectos legales y prácticos—. En Rusia, debemos recalcar, la tenencia condicional de tierras no precedió a la monarquía absoluta sino que emanó de ella.

Pomestie, o tenencia condicional, la cual bajo un nombre u otro llegaría a ser con el tiempo la forma corriente de tenencia de tierras en toda Moscovia, tuvo su origen en los infantazgos. Además de los súbditos nobles, a los que se les concedían votchiny, los príncipes medievales tenían también sirvientes domésticos, llamados “esclavos del príncipe” (kniazheskie kholopy), los cuales desempeñaban diversas tareas domésticas como escribas, artesanos, jardineros, colmeneros, etc. A algunos de estos sirvientes se les asignaban tierras u otras retribuciones económicas (tales como poder pescar o atrapar castores en las propiedades del príncipe) en recompensa a su trabajo.[37] Estas tierras y derechos no eran de su propiedad, sino bienes temporales que ellos explotaban con la venia de su soberano, y como tales no podían ser arrebatados, ni aun intercambiados, salvo por autorización del príncipe.[38] A diferencia de las votchiny, que los dueños retenían con independencia de a quién sirvieran, la pomestia retornaba a manos del príncipe al término de los servicios a él prestados por su poseedor. El registro más antiguo de este tipo de premios se remonta al siglo XIV, en el que un príncipe infanzón entregó, de esta manera, unas tierras al cuidador de sus perreras.[39]

Desde el reinado de Iván III en adelante, los gobernantes de Moscú recurrieron cada vez más a la pomestia, concediéndola a sus vasallos de la esfera militar y la civil, una clase llamada colectivamente dvoriane u “hombres de la casa (dvor) del príncipe”. El Gran Príncipe retenía los títulos de estas propiedades.[40] Las tierras de las pomestie provenían en parte de las votchiny confiscadas, en parte de las conquistas y en parte de la reservas reales de propiedades “negras”.

Las mayores expropiaciones y deportaciones de los dueños de votchina ocurrieron bajo el reinado de Iván IV el Terrible (1533-1584), durante la llamada oprichnina. Hasta el día de hoy los historiadores discuten sobre cuál fue el propósito de esta medida extraordinaria, algunos sostienen que el zar pretendía eliminar por completo la clase de los boyardos, otros que erradicaba a aquellas familias sospechosas de sedición, y otros que actuaba irracionalmente, sin un plan, llevado por ataques de locura. Sin embargo, no hay discrepancias en cuanto al hecho de que colocó grandes extensiones de las tierras del reino bajo su control directo, llamándolas oprichnina, e instauró en ellas un reino de terror, no muy distinto del que Iván III había infligido medio siglo antes a la Novgorod conquistada. Sus principales víctimas fueron las poderosas familias boyardas, especialmente aquellas que descendían de los antaño independientes príncipes infanzones cuyas tierras Moscú había absorbido. Después de registrar a su nombre los títulos de sus propiedades, Iván IV procedió a deshacerse de sus dueños mediante la ejecución y la deportación.[41] A la mayoría de los nobles cuya vida decidió respetar los envió al exilio, junto con sus familias, a Kazán, territorio que recientemente había reconquistado de los tártaros. Allí les otorgó pomestia a partir de las tierras expropiadas a los habitantes nativos.[42] El resultado de esta política fue la destrucción, en algunos casos física y en todos los casos económica, de gran parte de la aristocracia terrateniente de Rusia. Si Iván III eliminó la nobleza independiente de Novgorod, Iván IV completó la ruina de esta clase en las regiones centrales del país.

Iván aplicó una política similar en la conquistada Kazán, donde expropió a los terratenientes musulmanes. Las propiedades arrebatadas las entregaba como pomestia a los príncipes y boyardos rusos expulsados por la oprichnina. Ejecutó a algunos príncipes y nobles tártaros, y ordenó la deportación del resto, junto a algunos pequeños terratenientes, a Moscú, Novgorod y Pskov.[43]

De esta manera, la nobleza rusa fue no sólo privada de sus propiedades heredadas, sino también desarraigada y dispersada: tales traslados tenían como fin privarla de su base local ele poder, dejándola así impotente en el aspecto político. Este efecto fue percibido poco después de la muerte de Iván IV por el inglés Giles Fletcher en su visita a Moscú:

Habiéndolos así arrancado y habiéndoles arrebatado toda su herencia, tierras, privilegios, etc., salvo una muy pequeña parte que fue dejada a su nombre. [Iván] les dio otras tierras en calidad de Pomestnoy (así se las llama) que el Emperador asigna a quien le plazca, que se hallan lejos en otro país, y son trasladados de este modo a otra de sus provincias, donde no tienen favor ni autoridad, no siendo nativos ni conocidos en ella.[44]

Europa occidental no ha conocido nunca confiscaciones y expulsiones a semejante escala: únicamente se implementaron en el caso de los judíos, que eran considerados extranjeros. Éstas más bien recuerdan los hechos de las antiguas monarquías del Oriente Medio, como Asiria.

Una consecuencia interesante de la política moscovita de la tierra fue comentado en el siglo XIX por el historiador Serguei Soloviev. Él observó que mientras en Europa occidental los aristócratas se identificaban en relación con sus haciendas empleando prefijos tales como “of”, “de”, y “von”, seguidos del nombre de sus dominios, que habían sido sus propiedades o posesiones hereditarias desde la alta Edad Media, los nobles rusos se identificaban por su nombre cristiano y su patronímico. Esta práctica indica que atribuían mayor importancia a su ascendencia familiar que a sus dominios, de los cuales no eran dueños.[45]

En la Rusia moscovita el grueso de las ganancias del Estado provenía de impuestos indirectos. Los zares cobraban peaje por el transporte de mercancías y tenían asimismo un impuesto sobre las ventas. Una importante fuente de ingresos era el impuesto interno (excise tax) sobre el consumo de alcohol (luego de que el arte de la destilación fuera aprendido de los tártaros en el siglo XVI). También existían ingresos de aduana y tributos en la forma de pieles y otras mercancías. A mediados del siglo XVI se ordenó que los plebeyos pagaran impuestos en proporción al tamaño de sus tierras o bien al número de habitantes de su casa.

Un rasgo clave del sistema patrimonial era que todas las tierras privadas, votchina y pomestie, debían prestar servicio al zar. Los gobernantes de Moscú dieron los primeros pasos en este sentido a mediados del siglo XV, y el proceso se completó un siglo después bajo el reinado de Iván IV.[46]

Todo dueño de votchina estaba acostumbrado a servir, si bien era libre de escoger a su príncipe. Esta libertad la perdieron cuando los principados, uno por uno, fueron incorporados a Moscovia. Ya en el reinado de Iván III, Moscú tenían suficiente poder para extraditar a cualquier dueño de votchina que desertara de su servicio al zar.[J] La única alternativa era servir al gran duque de Lituania —mas como el gobernante de Lituania se había declarado católico en 1386, esta posibilidad automáticamente incurría en apostasía y alta traición, lo que conllevaba la confiscación de haciendas—.

Como tantas veces sucede en la historia de Rusia, donde las más trascendentales innovaciones se van introduciendo gradualmente y se convierten en ley, más en virtud de un precedente que de una legislación, jamás se emitió un edicto según el cual la tenencia de votchina comportase servicio alguno. La costumbre estableció ese principio.[47] El más antiguo edicto que condiciona la propiedad de votchina al servicio a los príncipes de Moscú data de 1556,[48] pero esta regla funcionaba, sin lugar a dudas, desde el siglo anterior. En el edicto de 1556, el cual daba por supuesto el servicio activo obligatorio, el gobierno estableció idénticas normas de servicio para las votchiny y pomestia: tantos hombres armados —incluido el dueño— de una propiedad de dimensiones de tanto por tanto. El ukazy de 1589 y 1590 prescribía que las propiedades —una vez más sin hacer distinción entre votchina y pomestie— de aquellos que no se presentaran al servicio activo quedarían confiscadas en nombre de la Corona, que las entregaría a vasallos más confiables.[49] Las haciendas de dvoriane que no pudiesen aportar varones también se revertían al gobierno. No se establecía límite alguno a la duración del servicio activo: éste era vitalicio y en la práctica ocupaba seis meses al año, desde abril hasta octubre.[K] Como resultado de estas medidas, se convirtió en un decreto inalterable que “uno no podía poseer votchina en el reino de Moscú sin servir a su príncipe; uno no podía abandonar su servicio sin perder su votchina “la tierra no podía dejar de servir al príncipe”.[50] Sin embargo, incluso aquellos vasallos que cumplían puntillosamente sus obligaciones no estaban a salvo de perder sus posesiones, como indican las quejas de los dvoriane, preservadas en los archivos, de que el gobierno les había arrebatado sus propiedades arbitrariamente (hez viny, o sea, “sin causa”).[51]

La equivalencia de ambas formas de latifundio explica por qué la tenencia de votchina no desapareció. De hecho, a principios del siglo XVII en Moscovia, el 39,1% de las tierras en manos de propietarios era votchina.[52] Desde el punto de vista del zar no importaba si sus vasallos poseían pomestia o votchiny, desde el punto de vista del vasallo, sin embargo, las votchiny eran preferibles. Las votchiny podían ser legadas a herederos y enajenadas (con ciertas limitaciones) así como hipotecadas, mientras que las pomestia no. Aún así, del siglo XVI en adelante, las ventas de votchina debían reportarse a una oficina especial, responsable de que todas las tierras rindiesen los debidos servicios.[53]

Pero aun esta diferencia entre ambas formas de tenencia de tierras comenzó a desaparecer. Así como en el Occidente feudal, el equivalente ruso de los feudos tendió a volverse hereditario, porque siendo iguales en otros aspectos no les pareció mal a los propietarios (los zares, en el caso de Rusia) dejarlos en manos de una misma familia. Desde mediados del siglo XVII se estableció en Rusia la práctica de que mientras pudiese continuar sirviendo al zar, el hijo de un vasallo que habitase una pomestie (o sea, un pomeschik) heredaba la propiedad de su padre.[54]

Los vasallos rusos no tenían garantías de derechos individuales, por lo cual no se los puede llamar propiamente nobles: sus haciendas, y ciertamente su rango y sus propias vidas, dependían de la buena voluntad del zar y sus funcionarios. No fue sino hasta la era moderna (1785) que se les entregaron cartas de privilegios como las que eran habituales en Polonia, Hungría, Inglaterra y España desde la Edad Media. Desde este punto de vista el status de un “noble” ruso no se distinguía del último de los plebeyos, por esta razón no es sorprendente que los altos dignatarios del reino al dirigirse al zar se refirieran a sí mismos como sus “esclavos”. La tenencia de tierras conllevaba más obligaciones que derechos, y aun hubo casos —severamente castigados por una ley desde 1642— de dvoriane que intentaron evadir el cumplimiento de sus servicios convirtiéndose en esclavos de otros terratenientes.[55]

Cuán extrema era la hostilidad de la monarquía rusa hacia la propiedad privada podemos verlo en el hecho de que rehusaba considerar como propiedad inviolable incluso las posesiones personales, reconocidas como tales aun por las sociedades más primitivas. Los rusos no tenían la seguridad de que agentes del gobierno no les quitarían cualquier objeto de valor que poseyesen, que no prohibirían el comercio de algún artículo declarándolo monopolio del Estado. Así describe Fletcher la angustia que encontró entre los mercaderes rusos:

Esta gran opresión sobre los pobres plebeyos los desalienta en sus oficios: pues mientras más tienen, en mayor peligro se hallan, no solamente sus bienes, sino también sus vidas. Y cualquier cosa que tuvieren, la ocultan cuanto pueden, a veces llevándola a un monasterio, a veces escondiéndola bajo tierra, y en los bosques, tal como los hombres suelen hacer cuando temen alguna invasión extranjera. Es así que muchas veces se los ve temerosos de que algún Boiuren o gentilhombre conozca qué artículos tienen para vender. Los he visto a veces cuando exponen sus artículos para su visto bueno [aprobación] (sus mejores pieles y cosas por el estilo) como con cuidado detrás de ellos, y hacia todas las puertas: como hombres que temen algo, que esperan ser entrampados y sorprendidos por algún enemigo. Al preguntar la causa de esto, descubrí que era ésta, que habían temido que un noble o Sinaboiarskey del Emperador hubiera estado presente, y se hubiese dirigido a ellos para rapiñar sus artículos por la fuerza.[56]

Una consecuencia importante de la apropiación de todas las tierras por parte de los zares y de su habilidad para confiscar los artículos en venta fue que ellos pudieron recaudar a voluntad impuestos entre la población. Hemos visto el papel decisivo que jugó en el desarrollo del poder parlamentario —y a la larga, de la democracia parlamentaria— en Inglaterra la necesidad de la Corona de lograr la aprobación parlamentaria de los impuestos y de las tarifas de aduana. En Rusia, por el contrario, los zares no necesitaban de la autorización de nadie para situar o elevar los impuestos, regalías y derechos de aduana. Y esto, a su vez, significaba que no necesitaban Parlamentos.

La Rusia zarista tenía dos cuerpos de consejeros. Uno, el Consejo de Boyardos (Duma), semejante al witenagemot de los reyes anglosajones y de otras tribus germánicas: este aconsejaba pero no legislaba. Esta institución desapareció en el reinado de Pedro el Grande. El otro, la Asamblea (Sobor, también llamada Zemskii Sobor), se reunía ocasionalmente —la primera vez probablemente alrededor de 1550, la última vez en 1653— por lo general cuando al Estado le interesaba la ratificación nacional de alguna acción importante, como la instauración de una nueva monarquía, un nuevo código legal, o el cierre de un tratado extranjero. La representación era al azar; los delegados recibían paga, pues se consideraba que prestaban un servicio al Estado. Se asemejaba a la típica asamblea preparlamentaria en Europa occidental, pero nunca evolucionó hasta convertirse en un Parlamento y nunca formó parte de la Constitución del país.

Bajo el régimen patrimonial, no había lugar para la ley como una institución independiente, por encima de la voluntad humana. Era meramente una rama administrativa que servía para aumentar en vez de limitar la autoridad del monarca. Las ordenanzas específicas eran emitidas como ukazy, mientras que los decretos más generales eran emitidos como códigos, o sudebniki. Era sencillamente impensable que un súbdito pudiese cuestionar al soberano o a los funcionarios de la corte del soberano, como ocurría en Inglaterra.

Como puede verse, la evolución de la propiedad sobre la tierra en Rusia siguió un curso diametralmente opuesto al del resto de Europa. En la época en que la tenencia condicional de tierras era conocida en Europa occidental en forma de feudos, Rusia sólo conocía la propiedad alodial. En el momento en que la tenencia condicional cedió paso en Europa occidental a la plena propiedad, en Rusia las posesiones alodiales se convirtieron en feudos reales y sus otrora propietarios devinieron inquilinos de las tierras del soberano. Ningún otro hecho en la historia de Rusia explica mejor la divergencia de su evolución política y económica de la del resto de Europa, puesto que éste significó que en la era del absolutismo en Rusia, a diferencia de en casi toda Europa occidental, la propiedad no presentó ningún obstáculo al poder real.[L]

4. LA CIUDAD RUSA

La ausencia de propiedad sobre la tierra en la Rusia zarista no habría tenido tantas consecuencias para su evolución política si el país hubiera desarrollado comunidades urbanas autónomas. La ciudad en Europa occidental generó tres instituciones: (1) propiedad absolutamente privada en forma de capital e inmuebles urbanos, en una época en que la posesión de la principal fuente de riquezas, las tierras, era condicional; (2) autogobierno y autonomía judicial; y (3) ciudadanía pública en el sentido de que todos los habitantes urbanos eran hombres libres y en igualdad de derechos civiles en virtud de su residencia en la ciudad y no de su status social. Es, por tanto, de considerable importancia el hecho de que en Rusia —con la curiosa excepción de Novgorod y Pskov, ninguna de las cuales sobrevivió hasta la edad moderna— no llegó a surgir este tipo de ciudades.

Como ya hemos comentado, en los orígenes de su historia (siglos X y XI), Rusia tuvo numerosos centros urbanos que no diferían significativamente ni en su aspecto ni en su funcionamiento de los de la Europa occidental dos siglos antes. Eran ciudadelas construidas para proteger a la elite gobernante de los vikingos y a sus bienes, en las afueras de cuyos muros los artesanos levantaban sus talleres y los mercaderes sus bancos. Típicamente, la antigua ciudad rusa constaba de dos partes: una fortaleza o kreml, cerca de la cual se erguía la catedral, ambas estructuras protegidas por un cerco de madera o piedra; y un barrio comercial por fuera de los muros, llamado posad.

En Europa occidental durante los siglos XI y XII, estos primitivos pueblos-fortaleza comenzaron a evolucionar hacia algo totalmente distinto. Beneficiándose del renacimiento del comercio, las ciudades de Italia, Alemania y los Países Bajos se organizaron en comunas, que adquirieron el derecho a gobernarse por sí mismas y a administrar justicia a sus ciudadanos. Una vez más, con la excepción de Novgorod y Pskov, nada comparable ocurrió en Rusia. Las razones de ello fueron económicas y políticas. En el mismo momento en que renacía el comercio en Europa occidental, declinó en el centro y el sur de Rusia: la ruptura de la “ruta griega” y la resultante concentración en la agricultura redujo significativamente la importancia comercial de las ciudades. En segundo lugar, los mongoles, para quienes las ciudades eran focos de resistencia, eliminaron sus órganos de autogobierno. Los príncipes de Moscú, primero como agentes de los mongoles y después como soberanos en ejercicio de sus derechos, no toleraron enclaves autónomos exentos del pago de tributos, servicio activo y tiaglo. El principio patrimonial se aplicó en todo el reino, sin excepción. Así pues, las ciudades de la Rusia central se convirtieron en puestos militares-administrativos que no se distinguían ni por su estructura económica ni por ningún derecho especial. No constituían oasis de libertad en una sociedad oprimida sino un microcosmos de una sociedad oprimida a gran escala. Su población consistía en nobles obligados al servicio activo y plebeyos obligados al tiaglo. La ciudad se había militarizado en el sentido de que, a mediados del siglo XVII, dos tercios de los habitantes urbanos de Rusia eran personal militar.[57] A estos residentes no los unía otro lazo que la proximidad física: se definían por su status social y por sus obligaciones hacia el Estado, no por su condición de ciudadanos. No gozaban de un gobierno autónomo ni de una corte independiente. Nada parecido a la clase de los “burgueses” (burghers) de Europa occidental tuvo oportunidad de surgir. Novgorod y Pskov, que sí desarrollaron genuinas instituciones urbanas, luego de ser conquistadas por Moscú, se redujeron al mismo status que el resto de las ciudades moscovitas.

La destrucción de su gobierno autónomo fue sólo un aspecto de la decisión de Moscú de someter a todas las ciudades. La expansión de Moscú estuvo acompañada en todas partes de la destrucción física de las ciudades y la expropiación de los dueños de inmuebles urbanos, quienes eran deportados o reclasificados como vasallos y plebeyos.[58] Según las crónicas, a cada anexión de ciudades por parte de Moscú durante los siglos XIV y XV siempre siguió la confiscación de los inmuebles privados en beneficio del gran príncipe. Este, por ejemplo, fue el procedimiento adoptado por Iván I Kalita en los años siguientes a 1330 en Rostov.[59] Basilio III, emulando a su padre, Iván III, llevó a cabo expulsiones en masa de Pskov (1509), clausurando el veche y sustituyendo a los expulsados con sus propios vasallos. Estos no fueron actos impulsivos sino un sistema: en un catastro de diecinueve ciudades rusas compilado en 1503 para el khan de la Horda de Oro apareció que la mayoría habían sido incendiadas, y toda su gente “mala” desterrada y reemplazada por los leales servidores del gran príncipe.[60]

Así como la propiedad privada de los inmuebles fue abolida, también lo fueron todas las instituciones cuyo funcionamiento aludiese vagamente a autonomía urbana. En Rusia, la separación judicial de la ciudad y la tierra, un rasgo fundamental de la historia europea desde la antigüedad clásica,[61] nunca sucedió. La ciudad moscovita, como las ciudades en la mayor parte de las regiones no tocadas por la cultura occidental, era un reflejo fiel del campo. Semejanza que se extendía a la propia apariencia. En la segunda mitad del siglo XIX, el más eminente historiador ruso de su tiempo describió así las ciudades de Rusia:

Europa consta de dos regiones: la occidental, construida en piedra, y la oriental, hecha de madera. Las ciudades [rusas] consisten en un montón de cabañas de madera: la primera chispa, y en lugar [de una ciudad] hay un montón de cenizas. No es una gran pérdida, sin embargo: hay tan pocas propiedades personales que es fácil sacarlas, y los materiales de construcción son tan baratos que erigir un nuevo hogar cuesta poco más que nada. Por esta razón el ruso antiguo abandonaba tan fácilmente su hogar, su ciudad o aldea natal.[62]

Las ciudades moscovitas estaban entre las tierras “negras” y como tales debían pagar impuestos. Su condición de ciudades (goroda) se determinaba por la presencia en ellas de un funcionario del gobierno llamado el voevoda. Los plebeyos que las habitaban estaban atados a su lugar de residencia, como los siervos, y se les prohibía mudarse sin autorización. Mientras que en Occidente, según el adagio alemán, “el aire de la ciudad nos hace libres”, en el sentido de que un siervo que lograse residir en la ciudad durante un año y un día automáticamente ganaba su libertad, Rusia no reconocía límite alguno para la captura de siervos escapados: la servidumbre era eterna.[63]

Al igual que con la tierra cultivable, la posesión de inmuebles urbanos conllevaba una obligación hacia la Corona: “no existía forma alguna de propiedad urbana sobre la que los ciudadanos privados [más bien: súbditos] pudieran tener pleno derecho de propiedad”.[64] Pues la tierra sobre la que se alzaban los edificios era o bien votchina o bien pomestie y en ambos casos podía ser confiscada si sus residentes se mostraban incapaces o renuentes a prestar servicio. No podía ser ni legada ni vendida sin autorización del gobierno.[65] Incluso los puestos del mercado en la Plaza Roja de Moscú pertenecían al zar.[66]

Carentes de privilegios económicos y legales y sujetas a una severa opresión, las ciudades rusas evolucionaron lentamente. La ciudad moscovita promedio hacia la mitad de siglo XVII consistía en 430 familias, cada una de cinco miembros, sumando entre todos apenas dos mil habitantes.[67] Mientras que en gran parte de Europa occidental en el 1700 la población urbana representaba el 25 por ciento del total de habitantes, y en Inglaterra incluso el 50 por ciento, en Rusia a mediados del siglo XVIII, ésta constituía sólo el 3,2 por ciento de la población masculina del país sujeta al impuesto por alma (véase abajo, p. 246), o aproximadamente el 7 por ciento del total de habitantes.[68] Moscú, donde residía un tercio de la población urbana de Rusia, continuó siendo hasta 1700 sólo una gran aldea de madera que trabajaba básicamente para el Kremlin.

5. LA RUSIA RURAL

En resumen, la Rusia premoderna no conocía la plena propiedad sobre la tierra cultivable ni sobre los inmuebles urbanos: la posesión de ambos bienes era condicional. Los aristócratas terratenientes y los burgueses (burghers) —clases que en Occidente en la Edad Media tardía obtuvieron títulos sobre sus propiedades junto con todos los derechos que esto implica— en Rusia eran sirvientes del Estado. Como tales, no contaban con derechos civiles ni seguridad económica. Sus fortunas y condición social estaban determinadas por su lugar en la jerarquía gubernamental y dependían del favor de la Corona. Quien pretenda negar que Rusia difería fundamentalmente de Europa occidental, tanto en la Edad Media como en los albores de la era moderna, deberá enfrentarse a esta realidad.

A la luz de estos hechos, no es sorprendente que el campesinado ruso medieval, el cual constituía nueve décimas partes de la población, tampoco tuviese propiedades ni derechos legales de ningún tipo.

Las tierras “negras” que los campesinos rusos medievales cultivaban pertenecían al príncipe y por tanto no podían ser ni vendidas ni legadas. En la práctica, una vez que los campesinos abandonaron el método de “roza y quema” cambiándolo por la agricultura sedentaria, sus campos, por derecho consuetudinario, pasaban a manos de sus hijos, que los dividían entre sí a partes iguales. Sin embargo, incluso esta práctica quedaba restringida por la institución de la comuna campesina, que consideraba la tierra de cultivo más bien una propiedad común.

Los historiadores han debatido largo tiempo acerca de los orígenes de la comuna campesina rusa (mir u obshchina). Los sociólogos evolucionistas, que dominaban esta materia en la segunda mitad del siglo XIX, vieron en la comuna campesina rusa una reliquia del “comunismo primitivo”. Otros la atribuyeron a las necesidades fiscales del gobierno moscovita, el cual, en opinión de ellos, empleó la organización comunal para asegurar que los campesinos cumplieran con sus obligaciones hacia el Estado. Algunos estudios de campo efectuados a principios del siglo XX sobre las comunas en proceso de formación (especialmente en Siberia) demostraron que éstas surgían espontáneamente en respuesta a la escasez de tierra, la cual inducía a los campesinos a aunar y redistribuir periódicamente las tierras de cultivo. Estos hallazgos evidenciaron que en Rusia, en cualquier caso, la tenencia de tierras evolucionó desde la agricultura doméstica (familiar) hasta la agricultura comunal —un desarrollo totalmente opuesto al que propusieron los sociólogos evolucionistas—.[69]

Cualquiera que haya sido su origen, la comuna indiscutiblemente ayudó al gobierno a administrar sus vastos dominios con los deficientes recursos a su disposición. Tanto las comunas rurales como las urbanas pagaban el tiaglo (véase arriba, p. 223). Para asegurar su cumplimiento, el Estado hizo responsables colectivamente a las comunas del pago de los impuestos y el servicio de sus miembros. Las comunas, a su vez, distribuían esta obligación entre las familias en proporción al número de varones adultos. Pero en vista de que las familias crecían o mermaban con el tiempo, las comunas llevaban a cabo redistribuciones periódicas dedicadas a ajustar el número de tierras asignadas a cada familia al número de sus miembros. Este era el rasgo principal de esta institución que junto a la autocracia patrimonial, el servicio obligatorio al Estado por parte de la clase latifundista, y la servidumbre del campesinado, conformaba la Rusia zarista.

Así pues, desde la baja Edad Media hasta mediados del siglo XIX, los campesinos de la Gran Rusia no poseían tierra alguna: el suelo que araban pertenecía a la Corona, directa o indirectamente. Y este era controlado, en la mayoría de las regiones, por la comuna.

Desde el fin el siglo XVI hasta la mitad del XIX, la mayoría de los campesinos rusos eran siervos, o bien de los terratenientes o bien del Estado, atados al suelo y cada vez más sujetos a la ilimitada autoridad de sus amos y de los funcionarios reales. La servidumbre rusa fue una institución muy complicada que tuvo algunos rasgos en común con la esclavitud pero a la vez difería notablemente de esta.[M] En primer lugar, los siervos no eran, estrictamente hablando, propiedad de los terratenientes sino del Estado, y no podían, por tanto, ser liberados sin permiso del gobierno. En segundo, los siervos no trabajaban en plantaciones bajo la supervisión de capataces sino que vivían en sus propias cabañas y cultivaban las parcelas que les asignaba la comuna, a su vez sujeta a la autoridad del consejo de la aldea. El cumplimiento de las obligaciones hacia el terrateniente era mediante la prestación de servicios (corvée o barshchina), lo cual consistía por lo general en cultivar tres días a la semana la tierra que el terrateniente había tomado para sí, o bien mediante el pago del impuesto fijo (quitrent) (obrok), parte en dinero, parte en especie y parte en servicios. Lo más importante es que aquello que el siervo cultivara o produjera era libre de consumirlo o venderlo —si no de jure, puesto que todo cuanto el siervo poseía era a los ojos de la ley propiedad de su terrateniente, sí de fado, pues tal era la costumbre, la cual el terrateniente podía violar sólo con gran riesgo de su persona—.

Al mismo tiempo, como el esclavo, el siervo estaba por completo a merced del terrateniente en lo tocante a sus obligaciones. La potestad de los terratenientes sobre los siervos fue creciendo hasta que en el siglo XVIII no se distinguía demasiado de la de los dueños de esclavos.

La servidumbre llegó a Rusia a finales del siglo XVI y quedó firmemente establecida en 1649, al recibir reconocimiento en el código legal (Ulozhenie). Fue desde su origen un inexorable corolario del servicio obligatorio para con el Estado impuesto a la clase terrateniente. Como hemos apuntado, en la Rusia moscovita el valor no radicaba en la tierra, de la que había ilimitadas reservas, sino en el trabajo para cultivarla. La población agrícola, sin embargo, era sumamente cambiante. Hubiera sido un gesto inútil recompensar a los vasallos con votchiny y pomestia, careciendo estos de mano de obra para emplear en sus haciendas: una queja frecuente entre los dvoriane moscovitas era que grandes áreas de tierra quedaban en barbecho por falta de fuerza de trabajo. En consecuencia, la Corona restringió gradualmente el movimiento de los campesinos y por último lo prohibió del todo. Como dijera un historiador del Derecho ruso, “los campesinos estaban atados a las haciendas de los dvoriane porque los dvoriane estaban atados al servicio obligatorio para con el Estado”.[70]

Así pues, en lo que respecta a la población agrícola y a la propiedad de la tierra, la evolución de Rusia avanzó en dirección opuesta a la de Occidente. Allí, al finalizar la Edad Media, los siervos se volvieron hombres libres; aquí, los hombres libres se volvieron siervos.

6. PEDRO EL GRANDE

Pedro el Grande es generalmente reconocido como el monarca que más hizo por occidentalizar a Rusia. Esta reputación queda justificada por el hecho de que en verdad alteró profundamente la cultura y los modales de la clase alta de Rusia —una clase que al comienzo de su reinado contaba quizá con treinta mil en una nación de cinco a siete millones—.[71] Esto lo logró obligando a los dvoriane a recibir una educación occidental y a adoptar modales y vestidos occidentales. Sin embargo, cuando uno examina atentamente su política y su programa social, uno llega a la conclusión de que no sólo dejó intactas las prácticas de Moscovia sino que al hacerlas más eficientes separó aún más a Rusia de Europa occidental. En la mayoría de los aspectos, el reinado de Pedro marcó el apogeo del patrimonialismo zarista. El servicio obligatorio al Estado, la tenencia de tierras sujeta a la prestación de servicios al Estado, y la servidumbre para hacer posibles tales servicios, fueron racionalizados para que rindiesen el máximo de beneficios a la autocracia patrimonial. El poder de la Corona devino más, no menos, arbitrario.

Pedro abolió los restos de la distinción legal entre votchiny y pomestia, transformando toda tenencia de tierras en “propiedad inamovible” (nedvizhimoe imushchestvo), la cual con el tiempo dio en llamarse comúnmente pomestie. Esta acción hizo poco más que formalizar un proceso que venía ocurriendo desde el siglo XVII. Siendo la pomestie hereditaria en la práctica, y estando los dueños de votchina obligados a prestar servicios, la diferencia entre ambas formas de tenencia de tierras se volvió borrosa. En 1714, Pedro abolió lo que quedaba de esta distinción, haciendo a las pomestia posesiones formalmente hereditarias. Hizo esto mediante un ukaz que regulaba cómo debían legarse las haciendas. Preocupado por el hecho de que la costumbre de dividir las propiedades a partes iguales entre los herederos varones empobrecía tanto a sus lacayos latifundistas como al campesinado, Pedro ordenó que toda hacienda debía ser legada a un solo hijo (no necesariamente al mayor). Ni la votchina ni la pomestie podían ser vendidas, salvo en algún caso de emergencia o para pagar algún impuesto especial.[72] Este intento de introducir la propiedad sujeta a vínculo impuso una limitación a la disponibilidad testamentaria de las haciendas desconocida hasta entonces en Rusia y contraria a sus tradiciones, por esta razón fue revocada en 1730.[N] Aunque algunos dvoriane interpretaron este ukaz como que el zar les había concedido la plena propiedad de sus haciendas, puesto que ahora cada uno era libre de designar a su heredero, en realidad esta ley extendía aún más la autoridad de la Corona sobre ellos pues los obligaba a elegir a un único heredero.[73]

Durante los reinados de Pedro y sus inmediatos sucesores, los terratenientes rusos no gozaron de mayor seguridad económica o legal que antes. En la primera mitad del siglo XVIII la Corona arrebató muchas haciendas en respuesta a ofensas tales como que el terrateniente no se presentó a cumplir su servicio (el cual Pedro extendió hasta los hijos de vasallos que hubiesen cumplido diez años, edad en la cual debían matricular en la escuela), negligencia en el desempeño de sus deberes, malversación de la propiedad estatal, disidencia, o simplemente haber caído en desgracia. De hecho, en este período (c. 1700-c. 1750) las propiedades, en vez de distribuirse, se confiscaron: de las 171 000 “almas” campesinas entregadas a los nobles durante esa mitad del siglo, sólo 23 700 provinieron de las tierras de la Corona; las restantes vivían en haciendas privadas arrebatadas por el gobierno y transferidas a otro vasallo.[Ñ] Tan comunes eran estas requisiciones que en 1729 San Petersburgo abrió una Cancillería de Confiscación, una oficina que bien podría ser única en los anales de las instituciones gubernamentales.

Pedro el Grande incrementó desmesuradamente los impuestos sobre la población. En 1718 introdujo el “impuesto por alma” para los varones plebeyos mayores de edad; éste constituyó una importante fuente de ingresos para el Estado hasta que fue abolido a finales del siglo XIX. El monto de este impuesto fue determinado inicialmente dividiendo la suma de dinero necesaria para mantener el ejército y la marina entre el número de varones plebeyos mayores de edad. Nadie fue consultado sobre este asunto.

En el siglo XVIII todavía no existía un Tesoro centralizado, y muchas oficinas del gobierno recaudaban impuestos para sus propias necesidades. La oficina para el Tesoro del Estado se creó por primera vez por Pablo I, cuando ya terminaba el siglo XVIII.

Bajo Pedro I, el Estado reclamó para sí aquellos bienes cuyo status en tiempos de Moscovia había sido ambiguo. Prácticamente, todas las mercancías que se comerciaban fueron declaradas monopolio estatal. En 1703, para asegurar que la marina tuviese suficiente provisión de madera de construcción, Pedro decretó que los bosques pertenecían al Estado y no a las personas en cuyas tierras estuviesen. Aquellos terratenientes que cortasen ciertos tipos de árboles eran multados; el derribo de un solo roble era castigado con la pena de muerte.[O] En 1704, la tesorería instauró un monopolio sobre la pesca, los colmenares y las colmenas salvajes. En el mismo año todos los molinos harineros fueron declarados propiedad estatal.[74] El contenido del subsuelo (metales y otros minerales) de las haciendas privadas también fue reclamado por el Estado.[P] Las casas de baño y las posadas de carruajes se convirtieron a su vez en atributos reales.[75]

Asimismo el Estado instauró un monopolio sobre lo que ahora se llama propiedad intelectual y las leyes modernas amparan como copyrights y patentes.

Hasta 1783, en Rusia el gobierno y la Iglesia retuvieron el derecho exclusivo de imprimir libros:

En contraste con los países occidentales donde, desde el surgimiento mismo de la imprenta, las tipografías estaban en manos privadas y la publicación de libros sólo dependía de la iniciativa privada, en Rusia la publicación de libros fue desde su origen un monopolio del Estado, el cual determinaba las tendencias de la actividad editorial.[76]

Pero aun después de privatizar la impresión, el gobierno zarista ejerció una fuerte censura sobre todas las publicaciones, exigiendo la aprobación estatal de cualquier trabajo que se enviara a imprenta: esta censura preventiva, sólo existente en Rusia en los tiempos modernos (y restaurada por los comunistas a su llegada al poder), fie reemplazada en 1864 por una censura “punitiva” mucho más leve que se aplicaba tras la publicación. La primera ley rusa de derecho de autor (1828) surgió en relación con la ley de censura establecida ese mismo año, y otorgaba a los autores los derechos exclusivos sobre sus obras siempre que estas cumplieran con los preceptos de la censura. Dos años después, el gobierno reconoció las obras publicadas como propiedad privada de los creadores.[77] Las primeras leyes de patente en Rusia se emitieron en 1833, doscientos años después que en Inglaterra y medio siglo después que en Francia y en los Estados Unidos.

El tratamiento que dio Pedro a los plebeyos no vinculados a la agricultura —mercaderes (kuptsy), burgueses (burghers) (meschane), y la clase nueva de trabajadores industriales— tampoco logró aumentar sus derechos civiles y de propiedad.

Los esfuerzos de Pedro por industrializar a Rusia estaban guiados por la misma mentalidad patrimonial que inspiró el tratamiento que diera a los terratenientes. Prohibió a los particulares construir fábricas sin la autorización del Colegio de Fabricantes Industriales, el cual gozaba del monopolio de las empresas industriales; quienes violasen esta prohibición corrían el riesgo de que sus empresas fueran confiscadas.[78] Comerciantes prominentes estaban constreñidos a establecer y administrar las jóvenes industrias estatales. Un buen ejemplo de aquel enfoque orientado hacia el servicio que Pedro adoptó con la industria es la Fábrica de Lana de Moscú. Una fábrica estatal fundada en 1684 por los holandeses para proveer de tela al ejército no cumplía con las expectativas de Pedro y fue entregada a intereses privados, una “Compañía Comercial”, la primera empresa de negocios en Rusia con permiso legal. La junta de esta compañía estaba compuesta por los principales comerciantes del país, quienes fueron reclutados mediante un ukaz imperial. Los trasladaron a Moscú bajo custodia militar, la tesorería les cedió cierto capital, y se les ordenó que entregaran al Estado, a precio de costo, toda la tela que se les exigiese; quedaban libres de vender el excedente de su producción para su propio beneficio. En tanto que la fábrica funcionase de acuerdo con los intereses del gobierno, ésta sería su “propiedad hereditaria”; si fracasaban, el Estado se reservaba el derecho de reapropiársela y castigarlos.[79] Este ejemplo evidencia que el gobierno de Pedro daba a las fábricas el mismo tratamiento que a las pomestia y que sus políticas industriales no contribuyeron en nada al desarrollo de las leyes sobre la propiedad en Rusia. Muy distinto de estas prácticas era el caso de Inglaterra, donde ya en el siglo XIII existían compañías legales que trabajaban en beneficio privado.[80]

Los mismos intereses estatales dictaron la política de Pedro hacia la fuerza de trabajo industrial. Durante su reinado, los trabajadores de las fábricas y las minas eran parias sociales (convictos, hijos ilegítimos, vagabundos, prostitutas, etc.) o campesinos del Estado contratados para este propósito. Un decreto de 1721 autorizaba a los dvoriane y comerciantes a comprar propiedades pobladas y vincular para siempre a sus habitantes a sus fábricas.[81] Hasta el año 1816, cuando se rescindió este decreto, los trabajadores y mineros, llamados “siervos posesionales”, estuvieron encadenados a perpetuidad a sus lugares de empleo, exactamente igual que los campesinos estaban atados a la tierra.

Las condiciones de la población rural se deterioraron considerablemente durante el reinado de Pedro. Varios sectores de las clases bajas que en Moscovia habían conseguido eludir la servidumbre se hallaban ahora unidos a la población de siervos. El nuevo “impuesto por alma” se convirtió en el rasgo distintivo de una condición social inferior. Los siervos estaban obligados al servicio militar en el ejército permanente, he aquí otra de las innovaciones de Pedro.

En 1721, el Estado se apoderó de las tierras pertenecientes a la Iglesia y a los monasterios.

7. CATALINA LA GRANDE

La propiedad privada sobre la tierra y otros medios de producción, junto a los derechos civiles de una minoría privilegiada, aparecieron en Rusia en la segunda mitad del siglo XVIII.

La primera medida que anunció la muerte del régimen patrimonial fue un manifiesto de 1762 emitido por Pedro III, el cual eximía para siempre a los dvoriane rusos de sus obligaciones con el Estado.[82] De un solo plumazo, y de un modo en apariencia indiferente, el nuevo emperador anuló el trabajo de sus predecesores durante los trescientos años previos a él. El mandato no alteró de inmediato la estructura política y social del país, porque la gran mayoría de los dvoriane eran demasiado pobres para poder beneficiarse de él. La mayoría de ellos no tenían ni tierra ni siervos; entre aquellos afortunados que poseían ambas cosas, el 59 por ciento tenía menos de veinte siervos y sólo el 16 por ciento tenía más de cien, el número mínimo requerido para poder aspirar a la vida de un noble hacendado.[83] La mayoría de los dvoriane, por tanto, no tenían otra opción que continuar al servicio del Estado y cobrar un salario. Sin embargo, un principio importante había sido introducido: en lo sucesivo, Rusia contaría con una clase de súbditos libres, independientes del Estado.

El Manifiesto de 1762 dejaba indefinida la situación de la tierra y de los siervos que trabajaban en ella. Pudiera haberse interpretado como que la Corona otorgaba a los dvoriane la plena propiedad sobre sus haciendas, pues no exigía a los nobles que hubiesen abandonado el servicio al Estado que las entregasen. A todos los efectos —aunque no todavía desde el punto de vista legal— ellos eran los dueños incondicionales de la tierra. En 1752 la emperatriz Isabel ordenó que se hiciera un deslinde general de las tierras para determinar las fronteras de los pueblos, las aldeas y las fincas, una medida que hubiera reconocido en la práctica a los terratenientes como propietarios de la tierra. Esta empresa no se inició, sin embargo, hasta 1765. Los terratenientes dueños de haciendas fueron reconocidos como propietarios de jure sin tener que presentar documentos que demostraran su propiedad.[84] En 1769 el gobierno declaró, empleando una terminología algo torpe, en respuesta a la petición de un terrateniente, que “todas las tierras en manos privadas (vladelcheskie) son propiedad (sobstvenno) de sus poseedores”.[85] Dos edictos emitidos en 1782 establecieron que los derechos de propiedad de los dueños de haciendas no se limitaban a la superficie de la tierra sino que se extendían al subsuelo, masas de agua y bosques.[86] Estos ukazy parecen dar por supuesto que las tierras pertenecían a los nobles, y evidencian que en Rusia la tierra estaba transformándose de posesión en propiedad.

Los derechos de propiedad de los dvoriane sobre las tierras fueron finalmente confirmados en 1795 por Catalina la Grande en la Carta de Derechos, Privilegios y Prerrogativas del Noble Dvorianstvo Ruso, una de las más consecuentes actas legislativas en la historia de Rusia.[87] Esta acta reconocía que los dvoriane se hallaban en plena posesión de sus haciendas y gozaban, además, de garantía de derechos civiles. Este reconocimiento llegó seiscientos años después de que la monarquía inglesa hubiese reconocido similares derechos a sus súbditos. Los motivos de este drástico cambio de actitud hacia una institución en la que la monarquía rusa hasta el momento no había visto otra cosa que un peligro para su autoridad fueron razones tanto económicas como políticas.

Catalina se sentía sumamente insegura, pues había obtenido la Corona mediante un golpe de Estado que costó la vida a su esposo, Pedro III, y se hallaba en la posición de la usurpadora extranjera. Para consolidar su autoridad procuró de manera consciente —y exitosa— ganarse la lealtad de los dvoriane a costa de otros sectores sociales. Para respaldar el trono formó una especie de sociedad con la clase media agrícola. La necesidad de esta alianza se hizo más evidente luego de la rebelión de campesinos de 1773-1775 liderada por el cosaco Emilian Pugachev. Este levantamiento hizo comprender a Catalina el débil control que su gobierno ejercía sobre sus extensos dominios, y la persuadió de emplear a los dvoriane como fuerza administrativa auxiliar, con una autoridad virtualmente ilimitada sobre sus campesinos.

Tal como ella sabía por los cahiers que los dvoriane habían enviado a la Asamblea Legislativa convocada en 1767 para dotar a Rusia de un nuevo código legal, la precaria situación legal de las haciendas constituía una gran fuente de insatisfacción. La clase media agrícola de Moscú, por ejemplo, pedía que “se estableciese claramente el derecho de propiedad (sobstvenno) sobre las haciendas heredadas y compradas”. Otras peticiones buscaban que se les asegurara a los dvoriane derechos tan incondicionales sobre sus inmuebles como sobre sus posesiones personales.[88] Se nombró una comisión para tratar estos temas. La misma propuso que a los nobles, y sólo a ellos, se les reconociesen plenos derechos de propiedad sobre sus haciendas, en tanto que los derechos de los plebeyos serían más restringidos.[89] Estas recomendaciones se incorporaron a la carta de 1785.

Las consideraciones de raison d’état e interés personal de la emperatriz encontraron apoyo en las corrientes intelectuales de su tiempo en Occidente, que ella conocía por sus vastas lecturas, que veían en la propiedad privada los cimientos de la prosperidad. Al igual que Pedro el Grande, Catalina era consciente de la importancia de la economía nacional para el poderío y el prestigio del país; pero a diferencia de Pedro, quien adoptó un mercantilismo que hacía hincapié en la función rectora del Estado, ella se dejó influir por los fisiócratas y sus doctrinas del liberalismo económico. Las teorías de los fisiócratas, quienes consideraban la propiedad privada como la más importante de las leyes naturales y la agricultura como la principal fuente de riqueza, contribuyeron en parte a su decisión de introducir en Rusia la propiedad sobre la tierra.

Sobstvennost’, la palabra que en ruso significa propiedad, entró en el vocabulario de los documentos oficiales durante el reinado de Catalina, como una traducción del vocablo alemán Eigentum (Egindum), que había comenzado a usarse en Alemania ya desde 1230.[90] Sobstvennost’ apareció en la Instrucción (Nakaz) de 1767 dirigida al procurador-general sentando los principios que deberían guiar las previsiones del nuevo Código Legal: aquí Catalina definió que el objetivo del derecho civil era “proteger y asegurar la propiedad de cada ciudadano”.[91] En los artículos 295 y 296 de la Nakaz de 1767 puede leerse lo siguiente:

La agricultura no puede florecer cuando ni el extirpador ni el labrador tienen nada propio. Esto se basa en un principio muy sencillo: “Cada hombre cuida más de aquello que le pertenece, que de aquello que le es ajeno, y no cuida aquello que puede serle arrebatado por otro”.[92]

El artículo clave (n.º 22) de la Carta de Derechos (Carta Noble) decía lo siguiente:

A aquel noble que haya sido el primero en adquirir legalmente una propiedad se le otorga plena potestad y libertad para regalarla, legarla, entregarla como dote o bienes, o transferirla o venderla a quien quisiere. De las propiedades heredadas, sin embargo, no podrá disponerse de otra manera que la prescrita por la ley.[Q]

Una cláusula innovadora e importante de esta carta decretaba que una propiedad adquirida por herencia de un noble convicto de algún delito grave no quedaría confiscada sino entregada a sus legítimos herederos (artículo 23). En lo sucesivo las propiedades de la nobleza no pudieron ser arrebatadas sin mediar juicio legal.[R] A los nobles se los autorizó a fundar fábricas y mercados en su aldeas (artículos 28-29) y a adquirir bienes raíces en la ciudad (artículo 30). Se confirmó su exención del pago de los impuestos personales (artículo 36), y se los liberó de su obligación de alojar soldados en sus residencias rurales (artículo 35).

Aunque Catalina sólo empleó las enseñanzas de los fisiócratas con las clases altas, no se le escapaba, ni tampoco a algunos de los más previsores entre sus contemporáneos, que éstas eran igualmente aplicables a los campesinos. Hacia la mitad del siglo XVIII comenzaron a elevarse voces que argüían que los campesinos serían más productivos y pacíficos si se les concedía la libertad y la propiedad de la tierra que cultivaban.[93] En 1766 un concurso convocado por iniciativa de la Sociedad Económica Libre de San Petersburgo dio el premio a la mejor respuesta a la pregunta de si el campesino debía ser dueño de la tierra que cultivaba a un francés, Béarde de l’Abbaye, quien respondió afirmativamente argumentando que cien campesinos-propietarios producirían más que dos mil siervos.[94] En la Asamblea Legislativa, los adversarios de la idea de que los campesinos fuesen propietarios de la tierra no negaron las ventajas que esto conllevaría, pero sostuvieron que si se les dieran títulos de propiedad a los campesinos ellos pronto los perderían y se hallarían desposeídos.[95] En su Instrucción (Nakaz) (artículo 261) Catalina sugiere que sería beneficioso otorgar derechos de propiedad a los siervos (a los que llama “esclavos” —raby—). Entre sus notas fue hallada una propuesta de que todos los súbditos rusos nacidos durante y después del 1785, año de la Carta Noble, fueran considerados hombres libres. Asimismo, ella esbozó una propuesta —jamás ejecutada— de permitir a los campesinos del Estado adquirir propiedades en tierras despobladas.[96] El resultado de tales debates y propuestas fue el cuestionamiento por primera vez en Rusia del tema de la servidumbre y, a modo de corolario de éste, la cuestión de la propiedad privada para la gente común. La iniciativa en ambos casos provino de la Corona. Si los siervos no fueron ni liberados ni dotados de tierras propias, a pesar de las influyentes opiniones que favorecían este proyecto, fue debido a que las razones de seguridad estatal, que demandaban el apoyo de la clase media agrícola, primaron sobre las del progreso económico. No fue sino un siglo después, cuando comenzó a verse en la servidumbre un peligro para la autoridad del Estado, que el régimen zarista aventuró su emancipación.

Con los derechos de propiedad vinieron los derechos personales.

Según la Carta Noble de 1785, no podría privarse a los nobles de su vida, título o propiedades excepto por el dictamen de sus iguales (artículos 2, 5, 8, 10-12). Estaban exentos de castigos corporales (artículo 15) y se les permitía viajar al exterior, así como alistarse al servicio de alguna potencia extranjera aliada (artículo 19).[S] La carta reafirmaba que los nobles no estaban obligados a prestar servicio al Estado excepto en tiempos de emergencia nacional (artículo 20). Los treinta y seis artículos de la primera parte de la Carta Noble constituían una verdadera declaración de derechos que creó, por primera vez en Rusia, una clase social cuya vida, libertad personal y propiedades estaban garantizadas.

Fue una medida revolucionaria en el más pleno y constructivo sentido de la palabra, y marcó la dirección del desarrollo de Rusia durante los siguientes 130 años. El total de sus prescripciones fue mucho más innovador que los esfuerzos superficiales de occidentalización de Pedro el Grande, los cuales, ignorando el espíritu de la civilización occidental, se limitaban a copiar sus técnicas y costumbres. Es cierto, la Carta Noble investía de derechos y privilegios sólo a una minoría; pero como demuestra la historia de Occidente, las libertades y derechos generales tienen su origen usualmente entre los privilegios de las minorías. Éste ha sido el modo más confiable de implantar libertad y derechos, puesto que engendra sectores sociales interesados en proteger las ventajas que disfrutan. Así pues, la antigua Atenas, cuna de ideas e instituciones democráticas de la modernidad, otorgó libertades a una minoría de latifundistas y la negó a los esclavos y a los extranjeros libres, que constituían el grueso de los profesionales, hombres de negocios y artesanos de esa ciudad-Estado. La Carta Magna, piedra angular de las libertades en Inglaterra, era una carta feudal que beneficiaba a los barones ingleses, no al país en general. Era positivamente excluyente:

Las libertades siempre se adjudicaban a personas o lugares específicos; no tenían un carácter general o nacional. Eran privilegios concretos bien definidos, que gozaban algunos, pero no la mayoría. [E]s porque éstas eran un raro privilegio y no un derecho común que los redactores de la Carta Magna daban tanta importancia a las libertades.[97]

Lo mismo se cumplía para los burgueses (burghers) de las ciudades de Europa occidental, quienes lograron obtener de los reyes y señores inmunidades y otros derechos, derechos que en más de un sentido proporcionaron las bases de las libertades modernas, pero éstas, también, comenzaron como privilegios excluyentes.[98] La libertad de expresión tuvo su origen en el derecho exclusivo otorgado por la Corona inglesa en el siglo XV a los miembros de la Cámara de los Comunes.[99] Estas prerrogativas de unos pocos afortunados constituye un modelo para el resto. Por tanto, una vez que la noción de propiedad privada absoluta se hubo establecido en Rusia, fue sólo cuestión de tiempo que se extendiera por toda la población.

Una vez dicho esto, es necesario destacar que la introducción de la propiedad sobre la tierra en Rusia fue sólo en parte una bendición, pues esta era comprada a expensas de los siervos. Aunque la carta de 1785 sólo se refería a la tierra y no hacía alusión a los siervos, tuvo el efecto de convertir a estos —atados como estaban a la tierra— en propiedad privada de sus terratenientes. Los siervos propietarios constituían en aquel tiempo aproximadamente un tercio de la población del país. Dado que las autoridades zaristas nunca emitieron leyes regulando el poder de los terratenientes sobre sus siervos, ni intervinieron jamás en favor de estos últimos, pusieron de hecho la soberanía de un tercio de la población en manos de intereses privados. No es sorprendente que Catalina, conversando con el philosophe francés Denis Diderot, se haya referido a los siervos como a los “súbditos” de sus amos.[100]

La propiedad privada en Rusia acarreó, por tanto, además de libertad y derechos para unos pocos, servidumbre intensificada para la mayoría. La propiedad privada significó para los siervos cualquier cosa menos una fuerza liberadora, y este dato histórico tuvo un efecto negativo en la recepción de la propiedad en Rusia. Como dijera Richard Wortman:

Desde su inserción, el derecho de propiedad [en Rusia] fue asociado a la consolidación del poder de la nobleza sobre los campesinos y a los abusos contra los siervos. […] Los derechos de propiedad otorgados por el régimen zarista fueron identificados con su autoritarismo despótico.[101]

Ciertamente, como veremos, la instauración de los derechos de propiedad entre la clase media agrícola devino un severo obstáculo para la abolición de la servidumbre. Pues tanto en la práctica como en la legalidad, desde 1785 los siervos se consideraron como propiedad de los terratenientes: Michael Speransky, primer ministro de Alejandro I, así lo creía[102] cuando redactó el proyecto de Constitución de 1809: y lo mismo Sergei Lanskoi, ministro del Interior al comienzo del reinado de Alejandro II, cuando comenzó a discutirse seriamente la emancipación de los siervos.[103] En el siglo XVIII, los terratenientes adquirieron un poder virtualmente ilimitado sobre sus siervos. Su única obligación hacia ellos era la de alimentarlos si las cosechas se perdían.[104] Su autoridad sobre ellos tan sólo excluía tres acciones: quitarles la vida, golpearlos con el knut (una forma de castigo que muchas veces equivalía a una ejecución) y torturarlos. Sus atribuciones incluían:

El derecho de explotar a voluntad la fuerza de trabajo de los siervos. Se intentó en varias ocasiones que los terratenientes definieran los deberes laborales de los siervos, pero estos nunca se concretaron formalmente.

El derecho de vender a los siervos. Este era algo ambiguo. Aunque Pedro I criticó la práctica de vender a los siervos sin tierra (“como ganado”), no emitió ninguna ley que la prohibiese y de hecho él mismo la favoreció al autorizar a los dvoriane a vender campesinos a otro dvoriane para servir como reclutas.[105] Así pues, hasta 1843, cuando esta práctica fue declarada ilegal, los siervos eran comúnmente vendidos con sus familias, e incluso a veces individualmente. Los terratenientes también tenían el derecho (con la autorización del gobierno o de un tribunal) a trasladar siervos de una hacienda a otra, sin importar cuán distantes fueran, lo cual los más ricos hicieron por miles.

El derecho de obligar a los siervos a casarse en contra de su voluntad.

El derecho de castigar a los siervos de cualquier manera menos quitándoles la vida. Pero como no existían medios de supervisar las numerosas haciendas esparcidas por todo el imperio, no era posible hacer cumplir esta limitación.

Desde 1760, el derecho a deportar siervos a la Siberia para colonizarla,[106] y desde 1765 hasta 1807 por trabajos forzados (katorga).[107] Los terratenientes también podían entregar a los siervos al ejército para prestar servicio de por vida.

La propiedad legal de todos los bienes de sus siervos. Un siervo podía comprar alguna propiedad sólo con la autorización del terrateniente y en su nombre.

Si a pesar de todo esto, y en el punto más bajo de su status social, durante el reinado de Catalina la Grande los siervos no se hundieron al nivel de los negros esclavos en las Américas, la razón debe buscarse en el atraso de la economía rusa y en las limitaciones de la costumbre.

A diferencia de las plantaciones de esclavos en las Indias occidentales y del sur de los Estados Unidos, que producían para el mercado, las haciendas rusas eran en gran medida economías domésticas autosuficientes que consumían la mayor parte de su producción. Su administración era, por tanto, menos exigente. Al terrateniente ruso no le interesaba extraer el máximo de sus trabajadores racionalizando la agricultura y supervisando de cerca las labores de los siervos. Si sus siervos pagaban el impuesto fijo (quitrent), él sabía que sacaría mayores ganancias confiando en la iniciativa de ellos. Si le debían servicios (corvée), existía un límite natural a lo que podía exigir de ellos, pues a menos que al siervo se le permitiese atender su propio campo, el terrateniente tendría que alimentarlo. No había mucho interés en obtener un excedente, dado que no existía un mercado para éste. Por lo general, los propietarios de siervos en Rusia se preocupaban más de asegurar vías de ingreso confiables que en maximizar dichos ingresos, por lo mismo no ponían objeción a que los campesinos atendiesen sus propios asuntos. Los siervos veían como propias sus pertenencias personales y también, con algunas excepciones, los frutos de su trabajo.[T] Sin lugar a dudas, se conoce que algunos terratenientes han ayudado a sus siervos a circunvenir la ley permitiéndoles comprar, a su propio nombre, tierras, incluso tierras pobladas por otros siervos; los siervos de uno de los magnates más ricos de Rusia, el conde Sheremetev, eran dueños de más de seiscientos siervos.[108] Finalmente, los siervos debían “pagar impuestos y cumplir con el servicio militar”: lo que, si bien no era ninguna ventaja, tampoco era un rasgo de la esclavitud.[109]

El otro factor que restringía la autoridad del terrateniente sobre sus siervos era la comuna campesina. Al propio terrateniente le convenía preservar la autoridad de la comuna, puesto que ésta garantizaba, mediante el recurso de la responsabilidad colectiva, la recaudación del impuesto por alma que el gobierno le exigía, y las rentas. La comuna, por su parte, podía proteger hasta cierto punto a la familia campesina de la injerencia del terrateniente. De este modo se alcanzó un cierto equilibrio entre la autoridad teóricamente ilimitada del terrateniente y las restricciones que de facto imponía la realidad económica, las costumbres y la comuna, ninguna de las cuales jugaba ningún papel en las plantaciones de esclavos.

Percibida más como una licencia al servicio de unos pocos que como un derecho humano elemental, y encima de eso adquirida a costa de que millones de personas pasaran a ser simples posesiones, la propiedad privada encontró pocos defensores en la Rusia zarista, tanto entre los conservadores como entre los liberales. En todas partes era considerada enemiga de la libertad y de la justicia social. Para los liberales y liberal-conservadores de Rusia la ley era la base de la libertad y no percibieron la relación entre la ley y la propiedad privada. Es difícil encontrar entre los teóricos y publicistas de la era tardía del imperio alguno dispuesto a defender la propiedad privada como un derecho natural y la base de la libertad política.[U] Tampoco ningún historiador ruso hasta la fecha se ha tomado el trabajo de investigar la historia de la propiedad privada en su país.

Los campesinos rusos no admitían que la tierra fuera propiedad de otro que no fuera el Estado, o sea, el zar, y por esta razón nunca estuvieron conformes con lo previsto en la Carta Noble de 1785, la cual entregaba las tierras a los dvoriane en tanto que los eximía a ellos mismo de servir al Estado.[110] En lo tocante a los campesinos, esta carta despojaba a la servidumbre de su razón de ser, por cuanto sus ancestros habían sido siervos a fin de que los nobles cumplieran con sus deberes con el zar. Ciertamente, desde su punto de vista, el tiaglo “no era una renta que ellos pagaban al dueño absoluto de la tierra [o sea, el zar] sino la manera de servir al gobierno como era su obligación”.[111] Por tanto, ¿por qué habrían ellos de continuar sirviendo, si sus amos ya no tenían que hacerlo?

Catalina también introdujo la propiedad privada sobre los inmuebles urbanos. En la “Carta de Derechos y Beneficios de las Ciudades del Imperio ruso”,[112] emitida al mismo tiempo que la Carta Noble, todos los rusos que vivían en las ciudades pasaron a formar una sociedad sujeta a los mismos deberes y que debía responder ante las mismas autoridades judiciales y administrativas. El puesto de alcalde devino electivo (artículo 31). La población urbana quedó dividida en dos clases, los kuptsy, o comerciantes, y los meschane, artesanos y tenderos. La condición de estos se parecía a la de los campesinos del Estado en que tenían colectivamente las mismas obligaciones, pero podían, si acumulaban suficiente dinero, alcanzar el rango de la clase comerciante. Los comerciantes, cuyo status estaba determinado por su capital, recibieron diversos privilegios comerciales. La carta de la ciudad establecía que los moradores urbanos de ambas categorías podían poseer y disfrutar libremente de propiedades muebles e inmuebles (artículo 4). Los nobles que poseían bienes raíces en las ciudades eran tratados, desde el punto de vista administrativo, de modo análogo a los plebeyos, pero no pagaban impuestos ni prestaban servicios de tiaglo (artículo 13). Las ciudades formalmente tenían autonomía pero de hecho permanecieron bajo la supervisión del gobierno.[113] El primer artículo de la Carta de las Ciudades declaraba que sólo podrían construirse nuevas ciudades de acuerdo con los planes aprobados por Su Majestad.

Pronto se hizo patente que no se podía crear una cultura urbana por mandato del gobierno. Las ciudades rusas se desarrollaron lentamente, pues el comercio era escaso: aún en la mitad del siglo XIX, de aproximadamente 1000 localidades designadas como ciudades, 878 tenían menos de 10 000 habitantes y sólo dos tenían más de 150 000.[V] En las últimas décadas del viejo régimen, la mayoría de los residentes urbanos de Rusia eran buhoneros y desempleados de origen campesino en busca de trabajo. Las ciudades rusas estaban atestadas de inmigrantes rurales sin status urbano ni empleo fijo: alrededor de 1900, en las dos mayores ciudades del imperio, San Petersburgo y Moscú, casi dos tercios de los habitantes eran campesinos con permiso de residencia temporal.[114]

La propiedad privada sobre otros bienes además de los inmuebles se vio alentada por algunas leyes emitidas a mitad del siglo XIX, inspiradas en las teorías de los fisiócratas. Las mismas resultaron en la abolición de numerosos monopolios estatales sobre el comercio y la fabricación, en vigor desde tiempos de Pedro I. En 1762, Pedro III levantó la mayor parte de las restricciones sobre el comercio de cereales, que había sido una prerrogativa real. En 1762, y nuevamente en 1775, Catalina II anuló las prohibiciones sobre los productos manufacturados sin licencia, permitiendo a los rusos de todas las haciendas la fundación de fábricas. Los principales beneficiarios de estas medidas fueron los dvoriane, quienes se aprovecharon de su status “libres de impuestos” y de su acceso a la fuerza de trabajo de los siervos (ahora un privilegio exclusivo suyo) para dedicarse a la producción manufacturera y al comercio. Pronto la mayoría de las industrias de Rusia estuvieron ubicadas en el campo, en las haciendas de los nobles o en sus inmediaciones. Los siervos también se beneficiaron de las nuevas libertades económicas, porque los terratenientes, esperando obtener mayores rentas, los alentaron a emplearse en otras actividades además de la agricultura. En la primera mitad del siglo XIX, ciertos sectores de la industria rusa, así como el comercio minorista, cayeron en manos de los siervos. Algunos de ellos se hicieron millonarios. A los ojos de la ley, los siervos empresarios no tenían garantías de propiedad: sus terratenientes podían apoderarse de sus bienes, y en ocasiones lo hacían.[115] Pero tales actos sucedían excepcionalmente. El resultado neto de las leyes de privatización de la industria y del comercio fue el de estimular y aumentar la propiedad privada en Rusia, aunque sus principal beneficiario no fue tanto la clase media urbana como el terrateniente y el campesino.

Un paso siguiente en el desmantelamiento del régimen patrimonial fue la largamente retardada separación de las propiedades de la Corona de las del Estado. Tradicionalmente, en Rusia las dos habían recibido el mismo tratamiento: las ganancias provenientes de los impuestos y los ingresos de las propiedades del Estado eran atesorados juntos y gastado según fuera necesario, ya fuera para las fuerzas armadas o para la manutención de la corte. Este sistema, característico de los gobiernos medievales, se había abandonado en Inglaterra entre 1530 y 1542, durante el reinado de Enrique VIII, cuando la administración doméstica dio paso a la administración burocrática nacional.[116] En la vecina Polonia, los ingresos del rey y los del reino se separaron en 1590.[117] En Rusia, esta separación ocurrió dos siglos más tarde: en 1797. Pablo I decretó que las propiedades de la Corona fueran puestas bajo la jurisdicción de una oficina especial —el Departamento de lnfantazgos (Udely)—. Los miembros de la familia imperial que aspiraban a acceder al trono recibían rentas de las propiedades del Estado; todos los otros las recibían de las tierras de la Corona.[118]

8. LA EMANCIPACIÓN DE LOS SIERVOS

Hasta la mitad del siglo XIX, el campesinado ruso consistía principalmente en dos categorías: los campesinos al servicio del Estado y los siervos propietarios. Ambos pagaban el impuesto por alma y ambos proveían de reclutas al ejército. Asimismo, ambos debían proporcionar transporte y forraje al Estado, llevar el correo, albergar tropas y reparar carreteras y puentes.[119] Ninguno de estos grupos era dueño de las tierras que cultivaba: los campesinos al servicio del Estado labraban las tierras del gobierno o de la Corona; los siervos, las de los terratenientes. Los dos conjuntos eran aproximadamente del mismo tamaño.

Aunque sujetos a casi las mismas obligaciones, la situación de los campesinos al servicio de la Corona y del Estado era un poco mejor, porque, aun siendo en la práctica siervos del gobierno y su cuerpo de funcionarios, no tenían que vivir y trabajar bajo la estricta vigilancia de los terratenientes y sus mayordomos, y gozaban del tratamiento preferencial de la Corona. Después de 1800, bajo la influencia del sentimiento abolicionista que por entonces ganaba terreno en Occidente, la élite de Rusia comenzó a contemplar la servidumbre como un mal cuyos días estaban contados. Pero estos mismos sectores también coincidían en no apresurarse a dar un paso tan drástico como la abolición de la servidumbre. Ésta era considerada esencial para la seguridad y estabilidad del país por cuanto era el sostén de la clase media agrícola, el pilar fundamental de la monarquía. Tampoco se pensaba que los siervos estuvieran listos para ser libres. De ahí que la Corona pospusiese indefinidamente el tema de la abolición y se concentrase en mejorar la situación de los campesinos al servicio del Estado y la Corona. Poco a poco, en la primera mitad del siglo XIX, el régimen zarista extendió los derechos económicos y civiles a estos dos grupos. En 1837, Nicolás creó un Ministerio de Propiedades Estatales dirigido por el conde Paul Kiselev, con el objetivo de mejorar las condiciones de los 7.5 millones de campesinos al servicio del Estado, sentando un ejemplo para los dueños de siervos. Hacia 1850, los campesinos al servicio del Estado podían comprar y heredar propiedades así como tomar parte en relaciones contractuales. Se los podía privar de sus pertenencias sólo mediante el fallo de un tribunal.[120] Estas medidas proporcionarían un modelo para el edicto de 1861 que emancipó a los siervos propietarios. Las tierras comunales que labraban los campesinos al servicio de la Corona y el Estado, sin embargo, siguieron sin pertenecerles hasta 1886, año en el cual las rentas se convirtieron en un pago a plazos: hasta aquel momento los campesinos habían sido, como dijera un investigador, “arrendatarios perpetuos de las tierras del Estado”.[121]

La primera mitad del siglo XIX marcó un cambio en la actitud del zarismo hacia los siervos de los nobles. Tanto Alejandro I como Nicolás I tomaron medidas para mejorar su situación económica. Fueron medidas muy tímidas, pues se creía que cualquier tipo de acción más decidida era una amenaza a la estabilidad política y social del país. Aun así, la tendencia apuntaba inequívocamente a la total emancipación.

Poco después de su ascenso al trono, Alejandro I dejó de entregar a los nobles los campesinos al servicio del Estado, cosa que su padre, Pablo I, y su abuela, Catalina II, habían hecho a gran escala. Como consecuencia, la proporción de siervos entre la población, que había empezado a disminuir hacia la mitad del siglo XVIII, decayó a un ritmo acelerado.[122] La ley de los agricultores libres, emitida en 1803, permitía a los terratenientes manumitir siervos con la estipulación de que a estos se les dieran los títulos de propiedad de sus parcelas. Pocos terratenientes se acogieron a esta ley, pero la misma introdujo dos importantes principios: los siervos debían ser liberados junto con las tierras, y una vez que ellos hubiesen compensado por éstas al terrateniente, las tierras serían suyas.[W] Como consecuencia de estas dos medidas, en 1858 Rusia tenía 268 000 campesinos-propietarios en posesión de 1,1 millones de hectáreas.[123]

En 1802, Alejandro prohibió a los terratenientes la deportación de siervos a la Siberia excepto mediante el fallo de un tribunal, y en 1807 condenarlos a trabajos forzados. En 1808, declaró ilegales los remates de siervos. Otras dos leyes condujeron a un mejoramiento de la situación económica de los siervos. En 1812, se les permitió el comercio de toda clase de artículos, no sólo de los que ellos mismos cultivaban o fabricaban, y en 1818 recibieron autorización para construir fábricas (con permiso del gobierno). Esta última prescripción condujo a un notable florecimiento de la actividad industrial de los campesinos, en especial la fabricación de telas.

Nicolás I expandió los derechos económicos de los siervos al permitirles en 1848 adquirir propiedades despobladas en el campo y la ciudad, con la autorización de sus amos pero a su propio nombre. Tales bienes inmuebles pasaron a ser la propiedad individual del campesino, a diferencia del resto de sus pertenencias domésticas, que eran propiedad común de los miembros de su familia.[124] Nicolás asimismo restringió más aún el poder del terrateniente para castigar a sus siervos.

En conversaciones privadas, Nicolás se manifestó en más de una ocasión en favor de la abolición de la servidumbre: en 1834 dijo a uno de sus ministros que ni uno solo de sus funcionarios apoyaba la servidumbre, y que algunos miembros de la familia real se oponían a ella totalmente.[125] Aun así, no se atrevió a eliminarla. Existía la oposición de los terratenientes y los burócratas, pero no era éste el único obstáculo con el que se enfrentaba. La dificultad era más profunda. La Carta Noble de 1785 de Catalina creó una fuerte barrera contra la abolición de la servidumbre, pues reconocía como propiedad de los terratenientes la tierra que los siervos cultivaban. Esta medida, que fue muy positiva a largo plazo al promover la causa de la libertad, en el corto plazo tuvo un efecto negativo. Nicolás frecuentemente reafirmaba que las tierras de los hacendados pertenecían a ellos.[126] Tal era la ley. Al mismo tiempo los círculos del gobierno reconocían que liberar a los siervos sin las tierras sería a la vez una injusticia y un peligro social. El conde Kiselev, el estadista a cargo de reformar las condiciones de los campesinos al servicio del Estado de Nicolás I, argüía en 1842 que era tan arriesgado transferir a los campesinos las propiedades de los terratenientes como dejarlos en libertad sin tierra alguna.[127]

El edicto que emancipó a los siervos, emitido en febrero de 1861 luego de largas deliberaciones en las que los terratenientes estuvieron representados, estuvo inspirado en consideraciones políticas y morales. La humillante derrota de Rusia en la guerra de Crimea, en la que fue batida en su propio suelo por los ejércitos de un Occidente que suponían “decadente”, dejó claro en los círculos de poder que Rusia no podía continuar siendo una gran potencia mientras el grueso de su población siguiese encadenada, privada de todo derecho económico y legal. En un comentario citado con frecuencia, el nuevo zar, Alejandro II, dijo a sus nobles que era mejor resolver el problema de la servidumbre pacíficamente, desde arriba, que dejar que este se resolviera con violencia desde abajo.

El Edicto de Emancipación privó inmediatamente a los dvoriane de toda autoridad personal sobre sus campesinos. El antiguo siervo era ahora una persona legal, capaz de demandar y ser demandado, de tener propiedades de todo tipo, y (después de 1864) pudo participar en las elecciones de las juntas de los nuevos gobiernos autónomos locales. Aun así, sus derechos civiles estaban limitados. La comuna ahora había adquirido muchas de las atribuciones sobre los campesinos de que antaño disfrutaban los amos, incluyendo la potestad para restringir sus movimientos y para castigarlos según la ley tradicional de la localidad. Esto se hizo principalmente para garantizar que los campesinos cumplieran sus deberes fiscales con el Estado, tanto el impuesto por alma de Pedro el Grande como los nuevos “pagos por redención”, primas que se le debían al Estado para amortizar la reparación hecha al terrateniente por las tierras que éste había tenido que entregar a sus antiguos siervos. De este modo, la comuna quedó reconocida oficialmente como agente del Estado en lugar del terrateniente.

Las tierras que los antiguos siervos recibieron (apenas aquella porción de la hacienda del terrateniente que durante su servidumbre habían labrado para sí mismos) se entregaron no a las familias individuales sino a las comunas, las cuales adquirieron el status de personas jurídicas. La actitud de las autoridades hacia la propiedad privada fue ambivalente, algunos funcionarios abogaban porque las tierras se vendieran directamente a los siervos emancipados. La mayoría de los miembros de las comisiones que habían redactado el Edicto de Emancipación estaban a favor de tal procedimiento, el cual haría más eficiente la producción, pero éste fue denegado, en parte por razones ideológicas (la influencia de los intelectuales eslavófilos, quienes admiraban a la comuna) y en parte por razones de orden práctico.[128] Al final, fue la comuna la que recibió la propiedad sobre la tierra, pues se entendió que ése sería el procedimiento más seguro. Pero se suponía que una vez que los siervos emancipados pagasen su deuda de amortización con el gobierno, las tierras pasarían a ser de su propiedad.

Ciertas prescripciones del Edicto de Emancipación permitían al campesino retirarse de la comuna y fundar una granja familiar, pero se requerían tantas formalidades que fueron muy pocos los que se acogieron a ellas y en 1893 fueron, en la práctica, eliminadas. Los campesinos, por supuesto, podían comprar, y compraban, a veces individualmente pero más a menudo en sociedad, tierras francas, generalmente a la clase media agrícola empobrecida. Pero el grueso de las posesiones de los campesinos eran terrenos comunales y no propiedad privada que ellos pudiesen legar o vender. Esto significó que la gran mayoría de los rusos no conoció ni entonces ni después la propiedad privada sobre el más importante medio de producción de su país: la tierra de cultivo.

Esta cultura nacional adversa a la propiedad se veía reforzada por el hecho de que dentro de la célula social básica del campesinado, la familia, sus medios de producción eran comunes. Una familia campesina no pensaba en términos de “yo” o “nosotros” con relación a la tierra, el ganado, o los aperos de labranza. Dado que para el campesino la tierra no era una mercancía vendible sino la base material de la vida, no podía distinguir entre el sujeto y el objeto de la propiedad de la tierra: entre él o los que poseían y aquello que poseían. Esta no es una actitud típicamente rusa sino que es común a los campesinos de todas partes; es el rasgo que diferencia al campesino del granjero.[X] Aunque el cabeza de familia en Rusia —el khoiziain o bol’shak— era nominalmente el dueño de sus medios de producción (herramientas, tierras adquiridas, etc.), la tradición veía a éstos como propiedad común de la familia. El cabeza de familia no era de hecho el dueño sino el administrador de la propiedad familiar, razón por la cual se lo podía deponer por incompetencia o despilfarro: esta práctica estaba reconocida por los tribunales rusos.[129]

El ámbito económico en que vivía convirtió al campesino ruso en un radical social y en un conservador político. En el plano social era revolucionario, al querer confiscar todas las tierras en manos privadas y distribuirlas entre las comunas.[Y] Pero en el plano político era conservador pues, reconociendo al zar como propietario absoluto de Rusia, esperaba que éste realizase las confiscaciones y la distribución. Al recibir la influencia de la propaganda bolchevique y de la revolución socialista que prometía aquello que él deseaba, se volvió políticamente antidemocrático, pues deseaba un “brazo fuerte” a la cabeza del gobierno. Los liberales y los demócratas le resultaban sospechosos pues pensaba que estos se oponían a la repartición nacional. En el análisis final, representó un gran obstáculo para la democratización de Rusia.

9. EL SURGIMIENTO DE UNA ECONOMÍA MONETARIZADA

Si la propiedad privada sobre la tierra llegó a Rusia a finales del siglo XVIII, el capital industrial y comercial no se convirtió en un factor considerable sino hasta un siglo después. Aunque ya en Moscovia habían existido fortunas independientes de la agricultura, no existía el crédito institucionalizado y por tanto no había un verdadero capitalismo.[130] Con anterioridad a la década de 1860, Rusia carecía de bancos privados. Exceptuando préstamos a pequeña escala, que usualmente empleaban tierras como garantía colateral, y algunos establecimientos bancarios en manos de extranjeros, las operaciones de crédito eran un monopolio de instituciones del Estado, tales como el Banco Noble, el cual amortizaba a los dvoriane, y el Banco Comercial, el cual proporcionaba crédito gubernamental a los comerciantes. El gobierno zarista, especialmente el de Nicolás I, desalentó el desarrollo industrial y el transporte ferroviario, por miedo a que estos tuvieran un efecto perturbador en la sociedad.

La guerra de Crimea cambió la actitud hacia el capital así como la visión de la servidumbre. Los gobiernos de Alejandro II, y más aún su sucesor, Alejandro III, comprendiendo que bajo las condiciones modernas el status de gran potencia requería del desarrollo económico, promovieron vigorosamente los bancos, la industria y el desarrollo ferroviario. Después de 1864, los bancos comerciales experimentaron un impresionante desarrollo. La adopción en 1897 del patrón de oro, que hizo al rublo convertible en lingotes de oro o plata, estimuló la inversión extranjera en las industrias, minas y empresas financieras rusas. En la década de 1890 tuvo lugar un crecimiento industrial sin precedentes: se ha estimado que el ritmo de desarrollo de Rusia fue el más rápido del mundo en aquel tiempo. Entre 1892 y 1914, aproximadamente la mitad de todo el capital invertido en las empresas rusas provino del exterior, principalmente de Francia.[131]

Sergei Witte, quien ocupó el cargo de ministro de Finanzas y más tarde el de primer ministro, fue la fuerza motriz de este desarrollo. Él pensaba que un país que fuera incapaz de lograr su independencia económica no podía aspirar al status de gran potencia, y que la independencia económica en el mundo moderno requería una industrialización intensiva. La monarquía adoptó este punto de vista, pero no sin recelos, porque, desde su ventajosa posición, el desarrollo capitalista tenía indeseables efectos secundarios. Los inversionistas extranjeros y domésticos, interesados en primer lugar en las ganancias y en la seguridad de sus inversiones, tomaban decisiones que alteraban cada vez más las vidas de los habitantes de Rusia a expensas del gobierno autocrático y su burocracia. Ellos querían estabilidad, y la estabilidad, según su experiencia, incluía un gobierno representativo, derechos civiles, y el cumplimiento de la ley. La economía moderna obligó al régimen zarista a elegir entre una disminución de su influencia mundial o una disminución de su autoridad nacional. De mala gana el zarismo optó por lo segundo.

A comienzos del siglo XX el gobierno zarista se atuvo resueltamente al principio de la propiedad privada. Si antes fue temida como una amenaza contra el poder y el orden social, el surgimiento del movimiento revolucionario en la segunda mitad del siglo XIX hizo aparecer a la propiedad privada como una garantía de estabilidad.

Iván Goremykin, un burócrata de la vieja escuela, un monárquico convencido, al dirigirse en 1906 a la Duma, el primer Parlamento ruso, abogó por la propiedad privada rechazando el proyecto de reforma de la tierra presentado por el Partido Democrático Constitucional, el cual llamaba a la expropiación obligatoria de las grandes propiedades. “El gobierno,” dijo Goremykin,

[…] no puede reconocer el derecho de algunos a la propiedad sobre la tierra y, al mismo tiempo, negarlo a los otros. Como tampoco el gobierno puede repudiar el derecho a la propiedad privada sobre la tierra sin, al mismo tiempo, repudiar el de toda otra forma de propiedad. El principio de que la propiedad es inalienable e inviolable es, en el mundo entero y en todos los niveles de desarrollo social, la piedra angular del bienestar del pueblo y del progreso de la sociedad. Es el cimiento del Estado, sin el cual su propia existencia resulta impensable.[132]

Goremykin tan sólo se hacía eco del sentir de su soberano, Nicolás II, quien también rechazó las propuestas, populares aun entre sus ministros, en favor de la transferencia forzosa de las tierras que estaban en manos de particulares a los campesinos, sobre la base de que “la propiedad [p]rivada debe permanecer inviolada”.[133]

Pedro Stolypin, el sucesor de Goremykin y primer ministro de Rusia desde 1906 hasta 1911, vio con especial claridad cómo la privatización de las tierras de los campesinos podía engendrar una clase rural conservadora y, al mismo tiempo, enfriar la llama de la agitación radical. En 1907, decretó como medida de emergencia que los campesinos podían reclamar la propiedad de sus parcelas comunales y retirarse de la comuna. Sin embargo, sus esperanzas de crear una gran clase de granjeros independientes se vieron frustradas, porque a la mayoría de los campesinos que se acogieron a esta nueva ley, al vivir en casas más pequeñas y pobres, se les hizo difícil salir adelante: adquirieron la propiedad para luego vender la tierra. Las granjas surgidas a resultas de la legislación de Stolypin fueron vistas por los campesinos comunales —ocho décimas partes de la población rural de Rusia— como usurpadoras de la propiedad común. En 1917-1918 los propietarios de granjas fueron obligados por los campesinos a entregar sus tierras y a volver a unirse a las comunas. Al mismo tiempo, los campesinos se apoderaron de las haciendas que estaban en manos de particulares y de asociaciones y las pusieron a disposición de las comunas. Hacia 1928, la víspera de la “colectivización”, el 99 por ciento de las tierras cultivables de Rusia se hallaba en poder de las comunas. Así pues, la propiedad privada de la tierra tuvo una existencia breve y tenue en Rusia antes de desaparecer una vez más.

Un tipo limitado de democracia política entró en Rusia en 1905-1906 como resultado de la presión que ejerció sobre el régimen zarista la derrota en la guerra contra Japón, la creciente agitación entre el campesinado, y la campaña en aras de un gobierno constitucional lanzada por la élite liberal. El gobierno hizo concesiones políticas con enorme reticencia, no sólo por no hallarse dispuesto a ceder su poder sino también porque creía que la democracia en Rusia provocaría el quebrantamiento de la ley y el orden. En octubre de 1905, frente a la amenaza de una huelga general organizada por los sectores liberales, finalmente cedió a sus demandas y concedió al país una Constitución, un Parlamento y derechos civiles básicos para la población. Esta capitulación no pacificó realmente al país, pues la intelectualidad liberal y radical aspiraba a mucho más poder, mientras que la monarquía, lamentando las concesiones hechas una vez restablecido el orden, hizo todo lo posible por sabotear el nuevo orden constitucional. La hostilidad se intensificó durante la Primera Guerra Mundial, a causa de los desastres militares y la incompetente administración del frente civil, entorpeciendo, más que en los otros países beligerantes, los esfuerzos realizados por la población civil durante la guerra, y provocando finalmente la caída del régimen zarista.

10. COMENTARIOS FINALES

La historia de Rusia reafirma que la propiedad privada es una condición necesaria, mas no suficiente, de la libertad. Durante el último siglo y medio de su existencia, el régimen zarista respetó escrupulosamente el derecho de propiedad, primero sobre la tierra y luego sobre el capital financiero. Así pues, a los decembristas, nobles de algunas de las más prestigiosas familias de la aristocracia rusa, quienes en 1825 se amotinaron contra el zar, se los castigó con la ejecución o el destierro, pero sus propiedades no fueron tocadas, como hubiera ocurrido un siglo atrás. Alejandro Herzen, quien, después de emigrar hacia Europa occidental, fustigó acerbamente al zarismo en sus obras publicadas, no tuvo mayor dificultad en extraer una gruesa suma de sus propiedades en Rusia a través de los bancos europeos. Y la madre de Lenin, uno de cuyos hijos fue ejecutado por atentar contra la vida del zar, y cuyos otros hijos habían sido encarcelados y deportados, recibió hasta su muerte la pensión que le correspondía por ser la viuda de un funcionario del gobierno.

Aun así, en tanto que respetaba los derechos de propiedad, el gobierno zarista del siglo XIX y principios del XX mostraba poco respeto por los derechos civiles de sus súbditos y ningún respeto por sus derechos políticos. Hasta su liberación en 1861, los siervos eran simples posesiones humanas a quienes los terratenientes podían azotar, enviarlos a trabajos forzados a la Siberia, o incorporarlos de por vida al ejército. Otros, como los nobles, podían ser arrestados o encerrados (violando la Carta Noble de 1785) por sospechosos de delitos políticos mediante procedimientos administrativos. La sociedad era incapaz de traducir su creciente poderío económico en salvaguardas de la libertad personal pues todos los recursos políticos y administrativos estaban en manos de la autocracia.

La libertad política y los derechos civiles no llegaron a Rusia en 1905-1906 como un crecimiento natural del poder ejercido por el pueblo a través de la propiedad y la ley, sino como un intento desesperado de la monarquía de evitar una revolución que recién despuntaba. Tan pronto como la revolución estalló, de todos modos, una década más tarde, todos los privilegios y derechos se desvanecieron junto con la propiedad, pues sus cimientos eran sumamente débiles. La experiencia de Rusia demuestra que la libertad no puede ser legislada: ha de crecer gradualmente, en estrecha relación con la propiedad y la ley. Porque mientras que la propensión por adquirir es algo natural, no lo es el respeto por la propiedad —y la libertad— ajena. Debe ser inculcado hasta que arraigue profundamente en la conciencia del pueblo y entonces resista todos los esfuerzos que se hagan por aplastarlo.

CAPÍTULO CINCO
LA PROPIEDAD EN EL SIGLO XX

Puede que la propiedad privada haya sido en algún momento un obstáculo para el poder gubernamental, pero hoy en día ese obstáculo suele vencerse fácilmente, casi con sólo pedirlo… Bajo las leyes actuales la institución de la propiedad privada impone escasas limitaciones sobre las dimensiones y la dirección de las actividades del gobierno que son características del moderno Estado de bienestar social.

RICHARD A. EPSTEIN[1]

Necesitamos una Constitución para el Estado de bienestar social.

CHARLES A. REICH[2]

De todas las épocas de la historia, el siglo XX ha sido la menos favorable a la institución de la propiedad privada, tanto por razones económicas como políticas.

El concepto amplio de propiedad que incluye el derecho a la vida y a la libertad además del derecho sobre los bienes surgió en Inglaterra en el siglo XVII y fue reconocido en todo el mundo anglosajón en el siglo XVIII. En aquel tiempo, la mayoría de los angloparlantes eran individuos y familias económicamente independientes, que vivían de la explotación de granjas privadas, o del comercio minorista, o de la artesanía. La defensa de la propiedad hecha por Locke, como fruto de aplicar el trabajo personal a objetos sin dueño, describía con exactitud la situación de Inglaterra en su época. Del igual modo, el ideal de Jefferson de una república sostenida por el trabajo y la lealtad de una clase formada por granjeros propietarios autosuficientes reflejaba la realidad norteamericana de su tiempo, cuando tal vez hasta el ochenta por ciento de la población estaba constituida por norteamericanos blancos que vivían de sus propias granjas. Pero esta situación no perduró: comenzó a cambiar en el transcurso del siglo XIX y llegó a ser sólo un recuerdo en el XX. La agricultura capitalista a gran escala junto al crecimiento de las empresas fabriles y de las sociedades anónimas provocaron una continua disminución del trabajo por cuenta propia y una correspondiente expansión del trabajo asalariado. Un trabajador asalariado no tiene acceso a los medios de producción; su salario no constituye propiedad pues su empleo no está garantizado. La inmensa riqueza creada por el modo capitalista de producción, combinado con el miedo a la inestabilidad social, condujo a las democracias modernas a instituir políticas de bienestar en forma de seguros contra el desempleo, pensiones para los ancianos, y muchos otros “programas de ayuda social”. En opinión de algunos investigadores, esos beneficios marcan la decadencia de la propiedad privada —son, en efecto, derechos, y como tales representan “propiedad”—.[A] Pero aun si admitimos esto, se asemejan más a la posesión condicional de la época feudal que a la genuina propiedad en el hecho de que no son bienes disponibles.

El mundo moderno ha presenciado restricciones no sólo de los derechos sobre la propiedad sino también de las libertades asociadas a ellos. Aprovechando la agitación social causada por las dos guerras mundiales y la Gran Depresión que sobrevino entre ambas, demagogos de muchas partes del mundo enarbolaron consignas socialistas para justificar la expropiación o subordinación de la propiedad privada al Estado. Dondequiera que han triunfado, la supervivencia económica de la población ha quedado supeditada, en gran medida, a la buena voluntad de sus gobernantes. Esto sucedió bajo el comunismo en Rusia y en China, así como en la Alemania nacionalsocialista y en sus diversos imitadores en todo el planeta. Su resultado fue la pérdida de la libertad y una matanza de proporciones inéditas hasta entonces. Las masacres fueron legitimadas por doctrinas políticas de nuevo tipo que exigían la “liquidación” física de categorías enteras de personas clasificadas como pertenecientes a una “mala” clase social, raza o grupo étnico.

La violación simultánea de los derechos sobre la propiedad y la destrucción de vidas humanas no fue una mera coincidencia porque, como hemos subrayado, lo que un hombre es, lo que hace y lo que posee constituyen una unidad, de modo que una agresión contra sus pertenencias es una agresión contra su individualidad y su derecho a la vida.

Pero las bienintencionadas medidas del bienestar social democrático también han usurpado derechos de propiedad y libertad —de un modo más sutil, y sin dudas menos violento, pero a la larga tal vez no menos peligroso—.

1. COMUNISMO

El totalitarismo, como la democracia, es un ideal —perverso y destructivo, pero aún así un ideal en el sentido de ser un objetivo tan ambicioso que nunca podrá alcanzarse del todo—. La democracia supone un gobierno en manos del pueblo y regido por leyes: en la realidad, sin embargo, los regímenes democráticos son dominados por élites que encuentran la forma de moldear y adaptar las leyes a sus propios intereses. El totalitarismo aspira a ser, en todo, lo opuesto a la democracia: procura atomizar la sociedad y establecer sobre ella un control absoluto, sin atender a sus deseos y sin reconocer ley alguna por encima de la voluntad del gobierno. Y no obstante, en la práctica, ni siquiera el régimen de Stalin, el más totalitario de todos, consiguió ignorar por completo el estado de opinión del pueblo y controlar todos los aspectos de la vida de sus ciudadanos.

El objetivo final del totalitarismo es concentrar toda la autoridad pública en las manos de un autodesignado y autoperpetuado conjunto de elegidos que se llaman a sí mismos un “partido” pero parecen más bien una orden, cuyos miembros deben lealtad sólo a sus líderes y unos a otros. Este objetivo presupone el control, directo o indirecto, dependiendo de las circunstancias, sobre los recursos económicos del país. La propiedad, que por su propia naturaleza impone límites a la autoridad del Estado, se elimina o se transforma en posesión, siempre y cuando su servicio sea satisfactorio para el partido en el poder.

De todos los regímenes totalitarios, la Unión Soviética fue el que más se acercó al ideal comunista de una sociedad sin propiedad. A su llegada al poder en 1917, Lenin y sus compañeros no tenían idea de qué función desempeñaban la propiedad y las leyes en la vida económica: cuanto sabían era lo que habían leído en la literatura socialista, es decir que éstas proporcionaban las bases del poder político y de la explotación social. Inspirados por la literatura utópica y las doctrinas de Marx y Engels, impresionados por los éxitos alcanzados durante la guerra por las economías cuasi socializadas de Europa, en especial la de la Alemania imperial, los bolcheviques procedieron de inmediato a expropiar la riqueza privada de la ciudadanía —comenzando por la nobleza, la Iglesia y la “burguesía”, y finalmente la de toda la población—.[3] Un decreto aprobado por el Segundo Congreso de los Soviets en octubre de 1917, escogidos personalmente por los bolcheviques para dar a su coup d’état una fachada de legitimidad, abolió la propiedad privada sobre la tierra. Este decreto, redactado por Lenin, “socializó” todas las tierras, aunque temporalmente hizo una excepción con las posesiones comunales de los campesinos, con quienes el nuevo e inseguro régimen no deseaba enemistarse. Aún así, la agresión a gran escala contra la propiedad privada sobre la tierra comenzó ya en el verano de 1918 cuando se empleó la fuerza para arrebatar a los campesinos de las comunas todo aquel grano que el gobierno designó como “excedente”. En el caso de los kulaks (término cuya definición formal era aquellos campesinos que contrataban fuerza de trabajo, pero que en la práctica se aplicaba a todos los habitantes rurales que desafiaban activamente a los bolcheviques), la cosecha entera de grano debía ser expropiada, y Lenin ordenó el ahorcamiento de algunos cientos de ellos para escarmentar al resto del campesinado. El comercio de cereales y otros productos agrícolas se declaró ilegal. Tales acciones, impensables aun en la época de la servidumbre, sumieron a la Unión Soviética en la más feroz guerra civil de la historia de este país, en la que cientos de miles de soldados del Ejército Rojo se enfrentaron en una guerra a muerte contra cientos de miles de campesinos.[4]

Lenin llevó a cabo la expropiación de la propiedad privada con celo fanático y brutal determinación, pues estaba convencido, por los estudios de Marx acerca de la Comuna de París, de que todos los intentos anteriores de revolución social habían fracasado por haberse detenido a mitad del camino. Entre 1917 y 1920, toda forma de propiedad privada, exceptuando las tierras comunales y los modestos efectos personales, fue nacionalizada. El comercio, minorista y mayorista, se convirtió en monopolio del Estado. Los inmuebles urbanos fueron expropiados en nombre del Estado. Lenin ordenó que las escrituras notariales de propiedad sobre las tierras, inmuebles, fábricas, etc., se redujeran a pulpa.[5] En junio de 1918, los grandes establecimientos industriales se convirtieron en propiedad nacional; en los dos años siguientes, las empresas manufactureras medianas y pequeñas, incluyendo los talleres de artesanos, corrieron la misma suerte. Toda la red de empresas fabriles cayó bajo la supervisión del Consejo Supremo de la Economía Nacional, cuya responsabilidad era imponer al sector no agrícola de Rusia un solo plan económico. Hacia 1920, se liquidaron los bancos privados y se sustituyeron por un único “Banco del Pueblo” a cargo del Estado. El dinero quedó eficazmente abolido mediante la impresión de ilimitadas cantidades de billetes de banco. En 1923, los precios se incrementaron en 100 millones de veces en comparación con la época de los zares, y el papel moneda perdió casi todo su valor. Esta deliberada inflación eliminó la acumulación de los ahorros, el equivalente en rublos de miles de millones de dólares, que los rusos guardaban en los bancos o en sus casas.

Hay abundantes pruebas de que todo este esfuerzo ambicioso por introducir una economía comunista en la Unión Soviética fue un terrible fracaso. En 1920, la producción industrial, comparada con la de 1913, se desplomó en un ochenta y dos por ciento. La producción de granos disminuyó aproximadamente en un cuarenta por ciento, arrastrando al país al borde de la hambruna. A pesar de la salvaje persecución perpetrada por la policía política, florecía un mercado negro de productos agrícolas y manufacturados. En realidad, se estima que de no haber sido por el mercado negro de los alimentos, la población de las ciudades de Rusia entre los años 1918 y 1920 hubiera muerto de hambre, ya que el racionamiento establecido por el gobierno, a menudo no más que un par de onzas de pan al día, satisfacía sólo una parte de sus necesidades.

No obstante, los nuevos gobernantes persistieron en esta desastrosa política económica, más tarde catalogada “comunismo de guerra”, aun cuando su estado de quiebra se había hecho evidente para todos excepto para los más fanáticos. Las razones para ello fueron dos. Creían realmente que el sistema capitalista era en sí mismo ineficaz, y que una economía planificada y centralizada sería incomparablemente más productiva. En segundo lugar, relacionaban propiedad privada con poder político. Temían que dejar intacto el más mínimo reducto de riqueza privada permitiría que un número considerable de ciudadanos escapasen del control estatal para organizar una oposición. En aquella época, aunque mantuvieron esta idea siempre, monopolizar el poder político era, a sus ojos, prioritario sobre la productividad económica, más aún si, siendo dueños absolutos de los recursos del país, podían desviar tales recursos hacia donde fuese necesario para apuntalar su autoridad política.

Sin embargo, a principios del año 1921, la dirección comunista se vio finalmente forzada a ceder. Para entonces, a la rebelión de los campesinos, extendida por todo el país, se habían unido amotinamientos en la Marina Roja y huelgas en las fábricas de Petrogrado. La producción de bienes de consumo había alcanzado su punto más bajo. El país estaba hirviendo de agitación: los métodos de administración económica puestos en práctica para consolidar la dictadura bolchevique amenazaban con minar sus cimientos. Como era realista, Lenin optó por una retirada temporal y limitada. La Nueva Política Económica (NPE), inaugurada en 1921, transformó sobre todo la agricultura. Los campesinos fueron reconocidos como dueños de su producción y se les exigió el pago de un impuesto fijo en lugar de las ilimitadas entregas del supuesto “excedente”. Aquella parte de su producción que aún les quedase después de cumplir con sus obligaciones podían venderla en el mercado libre. Estas medidas pacificaron rápidamente al campesinado. Al estar seguros de que sus cosechas no les serían arrebatadas arbitrariamente, los campesinos extendieron la superficie de siembra y, para 1928, la producción de cereales de Rusia casi igualaba los niveles anteriores a 1914. Aun así, este giro de la política agraria llegó tarde para salvar al país de la peor hambruna de su historia, que se produjo entre los años 1921 y 1922, después de una fuerte sequía. El hambre, unida a la autoimpuesta restricción de la producción y la escasez de semillas, se cobró más de cinco millones de vidas.

La NPE también facilitó el control estatal sobre el comercio y la industria. El gobierno conservó el monopolio sobre el comercio y las exportaciones al por mayor, sobre la industria pesada, los bancos y el transporte, es decir, las llamadas “alturas dominantes” de la economía. Pero sí hizo concesiones en el terreno de los bienes de consumo. Se arrendaron las empresas no rentables; se permitió la contratación de mano de obra. Se abandonó la idea de una economía sin dinero y comenzó a circular un rublo nuevo y estable, respaldado en oro.

Estas medidas alentaron la esperanza de muchos, dentro y fuera de Rusia, de que los gobernantes del país se hubiesen apartado del comunismo. Trazando analogías con la Revolución Francesa, estos optimistas hablaban de un “Termidor” comunista, refiriéndose al mes del calendario de la Revolución Francesa (julio-agosto de 1794) que presenció el derrocamiento de los jacobinos y la entrada de Francia en su lenta evolución hacia una estabilidad “burguesa”. Pero tales analogías históricas resultaron falsas; y las esperanzas que despertaron, ilusorias. Mientras que en Francia los jacobinos fueron derrocados y guillotinados, sus homólogos rusos permanecieron tranquilamente en el poder. Veían estas concesiones al capitalismo como medidas temporales que serían revocadas tan pronto como las condiciones lo permitieran.

La “ofensiva socialista” continuó en 1928, luego de la decisiva victoria de Stalin sobre sus rivales políticos. Su pieza clave fue la colectivización agraria. La prosperidad de las aldeas era un motivo de preocupación para los dirigentes comunistas, pues significaba que su autoridad, nunca demasiado fuerte en las zonas rurales, donde vivía entre el setenta y cinco y el ochenta por ciento de la población rusa, podía írseles totalmente de las manos. El proceso de colectivización, ideado originalmente por Lenin, nacionalizó todas las tierras cultivables: las parcelas comunales, anteriormente trabajadas por familias, se consolidaron y colocaron bajo la administración estatal. Los campesinos se convirtieron en trabajadores asalariados, a los que se les pagaba en dinero y en productos, y la totalidad de las cosechas pasaron a formar parte de la propiedad estatal. La única propiedad autorizada sobre la tierra eran pequeños huertos adjuntos a sus cabañas, donde podían cultivar frutales y hortalizas y tener gallinas e incluso animales de cría, para consumo personal o para venderlos en los mercados (regulados por el Estado) de las granjas colectivas. Aquellos campesinos que se consideraban políticamente sospechosos, así como aquellos que se resistieron a la expropiación, fueron enviados por millones a los campamentos de trabajos forzados, en donde casi todos perecieron. Fue una catástrofe sin precedente en la historia del mundo: ningún gobierno había causado jamás tal destrucción de vidas y recursos sobre su propio pueblo —un hecho poco conocido por el mundo hasta el día de hoy—. Simultáneamente, todas las tiendas privadas e instalaciones fabriles se nacionalizaron, y muchos de sus dueños fueron enviados a los campamentos de trabajos forzados.

Al completar la expropiación masiva, se informó oficialmente que el sector estatal de la Unión Soviética era responsable del 99,3% del producto nacional.[6] El control gubernamental de los recursos hizo posible realizar gigantescos programas de choque centrados en el equipamiento militar, el gasto en defensa llegó a absorber el 25% del producto bruto interno, y la mayor parte de las industrias de Rusia comenzó a trabajar, directa o indirectamente, para las fuerzas armadas.

La eliminación de la propiedad privada afianzó la seguridad del aparato unipartidista. Básicamente, toda la población de la Unión Soviética —como también la de aquellos países que después de la Segunda Guerra Mundial, ya por la fuerza, o ya por su propia voluntad, siguieron su ejemplo— trabajaba para el gobierno. Esto significaba que cualquier sospecha de actividad antigubernamental, cualquier duda sobre la lealtad política, podía conducir al despido o al menos a la degradación del sospechoso y de su familia más cercana, por parte del único contratista del país, el propio Estado. Para sobrevivir, uno tenía que colaborar. Junto con la policía política, que tenía poderes ilimitados sobre la vida de los ciudadanos soviéticos, lo que hizo posible el sistema totalitario fue el monopolio sobre los recursos y la contratación. Asimismo, logró el prodigioso esfuerzo militar que permitió a la Unión Soviética, primero, aplastar la invasión alemana y, luego, chantajear a los que fueron sus propios aliados durante la guerra.

Pero todo esto se logró a un coste elevadísimo, que a la larga resultó autodestructivo. El régimen consiguió, con relativa facilidad, neutralizar la resistencia política abierta: con la excepción de un pequeño grupo de disidentes heroicos, la población se resignó, al menos exterior-mente. El precio fue la disminución en la vitalidad nacional. Exceptuando la actividad delictiva, los esfuerzos individuales no alcanzaban sus debidas recompensas, y así la población cayó en ese tipo de apatía colectiva que William James anticipó cuando escribió que “en todos los casos [de pérdida de las posesiones] prevalece una sensación de disminución de nuestra personalidad, una anulación parcial de nosotros mismos”. Después de un aumento temporal tras la Segunda Guerra Mundial, la productividad económica continuó disminuyendo. El único sector de la economía que mostraba algún vigor era el de la agricultura privada: los treinta y tres millones de parcelas privadas en manos de las familias de las granjas colectivas, cuya extensión era 0,6 acres por término medio, y que constituían en conjunto el quince por ciento de la superficie cultivable del país, produjeron casi un tercio de los productos alimenticios de la Unión Soviética de la posguerra. En 1979, aportaron el treinta por ciento de la carne, vegetales y leche, el treinta y tres por ciento de los huevos, y el cincuenta y nueve por ciento de las patatas.[7] A la muerte de Stalin se intentaron diversos experimentos para combinar la iniciativa privada con la propiedad estatal de la agricultura, pero no se concretaron debido a la oposición de la burocracia rural, ya que tales experimentos representaban una amenaza para sus privilegios.

El sistema de planificación centralizada demostró ser incapaz de mantenerse al día con los adelantos tecnológicos, principalmente en el campo de la informática, que en el mundo libre revolucionó el almacenamiento, análisis y flujo de la información. La dirección soviética tardó en comprender el efecto de esta revolución tecnológica sobre los métodos de guerra; sólo lo comprendieron tras repetidos fallos en el armamento en manos de sus propias tropas y en las de sus aliados. En la década de 1980, las aspiraciones de la Unión Soviética de estar a la altura de sus adversarios potenciales en el uso y la calidad del armamento comenzaron a desvanecerse. Esta situación resultaba intolerable, dada la importancia suprema concedida por Moscú al poderío militar por razones de orden nacional e internacional. De ahí que algunos de los elementos más reaccionarios del país, entre ellos los generales, acordaron un programa de reformas económicas. Cuando advirtieron que la reforma económica no era factible sin cierto grado de reforma política, se aventuraron también en este sentido. Y pronto se hizo evidente que el sistema comunista era de una sola pieza, que no era susceptible de reformarse parcialmente. La velocidad con que se desmanteló despierta asombro hasta el día de hoy.

Obviamente el desplome de la Unión Soviética a finales del año 1991 tuvo varias causas, fue un acontecimiento sin parangón en la historia del mundo: todo un imperio desintegrándose en cuestión de semanas en condiciones de paz. Pero si, como hay buenas razones para creer, la causa fundamental de este desplome fue el debilitamiento de la economía, no es irracional deducir que la ausencia de propiedad privada fue un factor importante y probablemente el decisivo. Afectó a la economía en dos sentidos. La ciudadanía carecía de iniciativa privada para producir más allá del mínimo, ya que sus necesidades básicas estaban garantizadas, mientras que de hacer algo más no serían recompensados significativamente, y en cambio sí podrían sufrir castigos tales como mayores cuotas de producción. Pero si, pese a todas estas medidas desalentadoras, un ciudadano soviético demostraba iniciativa empresarial, era mal visto por el aparato burocrático cuyo interés era justamente paralizar tales iniciativas. De este modo la concentración de todos los recursos económicos en manos del Estado minó los cimientos de la ética laboral e impidió la innovación. Lejos de hacer de la economía comunista la más eficiente del mundo, como una vez habían soñado los bolcheviques, el monopolio estatal sobre los recursos productivos la volvió rígida y letárgica. El régimen murió de anemia: la eliminación de la propiedad privada, perseguida con celo fanático y a la vez apoyada en beneficio de la elite gobernante, provocó la atrofia de la personalidad, principal motor del progreso. Lo inevitable de un desenlace semejante había sido previsto desde mucho antes de que el comunismo se pusiera en práctica. David Hume, a finales del siglo XVIII, predijo el resultado de los intentos por imponer una “igualdad perfecta”:

Distribuyan posesiones para una total igualdad y los diversos grados de arte, cuidado e industria de los hombres romperán inmediatamente esta equidad. O si ponéis freno a estas virtudes, reduciréis la sociedad a la más extrema indigencia; y, en lugar de evitar la miseria y la mendicidad en unos pocos, las distribuiréis inevitablemente a toda la comunidad.[8]

Una vez que el poder del gigante burocrático fue desmantelado (cosa que sucedió en la segunda mitad de 1991 tras el fallido golpe de Estado de los comunistas más intransigentes) la nueva dirección de Rusia procedió a privatizar la economía. Lo mismo sucedió en los países liberados de la Europa del Este. La transición hacia una economía de mercado resultó extraordinariamente difícil, porque la población carecía de experiencia en llevar adelante pequeñas empresas privadas, y porque la vieja elite comunista no perdió tiempo en apropiarse de los bienes del Estado. Para empeorar las cosas, el desplome del sistema comunista causó la quiebra total de las estructuras del bienestar social que hasta entonces habían garantizado el ciento por ciento de las necesidades elementales de la población, dejando desamparada a la ciudadanía en un desconcertante mundo de intereses competitivos. Aproximadamente un tercio de la población, incluyendo a muchos de los ancianos, los incapacitados y los menos preparados, sufrieron privaciones extremas.[B] A pesar de esto, la privatización continuó a un ritmo acelerado, y a mediados de la década de 1990, entre dos tercios y tres cuartos del producto bruto interno de Rusia procedía del sector privado. Al igual que mucho de lo que sucede en Rusia, éste fue un proceso sin paralelo en su campo. Los resultados de las elecciones presidenciales de 1996 en Rusia indicaron que la mayoría de los rusos rechazaban el comunismo y su consecuente negación de la propiedad privada. Sin lugar a dudas, la supresión durante tantos años de los instintos normales de posesión ha conducido en los antiguos países comunistas a un nacimiento de los deseos de adquirir, en formas particularmente poco atractivas.

Así pues, el más audaz intento en la historia del hombre por abolir la propiedad privada ha terminado en desastre. Mientras esté fresca la memoria de esta calamidad, no es probable que vuelva a repetirse.

2. FASCISMO Y NACIONALSOCIALISMO

En un esfuerzo por diferenciarse de los regímenes totalitarios nacionalistas anticomunistas que emergieron en Europa entre las dos guerras, regímenes con los cuales tenían demasiado en común y que generalmente competían por los mismos electores, la propaganda comunista redefinió el término “fascismo” para designar cualquier gobierno que se opusiese al comunismo, esto es, específicamente, la Italia de Mussolini y la Alemania de Hitler, pero cuando la ocasión lo requirió, también lo utilizó para designar a los Estados Unidos y a las demás democracias. De acuerdo con este uso, cualquier individuo, grupo o gobierno que no fuese comunista o simpatizante con el comunismo era de hecho, o potencialmente, “fascista”. Semejante maniqueismo era totalmente inapropiado: existían enormes diferencias entre la Italia fascista y la Alemania nacional socialista, por no mencionar el insalvable abismo entre ambas y los Estados Unidos.

El argumento fundamental de los que rechazaban el concepto de totalitarismo como nombre genérico para la Unión Soviética, la Italia fascista y la Alemania nazi consiste en que, a diferencia de la Unión Soviética, los dos últimos regímenes permitían la propiedad privada. Este rasgo, a sus ojos, los catalogaba de regímenes “conservadores” y “burgueses” más parecidos a los otros “capitalistas” que a la Rusia “proletaria”. A principio de la década de 1920 la Internacional Comunista aprobó la definición de “fascismo” como la fase final del “capitalismo financiero”, es decir, el capitalismo en su último estertor.[9] La insistencia de Moscú en que el “fascismo” era el polo opuesto del “comunismo” encontró una amplia aceptación en los círculos socialistas y liberales de Occidente.

La Italia fascista y la Alemania nazi, sin dudas, permitían (o, más exactamente, toleraban) la propiedad privada. Sin embargo, era “propiedad” en un sentido peculiar y muy restringido, pues no era la propiedad prácticamente sin trabas del Derecho romano y de la Europa decimonónica, sino más bien una posesión condicional, bajo la cual el Estado, el propietario en última instancia, se reservaba el derecho a intervenir e incluso confiscar los bienes que, según su juicio, se usaran inadecuadamente. Las políticas económicas de la Italia de Mussolini y la Alemania de Hitler recordaban aquel “socialismo de Estado” que Lenin quería instituir en la Rusia soviética a su llegada al poder, bajo el cual la pequeña empresa trabajaría para el gobierno, una idea que Lenin se vio obligado a abandonar debido a las presiones de los “comunistas de izquierda”.[10] Este sistema se introdujo con éxito en Italia y Alemania porque, en estos países, las grandes sociedades anónimas se comportaron de forma acomodaticia, y estuvieron dispuestas a someterse a cualquier tipo de control y regulación en tanto se salvaguardasen sus beneficios, algo que sucedió en todas partes (incluyendo los Estados Unidos).

Al analizar la Italia fascista, debe tenerse en mente que Benito Mussolini, su fundador y líder, alcanzó la relevancia política antes de la Primera Guerra Mundial como un socialista de los más radicales, un caso análogo al de Lenin. Como Lenin, dudaba del compromiso revolucionario de la clase trabajadora y creía en una revolución social dirigida por una élite intelectual. Como Lenin, también, despreciaba a los socialistas reformistas, no revolucionarios. Su maestro e inspirador era Marx. En 1912 logró expulsar del Partido Socialista Italiano a los elementos moderados, lo que le ganó el elogio de Lenin; por aquella fecha se convirtió en el editor del órgano oficial del partido, el periódico Avanti! En otras palabras, la ideología del fundador del Partido Fascista estaba arraigada en el socialismo revolucionario, igualmente enemigo del conservadurismo y del liberalismo.

Antes de agosto de 1914, Mussolini se había opuesto a que Italia se involucrase en la incipiente guerra mundial, temiendo la violencia civil que podía surgir si el gobierno se unía a los beligerantes. Sin embargo, el espectáculo del frenesí patriótico que envolvió a Europa en el verano de 1914 lo convenció de que el nacionalismo era una fuerza más poderosa que la alianza basada en la conciencia de clase. En noviembre de 1914, para sorpresa y desaliento de sus compañeros, se pronunció a favor de la intervención de Italia en la guerra y se alistó en el ejército. Este cambio provocó la expulsión de Mussolini del Partido Socialista Italiano, pero continuó considerándose un socialista hasta que, a mediados de 1919, al no poder reconquistar el favor de sus antiguos correligionarios, fundó el Partido Fascista. Este partido inicialmente adoptó una postura revolucionaria, promoviendo huelgas industriales y otras formas de violencia, procurando explotar mejor que los socialistas la agitación que sucedió al advenimiento de la paz. El programa original de los fascistas (1919) era radical y revolucionario. El fracaso de estas tácticas de Mussolini para volver a alcanzar el liderazgo del movimiento socialista, que adoptó una postura procomunista, lo obligó a formular un programa propio que mezclaba socialismo y nacionalismo. De 1920 en adelante, presentaba a Italia como una nación “proletaria” explotada por países hostiles “plutocráticos” decididos a negarle su legítimo lugar bajo el sol.[11] La verdadera lucha de clases, según la doctrina fascista, era la lucha entre naciones. El fascismo luchaba por rebasar el marco estrecho de las alianzas de clase: todas las clases debían subordinar sus intereses privados a los de la nación y colaborar contra el enemigo exterior.

Los propietarios no fueron una excepción a esta regla. Mussolini reconoció el principio de propiedad privada, aunque no como un derecho sacrosanto sino como un privilegio otorgado por el Estado. En consonancia con esta filosofía, aplicó presiones muy rigurosas sobre las empresas privadas. En la década de 1920, se arrogó a sí mismo la potestad de interferir en el mercado, “corrigiendo” las ganancias y obligando a las firmas comerciales a reconocer a los sindicatos como socios igualitarios. En algunas ocasiones, el gobierno fascista reemplazó la gerencia de sociedades anónimas privadas. La tendenciosa noción comunista de “fascismo” como la expresión de “capitalismo terminal” resulta, por tanto, muy inadecuada: este fue un movimiento que colocó los intereses nacionales por encima de los intereses privados, y reguló los negocios así como la fuerza de trabajo. Incluso, durante un discurso en mayo de 1934, Mussolini informó a la Cámara de Diputados que tres cuartos de la economía industrial y agrícola de Italia estaba en manos del Estado, lo que, añadió, creaba las condiciones para introducir en Italia el “capitalismo de Estado” o el “socialismo de Estado” cuando él lo creyera necesario.[12]

Hitler no tenía la formación socialista revolucionaria de Mussolini. Admitía haber aprendido mucho de los “marxistas”, pero esto era sobre todo en el campo de la manipulación de las masas; de sus teorías no conocía casi nada. Sin embargo, compartía el odio y el desdén socialistas hacia la “burguesía” y el “capitalismo” y explotó para sus propios fines las fuertes tradiciones socialistas de Alemania. Las palabras “socialista” y “trabajadores” en el nombre oficial del partido de Hitler (Partido Nacionalsocialista de los Trabajadores Alemanes) no tenía tan sólo un valor propagandístico. Según una de las mayores autoridades en la historia del nazismo, su ideología en los primeros años “contenía un núcleo enteramente revolucionario, envuelto en una violenta e irracional ideología política. No era de ninguna manera una mera expresión de las tendencias reaccionarias: emergió del mundo de los trabajadores y de los sindicatos”.[13] En la víspera de su llegada al poder, los trabajadores de la industria constituían casi un tercio de los miembros del Partido Nazi y conformaban su mayor grupo ocupacional.[14] El partido adoptó la Bandera Roja, declaró el Primero de Mayo un día de fiesta de ámbito nacional y exigió a sus miembros que se llamasen entre sí genossen o “camaradas”. En una ocasión, en medio de la Segunda Guerra Mundial, Hitler llegó a declarar que “básicamente el marxismo y el nacionalsocialismo son lo mismo”.[15] El “capitalismo” se identificaba con “el judaísmo mundial” y se comparaba con la Alemania nazi, sobre la que afirmaba que tenía un carácter “popular” (volkische).[16] El objetivo social último de Hitler era una sociedad jerárquica en la que el status “aristocrático” se alcanzaría mediante el “heroísmo” personal demostrado en combate.[17] Contrariamente al mito, aceptado por muchos, de que fueron los grandes empresarios los que financiaron su toma del poder, este elemento radical de la doctrina y la práctica nazi fue el que hizo que los ejecutivos de las grandes empresas sospecharan de Hitler y le retiraran una significativa parte de su apoyo.[18] El Programa de Veinticinco Puntos del partido, adoptado en 1920, anticipaba las ideas del “Estado de bienestar social” que serían formuladas durante la Segunda Guerra Mundial en el Informe de Beveridge (véase más abajo) y adoptadas por el Partido Laborista Británico en 1945. Propugnaba que el Estado garantizase el empleo para todos, nacionalizara las grandes empresas, cuidara de los ancianos, proporcionara a cada ciudadano la oportunidad de acceder a una mayor educación, permitiera el acceso de los niños de la familias pobres a las escuelas, mejorara la sanidad pública, y en todas las esferas de la vida se colocaran los intereses de la “comunidad” por encima de los del individuo.[19] Dada su identificación con el ideal de comunidad étnica y el valor supremo que atribuían a la nación (o raza), no es sorprendente que los nazis se negaran a reconocer los derechos fundamentales, no importaba cuál, incluyendo la propiedad privada. El Derecho era para ellos (como para los comunistas y los fascistas) una herramienta del poder público: lo único legal era aquello que beneficiaba al “pueblo”, término por el cual debía entenderse el Partido Nazi, su encarnación.[20] La misión de la economía era servir al Estado, como en el caso de la Unión Soviética después de 1928, preparar al país para la guerra mundial que se aproximaba, la cual resolvería los problemas más urgentes de Alemania garantizándole su “espacio vital”. Este objetivo dominante sería alcanzado mediante una combinación de los intereses públicos y privados que otorgaba al Estado la última palabra. Una declaración oficial en 1935, mezclada con el lenguaje confuso que intentaba dar seguridades sobre los intereses privados, dio una pista de cómo esto iba a lograrse:

La economía del poder no correrá a cargo del Estado, sino de empresarios (privados) que actuarán bajo su libre e irrestricta responsabilidad. El Estado se limita a la función de controlar, la cual, por supuesto, lo incluye todo. Y se reserva [a sí mismo] el derecho a la intervención… a fin de asegurar la supremacía del interés público.[C]

Los nazis suspendieron las garantías constitucionales de la inviolabilidad de la propiedad privada antes de que pasara un mes desde que se hicieran cargo del gobierno alemán.[21] La propiedad debía respetarse, pero sólo en tanto el propietario la empleara en beneficio de la nación y del Estado: como dijera un teórico nazi, “La [p]ropiedad ya no era un asunto privado sino una especie de concesión estatal, limitada por la condición de que fuese usada ‘correctamente’”.[22] En una conversación extraoficial con el editor de un periódico dos años antes de asumir el poder dictatorial, Hitler puso la cuestión en los siguientes términos:

Quiero que cada cual conserve la propiedad que ha adquirido para sí mismo, de acuerdo con este principio: el bien común es prioritario sobre el interés propio. Pero el Estado debe mantener el control y cada propietario debe considerarse a sí mismo un agente del Estado. El Tercer Reich siempre se reservará el derecho de controlar a los dueños de propiedades.[23]

Sobre estas bases, el dictador alemán reclamó la autoridad para “limitar o confiscar propiedades a voluntad allí donde esta limitación o confiscación estuviera en consonancia con las ‘tareas de la comunidad”’.[24] En una declaración programática sobre el futuro de la economía alemana, redactada en 1931, la propiedad privada quedó definida como el derecho de “usufructo”, esto es, el derecho a disfrutar de los bienes pertenecientes a otro, en este caso, al Estado.[D]

Las primeras víctimas de esta política fueron los ciudadanos judíos cuyos bienes se expropiaron poco a poco hasta que ya no les quedó nada, los expulsaron del país y los enviaron a la muerte.[25] En 1934 una ley permitió la expropiación de las posesiones de los comunistas por parte del Estado. No hubo necesidad de tomar medidas tan drásticas con los empresarios de la raza “aria”, ya que los hombres de negocios alemanes colaboraron lealmente, si bien no siempre con entusiasmo, en el proceso de rearme que constituía la principal preocupación de Hitler. Esto explica por qué los nazis nunca necesitaron nacionalizar su economía. Del mismo modo, grandes extensiones de terrenos quedaron intactas, en parte para ganar el apoyo de los junkers,[E] y en parte porque se las consideraba más eficientes que las pequeñas granjas.

Aun así, la libertad económica de la empresa privada se vio restringida profundamente. Inspirado por el modelo social de Mussolini, el Estado nazi interfirió en todos los niveles de la actividad económica, regulando los precios, los salarios, los dividendos y las inversiones, limitando la competencia y zanjando las disputas con la clase obrera.[26] El propósito dominante de toda la estructura de controles impuesta a la economía alemana era prepararla para la guerra de agresión que era el objetivo inmediato de Hitler. Igual que la Unión Soviética, la Alemania nazi se convirtió en una sociedad organizada para la guerra que se avecinaba; en esta sociedad, la propiedad privada no podría interferir en la eficiente movilización económica.[F] En varias ocasiones, Hitler previno a los empresarios privados alemanes, aludiendo a la economía planificada soviética, que debían prestar al Estado los servicios requeridos o el Estado se encargaría de sus negocios.[27]

En 1933 se emitió la Ley sobre Cártels Obligatorios, a partir de la cual el gobierno asumía el derecho a consolidar empresas como un medio de regular el mercado de sus productos y reducir la competencia. Con el tiempo, Berlín llegó a dictar cientos de estos convenios obligatorios, que determinaban, bajo la dirección del Estado, aquello que sus miembros podían producir y qué precios podían establecer: la práctica habitual hasta fines de 1941 era que las empresas operasen sobre una base de coste de producción más un margen fijo de beneficio, después de declarar sus costes ante las agencias de gobierno, se les permitía ingresar un beneficio del tres al seis por ciento.[28] En 1936, se creó la oficina del Comisario del Reich para la Fijación de Precios para garantizar “precios económicamente justos”. El funcionamiento del mecanismo de precios propio del libre mercado fue suspendido.[29] La ley de cártels condicionó las inversiones a la aprobación del Estado.[30] Las autoridades estatales también regulaban los pagos de dividendos: una ley aprobada en 1934 decretó que las ganancias por distribuir entre los accionistas no podrían exceder el seis por ciento del capital aportado; otra ley del mismo año ordenaba que cualquier excedente debía ser invertido en bonos estatales para su futura distribución.[31] Los poseedores de bonos municipales y de otros tipos se vieron forzados a convertirlos en nuevas emisiones de valores con tipos de interés más bajos.[32] Acosada por las acusaciones de “egoísmo económico” y por la insistencia continua en que los intereses de la comunidad tenían prioridad sobre los del individuo, la empresa privada tenía que realizar cambios constantemente.[G]

Gradualmente, los nazis también impusieron controles sobre el mercado de trabajo, llegando a prohibir (1939) el movimiento de trabajadores de uno a otro empleador.[33] Se abolieron los convenios colectivos: los salarios, así como las horas y las condiciones de trabajo, se fijaban por las empresas bajo la supervisión de funcionarios del gobierno (“fiduciarios laborales”). En vísperas de la Segunda Guerra Mundial (1938), los salarios estaban congelados en los niveles de la depresión de 1932-1933.[34] Un ejemplo ilustrativo de la actitud de los nazis hacia la propiedad puede verse en la ley que regulaba el uso y transferencia de las granjas de cultivo. Aunque la agricultura era un factor de la economía alemana que estaba decayendo, tenía para los nazis un gran valor simbólico, debido a su mística de la tierra (Blut und Boden) y el culto de las antiguas tribus germánicas.[35] Además tuvo, más adelante, un papel preponderante entre los preparativos para la guerra, ya que el suministro estable de alimentos era una cuestión de primera importancia. El derecho de los dueños de granjas pequeñas y medianas a transmitir sus propiedades mediante testamento se vio gravemente restringido por una enmienda del año 1933 a favor de que la recibiera un único heredero designado por el padre. Estas granjas no podían ser vendidas sin la autorización de un tribunal. Un decreto de 1937 estipulaba que el propietario que no fuese capaz de cultivar su granja eficientemente podía quedar sujeto a las órdenes del Estado, y de no cumplir con éstas estaría obligado a entregar su granja a un fiduciario o arrendársela a un granjero más competente; en casos extremos podía perder su propiedad. Las tierras podían ser confiscadas con compensación para “uso de la comunidad”, compensación que solía interpretarse de manera muy arbitraria, sin relación alguna con los precios del mercado. Por último, el gobierno determinaba qué productos debía cultivar el granjero y qué porcentaje de la cosecha de cereales debía entregar a las agencias estatales.[36] En muchos sentidos el terrateniente en la Alemania nazi se asemejaba a un consorcio público, en virtud del cual el propietario titular tenía muchos deberes pero pocos derechos.

Fue la conveniencia, no un presupuesto ideológico, lo que dejó la propiedad privada en manos de sus dueños. La inversión estaba controlada, la libertad de empleo estaba muerta, los precios se fijaban, cada sector de la economía era, en el peor de los casos, una víctima y, en el mejor, un cómplice del régimen [nazi].

A pesar de haber sido una generación inmersa en la mitología marxista y neomarxista, es probable que nunca en tiempos de paz una economía ostensiblemente capitalista haya sido dirigida de un modo tan totalmente anticapitalista como la economía alemana entre los años 1933 y 1939.[37]

La usurpación de la propiedad privada en el Tercer Reich en la década de 1930 era sólo un pálido remedo de lo que se proponían si alcanzaban su victoria definitiva.

La reducción, hasta el extremo de la abolición, de los derechos y privilegios personales en los Estados totalitarios estuvo siempre acompañada de la reducción, hasta el extremo de la abolición, de la propiedad privada. Este proceso se desarrolló más en los Estados comunistas, no tanto en la Alemania nazi y menos aún en la Italia fascista; pero en los tres países la lucha por el poder político absoluto estuvo acompañada por decididos ataques a los derechos de la propiedad privada. La experiencia del totalitarismo confirma que, así como la libertad supone la garantía de los derechos de propiedad, la búsqueda de un poder personal ilimitado exige la subversión de la autoridad del ciudadano sobre sus cosas, dado que esto último le permite eludir el control-total del Estado.

3. EL ESTADO DE BIENESTAR SOCIAL

En contraste con el totalitarismo y otros regímenes despóticos, las democracias proclaman su adhesión incondicional al principio de la propiedad privada: nunca antes tantas Constituciones del mundo han declarado su inviolabilidad. La realidad, sin embargo, es otra. Los derechos de propiedad y los privilegios asociados a ellos son subvertidos mediante diversos mecanismos, algunos directos y en apariencia constitucionales, otros turbios y de legalidad dudosa: el Estado, al parecer, se apropia incluso cuando da. (Puesto que, como dijera Platón, “de aquella cosa de la que el hombre es un celoso guardián, de ésa es también un astuto ladrón”.) La agresión sobre los derechos de propiedad no siempre es evidente, porque se lleva a cabo en nombre del “bien común”, un concepto elástico, definido por aquellos a cuyos intereses sirve.

En términos generales este desarrollo no resultó previsible. En la década de 1920, Morris Cohen, un profesor de filosofía de la Universidad de Columbia, un académico con amplios intereses, estaba seguro de que, bajo las condiciones de la modernidad, la distinción tradicional entre imperium y dominium habría perdido casi toda su relevancia. Creía que los grandes capitalistas habían adquirido tanto poder sobre una parte tan grande de la población que se habían convertido, en la práctica, en soberanos: “No existe ninguna duda”, escribió, utilizando una fórmula que invariablemente nos alerta de que existen razones para dudar, “de que nuestras leyes sobre la propiedad confieren poderes soberanos sobre nuestros capitanes de la industria y, más aún, sobre nuestros capitanes de las finanzas”.[38] Esta creencia prevaleció durante la primera mitad del siglo XX.

Pero, como a menudo sucede, en el mismo momento en que una tendencia parece irreversible, ya se encuentra en retirada, al ponerse en marcha las fuerzas que la contrarrestan. En el siglo XX, ha tenido lugar una transformación radical en el modo en que los gobiernos democráticos enfocan sus responsabilidades, una transformación que ha eliminado cualquier posibilidad de que los intereses privados pasen por encima de los intereses públicos y los empresarios asuman el papel de “soberanos”.

Durante los siglos XVIII y XIX se aceptaba, por lo general, que la pobreza era consecuencia de las debilidades humanas y que por tanto se hallaba al margen de la acción legislativa. Así pues, el Informe de la Comisión sobre los Pobres de Inglaterra de 1834, que provocó la drástica reducción de la asistencia tradicional que se daba a los pobres en sus propios hogares, afirmaba que las leyes de los pobres existentes no podían alcanzar su propósito debido a que se enfrentaban con “aquella ley de la naturaleza en virtud de la cual los efectos de la falta de previsión y la mala conducta de los hombres recaen sobre ellos mismos y sus familias”.[39] Un artículo publicado en un influyente diario inglés de mediados de la época victoriana ridiculizó la idea, por entonces expuesta por algunos liberales, de que “la propiedad tiene sus deberes y sus derechos”, respondiendo: “La propiedad no tiene ningún deber intrínseco de caridad. Son los pobres los que tienen deberes, no los ricos: y el primer deber de un pobre que sea trabajador es no ser pobre”.[40] Hace un siglo, el presidente democráta Grover Cleveland rehusó firmar un decreto que ofrecía ayuda de emergencia a los granjeros de Texas afectados por la sequía, sobre la base de que tal ayuda sería mejor dejarla a la caridad individual, para evitar así que los ciudadanos se volvieran demasiado dependientes del “paternalismo” del gobierno. “Yo no creo”, escribió justificando su veto,

[…] que el poder y el deber del gobierno general deba dedicarse a remediar los sufrimientos individuales, lo cual de ninguna manera está relacionado con el servicio o beneficio público. [E]s preciso recalcar constantemente la lección de que, aunque el pueblo apoye al gobierno, el gobierno no debe apoyar al pueblo.[41]

Tales sentimientos, expresados con crudeza y difíciles de entender hoy en día, reflejan, no tanto una insensibilidad moral, como la convicción de que la pobreza era un mal autoinfligido, un castigo de la naturaleza por vicios como la pereza, el despilfarro y el alcoholismo, una convicción heredada de una época en la que el desempleo era un fenómeno marginal, la inflación era prácticamente desconocida y las víctimas de enfermedades y otras desgracias debían ser socorridas por la caridad individual. Pero la ignorancia de los hechos también representó un papel, puesto que por entonces no se disponía de información estadística sobre la naturaleza y las dimensiones del fenómeno de la pobreza.[42]

En la década de 1880, las actitudes empezaron a cambiar. Los gobiernos llegaron gradualmente a reconocer que en gran medida la pobreza era generada por causas que escapaban al control de sus víctimas y que el ejercicio sin trabas de los derechos de propiedad permitía a los ricos oprimir a los pobres. Pero también la política representó su papel, a saber, el deseo de ganar el respaldo electoral de los votantes de las clases bajas, recién dotados del derecho al sufragio, mezclado con el miedo al socialismo. El resultado fue un nuevo énfasis en la política social: libertad y propiedad comenzaron a pesar menos que justicia social e igualdad.

El camino para este nuevo enfoque de los problemas sociales se forjó a partir de un profundo cambio en el modo en que el Derecho y la legislación se percibían en Occidente. Como hemos señalado anteriormente, la tradición europea que se remonta a la Edad Media sostenía que la función del Derecho y la legislación no era innovar sino preservar la tradición: se dice que el gran estadista inglés de mediados del siglo XVIII, William Pitt el Viejo, conde Chatham, quien fue primer ministro durante ocho años, no elevó al Parlamento ni un solo proyecto de ley.[43] El Derecho se consideraba inmutable pues estaba enraizado en la naturaleza y en la voluntad de la comunidad: los legisladores y juristas no tenían más que reafirmar lo que ya existía y cómo debía ser aplicado a las situaciones concretas. La aparición, a fines del siglo XVIII, del “historicismo”, que predicaba que las instituciones humanas estaban en constante evolución, cambió esta visión tradicional del Derecho. Llegó a reconocerse que por cuanto en los asuntos humanos todo es el resultado de la voluntad humana, todo en los asuntos humanos es susceptible de ser alterado —y mejorado— mediante la educación y la legislación. En Inglaterra, que iba a la cabeza del mundo en estos asuntos, fue Jeremy Bentham quien encabezó el ataque contra las formas tradicionales de pensamiento. Como buen discípulo de Helvecio, criticó a Blackstone por sostener que el pasado podía servir de guía para el presente. A diferencia de Blackstone, quien enseñaba el Derecho tal como era, Bentham comenzó a enseñarlo “tal como debería ser”.[44] Fue Bentham, más que cualquier otro pensador, quien popularizó la noción de que las leyes son capaces de resolver todos los males de la sociedad. En el segundo cuarto del siglo XIX, ya todos reconocían que la principal función del Parlamento era legislar. A mediados de siglo, Inglaterra creó un cuerpo de funcionarios encargado del seguimiento de los problemas sociales del país y de sugerir medidas para remediarlos. El Parlamento a menudo seguía sus recomendaciones, muchas de las cuales requerían “múltiples y directas interferencias en la libertad de contratación” y comportaban “sutiles implicaciones en todo el concepto de una sociedad basada en la contratación”.[45] Así fue cómo se sentaron los cimientos filosóficos del Estado de bienestar social.

Sus cimientos políticos se originaron en Alemania durante la década de 1880. Alarmado por la influencia que estaba adquiriendo entre los trabajadores alemanes el proscrito Partido Social Demócrata, Bismarck estableció programas de aseguramiento social contra enfermedad, accidentes laborales y la incapacidad propia de la vejez. A estas medidas siguieron leyes que establecían el domingo como día de descanso laboral. Se crearon tribunales laborales para zanjar las disputas salariales. Se aprobaron normas jurídicas similares en Gran Bretaña en los primeros años del siglo XX por iniciativa del Partido Liberal: la Ley de los Trabajadores Desempleados (1905); las Leyes de Compensación de los Trabajadores (1897, 1906), que responsabilizaban financieramente a los empresarios por los accidentes laborales; y la Ley de las Pensiones de la Vejez (1912), que aseguraba una pensión para cada británico de bajos ingresos mayor de setenta años. Esta legislación culmina con la Ley Nacional de Seguro de 1911, que protegía contra enfermedad y desempleo, financiada por las contribuciones de los empresarios, los empleados y el Estado. En 1912, Gran Bretaña adoptó una ley de salario mínimo.

La legislación social previa a la Primera Guerra Mundial proporcionaba protección contra desgracias como la enfermedad, las heridas accidentales y las privaciones de la vejez. Con el tiempo, sin embargo, especialmente durante la Gran Depresión con su auge sin precedentes del desempleo, se expandió considerablemente la noción de cuáles eran las necesidades humanas básicas y qué responsabilidades tenía la sociedad respecto de ellas. Imperceptiblemente, pero con enormes consecuencias para la propiedad y la libertad, la legislación del bienestar social progresó de los seguros al aseguramiento: desde los seguros contra las calamidades hasta el aseguramiento de lo que Roosevelt llamó “una vida cómoda”.[H] El aumento de las responsabilidades del Estado condujo a su vez inevitablemente al aumento de la participación e injerencia del mismo en la vida de la sociedad, y de este modo a cierta transgresión de la libertad. Pues, como apuntó Frederick Hayek, todo aumento del alcance del poder estatal, en sí y de por sí, amenaza la libertad, porque

[…] (1) el pueblo normalmente no puede llegar a un acuerdo con relación a unas pocas tareas; (2) para ser democrático, el gobierno debe ser consensual; (3) un gobierno democrático, por tanto, sólo es posible cuando el Estado limita sus actividades a aquellas pocas sobre las cuales el pueblo puede llegar a un acuerdo; (4) de aquí que cuando el Estado aspira a acometer funciones importantes adicionales se encuentra que sólo puede hacer esto mediante la coerción, y se destruirán tanto la libertad como la democracia.[46]

Los programas de bienestar social introducidos en algunos países durante la década de 1930 requerían enormes gastos, y éstos sólo podían obtenerse mediante la recaudación de impuestos. Han transformado al gobierno democrático moderno en un gigantesco mecanismo de redistribución del capital privado: mediante los impuestos sobre la renta, el gobierno se apropia de un alto porcentaje de los beneficios de las sociedades anónimas y los ciudadanos, una parte del cual se deduce para pagar los costes de la administración de los programas de bienestar social, y el resto se distribuye entre los beneficiarios del bienestar social. La justificación filosófica de esta operación es la noción socialista de que el gobierno tiene el deber no sólo de aliviar la suerte de los pobres, sino de “abolir” la pobreza misma.[I] Para alcanzar este objetivo, el gobierno intenta garantizar no tanto la igualdad de oportunidades, la aspiración fundamental del liberalismo, sino la igualdad de resultados, es decir, una noción que se acerca al ideal comunista de “de cada cual según su capacidad, a cada cual según su necesidad”.[47] Este propósito fue definido por el presidente Lyndon Johnson, el principal arquitecto del Estado de bienestar social de la posguerra en los Estados Unidos, en un comunicado a la Universidad de Harvard en junio de 1965: “La libertad no es suficiente… No sólo procuramos la libertad sino la oportunidad… no sólo la igualdad como un derecho y una teoría sino la igualdad como un hecho y un resultado”.[J]

No es probable que Johnson, ni quienes escribían sus discursos, ni el público en general, sospecharan siquiera la tremenda ruptura que estas palabras implicaban con relación a la tradición occidental. De poderse alcanzar la igualdad social, será sólo mediante la coerción, esto es, a expensas de la libertad. Necesariamente requiere la violación de los derechos de propiedad de aquellos ciudadanos que poseen más riquezas o disfrutan de un status social superior al de la mayoría. Una vez que la eliminación de la pobreza se convierte en un objetivo estatal, el Estado se ve en la obligación de considerar la propiedad no como un derecho fundamental, al cual tiene la obligación suprema de proteger, sino como un obstáculo de la justicia social. Es, por tanto, un rasgo esencial de todas las doctrinas igualitarias el insistir —muy a la manera de los partidarios de la monarquía absoluta, como Hobbes— en que la propiedad no es un derecho natural sino una institución social, razón por la cual la sociedad, mediante la acción del Estado, tiene la potestad de regularla.[48] Con argumentos así, en un acto de prestidigitación, el hecho de que el Estado protege la propiedad privada se interpreta como que el Estado, en última instancia, tiene derecho sobre ella.

En los tiempos premodernos tales restricciones de la propiedad se rechazaban en nombre de la libertad y de los “derechos innatos” personales. Pero entonces la amenaza a la propiedad y todo lo que con ella se asocia provenía de los reyes hereditarios: el Parlamento, como representación del pueblo, podía oponerse a la arbitrariedad de los impuestos sobre la base de que el gobierno (esto es, la Corona) no tenía derecho a apropiarse de los bienes de sus súbditos sin el consentimiento de los mismos. Pero la situación cambió radicalmente una vez que el gobierno se constituyó por medio de elecciones, pues cualquier cosa que éste legisla implica el consenso popular. En una democracia, la propiedad no limita en la práctica el poder político, porque los propietarios, llegado el caso, se sientan a ambos lados de la mesa de negociación y se exigen a sí mismos el pago de impuestos por medio de sus representantes.[49] Estos representantes, dependientes como son de un conjunto de electores donde hay más votantes pobres que ricos, “captan el favor electoral concentrando los beneficios y dispersando los costes de las iniciativas políticas concretas”.[K] Tales prácticas, adoptadas por casi todas las democracias industriales en el curso del siglo XX, han alterado significativamente el status de la propiedad privada:

Uno de los adelantos más importantes de la pasada década en los Estados Unidos ha sido la creación del gobierno como una fuente considerable de riqueza. El gobierno es un sifón gigantesco. Absorbe rentas públicas y poder, y de él brota la riqueza: dinero, beneficios, servicios, contratos, franquicias y licencias. El gobierno siempre ha tenido esta función. Pero mientras que en otros tiempos ésta era menor, la función de generosidad de hoy en día ocurre a una escala más amplia, a una escala enorme.

Los objetos de valor distribuidos por el gobierno adoptan muchas formas, pero todas ellas comparten una característica. De manera constante van tomando el lugar de las formas tradicionales de riqueza —formas que se poseen en calidad de propiedad privada—. El seguro social sustituye a los ahorros; el contrato con el gobierno reemplaza a la clientela y la buena voluntad del empresario. La riqueza de un número creciente de norteamericanos depende de su relación con el gobierno. Cada vez más los norteamericanos viven de la generosidad del gobierno, es decir, distribuida por el gobierno de acuerdo con sus propios términos y recibida bajo condiciones que reflejan “el interés público”.

El incremento de la generosidad del gobierno, acompañado por un sistema legal característico, está teniendo profundas consecuencias. Está afectando a los pilares del individualismo y la independencia. Está influyendo en los mecanismos de la Declaración de Derechos.[50]

Por cuanto en todas partes los votantes pobres son más que los ricos, en teoría, la potestad del Estado democrático para pisotear los derechos de la propiedad privada no tiene límites. Algunos analistas temen que este proceso inevitablemente conducirá a la destrucción de la democracia, pero ignoran la reacción inevitable que ha ido adquiriendo fuerza desde la década de 1980, a partir de que los costes de los siempre crecientes programas de bienestar social amenazan con la ruina presupuestaria. Otra explicación de por qué la usurpación de la propiedad privada no avanza decididamente hacia su desenlace lógico, que es su abolición, es el hecho de que los más acaudalados tienen el doble de probabilidades de votar que los más necesitados.[51] Además, los propietarios muestran más determinación a defender sus bienes de la que muestran aquellos que quieren apoderarse de ellos para su distribución: como regla, los intereses privados vencen a los guardianes del “bien común”, porque aquellos tienen más que perder de lo que estos últimos podrían ganar. Aún así, existe una reducción ininterrumpida, a menudo imperceptible, de los derechos de propiedad y de los distintos derechos civiles que de ella emanan, como resultado de la búsqueda de la igualdad social característica del moderno Estado de bienestar social.

Así pues, el gobierno moderno[L] no sólo “redistribuye” las posesiones de sus ciudadanos sino que también regula su utilización. Invoca las leyes sobre el medio ambiente para limitar el uso de las tierras y la construcción de viviendas. Interfiere en la libertad contractual al establecer un salario mínimo y al poner en práctica la “acción afirmativa” en las prácticas de contratación. Impone controles de rentas. Interfiere en prácticamente todos los aspectos de los negocios, sancionando toda acción que se asemeje a un ajuste de precios, estableciendo las tarifas de los monopolios en la prestación de servicios públicos, impidiendo la creación de consorcios, regulando las comunicaciones y el transporte, presionando a los bancos a conceder préstamos a determinadas zonas cercanas, entre otros ejemplos. Las Fuerzas de Choque para la Reinvención del Gobierno nombradas por Clinton y dirigidas por el vicepresidente Gore estimaron que en 1993 el “coste que representa al sector privado cumplir con las regulaciones [externas] es de al menos 430 000 millones anuales de dólares —¡un nueve por ciento del producto interior bruto!—”.[52] Como resultado de esto, la propiedad privada hoy en día no se parece en nada a lo que era hace algunos cientos de años y se aproxima cada vez más a la tenencia condicional.

Estas medidas las pone en marcha una burocracia reguladora que opera fundamentalmente al margen del control público, arrogándose potestades que los autores de la Constitución querían que estuviesen separadas:

Las agencias administrativas combinan todos los rasgos de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial en un solo cuerpo. Las agencias promulgan las regulaciones (una función legislativa), interpretando las normas en el proceso (una función judicial). Ponen en marcha las normas y sus propias regulaciones (una función ejecutiva), determinan si han sido violadas las regulaciones y establecen sanciones contra la parte supuestamente transgresora (funciones judiciales). Si, como a menudo es el caso en el presente, los tribunales abandonan su papel constitucional de guardianes de los derechos y lo remiten al juicio de agencias reguladoras en sus diversas funciones, entonces el sistema constitucional, como fue originalmente diseñado, queda alterado radicalmente.[53]

La dificultad al afrontar esta circunstancia inusual y peligrosa radica en el hecho de que bajo las condiciones modernas, la injerencia del gobierno es inevitable y, en muchos aspectos, beneficiosa, algo que no sucedía cuando la propiedad privada era amenazada por el absolutismo monárquico. El concepto de “bien público”, si bien se utiliza demasiado, es un término genuino. La contaminación del medio ambiente obliga al gobierno a supervisar las emisiones procedentes de las industrias y los automóviles. Alguien tiene que velar porque los ciudadanos no sufran discriminación por razones de raza, religión o sexo, y ese alguien sólo puede ser la autoridad pública. La salubridad del aire debe ser garantizada. Los médicos deben tener títulos oficiales, y los ancianos y los pobres deben recibir atención médica. Todos estos servicios requieren de la intervención del Estado. La intervención del Estado limita la libertad, pero también la protege: se ha dicho con justicia que “la democracia se ve reforzada allí donde ciertas libertades económicas se ven restringidas”.[54] De esta manera nos vemos ante una circunstancia novedosa y paradójica: en el mundo moderno, la propiedad privada, tradicionalmente considerada como el más efectivo bastión de la libertad, debe restringirse en bien de la sociedad, lo cual tiene el efecto de aumentar el poder del Estado hasta el punto de limitar y amenazar la libertad de la sociedad. Y aun así uno no puede oponerse al Estado en nombre de la libertad porque sus acciones reflejan la libre voluntad de los ciudadanos libres. Esto puede significar que la propiedad ya no constituye una garantía de libertad y su misma supervivencia resulta problemática. Pero también puede significar que debe buscarse una manera de preservar la propiedad como un derecho humano fundamental que la sociedad no puede, en realidad, violar y, al mismo tiempo, garantizar una elemental justicia social. Como más adelante sugeriremos, estos objetivos idénticos no se consiguen mediante leyes e instituciones sino mediante las actitudes que determinan cómo se aplican las leyes y las instituciones.

Antes de proseguir, necesitamos detenernos en el debate en torno de si la propiedad privada en el sentido tradicional ha caducado debido a la forma actual en la que opera el sistema económico, lo cual, de ser cierto, haría que carecieran de sentido otras discusiones sobre este tema.

4. LA SOCIEDAD ANÓNIMA MODERNA
Y LA PROPIEDAD

La inmensa mayoría de la humanidad se gana la vida hoy de modo similar a como lo ha hecho siempre: cultivando y pescando, practicando la artesanía, comerciando y vendiendo su mano de obra. La propiedad para esta mayoría continúa asociada a objetos físicos, especialmente tierras y mercancías de diversa índole. Pero para los habitantes de las sociedades industriales desarrolladas, la situación ha cambiado drásticamente durante los dos últimos siglos. Para ellos, la riqueza se ha llegado a encarnar en el dinero, el conocimiento y otros bienes intangibles; la importancia del sector productivo disminuye en tanto aumenta la de los sectores de los servicios y las finanzas. Cada vez más, por razones de reducción de los costes laborales, la producción de mercancías se traslada a los países más pobres. Si bien todavía se amasan considerables fortunas en el negocio de bienes raíces, la tierra, hasta el siglo XIX la principal forma de propiedad privada, se ha convertido en un factor menor dentro de la economía.

De hecho, el valor total, bajo nuestras leyes, de los derechos de propiedad que no están acompañados por objetos materiales es, probablemente, muchísimo mayor que el valor total de tales derechos sobre tierras y objetos tangibles. Estas propiedades incorpóreas modernas incluyen, específicamente, pagarés, letras de cambio, derechos de patente y acciones de una sociedad anónima.[55]

Un factor no menos importante en la naturaleza cambiante de la propiedad ha sido el crecimiento de la injerencia del Estado en la economía nacional, que en algunos países ha conducido a la nacionalización de muchos medios de producción y, en otros, al surgimiento de sociedades anónimas gigantes que controlan la mayoría de esos medios. Estos adelantos han provocado que algunos estudiosos se cuestionen si la noción tradicional de propiedad conserva alguna validez.

En 1932, Adolf A. Berle y Gardiner C. Means publicaron un libro que llegó a tener gran influencia, titulado The Modern Corporation and Private Property (La sociedad anónima moderna y la propiedad). Su tesis fundamental aparecía formulada en el prefacio:

La traslación de tal vez dos tercios de la riqueza industrial de un país, de manos privadas a las manos de las grandes sociedades anónimas financiadas con fondos públicos, modifica sustancialmente las vidas de los propietarios, las vidas de los trabajadores y los métodos de tenencia de propiedad.

Los autores alegan que se ha producido un divorcio entre lo que llaman “los dos atributos de la propiedad, es decir, entre arriesgar las ganancias colectivas en aras de una iniciativa empresarial y la responsabilidad en última instancia de dicha iniciativa empresarial”. Por este motivo, en su opinión, ya no se puede hablar de “propiedad en el viejo sentido”.[56] En la edición corregida del libro, en 1968, Berle argumentó que el proceso de concentración de la riqueza industrial en manos de las sociedades anónimas públicas ha avanzado sin interrupción desde la fecha en que se publicó el libro por primera vez. Según sus cálculos, en la década de 1960, seiscientas o setecientas grandes sociedades anónimas fueron responsables del setenta por ciento de las operaciones comerciales no agrícolas en los Estados Unidos. La propiedad en manos privadas llegó a consistir fundamentalmente en bienes no productivos tales como las casas ocupadas por los propietarios, bienes de consumo duraderos y títulos.[57] De este modo, producto de una “colectivización masiva de la propiedad dedicada a la producción”, las grandes sociedades anónimas han establecido un control sobre la riqueza productiva mientras que los individuos han retenido los bienes de consumo: se han convertido en propietarios “pasivos”. Esta teoría sirvió de premisa para las predicciones, populares durante la Guerra Fría, de que el comunismo y el capitalismo estaban destinados a “converger”.[M]

El argumento de Berle-Means básicamente parafraseaba la tesis marxista de la ruptura, en el capitalismo, entre la fuerza de trabajo y los medios de producción. Tenía errores mucho más graves que su fuente de inspiración.[58] Los hechos sobre los que hizo hincapié no son objeto de discusión; son las conclusiones que obtiene de ellos las que resultan cuestionables. La idea de que los gerentes de las sociedades anónimas operan libres del control de los accionistas es obviamente falsa: al poseer éstos grandes paquetes de las acciones de las sociedades anónimas, los fondos de pensiones y los fondos de inversión mobiliaria, gozan de un poder considerable sobre la administración de las sociedades anónimas. Los accionistas pueden expresar su disconformidad devaluando sus acciones y haciendo caer de esta forma su precio. Los gerentes que desempeñan su puesto con ineficiencia son reemplazados, antes o después. Como dijera Harold Demsetz: “en un mundo en el cual el interés propio juega un papel significativo en el comportamiento económico, es tonto pretender que los propietarios de valiosos recursos descuiden sistemáticamente el control de los gerentes que no están interesados en velar por sus intereses”.[59]

Además, el concepto de “propiedad” jamás ha implicado la administración personal por parte de los propietarios. En la definición clásica, propiedad significaba el derecho a usar y a disponer de los bienes. La posesión siempre ha sido compatible con la práctica de encomendar a otro la administración de nuestras pertenencias, previo entendimiento de que el propietario retenga el título. Ya desde el siglo XV, los mercaderes europeos consignaban su capital a compañías de comercio certificadas, sociedades anónimas con licencia, y sociedades anónimas, manejadas por profesionales. Las sociedades anónimas, que hicieron su aparición en la Inglaterra del siglo XVI, eran administradas no por los dueños de acciones sino por sus agentes. La ley de sociedades anónimas en Francia preveía un tipo de asociación de negocios conocida como société commandité par actions, que exigía que los accionistas cedieran todo el control de su inversión a la administración; éstas hicieron su aparición desde el siglo XIX.[60] El moderno propietario de cien acciones de una sociedad anónima de mil millones de dólares es en parte dueño de esa sociedad anónima, si bien en un grado infinitesimal, porque en un instante puede vender las acciones en el mercado libre. La idea de que la posesión requiere de la administración personal es tan errónea como lo sería la idea de que la democracia exige que cada ciudadano participe personalmente en la legislación, como ocurría en las antiguas asambleas populares: la imposibilidad de hacer tal cosa en poblaciones multimillonarias se reconoció desde hace siglos, y este problema se resolvió mediante la institución de la representación parlamentaria. La sociedad anónima moderna no ha hecho obsoleta la propiedad privada. Más bien, al acrecentar la riqueza de las democracias industriales, ha contribuido a su florecimiento.

Otro error en la tesis de Berle-Means está en su definición de propiedad. Posiblemente bajo la influencia de la teoría marxista dominante en la Unión Soviética en la fecha de su creación, los autores limitan este concepto a “los derechos sobre los instrumentos de producción”, mientras que en el mundo real se aplica a cualquier bien que ofrezca a su dueño un rendimiento material. El dinero, las acciones, los bonos y los bienes raíces, por “pasivos” que sean, no pueden excluirse arbitrariamente del concepto; lo mismo se aplica, por supuesto, a bienes intangibles tales como derechos de reproducción y patentes.

No resulta mucho más convincente el argumento, expresado por otros autores contemporáneos, de que por ser la propiedad moderna incomparablemente más compleja de lo que fue durante el apogeo del liberalismo, que representa, no un “derecho” sino un “confuso amasijo de derechos”, y como tal impide cualquier definición precisa, el concepto se ha “desintegrado”.[61] Imitando a los científicos, quienes suponen que cualquier cosa que no puede ser medida no existe, algunos teóricos sociales niegan la existencia de cualquier cosa que no puedan definir con precisión. Sin embargo, la dificultad que podamos experimentar al definir un fenómeno no invalida su existencia. Hernando de Soto recordaba que:

Cuando yo vivía en el Perú, se me dijo que las granjas que visitaba pertenecían a las comunidades agrícolas y no a los granjeros individualmente. Sin embargo, cuando caminaba de un campo a otro, me ladraba un perro distinto. Los perros ignoraban la ley establecida: sólo sabían cuáles eran las tierras que sus amos controlaban.[62]

Es por estas razones que el volumen de Berle-Means, a pesar de su atractivo popular, no ha tenido mucha influencia en el campo de la economía. “Nuestros propios análisis estadísticos, utilizando sólo datos y métodos familiares a los economistas de aquel tiempo”, escriben dos críticos,

[…] no arrojan ninguna prueba que demuestre que las sociedades anónimas dirigidas por una administración difirieran mucho de las compañías dirigidas por un propietario en cuanto a las prácticas de compensación a los ejecutivos o en el empleo de capital para obtener beneficios. La principal tradición de la teoría económica fue quizá reconocer instintivamente estos hechos al continuar funcionando sin tomar para nada en cuenta The Modern Corporation (La sociedad anónima moderna).[63]

5. IMPUESTOS

Aunque los impuestos se han convertido en una parte tan consustancial de la vida moderna que, como dice el refrán, junto con la muerte son las únicas cosas ciertas en esta vida, la tributación regular y directa sobre los ingresos de la población es una innovación del siglo XX.[N] Hasta la aparición del Estado democrático, los gobiernos debían mantenerse a partir de sus propios bienes, incrementados por las aduanas, la recaudación del impuesto sobre consumo y de otras obligaciones. Los impuestos directos, como el taille en Francia o el impuesto por almas en Rusia, recaían sobre las clases bajas, esto es, los elementos más pobres, y se consideraban una marca de status social inferior. A los acaudalados se les pedía dinero sólo cuando había una emergencia nacional, que generalmente consistía en una guerra o la amenaza de una guerra. De aquí que, a través de los siglos, los impuestos directos, cuando se necesitaban, se consideraban como “ayudas” voluntarias.[64] En Inglaterra los impuestos directos se veían como “regalos” ofrecidos a la Corona a través de los representantes de los súbditos: actitud que prevaleció también en las colonias americanas.[65] En Francia, a comienzos de la modernidad, los impuestos aprobados por las haciendas provinciales eran considerados “regalos gratuitos” (dons gratuits).[66]

En la antigua Atenas, los impuestos eran considerados un rasgo característico de la tiranía: los ciudadanos atenienses estaban exentos de ellos. La ciudad-Estado se financiaba mediante los ingresos de las propiedades públicas (incluyendo las minas de plata de Laurion), las tarifas de los tribunales y las multas, y otras recaudaciones indirectas, tales como el impuesto sobre ventas y el impuesto portuario. En casos de emergencia, los atenienses donaban dinero, según su capacidad, para la defensa de la ciudad; pero nunca dejaron que estas recaudaciones ocasionales se volvieran permanentes.[67] Por el contrario, Dionisio (405-367 a. C.), el tirano de Siracusa, exigía impuestos tan altos a sus ciudadanos que, según Aristóteles, equivalían a la confiscación total de sus propiedades.[68] Prácticas similares prevalecieron en la antigua Roma: los romanos consideraban los impuestos directos como una forma de tributo y sólo los aplicaban a las naciones conquistadas y a los que no fuesen ciudadanos.[69] La ciudad se financiaba mediante las tarifas por el uso de las tierras (ager publicus) y de las instalaciones públicas, el tributo y los botines de guerra. El grueso de la riqueza productiva de la nación (agerprivatus) estaba exenta de tributación.[70]

En la Edad Media, la obligación de pagar impuestos regularmente se percibía como el equivalente de la pérdida de la libertad personal, por cuanto significaba un tributo regular: tal era, por ejemplo, la visión de los francos.[71] Los reyes medievales franceses tenían que cubrir sus propios gastos, por esa razón se les prohibía traspasar a otros partes de su dominio real. Ni los reyes merovingios ni los carolingios tuvieron un sistema regular de impuestos; en su lugar, sufragaban los costes de administración y defensa de las rentas de sus haciendas del tributo recaudado sobre los pueblos conquistados y de los botines de guerra.[72] Existen pruebas de un impuesto sobre los ingresos en las ciudades italianas medievales, en las cuales la industria y el comercio reemplazaron a la agricultura como principal fuente de riqueza.[Ñ] Sin embargo, como regla general, los impuestos en Europa, al igual que en la antigua Atenas, eran una medida de emergencia en tiempos de guerra. Así pues, en 1695 Francia aplicó un impuesto de capitación a todos sus súbditos, que debían pagar en proporción a sus medios mientras duró la Guerra de la Liga de Augsburgo.[73] En 1799, Gran Bretaña aplicó un impuesto progresivo sobre los ingresos para ayudar a costear la guerra contra Francia. Los súbditos con una renta inferior a 60 libras esterlinas al año estaban exentos, pero el resto quedaba sujeto a un impuesto progresivo: ingresos de 200 libras esterlinas o superiores debían pagar el 10%. Esta recaudación impopular cesó al término de las Guerras Napoleónicas.[74] Más entrado el siglo, se reintrodujo un impuesto sobre los ingresos, pero más moderado, con un promedio del 5% en los casos aplicables.

En los Estados Unidos la tributación directa también fue una consecuencia de la guerra. La Guerra de Independencia no se financió mediante los impuestos (el Congreso carecía aún de autoridad para establecerlos) sino mediante préstamos.[75] Hasta la Guerra de Secesión, el gobierno estadounidense afrontó sus gastos fundamentalmente a través de los ingresos de aduana y la venta de tierras lo cual, en la mayoría de los casos, era más que suficiente para cubrir los gastos.[76] Durante la Guerra de Secesión, sin embargo, los gastos del gobierno fueron veinte veces mayores y se instituyó un impuesto sobre ingresos. Se aplicó en 1861 sobre todo ingreso superior a los 5,000 dólares americanos. Se abolió en 1872. En 1895, el Tribunal Supremo declaró inconstitucional toda ley que aplicase un impuesto sobre la renta, basándose en que, siendo éste un impuesto directo, debía ser distribuido entre los Estados según su población.[77] Este impuesto quedó establecido, finalmente, de modo inalterable, por la Decimosexta Enmienda adoptada en 1913.[O]

El impuesto sobre las herencias fue recaudado de forma ocasional en la antigüedad clásica (especialmente en Roma) así como en la Europa medieval,[78] pero tuvo su mayor desarrollo en el siglo XIX, y en particular durante la Primera Guerra Mundial e inmediatamente después de ella. Gran Bretaña introdujo el “impuesto de sucesiones” en 1894. En los Estados Unidos se introdujo un impuesto federal ordinario sobre las herencias durante la Primera Guerra Mundial.[79] Así pues, las evidencias históricas indican que, por regla, en el mundo occidental desde la antigüedad clásica y hasta el siglo XX, la tributación directa regular (a diferencia de una emergencia) se consideraba ilegal excepto para los pueblos sometidos; al aplicarse en el propio territorio tenía el estigma de la inferioridad social. Los gobiernos debían, en tiempos de paz, ser económicamente independientes. Esto fue posible porque el Estado premoderno asumía muy pocas responsabilidades y ninguna que se correspondiese con los servicios sociales del presente; la mayor parte de sus gastos iba dirigida a asuntos de guerra y al mantenimiento de la corte real. Se recurría a los impuestos directos fundamentalmente en tiempos de guerra. Cuando se requerían tales recaudaciones, debían ser aprobadas por aquellos que las pagaban, por lo general a través de sus representantes.[P] Se consideraban como regalos y no como algo a lo que el gobierno tuviera derecho.

El impuesto ordinario, directo y progresivo sobre la renta es una consecuencia del Estado de bienestar social: comenzó a existir al mismo tiempo y se justifica porque resulta necesario para financiar los grandes desembolsos que exigen los servicios sociales.[Q]

La justificación del principio mismo del sistema tributario ha sido puesta en duda. Un estudioso alemán lo ha llamado “la mayor rareza”:

¿Cómo es posible que la gente ponga a disposición del Tesoro, ávido de impuestos, la mitad o más de sus ingresos honradamente ganados, sin exigir a cambio ninguna contraprestación especial, y que las autoridades tributarias se las arreglen para formular los tipos impositivos de esta tributación de formas bien diferentes, incrementándolas secretamente una y otra vez mediante el mecanismo de mantenerlos constantes mientras el valor del dinero se deteriora?[R]

Otro estudioso afirma que el poder de aplicar impuestos no es más que una forma de “dominio supremo sin compensación” y por lo tanto de “confiscación sin causa”.[80] Richard Epstein está de acuerdo con ello: “Al exigir un impuesto, el gobierno trata a la propiedad en el más estrecho sentido de la palabra, quedando al final dueño y poseedor de aquello que una vez estuvo en manos privadas… La [t]ributación es prima facie un apoderamiento de la propiedad privada”.[S]

Dejaremos a un lado la cuestión de si la tributación regular es en verdad “confiscación sin causa” o si, por el contrario, como otros sostienen, es una compensación justificada por los servicios que el Estado moderno brinda a sus ciudadanos, y nos ocuparemos del tema directamente relacionado con nuestra investigación, a saber, qué efecto tiene sobre el status de la propiedad privada y los derechos relacionados con ella.

6. EL CRECIENTE PODER DEL ESTADO

Los Estados Unidos, de aquí en adelante nuestro principal foco de atención, se rezagaron notablemente con respecto a Europa occidental en la adopción de programas de bienestar social debido a su tradicional énfasis en la autodeterminación. Aunque a partir de la Edad Media la inviolabilidad de la propiedad privada era un principio fundamental de las Constituciones no escritas de la Europa occidental, y especialmente de Inglaterra, en ningún lugar fue más venerada que en la Norteamérica colonial. El país que llegaría a convertirse en los Estados Unidos es único en la historia por el hecho de haber sido fundado por individuos que venían en busca de propiedad privada. Aquí la clase media no “surgió” —estuvo presente desde el origen—. La América del siglo XVIII ha sido descrita como “un mundo de clase media”.[81] La inmensa mayoría de los inmigrantes que se establecieron en Norteamérica llegó en busca de tierras. Las tierras abundaban, y las colonias, ansiosas por atraer colonos, ofrecían dotaciones generosas. De este modo, a mediados del siglo XVIII, surgió una sociedad de terratenientes de clase media, en la cual “la mayor parte de los colonos poseía tierras y vivía de la agricultura”.[82] Por consiguiente, la convicción de que la protección de la propiedad privada era la principal función del Estado, y su corolario, un gobierno que no cumpliera con esta obligación perdía el derecho a su mandato, adquirió la categoría de verdad evidente en la mente de los colonos americanos. La revolución norteamericana tuvo lugar para proteger la propiedad privada, el bastión de la libertad, pues se creía que aplicar impuestos a los colonos sin su consentimiento equivalía a una confiscación. “En todas las etapas de la controversia hasta 1776 y también después, los norteamericanos alegaron estar defendiendo derechos de propiedad.”[T]

Sin embargo, esto no equivale a decir que la Norteamérica colonial y los Estados Unidos en el siglo XIX fueron una tierra sin restricciones sobre la propiedad. Esta visión de un pasado laissez-faire americano es un mito desmentido hace mucho tiempo. El principio de dominio supremo (la expropiación forzosa de la propiedad privada para el uso público) se desarrolló mucho más en Norteamérica, antes y después de la revolución, que en Inglaterra.[83] Entre los norteamericanos existió un amplio consenso, de impulso religioso, que entendía que, en tanto cada hombre tenía derecho a la propiedad para sostener a su familia y a sí mismo, la riqueza en última instancia debía servir a la comunidad y de ahí que la comunidad tuviera el derecho de regularla.[84] A lo largo de los siglos XVIII y XIX, la legislación intervino frecuentemente a nivel nacional y estatal para regular a la empresa privada.[85] Precisamente porque en Norteamérica estaban en manos privadas muchas empresas esenciales, que en Europa tendían a ser empresas públicas (por ejemplo, los servicios públicos, el transporte, el teléfono y el telégrafo), el gobierno tenía la tendencia de vigilarlas y someterlas a regulaciones. Pero el aparato encargado de ponerlas en práctica estaba poco desarrollado, y el sentimiento popular se identificaba fuertemente con el espíritu individualista. El Tribunal Supremo tendía a favorecer los derechos de propiedad por encima de la justicia social, promoviendo la autodeterminación personal como solución para todos los problemas sociales y económicos.

De aquí que cuando llegó la Gran Depresión a principios de la década de 1930, dejando sin empleo a doce millones de norteamericanos, Washington no tuviese un mecanismo de ayuda a los desempleados. Proporcionar este mecanismo fue un logro del New Deal de Roosevelt. La legislación del New Deal puso en vigor la Ley de Seguridad Social de 1935 para brindar apoyo a los ancianos, a los discapacitados y a los desempleados, y la Ley de las Normas Laborales justas de 1938 para establecer un mínimo a los salarios y un máximo a las horas laborables para ciertas industrias. Estas medidas garantizaron tardíamente a los norteamericanos el tipo de beneficios sociales que en Alemania e Inglaterra se daban por supuesto desde hacía décadas. Sin lugar a dudas, había necesidad de ellas, y salvaron a los Estados Unidos de disturbios sociales potencialmente desastrosos.

Pero la legislación puesta en vigor durante el New Deal representa sólo una parte del panorama. Inspirado por un profundo escepticismo acerca del futuro del capitalismo, Roosevelt y sus consejeros promovieron un cambio de actitud fundamental y perdurable hacia la propiedad privada: leyes concebidas y presentadas como medidas de emergencia fueron sutilmente transformadas en principios innovadores que alteraron de manera crucial la actitud, primero gubernamental y luego judicial, hacia la propiedad. Esto se logró extendiendo el principio de “derechos” fundamentales de la esfera política a la esfera económica,[86] lo cual tuvo el efecto de subvertir el concepto de derecho, que inicialmente significaba “libertad de”, a querer decir “derecho a”. En el proceso se redefinió la palabra “seguridad”, según Roosevelt, para significar “no sólo seguridad física… de ataques por parte de agresores [sino] también seguridad económica, seguridad social, seguridad moral”.[87] Cuando el Tribunal Supremo, operando bajo los viejos principios, declaró inconstitucional algunas de las leyes del New Deal Roosevelt intentó alterar su composición añadiendo jueces nuevos y más “progresistas”. Aunque el infame intento de “alterar la composición el Tribunal” en 1937 fracasó, el desmoralizado tribunal se batió en retirada, y su tendencia ideológica sufrió un cambio sustancial al jubilarse los jueces de mayor edad y ser reemplazados por los designados por Roosevelt:

La lucha lacerante por reconocer la constitucionalidad del Programa del New Deal engendró una hostilidad, que duró mucho tiempo, hacia la protección judicial de los derechos de propiedad. Una vez que el Tribunal Supremo aceptó el New Deal, los jueces se retiraron abruptamente del campo de la regulación económica. Esto reflejaba un cambio monumental en la actitud del tribunal hacia la los derechos de propiedad y la libertad empresarial. Desde su establecimiento, ha señalado un estudioso de la materia, “el Tribunal consideró que su misión era la de proteger la propiedad privada contra la depredación de las gentes y sus asambleas legislativas. Después de 1937 desistió de esta misión”. De esta manera, para la siguiente generación, quedó vigente un concepto profundamente limitado de los derechos de propiedad. En consecuencia, el Tribunal le dio un amplio margen al Congreso y las asambleas legislativas de los Estados para diseñar la política económica, manifestando tan sólo una preocupación rutinaria hacia los derechos de los individuos dueños de propiedades.[88]

Este cambio de actitud se vio reflejado en los ambiciosos planes de reforma social lanzados en Gran Bretaña y en los Estados Unidos al estallar la Segunda Guerra Mundial, y en la percepción de las responsabilidades de la sociedad hacia sus ciudadanos menos afortunados. Tradicionalmente, los “derechos” de un ciudadano eran un concepto negativo: eran una seguridad “contra” (contra la persecución religiosa, el arresto arbitrario, la censura, entre otros). Ahora han adquirido también un significado positivo en el sentido de “derechos a” (a la vivienda, a la atención médica, etc.) que, según se cree, el gobierno tiene el deber de satisfacer. Esta redefinición, si bien ocurrió de forma silenciosa y aparentemente inconsciente, anunció una nueva fase en la evolución del Estado de bienestar social. La fuente de esta actitud moderna puede rastrearse en The Rights of Man (Los derechos del hombre) de Tomás Paine, un tratado inmensamente popular en su día. En la primera parte de este libro, publicado en 1791, Paine todavía definía los “derechos” de forma negativa cuyo significado era “libertad, propiedad, seguridad y la resistencia a la opresión”. Pero en la segunda parte (capítulo 5), que vio la luz al año siguiente, adoptó un punto de vista novedoso y positivo, y abogaba por un programa radical de bienestar social: ayuda financiera al 20 por ciento de la población, su estimado sobre el número de pobres, apoyo a la infancia, apoyo a la educación de los niños, así como ayuda a los ancianos, esto último “no a manera de gracia o favor, sino a manera de derecho”. Tales ideas tenían un siglo entero de adelanto y de ahí que no tuviesen una influencia inmediata.

Su hora llegó en la década de 1940. El presidente Roosevelt se adelantó a su tiempo al solicitar la creación del Estado de bienestar social en los Estados Unidos, cuando se dirigió al Congreso en enero de 1941, ocasión en la que se refirió a las “Cuatro Libertades” como a un objetivo de paz. Dos de estas libertades eran tradicionales y estaban garantizadas en la Constitución: libertad de expresión y libertad de credo. Pero las otras dos —libertad de no carecer y libres de temor— eran novedosas y suscitaron dudas a las que Roosevelt no respondió. Dejando a un lado la consigna más bien vacía de “libres de temor”, “libertad de no carecer” no era tanto una libertad como un derecho —el derecho a satisfacer las necesidades de la vida a expensas del público, esto es, el derecho a algo que no es de uno—. Esto implicaba que el gobierno fuera responsable de satisfacer todas las necesidades de sus ciudadanos —algo que por su misma naturaleza no puede ser definido con precisión y que por tanto es capaz de expandirse infinitamente a medida que la sociedad se enriquece y se satisface cada necesidad particular, dando origen a nuevas necesidades—. Ejercer las verdaderas libertades (libertad de expresión, la práctica de la propia religión, acceso al colegio electoral) no cuesta nada o casi nada. Llevar a cabo estos derechos especiales, por el contrario, requiere grandes desembolsos. Dado que el gobierno democrático no tiene dinero propio, cualquier exigencia de dinero al gobierno, incluso si estuviese justificada, es en efecto una exigencia del dinero de los demás ciudadanos, un proceso en el cual el gobierno actúa meramente como agente de la transferencia. Involucra el traspaso, mediante la tributación, de los bienes de los ciudadanos más ricos a los más pobres —una responsabilidad y una función que el gobierno nunca antes había asumido—.[U]

El nuevo programa de Roosevelt marcaba un distanciamiento decisivo de los principios del New Deal original: “Con el New Deal no se proporcionaba ayuda sólo porque una persona fuese pobre o estuviese limitada por desventajas sociales”.[89] No queda claro si Roosevelt era consciente de todas las implicaciones de su consigna, pues parece haber sido formulada de manera casual a sugerencia de un periodista del Philadelphia Inquirer.[90] Puede suponerse que aquellos que oyeron la promesa de “libertad de no carecer” y la aplaudieron como un objetivo razonable y humanitario, no comprendieron que ésta sólo podía cumplirse a expensas de los derechos de la propiedad privada.

Las vagas promesas de Roosevelt se explicaron con claridad en Gran Bretaña al año siguiente en el llamado Informe Beveridge, preparado a petición del gobierno; éste llamaba al Estado de la posguerra a destruir “cinco males gigantes” —la carencia (esto es, la pobreza), la enfermedad, la ignorancia, la miseria y la ociosidad (el desempleo)—.[V] William H. Beveridge, profesor de economía, definió “destrucción de la carencia” como “asegurar que todo ciudadano, a cambio de sus servicios, tenga ingresos suficientes para su subsistencia y la de las personas que de él dependen, tanto mientras él trabaje como cuando no pueda trabajar”.[91] Este objetivo exigía una planificación nacional y el uso de los poderes del Estado “en cualquier medida que fuese necesario a fin de mantener el nivel de empleo después de la guerra”.[92] La financiación para este ambicioso programa de bienestar social provendría en parte de los empleados, en parte de los empresarios y en parte del Estado. Conllevaría “la redistribución de la renta nacional, a fin de dar prioridad a las cosas más importantes, y así garantizar la abolición de las carencias antes que el disfrute de las comodidades”.[93]

Se trataba de un programa socialista a gran escala que el Partido Laborista adoptaría como programa electoral en las elecciones de 1945 y utilizaría como programa de acción durante su mandato. El gobierno laborista llevó a cabo una nacionalización masiva de la industria privada y del transporte para eliminar la inseguridad que sus líderes consideraban “corrosiva para el alma”. Aunque personalmente Beveridge tenía ideas más bien conservadoras respecto del papel de la mujer en la sociedad, su informe estimulaba el movimiento feminista en Gran Bretaña, que exigía que los deberes domésticos fuesen considerados como un empleo y que se les otorgara a las mujeres igualdad económica respecto de los hombres.

El Informe Beveridge representó una innovación notable por cuanto los programas anteriores de bienestar social habían estado dirigidos hacia individuos, quienes, por una razón o por otra, requerían asistencia social. El programa de bienestar social esbozado por Beveridge, por el contrario, no se dirigía a individuos en particular sino a la sociedad en general, y no se proponía aliviar la pobreza sino prevenir su surgimiento.

Este programa, complementado con vagas promesas adicionales, recibió reconocimiento internacional en la semilegal Declaración Universal de Derechos Humanos adoptada unánimemente por las Naciones Unidas en 1948, y que adjudicaba a todo hombre sobre la tierra el derecho a trabajar y a un “adecuado nivel de vida”.

Las repercusiones del programa del Partido Laborista británico se dejaron oír en los Estados Unidos durante la administración del presidente Kennedy, quien habló de la necesidad de trasladar el enfoque de la legislación social “partiendo de la limosna… hacia la erradicación de la limosna” ayudando a los necesitados a alcanzar la autonomía.[94] Pero este objetivo sólo se convirtió en política bajo su sucesor Lyndon Johnson. Impulsado por la más perniciosa de las aspiraciones humanas, la de dejar una huella en la historia, Johnson declaró en 1964 la “guerra nacional contra la pobreza” con el objetivo de lograr “la victoria total”.[W] El historiador se impresiona menos por el alcance del compromiso que por la confusión que provoca. Pues “guerra” implica por definición el empleo de la violencia, y resulta difícil ver cómo puede la violencia aliviar la pobreza. Además, teniendo en cuenta que la pobreza es un término relativo, la “victoria total” sobre ella es inalcanzable, porque a medida que la sociedad se enriquece, o se empobrece, sus criterios varían. (Dado que la renta media se han incrementado en las últimas décadas, escribe Melanie Phillips, “si se eleva a los que estaban por debajo de la media hacia un nivel de vida más alto, ¿en qué punto dejan estas personas de ser pobres?”[95] Michael Harrington, el escritor que más influyó en la concepción de “la guerra contra la pobreza” en los Estados Unidos, se vio él mismo en dificultades para definir aquello que constituye la pobreza más allá de las necesidades de salud, vivienda, alimentos y educación, disolviendo la definición en vagas generalidades acerca del sentido psicológico de “exclusión” y potencial frustrado.[96] De este modo, junto con el concepto tradicional de “libertades” negativas (libertades “de”) ha surgido en Occidente una visión de libertades (o mejor, de derechos) a. Este empleo del término no resulta enteramente nuevo, ya que, como hemos destacado antes, fue previsto por Tomás Paine en la década de 1790. Pero lo que entonces había sido el propósito radical de un radical aislado ahora se convirtió en una política del gobierno. Históricamente, “los derechos” se habían referido a las garantías otorgadas a individuos, con relación a que ni el Estado ni la sociedad podrían violar su vida, libertad y posesiones; después comenzó a significar, también, que los individuos serían gobernados por un gobierno de su elección. Los derechos civiles y los derechos políticos constituían la libertad.

Los “derechos sociales” son un tema totalmente distinto. Pues cuando uno promete al ciudadano que tendrá “libertad de no carecer” uno le garantiza, no sólo la justa protección de su propiedad sino también el acceso a la propiedad de otros, obtenido con la ayuda del Estado. Este compromiso abre las compuertas a una proliferación de derechos espurios reclamados por diversos grupos formados con este propósito: “derechos” de los consumidores, de los arrendatarios, de los no fumadores, de los pacientes, de los discapacitados, de los inmigrantes, de los homosexuales, y así sucesivamente, todos los cuales requieren la intervención del Estado para llevarlos a la práctica y provocan de este modo el crecimiento de su autoridad. No existe un límite para tales “derechos”, puesto que son comprados a expensas de otros. La noción de que toda necesidad crea un “derecho” ha adquirido un status cuasi religioso en la América moderna, inhibiendo la discusión racional.[97]

Lo que sigue son un par de ejemplos ilustrativos. Un anuncio publicitario de un libro sobre los problemas raciales muestra la fotografía de un hombre negro de edad madura, en una multitud, sosteniendo un cartel en el cual se lee: “La vivienda es un Derecho Humano”. Esta consigna puede ser interpretada de dos maneras. Si lo que quiere decir es que todo el mundo tiene derecho a comprar, alquilar o construir un techo sobre su cabeza, es algo tan evidente e indiscutible que no requiere ninguna publicidad. Por tanto, no es probable que sea esto lo que el hombre de la foto tenga en mente. Aparentemente lo que está diciendo es que todo el mundo, incluido él mismo, tiene “derecho” a ser provisto de una vivienda por parte de la sociedad, en otras palabras, a hacer que el gobierno federal, estatal o local, emplee el dinero de los contribuyentes en comprarle, alquilarle o construirle un alojamiento. En este sentido, la palabra “derecho” resulta totalmente inapropiada, porque nadie tiene ningún “derecho” a nada a expensas de otro: uno no tiene derecho a exigirle a un taxista, a un pintor, a un maestro, a un cajero o a un jardinero, todos los cuales pagan impuestos de sus ingresos, que contribuya con el dinero que gana con su trabajo a proporcionarle a otro una vivienda. Una conferencia auspiciada por las Naciones Unidas en Estambul en 1996 adoptó resoluciones sobre el “derecho a la vivienda” así como sobre el “derecho a la alimentación”, que los Estados Unidos sensatamente rehusaron firmar por miedo a enfrentarse a pleitos entablados por parte de las naciones más pobres,[98] aun cuando su rechazo pudo interpretarse como indiferencia hacia los desamparados y los hambrientos.

Otro ejemplo de la confusión que domina en torno del tema de los “derechos” lo aportan los debates en los Estados Unidos acerca de los inmigrantes ilegales. California tiene aproximadamente 800 000 de estos inmigrantes: la educación de sus hijos cuesta a los contribuyentes de ese Estado 1,800 millones de dólares al año. En 1993, el Congreso de los Estados Unidos discutió una ley que permitiría a los Estados negar el acceso a la educación pública a los hijos de los inmigrantes ilegales. Comentando esta ley, un funcionario mexicano expresó que si bien su gobierno no estaba a favor de la inmigración ilegal, le preocupaban los “derechos” de estos inmigrantes. El sentido común dicta que los únicos derechos que asisten a un inmigrante ilegal son los que son comunes a toda la humanidad —a la vida, a la libertad y a la propiedad—. No tiene ningún “derecho” a educar a sus hijos a expensas de los contribuyentes de un país al cual ha entrado ilegalmente.

Las obligaciones asumidas por el Estado de bienestar social requieren de un ejército de empleados públicos para llevar a cabo sus funciones tributarias, reguladoras y distribuidoras. Esto, a su vez, significa que el gobierno (federal, estatal y local) debe dar empleo a un número aún mayor de sus ciudadanos y que se apropie de una porción aún mayor de la riqueza del país para pagar sus salarios. En 1900, el gobierno de los Estados Unidos era dueño del 7% de los activos fijos de la nación (carreteras y calles públicas y la mayor parte del equipamiento militar y naval) y daba empleo al 4% de su fuerza de trabajo. Durante la siguiente mitad de siglo, estas cifras se triplicaron: en 1950, el gobierno poseía el 20% de los activos de la nación y daba empleo al 12,5% de su fuerza de trabajo.[99] Su parte en el producto interior bruto (PIB) creció de modo exponencial: de un 3,9% en 1870 a un 27% en 1970.[100] Esta expansión ocurrió en gran medida como resultado del New Deal de Roosevelt y de las políticas de bienestar social adoptadas durante la Segunda Guerra Mundial e inmediatamente después de la misma. Pero estas cifras crecieron aún más espectacularmente en la segunda mitad del siglo XX, a raíz del enorme incremento de los servicios sociales, especialmente los que surgieron durante la “Gran Sociedad” de Lyndon Johnson. En la década de 1990, el importe de los gastos del gobierno ascendió a un tercio del PIB. (En Alemania es de más de la mitad del PIB, y en Gran Bretaña, del 42%).[101] Aproximadamente, la mitad de ese dinero se destina al bienestar social —casi el triple de lo que se destinaba en 1960—.[102] Hacia 1995, el número de civiles estadounidenses que trabajaban para el gobierno llegó a ser de 19,5 millones.[103] De este modo, mientras que la población de los Estados Unidos entre 1900 y 1992 se multiplicó por 3,3 (de 76 millones hasta 250 millones), el número de empleados del gobierno lo hizo por 18,7, casi seis veces más rápido.

Esta inmensa concentración de la riqueza de los ciudadanos en manos del gobierno lleva consigo evidentes peligros para la libertad individual, porque el gobierno, al dispensar o denegar su generosidad, es capaz de influir en el comportamiento (y garantizar la conformidad) de un gran segmento de la población. No es fortuito que los cimientos de la libertad occidental se asentaron cuando los gobiernos sólo controlaban una pequeña parte de la riqueza nacional.[X]

7. PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
VERSUS PROPIEDAD PRIVADA

Dado el papel que la propiedad privada ha representado tradicionalmente en la protección de la libertad individual, la acumulación de riquezas por parte del Estado y la noción de que éste puede manipular los derechos de propiedad alegando un propósito social, suscita la duda de si el bienestar social en su forma contemporánea pudiera poner en peligro las libertades del país.

En general en Occidente y en particular en los Estados Unidos, los tribunales protegen efectivamente las pertenencias de los ciudadanos de la usurpación por parte de otros ciudadanos. Las incautaciones o expropiaciones directas por parte del gobierno requieren de una justificación y de una adecuada compensación. Sin embargo, en la práctica, las expropiaciones a menudo se asemejan a la confiscación. Por ejemplo, los gobiernos adoptan una visión muy amplia de lo que constituye “el bien común”, y con este pretexto se apoderan de tierras con fines cuestionables, tales como centros comerciales y planes de vivienda que benefician a individuos o grupos y no a toda la sociedad. En segundo lugar, la compensación a menudo se establece de manera bastante arbitraria, a veces por debajo de su valor para el propietario.

Una amenaza adicional a los derechos de propiedad hoy en día es de naturaleza indirecta y conlleva medidas que no están inequívocamente amparadas por la Quinta y la Decimocuarta Enmiendas, las bases constitucionales de los derechos de propiedad de los ciudadanos estadounidenses.[Y] Desde la década de 1930 los tribunales han tenido la tendencia a permitir las diversas transgresiones del gobierno contra los derechos de los individuos a sus bienes en nombre del “interés público”. Sin llegar a expropiar propiedades en el más estricto sentido de la palabra, el gobierno restringe el uso que el propietario puede hacer de ellas mediante regulaciones que, según la opinión de algunas autoridades legales, equivalen a una “expropiación reglamentaria”:

Algunas regulaciones exigen que los propietarios permitan a otros el acceso y la entrada a sus propiedades. Las regulaciones sobre el empleo de las tierras pueden limitar el mismo a un uso residencial, comercial o industrial; puede limitar la densidad de uso permitido en tales tierras; puede prohibir ciertos tipos de actividades; puede especificar las dimensiones mínimas de un lote o las de un pavimento o de las alturas máximas, o de los patios laterales, o las restricciones de ciertas ampliaciones; puede designar determinadas estructuras como lindes e insistir en que sólo se emprenda su alteración o demolición, parcial o total, con la aprobación de ciertas juntas o comisiones. Las regulaciones limitan los artículos que pueden venderse en los comercios y los precios que para ellos pueden fijarse. La diferencia entre estas distintas formas de regulación será sin dudas significativa, en cualquier evaluación de sus consecuencias económicas o su justificación legal. Sin embargo, todas estas formas variables de regulación equivalen a la expropiación parcial de la propiedad privada.[Z]

Tales usurpaciones de los derechos de propiedad no encuentran la clase de resistencia que acaso hubieran provocado en los siglos XVIII o XIX, en parte porque no afectan a la mayoría de las personas, y en parte porque los programas de bienestar social han hecho que los ciudadanos presten más atención a lo que el Estado les da que a lo que les quita.

En el apogeo mismo del laissez-faire en Inglaterra y en los Estados Unidos, el Estado interfería en la empresa privada. En las décadas de 1870 y 1880, varios Estados norteamericanos pusieron en vigor una legislación diseñada para garantizar que aquellos negocios cuyas actividades afectaran el interés público actuaran de acuerdo con el interés público, aun en el caso de que estas leyes conllevaran una restricción sobre sus derechos de propiedad. Esta línea de razonamiento condujo a un control de precios sobre los servicios públicos y el transporte. En 1877, en el caso Munn vs. Illinois, el Tribunal Supremo defendió el derecho del Estado de Illinois a regular los precios fijados por los propietarios de los silos de granos con elevadores mecánicos de Chicago, arguyendo que los precios que afectasen el interés público estaban sujetos al control público.[104] Posteriormente, el tribunal aprobó que Pennsylvania proscribiera la fabricación de oleomargarina, una acción justificada con el argumento de que este producto es dañino para la salud, aunque en realidad se realizó en interés de la industria estatal de derivados lácteos. El problema de esta lógica es que, aunque buena en principio, su aplicación no conocía límites, ya que toda actividad industrial o comercial, de una forma u otra, afecta el interés público.

El juez Stephen Field del Tribunal Supremo, quien en estos casos no tuvo gran apoyo, esgrimió dos argumentos contundentes. A menos que un bien haya sido entregado por el público, no está sujeto a restricciones por razones de “interés público”. En segundo lugar, el “uso” era un atributo esencial de la propiedad y cualquier restricción sobre él representaba una “expropiación”, lo cual requería una compensación. La mayoría de los jueces no estuvieron de acuerdo, sobre la base de que denegar o limitar el “uso” no representaba una expropiación.[105] Así comenzó una larga historia de decisiones judiciales en torno de la naturaleza de los derechos de propiedad en la que, de manera general, el Tribunal Supremo se mostró cada vez más a favor de los derechos públicos frente a los privados. Además de permitir el uso limitado, el tribunal llegó a interpretar “expropiación” de manera que la expropiación parcial no estuviese sujeta a compensación en el sentido que establece la Quinta Enmienda. En un importante fallo en 1979, el tribunal decidió que

[…] denegar lo que tradicionalmente ha sido un derecho de propiedad no siempre equivale a una expropiación. Al menos cuando el propietario posee toda una “madeja” de derechos de propiedad, la destrucción de una “hebra” de esta “madeja” no constituye una expropiación porque el conjunto debe ser contemplado en su totalidad.[106]

Citando esta decisión, Richard Epstein señala que la misma contradice la opinión del Tribunal Supremo, repetida con frecuencia, de que la expropiación parcial se ampara en la cláusula de dominio supremo, porque el criterio no es aquello que el propietario retiene sino aquello que pierde.

Este debate se torna especialmente sensible en el tema de la protección ambiental, una causa que ha adquirido desde 1970 la intensidad de un culto religioso; por cierto, algunos de sus rasgos recuerdan la adoración pagana de la naturaleza.[AA] La histeria ecologista —el temor primigenio de que el planeta está a punto de ser destruido, antes vinculado a las armas nucleares— proporciona una poderosa razón emocional para la usurpación de los derechos de propiedad. Pues al igual que durante la Guerra Fría se decía a menudo que cualquier concesión a la Unión Soviética estaba justificada si ayudaba a prevenir un supuesto holocausto nuclear, hoy en día (a menudo las mismas personas) se dice que los derechos de propiedad deben sacrificarse en nombre de la supervivencia de la vida en la tierra. En ambos casos, la fuerza motriz es una propensión profundamente arraigada en el hombre de vislumbrar el juicio final.

La principal legislación que afectó el uso de las tierras y de otros recursos naturales fue la Ley del Aire Puro (1970), la Ley Federal de Control de la Contaminación del Agua (1972), y la Ley de las Especies en Peligro de Extinción (1973). Estas leyes otorgaron una gran autoridad a la burocracia federal, un hecho no del todo comprendido en un momento de entusiasmo general por la purificación del aire y de los cursos de agua. Estas leyes las puso en práctica la Agencia de Protección Ambiental (EPA) creada por el presidente Nixon en 1970.[107]

Las medidas ambientales han mejorado incuestionablemente la calidad del aire y del agua, pero a menudo han sido puestas en marcha de manera que limitan, a veces, de forma irracional, la utilización de los recursos por parte de sus propios dueños, y esto sin mediar compensación alguna.

Un ejemplo ilustrativo es el de la aplicación de las leyes ambientales para la protección de las llamadas tierras pantanosas. En 1989, el presidente Bush redefinió el concepto de “tierras pantanosas” en la Ley del Agua de 1972 para duplicar la cantidad de tierras controladas por el gobierno, designando bajo la nueva definición 100 millones de acres adicionales —un 75% de los cuales se hallaba en manos privadas—. Los propietarios de estas tierras debían mantenerlas en su estado original.[108] La puesta en práctica de estas leyes recayó sobre el Cuerpo de Ingenieros del Ejército y la Agencia de Protección Ambiental, a quienes se acusó de actuar de manera sumamente arbitraria, en parte por carecer de una clara y autorizada definición de qué constituye una “tierra pantanosa”. Quienes violaron esta ley, según la interpretaron los funcionarios, fueron a prisión.

El Tribunal Supremo a lo largo de los años ha apoyado estas medidas reguladoras. De este modo, en 1972, defendió una regulación local que prohibía el uso de los terrenos de determinadas tierras pantanosas sobre la base de que

[…] [u]n propietario de tierras no tiene ningún derecho absoluto e ilimitado a modificar el carácter natural y esencial de sus tierras para utilizarlas con un propósito inapropiado a su estado natural y que lacera los derechos de otros.[109]

Pero, como Richard Epstein ha sostenido elocuentemente, “la madeja normal de derechos de propiedad no contiene ninguna prioridad sobre la tierra en su estado natural; se refiere a su utilización, incluyendo su desarrollo, como a uno de los aspectos característicos de la propiedad”.[110]

En Gran Bretaña la situación respecto a la protección ambiental ha llegado al punto en el que una eminente autoridad en contratos asegura: “la idea de propiedad absoluta sobre la tierra, de derecho absoluto del propietario a explotar y urbanizar las tierras como mejor le parezca, ha desaparecido por completo de las leyes inglesas”.[111]

La legislación sobre los pantanos contribuyó más que cualquier otra medida ambiental a desatar un movimiento nacional de protesta contra las usurpaciones del gobierno con relación a los usos privados de la tierra.[112] Agrupó a granjeros, compañías madereras y ciudadanos corrientes que se sienten víctimas de expropiaciones no compensadas contra las agencias reguladoras del gobierno, así como contra la presión de los grupos ecologistas y de los juristas”.[113] Cada vez gana más terreno el sentimiento de que toda regulación sobre el uso de la propiedad es una expropiación en el sentido en el que se aplica el término en la Quinta Enmienda, y que recurrir a ella implica una debida indemnización. Por todo el país se organizan grupos de particulares para oponerse a los esfuerzos del gobierno por interferir en el libre uso de la tierra”.[114] Uno de los efectos secundarios de esta oposición ha sido obligar al gobierno a abandonar los planes de promover al funcionario que está al frente de la protección del medio ambiente al status de miembro del gobierno.

También parece haber tenido un efecto en el Tribunal Supremo, como lo evidencian dos decisiones memorables en el caso de Dolan vs. la Ciudad de Tigard (1994) y Lucas vs. el Consejo Costero de Carolina del Sur (1992). El caso Dolan involucró a la propietaria de un negocio de piezas de fontanería en Oregón, a quien las autoridades de la ciudad habían negado el permiso para ampliar su negocio, a menos que ella renunciase a aproximadamente una décima parte de sus tierras para emplearlas como paso de peatones y de bicicletas. La demanda de Lucas involucraba dos terrenos en la playa, que el dueño no podía aprovechar debido al estatuto de protección de las playas: dejaba su propiedad, comprada al precio de casi 1 millón de dólares, prácticamente sin valor alguno.[115] El Tribunal Supremo decidió ambos casos a favor de los demandantes. En el caso Dolan, estableció que la ciudad debía haber comprado la tierra en lugar de utilizarla como si fuera una prenda. En la demanda de Lucas, el Consejo Costero llegó a pagar al dueño 1,5 millones por su propiedad. Los fallos de los casos Dolan y Lucas se consideran sobresalientes por haber revertido la tendencia dominante desde la década de 1930, que implicaba que el supuesto interés público prevalecía generalmente sobre los intereses reales de los propietarios privados: “Por primera vez en más de 50 años, [el Tribunal Supremo] sitúa los derechos de propiedad a la par de los derechos individuales protegidos por la Quinta Enmienda (expresión, prensa, religión) y la Cuarta Enmienda (registros y confiscaciones ilegales)”.[BB] Aun así, algunas autoridades sostienen que los propietarios sólo obtuvieron una victoria parcial, ya que el Tribunal Supremo exige compensaciones sólo cuando las regulaciones del gobierno impiden al propietario conservar o mejorar la propiedad.[116]

La oposición a los abusos de la protección del medio ambiente ha tenido eco en las propuestas legislativas. El republicano “Contrato con América” de 1994 gozaba de un amplio respaldo popular, a juzgar por el abrumador apoyo de los candidatos republicanos en las elecciones del Congreso de aquel año. Contenía una cláusula que abogaba por dar compensación a los propietarios allí donde las regulaciones del gobierno hubieran reducido (en vez de anular) el valor de sus propiedades. La Declaración de los Derechos de la Propiedad Privada, aprobada por la Cámara de Representantes en marzo de 1995, llamaba a compensar las acciones del gobierno que hubiesen hecho descender el valor de una propiedad en un 10% o más.[117] Ninguna de estas proposiciones ha sido aun puesta en vigor como ley.

El gobierno no es la única entidad que restringe los derechos de propiedad sobre los bienes raíces. Asimismo, son culpables las asociaciones privadas de dueños de viviendas que se arrogan a sí mismas funciones cuasi gubernamentales. El número de estas asociaciones, organizadas por urbanistas para la administración de urbanizaciones, apartamentos colectivos, y unidades diseñadas para una sola familia, ha aumentado de menos de 500 en 1964 hasta 150 000 en 1992; sus leyes y regulaciones afectan aproximadamente a 32 millones de personas.[118] El objetivo de estas asociaciones es proteger el valor de las propiedades de una comunidad imponiendo pautas estrictas relacionadas con la apariencia y el uso de los bienes raíces. Paradójicamente, al defender los valores de la vivienda de la comunidad, violan los derechos de los propietarios. Muchas de las restricciones son justas y sensatas. Pero algunas comunidades las llevan hasta extremos exagerados: pueden llegar a prohibir el cultivo de hortalizas o la instalación de aires acondicionados, limitar las visitas de los nietos, regular el color de las cortinas, prohibir la entrega a domicilio del periódico o exhibir la bandera norteamericana, etc.[119] Incumplir con las leyes y regulaciones de la comunidad puede acarrear la imposición de multas. Aunque teóricamente la pertenencia a tales comunidades reguladas es voluntaria, muchas familias no tienen otra opción que comprar una propiedad en el seno de las mismas, por razones de precio, localización o algún otro factor relevante.[120] Y una vez hecho esto, pierden una parte considerable de su libertad e incluso de su vida privada.

8. DECOMISOS

Quizá la más torpe violación de los derechos de propiedad en los Estados Unidos en el presente sea la del mecanismo legal del decomiso, esto es, la confiscación, por parte del gobierno, de aquellos bienes que se consideran involucrados en algún delito o pertenecen a alguna persona acusada de cometerlo. En el primer caso, se trata a un objeto inanimado como si fuese un cómplice: su dueño no recibe compensación alguna por la pérdida.[121] La práctica del decomiso es antigua: en la Grecia clásica era costumbre castigar a los objetos inanimados que hubiesen causado algún perjuicio, y en la Europa medieval se juzgó y ejecutó a animales que habían matado a seres humanos. El derecho consuetudinario inglés abogaba por el decomiso de coches y botes responsables de algún daño.[122] Esta práctica ha adquirido un ímpetu sin precedentes bajo la fachada de la lucha contra el tráfico ilegal de narcóticos. El decomiso escapa en gran medida a la indignación pública porque se lleva a cabo con el loable propósito de combatir la expansión de las drogas. La base legal para estas incautaciones la aportó un dictamen del Tribunal Supremo en 1974, al autorizar la confiscación de un yate de una compañía de cruceros, valorado en cientos de miles de dólares, luego de que agentes del gobierno hubieran encontrado a bordo los restos de un cigarrillo de marihuana.[123] Existen otros ejemplos de incautación de propiedades de partes no involucradas personalmente en la actividad delictiva que han recibido el beneplácito del Tribunal Supremo.[CC]

Con esta licencia, los agentes del gobierno han estado persiguiendo, con especial celo, aquellas propiedades que han sido usadas para fines ilegales, aun sin el conocimiento o la aprobación de sus dueños.

[S]egún la mayor parte de las normas sobre la confiscación de bienes, a diferencia de los normas penales, los funcionarios de la ley pueden incautar las propiedades de una persona, muebles o inmuebles, sin notificación ni audiencia, basándose en la mera exposición ex parte de una razón probable para creer que la propiedad se ha visto involucrada de algún modo en un delito. Al proceder de este modo in rem —contra la propiedad, no contra la persona— el gobierno no necesita inculpar al propietario ni a nadie de delito alguno, pues la acción es contra “la propiedad”. El argumento de que la misma está “involucrada” puede abarcar desde la creencia de que la propiedad es fruto del contrabando hasta la creencia de que constituye las ganancias obtenidas mediante el delito (incluso si la propiedad se halla en manos de alguien que no es sospechoso de ningún delito), que es instrumental en el delito, que de algún modo “facilita” el delito… Una vez que la propiedad es incautada, sobre su dueño, si este quisiera intentar recuperarla, recae la carga de probar su “inocencia”. Hasta hace poco, esta prueba era casi imposible porque la cosa misma es considerada como el ofensor. Imbuyéndola de personalidad, se dice que la cosa ha sido “corrompida” por su empleo ilícito.[124]

A modo de ejemplo, en un reciente dictamen el Tribunal Supremo sentenció el decomiso de un automóvil, propiedad compartida de un matrimonio, que el esposo empleó para abordar a una prostituta. La esposa protestó alegando que ella no conocía ni aprobaba el comportamiento de su marido y que por tanto tenía derecho a una compensación por parte del gobierno por la confiscación del coche. Sin embargo, el juez principal William H. Rehnquist, remitiéndose a precedentes que databan del siglo XIX, sentenció que “puede ser decomisada una propiedad a causa del uso que se haya dado a esta propiedad aun cuando el propietario no conozca que la misma haya sido usada de esa forma”.[125]

La magnitud de tales adquisiciones de bienes privados por parte de las instituciones públicas puede ser comprobada estadísticamente. Entre 1985 y 1993, el Departamento de Justicia efectuó 170 000 incautaciones y entregó por concepto de ellas 2000 millones de dólares a agencias estatales y locales para la aplicación de la ley y a otras oficinas relacionadas con el crimen organizado. Adicionalmente, es posible que hasta 2000 millones de dólares se hayan obtenido de los trámites de las confiscaciones estatales y locales.[126] En 1993, el Fondo de Decomiso de Bienes del Departamento de justicia contaba con más de 500 millones de dólares en efectivo y con más de 27 000 propiedades valoradas en su conjunto en más de 1900 millones de dólares.[127] Las normas exigen que las ganancias obtenidas por los decomisos se utilicen exclusivamente para la mejora de la aplicación de la ley; de ahí que gran parte del dinero adquirido por esta vía se transfiera a las autoridades policiales locales, las cuales, se sabe, se lo han apropiado para usos personales, tales como fiestas y banquetes de Navidad.[128] Para acumular estos fondos, algunas autoridades han organizado “operaciones de hostigamiento” contra las drogas en edificios valiosos o en terrenos codiciados. Estos procedimientos arbitrarios se dirigen contra los negros y los hispanos: si se encuentran en su poder grandes sumas de dinero, se supone que se han obtenido mediante la venta de drogas y a menudo se las confiscan.

En 1993, el diputado Henry Hyde introdujo un proyecto de ley, la Ley de Reforma de Decomisos de los Bienes Civiles, con el objetivo de frenar tales violaciones de los derechos de propiedad. Aún no ha sido puesto en vigor.

9. AYUDA SOCIAL

Los casos de transgresión contra la propiedad que hemos examinado hasta ahora (impuestos, regulaciones sobre el medio ambiente, decomisos) caen en la categoría de expropiaciones. En la medida en que los derechos de propiedad son un rasgo esencial de la libertad, tales acciones constituyen su violación. Pero, paradójicamente, es posible argumentar que la libertad en el moderno Estado de bienestar social también peligra por las “concesiones”, esto es, por la subordinación que se crea cuando los individuos, empresas comerciales e instituciones de la enseñanza llegan a depender, en gran parte o exclusivamente, de los subsidios, los contratos y otros favores del gobierno, los cuales, independientemente de todos sus beneficios, no constituyen propiedades en su legítimo sentido. Pues si libertad significa independencia, la dependencia es justamente lo contrario.

En 1964, Charles A. Reich, un profesor de Derecho en Yale, publicó un influyente ensayo titulado “The New Property” (“La nueva propiedad”), en el que destacaba el surgimiento en los Estados Unidos (y, por extensión, en las demás democracias modernas) de una forma de propiedad que presentaba las características de la posesión condicional o “feudal”. Este fenómeno, en su opinión, amenazaba la libertad individual.

Para respaldar su punto de vista, Reich enumeraba ocho maneras diferentes en las que el gobierno influía económicamente sobre la población.[129] Una comparación de las cifras que él aporta con las de comienzos de la década de 1990 indica que la dependencia por parte de los ciudadanos estadounidenses en la prodigalidad del gobierno ha aumentado considerablemente en treinta y cinco años…

1. Ingresos y beneficios. Estos son gastos que el gobierno destina a aquellos ciudadanos sin empleo público, y adoptan la forma de pagos de seguridad social, compensación por desempleo y ayuda en dinero y otros muchos beneficios en los programas de bienestar social. Entre 1950 y 1980, los costes en dólares del bienestar social civil aumentaron veinte veces, mientras que la población sólo se duplicó.[130] Hasta hace poco, una fuente importante de gastos era la Ayuda a las Familias con Niños (25,000 millones de dólares entregados a trece millones de familias, entre ellas, cuatro millones con una madre soltera al frente, la mitad de las cuales nunca se había casado).[DD] Está también la atención médica, la ayuda a los veteranos, los Ingresos Complementarios de Seguridad Social, los Cupones Federales y otros beneficios alimenticios, la asistencia a las viviendas de bajos ingresos, las viviendas públicas de bajo alquiler, la ayuda educativa, la capacitación de adultos y jóvenes discapacitados, los programas de empleo de verano para jóvenes y la asistencia para la electricidad, combustible, etc., para personas de bajos ingresos. Las estadísticas demuestran lo dependiente que es un gran sector de la población de los Estados Unidos de las contribuciones del gobierno, al indicar que en 1976 el 20% más pobre de la población recibió casi la totalidad de sus ingresos de manos del gobierno: sus propios ingresos sumaban sólo 3300 millones de dólares, cifra que aumentó a través de los “pagos por transferencia” a 75 000 millones de dólares. El segundo 20% más pobre en términos de ingresos incrementó sus entradas, gracias al gobierno, de 76 300 millones de dólares a 119 700 millones de dólares o por más de la mitad.[131] Estas cifras indican que en la actualidad un quinto de la población de los Estados Unidos dependía casi totalmente de las contribuciones del gobierno y otro quinto dependía en gran medida de lo mismo. Lo que demuestra que el 60% de la población de los Estados Unidos, sus elementos más productivos, mantenían en parte o totalmente al otro 40%.

2. Empleos públicos. En 1961, alrededor de nueve millones de norteamericanos trabajaban directamente para el gobierno. Si se añade a esta cifra los tres o cuatro millones de personas que trabajaban entonces en las industrias de la defensa, que dependían fundamentalmente de la financiación pública, Reich calculó que entre el 15% y el 20% de la fuerza de trabajo de los Estados Unidos obtenía la mayor parte de sus ingresos de los fondos del gobierno. Como destacaba anteriormente, en 1995, el número de empleados civiles del gobierno se duplicó a 10,5 millones, de los cuales tres millones trabajaban para el gobierno federal.[132] En algunas partes del país, la mayoría de los habitantes reciben empleo del gobierno: en Alaska, un tercio de la población está en la nómina del gobierno, y en Juneau, la capital de este Estado, entre la mitad y dos terceras partes de la población trabaja para el gobierno federal, estatal o de la ciudad.[133]

Estos sectores de la población, que incluyen a los pobres, los empleados públicos y a una buena parte de los ancianos, conforman lo que ha dado en llamarse la “coalición de altos impuestos”, un grupo de presión con un marcado interés en que los impuestos sean cada vez más altos. En 1975, se estimó que constituían el 44,8% de los electores.[134]

3. Permisos de trabajo. Son licencias para desempeñar diversas profesiones y ocupaciones, desde médicos hasta prestamistas o empresarios de pompas fúnebres. (Se ha afirmado que, aunque claramente fueron creados para proteger a los consumidores, sirven de hecho a los intereses de quienes desempeñan estas profesiones por cuanto reducen el acceso y la competencia.)[EE]

4. Franquicias. Son una versión moderna de los monopolios de los siglos XVI al XVIII, que autoriza al poseedor a ciertos y determinados privilegios económicos. Ejemplos contemporáneos son los canales de radio y televisión, las rutas aéreas y las licencias de licores. Hoy en día el gobierno reconoce las licencias como propiedad privada del que las posee, ya que pueden ser vendidas.

5. Contratos estatales. Representan un papel especialmente importante en las industrias de la defensa. En 1996, los gastos para la defensa del país ascendieron a 265 700 millones de dólares, el 17% del presupuesto nacional, de los cuales 48 900 millones de dólares se dedicaron al aprovisionamiento.[135]

6. Subsidios a la agricultura, el transporte por mar, las líneas aéreas locales y la vivienda.

7. El uso de los recursos públicos. El gobierno es dueño de una parte considerable de la economía norteamericana: cientos de millones de acres de tierras públicas con valiosas instalaciones mineras, de pastoreo, madereras y recreativas, rutas de transporte y comunicación, canales de radio y televisión, entre otras. Algunos de estos bienes son entregados a intereses privados libres de recargos o a precios subvencionados.[136]

8. Servicios, muchos de ellos con valor comercial, como la distribución postal de publicaciones privadas y los seguros de los constructores de viviendas.

A esta lista deben añadirse nuevas formas de ayuda social que se introdujeron después de que Reich escribiese su artículo, tales como el Medicare y el Medicaid.

Reich se preguntó qué proporción existía entre la riqueza entregada por el gobierno y la economía nacional, y llegó a la siguiente respuesta:

En 1961, cuando el importe total de los ingresos personales ascendía a 416 432 000 000 dólares, los gastos gubernamentales a todos los niveles sumaban 164 875 000 000 dólares. La nómina del gobierno, solamente, se acercó a los cuarenta y cinco mil millones de dólares. Y estas cifras no toman en cuenta las enormes riquezas intangibles que constituyen las licencias, franquicias, servicios y recursos. Además, la proporción de la riqueza gubernamental está aumentando. Casi ningún ciudadano vive sin depender, siquiera en parte, de la riqueza que emana del gigantesco sifón del gobierno.[137]

Ahora bien, a primera vista, la presencia creciente del gobierno en la economía nacional no va en detrimento de los derechos y privilegios básicos de los ciudadanos estadounidenses. Su libertad de expresión y el derecho a escoger a quienes los gobiernan y donde trabajar, vivir y viajar están amparados por la Constitución y protegidos por los tribunales. El gobierno no confisca la propiedad privada (exceptuando los casos criminales), como ocurría en la Rusia comunista y en la Alemania nazi. Así pues, en apariencia, los principios formulados en la Declaración de Derechos permanecen intactos. Esto pudiera sugerir que la tradicional relación entre libertad y propiedad privada ha caducado: en apariencia el gobierno puede apropiarse legítimamente y distribuir a su discreción una buena parte de la riqueza de sus ciudadanos y aun así no transgredir los privilegios de los mismos. El ciudadano moderno americano parece disfrutar de lo mejor de ambos mundos, en el sentido de que conserva sus derechos y libertades mientras que se beneficia de las contribuciones del gobierno en sus diversas formas.

Sin embargo, las apariencias en este punto resultan engañosas. Los gobiernos democráticos modernos ejercen un fuerte control sobre sus ciudadanos mediante el mecanismo de transferencia de la riqueza, limitando por diversas vías de dudosa validez constitucional el uso que los ciudadanos pueden hacer de sus propios bienes y creando, al mismo tiempo, un peligroso grado de dependencia entre los beneficiarios de su largueza. Refiriéndose a la situación en Gran Bretaña, que en muchos aspectos es análoga a la de los Estados Unidos, el historiador del Derecho P. S. Atiyah afirmó:

Aquellos que disfrutan de viviendas subsidiadas, comidas escolares gratuitas, billetes de autobús a mitad de precio, electricidad sometida a concesión administrativa, y otros beneficios similares, quedan tan privados [como los ricos] de su libertad para escoger en qué gastar sus subsidios. El Estado provee pero no permite al individuo elegir aquello que le provee, o vender sus beneficios.[138]

Al aceptar lo que el gobierno dispensa por los canales que hemos enumerado, los individuos y las organizaciones no tienen otra alternativa que someterse a las condiciones del gobierno, cuyo objetivo no es el bienestar privado sino el bienestar público, como él mismo lo define. Cuando el ejercicio de un derecho depende de una autoridad externa, se convierte en un privilegio condicional, que en la práctica separa al propietario de sus derechos, por cuanto la incondicionalidad es uno de los atributos esenciales de la propiedad. Estos hechos han llevado a Reich a afirmar que las “concesiones” del gobierno han creado en los Estados Unidos un feudalismo moderno.[FF] Su solución era declarar la “generosidad” gubernamental como una “nueva propiedad”. Y sus beneficios, un “derecho” y no un privilegio; las revocaciones debían estar sujetas a un proceso justo y con la debida compensación.[GG]

10. CONTRATOS

El derecho de los individuos a contraer obligaciones contractuales es uno de los atributos definitorios de los derechos de propiedad. Esto es particularmente cierto en las sociedades industriales modernas, en las que la mayor parte de la propiedad no consiste en objetos físicos sino en créditos y otros intangibles.

[M]ientras que la economía agrícola es una economía de “propiedad” en el sentido estricto del término, basada en la posesión directa de bienes tangibles, la economía industrial, en cambio, es una economía de “contratos”, basada en la división del trabajo entre un gran número de individuos que se dedican, ellos personalmente o sus recursos, a un objetivo común, con la esperanza de obtener una ganancia futura que no está relacionada directamente con su propia actividad. Los “circuitos de producción” se alargan. Es necesario financiar la compra de máquinas, de materias primas, de reservas de productos terminados, los salarios pagados a los trabajadores, antes de soñar con disfrutar las ganancias derivadas de la venta de lo que uno ha fabricado. Acudir al crédito es una práctica generalizada. La economía industrial es al mismo tiempo una “economía de previsiones” y una “economía de deudas”. La riqueza ya no está ligada a un bien tangible e indestructible como la tierra, sino a esa nueva “propiedad” que es inmaterial e intercambiable y se llama crédito: la economía industrial es una economía de crédito.[139][HH]

En el siglo XIX y a principios del XX, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos afirmó en más de una ocasión que la libertad contractual era “parte de los derechos de libertad personal y de propiedad privada”.[140] y sobre esa base declaró inconstitucional todo intento de interferir en ella. Pero en el transcurso del siglo XX las actitudes hacia la libertad contractual han cambiado, puesto que el gobierno se ha atribuido el derecho de intervenir en nombre de aquélla que considere ser la más débil de las partes involucradas en un contrato. Esta práctica significa un retroceso a las condiciones medievales cuando las autoridades urbanas y a veces incluso los gobiernos nacionales establecían precios “justos” y salarios “justos”.[II] El gobierno en el moderno Estado de bienestar social viola la libertad de las partes contractuales en todas las esferas de la vida económica y social: dispone el salario mínimo que los empresarios privados pueden fijar para sus empleados privados; ordena a los arrendadores a quiénes deben arrendar y en ocasiones qué renta deben cobrar; impone cuotas basadas en la raza o en el sexo para la contratación de personal de las empresas privadas y para la matrícula en instituciones privadas de enseñanza superior; presiona a los bancos privados para que efectúen préstamos a determinados barrios y grupos menos favorecidos. Como resultado, el principio de la libertad contractual privada está en peligro, y con él la propiedad como institución.

A) SALARIOS MÍNIMOS

En los Estados Unidos, la práctica de la interferencia legislativa en los acuerdos entre empresarios y empleados se remonta a un fallo del Tribunal Supremo en 1898, debido a una ley de la asamblea legislativa de Utah, que limitaba a ocho horas diarias el trabajo en las minas subterráneas. Aunque en casos anteriores se había estimado que tales limitaciones violaban la libertad contractual, esta vez el tribunal decidió, reconociendo la desigualdad de poderes entre contratistas y empleados, que estas leyes se atenían a la Constitución. En 1912, Massachussets fue el primer Estado en introducir una ley de salario mínimo, pero su aplicación era voluntaria. Este no fue el caso de las leyes de salario mínimo obligatorio adoptadas posteriormente por los otros Estados. Estas normas iban dirigidas fundamentalmente contra la práctica de “sweating”,[JJ] frecuente en la contratación de mujeres y niños, término que significaba un pago de salarios que no permitía al empleado cubrir las necesidades vitales.

En 1923, el Tribunal Supremo anuló estas leyes estatales, al apoyar la decisión de un tribunal del distrito de Columbia en el caso del Hospital Infantil vs. Adkins, que especificaba que las leyes de salario mínimo representaban “una injerencia inconstitucional en la libertad de contratación, incluida entre las garantías a la cláusula de proceso justo contenida en la Quinta Enmienda”.[141] Pero pronto las condiciones cambiaron, como también la idea de constitucionalidad del Tribunal Supremo. En 1937, en plena Depresión, el tribunal, al decidir sobre una ley de salario mínimo para las mujeres en el estado de Washington, declaró que la legislación de salario mínimo se correspondía con lo establecido en la Constitución.[142] Al año siguiente, el Congreso aprobó la Ley de Condiciones Laborales Justas, que desde entonces ha servido como base a la legislación de salario mínimo.

No entraremos en la controversia en torno de la cuestión de si las leyes de salario mínimo proporcionan a los trabajadores asalariados los beneficios materiales como es su propósito, excepto para destacar que éstas encarecen mucho la mano de obra de las personas de bajo nivel escolar, especialmente los jóvenes negros, en algunos casos haciendo imposible su contratación y, de este modo, son indirectamente discriminados.[143] Pero resulta sorprendente que incluso los que defienden esta legislación sólo pueden decir a su favor que no hace ningún daño porque, al parecer, muy pocos trabajadores no amparados por esta ley reciben un salario por debajo del mínimo. De aquí que deba ser considerada una “declaración” política y no económica, y presumiblemente deba ser juzgada como tal.[144]

Al parecer, violar la libertad contractual se hace sólo con la finalidad de asestar otro golpe a los derechos de propiedad.

B) CONTROL DE ALQUILERES

Si bien los beneficios de los controles salariales son objeto de disputa, no existe desacuerdo acerca del control de alquileres: de modo general, todos los economistas, independientemente de su posición política, lo consideran un desastre total al cual se oponen. Sólo lo aceptarían como medida de emergencia temporal.[145] No obstante, algunos ideólogos radicales lo defienden celosamente porque ven en él un modo de “despertar la conciencia” de los pobres: “La esperanza es que los arrendatarios pasen del control de los alquileres a la regulación de las instituciones financieras y societarias, y a un reordenamiento radical de las prioridades de la sociedad”.[KK]

El control de alquileres se introdujo por primera vez en Francia a comienzos de la Primera Guerra Mundial para evitar que los arrendadores se aprovechasen de las familias de los soldados y trabajadores de la industria dedicada a la defensa. Inglaterra y los Estados Unidos hicieron lo mismo, al igual que la mayoría de las naciones beligerantes e incluso algunas de las que permanecieron neutrales. Los controles se detuvieron por un tiempo al restaurarse la paz y en unos pocos casos hasta la década de 1930. Resucitaron durante la Segunda Guerra Mundial.

En la mayor parte de las ciudades norteamericanas, los controles de alquileres se abolieron después de la Segunda Guerra Mundial (pero no en la ciudad de Nueva York), pero aquí y allá, especialmente en muchas de las principales ciudades universitarias, como Berkeley, California, Cambridge y Massachusetts, se restablecieron en la década de 1970 gracias a las presiones de activistas radicales. En la ciudad de Nueva York, que ha sido llamada “la capital del control de alquileres del mundo”, ha provocado una decadencia urbana sin precedentes, ya que los dueños, al no poder extraer beneficios de sus propiedades, o bien las descuidan o bien las abandonan. La esperanza de que las víctimas de tal descuido emprendan un “reordenamiento radical de la sociedad” no se consumó, porque resultó que los beneficiarios de los controles de rentas no eran los pobres, que vivían en viviendas públicas y apartamentos restaurados, sino los arrendatarios de clase media y de edad madura, capaces de disfrutar de las comodidades de la ciudad a un precio subvencionado entre ellos, el alcalde de la ciudad de Nueva York y el presidente de la Bolsa.[LL] En este momento, más de dos millones de personas, o una cuarta parte de la población de la ciudad de Nueva York, viven en apartamentos con alquileres controlados “normalizados”. Los partidarios del control de alquileres han modificado la base de su argumento: en lugar de afirmar que ayuda a los pobres, lo cual a todas luces no es cierto, alegan que le da un aspecto más “diverso” a la ciudad de Nueva York. Un profesor de planificación urbana de la Universidad de Columbia dice que el control de alquileres “es el factor primordial que hace que Nueva York sea una ciudad tan atractiva para vivir. Mantiene la estabilidad de los barrios y preserva la diversidad”.[146]

Bajo este criterio también podríamos enumerar las prohibiciones gubernamentales sobre la discriminación en el alquiler o venta de apartamentos según la Ley del Suministro Justo de Viviendas (tal como fue enmendada en 1988).[147] Resulta difícil alcanzar lo prescrito en esta ley, puesto que un alto porcentaje de los dueños y vendedores son pequeños propietarios. Sin embargo, las autoridades imponen multas muy severas cuando dan con una gran sociedad anónima implicada en actividades discriminatorias, como negar el alquiler de una vivienda por razones de raza. De este modo, en mayo de 1997, un jurado federal en Manhattan otorgó 640,000 dólares a una pareja de raza mixta a la que se le había negado subarrendar un apartamento en un edificio propiedad de la sociedad por motivos que fueron juzgados de índole racial.[148]

Ahora bien, el derecho a excluir siempre ha sido un atributo esencial de la propiedad. Cuando los propietarios, en el caso de los dueños de un apartamento, no pueden impedir a alguien alquilarlo, por los motivos que fueren, puede decirse que ya no lo poseen. Tal legislación antidiscriminatoria, por tanto, ataca en los mismos cimientos a los derechos de propiedad. También ha demostrado ser contraproducente: existen pruebas de que la segregación racial entre los barrios del centro y los periféricos se ha incrementado desde que se aplicó esta legislación.[149]

C) REGULACIONES BANCARIAS Y “PROGRAMAS RESERVADOS”

Un buen ejemplo del daño que hacen las leyes al intentar imponer obligaciones sociales a las empresas privadas es la regulación de los bancos.[150] Los bancos sirven a la comunidad (al igual que sus propietarios) efectuando préstamos responsables: préstamos de dinero que pertenece a otros que lo han confiado a su cuidado. A menos que se demuestre lo contrario, no hay razón para creer que al conceder préstamos están actuando bajo la influencia de otras consideraciones distintas de la credibilidad de los receptores, es decir, su voluntad y su capacidad de pagar los intereses y devolver el principal. Pecunia non olet —el dinero no tiene olor, dice una frase atribuida al emperador Vespasiano—. Así pues, los banqueros suizos no tuvieron escrúpulos en colaborar con la Alemania nazi al administrar los bienes robados a los judíos; ni los banqueros europeos o norteamericanos rechazaron los negocios con los regímenes comunistas. Se debe suponer, por tanto, que los beneficios obtenidos de los negros y de las mujeres son tan deseables como los obtenidos de los hombres de raza blanca. Por tanto, si los bancos muestran reticencia a extender préstamos a ciertas comunidades o ciertos sectores de la población, es razonable suponer que se debe a que la experiencia les indica que esto supone un riesgo inaceptable. Históricamente, el aumento de los riesgos ha sido compensado con el aumento de los tipos de interés. Tal solución, sin embargo, ya no es posible, pues constituiría una discriminación y estaría sujeta a un proceso legal. El resultado es que a ciertas localidades y a ciertos sectores les resulta más difícil obtener dinero mediante hipotecas y otras formas de crédito.

El gobierno interpreta esta realidad como una prueba prima facie de discriminación e intenta remediarla supervisando que los bancos concedan préstamos a las minorías y comunidades de su localidad. El apoyo legal de esta interferencia con la empresa privada se basa en tres leyes: la Ley de Igualdad de Oportunidad de Acceso al Crédito de 1974, que prohibió la discriminación por raza, religión y sexo en lo tocante a los préstamos; la Ley de Apertura de la Hipoteca Doméstica, que exigió a los bancos que proporcionaran al gobierno información detallada de todo hipotecado en cuanto a raza, sexo e ingresos; y en 1977, la Ley de Reinversión en la Comunidad, que exigió a los bancos conceder préstamos dentro de sus propias comunidades.[151] Dado que el Departamento de Justicia no aporta un criterio inequívoco según el cual un banco pueda negarse a dar crédito, potencialmente toda negativa puede interpretarse como discriminación.[152]

Todos los años los reguladores de la junta de Gobernadores de la Reserva Federal califican de “deficiente” a “excelente” a los bancos, basándose en su desempeño en el cumplimiento de las normas de esta legislación.

Estas calificaciones tienen un valor monetario, pues influyen en las decisiones de los reguladores sobre las fusiones, expansiones y adquisiciones de los bancos.[153] Mientras que obligan a los bancos a asumir riesgos especiales al exigirles prestar dinero a personas con un bajo nivel de crédito, el gobierno federal no muestra ninguna inclinación a compensarlos por las pérdidas que puedan sufrir a consecuencia de los incumplimientos.

Otra forma de control gubernamental, establecida con el propósito ostensible de obtener un mayor equilibrio racial, son los llamados “programas reservados”. A través de ellos se da prioridad a las empresas que pertenecen a alguna minoría a la hora de otorgar contratos federales. Estos contratos equivalen a 200 000 millones de dólares pagados anualmente a 60 000 compañías que dan empleo a más de un quinto de la mano de obra del país.[MM] De acuerdo con esta práctica, a algunas empresas, por ser su dueño un negro o una mujer, se les concederían contratos federales incluso aunque no presenten las ofertas más bajas. Los programas reservados son injustos en dos sentidos: son discriminatorios hacia los licitadores masculinos no negros, y malgastan el dinero de los impuestos abonado por los ciudadanos al pagar más de lo necesario por bienes y servicios. En 1995, el Tribunal Supremo declaró inconstitucional uno de estos casos, en el que una compañía de Colorado, propiedad de un ciudadano blanco, perdió un contrato federal sobre carreteras frente a una firma cuyo dueño era un hispano, a pesar de haber presentado la oferta más baja. Según un artículo periodístico, el tribunal sentenció: “Entre los miembros de un sector minoritario no existe ningún derecho general a la preferencia del gobierno que se base únicamente en la discriminación histórica”. Sin embargo, el tribunal dejó la puerta abierta para la perpetuación de tales prácticas al permitir “programas de preferencia racial en respuesta a las incuestionables pruebas existentes de discriminación contra una parte afectada”.[154]

Con el fin de satisfacer a “importantes distritos electorales demócratas: los negros y otras minorías, así como las mujeres”, y a la vez cumplir con las normas del Tribunal Supremo, la administración Clinton ha decidido mantener los programas reservados al decretar que la discriminación tiene lugar allí donde los negocios de las “minorías” no reciben su cuota de contratos o no son “utilizados” en proporción a sus “capacidades”.[155] La posibilidad de que los negocios de las minorías sean “subutilizados” por ser menos eficientes o más costosos no entra al parecer en las consideraciones. Y por tanto esta práctica continúa. En febrero de 1998, la administración Clinton exigió a los fabricantes de automóviles que venden vehículos al gobierno que presenten sus “objetivos de adquisición vinculados a las compañías de las minorías”. Así presionó a los Tres Grandes a incrementar para el año 2001 su nivel de adquisiciones vinculadas a esas compañías hasta el 5%, es decir, 8800 millones de dólares al año.[156]

11. LA DISCRIMINACIÓN “POSITIVA” EN LA CONTRATACIÓN

Sin duda, la intromisión más notoria del gobierno en los derechos contractuales de los ciudadanos y organizaciones privadas se realiza en nombre de la acción afirmativa —las leyes y regulaciones puestas en vigor desde 1964 bajo la amplia clasificación de “derechos civiles”—. Introducida por el presidente Johnson, la aplicación de la acción afirmativa se ha extendido bajo las sucesivas administraciones, tanto demócratas como republicanas. Inicialmente concebida como una solución, bastante tardía, para aplicar el principio de no discriminación hacia los ciudadanos negros contemplado en la Decimocuarta y Decimoquinta Enmiendas, pronto se extendió hacia otros sectores, como el de las mujeres y el de los discapacitados, y recientemente se ha convertido en un medio de “discriminación a la inversa” contra los blancos y los hombres. Esto era inevitable: los ideales, por nobles que sean, al convertirse en leyes son aplicados por los burócratas, quienes, por la naturaleza de su actividad, tienen la tendencia a concentrarse en los medios y a descuidar los fines. Y los burócratas son un factor clave, pues “mientras que los presidentes y los Congresos vienen y van, las agencias federales permanecen”.[157]

El destino de cualquier reforma social en los Estados Unidos —y quizás en cualquier parte— es que, después de ser instituida por hombres entusiastas y visionarios, por políticos y estadistas, se pone inmediatamente en manos de profesionales con dedicación exclusiva. Esto trae consigo dos consecuencias. Una de ellas es que se hace bien el trabajo. Los entusiastas se dirigen hacia nuevas metas mientras que los profesionales siguen trabajando en las reformas, que ya no cuentan con el interés del público. Pero hay otra consecuencia. Los profesionales, al concentrarse exclusivamente en esa área de reforma, tienden a alejarse más y más de la opinión pública y, sin dudas, también del sentido común. Llegan a un punto en que las cosas les parecen perfectamente lógicas y necesarias a ellos —pero resultan perfectamente inaceptables a casi todo el resto del mundo—.[158]

La base legal de la acción afirmativa la aporta la Ley de los Derechos Civiles de 1964 y varias órdenes ejecutivas del presidente Johnson, y su puesta en práctica se encomendó a la Comisión de Igualdad de Oportunidades de Empleo y a otras agencias federales. La ley de 1964 ha sido la más radical, relacionada con los derechos civiles, aprobada por una nación.[NN] Esa ley contenía algunas normas loables, diseñadas para impedir la discriminación en el acceso al voto y a las instalaciones públicas, así como la segregación en las escuelas públicas. Su objetivo principal era el Sur, pero sus provisiones más importantes tenían implicaciones mucho más amplias. Su artículo VI establecía que: “Ninguna persona en los Estados Unidos podrá ser excluida, por motivos de raza, color u origen, de participar, o de recibir los beneficios, o ser discriminado bajo ningún programa o actividad que reciba ayuda financiera federal”,[159] término que, como veremos, se aplica a un gran número de negocios privados y a muchas instituciones privadas de enseñanza superior. Dos años más tarde, esta prohibición se extendió a la discriminación por motivos sexuales, y en 1973 por motivos de discapacidad física.

Las normas antidiscriminatorias del artículo VI, aun cuando se aplicaban solamente a las instituciones que recibiesen ayuda financiera federal, incluían a casi todas las escuelas y universidades públicas y a un alto porcentaje de las clínicas y hospitales.[160] El artículo VII, sin embargo, amplió el alcance de esta norma al prohibir la discriminación por raza, color, religión, sexo o país de origen en los sindicatos, las agencias de contratación y todas las empresas con más de quince empleados que trabajaran en algo relacionado con el comercio interestatal o en negocios con el gobierno federal, pero exceptuando (hasta 1972) a los 10,1 millones de empleados del gobierno estatal y local y a los 4,3 millones de empleados de las instituciones educativas.[161] Los funcionarios encargados de llevar a cabo estas regulaciones exigieron a todo empresario que cayera dentro del marco de esta legislación desarrollar un “programa aceptable de acción afirmativa”, que debía incluir

[…] un análisis de aquellas áreas en las que el contratista ha tenido un déficit de empleo de los sectores minoritarios y de las mujeres, y además, las metas y programas que deben establecer los empleadores, en un esfuerzo honrado por corregir deficiencias.[162]

En 1965, y nuevamente en 1967, el presidente Johnson firmó las órdenes ejecutivas para conseguir la puesta en marcha de las provisiones de esta ley al prohibir específicamente la discriminación por motivos de “raza, credo, color o país de origen” (a lo cual más tarde se añadió el sexo). Estas normas requerían de un gigantesco trabajo de archivo por parte del gobierno y de las instituciones privadas en relación con los registros sobre la composición racial, religiosa, étnica y sexual de su fuerza de trabajo. El alcance de esta legislación se hace visible cuando uno considera que se aplica hoy en día a casi 200 000 empresas que emplean a cerca de 26 millones de personas o una cuarta parte de la mano de obra del país.[163] En 1972 esta regulación se extendió a las instituciones de la enseñanza y a los gobiernos estatales y locales.

El artículo VII fue una medida revolucionaria que sentó las bases para múltiples leyes y regulaciones antidiscriminatorias. Su aplicación incrementó enormemente el poder del Estado y redujo en la misma proporción la libertad contractual de los individuos y de las empresas. Al extenderse primero a las mujeres, después a los ancianos y finalmente a los impedidos físicos, otorgó al gobierno poderes nuevos para interferir en las relaciones entre los ciudadanos privados. También fue antidemocrática porque encontró oposición en una sólida mayoría de los ciudadanos, incluyendo aquellos a los que se proponía beneficiar. Un sondeo de opinión realizado en 1977 reveló que los norteamericanos en su conjunto se oponían a los privilegios de las minorías por un margen de ocho contra uno; los no blancos también por un margen mayor que dos a uno. Los realizadores de la encuesta concluyeron que: “Rara vez la opinión pública en torno de un tema tan controvertido se muestra tan unánime como respecto a éste. Ni un solo sector de la población apoya la acción afirmativa”.[164]

Cabe destacar en este sentido que el verbo “discriminar” ha sido politizado hasta tal punto que casi ha perdido su sentido original —distinguir, discernir—. En su sentido corriente, por supuesto, es un ingrediente esencial de la libertad. Impedir que los ciudadanos —a diferencia de los gobiernos— discriminen equivale a privarlos de un derecho elemental.

El artículo VII prohibió a los empresarios brindar “un tratamiento preferencial a cualquier grupo o individuo”: promovió la igualdad de oportunidades, un propósito negativo. Esta calificación contribuyó a que esta Ley de Derechos Civiles fuera aprobada en el Congreso, donde había chocado con una fuerte resistencia. Pero como sabemos, el presidente Johnson tenía en mente algo mucho más positivo cuando dijo, al año siguiente de la aprobación de la Ley de Derechos Civiles, que él quería “la igualdad no sólo como un derecho y una teoría sino la igualdad como un hecho y un resultado”. A partir de este objetivo, el gobierno federal emprendió una ambiciosa campaña de control social.

La Ley de Derechos Civiles de 1964, al llevarse a cabo, presentó un contraste notable con su homóloga de 1866, que hacía énfasis en los derechos de propiedad de los ciudadanos y la igualdad ante la ley.[165] Más bien se parecía a la Ley de Derechos Civiles de 1875, que prohibió la discriminación en las empresas privadas (alojamientos públicos, transporte público y lugares de esparcimiento). El Tribunal Supremo había declarado inconstitucional esta ley en 1883, arguyendo (cosa que hoy nos causa sorpresa y repugnancia) que transgredía los derechos de las personas y de las empresas privadas:

Implicaría exagerar el argumento de la esclavitud si lo aplicamos a cada acto de discriminación en que puede incurrir una persona al decidir a qué huéspedes atenderá, a qué gentes llevará en su coche, taxi o automóvil, o permitirá entrar a su concierto o teatro, o con quién tendrá otros tipos de intercambio o negocio.[166]

Al poner en práctica la legislación antidiscriminatoria surge una dificultad, y es que ésta no establece, y en verdad no puede establecer, criterios inequívocos para determinar cuándo se incumple. Los funcionarios encargados de poner en práctica las leyes no pueden actuar guiados por vagas impresiones de intención: tienen que tener parámetros claros y estrictos, y estos sólo se obtienen mediante los resultados estadísticos. Por tanto, inmediatamente después de la aprobación de la Ley de Derechos Civiles, las agencias del gobierno adoptaron la práctica de inferir que había discriminación dondequiera que existiese una gran disparidad en la contratación de hombres blancos y de las minorías (por raza o sexo).[167] Ya desde 1968, la Oficina de Ajuste a los Contratos Federales del Departamento del Trabajo, evitando usar el término “cuota”, trazó pautas en las que hablaba de “metas y programas”. En diciembre de 1971 estos términos se definieron, prácticamente, como el incremento “de la utilización de las minorías y de las mujeres”, entendiéndose por “subutilización” el “tener menos minorías y mujeres en un empleo determinado de lo que podría esperarse atendiendo a su disponibilidad”.[168] Con la ayuda de abogados vinculados a la Comisión de Igualdad de Oportunidades de Empleo, se estableció un conjunto de precedentes en los tribunales inferiores para sustituir “el tradicional examen de intención por un examen de resultados”:

Esto a su vez permitiría a la agencia construir casos prima facie basados en datos estadísticos al margen de la intención, y mediante este mecanismo exigir a los contratistas pruebas que, a la luz de estadísticas desfavorables, serían difíciles de sustentar.[169]

Tales “exámenes” consisten en cuotas numéricas que especifican qué proporción de no blancos y de mujeres debe existir entre los empleados contratados o ascendidos, así como también en la matrícula de estudiantes. Sin embargo, la validez constitucional de las cuotas resultó dudosa desde el principio: el artículo VII de la Ley de Derechos Civiles las prohibía, y en 1978 el Tribunal Supremo las declaró inconstitucionales. El tribunal, no obstante, permitió normas “flexibles” de acción afirmativa. En la práctica, por tanto, optaron por las cuotas que llamaron, utilizando un eufemismo, “metas”. En 1970, el Departamento de Trabajo dictó una resolución exigiendo que “la media de aspirantes contratados debe ser igual o aproximada a la de las minorías en la población de cada localidad”.[170]

Una dificultad a la hora de alcanzar este objetivo es que los empresarios aplican exámenes para contratar, admitir o ascender y que, generalmente, en estos exámenes, minorías como las de los negros y los hispanos, así como las de las mujeres, no salen tan bien paradas como los blancos del sexo masculino y los asiáticos. Para vencer este obstáculo, los tribunales han decidido que la aplicación de criterios que no se relacionan directamente con los requisitos exigidos (como por ejemplo la posesión de un título preuniversitario) viola los derechos civiles. Lo mismo se ha dicho de la aplicación de un examen idéntico a todos los candidatos. De este modo, el caso Griggs vs. Duke Power Co., llevado a juicio en 1971, sentó un precedente: el tribunal Supremo decretó por unanimidad que un empresario no puede imponer una calificación mínima como requisito de contratación, a menos que pueda probar que ésta es esencial para el desempeño en un empleo determinado. (En este caso, la compañía exigía para cualquier promoción un título preuniversitario y la aprobación de un examen de aptitud.)[171] El tribunal decretó además que se incurría en discriminación al aplicar parámetros idénticos para todos los solicitantes. Un hombre negro, candidato a empleo, que había sido rechazado por Motorola en 1963 por no haber superado un examen de opción múltiple, presentó una queja ante la Comisión de Contratación Justa de Illinois. La comisión decidió que el examen era injusto para “sectores de baja condición social y cultural” porque “no tomaba en cuenta las diferentes circunstancias del medio externo” y ordenó a Motorola contratar al candidato negro y a dejar de aplicar el examen.[172]

Como dijera el juez principal Burger: “El Congreso dirigió la acción de la Ley de Derechos Civiles hacia las consecuencias de la contratación, no simplemente hacia sus motivaciones”. Esto fue claramente una mala interpretación de la ley de 1964.[173] Según este criterio, cualquier requisito general y cualquier examen de nivel que blancos y negros aprobasen en diferente proporción representaba una evidencia prima facie de discriminación.[174] Esto implicó que la no discriminación en la aplicación de los parámetros constituía una discriminación, un clásico ejemplo de neolengua orwelliana.

Las empresas ahora estaban presionadas a idear métodos tortuosos para “mejorar” las calificaciones de los empleados pertenecientes a las minorías a fin de obtener la mezcla deseada de razas y sexos y así evitar cualquier acción legal. De este modo, el empeño original por eliminar la significación del color de la piel dio pie a cuotas y programas raciales. Las agencias del gobierno exigen a los empresarios la entrega regular de registros voluminosos que informen cuántos miembros de las minorías contratan en cada puesto de trabajo. Litigar en materia de discriminación, real o imaginaria, es un negocio floreciente.

El problema con las cuotas, como quiera que se las llame, es que son inherentemente discriminatorias porque hacen que la obtención de un objetivo deseado no dependa de la calificación y de los logros personales de un individuo sino de su pertenencia a un grupo racial, etnia o sexo. Esto no fue lo que se propusieron los creadores de esta legislación, pero la misma evolucionó inevitablemente en este sentido porque de otro modo hubiera sido inaplicable.

Una especie de colmo del absurdo en la aplicación de la legislación de los derechos civiles tiene lugar en la puesta en vigor de la Ley de Norteamericanos con Discapacidades de 1990. En 1997 se interpretó que esta ley era aplicable a los empleados que sufriesen una “enfermedad mental”, la cual podía manifestarse en tardanzas crónicas, pobre discernimiento y hostilidad hacia los demás trabajadores y supervisores. La “directiva” de 1997 prohibió a los empresarios tomar medidas disciplinarias contra empleados que se comportasen groseramente, o llegasen a trabajar desaliñados. En lugar de eso, debían hacer cuanto estuviese a su alcance para conseguir que tales empleados se sintiesen “cómodos”.[175]

Todo el conjunto de leyes y regulaciones antidiscriminatorias, del modo en que ha evolucionado desde 1964, no sólo discrimina a aquellos individuos que no pertenecen a los grupos seleccionados para un tratamiento preferencial, sino que además crea inconvenientes a las organizaciones e instituciones por ellos afectadas. Este conjunto normativo se apoya en la premisa equivocada de que las instituciones privadas —ya sean empresas comerciales o universidades— son un microcosmos de la sociedad en general, y que su propósito es más la satisfacción de las necesidades y carencias de sus miembros que el logro de sus propios objetivos, sean estos la mejora de la producción y la rentabilidad o la oferta de una educación superior. La “justicia distributiva” no puede aplicarse adecuadamente a la admisión en las empresas o en las instituciones de enseñanza superior porque las “razones de la justicia distributiva sólo son pertinentes a las prácticas sociales que existen para conferir beneficios u oportunidades a sus miembros”.[176] Tales razones no se justifican al aplicarse a la admisión en una facultad:

[L]a extendida creencia de que sí son pertinentes se basa en un modelo defectuoso de lo que es un colegio o facultad universitaria —a saber, que éste debe ser considerado una sociedad civil en miniatura—. Las facultades universitarias no existen para conferir beneficios u oportunidades a los actuales o potenciales miembros de las mismas, sino que más bien están al servicio de objetivos externos de excelencia en la enseñanza y en la investigación. Por tanto, la única pregunta relevante a la hora de admitir a alguien en una facultad es ésta: ¿está el colegio o la universidad contratando al mejor candidato disponible para alcanzar estos objetivos? Toda otra consideración es irrelevante o secundaria.[ÑÑ]

El mismo argumento se aplica, por supuesto, a las prácticas comerciales de contratación y promoción.

Tampoco tienen valor los argumentos tendenciosos que alegan que las cuotas incrementan la “diversidad” en la universidad. Hay otros tipos de “diversidad” que la que se funda en criterios de raza y sexo. Una encuesta realizada en 1989 por la Fundación Carnegie para el Desarrollo de la Enseñanza descubrió que sólo el 4% de las facultades universitarias de humanidades y el 2,2% de las que imparten ciencias sociales se identifican a sí mismas como “conservadoras”, mientras que más del 40% de las facultades en esos mismos campos dicen ser “liberales”. No obstante, la Asociación Americana de Profesores Universitarios, que promueve activamente la “diversidad” de género y raza, “nunca ha sugerido remediar esta situación estableciendo ‘metas y programas’ para la contratación de conservadores o de partidarios de otras posiciones escasamente representadas” basándose en que “en relación con los criterios políticos [esto] no apoyaría el derecho de las facultades a juzgar sobre la base de una heterogeneidad de puntos de vista”.[177]

Los procedimientos de la acción afirmativa han traspasado, de manera peligrosa, la prerrogativa de admisión y empleo, de manos de las instituciones privadas a manos del Estado, esto es, de la burocracia gubernamental:

Una ley antidiscriminatoria es la antítesis de la libertad contractual, un principio que permite a todas las personas hacer negocios con quien estime conveniente, por un buen motivo, un mal motivo o sin motivo alguno. Bajo el régimen contractual, la principal función del Estado es velar porque todas las personas estén en capacidad civil de ser propietarios, de contratar, demandar y ser demandadas, y de presentar pruebas. Los derechos que el Estado reconoce y protege de esta manera se pueden, fácilmente, extender simultáneamente a todas las personas… El Estado garantiza a todas las personas una zona de libertad contra agresiones y fraudes. El principio de antidiscriminación opera como un gigantesco freno contra esta visión de la libertad contractual y del papel concomitante, aunque limitado, del Estado.[178]

El artículo VII de la Ley de Derechos Civiles ha sido alterado hasta el punto de interferir en la libertad de expresión en el puesto de trabajo. Aunque su formulación original no aludía en ningún aspecto a estos asuntos, según la interpretación de las agencias del gobierno y de los tribunales, prohíbe expresar opiniones “racistas”, “machistas”, o incluso religiosas, que los demás trabajadores puedan encontrar ofensivas. De este modo, en 1988, un Tribunal del Circuito de Apelaciones de los Estados Unidos declaró lo siguiente:

Si bien el artículo VII no exige que un contratista despida a todos los “Archie Bunkers”,[OO] a su servicio [!], la ley sí exige que un contratista tome rápidas medidas para impedir que estos intolerantes expresen sus opiniones de manera abusiva u ofensiva para sus compañeros de trabajo. Al informar a la gente que la manifestación pública de actitudes machistas o racistas es inaceptable, es posible que poco a poco la gente aprenda que las mismas también son indeseables en privado. De este modo el artículo VII se acercaría a la meta de eliminar los prejuicios y las tendencias injustas en nuestra sociedad.[179]

Esta resolución es un clásico ejemplo de cómo una ley, en este caso la prohibición de la discriminación en el momento de la contratación sobre la base del color, la religión o el sexo, puede extenderse más allá de su intención original hasta inhibir la libertad de expresión y modificar el comportamiento social.

12. LA DISCRIMINACIÓN “POSITIVA”
EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR

La interferencia federal en la enseñanza superior es un ejemplo elocuente de cómo los poderes financieros recientemente adquiridos por el gobierno violan los derechos contractuales de sus ciudadanos. Las generosas subvenciones otorgadas a los centros de enseñanza superior y a las universidades en forma de financiación para las investigaciones, la ayuda a los estudiantes y la exención de los impuestos han permitido un crecimiento extraordinario de la enseñanza superior americana: con relación a la población, el número de graduados de las facultades entre 1870 y 1992 se ha incrementado en diez veces, y hace ya unos cuantos años que del 33% al 45% de los graduados preuniversitarios llegan a tener un título universitario. (En 1900, sólo el 4% de los jóvenes americanos de edades entre los dieciocho y veintiún años asistían a la universidad.)[180] Aunque ya desde 1862 el gobierno federal había comenzado a promover la enseñanza superior, al poner en marcha un programa de donación de tierras a las facultades, hasta la Segunda Guerra Mundial, Washington descuidó la financiación de las universidades y de sus estudiantes. Hasta mediados de la década de 1930, el apoyo federal a los colegios y universidades equivalía a menos del 5% del dinero otorgado a la enseñanza superior en los Estados Unidos.[181] Esta situación cambió después de la Segunda Guerra Mundial. La Ley de Reajuste para los Militares, conocida popularmente como la G1 Bill, introducida en 1944 y enmendada sucesivamente varias veces, estableció que los veteranos fuesen admitidos en las facultades con derechos de matrícula y una modesta beca. El resultado fue que la matrícula en colegios y universidades creció de 1,5 millones en 1940 a 2,7 millones en 1950.[182]

En 1957, cuando la Unión Soviética sorprendió al mundo con el lanzamiento del Sputnik, el primer satélite artificial terrestre, ningún país resultó tan afectado por este hecho como los Estados Unidos, que nunca se había sentido físicamente amenazado por alguna potencia hostil, pues el Sputnik demostró la capacidad de la Unión Soviética de descargar misiles de cabezas nucleares en cualquier parte del globo. Los Estados Unidos, como pronto se vería, era perfectamente capaz de igualar esta hazaña: si había sido derrotado en la carrera armamentista era porque había decidido deliberadamente no emprenderla. Siguiendo el consejo de sus científicos, decidió que los misiles balísticos no eran lo suficientemente precisos como para usarlos con fines militares, y optó por los bombarderos intercontinentales como el principal medio de trasmitir el poder disuasorio de las armas nucleares. No obstante, en medio de la histeria subsiguiente, el sistema educativo se las arregló para convencer al público norteamericano y al Congreso de que el logro técnico de Rusia había sido posible gracias a la superioridad de su educación. La Ley de la Defensa Nacional para la Educación de 1958 asignó sumas inmensas en concepto de ayuda federal a los estudiantes, parte como donaciones propiamente dichas y parte como préstamos. Miles de millones de dólares se destinaron a las universidades para el desarrollo de investigaciones relacionadas con la defensa. El dinero federal disponible para estos objetivos aumentaba década tras década. La Ley de la Enseñanza Superior de 1965, que formaba parte del programa de Johnson de la Gran Sociedad, superó todas las expectativas al proponer que todo norteamericano asistiese a la universidad. En 1977, los gastos federales en la enseñanza superior sumaban cerca de 14 000 millones de dólares anuales.[183] Más recientemente, el 75% de la ayuda a los estudiantes proviene de fuentes federales.[184]

Los efectos (positivos y negativos) de este espléndido derroche del dinero federal para aumentar la calidad de la enseñanza americana y el estado financiero de las instituciones de la enseñanza superior caen fuera del marco del presente estudio.[185] Analizamos el poder que su propia generosidad confiere al gobierno para interferir en la enseñanza superior, en especial en lo tocante a la admisión de estudiantes y la contratación del cuerpo docente. Desde esta posición estratégica, entendemos que su efecto ha sido sistemáticamente nocivo.

Ni la Ley de Derechos Civiles de 1964 ni ninguna otra legislación adicional habló de “acción afirmativa” en las instituciones de enseñanza superior. Sin dudas, desde la década de 1950, las normas básicas en materia de educación del país han prohibido a “todo departamento, agencia, funcionario o empleado de los Estados Unidos” ejercer “todo tipo de dirección, supervisión o control” sobre el proceso educativo en las escuelas y las facultades, razón por la cual una persona, muy autorizada en esta materia, afirma llanamente que “el control federal [sobre las instituciones educativas] es ilegal”.[186] Y sin embargo el Departamento de Salud, Educación y Bienestar Social estableció parámetros para determinar si se practica o no la discriminación en los colegios y universidades al imponerles el equivalente de las cuotas raciales y sexuales. A todos los colegios y universidades que reciben financiación del gobierno (hay más de dos mil de ellos) se les exige ahora entregar regularmente al gobierno datos estadísticos de la composición racial y sexual de sus estudiantes y cuerpo docente, información que, anteriormente, no se registraba. Si se juzgan como “insatisfactorios”, deberán hacer esfuerzos serios y palpables por rectificar el equilibrio sexual y racial o arriesgarse a perder el dinero federal. La justificación legal de la interferencia del gobierno en la admisión y la contratación en la universidad deriva de un hecho: al estar exentas del pago de impuestos, las instituciones educacionales reciben una subvención indirecta, además de recibir los beneficios, al igual que los estudiantes, de donaciones directas del gobierno.

Cada vez más, las instituciones de la enseñanza superior se encuentran bajo la vigilancia de la burocracia federal al contratar o promover a su cuerpo docente. Han estado cumpliendo con las exigencias del gobierno pues no pueden permitirse el riesgo de perder el dinero federal. Entre 1939 y 1940, las instituciones privadas de enseñanza superior recibieron el 0,7% de sus ingresos habituales de manos del gobierno federal; hacia 1969-1970, esta cifra se había elevado al 22,5%.[187] En una ocasión, la Universidad de Columbia recibió de Washington la mitad de su presupuesto anual. Las ayudas gubernamentales destinadas a la investigación y a la formación equivalían en 1968 al 3 8% del presupuesto de Harvard.[188] Princeton, cuyo presupuesto es el tercero en volumen entre las universidades del país, obtuvo en 1991 el 32,4% de sus ingresos de contratos y donaciones del gobierno, aproximadamente un tercio de su presupuesto total.[189] Las facultades universitarias simplemente no se pueden permitir el lujo de perder el dinero federal, y exigir su derecho a contratar, matricular y promover de acuerdo con sus propios parámetros y consideraciones, no sólo porque necesitan la ayuda para cubrir los gastos de su propio funcionamiento sino también porque necesitan la ayuda para los estudiantes. Hasta donde se sabe, sólo dos pequeñas escuelas, entre ambas con una matrícula de cinco mil, han tenido el valor de hacerlo. En 1996 nada más quedaban tres colegios sólo para varones en los Estados Unidos. (Sin embargo, existían todavía ochenta y cuatro colegios privados que admitían exclusivamente mujeres).[190] Recientemente, el gobierno y los tribunales han obligado a dos venerables academias militares, el Instituto Militar de Virginia y la Ciudadela, a abandonar su política tradicional de admitir exclusivamente estudiantes varones. A raíz del fallo del Tribunal Supremo de que el IMV tenía que admitir a las mujeres, el juez Antonin Scalia observó, al oponerse al dictamen, que “bajo los principios constitucionales enunciados y aplicados hoy, la educación pública de un solo sexo es inconstitucional”.[191]

Los procedimientos de la acción afirmativa inevitablemente implican una “discriminación a la inversa”, esto es, la exclusión de los estudiantes universitarios y candidatos al cuerpo docente blancos o varones con calificaciones iguales o superiores a las de los aspirantes o candidatos negros o femeninos. A principios de la década de 1970, el presidente de la Universidad de Cornell formuló, con inusual franqueza, una política que muchos otros han seguido tácitamente, al ordenar a su facultad la contratación “adicional de personas pertenecientes a las minorías y a mujeres” aun si “en muchos casos fuese necesario contratar gente no cualificada o apenas cualificada”.[192] En gran medida el mismo principio se aplicó al reducir la exigencia de los parámetros de admisión en el caso de los aspirantes de las minorías. Cuando en 1997 la Universidad de California abandonó los procedimientos de acción afirmativa para aspirantes negros e hispanos, lo que provocó un significativo descenso en el número de admisiones para estos dos sectores, el Departamento de Justicia advirtió a la universidad que estaba investigando si había incurrido en una violación de los derechos civiles federales sobre la base de que los exámenes de admisión estandarizados favorecían a los estudiantes blancos. Si el departamento descubría que la universidad había violado estas leyes —esto es, que había discriminado no discriminando— podía perder más de 1100 millones de dólares en fondos federales.[193] Afortunadamente, el gobierno federal no ha exigido aún que las universidades abandonen los exámenes de curso estandarizados, como podría esperarse siguiendo la lógica de sus criterios. Cabe destacar que un alto porcentaje de estudiantes negros y de otras minorías que son admitidos en las facultades de los Estados Unidos gracias a cuotas preferenciales no logran terminar sus estudios: su índice de abandono en 1993 ascendía al 72%.[PP]

El aspecto constitucional de las políticas de acción afirmativa relacionadas con la admisión a la universidad colocó al Tribunal Supremo ante la pregunta de si “podía una persona que no perteneciera a ningún sector minoritario quedar en desventaja producto de la preferencia otorgada por las medidas oficiales a otras personas de acuerdo con un criterio exclusivamente racial”.[194] El más célebre de los casos llevado ante el Tribunal Supremo en este sentido fue el de la Junta de Gobierno de la Universidad de California vs. Bakke (1978). Al demandante, Allan Bakke, le había sido denegada la matrícula en la escuela de medicina de la Universidad de California en Davis, aunque su nota media y sus resultados en el examen de admisión a la facultad de Medicina fueron más altos que los de algunos estudiantes negros matriculados gracias a las reglas de los “programas reservados”. Formuló su demanda alegando que había sido discriminado por motivos raciales en violación de la Decimocuarta Enmienda, la cual garantiza igualdad de protección. El caso suscitó un interés inusual debido a sus implicaciones para el programa de acción afirmativa en su conjunto. El Tribunal Supremo quedó dividido cinco a cuatro a favor de Bakke, exigiendo que la Universidad de California lo admitiese, pero el fallo del tribunal, si bien sancionaba la rigidez de las cuotas, no prohibió de modo inequívoco las preferencias raciales, dejando la puerta abierta para nuevos abusos. Los cuatro jueces que disintieron alegaron que Bakke no habría “superado” a los aspirantes de las minorías de no haber sido por la discriminación que estos habían sufrido anteriormente.[195]

Un método con el que los colegios y universidades discriminan a los aspirantes blancos del sexo masculino es manipulando los exámenes de admisión hasta alcanzar el “equilibrio” deseado. Los aspirantes blancos del sexo masculino obtienen notas considerablemente más altas que los aspirantes del sexo femenino en los exámenes de matemáticas para ingresar a la universidad (el SAT) y mejores que las de los aspirantes negros en el examen oral y en el de matemáticas: en 1993, calificaron dos veces más varones que mujeres en los exámenes preliminares del SAT por haber alcanzado notas mucho más altas en la parte matemática. Para dar más oportunidades a los aspirantes del sexo femenino, se duplicó el peso asignado a la nota del examen oral, en el que casi igualaban a los varones. Este procedimiento arbitrario perjudicó a los varones en general y particularmente a los asiáticos, ya que los asiáticos (de ambos sexos) obtienen excelentes notas en la parte matemática y comparativamente deficientes en la oral.[196] Pero como incluso esta manipulación no logró los objetivos deseados, fue preciso recurrir a otros métodos. La Oficina de Derechos Civiles, decidida a aumentar el número de muchachas aspirantes a las Becas Nacionales al Mérito, hizo que la junta universitaria añadiera al examen en octubre de 1997 un nuevo “segmento de expresión escrita”, “previendo que la calificación total de las muchachas se elevaría, ya que la escritura es un terreno en el que las muchachas tienden a superar a los muchachos”. Este procedimiento mejoró un poco el rendimiento de las muchachas pero no lo suficiente, y hubo que introducir otros cambios para obtener los resultados deseados.[197]

Para obtener el “equilibrio” requerido, algunas instituciones de la enseñanza superior han incurrido en discriminaciones flagrantes a la inversa contra los aspirantes asiáticos y los blancos del sexo masculino: los estudiantes negros e hispanos son admitidos con un mínimo de requisitos de ingreso, mientras que los asiáticos y los blancos deben alcanzar puntuaciones casi perfectas.[198]

13. EL TRANSPORTE ESCOLAR OBLIGATORIO

Entre todas las interferencias que ha realizado el gobierno en la vida social, en nombre de la igualdad racial, no ha habido ninguna más destructiva para la libertad ni más contraproducente que la práctica del transporte escolar obligatorio en autobús. Como ocurrió con los problemas de la acción afirmativa, esta práctica se impuso originalmente en pequeña escala para rectificar males indiscutibles. Sin embargo, impulsada por la búsqueda de la justicia social, pronto extendió su alcance a otros aspectos de la vida pública. Los fondos federales una vez más representaron un papel importante en ese proceso.

La Ley de Derechos Civiles de 1964 se concibió fundamentalmente para las escuelas del Sur en las que existía una rígida segregación racial. La Ley de Educación Primaria y Secundaria de 1965 destinó a las escuelas cuantiosas donaciones federales que hicieron posible que las autoridades federales pudieran obtener el poder para combatir la segregación escolar en el Sur. En el Norte, el problema era distinto y más difícil de resolver, pues allí la segregación no era una política deliberada, sino el resultado natural del hecho de que las comunidades urbanas blancas, negras e hispanas vivían en barrios separados, lo que condujo a una segregación de facto en las escuelas públicas.

Para resolver este problema se recurrió al transporte obligatorio. En el Norte comenzó en Boston en 1974 y de allí se extendió a otras ciudades. El transporte obligatorio se estableció con la aprobación del Tribunal Supremo y se llevó a cabo con el celo irresponsable del que son capaces los reformadores sociales cuando interpretan el fracaso de sus esfuerzos como una prueba de que no se han esforzado lo suficiente. La mayoría de los norteamericanos, blancos y negros, se opusieron al transporte escolar forzoso en la década de 1970, el setenta por ciento de los negros, en cuyo beneficio se había aprobado esta medida, se opusieron a la intervención federal para integrarse en las escuelas.[199] El intento de lograr la igualdad a la fuerza terminó en una flagrante violación de la libertad, ningún niño podía “escapar” de la escuela a la que había sido asignado sobre la base de su raza o país de origen.[200] Fue una forma de alistamiento forzoso aplicado a niños indefensos.

También demostró ser ineficaz porque el transporte escolar aumentó la segregación escolar en las ciudades del Norte, pues las familias blancas se negaron a que sus hijos fueran tratados como cosas y o bien los matriculaban en escuelas privadas o bien se mudaban a zonas residenciales acomodadas. En 1972, antes de que comenzara el transporte obligatorio, cerca del sesenta por ciento de los alumnos de las escuelas públicas de Boston eran blancos; en 1995, los blancos no latinos habían disminuido a un dieciocho por ciento del alumnado de la ciudad.[201] Un estudio de la Facultad de Educación de Harvard, publicado en 1997, demostró que estas cifras no eran una aberración, sino el reflejo de una tendencia nacional: en la década de 1990, y en gran medida por la huida de los blancos de las áreas metropolitanas, la segregación en las escuelas de los estudiantes negros y latinos ha aumentado incesantemente y es probable que continúe haciéndolo.[202]

14. RESUMEN

El análisis de los derechos de propiedad en el siglo XX indica que los vientos no han sido favorables a los derechos de propiedad ni a todo lo que los acompaña. El hecho de que en la contienda entre el totalitarismo y la democracia, ésta y los derechos de propiedad finalmente hayan resultado vencedores, no debe ocultarnos el hecho de que incluso en las sociedades democráticas el concepto de propiedad haya sufrido una revisión sustancial, que lo ha transformado de ser un dominio absoluto a algo parecido a la posesión condicional y que, como resultado, los derechos de los individuos a sus bienes han sido y continúan siendo sistemáticamente violados. Los procedimientos democráticos para elegir a los gobiernos no garantizan automáticamente el respeto a los derechos civiles de los ciudadanos. Por si se requieren pruebas, uno sólo necesita recordar el reinado de Napoleón III, el jefe del Estado francés elegido mediante sufragio universal masculino, y que utilizó su mandato, obtenido legalmente, para reprimir la libertad de prensa, arrestar y exiliar ciudadanos sin el debido proceso legal y, en general, para atribuirse poderes dictatoriales. La democracia, sin lugar a dudas, puede ser “antiliberal”.[203] Ahora bien, puede alegarse que es aceptable el sacrificio de cierta libertad personal si esto sirve para obtener una mejora significativa en la situación de los miembros menos afortunados de la sociedad. El problema es que no se observa tal mejora: sin duda, parece que el bienestar social de hecho incrementa la pobreza, cuando pretende satisfacer algo más que las necesidades básicas.

Hemos demostrado que medidas tales como los salarios mínimos, control de alquileres y transporte escolar obligatorio, o bien no solucionan los problemas para los que se pusieron en vigor o bien los agravan. Pero existen indicios más preocupantes que hacen pensar que todo el despliegue de medidas sobre el bienestar social, concebidas para abolir la pobreza y la desigualdad, ha sido contraproducente.

Desde que comenzó la guerra contra la pobreza en 1965, los gobiernos federales, estatales y locales han gastado más de 5,4 billones de dólares en la lucha contra la pobreza en este país. ¿Cuánto es 5,4 billones de dólares? Es un 70% más de lo que costó la Segunda Guerra Mundial. Por 5,4 billones de dólares usted podría comprar los bienes de las 500 sociedades anónimas de Fortune y todas las tierras cultivables de los Estados Unidos. Sin embargo el índice de pobreza es de hecho más alto hoy en día (1996) de lo que era en 1965.[204]

Entre 1965 y 1993, cuando tuvo lugar el lanzamiento de la idea de la Gran Sociedad, el porcentaje de población que vive por debajo del nivel de pobreza creció del 12,5% hasta el 15%. Esto ha sucedido en un período en el que los gastos de bienestar social han aumentado desde ser menos de 50 000 millones de dolares al año hasta 324 000 millones de dólares.[205] La razón de este sorprendente resultado es que el bienestar social incita a la dependencia y la dependencia promueve la pobreza. Esta tendencia es más evidente en el caso del programa de Ayuda a las Familias con Hijos. Concebido originalmente como una forma de ayudar a las madres viudas, su principal efecto ha sido alentar a las madres solteras a tener hijos, que se convierten en huérfanos bajo la tutela del gobierno. De este modo, mientras que en 1960 sólo el 5,3% de los nacimientos ocurría fuera del matrimonio, en 1990 esta cifra alcanzó el 28%, entre los negros era del 65,2%. En el 92% de las familias dependientes del bienestar social, falta el padre.[QQ] Un bienestar social generoso, un bienestar social que no se limita a las situaciones de emergencia que escapan al control de sus beneficiarios, sino que intenta proporcionarles artificialmente (como dijera Franklin Delano Roosevelt) una “vida cómoda” no sólo es nocivo para el principio de la propiedad privada, ese elemento imprescindible para la sociedad, sino que es también contraproducente.

El derecho de propiedad no garantiza en sí y de por sí los derechos y libertades civiles. Pero, históricamente, ha sido el mecanismo más efectivo para asegurar ambas cosas, porque crea una esfera autónoma en la que, de mutuo acuerdo, ni el Estado ni la sociedad pueden incurrir en usurpación: al trazar una línea entre lo público y lo privado, hace al propietario cosoberano. De ahí que pueda afirmarse que es aún más importante que el derecho al voto.[RR] El debilitamiento de los derechos de propiedad por mecanismos tales como la distribución de la riqueza para fines de bienestar social y las intromisiones en los derechos de contratación en nombre de los “derechos civiles” socava la libertad en las democracias más avanzadas, aun cuando la acumulación de riquezas y la observancia de los procedimientos democráticos en tiempos de paz puedan dar la impresión de que todo marcha bien.

PREDICCIONES

Un mundo en el que los hombres sean libres e iguales sería el paraíso en la Tierra. Un mundo así es dificil de lograr; y obligados a escoger, debemos poner la libertad por encima de la igualdad. Porque la ausencia de libertad conduce a la más desastrosa de las desigualdades e injusticias: el despotismo. Pero la desigualdad no conduce necesariamente a la ausencia de libertad.

KARL POPPER[1]

Hemos seguido la evolución de la propiedad privada, como idea y como institución, y hemos demostrado, con los ejemplos opuestos de Inglaterra y Rusia, hasta qué punto están estrechamente relacionadas la propiedad y su complemento, la ley, con la libertad: la propiedad y la ley deben existir como condiciones previas necesarias, aunque no suficientes, para la existencia de la libertad. En el capítulo final hemos presentado pruebas de los cambios alarmantes ocurridos en el siglo XX que han permitido a los gobiernos, en nombre de la justicia social y del “bien común”, abolir o lesionar los derechos de propiedad y, al hacer esto, en ocasiones, eliminar y, a menudo, restringir las libertades personales.

Al acercarse a su fin el siglo XX, los peligros tradicionales que amenazaban a la propiedad privada y a la libertad han disminuido. La caída del comunismo ha eliminado a su adversario más directo y peligroso, mientras que los fracasos económicos del socialismo han desacreditado la idea de que la anulación de la propiedad privada sobre los medios de producción resuelve todos los males sociales. Aunque en algunos lugares todavía subsisten tiranías que no toleran la propiedad privada, o bien están aisladas o bien se rinden lentamente al espíritu de los tiempos: las consignas del momento son democracia y privatización.[A]

Sin embargo, estas bienvenidas transformaciones no significan de ninguna manera que el futuro de la libertad esté asegurado: aún está en peligro, aunque este peligro procede de una fuente nueva y diferente. La principal amenaza para la libertad hoy en día no procede de ninguna tiranía sino de la igualdad —la igualdad definida como uniformidad de compensación—. Asociada a ella está la búsqueda de la seguridad.

La libertad por su propia naturaleza no es igualitaria, porque los seres vivos difieren en fuerza, inteligencia, valor, perseverancia y todo aquello que contribuye al éxito. La igualdad de oportunidades y la igualdad ante la ley (en el sentido legado a los israelitas por Moisés en el Levítico 24,22: “Un mismo estatuto tendréis para el extranjero, como para el natural; porque yo soy Jehová, vuestro Dios”) no sólo son compatibles con la libertad sino inherentes a ella. No es así con relación a la igualdad de resultados. Ya que este tipo de igualdad no existe en el reino animal ni tampoco entre los pueblos primitivos, debe considerársela antinatural, alcanzable sólo mediante la coerción, razón por la cual todos los sistemas utópicos presuponen un poder despótico y todos los déspotas insisten en la igualdad de sus súbditos.[B] Como percibió Walzer Bagehot un siglo atrás, “no existe un método para lograr que los hombres sean, a un tiempo, libres e iguales”.[2]

Irónicamente, la pretensión de alcanzar la igualdad no sólo destruye la libertad sino también la propia igualdad, pues como demuestra la experiencia del comunismo, los encargados de garantizar la igualdad social reclaman para sí privilegios que los elevan por encima del común de las gentes. También trae como resultado una corrupción generalizada, porque la elite que monopoliza los bienes y servicios, como debe hacerse si se quiere distribuirlos equitativamente, espera una compensación para sí a cambio de su distribución.

Y sin embargo el ideal de una Edad de Oro en la que todos los hombres eran iguales, pues no existía “lo mío y lo tuyo”, nunca ha cesado de fascinar a la humanidad: es uno de esos mitos persistentes y al parecer indestructibles. En la lucha entre la igualdad y la libertad, la primera tiene más fuerza, porque la pérdida de la libertad sólo se experimenta cuando ocurre, mientras que el dolor de la desigualdad está presente en cada momento del día.

La tendencia del mundo contemporáneo parece indicar que los ciudadanos de las democracias están dispuestos a entregar sus libertades despreocupadamente a cambio de la igualdad social (junto con la seguridad económica), sin tener en cuenta las consecuencias. Y las consecuencias son que su capacidad para retener y utilizar aquello que ganan y poseen, para contratar o despedir a voluntad, para firmar contratos libremente, e incluso para decir lo que se piensa, está siendo sistemáticamente erosionada por los gobiernos que se ocupan en redistribuir el capital privado y en subordinar los derechos individuales a los derechos de los sectores sociales. Todo el concepto de bienestar social, tal como ha evolucionado en la segunda mitad del siglo XX, es incompatible con la libertad individual, porque permite que diversos grupos con necesidades comunes se alíen y reclamen sus derechos a satisfacer estas carencias a expensas de la sociedad en su conjunto incrementando, en el proceso, el poder del Estado que actúa en nombre de ellos.[C] Esta realidad actualmente está enmascarada por la enorme riqueza generada por las economías industriales, que operan a escala mundial en tiempos de paz. Sin embargo, podría volverse dolorosamente visible si la situación económica se deteriorase drásticamente y los controles establecidos por el Estado en tiempos de prosperidad le permitieran restaurar la estabilidad social a costa de la libertad.

La supresión del bienestar social con sus diversas formas de “ayuda social”, sus “derechos” espurios y la devolución a las familias y a la caridad privada de las responsabilidades relacionadas con la asistencia social, tal como era antes de que empezara el siglo XX, sería un paso importante para solucionar este dilema. Pero esta solución no es viable. El ideal libertario de una sociedad en la que el gobierno no dirige nada es tan poco realista como el ideal utópico de una sociedad en laque el gobierno se encargue de todo. Incluso, en el apogeo del laissez-faire, los gobiernos en todas partes han intervenido en alguna medida en los asuntos económicos y sociales: la idea de un Estado pasivo es tan mítica como la del comunismo primitivo.

Pero debería ser posible encontrar una alternativa sensata a estas dos posiciones extremas. Al estudiar el alcance del poder del Estado la cuestión no es decidir entre lo uno o lo otro —que no intervenga o que intervenga siempre— sino entre más o menos. Cuando, en el siglo XIX, el Tribunal Supremo estimó necesario intervenir en los compromisos contractuales privados (y lo hizo con gran reticencia) su intervención vino acompañada del previsor adjetivo “razonable”. El Estado debe regular hoy en día más que nunca, pero debe hacerlo con reticencia, en el menor grado posible, siempre teniendo presente que los derechos económicos de sus ciudadanos (derechos sobre la propiedad) son tan esenciales como sus derechos civiles (derechos a un tratamiento igualitario), y que, sin lugar a dudas, ambos son inseparables. Y en cuanto al “derecho” de igualdad de resultados, éste es inalcanzable y, en cualquier caso, resulta destructivo para los verdaderos derechos privados.

Resulta imprescindible abandonar la idea, arraigada en la Ilustración e indispensable al ideal del igualitarismo, de que los seres humanos son criaturas infinitamente maleables que, provistos de una educación, adoctrinamiento y legislación adecuados, son capaces de alcanzar una perfección moral. Tanto la antropología como la historia indican la existencia de un núcleo duro en la naturaleza humana que es inmune a toda presión externa. El afán legislativo de la época actual, que procede de la creencia falaz de que el comportamiento humano puede alterarse de manera profunda y permanente, se desmorona frente a este conocimiento, especialmente después del desplome del comunismo soviético, el más decidido esfuerzo que se haya intentado jamás por condicionar los pensamientos y el comportamiento de un pueblo. Si la idea premoderna de que la ley es eterna e inmutable, que requiere sólo ser interpretada, no es sostenible, entonces tampoco lo es la opinión de Bentham de que la ley es sólo legislación y su función es el control de la sociedad. El sentido común nos indica que ciertos aspectos de la conducta humana jamás cambian, porque se repiten en todas partes y en todas las épocas. Como dijera James Harrington hace tres siglos y medio, “aquello que siempre ha sido así y no de otra manera, aún es así y no de otra manera, por siempre será así y no de otra manera”.[D] Esto significa que existe un límite para lo que la legislación y la educación pueden lograr, aun si las acompañan de coerción: por sí mismas no pueden eliminar la envidia social, la antipatía racial, la hostilidad contra los homosexuales, y que los intentos por emplearlas para este fin probablemente producirán el efecto contrario.

Una de las constantes de la naturaleza humana, insensible ante la manipulación legislativa y pedagógica, es el afán por adquirir. Confío haber logrado persuadir al lector de que el deseo de poseer no indica codicia, del mismo modo que el apetito no indica gula, ni el amor lujuria. El deseo de adquirir es común a todos los seres vivientes, y es universal entre los animales, los niños y los adultos en todas las etapas de la civilización, razón por la cual no es susceptible de ser reformado. En su forma más elemental es una expresión del instinto de supervivencia. Pero más allá de esto, constituye un rasgo esencial de la personalidad humana, para la cual los logros y las adquisiciones son medios de autorrealización. Y en la medida en que la autorrealización es la esencia de la libertad, la libertad no puede florecer cuando la propiedad privada y la desigualdad que ella engendra se eliminan por la fuerza. Como dijo un teórico de la política en la Inglaterra del siglo XIX, “la propiedad privada es la esencia misma de la desigualdad” y, al mismo tiempo, la adquisición de propiedad es la más importante de las libertades.[3]

La propiedad es un ingrediente indispensable de la prosperidad y la libertad.

La estrecha relación entre propiedad y prosperidad se pone de manifiesto a través de la historia, donde se demuestra que una de las razones principales de la preminencia económica de Occidente es la institución de la propiedad, que se originó allí y allí mismo alcanzó su mayor desarrollo. Este hecho se ha presentado de modo convincente en muchos trabajos de investigación de autores como North y Thomas, Landes, y Bethell.[4] También lo demuestran las estadísticas del mundo contemporáneo. Incluso si admitimos que este tipo de estadísticas cae fuera de los parámetros de las ciencias exactas porque las categorías empleadas son en cierto grado subjetivas, los resultados, no obstante, son de una consistencia impresionante. Estudios auspiciados conjuntamente por la Heritage Foundation y el Wall Street Journal señalan que, prácticamente sin excepción, los países más ricos son los que más firmemente garantizan la independencia económica, incluyendo los derechos de propiedad. También disfrutan de los mejores servicios civiles e instituciones judiciales. Esto no sólo describe a los países europeos sino también a Japón, Corea del Sur, Hong Kong, Chile y Taiwán. A la inversa, los países con un menor índice de derechos de propiedad y libertad de mercado (Cuba, Somalia y Corea del Norte, por ejemplo) están en el fondo de la escala.[5]

La relación entre propiedad y libertad es más compleja, porque a diferencia de la prosperidad, el término “libertad” tiene más de un significado (véase “Definiciones”, p. 20): de este modo es posible disfrutar de firmes derechos (económicos) de propiedad y carecer de derechos políticos, esto es, del derecho al voto. En la Europa occidental se respetaban los derechos de propiedad incluso antes de que se otorgara a los ciudadanos el derecho al sufragio. Hoy en día en algunos de los países más prósperos (por ejemplo, Singapur, Hong Kong y Taiwán), con las más firmes garantías sobre la propiedad, existen regímenes autoritarios. Es un grave error, cometido frecuentemente, por desgracia, por el gobierno de los Estados Unidos en sus asuntos externos, definir la libertad exclusivamente como democracia, pues, como se señaló antes, los ciudadanos corrientes pueden disfrutar de numerosos privilegios económicos y legales así como de derechos individuales, aun cuando no tengan potestad para elegir a sus gobernantes.[6] Esto se debe probablemente a que los americanos, como herederos y beneficiarios del desarrollo constitucional inglés, están tan acostumbrados a disfrutar de estos privilegios y derechos que identifican a la libertad con el gobierno representativo. La historia demuestra que la propiedad privada puede coexistir con un poder político arbitrario e incluso represivo, mientras que la democracia no puede existir sin la propiedad privada.

La relación simbiótica entre propiedad y libertad no presupone que el Estado no imponga restricciones razonables sobre la utilización de los objetos poseídos, o garantice un nivel de vida elemental a los estratos más necesitados de la población. No puede permitirse que los derechos de propiedad sirvan como pretexto para destruir el medio ambiente o ignorar las necesidades básicas de los desempleados, los enfermos y los ancianos. Prácticamente nadie defiende esta posición hoy en día: incluso Frederick Hayek, un enemigo implacable de la intromisión del Estado en la economía, admitió que éste tiene el deber de garantizar a todos los ciudadanos “un mínimo de alimentación, techo y abrigo, suficiente para conservar la salud y la capacidad de trabajar”.[7] Pero esto no quiere decir que el Estado use sus poderes para interferir en la libertad contractual, para redistribuir la riqueza u obligar a una parte de la población a costear los autotitulados “derechos” de determinados electores. Las limitaciones en el uso de la propiedad, impuestas por el interés público, se considerarán como “expropiaciones” y deberán compensarse adecuadamente. Tal como expresó el Tribunal Supremo con ocasión del caso Dolan (véase arriba, p. 322), “no vemos razón por la cual deba relegarse a un segundo plano la Cláusula de Expropiaciones de la Quinta Enmienda, que pertenece a la Declaración de Derechos tanto como la Primera o la Cuarta Enmienda”.[8] Es necesario restaurar los derechos de propiedad al lugar que les corresponde en la escala de valores, en lugar de sacrificarlos en nombre del ideal inalcanzable de la igualdad social y de la seguridad económica global. Se requiere un cambio de actitud por parte de los más altos órganos judiciales, que desde la década de 1930 han aceptado “que los derechos civiles y los derechos de propiedad pueden distinguirse entre sí perfectamente, y que los derechos civiles merecen una mayor protección judicial que los derechos de propiedad”.[E]

El equilibrio entre los derechos “civiles” y “de propiedad” debe revisarse si queremos proteger la libertad. Los derechos de propiedad, cuyo significado se reduce cada vez más a posesión exclusiva en vez de a una utilización sin restricciones, deben recuperar, en la mayor medida posible, su sentido original e integral. De igual modo, debe examinarse todo el concepto de derechos civiles. La Ley de Derechos Civiles de 1964 no autorizaba al gobierno a imponer cuotas para la contratación de personal en las empresas privadas o para la admisión de estudiantes en centros de enseñanza superior y, no obstante, la burocracia federal actúa como si esto se hubiera autorizado. Tampoco esta ley permitía interferir en la libertad de expresión en el puesto de trabajo. Al reducirse sistemáticamente la aplicación del ejercicio de los derechos de propiedad, la categoría de “derechos civiles” se ha ampliado hasta incluir las demandas de cualquier grupo social sobre aquellos bienes y servicios que sus conciudadanos han de adquirir sacrificando algunos de sus propios derechos, o bien pagando la cuenta. Citando un catálogo de lo que ella llama los “derechos de imprenta” del programa de acción del Partido Demócrata de 1960, Ayn Rand se pregunta “¿a costa de quién” se garantizan estos “derechos?” Responde que, teniendo en cuenta que los empleos, la comida, la ropa, la recreación, los hogares, la atención médica, la educación, etc. “no se consiguen de la naturaleza”, sólo pueden provenir de los otros. Siendo este el caso, no son “derechos”:

Si algunos hombres reciben “por derecho” el producto del trabajo de otros, esto quiere decir que esos otros están desprovistos de derechos y sometidos a un trabajo de esclavos. Cualquier supuesto derecho que requiera la violación de los derechos de otro hombre, ni es ni puede ser un derecho. Ningún hombre puede tener derecho a imponer a otro una obligación forzosa, un deber sin recompensa o una servidumbre involuntaria. Un derecho no incluye su aplicación material por parte de otros hombres: incluye tan sólo la libertad de conquistar esa aplicación mediante el propio esfuerzo.[F]

Los “derechos de clase”, por tanto, son un fantasma. “No existen ni pueden existir otros derechos que los Derechos del Hombre, es decir, los derechos que atañen a lo que es verdaderamente universal en cada ser humano como individuo, y que son aplicables a todos, sin distinción de raza, religión, color, profesión, etcétera.[G]

Los derechos, que resultan significativos, son los derechos naturales, no los que se confieren por una autorización legislativa.[9] Los llamados “derechos sociales” de hoy en día no son “derechos” y, sin dudas, no son “programas de ayuda social” pues nadie tiene la facultad de ayudar a expensas de otro; son más bien demandas que la sociedad puede o no satisfacer. Y no obstante, en las democracias industriales modernas, a un gran número de ciudadanos se les exige trabajar para mantener a otros: en Suecia, el Estado más retrógrado en este sentido, por cada ciudadano que se gana la vida, 1.8 son mantenidos completa o parcialmente por los impuestos que él debe pagar; en Alemania y Gran Bretaña la proporción es de 1:1, y en los Estados Unidos de 1:0,76.[10] Puesto que la población dependiente del Estado incluye a un gran porcentaje de ancianos, y los contribuyentes son trabajadores asalariados de menos edad, es posible que a medida que la población envejezca se produzca un conflicto generacional indeseable.

La costumbre moderna de pensar en términos de derechos de grupos y no de derechos individuales conlleva un peligro adicional: del mismo modo en que puede usarse para identificar a los que merecen beneficios especiales, puede servir para aplicarles sanciones especiales. El programa estaliniano de “liquidación”, es decir, asesinar, por ejemplo, a los kulaks, y el genocidio desatado por Hitler contra los judíos y los gitanos, se justificaba a partir del criterio de que las personas deben juzgarse y tratarse, no sobre la base de su comportamiento personal, sino de su pertenencia a un determinado grupo social, étnico o racial.

A menos que se tomen las mayores precauciones para proteger los derechos de propiedad, corremos el riesgo de terminar sometidos a un régimen que, sin ser tiránico en el sentido tradicional de la palabra, haga imposible la libertad. Los creadores de la Constitución americana no previeron esta posibilidad: “Intentaron proteger al pueblo de sus gobernantes, no de sí mismos”.[11] Esto ocurrió porque procuraron defender la libertad del único peligro conocido por ellos, el absolutismo monárquico. Pero resultó que, en las circunstancias de la democracia moderna orientada al bienestar social, esta amenaza también puede emanar desde abajo, de nuestros propios conciudadanos quienes, cada vez más, dependen de la generosidad del gobierno y se preocupan más por su seguridad personal y menos por la libertad general. “La experiencia”, escribió el juez Brandeis, debería enseñarnos a estar en guardia al máximo para proteger la libertad cuando los propósitos del gobierno son benéficos. Los hombres que nacen en libertad tienen la propensión natural de repeler las transgresiones contra ésta por parte de gobernantes perversos. Los mayores peligros para la libertad yacen en las usurpaciones insidiosas cometidas por hombres celosos del deber, bien intencionados, pero sin discernimiento.[12]

La razón de esto es que el despotismo se muestra bajo dos formas distintas. El gobierno arbitrario de los monarcas o dictadores absolutos, que no fueron elegidos y que no tienen que someterse a restricciones constitucionales o parlamentarias. Y la tiranía, presente en las sociedades democráticas, de una parte de la población sobre la otra: la de la mayoría sobre la minoría, pero también —cuando las elecciones se ganan por un margen estrecho— de las minorías sobre la mayoría. La Rusia zarista en su forma clásica aportó un ejemplo extremo de despotismo tradicional: las autoridades podían detener, encarcelar, o deportar a cualquier súbdito sin mediar un proceso legal; podían confiscar sus propiedades; podían legislar como mejor les pareciese. Y sin embargo, en la práctica, bajo el Antiguo Régimen, el ruso medio tenía muy poco contacto con el gobierno y sufría muy poca interferencia por parte del mismo, porque el campo de acción del gobierno era muy estrecho, limitándose básicamente a la recaudación de impuestos, al reclutamiento de soldados y a la preservación del orden establecido. Hoy en día, el rango de acción del gobierno es inmensamente más amplio: el gobierno es elegido, sin dudas, pero su interferencia en la vida de los ciudadanos es mayor que nunca.

Como señaló Hayek, la ampliación de la acción gubernamental, en sí misma y de por sí, conlleva las semillas de un despotismo tanto o más mezquino que el tradicional. La principal preocupación de Hayek fue proteger a la libertad de la tendencia, que parecía imparable en las democracias occidentales, de someter la economía nacional a la planificación, pues esto, según pensaba, conduciría inevitablemente a la tiranía. En este sentido sus temores resultaron infundados. Pero su observación sobre los peligros implícitos en la extensión y alcance del gobierno conserva su validez:

La probabilidad de un consenso entre una parte sustancial de la población sobre una línea de acción determinada disminuye al aumentar el alcance de la actividad estatal. El gobierno democrático ha funcionado eficazmente hasta el momento pues, debido a una creencia generalizada, las funciones del Estado se han limitado a aquellas esferas en las que la mayoría puede alcanzar un consenso real. El precio que tenemos que pagar por un sistema democrático es la restricción de la acción del Estado a las esferas en las que se puede alcanzar un consenso; y el gran mérito de una sociedad liberal es que reduce la necesidad de un consenso al mínimo requerido por la diversidad de opiniones que han de existir en una sociedad libre.[13]

Este razonamiento explica por qué la interferencia del gobierno en la vida de la ciudadanía, aun por razones benévolas, pone en peligro la libertad: da por cierto un consenso que no existe y entonces requiere la coerción. Como hemos señalado, el moderno Estado de bienestar social ejerce, sin dudas, la coerción en múltiples formas para conseguir sus inalcanzables propósitos.

Pero el paternalismo bien intencionado también exaspera a las personas al privarlas del espíritu empresarial implícito en la libertad. El daño que puede producir la larga dependencia del Estado de bienestar social se hizo patente después del desplome de la Unión Soviética, cuando una parte considerable de la población, súbitamente privada del amparo estatal y no acostumbrada a defenderse por sí misma, llegó a desear la restauración del yugo despótico.

El problema es que como las escuelas no enseñan bien la Historia, especialmente Historia del Derecho y de la Constitución, la inmensa mayoría de los ciudadanos del presente no tienen idea de a qué deben su libertad y su prosperidad, es decir, que su libertad es el resultado de una lucha larga y fructífera por los derechos, de los cuales el derecho a la propiedad es el fundamental. No tienen, por tanto, conciencia de los efectos perjudiciales que la restricción de los derechos de propiedad tendrá, a la larga, sobre sus vidas.

El aristócrata Tocqueville, al observar la democracia de los Estados Unidos y de su burguesa Francia natal, hace siglo y medio, tuvo la premonición de que la libertad en el mundo moderno se enfrentaría a peligros desconocidos hasta entonces. “No temo que encuentren tiranos entre sus gobernantes”, escribió de las generaciones futuras, “sino más bien guardianes”.[14] Tales “guardianes” privarán a los pueblos de su libertad al satisfacer sus deseos y al explotar después la dependencia engendrada por su generosidad. Vaticinó un tipo de despotismo democrático en el que “una multitud de hombres, todos idénticos e iguales” lucharían incesantemente por alcanzar “los mezquinos y despreciables placeres con que atiborran sus vidas”.[15] El gobierno paternalista benevolente (el moderno Estado de bienestar social) se cierne sobre ellos:

Este gobierno trabaja de buena voluntad por su felicidad, pero decide ser el árbitro exclusivo de esa felicidad; les garantiza su seguridad, prevé y compensa sus necesidades, facilita sus placeres, gestiona sus principales preocupaciones, dirige su actividad, regula la dejación de propiedades y subdivide sus herencias: ¿qué queda sino librarlos de todo el trabajo de pensar y de todas las dificultades de la vida?

El “principio de la igualdad ha preparado a los hombres para todas estas cosas” y a menudo para que las consideren como beneficios.

Después de tener a cada miembro en su puño de hierro, y moldearlo a su voluntad, el poder supremo extiende sus brazos sobre toda la comunidad. Cubre la superficie de la sociedad con una red de regulaciones pequeñas y complicadas, diminutas y uniformes, que ni las mentes más originales ni los individuos más enérgicos pueden desentrañar, para alzarse sobre los demás. La voluntad del hombre no se quiebra, sino que se reblandece, se somete y guía; apenas se obliga a los hombres a actuar por su voluntad, pero constantemente se les restringe su actuación: un poder semejante no destruye, sino que impide la existencia; no tiraniza, pero comprime, exaspera, extingue y atonta al pueblo, hasta que cada nación queda reducida a tan sólo un rebaño de tímidos e industriosos animales, cuyo pastor es el gobierno.[16]

¿Esto es lo que queremos?

ÍNDICE ONOMÁSTICO Y TEMÁTICO[*]

Acab, Rey de Israel 37

Adams, John 59

Aegidio Romano 40

África 80n, 131N, 169

Institución de la propiedad 115, 118, 123

Agricultura y sociedades agrícolas

En Inglaterra 170, 173-174

En Grecia 137-139

Y la idea de propiedad 69, 72-73, 7879, 92N

Y la institución de la propiedad 112-116, 121-124, 126, 128-131, 136-140, 142-144, 152-153

Motivación para el desarrollo de la 129N

En Rusia 215-118, 222-224, 240-244

Rozas y quema 130N, 215, 242

En los Estados Unidos 271

Agustín, San 36, 119

Ailly, Pierre D’ 41

Alberti, León Battista 49-50

Alejandro I, Emperador de Rusia 253, 256, 261-263

Alejandro II, Emperador de Rusia 253, 256, 264-267

Alejandro III, Emperador de Rusia 267

Alejandro el Grande, Rey de Macedonia 29, 141, 163

Alemania y las tribus germanas 166, 241, 252, 274, 288, 293, 317

Nazismo en 27, 109, 150, 281-282, 284-290, 312N, 330, 337

Parlamentos en 115, 209

Propiedad entre 78, 84-85, 112, 114N, 123N, 144-145, 149, 152, 156, 284-290

Rusia y 221, 225

Alquileres, control de 334-336

América 42-46 América Colonial

Idea de propiedad en 20, 63-64

Propiedad en 126, 154-155

Tributación en 304-305, 305N

Anarquía y anarquismo 38, 71-73, 77

Anghiera, Pedro Mártir D’ 43

Animales, el sentido de posesión entre los 96-104, 109

Antropología y antropólogos

Sobre la idea de propiedad 87-89

Sobre la institución de la propiedad 96

Aristóteles 24, 28, 158, 304

Sobre la propiedad 28-30, 37-38, 51, 94, 139, 141N

Asiría 58-59, 111, 233

Atenas 149-150, 170N, 221, 254

Propiedad en 118N, 138, 140, 161

Tributación en 304

Atiyah P.S. 177, 247N, 331, 333N

Austria 204, 211

Babeuf, Frangís Noel “Graco” 75-77

Bacon, Francís 186

Bagehot, Walter 360

Bakke, Allan 352

Bancos 266, 275, 297, 336-338

Basilio II, zar de Rusia 240

Beaglehole, Ernest 99, 114N

Beer, Max 77N

Bentham, Jeremy 143, 292, 363

Berle, Adolf A. 300-303

Bethell, Tom 357N, 364, 365

Bettelheím, Bruno 108

Bienestar y Estado de bienestar 16, 37, 72, 76, 86, 157, 271-273, 280, 285, 290-299, 306, 308, 311, 313, 316, 317, 319, 327, 333, 350

Bismarck, Otto von 293

Blackstone, William 13, 154, 292

Blanc, Loms 77

Bloch, Marc 145

Boas, Franz 88-89, 103

Bodino,Jean 34, 51, 152, 184

Boswell, James 65

Bougainville, Loms DE 44

Brandéis, Loms 368

Brissot, Jacques-Pierre 74

Bruni, Leonardo 49

Buckingham, Duque de 190

Buonarroti, Filippo 75

Burckhardt, Jacob 16

Burger, Warren 344

Burke, Edmund 76, 165

Bush, George 321

Butterfield, Herbert 166n, 168n

Calvino, John 39, 50

Camden, William 177

Campanella, Tommaso 47-48, 71, 90N

Campesinos 39, 60-62, 73, 77-78, 84, 121, 137, 146, 153, 160, 174, 181, 187, 210, 213-224, 231, 242-244, 249, 251-269, 274-277

Véase también siervos y servidumbre

Canadá 117-118, 121, 266N

Casimiro III (El Grande), Rey de Polonia 210

Catalina, La Grande, Emperatriz de Rusia 162, 247N, 249-264

Catolicismo 206, 220, 233

En Inglaterra 185-186, 197, 199

Sobre la propiedad 37-41

Chambers, R.W. 47

Carlos I, Rey de Inglaterra, 53-56, 153-154, 179-191

Carlos 11, Rey de Inglaterra 197-199

Carlos XI, Rey de Suecia 153

César, Julio 84-85

Cmcherin, Boris 84, 220, 259N

China 16, 24N, 93, i6in, 215N, 220, 272, 357N

Cicerón 30, 34, 54

Clístenes 139, 170N

Cleveland, Grover 291

Clinton, Bill 297, 338-339

Cohén, Morris 290

Coke, sir Edward 168n, 178-179, 191

Colectivización

En Rusia 241-244, 268-269

Colón, Cristóbal 41-43

Commerson, Filibert0, 45

Comunas (agrarias) en Rusia 241-244, 264-265, 268-269

Comunes, Cámara de los 55, 58, 171-172, 175, 179-183, 194, 201-202, 205, 255, 329N

Enfrentamientos entre el Rey y 5455, 179, 189-196

Sobré los privilegios y las libertades 188-189, 191, 195

Requisitos de los miembros de 155

Sobre la tributación 180-181, 189-190, 195-196

Comunismo y principios comunistas 20, 27-28

Nacimiento de 68-69

Caída de 280

En Inglaterra 62, 76-77

En Francia 75-76

De Platón 27-28

Primitivo 78-79, 84-85, 111, 138, 158, 242, 362

Sobre la propiedad 62-63, 68-69, 7185, 90-94, 107-108, 126-127

En Rusia 213, 247-248, 273-281

El objetivo principal del 83

Condorcet, Marie Jean, Marqués de 92

Congreso de los Estados Unidos 305, 311-316, 323, 334, 344-349

Conquista normanda 146-147, 171-176, 218

Consuetudinario, Derecho 176-180, 324-325

Contratos 143, 144, 146-147, 177-178, 292-293, 295-297, 327, 329

Y el futuro de la libertad 262-263, 364-365

Y propiedad en el siglo XX 332-339, 347-348

En Rusia 225-227

Coon, Carleton 111N

Corea 93-94, 161N, 220, 364

Cromwell, Oliver 54, 62, 197

Darwin, Charles 87-89, 111

“Deconstruccionismo” 200

Demsetz, Harold 301

Diamond, A.S. 110n

Diderot, Denis 44, 255

Dinamarca 157, 187, 203-204, 216

Discriminación positiva 297, 339-353, 366

Dobzhansky, Theodosius 89

Educación

Discriminación positiva en la 345-347, 348-352. 366

Transporte escolar en la 354-355

Educación superior, discriminación Positiva en la 345-346, 348-353, 366

Eduardo III, Rey de Inglaterra 175-180

Eduardo IV, Rey de Inglaterra 171

Eduardo el Confesor, Rey de Inglaterra 152

Egberto, Rey de Inglaterra 170

Egipto 29, 129, 131, 136, 141-142

Isabel, Emperatriz de Rusia 250

Isabel I, Reina de Inglaterra 58, 176, 179-184, 247N

Ellis, E.R. 118N

Ellis, Havelock 34N

Elton, G.R. 166n, 184

Engels, Federico 78-83, 272-274

Enrique III, Rey de Inglaterra 172-174

Enrique VII, Rey de Inglaterra 57

Enrique VIII, Rey de Inglaterra 58, 181-184, 230N, 261, 329N

Epstein, Richard A. 271, 307, 319N, 320-322

Erasmo de Rotterdam 45

“Escheat” 171, 197

Esclavos y esclavitud 254, 342, 366

Comparación entre siervos y 242-244, 257-259

Y la idea de propiedad 31-32, 43-48, 63, 68, 80

E institución de la propiedad 110-111, 142-143, 160-162

En Rusia 217-218, 230-232, 236

España 149, 153, 182, 187, 190, 191-192

Parlamento de 205-208

En guerra con Inglaterra 192-197

Esparta 26-29, 46, 140, 141, 170N

Esquimales 117-122, 266N

Estados Unidos de América 107, 116, 121, 127, 140, 156

Y el futuro de la libertad 364, 370

Y la idea de propiedad 59, 60N

Inmigrantes en 87-88, 316

Institución de la propiedad en 39, 140, 155-156

Y propiedad en el siglo XX 271, 281N, 282, 291, 293-301, 305, 308-357

Etología 96, 102-103

Fascismo 102, 281-284, 301N

Felipe IV (el Hermoso), Rey de Francia 40

Fernando, Rey de Aragón 207

Feudalismo 32N

En Inglaterra 171-177, 181, 192, 197, 231, 235N

En Europa 135-136, 138-139, 142-150, 153, 159, 166, 235, 254-255

Y la idea de propiedad 69, 72, 80

Institución de la propiedad en el 136, 138, 144-150, 157, 159

Parlamentos y 202-203, 207-208

Y propiedad en el siglo XX 272, 327

Feuerbach, Ludwig 80

Field, Stephen 319

Filmer, Robert 59-60, 70

Finley, Sir Moses 138, 139, 161, 162

Fletcher, Giles 233, 236

Fortescue, Sirjohn 165, 175, 176, 178

Fourier, Charles 77

Francia 16, 248, 277, 301N, 302, 317N, 334, 355-356, 370

Comunismo en 74-75

Inglaterra y 174-175, 184-192, 206

Y la idea de propiedad 42-45, 59, 6471, 74-77

Propiedad en 135, 146, 150, 153, 156

Tributación en 206, 303-304

Franklin, Benjamín 49

Francesa, Revolución la 75, 156-157, 277, 361N

Fromm, Erich 91

Furby, Lita 108

Fustel de Coulanges, Numa-denis 116, 117, 138

Genghis Khan, Emperador de Mongolia 219-221

Gikuyu (Kikuyu) 117, 131

Godwin, William 76-77, 95

Gore, Al 297, 320N

Goremykin, Ivan 268-269

Goring, Hermann 288n

Gould, Stephen Jay 102

Grecia 16, 26, 234

La idea de propiedad en 26-32, 51-52

Propiedad en 80, 116-117, 118N, 131, 137-144, 148-149, 160-163,

Véase también Atenas

Grocio, Hugo 34, 40, 52-56, 60

Guicciardini, Francesco Guillermo I, El Conquistador, Rey de Inglaterra 146, 173, 214N

Guillermo III, Rey de Inglaterra 59, 185, 199-201

Gustavo Adolfo, Rey de Suecia 208

Hapsburg, Rudolf von, 152

Hall, Edward T. 96N

Hallowell, A. Irving 89-90

Hammurabi, Código de 111-134

Hampden, John 191, 193-195

Hanssen, Georg 78

Harrington, James 56-60, 167, 363

Harrington, Michael 294N, 314

Haxthausen, August von 78, 80, 84

Hayek, Frederick 48, 294, 296N, 305N, 306N, 365, 368-369

Hegel, Georg Wilhelm Friedrich 80, 104

Helvecio, Claudio-Adriano 66, 77, 292

Herodoto 162

Herzen, Alexander 270

Hesíodo 25, 138

Hess, Moses 80

Hirschman, Albert O. 361N

Hitler, Adolfo 68N, 281-282, 284-287, 367

Hobbes Thomas 54-60, 70, 295

Hobhouse, L.T 96

Hobsbawm, EJ. 8on

Homero 25, 138

Hospers, John 312N

Howard, H. Euot 98-99

Huber, Ernst 286n

Humanos, Derechos 14, 315, 357N

Y la idea de propiedad 33, 50-53, 55

Hume, David 63, 91, 280

Hungría 149N, 204, 210

Hyde, Henry 326

Imperio Romano 221, 282

Agricultura en 138, 142-143

Colapso del 144-148, 208

Inglaterra y 167, 169-170, 176

Y la idea de propiedad 19, 25-26, 29, 31-34, 41, 50, 70-71, 79

Propiedad en 111, 119-120, 130-131, 137-138, 142-143, 162-163

Tributación en 305

Impuestos y tributación 303-307

Y la idea de propiedad 51-56, 59-65, 72, 83

E institución de la propiedad 114, 134-135, 139-144, 150-157, 315-316

Y propiedad en el siglo XX 275-276, 293-308, 337-338, 348-349

India 23N, 78, 8on, 124N, 216N

Inglaterra 16-20, 243N, 271, 359

Agricultura en 169-170, 173-174, 182, 216, 359

Anglosajona 134, 173, 194

Nacimiento de la democracia parlamentaria en 161-209

Guerra Civil en 57-58, 166N, 181, 196

Derecho consuetudinario en 176-180

La Commonwealth de 54, 196-197, 209

La Revolución Gloriosa 60, 200-202

La idea de propiedad en 20, 54-65, 72-77

Nuevo Liberalismo en 86

El poder normando en 146, 171-176, 218

Prenormanda 167-176, 218

Propiedad en 96, 140, 146, 152-156, 163

Restauración en 58, 197-198

Rusia e 214, 231, 235N, 236-237, 247N, 248-250, 255-261

La dinastía Estuardo, en 179-180, 184-199

Tributación en 165-176, 180-182, 185, 189-199, 305-306

La dinastía Tudor, EN 56-57, 178, 181-184, 333N

Irán 23N, 220

Ireton, Henry 62

Isabel I, Reina de España 207, 214N

Islam, el 23N

Parlamentos e 207

En Rusia 215N, 220, 232

Islandia 204N

Israel 105

Kibbutzim en 105-109 Italia 40, 50, 207, 281

Institución de la propiedad en 124N, 149, 157

Y la propiedad en el siglo XX, 281-284, 287, 290

Comunidades urbanas en, 148

Iván I, gobernante de Moscú 221-222, 228, 240

Iván III, Zar de Rusia 221, 224-225, 229-234, 240

Iván IV (El terrible), Zar de Rusia 232-234

James, William 87, 104-106, 108, 278

Jacobo I, Rey de Inglaterra 153, 177-178, 184-187

Jacobo II, Rey de Inglaterra 59-60, 185, 199-200

Jamestown 126 Japón 80N, 145N, 161N, 364

Jefferson, Thomas 86N, 271

Jesucristo 34-37, 39, 120, 147

Juan Crisóstomo 119

Johnson Lyndon 294, 314, 317, 339-342

Jolliffe, J.E.A. 166N, 170

Jorge III, Rey de Inglaterra 202

Juan de París 40

Juan XXII, Papa 39

Keeley, L.H. 122N

Kennedy, John F. 314, 340N

Kenya 117

Kenyatta, Jomo 117, 131

Kibbutzim 105-109

Kiselev, Paul, Conde 262, 264

Landes, David 364

Lane, Frederick C. 361N

Lanskoi, Sergei 256

Laveleye, Émile de 95

Leach, Edmund 122N

Lenin, Vladimir l. 47N, 48, 75, 270

Y la propiedad 274-277, 282

Leopoldo I, Emperador del Sacro Imperio Romano 205

Letourneau, Charles 87

Levy, Leonard W. 325N

Lewis, bernard 161N

Leyes e instituciones legales 303-304, 359

Y el futuro de la libertad 304-305, 363-365, 367, 369-370,

Y la idea de propiedad 26-53, 63-74, 84-94

Y la institución de la propiedad 96, 110-123, 127-140, 149-160

Y propiedad en el siglo XX 271-273, 282-302, 305-327, 330-356

Libertad

Como concepto ausente en varias culturas 160-161

Definiciones de 20-21, 61, 70, 364

El futuro de la 359-371

Libertad legal 20-21

Libertad política 20-21

Licurgo 26, 29

Locke,John 59-62, 65, 69, 76, 77, 271

Londres 149N, 195-196, 225

Lorenz, Konrad 96, 101-103

Lowle, Robert H. 113-115, 132, 168N

Luis XIII, Rey de Francia 156

Luis XIV, Rey de Francia 153-154, 208, 214N

Luis XVIII, Rey de Francia 156

Luis de Anjou, Rey de Hungría 210

Luis Felipe, Rey de Francia 156

Lucilio 31 Lutero, Martín 39

Mably, Gabriel de 77

Macfarlane, Alan 173

Madison, James 14, 156

Maine, Sir Henry (Sumner) 78-79, 127, 133-134

Maitland, Frederick William 145N, 146, 168-170

Malthus, Thomas 76N

Maquiavelo, Nicolás 56

María I, Reina de Inglaterra 183

María II, Reina de Inglaterra (véase también Guillermo III) 59-60, 183-185, 199-201

Marshall, Alfred 92

Marx, Carlos 57N, 134, 156, 274, 282

Y la definición de la propiedad 20

Sobre la propiedad 78-83

Maurer, Georg von 78, 80, 84-85

McDougall, William 87

Mead, Margaret 88

Means, Gardiner C. 300-303

Melanesia 114

Merriman, Roger Bigelow 207 México 16

Mill, John Stuart 85-86

Montagu, Ashley 102

Montaigne, Michel Eyquem de 42N

Montesquieu, Charles-Louis de 165

Montfort, Simon de 174

Morelly 66-67, 75, 77

Morgan, Lewis Henry 79-81, 121, 133

Moro, Tomás 66-67, 109

Moscú y la Rusia moscovita 136N, 150N, 228-238, 260, 265

Comunidades urbanas en 239-241

Muhlstein, Anka 118N

Mumford, Lewis 23, 96

Mussolini, Benito 281, 284, 287, 301N

Napoleón I, Emperador de Francia 202, 205, 305

Napoleón III, Emperador de Francia 156, 355

Nacionalización y nacionalizaciones En Rusia

Nenner, Howard 114N, 201N

Neville, Henry 58-59

Nevskii, Alexander, el Príncipe 222

Nicolás I, Emperador de Rusia 262-264, 267

Nicolás II,

Emperador de Rusia 268

Nietzsche, Friedrich 34N

Nixon, Richard 321

North, Douglass C. 93, 134-136, 364

Novgorod 150N, 213, 219-232, 238-239

Ogoday, Emperador de Mongolia 219

Oriente, Medio 80N, 148

Institución de la propiedad en 123N, 136, 141-142, 161-163

Otomano, Imperio 58-59, i6in

Owens, Robert 77

Pablo I, Emperador de Rusia 246, 254N, 261, 263

Paine, Thomas 178, 311, 314

Países Bajos (Holanda) 201-204, 207-210

Parlamento Inglés 230N

Y el derecho consuetudinario 176-180

Historia temprana del 172-176

Sobre el sistema judicial 202

Y legislación 175-176, 195, 199-202

Sobre la tributación 180-182, 189-199, 237

Patrimonialismo 15, 136-137, 141-142, 165-211

Pedro I (El Grande) Emperador de Rusia 213, 237, 244-249, 256, 260, 264

Pedro III, Emperador de Rusia 249-251, 254, 260

Pericles 6in, 162

Petersburgo, San 246, 253, 260

Phillips, Melanie 314

Pirenne, Henri 148

Pitt, William, El Viejo 292

Platón 24-30, 45, 51, 54, 65, 90N 94, 105, 139

Plutarco 26, 29

Polonia 92N, 219N, 235

Parlamento de 203, 204N, 209-211

Rusia y 219, 230, 261

Pollard, A.F. 165

Pollock, F. 41N, 145N

Popper, Karl 359

Portugal 153, 187, 203-204

Pound, RoscoE 332N

Powelson, John P. 216N

Prescott, William H. 207N

Primera Guerra Mundial 92, 98, 116, 282, 293, 306, 335

Propiedad

Naturaleza cambiante de la 72-73, 300

Definiciones de 15-21, 31-32, 36-37, 54, 59, 68-71, 77-78, 106-125, 143, 146-147, 199, 301-331

Distribución y redistribución de la 38-39, 56-78, 83-86, 92N, 140-141, 143N, 241-242, 265-266, 294-297, 330-331, 357, 359-360, 365

Etimología de las palabras que denotan 104-105

Inviolabilidad de la 37, 40-41, 61-62, 69-72, 153, 186, 268, 290

Confiscaciones de 38-40, 51-57, 74-75, 77, 86, 181-192, 245-248, 282-289, 311-318, 324-331, 368

Universalidad de la 110-111, 157-158

Propiedad privada

Definición de 20-21

Origen de la 79-82, 93, 134-135, 158

Proudhon, Pierre-Joseph 72, 77

Prusia 157, 211

PskoV 232

Pueblos primitivos 166, 320N, 360

Idea de propiedad entre los 37-48, 78-82

Véase también cazadores y recolectores

Pugachev, Emelian 251

Pym, John 195

Quiritaria, propiedad 143

Rand, Ayn 366, 366N

Rawls, John 90

Rehnquist, William H. 326

Reich, Charles A. 271, 272N, 327-331

Riviere, Mercier De la 69

Robespierre, maximilien-françois 74

Roosevelt, Franklin Delano 293, 309, 310-312, 316, 357

Roserup, Ester 131N

Rousseau, JeanJacques 42, 45, 65-68, 77, 85, 95

Rusa, Revolución 270, 274

Rusia 13-17, 166N, 195, 203, 209-270, 304, 368

Ciudades en 150, 214, 217, 219-232, 238-241, 244, 253, 259-260

Emancipación de los siervos en 253, 256, 261-266, 270

Fundación de 216-217

Período de Kiev de 217-219, 226-228

En la Edad Media 113, 215-238, 239-244

Militares EN 208, 217, 220, 222, 226, 228-229, 232, 239, 253, 258, 264, 268-270, 368

Surgimiento de la economía monetarizada en 266-269

Control Mongol en 218-230, 239

Moscovita, véase Moscú y Rusia moscovita

Novgorod y 150, 213, 219-232, 238-239

Patrimonialismo en 15, 203, 213-270

Rebelión campesina en 251

Premoscovita 215-224

Privacidad en 109N

Propiedad en 113, 121, 161-163

Y la propiedad en el siglo XX 272-278, 281-282, 330, 335N

Rural 241-244, 249, 253, 268

Confiscación de la propiedad en 77

Guerra entre Suecia y 153

Débil desarrollo de la propiedad en 14

Occidentalización de 244, 254

Véase también Unión Soviética

Saint John, Oliver 194

SaintJust, Loms de 74

Saint-Simon, Henri de 77

Sarai 219, 220, 222, 226

Scalia, Antonin 351

Schoeck, Helmut 124N, 306N

Segunda Guerra Mundial, 88-89, 92, 96, 278, 284, 285, 288, 311, 316, 335, 348-349, 356

Séneca 31, 51, 53, 152

Siervos y servidumbre 274

Comparación entre esclavos y 242-244, 257-258

En Inglaterra 174-176

En Europa 241, 244

Y la idea de propiedad 80-81, 83-84

Y la institución de la propiedad 137, 149, 161-162

En Rusia 83-84, 213-214, 241, 243-245, 249-250, 253-266, 270

Véase también «campesinos»

Shcherbatov, Prince M.M. 258N

Shelley, Mary 76

Sheremetev, Conde, el 258

Smith, Adam 64

Smith, sir Thomas 165, 183

Socialismo 359

Sobre la propiedad 31, 61, 64-65, 7071, 74, 76-86, 91, 102-103, 113

Y propiedad en el siglo XX 273, 277, 284, 286N, 291, 294-295, 312-313

Sociedades anónimas 299-303

Solón 138, 140

Soloviev, Sergei 221N, 233

Soloviev, Vladimir 38

Sombart, Werner 50

Soto, Fernando de 303

Speransky, Michael 256

Spinoza, Baruch 50

Spiro, Melford 107, 109N

Sufragio 155-157, 364

En Inglaterra 155

Y La idea de propiedad 62-63, 71-73

Y propiedad 149-150, 154-157, 354-357

Suecia 153, 157, 367

Parlamento de 203-204, 208-209

Rusia y 153

Szeftel, Marc 226n

Tácito 84-85, 168

Tahití 44-46

Tamerlín, 229

Tasmania 129

Tawney, Richard H. 68, 106, 174

Thomas, Robert Paul 93, 364

Tinbergen, Nikolaas 96, 101-102

Tierra 271

En Atenas 255

Surgimiento de la propiedad de la 124-128

En Inglaterra 167, 169-170, 173-174, 177, 181-182, 185-189, 192-194, 197-198, 202, 214, 218, 230N, 231, 247N

En Europa 233-241

Y la idea de propiedad 27, 32, 35-36, 48-49, 56-58, 62-63, 67, 69-70, 72-79, 83-86

Y la institución de la propiedad 95-101, 110-111, 113-120, 122-129, 135-142, 145-146, 153, 154, 158-163

Parlamentos y la 202-203

En Polonia 219N

Como un bien productivo 125

Y propiedad en el siglo XX 274-275, 277, 300, 317-319, 321-322, 329, 332

En Rusia 213-222, 223-228, 230-240, 241-256, 258-266, 368

Tocqueville, Alexis de 361N, 370-371

Tomás de Aquino, Santo 37, 38, 40, 45

Tonnage y poundage (impuestos por importaciones de vino y exportaciones de lana) 10-181, 181N, 189, 190, 192, 196, 198, 201

Toutain, Jules 138 Trienales, leyes 195, 198

Troeltsch, Ernst 34N, 35N

Trollope, Anthony 65, 72

Unión Soviética 15, 105, 349

Colapso de la 93, 279-280, 287N, 363, 369

Y la propiedad 273-282, 285-288, 302-303

Véase también Rusia

Uspenskii, Gleb 121

Venturi Franco 69

Vespasiano, Emperador romano 337

Vespucio, Américo 43

Viner, Jacob 155N

Virgilio 31, 67N

Vladimir, el Gran Príncipe 120

Vladimirskii-budanov 221N

Walzer, Michael 360N

Wardship 171, 197

Watson, John B. 88

Weber, Max 37N, 136N, 147N, 260N

Weickhardt, George G. 238N

Wilson, A.N. 13

Wilson, Edward O. 101-102

Winnicott, D.W. 106

Winstanley, Gerrard 62, 71, 75

Witte, Sergei 267

Wittfogel, Karl 135N

Wollstonecraft, Mary 76

Wortman, Richard 256

RICHARD PIPES (Cieszyn, voivodato de Silesia; 11 de julio de 1923-Cambridge, Massachusetts; 17 de mayo de 2018) fue un historiador, escritor y profesor universitario polaco nacionalizado estadounidense, autor de varias obras sobre la Revolución rusa y la Rusia soviética.

Nacido en la localidad polaca de Cieszyn el 11 de julio de 1923,​ fue director del Russian Research Center de la Universidad de Harvard​ y miembro del Consejo de Seguridad Nacional de Ronald Reagan.​ Falleció el 17 de mayo de 2018 en la ciudad estadounidense de Cambridge (Massachusetts).​ Es padre del también historiador Daniel Pipes, nacido en 1949.

Fue autor de obras como: The Formation of the Soviet Union: Communism and Nationalism, 1917–1923 (Harvard University Press, 1954),​ Social Democracy and the St. Petersburg Labor Movement, 1885-1897 (Harvard University Press, 1963),​ Struve, Liberal on the Left, 1870-1905 (Harvard University Press, 1970),​ Russia under the Old Regime (Charles Scribner’s Sons, 1974),​ Soviet Strategy in Europe (Crane, Russak & Company, 1976),​ Struve: Liberal on the Right, 1905-1944 (Harvard University Press, 1980),​ Survival Is Not Enough: Soviet Realities and America’s Future (1984),​ Russia Observed: Collected Essays on Russian and Soviet History (Westview Press, 1989),​ The Russian Revolution (1990),​ Communism: The Vanished Specter (1994),​ A Concise History of the Russian Revolution (1995),​ Three "Whys" of the Russian Revolution (1997), Natasha’s Dance (2002),​ Vixi: Memoirs of a Non-Belonger (2004),​ The Degaev Affair: Terror and Treason in Tsarist Russia (2003),​ o Russian Conservatism and Its Critics (2006),​ entre otras. También ha sido editor de The Unknown Lenin: From the Secret Archives (Yale University Press, 1996).

Notas

[1] William Blackstone, Commentaries on the Laws of England, 11 (Londres, 1809), 2. <<

[2] A. N. Wilson, Tolstoy (Londres, 1988), 365. <<

[3] Marcus Cunliffe, The Right to Property: A Theme in American Hystory (Leicester University Press, 1974), 5. <<

[4] The Writings of James Madison, ed. Gaillard Hunt, VI (Nueva York y Londres, 1906). <<

[5] Jacob Burckhardt, Weltgeschichtliche Betrachtungen (Munich, 1978), 16. <<

[6] C.B. Macpherson, ed., Property: Mainstream and Critical Positions (Oxford, 1978), 3. <<

[7] Stephen R. Munzer, A Theory of Property (Cambridge, 1990), 17. <<

[8] Morris Cohen en Cornell Law Quarterly 13, n.º 1 (diciembre, 1927), 12. <<

[9] Isaiah Berlín, Two Concepts of Liberty (Oxford, 1958), 14. <<

[1] Lewis Mumford, The Story of Utopias (Nueva York, 1922), 13-14. <<

[2] Kenneth R. Minogue en Nomos, n.º 22 (1980), 3. <<

[3] Rigobert Günther y Reimar Müller, Das Goldene Zeitalter (Stuttgart, 1988), 19-20; Arnold Künzli, Mein und Dein (Koln, 1986), 65; Frank E. Manuel y Fritzie P. Manuel, Utopian Thought in the Western World (Cambridge, Mass., 1979), 66-70. Hesíodo creyó que su hermano Perses le había robado su herencia. <<

[4] The Dialogues of Plato, ed. B.Jowett, III (Oxford, 1892), 156-57. <<

[5] Ibíd., 159. <<

[6] Plato’s Republic, ed. y trad. I. A. Richards (Cambridge, 1966), Libro VIII, Nos. 550-51, p. 146. <<

[7] Dialogues of Plato, V, 121-22. <<

[8] Aristóteles, Politics, 1266a y 1266b. The Student’s Oxford Aristotle, ed. y trad. W. D. Ross, VI (Londres, 1942). <<

[9] Richard McKeon en Ethics 18, n.º 3 (abril 1938), 304-12. <<

[10] Aristóteles, Politics, 1328a. <<

[11] Ibíd., 12630/40. <<

[12] Ibíd., 1266/29-30. <<

[13] Ibíd., 1263/13. <<

[14] Ibíd., 1295/35-36, 41. <<

[15] Aristóteles, Nicomachean Ethics, 1134-35; cf. Frederick Pollock, Essays in the Law (Londres, 1922), 32-33. <<

[16] G.H. Sabine y Stanley B. Smith, Introduction to Cicero’s en On the Commonwealth (Columbus, Ohio, 1929), 22. <<

[17] Richard Schlatter, Private Property: The History of an Idea (New Brunswick, NJ., 1951), 11. <<

[18] Virgilio, Georgics, I/126-29, trad. L.P. Wilkinson (Harmondsworth, 1982), 61. <<

[19] Ovidio, Metamorphoses, I/134-36, trad. David R. Slavitt (Baltimore y Londres, 1994), 4. <<

[20] Séneca, Ad Lucilium Epistulae Morales, Loeb Classical Library, 1 (Londres y Nueva York, 1917), véase también 111, 123, 145, etcétera. <<

[21] Citado por Max Beer, A History of British Socialism, I (Londres, 1919), 4. <<

[22] R. Besnier en Annales d’histoire économique et sociale, n.º 45 (julio 31, 1937), 328. <<

[23] Sobre este asunto, ver Vittorio Scialoja, Teoria della proprietà neldiritto romano, 2 vols. (Roma, 1928-31). <<

[24] James Bryce, Studies in History and Jurisprudence, II (Nueva York, 1901), 585. <<

[25] Schlatter, Private Property, 26-32. <<

[26] Cicerón, De Officiis, Loeb Classical Library, II (Nueva York, 1913), 20-23. <<

[27] Marco 10:25. Ver además Mateo 10:9-10 y 19:21-24; Marco 6:8-9 y 10:21. <<

[28] Martin Hengel, Property and Riches in the Early Church (Londres, 1974), 26-28; Otto Schilling, Reichtum und Eigentum in der altkirchlichen Literatur (Tübingen y Freiburg, 1908), 17-18. <<

[29] R.W. y A. J. Carlyle, A History of Medieval Political Theory in the West, I (Edimburgo y Londres, 1927), 132; Hengel, Property and Riches, 84. <<

[30] Ibíd., I, 62. <<

[31] Bedejarrett, Social Theories of the Middle Ages, 1200-1500 (Westminster, Md.,1942), 122. <<

[32] Citado por Alfons Heilmann, ed., Texte der Kirchenváter, III (Munich, 1964), 208. <<

[33] Edward L. Surtz, en Sir Thomas More, Utopia, ed. Robert B. Adams (Nueva York y Londres, 1992), 170-1. <<

[34] Hengel, Property and Riches, 20-1. <<

[35] Ibíd., 17. <<

[36] Deuteronomio 26:12. <<

[37] B.W. Dempsey en St. Thomas Aquinas, Summa theologica, III (Nueva York, 1948), p. 3357. <<

[38] Summa theologica, II Pregunta 66, artículos 1 y 2 (Nueva York, 1947), pp. 1476-77. <<

[39] Ibíd., artículo I. <<

[40] Carlyle y Carlyle, Medieval Political Theory, V (Edimburgo y Londres, 1928), 145-46. Sobre este asunto ver también Schilling, Reichtum und eigentum, passim. <<

[41] Alexander Gray, The Socialist Tradition: Moses to Lenin (Londres, 1963), 42-60. <<

[42] Gordon Leff, Heresy in the Later Middle Ages, 1 (Manchester y Nueva York, 1967), 9. <<

[43] Ibíd., I, 51-166, esp. 164-66. <<

[44] Henri Lepage, Pourquoi la propriété (París, 1985), 54-55. <<

[45] O.S. Brandt, ed., Der grosse Bauernkrieg (Jena, 1925), 265. <<

[46] Troeltsch, Social Teaching, II, 641-50. <<

[47] Schlatter, Private Property, 64-65; McKeon en Ethics, 329-30. <<

[48] Schlatter, Prívate Property, 65-67; McKeon en Ethics, 330-32; Carlyle y Carlyle, Medieval Political Theory, V, 420-25. <<

[49] Tractatus depotestate regia et papali, escrito aproximadamente en 1303, citado por McKeon en Ethics, 331. <<

[50] Arturo Graf, Mitti, Leggende e Superstizioni del Medio Evo, I (Bolonia, 1965). <<

[51] Manuel y Manuel, Utopian Thought, 59. <<

[52] Ceciljane, ed. Select Documents Illustrating de Four Vayages of Columbus, I (Londres, 1930), 8. <<

[53] Ibíd., 14. <<

[54] Gilbert Chinard, L’Amérique et la rêve exotique (París, 1934), 431. Las probables fuentes de Rousseau están enumeradas por Karl-Heinz Kolh, Entzauberter Blick (Berlín, 1981), 283, n.º 233. Sobre Rousseau, ver pp. 41-42. <<

[55] The First Four Voyages of Amerigo Vespucci (Londres, 1893), 7-11. <<

[56] Edward Arber, ed., The First Three English Books on America (Birmingham, 1885), 78. <<

[57] Lewis Hanke, The Spanish Struggle for justice in the Conquest of America (Filadelfia, 1949), 122. <<

[58] Tomás Ortiz, citado por Lewis Hanke en The First Social Experiment in America (Cambridge, Mass., 1935), 51-52. <<

[59] Kolh, Entzauberter Blick, 48-50. <<

[60] Manuel y Manuel, Utopian Thought, 427. <<

[61] Howard Mumford Jones, O Strange New World (Nueva York, 1964), 50-61. <<

[62] Louis de Bougainville, A Voyage Round the World (Amsterdam y Nueva York, 1967), 252-53. <<

[63] Supplément au voyage de Bougainville (1796), ed. Gilbert Chinard (París, 1935). <<

[64] Kohl, Entzauberter Blick, 224. <<

[65] Robert B. Adams en Utopia, de Sir Thomas More, ed. Robert B. Adams (Nueva York y Londres, 1992), viii. <<

[66] R. W. Chambers en ibíd., 145. <<

[67] Edward Surtz y J. H. Hexter, eds. The Complete Works of St. Thomas More, IV (New Haven y Londres, 1965), 241, 243. <<

[68] “The City of the Sun”, en Ideal Empires and Republics (Nueva York y Londres, 1901), 273-317. <<

[69] Richard Pipes, Russia Under the Bolshevik Regime (Nueva York, 1994), 314. <<

[70] Citado por Hans Baron, In Search of Florentine Civic Humanism, 1 (Princeton, 1988), 232. El libro de Baron (vol. I) le dedica mucha atención al conflicto entre los ideales de riqueza y pobreza durante el Renacimiento. <<

[71] Werner Sombart, Der Bourgeois (Munich y Leipzig, 1913), 283. <<

[72] Spinoza, Ethics, Parte iv, Proposition xx. “De uso” se traduce a menudo como “su propia ganancia”. <<

[73] Bryce, Studies, II, 593-97; Pollock, Essays, 40. <<

[74] Bryce, Studies, II, 597. <<

[75] Renée Neu Watkins, The Family in Renaissance Florence (Columbia, S.C., 1969), 12-14. <<

[76] Ibíd., 148. <<

[77] Jean Bodino, The Six Bookes of a Commonwealth, Trad. al inglés de 1606, reeditada por la Harvard University Press, Cambridge, Mass., en 1962. <<

[78] Ibíd., 85. <<

[79] Ibíd., 110. Esta frase proviene de Séneca, On Benefits, Book VII, capítulo IV: “Ad reges potestas omnium pertinet, ad singulos proprietas”. <<

[80] Six Bookes, II. <<

[81] McKeon en Ethics, 342. <<

[82] Six Bookes, 653. Cf. Quentin Skinner, The Foundations of Modern Political Thought, II (Cambridge, 1978), 293-94. <<

[83] La mejor edición en inglés es la dej. Barbeyrac, The Rights ofWar and Peace (Londres, 1738). <<

[84] Hugo Grocio, The jurisprudence of Holland, 2 vols., ed. y trad. R. W. Lee (Oxford, 1926-1936). <<

[85] Richard Tuck, Natural Rights Theories (Cambridge, 1979), 73. <<

[86] Grocio, Rights of War and Peace, 136. <<

[87] Grocio, jurisprudence of Holland, I, 79. <<

[88] Grocio, Rights of War and Peace, II. <<

[89] Roger Lockyer, ed., The Trial of Charles I (Londres, 1959), 135. <<

[90] Karl Olivecrona en Archiv far Rechts-und Sozialphilosophie 61, n.º 1 (1975), 109-15; Journal of the History of Ideas 35, n.º 2 (1974), 211-30. <<

[91] B. W. Dempsey en St. Thomas Aquinas, Summa theologica, iii (Nueva York, 1948), p. 3357. Según lo usa Platón, ver a Antony Flew en Colin Kolbert, ed., The Idea of Property (Glasgow, 1997), 124; sobre Cicerón, Giorgio del Vecchio, Die Gerechtigkeit (Basel, 1958), 79-80, n.º 27. <<

[92] Hobbe’s Leviathan (Oxford, 1943), 110 (Parte I, capítulo XV; cf. Karl Olivecrona en Archiv für Rechts-und Sozialphilosophie 61, n.º 1 (1975), 113; Tuck, Natural Rights, 29 y passim. <<

[93] Grocio, Jurisprudence of Holland, 1, 71,73. <<

[94] J. W. Allen, English Political Thought, 1603-1660, 1 (Londres, 1938), 27. <<

[95] Ibíd., 18. <<

[96] Thomas Edwards, citado en C. H. Firth, ed., The Clarke Papers, 1 (Londres, 1891), lx-lxii. <<

[97] Tuck, Natural Rights Theories, 150; Howard Nenner en J. R. Jones, ed., Liberty Secured? Britain Before and After 1688 (Stanford, Calif., 1992), 94-95. <<

[98] De Cive, en sir William Molesworth, ed., The English Works of Thomas Hobbes, II (Londres, 1841), vi-vii. <<

[99] Hobbes, Leviathan, 165 {parte II, capítulo XXI). <<

[100] James Harrington, The Commonwealth of Oceana; and A System of Politics, ed. J. G. A. Pocock (Cambridge, 1992), capítulo II, artículo 10. <<

[101] Ibíd., capítulo II, artículo 8. <<

[102] Ibíd., 271-72. <<

[103] C. B. Macpherson, The Political Theory of Possessive Individualismo: Hobbes to Locke (Oxford, 1962), 165. <<

[104] Paschal Larkin, Property in the Eighteenth Century (Londres, 1930), 56. <<

[105] Editado por Caroline Robbins en Two English Republican Tracto (Cambridge, 1969). <<

[106] Diayr [sic!] of Thomas Burton, Esq., III (Londres, 1828), 133. <<

[107] Robbins, Two English Republican Tracts, 89-90. <<

[108] Ibíd., 133-35. <<

[109] Ibíd., 130. <<

[110] H. F. Russell Smith, Harrington and His Oceana (Cambridge, 1914), 141-68. <<

[111] John Locke, Two Treatises of Government, ed. Peter Laslett (Cambridge, 1960), 401, 368. <<

[112] Peter Laslett en Locke, Two Treatises, 99-100. <<

[113] Locke, Two Treatises, 286. <<

[114] Ibíd., 368-69. <<

[115] Sobre las implicaciones anticapitalistas de la teoría de la propiedad de Locke, ver M[ax] Beer, A History of British Socialism, I (Londres, 1953), 102-3, 107, y passim; y C. H. Driver en F. J. C. Heamshaw, ed., The Social and Political Ideas of Some English Thinkers of the Augustan, Age, A D. 1650-1750 (Londres, 1928), 91. <<

[116] Jeremy Waldron, The Right to Prívate Property (Oxford, 1988), 137. <<

[117] Beer, British Socialism, I, 65-71. <<

[118] Manuel y Manuel, Utopian Thought, 349-55, 574. <<

[119] Firth, ed., Clarke Papers, I. lxix-lxx. <<

[120] Citado por H. T. Dickinson en Liberty and Property (Nueva York, 1977), 88. <<

[121] Ver el capítulo 2. <<

[122] David Hume, Essays Moral, Political, and Literary, II, “Conceming the Principies of Morals: iii. Of Justice” en The Philosophical Works, IV (Londres, 1882), 191. <<

[123] Adam Smith, The Wealth of Nations, ed. Edwin Cannan, Modern Library (Nueva York, 1994), 418 (libro III, capítulo II). <<

[124] Sobre este asunto, ver dos estudios de Gilbert Chinard: L’exotisme américain dans la littérature française au XVIe siècle (París, 1911) y L’Amérique. <<

[125] Chinard, L’Amérique, v. <<

[126] Boswell on the Grand Tour: Germany and Switzerland, 1764 (Nueva York, 1953), 223-24. <<

[127] Morelly, Code de la Nature (París, 1910), 15-16. <<

[128] Ibíd., 85. <<

[129] Ibíd., 9. <<

[130] Jean-Jacques Rousseau, Discours sur l’Inégalité (Indianápolis, 1992), 17. <<

[131] Jean-Jacques Rousseau, On the Social Contract, ed. Donald A. Cress (Indianápolis, 1983), 179. <<

[132] Ibíd., 29 (libro 1, capítulo 9). <<

[133] Edward L. Walter en Introduction to Jean-Jacques Rousseau, The Social Contract (Nueva York, 1906), xlviii. <<

[134] Franco Venturi, Utopia and Reform in the Enlightenment (Cambridge, 1971), 97-98. <<

[135] Jean Touchard, Histoire des idées politiques, II (París, 1959), 411. <<

[136] Charles Gide y Charles Rist, Histoire de Doctrines Économiques, I (París, 1947), 27. <<

[137] Touchard, Histoire, II, 412. <<

[138] Larkin, Property, 213. <<

[139] Ibíd., 216. <<

[140] Code Civil, artículos 544 y 545. <<

[141] Guido de Ruggiero, The History of European Liberalism (Boston, 1959), 27-28. <<

[142] Pierre Joseph Proudhon, What is Property? (Nueva York, 1966), 6. <<

[143] Beer, British Socialism, I, 100. <<

[144] Larkin, Property, 217. <<

[145] Pierre Gaxote, The French Revolution (Londres y Nueva York, 1932), capítulo XII. <<

[146] Manuel y Manuel, Utopian Thought, 557. <<

[147] Filippo Buonarroti, Conspiration pour l’égalité dite de Babeuf (París, 1957). En inglés: Bronterre, ed., Buonarroti’s History of Babeufs Conspiracy for Equality (Londres, 1836). <<

[148] Gaxotte, French Revolution, 292. <<

[149] Babeuf’s Conspiracy, 314-15. <<

[150] Locke, Two Treatises, 322. <<

[151] En William Godwin, Political and Philosophical Writings, ed. Mark Philp, III (Londres, 1993). <<

[152] Ibíd., 464. <<

[153] Están hábilmente tratados en el libro de Gray, Socialist Tradition, capítulos VI hasta el X. <<

[154] Pierre-Joseph Proudhon, Qu’est-ce la propiété (París, 1840). <<

[155] Alan Macfarlane, The Origins of English Individualism (Cambridge, 1979), 39. <<

[156] Georg Hanssen, Agrarhistorische Abhandlungen, 1 (Leipzig, 1880), 1-76. <<

[157] August von Haxthausen, Studien über die inneren Zustände, das Volksleben und insbesondere die ländlichen Einrichtungen Russlands, 3 vols. (Hanover, 1847-52). <<

[158] Karl Dickopf, Georg Ludwig von Maurer (Kallmünz, 1960), 160-6. <<

[159] Sumner Maine, Lectures on the Early History of Institutions (Londres, 1875), 1-2. <<

[160] Josef Kulischer, Allgemeine Wirtschaftsgeschichte, I (Munich y Berlín, 1928), 29-30. <<

[161] Karl Marx y Frederick Engels, Selected Works, I (Moscú, 1962), 47. <<

[162] Shlomo Avineri, The Social and Political Thought of Karl Marx (Cambridge, 1968), 109. <<

[163] Karl Marx y Frederick Engels, The German Ideology (Nueva York, 1947), 9-11. <<

[164] Ibíd., 11-13. <<

[165] K. Marx y F. Engels, The Holy Family (Moscú, 1956), 51 (capítulo 4). <<

[166] Marx, Capital, 1 (Moscú, 1961), capítulo XV, sección 9, “The Factory Acts”. <<

[167] Marx y Engels, German Ideology, 53. <<

[168] Gray, Socialist Tradition, 327. <<

[169] Boris Chicherin, Opyty istorii russkogo prava (Moscú, 1858), 1-58. <<

[170] Denman W. Ross, The Early History of Land-holding Among the Germam (Boston, 1883), 39. <<

[171] Fustel de Coulanges, The Origin of Property in Land (Londres, 1891); originalmente publicado en la Revue des Questions Historiques, n.º 45 (1889), 349-439. <<

[172] Coulanges, Origin of Property in Land, 17. <<

[173] Ibíd., 150. <<

[174] John Stuart Mill, Principies of Political Economy, ed., Sir William Ashley (Londres, 1909), libro II, capítulos 1 y 11, pp. 199-237. <<

[175] Ibíd., 208. <<

[176] Ibíd., 227-28. <<

[177] Ibíd., 231, 233. <<

[178] P. S. Atiyah, The Rise and Fall of Freedom of Contract (Oxford, 1979), 628-29. <<

[179] Léon Duguit (1905), citado por Lepage en Pourquoi la propiété, 436. <<

[180] Carl N. Degler, In Search of Human Nature (Nueva York, 1991), 32-34. Ver el siguiente capítulo 2. <<

[181] Charles Letourneau, Property: Its Origin and Development (Londres, 1892), x, 365. <<

[182] Margaret Mead y Ruth L. Bunzel, eds., The Golden Age of American Anthropology (Nueva York, 1960), 8. <<

[183] C. R. Carpenter, citado por Edmund en New York Review of Books II, n.º 6 (octubre 10, 1968), 24. <<

[184] Theodosius Dobzhansky, citado por Roger D. Masters en Social Science Information 14, n.º 2 (1975), 14, 24. <<

[185] A. Irving Hallowell en Quaterly Review of Biology, n.º 31 (1956), 91. <<

[186] John Rawls, A Theory of justice (Cambridge, Mass., 1971). <<

[187] Ibíd., 3. <<

[188] Ibíd., 62. <<

[189] Ibíd., 305. G. Hardin en Garrett Hardin y John Baden, eds., Managing the Commons (San Francisco, 1977), 7, se refieren al libro como a “una larga nota a pie de página para Marx”. <<

[190] Ibíd., 73-74. <<

[191] Ibíd., 84. <<

[192] Ibíd., 106-7. <<

[193] Ibíd., 107, 101, 530-41. <<

[194] Ver, por ejemplo, John Christman, The Myth of Property: Toward an Egalitarian Theory of Ownership (Nueva York y Oxford, 1994). <<

[195] Erich Fromm, To Have or to Be?(Nueva York, 1976). <<

[196] Ibíd., 16. <<

[197] Ibíd., 170. <<

[198] Alfred Marshall, Principies of Economice, 8th ed. (Nueva York, 1948), 48. <<

[199] Manuel y Manuel, Utopian Thought, 159. <<

[200] Alan Ryan, Property (Stony Stratford, Inglaterra, 1987), 55. <<

[201] Douglass North y R. P. Thomas, The Rise of the Western World (Cambridge, 1973), I. El argumento se desarrolla teóricamente en el libro de North Structure and Change in Economic History (Nueva York y Londres, 1981). <<

[202] North y Thomas, Rise of the Western World, 2-3, 8. <<

[203] North, Structures and Change, 158-66. Sobre este asunto ver además a Tom Bethell, The Noblest Triumph (Nueva York, 1998). <<

[1] Émile de Laveleye, De la propriété et ses formesprimitives (París, 1874). Existe una buena bibliografía de este tema realizada por Wilhelm Schmidt, Das Eigentum auf den ältesten Stufen der Menschheit, I (Münster en Westfalen, 1937), 4-17. <<

[2] Una excepción notable es el ambicioso tratado, recientemente publicado, escrito por John P. Powelson, The Story of Land: A World History of Land Tenure and Agrarian Reform (Cambridge, Mass., 1988). <<

[3] L. T. Hobhouse, Property: Its Duties and Rights (Londres, 1913), 3-4. <<

[4] El término ha sido acuñado por Robert Ardrey en The Territorial Imperative: A Personal Inquiry into the Animal Origins of Property and Nations (Nueva York, 1966). <<

[5] P. Leyhausen en K. Lorenz y P. Leyhausen, eds., Motivation of Human and Animal Behavior (Nueva York, 1973), 99. <<

[6] Edward T. Hall, The Hidden Dimension (Garden City, N. Y., 1966), 10-14. <<

[7] H. Eliot Howard, Territory in Bird Life (Londres, 1920), 15, 180-6. <<

[8] Ibíd., 74. <<

[9] V. C. Wynne-Edwards, Animal Dispersion in Relation to Social Behaviour (Nueva York, 1962). <<

[10] Ernest Beaglehole, Property: A Study in Social Psychology (Londres, 1931), 31-63. <<

[11] Richard S. Miller en Advances in Ecological Research 4 (1967), 1-74, citado por E. O. Wilson en J. F. Eisenberg y W. S. Dillon, eds., Man and Beast: Comparative Social Behavior (Wasington D. C., 1971), 194. <<

[12] N. Tinbergen, Social Behavior in Animals (Londres, 1953), 8-14. <<

[13] Ardrey, Territorial Imperative, 3. <<

[14] C. B. Moffat en Irish Naturalist 12, n.º 6 (1903), 152-57. <<

[15] Heini P. Hediger en Sherwood L. Washburn, Social Life of Early Man (Chicago, 1961), 36-38. <<

[16] Monika Meyer-Holzapfel, Die Bedeutung des Besitzes bei Tier und Mensch (Biel, 1952), 3. <<

[17] Ibíd., 18n. Cf. The American Heritage Dictionary of the English Language (Nueva York, 1970), s. v. “nest”. <<

[18] Meyer-Holzapfel, Die Bedeutung, 3. <<

[19] Edward W. Soja, The Political Organization of Space, Commission on College Geography, Resource Paper 8 (Wasihngton D. C., 1971), 23. <<

[20] Edward O. Wilson, Sociobiology: The New Synthesis (Cambridge, Mase., 1975), 565. Ver la tabla de rangos de animales seleccionados en Nicolas Peterson en American Anthropologist 77 (1975), 54. <<

[21] N. Tinbergen, The Study of Instinct (Oxford, 1951), 176. <<

[22] Hall, Hidden Dimension, 16-19. <<

[23] Wilson, Sociobiology, 256-57. <<

[24] Beaglehole, Property, 56. <<

[25] Sobre esto, ver Konrad Lorenz, On Aggression (Nueva York, 1966); también Tinbergen en Science 160, n.º 3, 835 (1968), 1411-18, y su Study of Instinct. <<

[26] Ashley Montagu, Man and Aggression (Nueva York, 1968), 9. Las cursivas son mías. <<

[27] Academic Questions 8, n.º 3 (verano 1995), 76-81. <<

[28] Stephen Jay Gould, The Mismeasure of Man (Nueva York, 1981), 28. <<

[29] Carl N. Degler, In Search of Human Nature (Nueva York, 1991), 318-19, 321. <<

[30] Leonard Berkowitz en American Scientist57, n.º 3 (otoño 1969), 383. <<

[31] Herbert Croly, The Promise of American Lije (Cambridge, Mass., 1965), 400. Publicado originalmente en 1909. <<

[32] Political Organization of Space, 3. <<

[33] Citado en Jeremy Waldron, The Right to Private Property (Oxford, 1988), 377-78. <<

[34] Jean Baechler en Nomos, n.º 22 (1980), 273. <<

[35] Richard Pipes, Russia Under the Bolshevik Regime (Nueva York, 1994), 290-1. <<

[36] Richard H. Tawney, The Acquisitive Society (Nueva York, 1920), 73-74. <<

[37] The International Journal of Psycho-Analysis 34, parte 2 (1953), 89-97; N. Laura Kemptner en Journal of Social Behavior and Personality 6, n.º 6 (1991), 210. <<

[38] Arnold Gesell y Frances I. Ilg, Child Development (Nueva York, 1949), 417-21. <<

[39] Helen C. Dawe en Child Development 5, n.º 2 (junio 1934), 139-57, esp. 150. <<

[40] Melford E. Spiro, Children of the Kibbutz (Cambridge, Mass., 1958), 373-76. <<

[41] Lita Furby en Political Psychology 2, n.º 1 (primavera 1980), 30-42. <<

[42] Ibíd., 31, 35. <<

[43] Ibíd., 32-33. <<

[44] Spiro, Children of the Kibbut397-98. <<

[45] Torsten Malmberg, Human Territorriality (La Haya, 1980), 59, 308. <<

[46] Carol J. Guardo en Child Development 40, n.º 1 (marzo 1969), 143-51. <<

[47] Melville J. Herskovitz, Economic Anthropdogy (Nueva York, 1952), 327. <<

[48] E. Adamson Hoebel, Man in the Primitive World, 2da. ed., (Nueva York, 1958), 431. <<

[49] C. Daryl Forde, Habitat, Economy and Society (Londres y Nueva York, 1934), 461. <<

[50] Max Weber, General Economic History (New Brunswick, N. J., 1981), 38. <<

[51] Robert Lowie en Yale Law Journal37, n.º 5 (marzo 1928), 551. <<

[52] Resumido en Malmberg, Human Territoriality, 86, a partir de P. A. Sorokin, C. C. Zimmerman y CJ. Galpin, eds., A Systematic Source Book in Rural Sociology, 1 (Minneapolis, 1930), 574-75. El segundo libro contiene un buen debate sobre las diferentes teorías sobre las costumbres originales con relación a la posesión de la tierra, pp. 568-76. <<

[53] Beaglehole, Property, 145-47. <<

[54] L. T. Hobhouse, G. C. Wheeler y M. Ginsberg, The Material Culture and Social Institutions of the Simpler Peoples (Londres, 1915), 243. <<

[55] Beaglehole, Property, 134. <<

[56] Bronislaw Malinowski, Crime and Custom in Savage Society (Nueva York, 1951), 60. <<

[57] Beaglehole, Property, 158-66. <<

[58] Ibíd., 215-16. <<

[59] Ibíd., 140-2. <<

[60] Robert H. Lowie, Primitive Society (Nueva York, 1920), 235-36. Cf. W[alter] Nippold, Die Anfänge des Eigentums bei den Naturvölkern und die Entstehung des Privateigentums (La Haya, 1954), 82; Beaglehole, Property, 140-2. <<

[61] Herskovits, Man and His Work, 283. <<

[62] Colin Clark y Margaret Haswell, The Economice of Subsistence Agriculture, 3ra. ed. (Nueva York, 1967), 28-29. <<

[63] Robert McC. Netting en Steadman Upham, ed., The Evolution of Politcal Systems (Cambridge, 1990), 59. <<

[64] Terry L. Anderson y P. J. Hill en Journal of Law and Economics 18, n.º 1 (1975), 175-76. <<

[65] Edwin N. Wilmsen en Journal of Anthropological Research 29, n.º 1 (primavera 1973), 4. <<

[66] Lowie, Primitive Society., 213; Raymond Firth, Primitive Economía of the New Zealand Maori (Nueva York, 1929), 361. <<

[67] Paul Guiraud, La Propriété Foncière en Grèce (París, 1893), 32. Ver además J. B. Bury, A History of Greece, 3ra. ed. (Londres, 1956), 54. <<

[68] Leyhausen en Lorenz y Leyhausen, Motivation, 104. <<

[69] Jomo Kenyatta, Facing Mount Kenya (Londres, 1953), 21. Sobre este tema ver también a Daniel Biebuyck, ed., African Agrarian Systems (Londres, 1963). <<

[70] Peter J. Usher en Terry L. Anderson, ed., Property Rights and Indian Economía (Lanham, Md., 1992), 47. <<

[71] Frank A. Pitelka en Candor 61, n.º 4 (1959), 253. <<

[72] El fenómeno de la “nostalgia por el hogar” (que, sin embargo, inexplicablemente, desconoce los ejemplos anteriores) es el tema de Ina-Maria Greverus, Der territoriale Mensch (Francfort del Meno, 1972). <<

[73] Jules Isaac, The Teaching of Contempt (Nueva York, 1964), 45. La cita proviene de The City of God, de Sant Agustín, libro 18, capítulo 46. <<

[74] Isaac, Teaching of Contempt, 39-73. <<

[75] Samuel Hazzard Cross y Olgerd P. Sherbowitz-Wetzor, The Russian Primary Chronicle: Laurentian Text (Cambridge, Mass., 1953), 97. <<

[76] Nippold, Die Anfange, 84. <<

[77] Ardrey, Territorial Imperative, 102. <<

[78] Richard Pipes, The Russian Revolution (Nueva York, 1990), 113. <<

[79] John E. Pfeiffer, The Emergence of Society (Nueva York, 1977), 28. <<

[80] Richard B. Lee e Irven De Vore, eds., Man the Hunter (Chicago, 1968), 3. <<

[81] Lowie, Primitive Society, 211-13. <<

[82] Wilmsen en Journal of Anthropological Research, n.º 29/1 (1973), 1-31. <<

[83] Eleanor Leacock en American Anthropologist 56, n.º 5, parte 2, memoria 78 (1954), 1-59. <<

[84] Schmidt, Das Eigentum, I, 290-1. <<

[85] Harold Demsetz en American Economic Review 57, n.º 2 (mayo 1967), 352-53. <<

[86] Schmidt, Das Eigentum, I, 294-95, enumera asuntos parecidos. <<

[87] Forde, Habitat, Economy and Society, 332-34 y W. Schmidt, Das Eigentum, II (Münster en Westfalia, 1940), 192-96, citado en Malmberg, Human Territoriality, 77. <<

[88] Irven DeVore en Eisenberg y Dillon, eds., Man and Beast (Washington, D. C., 1971), 309. <<

[89] E. G., Leacock en American Anthropologist, 2-3. <<

[90] Lowie, Primitive Society, 210. <<

[91] Max Ebert, ed., Reallexikon der Vorgeschichte, II (Berlín, 1925), 391; Beaglehole, Property, 208-9; Hoebel, Man in the Primitive World, 435, 442-43; Carleton Coon, Hunting Peoples (Londres, 1972), 176-80. <<

[92] Vernon L. Smith en Journal of Political Economy 83, n.º 4 (1975), 741. Ver además a Douglas C. North en Structure and Change in Economic History (Nueva York y Londres, 1981), 80. <<

[93] Edella Schlager y Elinor Ostrom en Terry L. Anderson y Randy T. Simmons, eds., The Political Economy of Customs and Culture (Lanham, Md., 1993), 13-41. <<

[94] Robert C. Ellickson, Order Without Law (Cambridge, Mass., 1991), 191-216. Cf. capítulo 89 de la novela de Herman Melville, Moby-Dick (“Fast Fish and Loose Fish”), que resume estas simples regulaciones. Debo agradecerle estas referencias al profesor Charles Fried de la Escuela de Leyes de Harvard. <<

[95] James A. Wilson en Garrett Hardin y John Baden, eds., Managing the Commons (San Francisco, 1977), 96-111. <<

[96] John Umbeck en Explorations in Economic History 14, n.º 3 (julio 1977), 197-226. <<

[97] Ibíd., 214-15. <<

[98] John Baden en Hardin y Bden, eds., Managing the Commons, 137. <<

[99] Wilson, Sociobilogy, 564. <<

[100] Hugh Thomas, A History of the World (Nueva York, 1979), 12-13. <<

[101] Clark y Haswell, Subsistence Agriculture, 26-27. <<

[102] Vemon L. Smith en Journal of Political Economy 83, n.º 4 (1975), 727-55. Para una opinión diferente ver Robert J. Wenke, Patterns in Prehistory (Nueva York y Oxford, 1984), 152,154. <<

[103] Charles E. Kay en Human Nature 5, n.º 4 (1994), 359-98 y en Western Journal of Applied Forestry, octubre 1995, 121-26. <<

[104] Matt Ridley, The Origins of Virtue (Nueva York, 1996), 213-25. <<

[105] Beaglehole, Property, 211; Schmidt, Eigentum, 1, 292. <<

[106] Hobhouse, Wheeler y Ginsberg, Material Culture, appendix 1, 255-81. <<

[107] Lowie, Primitive Society, 231-33. <<

[108] Philip C. Salzman en Proceedings of the American Philosophical Society III, n.º 2 (abril 1967), 115-31. <<

[109] Robert H. Lowie, The Origin of the State (Nueva York, 1927). <<

[110] Sir Henry Maine, Ancient Law (Nueva York, 1864), 124-126. <<

[111] Lewis Henry Morgan, Ancient Society (Tucson, Ariz., 1985), 6-7. <<

[112] J. E. A. Jolliffe, The Constitutional History of Medieval England, 4th ed. (Londres, 1961), 59-60. <<

[113] Ibíd., 24. <<

[114] Lowie, Origin of the State, 12-19. <<

[115] Chester G. Starr, Individual and Community (Nueva York y Oxford, 1986), 42-46. <<

[116] North, Structure and Change, 23. <<

[117] Douglass C. North y Robert Paul Thomas, The Rise of the Western World: A New Economic History (Cambridge, 1973), 8. Cf. Frederick C. Lane en Journal of Economic History 35, n.º 1 (1975), 8-17. <<

[118] Marc Bloch, Feudal Society, 1, (Chicago, 1964), 115. <<

[119] Douglass North en Svetozar Pejovich, The Codetermination Movement in the West (Lexington, Mass., 1978), 128. <<

[120] Max Weber, Grundriss der Socialökonomik: III Abt., Wirischaft und Gesellschaft, 3ra. ed., II (Tubinga, 1947), 679. <<

[121] L. Delaporte, Mesopotamia (Nueva York, 1970), 101-12. <<

[122] Christian Meier, The Greek Discovery of Politics (Cambridge, Mass., 1990), 13. <<

[123] M. I. Finley, Economy and Society in Ancient Greece (Londres, 1981), 71-72; Starr, Individual and Community, 28. <<

[124] Por ejemplo, Alfred Zimmern, The Greek Commonwealth, 4th ed. (Oxford, 1924), 287-88. Otros ejemplos los relaciona Jules Toutain, The Economic Life of the Ancient World (Nueva York, 1930), 12. <<

[125] Toutain, Economic Life, 14. Cf. Gustave Glotz, Ancient Greece at Work: An Economic History of Greece (Londres y Nueva York, 1926), 8-9. <<

[126] Finley, Economy and Society, 217. <<

[127] Ibíd., 218. <<

[128] M. Rostovtseff, Social and Economic History of the Hellenistic World, I (Oxford, 1941), 273. <<

[129] Starr, Individual and Community, vii. <<

[130] Víctor Davis Hanson, The Other Greeks (Nueva York, 1995), 3. <<

[131] Cambridge Ancient History, VI (Cambridge, 1933), 529. <<

[132] Rostovtseff, Social and Economic History, 207-12. <<

[133] Stephen Hodkinson en Classical Quarterly, n. s., 36, n.º 2 (1986), 404. <<

[134] Toutain, Economic Life, 113. <<

[135] A. Bouché-Leclercq, Histoire des Lagides, vol. iii, parte I (París, 1906), 179. <<

[136] Ibíd., 191-92. <<

[137] Rostovtseff, Social and Economic History, 300; Bouché-Leclercq, Histoire des Lagides, vol. III, parte 1, 237-71. <<

[138] Sobre este asunto, ver a Reinold Noyes, The Institution of Property (Nueva York, 1936), 27-220. <<

[139] Tenney Frank, An Economic History of Rome, 2nd. ed. (Baltimore, 1927), 14-15. <<

[140] Noyes, Institution of Property, 44-49, 78-79. <<

[141] P. S. Atiyah, The Rise and Fall of the Freedom of Contract (Oxford, 1979), 110. <<

[142] Toutain, Economic Life, 272-74. <<

[143] Henri Lepage, Pourquoi la proprieté (París, 1985), 44. <<

[144] Abbot Payson Usher, A History of Mechanical Inventions, rev. ed. (Cambridge, Mass., 1954), 32. <<

[145] Este asunto está tratado exhaustivamente por Maxime Kowalewsky, Die Okonomische Entwicklung Europas bis zum Beginn der kapitalistischen Wirtschafisfarm, I (Berlín, 1901). <<

[146] Bloch, Feudal Society, I, 228. <<

[147] Helen Cam, England Befare Elizabeth (Nueva York, 1952), 97. <<

[148] Bloch, Feudal Society, I, 190-2. <<

[149] Ibíd., 196-98. <<

[150] Ibíd., 208-10. <<

[151] Birgit Sawyer, Property and Inheritance in Viking Sacandinavia: The Runic Evidence (Alingsas, Suecia, 1988), 16. <<

[152] Henry Pirenne, Medieval Cities (Princeton, 1946), 131-32. <<

[153] Citado porJohn Hine Mundy en R. W. Davis, ed., The Origins ofModern Freedom in the West (Stanford, Calif., 1995), 113. <<

[154] Basado en Robert von Keller, Freiheitsgarantien für Person und Eigentum mi Mittelalter (Heidelberg, 1933), 86-238; ver además Weber, Wirtschaft und Gesellschaft, II, 576-79. <<

[155] John H. Mundy, Introducción a Henri Pirenne, Early Democracies in the Low Countries (Nueva York, 1963), xxvi. <<

[156] Weber, General Economic History, 318. <<

[157] George H. Sabine, A History of Political Theory, rev. ed. (Nueva York, 1955), 403-4. <<

[158] J. H. Elliott, Imperial Spain, 1469-1716 (Londres, 1963), 73. <<

[159] Jean Bodin, The Six Bookes of a Commonweale (Cambridge, Mass., 1962), 651-53. <<

[160] Reinhold Schmid, Die Gesetze der Angelsachsen (Leipzig, 1858), 506. <<

[161] Barbara Suchy en Uwe Schultz, ed., Mit dem Zehnten fing es an (Munich, 1986), 116. <<

[162] Ingvar Andersson, Schwedische Geschichte (Munich, 1950), 237. <<

[163] J. P. Sommerville, Politics and Ideology in England, 1603-1640 (Londres, 1986), 160-3. Ver más adelante, capítulo 3. <<

[164] J. L. M. de Gain-Montagnac, ed., Mémoires de Louis XIV, écritspar lui-même, I (París, 1806), 156. <<

[165] Sir William Blackstone, Commentaries on the Law of England, libro I, capítulo 2, 15th ed. (Londres, 1809), 170. <<

[166] Kirk H. Porter, A History of Suffiage in the United States (Chicago, 1918), 2-3. Ver además Chilton Williamson, American Suffiage (Princeton, 1968). <<

[167] Charles Seymour y Donald Paige Frary, How the World Votes, I (Springfield, Mass., 1918), 64-180. <<

[168] Porter, History of Suffiage, 7-13. <<

[169] Ibíd., 109. <<

[170] Jennifer Nedelsky, Prívate Property and the Limits of American Constitutionalism (Chicago y Londres, 1990), 18-19. <<

[171] James A. Henretta, The Evolution of American Society (Lexington, Mass., 1973), 88-112; Williamson, American Suffiage, 20-61. <<

[172] Guido de Ruggiero, The History of Europpean Liberalism (Boston, 1961), 159, 177. <<

[173] Karl Marx y Frederick Engels, “The Class Struggles in France, 1848-1850”, parte I, en Selected Works, I (Moscú, 1962), 142. <<

[174] Peter-Christian Witt en Schultz, ed., Mit dem Zehnten, 191-93; G. Schmolders en ibíd., 248. <<

[175] Thomas Erskine Holland, The Elemente of jurisprudence, 12th ed. (Oxford, 1916), 82. <<

[176] Orlando Patterson, Freedom I, (Nueva York, 1991), 48. Según el autor, el primer académico que llamó la atención sobre este supuesto vínculo fue Max Pohlenz. Ibíd., 79. <<

[177] Herodoto, Persian Wars, libro V, capítulo 78. <<

[178] Tucídides, History of the Peloponnesian War, II, xli, trad. Charles Forster Smith, Loeb Classical Library (Cambridge, Mass., 1991), 1, 331. <<

[179] Finley, Ancient Economy, 28-29. Las cursivas son mías. <<

[1] Edmund Burke, discurso “Conciliation with the Colonies”, en The Works of… EdmundBurke, III (Londres, 1823), 50. <<

[2] A. F. Pollard, The Evolution of Parliament, 2da. ed. (Londres, 1926), 3-4. <<

[3] J. Churton Collins, Voltaire, Montesquieu and Rousseau in England (Londres, 1908), 158. <<

[4] Voltaire, Letters Concerning the English Nation (Londres, 1926), Carta viii, 41-42. <<

[5] Frederic Milner, Economic Evolution of England (Londres, 1938), 248. <<

[6] Hans W. Kopp, Parlamente: Geschichte, Grosse, Grenzen (Francfort del Meno, 1966), 16. <<

[7] Sidney J. Madge, The Domesday of Crown Lands (Londres, 1938), 14. <<

[8] Ibíd., 14-15, 19-20. <<

[9] F. M. Stenton, Anglo-Saxon England, 3ra. ed., (Oxford, 1971), 550 4. <<

[10] F. W. Maitland, The Constitutional History of England (Cambridge, 1946), 60; J. E.A. Jolliffe, The Constitutional History of Medieval England, 4th ed. (Londres, 1961), 55. <<

[11] Robert H. Lowie, Primitive Society (Nueva York, 1920), 383-88. <<

[12] Richard Thurnwald en The Encyclopaedia of the Social Sciences, XI (Nueva York, 1944), 390-1. <<

[13] Jacques Ellul, Histoire des Institutions, 1, (París, 1995), 649-50. <<

[14] Helen Cam, England Befare Elizabeth (Nueva York, 1952), 47. <<

[15] Marc Bloch, Feudal Society, I (Chicago, 1964), 111-112. Ver la cita de Henry Maine en el capítulo 2, pp. 95-96. <<

[16] Jolliffe, Constitutional History, 57-58. <<

[17] Ibíd., 72-73. <<

[18] Maitland, Constitutional History, I. <<

[19] Cam, England Before Elizabeth, 55-56. <<

[20] Stephen Dowell, A History of Taxation and laxes in England, 1 (Londres, 1888), 7. <<

[21] Sally Harvey enjoan Thirsk, ed., The Agrarian History of England and Wales, II (Cambridge, 1988), 85. Cf. Charles H. Pearson, History of England During the Early and Middle Ages, 1 (Londres, 1867), 669. <<

[22] C. W. Previté-Orton, The Shorter Cambridge Medieval History, 1 (Cambridge, 1953), 584, 586. <<

[23] Dowell, History of Taxation, I, 7. <<

[24] Madge, Domesday, 29. <<

[25] Gordon Batho en H. P. R. Finberg, The Agrarian History of Englandand WaUs, IV (Cambridge, 1967), 256. <<

[26] Maitland, Constitutional History, 179; Cam, England Before Elizabeth, 123. <<

[27] Maitland, Constitutional History, 180. <<

[28] Cam, England Before Elizabeth, 104-5. <<

[29] P. S. Atiyah, The Rise and Fall of Freedom of Contract (Oxford, 1979), 91. <<

[30] Maitland, Constitutional History, 62. <<

[31] Kopp, Parlamente, 12. <<

[32] K. Smellie en Encyclopaedia of the Social Sciences, IX (Nueva York, 1944), 369. <<

[33] J. H. Baker, An Introduction to English Legal History, 3rd ed. (Londres, 1990), 296-317. <<

[34] Cam, England Before Elizabeth, 89-90. <<

[35] Alan Macfarlane, The Origins of English Individualism (Cambridge, 1979). <<

[36] Alan Macfarlane, The Culture of Capitalism (Oxford, 1987), 192. <<

[37] R. H. Tawney, The Agrarian Problem in the Sixteenth Century (Londres, 1912), 98-99. <<

[38] Kopp, Parlamente, 14-15. <<

[39] Cam, England Before Elizabeth, 125-26. <<

[40] Maitland, Constitutional History, 185-87. <<

[41] Ibíd., 256-57; G. R. Elton, Studies in Tudor and Stuart Politics and Government, II (Cambridge, 1974). <<

[42] Maitland, Constitutional History, 195. <<

[43] Sir John Fortescue, De Laudibus Legum Angliae, ed. y trad. S. B. Chrimes (Cambridge, 1949), 24-25. <<

[44] Sobre este tema, ver William Holdsworth, Some Makers of English Law (Cambridge, 1938), capítulo 111. <<

[45] Paul Brand, The Origins of the English Legal Profession (Oxford, 1992). <<

[46] J. H. Barker en R. W. Davis, ed., The Origins of Modern Freedom in the West (Stanford, 1995), 191. El ensayo de Baker trata sobre la contribución que tuvo el derecho consuetudinario (common law) en el crecimiento de la libertad personal en Inglaterra. <<

[47] Frank Smith Fussner, ed. en Proceedings of the American Philosophical Society 101, n.º 2 (1957), 206. <<

[48] Arthur R. Hogue, Origins of the Common Law (Bloomington, Ind., 1966), 107. <<

[49] Ibíd., 232. <<

[50] P. S. Atiyah, The Rise and Fall of Freedom of Contract, 95. Cf. Roscoe Pound en Encyclopaedia of the Social Sciences, IV (Nueva York, 1944), 53. <<

[51] James A. Williamson, The Tudor Age (Londres y Nueva York, 1979), 439. <<

[52] John R. Commons, Legal Foundations of Capitalism (Nueva York, 1924), 233. Cf. J. G. A. Pocock, The Ancient Constitution and the Feudal Law (Nueva York, 1967), passim. <<

[53] J. P. Sommerville, Politics and Ideology in England, 1603-1640 (Londres y Nueva York, 1986), 87-92. <<

[54] William S. Holdsworth, Essays in Law and History (Oxford, 1946), 49. <<

[55] David Harris Sacks en Philip T. Hoffman y Kathryn Norberg, Fiscal Crises, Liberty, and Representative Government, 1450-1789 (Stanford, Calif., 1994), 16, citando a Charles Gray. <<

[56] Commons, Legal Foundations, 50. <<

[57] A. L. Rowse, The England of Elizabeth (Nueva York, 1951), 333-36. <<

[58] Michael J. Braddick, The Nerves of State (Manchester y Nueva York, 1996), 91-95. <<

[59] Ddowell, History of Taxation, 1, 194. <<

[60] Williamson, Tudor Age, 1-3. <<

[61] Batho en Finberg, Agrarian History, IV, 256. <<

[62] Madge, Domesday, 29. <<

[63] Williamson, Tudor Age, 140. <<

[64] Joyce Yowings en Finberg, Agrarian History, IV, 332-33. <<

[65] Dowell, History of Taxation, 1, 135-36. <<

[66] Williamson, Tudor Age, 157. <<

[67] Ibíd. <<

[68] Sacks en Hoffman y Norberg, Fiscal Crises, 39. <<

[69] Batho en Finberg, Agrarian History, IV, 265-66. <<

[70] Sacks en Hoffman y Norberg, Fiscal Crises, 39. <<

[71] Williamson, Tudor England, 344. <<

[72] Ibíd., 421. <<

[73] Kenyon, Stuart England, 54. <<

[74] Ivor Jennings en Encyclopaedia Britannica (Chicago, 1970), XVIl, 378. <<

[75] Kenyon, Stuart England, 31; Maitland, Constitutional History, 240. <<

[76] Williamson, Tudor England, 438. <<

[77] Maitland, Constitutional History, 248-49. Williamson, Tudor Age, 438, suministra cifras algo diferentes. <<

[78] Kenyon, Stuart England, 32. <<

[79] Ibíd., 34. <<

[80] Williamson, Tudor Age, 101-5, 243. <<

[81] Ibíd., 439. <<

[82] Elton, Studies, I, 283. Cf. Williamson, Tudor Age, 9, 437. <<

[83] George H. Sabine, A History of Political Theory (Nueva York, 1938), 395-97. <<

[84] Feiling, History of England, 445. <<

[85] Kenyon, Stuart England, 71. <<

[86] Lawrence Stone, The Crisis of the Aristocracy, 1568-1641 (Londres, 1965), 65-128. <<

[87] Frederick C. Dietz, English Public Finance, 1558-1641, 11 (Nueva York, 1964), 299; Madge, Domesday, 50. <<

[88] Batho en Finberg, Agrarian History, IV, 273. <<

[89] C. V. Wedgwood, The King’s Peace, 1637-1641 (Nueva York, 1956), 153-54; Christopher Clay en Thirsk, ed., Agrarian History, V, Vol. 2, 154. <<

[90] Sommerville, Politics and Ideology, 147. <<

[91] Ibíd., 151. <<

[92] Robert Zaller en J. H. Hexter, ed., Parliament and Liberty from the Reign of Elizabeth to the English Civil War (Stanford, Calif., 1992), 202. <<

[93] Barry Coward, The Stuart Age, 2da. ed. (Londres y Nueva York, 1994), 110. <<

[94] Wedgwood, King’s Peace, 153-54; Coward, Stuart Age, 108. <<

[95] Dietz, English Public Finance, 11, 299. <<

[96] Conrad Russell, Parliaments and English Politics, 1621-1629 (Oxford, 1979), 19. <<

[97] Perez Zagorin, The Court and the Country: The Beginning of the English Revolution (Nueva York, 1971), 98-99. <<

[98] Ibíd., 90. <<

[99] Coward, Stuart Age, 95; Sommerville, Politics and Ideology, 116. <<

[100] Zagorin, The Court and the Country, 120-131. <<

[101] “The Form of Apology and Satisfaction” se reproduce en J. P. Kenyon, ed., The Stuart Constitution, 1603-1688, 2da. ed. (Cambridge, 1986), 29-35; sobre “The Humble Answer” ver aJack Hexter en J. H. Hexter, ed., Parliament and Liberty (Stanford, Calif., 1992), 28-32. <<

[102] J. H. Hexter en Hexter, ed., Parliament and Liberty, 11-12. El asunto lo desarrolla extensamente Johann P. Sommerville en ibíd., 56-84. <<

[103] J. W. Allen, English Political Thought, 1603-1660, I (Londres, 1938), 26. <<

[104] Ibíd., 32. <<

[105] S. Reed Brett, John Pym, 1583-1643 (Londres, 1940), 86 <<

[106] Ibíd., 81-82, 86. <<

[107] S[amuel] R. Gardiner, ed., The Constitutional Documents of Puritan Revolution: 1625-1660, 3ra. ed. (Oxford, 1936), 69. <<

[108] Ibíd., 67. <<

[109] Hexter en Hexter, ed., Parliament and Liberty, I. <<

[110] Brett, Pym, 82. <<

[111] Dietz, Public Finance, 11, 262-63. <<

[112] Feiling, History of England, 457. <<

[113] Zagorin, The Court and the Country, 116. <<

[114] Sommerville, Politics and Ideology, 159. <<

[115] Clive Holmes en Hexter, ed., Parliament and Liberty, 135-36. <<

[116] John Adair, A Life of John Hampden (Londres, 1976), 3. <<

[117] Brett, Pym, 225-26. <<

[118] Dowell, History of Taxation, 1, 222. <<

[119] Wedgwood, King’s Peace, 383. <<

[120] Kenyon, Stuart England, 125; Maitland, Constitutional History, 293. <<

[121] Kenyon, Stuart England, 127; Maitland, Constitutional History, 294. <<

[122] Madge, Domesday, 63-66. <<

[123] Christopher Clay en Thirsk, ed., Agrarian History, V, vol. 2, 119-54. <<

[124] Feiling, History of England, 507. <<

[125] M. J. Braddick, Parliamentary Taxation in Seventeenth-Century England (Woodbridge, Suffolk, 1994), 292-293n. <<

[126] Madge, Domesday, 262-63; George Clark, The Later Stuarts, 1660-1714, 2da. ed. (Oxford, 1955), 5. <<

[127] C. D. Chandaman, The English Public Revenue, 1660-1688 (Oxford, 1975), 111. <<

[128] Joan Thirsk en Journal of Modern History 26, n.º 4 (diciembre 1954), 315-28; Clay en Thirsk, ed., Agrarian History, V. vol. ii, 156. <<

[129] Chandaman, English Public Revenue, 111. <<

[130] Milner, Economic Evolution, 249; Clark, Later Stuarts, 6-7; Wedgwood, King’s Peace, 155. <<

[131] Dowell, History of Taxation and Taxes, 11, 41-42. <<

[132] Chandaman, English Public Revenue, 2, 138. <<

[133] Braddick, Nerves of State, 10. <<

[134] Jones, en Hoffman, Fiscal Crises, 70-1. <<

[135] Coward, Stuart Age, 290. <<

[136] Chandaman, English Public Revenue, 277. <<

[137] Ibíd., 278. <<

[138] Coward, Stuart Age, 333, 335. <<

[139] Madge, Domesday, 275. <<

[140] Howard Nenner en J. R. Jones, ed., Liberty Secured? Britain Before and After 1688 (Stanford, Calif., 1992), 92. <<

[141] Kenyon, Stuart England, 228. <<

[142] Sobre esto ver a Lois G. Schwoerer, The Declaration of Rights, 1689 (Baltimore y Londres, 1981). <<

[143] David Ogg, England in the Reigns of James II and William III (Oxford, 1955), 242. <<

[144] Dowell, History of Taxation, 11, 42. <<

[145] Clark, Later Stuarts, 56-57, 149; Coward, Stuart Age, 348-49. <<

[146] Coward, Stuart Age, 375-76. <<

[147] Ibíd., 379, 454. <<

[148] Ibíd., 453. <<

[149] Maitland, Constitutional History, 312-13. <<

[150] Élie Halévy, A History of the English People in the Nineteenth Century, I, England in 1815 (Londres, 1949), 6. <<

[151] 151Este punto está sólidamente argumentado por A. R. Myers en Parliaments and Estates in Europe to 1789 (Londres, 1975), uno de los pocos estudios comparativos de las instituciones representativas. <<

[152] Myers, Parliaments, 24. <<

[153] Antonio Marongiu, Medieval Parliaments: A Comparative Study (Londres, 1968), 100. <<

[154] J. H. Elliot, Imperial Spain, 1469-1716 (Londres, 1963), 18. <<

[155] Frederick Powicke, citado en Relazioni, del Décimo Congreso Internacional de las Ciencias Históricas, Roma, 1955, 1 (Florencia, 1955), 18. <<

[156] R. Jalliffier, Histoire des États Généraux (1302-1614) (París, [1885]), 84. <<

[157] Maurice Rey, Le Domaine du Roi… sous Charles VI, 1388-1413 (París, 1965), 35. <<

[158] Elliott, Imperial Spain, 80-1, 193-94.8 <<

[159] Douglass C. North y Robert P. Thomas, The Rise of the Western World (Cambridge, 1973), 129-31. <<

[160] Ibíd., 80-1. <<

[161] C. B. A. Behrens, The Ancien Régime (Londres, 1972), 90. <<

[162] George Edmundson, History of Holland (Cambridge, 1922), 112. <<

[1] Polnoe Sobranie Zakanov Rossiiskoi, s 1649 goda, 1st, 45 vols. (San Petersburgo, 1830), vol. IV, n.º 1, 857, 20 de junio, 1701, pp. 169-70. De aquí en adelante se referirá como PSZ. <<

[2] M. N. Tikhomirov, Drevnerusskiegoroda, 2.ª ed. (Moscú, 1956). <<

[3] M. F. Vladimirskii-Budanov, Obzor istorii russkogo prava, 4.a ed. (San Petersburgo y Kiev, 1905), 524; G. F. Shershenevich, Uchebnik russkogo grazhdanskogo prava, 7.a ed. (San Petersburgo, 1909), 242. <<

[4] V. B. Kobrin, Vlast’i sobstvennost’v srednevekovoi Rossii (XV-XVIvv) (Moscú, 1985), 32-33. Cf. S. V. Veselovskii, Feodal’noe zemlevladenie v severovostochnoi Rusi, I (Moscú y Leningrado, 1947), que llega a la conclusión, dada la virtual ausencia de fuentes que documenten la existencia de la propiedad privada sobre la tierra alrededor de 1350, de que esa propiedad estaba “muy extendida” (p. 8). <<

[5] Alan Macfarlane, The Origins of English Individualism (Cambridge, 1979), capítulo 5. <<

[6] V. O. Kliuchevskii, Kurs russkoi istorii, I (Moscú, 1937), conferencia XVIII, pp. 327-28; cf. A. E. Presniakov, Obrazovanie velikorusskogo gosudarstva (Petrogrado, 1918), 26-27. <<

[7] A. N. Nasonov, Mongoly i Rus’ (Moscú y Leningrado, 1940), 10. <<

[8] Ibíd., 77-78. <<

[9] Ibíd., 28-29. <<

[10] Aleksandr Lakier, O votchinakh i pomesti’iakh (San Petersburgo, 1848), 132. <<

[11] Sobre este tema, ver a Klaus Zernack, Die burgstädtischen Volksversammlungen bei den Ost -und Westslaven, en Giessener Abhandlungen zur Agrar- und Wirtschaftsforschung des Europäischen Ostens, Reihe I, Banda 33 (Wiesbaden, 1967). <<

[12] M. Bogoslovskii, Zemskoe samou pravlenie na russkom severe v XVII v., I (Moscú, 1909), 56. <<

[13] I. M. Kulisher, Istoriia russkogo narodnogo khoziaistva, II (Moscú, 1925), 46; Bogoslovskii, Zemskoe samoupravlenie, 48. <<

[14] Ia. E. Vodarskii, Dvorianskoe zemlevladenie v Rossii v xvii-pervoi polovine xix v. (Moscú, 1988), 3. <<

[15] M. Diakonov, Ocherki obshchestvennogo i gosudarstvennogo stroia drevnei Rusi, 4.ª ed. (San Petersburgo, 1912), 244-47. <<

[16] Ivan Andreevskii, O dogovore Novagoroda s nemetskimi gorodami i Gotlandom (San Petersburgo, 1855), 4. <<

[17] A. L. Khoroshkevich, Torgovlia Velikogo Novgoroda v XIV-XV vekakh (Moscú, 1963). <<

[18] N. L. Podvigina, Ocherki sotsial’no-ekonomicheskoi i politicheskoi istorii Novgoroda Velikogo v XII-XIII vv. (Moscú, 1976), 106. <<

[19] Ibíd., 38. <<

[20] Istoriia SSSR, I (Moscú, 1948), 126. <<

[21] S. N. Valk, ed., Gramoty Velikogo Novgoroda i Pskova (Moscú y Leningrado, 1949), 9-10. <<

[22] Podviginia, Ocherki, 12-13, 115-16. <<

[23] S. V. Iushkov, Istoriia gosudarstva i prava SSSR, I (Moscú, 1940), 200-1. <<

[24] Podviginia, Ocherki, 114. <<

[25] A. V. Artsikhovskii en Istoricheskie Zapiski, n.º 2 (1938), 122, 125-26; O. V. Martyshin, Vol’nyi Novgorod (Moscú, 1992), 87-88. <<

[26] A. M. Gnevushev, Ocherki ekonomicheskoi i sotsial’noi zhizni sel’skogo naseleniia novgorodskoi oblasti posle prisoedineniia Novgoroda k Moskve, I (Kiev, 1915), 310. <<

[27] Artsikhovskii en Istoricheskie Zapiski, n.º 2 (1938), 114-16. <<

[28] Zernack, Die burgstädtischen Volksversammlungen, 189. <<

[29] Pamiatniki russkogo prava, II (Moscú, 1953), 212; George G. Weickhardt en Rusian Review 51 (octubre 1992), 467-68. <<

[30] A. Nikitskii, Ocherk vnutrennei istorii Pskova (San Petersburgo, 1873), 120-1, 126. <<

[31] Nasonov, Mongoly, 94. <<

[32] Ibíd., 128. <<

[33] Ibíd., 114. <<

[34] Ver abajo, p. 240. <<

[35] V. N. Bernadskii, Novgorod i novgorodskaia zemlia v XV veke (Moscú-Leningrado, 1961), 321-24. <<

[36] Kulisher, Istoriia, II, 50; Veselovskii, Feodal’noe zemlevladenie, 288-90. <<

[37] Diakonov, Ocherki, 256-58; V. Sergeevich, Lektsii i issledovaniia po drevnei istorii russkogo prava, 4th ed. (San Petersburgo, 1910), 543. <<

[38] Pamiatniki russkogo prava, VI, Sobornoe ulozhenie tsaria Alekseia Mikhailovicha 1649 goda (Moscú, 1957), 223. <<

[39] S. V. Rozhdestvenskii, Sludtiloe zemlevladenie v moskovskom gosudarstve XVI veka (San Petersburgo, 1897), 8-9. Veselovskii, sin embargo, cuestiona que la pomestia antecedió al reino de Iván III, Feodal’noe zemlevladenie, 302. <<

[40] Veselovskii, Feodal’noe zemlevladenie, 55. <<

[41] Sobre este tema, ver A. A. Zimin, Oprichnina Ivana Groznogo (Moscú, 1964), 306-59; y R. G. Skrynnikov, Tsarstvo terrora (San Petersburgo, 1992). <<

[42] R. G. Skrynnikov, Nachalo Oprichniny (Leningrado, 1966), 278-97. <<

[43] G. Peretiatkovich, Povolzhe v XV i XVI vekakh (Moscú, 1877), 246-71. <<

[44] Giles Fletcher, Of the Russe Commonwealth (1591) (Cambridge, Mass., 1966), 26-26v. <<

[45] Istoriia Rossii s drevneishikh vremen, III (Moscú, 1960), 705-6. Sobre la práctica occidental ver J. C. Holt en Past and Present, n.º 57 (1972), 7-8. <<

[46] La relación más completa de este proceso es Rozhdestvenskii, Sluzhiloe zemlevladenie. <<

[47] Diakonov, Ocherki, 255-56. <<

[48] La ley sólo se conserva en una sola versión: Polnoe sobranie russkikh leto pisei, XIII (San Petersburgo, 1904), 268-69; Rozhdestvenskii, Sluzhiloe zemlevladenie, 51-52. <<

[49] Veselovskii, Feodal’noe zemlevladenie, 89. <<

[50] Rozhdest venskii, Sluzhiloe zemlevladenie, 59, III. <<

[51] E. D. Stashevskii, Zemlevladenie moskovskogo dvoriamtva v pervoi polovine XVII veka (Moscú, 1911), 26-27. <<

[52] Ibíd., 17. <<

[53] Shershenevich, Uchebnik, 201-2. <<

[54] Pamiatniki russko prava, VI, Sobornoe ulozhenie, 228. <<

[55] E. I. Indova en E. I. Pavlenko, ed., Dvoriansyvo i keprostnoi stroi Rossii XVII-XVII vv. (Moscú, 1975), 275n. <<

[56] Fletcher, Russe Commonwealth, 46v-47. <<

[57] Pavel Smirnov, Goroda moskovskogo gosudar stva v pervoi polovine xvii veka, vol. I, parte I (Kiev, 1919), 352. <<

[58] Ibíd., 77. <<

[59] Ibíd., 12. <<

[60] Ibíd., 14-15. <<

[61] Otto Brunner, Neue Wege der Verfassungs- und Sozialgeschichte, 2.ª ed. (Gotinga, 1968), 235-36. <<

[62] S. M. Soloviev, Istoriia Rosii s drevneishikh vremen, VII (Moscú, 1962), 46. <<

[63] Heiko Haumann en Jahrbücher für die Geschichte Osteuropas, Neue Folge, vol. 27, Heft 4 (1979), 486; Vladimirskii-Budanov, Obzor, 245. <<

[64] J. Michael Hittle, The Service City (Cambridge, Mass., 1979), 34. <<

[65] Smirnov, Goroda, I/I, 20. <<

[66] V. O. Kliuchevskii, carta al editor, Russkie vedomosti, N.º 125 (9 de mayo de 1887). <<

[67] Smirnov, Goroda, I/2, 351-52; A. M. Sakharov, Obrazovanie i razvitie rossiikogo gosudarstva v XIV-XVII v. (Moscú, 1969), 77. <<

[68] Iu. R. Klokman, Sotsialno ekonomicheskaia istoriia russkogo goroda (Moscú, 1967), 31; Brunner, Neue Wege, 226. Keith Feiling, A History of England (London. 1950), 509, dice que en Inglaterra en 1640 “probablemente” no más del 50 por ciento de la población vivía de la agricultura. <<

[69] Alexander A. Tschuprow [Chuprov], Die Feldgemeinschaft (Estrasburgo, 1902), capítulo 2. <<

[70] V. N. Latkin, Uchebnik istorii russkogo prava imperii, 2.ª ed. (San Petersburgo, 1909), 205. Cf. S. F. Platonov, Ocherki po istorii smuty v moskovskom gosudarstve XVI-XVII vv., 3ra ed. (San Petersburgo, 1910), 155. <<

[71] Ia. E. Vodarskii en Voprosy voennoi istorii Rossi (Moscú, 1969), 237-38. <<

[72] PSZ, vol. V., n.º 2, 789, 23 de marzo de 1714, pp. 91-94. <<

[73] A. Romanovich Slavatinskii, Dvorianstvo v Rosii (San Petersburgo, 1870), 239. <<

[74] N. N. Efremova en Rossiiskaia Akademiia Nauk. Institut Gosudarstva i Prava, Sobstvennost: Pravo i Svoboda (Moscú, 1992), 47. <<

[75] Entsiklopedicheskii Slovar’ Obshchestva Brogkauz i Efron, vol. XXVIIA, 187. <<

[76] SP. Luppov, Kniga v Rosii v XV II veke (Leningrado, 1970), 28. <<

[77] A. Sergeev en Knizhnoe Obozrenie, n.º 18 (2 de mayo de 1995), 21. <<

[78] Efremova en Sobstvennost, 47. <<

[79] Richard Pipes, Russia Under the Old Regime (Londres y Nueva York, 1974), 210. <<

[80] Helen Cam, England Before Elizabeth (Nueva York, 1952), 119. <<

[81] Latkin, Uchebnik, 201-2. <<

[82] PSZ, vol. XV, n.º 11, 444, 18 de febrero de 1762, pp. 912-915. <<

[83] Pipes, Russia Under the Old Regime, 178. <<

[84] O. A. Omelchenko, “Zakonnaia monarkhiia” Ekateriny Vtoroi (Moscú, 1993), 29, 211. Según A. Kizevetter en Istoricheskie siluety: liudi i sobytiia (Berlín, 1931), 47-48, los hacendados rusos estaban muy satisfechos con esta encuesta. <<

[85] PSZ, vol. XVIII, n.º 13, 235, 19 de enero de 1769, p. 805. <<

[86] PSZ, vol. XXI, n.º 15, 447, 28 de junio de 1782, pp. 613-15, y n.º 15, 518, 22 de septiembre de 1782, p. 676. <<

[87] PSZ, vol. XXII, n.º 16, 187, 21 de abril de 1785, pp. 344-58. Una traducción parcial al inglés se encuentra en Basil Dmytryshyn, ed., Imperial Russia: A Source Book, 7700-7977, 2.ª ed. (Hinsdale, III., 1974), 108-11. <<

[88] V. N. Latkin, Zakonodate’lnye kommissii v Rossii v XVIII st., I (San Petersburgo, 1887), 303-4. <<

[89] Omelchenko, “Zakonnaia monarkhiia”, 178-79. <<

[90] Heinrich Altrichter, Wandlungen des Eigentumbegriffs und neuere Ausgestaltung des Eigentumsrechts (Marburgo y Lahn, 1930), 1-2. <<

[91] PSZ, vol. XXIII, n.º 12, 950, 30 de julio de 1767, art. 10, p. 282. <<

[92] N. D. Chechulin, ed., Nakaz Imperatritsy Ekateriny II (San Petersburgo, 1907), 86. <<

[93] Ver VI. Semevskii, Krestianskii vopross v Rosii v XVIII i pervoi polovine XIX veka, I (San Petersburgo, 1888), 196-222 y passim. <<

[94] P. A. Khromov, Ekonomicheskoe razvitie Rossii (Moscú, 1967), 77. <<

[95] Iakushkin, Ocherki, 192. <<

[96] Vladimirskii-Budanov, Obzor, 247; Omelchenko, “Zakonnaia monarkhiia”, 236-38. <<

[97] A. F. Pollard, The Evolution of Parliament, 2.ª ed. (Londres, 1926), 169-171. <<

[98] Robert von Keller, Freiheitsgarantien für Person und Eigentum in Mittelalter (Heidelberg, 1933), 68. <<

[99] William H. Riker en Ellen Frankel Paul y Howard Dickman, eds., Liberty, Property, and the Future of Constitutional Government (Albany, N. Y., 1990), 51-52. <<

[100] I. K. Luppol, Deni Didro (Moscú, 1960), 107. <<

[101] Richard Wortman en Olga Crisp y Linda Edmondson, eds., Civil Rights in Imperial Russia (Oxford, 1989), 16. <<

[102] Plan gosudarstvennogo preobrazovaniia Grafa M. M. Speranskogo (Moscú, 1905), 305. <<

[103] S. S. Tatishchev, Imperator Aleksandr II: ego zhizn’i tsarstvovainie, I (San Petersburgo, 1903), 308. <<

[104] La siguiente información se basa en Latkin, Uchebnik, 212-32, y en Vladimirskii-Budanov, Obzor, 245-47. <<

[105] PSZ, vol. VI, n.º 3, 669, 29 de octubre de 1720, p. 252. <<

[106] PSZ, vol. XV, n.º 11, 166, 13 de diciembre de 1760, pp. 582-84, y n.º 11, 216, 15 de marzo de 1761, pp. 665-66. <<

[107] PSZ, vol. XVII, n.º 12, 311, 17 de enero de 1765, p. 10. <<

[108] Khromov, Ekonomicheskoe razvitie, 69-70. <<

[109] Geoffrey Hosking, Russia: People and Empire. 1552-1917 (Cambridge, Mass., 1997), 200. <<

[110] Victor Leontovitsch, Geschichte des Liberalismus in Russland (Francfort del Meno, 1957), 165. <<

[111] O. Iu. Iakhshiian en Mentalitet i agrarnoe razvitie Rossiii (XIX-XX vv.) (Moscow, 1966), 92. <<

[112] PSZ, vol. XXII., n.º 16, 188, 21 de abril de 1785, pp. 358-84. (En ésta, la primera edición del PSZ, a este edicto se le asignó por equivocación el número 16,187, el mismo que el de la Carta Noble). <<

[113] Klokman, Sotsial’no-ekonomicheskaia istoriia, 119. <<

[114] Joseph Bradley en Russian History, VI, parte I (1979), 22. <<

[115] Pipes, Russia Under the Old Regime, 212-15. <<

[116] G. R. Elton, The Tudor Revolution in Government (Cambridge, 1953), 415. <<

[117] Stanislaw Kutrzeba, Historia ustroju Polski v zaiysie, 3rd ed., I (Lwow. 1912), 204. <<

[118] PSZ, vol. XXIV. n.º 17, 906, 5 de abril de 1797, pp. 525-69. <<

[119] Latkin, Uchebnik, 204-5. <<

[120] N. M. Druzhinin, Gosudarstvennye krest’iane i reforma P. D. Kiseleva, II (Moscú, 1958), 76. <<

[121] Olga Crisp en Crisp y Edmondson, Civil Rights, 44. <<

[122] V. M. Kabuzan, Izmeneniia v razmeshchenii naseleniia v Rossii (Moscú, 1971), 12. <<

[123] Khromov, Ekonomjcheskoe razvjtie, 77-78. <<

[124] Olga Crisp en Crisp y Edmondson, Civil Rights, 37; A. A. Kizevetter, Istoricheskie ocherki (Moscú, 1912), 486. <<

[125] M. Polievktov, Nikolai I (Moscú 1918), 304. <<

[126] Kizevetter, Istoricheskie Ocherki, 481-83; Polievktov, Nikolai, 313. <<

[127] Kizevetter, Istoricheskie Ocherki, 480-2. <<

[128] P. P. Semenov Tian-Shanskii, Memuarv, III, Epokha osvobozhdeniia krest’ian (Petrogrado, 1915), 230-1. <<

[129] Teodor Shanin, The Awkward Class (Oxford, 1972), 30-1, 2200.; cf. Macfarlane, Origins, 19-20. <<

[130] I. F. Gindin, Russkje kommercheskie banki (Moscú, 1948), 63. <<

[131] Richard Pipes, The Russian Revolution (Nueva York, 1990), 78. <<

[132] Gosudarstvennaia Duma, Stenograficheskii Otchet (1906), I, i, p. 2. Sesión del 13 de mayo de 1906. <<

[133] Citado en Geoffrey A. Hosking, The Russian Constitutional Experiment (Cambridge, 1973), 61. <<

[1] Richard A. Epstein, Takings (Cambridge, Mass., 1985), X. <<

[2] Charles A. Reich en Yale Law Journal 75, n.º 8 (julio de 1966), 1269. <<

[3] La información sobre esto aparece en el libro del autor, Russian Revolution (Nueva York, 1990), capítulos 15 y 16, pp. 671-744, y Russia Under the Bolshevik Regime (Nueva York, 1994), capítulo 8, pp. 369-435. <<

[4] Sobre este asunto ver Vladimir Brovkin, Beyond the Front Lines of the Civil War (Princeton, 1994). <<

[5] Richard Pipes, ed., The Unknown Lenin (New Haven, Conn., 1996), 60-1. <<

[6] Los datos para 1938 de Strany mira: Ezhegodnyi Spravochnik (Moscú, 1946), 129. <<

[7] D. E. Unov en TagSovetskoe gosudarstvo i pravo VII (1981), 130. <<

[8] David Hume, “Of justice”, en The Philosophical Works, IV (Londres, 1882), 453. <<

[9] Leonid Luks, Entstehungder kommunistischen Faschismustheorje (Stuttgart, 1984). <<

[10] Pipes, Russian Revolution, 674-79. <<

[11] A. James Gregor, The Fascist Persuasion in Radical Politics (Princeton, 1974), 176-77. <<

[12] Opera Omnia di Benito Mussolini, XXVI (Florencia, 1958), 256; ver además Erwin von Beckerath, Wesen und Werden des faschistischen Staates (Berlín, 1927), 143-44. <<

[13] Karl Dietrich Bracher, Die deutsche Diktatur, 2.ª ed. (Frankfurt, 1979), 59. <<

[14] Ibíd., 156. <<

[15] Citado en F. A. Hayek, The Road to Serfdom (Londres, 1976), 22n. <<

[16] G. Feder (1923), citado en Axel Kuhn, Das faschistische Herrschaftssystem und die moderne Gesellschaft (Hamburgo, 1973), 80. <<

[17] Hermann Rauschning, Hitler Speaks (Londres, 1939), 48-50. <<

[18] H. A. Tumer,Jr., German Big Business andthe Rise of Hitler (Nueva York, 1985), 345. <<

[19] Walther Hofer, ed., Der Nationalsozialismus: Dokumente 1933-1945 (Fráncfort del Meno, 1957), 28-31. <<

[20] Bracher, Die deutsche Diktatur, 235, 394; Pipes, Russia Under the Bolshevik Regime, 275. <<

[21] Frieda Wunderlich en Social Research 12, n.º I (febrero de 1945), 68. <<

[22] Citado en David Schoenbaum, Hitler’s Social Revolution (Garden City, N. Y., 1967), 147. En el capítulo 4 de este libro se hace un recuento preciso de “The Third Reich and Business”. <<

[23] Edoard Calic, Ohne Maske (Fráncfort del Meno, 1968), 37. <<

[24] Schoenbaum, Hitler’s Social Revolution, 147. <<

[25] Sobre esto ver Avraham Barkai, From Boycott to Annihilation (Hanover, N. H., y Londres, 1989). <<

[26] Samuel Lurie, Private Investment in a Controlled Economy: Germany 1933-1939 (Nueva York, 1947), 47-73. <<

[27] Wolfram Fischer, Deutsche Wirtschaftspolitik, 1918-1945, 3.a ed. (Opladen, 1968), 77. <<

[28] Avraham Barkai, Nazi Economics (Oxford, 1990), 237. <<

[29] Lurie, Private Investment, 51. <<

[30] Ibíd., 200-1. <<

[31] Ibíd., 131-36. <<

[32] Barkai, Nazi Economics, 204. <<

[33] Ibíd., 230; Lurie, Private Investment, 54-56. <<

[34] Barkai, Nazi Economics, 229; Lurie, Private Investment, 56-8. <<

[35] Wunderlich en Social Research 12, n.º 1 (febrero de 1945), 60-76;J. E. Farquharson, The Plough and the Swastika (Londres, 1976). <<

[36] Barkai, Nazi Economics, 231. <<

[37] Schoenbaum, Hitler’s Social Revolution, 150, 114. Ver además Elie Halévy, Histoire du socialisme européen (París, 1948), 279-81. <<

[38] Morris Cohen in ComellLaw Quarterly 13, n.º I (diciembre de 1927), 29. <<

[39] P. S. Atiyah, The Rise and Fall of Freedom of Contract (Oxford, 1979), 239. <<

[40] George Jacob Holyoake en The Nineteenth Century, junio de 1879, 1115. Los puntos de vista sobre la propiedad en Inglaterra, siglos XVIII y XIX, los analiza Karl Polanyi en The Great Transformation (Nueva York, 1944), 86-129. <<

[41] The Writings and Speeches of Grover Cleveland (Nueva York, 1892), 450. <<

[42] Atiyah, Rise and Fall, 241-44. <<

[43] Ibíd., 91. <<

[44] Èlie Halévy, The Growth of Philosophical Radicalism (Boston, 1955), 35. <<

[45] Atiyah, Rise and Fall, 254-55. <<

[46] Los puntos de vista de Hayek, como los resumió Albert O. Hirschman en The Rhetoric of Reaction (Cambridge, Mass., 1991), 112. <<

[47] Marx, “Critique of the Gotha Programme” (1875) en Karl Marx y Frederick Engels, Selected Works in Two Volumes, II (Moscú, 1962), 24. <<

[48] Ver, por ejemplo, Kent Greenawalt, Discrimination and Reverse Discrimination (Nueva York, 1983), 34. <<

[49] C. Reinold Noyes enjournal of Legal and Political Sociology I, n.º 3-4 (abril de 1943), 91. <<

[50] Charles A. Reich en Yale Law Journal 73, n.º 5 (abril de 1964), 733. <<

[51] Citado en Vice President Al Gore, ed., Creating a Government Ihat WorksBetter and Costs Less (Nueva York, 1993), 32. <<

[52] New York Times, 11 de agosto de 1996, sección 4, pp. 1, 14. <<

[53] Mark L. Pollot, Grand Theft and Petit Larceny (San Francisco, 1993), XXVI. Cf. F. A. Hayek, The Constitution of Liberty (Chicago, 1960), 258. <<

[54] Dan Usher, The Economic Prerequisites to Democracy (Nueva York, 1981), 90. <<

[55] Francis S. Philbrick en University of Pennsylvania Law Review 86, n.º 7 (mayo de 1938), 692. <<

[56] Adolf A. Berle y Gardiner C. Means, The Modern Corporation and Prívate Property, rev. ed. (Nueva York, 1968), VII-VIII. <<

[57] Ibíd., VIII-X. <<

[58] Para un análisis crítico sobre el libro de Berle-Means, en el cincuenta aniversario de su publicación, ver Journal ofLaw and Economics 26, n.º 2 (junio de 1983). <<

[59] Ibíd., 390. <<

[60] Nathan Rosenberg y L. E. Birdzell, Jr., How the West Grew Rich (Nueva York, 1986), 205; Henri Lepage, Pourquoi la propriété (París, 1985), 143. <<

[61] Ver, por ejemplo, Thomas C. Grey in Nomos, n.º 22 (1980), 69-85. <<

[62] Economist, 11 de septiembre de 1993, 12. <<

[63] George J. Stigler y Claire Friedland en Journal of Law and Economics 26, n.º 2 (junio de 1983), 259. <<

[64] Uwe Schultz en Uwe Schultz, ed., Mit dem Zehntenfinges an (Munich, 1986), 7-8. <<

[65] Forrest McDonald, Novus Ordo Seclorum: The Intellectual Origins of the Constitution (Lawrence, Kans., 1985), 24-25. <<

[66] A. R. Myers, Parliaments and Estates in Europe to 1789 (Londres, 1975), 104. <<

[67] M. I. Finley, Economy and Society in Ancient Greece (Londres, 1981), 90, y Ihe Ancient Economy (Berkeley y Los Angeles, 1973), 95-96. <<

[68] Aristotle, Politics, 1313b. <<

[69] Dietwulf Baatz en Schultz, Mit dem Zehnten, 38-50. <<

[70] Noyes en Journal of Legal and Political Sociology, 74. <<

[71] Elsbet Orth en Schultz, ed., Mit dem Zehnten, 78. <<

[72] Henri Pirenne, Medieval Cides (Princeton, 1946), 40, 42. <<

[73] Arthur Tilley, ed., Modern France (Cambridge, 1922), 298, 303. <<

[74] Elie Halévy, A History of the English People in 1815 (Londres, 1924), 326-28. <<

[75] Edward C. Kirkland, A History of American Economic Life, 3rd ed. (Nueva York, 1951), 262-63. Al gobierno de los Estados Unidos se le autorizó la imposición de tributos, por primera vez, en 1787-88. <<

[76] Ibíd., 267. <<

[77] Constitución de los Estados Unidos, artículo I, sección 9, n.º 4. <<

[78] William J. Shultz en Encyclopedia of the Social Sciences, VIII (Nueva York, 1944), 43-44. <<

[79] Ibíd., 44. <<

[80] Noyes en Journal of Legal and Political Sociology, 92. <<

[81] Richard Hofstadter, America at 1750 (Nueva York, 1970), 131. <<

[82] James W. Ely, Jr., The Guardian of Every Other Right (Nueva York y Oxford, 1998), 16. <<

[83] James W. Ely, Jr., en James W. Ely, Jr., ed., Property Rights in American History (Nueva York y Londres, 1997), 67-84. <<

[84] William B. Scott, InPursuit of Happiness (Bloomington, Ind., 1977), 15-23. <<

[85] Ver Ely, Guardian of Every Other Right, 59-100. <<

[86] Ayn Rand, Capitalism: The Unknown Ideal (Nueva York, 1966), 290. <<

[87] Franklin D. Roosevelt, Nothing to Fear (Freeport, N. Y., 1946), 389. Ver Richard A. Epstein en Social Philosophy andpolicy 15, n.º 2 (verano de 1998), 412-36. <<

[88] Ely, Guardian of Every Other Right, 132-33. La cita dentro de la cita es de Leo Pfeffer, This Honorable Court (Boston, 1965), 322. <<

[89] Charles Murray, Losing Ground (Nueva York, 1984), 17. <<

[90] Robert E. Sherwood, Roosevelt and Hopkins (Nueva York, 1948), 231. <<

[91] Sir William H. Beveridge, The Pillars of Security and Other War-time Essays and Addresses (Nueva York, 1943), 49-50. <<

[92] Ibíd., 58. <<

[93] Ibíd., 58. <<

[94] Murray, Losing Ground, 23. <<

[95] Melanie Phillips en Frank Field, Stakeholder Welfare (Londres, 1996), 99. <<

[96] Michael Harrington, The Other America (Nueva York, 1962), 179. <<

[97] Garrett Hardin y John Baden, eds., Managing the Commons (San Francisco, 1977), X. Cf. Rand, Capitalism, 162. <<

[98] New York Times, 18 de noviembre de 1996, p. A3. <<

[99] Solomon Fabricant, The Trend of Government Activity in the United States Since 1900 (Nueva York, 1952), 3, 7. <<

[100] William Petersen en Commentary, enero de 1998, 3. <<

[101] Financial Times, 19 de junio de 1996, p. 2. <<

[102] Welt am Sonntag (Berlín), 15 de diciembre de 1996, p. 65. <<

[103] Statistical Abstract (1997), Tabla 506, p. 321. De esta cifra, 2.9 millones trabajaban para el gobierno federal. <<

[104] Scott, Pursuit of Happiness, 140. <<

[105] Ibíd., 140-1. <<

[106] Epstein, Takings, 76. <<

[107] Alfred Marcus en James Q. Wilson, ed., Politics of Regulation (Nueva York, 1980), 267-68. <<

[108] Nancie G. Marzulla en Bruce Yandle, ed., Land Rights (Lanham, Md., 1995), 17. Ver también Karol J. Ceplo en ibíd., 103-49, y Tom Bethell, The Noblest Triumph (Nueva York, 1998), 306. <<

[109] Epstein, Takings, 122. <<

[110] Ibíd., 123. <<

[111] Atiyah, Rise and Fall, 729. <<

[112] Richard Miniter en Policy Review, n.º 70 (otoño de 1994), 40; Tom Bethell en American Spectator, agosto de 1994, 16-17. <<

[113] Ceplo en Yandle, ed., LandRights, 103. <<

[114] Sobre esto ver William Perry Pendley, It Tabes a Hero (Bellevue, Wash., 1994), y Yandle, ed., Land Rights, passim. <<

[115] Sobre el caso Lucas verJames R. Rinehart y Jeffrey J. Pompe en Yandle, ed., Land Rights, 67-101. <<

[116] Erin O’Hara en Yandle, ed., Land Rights, 50-1. Cf. David L. Callies en David L. Callies, ed., Takings ([Chicago], 1996), 10-11. <<

[117] New York Times, 15 de mayo de 1995, p. 1. <<

[118] Evan McKenzie, Privatopia (New Haven y Londres, 1994), 11. <<

[119] Ibíd., 13-15. Ver también Mitchell Pacelle en Wall Street Joumal, 21 de septiembre de 1994, pp. A1 y A6. <<

[120] McKenzie, Privatopia, 25. <<

[121] El estudio más autorizado sobre este asunto poco conocido lo realizó Leonard W. Levy, A License to Steal (Chapel Hill, N. C., y Londres, 1996). Ver además HenryJ. Hyde, Forfeiting Our Property Rights (Washington, D. C., 1995). El autor, un congresista republicano, es el presidente del Comité de la Cámara de Justicia. <<

[122] William A. Robson, Civilisation and the Growth of Law (Nueva York, 1935), 84-87. <<

[123] Calero-Toledo v. Pearson Yacht Leasing Co, en Hyde, Forfeiting Our Property Rights, 71; Levy, A License to Steal, 82-85. <<

[124] Roger Pilon en Hyde, Forfeiting Our Property Rights, viii. <<

[125] New York Times, 5 de marzo de 1996, p. A21. <<

[126] Levy, License to Steal, 139. <<

[127] Hyde, Forfeiting Our Property Rights, 30. <<

[128] Levy, License, 144-60, enumera muchos ejemplos de este tipo de abusos y destaca el efecto corruptor que tienen sobre los funcionarios de seguridad de la nación. <<

[129] Reich en Yale Law Journal 73, n.º 5, 734-37. <<

[130] Murray, Losing Ground, 14. <<

[131] Usher, Economic Prerequisites, 122, 154. <<

[132] New York Times, 18 de noviembre de 1996, p. A3. <<

[133] Jim DuFresne, Alaska, 4.ª ed. (Hawthom, Australia, 1994), 29, 179. <<

[134] Usher, Economic Prerequisites, 155. <<

[135] Statistical Abstract (1997), tabla 518, p. 334, y tabla 520, p. 336. <<

[136] Robert H. Nelson, Public Lands and Prívate Rights (Lanham, Md., 1995), 340-5. <<

[137] Reich en Yale Law Journal73, n.º 5, 737. <<

[138] Atiyah, Rise and Fall, 580. <<

[139] Lepage, Pourquoi la proprieté, 113-14. <<

[140] F. S. Philbrick en University of Pennsylvania Law Review, 86, n.º 7 (mayo de 1938), 720. <<

[141] Willis J. Nordlund, The Quest for a Living Wagge (Westport, Conn., 1997), 21-22. <<

[142] Ibíd., 26. <<

[143] New York Times, 9 de julio de 1996, pp. D1 y D18; Alan Walters en Financial Times, 25 de abril de 1997, p. 14. <<

[144] Nordlund, Quest, 201-3. <<

[145] Walter Block y Edgar Olsen, eds., Rent Control: Myths and Realities (Vancouver, B. C., 1981), XIV. <<

[146] Boston Globe, 28 de abril de 1997, p. A4. <<

[147] Nathan Glazer, Affirmative Discrimination (Nueva York, 1975), 133. <<

[148] New York Times, 14 de mayo de 1997, p. A20; también 24 de septiembre de 1996, p. A16. <<

[149] Glazer, Affirmative Discrimination, 136. <<

[150] Sobre este tema ver Bob Zelnick, Backfire (Washington, D. C., 1996), 317-38. <<

[151] New York Times, 29 de septiembre de 1994, p. D2. <<

[152] Zelnick, Backfire, 320. <<

[153] Ibíd., 320. <<

[154] New York Times, 6 de mayo de 1997, pp. A1 y A27. <<

[155] Ibíd. <<

[156] Ibíd., 19 de febrero de 1998, p. A16. <<

[157] Hugh Davis Graham, The Civil Rights Era (Nueva York, 1990), 7. <<

[158] Glazer, Affirmative Discrimination, 77. <<

[159] Las itálicas son mías. <<

[160] Jeremy Rabkin en Wilson, ed., Politics of Regulation, 307. <<

[161] Graham, Civil Rights Era, 421. <<

[162] Steven M. Cahn, ed., Affirmative Action and the University (Filadelfia, 1993), 1. <<

[163] Zelnick, Backfire, 29. <<

[164] The Gallup Poll: Public Opinión, 1972-1977, II (Wilmington, Del., 1978), pp. 1057-59. <<

[165] Greenwalt, Discrimination, 92. <<

[166] Ibíd., 102, 104. <<

[167] Graham, Civil Rights Era, 244ff. <<

[168] Glazer, Affirmative Discrimination, 49. <<

[169] Graham, Civil Rights Era, 250. <<

[170] David G. Savage en Los Angeles Times, 22 de febrero de 1995, pp. A1 y A8. <<

[171] Murray, Losing Ground, 94; Graham, Civil Rights Era, 383-84. <<

[172] Zelnick, Backfire, 74. <<

[173] Graham, Civil Rights Era, 387. <<

[174] Glazer, Affirmative Discrimination, 52. <<

[175] New York Times, 30 de abril de 1997, pp. A1 y A20. <<

[176] Jeffrie G. Murphy en Steven M. Cahn, ed., Affirmative Action and the University (Filadelfia, 1993), 168. <<

[177] Stephen H. Balch y Peter N. Warren en Chronicle of Higher Education, 21 de junio de 1996, p. A44; también en National Association of Scholars, Newsletter: Update 7, n.º 3 (1996), 2-3. <<

[178] Richard A. Epstein, Forbidden Grounds (Cambridge. Mass., 1992), 3-4. <<

[179] Citado por Jonathan Rauch en New Republic, 23 de junio de 1997, 26. <<

[180] John D. Millett, Financing Higher Education in the United States (Nueva York, 1952), 38. <<

[181] George Roche, The Fall of the Ivory Tower (Washington, D. C., 1994), 30. <<

[182] Millet, Financing Higher Education, 38-39. <<

[183] Chester E. Finn, Jr., Scholars, Dollars, and Bureaucrats (Washington, D. C.,1978), 10. <<

[184] Roche, Fall, 50. <<

[185] El tema es tratado con profundidad, y se llega a conclusiones muy pesimistas, por Roche en su Fall of the Ivory Tower. Ver también Dinesh D’Souza, /Iliberal Education: The Politics of Race and Sex on the Campus (Nueva York, 1991). <<

[186] Finn, Scholars, 140. <<

[187] Ibíd., 14. <<

[188] Richard M. Freeland, Academia’s Golden Age (Nueva York y Oxford, 1992), 384. <<

[189] Philip G. Altbach y D. Bruce Johnstone, The Funding of Higher Education (Nueva York y London, 1993), 74. <<

[190] New York Times, 21 de agosto de 1996, p. B7. <<

[191] Ibíd., 3 de julio de 1996, p. A. 23. <<

[192] Ibíd., 6 de enero de 1972, p. A36. <<

[193] Ibíd., 16 de julio de 1997, p. A19; Boston Sunday Globe, 27 de julio de 1997, p. A8. <<

[194] Ralph A. Rossum, Reverse Discrimination (Nueva York, 1980), 1. <<

[195] Thomas Sowell, Civil Rights: Rhetoric or Reality? (Nueva York, 1984), 23. <<

[196] David W. Murray en Academic Questions 9, n.º 3 (verano de 1996), 10-17. <<

[197] New York Times, 14 de enero de 1998, p. C27. <<

[198] John H. Bunzell en Wall Street Journal, 1 de febrero de 1988, p. A26. <<

[199] Glazer, Affirmative Discrimination, 84; Graham, Civil Rights Era, 565. <<

[200] Glazer, Affirmative Discrimination, 109. <<

[201] Alan Lupo, Boston Sunday Globe, 10 de septiembre de 1995, “City Weekly”, pp. 2, 4; David Warsh en ibíd., 8 de septiembre de 1996, p. E1. <<

[202] Harvard University Gazette, 10 de abril de 1997, 1 y 4. <<

[203] Fareed Zakaria en Foreign Affairs, noviembre-diciembre de 1997, 22-43. <<

[204] Michael Tanner, The End of Welfare (Washington, D. C., 1996), 96. <<

[205] Ibíd., 70. <<

[1] Frankfirter Allgemeine Zeitung, 24 de diciembre de 1976. <<

[2] The Collected Works of Walter Bagehot, IV (Cambridge, Mass., 1968), 94. <<

[3] James Fitzjames Stephen, Liberty, Equality, Fratemity (Cambridge, 1967), 174-75. <<

[4] Douglass C. North y Robert Paul Thomas, The Rise of the Western World (Cambridge, 1973); David Landes, The Wealth and Poverty of Nations (Nueva York, 1998); Tom Bethell, The Noblest Triumph (Nueva York, 1998). <<

[5] Bryan T. Johnson, Kim R. Holmes y Melanie Kirkpatrick, eds., 1998 Index of Economic Freedom (Washington, D. C., 1998). <<

[6] Ver arriba, p. 357. <<

[7] F. A. Hayek, The Road to Serfdom (Londres, 1976), 90. <<

[8] Citado por Richard Miniter en Policy Review, n.º 70 (1994), 45-46. <<

[9] Roger E. Meiners en Bruce Yandle, ed., Land Rights: The 1990’s Property Rights Rebellion (Lanham, Md., 1995), 272. <<

[10] Jan Herin en Financial Times, 7 de febrero de 1997, p. 10. <<

[11] Roscoe Pound en Yole Law Journal 18, n.º 7 (1909), 467. <<

[12] Una opinión discrepante en 1927, citada en F. A. Hayek, The Constitution of Liberty (Chicago, 1960), 253. Las itálicas son mías. <<

[13] F. A. Hayek en Contemporary Review 153 (abril de 1938), 437-38. <<

[14] Alexis de Tocqueville, Democracy in America, 11 (Cambridge, 1862), 391 (libro cuarto, capítulo VI). <<

[15] Ibíd. <<

[16] Ibíd., 392-93. <<

[A] Etimológicamente, “propiedad” se deriva del latín proprius, que significa particular a, o apropiado a, una persona individual. De aquí, la jurisprudencia bizantina desarrolló el término proprietas o “pertenencia”.  << 

[B] Limito mi análisis a Occidente en parte porque la literatura complementaria existente se reduce casi exclusivamente a esta región del mundo, y en parte porque no me siento capaz de abordar otras civilizaciones. El asunto, sin embargo, ha sido tratado en China y por otras civilizaciones no europeas: ver Amold Künzli, Mein und Dein: Zur Idee der Eigentumsfeindschaft (Köln, 1986), 43-60. Su reflejo, principalmente en la mitología occidental clásica, pero también en la de Irán, Babilonia y la India es analizado por Bodo Gatz en Weltalter, goldene Zeit und sinnverwandte Vorstellungen (Hildesheim, 1967). Sobre la propiedad en el pensamiento legal islámico contemporáneo véase Sohrab Behdad en Review of Social Economy 47, N.º 2 (1989), 185-211. El tratado más claro sobre el comportamiento occidental es Private Property: The History of an Idea, de Richard Schlatter (New Brunswick, N. J., 1951). Resulta también instructivo The Socialist Tradition: From Moses to Lenin, de Alexander Gray (Londres etc., 1947), que estudia la actitud hacia la propiedad de escritores socialistas y de sus predecesores.  << 

[C] A. N. E.: Antes de Nuestra Era y N. E.: Nuestra Era.  << 

[D] Künzli, Mein und Dein, 134. Aunque el estoicismo ejerció una gran influencia en el cristianismo temprano, los filósofos estoicos pertenecían a las clases altas y, a diferencia de los primeros cristianos, no esperaban la llegada del Reino de Dios, sino que miraban hacia atrás, hacia la perdida Edad de Oro.  << 

[E] Utendi significaba el derecho al uso, y abutendi, al consumo, es decir, disponer según uno lo desee (más bien que “abusar” como ha sido, generalmente, mal traducido el vocablo). De acuerdo con estudios académicos modernos, esta famosa definición de propiedad no tiene su origen en Roma sino que se remonta al siglo XVI, aunque el concepto era familiar a los romanos de la antigüedad: Vittorio Scialoja, Teoría della proprietà nel diritto romano, I (Roma, 1928), 262. Se ha dicho que “ningún texto legal antiguo contiene una definición romana de propiedad”: Alan Rodger, Owners and Neigftbours in Roman Law (Oxford, 1972), I.  << 

[F] C. Reinold Noyes, The Institution of Property (Nueva York, 1936), 84. La ley romana, sin embargo, sí reconocía otras formas de propiedad, tales como possessio (tenencia precaria), y usufructus (tenencia de por vida), que luego se adoptó en la Europa feudal.  << 

[G] Schiatter, Private Property, 23. Un problema no resuelto era la esclavitud la cual, aunque era universal en el mundo antiguo, se consideraba por muchos como contraria a la naturaleza. James Bryce, Studies in History and jurisprudence, II (Nueva York, 1901), 583. Una manera de solucionar el problema fue sugerida por el jurista romano Ulpiano, quien relegó la esclavitud a ley civil, lo cual privaba a los esclavos de todos los derechos, a diferencia de la Ley Natural, bajo la cual todos los seres humanos eran iguales. John Hine Mundy en el libro de R. W. Davis, ed., The Origins of Modern Freedom in the West (Stanford, Calif., 1995), 120.  << 

[H] Ernst Troeltsch, The Social Teaching of the Christian Churches, I (Chicago y Londres, 1976), 61. Refiriéndose a Nietzsche, Havelock Ellis escribe: Jesús “nunca negó el mundo, el Estado, la cultura, el trabajo; sencillamente nunca conoció o se dio cuenta de su existencia. Las únicas realidades para él eran las realidades interiores, que eran tan vividas que hacen que la persona se sienta ‘en el Cielo’ y ‘eterna’; eso era la ‘salvación”’. Affirmations (Boston y Nueva York, 1915), 49.  << 

[I] “Las frecuentes exhortaciones de considerar la propiedad como algo sin valor, y todo lo que se mencionaba sobre la comunidad de las posesiones eran sólo un incentivo para acentuar el ejercicio de la caridad. En todas estas discusiones siempre se asumía la posesión de la propiedad privada.” Troeltsch, Social Teaching, 1, 115-16. Con relación a esto debe señalarse que el tan citado pasaje de las Epístolas de Pablo (1 Timoteo 6:10) sobre el dinero generalmente se cita incorrectamente: Pablo no dijo que el dinero es “la raíz de todo lo maligno” sino “el amor al dinero”, es decir, la avaricia. El pasaje fue muy utilizado en la antigüedad y se puede encontrar en Tucídides, Demócrito, Propercio, Plutarco y en otros autores clásicos. Ver C. Spicq, Saint Paul: Les épitres pastorales, 4th ed., I (París, 1969), 563-65.  << 

[J] Según Mateo 19:16-21, cuando alguien le preguntaba a Jesús cómo se podía alcanzar la vida eterna, Jesús le decía que obedeciera los Mandamientos, y añadía que si quería ser “perfecto” debía vender sus posesiones y entregar a los pobres el producto de dicha venta.  << 

[K] El Tora, sin embargo, sí tiene algunas disposiciones que limitan la excesiva acumulación de riqueza, especialmente la referida a la tierra. Teóricamente, toda la tierra pertenece al Señor y, por tanto, no se puede comprar a perpetuidad, sino por un período máximo de cuarenta y nueve años, al final de los cuales (durante el llamado Año del Jubileo) toda la tierra que el dueño original había vendido, presumiblemente por razones de una gran necesidad, debe regresar a él. (Levítico 25:10, 23-28). Este precepto, aparentemente, nunca fue cumplido. Max Weber, Gesammelte Au fsätzezur Religionssoziologie, III (Tübingen, 1921), 77.  << 

[L] “La lucha por obtener una jurisdicción superior, que se acompañaba por abundantes testimonios de autores clásicos creíbles a favor de los dos poderes respectivos que no reconocían una autoridad superior a ellos mismos, proporcionaba precisamente el terreno en el cual la Ley Natural podía ser utilizada con magnífico efecto dialéctico como un deus ex machina… Todos, incluso los partidarios más extremistas, admitieron que tanto el Papa como el Emperador respondían a la Ley Natural.” Essays in the Law (Londres, 1922), 45-46.  << 

[M] Gilbert Chinard, Lexotisme américain dans la littérature française au XVI siècle (París, 1911), xii-xv. Pero Cecil Jane (Select Documents Illustrating the Four Voyages of Columbus, I [Londres, 1930], lxxxix-xl) pone en duda la influencia de Ailly, ya que es imposible determinar cuándo fue escrito este trabajo: puede haber aparecido sólo después de que Colón había regresado de su primer viaje.  << 

[N] Un historiador de la literatura que ha estudiado cientos de descripciones de viajes a América, África, y algunas islas de las Indias orientales, publicadas en Francia antes de 1610, encontró que la desnudez era el tema que más se comentaba. Geoffroy Atkinson, Les nouveaux horizons de la Renaissnce française (París, 1935) 63-73.  << 

[Ñ] Howard Mumford Jones, O Strange New World (Nueva York, 1964), 14. Los contactos repetidos con los feroces caribes, que criaban a los niños cautivos para su consumo, como si fueran cerditos, no perturbaron este cuadro idílico; incluso el sabio Montaigne, en su ensayo “Los Caníbales”, los defendió, sin mucho entusiasmo, al decir que no eran peores que los europeos.  << 

[O] Se cree que este vocablo se utilizó por primera vez en el drama de Dryden, The Conquest of Granada (1670): “Soy tan libre como el hombre cuando fue creado por la Naturaleza,/Antes que se establecieran las bases para las leyes de la servidumbre/Cuando el salvaje noble corría libre por los bosques”, Karl-Heinz Kolh, Entzauberter Blick (Berlín, 1981), 34. Pero la idea, si no el vocablo, tenía antecedentes clásicos: el geógrafo griego Estrabón (c 63 a. C.-c 24 A. D.) describía a los escitios como bárbaros que devoraban la carne de los enemigos derrotados y, sin embargo, como no conocían la propiedad y poseían todas las cosas en común, incluyendo a las esposas y a los hijos, eran “los hombres más íntegros y los menos inclinados a hacer daño”. The Geography of Strabo, trad. H. L. Jones III (Cambridge, Mass., y Londres, 1961), libro VII, 3, 7-9, pp. 195-209.  << 

[P] Tomás Moro, debe señalarse, practicaba lo que predicaba, al usar un cilicio pegado a su piel y llevar un látigo para autoflagelarse.  << 

[Q] Cuatrocientos años después, repitiendo a Moro, Lenin prometió que una vez que el comunismo hubiera triunfado globalmente, el oro se utilizaría exclusivamente para la construcción de los baños en las calles de algunas de las ciudades más grandes en el mundo. V. I. Lenin, Polnoe sóbrame sochinenii, vol. 44 (Moscú, 1964), 225.  << 

[R] R. W. Chambers en Robert B. Adams, ed., Sir Thomas More, Utopia (Londres, 1935), Í25. Gray va más allá al decir que “no se ha descrito ninguna utopía en la que alguien, en su sano juicio, estuviera dispuesto a vivir, bajo ninguna condición”. Socialist Tradition, 62.  << 

[S] Nota del autor de la revisión: El texto es de difícil traducción por usar los términos “liberty” y “freedom” que tienen, en principio, una misma acepción en castellano, “libertad”. Sin embargo, se puede salvar la diferencia considerando que “liberty” (aquí traducido como “libertad”) hace referencia a la idea de libertad como concepto abstracto, mientras que “freedom” (aquí traducido como “libertades”) representa las derivaciones concretas de esa idea abstracta.  << 

[T] James Harrington, The Commonwealth of Oceana; and A System of Politics, ed. J. G. A. Pocock (Cambridge, 1992). Es una utopía inusual porque aprueba la propiedad privada.  << 

[U] Esta pugna no significa, sin embargo, que Harrington se “anticipó” a Marx, como lo han declarado algunos historiadores. Para Marx, la posesión de la propiedad (en los medios de producción) determinaba la naturaleza y las acciones del gobierno, el cual es un instrumento dócil de los dueños. Para Harrington, y después para Marx, la distribución de la propiedad determinaba la naturaleza del gobierno y sus políticas, pero el gobierno era una entidad autosuficiente. Para Marx, el Estado era un instrumento de los intereses privados; para Harrington, era su competidor.  << 

[V] John Adams elogió a Harrington por su descubrimiento del “equilibrio” político y lo comparó con William Harvey, el descubridor de la circulación de la sangre. The Works of John Adams, ed. Charles Francis Adams, IV (Boston, 1851), 428. “Harrington”, escribió, “ha demostrado que el poder siempre va detrás de la propiedad”. Ibíd., IX (Boston, 1854), 376.  << 

[V] Investigadores modernos ha demostrado que Two Treatisses fue redactado en 1979-80, es decir, una década antes de la Revolución Gloriosa. Peter Laslett en John Locke, Two Treatises of Government, ed. Peter Laslett (Cambridge, 1960), 35.  << 

[W] Este concepto se adoptó en la Quinta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, y le prohíbe al gobierno despojar a sus ciudadanos de “la vida, la libertad y la propiedad” sin el debido procedimiento.  << 

[X] Locke, Two Treatises, 305-6. Este argumento no fue original de Locke, ya que, medio siglo antes, lo había hecho el igualitarista Richard Overton. Schlatter, Property, 132 33. Y mucho antes, doscientos años antes, Pericles habló que todo ateniense era “en su propia persona […] autosuficiente” (ver abajo, p. 162). Ha sido utilizado recientemente por Robert Nozick en Anarchy, State and Utopia (Nueva York, 1974), 171ff.  << 

[Y] “Las doctrinas igualitarias se concentraron en Francia, sin que encontraran [un] eco significativo en la Inglaterra del siglo XVIII, ni en otro lugar del continente, en donde los ataques directos a la posesión privada de la propiedad eran, virtualmente, inexistentes antes de 1789”. Frank E. Manuel y Fritzie P. Manuel, Utopian Thought in the Western World (Cambridge, Mass., 1979), 357.  << 

[Z] Jean-Jacques Rousseau, Discours sur l’Inégalité (Indianápolis, 1992), 44. El Code de la Nature de Morelly (París, 1910), que salió el mismo año, hacía un reclamo parecido pero en un lenguaje menos florido, p. 34. El lector recordará que tanto Virgilio como Ovidio se referían a la Edad de Oro como la época en la que no existían límites a la propiedad.  << 

[AA] Dos siglos después, el historiador social inglés R. H. Tawney prácticamente repitió a Rousseau cuando aseveró: “El individuo no tiene ningún derecho […] todos los derechos son condicionales y derivados (…) provienen de la finalidad o del propósito de la sociedad en la que existen. Son condicionales o se utilizan para contribuir a alcanzar esa finalidad, no para frustrarla. Y esto en la práctica significa que, si la sociedad quiere ser saludable, los hombres no deben considerarse como los fideicomisarios, sino como los responsables de que se cumplan las funciones y como los instrumentos de un propósito social”. The Acquisitive Society (Nueva York, 1920), 51. Hitler compartía el mismo criterio sobre los derechos, incluido el de la propiedad; ver abajo, pp. 285-86.  << 

[BB] Malthus, para refutar a Godwin, publicó en 1798 The Essay on the Principie of Population, en el que argumenta la imposibilidad práctica del igualitarismo debido a la insuficiente cantidad de comida necesaria para alimentar a una población creciente.  << 

[CC] William Godwin, Political and Philosophical Writings, III (Londres, 1993), 465. Max Beer explica esta afirmación —que hubiera resultado, de lo contrario, incomprensible— diciendo que Godwin era, en el fondo de su alma, un predicador calvinista, que “sostenía que la visión histórica de la sociedad no era muy útil comparada con la visión filosófica, la cual consideraba de ‘un orden mayor y de una mayor importancia esencial’”. A History of British Socialism, 1 (Londres, 1919), 115. De hecho, Godwin se había formado para convertirse en pastor calvinista.  << 

[DD] E. J. Hobsbawn, un admirador de Marx y de Engels, está de acuerdo en que su conocimiento histórico “era pobre con relación a la prehistoria, a las sociedades primitivas comunales y a la América precolombina, y prácticamente nulo con relación a África. No era grande con relación al Medio Oriente antiguo o medieval, aunque notablemente mejor con relación a ciertas partes de Asia, la India, pero no sobre el Japón”. Introducción al libro de Marx, Pre-Capitalist Economic Formations (Londres, 1964), 26.  << 

[EE] Frederick Engels, Anti-Dürhing (Nueva York, 1939), 179-80, (parte II, sección 11). La división del trabajo como fuente de la propiedad privada ya se menciona en La Ideología Alemana, escrita en 1845-46 (pp. 52-53). En un ensayo anterior, Engels describió el comercio como una actividad en la que los participantes no son socios que buscan un beneficio en común sino enemigos naturales, porque cuando uno gana el otro pierde: “En una palabra, el comercio es una estafa legalizada”. Marx-Engeh Gesamtausgabe, parte 1, vol. 3 (Berlín, 1985), 473. Esta charlatanería tan pueril fue solemnemente reproducida por los comunistas en sus ediciones eruditas de los escritos de Marx y Engels.  << 

[FF] Shlomo Avineri, The Social and Political Thought of Kart Marx (Cambridge, 1968), 110. Algunos historiadores de la economía contemporáneos llegan a una conclusión diametralmente opuesta a la de Marx en el pasaje anterior; al referirse a la desastrosa experiencia de los países del bloque comunista, concluyen que “demasiada acumulación de capital, con poca producción de bienes de consumo, puede reducir la tasa de crecimiento económico”. Nathan Rosenberg y L. E. Birdzell, Jr., How the West Grew Rich (Nueva York, 1986), 168. Las cursivas son mías.  << 

[GG] John Stuart Mill, Principies of Political Economy (Londres, 1909), 235. En este punto, Thomas Jefferson se anticipó a Mili, pues al haber estado algún tiempo en Francia en vísperas de la Revolución Francesa, llegó a la conclusión de que era inmoral permitir que la tierra estuviera sin cultivar, aunque parece que no logró conciliar esta opinión con su compromiso con relación a la inviolabilidad de la propiedad. William B. Scott, In Pursuit of Happiness (Bloomington, lnd., 1977), 42-43.  << 

[HH] El lector recordará que la noción de una sociedad “bien ordenada” (o un Estado) se remonta a La República de Platón (ver más arriba, pp. 26-7).  << 

[II] John Rawls, A Theory of Justice (Cambridge, Mass., 1971), 101-2. Esta propuesta revive el argumento, olvidado durante mucho tiempo, de Campanella y Godwin, de que las dotes intelectuales de un individuo pertenecen, en general, a la sociedad.  << 

[JJ] Los dos bloques no estaban totalmente polarizados. Los países comunistas toleraban un pequeño sector privado en la agricultura (en Polonia era más grande que el sector estatal) y la llamada “economía secundaria”, un eufemismo para el mercado negro. Las democracias industriales, por su parte, mediante diferentes mecanismos, principalmente los impuestos, pero también mediante legislaciones antimonopolio y otros mecanismos de control, impidieron las disparidades extremas en la distribución de la riqueza así como el desarrollo desenfrenado de la empresa privada. Aun así, los dos bloques aplicaron principios fundamentalmente diferentes.  << 

[A] “Proxemics”, un término acuñado por Edward T. Hall, se refiere, entre otras cosas, a la distancia que los humanos —y, por extensión, los animales— mantienen en relación con otros individuos de la misma especie o de una especie distinta. Edward T. Hall, The Hidden Dimensión (Garden City, N. Y., 1966).  << 

[B] H. Eliot Howard, Territory in Bird Life (Londres, 1920), 4-5. Con posterioridad a este estudio, se ha descubierto que algunas especies de pájaros, principalmente las que no emigran, defienden su hábitat también en el invierno. Torsten Malmberg, Human Territoriality (La Haya etc., 1980), 33.  << 

[C] William James, The Principies of Psychology, 1 (Nueva York, 1890), capítulo X, 291, 293. Aunque generalmente se ignora, lo contrario también es cierto: la riqueza heredada, es decir, no ganada, causa inseguridad y culpa. El problema es evidentemente serio y muy extendido ya que ha provocado el nacimiento de la profesión de “consejeros y terapeutas de la riqueza”. Una lista de estos especialistas se puede encontrar en Barbara Blouin, ed., The Legacy of Inherited Wealth (Halifax, N. S., 1995), 179-80.  << 

[D] Bruno Bettelheim, The Children of the Dream (Londres, 1969), 261. Esta observación confirma el descubrimiento de Spiro, que los niños criados bajo esas circunstancias “en muy pocas ocasiones se involucran emocionalmente o logran relaciones de amistad íntimas”. Melford E. Spiro, Children of the Kibbutz (Cambridge, Mass., 1958), 424.  << 

[E] Entre los americanos adultos la “distancia personal” que separa la “distancia íntima” de la “distancia social” fluctúa, al parecer, entre dieciocho y treinta pulgadas. Hall, Hidden Dimensión, 112-14.  << 

[F] Lo que ayuda a explicar por qué el idioma ruso —el idioma de un pueblo que, a través de casi toda su historia, no conoció la propiedad privada de los medios de producción— no tiene una palabra para expresar “privacidad”.  << 

[G] Edward Westermarck, The Origin andDevelopment of Moral Ideas, 11 (Freeport, N. Y., 1971), 1, 20. En su libro Primitive Law (Londres etc., 1935) que analiza, no las sociedades tribales sino los códigos legales antiguos, A. S. Diamond afirma que “la ley primitiva no tenía el concepto de ‘propiedad’” (p. 261). No obstante, más adelante, enumera los castigos que la ley primitiva (en su definición) imponía por robar (pp. 299, 328-29).  << 

[H] Así, Carleton Coon, en su libro Hunting Peoples (Londres, 1972), se dedica a condenar al hombre moderno como el responsable del supuesto agotamiento del oxígeno en la tierra y a condenar su (supuestamente inútil) viaje a la Luna pero no dice nada sobre las demandas territoriales ni sobre las propiedades entre los cazadores primitivos, que es el tema de su libro. Resulta sorprendente leer una defensa del “comunismo primitivo” en un trabajo publicado recientemente, en 1990, por la Cambridge University Press: Richard B. Lee en Steadman Upham, ed., The Evolution f Political Systems (Cambridge, 1990), 225-46.  << 

[I] Ernest Beaglehole, Property: A Study in Social Psychology (Londres, 1931), 158-63. Este principio no existía sólo en la sociedades primitivas. En la Inglaterra del siglo XVII, una mujer casada era “para propósitos particulares considerada como una posesión de su marido” y, al menos, un escritor inglés de la época argumentó que la infidelidad de la esposa infringía los derechos de propiedad del marido. Howard Nenner en J. R. Jones, ed., Liberty Secured? Britain Before and After 1688 (Stanford, Calif., 1992), 95.  << 

[J] Esta era también la costumbre entre las primitivas tribus germánicas. C. Reinold Noyes, The Institution of Property (Nueva York, 1936), 65.  << 

[K] Robert H. Lowie en Yale Law Journal 37 (marzo de 1928), 551-63. “Ningún groenlandés o habitante de las Islas Andamán se atrevía a cantar la canción de otro sin su permiso.” Robert H. Lowie, An Introduction to Cultural Anthropology (Nueva York, 1940), 282.  << 

[L] Herskovitz, Economic Anthropology, 365; Armand Cuvillier, Manuel de sociologie, 11 (París, 1956), 505-6. Según M. I. Finley, Economy and Society in Ancient Greece (Londres, 1981), 71, esto también sucedía en la antigua Atenas, en donde existía la propiedad de la tierra pero se comerciaba poco con ella: la tierra no era una mercancía en el verdadero sentido de la palabra. El famoso caso de los indios que “vendieron” Manhattan a los holandeses por sesenta florines se basa en un mal entendido clásico. “Los pieles rojas no conocían el concepto de la propiedad individual o tribal de la tierra… ninguno vivía en Manhattan; ellos se limitaban a cazar y a pescar allí. Los indios pensaron que, cada cierto tiempo, tendrían que entregar porciones de la isla, a medida que los caras pálida la necesitaran. Nunca pensaron que serían expulsados definitivamente de allí.” Edward Robb Ellis, The Epic of New York City (Nueva York, 1966), 25-26. Aparte de las erróneas aseveraciones del autor en relación con que los indios no sabían nada de la propiedad de la tierra (porque si así hubiera sido el caso, no hubieran podido autorizar el acceso a los holandeses) la afirmación es básicamente correcta. “Los holandeses nunca alardearon de haber engañado a los algonquinos”, escribe otro historiador, “ellos simplemente buscaron una forma de relacionarse con los nativos y asegurar el derecho de vivir junto a ellos. Es más, los indios no abandonaron la isla: entraban libremente en las villas y no tenían la sensación de estar transfiriendo poderes”. Anka Muhlstein, Manhattan (París, 1986), 23-24. Acuerdos semejantes existían entre los esquimales de Canadá, que permitían que los extraños tuvieran acceso ocasional a sus tierras. Peter J. Usher en Terry L. Anderson, ed., Property Rights and Indican Economies (Lanham, Md., 1992), 47.  << 

[M] Un argumento frecuentemente utilizado en Occidente para justificar la expropiación de la tierra a los indios sostiene que los nativos, que eran cazadores nómadas, no habían hecho nada para mejorar la tierra y por tanto no tenían derechos sobre ella. Este planteamiento ya se escuchó en la América del Norte colonial. Ver Wilcomb E. Washburn en James Morton Smith, ed., Seventeenth Century America (Chapel Hill, N. C., 1959). En un caso de la Corte Suprema, en 1823, en relación con un pleito que las tribus indias presentaron contra los colonos, estos adujeron que los indios no habían mejorado la tierra y por eso no podían reclamar sus derechos de propiedad y, al estar moviéndose constantemente, dejaban “pocas huellas” que demostraran la validez de sus reclamos. Carol M. Rose en University of Chicago Law Review 52, N.º 1 (1985), 85-86.  << 

[N] Universidad de Pensilvania, University Bulletin, 15th Series, N.º 4, Pt. Ii, University Lectures (Filadelfia, 1915), 183. Sin embargo, una prueba como ésta no impidió que el profesor, ya fallecido, de Antropología Social de la Universidad de Cambridge insistiera en que “ninguna sociedad humana, antigua o moderna, primitiva o civilizada, ha desarrollado jamás costumbres que se asemejen de ninguna manera al estereotipo de ‘comportamiento territorial’”. Edmund Leach en New York Review of Books II, N.º 6 (10 de octubre de 1968), 26. Al no tener en cuenta los antecedentes de crueldad y de guerras incesantes entre las sociedades primitivas, Leach consideraba que la agresividad era condición exclusiva del “hombre industrial occidental que ha sido condicionado culturalmente a actuar con brutalidad en una sociedad despiadadamente competitiva”. Ibíd., 28. Un paliativo para afirmaciones tan necias es un estudio reciente hecho por Lawrence H. Keely, War Before Civilization (Nueva York, 1996) que demuestra la salvaje brutalidad de las guerras entre los pueblos primitivos, brutalidad que, tradicionalmente, los antropólogos han preferido ignorar. Sus víctimas sobrepasan en grandes cantidades las víctimas ocasionadas por la guerra moderna (p. IX): “la proporción de las bajas de guerra en las sociedades primitivas casi siempre es mayor que la proporción de muertes que ocurren en los Estados modernos más belicosos o que han sido desgastados por numerosas guerras” (88-89). Keely ataca el mito persistente de que los pueblos primitivos no tenían interés en el territorio: de hecho los conflictos armados entre ellos generalmente se producían por reclamaciones territoriales (108-9).  << 

[Ñ] Este hecho, conocido a partir de observaciones personales realizadas en Asia Menor, fue relatado con gran sorpresa hace un siglo por Hyde Clark en Journal f the Anthropological Institute of Great Britain and Ireland 19, N.º 2 (noviembre de 1890), 199-211. Cf. Melville J. Herskovits, Man and His Works (Nueva York, 1952), 283.  << 

[O] René F. Millon en American Anthropologist 57 (1955), 698-712. Resulta una prueba sorprendente de la universalidad del comportamiento humano que la ley medieval germana reconoce igualmente que “las construcciones, como los pantanos y los bosques, así como las plantas frutales, no necesitan pertenecer (Bestandteile) al suelo en el que se encuentran porque se erigen como objetos independientes que pueden tener su propia existencia legal”. Rudolf Hübner, Grundzüge des deutschen Privatrechts, 2da. ed. (Leipzig, 1913), 384.  << 

[P] Helmut Schoeck en Envy (Nueva York, 1970), 30-1, hace la interesante sugerencia de que la razón principal para compartir los animales cazados es la necesidad de propiciar el sentimiento de envidia, fuertemente desarrollado entre muchas tribus primitivas. Esta explicación es respaldada por un antropólogo que ha estudiado con profundidad una villa en México y ha encontrado que la envidia es un sentimiento muy extendido. En Italia y en la India se ha descubierto que es “un rasgo dominante en el carácter de la gente”. George M. Foster, Tzintzuntzan (Boston, 1967), 153.  << 

[Q] Demsetzen American Economic Review 57, N.º 2 (Mayo 1967), 354-56. Sobre esto, ver además a Garrett Hardin en Science 162 (13 de diciembre de 1968), 1, 243-48. Hardin reconoce la explicación que de esto ofrece William Forster Loyd, el autor de Two Lectures on the Checks to Population (1833). Ha sido cuestionado, sin embargo, basándose en que no distingue entre uso común y uso comunitario y por tanto no tiene en cuenta las limitaciones que la comunidad impone sobre la explotación individual de recursos comunes, como ocurre entre muchos pueblos primitivos. Peter J. Usher en Terry L. Anderson, ed., Property Rights and Indian Economies (Lanham, Md., 1992), 50-1.  << 

[R] Ralph Hamor, A True Discourse f the Present State of Virginia (Londres, 1615; repr. Richmond, Va., 1957), 17. La experiencia se reprodujo exactamente en el Plymouth contemporáneo: William B. Scott, In Pursuit of Happiness (Bloomington, Ind., 1977), 12.  << 

[S] “La motivación histórica predominante para el desarrollo de la agricultura fue el crecimiento de la población.” Mark N. Cohen en Steven Polgar, ed., Population, Ecology and Social Evolution (La Haya y París, 1975), 86. Cohen defiende esta afirmación con pruebas reunidas de la arqueología de la costa de Perú. Sobre este asunto, ver además, Ester Boserup, The Conditions of Agricultural Growth (Chicago, 1965).  << 

[T] Una excepción es la agricultura nómada, conocida como agricultura de “rozas y quema” (ver más abajo, pp. 215-6). En este caso, se reclamaba solamente el derecho a la cosecha y no a la tierra. Pero esta forma ineficaz de cultivo se practicaba sólo en las primeras etapas de la agricultura y desapareció con la escasez de la tierra provocada por el crecimiento de la población.  << 

[U] Jomo Kenyatta, Facing Mount Kenya (Londres, 1953), 21, 25. En el capítulo 2 el autor demuestra las complejas formas de propiedad que pueden existir en una sociedad así. Lo mismo ocurre con los maoris en Nueva Zelanda. Raymond Firth, Primitive Economics of the New Zealand Maori (Nueva York, 1929), 360-75. Uno de los factores que complican hallar las fuentes de la aparición de la propiedad en la agricultura se deriva del hecho de que bajo los métodos primitivos de cultivo, la tierra que se podía arar se deja sin cultivar por largos períodos, lo que hace confuso el principio de la propiedad: “Bajo el sistema de los bosques en barbecho, todos los miembros de la tribu que dominan un territorio dado tienen el derecho general a cultivar porciones de terreno dentro del territorio. Este derecho general nunca lo pierde ningún miembro de las familias de los cultivadores. En todos los sistemas de barbecho una familia conservará el derecho exclusivo a la parcela que ha limpiado y cultivado hasta que la cosecha haya sido recolectada pero parece que el tiempo de duración de este derecho exclusivo depende del patrón de utilización de la tierra que se aplique en ese territorio después de la cosecha. Generalmente, una familia puede retener su derecho a cultivar una parcela determinada durante el período de barbecho, a menos que se prolongue tanto que se lleguen a perder todos líos rastros de los cultivos anteriores. Pero si después del lapso de período normal de barbecho la familia no vuelve a cultivar la parcela dada, puede perder sus derechos a esta parcela en particular, mientras que, por supuesto, conserva el derecho general a limpiar un lote dentro de los límites del territorio tribal”. Ester Roserup, The Conditions of Agricultura! Growth (Chicago, 1973), 79-80. Este libro está basado en un extenso estudio sobre las sociedades africanas y asiáticas.  << 

[V] Hasta hace muy poco, al menos. La nueva disciplina, “Antropología Política”, que surgió en 1950, ha tratado de cubrir el vacío. Ver, por ejemplo, Morton H. Fried, 7he Evolution of Political Society (Nueva York, 1967) y a Georges Balandier, Political Anthropology (Londres, 1970). Desgraciadamente, al igual que en muchos otros trabajos sobre las “ciencias sociales” publicados en los últimos cincuenta años, más o menos, los autores de estas publicaciones utilizan un lenguaje ampuloso, [con) una metodología escolástica, y tienen la tendencia a ser muy prolijos en relación con la validez de palabras comunes, y a citarse unos a otros continuamente sin llegar a conclusiones claras.  << 

[W] Un recuento sobre varias teorías que tratan la aparición del Estado se puede encontrar en Elman R. Service, Origins of the State and Civilization (Nueva York, 1975). El autor no muestra preferencia por ninguna. Ver también a Henri J. Claessen y Peter Skalnik, eds., The Early State (La Haya, 1978), específicamente pp. 533-96.  << 

[X] Marx, que tuvo su seguidor un siglo después en Karl Wittfogel (Oriental Despotism [New Haven, Conn., 1957]), que habló ocasionalmente de un “modo de producción asiático”. Wittfogel desarrolló la noción de “despotismo oriental” al relacionarlo con la necesidad de regular grandes cantidades de agua (el Nilo, el Eufrates, etc.) con el propósito de irrigar las tierras y prevenir las inundaciones. Aunque esta explicación puede ser correcta, se ajusta sólo a ciertas regiones en ciertas épocas de la historia.  << 

[Y] La clásica explicación del régimen patrimonial fue, expuesta por Max Weber en su libro Grundriss der Sozialiikonomik: III Abt, Wirtschaft und Gesellschaft, 3ra. ed., 11 (Tübingen, 1947), 679-723. Weber incluyó en esta categoría al Imperio Inca y al Estado jesuita del Paraguay del siglo XVII. Se debe añadir a esta lista la Rusia moscovita.  << 

[Z] I. M. Diakonoff en Acta Antigua Academiae Scientiarum Hungaricae, XXII, Fase. 1-4 (1974), 51. Robert C. Ellickson y Charles Dia. Thorland presentan una opinión diferente sobre el asunto en The Chicago-Kent Law Review 71, N.⁰ 1 (1995), 321-411. Los autores afirman que “hace cuatro milenios, los pueblos de la antigüedad otorgaban los derechos a los terrenos en grupos, muy similar a nuestra propiedad absoluta y participaban en transacciones… que un abogado de bienes raíces hoy en día, reconocería rápidamente” (p. 410). Esta posición extrema no es ampliamente compartida.  << 

[AA] Existen indicios que refieren que el término griego para “hombres libres”, eleutheroi, tuvo originalmente un significado fiscal, que se aplicaba a las personas que estaban exentas de pagar tributos. Ellen M. Wood, Peasant-Citizen and Slave (Londres y Nueva York, 1988), 130.  << 

[BB] Un objeto es ‘nuestro’ si está en nuestras manos poder disponer de él o conservarlo. Cuando se dice ‘disponer de él’ se quiere implicar que se puede dar a otra persona o que se puede vender”. Aristóteles, Retórica, 1361a-21-23.  << 

[CC] Jeremy Bentham, Priciples of the Civil Code, en Works, 1 (Edimburgo, 1843), 309. Bentham utilizó este argumento para apoyar su opinión de que los derechos de propiedad se derivaban de la autoridad estatal y no de la Ley Natural, pero el principio que enunciaba es válido, a pesar del punto de vista que uno tenga sobre cómo se origina la propiedad. Heinrich Altrichter, Wandlungen des Eigentumsbe-grif und neuere Ausgestaltung des Eigentumsrechis (Marburg-Lahn, 1930), 16.  << 

[DD] Rostovtseff, A History of the Ancient World, 11 (Oxford, 1927), 47. Este es el punto de vista predominante. Moses Finley, sin embargo, lo cuestiona, al afirmar que no tenemos siquiera una idea aproximada de cómo se distribuía la tierra en Italia y en el resto del Imperio romano. M. I. Finley, ed., Studies in Roman Property (Cambridege, 1976), 3.  << 

[EE] “En el momento en que el ideal del feudalismo se logra perfectamente, todo lo que llamamos Derecho Público se engloba en el Derecho Privado: la jurisdicción es propiedad, el cargo es propiedad, la monarquía en sí misma es propiedad; la misma palabra dominium, unas veces se aplica como propiedad y otras como señoríoFrederick Pollock y Frederick William Maitland, The History of English Law, 2nd. ed., 1 (Cambridge, 1923), 230.  << 

[FF] También era desconocido en Japón, en donde se desarrolló un régimen que recordaba en algo el feudalismo europeo.  << 

[GG] F. W. Maitland, Domesday Book and Beyond (Cambridge, 1921), 154, n. I. Al citar este pasaje, J. C. Holt añade: “El propio lenguaje utilizado en el feudalismo, desde sus comienzos en la Inglaterra normanda, implicaba herencia. Un feudo que no se podía heredar era una contradicción en sí mismo”. En Past andPresent, N.⁰ 57 (1972), 7. Cf. Theodore F. T. Plucknett, A Concise History of the Common Law, Sth ed. (Boston, 1956), 524.  << 

[HH] Nathan Rosenberg y L. E. Birdzell, Jr., How the West Grew Rich (Nueva York, 1986), 50. Cf. Max Weber: “Nada que se pueda utilizar como dinero deja de tener las características de propiedad individual”. General Economic History (New Brunswick, N. J., 1981), 236.  << 

[II] La Carta Magna de 1215 se considera generalmente como la piedra angular de la libertad moderna, pero algunos investigadores contemporáneos la ven más bien como una réplica de los primeros derechos adquiridos por los habitantes urbanos. En realidad, la insistencia de los barones fue la razón por la que el rey reconoció en la Carta Magna las libertades de Londres y de otros pueblos del reino. El modelo urbano de libertades medievales también se puede apreciar en la Bula Dorada de Hungría (1222), en la cual el empobrecido rey se comprometía a convocar a la Dieta anualmente, a no encarcelar a los nobles arbitrariamente, a no gravar con impuestos a los vasallos laicos o clérigos y a respetar la propiedad de las explotaciones agrícolas. Robert von Keller, Freiheitsgarantien für Person und Eigentum mi Mittelalter (Heidelberg, 1933), 76-7, 82.  << 

[JJ] Ernst Pitz, Europáisches Stadtewesen und Bürgertum (Darmstadt, 1991), 392. Sin embargo, como señalaremos en el capítulo 4, la ciudad-Estado del norte de Rusia, Novgorod, durante la Edad Media y antes de ser conquistada por Moscú, a pesar de encontrarse en la periferia de Europa, se asemejaba mucho en su organización interna a los municipios o concejos de la Europa occidental.  << 

[KK] “No he podido, en el pasado”, escribe Jacob Viner, “después de algún esfuerzo, encontrar una sola afirmación sustancial en la que se defienda, antes de los años de la década de 1770, que era deseable el sufragio inmediato, universal o casi universal, del (hombre) adulto”. Canadian Journal of Economics and Political Science, 29, N.º 4 (1963), 549.  << 

[LL] M. I. Finley, lhe Ancient Economy (Berkely y Los Ángeles, 1973), 28. Los japoneses, cuando entraron en contacto por primera vez con la influencia occidental en el siglo XIX, tuvieron mucha dificultad para traducir la palabra “libertad”; finalmente la tradujeron como jiyu, que significa “vida licenciosa” (“/icentiousnesS”). Lo mismo sucedió en China y Corea. Orlando Patterson, Freedom (Nueva York, 1991), p. X. Los escritores musulmanes se enfrentaron con el mismo problema: “Los primeros ejemplos en tierras islámicas del uso del término libertad en un sentido político claramente definido llegan a través del Imperio otomano a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX y evidentemente se derivan de la influencia europea, en ocasiones a partir de traducciones directas de textos europeos. Las primeras referencias a la libertad que aparecen en obras de autores musulmanes son hostiles y la equiparan con el libertinaje, la vida licenciosa y la anarquía”. Bemard Lewis, Islam in History (Nueva York, 1973), 267-269.  << 

[A] Soy consciente de que ha estado de moda entre algunos historiadores ingleses, desde que apareció en 1931 el libro de H. Butterfield, The Whig Interpretation of History, descartar la teoría del progreso persistente del poder parlamentario y clasificarla como parcial y errónea. Este libro fue un ejemplo brillante de revisionismo académico, pero sus argumentos no son sólidos. Cuando lo releyó hace medio siglo, G. R. Elton lo encontró “peligrosamente flojo”: “realmente un ensayo, con poca substancia y, en particular, con imprecisiones históricas”. Studies in Tudor and Stuart Politics and Government, IV (Cambridge, 1992), 273. Aun aceptando que muchos de los historiadores tradicionales exageraron los datos, al describir la historia parlamentaria como si sólo tuviera que ver con las disputas por el poder con la Corona y al creer que todas las virtudes se concentran en el Parlamento. Sin embargo, un estudio no especializado sobre la evolución constitucional de Inglaterra, desde un punto de vista alejado, digamos, desde la perspectiva de Rusia, encuentra convincente esta interpretación tradicional. El problema con casi todas las “revisiones” de una teoría es que trata las desviaciones y las excepciones no como variaciones de los fenómenos sino como si fueran su esencia: de aquí que proporcionan, principalmente, advertencias, y no interpretaciones alternativas. J. P. Kenyon, que se adscribe a la escuela partidaria de la revisión de los hechos históricos, reconoce que la “interpretación liberal” no ha sido reemplazada por una alternativa “plausible”. Stuart England (Londres, 1978), 9. Lo mismo se aplica a la descripción revisionista de la Guerra Civil inglesa. Richard Cust y Ann Hughes, eds., Conflict in Early Stuart England (Londres y Nueva York, 1989), 11. La introducción de los editores al último trabajo proporciona una buena crítica del revisionismo histórico inglés.  << 

[B] Este principio se correspondía con las costumbres de las comunidades primitivas en otras partes del mundo, de las que un antropólogo dice que “el objetivo principal de una maquinaria gubernamental como ésa es, más bien, lograr obediencia en el sentido tradicional y no crear nuevos precedentes”. Robert H. Lowie, Primitive Society (Nueva York, 1920), 358-59.  << 

[C] Wita (plural witam) significa “sabio”; gemot significa “asamblea”.  << 

[D] F. W. Maitland, The Constitutional History of England (Cambridge, 1946), 55-56; J. E. A. Jolliffe, The Constitutional History of Medieval England, 4th ed. (Londres, 1961), 25-29; Helen Cam, England Befare Elizabeth (Nueva York, 1952), 48. El lector debe recordar que “germánico” no significa “alemán”. Es un término genérico que abarca los diferentes grupos étnicos que conquistaron el Imperio romano, y de quienes descendieron, además de los alemanes modernos, los ingleses, franceses, escandinavos, etcétera.  << 

[E] Jolliffe, Constitutional History, 23-24, 41-42. Herbert Butterfield en su Whig Interpretaron, 32, sin embargo, descarta esta idea como un “mito” inventado por el jurista inglés sir Edward Coke.  << 

[F] Keith Feiling, A History of England (Nueva York etc., 1950), 67-68. Esto fue una reproducción exacta del proceso que ocurrió en Esparta en el siglo VII a. C. Chester G. Starr, Individual and Community (Nueva York y Oxford, 1986), 55-56. Fue análogo a las reformas de Clístenes en Atenas (570-508 a. C.), que basaban las responsabilidades de la ciudadanía a partir de su residencia en una localidad más que en su afiliación a un clan.  << 

[G] H. P. R. Finberg, The Agrarian History of England and Wales, IV (Cambridge, 1967), 256. “Escheat” era el derecho que tenía el soberano, u otro señor feudal, sobre la tierra de los vasallos que morían sin haber hecho testamento o sin herederos legales, así como sobre las propiedades confiscadas a quienes habían incumplido sus obligaciones feudales, o había cometido una traición o un crimen grave. “Wardship” era el derecho real de administrar, como tutores, las tierras de los niños más pequeños de los arrendatarios reales.  << 

[H] Stephen Dowell, A History of Taxation and Taxes in England, 1 (Londres, 1888), 211. Las cursivas son mías. Sólo había dos excepciones a esta regla: los arrendatarios de las propiedades reales, a quienes, debido a su relación con el rey, que era el propietario de la tierra que utilizaban, se les podía aplicar el tallage o tributo feudal, o impuestos cuando el rey tuviera deudas; y los judíos, que “estaban sujetos a una extorsión indefinida a manos del rey porque sólo se les permitía estar aquí por su real voluntad”. Ibíd., 210-11.  << 

[I] Más tarde, el derecho legal de las inglesas a poseer propiedades pasó a sus maridos. No lo recobraron hasta 1881.  << 

[J] Donald R. Denman, Origins of Ownership (Londres, 1958), 150. Donald N. McCloskey, citado por T. Eggertsson en Economic Behavior and Institutions (Cambridge, 1990), 285-86n, dice que hay muchas pruebas que corroboran la existencia de un “mercado activo de la tierra entre los campesinos [medievales]”.  << 

[K] Nota del autor de la revisión: La institución británica a la que se refiere el autor del libro son las inns of the court, que actuaban, y lo hacen aún hoy en día, como un filtro para determinar quiénes pueden actuar ante un tribunal de justicia. En el sistema legal inglés, el hecho de tener un título universitario en Derecho no garantiza que se pueda ejercer como abogado ante un tribunal de justicia, esto es competencia de la Inn of the Court. Este hecho explica la afirmación de que eran abogados no profesionales, y debe entenderse en este contexto como abogados no titulados en Derecho, sino autorizados para actuar ante los tribunales por esta especie de Colegios de Abogados.  << 

[L] Tonnage era el derecho sobre el vino y poundagé el derecho sobre la lana.  << 

[M] Dowell, History of Taxation, 1, 195. No todo este dinero pasó al Tesoro, sin embargo, porque la Corona, al no tener un servicio adecuado para realizar este trabajo encargaba la recaudación de los derechos aduaneros a asociaciones de comerciantes, que se embolsaban una buena parte. Barry Coward, The Stuart Age, 2da. ed., (Londres y Nueva York, 1994), 109.  << 

[N] En 1624 la Cámara de los Comunes había eliminado este resquicio legal al declarar que los monopolios eran ilegales. La Corona le dio la vuelta a esta resolución vendiendo monopolios (pero rebautizados como “patentes”) a aquellas personas que inventaban nuevos y valiosos procesos de producción. Poco después, en 1648, Massachusetts concedía el monopolio a las innovaciones originales que fueran “rentables para el país”. James W. Ely, Jr., The Guardian of Every Other Right, 2da. ed. (Nueva York y Oxford, 1998), 19. Las patentes para la propiedad intelectual parece ser que se originaron en el siglo XV, en Venecia.  << 

[Ñ] The Tryal of John Hambden, Esq… in the Great Case of Ship-Money Between His Majesty K. Charles I. and That Gentleman (Londres, 1719), 31. St. John repitió las palabras que sir Herbert Crofts había pronunciado un cuarto de siglo antes: “Si el rey puede imponer por su Poder absoluto, nadie sabrá lo que tiene: porque dependerá de la Voluntad del Rey”. J. P. Sommerville, Politics and Idelogy in England, 1603-1640 (Londres y Nueva York, 1986), 154. Esto hace pensar en lo difundido que estaba ese criterio.  << 

[O] C. D. Chandaman, The English Public Revenue, 1660-1688 (Oxford, 1975), 263-64. El Parlamento, en 1610, había sido el primero en proponer que se pagara el rey una asignación, en lugar de que utilizase sus prerrogativas feudales, pero el intento no prosperó. Gordon Batho en Finberg, ed., Agrarian History, IV, 273.  << 

[P] Los parlamentarios plantearon esta demanda porque consideraban que la ley, una vez aprobada, se convertía en la “propiedad compartida de aquellos que la hicieron” y, por tanto, no podía revocarse ni alterarse a no ser con el consentimiento de todos los “dueños”. Howard Nenner en J. R. Jones, ed., Liberty Secured? Britain Before and After 1688 (Stanford, Calif., 1992 ), 93.  << 

[Q] Como veremos más abajo, este proceso no se dio en Polonia, (en) donde cada diputado de la Dieta representaba sólo a su región y estaba obligado a vetar las propuestas legislativas que violaban su mandato.  << 

[R] Algunos sostienen que el Parlamento más antiguo del mundo es el islandés Althing, formado alrededor del año 930. Sin embargo, como su nombre lo indica (thing o ding significa “asamblea”), era una asamblea popular y no un cuerpo representativo.  << 

[S] Roger Bigelow Merriman, The Rise of the Spanish Empire, IV (Nueva York, 1962), 301. Prescott lo veía como “uno de los medios de mayor éxito, entre los concebidos por un gobierno para obstaculizar la laboriosidad y la iniciativa de sus súbditos”. William H. Prescott, History of the Reign of Ferdinand and Isabella, the Catholic, III (Boston, 1838), 438n.  << 

[A] Para una ampliación del contexto histórico de este capítulo, el lector puede remitirse al libro Russia Under the Old Regime (Londres y Nueva York, 1974) del propio autor, del cual se ha extraído parte del material aquí presentado.  << 

[B] En teoría, algunos monarcas occidentales también disfrutaban de autoridad “patrimonial”. De este modo, Guillermo 1, al conquistar Inglaterra, reclamó todo aquel reino como su propiedad. Isabel de Castilla fue declarada, luego de su ascensión en 1474, reina propietaria —la dueña y soberana— de su reino. Y, como hemos visto, Luis XIV educó a su hijo y heredero, en pleno 1666, que el rey de Francia era absolute seigneur de la riqueza del país. Pero éstas eran fórmulas vacías, como lo demuestra el hecho de que en toda Europa los reyes recababan impuestos de sus súbditos mediante los Parlamentos, cosa que no hubieran tenido que hacer de haber sido realmente gobernantes patrimoniales.  << 

[C] Inicialmente, los rusos estaban confinados a la zona boscosa del norte o taiga porque las estepas de tierra negra del sur estaban controladas por tribus turcas de nómadas ganaderos que no toleraban granjeros en su territorio. Los rusos no se infiltraron y colonizaron esta área hasta mediados del siglo XVI, después de su conquista de los kanatos musulmanes de Kazán y Astraján.  << 

[D] John P. Powelson. The Story of Land (Cambridge. Mass., 1988), 308-9. Según el autor, una situación similar a la de Rusia prevaleció hasta el siglo XX en China, el Medio Oriente, el Sudeste Asiático, y la India. Ibíd., 309.  << 

[E] En la vecina Polonia, la primera dinastía real, los Piasts también tenían una visión patrimonial de su reino, el cual dividieron entre sus herederos hasta 1139, año en que se introdujo el principio de que el núcleo del Estado pasaba a manos del Gran Príncipe. Stanislaw Kurtzeba, Historia ustro ju Polski v zarysie, 1, 3ra ed. (Lwow, 1912), pp. 19-20. En Polonia el desarrollo de la propiedad sobre la tierra puso fin tempranamente a la idea de gobierno patrimonial.  << 

[F] B[oris] Chicherin, Opyty po istorü russhogo prava (Moscú, 1858), pp. 232-375. Aun antes Sergei Soloviev había aventurado la tesis de que el infantazgo era propiedad privada del príncipe: Oh otnoshenüak Novgoroda kvelikimknial’iam (Moscú, 1846), pp. 17-22. El historiador del Derecho M. F. Vladimirskii-Budanov (Obzor istorii russkogo prava. 4ta ed. [S. Petesburgo y Kiev, 1995], pp. 161-62), sin embargo, discrepa de este punto de vista.  << 

[G] Marc Szeftel, Russian Institutions and Culture up to Peter the Great (Londres, 1975), Part. IX, 624, atribuye el desarrollo de instituciones democráticas en Novgorod al contacto con las ciudades libres de la Liga Hanseática. Esta explicación, sin embargo, no resulta convincente, dado que el veche data de antes de las relaciones con las ciudades Hanseáticas y que, como veremos más adelante, Novgorod mantuvo aislados a los comerciantes germanos. Parece más bien que estas instituciones evolucionaron espontáneamente, como en el Occidente contemporáneo, derivadas de una cultura comercial urbana.  << 

[H] Patriarshaia ili Nikonovskaia Letopis’ en Polnoe Sóbrame Russkikh Letopisei, XII (S. Petesburgo, 1901). i8i. Cf. Pipes, Russia Under the Old Regime. 80-2. Gosudarstvo (var. gospadarstvo), que en la Rusia moderna significa “Estado”, se deriva de gosudar, o “amo” y “propietario.”  << 

[I] En contraste con esto, en Inglaterra medio siglo después, cuando Enrique VIII confiscó las propiedades de los monasterios, los derechos de propiedad sobre ellas les fueron concedidos por un acta del Parlamento. Más aun, la mayor parte de estas tierras fueron rápidamente vendidas o entregadas, como resultado de lo cual éstas pasaron de manos de la Corona a las de sus súbditos. En Rusia permanecieron formando parte de los dominios del zar.  << 

[J] Hay, sin embargo, evidencias de que esta práctica era mucho más vieja y de que ya desde comienzos del siglo XIII, los grandes príncipes de Moscú, aunque apoyando en teoría el principio de la libertad de los boyardos para irse a fin de atraer a su servicio a los boyardos de otros príncipes, en sus propios dominios confiscaban las votchiny de los nobles que se atrevían a abandonarlas. Nikolai Zagoskin, Ocherki organizatsii iproiskhozdeniia slushilogo sosloviia v do-Petrovski Rusi (Kazán, 1876), 69; M. Diakonov, Ocherki obschchest-vennogo igosudarstvennogo stroia drevneiRusi, 4.a ed. (San. Petersburgo, 1912), 249-50. Esto sentó un precedente para las políticas que más tarde implementaron como gobernantes de toda Rusia.  << 

[K] En la Inglaterra feudal, en contraste, el servicio al rey se limitaba cuarenta días al año. Stephen Dowell, A History of Taxation and laxes in England, 2.ª ed., I (Londres, i888), 20.  << 

[L] En un audaz artículo revisionista, el estudioso norteamericano George G. Weickhardt cuestiona esta tesis, la cual respaldan prácticamente todos los historiadores rusos, arguyendo que en la Rusia moscovita “se desarrolló gradualmente un concepto de propiedad privada de la tierra que más o menos se aproximaba al de ‘dominio absoluto’ en Inglaterra”, Slavic Review 52, N.º 4 (1993), 665. (En la legislación inglesa, “dominio absoluto” se refiere a haciendas que eran de la absoluta propiedad de sus dueños, sin restricciones sobre el derecho de dejación o donación por transferencia del título.) Este argumento presenta dos problemas. Uno es que el autor deliberadamente se limita a los “principios proclamados legalmente” en lugar de a la “práctica” (666). En segundo lugar, al concentrarse en las leyes concernientes a la herencia y a la transferencia de propiedades, no sólo está ignorando el hecho de que éstas requerían la aprobación del Estado (véase arriba, p. 235), sino también y principalmente que el Estado podía, y de hecho lo hizo, confiscar las propiedades privadas por motivos propios (sobre todo el incumplimiento de las obligaciones para con él) o sin motivo alguno. Su analogía con las prácticas occidentales bajo el absolutismo no es válida, pues como él mismo admite, los regímenes absolutistas de Francia, Prusia, Suecia y España obtenían los servicios de los nobles “pero no mediante el uso de la compulsión” (678). La “compulsión”, por supuesto, marcaba la diferencia. Véase mi respuesta en la Slavic Review 53, N.º 2 (1994), 524-30.8  << 

[M] Sobre este tema, véase mi libro Russia Under the Old Regime, pp. 144-57. La servidumbre rusa se asemejaba mucho al villanaje, el cual desapareció en Inglaterra en la baja Edad Media justo en el momento en que hacía su aparición en Rusia. J. H. Baker en R. W. Davis, ed., The Origins of Modern Freedam in the West (Stanford, Calif., 1995), pp. 184-91.  << 

[N] PSZ, vol. VIII, N.º 5653, 9 de diciembre de 1730, pp. 345-47. Este «¿restablecía que la ley de 1714 era no sólo injusta sino impracticable, porque algunos dvoriane vendían sus haciendas con el fin de lograr una igualdad entre todos sus hijos, lo cual era posible pues el dinero y otros bienes escapaban a las previsiones de la ley de 1714. La práctica sugiere que la realidad difería de la teoría, esto es, que era posible circunvenir las prohibiciones sobre la venta de bienes raíces incluso a principios del siglo XVIII.  << 

[Ñ] V. Iakushkin, Ocherki po istorii russkoi pozemel’noi politiki v XVIII i XIX v., I (Moscú, 1890), p. 5; Indova in Pavlenko, ed., Dvorianstvo, 279-80. Un “alma” era un varón plebeyo mayor de edad sujeto al “impuestopor alma” o por capitación.  << 

[O] PSZ, vol. IV, N.º 1950, 19 de noviembre de 1703, p. 228. V. Iakushkin, Ocherkipo istorii russkoi pozemel'noipolitiki v XVIII i XIX v., I (Moscú, 1890), pp. 16-37. Esta ordenanza, revocada por Catalina 11 en 1782 (véase abajo, p. 250), emulaba una ley de la reina Isabel de Inglaterra de 1559 que prohibía, exceptuando a la industria del hierro, el uso del roble y otros árboles maderables que crecieran a menos de catorce millas de un río navegable. James A. Williamson, The Tudor Age (Londres y Nueva York, 1979), p. 274.  << 

[P] Iakushkin, Ocherki., I, pp. 38-44. En la ley inglesa regía el principio de que “la posesión de la tierra se extiende hacia arriba hasta el infinito y hacia abajo hasta el centro de la tierra”. F. H. Lawson y Bemard Rudden, The Law Property, 2.ª ed. (Oxford, 1982). p. 21. Pero no fue hasta 1688-89 que Inglaterra reconoció como propiedad del terrateniente los minerales, excepto el oro y la plata, que se encontrasen en sus tierras. P. S. Atiyah, The Rise and Fall of the Contract of Freedom (Oxford, 1979). p. 87.  << 

[Q] La última cláusula obedecía a la antigua tradición que establecía el derecho de los parientes del propietario de votchiny hereditarias de volver a comprar en un lapso de cuarenta años las propiedades vendidas a personas extrañas. Las restricciones mencionadas en el artículo 22 no quedaron definidas legalmente hasta 1823. V. N. Latkin, Uchebnik istorii russkogo prava perioda imperii, 2da ed. (S. Petesburgo, 1909), pp. 538-39. Las complicadas reglas concernientes a los derechos de dejación testamentaria de las tierras heredadas (o patrimoniales) en los siglos XVIII y XIX y los intentos de los juristas rusos de revisarlos a favor de la plena propiedad individual fueron tratados por William G. Wagner, Marriage, Property, and Law in Late Imperial Russia (Oxford, 1994), pp. 227-377.  << 

[R] Y aun así, el respeto por la ley se desarrolló tan débilmente en Rusia que durante el reinado del nieto de Catalina, Alejandro 1, cuando el gobierno se adueñó de grandes terrenos para asentar en ellos a colonos militares —soldados del servicio activo quienes en tiempos de paz se autoabastecían mediante la agricultura— los terratenientes que tenían propiedades en estas áreas fueron desalojados sumariamente y se les dio tierras en otras partes. Richard Pipes, Russia Observed (Boulder, Colo., 1989), p. 88.  << 

[S] El hijo y sucesor de Catalina, Pablo I, suspendió durante su reinado esta prescripción de la carta, sujetando a castigo corporal a los nobles convictos de algún delito. Se los despojaba de su condición de nobles, lo cual los eximía automáticamente de los privilegios contenidos en la Carta Noble.  << 

[T] Comentando la Instrucción en que Catalina habló de la conveniencia de que los campesinos poseyesen la tierra que cultivaban (artículo 295), el príncipe M. M. Shcherbatov, líder de la nobleza conservadora, escribió: “Aunque los campesinos rusos son esclavos de sus señores, aunque la tierra que cultivan pertenece a sus terratenientes, quienes asimismo tienen derecho sobre sus pertenencias personales, nadie que cuide de sus propios intereses quitaría a los campesinos las tierras o las propiedades personales, y hasta el día de hoy los campesinos no creen que estos [objetos] no sean de su propiedad. La afirmación [ vterzhenie] de tales ideas ha sido la causa de diversas rebeliones, incluyendo la presente de Pugachev, y de la muerte de muchos terratenientes a manos de sus campesinos”. M. M. Shcherbatov, Neizdannye proizvedenia (Moscú, 1935), pp. 55-56.  << 

[U] Una notable excepción fue el liberal Boris Chicherin: véase su Sobstvennost i gosudarstvo, 2 vols. (Moscú, 1882-83). Pero Chicherin, un hombre de una vasta cultura, y dado a escribir en un estilo ampuloso, tuvo poca influencia en la opinión pública, en gran medida probablemente a causa de su impopular posición. Sobre la actitud de los pensadores rusos hacia la propiedad, véase Russkaia filosofía sobstvennosti XVIII-XX vv., eds., de K. Isupov e l. Savkin (S. Petesburgo, 1993).  << 

[V] Peter [sic] Miljukoff en Vierteljahreschift für Sozial-und Wirtschftsgesschichte XIV, n.º 1 (1916), p. 135. Como dijera Max Weber, “[H]asta la abolición de la servidumbre, un ciudad como Moscú parecía una gran ciudad del Oriente, de aproximadamente la época de Diocleciano: en ella se gastaban las rentas de los dueños de tierras, de los siervos y los ingresos de los empleos”. Grundriss der Soziaokonomik: III. Wirtschafi und Gesellschaft 3.ª ed., vol. 2 (Tübingen, 1947), p. 585.  << 

[W] Sbornik Imperatorskogo Russkogo Istoricheskogo Obshchestva, LXXVI (1891), p. 199. En noviembre de 1827, una comisión designada por Nicolás I discutió un proyecto que promovía la liberación de los siervos también sin las tierras. Ibíd., pp. 198-201.  << 

[X] Véanse los comentarios acerca de los esquimales de Canadá, en el capítulo dos, pp. 117-8.  << 

[Y] Pudiera parecer contradictorio que el campesino comprase tierras privadas y, al mismo tiempo, negase que las tierras pudieran ser propiedad privada. Esta contradicción puede resolverse aclarando que el campesino reconocía la propiedad sobre la tierra que tenía quien la cultivaba. No la reconocía como un derecho abstracto que permitiese al dueño hacer lo que quisiese con su propiedad.  << 

[A] Charles A. Reich en el Yale Law Journal 73, n.º 5 (1964), pp. 785-87; C. B. Macpherson en Dissent, n.º 24 (invierno de 1977), pp. 72-77. Sin lugar a dudas, el Tribunal Supremo en el caso Golberg vs. Kelly decretó que el bienestar social era un “derecho” y como tal no podía privarse de él a su beneficiario sin el debido proceso judicial. Michael Turner, The End of Welfare (Washington, D. C., 1996), p. 54.  << 

[B] Como veremos, una proporción similar de ciudadanos estadounidenses con características similares depende casi por completo o en gran medida de las donaciones del gobierno dispensadas a través de programas de bienestar social. La Rusia del presente carece de los medios para proporcionar tales servicios.  << 

[C] Johannes Garge en Der deutsche Volkswirt 10 (20 de diciembre de 1935), 537. Citado en Prívate Investment in a Controlled Economy: Germany. 1933-1939 de Samuel Lurie (Nueva York, 1947), 5n. Las itálicas son mías. “Economía del poder” probablemente es una torpe traducción del término Machtwirtschaft que es intraducible porque no tiene sentido.  << 

[D] Avraham Barkai, Nazi Economics (New Haven y Londres, 1990), 37. Un teórico legal del nacional socialismo aportó el siguiente comentario discrepante sobre esta política: “La propiedad es otro principio esencial del régimen nacional (volkische). Para la doctrina de los marxistas y los bolcheviques la propiedad era un robo, razón por la cual debía ser eliminada mediante ‘el traspaso de los medios de producción a la sociedad’. El socialismo alemán, base de la nueva Constitución, en contraste con la teoría marxista-bolchevique, reconoce la propiedad privada como un componente necesario de la organización nacional de la comunidad. Pero rechaza con la misma fuerza el corrupto concepto liberal de propiedad privada. Para el socialismo alemán [ … ] toda propiedad es propiedad común (Gemeingut)". Emst Huber, Verfassungrecht des Grossdeutschen Reiches, 2.ª ed. (Hamburgo, 1939), 372-73.  << 

[E] Nota del autor6 de la revisión: La palabra junkers se refiere a los propietarios de estos latifundios.  << 

[F] Se estima que en la víspera de la Segunda Guerra Mundial, en 1938-39, los gastos militares de Alemania absorbían el 61 por ciento de los expendios del gobierno y el i9,7 por ciento del producto interno bruto. Wolfram Fischer, Deutsch Wirtschaftpolitik. 1918-1945, 3ra ed. (Opladen, 1968), 68. Este porcentaje es casi tan alto como el de la Unión Soviética en el momento de su caída en 1991.  << 

[G] R. J. Overy, War and Economy in the Third Reich (Oxford, 1994), 99 y passim. La Reichswerke de Hermann Goring, originalmente un consorcio de hierro y acero, se convirtió con el tiempo en la mayor empresa económica de Europa, llegó a trabajar el hierro, el acero, el carbón y la extracción de hulla, así como la construcción y el embarco de maquinarias. Era una excepción a la política de controlar en vez de sustituir los negocios privados.  << 

[H] Durante la campaña presidencial de 1932, Roosevelt, en un flagrante non sequitur afirmó: “Cada hombre tiene derecho a la vida y esto quiere decir que tiene asimismo derecho a procurarse una vida cómoda”. Carl N. Degler, Out of Our Past (Nueva York, 1959), 413.  << 

[I] Clint Bollick, The Affirmative Action Fraud (Washington, D. C., 1996), 43-45. Considera que el origen de esta idea en los Estados Unidos se encuentra en los escritos de Michael Harrington (The Other America [Nueva York, 1962]) y de Christopher Jencks (Inequality [Nueva York y Londres, 1972]). Pero, por supuesto, tiene sus raíces en la ideología del socialismo.  << 

[L] Hugh Davis Graham, The Civil Rights Era (Nueva York, 1990), 174. Las itálicas son mías. El discurso, sugerido por Bill Moyers, fue escrito por Daniel Patrick Moynihan y Richard Goodwin. Ibíd. Esta noción se hallaba implícita ya en algunos discursos del presidente Roosevelt. Richard A. Epstein en Social Philosophy and Policy 15. n.º 2 (verano de 1998), 420.  << 

[K] Charles K. Rowley, Introducción a Charles K. Rowley, ed., Property Rights and the Limits of Democracy (Aldershot, Inglaterra, y Brookfield, Vt., 1993), 20. Hayek se cuestionó la ética de un sistema “en el cual no es la mayoría de los que entregan la que determina lo que se debe dar a la minoría de los infortunados, sino que existe una mayoría de los que reciben que es la que determina lo que deben quitarle a la minoría acaudalada”. F. A. Hayek, The Comtitution of Liberty (Chicago, 1960), 289.  << 

[L] Cuando no se especifique otra cosa, en el caso de los Estados Unidos se entiende por “gobierno” el gobierno federal así como los gobiernos estatales y locales.  << 

[M] En un ensayo publicado en Francia en vísperas de la Segunda Guerra Mundial, Lhomme et la proprété (París, 1939), Berle argumentó a favor de un sistema muy parecido al “Estado corporativo” de Mussolini, promoviendo que la sociedad estuviese “organizada en torno de una idea central”, que esta idea fuese la productividad, involucrando a todo ciudadano hábil “cuya sumisión a los deberes sociales debía ser una reafirmación de su libertad, y no un signo de servidumbre” (56). Es sorprendente lo rápido que adoptaron los liberales desmoralizados de la década de 1930 las ideas e incluso el lenguaje del fascismo y del comunismo.  << 

[N] Los impuestos “directos” recaen sobre las personas; los “indirectos” recaen sobre las cosas, los servicios y las transacciones. De este modo, el impuesto sobre la renta es un impuesto directo, mientras que los impuestos sobre bienes raíces, los derechos de aduana y las recaudaciones por consumo son impuestos indirectos.  << 

[Ñ] Véase, por ejemplo, los comentarios críticos del historiador del siglo XVIFranceso Guicciardini sobre el uso del impuesto progresivo por los Médicis en Florencia. Hayek, Constitution of Liberty, 515-16.  << 

[O] Se dice que los Estados Unidos son el único país que aplica impuestos a sus ciudadanos que residen en el exterior, donde no disfrutan de los beneficios que sus impuestos en teoría financian. Según una reciente legislación, un ciudadano estadounidense que renuncie a su ciudadanía deberá pagar un impuesto federal sobre ingresos durante diez años a partir de su renuncia.  << 

[P] Esta era la creencia general entre los estadounidenses de la época colonial. La consigna: “Ninguna tributación sin representación” no significaba que los estadounidenses estarían felices de pagar sus impuestos en tanto se les diese voz en la política, sino que “los impuestos aplicados sin consentimiento eran una forma de confiscación que destruía los derechos de la posesión de propiedades”. James W. Ely, Jr., The Guardian of Every Other Right, 2.ª ed. (Nueva York y Oxford, 1998), 27.  << 

[Q] Sin embargo, se ha sugerido, dado que el aumento de los tipos impositivos sobre la renta ocasionan, o bien un pequeño incremento de los ingresos públicos, o bien ninguno en absoluto, y a veces incluso causan una evidente disminución de los mismos, lo que hace pensar que el aumento en la progresividad está dictado, no tanto por consideraciones de orden económico y social, sino por el resentimiento social. Helmut Schoeck, Envy (Nueva York, 1966), 325-26. Hayek concuerda con esta afirmación, Constitution of Liberty, 311-12.  << 

[R] Günter Schmolders en Uwe Schultz, ed., Mit dem Zehnten fing es an (Munich, 1986), 245. El autor quiere decir que, como resultado de la inflación, las personas que están en el escalón inferior de la tarifa pasan a uno superior sin un correspondiente aumento de sus ingresos reales.  << 

[S] Richard Epstein, Takings (Cambridge, Mass., 1985), 100. Se dice que este argumento, así como el resto de las críticas que hizo Epstein al Estado de bienestar social, alcanzaron muy poca aceptación en el medio académico, principalmente porque apuntaban a una conclusión que era inaceptable para la izquierda política”. Calvin R. Massey en Harvard Journal of Law and Public Policy 20, N.º 1 (1996), 85-86. Massey opina que la tributación en general es legítima, pero no la “tributación progresiva”, la cual “oprime a la minoría para el beneficio de la mayoría”, violando de este modo la cláusula de “ingresos” de la Quinta Enmienda, la cual exige que “las obligaciones públicas deben ser compartidas por todo el Estado en lugar de recaer sobre una minoría selecta”. Ibíd., 88.  << 

[T] P. J. Marshall en John Brewer y Susan Staves, eds., Early Modern Conceptions of Property (Londres y Nueva York, 1995), 533. Teniendo en cuenta la importancia capital atribuida a la propiedad privada en la Norteamérica colonial, muchos estudiosos se han preguntado por qué ni la Constitución de los Estados Unidos ni la Declaración de Derechos afirman inequívocamente la inviolabilidad de la propiedad. Una posible explicación de esta omisión es que en aquel tiempo, el término “felicidad” implicaba “propiedad”: “[L]a adquisición de propiedad y la búsqueda de la felicidad estaban tan estrechamente vinculadas en la mente de la generación de los fundadores que solamente nombrar una de las dos las evocaba a ambas”. Willi Paul Adams, The First American Constitutions (Chapel Hill, N. C., 1980), 193. La Constitución de New Hampshire de 1784 hizo explícita esta vinculación: “Todos los hombres tienen ciertos derechos naturales, esenciales e inherentes que son el disfrute y la defensa de la vida y la libertad, la adquisición, protección y defensa de la propiedad, y en una palabra, la búsqueda y la obtención de la felicidad”. Citado en James W. Ely Jr., The Guardian of Every Other Right, 2.ª ed. (Nueva York y Oxford, 1998), 30.  << 

[U] John Hospers retrata de la siguiente manera este proceso de nivelación social: “[E]l Estado sabe bien que la gente desea beneficios, especialmente beneficios económicos. Y el Estado se esfuerza por proporcionárselos para, si no hubiera otra razón, mantenerlos tranquilos, y en el caso de una democracia, para ganar sus votos. Pero esto presenta un problema, pues el Estado no posee recursos propios con los cuales conferir estos beneficios. Sólo puede darle a una persona arrebatándole antes a otra; si una persona consigue algo por nada, otra debe conseguir nada por algo. Pero la atención del ciudadano-votante está tan centrada en el atractivo de las cosas prometidas que se olvida de que el político que hace las promesas no posee ninguna de estas cosas para darlas —y que tampoco las tendrá cuando ocupe su cargo—; tendrá que apoderarse de las ganancias de un grupo de especial interés y distribuir esas ganancias entre otro grupo (quedándose el gobierno, por supuesto, el 40 por ciento por concepto de honorarios de administración)”. “The Nature of the State” en The Personalist 59, n.º 4 (octubre de 1978), 399.  << 

[V] Sir William H. Beveridge, The Pillars of Security and Other War-time Essays and Addresses (Nueva York, 1943), 49, 91-92. Se anticiparon en el programa de 1920 del Partido Nazi; véase arriba, pp. 285.  << 

[W] Public Papers of the Presidenta of the United States: Lyndon B. Johnson, 1963-64. 1 (Washington, D. C., 1965), 376. Charles Murray afirma que el descubrimiento de “la pobreza estructural” como un problema nacional en medio de la prosperidad general puede fecharse con cierta precisión en el año 1963. Su principal premisa era que “no era culpa de los pobres ser pobres”: era culpa del “sistema”. Losing Ground (Nueva York, 1984), 26-27, 39. Una influencia significativa en la conformación de este pensamiento fue la aparición, dos años antes, de The Other America de Michael Harrington.  << 

[X] “[E]n 1688 o 1685 en Francia e Inglaterra los gastos del gobierno central representaban el 7 por ciento del producto nacional.” Frederik C. Lane en Journal o/Economic History 35, n.º 1 (marzo de 1975), 16.  << 

[Y] La Quinta Enmienda dice: “Ninguna persona podrá ser… privada de su vida, su libertad o sus propiedades, sin un debido proceso legal: ni podrá emplearse la propiedad privada para uso público sin una justa compensación”. La Decimocuarta Enmienda prohíbe a los Estados individuales violar este principio.  << 

[Z] Epstein, Takings, 101. Al analizar las restricciones sobre la propiedad privada en los Estados Unidos contemporáneos, Epstein señala que, mientras que el gobierno respeta la propiedad sobre las tierras y por lo general compensa las ocupaciones de las mismas, “por el contrario, la libertad de un individuo para utilizar o disponer de su propiedad a menudo es profundamente restringida”. En Social Philosophy and Policy 15, n.º 2 (verano de 1998), 424.  << 

[AA] A los ecologistas comprometidos, como el vicepresidente Gore, les gusta citar un discurso que se dice fue pronunciado por el jefe Seattle, líder de los indios Duwarmish, en 1854, en protesta contra las presiones de los blancos para que vendieran sus tierras. El discurso contenía la frase “la tierra no le pertenece al hombre, el hombre pertenece a la tierra”. Aunque este era, ciertamente, un sentimiento común entre los pueblos primitivos, este discurso en particular fue inventado en 1971 para una serie de televisión por un guionista de la ABC. Matt Ridley, The Origins of Virtue (Nueva York, 1996), 213-14.  << 

[BB] Theodore J. Buotrous, Jr., en el Wall Street Journal, 29 de junio de 1994, p. Aq Sobre la tendencia antipropietaria en las decisiones del Tribunal Supremo entre 1937 y 1985, véase a Charles K. Rowley en Nicholas Mercuro, Taking Property and just Compensation (Boston, etc., 1992), 79-124. Rowley atribuye las primeras tendencias a la inferior calidad de los jueces nombrados para figurar en el tribunal y a las presiones por parte de intereses especiales. El tribunal, en su opinión, “ha establecido un doble patrón, de implicaciones políticas, que ofrece, ostensiblemente, al menos un lugar privilegiado a los derechos personales y civiles, mientras que ignora —atropella, de hecho— los derechos económicos que están, por lo menos, tan bien fundamentados como los otros en la Constitución” (95).  << 

[CC] “En cualquier caso de decomiso civil, el Tribunal Supremo no analizará meticulosamente la infracción de los derechos de propiedad, pues no considera estos derechos tan dignos de respeto como los derechos de un reo acusado, un miembro de una minoría racial, o un disidente de la Primera Enmienda. Los derechos de propiedad están muy por debajo de los derechos civiles o los privilegios civiles en la escala de valores constitucionales del Tribunal Supremo.” Leonard W. Levy, A License to Steal (Chapel Hill, N. C., y Londres, 1996), 88.  << 

[DD] New York Times, 9 de agosto de 1996, p. A27. Este programa, incluido en la Ley de Seguridad Social de 1935, fue diseñado originalmente para ayudar a las viudas con niños pequeños pero con el tiempo se extendió a las madres solteras. Con la reforma de bienestar social de 1996, este programa se está eliminando.  << 

[EE] Paul T. Heyne, Prívate Keepers of the Public Interest (Nueva York, 1968), 82-84. Los permisos de trabajo de los médicos datan de 1519, año en que Enrique VIII otorgó a los médicos de Londres un certificado, aprobado por la Cámara de los Comunes, autorizándolos a evaluar a otros médicos de la ciudad y sus alrededores. John R. Commons, Legal Foundations of Capitalism (Nueva York, 1924), 227-28. En el siglo XVII, los tribunales ingleses anularon estas restricciones. Ibíd., 228.  << 

[FF] Reich en Yale New Journal73, n.º 5 (abril de 1964), 779. “Las características del Estado del interés público son diversas, pero hay una filosofía subyacente en ellas que las unifica. Esta es la doctrina de que la riqueza que proviene del gobierno es una tenencia condicional de sus receptores, sujeta a confiscación en interés del Estado supremo.” Ibíd., 768.  << 

[GG] Ibíd., 785-87. También ibíd., 75, n.º 8 (julio de 1996), 1266. Sin embargo, Robert H. Nelson en Public Lands and Prívate Rights (Lanham, Md., 1995) afirma que el proceso de “privatización” está alterando ya gran parte de la “nueva propiedad” de Reich, al igual que en la Edad Media tardía la tenencia condicional evolucionó hacia la propiedad total (pp. 334-37).  << 

[HH] Como dijera Roscoe Pound, en el mundo comercial “la riqueza se compone en gran medida de promesas”: Introduction to the Philosophy of the Law (New Haven, Conn., 1922/1954), 133.  << 

[II] Los salarios en la Inglaterra de la época de los Tudor eran fijados por jueces locales. Keith Feiling, History of England, 509-13: Atiyah Rise and Fall 74.  << 

[JJ] Nota del traductor: “sweat” significa “sudar” pero también puede referirse a trabajos difíciles, a algo que cuesta mucho trabajo realizar.  << 

[KK] Ted Diensfrey en Walter Block y Edgar Olsen eds., Rent Control: Myths and Realities (Vancouver, B. C., 1981), 7. Esta táctica imita a la adoptada por los radicales rusos en la década de 1890, quienes, decididos a enardecer a los trabajadores que se mostraban políticamente apáticos, apoyaron sus demandas de mayores salarios y menos horas de trabajo, con la esperanza de que al comprender que sus demandas no serían satisfechas bajo el régimen político existente se volverían más radicales. Este intento fracasó. Véase Richard Pipes, Social Democracy and the St. Petesbourg Movement, 1885-1897 (Cambridge, Mass., 1963), 57-75.  << 

[LL] Lawrence M. Friedman, Government and Slum Housing (Chicago, 1968), 128. Este es un ejemplo clásico del argumento, propuesto por algunos críticos del Estado de bienestar social, de que éste beneficia a la clase media a expensas de los ricos y de los pobres. Véase Albert O. Hirschman, The Rethoric of Reaction (Cambidge, Mass., 1991), 60-9.  << 

[MM] Associated Press, 2 de septiembre de 1996. En 1995-96, estos reservados ascendieron a 6400 millones de dólares entregados a más de seis mil compañías, casi todas ellas propiedad de algún miembro de una minoría étnica. New York Times, 5 de agosto de 1997, p. A1.  << 

[NN] El término “discriminación positiva” se empleó por primera vez de un modo bastante casual en una orden ejecutiva del presidente Kennedy, en marzo de 1961. Fue promovido por el vicepresidente Johnson, quien resucitó una ambigua frase de la Ley Nacional de las Relaciones Laborales (Wagner) de 1935. Graham, Civil Rights Era, 27-28, 33-36.  << 

[ÑÑ] Jeffrie G. Murphy en Steven M. Cahn, ed., Affirmative action and the University (Filadelfia, 1993), 165, 168. Lo absurdo de pretender que cada profesión u organización refleje la estructura de la sociedad en general, en términos de raza y género, queda puesta de relieve en la siguiente irónica demanda a favor del minoritario sector judío: “Los judíos presentan limitaciones atléticas producto de sus antecedentes. Irving no puede ejercitarse lo suficiente en el parque infantil debido a los demasiados deberes escolares y lecciones de música. Ahora tiene 25 años y aún no puede jugar a la pelota pero ‘tiene el deseo de aprender’. Por tanto, la Liga en Defensa de los Judíos exige que la ciudad de Nueva York, la cual tiene un 24 por ciento de población judía, llene los equipos de pelota de la ciudad con un 24 por ciento de judíos”. Citado en George C. Roche, The Balancing Act (La Salle, 111., 1974), 27-28.  << 

[OO] Nota del traductor: se refiere a un personaje de una serie televisiva muy popular en los Estados Unidos en la década del setenta, All in the Family, que pertenecía a la clase media baja, era blanco y conservador, Archie Bunker.  << 

[PP] Clint Bolick, The Affirmative Action Fraud (Washington D. C., 1996), 79. “Un estudio de la Universidad de California hace una década descubrió que mientras que del 65 al 75 por ciento de los estudiantes blancos y asiáticos de Berkeley se graduaban en cuatro años, el 18 por ciento de los que se graduaban en cinco años correspondía a los estudiantes negros y el 22% a los hispanos. El treinta por ciento de todos los estudiantes negros e hispanos desertaba durante el primer año.” William L. O’Neill en el New York Times, 7 de abril de 1998, p. A30.  << 

[QQ] Tanner End of Welfare, 70, 63. En Alemania 500 000 niños son mantenidos no por sus padres, sino por el Estado. Vera Gaserow en Die Zeit, n.º 51 (13 de diciembre de 1996), p. 67.  << 

[RR] “El Departamento de Estado utiliza la democracia como un importante indicador de los derechos humanos. El estudio realizado por el Departamento sobre los Derechos Humanos en 1995 denunció a China como un ‘Estado autoritario’ en el que el Partido Comunista ‘monopoliza la autoridad para la toma de decisiones’. Esto no es exacto, por cuanto una parte considerable de la autoridad para la toma de decisiones, las decisiones que la gente toma para ganarse la vida, las decisiones de sembrar, recoger, cosechar, vender e intercambiar, es en gran medida delegada en el pueblo. El Departamento de Estado podrá tener razón, sólo si la vida se contempla como vida política.” Tom Bethell, The Noblest Triumph (Nueva York, 1998), 335. No sé si yo iría tan lejos, pero el punto de vista de este argumento es válido.  << 

[A] Esto es válido a pesar del hecho de que los antiguos países comunistas que han adoptado recientemente la democracia y la privatización, especialmente Rusia, están experimentando enormes dificultades para seguir el modelo occidental. Debe recordarse que ni siquiera los partidos comunistas de estos países se pronuncian en favor de un regreso al modelo soviético. Ellos pretenden relacionar la democracia y el mercado con las políticas de bienestar social y un cierto grado de intervención del gobierno en la economía, lo cual no es una combinación inviable.  << 

[B] Conscientes de este problema, algunos teóricos políticos contemporáneos han intentado redefinir “igualdad” a fin de hacerla compatible con la libertad. De este modo Michael Walzer en Spheres of justice (Nueva York, 1983) distingue entre igualdad “simple” —igualdad en el más común sentido de la palabra— e “igualdad compleja” en la que las personas son diferentes en las distintas esferas de la vida y no adquieren por tanto el poder de dominar; su eliminación es, según él lo define, el objetivo del igualitarismo político (XIII). La distinción, independientemente de sus méritos teóricos, no es aplicable a la vida cotidiana en la que sólo importa la igualdad “simple”. Significativamente, al proponer su programa, Walzer desaprueba cualquier intención de explicar “cómo pudiera llegar a crearse una sociedad así (XIV).  << 

[C] Albert O. Hirschman, en su Rethoric of Reaction (Cambridge, Mass., 1991), cuestiona todo el corpus de crítica al Estado democrático y de bienestar social desde la Revolución Francesa hasta el presente, incluyendo la de Tocqueville; demuestra que sus temas fundamentales —las reformas “progresistas”— logran justamente lo contrario a lo que prometen, o bien no logran nada y no obstante ponen en peligro la libertad —se repiten con monótona regularidad cuando se proponen un cambio significativo—. El objetivo aparente del autor —desacreditar la oposición al cambio “progresista” (que él no define)— se incumple, pues persiste deliberadamente en no preguntarse si esta crítica es justa o no: “No es mi propósito”, escribe, “analizar el contenido de los diversos argumentos contra las políticas de bienestar social” sino más bien mostrar cómo “los protagonistas de este episodio ‘reaccionario’ han sido atraídos poderosamente una y otra vez por la misma línea de razonamiento” (35). Pero, como él mismo observa (164, 166), la recurrencia de la misma “línea de razonamiento” no prueba nada y ciertamente no invalida sus conclusiones; de hecho, pudiera igualmente demostrar su justeza.  << 

[D] James Harrington, Politicaster (Londres, 1659), citado en Charles Blitzer, An Immortal Commonwealth (New Haven, Conn., 1960), 93. Aparentemente un eco del Eclesiastes 1,9: “¿Qué es lo que fue? Aquello que será”.  << 

[E] William H. Riker en Ellen Frankel Paul y Howard Dickman, eds., Liberty, Property, and the Future f Constitutional Development (Albany, N. Y., 1990), 49. El contraste ficticio entre los “derechos de propiedad” y los “derechos de los hombres” fue establecido ya en 1910 por Teodoro Roosevelt y se reafirmó por Franklin Delano Roosevelt en 1936. Tom Bethel, The Noblest Triumph (Nueva York, 1998), 174-76.  << 

[F] Ayn Rand, Capitalism: The Unknown Ideal (Nueva York, 1996), 290-1. “Obsérvese, en este contexto”, añade, “la precisión intelectual de los Fundadores de la Nación: ellos hablaron del derecho a la búsqueda de la felicidad —no del derecho a la felicidad—. Esto significa que un hombre tiene el derecho de tomar las acciones que estime pertinentes para alcanzar la felicidad: lo que no significa que los demás deban hacerlo feliz”. (291)  << 

[G] Henri Lepage, Pourquoi la propriété (París, 1985), 438. Cf. Rand… Capitalism, 292: “Sólo existen los Derechos del Hombre —los derechos que posee todo individuo y todos los hombres en cuanto a individuos—”.  << 

[*] Nota del editor digital: la numeración de este índice se refiere a la edición impresa.  << 