«El Rey, desamparado por la muerte de su madre la Reina María Cristina en 1929 y abrumado por las desgracias continuas de su vida familiar y por el creciente abandono de sus fieles, estaba tan desmoralizado a fines de 1930 que su estado de ánimo sólo puede calificarse como depresivo; y esta situación interior sería la causa principal de su abandono el 14 de abril de 1931. No le había fallado nunca a don Alfonso ni el patriotismo ni el valor. Pero era un ser humano y desde su borboneo al general Primo de Rivera hasta las sublevaciones de diciembre de 1930 se veía sometido a un acoso permanente que le produjo una aguda sensación de soledad y de indefensión; se quejó de ello varias veces…».

Ricardo de la Cierva

Monarquía y República: jaque al Rey

Episodios históricos de España - 2

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Titivillus 17.01.15

Título original:Monarquía y República: jaque al Rey

Ricardo de la Cierva, 1996

Editor digital: Titivillus

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Para Mercedes 60

Los pueblos que ignoran su historia están
condenados a repetirla

Éste es un libro de Historia que pertenece a una serie histórica. Éste no es un ensayo político ni un comentario de actualidad. Pero la Historia que tratamos de presentar en este libro y los demás de esta serie no es una Historia muerta sino una Historia viva y cuando durante la preparación de estos libros aparece de pronto un acontecimiento con dimensión histórica lo aprovechamos inmediatamente, sin la menor intención política, para iluminarlo desde la Historia. Así lo han hecho siempre los grandes historiadores y en esa misma línea nos situamos nosotros.

En el mundo de la Historia, si queremos profundizar y no quedarnos en la simple crónica, se investigan, con todo cuidado, leyes históricas. A veces estas leyes se expresan mediante aforismos que todo el mundo acepta. Cuando España se va aproximando al final del siglo XX, cuya Historia estamos tratando de reconstruir, dos aforismos de la Historia nos asaltan con fuerza irresistible. El primero se debe a Marco Tulio Cicerón, el gran orador, político y cultivador de la Historia en la Roma del siglo I a. C. Cicerón vivió como protagonista —llegó a la suprema magistratura, el consulado— un momento de complicada transición para la historia de Roma y la historia de la Humanidad: la transición de la República romana al cesarismo, llamado así por Julio César, que bajo ficticias formas republicanas iniciaba, en realidad, una época monárquica, un Imperio: el Imperio romano. El imperio había sido, en la República romana, un mando superior de carácter militar. Imperator era el jefe de un ejército, sometido a las instituciones civiles de la República. Pero Julio César se enfrentó a esas instituciones, cruzó el pequeño cauce del Rubicón, que separaba más simbólica que realmente los territorios exteriores —lo que hoy llama Umberto Bossi la Padania— de la Italia central y con ello inició una larga época de autocracia que luego continuó uno de sus principales subordinados militares —Marco Antonio— e institucionalizó, tras vencer a Marco Antonio, el propio sobrino de César, que tomó su nombre, Octavio César Augusto. El imperio, el mando militar, se había transformado en Imperio absoluto, bajo un disfraz republicano que a nadie engañaba. Octavio César no era sólo César, sino el César; como la letra C seguida de vocal se pronunciaba en la Roma de entonces como K, las legiones de Germania invocaban a su jefe supremo como Caesar, pronunciado Kaesar, que todavía hoy se escribe y pronuncia en alemán Kaiser, el Emperador. Por supuesto que la transformación del Estado romano desde el régimen de la República al de la Monarquía imperial se realizó a través de una sangrienta guerra civil. En ella, por orden de Marco Antonio, fue asesinado Cicerón, y Fulvia, la mujer del brutal lugarteniente de César, para vengarse de las invectivas del gran orador republicano contra el cesarismo naciente ordenó que le atravesasen su lengua de oro con un largo alfiler que le servía para recogerse su larga cabellera. Pues bien, fue precisamente Cicerón quien acuñó el primer aforismo a que nos estamos refiriendo: Historia, magistra vitae, lux veritatis. La Historia, maestra de la vida, luz de la verdad. Por supuesto que no voy a exponer en este capítulo de forma expresa las lecciones concretas de la Historia en el caso que nos ocupa.

Pero lo cierto es que en España, antes de la muerte de Francisco Franco, la figura de don Juan Carlos de Borbón era discutida, desconocida, minusvalorada y despreciada; el líder comunista Santiago Carrillo que se creía en 1974/1975 árbitro del futuro, se hartaba de insultar al Príncipe, en ocasiones con términos sencillamente soeces, mentándole al padre. La España de 1974/1975 no era una España monárquica, pese a las alucinaciones de algunos monárquicos profesionales que cabían en media docena de taxis aunque a veces alardeaban de encabezar una multitud imaginaria. En las filas de lo que se llamaba confusamente Movimiento, eufemismo de lo que anteriormente se denominaba Falange, lo más suave que se decía de don Juan Carlos de Borbón es que era tonto. Recuerdo una de las canciones a cuyo ritmo desfilaban las centurias de Falange por Madrid:

«No queremos reyes idiotas

que no saben gobernar».

Esos mismos amables mozos de la Falange se dedicaron toda una noche a pintar con letras enormes una invocación sobre la valla de cemento que entones cerraba las obras de lo que hoy es Facultad de Biológicas en Madrid, famosa durante décadas, una vez construida, por sus pintarrajos cochambrosos: «Al príncipe de Asturias don Favila se lo comió un oso. ¡Vivan los osos que se comen a los príncipes de Asturias! Los autores de esa preciosidad no eran precisamente doctores en Historia pero eso es lo que escribieron, yo me harté de verlo cuando cruzaba de la Facultad de Ciencias a la de Filosofía.

Luego muchas personas, sobre todo jóvenes políticos en estado de promesa, empezaron a visitar asiduamente el palacio de la Zarzuela, donde vivían los Príncipes desde su boda, y poco a poco la leyenda sobre la cortedad del Príncipe se fue desmoronando; el final de tan curiosa mutación se produjo cuando el Príncipe, todavía en vida de Franco, como vamos a demostrar en un próximo libro de esta misma serie, inició secreta y arriesgadamente una aproximación a Santiago Carrillo a través de Manuel Prado y Colón de Carvajal, que viajó a encontrarse con el brutal dictador rumano Nicolae Ceaucescu, íntimo de Carrillo, y la complicada historia, que narraremos puntualmente en su momento, remató en la transformación del insultante PCE de la época en Real Partido Comunista de España y en los rumores, que algunos no creían que fueran un simple chiste negro, sobre el próximo nombramiento del amigo de Ceaucescu como Duque de Paracuellos del Jarama. Y así pasaron los años y las décadas, la Corona se había incluido como título esencial de la Constitución de 1978 —a un precio altísimo que los monárquicos italianos de 1945 no quisieron pagar, los centristas españoles de 1978 sí quisimos, retorciéndonos algunas cosas íntimas— y el Rey parecía asegurar para siempre la Corona de la Segunda Restauración cuando en la tarde y noche del 23 de febrero de 1981 quiso identificarse con la democracia y renunció a encabezar un golpe al estilo griego, que tenía facilísimo ante las reticencias más que extrañas de dos importantes fuentes de poder: la Iglesia española y el gobierno de los Estados Unidos. Ya se verá en su momento.

Siguieron pasando años y décadas y en medio del guirigay de las Autonomías, que a veces se convierte en un verdadero pandemónium, el Rey y la Corona no se consideraban jamás en España como un problema, sino como una solución, según frase muy repetida, y muy justa, de un monárquico inconsútil, Luis María Anson. Hasta que sin mediar provocación ni acontecimiento alguno, cuando agonizaba entre chaparrones atípicos el verano de 1996, el secretario general del Real Partido Comunista de España, don Julio Anguita, ha planteado por vez primera desde 1931, el problema de Monarquía y República, es decir después de sesenta y cinco años. Luego don Felipe González, que ha descalificado al señor Anguita en nombre del consenso constitucional (por lo visto el señor González ha olvidado las tenaces, aunque aparentes, enmiendas republicanas del PSOE en los debates constitucionales, a las que llama originalmente consenso) pero se ha permitido criticar al gobierno del señor Aznar por los discursos que hace pronunciar al Rey. Este señor González resultaría muy olvidadizo si no fuera tan cínico; porque en mi libro de 1995 No nos robarán la Historia ya tuve ocasión de denunciar los disparates que los socialistas bajo su mando le hicieron decir a don Juan Carlos en algunos viajes, con discursos del Rey calcados de los de don Felipe e invocaciones a las maldades de Luis XVI (de Borbón) a doscientos metros del lugar donde se alzó en tiempos la guillotina que cortó la cabeza de Luis XVI. La tortuosa agresión del señor Anguita no ha carecido, sin embargo, de precedentes. El original profesor Rafael Calvo Serer, líder de un improvisado sector antifranquista del Opus Dei en los años sesenta, ya dedicó un libro a la Tercera República española, pero sus seguidores no necesitaban varios taxis para congregarse sino a lo sumo un par de ellos y la curiosa propuesta cayó en el vacío. Un colaborador de Calvo Serer y Santiago Carrillo en la llamada Junta Democrática de 1974 se declaró también republicano y hace un par de años publicó, muy educadamente y con alguna resonancia sólo teórica, un Discurso de la República que no pretendía, creo, suscitar un movimiento de opinión. Pero ninguno de esos precursores tenía detrás, como el señor Anguita, a tres millones de adeptos, si bien no todos ellos, según han declarado en muchos casos, coinciden con el arriesgado amago antimonárquico y anticonstitucional de don Julio.

Naturalmente que no es este libro, sino otro que aparecerá en esta misma serie cuando llegue el momento, donde situaré en un contexto que no tengo todavía claro el exabrupto republicano del líder de Izquierda Unida. Y es que con su evocación de la República el señor Anguita, me parece, apunta a otro objetivo bien diferente y más delicado; y el señor González, al hacerle coro diciendo que le descalifica, disimula quizás una amenaza más sutil. Pero en este libro, que es rigurosa continuación histórica del anterior, Acoso y derribo de Alfonso XIII, voy a aplicar la máxima de Cicerón sobre la Historia como maestra de la vida y voy a exponer lo que ha sucedido a España en las dos ocasiones en que hemos pasado de la Monarquía a la República. Una el 11 de febrero de 1873; otra el 14 de abril de 1931. Por si el señor Anguita quiere seguir patrocinando una tercera edición del fenómeno, tal vez le pueda interesar que, como ha comentado alguien ahora, «estas cosas se sabe cómo empiezan pero no dónde terminan». Ahora mismo voy a exponer no dónde terminan sino dónde y cómo terminaron. Y aquí viene como anillo al dedo el segundo aforismo que se ha atribuido a muchos autores y que me parece indiscutible: Los pueblos que ignoran su Historia están condenados a repetirla. Insisto, quiero escribir este libro de Historia, no de política, para mostrar cómo se pasa en España de la Monarquía a la República. No para demostrar nada. Si es verdad —como creo— que la Historia es maestra de la vida, será el lector quien saque las conclusiones y enuncie la lección. Yo voy a limitarme a exponer y documentar los hechos.

Primera experiencia:
la Primera República

La Monarquía española es la más antigua de Europa, aunque suele repetirse con escaso fundamento que tal honor de precedencia corresponde a la británica. No es así. Supongamos, con excesivo optimismo, que el primer rey de Inglaterra es Alfredo el Grande. Que vive en la segunda mitad del siglo IX, porque antes no hubo en las islas británicas, desde el final de la dominación romana, más que tribus, reyezuelos e invasiones; ni siquiera los primeros reyes de nombre Eduardo que descienden de Alfredo llevan numeración. Por el contrario en España existe ya un reino visigodo asentado en el siglo V, con una sucesión de reyes cuyas estatuas flanquean los jardines de la Plaza de Oriente y el por ellas llamado Paseo de las Estatuas en el Retiro madrileño. Varias dinastías, todas ellas relacionadas entre sí, se fueron sucediendo en los reinos de España hasta su unificación en la Corona de los Reyes Católicos a fines del siglo XV. La Monarquía parecía tan consustancial con España (pese a haber padecido en el siglo XIX a tres reyes indignos seguidos, que se llamaban nada menos que Carlos, Fernando e Isabel) que cuando el general Juan Prim y sus compañeros de conspiración (entre ellos un sector republicano) expulsa a la dinastía borbónica con la reina Isabel II en 1868, se dedica en peregrinación patética a buscar para España un rey, porque no la concebía sin rey. Lo encontró en la persona del duque de Aosta, don Amadeo I de Saboya, que lo reunía todo para el cargo: procedente de una antigua dinastía (enlazada con la española) progresista, católico y masón, con licencia secreta del Papa para compaginar religión y secta. Pero aquella monarquía no dejaba de ser artificial y el pobre rey, que enloquecía ante las complicaciones de la política española —Ah, per Bacco, non capisco niente!— fue el primer Rey de España elegido democráticamente en un Parlamento, lo que parecía, no sin razón histórica, crimen de lesa majestad para los monárquicos de siempre, y acabó por hartarse y, más que abdicar, dimitió el 11 de febrero de 1873 por una conjunción detonante de motivos, problemas y pretextos pero sobre todo porque no decidió aguantar más al frente de un país imposible. El Congreso, con inclusión del Senado, estaba reunido en sesión conjunta y permanente y mientras esperaba la comunicación final del Rey se erigió en Asamblea Nacional. Más que absoluta, la mayoría de parlamentarios monárquicos que la integraban pertenecía a los dos partidos monárquicos y dinásticos que se habían turnado en el gobierno: el partido radical de Ruiz Zorrilla y el partido constitucional de Sagasta. Ruiz Zorrilla se declaró republicano después de la abdicación de don Amadeo; pero el 11 de febrero de 1873 era monárquico, lo mismo que Sagasta. Junto a esa abrumadora mayoría monárquica se sentaba en la Asamblea Nacional una minoría republicana, por cierto muy dividida entre republicanos federales y unitarios. Uno de ellos, el federalista don Francisco Pi y Margall, antecesor, según creo, del famoso periodista de nuestro tiempo Ramón Pi, presentó a la Asamblea la siguiente proposición; «La Asamblea Nacional asume los poderes y declara como forma de gobierno la República». Pese a la mayoría más que absoluta de los parlamentarios monárquicos presentes, fue proclamada la República por 258 votos contra 32. En el primer gobierno de la República figuraban cuatro exministros de la Monarquía. La infeliz reina exiliada doña Isabel II, a quien un fogoso parlamentario tradicionalista había despedido con una célebre invocación de Shakespeare —«Adiós, mujer de York, reina de los tristes destinos»— no era una intelectual pero no desconocía la Historia de España y comentó, desolada, cuando la echaron de España en septiembre de 1868, que con ella había caído en España la Monarquía por primera vez en quince siglos. Pero no había caído con ella, a quien en 1868 sustituyó no una República sino una Regencia. La Monarquía de los siglos cayó realmente por primera vez cinco años después, con la dimisión de don Amadeo I de Saboya, el 11 de febrero de 1873.

Ya tenían su República los republicanos ¿Qué hicieron con ella? Hundieron a España en la guerra civil, y no solamente en una sino en tres a la vez. En primer lugar, la desintegración de España en la rebelión y la guerra cantonal. He observado con asombro cómo algunos historiadores, entre ellos el profesor José María Jover, que es un historiador de primera magnitud, intenta unos arriesgadísimos equilibrios en la cuerda floja para exponernos los aspectos positivos —humanísticos, viene a decir— de la Revolución de 1868 y de la primera República. Pero su comprensión infinita no consigue ocultar ni siquiera disimular el hecho evidente de que la Primera República fue, desde el principio hasta casi el fin, sencillamente el caos. España estallaba por los cuatro costados. El 9 de marzo la Diputación de Barcelona proclamaba el Estado Catalán y trataba de eliminar a las fuerzas armadas para sustituirlas con milicias. Generales y políticos de diversa procedencia, pero gentes de orden —alfonsinos, miembros de la Unión Liberal, progresistas de Sagasta, colaboradores de la Revolución del 68— se unieron para improvisar un pronunciamiento contra el caos, pero fracasaron el 28 de abril cuando varias unidades comprometidas del Ejército se abstuvieron a última hora. Los republicanos creyeron que todo el monte era orégano, celebraron unas elecciones anárquicas y trucadas en mayo y la Asamblea Nacional que salió de ellas proclamó la República Federal, algo semejante a lo que ahora insinúa don Julio Anguita al unir el ideal de la República con el principio de autodeterminación. El primer presidente de la República, don Estanislao Figueras, que era un buen hombre, se hartó de todo el aquelarre, se fue a dar un paseo por el Retiro y sin decir una palabra a nadie tomó el tren y no se bajó hasta llegar a París. Al advertir el vacío de poder ya iba a pronunciarse el general Manuel Socias cuando un coronel de la Guardia Civil, don José de la Iglesia, se presentó con un piquete en el Congreso y anunció a los diputados que de allí no salía nadie hasta que eligieran a un nuevo Presidente, que se llamara del Poder Ejecutivo, es decir jefe de Estado y del gobierno. Eligieron a don Francisco Pi y Margall, que al presentar a su gobierno ante la Asamblea declaró que no tenía programa y que no sabía qué hacer. El 17 de julio se leyó en la Cámara un desaforado proyecto de Constitución federal, que debería estudiar cuidadosamente don Julio Anguita, y empezaba así: «Componen la nación española los Estados de Andalucía Alta, Andalucía Baja…» por orden alfabético pero adviértase algo importante: esta República caótica no cambió de bandera, mantuvo la bicolor, y reconoció a la Nación Española como única, si bien dividida en Estados autónomos. Los republicanos de 1873 eran al menos, sinceros; eso era realmente un modelo federal, como el de Estados Unidos, una nación que reunía a varios Estados, no una zarandaja como la «nación de naciones» que proponen ahora quienes ignoran lo que es un estado federal.

Pero en 1873 los presuntos Estados autónomos no se conformaron. Los focos federales del país reventaron no en forma de Estados autónomos sino en un sarpullido de cantones independientes, algunos de ámbito provincial como Valencia y Málaga, otros con demarcación local como Cartagena, el pueblo manchego de Camuñas, y el murciano de Jumilla, que se saltó el federalismo genuino y proclamó en un manifiesto famoso: «La nación jumillana desea vivir en paz con todas las naciones vecinas, incluida la murciana, pero advierte que les declarará la guerra si osan hollar su territorio». Cuando explico la historia de la Primera República, por escrito en la cátedra, me resulta imposible mantener el tono académico y me deslizo, por exigencias del guión, a la astracanada histórica; todo esto parece tan increíble que debo remitirme a autores tan seguros como Melchor Fernández Almagro para que el lector no piense que le estoy tomando el pelo[1]. El más espectacular de todos los cantones fue el de Cartagena, llamado Cantón Murciano con gran indignación de la ciudad de Murcia; que estalló el 12 de julio en aquella base militar y naval bajo la inspiración del diputado federal huertano Antonete Gálvez, personaje legendario que se apoderó de la escuadra española, sembró el terror en la costa mediterránea próxima, bombardeó la ciudad de Alicante, impuso tributos en los puertos, fue declarado pirata y buena presa por el gobierno de Madrid cuando echaron al buen señor Pi y Margall, y ya en tierra, dirigió una marcha sobre Madrid que fue desbaratada en Chinchilla. La primera hazaña de los cantonales cartageneros fue apoderarse del castillo de San Julián, lo que motivó un estupendo telegrama del capitán general del Departamento al ministro de Marina: «Castillo San Julián enarbola bandera turca». Era la bandera roja de la República Federal, la primera bandera roja en la historia de España. En fin, sin tiempo para que la Constitución de la República Federal pudiera ser aprobada en las Cortes, don Francisco Pi y Margall se vio en situación crítica. Se negaba a reprimir la rebelión de los cantones porque declaraba, con toda lógica, que los sublevados no hacían más que seguir la doctrina que él había proclamado. En vista de lo cual el 18 de julio, que ya empezaba a ser una fecha simbólica, el segundo Presidente de la República dejó de serlo y los republicanos sensatos designaron al tercero, don Nicolás Salmerón, defensor de la República unitaria.

Salmerón, que era un jurista insigne y un político idealista, pero dotado de sentido común, decidió terminar con el caos federalista y encargó a los generales más distinguidos, ninguno de los cuales era republicano, que redujesen por las armas a los cantones rebeldes. Los generales restablecieron de forma expeditiva la disciplina en el Ejército, que andaba por los suelos, terminaron con el ominoso «¡Que baile!» con que los soldados vejaban y humillaban a los oficiales y marcharon con sus tropas sobre los cantones. El general don Manuel Pavía terminó rápidamente con los cantones andaluces y el general Arsenio Martínez Campos acabó con el de Valencia y marchó sobre Cartagena, que contaba con poderosos medios de defensa. Los generales necesitaban el «enterado» del gobierno para ejecutar varias sentencias de muerte, imprescindibles, según ellos, para la recuperación de la disciplina. Nicolás Salmerón, hombre de principios liberales avanzados, se negó a conceder el «enterado» y tuvo que dimitir por ello en favor del cuarto Presidente de la República, el también unitario don Emilio Castelar, catedrático de Historia y orador eminentísimo al gusto de la época, cuando todo el mundo repetía sus estupendas parrafadas. He sentido siempre un gran respeto por don Emilio y nunca paso sin emoción frente a la casona de San Pedro del Pinatar, junto al Mar Menor, donde murió a la hora exacta que señala todavía el gran reloj de la fachada. Castelar, el verbo de la Democracia, cerró las Cortes para acallar las protestas de los federales recalcitrantes, confirmó las sentencias de muerte, restableció el orden, dejó a punto de rendición a los cantonales de Cartagena, pero el desbarajuste de los federales había sido tan demoledor que decidió convocar de nuevo a las Cortes para el 2 de enero de 1874 con el fin de recabar plenos poderes y salvar así a la República del descrédito total. Y es que la República de 1873 había conseguido lo que ningún otro régimen en la historia del mundo: provocar y mantener tres guerras civiles simultáneas. Una fue la tercera guerra carlista que había prendido desde la primavera de 1872 en vista del desconcierto en que estaba cayendo el reinado de don Amadeo. Otra la cantonal, que mantenía aún su foco principal de Cartagena. Y por fin la guerra separatista de Cuba, declarada pocos días después de la Revolución española en septiembre de 1868.

Se abrió, en efecto, la sesión de Cortes el 2 de enero de 1874 pero los federales se lanzaron en tromba contra don Emilio Castelar, a quien respaldaba el capitán general de Madrid don Manuel Pavía, antiguo partidario de Prim con quien se había alzado en Villarejo de Salvanés. Dos fuerzas bien diferentes amenazaban con interrumpir las deliberaciones de las Cortes; las turbas federales, deseosas de acabar con Castelar a mano airada, y las tropas del general Pavía, partidario de Castelar, que tenía decidido acudir en su socorro si sus enemigos del federalismo le derrotaban. Ya era la madrugada del 3 de enero cuando la mesa de las Cortes recontaba las papeletas de la votación a que se había sometido Castelar sobre su gestión en la Presidencia. Un informador del general Pavía advirtió que la votación iba a resultar desfavorable y dio la señal convenida a un ayudante del capitán general que presenciaba la escena desde la tribuna pública. Antes de diez minutos la noticia llegó a Capitanía, instalada entonces en el palacio de Buenavistä sobre la plaza de la Cibeles. Salían ya los regimientos comprometidos por la orden del capitán general cuando las Cortes conocieron la derrota de Castelar a mano de sus enemigos por ciento veinte votos contra cien. Dimitió el último presidente de la República, y el de las Cortes, que era Nicolás Salmerón, ordenó proceder a nueva votación para elegir a un nuevo jefe del Poder Ejecutivo. Contra lo que proclamó en el Congreso, un siglo largo después, el indocumentado Alfonso Guerra, entre graves insultos a don Adolfo Suárez, el general Pavía no irrumpió en el Congreso a caballo. Se situó en la plaza frontera al edificio, con su estado mayor, y ordenó a dos ayudantes que impusieran al presidente de las Cortes, Salmerón, el desalojo del edificio en cinco minutos. La Guardia Civil que custodiaba el Congreso se puso a las órdenes del general Pavía. Eran las siete menos cinco de la mañana cuando se estaba procediendo a la votación para elegir al candidato federal don Eduardo Palanca y Salmerón, al recibir la orden del capitán general, suspendió la votación y comunicó el gravísimo suceso a los diputados. (Un 23 de febrero de 1981 sucedía algo semejante; una votación de investidura para la presidencia del gobierno fue interrumpida por la irrupción de la Guardia Civil en el hemiciclo). El 3 de enero de 1873 la Guardia Civil ocupó los pasillos del Congreso pero no entró en el hemiciclo. Entre escenas de glorioso histerismo los diputados abandonaron el edificio, algunos por las ventanas. Había terminado la primera República en virtud de un pronunciamiento militar al que se sumó todo el Ejército, pero ni Pavía ni el Ejército tomaron el poder. El capitán general de Madrid entró entonces en el Congreso, convocó a los capitanes generales residentes en Madrid y a los jefes políticos de todas las tendencias a quienes impuso la obligación de elegir inmediatamente un nuevo gobierno con un nuevo presidente del Poder ejecutivo. El elegido fue el general don Francisco Serrano, duque de la Torre y antiguo amante de Isabel II (seguramente el segundo de la larga serie), que ya había desempeñado por dos veces la jefatura del Estado. Ésta sería la tercera y última. Alguien ha dicho que el sistema de Serrano consistía en la falta de sistema. El general intentó consolidarse en el poder de forma dictatorial, según el ejemplo del régimen de duques y generales que se imponía en Francia a la caída de Napoleón III y tras la sangrienta derrota de la masónica Comuna de París. En resolución, la proclamación de la Primera República el 11 de febrero de 1873 fue seguida por una sucesión de alucinaciones: el caos por desintegración de España, la guerra civil, el golpe militar y la dictadura personal del general Serrano. Que como es sabido terminó a fines de diciembre del mismo año 1874 por el pronunciamiento del general Martínez Campos en Sagunto en nombre de don Alfonso ΧII y la entrega del poder a don Antonio Cánovas del Castillo, que había dirigido con gran éxito un vasto movimiento de opinión que desembocó, simultáneamente al golpe de Sagunto, en la Primera Restauración de don Alfonso ΧΠ. Esto fue, en esencia, lo que sucedió con la Primera República española.

Segunda experiencia:
la Segunda República

La Segunda República ya es, en sus comienzos, objeto directo de este libro. Pero considerémosla antes como experiencia, según acabamos de intentar con la Primera. Porque hay entre las dos semejanzas sorprendentes que merecen ser meditadas por quienes crean de verdad que la Historia es maestra de la vida. La Primera República propiamente tal no duró ni un año; del 11 de febrero de 1873 al 3 de enero de 1874. El período de la Segunda República fue de mayor duración: del 14 de abril de 1931 al 18 de julio de 1936. Después de esta última fecha la Segunda República se prolongó, pero sólo en una porción decreciente de España, durante la guerra civil hasta el 1 de abril de 1939. ¿A cuál de las dos Repúblicas propone volver el señor Anguita si no se cumplen las condiciones que ha tratado de imponer a la Monarquía actual? Tal vez no quiera volver a ninguna de las dos sino crear una nueva, la Tercera República española. Pero no me importa demasiado si su movimiento político es un retorno al pasado o un anteproyecto de futuro. Lo que importa aquí y ahora es analizar lo que sucedió en España al declararse la Segunda República. En un plano general, a través de una secuencia abreviada semejante a la que hemos detectado en la Primera; porque el análisis detallado lo vamos a empezar a proponer inmediatamente después, en este mismo libro.

Estamos viendo ya, por el libro anterior, Acoso y derribo de Alfonso XIII, que los peores golpes contra el Rey se los dieron en 1930, a partir de la caída de la Dictadura, los monárquicos, no los republicanos; lo mismo había sucedido en la Primera República, proclamada por una mayoría absoluta de monárquicos en la Asamblea Nacional de 1873. En la Segunda República se produjo también un movimiento centrífugo que para los observadores monárquicos de la época se consideró como una tendencia al desmembramiento de España; como tal se consideró el pacto de San Sebastián y la proclamación —por dos veces, en 1931 y en 1934— del Estado Catalán en Barcelona, que analizaremos debidamente en su momento: sabemos ya que el Estado Catalán se había proclamado también en 1873 dentro de un esquema de República Federal, a la que también invocaron quienes propusieron esa reestructuración de Cataluña en 1934. No estoy afirmando ahora que esa voluntad de desmembramiento que denunciaban los observadores monárquicos durante la Segunda República respondiera a la realidad; pero no cabe duda de que ellos, encima de los hechos, lo interpretaron así. La Primera República suscitó casi inmediatamente una guerra civil, la guerra cantonal, y durante ella España tuvo que soportar tres guerras civiles simultáneas. La Segunda República —ahora no estoy indicando por culpa de quién o a causa de qué— vivió dos pronunciamientos con violencia y sangre, los de 1931 (a la derecha) y 1934 (a la izquierda) y desembocó en una trágica guerra civil general, la de 1936. La Primera República se deslizó a la dictadura personal de un general, don Francisco Serrano, a principios de enero de 1874; la Segunda fue aniquilada por la dictadura personal de otro general, don Francisco Franco, en 1939. Una y otra República terminaron a mano airada por un pronunciamiento militar; la Primera el 3 de enero de 1873 bajo la dirección del general Pavía, a quien siguieron prácticamente todas las fuerzas armadas, que no tomaron el poder político; la Segunda el 18 de julio de 1936, en virtud del pronunciamiento preparado por el general Mola y dirigido por el general Sanjurjo, que murió en accidente sin llegar a territorio español. Le sustituyó al poco tiempo, primero en la práctica y desde septiembre de forma plena el general Francisco Franco, a quien había seguido no la totalidad de las Fuerzas Armadas sino una parte importante de ellas. Pero no fueron ellas, sino Franco, las que tomaron el poder en 1936 más que durante dos meses, hasta que se lo entregaron, sin restricciones, al propio Franco. (Intentaron imponerle restricciones que Franco no aceptó). Y por último la dictadura personal del general Serrano en 1874 terminó a fines de ese mismo año para dar paso a la primera Restauración, a la que el general Serrano no quiso hacer frente y como titular de esa Restauración no se proclamó a la Reina exiliada doña Isabel II, considerada Reina por el escaso número de sus partidarios, sino a su hijo el Príncipe Alfonso. La dictadura personal del general Franco, mucho más prolongada y sujeta a evolución, terminó en 1975 en la Segunda Restauración para la que no se llamó a don Juan de Borbón, considerado Rey por el escaso número de sus partidarios, sino al candidato de Franco, el Príncipe don Juan Carlos de Borbón. Las analogías históricas son sorprendentes. Por si alguien se extraña de que hayamos denominado dictador personal al duque de la Torre en casi todo el año 1874, debemos recordar que si bien su título oficial era el de Presidente del poder Ejecutivo no convocó elecciones ni reunió Cortes en todo su mandato, gobernó exclusivamente por decreto y no propuso al país proyecto alguno de institucionalización ni de sucesión.

Es decir que las dos Repúblicas que han gobernado en España —insisto en que no estoy señalando culpables sino constatando hechos— terminaron en un período caótico (la Primera en la guerra cantonal, la Segunda en el período del Frente Popular) contra el que, en uno y otro caso, se alzaron las Fuerzas Armadas. Las dos Repúblicas están identificadas en la Historia con el caos y con la guerra civil. Las dos dieron origen, a corto o a largo plazo, a una Restauración monárquica y borbónica, cuyo titular no fue el monarca teórico sino su hijo. Puede que don Julio Anguita posea la fórmula mágica para que esta secuencia no se repita en la Tercera República a la que, sin carácter absoluto sino como sugerencia y amenaza, parece haber apuntado. Tendrá que proponer y demostrar esa fórmula para no quedar en la Historia con el calificativo que ya han aplicado algunos de sus amigos: irresponsable.

Naturalmente que lo que nos interesa en esta Historia es la experiencia de España pero podríamos ampliarla fácil y convincentemente a otras transformaciones nacionales. Me voy a fijar solamente en cuatro casos que se refieren a países con los que España ha mantenido una relación histórica. Los reyes y reinas de España han sufrido varios atentados a lo largo de los siglos; pero hay que remontarse a la Edad Media para encontrar en los reinos de España el asesinato de un rey; el de Castilla, don Pedro el Cruel a manos de su hermanastro don Enrique de Trastámara, en 1372. Desde entonces ningún rey de las dinastías españolas ha perecido por la violencia, caso único entre las dinastías europeas.

Porque esa Monarquía que muchos consideran como arquetipo, la de Inglaterra, sufrió una guerra civil en el siglo XVII contra el Parlamento, cuyo ejército chocó contra el del rey Carlos I Estuardo, que fue condenado a muerte y ajusticiado en 1649. El teniente general Oliver Cromwell proclamó la República que le reconoció como jefe del Estado bajo el título de lord Protector, Es decir que la transición de Monarquía a República por medio de una guerra civil es un precedente histórico sentado nada menos que por la Monarquía británica, después restaurada en la persona de Carlos II, hijo de Carlos I, por obra del general Monk en 1660.

El ejemplo de Francia es más próximo: Luis XVI de Borbón, que proviene del mismo tronco que los Borbones españoles, el rey Luis XIV. La Monarquía francesa, consustancial también con esa nación, —«los cien reyes que han hecho a Francia» es una expresión aceptada— se mantuvo bajo la Corona de Luis XVI durante el primer período de la Gran Revolución virtualmente iniciada en 1787 y declarada oficialmente en 1789. La primera Constitución revolucionaria, la de 1791, era monárquica; el rey dejaba de ser absoluto pero gozaba de poderes muy amplios que luego copió la primera Constitución española en 1812, la de Cádiz. Pero la guerra que desencadenaron las Monarquías europeas contra la Francia revolucionaria en 1792 provocó también la convocatoria de la Convención que proclamó la Primera República francesa y ordenó la ejecución de Luis XVI en la guillotina el año 1793, cuando la guerra de las Monarquías contra la Francia revolucionaria se había convertido también en guerra civil francesa.

Contra lo que suele creerse el imperio ruso y la dictadura republicano—soviética que le sustituyó en 1917 no han sido ajenos a la historia de España. Juan Donoso Cortés, nuestro gran pensador y político del siglo XIX que llegó a ser considerado como un oráculo en la Europa de la Restauración, profetizó que un día lejano las hordas de Rusia se pasearían por Madrid y así se cumplió desde noviembre de 1936, con la llegada de las Brigadas Internacionales precedidas de una cohorte de asesores militares, consejeros políticos y fuerzas especializadas en aviación, artillería y carros de combate que había enviado el zar rojo José Stalin en auxilio de la República española acosada por el Ejército de África. Las brigadas internacionales fueron, según el documentado historiador norteamericano David Cattell, «una fuerza soviética en España» y entre sus mandos hubo varios ciudadanos soviéticos aunque en conjunto esas tropas provenían de más de cuarenta naciones, pero estaban unificadas por la común ideología comunista salvo raras excepciones. Lo que no pudo predecir ni siquiera sospechar Juan Donoso Cortés es que los combatientes de esas «hordas rusas» recibirían sesenta años después de su irrupción en España nada menos que la nacionalidad española en una España regida por un Rey de la casa de Borbón; la concesión se hizo en el mismo Congreso donde Donoso Cortés hacía caer gobiernos por acusaciones de corrupción y con los votos de la izquierda unidos a los del gran partido del centro-derecha español. Pero lo que ahora hace a nuestro propósito es que el Imperio ruso, que era una monarquía autocrática en trance de un gran desarrollo económico y político, fue eliminado por una República soviética en la Revolución de Octubre de 1917, que desencadenó también, como en los demás casos estudiados aquí, en una guerra civil de altos vuelos cuyas víctimas más importantes fueron el Zar Nicolás II, la zarina Alejandra y el zarevitch junto a sus hermanas las grandes duquesas y un número de monárquicos rusos, ricos y pobres, que aún no ha sido nadie capaz de contar pero que suma varios millones. Las semejanzas con el tránsito español de Monarquía a República son hirientes; la zarina Alexia era prima hermana de nuestra reina Victoria Eugenia, por ser las dos nietas de la reina Victoria de Inglaterra; y la caída de los dos tronos, el ruso y el español, tuvo entre sus causas determinantes una gravísima enfermedad, la hemofilia, procedente de la reina Victoria de Inglaterra y que afectó de forma destructiva a los dos herederos del trono, el zarevitch de Rusia y el príncipe de Asturias don Alfonso, hijos de la emperatriz Alexia y de la reina Victoria Eugenia de España, transmisoras de la enfermedad aunque no la padeciesen. La hemofilia del zarevitch desquició a la zarina y a toda la corte imperial rusa, en la que se implicó el mago Rasputin, que aplicaba al paciente remedios paranormales: la hemofilia —cada vez más peligrosa—, del príncipe Alfonso desquició todavía más a los Reyes de España, impidió en último término la abdicación de Alfonso XIII que reclamaban algunos monárquicos para salvar a la Corona y acarreó al pobre príncipe una tragedia personal que le arrastró por el exilio y terminó con su vida en plena soledad y frustración, que no fue absoluta gracias a la compasión de una hermosa cabaretera de Miami que le dejo morir en sus brazos, muy lejos de sus padres los Reyes.

Podríamos multiplicar procesos parecidos sobre transiciones violentas de un régimen monárquico a otro republicano. Tenemos otro caso bien reciente, posterior al de España en 1931. La Monarquía de la Casa de Saboya, creadora de la unidad de Italia en el siglo XIX, se hundió ante la República declarada a raíz de la Segunda Guerra Mundial, cuando Italia vencida estaba sufriendo una guerra civil de supervivencia fascista —la República de Saló, último reducto de Mussolini— y de represalia antifascista, una guerra civil no por secreta y silenciada menos cruenta. La caída de la Monarquía saboyana provocó, pues, el brote de dos Repúblicas, la república efímera de los últimos fascistas y la República italiana que expulsó al rey Humberto II, hijo del rey derrotado, Víctor Manuel III. Humberto II luchó valerosamente, en una campaña personal admirable, para conservar su trono secular y creador de la unidad de Italia; pero aquel proceso de unidad en el siglo XIX se hizo bajo el signo del liberalismo radical, anticlerical y masónico y al término de la Segunda Guerra Mundial el partido del clero y los católicos, la Democracia Cristiana, se tomó cumplida venganza y no votó en favor de la Monarquía sino de la República. También la Iglesia, por medio del Nuncio Tedeschini, había conspirado con los líderes republicanos, entre los que figuraban conocidos católicos, durante la fase de acoso y derribo de la Monarquía que hemos estudiado en el libro anterior. Pero el proceso Monarquía-República-guerra civil puede ofrecernos también el ejemplo italiano. Es algo más que una coincidencia; se aproxima a la consideración de ley histórica.

Creo que la tesis expuesta en el presente epígrafe está más que suficientemente probada. Ahora vamos a analizar con detalle cómo se produjo el tránsito de Monarquía a República en la España de 1931. Pero con todos estos precedentes delante debemos concluir que intentarlo de nuevo en vísperas del siglo XXI puede ser equivalente a obligar a todo el pueblo español, sin motivo alguno que lo explique, a jugar a la ruleta rusa, es decir a exponerse por tercera vez, gratuita e irresponsablemente, al suicidio colectivo de las dos primeras experiencias que el pueblo español conoce, por su memoria histórica, demasiado bien. La memoria histórica no consiste en los editoriales plúmbeos y prepotentes de cierto diario con pretensiones oficiosas, ni en la inundación de mentiras y estupideces que acumulan, sabe Dios con qué financiaciones, los historiadores de la manada y el carril. La memoria histórica forma parte del espíritu del pueblo y de la experiencia acumulada por las generaciones. Y en la memoria histórica de los españoles hay dos posos profundos que han arraigado como rocas; primero, nunca más la guerra civil; segundo, después de una República vienen siempre a España el caos y la guerra civil.

Las últimas esperanzas monárquicas

El acoso y derribo al Rey don Alfonso XIII —lo hemos examinado en el libro anterior— había empezado a la caída de la Dictadura a fines de enero de 1930 y se había prolongado a lo largo de todo el año, con el mayor peso de la ofensiva a cargo de los liberales monárquicos que se vengaban del Rey por haberse entregado a Primo de Rivera, el cual les había eliminado de la política durante más de seis años. La decisión de estos monárquicos resentidos —Niceto Alcalá Zamora, Miguel Maura— al pasarse con armas y bagajes a la República se combinó con ataques, todavía peores, contra el Rey por parte de otros monárquicos de ejecutoria liberal—conservadora —los exministros de la Corona don José Sánchez Guerra, don Angel Ossorio y Gallardo— que sin declararse republicanos, sin renegar de la Monarquía, orientaban a la opinión pública contra el Rey, personalmente, por haberse identificado con la Dictadura y haber violado, por tanto, la Constitución vigente; y exigían la abdicación de don Alfonso sin parar mientes en la imposibilidad física que ofrecían, por sus gravísimas dolencias, los dos hijos mayores de los Reyes, es decir don Alfonso y don Jaime, mientras que don Juan, que era el único infante varón sano (lo cual en 1930 no se había comprobado aún en medio de la catástrofe familiar) no tenía más que dieciséis años. Si los monárquicos más respetables descalificaban tan irresponsablemente al Rey y a la Corona, los republicanos no tardarían en imitarles con creces; mediante invectivas calumniosas como la de Prieto en el Ateneo y con la coalición antimonárquica que cristalizó durante el verano en el Pacto de San Sebastián y estalló a mediados de diciembre de 1930 en los pronunciamientos militares de Jaca y Cuatro Vientos. Para colmo de males el estamento intelectual que ejercía una influencia intensísima en la opinión, dirigido por el profesor Ortega y Gasset, había saludado con respeto la formación del gobierno del general Berenguer al principio, pero se sumó luego a la ofensiva antimonárquica y declaró la guerra a la Corona en el famosísimo artículo del propio Ortega publicado el 15 de noviembre que terminaba con la invocación catoniana Delenda est Monarchia, hay que acabar con la Monarquía. Los españoles en general y los intelectuales en particular han mostrado frecuentemente mucha mayor capacidad para la destrucción —sin ofrecer para ello alternativas válidas— que para la seria construcción del futuro. Y lo más sorprendente es que intelectuales y enemigos del Rey, carentes de todo sentido autocrítico, echaban al Rey exclusivamente las culpas de la Dictadura sin recordar una sola vez los espléndidos logros de la Dictadura —desde el final de la guerra de África a la creación de magníficas infraestructuras y la recuperación del orden público— y sin reconocer en absoluto que la gran mayoría del pueblo español, empezando por los propios intelectuales y gran parte de los socialistas, había saludado con entusiasmo el barrido dictatorial de lo que Ortega —uno de los que más aplaudieron— había llamado «vieja política».

El Rey, desamparado por la muerte de su madre la Reina María Cristina en 1929 y abrumado por las desgracias continuas de su vida familiar y por el creciente abandono de sus fieles, estaba tan desmoralizado a fines de 1930 que su estado de ánimo sólo puede calificarse como depresivo; y esta situación interior sería la causa principal de su abandono el 14 de abril de 1931. No le había fallado nunca a don Alfonso ni el patriotismo ni el valor. Pero era un ser humano y desde su borboneo al general Primo de Rivera hasta las sublevaciones de diciembre de 1930 se veía sometido a un acoso permanente que le produjo una aguda sensación de soledad y de indefensión; se quejó de ello varias veces, como ya se le había escapado alguna vez antes de la Dictadura, y creo prácticamente seguro que a fines de 1930 había meditado más de una vez sobre la posibilidad de abandonar el trono. Estaba sencillamente harto y no veo cómo le podríamos reprochar ahora, desde un cómodo observatorio de la Historia, que hubiera caído en actitud tan peligrosa.

Pero con el nuevo año 1931 —también lo hemos apuntado— el Rey cobró nuevos ánimos. La reacción nacional ante la intentona y el fracaso de los militares republicanos en Jaca y Cuatro Vientos se contuvo al principio por una mezcla de estupor e incertidumbre; pero pronto empezaron muchas personas a considerar los gestos de Fermín Galán, Ramón Franco y el general Queipo de Llano como una locura irresponsable que obtuvo grave repulsa en las fuerzas armadas y desarmó las nuevas aventuras que al frene del Comité Militar republicano, tramaba por entonces el general Miguel Cabanellas. El periodista Eduardo de Guzmán, redactor-jefe de un diario republicano de izquierda radical recién fundado, La Tierra, y autor del libro más minucioso y documentado sobre el período que corre desde la caída de la Dictadura hasta la proclamación de la República[2] concluye decididamente: «Nadie que piense con lógica puede esperar al comenzar 1931 un rápido hundimiento de la Monarquía. No lo esperaban ni siquiera los dirigentes republicanos que en la cárcel, la clandestinidad o el exilio no habían conseguido reponerse del golpe sufrido con escasa trascendencia y limitadas repercusiones». Por cierto que el director propietario de La Tierra era un bullicioso periodista republicano llamado nada menos que Cánovas Cervantes, pero mucho más conocido en el implacable ambiente madrileño como Nini: ni lo uno ni lo otro.

El diario católico El Debate, que ejercía una amplia influencia por su calidad y difusión, había dedicado su editorial del 1 de enero de 1931, debido a la pluma de su director, don Angel Herrera Oria, a afirmar que «la situación política se presenta para España a comienzos de 1930 más despejada que en fecha igual de 1930». Y don Angel se lanzaba a una profecía peligrosa, con la que entonces, sin embargo, todo el mundo se mostraba conforme: «Fracasó el movimiento porque tenía que fracasar y porque España no está para revoluciones… de ahí no ha de venirnos una revolución a corto plazo. Podrá venirnos dentro de una década, si no se la ataja el paso convenientemente». Dentro no ya de una década sino solamente de ocho años lo que había venido era la República en abril de ese mismo año 1931; el golpe militar de Sanjurjo en 1932; el golpe revolucionario de las izquierdas en octubre de 1934; la revolución del Frente Popular en febrero de 1936 y la guerra civil desde julio de ese año al 1 de abril de 1939. Realmente el mes de enero de 1931 no era propicio a las profecías. Pero en todo caso, situándonos en la perspectiva de aquel principio del año 1931, estaba claro que la causa de la República parecía hundida y la causa monárquica restablecida. Tendrían que intervenir de nuevo los monárquicos para volver a hundir a la Monarquía y se disponían a hacerlo, con irresponsabilidad inconcebible, de forma inmediata.

Es cierto que los optimismos monárquicos, de los que se hacía eco en frecuentes comunicaciones el gobierno Berenguer, dejaban paso, aunque al gobierno no le importase, a una silenciosa y permanente manifestación republicana que se concretaba en el centenar de personas, algunas muy importantes, muchas de ellas monárquicas, que acudían diariamente a la cárcel Modelo de Madrid para visitar y confortar a los miembros del presunto Gobierno Provisional de la República, a quienes había encerrado allí el gobierno por indicación del general Mola, que les había tenido vigiladísimos, entre el golpe de Jaca y el golpe de Cuatro Vientos. Pero esto no preocupaba demasiado al gobierno porque las visitas tenían escaso reflejo en la opinión; y es que con motivo de los pronunciamientos se había declarado el estado de guerra en varias regiones y se había recrudecido la actividad de la censura de prensa y de actos políticos. Tan seguro se encontraba el general Berenguer después del doble fracaso enemigo de diciembre que el 30 del mismo mes anunció a los periodistas que las elecciones generales legislativas se convocarían pronto para celebrarse el 1 de marzo de 1931. Y a partir de ese anuncio el problema político de España se concentró precisamente en las elecciones. Mejor dicho; no fue un problema de España sino exclusivamente de la clase política, al margen de la nación; las tomas de posición de los políticos empezaron a menudear desde entonces mismo. Por el momento los políticos que más interesaban a Berenguer —es decir los monárquicos conservadores y liberales—, mostraban su acuerdo con la convocatoria electoral. El 4 de enero, en declaraciones concedidas al ABC, aprobaban la convocatoria un político de gran prestigio, González Hontoria, y otro de la oposición, el líder de la Unión Monárquica Nacional y brillante exministro de la Dictadura don José Calvo Sotelo. Todavía confortó más a Berenguer la declaración favorable que comunicó en Sevilla, el 6 de enero, el jefe liberal conde de Romanones. Que para colmo de bienes rechazaba que las Cortes inmediatas tuvieran carácter de Constituyentes, como pretendían los empecinados constitucionalistas; «No se conocen Constituyentes —decía Romanones— que fuesen convocadas por el Rey». El líder catalanista Francisco Cambó se muestra por entonces muy activo en Madrid, declara que al no poder sustituir al gobierno por el todavía precario estado de su voz, no tiene la menor intención de derribarlo, es decir que de hecho le respalda. Su amigo el jefe liberal Santiago Alba, que sigue encerrado en París, mantiene su postura indecisa pero ya ha pasado su hora y nadie se preocupa mucho por él. Por supuesto el grueso del partido conservador, que sigue a su nuevo presidente, conde de Bugallal, muy próximo también a Juan de la Cierva, se muestra encantado con las perspectivas electorales. La euforia general del campo monárquico justifica, como sabemos, el éxito desbordante de la recepción en Palacio con motivo del santo del Rey el 23 de enero. Y lo más esperanzador —lo más trágico según nuestra perspectiva— es que la gran prensa europea vuelve a respaldar a la Monarquía de Alfonso XIII. The Whitehall Gazette, tan leída en el enclave oficial y ministerial de Londres, interpretaba por entonces la victoria de la Monarquía contra las intentonas revolucionarias de diciembre como «una gran victoria para toda Europa… ya que el establecimiento de la República en España habría de constituir un grave peligro bolchevique para la civilización europea. El llamado partido republicano no existe. Si la reciente intentona hubiese triunfado, los comunistas hubieran sido los amos de la situación». No era verdad pero sonaba a maravilla en el Madrid de enero de 1931. Ya sabemos que al día siguiente de la rebosante recepción de Palacio el gobierno levantó el estado de guerra aunque lo mantuvo en Madrid y en Zaragoza, pero todavía no se atrevió a restablecer las plenas garantías constitucionales. Además la eficaz gestión de un ministro muy inteligente, don Julio Wais, en el ministerio de Hacienda, conseguía una cierta recuperación de la peseta, lo cual, en aquellos tiempos de ignorancia económica general, incitaba a pensar que nuestra sufrida divisa, fetiche más que indicador de la situación económica, dejaba de constituir una preocupación alarmante. Como es natural nadie imaginaba que las multinacionales del petróleo, desahuciadas por la Dictadura, reanudarían muy pronto su tenaz y vengadora ofensiva financiera contra la Monarquía española.

Romanones da jaque mate al Rey

El exministro conservador don José Sánchez Guerra había iniciado a comienzos de 1930 el acoso contra el Rey en el teatro de la Zarzuela con su invocación a los gusanos de la Emperatriz Isabel y ahora inauguró también al comienzos de 1931 —el 29 de enero— la segunda fase del mismo acoso durante una reunión en el hotel Ritz —le gustaba el barrio— junto con sus amigos los constitucionalistas que no eran monárquicos ni republicanos sino todo lo contrario; los señores Burgos Mazo, Melquíades Álvarez, Miguel Villanueva y Francisco Bergamín. Se ratificaron en su postura constitucionalista, es decir en la exigencia de que Berenguer convocase unas Cortes Constituyentes en que se crease una Constitución nueva previo expreso debate sobre si España debería ser una Monarquía o una República, y de acuerdo con ese su constante criterio dieron a la prensa una nota en la que «con ese convencimiento y en las circunstancias actuales de España creemos que nos está vedado acudir a las elecciones que se anuncian» ya que en las Cortes que de ellas salieran no querían ejercer ni de oposición. Nadie sabía entonces ni sabrá jamás el respaldo popular de este grupo de notables que en todo caso no sería muy numeroso, hasta el punto que en las elecciones convocadas no hubieran obtenido escaño todos los reunidos en el Ritz; tal vez lo hubiera logrado uno de ellos o dos. Pero sin fuerza política concreta el influjo de los constitucionalistas en la opinión era muy intenso —para demoler, no para construir— y este primer impacto contra el proyecto electoral de Berenguer fue interpretado por todo el mudo como un jaque al Rey. No era todavía un jaque mate y el general presidente reaccionó con firmeza; lo esencial para su proyecto es que lo aceptasen, como habían prometido, los monárquicos conservadores y liberales fieles a la Corona y a poder ser los centristas de Cambó y Gabriel Maura. Que se quedaran fuera los flecos de oposición, allá ellos.

Al día siguiente, cuando cundían los comentarios sobre el rechazo constitucionalista, don Alvaro de Figueroa y Torres, conde de Romanones, conferencia con el general Berenguer sobre las elecciones que van a convocarse oficialmente. Habla en nombre propio y de otro jefe de mesnada liberal, don Manuel García Prieto, marqués de Alhucemas. Revela al jefe del gobierno su conversación —de anoche— con don Francisco Cambó, quien «quería saber si nosotros nos abstendríamos para tomar la misma resolución». Para satisfacción de Berenguer la respuesta fue negativa: «Yo le dije que los liberales monárquicos consideraban su deber asistir a las próximas elecciones, pero que entendía indispensable también que las garantías no fueran regateadas ni siquiera en una mínima parte». Berenguer le prometió que la campaña electoral y las elecciones se desarrollarían con plena libertad de prensa, asociación y reunión, sin la más mínima intervención de la censura, sin sombra de estado de guerra, sin actuación alguna partidista ni coactiva por parte del gobierno y de los gobernadores civiles, que siempre habían «hecho» las elecciones en la España de la Restauración. Esto era muy positivo para Berenguer, quien ya contaba con la participación de los conservadores y no pretendía presentarse a las elecciones en provecho propio. Después de comunicar esta referencia en la nota de prensa, el conde de Romanones entregó a los informadores otra nota complementaria, con gato, mucho gato encerrado.

En ella se confirmaba la participación de los liberales monárquicos pero se añadía que al constituirse el Parlamento nacido de las elecciones que iban a convocarse, el partido liberal monárquico propondrá a esas Cortes «la conveniencia nacional de una inmediata convocatoria de Cortes Constituyentes». En principio esta apostilla sonaba a absurda; las Cortes convocadas por Berenguer resultaban enteramente inútiles ya que su única función seria la inmediata convocatoria de unas nuevas, que decidieran sobre la forma de Estado, Monarquía o República. Sin embargo Berenguer, para continuar con la alegoría ajedrecística, decidió enrocarse. Aceptó la propuesta de los liberales aunque venía envenenada— porque creía probable que ante un previsible gran triunfo monárquico en las primeras elecciones ya nadie creería necesario convocar las segundas, y sería perder el tiempo. Tampoco preocupaba al gobierno la abstención de los partidos republicanos que se publicó casi a la vez que la doble nota de los liberales. La verdad es que casi nadie sabe qué son, ni qué fuerza tienen esos partidos: Radical, Radical-Socialista, Acción Republicana, Federación Republicana Gallega, Derecha Liberal Republicana; algunos de sus líderes estaban en la cárcel, otros huidos o en el extranjero. Parecía probable que todo este conjunto republicano, de haber concurrido a la convocatoria, obtendría muy pocos escaños. Interesa mucho más que ese mismo día 31 de enero el Consejo de ministros cumple la promesa de Berenguer a los liberales monárquicos y restablece el pleno ejercicio de las garantías constitucionales; con una adición muy grata a todos los grupos, la suspensión del artículo 29 de la ley electoral vigente, en el que se establecía que cuando en un distrito sólo figurase la candidatura de un partido no sería necesario celebrar elecciones sino que se proclamaría la única candidatura presentada. Ahora habría elecciones en todos los distritos, aunque sólo contaran con una candidatura, porque así se podría saber la auténtica fuerza electoral de los candidatos. La referencia del Consejo se publicó el 1 de febrero cuando Cambó estaba ya en París, donde almorzó con Santiago Alba en el hotel Críllon. Alba sigue retraído; y en una nueva reunión que celebran el día 6 en el hotel Claridge, donde reside el jefe liberal, propone a Cambó repudiar la convocatoria en cuanto se publique oficialmente. Santiago Alba se sitúa cada vez más en posición negativista; confía en que, cuando él declare su abstención, caerá el gobierno Berenguer y cuando el Rey le llame a consulta propondrá encabezar un gobierno de izquierda con republicanos y socialistas que convocaría inmediatamente unas elecciones municipales, seguidas por las provinciales y las generales. Santiago Alba no ha devorado aún su resentimiento contra don Alfonso, pese a los esfuerzos y sacrificios exagerados que el Rey ha hecho para recuperarle. Ahora propone un doble suicidio; un gobierno de la Monarquía formado por los enemigos jurados de la Monarquía; y la convocatoria de elecciones municipales donde republicanos y socialistas tendrían mucho mejor horizonte que en las generales. Quizá porque conocía ya perfectamente la resolución —tres días anterior— del PSOE y la UGT que, como los republicanos, habían anunciado su abstención en las elecciones de Berenguer.

Al día siguiente de la abstención socialista, y mientras la decisión de Santiago Alba se mantiene en secreto, Berenguer, ya muy preocupado, convoca un Consejo de ministros en su dormitorio, donde le retiene una seria afección en el pie. Allí se aprueba el decreto de convocatoria electoral, se levanta el estado de guerra en las provincias de Madrid y Huesca y, para general sorpresa, se conceden treinta días de vacaciones extraordinarias a los estudiantes universitarios, para que no perturben la campaña y la celebración de las elecciones. Por fin el 8 de febrero, domingo, aparece en la Gaceta el decreto de convocatoria electoral con todas las garantías exigidas por los partidos liberal y centrista; las elecciones se celebrarán el 1 de marzo para el Congreso y el 15 para el Senado. Obstinado en su abstención, Santiago Alba redacta en París su nota de abstención, que toda la prensa publica el 10 de febrero, en la que se declara partidario de unas Cortes Constituyentes. Aunque Santiago Alba había decaído mucho ante la opinión era todavía el jefe de una de las tres grandes agrupaciones liberales, la que comprendía a los más jóvenes y avanzados, mientras que las otras dos, a las órdenes de Romanones y Alhucemas, se nutrían más bien de veteranos. Berenguer reconoció el impacto que le había producido la abstención de Alba, que también preocupó muchísimo al Rey y a Cambó, porque ahora el inteligente proyecto de renovar los partidos dinásticos sobre la alternancia del líder catalán y el gran político castellano se aplazaba indefinidamente o mejor, se desvanecía. La abstención de Alba constituía también un rudo golpe a los liberales monárquicos de Romanones y Alhucemas. Era el segundo jaque al Rey de la temporada y cada vez quedaba a la Monarquía menos espacio para la maniobra.

Pese al serio revés que sufría su proyecto electoral el gobierno Berenguer decidió seguir adelante con la convocatoria ya publicada y cumplió fielmente con su promesa de restablecer todas las garantías constitucionales. Los dos grandes partidos monárquicos, liberal y conservador, parecían exhaustos, faltos de ideas, privados de toda ilusión; pero el levantamiento de la censura de prensa y actos públicos desencadenó una nueva oleada de actividad en el frente contrario a la Monarquía. La prensa antimonárquica divulga entonces mil detalles, hasta ahora ocultos o disimulados por la censura, sobre los sucesos de Jaca y Cuatro Vientos, sobre el tesón y la energía de los jefes republicanos encerrados en la cárcel Modelo. Los capitanes Galán y García Hernández son presentados como héroes y mártires; el gesto del aviador Ramón Franco al desistir del bombardeo de Palacio cuando vio a los niños jugando en los jardines de la Plaza de Oriente se interpretaba como una prueba suprema de humanitarismo y amor al pueblo. Se reanudaban los ataques desaforados contra la Dictadura, extendidos ahora a la Dictablanda, considerada como prolongación del régimen de Primo de Rivera, lo cual era notoria falsedad e injusticia. El gobierno no impone otra vez la censura previa pero recoge y secuestra continuamente las ediciones de los periódicos una vez puestos a la venta, con lo que se excita la curiosidad pública y los ejemplares que pueden salvarse se pagan a peso de oro. El nuevo diario republicano La Tierra hace su agosto y su número del 9 de febrero causa una enorme impresión en toda España, cuando los ejemplares que se han podido sacar de Madrid se leen en corros por todas partes. Su redactor jefe, Eduardo de Guzmán, se enorgullecía con razón casi medio siglo después —cuando tuve la satisfacción de conocerle y evitar cualquier dificultad para la publicación de su interesantísimo libro sobre 1930— del alarde publicado en ese número por el periódico del señor Cánovas Cervantes, que conoce su momento de gloria. En portada destacan dos grandes fotografías de los héroes de Jaca, Galán y García Hernández. En tercera van unos versos horribles (que Guzmán cree «magníficos») y a su lado el Manifiesto decimonónico del Gobierno Provisional de la República, debido a la pluma inmarcesible de don Alejandro Lerroux, que por cierto sigue escondido en Madrid, fuera del alcance del gobierno. Entre nuevas exaltaciones al golpe de Cuatro Vientos y a los encarcelados en la Modelo, una entrevista muy sentida con la madre de Fermín Galán y la viuda de García Hernández. Pero la información más trascendental que publica el diario republicano en ese cuajado número es el Manifiesto de la Agrupación al Servicio de la República, un poderoso grupo que reúne a casi todo el estamento intelectual del momento, encabezado por don José Ortega y Gasset, el novelista don Ramón Pérez de Ayala y el doctor Gregorio Marañón Posadillo. Éste es el tercer jaque al Rey de la época y reaviva como un reguero de pólvora la impresión del artículo de Ortega publicado el anterior mes de noviembre sobre el error Berenguer.

Los tres principales firmantes son figuras señeras del pensamiento, la literatura y la sociedad española. Invitan a todos los profesionales e intelectuales españoles a situarse correctamente en medio de la crisis nacional, salir de sus profesiones y trabajos normales y «ponerse sin reservas al servicio de la necesidad pública». Afirman que «el Estado español tradicional llega ahora al grado postrero de su descomposición». No por el empuje contrario de fuerzas poderosas sino que «sucumbe por sus propios vicios constitutivos». El viejo Estado ha de ser sustituido «por otro auténticamente nacional». Ensayos como el fascismo y el bolchevismo terminan en un callejón sin salida. «Creemos que la Monarquía de Sagunto ha de ser sustituida por una República que despierte en todos los españoles, a un tiempo, dinamismo y disciplina, llevándoles a la soberana empresa de resucitar la historia de España». Pero la Monarquía «no va a ceder galantemente el paso» al nuevo proyecto. «Sólo se rendirá ante una formidable presión de la opinión pública. Es pues urgentísimo organizar esa presión». El primer fin de la Agrupación al Servicio de la República será «movilizar a todos los españoles de oficio intelectual… Llamamos a todo el profesorado y Magisterio, a los escritores y artistas, a los médicos, los ingenieros, arquitectos y técnicos de toda clase, a los abogados, notarios y demás hombres de la ley. Muy especialmente necesitamos la colaboración de la juventud… De corazón ampliaríamos a los sacerdotes y religiosos este llamamiento, que a fuer de nacional preferiría no excluir a nadie, pero nos cohíbe la presunción de que nuestras personas carecen de influjo suficiente sobre sus respetables cases sociales». La Agrupación «no va a modelarse en un partido sino hacer una leva general de fuerzas que combatan a la Monarquía».

El Manifiesto causó hondísima impresión. Estaba escrito con un estilo moderno y atractivo, a mil leguas de los latiguillos del Manifiesto oficial del Comité Revolucionario. Pero nadie salió a la palestra para decir a los tres ilustres firmantes que su propuesta era negativa e inconcreta. No presentaba un programa sino pretendía destruir a la «Monarquía de Sagunto» que era sobre todo la Monarquía de Cánovas y no un régimen nacido de un cuartelazo. Los tres grandes escritores pretendían «resucitar la historia de España», como ya había prometido Cánovas tras el caos de la Primera República; pero no advertían que toda esa gran historia de España había sido monárquica ni decían una palabra sobre el fracaso del intento republicano anterior. La llamada a los intelectuales, los profesionales y la juventud era muy original y halagadora, pero sin propuestas concretas. Grandes y hermosas frases, aire moderno y esperanzador pero sin fundamento ni horizonte político alguno. Daba la impresión —nos la da ahora, tantos años después— de que los tres insignes firmantes poseían el don de la palabra pero carecían de toda idea política.

El general Berenguer persistía en su proyecto electoral pero dentro de su gobierno cundía el desánimo. Y el más desmoralizado fue precisamente en ministro de la Gobernación, don Leopoldo Matos, de quien dependía en gran parte el éxito de las elecciones y el triunfo en ellas de los candidatos monárquicos. Matos, excelente abogado con un gran bufete, hombre de mundo, era la persona menos indicada para dirigir en momentos tan críticos el ministerio de la Gobernación. Fue a visitar a mi abuelo Juan de la Cierva, que cuenta en sus Notas la conversación; el ministro venía impresionado «por el desbarajuste en los distritos, la falta de coordinación de las fuerzas monárquicas, sin positivos trabajos de propaganda»[3]. Matos estaba muy bien relacionado en los medios intelectuales y liberales que se alineaban contra el Rey y se mostraba muy abatido por la creciente soledad de la Monarquía. Influía mucho en Romanones, a quien pedía insistentemente que «le sacara del pozo», es decir, que le librase de su tremendo compromiso electoral y convenciese a Berenguer de que convocase primero elecciones municipales, como proponía por entonces Santiago Alba. Mi abuelo insiste mucho en que la desmoralización de Matos resultó fatal para desmoralizar a Berenguer; y apunta nuevamente lo peligroso de las maniobras del Nuncio Tedeschini, quien según noticias de la prensa extranjera pactó con los republicanos y animó a muchos sacerdotes y monjas para que votasen a esa República de Obispos que había prometido en sus campañas don Niceto Alcalá Zamora. Matos llevó a tal extremo su abatimiento que al anunciarse la abstención de los constitucionalistas declaró en Barcelona que el gobierno Berenguer debía dimitir. Creo que Eduardo de Guzmán acierta de lleno cuando atribuye a don Leopoldo Matos, dentro del gobierno Berenguer y al conde de Romanones, fuera de él, el último jaque al Rey que resultó ya virtualmente definitivo.

El 13 de febrero de 1931 el conde de Romanones y el marqués de Alhucemas, los líderes principales del partido liberal monárquico, se reúnen en casa de Alhucemas, diseñan un movimiento político que creen positivo y audaz y se lo comunican telefónicamente a Cambó que lo aprueba por completo. Entonces entregan una nota a la prensa que la publica al día siguiente, 14 de febrero. Cambó, al conocer el contenido de la nota que Romanones le transmite por teléfono, redacta la que fija la posición de la Lliga, en el mismo sentido. Romanones acude a las once de la noche al palacio de Buenavista de donde Berenguer, enfermo e impedido, no puede salir. «Al hacerle notar la perturbación y peligros que el planteamiento de la crisis pudiera tener —le dijo Berenguer— se mostró optimista, no viendo peligro en ello…». Era Romanones de cuerpo entero.

He llegado a conocer a los dos prohombres liberales que, junto a Matos, dieron el cuarto jaque al Rey aquella tarde y noche del 13 de febrero de 1931. El conde de Romanones, don Alvaro de Figueroa, era abuelo de mi admirada amiga Natalia Figueroa, mujer inteligentísima que desborda comprensión, humanidad y dotes que revelan un profundo sentido cultural. Esto sin duda lo ha heredado de su abuelo; uno de los grandes méritos de Romanones era que comprendió la importancia de aproximar a los intelectuales hasta la Corona y casi desde comienzos del reinado efectivo de Alfonso ΧIIΙ —el conde fue ministro en el primer gobierno del Rey en 1902— acompañó a Palacio a personalidades de la inteligencia tan relevantes como don Gumersindo de Azcárate y don Miguel de Unamuno. Yo le he visto fugazmente alguna vez pero no olvidaré nunca la impresión que me produjo leer en la prensa roja de Madrid, a fines de julio de 1936, Una noticia según la cual «el exconde de Romanones ha donado a la causa de la República veinticinco millones de pesetas». Nada más alejado del bando rojo que don Alvaro, que además gozaba de merecidísima fama de tacaño, por lo que mi abuelo, que estaba refugiado con nosotros en la legación de Noruega, nos lo explicó: «Alvaro no les ha dado nada, se lo han robado. Todo lo más es el precio de su rescate». Le salió mejor el rescate que a otro título, pariente muy próximo nuestro, que «donó» una cantidad parecida y fue asesinado a los pocos días; su yerno, pariente nuestro mucho más próximo, fue también vilmente asesinado después de haberse vuelto loco en la cheka. Digo esto porque alguien ha escrito un disparate trágico, titulado «capital del dolor», que no he leído pero me dicen que naturalmente no se refiere a Madrid.

Nunca olvidé una sesión de la Academia de Bellas Artes que, ya en la época de Franco, presidía el conde de Romanones. Me llevaron allí no sé para qué y no entendí una palabra de lo que se trataba. Hasta que hubo que poner algo a votación y don Álvaro, ya anciano, cobró de pronto vida cuando algunos asistentes proponían que aquello se decidiese sin votar. «¡Vamos a votar ahora mismo! —dijo, con energía irresistible— ¡Hace muchísimo tiempo que no voto y no me muero sin votar por última vez!». Se votó.

Había sido alcalde de Madrid, ministro muchas veces, cacique máximo —se decía— de Guadalajara, por la que salía invariablemente diputado. Era un colosal táctico de la política pero no cultivaba la de altos vuelos; lo suyo era el regate corto, la maniobra habilidosa. Se portó admirablemente con el Rey al presentarse con etiqueta monárquica a las elecciones republicanas en junio de 1931. Ganó su escaño y, aunque había en aquellas Cortes algunos monárquicos encubiertos, él fue el único que actuaba como monárquico y en calidad de tal defendió nobilísimamente al Rey cuando un grupo de energúmenos se empeñó en declararle reo de alta traición. Y lo consiguieron, pero tuvieron que tragarse el espléndido discurso del conde, cuya cojera le hacía simpatiquísimo a las gentes. El profesor Pabón refiere una frase de Cambó en el Congreso cuando miraba fijamente a Romanones, a quien en el fondo admiraba; «Cada gesto de su cara es un delito».

Digo todo esto porque ahora, en cambio, me veo en la necesidad de acusarle de un error espantoso: su nota, dada conjuntamente con García Prieto, y publicada el 14 de febrero de 1931. Aquello fue una terrible frivolidad, un acto político irresponsable cuyas consecuencias no supo prever un político tan experimentado, el «travieso conde» como se le llamaba entonces. Sabemos que Romanones había aceptado en todos sus términos la convocatoria electoral de Berenguer; luego la admitía pero atribuyendo (en nota adjunta y secundaria) a las Cortes que salieran de las elecciones de marzo la única misión de convocar otras Constituyentes; y ahora, el 14 de febrero, se declaraba virtualmente por la abstención y hundía, a sabiendas, al gobierno Berenguer. A sabiendas, porque el propio Berenguer, como sabemos, se lo había advertido la noche anterior. Mi abuelo resume lacónicamente la intervención de los dos máximos culpables del desaguisado; «Y así las cosas, el conde de Romanones siguió las indicaciones de Matos y Berenguer presentó la dimisión del gabinete».

La famosa nota se publicó firmada por Romanones y Alhucemas. También conocí al marqués de Alhucemas, don Manuel García Prieto. Le saludé más de una vez, de niño, en casa de mi abuelo, que había sido ministro en un gobierno presidido por el marqués, que debía su título, otorgado por Alfonso XIII, a su intervención en uno de los tratados que se concertaron entre España y Francia para distribuir las zonas de influencia en Marruecos. Pero la única vez que hablé con él fue en circunstancias extraordinarias. Ya declarada la guerra civil llegamos a San Sebastián poco después de que los navarros de Artajona entrasen en la ciudad en septiembre de 1936. Recuerdo que desde el colegio de los marianistas en lo alto de la cuesta de Aldapeta se oían todavía las baterías rojas de costa emplazadas en el Cabo Machichaco, eso nos explicaba uno de los profesores. Un día pasábamos por la Avenida, cerca ya del puente sobre el Urumea, y nos detuvimos para observar que en la esquina derecha de la preciosa calle, según se mira al río, había un gran local lleno de amables viejecitos con uniforme gris y boina gris. Un rótulo rezaba sobre la puerta: «Cuartel de la Guardia Cívica». Salieron algunos a la acera y la persona que me acompañaba, ahora no recuerdo quién, me dijo: «Ése es muy amigo de tu abuelo, el señor García Prieto». Nos acercamos y al saber mi nombre me saludó con inmensa cordialidad y me preguntó por mi abuelo, que seguía refugiado en la Legación de Noruega hasta su muerte en 1938. Nunca olvidaré lo emocionado que estaba don Manuel, sin que yo pudiera sospechar que un día lejano contaría este encuentro en uno de mis libros. La Guardia Cívica, sobre la que nunca he leído una palabra, era una milicia voluntaria de ancianos a favor de la causa nacional, cumplían misiones de segunda línea y creo que no sobrevivieron a la unificación de 1937.

La nota del conde de Romanones y el marqués de Alhucemas publicada con gran aparato en la prensa del 14 de marzo de 1931 decía así:

«Persistentes en sus propósitos de marchar unidos en su campaña y dar el mismo matiz a sus manifestaciones, los señores conde de Romanones y marqués de Alhucemas se reunieron en el domicilio de éste con el fin de concretar la respuesta que han de dar a sus correligionarios, que constantemente se preguntan si, dadas las circunstancias actuales, se proponen intervenir en la próxima contienda electoral, y manifestaron que, por estimar que la abstención hecha por los partidos de gobierno constituye un precedente funestísimo que, repetido podría significar la muerte del sistema parlamentario, perduran en el acuerdo de tomar parte en las elecciones convocadas, siendo su propósito el de ir a las Cortes únicamente para pedir en ellas la convocatoria de otras Constituyentes y la disolución de las que se elijan en marzo, por entender que los graves problemas políticos, jurídicos, económicos y sociales que hoy están planteados en España, no pueden ser examinados y resueltos convenientemente y con tranquilidad para la Patria sin la intervención y el concurso de los sectores de opinión que van a estar ausentes en el próximo parlamento y así se lo comunicaron a sus amigos».

Con un circunloquio que debió de parecer muy inteligente a los ilustres firmantes, los líderes del partido monárquico liberal proponían un procedimiento tan absurdo que de hecho equivalía a una completa abstención y un alineamiento con las posiciones de los constitucionalistas. El tercer líder liberal Santiago Alba, ya les había precedido. El general Berenguer, al conocer esa nota, decidió pedir audiencia al Rey la mañana siguiente. La nota del conde de Romanones —no sé por qué todo el mundo le atribuyó a él la responsabilidad principal— no era sólo un cuarto jaque al Rey. Era ya el jaque mate.

Después de conocer la actitud de Romanones y Alhucemas, Francisco Cambó se incorpora a los partidarios de la abstención electoral, de acuerdo con la decisión que ya le había comunicado Santiago Alba. Por otra parte, durante su visita nocturna del día 13, Romanones se había permitido aconsejar a Berenguer que la única salida, por el momento, después de la dimisión inevitable del gobierno, era que el Rey encargase a un ilustre marino apolítico, el almirante Juan Bautista Aznar, la formación de un gobierno de concentración monárquica con liberales y conservadores que, de acuerdo con los consejos de Leopoldo Matos, aplazase la convocatoria de elecciones legislativas para que se celebrasen antes las municipales y las provinciales.

A primera hora del 14 de febrero, en efecto, el general Berenguer pidió audiencia urgente a don Alfonso XIII. Como el jefe del gobierno seguía enfermo e impedido, don Alfonso, en un nuevo rasgo de delicadeza, le comunicó que iría a verle al palacio de Buenavista. Después de agradecer su gesto al Rey, el general Berenguer le presenta la dimisión total de su gobierno y le plantea la crisis total que don Alfonso, muy preocupado aceptó. Y esa misma mañana, cuando casi nadie se ha enterado de la crisis, el Rey comienza las consultas a los líderes políticos para formar un nuevo gobierno. En el curso de esas consultas don Alfonso XIII, a quien el conde de Romanones había dado ya el jaque mate, va a ser sometido a un nuevo acto de menosprecio e indignidad por parte de quien le había asestado el primer golpe de acoso en 1930: don José Sánchez Guerra.

La realidad se impone a la realeza

El primer político llamado a consulta fue el duque de Maura, que había formado con don Francisco Cambó el Centro Constitucional, y declaró a los periodistas no haber tenido la menor intervención en la crisis. No pudieron afirmar lo mismo los siguientes consultados, marqués de Alhucemas y conde de Romanones, que entraron por separado pero dijeron lo mismo según su costumbre; hasta la aparición en nuestros días, de la pareja sindical Antonio Gutiérrez/Cándido Méndez no ha conocido España tan ejemplar unanimidad en dos personas tan diferentes. Recomiendan un gobierno de concentración bajo la presidencia de un independiente alejado de la política, para que convocase con imparcialidad elecciones municipales, provinciales y generales sucesivamente; de las Cortes habría de salir una nueva convocatoria para otras Cortes Constituyentes; reiteran, por tanto, la nota que habían publicado en la prensa de esa misma mañana. Romanones, que seguía sin advertir el disparate de su actitud, se mostraba muy satisfecho de haber procurado al gobierno Berenguer «una salida airosa» cuando a fin de cuentas lo que había logrado muy contra su voluntad, era preparar a la Monarquía, como se iba a ver justo a los dos meses, una salida desairada. Pero se mostraba lleno de optimismo y buen humor, totalmente fuera de la realidad. Por la tarde continúan las consultas a mayor ritmo. El Rey tiene prisa por que se constituya un nuevo gobierno que acabe con tantas presiones e incertidumbres. Acuden dos conservadores, los señores Sánchez de Toca y conde de Bugallal, que recomiendan la misma solución: un gobierno de amplia concentración monárquica, aunque Bugallal se inclina, dentro de esa fórmula, a un mayor peso de los liberales avanzados —que entonces se consideraban de izquierda aunque no lo eran— para contrarrestar el apoyo que los conservadores de derecha habían proporcionado al gobierno Berenguer. Llegó luego el turno de los constitucionalistas —Villanueva, Melquíades Álvarez y Sánchez Guerra, uno tras otro— quienes naturalmente pidieron al Rey un gobierno que convocara inmediatamente Cortes Constituyentes. Sánchez Guerra, un político ingenioso que se moría por decir una frase, había preparado ésta que creyó muy apta para la ocasión y soltó a la salida: «La Historia tiene la coquetería de repetirse, merced a lo cual, una vez más, se comprueba que la realidad tiene más fuerza que la realeza». El hombre de los gusanos no podía evitar clavar al Rey un nuevo aguijón; quería decir sin duda que la realeza debía ceder el paso a la realidad, que sólo podía ser la que todos imaginaban al escucharle.

Mi abuelo Juan de la Cierva no tenía aquella tarde ganas de bromas. Veía claramente el abismo que se estaba abriendo ante la Monarquía y además de sus recomendaciones orales le dejó al Rey una nota escrita para que las pudiera meditar. Su opinión se resumía en que el nuevo gobierno debería elegirse con una característica fundamental: defender a la Monarquía, sea cual fuere el partido a que pertenecieran sus miembros, sin que la Corona mostrase la menor complacencia con los revolucionarios que sólo buscaban derrocarla. No es verdad, por tanto, que mi abuelo pidiera al Rey un gobierno conservador, como afirma Guzmán, sino un conjunto suprapartidista dispuesto a formar una piña en torno al Rey para defender a la Corona, que es lo que estaba en juego. Mi abuelo se tranquilizó algo al observar que el Rey no pensaba hacer caso a los constitucionalistas pero le vio favorable a encargar el gobierno al almirante Aznar, «Ministro de Marina cuando surgió la Dictadura, excelente persona pero poco político y muy viejo y achacoso». Como sabemos había sido Romanones quien sugirió a Berenguer y al propio Rey el nombre de Aznar; la influencia del veterano y travieso conde sobre don Alfonso era notoria en esa crisis y vamos a ver en qué terminó. Don Alfonso quiso también consultar con los dos grandes políticos en quienes un año antes había querido confiar la regeneración del sistema de partidos, el tercer gran intento de la Restauración después de los de Sagasta-Cánovas y Maura-Canalejas, frustrados en 1897 y 1912 por ese asesino anarquista que se escondía, desde la muerte de Prim a la de Dato, en los rincones críticos de la Historia reciente de España. Por desgracia la enfermedad de Cambó y el resentimiento de Alba habían congelado el intento que ahora volvía a emprender el Rey, desesperadamente.

Francisco Cambó salió de Barcelona en el exprés nocturno del 14 y llegó a Palacio en la mañana del domingo 15 de febrero. Había dejado una sombría nota que se publicaba ya en la prensa de Barcelona; según ella, España se encontraba en situación prerrevolucionaria, el gobierno Berenguer había sido un simple juguete a merced de fuerzas desmandadas; pero la agitación revolucionaria es más superficial que profunda ya que la inmensa mayoría del pueblo no quiere revolución, ni dictadura, ni retorno sin más al viejo régimen. Esa gran mayora quiere ser gobernada «por una democracia de verdad, que no se espante ante el enunciado de ninguna reforma», que no se rinda ni ante la violencia de las masas obreras ni ante la «coaligación autocrática». Y reclama una «acción ciudadana activa para impedir los estallidos revolucionarios».

Eduardo de Guzmán cree que esta idea de Cambó adolece de falta de visión pero se equivoca; desde nuestra perspectiva creo que la diagnosis de Cambó coincidía con lo que deseaba la mayoría del pueblo español en aquellos momentos. Para concretar en la política viva ese análisis, Cambó propone a don Alfonso la formación de un gobierno presidido por Santiago Alba, con ministros de concentración liberal en la que entrasen los constitucionalistas y los liberales dinásticos de Romanones y Alhucemas, es decir una combinación de la nueva y la vieja política liberal, pero, dada la presidencia de Alba, con predominio del liberalismo avanzado en que se alineaban los constitucionalistas. Aunque ese gobierno convocaría, inevitablemente, unas Cortes Constituyentes, el Rey pensó que se trataba de la única salida y deseaba poner en práctica el consejo de Cambó, para lo que era necesario recabar el concurso de Santiago Alba, a quien se ofrecía de nuevo la gran oportunidad de su vida. Como don Santiago, a quien se había dirigido el embajador de España, Quiñones de León, en nombre del Rey, se había negado a venir a Madrid para evacuar la consulta, don Alfonso ΧΙII vuelve a humillarse ante él y le consulta por teléfono. En la embajada de España Santiago Alba escucha el ofrecimiento del Rey. Pero sigue devorado por sus complejos, vuelve a negarse y sugiere al Rey, en cambio, como única salida la formación de un gobierno constitucionalista bajo la presidencia de Melquíades Álvarez o José Sánchez Guerra y con el encargo de convocar Cortes Constituyentes. Alba se mostraba dispuesto a apoyar desde fuera a ese gobierno y estaba seguro de que toda la izquierda, incluso la extrema, se declararía dispuesta a concurrir a esas elecciones. Muy pronto se iba a comprobar que esta visión optimista de Alba carecía de todo fundamento; pero el Rey visita de nuevo en el Ministerio de la Guerra al general Berenguer esa misma tarde y coincide con él en que no le queda más salida que la aconsejada por Santiago Alba. El ministro Leopoldo Matos confiesa a los periodistas que la crisis está resultando más complicada que lo imaginado pero que al día siguiente se conocerá la resolución del Rey. Y a partir de ese momento la crisis Berenguer se convierte en uno de los más inconcebibles esperpentos de la historia política española.

Sánchez Guerra decide reclutar ministros
en la cárcel

A primera hora de la mañana del lunes 16 de febrero la Jefatura de Palacio convoca con urgencia a don José Sánchez Guerra a una audiencia con el Rey. Acude inmediatamente y conversa con don Alfonso durante dos horas. De acuerdo con la recomendación telefónica de Santiago Alba el Rey encarga a Sánchez Guerra la formación de un gobierno con amplísimos poderes para incluir en él a quienes creyese conveniente, sin que el Rey formule, según todos los indicios, limitación alguna. Durante todo el día, el designado consulta sobre el gobierno con varias personalidades políticas de signo liberal y constitucionalista. Regresa a Palacio a media tarde para informar al Rey sobre sus gestiones, que espera completar a la mañana siguiente, según comunica a la Prensa. Pero ya anochecido, al salir de Palacio, el hombre de los gusanos siente la urgencia interior de sus prontos y decide dejarse llevar por el más alucinante de todos ellos. Ni corto ni perezoso sube al coche acompañado de su hijo Rafael (que sería pronto secretario de la Presidencia de la República y pidió después permiso a Franco para volver a España y encerrarse en un convento, lo que en efecto hizo) y dio al sorprendido chófer orden de dirigirse a la Cárcel Modelo, donde pidió al director que le condujera al ala de políticos para entrevistarse con los miembros del Gobierno Provisional de la República, que se llevaron una sorpresa indecible al ver a don José. En el locutorio de abogados el exjefe de un gobierno monárquico, pronunciado contra Primo de Rivera en 1929 y devoto político de San Francisco de Borja, conversa con cuatro presos que no salen de su asombro: los señores Alcalá Zamora, Miguel Maura, Largo Caballero y Fernando de los Ríos, dos republicanos de cuño reciente y dos socialistas veteranos. Miguel Maura, imprescindible testigo de todo aquel período, describe la solemne entrada del preconizado Jefe del gobierno, «con su inseparable bastón y tocado con su habitual sombrero de copa» que se descubre respetuoso ante los enemigos de la Monarquía y sin quitarse su «majestuoso abrigo de piel» les dice, con voz temblorosa, como asustado de su propio gesto:

«Señores, he sido encargado por el Rey de formar gobierno y he creído mi deber venir a proponerles la colaboración en el que voy a formar, si logro reunir los elementos que considero indispensables». Rafael Sánchez Guerra, el hijo del osado, reveló después que su padre pensaba ofrecerles dos o tres carteras.

Naturalmente don Niceto y sus amigos adivinaron en aquel momento que la Monarquía estaba irremisiblemente perdida y que la hora de la República era inminente. Entonces don Niceto le pidió que concretase las condiciones y límites de esa colaboración.

Sánchez Guerra, seguramente indignado consigo mismo, daba muestras de impaciencia; había esperado una rendición incondicional de los prohombres republicanos. Fernando de los Ríos se embarcaba en una disquisición teórica cuando Miguel Maura le interrumpió:

«No hay nada que examinar que no esté examinado ya. Nosotros con la Monarquía nada tenemos que hacer ni que decir». Sánchez Guerra contestó tranquilamente que ya se había imaginado esa respuesta, saludó ceremoniosamente, se caló el sombrero de copa y se marchó por donde había venido[4].

La noticia empezó a circular por Madrid aquella misma tarde, comunicada por los funcionaros de la Modelo que no podían creérsela pese a haber presenciado el espectáculo desde fuera de la sala. Pero el frustrado Sánchez Guerra no se inmutó. Convoca una reunión en su casa esa misma noche y se harta de ofrecer carteras a otros enemigos del Rey. Angel Ossorio y Gallardo exige la previa abdicación de don Alfonso. Melquíades Álvarez, que nunca había sido ministro, acepta encantado una vicepresidencia en el gobierno que don José sigue seguro de formar. Otros constitucionalistas también aceptan entre ellos los exministros Burgos Mazo, Villanueva y Chapaprieta, a los que se agrega el general Goded, jefe de una de las vanguardias de Alhucemas en 1925 (la otra la mandó el entonces coronel Franco) a quien se atribuía la dirección del pronunciamiento que forzó la dimisión del general Primo de Rivera.

A la mañana siguiente algunos periódicos publican una nota eufórica de don Niceto Alcalá Zamora en la que con medias palabras revela el ofrecimiento que les había hecho Sánchez Guerra la víspera y la tajante negativa del Gobierno Provisional de la República. Considera que el encargo del Rey a Sánchez Guerra es «una primera etapa o victoria de la Revolución» y anuncia que «la fuerza constituida por republicanos y socialistas continúa su marcha, sin que pueda entrar en el gobierno trazado ni siquiera como fiscal presente». Muy pronto supo todo Madrid la fantástica escena de un preconizado jefe del gobierno del Rey ofreciendo en la cárcel varias carteras a los enemigos del Rey. La nota definía con exactitud la situación de la Monarquía como «naufragio voluntario y ya casi consumado». El Rey, a quien Sánchez Guerra no había informado aún sobre su atolondrada gestión en la cárcel, vuelve esa misma mañana al ministerio de la Guerra donde conferencia con Berenguer y regresa a Palacio, donde Sánchez Guerra esperaba hacía un rato. Al entrar había revelado a los periodistas que traía la lista del nuevo gobierno y la comunicaría a la salida, una vez aprobada por el Rey. Pero el despacho de Sánchez Guerra con el Rey apenas duró media hora. El Rey no está conforme con la lista que le aportaba don José, formada casi exclusivamente por constitucionalistas y el político no tiene más remedio que declinar el encargo y aconsejar al Rey que llamara a su correligionario Melquíades Álvarez, que según mi abuelo se moría de ganas por aceptarlo. Aquel mismo día circulaba intensamente el rumor de que la ruptura de Sánchez Guerra con el Rey se debía a que el visitante de la cárcel Modelo se negó a incluir en su lista a dos liberales fieles al Rey, que no eran sino Romanones y Alhucemas. Eduardo de Guzmán apunta una razón más poderosa, y creo que acierta de lleno.

En las Notas de mi abuelo hay una posible superposición de fechas, que puede resolverse ante estos hechos seguros: la visita de Sánchez Guerra a los republicanos presos se produjo al anochecer del lunes 16 de febrero; la renuncia del mismo político al encargo fue sobre la una de la tarde del 17, fecha en que, por la mañana, la prensa confirmaba esa visita, que ya a primera hora de la noche del 16 corría por todo Madrid. Mi abuelo habla de la reunión habitual con varios amigos políticos en su casa de la calle Alfonso XII, que tenía lugar todas las tardes a la hora del té. Y como el encargo del Rey a Sánchez Guerra fue por la mañana del lunes 16, las oleadas de indignación monárquica que llevaban a mi abuelo sus amigos y las numerosas visitas que recibió al conocerse la designación de Sánchez Guerra se producían desde media mañana de ese día 16. Juan de la Cierva nos dice que comenzó inmediatamente una ronda de visitas a varios políticos monárquicos «a pesar de la noche intensamente fría y de mi estado de salud»; las visitas empezaron al anochecer de ese mismo lunes 16. Cuando salía de casa para sus visitas recibió don Juan al conde de Guadalhorce y a don Ramiro de Maeztu. Recuerdo vagamente que en vísperas de formarse el último gobierno de la Monarquía nuestra casa era un jubileo; había cola en el ascensor para subir al cuarto, donde vivían mis abuelos, pero naturalmente, yo no tenía ni idea de quiénes eran los visitantes. Después de hablar con Maeztu mi abuelo refiere varias de sus visitas para dar el toque de rebato: el duque de Maura, que prometió transmitir la preocupación a Cambó; el conde de Bugallal y probablemente el general Berenguer, que aprobó con entusiasmo las gestiones. Al volver a su casa esperaba a mi abuelo don Angel Herrera, director de El Debate y preocupadísimo. A la mañana siguiente, muy temprano, mi abuelo fue a ver a Romanones que transmitió su encargo a García Prieto. Luego Romanones le devolvió la visita con Gabriel Maura, quien le informó sobre cierta frialdad que había advertido al hablar con Cambó, que por lo visto mantenía contacto con Sánchez Guerra. Romanones dijo que había remitido una nota reconfortante al Rey, junto con Alhucemas; y a media mañana del día 17 mi abuelo envió a Palacio «por conducto seguro» que no concreta una carta breve, respetuosa y muy enérgica advirtiendo al Rey del peligro que corría la Monarquía en manos de don José Sánchez Guerra. Esta carta debió llegar a manos del Rey muy poco antes de que recibiera a Sánchez Guerra que venía a presentarle su lista de gobierno. Eduardo de Guzmán cree que fue esa carta de don Juan la que logró que don Alfonso rechazase la lista de los constitucionalistas y mi propio abuelo recuerda que, una vez formado el gobierno Aznar, el Rey le dijo: «¡Qué a tiempo llegó tu carta! ¡Caminaba yo hacia el abismo y afortunadamente me detuve!». Fracasado el intento de Sánchez Guerra el Rey recibió a otro constitucionalista, Melquíades Alvarez, a quien según parece no llegó a ofrecer el gobierno; pero el político posibilista y reformista alardeó, a toro pasado, en 1932, de haber dicho al Rey, en aquella conversación, que había llegado la hora de marcharse. Los testigos más próximos lo ponen en duda y piensan, además, que si el Rey le hubiera ofrecido la formación de un gobierno lo hubiera aceptado sin vacilar. Según nos informa el general Berenguer en sus interesantes memorias, publicadas ya en la época de Franco, mi abuelo había recomendado en su carta urgentísima al Rey, aquella mañana del 17 de abril, en la que también visitó al jefe del gobierno dimisionario, que éste reuniese a varios líderes monárquicos, por encima de los partidos, y les propusiera la creación urgentísima de un gobierno que pudiera sacar a la Monarquía del atolladero. Lo malo es que el esperpento protagonizado por don José Sánchez Guerra había violado el principio que los sabios antiguos de la política consideraban esencial para un sistema monárquico: el principio del honor.

El gobierno que salió de una encerrona

De acuerdo, pues, con la sugerencia de don Juan de la Cierva, el general Berenguer citó para aquella misma noche del tan ajetreado 17 de febrero a un grupo de políticos conservadores, liberales y del Centro Constitucional, unidos por una fidelidad inequívoca a la Corona y al Rey. Se trataba del conde de Bugallal, jefe del partido conservador; los inseparables liberales conde de Romanones y marqués de Alhucemas; el duque de Maura, aliado de Cambó en el Centro Constitucional; el señor Bertrán y Musitu, de la Lliga, que acudía en nombre de Cambó, enfermo; y el propio Juan de la Cierva. Berenguer había convocado a Sánchez Guerra que se negó. Berenguer presentó aquella reunión como una amable encerrona; el Rey deseaba que nadie saliera hasta que entre todos formaran el nuevo gobierno, Bertrán y Musitu leyó unas condiciones impuestas por Cambó para que la Lliga entrase en ese gobierno; la autonomía de Cataluña, la estabilización de la peseta (que vacilaba de nuevo) y el carácter de las Cortes que fueran a convocarse. Parecía a casi todos que esas cuestiones, importantísimas, no debían discutirse en aquel momento crítico pero querían contar con los catalanistas y las aceptaron; era un interesante precedente, no el único, para futuros pactos entre la derecha nacional y la derecha catalanista. Los reunidos aceptaron la tesis de Romanones y decidieron convocar primero las elecciones municipales, luego las provinciales y por fin las generales. Se convino en que las Cortes podrían ser constituyentes pero sin poner nunca en cuestión el régimen monárquico y sin descuidar la legislación sobre los asuntos ordinarios, con intervención del Congreso y del Senado.

Entonces se procedió a decidir la composición del gobierno. El general Berenguer renunció a la Presidencia que todos le ofrecían y se dejó entonces al Rey elegir el nombre del nuevo jefe del gobierno, que Romanones tenía ya decidido; el almirante Juan Bautista Aznar, a quien el conde había hecho venir ya de Cartagena. Se difundió mucho un sarcasmo político sobre el excelente marino, que había intervenido brillantemente a bordo de la Escuadra en apoyo del Ejército durante la guerra de África, pero que no poseía más mérito político que haber sido destituido del ministerio de Marina a la llegada de Primo de Rivera. «Venía —ésta era la frase— geográficamente de Cartagena y políticamente de la luna». Por desgracia demostró con su conducta política en abril que la frasecita no carecía de fundamento. Mi abuelo deseaba el ministerio de la Gobernación porque preveía lo enconado de las batallas electorales en las que era un experto, pero Berenguer le excluyó al insistir en que sería preferible un hombre joven y a sugerencia de Gabriel Maura mi abuelo acepto la cartera de Fomento, que había desempeñado también con acierto. «Nos repartimos las carteras —comentó luego Romanones— como chicos las manzanas de una merienda». El duque de Maura pidió Estado a lo que se opuso Romanones: «Yo a Estado o a mi casa». Y fue a Estado. Entonces Maura pidió Gracia y Justicia, a lo que Alhucemas replicó: «Yo voy a esa cartera o a ninguna». Maura entonces se conformó con Trabajo, que nadie quería. Bugallal propuso quedarse con Economía, para la que estaba bien dotado y no encontró oposición. Un catalán de reconocidos méritos, don Juan Ventosa, fue propuesto y aceptado para Hacienda y el profesor Gascón y Marín para Instrucción Pública. El almirante Rivera sería ministro de Marina y Berenguer, si el Rey no le confirmaba en la presidencia, mantendría su cartera de Guerra. De Gobernación, que era en aquellas circunstancias la cartera más importante, nadie decía una palabra pero en 1932 mi abuelo se enteró por el marqués de la Eliseda, sobrino del duque de Maura, que éste y otros asistentes a la reunión habían convenido el nombre del marqués de Hoyos, monárquico leal, militar excelente y alcalde de Madrid pero que no tenía la menor idea de lo que tendría que hacer en el complicadísimo ministerio que se le venía encima. Cuando terminó la reunión el marqués de Hoyos junto a otras personas esperaba en la antesala. El Rey, como estaba previsto, designó Presidente al candidato de Romanones, almirante Aznar, pero todo el mundo estaba de acuerdo en que el conde actuaba desde la selección de los ministros como verdadero jefe del gobierno.

El triunfo de la Reina
Maria Victoria Eugenia

Todavía estaban reunidos los prohombres monárquicos en el Ministerio de la Guerra muy avanzada la noche del 17 de febrero de 1931 cuando una muchedumbre inmensa, presa por partes iguales de inquietud y de entusiasmo, se había dispersado ya después de recibir en triunfo a la Reina Victoria Eugenia que regresaba de Londres al conocer la grave noticia de la crisis Berenguer. Había viajado a Inglaterra para visitar a su madre, la princesa real de Inglaterra e Irlanda Beatriz, hija de la reina Victoria, que se encontraba muy enferma. Se despidió de ella con estas palabras: «Alfonso está en peligro. Mi sitio está a su lado». Humillada como esposa por las veleidades de su marido, moralmente destrozada por la salud cada vez más amenazada de tres de sus cuatro hijos varones —don Alfonso, don Jaime y don Gonzalo, a quien ya se le había diagnosticado una hemofilia, aunque de carácter leve— la nieta de la Reina Victoria de Inglaterra jamás faltó a sus deberes de Reina de España y la Jefatura de Palacio anunció su llegada a la estación del Norte para la noche de ese 17 de febrero. La Reina Victoria Eugenia, muy admirada por su esplendorosa belleza, se había ganado el respeto general por sus obras de beneficencia y aunque muchos españoles la compadecían por sus desventuras familiares, no puede decirse que fuese muy popular ni muy querida por el pueblo. Por eso ella misma se llevó una inmensa sorpresa cuando a su llegada a la terminal de Príncipe Pío contempló la enorme muchedumbre que la aclamaba con un entusiasmo insólito e indescriptible. La Familia Real, contagiada por el abatimiento del Rey, estaba tan desanimada que la pobre Reina imaginó, al ver el griterío de tantísima gente, que ya se había proclamado la República; así lo confesó después. Pero era todo lo contrario; habían venido por ella.

El director general de Seguridad, general Mola, quien ya tenía la certeza de que el nuevo gobierno le confirmaría en un cargo para el que era insustituible, describe la escena en un libro publicado durante la República:

«Desde mucho antes de la hora señalada pudo advertirse que se trataba de acoger la llegada de doña Victoria con una manifestación extraordinaria de simpatía. El andén y las salas de espera resultaron insuficientes para contener al enorme gentío aglomerado en la estación del Norte. Las infantas doña Beatriz y doña Cristina fueron acogidas con una enorme ovación que no cesó, para reproducirse con mayor brío, hasta la llegada del tren.

»Cuando éste se detuvo y apareció en la portezuela la Reina los aplausos y vítores se intensificaron de manera indescriptible. Al descender del vagón el público se abalanzó hacia ella, siendo impotentes las fuerzas de policía para contenerle. El marqués de Hoyos, algunos palatinos y yo formamos un círculo para evitar que los más cercanos llegaran a derribarla en el frenesí de su entusiasmo. El orden que marca la etiqueta palaciega quedó roto. La Reina, profundamente emocionada, rompió a llorar; a las Infantas también se les saltaron las lágrimas.

»Al salir de la sala de espera el empuje de la gente fue tan enorme que tuvimos que sujetarla para que no cayese al suelo. Hubo un momento en que yo mismo perdí el equilibrio y sufrí algunos pisotones; menos mal que el marqués de Hoyos acudió en mi auxilio y pude levantarme sin sufrir mayores consecuencias.

»Creo sinceramente que aquella explosión de entusiasmo fue espontánea. Allí vi personas de toda condición, altos y bajos; desde quienes cubrían su cabeza con el aristocrático sombrero de copa hasta los que calzaban la proletaria alpargata. Del sexo femenino había también toda la gama social. Si aquella multitud no era una nutrida representación del pueblo de Madrid, lo parecía.

»En la explanada de la estación el griterío era ensordecedor. Al ponerse en marcha los automóviles se vio la imposibilidad material de que avanzaran Rápidamente y con una lentitud subordinada al número enorme de hombres y mujeres que les rodeaban comenzó a andar el que conducía a doña Victoria.

»En medio de una multitud compacta avanzaron el coche de la Reina y los del séquito por el paseo de San Vicente y la calle de Bailén en dirección a Palacio. Frente a éste se congregó una multitud enorme. Los Reyes se vieron precisados a asomarse a una ventana de las habitaciones del Príncipe de Asturias lo que dio origen a que tomasen todavía más incremento las demostraciones de cariño. La Reina había sido también objeto de grandes aclamaciones en San Sebastián, Burgos y Valladolid».[5]

Todos los testimonios publicados sobre esta gran manifestación —el de Eugenio Vegas, que estuvo presente, el de Miguel Maura— confirman la entusiasta descripción de Mola, que como habrá visto el lector repite muchas veces la palabra «enorme» pese a su reconocida sobriedad de estilo. Eugenio Vegas estaba allí con todos los miembros de la Juventud Monárquica que había fundado recientemente. Es muy profunda la explicación de Vegas sobre aquel último alarde popular de los monárquicos, poseídos, según él, de una «enardecida desesperación».[6] El joven Vegas, adicto a Maeztu, estaba entonces —estuvo siempre— obsesionado por la carencia de toda doctrina en el campo monárquico, y ya antes de caer la Monarquía había decidido con Maeztu crear la asociación doctrinal monárquica, que ya en la República se llamaría Acción Española. Hoy, más de sesenta años después, el campo monárquico presenta la misma carencia y ni siquiera disponemos de un buen estudio sobre la Corona en la Constitución y en la democracia. Luis María Anson lo intentó en los años cincuenta y sesenta pero luego no ha adaptado aquellas reflexiones a la época actual, fuera de algunos rasgos importantes y sugestivos en su libro sobre don Juan y en comentarios que ha ido sembrando en ABC. Mi amigo Eugenio Vegas Latapie, que me felicitaba ardorosamente por mis primeros libros sobre la Iglesia (para los que me envió documentación interesante que he aprovechado) hubiera gozado mucho con estos Episodios, donde se analiza la raíz y la evolución de la Monarquía en sus contextos históricos. Sería, como se sabe, profesor de don Juan Carlos en patriotismo y en valores tradicionales.

Nadie imaginaba que sólo
quedaban dos meses

Por supuesto que la primera medida del nuevo gobierno, aunque se presentó como emanada del gobierno dimisionario, fue el restablecimiento de la censura de prensa —ya que se había anulado la convocatoria de elecciones generales— con lo que se evitó el esperado aluvión de críticas a la solución de la crisis. Juan de la Cierva sentía alivio por haber evitado la catástrofe de la monarquía, pero a la vez preocupación porque casi todos los ministros parecían no darse cuenta del gravísimo peligro común y procedían con espíritu partidista y alicorto. Poco después de la formación del gobierno Aznar, pilotado por Romanones que visitaba a diario al presidente para marcarle el camino, Cambó sentó sus reales en el hotel Ritz de Madrid y preparó la creación formal del partido del Centro, que venía funcionando virtualmente desde mucho antes. La Lliga Regionalista continuaba con su organización en Cataluña; el Centro era un partido que consagraba a Francisco Cambó como figura de ámbito nacional y se nutría de personalidades relativamente jóvenes procedentes de las fuerzas conservadoras: los exministros Goicoechea y Montes Jovellar y por supuesto el señor Ventosa y Gabriel Maura, ministros del gobierno Aznar. El profesor Pabón veía en este Centro un antecedente de la CEDA, aunque la CEDA se articuló en la República en torno a una idea religiosa, la defensa de la Iglesia, y el Centro Constitucional respondía a una idea política. A mí me parece un antecedente clarísimo del partido proyectado en los años ochenta por los señores Cuevas, Pujol y Roca y que se presentó, en efecto, a unas elecciones con el señor Roca como líder nacional y dos políticos de altura, los señores Garrigues (Antonio) y Federico Carlos Sainz de Robles en Madrid. Pese al apoyo de la gran patronal el fracaso fue terrible y, en mi opinión, inmerecido porque ese partido de centro reformista correspondía exactamente a la idea de Cambó y Gabriel Maura en 1930 que resultó lamentablemente abortada por el súbito advenimiento de la República. Como el Centro de 1930, el Nuevo Centro de los ochenta tenía alcance nacional pero mantenía intacta a su sección catalana, entonces la Lliga, ahora Convergencia y Unión. El proyecto Cuevas-Roca molestó profundamente a don Manuel Fraga, líder del centro-derecha, como el proyecto Cambó-Maura encontró la repulsa de los liberal-conservadores clásicos. Los viejos líderes conservadores, Bugallal y Cierva, quedaban excluidos del proyecto y mi abuelo sospechaba que, con las bendiciones del Rey, se preparaba una maniobra parecida para otorgar a Santiago Alba la jefatura sobre todos los liberales, arrinconando a otros dos veteranos, Romanones y Alhucemas. El gran proyecto renovador que surgió a la caída de la Dictadura, y que se retrasó una y otra vez por la enfermedad de Cambó y las vacilaciones de Santiago Alba, parecía entrar por fin en su fase decisiva: Cambó mejoraba ostensiblemente de sus dolencias. Pero Romanones no estaba por la labor y siguió defendiendo con uñas y dientes su jefatura de una fuerte mesnada liberal, ahora que estaba realmente gobernando a través del almirante Aznar, su hombre de paja. Sin embargo el regate corto de Romanones, la inoperancia de Aznar y la casi absoluta inopia en que se debatía el ministro de la Gobernación, marqués de Hoyos, ofrecían demasiadas brechas al empuje creciente de los republicanos, a quienes favorecieron sin pretenderlo cuando el almirante-presidente recibió a los dirigentes del Sindicato Único de Barcelona, es decir la directiva de la CNT, y les prometió la inmediata legalización, que fue acordada por el gobierno. Ninguno de los ministros podía imaginar que el heterogéneo y desunido equipo presidido por Aznar no cumpliría dos meses en el poder, ni que antes de colmarse ese plazo el Rey sería expulsado de España. Por supuesto que tampoco los republicanos imaginaban ni de lejos la para ellos tan venturosa perspectiva.

El gobierno, en su declaración inicial, se preocupaba del pasado en vez de preparar el futuro. Las principales preocupaciones eran la estabilización de la peseta, cuyas causas nadie se sentía capaz de averiguar; hoy sabemos que se reducían a una, el recrudecimiento de la venganza de las multinacionales petrolíferas contra la Monarquía que había asumido, durante la Dictadura, el monopolio de petróleos con la creación de la CAMPSA. La segunda prioridad era la revisión de la obra de la Dictadura, con la exigencia de las responsabilidades que procediere; la reestructuración de los Comités Paritarios, instituidos por la Dictadura y pieza clave del bienestar social que en ella se había logrado; y la resolución del problema de la autonomía catalana, que reclamaban todas las fuerzas catalanistas, desde las moderadas de la Lliga hasta las mucho más radicales, que por entonces se unían en un nuevo partido al que casi nadie concedía la menor importancia: la Esquerra Republicana de Cataluña. El general Berenguer, en sus memorias, reconoce que el gobierno Aznar no sentía la menor preocupación por el resultado de la secuencia electoral que se había limitado a anunciar, pero nunca explicó a la opinión pública; estaba seguro de la victoria en las tres elecciones que empezarían a celebrarse al mes siguiente y no sintió la más mínima necesidad de explicar a los electores que los comicios municipales se referían exclusivamente a la elección de concejales en todos los ayuntamientos de España, sin que los resultados se refirieran más que al ámbito municipal y por supuesto, sin que los votos urbanos tuvieran preferencia sobre los rurales, eso hubiera sido interpretado como una injuria fuera de las ciudades. Los ministros no paraban mientes en que los viejos partidos, cuyos representantes integraban la mayoría del gobierno Aznar, estaban ya vacíos de contenido cuando les barrió la Dictadura y a lo largo del año 1930 habían demostrado por su ineficacia, divisiones internas y lejanía, que la discordancia anunciada tantos años antes por Ortega y Gasset entre la España vital y la España oficial se había acentuado hasta más allá de la alienación; mientras los nuevos partidos sobre los que el Rey quería articular la nueva fase de la Monarquía casi no pasaban aún de proyecto y en buena parte estaban nutridos, sobre todo en su dirección, de viejos políticos también. En medio de una imprevisión casi absoluta el Consejo de ministros del 23 de febrero aprueba que las elecciones municipales, primeras de la secuencia electoral, habrían de celebrarse el domingo 12 de abril. Al siguiente Consejo correspondió decretar la reapertura de las Universidades tras el mes de vacaciones extraordinarias concedido por el gobierno anterior, que terminaba el 2 de marzo; la reapertura se verificó sin incidentes a partir del 2 de mazo, pero en Madrid, donde se retrasa hasta el 5, se reanudan los habituales incidentes que irán en aumento hasta los gravísimos sucesos de los días 24 al 26. Poco después, el 3 de marzo, el gobierno determina el plan electoral sucesivo; después de las elecciones municipales del 12 de abril se celebrarían las provinciales el 3 de mayo y las parlamentarias el 7 de junio para el Congreso y el 14 para el Senado. Para asegurar la limpieza de las elecciones quedan de nuevo establecidas las garantías constitucionales el 21 de marzo. El decreto correspondiente había sido firmado dos días antes por el Rey durante un viaje a Londres.

Ante la inminencia de las elecciones escalonadas y la evidente insuficiencia de los viejos partidos dinásticos, surgían nuevas organizaciones políticas, entre las que ya hemos citado la formal creación del Centro Constitucional, que ya venía funcionando embrionariamente desde meses antes. El nacimiento oficial tuvo lugar, como dijimos, en un escenario no muy popular, el aristocrático hotel Ritz de Madrid el 3 de marzo. Se hizo notar que fuera de Cataluña los adeptos al nuevo partido eran los supervivientes del viejo maurismo; por cierto que un día vino a visitar a mi abuelo en su casa un venerable señor con luenga barba blanca y edad no inferior a los setenta años a quien anunció Plácido, el inolvidable mayordomo como «el jefe de las Juventudes Mauristas», lo que me llenó de asombro; no sé si estaría en el Centro de Cambó—Maura.

La segunda organización, cuyo nombre llevaba también un periódico de cortísima tirada, se denominaba belicosamente La Conquista del Estado y apareció justo un mes antes del advenimiento de la República el 14 de marzo. Se trataba de la primera manifestación del fascismo en España, fundado por Ramiro Ledesma Ramos, un joven intelectual y universitario, colaborador de la orteguiana Revista de Occidente. Ramiro Ledesma, que luego, ya en la República, fundaría las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista o JONS reconoce al nuevo grupo «una bandera nacional y social, es decir una bandera de signo fascista». Le seguía una docena escasa de jóvenes, a los que luego se agregó un original personaje, el catedrático de Instituto Ernesto Giménez Caballero, que se había movido mucho entre las vanguardias literarias a fines de los años veinte, cuando ya se oponía al liberalismo burgués con actitud protofascista; desde las páginas de su Gaceta Literaria abrió paso a jóvenes innovadores que luego evolucionarían unos al fascismo, otros al comunismo. En el semanario de 1931 del grupo de Ledesma colaboraba Juan Aparicio entonces afín al comunismo y luego falangista y férreo censor de prensa en la época de Franco. También una joven promesa de la economía española, Bermúdez Cañete, el único católico militante del grupo. La Conquista del Estado pasó inadvertida en 1931; su importancia radicaba en el futuro.

La tercera agrupación nueva, síntesis de corrientes anteriores, era, como ya hemos anunciado, la Esquerra Republicana de Catalunya, plataforma política de la pequeña burguesía y la menestralía catalana, en la que figuraban el veterano líder catalanista y antiguo teniente coronel del Ejército don Francisco Maciá, el abogado de la GNT Luis Companys y otros destacados hombres del futuro pero también del presente; nadie podía sospechar el éxito inmenso que la Esquerra iba a obtener desde las inminentes elecciones del 12 de abril. La Esquerra se constituyó formalmente en la conferencia unificadora celebrada entre el 17 y el 19 de marzo de 1931. Sus principales activos electorales eran la figura quijotesca del señor Maciá y el alto prestigio de que gozaba el señor Companys entre las masas sindicalistas que, por definición, no presentaban candidatos propios. Entre los dos dieron la gran sorpresa el 12 de abril cuando la Esquerra no había cumplido aún su primer mes de vida.

El gran proceso contra los jefes republicanos
se convierte en proceso al régimen

El pronunciamiento revolucionario que había estallado en Jaca, como sabemos, el 12 de diciembre de 1930, bajo la dirección del capitán Fermín Galán, fue objeto de un primer consejo de guerra celebrado en Huesca a raíz de los hechos. En él sufrieron condena a muerte, inmediatamente ejecutada el 14 de diciembre, los capitanes Galán y García Hernández pero quedaban encartados otros 73 oficiales y paisanos que comparecieron el 13 de marzo ante un segundo consejo de guerra que se celebró en el cuartel de la Victoria, donde se había originado la rebelión en la plaza pirenaica. Lo presidía el general de división don Agustín Gómez Morato e intervenían como vocales el general de división don Nicolás Rodríguez Arias, los generales de brigada don Francisco Franco Bahamonde, don José Castro y Vázquez, don Arturo Lizcano Piedrahita y don Emilio Luna. Actuaba como ponente el auditor de brigada don José Casado García, quien publicó después un libro interesante sobre estos dos consejos de guerra. Después de la marejada de protestas que había tenido que aguantar el gobierno Berenguer por las ejecuciones de Galán y García Hernández la opinión pública se oponía claramente a una nueva aplicación de la pena capital. El encartado más conocido en este segundo consejo de guerra era el capitán Sediles, que había conducido por tren hasta Riglos a una parte de las fuerzas sublevadas. El defensor del capitán Sediles, que era el también capitán Domínguez, trató de convertir el proceso contra los sublevados en proceso contra la situación política de España a partir de la proclamación de la Dictadura; acusó a todos los gobiernos sucesivos, incluido el actual, de ilegitimidad y a todo el sistema vigente como violador de la Constitución. El fiscal militar solicitó seis penas de muerte y más de sesenta de reclusión perpetua. El 18 de marzo el tribunal militar condenó a muerte al capitán Sediles y a cadena perpetua a otro oficial. Pero al comunicarse la sentencia al gobierno, éste propuso inmediatamente al Rey el indulto para el capitán Sediles, que el Rey firmó, según la referencia facilitada por Aznar, «muy complacido». Uno de los primeros decretos de la República, el mismo día 15 de abril de 1931, ordenaba someter a revisión, por presunta infracción de ley, las condenas del primer consejo de guerra, el de Huesca. Constituido el pleno del Tribunal Supremo en Sala de Justicia, los miembros de aquel tribunal militar fueron absueltos en mayo de 1935. Nada intentó la República contra el tribunal militar del segundo consejo de guerra, aunque el capitán Sediles se había unido a los ajusticiados Galán y García Hernández en su nueva condición de héroes de la patria.

Apenas se había librado el gobierno de tan explosivo problema, a satisfacción de todos, se iniciaba ante el Consejo Supremo de Guerra y Marina un proceso de mucha mayor envergadura política: el dirigido contra los miembros del llamado Gobierno Provisional de la República, hasta entonces encarcelados, y a quienes había visitado don José Sánchez Guerra algo más de un mes antes para ofrecerles varias carteras en un gobierno de la Monarquía. La vista se celebraba ante el Consejo Supremo porque uno de los encartados, don Francisco Largo Caballero, seguía desempeñando el cargo de Consejero de Estado para el que le había nombrado, previo acuerdo del Partido Socialista, el general Primo de Rivera. Junto a él comparecían ante el Consejo Supremo don Niceto Alcalá Zamora, don Miguel Maura, don Fernando de los Ríos, don Santiago Casares Quiroga y don Alvaro de Albornoz. Preside el Tribunal el teniente general don Ricardo Burguete, republicano notorio y espectacular; ahora se mostraba muy avanzado y republicano pero cuando estuvo al mando de la represión contra los mineros huelguistas de Asturias en 1917 ordenaba «cazarlos como alimañas». Entre los jueces figuran varios que son considerados generalmente como republicanos. Los defensores se escogieron entre la flor y nata del frente antimonárquico; don Angel Ossorio y Gallardo defiende a Alcalá Zamora y Maura; la abogada socialista Victoria Kent a Albornoz; el profesor socialista Luis Jiménez de Asúa a Casares Quiroga; el constitucionalista don Francisco Bergamín al profesor Fernando de los Ríos; y otro eminente jurista, don Felipe Sánchez Román, presente en el pacto de San Sebastián, a Francisco Largo Caballero.

El juicio, que por exigencia de los procesados (!) se celebra en la gran sala de actos del Tribunal Supremo, marca uno de los varios apogeos de indignidad por los que ha atravesado en los dos últimos siglos la Justicia en España y constituye una prueba, por desgracia no la única, de que el ambiente político puede forzar de manera decisiva a la propia Justicia. Esto había sucedido ya en ocasiones anteriores durante la Monarquía, (sumario contra los asesinos del general Prim, juicio que declaró «hijos de nadie» a los hijos naturales de Alfonso XII) se repetiría en la República (juicio contra los responsables de la Revolución de Octubre de 1934) y llegará a la abyección casi absoluta durante la guerra civil (sumario por el asesinato de José Calvo Sotelo, proceso contra José Antonio Primo de Rivera); por desgracia esta perversión de la Justicia, sin llegar a los extremos anteriores, tampoco se detuvo el 1 de abril de 1939. Pero el proceso al Comité Revolucionario celebrado, en medio de una expectación inmensa, en marzo de 1931, se convirtió en una fiesta republicana, en una sucesión alucinada de mítines y proclamas por la República y la Monarquía en los que tomaron parte, con creciente alborozo, los defensores, los procesados, los testigos y el propio presidente del Consejo Supremo. Cuando explico a insignes juristas amigos míos las razones históricas de mi escasa fe en la Justicia suelo citarles algunos de estos casos y sobre todo el que ahora nos ocupa. En conjunto fue lo que hoy llamaríamos una fiesta-mitin de las que celebran algunos partidos durante sus campañas electorales.

El conde de Romanones había ofrecido al general Burguete una libertad absoluta para conducir el proceso como mejor le pareciese. Don Angel Ossorio y Gallardo, decano del Colegio de Abogados, dirigía al resto de los defensores para sus intervenciones de signo meramente político, demoledoras contra la Monarquía. El público coreaba y jaleaba las intervenciones de los procesados. El general Berenguer, ministro de la Guerra, propuso en Consejo de ministros la fulminante destitución del general Burguete en vista de su comportamiento ilegal e intolerable, pero Romanones, apoyado como siempre por el almirante Aznar, se negó en virtud del compromiso que había asumido, por indicación de Romanones, con el general. En una acción de flagrante intervencionismo, Romanones exigió en Consejo de ministros que ninguno de los encartados fuese condenado a prisión y para corroborar sus opiniones daba grandes puñadas sobre la mesa, como recuerda mi abuelo Juan de la Cierva, que era uno de los grandes abogados de España y estaba sentado a la misma mesa. El general Berenguer se manifestaba seguro de que no se impondrían penas menores de cuatro años, conforme a la ley. En vísperas de la sentencia don Juan Ventosa propuso que se concediera la amnistía para todos los procesados, seguramente así se lo había pedido Gabriel Maura, cuyo hermano Miguel era uno de ellos. No lo consiguió. El fiscal había atribuido a los procesados el delito de conspiración para una rebelión militar y pidió para Alcalá Zamora la pena de quince años de prisión y la de ocho años para los demás. «Para condenar a mis compañeros y clientes por el delito de rebelión —dijo el defensor de don Niceto, Angel Ossorio y Gallardo, en su alegato— hay que reputar legítimo el poder que en España existe desde el 13 de septiembre de 1923». Las demás defensas esgrimen también ese argumento como fundamental; consiguen por tanto dirigir el proceso contra el régimen monárquico vigente. Excepto Miguel Maura todos los procesados hablan también en defensa propia, entre grandes ovaciones del público. Por fin el 23 de marzo el general Burguete acude al ministerio de la Guerra para comunicar el fallo a Berenguer. Los encartados reciben la condena de seis mees y un día de prisión, como autores de un delito de excitación a la rebelión militar, pero con circunstancias atenuantes. Pero el general Burguete y otros dos miembros del Consejo Supremo han emitido votos particulares en favor de la absolución y el Consejo Supremo acuerda concederles a todos los beneficios de la libertad condicional en virtud de una Real Orden aprobada por la Dictadura en 1929. Por tanto los miembros del Comité Revolucionario salen de la cárcel Modelo el 24 de marzo por la tarde, entre los aplausos de sus incondicionales. Este resultado repercute en el abatimiento de los monárquicos y excita la euforia de los republicanos. Uno de ellos, el periodista Roberto Castrovido, publica el 26 de marzo un triunfal artículo. «El gran mitin republicano de las Salesas». El general Burguete se atreve a convocar a los periodistas para enorgullecerse de su fallo. La Monarquía había vuelto a hundirse en el deshonor, como en la famosa tarde en que Sánchez Guerra ofrecía a los hoy virtualmente absueltos carteras en su Gobierno monárquico. Ese ofrecimiento se había utilizado mucho, también, por los defensores.

La rebelión en la facultad de medicina

Las sucesivas avalanchas contra el gobierno y la Monarquía se suceden, desde fines de enero de 1930, y se reanudaban desde fines de enero de 1931 con tanta fuerza y precisión que parecen, desde nuestra perspectiva histórica, perfectamente programadas. Estaba ya en su lamentable fase final el gran proceso contra el Comité Revolucionario cuando la ofensiva estudiantil, coordinada y dirigida por la FUE, rebrota con fuerza inusitada tras un acto netamente subversivo que se celebró en la Casa del Pueblo de Madrid en la tarde del 23 de marzo, lo que sugiere un impulso y coordinación por parte de los socialistas. La revuelta tuvo como epicentro la Facultad de Medicina de San Carlos en la calle de Atocha. Las fuerzas de Seguridad impiden que las protestas en el interior del edificio se desborden en manifestaciones callejeras y entonces los revoltosos ocupan las terrazas de la Facultad desde donde interrumpen la circulación arrojando piedras, muebles y toda clase de objetos contundentes. La fuerza pública responde a las agresiones haciendo uso de sus armas y el decano, doctor Recaséns, exige en postura desairada —tumbado en el suelo para evitar toda clase de proyectiles— la retirada de los guardias y la dimisión inmediata del general Mola, con la que se muestra de acuerdo, en Consejo de ministros, el de Instrucción pública señor Gascón y Marín; otros ministros como Berenguer y Juan de la Cierva hacen esfuerzos ímprobos para no sacrificar a Mola. El director general de Seguridad averigua, por los detenidos, que los alborotadores y sobre todo sus dirigentes no son miembros de la Facultad, ni alumnos ni profesores, sino agitadores enviados por agrupaciones políticas y sindicales. Tuvo que intervenir la Guardia Civil para liberar a varios miembros de las fuerzas de Seguridad cercados por los rebeldes. El gobierno Aznar se dividió ante los sucesos y las autoridades académicas prohibieron tajantemente la entrada de la fuerza pública en la Facultad. El ministro de Instrucción Pública se solidarizaba con los revoltosos y el de la Gobernación apenas intervenía. Estuvo a punto de plantearse la crisis total, que se frenó por el compromiso que habían asumido todos los ministros de permanecer en sus puestos hasta la celebración de las elecciones municipales. La muerte eje un servidor del orden en los disturbios volvió a desatar los rumores sobre la crisis, que volvió a evitarse. Un periódico tan mesurado como El Debate exigía enérgicamente, casi violentamente, al gobierno una actuación decidida contra la situación, que calificaba de anárquica. Y en medio de tanta «impotencia y barullo», términos que andando los años aplicaría Manuel Azaña, escondido en marzo de 1931, a la situación del Frente Popular en 1936, se llegó a trancas y barrancas al mes de abril, en cuyo día 12 se iban a celebrar las elecciones municipales.

Las vísperas electorales de abril

Antes de las elecciones municipales del 12 de abril prácticamente todo el mundo estaba seguro del resultado; tanto los monárquicos como los republicanos. Lo que estaba en juego era la elección de unos ochenta mil concejales en todos los ayuntamientos de España; luego los concejales elegirían a los alcaldes. Se trataba de unas elecciones locales en las que se planteaba la composición de los ayuntamientos, de ninguna manera el cambio de régimen; no era un plebiscito en modo alguno. Se preveía, desde luego, un avance de las candidaturas republicanas, pero tanto monárquicos como republicanos estaban seguros de una amplia victoria monárquica. Ofrezcamos un testimonio de cada bando. Miguel Maura afirma que durante la noche del 12 de abril y la mañana del 13, cuando ya se conocían globalmente los resultados electorales, ni Fernando de los Ríos ni Largo Caballero creían que el incremento —indudable— de concejales republicanos iba a traer un cambio de régimen; incluso acariciaban ilusionados la posibilidad de que la República podría venir, por vía electoral, dos años después[7]. Y teóricamente tenían razón; como vamos a comprobar en este mismo libro, se había producido una victoria monárquica en cuanto al número de concejales conseguidos por cada uno de los dos bandos. Si esto era después de conocerse en términos generales los resultados (y los datos exactos lo confirmarían sin género de duda) las expectativas durante los días previos a las elecciones eran todavía más favorables a los monárquicos.

Esto significa que los resultados reales parecían confirmar el optimismo del gobierno, que nunca había dudado de la victoria monárquica. Pero el testimonio de Miguel Maura sobre la actitud de los dos socialistas, Caballero y de los Ríos, al conocer los resultados, nos lleva a una conclusión todavía más sorprendente: tampoco en el bando republicano—socialista se había formulado, antes del 12 de abril, pronóstico alguno sobre una derrota monárquica. Ni una sola excepción; si alguien no lo cree, diga cuál.

Romanones, que era el máximo experto electoral de España, había declarado taxativamente antes del 12 de abril:

«Si de los ochenta mil concejales —dijo a los periodistas unas horas antes de abrirse las urnas— cuarenta mil uno resultasen antidinásticos, acataríamos el fallo; pero el cómputo ha de hacerse por el número de concejales, pues no se pueden establecer distinciones entre los concejales del campo y los de las ciudades, ni clasificarse los electores en de primera, segunda y tercera categoría. Precisamente la soberanía del sufragio universal estriba en que cada hombre es un voto».[8] Es una lástima que esta idea, auténticamente democrática, no fuera explicada con mucha mayor insistencia por el gobierno antes de las elecciones. Y es que el gobierno estaba seguro de la victoria monárquica y no creyó necesario intervenir para explicar algo tan elemental.

El gobierno se inhibió ante las elecciones, se durmió. Se explica que no hiciera propaganda partidista; es inexplicable que no defendiese públicamente, con todas sus fuerzas, al régimen. Como tal gobierno, con excepciones aisladas, daba impresión de una absurda neutralidad entre monárquicos y republicanos.

Estaba claro, pues, que las elecciones municipales no se convocaban para decidir la suerte del régimen; no sustituían a un plebiscito. Los mismos republicanos no suscitaron la idea del plebiscito hasta entrado el 13 de abril, cuando advirtieron el desplome moral de los monárquicos, que tampoco estaba democráticamente justificado. Pero es cierto que los propios monárquicos, en su total desmoralización y desorientación, les habían dado cierto pie para ello. Vemos cómo Romanones aceptaba explícitamente la confrontación de los dos frentes; y dividía a los futuros concejales electos en «monárquicos» y «republicanos». Más aún, sabemos que el conde era el virtual jefe del gobierno y lo que es peor, el dominador de la voluntad de don Alfonso. Era el único español que había formado parte del primer gobierno de don Alfonso ΧΠΙ en 1902 y de éste que si bien nadie lo sospechaba iba a ser el último. Se moría por hacer declaraciones continuas a la prensa. Y el 11 de abril se dejó llevar por otra de sus genialidades y declaró rotundamente: «Lo que se ventila el domingo es el porvenir de España y la forma de gobierno». Por supuesto que estaba seguro de la victoria monárquica, y los resultados le dieron la razón. Por supuesto que estaba fijado con toda claridad que no había votos de primera y de segunda; y que los votos rurales valían lo mismo que los urbanos. Los republicanos, antes del 12 de abril, aceptaban esta tesis; nadie se hubiera atrevido a ofender a la España rural —que era además, entonces, mayoritaria en cuanto a población— descalificando a los votos del campo. Sólo lo haría, desde la cumbre de su prepotencia, don Manuel Azaña en 1933 cuando su gobierno organizó nuevas elecciones en los pueblos de abrumadora mayoría monárquica, en los que los republicanos no habían presentado candidaturas; Azaña llamo a esos pueblos, como veremos, «burgos podridos». Pero en pleno predominio coactivo de la República los burgos podridos demostraron que no lo estaban y, como confirmaremos en su momento, volvieron a votar contra la República. Es un hecho que los comentaristas prorrepublicanos; que se hartan de esgrimir el antidemocrático argumento por el que desprecian a los votos rurales del 12 de abril de 1931 como fruto del caciquismo, no se atreven nunca a recordar que las elecciones parciales de 1933 destrozan esa teoría. Los cacicatos de la vieja política monárquica estaban prácticamente desmantelados en 1931, después de más de siete años de Dictadura y Dictablanda.

El lunes 23 de marzo quedaron restablecidas las garantías constitucionales; se suprimió la censura, se reconoció la plena libertad de reunión y asociación. El 5 de abril tuvo lugar con normalidad la presentación de candidaturas en los distritos. El sistema electoral vigente entonces era muy diferente del que ahora utilizamos y que es más parecido al que estableció la República; la circunscripción electoral es, ahora, la provincia para las elecciones generales. En las elecciones del reinado de Alfonso XIII la circunscripción electoral, para las generales, era el distrito, mucho más reducido, que permitía a los candidatos conocer directamente a sus electores; cada distrito estaba formado por varios pueblos. Ahora, el 5 de abril, se presentaron las candidaturas en cada ayuntamiento. En toda España existían casi nueve mil municipios (exactamente 8.943) gobernados, en conjunto, por poco más de ochenta mil concejales. Estaba plenamente vigente el artículo 29 de la ley electoral, cuya aplicación había suspendido el gobierno Berenguer para las elecciones generales que había convocado; pero al caer el gobierno Berenguer sus elecciones habían abortado y en la convocatoria de las municipales el artículo 29 recuperaba su vigencia. Según ese artículo cuando en una circunscripción, sea distrito o ayuntamiento, sólo se presentara una candidatura, no era precisa la votación y esa candidatura quedaba proclamada automáticamente. En la presentación de candidaturas celebrada el domingo 5 de abril fueron proclamados 14.018 concejales monárquicos por no tener enfrente candidatura adversa; y sólo 1832 republicanos. La victoria monárquica había sido rotunda y la confianza de los monárquicos y del gobierno se fortaleció.

Sin embargo en la semana que restaba de campaña electoral la organización y el entusiasmo de los republicanos superó por todas partes a la de los monárquicos. Mi abuelo Juan de la Cierva se alarmaba ante la pasividad de los candidatos monárquicos, en contraste con la actividad frenética de los partidarios de la República. Había diez carteles republicanos por uno monárquico en Madrid; y mi abuelo convocó una reunión de líderes monárquicos con el alcalde de Madrid, el liberal Ruiz-Giménez, padre del versátil ministro de Franco, líder luego de la izquierda democristiana y después fervoroso colaborador de los socialistas. Madrid, como otras grandes ciudades, presentaba candidaturas por los distritos interiores de la ciudad, que casi son los mismos de ahora, fuera de los municipios que luego se han ido anexionando, y entonces elegían candidaturas propias; el alcalde liberal se mostraba segurísimo de la victoria, como Cambó en Barcelona. El Rey había convencido a Romanones de la urgencia de la convocatoria; así se lo había aconsejado, en su reciente viaje a Londres, el primer ministro británico Ramsay MacDonald. Pasó aquellas jornadas previas silencioso y abatido, como presintiendo lo peor. Juan de la Cierva rubrica las anteriores palabras de Romanones: «Yo no pude pensar que se les diese a las elecciones carácter de plebiscito y aun así era seguro el triunfo numérico general. Confieso por ello que aun preocupándome el resultado nunca creí que pudiera tener verdadera trascendencia política»[9]. Todo el mundo pensaba igual, tanto monárquicos como republicanos.

Tres días que cambiaron a España:
el domingo 12 de abril

Los días 12, 13 y 14 de abril cambiaron a España y marcaron inexorablemente su destino. Vamos a describir sucesivamente lo que pasó y por qué pasó. Contamos con el mejor guía posible; el profesor Jesús Pabón, en dos de sus obras fundamentales e insuperadas hasta hoy; su biografía sobre Cambó y su época; su luminoso estudio de testimonios incluido en una de sus grandes colecciones de ensayos[10]. En estas dos obras se incluyen todas las fuentes necesarias para la visión completa de los hechos; debo añadir las Notas de mi vida de mi abuelo Juan de la Cierva, ya citadas y las opiniones de un observador muy interesado, el general Franco, en el libro de su pariente y ayudante F. Franco Salgado Mis conversaciones privadas con Franco[11] además de varios testimonios transmitidos por tradición oral familiar. Las Memorias de diversos personajes que intervinieron en aquellas jornadas han sido estudiadas y aprovechadas magistralmente por Jesús Pabón, que dedicó a este problema histórico una atención especialísima.

Las urnas estuvieron abiertas desde las ocho de la mañana a las cuatro de la tarde en toda España. El general Mola, otro excepcional testigo, registra que no se perturbó la normalidad excepto en Málaga; y que la participación fue muy alta en Madrid. Sin embargo el alcalde Ruiz-Jiménez, que acudió a votar temprano desde su finca de la Berzosa, cerca de Torrelodones, a las ocho; era un día espléndido y observó la salida de sesenta y tantos automóviles, familias monárquicas que, seguras del resultado, no habían acudido a los colegios electorales. Y se temió lo peor. El abogado monárquico don Francisco Bergamín confesó después que había votado a favor de la candidatura municipal republicana, pero sin la menor sospecha de que iba a contribuir con su voto a un cambio de régimen. El profesor Pabón añade que el 12 de abril hubo muchísimos bergamines; se trata de una especie habitual en la historia de las elecciones españolas.

Los líderes republicanos estaban muy pesimistas pero les reconfortó Miguel Maura; estaba seguro, les dijo, de que la «masa neutra» se estaba inclinando a favor de la República. En Barcelona, Cambó recibió también impresiones pesimistas; la afluencia de votantes de aspecto proletario le impresionó así como la indiferencia de muchos monárquicos conocidos. Cambó no supo hasta mucho después que las masas apolíticas de la CNT y numerosos miembros de la clase media-baja estaban volcando sus votos a favor de la Esquerra Republicana desde muy temprano. Notaba mal ambiente, que de momento no podía explicarse. Romanones, que volvió pronto del campo, había citado a la prensa extranjera para comunicarles el resultado favorable. Hasta la víspera creía estar seguro de que en algunos distritos, como el de Palacio, los monárquicos iban a «copar» como se decía entonces, o a «barrer» como decimos ahora. Fue precisamente el distrito madrileño de donde le llegaron los primeros resultados provisionales que concedían una abrumadora mayoría a los republicanos; lo interpretó como si los servidores de Palacio y sus dependencias hubieran votado a favor de la República. Empezó a barruntar lo que había sucedido en la «expirante Corte» (¿Palacio? ¿toda la capital?). Suspendió la conferencia de prensa y acudió presuroso al ministerio de la Gobernación, donde comenzaban ya a afluir por teléfono a media tarde, resultados de toda España. En su casa, con sus amigos de la Lliga, Cambó no sabe cómo reponerse de la sorpresa. La Esquerra Republicana —él dice «Maciá»— obtenía una inmensa victoria; los republicanos radicales de Lerroux se emparejaban con la Lliga monárquica; de toda España le iban llegando noticias «de un formidable alud republicano, cuyas proporciones nadie había previsto». También iba sabiendo que fuera de las capitales y las zonas industriales los monárquicos se aseguraban la victoria. Pero tanto él como los demás líderes monárquicos no parecían dar importancia a esa victoria y no se preocuparon de esperar a ver los resultados totales. La pérdida del voto en casi todas las capitales les parecía ya la derrota total. Sin embargo Cambó no se preocupaba del todo; los malos resultados de las municipales iban a suponer solamente la presencia «de una fuerte minoría de izquierdas en las Cortes». A lo largo del día 12 ni pensaba en atribuir a las elecciones municipales un carácter plebiscitario. Esta consideración hizo que Cambó y sus amigos recuperaran el optimismo durante la noche del 12 y la mañana del 13. Los dirigentes de la coalición republicano-socialista, reunidos esa tarde del 12 en la Casa del Pueblo, sacaron la conclusión que Miguel Maura refiere también como suya; «En todas las grandes ciudades la República había triunfado. Cierto que en los distritos rurales, en pueblos y ciudades de menor cuantía, el triunfo monárquico había sido a su vez arrollador y que del cómputo de votos general el resultado era desfavorable para la República». Los dirigentes republicano-socialistas, como Cambó y sus amigos, sacaban idéntica conclusión el mismo día 12 por la noche: la República ganaba en las ciudades, la Monarquía ganaba las elecciones. Es lo que había previsto la víspera Romanones; la victoria sería para quien obtuviese la mayoría absoluta de concejales. La Monarquía.

Varios ministros (Hoyos, Romanones, Juan de la Cierva, el presidente Aznar, el duque de Maura) estaban desde el cierre de los colegios o algo después reunidos en Gobernación, la antigua Casa de Correos de la Puerta del Sol que hoy es sede (en obras) de la Comunidad autónoma de Madrid. Se agregó a la reunión el general Sanjurjo, director general de la Guardia Civil. Se sucedían las sorpresas dramáticas; Romanones no podía creerse que la coalición republicano socialista, nombre con que habían acudido a las elecciones los enemigos de la Monarquía, obtuviera catorce concejales en su feudo de Guadalajara contra sólo seis monárquicos. La catástrofe de Murcia capital no era tan completa, pero los republicanos habían logrado veinticuatro concejales contra veinte de los monárquicos y mi abuelo, permanente diputado por su ciudad, pedía una y otra vez confirmación, que le dio su hermano Isidoro, notario y delegado electoral suyo. El duque de Maura, que interpretó la victoria republicana como antialfonsina, se sacó de la manga la interpretación arbitraria y fatal que ningún jefe de la coalición republicano-socialista había apuntado hasta ese momento: sólo importaban los votos de las ciudades, que se habían inclinado a la República; esos votos tenían valor plebiscitario. En cambio «los votos que se suponían depositados en los comicios rurales, aunque diesen el triunfo aritmético a la causa monárquica, carecieron en absoluto de significado plebiscitario». Siento una gran emoción cuando veo que mi abuelo Juan de la Cierva, muy indignado, se opuso a esa interpretación antidemocrática, despectiva para los distritos rurales y completamente falsa.

Al conde de Romanones, abrumado por el desastre de Guadalajara y por la derrota general en las ciudades, se le ocurrió hacer una pregunta explosiva al director general de la Guardia Civil, que estaba presente. Se saltó al superior del general, que era el ministro de la Gobernación, el cual seguía cantando números que le llegaban por teléfono. La pregunta fue ésta:

«Hasta hoy ha respondido usted de la Guardia Civil. ¿Podría usted hacer lo propio cuando se conozca la voluntad del país?». Por toda respuesta el marqués del Rif, héroe de la guerra de África, bajó la cabeza. Romanones lo vio todo perdido y recuerda en sus Memorias: «Con esto toda esperanza quedó desvanecida». Con ello quedaba claro que el conde de Romanones, que había rechazado de manera expresa el carácter plebiscitario de las elecciones municipales, ahora lo admitía en el mismo sentido que Gabriel Maura; había que despreciar los votos monárquicos del campo y aceptar como decisivos los votos republicanos de las capitales. Y en perfecta contradicción con sus tajantes declaraciones anteriores al 12 de abril subraya en sus memorias: «¿Qué iban a pesar los ocho mil Ayuntamientos menores de diez mil almas ante el resultado de todas las capitales de provincia? Que las elecciones fueran municipales o de diputados a Cortes, tanto monta; se habían convocado las municipales para conocer el estado de la opinión y con esto bastaba». Contradicción y falsedad. Afirmaba en la tarde del 12 exactamente lo contrario que había declarado en la noche del 11; decía ahora que la victoria republicana había ocurrido en todas las capitales y no era verdad. Y el colmo: reconoce expresamente que los republicanos y socialistas aún no se habían enterado, en la noche del 12 de abril, de la trascendencia de lo sucedido. Claro que se habían enterado; mucho mejor que los dos apocados ministros de la Corona, el duque de Maura y el conde de Romanones, que iban a encargarse desde ese momento de apuntillar a la Monarquía. Luego el líder y escritor socialista Luis Araquistáin afirmó que Romanones había previsto el resultado y procuró la ruina de la monarquía. No era verdad; pero con su irresponsabilidad mereció tan deshonrosa acusación.

Romanones no quiso esperar a conocer los resultados totales para formar su opinión definitiva. Una vez más se entregó a su manía declaratoria ante los periodistas. Les ofreció una interpretación: «Han sido ocho años que han hecho explosión». Esto ya sonaba a venganza contra Primo de Rivera y contra el propio Rey que habían desahuciado a los viejos partidos el 13 de septiembre de 1923.

Juan de la Cierva refiere en sus Notas algo que todo el mundo olvida: los ministros presentes en Gobernación acordaron, antes de despedirse, «declarar, desde luego, que el triunfo era monárquico» y no reunir el Consejo de ministros hasta el 14 de abril por la tarde. Allí estaba el presidente del gobierno que aprobó estas decisiones. Mi abuelo declara que ni por un momento pudo interpretar esa noche del 12 los resultados electorales, que ciertamente constituían un tropiezo, como «expresión de la opinión española». Aunque nada dijeron contra la interpretación del gobierno, que era de victoria monárquica, tanto Gabriel Maura como Romanones estaban hundidos y aceptaban la interpretación plebiscitaria contra la Monarquía.

Infinitamente más sensatos los líderes de la Conjunción republicano-socialista salieron, sobre las cinco de la madrugada del que ya era 13 de abril, de la Casa del Pueblo y daban un paseo por las calles desiertas. Fernando de los Ríos resumía las consecuencias de las elecciones: «El triunfo de hoy nos permite acudir a las elecciones generales que se celebrarán en octubre y entonces el éxito, si es como el de hoy, puede traernos la República». Largo Caballero se mostraba de acuerdo. Miguel Maura, el otro Maura, quiso sacarles del error y les prometió que cuarenta y ocho horas después estarían gobernando. Él mismo lo dice en sus memorias: «Me llamaron iluso». ¿Conocería ya don Miguel el abatimiento mortal de su hermano don Gabriel, todavía ministro de la Corona? En Barcelona, Cambó y sus amigos coincidían, esa madrugada, con el diagnóstico de los líderes socialistas; la Monarquía había sufrido un golpe terrible, pero se podría recuperar. Insistamos en una conclusión fundamental: durante la tarde del 12 de abril y hasta bien entrada la mañana del lunes 13 los líderes republicano-socialistas, con la excepción de Miguel Maura —monárquico de toda la vida hasta la caída de la Dictadura, republicano muy reciente— no interpretaron en momento alguno su victoria en las capitales como un plebiscito en favor de la República. Valoraron como una victoria monárquica la votación en las poblaciones menores y en el campo. Coincidieron en esas valoraciones con dos experimentados observadores monárquicos: Juan de la Cierva y Francisco Cambó. El valor plebiscitario de los votos urbanos, y el negárselo a los rurales fue un invento arbitrario de Gabriel Maura, ministro de la Corona, que arrastró a Romanones a la misma arbitrariedad; con la que coincidió el director de la Guardia Civil, general Sanjurjo. Dada la influencia absoluta de Romanones con el jefe del gobierno, almirante Aznar, y con el Rey, era de esperar que uno y otro se vieran arrastrados por el conde a la misma falsa y disparatada interpretación. Pero hasta bien entrada la mañana del lunes 12 nadie la esgrimió públicamente.

¿Quién ganó las elecciones del 12 de abril?

Prácticamente todos los historiadores que describen los sucesos del 12 de abril pasan tranquilamente al día 12 sin resolver una cuestión fundamental: ¿Quién ganó las elecciones? ¿Cuáles fueron los resultados numéricos? En esa tarde y noche hemos visto y reproducido diversas interpretaciones, pero pocos datos y por supuesto pocos datos totales y comprobados. Juan de la Cierva resume: «Resultaron luego, en definitiva, 15.000 monárquicos por 5.000 republicanos». Pero los concejales a elegir, y elegidos, eran algo más de ochenta mil, como hemos escuchado a Romanones en sus declaraciones previas al día electoral. Los datos de mi abuelo deben de referirse a los primeros que se comunicaron a Gobernación hasta que se separaron los ministros y Sanjurjo, muy abatidos por la victoria republicana en muchas capitales de provincia entre ellas las ciudades más importantes. Lo más extraño es que grandes historiadores como el profesor Pabón no ofrezcan datos globales. El historiador comunica Manuel Tuñón de Lara acepta el cómputo del marqués de Hoyos, ministro de la Gobernación: 22.150 concejales monárquicos y 5.875 republicanos[12], incluidos los del artículo 29. Luego especula con esos datos y dictamina que la victoria fue republicana porque los concejales republicanos, aun siendo menos, representan en conjunto un número mayor de votantes. Bien, pero esto ha de probarse (estoy convencido de que es falso) y, aunque se probara, la ley electoral lo imponía así y según la ley electoral no había otra interpretación que la victoria monárquica. Sucede algo parecido en nuestros días con las elecciones al Senado, por ejemplo, y en las demás. Un senador por Barcelona, doy las cifras por encima, puede necesitar seiscientos mil votos y uno por Soria diez o quince veces menos y uno es tan senador como otro. Pero hago al profesor Tuñón la misma objeción que a mi abuelo: la suma de esos concejales monárquicos y republicanos llega aproximadamente a 28.000 y se eligieron unos ochenta mil. ¿Dónde están los que faltan?

En su lamentable libro La España del siglo XX[13] el publicista Javier Tusell no ofrece más resultados que los del marqués de Hoyos que cita Tuñón (Tusell, con su característico descuido, llama al ministro de la Gobernación «marqués de los Hoyos», seguramente porque le cree aficionado al golf) y se arma un pequeño lío con la diferencia de votos urbanos y rurales, sin atender ni por un momento a la lección de los «burgos podridos» que recibió Azaña en 1933 y los historiadores prorrepublicanos nunca tienen en cuenta seguramente porque no la conocen o al menos no comprenden su trascendencia. Si los votos electorales de las pequeñas poblaciones y los del campo no valían, como dijo el desorientado duque de Maura, ¿por qué se celebraron las elecciones en esos distritos? Tusell se muestra en 1975, muy favorable a las tesis de los monárquicos abandonistas que luego asumieron los republicanos; veinte años después publicará en cambio un remedo biográfico sobre el nieto de Alfonso XIII con trazos acríticos y halagadores, propios de un cronista áulico, los tiempos cambian. Pero Tusell tampoco ofrece aquí los resultados finales del 12 de abril. Y podríamos engrosar indefinidamente la lista de quienes incurren en esta inexplicable omisión.

Debemos insistir, ante todo, en un hecho fundamental. La República, que de hecho triunfó en las elecciones del 12 de abril, aunque no de derecho, en mi opinión, no publicó jamás los resultados electorales oficialmente. Este hecho, verdaderamente insólito, denota ya una mala conciencia; si los resultados globales le hubiesen resultado favorables, la República los hubiese publicado. Para aproximarnos a lo que realmente sucedió poseemos dos excelentes estudios, debidos a dos historiadores muy desiguales, el profesor Miguel Artola en 1975[14] y el profesor Javier Tusell en 1995[15]. Artola tiene el extraordinario mérito de haber estudiado antes que nadie el Anuario estadístico de 1931, publicado varios meses después de las elecciones por un organismo oficial, el Instituto Nacional de Estadística, ya bajo el régimen de la República, lo que sugiere a los dos historiadores citados graves sospechas de manipulación. Pues bien, pese al carácter oficioso del Anuario, editado por un organismo gubernamental, sus redactores no se atrevieron a negar la victoria monárquica por mayoría absoluta en los resultados finales. Comunican como resultados definitivos de todas las circunscripciones en las que hubo confrontación la cifra de 26.257 concejales monárquicos y 24.731 republicanos. A estas cifras hay que añadir las correspondientes a los concejales elegidos el 5 de abril por aplicación del artículo 29, es decir por candidatura única; esas cifras ya las había ofrecido el ministerio de la Gobernación antes del 12 de abril sin que nadie las discutiese. Como sabemos esas cifras daban a los concejales monárquicos 14.018 y a los republicanos 1.832, que me parecen enteramente fiables. El Anuario estadístico editado por la República reconoce casi exactamente la primera de estas cifras pero eleva por las buenas la segunda, que había sido proclamada sin discusión alguna varios días antes del 12 de abril; ésa es la prueba de que el Anuario está manipulado, y que probablemente la victoria monárquica fue todavía mayor que la reconocida en sus cómputos. Pero como no podemos corregir esa manipulación por falta de datos, pienso que lo correcto será aceptar la cifra del Anuario para los concejales elegidos por confrontación y la cifra del ministerio de la Gobernación para los proclamados según el artículo 29. Hechas las sumas el resultado es:

Concejales monárquicos 40.275

Concejales republicano-socialistas 26.563

La cifra de concejales monárquicos por confrontación es la que facilitaron los republicanos varios mees después, ya en 1932, fecha del Anuario; como está probado que el Anuario manipuló la cifra del artículo 29 es casi seguro que también manipuló a la baja la cifra superior a 40.000 que se vieron obligados a reconocer. Pero la clave es que, según han comunicado, o habían reconocido, los propios republicanos, la mayoría absoluta lograda por los concejales monárquicos es aplastante; cuarenta mil frente a veintiséis mil. ¿Cabe hablar de virtual empate? ¿Cabe despreciar, como hacía el duque de Maura el 12 de abril, la mayoría monárquica como «aritmética»? Mayoría aritmética significa numérica, lo que parecía ignorar el ilustre ministro-historiador. Toda mayoría electoral es aritmética; el tono despectivo me recuerda el utilizado por las izquierdas durante los debates de la Constitución de 1978; cuando UCD y Alianza Popular unían sus votos para lograr mayoría absoluta, las izquierdas se referían con menosprecio a una «mayoría mecánica», toda mayoría absoluta lo es, aunque la del centro-derecha se aplicaba con muchos complejos para no irritar a las izquierdas; la UCD prefería la fórmula del «consenso», hasta que se creó un consenso nacional para tirarla por la borda, ya lo explicaremos.

Las aportaciones de los profesores Artola y Tusell sobre las elecciones del 12 de abril son, pues, valiosísimas en el primer caso; difusas e insuficientes en el segundo; sus interpretaciones, sin embargo, se aproximan a la tesis «plebiscitaria» inventada por el duque de Maura en la tarde del 12 de abril, y no volveré sobre ella por haberla comentado de forma suficiente. Con la evidente manipulación de los datos electorales por la República se evaporaron irremisiblemente unos catorce mil concejales de los 81.099 que fija, con acierto, el profesor Artola según fuentes de la época. Seguramente no sabremos nunca qué se hizo de ellos; sumando las cifras que acabo de deducir para los dos bandos sólo se obtienen unos 66.800 concejales, que me parece una buena cifra para inferir una manipulación adicional republicana. En resolución la República advino en virtud de un tremendo pucherazo, pero la culpa no fue sólo de los republicanos sino sobre todo de los monárquicos liberales, desmoralizados, abrumados por su derrota personal, El profesor Javier Tusell apunta con razón que los votos monárquicos respondían ya a un talante distinto, que anunciaba la reacción derechista durante la República a partir de 1932. Los viejos partidos de la «vieja política» —sigue teniendo razón— se estaban desvaneciendo en aquellos momentos. Por eso creo que no tiene razón, en cambio, cuando atribuye las victorias monárquicas rurales a pervivencia del caciquismo. Las principales provincias de tradición caciquil no respondieron, él mismo lo reconoce, según los viejos esquemas. Para explicar su derrota algunos líderes monárquicos alegaron que desde 1923 no se hacían en España elecciones de ninguna clase; querían decir elecciones caciquiles. No es coherente apuntar a un talante electoral nuevo en las derechas y luego subrayar la pervivencia de un caciquismo que en buena parte estaba ya desmantelado, por desuso y oxidación.

Los republicanos no vencieron, pese a proclamarlo reiteradamente, en todas las capitales de provincia. En nueve de ellas los concejales monárquicos lograron mayoría absoluta: Ávila, Burgos, Soria, Pamplona, Vitoria, Palma de Mallorca, Gerona, Lugo y Cádiz. (El profesor Tusell, con su característica desgana, cita como «capitales» a Navarra, Baleares y Alava).

Puede resultar muy interesante una experiencia electoral posterior, la de 1979. En las elecciones generales del 1 de marzo el centro-derecha, la UCD, venció holgadamente a los socialistas (que creían segura su victoria) gracias a un habilísimo discurso de Adolfo Suárez. Muy poco después, el 3 de abril, se celebraban las elecciones municipales. Es decir, que Suárez adoptó el esquema Berenguer, primero las generales; un esquema que Romanones invirtió sin advertir las posibles consecuencias. Para las municipales de 1979 socialistas y comunistas marcharon unidos, pese a las críticas que les atribuían un nuevo pacto del Frente Popular. Pues bien, ese bloque de izquierdas venció en el 77 por ciento de las capitales de provincia; porcentaje semejante al conseguido por los republicanos del 12 de abril de 1931. Y las izquierdas gobernaron en los ayuntamientos de Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla y demás grandes capitales, como en 1931. Pero en 1979 a nadie se le ocurrió reclamar un cambio de régimen; en 1979 la mayoría de votos fue para el centro-derecha, como había sucedido —ya lo sabemos— en 1931, porque a esa gran mayoría de concejales monárquicos correspondía, si descontamos las manipulaciones posteriores de la República, una mayoría de votos monárquicos. El centro-derecha de 1979 había aprendido la lección de 1931 y por eso había adoptado el esquema Berenguer que los monárquicos liberales, léase Romanones y Alhucemas, habían destrozado irresponsablemente, cuando las elecciones generales estaban ya convocadas.

Tras una victoria municipal de los republicanos en las capitales de 1931, si hubieran tenido los monárquicos el coraje de rechazar la interpretación plebiscitaria y de esperar las cifras definitivas de votos, la reacción de los monárquicos hubiera sido, sin duda, muy enérgica y la Monarquía pudo haberse regenerado en las elecciones generales. Pero los monárquicos liberales abandonistas estaban hundidos y contagiaron al Rey, que no lo necesitaba demasiado, esa actitud desertora y cobarde. Ni siquiera aguardaron, insisto, como era elemental, a conocer los resultados finales del cómputo electoral, que la República, presa de su mala conciencia, no publicó oficialmente nunca.

Hace muy bien el profesor Tusell en reproducir el dictamen final del marqués de Hoyos, aunque hace muy mal en no concederle la debida trascendencia: «La que en realidad quedó derrotada fue la doctrina democrática; triunfó el derecho restringido y la fuerza contra el sufragio universal y el derecho». Eso pone punto final, en mi opinión, al debate.

El nieto de Alfonso ΧIII —me consta— ha estudiado a fondo, detenidamente, las elecciones del 12 de abril de 1931. No en balde tuvo la suerte de contar como profesor de historia contemporánea no con el profesor Seco Serrano —por lo demás monárquico ejemplar— sino con el profesor Vicente Palacio Atard, que domina bastante mejor la historia de la República y sus orígenes. En este mismo capítulo voy a demostrar hasta qué punto de coherencia aprovechó don Juan Carlos I la lección de la caída de su abuelo. Lo comprobé en un momento trascendental de mi propia vida, cuando los restos de don Alfonso ΧIII se acercaban por el aire hacia San Lorenzo del Escorial.

Lunes trece de abril:
nada está decidido

El general Dámaso Berenguer no asistió a la reunión informal de ministros con su presidente en el despacho del ministro de la Gobernación, durante la tarde del 12 de abril. Pensaba, dice Pabón, que en la práctica no había ya gobierno y decidió actuar por su cuenta. Estaba a sus órdenes una fuerza poderosa y decisiva: el Ejército. Se desmarcó del gobierno y cuando empezó a recibir, directamente, los resultados electorales, pensó que no se podía quedar al margen. Después de las nueve de la noche del domingo fue a despachar con él el general Mola, con quien mantenía estrecha amistad y colaboración; Mola le confirmó los malos resultados electorales, y cuando a las diez llegó a Buenavista el marqués de Hoyos ratificó lo dicho por el director general de Seguridad. Pero cuando Mola entraba en el despacho, el ministro de la Guerra estaba escribiendo unas cuartillas y al terminar dijo a Mola: «Acabo de redactar un telegrama dando instrucciones a los capitanes generales de las regiones. Antes de darlo a conocer quiero consultar con Valentín Galarza, que es muchacho inteligente y ponderado».

Conocí mucho después, en los primeros años cuarenta, al ya coronel Valentín Galarza Morante, muy amigo de mi familia. Me lo he encontrado después, muchas veces, en el estudio de la Historia. Era un militar de Estado Mayor, que vivía en la calle Conde de Xiquena, a un paso del ministerio del Ejército. Ya en 1931 era hombre clave de la burocracia militar y conocía mejor que nadie las situaciones del personal. Luego fue coordinador en el pronunciamiento de Sanjurjo el año 1932, en la conspiración militar de la primavera de 1936 y en el movimiento de altos mandos contra Serrano Suñer desde el final de la guerra. Sustituyó a Serrano como ministro de la Gobernación de Franco, después cayó en desgracia y tuvo, según oí a quien le conocía bien, vinculaciones con don Juan March.

La opinión de Galarza debió de ser favorable al telegrama porque, según testimonio del marqués de Hoyos, que llegó al despacho de Berenguer después de Mola, el telegrama a los capitanes generales estaba enviado a la una y cuarto de la madrugada del que ya era 13 de abril. Berenguer no consultó con el ministro de la Gobernación: sencillamente le enseñó el telegrama que ya había ordenado cursar. Pese a lo gravísimo de su contenido, tampoco se lo comunicó a los demás ministros ni menos al presidente Aznar, que estaba completamente fuera de juego y se había retirado, después de la reunión en Gobemación, a su casa para leer una novela de Rocambole, entonces muy en boga. El telegrama decía así:

«Las elecciones municipales han tenido lugar en toda España con el resultado que, por lo ocurrido en la propia Región de V. E. puede suponer. El escrutinio señala hasta ahora la derrota de las candidaturas monárquicas en las principales capitales: en Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla etc. se han perdido las elecciones.

«Esto determina una situación delicadísima que el gobierno ha de considerar en cuanto posea los datos necesarios. En momentos de tal trascendencia no se ocultará a V. E. la absoluta necesidad de proceder con la mayor serenidad por parte de todos, con el corazón puesto en los sagrados intereses de la patria, que el Ejército es el llamado a garantizar siempre y en todo momento.

«Conserve V. E. estrecho contacto con todas las guarniciones de su Región, recomendando a todos absoluta confianza en el mando, manteniendo a toda costa la disciplina y prestando la colaboración que se le pida al del orden público.

«Ello será garantía de que los destinos de la Patria han de seguir, sin trastornos que la dañen intensamente, el curso lógico que les imponga la suprema voluntad nacional»[16]. En el telegrama no se hacía la más mínima alusión al Rey.

El Cuerpo de Telégrafos estaba dominado por los republicanos que descifraron con toda facilidad la misiva de Berenguer —poseían las claves de cifra— y la transmitieron a los líderes de la Conjunción republicano-socialista e incluso a las redacciones de los periódicos. A media mañana del 13 de abril lo conocían todos los interesados. Berenguer se apresuró, en la mañana del 13, a comunicar el telegrama a los demás ministros, cuando ya circulaba por Madrid el famoso texto. El telegrama se publicó en parte de la prensa al día siguiente, 14, pero ya había surtido sus demoledores efectos durante la jornada del 13. Todo el mundo lo interpretó como que el Ejército reconocía la victoria de la República. Esa mañana del 13 Romanones tenía despacho ordinario con el Rey. Hablaron de los resultados electorales. El Rey declaró en abril de 1932 al influyente diario de Buenos Aires La Nación[17] que ya antes de la medianoche del domingo 12 supo «la amarga verdad: el setenta por ciento de mis súbditos habían votado la candidatura republicana íntegra». (Eso era completamente falso; no se conocían aún ni de lejos los resultados completos de las elecciones y ese porcentaje era absurdo. No es difícil imaginar quién había engañado al Rey). Romanones comunicó a don Alfonso, en ese despacho, toda su frustración y desánimo; le contó un sueño que le había atormentado aquella noche, el asesinato del zar y la familia imperial de Rusia; y suplicó al Rey «que abandonase inmediatamente España». Romanones, pues, había dormido algo, aunque fuera un mal sueño. El duque de Maura no había pegado ojo. Acudió a su ministerio de Trabajo donde recibió al ministro de Hacienda, Ventosa y se reunió con varios miembros de su grupo centrista. Propuso que el Rey se expatriase; y celebrar unas elecciones generales en mayo, si lograba poner de acuerdo al Rey y al Comité Revolucionario de la República. Su hermano Honorio Maura iría a Palacio para pedir el consentimiento del Rey; el marqués de Cañada Honda, amigo de su otro hermano, Miguel, haría la propuesta a los dirigentes de la República. Tres Mauras en juego aquella mañana. Por supuesto que Gabriel Maura hizo tan comprometida gestión por su cuenta, sin dignarse consultar al resto del gobierno, como acababa de hacer Berenguer con su telegrama. Por las declaraciones de don Alfonso a La Nación parece claro que conocía, en la mañana del 13, ese telegrama.

Honorio Maura regresó a mediodía con el consentimiento del Rey, que ya carecía de voluntad propia. Cañada Honda no pudo ver a Miguel Maura hasta la medianoche; y Miguel mandó al cuerno al emisario. El Comité Revolucionario comprendió, con las dos noticias —el telegrama y la propuesta de pacto electoral— que la Monarquía estaba desahuciada y el gobierno a la deriva. El Rey, en su despacho con Romanones, había contestado a su requerimiento de que se marchase, después de escuchar el cuento ruso de miedo que le había trasmitido el conde; «Yo no seré obstáculo en el camino que haya que tomar; pero creo que aún hay varios caminos».

Ya después de la una y media varios ministros estuvieron en Presidencia con el almirante Aznar (sólo los liberales, pero no Romanones); conocieron por boca del propio Berenguer su telegrama y lo aprobaron como «irreprochable». Acordaron reunirse en Consejo —sin el Rey— para las cinco y media de esa misma tarde, en Presidencia, sin esperar al día siguiente, como se había acordado la víspera.

Poco antes fueron llegando los ministros. Los periodistas rodearon al jefe del gobierno y le preguntaron si la improvisada convocatoria significaba la crisis. La respuesta se ha hecho famosa:

«¿Crisis? ¿Qué más crisis quieren ustedes que la de un país que se acuesta monárquico y amanece republicano?». Entraba el marqués de Hoyos y, muy satisfecho, confió a la prensa los datos que hasta el momento poseía; victoria monárquica con 22.000 concejales contra 5.000 republicanos. Entonces le repitieron la frasecita que se le acababa de escapar al jefe del gobierno y el marqués de Hoyos, sin decir una palabra, guardó los papeles con los datos y, demudado, entró en el edificio de Castellana 3. Cambó, en Barcelona, conoció casi inmediatamente el diagnóstico del pequeño Almirante, que recorría España entera como la pólvora. Todos los comentaristas de entonces y de hoy reconocen que el dictamen del lector de Rocambole había dado el golpe de muerte a la Monarquía. No estoy de acuerdo; estaba ya muerta en la noche del 12 de abril pero no por la voluntad de las urnas sino por la deserción de los monárquicos liberales y el hundimiento moral del Rey.

En aquel dramático Consejo del 13 chocaron dos opiniones contrapuestas: la de Romanones, que deseaba abandonar y dimitir; la de Juan de la Cierva, que exigía la permanencia. Romanones dio a conocer a los demás ministros la declaración del Comité Revolucionario que a las tres de la tarde, reunido en casa de Alcalá Zamora, había dado una nota cuya clave era este párrafo:

«La votación de las capitales españolas y principales núcleos urbanos ha tenido el valor de un plebiscito desfavorable a la Monarquía y favorable a la República y ha alcanzado a la vez las dimensiones de un veredicto de culpabilidad contra el titular del supremo poder». La nota desprecia «el voto rural de los feudos» e invoca a la «voluntad nacional». Firman todos los miembros del Comité presentes en Madrid, incluso los que acababan de salir de sus escondrijos: Azaña y Lerroux. Esa tesis no la habían inventado ellos: la habían formulado en la tarde del 12 de abril, como sabemos, Gabriel Maura y el conde de Romanones; la había aceptado en la práctica el general Berenguer con su telegrama de madrugada: se la habían propuesto al Rey esa misma mañana Romanones y Honorio Maura; la comunicaría el marqués de Cañada Honda esa misma noche a Miguel Maura. Los dirigentes republicano-socialistas se limitaban a penetrar por la brecha que les habían abierto los monárquicos y por la que ya pensaba escapar el propio Rey. Aquella misma tarde se rompe la calma anterior y en varios puntos de España, sobre todo en Madrid, se organizan grandes manifestaciones republicanas que amedrentan todavía más al gobierno.

Al hablar el primero en el Consejo de ministros, el conde de Romanones se manifiesta conforme a la interpretación plebiscitaria que daba la nota republicana. Concluye que el gobierno debe dimitir y dejar el camino a seguir en manos del Rey. El almirante Rivera, ministro de Marina, resume su impresión al oír la propuesta de Romanones: «la única solución era que el Rey se marchase… todos comprendimos que no había otra solución; Cierva fue el único que se opuso enérgica y decididamente en contra». En efecto, mi abuelo declaró que él no dimitía ni autorizaba al presidente para que dimitiese en su nombre; y que no abandonaba al Rey en esos momentos dejándole solo. El conde de Bugallal se alineó con Juan de la Cierva y rechazó la tesis plebiscitaria. Berenguer leyó su telegrama que algunos no conocían. Se ofreció a ampliarlo; mi abuelo aconsejó que no se tocase, el mal ya estaba hecho. Se aprobó una nota, nuevamente redactada por Romanones, menos abandonista de la que el conde había propuesto primero. El gobierno ponía sus cargos a disposición del Rey pero no formulaba expresamente la dimisión. Se hacían notar en el escrito las opiniones que habían formulado los ministros. No se reconocía carácter plebiscitario a las elecciones; la victoria republicana estaba «contradicha y superada» por el gran número de votantes monárquicos fuera de las grandes ciudades. Se pide al Rey que abra consultas y que «ofrezca en el más breve plazo posible a la voluntad nacional ocasión de pronunciarse más segura y eficazmente en unas elecciones parlamentarias». Esta nota era más aceptable; el almirante Aznar quedó en llevársela inmediatamente al Rey pero no lo hizo. Los ministros le buscaron luego en Presidencia, en su casa, le llamaron por teléfono. No se quiso poner, seguramente estaba más interesado en Rocambole. El Rey no recibió la nota de su Consejo de ministros aquella noche. A la salida del Consejo, Romanones no pudo evitar una de sus clásicas respuestas de humor negro a la pregunta de un periodista que deseaba saber si al día siguiente habría solución definitiva; «Y tan definitiva», replicó don Alvaro de Figueroa.

Pese a la triunfalista nota del Comité Revolucionario sólo Miguel Maura estaba seguro de la victoria inminente. Los demás no podían imaginar tanta irresponsabilidad ni tanto abandonismo en el gobierno monárquico y en el Rey. «Fue la calle —recuerda Maura— la que se encargó, por sí sola, de aclarar las cosas, marcando el rumbo a los acontecimientos». A la salida de los diarios de la tarde empezó el movimiento de las masas; muchas veces he repetido que estos movimientos casi nunca son espontáneos. Diarios como La Tierra se distinguían en la agitación, atizada sobre todo desde la Casa del Pueblo. Los manifestantes llenaban, ya anochecido, la Puerta del Sol con vivas a la República. No hubo violencia sino barullo, decía el marqués de Hoyos al Rey, que parecía muy alarmado. Hubo sangre, sin embargo, en Recoletos durante un choque —excepcional— con la Guardia Civil, pero sin muertos. Fracasó un intento de asalto a la casa del general Mola. Muchos grupos intentaron llegar a Palacio pero fueron disuadidos sin problemas; en el resto de la ciudad no se reprimió a los republicanos callejeros. La manifestación fue decisiva, el gobierno se negó a reprimirla y el Rey decidió cualquier cosa —aun el abandono— antes de provocar una guerra civil. La amenaza quedó pendiente para la siguiente jornada, 14 de abril. Pabón hace muy bien en señalar que la tónica del 13 de abril había sido, por una y otra parte, la indecisión y la vacilación. Pero Juan de la Cierva nos ha comunicado la frase más importante del Consejo de ministros, pronunciada por el duque de Maura:

«Yo tengo el sentimiento de manifestar que después de la elección de ayer me parece ilegítima la Monarquía en España». Y mi abuelo apostilla: «Comprendí que aquellos hombres no eran los que podían defender al Rey». Pese a esta nueva deserción del duque de Maura nada estaba decidido al terminar el 13 de abril.

Todos, hasta las masas de la Puerta del Sol, se retiraron para la última noche.

Catorce de abril: la sombra
y el impulso masónico

Dos días del siglo XX compiten ante la Historia para merecer el título de día más largo del siglo; el 14 de abril de 1931 y el 19 de julio de 1936. Las dos vísperas correspondientes —13 de abril, 18 de julio— se cerraron en medio de la incertidumbre; en la primera los republicanos aún no tenían claro el desenlace; en la segunda el general Mola, artífice de la conspiración, no se había sublevado todavía y los generales Sanjurjo y Franco no habían llegado a su destino para tomar el mando efectivo del Alzamiento. En las dos fechas que sugiero, 14 de abril de 1931 y 19 de julio de 1936, se despejó la incertidumbre; el 14 de abril el Rey abandonó y se proclamó la República; el 19 de julio de 1936 se sublevó el general Mola, murió en accidente el general Sanjurjo y tomó el mando del ejército de África el general Franco. Son los días más largos de la historia de España en el siglo XX. Aun hoy no me atrevo a decidir cuál de los dos es el día más largo de nuestro siglo en España. Para reconstruir históricamente lo que fue el Catorce de Abril me acojo a las mismas fuentes que he utilizado en los epígrafes anteriores aunque me referiré, en las notas oportunas, a otras que también son importantes.

La situación de los dos frentes, republicano y monárquico, al amanecer del martes 14 de abril es perfectamente conocida para el lector. El Comité Revolucionario estaba seguro de su victoria moral y teóricamente había propuesto, en su nota dada a las tres de la tarde del 13, su tesis de que las elecciones, por su triunfo en las principales capitales de provincia, que resultaron, en total cuarenta y una, debían considerarse como un plebiscito a favor de la República, porque además en la misma declaración consideraban irrelevantes los votos rurales como pertenecientes a «feudos» es decir al sistema caciquil de la Monarquía. Ya hemos concluido que no hubo tal plebiscito; y que desde un punto de vista democrático y legal la victoria no había sido republicana sino monárquica, como intentó decir a los periodistas, al entrar en el consejo de ministros celebrado a media tarde del día 13, el ministro de la Gobernación, marqués de Hoyos. Pero como sucede tantas veces en política (por ejemplo ahora, en los años noventa, cuando la política se hace con imágenes y no con realidades) lo decisivo no era lo real sino la opinión dominante; y ya hemos visto que los monárquicos abandonistas opinaban exactamente lo mismo que sus enemigos republicanos. Reconocían el valor plebiscitario de las elecciones; proclamaban (Gabriel Maura en pleno Consejo de ministros) la ilegitimidad de la Monarquía después del 12 de abril; recomendaban (Romanones, en su despacho del 13 con el Rey) al propio Rey que se fuese de España; y pretendían (otra vez Gabriel Maura) la expatriación del Rey y la convocatoria urgente de elecciones generales que decidieran la forma de gobierno. Por su parte el propio Rey, que según dijo a Romanones «no quería ser un obstáculo» consideraba que el setenta por ciento de los españoles habían votado en su contra, según las declaraciones que hizo el año siguiente a La Nación. Los soportes militares de la Monarquía —el Ejército y la Guardia Civil— habían sido puestos al margen por sus jefes respectivos. El general Berenguer, ministro de la Guerra, con su famoso telegrama de medianoche que todo el mundo conocía ya a primera hora de la mañana del 14 de abril; el general Sanjurjo no garantizaba el apoyo de la Guardia Civil a la Monarquía y al gobierno desde la tarde del domingo 12 y estaba a punto de tomar decisiones irreversibles en la misma mañana del 14. Por otra parte los partidarios de la República marchaban un paso delante de sus dirigentes y desde media tarde del 13 de abril hasta las primeras horas de la madrugada habían tomado las calles de Madrid, con epicentro en la Puerta del Sol. La situación, por tanto aún no formalmente declarada, había puesto a la Monarquía, al amanecer del Catorce de Abril, en trance desesperado que sólo podría remediarse con un milagro. No por orgullo familiar, que me parece legítimo, sino sobre todo por un análisis histórico riguroso he de reconocer que sólo mi abuelo Juan de la Cierva, con la colaboración de otros insignes monárquicos, se mostró dispuesto, a lo largo de la jornada del Catorce de Abril, a intentar e incluso forzar ese milagro. Alfonso XIII, ciego por el desánimo personal y el abandonismo de sus principales consejeros, no se lo reconoció a mi abuelo en esa jornada. Se lo reconoció después, ya en la República, cuando era tarde. En cambio el nieto de Alfonso XIII se lo reconoció solemnemente al nieto de Juan de la Cierva muchos años después, en 1980. Lo voy a revelar en este mismo libro.

Hay dos factores importantes en la caída de la Monarquía y el advenimiento completamente atípico de la República que nunca aparecen en las historias pero que me parecen decisivos. El profesor Pabón ha insinuado el apoyo de fuerzas secretas a las grandes manifestaciones del trece de abril en Madrid; y dice expresamente que el impulso y coordinación de la Casa del Pueblo le parece insuficiente para explicar el fenómeno. Por otra parte el insigne historiador se muestra muy receloso ante los presuntos movimientos de masas con carácter «espontáneo». Estoy plenamente de acuerdo. Creo muy poco en la espontaneidad de las masas. El motín de Esquilache bajo Carlos III, el motín de Aranjuez el 19 de marzo de 1808 contra Carlos IV no fueron espontáneos; me parece históricamente demostrado más que de sobra, y lo mismo iba a suceder con la quema de iglesias y conventos de la República el 11 de mayo de 1931, tan poco espontánea como los sucesos semejantes de 1835. Pabón sugiere el impulso de fuerzas secretas en las algaradas del 13 de abril de 1931. Pabón —testigo muy directo de la política en los años treinta, donde llegó a diputado a Cortes— era un convencido de la acción masónica en la España contemporánea y cita algunos casos que cree —y son— muy claros. Dos especialistas reconocidos en la historia masónica de España, el jesuita Ferrer Benimeli y la profesora Gómez Molleda, han reconocido y documentado la influencia masónica en la Segunda República. El jesuita Ferrer es un historiador netamente promasónico; el almirante Carrero me aseguraba, poco antes de su muerte, que era masón pero sea de esto lo que fuere lo cierto es que sus simpatías masónicas son desbordantes y para muchos católicos, escandalosas. Por eso tiene tanto valor su testimonio, cuando aduce una declaración del número de junio de 1931 del Boletín oficial del Supremo Consejo del Grado 33 para España y sus dependencias:

«No es posible realizar una revolución política tan perfectamente masónica como la revolución española».

Y junto a este texto capital, el jesuita promasónico cita otros varios en que se muestra la identificación entre Masonería y Segunda República[18]. Por su parte la profesora Dolores Gómez Molleda, mucho más neutral y científica, muestra con mayor claridad aún la intervención masónica en la preparación y desarrollo de la Segunda República[19]. Voy a volver sobre la actividad masónica en la España del siglo XX en un libro de esta misma serie dedicado monográficamente a este problema; pero no podía dejar sin mención expresa la sospechosa —y demostrada— coincidencia ente las directrices masónicas y la Segunda República. Por el momento sólo añadiré que según una lista reproducida por el mismo padre Ferrer (ibid. p. 73) al menos dos de los generales pertenecientes al Comité Militar que preparó el advenimiento de la República a las órdenes del Comité Revolucionario (don Miguel Cabanellas y don José Fernández Villa Abrille) eran masones, así como —está reconocido en varias fuentes— el comandante Ramón Franco y el rebelde de Jaca Fermín Galán. En cuanto a los doce miembros del Gobierno Provisional de la República en 1931 ocho eran masones y otro más (Azaña) lo sería, según confesión propia, en 1932. Ser masón en 1931 condicionaba decisivamente el comportamiento político del interesado (no digo que ahora no, desde luego) y omitir esta circunstancia en los apuntes biográficos de cada personaje, como hace sistemáticamente el profesor Tusell en su deslavazada presentación de este período me parece sencillamente un fraude histórico.

Pero hay una segunda causa oculta. En sus Memorias, don Niceto Alcalá Zamora habla algo crípticamente sobre las necesidades financieras del Comité Revolucionario, que había nombrado a Manuel Azaña tesorero sin tesoro. No concreta demasiado las aportaciones importantes, aparte de la suya. Sugiere que Lerroux propuso la obtención de un préstamo importante que facilitaría el financiero don Juan March, (don Niceto no le nombra) a quien había pedido ayuda también Miguel Maura. A fin de cuentas no se llegó a un acuerdo; se negó don Niceto a aceptar las condiciones de March, se negó March aunque parece que al final estaba pensando en facilitar ayuda al Comité, pero los acontecimientos se precipitaron. Esta falta de acuerdo provocó la tremenda persecución de la República contra March, y la reacción de March que resultó muy importante en favor del Alzamiento. Pero antes he citado la permanente hostilidad de las multinacionales del petróleo contra la Monarquía por la creación de la CAMPSA. El problema de March en torno a la CAMPSA y sus relaciones con Primo de Rivera no corresponden a este lugar. No sé si algunas importantes aportaciones ocultas en favor de la causa republicana pudieron venir de esa fuente; las conspiraciones y las elecciones necesitan dinero y las agitaciones de masas, sobre todo si son de especial intensidad y pertinacia, también. ¿Quién financió a la FUE? Hasta hoy todo este espinoso problema sigue en las tinieblas pero no pueden descartarse las sospechas[20].

Catorce de abril: el despacho del Rey
con sus ministros

El caso es que la acción de masas volvió a tirar de la República a las siete de la mañana del 14 de abril. Los concejales republicanos de la ciudad industrial guipuzcoana de Eibar izaron la bandera tricolor de Jaca en el balcón principal del Ayuntamiento. Los veinte guardias civiles de la población se encerraron en el cuartel al no atreverse contra diez mil manifestantes. En los ministerios de la Gobernación y de la Guerra se tiene la convicción de que el pronunciamiento de Eibar se va a repetir durante toda la jornada en otros muchos lugares. De momento no es así, con una excepción: la ciudad de Vigo donde, más o menos a la vez que en Eibar, los concejales electos proclaman la República «esa madrugada», según Pabón, que toma el dato del marqués de Hoyos, el cual registra también que el gobernador civil de Pontevedra reprimió fácilmente el intento de Vigo e hizo arriar la bandera tricolor que, sin embargo, continuó en el balcón del ayuntamiento eibarrés.

Ante la inoperancia del presidente Aznar y la virtual inexistencia del gobierno toma el mando político en Madrid el conde de Romanones, que recibe muy temprano en su casa de la Castellana a varios amigos, entre ellos tres grandes médicos: don Gregorio Marañón, promotor de la Agrupación al Servicio de la República; don Amalio Gimeno y el regio dentista, doctor Florestán Aguilar. Marañón aumentó los ya muy grandes temores del conde al asegurarle que según sus noticias la agitación republicana estaba a punto de degenerar en violencia revolucionaria. Marañón venía en virtual representación del Comité Revolucionario, en misión intimidatoria. Don Amalio Gimeno dijo a Romanones que en la tarde anterior había hablado con el doctor Florestán Aguilar, que venía de ver al Rey; y que el Rey (como había dicho por la mañana al propio Romanones) «aún pensaba en otras soluciones». El conde pidió al médico que trajera urgentemente al doctor Aguilar. El conde dijo al vizconde de Casa Aguilar que de no proceder rápidamente la vida del Rey corría peligro. Pidió al regio dentista (como solía llamársele entonces) que acudiese a Palacio y aconsejase al Rey la inmediata salida de España. Aguilar pidió una nota por escrito y, haciéndola suya, se la entregó al Rey en nombre de Romanones y de otro ministro, Gascón y Marín. La nota manifestaba el temor de los ministros de que las masas de la madrugada anterior pudieran encontrar adhesiones del Ejército y las fuerzas del orden. Piden al Rey la convocatoria de un Consejo de ministros en el que cada cual asuma sus responsabilidades «y que el Consejo reciba la renuncia del Rey para hacer ordenadamente la transmisión de poderes». Así —seguía la nota— podría ser posible la vuelta a España del Rey «por clamoroso llamamiento de todos». Esta nota era la consecuencia lógica de las anteriores posiciones y consejos al Rey por parte de Romanones, Gabriel Maura y otros amigos personales de don Alfonso. Romanones había tomado la iniciativa de enviar esa tremenda nota sin más consultas a otros miembros del gobierno; sin hablar con los jefes del Ejército y la Guardia Civil. Por sí y ante sí, bajo la impresión de las amenazas trasmitidas por el doctor Marañón y tal vez por las huellas, aún no borradas, de su sueño acerca de la tragedia de la familia imperial rusa. Romanones, desde primera hora del martes 14 de abril estaba presa de pánico y completamente decidido a forzar el abandono del Rey.

Por su parte el Rey, lógicamente abrumado, recibió pronto, aquella mañana, la nota del Consejo de ministros del 13 que al fin le llevó el almirante Aznar. En ella figuraba el dictamen del duque de Maura sobre la ilegitimidad de la Monarquía después del 12 de abril y el abandonismo general del gobierno, con las excepciones que conocemos. Entonces el Rey decidió llamar a los ministros por parejas o tríos, como hacía en los despachos ordinarios. Entran en primer lugar el ministro de Hacienda, Juan Ventosa, y el de la Gobernación, marqués de Hoyos. El inteligente financiero catalán trató de explicar al Rey que después de todo lo ocurrido le quedaban dos caminos. El primero consistía en negar valor plebiscitario a las elecciones y utilizar, dentro de sus atribuciones, la fuerza material para cerrar las Universidades y destituir a los Ayuntamientos que se rebelasen. Antes de que pudiera explicarle la segunda opción el Rey le cortó:

«Yo no voy por este camino; porque después de lo ocurrido en las elecciones del domingo y de las otras circunstancias múltiples y diversas que se han producido en los últimos tiempos, yo no tendría fuerza moral para utilizar la fuerza material. Y si quisiera hacerlo habría muchos dispuestos al sacrificio de la vida por mí; pero habría muchos que no, provocándose una guerra civil y derramamiento de sangre del que yo no quiero asumir la responsabilidad. Yo tengo la sensación de que he perdido, aunque sea inmerecidamente, el amor de mi pueblo. Ésta es la realidad y a ella hay que atenerse».

Replicó Ventosa: «Pues entonces si V. M. no está dispuesto a seguir ese camino con todas sus consecuencias, que yo señalo al solo efecto de decir que el gobierno actual no le serviría para ello, no veo realmente otro camino posible, aunque me sea muy doloroso el decirlo, que intentar una solución a base de los constitucionalistas y si no puede ser, llevar a cabo su resolución de marcharse de España». Es decir que Ventosa conocía ya perfectamente que la resolución del Rey estaba tomada: marchase. La invocación de don Alfonso a la guerra civil y a no derramar sangre era, sin duda, nobilísima pero enteramente falta de visión. La marcha del Rey no evitó la guerra civil, que estallaría cinco años después, tras los turbulentos vaivenes de la República. Entonces corrieron torrentes de sangre; y don Alfonso, que había querido evitar la guerra civil en 1931, participó con entusiasmo en ella desde los primeros momentos en 1936, permitió que su hijo don Juan y varios miembros de la familia real lucharan en favor del bando que dirigía el gentilhombre de cámara don Francisco Franco, para quien pidió la Laureada al terminar el conflicto. La tesis de mi abuelo era como veremos, que una guerra civil en 1931, provocada por la resistencia legítima a una interpretación falsa e ilegal de unas elecciones que no se habían convocado para decidir el régimen, hubiera resultado mucho más fácil de sofocar. La actitud de don Alfonso en 1931 fue de abandono por agotamiento; la de 1936 fue lógica, pero incoherente con la de 1931. Y en cuanto a la manía de haber perdido el amor de su pueblo no es verdad; ni podía afirmarlo el Rey sin conocer el resultado final de las elecciones. Pero ya se había entregado a sus consejeros abandonistas; y no se fue por falta de valor, que le sobraba, sino por hastío y depresión. Por su parte el marqués de Hoyos no insistió en sus anteriores posiciones sobre la victoria monárquica del 12 de abril; se mostró de acuerdo con Ventosa y no intentó sacar al Rey de su desánimo.

Corrían despacio las horas de aquella mañana interminable. Entraron los dos políticos que con sus impremeditadas notas del 13 de febrero pasado habían hundido al gobierno Berenguer y desencadenado la fase final del proceso que estaba ya terminando; el conde de Romanones, ministro de Estado y el marqués de Alhucemas, de Justicia. Romanones ratificó al Rey la advertencia que le había dirigido por medio del doctor Aguilar: que se fuese cuanto antes, si bien se lo dijo con respetuosa sordina. García Prieto coincidió, como siempre, con Romanones pero quiso atenuar la propuesta aconsejando el recurso a los constitucionalistas. «Entonces —sigue Romanones— el Rey me dijo que sería conveniente celebrase yo una entrevista con Alcalá Zamora para conocer sus propósitos y tener cabal idea de la verdadera situación. Sin duda, al hacerme tal encargo, recordaba que hacía veinticinco años el hoy presidente del gobierno provisional de la República, en calidad de secretario particular mío, formaba parte del acompañamiento regio en el viaje que hicimos a las Islas Canarias».

Romanones escribió dos relatos principales, y no siempre coincidentes, sobre los últimos días de la Monarquía. Como el segundo lo compuso para acallar las protestas levantadas por el primero, me atengo al primero. En el segundo no dice una palabra de la gestión encomendada por él mismo al regio dentista, que me parece segura. Pero añade un detalle en labios del Rey, cuya formidable memoria borbónica le hizo explicar un caso del viaje a Canarias. «Recuerdo que cuando le llevaste como uno de tus secretarios entonces, en el barco, comía en segunda mesa». Se trata, sin duda, de una de las fuentes del insondable resentimiento de don Niceto contra el Rey. Hay otro dato verosímil en la segunda versión: «Precisa que en seguida le veas para convenir los detalles del tránsito de un régimen a otro y además para precisar lo referente a mi viaje y al de mi familia». El Rey, por tanto, fue quien pidió el contacto de Romanones con Alcalá Zamora, y ya reconocía la autoridad de don Niceto.

En la tercera audiencia el Rey recibió al general Berenguer, ministro de la Guerra; al de Marina, almirante Rivera; y al de Trabajo, duque de Maura. Berenguer recuerda la serenidad del Rey pero también las «torturas morales» que dejaban huella en su rostro. Según Berenguer el Rey conocía y asumía la propuesta del Gobierno, que recordaba la de los constitucionalistas; pero en la audiencia a Romanones, inmediatamente anterior, sabemos que había dado un paso más: el pacto con Alcalá Zamora, es decir la entrega de la Monarquía a la República. Gabriel Maura afirmó luego, con apenas disimulada satisfacción, que el Rey aceptaba la sugerencia que él mismo le había comunicado la víspera por medio de su hermano Honorio: «transmitir sus poderes a un gobierno que convocase Cortes constituyentes, suspender el ejercicio personal de su soberanía y marcharse de España». El propio Gabriel Maura quedó encargado de redactar el documento de renuncia. Pero insisto una vez más, el Rey había encargado ya a Romanones el pacto con Alcalá Zamora, en cuyas manos quedaría todo. El almirante Rivera confía en la actitud disciplinada de la Marina, mientras Berenguer, según él, desconfiaba del Ejército. Rivera recuerda que el duque de Maura dijo al Rey que antes de un mes España le llamaría. El ministro de Marina, mucho más realista, no lo creía así.

Quedaban tres ministros por despachar en ésta que ya era una jornada de despedidas; el de Fomento (Juan de la Cierva) el de Economía (conde de Bugallal) y el de Instrucción Pública, Gascón y Marín. Juan de la Cierva, preocupadísimo por el Consejo del día anterior y por los manejos de Gabriel Maura, había escrito a primera hora de la mañana del 14 de abril una carta al Rey «diciéndole que yo no había dimitido en el Consejo del día anterior y sin propósito ambicioso, que en las actuales circunstancias sería insensato, quedaba a disposición del Rey pues no quería, por mi parte, dejarle indefenso ante el problema de nombrar nuevo gobierno[21]. Sigo de muy cerca el testimonio de mi abuelo no sólo por coherencia familiar y por convicción histórica sino sobre todo porque, como explicaré luego, el actual Rey de España se ha manifestado expresamente acorde con la postura de don Juan de la Cierva en aquellos momentos dramáticos.

La carta de Juan de la Cierva fue llevada a la Reina por el conde de los Moriles y ella se la dio al Rey. Llamó casi a la misma hora el marqués de Alhucemas lamentando no haber estado más enérgico en el Consejo de la tarde anterior y asegurando que en esos momentos no cabía hablar de dimisión; pero volvió a comportarse de manera indecisa, como sabemos, al despachar con el Rey esa misma mañana. Antes de salir hacia Palacio —habían sido convocados para las doce— el conde de Bugallal se ofreció a don Juan de la Cierva para todo y le dijo que debía ser jefe del gobierno en la inevitable crisis. El Socialista había anunciado esa solución de la crisis y prevenía a sus masas contra las medidas enérgicas que pudiera adoptar un gobierno decidido a mantener al Rey. Iban afluyendo noticias muy alarmantes de Barcelona y Eibar. Al llegar el ministro de Fomento conservador a Palacio, de etiqueta, encontró a Romanones y Alhucemas, vestidos de calle, que se marchaban. «Esto ha concluido —dijo Romanones a mi abuelo. El Rey ha decidido marcharse. Esta tarde celebraremos Consejo de ministros».

Juan de la Cierva, tantas veces mantenido al margen por sus compañeros liberales de gobierno durante aquellas jornadas desde el 12 de abril, vio de repente todo claro y contestó a Romanones: «¡Cómo! ¿Que el Rey se marcha y usted lo da por decidido y hecho?». Los dos ministros liberales, sin responder, se marcharon con prisas y el ministro conservador entro en la Cámara donde se encontró con el conde de Bugallal y el señor Gascón y Marín. «Había poca gente, toda azorada, presagiando tristes sucesos». Salían ya del despacho del Rey el general Berenguer, el duque de Maura y el ministro de Marina. Debo ahora reproducir el testimonio de mi abuelo, único que se conserva sobre este despacho dramático, último de aquella mañana; todos los anteriores habían sido muy rápidos porque todo estaba ya decidido antes de que comenzasen.

«El Rey nos invitó a pasar a los tres a la vez. Preguntó primero a Bugallal qué opinaba sobre el resultado de las elecciones y lo que en su vista debía hacerse, Bugallal, con gran serenidad y precisión de palabra, explicó el alcance que el suceso electoral podía tener. Numéricamente el triunfo era monárquico. Suponer que sólo habían de contarse para apreciar la significación del resultado los votos de los grandes centros, era desnaturalizar maliciosamente el mecanismo electoral, pues los Diputados de los distritos no tenían en las Cortes distinta representación que los de las ciudades y lo mismo podía decirse de los concejales. Que contratiempos como éste, en España y fuera, los tienen los gobiernos y no se les da más significación que la de un accidente político que más o menos fácilmente se enmienda. Que cuanto ahora ocurre corresponde al período de liquidación de la Dictadura y restablecimiento de la normalidad y por eso no puede juzgarse con las mismas normas críticas que en otras ocasiones, en relación con el gobierno que se constituyó para ir venciendo las naturales dificultades con que tropieza. Terminó afirmando que no había motivos para que el gobierno dejara de seguir el camino que en su programa se trazó. En éstos o parecidos términos se expresó Bugallal, coincidiendo con mi opinión, que había confrontado con la suya en nuestras conversaciones anteriores».

El conde de Bugallal era el jefe del partido conservador. Hombre inteligente, culto, regeneracionista, emprendedor, creador de riqueza. Su apreciación de los resultados electorales coincide a partir del 12 de abril con lo que hasta ahora se ha razonado en este libro. Sus argumentos hubieran podido hacer fuerte impacto en el ánimo de don Alfonso si el Rey, abrumado por su depresión interior y por el reiterado bombardeo de los liberales, a quienes se sentía más próximo por amistad personal y por el carácter palatino de casi todos ellos, no tuviera ya tomada la decisión inquebrantable de marcharse; recuerde el lector que había encargado formalmente al conde de Romanones un pacto con los jefes republicanos para la entrega de la Monarquía. Desde la fase de acoso y derribo que se inició contra él a partir de la caída de la Dictadura había soportado, ya por más de un año, la presión sobrehumana, a la que había resistido heroicamente. Pero ya estaba harto. Varios grandes políticos de ejecutoria monárquica le habían abandonado para marcharse a la República o para declararse incompatibles con su presencia en el trono. Ahora, desde la tarde del 12 de abril, los liberales dinásticos no sólo le abandonaban sino que además le habían engañado sistemáticamente, cosa que don Alfonso no sabía aún; y seguía sin saberlo en la primavera de 1932, cuando hizo sus terribles y equivocadas declaraciones a La Nación de Buenos Aires. Entonces, sin responder a los argumentos clarísimos del conde de Bugallal, que agradeció con su habitual cortesía, preguntó a mi abuelo por su opinión.

«Señor, absolutamente conforme con lo que ha expuesto el conde de Bugallal, con quien he cambiado impresiones. Pero ha de permitir Su Majestad que antes de ampliar esas consideraciones y agregar otras le haga a mi vez una pregunta: ¿Ha decidido Vuestra Majestad marcharse? Porque el conde de Romanones me acaba de decir, en la galería de Palacio, que ha adoptado el Rey esa resolución».

El Rey: «Sí, he decidido marcharme, formando antes un gobierno casi nacional, en el que figuren personas, como por ejemplo el marqués de Lema, que dirijan las elecciones a Cortes Constituyentes, a fin de que resuelvan si España quiere Monarquía o República. De ese modo, estando ausente, nadie dirá que he influido en esas elecciones. He citado para esta tarde a los constitucionalistas para que formen el gobierno».

«Señor —dije— si Vuestra Majestad desea y puede formar otro gobierno es cosa que está dentro de sus facultades y únicamente corresponde a los demás reservar o exponer su juicio y acatar las resoluciones del Rey. Pero lo de ausentarse Vuestra Majestad en la forma que ha expuesto, permítame que diga, con toda lealtad y franqueza, movido por el deber que con España y con Vuestra Majestad tengo, que no lo puede ni lo debe hacer. Esa ausencia sería la renuncia a la Corona que no es de Vuestra Majestad más que en un momento histórico, que es de su estirpe y que, por representar a la Institución secular de España, a ésta en realidad pertenece. Como estoy seguro de que, si el Rey se va, España cae en el abismo y la Monarquía será barrida por las olas revolucionarias ya tan agotadas, y nuestra civilización se destruiría y se desmembraría la Patria, porque el conglomerado revolucionario se impondría a toda idea de orden y de defensa de la sociedad, yo me atrevo a protestar de tal propósito como español y como Ministro, me opongo a él y pido al Rey que se mantenga fiel a la Patria y valerosamente afronte y venza las dificultades actuales».

«El Rey, que ya manifestó disgusto cuando le hice la pregunta, porque tal vez quisiera ocultarme en aquel momento su resolución, fue acentuándolo a medida que yo pronunciaba esas palabras que, estoy seguro, las consigno fielmente, pero de todas suertes el contenido era ése, y dijo:

«Lo que pasa es que hay en España algunos que en estas materias no ven más allá de sus narices y no aprecian el problema de conjunto, no ven la lejanía, sólo ven el aspecto inmediato de la perspectiva. Yo no puedo consentir que con un acto de fuerza para defenderme se derrame sangre y por eso me aparto de este país».

«Señor, siento mucho molestarle pero estos momentos son históricos y he de hablar con firmeza y claridad. Lo peor no es que en España estemos algunos que no vemos más allá de nuestras narices; lo peor es que al nivel y junto a ellas la trágica realidad española no diga que el Rey se equivoca si piensa que su alejamiento y pérdida de la Corona evitarán que se viertan lágrimas de sangre en España. Es lo contrario, Señor, y Vuestra Majestad debe pensar en los que se sacrificaron para restaurar la Monarquía en nuestro país después de las tragedias de 1873 en adelante. Los que las hemos vivido de niños no podemos avenirnos a que se reproduzcan, y se reproducirán si el Rey se marchara. Piense en el triunfo de otras revoluciones por no haberse defendido las Instituciones amenazadas y vuelva sobre su acuerdo, se lo ruego y suplico».

«El Rey pasó bruscamente a preguntar a Gascón y Marín. Éste se limitó a decir que, siendo muy nobles mis palabras, no podía estar de acuerdo con ellas y creía que debía marcharse el Rey.

«Así terminó esa penosa conversación. Las frases que personalmente me podían molestar no he querido suprimirlas, porque ellas por sí mismas demuestran el estado de ánimo del Rey. Bien sabe Dios que en mi espíritu, leal y respetuoso para Su Majestad, quedaron borradas en el acto, como todas las que signifiquen poco aprecio a mi rectitud y noble intención. Lo que lacera mi alma es contemplar a nuestra España desde abril de 1931 y ver cómo se deshace, se empobrece y se ensangrienta. Haber acertado en mis tristes profecías es lo que me duele, en estos últimos años de mi vida, después de haber gastado casi todas mis energías en servicio de España».

Mi abuelo terminó sus memorias en el exilio, en 1932. No volvió a tocarlas. Por eso no remata el cumplimiento ulterior de sus profecías; la guerra civil de 1936, en que perdieron la vida sus dos hijos y él mismo falleció, por falta de medicinas para su grave dolencia, refugiado en una embajada, en 1938. La guerra civil que quiso evitar el Rey en 1931, que quiso abortar entonces mismo don Juan de la Cierva en su conversación del 12 de abril con el general Sanjurjo en el ministerio de la Gobernación.

Catorce de abril: la decisión
del general Sanjurjo

Ya tenemos a dos grandes responsables inmediatos del desenlace que iba a producirse en la tarde del catorce de abril; el conde de Romanones, por su nota del 13 de febrero y por su obsesión del abandono; el duque de Maura, por su invento de las elecciones plebiscitarias, y su tesis sobre la ilegitimidad de la Monarquía. Por supuesto que todos los protagonistas del acoso y derribo del Rey, desde don José Sánchez Guerra hasta Indalecio Prieto y el capitán Fermín Galán, tienen su parte importante de responsabilidad, aguas arriba. Entre los inmediatos debe figurar también el general Berenguer por haber aceptado, sin muchas averiguaciones, la neutralidad del Ejército. Falta un cuarto responsable, tal vez el más decisivo de los cuatro: el teniente general don José Sanjurjo Sacanell, laureado de San Fernando y marqués del Rif, la más brillante carrera militar de la guerra africana.

Sobre él prepara un importante trabajo documental su sobrino nieto, el señor Sacanell, que espero publicar en Editorial Fénix. Entretanto debo considerar, con la documentación disponible fuera de ese estudio, la actuación de Sanjurjo en la crisis final de la Monarquía. La figura de Sanjurjo es decisiva por dos motivos: su cargo de director general de la Guardia Civil, un cuerpo perfectamente armado, profesional, veterano, disciplinadísimo y con presencia en toda España; y además su prestigio como primera figura del Ejército.

En febrero de 1931 los informadores del general Mola captaron un extraño contacto entre el general Sanjurjo y el líder republicano radical don Alejandro Lerroux, miembro del Comité Revolucionario, que estaba escondido, como Mola sabía perfectamente, en un piso próximo a la Casa de la Villa. El propio Sanjurjo se lo confesó a Mola[22]. Lerroux cultivaba mucho al Ejército, especialmente al de África, donde la Masonería, en la que don Alejandro era «durmiente» contaba con muchos contactos militares (Sanjurjo no fue jamás masón). Lerroux, según el marqués de Hoyos, compañero de Sanjurjo en la antigua Academia General Militar, ejercía mucho ascendiente sobre el marqués del Rif, a quien trataba desde que era teniente. Lerroux pretendía de Sanjurjo, que estuvo muy comprometido con Primo de Rivera y estaba resentido con el Rey por el cese del Dictador, nada menos que una neutralidad benévola de la Guardia Civil cuando se produjera la crisis de régimen; así podría olvidar la República esa «complicidad» con el Dictador. Sanjurjo no prometió nada pero quedó, como dice el marqués de Hoyos, «sugestionado» por los republicanos. Lo curioso es que Berenguer no destituyó a Sanjurjo en febrero; ni tampoco el desmantelado gobierno Aznar cuando Sanjurjo se negó a garantizar el comportamiento de la Guardia Civil en favor de la Monarquía durante la tarde del 12 de abril, que compartió con varios ministros en Gobernación. Precisamente esta actitud de Sanjurjo incitó a Romanones, como sabemos, a concluir esa misma tarde que la situación ya no tenía remedio.

Juan de la Cierva, tan crítico con los abandonistas, no se atreve a enjuiciar la actitud de Sanjurjo en la crisis de abril; le faltan datos. Sabemos por Mola que Sanjurjo fue informado por Berenguer, hacia la una de la tarde del 14, sobre la situación política tal como se veía desde el ministerio de la Guerra. Informó también al general de Caballería Cavalcanti, que se mostraba dispuesto, según diría después a mi abuelo, a tomar la calle con sus jinetes en defensa del Rey. Sanjurjo conoció entonces por el telegrama de Berenguer a los capitanes generales, el propósito de abandonar España que había revelado ya el Rey a sus ministros en el despacho de aquella mañana y la idea de llamar a consulta a los constitucionalistas. La impresión de Sanjurjo fue diametralmente opuesta a la de Cavalcanti; pero ni pidió instrucciones a Berenguer, de quien dependía militarmente, ni al ministro marqués de Hoyos, de quien dependía civilmente. Ni ellos se las dieron.

Poco antes de las dos de la tarde Sanjurjo entró en casa de Miguel Maura —con quien tal vez tuvo un breve encuentro, según el propio Maura, antes de acudir al ministerio de la Guerra— donde estaba reunido el Comité Revolucionario. Mola, que tenía vigiladísima la casa de Miguel Maura, y sabía quién estaba dentro, lo supo inmediatamente, a las tres y media. Sanjurjo publicó poco después en El Sol el 7 de junio de 1931 que cuando tuvo confirmación de que el Rey había decidido marcharse, fue oficialmente, es decir en virtud de su cargo, a casa de Miguel Maura. La decisión del Rey la acababa de conocer Sanjurjo en su despacho con Berenguer. Le acompañaron a casa de Miguel Maura dos amigos, que eran colaboradores de Lerroux. Se presentó —insisto, oficialmente, aunque vestido de paisano— primero a Miguel Maura, ante quien se cuadró, aunque iba de paisano; y dijo a Maura: «A las órdenes de usted, señor Ministro». Cuando don Miguel le preguntó las razones de esa actitud Sanjurjo contestó que «la Guardia Civil y él personalmente acataban la voluntad popular y pasaban al servicio de la República». Maura llamó a don Niceto y Sanjurjo, tras saludarle, repitió su ofrecimiento recién hecho a Maura. Luego saludó al resto del Comité Revolucionario y se puso a disposición de los asombrados «ministros» a quienes reconocía como gobierno provisional legítimo de la República. Miguel Maura, de cuyo libro tantas veces citado (p. 165s) tomo estas informaciones, consideró, con todos sus compañeros, que tenían plenamente ganada la batalla. Entonces se presentó el doctor Marañón y se llevó a don Niceto para la cita que tenía concertada, a las dos, en casa del famoso médico e intelectual, con el enviado del Rey, conde de Romanones.

Esto es lo que hizo Sanjurjo, cuando supo la decisión abandonista del Rey y la neutralidad del Ejército decidida por el ministro de la Guerra, Berenguer. Tal vez quiso evitar un peligroso vacío de poder. Mi abuelo no se atrevió a juzgarle. Sí lo hizo, brevemente, el general Franco, que conocía perfectamente a Sanjurjo desde la guerra de África, especialmente desde las operaciones para la reconquista del territorio de Melilla tras el desastre de Annual en 1921. Hablando con su pariente y confidente en 1970, una de sus últimas conversaciones, Franco dijo dos cosas:

«Sanjurjo encajaba muy bien en el régimen republicano que se implantó el 14 de abril de 1931, dado su carácter y que no había perdonado a S. M. el Rey don Alfonso ΧΠΙ que hubiese prescindido de Primo de Rivera concediendo el gobierno al general Berenguer».

Luego, a propósito del libro de Miguel Maura, Franco comenta la llamada de Sanjurjo a don Miguel para pedirle hora:

«Maura se quedó perplejo, pero aún tuvo una sorpresa mayor cuando el general Sanjurjo también le manifestó su deseo de ponerse a las órdenes de Azaña llamándole presidente del gobierno. Cuando Maura se lo dijo a Azaña éste le contestó: Yo no me fío ni salgo de mi escondite hasta que el rey se vaya»[23]. También dice Franco a su secretario militar que Sanjurjo «estaba resentido porque no le habían dado a su debido tiempo el Toisón de Oro». Fuentes familiares de Sanjurjo lo niegan pero Franco, insisto, conocía muy bien a su jefe en el ejército de operaciones de 1921. En todo caso la decisión de Sanjurjo fue la gota que colmó el vaso; el triunfo de la República era ya completamente irreversible y ése fue el momento en que se disiparon, como acaba de decirnos Miguel Maura, las últimas vacilaciones del Comité Revolucionario. Don Niceto Alcalá Zamora acudió a su cita con Romanones desde casa de Miguel Maura con la noticia fresca —inmediata— de la entrega de Sanjurjo a la República con la Guardia Civil. Catorce de abril: la rendición de la Monarquía.

Catorce de abril: la rendición
de la Monarquía

Algo después de las dos de la tarde, hora de la cita previa, el doctor Gregorio Marañón escoltaba hasta su casa de la calle de Serrano a don Niceto Alcalá Zamora. Ya les esperaba en el piso el conde de Romanones, que pasa el peor rato de su vida para cumplir el encargo del Rey y «tremolar la bandera blanca». La conversación, con el doctor como testigo mudo, se mantiene exclusivamente entre el conde de Romanones y su antiguo correligionario liberal y secretario don Niceto Alcalá Zamora. Romanones viene a rendirse y a pactar con don Niceto, que se comporta según el acuerdo tomado antes por el Comité Revolucionario, así expresado por Miguel Maura: «Acordamos que Niceto exigiera, sin paliativos, la salida inmediata de don Alfonso de España». Con traspaso de poderes «antes de la noche». Romanones intentó pedir tiempo; «dar tiempo a una serena solución».

El presidente del Gobierno Provisional no tiene tiempo.

Y exige: «Que el Rey salga de España y que salga inmediatamente». El Rey tiene que entregar sus poderes al Consejo de ministros. La República se proclamará «antes de ponerse el sol». Repite don Niceto la invocación a la puesta de sol y Romanones comenta, seguramente sólo para sí: «Maldito sol». Característico del personaje.

Romanones intentaba retrasar el viaje de la familia real, especialmente por la situación del príncipe de Asturias, en un bajón de su enfermedad. Para evitar dilaciones don Niceto dice a su antiguo jefe que «poco antes de acudir a su llamamiento he recibido la adhesión del general Sanjurjo, jefe de la Guardia Civil».

Romanones comprendió que no había más que hacer ni que prolongar ni que discutir. Por supuesto que más o menos pensaba lo mismo desde su breve conversación con Sanjurjo en la tarde del 12 de abril pero ahora sacaba la última consecuencia. Convinieron, pues, que el último gobierno de la Monarquía, con el Rey ya fuera de España, transmitiría solemnemente los poderes al gobierno de la República al día siguiente en Presidencia. No hubo ocasión, la Monarquía huyó.

El doctor Marañón puntualizó después que se convino la salida del Rey, aquella misma tarde, por Cartagena; la familia real le seguiría al día siguiente. No habría abdicación sino resignación del poder real en el gobierno de la Monarquía que se lo transmitiría al de la República. Está clarísimo que la amenaza de las masas condicionaba la urgencia del pacto y la salida del Rey. Romanones acudió a Palacio para informar al Rey sobre lo pactado con Alcalá Zamora y el Rey, con gran serenidad, lo aceptó. Una vez decidido por él mismo su abandono había que consumarlo cuanto antes. Romanones salió de Palacio para Gobernación donde informó de la rendición al ministro Hoyos y al presidente Aznar que estaba allí.

El Rey había citado para consulta a los constitucionalistas. La consulta era ya inútil pero el Rey, por cortesía, no quiso cancelar las audiencias que sólo podían tener carácter formulario. Melquíades Álvarez, el posibilista, habló con el Rey desde el campo republicano. Sánchez Guerra comunicó a los periodistas: «En este momento señores, me siento más monárquico que nunca». Ya veía consumada su obra demoledora; aquí terminaba realmente el acoso y derribo al Rey que él había iniciado en su discurso del teatro de la Zarzuela. El Rey se iba y los gusanos de su invocación estaban a punto de lanzarse sobre la Monarquía.

Catorce de abril: banderas y proclamas
en Barcelona y Madrid

En el palacio de Buenavista el general Dámaso Berenguer recibe, sobre las tres de la tarde, la noticia de que la República se había proclamado en Barcelona. Y a las cuatro, cuando ya se dispone a acudir a Palacio para el último Consejo de ministros convocado por el Rey, el presidente dél gobierno, almirante Aznar, le pide por teléfono que acuda con urgencia a Gobernación. «Acaban de izar —dice el almirante— la bandera republicana en el Palacio de Comunicaciones». Era verdad. Mi amigo el doctor Alberto Díaz, eminente odontólogo que ha fallecido poco antes de escribirse estas líneas, uno de los personajes que conocía mejor por dentro los entresijos de media España, era entonces militante del partido de Azaña, Acción Republicana, del que luego se asqueó y se pasó a la Falange de José Antonio en 1933. El 14 de abril, como fervoroso azañista, se encaramó a la estatua de la Cibeles e hizo empuñar a la diosa una bandera tricolor. Los funcionarios del Cuerpo de telégrafos, tradicionalmente republicanos, izaron otra —enorme— en el mástil del palacio de Correos. Cuando Aznar le dio la noticia, el general Berenguer se asomó a un balcón de su despacho y vio la bandera republicana de Correos; un retén de la Guardia Civil observaba la escena sin intervenir. Bajaba muchísima gente por la calle de Alcalá, otros subían por el Salón del Prado o confluían en Cibeles desde Recoletos. Con espíritu festivo y verbenero, mucha gente joven, otros ya maduros, muchas mujeres. Vivas a la República, mueras al Rey, aplausos a la Guardia Civil, camiones repletos que parecían dirigir a todo aquel gentío hacia la Puerta del Sol. Pero sin incidentes y sin agresiones, una gran fiesta. Algunos testigos aseguran que en Cibeles apareció también una bandera roja. Sería junto a la republicana, porque el doctor Alberto Díaz me ha contado mil veces que él colocó la tricolor en manos de la Cibeles. Esa bandera roja sería la de la Internacional o la que algún viejo republicano de la República federal conservaba en su casa. La bandera turca, que decían las autoridades de Cartagena al proclamarse el Cantón. Hay muchos testimonios gráficos y algunas películas de un inmenso valor histórico que registran el entusiasmo del Catorce de Abril en la Cibeles. Las incluí en una serie histórica de Televisión Española que pudo ver, con mucho interés, el general Franco; él había pasado el Catorce de Abril en su despacho de la Academia General Militar de Zaragoza, recabando continuamente noticias de Madrid y Barcelona. El general Franco estaba convencido, en 1973, cuando apareció la escena de la Cibeles en nuestra serie de Televisión Española, de que todo aquello era propaganda falsa de la República y se indignó desmesuradamente con el ministro de Información, Alfredo Sánchez Bella, que no tenía culpa alguna de aquella serie. «Esto es inadmisible e intolerable» dijo Franco. Sería absurdo e injusto, porque provenía de una falsa interpretación de las elecciones municipales Pero era la verdad.

¿Qué había sucedido en Barcelona?[24] Sencillamente, que la bandera republicana se había izado en la Plaza de San Jaime dos horas antes que en la plaza de Cibeles; y la proclamación formal de la República se había adelantado varias horas más a la de Madrid. El gran vencedor, Luis Companys, no había podido dormir (el insomnio aquejaba, por lo visto, a todos los personajes de aquella crisis histórica menos al almirante Aznar). Llamó a Miguel Maura ese día 14 de madrugada y don Miguel le indicó que viniera a Madrid. No hizo caso. Intentó dar una cabezada a las seis de la mañana pero no pudo. A media mañana salió a la calle sin rumbo fijo hasta que reunió a varios concejales electos de Esquerra Republicana de Cataluña, encontró en la puerta a varios periodistas y les invitó a que irrumpieran con él y sus amigos en el despacho del alcalde monárquico, señor Martínez Domingo, que aguardaba acontecimientos. Muy decidido, Luis Companys comunicó a Domingo que venía a tomar posesión de la Alcaldía y el alcalde monárquico se negó a ello hasta que apareciera una autoridad legal. Companys replicó que la autoridad legal era él, tomó la vara simbólica y ordenó que se izara en el mástil la bandera tricolor que había traído un concejal triunfante del Partido Republicano Radical. Habían pasado cinco minutos de la una y media de la tarde. Companys, desde el balcón, anunció a los escasos ciudadanos que se habían detenido al ver la bandera: «los representantes del pueblo acaban de proclamar la República en Cataluña». La República Española, por supuesto.

El otro gran triunfador de la Esquerra Republicana, el ídolo Francisco Maciá, se entera y aparece a toda prisa en el Ayuntamiento. Después de un breve cambio de impresiones con Luis Companys se dirige al balcón para pronunciar una proclama diferente. «Pueblo de Cataluña: en nombre del pueblo de Cataluña proclamo el Estado Catalán que con toda cordialidad procuraremos integrar en la Federación de Repúblicas Ibéricas». Tranquilamente bajó a la plaza, entró en el palacio de la Diputación, que hace ángulo recto con el Ayuntamiento y dirige un nuevo pronunciamiento: «En nombre del pueblo de Cataluña proclamo el Estado Catalán bajo el régimen de una República Catalana, que libremente y con toda cordialidad anhela y pide a los otros pueblos hermanos de España su colaboración en una confederación de pueblos ibéricos». Companys no ocultaba su asombro; él había proclamado la República española, Maciá había ido mucho más lejos: invocaba al Estado Catalán como los republicanos federales de 1873, pero no simplemente en una República Federal como entonces sino en una República Catalana que deseaba integrarse en una Confederación de Pueblos Ibéricos. Se habían dado, pues, en la plaza de San Jaime, tres proclamaciones republicanas. Una por Companys, dos por Maciá. Ninguna de las tres coincidía. Era un problema de términos pero también un problema de fondo. Quedaba como una importante asignatura pendiente para el Gobierno provisional de la República, que la resolvería con un viaje ministerial a Cataluña y una notable dosis de imaginación y oportunidad histórica, a satisfacción de todos.

Catorce de abril: el último Consejo
de la Monarquía

Francisco Cambó había llegado aquella misma mañana a Madrid. Reunido en el Ritz con sus amigos del Centro Constitucional manifestaba su estupor por el deterioro que había experimentado la situación desde la víspera. Y por la veleidad traidora de varios miembros del grupo, que le exigían ya una declaración en favor de la República. Se negó a ello airadamente; le parecía indigno. Y siguió todo el día pendiente de las noticias de Barcelona y de los acontecimientos de Madrid. En principio el más importante prometía ser el último Consejo de ministros de la Monarquía, convocado para las cinco y media de la tarde.

Cuando Juan de la Cierva salió de su despacho con el Rey, ya cerca de las dos, pasó un momento por su casa, bajó en el coche oficial hasta su vecino Ministerio de Fomento, al final de la calle de Alfonso XII, y reiteró la orden de que se trasladaran a su casa todos los papeles que había indicado. Allí fue a verle la duquesa de la Victoria, una aguerrida aristócrata que le dio cuenta de los jefes de Cuerpo dispuestos a sublevarse contra la entrega de la Monarquía, aun contra la voluntad del Rey. Mi abuelo tomó buena nota y dijo a la duquesa que ya le constaba el entusiasmo de muchos miembros del Ejército para alzarse pero que él debía dar primero la batalla política en el Consejo, ya convocado. Y revela algo importante; que los húsares —dispuestos a obedecer al general Cavalcanti— estuvieron formados aquella tarde en la Plaza de Oriente, sin orden del capitán general Federico Berenguer, hermano del ministro de la Guerra y que los líderes republicanos, al saberlo, creyeron que los húsares venían por ellos y sintieron un principio de pánico hasta que se desmintió la noticia. Mi abuelo evitó el paso por Cibeles, donde ya tenía aviso de que se había izado la bandera republicana sin reacción alguna de la Guardia Civil presente.

«Y llegué a Palacio —dice— también de etiqueta. Los demás de sencilla americana, menos Bugallal; seguían estando todos en el secreto. La Cámara se hallaba imponente de gente nerviosa, excitadísima y algunas damas llorando. En los alrededores de Palacio se había congregado una numerosa multitud. En el trayecto desde el Ministerio de Fomento, nadie realizó contra mi acto alguno, ni siquiera descortés, aunque también las calles estaban ocupadas por la muchedumbre. El Rey nos hizo pasar a su despacho. Yo le entregué la carta de la duquesa de la Victoria. Se le veía entero, resuelto en la palabra y en el ademán. Pero nervioso y preocupado. Nos dijo que no había podido constituir gobierno. Los constitucionalistas contestaron al Rey que ya era tarde y que él había decidido marcharse. En el acto, el conde de Romanones manifestó que, con gran dolor de su corazón, tenía que aconsejar a Su Majestad que inmediatamente saliera de España. Los demás callaron o asintieron. Yo entonces insistí, con gran energía, en lo que había dicho al Rey por la mañana y pidiendo perdón por la vehemencia patriótica de mi expresión, protesté de que tal cosa hiciera Su Majestad, porque se había de estimar siempre como una deslealtad a España; que si no había podido formar otro gobierno nosotros teníamos el deber, ante nuestra conciencia y ante la Patria, de defender a la Monarquía, como habíamos jurado, y yo estaba resuelto a hacerlo sin vacilaciones. El Rey insistió en que no quería que por él se vertiera sangre. Repliqué que si él nos abandonaba, se vertería mucha sangre y muchas lágrimas por los fieles españoles que no podrían comprender que en tal manera se les dejara indefensos. El Rey tenía momentos de resolución pero en otros, durante esa dramática escena, decaía. Dije entonces a los ministros que si creían que nosotros teníamos facultades legales y morales para aconsejar y autorizar que el Rey abandonara el trono como se proponía hacerlo. Romanones insistió en que era fatal hacerlo para evitar mayores males; entonces pregunté a Berenguer, que estaba junto a mí:

«Pero mi general, ¿cómo es que no vamos a defender al Rey y a la Monarquía, como usted afirmó ayer contestando a mis requerimientos?… ¿No cuenta usted ya con la lealtad del Ejército, como tantas veces ha asegurado al Consejo de ministros en estos últimos días?

«—Es que Sanjurjo me dice que no se puede contar con gran parte del Ejército— dijo Berenguer.

«—¿Ha hecho usted alguna confirmación de esas afirmaciones? ¿Ha llamado usted a los jefes de Cuerpo? ¿Qué opina su hermano el capitán general de Madrid? ¿No ha adoptado usted, en fin, medidas urgentes y eficaces? —dije, con exaltación.

«Yo creo —afirmó— que sería peligroso o inútil pedir al Ejército que interviniera.

«—Entonces ahora me explico la circular que ha puesto a los capitanes generales ordenando la neutralidad militar en momentos como éstos.

«Me dirigí al ministro de Marina, general Rivera, preguntándole si la Marina defendería al Rey y contestó que estaba conforme con lo que el ministro de la Guerra había dicho.

«Pregunté al ministro de la Gobernación y balbuciente dijo que ya había dicho Berenguer la opinión de Sanjurjo y que con la Guardia Civil no había bastante y no sé si agregó que tal vez pondría dificultades para defender a la Monarquía.

(Es importante indicar, para comprender mejor la actitud de mi abuelo, que don Juan no tenía la menor idea del pacto de rendición ya convenido entre Romanones y Alcalá Zamora, ni de la entrega de Sanjurjo a disposición del Gobierno Provisional de la República. Pronto se iba a enterar inesperadamente, pero hasta el momento no sabía una palabra de ello. Todos los historiadores aceptan este dramático testimonio de mi abuelo como la verdad de lo sucedido).

«El Presidente —sigue don Juan— almirante Aznar, estaba allí como quien asiste a un acto doloroso. Alhucemas se hallaba impresionadísimo, como Bugallal; pero en aquellos terribles momentos no intervinieron. Ventosa y Maura guardaban silencio. Sólo yo —lo digo porque es la verdad que pertenece a la Historia— mantuve, con la exaltación nerviosa que puede suponerse, pero conservando serenidad y vigor, a pesar de mi delicada salud de entonces, esa conversación, que era una serie de imprecaciones, con los que intervenían en ella, impasibles o silenciosos, mientras el Rey escuchaba ya en silencio, abrumado por la tremenda responsabilidad que había decidido aceptar, ante los consejos de quienes tuvieron valor para darlos, pero no para cumplir con su deber de defender el Trono y la Monarquía, por temores más supuestos que reales, con puerilidad impropia de hombres que tenían en sus manos la suerte de España y la entregaron al desbarajuste y a la anarquía sin el menor esfuerzo para evitarlo. La insensibilidad de que daban muestras al contestar a mis requerimientos era para mí incomprensible. Se embotaban mis palabras como la mano que golpea a un cuerpo blando y flexible, que inmediatamente se rehace. ¿Qué había pasado del domingo al martes? En vano volví a recordar la manera cómo habían triunfado los revolucionarios en otros países por la falta de energía en la defensa de las Instituciones atacadas; en vano invocaba yo el honor de los ministros. El Rey no había aludido siquiera a la carta que en la mañana de ese día 14 le había yo escrito ofreciéndome para todo; ni en el curso de la deliberación a que asistía quiso recoger esos ofrecimientos encargándome del Gobierno.

Ya he dicho que El Socialista anunciaba que yo lo constituía. Me consta que en varios sectores revolucionarios lo temían y abrigaban poca confianza en una acción violenta para adueñarse del poder, aunque contaban con los cuerpos de Correos y Telégrafos, complicados en la revolución, y que se apresuraron a lucir en su palacio de Madrid la bandera republicana. Ni el director general de Comunicaciones ni el ministerio de la Gobernación advirtieron —así hay que suponerlo al menos— que esos cuerpos venían sirviendo a los revolucionarios.

«Tenía yo el convencimiento de que la resistencia sin vacilaciones en la defensa de la Monarquía y del Rey desbarataría todos esos planes y haría entrar pronto en razón a los ilusos que no veían al elemento sindicalista y anarquista sumado a socialistas y republicanos. Pero todo esto que a mí me animaba a proseguir excitando al gobierno a reaccionar sufrió grave quebranto al entrar en el despacho del Rey su ayudante señor Moreu, marino, y decir al conde de Romanones: Señor conde, el señor Alcalá Zamora acaba de anunciar que, si antes de las siete de la tarde no se entrega el Poder a la República no responde de nada de lo que ha ofrecido. Un rayo de luz penetró entonces en mi cerebro.

«Cómo —exclamé— ¿es que se ha pactado la entrega de la Monarquía y el advenimiento pacífico de la República?

«—Sí —contestó enérgicamente Romanones—. He tenido con Alcalá Zamora una entrevista y para salvar la vida del Rey y de la Familia Real se ha convenido entregar el Poder esta tarde y el Rey saldrá inmediatamente para el extranjero.

«Hizo entonces explosión mi apasionada protesta y dije que la vida del Rey era para nosotros sagrada, pero España necesitaba el sacrificio de todos y nosotros habríamos de sacrificar nuestras vidas si fuera necesario. De suerte, agregué, que sin contar con todos los ministros, porque yo era uno de ellos y nada se me dijo, ni conocí esos manejos y conversaciones, se había pactado la entrega de la Monarquía a cambio de un seguro para el Rey. ¿Y quiénes somos nosotros para disponer de la Institución secular española sin que España tuviera parte en aquella suprema transacción y ni siquiera se tuviera con todos los ministros la lealtad debida?

Nadie contestó a don Juan de la Cierva, cuyas palabras se perdían en la incoherencia general de la reunión y en la Historia. Con indignación absoluta, pero contenida, mi abuelo advirtió que todo aquel Consejo había sido una farsa protocolaria. El Rey, sin otro comentario, sacó del bolsillo un pliego que leyó a los ministros; contenía el manifiesto que había redactado, por encargo del Rey, el duque de Maura y que al día siguiente, con permiso del gobierno de la República, publicó ABC en portada. Era un manifiesto desdichado, como dijo mi abuelo; aunque el Rey hablaba de «suspensión», don Juan de la Cierva, que era uno de los primeros juristas de España, lo interpretaba como una renuncia en regla al Trono, es decir como la pérdida definitiva del trono. Un presunto genealogista cuyo nombre no recuerdo emborrona las páginas de un prestigioso boletín de la especialidad para oponerse a esta tesis, proclamar la vigencia de la Pragmática de Carlos III y la validez de las renuncias que hicieron en 1933 don Alfonso, Príncipe de Asturias y don Jaime sin asistencia de las Cortes, ante un respetable personaje que no era Rey de España desde el 14 de abril de 1931. Pero no perderé el tiempo con bobadas. El Rey se despidió de sus ministros y al llegar a mi abuelo le abrazó y le dijo, muy emocionado: «Juan, no me guardes rencor». Antes había anunciado su salida inmediata para Cartagena y la marcha de la Reina y Familia Real para tres días más tarde. Mi abuelo contestó que le parecía una imprudencia esperar tanto y por una vez le hicieron caso. Se quedaron los ministros para un consejillo de trámites al que mi abuelo se negó a asistir; alegó que ya no era ministro y nada tenía que hacer allí. Romanones, grosero por una vez, le espetó que había sido «vencido». Mi abuelo le dio la espalda y se marchó. Al salir de la estancia el Rey se volvió a todos y les saludó con un taconazo y una inclinación de cabeza.

«La Cámara —recuerda Juan de la Cierva, al describir su salida— estaba invadida por militares, palatinos y aristócratas; me rodearon pidiendo que me opusiera a lo que se intentaba hacer. Cavalcanti se ofreció como militar y así lo dijo al Rey. Otros militares dijeron lo mismo. Todo era inútil. El pacto contra la Patria se había hecho. El miedo y el egoísmo se habían apoderado de algunos ministros y el Rey, tan valeroso otras veces, se dejó entregar y nada dijo ni quiso oír a los españoles leales que estábamos dispuestos a defenderle. ¡Tristes destinos de las grandes razas que ceden y desaparecen más que a impulsos de las tempestades violentas, al abandono pueril de gobernantes que no merecieron serlo!

La Plaza de Oriente estaba invadida por las turbas que sin embargo no agredieron a los ministros del Rey que se retiraban. El grito que más se oía frente a Palacio era éste: «No se ha marchao, que le hemos echao».

El último Consejo del Rey terminó algo antes de las siete de la tarde, para que el Rey preparase urgentemente su salida hacia Cartagena. Los protagonistas apenas ofrecen detalles horarios sobre aquella tarde frenética. Pero sabemos por Miguel Maura, único que facilita algunos, que a esa hora los miembros del Comité Revolucionario de la República estaban a medio camino, en varios coches, desde su cuartel general en casa de Miguel Maura hacia el Ministerio de la Gobernación donde iban a constituirse como gobierno de España. Dos horas tardaron en un trayecto que se recorría normalmente en menos de veinte minutos. Por fin habían salido de sus escondites Lerroux y Azaña, que marchaban en la comitiva. Las masas de la República llenaban a rebosar las calles hasta la Puerta del Sol y apenas les permitían avanzar.

Catorce de abril: el portón
de la Puerta del Sol

Aquella misma tarde los miembros del Comité Revolucionario, reunidos en casa de Miguel Maura, esperaban que Romanones cumpliera su parte del pacto, forzase la salida del Rey y les llamara con el fin de fijar la hora de la prevista transmisión solemne de poderes que debía celebrarse al día siguiente en Presidencia. Cerca de las seis Alcalá Zamora llamó al despacho de ayudantes en Palacio para decir al futuro almirante Moreu que recordase a Romanones la hora límite para la salida del Rey, las siete de la tarde. En el consejillo que se iba a celebrar cerca de esa hora para hablar de la transmisión Juan de la Cierva se negó a participar, por dignidad elemental; y Romanones afirmaba que a la transmisión de poderes irían todos o ninguno. Como don Juan se cerró en banda y se marchó, Romanones decidió que no hubiera transmisión oficial de poderes. Poco antes, sobre las seis de la tarde, Miguel Maura, que conocía bien a sus antiguos amigos monárquicos, convenció a sus compañeros de Comité que fueran todos, a través de las calles tomadas ya por sus partidarios, a la Puerta del Sol con el fin de irrumpir en el Ministerio de la Gobernación y tomar el poder que los monárquicos, según él adivinaba, habían dejado en medio del arroyo. Tenía razón; sabemos que en el último Consejo el Rey no renunció en favor de su gobierno, se limitó a anunciar que se iba. Maura, en vista de que no lograba convencer al resto del Comité, bajó a la planta inferior de su casa, llena de simpatizantes, y les invitó a que le acompañaran a Gobernación para tomar el poder. El griterío de aprobación fue tan ensordecedor que los recalcitrantes dirigentes republicanos bajaron a ver qué pasaba y entonces Maura y todos los presentes les arrastraron a los coches. Tardaron, como dijimos, unas dos horas entre el gentío que les aclamaba al reconocerles y se bajaron ante el portón cerrado del edificio del reloj, asombradísimos por la gran bandera republicana que de pronto ondeaba en el mástil; la habían llevado Rafael Sánchez Guerra y Manuel Ossorio Florit, los hijos de don José y don Angel, que habían logrado entrar con la bandera por una puerta secundaria. Iban llegando los demás coches pero ante el portón cerrado estaban solamente Miguel Maura y Francisco Largo Caballero. De pronto se abrieron las dos hojas y se colocó, en el zaguán, con las armas preparadas, un piquete de la Guardia Civil en actitud defensiva. El osado Miguel Maura se puso ante ellos en posición de firmes, se quitó el sombrero y les gritó: «Señores, paso al Gobierno de la República». Los guardias se abrieron en dos filas y presentaron armas. Miguel Maura se adelantó, subió a grandes zancadas las escaleras hasta el despacho del ministro, donde encontró al último subsecretario de la Monarquía, don Mariano Marfil, muy amigo suyo. Era el máximo dignatario de la Monarquía que estaba en su puesto. Maura le dijo amablemente que allí estaba de sobra. Marfil lo compendió y se retiró con rapidez. Y ésa fue, según Maura, la única transmisión de poderes entre los dos regímenes. Subieron al despacho don Niceto Alcalá Zamora y los demás miembros de su gobierno que estaban en Madrid y a requerimiento del nuevo Presidente se sentaron a la gran mesa y esperaron lo que Alcalá Zamora tenía que decirles. Pero eso es ya el primer capítulo de la historia de la República, mientras la Puerta del Sol y todas sus calles abarrotadas era un clamor unánime de adhesión y entusiasmo.

La huida

Don Alfonso de Borbón, que había sido Rey de España desde su nacimiento, no salió de Palacio a las siete ni antes de la puesta de sol sino a las nueve menos cuarto, ya de noche. Su último saludo fue para un retrato de su madre la Reina María Cristina tras despedirse emocionadamente de la Reina, el pobre Príncipe de Asturias y sus demás hijos, excepto don Juan que estaba en la Escuela Naval Militar y pasó a Gibraltar. Recuerdo muchas críticas de amigos de casa contra el Rey por haberles dejado solos esa noche en Palacio; recuerdo que mi abuelo no decía, al oír esas críticas, una palabra. Recibió el último saludo de los alabarderos y salió por la Puerta Incógnita al Campo del Moro y a la Cuesta de San Vicente. Le acompañaba su primo el infante Alfonso de Orleans, aviador sin miedo y sin tacha, el ministro de Marina, almirante Rivera, el jefe de Palacio, duque de Miranda, tres ayudantes y un criado. Eran cuatro coches, el último con una breve escolta de la Guardia Civil. Tomó la carretera de Andalucía, al volante del automóvil, y cruzó sin incidentes por Aranjuez. Se desvió en Ocaña, camino de Albacete, rodeó Murcia para seguir a la carretera de Cartagena. Llegaba al Arsenal a las cuatro y media de la mañana donde le despidió el almirante Macaz. Abordó en una falúa el crucero Príncipe Alfonso que zarpó casi inmediatamente rumbo a Marsella. Durante el viaje envió un mensaje a las Fuerzas Armadas agradeciéndoles su lealtad. No puedo evitar la impresión de que fue un gesto de humor negro. Al desembarcar en Marsella preguntó si ya le habían llamado para que regresase a España. Vivía completamente fuera de la realidad desde su martirio del acoso y derribo.

La Reina Victoria Eugenia, con sus hijos, salió al día siguiente a las ocho en automóvil por la carretera de El Escorial. Les despidieron en Galapagar algunos acompañantes, entre ellos el general Sanjurjo y José Antonio Primo de Rivera. Alguien quiso consolar a doña Victoria con un pronóstico de regreso. Ella respondió amargamente: «Los que se van no vuelven». Tomaron el tren para Francia en la estación del Escorial, donde un fotógrafo muy oportuno captó la imagen abatida del conde de Romanones, hundido sobre un banco de madera. Cruzaron sin novedad la frontera. En una estación del trayecto vieron cómo avanzaba por la vía opuesta el tren que traía a Madrid a Indalecio Prieto y otros exiliados de la República que acudían a participar en la victoria.

Ahora debo transmitir un testimonio histórico que me parece de primordial importancia. El 18 de enero de 1980 acudí al palacio de la Zarzuela para jurar como ministro en un gobierno del Rey don Juan Carlos. Terminada la breve ceremonia el Rey quiso decirme algo importante. No fue en secreto; allí estaban, además de la Reina, el presidente Adolfo Suárez y el ministro de Justicia Iñigo Cavero como notario mayor del Reino. Por la natural emoción del momento no recuerdo si oyeron también ellos al Rey, alguno al menos sí.

Muy poco después salíamos hacia la lonja de San Lorenzo del Escorial, para esperar la llegada de los restos de don Alfonso XIII que venían en helicóptero desde Cartagena —la ciudad por donde había salido de España don Alfonso en 1931— para su definitivo descanso en el Panteón de Reyes. Aquella concentración de acontecimientos tenía sumido al historiador en una especie de trance pero el Rey se encargó de elevar mi tensión interior hasta el máximo.

Me constaba ya que don Juan Carlos había estudiado muy a fondo, muy personalmente, y con el mismo insigne maestro que yo, la historia contemporánea de España. Sobre la Restauración y sobre el reinado, y muy especialmente sobre el fin del reinado de don Alfonso XIII lo sabía y lo sabe todo. Había estudiado directamente los testimonios principales y por eso me impresionó lo que quiso decirme.

«Tu abuelo —me dijo, sin más preámbulos— tenía razón el Catorce de Abril, mi abuelo no. Yo he aprendido muy bien cómo terminó aquel reinado. Tu abuelo tenía razón. Yo no entregaré jamás el trono por las buenas. Si alguna vez vienen aquí por mí me podrán sacar con los pies por delante, pero nunca de otra manera». Esas palabras, dichas en ese día, no se borran jamás de la memoria. Creo que fueron exactamente las que acabo de transcribir.

En la lonja de San Lorenzo, cuando veíamos el armón de don Alfonso seguido por don Juan de Borbón en uniforme de almirante, yo procuraba no perder detalle pero repetía una y otra vez esas palabras del Rey e imaginaba lo que hubiera pensado mi abuelo de haberlas podido escuchar o prever.

Pero hay más. Ese día faltaba sólo un año y un mes para el 23 de febrero de 1981, Cuando ocurrió aquel gravísimo suceso se dijeron después algunas tonterías insignes sobre el comportamiento de don Juan Carlos. Pero desde el 18 de enero de 1980 yo sabía que no podía proceder de otra manera que como lo hizo.

Debo terminar este libro con el documento que don Alfonso XIII leyó al final de su último Consejo de ministros el Catorce de Abril de 1931. Lo había redactado, por encargo del Rey, el duque de Maura, eminente historiador y muy discutible político. Apareció, después de consentirlo de mil amores el gobierno de la República (porque le convenía; era su tesis) en la portada de ABC al día siguiente, 15 de abril. Mi abuelo lo llamó «desdichado manifiesto». Se quedó corto.

Decía así, aunque las apostillas son mías, y se fundan en el relato y las pruebas que preceden:

«Las elecciones celebradas el domingo me revelan claramente que no tengo hoy el amor de mi pueblo (falso). Mi conciencia me dice que ese desvío no será definitivo (falso) porque procuré siempre servir a España, puesto el único afán en el interés público hasta en las más críticas coyunturas (verdadero).

«Un Rey puede equivocarse y sin duda erré yo alguna vez; pero sé bien que nuestra patria se mostró en todo momento generosa ante las culpas sin malicia (falso).

«Soy el Rey de todos los españoles y también un español. Hallaría medios sobrados para mantener mis regias prerrogativas en eficaz forcejeo con quienes las combaten (verdadero). Pero resueltamente quiero apartarme de cuanto sea lanzar a un compatriota contra otro, en fratricida guerra civil (vino en 1936 como consecuencia directa de 1931). No renuncio a ninguno de mis derechos (falso) porque más que míos son depósito acumulado por la Historia, de cuya custodia ha de pedirme un día cuentas rigurosas.

«Espero a conocer la auténtica y adecuada expresión de la conciencia colectiva (contradictorio con el abandono) y mientras habla la nación suspendo deliberadamente el ejercicio del poder real y me aparto de España reconociéndola así como única señora de sus destinos (no lo era con la República).

«También ahora creo cumplir el deber que me dicta mi amor a la Patria. Pido a Dios que tan hondo como yo lo sientan y lo cumplan los demás españoles».

Manifiesto nobilísimo, por parte de don Alfonso; equivocadísimo parte de su redactor y de quienes habían amedrentado y engañado al Rey hasta tal extremo. Hasta tan triste final.

RICARDO DE LA CIERVA Y HOCES. (Madrid, España; 9 de noviembre de 1926) es un Licenciado y Doctor en Física, historiador y político español, agregado de Historia Contemporánea de España e Iberoamérica, catedrático de Historia Moderna y Contemporánea por la Universidad de Alcalá de Henares (hasta 1997) y ministro de Cultura en 1980.

Nieto de Juan de la Cierva y Peñafiel, ministro de varias carteras con Alfonso XIII, su tío fue Juan de la Cierva, inventor del autogiro. Su padre, el abogado y miembro de Acción Popular (el partido de Gil Robles), Ricardo de la Cierva y Codorníu, fue asesinado en Paracuellos de Jarama tras haber sido capturado en Barajas por la delación de un colaborador, cuando trataba de huir a Francia para reunirse con su mujer y sus seis hijos pequeños. Asimismo es hermano del primer español premiado con un premio de la Academia del Cine Americano (1969), Juan de la Cierva y Hoces (Óscar por su labor investigadora).

Ricardo de la Cierva se doctoró en Ciencias Químicas y Filosofía y Letras en la Universidad Central. Fue catedrático de Historia Contemporánea Universal y de España en la Universidad de Alcalá de Henares y de Historia Contemporánea de España e Iberoamérica en la Universidad Complutense.

Posteriormente fue jefe del Gabinete de Estudios sobre Historia en el Ministerio de Información y Turismo durante el régimen franquista. En 1973 pasaría a ser director general de Cultura Popular y presidente del Instituto Nacional del Libro Español. Ya en la Transición, pasaría a ser senador por Murcia en 1977, siendo nombrado en 1978 consejero del Presidente del Gobierno para asuntos culturales. En las elecciones generales de 1979 sería elegido diputado a Cortes por Murcia, siendo nombrado en 1980 ministro de Cultura con la Unión de Centro Democrático. Tras la disolución de este partido político, fue nombrado coordinador cultural de Alianza Popular en 1984. Su intensa labor política le fue muy útil como experiencia para sus libros de Historia.

En otoño de 1993, Ricardo de la Cierva creó la Editorial Fénix. El renombrado autor, que había publicado sus obras en las más importantes editoriales españolas (y dos extranjeras) durante los casi treinta años anteriores, decidió abrir esta nueva editorial por razones vocacionales y personales; sobre todo porque sus escritos comenzaban a verse censurados parcialmente por sus editores españoles, con gran disgusto para él. Por otra parte, su experiencia al frente de la Editora Nacional a principios de los años setenta, le sirvió perfectamente en esta nueva empresa.

De La Cierva ha publicado numerosos libros de temática histórica, principalmente relacionados con la Segunda República Española, la Guerra Civil Española, el franquismo, la masonería y la penetración de la teología de la liberación en la Iglesia Católica. Su ingente labor ha sido premiada con los premios periodísticos Víctor de la Serna, concedido por la Asociación de la Prensa de Madrid y el premio Mariano de Cavia concedido por el diario ABC.

Notas

[1] M. Fernández Almagro, Historia política de la España contemporánea, vol. I. Madrid, Alianza Editorial, 1968. <<

[2] E. de Guzmán, 1930. Madrid, Tebas, 1973 p. 512s. Esta fuente es útilísima para todo el período que estudiamos en este libro y el anterior. <<

[3] J. de la Cierva, Notas de mi vida Madrid, Reus, 1953, p. 336s. <<

[4] M. Maura, Así cayó Alfonso XIII, op. cit. p. 121s. <<

[5] E. Mola, Memorias, Barcelona, Planeta, 1977 p. 201s. <<

[6] E. Vegas Latapie, Memorias políticas Barcelona, Planeta, 1983. <<

[7]7 Eduardo de Guzmán, op. cit. p. 577. El testimonio directo de Miguel Maura en su libro, ya citado, Así cayó Alfonso XIII. <<

[8]8 E. de Guzmán, op. cit. p. 576. <<

[9]9 Notas de mi vida, p. 360. <<

[10]10 J. Pabón, Cambó vol 11-2, Barcelona, Alpha, 1969, p. 115s; Días de ayer, Barcelona, Alpha, 1963. <<

[11]11 Barcelona, Planeta, 1976. <<

[12]12 M. Tuñón de Lara La España del siglo XX, París, Librería española, 1966 p. 225. <<

[13]13 Barcelona, Dopesa, 1975 p. 228. <<

[14]14 M. Artola Partidos y programas políticos 1898-1936 Madrid, Aguilar, 1974, vol II p. 596s. <<

[15]15 La España de Alfonso XIII Madrid, Espasa-Calpe, 1995 vol II p. 720. <<

[16] D. Berenguer, De la Dictadura a la República, op. cit. p. 352. <<

[17] Publicado el 1 de mayo de 1932. <<

[18] J. A. Ferrer Benimeli Masonería española contemporánea Madrid, Siglo XXI de España, 1980, vol. II p. 66s. Esta editorial es de signo masónico y marxista, lo tiene todo. <<

[19] La Masonería en la crisis española del siglo XX, Madrid, Taurus, 1986, p. 211 s. <<

[20] N. Alcalá Zamora, Memorias Barcelona, Planeta, 1977 p. 141s; A. Dixon Señor monopolio ibid. 1985, p. 91s. <<

[21] J. de la Cierva, Notas de mi vida, op. cit. p. 366 y siguientes hasta el fin de la jornada. <<

[22] Obras Completas (1940) p. 631. <<

[23] F. Franco Salgado, Mis conversaciones privadas con Franco, Barcelona, Planeta 1977, pp. 555-556. <<

[24] La secuencia del 14 de abril la redacto basándome principalmente en las obras del profesor Pabón (con perfecta antología de otras fuentes básicas), Eduardo de Guzmán, Alcalá Zamora, Miguel Maura, Romanones y Juan de la Cierva. Todas ellas ya citadas. <<