«Uno de los principales efectos de de la propaganda durante la primavera trágica fue el reavivamiento de un factor destinado a ejercer incalculable influencia en el estallido y en el cruel desarrollo de la Guerra Civil española en una y otra zona: el miedo. No se ha estudiado aún debidamente la génesis y la monstruosa invasión del miedo durante la primavera trágica. El miedo de unos y otros, como tantos otros factores sociopolíticos y psicológicos dominantes entonces, estaba latente en España desde los desgarramientos del siglo XIX, pero cobró nuevo e irrestañable vigor en Octubre de 1934. Precisamente de 1934 es un texto revelador de Azaña: “El fantasma del rencor, el fantasma del amor propio herido, el fantasma de la cólera, el fantasma del miedo, sobre todo el fantasma del miedo. Yo no temo a nada tanto como al miedo, no por el propio miedo, sino porque el miedo es el peor consejero de la política. Por miedo se han cometido, a través de la historia de la política, atrocidades incomprensibles que no tienen otra explicación que el pánico, el pavor de sus autores”».

Ricardo de la Cierva

Media España no se resigna a morir

Episodios históricos de España - 32

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Bacha15 23.12.14

Título original:Media España no se resigna a morir

Ricardo de la Cierva, 1997

Editor digital: Bacha15

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El Frente Popular se hunde en el caos

En el otoño de 1935 recorre la superficie y la intimidad de España un viajero excepcional, que describía nuestro ambiente desde el fondo de las cosas y tras conversar con los españoles más característicos. Su testimonio, publicado entonces de forma relativamente restringida y recogido varios años más tarde, constituye quizá el apto exordio para un tema tan tergiversado y tan prostituido como el que voy a exponer en este Episodio. Habla así uno de los hombres que tal vez con menos abundancia de datos concretos ha intuido mejor algunas de las profundas corrientes del alma española, Nikos Kazantzakis:

«España está pasando por un momento histórico de crisis, rebosante de desorden y experiencias agónicas».[1]

Si así resumía Kazantzakis su visión española a finales de 1935, ¿cuál hubiese sido su diagnóstico tras un viaje en la primavera de 1936?

El desorden público, característica ambiental durante toda la República hasta la Revolución de Octubre, se contuvo, como sabemos, entre octubre de 1934 y febrero de 1936. Pero la victoria electoral de las izquierdas, quizá por su carácter expreso de glorificación de Octubre, fue el signo para el desencadenamiento de lo que un historiador revolucionario, Ramos Oliveira, ha descrito plásticamente como «saturnales de la libertad».

Con criterios europeos de orden público y convivencia política, calcúlese la opinión que merecería el gesto de un diputado a Cortes que —sin tomar posesión de su cargo, y designado hasta el momento nada más que por los rumores filtrados desde las comisiones del censo— franquea personalmente las puertas de la cárcel a los presos políticos y a los presos comunes de una región particularmente peligrosa por recientes subversiones: esto es, precisamente, lo que realizó Dolores Ibárruri en la cárcel de Oviedo el 18 de febrero de 1936, como se confirma con su propia confesión triunfal[2].

El hombre de la nueva situación, Manuel Azaña, recuerda que los orígenes del desorden coinciden con los orígenes de la etapa del Frente Popular[3].

Hemos preferido apelar en primer término a los testimonios de figuras representativas de la izquierda porque, como un desfasado eco de la guerra civil parlamentaria, todavía sigue bastante extendida la opinión de que el tema del desorden durante los meses finales de la República se redujo a una serie de exageraciones polémicas de la derecha. Absurda reducción de una realidad innegable que los líderes de la derecha denunciaban una y otra vez, sí, pero no ante auditorios de inflamables incondicionales, sino en pleno Parlamento, donde sus adversarios trataban, en ocasiones, de interpretar a su manera los datos, pero jamás negaron la autenticidad, la universalidad ni la gravedad sintomática de tales datos.

La primera estadística del desorden presentada públicamente por los líderes de la derecha es la citada por José Calvo Sotelo en la sesión de Cortes de 15 de abril, tras el último intento pacificador de Manuel Azaña en el Parlamento.

En esa misma sesión, y durante el turno de rectificaciones de la izquierda, expone Rodolfo Llopis la excusa que desde entonces se convierte en habitual postura polémica del Frente Popular en el tema del desorden: existe, sin duda, el desorden popular, pero la culpa de ese desorden recae sobre las derechas, por su opresión y represión durante el anterior bienio y por su intransigencia en materia social. De esta forma se excusaba por la impotencia real del Gobierno en su cada vez más acusada falta de control sobre los brotes anárquicos.

Para corroborar, con pruebas de la calle, esta posición polémica de las izquierdas, surge a primeros de mayo, de forma que en 1936 no resultaría fácil calificar de espontánea, la ya tradicional acusación de los «caramelos envenenados». Nadie como Gil Robles ha descrito los horripilantes detalles del suceso, cuya simple exposición supera cualquier comentario.[4]

El 6 de mayo, con implacable contundencia, Calvo Sotelo presenta en las Cortes su segunda relación de desmanes. José Pía ha recogido en las páginas de su Historia de la Segunda República Española éste y los demás catálogos de atrocidades, que pasaron también al Diario de Sesiones de las Cortes y todavía están esperando una refutación seria —que no se formulará jamás, por supuesto—. Después de que el 10 de mayo el ministro de la Gobernación dirigiese una circular a los gobernadores sobre las ilegales y terroristas detenciones de automóviles para la exacción de particulares alcabalas revolucionarias, Calvo Sotelo insiste en sus denuncias, trágicamente monótonas, en la sesión de Cortes de 19 de mayo[5].

De todas formas, el resumen estadístico más famoso de todos es el que Gil Robles expone en el debate trágico del 16 de junio, y que comprende todos los datos a partir del 16 de febrero hasta el 15 de junio de 1936:

«Habéis ejercido el poder con arbitrariedad, pero, además, con absoluta, con total ineficacia. Aunque os sea molesto, señores diputados, no tengo más remedio que leer unos datos estadísticos. No voy a entrar en el detalle, no voy a descender a lo meramente episódico. No he recogido la totalidad del panorama de la subversión de España, porque, por completa que sea la información, es muy difícil que pueda recoger hasta los últimos brotes anárquicos que llegan a los más lejanos rincones del territorio nacional.

»Desde el 16 de febrero hasta el 15 de junio inclusive, un resumen numérico arroja los siguientes datos:

• Iglesias totalmente destruidas, 160.

• Asaltos de templos, incendios sofocados, destrozos e intentos de asalto, 251.

• Muertos, 269.

• Heridos de diferente gravedad, 1.287.

• Agresiones personales frustradas o cuyas consecuencias no constan, 215.

• Atracos consumados, 138.

• Tentativas de atraco, 23.

• Centros particulares y políticos destruidos, 69.

• Idem asaltados, 312.

• Huelgas generales, 113.

• Huelgas parciales, 228.

• Periódicos totalmente destruidos, 10.

• Asaltos a periódicos, intentos de asalto y destrozos, 33.

• Bombas y petardos explotados, 146.

• Recogidas sin explotar, 78. (Rumores).

»Diréis, señores diputados, que esta estadística se refiere a un período de agitación y exacerbación de pasiones, a la cual, en su discurso primero en esta Cámara, se refería Azaña cuando presidía el Gobierno. Podréis decir que posteriormente, al calmarse el fervor pasional, al actuar los resortes del poder, al acabar los primeros momentos, ha venido un instante de tranquilidad para España. Me va a permitir la Cámara que brevemente haga una estadística de cuál es el desconcierto de España desde que Casares Quiroga ocupa la cabecera del banco azul.

»Desde el 13 de mayo al 15 de junio inclusive:

• Iglesias totalmente destruidas, 36.

• Asaltos de iglesias, incendios sofocados, destrozos e intentos de asalto, 34.

• Muertos, 65.

• Heridos de diferente gravedad, 230.

• Atracos consumados, 24.

• Centros políticos, públicos y particulares destruidos, 9.

• Asaltos, invasiones e incautaciones —las que se han podido recoger—, 46.

• Huelgas generales, 79.

• Huelgas parciales, 92.

• Clausuras ilegales, 7.

• Bombas halladas y explotadas, 47»[6].

Si los propios hombres del Frente Popular, como transcribimos al principio de este apartado, reconocían y describían los desmanes de sus partidarios e incluso los fomentaban, como en el caso de la diputada electa Dolores Ibárruri, puede calcularse la reacción de los observadores moderados ante el ambiente de violencia universal que se apoderaba cada día más de las calles y los campos de España. Hemos utilizado los testimonios de la derecha solamente para la cita de los incontrovertidos resúmenes estadísticos; para la descripción del ambiente hemos seleccionado exclusivamente testimonios de izquierda. Para el comentario escogeremos el ecuánime testimonio de uno de los pocos hombres que, después del 16 de febrero, puede considerarse como habitante del despoblado centro, Salvador de Madariaga:

«A toda prisa se decretó y aplicó una amplia amnistía. Salieron de las cárceles miles de presos… y aumentaron en proporción aterradora los desórdenes y las violencias, volviendo a elevarse llamaradas y humaredas de iglesias y conventos bajo el cielo azul, lo único que permanecía sereno en el paisaje español. Continuaron los tumultos en el campo, las invasiones de granjas y heredades, la destrucción del ganado, los incendios de cosechas. Azaña instaló en tierra propia a 75.000 campesinos de Extremadura. Con todo, continuaban los desórdenes, y en el país pululaban agentes revolucionarios a quienes interesaba mucho menos la reforma agraria que la revolución. Huelgas por doquier, asesinatos…

»Había entrado el país en una fase francamente revolucionaria. Ni la vida ni la propiedad contaban con seguridad alguna. Es sencillamente ridículo explicar todo esto con las consabidas variaciones sobre el tema del «feudalismo» y con otras ingenuidades que abarrotan las páginas de los numerosos libros consagrados a España en aquel entonces. No era sólo el dueño de miles de hectáreas concedidas a sus antepasados por el rey don Fulano el Olvidado quien veía invadida su casa y desjarretado su ganado sobre los campos donde las llamas devoraban sus cosechas. Era el modesto médico o abogado de Madrid con un hotelito de cuatro habitaciones y media y un jardín de tres pañuelos, cuya casa ocupaban obreros del campo ni faltos de techo ni faltos de comida, alegando su derecho a hacer la cosecha de su trigo, diez hombres para hacer la labor de uno, y a quedarse en la casa hasta que la hubieran terminado. Era el jardinero de la colonia de casas baratas que venía a conminar a la muchacha que regaba los cuatro rosales del jardín a que se abstuviese de hacer trabajo que pertenecía a los jardineros sindicados; era la intentona de prohibir a los dueños de automóviles que los condujeran ellos mismos, obligándoles a tomar un conductor sindicado; era la huelga de albañiles en Madrid con una serie de demandas absurdas con el evidente objeto de mantener abierta y supurando la herida del desorden, y el empleo de la bomba y el revólver por los obreros contrarios al laudo contra los obreros que lo habían aceptado…».[7]

Sobre uno de los testimonios citados puedo añadir un recuerdo personal de infancia. Como todos los años mi familia hacía un viaje a Murcia desde Madrid por Semana Santa. Entonces las carreteras pasaban por el centro de los pueblos, donde casi nunca faltaban grupos de milicianos armados (antes de la guerra con escopetas y alguna pistola), que detenían por las buenas a los automóviles y exigían un donativo que hoy llamamos impuesto revolucionario. En un viaje a Murcia recuerdo que nos pararon siete u ocho veces sin que nunca interviniera la fuerza pública en los casos, no habituales, en que estaba presente. Nosotros preferíamos dar cinco duros y no provocar escándalo, pero a veces los ocupantes de un coche se negaban a pagar y se organizaban unas trifulcas muy peligrosas. Así funcionaba la normalidad democrática del Frente Popular, como la denominan algunos historiadores que jamás pasaron por experiencias semejantes.

Como término de esta serie de testimonios conviene citar un interesante texto de don Miguel de Unamuno, quien en un artículo aparecido a principios de junio señala un aspecto del desorden que le hacía particularmente ingrato y detestable: el desencadenamiento de la chabacanería, reprimida hasta entonces por imperativos de presión social y de conciencias colectivas de inferioridad:

«Antes, y como para hacer boca —mejor, oído—, vaya un racimo, a modo de pequeños botones de muestra, de frutos de la tan cacareada revolución.

»Pasa por la plaza una muchachita acompañada de su familia, cuando un zángano mocetón se divierte en hacerle una mamola. El familiar se vuelve, a reprenderle; el mocetón se insolenta y el otro arrecia en la reprensión. Y entonces, ante el grupo de curiosos que se arremolinan, ¿qué se le ocurre al zángano? Pues ponerse a gritar: “¡Fascista!, ¡fascista!”. Y esto basta para que el represor tenga que escabullirse, no fuera que le aporrearan los bárbaros.

»Otro día, en un rincón de una calle, sorprende un guardia municipal a otro mozarrón haciendo necesidades; se le acerca, no a multarle, según piden las ordenanzas, no, sino a llamarle la atención, y el necesitado, al verle venir, se yergue y le espeta un «¡que soy del Frente Popular!».

»Otra vez un matrimonio joven, en gira de turismo, entra en una iglesia, sin gente entonces, y a poco, husmeando no se sabe qué, entran tres chiquillos como de diez a doce años y exclama uno alzando el puño: “¡Maldito sea Dios!”, y el otro “Hay que darle unas hostias”.

Y como estos tres sucesos, recogidos aquí, muchos más de la misma laya.

»Y no se hable de ideología, que no hay tal. No es sino barbarie, zafiedad, soecidad, malos instintos y, lo que es —para mí, al menos— peor, estupidez, estupidez, estupidez. De ignorancia no se hable. He tenido ocasión de hablar con pobres chicos que se dicen revolucionarios, marxistas, comunistas, lo que sea, y cuando, cogidos uno a uno, fuera del rebaño, les he reprochado, han acabado por decirme: “Tiene usted razón, Miguel; pero ¿qué quiere usted que hagamos?”.

»Daba pena oírles en confesión. Pero luego se tragan un papel antihigiénico en que sacian sus groseros apetitos y ganas ciertos pequeños burgueses que se las dan de bolcheviques y de lo que hacen servil ganapanería populachera. Tragaldabas que reservan ruedas de molino soviético para hacer comulgar con ellas a los papanatas que les leen. ¿Papanatas? Otra cosa. Que así como se leen los clandestinos libritos pornográficos para excitarse estímulos carnales, así se leen esas soflamas para excitarse otros instintos. La doctrina es lo de menos.

»Esto, en los bajos fondos. ¿Y más arriba? Recuerdo que después de que aquellas Constituyentes, de nefasta memoria —Dios nos perdone—, votaron —el que esto escribe no lo votó ni asistió a aquellas sesiones— aquel artículo 26, en que se incluyó mucho evidentemente injusto, como se lo reprochara yo a uno de los prohombres revolucionarios, hubo de decirme: “Sí, es injusta; pero aquí no se trata de justicia, sino de política”. Y me dio a entender que cierta injusta medida persecutoria se daba para proteger a los perseguidos contra otras persecuciones populares en caso de no tomar la medida. Que es como si un tribunal de justicia dijese: “Le hemos condenado a muerte, porque si no, la turba le saca de la cárcel y le lincha”. Curioso argumento que no deja de aplicarse».[8]

Y nótese que Miguel de Unamuno escribe en julio de 1936, unos días antes del estallido de la Guerra Civil.

Aunque no conviene extremar el contraste, el contraste existía, como ya hemos indicado, entre el desorden general del país y la relativa tranquilidad de Cataluña. Sin embargo, la crisis económico-social no dejaba de emerger en la región autónoma, y Cataluña contribuyó al sangriento panorama general de la República con uno de los más célebres asesinatos de la primavera: el de los hermanos Miguel y José Badía, perpetrados por los pistoleros de la FAI el 28 de abril de 1936, en plena calle de Muntaner. El entierro volvió a sacar a la calle a las uniformadas y desacreditadas milicias de Estat Catalá. Los moderados de Cataluña, mientras tanto, se afanaban en quehaceres de paz que, vistos con perspectiva histórica, se nos antojan noblemente anacrónicos. El 17 de mayo, Amadeu Hurtado ve cumplida una de las grandes ilusiones de su vida con la solemne inauguración del Congreso Jurídico Catalán en Barcelona.

La persecución arbitraria contra Falange Española

Desde el punto de vista de la Historia, la principal actuación de Falange Española de las JONS durante la primavera trágica debe estudiarse, y así lo haremos, en el siguiente Episodio. En éste vamos a recorrer brevemente las facetas públicas de esa actuación: facetas que se reducen a dos palabras, persecución y violencia.

Por el reducido, aunque creciente, número de sus efectivos, por la notoriedad de muchos de sus dirigentes y por los estigmas de la propaganda, Falange Española se presentaba ante el Gobierno de izquierdas como una presa espectacular y sencilla. Incluso durante la etapa anterior a la de la jefatura del Gobierno, fue Santiago Casares Quiroga el principal alentador de la persecución contra la Falange. Con sus fáciles victorias antifascistas el Gobierno creía aplacar la intoxicación propagandística de las masas y controlar la, según versión oficial, causa principal de los desórdenes. Falaz ilusión en la que probablemente creían con cierta sinceridad y pésima información los desorientados responsables del mantenimiento de la convivencia social y política española. La falsa postura del Gobierno quedó de manifiesto cuando, prácticamente desmantelados los cuadros y las estructuras falangistas, que solamente reaccionaban con esporádicos estertores de defensa o venganza, la situación de desorden universal en el país no solamente no mejoraba, sino que empeoraba por momentos. Atribuir este hecho a los escasos falangistas activos que quedaban en libertad no supone más que un subterfugio polémico de mal gusto e imposible defensa. La causa del desorden era más general, más profunda y más congénita a las propias bases del Gobierno, como ya puede deducirse de cuanto llevamos expuesto en este Episodio.

El ambiente de persecución contra Falange —que, como sabemos, no había obtenido de los gobiernos derechistas un trato precisamente de favor— se recrudece y se generaliza a partir de la victoria electoral de febrero. El día 20, en una de sus primeras medidas de Gobierno, el Frente Popular clausura el centro de FE en Madrid y durante los días siguientes la medida se generaliza en provincias; en algunas localidades, como Santander, la clausura se intenta violentamente por los partidarios del Frente Popular el mismo día 20 de febrero. Ante la vigorosa defensa organizada por el jefe provincial, Manuel Hedilla, Primo de Rivera le llama inmediatamente a Madrid para que preste su asesoramiento con vistas a las próximas acciones defensivas de carácter más general. El 12 de marzo la prensa de izquierdas da la noticia de la detención de Dolores Primo de Rivera (hija del general Femando) «por pretender celebrar esta tarde una reunión de elementos falangistas en su domicilio»[9].

El día 14 de marzo marca una fecha fundamental para la historia de la Falange: José Antonio Primo de Rivera pierde, ya para siempre, su libertad. «Se estrenó Alonso Mallol con la Falange», comenta el propio fundador detenido con casi toda la Junta Política: Ruiz de Alda, Fernández Cuesta, Sánchez Mazas. La prensa de izquierdas comienza a airear los poco convincentes pretextos del Gobierno en la persecución contra la Falange: «La Dirección General de Seguridad fundamenta estas detenciones en el hecho de que en los diversos registros efectuados en el local social de dicha entidad no han sido encontrados libros de contabilidad, listas de socios ni otros documentos que determina la Ley de Asociaciones». Termina la noticia con un apéndice trágico: «Parece que a la directiva se le impondrá una sanción de carácter gubernativo y después se les pondrá en libertad».[10]

El día 17 de marzo José Antonio Primo de Rivera ingresa en la cárcel Modelo. Al día siguiente el juez Ursicino Gómez Carbajo oficia a la Dirección General de Seguridad en los siguientes términos:

«… Se decreta asimismo la suspensión de las funciones propias de la asociación Falange Española de las JONS, y comuníquese esta suspensión al excelentísimo señor director general de Seguridad a sus efectos»[11].

Éste es el único documento legal en el que Falange queda declarada «fuera de la ley». Se trata simplemente de una suspensión de funciones, a reserva de lo que se decida en el juicio definitivo. Pero, aunque muy pronto un tribunal superior va a declarar la nulidad de semejante disposición, el Gobierno, consciente de que la Falange es José Antonio, va a montar a partir de este momento nada menos que ocho procesos contra el fundador, con el exclusivo fin de mantenerle bajo custodia. Seis de estos procesos se entablan en Madrid, dos en Alicante, entre el 14 de marzo y el 17 de noviembre de 1936. En uno de los primeros, todavía en Madrid, José Antonio pierde el control y trata de agredir, de palabra y de hecho, a sus juzgadores. Fuera de este momento, perfectamente explicable por el lacerante sectarismo que se disfrazaba de legalismo en su abierta persecución, la actitud de José Antonio es ejemplar, controlada, profundamente magnánima en su patetismo.

A primeros de abril son detenidos los directivos de la Falange barcelonesa: Roberto Bassas, Carlos Trías Beltrán, José Ribas Seva, Luis Gutiérrez Santamarina. A pesar de que el 30 de abril el tribunal que entiende en la causa por asociación ilícita da un veredicto favorable a la Falange, el día 5 de junio José Antonio es trasladado a la prisión de Alicante ante la impotente indignación de sus compañeros de cautiverio. El 24 de junio toca el turno a los directivos falangistas de Valladolid: Onésimo Redondo queda detenido tras unos desórdenes. El 7 de julio El Liberal de Madrid transmite la noticia de que Melquíades Álvarez va a defender ante los tribunales a Primo de Rivera, con lo que el político asturiano cuenta ya con una segunda sentencia de muerte ante el Frente Popular.

Cuando Manuel Pórtela llamaba a José Antonio Primo de Rivera el 16 de febrero para hacerle responsable de un posible estallido de violencia, se hacía eco de una opinión muy generalizada en el país, y que puede calcularse lo radicalizada que estaría, por efecto de la propaganda, en las filas del Frente Popular. Se trae a colación este dato para explicar la decisión del Gobierno de privar de libertad a la Junta Política de Falange; decisión que no se tomó caprichosamente, sino, casi con toda seguridad, ante el atentado que una escuadra falangista realizara dos días antes de la detención, el 12 de marzo, contra el catedrático y diputado socialista Luis Jiménez de Asúa.

No fue, sin embargo, la Falange la que desencadenó la reprimida violencia mortal de la primavera trágica. Después de las elecciones de febrero, el primero de los crímenes políticos tiene como víctimas precisamente a los falangistas: el 6 de marzo caen asesinados cuatro obreros de la Falange que trabajaban en el derribo de la vieja Plaza de Toros de Madrid y dos estudiantes del SEU en la calle de Alberto Aguilera. El día 11 de marzo cae el estudiante tradicionalista, conectado también con la Falange, Juan José Olano. Ante esta eliminación colectiva de sus jóvenes, la Falange toma sobre sí la espantosa responsabilidad de elevar la mira de sus represalias, y escoge una víctima espectacular; cuando el profesor socialista de Derecho Penal Luis Jiménez de Asúa sale de su casa para dirigirse a la Universidad en la mañana del 12 de marzo, tres miembros de la Primera Línea disparan sobre él a la altura de Goya 24, y aunque la presunta víctima escapa sin consecuencias, cae muerto su policía de escolta, el señor Gisbert. Para comprender desapasionadamente la reacción del Frente Popular, hay que recordar que la Falange había eliminado ya a otra personalidad destacada de la izquierda, el exdirector general de Seguridad Manuel Andrés Casáus, muerto en 1935 en San Sebastián en el curso de una represalia.

Y para conseguir el mismo equilibrio valorativo, es preciso recordar también la reacción unánime de las derechas ante el asesinato —más grave, por supuesto, como en su momento veremos— de otro diputado a Cortes, José Calvo Sotelo. Jiménez de Asúa no era jefe de bloque parlamentario ni era un líder nacional. Pero era una figura ilustre de la República y del Partido Socialista; su prestigio científico ya estaba consagrado internacionalmente y con justicia pasaba como uno de los padres de la Constitución.

Los falangistas, exasperados explicablemente por el asesinato en grupo de sus jóvenes, no miden bien las trágicas consecuencias que para ellos mismos tendría la decisión de esta represalia truncada, que, en definitiva, causó, a distancia, la muerte violenta de José Antonio y, por supuesto, su detención del 14 de marzo. Pero no se olvide que después de las declaraciones iniciales de José Antonio Primo de Rivera, favorables a una eventual cooperación, al menos negativa, con la nueva situación y con el jefe del Gobierno, Manuel Azaña, la trágica iniciativa de las soluciones violentas no vino de las filas de la Falange, sino de las de sus enemigos, incontrolables por un Gobierno esencialmente débil. Por supuesto que ahora no tiene demasiado sentido el determinar jurídicamente, ni siquiera históricamente, a quién correspondía la primera culpa de la violencia; la violencia estaba en el aire por lo menos desde 1934 y si uno de los aún informes bandos no tomaba la iniciativa de la escalada, ya se encargaría el otro de aprovechar consciente o inconscientemente cualquier ocasión, o incluso de fabricar esa ocasión si fuese preciso. El resto de la historia de la primavera trágica ofrecerá, sin duda, bastantes ejemplos para corroborar esta hipótesis.

Sin tiempo, pues, ni necesidad de aquilatar cronológicamente responsabilidades históricas, digamos que a mediados de marzo Falange Española de las JONS se encontraba sometida a una persecución implacable, a cuyo desencadenamiento, justo es decirlo, había ella también contribuido en no escasa medida. José Antonio Primo de Rivera se mantenía, en principio, opuesto a la violencia incluso en momentos tan graves y enloquecedores[12]. Seguía siendo cierto que, en el mundo de lo teórico, «el objetivo fundamental de la Falange después de las elecciones —como anota Payne— era el mismo de Ramiro Ledesma en 1931: nacionalizar las aspiraciones revolucionarias de la izquierda española»[13]. Sin embargo, los acontecimientos no estaban para consignas de altos vuelos. El ambiente interno de la Falange perseguida, acorralada, está mejor reflejado por los seguidores de Onésimo Redondo, que comentan así la situación creada por la actitud del Frente Popular: «Falange, ante la persecución, se lanzó decidida a una guerra sin cuartel».[14]

Los jóvenes falangistas, como reconoce uno de sus más caracterizados enemigos, Julián Zugazagoitia, «tenían un sentido heroico de su papel y tanto matar como morir se les antojaba cosa natural»[15].

Abundantes ocasiones se les ofrecían para demostrar este espíritu. El 1 de marzo de 1936 José Antonio había ordenado a los afiliados al SEU —hasta entonces teóricamente independientes de la disciplina del partido— que se incorporasen a las milicias de Primera Línea. Y ante la súbita detención de la Junta Política —que tras los primeros momentos de esperanza amenazaba cada vez más en convertirse en definitiva, como así sucedió—, José Antonio Primo de Rivera vence sus últimos escrúpulos, pasa todas las barreras y declara una y otra vez la guerra total al Frente Popular.

El cambio puede advertirse el mismo día de su detención. José Antonio Primo de Rivera consigue transmitir, por medio de un visitante —su hermano Fernando—, un manifiesto a todos los españoles, en el que acepta tesis propagandísticas rebatidas semanas antes por él mismo.

Por el mismo conducto envía una circular reservada a todos los jefes territoriales y provinciales: la circular lleva fecha del 20 de marzo, y en ella se habla francamente de «pasar a la ofensiva».

En su primer párrafo se ordena: «Se procederá a la organización clandestina conforme al sistema celular de la Falange».[16]

Y lo que resulta más importante aún, la detención parece sellar la alianza entre Falange Española y los grupos de derecha —sin distinción de matices—, que ahora se unen para salvar al jefe de la Falange mediante un acta de diputado. Al anularse las elecciones de Granada y de Cuenca, las derechas —por iniciativa del propio José Antonio— acceden gustosas a incluirle en las dos nuevas candidaturas. Fracasada la medida por la arbitraria y antidemocrática conducta de las izquierdas, que ya conocemos, los diputados de derechas, y señaladamente Giménez Fernández, hacen lo imposible para salvar in extremis el acta de Primo de Rivera. Todo resulta inútil, y las derechas tienen que contentarse con financiar de nuevo las actividades, ya francamente violentas, de los falangistas.[17]

La falta de madurez inherente a un movimiento más que joven, embrionario aún, es la causa del comportamiento, no precisamente heroico, de algunos mandos provinciales de Falange, que durante los meses de abril y mayo, cuando la persecución arrecia, asumen una actitud calificable como abandono, si no como deserción. Con el jefe encarcelado arrecian también las discordias entre los subalternos. Luis Santa Marina pugna con Bassas y Ribas Seva; Maximiano García Venero, enviado desde Madrid por José Antonio, consigue la reconciliación e incluso tantea, sin demasiado éxito, las perspectivas de crear, dentro de la CNT, unas «células de oposición nacionalsindicalista» que, eso sí, proliferaron durante la Guerra Civil y causaron no pocas perturbaciones en la retaguardia catalana. Las acusaciones sobre fallos concretos de otros jefes provinciales y locales de Falange, hechas por compañeros, han de ser tomadas cum mica salis porque pueden reflejar discordias y resentimientos posteriores. Venero-Hedilla, por ejemplo, acusan a Sancho Dávila poco menos que de abandonar su puesto andaluz, pero otros falangistas afirman que el traslado de Dávila se debe no a las gestiones de su madre, sino a una orden de José Antonio, para que su pariente sustituyese a Raimundo Fernández Cuesta, encarcelado también en Madrid. El jefe provincial de Salamanca, Francisco Bravo, y los de Jaén y Cáceres, Rodríguez Acosta y Luna Meléndez, son duramente criticados también por Manuel Hedilla sobre su actuación en esta etapa difícil. Desde antiguo los falangistas han pretendido que Ramiro Ledesma Ramos se reconcilió con José Antonio en una o varias visitas que hizo a su antiguo compañero encarcelado; incluso se ha dado la fecha del 2 de mayo de 1936 para fijar la reconciliación. No tenemos, por ahora, pruebas concluyentes para apoyar este buen deseo de algunos autores de Falange y de las antiguas JONS.

Por inspiración del jefe encarcelado, surge la publicación irregular y clandestina No Importa para suplir a los periódicos silenciados de Falange Española. El número 1 de esta interesante e irregular hoja aparece el 20 de mayo de 1936. En el número 2, de 6 de junio, se contiene esta apocalíptica y sincera declaración: «Ya no hay soluciones pacíficas. La guerra está declarada y ha sido el Gobierno el primero en proclamarse beligerante. Estamos en guerra».

Y sigue esta apología de la violencia, a la hora en que la dialéctica de las razones ha quedado ya eliminada ante la de los puños y las pistolas: «¡Bien haya esta violencia, esta guerra, en la que no sólo defendemos la existencia de la Falange, ganada a precio de las mejores vidas, sino la existencia misma de España, asaltada por sus enemigos! Seguid luchando, camaradas, solos o acompañados. Apretad vuestras filas, aguzad vuestros métodos. Mañana, cuando amanezcan más claros días, tocarán a la Falange los laureles frescos de la primacía en esta santa cruzada de violencia»[18].

En el número 3 de No Importa se contiene un nuevo ataque a la derecha, «gentuza» que piensa en la Falange como «tropa de alquiler» (20 de junio). Unos días antes, Primo de Rivera hacía unas declaraciones al periodista Blardony[19] en las que afirmaba que la Falange contaba en esos momentos con 150.000 afiliados, de los que 2.000 se encontraban en la cárcel; que de 10 a 15.000 miembros de las juventudes de Acción Popular se le habían pasado; que los muertos del partido ascendían a 48, con 500 heridos; que las provincias de mayor número de afiliados eran Madrid, Asturias, Santander y Valladolid y que Falange coincide con la «preocupación esencial a uno y a otro» (fascismos alemán e italiano), pero recalca, como siempre, la originalidad del fascismo español.

El número de 150.000 afiliados es bastante exagerado, pero todas las fuentes coinciden en que el pase de las juventudes —e incluso de bastantes afiliados mayores— desde las decepcionadas y acobardadas derechas a la combativa Falange Española de las JONS adquiría, a partir de las elecciones de febrero, caracteres de verdadera desbandada. He aquí, por ejemplo, la fácilmente comprobable declaración de José María Fontana: «Ya en el último período —enero a julio del 36— se les desabrieron e insubordinaron las juventudes, que casi en masa se nos iban agregando. En Tarragona el pase fue total, y de aquellos muchachos saqué yo luego casi todos los delegados provinciales de la liberación…».[20]

El propio Gil Robles se ve obligado a reconocer el despoblamiento de sus cuadros.[21] Y en fecha mucho más próxima a la de las declaraciones de José Antonio, escribía Agustín Calvet (12 de junio): «¿Cuántos votos tuvieron los fascistas en España cuando las últimas elecciones? Nada, una ridiculez. Hoy, por el contrario, los viajeros llegan de las tierras de España diciendo: Allí todo el mundo se vuelve fascista».

La revolución en los campos

La revolución campesina de 1936, suscitada por tantas proclamas electorales, y tema predilecto de la propaganda extremista, se desencadenó a raíz de la rebelión de Cenicientos a principios de marzo de 1936. Los campesinos de este pueblo perdido en el rincón de tres provincias —Madrid, Toledo y Ávila— decidieron roturar por su cuenta los pastizales semiabandonados que cercaban su hambre, pero antes de hacerlo se reunieron y enviaron una carta al Gobierno, explicando los motivos auténticos de su decisión. Es un nuevo Fuenteovejuna que merece una investigación monográfica.

No todos los pueblos o grupos campesinos de España justificaban su levantamiento con una exposición de motivos en carta al Gobierno. No todos emprendían su revolución por razones económicas o de justicia social. Las «saturnales de la libertad» se organizaban en el inculto —material y espiritualmente— campo español, con propósitos muchas veces destructivos y anárquicos, conforme a las expresas instrucciones del Congreso de Zaragoza, según reconocen historiadores de izquierda, Broué y Témime.[22]

La estadística de la revolución agraria —recogida en los catálogos de los líderes derechistas y transcrita en el Diario de Sesiones de las Cortes— sería interminable. Para comprender hasta dónde habían llegado las cosas, baste evocar la batalla campal de Yeste, un Arnedo infinitamente más grave que pasó entonces, debido a la temperatura global del país, casi desapercibido.

En las estribaciones de las sierras de Segura y de Alcaraz, Yeste era un pueblo atrasadísimo del sur de la provincia de Albacete, enclavado en zona casi incomunicada y semidesértica. Los campesinos, sólo capaces de una ideología anarquista, procedieron, en la segunda quincena de mayo, a la ocupación de tierras privadas y montes públicos, con una especial metodología que alternaba la simple tala del arbolado con la roturación arbitraria de los predios que juzgaban más idóneos. Una sección de la Guardia Civil trata de impedir los desmanes y detiene, en la próxima aldea de Graña, a seis levantiscos. Cuando se dispone a trasladarlos a Yeste, la población en masa —que algunos historiadores estiman en más de diez mil personas— trata de liberar a los presos y linchar a los guardias, pero cometen el error de enfrentarse en pleno campo con los expertos tiradores de la Guardia Civil, quienes, advertidos, se habían liberado ya de la custodia de los prisioneros, dejándolos en libertad. Se entabla una batalla campal que termina a los pocos minutos con la desbandada de los campesinos, que dejan sobre el terreno 19 muertos y 38 heridos. Las bajas de la fuerza son un muerto y 14 heridos.

Durante el mes de junio la revolución en zonas extensas del campo español estaba en marcha: Castilla la Nueva, Andalucía, Extremadura y zonas de Aragón eran las principales regiones revolucionarias, pero los extremistas salpicaban con sus desmanes todo el mapa. En la católica provincia de Burgos, varios párrocos, como el de Terminón, al borde de la Bureba, tuvieron que huir ante la amenaza de los campesinos de izquierda; los líderes de la derecha protestan una y otra vez ante las Cortes y ante el Gobierno por la situación imposible. El 15 de mayo protestan los agrarios, el 10 de junio Gil Robles; aparte de las conocidas intervenciones en el Parlamento, el jefe de la CEDA encabeza una comisión de agricultores que el 18 de junio expone sus angustiadas quejas al ministro de Trabajo. Los automóviles que, no en gran número, se atrevían a viajar por las carreteras de España sufrían, como ya hemos adelantado, frecuentes detenciones en nombre del Socorro Rojo, organizado privadamente en cada pueblo de la ruta.

Como historiador, Gil Robles amplía todavía más los datos estadísticos acerca de las huelgas revolucionarias que antaño suministrara a las Cortes de 1936, en funciones de notario de la revolución.[23]

El espíritu anárquico en las relaciones laborales alcanza a sectores inverosímiles, como el tauromáquico: los matadores escogen la gran fiesta anual de su espectáculo, el 15 de mayo, día de San Isidro, para declararse en huelga contra la presencia de colegas mexicanos en los carteles y Madrid se queda sin ver la maestría de Domingo Ortega, Marcial Lalanda y Pepe Bienvenida; justo es recordar que los tres toreros militaban destacadamente en las filas de la derecha.

Después del Congreso de Zaragoza, el traslado a Madrid de los dirigentes anarcosindicalistas repercute inmediatamente en el ambiente de desorden huelguístico de la capital: la rivalidad UGT-CNT rebrota en las frecuentes huelgas de la construcción, principal industria de la ciudad. El 30 de mayo la UGT se atreve a dar una nota en la que, según ella, «controla la fuerza sindical de Madrid». Nada irrita tanto a los anarcosindicalistas como las bravatas de sus rivales; en respuesta, rompen las relaciones de colaboración revolucionaria, y el día 2 de junio desencadenan su famosa huelga de la construcción, que inmediatamente arrastra las de otros sectores laborales. El 16 de junio la CNT ha triunfado en toda la línea; a pesar de la oposición de la sindical socialista, ese día son ya 120.000 los obreros que han interrumpido permanentemente su trabajo sólo en Madrid, ciudad que entonces rondaba el millón de habitantes; calcúlese el potencial revolucionario de la situación. Tan enconado era el propósito anarcosindicalista que ni siquiera el estallido de la Guerra Civil termina con la huelga, que se arrastra inconcebiblemente hasta el día 4 de agosto.

Madrid, capital de la violencia
y la sangre

Desatada la violencia tras el múltiple asesinato de los obreros y estudiantes falangistas y tras la represalia de la Falange contra el profesor Jiménez de Asúa, la historia se repite varias veces durante toda la primavera, que con estos asesinatos y atentados en cadena justifica plenamente —y no es única razón— su sobrenombre de trágica. Unos y otros —uno y otro bando, porque la cadena de vendettas se engarzaba de bloque a bloque, de España a España, no solamente de partido a partido— pensaban así tal vez intimidar al adversario al principio; después, unos y otros solamente querían sobrevivir, y para ello imaginaban que no había otro camino que matar. Lo verdaderamente trágico es que no se ve por parte alguna la viabilidad concreta de una opinión contraria. El peligrosísimo juego tenía como principal escenario a Madrid, que se convirtió en la capital de la sangre; desde Madrid los ramalazos de la violencia se amplificaban sobre España entera y encontraban resonancias de terror y también de sangre en otros puntos del país. A cada asesinato seguía el entierro de la víctima, convertido, ante la impotencia del Gobierno, en mitin de solidaridad y de venganza; el propio entierro solía ser fuente de incidentes nuevos, cuando no degeneraba en batalla callejera que producía, a su vez, nuevas víctimas, nuevos entierros.

Hoy está demostrado que los jóvenes que atentaron contra Jiménez de Asúa pertenecían a las escuadras de primera línea de Falange Española; los tres, a requerimiento de los dirigentes falangistas, pasaron la frontera en la avioneta de Juan Antonio Ansaldo, a pesar de que el eterno conspirador no pertenecía ya, como sabemos, al partido fascista. Al terminar el acto del entierro del policía Gisbert, escolta del profesor socialista, en la tarde del 13 de marzo, grupos de asistentes desmantelan la redacción y los talleres del diario derechista La Nación, y, en la calle de la Montera, en el mismo centro de Madrid, a doscientos metros de la Dirección General de Seguridad y del Ministerio de la Gobernación, incendian la iglesia de San Luis.

Al día siguiente de que —con motivo sin duda de estos sucesos— ingresara en detención preventiva la Junta Política de Falange (sin que les ocurriera nada a los incendiarios de la iglesia), el 15 de marzo, la pareja de seguridad de vigilancia ante el domicilio de Largo Caballero es atacada a tiros por dos jóvenes falangistas, detenidos inmediatamente tras espectacular persecución. Parece que fueron también dos exguardias de Seguridad, antiguos pistoleros de los grupos extremistas catalanes, quienes el día 22 de marzo asesinan en Oviedo al exministro de Trabajo Alfredo Martínez, liberal-demócrata, quien muere pidiendo a Dios ser «la última víctima de la Guerra Civil que destroza a España». Por desgracia, estaba destinado solamente a ser una de las primeras; y sin duda sus palabras, que causaron honda e inútil impresión en todo el país, fueron recordadas unos meses después por José Antonio Primo de Rivera, que las incorporó casi textualmente a su célebre testamento. El 7 de abril un falangista trata de asesinar, mediante una bomba oculta en un paquete, al diputado izquierdista Eduardo Ortega y Gasset.

El día 9 de abril la Audiencia de Madrid condena a más de veinticinco años de prisión a Alberto Ortega, y a más de seis años a sus colegas participantes en el atentado contra el profesor Jiménez de Asúa. A los cuatro días —el 13—, el magistrado ponente de la causa, Manuel Pedregal, cae asesinado por compañeros de los condenados. Al día siguiente, 14 de abril, unos petardos interrumpen el desfile militar que se celebraba ante el presidente provisional y el Gobierno con motivo del quinto aniversario de la proclamación de la República.

En los disturbios que siguieron al estallido, muere de un tiro el alférez Anastasio de los Reyes, de la Guardia Civil. El entierro se celebra el día 16; parte del edificio central de la Guardia Civil en los altos del Hipódromo, y por Serrano y Lista desciende al paseo de la Castellana, justo junto al lugar en que cayó mortalmente herido el alférez. Cuando el cortejo acaba de llegar al bellísimo paseo, se hace fuego contra él desde lo alto de una obra que se construía en la acera de los impares, muy cerca de la antigua sede de Falange Española. Un grupo de asistentes al entierro, entre los que se encontraban numerosos oficiales del Ejército y de la Guardia Civil, suben a los andamios y más de un agresor es arrojado a la calle. En la refriega muere el joven falangista Andrés Sáenz de Heredia, primo del fundador de la Falange. Continúa entre provocaciones y disturbios el cortejo hasta Cibeles y sube por un largo trayecto de la calle de Alcalá hasta la plaza de Manuel Becerra, donde se va a despedir el duelo. Allí una compañía de guardias de Asalto, al mando del teniente José Castillo, disuelve el entierro-manifestación, y, según numerosos testigos, el propio teniente Castillo abate de un tiro al joven tradicionalista Luis Llaguno.

El entierro del alférez Reyes había recorrido, siempre por anchas avenidas madrileñas, cerca de ocho kilómetros; su balance fueron cinco muertos (tres de ellos de izquierda, quizá cuatro) y 15 heridos. La mejor prueba de la identificación de los dos bloques es que los partidarios del Frente Popular consideraron como plenamente suyas a las víctimas de los andamios de la Castellana —que pertenecían a la CNT—, y los falangistas, y en general las derechas también consideraron como propio al militante de la AET abatido por Castillo en la plaza de Manuel Becerra. Allí ya no había más que «ellos» y «nosotros».

El 8 de mayo cae asesinado en la calle de Lista esquina a Alcántara —muy cerca del lugar en que cayera Llaguno— el capitán de Ingenieros Carlos Faraudo, conocido instructor de las juventudes y milicias socialistas.

Fue muy comentada la presencia de Casares y varios miembros del Gobierno en Málaga, para el entierro de otro instructor de milicias extremistas, el comandante Romero. El 3 de junio el falangista santanderino Amadeo Pico se presenta en un establecimiento público frente al director de La Región, Luciano Malumbres, y tras advertirle que va a matarle, lo hace. Por esos días la fiebre de atentados y asesinatos desborda incluso los límites de los dos bloques y tienen lugar, como vimos, las discusiones a tiros entre socialistas y anarquistas, a quienes no bastaban, por lo visto, las ocasiones de sangre que ofrecía el enemigo común; el asesinato del presidente de la Diputación de Málaga resultó asunto interno y arreglo de cuentas locales entre los grupos del proletariado, que aprovecharon la ya comprobada técnica de los entierros sucesivos para incrementar la lista de víctimas y de odios.

Este dato es importante para comprobar que el Frente Popular y sus aliados entraron en la Guerra Civil con una siembra particular e interna de odio y de sangre que afloraría en los lugares alejados de la amenaza del común enemigo.

Sería absolutamente injusto afirmar —como se ha hecho, incluso con insistencia— que ante el desorden de la primavera trágica el Gobierno reaccionó con indiferencia o incluso no reaccionó. Sin atreverse a declarar el estado de guerra, lo que ajuicio del Gobierno equivalía a entregar el país a sus enemigos de Octubre, el estado de alarma declarado, como vimos, el 18 de febrero por el Gobierno Pórtela se prolongó varias veces, desde el 17 de marzo, en que la Gaceta publica la segunda renovación; y el 16 de julio se proclama por otros treinta días, lo que equivale a decir que la Guerra Civil estalló bajo su vigencia. El resultado más visible de este prolongado estado de alarma —el más anormalmente largo de todo el período republicano— fue la mano dura del Gobierno sobre la prensa. La censura se ensañó injustamente sobre la prensa derechista, lo que motivó uno de los pocos rasgos de humor de José Calvo Sotelo, al motejar a Mundo Obrero de diario gubernamental. Las informaciones sobre el desorden hay que buscarlas, pues, en fuentes complementarias, como en el diario de las Cortes —cuyas informaciones sí pasaban con mayor facilidad a los periódicos— y en la propia prensa extranjera, sistema utilizado con éxito y riesgo por algún historiador americano.

No es, pues, indiferencia la palabra que mejor puede reflejar la actitud del Gobierno frente al problema del desorden, que en la primavera trágica desemboca en la fase superficial y visible de su profunda naturaleza cancerosa. La verdadera palabra es impotencia, agravada porque las escasas energías gubernamentales, atenazadas por el pacto del Frente Popular, por el miedo de perder el tibio apoyo del proletariado militante, se disipaban en palos de ciego, y en parciales concentraciones de beligerancia dirigidas casi siempre —con excepción de algunas andanadas inútiles contra la CNT— contra las organizaciones de extrema derecha y, sobre todo, contra la Falange, como ya hemos recordado.

La impotencia del Gobierno se hacía más notoria por cuanto el principal foco del desorden era la capital de España, a las mismas puertas de los teóricos centros de poder. «Madrid es el homo principal de donde brota este vaho irrespirable», decía con razón —y con una punta de provincialismo vindicativo— Agustín Calvet. Una de las pruebas más asombrosas acerca de la impotencia gubernamental la ha ofrecido el propio Gil Robles en su discurso del 16 de junio; con su lista de incidentes en las cuarenta y ocho horas siguientes a la «enérgica» declaración del Gobierno por la que se comprometía al mantenimiento del orden público. La «atmósfera irrespirable de Guerra Civil que vive toda España, con excepción de Cataluña», como decía el mismo Gaziel, se agravaba por un hecho profundamente detectado por ilustres historiadores: las huelgas y la inquietud social, el ambiente de desorden, respondían a una problemática política, no directamente a razones económicas[24]. Antes de la paralizadora huelga de la CNT, que desde Madrid irradiaba a casi todo el país a partir de la segunda quincena de junio, el Ministerio de Trabajo daba como cifra de parados en la segunda quincena de mayo la más alta registrada hasta entonces en España: ochocientos mil obreros.

Ante este cúmulo de datos, el historiador no tiene más que una palabra para designar la situación real de España en la primavera trágica: anarquía, y anarquía creciente, que condicionaba cada día con mayor fuerza la seguridad de las personas en el presente y el futuro, que paralizaba casi por completo la vida económica, impedía la convivencia política y salpicaba de odio visible el diario contacto social.

Resulta increíble que algunos interesados comentaristas e incluso algún historiador desorientado desconozcan este planteamiento —para cuyos datos hemos acudido con insistencia a fuentes vinculadas a la propia situación política entonces dominante— y tengan en tan poco la memoria del país y la capacidad intelectual de los nuevos historiadores que se atreven a rebajar o incluso a negar ese calificativo de anarquía rampante que deducimos por conclusión fundamental de todas las exposiciones convergentes realizadas en este Episodio. No pensaba de esa forma Indalecio Prieto cuando en el discurso de Cuenca exponía con lucidez «lo que no soporta una nación».

«La convulsión por una revolución, con un resultado u otro, la puede soportar un país; lo que no puede soporta un país es la sangría constante del desorden público sin finalidad revolucionaria inmediata; lo que no puede soportar una nación es el desgaste de su poder público y de su propia vitalidad económica, manteniendo el desasosiego, la zozobra y la intranquilidad».[25]

Podrían acumularse los testimonios izquierdistas en este mismo sentido; destacan entre ellos, por más significativos, los de Ángel Pestaña, Félix Gordón Ordás y Amadeu Hurtado. Pero después de la cita de Prieto haremos gracia al lector de tal lista de confirmaciones y nos contentaremos con las que se derivan de las actuaciones públicas y los escritos del otro creador del Frente Popular, el presidente de la República Manuel Azaña, quien expresa nuestra tesis con estas palabras;

«Los dislates cometidos desde 1934 daban ahora sus frutos. Extremas derechas y extremas izquierdas se hacían ya la guerra. Ardieron algunas iglesias y ardieron casas del pueblo. Cayeron asesinadas algunas personas conocidas por su republicanismo y otras por los partidos de derecha. La Falange lanzaba públicas apelaciones a la violencia. Otro tanto hacían algunos grupos obreros…».[26]

En el discurso del 3 de abril ante las Cortes admite Azaña, naturalmente, el hecho de la anarquía popular. Para salvar su responsabilidad y cubrir la impotencia del Gobierno, trata de echar la culpa al abandono de Pórtela y a los deseos populares de revancha. Consciente de la vulnerabilidad del Gobierno, obsesionado por los fantasmas de Casas Viejas, critica la «explotación política del desorden»; pero no deja de reconocer la situación, caracterizada por una «perturbación gravísima en el espíritu español».[27] Uno de los más abrumadores testimonios de esta misma época es el que uno de los portavoces del Frente Popular, el diputado Benito Pabón (hermano del famoso historiador y diputado de la CEDA, Jesús Pabón), brinda a sus enemigos al reconocer expresamente el desorden, atribuirlo inequívocamente a sus masas y, además, justificarlo con la mayor irresponsabilidad que pueda darse en un Parlamento que se decía democrático:

«Hay que proclamar con las organizaciones obreras y hay que proclamar con los elementos del Frente Popular una verdad formidable. Aquí se ha hablado, confundiendo las cosas, de desorden huelguístico y de atracos, y he de decir, que condenados hoy, en plan teórico, por todas las organizaciones obreras los atracos, sin embargo, esos seiscientos mil obreros en paro forzoso tienen razón en todas sus rebeldías contra la sociedad y contra el Estado organizado. Un hombre a quien se le niega el trabajo y los medios de vida, para mí tiene toda la razón rebelándose contra el Estado y contra esa sociedad injusta, que no le proporciona medios de subsistencia, y, para mí, aunque sea un atracador, es mucho más respetable ese hombre que se defiende bravamente contra esa sociedad y contra el Estado que todos los demás que quieren, por medio de las bayonetas y la reacción formidable de los tribunales, apagar esa rebeldía de los seiscientos mil parados españoles».[28]

La única persona que durante la primavera trágica se atrevió a negar en España la gravedad del desorden era precisamente el político que, para su desgracia y la del país, tales muestras de irresponsabilidad e incompetencia dio en aquellos días a la cabeza del Gobierno: Santiago Casares Quiroga. El exministro y diputado catalán Juan Ventosa Calvell reduce inmediatamente a polvo —no sin expresar su asombro— las desmañadas aseveraciones del presidente del Consejo y en su discurso del 16 de junio traza una verdadera y atinada teoría del desorden anárquico español:

«Ignoro si va a votarse la proposición presentada por Gil Robles o si habrá de ser retirada. En todo caso, me interesa formular respecto a ella —y habré de hacerlo brevemente dentro de los límites que fija el reglamento— el pensamiento y la posición de esta minoría. (El señor Cid: “Pido la palabra”). Me mueve a hacerlo el hecho de tratarse de un problema fundamental, yo diría el más fundamental de los problemas que existen hoy planteados en España, como es el de la situación que en los diversos órdenes de la vida española existe y el de la actitud que en relación con la situación presente sigue el Gobierno.

»Situación del país. El señor Gil Robles ha hecho un relato impresionante, en el cual aparecían resumidos los datos estadísticos que en los diversos aspectos de violencia venían a concretar todo lo que ha ocurrido en los últimos meses desde el 16 de febrero hasta el 15 de este mes. El resumen era ciertamente impresionante; pero yo he de decir que me producía mayor alarma que la relación de los hechos violentos, la posición adoptada por el presidente del Consejo de Ministros, que, dando pruebas de un optimismo realmente inexplicable, encontraba que la situación era bastante agradable y bastante soportable, y yo no sé si, llevado por su temperamento o por el optimismo ministerial, llegaba a negar el carácter dramático de estos hechos, que reconocían, aunque trataran de excusarlos y de explicarlos, los mismos representantes de las minorías socialista y comunista, De Francisco y la señora Ibárruri. Realmente, yo no creo que pueda entrarse en controversia con el presidente del Consejo de Ministros. Si a su señoría le parece que la situación no es alarmante ni es grave, que los hechos violentos que se han producido en los últimos tiempos, y concretamente durante el Gobierno de su señoría, no colman la medida de lo soportable, yo no habré de entrar a refutar la afirmación de su señoría; habré de dejarle la responsabilidad de esta afirmación ante España y ante el extranjero, que en todas partes, desgraciadamente, son conocidos los hechos que aquí han ocurrido; y en todas partes lo que habrá de parecer inverosímil es que un presidente del Consejo de Ministros encuentre que esta situación no colma la medida de lo que puede soportar una autoridad y un Gobierno.

»Yo no quiero, pues, entrar en discusión sobre esto ni quiero entrar a examinar este recurso fácil de que las provocaciones son las determinantes de los hechos violentos, que pueden ser provocados o producidos en el momento de pasión; es lamentable el estado de subversión moral que existe en España; estado de subversión moral que se manifiesta en las palabras de violencia, de encono, de odio, de persecución. Yo creo, señor presidente del Consejo de Ministros y señores diputados, que mucho más grave que todo lo que pueda decirse respecto a hechos concretos es el argumento que ha estado esgrimiendo la señora Ibárruri con ovaciones clamorosas de la mayoría, repitiendo en parte un argumento formulado por el mismo señor presidente del Consejo de Ministros, diciendo que lo que pasa ahora viene justificado por lo que ocurrió dos años antes.

»Yo no quiero saber lo que ocurrió. Por mi situación, soy ajeno a ello. Yo no quiero entrar a juzgarlo; pero quiero admitir, por vía de controversia, como hipótesis, que, realmente, los que ocuparon el poder en el bienio pasado hubieran cometido excesos o injusticias. Pero ¿es que los excesos y las injusticias de unos pueden justificar el atropello, la violencia y la injusticia de los demás? ¿Es que estamos condenados a vivir en España perpetuamente en un régimen de conflictos sucesivos, en que el apoderamiento del poder o el triunfo de unas elecciones inicien la caza y la persecución y el aplastamiento del adversario? Si fuera así, habríamos de renunciar a ser españoles, porque ello sería incompatible con la vida civilizada en nuestro país. (Muy bien).

»Pero, además, señor presidente del Consejo de Ministros, no es sólo esto: es que en las palabras de su señoría venía justificada aquella frase que se hizo famosa no sólo aquí, sino fuera de las fronteras de España, y que fue repetida en los periódicos franceses, de que el Gobierno era beligerante. Su señoría en el banco azul ha aparecido, una vez más, como beligerante ante los conflictos que se producen en España, y ha tenido su señoría palabras que no pueden conducir a otro resultado que a enconar la violencia en las luchas entre unas clases y otras y entre unos españoles y otros. {Muy bien). Yo, por ello, estimo todavía mucho más grave que las subversiones violentas en la calle la subversión en los espíritus, que ha tenido hoy su representación en el banco azul, en la boca del presidente del Consejo de Ministros. (Aplausos).

»Pero además, y ello excluye toda discusión posible, de si son hechos espontáneos o si las violencias de hoy pueden justificarse por las violencias de antes, hay otros muchos aspectos de subversión y de desorden.

»Yo no quiero hacer referencia a algo que, pronunciado por Calvo Sotelo, ha merecido una réplica vehemente del presidente del Consejo de Ministros; pero me voy a referir a otro aspecto de la vida política española, que es la Administración de Justicia, respecto de la cual hace pocos días se han discutido aquí proyectos que forman parte de un plan anunciado en los periódicos del Frente Popular, diciendo que tienden a republicanizar la justicia, pero que en rigor van encaminados a destruir la independencia del poder judicial, sin la cual no podría existir ni la vida de un Estado democrático, ni aun las propias libertades individuales consignadas en la Constitución pueden tener ni una garantía, ni una defensa, porque toda la defensa que la Constitución les atribuye consiste en la independencia y en la autoridad del poder judicial. (Muy bien). Subversión del poder judicial que realizáis vosotros, destruyendo lo que constituye la base y el fundamento de un Estado democrático libre y civilizado.

»Llamáis republicanizar la justicia a someter a la justicia a vuestro pensamiento, olvidando que por muchas que puedan ser las desviaciones que pueda tener la justicia, los errores que puedan cometer los magistrados y los tribunales, indudablemente serán muchos más los errores, las violencias y las arbitrariedades que habrá de cometer el poder público si desaparece la independencia del poder judicial.

»Subversión en el orden económico, manifestada en la profusión de huelgas, respecto de las cuales yo no he de discutir ni las reclamaciones que se formulan ni el fundamento que puedan tener; lo que sí digo es que son huelgas que se plantean sin tener para nada en cuenta las condiciones de la producción española ni el rendimiento del trabajo, y causando, por consiguiente, grave daño e inminente ruina a toda la economía, estableciendo como dogma la lucha de clases, no para participar en los beneficios de una economía próspera, impulsada por el Estado, sino para disputarse famélicamente los restos de una economía destruida por la violencia, envenenada por el mismo poder público, con agravio de la ley y con desconocimiento del derecho. (Muy bien).

»Ésta es la situación: subversión en el orden público, subversión en el orden moral, desorden jurídico, desorden económico que llega a culminar en el hecho de que la anarquía española tiene una representación plástica y viviente en algo que viene a constituir como la realización práctica de una de las conclusiones del congreso celebrado por la Confederación Nacional del Trabajo en Zaragoza, en la cual proclamaba como fundamento de la organización social la comuna libertaria. En algunas regiones españolas está ya establecida la comuna libertaria, y en ella el alcalde ejerce una autoridad o para decir que no se paguen los alquileres o para establecer o imponer los asentados o para intervenir en todas las condiciones de la vida agraria, destrozando la economía española.

»Ésta es la situación y éste es el desorden. Yo creo que, realmente, la proposición es justa cuando dice: “esta situación no puede seguir”».[29]

Éste es el gran discurso de Juan Ventosa, el financiero catalán moderado y admirablemente informado; seguramente éste es el discurso más importante de las Cortes del Frente Popular, que causó profunda impresión en derechas e izquierdas, y ante el que sobran muchas disquisiciones polémicas.

El resto de los oradores de la célebre sesión por el bando de las izquierdas interpretan, tergiversan, comentan de varias maneras el hecho de la anarquía, pero como es natural no solamente no la niegan, sino que la corroboran abrumadoramente. El que a la postre resultaría acusador número 1 contra el Gobierno, José Calvo Sotelo, decía ya el 29 de mayo:

«La causa del derrumbamiento económico y financiero estriba en la quiebra del principio de autoridad y en la ausencia del Estado. El Estado se halla ausente de sus principales funciones, degradado por la suplantación que de su propias esencias realizan elementos ajenos a su organización… Sois parásitos de la anarquía; no la podéis contener porque es vuestro sustento y vivís de ella… Sólo pueden salvar a España los que estén en disposición de matar la anarquía».[30]

En la obra que fundamenta documentalmente muchos de los desarrollos de este Episodio, Los documentos de la primavera trágica, hemos recogido varios testimonios muy sugerentes, debidos a los más destacados intelectuales del país acerca de la espantosa situación a que estaba abocada la República española a cuyo nacimiento tanto habían contribuido algunos de ellos. Puede comprobar allí el lector los negros párrafos que dedican a la censura y al presagio firmas como Ortega, Morente, Pío Baroja y Miguel de Unamuno.[31]

Los historiadores, de todas las tendencias, suelen llegar en sus análisis de la primavera trágica a conclusiones no alejadas de las nuestras. Gabriel Jackson, que para su estudio toma preferentemente los datos de los reportajes y noticias de los Times de Londres y Nueva York, concluye que «la atmósfera de violencia acabaría por destruir las últimas posibilidades de la República democrática».[32] Éstas son sus expresiones sobre el desbordamiento: «La victoria había intoxicado al ala izquierdista del Frente Popular, y el Gobierno de Azaña estaba desbordado por sus propias masas…». Juan Marichal, que declara repetidas veces no estar haciendo historia de la República, pero a quien no se negará conocimiento profundo, aunque acrítico, de la obra y el ambiente de Manuel Azaña, subraya:

«Los temores de los hombres del Frente Republicano se habían verificado; el acoso a los gobernantes republicanos —escribía Martínez Barrio— fue la dificultad mayor con que se tropezó después de la victoria electoral de 1936. El ala izquierda del Partido Socialista, que podía frenar la impaciencia popular en muchas zonas de España, se abstenía de hacerlo esperando así facilitar el paso hacia una situación de mayor violencia; y ninguna moderación oían los afiliados a las organizaciones anarquistas. Azaña trataba de calmar el “desordenado empuje del Frente Popular”, pero empezaba a sentir que sus esfuerzos serían inútiles.»[33]

Para cerrar este epígrafe —con el que esperamos contribuir al silenciamiento, al menos por motivos de ridículo, de tanta obstinación devaluadora del desorden republicano—, seleccionamos dos textos terribles, dignos de la más profunda meditación antes de estudiar los sucesos de julio de 1936 y los años siguientes de la historia de España. El primero de estos textos ya lo hemos aducido; pero conviene recalcar ahora su gran enseñanza. Se debe a José Calvo Sotelo, el hombre que prefería una España roja a una España rota, el hombre que repetía ante las Cortes que en España se podía vivir, bien o mal, con cualquier régimen, pero no en la anarquía; es el texto que acabamos de citar sobre la verdadera raíz de la impotencia del Gobierno, atenazado por sus compromisos con los causantes del desorden. «Sois parásitos de la anarquía; no la podéis contener porque es vuestro sustento y vivís de ella…».

El segundo es de José Antonio Primo de Rivera, en sus borradores de la cárcel de Alicante, revelados por el propio Indalecio Prieto: «La cosa tenía que estallar y estalló.»[34]

¿Hubo un compló comunista en la
primavera de 1936?

Para el estudio adecuado de la dinámica revolucionaria durante la primavera trágica nos faltaba el análisis de la trayectoria comunista. Sin embargo, nuestro análisis general sobre el caos del Frente Popular ha llegado ya a conclusiones relativamente seguras —la dinámica revolucionaria, eminentemente disruptiva, gangrenó los soportes de la convivencia e incluso de la continuidad nacional— sin necesidad de incluir en sus premisas el tratamiento expreso y detallado de la actuación del comunismo, al que, eso sí, hemos presentado como inductor de la actitud extremista y revolucionaria de Largo Caballero, condicionado por los tres agentes soviéticos Alvarez del Vayo, Araquistáin y Santiago Carrillo. Por si alguien se extraña de que califiquemos así a este último ya en 1936, lea, por favor, las Memorias que Carrillo publicó en 1993 en las que refiere cómo fue reclutado por el agente soviético internacional Codovi11a «Medina» mientras estaba en la cárcel por su participación en el movimiento subversivo de Octubre. Esto no supone que nuestra historia comparta el desprecio metódico de tantas otras procedentes de la izquierda y del centro contra la para ellas exigua e insignificante realidad del comunismo español en 1936; semejante actitud no pasa de ser una reacción exagerada contra la de muchas historias y pseudohistorias de la derecha, que ven en el comunismo español —y soviético— de 1936 la única causa del desgarramiento nacional y del peligro inminente de la patria.

Como una y otra actitud son hijas de dos corrientes opuestas —y en algunos casos extremos, extrañamente coincidentes— de la más antihistórica propaganda, es necesario que para abordar el estudio del comunismo español en 1936 expongamos ante todo un análisis de propaganda que deslinde, con toda claridad, el terreno de los hechos frente al terreno parahistórico de las interpretaciones, las atribuciones falsas y los sofismas interesados. No conviene impresionarse demasiado por el espejismo genérico del documento, incluso cuando alcanza categoría de fuente primaria: la propaganda también tiene sus documentos, inapreciables cuando se utilizan para el estudio de esa propaganda, pero doblemente engañosos cuando se trasponen al subyacente y oculto plano de la realidad histórica.

El Partido Comunista de España era, al amanecer del 16 de febrero de 1936, un pequeño grupo, marginado, sospechoso y no demasiado influyente, en la trayectoria decididamente revolucionaria del proletariado español; ausente de sus masas juveniles, ignorado casi por completo en las enormes agrupaciones sindicales. Ya que en las épocas anteriores de nada le habían valido sus métodos tremendistas para infiltrarse en las organizaciones obreras —«oposiciones sindicales», «encuadramiento de las bases», «estudio y aprovechamiento de las condiciones objetivas» y demás pedantísimas y trasnochadas expresiones que, sin entenderlas, rodaban de boca en boca en «células» y «radios»—, optaron a raíz de su casi definitivo fracaso de Octubre por utilizar de forma masiva unas técnicas infinitamente menos agresivas y más eficaces: las técnicas de propaganda, ávidamente aprendidas por los analistas soviéticos del creador de la propaganda sociopolítica moderna, Goebbels, y reexportadas a España por medio de las conexiones ordinarias y espaciales que, como hemos visto y veremos, unían al PCE con los organismos centrales de la III Internacional.

Y junto a las técnicas de propaganda, se empezaron a aplicar después de Octubre por los comunistas españoles las técnicas de infiltración, pero con una modalidad nueva, puesta a punto por los jesuitas desde el siglo XVI: se abandonó la costosa y desacreditada infiltración ofensiva por la base y se adoptó el sistema de infiltración por la cúspide, mediante la captación de dirigentes proletarios o, al menos, mediante el intento de controlarles por sucedáneos de los confesores regios, es decir, por los «capellanes», como, de acuerdo con la raíz de nuestra metáfora, les llama Salvador de Madariaga.

Cuatro son los grandes motivos de la propaganda comunista durante la primavera trágica. El primero consiste en apoderarse sistemáticamente de todos los grandes temas del patrimonio revolucionario del proletariado para, a fuerza de un constante martilleo de repeticiones y consignas, posible por la general incultura de las clases trabajadoras españolas, convertirlos en temas propios e incluso en airones de la propia bandera de la hoz y del martillo. El segundo consiste precisamente en la creación de un frente único de símbolos, bajo la égida comunista, ya que el equivalente frente único de partidos se revelaba más difícil de lo que soñara el VII Congreso de la Comintern.

El tercero de los grandes motivos de la propaganda comunista que personalizaba todos los demás y les confería calor humano y ardiente temperatura popular no era un motivo teórico, sino nada menos que una mujer: y una mujer tan excepcional como Dolores Ibárruri, que a partir de Octubre asciende a las alturas del estrellato propagandístico para la izquierda, toda la izquierda proletaria sin matices, mientras la derecha la cubre con una inhábil contrapropaganda que trata torpemente de airear sus debilidades personales y presentarla como incendiaria y tragamonjas. El cuarto motivo es el motivo soviético que, como veremos, informa la propaganda comunista de 1936 en una doble dirección.

Los comunistas, a fuerza de cinismo y de constancia, y aprovechando el semianalfabetismo y la deficiente información que, en parte por la tétrica censura de los gobiernos derechistas, llegaba al país sobre los acontecimientos de sus recientes convulsiones, se apoderan de tal forma del mito de Octubre que en los discursos del 16 de junio de 1936 en las Cortes todo el mundo parece admitir, tras las intervenciones de los oradores comunistas, que, en efecto, Octubre fue una revolución organizada y mantenida por el PCE. Otro gran tema que se atribuyen los comunistas es el origen del Frente Popular; tanto insisten en este motivo que hasta los propagandistas de la derecha siguen hoy pensando que la influencia del VII Congreso de la IC resultó más decisiva que la anábasis de Azaña para la creación de la coalición de izquierdas. Con la mayor tranquilidad afirma Mundo Obrero el 18 de febrero: «Hemos logrado las mayorías». La unificación simbólica del proletariado, que llega a convertirse en una auténtica fijación analógica, ha sido descrita por nosotros mismos en una obra anterior en estos términos:

«Con una habilísima, intuitiva y oportunista concepción de la facilidad popular para la unificación agresiva de la historia de los negativismos sociales, el comunismo consiguió aglutinar bajo su sombra dentro de la opinión pública proletaria toda la fuerza simbólica y todo el dinamismo común de los movimientos obreros. Así, mientras a ningún comunista se le ocurría enarbolar, digamos, una bandera rojinegra, los anarquistas levantaban el puño y gritaban ¡Viva Rusia! El comunismo logró de esta forma, poco a poco, convertirse en el vértice y la aristocracia del proletariado; sus dirigentes explotaban al máximo, incluso con cinismo que extraña no fuera desenmascarado sobre el terreno, este recién adquirido complejo de superioridad.

»La reacción derechista contribuyó en notable manera a esta invasión simbólica del comunismo, que muy pronto se convirtió en una auténtica irrupción ideológico-sentimental y abocó en definitiva en lo que, en términos sociológicos, llamaríamos fijación analógica. Cualquier exageración de la izquierda, cualquier pretendidamente tenebrosa consigna de unificación antiderechista se atribuyó por las derechas a la acción expresa del comunismo. Falange Española, con menor arraigo de masas y con una permanente sospecha de parentesco con la derecha —no en vano su fundador y jefe era marqués y grande de España—, no consiguió una fijación parecida que decididamente intentó con la adopción de símbolos tradicionales, por un lado, y anarquistas, por otro.

»El comunismo libertario que propugnaban las vociferantes masas de la CNT y los inflexibles dementes doctrinarios de la FAI era una plataforma permanente que se brindaba al comunismo autoritario del PCE y una también permanente causa de confusión para las masas derechistas y neutras, que, como todas las masas, no entran en distingos de técnica política. La cínica y hábil política de bluff con que los comunistas se apuntaron todas las reales y forjadas victorias comunes del proletariado contribuyó a hacer más honda la fijación analógica del comunismo en todas las vertientes y todas las capas de la opinión pública. Por eso se explica que la radicalización bipolar, fenómeno característico de la primavera trágica y que en la derecha se volcó sobre la Falange, considerada por los impacientes como reserva de extremismos, en la izquierda se centrase alrededor del PCE, cuya disciplina le situaba, desde luego, en una izquierda más templada que el anarquismo».[35]

Uno de los mejores aciertos del esfuerzo propagandístico del PCE durante el primer semestre de 1936 fue conseguir la unificación e identificación del mito de Asturias y del mito Pasionaria; para ello, el único camino era designar a Dolores Ibárruri candidata del Frente popular por Oviedo. La trama resultó, y ya hemos visto a la diputada electa inaugurar su todavía no confirmado mandato con la apertura de la cárcel. Para mantener la unicidad de los dos mitos, la Pasionaria vuelve a su provincia en fecha tan señalada como el 1 de mayo, donde inflama a las que son ya sus masas sin distinción de viejos y nuevos carnés. Por eso se cree con derecho a apoderarse del recuerdo de Octubre en su famoso discurso parlamentario del 16 de junio, pieza maestra de la propaganda y la contrapropaganda comunista, que debe ser estudiado a fondo por quienes se preocupen de estos temas.

Sin embargo, el cuarto motivo —el motivo soviético— era tal vez el que durante la época que historiamos se hacía más visible, quizá porque en su exposición y difusión se notaban más las importadas, y todavía no bien asimiladas, técnicas goebbelsianas de propaganda. En el Archivo de la Guerra Civil de Salamanca, antes de que se procediera a su reorganización, existía un informe montón en el que se recogen bastantes muestras —no todas— de la propaganda española con tema soviético publicada antes de la Guerra Civil, junto con algunas aportaciones posteriores. En nuestra obra Bibliografía general sobre la guerra de España y sus antecedentes históricos hemos dedicado un amplio epígrafe del índice de materias precisamente a este tema de la propaganda soviética antes de la Guerra Civil. El hecho, pues, y su carácter masivo no puede negarse en modo alguno.

Los observadores contemporáneos no dejaron de percibir esta invasión del tema soviético en la propaganda comunista española. «La Feria del Libro es una barraca rusa», comenta El Debate de 30 de mayo de 1936 con fervoroso antagonismo. Miguel de Unamuno publica el 3 de julio uno de sus clásicos comentarios sobre el tema. Como tantas páginas suyas sobre este período, ya es clásica la que Salvador de Madariaga dedica a la propaganda del paraíso soviético durante la República:

«Mientras estos fermentos de sangre y fuego laboraban por el campo, invadía las ciudades una numerosa literatura sobre Rusia. No hace falta traer a cuento al Comintern para explicar este fenómeno. La revolución rusa había sido siempre objeto de fascinación e interés para los trabajadores y para los intelectuales españoles, como lo ha sido para los de los demás países. En España había inflamado la imaginación mesiánica del ibero y provocado una curiosidad tal sobre las cosas rusas, que cualquier libro sobre Rusia, bueno o malo, pro o contra, alcanzaba éxito de venta seguro. El Partido Comunista, hasta entonces cantidad nimia en la política española, comenzó a tomar incremento y quizá hubiera llegado a alcanzar algún dramático triunfo si los famosos procesos de Moscú no le hubieran perjudicado y si no hubiera ido creciendo en la masa obrera española la sensación de que en Rusia subsistía mucho zarismo, es decir, mucha ortodoxia, mucha autocracia y mucha policía secreta. Con todo, el comunismo atraía a los jóvenes por el sentido inmediato de realización que conseguía darles. A las críticas que se les hacían, los comunistas podían siempre contestar: “Todo eso es palabrería. Ahí está la Unión Soviética, viva y próspera. ¿Qué es lo que ustedes presentan?”.

»No todos los caudillos socialistas eran capaces de resistir los temores que esta situación les inspiraba. Mientras Besteiro confiaba estoicamente en el tiempo y en el sentido común, y mientras Indalecio Prieto comenzaba a rumiar alguna transacción con el nuevo poder socialista, el más antiguo de los jefes del socialismo español, hombre de gran prestigio y honorabilidad y de incomparables servicios a la clase obrera, Francisco Largo Caballero, perdió la cabeza y evolucionó rápidamente hacia una actitud de extrema rebeldía en su deseo de anticiparse a los comunistas. Como mástil político para clavar la bandera roja escogió la táctica derechista de Alejandro Lerroux y anunció que si Gil Robles o cualquiera de sus secuaces entraba a formar parte del Gobierno, el pueblo —es decir, Largo Caballero y sus amigos— se alzaría en armas».[36]

Decíamos que esta propaganda soviética se ejercía en España con una doble dirección. La más importante y evidente era la dirección URSS-España, la exaltación en España de las maravillas de la «patria común del proletariado», como en algunos ejemplos recién citados y en varias actuaciones muy curiosas, como las de la Asociación de Amigos de la Unión Soviética, que el 11 de abril organiza una peregrinación a «La Casa» para que una representación del proletariado español pueda asistir a las fiestas del Primero de Mayo en Moscú; o en la carta que el 13 de mayo dirigen los amnistiados españoles —¿por qué esperaron tanto a regresar?— a Dimitrov, carta ridícula llena de ditirambos en la que se incluye, como era de rigor, el ritual elogio para el «gran revolucionario Largo Caballero». Pero hay otro sentido no por menos frecuente menos sintomático. En bastantes ocasiones la inspiración soviética tiene tan poco en cuenta la realidad española que difunde abiertamente por España las propias preocupaciones nacionales de la URSS, como si a los españoles, con la excepción servil de los miembros del PCE, les preocupasen algo las desventuras y los temores de José Stalin. Propaganda soviética pura, sólo apta para ciudadanos soviéticos, es, por ejemplo, el manifiesto del PCE para el 1 de mayo de 1936[37]. «El sable del fascismo alemán pende sobre los pueblos vecinos».

Tras unas alusiones al habitual programa comunista para España, se explaya el documento acerca de los propósitos de Hitler contra la URSS y afirma: «Los opresores fascistas arman a sus pueblos para la cruzada (sic) contra la Unión Soviética». El manifiesto, releído con luz histórica —luz que es aquí la sombra de Stalin—, alcanza las cumbres del despropósito y el cinismo cuando alaba al «país de la nueva dignidad humana… que acaba de dictarse —ésta es la palabra— la Constitución más libre del mundo». Termina el manifiesto con otras frases reveladoras, entre las que destaca «la concepción» del humanismo stalinista, la nueva idea socialista del valor del hombre». Y tras una nueva atribución a los desvelos del PCE de las victorias de Asturias y el Frente popular, termina el manifiesto con una expresión asombrosa, por primera vez enunciada oficialmente por el comunismo español, y que, como vamos a ver inmediatamente, se encontraba en abierta contradicción con casi todos sus hechos y la inmensa mayoría de las declaraciones oficiales y oficiosas anteriores y posteriores: «Defenderemos a la democracia burguesa contra todo ataque fascista».

Durante la primavera trágica —en seguida vendrán los textos, algunos ya anticipados—, resulta muy difícil ver en qué consiste esa defensa comunista de la democracia burguesa. En cambio, este texto resulta un antecedente precioso para comprender el drástico cambio en la propaganda del PCE inmediatamente después del estallido de la sublevación del 18 de julio; tomamos buena nota de estas palabras dictadas evidentemente, como todo el manifiesto, por los mentores propagandísticos del PCE.

El grave y, sin duda, pretendido error de los historiadores oficiales comunistas consiste en tratar de convencernos de que en la idea de este texto —al que no citan expresamente— se encuentra la verdadera actitud del PCE durante la primavera trágica. Esta versión no es más que la leyenda blanca del PCE, y citarla como reflejo de la realidad comunista en la primavera trágica es un grave anacronismo que adelanta varios meses las cosas.[38]

Inmediatamente vamos a ver, con los propios textos comunistas, la evidencia de semejante transposición, que ha engañado a no pocos historiadores, temerosos de caer en los mismos desatinos que la propaganda derechista.

En el estudio de la propaganda durante la primavera trágica ocupa un lugar preferente el famoso tema de los documentos secretos para el establecimiento de un soviet en España, tras el desencadenamiento de una rebelión armada dirigida por los comunistas con el fin de apoderarse del poder. Estos documentos han sido estudiados a fondo por Herbert R. Southworth, que utiliza su sectarismo integral, su escasísima formación histórica y sus pretensiones de analista de propaganda con finalidad de nueva propagandística, con lo que sus conclusiones no cierran casi nunca un círculo científico sino que contribuyen al trazado de nuevas espiras de la propaganda. Southworth, que para nada estudia la dinámica revolucionaria de la primavera de 1936 (porque no la conoce ni de lejos), que pasa por alto los documentos —numerosos y auténticos— de los que, como esperamos estar mostrando en estas páginas, brotan conclusiones sencillamente históricas, se ensaña con los documentos secretos quizá como explicable reacción ante la estúpida aceptación de estos documentos por numerosos propagandistas y hasta por algunos historiadores de vitola.

Cuatro son los documentos secretos —publicados en varias versiones—, según la clasificación de Southworth. El primero —«informe confidencial número 3»— establece un período comprendido entre el 10 de mayo y el 29 de junio para el estallido de una revolución de izquierda en Madrid. En el segundo —«información confidencial número 22, o número 11» (en otras versiones se da alguna otra cifra)— se relacionan los nombres de la plana mayor del Movimiento (rojo), del Soviet Nacional y otras aterradoras instituciones revolucionarias. Designa Southworth como documento número 3 el informe sobre una reunión celebrada en Valencia el 16 de mayo de 1936 entre delegados de la Comintern y representantes de los partidos comunistas de Francia y de España. Y como número 4, el que contiene las instrucciones para la acción directa en el Ejército y la neutralización de los oficiales.

La técnica de exponer al detalle los errores del adversario para luego provocar espectacularmente el derrumbamiento de sus tesis es una vieja técnica que se conoce como «el procedimiento del maniqueo». Southworth, el último de una generación de polemistas, hombre que combina muy curiosamente el conocimiento superficial de las modernas técnicas del análisis de propaganda con el aferramiento a la dialéctica de la escolástica decadente, se ceba en los documentos secretos, rebusca sus turbios orígenes y los turbios canales de su difusión, cree que con su aniquilamiento acaba con la leyenda comunista en la España de 1936. Por desgracia para él, las cosas no son tan sencillas.

Los historiadores estarán fácilmente de acuerdo con Southworth en que los cuatro documentos secretos tienen todas las apariencias de una patraña; que esa patraña fue urdida en la primavera de 1936 en alguna caverna derechista o fascista; que el documento número 3 está dirigido a avivar el miedo de la derecha francesa y europea ante los progresos, en Francia y en España, del Frente Popular; que la publicación de los dos primeros documentos en el número de Claridad de 30 de mayo de 1936 les invalida totalmente como prueba secreta; y que los propagandistas extranjeros y españoles partidarios de los nacionales incurrieron en numerosas inconsecuencias a propósito de su utilización de estos documentos. En otra obra hemos podido comunicar nuestro hallazgo de otro nuevo ejemplar de uno de estos documentos en el Archivo de Salamanca.

No fatigaremos al lector con más detalles acerca de un tema que siempre hemos estimado absolutamente trivial; no deseamos desviarle del auténtico problema histórico en relación con la realidad del comunismo en la España de 1936. Para acabar de esclarecer las cosas, incluso creemos haber encontrado quien se proclama hoy autor de todos estos documentos, y muy probablemente lo es de los dos primeros y tal vez del tercero. Se trata del gran escritor Tomás Borrás, quien según refirió al autor de este Episodio los redactó en su domicilio de Madrid y los distribuyó por medios falangistas y militares tras reproducirlos con la ayuda de una mecanógrafa que trabajaba precisamente en el Ministerio de la Guerra.

Los documentos, pues, nacieron falsos, como una manifestación de «agitprop» falangista y se utilizaron con enorme eficacia por los propagandistas españoles y extranjeros durante la Guerra Civil. Para los nacionales y sus partidarios, estos documentos tenían la auténtica consideración de artículos de fe, y en calidad de tales influyeron incluso en documentos muy auténticos, como el más famoso documento de toda la Guerra Civil: la Carta Colectiva del Episcopado. Antes de la Guerra Civil los medios responsables no hicieron demasiado caso de estos documentos que, sin duda, conocieron; ninguno de los grandes periódicos derechistas los reprodujo. Su influjo posterior se debió no a sus condiciones científicas de autenticidad —que no existían—, sino a la debilidad que en los años treinta se sentía por los «papeles secretos» —una propensión que hoy no ha cesado, ni mucho menos— y porque muchísimos españoles y europeos creyeron ver plasmada en esos documentos la expresión de su miedo y de sus ideas sobre la peligrosidad del comunismo.

Negar ahora la autenticidad de los documentos —y nosotros somos los primeros en hacerlo— no equivale sin más a negar las hondas y reales raíces de ese miedo y de esa peligrosidad. Y tras recrearnos un poco en la anécdota, regresemos a la Historia.

Miedo, propaganda y efectivos
comunistas

Uno de los principales efectos de la propaganda —de una y otra propaganda— durante la primavera trágica era el reavivamiento de un factor destinado a ejercer incalculable influencia en el estallido y en el cruel desarrollo de la Guerra Civil española en una y otra zona: el miedo. No se ha estudiado aún debidamente la génesis y la monstruosa invasión del miedo durante la primavera trágica. El miedo de unos y otros, como tantos otros factores sociopolíticos y psicológicos dominantes entonces, estaba latente en España desde los desgarramientos del siglo XIX, pero cobró nuevo e irrestañable vigor en Octubre de 1934. Precisamente de 1934 es un texto revelador de Manuel Azaña:

«El fantasma del rencor, el fantasma del amor propio herido, el fantasma de la cólera, el fantasma del miedo, sobre todo el fantasma del miedo. Yo no temo a nada tanto como al miedo, no por el propio miedo, sino porque el miedo es el peor consejero de la política. Por miedo se han cometido, a través de la historia de la política, atrocidades incomprensibles que no tienen otra explicación que el pánico, el pavor de sus autores».[39]

En su discurso del 3 de abril de 1936, en las Cortes, Azaña detecta con gran precisión las «dos corrientes de pánico» que sacuden diariamente al país.[40]

El mismo Azaña, en su «Crónica de dos días», testimonia despiadada, pero irrefutablemente, el miedo de las derechas[41]. En cambio, nunca alude a su propio miedo, que se desató en 1933 y ya no abandonará a Azaña en lo que le reste de vida; tenía pánico al Ejército, el miedo le dominaba hasta tal punto que el resto de sus pasos en España y en el exilio fueron impulsados por un miedo creciente; de hecho, sólo la muerte le libró de caer en manos de sus enemigos tras la derrota de Francia y él sabía perfectamente que sus enemigos no tendrían la menor piedad con él.

Los antifascistas sintieron angustiosamente el miedo blanco, el miedo a la represión y a la venganza de las derechas. Las derechas estaban atenazadas por el miedo rojo, el temor frenético a un baño se sangre organizado por los revolucionarios.

En definitiva, era el mismo miedo con dos caras: el miedo de unos españoles hacia otros; nuestra historia del siglo XX es un continuo y múltiple cruce de miedos.

Mal consejero es el miedo de unos y otros para atemperar los excesos de la propaganda. Al contrario, es el miedo un acreditado creador de fantasmas, y al miedo hay que atribuir en primer lugar la fabricación de los célebres documentos secretos que acabamos de analizar. Por parte de las derechas, este miedo asumía frecuentemente configuraciones grotescas, a las que José Antonio Primo de Rivera aludía más de una vez como «el coco comunista». Un coco que por desgracia acabó por convertirse en una monstruosa amenaza y agresión real.

Este miedo derechista señalaba la presencia en España de Bela Kun y otros destacados dirigentes rojos; la prensa reproducía el 7 de abril de 1936 unos artículos de Le Matin, excelente vocero del miedo derechista francés sobre el particular. Los efectos del miedo de entonces son tan duraderos que todavía en 1968 Gil Robles —cuyo valor no puede negar nadie, pero que tampoco se sustrajo siempre a las tentaciones del universal pánico español— sigue desorientado por sus consecuencias en sus mismas reacciones antipropagandísticas. Así llegó a escribir en su libro de 1968: «El auténtico peligro no estaba en un movimiento de signo comunista seriamente organizado, sino en el clima de anarquía que se respiraba por todas partes»[42].

Es verdad pero no toda la verdad. Un clima no puede constituir nunca un peligro; es solamente el ambiente para ese peligro. El peligro estaba en las causas del clima, en la dinámica revolucionaria de la primavera trágica, a la que contribuían los comunistas de forma mucho más eficaz de lo que piensa en 1968 Gil Robles, aunque mucho menos estúpida de lo que han tratado tantos años de hacernos creer los continuadores de la recopia de los documentos secretos. Muy pronto lo vamos a ver, cuando tras este análisis de la propaganda y sus efectos tratemos de montar el análisis de la realidad política de esa contribución comunista.

El miedo a las derechas producía, naturalmente, una proliferación de exageraciones paralelas acerca de los propósitos de «la reacción», como se denominaba sin más a todas las derechas desde la otra banda. Así El Socialista de 14 de marzo anunciaba que Acción Popular preparaba un golpe de fuerza, noticia que tuvo que ser inmediatamente desmentida por Gil Robles, aunque no era falsa si se refería, y por más de una vez, al pasado inmediato y próximo; o al futuro inminente, el mes de julio de 1936.

La propaganda y la injusticia social, combinadas, engendran y alientan el miedo blanco y el miedo rojo. Propaganda, injusticia y miedo se combinan en las hogueras del odio. Y del odio entre los españoles, alimentado monstruosamente por cualquier manifestación, incluso pacificadora, del contrario, va a brotar la Guerra Civil abierta tras la etapa de guerra civil sorda y eruptiva que es la primavera trágica. He aquí el esquema que explica toda la energía, todo el entusiasmo, toda la crueldad de la más terrible guerra reñida sobre el viejo suelo español, que parecía ya incapaz de nuevas experiencias tras su atormentada historia. Para centrar toda esta discusión sobre el odio y el miedo no encontramos mejor sistema que recordar las palabras del presidente filósofo que ya hemos citado, anotadas un año después con estos mismos acontecimientos en la memoria y en la conciencia.

Para iniciar el estudio sobre la realidad del comunismo en la España de 1936 y su proyección sobre la dinámica revolucionaria conviene, ante todo, destacar que las fuentes más interesantes que tratan el tema no se ponen de acuerdo en cuanto a la base numérica del partido. José María Gil Robles cuenta treinta mil afiliados en febrero, cincuenta mil en marzo, sesenta mil en abril, ochenta y cuatro mil en junio y cien mil en vísperas del estallido de la Guerra Civil. Gil Robles toma, sin duda, estas cifras de la Historia del Partido Comunista en España, publicada en Varsovia[43], aunque no cita la fuente ni, por supuesto, analiza seriamente las cifras. Parecida conducta siguen otros historiadores de la derecha. A Gil Robles la presencia de cien mil comunistas en julio de 1936 no le parece una fuerza organizada demasiado grande. La última historia oficial del comunismo español, la dirigida en Moscú por Dolores Ibárruri y publicada en 1966, mantiene cifras parecidas: pasó de treinta mil a ciento dos mil militantes de febrero a julio de 1936.

Gerald Brenan, autor que ha prestado especial interés a los datos numéricos de las organizaciones proletarias, reduce drásticamente esas cifras; según él, el PCE contaba en marzo de 1936 con tres mil militantes como máximo. Cita en apoyo de su tesis a testigos tan cualificados como Krivitsky, el jefe de los servicios secretos militares soviéticos, y Borkenau; pero como, inexplicablemente, atribuye la enorme cifra de doscientos mil afiliados a las Juventudes Socialistas, absorbidas de hecho por el comunismo antes del 18 de julio, se deduce de los datos de Brenan que la fuerza efectiva del comunismo español hacia esa fecha superaba los doscientos mil afiliados.

Joaquín Maurín cree, tras un inteligente razonamiento, que la famosa cifra de los cien mil afiliados es una exageración propagandística; pero sus afirmaciones se deterioran bastante desde el punto de vista histórico en cuanto advertimos su tendencia a disminuir la importancia del comunismo ortodoxo frente a su comunismo disidente; de todos modos, no tiene inconveniente en aceptar la cifra de cien mil y cree que con ella el PCE constituía, «a mediados de julio de 1936, un supuesto político que no merecía ser tomado en consideración»[44]. Y aduce otra expresión aún más radical: «El Partido Comunista de España se aproximaba a una ficción el 17 de julio de 1936». Maurín exagera a la baja; el PCE no era una ficción, sino una importante plataforma en pleno ascenso al empezar la Guerra Civil, sobre todo con el poderoso refuerzo de las Juventudes Socialistas, que en su mayor parte siguieron a su líder, Santiago Carrillo, en su desembarco en el PCE.

Una comparación exhaustiva de las cifras aducidas por varias docenas de autores más no nos llevaría demasiado lejos, porque esas cifras, generalmente exhibidas a posteriori, tras las grandes polémicas, reflejan más o menos conscientemente una actitud propagandística. Recordemos, ante todo, las evaluaciones estadísticas que ya hemos realizado para los efectivos del PCE con anterioridad a la Revolución de Octubre. Para la situación del PCE durante la primavera trágica vamos a hacer uso, por primera vez, de un documento trascendental, indudablemente auténtico, y que al estar destinado al uso interno de una asamblea local comunista no se confecciona con intereses propagandísticos.

Nos estamos refiriendo al importantísimo Manual de discusión para el Congreso Provincial del PC, que se celebrará en Madrid durante los días 20, 21 y 22 de junio de 1936 y que, en efecto, se celebró en esas fechas. He aquí las para nosotros definitivas cifras que se aducen en este documento sobre los militantes de Madrid y su provincia a finales de la primavera trágica:

«Podemos decir que nuestro partido ha resistido en Madrid todo el período de represión sin apenas perder efectivos, fortaleciendo grandemente la experiencia de nuestros militantes con el desarrollo de una gran actividad ilegal. Después de Octubre contaba el partido con 526 militantes, encuadrados en unas 40 células de barriada y 20 de empresa. Llegamos a enero del 35 con el siguiente crecimiento: 43 células de empresa y 58 de barriada, con un total de 765, es decir, un aumento de 240 militantes en Madrid. En la provincia (donde había quedado deshecha la organización) se consiguió reorganizar siete pueblos, con unos 190 militantes. A partir de esta fecha, y debido a la gran actividad desplegada por nuestro partido y a la justeza de nuestra línea, se logra fortalecer la organización con la iniciación de la campaña de reclutamiento, que trajo 300 nuevos militantes al partido, y así llegamos a las vísperas de las elecciones, en que los trabajadores ingresan por centenares en el partido. En marzo del 36 contamos con lo siguiente: 56 células de empresa (ganadas 13) con un total de 544 militantes; 14 células de industria, con 120 militantes, y 186 células de barriada (ganadas 130), con 2.283 (ganados 2.072) militantes; total, 2.947 militantes en Madrid. En la provincia, 27 pueblos, con 572 militantes (ganados 20 pueblos y 378 militantes). Este crecimiento formidable se ve aún sobrepasado en el transcurso del mes de abril, pues llegamos al 1 de mayo con lo siguiente: 99 células de empresa (ganadas 33), 14 células de industria y 297 de barriada (ganadas 111), es decir, un total de 410 células, con 5.623 militantes, 2.676 más que el 1 de abril, en Madrid. En la provincia tenemos 46 pueblos (19 más), con 1.590 militantes, es decir, un crecimiento de 1.118 nuevos militantes.

»Pero es preciso destacar que este reclutamiento se produce como un movimiento en mayor parte espontáneo, ya que el porcentaje de crecimiento organizado en las empresas es mucho más pequeño. Aún quedan muchas empresas en Madrid en las que es preciso penetrar; aún nuestra organización, numéricamente más fuerte que los socialistas, se encuentra —a pesar de algunos éxitos— en ínfima minoría en los sindicatos. Estas dos cuestiones —penetración en la mayoría de los lugares de trabajo y fortalecer nuestras posiciones orgánicamente en los sindicatos— son la condición indispensable para que el partido sea el efectivo dirigente de las masas».[45]

Por tanto, a principios de marzo de 1936 los comunistas de Madrid y su provincia eran 3.519, que se habían prácticamente duplicado el 1 de mayo, con 7.213 afiliados. Dadas las circunstancias de radicalización, es muy posible que se mantuviese ese ritmo hasta el estallido de la Guerra Civil, lo que nos daría para los comunistas de Madrid y su provincia en vísperas del 18 de julio un total aproximado de 15.000. El auge del PCE durante la primavera trágica debió de ser muy superior en Madrid que en el resto de España, porque, como ya hemos recordado, en Madrid se encontraba entonces el vértice de la revolución.

Por eso las cifras de Krivítsky-Maurín-Borkenau parecen exageradamente bajas —Hugh Thomas llega incluso a sugerir que a Krivitsky se le olvidase un cero—, aunque las cifras oficiales del partido tal vez resulten demasiado elevadas. Dada la preponderancia de otras organizaciones proletarias en el resto de las regiones españolas, tal vez pueda aventurarse la cifra de cuarenta a sesenta mil para los afiliados al partido en vísperas de la Guerra Civil; esta cifra coincide, además, con la que dio en 1939 Manuel Delicado en una publicación oficial comunista. Si a este número añadimos una cifra equivalente para los efectivos de las Juventudes Socialistas —que no rebasarían los cincuenta mil afiliados, frente a la exageración de Brenan—, tras este trabajoso análisis llegaríamos a un resultado parecido al oficial de los historiadores comunistas, si bien obtenido de muy diversa forma: los comunistas «de solera» el 18 de julio no rebasarían demasiado los veinticinco mil en toda España.

Por tanto, las tres cuartas partes de los comunistas españoles de julio de 1936 constituían una masa de aluvión, insuficientemente encuadrada, y nutrida en gran manera por tránsfugas del radical-socialismo, como bien apunta Maurín. Pero este autor disminuye exageradamente el potencial revolucionario del comunismo español, que se ejercía, como hemos visto, a través de dos canales desconocidos por el resto de los movimientos obreros: la propaganda y los consejeros áulicos del líder socialista Largo Caballero.

No podía considerarse como despreciable un equipo que había conseguido por sorpresa la absorción de las Juventudes Socialistas y que se había apoderado, con menos fundamento del necesario, de la victoria de Octubre, de la génesis del Frente Popular y de la unidad simbólica del proletariado español. Resulta bastante más ponderada la conclusión de David T. Cattell: «En 1936 el PCE, aún no importante en número, era ya capaz de participar activamente en la política española»[46]. Estas cifras son, desde luego, más precisas que las apuntadas basándonos en fuentes menos directas al final del Episodio anterior. Debemos atenernos a las que acabamos de deducir.

El rapto de las Juventudes resultó una maniobra tan perfecta que constituyó la mejor prueba de la capacidad estratégica y de la influencia potencial del comunismo español antes de la Guerra Civil. Ante todo, recalquemos que se trató una simple absorción que puso al sector más militante del socialismo español bajo control comunista. Véase la prueba en la noticia transmitida sin disimular su euforia por Mundo Obrero del 2 de abril de 1936:

«Sobre la base de los acuerdos del VII Congreso de la Internacional Comunista vamos a construir la organización de la Juventud Obrera y Campesina». [47]

Las Juventudes Socialistas españolas incorporan desde ese momento los objetivos de la propaganda soviética: por tanto, defenderán a la URSS. El alcance de la fusión queda bien definido en los comentarios de Burnett Bolloten. El instrumento del comunismo para la absorción de las Juventudes no fue otro que Santiago Carrillo, hijo del conocido militante socialista Wenceslao Carrillo y secretario general de las Juventudes Socialistas, que como sabemos ya era en la primavera de 1936 un agente soviético encargado expresamente del rapto de las Juventudes, arrancándoselas al PSOE y a Largo Caballero para entregarlas a la disciplina comunista so capa de una fusión entre las Juventudes de los dos partidos, con lo que se duplicarían los efectivos del PCE. Indalecio Prieto ha dedicado a los Carrillo padre e hijo el siguiente recuerdo en un artículo retrospectivo:

«Días después, el semanario órgano de las Juventudes Socialistas, ya socavadas por la infiltración comunista, me insultaba groseramente, tildándome de traidor. El epíteto fue escrito, sin duda, por quien más tarde, y ya comunista declarado, estampó en público las mayores vilezas contra su propio padre, porque éste continuaba siendo socialista. ¡Qué asco!»[48]

Con las notas anteriores esperamos haber dejado en claro una apreciación aceptable sobre la fuerza numérica del comunismo español en 1936, así como de sus posibilidades de influencia revolucionaria. ¿Se ejercieron estas posibilidades? ¿Contribuyó el PCE de la primavera trágica a una intensificación de la dinámica revolucionaria desencadenada ya, por su cuenta, por las grandes organizaciones de masas del proletariado? He aquí el quid de la cuestión histórica, que rebasa con mucho los bizantinismos de la discusión acerca de los documentos secretos.

Es el momento de analizar la leyenda blanca del comunismo español durante la etapa inmediatamente anterior a la Guerra Civil. Como reacción ante las exageraciones y las falsedades de la propaganda derechista, no solamente se niega la existencia de un compló comunista a fecha fija para principios del verano de 1936, sino que, además, se quiere presentar al PCE como elemento poco menos que moderador de las impaciencias de Largo Caballero; el PCE de la época lejos de constituir amenaza revolucionaria formaba un pequeño y disciplinado grupo de orden, decidido a la defensa de las instituciones democráticas y del Frente Popular, bastión de la República del 14 de abril. En fin, poco falta a los fautores de la leyenda blanca para presentarnos al PCE como una especie de partido de derecha republicana, y la frase ha llegado a pronunciarse en más de una ocasión. Obsesionados por liberarse de toda concomitancia con los inventores de la leyenda roja, raro es el historiador extranjero o republicano que, a veces con notable inconsecuencia respecto del resto de sus conclusiones, se ve libre por completo de las inocentes salpicaduras de la leyenda blanca. Pero ni con una leyenda ni con la otra se puede hacer seriamente historia.

Muy al contrario, el Partido Comunista de España fue, durante el primer semestre de 1936 que estamos historiando, un caracterizado grupo ultrarrevolucionario que supuso gravísima amenaza para el presunto y jamás demostrado intento democrático del Frente Popular, que contribuyó eficazmente a la intensificación de la dinámica revolucionaria del proletariado, y que veía en la insurrección armada para la conquista del poder un método propio y pretendido en orden a la instauración del poder soviético en España. Tan graves afirmaciones van a ser inmediatamente demostradas con los procedimientos que el historiador tiene a su disposición: los documentos.

Pero ahora no va a tratarse de documentos tan torpemente amañados como fácilmente inutilizables. Las afirmaciones anteriores no son para nosotros una tesis, sino una evidente conclusión histórica que nos ha nacido entre las manos cansadas de la búsqueda y la valoración de esos documentos —alguno de ellos totalmente ignorado hasta nuestro hallazgo—. Insistimos en que no se trata de una tesis; esta historia no se hace para demostrar tesis alguna, sino para reconstruir los hechos con los datos de que disponemos y los métodos que nos enseña la historiografía moderna. Si la conclusión hubiese resultado contraria, no hubiéramos tenido el menor reparo en consignarlo, pero no es así. Para demostrar el carácter explosivo y desintegrador de la dinámica revolucionaria en julio de 1936, la contribución del comunismo no nos sirve más que de complemento, después de los análisis sobre otros elementos más importantes que él, según consta en anteriores epígrafes.

Pero por obedecer a una reacción comunitaria de un sector de historiadores —reacción que tal vez se deba a falta de información, a defensa sectaria del comunismo al que sirven o incluso a una moda influida por propagandas ajenas a la historia de España— no vamos a atrevemos a ocultar una conclusión tan grave y tan corroborada por las pruebas y por los hechos. Para evitar que cualquier tipo de comentario polémico enturbie la nitidez de las conclusiones documentales directas, nos vamos a limitar a la aportación numerada de los documentos agrupados en dos series.

La primera reúne los que se refieren a la versión comunista de la dinámica revolucionaria; la segunda está constituida por los documentos de la insurrección armada para la conquista del poder. Con toda la responsabilidad —gravísima en este caso— de nuestra profesión historiográfica, podemos adelantar de este momento la imposibilidad de toda refutación de estas series de documentos en cuanto a su autenticidad; en su inmensa mayoría proceden de fuentes comunistas. Y las fuentes de donde dimanan pueden consultarse y confirmarse ya, sin excepción, en bibliotecas y archivos españoles y extranjeros abiertos a los investigadores. Alguno de estos documentos ha sido ya citado, al menos brevemente, en otros puntos de este libro. Pero su referencia en este momento parece obligada con vistas a una panorámica revolucionaria que creemos imprescindible. Mejor es incurrir en alguna repetición que perder la sensación del conjunto, que necesita en este momento todas sus piezas.

Primera serie: Los documentos de
la revolución

Documento 1

Los Estatutos del Partido Comunista de España, según la edición vigente en 1936, contienen las siguientes afirmaciones:

«1. El Partido Comunista de España (Sección de la Internacional Comunista) representa la unión de todas las organizaciones comunistas existentes en el país, como jefe y organizador del movimiento obrero revolucionario y portaestandarte de los principios y de los objetivos del comunismo. El Partido Comunista lucha por la conquista de la mayoría de la clase obrera y de las masas campesinas, por el establecimiento de la dictadura del proletariado, por la creación de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, por la supresión de las clases y la realización del socialismo, primer paso hacia la sociedad comunista.

»2. Puede ser miembro del Partido Comunista todo el que acepte el programa y los estatutos, forme parte de la organización fundamental de base del partido y trabaje activamente en la misma, se someta a todas las resoluciones del partido y de la Internacional Comunista y pague regularmente sus cotizaciones».[49]

Documento 2

La aplicación en España del programa del VII Congreso de la Internacional Comunista:

«Resumiendo la acción del VII Congreso de la Comintern, en 1935, puede decirse que, ante el reconocimiento de la potencia del fascismo y la debilidad de los partidos comunistas, el Congreso montó un nuevo esquema de acción para las secciones de la Internacional, para preparar la revolución de la dictadura del proletariado. El programa determinaba los pasos siguientes:

Primero. El Frente Unido.

Segundo. El Frente Popular.

Tercero. Un Gobierno de Frente Unido o Frente Popular.

Cuarto. La unión sindical y el partido único del proletariado.

»Era éste el programa de la Comintern que se llevó a efecto durante la Guerra Civil de España. Los jefes comunistas, dentro y fuera de España, se refirieron frecuentemente a las decisiones de este Congreso al hablar de las actividades del partido en España».[50]

Documento 3

Primeros de febrero de 1936. El programa del Frente Popular como parte mínima de las aspiraciones revolucionarias del comunismo:

«El programa elaborado por las fuerzas que integran el Bloque Popular no es nuestro programa totalitario. No. Ese programa es sólo la parte mínima de las amplias aspiraciones de las masas trabajadoras y antifascistas. Refleja el principio de la reconquista de las reivindicaciones perdidas y señala el comienzo de un avance hacia las justas aspiraciones proletarias. Declaramos que el Partido Comunista va a luchar con fe y entusiasmo por el total cumplimiento del programa que ha contribuido a elaborar en el seno del Bloque Popular. Pero declaramos también que no hemos de ocultar ni velar nuestras intenciones. Los comunistas aspiramos a la realización de un programa más avanzado, del programa integral de la revolución democrático-burguesa, y, bajo la hegemonía del proletariado, transformarla en revolución socialista.

»Pero el Partido Comunista conoce la etapa histórica que nos incumbe recorrer, y sabe que, para dar cumplimiento a las tareas esenciales de la revolución democrático-burguesa, para arrancar hasta las raíces el peligro de un retorno al 19 de noviembre de 1933, es preciso actuar a fondo en el problema de la tierra, sin cuya solución radical y revolucionaria no hay posibilidad de un régimen democrático».[51]

Documento 4

15 de febrero de 1936. Por el poder soviético en España:

«Bajo la bandera del Gobierno obrero y campesino luchamos por las siguientes reivindicaciones:

»Ligando estrechamente la acción parlamentaria con la acción extraparlamentaria, teniendo como norte el objetivo fundamental de la lucha revolucionaria por el poder y la instauración del Gobierno obrero y campesino».[52]

Documento 5

18 de febrero de 1936. La dictadura del proletariado como parte esencial del programa comunista dentro del Frente Popular:

«Lo conquistado el día 16 es el punto de partida. Nos interesa repetir que el triunfo lo hemos logrado gracias a nuestra unidad. He ahí por qué es preciso continuar unidos, reforzar la unidad en los bloques populares para recorrer el camino que aún nos resta por andar. Hoy más que nunca, unidad proletaria y unidad antifascista. Hoy más que nunca, alianzas obreras y campesinas y bloques populares. Éstos sí que son nuestros poderes, para decirlo con mayor autoridad que el representante del fascismo vaticanista. Y ésta es la voluntad del pueblo, que no quiere que se malogre su magnífica victoria por la imprevisión y la dispersión de las fuerzas.

»Con estas premisas, con la unidad de los obreros y campesinos, con la unidad de todos los antifascistas, hoy, de la misma manera que antes del día 16 asegurábamos que triunfaríamos, podremos decir que se realizará el programa del Bloque Popular hasta su último punto y que seguiremos adelante en el camino de la realización del programa de la revolución democrática burguesa hasta abocarnos a una situación en que el proletariado y los campesinos echen sobre sí la responsabilidad histórica de hacer de España un pueblo libre y feliz como lo es hoy el pueblo soviético, merced a la realización victoriosa del socialismo, merced a la dictadura del proletariado»[53].

Documento 6

5 de marzo de 1936. Carta del Partido Comunista a la Comisión Ejecutiva del Partido Socialista. Objetivo: el Gobierno obrero y campesino. Proposición de ruptura inmediata del recién firmado pacto del Frente Popular:

«Para el mejor desarrollo de esta acción, que abre las perspectivas para el triunfo del socialismo, os proponemos:

»Creación de los comités de enlace en la dirección de los dos partidos comunistas y socialistas, subsanando las dificultades que a este respecto han sentido hasta la fecha. Comités de enlace con todos los escalones de nuestras organizaciones: provinciales, locales, de fábrica, minas y empresas, etc.

»Nuestros dos partidos deben dedicar sus mejores esfuerzos a la consolidación y creación de las alianzas obreras y campesinas, a hacer de ellas auténticos órganos democráticos, cuya dirección debe ser elegida por las masas, en las fábricas, barriadas obreras, en los cortijos, haciendas y aldeas.

»No dudamos que estas proposiciones encontrarán en vosotros la favorable acogida que esperan los trabajadores y que con la mayor rapidez pongamos manos a la obra.

»La situación actual, el desarrollo ulterior de la revolución, la necesidad de asegurar su triunfo plantea ante nuestros partidos la necesidad de la constitución de un partido único del proletariado, del partido marxista-leninista, dirigente de la revolución.

»Estando próximo el Congreso de vuestro partido, os rogamos examinéis las condiciones que os presentamos, que son las establecidas por el VII Congreso de la Internacional Comunista, y nos hagáis saber vuestra opinión al respecto. No hay duda de que en la conciencia de los trabajadores, el sentimiento de la necesidad de la constitución de un partido único del proletariado revolucionario se ha hecho carne. La realización de la unidad de acción, el fortalecimiento del Frente Único, la creación y funcionamiento de las alianzas obreras y campesinas plantean la necesidad de la constitución de un solo partido proletario, dirigente de la revolución. Nadie que sea verdaderamente revolucionario puede escatimar esfuerzos en este sentido.

¡Por el Frente Único de combate!

¡Por las alianzas obreras y campesinas!

¡Por el partido único del proletariado marxista-leninista! ¡Hacia el triunfo de la revolución!»[54].

Documento 7

10 de abril de 1936. Declaración de guerra de José Díaz, secretario general del PCE, en un mitin celebrado en el cine Europa, con Margarita Nelken y Francisco Largo Caballero:

«Nosotros apoyamos al Gobierno en tanto éste cumpla lo pactado. Aprobamos lo hecho por el Gobierno; pero lo hecho es insuficiente… Nosotros queremos una República del pueblo laborioso de España; nosotros somos republicanos y nuestra finalidad es una República como la de la Unión Soviética».[55]

Documento 8

15 de mayo de 1936. Ataque del PCE a Julián Besteiro ante la afirmación de que España no puede tener un régimen soviético:

«El catedrático de Lógica de la Universidad Central ha contestado a una interviú de La Petite Gironde, de Burdeos, en la que expone donosamente sus conocidas teorías acerca del marxismo; las condiciones políticas y sociales de España, inadecuadas a un régimen soviético; la necesidad de una Cámara corporativa, y algunas cosas más, no por sabidas menos impertinentes y menos necias.

»Lo que destaca más luminosamente en la citada conversación —en lo que hemos de hacer algún hincapié, no por la autoridad a este respecto de Besteiro, sino por la ocasión que nos brinda para demostrar su alejamiento de los trabajadores— es la siguiente declaración respondiendo a la pregunta “¿Va España hacia el comunismo?”.

El expresidente de las Cortes ha dicho:

«Yo creo que no. Creo que hay una gran diferencia entre España y Rusia. No nos encontramos en una situación tan difícil como la de Rusia en 1917. Además, los bolcheviques representaban entonces en su país una selección intelectual formada en Europa en años de sufrimientos y privaciones. El comunismo, en España, no tiene jefes como aquéllos…

Yo no creo que España esté hecha para los soviets. Esta avalancha es en España una enfermedad pasajera del proletariado. El inconveniente es real y palpable. La tirantez interior que provoca trastorna la actividad de los gobernantes para enfocar sus verdaderos problemas. La política a seguir es, desde luego, la económica».[56]

Documento 9

27 de mayo de 1936. Comentarios del PCE al Manifiesto de la Ejecutiva del PSOE.[57]

El PCE se considera «órgano y partido de la revolución». Defiende el «incremento del ímpetu revolucionario», no está de acuerdo en el «acercamiento» de las dos Internacionales; debe prescindirse de la Segunda, definida como «el único obstáculo que ha existido y existe para la unidad de acción contra la guerra y el fascismo». Ataca «el camino de la prudencia y de la tolerancia» propuesto por la Ejecutiva del PSOE. Invoca a las masas socialistas por encima de las opiniones de sus dirigentes, con lo que vuelve a la vieja táctica de Frente Unido por la base.

Documento 10

10 de junio de 1936. El órgano oficial del PCE acosa al Gobierno:

«Hemos llegado al límite de lo tolerable. No, nosotros, que siempre hemos creído que el Gobierno había de entrar a fondo con toda la fuerza de sus resortes y con el apoyo del pueblo en la entraña del problema, sino el Gobierno mismo, que ha sido demasiado tolerante con estas actitudes. Comprendemos que tiene dificultades y no ignoramos los obstáculos de todo orden que se oponen a su marcha normal. Pero cuando el enemigo se empeña en ligarle pies y manos, es preciso reaccionar con la violencia con que el enemigo ataca.

»Estamos convencidos de que los propósitos de la reacción no prosperarán. Confiamos en la magnífica resistencia y en la acometividad insuperable de las masas populares. El Frente Popular es invencible cuando, situado ante la realidad que sus enemigos le crean, se revuelve con violencia con los que tratan de aniquilarle.

»Es hora ya de dejar a un lado las contemplaciones. Está decidido que el fascismo sea destruido, pues hay que destruirle, buscándole en todas sus madrigueras. Y destruir todos los focos de apoyo al fascio que éste tiene en la Magistratura, en el Ejército, en los cuerpos armados. Castigar los intentos reaccionarios de la patronal, que se mueve a inspiración de los enemigos de la República. Imponer la solución a los conflictos por ella provocados. Con estas medidas de urgencia renacerá la tranquilidad y estará asegurada la victoria lograda el 16 de febrero.

»Sabe el Gobierno que para esta obra de depuración de los organismos ministeriales y cuerpos armados, que para el aniquilamiento del fascismo, que para reducir a todos los enemigos de la República, cuenta con el apoyo firme y seguro de todos, absolutamente todos los partidos y organizaciones del Frente Popular, que es, en definitiva, la inmensa mayoría del país.

»Como don Alvaro de Albornoz, nosotros le decimos al Gobierno que ha llegado, para la República, la hora de pasar al ataque».[58]

Documento 11

13 de junio de 1936. Ataque final a la convivencia democrática dentro del Frente Popular; expresa declaración anticolaboracionista:

«A este propósito reiteramos nuestra proposición de 23 de octubre del pasado año, que tuvo una acogida favorable en la inmensa mayoría de los afiliados al Partido Socialista, para llegar al establecimiento de la unidad política sobre la base de las condiciones siguientes:

»Independencia completa, vis a vis, de la burguesía, y ruptura completa del bloque de la socialdemocracia con la burguesía; realización de antemano de la unidad de acción; reconocimiento de la necesidad del derrocamiento revolucionario de la dominación de la burguesía y la instauración de la dictadura del proletariado en la forma de soviets; renuncia al apoyo de la propia burguesía en caso de guerra imperialista; edificación del partido sobre la base del centralismo democrático, asegurando la unidad de voluntad y de acción, templada por la experiencia de los bolcheviques rusos».[59]

Documento 12

Las contradicciones de la propaganda comunista en el tema de la dictadura del proletariado. (Los pródromos del «gran engaño»). Hemos visto la insistencia del PCE, en comunicados oficiales, sobre la dictadura del proletariado como supremo fin de su política, a la que pretende arrastrar al Partido Socialista. (Ver, sin ir más lejos, el documento anterior, número 11, y el siguiente). Pero el PCE tenía siempre presto a entrar en acción un doble lenguaje. Con motivo de la elección presidencial de Azaña ya había declarado, contra su línea dialéctica habitual, que el PCE aceptaba el contexto democrático. Pero en el momento en que estallaba la Guerra Civil, Mundo Obrero, después de robar democráticamente las rotativas de La Editorial Católica, proclamaba el 20 de julio en un titular de bandera «¡Viva la República democrática» y el 4 de agosto, en La Verdad de Murcia, periódico robado a la misma cadena, profería a grandes titulares esta suprema mentira: «El Patido Comunista español no quiere la dictadura del proletariado». Lo que pretendía, hasta los momentos finales de la Guerra Civil, era implantar la dictadura del Partido Comunista, vanguardia del proletariado.[60]

Segunda serie: Los documentos de la
insurrección armada

Documento 13

23 de enero de 1936. Incitación de Jesús Hernández, miembro del Comité Central del PCE y enlace con la Comintern desde el VII Congreso (alias «Ventura») para la insurrección armada. Véase un ejemplo más de la línea comunista en favor de la dictadura del proletariado.

«Nosotros siempre hemos aspirado a forjar un partido único, un partido que no tenga nada que ver directa ni indirectamente con las fuerzas de la burguesía; un partido que adopte como norma en su lucha la insurrección armada para la conquista del poder y la instauración de la dictadura del proletariado; partido que en caso de guerra no tenga tampoco nada que ver con la burguesía, que no puede ni debe prestarle apoyo; partido que, rigiéndose por normas del centralismo democrático, asegure una voluntad única, una decisión unánime en todos sus intentos. Este partido estamos en vías de lograrlo».[61]

Documento 14

28-29-30 de marzo de 1936. Reunión del Comité Central ampliado; informe transmitido para su estudio a los comités y plenos provinciales (incluido en el ya citado Material de discusión). Este documento, aún más trascendental que el anterior, no puede desecharse bajo el habitual sofisma de que las palabras pronunciadas en un mitin público eran exageraciones demagógicas; se trata de un informe de carácter interno, no destinado a la propaganda demagógica, sino al comentario autocrítico y al establecimiento de consignas en las instancias inferiores del partido. En él se expone el significado de la victoria del 16 de febrero: «el triunfo del pueblo laborioso».

En el campo de la revolución, anota el informe: «La experiencia de seis años de lucha… demuestra evidentemente la pérdida de confianza en la evolución pacífica y sus propósitos de llegar a la conquista del poder a través de la insurrección». En el campo de la contrarrevolución…, «asistimos a una polarización enorme de las fuerzas de la revolución y de la contrarrevolución». Impulsar, pues, pero prepararse a eliminar cuando sea preciso al Gobierno de Frente Popular:

«Uno y otro hecho demuestran que asistimos a una polarización enorme de las fuerzas de la revolución y de la contrarrevolución y evidencian que estamos en vísperas de amplios combates de carácter decisivo.

»El Gobierno republicano burgués de izquierda, surgido de la victoria del Bloque Popular, bajo la presión de las masas —si bien con muchas vacilaciones— va realizando el programa común elaborado por las fuerzas obreras coaligadas con los republicanos de izquierda. Pero el ritmo de su realización no corresponde ni a las necesidades inmediatas de las masas, ni a las necesidades de rápida defensa del régimen democrático de los ataques de la reacción. Por eso sería un error funesto el creer que el Gobierno actual, de por sí mismo, pueda ser capaz de realizar todas las tareas de la revolución democrático-burguesa.

»Sólo bajo la dirección del proletariado, en estrecha alianza con las masas campesinas, y con el apoyo de todas las capas oprimidas de la sociedad, se podrá liquidar la base económica y política de la reacción, y llevar hasta el fin la revolución democrático-burguesa. De ahí la necesidad de que el proletariado, al mismo tiempo que debe ejercer una presión inteligente y metódica sobre el Gobierno actual, empujándole hacia adelante y sosteniéndole y apoyándole contra todo ataque de parte de la reacción, debe organizar la lucha en todos los aspectos y en forma independiente».[62].

Y en el mismo documento reservado continuaban las propuestas del Comité Central para debate de los comités provinciales en la forma siguiente:

«El problema fundamental del momento: la tierra. Hacia la formación y fomento de las MAOC (Milicias Antifascistas Obreras y Campesinas)».

«Para defender y ampliar las conquistas de carácter popular es preciso organizar la defensa de las organizaciones de masas; es preciso crear los instrumentos de defensa contra la reacción y el fascismo, que se prepara a dar un golpe de fuerza, con vistas a la instauración de una dictadura sangrienta. Ello nos plantea, con carácter de apremiosa necesidad, el fortalecimiento y ampliación de las Milicias Obreras y Campesinas, haciendo en ellas amplias organizaciones de autodefensa de tipo popular».

El Comité Central «saluda calurosamente la fusión de las Juventudes». Celebra la terminación de la «política sectaria» del Secretariado de Madrid, y de la «lucha fraccionista» de Cataluña. Testimonia el «desarrollo grandioso del partido y de las organizaciones de masas en todo el país». Critica por su «sectarismo autosatisfecho» al PC de Euzkadi y a los grupos de Zaragoza y Toledo. «El Comité Central saluda a los 30.000 nuevos militantes logrados en las últimas semanas». Tras la eliminación del camarada Hurtado de la Secretaría de Organización, el trabajo ha progresado mucho. Termina el informe con recomendaciones sobre propaganda, con una invitación a la defensa de la URSS contra el fascismo alemán y japonés y con la invocación para la instauración del Gobierno obrero y campesino:

«El Comité Central subraya la necesidad de continuar el fortalecimiento ideológico, político y de organización del partido; de estimular el desarrollo de las iniciativas de los afiliados y de la flexibilidad y justeza en la aplicación de la política y táctica marxista-leninista. De no menospreciar las fuerzas del enemigo, de ejercer una vigilancia activa y sistemática, para evitar ser envueltos en las maniobras reaccionarias y fascistas y darle la batalla diaria en todos los terrenos hasta su aniquilamiento completo. De la necesidad de estar a la cabeza de todas las luchas de carácter económico y político de la masas, de la defensa de sus libertades democráticas y de preparar al partido y a las fuerzas del proletariado para que, en unión de los campesinos y de todas las fuerzas antifascistas, den la batalla definitiva a la gran burguesía y terratenientes, instaurando el Gobierno obrero y campesino, único que dará pan, tierra, trabajo y libertad al pueblo trabajador».

Documento 15

2 de abril de 1936. Recién consumada la absorción comunista de las Juventudes Socialistas, el órgano del ala «caballerista» convoca al establecimiento de milicias conjuntas, cuyo carácter comunista no hace falta subrayar. Parece ocioso recalcar que el destino de las milicias, en el ambiente de la primavera trágica, no era la realización de paradas pacíficas.[63]

Documento 16

14 de mayo de 1936. El órgano oficial comunista reproduce un artículo del criptocomunista Santiago Carrillo publicado en Claridad. Este documento, esencial en este apartado, ha sido ya resumido anteriormente.

Documento 17

19 de mayo de 1936. Antonio Mitje, miembro del Comité Central del PCE, aboga por el ejército rojo:

«Es de un sentido emocional extraordinario, obreros y campesinos de Badajoz, el acto que estamos celebrando aquí hoy. Yo supongo que el corazón de la burguesía de Badajoz no palpitará normalmente desde esta mañana al ver cómo desfilaban por las calles con el puño en alto las milicias uniformadas; al ver cómo desfilaban esta mañana millares y millares de jóvenes obreros y campesinos, que son los hombres del futuro ejército rojo obrero y campesino de España. Yo supongo que la prensa reaccionaria mañana dirá, asustada: “Es intolerable, señor Gobernador, que el domingo por la mañana Badajoz entero estuviera en manos de las hordas marxistas”. Eso gritarán en su prensa, pero nosotros sabremos contestar que este acto es una demostración de fuerza, es una demostración de energía, es una demostración de disciplina de las masas obreras y campesinas encuadradas en los partidos marxistas, que se preparan para muy pronto terminar con esa gente que todavía sigue en España dominando de forma cruel y explotadora a lo mejor y más honrado y más laborioso del pueblo español.

»Queremos también llamar la atención muy seriamente de los elementos republicanos, porque España carece de los recursos democráticos que Francia o que Bélgica, puesto que en España muy pronto las dos clases antagónicas de la sociedad han de encontrarse en el vértice definitivo en un choque violento, porque la Historia lo determina así para cumplir el fin que tenemos determinado. Y si ésta es la perspectiva que tenemos, es honrado y leal que hoy digamos con claridad ante multitudes enormes, a los republicanos de izquierda, que la Historia les depara un papel en este instante que ni lo saben aprovechar ni están demostrando saberlo cumplir, y que si no lo saben cumplir, que no se llamen a engaño, que nosotros no estamos dispuestos a hacernos de nuevo cómplices de una mascarada de la cual pagamos después…». (Los aplausos cortan el párrafo)».[64] El documento de Mitje es definitivo. Reconoce que el Ejército Rojo comunista está dispuesto para el choque frontal en la Guerra Civil inmediata. ¿Hacen falta documentos secretos ante esta evidencia de los documentos públicos para demostrar el impulso del PCE hacia la insurrección armada contra la reacción e incluso contra el Gobierno republicano del Frente Popular?

Documento 18

16 de junio de 1936. El PCE amenaza expresamente con la insurrección en plenas Cortes (por medio de su portavoz más caracterizado del momento). Citamos expresamente este documento en el próximo epígrafe sobre la confrontación en las Cortes.

Documento 19

20-21-22 de junio de 1936. Material de discusión —ya citado y publicado ahora por primera vez fuera de la tirada reservada— para el Congreso Provincial del PCE. Este material se añade dentro del mismo dosier en el que reproduce el informe del Comité Central citado en nuestro documento 14 de la segunda serie. Atribución de Octubre. Actuación del PC en Madrid durante la revolución (pura indicación propagandística ante los organismos superiores del partido).

Se reconoce el fracaso de las alianzas obreras en cuanto a su eficacia y en cuanto al estancamiento del número de afiliados, todo por culpa del Secretariado Provincial, «sectario-confusionista».

La culpa es también de los entorpecimientos provenientes del ala izquierda socialista. «Nuestro partido, principal artífice de la victoria de febrero». Curiosa contradicción con otros documentos casi simultáneos que acabamos de exponer: el «material de discusión» propone la defensa del Frente Popular contra el sectarismo «caballerista» que lo considera ya caducado (compárese esta conclusión con lo expuesto en los documentos comunistas 6, 10 y 11). En el programa concreto de las aspiraciones comunistas en Madrid se incorporan varios detalles curiosos, como la petición de que descienda el precio de la energía eléctrica. Constata el informe que a última hora Largo Caballero ha cambiado y admite a todo el mundo en las alianzas. Después del 16 de febrero se han reorganizado algunas OSR (oposiciones sindicales rojas) y se ha progresado en la fusión con los GSS (grupos sindicales socialistas) lo que demuestra que la fusión de la CGTU y la UGT estaba lejos de consumarse. La OSR es un instrumento de infiltración.

Fomento de las MAOC, que cuentan ya con los mil militantes. Tras las estadísticas —ya transcritas— sobre los efectivos del PCE en Madrid, se comunica el nuevo sistema para la organización, dirección y acertada formación de cuadros:

«El trabajo dentro de la CNT ofrece aún serias debilidades. Todavía no hemos sido capaces de crear un gran movimiento de OSR dentro de sus sindicatos capaz de vencer el sectarismo imperante de esta organización e impulsar orgánicamente el gran movimiento de unidad que en sus filas se desarrolla.

»MAOC (milicias antifascistas obreras y campesinas, que serán la base del Quinto Regimiento comunista desde el comienzo de la Guerra Civil). Tenemos hoy cerca de dos mil afiliados en esta organización; tenemos esta organización en algunos lugares de trabajo y barriadas obreras en Frente Único; vamos liquidando esos grupos, que eran antes de partido y un poco aventureros, en una organización amplia de masas con un carácter semimilitar para la defensa de las conquistas de las masas. Pero todavía quedan muchos errores e incomprensiones en esta organización que no se pueden vencer enfrentándose airadamente con ellos, sino reforzando el trabajo del partido a través de sus fracciones, haciendo que se constituyan las MAOC en los sindicatos, fábricas y barriadas, dando charlas de educación política, etc. Sólo así podremos liquidar los defectos existentes y sentar las bases de organización del futuro ejército rojo y campesino».[65]

Documento 20

El testimonio de Carlos Hernández Zancajo (dirigente de las Juventudes Socialistas que terminó por negarse a ingresar en el PCE).

«Sólo había cumplido con su deber el partido bolchevique de masas, el partido único del proletariado, el partido de hierro de Lenin y Stalin, que conduciría, invencible al proletariado y a las masas campesinas de España hacia la nueva y victoriosa insurrección armada; hacia el Octubre rojo; hacia la República Soviética de España». La inoportunidad del documento y su injusta argumentación obligó a las Juventudes Socialistas a responder adecuadamente. El folleto respuesta fue Octubre, segunda época. Octubre no descendió al campo polémico marcado por los comunistas. Se superó y planteó las premisas fundamentales para futuras actuaciones.

Las Juventudes Socialistas negaron la afirmación comunista sobre el fracaso de Octubre y situaron en su verdadero centro el valor de la insurrección. Las jornadas de Octubre habían levantado un dique infranqueable a la dictadura reaccionaria; luego había que alinear las fuerzas en preparación de movimientos futuros. ¿Qué hacer? Analizar los antecedentes de la revolución española, juzgar sus errores y prepararse para el porvenir mediante unas conclusiones programáticas que sirvan de bandera al proletariado revolucionario. Octubre lo consiguió. Tras su crítica, su programa. Rotundo, conciso y concluyente. Helo aquí:

«Bolchevización del Partido Socialista.

Transformación de la estructura del partido.

Unificación del movimiento sindical. Alianza de la UGT con la CNT.

Derrota de la burguesía y triunfo de la revolución bajo la forma de la dictadura del proletariado.

Reconstrucción del movimiento obrero internacional sobre la base de la revolución rusa.

Para llevar a cabo estas consignas, los jóvenes socialistas deberán mostrar su superioridad y su espíritu de sacrificio, para que los obreros les confíen los cargos de dirección.

La Federación de Juventudes Socialistas de España, hoy más unida y más fuerte que nunca, se inspira, al lanzar estas consignas, en la historia revolucionaria del proletariado de nuestro país, en las mejores tradiciones del bolchevismo ruso y en los grandes paladines del socialismo clásico: Marx y Lenin.

Las Juventudes Socialistas consideran como jefe iniciador de este resurgimiento revolucionario al camarada Largo Caballero, hoy víctima de la reacción, que ve en él su enemigo más firme».

»Con estas bases como guión político, las Juventudes se lanzan a su trabajo, abren uno de los períodos más duros de la crítica interna del movimiento socialista, y contra toda clase de inconvenientes inician sus trabajos por aclimatar a las necesidades revolucionarias actividades propias del movimiento contemporáneo».[66]

Aun a riesgo de provocar la estupefacción del lector, insisto en que Hernández Zancajo, con un grupo minoritario, se negó a seguir a Santiago Carrillo en su traición a Largo Caballero y en su paso a la obediencia comunista. Zancajo era un revolucionario extremo, como indica su texto; pero quería ver al PSOE al frente de la revolución, no al PCE. Marginado y perseguido, siguió protestando contra Santiago Carrillo durante la Guerra Civil, donde nadie le hizo caso; era el PCE quien marcaba cada vez más el rumbo del Frente Popular.

Como documentos adicionales —que no incluimos en la relación general por tratarse de obras publicadas con mucha posterioridad a los hechos—, podemos citar, por su extraordinaria importancia, los de Enrique Líster, José María Gil Robles y Juan Modesto acerca de los intentos de infiltración comunista en las clases y soldados del Ejército, e incluso entre oficiales y suboficiales.

De estos documentos —que no son más que una selección, ya que el cúmulo completo resultaría mucho más abrumador todavía, pero, en nuestra opinión, absolutamente innecesario— parece deducirse con meridiana claridad la tesis que adelantábamos inmediatamente antes de exponer la antología. Éstos son los hechos, y sobre los hechos hay que edificar las teorías, no al revés. Hay investigadores que, víctimas de la contrapropaganda, escogen bien poco científicamente el camino contrario. Parten de la base —bien demostrada, por supuesto— de que a la URSS no le interesaba en la primavera trágica de 1936 hostigar a las democracias, sino alinearlas en su amplísimo frente universal «contra el fascismo y la guerra», versión siglo XX de las viejas coacciones del zarismo imperialista, corregida y aumentada, tras los conflictos de Extremo Oriente, con el peso de la amenaza japonesa.

En las instrucciones de la Comintern pueden encontrarse textos que favorecen, sin duda, la hipótesis de una URSS apaciguadora frente a la fiebre revolucionaria española: véase, por ejemplo, el número de abril de La Internacional Comunista[67]. Burnett Bolloten se hace eco de esta actitud y David T. Cattell convierte la hipótesis en tesis central de su obra, tesis que ya fue formulada durante la Guerra Civil por Manuel Azaña. Sin embargo, y al enfocar el problema con luz histórica, no con propósitos polémicos o antipolémicos, conviene recordar que los cuadernos de La Internacional Comunista formaban parte de una publicación destinada a la difusión entre los núcleos comunistas del exterior, y de ninguna manera secreta; por tanto, se utilizaba con mucha frecuencia como vehículo de intoxicación y propaganda, a sabiendas de la importancia que los enemigos de la III Internacional atribuían a esos cuadernos. En segundo lugar, insistimos en la preponderancia de los hechos frente a las palabras; y, además de los hechos demostrados y evidenciados hasta la saciedad en las dos series de documentos anteriores, no puede ya dudarse de la presencia de emisarios soviéticos en la España de 1936 antes del 18 de julio.

Cattell admite con ciertas reservas y dudas esta presencia, pero tal vez ignora los testimonios irrebatibles que la demuestran ¡desde 1930! Aparte de los miembros del CC del PCE que podían considerarse como emisarios natos de la Comintern —Díaz, «Ventura», Ibárruri, más Santiago Carrillo—, la prensa de la época señala la nueva presencia en Madrid de Ilya Ehrenburg en la segunda quincena de abril de 1936; el propio Carrillo confirma en sus Memorias de 1993 la actuación de Codovilla, el agente soviético que le reclutó en 1935; y después de la publicación de sus Memorias ya sabemos que Ehrenburg utilizaba el «cover» periodístico para disimular sus actividades de «agitprop» cultural en Europa, como se evidenciaría durante la Guerra Civil española, en la que el autor soviético fue uno de los principales inspiradores de la propaganda del bando republicano, con sede en Barcelona y por medio, entre otros sistemas, de su famoso camión ideológico. He aquí la cita contemporánea sobre la presencia de Ehrenburg en España durante la primavera trágica: ABC de 30 de abril de 1936.

Joaquín Maurín aporta otro testimonio esencial sobre la presencia de los emisarios soviéticos.[68]

Conviene ahora recordar que esos emisarios de 1936 —entre los que, por supuesto, no se encontraba Bela Kun, como llegaron a creerse las derechas, siempre espectaculares en sus temores— obedecían a un jefe supremo llamado José Stalin, lo mismo que los miembros del Comité Central del PCE, que debían sus cargos precisamente a su docilidad frente a las consignas de «la Casa». Hay algunos autores que han apuntado una posible actitud de rebeldía de los comunistas españoles de 1936 ante las consignas soviéticas y que precisamente atribuyen a esa rebeldía la innegable proclividad revolucionaria insurreccional del comunismo español de la época. Por ejemplo, Manuel Azaña ha dicho:

«Por más que se desgañiten hablando de la República democrática, todo el mundo sabe que están bien aconsejados desde fuera, y parece seguro que en Moscú no piensan en un régimen español comunista. Pero ya el recibir y necesitar los consejos de fuera, aunque sean prudentes y discretos, es peyorativo. Y no falta quien crea que los propósitos de Moscú pueden ser unos y los de aquí acariciar otros para el soñado día de la victoria. Cabalmente, uno de los argumentos de Caballero es que, con la preponderancia comunista, el Gobierno y la República se enajenan la simpatía de la Segunda Internacional».[69]

Los observadores de la derecha apuntaban de vez en cuando interesantes sugerencias en este mismo sentido, pero por la cara opuesta: «Por nuestra parte, tenemos referencias fidedignas que nos permiten asegurar que en Moscú no toman demasiado en serio a Largo Caballero ni a los dirigentes del comunismo español. De unos y otros se tiene allí el más lamentable concepto, acrecentado por el espectáculo de todas esas discrepancias y antagonismos que reinan en el Partido Socialista, y por no conseguir a ningún trance la unidad sindical, que se considera imprescindible para el éxito de la intentona revolucionaria en la calle».[70]

Podía bastarnos, desde luego, esta interpretación para corroborar nuestra conclusión principal. Si las consignas de Moscú durante la primavera trágica prohibían, en efecto, los conatos de insurrección, entonces parece claro que los comunistas españoles habían decidido imitar al anterior Comité Central y asumir una actitud independiente y rebelde respecto a la sede central de la Comintern. Pero semejante posibilidad se descarta fácilmente; más aún, es impensable, conociendo el servilismo de los comunistas españoles. Cierto que varios comunistas destacados de 1936 acusaron más tarde a Moscú y se convirtieron en «sectarios», «disidentes» y «traidores». Pero para ello sería necesaria la prueba de fuego de la Guerra Civil y de las purgas stalinianas, cuyos primeros ecos aún no llegaban a España antes del 18 de julio de 1936. La trayectoria del comunismo español antes de la Guerra Civil estaba de acuerdo con las directrices de la Internacional, aplicadas sobre el terreno por los emisarios soviéticos permanentes y ocasionales. Ante esta deducción cabe preguntarse por la validez histórica de una conclusión de Southworth: «Pero no existe ni una sola prueba de que los soviets hayan apoyado la dictadura del proletariado en España»[71].

Si Southworth no quiere admitir la vaporosa tesis de un titismo en el servil Comité Central del PCE de 1936, el vendedor americano de bibliotecas tiene que admitir, como pruebas del apoyo que niega, no solamente las 23 que acabamos de aducir, sino las infinitas actuaciones, documentos y discursos del comunismo español, al menos a partir de la eliminación del «grupo sectario». Insistimos en que las hipótesis deben aplicarse para la explicación de los hechos, y no buscar posibilidades nebulosas para el precario apuntalamiento de tesis preconcebidas. Los comunistas españoles reclamaban durante la primavera trágica, acabamos de reproducir las pruebas, la dictadura del proletariado. Los comunistas españoles no daban un paso, ni menos proclamaban una consigna, sin previa conformidad e incluso iniciativa de los soviets. Luego esa exigencia comunista de dictadura del proletariado venía de la Unión Soviética. Como las MAOC, el «ejército rojo», las invocaciones a la insurrección armada y toda la estrategia comunista que se desplegó durante los meses anteriores al estallido de la Guerra Civil. Pero a Southworth no le interesan los hechos, solamente le vuelven loco las erratas. Cuando no son suyas, por supuesto; pobre hombre.

A la vista de la documentación anterior, de las consideraciones que acabamos de hacer y, sobre todo, de la contradicción señalada en el documento 12, parece lo más acertado concluir que, si bien el PCE había recibido ya instrucciones de la Comintern desde poco después de las elecciones para que apoyase a la «democracia» del Frente Popular, que en virtud del pacto suscrito por los partidos de la coalición era ya una auténtica dictadura del proletariado, los comunistas españoles y los emisarios soviéticos, deseosos de no perder la carrera revolucionaria con la CNT-FAI y el ala izquierda socialista, colocaron al PCE a velas desplegadas en esa carrera; pero inmediatamente después del estallido de la guerra, y ante el súbito enfoque de la atención mundial hacia España, la Comintern impuso a rajatabla la cortina de propaganda democrática y fue entonces, y solamente entonces, cuando el PCE, hasta entonces elemento explosivo dentro del Frente Popular y elemento revolucionario e insurreccional como el que más, dentro de la dinámica disgregadora de las izquierdas, desplegó sus famosos titulares de la segunda quincena de julio, ¡viva la República democrática!, y comenzó la guerra propagandística que abocaría, frente a la opinión mundial, en el «gran engaño» tan excelentemente detectado y demostrado por Brunet Bolloten. Empezó, pues, la nueva táctica de forma masiva e inequívoca a partir del 18 de julio; durante los meses anteriores solamente pueden advertirse en este sentido reticencias y tanteos.

Las derechas demostraron una y otra vez durante la primavera trágica que cobraban conciencia del peligro comunista. Desde luego que para calibrar ese peligro carecían entonces de perspectiva histórica e incluso de adecuados instrumentos para el análisis socio-político; la atmósfera de miedo no invita precisamente a la serenidad. No conviene ahora, cuando ya disponemos de esos elementos, dejamos ofuscar por las inevitables desviaciones de aquellos meses. Cuando las derechas hablan de peligro comunista son muchas veces víctimas de los fenómenos de absorción simbólica y de fijación analógica; se refieren, en realidad, al peligro revolucionario en general, dentro del cual concedían al comunismo un importancia excesiva; son víctimas, en fin, de la propia propaganda del PCE. Pero incluso los observadores que atinadamente criticaban «los ecos del coco» exponen sus temores reales y nos entregan un testimonio exacto de esa conciencia colectiva de los partidos de la contrarrevolución.[72]

Innumerables son los testimonios de la prensa de derechas que pueden demostrar la creciente toma de conciencia frente al peligro comunista y frente al peligro rojo en general. Véanse, como ejemplo, las declaraciones de José Calvo Sotelo a fines de abril de 1936.[73]

Nos interesa en este momento dejar constancia de esta realidad: la derecha española creía tener durante la primavera de 1936 una consciente seguridad de que el peligro revolucionario, alentado por el comunismo, crecía cada semana en España y amenazaba al país con la desintegración política y social. Difícilmente puede ahora culparse a las masas y a los sectores institucionales de la España no revolucionaria por formar así su conciencia colectiva ante las múltiples, abiertas y provocativas intenciones que, como hemos demostrado, aireaban día tras día los portavoces y los estrategas de la revolución.

Después de la tragedia —incluso cuando ésta no había terminado todavía—, vinieron los desengaños. En el Madrid todavía sitiado, en pleno campo «antifascista», y en un periódico del Frente Popular pudieron leer sus asombrados lectores —y ahora los asombrados historiadores— esta visión retrospectiva de la función y la actividad del comunismo en España. Si tal llegaron a pensar unos colegas, fácil es comprender exageraciones históricas de los enemigos victoriosos:

«Acabamos de pasar las horas de mayor angustia de toda la guerra. También, en cierto modo, las de mayor humillación. Existe ésta cuando, al cabo de treinta y dos meses, nos vemos obligados a declarar ante Europa que no todo el Frente Popular estaba formado por españoles, mejor dicho, por servidores leales de España. Una gran parte de nuestros aliados de ayer ha aprovechado la más terrible coyuntura de la invasión fascista para revelar con toda claridad que sus aspiraciones no consistían tampoco en el logro del predominio y la liberación de la patria, sino en el sometimiento de nuestro territorio al Gobierno del cual son mandatarios fieles.

»No es hora aún de analizar despacio, con numerosos argumentos, en dónde y cómo empiezan las responsabilidades contraídas por quienes dieron lugar a que un grupo político, que no contaba en Madrid con más de quinientos afiliados a lo sumo el 18 de julio de 1936, se considera en la actualidad con derecho a imponer al país su criterio, su táctica, su imperio indiscutible, so pena de tener que afrontar inmediatamente el sambenito de trotskista y de antirrevolucionario.

»Lo ocurrido el 6 de marzo (de 1939) pudo producirse muchísimos meses antes, según declaran ahora quienes, al parecer, estaban enterados y conocían a fondo las intrigas, las amenazas, las coacciones que debían sufrir algunos gobernantes y no pocos militares de alta graduación por parte de los representantes del Partido Comunista. El jefe que aceptaba sin rechistar el carné del Partido Comunista adquiría de pronto, en la prensa comunista, cualidades militares superiores a las de Napoleón y Alejandro, en tanto eran sinuosa o francamente criticados los que se atrevían a rechazar una filiación que no había sido solicitada. Entre tantos militares y tantos antifascistas de probada solvencia moral, ¿no pudo llegarse nunca a la conclusión de que era mil veces preferible romper y poner las cartas boca arriba antes que seguir tolerando pasivamente una situación que fatal e inevitablemente habría de conducirnos a donde hoy nos encontramos? No queremos citar casos concretos de quienes, por mantener con dignidad su libertad de criterio en todos los terrenos, supieron romper con los directores del Partido Comunista, dirigidos, a su vez, por quienes reciben directamente las consignas moscovitas. Los innegables aciertos de la Unión Soviética en su propio territorio se desvanecen y resultan contraproducentes cuando pretende irradiar a otros países sus procedimientos y su acción.

»España y su Partido Comunista eran para la URSS el último baluarte importante de la Europa occidental. Los discursos de Marcel Cachin, de Duelos y de Andrés Marty no han podido, en el seno del proletariado francés, inclinar la balanza en favor de la catástrofe europea, acontecimiento indispensable para que, al reclamar Francia el cumplimiento del pacto franco-soviético, por el fatalismo de las circunstancias, hubiera llegado un día, al liquidarse la nueva conflagración, en que Rusia volviera a ocupar de nuevo categoría de primera potencia en el tablero de Europa, y aun de América, emparejándose entonces con los Estados Unidos.

»El Partido Comunista Francés, más patriota que el español, se negó ya en mayo de 1936 a exigir representación en el Gobierno como ordenaban desde Moscú.

Franceses sobre todo prefirieron la paz interna en su nación al acatamiento de las consignas recibidas. Surgió más tarde la aprobación por el Parlamento francés de la política de no intervención, de acuerdo con Inglaterra, y los comunistas franceses, ante el estupor de muchos antifascistas españoles, también votaron a favor de la no intervención. Cierto que últimamente, al discutirse los acuerdos de Munich, entonces votaron en contra. Si no lo hubieran hecho así, probablemente habrían sido dados de baja de la III Internacional, que ya estaba harta de no poder contar en Occidente con otros afiliados tan sumisos y obedientes como los españoles.

»El Partido Comunista Francés se ha rendido a la evidencia de que le era imposible proseguir toda actuación que pudiera ser interpretada por los obreros franceses como un deseo de llevarlos a la guerra. De tal modo esto es así que si los oráculos de Moscú siguen insistiendo se habría producido una escisión entre los comunistas franceses. Esos antecedentes justifican que el representante de Moscú en Europa enviara a nuestro país, en estos últimos días, a dos o tres emisarios con el encargo de preparar un alzamiento contra la República.

»Prolegómenos de ese alzamiento —evitado a tiempo por la constitución del Consejo de Defensa Nacional— son, entre otros hechos, los varios números apócrifos del Diario Oficial del Ministerio de Defensa, desde cuyas columnas el Partido Comunista fue tomando posiciones y apoderándose de los mandos fundamentales del Ejército, de la Marina y de nuestra aviación, con el fin de preparar mejor la declaración pública de que nuestra patria, en la cual ya tendrá poco fruto que recoger Rusia, era una colonia del régimen soviético.

»Mas ni la III Internacional, ni sus incondicionales servidores en España, habían contado con la voluntad de los españoles, de los hombres biennacidos en nuestro territorio, que sienten profundamente el honor de tales y que desde el principio de la guerra de invasión están dispuestos a defender nuestra independencia por encima de todo»[74].

Así hablarían de los comunistas españoles todos los demás partidos y grupos del Frente Popular, que el 5 de marzo de 1939 hicieron abortar un golpe de Estado comunista apoyado por el jefe del Gobierno y reconocido procomunista doctor Juan Negrín. Éste fue el final de todos los sueños alimentados por los comunistas desde Octubre de 1934, y prolongados en sus intentos hegemónicos de la Guerra Civil, como veremos en su momento. No es mal texto para remate de este epígrafe.

Guerra civil en la Cortes del
Frente Popular

Si el Gobierno del Frente Popular, desbordado por la izquierda y por la derecha, conseguía cierto éxito en el control de la prensa, no podía impedir que las primeras situaciones de auténtica Guerra Civil saltasen de la calle y de los campos a las Cortes, que, lejos de servir de plataforma para el diálogo y el contraste pacífico de las opiniones, degeneraban sesión a sesión en verdadero campo de batalla:

«Las Cortes, desde que comenzaron a funcionar, asfixiaban al Gobierno y actuaban de caja de resonancia de la Guerra Civil, pues devolvían a la nación, centuplicada, su propia turbulencia. Los diputados se injuriaban y agredían de obra; cada sesión era un tumulto continuo; y como casi todos los representantes, cabales representantes, de la nación iban armados, podía temerse cualquier tarde una catástrofe. En vista de la frecuencia con que se exhibían o insinuaban las armas de fuego, se adoptó la denigrante precaución de cachear a los legisladores a la entrada. Superfluo es anotar que la exaltación de los espíritus condenaba al Parlamento a esterilidad absoluta, y, no obstante, al Parlamento le estaban confiadas las insuficientes reformas y medidas de gobierno comprendidas en el programa del Frente Popular».[75]

La primera sesión constitutiva de las nuevas Cortes prefiguró ya la explosiva historia primaveral de la Cámara. Mientras el presidente de edad, almirante Ramón de Carranza, respondía con un estentóreo «No me da la gana» a la invitación de cerrar la sesión con un ritual viva a la República, el diputado comunista Vicente Uribe entonaba La Internacional, coreada por toda la izquierda proletaria bajo un bosque de puños en alto.

Muy pronto, el día 31, tras las «polacadas» postelectorales, tiene lugar la primera retirada múltiple de las derechas. Giménez Fernández clama por la arbitrariedad y tras lanzar duras protestas por las trampas de la Comisión de Actas se retira la minoría popular agraria.

Tras identificarse con la postura de Giménez Fernández, Antonio Goicoechea se retira acto seguido con la minoría de Renovación. Lo mismo hace Lamamié al frente de la minoría tradicionalista. Ventosa protesta con energía, pero no se retira; de todas formas, las derechas han demostrado plásticamente la imposibilidad de la convivencia política en la España del Frente Popular.

La sesión de las rectificaciones después del segundo gran discurso pacificador de Manuel Azaña, el 15 de abril, marca, como ya señalábamos, el final de la esperanza suscitada por la presencia del perseguido de Barcelona al frente del nuevo Gobierno y constituye el segundo acto de la guerra civil parlamentaria.

El 16 de abril los sangrientos sucesos que tuvieron lugar durante el entierro del alférez Reyes envenenaron la sesión de rectificaciones y el jefe del Gobierno, que lo era todavía Azaña, cayó en la tentación de la amenaza y la jactancia por una causa extremista que no era la suya, como ya hemos recordado. En su turno, Calvo Sotelo convierte en verdadero acto de guerra la tremenda estadística del desorden que arroja al Gobierno. Gil Robles, en su rectificación, alude expresamente a la Guerra Civil.

La intervención de la izquierda proletaria no contribuye al apaciguamiento de los ánimos. El socialista Rodolfo Llopis arroja la culpa en exclusiva contra las derechas, y el secretario general del PCE cae en una de las más trágicas aberraciones de toda la historia de las Cortes españolas; amenaza a Gil Robles con estas palabras increíbles:

«Fue en la sesión de 15 de abril —recuerda Gil Robles— donde se lanzó contra mí una amenaza directa de muerte. Después de haber intervenido en el debate político de presentación del Gobierno de Azaña, como la discusión se prolongara, salí un momento a los pasillos. El comunista José Díaz, que estaba en el uso de la palabra, dijo entonces, refiriéndose a mí: “…no está presente, porque larga el muerto y se marcha, como todos los cobardes”. Mi presencia inmediata en los escaños le desconcertó, y respondió así, en voz alta, a una observación que le hizo al oído un camarada suyo: “Nada de triquiñuelas para medir las palabras precisas. Ésta es una Cámara de cuellos flojos y de puños fuertes que tiene que decir al pueblo la verdad tal como la siente”. La verdad, que él, por lo visto, sentía, la expuso a continuación, de manera terminante: «El señor Gil Robles decía de una manera patética que ante la situación que se puede crear en España era preferible morir en la calle que de no sé qué manera. Yo no sé cómo va a morir Gil Robles. (Un señor diputado: «en la horca»). No puedo asegurar cómo va a morir Gil Robles, pero sí puedo afirmar que si se cumple la justicia del pueblo morirá con los zapatos puestos».[76]

Poco podía imaginar el vehemente enemigo de Gil Robles que quien moriría con los zapatos puestos iba a ser él, arrojado por una ventana en la Unión Soviética, en plena crisis del desintegrado comunismo español.

Con rasgado de vestiduras, Dolores Ibárruri rechaza, en 1966, la acusación de haber amenazado de muerte a José Calvo Sotelo. Parece tener razón en que en la sesión del 16 de junio no amenazó de muerte al jefe del Bloque Nacional. Pero ya hemos escuchado en otro epígrafe sus palabras en la sesión del 16 de abril; como veremos, no son las únicas que se escaparon de los labios de la abanderada comunista durante la primavera trágica. Y tras el recuerdo de las palabras de Díaz ya no se pueden superar las amenazas.

El tercer acto de la guerra civil parlamentaria es la sesión del día 19 de mayo, en la que Santiago Casares hace la presentación de su Gobierno. El discurso de Casares pasará a las antologías de la imprudencia y puede justamente calificarse como suicidio político; a nadie más que a él podía ocurrírsele declarar beligerante al Gobierno contra la mitad de la nación, aunque decía querer pacificarla; porque, no nos engañemos, en el espíritu de la otra media nación, «fascismo» signicaba entonces conservadurismo, derecha y espíritu contrarrevolucionario. Casares, en este discurso, arroja decididamente el peso y el prestigio del poder hacia el extremismo de izquierda, quizá en un desesperado intento de hacerse con el control perdido del Frente Popular. Para este trascendental momento conviene que nos apoyemos en la reseña y el comentario del profesor Seco Serrano:

«Ante las Cortes, el 19 de mayo, Casares pronunció un discurso muy definidor. Presentó a su Gobierno como pura encarnación del Frente Popular, y echó por la senda jacobina. De nuevo el principio de defensa de la República justificando todas las inhibiciones, todas las violencias. Pero Casares dio un paso más adelante. “La táctica de la simple defensa —dijo— no basta. Es más eficaz para aquéllos que representan el impulso que vosotros representáis, hombres del Frente Popular, la táctica del ataque a fondo.

»Digo que se ha acabado de tener contemplaciones con los enemigos enmascarados de la República; yo os digo que allí donde el enemigo se presente, si es enemigo declarado y a faz descubierta, iremos a aplastarle, y en aquellos otros sitios donde el enemigo está como embozado, metido en los últimos rincones del organismo propio de la República, torpedeando constantemente su labor, haciendo que ésta fracase, poniendo bastones en la rueda del carro triunfal de la República, ¡ah!, iremos también a aplastarles, a desenmascararles y a ponerles en su sitio…Yo decía, señores diputados, hace unas semanas, ocupando el puesto de ministro de la Gobernación, que no estaba en aquel cargo dispuesto a tolerar una Guerra Civil en España. Lo reitero ahora; pero digo que cuando se trata del fascismo, cuando se trata de implantar en España un sistema que va contra la República democrática y contra todas aquellas conquistas que hemos realizado en compañía del proletariado, ¡ah!, yo no sé permanecer al margen de esas luchas y os manifiesto, señores del Frente Popular, que contra el fascismo el Gobierno es beligerante”.

»La gravedad que esta última frase, imprudentísima, encerraba —concluye el profesor Seco— no puede ocultarse, conociendo el empeño de las izquierdas en dividir España entre fascistas y antifascistas; porque la palabra fascista en boca de Casares valía tanto como derechas en general. Era ésta, pues, como una declaración de guerra del Gobierno a media España; era —dice Pía— la culminación del sectarismo de partido».[77]

José Calvo Sotelo se levanta a hablar, y va a recoger, con parecida actitud belicosa, el reto de su paisano Santiago Casares. La guerra civil de las Cortes se personaliza en el duelo entre los dos políticos gallegos, ninguno de los cuales va a participar en esa guerra cuando los combates parlamentarios se transformen en auténtico choque armado.

Inicia Calvo Sotelo su discurso con una durísima crítica a la política económica del Frente Popular: el desorden es incompatible con la economía de iniciativa privada que es la economía de la República. El Gobierno está inhibido y controlado por los grupos marxistas; primero, mediante el monopolio de la mano de obra a través de las grandes sindicales; segundo, mediante un espíritu más antieconómico cuanto más clasista. Lo primero se prueba ante la imposibilidad de trabajar si no se pertenece a un sindicato revolucionario; varios cafés de Madrid acaban de cerrarse por no querer su personal plegarse a esta exigencia. Ahí está la expulsión de los obreros no marxistas de varias obras, del Ayuntamiento de Madrid, de las empresas Euskalduna y Forjas de Alcalá, de Experiencias Industriales, en Aranjuez.

Muy malparado sale el marxismo revolucionario de Largo Caballero si se le compara con el marxismo inteligente de Blum en Francia. Calvo Sotelo defiende la teoría que Roosevelt está poniendo en práctica en América: aumentar los salarios de forma paralela al aumento de producción, sistema mucho más sano económica y políticamente que la deflación preconizada por Laval en Francia.

Recoge entonces Calvo Sotelo las alusiones «que se han dirigido al fascismo por el jefe del Gobierno». Cree que el fascismo no es un reducto del capitalismo; y en ese momento el diputado socialista santanderino Bruno Alonso González borbota una serie de insultos que hacen perder la cabeza al orador, quien no consigue controlar sus nervios hasta que un grupo de amigos sacan del salón a Bruno Alonso espumeante. Había distinguido Calvo Sotelo entre fascismo político y fascismo económico; y dijo: «Me interesa dejar constancia de esta evidente conformidad mía con el fascismo en su aspecto económico», frase que provocó la interrupción de Alonso. Ataca al Gobierno por haber perdido toda autoridad; interpreta la actitud del Ejército ante la anarquía: «Un general… sería siempre un dique magnífico, probablemente irrebatible, contra la anarquía, porque sabría interpretar el deber patrio, y en aras del deber patrio el deber militar, que consiste en servir legalmente cuando se mande con legalidad y en servicio de la patria, y en reaccionar furiosamente cuando se mande sin legalidad y en detrimento de la patria».[78]

Critica Calvo Sotelo a continuación la política económica del Gobierno y resume así la actuación gubernamental: «En el orden económico, depauperación; en el orden espiritual, odio; en el orden político, esterilidad; en el orden nacional, disgregación».

No es ésta la primera vez que Calvo Sotelo, de quien sabemos solicitó repetidas veces el ingreso en la Falange, declara sus afinidades con el fascismo, como lo había hecho en sus declaraciones a ABC, el 25 de abril.

Pero el momento culminante de la guerra civil en las Cortes del Frente Popular —antes de la sesión de la Diputación Permanente, en julio, en la que prácticamente se declaró ya la guerra general— es el cuarto acto de las hostilidades parlamentarias en la primavera, que va a desarrollarse ante el país atónito en la sesión del 16 de junio. Aunque el tema del orden público se había tocado varias veces desde febrero, por iniciativa de los diputados de la derecha, el debate de 16 de junio va a centrarse sobre el asunto de forma expresa.

El debate se inicia cuando 34 diputados de derecha, encabezados por Gil Robles, presentan una proposición no de ley: «Las Cortes esperan del Gobierno la rápida adopción de las medidas necesarias para poner fin al estado de subversión que vive España».

El primero de los discursos es el de José María Gil Robles, que alcanza con él una de las cumbres de su valor y de su fuerza política. El Gobierno —comienza— no ha encontrado problemas serios en las Cortes para desarrollar su labor. Ha gobernado permanentemente con el estado de alarma, y no ha conseguido la pacificación del país; porque el poder del Gobierno se ha aplicado de forma sectaria. Presenta el orador las estadísticas generales, ilustradas con algunos casos particulares, sobre el desorden; ya conocemos estas estadísticas, citadas en otro lugar de este libro. Atribuye tan terrible y evidente fracaso al Frente Popular, es decir, a los socialistas y comunistas que están dentro de él. Pero, aunque el desorden estuviese provocado por las derechas no por ello bajaría la culpabilidad del Gobierno, responsable ante todo el país. El Frente Popular está dividido entre los que saben lo que quieren y los que no lo saben. «Estamos presenciando los funerales de la democracia».

Se ha prestado menos atención de la que merece al siguiente discurso, encomendado al socialista del ala «caballerista» y recién vuelto del exilio soviético: Enrique de Francisco. Sus primeras palabras son para disculparse de su insignificancia ante el gran orador que acaba de precederle. «Yo no tengo estadísticas, señor Gil Robles, porque para eso es preciso prepararse y yo no tengo preparación», dice, y revela con ello el tremendo impacto que los alegatos de Gil Robles han producido en la izquierda revolucionaria. Admite, naturalmente, los hechos denunciados por Gil Robles, y critica al Gobierno por no utilizar, para dominarlos, los medios a su alcance. Pero se pregunta quiénes son los verdaderos responsables de los desmanes. Es «la clase capitalista española» la que «vive en plena subversión»; cita casos concretos de injusticia social hiriente. Reprocha a las derechas porque no condenan esa subversión, tan grave o más que la otra. Y porque exaltan la subversión militar de agosto.

De impresionante profundidad es la demasiado ignorada frase que a continuación pronuncia el diputado socialista: «Hace muchos años que lo que yo vengo deseando es que exista en España una clase conservadora que sepa serlo».

Es el turno de José Calvo Sotelo. Atribuye al Frente Popular «el 60 por 100 del problema del desorden público», lo que no deja de ser un curioso porcentaje. ¿A quién atribuía el 40 por 100 restante? Deduce, frente a las protestas de la izquierda, que la CNT, prácticamente dentro del Frente el 16 de febrero, no está ya con él. El fracaso del Gobierno en el mantenimiento del orden público se acentúa cuando se considera el enorme aumento de gastos en este capítulo presupuestario: 150 millones de pesetas de aumento anual en cuatro años de República. Este fracaso es de tal magnitud que no puede ser imputado al Gobierno, sino al «sistema democrático parlamentario y a la Constitución de 1931». El desorden se clasifica en dos grandes campos: desorden económico, como consecuencia de la lucha de clases y desorden militar, provocado por la degeneración del concepto democrático. Insiste Calvo Sotelo en las diferencias entre la actuación de los frentes populares francés y español.

Defiende la «administración de la economía» por parte del Estado y cree que las soluciones económicas aportadas por los partidos del proletariado no son tales soluciones ante la estructura —rural en un 70 por 100— de la economía y la vida española. Por eso defiende un Estado intervencionista:

«Producir no; pero sí dirigir la producción en el sentido de administrar la justicia económica. Yo no sé por qué el Estado, que administra la justicia civil y la criminal, no puede administrar la economía, determinando a priori, antes de que haya conflictos sociales, cuál es la participación en la renta que corresponde al capital, inexcusable también, que debe ir en primer término, porque es la que representa la aportación más alta de todas las que intervienen en el proceso de la producción.

»Un Estado, señor ministro de Trabajo, no puede por eso estructurarse sobre las bases perfectamente inoperantes de la Constitución del 31, y pagáis las consecuencias de ello, aunque vosotros las debéis pagar gustosamente, porque sois partidarios de esa Constitución. Frente a ese Estado estéril, yo levanto el concepto del Estado integrador, que administre la justicia económica y que pueda decir con plena autoridad: no más huelgas, no más lock-outs, no más intereses usurarios, no más fórmulas financieras de capitalismo abusivo, no más salarios de hambre, no más salarios políticos no ganados con un rendimiento afortunado, no más libertad anárquica, no más destrucción criminal contra la producción, que la producción nacional está por encima de todas las clases, de todos los partidos y de todos los intereses (Aplausos). A este Estado le llaman muchos Estado fascista; pues si ése es el Estado fascista, yo, que participo de la idea de ese Estado, yo que creo en él, me declaro fascista (Rumores y exclamaciones). (Un señor diputado: “¡Vaya una novedad!”).»

He aquí la famosa declaración de fascismo por parte del jefe de los monárquicos españoles; atendiendo a su contexto y a lo que ya conocemos acerca del pensamiento del orador, no cabe duda de que ese fascismo está muy atenuado y tal vez se aproxime más a las modernas ideas sobre intervencionismo estatal; recordemos que Calvo Sotelo fue, tal vez, el único político español de la época que demostró hallarse al tanto de la experiencia rooseveltiana. Pero no atenuemos demasiado las palabras. Calvo Sotelo era plenamente consciente de lo que significaba en las Cortes y en la España de 1936 una invocación personal al fascismo; su prudencia no rayó aquí a la misma altura que su valor.

«España —continúa— padece el fetichismo de la turbamulta, que no es el pueblo, sino la contrafigura caricaturesca del pueblo… ¿Qué es la turbamulta?, la minoría vestida de mayoría».

Y entra Calvo Sotelo en un terreno sumamente espinoso, en el que resulta difícil eximirle totalmente de las acusaciones de sus enemigos contra el carácter provocativo de sus palabras: «El más lamentable de los choques… se ha producido entre la turba y el principio de autoridad, cuya más augusta encarnación es el Ejército».

Cree ver un antimilitarismo residual del siglo XIX inserto en la tradición republicana española. Desde los tiempos de Aguilera, por influjo del movimiento de las Juntas de Defensa, se viene dando preferencia a los ascensos por antigüedad; ahora Casares aplica a quien quiere la situación de disponible forzoso y cubre las vacantes de forma absolutamente discrecional. Éste es el momento del célebre párrafo sobre la insurrección potencial del Ejército:

«No voy a entrar en el fondo del problema desde el punto de vista militar, aunque tampoco quisiera desaprovechar la ocasión de decir a su señoría que le pueden acechar diversos peligros: uno, el del paniaguadismo, cuyos brotes serían lamentables; otro, el de incurrir en preferencias de tipo extremista, huyendo de posibles vinculaciones republicanas o antirrepublicanas, a las que se viene haciendo referencia muy frecuente en estos últimos tiempos en la prensa y aun en los discursos de los personajes republicanos. Sobre el caso me agradaría hacer un levísimo comentario. Cuando se habla por ahí del peligro de militares monarquizantes, yo sonrío un poco, porque no creo —y no me negaréis una cierta autoridad moral para formular este aserto— que exista actualmente en el Ejército español, cualesquiera que sean las ideas políticas individuales, que la Constitución respeta, un solo militar dispuesto a sublevarse en favor de la monarquía y en contra de la República. Si lo hubiera sería un loco, lo digo con toda claridad (rumores), aunque considero que también sería loco el militar que al frente de su destino no estuviera dispuesto a sublevarse en favor de España y en contra de la anarquía, si ésta se produjera. (Grandes protestas y contraprotestas).

El señor presidente: «No haga su señoría invitaciones que fuera de aquí pueden ser mal traducidas».

El señor Calvo Sotelo: «La traducción es libre, señor presidente; la intención es sana y patriótica, y de eso es de lo único que yo respondo.

»Pues bien, señor presidente del Consejo de Ministros; esa máxima autoridad legal y oficial que su señoría posee en los actuales momentos ha de sintonizar con una política de máximo y externo y popular respeto a las esencias del uniforme, del honor militar, ese honor militar del que dijo don José Ortega y Gasset que es el mismo honor del pueblo.

»Y puesto que el debate se ha producido sobre desórdenes públicos o sobre el orden público, ¿cómo yo podría omitir un repaso rapidísimo de algunos episodios tristes acaecidos en esta materia y que constituyen un desorden público atentatorio a las esencias del prestigio militar?».

Ante las pruebas de la anarquía presentadas en el discurso anterior de Gil Robles, la conclusión está perfectamente clara para los militares españoles.

Repasa Calvo Sotelo más casos de desorden y provocación antimilitarista; y en ese momento se produce un terrible intercambio de insultos entre el orador y Santiago Casares.

«Yo digo, señor presidente del Consejo de Ministros —enfila ahora Calvo Sotelo a Santiago Casares—, compadeciendo a su señoría por la ímproba carga que el azar ha echado sobre sus espaldas… (El señor presidente del Consejo de Ministros: “Todo menos que me compadezca su señoría. Pido la palabra”). (Aplausos). El estilo de improperio característico del antiguo señorito de la ciudad de La Coruña… (Grandes protestas). (El señor presidente del Consejo de Ministros: “Nunca fui señorito”). (Varios señores diputados increpan al señor Calvo Sotelo airadamente)».

El señor presidente: «¡Orden! Los señores diputados tomen asiento.

»Señor Calvo Sotelo, voy pensando en que es propósito deliberado de su señoría producir en la Cámara una situación de verdadera pasión y angustia. Las palabras que su señoría ha dirigido al señor Casares Quiroga, olvidando que es el presidente del Consejo de Ministros, son palabras que no están toleradas, no en la relación de una Cámara legislativa, sino en la relación sencilla entre caballeros. (Aplausos.)».

Imposible seguir ante «la electricidad que carga la atmósfera», como reconoce el propio orador, principal responsable, sin duda, de esa terrible sobrecarga polarizadora en esta sesión. Precariamente apaciguados los ánimos por la actuación, realmente ejemplar, del presidente de la Cámara, Martínez Barrio, termina Calvo Sotelo:

«Lamento que se haya alargado mi intervención por este último incidente y concluyo volviendo con toda seriedad y con toda reflexión a lo que quisiera que fuese capítulo final de mis palabras, y es que anteayer ha pronunciado Largo Caballero un nuevo discurso, uno nuevo, no porque Largo Caballero —y esto es en elogio de su consecuencia política— cambie de ideales, sino porque es el último, y en él, quizá con mayor estruendo, con mayor solemnidad, con mayor rotundidez, ha acentuado su posición política. El señor Largo Caballero ha dicho terminantemente en Oviedo —aquí tengo el texto, pero no es cosa de leerlo y os evito esa molestia— que ellos van resueltamente a la revolución social, y que esta política, la política del Gobierno del Frente Popular, sólo es admisible para ellos en tanto en cuanto sirva el programa de la Revolución de Octubre, en tanto en cuanto se inspire en la Revolución de Octubre. Pues basta, señor presidente del Consejo; si es cierto eso; si es cierto que su señoría, atado umbilicalmente a esos grupos, según dijo aquí en ocasión reciente, ha de inspirar su política en la Revolución de Octubre, sobran notas, sobran discursos, sobran planes, sobran propósitos, sobra todo; en España no puede haber más que una cosa: la anarquía. (Aplausos.)».

Santiago Casares Quiroga, como ministro de la Guerra, pronuncia el cuarto discurso de la jornada. Afirma que, tras la provocación militarista emitida por Calvo Sotelo, le hará responsable de cuanto pueda ocurrir (que no ocurrirá). Calvo Sotelo desea, sin duda, destruir al Parlamento y sublevar al Ejército; todo será inútil.

En cuanto al desorden, admite expresamente las estadísticas; más aún, admite los desmanes populares, pero los achaca a reacción contra la represión del bienio derechista. (Inhábil argumento de un presidente del Consejo, que con sus palabras consagra la situación de anarquía). Tras admitir en bloque —con una excepción— las estadísticas trágicas de Gil Robles, cae el presidente del Consejo en una inconsecuencia lamentable: afirma que «la inquietud no existe» en el mismo párrafo en el que profetiza «no ha de pasar nada». El final no puede ser más demagógico: ataque a ultranza a los patronos, defensa a ultranza de los obreros. El discurso pasará a las antologías del disparate y se basta para descalificar para siempre a un político ante la Historia.

Pronuncia el quinto discurso —y con ello el debate vuelve a las cumbres oratorias— Dolores Ibárruri. El discurso es propaganda pura, pero excelente; no se dirige a su auditorio real, sino a las masas enfervorizadas de la calle. Sugiere que han sido los curas los autores del incendio de las iglesias; ataca con implacable dureza la situación de injusticia social provocada por el bienio negro, sobre todo en el sector agrícola. Se coloca decididamente contra la rebelión, pero no esconde que, frente a la rebelión de la derecha, la izquierda está preparada:

«Y si hay generalitos reaccionarios que en un momento determinado, azuzados por elementos como Calvo Sotelo, pueden levantarse contra el Estado, hay también soldados del pueblo, cabos heroicos, como el de Alcalá, que saben meterlos en cintura».

En el sexto discurso del día, Benito Pabón toca el fondo de la consecuencia revolucionaria. Los atracadores y huelguistas hacen bien, tienen razón: deben persistir en su actitud frente al Estado y la sociedad. El anarquismo, sin diputados, ha encontrado un buen portavoz en plenas Cortes. Ya hemos insistido en la gravedad de semejantes opiniones.

Una excepcional aura de paz catalana calma un instante los ánimos frenéticos por medio del maravilloso discurso, casi inconcebible en aquellas circunstancias, del exministro y diputado de la Lliga Juan Ventosa Calvell. Ya hemos citado anteriormente párrafos de este discurso. Se asombra ante la inconsecuencia de Casares al afirmar que la situación no es grave. Se asombra ante el argumento del Gobierno y de la izquierda, que arrojan la responsabilidad de los actuales sucesos a una situación anterior de Gobierno. Ataca la proyectada reforma de la justicia, a la que califica de «subversión del poder judicial». Critica la contradicción interna del Frente Popular.

En el séptimo discurso de la jornada, Joaquín Maurín, comunista disidente, se coloca de nuevo en el extremismo revolucionario. Cree que el Gobierno no es aún suficientemente beligerante contra el fascismo, es decir, frente a «las hordas fascistas». El Gobierno no ha realizado nada del programa del Frente Popular. «Hay una situación prefascista en el país». (Cómo puede Maurín, tan inteligente, lanzar semejante dislate?).

El noveno y último discurso es el del exministro y diputado agrario señor Cid. Por todos los medios hay que «suprimir la caza de unos españoles por otros» y los «espectáculos de cabila».

Llega ahora, con la Cámara agotada, el turno de las rectificaciones. En la suya afirma Gil Robles:

«Su señoría (Casares) puede tener la satisfacción de que, mientras esta tarde buscaba el apoyo del Frente Popular y daba su señoría la sensación de que más que director era dirigido, en las calles de Madrid se estaban asaltando las tiendas, en demostración de la eficacia de la política de orden público del Gobierno». Interpreta los ataques a la actuación del Gobierno en Octubre como ataques al Ejército. Exige que se plantee un debate sobre los sucesos de la Revolución de Asturias.

Calvo Sotelo, en su turno, defiende a la señorita Primo de Rivera de unas alusiones insidiosas. Califica al discurso de Casares de «máxima imprudencia». Defiende al Ejército, a quien —en desacuerdo con amigos como Gil Robles— considera no como brazo armado, sino como columna vertebral. Ataca al Gobierno por haber permitido que el diario comunista Mundo Obrero designe a las Fuerzas Armadas como «fuerzas del crimen». Y concluye con el más famoso párrafo de toda su oratoria, y uno de los más famosos de la oratoria española de todos los tiempos:

«Yo tengo, señor Casares Quiroga, anchas espaldas. Su señoría es hombre fácil y pronto para el gesto de reto y para las palabras de amenaza. Le he oído tres o cuatro discursos en mi vida, los tres o cuatro desde ese banco azul, y en todos ha habido siempre la nota amenazadora. Bien, señor Casares Quiroga. Me doy por notificado de la amenaza de su señoría. Me ha convertido su señoría en sujeto, y por tanto no sólo activo, sino pasivo, de las responsabilidades que puedan nacer de no sé qué hechos. Bien, señor Casares Quiroga. Lo repito, mis espaldas son anchas; yo acepto con gusto y no desdeño ninguna de las responsabilidades que se puedan derivar de actos que yo realice, y las responsabilidades ajenas, si son para bien de mi patria (Exclamaciones) y para gloria de España, las acepto también. ¡Pues no faltaba más! Yo digo lo que santo Domingo de Silos contestó a un rey castellano: «Señor, la vida podéis quitarme, pero más no podéis». Y es preferible morir con gloria a vivir con vilipendio. (Rumores). Pero a mi vez invito al señor Casares Quiroga a que mida sus responsabilidades estrechamente, si no ante Dios, puesto que es laico, ante su conciencia, puesto que es hombre de honor; estrechamente, día a día, hora a hora, por lo que hace, por lo que dice, por lo que calla. Piense que en sus manos están los destinos de España, y yo pido a Dios que no sean trágicos. Mida su señoría sus responsabilidades, repase la historia de los veinticinco últimos años y verá el resplandor doloroso y sangriento que acompaña a dos figuras que han tenido participación primerísima en la tragedia de dos pueblos: Rusia y Hungría, que fueron Kerensky y Karoly. Kerensky fue la inconsciencia; Karoly, la traición a toda una civilización milenaria. Su señoría no será Kerensky, porque no es inconsciente, tiene plena conciencia de lo que dice, de lo que calla y de lo que piensa. Quiera Dios que su señoría no pueda equipararse jamás a Karoly… (Aplausos)».

La rectificación de Enrique de Francisco es desmañada; Calvo Sotelo le pone en serios aprietos al evocar el colaboracionismo de los socialistas durante la dictadura.

En ese momento se presenta ante la Mesa una proposición incidental del Frente Popular, encabezada por Marcelino Domingo, que anula la de las derechas. Tras un escarceo reglamentario, Gil Robles, al frente de sus huestes, abandona el salón. Todo ha terminado ya: las amenazas quedan flotando en el aire. Marcelino Domingo, en su defensa de la proposición incidental, desinfla el debate; se remonta a 1909; hostiga al cardenal Segura; parece no haberse enterado de ninguno de los discursos anteriores. Pero el resultado numérico de la votación final —favorable, por supuesto, al Frente Popular— no interesa en lo más mínimo a la Historia. Ni el destino posterior del pobre gobernador Bosque, el «anarquista con fajín» obligado a dimitir por el Gobierno (ante un incalificable telegrama dirigido a Calvo Sotelo) y posteriormente fusilado por los nacionales; ni la ajetreada trayectoria marítimo-política del «pigmeo» Bruno Alonso; ni siquiera la inutilización absoluta de los principales protagonistas de este debate trágico, desaparecidos ya o marginados el primer día de la Guerra Civil, con la excepción de Dolores Ibárruri. Lo que a la Historia realmente interesa es señalar que en el debate del 16 de junio la Guerra Civil de las Cortes ya marcaba sus conexiones con las fuerzas que la iban a desencadenar; una de ellas era, sin duda, la propia descomposición parlamentaria que ese debate revelaba.

Después de los fuegos cruzados del 16 de junio, la vida parece haber huido de las Cortes españolas. Se discuten los proyectos de ley que ya hemos citado en otra parte de este capítulo; el 1 de julio se celebra una sesión de doce horas dedicada al debate sobre el campo, en el que vuelve a suscitarse un escándalo ante la intervención de Calvo Sotelo sobre el obsesivo tema del desorden, que invalidaba cualquier progreso económico y cualquier discusión constructiva. En esta sesión se reproducen las amenazas expresas contra la persona de José Calvo Sotelo, que tiene que dejar de hablar ante el griterío de la izquierda. También en esta sesión tiene lugar una rarísima intervención: la del conde de Romanones, que aduce datos económicos y técnicos de su tiempo. A partir del 2 de julio, las Cortes discuten el proyecto de rescate de bienes comunales y la ampliación de la amnistía. Pero ya no era hora de palabras. El 24 de junio Ángel Pestaña, el diputado sindicalista, pedía la clausura del inútil Parlamento, cuya misión durante la primavera trágica no parecía ser otra que la que, al principio de este estudio, le señalaba Antonio Ramos Oliveira: «caja de resonancia para la Guerra Civil».

He dejado a propósito para el final de este epígafe la frase más reveladora que se pronunció en las Cortes de la primavera trágica cuando, con Azaña aún como jefe del Gobierno, se iniciaban los grandes debates que presagiaban ya la Guerra Civil. Personalmente estoy convencido de que el Frente Popular, con su política abiertamente revolucionaria, con sus arbitrariedades y sus bandazos, con la debilidad del Gobierno republicano ante los tirones de los partidos obreros fue el auténtico provocador de la Guerra Civil. Si esto es verdad, y creo haberlo dejado bien claro y documentado en los epígrafes anteriores, ¿qué camino quedaba a las derechas, que como se había demostrado en las elecciones de febrero eran media España, sino defenderse a muerte si no preferían resignarse a la aniquilación? A este propósito viene como anillo al dedo una frase de Gil Robles en el debate del 15 de abril. La frase más reveladora y trascendente de todo el período que hemos llamado primavera trágica.

«Una masa considerable de opinión, que es por lo menos la mitad de la nación, no se resigna implacablemente a morir, os lo aseguro. Si no puede defenderse por un camino se defenderá por otro. Frente a la violencia que desde aquí se propugna, surgirá la violencia por otro lado y el poder público tendrá el triste papel de mero espectador de una contienda ciudadana en la que se va a arruinar, moral y materialmente, la nación».[79]

Fuentes para el análisis de
la primavera trágica

Pasamos a estudiar ahora cómo se articuló la reacción defensiva de la «media España que no se resigna a morir». Los testimonios y obras de síntesis acerca de los preparativos, desarrollo y desenlace de la gran conspiración son abundantes y, a primera vista, definitivos. Faltaba, sí, la coordinación bibliográfica e informativa de todos ellos, y varios autores estaban intentándola cuando les surgió de repente un competidor inesperado: José María Gil Robles. En el capítulo «Hacia la catástrofe» de su libro monumental No fue posible la paz, el Gil Robles historiador abruma al Gil Robles testigo y mediante la indicada síntesis informativa nos entrega una versión histórica de la conspiración que más de un comentarista ha señalado como definitiva.

Una apreciación más próxima tiene que reconocer la importancia indudable del libro de Gil Robles pero también ha de rebajar tanto entusiasmo. Porque la versión Gil Robles es ante todo bibliográfica: nos exime en gran parte, eso sí, de la consulta detallada a los trabajos previos —casi siempre de autores carlistas— que sintetiza. Pero se trata, disimuladamente, de una versión apologética y exculpatoria: es una versión personal y con tesis. Gil Robles no fue, desde luego, protagonista de la gran conspiración, pero intervino en ella —él y su partido— de forma mucho más directa de lo que parecen sugerir sus páginas, en las que vamos a advertir alguna importante y deliberada ocultación histórica. Y, sobre todo, cae Gil Robles en el pecado común de tantos historiadores de la guerra española y sus antecedentes: obsesionado por la síntesis de libros, olvida la existencia de las definitivas fuentes primarias. Si el lector compara la síntesis de Gil Robles con la que le ofrecemos en este libro, advertirá inmediatamente que la diferencia de metodología repercute decisivamente en la diferencia de información.

La tónica general de los trabajos publicados acerca de la gran conspiración responde a la actitud de exaltar la participación propia o del propio grupo en el movimiento victorioso (en el caso de Gil Robles, del Gil Robles de 1968, la preocupación es simétricamente inversa). Los autores, en general, no pretenden recompensas de tipo material; quieren únicamente asegurarse un lugar en la Historia de los vencedores.

Pero la Historia, que no puede ser de los vencedores ni de los vencidos, considera sus aportaciones a la luz relativista de los hallazgos de archivo.

El hilo de nuestra trama se ha dirigido precisamente a la conexión de las fuentes documentales catalogadas en el Archivo de la Guerra de Liberación, del Servicio Histórico Militar de Madrid; presentamos por primera vez la serie impresionante de tantos documentos inéditos que, como el lector verá, relegan a los márgenes de la Historia buena parte de la pretenciosa bibliografía anterior. Entre esos documentos vitales destacan el informe Fernández Cordón —ayudante de Mola—, con la colección, al fin completa, de todas las instrucciones y directrices del general; el informe Costa, sobre las Juntas Militares del alzamiento y la participación de las organizaciones civiles; los testimonios inapreciables dispersos en varios procesos de rehabilitación y depuración, testimonios firmados por nombres como Valentín Galarza, Bartolomé Barba, José Enrique Varela…; la extensa e informativa declaración de uno de los más destacados componentes de la Junta de generales, González Carrasco; los informes sobre preparación y desarrollo del alzamiento en diversas ciudades y establecimientos militares. Entre los documentos obtenidos personalmente por el autor, recogidos en los archivos del Ministerio de Información y Turismo, utilizamos la breve, pero esencial, declaración del general Aranda; los testimonios de varios actores secundarios, pero situados en excelentes puestos de observación, como Cesare Gullino y Tomás Borrás; otros testimonios y documentos cuya procedencia y contenido no podemos aún citar por ruego de sus donantes, pero que, desde la sombra, nos orientan en apreciaciones y enfoques.

Para el relato de la muerte de Calvo Sotelo y sus consecuencias, sí que el testimonio de Gil Robles parece, en líneas generales, indiscutible y a él nos atenemos, con ciertas puntualizaciones derivadas de otras fuentes y de uno de los testigos presenciales. Incorporamos a ese epígrafe las conclusiones de una revisión de fuentes republicanas de la que resalta la excelente y significativa información que los gobernantes del Frente Popular despreciaron. El libro de Manuel Domínguez Benavides El crimen de Europa, nuestra guerra (Barcelona 1937) desborda sectarismo y exageración pero para el asesinato de Calvo Sotelo, insultos aparte, es de una objetividad pasmosa.

Las historias más o menos oficiosas publicadas hasta la fecha en España contienen tales errores y omisiones en el estudio sobre la preparación del alzamiento que hemos decidido prescindir de ellas casi en absoluto para este capítulo. En un anexo al informe Fernández Cordón y en varios documentos procesales de la época se recogen documentadas y minuciosas críticas al relato de la historia de la cruzada española que para este tema incurre en una deliberada tergiversación: el oscurecimiento de la actividad del general Mola para colocar en el primer plano a otras figuras militares cuya misión y función en aquel período nos parece ahora bien distinta. La situación misma del relato conspiratorio en el plan de esa obra nos parece torpe e interesada, sin que por ello dejen de ser estimables los numerosos datos que aporta.

Son muy interesantes, en cambio, los esfuerzos de los historiadores falangistas para subrayar la importancia de sus jefes en la preparación y desencadenamiento de la sublevación.

He aquí, en rasgos muy generales, el despliegue frontal que nos ha servido para fundamentar y documentar este capítulo. Como ya puede advertir el lector, la preocupación analítica domina ya aquí sobre la sintética; estamos en el otro extremo metodológico, a la vez que cronológico, de esta serie de Episodios sobre la República. Metodológicamente hablando, el montaje de este capítulo es ya semejante al que utilizaremos en los Episodios de la Guerra Civil. Las fuentes primarias —a las que damos generalmente preferencia— empiezan ya a estar disponibles con suficiencia, casi diríamos con abrumadora abundancia. A su nueva irrupción, y no es prurito alguno de originalidad, se debe que el desarrollo y las conclusiones de este capítulo vayan a resultar tan diferentes de lo habitual. Porque la mitificación de nuestra guerra y sus prólogos había llegado tan dentro de la opinión histórica que, como vemos en este capítulo, llegaba a invadir las propias fuentes.

Conspiración militar y
trama civil

Hoy estamos en condiciones de demostrar dos tesis importantes. Primera, que la conspiración secreta para el alzamiento de julio de 1936 fue totalmente defensiva como respuesta al desbordamiento revolucionario y a los evidentes y comprobadísimos proyectos subversivos del Frente Popular, que han quedado claros en los epígrafes precedentes de este Episodio. Segunda, que en la reacción defensiva del centro-derecha intervienen dos factores: el más importante, que es la conspiración militar múltiple; y el segundo, que es la acción de una trama civil también múltiple e importante, aunque enteramente subordinada a la conspiración militar.

En lo que resta de este Episodio analizamos las principales estructuras de la trama civil; dejamos a la Falange para el Episodio siguiente, con el que cerramos la serie de la República, y que se dedicará a la conspiración militar y a las virtuales declaraciones de guerra que tuvieron lugar antes del 17 de julio de 1936.

El alzamiento de julio de 1936 fue, esencialmente, un acto de una parte del Ejército español (y por supuesto una parte de la Marina) cuyo principal organizador y responsable fue el general Emilio Mola Vidal. Mola, por iniciativa propia, acertó a fundir, aunque imperfectamente, las conspiraciones superpuestas y los impulsos de rebeldía contra la República y contra el Frente Popular que alentaban en diversas organizaciones políticas y militares, muy conectadas entre sí mediante intercambios de información (e incluso de planificación) casi siempre de tipo personal. Aparte de estas colaboraciones más o menos directas, el alzamiento contó con un ambiente muy favorable en una inmensa parte del pueblo español, superior probablemente pero en todo caso no inferior a la mitad numérica de los habitantes del país, que contribuyeron a su posibilidad y su ejecución mediante las organizaciones políticas de derecha y también mediante colaboración cívica no previamente alineada, sino estructurado sobre la marcha en grupos de apoyo ciudadano, por ejemplo Acción Ciudadana que aparece en documentos de Lérida; las Cruzadas Nacionalistas de Granada, etcétera.

La cooperación e interferencia de los grupos civiles y militares que coincidían en el anhelo común de «acabar con aquello» origina numerosos problemas que afectan a la claridad histórica. En nuestra reconstrucción tratamos de poner de manifiesto las líneas maestras de los hechos, pero no intentamos conseguir una sensación de claridad absoluta, que sería engañosa en aquel escenario de rebeldía cuya característica principal es precisamente la confusión.

En los dos epígrafes siguientes estudiaremos la actividad conspiratoria estrictamente militar, en sus diversas fases. En éste vamos a analizar inmediatamente la génesis de la rebeldía en cada uno de los grupos que intervinieron en ella, para esbozar luego las razones comunes a todos ellos y al sector militar que con ellos y sobre ellos se levantó en julio de 1936.

La rebeldía de los monárquicos militantes contra la República se pone de manifiesto, como sabemos, en cuanto se reponen del estupor del abandono.[80] Responsables de éste los viejos políticos del antiguo régimen, los nuevos líderes monárquicos son hombres de juventud y prestigio profesional, cuyo portavoz es aquella especie de organismo autónomo de la rebeldía antirrepublicana llamado ABC\ cuentan, además, con otros diarios y medios de expresión menos independientes y quizá por ello menos peligrosos para la República. Sin embargo, parece, como sabemos, que los monárquicos no participaron de forma organizada en la sublevación del 10 de agosto; no por falta de deseos, sino porque en el «Diez de Agosto» no participó de forma organizada nadie, ni siquiera sus propios organizadores. La rebeldía monárquica, latente siempre, siempre preparada, se institucionaliza en el otoño de 1932, con la creación de un «comité de conspiración» integrado por Jorge Vigón,

Eugenio Vegas Latapié, el marqués de la Eliseda y el grupo Ansaldo. En una reunión en casa de Juan Antonio Ansaldo, se traza el plan para «reorganizar los elementos dispersos del abortado diez de agosto». Parte principal del plan es la recaudación de fondos entre los simpatizantes de la causa, a los que se pide una aportación equivalente a cinco mil dólares; el éxito es halagador y los conspiradores se dirigen a París, donde Alfonso XIII aprueba sus actividades y les autoriza a actuar en su nombre.[81] Ya sabemos que el rey mantuvo durante su exilio una actitud elevada y patriótica; pero no se atrevió a desautorizar a sus fieles, cuyos entusiasmos, como bien pronto reveló, no compartía en absoluto.

En diciembre de 1932 la institucionalización de la rebeldía monárquica ofrece una contundente prueba escrita en los documentos de Antonio Goicoechea que, como sabemos, se encuentran disimulados en el imprescindible librito de Gutiérrez-Ravé. Goicoechea, insistimos, no participó personalmente en la rebelión de agosto. Pero tiene delante el 10 de agosto cuando traza, en diciembre de 1932, su programa subversivo:

«Preparar un golpe de fuerza, para lo cual debía hacerse una doble gestión: una propaganda en el Ejército, que el 10 de agosto se había demostrado no estar todavía suficientemente convencido de la gravedad del problema de España y de la necesidad de resolverlo fuera de las vías legales; y buscar apoyos en el extranjero, principalmente en Italia…»[82].

Éste es el segundo punto de los propósitos fundacionales de Renovación Española. Para cumplir la finalidad expresada en el primer punto, que ya conocemos, se funda Acción Española. Los locales de la asociación intelectual monárquica son un nido de coordinación conspiratoria y su revista difunde las bases teóricas de la rebeldía. Estas bases muestran siempre una honda preocupación jurídica; su principal expositor es el sacerdote Aniceto de Castro Albarrán, quien fundamenta teológicamente la rebelión contra la República —poder ilegitimado por un ejercicio abusivo e injusto— en textos de la Escritura, opiniones de la tradición católica y argumentos escolásticos de toda ley.

Este tipo de argumentación tiene gran importancia porque va a recogerse íntegramente en los documentos eclesiásticos y teológicos que, en su día, justificarán las razones de los nacionales durante la Guerra Civil. Durante la República es obvio que tranquilizaron las conciencias de los presuntos sublevados, quienes, por supuesto, se decidieron a su vital arranque por motivos bastante más inmediatos y palpables.

Cree Gutiérrez-Ravé que el nombramiento —¿por quién?— del teniente coronel Valentín Galarza como encargado de extender la propaganda de la rebelión monárquica dentro del Ejército se derivó de ese punto segundo para la fundación de Renovación Española. Cree el mismo autor que, después de la labor callada de Galarza durante más de un año, esa labor culminó en la fundación de la Unión Militar Española (U.M.E.). Tal vez exagera un tanto. El teniente coronel Galarza accedió sin duda a mantener un enlace con los monárquicos militantes, pero su actividad conspiratoria principal era la reedición corregida y aumentada del 10 de agosto, manteniendo la preponderancia militar del posible intento. Juan Antonio Ansaldo también trata de describir a Valentín Galarza como delegado de su «comité conspiratorio». Los acontecimientos posteriores demostrarían lo exagerado de esta opinión.

Los contactos de los monárquicos españoles con la Italia fascista se han exagerado de tal forma por los comentaristas de la izquierda que han llegado a presentarse como antecedente esencial y condicionante del movimiento de julio. Nada más lejos de la realidad. Existieron sin duda esos contactos. Durante la Dictadura tuvo lugar el «pacto de la Malvarrosa» entre antifascistas italianos y republicanos españoles; Mussolini veía con gusto la posibilidad de devolver el favor. Para los contactos entre los conspiradores españoles y la Italia fascista resultó decisiva la influencia de Italo Balbo. El barbudo mariscal del Aire sentía gran interés por las cosas de España, era amigo de varios aviadores españole y viajaba a nuestro país con frecuencia y discreción, lo que entonces era fácil a través de un aire sin fronteras. Parece que Balbo había enviado armas destinadas a la sublevación de agosto, aunque la remesa no pudo ser retirada de Gibraltar.

En la primavera de 1933 Juan Antonio Ansaldo recibe el encargo de acompañar a Roma a Eduardo Aunós, desterrado en París. Ante las dilaciones del corporativista, es José Calvo Sotelo quien se entrevista con Italo Balbo. Ignoramos los resultados de este contacto, si es que tuvo alguno. El demasiado famoso viaje de Sanjurjo a Alemania en 1936 tampoco provocó consecuencias tangibles.

La iniciativa para la reanudación de las negociaciones partió conjuntamente de la TYRE, del «comité conspiratorio militar-monárquico» y de los epígonos del 10 de agosto, que forman por primera vez un frente cívico-militar ante la abierta amenaza de subversión proclamada por las izquierdas y los socialistas para el caso de cumplirse las previsiones democráticas derivadas del resultado de las elecciones de noviembre de 1933. El embajador de Italia, Pedrazzi, prepara la negociación, que se celebra en Roma. Intervienen el teniente general Barrera, por el Ejército; Goicoechea, por Renovación; Rafael Olazábal y Antonio Lizarza Iribarren, por la Comunión Tradicionalista. Es muy posible que éste fuese un segundo viaje por partida doble; parece que el general Barrera, acompañado por el capitán Batalla, se había entrevistado ya antes con Balbo y Mussolini.

Los conspiradores visitan en primer lugar al coronel Luigi María Longo, antiguo agregado aéreo en España, instructor de aeronáutica naval del almirante Salas en Barcelona y profesor de vuelo de Ramón Franco. Hablan luego con Balbo y por fin con Mussolini. Los conjurados dan ante el Duce un lamentable ejemplo de desunión política y militar. Coinciden, sí, en que sus proyectos eran «luchar contra la República y derribarla»[83], pero no se ponen de acuerdo ni en el rey que desean poner al frente de la «monarquía corporativa y orgánica» —los de Renovación aceptan, eso sí, que no sea Alfonso XIII— ni para fijar el porcentaje de armas correspondientes a cada grupo. El texto del pacto se conserva entre los documentos capturados a los italianos en la Segunda Guerra Mundial; el documento que exhiben con frecuencia las publicaciones adversas es el borrador que Goicoechea trazó en una servilleta del hotel y que luego fue incautado por los republicanos en su domicilio de Madrid durante la guerra. El pacto se selló el 31 de marzo de 1934 a las cuatro de la tarde; la copia española auténtica quedó en un banco de Roma. Mussolini se declaraba dispuesto a «ayudar con la asistencia y medios necesarios a ambas partes de la oposición al régimen existente, con el fin de derribarlo y reemplazarlo por una regencia que prepararía la restauración completa de la monarquía». «Como demostración práctica y previa de esta intención, estaba dispuesto a contribuir inmediatamente con veinte mil fusiles, veinte mil granadas de mano, doscientas ametralladoras y un millón y medio de pesetas en metálico». «Tal ayuda era sólo de carácter preliminar, y que sería seguida oportunamente por otra mayor…».[84]

El dinero se entregó según lo convenido; en cambio, no parecen haber llegado sino parte de las armas italianas, a juzgar por lo que sucedió en los primeros momentos de la sublevación en Navarra.

Lizarza cree que el adiestramiento de requetés en Italia formaba parte de un pacto adicional al anterior. En cambio, Cesare Gullino, que actuaba de enlace entre los conjurados y la Embajada italiana en Madrid (conversación con el autor en 1963), cree que la famosa «misión militar peruana», cobertura de las negociaciones monárquicas, se montó a iniciativa posterior de José María de Oriol. Unos trescientos militantes carlistas se adiestraron por Longo y otros militares italianos en el campo de la Furbara, cerca de Roma.

La influencia del Pacto de Roma en el alzamiento de 1936 ha sido sumamente exagerada por los polemistas adversos. En 1936 las negociaciones de 1934 no eran más que un recuerdo; las armas prometidas casi no habían llegado y la cifra de requetés que recibieron instrucción militar era insignificante. Declarada la Guerra Civil, hubo que improvisar nuevas negociaciones sobre bases bien diferentes; nadie pensó que eran la continuación de las de 1934. De todas formas, el precedente era significativo y alarmante de cara a la intervención extranjera en ese gran asunto interno que fue la Guerra Civil española.

Los marqueses de la Eliseda y de Arriluce de Ibarra fueron designados tesoreros de la conspiración en el exterior y en el interior de España. Ansaldo cree distinguir dos alas en el Bloque Nacional de Calvo Sotelo: la conspiradora —que creó las «guerrillas»— y «el sector electorero y legalista». Con la entrada de Gil Robles en el Ministerio de la Guerra, los ímpetus rebeldes del Bloque Nacional se moderaron bastante. Pero ante la sinuosa marcha de la contrarrevolución en el poder, el pronunciamiento monárquico revivió en octubre de 1935, con ocasión de la concentración monárquica de Roma para la boda del infante don Juan. Según un testigo excepcional, Ignacio Arenillas, marqués de Gracia Real (conversación con el autor), allí se perfila el tándem Sanjurjo-Calvo Sotelo, de cuya conjunción cabría esperar más bien una readaptación de la Dictadura que una inmediata restauración monárquica en caso de triunfo. Después de las elecciones de febrero, ABC reanuda con virulencia sus ataques a la República en cuanto tal:

«Esto es la República, la de abril y la de todas las fechas; que las fechas pueden cambiar el ritmo y algunos accidentes o aspectos, pero nunca la entraña y el ser de la República… Esto es la revolución abierta en 1931, y que, como todas las revoluciones, sigue su marcha más o menos impetuosa y ha de seguirla mientras no encuentre la reacción verdadera y eficaz de soluciones radicales sin fórmulas de transigencia y acomodamiento».[85]

Durante la primavera trágica, el frente cívico-militar, cada vez con menos fisuras por lo menos de cara al enemigo común, emerge como eficaz instrumento de acción y amplía enormemente su base popular. El 26 de mayo de 1936 Mola solicita de Goicoechea la redacción de un manifiesto para sublevar la zona norte y le pide hombres para ocupar los pasos de Somosierra, misión que se confiará al militante monárquico Carlos Miralles. Los tesoreros de Renovación contribuyen generosamente a la financiación del movimiento. Juan Ignacio Luca de Tena actúa como eficaz agente de enlace entre los conspiradores militares y varias personalidades monárquicas y enemigas de la República; el Dragón Rapide de Franco es un avión monárquico. Mientras tanto, ABC ataca con ferocidad el intento dictatorial de Maura bajo el título «Los renegados de la República».[86] A principios de julio, Eugenio Vegas enlaza a Mola con los conspiradores de la Marina.[87] Gil Robles tiene toda la razón cuando describe así la actitud de Luca de Tena, y sus palabras son aplicables a los monárquicos militantes en general:

«No confió en los métodos legales; consideró como un grave daño para la monarquía mis esfuerzos por llevar a las derechas a convivir en la República y gobernar con ella, y creyó de buena fe que una apelación a la fuerza serviría mejor a sus ideales, comenzando por la restauración monárquica. Por eso propugnó siempre el alzamiento, colaboró en su preparación cuanto pudo, prestó el máximo apoyo al Movimiento con su periódico…».[88]

El principal apoyo monárquico a la conspiración fue, desde luego, la enorme personalidad de José Calvo Sotelo, agigantada desde el relativo eclipse de Gil Robles tras las elecciones, y dirigida en un esfuerzo titánico contra la República y contra el Frente Popular, considerado por él como la degeneración lógica de la República. Nunca la energía de un solo hombre hizo tambalearse así a todo un régimen, apoyado además en las fuerzas y en las masas revolucionarias. Calvo Sotelo fue el portavoz de la resistencia, el heraldo de la rebelión. Al Ejército le suministró toda una teoría de acción política; a las masas de la derecha, sin distinciones, la conciencia de su unidad y del peligro que les amenazaba. No se conoce el grado y los detalles concretos de la participación de José Calvo Sotelo en los preparativos de la conspiración; pero en todos los momentos precursores importantes, en 1933, en 1934, en 1935, se halla presente o como inspirador. Cuando los pretorianos desmandados del Frente Popular le eliminaron, sabían muy bien lo que hacían y a dónde apuntaban. En compensación, su muerte fue el rebato definitivo para la rebeldía cívico-militar, la señal arrolladora para la Guerra Civil.

La participación de la derecha católica —la CEDA— en la gran conspiración ha sido deliberadamente tergiversada y reducida a posteriori, después de más de treinta años, por José María Gil Robles. Esta actitud, que no puede atribuirse más que a motivos políticos de actualidad, emborrona tristemente la patética y gallarda ejecutoria real del Gil Robles de 1936, y para un historiador, que siempre reconoce la caballerosidad y el valor del personaje, resulta verdaderamente inexplicable.

Repuesto del momentáneo desfallecimiento tras el fracaso electoral, Gil Robles vuelve al timón y el 4 de marzo de 1936 hace público examen de conciencia en el Consejo Nacional de la CEDA. Afirma allí que a pesar de todo debería mantenerse el partido dentro de la legalidad republicana. Habría que procurar la desconexión con los intereses reaccionarios, pero el jefe no se definió tajantemente ante los dilemas planteados por Giménez Fernández, que exigía una clara toma de posición entre fascismo y democracia, entre monarquía y república. Con distingos y accidentalismos y buenos deseos se llega, por tanto, a las puertas de la tragedia.

Poco a poco Gil Robles va perdiendo el control de sus militantes más aguerridos, que abandonan en masa las filas de la CEDA para afiliarse a Falange Española o al Bloque Nacional. Entre los diputados católicos y los del Bloque se establecen desconocidas y permanentes afinidades; todos acatan, más o menos explícitamente, la nueva jefatura de Calvo Sotelo, aunque solamente dos de ellos, la señorita Boñigas y Sáenz Pomares, abandonan la disciplina de la CEDA. Gil Robles se niega a patrocinar el éxodo de sus huestes o la unificación con grupos menos indecisos, pero doctrinalmente se alinea con ellos de cara a una posible rebelión:

«En cuanto a los actos injustos de gobierno, la resistencia frente a ellos, siempre lícita, puede llegar a convertirse en obligatoria cuando la injusticia es habitual y versa sobre materia grave»[89]. El proyectado alzamiento parecía entonces a Gil Robles un «movimiento legítimo de resistencia frente a la anarquía que amenazaba la vida misma del país»[90]. Consciente del lado a que se inclinaban sus simpatías y sus esfuerzos, se presentó en 1968, con razón, como preparador de las masas para la rebelión, del «pueblo del Movimiento»[91]. Gil Robles se ve atrapado, durante la primavera de 1936, en una grave contradicción interna. Por una parte, desea con toda sinceridad mantenerse en la legalidad democrática republicana; no siente el fascismo en modo alguno. Pero por otra parte experimenta la presión revolucionaria desmandada del Frente Popular, observa cómo sus militantes, sobre todo jóvenes, se le marchan en riada y reconoce en su fuero interno, como hizo en los pronunciamientos abortados de 1934 y 1935, que el recurso a las Fuerzas Armadas puede ser la única salida. Por eso se mantiene firme en el Parlamento frente a la tormenta del Frente Popular, pero colabora en la preparación del Alzamiento.

Junto a todas esas afirmaciones y otras semejantes, que el historiador acepta sin la menor dificultad, trata Gil Robles —en 1968, cuando participaba en la lucha antifranquista— de quitar importancia a su intervención en el proceso de la sublevación e incluso de presentarse como neutral, casi como un miembro más de la que muy pronto se conocería como tercera España. Insiste, por ejemplo, en que no participó para nada en la preparación y la conjura: para él la razón más concluyente, repetida con caracteres de obsesión, es «conmigo no se contó para nada».[92]

Llevado por un amor a la verdad difícilmente reprimible, él mismo nos da tales datos concretos en contra de sus afirmaciones abstencionistas que tiene que exclamar: «Se me dirá que esta conducta mía significa una colaboración con el Movimiento. No lo creo, aunque no tengo inconveniente en aceptarlo».[93]

Es una lástima contemplar a un jurista tan experto y a un patriota tan sincero y tan valeroso en medio de semejantes bandazos dialécticos que, como se ve, ni a él mismo convencen. En una resonante polémica entablada con motivo de la aparición en 1968 del libro de Gil Robles, el marqués de Luca de Tena demuestra con textos del propio «neutralista» su participación, cuya prueba más importante es la entrega al general Mola de medio millón de pesetas para los gastos de la conspiración. Torpemente intenta convencernos en 1968 Gil Robles de que tan —para entonces— notable cantidad se destinaba a cubrir económicamente una posible huida de Mola; no parece muy noble escudarse tras esta excusa, sobre todo si se tiene en cuenta lo desproporcionado de la cifra para tan menguado propósito.

Es posible que en el desdén de los conspiradores hacia Gil Robles —que no es lo mismo que el desdén de Gil Robles hacia los conspiradores, inexistente como vemos— influyera la negativa del político a convocar una reunión de Cortes en Burgos, para el 17 de julio, que declarase facciosos al Gobierno y al Parlamento: la propuesta se hace por medio de Francisco Herrera Oria y parece que el general Mola estaba en principio de acuerdo con ella. Pero la ocultación de Gil Robles no se refiere a este punto, sino al que puso de manifiesto Luca de Tena en ABC del 1 de mayo de 1968, según transcribimos a continuación:

«Empeñado en negar su participación en el Movimiento Nacional, llegó el señor Gil Robles en su citada réplica a dar una referencia de lo que declaró en la Causa General, incoada cuando se terminó la Guerra Civil.

Invito al lector a que compare dicha referencia con la declaración auténtica que hoy tengo en mi poder, con sus sellos oficiales y todo, según consta en la «famosa Causa General».

»No vamos a reproducir entera —sigue Luca de Tena— la declaración de don José María Gil Robles en la Causa General, sino casi tan sólo aquellas partes que se refieren a la polémica que he mantenido con mi ilustre contradictor, añadiendo a ellas, porque me parece correcto, el pensamiento político sustentado entonces por Gil Robles. Pero entera o en parte, la conclusión es la misma, y excusado es decir que, si lo juzgamos necesario o a requerimiento del propio señor Gil Robles, ABC está dispuesto a publicarla íntegra.

Lo que Gil Robles dice que declaró

«Cuando ya acabada la Guerra Civil fue incoada la famosa Causa General y en ella se volcaban los testimonios de quienes se vanagloriaban de haber participado en el alzamiento, yo declaré por escrito que no había tomado parte alguna en su preparación. Era una imprudencia hacer esa declaración tajante cuando me encontraba desterrado y perseguido, pero era la verdad de entonces, como lo es ahora. Y la verdad es para mí lo primero».

(Ya, 10 de abril de 1968)

Lo que verdaderamente declaró Gil Robles

«Se celebraron las elecciones de febrero de 1936. Las derechas, coaligadas, obtuvieron mayoría de votos en el país, pero el fraude y la violencia de las turbas, con la descarada complicidad del poder público, dieron los puestos de la Cámara a las fuerzas revolucionarias, cuya actuación política de atropello, vejaciones y crímenes está en la memoria de todos. La posición de la CEDA era bien clara. Había hecho una experiencia de actuación legal, fracasada por los manejos antidemocráticos y por la violencia criminal de las turbas. Estaba abierto el camino a la intervención de las Fuerzas Armadas y legitimado plenamente el empleo de la fuerza para restaurar el orden social y jurídico. No se divisaba más solución que la militar y la CEDA se dispuso a darle todo el apoyo posible.

»Cooperé con el consejo, con el estímulo moral, con órdenes secretas de colaboración e incluso con auxilio económico, tomado en no despreciable cantidad de los fondos electorales del partido.

»En relación directa con el alzamiento poco o nada pude hacer, salvo tareas secundarias, tales como el intento de cubrir al general Franco con la inmunidad parlamentaria mediante su elección con el general Fanjul por la provincia de Cuenca; una gestión realizada en San Juan de Luz, cerca de Fal Conde, por encargo del general Mola; la redacción de un manifiesto impreso en Biarritz y enviado a Pamplona el 16 de julio; y las diligencias hechas en Francia en unión con otros elementos para enviar un avión a Canarias al general Franco.

»Transmití a los elementos directivos de las organizaciones provinciales, que me visitaron durante los meses de junio y julio de 1936, las siguientes instrucciones reservadas para el momento en que el alzamiento se iniciase: 1a. Todos los afiliados se pondrían inmediata y públicamente al lado de los elementos militares. 2.a Las organizaciones del partido ofrecerían y prestarían la más amplia colaboración, sin el menor carácter partidista. 3a. Los elementos jóvenes se presentarían en el acto en los cuarteles para vestir el uniforme del Ejército y colocarse bajo el mando de los jefes militares, huyendo todo lo posible de formar milicias o batallones propios, en los que se veía un grave peligro de particularismo e indisciplina. 4a. Los elementos de la CEDA se abstendrían de todo acto de represalia, actuando contra los izquierdistas responsables por conducto de los tribunales militares ordinarios o extraordinarios, y siempre con garantías para los reos. 5.a Los elementos del partido evitarían a toda costa luchas partidistas por la hegemonía, aun a trueque de ceder posiciones políticas o administrativas. 6a. El partido prestaría la máxima ayuda pecuniaria posible a las autoridades militares.

»En cuanto al programa futuro, sospecho que cada uno de los núcleos políticos integrantes del Movimiento procuraría hacer triunfar honradamente los puntos esenciales de su ideario: Estado totalitario en unos, doctrina tradicional en otros, restauración monárquica en los demás. Para la CEDA, y sin que eso quiera decir que articulo programa alguno para el día del triunfo, el resultado ideal que apetecíamos era que el alzamiento nos llevara a un Estado autoritario, pero no totalitarista; tradicional, pero adaptado a las necesidades de los tiempos; dotado de estabilidad y continuidad en sus órganos supremos soberanos; democrático sobre una base corporativa y orgánica; suficientemente fuerte para no tener que ser arbitrario ni violento; respetuoso con los derechos inviolables de la personalidad humana, pero enemigo de toda clase de libertades disolventes; diferenciador de las legítimas jerarquías, pero perseguidor de las audacias insolventes y de las ambiciones bastardas; celoso del prestigio moral y material de la patria ante el mundo, pero no imprudente provocador de querellas verbalistas… En una palabra, una España fuerte, justa, tradicional y cristiana. Por este ideal murieron en el frente y en la retaguardia centenares de miles de hermanos nuestros. Tengo la convicción de que ese mismo ideal vive en las almas de los que no les olvidan.

»(Causa General. De la declaración firmada en Lisboa por el señor Gil Robles el 27 de febrero de 1942.)»

Entendemos, sin embargo, que el más grave desliz cometido por Gil Robles en su apología neutralista es la aceptación plena de la falsa e injuriosa tesis de Maurice Schumann. Por el lugar que esta declaración ocupa en el libro de Gil Robles, merece la pena transcribirla aquí, para asombro del lector que no la conozca:

«La adhesión demostrada en todo momento hacia la doctrina de la Iglesia —dice Schumann y cita Gil Robles— y las simpatías que sintió entonces por el Ejército parecían obligar a Gil Robles a abrazar sin reservas la causa de los militares sublevados el 18 de julio contra el Gobierno del Frente Popular. Pero Gil Robles creyó siempre que la Guerra Civil era evitable, y desde un principio manifestó su dolor mediante el apartamiento. Después de una breve estancia en Biarritz, de donde fue muy pronto expulsado, se exilia en Portugal, donde reside hasta el año 1953. No tiene, por lo tanto, sangre en las manos».

Comenta Gil Robles inmediatamente: «Ésta ha sido mi tragedia. Tal vez haya sido también mi mayor gloria»[94].

Después de los textos que hemos transcrito, y ante los que nos restan para terminar esta enojosa cuestión, hemos de concluir con tristeza que el halago reivindicatorio y la falta de resignación para conformarse con el único lugar que le compete —las páginas de la Historia— han llevado a Gil Robles, con la solemne aceptación de esa tesis, al mayor desliz y la mayor salida de tono de su vida.

En un interesantísimo informe entregado al general Franco en Terminus el 27 de junio de 1938 (y anotado por el propio jefe del Estado español), José María Costa Serrano, secretario general de la Derecha Regional Valenciana —integrada, como se sabe, en la CEDA—, nos ha transmitido revelaciones que contradicen también documentalmente la tesis de Gil Robles[95].

En efecto, la primera organización adherida oficialmente al Movimiento fue precisamente la Derecha Regional Valenciana. En febrero de 1936, a raíz de la derrota electoral, Costa convoca a la dirección política de la DRV «para que, en vista del agotamiento de los medios legales, se aceptase la tensión revolucionaria. La dirección política, en reunión presidida por Luis Lucia, acuerda «constituirse en milicia al servicio del Ejército» y comunica su acuerdo a la UME. Cuando a mediados de junio la Junta Militar, ya bajo la inspiración de Mola, acuerda establecer contacto directo y oficial con las entidades de derecha que quisieran prestar apoyo al Movimiento, el comandante Bartolomé Barba Hernández convoca una reunión en la playa del Saler a la que asiste Manuel Attard Alonso en representación de la DRV; también asiste, entre otros que en su lugar recordaremos, Ignacio Despujols, conde de Caspe y oficial del Ejército, por Renovación Española de Valencia, que se había adherido oficialmente al Movimiento muy poco después de la DRV La milicia cedista es la mejor preparada. En la reunión del Saler, Costa ofrece a Bartolomé Barba 1.250 milicianos de la DRV para los primeros momentos; 10.000 antes de las cinco horas del estado de guerra; y 50.000 antes de los cinco días.

El único plan coherente de acción subversiva para Valencia se debe a la DRV; el principal apoyo ciudadano que encuentran los rebeldes para controlar la guarnición y la ciudad es precisamente el de los mandos y los militantes de la DRV. Y éste no es más que un caso —importante y documentado— que evidencia la actitud oficial de sectores vitales de la CEDA en la preparación inmediata del alzamiento de julio.

Nuestros lectores recuerdan, por supuesto, las conexiones entre Gil Robles y los generales antirrevolucionarios en octubre de 1934, en toda la etapa de la CEDA en guerra, en diciembre de 1935 y en febrero de 1936. Aunque con especificaciones diferentes para cada una de las etapas, la vinculación genérica de Gil Robles al flujo general de la conspiración es evidente. ¿Cómo es posible que Gil Robles niegue su participación conspiratoria si en una fase previa esencial de la conspiración fue protagonista? Ante los datos existentes sobre su actuación en la primavera, el verano y el otoño de 1936 no se deduce que Gil Robles fue una especie de Madariaga derechista, sino que en sus intentos para cooperar y unirse a la conspiración primero y al bando sublevado después fue rechazado, muy contra su voluntad, por los propios conspiradores. Por dura (e injusta) que parezca esta conclusión, por mucho que destruya las tesoneras ilusiones políticas del gran democristiano, mucho nos tememos que, con más o menos modificaciones accidentales, está destinada a convertirse en la conclusión definitiva de la Historia.

La participación carlista en las diversas etapas de la gran conspiración es importantísima y tal vez la más decisiva de todas las colaboraciones designadas por los conspiradores militares, un tanto despectivamente, como civiles. Entre falta de información y sobra de sectarismo se ha querido reducir esa participación a la riada de boinas rojas navarras, que fascinó a antiguos enemigos como Hemingway y a futuros enemigos como Dionisio Ridruejo.

Pero ante la evidente y unánime espectacularidad de la convulsión navarra no cabe olvidar la importante participación carlista de otras zonas del país, como Andalucía y Aragón en la zona sublevada; es más, los efectivos carlistas en la zona que luego sería gubernamental, como Cataluña y, sobre todo, el Reino de Valencia, quedaron desaprovechados en gran parte por los conspiradores y en ello radicó una no pequeña causa de la derrota rebelde. En la reunión del Saler, Mariano Puigdollers, representante de los tradicionalistas valencianos, ofreció, para después de declarado el estado de guerra, cinco mil requetés de la provincia. Para los primeros momentos ofreció a Costa, en conversación posterior, dos grupos de doscientos hombres armados[96]. Y no olvidemos que el jefe ejecutivo del carlismo español no era un militante navarro, sino un abogado de Sevilla. El carlismo catalán contaba con numerosos militantes tradicionalmente aislados y privados de conexiones con los demás elementos de la conspiración; carecían de jefes eficaces, de acuerdo con la dura frase de José María Fontana que les llama «manada de leones dirigida por borregos».[97]

En cambio, Pamplona, ciudad que suele considerarse como bastión del carlismo, distaba mucho de serlo durante los primeros años de la República. Enclave liberal durante las guerras carlistas (los carlistas no la tomaron nunca), la población iruñesa sentía fuertes atracciones hacia el nacionalismo vasco y el socialismo, pero la decisión carlista convirtió la capital de Navarra en capital de la tradición tras una larga lucha que culminaba en febrero de 1936.

Coincidían los carlistas con los monárquicos en la aceptación y difusión de la teoría de la violencia justa. Parece que el primer protagonista de la idea fue el dirigente carlista Senante, antes de que Castro Albarrán y Vegas Latapié la popularizasen entre las derechas; el propio Manuel Fal Conde la expuso en una conferencia en Granada. De acuerdo con ella, los carlistas participaron localmente en el levantamiento del 10 de agosto, una de cuyas más importantes consecuencias fue el acercamiento entre ellos y el general Sanjurjo, descendiente de guerreros carlistas por las dos líneas. «Ya desde agosto del 32 veníamos en contacto» (con Sanjurjo), confirma, en efecto, Manuel Fal Conde.[98]

En marzo de 1933 el coronel bilaureado José Enrique Varela, encarcelado durante ocho meses con motivo de la «sanjurjada», se puso de acuerdo con sus compañeros de prisión, Fal y el conde de Rodezno; desde entonces comienza el adiestramiento militar de los requetés. Además del pacto con Mussolini, ya citado, Fal Conde revela, en las declaraciones citadas, otro pacto paralelo de los tradicionalistas con Portugal. A fines de 1934 el coronel Varela redacta unas ordenanzas para la milicia carlista, según las cuales se instituía una unidad superior tipo batallón (el Tercio), constituido por tres «requetés» o compañías de tres «piquetes» (secciones) y, por tanto, dotadas de 246 hombres. Los piquetes, de 70 hombres, comprendían tres grupos (pelotones) de 20 hombres cada uno, formados por tres patrullas. La patrulla equivalía a la escuadra: cinco soldados o boinas rojas al mando de un cabo. Las patrullas habían sustituido ya a las decurias de la antigua organización paramilitar.

El 8 de diciembre de 1934 Antonio Lizarza es confirmado por el secretario general Fal Conde como delegado regional de requetés de Navarra, dependiente del delegado nacional, Zamanillo. Continúan con entusiasmo demostraciones y «aplecs», entre los que destaca el desfile de 3.000 boinas rojas en Estella el 21 de marzo de 1935. Por esas fechas, las 899 patrullas de toda Navarra sumaban 5.394 encuadrados, a los que había que añadir los 300 de Pamplona. Desde el 31 de octubre de 1935, Varela, ascendido a general, deja el mando instructor de los requetés navarros al teniente coronel Ricardo de Rada, ayudado poco después por el teniente coronel Alejandro Utrilla. El 20 de diciembre de 1935, Alfonso Carlos confirma a Fal Conde y le designa jefe delegado de la Comunión Tradicionalista para España; nombra simultáneamente un Consejo de la Comunión, formado por Esteban Bilbao, Lorenzo Oller, Manuel Senante, Luis Hernando de Larramendi y José María Lamamié de Clairac.

A fines de año se constituye en San Juan de Luz, residencia habitual del que muy pronto, como sabemos, va a ser designado regente, Javier de Borbón Parma, una Junta Militar Carlista, heredera de la primitiva «Junta del alzamiento», presidida por el antiguo miembro del directorio militar, general Mario Musiera, y formada por los tenientes coroneles Rada, Baselga y Utrilla.

Varela seguía en contacto con los carlistas, quienes contaban además con el general Villegas y un buen plantel de jefes y oficiales: el coronel Ricardo Serrador, Maristany, Velarde, Purón, Vilanova, Barrera, Redondo, García de Paredes, Marchelina, Sicre, Diez Conde, Ruiz, Benítez Tatay, Díaz Prieto, etc. Maximiano García Venero nota, con razón, que en la primavera de 1936 se advierte un aire moderno y social en la renovada ideología carlista.

El 10 de marzo, fiesta de los Mártires de la Tradición, don Alfonso Carlos dirige una carta a Javier de Borbón-Parma insistiendo en las razones que le movieron a nombrarle regente suyo. A fines de marzo, concretamente el día 30, Sanjurjo escribe una nota presa del desánimo ante las indecisiones de la Junta de generales. El 19 de abril, como veremos con más detenimiento, Mola se pone al frente de la conspiración y durante el mes de mayo, a finales, don Javier y Fal Conde viajan a Portugal, y allí establecen un acuerdo firme con el general Sanjurjo:

«Consistió el acuerdo en que si el alzamiento era del Ejército, al que concurriríamos con todos nuestros medios, él acudiría adonde se le llamara, para cuyo caso la contraseña de llamada sería medio recordatorio de la señora de Ramón Carranza, de Cádiz, cuya mitad él retendría y la otra se la enviaría al general Mola. Si, contra lo que vivamente se deseaba y se procuraba, los mandos claves se echaban atrás, o llegado el momento fallaban, y todo en el supuesto básico de la inminencia del peligro de revolución soviética que sabíamos tan preparada, la sublevación sería sólo carlista».[99]

Como historiador y como español siento una simpatía irresistible por los carlistas, los hombres de la tradición; me parecen arrebatadores hasta en sus anacronismos. En la primavera trágica estaban dispuestos, según las fidedignas declaraciones de su jefe delegado, a levantarse en la cuarta guerra carlista, aunque fueran solos. Luego, en la Guerra Civil, se comportaron con valor y eficacia semejantes a las de la Legión. Ellos sí que sentían la cruzada, que quisieron arrebatarles décadas más tarde extraños ideólogos y falsos historiadores vinculados al marxismo y a la masonería cuyos modelos son el comunismo o la autogestión yugoslava, válganos Dios. Deseos me vienen de maldecirles por intentar prostituir uno de los rescoldos más admirables y generosos que quedaban en la España del siglo XX, uno de los refugios más auténticos del alma de España.

Es posible que Fal Conde visitase a Sanjurjo en ocasión anterior a fines de abril, cuando, tras fracasar el proyecto del general Rodríguez del Barrio, propone al marqués del Rif un doble plan de alzamiento que más o menos consistía en la sublevación carlista en Navarra y el Maestrazgo, con núcleos de apoyo dispersos por el país y marcha sobre Madrid; en algunos puntos este plan coincide con el que idearon los falangistas y descartaron por sugerencia del general Franco. Muy poco después del pacto citado en primer lugar, el 30 mayo de 1936, Raimundo García, Garcilaso, visita a Sanjurjo para confirmarle la decisión de Mola. Pero a primeros de junio surgen graves discrepancias entre el director del alzamiento y los dirigentes carlistas, para las que va a buscarse el arbitraje del desterrado en Estoril.

Se ha repetido que las discrepancias —que en tan grave peligro pusieron al éxito del alzamiento— se debieron a la intransigencia carlista en el fútil terreno de los símbolos. La apreciación es injusta. En primer lugar, porque el problema de los símbolos no era nada fútil en aquellos años treinta, tan simbólicos y ritualistas. Pero es que bajo los símbolos —la bandera, el himno— latían problemas de fondo mucho más graves. A los carlistas, lo mismo que a los monárquicos alfonsinos, el mero nombre de República les crispaba los nervios; y en sus instrucciones y compromisos con otras fuerzas conspiradoras, Mola había aceptado la dictadura republicana y la separación de Iglesia y Estado. Se hacía muy duro a los custodios de la tradición levantarse en armas y bajar de sus montañas para defender unos ideales tan poco atrayentes y tan desacordes con sus fidelidades seculares. Notas y contranotas se intercambian por una y otra parte; Mola se entrevista el 11 de junio con Zamanillo, en Pamplona; el 15 con Fal, en Irache (donde le entrega la nota fechada el 5 de junio en Madrid con la mención de dictadura republicana); el 2 de julio con Zamanillo de nuevo, en Echauri; allí es Mola quien recibe una nota carlista y la reunión termina en desacuerdo, pero ambas partes deciden someterse al arbitraje del general Sanjurjo. Antes de que éste pueda plantearse, se celebra el 5 de julio una trascendental reunión en el Cháteau de la Ferme, próximo a San Juan de Luz, entre Fal Conde y un grupo de ilustres visitantes enviados por Mola y presididos nada menos que por el propio José María Gil Robles en persona.[100]

Los otros dos miembros de la embajada eran el marqués de Luca de Tena y Francisco Herrera Oria. Toda la trama civil del alzamiento, menos Falange, estaba allí.

«No se me discriminó —continúa Fal Conde— qué papel tenía cada uno de los visitantes. Al parecer, el primero (Luca de Tena) no tenía un especial cometido, sino más bien de mero acompañante; Herrera, testigo de algo importante en lo crematístico, y el director y protagonista principal era el jefe de la CEDA. Hemos visitado —dijo— al general Mola para ofrecerle nuestro concurso para el movimiento que va a producirse. Paco le ha entregado medio millón de pesetas de La Editorial Católica, y yo le he dicho que quería hablar con él de ciertas condiciones de índole política que quería poner a mi colaboración. Me ha contestado que vengamos a verle a usted.

»Pregunté en distintos momentos qué condiciones eran y en qué consistía su aportación al Movimiento. Y le oí, con verdadero estupor, que todas las condiciones se reducían a que, triunfante el mismo, se entregara el Gobierno a una concentración de derechas, más en concreto a un Gobierno provisional de los jefes que habíamos constituido el comité electoral de las elecciones de febrero. Sin arrogarme representación alguna del Ejército ni fuerzas comprometidas, refuté tan delirante pretensión con tanta energía como miramiento personal, con razones de honor político rayano en el decoro, con la demostración del enorme fracaso que a él principalmente era imputable…».[101]

Al día siguiente de esta entrevista, 6 de julio, Fal Conde escribe al general Mola:

«Ayer he recibido la visita de José María G. R. acompañado de un correligionario suyo que se titulaba también emisario de V., y al propio tiempo que aquél se declara de absoluto acuerdo con V. y con los generales C. (Cabanellas) y Q. (Queipo), con quienes el aludido emisario dice que ha tenido entrevistas; me han dicho que la futura política está acordado que sea, después de una breve actuación de los militares, un Gobierno formado por los partidos de derecha que, por lo tanto, habrían de quedar subsistentes. Y, por fin, la versión autorizada que tengo de Lisboa es de que las condiciones que allá se han llevado de parte del gen. C. son de República con Gobierno Miguel Maura».

Sigue luego la extensa carta refiriendo las condiciones puestas por nosotros para nuestra colaboración… En síntesis, la derogación de la Constitución y leyes laicas, la disolución de todos los partidos, incluso aquéllos que tomaron parte en el alzamiento, como asimismo la de los sindicatos, para la reconstrucción orgánica de la sociedad que hacía innecesarios los partidos. Dictadura militar para esa estructuración, hasta unas Cortes representativas, y complemento de ese directorio militar mediante consejeros civiles. Se terminaba diciendo: “Se da por supuesto que el movimiento será con la bandera bicolor”».

El 8 de julio, para someter a Sanjurjo el arbitraje acordado entre Mola y los carlistas, Antonio Lizarza viaja a Estoril y trae, fechadas el 9, dos cartas de Sanjurjo, idénticas, para Fal y Mola. La carta de Sanjurjo es conciliadora y acepta en general las pretensiones carlistas.

También el día 8 de julio Alfonso Carlos escribe su última carta a Manuel Fal Conde. Le expone en ella «mi modo de pensar». Elimina de la sucesión a la rama de Alfonso XIII —por haber luchado contra la rama legítima— y a la de Nápoles, por haber reconocido a los usurpadores. Desearía que «don Javier Carlos» sea su sucesor, pero no lo impone, naturalmente.

Mientras Lizarza estaba en Portugal, se entrevista con Mola el conde de Rodezno, adversario principal de Fal dentro de las filas carlistas y desbancado por él en 1934. Rodezno sugiere a Mola que prescinda de las negociaciones con Javier de Parma y Fal Conde y que se entienda directamente con la Junta Regional Carlista, presidida por Baleztena, cuyas pretensiones políticas para colaborar en el alzamiento son más modestas: el nombramiento de ayuntamientos carlistas para toda Navarra en caso de triunfo. Baleztena era hombre de gran sentido político y mayor sentido de la realidad; su familia ha sido fiel a su ejemplo y se mantiene hoy en Leiza con heroico espíritu de resistencia frente a los embates separatistas, en custodia de un legado histórico trascendental. Vuelve Lizarza y entrega las cartas a sus dos altos destinatarios, Mola y Fal.

El mismo 11 de julio, Mola, asegurado por la conversación con Rodezno, declara que la firma es de Sanjurjo, pero la carta no lo parece. Indignado por el desdén, el 12 de julio Fal Conde, siempre en San Juan de Luz, ordena la suspensión total de relaciones con Mola; el alzamiento, que debería iniciarse en Navarra el 12 para secundarse en Africa el 14, tiene que aplazarse. Pero el mismo 12 de julio la Junta Regional se presenta en San Juan de Luz y solicita autorización para secundar a Mola. Javier de Parma les ordena esperar la respuesta de Alfonso Carlos, pero les autoriza a sublevarse si Mola da el grito antes de recibirse la respuesta regia. Al día siguiente, 13 de julio, vuelve de su acuerdo y envía urgentemente a Lizarza a Pamplona para que, sin orden expresa de San Juan de Luz, no se mueva un solo carlista, haga lo que haga Mola. Pero la noticia del asesinato de Calvo Sotelo hace ver a todos el absurdo de la disensión. El día 14, por iniciativa de Lizarza, los capitanes Barrera, Lorduy y Vázquez convencen a Mola de que acepte la carta de Sanjurjo, a lo que accede el director en brevísima esquela, llevada inmediatamente por Lizarza a San Juan de Luz. El día 15, de madrugada, don Javier da la orden a la Comunión Tradicionalista para que se sume al Movimiento, fijado para Navarra el día 18 y para Marruecos el 17. El mismo día 15 Lizarza traslada a San Sebastián a los encargados de sublevar la ciudad en nombre del carlismo: Musiera y Baselga. Y, por fin, el 17, cuando viaja en avioneta camino de Estoril, para transportar a Sanjurjo a San Juan de Luz, se ve obligado a aterrizar en Burgos, que aún no se había sublevado, y es detenido por la Guardia de Asalto, que le conduce a Madrid.

Mientras tanto, casi diez mil requetés, movilizados por su eterno «don Carlos» —muy pocos de ellos concretaban ese nombre mágico—, se disponían a marchar sobre Pamplona. El último recuento de Lizarza para el mes de junio ascendía a 8.400 encuadrados. Bastantes van armados con pistolas, pero casi ninguno dispone de armas largas. No importa. Los hondos y serenos valles navarros vibran de nuevo con la esperanza y la decisión. Allí nadie habla de Guerra Civil. Todos sienten la tradición y la cruzada.

En un fenómeno paralelo al arrepentimiento del 14 de abril, numerosos republicanos se fueron apartando, desde febrero, de la trayectoria frentepopulista, aparte de los muy grandes contingentes —dispersos, pero numéricamente considerables en conjunto— de republicanos radicales, centristas y derechistas, que jamás se consideraron representados en aquella versión sectaria de la «República recuperada».

Las alusiones de Mola a la «dictadura republicana», cuya documentación comentaremos en su momento, y los temores carlistas expresados ante Sanjurio y Mola, parecen sugerir que el director se mostraba dispuesto a concretar la idea de Miguel Maura de acuerdo con varios generales republicanos (Queipo, Cabanellas) y posiblemente con la aquiescencia, implícita o explícita, de Gil Robles. Otro republicano ilustre —al menos por la etiqueta política exterior— que se relacionó de una u otra forma con la preparación del Movimiento de julio fue Juan March. Un testigo presencial, Tomás Peire, de la casa March, me afirmó que el financiero proporcionó cierta cobertura de seguridad para el general Mola y su familia, y entregó al director sumas de cierta importancia durante la preparación del alzamiento; otros testigos que merecen crédito, aunque no estaban tan próximos a Mola ni a March, reducen mucho el valor de esas aportaciones.[102]

El peso de los republicanos en la conspiración se demuestra en el interés de Mola y Franco y otros jefes destacados (incluso monárquicos como Fanjul) en no herir el sentimiento republicano y en subrayar que no se alzaban contra la República, sino contra la degradación de la República, la anarquía desbocada del Frente Popular.

Tras este análisis de la trama civil para el Alzamiento, que fue significativa pero secundaria, hemos de recordar que su colaboración respondía a criterios de defensa vital contra el desbordamiento revolucionario del Frente Popular. Nos falta aún la aportación de la Falange a los preparativos del alzamiento, y la estudiaremos en el próximo Episodio, final ya de la época republicana. Pero la fuerza civil realmente importante que iba a sumarse al 18 de julio era, en frases de Gil Robles, «el pueblo del Movimiento», es decir, la «media España que no se resigna a morir». Por eso los obispos calificaron inmediatamente el alzamiento de julio como «Movimiento cívico-militar». Porque lo era, mal que les pese a los sofistas de la historiografía sectaria.

RICARDO DE LA CIERVA Y HOCES. (Madrid, España; 9 de noviembre de 1926) es un Licenciado y Doctor en Física, historiador y político español, agregado de Historia Contemporánea de España e Iberoamérica, catedrático de Historia Moderna y Contemporánea por la Universidad de Alcalá de Henares (hasta 1997) y ministro de Cultura en 1980.

Nieto de Juan de la Cierva y Peñafiel, ministro de varias carteras con Alfonso XIII, su tío fue Juan de la Cierva, inventor del autogiro. Su padre, el abogado y miembro de Acción Popular (el partido de Gil Robles), Ricardo de la Cierva y Codorníu, fue asesinado en Paracuellos de Jarama tras haber sido capturado en Barajas por la delación de un colaborador, cuando trataba de huir a Francia para reunirse con su mujer y sus seis hijos pequeños. Asimismo es hermano del primer español premiado con un premio de la Academia del Cine Americano (1969), Juan de la Cierva y Hoces (Óscar por su labor investigadora).

Ricardo de la Cierva se doctoró en Ciencias Químicas y Filosofía y Letras en la Universidad Central. Fue catedrático de Historia Contemporánea Universal y de España en la Universidad de Alcalá de Henares y de Historia Contemporánea de España e Iberoamérica en la Universidad Complutense.

Posteriormente fue jefe del Gabinete de Estudios sobre Historia en el Ministerio de Información y Turismo durante el régimen franquista. En 1973 pasaría a ser director general de Cultura Popular y presidente del Instituto Nacional del Libro Español. Ya en la Transición, pasaría a ser senador por Murcia en 1977, siendo nombrado en 1978 consejero del Presidente del Gobierno para asuntos culturales. En las elecciones generales de 1979 sería elegido diputado a Cortes por Murcia, siendo nombrado en 1980 ministro de Cultura con la Unión de Centro Democrático. Tras la disolución de este partido político, fue nombrado coordinador cultural de Alianza Popular en 1984. Su intensa labor política le fue muy útil como experiencia para sus libros de Historia.

En otoño de 1993, Ricardo de la Cierva creó la Editorial Fénix. El renombrado autor, que había publicado sus obras en las más importantes editoriales españolas (y dos extranjeras) durante los casi treinta años anteriores, decidió abrir esta nueva editorial por razones vocacionales y personales; sobre todo porque sus escritos comenzaban a verse censurados parcialmente por sus editores españoles, con gran disgusto para él. Por otra parte, su experiencia al frente de la Editora Nacional a principios de los años setenta, le sirvió perfectamente en esta nueva empresa.

De La Cierva ha publicado numerosos libros de temática histórica, principalmente relacionados con la Segunda República Española, la Guerra Civil Española, el franquismo, la masonería y la penetración de la teología de la liberación en la Iglesia Católica. Su ingente labor ha sido premiada con los premios periodísticos Víctor de la Serna, concedido por la Asociación de la Prensa de Madrid y el premio Mariano de Cavia concedido por el diario ABC.

Notas

[1] N. Kazantzakis, Spain, 1965, p. 35. <<

[2] Ibárruri, D., El único camino, 1962, p. 221. <<

[3] Azaña, M., Obras Completas, IV, p. 570. <<

[4] Gil Robles, J. M., No fue posible la paz, p. 645. <<

[5] Cfr. Los documentos de la primavera trágica, p. 498 s. <<

[6] Cfr. Los documentos de la primavera trágica, p. 498. <<

[7] Madariaga, S. de, España, 1964, p. 456. <<

[8] Miguel de Unamuno, Ahora, 1 de julio de 1936, p. 287. <<

[9] Heraldo, Madrid, 12-111-1936. <<

[10] 10Heraldo, Madrid, 14-111-1936. <<

[11] Heraldo, Madrid, 18-111-1936. <<

[12] Payne, S. G., Falange…, p. 83. <<

[13] Ibid., p. 81. <<

[14] Onésimo Redondo, Caudillo de Castilla, 1937, p. 188. <<

[15] Historia de la guerra en España, 1940, p. 6. <<

[16] Del Río y Pavón, José Antonio íntimo, 1964, p. 498. <<

[17] Payne, Falange, p. 87s. <<

[18] Del Río y Pavón, José Antonio íntimo, p. 510s. <<

[19] Ibid., p. 512. <<

[20] Los catalanes en la guerra de España, 1951, p. 43. <<

[21] Gil Robles, J.M., No fue posible la paz, p. 698. <<

[22] P. Broué y E. Témime, La revolución y la guerra de España (ed. mexicana, p. 84). <<

[23] No fue posible la paz, p. 643s. <<

[24] Vicens Vives, cit. y comentado por Seco Serrano, Historia de España del Inst. Gallag, VI (1968). <<

[25] I. Prieto, Convulsiones de España, 1967, p. 402. <<

[26] Azaña, M., Obras completas, III, p. 467. <<

[27] Ibid., III, p. 364. <<

[28] Cfr. Los documentos de la primavera trágica, p. 541. <<

[29] Cfr. Los documentos de la primavera trágica, p. 277. <<

[30] Ibid., p. 277. <<

[31] Publicado en 1968 y completamente agotado, me propongo refundir, ampliar y publicar ese libro en Editorial Fénix porque me parece imprescindible para comprender la clave histórica del Frente Popular y su período de Gobierno. <<

[32] La República española y la Guerra Civil, p. 170. <<

[33] Marichal en Azaña, Obras Completas, 111, XXIX. <<

[34] I. Prieto, Convulsiones de España, 1966. 1, p. 139. <<

[35] Cfr. Los documentos de la primavera trágica, p. 385. <<

[36] Cfr. Los documentos de la primavera trágica, p. 386. <<

[37] Primero de mayo de 1936.Unios contra la guerra y el fascismo, 1936. <<

[38] Compruebe el lector los esfuerzos interpretativos de los historiadores oficiales del PCE en Guerra y revolución en España, 1966,1, p. 95. <<

[39] Azaña, Obras Completas, II, 902. Discurso del 7 de enero de 1934 en la Plaza de Toros de Barcelona. <<

[40] Obras Completas, III, p. 304. <<

[41] Ibid., IV, p. 472. <<

[42] No fue posible la paz, 1968, p. 706. <<

[43] Ed. Polonia, 1960. <<

[44] Maurín, J., Revolución y contrarrevolución en España, 1966, p. 288. <<

[45] PCE Material de discusión, 1936, p. 13. <<

[46] Communism and the Spanish Civil War, 1965, p. 21. <<

[47] Cfr. Los documentos de la primavera trágica, p. 460. <<

[48] Prieto, I., Convulsiones de España, I, p. 146. <<

[49] Cfr. Los documentos de la primavera trágica, p. 430. Tomado de Checa, P., ¿Qué es y cómo funciona el Partido Comunista de España?, 1936. <<

[50] Cfr. Cattell, D. T., Communism and the spanish civil war, 1965. Los documentos de la primavera trágica, p. 351 s. <<

[51] Llamamiento del Comité Central del Partido Comunista, 1936, p. 4 (Colección de Folletos de República y Guerra Civil, Biblioteca Nacional, Madrid). <<

[52] Mundo Obrero, 15 feb. 1936. <<

[53] Ibid., 18 de febrero de 1936. <<

[54] Mundo Obrero, 15 de mayo de 1936. <<

[55] José Díaz en Gil Robles, No fue posible la paz, p.651. <<

[56] Mundo Obrero, 15 de mayo de 1936. <<

[57] Cfr. Los documentos de la primavera trágica, p. 452. <<

[58] Mundo Obrero, 10 de junio de 1936. <<

[59] Mundo Obrero, 5 de marzo de 1936. <<

[60] Ver estas declaraciones contradictorias en Los documentos de la primavera trágica, p. 438 ss <<

[61] Mundo Obrero, 23 de enero de 1936. <<

[62] PCE de Madrid, Material de discusión, 1936, p. 18s. <<

[63] Ya hemos transcrito este documento, que tiene aquí un nuevo encaje. <<

[64] Claridad, 19 de mayo de 1936. <<

[65] Material de discusión, p. 12s. <<

[66] Tercera etapa de Octubre, 1937, p. 8s. <<

[67] Imprekorr, de Esp., año V, n. 3, p. 248s. <<

[68] Maurín, Revolución y contrarrevolución en España, 1966, epílogo. <<

[69] Azaña, Obras IV, p. 755 (notas de 22 agosto 1937, La Pobleta). <<

[70] El Debate, 16 de abril de 1936. <<

[71] H. R. Southworth, Antifalange, 1967, p. 99. <<

[72] Por ejemplo José Antonio Primo de Rivera en varios de sus análisis de 1936. <<

[73] Cfr. Los documentos de la primavera trágica, p. 400s. <<

[74] Proclama del Consejo de Defensa en El Socialista, 12 de marzo de 1939. <<

[75] Ramos Oliveira, A., Historia de España, 1952, III, 244. <<

[76] Gil Robles, J. M., No fue posible la paz, 1968, p. 701. <<

[77] Seco Serrano, Historia de España, op. cit., p. 194. <<

[78] Todas las citas parlamentarias de este epígrafe se toman del Diario de Sesiones del Congreso en las fechas indicadas para cada caso. <<

[79] J. M. Gil Robles, No fue posible la paz, 1968, p. 682. <<

[80] Una fuente sobre la cooperación monárquica al alzamiento, de gran interés, es el libro de J. I. Escobar Así empezó, editado en Madrid por Gregorio del Toro en 1974. <<

[81] Ansaldo, J. A., ¿Para qué?, Buenos Aires, Ed. Vasca Ekin, 1951. <<

[82] Gutiérrez-Ravé, i., Antonio Goicoechea, 1965, p. 20s. <<

[83] Lizarza, A., Memorias de la conspiración, 1954, p. 24. <<

[84] Ibid., p. 26. <<

[85] ABC, 18 de febrero de 1936. <<

[86] ABC, 25 de junio de 1936. <<

[87] Para los proyectos monárquicos es fundamental el testimonio de Eugenio Vegas, animador de Acción Española en Memorias políticas, Barcelona, Planeta, 1983. <<

[88] Gil Robles en Ya, 17 de abril de 1968. <<

[89] No fue posible la paz, p. 81. <<

[90] Ibid., p. 789. <<

[91] Ibid., p. 76. <<

[92] Ibid., p. 730. <<

[93] Ibid., p. 801. <<

[94] Ibid., p. 802. <<

[95] Servicio Histórico Militar (en adelante SHM), Archivo de la Guerra de Liberación (AGL), legajo 271, bis, carpeta 16, armario 4. <<

[96] Cfr. Informe Costa del SHM, ya citado. <<

[97] Fontana, Los catalanes en la guerra de España, p. 41. <<

[98] En sus importantes declaraciones a La Actualidad Española, 6 de junio de 1968. <<

[99] Fal Conde a La Actualidad Española, art. citado. <<

[100] Fal Conde en ABC, 3 de mayo de 1968. <<

[101] Fal Conde en ABC, Ibid. <<

[102] Conversaciones del autor con Tomás Peire, antiguo miembro del Gabinete Militar de Azaña y luego diputado lerrouxista, en 1967. <<