«No es el título de una película espectacular; «La historia de la República jamás contada» es un subtítulo que sólo quiere expresar lo que pretende ser este libro: una historia sencilla de la Segunda República española, sencilla pero profundamente vivida por el autor en su infancia, documentada después por el propio autor a lo largo de toda su vida hasta hoy. Porque el primer libro y el primer documento que llegó a la entonces mínima biblioteca infantil del autor eran de los años de la República; el último libro y el último testimonio que han llegado a la que hoy es, probablemente, la primera biblioteca particular de todo el mundo sobre la Segunda República (sesenta y cinco años para reuniría) llegaron ayer, y mientras se escribe este libro vendrán otros; es una riada que no cesa.

(…)

Aquí vamos a exponer la historia de la Segunda República española, con fuentes reales, documentos auténticos y método histórico, no ensoñaciones falsas (…). Dije antes que el autor de este libro había vivido la historia que va a contar. Precisamente con el advenimiento de la República empiezan a clarearse mis recuerdos de infancia. Viví intensamente en mi propio hogar los sucesos del 14 de abril de 1931, cuando mi abuelo Juan de la Cierva y Peñafiel era ministro en el último Gobierno del Rey. He visto desde el balcón del piso cuarto de mi casa, que da a la calle Felipe IV, el resplandor de los incendios del 11 de mayo de 1931. Desde la puerta del parterre, en el Retiro, vi cómo patrullaban por Madrid soldados del Ejército en octubre de 1934, llevados por oficiales de complemento en coches particulares. Desde ese mismo observatorio, antes de dos años, vi pasar a don Manuel Azaña, que venía de ser elegido presidente de la República en el Palacio de Cristal. He hablado, detenida o fugazmente, con casi todos los políticos importantes de aquella época, monárquicos o republicanos. Luego, a lo largo de los años, he ido comprendiendo y estudiando todos aquellos sucesos que, naturalmente, no entendía antes, ni poco ni mucho, salvo por conversaciones de los mayores. He palpado el odio y el miedo que entonces sentían los españoles unos por otros; lo he percibido en mi casa, en la calle, al ir y venir del colegio».

Ricardo de la Cierva

La Segunda República. El mito Azaña

Episodios históricos de España - 25

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Titivillus 12.02.15

Título original: La Segunda República. El mito Azaña

Ricardo de la Cierva, 1997

Editor digital: Titivillus

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Para Mercedes 84

La historia de la República
jamás contada

No es el título de una película espectacular; «La historia de la República jamás contada» es un subtítulo que sólo quiere expresar lo que pretende ser este libro: una historia sencilla de la Segunda República española, sencilla pero profundamente vivida por el autor en su infancia, documentada después por el propio autor a lo largo de toda su vida hasta hoy. Porque el primer libro y el primer documento que llegó a la entonces mínima biblioteca infantil del autor eran de los años de la República; el último libro y el último testimonio que han llegado a la que hoy es, probablemente, la primera biblioteca particular de todo el mundo sobre la Segunda República (sesenta y cinco años para reuniría) llegaron ayer, y mientras se escribe este libro vendrán otros; es una riada que no cesa.

Al terminar, con el libro anterior de esta colección sobre el nacionalismo vasco, la historia de la transición (salvo el último libro, Los pactos de Aznar, que reservo hasta el final de la colección en un intento de adquirir la perspectiva mínima imprescindible), he pensado exponer la historia de la Segunda República española porque hace unos meses, precisamente cuando empezaba la publicación de estos Episodios, Anguita y García Trevijano habían suscitado con cierta resonancia el problema de la Monarquía y la República, no sé si por motivaciones internas de España o por cierto contagio con un debate semejante que se ha planteado en Inglaterra durante estos últimos años a propósito de los zascandileos de los «royáis», los príncipes de la generación joven, Carlos y Diana, Andrés y Fergie.

El debate propuesto por Trevijano se agotó pronto, tal vez porque la trayectoria del inteligente político resulta demasiado confusa desde sus coqueteos de 1974 con los comunistas y el grupo antifranquista del Opus Dei a sus actuales concomitancias con Anson y la emisora de la Iglesia; y Anguita tiene quizá demasiados problemas en su agrupación política para entretenerse en cuestionar una Monarquía que se mantiene muy arraigada entre la opinión pública, que cuestiona mucho más a los políticos y a los partidos que a la Corona. Tal vez parecía más grave el asalto frontal o de flanco que intentaron contra el trono algunos financieros despechados por sus recientes catástrofes (uno abiertamente, otro por extrañas vías indirectas), pero la opinión pública no se ha dejado impresionar.

Aun así parece conveniente, ante esos intentos que alguna vez se han denominado, con alarmismo, «conspiraciones republicanas», observar cómo han funcionado en España los dos ensayos de República que se han intentado en aproximadamente quince siglos, o algo más de veinte si tenemos en cuenta que la Hispania romana vivió bajo una monarquía imperial gobernada desde Roma. Sobre la Primera República de 1873, que no es objeto de estos Episodios, algo hemos dicho al evocar la figura del general Juan Prim en el estudio sobre el nacionalismo catalán. La Primera República representó el caos total, la degradación del Estado, la desintegración cantonal de la nación española. Fue un desastre sin paliativos y hubo que acabar con ella a mano airada. Y no se olvide: fue, o intentó ser, una República Federal, ese federalismo por el que algunos ignorantes de la historia suspiran hoy como meta futura de este complicado Estado de las Autonomías.

La Segunda República (1931-1936) terminó todavía peor que la Primera: en la Guerra Civil de 1936 que fue consecuencia directa de la Segunda República. Es cierto que Europa en los años treinta malvivía sumida en las consecuencias de la terrible crisis económica y social desencadenada por el colapso de las finanzas internacionales a partir del mes de octubre de 1929; millares de empresas se hundieron en todo Occidente, millones de obreros cayeron a un paro indefinido, la democracia entró en una fase de crisis «que asumía características universales», como dijo un observador muy penetrante, Ramiro Ledesma Ramos; se excitaron los nacionalismos que a veces evolucionaron a soluciones totalitarias. En circunstancias tan peligrosas y negativas nació precisamente la República española, cuyo fracaso no se comprende sin la tremenda crisis de todo su contexto exterior.

«La historia de la República jamás contada» es un título que puede parecer jactancioso. No es jactancia, es la pura verdad. Si mis lectores toman cualquier manual o libro que explique la historia de la Segunda República y si ese libro está escrito durante los años noventa, verán que más o menos la describen como un régimen nacido legítimamente de las urnas en las elecciones del 12 de abril de 1931, donde fueron derrotados los monárquicos por los republicanos; que entonces se instauró en España un régimen democrático y tolerante, que celebró normalmente sus elecciones generales; que el principal político y orientador de la República fue un político demócrata y moderado llamado Manuel Azaña, que introdujo democráticamente una serie de reformas fundamentales —en el Ejército y la Iglesia, sobre todo— destinadas a la urgente modernización del país; que luego, por la presión exterior de los regímenes totalitarios europeos, fascismo y nazismo, las derechas tomaron el poder en noviembre de 1933 antidemocráticamente, porque no aceptaban la República y gobernaron de forma antidemocrática; que como legítima protesta por esa intolerable actitud de las derechas, las izquierdas, guiadas por los siempre demócratas socialistas, se alzaron contra las fuerzas reaccionarias y fascistas en la gloriosa revolución de Octubre, apoyados por la Generalidad de Cataluña, fueron derrotados y salvajemente reprimidos por las derechas con la colaboración de reaccionarios antidemócratas tan notorios como el general Franco; que mediante una contraofensiva política alentada por el pueblo, los republicanos dirigidos nuevamente por Azaña crearon el Frente Popular que venció limpiamente en las elecciones de febrero de 1936; que el Frente Popular gobernaba desde esa fecha democrática y sosegadamente, con la colaboración no menos democrática del Partido Comunista, y así se impulsó de nuevo el reformismo y la modernización republicana del primer bienio; y que cuando la República democrática navegaba tranquilamente hacia la justicia y la prosperidad, una banda de golpistas militares se sublevó contra la democracia y se lanzó a la Guerra Civil contra la República inerme, gracias a la ayuda que les prestaron los países fascistas, Alemania e Italia.

Ésta es más o menos la historia de la República que se enseña a los alumnos de bachillerato y de la Universidad, en el supuesto excepcional de que se les enseñe historia de España y no la detallada historia del Ampurdán, del Goyerri o de los latifundios andaluces, como suele hacerse en las comunidades autónomas que han borrado de sus planes de estudio la historia de España.

Esa historia no va a explicarse en este libro. Aquí vamos a exponer la historia de la Segunda República española, con fuentes reales, documentos auténticos y método histórico, no ensoñaciones falsas de inspiración separatista o autonomista. Dije antes que el autor de este libro había vivido la historia que va a contar. Precisamente con el advenimiento de la República empiezan a clarearse mis recuerdos de infancia. Viví intensamente en mi propio hogar los sucesos del 14 de abril de 1931, cuando mi abuelo Juan de la Cierva y Peñafiel era ministro en el último Gobierno del Rey. He visto desde el balcón del piso cuarto de mi casa, que da a la calle Felipe IV, el resplandor de los incendios del 11 de mayo de 1931. Desde la puerta del parterre, en el Retiro, vi cómo patrullaban por Madrid soldados del Ejército en octubre de 1934, llevados por oficiales de complemento en coches particulares. Desde ese mismo observatorio, antes de dos años, vi pasar a don Manuel Azaña, que venía de ser elegido presidente de la República en el Palacio de Cristal. He hablado, detenida o fugazmente, con casi todos los políticos importantes de aquella época, monárquicos o republicanos. Luego, a lo largo de los años, he ido comprendiendo y estudiando todos aquellos sucesos que, naturalmente, no entendía antes, ni poco ni mucho, salvo por conversaciones de los mayores. He palpado el odio y el miedo que entonces sentían los españoles unos por otros; lo he percibido en mi casa, en la calle, al ir y venir del colegio.

Por eso me asalta la indignación cuando veo las reconstrucciones de aquella época que escriben Tuñón de Lara y su escuela sectaria, me caigo de risa ante las inepcias prepotentes del alucinado señor Tusell y me apena profundamente la obsesión de don José María Aznar por Azaña, a quien no conoce ni a mil leguas, porque alaba de él casi todo lo vituperable y vitupera, o simplemente desconoce, todo lo elogiable. Eso no es lo peor; lo peor es que la interpretación «auténtica» de Aznar sobre Azaña forma parte del «quinto evangelio» trazado por Aznar y cuando a un historiador se le ocurre acudir a una emisora más o menos controlada por el Partido Popular y se atreve a defender una tesis contraria a ese «quinto evangelio» los comisarios políticos de Aznar le echan de la emisora, como me ocurrió a mí unas semanas antes de empezar a escribir este libro que iba a titularse «El Azaña a quien no conoce Aznar», título al que he renunciado porque ya habrá tiempo en estos Episodios de hablar sobre Aznar en directo, sin recurrir sólo a sus notorias aberraciones sobre Azaña en particular y sobre la historia de España en general. Y su Gobierno quiere arreglar, según nos dicen, la historia de España. Aviados estamos.

No crea el lector que me colma de satisfacción pasarme la vida desfaciendo entuertos y desenmascarando mentiras de la historia; las de los rojos y las de los blancos. No lo hago por prurito de llevar la contraria sino porque creo que ese desenmascaramiento forma parte de mi deber profesional y responde a esa cierta idea de España que me he ido forjando con los años, entre lo que he visto, lo que he vivido y lo que he investigado.

En esta primavera de 1997 acabo de dejar en cueros vivos a las Brigadas Internacionales y sobre todo a los irresponsables que les concedieron en el Congreso la nacionalidad española, cosa que me parece natural tratándose del Partido Comunista, pero me parece aberrante que lo hiciera el Partido Popular, cuyo portavoz ocasional para este desaguisado era un señor Bueso de Teruel, que se atrevió a prohibir a un militar-diputado que votase en conciencia; pero Bueso no era más que un mandado de Aznar, que por lo visto se pasa la vida topando con la historia. Ahora, a la vez que sale este libro, aparece mi segundo desenmascaramiento de este año, en una obra muy extensa dedicada a terminar con el mito democrático de don Juan de Borbón y las dos docenas (creo que exagero) de juanistas empedernidos que le siguen llamando absurdamente don Juan III con la complicidad de un historiador que últimamente anda bastante desorientado, el profesor Seco Serrano. Me revienta tener que dedicar más de 800 páginas a demoler una por una todas las aberraciones de ABC, porque desde los cinco años respeto profundamente a don Juan de Borbón y leo el ABC, claro que entonces era diferente. Tengo que completar la desmitificación implacable de Paul Preston sobre el general Franco y recibo cartas de todo el mundo (hoy una de la India y otra del Perú) agradeciéndome el haber dejado a los «teólogos de liberación» en taparrabos, que por algo viven tan a gusto en las selvas tropicales.

Todo este trabajo puede ofrecer a veces aspectos divertidos, pero puedo asegurar a mi lectores que prefiero mil veces presentar los acontecimientos de forma directa y constructiva, dejando las polémicas a un lado, pero los mitómanos son tan tenaces que tengo la obligación de descubrir en público sus vaciedades y sus vergüenzas, que las tienen, aunque sólo en plural. Dicho lo cual, y tras pedir perdón por un estilo demasiado directo, vamos a exponer la verdadera historia de la República y concretamente, en este libro, lo que realmente ocurrió en su primer bienio, entre abril de 1931 y noviembre de 1933, el justamente llamado bienio Azaña.

Pero no sin antes proponer, como hipótesis de trabajo que espero brille convertida en tesis probada después de estos libros, el resumen de la verdadera historia de la República frente a la historia disparatada que antes sinteticé.

La Segunda República se proclamó el 14 de abril de 1931 no por la victoria republicana en las elecciones, sino por la depresión que sufría don Alfonso XIII desde la muerte de su madre en 1929 y por el abatimiento de los monárquicos liberales convencidos de que la Monarquía era ilegítima desde que aceptó la Dictadura militar en 1923, aunque la opinión pública, guiada por los intelectuales, la había aceptado con entusiasmo.

Las elecciones municipales de 1931 nada tenían que ver con el cambio de régimen y además las ganaron por mayoría absoluta los concejales monárquicos. El Gobierno de la República tomó el poder abandonado por el Rey y su Gobierno y emprendió una presunta reforma, inspirada por Manuel Azaña, que fue en realidad una agresión contra las Fuerzas Armadas y la Iglesia, que habían acatado el nuevo régimen. La Iglesia fue perseguida y despojada, el Gobierno expulsó absurdamente a los jesuitas y privó a todas las instituciones eclesiásticas del derecho a enseñar.

La República se dio, siempre bajo el liderazgo de Azaña, una Constitución sectaria, de media España contra la otra media, que era ya una invitación a la Guerra Civil. Tras unos errores mortales en su Gobierno, Azaña venció al mal preparado pronunciamiento militar del general Sanjurjo en 1932, hizo aprobar el Estatuto de Cataluña y una Ley de Reforma Agraria que resultó una engañifa ineficaz que no hizo la reforma agraria. Tras nuevos errores cada vez más graves, Azaña tuvo que dejar el Gobierno en septiembre de 1933.

Le sucedió una coalición de centroderecha, dominada por la derecha católica de la CEDA, que venció limpiamente en las elecciones de noviembre de 1933. Contra ella se alzaron antidemocráticamente todas las izquierdas, sobre todo los socialistas en la sangrienta Revolución de Octubre de 1934 que se prolongó en Asturias quince días y el Gobierno de la Generalidad catalana, dominada por la Esquerra, que se sublevó durante la noche del 6 de octubre. El Ejército y las Fuerzas de Orden Público, básicamente unidos, reprimieron la revuelta.

Pero quince mil revolucionarios pasaron a la cárcel y toda la izquierda fue, durante más de un año, un clamor de amnistía. La Revolución de Octubre no fue sustanciada en el Parlamento y apenas en los tribunales. Llegó viva a 1936.

Durante el año 1935 una notable labor del Gobierno de derechas se vio ahogada por el enfrentamiento de enormes masas en la calle; las derechas con Gil Robles, las izquierdas uniéndose poco a poco en el Frente Popular creado por Azaña y Prieto (a última hora tuvieron que aceptar en su seno a los comunistas por imposición del demagogo socialista Largo Caballero). El Gobierno de centroderecha cayó en diciembre de 1935 tras una sucesión de pequeños escándalos que entonces parecieron enormes. La campaña electoral fue una invocación a la Guerra Civil por parte de líderes significativos de ambos bandos.

En las elecciones de febrero de 1936 venció el Frente Popular sin mayoría absoluta en la primera vuelta, pero el Gobierno-puente centrista abandonó el poder y el Frente Popular, ilegalmente, lo ocupó bajo la presidencia de Azaña. El Frente Popular manipuló abiertamente los resultados electorales y se alzó ilegalmente con la mayoría absoluta. Un Gobierno compuesto sólo por republicanos dejaba las manos libres a los líderes socialistas y comunistas que iniciaron la revolución en el campo y en las calles, con provocaciones a las que respondían las escuadras de primera línea de Falange Española, el movimiento creado por José Antonio Primo de Rivera en 1933.

Ante el deterioro de la situación se montaron varias conspiraciones militares entre las que prosperó la más importante, dirigida por el general Emilio Mola. El jefe de la oposición, Gil Robles, proclamó en el Congreso: «Media nación no se resigna a morir». Un grupo socialista y comunista de fuerzas de orden público secuestró y asesinó el 13 de julio al jefe de la oposición monárquica don José Calvo Sotelo. En la inmediata sesión de la Diputación Permanente de las Cortes quedó virtualmente declarada la Guerra Civil que empezó violentamente en Melilla en la tarde del 17 de julio de 1936.

Éste es el resumen que creo auténticamente histórico sobre la Segunda República. A explicarlo voy a dedicar los Episodios que siguen.

Las fuentes generales para comprender la historia de la República o sus aspectos principales son numerosísimas tendría que citar aquí más de dos mil. Me apoyaré principalmente en uno de mis primeros libros, hoy agotadísimo, Perspectivas y antecedentes de la Guerra Civil Madrid, San Martín, 1969. Son fundamentales las Memorias de don Niceto Alcalá Zamora[1], los cuatro volúmenes con las Obras Completas de don Manuel Azaña[2] las Convulsiones de España[3] y otras colecciones de trabajos de Indalecio Prieto, publicados en la misma editorial mexicana; las Obras Completas del general Emilio Mola[4], las memorias de José María Gil Robles No fue posible la paz[5] y las del dirigente socialista Juan Simeón Vidarte Todos fuimos culpables[6] libro al que siguieron otros de parecido interés; la admirable historia de la Segunda República de Joaquín Arrarás[7].

Todos estos libros me parecen imprescindibles; hay muchos más que irán apareciendo en las notas, pero los citados me parecen esenciales y pueden ofrecer las perspectivas enfrentadas de los dos bandos opuestos de la República. Insisto en que faltan muchas fuentes más que irán apareciendo.

El recurso a la prensa es fundamental. Recomiendo el ABC y El Debate para las perspectivas católica y monárquica; el más incisivo y original de los diarios republicanos es el Heraldo de Madrid, con información difícil de encontrar en otras fuentes. Existe importante documentación en el Servicio Histórico Militar y en el Archivo Histórico Nacional. Entre los periódicos fuera de Madrid me han interesado La Vanguardia de Barcelona y El Liberal de Bilbao.

El Gobierno provisional

Al final del segundo de estos Episodios, Monarquía y República, Jaque al Rey, dejábamos al último Gobierno de don Alfonso XIII hablando de sus cosas en Palacio, despidiéndose del Rey que había decidido «suspender el ejercicio de la prerrogativa regia», es decir, abandonar arbitrariamente el trono, sin razón política alguna, sin un pronunciamiento electoral, sin un golpe de fuerza contra la monarquía, sólo movido por la mala conciencia y el pánico de sus ministros liberales que le convencieron de que era culpable de la dictadura y no tenía otra salida que marcharse de España.

Ya expuse la opinión enteramente negativa que me merece ese gesto, por otra parte noble y sacrificado, del monarca que se marchaba porque estaba harto de luchar y para evitar una Guerra Civil pero que no lograría su propósito, porque la Guerra Civil, más terrible y sangrienta que todo lo imaginable, estallaría cinco años después en julio de 1936 por la degradación incontenible de esa República que nacía tan jubilosa e incruenta en aquella tarde del 14 de abril de 1931.

Pero dejemos al Rey camino de Cartagena, y luego rumbo a Marsella, para perderse en un exilio del que sólo regresaría cadáver casi cincuenta años después, en enero de 1980; para comprobar su falta de sentido de la realidad baste recordar su pregunta al descender del crucero que le había llevado al gran puerto francés: «¿Me han reclamado ya de España?». Nadie le había llamado; como sentenció con exacta dureza uno de los pocos monárquicos que había acudido a despedir a la Reina Victoria Eugenia en la carretera de El Escorial al día siguiente del abandono del Rey, la Monarquía, privada de la voluntad de permanencia del Rey, había caído como cáscara muerta y no se opuso a ello ni un piquete de alabarderos. Insisto en que el Rey abandonó, no simplemente se marchó; uno de sus ministros, mi abuelo Juan de la Cierva y Peñafiel, que era también uno de los primeros juristas de España, le había advertido que la Corona no era suya sino de su estirpe, que el abandono del trono afectaba también a los derechos de la dinastía.

Al salir de Palacio al anochecer del 14 de abril, Alfonso XIII ya no era Rey de España, a la que dejaba, según su Manifiesto Final, como «única dueña y señora de sus destinos». Lo siento por algunos amigos míos que son monárquicos profesionales, pero desde que abandonó don Alfonso ya no era Rey, carecía de toda potestad para ejecutar actos de Rey como aceptar renuncias o sucesiones a un trono que ya no era suyo. La dinastía sólo podría retornar ante el consenso de los españoles que entonces parecía más que problemático. En adelante todos los actos de don Alfonso serían los de un ciudadano privado a quien la República, en una decisión de suprema y absurda injusticia, declararía, sin razón ni prueba alguna, reo de alta traición y le privaría de la paz jurídica. Un disparate que, por desgracia, se ganó a pulso don Alfonso de Borbón con su abandono de 1931.

Mientras tanto, sin importarles un comino lo que estuviera haciendo el Rey, cuya huida a Cartagena conocían perfectamente, los miembros del Comité Revolucionario de la República llegaban, caída ya la tarde del 14 de abril, ante los portones de la Gobernación, intimidaban a la guardia interior para que les abriera, se daban a conocer como Gobierno Provisional de la República y entraban en el despacho del ministro que no estaba. Les recibió el subsecretario, Mariano Marfil (abuelo del diputado de la transición José Manuel García Margallo y Marfil), a quien, tras corresponder a su saludo, pidieron correctamente que se marchase a su casa. Tan sencillo fue el «traspaso de poderes» entre el Gobierno de la Monarquía y el de la República; no hubo tal traspaso.

Después de corresponder a las ovaciones de la inmensa multitud que llenaba la Puerta del Sol y las calles adyacentes, aquel Comité Revolucionario que ya se consideraba Gobierno Provisional de la República se sentó en torno a la mesa para reuniones del ministro y todos vieron con asombro cómo Niceto Alcalá Zamora, con todo su saber jurídico como letrado del Consejo de Estado y toda su prodigiosa memoria, llamaba a un secretario y le dictaba, con el asentimiento de todos y sin el más ligero resbalón, una retahila de decretos que sencillamente ponían en marcha la Segunda República española y aparecerían en la Gaceta de Madrid del día siguiente, 15 de abril, con la portada-índice enmarcada por una orla triunfal. Por la fecha de la Gaceta, 15 de abril, la República se llamó inmediatamente «la Niña Bonita», que era el nombre del número 15 que cantaban (y en algunas partes como en Murcia les he oído cantar no hace mucho) los ciegos al vender sus cupones. Se trataba de autonombramientos que nadie había autorizado, pero que todo el mundo aceptó sin objeciones.

El primero de esos decretos emanaba del «Comité Político» que nadie supo jamás qué era y nombraba a Niceto Alcalá Zamora «presidente del Gobierno Provisional de la República, que asume desde este momento la jefatura del Estado». El presidente designaba acto seguido a su Gobierno: Alejandro Lerroux radical, Estado; Fernando de los Ríos, socialista, Justicia (ministerio al que se le priva de la monárquica «Gracia»); Guerra, Manuel Azaña, del pequeño partido Acción Republicana, y al Ministerio se le restituye su antiguo nombre de «Guerra»; en la Monarquía se llamaba «Ejército» y últimamente); Marina, Santiago Casares Quiroga, gallego de la ORGA (Organización Regional Gallega Autónoma), quien realmente era azañista; Gobernación, Miguel Maura Gamazo, hijo de Antonio Maura y hermano del hasta esa tarde ministro de Alfonso XIII Gabriel Maura; Miguel era miembro del pequeño Partido Republicano Conservador, el mismo de Alcalá Zamora, que agrupaba a los católicos de la República; Fomento, Álvaro de Albornoz y Liminiana, radical-socialista; y Trabajo, Francisco Largo Caballero, socialista.

Al día siguiente (Gaceta del 16), se publicarían los nombramientos de los ausentes: Indalecio Prieto, PSOE, Hacienda; estaba exiliado en París. Marcelino Domingo, radical-socialista, Instrucción Pública; Diego Martínez Barrio, radical (y Gran Maestre del Gran Oriente de España), para quien se crea el Ministerio de Comunicaciones, como premio a los funcionarios de Correos y Telégrafos, muy adictos a la República. El 17 sería nombrado ministro de Economía Nacional el político catalán Luis Nicoláu d’Olwer. Algunos nombramientos de subsecretarías y Direcciones Generales son muy significativos. Rafael Sánchez Guerra, hijo del ex jefe del Partido Conservador, fue subsecretario de la Presidencia; con el tiempo regresaría del exilio a la España de Franco para ingresar en un convento. Manuel Ossorio Florit, hijo del exministro monárquico Angel Ossorio y Gallardo, fue subsecretario de Gobernación. El socialista doctrinario y masón Rodolfo Llopis asumió la Dirección General de Enseñanza Primaria. Eduardo Ortega y Gasset, hermano del filósofo, gobernador civil de Madrid.

Además de nombrar a sus ministros, Niceto Alcalá Zamora dictó un importante decreto «fijando el Estatuto Jurídico del Gobierno», una auténtica Carta Otorgada que haría las veces de mini-Constitución hasta que las Cortes Constituyentes aprobasen la Carta Magna de la República. El Gobierno se establece como «de plenos poderes» y su actuación «se somete a normas jurídicas»; todas sus disposiciones, incluso las de esa noche primordial, se subordinan a la aprobación de las Cortes Constituyentes en cuanto se constituyan. El Gobierno, por boca de su presidente, porque de los demás nadie abría la boca, adoptaba una peligrosa actitud revanchista: se revisarían todas las actuaciones «pendientes en septiembre de 1923 y posteriores»; dicho con más claridad, pensaba volver a considerar las responsabilidades del Desastre de Annual, toda la legislación y actuaciones de la Dictadura y las de los Gobiernos Berenguer y Aznar.

En vez de volcarse en el futuro, como esperaban sus partidarios, la República pensaba, desde su primera noche, ensañarse con el pasado. No se había derramado todavía sangre, pero ya se insinuaba el miedo, del que brotaría el odio según el futuro dictamen de Manuel Azaña, que entonces no había pensado aún seriamente en que, según sus propias palabras de 1937, el odio y el miedo son precisamente las fuentes inexorables de la Guerra Civil.

El Gobierno prometía «respetar de manera plena la conciencia individual mediante la libertad de creencias y cultos»; admite «el reconocimiento de la personalidad sindical y corporativa» tras una expresa alusión al Derecho Social; garantiza la propiedad privada pero reconoce que «el derecho agrario debe responder a la función social de la tierra» y termina con una inquietante alusión a la «fiscalización gubernativa» que, como después se comprobaría, apuntaba ya un resabio intervencionista y antidemocrático.

Tras estas disposiciones de rango casi constitucional, Niceto continúa, como si se supiera todo de memoria, con otros decretos: se concede amnistía a todos los delitos políticos, sociales y de imprenta; se declara festivo el 15 de abril de 1931 y el 14 de abril de los años siguientes. Era ya muy tarde cuando los últimos ciudadanos que festejaban el triunfo de la República, los que habían proferido gritos amenazadores contra la Reina y los infantes que pasaban en Palacio su última noche angustiosa, y los ministros del Gobierno Provisional, sin creerse aún lo sucedido, se retiraban a descansar.

Manuel Azaña. La revelación
de la República

Don Manuel Azaña Díaz, que al sobrevenir la República acababa de cumplir cincuenta años, es una de las personalidades más complejas y controvertidas de su tiempo y de la historia de España en el siglo XX. Ante él resulta muy difícil presentar una posición equilibrada; lo normal es considerarle como un superhombre sin mácula, espejo de liberales y demócratas, como hace el profesor Juan Marichal, en los prólogos de su, por lo demás, excelente edición, de las Obras Completas de Azaña en Ediciones Oasis; no recuerdo haber leído en los comentarios de Marichal un apunte crítico, ni siquiera mínimo, sobre su ídolo, que junto a sus grandes cualidades exhibe unos defectos y comete unos errores gravísimos, hasta el punto de haber causado un daño irreparable a la convivencia española y ser, sin la menor duda, uno de los causantes personales más claros de la Guerra Civil, aunque no el único. Que Cipriano Rivas Cherif, cuñado de Azaña (hermano de doña Dolores, esposa de Manuel) escriba su biografía, por cierto muy interesante, en permanente actitud de adoración,[8] resulta explicable por el parentesco y porque su cuñado fue una de las poquísimas personas a quienes Azaña estimó y de quienes habla bien, por lo que no creo necesario acudir a interpretaciones retorcidas que, sobre todo en su tiempo, se prodigaron mucho para explicar esa excepcional amistad.

Casi todos los libros recientes sobre Manuel Azaña se han extasiado en su figura con ímpetu acrítico e incluso hagiográfico. Dos biografías con toque novelado pero muy ancladas en la realidad mantienen todo su interés: la de Carlos Rojas (en forma de autobiografía-interpretación) y la excelentísima de Federico Jiménez Losantos. Pero el azañista acrítico más empeñado en la glorificación de Azaña es el actual presidente del Gobierno José María Aznar, cuyo ardiente entusiasmo se debe, entre otras cosas menos importantes, a que desconoce la trayectoria y actuación real de Azaña, ignora el contexto de Azaña y no demuestra siempre haberle leído con detenimiento.

En el polo opuesto se sitúan los detractores sistemáticos e implacables de Azaña, que se inscriben entre el numeroso gremio de los perjudicados por el estadista, sobre todo muchos militares de la República, entre los que se lleva la palma de la dureza (aunque le conocía profundamente) el general Emilio Mola; y el biógrafo de Franco Joaquín Arrarás y otros que popularizaron el sobrenombre de «el monstruo» e incluso «diabólico» con que le distinguieron sus enemigos en los años treinta. Entre ellos se contaba, por supuesto, el general Franco, que siempre se refirió, ante mí, a Manuel Azaña con respeto: «Era el más inteligente de todos ellos», me dijo más de una vez. Y lo curioso es que Franco es precisamente uno de los poquísimos españoles de su tiempo a quien Azaña no pone verde en sus Memorias; porque fuera de Franco y de Rivas Cherif no deja títere con cabeza, reparte insultos, desprecios y descalificaciones de manera injusta y alarmante.

Nunca me he situado entre los detractores ni entre los hagiógrafos de Azaña. Por el contrario, siempre he hablado de él con admiración por sus cualidades aunque con el sentido crítico, a veces sumamente duro, que cabe esperar de un historiador. Podría ofrecer muchas pruebas de este talante pero se irán comprobando en estos Episodios. Como se trata del personaje más importante y definitorio de la República, debo preguntarme a qué se deben esa adoración y ese odio. Porque debo adelantar que Azaña dio motivo para los dos sentimientos contrapuestos.

Azaña era, ante todo, un espléndido escritor. Su prosa es de las primeras del siglo XX en España: incisiva, muy bien cortada, perfecta de sintaxis, privada de afectación, certera en las descripciones que con frecuencia resultan muy evocadoras. Escribe tan bien que convence fácilmente a un lector sin conocimientos históricos serios y le convierte, como ha ocurrido con el caso Aznar, en un adicto y hasta en un fanático. La oratoria de Azaña no era brillante, como se llamaba todavía en los años treinta a la que utilizaba latiguillos y floripondios, al modo de Niceto Alcalá Zamora. Por el contrario, Azaña inauguró en sus intervenciones del Ateneo (del cual era secretario ya antes de la República) y luego en el Congreso una retórica nueva, de corte sencillo, directo e incisivo, con el ropaje verbal mínimo para que brillase la idea.

Quienes le escucharon asiduamente piensan que sus discursos hacían más efecto pronunciados que escritos, pero aun en forma escrita resultan correctos y sugestivos. No me convencen demasiado sus narraciones largas, como las memorias idealizadas El jardín de los frailes, trazada sobre sus recuerdos de formación jurídica en el colegio de los agustinos de El Escorial, donde desliza su inquietante confesión sobre el demonio que llevaba dentro, que sus enemigos suelen tomar al pie de la letra; y la pretendida novela histórica Fresdeval, que es un bodrio.

Su dramón histórico La corona que osó estrenar cuando era presidente es falso y acartonado; ahora no se repone nunca, vale poco. En cambio sus diarios, a los que dedicaba continua o intermitentemente varias horas nocturnas, ofrecen lo mejor de sus dotes literarias pero a la vez muestran hasta la saciedad sus dos peores defectos personales y políticos: su soberbia y su incomunicación. ¿Se debía ésta a su extrema fealdad, que le afectaba hasta el paroxismo cuando la veía exagerada en las ilustraciones de la prensa humorística de derechas, que como Gracia y Justicia le sacaba de quicio; su director y redactores fueron asesinados en los primeros días de la Guerra Civil. Tenía un exagerado concepto de sí mismo, lejos de toda autocrítica. Siempre poseía la razón. “Rodeado de imbéciles —decía—, gobierne usted si puede». Descalifica a todos los que le rodean, a todos sobre quienes opina. Al aferrarse en 1933 a su cargo presidencial, cuando había perdido a la opinión pública, demostró escaso talante democrático.

En La Velada en Benicarló, un extenso diálogo sobre la guerra de España cuya idea tuvo cuando ya todo empezaba a perderse, su calidad literaria es excelsa, su penetración acerca de los disparates y los errores y la desunión del Frente Popular en paz y en guerra son definitivos si tenemos en cuenta que habla el creador y jefe del Frente Popular; los retratos apenas disimulados de Prieto, de Negrín, de Ossorio y otros políticos y militares de la zona son más bien caricaturas implacables, mientras que su autorretrato rebosa comprensión absoluta hacia sí mismo, así como un explicable enfrentamiento a las tendencias separatistas de los nacionalistas catalanes y vascos.

Alguien —no recuerdo si fue Ramiro Ledesma Ramos— le definió de forma muy penetrante como «un jacobino que ha ido a la escuela de Kerenski». En todo caso la descripción es exacta. Manuel Azaña había nacido en Alcalá de Henares en el seno de una familia católica y liberal; una de sus hermanas fue, hasta su muerte, monja de las Adoratrices en Madrid y había ofrecido la vida por él. Perdió todavía niño a su padre y a su madre y hubo de educarse con sus abuelos. Su retorno final a la Iglesia, en vísperas de su muerte, demuestra que nunca había perdido la fe de su infancia, aunque el profesor Marichal y los masones mexicanos y españoles se han obstinado en negar esa reconciliación final con la Iglesia, que está más que probada.[9] Nunca nos ha contado, a no ser que se me haya escapado el dato al leer detenidamente sus obras, cuándo se alejó de la práctica religiosa para convertirse en jacobino, es decir, en enemigo de la Iglesia, pero nunca renegó de la fe de forma expresa, si no se quiere interpretar así su iniciación masónica en 1932. Se había casado por la Iglesia con Dolores Rivas Cherif en el templo de San Manuel y San Benito de Madrid, entonces perteneciente a la parroquia de San Jerónimo, poco antes de la República.

Se le describe muchas veces como «alto funcionario» del Estado. No lo era. Ganó unas dificilísimas oposiciones a un Cuerpo de gran prestigio, el de Letrados de la Dirección General de los Registros y el Notariado, que sólo convoca un par de plazas de tarde en tarde; a ese Cuerpo pertenecía, por ejemplo, Pío Cabanillas, y quienes conseguían ingresar podían escoger el trabajo en el Ministerio de Justicia o bien tomar posesión de una notaría o un registro en Madrid.[10]

Azaña escogió el Ministerio dentro del que desempeñó una oscura función, el Registro de Últimas Voluntades. El puesto le dejaba mucho tiempo para leer y asomarse a la vida literaria y a la política. Conocía bien el francés y el inglés, fue excelente traductor del novelista católico Chesterton con el seudónimo de «Roberto Reyes». Se incorporó al grupo intelectual que hacía la acreditada revista España, todos se consideraban miembros de la generación que se ha llamado «los hijos del 98». No sentía una excesiva admiración por la genuina generación del 98; sobre sus miembros escribió que después de mucho pensar habían llegado solamente a dos conclusiones: «En España escasea la raza aria; llueve poco»; éste es el Azaña puro.

Se afilió al Partido Reformista de Melquiades Álvarez, un proyecto centrista que no hacía cuestión de las formas de Gobierno pero acataba la monarquía de Alfonso XIII. En sus filas fue dos veces candidato al Congreso al final de la época constitucional de la monarquía y fracasó. Azaña se preocupaba por la información europea; he visto en el archivo de Palacio una solicitud suya manuscrita dirigida al Rey en la que solicitaba una plaza para la Secretaría de un organismo internacional de ingeniería con sede en Bruselas, que le fue denegada.

Durante la Gran Guerra se inclinó, como todos los liberales, en favor de la causa aliada, visitó los frentes franceses, se trajo información y publicó en 1918 un libro no muy extenso ni descollante: Estudios sobre política militar francesa que apenas se vendió; pero que se agotó cuando fue designado ministro de la Guerra en 1931, precisamente porque alguien recordaba que había escrito ese libro, aunque no lo hubiera leído. La verdad es que sobre los problemas militares españoles, sobre la estructura, la actuación y las reformas necesarias en el Ejército no tenía, en 1931, más que una idea fija; sobraban generales, jefes y oficiales y había que reducir drásticamente su número. Acerca de este libro pronunció

Unamuno una frase lapidaria: «Azaña es un escritor sin lectores. Será capaz de hacer una revolución para que le lean». Se opuso silenciosamente a la Dictadura de Primo de Rivera durante la cual se hizo republicano y atravesó una crisis personal muy peligrosa. Conspiraba inocentemente en la rebotica del doctor José Giral, fue miembro, sin apenas actividad, de la llamada Alianza Republicana y en calidad de tal fue escogido para el Pacto de San Sebastián y el Comité Revolucionario de la República. Había logrado cierta fama en el Ateneo de Madrid.

Completaré la semblanza de Azaña por la importancia decisiva de su figura en la historia de la República en paz y en guerra. Se dio a conocer en el mismo mes de abril de 1931 como «revelación de la República» y se encargó de los cuatro problemas que la República creía más apremiantes: la reforma militar, la política en torno a la Iglesia, es decir, contra la Iglesia, la reforma agraria y la articulación autonómica.

Aunque Aznar lo ignora profundamente la actuación de Azaña en estos cuatro campos vitales tuvo, no faltaba más, aspectos elogiables, pero quedaron ahogados en un planteamiento enteramente sectario y en una ejecución prepotente y catastrófica que condujo de forma inevitable a la Guerra Civil. Ingresó en la masonería, que le parecía ridícula, en 1932; por motivaciones exclusivamente políticas, que debían de ser muy fuertes para hacerle superar el bochorno de las ceremonias iniciáticas. Creo sinceramente que una de las razones que explican la exagerada imagen que hoy posee Azaña es su vinculación masónica; la secta protege a los suyos hasta siglos después de su muerte y trata de hundirnos en el silencio a los que seguimos el consejo del Papa León XIII: «Arrancad a los masones su máscara», sabiendo muy bien a lo que nos exponemos. La Iglesia, la mayoría del Ejército y las derechas le atacaron con una implacable hostilidad, como decía años antes Antonio Maura contra sus adversarios políticos. Salió de la prisión en que el Gobierno de centroderecha le había encerrado por su presunta complicidad en la rebelión de octubre de 1934 luego que consiguió probar fehacientemente su inocencia, pero se tomó la revancha articulando desde fines de 1934 el Frente Popular en colaboración con Prieto. Incendió, con ímpetu irresponsable, a sus masas adictas durante su campaña «en campo abierto» de 1935. Fue elegido de forma indiscutible jefe del Gobierno a raíz de las elecciones de febrero de 1936.

Muy pronto, en mayo, la furia revolucionaria del Frente Popular se lo quitó de en medio elevándole a una inoperante presidencia de la República desde la que nombró jefe del Gobierno al político menos indicado para pacificar a España en momentos tan delicadísimos. No tomó en cuenta la iniciativa de designar a Prieto jefe de un Gobierno que pudo salvar a España de la catástrofe; cuando quiso hacerlo con un Gobierno Martínez Barrio en la noche del 18 de julio, ya era tarde. Fue desbordado por los elementos marxistas y revolucionarios en la primavera trágica y pasó la Guerra Civil huyendo de acá para allá, casi completamente marginado en sus sucesivas residencias, dedicado a la filosofía y a la escritura, cada vez más impotente y pesimista. Se llevó el peor disgusto de su vida cuando el 22 de agosto de 1936 los milicianos asesinaron a un paso de su despacho a quien había sido su jefe, mentor y amigo, Melquíades Álvarez. Asistió, sin que le dejasen intervenir y sin atreverse a ello, a las primeras matanzas de Madrid. Reclamó noble e inútilmente «paz, piedad y perdón» en el más célebre de sus discursos de guerra y trató, sin éxito, de conseguir una mediación internacional de paz después de la pérdida del Norte.

Como era hombre aprensivo y miedoso, pasó un calvario en Barcelona durante la pequeña Guerra Civil entre anarquistas y comunistas a primeros de mayo de 1937: desde octubre de 1934 lo único que hizo en su vida fue huir ante la venganza de los militares, a quienes temía con auténtico pavor. Huyó en 1936 de Madrid a Valencia, en 1937 de Valencia a Barcelona, en 1939 de Barcelona a París; se negó a regresar a la zona Centro-Sur al terminar la guerra en Cataluña, huyó de la República poco después al dimitir como presidente, huyó a Arcachon, lo más lejos posible de Alemania; huyó de los alemanes que se acercaban y consiguió escapar hasta su último refugio en Montauban. Allí, abrumado por la tragedia y por la preocupación de que la historia le considerase un cómplice de la mayor persecución religiosa de los tiempos modernos (no era un cómplice, había sido el promotor inicial durante la República); volvió sinceramente a la Iglesia después de escribir, en el exilio, la serie de artículos para la prensa argentina más lúcidos y certeros para explicar el caos y el hundimiento de la República en la Guerra Civil. Murió en noviembre de 1940. Azaña fue un desastre como político en activo, un presidente marginado durante toda la Guerra Civil y un pensador y analista excelso sobre la tragedia de la República en esa guerra.

Sus diarios de guerra y todo lo que pensó y escribió a partir de julio de 1936 podrá presentar defectos y desenfoques ocasionales inevitables pero rompe con el partidismo y el sectarismo de las épocas anteriores y se convierte en lección y patrimonio moral común para todos los españoles. Este Azaña final me parece el más grande y el más aprovechable. Ahora, conociendo ya el desenlace, sobre el que tal vez podamos volver en algún momento posterior de estos Episodios, vamos a tratar, con la misma sinceridad, de su actuación durante la República, de la que fue, primero, «revelación», y después, para sus partidarios y sus enemigos, «encarnación».

En 1962 un político leonés, Félix Gordón Ordás, ministro en la República y jefe del Gobierno de la República en el exilio, publicó en sus obras completas, en las que dedica un largo capítulo a la cordial correspondencia que con él mantuve, un juicio histórico sobre Manuel Azaña que me parece definitivo y dice así:

«La admiración que tuve desde sus primeros ensayos para el estilista, aumentada después por sus dotes de orador portentoso y original, no pude tenerla durante la efímera vida de la República para el hombre de Estado, que me pareció siempre vacilante, escéptico, apocado y falto de capacidad de acción, o sea, carente de las condiciones que yo creía indispensables en las horas iniciales del régimen republicano para haberle hecho eficaz y realmente nuevo. Hablaba muy bien, pero actuaba muy mal, y en un jefe de Gobierno eso es inaceptable, porque el hacer y no el decir es la esencia de su oficio. Sin duda por ello se encontraba en la tribuna del Parlamento, que para él fue una colosal ampliación de la de sus éxitos en el Ateneo de Madrid, como el pez en el agua, dueño y señor de la atención y de las emociones. Con la palabra hacía juegos malabares que entusiasmaban a su auditorio, y con las ideas encubría a la perfección los brillantes sofismas a que le inclinaba su irreprimible temperamento literario. Pero hablar no es gobernar, lo recalco, aunque ayuda a gobernar. De la palabra hay que pasar a la acción y Manuel Azaña no lo hacía, o lo hacía muy raras veces».

Subtitulamos este Episodio «El mito Azaña». La idea no es mía, sino del propio Félix Gordón Ordás, que continuaba así su retrato político de Azaña: «Esta fue la gloria abrumadora de Azaña, pero fue también su enorme responsabilidad. Acabó por formarse en torno a él un mito fabuloso, que yo procuré destruir sin fuerza suficiente para conseguirlo, porque veía en el mito Azaña un peligro tremendo para la vida normal de la República… Salvando sus reformas militares, que todos aplaudimos pero sobre la eficacia de las cuales habría algo que objetar, ¿qué otra labor realmente fructífera puede atribuirse a su haber de gobernante? Contra la opinión que todavía prevalece en el exilio entre sus partidarios más fanáticos, don Manuel Azaña fue, en la República, porque él era grande, un gran fracasado. Tal es mi convicción y creo que ése será el dictamen de la historia al juzgar objetivamente al hombre público que tuvo en sus manos una de las más excepcionales oportunidades de haber intentado transformar sustancialmente la vida colectiva de su pueblo y la dejó escapar diluida en pompas de jabón».[11]

Treinta y cinco años después, debo mostrar mi total conformidad con mi antiguo amigo, el ministro y jefe del Gobierno exiliado de la República. Un admirador crítico de Azaña, no un fanático; un hombre que conoció muy de cerca a Azaña.

Azaña y la República
se enfrentan con el Ejército

En su citado libro de 1918 sobre política militar francesa, Manuel Azaña pretende aplicar su visión teórica a la reforma del Ejército español. Por sus diarios, en los que trata a los militares españoles despectivamente y a los capitanes generales insultantemente, sabemos que estaba poseído de un antimilitarismo galopante, no cabe disimularlo. «Por de pronto —escribía en 1918—, la inevitable supresión del Ejército permanente es una ganancia absoluta, un bien puro, sin mezcla de mal alguno. En España es todavía más: abolir el sistema militar vigente es una cuestión de vida o muerte. Realiza además el Ejército, por la misión que se le ha dado en España, una obra de corrupción política. Por ello se puede decir que la supresión del Ejército permanente traería para España la libertad. Un beneficio más modesto, pero digno de notarse, sería la redención de la clase social que hoy alimenta casi sola las filas de la oficialidad. Acabado el Ejército permanente, terminaría el régimen hospitalario de las academias militares, donde una clase media anémica asila a sus hijos y huérfanos en lugar de lanzarlos a la concurrencia social. Y terminaría la propaganda que en la sociedad española realizan doce o catorce mil oficiales, casi todos adversos, por su preparación mental, a las ideas modernas».[12]

Este era el bagaje ideológico con que Azaña accedía en 1931 al Ministerio de la Guerra; la supresión del Ejército como ideal político; lo que produciría la liberación de la clase media. No quería suprimir el servicio militar, sino todo el Ejército; España quedaría inerme en tiempos de tan graves crisis europeas, la Defensa Nacional no existía para él, nueva demostración de su visión utópica. Las clases medias se fortalecen y se ensanchan con la expansión de la economía, como hizo Franco, que creó la sociedad de clases medias en España partiendo de un Ejército con más de un millón de hombres.

Cuando Azaña toma posesión de su despacho en el palacio de Buenavista el 16 de abril de 1931, sus ideas sobre la reforma militar son mucho más realistas. Él mismo lo explica el 2 de diciembre de 1931 en el Parlamento:

Primero defiende la drástica reducción de mandos militares, generales, jefes y oficiales; simultáneamente la supresión de las capitanías generales y la reducción de unidades a la mitad; y logrado esto, se debe convertir el actual Ejército ineficaz, mal equipado, en un Ejércto moderno.[13] Esta idea directriz no era mala; el problema es que Azaña no la realizó desde el espíritu reformista, sino desde el odio y el desprecio que late en su libro de 1918 y en numerosas entradas de sus diarios; fue la actitud y la arbitrariedad de Azaña, no su idea de reforma, lo que soliviantó a los militares. «Proclamada la República —dice el general Mola—, todo el elemento armado la aceptó sin reservas. Se ha discutido mucho sobre si ésta debió ser o no la conducta a seguir. Yo entiendo que, acatados por el Gobierno e incluso por el Rey los que con grandes visos de realidad parecían ser los deseos del pueblo español, no cabía otra actitud. Nadie debe olvidar que tanto el Ejército como la Marina del pueblo salen y al pueblo se deben; son el mismo pueblo. Y éste, precisamente, es su mayor orgullo».[14]

Conviene establecer una distinción. La gran mayoría de los mandos militares aceptó disciplinadamente, según el telegrama enviado por el ministro del Ejército de la monarquía, general Berenguer, la proclamación de la República; lo mismo hizo la Guardia Civil, requerida telegráficamente por su director general, Sanjurjo. Los militares que renunciaron a su carrera por absoluta lealtad al Rey fueron poquísimos; no llegaron a treinta. Pero acatamiento no significaba entusiasmo. Parece que la oficialidad joven estaba bastante desencantada de la monarquía, así como los cuerpos perseguidos por la Dictadura —Artillería e Ingenieros— y algunos mandos que habían chocado con el dictador, así como los «republicanos de toda la vida», que eran pocos, bastantes oficiales de Aviación, donde había cundido el ejemplo del levantisco Ramón Franco, y el cuerpo subalterno de maquinistas de la Armada. La tradición republicana en el Ejército provenía del siglo XIX, pero en 1931 era una minoría reducida.

Uno de los errores graves de Azaña consistió en no advertir el acatamiento general de los mandos militares al nuevo régimen; un militar monárquico tan conspicuo como el general Franco, director de la Academia General Militar de Zaragoza, aconsejó a sus compañeros que permaneciesen en el servicio de la patria bajo la bandera republicana y casi todos le hicieron caso. Azaña, en cambio, recelaba excesivamente de los mandos y empezó muy pronto a apoyarse con criterio partidista en los militares que creía «seguros» en detrimento de los demás.

Las disensiones en el seno de las Fuerzas Armadas, que se arrastraban desde la erupción de las Juntas de Defensa en 1917 y el enfrentamiento de los «africanistas» y los partidarios de las Juntas, se ahondó durante la República y muy pronto, ante las reformas de Azaña, se replanteó de nuevo entre una minoría partidaria de Azaña y favorecida por él y una mayoría hostil a Azaña. Esta división interna militar constituyó, sin que Azaña lo advirtiese, un problema gravísimo que alcanzó a lo largo de la República fatales consecuencias.

Azaña empezó inmediatamente a poner en ejecución su plan de reformas militares. El 25 de abril publicaba la Gaceta un decreto que resonó como un trallazo; en el plazo de cuatro días los generales, jefes y oficiales debían prestar la promesa de fidelidad a la República y a sus leyes. Quienes no lo hicieran serían separados del servicio si eran generales, o retirados si eran jefes y oficiales. La exigencia era natural y la inmensa mayoría de los mandos cambiaron su juramento al Rey por la promesa de fidelidad a la República.

En el fondo se trataba de España, no de un régimen. Cuando el general Franco y sus compañeros se sublevaron contra el Frente Popular en julio de 1936, no prestaron nuevo juramento ni se lo exigieron a sus subordinados. A fines de abril de 1931 sólo dos docenas de generales, jefes y oficiales monárquicos, entre ellos los miembros de la familia real, se negaron a prestar la promesa a la República y perdieron sus carreras. Entre ellos un brillante jefe de Aviación (entonces incorporada al Ejército de Tierra), el infante Alfonso de Orleans, que encontró trabajo en la casa Ford, donde ascendió por méritos propios desde una posición subalterna a la alta dirección. Carlos Martínez de Campos, conde de Llovera y futuro duque de la Torre, que como muchos monárquicos hizo la promesa a la República (lo mismo que Franco y Mola), recuerda que quienes se negaron no pasaron de las dos docenas.

Inmediatamente después, el 27 de abril, Azaña lanzó su segundo decreto-bomba. Era imprescindible para conseguir un Ejército moderno —decía— la reducción de plantillas, es decir, el ofrecimiento a generales, jefes y oficiales, de renunciar al servicio activo y pasar voluntariamente a la reserva (generales) o a situación de retiro (jefes y oficiales) en condiciones favorables; mantener el uso del uniforme, posibilidad de ascensos por su turno, sueldo íntegro, compatible con cualquier trabajo civil retribuido. Sin incluir la segunda reserva contaba el Ejército con 258 generales, 21.998 jefes, oficiales y asimilados; se les daba un plazo de 30 días para acogerse al retiro, sin que el decreto fijase previamente una cifra fija de retirados; pero una vez transcurrido el plazo, si no se alcanzaban las previsiones, se procedería al retiro forzoso de los sobrantes sin que pudieran entonces acogerse a los beneficios de los retirados voluntarios.

La tortura moral que sufrieron durante ese mes de plazo miles de militares que amaban su vocación y deseaban permanecer en filas pero por otra parte temían quedarse en la calle es algo que esos militares no perdonaron jamás a Manuel Azaña, quien una vez conseguido sobradamente su objetivo explicó en el Congreso su éxito:

«Buscando esta eficacia, señores diputados, ha sido menester reducir las unidades del Ejército español de una manera cruel, radical, a menos de la mitad. Había veintiún mil oficiales en las plantillas: han quedado ocho mil, en números redondos. Había dieciséis divisiones; han quedado ocho. Había ocho o diez capitanías generales; no ha quedado ninguna. Había dieciséis tenientes generales; no ha quedado ninguno, es decir, han quedado cuatro o cinco que permanecen en la carrera hasta que la categoría se extinga. Había cincuenta y tantos generales de división; han quedado veintiuno. Había ciento y pico generales de brigada; han quedado cuarenta y tantos»[15].

Los dos decretos se conocen como «las leyes de Azaña» porque como tales fueron convalidados en ese mismo año por el Congreso. Muchos militares han dicho después que fueron «obligados al retiro por Azaña», pero en realidad se retiraron voluntariamente, aunque el segundo decreto implicaba una evidente coacción. Es curioso que entre los que se acogieron al retiro voluntario hubiera bastantes republicanos y entre los que se quedaron en filas muchos monárquicos. Al estallar la Guerra Civil, fueron readmitidos para el servicio activo en cada bando cuantos retirados de 1931 lo solicitaron.

La reducción de efectivos era necesaria y no hubo protestas, aunque sí muchas incomodidades, no contra ella, sino contra la jactancia y prepotencia con que Azaña la interpretó públicamente. Ante sus correligionarios de Acción Republicana, en un banquete del 17 de julio de 1931, Azaña se desahogaba así: «¡Qué obra, amigos y correligionarios! Parece que hemos desafiado y vencido la tentación satánica, que hemos derruido el templo y lo hemos reedificado en tres días!».[16] Unos días más tarde, en el Congreso, el diputado y filósofo José Ortega y Gasset, que había ensalzado y luego vituperado a los generales Primo de Rivera y Berenguer, se deshacía en elogios desatados contra el reformador militar; ya no se acordaba de su invocación a Hércules para que limpiase los establos de Augias.

Los elogios de Ortega eran tan peligrosos como reversibles; pronto veremos cómo dijo todo lo contrario no mucho después. Según el general Mola, se interpretaron algunas frases de Azaña como si hubiera proclamado la trituración del Ejército. En vano trató Azaña de desmentirlo; todo el Ejército se lo creyó y desde luego se jactó en las Cortes del destrozo que había causado en los presupuestos militares[17].

Según Mola, en el segundo texto citado, la trituración no era «ni el decreto sobre retiros, ni siquiera la reducción del Ejército permanente a ocho divisiones y una de caballería… es más, uno u otra pudieron ser la base de un Ejército más potente y eficaz… La verdadera, la efectiva trituración del Ejército dimana de la labor anárquica y de indisciplina que dentro de él se ha hecho». Mola se refería al decreto de destinos de 5 de mayo de 1931 que dejaba a la libre elección del ministro de la Guerra los destinos de los generales, los mandos de las unidades, cuerpos y centros militares, los establecimientos y Gobiernos militares.

Esto supone la consagración legal de la arbitrariedad que se trataba verbalmente de suprimir; pero, como justamente advierte Mola, el mal no radicaba en el decreto sino en la forma con que fue aplicado. Azaña, preocupado cada vez más por los grandes problemas de la República, se confió en exceso para la ejecución de los destinos a sus colaboradores militares. Y casi inmediatamente corrió por las Fuerzas Armadas la certeza de que esos colaboradores inmediatos del ministro eran una reencarnación de las Juntas de Defensa y se integraban, incluso oficialmente, en un turbio organismo al que Azaña denominaba Gabinete Militar y en las guarniciones era universalmente conocido como Gabinete negro o simplemente Camarilla del ministro.

Ante la estupefacción de muchos, el ministro de la Guerra mantuvo en su mismo cargo de subsecretario al último de la Monarquía, general Ruiz Fornells. También retuvo al general Goded, que había preparado la conspiración final contra la Dictadura —que no llegó a estallar— y le nombró pronto jefe del Estado Mayor Central. El Gobierno confirmó también al general Sanjurjo como director general de la Guardia Civil, pero las funciones más delicadas del Ministerio, las referentes a los destinos, se encomendaron al Gabinete que dirigió el comandante de Artillería Juan Hernández Saravia, fidelísimo a Azaña hasta el final de la Guerra Civil.

Formaban el Gabinete jóvenes jefes y oficiales muy republicanos, muy politizados; entre ellos el capitán Pedro Romero, el capitán Salinas, «que fue de los de Jaca y está algo loco» en frase del propio ministro;[18] el comandante Pastor, de Aviación; los comandantes Sandino y Tourné; el comandante de Infantería Fuentes; el de Artillería Merino y los ayudantes del ministro Segismundo Casado, Tomás Peire y Leopoldo Menéndez.

La mayoría se alinearon en el bando de Azaña durante la Guerra Civil; Tomas Peire le abandonó pronto y fue diputado radical y empleado de Juan March; hablé con él muchos años después, detenidamente. Azaña advirtió pronto que algunos miembros del Gabinete «quieren satisfacer enconos del tiempo de la conspiración». Un día llega a anotar en su diario: «Cada día recibo noticias confirmando que algunos del Gabinete Militar a quienes yo di toda mi confianza, han hecho mal uso de ella en la cuestión de destinos… Difícil remedio».[19] El remedio era facilísimo pero Azaña sólo lo aplicó en un caso de expulsión. Y eso que el Diario demuestra el efecto demoledor que su Gabinete estaba produciendo en el cuerpo del Ejército; sin duda se sentía atado por compromisos partidistas.

La política de nombramientos realizada por Azaña con tales asesores resultó nefasta y se alienaba continuamente a militares de gran influencia. Destituyó a un general tan crítico de la Dictadura como Eduardo López Ochoa de la Capitanía General de Barcelona simplemente por su talante crítico. Nombró capitanes generales de la Segunda Región al masón Miguel Cabanellas (que se sublevaría contra él en Zaragoza en julio de 1936) y de la Quinta, al general Ruiz Trillo.

Ascendió a divisionario a Gonzalo Queipo de Llano, consuegro del presidente de la República y nombrado capitán general de Madrid; y a José Riquelme, nombrado capitán general de Valencia. Todos eran fervientes republicanos. Ramón Franco fue designado director general de Aeronáutica pero, como buen anarquista, se enfrentó con Azaña y fue destituido; era diputado pero nada hizo en el Congreso. Azaña iba forzando a pasar a la reserva a generales que estimaba sospechosos, como Andrés Saliquet, y ordenó el cierre de la Academia General Militar de Zaragoza, cuyo jefe, el general Franco, quedó en situación de disponible después de dirigir a los cadetes un duro discurso de despedida que le acarreó, por orden del ministro, la primera nota desfavorable en su espléndida hoja de servicios.

El 18 de mayo Azaña, dentro del espíritu revanchista que caracterizaba a la República, dicta un decreto de gravísimas consecuencias: cancelando todos los ascensos obtenidos por elección y no por antigüedad hasta el grado de coronel; muchos jefes y oficiales como el coronel José Moscardó son así degradados y se convierten en enemigos perpetuos. Pensó al principio Azaña aplicar la medida también a los generales, pero no se atreve; se contenta con rebajarles en el escalafón con lo que Franco, primero del suyo, cae hasta el último puesto. Azaña había propinado a Franco, el militar más prestigioso del Ejército, dos graves golpes casi seguidos que afectaban a lo que Franco más quería: su carrera militar. Franco no se lo perdonaría nunca, hasta que el avance de sus tropas sobre la frontera pirenaica hizo huir a Manuel Azaña quien a poco abandonó la presidencia de la República. Y todo había empezado en la primavera de 1931. Sin embargo, Azaña no extremó su desconfianza hacia Franco.

En 1932 le nombró gobernador y comandante militar de La Coruña, cargo que le encantaba, y en 1933 le envió a Baleares como comandante general en plaza de superior categoría. Pero aun así jamás olvidó Franco las dos injusticias, de esa forma las consideraba, de 1931. El 16 de junio es cuando Azaña suprimió las capitanías generales, sustituidas por divisiones orgánicas, que disponían de una sola división táctica en vez de las dos anteriores.

Al ser suprimidas las capitanías generales, entre cuyas atribuciones figuraba la jurisdicción militar, ésta se encomienda a una sala especial del Tribunal Supremo; las capitanías fueron después restablecidas por el general Franco, que también restauró la jurisdicción militar luego muy recortada por los socialistas tras el golpe de Estado del 23 de febrero de 1981. Sin excesivo respeto por la historia, Azaña suprimió también por decreto las órdenes militares.

Éstas son a grandes rasgos las reformas militares de Manuel Azaña, de las que el general Ramón Salas Larrazábal ha hecho un estudio exhaustivo y relativamente comprensivo[20].

La política militar de Azaña dividió profundamente al Ejército y enfrentó al ministro y a la República no sólo con los militares monárquicos sino con muchos republicanos; entre los nombramientos que he reseñado figuran varios militares que se sublevaron contra él en julio de 1936, entre ellos republicanos tan conspicuos como los generales Queipo de Llano y Miguel Cabanellas. Pero lo más sorprendente es que una reforma que se había planeado para reducir los efectivos del Ejército paro aumentar su eficacia en tiempos de crisis europea, dejó al Ejército, además de moralmente destrozado, prácticamente inerme, como hace notar Gil Robles, que fue un excelente ministro de la Guerra en 1935. La crítica más influyente de cuantas se hicieron a Manuel Azaña antes de la Guerra Civil se debe a un militar liberal de alto prestigio: el general Emilio Mola, opuesto a la Dictadura de Primo de Rivera que, por haber sido director general de Seguridad en los Gobiernos Berenguer y Aznar, fue procesado y preso al llegar la República, expulsado del Ejército y puesto en libertad bajo palabra el 4 de julio de 1931.

Tuvo que vivir de sus libros, que se vendieron mucho, y fabricando barcos en el interior de una botella con gran habilidad. En 1934 recuperó su carrera y su grado de general por la amnistía del Gobierno de centroderecha y publicó un libro demoledor, El pasado, Azaña y el porvenir, que causó sensación: Azaña no respondió a sus críticas. Mola reconoce los graves defectos en el Ejército de la monarquía y admite la necesidad de las reformas. Pero defiende las virtudes militares: amor a España, culto al honor, cultura superior a la media de las profesiones (en su caso era completamente cierto) y respeto a la tropa. Considera a Azaña como «un siniestro personaje» y enumera sus disposiciones concretas que más han contribuido al sentimiento de trituración militar. Atribuye la actual degradación del Ejército a una secreta resurrección de las Juntas de Defensa, lo cual es una notable intuición histórica.

A la inspiración de los criptojunteros se deben muchas de las medidas tomadas, que muchas veces se dirigían contra los «africanistas». Azaña reavivó, por tanto, según Mola, los rescoldos de las disensiones militares que habían terminado con la Dictadura y con la monarquía, que contribuirían a la ruina de la República y a que el pronunciamiento del 18 de julio se prolongase sangrientamente en una Guerra Civil.

La reestructuración de la Marina que dirigió el ministro Casares Quiroga estaba calcada de la de Azaña. José Calvo Sotelo llamó a Casares «el típico señorito de La Coruña». Casares favoreció a los subalternos de la Armada, entre los que pronto se advirtió una seria infiltración comunista pese a la escasa fuerza que la sucursal soviética tenía entonces en España. Sin embargo, la República, con buen acuerdo, no canceló los programas navales de la monarquía e incluso los incremento, ante el peligro creciente de conflicto en el Mediterráneo; por eso tampoco llevó al extremo las disposiciones para la reducción de la oficialidad. El peligro interior más grave era la creciente lucha de clases que se planteaba en los barcos y en los establecimientos navales, que no tuvo su correspondencia en las fuerzas del Ejército de Tierra y que alcanzaría consecuencias especialmente trágicas en la Guerra Civil.

La República topa con la Iglesia

La Iglesia católica había aceptado a la República; más aún, como algunos monárquicos sospecharon entonces y confirmaron después, el nuncio de Su Santidad, monseñor Federico Tedeschini, un prelado de buena planta, muy bien relacionado en el Vaticano y de comportamiento bastante mundano en la alta sociedad de Madrid, había conspirado con el presidente del Comité Revolucionario, don Niceto Alcalá Zamora, y por ello creía estar seguro de una actitud benevolente del régimen republicano con la Iglesia.

Tedeschini fue, como los generales Sanjurjo y Ruiz Fornells, otro de los poquísimos dignatarios de la época que conservaron sus puestos a la llegada del nuevo régimen, lo que resultaba bastante sospechoso para los monárquicos. Por otra parte, Miguel Maura, el nuevo ministro de la Gobernación, era también católico practicante, con lo que las buenas esperanzas del nuncio se reconfirmaban. Además, el gran diario católico El Debate, órgano de la Asociación Católica Nacional de Propagandistas, que era la principal plataforma de los católicos para su actuación en la vida pública, dirigido por Ángel Herrera Oria, presidente de esa asociación, había publicado un comentadísimo editorial el 15 de abril por el que acataba al nuevo régimen y se mostraba, por tanto, posibilista ante las formas de Gobierno. Las relaciones Iglesia-República, por ello, no podían comenzar con mejor pie y el nuncio se las prometía muy felices.

Por eso se llevó una sorpresa tremenda cuando desde muy pronto los órganos de prensa más identificados con la República desencadenaron una campaña contra la Iglesia, sin motivo alguno; la Iglesia había acatado a la República por medio de su principal órgano de prensa, el diario católico El Debate; el Episcopado, que debía todos sus nombramientos a la presentación del Rey, no excitó en caso alguno a la rebelión aunque la Asociación de Propagandistas, en uso de su pleno derecho, había celebrado desde el primer momento varias reuniones para la creación de un partido católico, en vista del hundimiento de los partidos monárquicos tradicionales. Pero ni un gesto público, ni un desplante, ni un desafío había salido de las filas católicas contra el nuevo régimen.

El domingo 10 de mayo, con permiso del Ministerio de la Gobernación, varias personalidades monárquicas entre ellas el ex ministro Leopoldo Matos, el director de ABC Juan Ignacio Luca de Tena, jóvenes como los catedráticos José María Gil Robles (que había participado también en las reuniones de los católicos) y Pedro Sainz Rodríguez, junto con otras muchas personas, se habían reunido en el Círculo Monárquico entonces inaugurado en la calle de Alcalá, cerca de la plaza de la Independencia, muy concurrida a media mañana cuando regresaban del vecino parque del Retiro los asistentes al concierto de la Banda Municipal. Todos los grupos políticos habían abierto círculos semejantes para preparar candidaturas a las elecciones a Cortes Constituyentes que acababan de anunciarse.

Alguien dentro del Círculo puso en el gramófono un disco con la Marcha Real, himno nacional de la Monarquía que la República había sustituido con una partitura de charanga conocida como Himno de Riego cuya letra oficial nadie sabía; todo el mundo la cantaba con letras partidistas bastante divertidas. Los republicanos empezaban así:

«Si los curas y frailes supieran

La paliza que les van a dar

Correrían las calles cantando

Libertad, libertad, libertad».

Por nuestra parte, los monárquicos, incluso los niños, aprendimos a los pocos días esta letra:

«Si Niceto quiere corona

Le daremos un orinal;

Porque la Corona de España

Es del Infante don Juan».

Ninguna de las dos letras era broma; la republicana se asociaba inevitablemente con la erupción anticlerical que se reproducía en todos los momentos críticos desde la primera quema de conventos en 1835, que protagonizaron las masas procedentes de los barrios bajos madrileños en protesta contra los carlistas; y la monárquica, que cantábamos los niños en el Retiro, revelaba que nuestros padres habían descartado ya a Alfonso XIII y pensaban en don Juan de Borbón para sustituirle cuando se restaurase la Monarquía.

Estoy seguro de que mi ilustre amigo el profesor Amando de Miguel podría escribir uno de sus admirables ensayos ante la yuxtaposición de estas dos versiones del Himno de Riego. A propósito, la Segunda República había cambiado también a las primeras de cambio la bandera de España (cosa que nunca hizo la Primera República de 1873) sustituyendo la segunda franja roja por la morada, no por respeto a los comuneros de Castilla, como dicen algunos, sino porque es la bandera que enarbolaron los sublevados republicanos de Jaca el 12 de diciembre de 1930 y se izó en aquel Ayuntamiento. Lo indagué en Jaca, pero no pude averiguar de dónde y por qué motivo sacaron esa franja morada los republicanos de la ciudad pirenaica.

No se sabe bien cómo, pero tal vez por oírse desde la calle los compases de la Marcha Real, tal vez porque algunos piquetes republicanos querían chafar su acto, nada provocativo, a los monárquicos, tal vez —ésta me parece la razón más probable— porque toda la prensa había anunciado la inauguración del Círculo Monárquico y naturalmente ABC, el diario monárquico, había destacado intensamente la noticia, se excitaron los republicanos que vigilaban fuera ante la noticia de que grupos republicanos habían intentado el asalto y el incendio de ABC, que tenía su Redacción y talleres relativamente cerca, en la calle de Serrano.

La Guardia Civil defendió al diario y, obligada a disparar, dio muerte a dos asaltantes; la primera sangre de la República. Entonces los alborotadores corrieron hacia el Círculo Monárquico a cuyas puertas se produjo un gran tumulto; varios monárquicos que entraban o trataban de salir fueron zarandeados y se oían gritos de los que buscaban al director de ABC, que estaba tranquilamente dentro; había llegado mucho antes conduciendo un coche pequeño y, al comprobar que la cosa iba con él, consiguió escabullirse, se dirigió a su coche, comprobó que estaba en llamas, se adentró en la calzada, vio a otro coche que aminoraba la marcha, se subió al estribo y pidió al conductor, que resultó ser un conocido suyo, que le salvase la vida.

Aceleró el amigo, se zafó Juan Ignacio de los energúmenos que ya le agarraban y consiguió refugiarse en casa de otro amigo, director de un grupo teatral aficionado. En aquel momento ya cundía por todo Madrid la falsedad, que aún repiten algunos cretinos de la historia, de que el director de ABC había asesinado a un taxista a la puerta del Círculo Monárquico.[21]

Desde casa de otro amigo, Luca de Tena avisó a su familia y se puso en contacto con un antiguo compañero de colegio, Rafael Sánchez Guerra, secretario de la presidencia de la República, que vino en su coche oficial a recogerle y entregarle a la Justicia; tras pasar cuatro meses encerrado absurdamente en la Cárcel Modelo, naturalmente el juez le absolvió, pero ABC sufrió la primera suspensión gubernativa de su época republicana; en todos sus períodos la República no respetó la libertad de prensa y en su fase final, decretado (no por primera vez) el estado de alarma, estableció la censura previa de prensa, otro de los motivos por los que me niego a reconocer como democrático a ese régimen.

Los graves sucesos de esa mañana del 10 de mayo se comentaban en todo Madrid y pronto en toda España con preocupación y agitación creciente. De acuerdo con la interpretación anticlerical del Himno de Riego, grupos de agitadores extremistas trataron de soliviantar los barrios bajos de Madrid, que tradicionalmente, ya desde un siglo antes, se consideraban viveros del progresismo radical, el anticlericalismo y el anarquismo. Los movimientos violentos de las masas no son nunca espontáneos, desde el motín de Esquilache en el siglo XVIII hasta los desmanes actuales de Jarrai en las calles del País Vasco.

Siempre hay detrás una organización y un plan, que luego, naturalmente, se desborda. Miguel Maura, que era el 11 de mayo ministro de la Gobernación y un hombre de bien, aunque las derechas le llamaran «Maura el malo», atribuye la responsabilidad de lo que sucedió aquel día trágico a los anarquistas dirigidos por Pablo Rada, el amigo de Ramón Franco y mecánico del famoso vuelo trasatlántico del hidroavión Plus Ultra. Ramiro Ledesma Ramos, que es un observador profundo, apunta a los mismos responsables. La furia anticlerical de las turbas, que se había manifestado varias veces de forma intermitente a partir de 1834/1835 (casos de 1854, 1868, 1909 en la Semana Trágica de Barcelona), estalló de nuevo, alimentada, como en los casos anteriores, por un sector de la prensa no menos incendiario e irresponsable; las luminarias contra la Iglesia se repetirían en 1934 y reventarían en la apoteosis de incendios, profanaciones y crímenes que pretendieron aniquilarla entre 1936 y 1939.

Desde la tarde del día 10 los centros subversivos más fanáticos eran el Ateneo de Madrid, la Casa del Pueblo socialista y los círculos de los partidos más anticlericales, como el Radical-Socialista. Las numerosas manifestaciones que habían invadido las calles de Madrid confluyeron a media noche en la Puerta del Sol, donde las arengó un energúmeno, José Antonio Balbontín, excitándoles a la violencia contra la reacción monárquica que volvía a alzar cabeza. Las comisarías de policía y el Gobierno conocían lo que se preparaba, pero la policía recibió órdenes de no emplear la violencia contra los alborotadores en ningún caso. El Gobierno se había negado a dispersar la manifestación amenazadora de la Puerta del Sol y los promotores de lo que al día siguiente sería un auténtico motín lo sabían perfectamente.

A primera hora del 11 de mayo empezó el motín. No se asaltan y se incendian en una ciudad con numerosa guarnición y contingentes importantes de orden público una docena de iglesias y conventos sin un plan y una logística bien preparados.

Desde las primeras horas de la mañana cientos de incendiarios se concentran ante la Casa Profesa de los jesuitas en la calle de la Flor, que se alzaba donde hoy se ha construido una gran manzana comercial, entre esa calle, la Gran Vía y la calle de San Bernardo. Era, como tantas veces, el gran objetivo tanto de las turbas como de la República, que ya tenía decidida la supresión de la orden ignaciana, entonces enteramente fiel al Papa y a la vocación que le había trazado su fundador.

Tras una lluvia de piedras que rompió muchos cristales y ante la pasividad de un retén de la Guardia Civil, que contemplaba el asalto como si no fuera con ella, los asaltantes rociaron con gasolina las puertas cerradas del edificio y le prendieron fuego. Llegaron los bomberos, que prefirieron convertirse en espectadores. Los jesuitas escaparon como pudieron a las casas vecinas, mientras las llamas consumían la urna de plata con los restos de San Francisco de Borja, el lignum crucis de Pastrana, numerosas reliquias, la biblioteca de ochenta mil volúmenes, entre ellos incunables y manuscritos de enorme valor, las bibliotecas de los jesuitas académicos Luis Coloma y Fidel Fita y todo el edificio, que desapareció.

Asegurada ya la impunidad, las escuadras de incendiarios saquearon y quemaron el convento del siglo XVI que servía de residencia a las madres bernardas de Vallecas, la iglesia nueva de Santa Teresa junto al convento de carmelitas descalzas en la plaza de España, el enorme colegio Maravillas en Cuatro Caminos, donde los Hermanos de la Doctrina Cristiana enseñaban a cientos de hijos de obreros y empleados modestos; el convento de las Mercedarias de San Fernando, dedicado a la enseñanza de trescientas niñas pobres; la parroquia de Bellas Vistas en Cuatro Caminos, la iglesia de los Ángeles allí mismo, el colegio para niñas pobres de María Auxiliadora, de las Salesianas; el colegio de las madres del Sagrado Corazón en Chamartín, salvado en parte por la presencia del general Orgaz con una patrulla de soldados, que actuaron por su cuenta; el espléndido colegio de Areneros con su instituto técnico en los bulevares, donde se quemó la biblioteca y archivo del insigne historiador padre García Villada, así como la biblioteca de la casa con más de veinte mil volúmenes.

El capitán general de Madrid, general Queipo de Llano, recorrió a caballo los incendios y prohibió al regimiento de Húsares de la Princesa, próximo al colegio de los jesuitas, que acudiera en su auxilio cuando ya estaba formado para salir. Paso muchas veces ante el edificio de Areneros reconstruido, donde luego estudié los cuatro últimos cursos de bachillerato y fui profesor, y no puedo contener la pena y el estupor al ver que, por haber dicho la verdad sobre los actuales jesuitas desmandados en mis libros de historia, es decir, por aplicar lo que allí me enseñaron los jesuitas ignacianos (mis antiguos profesores que en algún caso, a sus noventa años, me siguen alentando en mi camino), algún jesuita imbécil con mando en plaza ha borrado mi nombre de los catálogos de antiguos alumnos, cuando lo que tendría que hacer es borrar el suyo de los catálogos de la Compañía de Jesús.

Son pequeñas venganzas estúpidas que muestran una vez más la actual degradación de una orden única que lo fue todo y hoy es una piltrafa de sí misma. Tales desaires ridículos no me harán variar; seguiré defendiendo la historia gloriosa de la auténtica Compañía de Jesús de mis maestros y denunciando a la Compañía degradada, caída en el marxismo y la rebeldía contra el Papa por obra de algunos de mis compañeros de colegio a partir de 1965, cuando fue elegido general el alucinado y nefasto padre Pedro Arrupe.

En 1939, cuando entrábamos en Areneros los primeros alumnos después de la Guerra Civil, la espléndida iglesia del Colegio seguía destruida, con la huella de los incendios de 1931 en sus muros y restos de carteles en los que podía leerse: «Ciudadano, no quemes este edificio. Es tuyo y constituye un bien cultural». La cultura del fuego que habían practicado los salvajes del 11 de mayo de 1931, tan briosamente defendidos por algunos jesuitas actuales mucho más reprobables que aquellos incendiarios porque no han quemado las iglesias sino el alma de su orden, que entonces quedó incólume y ahora agoniza. Pero volvamos a nuestra historia.

Lo más inconcebible es la actitud de aquel Gobierno, que conocemos sin duda alguna por el testimonio —valiosísimo— del propio ministro de la Gobernación, Miguel Maura, fuente imprescindible para toda esta primera etapa de la República.[22]

Reunido el Consejo, dejó que las turbas se adueñasen de las calles hasta pasado el mediodía; al fin declaró el estado de guerra cuando ya ardían las iglesias y conventos. En nota oficial dijo, con toda desfachatez, que en los sucesos de los días 10 y 11 de mayo latía «una ofensiva contra el régimen republicano, para restaurar la monarquía».

La nota acusaba al ABC de «envenenar el alma nacional» y se mostraba muy comprensiva con los «defensores de la República» que se habían dedicado a quemar conventos. Recuerdo, como ya he adelantado, que aquella noche del 11 de mayo se distinguían perfectamente desde el balcón de nuestra casa casi todas las siniestras luminarias que algún cronista republicano desmesurado se atreve a llamar «las saturnales de la libertad», nada menos.

Esa misma noche los incendios de Madrid se reproducían en Sevilla, en Córdoba y, sobre todo, en Málaga, siempre con los jesuitas como objetivo predilecto. Luego se extendieron asaltos e incendios a Cádiz, Murcia, Valencia y Alicante, así como a otras ciudades del Reino de Valencia. El catálogo de templos y obras de arte perdidas es aterrador.

El propio Miguel Maura, antes de la publicación, muy posterior, de su libro, relató en un discurso del 10 de mayo de 1932 en el cine Europa de Madrid lo sucedido en el seno del Gobierno, que se negó a toda intervención mientras llegaban las primeras noticias. Y la frase terrible de Azaña, jamás citada por su rendido admirador José María Aznar: «Todos los conventos de España no valen la uña de un republicano». Y amenazó con dimitir si salía la Guardia Civil; el que dimitió fue Miguel Maura, una dimisión muy curiosa porque no se movió del edificio de Presidencia donde se celebraba el consejo. Consta que Indalecio Prieto participó también en la inhibición del Gobierno.

La «quema de conventos», como se la sigue llamando, fue la declaración de guerra de la naciente República a la Iglesia católica, ésa fue su trascendencia. La paz idílica de las primeras semanas se hundía con los muros y los retablos que caían entre las llamas del 11 de mayo. La prensa fanática profería los primeros disparates graves, como el Heraldo de Madrid, que describía a curas y frailes tiroteando al pueblo desde las ventanas. El Socialista del 12 de mayo revelaba que en los conventos se escondían auténticos arsenales, incluso ametralladoras y bombas de mano y las masas de la República se tragaban semejante enormidad. José Ortega y Gasset y los otros dos firmantes de la convocatoria de 1930 a los intelectuales al servicio de la República emitieron un manifiesto sobre la quema de conventos que sólo puede calificarse de estúpido; lo siento por tan ilustres nombres.

Después de defender tanto a la cultura, no elevaban su protesta total contra el cataclismo cultural que acababan de presenciar. Pero en las hogueras de mayo había ardido, para observadores más serios, toda la inicial esperanza republicana. Y en la guerra que en ese día se declaraba irreversiblemente entre la República y la Iglesia, ésta sufriría un auténtico martirio del que saldría fortalecida; pero la República sería vencida y aniquilada, con los tres firmantes del Manifiesto intelectual alineados en favor de quienes la aniquilaban.

La expulsión del cardenal primado

La República no consideró la quema de conventos como un incidente aislado, sino que la asumió como una declaración de guerra a la Iglesia católica, precedida y seguida inmediatamente por otras medidas que convirtieron aquella agresión trágica en una auténtica persecución. Así la interpretó la Iglesia, porque se trata de una realidad; y como estábamos en los años treinta la Iglesia respondió a la persecución con la Cruzada. Si no se admite esa secuencia, no se entiende nada de lo que sucedió en España entre 1931 y 1939[23].

La siguiente agresión del Gobierno de la República a la Iglesia sucedió una semana justa después de la quema de conventos y consistió en la expulsión inmediata de España del obispo de Vitoria, Mateo Múgica, el 18 de mayo de 1931 «por haber politizado sus visitas pastorales a la diócesis».

Era una excusa falsa y absurda, pero no sería la última vez que el buen obispo de Vitoria fuera expulsado de España; le echó de nuevo en 1936, con sinrazón parecida, la Junta de Defensa de Burgos y ya no regresó. Poco después, reunidos los arzobispos españoles en Roma, hacían pública una protesta oficial al jefe del Gobierno por las agresiones sufridas en mes y medio por la Iglesia, después de haber informado con alarma al papa Pío XI, que les respaldó plenamente:

«Anuncio oficial de secularización de cementerios, separación de la Iglesia y del Estado, prohibición a las autoridades gubernativas y a las Fuerzas Armadas de participar en actos religiosos, supresión de las cuatro órdenes militares, privación de derechos civiles a la Confederación Nacional Católica Agraria por el hecho de denominarse católica, privación a la Iglesia de participar en los Consejos de Instrucción, supresión de honores militares al Santísimo Sacramento a su paso por las calles, supresión de la obligatoriedad de la enseñanza religiosa en las escuelas primarias y en las superiores, prohibición del Crucifijo en las escuelas (públicas), libertad de cultos, intervención del Estado en el tesoro artístico de la Iglesia, infracción de la inmunidad personal eclesiástica y sobre todo esto los incendios de iglesias, conventos y palacios eclesiásticos».

La Iglesia pedía al católico jefe del Gobierno la revocación de todas esas disposiciones y para que obrase de acuerdo con la Santa Sede, en lo que se refiera a los derechos de la Iglesia en España».[24]

De todas estas medidas la que más afectó e indignó a los católicos fue la fulminante supresión del Crucifijo en las escuelas públicas, dictada por el socialista masón y director general de Enseñanza Primaria, Rodolfo Llopis, por lo que tenía de carácter simbólico e intención secularizadora.

El conjunto de medidas cuya supresión reclamaban ingenuamente los arzobispos provenía de varios ministerios, sobre todo Justicia, Guerra e Instrucción Pública, aunque eran responsabilidad de todo el Gobierno, lanzado a una agresión jacobina a la Iglesia católica. Los católicos que conocían bien la realidad masónica de aquella época estaban seguros (como lo está el autor de este libro) de que estas medidas y las todavía más graves que iban a aplicarse durante el período provisional y el bienio Azaña eran de inspiración masónica; hoy sabemos sin duda alguna que el objetivo común a los tres siglos de historia de la masonería moderna ha sido precisamente (y sigue siendo) la secularización plena, es decir el arrancar a la Iglesia de los sectores esenciales de la sociedad.

También existen pruebas inequívocas de que la masonería, en sus diversas obediencias, saludó con entusiasmo la llegada de la Segunda República, que contaba con varios masones —o que pronto lo serían— en su Gobierno, entre ellos el mismo Gran Maestre del Gran Oriente español.[25]

La respuesta del Gobierno de la República al memorial de agravios enviado desde Roma por los metropolitanos españoles fue inmediata: el 17 de junio, al día siguiente de su regreso de Roma, el cardenal primado de Toledo, don Pedro Segura y Sáenz, fue detenido por orden del Gobierno en Guadalajara, donde pasó la noche en un convento bajo custodia, y al día siguiente fue conducido a la frontera por la policía, sin dinero, equipaje, medicinas ni siquiera el breviario.

Para explicar el inconcebible desafuero, el Gobierno citaba una pastoral del primado en la que, con frases de respeto hacia el Rey desterrado, había pedido el acatamiento de los fieles a la República, y reconocía al Gobierno que había solicitado del Vaticano la destitución del cardenal Segura como arzobispo primado de Toledo.

Lo más increíble es que Roma, a instancias del nuncio en Madrid y de Ángel Herrera, aceptó «por bien de paz» las exigencias del Gobierno de la República y el 30 de septiembre admitió la «renuncia» del cardenal Segura, que fue realmente una injustísima destitución. Sería sustituido por un prelado catalán, don Isidro Gomá y Tomas, que le salió a la República mucho peor de lo que esperaba; con prudencia y firmeza asumió el liderazgo de la Iglesia española, encabezó el movimiento de protesta organizada de los católicos y actuó como el máximo apoyo moral de los rebeldes durante toda la Guerra Civil. Pero aun antes de la expulsión del cardenal Segura, la Gran Logia Española, vinculada con la masonería británica, que era la de mayor influencia mundial, celebró en Madrid una reunión entre los días 23 y 25 de mayo en la que se congratulaba por la actitud secularizadora del Gobierno y le instaba a completarla, sobre todo en el plano de la enseñanza laica, consigna a la que el Gobierno daría estricto cumplimiento durante el debate constitucional y el bienio Azaña. [26]

Durante este período comprobaría la Iglesia, sometida a un acoso creciente, para lo que servía la política de condescendencia con el Gobierno, que se envalentonaba con esta fase de aparente sumisión. Los diarios de Manuel Azaña correspondientes a esta época demuestran estos dos hechos: la contemporización de la Iglesia (el nuncio y Herrera) y la agresividad del Gobierno republicano.

Justo en los momentos en que escribo estas líneas veo en El País de hoy (21 de abril de 1977) un extenso artículo del profesor Carlos Seco Serrano titulado El mito Azaña, término exacto del subtítulo que, hace semanas, el coeditor de este libro había escogido y por supuesto mantenemos. Desde hace algún tiempo he manifestado serias discrepancias con algunas publicaciones decepcionantes del profesor Seco Serrano, que a mi modo de ver desentonan con otras que siempre he valorado mucho. No me duelen prendas al reconocer que este artículo sobre Azaña nos devuelve al Carlos Seco de los mejores tiempos y que fuera de una boutade inicial sobre el «mito franquista», que desde luego existió, pero creo que de otra forma muy diferente, debida sobre todo al equipo de Serrano Suñer y al propio señor Serrano, alude sin nombrarle al señor Aznar entre los que «pretenden afirmar su propia credibilidad democrática arrimándose a la imagen del que un día se consideró a sí mismo encarnación pura de la democracia. En esa pretendida infalibilidad excluyente radicó el hundimiento de la democracia».

A partir de esa exacta afirmación el artículo es de una calidad histórica suprema. Lo utilizaré en varios momentos de este libro y los siguientes. Tengo la impresión de que el profesor Seco Serrano es más discutible y peligroso en los veranos; al menos en esa estación me he visto obligado a cruzar con él algunas fintas de seria discrepancia. Pero no resisto a la tentación de dedicarle, ante este gran artículo sobre el mito Azaña, que me parece admirable, mi más cordial enhorabuena.

La obra positiva del primer Gobierno
de la República

El Gobierno Provisional de la República no se limitó solamente a las agresiones gratuitas contra las Fuerzas Armadas y la Iglesia que hemos demostrado ya, porque a ellas se aplicó, por desgracia, lo más ostensible de su esfuerzo político. Realizó, además, otros intentos que resultan mucho más positivos ante la historia.

En primer término, la solución rápida y elegante ante un grave problema que el ardor romántico, quijotesco y súbito del líder de la Esquerra, señor Maciá, había provocado en Cataluña al conocerse la victoria de la República y especialmente la arrolladora victoria de la Esquerra en Cataluña. En la misma plaza de San Jaime, corazón de la ciudad, el segundo líder de la Esquerra, don Luis Companys, proclamó la República española a las dos y veinte de la tarde del 14 de abril; y Francisco Maciá, en el palacio de la Diputación, proclamó la República Catalana y así lo comunicó oficialmente a los Gobiernos extranjeros, que se quedaron atónitos.

El Gobierno de la República, tras infructuosos diálogos por teléfono, despachó a Barcelona a una delegación de ministros, el profesor Fernando de los Ríos y los dos catalanes, Marcelino Domingo y Luis Nicoláu d’Olwer (que era, además, un distinguido historiador).

El 27 de abril el arreglo quedó sellado en la visita triunfal que hizo a Barcelona el presidente de la República y el 9 de mayo un decreto del Gobierno establecía las relaciones del poder central con la resucitada Generalidad de Cataluña, que ahora reaparecía como Gobierno autónomo en espera de que sus competencias se fijaran en el Estatuto de Autonomía al que se habían comprometido Niceto y los demás firmantes del Pacto de San Sebastián que ahora eran Gobierno.

El 2 de agosto se celebró el referéndum para el Estatuto; de cerca de ochocientos mil votantes se pronunciaron favorablemente casi seiscientos mil, con lo que el proyecto de Estatuto, refrendado por la votación, fue entregado al Gobierno. Ante este éxito de los catalanes se habían alzado voces en el País Vasco para reclamar una autonomía semejante.

El Gobierno, dejándose guiar por el diputado socialista de Bilbao, Indalecio Prieto, refrenó al principio el Estatuto Vasco porque su principal promotor era José Antonio de Aguirre, presidente del Partido Nacionalista Vasco con el que, por motivos de religión, estaba muy enfrentado Prieto, que atribuía al PNV el propósito de convertir al País Vasco en una teocracia. El 2 de mayo Prieto ofrece un método para conseguir la autonomía vasca y la Sociedad de Estudios Vascos entrega poco después a los alcaldes un proyecto de Estatuto de autonomía que incluía a Navarra.

El 14 de junio se iban a reunir en Pamplona dos asambleas: la patrocinada por el PNV y la de los carlistas, que reclamaban el restablecimiento de los Fueros en plenitud. Para evitar el enfrentamiento la asamblea patrocinada por el PNV se reúne en Estella bajo la presidencia de José Antonio de Aguirre y Lecube. El proyecto de Estatuto aprobado en Estella se aprueba con los votos de los representantes de quinientos municipios y reclama las relaciones directas entre el futuro Gobierno autónomo vasco-navarro y la Santa Sede. Pero ante la inminencia de las elecciones generales los católicos vascos —nacionalistas y tradicionalistas— se reúnen el 5 de julio en San Sebastián y acuerdan formar candidaturas conjuntas.

El 25 de julio y el 10 de agosto los ayuntamientos alaveses y navarros aprueban con gran mayoría el Estatuto de Estella que 420 alcaldes entregan el 22 de septiembre al presidente de la República. Como la unidad vasconavarra y católica parece asegurada y se presenta como claramente hostil al Gobierno laico de la República, Manuel Azaña llega a encargar al general Goded un plan para la invasión de Navarra con tres divisiones. Azaña estaba sinceramente preocupado con la erupción autonómica.

En un banquete de Acción Republicana, el 17 de julio, aseguraba: «nadie tiene en las venas un españolismo tan profundo, tan puro y tan ardiente como yo». Y decía la verdad, pero reconocía también la realidad y el 27 de julio escribía en su diario que la raíz del problema político estaba «en la existencia real, por mucho que contradiga a la historia, de una voluntad secesionista en varias regiones».[27]

Sin embargo las elecciones a Cortes Constituyentes se echaban encima y el Gobierno decidió aplazar la tramitación de los Estatutos hasta que la Constitución definiera los métodos y las competencias. De momento la República había encauzado el problema autonómico, aunque sus adversarios la acusaban de promover el separatismo en España.

Al frente del ministerio de Trabajo y rodeado por un equipo de primer orden, el líder socialista Francisco Largo Caballero trató de articular una política social digna del nuevo régimen. Tenía 62 años, carecía de formación básica (su profesión era la de obrero estuquista) pero había colaborado con la Dictadura de Primo de Rivera en cuya sintonía con los sindicalistas de la UGT había aprendido mucho Caballero, cuya principal condición política era la demagogia obrerista, más un auténtico sentido social. Hombre seco y enérgico, dotado de reconocido sentido común, aprovechó los Jurados Mixtos de la Dictadura para resucitarlos con otro nombre: los Comités Paritarios de obreros y patronos con el arbitraje del Gobierno.

Sus medidas sociales no son despreciables. Reglamenta la Inspección de Trabajo, crea la caja nacional contra el paro, que crecería inevitablemente por las repercusiones en España de la crisis económica de 1929, establece la jornada de ocho horas y dicta el decreto de «términos municipales» para fomentar la contratación local de los trabajadores del campo. El 29 de septiembre las Cortes aprueban la importante y positiva ley de Contratos de trabajo y el ministerio socialista respetó, en esta etapa, la propiedad privada. La reforma agraria, que era la principal reivindicación de los campesinos sin tierra, no progresaba; ni el presidente de la República ni Manuel Azaña, en cuyas competencias entró después, sentían su necesidad ni creían en ella.

Indalecio Prieto aceptó el Ministerio de Hacienda y lo explicaba así: «Había que buscar un irresponsable y el irresponsable era yo». Poseía, sin embargo, experiencia empresarial en El Liberal de Bilbao y estuvo a punto de convertirse en uno de los primeros empresarios de España en el nuevo campo de la electrónica; pero sobre todo era un político inteligente y eficaz, capaz de aprender pronto y de rodearse de colaboradores excelentes. Como Azaña abomina de todo el mundo escribió luego en su diario que tuvo que cambiar a Prieto de ministerio en diciembre de 1931 por su incompetencia; se equivocaba de medio a medio. Cedió el 20 de abril de 1931 al pueblo de Madrid la Casa de Campo y el Campo del Moro, que habían pertenecido al patrimonio de la Corona.

En contra de su revanchismo habitual, la República declaró subsistentes varias disposiciones importantes de la Dictadura, como la ley del Timbre y el Monopolio de petróleos, la CAMPSA. No aplicó la doctrina socialista radical a la Hacienda; ni siquiera nacionalizó el Banco de España, que siguió en manos de accionistas privados hasta que lo nacionalizó el general Franco. Luchó denodadamente para impedir la evasión de capitales que algunos potentados monárquicos habían iniciado por miedo a expropiaciones republicanas; recuerdo que mi abuelo Juan de la Cierva y Peñafiel respaldaba en sus conversaciones esta política de Prieto. Se incautó el 13 de mayo del Caudal Privado y bienes personales del ex-Rey, con inmerecida e infundada crueldad en la disposición.

(He de introducir un breve y serio inciso por cierta sugerencia que, sin venir de nadie, acabo de recibir. Tengo plena conciencia de que en estos Episodios Históricos he defendido a la Corona, la actual y la de otras épocas, siempre que me ha sido posible. He criticado a veces a la Corona, aunque con todo respeto (a ésta y a la de otras épocas), en cada ocasión que me lo ha exigido la historia. Nunca he incidido, ante la Corona, en «lameculismo», expresivo término que oí por vez primera en mi vida al entonces Príncipe Juan Carlos cuando le conocí en 1972; y me alabó que yo no poseyera ese recurso cortesano.

No sigo la tal vez conveniente senda de algún otro historiador que ha publicado una biografía de adulación repugnante al actual Rey. Sé que algunas personas han malmetido al Rey contra lo que llaman mi excesiva sinceridad y cosas peores. Me importa un rábano. Después de algunas cosas que no he contado me siento absolutamente independiente, no ostento cargo alguno desde hace diecisiete años ni lo he pedido. Vivo exclusivamente de mi trabajo total y de mi libertad total, dentro de la ley. No me ayuda equipo ni colaborador alguno en la redacción de los Episodios. No escribo estos cuadernos ad usum Delphini ni para agradar a nadie, ni siquiera al Rey. Los escribo exclusivamente por mi deber con mis lectores y para dormir tranquilo cada noche. Las pocas horas que duermo, lo hago de un tirón. Fin del inciso y que cada palo aguante su vela. A mis posible críticos les ruego que lean antes de opinar).

En su breve período al frente de Hacienda, Prieto meditaba en una reforma bancaria que Azaña no aprobaba y pretendía canalizar, sin merma de la propiedad del dinero, los cuantiosos fondos depositados en Bancos y Cajas hacia inversiones de carácter productivo y alto interés nacional, garantizadas por el Estado. Restauró al fin la confianza internacional en la peseta pese a la retracción de créditos extranjeros al Gobierno después de la brutal quema de conventos. Ante los ataques de los accionistas privados del Banco de España, Prieto contraataca con la Ley de Ordenación bancaria de 26 de noviembre de 1931. Tuvo el acierto de fiarse de su principal asesor, el profesor Flores de Lemus.

La política del Ministerio de Instrucción Pública, con el radical-socialista Marcelino Domingo al frente y el masón socialista Rodolfo Llopis en Enseñanza Primaria, favoreció a la Institución Libre de Enseñanza, que entonces cultivaba el sectarismo secularizador y la secularización de la escuela, que Llopis quería transformar en exclusivamente pública y laica. Es decir que la República de las Libertades se alineaba contra una de las libertades esenciales como era la de enseñanza. Ya vimos cómo Llopis, fascinado por su viaje a Rusia, pretendía que el Estado laico «se apoderase del alma de los niños». Se jactaba la República de haber dado un gran impulso a la enseñanza primaria y media pero su ritmo de construcciones y dotaciones no se acercó ni de lejos a lo que después hicieron en los tres niveles de la enseñanza —primaria, media (académica y profesional) y superior— el régimen de Franco y los Gobiernos de UCD en la transición; pero los éxitos educativos de la República se repiten rutinaria y equivocadamente por sus turiferarios, por más que ya veremos el descalabro de la enseñanza durante el bienio Azaña.

En otros ministerios no se hizo, durante el período del Gobierno provisional, una labor estimable. Alejandro Lerroux no sabía una palabra de asuntos exteriores aunque tuvo el acierto de nombrar algunos embajadores prestigiosos: Américo Castro en Berlín, Ramón Pérez de Ayala en Londres, Salvador de Madariaga en Washington; el Cuerpo Diplomático, se quejaba Azaña, “no acaba de entrar en la República» y aunque sea un tanto exagerado, las relaciones exteriores de la República las acabó llevando, con ímpetu unipersonal, Salvador de Madariaga. Al ministro Lerroux le tenían sin cuidado.

Ya he indicado que la Reforma Agraria no llegó ni a arrancar en la etapa del Gobierno provisional. Recuerdo que un día de los años setenta en la cátedra del profesor Velarde oí una interesantísima conferencia del ingeniero Pascual Carrión, experto en reforma agraria y autor de importantes monografías sobre ella.

El señor Carrión, que había tratado de colaborar sinceramente con la República, nos explicaba que cuado Manuel Azaña sustituyó a Niceto Alcalá Zamora como presidente provisional en medio del agrio debate de la Constitución, se hizo cargo de la Reforma Agraria a cuyas reuniones dedica, por cierto, durísimas y amargas críticas en sus diarios. Pascual Carrión se plantó ante Azaña y le dijo: «Señor presidente, le explicaré la cuestión en cuatro frases:

»El poder económico reside en España en tres reductos que no han aceptado a la República. Primero en los Bancos, que guardan y administran el dinero con criterios ultraconservadores. Segundo en el campo, con fincas enormes que se cultivan y administran mal porque su mera extensión produce rentas más que suficientes, que van directamente a los Bancos. Y tercero, en la industria, que ante la estacionalidad del campo es la que tiene que dar trabajo a los obreros que caerán cada vez más en el paro. Es decir, que para lograr la transformación de España la República tiene que hacer la reforma bancaria, para que esa masa enorme de dinero se ponga a producir. Tiene que hacer la reforma agraria no sólo para repartir sino sobre todo para racionalizar los cultivos. Y tiene que hacer la reforma industrial para el fomento y ampliación de la industria, no para abrumarla con coacciones. Para todo eso hace falta mucho dinero, pero en España tenemos ese dinero. Lo que falta es voluntad política para emplearlo en esas reformas».

Decía Pascual Carrión que Azaña asintió, le miró tristemente y no hizo nada.

Esta inoperancia del Gobierno provisional en acometer las reformas necesarias —que nada tenían que ver con imposiciones revolucionarias— provocó muy pronto, antes de terminar la primavera de 1931, el desencanto general de la mayoría de la población trabajadora, que vivía entonces en el campo, y la hostilidad de los anarcosindicalistas, más de un millón de afiliados a la CNT, que se habían volcado en el voto republicano y ahora comprobaban que en el plano social la República era un régimen tan burgués como la extinta Monarquía.

El resultado es que, mientras la República se entretenía en agredir al Ejército y a la Iglesia, buena parte de sus masas trabajadoras empezaban a sublevarse contra ella y a crear, en esa misma primavera de 1931, graves desórdenes públicos que acabarían convirtiéndose en el cáncer de la República. Estallaron las huelgas parciales y generales en ciudades y campos. En Extremadura y Andalucía se ocupaban fincas y huían los propietarios. El 27 de junio el general Sanjurjo fue enviado con plenos poderes por el ministro Miguel Maura a Sevilla, donde varios aviadores anarquistas, ente ellos Ramón Franco, pretendían soliviantar a las masas.

La CNT, muy fuerte en Sevilla, secundaba el proyecto, que era abiertamente revolucionario. El estallido se retrasó hasta el 20 de julio y se concentró en una fonda-taberna de la Macarena, la Casa Cornelio, que fue desalojada a cañonazos por el jefe de la División, general Ruiz Trillo.

Para reprimir los desmanes el Gobierno había creado una nueva policía armada y urbana, la Guardia de Asalto (15 de mayo), para ingresar en la cual se requerían condiciones atléticas. Los desórdenes continuaron durante todo el verano y ya no se interrumpieron durante todo el período en que gobernó Manuel Azaña, que debe en buena parte su caída en septiembre de 1933 a casos gravísimos de desorden revolucionario. Durante su estancia en Sevilla para reprimir la insurrección, Sanjurjo sentó un precedente que casi siempre se olvida; llevó a Sevilla fuerzas del Ejército de África, ante cuya presencia se apaciguó por el momento el primer conato de insurrección.

Las elecciones a Cortes constituyentes

El Gobierno provisional sabía que la Monarquía había caído por un truco electoral aceptado por un Rey deprimido y unos consejeros acomplejados; y deseaba legitimarse cuanto antes en unas elecciones generales para las que cambió la Ley Electoral de la Monarquía el 8 de mayo de 1931. Contaba la República con la desintegración de los viejos partidos monárquicos y con el hundimiento de la confianza popular en la Monarquía tras el abandono del Rey; y acertó.

Son electores todos los españoles (sólo varones) mayores de 23 años (se rebajan dos). Las mujeres y los sacerdotes son elegibles. La circunscripción electoral no es el pequeño distrito que favorecía al dominio de un cacique sino la provincia; no se pueden regalar colchones o repartir duros a toda una provincia. Las provincias podrían elegir un diputado (sólo habrá una cámara, el Congreso) por cada cincuenta mil habitantes o fracción mayor de treinta mil. Madrid, Barcelona y las capitales con más de cien mil habitantes constituyen circunscripciones aparte de sus provincias. La elección se verificará por listas con posibilidad de tachar a los candidatos. Habría una segunda vuelta al domingo siguiente, para elegir a aquellos candidatos que, aun triunfantes, no hubiesen obtenido el 20 por ciento de los votos. La ley electoral es mejor que la monárquica y mejor que la actual, que impone listas cerradas y bloqueadas.

El 3 de junio se convocan elecciones para las Cortes Constituyentes que se constituirían intencionadamente el 14 de julio, aniversario oficial de la Revolución francesa. Las elecciones se celebrarían el 28 de junio. El ministro de la Gobernación destituyó en favor de la República a los Ayuntamientos elegidos sin competencia, de acuerdo con la Ley monárquica. Se elegirían los candidatos por sistema restringido; donde haya que elegir veinte diputados, cada elector podrá designar a 16, y los electos se distribuirán por mayorías y minorías. Se levantó la suspensión impuesta tras la quema de conventos al diario monárquico ABC, al católico El Debate y al comunista Mundo Obrero. Se concertaron coaliciones electorales según esquemas regionales, provinciales y aun locales; en algunas circunscripciones los partidos iban solos si esperaban una victoria rotunda.

Los viejos partidos monárquicos habían quedado borrados del mapa y para captar a su electorado se formó un partido católico, Acción Nacional, dirigido por Angel Herrera e integrado por católicos que fueran posibilistas o monárquicos. Este partido apenas tuvo tiempo de articularse. Los monárquicos de Castilla la Vieja formaron el Partido Agrario y en Cataluña concurrió sola la Lliga Regionalista. Las derechas sólo lograron una auténtica coalición en Vascongadas y Navarra, con el PNV y los tradicionalistas. La campaña electoral de veinticinco días se desarrolló de forma frenética, con frecuentísimas coacciones a los candidatos no gubernamentales y un desbordamiento de propaganda y actividad por parte de los partidos gubernamentales.

Las elecciones se desarrollaron sin incidentes graves y los resultados dieron la razón a las esperanzas republicanas. Vencieron claramente los socialistas, que por su tradición electoral fueron con mucho los mejor organizados, con 117 diputados. El primer partido republicano, también de gran experiencia electoral, fue el Radical de Alejandro Lerroux, que se presentó como una especie de centro, recogió muchos votos moderados y obtuvo 93 escaños. Le seguían los radical-socialistas, de izquierda tremendista, 59 votos.

La Esquerra catalana, con 32 votos, barrió a la Lliga Regionalista de Cambó, antaño dominante, que sólo consiguió tres. Acción Republicana, de Azaña, alcanzó 27 escaños por el prestigio de su líder. La ORGA de republicanos gallegos, que eran azañistas como su jefe Casares Quiroga, llego aló. Los federales, residuo de la Primera República, se llevaron un chasco con 14 diputados. Se registraron diez independientes, salidos no se sabía de dónde cada uno de ellos; 27 «progresistas» de Alcalá Zamora y Maura; y los seguidores de Ortega y Gasset en la Agrupación al Servicio de la República lograron 14, entre ellos sus tres líderes: Ortega, Marañón y Pérez de Ayala. En el centro los liberal-demócratas de Melquíades Alvarez se quedaron solo con cuatro.

Los resultados de la derecha fueron catastróficos salvo para la coalición vasco-navarra, que venció claramente en las dos regiones con 14 diputados. Los agrarios de Castilla obtuvieron buen resultado, 26; se habían presentado como Bloque Agrario con inclusión de candidatos de la derecha católica, entre ellos José María Gil Robles. Acción Nacional, en la que figuraban la derecha católica y la monárquica aún unidas no obtuvo, como tal, diputados; su líder, don Angel Herrera Oria, no salió por Madrid con lo que Gil Robles fue designado líder de la futura derecha católica después de su brillantísima actuación parlamentaria al defender su acta por Salamanca de que las izquierdas pretendían despojarle.

Sólo resultó elegido, por su feudo de Guadalajara, un diputado que se presentaba abiertamente como monárquico; el conde de Romanones. Había muchos monárquicos más entre las derechas pero ninguno se presentó como tal.

El descrédito de la Monarquía era tan terrible que solo tuvo un diputado en las Constituyentes. Nadie lo hubiera imaginado tres meses antes; como nadie podría imaginar entonces que cuarenta y cuatro años después volvería al trono de España la Casa de Borbón. En este bendito país puede suceder cualquier cosa, hasta que en 1997 el jefe de la derecha niegue ser de derechas y proponga como modelo ideal a Manuel Azaña. Antes y después de eso, cualquier cosa. El 28 de junio de 1931 estaba claro que los socialistas tenían la llave del futuro inmediato, en coalición con los grupos republicanos que quisieran. Para el inminente debate constitucional los socialistas decidieron mantener al Gobierno y así se hizo, sin modificación alguna.

He transcrito los resultados electorales de Arrarás, con alguna corrección tomada de Gil Robles.

En junio de 1931 los partidos no estaban bien definidos, salvo el socialista y el radical; había además diputados de filiación ambigua, por eso la distribución de escaños varía algo según los autores. Joaquín Arrarás, que conoce bien los problemas masónicos, adelanta una conclusión tremenda: «La mayoría auténtica la obtuvo la masonería. Según el Diccionario Enciclopédico de la masonería publicado en Buenos Aires en 1950 por dos eruditos francmasones, 149 masones conocidos figuran en las Cortes Constituyentes».[28] La cifra puede admitir alguna pequeña corrección pero es fiable. Iba a notarse en el debate constitucional y en los trabajos parlamentarios. La Iglesia Católica y la que entonces era su contingente más importante, la Compañía de Jesús, iban a notar esa presencia secreta inmediatamente.

Una Constitución para el enfrentamiento

El Congreso que salió de las elecciones de 28 de junio y se constituyó el 14 de julio de 1931 presentaba una mayoría abrumadora de republicanos y socialistas, un predominio aplastante de las izquierdas sobre las derechas. Pero esa situación, provocada por el hundimiento de la monarquía y el estupor que había producido en todo el campo de la derecha no representaba a la realidad política española que, como se vería dos años más tarde, era mucho más equilibrada y se dividía en dos bloques semejantes, cada uno más o menos con la mitad del electorado.

Sin embargo, las Cortes desequilibradas de 1931 eran las encargadas de preparar y articular la Constitución de la República, un texto fundamental que hicieron las izquierdas contra las derechas, sin el menor asomo de consenso, para aplastar a sus adversarios. Salió por tanto de esas Cortes una Constitución para la discordia y en definitiva para la Guerra Civil porque las derechas, aunque se vieron forzadas a acatarla, se mostraron desde el primer momento decididas a reformarla sustancialmente. La Constitución de 1931, por culpa de la prepotencia de sus promotores, no sería un campo para la convivencia, sino un campo de batalla.

Con una desorientación palmaria, el presidente Alcalá Zamora dirigió un florido discurso a las Constituyentes anunciando que la República era «la última de las revoluciones políticas y la primera de las revoluciones sociales». Pero ni una cosa ni la otra; la República no fue una revolución hasta después de que estallara la Guerra Civil. Antes sólo fue una alternancia hostil, una confrontación a muerte y un caos que no era democrático porque, además de asegurar procesos electorales limpios, una democracia tiene que descansar en un pacto para la convivencia y la Constitución no fue tal cosa, sino un rebato para la confrontación.

Fue elegido presidente de las Cortes el profesor socialista Julián Besteiro, un político capaz y honrado a quien todo el mundo respetaba pero que fue gradualmente arrinconado por su partido a beneficio del jefe del grupo parlamentario socialista, Francisco Largo Caballero, cuya radicalización paulatina llevó al PSOE a la guerra política interna que fue, en gran parte, responsable de la Guerra Civil general, como hemos establecido en un Episodio anterior, La historia oculta del socialismo. El Gobierno rechazó un proyecto constitucional que había encomendado a un grupo de expertos dirigido por el ex ministro monárquico y católico Ángel Ossorio y Gallardo y, en cambio, admitió otro que se debía en gran parte al catedrático socialista de Derecho Penal Luis Jiménez de Asúa; este segundo proyecto era mucho más sectario y radical.

Estaba previsto que los puntos calientes del debate fueran el problema autonómico y el religioso, y así fue. Las primeras discrepancias brotaron cuando los federales, nostálgicos de la Primera República, quisieron declarar federal a la de 1931. Alcalá Zamora y Azaña, entre vagas expresiones federalistas, admitieron que la República podría ser «federable», pero la mantuvieron como unitaria. El caos cantonal de 1873 estaba demasiado cerca en 1931; por desgracia se había olvidado ya en el debate constitucional de 1978, cuando se admitieron las nacionalidades que hubieran sonado a herejía separatista —porque en el fondo lo eran y lo son— para los constituyentes de 1931. Causó no pocos comentarios jocosos la definición de «República de trabajadores de todas clases» que pasó al texto.

El 22 de septiembre se abrió la discusión del título dedicado a las autonomías regionales. Se enfrentaban dos concepciones autonómicas: la de los catalanistas, que reclamaban una autonomía privilegiada, distinta —junto con la del País Vasco, a lo sumo— de todas las demás, por motivos históricos; y la de José Ortega y Gasset, que postulaba la posibilidad de extender la configuración autonómica a todas las regiones que la pidiesen.

Se impuso al fin esta tesis, que inspiraría también a los constituyentes de 1978, pero de hecho la República, aunque tramitó otras autonomías, solamente tuvo tiempo para conceder un Estatuto, el de Cataluña, en 1932. La Constitución fijó los diversos pasos que habían de darse para llegar a la aprobación de un Estatuto. Sólo habló de regiones autónomas, sin asomo de «nación» o «nacionalidad». Las competencias del Estado y de las regiones autónomas habrían de delimitarse claramente, lo que por desgracia no sucedió en las autonomías aprobadas al amparo de la Constitución de 1978.

Quedó muy claro el predominio de la lengua castellana en las futuras regiones autónomas, así como la facultad del Estado para crear centros de enseñanza en lengua castellana donde lo creyera conveniente. Se estableció la posibilidad del bilingüismo, pero a nadie se le ocurría entonces invocar la «normalización», es decir, la eliminación del castellano en una región autónoma.

En este aspecto vital la historia ha ido al revés. En medio de duros debates se aprobaron los textos favorables a los derechos de la mujer y, por unos días, asomó a las Cortes el fantasma de la revolución en las discusiones sobre el derecho de propiedad; que como se esperaba fue confirmado, pese a las declaraciones que establecían la «función social» de la propiedad privada. Sin embargo, el debate fundamental de las Cortes Constituyentes, el que dejó más profundas e incurables heridas en el alma de los españoles, se centró en torno a la cuestión religiosa.

La «mayoría masónica» de las Cortes actuó a fondo y forzó la paradoja de que la República, que se presentaba como defensora de la libertad, acabara configurándose como negadora de dos libertades fundamentales,: la libertad de asociación y la libertad religiosa, y como perseguidora mortal de la Iglesia católica con criterios que sólo pueden calificarse de jacobinos, ajenos por completo a la democracia.

La Santa Sede, que tanto había contemporizado con la República, pese a la quema de conventos, se mostraba aterrada. «Fernando de los Ríos —escribe Azaña dos días antes de la remisión del proyecto constitucional a las Cortes, el 27 de agosto— me cuenta su conversación con el nuncio. Cree que en Roma están aterrados por el proyecto de Constitución. Aceptan la separación de la Iglesia y el Estado, la libertad de cultos, etcétera, y estarían dispuestos a destituir al cardenal Segura[29] si el Gobierno ofrecía su mediación para que las Cortes aceptasen un reconocimiento de la personalidad de la Iglesia que garantizase la existencia de sus escuelas confesionales. Ríos estaba muy contento».[30]

El 29 de agosto el director de El Debate, Ángel Herrera, pidió audiencia a Manuel Azaña, a quien todo el mundo veía ya como máximo inspirador y árbitro de la República. Transige Herrera, que actuaba ya como emisario oficioso del Vaticano, con la reforma agraria y el control obrero de la industria —quizá porque intuye la ineficacia de uno y otro proyecto—, pero trata de impedir la proyectada separación del Estado y la Iglesia. Marcelino Domingo, por su parte, repite a quien quiere oírle: “¿No será que los católicos no se fían de su catolicismo y quieren cargar sobre el Estado el mantenimiento del culto y clero?

El artículo designado entonces con el número 24 en el proyecto de Constitución era tajante: Las confesiones religiosas serán simples asociaciones; el Estado no sostendrá económicamente a las iglesias; el Estado «disolverá todas las órdenes religiosas y nacionalizará sus bienes». Tan brutal proyecto aniquilaba de hecho la libertad religiosa en España y condenaba al paro y la inanición, de un plumazo, a unos ochenta mil servidores de la Iglesia en los cleros secular y regular, según datos que circulaban por las Cortes[31].

Este artículo del proyecto, como todos, se tendría que debatir primero en la Comisión Constitucional, donde los diputados Gil Robles y el vasco Leizaola trataron con uñas y dientes de aplazar el proyecto hasta la firma de un nuevo Concordato. El propio presidente de la República y del Gobierno, Niceto Alcalá Zamora, se pronunció contra el artículo 24 el 10 de octubre y anunció que de aprobarse dimitiría para encabezar un gran partido católico en la República. El problema es que para ello debería contar con los católicos que no le hacían el menor caso y vislumbraban ya en las Cortes a su nuevo líder cada vez más indiscutible, José María Gil Robles, contra quien Niceto empezaba a sentir un continuo ataque de celos.

Ante el artículo 24 se perfilaban, por tanto, a comienzos de octubre de 1931, dos posiciones extremas: la de los socialistas —autores del proyecto—, radical-socialistas y numerosos masones de varios grupos, que se mostraban partidarios del proyecto, mortal para la Iglesia; y la de los católicos, dispuestos a todo con tal de impedirlo. Entonces Manuel Azaña ve que llega la primera de sus grandes ocasiones políticas y se dispone a aprovecharla a fondo.

Azaña se obstina en presentarse como una especie de mediador entre ambos extremos y como promotor de una vía media. Ésta es una gran falsedad que los azañistas fanáticos, desde el profesor Juan Marichal al presidente José María Aznar, se empeñan en mantener contra toda evidencia. La posición de Azaña es la de un jacobino, no la de un moderado. En el fondo se identifica con el proyecto socialista, sólo que planea realizarlo gradualmente, como de hecho hizo entre 1931 y 1933. Y además conocía perfectamente los efectos de la provocación que pensaba dirigir y dirigió a los católicos españoles y a la Iglesia.

Ya había atribuido a la Iglesia, en una asamblea de su partido celebrada el 17 de septiembre, “la opresión y la desfiguración de la conciencia española desde la escuela a la Universidad y al servicio de la monarquía absoluta» a manos de «los alumnos de Deusto y de El Escorial»; él mismo había sido alumno de los agustinos en El Escorial. Su odio a la Iglesia venía de antiguo. «En un teatro —escribía en La Pluma, en 1922— averigüé de pronto que aborrecía a los curas, sin saber la causa; revelación fue o,dicho de otro modo, flechazo».[32]

Desde 1924 contemplaba como objetivo preferente «la proscripción de la enseñanza confesional».[33] Ya en 1931 veía exclusivamente el problema religioso como «las relaciones del Estado con una potencia extranjera que es la católico romana»[34] Esto es indigno de Azaña; más que una enormidad se trata de una insondable estupidez que debería avergonzar a los promotores de su mitología y no enardecerlos.

Con este bagaje «intelectual», con esta incomprensión del hecho religioso inserto en el alma de la mayoría de los españoles, llega Azaña a la trascendental sesión de las Cortes Constituyentes el 13 de octubre de 1931. Para su panegirista Marichal se trata del «mejor de los discursos parlamentarios suyos; fue también el más resonante y de mayores efectos políticos de toda la historia republicana prebélica». Y desgraciadamente tiene razón, aunque el discurso fue un desastre y una falta de comprensión histórica y política total.

Tras un exordio banal, Azaña coloca a su auditorio y a toda España ante el hecho consumado de su frase famosa, terrible y agresiva. No se me diga, como es habitual, que la saco de contexto; es Azaña quien lo hace, colocándola conscientemente, con efectismo provocado, como punta de lanza de su discurso.

«La premisa de este problema, hoy polémico, la formulo yo de esta manera: España ha dejado de ser católica; el problema político consiguiente es organizar el Estado de forma tal que quede adecuado a esta fase nueva e histórica del pueblo español».[35]

Primero adelanta el arpón, que trata de clavarse en el alma de España; luego explica el contexto, nada convincente, que se resume en la idea de que, a partir del siglo XVM, ha sobrevenido la secularización de la sociedad y el pensamiento religioso ha dejado de ser guía de esa sociedad. Acepta que puede haber en España millones de creyentes; pero asegura que España, incluidos esos creyentes, no se rige por el pensamiento católico ni por la cultura católica. Y él ¿qué sabe? Aún no es masón pero asume una clarísima tesis masónica; la secularización total de la sociedad, incluido el universo mental y cultural de los católicos. Es una transposición inadmisible. Si los propios católicos, que son millones, viven en un universo cultural y mental que no es católico, ¿por qué quiere arrancárselo? Simplemente porque su tesis fundamental es un ridículo sofisma.

Lo que más me asombra es que no pocos católicos hoy y no pocos religiosos, especialmente los jesuitas socialistas, los llamados teólogos de la liberación —¿qué liberan, de qué liberan?—, se suman expresamente a la tesis de Azaña y aceptan su manido contexto, seguramente porque no hablan desde una fe profunda sino desde una entrega personal y de grupo a la secularización. Sentado lo cual Azaña va a lo suyo, a lo que venía anunciando desde tantos años antes como acabamos de ver: terminar con las órdenes religiosas y muy especialmente con la Compañía de Jesús. «A las órdenes religiosas tenemos que proscribirlas en razón de su temerosidad para la República…». Esto es lo que interesa a Azaña: arrancar de España la enseñanza religiosa, el pensamiento religioso, la cultura religiosa.

Los embobados idólatras que le seguían (y por lo visto le siguen) no advertían ni advierten la flagrante contradicción de su tesis: por una parte, fundamenta su plan en la afirmación de que el pensamiento y la cultura de los católicos ya no se guía por la religión; por otra parte, quiere impedir que ese pensamiento y esa cultura lleguen a las mentes de los católicos mediante la enseñanza en los centros religiosos. Luego era mentira que no existieran y no influyeran ya el pensamiento y la cultura religiosa; era falsa la secularización total. Por eso Azaña quiere arrancar el influjo de la Iglesia en la enseñanza. Y eso que le consta que una medida así es por esencia antiliberal; le consta y lo dice:

«La otra salvedad terminante que va a disgustar a los liberales es ésta: en ningún momento, bajo ninguna condición, en ningún tiempo, ni mi partido, ni yo en su nombre, suscribiremos una cláusula legislativa en virtud de la cual siga entregado a las órdenes religiosas el servicio de la enseñanza. Eso jamás. Yo lo siento mucho; pero ésta es la verdadera defensa de la República. La agitación más o menos clandestina de la Compañía de Jesús, o de ésta o de la de más allá podrá ser cierta, podrá ser grave, podrá ser en ocasiones risible, pero esta acción continua de las órdenes religiosas sobre las conciencias juveniles es cabalmente el secreto de la situación política por la que España transcurre y que está en nuestra obligación de republicanos y no de republicanos, de españoles, impedir a todo trance…».[36]

No hay, pues, auténtica transacción ni moderación en el discurso de Azaña, sino jacobinismo puro, anticlericalismo absoluto. No pretendía eliminar de la enseñanza a la Iglesia porque España había dejado de ser católica en cuanto al pensamiento y la orientación cultural, quería arrancar el pensamiento y la cultura católica para que España dejase de ser católica. Era el gran proyecto masónico desde el siglo XVIII y nada debe extrañarnos que Azaña, pocos meses después de este discurso masónico, ingresase de hecho en la masonería.

El artículo 24 del proyecto, convertido en artículo 26 de la Constitución, quedó definitivamente así:

«Todas las confesiones religiosas serán consideradas como asociaciones sometidas a una ley especial.

«El Estado, las regiones, las provincias y los municipios no mantendrán, favorecerán ni auxiliarán económicamente a las iglesias, asociaciones e instituciones religiosas.

«Una ley especial regulará la total extinción, en un plazo máximo de doce años, del presupuesto del clero.

«Quedan disueltas aquellas órdenes religiosas que estatutariamente impongan, además de los tres votos canónicos, otro especial de obediencia a autoridad distinta de la legítima del Estado. Sus bienes serán nacionalizados y afectados a fines benéficos y docentes. (Se trataba de la Compañía de Jesús con su cuarto voto de obediencia especial al Papa que entonces observaban los jesuitas. Incluir esto en la Constitución era disparate sobre disparate).

«Las demás órdenes religiosas se someterán a una ley especial votada por estas Cortes Constituyentes y ajustada a las siguientes bases:

Disolución de las que, por sus actividades, constituyan un peligro para la seguridad del Estado.

Inscripción de las que deban subsistir en un registro especial dependiente del Ministerio de Justicia.

Incapacidad de adquirir y conservar, por sí o por persona interpuesta, más bienes de los que, previa justificación, se destinen a su vivienda o al cumplimiento directo de sus fines privativos.

Prohibición de ejercer la industria o el comercio o la enseñanza.

Sumisión a todas las leyes tributarias del país.

Obligación de rendir anualmente cuentas al Estado de la inversión de sus bienes en relación con los fines de la asociación.

Los bienes de las órdenes religiosas podrán ser nacionalizados».

Estas bases se convirtieron en 1933 en Ley de Confesiones y Congregaciones religiosas. El proyecto masónico de Azaña se había consumado. Pero muy pronto iba a comprobar en su propia derrota y en su propia tragedia que España no había dejado de ser católica. Hasta que para bien suyo y de la Iglesia él mismo volvió a ser católico al llegarle la hora de la muerte en el destierro, para no pasar a la historia como perseguidor de la Iglesia.

Ante el discurso de Azaña el artículo 26 quedó aprobado. La votación terminó de madrugada. Los católicos Niceto Alcalá Zamora y Miguel Maura dimitieron; los casi cuarenta diputados católicos abandonaron las Cortes; uno de ellos, el futuro obispo Pildain, amenazó al Gobierno con la subversión armada, a la que con igual imprudencia provocativa había aludido durante los debates el radical-socialista Álvaro de Albornoz. Azaña sustituyó a Alcalá Zamora al frente del Gobierno, en el que conservaba la cartera de Guerra. Apenas retoca Azaña la composición del gabinete; Santiago Casares pasa a Gobernación y José Giral le sustituye en Marina. Los demás permanecen. Después de solucionado a mano airada el problema religioso, la Constitución se terminó rápidamente y quedó aprobada el 27 de noviembre. Se publicó el 9 de diciembre y entró en vigor inmediatamente.

La elaboración del texto constitucional no fue la única labor de las Cortes Constituyentes. Como sucedería también en las de 1978, las Cortes de 1931 tramitaron abundante legislación ordinaria mientras atendían a los debates constitucionales en Comisión y en Pleno. Ante todo convalidaron, a requerimiento del Gobierno, los decretos emanados durante los meses de abril (segunda quincena), mayo, junio y primera quincena de julio, según había prometido el propio Gobierno provisional.

Se dedicaron además las Cortes a actividades vindicativas contra las situaciones y los regímenes anteriores, lo cual enconó todavía más el ya enrarecido ambiente político y social. La Comisión de Responsabilidades, encomendada a un diputado socialista que se comportó con arbitrariedad y sectarismo, Ángel Galarza Gago, sería sólo un lamentable preludio de los desmanes que este mismo personaje perpetró en la represión de la zona republicana cuando formaba parte del Gobierno de Largo Caballero. Se investigó la actuación de los responsables de las dos dictaduras (las de 1923 y 1930), las responsabilidades por el desastre de Marruecos, por la represión de la Dictadura en Cataluña y por los procesos montados legalmente contra los rebeldes de Jaca que ahora se habían convertido en héroes de la República.

La Comisión de Responsabilidades actuó de forma implacable contra el financiero Juan March, que había sido elegido diputado por Mallorca y se defendió valerosamente en las Cortes que pese a ello declararon su incompatibilidad con el magnate, que pronto contó con fuertes apoyos dentro del Partido Radical[37]. Pero la comisión Galarza alcanzó el colmo del despropósito cuando preparó, sin la más mínima prueba, un acta de acusación contra Alfonso XIII, acta que se presentó solemnemente en las Cortes el 12 de noviembre de 1931, a punto ya de terminar los debates constitucionales.

En una estampa de coherencia y lealtad, el único diputado monárquico, conde de Romanones, defendió al Rey agredido y vejado por las furias de la República. Sin aducir —insisto— una sola prueba, las Cortes declararon al ex-rey de España reo de alta traición y le privaron de seguridad jurídica. Sería un proscrito repudiado por su propio país hasta que el general Franco le rehabilitó plenamente en plena Guerra Civil.

Don Niceto había dimitido dignamente como presidente del Gobierno y jefe del Estado al aprobarse el artículo sectario de la Constitución contra la Iglesia, pero se moría de ganas por regresar a la alta política y durante un almuerzo en Lhardy Manuel Azaña y los ministros más significados acordaron proponer al dimisionario que aceptase ser candidato del Gobierno a la Presidencia, a condición de que interrumpiese la campaña católica y revisionista que se disponía a emprender.

El 5 de noviembre una ley fijaba el opíparo sueldo de un millón de pesetas (de 1931) para el presidente de la República, con otro millón de gastos complementarios. El 10 de diciembre, recién publicada la Constitución, 362 diputados de 410 presentes eligen primer presidente formal y pleno de la República a Niceto Alcalá Zamora. Dos días después Manuel Azaña presenta la preceptiva dimisión del Gobierno pero, como estaba previsto, recibe el encargo presidencial de formar el que crea conveniente. Azaña era ya no sólo la «revelación», sino la encarnación de la República y el líder indiscutible del Congreso.

El 20 de octubre anterior había interrumpido el debate constitucional para que se aprobara su proyecto de Ley de Defensa de la República, que no era un instrumento democrático sino una cautela antidemocrática con inclusión de una «ley mordaza», como diríamos hoy. Además de controlar a la prensa hostil, la Ley de Defensa pretendía dominar a la Administración del Estado, que le era hostil, y penetrar en las zonas rurales que se mantenían fieles a la Iglesia y no disimulaban su nostalgia monárquica. Tampoco ignoraba el nuevo jefe del Gobierno el desencanto cada vez más patente del estamento intelectual y los vigorosos intentos de resurrección monárquica y sobre todo católica. Azaña despreciaba en su fuero interno y en sus diarios a José Ortega y Gasset (con razones y sinrazones absurdas e insultantes) y el filósofo entonaba su famosa decepción —«No es esto, no es esto»— desde su artículo en Crisol el 20 de junio de 1931 hasta su resonante conferencia «Rectificación de la República», pronunciada en el cine de la Ópera el 6 de diciembre de ese mismo año. Pero Azaña se había consagrado políticamente durante la fase constituyente y primordial de la República y acometía la nueva etapa —el «bienio Azaña»— con una decisión firmísima. No sabía lo que le esperaba.

Azaña rompe con el Partido Radical

Manuel Azaña, para formar su Gobierno constitucional, cometió un fatal error que le valdría, simplemente, el fracaso y la ruina política: no contó con el Partido Radical de Alejandro Lerroux, que era, a mucha distancia, el primero de los republicanos, con casi cuatro veces más diputados que el propio partido de Azaña. Azaña se creía, a mediados de diciembre de 1931, poco menos que dueño de la República.

Había desmantelado al Ejército y sometido a la Iglesia; ninguna de las dos pretensiones era verdad, pero él se lo creía. Había aventado a la antaño poderosa derecha española; era el árbitro del Congreso y la encarnación de la República. Se lo podía permitir todo, hasta gobernar con prepotencia y con tufo cada vez más autoritario. Estaba en un profundo error y ese mismo error siguen sus acríticos panegiristas de hoy.

Sabía que el Partido Radical de Lerroux y el Partido Socialista cada vez más dominado por Largo Caballero se llevaban mal. Seguramente no podía prescindir de ninguno políticamente, aunque podía lograr con uno solo de los dos y los partidos republicanos menores la mayoría parlamentaria suficiente. Pero no intentó conciliar a socialistas y radicales, aunque cada uno de los dos partidos contaba con una fuerza masónica interior muy importante; en el Partido Radical eran masones hasta los conserjes y en el socialista lo eran también muchos diputados. Ni lo intentó y dejó al Partido Radical fuera del Gobierno, que más o menos equivalía a dejarle fuera del proyecto republicano.

Había dos radicales en el Gobierno anterior: Diego Martínez Barrio —de quien prescindió al suprimir su ministerio— y Alejandro Lerroux, con quien sencillamente no contó. Con ello el Partido Radical pasó a la oposición. Experimentó la creciente influencia de Juan March, evolucionó cada vez más hacia el centro moderado, lejos de los tremendismos de principios de siglo e inevitablemente se fue acercando a la derecha moderada y democrática que estaba formando, con un sentido político y organizativo formidable, José María Gil Robles. Azaña, según su talante, despreciaba a los dos; no advirtió el peligro que iba a aplastarle.

En el nuevo Gobierno, Azaña retuvo Guerra con la Presidencia. Mantuvo a su amigo Giral en Marina y a su amigo Casares, un perfecto incapaz, en Gobernación. También confirmó a Largo Caballero en Trabajo. Cambió de ministerio a Prieto, a quien llevó a Obras Públicas. A Fernando de los Ríos le trasladó a Instrucción Pública y a Álvaro de Albornoz, a Justicia. Marcelino Domingo pasó a Industria y Comercio. Incorporó a dos ministros nuevos: Luis de Zulueta, intelectual católico muy significado en la Institución Libre de Enseñanza, que no obtuvo el placet de la Santa Sede como embajador y Azaña replicó con un trágala a Roma y le hizo ministro de Estado. Y un competente empresario y hacendista catalán Jaime Carner, que mereció los elogios del propio José Calvo Sotelo, fue nombrado ministro de Hacienda. Desapareció también el Ministerio de Economía. La mitad de los ministros eran de reconocida competencia; la otra mitad, ineptos notorios.

Azaña empezó inmediatamente a gobernar con el nuevo equipo. Prosiguió, ya sin rasgos espectaculares, la reforma militar y no se enteró de que un general con aficiones conspiratorias, Luis Orgaz, había planeado un pronunciamiento contra el Gobierno en conversaciones con el mismísimo líder del Partido Nacionalista Vasco, Aguirre, cuando la discusión del artículo 26 contra la Iglesia; pero la cosa no pasó a mayores.

Creó el Consorcio de Industrias Militares para coordinar la dispersa industria militar, que incrementó notablemente su eficacia. Ofreció una segunda oportunidad a los jefes y oficiales para acogerse al ventajoso retiro decretado en abril de 1931. Extinguió el Cuerpo de Estado Mayor. Pero a la larga aumentaba cada vez más el descontento militar por las reformas de Azaña y sobre todo por su apenas disimulado desprecio hacia los militares, a quienes vigilaba mediante una red de suboficiales confidentes muy pronto detectada. Muchos militares se volvían hacia el general José Sanjurjo, héroe de África y marqués del Rif, al que también se acercaban con halagos representantes de intereses económicos y otros grupos que se sentían amenazados por la República.

A veces un ministro (como Albornoz), un diputado o un periodista republicano hacía gala de antimilitarismo; el Ejército tomaba nota y callaba pero se notaban en él cada vez más signos de sorda protesta. A fines de junio de 1932, durante unos ejercicios de las Academias Militares en Carabanchel, el teniente coronel Julio Mangada, un republicano extremista, provoca un incidente grave ante varios generales, pero Azaña salda el asunto con la destitución de los generales, entre ellos el jefe del Estado Mayor Central, Manuel Goded, que desde aquel momento se suma a los enemigos de la República. Azaña asciende al generalato o a la categoría de divisionarios a militares políticamente adictos y relega injustamente a los demás.

El clima de crispación en el seno de las Fuerzas Armadas se deteriora por meses y la conspiración militar se hace inevitable en la primavera de 1932, sin que la red de confidentes tendida por el Gabinete de Azaña obtenga información alguna.

La agresión final a la Iglesia
y la proclamación de la Cruzada

Si el Ejército se mantenía en calma aparente, la Iglesia, que cada vez tenía menos que perder, se aprestaba a la contraofensiva en combinación con las fuerzas políticas de signo católico que se organizaban aceleradamente. El encono de Azaña subsistía y se traslucía en extrañas evocaciones históricas: «España —decía— es anterior a Recaredo y cuando los últimos vestigios de la posteridad espiritual de Recaredo hayan desaparecido, España subsistirá».[38] No sé si calificar a este odio de Azaña contra la Iglesia de diabólico o de ridículo. Los obispos preparan a los católicos para un recrudecimiento de la persecución republicana el 1 de enero de 1932; no es una invocación al sometimiento, sino a la resistencia. El 23 de enero de 1932, de acuerdo con el absurdo precepto constitucional, la República suprime por decreto a la Compañía de Jesús. No por esperado el golpe es menos traumático. Se ordena el cierre de todos los colegios y residencias y el cese de la vida en común; se procede a la incautación de los bienes de la orden. Naturalmente que con carácter preventivo, Azaña suspende al diario católico El Debate, con lo que la Ley de Defensa de la República se convierte en «Ley de Defensa del Atropello».

Los jesuitas se habían preparado para el golpe. Envían a sus estudiantes a casas situadas en el extranjero; camuflan sus colegios en chalés próximos y sus residencias en pisos, disfrazan a sus sacerdotes. El Patronato creado para la investigación de los bienes ocultos de la orden pudo hacerse con mucho menos de lo que pensaba. No cesaba la tormenta contra la Iglesia. La Constitución aceptaba el divorcio y lo facilitaba si era de mutuo acuerdo.

La ley correspondiente se aprobó el 2 de marzo y en su virtud se entablaron entre 1932 y 1933 algo más de siete mil divorcios, muchos menos de los que esperaba la República. La mayoría de los divorcios se registraron entre personas de clases acomodadas pero incluso éstas rechazaron a los nuevos matrimonios como el clásico «lío». El electorado femenino se sintió perjudicado por la Ley del Divorcio y se distanció de la República. Poco después se reconoció al matrimonio civil como único para efectos legales y se autorizó la inscripción en los registros de «nombres como el de Libertad y el mismo de Democracia».

A lo largo del año 1932, por los motivos que pronto veremos, Manuel Azaña había decaído ostensiblemente en el Congreso y en la calle, pero reunió sus últimas energías para asestar a la Iglesia el que creía golpe mortal y decisivo; y el 2 de junio de 1933 el presidente católico Niceto Alcalá Zamora firmó con muchísimos remilgos, pero firmó, aunque sin duda retorciéndose la conciencia, la Ley de Confesiones y Congregaciones Religiosas, cuyo contenido estaba prefigurado, según vimos, en el artículo 26 de la Constitución y que básicamente excluía a la Iglesia de toda actividad lucrativa y muy especialmente del ejercicio de la enseñanza. La profesora Gómez Molleda ha analizado con precisión y documentación asombrosa el carácter masónico de esta ley, para la cual la masonería española actuó descaradamente como una fuerza política perfectamente entrenada y coordinada, en zafarrancho de combate[39].

Según la misma ilustre autora, los diputados masones que pertenecieron a las Cortes Constituyentes, de quienes ofrece la lista completa, eran 151, una cifra muy semejante a la ofrecida por Arrarás y tomada de la Enciclopedia Masónica bonaerense. Para la votación favorable a la Ley de Congregaciones se sumaron hasta los diputados masones del grupo parlamentario radical, cada vez más hostiles a Azaña, contra quien pronto formarían una alianza con los católicos de la CEDA, pero las llamadas al orden masónico les afectaron vivamente.

Para desesperación de Azaña, la Ley de Confesiones y Congregaciones Religiosas no se aplicó porque Azaña cayó el 8 de septiembre, antes de empezar el siguiente curso, el Gobierno siguiente de centroderecha congeló la ley y además la República azañista en sus estertores de aquel verano no fue capaz de arbitrar los enormes medios que necesitaba para sustituir a los institutos religiosos en la gestión y profesorado de sus colegios.

Pero si no llegó a la realidad, la tremenda e injustísima ley, la más antidemocrática de la República, sirvió para demostrar hasta dónde llegaba el odio y la obsesión del ya masón Manuel Azaña contra la Iglesia y hasta qué punto de sectarismo jacobino y fanático alcanzaban sus ansias secularizadoras, a las que tampoco se refiere nunca José María Aznar, a quien me permito recomendar vivamente que lea a Manuel Azaña, pero a todo Azaña, no los fragmentos que le subraye alguno de sus ineptos consejeros. La iniciación masónica de Azaña en 1932 la describimos y comentamos en un Episodio anterior, La logia de Príncipe 12. Era perfectamente natural; se estaba comportando desde 1931 como un masón perfecto.

La Ley de Congregaciones marcó el apogeo de la persecución en la República, pero señaló también el principio de la Cruzada. ¿Por qué evitar este nombre, si así fue la realidad? El mismo día de la funesta Ley los obispos españoles, al amparo de Roma, firmaron allí una tremenda carta colectiva contra el «laicismo agresivo» de la República.

Las expresiones son durísimas: comportamiento «abusivo y anormal»; «burlado y desconocido… el derecho de la Iglesia»; «triste recuerdo de las despóticas legislaciones»; «hemos de protestar de que el Estado se haya arrogado una potestad de que carece». Al llegar al problema de la enseñanza, la contraofensiva de los obispos es demoledora. Hablan de «odiosa tiranía» y «del más obstinado sectarismo» y prohíben a los padres la asistencia de sus hijos a las escuelas laicas. Protesta la carta contra el despojo del patrimonio eclesiástico y recuerda las penas en que han incurrido los perseguidores. Firman el documento todos los arzobispos presididos por los cardenales de Tarragona, Vidal y Barraquer, y de Sevilla, Ilundain.

Pero la pastoral colectiva de los arzobispos no era más que el prólogo para el trueno máximo, que estalló al día siguiente: la encíclica Dilectissima nobis del Papa Pío XI. Condena el Papa la actitud de los gobernantes españoles a quienes dice haber advertido repetidamente de sus errores. No va contra la forma de Gobierno ni contra otras innovaciones políticas españolas. Combate la separación de Iglesia y Estado; advierte a los legisladores españoles que no se han preocupado de las lecciones de la historia; critica la «usurpación» y el «trato inhumano» que da a las congregaciones «la ley nefasta»; y acaba exhortando a los católicos «a que se unan dejando a un lado lamentos y recriminaciones» para que, «valiéndose de todos los medios legítimos», consigan la reforma de disposiciones tan contrarias a los derechos de la Iglesia.

De esta forma, el Papa convocaba a cruzada; y la brutal agresión de Azaña, tras esta reacción pontificia, fue la causa principal para poner en pie a la derecha católica que en pocos meses aplastaría políticamente —y democráticamente— a Manuel Azaña. Unos días después, en la fiesta del Sagrado Corazón, los balcones de las ciudades y pueblos de España se llenaron de colgaduras con la bandera roja-blanca-roja que todo el mundo interpretaba como la bandera bicolor disfrazada y el maravilloso himno «Cantemos al amor de los amores» se convirtió desde entonces en el himno de la nueva Cruzada. Quien no lo vivió no puede entenderlo. La invectiva de Azaña «España ha dejado de ser católica» puso en pie a la Iglesia y a la España católica contra lo que Azaña representaba. Esto chocará más o menos con los postulados de la modernidad, pero así era y así lo vi entonces.

El pronunciamiento del 10 de agosto

La campaña cada vez mas enérgica de los diputados de derechas, pese a su escaso número, en el Congreso y en la calle contra los dos grandes proyectos de ley que pretendía acelerar el Gobierno —la Reforma Agraria y el Estatuto de Cataluña— los tenía prácticamente empantanados al llegar el verano de 1932. Por primera vez Azaña se sentía acorralado porque la resurrección de las derechas monárquicas y sobre todo las derechas católicas era cada vez más patente.

Pero tal vez el factor más alarmante era la hostilidad de los anarcosindicalistas que, completamente decepcionados, se habían desenganchado de la República y desde noviembre y diciembre de 1931, sin importarles un comino la nueva Constitución, se agitaban en toda España en medio de un rosario de huelgas salvajes. No solamente alborotaban los anarquistas, sino que iban cobrando fuerza los desmedrados comunistas, escasos en número y sobrados de tremendismo revolucionario al reclamar nada menos que «todo el poder para los soviets» sin la menor idea de lo que era un soviet; e incluso los socialistas, que estaban representados en el Gobierno pero que se unían al resto del «proletariado militante» en las algaradas y en los ataques, a veces violentos, contra la Guardia Civil, lo que provocaba durísimas protestas al Gobierno por parte del director general de la Guardia Civil, general Sanjurjo.

La diputada socialista Margarita Nelken actuaba como agitadora de masas en la provincia de Badajoz, dominada políticamente por los socialistas, y el 1 de enero de 1932 se produjo en Castilblanco, un poblachón pacense junto al Guadiana y cercano a la raya de Toledo, un motín contra la Guardia Civil durante el cual los cuatro guardias del puesto fueron salvajemente asesinados y mutilados por aquellas fieras, sin que hubiesen usado sus armas. Comunistas y socialistas de extrema izquierda añadieron al crimen el escarnio al señalar como culpables a los guardias civiles asesinados.

Poco después, el 5 de enero, la Guardia Civil recibió orden de disolver una manifestación de huelguistas y ante las agresiones hizo uso de las armas, con resultado de seis muertos. Diputados de extrema izquierda acusaron en el Congreso al general Sanjurjo. Azaña, tan valeroso contra la Iglesia inerme, se doblegó ante el griterío socialista y el 5 de febrero destituyó al general Sanjurjo como director general de la Guardia Civil, aunque le quiso compensar con la Dirección de Carabineros. En aquel momento Sanjurjo decidió pronunciarse contra el jefe del Gobierno.

Muchos enemigos de Azaña trataron de establecer contacto con él. Alejandro Lerroux estaba entonces en pleno auge de popularidad y parece seguro que de alguna forma fomentó los proyectos de Sanjurjo para alzarse contra Azaña. ídolo de todo el Ejército, el laureado general tenía buenos contactos en el Ministerio de la Guerra, donde el comandante Valentín Galarza El Técnico, trataba de anudar los hilos de la conspiración, pero todo se hizo de forma desordenada y sin compromisos firmes.

El profesor Pedro Sáinz Rodríguez, que ya era salsa de todos los guisos, puso en contacto a Sanjurjo con el general Franco durante una visita de éste, que era gobernador militar de La Coruña, a Madrid; habló con Sanjurjo en el antepalco de un teatro, pero se negó a sumarse al pronunciamiento porque la preparación era insuficiente y el Ejército no estaba lo suficientemente unido como para intentar con éxito la aventura.

Manuel Azaña describe detalladamente sus experiencias del pronunciamiento del 10 de agosto de 1932 en los cuadernos que le fueron robados en Ginebra durante la Guerra Civil y que aún no he podido consultar, pero Arrarás publicó creo que prácticamente todo lo interesante en las Memorias íntimas de Azaña[40]. Sanjurjo había sido bastante indiscreto y Azaña conocía sus propósitos de dar un golpe, revelados en parte por la querida de un oficial comprometido. Antes de amanecer el 10 de agosto, unos cuantos sublevados (casi todos eran militares retirados en 1931) intentaron asaltar el Ministerio de la Guerra, donde vivía Azaña, pero la tropa allí apostada les rechazó con facilidad. Por teléfono, Azaña se entera de que Sanjurjo está en Sevilla y que las fuerzas de la guarnición se adhieren a su mando.

Los asaltantes del Ministerio con otros grupos hostigaron al palacio de Buenavista desde la Cibeles, mientras otros trataban de apoderarse del edificio de Correos, Llegan al Ministerio noticias de que se han sublevado dos regimientos en Alcalá y se disponen a marchar sobre Madrid. Luego resulta que sólo es un escuadrón y se ha vuelto pronto al cuartel. Los asaltantes de la Cibeles habían sido un grupo de retirados y unos cuantos soldados del cuartel de la Remonta. Largo Caballero y otros ministros se presentan ante Azaña para animarle.

Azaña, que en sus memorias se muestra muy animoso, ordena preparar una columna para que marche sobre Sevilla con apoyo aéreo y naval. El golpe ha abortado en Madrid desde muy temprano, pero Sevilla está sublevada. Sanjurjo comprueba desde Sevilla que el pronunciamiento ha fracasado en Madrid y que ninguna otra guarnición se ha sumado, por lo que a media noche trata de huir a Portugal, pero no lo consigue y se entrega a la Guardia Civil de Huelva. A las dos de la madrugada del día 12, le han traído preso a Madrid, por carretera. Se encargó de acompañarle el director general de Seguridad, Arturo Menéndez, que había sofocado el intento de asalto en la Cibeles. La Guardia de Asalto, recientemente creada, respondió bien al Gobierno.

Sanjurjo pidió al general Franco que le defendiera en el juicio que se le siguió inmediatamente. Franco se negó y le explicó la causa; esta información la contó muchos años después el general Muñoz Grandes: «No puedo defenderle, mi general, porque con su fracaso se ha ganado usted el derecho a morir. Cuando un militar se subleva tiene que ganar; si no, debe contar con la muerte». Es Franco de cuerpo entero. Sanjurjo fue condenado a muerte. Azaña, con gran sentido político, propuso el indulto porque quería evitar una conmoción general del Ejército. Además vistió admirablemente su gesto: «Alguien tiene que empezar en este país a no fusilar. Empezaré yo». Por idea de Azaña, Sanjurjo fue encerrado en el penal del Dueso, junto a Santoña, donde, con su trato campechano ,se ganó a todos los presos.

Poco a poco se fue convirtiendo en un mito para los enemigos de la República que cuando preparasen el pronunciamiento definitivo pensaron encomendar su dirección a Sanjurjo, amnistiado por el Gobierno de centroderecha después de la caída de Azaña. El pronunciamiento del Diez de Agosto es el antecedente del golpe del 23 de febrero de 1981. Son más las semejanzas que las diferencias. Tiene muy poco que ver con el 18 de julio de 1936.

La venganza por el 10 de agosto

Manuel Azaña salió del abatimiento que le dominaba en la primavera de 1932 gracias al fracaso del pronunciamiento de Sanjurjo y la oleada de popularidad republicana que volvió a rodearle. Varios colaboradores de Sanjurjo cumplían con él condena en el penal del Dueso y 138 de sus cómplices, elegidos más o menos arbitrariamente, sufrieron deportación en el puesto español de Villa Cisneros, en el Sahara, desde donde luego montaron una aventurada evasión.

El Gobierno atribuyó la iniciativa del golpe a los monárquicos y encarceló por las buenas a quienes le vino en gana; el padre del autor de este libro, que nada había tenido que ver con la intentona, pasó una temporada en la cárcel sin juicio previo y lo mismo les sucedió a varios miembros de la nobleza. Se cerraron varios círculos de Madrid frecuentados por monárquicos y militares, como la Gran Peña, el Nuevo Club y el Círculo Militar. Por Ley de 24 de agosto se expropiaron sin indemnización «las fincas rústicas propiedad de cuantas personas naturales y jurídicas hubieran intervenido en el asado complot». Se suspendieron de una tacada 128 periódicos de derecha entre ellos, naturalmente, ABC y El Debate

El 13 de agosto se suprime la dirección general de Carabineros, el cargo de Sanjurjo; se disuelve el IV Tercio de la Guardia Civil (Sevilla), que se había adherido a Sanjurjo y, tres días después, se suprime la dirección general de la Guardia Civil, que se reorganiza poco después como Inspección General, lo mismo que el Cuerpo de Carabineros.

La victoria de Azaña en el 10 de agosto (el golpe de Sanjurjo) desatasca la Ley de Reforma Agraria que Azaña, según su nefasta costumbre, plantea también como venganza. Azaña se había hartado ya antes de dirigir la reforma, cuya gestión había traspasado al Ministerio de Agricultura, regido, sin especial competencia para ello, por Marcelino Domingo. La Ley de Reforma Agraria, aprobada a toda prisa por las Cortes el 9 de septiembre de 1932, se presenta como Ley de bases. La Ley confirma la expropiación sin indemnización de todas la fincas pertenecientes «a la extinguida Grandeza de España», porque la República se había empeñado en que la más alta nobleza estaba implicada en bloque en el pronunciamiento del Diez de Agosto, lo cual era completamente falso y nunca se pudo demostrar. También se expropiaban las fincas que habían constituido señoríos jurisdiccionales hasta principios del siglo XIX y luego se transmitieron por herencia o por compraventa. Los asentamientos forzosos de campesinos se verificarían en Andalucía, Extremadura, Ciudad Real, Toledo, Albacete y Salamanca, la España latifundista según la República. La aplicación de la Ley se encomendaba al Instituto de Reforma Agraria, que se movió lentamente en medio de trabas burocráticas insalvables. Dependían de él las Comunidades de Campesinos, que en la práctica no funcionaron.

Entre las fincas a las que se aplicaría la reforma figuraban, en primer lugar, «las ofrecidas voluntariamente por sus dueños»; no conozco a un solo dueño de fincas dotado de tanta generosidad. También se consideraban expropiables las fincas comprendidas en límites modestos (trescientas hectáreas en secano), tierras de cultivo directo, cuya pérdida constituía la ruina para muchos agricultores medios, que engrosaron en masa las filas de los enemigos de la República. No se establecía un sistema de créditos, sin los cuales los campesinos asentados no podrían iniciar sus cultivos. Marcelino Domingo reconoce que durante su mandato se ocuparon solamente 575 fincas con un total de cincuenta y cinco mil hectáreas, equivalentes a una o dos de las fincas mayores de la Grandeza; y afirma que así se dio trabajo a cuarenta mil colonos, cifra que, aun exagerada, era ridículamente insuficiente.

En aquella época se hundían los precios agrícolas en todo el mundo, mientras en España se duplicaban y triplicaban los salarios del campo. El Gobierno decidió sin pensar en las consecuencias, importaciones masivas de cereales y carne, con lo que los precios del campo se vinieron abajo en España donde los trabajadores, movilizados por la CNT y la UGT, mantenían su agitación y los propietarios se movían entre el miedo y la protesta. La política agraria del bienio Azaña constituyó un desastre total. El máximo experto de la República en reforma agraria, ingeniero Pascual Carrión, calculaba en 1931 que para una reforma seria deberían distribuirse seis millones de hectáreas a 930.000 familias. Las cifras confesadas por Marcelino Domingo revelan la magnitud del fracaso de la República.

Durante la primavera de 1932 Manuel Azaña trataba de convencer al Congreso para que aprobase la Ley del Estatuto de Cataluña por la que mostraba, curiosamente, más interés la derecha catalanista, la Lliga, que la propia Esquerra. En sus discursos de aquel período Azaña muestra un gran acierto político y un gran error histórico. El acierto consiste en afirmar que Cataluña, como las demás regiones autónomas del futuro, es España, con una administración especial y autonómica, pero tan España como el resto de la nación. Por eso subraya una y otra vez que la máxima autoridad autonómica, el presidente de la Generalidad, es simultáneamente la máxima representación del Estado en la región autónoma.

El error, en el que no han meditado suficientemente los idólatras de Azaña como Marichal y José María Aznar —y en el caso de Aznar el falló es mucho más grave— consiste en que Azaña trata de demostrar, entre falsedades y sofismas históricos que me da vergüenza reproducir, que la gran culpable del problema catalán y de la opresión de que justamente se quejan los catalanes ha sido la Monarquía y concretamente la dinastía borbónica.[41] La aceleración con que Azaña impulsó la tramitación parlamentaria del Estatuto de Cataluña se interpretó también, adecuadamente, como una venganza por el 10 de agosto, dirigida contra las derechas que según Azaña estaban detrás del golpe y se oponían cerradamente al Estatuto. Ya he comentado en un libro anterior, al hablar del nacionalismo catalán, que el Estatuto de 1932 era, para los intereses de España, mucho más favorable que el establecido, en la transición posterior a la muerte de Franco; porque el de 1932 cerraba el paso a toda idea de nación catalana, delimitaba clarísimamente las competencias del Estado y la región autónoma, exigía el bilingüismo y la presencia del castellano en todos los niveles de la enseñanza y, sobre todo, marcaba un techo bien definido para las reivindicaciones autonómicas.

El Estatuto actual, el elaborado en la transición, es mucho más ambiguo, confunde las atribuciones del Estado y la comunidad autónoma, deja la puerta abierta a la nefasta «normalización», introduce el término equívoco de «nacionalidades» y sobre todo no fija un techo claro a las reivindicaciones autonómicas. En las primeras negociaciones del equipo de Adolfo Suárez con los catalanistas durante la transición se habló del Estatuto de 1932 como un ideal. Fue una verdadera lástima no haberlo realizado así.

En 26 de septiembre Manuel Azaña fue aclamado en Barcelona como promotor del Estatuto. Sólo se le ocurrió decir esta bobada: «Ya no hay en España reyes que puedan declarar la guerra a Cataluña». Jamás un rey de España declaró la guerra a Cataluña; tanto Felipe IV como Felipe V reconquistaron lo que pertenecía a la Corona. Dos años más tarde de esa exageración de Azaña la Generalidad de Cataluña declararía la guerra a la República española. Los traspasos de competencias a la región autónoma se produjeron con toda normalidad; Francisco Maciá fue elegido por el Parlamento catalán presidente de la Generalidad y Azaña creyó sinceramente que había solucionado para siempre el problema de Cataluña.

Manuel Azaña, tan comprensivo con el nacionalismo catalán, comprendía mucho peor al nacionalismo vasco, tal vez por el carácter católico del PNV. Escribe en su diario del 15 de abril de 1933: «La misma tarde fuimos a Guernica. Visitamos el Arbol y la Casa de Juntas donde hay una porción de cachivaches que pretenden ser antigüedades y reliquias de una tradición. El alcalde de Guernica es nacionalista y se le conoce en el corte de cara»[42].

El 31 de enero de 1932, de acuerdo con la Constitución, se celebra la consulta previa a los Ayuntamientos sobre el Estatuto; y se aprueba masivamente el Estatuto Único para las cuatro provincias, es decir, las tres Vascongadas y Navarra. Se designa una comisión multiprovincial y multipartidista para la redacción definitiva del proyecto. El 26 de mayo de 1932 el vicario general de Vitoria, diócesis que entonces englobaba a todo el País Vasco, autorizado por el obispo Múgica, aún en el exilio, declara que quienes voten al nuevo Estatuto «no cometen pecado».

El 19 de junio de 1932 se celebra en el teatro Gayarre de Pamplona la asamblea de ayuntamientos vasco-navarros para aprobar, según la Constitución, el nuevo Estatuto, bastante parecido al de Estella, del que se habían eliminado las pretensiones concordatarias, la relación directa de la comunidad autónoma vasca con la Santa Sede.

Los grandes enemigos del nuevo Estatuto son el tradicionalista Víctor Pradera, su correligionario José María Oriol y el diputado radical-socialista Arrazola. Pradera y Oriol arrastran a los tradicionistas contra el «Estatuto laico».

Los navarros se reúnen aparte y la votación general hunde las esperanzas de José Antonio de Aguirre y los nacionalistas. En Álava 52 ayuntamientos votan a favor, 11 en contra y 15 se abstienen. En Guipúzcoa hubo 84 a favor, dos en contra y tres abstenciones; en Vizcaya 109 a favor, uno en contra, seis abstenciones; en Navarra 109 a favor, 133 en contra y 35 abstenciones. En total 354 a favor, 137 en contra y 58 abstenciones.

Pero la derrota del Estatuto en Navarra fue suficiente para el fracaso total de la Asamblea; se necesitaba la mayoría en todas las provincias. Primer resultado: se disuelve la minoría católica vasco-navarra en las Cortes; y el Estatuto debe empezar a negociarse de nuevo sin Navarra.

Después de una gran concentración nacionalista en el segundo Aberri Eguna, celebrado en San Sebastián, se reúne de nuevo la Asamblea de ayuntamientos vascos —sin Navarra— el 6 de agosto de 1933 en Vitoria. Vence el Estatuto por 259 votos contra 28. Se nombra un comité para asegurar la votación popular preceptiva y el 5 de noviembre se celebra el plebiscito de las tres provincias, que aprueba el Estatuto Vasco por 459.255 votos contra 14.196.

Pero la ocasión ya ha pasado. España estaba en vísperas de unas elecciones que acabarían con la «situación Azaña» y el 8 de noviembre el pretendiente carlista don Alfonso Carlos se pronuncia contra el Estatuto vasco. Aguirre teme una deserción de Álava semejante a la de Navarra y decide suspender la tramitación. El Estatuto vasco no se aprobará durante la etapa de paz de la República.

Menos viable aún se presenta la posibilidad de un Estatuto para Galicia, impulsado por una minoría ilustrada con poco respaldo popular. Se aprobó el proyecto por las mayorías municipales, pero el acuerdo se rompe el 17 de diciembre de 1932 porque los representantes no lograron el consenso sobre qué ciudad debería ostentar la capitalidad de la futura región autónoma. Sin embargo la fiebre autonomista se transmite a otras partes de España.

En noviembre de 1932 aparece la primera bandera andaluza. Un grupo de «castellanos viejos» lanza la consigna de un Estatuto para la «Federación castellano-cántabra», algo que el mismo Manuel Azaña, castellano de pro, no acierta a comprender.

Prisión y fuga de Juan March

Con el ambiente político cada vez más encrespado por la estéril agresión a la Iglesia no quedaban a la República demasiadas energías como para dedicarse a las grandes reformas que había anunciado. El profesor socialista Fernando de los Ríos colaboró cuanto pudo en el Ministerio de Instrucción Pública con la secularización impulsada por Azaña, a beneficio de la Institución Libre de Enseñanza que en aquella época se presentaba no sólo como hostil a la Iglesia, sino como digna de su inspiración masónica e incluso como alternativa a la propia Iglesia en el campo de la enseñanza.

El profesor De los Ríos se vio forzado a recortar gastos y trató de llenar de alumnos y maestros las escuelas vacías, pero uno de sus sucesores en la cartera, Salvador de Madariaga, nos ha dejado un testimonio concluyente sobre el sectarismo y el fracaso de la política educativa en el bienio Azaña. Se trataba de sustituir a la Iglesia en la enseñanza, pero no había ideas ni medios para realizarlo. Esto no significa que los trabajos del Ministerio de Instrucción fueran nulos o negativos. Se intentó seriamente organizar en clases nocturnas la enseñanza de adultos; se lanzaron a zonas rurales las Misiones Pedagógicas, programa para una auténtica popularización de la cultura; se instalaron en muchas escuelas bibliotecas para ilustración de los alumnos y sus familias, con el maestro como animador cultural. Pero el sectarismo afeó la política educativa y cultural, que jamás deben politizarse. Al término del bienio Azaña, todas las Escuelas Normales del Magisterio estaban en manos socialistas, con objetivos políticos mucho más que culturales.

Largo Caballero y su equipo de administradores socialistas continuó hasta el fin del bienio su loable trayectoria de la etapa anterior. El propio Azaña reconoce que en Trabajo se registraron escasas novedades. Con el avance de la crisis económica se incrementaba el paro sin que el Gobierno tuviera ideas ni medios para paliarlo. Las crecientes discrepancias entre Largo Caballero y Azaña, que al final del bienio desembocaron en una abierta ruptura, no eran las más idóneas para el desarrollo de una política social positiva.

Los aspectos más estimables en la política concreta del bienio Azaña se deben sin duda a Indalecio Prieto, que trató de emprender en su segunda cartera la política regeneracionista que apenas pudo plantear en Hacienda. Sin asomos de sectarismo revanchista, trató de recuperar el impulso creador de la dictadura de Primo de Rivera, para lo que llamó a colaboradores insignes de aquella época, como el ingeniero Manuel Lorenzo Pardo. Proyectó un ambicioso plan hidrológico —ése de que tanto habla en nuestros días la señora Tocino, sin que sus buenas palabras se traduzcan en realidad alguna— y proyectó seriamente una ambiciosa política de trasvases para que la España húmeda contribuyese a la regeneración de la España seca.

De esos proyectos se realizaría en el régimen de Franco el famoso y utilísimo trasvase Tajo-Segura que ha salvado de su sed crónica a la huerta murciana. Madrid debe a Prieto la construcción de los Nuevos Ministerios, el inicio de los enlaces ferroviarios y la mejora de las comunicaciones con la sierra mediante los rápidos y frecuentes trenes de cercanías. Con los escasos fondos de que disponía, apenas pudo hacer otra cosa que ilusionar a España, objetivo que consiguió más de lo que sus detractores siguen pensando.

En el Ministerio de Hacienda, el empresario catalán Jaime Carner desarrolló una labor muy positiva. Por desgracia tuvo que dejar la cartera en febrero de 1933, afectado de un cáncer de laringe que al año siguiente le causaría la muerte; le sustituyó interinamente el propio Azaña, nada preparado para el nuevo cargo, que pronto cedió a otro reconocido experto, Agustín Viñuales. Carner creó un eficaz Consejo Ordenador de la Economía Nacional, preparó los nuevos Estatutos del Banco de España y los del Instituto de Crédito de las Cajas de Ahorro, que promulgó su sucesor; luchó heroicamente contra los excesos presupuestarios y, contra el creciente impacto de la crisis económica mundial en la débil economía española. Era una misión imposible y la economía española, que había alcanzado sus máximos históricos al fin de la Dictadura, empezó de forma que parecía inexorable su largo tramo descendente que, por el caos general de la República y la tragedia de la Guerra Civil, no pudo recuperarse hasta el comienzo de los años cincuenta. Carner consiguió la aprobación de la Ley del Timbre del Estado y la importantísima Ley del Impuesto sobre la Renta que lleva la fecha de 10 de diciembre de 1932. Era la pieza clave para la financiación de una economía moderna pero con exigencias muy moderadas: el tipo máximo del gravamen no rebasaba el once por ciento.

En el terreno político, la actuación más notoria de Jaime Carner fue la lucha implacable contra el financiero mallorquín Juan March. Carner era la honradez personificada y conocía al señor March y sus actividades mejor que cualquier otro gobernante. Resumía su idea en esta frase que se hizo famosa: «O la República acaba con Juan March o Juan March acaba con la República». Juan March, se había apoderado virtualmente del control del Partido Radical, con el beneplácito de Alejandro Lerroux; varios dirigentes del gran partido estaban al servicio del hombre de Mallorca, a quien Azaña profesaba cierta secreta admiración e incluso quiso contar con él para algunos turbios proyectos de agitación internacional, como el fomento de una revolución portuguesa contra la dictadura de Antonio de Oliveira Salazar.

Carner arrebató a Juan March el monopolio de tabacos en las plazas de soberanía española en África y le acosó todo cuanto pudo para lograr retirarle de la circulación después de la condena de Juan March en la Comisión de Responsabilidades. March luchó como sólo él sabía hacerlo, pero el 14 de junio de 1932 Carner pronunció en el Congreso un discurso apocalíptico contra March, con datos terribles y fehacientes que corroboraban las ya antiguas acusaciones de Francisco Cambó contra el famoso contrabandista cuya red de influencias se extendía por todo el Mediterráneo.

El impacto producido por el discurso de Carner fue definitivo. Poco después, Juan March fue detenido en su domicilio y conducido a la cárcel Modelo donde quedó incomunicado. Luego fue trasladado a la cárcel de Alcalá de Henares de donde se fugó en la noche del 2 al 3 de noviembre, ya caído Azaña, acompañado por el jefe del turno de noche y otro oficial de prisiones llamado Vargas. El Heraldo de Madrid expresó la reacción de muchos españoles: «¡Quién fuera Vargas!». Con sus dos funcionarios cómplices, March se presentó en la Aduana de Algeciras donde los carabineros le saludaron efusivamente y se perdió en Gibraltar. Desde aquel momento se dedicó a tramar su venganza contra la República y, como en su momento veremos, se la tomaría cumplidamente en 1936.

El año de Adolfo Hitler

España tiene la mala suerte, al menos en el siglo XX, de acometer sus transiciones a la democracia en épocas de grave crisis económica y social. Así sucedió en 1931, cuando ya se desataban los peores efectos de la crisis de 1929 y volvería a suceder a la muerte del general Franco, cuando ya se había abatido sobre todo Occidente la grave crisis de 1973. Se ha dicho que la crisis de 1929 apenas influyó sobre España por el relativo aislamiento de la economía española respecto de la europea. No es verdad. La crisis de Occidente produjo en España un retraimiento de las inversiones extranjeras y una terrible merma en nuestras exportaciones.

La política económica del bienio Azaña no fue capaz de contener la devaluación de la peseta, que encarecía las importaciones, y factores internos tales como el creciente desorden público, el miedo de los empresarios industriales y los propietarios agrícolas y el clima de enfrentamiento y crispación política y social no parecían los más propicios para una seria dedicación al trabajo y a la producción, mientras cundía cada vez más el paro. Las naciones más poderosas trataban de reducir la crisis encerrándose sobre sí mismas. Aun así aumentaban por todas partes los desórdenes sociales, se organizaban las grandes marchas del paro en Inglaterra, en los Estados Unidos, en Alemania y en Francia. El fracaso económico y la agitación social se atribuían cada vez más al propio sistema democrático, que también entró en crisis universal excepto en los países donde la democracia era consustancial con la vida pública, como en Estados Unidos y el Reino Unido.

En el resto de Europa y de América la vida política generó un tremendo descrédito del sistema democrático, frente al cual se presentaba una alternativa totalitaria; el fascismo en Italia, desde 1922, el nacionalsocialismo en Alemania. Benito Musolini y Adolfo Hitler son hoy figuras abominables después de su derrota en la Segunda Guerra Mundial, pero en 1931 suscitaban la esperanza de sus compatriotas y de muchos europeos. Pronto aparecerían regímenes totalitarios en Austria, en Hungría, en Polonia (desde la independencia de la nación conseguida tras la Gran Guerra), en varias naciones de Iberoamérica y en la gran potencia de Extremo Oriente, Japón. La democracia estaba en clara regresión, el fascismo en pleno auge.

El éxito económico de la Italia de Mussolini causaba la admiración del mundo, incluso de mentes tan democráticas como la de Winston Churchill y personalidades mundiales tan observadoras y moderadas como el papa Pío XI, que había firmado con el Estado fascista los trascendentales acuerdos de Letrán en 1929, por los que se creó el Estado independiente y soberano de la Iglesia, la Ciudad del Vaticano.

La Santa Sede recomendaba entonces como régimen ideal para una nación católica el Estado Corporativo, que más o menos equivalía a la democracia orgánica, un sistema sin partidos del que por entonces existían dos ejemplos, Austria y Portugal. Por otra parte, los regímenes autoritarios de Italia desde 1922 y de Alemania desde 1933 ofrecían una decidida resistencia a la expansión del comunismo soviético que, bajo la brutal dictadura de Stalin, uno de los mayores criminales de la historia, trataba de utilizar a la poderosa Internacional Comunista (Comintern) creada por Lenin, para imponer la Revolución en todo el mundo. La situación mundial y europea en 1933 era tan absolutamente diferente a la de hoy que el lector que no haya vivido la primera tendrá que hacer un intenso esfuerzo para comprenderla. En Estados Unidos la numerosa y potente colonia alemana y la todavía más numerosa de Italia bullían de admiradores rendidos de Hitler y Mussolini.

En Inglaterra existía un significativo partido fascista y el más notorio admirador de Hitler era el propio príncipe de Gales, que pronto sería rey Eduardo VII. En Francia se oponía al gran Partido Comunista un gran Partido Fascista, integrado por obreros y clases medias, que había formado el antiguo líder de la Internacional Comunista Jacques Doriot. En Francia y en Austria los choques entre comunistas y fascistas, apoyados éstos por grupos de extrema derecha, ensangrentaron las calles de París y de Viena al comenzar el año 1934.

Este era el difícil contexto en que don Manuel Azaña se empeñaba en consolidar en España una política jacobina y sectaria, sin espíritu alguno de convivencia con las derechas, y que sólo optativa y metafóricamente se puede llamar democrática. Sólo las estrechas orejeras de presuntos historiadores como don Javier Tusel pueden atreverse a sostener a estas alturas el fundamental carácter democrático de la República española en el bienio Azaña. Muy pronto voy a citarle de nuevo el reciente y espléndido análisis de su presunto admirador e inexplicable promotor, el profesor Carlos Seco Serrano, para ver si se desengaña.

Pero no voy a negar la mala suerte de Azaña que, al comenzar el año 1933, topaba a distancia con la célebre marcha de las antorchas que celebraban el ascenso de Hitler a la Cancillería del Reich, que ya empezaba a ser el Tercer Reich, al acabar el mes de enero de ese año. Hitler había llegado al poder en Alemania mediante procedimientos relativamente democráticos y aprovechó inmediatamente ese poder para cancelar la democracia, establecer un régimen férreamente totalitario y eliminar a sus enemigos políticos —socialistas y comunistas en primer término— mientras preparaba con decisión fanática la eliminación de los judíos que había preconizado diez años antes en su libro lunático, Mein Kampf. Recuerdo que precisamente en 1933 vi sobre una mesa del salón, en casa de mis abuelos al pie del santuario murciano de la Fuensanta, la edición española del libro de Hitler que, según creo ahora, se debía al exquisito escritor Rafael Sánchez Mazas. Me puse a hojearlo, con mis pocos años, cuando apareció mi abuelo y me lo quitó de las manos, diciéndome: «Deja esa porquería. Este libro es el fin del mundo». No todo el mundo en la España de 1933 pensaba lo mismo.

Hitler se había declarado discípulo de Mussolini, lo cual era una palmaria exageración. Mussolini, antiguo socialista, había creado el fascismo, ante todo, como una exacerbación de nacionalismo ante el trato injusto a que habían sometido a Italia las demás potencias vencedoras en la primera guerra mundial, junto a las cuales Italia había luchado. El régimen democrático anterior y el inmediatamente posterior a la Gran Guerra había sido en Italia un terrible fracaso político. En la postguerra el partido comunista italiano había crecido de forma espectacular y sus militantes del Norte se comportaban cada vez más en clave revolucionaria, con ocupaciones de fábricas y desórdenes públicos cada vez más amenazadores.

Las clases medias empezaron a sentir pánico y los medios de la alta finanza y la gran industria decidieron dar la batalla al comunismo con sus propias armas. Por eso apoyaron decididamente a Mussolini, que abandonó el socialismo para crear unos «fascios de combate» que luchaban contra la marea comunista en la calle y en las fábricas.

En el año 1922 Mussolini emprendió la famosa Marcha sobre Roma (que realizó en tren, con los demás jerarcas fascistas, casi todo el trayecto) y ante una democracia inepta y corrupta consiguió que el rey Víctor Manuel II le diera el poder. Primero se contentó con una fuerte presencia parlamentaria, pero pronto implantó el fascismo y el corporativismo que terminó con el Parlamento y con la democracia. El talante espectacular del Duce fascinó a los italianos y pronto encontró alguien una fórmula cabal para definir al fascismo: «Es el único régimen capaz de que los trenes salgan y lleguen a tiempo en Italia». Tengo la impresión de que a Mussolini se debe nada menos que la consolidación de la unidad de Italia, que se había conseguido relativamente poco antes, en 1870.

Ahora casi todo el mundo le contempla colgado boca abajo como una res en el piazzale Loreto de Milán por una venganza de sus captores comunistas, cuyo jefe procedía de las Brigadas Internacionales, esa fuerza soviética en la Guerra Civil española. Pero en 1933 Mussolini era un ídolo para la mayoría de los italianos y para muchos europeos y americanos. Logró que Italia escapara de la crisis mundial mediante grandes aventuras imperiales en África y por la implantación de una economía de guerra. Su equivocación absurda fue entrar en la Segunda Guerra Mundial al lado de Hitler, lo que no era ni necesario ni inevitable. Desde 1929 estaba a partir un piñón con la Santa Sede, en la que después de la victoria aliada proliferaron como hongos los monseñores «demócratas de toda la vida». Tal condición no me consta más que de uno: el joven Giovanni Battista Montini, futuro Pablo VI.

El caso de Adolfo Hitler era completamente diferente. Nacido en Austria junto a la frontera alemana, su infancia y su juventud estuvieron recomidas de complejos y enigmas a cuál más extraño. Su nombre y su memoria han sido satanizados por los demócratas y sobre todo por los judíos, contra quienes perpetró el infame holocausto sobre el cual, debo reconocerlo, no he visto aún un estudio que me deje completamente satisfecho desde el punto de vista rigurosamente histórico. La vesania de Hitler contra el pueblo de Abraham y de Moisés, de Jesús, María y Pablo de Tarso no parece de este mundo, como la vesania de Stalin contra su propio pueblo (y contra innumerables judíos también).

Además de este odio irracional a los hijos de Israel, que Mussolini jamás sintió aunque al final, convertido en marioneta del führer, tuvo que hacerle algún caso en su manía asesina, Hitler era un nacionalista exaltado en la más pura tradición del romanticismo alemán, de Fichte en adelante; y el nacionalismo alemán, por cierto, había sido también violentamente antisemita. Hitler no fue el inventor del antisemitismo en Alemania, sino el último y más cruel representante de una cadena de odios e incompatibilidades que arranca de la Edad Media y se exacerba a largo del siglo XIX.

Nacionalismo, anticomunismo absoluto y alianza con las clases medias y los grandes industriales y financieros para frenar al comunismo en la calle y en las fábricas son rasgos comunes de Hitler con su «maestro» Mussolini. Como el método para salir de la crisis mundial a través de una economía de guerra. Como el imperialismo expansivo que es una consecuencia del nacionalismo irredento. Hitler puso en práctica su doctrina del Lebesraum, el espacio vital, el pangermanismo, que consistía en la reunificación de todos los pueblos y las tierras más o menos presuntamente germánicas. La adhesión de las fuerzas armadas alemanas a Hitler fue todavía más intensa que la devoción de las italianas por Mussolini. Pero los comentaristas e historiadores demócratas, al subrayar los errores del totalitarismo de Italia y Alemania, se olvidan demasiadas veces del totalitarismo de la Unión Soviética, todavía más reprobable y criminal porque la Unión Soviética pretendía el dominio absoluto de todo el mundo, mientras que Hitler y Mussolini nunca consideraron a sus sistemas como un producto de exportación. Hubo una Internacional Comunista, nunca una internacional fascista o nazi.

Era inevitable que en la España atribulada de los años treinta, sumida en la República de Azaña que no era una democracia sino una degradación democrática, surgiera el fascismo. Pero al revés que en Francia o en Austria el fascismo no llegó nunca, pese a las apariencias, a constituir una fuerza política importante ni menos decisiva. Esto chocará a quienes hagan caso a los historiadores o doctrinarios comunistas o socialistas, que por ejemplo identifican franquismo con fascismo y aparentan creer, aunque saben que no, que el general Franco fue un fascista. El término fascismo se ha convertido en España en un insulto o en una expresión de desprecio. Antiguos comunistas, que eran por esencia antidemócratas, se obstinan en llamar fascistas a personas que lucharon por la apertura democrática mucho más que ellos, que antes de 1975 practicaban el catastrofismo de la ruptura.

Algunos hombres de letras, pensadores nada despreciables y líderes sociales como Ramiro Ledesma Ramos, Ernesto Giménez Caballero u Onésimo Redondo fueron, entre 1931 y 1933, los primeros españoles inclinados al fascismo. Ledesma fundó inmediatamente antes de la República el grupo La conquista del Estado que daba nombre a una hoja doctrinal; Ledesma era un intelectual notable, estimado por Ortega. Giménez Caballero era un profesor de instituto relacionado con j. todas las vanguardias de su tiempo y creador de La Gaceta Literaria, influyente revista cultural de minorías; llegó a sentir fascinación por Mussolini y publicó desde 1932 libros de impacto político apreciable. (También sintió fascinación por Azaña que le despreció, como solía).

Onésimo Redondo, de talante muy religioso, era un líder de los pequeños propietarios agrícolas de Valladolid y creador de unas Juntas protofascistas. Pero en 1933 Manuel Delgado Barreto, periodista afecto a la Dictadura, publicó una hoja efímera que sirvió como concurso de méritos para encontrar un líder fascista en España; se llamaba El Fascio y su colaborador más distinguido era José Antonio Primo de Rivera, que en ese mismo año fundó, a fines de octubre y en plena campaña electoral contra Azaña, un movimiento semejante al fascismo que se llamó Falange Española.

Espero encontrar un hueco en estos Episodios para dedicar uno a la figura, la doctrina, la vida y la muerte de José Antonio Primo de Rivera. La publicación reciente de sus papeles íntimos ha suscitado, sesenta años después de su muerte, amplio interés en España. Evidentemente, José Antonio, como todo el mundo le sigue llamando, fundó un movimiento inspirado en el fascismo. Pero no era exactamente un fascista en sentido pleno. Sentía invencible repulsión por Hitler y ni sombra de antisemitismo. Comprendía mejor a Mussolini pero le separaban del fascismo dos rasgos para él esenciales: su acendrado catolicismo y su sentido del humor. Hijo del general Miguel Primo de Rivera, participó en un pequeño partido, la Unión Monárquica Nacional, que trató de encuadrar, con escaso éxito, a los partidarios de la Dictadura. Entró en política para defender la memoria de su padre, sometida a una denigración permanente por parte de la República. Su arranque doctrinal se contiene en el discurso fundacional de Falange Española, pronunciado en el teatro de la Comedia de Madrid el 29 de octubre de 1933. Allí defendió tres puntos capitales para la creación de un movimiento, un gran antipartido más que un partido político: la supresión de los partidos políticos, la eliminación de los separatismos y la abolición de la lucha de clases. Casi lo más importante de ese discurso es que lo escuchó por radio y luego lo leyó detenidamente el comandante general de Baleares, general Francisco Franco Bahamonde, que incorporó ese triple dogma a su ideario personal para toda la vida.

José Antonio Primo de Rivera, abogado en ejercicio e intelectual orteguiano, poseía una calidad literaria y oratoria de primera magnitud. Demostró dotes excelsas para el análisis político. Dotado de profundo sentido social, pretendía la nacionalización de la izquierda y declaró que pediría el ingreso en el PSOE si este partido se configurara como nacional y no como internacionalista.

Hijo de una noble familia militar y jerezana, marqués de Estella, creó la Falange, a la que se sumaron los demás pequeños grupos protofascisas, como fuerza de choque contra el marxismo en la calle, según el modelo de los fascios de combate. La derecha monárquica trató de utilizarle como fuerza de choque y de hecho firmó : con él un pacto de ayuda financiera a cambio de luchar violentamente contra el marxismo; pero ante su genuino propósito de nacionalizar a la izquierda, para lo cual entabló contactos con los anarcosindicalistas, la derecha ¡ monárquica suspendió su cooperación y la Falange se ¡ extinguía por penuria casi absoluta.

Fue elegido diputado a Cortes dentro de una candidatura derechista por Cádiz en noviembre de 1933, pero,

: cada vez más aislado, acudió con su grupo en solitario a las elecciones de febrero de 1936 y no resultó elegido. Desde entonces al estallido de la Guerra Civil una auténtica riada de jóvenes procedentes de la derecha se adhirió a Falange, por lo que el Gobierno del Frente Popular, que exageraba la importancia de José Antonio, le encarceló arbitrariamente en marzo de 1936 y ya no recuperó la libertad hasta su muerte, que fue ejemplar en todos los sentidos. Luego el general Franco, desde abril de 1937, asumió la doctrina y las nuevas y numerosísimas adhesiones a Falange como núcleo para su unificación de partidos.

Es decir, que durante el período de la República, entre 1933 y 1936, Falange no era un movimiento de masas y no obtuvo diputado alguno. ¿Cómo explicar este contraste con Francia, donde el partido fascista de Doriot era una fuerza política importante? Ramiro Ledesma Ramos, que se había adherido a Falange y luego rompió con José Antonio, lo explica en un libro muy interesante, publicado en 1935 con el seudónimo «Roberto Lanzas», titulado con interrogantes ¿Fascismo en España? En España el fascismo formal carece de importancia porque los partidos de la derecha actúan como «fascistizados», es decir, como autoritarios y se enfrentan a la izquierda en defensa de los intereses del gran capital. La respuesta puede matizarse, pero en todo caso viene de un conocedor y observador muy próximo. Lo cual significa que debemos analizar la composición de la derecha española en el bienio Azaña.

La gran derecha católica y la derecha
monárquica se separan

Los grandes partidos monárquicos de la Restauración, el Conservador y el Liberal, entraron en profunda crisis a partir del año 1913, se fueron dividiendo y desintegrando en diversas banderías y llegaron prácticamente agotados y vacíos a la Dictadura. Salieron de ella todavía en peor situación; líderes destacados del gran Partido Liberal, como Alcalá Zamora y Santiago Alba, estaban frente a la Corona, y los que seguían monárquicos como el conde de Romanones vivían en el abatimiento y al borde del abandono.

En el Partido Conservador no iban mejor las cosas; algunos de sus dirigentes, tan notorios como José Sánchez Guerra y Angel Ossorio y Gallardo descalificaron al Rey a lo largo de 1930. El intento de Francisco Cambó para salvar a la monarquía mediante la regeneración de los dos partidos, él al frente de los nuevos conservadores (el Centro Constitucional) y Alba con los nuevos liberales, se frustró por la gravísima enfermedad de Cambó y el implacable resentimiento de Alba contra don Alfonso XIII. El resultado de toda esta trayectoria fue que con la proclamación de la República los dos grandes partidos monárquicos tradicionales se desvanecieron y, al no haber nada para sustituirles, las derechas sufrieron un descalabro en las elecciones generales del 28 de junio de 1932 y sólo un diputado monárquico, el conde de Romanones, llegó a las Cortes Constituyentes.

Entonces la Iglesia, para defenderse contra el previsto asalto de la República jacobina y socialista, impulsó la creación de un gran partido católico que gestionó don Ángel Herrera Oria, director de El Debate y presidente de la Asociación Católica Nacional de Propagandistas, que era la plataforma, fundada por el propio Herrera y el jesuita padre Ayala a principios de siglo, para formar líderes católicos que pudieran intervenir en la vida pública en defensa y al servicio de la Iglesia.

Muy pronto, a raíz del mismo 14 de abril de 1931, Ángel Herrera crea el partido Acción Nacional, que al prohibir meses después el Gobierno el uso del adjetivo «nacional» para los grupos políticos se cambió el nombre a «Acción Popular». Acción Nacional agrupó al principio a dos ramas católicas bien diferenciadas: los que se sentían leales a la monarquía y se profesaban monárquicos, como el ex ministro Antonio Goicoechea; y los que, aún siendo casi siempre monárquicos, optaban, como Herrera, por el posibilismo ante las formas de Gobierno para no ser rechazados a priori por la República. El grupo monárquico se empezó a configurar también al margen de Acción Nacional gracias a dos intelectuales de primer orden: el glorioso veterano Ramiro de Maeztu, que había sido embajador de la Dictadura en Buenos Aires, y el joven letrado del Consejo de Estado y jurídico militar Eugenio Vegas Latapie, enemigo absoluto de la democracia y partidario de una monarquía integrista según pautas del Antiguo Régimen.

En los primeros días de la República decidieron la fundación de un grupo político-cultural llamado «Acción Española», que entró en relación con la derecha monárquica y antidemocrática francesa inspirada en la doctrina de Carlos Maurrás. Sin embargo, la mayoría de los políticos monárquicos jóvenes se habían integrado de momento en Acción Nacional junto con los católicos de Ángel Herrera. Surgía con fuerza un tercer grupo de la derecha, Acción Monárquica Nacional, los fieles a la memoria de la Dictadura cuyo líder era el ex ministro José Calvo Sotelo, muy inclinado también a la línea de la derecha antidemocrática francesa y admirador de los logros económicos del fascismo, aunque no de su sistema político. Calvo Sotelo resultó elegido diputado por Orense en las elecciones de junio de 1931, pero los republicanos le arrebataron el acta ignominiosamente y, para eludir el procesamiento por su colaboración con Primo de Rivera, se exilió en Francia.

El 7 de mayo de 1931 se constituyó el Comité de Acción Nacional presidido por Ángel Herrera y José María Valiente, integrado además por Alfredo López, Javier Martín Artajo y José María Sagués. Se le incorporan además los líderes monárquicos Antonio Goicoechea (encargado de redactar el programa), conde de Vallellano y el jurisconsulto Cirilo Tornos. Ya he indicado que al fracasar Herrera en las elecciones de junio se va a encargar de dirigir el grupo el joven catedrático de Salamanca José María Gil Robles, que adquiere casi inmediatamente fama de gran orador y gran político en las Cortes; Ortega le llamará «joven atleta victorioso». El lema de Acción Nacional rezaba así: «Religión, Familia, Orden, Trabajo, Propiedad». Estaba clarísimo.

Pero las corrientes monárquica y católica, pese a sus afinidades, no pueden convivir fácilmente en el seno de Acción Nacional y Acción Popular. Los monárquicos no transigen con la indefinición de los católicos en cuanto a formas de Gobierno y además, entre los católicos, empieza a formarse un grupo que se siente abiertamente republicano, con el catalán Oriol Anguera de Sojo y el profesor sevillano Manuel Giménez Fernández. Los monárquicos critican cada vez más el «pactismo» y la «táctica» de Gil Robles, que trata de tender puentes hacia los grupos moderados de la República, sobre todo con el Partido Radical de Lerroux, al que los monárquicos acusan, no sin razón, de entregado a las consignas masónicas y viciado tradicionalmente por la corrupción administrativa. Además, pese a las acusaciones de sus enemigos, Gil Robles se mostraba dispuesto a la aceptación de las normas democráticas y los monárquicos se veían forzados a la democracia, pero no se sentían demócratas.

Estas disensiones aumentaron y la ruptura amistosa de Acción Popular se consumó el 11 de enero de 1933, para que cada grupo organizase el gran combate contra Azaña que sería el objetivo común a lo largo de ese año. Los monárquicos escindidos crearon el 1 de marzo de 1933 su propio partido, Renovación Española, cuya jefatura ofrecieron a mi abuelo Juan de la Cierva y Peñafiel, que no aceptó por cansancio; se dedicaría intensamente a sus empresas agrícolas e industriales y a su gran bufete, pero aún no se había repuesto del abandono del Rey y del disgusto que se llevó en las elecciones del 12 de abril de 1931. No estaba, además, bien de salud. Fue entonces elegido jefe de Renovación Española el ex ministro de la Monarquía Antonio Goicoechea y Cosculluela, letrado del Consejo de Estado, antiguo diputado y miembro de las Juventudes Mauristas, orador ampuloso y fluido. José Calvo Sotelo, cuando pudo regresar del exilio en virtud de la amnistía decretada por el Gobierno de centroderecha en 1934, pidió a José Antonio Primo de Rivera el ingreso en Falange que éste le negó; siempre se llevaron muy mal. Entonces, el omnipresente Pedro Sainz Rodríguez, miembro de Renovación Española, se inventó un artilugio, el Bloque Nacional, formado por Renovación y los tradicionalistas del conde de Rodezno, aliados electorales de los monárquicos en la TYRE (Tradicionalistas y Renovación Española) que eligió como jefe a Calvo Sotelo.

El proyecto monárquico independiente se venía gestando desde 1932, tras el fracaso del 10 de agosto, y su triple fin lo resumió exactamente José Gutiérrez Ravé, secretario de Goicoechea, en estos términos:

«1. Difundir, mediante el esfuerzo intelectual, principalmente entre la juventud, la doctrina monárquica (de ello se encargarían Ramiro de Maeztu y Eugenio Vegas Latapie mediante la revista Acción Española, que dirigía el primero y animaba el segundo, y que aún espera el gran estudio monográfico que merece, porque era de alta calidad intelectual y política; Gonzalo Fernández de la Mora la ha resucitado en nuestros días con su admirable empeño Razón Española).

2. Preparar un golpe de fuerza, mediante la propaganda en el Ejército y la búsqueda de apoyo en el extranjero, principalmente en Italia. (De esta consigna surgió la red conspiratoria militar Unión Militar Española, UME, coordinada por Valentín Galarza, el Técnico, que ya lo había intentado con el golpe de Sanjurjo: la red actuó en la conspiración para el alzamiento de julio de 1936). Las armas a Italia se compraron, pero en número insignificante que no influyó en la sublevación de 1936.

3. Constituir un partido oficial y aparentemente legal que era precisamente Renovación Española. En la revista se estudió y divulgó la doctrina teológica de la «guerra justa» que sus redactores, como Joaquín Arrarás y algunos teólogos, aplicaban sin vacilar al caso de la República».

Este triple frente monárquico recibía el apoyo del influyente diario ABC, que se oponía habitualmente a la táctica de la CEDA que calificaba de pusilánime y ambigua. Por las páginas de Acción Española desfilaban intelectuales de gran valía, como el propio Maeztu, hoy olvidado por el diario monárquico en su lamentable desviación cultural pero que ha sido uno de los primeros intelectuales españoles de este siglo; y además José María Pemán, el marqués de Lozoya, Julio Palacios,

Víctor Pradera, Vallejo Nágera, el propio Vegas, Jorge Vigón (que criticó duramente a Hitler), Eugenio Montes y otros muchos. ¡Cómo siento algunas veces la soledad en medio del actual páramo cultural de la derecha española, sólo redimida por la lucidez de Fernández de la Mora y los colaboradores de su revista, cuando ya no existe El Debate, el ABC ya no es el ABC, el líder de la derecha actual invoca a Azaña y el grupo parlamentario de la derecha vota por unanimidad la concesión de la ciudadanía a los energúmenos de las Brigadas Internacionales! Cuando aquel Calvo Sotelo se llamaba José y no Leopoldo, cuando para la derecha de entonces el general Franco era una promesa y para la de ahora una abominación, cuando los socialistas del Gobierno eran la estampa de la honradez!

Bueno, tampoco conviene exagerar: el Gobierno Aznar nos está llevando gracias a Rodrigo Rato a la cima de Europa y el Gobierno Azaña nos arrastraba a la tragedia de Europa; entonces, la mujer política dominante era la enloquecida Margarita Nelken y hoy, la inteligente y templada Loyola de Palacio; aunque ahora un pueblo descerebrado mantiene en la alternativa a Felipe González y entonces consagraba ya como alternativa a un político con la honradez y la categoría de Gil Robles. Las comparaciones son complejas y a veces odiosas, pero convenientes para no perder el rumbo en las convulsiones de la historia.

La derecha monárquica centraba sus fuegos en Manuel Azaña desde su eficacísimo órgano, el ABC, pero la derecha católica estaba, a lo largo de todo el año 1933 preparando el milagro de derribar a Azaña y conquistar el poder en la República. Este milagro se debe a la categoría política, a la capacidad de organización y al temple asombroso de José María Gil Robles. Creo que su gran campaña de 1933 es el mayor triunfo de su vida, que luego, por circunstancias trágicas para España, terminó en la frustración y la marginación. La antidemocrática persecución jacobina de Manuel Azaña contra la Iglesia fue admirablemente capitalizada por Gil Robles para crear el gran partido católico en la República. No era el primer intento.

El cardenal Cascajares quiso hacer algo semejante a fines del siglo XIX, pero la Unión Católica de Pidal y Menéndez Pelayo se integró en el Partido Liberal-Conservador de Cánovas gracias a las orientaciones clarividentes de León XIII, y en esas circunstancias un partido católico específico hubiera resultado superfluo. Luego, en la época inmediatamente anterior de la Dictadura, parte de la Iglesia española favoreció la creación de un partido demócratacristiano con el nombre de Partido Social Popular que frustraron los liberales, el Rey Alfonso XIII y la Dictadura. El tercer intento sería el bueno.[43]

Cuando ya la rama monárquica de Acción Popular se estaba escindiendo para formar su partido independiente,, se celebró el 28 de octubre de 1932 la primera asamblea de Acción Popular que contaba con ochocientos mil afiliados, la cifra más alta alcanzada entonces por partido político alguno en España. Existen importantes estudios sobre la derecha católica, pero creo necesario insistir sobre el hecho de que Acción Popular se hizo posible por el espíritu generalizado de defensa de la Iglesia entre los católicos sobreexcitados por la persecución jacobina y por la convicción de que la frasecita «España ha dejado de ser católica» era una jactancia estúpida y falsa; y por una capacidad de organización de que dio muestra Gil Robles al seleccionar un equipo de primer orden y diseñar una estrategia adecuadísima.

Sabido es, y en nuestro tiempo tenemos pruebas de sobra, que las fuerzas españolas de centro-derecha tienden a dividirse y a enfrentarse de forma suicida en todos los tiempos, por ejemplo en la transición posterior a la muerte de Franco, donde perdieron el poder por sus luchas intestinas. Pues bien, Gil Robles configuró en tomo a Acción Popular como núcleo a toda una constelación de pequeños o medianos grupos católicos por las provincias y las regiones, entre los cuales el más importante era la Derecha Regional Valenciana de Luis Lucia. Con ese conjunto, perfectamente coordinado, creó la CEDA, Confederación Española de Derechas Autónomas, que aparece oficialmente, con un millón de afiliados, en el Congreso celebrado del 28 de febrero al 5 de marzo de 1933.

El grupo agrario, en el que había salido diputado Gil Robles, no ingresó en la CEDA, pero actuaba conjuntamente con ella, bajo la dirección de Martínez de Velasco. Por entonces Ángel Herrera dejó la dirección de El Debate para concentrarse en la Junta Central de Acción Católica y madurar su vocación sacerdotal. Los líderes de la derecha católica superaron con generosidad y elegancia sus problemas de coordinación, El Debate apoyaba a la CEDA, naturalmente, pero no interfería en su dirección ni en su marcha política.

Consolidada ya su espléndida organización, José María Gil Robles decidió emprender un arriesgado movimiento que realizó con pleno éxito: comunicar su proyecto político a don Alfonso XIII en París y pedir su apoyo contra los ataques continuos que sufría por parte de los monárquicos. No es ésta la ocasión de tratar sobre las actividades de don Alfonso en el exilio, que en el orden personal he estudiado en mi libro Victoria Eugenia[44] y, en el orden político —la relación de las ramas alfonsina y carlista en el exilio—, ha analizado magistralmente el profesor Pabón en su libro La otra legitimidad[45]. Abrumado por el alejamiento de España y por la ruptura virtual de su matrimonio, don Alfonso siguió en el exilio una trayectoria variable.

Por una parte, trataba de aconsejar a los monárquicos para que no entorpeciesen la difícil marcha de la República y, por otra, aprobaba los proyectos subversivos que le proponían el aviador Juan Antonio Ansaldo y otros activistas monárquicos que ansiaban derrocar a la República. Ahora, en junio de 1933, don Alfonso manifestó a Gil Robles, durante las dos entrevistas que con él mantuvo en París, una gran comprensión por su movimiento católico y posibilista (Gil Robles siempre se confesó monárquico aunque no lo proclamara públicamente), dentro de la legalidad y la democracia republicana, y le prometió ayuda contra las agresiones de los monárquicos y del ABC, aunque lo cierto es que no le hicieron demasiado caso. Don Alfonso emprendió además, entre el recelo de muchos monárquicos, negociaciones con los pretendientes carlistas para llegar a un acuerdo en orden a una posible restauración de la monarquía. Pero al final la intransigencia de algunos carlistas frustró los acuerdos ya logrados y el viejo pretendiente Alfonso Carlos, hermano de «Carlos VII», designó heredero y delegado al príncipe Javier de Borbón-Parma, que a última hora convino con el general Mola el apoyo de los carlistas navarros que le obedecían al alzamiento de julio de 1936.

La CEDA no era una versión española de la Democracia Cristiana. Es indudable que José María Gil Robles aceptó la legalidad republicana y la Constitución —con propósito de reformarla, lo cual era perfectamente constitucional— y generalmente se comportó con espíritu democrático a lo largo de todo el período, aunque en momentos críticos aconsejó a los militares que interviniesen y en 1936 apoyó con una importante contribución económica al proyecto de alzamiento.

También es cierto que una parte de su partido y de sus afines se comportaba de forma muy reaccionaria ante intentos como la reforma agraria y que las Juventudes de Acción Popular, la JAP, sintieron el tirón totalitario de la época y no podían calificarse como demócratas. Aun así sería injusto negar que Gil Robles lo intentó todo dentro de las reglas del juego democrático, que solamente se saltó cuando comprobó que sus adversarios lo hacían impunemente. No confundamos las situaciones. Todo el mundo conviene en que Salvador de Madariaga era el demócrata liberal más notorio de la República. Pues bien, don Salvador estaba tan desencantado de la democracia parlamentaria y del régimen de partidos que en 1935 publicó, con gran aceptación, su libro Anarquía o jerarquía en el que se pronunciaba por la jerarquía, es decir, expresamente, en favor de la democracia orgánica corporativista. Y Miguel Maura, uno de los padres de la República, quiso evitar ya en 1936 el estallido de la Guerra Civil mediante una serie de artículos en los que proponía lisa y llanamente la dictadura republicana. No corrían buenos vientos para la democracia en los años treinta, ni siquiera entre los presuntos demócratas.

La agonía política de Manuel Azaña

Manuel Azaña, encerrado en sí mismo y endiosado por sus aduladores y su propia autoestima, había perdido, desde principios del año 1933, su capacidad de información y buena parte de su sentido político. Enfrascado en propinar a la Iglesia el golpe final con la Ley de Confesiones y Congregaciones Religiosas, no advertía que la Compañía de Jesús seguía actuando, aunque discretamente, en España y menos aún que las derechas, a las que despreciaba olímpicamente, se hubieran podido rehacer con la creación de un gran partido católico que contaba con un millón de afiliados dispuestos al combate político de acuerdo con las reglas de la República.

Por esta desconexión con la realidad, Azaña sufrió una serie de desastres a lo largo del año 1933, que acabarán con su etapa de Gobierno y desembocarían en la victoria de sus enemigos y el desastre de la República azañista en las elecciones de noviembre de 1933, que Azaña, como veremos, no aceptó aunque se las tuvo que tragar.

Ya hemos recordado que los sucesos de Castilblanco y Arnedo en enero de 1932 inspiraron a Azaña la destitución del director general de la Guardia Civil, general Sanjurjo. Pero muy poco después, el 19 de enero, la Federación Anarquista Ibérica FAI, una jerarquía secreta y criminal que controlaba todo el aparato sindicalista de la CNT, proclamó el comunismo libertario en la cuenca del Llobregat y entones Azaña advirtió que la Guardia Civil, conmocionada y desmoralizada, no le ofrecía garantías para sofocar la rebelión que adquiría caracteres muy graves. Tomó entonces una decisión muy arriesgada: envió al Ejército a liquidar la rebeldía. «Han salido —escribe en su diario— de Gerona, de Barbastro, de Lérida y de Barcelona misma, fuerzas de todas las armas, que concurren en Manresa y su zona y le he dicho al general de la División que no le doy más que quince minutos de tiempo entre la llegada de las fuerzas al lugar de los sucesos y la extinción de éstos».[46]

Era una de las clásicas bravatas de don Manuel; la represión de los disturbios no duró quince minutos, sino tres días. Casares, ministro de la Gobernación, y el propio Azaña manifestaron que la asonada anarquista era una revolución inspirada desde la Rusia soviética para derrocar a la República, sin advertir que se trataba de una rebelión anarquista y que los anarquistas eran enemigos jurados de los comunistas y los soviéticos. La proclamación del comunismo libertario les había confundido.

El 21 de enero, para corregir su metedura de pata, Azaña insinúa en el Congreso, sin fundamento alguno, que la extrema derecha había sido cómplice de la extrema izquierda en los sucesos del Llobregat. Había perdido el norte. La plana mayor de la FAI —Durruti, los Ascaso y bastantes más— fueron enviados al África Occidental en un curioso viaje de ida y vuelta, sin más consecuencias. Pero los desórdenes anarcosindicalistas continuaron por casi toda España a lo largo del año 1932, antes y después del 10 de agosto. A veces se sumaban a los conflictos los socialistas de la UGT, sin importarles que su partido formase parte del Gobierno; así las cuencas mineras asturianas se declaran en huelga el 14 de noviembre. Pero la sucesión de desórdenes desemboca en una tragedia que se convertirá en desastre político para el propio Azaña: la represión de Casas Viejas, precedida por otra en el cinturón anarcosindicalista de Barcelona, donde cayeron 37 muertos y 300 heridos. La policía detuvo a uno de los principales organizadores de la revuelta, el activista de la FAI Juan García Oliver, que reacciona según esta descripción del propio Azaña:

«Llegó el detenido (García Oliver) y uno de los que allí se encontraban, reprochándole, sin injurias, sin ninguna violencia, lo que estaban haciendo sus conmilitones, le dijo, sobre poco más o menos: “¿No os da vergüenza hacer estas cosas que han costado la vida a fulano, a mengano, a un obrero, a una mujer, a un padre de familia?”. Un reproche de neto carácter popular, de esa primera explosión de honradez popular que no mide la oportunidad ni los términos. Y el detenido, revolviéndose contra el interpelante, digámosle así, le contestó: “Esto que hacemos ahora no es nada, y pasado mañana, cuando hayamos triunfado, las bombas”». «No puedo repetir —continúa Azaña en la sesión de Cortes del 2 de febrero de 1933— las palabras que dijo aquel sujeto, pero las bombas iban a producir estragos en las madres y en los hijos de los allí presentes y en unos términos que la decencia me impide repetir».[47]

El lector que no lo sepa ya quedará asombrado al conocer que esa bestia humana así denunciada por Azaña sería ministro de Justicia en un Gobierno de la República nombrado, con la firma de Azaña, el 4 de noviembre de 1936, en plena Guerra Civil. Si alguien quiere una respuesta rápida a la pregunta de por qué perdió la guerra la República, ahí la tiene.

Pero la rebelión anarquista no se agota en esos ejemplos. El 11 de enero de 1933 los anarquistas de Casas Viejas, aldea andaluza agregada a Medinasidonia, proclaman el comunismo libertario y atacan, como era de rigor, al puesto de la Guardia Civil. Esta vez las fuerzas del orden habían recibido (desde el día 5) la alerta en toda España con órdenes mucho más terminantes que las habituales. Poco después de la una de la tarde doce guardias civiles de Medinasidonia despejan la situación a tiros y liberan la casa cuartel de sus compañeros de Casas Viejas, hasta entones cercada por los revoltosos. A las cinco de la tarde otros doce guardias de Asalto y cinco guardias civiles más llegan de San Fernando a las órdenes del teniente de Asalto Gregorio Fernández Artal. Controlan inmediatamente todo el pueblo excepto la choza en que se ha encerrado con cinco hombres, dos mujeres y un niño, el salvaje organizador del motín, llamado «el Seisdedos».

Un guardia de Asalto se ofrece como mediador; los de la choza le hieren y le arrastran hacia dentro, como rehén. A las doce de la noche llegan dos cabos con varios números de Asalto, provistos de una ametralladora y bombas de mano. Ya son las dos de la madrugada del doce de enero cuando entra en Casas Viejas toda una compañía de Asalto, al mando del capitán Manuel Rojas. Ante un enviado del gobernador de Cádiz, que en todo momento actuó como delegado suyo y tras horas de espantoso diálogo con los rebeldes primitivos del chozo, Rojas ordena el incendio del reducto. Alguna mujer y un niño salen y huyen. Dos hombres salen y mueren; los demás, incluso el rehén, no salen y quedan calcinados dentro.

A las siete de la mañana ocurre lo inaudito. El capitán Rojas decide dar un escarmiento a la aldea y ordena una razzia. Doce desgraciados analfabetos y desnutridos son arrojados a culatazos frente a la choza humeante. Los guardias contemplan el cadáver de su compañero. Un gesto equívoco en uno de los pobres presos y los doce caen acribillados. El delegado gubernativo forma a la fuerza y la arenga. Termina con un viva a la República.

El escándalo nacional y parlamentario dura dos meses y perseguirá a Azaña toda su vida. El 23 de febrero se celebra la famosa sesión del Congreso en que el diputado y general Fanjul, enemigo de Azaña, designa a Casas Viejas como «un Annual político». Las derechas habían aguantado durante casi dos años los desplantes, las humillaciones y las vejaciones de Azaña y ahora se toman cumplida venganza. Don Diego Martínez Barrio condena al régimen «enlodado, maldecido por la historia entre vergüenza, lágrimas y sangre». El gran novelista Ramón Sender viaja a la que llamará en el título de su relato La aldea del crimen. Azaña intenta no cargar las tintas en su diario de aquellas jornadas, pero deja traslucir la tragedia y su propia responsabilidad, El 7 de marzo dimite Arturo Menéndez, director general de Seguridad, ante las declaraciones del teniente Artal que revela las órdenes recibidas: no hacer prisioneros.

No está demostrado que Azaña diera personalmente la orden que le atribuyó la derecha de forma unánime: «Tiros a la barriga», pero sí consta que la fuerza de Asalto acudió a Casas Viejas con orden formal de reprimir el motín sin miramientos y sin prisioneros. Pero Azaña cometió personalmente dos errores fatales. Uno, su frase del 2 de febrero en las Cortes: «En Casas Viejas no ha ocurrido, que sepamos, sino lo que tenía que ocurrir».[48]

Segundo, su espantosa falta de información que le hizo ignorar los sucesos de la madrugada del 12 de febrero durante muchos días. La ofensiva de los grupos no gubernamentales en el Congreso fue demoledora y Azaña lo acusa en sus Memorias; su descrédito ante toda España, azuzado por una terrible campaña de prensa, es tan acusado como lo fue su popularidad perdida. Pero Azaña se aferra al poder. Sabe que ha perdido la confianza popular pero no quiere dimitir y se obstina en que sólo unas elecciones podrán derribarle. Se niega a reconocer la realidad; y pasará todo el año 1933, hasta su caída, de desastre en desastre. En el año de Hitler.

El golpe siguiente lo recibe Azaña el 25 de abril de ese año. Se celebran elecciones municipales para designar concejales que suplan a los elegidos por el artículo 29 de la antigua Constitución monárquica en los ayuntamientos con una sola lista. Azaña había designado a esas poblaciones como «burgos podridos», traducción de la expresión electoral inglesa que describía a los distritos virtualmente desiertos que, sin embargo, daban un miembro del Parlamento.

Pero los burgos monárquicos de 1931 no estaban tan podridos. En 1933 volvieron a ganar los monárquicos, con 10.983 concejales, frente a los 5.048 que obtuvo el Gobierno de la República. Bueno, ahora esos diez mil concejales largos no se llamaban monárquicos, pero eran enemigos de Azaña: agrarios, Acción Popular y radicales. Se perfilaba ya la victoria de la gran coalición de centroderecha que acabaría con Azaña. Precisamente el resultado político más importante de estas elecciones parciales es la aproximación entre Gil Robles y Lerroux para formar mayoría parlamentaria después de las elecciones generales cada vez más inevitables, aunque Azaña se obstinase en no aceptarlas.

El siguiente desastre de Azaña se puede fechar el 8 de junio, cuando ante sus pretensiones de ajustar el Gobierno, tras la salida por grave enfermedad del ministro de Hacienda Carner, don Nieto Alcalá Zamora, impresionado por la campaña de propaganda de la derecha, sugiere abrir consultas. Dimite Azaña ante el inesperado bofetón presidencial y tras varios intentos fallidos vuelve a recibir el encargo y forma su tercer Gobierno con pocas variaciones. Se incorpora el dirigente catalanista Luis Companys como ministro de Marina y Franchy Roca en Industria y Comercio.

Pero el oleaje anarquista y la recuperación creciente de la derecha que no ceja en su labor de crítica y obstrucción sigue minando continuamente la confianza popular en el Gobierno y en su presidente. Azaña se había hecho con demasiados enemigos desde abril de 1931 y ahora todos se conciertan contra él. Las disensiones del Partido Socialista se ahondan cada vez más; los seguidores de Largo Caballero están empeñados en arrinconar a Julián Besteiro y Prieto trata de formar entre los dos un grupo de signo centrista que actúe como mediador pero apenas puede conseguirlo.

Durante aquel verano Largo Caballero advierte que el descrédito de Azaña está comprometiendo también el socialismo y estudia los medios para desmarcarse cuanto antes de los republicanos aunque sea a precio de romper la coalición republicano-socialista que permite la subsistencia del Gobierno. Las Juventudes Socialistas, dirigidas por el joven Santiago Carrillo, se orientan cada vez más al comunismo soviético y en la escuela de verano que tienen organizada en Torrelodones aclaman a Largo Caballero como «Lenin español», abuchean a Besteiro y dividen sus opiniones ante la figura de Prieto. El socialismo se orienta cada vez más a posiciones revolucionarias ante las graves noticias que van llegando de Europa sobre las persecuciones que sufren los socialistas en Alemania y en Austria.

En ese mismo verano de 1933, el desinterés de los propios diputados por los trabajos parlamentarios declina ostensiblemente hasta el punto que para los debates de la importante Ley de Arrendamientos Rústicos sólo acuden una cuarentena. El fantasma de Casas Viejas, lejos de difuminarse, parece cerrar todos los caminos de la izquierda: gran paradoja esa alianza dialéctica entre anarquistas y derechistas contra un político como Azaña que pretendía seguirse llamando liberal.

El cuarto golpe contra Azaña lleva fecha del 17 de julio y todo el mundo ve en él la larga mano de Juan March, que mueve sus peones desde la cárcel mientras prepara su fuga. De pronto los grandes periódicos que cantaban las glorias de Azaña —El Sol, La Voz, Luz— dan un giro de 180 grados y se suman al coro de improperios contra Azaña que entonan a dúo el diario católico El Debate y el monárquico ABC. El Gobierno y la situación de Azaña entran en irreversible agonía Y llega el quinto golpe, en este caso mortal, con motivo de las elecciones para el Tribunal de Garantías Constitucionales, equivalente al actual Tribunal Constitucional pero con los vocales de entonces elegidos mediante un sistema mucho más democrático, por elección popular. De 15 vocales electos, 5 resultan afectos al Gobierno y 10 enteramente hostiles. Uno de éstos era precisamente Juan March, convertido ya en pesadilla de la República. Don Manuel Azaña ya no encuentra pretexto alguno para aferrarse al poder y no presenta objeción cuando el presidente Alcalá Zamora le propone la dimisión.

Es el 8 de septiembre de 1933, la caída de Azaña. La noticia se difunde como reguero de pólvora por toda Europa y le llega a José María Gil Robles, que es uno de sus principales responsables, cuando está en Alemania en espera de que le reciba el canciller Adolfo Hitler. Cancela la audiencia para regresar inmediatamente a Madrid cuando recibe la información de labios del ministro nazi de Propaganda, doctor Josef Goebbels. Una semana después, con Azaña fuera de combate, la marea derechista alcanza un nuevo éxito político: el Colegio de Abogados y las universidades completan con la elección de sus representantes la nómina del Tribunal de Garantías Constitucionales. Y eligen a Calvo Sotelo, Minguijón y Ruiz Castillo.

La humillación política agrava la derrota de Manuel Azaña. Su gran adversario republicano, Alejandro Lerroux, a quien Azaña había excluido arbitrariamente en sus días de gloria, forma Gobierno el 12 de septiembre, pero será un Gobierno efímero por falta de apoyo parlamentario; no se cumplen pues las previsiones de don Alejandro, que había anunciado «la hora del Destino» para él. Por el momento, Gil Robles, de quien pronto iba a depender ese destino, anuncia contra Lerroux la misma hostilidad que contra Azaña: quiere hacer imposible cualquier Gobierno republicano y forzar elecciones generales. No le costará mucho esfuerzo; las Cortes Constituyentes están completamente agotadas y divididas. El 2 de octubre Alejandro Lerroux no recibe los apoyos parlamentarios que se le habían prometido y tiene que irse después de sufrir una humillante derrota a manos de sus correligionarios de la República. Don Niceto Alcalá Zamora se encuentra a sus anchas en el manejo de situaciones políticas tan turbias y en vista del fracaso de Lerroux decide encargar el Gobierno al también radical Diego Martínez Barrio para que convoque elecciones generales. Así lo hace don Diego el 9 de octubre de 1933; el profesor Claudio Sánchez Albornoz, a quien Lerroux había designado ministro de Estado, no tiene tiempo de cruzar el Atlántico antes de tomar posesión y, cuando llega a Madrid, se encuentra con un nuevo Gobierno; Azaña le llamará implacablemente en sus Memorias «ministro náufrago» y eso que pertenecía a su mismo partido.

Martínez Barrio convoca elecciones generales para el 19 de noviembre de 1933 y la segunda vuelta, para el 3 de diciembre. Las mujeres españolas van a votar por primera vez, de acuerdo con lo previsto en la Constitución; antes eran elegibles pero no electoras. Los anarquistas, que habían estado en guerra contra la República, decidieron, como era lógico, abstenerse. Caído Azaña, divididos a muerte entre sí los socialistas, rota la conjunción entre ellos y los republicanos, los partidos victoriosos en 1931 acudían a la convocatoria electoral como quien va al matadero. El centro de Lerroux y las derechas monárquica y católica se acercaban a las urnas con moral de victoria.

RICARDO DE LA CIERVA Y HOCES. (Madrid, España; 9 de noviembre de 1926) es un Licenciado y Doctor en Física, historiador y político español, agregado de Historia Contemporánea de España e Iberoamérica, catedrático de Historia Moderna y Contemporánea por la Universidad de Alcalá de Henares (hasta 1997) y ministro de Cultura en 1980.

Nieto de Juan de la Cierva y Peñafiel, ministro de varias carteras con Alfonso XIII, su tío fue Juan de la Cierva, inventor del autogiro. Su padre, el abogado y miembro de Acción Popular (el partido de Gil Robles), Ricardo de la Cierva y Codorníu, fue asesinado en Paracuellos de Jarama tras haber sido capturado en Barajas por la delación de un colaborador, cuando trataba de huir a Francia para reunirse con su mujer y sus seis hijos pequeños. Asimismo es hermano del primer español premiado con un premio de la Academia del Cine Americano (1969), Juan de la Cierva y Hoces (Óscar por su labor investigadora).

Ricardo de la Cierva se doctoró en Ciencias Químicas y Filosofía y Letras en la Universidad Central. Fue catedrático de Historia Contemporánea Universal y de España en la Universidad de Alcalá de Henares y de Historia Contemporánea de España e Iberoamérica en la Universidad Complutense.

Posteriormente fue jefe del Gabinete de Estudios sobre Historia en el Ministerio de Información y Turismo durante el régimen franquista. En 1973 pasaría a ser director general de Cultura Popular y presidente del Instituto Nacional del Libro Español. Ya en la Transición, pasaría a ser senador por Murcia en 1977, siendo nombrado en 1978 consejero del Presidente del Gobierno para asuntos culturales. En las elecciones generales de 1979 sería elegido diputado a Cortes por Murcia, siendo nombrado en 1980 ministro de Cultura con la Unión de Centro Democrático. Tras la disolución de este partido político, fue nombrado coordinador cultural de Alianza Popular en 1984. Su intensa labor política le fue muy útil como experiencia para sus libros de Historia.

En otoño de 1993, Ricardo de la Cierva creó la Editorial Fénix. El renombrado autor, que había publicado sus obras en las más importantes editoriales españolas (y dos extranjeras) durante los casi treinta años anteriores, decidió abrir esta nueva editorial por razones vocacionales y personales; sobre todo porque sus escritos comenzaban a verse censurados parcialmente por sus editores españoles, con gran disgusto para él. Por otra parte, su experiencia al frente de la Editora Nacional a principios de los años setenta, le sirvió perfectamente en esta nueva empresa.

De La Cierva ha publicado numerosos libros de temática histórica, principalmente relacionados con la Segunda República Española, la Guerra Civil Española, el franquismo, la masonería y la penetración de la teología de la liberación en la Iglesia Católica. Su ingente labor ha sido premiada con los premios periodísticos Víctor de la Serna, concedido por la Asociación de la Prensa de Madrid y el premio Mariano de Cavia concedido por el diario ABC.

Notas

[1] Barcelona, Planeta, 1977 <<

[2] México, Oasis, 1966 <<

[3] México, Oasis, 1966 <<

[4] Valladolid, Santarén, 1941 <<

[5] Barcelona, Ariel, 1969 <<

[6] México, Fondo de Cultura Económica, 1973 <<

[7] Madrid, Editora Nacional, desde 1956 (4 vols.) <<

[8] Retrato de un desconocido, Vida de Manuel Azaña. Barcelona. Grijalbo, 1980 <<

[9] Ver mi ensayo en Misterios de la Historia, Planeta, 1990. <<

[10] Testimonio de Pío Cabanillas al autor en 1969. <<

[11] Félix Gordón Ordás, Mi política en España, México, 1962, vol. II, p. 13s. <<

[12] Azaña, Obras Completas, I, 262. <<

[13] Azaña, Obras Completas, II, 86. <<

[14] E. Mola, Obras Completas, 1940,, p. 1042. <<

[15] Azaña, Obras Completas, p. 90. <<

[16] Ibid., II, 20 <<

[17] E. Mola, Obras Completas, 1940,, p. 1046, 1060. <<

[18] Azaña Obras Completas, IV, 33. <<

[19] Azaña Obras Completas, IV, 78. <<

[20] En el tomo I de su gran Historia del Ejército Popular de la República, Madrid, Editora Nacional, 1973 <<

[21] Torcuato Luca de Tena, sobre notas de su padre, ha aclarado definitivamente este episodio en Papeles para la pequeña y la gran Historia, Barcelona, Planeta, 1991. <<

[22] M. Maura, Así cayó Alfonso XIII, Barcelona, Ariel, 1968. J. Arrarás, Historia… I, 79s. <<

[23] Sobre la dialéctica de persecución y cruzada puede consultar el lector tres obras muy documentadas: la de Antonio Montero, Historia de la persecución religiosa en España, Madrid, BAC, 1961; la de Gonzalo Redondo, Historia de la Iglesia en España 1931-1939, Madrid, Rialp, 1993 vol.I; y la mía, La Hoz y la Cruz, Madridejos, Fénix, 1996. <<

[24] J. Arrarás, Historia…, I, 102. <<

[25] Ver el ensayo sobre la masonería en mi libro Misterios de la Historia I, Barcelona, Planeta, 1990. Ver también el tomo I de la citada obra de Joaquín Arrarás. <<

[26] Documento de la Gran Logia en Arrarás, Historia…, I, 108. <<

[27] Azaña Obras Completas, II, 26 y IV, 42. <<

[28] J. Arrarás, Historia, p. 117. <<

[29] Hemos anticipado ya esa destitución, que se produjo poco después. <<

[30] Obras completas IV, 105 <<

[31] Gordón Ordás, Mi política en España, III, 49, 16 <<

[32] M. Azaña, Obras Completas, II, 40; I, 463 <<

[33] Ibid. I, 499 <<

[34] Ibid. II, 26 <<

[35] Azaña, Obras completas, II, 51. <<

[36] Azaña, Obras completas, II, 54. <<

[37] He estudiado el caso March en mi libro Historias de la corrupción, Barcelona, Planeta, 1992 <<

[38] Azaña, Obras completas, II, 227. <<

[39] M.D. Gómez Molleda, La masonería española en la crisis del siglo XX, Madrid, Taurus, 1986, p. 468s. <<

[40] Madrid, Ediciones Españolas, 1939, p. 193s. <<

[41] Azaña, Obras completas, II, 259, 269. <<

[42] Obras completas, II, 491. <<

[43] Todos los datos sobre la gestación de los partidos de derechas, en mi libro Perspectivas y antecedentes de la Guerra Civil, 1969, p. 212s <<

[44] Barcelona, Planeta, 1992 <<

[45] Madrid, Prensa Española, 1956 <<

[46] M. Azaña, Obras Completas, II, 141. <<

[47] M. Azaña, Obras Completas, II, 543. <<

[48] M. Azaña, Obras Completas, II, 535. <<