«Toda la historia española de la Regencia, desde la muerte del Rey Alfonso XII en 1885, bascula hacia el desastre de 1898. Cuba estaba en el horizonte. Un trágico presentimiento se ahondaba año tras año, crisis tras crisis, en la conciencia nacional española. Pero durante muchos años todo el mundo esperó de Cánovas el milagro. Él había solucionado satisfactoriamente, gracias al patrocinio del papa León XIII, la crisis de las Carolinas, cuando la opinión pública clamaba insensatamente por la guerra contra la Alemania de Bismarck; y solucionaría también la crisis de ultramar. Lo cierto es que Cánovas no se había preocupado del horizonte internacional y su política exterior no tendió a sacar a España de su secular aislamiento, sino que la hundió todavía más en él. Y aunque el Estado de la Restauración hizo un gran esfuerzo de última hora para preparar militarmente a la nación, ni resultó suficiente ni atendió a los aspectos logísticos y sobre todo morales del Ejército de Tierra en Cuba; por su parte, la Marina no se había renovado de cara al futuro, al contrario que ocurrió en los Estados Unidos, cuyas fuerzas navales eran insuperables».

Ricardo de la Cierva

La Regencia y el desastre de 1898

Episodios históricos de España - 49

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Titivillus 18.03.2019

Título original: La Regencia y el desastre de 1898

Ricardo de la Cierva, 1997

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Para Mercedes 111

Cuba: Los orígenes
de una guerra

Antonio Cánovas del Castillo, el primer estadista español del siglo XIX, consiguió el triunfo de la Primera Restauración cuando acababa el año 1874, después de los seis años de caos que habían transcurrido desde la caída de Isabel II hasta el fracaso definitivo de la Primera República. Alfonso XII murió, víctima de sus excesos y de su grave tuberculosis, en 1885. Le sucedió como regente su segunda esposa, María Cristina de Austria, que estaba encinta de un niño que nacería rey, Alfonso XIII. La Regencia discurría en paz y prosperidad mientras la monarquía constitucional evolucionaba hacia formas democráticas más auténticas, cuando se presento en el horizonte la amenaza del imperialismo de los Estados Unidos contra los últimos restos del Imperio español en el Caribe (Cuba y Puerto Rico) y en el Extremo Oriente (las islas Filipinas y las Marianas).

Cuando se acercaba la fecha de las segundas elecciones de la Restauración, Antonio Cánovas del Castillo pensó dejar la jefatura del Gobierno a su rival de 1874, el general Arsenio Martínez Campos, que había conseguido apaciguar la guerra civil de Cuba con la paz del Zanjón. Cánovas pretendía con ello comprometer todavía más a las Fuerzas Armadas con la Restauración; sus dos cesiones de la presidencia —Jovellar y Martínez Campos—, dentro de la solución liberal-conservadora, se habían hecho en favor de dos generales muy significados políticamente y muy prestigiosos en el seno del Ejército. Pero, en esta segunda cesión, Cánovas perseguía, además, un objetivo político muy concreto: que Martínez Campos, artífice de la muy discutida paz cubana, se encargase, desde la jefatura del Gobierno, de defenderla y de administrarla. Esto nos lleva a considerar un poco más de cerca la cuestión de Cuba, que desde 1868 se había convertido en el problema más candente del horizonte español; y desde ahora, hasta finales de siglo, sería el principal problema militar, y pronto el más importante problema de España.

Desde las postrimerías del siglo XVIII, la caña de azúcar, el tabaco y el café se convierten en las principales producciones de Cuba. Pronto se extiende el cultivo y fabricación del azúcar, hasta llegar a ser la gran riqueza de la isla y base de su economía. Las guerras de la independencia hispanoamericana no habían tocado a Cuba, que seguía fidelísima a la metrópoli, pese a los intentos bolivarianos de acabar con el dominio español en las islas del Caribe y la intentona del general Narciso López, aunque ésta fue de origen interior. El incremento de la agricultura impulsó una demanda de mano de obra que se nutrió preferentemente de negros africanos; en el censo de 1827 la población de color superaba ya a los blancos, 394.000 contra 331.000. Algo más del centenar de miles de negros y mulatos eran ciudadanos libres, pero las tres cuartas partes restantes vivían en la esclavitud. Los blancos eran criollos hacendados, más un alto porcentaje de peninsulares (funcionarios, comerciantes y militares).

A pesar del compromiso internacional para la abolición de la trata de negros, firmado en 1817, ésta se mantuvo de manera clandestina en Cuba, y se hicieron fortunas enormes con el vil comercio negrero, del que se beneficiaron tratantes europeos y españoles; es uno de los capítulos más vergonzosos de la historia cubana y de la historia de España. Desde mediados de siglo, los mandos militares españoles en Cuba hicieron, con excepciones, esfuerzos enormes para lograr la efectiva abolición de la esclavitud, pero sin éxito, por la fortísima oposición de los terratenientes cubanos, que siempre tuvieron mucha fuerza ante el Gobierno de Madrid. Los hacendados de la isla, con su ideología de extrema derecha, intervinieron siempre con eficacia en la política española y manipularon hábilmente a la opinión pública por medio de sobornos a la prensa.

La primera intervención militar española para cortar el tráfico de esclavos se debió al conde de Cheste, capitán general de La Habana entre 1853 y 1854. Por estas fechas aumenta mucho, con estímulos en la metrópoli, la emigración de españoles a Cuba y Puerto Rico. Esto hace variar de nuevo la estructura de la población cubana; hacia 1868, los blancos, con 800.000 habitantes, superaban a los de color, con 600.000, de los que 350.000 seguían siendo esclavos.

Los funcionarios españoles y los comerciantes tomaban muchas veces su estancia en Cuba como fuente de rapiñas, y tampoco los mandos militares escaparon siempre a tan funesto comportamiento. El profesor Palacio Atard, a quien seguimos en este resumen de antecedentes cubanos, cita una comunicación del capitán general Lersundi a Cánovas, ministro de Ultramar en 1865: «Aquí todo el mundo vive de paso… Éste es el campamento de un ejército de comerciantes y mercaderes… Los hijos de éstos, educados aquí o en los Estados Unidos, se quedan acá a disipar lo que sus padres ganaron; y esto es tan cierto que apenas se encuentran dos docenas de familias donde los nietos conserven algo de los abuelos. No hay tradición en nada y, por consiguiente, en el orden moral no hay raíz y consistencia para nada».

Cánovas había intentado seria, pero inútilmente, mejorar tal estado de cosas. Los progresos técnicos aumentaron la producción y la riqueza de Cuba, y así, en el siglo XIX, se llegó a duplicar la extensión del cultivo azucarero y se incrementó la cantidad y calidad del tabaquero. Al entrar el azúcar de caña en competencia con el de remolacha, producido cada vez más en Europa, el azúcar cubano dependía cada vez más del mercado norteamericano.

La componente estratégica resulta cada vez más determinante en la situación de Cuba. Desde 1823 los políticos norteamericanos pensaban en la anexión de Cuba como complemento de la Unión. En 1843 el secretario de Estado, Buchanan, pretendió comprar la isla a España por cincuenta millones de dólares. A mediados de siglo, Cuba entra plenamente en la órbita estratégica de los Estados Unidos, tanto por apetencia imperialista como por dependencia económica; y algunos españoles clarividentes, como Prim, lo comprenden a fondo.

Tres embajadores americanos en Europa redactan en 1854 el Informe de Ostende, en el que se dice: «Ciertamente, la Unión jamás podrá disfrutar de reposo, ni conquistar una seguridad verdadera, mientras Cuba no esté dentro de sus límites. Su inmediata adquisición por parte de nuestro Gobierno es de capital importancia». El informe exigía la venta de la isla, y si España se negaba, pedía una guerra para liberarla de los españoles por razones racistas: evitar que sucediese en Cuba lo que en Santo Domingo, y que los negros llegasen a dominarla.

El imperialismo británico detuvo durante más de medio siglo a los Estados Unidos en sus aspiraciones anexionistas sobre las posesiones españolas de ultramar, y en la década de los sesenta la guerra norteamericana de Secesión alejó momentáneamente el peligro. Pero cuando termina esa contienda, Cuba se convierte en un objetivo urgente, que de paso serviría para sanar las heridas del derrotado Sur, beneficiario principal de la deseada anexión de Cuba y Puerto Rico. El impulso definitivo sobrevendrá cuando los Estados Unidos, tomando como pretexto la insurrección cubana que comenzó en 1868, intervengan cada vez más en el proceso de la independencia y apliquen contra España —a la que declararon la guerra en 1898— sus nuevas doctrinas estratégicas acerca del poder naval y la expansión imperial, nacidas en el último cuarto del siglo XIX, sobre todo las de Mahan. Pero en el fondo se trataba de que Cuba y Puerto Rico estaban cada vez más dentro de la órbita económica norteamericana, en un momento que Estados Unidos se preparaba en todo el continente americano a sustituir, con su propio imperialismo, a la hegemonía económico-política británica, que desde el proceso de la independencia de los virreinatos había sustituido, a su vez, al Imperio español.

En esa década de los sesenta se forman en Cuba tres partidos. Primero, los reformistas, grupo criollo que acepta la soberanía de España, pero con intensas reformas autonómicas en Cuba. Segundo, los intransigentes españoles, que se identificarán primero con el partido moderado y luego con el liberal-conservador de Cánovas. Y en la provincia de Oriente surge el nacionalismo independentista cubano, alentado por grupos de intelectuales criollos y apoyado desde los Estados Unidos, que al declararse la insurrección actúan como plaza de armas para los independentistas, y llegarán, en los últimos años del siglo, a un intervencionismo cada vez más descarado. Los nacionalistas cubanos eran blancos y de color; los primeros pretendían el fin político de la autonomía radical y la independencia, y los segundos, además, el fin social de la abolición de la esclavitud.

La Guerra Grande
en Cuba

A las pocas semanas de estallar la revolución española de septiembre de 1868, Carlos Manuel de Céspedes dio el «grito de Yara», por el que bajo la dirección de los criollos se sublevan amplios sectores de la población rural cubana, blanca, mulata y negra. Como apunta el profesor Palacio, las conexiones con los apoyos norteamericanos, visibles desde el primer momento, fueron facilitadas por la acción de las sectas masónicas. Era capitán general en La Habana el general Lersundi, quien se mantiene fiel a Isabel II y rechaza las incitaciones del pretendiente carlista, que le quiere nombrar virrey de las Américas. Pero Lersundi no traiciona al nuevo Gobierno, y presenta la dimisión; le relevará un general de la Unión Liberal, Domingo Dulce.

El Partido Españolista levanta numerosos voluntarios, que se incorporan al Ejército español de la isla para luchar contra los insurrectos. Estos voluntarios son, en 1869, nada menos que 35.000. Durante el reinado de don Amadeo, el Gobierno pretendió acabar con la esclavitud, pero el Partido Españolista de Cuba intensificó su acción y formó en España la Liga Nacional contra las Reformas de Cuba.

Los españolistas intransigentes pusieron materialmente al capitán general Dulce en el barco de regreso a España, y sus sucesores, los generales Caballero de Rodas y conde de Balmaseda, impusieron una política militar de mano dura, que fue reduciendo la rebelión; pero los líderes independentistas responden con la guerra de guerrillas en la manigua, mientras en torno al capitán general Balmaseda se va formando un equipo militar y se van coordinando una serie de apoyos políticos y financieros que serán esenciales para el advenimiento de la Restauración; los españolistas intransigentes de Cuba serán la principal fuente de fondos para el retorno de la dinastía borbónica y para el movimiento de opinión organizado por Cánovas.

En la década de los setenta, los Estados Unidos cooperan cada vez más abiertamente con los insurrectos cubanos, que sin esta ayuda hubieran abandonado mucho antes, por agotamiento, la lucha contra España. Es una guerra tremenda de desgaste, con enormes pérdidas por uno y otro bando, donde la enfermedad hace más víctimas entre los soldados españoles que el propio enemigo. El buque de guerra español Tornado capturó al americano Virginius durante la Primera República, y el fusilamiento de varios tripulantes y pasajeros, todos ellos colaboradores de la insurrección, por las autoridades de La Habana, provocó un gravísimo incidente internacional. España tuvo que devolver el barco.

Durante la Primera República, la guerra civil de Cuba se sumó a la carlista y a la cantonal; nunca una nación del mundo se había visto envuelta en tres guerras civiles simultáneas. Tras el relevo de varios capitanes generales relativamente ineficaces, sobre todo por la desconfianza de los españolistas intransigentes de la isla hacia los gobiernos del sexenio revolucionario, que pretendían introducir las reformas, vuelve a Cuba por tercera vez, como capitán general, José Gutiérrez de la Concha, marqués de La Habana. Dividió el amplio territorio en circunscripciones recorridas constantemente por cortas columnas móviles tipo batallón, bien coordinadas para acudir en socorro de la que fuese agredida por la fuerza insurrecta, que solía combatir en agrupaciones de dos a tres mil hombres.

Con el advenimiento de la Restauración, el Partido Españolista de Cuba, que se había comprometido hasta los tuétanos con este nuevo régimen, demostró inmediatamente su ánimo y su alegría. Los propósitos reformistas de Cánovas quedaban frenados por los compromisos políticos que había asumido al aceptar el apoyo del Partido Españolista Cubano. Cánovas, entre otras cosas para quitárselo de en medio, nombró de nuevo capitán general de Cuba al conde de Balmaseda, quien hubo de enfrentarse a la invasión de Las Villas por el insurrecto Máximo Gómez. Cánovas destinó a Cuba 18.000 hombres de la península, que fueron inmediatamente empleados en la guerra. Las denuncias contra los abusos y la corrupción de la Administración española en Cuba motivaron el envío de un comisario regio, al modo de los antiguos oidores, lo que causó serias fricciones con el capitán general y provocó, al poco tiempo, su dimisión. A partir de enero de 1876, cuando la guerra carlista desaparecía de España, fue designado capitán general un hombre también decisivo en la Restauración: el general Jovellar, que se hizo cargo de la Capitanía de Cuba por tercera vez.

El presidente de los Estados Unidos, general Ulises S. Grant, hizo unas declaraciones sobre Cuba que fueron enérgica y dignamente rechazadas por el Gobierno Cánovas. Mientras tanto, aumentaba la piratería americana en favor de los insurrectos cubanos, y se intensificó, como nota Fernández Almagro, la acción de las sociedades secretas. Los financieros españoles y cubanos con intereses en la isla fundaron, en 1875, el Banco Hispano Colonial, que apoyó económicamente el esfuerzo de guerra español. En octubre de 1876, el Gobierno envió a Cuba, como general en jefe, al teniente general Arsenio Martínez Campos, que muy compenetrado con Jovellar —uno y otro pertenecían al equipo del conde de Balmaseda— pidió que su amigo se mantuviese como capitán general.

Con un Estado Mayor de primer orden —los generales García Polavieja, Bargés y Valera— y un excelente plantel de jefes y oficiales, el general de Sagunto, de Urgel y de la campaña del Norte llegaba a Cuba a fines del año 1876. Decidió intensificar las operaciones militares, pero combinándolas con una inteligente acción política que aprovechase el evidente cansancio y agotamiento de los insurrectos, muy divididos entre sí. Disponía Martínez Campos de unos 70.000 soldados, a los que distribuyó en ocho comandancias, de las que cuatro se concentraban en el sector de Las Villas, donde la insurrección seguía más pujante. Las fuerzas insurrectas eran mucho menores, unos 7.000 hombres, pero contaban con el terreno y la población de varias zonas. Martínez Campos emprendió una acción militar enérgica, pero también una eficaz política de atracción y desmoralización del enemigo, que iba del halago al soborno. Poco a poco, sus métodos se impusieron y la moral del enemigo decayó. Se trataba de ver quién sucumbía antes al cansancio por la interminable guerra: si los soldados españoles, recomidos por enfermedades tropicales, o los mambises, cada vez más convencidos de que el enemigo no cedería nunca.

Martínez Campos consiguió que el comportamiento de la tropa española fuese irreprochable, con lo que el apoyo de la población rural a los insurrectos disminuía cada vez más. Una columna española hizo prisionero al presidente rebelde, Estrada Palma, que fue enviado a España. Su sustituto, Vicente García, tenía en el campo cubano más enemigos que amigos, y no se hizo con la situación. Cada vez más jefes insurrectos se presentaban a las autoridades españolas. El prestigio de la Restauración española coartó las ayudas de Norteamérica a los rebeldes. El propio Máximo Gómez, el más famoso de los caudillos rebeldes, abogaba por la rendición. Antes de entablar negociaciones formales con el enemigo, el general Martínez Campos, con enorme habilidad, se adelantó, el 5 de febrero de 1878, a liberar a todos los esclavos del campo insurrecto, lo que desarmó la principal de las reivindicaciones del adversario. Dos días después, Martínez Campos y el presidente rebelde, Vicente García, se reunieron en El Chorrillo y prepararon la paz, firmada en el Zanjón tres días más tarde.

Los líderes insurrectos organizaron un plebiscito formulario en su campamento, que fue completamente favorable a la paz. El 10 de febrero se firmaba, pues, la Paz del Zanjón, un gran triunfo político de Martínez Campos, donde se establecía la concesión a la isla de Cuba de las mismas condiciones autonómicas ya otorgadas a la de Puerto Rico: el olvido de lo pasado desde la rebeldía de 1868, y la confirmación de la libertad para los esclavos que se hallasen en las filas insurrectas. El jefe independentista Maceo no aceptó la paz y pretendió prolongar la lucha, que fue definitivamente apagada por la contundente acción del general Polavieja. La oficina cubana de Nueva York cesó en sus funciones, Máximo Gómez pasó a la isla británica de Jamaica y los soldados rebeldes enterraron sus armas.

Martínez Campos justificaba la paz ante Cánovas: cien mil muertos españoles clamaban por esa paz, que ahorraría otras cien mil vidas. Fue nombrado capitán general de Cuba en propiedad, y se dedicó a la reconstrucción de la vida normal y económica de la isla hasta que, a finales de ese mismo año, fue llamado urgentemente a Madrid, donde Cánovas deseaba traspasarle la presidencia del Consejo.

Cánovas cede el poder
a Martínez Campos

Era el general de Cuba la figura del momento. Conservadores y liberales se lo disputaban para enriquecer cada causa. El 7 de marzo de 1879, el general Martínez Campos encabezó un nuevo Gobierno conservador, en el que se reservó la cartera de Guerra y dio la de Gobernación a Francisco Silvela.

Con las finalidades indicadas en la intención de Cánovas, el general Arsenio Martínez Campos formaba un Gobierno conservador y canovista, que buscó y obtuvo amplio respaldo electoral gracias al crédito de que gozaba el canovismo en la nación; lo cual significaba que Martínez Campos estaba a merced de Cánovas del Castillo. El general se declaró liberal-conservador y se identificó con la política de Cánovas, mientras Sagasta, que no desmentía su fidelidad a la Constitución de 1869, se integraba cada vez más en el sistema de la Restauración. Martínez Campos, en su breve período de Gobierno, tuvo que defender ante todo la paz cubana. Los españolistas de Cuba y sus grandes influencias en Madrid clamaban contra esa paz reformista, que amenazaba sus intereses rastreros. Cánovas no se había atrevido a enfrentarse con ellos; les debía la financiación de su empeño restaurador en 1873 y 1874. Uno de ellos, el general Salamanca, exclamó en plenas Cortes: «¡Maldita sea la paz!». Para colmo, a la Guerra Grande de Cuba sucedía la Guerra Chiquita.

Los insurrectos violaban la paz, reabrían su oficina de Nueva York, recibían nuevos apoyos de los Estados Unidos y encendían de nuevo la manigua contra España. Como indica Fernández Almagro, se reproducían en Cuba los partidos de la Restauración española. Los intransigentes ultras se agrupaban en el partido de la Unión Constitucional y se oponían a las reformas; los más arriscados eran los voluntarios que habían luchado en las filas del Ejército durante la Guerra Grande. El otro partido era el liberal o reformista, homólogo de los constitucionales, fusionistas o liberales de Sagasta y muy relacionados con ellos, que promovían las reformas y la negociación, no sin un importante influjo masónico en su ala más radical.

En Madrid, el Gobierno conservador de Martínez Campos, que para los problemas de Cuba mantenía la actitud liberal y antiesclavista tradicional en el Ejército español de la isla, trataba de consolidar en las Cortes la abolición de la esclavitud. Mientras tanto, en Cuba el general Polavieja, tan inteligente como moderado, se enfrentaba con el nuevo estallido de la insurrección en agosto de 1879; José Maceo se sublevaba en Santiago con 8.000 hombres, y en unión de Calixto García difundía sus proclamas con gran fuerza. Ante el fracaso de su política, el general Martínez Campos tuvo que dimitir el 6 de diciembre. Cánovas, naturalmente, recuperó el poder.

El escritor y dramaturgo Adelardo López de Ayala expresó a don Alfonso XII la opinión general, cuando fue llamado a consulta: «No podría aconsejar a V.M. que ni por un momento prescindiera del jefe del Partido Liberal-Conservador al que yo pertenezco. Víctor Manuel no pudo divorciarse de Cavour ni V.M. tampoco podría hacerlo de Cánovas. El talento de sus ministros es el talento de los reyes».

Era necesaria la presencia de Cánovas; Silvela, exministro de la Gobernación, estaba muy enemistado con el expeditivo Romero Robledo en quien Cánovas confiaba para que le hiciera el juego sucio electoral. Cánovas escogió dos técnicos militares para Guerra (el general Echevarría) y Marina (el almirante Durán Lira). Por ley del 13 de febrero de 1880, Cánovas, que hizo suyo el proyecto de Martínez Campos, consiguió la definitiva abolición de la esclavitud en la isla de Cuba, con abstención de los diputados y senadores cubanos.

Cuando Cánovas explicó en el Congreso las razones por las que sus ministros diputados habían forzado la salida de Martínez Campos del poder, se produjo una gran escisión en el Partido Liberal-Conservador. Esas razones eran el fracaso de Martínez Campos, que no supo evitar, desde el Gobierno, el recrudecimiento de la guerra de Cuba, y un importante déficit en el presupuesto cubano. Entonces Martínez Campos, con todo el equipo de generales que seguía al conde de Balmaseda, se dio de baja en el Partido Liberal-Conservador, y todos ellos se pasaron al Constitucional de Sagasta. Estos generales, además de Balmaseda, eran Jovellar, expresidente del Gobierno; el marqués de La Habana y el célebre Pavía. Todos ellos eran grandes puntales del Ejército cuyo paso al liberalismo progresista de Sagasta fue un golpe importante para Cánovas, aunque, por otra parte, fortaleció el partido y la lealtad monárquica de aquél, que recibía también, por entonces, la adhesión del grupo llamado centralista, con lo que el partido de Sagasta se llamó primero fusionista y pronto simplemente liberal.

Es muy significativa esta adhesión de los generales exconservadores, por incompatibilidad personal con Cánovas, al liberalismo militante de Sagasta. Cánovas, que en el fondo no vio con malos ojos esta transmigración —sin que nadie llamase tránsfugas a quienes la habían decidido—, ensanchaba también, mediante el crecimiento de su partido, la base de la Restauración.

Incorporó a muchos neocatólicos dirigidos por Alejandro Pidal y Mon, que procedían del moderantismo intransigente y el carlismo, mediante la creación del grupo de la Unión Católica, dirigido por Pidal y pronto incorporado a los gobiernos de Cánovas. El cardenal Moreno, arzobispo de Toledo, promovió la creación de este grupo político, y bendijo su integración en el partido de Cánovas. El asesor doctrinal del grupo era el futuro cardenal de Toledo, fray Ceferino González, un insigne pensador eclesiástico de la época. Jóvenes intelectuales de la talla de Marcelino Menéndez y Pelayo o de Sánchez de Toca se inscribían en la Unión Católica.

Mientras tanto, el núcleo marxista de la Asociación General del Arte de Imprimir, dirigido por el tipógrafo ferrolano Paulino Iglesias Posse, fundaba en 1879 el Partido Socialista Obrero Español, cuyo programa fundacional, revolucionario y tremendista, exigía la posesión del poder político por la clase trabajadora y la lucha de clases, aunque luego moderaría esa actitud. Cánovas, que sentía el problema social como muy pocos conservadores y aun liberales de su tiempo, y que había experimentado una interesante evolución en este sentido, no tuvo tiempo de incluir al socialismo en el sistema de la Restauración, ni siquiera de intentarlo.

La Guerra Chiquita de Cuba estalló, sobre todo, en la provincia de Oriente, con caracteres de lucha racial a las órdenes de un mulato, Antonio Maceo. El joven independentista José Martí animaba a los insurrectos desde el Comité de Nueva York, entonces restablecido. Calixto García desembarcó, fracasando lamentablemente ante la decidida acción del general Polavieja. Hubo de entregarse y fue enviado a España. El capitán general Blanco, marqués de Peña Plata, mantuvo acertadamente divididos a los insurrectos, y la Guerra Chiquita no cumplió un año. Terminó el 29 de junio de 1880, aunque Maceo, huido a Santo Domingo, mantuvo encendido el fuego de la rebelión fuera de Cuba.

Alejado de momento el peligro cubano, el Gobierno español trató de respaldar las iniciativas privadas de varios ilustrados ciudadanos que impulsaban a España hacia África, para no quedar fuera del reparto colonial y de influencias que cundían por el ejemplo de Inglaterra y del Imperio alemán. De esta forma, España pudo intervenir a última hora en ese reparto, y los gobiernos de la Restauración, en breve interrupción del aislamiento, emprendieron alguna leve actividad internacional que, sin embargo, no logró para España respaldos importantes de cara a su cada vez más próxima guerra contra los Estados Unidos.

Sagasta sube al poder

Hizo aprobar Cánovas la Ley de Reuniones Públicas, con lo que la Restauración avanzaba hacia formas de tolerancia democrática a partir de sus principios autoritarios. Mientras, había nacido, en septiembre de 1880, una heredera del trono, la infanta Mercedes. Los liberales fusionistas de Sagasta, reforzados por el grupo de generales encabezado por Martínez Campos y Balmaseda, que se sentían artífices de la Restauración gracias a su conspiración y su pronunciamiento, reclamaban cada vez más ostensiblemente el poder.

El 18 de enero de 1881 Sagasta pidió abiertamente la sucesión en el Gobierno, con apenas veladas amenazas de romper la baraja si Cánovas se obstinaba en no cederle el paso. Los generales Martínez Campos y Jovellar apoyaron en el Senado la reclamación de Sagasta. La Corona se ponía en contacto con la oposición, y con motivo del santo del Rey, el 23 de febrero, Alfonso XII extremó sus amabilidades con Sagasta y sus hombres. Los liberales apuntaban ya la posibilidad de exigir responsabilidades al Rey por su excesiva dependencia de los conservadores.

El poder moderador, tal como lo entendía la Constitución de 1876, consistía en que el Rey era libre de cesar al jefe del Gobierno cuando le pareciera que la opinión lo demandaba; una vez nombrado su sustituto, éste convocaba elecciones generales, previa designación de los gobernadores civiles que se encargaban de hacerlas. Era un procedimiento dudosamente democrático, que comprometía a la Corona en los cambios y trasiegos de la vida política; pero mientras Cánovas dirigiese la política de la Restauración, no había peligro alguno para el Rey.

Cánovas tenía la suficiente altura de estadista para comprender que la llegada de los liberales fusionistas al poder de la Restauración no era una derrota política suya, sino su mayor triunfo histórico. Y más o menos aconsejó a don Alfonso que negase su firma a un proyecto de ley para la conversión de la Deuda, lo que produjo inmediatamente la dimisión de don Antonio. «Los liberales —dicen que había dicho el joven rey— son como las viruelas; hay que pasarlas, siquiera una vez en la vida».

Práxedes Mateo Sagasta, el hombre que había sido arrojado de la presidencia del Consejo a finales de 1874 por la Restauración de Cánovas, formaba, el 8 de febrero de 1881, su primer Gobierno dentro de la Restauración de Cánovas. Había sido ya jefe del Gobierno con don Amadeo de Saboya y con el general Serrano; ahora nombró, naturalmente, ministro de la Guerra al general Martínez Campos, y de Marina, al contraalmirante Pavía y Pavía. Restableció en sus cátedras a los profesores destituidos por el marqués de Orovio al sobrevenir la Restauración, y que habían fundado ya la Institución Libre Enseñanza; se ganó la simpatía de la reina María Cristina, y, además del importante grupo de generales ya citado, incorporó al Partido Liberal a aristócratas tan significativos como los duques de Alba, Veragua, Medinaceli y Fernán-Núñez; dejó en la calle a todos los funcionarios conservadores que pudo, y los sustituyó por su clientela liberal, y usó y abusó de los gobernadores civiles para hacer sus elecciones.

En vista del rápido desgaste que experimentó Sagasta en el poder, el general Serrano se sumó abiertamente al régimen de la Restauración y formó su propio partido —la Izquierda Dinástica—, del que era cabeza visible su pariente, el general López Domínguez, con el propósito de sustituir a Sagasta en el turno pacífico del poder. Varios militares importantes, como el general Fernández de Córdova, el almirante Beranger, los generales Ros de Olano y los políticos Moret y Montero Ríos se incorporaron al proyecto político de Serrano.

Sagasta, que había demostrado una notable tolerancia en cuanto a asociaciones políticas, tuvo que luchar contra la primera huelga importante provocada por los socialistas en 1882 y contra la misteriosa conspiración anarquista de la «Mano Negra», que provocó, sobre todo en Andalucía, varios asesinatos entre los trabajadores que no se querían doblegar a sus imposiciones. Pero la principal amenaza contra Sagasta vino de donde menos se podía esperar; de los antiguos radicales y progresistas monárquicos, compañeros suyos en el sexenio, que bajo las órdenes de Ruiz Zorrilla, exiliado en París, organizaron ahora una serie de pronunciamientos militares después de crear un organismo de conspiración y rebelión, la Asociación Republicana Militar (ARM), el 1 de enero de 1883, con fuerte influencia e inspiración masónica. Llegó a tener la ARM unos 1.200 afiliados, entre ellos varios generales, como Ferrer, Merelo, Lagunero y Vilacampa.

Los historiadores, excepto Fernández Almagro, de quien tomamos estos datos, no dan ahora demasiada importancia a la ARM, pero Cánovas y sus contemporáneos trataron de contrarrestarla con energía; porque esa asociación militar, subversiva y radical, continuaba en las Fuerzas Armadas españolas la tradición del mismo signo que se había iniciado en un ala del Ejército durante la guerra de la Independencia y se había reproducido luego, en muy diversas circunstancias, hasta estallar en la rebelión cantonal de 1873. La Restauración lograría reprimir, pero no erradicar, este tipo de actividades extremistas, como se demostró mucho después, durante el régimen del general Primo de Rivera, en la transición y desarrollo de la Segunda República, y, sobre todo, en la Guerra Civil de 1936.

En los primeros meses de 1883, la ARM creía contar nada menos que con la mayoría decisiva en veintidós guarniciones, entre las que figuraban seis cabeceras de región militar. Quedó señalada una fecha para el pronunciamiento general: el 5 de agosto. Pero luego se aplazó la orden, aunque los comprometidos de la Guarnición de Badajoz no se enteraron a tiempo y salieron a la calle.

Toda la guarnición siguió el llamamiento de los rebeldes, aunque hubo de retirarse a toda prisa hacia Portugal cuando el Gobierno anunció la llegada de una división a las órdenes del general Blanco. Chispazos de este mismo pronunciamiento tuvieron lugar en Santo Domingo de la Calzada y en Seo de Urgel. El fracaso provocó la ruptura entre Salmerón y Ruiz Zorrilla, quien hubo de ser extrañado, a instancias de España, por las autoridades francesas. Los tribunales militares actuaron con gran energía; se impusieron muchas penas de muerte y se ejecutaron algunas.

Otros pequeños chispazos que se produjeron en diversos lugares de España quedaron ahogados en la general repulsa; pero el hecho de que una guarnición casi entera, con sus jefes y oficiales, se pronunciase por la República en 1884 fue un gravísimo suceso que demostraba la persistencia de un importante fermento republicano y radical en el seno de las Fuerzas Armadas.

Con mucho recelo de los franceses, escaldados aún por su tremenda derrota de 1870 ante Alemania, viajó el Rey Alfonso XII a los imperios centrales, primero a Austria y luego a Alemania, donde recibió el nombramiento de coronel del Regimiento de Huíanos número 15, y formuló, en un brindis, el apoyo de España al Imperio alemán. Cuando continuó el viaje a París, la frialdad de los franceses fue absoluta; pero la recepción del pueblo, al regresar a España, compensó al joven rey por el desvío de Francia.

En esta actitud, el Ejército respaldaba a su jefe supremo. La victoria alemana de 1870 había provocado en las Fuerzas Armadas españolas una oleada de admiración y de imitación a Prusia. Años después, en 1888, Moret concluiría la adhesión de España a la Triple Alianza de Alemania, Austria e Italia, pero este paso no sirvió realmente para sacar a España de su aislamiento internacional en la antevíspera de su guerra inevitable en ultramar contra los Estados Unidos.

El conflicto con Alemania
por las Carolinas

El viaje real fue sometido a debate en el Congreso. Los pronunciamientos republicanos habían quebrantado ante la opinión pública al Gobierno liberal de Sagasta, cuyo ministro de la Guerra, Martínez Campos, se creyó obligado a presentar por este motivo la dimisión, lo que acarreó la crisis total. Era la hora de la otra alternativa a los conservadores de Cánovas: la Izquierda Dinástica del general Serrano, quien no pudo ocupar la presidencia del Consejo por ciertos problemas familiares; por eso le sustituyó un hombre de su partido, el jurista Posada Herrera, quien llevó como ministro de la Guerra al general López Domínguez, pariente y segundo del general Serrano.

Posada Herrera designó un Gobierno liberal de coalición entre los constitucionales de Sagasta y la Izquierda Dinástica de Serrano. Sagasta, presidente del Congreso, controlaba la mayoría parlamentaria; en esta ocasión, la Corona no dio al nuevo jefe del Gobierno el decreto de disolución de Cortes, con lo que el gabinete de Posada estaba a merced de Sagasta. La situación resultaba inestable, y pronto don Alfonso volvió al turno normal. El 18 de enero de 1884 formó Cánovas un nuevo Gobierno liberal-conservador, dentro del que incluyó a los dos grandes rivales del partido: Romero Robledo y Silvela. También llamó Cánovas a Pidal, el jefe de la Unión Católica. En las subsiguientes elecciones, el ministro de la Gobernación, Romero Robledo, consiguió, como era habitual y gracias al pucherazo, la mayoría necesaria.

El ministro de la Guerra, general Quesada, actuó enérgicamente para reprimir nuevas conspiraciones de la Asociación Republicana Militar, que mantenía influencia en las guarniciones pese a los fracasos de la etapa anterior; y detuvo a varios de sus miembros, entre los que figuraban los generales Villacampa, Velarde, Ferrer e Hidalgo. Pese a ello, se produjeron sabotajes y pequeños pronunciamientos, como el del capitán de Carabineros Mangado, ya pronunciado antes en Seo de Urgel y ahora en Isaba de Navarra, y el del batallón de reserva en Santa Coloma de Famés, del que se derivaron dos sentencias de muerte, inmediatamente ejecutadas. También se registraron un par de chispazos carlistas en las montañas de Cataluña.

Ante los rumores sobre la mala salud del Rey, que desgraciadamente resultaban ciertos, los moderados recalcitrantes, encabezados por el vencido de Alcolea, marqués de Novaliches, se movían para reponer en el trono a Isabel II, depuesta en 1868, lo que producía general repulsa; mientras que los catedráticos liberales provocaron al ministro católico de Fomento, Pidal, con un auténtico levantamiento de la Universidad Central en favor de la libertad de cátedra, por lo que Pidal ordenó el cierre de aquel centro. Los estudiantes rememoraron los sucesos de la noche de San Daniel en 1864, y provocaron la asonada de Santa Isabel, por la fiesta del día. Pero Cánovas no cayó en la trampa represiva. Se preocupaba de asociar a la Corona con la cultura, y patrocinó, como presidente del Ateneo, que inauguraba el 31 de enero de 1884 su nueva y actual sede en la calle del Prado, la recepción de don Alfonso como socio de honor.

Cuando se abatieron sobre España varias catástrofes, como el terremoto del sur y una epidemia de cólera, el Rey se presentó heroica, aunque imprudentemente, en los lugares afectados, con una enorme repercusión de afecto popular. El almirante Antequera presentó la dimisión cuando el Gobierno coartó su plan de reformas navales, tan necesarias en vísperas de un conflicto ultramarino; y, en agosto de 1885, Alemania provocó un grave conflicto internacional, al exigir derechos de soberanía en las islas Carolinas, que eran patrimonio de España.

Por orden del Gobierno, el capitán general de Filipinas, general Jovellar, ordenó el envío de una pequeña expedición española a las islas en litigio con el teniente de navío Enrique Capriles, nombrado gobernador general del archipiélago carolino y jefe de esa expedición, que contaba con dos barcos: los vapores Manila y San Quintín. Allí se encontraron con un buque de guerra alemán, mientras en España la muchedumbre pedía insensatamente la declaración de guerra, y el Partido Liberal, encabezado por sus más prestigiosos generales, como Jovellar y Martínez Campos, secundaba demagógicamente esta inclinación absurda hacia la lucha armada. Lo mismo hicieron los ilustrados y demás intelectuales, que siguieron a Joaquín Costa en un ardiente manifiesto belicista.

Sin embargo, Cánovas y Bismarck se pusieron de acuerdo, clarividentemente, para evitar el disparate. El canciller de Alemania propuso la mediación, gratísima para España, del papa León XIII, verdadero ángel tutelar de la Restauración española, cuyo laudo resultó favorable a la soberanía española en Carolinas, pero recomendaba que se concediese al Imperio alemán el derecho de mantener allí una estación naval y comercial, que no se llegó a constituir porque el problema, una vez solucionados sus aspectos más virulentos, dejó de interesar a todo el mundo.

La muerte de Alfonso XII
y el Pacto de El Pardo

Hasta el día 24 de noviembre de 1885, el contenido del parte médico rutinario que daba la Casa del Rey había tranquilizado a los españoles, cada vez más preocupados por la enfermedad del monarca, que padecía una tuberculosis galopante, como se decía entonces, motivada en parte por sus excesos juveniles. Pero al día siguiente, el comunicado reconoció la enfermedad, y don Alfonso falleció en el palacio de El Pardo el 25 de noviembre de 1885.

Isabel II, pese a que estaba afectada por la enfermedad de su hijo, no dejó de ilusionarse por el trono, como le prometían algunos adictos desorientados. Pero Martínez Campos la desengañó. Para los hombres de la Restauración no había otra salida legal que la regencia de María Cristina. Así lo diría la Gaceta de Madrid en su número extraordinario del día 25 de noviembre.

En estos momentos tristes y delicadísimos, demostró Antonio Cánovas del Castillo su talla de estadista. No dudó un momento en presentar la dimisión, para que los liberales se encargasen de dirigir el Gobierno en situación histórica tan comprometida. Sagasta comprendió igualmente que ésa era su responsabilidad, y se dispuso a aceptar la tarea que Cánovas le marcaba.

En estas circunstancias se habló mucho de Pacto de El Pardo entre Cánovas y Sagasta para la consolidación del turno de partidos y, por tanto, de la Corona y el régimen. No se celebró encuentro político alguno en el palacio de El Pardo; pero Sagasta y Cánovas sí que se encontraron en la presidencia del Consejo de Ministros, según noticias de la prensa. En aquellas reuniones, según muy altos y seguros testimonios, se convino algo que, en esencia, equivalía a lo que después, por error en el lugar, se llamó Pacto de El Pardo. De hecho, Sagasta sucedió a Cánovas el 27 de noviembre, a los dos días de la muerte del Rey, mientras el cadáver de Alfonso XII «el Pacificador» era trasladado desde el lugar mortuorio al Palacio de Oriente, para recibir el homenaje de incontables multitudes en el Salón de Columnas.

El Ejército y la Marina rindieron honores al Rey que había patrocinado la más auténtica y efectiva modernización histórica del siglo XIX. En un día de niebla espesa, fueron trasladados sus restos hasta el pudridero del monasterio de El Escorial.

El historiador José Ramón Alonso enumera los cambios en la vida militar que tuvieron lugar durante los últimos años de la vida de Alfonso XII. En 1878 se había promulgado la Ley Constitutiva del Ejército como declaración de bases y principios, sin efectividad reformista hasta que llegasen los reglamentos que la desarrollaran. El 20 de febrero de 1882, por inspiración de Martínez Campos, se creaba la Academia General Militar, importantísima medida encaminada a lograr la unidad interna del Ejército, cuyos oficiales se formarían durante los primeros años de su carrera castrense en el mismo establecimiento, para diversificarse después por armas y cuerpos en academias especiales.

Bajo un Gobierno también liberal se creaba el mismo año la escala de reserva. Pero durante los nueve años que funcionó la Academia General Militar, se formaron en ella 2.250 oficiales, de los que casi la mitad habían muerto en campaña treinta años más tarde, como subraya Alonso. La creación de la Academia General fue una acertada medida de política militar impulsada por el Gobierno Sagasta, que comprendía las necesidades del Ejército tanto o mejor que Cánovas, por lo que había logrado la adscripción de numerosos militares al Partido Constitucional Fusionista. El general Galbis dirigió el primer curso de la Academia General, con 328 cadetes, entre los que alcanzó primero de todos el generalato el jerezano Miguel Primo de Rivera, de ilustre dinastía castrense.

El general José Almirante, uno de los primeros tratadistas militares de la época, preparó un importante texto sobre servicio militar en campaña, que fue presentado a las Cortes. El reaccionario general Salamanca, que se había opuesto a la Paz del Zanjón, fue acérrimo enemigo de este magnífico proyecto. La nueva doctrina, como apunta José Ramón Alonso, rigió hasta 1924.

En aquella época, las Fuerzas Armadas de Tierra conocían una de sus crónicas saturaciones de oficialidad, con unos 27.000 jefes y oficiales; una proporción abrumadora para unos efectivos que, en la metrópoli, se habían reducido a 80.000 soldados. La proliferación de ministros de la Guerra, mal endémico en la Administración militar española durante el siglo XIX, no se arregló en esta etapa de la Restauración. De esta forma, las Fuerzas Armadas españolas no pudieron desarrollar una doctrina ni una adecuada instrucción militar y quedaban a remolque de las europeas, sometidas a improvisaciones y vaivenes de la política. Hasta 1889 se mantuvo el privilegio por el que la Corona podía conceder despachos de oficiales por simple arbitrariedad y favoritismo, al margen de los estudios cursados en academias militares.

El general Serrano logró para su hijo el conde de San Antonio, manifiestamente incapaz, un despacho de capitán de Caballería con 18 años de edad. Se produjo con ello un escándalo que impidió a Serrano el acceso a la presidencia del Consejo. La Restauración mantuvo la costumbre de otorgar títulos de nobleza a los generales victoriosos o afortunados. Más de las tres cuartas partes de los títulos concedidos después de 1808 lo fueron a militares con este grado.

José Ramón Alonso señala como característica de la época «los odiosos dualismos», que consistían en la posibilidad de que un oficial o jefe ostentase una graduación en su Arma y otra, varios grados superior, de carácter personal. Así, un capitán de Ingenieros o de Artillería podía ser coronel de Infantería, lo que ocasionaba confusiones y agravios comparativos entre armas y cuerpos. El dualismo, que ya el general Manuel Cassola excluía de la normativa del Ejército en sus reformas militares, desapareció con la segunda Ley Constitutiva del Ejército, promulgada por la Restauración en 1889.

Sin embargo, el nivel profesional e intelectual de las Fuerzas Armadas de la Restauración era elevado. Numerosos generales, jefes y oficiales demostraron una amplia cultura, e hicieron importantes incursiones en los campos de la técnica y las letras. Además del general Almirante, debemos recordar aquí al notabilísimo historiador militar Gómez de Arteche, cuya Guerra de la Independencia es un monumento de historia militar; y Francisco Villamartín, injustamente relegado por haber sido ayudante del marqués de Novaliches en el puente de Alcolea, pero que como recuerda José Ramón Alonso mereció altos elogios europeos por sus publicaciones, entre las que destacan las Nociones del arte militar.

El propio Almirante escribió una reveladora Bibliografía militar, que se publicó en 1876, demostración de las identidades contemporáneas entre cultura y milicia que en tiempos posteriores han sido confirmadas y profundizadas por el coronel Gárate Córdoba, otro notabilísimo tratadista, o por el teniente general Carlos Martínez de Campos y los historiadores Martínez Bande y Salas Larrazábal.

Sin embargo, núcleos intelectuales de la península y de las Antillas generaron, o mejor intensificaron, fuertes corrientes de antimilitarismo en el último tercio del siglo XIX, justo cuando se afianzaba en sentido político el sustantivo intelectual. Los partes de los jefes militares españoles en Cuba y Puerto Rico denuncian muchas veces las actividades subversivas de los ya llamados en esas comunicaciones intelectuales. A pesar de que republicanos y federales contaron en España con apoyo militar, en esos círculos también se notaban intensas fuentes de antimilitarismo, un fenómeno tan mal estudiado en España como el del anticlericalismo.

En fin, como nota brillantemente el historiador militar José Ramón Alonso, la muerte del Rey Alfonso XII coincidió con la de uno de los más famosos soldados del siglo XIX, el general Francisco Serrano, duque de la Torre, tres veces jefe del Estado. Toda una época se iba con la desaparición de Serrano, «el general bonito» de la reina Isabel, la figura romántica que marcó la historia militar y política de medio siglo.

Al morir tempranamente el rey Alfonso XII, asumió la Regencia de España su viuda, doña María Cristina de Habsburgo, en espera de una posibilidad de sucesión masculina, que se cumpliría en la persona del rey niño Alfonso XIII. Pero, de momento, la jefatura del Estado, en forma de Regencia, quedaba en las manos serenas e inexpertas de la segunda esposa de Alfonso XII, mientras Cánovas empuñaba, todavía con mayor firmeza, el timón del régimen restaurador, y Sagasta se disponía a asumir las responsabilidades directas del Gobierno en una época tan crítica.

Las Fuerzas Armadas actuaban como garantes de la nueva etapa, y habían reforzado ostensiblemente la situación política con el trasvase de varios generales prestigiosos, encabezados por Martínez Campos, desde el Partido Liberal—Conservador de Cánovas al constitucional—Fusionista de Sagasta. Ahora estos generales ocuparían de nuevo altos puestos de gobierno, al tomar Sagasta el poder entregado por Cánovas.

Pronto se vería que todos los problemas de España se concentraban en uno: la situación explosiva de ultramar. Se mantenía, soterrado de momento, un estado de rebelión independentista en Cuba, y más ostensible aún en Filipinas, mientras la concesión de una amplia autonomía parecía haber terminado con los movimientos de tal signo en Puerto Rico, isla donde sólo cortos grupos de intelectuales y profesores reclamaban, con mucha sordina, la separación de la metrópoli.

La autonomía fue concedida por España a Cuba cuando, una vez más, el Ejército y la Marina habían derrotado con las armas un nuevo intento separatista. Pero la guerra civil de Cuba ya no era un problema interno. La intervención de la sociedad norteamericana, respaldada cada vez más de cerca por su Gobierno, a favor de los rebeldes cubanos, arrastraría a la larga a la gran nación del norte hacia una guerra con España, que resultaba cada vez más inevitable por motivos estratégicos.

Se creó para la ocasión toda una doctrina estratégica sobre el poder naval y la expansión imperial —la doctrina Mahan—, cuyo resultado práctico habría de ser la construcción en los Estados Unidos de una imponente flota de guerra, con dos grandes divisiones navales: la de Cuba y la de Extremo Oriente. La primera, destinada a arrebatar a España sus islas del Caribe; la segunda, a apoderarse de las Filipinas antes de que lo hiciera el Japón, la nueva potencia mundial que surgía en el Extremo Oriente de los esfuerzos modernizadores del emperador Meiji, después de tres siglos de aislamiento y retraso total. Es evidente que hay que estudiar la época de la Regencia desde el horizonte de ultramar. Allí se planteaba el principal problema, para el que en España no se concebían soluciones serias.

La falta de preparación
militar ante el 98

Verbalmente, los gobernantes españoles, conservadores y liberales, proclamaban a todos los vientos su voluntad de mantener la soberanía española en las islas del Caribe y Pacífico a toda costa. La frase famosa «gastar en ese empeño hasta el último hombre y la última peseta» era doctrina común y fue pronunciada expresamente primero por Sagasta; luego, por Cánovas. Pero para que tal frase no se quedara en simples palabras, había que preparar seriamente a la nación para la guerra; poseer información auténtica sobre la capacidad del presunto enemigo, disponer la formación de un ejército y una marina capaces de conjurar la amenaza.

No se hizo, desde la muerte de Alfonso XII hasta el estallido de la guerra en 1898, casi nada. Nadie se ocupó de informar seriamente a los españoles sobre lo que podría significar una contienda con los Estados Unidos; nadie se preocupó de frenar los excesos de lo que después del desastre se calificaría como «una prensa infame», que clamaba, cada vez con más vocerío, en favor de la guerra. Algunos políticos españoles —Prim, Canalejas— habían ido a los Estados Unidos para comprobar personalmente la capacidad expansiva militar de aquella nación adolescente y agresiva, pero sus impresiones cayeron en el vacío, e incluso se consideraron como sospechosas de connivencia con el enemigo posible. Por último, no puede decirse que el Estado español, a través de los sucesivos gobiernos, descuidase por entero la preparación militar y naval para la guerra; pero lo hizo de forma sumamente inadecuada.

Se enviaron a Cuba nuevos contingentes, que en el momento del inicio de hostilidades con la nación del norte rebasaban los 200.000 hombres; pero la idea estratégica se circunscribía a la guerra civil contra los insurgentes, y el Estado Mayor español no preparó con seriedad la posibilidad de enfrentamiento con un cuerpo expedicionario norteamericano.

En cuanto al plan naval, el almirante Antequera tuvo que dimitir, al comprobar que no se seguían sus orientaciones; y luego, tardíamente, se ordenó la modernización de la escuadra mediante la construcción, en la ría de Bilbao, de varias unidades modernas, algunas de las cuales llegaron a tiempo para el combate. Pero se trataba de diseños atrasados e insuficientes, completamente incapaces para medirse con los modernísimos navíos de la escuadra norteamericana, que a veces se enfrentarían, en 1898, con barcos españoles de madera. Más aún, toda la pólvora se gastaba en salvas; y mientras los avisados especuladores belicistas de Norteamérica hacían grandes negocios corrompidos, construyendo defensas en la costa este contra la flota española —que se disponía a desembarcar cerca de Nueva York, según ciertas informaciones increíbles—, las Fuerzas Armadas de España no tenían ni orientación estratégica ni voluntad de enfrentamiento con la poderosa potencia enemiga, hasta el punto de que después de importantes éxitos en Cuba, cuando se declaró la guerra, el Ejército español de Tierra se rindió casi sin haber combatido —excepto en Santiago de Cuba—, con lo que se demostró que todos los alardes de resistencia no eran más que pretextos verbales vacíos.

Con este enfoque general emprendemos el estudio de la Regencia hasta las vísperas del Desastre, no sin insistir en que el problema que cada día condicionaba más toda la vida española, militar, política y social desde la muerte de Alfonso XII, era el problema de Cuba.

Ya en un primer momento, Sagasta se hizo con las simpatías de la joven Reina regente. El experimentado político liberal actuó como maestro fiel de la inexperta señora, que desempeñaría su difícil función con gran dignidad. El extraño pronunciamiento del 9 de enero de 1886, cuando un sargento, Rasero, al frente de una banda de antiguos federales armados, se apoderó en Cartagena del castillo de San Julián, era prueba de que las inquietudes republicanas se mantenían latentes en el seno de las Fuerzas Armadas.

Los amotinados mataron al general Fajardo, gobernador de la plaza, cuando se adelantó a intimarles la rendición, y lograron las suficientes complicidades militares como para escapar hasta Orán cuando se vieron perdidos. Desde París, Ruiz Zorrilla no quiso respaldar esta aventura aislada de los suyos. Al llegar las elecciones, Sagasta las hizo y ganó, según el antidemocrático procedimiento que viciaba las raíces de la convivencia política, pero a la vez la aseguraba. Ésta fue la gran contradicción del régimen canovista, que no pudo superarla.

El 17 de mayo de 1886, todo el mundo contenía en Madrid el aliento cuando se acercaba el final de los primeros catorce cañonazos que anunciaban un nacimiento real en Palacio. Hasta ese número podía ser, otra vez, una princesa. Pero la continuación de la serie hasta los veintiuno ponía a toda España en antecedentes del nacimiento de un varón, Alfonso XIII, que nació Rey y fue presentado a la Corte y al Gobierno por Sagasta en bandeja de oro, sobre un cojín de terciopelo. Serían sus padrinos el Papa León XIII y la infanta Isabel, su tía.

Debatían las Cortes el problema de Cuba con discursos mientras se concretaban cada vez más las condiciones objetivas de la secesión y la intervención norteamericana.

El 2 de mayo de 1886, se inauguraba en la plaza del Ángel de Madrid el nuevo Centro del Ejército y la Armada, presidido por el general Salamanca, hombre íntegro, con ideología de extrema derecha, denunciante de la corrupción del Estado y especialmente en la Administración cubana. Todos los partidos estuvieron presentes en el acto, como si quisieran respaldar un centro donde las Fuerzas Armadas reforzarían sus vínculos profesionales lejos de tentaciones de pronunciamiento. «No poco había conseguido Cánovas —dice Fernández Almagro— a lo largo de sus gobiernos, durante el reinado de Alfonso XII; en cuanto a la esterilización política del Ejército, y que no prosperase ninguna de las intentonas aludidas, indica hasta qué punto había cambiado el ambiente nacional. Esto es, se había perdido la fe de los elementos civiles y populares en la intervención de espadas y espadones. Ningún partido monárquico confiaba ya, como en los años isabelinos, en el apoyo que pudiera prestarle éste o aquel general para alcanzar el poder. Por una de esas paradojas que muy difícilmente dejarían de darse en la vida política, era un partido republicano, democrático y liberal, el Progresista de Ruiz Zorrilla, el único que todavía aspiraba a imponer sus ideales por mano militar. En los mismos días del fallecimiento de Alfonso XII, parece que estuvo a punto de producirse un golpe cuartelero bajo la inspiración de Ruiz Zorrilla». Se retrasó entonces el intento, que estallaría el 19 de septiembre de 1886.

En la sastrería de un conocido republicano, Rodrigo, en la calle de Preciados, se venían reuniendo varios militares republicanos conspiradores: el general Ferrer, los generales de división Merelo y el de brigada Villacampa, que asumió el mando en jefe del pronunciamiento, al que habían prometido fidelidad varios regimientos de la Guarnición de Madrid (Garellano, Baleares, La Albuera y la artillería de los Docks) y de Alcalá de Henares, donde contaban con dos regimientos de Caballería y uno de Infantería.

Rescoldos de la Milicia Nacional, a las órdenes del republicano Patricio Calleja, se disponían a formar varios grupos armados de paisanos, que detendrían a las principales autoridades mientras las tropas ocupaban los centros de gobierno.

Ese domingo 19 de septiembre, ya de noche, el capitán Casero salió a la calle con dos compañías del Garellano, de guarnición en el cuartel de la Montaña, a las que pronto se agregaron ochenta jinetes de La Albuera, mientras el Regimiento de Baleares no se movió. Muy románticamente, el jefe de la rebelión, brigadier Villacampa, esperaba noticias en su puesto de mando instalado en el café Zaragoza, en la castiza plaza de Antón Martín. La tropa rebelde cruzó Madrid entero sin disparar un tiro, a gritos de «¡Viva la República!», ante los que el vecindario reaccionaba con estupor. En la estación del Mediodía, un soldado del regimiento de La Albuera prestó su caballo al brigadier Villacampa, que arengó a sus huestes: «Hace doce años que no montaba a caballo. ¿Y sabéis por qué? Porque quería que la primera vez que lo hiciese fuera para gritar: ¡Viva la República! Ese día, al fin, ha llegado. ¡Soldados de Albuera! ¡Viva la República!».

Villacampa pensaba, sin duda, que estaba encabezando un nuevo golpe de Sagunto, y que todo el Ejército se alzaría tras él. Por eso su sorpresa resultó mayúscula cuando al dirigirse con su tropa para incorporar a los artilleros y los cañones en el vecino cuartel de los Docks, los portones permanecieron cerrados a sus requerimientos. La revolución republicana se quedaba literalmente en la calle. Un grupo de soldados y paisanos, al mando del capitán Rodríguez Vidaurreta, fracasaba en su intento de dominar el Ministerio de la Guerra. Los milicianos no practicaron detención alguna, y las tropas de Alcalá no acudieron. El capitán general de Madrid, Manuel Pavía, que conocía por experiencia mucho mejor cómo se organizaban los golpes, tuvo noticias del pronunciamiento de Villacampa cuando asistía tranquilamente a la función del teatro Alhambra, y en cuestión de un par de horas puso en pie de guerra a todos los regimientos de Madrid: en total, una brigada de húsares y media docena de regimientos, entre los que llamó a los de El Pardo.

Dos columnas del Gobierno avanzaron sobre el paseo del Prado y calle de Atocha abajo. La primera dispersó a los rebeldes, que huyeron por la carretera de Valencia. Por Atocha las cosas iban peor; en la calle de Alfonso XII, una patrulla republicana detuvo y mató al general Velarde y al coronel conde de Mirasol, que acudían al cuartel de los Docks para hacerse cargo de la situación. Con ello se enconó la lucha, y el ataque de las fuerzas reales a los rebeldes que ocupaban la estación fue muy duro, aunque aquéllas apenas hallaron resistencia. Villacampa y sus hombres huyeron por la carretera de Valencia, hasta que en Morata de Tajuña los húsares de Pavía dispersaron a los rebeldes y capturaron a su general, que se había refugiado en un molino.

Se dispuso el Gobierno a reprimir con energía la sublevación, y los tribunales militares condenaron a muerte a Villacampa, a un teniente y cuatro sargentos. Trescientos procesados más sufrieron pena de reclusión perpetua. Era el pronunciamiento más grave desde la llegada de la Restauración; el más importante hasta el golpe de Primo de Rivera en 1923. Pero el tremendo descrédito de los fracasados podría convertirse en martirio, si se ejecutaban las condenas a muerte. Sagasta, con gran inteligencia política, decidió salvarles la vida mediante una treta informativa.

Mientras el Gobierno, con Sagasta al frente, votaba «sí» al enterado y confirmaba la sentencia capital, el subsecretario de la Presidencia, por orden de Sagasta, comunicaba a la prensa que el Gobierno había solicitado el indulto. La repercusión favorable en la opinión por la medida de clemencia obligó a la Reina y al Gobierno a confirmar el atípico indulto, como aquélla y Sagasta deseaban.

Sagasta se mantuvo, de momento, en el poder, pero el debate en las Cortes acabó con él, lógicamente. Preguntaba Romero Robledo cómo había sido posible que tropas formadas salieran tranquilamente del cuartel, atravesasen Madrid gritando vivas a la República y se dedicasen a sublevar otros cuarteles. Sagasta, sin argumentos, tuvo que presentar la dimisión del Gobierno.

Pero la Reina regente confirmó a Sagasta, que rehizo su equipo de colaboradores y entregó la cartera de Guerra al general Joaquín del Castillo, defensor y conde de Bilbao. El nuevo ministro redujo inmediatamente el número de sargentos, dado el fermento revolucionario que parecía anidar en este grupo militar; y creó en Zamora una escuela preparatoria para la promoción de suboficiales a oficiales, para dar a los sargentos una salida hacia la jerarquía militar. El general López Domínguez fundió su Izquierda Dinástica con los conservadores disidentes de Romero Robledo para crear el nuevo Partido Reformista, que resultó inútil y efímero. Y cuando el general Castillo presentó su dimisión el 5 de marzo de 1887, por motivos de salud y despego de la política, Sagasta le sustituyó por uno de los militares más interesantes de todo el siglo XIX: el teniente general Manuel Cassola. Este inteligente militar, procedente de Infantería pero con extensos conocimientos en las demás armas, era entonces director general de Artillería, había prestado importantes servicios en campaña y había dedicado muchos esfuerzos al estudio orgánico de las Fuerzas Armadas. Por eso, a los cuatro días de su nombramiento, presentaba al Consejo un amplio y profundo plan de reformas militares, el más importante sin duda de todo el siglo XIX. Mes y medio después dio a sus proyectos estado parlamentario, en lo que se equivocó; porque muchas de sus reformas pudieron ser planteadas y desarrolladas por decreto.

En esencia, las reformas del general Cassola incidían en los siguientes puntos:

1. Implantación del servicio militar obligatorio. Supresión de las exenciones totales del servicio mediante pago de una cuota, lo cual beneficiaba a las clases pudientes y reservaba el servicio de armas a las clases inferiores.

2. Apertura de las escalas cerradas en las armas facultativas —Artillería e Ingenieros— que hasta entonces favorecían un fuerte espíritu de casta dentro de ellas, con prohibición de otros ascensos que no fueran por antigüedad; lo que provocaba la existencia de los dualismos, es decir, que un oficial de Artillería pudiera ser jefe en Infantería. Cas-sola pretendía que el sistema de ascensos fuese el mismo para todas las armas y cuerpos del Ejército.

3. Supresión del Cuerpo de Estado Mayor y su sustitución por un servicio en todas las armas del Ejército mediante un sistema de diplomas que habilitase para el Estado Mayor a los jefes y oficiales de cada Arma o Cuerpo, sin que dejasen de pertenecer al Arma de procedencia. De esta forma, se eliminaba un Cuerpo que era tenido por privilegiado dentro de las Fuerzas Armadas.

Las reformas de Cassola suscitaron una intensa oposición militar y política. Primero, porque eran excelentes; segundo, porque el ministro de la Guerra, al defenderlas, lo hizo con maestría y energía parlamentaria, lo que concitó la envidia de numerosos militares políticos que no querían dejarle paso; tercero, porque atentaban a un privilegio de clase, al imponer el servicio militar obligatorio, y la clase afectada, tan bien representada en el Parlamento y en el propio mando militar, se opuso como un solo hombre.

El Partido Conservador en bloque se enfrentó a las reformas de Cassola; pero también se enemistaron con él otros generales, liberales o apolíticos, como Martínez Campos, que era entonces capitán general de Madrid; Fernando Primo de Rivera, director general de Infantería; Weyler, director general de Administración; Dabán y López Domínguez. El propio Cánovas advirtió que si se aprobaban las reformas de Cassola, el siguiente Gobierno conservador las derogaría.

Dentro del mismo Gobierno Sagasta, casi nadie era partidario de la reforma militar, y por eso la aprobación parlamentaria de los proyectos de Cassola encontraba cada vez más dificultades. Y aunque en sucesivas situaciones políticas se fueron aprobando algunos de ellos con otros nombres y otros promotores, el general reformador no pudo lograr su propósito, y las inteligentes medidas ni siquiera fueron presentadas por el Gobierno para su aprobación parlamentaria final. Fue una gran injusticia y una notable frustración.

Los militares, fuera
del sufragio universal

El Gobierno Sagasta lograba otras reformas que completarían prácticamente el programa-bandera de los liberales en la Restauración. En abril de 1888 se promulgó la ley que establecía el juicio por el sistema de jurados, cuya aplicación resultó un fracaso total. Hizo también aprobar el Gobierno la Ley para la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en 1888; la nueva Ley Constitutiva del Ejército, en 1889; y el Código Civil el mismo año.

El 20 de mayo de 1888 inauguraba la Reina regente la Exposición Universal de Barcelona, y el nuevo catalanismo militante aprovechó los Juegos Florales para avanzar sus posiciones desde la cultura hacia la política. Se había creado como instrumento político, el año anterior, la Lliga de Catalunya, que desde entonces actuó como plataforma política autonomista de la burguesía liberal-conservadora de Cataluña. Un incidente lamentable, provocado por la altanería de Martínez Campos, capitán general de Madrid, trajo como consecuencia la dimisión del ministro de la Guerra, Cassola, al aceptar el Gobierno la del capitán general, por una cuestión de protocolo. De esta manera, quedaron ahogados definitivamente los proyectos de reforma militar, ya que la dimisión de Cassola fue motivada, en el fondo, por su cansancio contra las resistencias partidistas y clasistas a sus reformas.

José Canalejas, un inteligente político e intelectual que no había logrado cátedra en la Universidad de Madrid por su fracaso en las correspondientes oposiciones, entró en ese Gobierno nuevo que formó Sagasta tras la dimisión de Cassola, después de haber defendido las reformas del general dimisionario con clarividencia y altura. Canalejas —aunque no era ministro de la Guerra, sino de Fomento— logró que su colega de Guerra, general O’Ryan, estableciese por decreto algunas de las reformas Cassola, como la definitiva supresión de los dualismos y otras fórmulas de transacción. Mientras tanto, se producía una importante disidencia en el seno del carlismo.

Una de sus huestes, acaudillada por Ramón Nocedal en torno al diario El Siglo Futuro, asumía la bandera integrista como nombre de un nuevo partido absolutamente intransigente con el liberalismo. Se llamaban tradicionalistas.

El grupo carlista ortodoxo, en derredor del diario La Fe, fue dirigido, a las órdenes de Carlos VII, por el novelista Francisco Navarro Villoslada. Más de veinte diarios carlistas se apuntaron al integrismo, quien, por su parte, abrazaba la causa de una monarquía teocrática, pero ya sin rey visible en la tierra. Entonces, los carlistas ortodoxos crearon en Madrid un nuevo órgano, El Correo Español, dentro del cual brilló pronto un fogoso tribuno asturiano, Juan Vázquez de Mella.

Formó Sagasta nuevo Gobierno con las mismas Cortes, que fueron llamadas «Parlamento largo»; ordenó la drástica reducción de gastos en todos los departamentos, lo que afecto también a Guerra y Marina, con graves repercusiones en la preparación militar de España para un enfrentamiento armado cada vez más inevitable; y se dispuso a conseguir la aprobación del proyecto político en el que se cifraban, durante todo el siglo, los ideales del liberalismo progresista, es decir, el sufragio universal.

Así se logró en la primavera de 1890. No era un sufragio realmente universal; quedaban fuera de él las mujeres, media nación. Afectaba a los varones mayores de 25 años, en disfrute de sus derechos civiles y avecindados, al menos dos años, en un municipio. Las clases e individuos de tropa que sirvieran en el Ejército y la Marina no podrían votar; era uno de los seis casos de restricción.

Pero el restablecimiento del sufragio universal, que ya había implantado el sexenio revolucionario, permitió a Castelar, verbo del progresismo democrático, aceptar plenamente la monarquía constitucional restaurada, que con ello se convertía, según él, en democrática.

Cuando se aprobaba el sufragio universal, se produjo, el 23 de marzo, el pronunciamiento epistolar del general Dabán, que dirigió una circular a numerosos generales en contra de varias medidas emanadas del Ministerio de la Guerra. «La modificación —decía— de los mandos de ultramar, la supresión de las capitanías generales, la reducción del contingente militar y otros proyectos que no han podido pasar desapercibidos por el espíritu agresivo que revelan determinan un modo de ser que los que por virtud de la ley nos hallamos revestidos de un carácter que se siente lesionado por estas disposiciones, si llegaran a tener efecto no podemos dejar sin protesta por las consecuencias que para el poder del país y de la fuerza armada se pretenden».

Se refería el general Dabán al programa de restricciones que afectaba, evidentemente, a la preparación del Ejército y la Armada ante los peligros que amenazaban por el horizonte de ultramar; y dirigía su carta como senador del reino, para preparar las acciones parlamentarias pertinentes. Aun así, fue enviado a un castillo para cumplir un arresto, del que pronto sería indultado.

España, aislada ante
el peligro exterior

En julio de 1887, el general Manuel de Salamanca y Negrete, gran opositor a la Paz del Zanjón y a las reformas de Cassola, era nombrado capitán general de Cuba para sustituir al general Calleja, agotado en su lucha contra la tremenda corrupción administrativa de la isla. Salamanca, que redobló sus denuncias, no llegó a tomar posesión, y la Capitanía General recayó en el general Sabas Marín, de gran experiencia militar y política en Cuba. Las autoridades españolas de Puerto Rico informaban de preparativos rebeldes en la isla, atizados por una minoría intelectual que tomaba también como bandera la ineficacia y la corrupción de la Administración española.

Una pacífica pero efectiva invasión misionera metodista norteamericana en las islas Carolinas provocó, al final, graves disturbios contra España en la isla de Ponapé, en el año 1887. La infiltración protestante y masónica en las islas Filipinas terminaba siempre por alentar los movimientos subversivos contra la dominación española en aquel archipiélago, virtualmente desatendido por España, que envió en 1888 a Manila, como capitán general, al enérgico Valeriano Weyler.

Pero el problema principal seguía siendo Cuba. Desde 1884 los caudillos de la independencia, Máximo Gómez y Antonio Maceo, habían reasumido, en el exilio, la dirección de la causa independentista cuyo máximo animador en Nueva York era el intelectual José Martí. El ministro de Ultramar, Manuel Becerra, dio instrucciones a los capitanes generales de Cuba, Puerto Rico y Filipinas, para que defendiesen simultáneamente la soberanía de España y las libertades ciudadanas en sus demarcaciones, lo cual resultaba cada vez más contradictorio. Intentó Becerra una reforma de la enseñanza en Filipinas en un sentido más liberal, con la dura oposición de la extrema derecha, que apoyaba allí la entrega total del sistema de enseñanza a la Iglesia.

Durante este Gobierno Sagasta, el ministro de Estado, Segismundo Moret, alto cargo en la masonería, decidió el único paso importante de la Restauración en cuanto al orden internacional. Cánovas había mantenido, de hecho, un aislamiento exterior de España que nada tenía de espléndido, y ahora Moret firmaba con Italia el acuerdo secreto de 4 de mayo de 1887, para proteger el statu quo en el Mediterráneo. De esta forma, España se incorporaba indirectamente a la Triple Alianza de Italia y los dos imperios centrales de Austria y Alemania. En virtud de esta nueva situación, España reclamó a Italia el establecimiento de una base en el mar Rojo para el aprovisionamiento de los barcos españoles en ruta hacia el Extremo Oriente; pero tal medida no llegó a concretarse. Procuró esta situación liberal la intensificación de relaciones con los diversos países de Europa y sobre todo de Hispanoamérica; y consiguió una entrevista famosa, la de la Reina regente de España con la Reina Victoria de Inglaterra, que se celebró en San Sebastián el 27 de marzo de 1889. Pero todos estos intentos resultaban más o menos simbólicos y no rompían, de hecho, el aislamiento internacional de España, que se encontraría completamente sola cuando se presentó, en 1898, su gran crisis de ultramar.

Pablo Iglesias, el líder del socialismo marxista en España, fundaba su central sindical, la Unión General de Trabajadores, en un congreso celebrado en Barcelona los días 12 al 14 de agosto de 1888. Aunque el PSOE se había fundado en 1879, realmente no empieza a actuar seriamente hasta el final de la siguiente década. Pronto este partido se adhirió a la Internacional —llamada Segunda— de Partidos Socialdemócratas, que entonces significaba marxistas socialistas, impulsada por el testamentario de Marx, Engels, en la Salle Petrelle de París. Uno de los motivos ideológicos principales de la Segunda Internacional y de su sección española, el PSOE, era el más radical antimilitarismo, combinado con toda la dogmática marxista contra la religión y en favor de la lucha de clases revolucionaria.

Desde 1885, el inventor español del sumergible, Isaac Peral, teniente de navío que había servido con distinción en la Armada, luchaba porque las autoridades patrocinasen su importantísima innovación. El Gobierno Cánovas aceptó el proyecto, que luego fue prácticamente descartado por el almirante Beranger, ministro de Marina con Sagasta. Otro ministro liberal, Rodríguez Arias, volvió a interesarse por el submarino Peral, y aplicó fondos para construirlo en 1887. Durante el mes de enero de 1889 se efectuaron, con plenísimo éxito, las pruebas. Pero la burocracia naval, la Revista General de Marina y un sector de la oficialidad se opusieron al proyecto, y al final consiguieron su abandono, lo que supuso, además, el hundimiento del promotor, tanto moral como físicamente.

El 1 de julio de 1890, el general Martínez Campos dijo en el Senado que, según una corazonada suya, el Gobierno Sagasta tendría que cesar en el poder. El general estaba bien informado sobre la causa: un escándalo financiero del que resultaba culpable la esposa del presidente del Gobierno, sin que éste lo supiera. A primeros de julio, Sagasta presentó la dimisión y la regente encargó a Cánovas la formación de nuevo Gobierno.

La ofensiva contra Isaac Peral consiguió sus objetivos finales. La burocracia naval hundió el proyecto, y además expedientó al inventor por unas pequeñeces de permisos. El 2 de enero de 1891 Isaac Peral pide el retiro en la Marina, entre las ovaciones del público y la defensa del gran dramaturgo e ingeniero, el exministro Echegaray.

Mientras tanto, en Cuba, el Partido Autonomista, partidario de la soberanía española con un sistema de reformas, anunciaba su retraimiento, es decir, su virtual apoyo a la causa de la independencia. Pablo Iglesias, en nombre del PSOE, hacía declaraciones de tremendismo revolucionario, que coincidían con el primer gran intento de la Iglesia católica en el campo social: la gran encíclica de León XIII Rerum Novarum, sobre la situación de los obreros, un documento que desde nuestra cómoda perspectiva puede sonar a retrógrado, pero que en el ambiente reaccionario de aquel catolicismo fue realmente progresivo e innovador.

Por aquellas fechas asumió la Capitanía General de Cuba un hombre de probada experiencia, el general Camilo García Polavieja. La división de los españolistas de la isla se consumaba.

Los escándalos por la rapacidad y las corrupciones de la Administración española se echaban, como leña ardiendo, a la propaganda insurrecta, cada vez más atizada por la prensa sensacionalista de los Estados Unidos. Los autonomistas se acercaban progresivamente al separatismo. Los independentistas iban penetrando profundamente en la sociedad cubana y, sobre todo, en los medios intelectuales y culturales, aunque Polavieja iba consiguiendo apagar los fuegos de la insurrección, que se reavivaban constantemente. El Senado norteamericano aceptaba medidas económicas que, en el fondo, significaban una nueva colonización de la isla.

El diplomático León y Castillo excitaba al Gobierno, en el Congreso, a abordar una política internacional que sacase a España de su aislamiento y la pudiera respaldar ante una guerra que parecía cada vez más inminente. Cánovas repetía la frase de Sagasta sobre defender Cuba hasta el último hombre y la última peseta, pero nadie sabía con qué medios. Se recrudecían los incidentes en torno a nuestras plazas africanas de soberanía, Ceuta y Melilla, y en las lejanas islas Carolinas. Se prorrogaba, el 4 de mayo de 1891, el tratado con Italia de carácter secreto, que suponía la virtual adscripción de España a la Triple Alianza, pero sólo con efectos para la preservación de la paz en el Mediterráneo. Silvela y Romero Robledo se pelean por ocupar el número 2 del Partido Liberal-Conservador.

Empezaba el año 1892 con una gravísima noticia: la insurrección campesina, de matiz anarquista, que con mil hombres armados trató de conquistar la ciudad de Jerez de la Frontera, defendida por las fuerzas del orden y por el Ejército en una verdadera batalla campal. Barcelona, Bilbao y Valladolid conocieron sus huelgas más importantes, mientras la epidemia de filoxera arrasaba los cultivos vinícolas de España, de donde salía el, hasta entonces, principal producto de la exportación española, el vino, que vio cómo desde ese año se hundían sus mercados exteriores. En diciembre de 1892, en la ciudad naval-militar de El Ferrol, nacía un hombre cuya trayectoria sería vital para la historia militar de España: Francisco Franco Bahamonde.

Se inundaban los campos de La Mancha y de Almería cuando se celebraba solemnemente el cuarto centenario del descubrimiento de América, pero la sociedad de los astilleros del Nervión, donde se construía con urgencia una serie de cruceros para la Armada Española, se mostraba incapaz de cumplir su contrato de 1889 con el Estado para la entrega de tres barcos de esa clase: María Teresa, Vizcaya y Oquendo. Cánovas decidió la incautación de esos barcos por el Estado, y defendió brillantemente esta medida en las Cortes. Como podemos ver, se acumulaban sobre España los problemas en este año de 1892. Los catalanistas, dirigidos por el joven Enrique Prat de la Riba, convocaban una asamblea autonomista en marzo de ese año, de la que salieron las famosas Bases de Manresa o Constitución Regional Catalana, código primero del catalanismo inicialmente moderado, que preocupó profundamente en medios militares; porque si bien «el Ejército de Mar y Tierra, las obras de defensa y la enseñanza militar» quedaban atribuidas al poder central en el proyecto y los cargos militares deberían ser desempeñados en Cataluña por catalanes, Cataluña debería crear su propia moneda y contribuiría a la formación del Ejército permanente de Mar y Tierra por medio de voluntarios o por compensación pecuniaria. Las fuerzas del orden público dependerían de la autoridad catalana, no de la central.

El Gobierno Cánovas estaba minado por la hostilidad interna de Silvela, que marchaba a la ruptura con el presidente. «El deber supremo para todos nosotros —dijo, hablando de Cánovas, en pleno Congreso— es el de soportarlo», lo que produjo la inmediata dimisión de Cánovas. Sagasta recuperaba el poder el 9 de diciembre de 1892.

En el Ministerio de Ultramar brillaba, en ese Gobierno liberal, la figura esperanzadora de un joven político mallorquín, Antonio Maura. En marzo de 1893, ante las restricciones presupuestarias, dimitió el ministro de Marina, almirante Cervera, sustituido por un oscuro vicealmirante, Pasquín. Mientras, el ministro de la Guerra, general López Domínguez, intentaba reducir las capitanías generales para ahorrar fondos. Maura trató de resucitar la energía de los partidos cubanos que mantenían la fidelidad a España con el impulso de las reformas autonómicas, que se presentaban como la última esperanza. Estas reformas se aplicaron con toda normalidad en Puerto Rico, donde todavía los autonomistas moderados de los años noventa del siglo XX siguen manteniendo la figura de Maura como fuente de su inspiración entre los independentistas y los anexionistas, ahora respecto de los Estados Unidos.

Pero en Cuba ya era tarde. La decidida ambición de independencia de los insurrectos y la clara voluntad anexionista de la opinión pública norteamericana, empujada por la prensa amarilla, provocarían la intervención bélica norteamericana, hiciera España lo que hiciera. Aun así, las reformas cargaron de razón a la causa española en Cuba; y, cuando se produjo la intervención armada de los Estados Unidos, esa razón había logrado prácticamente la victoria en la guerra civil de españoles e insurrectos.

Ante las protestas generales por la reducción de capitanías y otras reformas militares, el general López Domínguez cedió y decidió posponer su aplicación. Sevilla y Burgos recuperaban sus capitanías generales de las regiones Segunda y Sexta. El 5 de junio de 1893 veía la luz la Ley de Reforma Autonómica de Maura para Cuba y Puerto Rico, que distribuía las competencias del poder central español y la administración autonómica de cada isla de forma racional y factible. «El correo que llevó a Cuba —decía Maura— el proyecto de reformas llevó el más poderoso ejército que España envió jamás al otro lado de los mares para sostener y pregonar la integridad nacional». Exageraba noblemente el ilustre político, entonces liberal, pero ya era tarde. Aun así, la oposición a la reforma autonómica de Maura fue enorme, y el joven ministro —que también se había enfrentado con la burocracia naval— tuvo que dimitir en marzo de 1894, aunque luego volvió al Gobierno como ministro de Gracia y Justicia, mientras las reformas autonómicas quedaban en manos del ministro Abárzuza.

En esos años —1893, 1894—, cada vez parecía más inminente en Cuba una insurrección general. José Martí había fundado el Partido Revolucionario Cubano, ardientemente separatista. Fracasó una expedición fletada en los Estados Unidos al mando de Antonio Maceo, combinada con otras entre las que destacaba la que mandaría otro caudillo, Máximo Gómez. Los proyectos de Maura habían causado una escisión en el Partido Españolista; bajo la inspiración del naviero Herrera, algunos políticos cubanos formaron el Partido Reformista, en apoyo a las modificaciones de Madrid. Pero cuando en Madrid, ya en 1895, Cánovas rechazaba la línea reformista de Maura y aceptaba la también liberal de Abárzuza, la insurrección cubana había estallado de forma irreversible.

En el año 1893, el anarquismo había organizado sangrientos atentados, entre los que destacó uno contra el general Martínez Campos, entonces capitán general de Cataluña, y otro en el teatro del Liceo de Barcelona, que causó treinta muertos. El terrorismo se extendía por toda Europa, y las agitaciones sociales llegaron al hasta entonces pacífico País Vasco, donde Sagasta fue abucheado en el verano de 1893 como protesta, con efecto retroactivo, por la supresión de los fueros vascos, decidida muchos años antes por Cánovas. Nacía, a imitación del nacionalismo catalán, un nacionalismo vasco mucho más radical, irracional y separatista. Pero la noticia del año 1893 fue, sobre todo en el plano militar, la pequeña guerra de Melilla.

El estrecho perímetro español de la ciudad de Melilla terminaba en unos límites imprecisos, generalmente violados sin más problemas por la población de las dos zonas. En virtud del tratado que puso fin a la guerra hispano-marroquí de 1859, España quedaba expresamente autorizada para efectuar las obras que considerase necesarias para la mejor defensa de las plazas de soberanía. Cuando las autoridades españolas decidieron, en 1887 y 1890, la construcción de algunos de esos fuertes en el perímetro melillense, se produjeron ya algunos incidentes con las cabilas vecinas, que casi nunca reconocían la autoridad del lejano sultán, pero que no pasaron a mayores. En cambio, el 26 de septiembre de 1893, cuando los militares españoles emprendían, en Melilla, unas obras para la construcción del fuerte de Sidi Guariach, los marroquíes vecinos las destruyeron so pretexto de que se había invadido terreno sagrado.

El comandante general de Melilla, general García Margallo, ordenó la inmediata reconstrucción, pero los disturbios y las agresiones siguieron. Margallo acudió personalmente al frente de un batallón disciplinario y fijó su cuartel general en el fuerte Camellos, que formaba línea con los de Cabrerizas Altas y San Lorenzo; y dio orden de avance a la columna del teniente coronel Mir. Pero las fuerzas acantonadas en las obras de Sidi Guariach quedaron cercadas por los grupos irregulares enemigos.

Sin embargo, tras duros encuentros, las tropas que custodiaban la caseta quedaron liberadas en esa misma jornada del 2 de octubre, pero los españoles tuvieron 18 muertos y las noticias causaron en la península una alarma poco disimulada. El Gobierno español exigió por vía diplomática al sultán que restableciese su autoridad en las afueras de Melilla, y ordenó el traslado de varios regimientos a aquella plaza. Al mando del teniente Díaz Moreu, el barco cañonero español Conde de Venadito hostigó a los cabileños y poco después, el 27 de octubre, el general García Margallo ordenaba la reanudación de las obras paralizadas por la agresión de los moros.

Aunque se había fortificado el campo exterior de Melilla, los cazadores de Cuba sufrieron una agresión muy violenta, con lo que las líneas españolas cedieron ante la superioridad de la concentración enemiga. Los cazadores de Cuba se refugiaron en el fuerte de Cabrerizas Altas, con varias compañías de otros regimientos. Todas las cabilas del interior confluían sobre Melilla, que se vio seriamente amenazada. Con buena parte del campo de jurisdicción española invadido por enjambres de enemigos, casi todos ellos excelentes tiradores, los generales Ortega y García Margallo quedaron cercados en el fuerte de Cabrerizas Altas junto a importantes efectivos, por lo que la situación llegó a ser crítica, como reflejarían las crónicas de los corresponsales de la prensa española, que quedaron asimismo cercados con el comandante general de Melilla.

Nueve artilleros agotaban las municiones del fuerte, defendido además por cuatro compañías de infantería, que consumieron en la primera jornada 17.000 de los 40.000 cartuchos almacenados en él. Apenas amanecía cuando el general Margallo pidió al capitán Picasso que cruzase las líneas enemigas y llegase a los muros de Melilla, para informar de la grave situación. Picasso —tío del genial pintor malagueño— cumplió contra todo pronóstico la orden, lo que le valdría la Laureada de San Fernando.

En virtud de ello, salió de Melilla un convoy de socorro a las órdenes del teniente coronel Mir, que pese a sus bajas pudo cumplir la misión y socorrer a los sitiados. García Margallo ordenó a una pieza del 9 que saliese del fuerte para proteger al convoy, y se situó personalmente junto al cañón para defenderlo. Era milagroso que no cayese ante la rociada de balas enemigas. Hasta que por fin fue muerto por un balazo en la sien.

Asumió entonces el mando de los sitiados el general Ortega. Dos oficiales de Infantería, los tenientes Miguel Primo de Rivera y Eloy Caracuel, se lanzaron heroicamente para impedir que los cabileños se apoderasen del cañón y del cadáver del general; ambos ganarían en esa acción la Laureada de San Fernando.

El general Ortega consiguió organizar el convoy de retirada que llegó a Melilla, pero dejó una guarnición en Cabrerizas, continuamente hostigada por el enemigo; inmediatamente, salió desde el Mantelete una fuerte columna, mandada por él mismo, que logró abastecer para más de una semana al fuerte de Cabrerizas Altas, lo que consiguió con la ayuda de dos barcos de guerra: el Alfonso XII se había agregado al Venadito y barría las posiciones y concentraciones contrarias.

El Gobierno envió a Melilla importantes refuerzos artilleros, seguidos pronto por doce regimientos más de Infantería, uno de Caballería y varias baterías de montaña. Mientras el sultán de Marruecos hacía vagas promesas, el Gobierno español ordenó la preparación de una contraofensiva en regla para aprovechar los 22.000 hombres que había concentrado en refuerzos: cinco batallones de infantería y dos de la plaza amenazada. El general López Domínguez, ministro de la Guerra, quiso tomar el mando en jefe, pero el Gobierno decidió entregárselo a la primera espada de la Restauración, el general Martínez Campos, que llegaba a Melilla el 1 de diciembre de 1893 y encargó el mando de cada uno de los cuerpos de ejército formados para la ofensiva a los generales Fernando Primo de Rivera y Chinchilla.

Como siempre hacía el valeroso y prudente militar, alternó las demostraciones de fuerza con acciones diplomáticas, como embajador extraordinario que fue nombrado ante el sultán Muley Hassan. En el acuerdo de Marrakech se dieron a España por Marruecos toda clase de satisfacciones y se convino en enviar una embajada a Madrid para asegurar la paz. Esta embajada no llegaría hasta el 28 de enero de 1895; el embajador marroquí fue abofeteado en plena calle por el anciano general Fuentes, pero se arregló el incidente y la embajada volvió a Tánger a bordo del flamante crucero Reina Regente que en su viaje de regreso afrontó un temporal en el Estrecho y marchó directamente a pique con toda la tripulación, sin un solo superviviente.

Las insurrecciones finales
en Cuba y Filipinas

Hemos visto que toda la historia española de la Regencia, a partir de la muerte del Rey Alfonso XII en 1885, bascula hacia el desastre de 1898. Cuba estaba en el horizonte; un trágico presentimiento se ahondaba año tras año, crisis tras crisis, en la conciencia nacional española. Pero durante muchos años todo el mundo esperó un milagro de Cánovas. Él había solucionado satisfactoriamente, gracias al patrocinio del papa León XIII, la crisis de las Carolinas, cuando la opinión pública clamaba insensatamente por la guerra contra la Alemania de Bismarck; y solucionaría también la crisis de ultramar.

Lo cierto es que Cánovas no se había preocupado del horizonte internacional y su política exterior no tendió a sacar a España de su secular aislamiento, sino que la hundió todavía más en él. Y aunque el Estado de la Restauración hizo un gran esfuerzo de última hora para preparar militarmente a la nación, ni resultó suficiente ni atendió a los aspectos logísticos y sobre todo morales del Ejército de Tierra en Cuba; mientras que la Marina, en la que se habían volcado las principales preocupaciones, no se había renovado de cara al futuro, sino mediante un plan insuficiente y carente de la debida información, al contrario que los Estados Unidos, cuyas fuerzas navales eran insuperables por la débil escuadra española.

En el conflicto que ahora vamos a estudiar, lo más evidente es la desproporción. La enorme potencia de los Estados Unidos después de la guerra civil y la reconstrucción iba a concentrarse contra un enemigo anacrónico, debilitado por un siglo de atroz decadencia, sumido en el retraso más desconcertante y minado por la actuación de las sociedades secretas, que en esta guerra del 98 actuaron a fondo, aunque escasee la documentación para demostrarlo. Hay, en los historiadores más solventes que han estudiado el problema, una convicción profunda sobre la decisiva actuación de las sociedades secretas contra España, y desde los propios centros nerviosos de la estrategia española.

No se trata de echar ahora las culpas del desastre a misteriosos e incluso esotéricos centros de poder. Pero en las bases navales, sobre todo en la de El Ferrol, que vivieron intensamente las consecuencias del desastre y su preparación, cundió una certidumbre inalterable sobre esas actuaciones secretas contra España; el niño Francisco Franco, por ejemplo, que en el año del desastre cumplía los seis años, quedó marcado para toda su vida por esa convicción, que luego exageró hasta convertirla en causa única de los hechos.

Hay ya una importante bibliografía sobre el desastre de 1898. Se ha empezado a colmar un vacío absurdo, el vacío de la integración, donde, hasta hace poco, se cruzaban, sin el menor conocimiento mutuo, las versiones norteamericana y española del desastre. A la luz de las nuevas fuentes, vamos a estudiar el desastre desde varios puntos de vista. Examinaremos primero las vísperas inmediatas, que ya hemos empezado a presentar. Luego analizaremos la doctrina estratégica que condujo a la guerra por parte americana, y las fuerzas en presencia para la desigual confrontación. En tercer lugar, y después del desgraciado episodio de la voladura del Maine, estudiaremos un factor esencial de la provocación por parte americana: la actuación de la prensa amarilla. Recorreremos después los tres teatros de operaciones: Filipinas, Cuba y Puerto Rico.

Tanto en Filipinas como en Cuba, la década de los noventa vio, desde el principio, cómo se agitaba el ambiente y se recrudecían las hostilidades contra España, nunca apagadas pese a las victorias militares y las concesiones políticas de la metrópoli. En Filipinas realmente España no había terminado nunca de dominar el archipiélago desde los tiempos de la conquista y la colonización, que por la lejanía jamás resultó completa.

El general Valeriano Weyler y Nicolau había luchado contra los rebeldes de la isla de Mindanao, pero su sucesor, el general Despujol, suspendió las operaciones en 1892. Fue sustituido por el general Blanco, marqués de Peña Plata, quien abrió el 1 de marzo una nueva campana, primero en Mindanao, luego en la isla de Luzón. Bajo las órdenes del general González Parrado, una fuerza expedicionaria española había conseguido ya en 1894 la reducción de los rebeldes de Mindanao, cuando empezaba a dar sus frutos la acción de una sociedad secreta de amplias conexiones masónicas, el Katipunan, surgida de la Liga Filipina que había fundado en 1892 el patriota José Rizal, y cuya traducción del título completo es la de Suprema y Venerable Asociación de los Hijos del Pueblo. Rizal era un médico tagalo formado en España, enfrentado con la poderosa Orden de Santo Domingo y deportado por las autoridades españolas en 1892.

En Cuba, el alma de la insurrección era José Martí, que había dado el 29 de enero de 1895 la orden de levantamiento para romper el estado de paz logrado por el general Martínez Campos en el Zanjón. El 11 de abril Martí y el designado general en jefe, Máximo Gómez, desembarcan en Cuba, donde ya el 24 de febrero de 1895, domingo de Carnaval, se había producido la reanudación de la rebeldía al grito de «¡viva Cuba libre!», en Occidente y en Oriente, pero todavía no en la Cuba central de Las Villas. En la provincia de Oriente saltó el grito de Baire, del que tomó nombre la nueva rebelión contra la dominación española. Pero la actuación de las autoridades metropolitanas redujo los alcances de la nueva insurrección, que no produjo hasta ese momento una excesiva alarma.

El capitán general Calleja pensaba que con los 15.900 hombres de la guarnición cubana podría sofocar una nueva Guerra Chiquita; esa guarnición se componía de siete regimientos de infantería, 1.850 hombres, un batallón de cazadores, dos regimientos de caballería, un batallón de artillería a pie con una batería de montaña, un batallón mixto de ingenieros y tres tercios de la Guardia Civil. También era muy escasa la flota española en Cuba, que sólo constaba de un crucero, dos vapores, 17 cañoneros, dos lanchas, dos pailebotes y tres balandros. Sagasta, que aún ocupaba el poder, ordenó, pese a los optimismos del capitán general, el envío de refuerzos hasta un total de nueve mil hombres, que marcharon a Cuba con disgusto y reluctancia, cuando en España se había creído ya, erróneamente, que la situación estaba allí controlada.

Sagasta, que a los 70 años se sentía cansado e impotente, había resuelto con enorme esfuerzo los problemas de Melilla y había cedido a las presiones políticas que recortaron los efectivos militares en Cuba. Trataba inútilmente de vender a los autonomistas cubanos las reformas de Abárzuza; pero envió la nueva expedición militar a Cuba alentado por una prensa alocada, que no rehuía la confrontación suicida contra el poder de los Estados Unidos de América. Abrumado por los nuevos problemas cubanos, Sagasta pensó en dimitir y provocó su cese. Uno de sus periódicos adictos, El Resumen, publicó un artículo, «Mundo militar», en el que se aludía a la ausencia de voluntarios entre la oficialidad subalterna para Cuba. Un grupo de tenientes asaltó la redacción del periódico y la destrozó. Cuando al día siguiente otro periódico antimilitar, El Globo, reprobó el atentado, se reprodujo la agresión de la oficialidad; el Ejército se enfrentó así abiertamente con la prensa. Dimitió Sagasta, con gran complacencia secreta; y el 23 de marzo de 1895, Antonio Cánovas del Castillo llevó al poder al que sería su último gobierno.

Había trabajado Cánovas durante su anterior fase de oposición en el problema histórico de la decadencia de España. Cánovas sustituyó como capitán general de Cuba al general Calleja, partidario del apaciguamiento político, por el general Martínez Campos, que ya se había acreditado como gran negociador desde la firmeza militar; y envió a más de 7.000 hombres tras la anterior expedición de Sagasta, que iban armados con el nuevo fusil tipo Remington, cuyas cualidades se habían confirmado en la campaña de Melilla, sin que por ello quedase descartado el viejo Máuser. Martínez Campos desembarcó en Santiago de Cuba el 16 de abril de 1895, poco después de que lo hicieran los hermanos Antonio y José Maceo y el ideólogo José Martí, que había proclamado la guerra santa contra «la monarquía podrida y aldeana de España».

Martí, Máximo Gómez y José Maceo celebraron una entrevista decepcionante el 5 de mayo. Poco después, el 19 de mayo, la columna del coronel español Ximénez de Sandoval chocaba con una fuerte partida enemiga a las órdenes de Máximo Gómez. Una carga de caballería dio la victoria a los españoles, que recogieron, entre los cadáveres enemigos, el de José Martí. Le sucedió como presidente de la República cubana rebelde Salvador de Cisneros, marqués de Santa Lucía.

Cuando cundía la insurrección, el capitán general Martínez Campos quiso recorrer personalmente la isla y quedó sobrecogido por los enormes progresos de la rebeldía. En julio, Martínez Campos, con fuerzas muy inferiores, batió a Maceo cerca de Bayamo, con gravísimo riesgo de derrota. Escribió a Cánovas indicándole que para ganar aquella guerra habría que tratar con extrema dureza a la población cubana, mediante el procedimiento de concentrar a las poblaciones rurales. Sin embargo, no se reconocía con fuerzas para desarrollar ese principio táctico y recomendaba a Cánovas ser sustituido por el único general capaz de intentarlo, que era Weyler.

Desde España se seguían enviando tropas a Cuba, que pronto llegaron a 37.366 hombres. Pero la lucha, el agotamiento y las enfermedades tropicales reducían la eficacia de esos efectivos a poco más del 20 por 100, como se refleja en los partes militares. Los veteranos afirmaban que sólo uno de cada cuatro soldados estaba capacitado para luchar en Cuba con eficacia contra los insurrectos, que contaban con el apoyo de la población y estaban acostumbrados al clima. Desde España seguían mandándose expediciones que se despedían a los acordes de la Marcha de Cádiz, y obtenían, a veces, las bendiciones del nuncio y el adiós de la Reina regente. La llegada de los refuerzos a La Habana y Santiago de Cuba suscitaba, en la población partidaria de España, oleadas de entusiasmo. Pero desde los Estados Unidos y desde otras islas del Caribe la causa insurrecta recibía cada vez más refuerzos y pertrechos.

El 13 de septiembre de 1895 los rebeldes se dieron en Jimaguayú su primera Constitución. Fue confirmado, como presidente, Salvador Cisneros; y, como general en jefe, Máximo Gómez, con Antonio Maceo como lugarteniente general y Tomás Estrada Palma como agente diplomático en el exterior. Martínez Campos, desde La Habana, dirigía las operaciones con su energía y maestría habituales, aunque no lograba arrebatar a los insurrectos la iniciativa. Maceo realizó una espectacular marcha desde Oriente hasta Occidente, donde reunió sus fuerzas con las de Máximo Gómez, en noviembre de 1895. Irrumpieron las tropas insurrectas unidas en las llanuras de Matanzas, donde quiso enfrentarse a ellas Martínez Campos, cuyas fuerzas combinadas en la región llegaban a los 35.000 hombres.

La guerra había llegado a veinte leguas de La Habana. El 23 de diciembre Martínez Campos no consiguió, pese a su valor, vencer a los rebeldes en la batalla de Coliseo, y hubo de replegarse penosamente sobre La Habana, mientras la población vitoreaba a Polavieja y a Weyler. Gómez y Maceo desafiaban abiertamente al general en jefe español, asaltaban trenes y recibían innumerables deserciones de los voluntarios del bando español. Mientras Gómez, con 12.000 hombres, casi llegaban a las inmediaciones de La Habana, Antonio Maceo invadía la provincia de Pinar del Río. Los insurrectos en armas rebasaban ya los 40.000 hombres.

Los españolistas de la Unión Constitucional, y hasta muchos reformistas partidarios de España, pedían a Madrid el relevo del general en jefe. Sintiéndose fracasado, Martínez Campos entregó el mando el 17 de enero de 1896 al segundo jefe, general Sabas Marín, y a poco embarcó para España. Poco antes le había dirigido Máximo Gómez una carta para pedirle que no hubiera más sangre. El 22 de enero Antonio Maceo remataba su marcha victoriosa con la entrada en Mantua, en el extremo occidental de Cuba. Martínez Campos, al regresar a Madrid después de la primera campaña de su vida que terminaba sin victoria, fue objeto de un recibimiento negativo e injusto. Fue designado para sucederle el duro capitán general de Cataluña, Valeriano Weyler Nicolau.

Mientras tanto, en España Francisco Silvela atacaba con acritud al gabinete de Cánovas, y el republicano Ruiz Zorrilla regresaba a la patria para morir. El Gobierno decidió hacer un supremo esfuerzo para la campaña de Cuba, y se lo encargó al ministro de la Guerra, general Azcárraga. Los cien mil hombres de que al término de su mandato en Cuba disponía Martínez Campos se elevaron a 140.000 durante la primera etapa de Weyler, y luego hasta 200.000. Fueron enviadas las tropas a Cuba no por sorteo, como si se tratase de cumplir una condena, sino por destino; es decir, los primeros batallones de cada regimiento, con sus jefes y oficiales, más otros batallones adicionales de refuerzo. El 9 de diciembre de 1895 se había celebrado en Madrid una insólita manifestación contra la corrupción del Ayuntamiento, lo que produjo una crisis parcial en el Gobierno.

El 10 de febrero de 1896 el capitán general Weyler asumió el mando en La Habana. Máximo Gómez seguía campando por sus respetos en la provincia de La Habana, y Antonio Maceo, en la de Pinar del Río. Varias columnas españolas, durante la fase de interinidad en Capitanía, habían tratado a toda costa de impedir la unión de los dos ejércitos rebeldes. Se habían distinguido al mando de estas operaciones los generales Linares y Luque. En su primer parte al Gobierno, Weyler refleja amargamente la situación de Cuba, con el enemigo a las puertas de La Habana y toda la isla virtualmente dominada por las partidas, fuera de las grandes ciudades, donde también surgían como hongos las traiciones.

Weyler decidió ante todo aislar a Maceo en Pinar del Rio mediante una línea fortificada de norte a sur. Concentró las unidades militares y encomendó a destacamentos de voluntarios la defensa de las fincas. Reorganizó las fuerzas voluntarias en seis tercios, pero antes de que pudiera iniciar contra él las operaciones, Antonio Maceo, a mediados de febrero, salió de Pinar del Río y buscó el enlace con las tropas de Gómez en la provincia de La Habana. Reanimadas con la llegada del nuevo capitán general, las columnas españolas acosaron a los dos jefes rebeldes, a los que produjeron duro quebranto. Weyler parceló la isla en pequeñas circunscripciones de unos 200 kilómetros cuadrados, y ordenó que varias columnas combinasen sus movimientos contra las tropas de Maceo, que le parecía el jefe enemigo más imaginativo.

La enérgica represión militar ordenada por Weyler suscitó las iras de la prensa amarilla de los Estados Unidos, volcada en el apoyo a los insurrectos de Cuba. Éstos, por su parte, se mostraban con la población civil incomparablemente más crueles que las tropas españolas; robaban, incendiaban y ordenaban represalias por simple sospecha. De momento, se alejaba la amenaza rebelde sobre La Habana; y los españoles de Cuba, reanimados, volvían a pensar en la posibilidad de la victoria, que se hubiera logrado, sin la menor duda, a no ser por la flagrante intervención de los Estados Unidos en el conflicto.

Ya hemos anticipado los motivos políticos, económicos y estratégicos de la intervención de la sociedad y de la política norteamericana en el conflicto de Cuba, que sin esa intervención se hubiera reducido a los límites de una guerra civil. Desde el mes de febrero de 1896, funcionaba impunemente en Nueva York un departamento rebelde cubano de expediciones, sin advertir que los Estados Unidos mantenían relaciones diplomáticas normales con España. Varias veces tales expediciones enviadas desde territorio de los Estados Unidos entraban en contacto con las defensas españolas, como cuando el 28 de abril de 1896 la cañonera Mensajera interceptaba al norte de Pinar del Río a la goleta pirata Competitor; o cuando el 13 de noviembre el crucero Contramaestre apresó cerca de Las Villas al pirata Dauntless.

El 28 de febrero de 1896 el Senado de los Estados Unidos, brutalmente presionado por la prensa amarilla, reconoció la beligerancia a los rebeldes cubanos, aunque ofrecía hipócritamente al Gobierno español su mediación. El presidente Cleveland no sancionó el acuerdo del Senado, pero la directriz de la opinión pública y política norteamericana quedaba clara. El 4 de abril del mismo año, el secretario de Estado, Olney, cursó una nota al Gobierno de Madrid ofreciendo sus buenos oficios; insinuaba la posibilidad de una intervención norteamericana y apuntaba al reconocimiento de la autonomía cubana dentro del marco de la soberanía española.

En España estas intervenciones, inmediatamente calificadas como injerencias, desencadenaron una avalancha de protestas contra los Estados Unidos, por unanimidad de los políticos, la prensa y la calle. El diario liberal Heraldo de Madrid, bajo el título «Fusiles, no reformas», clamaba en primavera por la preparación de «un ejército formidable y a disponernos a todo, incluso al conflicto con los Estados Unidos». Cánovas, convencido de que Weyler ganaría la guerra, dio respuesta negativa a la oferta de Olney, en una digna nota diplomática en la que España se reservaba el derecho a tratar con los insurrectos sin intromisiones exteriores. El Gobierno trató de interesar a las naciones europeas en que disuadieran a los Estados Unidos de intervenir en el conflicto cubano; pero, por parte de la Embajada de Estados Unidos en Madrid, se dieron toda clase de seguridades de que no había razón. Precisamente entonces no se renovó, ante el desinterés de Italia, la adhesión española a la Triple Alianza: España quedaba sola ante Norteamérica en la guerra de Cuba. Mientras tanto, las naciones de Hispanoamérica, excepto Ecuador, hicieron oídos sordos a los requerimientos de los rebeldes cubanos para que se sumasen a su causa.

Weyler, que siguió su plan con energía férrea, pero con notable flexibilidad, y que jamás se opuso a los intentos de reconciliación individual y colectiva desde el bando enemigo, decidió ante todo aislar a Maceo en la provincia occidental de Pinar del Río, gracias a la línea fortificada de Mariel, que guarneció con 12.000 hombres y 26 piezas de artillería; mientras, impedía el paso por la trocha de Júcaro a Motón mediante un sistema de torres situadas a cada kilómetro. Derrotó y acosó al notable jefe rebelde, y rechazó a Máximo Gómez, que trataba de volar en auxilio de Maceo y perforar la línea española de contención. Iba consiguiendo la presentación de numerosos insurrectos, hastiados por la prolongación de los combates. Dictó un duro bando que prohibía la exportación, desde Pinar del Río, de tabaco en rama que luego se elaboraba en Cayo Hueso y Tampa, dos centros de Florida que se habían convertido en los principales puntos de apoyo a la insurrección cubana. El 21 de octubre de 1896 dictó un durísimo bando en el que se ordenaba la reconcentración de los pequeños poblados en grandes poblaciones; la misma táctica que un día exigirían los Estados Unidos en la guerra del Vietnam, y que ahora, en 1896, provocó oleadas de propaganda contra España en la prensa amarilla de los Estados Unidos. El bando era cruel, pero acabó con la guerra de guerrillas y con el apoyo popular a las guerrillas en tres provincias cubanas. Maceo respondió a la guerra total con la guerra total; pero Weyler le iba acorralando en Pinar del Río. Mientras Máximo Gómez se revolvía en Las Villas, otro jefe de la insurrección, Calixto García, antiguo empleado en un banco de Madrid, reavivaba la rebeldía en la provincia de Oriente, y llegaba a amenazar su capital, Santiago de Cuba.

Weyler prestaba atención a los movimientos de Gómez, que trataba de asediar una por una las fortificaciones españolas; cuando estaba a punto de apoderarse del fuerte del Cascorro, un soldado español, Eloy Gonzalo, incendió heroicamente una caseta rebelde tras atarse una soga a la cintura, para que los suyos recogieran su cuerpo si caía; pero pudo regresar por su pie. La hazaña fue enormemente popular en España, sobre todo en Madrid. Sin embargo, Weyler no descuidaba su principal objetivo, que era el aislamiento y captura de Maceo. El 9 de noviembre de 1896 salió el general en jefe de La Habana con una imponente tuerza de 35 batallones y seis baterías. Incapaz de resistir este avance, Maceo trató de huir. Al principio, parecía conseguirlo. No pudo saltar la línea española por tierra, pero la eludió por mar en una noche de temporal. Pero cayó, junto con el hijo de Máximo Gómez, el 7 de diciembre ante una patrulla española en Punta Brava. Su muerte fue decisiva y hundió la insurrección.

De esta forma, a finales de 1896, la guerra se inclinaba a favor de España. El 19 de enero de 1897 Weyler emprendió, desde La Habana, una gran campaña para aniquilar a Gómez. Pronto la provincia de Las Villas quedó pacificada, como las de La Habana, Matanzas y Pinar del Río. Con sus 200.000 hombres, menos reducidos que en la guerra anterior por las enfermedades, ante los progresos de la atención sanitaria, y sus expeditivos métodos de represión, Weyler se disponía, a mediados de 1897, a desmontar el último baluarte de la resistencia enemiga, la provincia de Oriente. Maceo había muerto, y Gómez estaba huido con pocos supervivientes de su anterior ejército. Pero el general en jefe español no se engañaba y enviaba al jefe del Gobierno, Cánovas, un telegrama profético el 12 de junio: «Estoy convencido de que cuanto más próxima esté la terminación de la guerra por las armas, más dificultades han de poner los Estados Unidos para evitarlo».

La conexión masónica es una de las razones que abonan la hipótesis histórica de que los conflictos de ultramar, Cuba y Filipinas, tienen un origen común. En agosto de 1896, varios párrocos y eclesiásticos de Filipinas denuncian un compló de la secta Katipunan, recientemente fundada, y que se disponía al levantamiento armado contra España. Era entonces capitán general de Filipinas Ramón Blanco, marqués de Peña Plata, y vinculado, según referencias, a la masonería.

La prensa de Manila se erige en portavoz de la causa española, y el historiador Fernández Almagro, que es hombre de talante y confesión liberal, nada intoxicado por las sospechas exageradas contra la acción de las sectas, resume los motivos de la insurrección filipina en estos tres: primero, la lucha de razas entre españoles y tagalos, nunca bien asimilados por la débil colonización española y ganados por un anticlericalismo feroz, que se oponía a los rasgos de gobierno teocrático en las islas, inspirados por la Orden de Santo Domingo; tanto la raza y la aversión a la Iglesia estaban «hábilmente explotadas por la masonería», según el mismo autor; y por último, el deseo de independencia —atizado de lejos por el mismo imperialismo norteamericano— que se desencadenó a imitación de Cuba y en evidente conexión con la masonería española, como se pudo demostrar documentalmente.

A finales de agosto del mismo año, pese a la detección de los proyectos de alzamiento, se produce con notable fuerza la insurrección tagala contra España bajo la dirección de Aguinaldo, pronto reconocido por todos como generalísimo. La ciudad de Manila sufre un auténtico asedio, y la provincia de Cavite se convierte en el bastión de la revuelta. Arden las islas de Mindanao y Luzón, y en los Estados Unidos se comienza a pensar seriamente en intervenir a favor de los rebeldes. Al practicarse un registro en la redacción del semanario madrileño La Paz —vinculado al círculo hispano-filipino—, se encontraron pruebas de que la masonería española, dirigida entonces por Miguel Morayta, apoyaba secreta, pero eficazmente, los movimientos de insurrección en Cuba y en Filipinas. Morayta, que era presidente del círculo y Gran Orierte de la masonería hispana, tuvo que huir a Francia desde donde trató de disculparse arteramente con una excusa muy masónica: el pluralismo de las diversas obediencias de la secta.

Los insurrectos, al mando de Emilio Aguinaldo y Andrés Bonifacio, dominaron la provincia de Manila aunque no la capital. Gracias a las tropas llegadas de la península a finales de septiembre y primeros de octubre, el general Blanco pudo organizar la resistencia y pensar en la contraofensiva. Muy a su pesar, el general en jefe, «que no era un rayo de la guerra,» según la púdica expresión de Fernández Almagro, dicta varias sentencias de muerte, lo que no impide que engrasen las filas de la insurrección hasta un total que de momento se cifra en veinte mil hombres armados.

El padre dominico Nozaleda, arzobispo de Manila, exigía, junto con los provinciales de la misma orden, la urgente destitución del capitán general Blanco, a quien estimaba totalmente incapaz de reprimir la rebelión, seguramente por sus concomitancias masónicas. Su sucesor, el general Camilo García Polavieja, desembarcó en Manila a primeros de diciembre. Una de sus primeras disposiciones fue ordenar el fusilamiento de José Rizal, médico y masón, devuelto de la península, a donde había marchado con la pretensión de incorporarse a los servicios de Sanidad Militar en la guerra de Cuba. Rizal se confesó masón fundador del Katipunan, y durante su proceso trató de condenar a sus compañeros de rebelión para eludir la sentencia de muerte. Con los 30.000 hombres de que pudo disponer una vez llegados de la península los correspondientes refuerzos, el general Polavieja, apoyado incondicionalmente por la Iglesia española en Filipinas y por la población civil no vinculada a la causa de los tagalos, organizó sus tropas en tres comandancias generales y se dispuso a lanzar la contraofensiva tan esperada. Las escasas, pero decididas fuerzas navales españolas en el archipiélago le prestaron una eficacísima ayuda en las operaciones anfibias. Su principal objetivo, una vez alejado el peligro de irrupción enemiga en Manila, fue destruir el bastión principal de la rebeldía en la provincia de Cavite, campaña que inició poco después de su llegada, y que se dispuso a rematar al salir de Manila el 14 de febrero de 1897 camino de Parañaque, donde estableció su cuartel general.

Tras conseguir importantes resultados que dejaron desarbolada a la rebelión, se sintió gravemente enfermo y abatido por sus divergencias con el Gobierno de Madrid, al que pidió el relevo. Le sucedió, a finales de abril, el general Fernando Primo de Rivera, que prosiguió enérgicamente las operaciones y comprendió que la clave para la derrota de los insurrectos estaba en el dominio de la sierra de Arayat. Durante ese verano de 1897, el general Primo de Rivera estaba a punto de asestar a la insurrección el golpe final.

El Congreso discute
las reformas

En España se daba poca importancia a la insurrección filipina y se veía con confianza que las nuevas reformas satisfacían a la isla de Puerto Rico, donde, fuera de algunas protestas entre los intelectuales, no se apreciaban brotes de rebelión. El problema, la obsesión, era Cuba. Cánovas mostraba su plena identificación con los métodos y los objetivos del general Weyler, y condicionaba la puesta en marcha de las reformas a la plena consecución de la victoria militar.

Al debatirse en las Cortes, donde Cánovas disponía de votos sobrantes, una nueva versión de las reformas, propuesta por él mismo con el criterio que acaba de indicarse, el general Martínez Campos se mantuvo en su conocida línea de procurar, ante todo, la paz mediante una actitud comprensiva para los rebeldes, pese a que, durante su reciente mando en Cuba, tal política había fracasado lamentablemente. Mientras, el general Pando casi exigía el choque abierto con los Estados Unidos y el diplomático canario León y Castillo concluía, con razón, que el aislamiento de España dejaba a la nación en postura muy peligrosa frente al imperialismo norteamericano. El gran tribuno tradicionalista Juan Vázquez de Mella anticipaba el apocalipsis con su grandilocuencia: «Esta España gloriosísima y prepotente en días mejores no puede dejar una mancha roja en medio del océano; no puede dejar en aquel golfo mexicano a la isla de Cuba, como si fuera una lápida funeraria que recordase de modo siniestro nuestras grandezas; no puede salir de allí de tal manera que, al llegar la nave conduciendo a los últimos soldados, venga como un catafalco en medio de las ondas, teniendo que ir el pueblo español a los puertos de donde salieron en otro tiempo los descubridores a recibirlos como náufragos».

Antonio Maura, cuyos proyectos de reforma se habían frustrado en ocasión especialmente inoportuna, opinaba que las presentes deberían implantarse pero de forma inmediata, sin esperar a la victoria militar. Cánovas se mantuvo en sus trece; y declaró que las reformas, consistentes sobre todo en una descentralización, se aplicarían sin mengua de la fortaleza militar y la decisión para la victoria. Así fue.

Las reformas se anunciaron oficialmente en el decreto de 4 de febrero de 1897. Eran básicamente las de Abárzuza, aunque ampliadas. Consistían principalmente en la concesión de atribuciones a ayuntamientos y diputaciones y en una clarificación presupuestaria entre Cuba y la península. Españolistas y reformistas aceptaron el proyecto. Independentistas y norteamericanos lo rechazaron, por tardío y por insuficiente. El futuro de Cuba ya no dependía de la política, sino de las armas.

El 4 de noviembre de 1896 William MacKinley, del Partido Republicano, fue elegido presidente de los Estados Unidos. En aquella época de progreso, expansión y corrupción, el Partido Republicano defendía una política de intereses que amparaba los intentos de quienes, en los Estados Unidos, abogaban por la anexión de Cuba, Puerto Rico y Filipinas. En sus discursos finales, el presidente en funciones Grover Cleveland trataba de presentar la posición norteamericana como respetuosa con el derecho internacional, pero si España no conseguía dominar la situación en Cuba, los Estados Unidos se verían obligados a intervenir. Cleveland justificaba esta teoría por la importancia económica de los intereses norteamericanos en la isla de Cuba, muy importantes después de los españoles.

Sin embargo, desde que tomó posesión en marzo de 1897, el nuevo presidente MacKinley extremó su moderación, y trataba en apariencia de evitar que la presión de la opinión pública, atizada por la prensa amarilla, lanzase a los Estados Unidos a una guerra motivada por burdos intereses económicos y, a todas luces, injusta. Cuando el 30 de abril se inauguraba una estatua en honor del ex presidente Grant, España envió en misión oficial al crucero María Teresa, y los americanos recibieron a los marinos españoles a los acordes de la Marcha de Cádiz.

Cada vez más solo ante el peligro, Cánovas no encontró en el ambiente político español la solidaridad que necesitaba el país. Los dos delfines del Partido Liberal-Conservador, Romero Robledo y Silvela, se acuchillaban en el Parlamento y en la prensa. Los republicanos utilizaban los problemas de la guerra para incrementar sus esperanzas de retomo y, si bien los carlistas reaccionaban con ejemplar patriotismo ante el peligro de la nación, los catalanistas adivinaban ya que la separación de Cuba les podría dar argumentos para su propia separación, como de hecho sucedió, lo mismo que en el caso de los nacionalistas vascos.

El 19 de mayo, cuando el Senado norteamericano debatía la concesión de los derechos de beligerancia a los rebeldes de Cuba, Sagasta fustigaba al Gobierno Cánovas en una reunión de minorías liberales, y por pasión política comprometió gravemente a España: «Después de haber enviado —dijo— nada menos que 200.000 hombres a Cuba, de haberse derramado tanta sangre y gastado más de mil millones de pesetas, resulta que aun admitiendo que la isla está pacificada en su mitad, que es mucho admitir, en la otra mitad no son dueños nuestros soldados más que del terreno que pisan». Y con estos argumentos servidos en bandeja por la propia oposición española, los senadores norteamericanos aprobaron por abrumadora mayoría la concesión de los derechos de beligerancia, que esta vez la Cámara de Representantes y el presidente de los Estados Unidos ratificaron.

Unos días antes había regresado a Madrid, en loor de multitud, el general Polavieja, que dejaba sentenciada la victoria en Filipinas y fue recibido como un héroe. Al salir de Palacio después de la cordial entrevista con la Reina, doña María Cristina le saludó desde un balcón, gesto que provocó una crisis tras de la cual Cánovas, con indignación de los liberales, quedó confirmado en el Gobierno. Sagasta entonces rompió la tregua patriótica que había permitido al Gobierno Cánovas dirigir tranquilamente la guerra de ultramar, y se lanzó a una campaña de oposición bajo la bandera de la autonomía en Cuba, pese a que antaño los liberales habían ahogado las reformas de Maura.

El presidente MacKinley era un maestro en seguir las inclinaciones de la opinión pública; y en los Estados Unidos la opinión en 1897 estaba arrastrada de forma irresistible por la prensa amarilla hacia la intervención en Cuba y hacia la guerra contra España. MacKinley nombró secretario de Estado al senador Sherman, un enemigo absoluto de España, lo mismo que el secretario adjunto, William Rufus Day. El Senado, dominado por los intereses proteccionistas y la corrupción, se lanza a una frenética carrera en favor de la intervención. El 26 de junio de 1897, el presidente MacKinley aprueba una nota firmada por Sherman que se entrega al ministro español en Washington, Dupuy de Lome. El Gobierno norteamericano critica con dureza las presuntas crueldades del general Weyler y le acusa de dirigir la guerra de forma inhumana.

Sin embargo, Weyler acosaba ese verano de 1897 a los insurrectos, y España respondió con dignidad y desabrimiento a las críticas oficiales norteamericanas, recordando cómo los ejércitos norteamericanos del norte se habían comportado durante la guerra de Secesión. Pero el 8 de agosto de 1897, en el balneario guipuzcoano de Santa Agueda, el anarquista italiano Angiolillo asesinaba al jefe del Gobierno español Antonio Cánovas del Castillo y el Gobierno pasaba, en momentos tan críticos, a las manos ancianas y débiles de Práxedes Mateo Sagasta.

Antes de terminar el año fatídico de 1897, víspera del año trágico 1898, España había logrado dominar totalmente la insurrección en las islas Filipinas. Durante el mando interino del general Lachambre, se habían mantenido las posiciones favorables logradas por el general Polavieja. Desde Silang, recientemente recuperado, el nuevo general en jefe, Femando Primo de Rivera, desencadenó, con plena voluntad de vencer, la ofensiva final en medio de un calor espantoso. La provincia de Cavite quedó pronto libre de enemigos. Dejábamos al general insurrecto Aguinaldo acosado por los españoles en su reducto de Biac-na-Bató. Primo de Rivera destinó a cada una de las islas importantes a un general o jefe de prestigio: Diego de los Ríos recibió el mando en la isla de Mindanao, y el general Huertas, el archipiélago de las Bisayas.

Los insurrectos, al ver la decisión del nuevo general en jefe, dispuesto a llevar la guerra hasta el fin, entablaron negociaciones de paz. Daba resultado la idea que llevó a efecto Primo de Rivera: mezclar soldados filipinos con tropas peninsulares en los regimientos y en la Guardia Civil. Mientras apretaba la presión contra los restos de las tropas rebeldes derrotadas poco antes en las operaciones de Cavite, Primo de Rivera multiplicaba los signos de convivencia. El contacto de varios siglos entre españoles y filipinos dio sus frutos, y el 13 de diciembre el general Emilio Aguinaldo se entregó al general Primo de Rivera. Una comisión española, dirigida por el comandante laureado Miguel Primo de Rivera, que se había distinguido ya heroicamente en la pequeña guerra de Melilla, concertó las restantes condiciones en el campamento insurrecto de Biac-na-Bató. Pronto Aguinaldo y otros jefes rebeldes embarcaron pacíficamente hacia Hong Kong. Con el año nuevo llegaba la paz a las Filipinas.

Los primeros presagios del Desastre

A fines del año 1897, los despachos del ministro de España en Washington, Dupuy de Lome, llegaban rebosantes de optimismo. Pero al comenzar el año fatal de 1898 el horizonte empieza a ennegrecerse de nuevo. La mejora de relaciones, que no era más que aparente, parecía fruto positivo de la política de apaciguamiento a toda costa emprendida por Sagasta desde que se hizo cargo del Gobierno, después del asesinato de Cánovas. El Gobierno español comunicaba puntualmente a Dupuy todas sus iniciativas para que el ministro se las presentase, a su vez, a los americanos.

El 4 de octubre de 1897, Sagasta envía a Washington la lista completa del nuevo Gobierno. El 17 comunica el cese del general Weyler cuando éste se disponía a emprender el asalto definitivo a los reductos rebeldes de la provincia de Oriente; le sustituiría el general Blanco, fracasado en Filipinas por su blandura, de quien se esperaba un trato contemporizador para con los rebeldes, a quienes sin duda, como deseaba el Gobierno español, satisfarían a fondo las medidas de autonomía, que empezarían a regir desde el 1 de enero de 1898.

Esta autonomía incluía una mayor libertad de prensa, que los periódicos de La Habana aprovecharon de forma partidista. Un periódico antiespañol, El Reconcentrado, criticó injustamente a un militar del equipo Weyler que regresaba a España. Según la costumbre de la época, un grupo de oficiales consumó inmediatamente una agresión al periódico y La Habana ardió en manifestaciones que se enfrentaban con vivas o mueras al capitán general recientemente destituido. El cónsul americano en La Habana, general Lee, intervencionista convencido, incendiaba a la opinión oficial de Washington y los periódicos sensacionalistas con sus comunicados y filtraciones. La prensa amarilla decidió entonces que la autonomía cubana concedida por España era una farsa, un subterfugio. Madrid dio explicaciones, aseguró la seriedad de las medidas autonómicas y accedió a entablar negociaciones comerciales sobre una base dictada por Washington, en la que se concedía carácter preferencial a Norteamérica casi en régimen de nación soberana.

Como evidente medida de presión, aunque se disimuló con pretextos de protocolo y sospechas sobre defensa de los intereses norteamericanos en la isla, los Estados Unidos, sin permiso previo de España, enviaron al crucero protegido Maine, de 6.682 toneladas, al puerto de La Habana. El navío arribó el 26 de enero de 1898, con sus cuatro piezas de 25 y sus diez cañones de tiro rápido de 5,7. Durante tres semanas el Maine se fue convirtiendo en una estampa pacífica y habitual en el puerto de La Habana. Hasta que el 15 de febrero de 1898, a las 21:40, dos tremendas explosiones echaron al barco por los aires, entre una formidable llamarada. Se recogieron 115 heridos, trasladados inmediatamente a los hospitales, y de los restos del casco y de las aguas del puerto se extrajeron después 266 cadáveres.

Pero registremos, antes de volver sobre el Maine, otra explosión, esta vez diplomática, que había tenido lugar durante la estancia del crucero en La Habana.

El 9 de febrero, el Journal, uno de los dos paladines de la prensa amarilla, publicaba en bandera una carta del ministro español en Washington, Dupuy de Lome, a un amigo en Cuba. El titular rezaba así: El peor insulto contra los Estados Unidos en toda su historia. La carta estaba dirigida al ex ministro José Canalejas, mentor del Heraldo de Madrid, que por entonces se encontraba en Cuba en viaje informativo. En su carta, el ministro español llamaba a MacKinley «político rastrero, obsequioso para gentuza», lo cual no estaba lejos de la verdad. La carta provocó la destitución de Dupuy, decretada por el Gobierno Sagasta entre humillantes excusas al Gobierno de los Estados Unidos. La prensa amarilla encontró en esta carta abundantísima leña que arrojar al fuego.

España había intentado contrarrestar la impuesta visita del Maine con el envío a Nueva York del crucero Vizcaya, que al llegar suscitó sospechas absurdas de ir en son de guerra; al conocer la trágica noticia de Cuba el comandante español suspendió el desembarco amistoso.

Dictamen definitivo
sobre el Maine

Hasta hace poco tiempo casi todo el mundo comprendía que el asunto del Maine había servido para desencadenar la guerra entre España y los Estados Unidos. El resumen de un gran conocedor de los problemas de Cuba, el teniente general Martínez de Campos, es revelador: «Salió en seguida de los Estados Unidos un barco de salvamento, con la carga necesaria para investigar sobre las causas del accidente ocurrido. El Bangrove, a cuyo bordo iban los buzos y los principales componentes de la comisión informadora, fondeó junto a los restos del crucero Maine. Mas con él llegaron, casi a un tiempo, las noticias de Norteamérica sobre la orientación y la actitud adoptada por la prensa. Súpose, en efecto, en esa fecha, que un diario neoyorquino había lanzado un gran artículo en el que se anunciaba que una mina submarina había causado la destrucción del Maine. Decía también el mismo artículo que se trataba de un asunto premeditado, y que no era ajeno a ciertas deliberaciones del Gobierno de Madrid; y, en fin, que de lo expuesto se tenía una prueba irrefutable».

Más todavía. El New York Herald del 28 de febrero comentaba lo anterior y aún agregaba: «… el Gobierno de Madrid asegura que no había minas submarinas en el puerto de La Habana, pero en un plano aparecido en la biblioteca militar de Washington figura la posición exacta de las minas españolas. El Maine quedó fondeado junto a una de ellas, que estaba conectada con la orilla».

No obstante, en los Estados Unidos y en España hubo una aparente calma. Se esperaban los informes, sin pensar que el nuestro sería incompleto, ni que uno y otro llegarían a conclusiones diferentes. En efecto, los buzos americanos encontraron torceduras en el interior del barco que habían sido originadas, forzosamente, por una explosión externa, y los españoles sólo vieron dobladuras hacia fuera, causadas, sin duda alguna, por una explosión interna. Tales orientaciones predominaban, cuando menos. Demostraban claramente lo que cada cual deseaba demostrar. No hubo ecuanimidad en ninguna parte; y fue preciso resignarse —de momento— a los efectos producidos por esta controversia estéril y política.

Nada se puso en claro hasta después de la contienda. Mister George W. Melville, ingeniero jefe de la Armada Americana, publicó en enero de 1902 en la revista North American Progress, una larga carta en la que se demostraba que el accidente sufrido por el crucero Maine había sido originado por una explosión interna. Ya era tarde. «Remember the Maine» —no olvidéis el Maine— fue el grito bélico de la Marina Americana frente a Cavite, frente a Santiago, frente a San Juan de Puerto Rico…

La comisión de encuesta enviada inmediatamente por el Gobierno norteamericano a La Habana determinó que la explosión se debía a causas externas; es decir, a una mina colocada,, naturalmente, por los españoles. Otras investigaciones, dentro del ámbito de los Estados Unidos, obtuvieron conclusiones contrarias, según este resumen del investigador español Allendesalazar:

En todo caso, la comisión de encuesta concluyó que la explosión había sido producida por una mina submarina, aunque añadió que no se podía fijar quiénes eran las personas responsables. Este veredicto fue un instrumento decisivo para acelerar al máximo la creciente indignación nacional y la del Congreso, con vistas a la inminente guerra.

En 1912, el Gobierno americano, de acuerdo con el cubano, decidió sacar a flote el casco y rescatar los numerosos cadáveres que habían quedado aprisionados en el buque desde 1898. Se formó entonces una nueva comisión de encuesta que repitió las conclusiones de la anterior con una sola excepción, y ésta era que el boquete producido por la explosión resultó no estar tan a proa como primero se había creído, lo que hace dudar de la exactitud de la investigación realizada al principio por los buzos. Pero el resto de las afirmaciones siguió siendo igual. Una vez sacados los cadáveres, el casco destrozado fue remolcado hasta alta mar y hundido allí, con honores militares. Nadie podría, nunca más, volver a tocar el asunto del Maine con pruebas en la mano.

Aún sin caer en la fácil tentación de señalar como sospechosa la decisión de hundir el pecio en alta mar, el estudio posterior de las conclusiones de la encuesta produce la sensación de que éstas no son, ni mucho menos, abrumadoramente convincentes. Esta opinión no es sólo mía. Por no citar más que a dos fuentes americanas, quiero acabar estas notas con las conclusiones a que llegan dos historiadores de aquel país al escribir, años después, sobre este tema.

En 1931, Walter Millis, especialista en temas militares, dice en su obra The Martial Spirit, en la página 129: «La explicación más probable parece ser la de que el Maine se destruyó por sí mismo sin la intervención de ningún agente exterior, salvo la voluntad de Dios». Y John E. Weems, en The Fate of the Maine, publicado en Nueva York en 1958, termina afirmando en la página 178: «En mi opinión, cualquiera que dedique algún tiempo a estudiar aquel desastre, llegará a la conclusión de que lo más probable es que el buque estalló por causas internas, a pesar de los indicios aducidos en contra; y en todo caso, si se produjo por un factor externo, la explosión ha tenido que ser forzosamente fruto de un mero accidente». Hasta que en nuestros días la propia Marina de los Estados Unidos, aunque tardíamente, ha venido a dar por completo la razón a España.

Uno de los más prestigiosos miembros del Almirantazgo norteamericano, Hyman G. Rickover, el padre de los submarinos Polaris, ha emprendido una exhaustiva investigación histórica sobre nuevos datos aportados por los investigadores navales, y en su sensacional libro de 1976, How the battleship Maine was destroyed, concluye (pág. 104) que «con toda probabilidad, el Maine fue destruido por un accidente que ocurrió dentro del barco». Por la demostrada negligencia de su comandante, Sigsbee, culpable de casos anteriores sumamente graves, se produjo una explosión en un pequeño depósito de pólvora situado en la parte delantera del barco, aunque tal vez la causa decisiva fuera la combustión espontánea del carbón bituminoso que utilizaba el barco como combustible. En todo caso, para el almirante Rickover la explosión fue, sin duda razonable alguna, en el interior del barco.

Un luminoso apéndice, obra de los investigadores navales Ib. S. Hansen y Robert S. Price, deja ya sin dudas la tesis del almirante Rickover. Por desgracia, el arranque ético de la Marina norteamericana nos llega casi ochenta años después de que se consumase la tremenda injusticia contra España.

Los sucios orígenes
de la prensa amarilla

Contra España se levantaba un poderoso ejército de papel en los Estados Unidos: la prensa amarilla, creada por dos figuras legendarias en la historia de la comunicación: Joseph Pulitzer y William Randolph Hearst. Pulitzer era un periodista de origen húngaro que compró, en 1883, el World de Nueva York y convirtió al periódico en una tribuna del sensacionalismo más espectacular. A su sombra se formó Hearst, un joven expulsado de Harvard que compró, en 1891, otro periódico neoyorquino, el Journal, desde el que inició una salvaje competencia de sensacionalismos con Pulitzer. Uno y otro se disputaban los mejores periodistas, los reporteros más desaprensivos.

R. F. Outcault, dibujante del World, que había inventado una tira cómica en color amarillo con el título Hogan’s Alley, se pasó al periódico rival, y entonces Pulitzer encargó a otro artista la continuación de una serie parecida en su periódico, con el mismo color. Desde entonces, la prensa sensacionalista ávida de basura se llama, en los Estados Unidos y en el resto del mundo, prensa amarilla.

Al comenzar la década de los noventa en el siglo XIX terminaba en Norteamérica —país de una enorme avidez en la lectura de diarios— la época del «gran director» y empezaba la del «gran reportero». Pulitzer y Hearst lo vieron a la vez, y se lanzaron a fondo sobre un problema que generaba innumerables noticias sensacionalistas: la insurrección de los cubanos contra España. Tomaron inmediatamente partido por los rebeldes, enviaron a sus más agresivos corresponsales y reporteros a La Habana, fletaron expediciones de ayuda a los insurrectos de la manigua, inventaron historias de crueldad española y presentaron al enérgico general Weyler como «el Sanguinario». La explosión del Maine suscitó una especie de paroxismo belicista en los dos grandes portavoces de la prensa amarilla. «Esto significa la guerra», y el periodismo americano, dirigido y arrastrado por la prensa amarilla, declaró la guerra a España mucho antes que el Gobierno de los Estados Unidos.

En 1890, el mismo año en que se publica el libro de Mahan, la batalla de Wounded Knee completa el proceso de la conquista interior del territorio norteamericano, mediante la exterminación de los indios y su reclusión en reservas de tipo zoológico más que colonizador. Había terminado la gran marcha interior hacia la frontera del oeste, después de la cual se produciría el primer salto imperialista con la anexión de las islas Hawai, ratificada por el Senado de los Estados Unidos tardíamente y sólo después de la victoria naval de Cavite contra España. Sobre el papel, la guerra se presentaba con ciertas dudas. España mantenía en Cuba 155.302 hombres del Ejército regular, más 41.518 de tropas voluntarias; es decir, cerca de 200.000 soldados. Estados Unidos disponía en la metrópoli de un ejército exiguo: 28.000 soldados. Pero la capacidad de movilización norteamericana era enorme.

Según estudios de Allendesalazar, que ha analizado con profundidad la guerra del 98 desde el lado norteamericano —ningún historiador de los Estados Unidos ha intentado adentrarse en la perspectiva española—, cuando se produjo la guerra con Inglaterra en 1812, el Ejército norteamericano pasó, en cuestión de días, de 6.744 a 715.449 hombres. Para la guerra contra España, Washington movilizó un total de 226.000 hombres, del que dos tercios no llegaron a embarcar. La escuadra de la Unión llegó a ser la primera del mundo en la época de la guerra de Secesión; lo mismo que el Ejército yanki. Durante los años 80, los Estados Unidos emprendieron un vasto programa de construcciones navales, que estaba todavía muy incompleto al estallar la guerra contra España, pero que aun así, dado lo ineficaz de la preparación española, resultaba más que suficiente para barrer de los mares a los barcos españoles.

En 1884, cuando los demócratas llegaron al poder, ordenaron la construcción de dos acorazados de segunda clase, el Texas y el Maine famoso, y en plena competencia política, los republicanos, que alcanzaron la Casa Blanca en 1886, planearon la de ocho acorazados modernísimos, de los que en 1898 estaban listos cuatro, el Oregon, el Massachussetts, el Indiana y el Iowa, que constituyeron la fuerza naval básica para la victoria contra España. Las ideas de Mahan empezaban a influir poderosamente en la preparación naval norteamericana.

Estaba claro que una guerra como la que se avecinaba se decidiría en la mar. El plan de Escuadra de 1887 no se llevó a cabo más que muy parcialmente, y cuando en 1895 se sintió la necesidad de armar una poderosa flota de guerra, hubo que completarla improvisadamente, comprando saldos navales en todo el mundo, sin tiempo, ni siquiera interés de vida o muerte, en preparar a fondo el armamento y la maquinaria de los buques.

En esta desidia, que tuvo efectos calamitosos en las batallas navales del Desastre, intervino, según la documentación encontrada por la Policía en Madrid, la acción de las sociedades secretas. Entre los buques de guerra que se incorporaron apresuradamente y sin garantías a la flota española, estaba, según Fernando Bordejé, el acorazado Colón, botado en Génova en 1896; los cañoneros Bazán, Marqués de la Victoria, Doña María de Molina, construidos en El Ferrol, según modelo anticuado, en 1896 y 1897; cinco cazatorpederos comprados a Inglaterra, y dos cañoneros que se pudieron adquirir en Hong-Kong.

Los modelos elegidos para el plan de Escuadra no resistían la menor confrontación con los barcos de Norteamérica, a los que se habían incorporado todos los adelantos en blindaje y armamento. La comparación de Allendesalazar es más elocuente que ningún comentario: «La superioridad americana era total. El cotejo entre ambas flotas no dejaba mucho margen para optimismos a los españoles. Pero, además, esta comparación era engañosa, porque la Marina española seguía un sistema de clasificación diferente, que hacía aparecer a los buques en categorías superiores a las que sus equivalentes ocupaban en la lista americana.

»Sobre el papel, Estados Unidos tenía en uso cuatro acorazados de primera clase, uno de segunda —tras la explosión del Maine—, dos cruceros acorazados, seis monitores y catorce cruceros protegidos; y España, dos acorazados de primera clase, cuatro cruceros acorazados y cinco cruceros protegidos. De hecho, sólo el Pelayo se podía considerar equivalente a un acorazado de primera clase americano, y aun esto con un buen margen de benevolencia; de los cuatro cruceros acorazados, al menos uno, el Cristóbal Colón, tenía incompleto su armamento. España sólo tenía superioridad numérica en cañoneros y torpederos, que fueron muy temidos por los americanos durante toda la guerra, aunque su eficacia resultó nula.

»Además, la superioridad americana aumentaba sensacionalmente en el momento de valorar la edad, la coraza y, sobre todo, la potencia de fuego. Concretamente, en armamento pesado el cálculo claramente conservador de un técnico americano es que la proporción era de tres a uno a favor de Estados Unidos. Solamente en velocidad, por lo menos teórica, los buques españoles eran superiores a los americanos. Pero el carbón, de mala calidad, y, sobre todo, el mal estado de conservación, del que nos han llegado desgarradoras noticias en la correspondencia del almirante Cervera, hacía que, en la práctica, esta relativa superioridad también fuera ilusoria».

Caldeado el ambiente por las campañas que siguieron a la explosión del Maine, el presidente MacKinley intimó a España que si no lograba un inmediato arreglo con Cuba, se vería obligado a proponer al Congreso determinadas medidas relacionadas con la catástrofe del acorazado. Seis días después, el mismo presidente exigió que España otorgase, hasta el 1 de octubre, un armisticio a los insurrectos, para proveer, bajo dirección norteamericana, un auxilio general a la población reconcentrado en los poblados marcados por el mando español. Tras varias consultas europeas, el Gobierno de Madrid accedió a esta humillante petición, que se llevó a efecto inmediatamente.

Llegó el mes de abril, en un ambiente cada vez más claro de vísperas de guerra. El Gobierno de los Estados Unidos ordenó la evacuación de cuantos residentes de su país vivían en Cuba, e intensificó la preparación de la escuadra, a la que se ordenó concentrarse en Key West, Florida. El 18 de abril, el ministro plenipotenciario de España en Washington, Polo, transmitía telegráficamente el acuerdo conjunto de las dos Cámaras norteamericanas, por el que se autorizaba al presidente de los Estados Unidos emprender las hostilidades contra España en nombre de la civilización cristiana. Era ya una virtual declaración de guerra, y así fue interpretada por todos los observadores mundiales.

La votación del Senado fue 42 por 35. La de la Cámara de Representantes, 310 por 6. El párrafo cuarto de la resolución conjunta constituye la llamada «enmienda Teller». La declaración es una auténtica monstruosidad. Eliminaba a España de América en nombre de la civilización cristiana, que España había llevado a América, incluidos vastísimos territorios de los propios Estados Unidos de América, y exigía la retirada unilateral y oprobiosa de todas las fuerzas de España.

La reina María Cristina redoblaba en las cancillerías de Europa sus gestiones de paz, pero no tuvo más remedio que responder con digna firmeza a la provocación agresiva del Gobierno y las Cámaras de Norteamérica, que aceptaban las pruebas falsas del hundimiento del Maine para justificar su declaración. La opinión pública española, excitada por una prensa que luego, por su irresponsabilidad, sería calificada de infame, se echó a la calle, y pidió con más ardor la guerra en las calles de Madrid y de Barcelona que la gente de América en sus ciudades, donde cundía el sentimiento de agresión y de injusticia, pese al clamor de la prensa amarilla.

El presidente MacKinley sancionó con su firma la declaración conjunta de las dos Cámaras americanas el 20 de abril de 1898. Faltaba sólo la declaración formal de guerra. Dos días después, el presidente ordenó un bloqueo total de las islas españolas y pidió 125.000 voluntarios para la fuerza de desembarco. A requerimiento del presidente, el Congreso adoptó, el día 25 de abril, otra resolución conjunta por la que se declaraba formalmente la guerra a España.

Los objetivos de la Escuadra del Atlántico estaban claros: interrumpir el tráfico entre España y sus islas; apoyar directamente a los insurrectos; bloquear implacablemente las dos islas y evitar la llegada de una escuadra española, y conquistar luego la capital, La Habana. Quedó al mando de la flota del Atlántico el almirante Sampson. Cundió la alarma en la nación agresora cuando se supo que la escuadra española del Atlántico, al mando de un marino tan competente como el almirante Pascual Cervera, había zarpado de sus bases en la península y salía de las islas de Cabo Verde el 29 de abril, rumbo a las Antillas. Se apagaron las luces de Nueva York, y toda la costa norteamericana se puso en estado de alerta, con lo que los constructores de fortificaciones más o menos absurdas hicieron su agosto.

La preparación artillera de Cuba era mínima. «La Habana —escribe un gran especialista, que recorrió detenidamente los lugares del Desastre, el general Carlos Martínez de Campos— tenía unas cuantas piezas de cañón, sistema Hontoria o sistema Ordóñez; pero Santiago, en la Socapa y en el Morro, sólo tenía morteros y obuses tipo Elorza, fundidos éstos últimos a partir del año 1720 y montados sobre afustes de madera». Los insurrectos, naturalmente, entraron en plena exaltación con las noticias de la intervención norteamericana. Todas las fuerzas de España en Cuba estaban a las órdenes del capitán general Ramón Blanco, marqués de Peña Plata, militar liberal, pacifista y no adversario de la masonería.

La escuadra española estaba dividida en tres núcleos: La del almirante Montojo, en la base filipina de Cavite, compuesta por barcos de madera con armamento inservible, frente a buques de guerra modernos; la del almirante Cervera, que ya estaba en ruta hacia las Antillas, y la de reserva, a las órdenes del almirante Cámara, que se aprestaba en Cádiz. Puede que una concentración de las tres divisiones hubiera logrado algún resultado. Pero no había realmente ni una estrategia ni un plan realista de Estado Mayor ante la eventualidad de una guerra con los Estados Unidos. Pese a los alardes patrioteros de la prensa y de la calle, no había ni posibilidad ni voluntad de vencer. Sí que la había en Cuba y en Puerto Rico, de resistencia en tierra, como demostraría el desarrollo de las operaciones militares. Pero ni el Gobierno ni el mando superior alentaban esa voluntad de resistencia; sólo se preocuparon, una vez declaradas las hostilidades, de liquidarlas con el menor deshonor y ridículo posible.

Muchos años después, el general Franco, que había vivido intensamente en El Ferrol, durante su infancia, las jornadas del Desastre, criticaría con dureza que el Ejército de Cuba no se hubiera empleado a fondo, con excepción de la escasa fuerza acantonada en Santiago de Cuba; pero el grueso, que se encargaba de defender La Habana, quedó inactivo, y se rindió sin combatir. Había en España voluntad teórica de permanecer en Cuba, de no dejarse arrancar la isla por las buenas. Pero no existía, ni en el Gobierno ni en el mando superior de las Fuerzas Amadas, voluntad de luchar hasta el fin.

La destrucción de la
Escuadra de Filipinas

Casi a la vez que la escuadra del almirante Cervera zarpaba de Cabo Verde para las Antillas —exactamente, tres días antes, el 26 de abril de 1898—, la Escuadra americana del Pacífico, a las órdenes del almirante Dewey, levaba anclas en Hong-Kong para dirigirse a la capital de las Filipinas, Manila. Menos de tres días invirtieron los modernísimos navíos en la travesía. El contraalmirante arbolaba su insignia en el crucero protegido Olympia, al que acompañaban los de la misma clase Baltimore, Raleigh, Boston, el crucero mediano Concord y el cañonero Petrel. En segunda formación navegaban tres buques auxiliares: el cúter McCulloch, el Nasham y el buque de aprovisionamiento Zafiro. Una imponente fuerza naval contra la que nada podían hacer los barcos de madera del almirante Montojo, a quien el capitán general de Filipinas ordenó situarse junto a su propia base de Cavite, sin la protección artillera de Manila, para evitar que la escuadra de los Estados Unidos bombardease la ciudad; otra prueba clara de que el mando militar español tampoco deseaba la lucha a muerte en Filipinas.

A media mañana del 30 de abril, la fuerza americana llegaba a la ensenada de Subig, treinta millas al norte de la bahía de Manila, defendida por la isla artillada de Corregidor. Para asombro de los invasores, sólo uno de los fuertes españoles, el del Fraile, marcó su paso con un par de salvas inútiles; si Corregidor hubiera dispuesto de artillería moderna, la escuadra de Dewey hubiera terminado allí sus días. Los barcos recorrieron tranquilamente, a una velocidad de seis nudos, la corta distancia que separa Corregidor de Cavite. A las 05:06, las baterías españolas de costa que defendían esta plaza iniciaron tímidamente el fuego, y dos minas casi inútiles explotaron, sin daño, junto al buque insignia. Las baterías españolas afinaron el tiro, y a las 05:23 los barcos americanos empezaron a responder.

A las 06:19, los cañones de la escuadra americana disparaban ya a discreción contra los fuertes españoles, pobremente artillados. Los navíos de Dewey buscaban los barcos españoles del almirante Montojo, descubiertos de lleno por la salida del sol. El Olympia se enfrentó con el buque insignia español, el crucero Reina Cristina. Los barcos americanos avanzaban en línea, y viraban en la punta Sangley para volver a iniciar la pasada por la otra banda. Repitieron cinco veces la maniobra, cada vez más cerca de la costa, y entonces se retiraron fuera del alcance de los cañones españoles. La batalla de Cavite no fue un simple paseo naval, no fue un simple barrido de la escuadra española por la americana. Baterías de costa y navíos españoles se defendieron valerosamente y forzaron esa primera retirada de la escuadra enemiga. El Baltimore había sido atravesado por un proyectil español, que no explotó; aunque otro provocó graves daños en su cubierta y su artillería, y le voló el puente principal. También sufrió impactos graves el Olympia, y el fuego español provocó un incendio a bordo del Boston. El destrozo fue mucho mayor en la escuadra española, donde ardían los dos barcos principales, el Reina Cristina y el Castilla; pero, como indican los partes norteamericanos, «todavía mantenían en alto sus banderas de combate y disparaban sus cañones». La retirada de los navíos invasores había tenido lugar a las 07:45.

El combate se reanudó a las 10:45. El Baltimore puso proa a Cavite a toda máquina, y el Olympia le siguió de cerca y le acompañó en un bombardeo feroz contra fuertes y barcos españoles, que respondieron con energía. Todos los buques de Cavite se incendiaron, pero, a mediodía, con la bandera todavía izada en el arsenal, las baterías españolas estaban ya prácticamente acalladas. Al verse perdido, el Reina Cristina, envuelto en llamas, se lanza contra la línea americana con objeto de abordar algún barco y destruirle. Pero toda la artillería enemiga se concentra sobre él, y la tripulación tiene que abandonarlo menos el comandante, Cadarso, que prefiere hundirse con el crucero. Al reanudarse la batalla, los barcos españoles habían tratado de cambiar de posición hacia el fondo del entrante de Bacoor. Ya estaban fuera de combate el Cristina, el Castilla y el Ulloa; durante la segunda fase de la batalla se incendian, uno a uno, el Cuba, el Luzón, el Juan de Austria, el Marqués del Duero y el Velasco. «Nuestros barcos —dice el general Martínez de Campos—, de 15 nudos, con 60 piezas y 11.300 toneladas en total (y sin blindaje), son destruidos en pocas horas por una escuadra que es capaz de hacer 20 nudos, que tiene un centenar de piezas de calibre superior y que —perfectamente blindada— desplaza 19.200 toneladas. Son hundidos uno tras otro, como reos arrimados al paredón fatídico. Sin alcance suficiente, soportan las rociadas. Se salva sólo un transporte de pequeñas dimensiones. El Manila fue la única presa realizada por la flota americana».

La destrucción final de la resistencia española corrió a cargo del Petrel, que pudo introducirse en el interior de la dársena y liquidar cualquier resto de oposición armada. España tuvo 58 muertos y 256 heridos. La escuadra norteamericana contó 25 muertos y 50 heridos, entre ellos el comandante del Olympia, Gridley. El general García Peña quiso mantener la resistencia en tierra, pero sus 1.500 hombres, en gran mayoría tagalos, le obligaron a desistir. Un barco de guerra americano fue a Hong-Kong en busca de Aguinaldo y los demás líderes de la independencia, que reanudaron las hostilidades contra España al amparo de la flota invasora.

Los españoles esperaban a la escuadra del almirante Cámara, que zarparía de Cádiz el 16 de junio, pero el Gobierno egipcio, animado por Inglaterra, les impidió el paso por el canal de Suez con diversas excusas. Desembarcó, a finales de junio, una brigada norteamericana cerca de Manila, y durante el mes de julio, otras dos expediciones más, hasta superar los diez mil hombres en total. Los españoles trataron de resistir, y entablaron, a final de julio, un combate que resultó indeciso. El general Jáudenes, que había relevado al anterior capitán general, Augustí, no pudo ofrecer resistencia adecuada. El ejército expedicionario americano, auxiliado por cien mil tagalos y, sobre todo, por la eficaz cooperación de la escuadra del almirante Dewey, entró por fin en Manila el 14 de julio de 1898, y se firmó, en San Potenciano, el armisticio que entregaba las islas al arbitrio de los Estados Unidos. Varios puestos españoles se negaron a rendirse; el más célebre de todos fue el de Baler, que resistió, a las órdenes del teniente Martín Cerezo, hasta junio de 1899. Eran los últimos de Filipinas.

Mientras tanto, el 13 de mayo la escuadra del almirante Cervera repostaba de carbón en la isla holandesa de Curaçao; a continuación, burlaba con suma habilidad a la flota americana del Atlántico, entretenida en capturar barcos españoles de cabotaje y bombardear, sin efectos importantes, los fuertes de San Juan de Puerto Rico. Las baterías españolas habían forzado la retirada de los navíos del almirante Sampson en varios puntos de Cuba, como Guantánamo y Sagua la Grande. El 19 de mayo Cervera saludó al castillo del Morro, que defendía la entrada al puerto de Santiago de Cuba; sólo llegar hasta allí, después de burlar a la escuadra enemiga, era ya una extraordinaria hazaña.

La llegada de Cervera a Santiago hizo variar el plan americano para la ofensiva contra Cuba. Antes, el objetivo principal era La Habana y su campo, donde estaba la principal fuerza española de tierra; ahora, el almirante Sampson debería desembarcar en Santiago, para capturar allí a la escuadra de Cervera. Pero la llegada de esta escuadra creó más problemas de los que solucionó. La tremenda travesía del Atlántico dejó a los barcos en condiciones lamentables, muy difíciles de subsanar con los escasos medios de una base secundaria. El mando enemigo montó inmediatamente un bloqueo durísimo a la salida de Santiago, de donde los barcos de Cervera sólo podían intentar la evasión saliendo uno a uno por un estrecho canal hacia un aniquilamiento seguro. El 3 de junio el almirante Sampson hundió, cerca de la salida del canal, al viejo buque de guerra americano Merrimac, para bloquear el puerto; pero con poco efecto.

Cinco grandes acorazados, Indiana, Iowa, Massachussetts, Oregon y Texas; cuatro cruceros, Brooklyn, New York, New Orleans y Marblehead, más una nube de barcos menores esperaban a los buques españoles atrapados. Por dos veces, la escuadra del bloqueo arrasó los fuertes del Morro y la Socapa, tan deficientemente artillados; 60 piezas superiores a los veinte centímetros, 80 menores y 180 de tiro rápido acallaron a las 19 de las fortificaciones españolas, donde murieron diez hombres, entre ellos el notable artillero Salvador Díaz Ordóñez. El Gobierno puso la escuadra de Cervera a las órdenes del capitán general de Cuba.

Desembarco americano,
resistencia española

A finales de mayo, estaba preparado para desembarcar, cerca de Santiago de Cuba, un cuerpo expedicionario americano a las órdenes del general Shafter. Era el Quinto Cuerpo, con unos 15.000 hombres (y casi un centenar de corresponsales de guerra, encabezados por los de la prensa amarilla, que había fletado su propia escuadra), integrados en dos divisiones de Infantería (Kent y Lawton), una de Caballería prácticamente desmontada (Wheeler) y ocho baterías.

La expedición embarcó a bordo de 35 transportes, más un gran número de barcos menores, y tras una conferencia del general Shafter, el almirante Sampson y el jefe insurrecto Calixto García, se decidió, ante la sorprendente pasividad española, un desembarco en Daiquiri, al oriente de Santiago de Cuba, el 23 de junio de 1898. El comandante en jefe español de Santiago, general Linares, que sólo disponía de unos diez mil hombres, prefirió concentrarlos para la defensa de la ciudad, en vez de dispersarlos para evitar la operación, y los guerrilleros cubanos se apoderaron de Daiquiri cuando ya estaba prácticamente abandonado por los españoles. El desembarco resultó penoso, y una tropa entrenada, como lo era la española de Santiago, bien pudo dificultarlo e incluso impedirlo. Hasta el 2 de julio no se completó la operación, por medio de barcazas, pues no había muelles adecuados en Daiquiri.

La posición española en Santiago era prácticamente indefendible. La escuadra de Cervera estaba atrapada en el puerto, con la escuadra americana esperando para destruirla a la salida; los depósitos de víveres y municiones, casi exhaustos; los hospitales, abarrotados. La guarnición, insuficiente e incomunicada; el regimiento de Infantería de Cuba, los batallones expedicionarios de San Fernando, Asia, Constitución y Talavera; 15 compañías de voluntarios; una artillería exigua y un dispositivo de defensa imposible. Sierra Maestra, que hubiera podido ser una gran línea teórica de defensa, estaba tomada por las partidas insurrectas, que aislaban a varios fortines españoles. El coronel Escario y el general Pareja mandaban los dos extremos de la línea en Manzanillo y en Guantánamo. «En resumen —dice el general Martínez de Campos—, un dispositivo absurdo. Todo desperdigado y mal entendido. Ni un solo núcleo capaz de realizar una ofensiva, y la última trinchera, casi a las puertas de Santiago». Ante la ciudad, una llamada línea de observación, a las órdenes del general Joaquín Vara de Rey, en el pueblo de San Luis.

El general Linares trató de ofrecer una primera resistencia en Las Guásimas, con doce compañías, que fueron pronto desbordadas por el enemigo. Entonces el mando español estableció una especie de línea de defensa ya cerca de la ciudad, entre los altos Escandell y de Aguadores, cuyo puesto de mando se instaló en la pequeña altura del Caney. El 30 de junio, el cuerpo expedicionario norteamericano chocó contra esa línea exterior, a la que los mandos no se habían atrevido a calificar como defensiva, sino de observación.

Los españoles, a las órdenes de Vara de Rey, resucitaron la vieja táctica del fuego por descargas, que impresionó profundamente a los hombres de Shafter. Vara de Rey y los suyos resistieron a un enemigo muy superior durante diez horas de fuego continuo; el general hubo de ser retirado mortalmente herido en las dos piernas, y pereció, con sus camilleros, en la retirada. El siguiente asalto norteamericano, el 1 de julio, sobre las colinas de San Juan, resultó en tablas. La tropa española demostró una gran capacidad de resistencia.

El general Shafter evidenció su disgusto y su preocupación por estos encuentros, donde las tropas americanas sufrieron muchas bajas e incluso alguna de las unidades se había negado a enfrentarse al mortífero fuego de lo españoles. El general americano instó al almirante Sampson a que forzase el castillo de Morro. En el consejo de guerra celebrado al atardecer del 2 de julio, los ánimos de los jefes invasores parecían abatidos, y Shafter envió al Gobierno un mensaje en el que subrayaba la capacidad de los españoles para la resistencia y sugería la posibilidad de una retirada. Llegaron a ese consejo noticias de la retaguardia española; la escuadra de Cervera se aprestaba para una salida desesperada. Y los americanos prepararon con más ánimos el asalto final a la ciudad, que sería defendida por jefes secundarios, ya que el jefe de la defensa, general Linares, había caído con graves heridas en primera línea.

Al comprobar las bajas producidas en los primeros combates, Shafter vio que las suyas eran 447 mientras que las españolas sólo llegaban a 305. Shafter estaba desanimado; llegó a pensar en abandonar la partida. En cambio, el coronel español Escario, con su pequeña columna, consiguió atravesar las líneas insurrectas y entrar en Santiago el día 3 de julio, justo cuando acababa de zarpar la escuadra del almirante Cervera.

Cervera sabía que marchaba al sacrificio; tenía en sus manos dos mil vidas españolas, pero la decisión competía al capitán general de Cuba. Éste pensaba que el almirante sería capaz de romper el bloqueo, como habían logrado aisladamente varios barcos españoles, que burlaron la vigilancia enemiga frente a La Habana.

El general Toral, que estaba al mando de la defensa de Santiago, se resistía a devolver a Cervera los 600 hombres de la Marina que se habían incorporado a la defensa. El 2 de julio, el capitán general quiso evitar a toda costa la captura de la escuadra por el enemigo, dispuesto a tomar la ciudad. Y dio la orden fatal: «Visto progresos enemigos… Reembarque V.E. las tripulaciones, y aprovechando la oportunidad más inmediata salga con todos los barcos de esa escuadra». Ese mismo día, a las diez de la mañana, la orden fue confirmada: «En vista estado apurado y grave de esa plaza, embarque V.E. con la mayor premura tropas desembarcadas de la escuadra y salga con ésta inmediatamente».

A las nueve de la mañana del 3 de julio de 1898, el navío insignia Infanta María Teresa rompe la marcha. Le siguen el Vizcaya, el Cristóbal Colón, el Oquendo y los destructores. Eluden con maestría los obstáculos hundidos por la flota enemiga para taponar la salida; van derechos al sacrificio, sin la protección de las baterías de costa, arrasadas por los cañones de Sampson. El María Teresa enfila al Brooklyn, que le incendia con sus andanadas. El Vizcaya termina pronto su escasa munición, y no puede usar las granadas de reserva, inservibles. Los cañones del acorazado Colón que disparan contra el Iowa no funcionan; sólo uno de cada cuatro disparos responde a la acción del estopín.

Un acorazado a medias de armar y tres cruceros que ya habían nacido anticuados se oponen a nueve grandes navíos modernísimos, con el armamento a punto; una superioridad artillera abrumadora. La conciencia del imperio naciente frente a los últimos defensores de un imperio en ocaso. Una sola baja a bordo de la escuadra americana; 350 muertos, 160 heridos y 1.600 prisioneros en la española. Los barcos españoles, al verse desmantelados, arriaron bandera y embarrancaron en la costa. Había desaparecido la flota española del Atlántico.

El 23 de julio se rindió la Guarnición de Santiago de Cuba. Entonces, los americanos decidieron apoderarse de Puerto Rico, donde el capitán general español Macías se aprestó a la resistencia, y el Gobierno autónomo exaltó la causa y la bandera de España. Sólo seis batallones defendían la isla. El 21 de julio, cuando ya Cuba había capitulado sin más lucha que la de Santiago, una poderosa expedición americana zarpó de Guantánamo con diez barcos y tres mil hombres. Desembarcaron en Guánica, pueblo guardado por once guerrilleros a caballo. Hasta el 18 de octubre no lograron los invasores izar su bandera en el viejo San Juan.

La conferencia para la paz se inició en París el 1 de octubre de 1898. Fue una imposición norteamericana, dictada en condiciones humillantes para España, que perdía en tan lamentables circunstancias los restos de su imperio.

La Generación del 98

El Desastre de 1898 dio su nombre a una de las más excelsas generaciones literarias de toda la historia española. Sus nombres más distinguidos fueron, tras los precursores Joaquín Costa y Ángel Ganivet, los de Miguel de Unamuno, Ramiro de Maeztu, Antonio Machado, Juan Ramón Jiménez, José Martínez Ruiz, Azorín, Ramón del Valle-Inclán y Pío Baroja. Escribo precisamente estas líneas bajo un pequeño retrato de un joven Juan Ramón Jiménez pintado por el genial pintor Joaquín Sorolla.

La única cualidad que comparte este extraordinario conjunto de escritores es, aparte de su excelsitud, la profunda preocupación sobre España y la convicción de que la nación abatida debía resucitar en virtud de un impulso que se conoce como regeneracionismo y que no se acuñó en 1898, sino que había empezado a cundir desde los comienzos de la Primera Restauración. Antonio Canovas fue un gran regeneracionista político. Este movimiento se advierte en todos los campos de la actividad humana, además de la expresión literaria: en la economía, en el estamento militar, en el ansia de reforma política en sentido de autenticidad democrática, en las derechas y en las izquierdas.

Francisco Silvela, Antonio Maura, José Canalejas, Eduardo Dato y Francisco Cambó son ejemplos eximios de regeneracionismo político que, por desgracia, se frustraron por el asesinato de Cánovas; o por la incomprensión de varias clases; o por la diferencia, que parecía insalvable, entre lo que llamó Ortega «país oficial» y «país real».

También José Ortega y Gasset, con los grandes nombres de su generación, que sigue y se engrana a la del 98, era regeneracionista de cuño profundo, lo mismo que numerosos miembros de las Fuerzas Armadas, entre los que destacaron los generales Miguel Primo de Rivera y Francisco Franco.

Los más graves efectos del Desastre de 1898 fueron el terrible pesimismo nacional —la «España sin pulso», como la definió Francisco Silvela en un famoso artículo—, los tirones separatistas para la desintegración de España y la interrupción traumática del curso progresivo de la primera Restauración en el plano político y en el económico.

Toda la historia de los primeros cuarenta años del siglo XX fue consecuencia trágica del desastre provocado por la agresión imperialista de Norteamérica, lo mismo que la tragedia continuada de España en el siglo XIX se derivó de la agresión imperialista de la Revolución Francesa a partir de 1808. Lo cual no significa que intentemos echar a culpas ajenas la responsabilidades que competían de forma igualmente principal a la España decadente y abatida que hubo de enfrentarse contra las dos inicuas agresiones extranjeras.

Manuel Azaña cometió una terrible injusticia al descalificar en bloque a la generación del 98 con esta frase: «Tras muchas cavilaciones, aquellos hombres llegaron a dos resultados: En España escasea la raza aria, llueve poco». Esa frase, que cito de memoria, no pasaba de mala caricatura. La generación del 98 es una de las cumbres del pensamiento y la expresión literaria, no sólo de España sino de la vida universal. Los españoles de hoy vivimos en buena parte de su ejemplo, de sus intuiciones y de sus huellas. Un estudio profundo de la generación del 98 necesitaría todo un libro mucho más voluminoso que el presente.

El Gobierno Sagasta
ante el pronunciamiento

El general Martínez Campos proclamó rey a Alfonso XII en el campo junto a Sagunto el 30 de diciembre de 1874. Cánovas no quería que la Restauración se produjera por un golpe militar, pero las Fuerzas Armadas no refrenaron su impaciencia, según la acreditada tradición de todo un siglo, aunque acataron inmediatamente la jefatura política de Cánovas. Práxedes Sagasta, jefe del Gobierno en el régimen del general Serrano, reaccionó con el manifiesto siguiente al pronunciamiento:

En el momento mismo en que el jefe del Estado movía el Ejército del Norte para librar una batalla decisiva contra las huestes carlistas, utilizando los inmensos sacrificios que el Gobierno ha exigido al país, y que éste ha otorgado con tan noble patriotismo, algunas fuerzas del Ejército del Centro, capitaneadas por los generales Martínez Campos y Jovellar, han levantado al frente del enemigo la bandera sediciosa de D. Alfonso de Borbón.

Este hecho incalificable que pretende iniciar una nueva guerra civil, como si no fueran bastantes las calamidades de todo género que pesan sobre la patria, no ha encontrado eco por fortuna ni en los ejércitos del Norte y Cataluña, ni en ninguno de los diversos distritos militares. El Gobierno, que ha apelado en las supremas circunstancias en que la nación se encuentra en la península y en América a todos los partidos que blasonan de liberales para ahogar en su común esfuerzo las aspiraciones del absolutismo, tiene un derecho incuestionable y hasta un deber sagrado de calificar duramente y de castigar con todo rigor dentro de su esfera una rebelión que en último resultado no podría favorecer si se propagase más que al carlismo y a la demagogia, deshonrándonos, además, a los ojos del mundo civilizado.

El Ministerio, fiel a sus propósitos y leal a los solemnes compromisos que ante el país y Europa tiene contraídos, está hoy más resuelto que nunca a cumplir con su deber, y lo cumplirá.

Madrid, 30 de diciembre de 1874.

El presidente del Consejo de Ministros y ministro de la Gobernación, Práxedes Mateo Sagasta. El ministro de Estado, Augusto Ulloa. El ministro de Gracia y Justicia, Eduardo Alonso Colmenares. El ministro de la Guerra, Francisco Serrano Bedoya. El ministro de Marina, Rafael Rodríguez de Arias. El ministro de Hacienda, Juan Francisco Camacho. El ministro de Fomento, Carlos Navarro y Rodrigo. El ministro de Ultramar, Antonio Romero Ortiz.

Con motivo de la resolución tomada por la Cámara de Diputados de Washington para la declaración de beligerancia de los insurrectos, Mr. H. de Nimel, en su folleto publicado en 1896, Los Estados Unidos, Cuba y el derecho de gentes, escribe lo siguiente:

Se han buscado los móviles que empujaban a las Cámaras americanas a tomar una resolución de tal gravedad; un despacho dirigido a La Habana a un periódico español, el Diario de la Marina, cree haberlo descubierto. Reproducimos materialmente esta información con las más expresas reservas:

«Un sindicato anglo-americano había firmado una convención con el Comité Revolucionario cubano, estipulando:

1. Que después del triunfo de la insurrección, el protectorado de los Estados Unidos será pedido a fin de prevenir la intervención de toda potencia europea.

2. Que el sindicato americano tendrá el derecho de vender todos los terrenos propiedad del Estado.

3. Que el sindicato tendrá el monopolio de los nuevos caminos de hierro, de los puertos y de las líneas telegráficas y telefónicas.

4. Que el material necesario será admitido libre de aduanas.

5. Que durante cinco años todas las empresas angloamericanas establecidas en Cuba quedarán libres de impuestos; que la lengua inglesa será obligatoria en las escuelas públicas de Cuba y enseñada por profesores americanos.

6. Que el sistema monetario será establecido conforme al de los Estados Unidos.

7. Que los ciudadanos americanos tendrán los mismos derechos que los cubanos.

8. Que, en un plazo de diez años después del triunfo de la insurrección, Cuba será anexionada a los Estados Unidos.

Este sindicato había facilitado ya los fondos necesarios a la insurrección».

No sabemos ni queremos buscar lo que hay de cierto en este rumor. Pero lo que parece cierto es que no es sólo por amor a la revolución que los americanos tomasen la grave resolución de que nos ocupamos. Los americanos del norte no nos han acostumbrado a tal desinterés.

Y si hemos de creer a la prensa, he de citar en apoyo de mi criterio que el periódico de La Habana La Lucha, copiándolo de uno alemán, publicó el siguiente documento:

«Oficina del Secretario Asistente. Washington D.C. (1897). La base de operaciones más conveniente será la de Santiago de Cuba y el Departamento Oriental, desde donde se podrá verificar la invasión lenta por el Camagüey, ocupando con la rapidez posible los puertos necesarios para refugio de nuestras escuadras, en la estación de los ciclones.

»Coetáneamente, o mejor dicho, cuando estos planes empiecen a tener cumplido desarrollo, se enviará un ejército numeroso a la provincia de Pinar del Río, con el objeto ostensible de completa el bloqueo marítimo de La Habana, con la circunvalación por tierra, pero su verdadera misión será el impedir que los enemigos sigan ocupando el interior, disgregando columnas de operaciones contra el Ejército invasor de Oriente, pues, dadas las condiciones de inexpugnabilidad de La Habana, es ocioso exponernos ante ella a pérdidas dolorosos. El Ejército Occidental empleará los mismos procedimientos que el de Oriente.

»Dominadas y retiradas las fuerzas regulares españolas, sobrevendrá una época de tiempo indeterminado de pacificación parcial durante la cual seguiremos ocupando militarmente todo el país, apoyando con nuestras bayonetas al Gobierno independiente, aunque sea informalmente, mientras resulte minoría en el país.

»El temor por un lado y la propia conveniencia por otro han de determinar que esa minoría se vaya robusteciendo y equilibrando sus fuerzas, constituyendo en minoría el elemento autonomista y los peninsulares que opten por quedar en el país.

»Llegado este momento, son de aprovechar, para crear conflictos con el gobierno independiente, las dificultades que a éste tiene que acarrear la insuficiencia de medios para atender a nuestras exigencias y los compromisos con nosotros contraídos, los gastos de la guerra y la organización de un nuevo país. Estas dificultades habrán de coincidir con las reivindicaciones que los atropellos y violencias han de suscitar en los otros elementos citados y a los cuales debemos prestar nuestro apoyo.

»Resumiendo, nuestra política se concreta en apoyar siempre al más débil contra el más fuerte, hasta obtener la completa exterminación de ambos, para lograr anexionarnos la Perla de las Antillas…»

Protocolo Preliminar del Tratado de Paz, 12 de agosto de 1898.

William R. Day, secretario de Estado de los Estados Unidos, y su excelencia monsieur Cambon, embajador extraordinario y plenipotenciario de la República francesa en Washington, habiendo recibido respectivamente al efecto plenos poderes del Gobierno de los Estados Unidos y del Gobierno de España, han formulado y firmado los artículos siguientes, que precisan los términos en los que ambos Gobiernos se han puesto de acuerdo, relativamente a las cuestiones abajo designadas, que tienen por objeto ver lo que es la paz entre los dos países, a saber:

Artículo 1. España renunciará a toda pretensión a su soberanía y a todos sus derechos sobre Cuba.

Art. 2. España cederá a los Estados Unidos la isla de Puerto Rico y las demás islas que actualmente se encuentran bajo la soberanía de España en las Indias Occidentales, así como una isla en las Ladrones, que será escogida por los Estados Unidos.

Art. 3. Los Estados Unidos ocuparán y conservarán la ciudad, la bahía y el puerto de Manila, en espera de la conclusión de un tratado de paz, que deberá determinar la intervención (controle), la disposición y el gobierno de las Filipinas.

Art. 4. España evacuará inmediatamente la isla de Cuba, Puerto Rico y las demás islas que se encuentran actualmente bajo la soberanía española en las Indias Occidentales; con este objeto, cada uno de los dos gobiernos nombrará comisarios en los diez días que seguirán a la firma de este protocolo, y los comisarios así nombrados deberán, en los treinta días que seguirán a la firma de este protocolo, encontrarse en La Habana, a fin de convenir y ejecutar los detalles de la evacuación ya mencionada de Cuba y de las islas españolas adyacentes; y cada uno de los dos gobiernos nombrará igualmente, en los diez días siguientes al de la firma de este protocolo, otros comisarios que deberán, en los treinta días que seguirán a la firma de este protocolo, encontrarse en San Juan de Puerto Rico, a fin de convenir y ejecutar los detalles de la evacuación antes mencionada de Puerto Rico y de las demás islas que se encuentran actualmente bajo la soberanía de España en las Indias Occidentales.

Art. 5. Los Estados Unidos y España nombrarán, para tratar de la paz, cinco comisarios a lo más por cada país; los comisarios así nombrados deberán encontrarse en París el primero de octubre de 1898 lo más tarde, y proceder a la negociación y ala conclusión de un tratado de paz; este tratado quedará sujeto a la ratificación con arreglo a las formas constitucionales de cada uno de ambos países.

Art. 6. Una vez terminado y firmado este protocolo, deberán suspenderse las hostilidades en los dos países, y a este efecto se deberán dar órdenes por cada uno de los dos gobiernos a los jefes de sus fuerzas de mar y tierra tan pronto como sea posible.

Hecho en Washington en ejemplar doble, inglés y francés, por los abajo firmados, que ponen al pie su firma y sello el día doce de agosto de mil ochocientos noventa y ocho.

Las Bases de Manresa

En 1892 los líderes del catalanismo político hacen llegar a la Reina Regente las Bases de Manresa, que equivalen al acta fundacional de este movimiento, pero no solamente se refiere a la organización de Cataluña, sino también a la estructura del Estado, lo que suele ignorarse.

Bases para la Constitución Regional Catalana

Poder central

Base 1. Sus atribuciones.

A cargo del poder central estarán:

a) Las relaciones internacionales.

b) El Ejército de Mar y Tierra, las obras de defensa y la enseñanza militar.

c) Las relaciones económicas de España con los demás países y, en consecuencia, el fijar los aranceles y demás derechos de aduanas.

d) La construcción y conservación de carreteras, ferrocarriles, canales y puertos que sean de interés general. En los de interés interregional podrán ponerse de acuerdo libremente las regiones interesadas, interviniendo el poder central únicamente en caso de desacuerdo. Las vías de comunicación de interés regional serán de exclusiva competencia de las regiones. Igual criterio se seguirá en los servicios de correos y telégrafos.

e) La resolución de todas las cuestiones y conflictos interregionales.

f) La formación del presupuesto anual de gastos que, en lo que no sea cubierto por las rentas de aduanas, deberá distribuirse entre las regiones en proporción de su riqueza.

Su organización.

El poder central se organizará bajo el concepto de separación de las funciones legislativa, ejecutiva y judicial.

El poder legislativo central radicará en el rey o en el jefe del Estado y en una asamblea compuesta por representantes de las regiones, elegidos en la forma que cada una estime conveniente; el número de representantes será proporcional al de habitantes y a la tributación, teniendo tres la región a la que correspondan menos.

El poder ejecutivo central se organizará por medio de secretarías o ministerios, que podrán ser: de Relaciones Exteriores, de Guerra, de Marina, de Hacienda y del Interior.

Constituirá el poder supremo judicial un alto tribunal formado por magistrados de las regiones, uno por cada una de ellas, elegidos por las mismas; cuidará de resolver los conflictos interregionales y de las regiones con el poder central y de exigir la responsabilidad a los funcionarios del poder ejecutivo. Este tribunal no se considerará superior jerárquico de los tribunales regionales, que funcionarán con completa independencia.

Disposiciones transitorias.

Teniendo en cuenta que las relaciones que, según los preceptos constitucionales vigentes, unen el Estado y la Iglesia y han sido sancionadas por la potestad de ésta, se mantendrán aquéllas, mientras los dos poderes de común acuerdo no las modifiquen. El poder central procurará ponerse de acuerdo con el Santo Padre en el modo de contribuir a la dotación del culto y clero y de proveer las dignidades y beneficios eclesiásticos en armonía con la organización regional; y tanto si se mantiene el patronato real, como si se restablece la disciplina general de la Iglesia, deberá procurarse que, respecto a Cataluña, se prevea en el concordato que cuantos ejerzan jurisdicción eclesiástica propia o delegada, así como los que ostenten alguna dignidad o beneficio, sean catalanes.

La deuda pública estará a cargo del poder central; pero éste no podrá aumentarla, quedando a cuenta de las diversas regiones la deuda que contraigan en el futuro para su sostenimiento y las cargas del poder central.

Poder regional

Base 2. En la parte dogmática de la Constitución Regional Catalana, se mantendrá el carácter amplio de nuestra legislación antigua, reformando, para ponerlas de acuerdo con las nuevas necesidades, las sabias disposiciones que contiene respecto a los derechos y libertades de los catalanes.

Base 3. La lengua catalana será la única que con carácter oficial podrá usarse en Cataluña y en las relaciones de esta región con el poder central.

Base 4. Únicamente los catalanes, ya lo sean por nacimiento o bien por naturalización, podrán desempeñar cargos públicos en Cataluña, aun tratándose de los gubernativos y administrativos que dependan del poder central. También deberán ser desempeñados por catalanes los cargos militares que supongan jurisdicción.

Base 5 La división territorial sobre la cual se basa la gradación jerárquica de los poderes gubernativo, administrativo y judicial tendrá como base la comarca natural y el municipio.

Base 6. Cataluña será la única soberana de su gobierno interior; por tanto, dictará libremente sus leyes orgánicas; cuidará de su legislación civil, penal, mercantil, administrativa y procesal; del establecimiento y percepción de impuestos; de la acuñación de la moneda, y tendrá todas las demás atribuciones inherentes a la soberanía que no correspondan al poder central, según la base 1.

Base 7. El poder legislativo regional radicará en las Cortes catalanas, que deberán reunirse todos los años en una época determinada y en lugar distinto. Las Cortes se formarán mediante sufragio de los cabezas de familia, agrupados en clases basadas en el trabajo manual, en la capacidad o en las carreras profesionales y en la propiedad, la industria y el comercio, teniendo en cuenta la organización gremial en lo que sea posible.

Base 8. El poder judicial se organizará restableciendo la antigua Audiencia de Cataluña; su presidente y vicepresidentes, nombrados por las Cortes, constituirán la suprema autoridad judicial de la región, y se establecerán los tribunales inferiores que sean necesarios, debiendo fallarse todos los pleitos y causas en un período de tiempo determinado y en última instancia dentro de Cataluña.

Se organizarán jurisdicciones especiales como la industrial y la de comercio. Los funcionarios del orden judicial serán responsables.

Base 9. Ejercerán el poder ejecutivo cinco o siete altos funcionarios nombrados por las Cortes, los cuales estarán al frente de diversos ramos de la administración regional.

Base 10. Se reconocerá a la comarca natural la mayor amplitud posible de atribuciones administrativas para el gobierno de sus intereses y satisfacción de sus necesidades. En cada comarca se organizará un consejo, nombrado por los municipios de la misma.

Base 11. Se concederán al municipio todas las atribuciones que necesita para el cuidado de sus intereses propios y exclusivos. Para la elección de cargos municipales se seguirá el mismo sistema de representación por clases adoptado para la formación de las Cortes.

Base 12. Cataluña contribuirá a la formación del Ejército permanente de mar y tierra por medio de voluntarios, o bien de una compensación en dinero previamente convenida como antes de 1845. El Cuerpo de Ejército que corresponda a Cataluña será fijo y a él deberán pertenecer los voluntarios con los cuales contribuye. Se establecerá en la organización regional la reserva, a la que quedarán sujetos todos los jóvenes de una edad determinada.

Base 13. La conservación del orden público y seguridad interiores de Cataluña estarán confiadas al Somatén, y para el servicio activo permanente se creará un cuerpo semejante al de Mozos de Escuadra o de la Guardia Civil. Todas estas fuerzas dependerán en absoluto del poder regional.

Base 14. En la acuñación de la moneda, Cataluña deberá sujetarse a los tipos unitarios adoptados por las regiones y a los tratados internacionales de la Unión Monetaria, siendo el curso de la moneda catalana, como el de las demás regiones, obligatorio en toda España.

Base 15. La enseñanza pública, en sus diferentes ramos y grados, deberá organizarse de una manera adecuada a las necesidades y al carácter de la civilización de Cataluña. La enseñanza primaria la sostendrá el municipio y en su defecto la comarca; en cada comarca, según sea su carácter agrícola, industrial, comercial, etc., se establecerán escuelas prácticas de agricultura, de artes y oficios, de comercio, etc. Los planes de enseñanza deberán estar informados por el principio de dividir y especializar las carreras, evitando las enseñanzas enciclopédicas.

Base 16. La Constitución catalana y los derechos de los catalanes estarán bajo la salvaguardia del poder ejecutivo catalán, y cualquier ciudadano podrá presentar recurso delante de los tribunales contra los funcionarios que la infrinjan.

Base 17. Disposiciones transitorias. Continuarán aplicándose el Código Penal y el Código de Comercio, pero en el futuro será de competencia exclusiva de Cataluña el reformarlos. Se reformará la legislación civil de Cataluña tomando como base su estado anterior al Decreto de Nueva Planta y las nuevas necesidades de la civilización catalana. Se procurará inmediatamente acomodar las leyes procesales a la nueva organización judicial establecida, y, entre tanto, se aplicarán las leyes de Enjuiciamiento Civil y Criminal.

El catecismo catalanista
de Prat de la Riba en 1894

I. La patria

P. ¿Cuál es el deber político fundamental?

R. Amar la patria.

P. ¿Cuál es la patria de los catalanes?

R. Cataluña.

P. ¿ Tiene algún fundamento la distinción entre patria pequeña y patria grande?

R. Ninguno; el hombre tiene una sola patria, del mismo modo que tiene un solo padre y una sola familia. Lo que generalmente se llama patria grande no es sino el Estado compuesto de varias agrupaciones sociales que tienen la condición de verdaderas patrias.

P. España ¿no es, pues, la patria de los catalanes?

R. No es más que el Estado o agrupación política a la cual pertenecen.

P. ¿Qué diferencia hay entre el Estado y la patria?

R. El Estado es una entidad política, artificial, voluntaria; la patria es una comunidad histórica, natural, necesaria. El primero es obra de los hombres; la segunda es fruto de las leyes a las que Dios ha sujetado la vida de las generaciones humanas.

P. ¿ Qué ejemplo de la historia contemporánea hace palpables estas diferencias?

R. El caso de Polonia. El Estado polaco desapareció cuando los ejércitos de Rusia, Austria y Prusia la dividieron; pero Polonia continuó y continúa siendo la única patria de los desgraciados polacos.

P. ¿Qué es, pues, la patria?

R. La comunidad de gentes que hablan una misma lengua, tienen una historia común y viven hermanados por un mismo espíritu que marca con un sello original y característico todas las manifestaciones de su vida.

II. Cataluña

P. ¿Cómo hay que mirar a Cataluña?

R. Como a la larga cadena de generaciones unidas por la lengua y la tradición catalanas, que van sucediéndose en el terreno que ahora ocupamos nosotros.

P. La lengua catalana, ¿es idioma o dialecto?

R. Es un idioma. Lo motejarán de dialecto, algunos por ignorancia, otros por mala fe, considerándolo como una corrupción de la lengua oficial, que es la castellana.

P. ¿ No es, pues, una corrupción del castellano?

R. Todo lo contrario; la lengua catalana es más antigua que la castellana y había conseguido ya cierto esplendor cuando el castellano comenzaba a dar señales de vida. Esto, además de que poseen una manera de ser diferente e incluso opuesta.

P. ¿La legislación catalana es diferente de la de Castilla?

R. Antes del año 1714, lo era totalmente: leyes políticas, administrativas, judiciales, civiles, mercantiles; hoy sólo lo es en las civiles.

P. El derecho civil catalán ¿es un derecho foral, como dicen los castellanos?

R. No; porque fuero quiere decir privilegio, excepción de una regla común; y el derecho catalán no es una variante del derecho de Castilla, sino un derecho independiente y completo, dentro del cual también hay un derecho común o general para toda Cataluña y un derecho foral o privilegiado para determinadas comarcas, como el Valle de Arán, Barcelona, Campo de Tarragona, etc.

P. ¿ Qué es lo que caracteriza el derecho civil catalán?

R. La autoridad atribuida a la costumbre por la cual el pueblo colabora a la formación del derecho; la libertad de testar, la sólida organización de la familia bajo la base de una autoridad paterna rotunda y de un patrimonio familiar permanente.

P. ¿Y en qué principios se funda el derecho castellano?

R. Son radicalmente opuestos a los anteriores: la negación de la libertad de testar; la negación de la costumbre; la exaltación de la ley escrita; la regulación minuciosa y excesiva que no deja nada a la iniciativa individual; el rebajar la autoridad paterna, y una débil y disolvente constitución de la familia y de su patrimonio.

P. ¿Qué consecuencia se puede sacar?

R. Que los sistemas jurídicos son tan opuestos que no pueden reducirse a uno solo sin que uno u otro sea sacrificado; como es imposible combinar el sí y el no en una misma cosa.

P. ¿Qué otra consecuencia se aprecia?

R. Que los castellanos, criados bajo la influencia de una legislación tan diferente a la nuestra, y llenos de concepciones jurídicas tan opuestas, son ineptos para legislar sobre nuestro derecho civil, y todo cuanto hicieren para reformarlo, aun haciéndolo con buena fe, no daría otro resultado que su desorganización.

P. ¿ Quién debe cuidarse, pues, del derecho civil de Cataluña?

R. Únicamente los catalanes, porque son los únicos que lo sienten y conocen y poseen su espíritu.

III. Reivindicaciones de Cataluña

P. ¿ Qué frase célebre resume nuestras aspiraciones y constituye el lema de nuestra bandera ?

R. Cataluña para los catalanes.

P. ¿Qué significa esta frase?

R. Que en Cataluña deben gobernar los catalanes y no como hoy los castellanos o los políticos a la castellana, como si fuésemos menores de edad o no supiésemos.

P. ¿Por qué Castilla tiene tanto interés en gobernar todas las demás regiones?

R. Porque es un país pobre y sus hijos se dedican a la industria de la política, que es, ciertamente, más descansada que la de nuestras fábricas.

P. ¿ Cómo debemos poner fin a esta industria injuriosa para nosotros?

R. Estableciendo que todos los cargos públicos de Cataluña deben ser desempeñados por catalanes.

P ¿Qué más debemos reivindicar?

R. El derecho indiscutible de Cataluña a constituirse y organizarse según sus necesidades y carácter, y a darse toda clase de leyes que más se acomoden a su manera de ser.

P. ¿Qué otro derecho se nos ha de reconocer?

R. El uso de la lengua catalana, en todos los actos públicos y privados, como la única oficial de Cataluña.

P. ¿ Cómo podemos armonizar estas justísimas reivindicaciones con la unidad política de España ?

R. Por medio de la organización regionalista que consiste en la unión federativa de las antiguas nacionalidades españolas.

P. ¿Qué atribuciones tendría el poder central o federal en esta organización?

R. Todas las que se refieren a las relaciones de España con otros Estados, y, en general, las relaciones con intereses comunes a todas las regiones de España, como el Ejército, las aduanas, ferrocarriles generales, etc.

P. ¿Y el poder nacional catalán?

R. Tendría todas las demás.

P. ¿Cómo se formarían las Cortes catalanas?

R. Por medio del sufragio universal de los cabezas de familia, por gremios y profesiones, a fin de acabar con el parlamentarismo que entrega el gobierno de los Estados a los chartalanes de oficio.

P. ¿Cuál sería la base de la Administración catalana?

R. La descentralización o autonomía administrativa de las comarcas o municipios y la supresión del «expedienteig».

P. ¿ Cómo contribuiría Cataluña a la formación del Ejército español?

R. Por medio de voluntarios, o bien entregando una compensación de dinero previamente convenido con el poder federal, quedando abolidas las quintas.

P. Y el sistema de contribuciones, ¿en qué principios se fundaría?

R. En los siguientes: ninguna contribución tendría como base exclusiva la copilación; no se impondría ninguna sobre el consumo de materias de primera necesidad; todas recaerían sobre la renta y los beneficios; y se nivelaría el presupuesto por medio de una contribución progresiva.

El programa marxista
del PSOE: 1879

Este es el «Programa Máximo» fundamental del PSOE en 1879, redactado por Carlos Marx y cuya vigencia se declara expresamente en todos los congresos socialistas hasta hoy:

Considerando:

Que esta sociedad es injusta porque divide a sus miembros en dos clases desiguales y antagónicas: una, la burguesía, que, poseyendo los instrumentos de trabajo, es la clase dominante; otra, el proletariado, que, no poseyendo más que su fuerza vital, es la clase dominada;

Que la sujeción económica del proletariado es la causa primera de la esclavitud en todas sus formas: miseria social, envilecimiento intelectual y dependencia política;

Que los privilegios de la burguesía están garantizados por el poder político, del cual se vale para dominar al proletariado.

Por otra parte:

Considerando que la necesidad, la razón y la justicia exigen que la desigualdad y el antagonismo entre una y otra clase desaparezcan, reformando o destruyendo el estado social que los produce;

Que esto no puede conseguirse sino transformando la propiedad individual o corporativa de los instrumentos de trabajo en propiedad común de la sociedad entera;

Que la poderosa palanca con que el proletariado ha de destruir los obstáculos que a la transformación de la propiedad se oponen ha de ser el poder político, del cual se vale la burguesía para impedir la reivindicación de nuestros derechos;

El Partido Socialista declara que tiene por aspiración:

1. La posesión del poder político por la clase trabajadora.

2. La transformación de la propiedad individual o corporativa de los instrumentos de trabajo en propiedad colectiva, social y común. Entendemos por instrumentos de trabajo: la tierra, las minas, los transportes, las fábricas, máquinas, capital-moneda, etc.

3. La organización de la sociedad sobre la base de la federación económica, el usufructo de los instrumentos de trabajo por las colectividades obreras, garantizando a todos sus miembros el producto total de su trabajo y la enseñanza general científica y especial de cada profesión a los individuos de uno y otro sexo.

4. La satisfacción por la sociedad de las necesidades de los impedidos por edad o padecimiento.

En suma: el ideal del Partido Socialista Obrero es la completa emancipación de la clase trabajadora; es decir, la abolición de todas las clases sociales y su conversión en una sola de trabajadores, dueños del fruto de su trabajo, libres, iguales, honrados e inteligentes.

El Partido Socialista Obrero considera necesario para realizar su aspiración obtener las siguientes medidas políticas y económicas:

Políticas

Derechos de asociación, de reunión, de petición, de manifestación y de coalición. Libertad de la prensa. Sufragio universal. Seguridad individual. Inviolabilidad de la correspondencia y del domicilio. Abolición de la pena de muerte. Justicia gratuita. Jurado para toda clase de delitos. Supresión de los ejércitos permanentes y armamento general del pueblo. Abolición de la deuda pública. Supresión del presupuesto del clero y confiscación de sus bienes.

Económicas

Jornada legal de ocho horas de trabajo para los adultos. Prohibición del trabajo de los niños menores de 14 años y reducción de la jornada de trabajo a seis horas para los de 14 a 18. Salario mínimo legal, determinado cada año por una Comisión de Estadística Obrera, con arreglo a los precios de los artículos de primera necesidad. Salario igual para los trabajadores de uno u otro sexo. Descanso de un día por semana, o prohibición legal a los industriales de hacer trabajar a los obreros más de seis días por cada siete. Prohibición del trabajo de las mujeres, cuando éste sea poco higiénico o contrario a las buenas costumbres. Creación de comisiones de vigilancia, elegidas por los obreros, para inspeccionar las habitaciones en que éstos viven, las minas, fábricas, talleres y demás centros de producción. Protección a las cajas de socorros y pensiones a los inválidos del trabajo. Reglamentación del trabajo de las prisiones. Creación de escuelas profesionales y de primera y segunda enseñanza, gratuita y laica. Responsabilidad de los patronos en los accidentes del trabajo, garantizada por una fianza metálica depositada por el industrial en las Cajas de las Sociedades Obreras, y proporcional al número de trabajadores empleados y a los peligros que presente la industria. Reforma de las leyes de inquilinato y desahucio y de todas aquéllas que tiendan directamente a lesionar los intereses de la clase trabajadora. Anulación de todos los contratos enajenando la propiedad pública (ferrocarriles, minas, arsenales, etc.), y explotación de todos los talleres del Estado por las Sociedades Obreras. Abolición de todos los impuestos indirectos y transformación de los directos en un impuesto progresivo sobre las rentas o beneficios mayores de 3.000 pesetas.

Y cuantas conduzcan al término de la esclavitud obrera.

El Manifiesto
del general Polavieja

La primera voz regeneracionista que se alzó en una España enmudecida por el Desastre de 1898 fue la del general Polavieja el 1 de septiembre de 1898. Fue en estos términos y en forma de carta:

Mi querido amigo:

Diariamente recibo cartas escritas en el mismo sentido que la última de usted y firmadas por personas a quienes no puede atribuir otro móvil que el deseo del bien público.

Reflejo de un estado de opinión que nuestros hombres políticos no sospechan siquiera, y que tampoco la prensa periódica gradúa ni conoce con exactitud, esas cartas me persuaden de que estaba yo en lo cierto al resistirme a creer que el país fuera insensible a sus desdichas. Noto con gusto que no a todos los españoles falta, en estas horas tan tristes para nuestra patria, lo que se ha llamado la dignidad del infortunio, y que tras de las clases sociales en que ni el alma ni la materia sienten las heridas hechas a la integridad y al honor de la nación, palpita, llena de anhelos de mejora y de enmienda, una España que no se resigna a morir.

Muchos de los que a mí se dirigen ofrécenme el concurso de elementos de gran significación, o de colectividades y asociaciones respetables. Todos me estimulan a que rompa el silencio guardado hasta ahora y a que, poniéndome en comunicación directa con el país, haga público lo que ya no es un secreto para cuantos mantienen asiduo trato conmigo.

Yo no podía ni debía hablar durante la guerra. Tampoco me era lícito responder a excitaciones semejantes en los momentos en que el Gobierno entablaba la negociación que nos ha conducido al Protocolo de Washington. Soldado sin puesto alguno en la política militante, sin asiento en las Cámaras, el patriotismo me mandaba callar y obedecí a su voz. Pero las circunstancias son hoy muy diferentes. Consumada la catástrofe, la mutilación del territorio sólo aguarda el voto de las mayorías parlamentarias. No hay retroceso posible en el camino emprendido. Obstinase, además, parte de la prensa en atribuirme actitudes que no he pensado tomar, y ninguna razón pública ni privada impide que lo que usted y muchos amigos míos saben desde hace tiempo lo sepa también el país en cuanto se ofrezcan oportunidad y modo de dárselo a conocer.

Voy, pues, a contestar a su carta lo más clara y más sencillamente posible, sin preocuparme de la forma ni del método, y sin la pretensión de abarcar todos los problemas de la vida nacional; entre otras razones, porque las circunstancias en que nos hallamos no me permiten hablar de algunas de ellas como yo quisiera. Por esto mismo dejaré sin respuesta la parte que se refiere a cosas pasadas, pues me aflige en extremo llevar la consideración a lo que se debió hacer, y no se ha hecho; a lo que se pudo evitar, y no se ha evitado. Creo que España tenía derecho a esperar una dirección más acertada y un empleo más provechoso de sus recursos y de sus sacrificios, y que el único consuelo que puede quedarnos es pensar que las culpas no recaen sobre el país, tan dócil en dar cuanto se le pidió para sostener empresas acometidas sin reflexión y sin plan; recaen todas sobre sus gobernantes de ayer y de hoy.

Es verdad lo que usted dice: yo no fui oído en Cuba, ni lo fui en Filipinas. Mis advertencias, mis comunicaciones, mis memorias, se perdieron en el vocerío de las disputas parlamentarias, o duermen bajo el polvo de oficinas que no parecen creadas para servicio de la nación, sino para goce y recreo de los familiares, los amigos y los protegidos de nuestros magnates políticos.

De todo ello me consolaría con ser escuchado en lo que nos queda de aquella patria otro tiempo tan grande y tan gloriosa; porque no dude usted de que sobre nuestro pobre y reducido hogar de hoy vendrán todavía desolaciones mayores, si pronto y resueltamente no acometemos la obra de rehacer a España transformando la política, cambiando de procedimientos de gobierno, administrando con severa rectitud los restos de nuestra pasada grandeza.

Es imposible seguir así: reconócenlo ya aun los que antes de la guerra fiaban en evoluciones interiores de los partidos, y hago a los mismos hombres que llevan la dirección de éstos la justicia de creer que, en el fondo de sus conciencias, están no menos persuadidos que usted y que yo de que los organismos que dirigen son impotentes para la reconstitución deseada por todos. Persistir en no rectificar nuestro sistema político sería condenarnos a una postración vergonzosa, y tras de ella a una muerte segura.

Nadie querrá que la nación se pierda por salvar rutinas y fórmulas desacreditadas, o por conservar estas organizaciones decrépitas, que falseando la esencia del Gobierno constitucional, corrompiendo el voto, haciendo tributarias suyas la administración y la justicia, anulando cuanto no se subordina a ellas y vinculando el poder gracias a la regulación de un tumo público, todo lo han desbaratado, empequeñecido y disuelto, en proporciones que ni los más pesimistas pudieron imaginar.

Esa política, que ni siquiera ofrece ya las audacias y los idealismos desorganizadores, pero generosos y nobles, de otros tiempos, ha ido desarrollando en todos los órganos del Estado gérmenes morbosos, que tenían que acabar por apoderarse aun de los que viven a mayor distancia del foco de infección. El mal se extiende hoy a todo, y en todo será preciso que penetren el hierro y el fuego. 0 cauterizar con mano implacable las llagas, o aguardar a que de ellas nos venga la muerte: no hay otra cosa ni otros términos en que escoger.

Se ha supuesto que yo aspiraba al Gobierno por conjuras tramadas en la sombra, y que me apercibía a recibirlo sin que la opinión pública tuviese parte alguna en su otorgamiento. Los que eso dicen, como los que creen que retrocederé ante la magnitud de la empresa, no conocen bien el propósito que me guía, ni las circunstancias en que nos hallamos, ni las sumas de fuerzas sociales con que puede contar en España todo el que acometa una obra de reconstitución nacional.

Lo he pensado mucho, lo he madurado en el fondo de la conciencia, y no vacilo ya ante ninguna clase de responsabilidades, ni me detiene siquiera el temor de que mi voz sea desoída de nuevo. Lección tan dura como la que acabamos de recibir no puede perderse en la indiferencia general de la nación. Lo que se haga hoy servirá, cuando menos, para preparar el campo a otros más afortunados, nunca mejor intencionados que yo.

Opino, como usted, que se impone una apelación vigorosa al sentimiento nacional, sin miedo a la campaña que todos los intereses amenazados han de emprender, y reconociendo que no será pequeño obstáculo el cansancio de las gentes, en memoria de tantos programas que algún día fueron tomados por fórmulas eficaces de mejoramiento.

Parecería trabajo pueril, ante la magnitud aterradora de la catástrofe, enumerar una por una las novedades que hay que introducir en la gobernación del Estado para curar los males que la patria padece y evitar que se repitan. Mas por ningún motivo puede dispensarme de declarar resueltamente mi propósito de poner mano en la honda reforma que ha tiempo pide la opinión de los buenos. Ningún organismo público responde bien a los fines que ha de cumplir. En la enseñanza, en la justicia, en la administración, en todo, impónense transformaciones radicales, que no se detengan ante la protesta de los intereses creados, ni de los falsos derechos adquiridos. Hay que elevar la cultura del país convirtiendo la enseñanza de bachilleres y doctores en educación de hombres formados para las luchas de la vida y de ciudadanos útiles a su patria. Hay que organizar los tribunales de modo que entre ellos y la conciencia se restablezca aquella confianza que los desafueros de la política les arrebatara. Hay que restaurar la hacienda fundándola en prácticas de sinceridad, trayendo a tributar todas las manifestaciones de la riqueza, haciendo efectivo el principio de la proporcionalidad en las cargas, poniendo término a la inestabilidad de los tributos y llevando un sentido social a la exacción de los impuestos indirectos, que pesan con abrumadora gravedad sobre las clases menesterosas. Ni siquiera podrá excusarse la reforma de los malos hábitos que han viciado nuestras instituciones parlamentarias y enajenáronlas el amor de los mismos que pelearon tanto tiempo por establecerlas. Y hay, sobre todo, que purificar nuestra Administración, imponer desde lo más alto a lo más bajo las ideas del deber y de la responsabilidad, y destruir sin compasión y sin descanso ese afrentoso caciquismo de que me repugna hablar, pero en cuya extirpación me emplearía con tal empeño que, por sólo no lograrla, habría yo de considerar fracasados todos mis intentos.

España debe acomodar su vida a la situación de estrechez en que ha caído, pero haciéndolo como que no renuncia a sus destinos ni se aviene perdurablemente a la desgracia. Hay que poner en armonía los medios con el fin, cosa que nunca hiciéramos, unas veces por aplicar medios grandes a fines mezquinos, otras por lo contrario. Sin perder un día, sin perder una hora, es preciso inventariar el haber nacional y decir al país, aunque le hayan de salir al rostro los colores de la vergüenza, decir lo que le queda, lo que tiene, lo que puede ganar y lo que puede perder. Gobierno nuevo que no haga eso, y que no lo haga inmediatamente, comenzaría por imitar a los viejos. La ocultación sistemática de la verdad, en cuanto a nuestro patrimonio, a nuestros recursos, a nuestras fuerzas militares, a todo lo que vive bajo la acción directa del Estado, tiene no poca parte en los desastres últimos. La nación no supo nunca lo que era ni cómo estaba. Se la ha venido engañando con espejismos halagadores, o con misterios pueriles, para que al cabo nos venciese un pueblo donde no se hace misterio de nada, en una guerra con planes pregonados a los cuatro vientos.

Fatigada de tantos ensayos, la opinión proclama tiempo ha la necesidad de que a la política de las abstracciones sustituya en el Gobierno la política agraria, la política industrial, la política mercantil. Es preciso que dejemos de pensar en comités, en las falsificaciones electorales y en los medios de fabricar, no tan sólo las mayorías que votan, sino hasta las minorías que fiscalizan y discuten, para pensar en los campos sedientos, en los caminos sin abrir, en los montes talados por el caciquismo, en los transportes costosísimos, en los puertos, en los talleres, en los tratados de comercio y en la protección inteligente de todo interés constituido y toda riqueza que nace. Conviene ya traer a las esferas superiores de la Administración, no sólo el apoyo, no sólo el sentido de esas grandes fuerzas sociales, sino también su representación personal y propia.

Necesidad imperiosa es que la vida económica del país se desenvuelva sin las trabas de una centralización que levanta entre nosotros ya alarmantes protestas. Ha de estar ciego el que no vea que casi todas las regiones de España, en particular las que se aventajan por su cultura, su laboriosidad y su riqueza, mirando quizá más a los efectos que a las causas, atribuyen a la índole misma y a la organización del poder central los malos resultados de la política seguida hasta aquí. Se percibe ese sentimiento a corta distancia de Madrid y el ocultarlo sería una de tantas ficciones inútiles. En él hay peligros que conviene evitar, y hay igualmente un fondo común de aspiraciones que me parecen legítimas.

Bajo poderes vigorosos que mantenga la unidad política, refrenando enérgicamente hasta la más leve tendencia a disgregaciones criminales e imposibles, yo no veo inconveniente, sino más bien ventaja, en llegar a una amplia descentralización administrativa, en dar a la vida local desenvolvimiento, que raro es el partido que no pide ya para ella y en acometer con ese sentido la reforma de las instituciones municipales y provinciales.

Nuestro inmoderado afán de uniformidad nos hizo considerar como antipáticas al sentimiento nacional formas de tributación concertadas, que aún repugnamos para la vida local y, sin embargo, admitimos presurosos para el arrendamiento de monopolios y rentas.

De igual suerte hemos puesto en manos de asociaciones nacionales, y hasta extranjeras, servicios y explotaciones que cohíben la libertad de cultivo, e industrias que regulan por el precio del transporte los mercados; y en cambio, consideramos total y perpetuamente incapacitadas a las corporaciones locales para fines administrativos que se dirigen torpe, tardía y costosamente desde unos cuantos centros burocráticos de Madrid. Sobre el límite a que deben alcanzar las funciones de tutela y la aptitud local para administrar los intereses comunales y provinciales, no es posible establecer criterios niveladores. El método experimental permitiría, sin comprometer en una reforma aventurada intereses totales de la nación, el ensayo de concesiones descentralizadoras a que, en países cuya administración aventaja mucho a la nuestra, no han puesto el veto de los poderes públicos.

No puede España, poseyendo las Baleares, las Canarias, las plazas del norte de África y extensas costas que son fronteras universales, abiertas a todo el que disponga de flotas de guerra, reducirse al estado de indefensión que preconizan hoy ciertos espíritus más cuidadosos de halagar al vulgo que de velar por la seguridad de su patria. A muy otra cosa nos excitan los recientes desastres, y es a reorganizar nuestros ejércitos de tierra y de mar en perfecta consonancia con los fines que han de cumplir y con los medios de la nación; a darles una instrucción positiva y sólida, y a vigorizar no tan sólo todos los resortes de la disciplina, sino todos aquellos sentimientos que son el alma de las instituciones armadas. Necesitamos organizar sin pérdida de tiempo el servicio obligatorio, para que cese una desigualdad irritante condenada por voz casi unánime del país y se compenetre con éste el Ejército que ha de defenderle. Deberemos de dedicarnos a la constitución de reservas efectivas, difundir las enseñanzas prácticas, asegurar la competencia en el mando, no quedarnos a la zaga de las demás naciones, e inspiramos para esta obra en un sentido de austeridad y de abnegación que la milicia española no necesita pedir a los extraños, porque es el que palpita en todas las páginas de nuestras ordenanzas. La Marina en el mar y el Ejército en constante disposición de emprender la guerra: tal es mi fórmula, respecto de la cual creo que ninguna persona bien intencionada vendrá a pedirme hoy aclaraciones de detalle y fío en que a la opinión parecerán buena garantía mis propios antecedentes.

Sin que se me oculten las faltas cometidas, ni las deficiencias que la última lucha ha puesto al descubierto, tengo que condenar enérgicamente el propósito harto visible de descargar sobre el Ejército y sobre el país la responsabilidad de desastres que sólo son imputables a los que tuvieron en sus manos las riendas del Gobierno. Obra suya era la pobreza y mala organización de nuestro poder militar; culpa suya el haber rendido tan torpe cuenta de los sacrificios de la nación. Cuando, en excusa de imprevisiones que hoy mismo saltan a la vista de todos, se trata de cubrir de oprobio a nuestras fuerzas armadas, lo menos que yo puedo hacer es oponerme a la injusticia recordando que en tres años de combates no se ha producido un solo acto ni oído una sola voz de protesta; que nuestras tropas han desafiado en Cuba y

Filipinas los rigores del clima, la traición y el hambre; que cien veces tuvieron que pelear sin pagas, sin raciones y casi sin ropas con que cubrir sus carnes, y que siendo la obediencia el primer deber de los ejércitos, se ha mantenido entre los nuestros hasta un punto que acaso no hubieran alcanzado los de mejor organización y más sólida disciplina.

Con respecto a política internacional, no podrá extrañar que yo guarde una prudente reserva, limitándome a decir que no debe confundirse la reconstitución interior de un país con el aislamiento a que nos han condenado los que gobernaron a España en los últimos cuarenta años. Nadie de sano juicio podría ahora declararse partidario de tales o cuales alianzas, ni éstas son profesiones de fe para lanzarlas al público prematuramente. Como orientación de una nueva política, basta afirmar el decidido propósito de ejercitar todas aquellas artes difíciles, pero provechosas, a que apelan los pueblos convencidos de que el aislamiento constituye una absurda protesta contra el sentido moderno del derecho internacional y el mayor peligro para los Estados débiles. Por instinto de conservación, habremos de salir de él, poniéndonos en condiciones de que nuestro concurso sea estimado en el mundo.

Expuestas las que considero bases de nuestra reconstitución, no creo haber hecho otra cosa que interpretar aspiraciones públicas latentes en España desde hace mucho tiempo, traducir los sentimientos de la masa neutra y hasta recoger ideas que figuran en el credo de los partidos políticos, pero que ninguno de ellos quiso, pudo o supo llevar a la práctica. Yo me impongo el deber de realizar este programa, si la opinión me presta su apoyo, y por él y por la confianza de la Corona llego al Gobierno, el cual no pido como fin, sino como medio, y no apetezco como recompensa de servicios de sobra pagados, sino como ocasión de ganar legítima gloria consagrando a nuestra patria todos mis desvelos y todas mis energías.

No puedo ni debo pensar que la política que ha originado el rebajamiento de España, sobreviva a la ruinosa y triste liquidación que muy pronto quedará ultimada en París. Acabemos con ella, antes de que ella acabe con nosotros.

Mi historia y antecedentes me dispensan de ciertas profesiones de fe. Tiene la monarquía sobradas pruebas de mi lealtad, y nadie dejará de comprender que hay una prueba más en lo que ahora mismo hago; pues así trabajo para que nunca caigan sobre ella las responsabilidades que sistemáticamente eludieron sus gobernantes, para que se afirme y consolide con vínculos fortísimos de afecto y de mutuo respeto la unión del pueblo y el trono, y para que todos aquellos elementos sociales a los que la irritación del honor y el justo enojo contra la política hasta hoy seguida predisponen a protestas más o menos espontáneas, no tengan que buscar fuera de la legalidad existente la satisfacción de sus aspiraciones y sentimientos.

Si yo necesitase dar una muestra de lo mal gobernada que está España, me bastaría señalar la existencia del carlismo al cabo de sesenta años de régimen constitucional y la existencia del republicanismo al cabo de veinticuatro años de restauración. Mejor o peor enea-minadas, ésas son fuerzas nacionales cuyo concurso se pierde para el desenvolvimiento de nuestra patria. No pocas veces lo han interrumpido con guerras sangrientas o con trastornos estériles. Y cuando apenas queda ya un solo país donde la legalidad instituida no sea común a todos los ciudadanos, aquí seguimos padeciendo esos males y viendo que partes de España viven, por decirlo así, fuera de España.

Creo haberme expresado con entera claridad acerca de mis propósitos e ideas, mas no concluiré sin algunas manifestaciones, que estimo necesarias.

Los que por ahorrarse el trabajo de estudiar a los hombres prefieren tomar el juicio que corre hecho acerca de ellos me suponen representante de una especie de reacción teocrática encaminada a subvertir los poderes del Estado y arrancar a la conciencia sus naturales fueros. No tienen más causa cierta, para discurrir así, que ser yo, por creencia y por práctica, fervorosísimo cristiano, haber constituido mi familia y educado a mis hijos en el santo temor de Dios, y creer sinceramente que las potestades civiles, al par que defienden sus derechos y mantienen a la Iglesia en la órbita que le es propia, deben facilitar el ejercicio de aquel alto ministerio social a que está consagrada y cumplir con ella los pactos solemnemente establecidos. Cuando es obra necesaria velar por el desarrollo de todas las fuerzas morales, que hartos desenfrenos hemos consentido ya a las pasiones de la bestia humana, nada tan natural como el deseo de ver respetada la fe en que comulga la mayoría de los españoles y rodeada de prestigio la autoridad de una Iglesia que fue piedra angular de nuestra nacionalidad, nos llevó bajo la enseña de la Cruz a la reconquista del territorio perdido, y ha mostrado, en épocas bien recientes, cómo nunca se extingue en su espíritu el fuego del amor a la patria.

Motéjanme también los que no me conocen, o los que tratan de desfigurar mis intenciones, por suponer que aspiro al ejercicio de una dictadura militar inspirada en el aborrecimiento de las formas constitucionales. Semejante juicio se ha modificado no poco con la lectura del libro que publiqué recientemente acerca de mi mando y de mi política en Cuba; pero aún lo propalan ciertos espíritus nada respetuosos de la verdad. Yo debo decir que no quisiera para nuestra patria más dictador que la ley, por desgracia infringida u olvidada casi siempre. Yo creo que en la observancia del derecho se funda toda disciplina social; que se gobierna mejor con las fuerzas morales que con las fuerzas materiales, y que, no ahora, sino en cualquier tiempo, la estimación y confianza del país gobernado son la base de sustentación más firme de todos los poderes públicos.

Para realizar esta obra de reconstitución, que, vuelvo a decirlo, es obra de sacrificios y desvelos, e irá acompañada de riesgos y dificultades grandísimas, no me propongo formar un partido, en la acepción corriente de la palabra, ni siquiera me preocupo de averiguar la suerte que el porvenir reserva a las agrupaciones actuales: o se disolverán, dejando lugar a otras nuevas, o resurgirán transformadas, después de una depuración de responsabilidades que aleje de ellas a los que no previeron o no supieron evitar la catástrofe. Nuestra empresa, demasiado grande, no puede tener por instrumentó cosa tan pequeña, en realidad, como un partido a la española. Por ese camino, tal vez los hábitos inveterados de la política, la propensión natural en cierta gente, la fuerza de las rutinas mentales y el acicate de apetitos no más sanos, por estar bien disimulados, que aquéllos que tratamos de alejar del Gobierno, nos llevarán a crear una oligarquía más, aumentando así el daño en vez de remediarlo. Este empeño que sobre mí tomo requiere el concurso de todas las voluntades dispuestas al bien. No pudiendo nadie resignarse a ver a su patria irremisiblemente caída y degradada, menester es que todos nos decidamos a emprender la tarea difícil, pero gloriosa, de nuestra reconstitución interna y de nuestra rehabilitación ante el mundo.

Salvemos los restos del patrimonio nacional agrupándonos en su defensa. Proscribamos para siempre la política que nos ha perdido. Y puesto que yo apelo al sentimiento público con ideas que son de todos, ayúdenme todos, si merezco la confianza del país, traduciendo la disposición del ánimo en expresiones visibles de aprobación; pues no han de bastar el deseo platónico y la actitud pasiva, para vencer las resistencias que se opondrán a nuestro intento. Es ya hora de que todas las grandes fuerzas sociales, todos los elementos neutros de opinión, apliquen al remedio de nuestras desdichas algo más que una crítica estéril o una murmuración impropia de hombres. Lo es también de que aquellas iniciativas sanas y aquellas energías de la inteligencia perdidas hoy en la viciosa organización de nuestros partidos políticos no continúen sacrificando el interés patrio a una mal entendida disciplina, ni compartiendo la responsabilidad de errores que tal vez advirtieron en vano y de culpas que habrán reprobado desde el fondo de su conciencia. A todos los buenos españoles, en suma, pido su cooperación, y ofrezco la mía, no limitada por ningún género de compromisos personales, ni subordinada a otros móviles que el deseo de servir a España, mi amor al pueblo en medio del cual nací, y mi lealtad para con el Rey.

Creo, amigo mío, que he contestado cumplidamente, acaso con exceso, a las excitaciones de que vengo siendo objeto. A usted toca, como le dije al principio de esta carta, juzgar de la oportunidad y modo de dar a conocer lo que pienso y me propongo, siempre que con ello no se falte a ninguno de los actos a que estoy obligado.

De usted afectísimo, Camilo G. de Polavieja.

Madrid, 1 de septiembre de 1898.

Francisco Silvela:
«Sin pulso»

Quince días antes de la carta del general Polavieja que acabo de transcribir, un gran político libre de responsabilidades en el Desastre, Francisco Silvela, publicaba el 16 de agosto de 1898 en el diario El Tiempo un celebérrimo artículo, titulado «Sin pulso», que refleja perfectamente el estado de ánimo de los españoles a raíz de la catástrofe de ultramar:

«Varones ilustres, ¿hasta cuándo seréis de corazón duro? ¿Por qué amáis la vanidad y vais tras la mentira?» (Isaías. Salmo IV.)

Quisiéramos oír ésas o parecidas palabras brotando de los labios del pueblo; pero no se oye nada; no se percibe agitación en los espíritus, ni movimiento en las gentes.

Los doctores de la política y los facultativos de cabecera estudiarán, sin duda, el mal; discurrirán sobre sus

orígenes, su clasificación y sus remedios; pero el más ajeno a la ciencia que preste alguna atención a asuntos públicos observa este singular estado de España: dondequiera que se ponga el tacto, no se encuentra el pulso.

Monárquicos, republicanos, conservadores, liberales, todos los que tengan algún interés en que este cuerpo nacional viva, es fuerza se alarmen y preocupen con tal suceso. Las turbulencias se encauzan; las rebeldías se reprimen; hasta las locuras se reducen a la razón por la pena o por el acertado régimen; pero el corazón que cesa de latir y va dejando frías e insensibles todas las regiones del cuerpo, anuncia la descomposición y la muerte al más lego.

La guerra con los ingratos hijos de Cuba no movió una sola fibra del sentimiento popular. Hablaban con elocuencia los oradores en las cámaras de sacrificar la última peseta y derramar la postrer gota de sangre… de los demás; obsequiaban los ayuntamientos a los soldados, que saludaban y marchaban sumisos, trayendo a la memoria el Ave César de los gladiadores romanos; sonaba la Marcha de Cádiz; aplaudía la prensa, y el país, inerte, dejaba hacer. Era, decíamos, que no interesaba su alma una lucha civil, una guerra contra la naturaleza y el clima, sin triunfos y sin derrotas.

Se descubre más tarde nuestro verdadero enemigo; lanza un reto brutal; vamos a la guerra extranjera; se acumulan en pocos días, en breves horas, las excitaciones más vivas de la esperanza, de la ilusión, de la victoria, de las decepciones crueles, de los desencantos más amargos, y apenas si se intenta en las arterias del Suizo y de las Cuatro Calles una leve agitación por el gastado procedimiento de las antiguas recepciones y despedidas de andén de los tiempos heroicos del señor Romero Robledo.

Se hace la paz, la razón la aconseja, los hombres de sereno juicio no la discuten; pero ella significa nuestro vencimiento, la expulsión de nuestra bandera de las tierras que descubrimos y conquistamos; todos ven que alguna diligencia más en los caudillos, mayor previsión en los gobiernos hubieran bastado para arrancar algún momento de gloria para nosotros, una fecha o una victoria en la que descansar de tan universal decadencia y posar los ojos y los de nuestros hijos con fe en nuestra raza; todos esperaban o temían algún estremecimiento de la conciencia popular; sólo se advierte una nube general de silenciosa tristeza que presta como un fondo gris al cuadro, pero sin alterar vida, ni costumbres, ni diversiones, ni sumisión al que, sin saber por qué ni para qué, le toque ocupar el Gobierno.

Es que el materialismo nos ha invadido, se dice; es que el egoísmo nos mata; que han pasado las ideas del deber, de la gloria, del honor nacional; que se han amortiguado las pasiones guerreras, que nadie piensa más que en su personal beneficio.

Profundo error; ese conjunto de pasiones buenas y malas constituyen el alma de los pueblos, vivirán lo que viva el hombre, porque son expresión de su naturaleza esencial.

Lo que hay es que cuando los pueblos se debilitan y mueren sus pasiones, no es que se transforman y se modifican sus instintos, o sus ideas, o sus afecciones y maneras de sentir; es que se acaban por una causa más grave aún: por la extinción de la vida.

Así hemos visto que la propia pasividad que ha demostrado el país ante la guerra civil, ante la lucha con el extranjero, ante el vencimiento sin gloria, ante la incapacidad que esterilizaba los esfuerzos y desperdiciaba las ocasiones la ha acreditado para dejarse arrebatar sus hijos y perder sus tesoros; y amputaciones tan crueles como el pago en pesetas de las Cubas y del Exterior, se han sufrido sin una queja por las clases medias, siempre las más prontas y mejor habilitadas para la resistencia y el ruido.

En vano la prensa de gran circulación, alentada por los éxitos logrados en sucesos de menor monta, se ha esforzado en mover la opinión, llamando a la puerta de las pasiones populares, sin reparar en medios y con sobradas razones muchas veces en cuanto se refiere a errores, deficiencias e imprevisiones de gobernantes; todo ha sido inútil y con visible simpatía mira gran parte del país la censura previa, no porque entienda defiende el orden y la paz, sino porque le atenúa y suaviza el pasto espiritual que a diario le sirven los periódicos y los pone más en armonía con su indiferencia y flojedad de nervios. No hay exageración en esta pintura, ni pesimismo en deducir de ella, como en el clásico epigrama, que una cosa tan bellaca no puede parar en bien.

Que contemplen tal y tan notorio estrago los extraños con indiferencia, y que lo señalen y lo hagan constar los que pudieran ser herederos de nuestro patrimonio con delectación poco disimulada, se explica; pero los que tienen por oficio y ministerio la dirección del

Estado no cumplirán sus más elementales deberes si no acuden con apremio y con energía al remedio, procurando atajar el daño con el total cambio del régimen que ha traído a tal estado el espíritu público.

Hay que dejar la mentira y desposarse con la verdad; hay que abandonar las vanidades y sujetarse a la realidad, reconstituyendo todos los organismos de la vida nacional sobre los cimientos, modestos pero firmes, que nuestros medios nos consienten, no sobre las formas huecas de un convencionalismo que, como a nadie engaña, a todos desalienta y burla.

No hay que fingir arsenales y astilleros donde sólo hay edificios y plantillas de personal que nada guardan y nada construyen; no hay que suponer escuadras que no maniobran ni disparan, ni citar como ejércitos las meras agregaciones de mozos sorteables, ni empeñarse con conservar más de lo que podamos administrar sin ficciones desastrosas, ni prodigar recompensas para que se deduzcan de ellas heroísmos, y hay que levantar a toda costa, y sin pararse en amarguras y sacrificios y riesgos de parciales disgustos y rebeldías, el concepto moral de los gobiernos centrales, porque si esa dignificación no se logra, la descomposición del cuerpo nacional es segura.

El efecto inevitable del menosprecio de un país respecto de su poder central es el mismo que en todos los cuerpos vivos produce la anemia y la decadencia de la fuerza cerebral: primero, la atonía, y después, la disgregación y la muerte. Las enfermedades, dice el vulgo, que entran por arrobas y salen por adarmes, y esta popular expresión es harto más visible y clara en los males públicos.

La degeneración de nuestras facultades y potencias tutelares ha desbaratado nuestra dominación en América y tiene en grave disputa la del Extremo Oriente; pero aún es más grave que la misma corrupción y endeblez del avance de las extremidades a los organismos más nobles y preciosos del tronco, y ello vendrá sin remedio si no se reconstituye y significa la acción del Estado. Engañados grandemente vivirán los que creían que por no vocear los republicanos en las ciudades, ni alzarse los carlistas en la montaña, ni cuajar los intentos de tales o cuales jefes de los cuarteles, ni cuidarse el país de que la imprenta calle, o los ayuntamientos exploten sin ruido las concejalías y los gobernadores los juegos y los servicios, está asegurado el orden y es inconmovible el Trono, y nada hay que temer ya de los males interiores que a otras generaciones afligieron.

Si pronto no se cambia radicalmente de rumbo, el riesgo es infinitamente mayor, por lo mismo que es más hondo, y de remedio imposible, si se acude tarde; el riesgo es el total quebranto de los vínculos nacionales y la condenación, por nosotros mismos, de nuestro destino como pueblo europeo y tras de la propia condenación, claro es que no se hará esperar quien en su provecho y en nuestro daño la ejecute.

Francisco Silvela.

El diagnóstico
de César Silió

César Silió era un político y escritor de la Primera Restauración a quien se debe el siguiente diagnóstico sobre el Desastre:

Hay una fecha cumbre en el período de que hablo: la de 1898. Ella señala con precisión y con fijeza inconfundibles una etapa singularmente trascendental. Parece un hito que separa el período del españolismo creyente y arrojado del período en que el españolismo hizo crisis, reflejada en la masa popular por la atonía y la desesperanza, y en los intelectuales por el lema de la europeización. Se pensó de pronto en que era necesario cambiar radicalmente el rumbo, «echar tres llaves al sepulcro del Cid», volver la espalda a lo tradicional y castizo y recibir como maná confortador los aires defuera.

Las campañas coloniales que venían consumiendo, año tras año, el dinero de nuestras arcas y lo mejor de nuestra juventud no habían movido, sin embargo, a la reflexión; menos a la enmienda. El dictamen de Cánovas y de la mayor parte de los políticos, condensado en la frase «hasta el último hombre y la última peseta», era compartido por casi todo el mundo y allá iban batallones y batallones a luchar con la insurrección, con la manigua, y con el vómito y de allá volvían repatriados, como en rebaño, al solar viejo, con rostros pregoneros de tristeza y extenuación, los enfermos y los heridos que no habían muerto en Cuba.

Maura intentó evitar la catástrofe que se cernía amenazadora en el horizonte llevando al Parlamento en 1893 sus reformas antillanas, que implicaban la concesión a Cuba de una amplia autonomía, capaz entonces de desarmar la insurrección y de frustrar los planes intervencionistas de los Estados Unidos. Pero la incomprensión del Partido Conservador, la falta de apoyo del liberal, la resistencia de los llamados «incondicionales» para quienes Cuba constituía como un feudo y la carencia de todo apoyo popular, malograron el generoso intento.

Llegó al cabo el momento de la ruptura con la República Norteamericana y se hizo inevitable la guerra, jaleada por los tribunos de la plebe con inexplicable ceguera. La prensa de todos los matices -en vanguardia significados órganos de la izquierda- consagróse con ardor a la tarea de informar al gran público de nuestros medios bélicos, superiores a los del enemigo, por tierra y mar. Por tierra, 200.000 soldados aguerridos en Cuba frente a milicias sin tradición ni consistencia. Por mar, muchos más barcos: si la escuadra norteamericana tenía algunas unidades modernas de mayor potencia, el número y el armamento en corso de los buques mercantes compensaba tal desventaja.

En Madrid la noticia de la guerra desbordó en manifestaciones clamorosas el entusiasmo popular…

Era creencia muy extendida entonces que España vencería. Los más cautos esperaban que, al menos, haría pagar muy cara la victoria al enemigo, si llegaba a obtenerla. Un ministro del Gobierno me decía la tarde misma en que se hizo público un cablegrama del almirante Montojo anunciando la salida de nuestra escuadra para batir al enemigo que la preocupación era Cuba, no Filipinas, donde el éxito parecía seguro…

Tardó muy poco el desengaño. Los barcos del Comodoro Dewey hundieron la escuadra de Montojo en pocas horas en la bahía de Manila. El combate para los americanos se redujo a poco más de un ejercicio de tiro al blanco a distancia superior al alcance de nuestra artillería. Interrumpieron tranquilamente el cañoneo para almorzar. No sufrieron el menor daño.

Después corrió igual suerte la escuadra de Cervera en su heroica salida de Santiago de Cuba. Capituló la plaza. Al entusiasmo sucedió el estupor.

Rápidamente, con la misma inconsciencia con que se fue a la guerra, se firmó el humillante Tratado de París, que liquidó lo que quedaba de nuestro gran imperio colonial.

El mismo pueblo que había pedido la guerra a gritos muy pocos meses antes recibió mansamente la noticia de aquella paz expoliadora, y para consolarse acudió a los toros con aire jaranero y despreocupado.

En el derrumbamiento hubo algo aún más doloroso que la pérdida de hombres, escuadras y colonias: el colapso, parecido a la muerte, del espíritu nacional. España dejó de ser España al adoptar como musa inspiradora el desaliento y la resignación pasiva como virtud.

RICARDO DE LA CIERVA Y HOCES. (Madrid, 9 de noviembre de 1926 - Madrid, 19 de noviembre de 2015). Licenciado y Doctor en Física, historiador y político español, agregado de Historia Contemporánea de España e Iberoamérica, catedrático de Historia Moderna y Contemporánea por la Universidad de Alcalá de Henares (hasta 1997) y ministro de Cultura en 1980.

Nieto de Juan de la Cierva y Peñafiel, ministro de varias carteras con Alfonso XIII, su tío fue Juan de la Cierva, inventor del autogiro. Su padre, el abogado y miembro de Acción Popular (el partido de Gil Robles), Ricardo de la Cierva y Codorníu, fue asesinado en Paracuellos de Jarama tras haber sido capturado en Barajas por la delación de un colaborador, cuando trataba de huir a Francia para reunirse con su mujer y sus seis hijos pequeños. Asimismo es hermano del primer español premiado con un premio de la Academia del Cine Americano (1969), Juan de la Cierva y Hoces (Óscar por su labor investigadora).

Ricardo de la Cierva se doctoró en Ciencias Químicas y Filosofía y Letras en la Universidad Central. Fue catedrático de Historia Contemporánea Universal y de España en la Universidad de Alcalá de Henares y de Historia Contemporánea de España e Iberoamérica en la Universidad Complutense.

Posteriormente fue jefe del Gabinete de Estudios sobre Historia en el Ministerio de Información y Turismo durante el régimen franquista. En 1973 pasaría a ser director general de Cultura Popular y presidente del Instituto Nacional del Libro Español. Ya en la Transición, pasaría a ser senador por Murcia en 1977, siendo nombrado en 1978 consejero del Presidente del Gobierno para asuntos culturales. En las elecciones generales de 1979 sería elegido diputado a Cortes por Murcia, siendo nombrado en 1980 ministro de Cultura con la Unión de Centro Democrático. Tras la disolución de este partido político, fue nombrado coordinador cultural de Alianza Popular en 1984. Su intensa labor política le fue muy útil como experiencia para sus libros de Historia.

En otoño de 1993, Ricardo de la Cierva creó la Editorial Fénix. El renombrado autor, que había publicado sus obras en las más importantes editoriales españolas (y dos extranjeras) durante los casi treinta años anteriores, decidió abrir esta nueva editorial por razones vocacionales y personales; sobre todo porque sus escritos comenzaban a verse censurados parcialmente por sus editores españoles, con gran disgusto para él. Por otra parte, su experiencia al frente de la Editora Nacional a principios de los años setenta, le sirvió perfectamente en esta nueva empresa.

De La Cierva ha publicado numerosos libros de temática histórica, principalmente relacionados con la Segunda República Española, la Guerra Civil Española, el franquismo, la masonería y la penetración de la teología de la liberación en la Iglesia Católica. Su ingente labor ha sido premiada con los premios periodísticos Víctor de la Serna, concedido por la Asociación de la Prensa de Madrid y el premio Mariano de Cavia concedido por el diario ABC.