«Los motivos de confianza en el futuro inmediato y democrático de España se ven muy claros hoy desde nuestra perspectiva. Al día siguiente de la muerte de Franco no existía esa claridad. Uno de los grandes testimonios que voy a utilizar en este libro y los siguientes dedicados al proceso histórico de la transición, el de José Manuel Otero Novas, que es uno de los artífices secretos de la transición, nos dice que a la muerte de Franco las instituciones del Estado creado por él seguían muy firmes y el régimen se mostraba fuerte. Otro de mis grandes amigos, Gonzalo Fernández de la Mora, había puesto de moda en círculos del régimen una tesis tajante: Después de Franco, las instituciones. Yo no lo veía tan claro, ni mucho menos…».

Ricardo de la Cierva

Juan Carlos I: misión imposible

Episodios históricos de España - 4

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Titivillus 19.01.15

Título original:Juan Carlos I: misión imposible

Ricardo de la Cierva, 1996

Editor digital: Titivillus

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Para Mercedes 62

La Monarquía en cuestión

El 22 de noviembre de 1975, con Franco de cuerpo presente en el gran zaguán de Palacio que da a la plaza de la Armería, las Cortes españolas, las Cortes de Franco, recibían el juramento de don Juan Carlos de Borbón como Rey de España. Hoy han pasado ya más de veinte años y don Juan Carlos sigue ahí, aunque desde hace unos tres años su figura, indiscutida durante casi dos décadas, vuelve a ser objeto, en círculos muy minoritarios, de algunas fintas polémicas que se concentran —parcialmente— en cuatro libros y una amenaza. Los cuatro libros son los siguientes, por orden de aparición en escena:

Primero, el del célebre especialista en temas histórico-financieros e introductor del Nuevo Periodismo en España, Jesús Cacho, autor próximo al financiero don Mario Conde, MC, un intruso en el laberinto de los elegidos[1] obra de gran éxito que desde algunos ángulos puede resultar comprometida para don Juan Carlos.

Segundo, el libro, de alcance teórico, del jurista y analista político (excelente en uno y otro aspecto) Antonio García Trevijano El discurso de la República[2] que alcanzó una relativa repercusión en círculos intelectuales aunque no entre el gran público, precisamente por su carácter teórico y moderado; se aparta en absoluto de la tentación de arrojar carnaza a las fieras. Pero es el primero, que yo sepa, en recordar el papel trascendental de don Juan Carlos en la dictadura (sin añadir que ese papel consistió fundamentalmente en la apertura a la democracia) y en presentar a la República como una alternativa para la democracia presidencialista que postula si la Monarquía se muestra incapaz de ello. El señor García-Trevijano fue uno de los promotores de la Junta Democrática de 1974; todos estamos expuestos a cometer un grave pecado de juventud. Pero este libro, muy crítico contra los actos internos y exteriores de la transición (a la que patrocinaron, dice, Washington y Bonn) los cree sencillamente impúdicos, no es un ataque directo, ni menos grosero, a la figura del Rey como sucedía entre los republicanos de 1930, pero directa e indirectamente pone en duda, con serenidad y moderación, la eficacia democrática de la Corona en la transición, justo cuando empezaba la estúpida campaña para la glorificación celestial y acrítica de la Santa Transición y consiguientemente la deificación de la ejecutoria del duque de Suárez, que en su momento analizaremos con todo respeto pero no desde el plano de las relaciones públicas sino a la luz de la historia.

Tercero, un libro más próximo —de este mismo año— escrito por el periodista de investigación adscrito al grupo de don Jesús Polanco, Ernesto Ekaizer, Vendetta[3] que es un nuevo acoso del autor a don Mario Conde, a quien parece haber jurado odio eterno según el rito de Aníbal; y que en algún momento conecta a la figura del Rey con ciertas manifestaciones ajenas de amiguismo y corrupción. Un capítulo parece especialmente insinuante: El secreto del Rey.

Y cuarto, el extraordinario trabajo de investigación de José Díaz Herrera y su esposa Isabel Durán —aparecido en febrero de 1996— El saqueo de España[4] que, anunciado para comienzos del invierno que entonces terminaba, mantuvo en vilo a medio país dado el prestigio y la reconocida imparcialidad de Díaz Herrera, que en 1991 había publicado con Eduardo Tijeras un trabajo de primer orden sobre la corrupción, El dinero del poder (ed. Cambio-16). La aparición de El saqueo se retrasó por razones aún no explicadas y que seguramente tuvieron algo que ver con el nerviosismo institucional —digámoslo así— que se desbordaba en los últimos meses de 1995, cuando las altas esferas socialistas habían alumbrado, ya desde tiempo antes, una extraña teoría de la conspiración que detectaba algunos vectores para el cambio de régimen. Concretamente por parte del financiero catalán Javier de la Rosa se insinuaron e incluso se manifestaron informaciones poco coherentes y aun contradictorias con el intento, luego negado tajantemente, de implicar a la Corona en sus amagos y denuncias. Surcaban el tormentoso firmamento durante aquellos meses toda clase de dardos envenenados tan peligrosos para don Juan Carlos como la agresión terrorista que se le había preparado en Palma de Mallorca; el director de ABC, Luis María Anson, espejo de monárquicos, había intervenido eficazmente para conseguir una importante puntualización del financiero e íntimo amigo del Rey, don Manuel Prado y Colón de Carvajal, contra quien se emplazaron numerosas baterías informativas; y los cada vez más extraños y sorprendentes manejos de la central secreta española CESID, dirigida por el teniente general Emilio Alonso Manglano, se relacionaban a veces con intentos de violar la intimidad y las actuaciones privadas del propio Rey, dentro de un clima general de deterioro para los más altos y delicados aparatos del Estado y del gobierno. El señor García Trevijano había declarado en su libro que lo escribía para rebasar algunos tabúes pero entre 1993 y 1996 apenas ha quedado en España un tabú con cabeza. Naturalmente que en estos Episodios abordaremos en su momento, las claves de todo este guirigay, ya que espero que para entonces hayan vuelto las aguas a su cauce y se haya podido, a fuerza de información veraz, limpiar el barro que aún envuelve a muchas de esas claves; pero la evocación de esta provisional desembocadura de la Segunda Restauración, enturbiada, encima, muy peligrosamente por la catastrófica política informativa del gobierno que dirige don José María Aznar (muy parecido en este aspecto a su modelo don Manuel Azaña) me parecía necesaria para que desde una perspectiva inversa, y espero que pronto reversible, podamos abordar en este libro los orígenes del reinado de don Juan Carlos, el principio de la Segunda Restauración. Y es que todo este ambiente de confusiones e insinuaciones, removido casi a diario por una nueva noticia demoledora, ha concluido, poco antes de escribirse estas líneas, en la amenaza de don Julio Anguita, líder del Partido Comunista y de la coalición denominada Izquierda Unida, de romper el consenso constitucional en uno de sus aspectos que más trabajo costó y más visión de futuro concentró entre 1976 y 1978: el reconocimiento de la Monarquía por todas las fuerzas parlamentarias sin excepción, porque incluso una que se había abstenido en el refrendo constitucional lo aceptó después con encomiable sentido de la realidad. El contraste es brutal entre la situación de 1930 y la de 1996: en 1930 la acusación de las izquierdas y parte del centro-derecha a la Corona consistía, según hemos visto, en reprochar a la Corona la ruptura de la Constitución de 1876, con lo que el Rey se colocaba fuera del juego constitucional; en 1996, por primera vez en veinte años, el líder de una fuerza política minoritaria pero considerable, el Partido Comunista, que había aceptado de forma espectacular y expresa el juego democrático y la Constitución de 1978, amenaza con romper ese consenso y por tanto amaga con situarse fuera del juego constitucional que convino prácticamente toda España, fuera de algunos grupos marginales y extremistas. La amenaza es menos comprensible si recordamos que el consenso constitucional de 1978 fue mucho más amplio y difícil que el de 1876. Cierto que la constelación creada en torno al Partido Comunista, es decir Izquierda Unida, no ha seguido por ese peligroso camino; y es de esperar que el autor de la amenaza comprenda los graves peligros políticos que puede acarrearle una situación de fuera de juego. Pero toda grieta en la unanimidad es peligrosa y de consecuencias imprevisibles si no se remedia esa actitud y no se cancelan las causas que puedan haberla aconsejado. Y todavía me parece más innecesaria y más peligrosa la velada amenaza a la Corona que insinuó el líder del Partido Socialista, Felipe González, como una especie de corolario aberrante de la amenaza comunista. Con la idea de descalificar en conjunto al Partido Popular, Felipe González pretendía a la vez sacudirse el persistente fantasma del GAL que le ronda desde hace años y afirmaba que «hasta la Monarquía tenía problemas cuando nunca los tuvo en catorce años con el PSOE». Acto seguido consideraba como «incidentes» los trágicos y sospechosos episodios del GAL y los equiparaba a las acciones contra-terroristas de algunas democracias europeas como Alemania, Inglaterra y Francia. Este desplante, con su torpe alusión indirecta a la Corona, motivó una reacción brutal, aunque merecidísima, por parte del vicepresidente Francisco Álvarez Cascos —que ya había suscitado el casi inadvertido caso Anguita— al implicar a González directamente en la organización del GAL considerada como «terrorismo de bodeguiya», (Cfr. El País, 2 de octubre 1996, p. 20). Lo peor es que de todas estas turbulencias la figura del Rey aparece, por primera vez, salpicada por la guerra más o menos sucia entre los dos grandes partidos políticos de España. Esto no ocurría desde la implantación de la Monarquía en 1975 y merece una reflexión profunda porque, de no atajarse, pude desencadenar un proceso de consecuencias/insisto, imprevisibles. Por eso es tan importante comprender desde nuestra actual perspectiva cómo se hizo la Segunda Restauración y lo que don Juan Carlos ha hecho en favor de una nueva convivencia entre españoles que no se lograba con tantas esperanzas desde que acabó el reinado de Carlos III. Casi dos siglos.

Los factores positivos en favor
del Rey

La estupenda serie americana de televisión que se titulaba Misión Imposible cultivaba perfectamente la paradoja; todas aquellas misiones, gracias a su minuciosa planificación y al arrojo de los miembros del equipo, se realizaban con éxito completo, es decir se convertían en posibles. Creo que fue don Manuel Fraga Iribarne quien definió alguna vez a los periódicos diarios como un imposible necesario. Eso era, a la muerte de Franco, la Segunda Restauración: por una parte una misión imposible; por otra, una necesidad imperiosa —todo lo necesario es posible— que era la raíz de su posibilidad. Repasemos las circunstancias por las que atravesaba España a la muerte de Franco:

Entre las positivas, una que también notaron los españoles más avisados en 1876, cuando tras el golpe militar del general Martínez Campos en Sagunto (que según Cánovas fue innecesario e inconveniente) don Antonio Cánovas del Castillo, artífice del gran movimiento de opinión que terminó con la farsa de la Primera República prolongada en el régimen del general Serrano, implantó la Primera Restauración y los españoles sin distinción, fuera de los fanáticos arrinconados y exhaustos, manifestaban a diario su ansia de vivir. Esta actitud general fue formulada, antes que nadie, por Juan de la Cierva Peñafiel, que pudo vivir en su infancia la catástrofe de la Primera República y luego anunció inútilmente al rey don Alfonso XIII que la segunda terminaría peor. El ansia de vivir se había manifestado también en España a la salida de las grandes crisis históricas; desde el fin del angustioso reinado de Enrique IV en Castilla, que dio paso a la adhesión universal a Isabel la Católica; hasta la reacción nacional en favor de la regeneración de España tras el Desastre de 1898, que llenó de esperanza los comienzos del reinado efectivo de don Alfonso XIII a partir de 1902. La misma ansia de vivir hizo sacar fuerzas de flaqueza a los españoles después de la tragedia de la Guerra Civil en 1939 y la misma afloraba por todas partes después de la muerte de Franco el 20 de noviembre de 1975. España es una nación vital, que puede ser conducida al caos por sus gobernantes o por circunstancias exteriores, como sucedió en 1808 y en 1936, pero que siempre ha encontrado energías para levantarse de su postración, ponerse en pie y reanudar la marcha. El rey don Juan Carlos, mucho más comprometido con el futuro que con el pasado, captó perfectamente esa onda vital y se lanzó a aprovecharla.

Segundo factor positivo, la España de 1975 parecía desconcertada durante la fase inmovilista —desde 1967, nada menos— y la etapa agónica de Francisco Franco que fue desesperadamente larga; desde el ataque de tromboflebitis al comenzar el verano de 1974 hasta su muerte en noviembre de 1975. Caían sobre la España sin rumbo las primeras consecuencias de la crisis económica mundial, las ambiciones expansionistas del rey Hassan de Marruecos, alentadas por la estrategia norteamericana, la incertidumbre general sobre el futuro, que estaba mucho más extendida de lo que ahora se cree. Pero junto a la incertidumbre —el ambiente de España en las semanas y meses previos a la muerte de Franco se resume cabalmente con esa sola palabra— la sociedad española de 1975 nada tenía que ver con la de 1931 ni con la de 1936. La sociedad española estaba completamente transformada y modernizada, y ese hecho no se había logrado a pesar del régimen, como siguen repitiendo algunos fanáticos enemigos del franquismo, sino gracias a Franco y su régimen; era una de las grandes victorias históricas de Franco. Todos los tratadistas serios de ciencia política coinciden en que para la implantación y el asentamiento de un sistema democrático es necesario un adecuado nivel económico y una pirámide social en que predominen las clases medias. En la España del siglo XIX, incluso después de proclamada la Primera Restauración a fines de diciembre de 1874 la franja de clases medias era insuficiente para sostener una democracia auténtica; de ahí que el sistema liberal que Cánovas, con la colaboración de Sagasta, imprimieron a la Primera Restauración no llegó a evolucionar más que lenta e insuficientemente al sistema democrático de que ya gozaban entonces los Estados Unidos, el Reino Unido, la República Francesa, Suiza y los reinos de Bélgica, Dinamarca y los Países Bajos, únicos países que pueden considerarse democráticos hasta la Segunda Guerra Mundial. Una nación nueva que tanto había avanzado cultural y económicamente como el Segundo Reich alemán a partir de 1870 poseía un régimen liberal pero más autocrático que democrático hasta 1918. El liberalismo italiano del Risorgimento y a partir de 1870, de la Italia unificada era tan imperfectamente democrático que fue presa fácil del fascismo en 1922, como la República de Weimar que dio paso a Adolfo Hitler al comienzo de los años treinta; Alemania —y en menor grado Italia— habían incrementado desde 1870 la amplitud de sus clases medias, pero la derrota en la Primera Guerra Mundial y el nacionalismo exacerbado retrasaron en ellas la implantación de la democracia hasta 1945. Iberoamérica sufría una confrontación permanente entre militarismo, liberalismo y conservadurismo desde la independencia; algún país excepcional como Chile ofrece aproximaciones, no continuas, en sentido democrático pero la inestabilidad política sigue siendo la norma (que hoy no se ha cancelado aún de forma general, aunque los progresos democráticos son evidentes en varias naciones) y paradigmas democráticos como los Estados Unidos Mexicanos son, todavía hoy, una farsa hiriente que parece ya entrar, por fortuna, en vías de remedio.

Todo el período de la Primera Restauración, dentro de sus pautas liberales, no fue democrático. En 1923 se proclamó la Primera Dictadura. Para muchos exagerados con escaso sentido crítico la República del 14 de abril de 1931 fue democrática; pero como tal resultó un intento fallido, según estudiaremos en el Episodio correspondiente. Para que una nación se pueda llamar democrática son necesarias dos condiciones: primera, la voluntad general de convivencia; segunda, la celebración reglada y periódica de elecciones libres y limpias. La primera condición no se dio en la República, ni de lejos; media España trataba de imponerse a la otra media. La segunda sólo se dio parcialmente; las elecciones de 1933 fueron auténtica«, las de 1931 (abril y junio) y las de 1936 no se pueden considerar democráticas más que a efectos de propaganda sectaria. El soporte de clases medias que ofrecía la República, con su economía en regresión después de 1930, era marcadamente insuficiente.

El régimen del general Franco, con todas sus dificultades exteriores y desajustes interiores, consiguió ensanchar y profundizar las clases medias, de forma que la nación pudo alinearse democráticamente en 1976, a la muerte de Franco. Y no por casualidad ni por evolución natural sino por designio político y económico expreso. En su discurso pronunciado ante los micrófonos de Radio Castilla el mismo día 1 de octubre de 1936 en que tomaba posesión de la jefatura del Estado, Franco invocó a las clases medias como soporte y ámbito principal de su régimen. Entonces a las clases «bajas» o «inferiores» o «pobres» se les llamaba, desde los partidos revolucionarios, con el horrendo nombre de «proletariado». En 1975, a la muerte de Franco, a nadie le agradaba que le llamasen proletario y la clase numérica y sociológicamente dominante en España era el conjunto de las clases medias. La democracia era posible. Alguna vez el profesor socialista Elias Díaz me ha reprochado que yo pretenda calificar a Franco como creador de la democracia en España. Jamás he dicho tal cosa. Franco, que había pertenecido al sector liberal del Ejército hasta 1936, se sintió desde entonces personalmente incompatible con la democracia, a la que creyó, hasta su muerte, nefasta para España. Pero nadie podrá negarle la creación de una plataforma dominante de clases medias, con lo que, muy a pesar suyo, hizo posible la implantación de la democracia en España. Éste es el segundo factor positivo de 1975, muy vinculado, dentro de la misma transformación, a la elevación del nivel económico, el pleno empleo, el cambio de una España predominantemente rural a una España de mayor peso urbano, a un incremento importantísimo de la industria, los servicios y las infraestructuras y a una evolución cultural —alfabetismo, escolarización, enseñanza media, Universidad— que España ni había soñado jamás. En cuanto a Seguridad Social se habían alcanzado niveles nunca antes imaginados, y todo con una presión fiscal mínima.

Un tercer factor positivo para el futuro de España en 1975 era la voluntad general en favor de un sistema democrático. Bien está el esfuerzo de algunos autores para señalar a los protagonistas de la transición a la democracia, y luego nos referiremos a ellos. Pero en 1975, más o menos concretamente, la mayoría de los españoles deseaba la democratización. Y como demostró el importantísimo referéndum sobre la Reforma Política en 1976, organizado por el primer gobierno de don Adolfo Suárez, más del setenta por ciento de los españoles deseaban la implantación de un régimen democrático por vía de reforma como proponía el gobierno Suárez (y por supuesto el rey don Juan Carlos) y no por vía de ruptura como exigía la oposición antifranquista. Esa actitud no era nueva. Manuel Fraga Iribarne, despedido injustamente del gobierno por el almirante Carrero en 1969, defendía ya entonces pública y enérgicamente que el desarrollo económico y social alcanzado ya entonces por la sociedad española, a impulsos del Estado y del régimen (no por arte de magia o de rutina, como clamaban algunos fanáticos enemigos del régimen) exigía urgentemente un desarrollo político condigno. El propio Franco se había mostrado aparentemente ganado por esa convicción cuando compareció por televisión ante los españoles a fines de 1966 para pedirles que, en reconocimiento a sus servicios a España, votasen a favor en el referéndum para la Ley Orgánica del Estado que presentó como una apertura política en regla. Por desgracia, en cuanto consiguió una respuesta popular abrumadoramente favorable (para él y para la apertura) volvió a sentir el tirón involucionista en 1967 y metió a su régimen en un callejón sin salida. Gracias a los progresos del desarrollo económico a lo largo de la década de los sesenta, gracias al contacto de centenares de miles de españoles con la democracia europea, durante sus estancias de duro trabajo, gracias a la visita anual creciente de millones de europeos mediante el turismo, convertido en primera industria nacional y gracias a la influencia avasalladora del cine occidental y de la televisión (que crecía vertiginosamente desde fines de la década de los cincuenta) los españoles estaban cada vez más conscientemente integrados en una concepción democrática de la vida.

Hubo un cuarto factor positivo para facilitar desde dentro la transición a la democracia: la actitud de la Iglesia Católica. He estudiado este problema, minuciosamente, en mi libro reciente La Hoz y la Cruz[5]. La Iglesia española, muy unida hasta el Concilio Vaticano II en tomo al régimen de Franco, del que había sido uno de sus dos pilares (el otro eran las fuerzas armadas), se había dividido en el posconcilio, a impulsos del Papa Pablo VI y sus nuncios Antonio Riberi y Luigi Dadaglio (1967), hasta que en 1969 los dos bandos, franquista y antifranquista, de la Conferencia Episcopal se equilibraron, e inmediatamente después predominó el antifranquista, a las órdenes del cardenal don Vicente Enrique y Tarancón, que no era antifranquista (debía a Franco sus cuatro nombramientos episcopales) pero hacía el juego al beligerante nuncio Dadaglio. El clero y los religiosos estaban, desde el Concilio, profundamente divididos en política; un importante sector militaba activamente en la izquierda socialista y comunista, sobre todo una gran parte de los jesuitas más activos. El antifranquismo de la Conferencia Episcopal era moderado, fuera de media docena de casos y tendía claramente a una reforma democrática, sin caer en la ruptura. Ésta era la posición de la Iglesia en 1975, a la muerte de Franco. Prácticamente los obispos y la mayoría del clero aceptarían la orientación del Rey.

El quinto motivo de esperanza eran las fuerzas armadas. El Ejército y la Marina desde el siglo XIX, así como la Aviación desde que se organizó de forma independiente en la República, habían demostrado una actitud claramente liberal, de predominio moderado, aunque casi siempre con una minoría exaltada e incluso republicana. En 1975 las fuerzas armadas estaban firmemente unidas en la lealtad de Franco, habían reducido y neutralizado el extemporáneo intento de la Unión Militar Democrática, un grupo de militares jóvenes fascinados por la revolución portuguesa del Clavel (aunque suelen enfadarse mucho cuando se lo digo) y aceptaron sin vacilar la despedida—testamento de Franco en favor del Rey. A la muerte de Franco seguían siendo el «poder disuasorio», como por entonces afirmaba el profesor Amando de Miguel pero mucho más: eran, junto con el Rey, el único poder auténtico en España. Sus miembros vivían muy próximos al pueblo español y sentían como él; estaban dispuestos a aceptar una reforma democrática pero jamás una ruptura y de forma tan implícita como inquebrantable exigían tres condiciones: primera, que el Partido Comunista, a quien habían vencido para siempre en la Guerra Civil, no fuese reconocido ni legalizado; si hubiesen sabido entonces el pacto de don Juan Carlos con Santiago Carrillo a través de Ceaucescu hubieran terminado políticamente con el Rey de forma inmediata y fulminante. Segunda, no querían saber nada de don Juan de Borbón, a quien no concedían la más mínima posibilidad de subir al trono. Y tercera, para aceptar la Reforma democrática reclamaban que ésta se planteara y realizara según las pautas exactas de las Leyes Fundamentales de Franco. Aleccionado por su maestro de ciencia y de arte política, el profesor Torcuato Fernández Miranda, don Juan Carlos, que era militar profesional y se sentía como tal, y mantenía contacto permanente con sus compañeros, comprendió que debería atender a esta condición y la cumplió; en cuanto al Partido Comunista comprendió también que debería mantener en el más estricto secreto el pacto que había alcanzado con Santiago Carrillo antes de la muerte de Franco, que ya hemos explicado. En ello se jugó el trono.

Existe un sexto motivo: la decisión de varias grandes potencias occidentales, con los Estados Unidos, Alemania Federal y Francia a la cabeza, de apoyar al Rey en el tránsito a la democracia. Ya lo hemos indicado y debemos confirmarlo aquí. Lo demostraron al acudir sus grandes representantes a la inauguración ritual del reinado.

Estos seis grandes motivos facilitaban, sin duda, a fines de 1975, la misión democratizadora que se había impuesto don Juan Carlos por lo menos desde su juramento ante las Cortes como sucesor a título de Rey en julio de 1969; ahora hablaremos de esa misión, pero la he calificado como misión imposible porque lo era. Voy a explicar por qué.

Por qué una misión imposible

Los seis motivos de confianza en el futuro inmediato y democrático de España se ven muy claros hoy desde nuestra perspectiva. Al día siguiente de la muerte de Franco no existía esa claridad. Uno de los grandes testimonios que voy a utilizar en este libro y los siguientes dedicados al proceso histórico de la transición, el de José Manuel Otero Novas, que es uno de los artífices secretos de la transición, nos dice que a la muerte de Franco las instituciones del Estado creado por él seguían muy firmes y el régimen se mostraba fuerte. Me cuesta mucho discrepar de Otero Novas y lo hago rarísimas veces pero ésta es una de ellas. Otro de mis grandes amigos, Gonzalo Fernández de la Mora, había puesto de moda en círculos del régimen una tesis tajante: «después de Franco, las instituciones». (Otros testigos atribuyen la frase al profesor Jesús Fueyo). Yo palpaba de cerca la actitud de las personas que dirigían e integraban las instituciones y no lo veía tan claro, ni mucho menos. En medio de innumerables contactos con toda clase de gentes estaba entonces convencido de que las instituciones del régimen no aguantarían sin Franco; nadie creía en ellas. La importantísima sesión del Consejo del Reino en la que Torcuato Fernández Miranda logró, con esfuerzos ímprobos, colocar a Adolfo Suárez, el elegido del Rey, dentro de la tema para que el Rey sacara de ella el presidente del gobierno que quería tras la destitución de don Carlos Arias Navarro, demostró ya que el Consejo del Reino no funcionaba como institución, pero es que con Franco sucedía prácticamente lo mismo. Recuerdo que en el verano de 1976, ya instalado el gobierno Suárez, el vicepresidente Femando Abril Martorell me llamó a Navacerrada para ofrecerme un puesto en el Consejo del Reino, con gran asombro por mi parte; aunque estaba muy metido en el mundo de la información política yo pensaba que el Consejo del Reino ya había dejado de existir, lo que sin embargo no ocurrió hasta que entró en vigor la Constitución de 1978. El señor Abril, excelente conocedor de la debilidad humana, fortaleció su oferta, al comprender mis reticencias, con detalles singulares: «El puesto tiene coche, despacho y secretaria». Agradecí el ofrecimiento, por un elemental sentido de la educación y comprendí que el Consejo del Reino, aunque existía aún en ese verano, no tenía otro contenido que esos sugestivos aditamentos y volví a la historia del franquismo, que estaba preparando entonces en el precioso pueblo que Fernando Vizcaíno Casas inmortalizó en Las autonosuyas. Pero insisto, los protagonistas del régimen tenían en sus propias instituciones tan poca fe como la oposición. El almirante Carrero traía y llevaba a las Cortes a los pintorescos procuradores saharauis, hasta que uno de ellos pasó por caja para cobrar su sueldo y se pasó al rey moro; luego le imitarían algunos más. Las Cortes de Franco trabajaban bien en el juego de comisiones, pero los plenos seguían más o menos las normas que había establecido en sus primeros tiempos mi amigo y vecino don Esteban Bilbao, presidente de la institución, que reprendió en cierta ocasión a un procurador que intentaba votar en contra: «Por favor, señor procurador, no me divida usted la Cámara». Luego las Cortes de Franco, al votar abnegadamente la Ley de Reforma política, se comportaron con una generosidad y un patriotismo que les hizo entrar en la historia por la puerta grande. El Consejo Nacional del Movimiento, que al final ya no se llamaba del Movimiento, fue siempre para Franco un vivero de futuros altos cargos y un archivo viviente de lealtades, nunca una verdadera Cámara Alta. Se ha calificado demasiadas veces al régimen de Franco como una democracia orgánica. No lo fue más que en desvaído borrador; era una democracia orgánica incompleta y controlada, no sabría caminar sola cuando Franco faltase. Lo que sí es cierto es que el régimen de Franco se sustentaba en una clase política nada despreciable, el llamado Movimiento-organización, en el que ya se habían efectuado varios relevos generacionales y en cuyas filas y cargos de todas clases figuraban personas muy valiosas, dotadas de patriotismo sincero e identificadas con el sistema vigente. Creo que fue también Fraga, que provenía del Movimiento y había desempeñado altos cargos en él, quien decía sobre su etapa final que «el Movimiento es solamente una burocracia». Es sólo verdad en parte. Basta con leer un libro admirable, el de mi querido amigo José Utrera Molina, una de las personalidades más coherentes que he conocido, Sin cambiar de bandera, para comprender que el Movimiento poseía rasgos estimables. El problema consistía en que casi nadie sabía lo que era. El Movimiento fue, primero, un nombre histórico equivalente al Alzamiento Nacional. Luego fue sinónimo de Falange, la FET y de las JONS de Franco, ese partido único provisional que duró cuarenta años largos. Al final tenía mucho de entelequia y el trabajo principal de sus dos últimos ministros fue sencillamente desmantelarlo y liquidarlo. Era inviable en 1975 como institución de futuro. No, las instituciones del régimen estaban en pierio e irreversible declive, el régimen no era fuerte, el franquismo era sencillamente Franco. Esto, que se desprendía de una sencilla observación, lo escribí varias veces públicamente en los últimos años del régimen y apenas hubo reacciones en contra; era obvio. Lo que sucede es que la oposición democrática era entonces, y había sido siempre, aún más débil que el régimen y parecía completamente incapaz de derrocarlo; la transición tendría que venir de los impulsos reformistas interiores al régimen —ésta es la tesis de Rodolfo Martín Villa, muy certera; y eso que esta tarde, cuando escribo estas líneas, siento tentaciones de decirle infinidad de cosas desagradables a Rodolfo Martín Villa por el aquelarre que ha montado en el ministerio del Interior para ofrecer a Santiago Carrillo el homenaje institucional de su peluca, su bata y no sé qué porquería más.

Los seis grandes motivos de esperanza para una transición pacífica del régimen autoritario al democrático por vía de reforma eran reales a fines de 1975, pero debo insistir en que entonces el pueblo español no los percibía, ni mucho menos, tan claramente como hoy podemos reconocerlos. Las razones por las que la misión pacificadora y democratizadora de don Juan Carlos nos parecía entonces a muchos una auténtica misión imposible son las siguientes:

Primera, la falta casi universal de información en el pueblo español, que producía ese ambiente general de incertidumbre a que me he referido más de una vez. Ni la prensa, ni la desorientada opinión pública, ni los grupos políticos en estado embrionario que luchaban por echar raíces en la nueva situación tenían la menor idea del camino a seguir por la nación española. Tampoco los patrocinadores extranjeros de la transición democrática, dispuestos a ayudar en lo posible pero sin concretar fuera de las líneas generales. Es importante señalar que Franco, desde el comienzo de los años setenta, había captado las ideas generales sobre la transición española que habían diseñado los estrategas norteamericanos en combinación con los socialistas alemanes. Por sus conversaciones con el general Vernon Walters (que es el militar situado entre Franco y Einsenhower en la fotografía célebre de 1959, durante la visita del segundo a España, y que luego actuó como principal asesor de la estrategia política de los Estados Unidos para el futuro de España) y por sus Conversaciones privadas con su secretario militar Franco Salgado, Franco vio con claridad que la primera potencia de Occidente quería para la España posfranquista una democracia de corte occidental sobre la base de dos grandes partidos «uno de centro democrático y otro socialista»; casi dio sus nombres que serían realidad, el Centro Democrático (luego UCD) y el PSOE, cuyo patrocinio se encomendó al SPD alemán, reconocido alfil de la estrategia americana en Europa contra el expansionismo soviético[6]. En este esquema no se contemplaba la posibilidad de una legalización del Partido Comunista. Franco habla fríamente de este proyecto político, sin oponerse a él y por las sucesivas declaraciones del Rey a la BBC en enero de 1981 (emitidas poco después en TVE) y luego a Selina Scott supimos que Franco conocía que su sucesor iba a marchar en esa dirección y no canceló su designación de 1969: el Príncipe había anunciado un proyecto semejante durante su visita a los Estados Unidos y en otras ocasiones, según se publicó en la prensa internacional. Pero se trataba solamente de líneas generales, no de un plan elaborado para el planteamiento y desarrollo de la transición.

La única persona que había propuesto ese proyecto concreto ante la opinión pública era Manuel Fraga Iribarne, que desde su idea primordial sobre la creación de una gran derecha bajo forma y nombre de Centro (formulada en 1969 ante el Consejo Nacional después de ser eliminado del gobierno por Carrero y los tecnócratas como represalia por su actitud ante el escándalo MATESA) articuló desde Londres, como sabemos, su proyecto para la Reforma Democrática y lo hizo público tanto en sus series de artículos para ABC como en sus comparecencias públicas durante sus viajes y en sus libros de aquella época. Sus ideas, sin duda, fueron muy tenidas en cuenta por el Príncipe, por Torcuato Fernández Miranda y por el joven político del Movimiento Adolfo Suárez, pero Fraga, que poseía sin duda capacidad para realizarlas, no podría nunca hacerlo ante un hecho que él nunca quiso aceptar pero que se alzaría ante él como un obstáculo insuperable: don Juan Carlos se sentía entre 1974 y 1976 cada vez más incompatible con Fraga por recelo ante la avasalladora personalidad del embajador en Londres, por diferencias generacionales y por una cierta repulsa personal que coexistía con el reconocimiento, por parte del Rey, de los innegables méritos, servicios y cualidades políticas del estadista gallego. Unos meses después oí personalmente al Rey opinar sobre Fraga, ministro de la Gobernación, con un patente «Sí pero…». Elogió sus cualidades y su dinamismo incansable; pero dejó caer una observación que me puso en guardia: «En los Consejos de ministros, cuando yo no estoy, se refiere a veces a mí como ese chico». Adiviné luego fácilmente quién le había ido con el cuento; evidentemente se trataba de un miembro del Consejo de ministros que se afanaba por entonces en hacerle la cama a don Manuel Fernando Herrero Tejedor era el candidato preferido de don Juan Carlos en 1975 como gran ejecutivo de la transición pero fue arrebatado por la muerte cuando ya se acercaba el momento crítico. Su vicesecretario general en el Movimiento, Adolfo Suárez, cumplía con el requisito generacional que necesitaba el Rey para ese cometido, pero a la muerte de Franco no estaba todavía maduro aunque tampoco descartado; me consta que el Príncipe le había encargado ya, meses antes, un informe sobre la inmediata transición pero otras personas recibieron un encargo semejante y, hasta la muerte de Franco, Suárez se mantenía en la órbita del Movimiento, rechazaba la posibilidad de legalizar al Partido Comunista (sé que ha afirmado lo contrario pero me consta que se confunde de fechas y las adelanta) y trataba de articular la asociación política continuista Unión del Pueblo Español. Las dos únicas personas que, dentro de España, sabían lo que realmente querían para el planteamiento y ejecución de la reforma política —fuera de Fraga, que estaba descartado aunque no lo imaginaba— eran el propio Rey y su mentor político principal, profesor Torcuato Fernández Miranda. Sería injusto no reconocer que el embajador José María de Areilza, principal consejero de don Juan de Borbón en aquellos momentos, poseía también un esquema para la transición que, antes de la muerte de Franco, consistía en situar a don Juan en el trono de España y en articular lo que él llamaba entonces una monarquía constitucional y democrática que se configuraría políticamente mediante colaboración de los reformistas del sistema y todos los grupos de la oposición. Areilza confiaba en su capacidad de relaciones personales e internacionales —que eran amplísimas— para realizar el proyecto, que fundamentó en un estudio encargado al profesor Jorge de Esteban para trazar la senda constitucional a partir de las Leyes Fundamentales; pero no valoraba suficientemente la imposibilidad —histórica y política— de que don Juan accediera al trono ni tampoco contaba con la adhesión de los mandos y la opinión militar, que repudiaban a don Juan y no confiaban en el conde de Motrico. Justas o injustas las cosas eran así a finales de 1975.

Los que entonces tratábamos de observar los mecanismos más o menos ocultos de la transición no conocíamos más que superficialmente la profunda identificación de don Juan Carlos y el profesor Fernández—Miranda. La segunda razón por la que creíamos que la misión de don Juan Carlos era una misión imposible —después de la general incertidumbre— es que creíamos estar seguros de que, por una parte, la famosa Monarquía del Movimiento que proponían los continuistas y su núcleo de resistencia, el célebre bunker, era completamente inviable; y por otra parte pensábamos que los grupos de oposición —comunistas, socialistas, demócrata-cristianos más o menos desunidos, partidos nacionalistas vasco y catalán— jamás aceptarían a la Corona por considerarla vinculada indisolublemente con el régimen de Franco, una actitud semejante a la que demostraron a la caída de la primera Dictadura, desde fines de enero de 1930, no solamente los partidos republicanos de entonces y el partido socialista sino un sector importante de los liberales (Santiago Alba) y de los monárquicos conservadores y liberales desencantados con el Rey por haberse identificado con la Dictadura (Sánchez Guerra, Ossorio, los constitucionalistas). El ejemplo que daban desde 1975 algunos políticos del franquismo como Francisco Fernández Ordóñez, que tras haber jurado varias veces las Leyes Fundamentales daba con soltura un triple salto mortal hacia la oposición atraía bastantes imitadores; pensaban, como él, que sólo podrían sobrevivir en la inminente democracia si rompían completamente con su pasado y con su procedencia y se incorporaban a ese futuro desde las filas de la oposición. A partir de 1974, con la fundación de la Junta Democrática, Santiago Carrillo prodigaba cada vez con mayor fuerza sus descalificaciones y sus insultos contra el Príncipe como títere de Franco, y se difundía bastante por toda España su libro Mañana España, larga entrevista con Max Gallo y Régis Debray, plagada de mentiras históricas y de agresiones despectivas contra don Juan Carlos. A la muerte de Franco esos ataques personales se habían amortiguado mucho pero nadie tenía la menor idea del pacto que había concertado el Príncipe con Carrillo poco antes y nos parecía completamente imposible toda aproximación de la Corona al PCE y por supuesto al PSOE, cuyo líder Felipe González se hartaba de declarar que jamás aceptaría la legalización sin que el nuevo gobierno del Rey reconociera también a los comunistas. Aún faltaba tiempo para que el político liberal de oposición, Joaquín Garrigues Walker, muy vinculado a la estrategia norteamericana para la transición española, propusiera inteligentemente el acuerdo entre los moderados de la oposición y los reformistas del franquismo como camino para la gestación de ese gran Centro Democrático que sería la clave concreta de la transición.

No puedo omitir aquí una tercera razón que nos hacía pensar en la imposibilidad de la misión de don Juan Carlos: el tirón autonómico que se dejaba notar ya en 1975 como una reacción sin límites a la concepción unitaria del Estado y la nación tal como la comprendía y practicaba el régimen de Franco, que desde 1938 había abolido de forma expresa —hasta entonces ni había sentido la necesidad de hacerlo— el modesto régimen autonómico de la República, plasmado en dos Estatutos aprobados y en otros en proyecto. Dos regiones —Cataluña y el País Vasco— habían contemplado el resurgimiento de sus partidos nacionalistas que brotaron a fines del siglo XIX y esos partidos, cada vez con más fuerza y apoyo ciudadano, exigían para después de la muerte de Franco una autonomía cuyo principal peligro era su falta de techo, su falta de límites. Muchos pensábamos que ése iba a ser el gran obstáculo de la transición y temíamos que pudiera convertirse en insalvable. Hoy, más de veinte años después, seguimos pensando algo parecido, cuando además esa exigencia de autonomía se ha transformado, por algunos extremos —sobre todo en el País Vasco y desde mucho antes de la muerte de Franco— en separatismo expansivo y en una degeneración terrorista cada vez más amenazadora, sin que el Estado y la nación española hayan trazado aún vías auténticas de solución fuera de repetir infinidad de veces la palabra serenidad a cada tragedia. En Cataluña el separatismo, a veces con brotes violentos, ha tomado preferentemente la forma cultural, que es separatismo a medio plazo alimentado, ante la nación española, por un régimen de ducha escocesa, tres pasos adelante y medio atrás.

Las fuentes básicas para la historia
de la Reforma política

En su sentido más amplio el proceso histórico de la transición se abre en 1969 con la designación y aceptación de don Juan Carlos como sucesor de Franco a título de Rey, la degradación evidente del régimen manifestada en la decadencia física de Franco y en el escándalo MATESA y con la dirección definida que en ese mismo año tomaba la nueva mayoría de la jerarquía episcopal de España movida desde Roma en sentido democrático y moderadamente antifranquista. Esa primera fase experimenta una aceleración cada día más vertiginosa con el asesinato de Carrero Blanco en diciembre de 1973 y llega a su final con la muerte de Franco, donde comienza la segunda fase, la Reforma política, el período preconstitucional ya bajo la Monarquía de don Juan Carlos I hasta las primeras elecciones generales en junio de 1977. Entramos luego en la tercera fase, la fase constituyente hasta diciembre de 1978, seguida por la cuarta, el gobierno constitucional de UCD y la degradación del gran partido con la dimisión de Suárez, el pronunciamiento del 23 de febrero de 1981 y la caída en picado del Centro hasta la victoria socialista de 1982. Ha sido el propio Rey quien ha insinuado crípticamente en 1995 que la transición terminaría sólo cuando se demostrase la posibilidad de una alternativa de gobierno, lo que sucedió el 3 de marzo de 1996. Tras estas cinco fases el período correspondiente al gobierno Aznar es ya otra cosa, cuyo nombre habrá que fijar en su momento, pero ya no debería llamarse propiamente transición; de lo contrario nos íbamos a pasar la vida en transición.

Recientemente, con motivo del vigésimo aniversario de la muerte de Franco y la inauguración del reinado de don Juan Carlos nos ha inundado un auténtico aluvión de libros sobre la transición y sobre el Rey. Esta acumulación de nuevas fuentes se había iniciado antes, con el libro El Rey de José Luis de Vilallonga en 1993[7] y el premio Espejo de España de 1979, España, de la dictadura a la democracia, debido a los profesores Raymond Carr y Juan Pablo Fusi[8]. El primero contiene revelaciones muy importantes, aunque está escrito desde una perspectiva parcial; el segundo consiste más bien en un análisis de la infraestructura franquista para el asentamiento de la democracia. Ya en el aluvión citado hay algunos libros sobre la transición que desde el punto de vista narrativo no carecen de interés, como el de Victoria Prego acompañado por imágenes videográficas interesantísimas[9]. Es sugestivo, aunque excesivamente esquemático, el segundo libro de memorias de Fraga[10]. Muy anterior y muy importante es el del profesor Antonio Hernández Gil, El cambio político español y la Constitución[11], que limita mucho el proceso de la transición en el tiempo; y el de Laureano López Rodó, importantísimo como todos los suyos, Claves de la transición[12]. En el texto se citan los libros de Joaquín Bardavío, que causaron gran impacto al publicarse. Aunque desborda el período de la transición es fundamental el polémico libro de recuerdos de Luis María Anson, Don Juan[13], que entre otros méritos mucho mayores y con varios enfoques discutibles entierra definitivamente los absurdos centones de José María Toquero. Se han publicado otros libros sobre el Rey, que pueden aportar datos interesantes pero lógicamente son incapaces de superar un problema de origen y de perspectiva; al escribirse esos libros el Rey es una figura vigente, en la plenitud de su función y por eso cualquier intento biográfico que se emprenda sobre él resulta, naturalmente, provisional. Ofrece numerosos datos útiles y además se presenta modestamente como crónica, el primer tomo (desgraciadamente no seguido por otros, según creo) de un gran periodista y lealísimo monárquico de ABC, Julián Cortés Cavanillas, Crónica de Juan Carlos Rey[14], que comprende el período 1975-1978. Para la infancia y adolescencia de don Juan Carlos son imprescindibles los libros de José Antonio Pérez Mateos y Pedro Sainz Rodríguez a que me refiero en otros Episodios Históricos como se merecen. Se ha publicado, en medio del aluvión, una biografía del Rey por el profesor Javier Tusell bajo el título Juan Carlos I, la Restauración de la Monarquía[15]. Es una verdadera lástima; el autor irrumpe como oso por maizal entre algunas colecciones de documentos que a veces son interesantes, a veces irrelevantes; pero deja a la puerta cualquier asomo de sentido crítico y se dedica a trenzar un elogio desmesurado de don Juan Carlos, a quien intenta retratar como un híbrido de Licurgo y de Pericles, sin la más mínima preocupación por reconstruir la historia humana y convulsa del período, guiado por la obsesión del elogio indiscriminado, la alabanza rendida y la reverencia cortesana que hubiera resultado exagerada en la corte de Luis XIV, no digamos ante don Juan Carlos que carece de Corte y siente —me consta de forma directísima— innata aversión por lo que con término característico motejaba hace muchos años de «lameculismo». En una doble página de ABC ya tuve ocasión de poner en su sitio a esta presunta biografía todavía más rendida y empalagosa de las que fueron dedicadas a Franco por algunos fieles exaltados. Una lástima. Mucho más interesantes son los apuntes biográficos de Charles Powell, que denomina a don Juan Carlos El piloto del cambio y las conversaciones con el Rey de Tom Burns Marañón. José María de Areilza es el inventor de un término que ha hecho merecida fortuna aplicado al Rey, El motor del cambio y ha publicado en la colección Espejo de España de Editorial Planeta toda una serie de libros testimoniales de alto interés sobre la transición y sus antecedentes. Me dicen que el inefable Paul Preston, no contento con el desaguisado de su antibiografía de Franco, prepara otra sobre el Rey. Será interesante saber lo que opinan la Masonería y la Internacional Socialista sobre don Juan Carlos I. Creo que el autor busca una buena fotografía de Santa Fuencisla para la contraportada.

Sin menospreciar en absoluto los libros sobre esta época que acabo de señalar como importantes, creo que después de haber vivido con intensidad y desde observatorios excelentes aquellos momentos históricos debo recomendar los tres siguientes, cuya consulta entreveraré con testimonios personales directos, a veces directísimos y con otras aportaciones que indico en las notas:

Primero, el magistral discurso de ingreso en la Real Academia de la Historia del profesor Vicente Palacio Atard —miembro del selecto cuadro de profesores del Príncipe Juan Carlos— Juan Carlos I y el advenimiento de la democracia[16], un discurso revolucionario para esa venerable institución, porque trata, con rigurosa metodología histórica, sucesos tan recientes.

Segundo, un testimonio inmediato y revelador que el profesor Palacio Atard ya conocía —en primera versión— cuando redactó su gran discurso de ingreso donde le cita, y que luego se publicó ampliado de forma definitiva. Hablo del libro de José Manuel Otero Novas Nuestra democracia puede morir[17], de valor histórico primario, al haber sido su autor consejero de los dos sucesivos intérpretes de la Reforma política en 1976, Manuel Fraga Iribarne y Adolfo Suárez; abogado del Estado de amplio prestigio, político de raza, procedente de la oposición moderada democristiana al franquismo, fue director general de Política Interior con Fraga, subsecretario técnico y luego ministro de la Presidencia y de Educación con Suárez. Durante la fase preconstitucional y constitucional de la transición estaba encargado de negociar con la oposición antifranquista y con los representantes de las potencias que patrocinaban la transición española. Fue luego diputado y miembro de la ejecutiva del Partido Popular con José María Aznar, que prescindió absurdamente de él en 1996 dentro de su tendencia suicida a saltarse una valiosísima generación de políticos de la transición. Otero Novas es una de las escasísimas cabezas pensantes del Partido Popular, donde sus más altos dirigentes rezan cada mañana la oración fernandina de la Universidad de Cervera: «Lejos de nosotros, Señor, la funesta manía de pensar». Luego le salen el culto a Manuel Azaña y los intentos (dos por ahora) de leyes mordaza que les han valido la hostilidad en bloque de unos medios de comunicación a quienes deben en buena parte su victoria de 1996. Pero no cito ahora a Otero Novas como político sino como fuente de la historia; no mucha gente sabe que fue, con su proverbial modestia, uno de los artífices fundamentales de la transición. Pero en el Partido Popular no se reconocen más méritos que la obediencia ciega, el culto a la imagen vacía, el amiguismo, el horror a las ideas firmes, la incoherencia pragmática, el desprecio a las propias raíces, los tirones totalitarios y la bisoñez. La eliminación —que espero sólo sea provisional— de personalidades con la categoría de Otero Novas y Vidal Quadras es un augurio pésimo para el futuro inmediato.

Tercero, el libro más esperado por este historiador desde hace muchos años: las memorias de Torcuato Fernández Miranda, elaboradas y reestructuradas por Pilar y Alfonso Fernández Miranda con rigor de tesis doctoral en el importantísimo libro Lo que el Rey me ha pedido[18]. Confieso que me hubiera gustado disponer de las memorias íntegras y originales del profesor Fernández Miranda y confío que alguna vez sus familiares las den a la luz. Temo que antes de la publicación este libro sufriera algún recorte por parte, de altas instancias institucionales y que tal vez ese recorte afectase a las graves tensiones que, tras una etapa inicial de estrecha colaboración, surgieron entre los futuros duques de Fernández Miranda y de Suárez. Nunca he oído crítica alguna del segundo al primero pero durante una de las últimas recepciones a que asistí en le embajada de los Estados Unidos el profesor Fernández Miranda me habló con amarga dureza del presidente Suárez en una larga y apasionante conversación. Luego en una entrevista durante los recientes fastos de la transición escuché al duque de Suárez diciendo que no se explicaba por qué Torcuato Fernández Miranda había interrumpido de pronto, y sin explicación alguna, sus relaciones políticas y personales con él. La amargura que el profesor destilaba contra Suárez, hasta rozar la invectiva, en aquella conversación me causó profunda impresión; trataré en su momento de explicarla pero desde ahora señalo el hecho.

Estos tres libros son fuentes históricas de primer orden para penetrar en los entresijos de la Segunda Restauración. Pese a los problemas de reestructuración e integridad a que acabo de referirme el libro de los Fernández-Miranda es trascendental y las consideraciones de sus autores completan y avaloran los textos tomados de los manuscritos del profesor. Con estas tres fuentes delante se pueden situar en su lugar preciso los tres protagonistas del proceso histórico, el Rey, el presidente del gobierno Suárez y el presidente de las Cortes y del Consejo del Reino Fernández—Miranda. Lo vamos a comprobar en este mismo libro pero ahora debemos asistir a la jura del Rey y a la inauguración del reinado.

Don Juan Carlos jura por segunda vez las Leyes
Fundamentales y los Principios del Movimiento

Con Franco todavía de cuerpo presente en el zaguán de Palacio, se celebraba en el edificio de las Cortes, carrera de San Jerónimo, el sábado 22 de noviembre de 1975, la jura del Rey. La mejor reseña del acto apareció en el diario Ya, del día siguiente, de donde se toma como base para este relato, en el que introduzco modificaciones desde nuestra actual perspectiva.

La «sesión regia» —así se llamó— de las Cortes españolas conjuntamente con el Consejo del Reino comenzó a las doce de la mañana, cuando la Mesa de las Cortes ocupó el estrado presidencial de la Cámara. Momentos después entró el gobierno con su presidente, don Carlos Arias, que pasó a ocupar el banco azul. Los procuradores, puestos en pie, tributaron una larga ovación al presidente del gobierno que tuvo que levantarse de su escaño y, visiblemente emocionado, corresponder a la ovación, en la que participaron también los ministros. (Era como una advertencia al todavía Príncipe, a quien se informó sobre esa ovación; casi todos los presentes sabían que don Juan Carlos no era excesivamente partidario de don Carlos Arias, representante acreditado de la continuidad del régimen cuando le hicieron volver en 1974 de sus pinitos aperturistas). A las doce y cinco minutos el vicepresidente primero de las Cortes, conde de Mayalde, dijo: «Señores procuradores, señores consejeros del Reino, se abre la sesión. Dese lectura por el señor secretario de los artículos primero y cuarto de la ley de 22 de julio de 1969, así como del ceremonial». (Se trataba de la Ley de Sucesión a la Jefatura del Estado, promulgada por Franco en 1947 ante la desbordante indignación de don Juan, modificada luego por la Ley Orgánica del Estado de 1967 y por la decisión sucesoria de Franco en julio de 1969; las Leyes Fundamentales, en las que muchas gentes no habían creído, entraban en acción con la puntualidad de un reloj perfecto; para el mecanismo sucesorio constituían la gran excepción de eficacia a la general inoperancia del régimen).

«Artículo primero —leyó el secretario, Tomás Romojaro, hombre del Movimiento, como el conde de Mayalde—. Al producirse la vacante en la jefatura del Estado, se instaurará la Corona en la persona del Príncipe don Juan Carlos de Borbón y Borbón, que la transmitirá según el orden regular de sucesión establecido en el art. 11 de la Ley Fundamental de 26 de julio de 1947, modificada por la Ley Orgánica del Estado de 10 de enero de 1967.

«Artículo cuarto. Vacante la Jefatura del Estado el Príncipe don Juan Carlos de Borbón y Borbón prestará juramento y será proclamado Rey por las Cortes Españolas conforme al artículo séptimo de la Ley de Sucesión y dentro del plazo de ocho días desde aquél en que se produzca la vacante». (Sólo habían transcurrido dos). A continuación el secretario de las Cortes leyó las instrucciones para el ceremonial de la jura y el conde de Mayalde suspendió la sesión, rogando a todos los procuradores que permaneciesen en sus escaños, hasta que se anunciara la llegada de los Príncipes de España.

A las doce y treinta minutos el conde de Mayalde anunció: «Se reanuda la sesión. Nos acaban de avisar que llegan Sus Altezas Reales. Ruego a todos que se pongan en pie». Se produjo en el hemiciclo y tribunas un silencio absoluto.

Por la puerta del fondo que da acceso al estrado presidencial penetraron los maceros de las Cortes, los tres miembros del Consejo de Regencia, que ostentaban conjuntamente la Jefatura del Estado; eran el presidente de las Cortes, don Alejandro Rodríguez de Valcárcel, el teniente general más antiguo en actividad, don Angel Salas Larrazábal, héroe de la Guerra Civil española y de la Escuadrilla Azul en Rusia, donde había derribado numerosos aviones soviéticos; y, al haberse negado otros prelados, el arzobispo de Zaragoza monseñor Pedro Cantero Cuadrado, que había puesto en su sitio al nuncio Dadaglio cuando este intrigante enviado papal había intentado entrometerse en sus atribuciones arzobispales. Seguían los miembros de la Casa del Príncipe, general marqués de Mondéjar, general Alfonso Armada y coronel Dávila; el jefe de protocolo señor Villacieros, el jefe de la secretaría del Príncipe, que era el joven diplomático José Joaquín Puig de la Bellacasa; los jefes de las Casas Militar y Civil del que ya era llamado el anterior jefe del Estado, generales Sánchez Galiano y Fuertes de Villavicencio.

Luego entraron los Príncipes y los Infantes. El Príncipe con uniforme de diario de capitán general del Ejército, grado al que le había ascendido el Consejo de Regencia a la muerte de Franco; con la banda y collar del Toisón de Oro, condecoración histórica cuya depositaría era la Corona de España. Llamó muchísimo la atención y suscitó no pocas críticas —por estar Franco de cuerpo presente— el traje de ceremonia, largo y de color fucsia tirando a escarlata, de la princesa Sofía; que después se vestiría de negro para acudir a orar de nuevo ante el cadáver de Franco, pero que en las Cortes iba a ser unos minutos después Reina de España y se vestía para el futuro que iba a comenzar. Por lo demás la Casa del Príncipe había convenido este atuendo con el Consejo de Regencia y las Cortes, representadas en el Consejo por el Presidente de la Cámara. Lucía sobre el pecho la banda y las insignias de la Orden de Isabel la Católica y un espléndido collar de perlas. El Infante Felipe vestía traje azul de pantalón largo y las Infantas vestidos de terciopelo color verde. La presencia de la Familia Real suscitó una ovación de varios minutos. Al fin los Príncipes tomaron asiento en dos grandes sillones dorados de tapicería rosa en el centro del estrado presidencial; a su derecha, en sillones menores, el Infante y las Infantas; a la derecha de éstos el ministro de Justicia como notario mayor del Reino, señor Sánchez Ventura; a la izquierda de los Príncipes de España los tres miembros de Consejo de Regencia. El presidente de este Consejo y de las Cortes ordenó que todos tomaran asiento. Y se dirigió al Príncipe:

«Señor, las Cortes Españolas y el Consejo del Reino, convocados conjuntamente por el Consejo de Regencia en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo T de la Ley de Sucesión en la jefatura del Estado, están reunidos para recibir de Vuestra Alteza el juramento que la Ley prescribe, solemnidad previa a vuestra proclamación como Rey de España.

«Ruego a sus señorías que se pongan en pie». Así lo hicieron todos y entonces don Alejandro Rodríguez de Valcárcel tomó en sus manos el libro de los Evangelios, sobre el que el Príncipe de España puso su mano derecha.

Preguntó el Presidente del Consejo de Regencia:

Señor, ¿juráis por Dios y sobre los Santos Evangelios cumplir y hacer cumplir las Leyes Fundamentales del Reino y guardar lealtad a los Principios que informan el Movimiento Nacional?

El Príncipe juró:

«Juro por Dios y sobre los Santos Evangelios cumplir y hacer cumplir las Leyes Fundamentales del Reino y guardar lealtad con los Principios que informan el Movimiento Nacional».

Siguió el presidente del Consejo de Regencia:

«Si lo hiciereis que Dios os lo premie y si no que os lo demande.

«En nombre de las Cortes Españolas y el Consejo del Reino, manifestamos a la Nación española que queda proclamado Rey de España don Juan Carlos de Borbón y Borbón, que reinará con el nombre de Juan Carlos I.

Señores procuradores, señores consejeros, desde la emoción en el recuerdo a Franco, ¡Viva el Rey! ¡Viva España!».

Todos los presentes, en pie, ovacionaron larga y calurosamente —dice la referencia de prensa— a los Reyes de España, hasta que la banda de Infantería de Marina, desde un salón cercano, interpretó el Himno Nacional que volvía a denominarse Marcha Real. Cuando terminó el himno, todo el hemiciclo y las tribunas volvieron a aplaudir a los Reyes entre vivas al Rey y a España. Volvieron a sentarse cuando el Rey hizo ademán de dirigir su mensaje a los reunidos y a España.

Había jurado —por segunda vez desde julio de 1969— cumplir y hacer cumplir las Leyes Fundamentales y guardar lealtad a los Principios del Movimiento. Este doble juramento, nuevamente pronunciado, suscitó después muy serias dudas en algunos españoles muy respetables; no en aquel momento, sino cuando se advirtió claramente que el Rey estaba decidido a conducir a España hacia un régimen democrático de corte occidental, que tenía muy poco que ver con las Leyes Fundamentales y con los Principios del Movimiento. Vamos a comprobar en este mismo libro que desde las vísperas de su juramento de 1969 como Príncipe de España, reiterado ahora como Rey, don Juan Carlos tenía sinceramente planteado y resuelto ese problema que era muy grave. Pro antes vamos a escuchar el primer Mensaje de la Corona.

El Mensaje de la Corona

Muchas veces me han preguntado amigos extranjeros, sobre todo americanos, por qué el Rey de España nunca se pone la corona sobre la cabeza. Tan republicanos que son y les encanta ver a la Reina de Inglaterra con su corona encima, que desde luego le favorece mucho más que sus horribles sombreros habituales. Me cuesta explicárselo pero en esta ceremonia de la jura, como siempre, los atributos de la realeza, la sencilla corona de plata sobredorada, hecha en tiempos de Carlos III y el cetro, descansaban como es costumbre española sobre un cojín rojo que cubría la mesita situada a la derecha del atril: en otra mesita estaba el crucifijo de plata y el libro de los Evangelios que habían recibido el juramento del Rey. Junto a la primera mesita se alzaba el atril donde el Rey colocó los pliegos del mensaje que se disponía a leer. En este momento las reseñas de la prensa citan a un conjunto de ilustres invitados a la ceremonia, que la observaban desde las tribunas del público. Eran el rey Hussein de Jordania, amigo personal de don Juan Carlos; el presidente de Chile, general Augusto Pinochet, gran admirador de Franco; el Gran Maestre de la Soberana Orden de Malta, a la que pertenecían Franco y el Rey; le había recibido el Príncipe en Barajas con honores de Jefe de Estado. El príncipe de Mónaco, de quien era fama que cobraba por asistir a las grandes ceremonias de Franco; el vicepresidente de los Estados Unidos, Nelson Rockefeller; las infantas Pilar y Margarita, hermanas del Rey; los exreyes de Grecia y la princesa Irene, hermanos de la Reina; los duques de Cádiz, los duques de Calabria y la duquesa viuda doña Alicia, infanta de España; la duquesa de Carrero Blanco, que había prescindido del luto; la exreina Geraldine de Albania; el Nuncio Luigi Dadaglio; los marqueses de Villaverde con sus hijos; don Nicolás Franco Bahamonde; las esposas del presidente del gobierno y de los miembros del Consejo de Regencia que cesaban en aquel acto; y los ilustres consortes —decían los periódicos— señores Gómez Acebo, Zurita y —añadían quienes no lo habían mencionado ya— Martínez Bordiú. Estaba presente la duquesa de Alba. El vicepresidente Rockefeller dio un alto ejemplo a los jefes de Estado o de gobierno de la Europa democrática, que vendrían a la inauguración del reinado en la iglesia de los Jerónimos pero no hasta que Franco estuviera bajo su losa. Asistieron en cambio a la jura los primeros ministros de Marruecos, Irán, Gabón, Egipto e Irak, los vicepresidentes de la República Dominicana y Gabón; los príncipes de Irán, Tailandia y Arabia Saudí, más numerosos representantes extranjeros de rango menor. Ante todos ellos, ante las Cortes, el Consejo del Reino y toda España, habló el Rey:

«En esta hora cargada de emoción y esperanza, llena de dolor por los acontecimientos que acabamos de vivir, asumo la Corona del Reino con pleno sentido de mi responsabilidad ante el pueblo español y de la honrosa obligación que para mí implica el cumplimiento de las Leyes y el respeto de una tradición centenaria que ahora coinciden en el Trono.

(Estaba claro desde el primer párrafo: el Rey procedía del Régimen de Franco; pero también de una tradición monárquica que se remontaba a lo largo de los siglos, la tradición de la Corona más antigua de Europa. Era la síntesis de las dos procedencias, el puente entre el pasado y el futuro).

«Como Rey de España, título que me confieren la tradición histórica, las Leyes Fundamentales del Reino y el mandato legítimo de los españoles, me honro en dirigir el primer Mensaje de la Corona que brota de lo más profundo de mi corazón.

«Una figura excepcional entra en la Historia. El nombre de Francisco Franco será ya un jalón del acontecer español y un hito al que será imposible dejar de referirse para entender la clave de nuestra vida política contemporánea. Con respeto y gratitud quiero recordar la figura de quien durante tantos años asumió la pesada responsabilidad de conducir la gobernación del Estado (grandes y prolongados aplausos). Su recuerdo constituirá para mí una exigencia de comportamiento y de lealtad para con las funciones que asumo al servicio de la Patria. Es de pueblos grandes y nobles el saber recordar a quienes dedicaron su vida al servicio de un ideal. España nunca podrá olvidar a quien como soldado y estadista ha consagrado toda su existencia a su servicio».

(El Rey ha sido siempre fiel, personalmente, a esta evocación de Franco. Ha declarado varias veces, públicamente, que debe la Corona a Franco. Ha protegido a la familia de Franco de venganzas y represalias. Ha concedido a esa familia dos importantes títulos nobiliarios, el ducado de Franco a su hija, el señorío de Meirás a su esposa. Nadie ha molestado a esa familia excepto el señor Fernández Ordóñez cuando permitió que se intervinieran en Barajas unas medallas que su hija se llevaba para que las engarzaran no sé dónde, una cicatería indigna. El Rey, sin embargo, no ha podido evitar la oleada de basura que poco a poco los enemigos históricos de Franco, a través de una manada de plumíferos y de pseudohistoriadores, han intentado verter sobre su figura y su obra. Se ha referido siempre a esa figura con el mismo respeto que el día de su jura como Rey. No ha querido frenar, sin embargo al reducido grupo de monárquicos que han dejado desahogar su antifranquismo de forma obsesiva y antihistórica. La manada dedica muchas veces sus elogios babosos al Rey, pero nunca menciona que don Juan Carlos aceptó desde 1969 la sucesión de Franco a título de Rey).

Entonces habló el Rey de su padre, don Juan de Borbón. Franco, como vamos a ver, le hizo suprimir una alusión semejante en su discurso de investidura como Príncipe y sucesor en julio de 1969. Ahora era el Rey y nadie podía borrarle nada. Además los españoles, incluso la gran mayoría que nada quería saber de don Juan, comprenden siempre que un hijo recuerde con afecto y respeto a su padre. Y dijo:

«Yo sé bien que los españoles comprenden mis sentimientos en estos momentos. Pero el cumplimiento del deber está por encima de cualquier otra circunstancia. Esta norma me la enseñó mi padre desde niño y ha sido una constante de mi familia, que ha querido servir a España con todas sus fuerzas. (Aplausos).

(Por primera y única vez las Cortes de Franco aplaudieron a la figura lejana de don Juan de Borbón. Fue un éxito indiscutible de don Juan Carlos, a quien la mínima minoría de juanistas empedernidos llamaron todavía durante algún tiempo «el joven Rey»).

«Hoy comienza una nueva etapa de la historia de España. Esta etapa, que hemos de recorrer juntos, se inicia en la paz, el trabajo y la prosperidad, fruto del esfuerzo común y de la decidida voluntad colectiva. La Monarquía será fiel guardián de esa herencia y procurará en todo momento mantener la más estrecha relación con el pueblo.

(Gran reconocimiento a la transformación y prosperidad de España lograda por el régimen de Franco. La manada a quien acabo de citar no repite jamás este elogio del Rey).

«La Institución que personifico integra a todos los españoles y hoy, en esta hora tan trascendental, os convoco porque a todos nos incumbe por igual el deber de servir a España. Que todos entiendan con generosidad y altura de miras que nuestro futuro se basará en un efectivo consenso de concordia nacional.

(Es un atisbo importantísimo del futuro: la integración de todos los españoles; la concordia, el consenso, bajo la Corona restaurada. Creo que todos los españoles comprendieron el mensaje y captaron la orientación del Rey, que él tenía clarísima).

«El Rey es el primer español obligado a cumplir con su deber y con esos propósitos. En este momento decisivo de mi vida afirmo solemnemente que todo mi tiempo y todas las acciones de mi voluntad estarán dirigidas a cumplir con mi deber.

«Pido a Dios su ayuda para acertar siempre en las difíciles decisiones que sin duda el destino alzará ante nosotros. Con su gracia y con el ejemplo de tantos predecesores que unificaron, pacificaron y engrandecieron a todos los pueblos de España, deseo ser capaz de actuar como moderador, como guardián del sistema constitucional y como promotor de la justicia. Que nadie tema que su causa sea olvidada, que nadie espere una ventaja o un privilegio. Juntos podemos hacerlo todo si a todos damos su justa oportunidad. Guardaré y haré guardar las leyes, teniendo por norte la justicia y sabiendo que el servicio del pueblo es el fin que justifica toda mi función.

(Poder moderador, guardián del sistema constitucional. Ya no estaba hablando el Rey de las Leyes Fundamentales. Muchos lo comprendieron entonces mismo, muy claramente. El Rey sabía de dónde venía y lo que quería para España. En el Mensaje insiste con énfasis especial en la Justicia. La Constitución iba a establecer, tres años después, que la Justicia se imparte en nombre del Rey. Por desgracia éste es uno de los puntos del Mensaje que resultarían más difíciles de cumplir. Encuestas recientes —cuando se escriben estas líneas— revelan la escasa valoración que los españoles, dentro de una alta estima a la Corona, atribuyen a la Justicia, de la que un conocido político de la democracia llegó a decir que es un cachondeo sin que la Justicia le castigase por ello).

«Soy plenamente consciente de que un gran pueblo como el nuestro, en pleno período de desarrollo cultural, de cambio generacional, de crecimiento material, pide perfeccionamientos profundos. Escuchar, canalizar y estimular estas demandas es para mí un deber que acepto con decisión.

«La Patria es una empresa colectiva que a todos compete; su fortaleza y su grandeza deben apoyarse por ello en la voluntad manifiesta de cuantos la integramos. Pero las naciones más grandes y prósperas, donde el orden, la libertad y la justicia han resplandecido mejor, son aquellas que más profundamente han sabido respetar su propia Historia.

«La Justicia es el supuesto para la libertad con dignidad, con prosperidad y con grandeza. Insistamos en la construcción de un orden justo, un orden donde tanto la actividad pública como la privada se hallen bajo la salvaguardia jurisdiccional».

(¿Quién podría imaginar en 1975 la larga noche socialista que se inició en 1982, con las oleadas de corrupción y escándalos al margen de la Ley y, durante años y años, al margen de la acción jurisdiccional? No faltaron quienes, en publicaciones de amplia difusión, intentarían aprovechar la tormenta corrupta para salpicar a la propia Corona y entre quienes lo iban a pretender figuraban algunos reales o supuestos amigos del Rey o personas con fácil acceso al Rey. ¿Quién podría imaginar que el gobierno socialista de esa época, tras una interminable sucesión de desmanes, iba a ser premiado con nueve millones de votos? En 1975 los españoles ponían sus esperanzas en una democracia nueva protegida por el Rey. ¿Qué piensan ahora esos españoles?).

«Un orden justo, igual para todos, permite reconocer dentro de la unidad del Reino y del Estado las peculiaridades regionales con expresión de la diversidad de pueblos que constituyen la sagrada realidad de España. El Rey quiere serlo de todos a un tiempo y de cada uno en su cultura, en su historia y en su tradición».

(El Rey plantea el problema autonómico. España salía de un régimen centralista y, como había sucedido otras veces en la historia, ya estaba sintiendo el tirón centrífugo. El nuevo sistema autonómico iba a responder a los impulsos de las clases políticas regionales pero también iba a convertirse en un pozo sin fondo y en una insufrible carga financiera para el Estado y los ciudadanos. Nadie imaginaba entonces hasta qué punto; hoy seguimos sin imaginarlo. La principal misión de la Corona era preservar la unidad y el Rey era —sigue siendo— muy consciente de ello. Se pondría, sin embargo, en entredicho la propia existencia de España como nación, se procuraría eliminar la lengua y la cultura española bajo eufemismos de normalización, rebrotaba ya lo que llamó Manuel Azaña en 1931 la voluntad secesionista de algunas regiones).

«Al servicio de esa gran comunidad que es España debemos estar la Corona, los Ejércitos de la nación, los organismos del Estado, el mundo del trabajo, los empresarios, los profesionales, las instituciones privadas y todos los ciudadanos, constituyendo en su conjunto un firme entramado de deberes y derechos. Sólo así podemos sentirnos fuertes y libres al mismo tiempo.

«Esta hora dinámica y cambiante exige una capacidad creadora para integrar en objetivos comunes las distintas y deseables opiniones que dan riqueza y variedad a este pueblo español, que, lleno de cualidades, se entrega generoso cuando se le convoca a una tarea realista y ambiciosa.

«La Corona entiende como un deber el reconocimiento y la tutela de los valores del espíritu.

«Como primer soldado de la nación me dedicaré con ahínco a que las Fuerzas Armadas de España, ejemplo de patriotismo y disciplina, tengan la eficacia y la potencia que requiere nuestro pueblo.

«El mundo del pensamiento, de las ciencias y de las letras, de las arte y de la técnica, tienen hoy, como siempre, una gran responsabilidad de compromiso con la sociedad. Esta sociedad en desarrollo que busca nuevas soluciones está más necesitada que nunca de orientación. En esta tarea tan alta mi apoyo y estímulo no ha de faltar.

«La Corona entiende también como deber fundamental el reconocimiento de los derechos sociales y económicos cuyo fin es asegurar a todos los españoles las condiciones de carácter material que les permitan el efectivo ejercicio de todas sus libertades. Por lo tanto hoy queremos proclamar que no queremos un español sin trabajo ni un trabajo que no permita a quien lo ejerza mantener con dignidad su vida personal y familiar, con acceso a los bienes de la cultura y de la economía para él y para sus hijos». (Prolongados aplausos).

(El Rey ha repasado todas las actividades importantes de la sociedad. Ha invocado expresamente a Dios —siempre ha sido un católico de fe profunda— y a los valores del espíritu. Ha lanzado una mirada de comprensión a los sentimientos autonómicos, aun sin emplear esta palabra. No le gustaba hablar de las Españas, a pesar de que el término era clásico en la Monarquía tradicional española; ni quiso usar nunca la serie de títulos parciales —Rey de Castilla, de Aragón…— que le correspondían por tradición, se refería siempre a su condición de Rey de España. Reconocía las diversidades regionales pero entroncadas en un intenso sentido de la unidad. Volvía a señalar el camino de la democracia —el efectivo ejercicio de las libertades— con referencia expresa al mundo del trabajo, es decir apuntaba claramente a la libertad sindical que tanto exigía entonces la Iglesia).

«Una sociedad libre y moderna requiere la participación de todos en los foros de decisión, en los medios de información, en los diversos niveles educativos, en el control de la riqueza nacional. Hacer cada día más cierta y eficaz esta participación debe ser una empresa comunitaria y una tarea de gobierno».

(En este párrafo —muy importante— hay una nueva invocación formal a la democracia: una sociedad libre y moderna requiere la participación de todos en los foros de decisión).

«El Rey, que es y se siente profundamente católico, expresa su más respetuosa consideración para la Iglesia. La doctrina católica, singularmente enraizada en nuestro pueblo, conforta a los católicos con la luz de su magisterio. El respeto a la dignidad de la persona que presupone el principio de libertad religiosa es un elemento esencial para la armoniosa convivencia de nuestra sociedad».

(Segunda profesión de fe católica y de vinculación a la Iglesia y su doctrina. Las discrepancias Iglesia-Estado que habían enturbiado las relaciones de la Iglesia con el régimen de Franco a partir del Concilio Vaticano quedaban atrás, definitivamente. La Iglesia respondió inmediatamente con su adhesión a esta aproximación del Rey).

«Confío plenamente en las virtudes de la familia española, la primera educadora y que siempre ha sido la célula firme y renovadora de la sociedad. Y estoy también seguro de que nuestro futuro es prometedor porque tengo pruebas de las cualidades de las nuevas generaciones.

«Me es muy grato en estos momentos expresar mi reconocimiento a cuantos enviados de otras naciones han asistido a esta ceremonia. La Monarquía española, depositaría de una tradición universalista centenaria, envía a todos los pueblos su deseo de paz y entendimiento, con respeto siempre para las peculiaridades nacionales y los intereses políticos con' los que todo pueblo tiene derecho a organizarse de acuerdo con la propia idiosincrasia. España es el núcleo originario de una gran familia de pueblos hermanos. Cuanto suponga potenciar la comunidad de intereses, el intercambio de ideales y la cooperación mutua es un interés común que debe ser estimulado.

«La idea de Europa sería incompleta sin una referencia a la presencia del hombre español y sin una consideración del hacer de muchos de mis predecesores. Europa deberá contar con España y los españoles somos europeos. Que ambas partes así lo entiendan, que todos extraigamos las consecuencias que se derivan es una necesidad del momento.

«No sería fiel a la tradición de mi sangre si ahora no recordase que durante generaciones los españoles hemos luchado por restaurar la integridad territorial de nuestro solar patrio. El Rey asume este objetivo con la más plena de las convicciones». (Grandes y prolongados aplausos).

«Señores consejeros del Reino, señores procuradores: al dirigirme como Rey desde estas Cortes al pueblo español, pido a Dios ayuda para todos. Os prometo firmeza y prudencia. Confío en que todos sabremos cumplir la misión en la que estamos comprometidos.

Si todos permanecemos unidos, habremos ganado el futuro.

¡Viva España!».

(Gran ovación de todos los presentes, puestos en pie).

Además de las grandes ovaciones ante la entrada de los Príncipes, tras el juramento del Rey y al final de su discurso, las Cortes y el Consejo del Reino interrumpieron el discurso del Rey cuatro veces. La primera grande y prolongada ovación se produjo ante la evocación de la figura de Franco. En segundo lugar sonaron aplausos corteses y atenuados ante la mención del Rey a su padre. Tercero, aplausos nutridos y prolongados ante la formulación de la política social. Y cuarto, nueva ovación al reivindicar el Rey la recuperación de Gibraltar como constante de la Monarquía, y concretamente de su dinastía a partir del fundador, Felipe V, que había perdido la plaza, con engaño británico, en la guerra de Sucesión.

Al término de la solemne jura, casi todos los procuradores y consejeros se volvieron hacia la tribuna donde había presenciado el acto la marquesa de Villaverde, hija de Franco, y le tributaron una gran ovación al grito dé «Franco, Franco, Franco», que tantas veces se había escuchado en España desde el 1 de octubre de 1936. Era la última vez que se oía en las Cortes. La sesión fue transmitida por Televisión Española y a través de sus enlaces exteriores llegó según cálculos del momento a unos trescientos millones de espectadores de todo el mundo. El rey don Juan Carlos, en el momento de acceder al trono, iba a cumplir el siguiente 5 de enero 38 años de edad.

El Mensaje a los Ejércitos

El Rey no se contentó con las alusiones a las fuerzas armadas que incluyó en su Mensaje de la jura. Ese mismo día se leyó en todos los establecimientos y dependencias militares un Mensaje a los Ejércitos que no posee menor importancia. Con las palabras pronunciadas después de la jura la jefatura del Estado quedó reconciliada con la Iglesia, que había sido hasta 1966 firme sostén del régimen anterior (ya se le empezaba a llamar «régimen anterior» hasta que después de unos años, insensiblemente, los medios afectos a la que había sido oposición rupturista al franquismo y empezaban ya a hablar de «ruptura pactada», lo que era una solemne falsedad con ribetes de estupidez inventada por Carrillo, se empeñan en referirse a la dictadura). La fidelidad de los Ejércitos a Franco había neutralizado el brote de la UMD y los militares españoles aceptaron en bloque el testamento de Franco y se mostraron desde el primer momento dispuestos a seguir el camino marcado por el Rey, con las condiciones que hemos indicado: respeto a Franco y a las pautas sucesorias y reformistas marcadas en las Leyes Fundamentales. El Rey creía estar seguro de ese apoyo pero quiso reforzarlo con este Mensaje, que no suele citarse en las historias de la transición pese a su importancia:

«En estos momentos en que asumo la Jefatura de las Fuerzas Armadas me dirijo a todos vosotros con profunda ilusión y fundadas esperanzas.

«Sois los depositarios de los más altos ideales de la Patria y la salvaguardia y garantía de cumplimiento de cuanto está establecido en nuestras Leyes Fundamentales, fiel reflejo de la voluntad de nuestro pueblo.

«Expreso mi reconocimiento y gratitud a nuestro Generalísimo Franco, que con tanta dedicación y entrega os ha mandado hasta ahora, dándoos un ejemplo único de amor a España y sentido de la responsabilidad.

«Mi recuerdo emocionado se dirige hoy a las fuerzas destacadas en África, las que por su patriotismo, disciplina y entrega están haciéndose acreedoras del agradecimiento de todos los españoles.

«Debemos mirar el futuro con serena tranquilidad, pues hemos adquirido un alto grado de madurez política y se ha cumplido lo que nuestro pueblo y sólo él desea.

«España confía plenamente en sus Fuerzas Armadas.

«Sé que tenéis un alto concepto del amor a la patria, y que no escatimaréis vuestro esfuerzo pata lograr una España cada vez mejor.

«Quiero renovar hoy el juramento de fidelidad a nuestra Bandera, símbolo de las virtudes de nuestra raza, y prometeros una vez más servirla y defenderla a cualquier precio de los enemigo de la Patria.

«Mandar es servir y quiero estar en el mando muy unido a vosotros.

«Sé que cumpliréis con vuestro deber como siempre lo habéis hecho.

«Como español, como soldado y como Rey me siento orgulloso de contar con vuestra adhesión y lealtad. Estoy seguro de que trabajando todos unidos alcanzaremos lo que España se merece por imperativo de la Historia y su papel en el mundo de hoy.

¡Viva España!»[19].

De esta forma el Rey se aseguraba, el primer día de su reinado, la adhesión de la Iglesia y de las fuerzas armadas, que volvían a configurarse, conjuntamente, como pilares de la jefatura del Estado, lo que desde 1966 no se había podido decir de la Iglesia respecto del régimen anterior. Frente a estos dos apoyos institucionales que siempre han estado en la España contemporánea por encima de los regímenes y las situaciones, aun cuando aparentemente hayan podido identificarse con ellos, el Rey disponía de tiempo suficiente para abordar sus proyectos de reforma política. Para ello necesitaba también encontrar una plataforma de apoyo en las instituciones del régimen anterior para modificar a ese régimen desde dentro, como era su propósito. Las más importantes de esas instituciones eran la jefatura del gobierno, y —desde el punto de vista formal, aunque poseyeran escaso contenido interior— las Cortes y el Consejo del Reino, cuya presidencia era desempañada por una misma persona, el personaje que había tomado juramento al Rey, don Alejandro Rodríguez de Valcárcel.

El Mensaje del Rey tras la jura, magistralmente redactado, fue recibido con general aceptación por la mayoría de los españoles y por los promotores exteriores de la transición democrática. El profesor Palacio Atard, que ha estudiado esta respuesta, se sorprende un tanto por la dura repulsa de los socialistas renovados, el PSOE de Felipe González, lo cual es fácil de explicar por dos motivos; los socialistas se encontraban entonces en un trance de ruptura total y hablaron del vacío político que rodea a un rey impuesto. Segundo motivo para esta pata de banco: la bisoñez y la desorientación del PSOE, que entonces, con unos cuatro mil militantes en su mayoría jóvenes, más algunos veteranos nostálgicos de la República, estaba convencido de que el pueblo español deseaba la ruptura, nueva prueba de su falta de sentido de la realidad política. El profesor Palacio Atard no cita reacción alguna del PCE, y es que no la hubo; Carrillo, en sus malas Memorias, tampoco la registra, se limita a decir que se enteró de la muerte de Franco a las 7 de la mañana del 20 de noviembre y que no era hora de beber champán. (Felipe González niega también el brindis; se ve que ningún líder de la Ruptura, acomplejados todos por el «silencio total» de España a que se refiere Carrillo al hablar de la muerte de Franco, celebró el acontecimiento)[20]. Carrillo, que antes de la muerte de Franco había dejado desbordarse su odio de tantas décadas contra él, ahora, vinculado por el pacto con don Juan Carlos, no dijo una palabra contra Franco ni contra el Rey. En sus memorias se refiere a ese pacto, sin concretar demasiado la fecha; sabemos por el Rey que fue anterior a la muerte de Franco. En su conversación con Vilallonga don Juan Carlos cree que la contención de las masas comunistas a la muerte de Franco se debe a ese pacto; pero con todo respeto creo que se equivoca y que esa contención se debe a que las fuerzas armadas actuaban firmemente como poder disuasorio y Carrillo no contaba con fuerza suficiente como para enfrentarse a ellas²¹[21]. El secretario general del PCE sólo pensaba entonces en regresar clandestinamente a España, lo que consiguió el 7 de febrero de 1977 gracias a su amigo el millonario comunista («Arriba, parias de la Tierra, en pie, famélica legión») Teodulfo Lagunero y su ostentoso Mercedes, en el que viajaba con su horrenda y eficaz peluca que ahora, en 1996, le ha devuelto entre deliquios de emoción y bromitas inexplicables Rodolfo Martín Villa, que lleva una temporada haciendo cosas raras.

La reacción positiva más importante al mensaje de la Corona vino de las fuerzas decisivas de la transición, que al llamarlas así sí que acierta Martín Villa: los reformistas del régimen y los moderados de la oposición, de quienes se había erigido como portavoz; con una amplia dosis de cinismo, el exalto dignatario del franquismo Francisco Fernández Ordóñez. La revista Discusión y Convivencia, cuyas significativas iniciales coincidían con las de la Democracia Cristiana (de oposición al franquismo) dedicaba su número de diciembre 1975 a una amplia mesa redonda entre moderados, en la que se impuso el criterio de Fernández Ordóñez favorable al propósito democratizador del Rey tal como se había expresado en el Mensaje[22]. Y por supuesto en el ámbito de los reformistas del franquismo todo el mundo comprendió perfectamente los verdaderos significados del Mensaje y todos se apresuraron a organizarse para contribuir a la democratización bajo las orientaciones del Rey. La iniciativa de este decisivo movimiento —la Reforma contra la Ruptura— quedaba, sin embargo, en manos del gobierno —que debería cambiar inmediatamente— el Consejo del Reino y los miembros más lúcidos y decididos de las Cortes de Franco, que prestaron un servicio insigne a España en aquella difícil coyuntura; entre ellos Fernando Suárez González, Cruz Martínez Esteruelas y después Adolfo Suárez. Y por encima de todo una personalidad política que fue ya revelada entonces por un periodista muy bien informado, Joaquín Bardavío y ahora ha entrado plenamente en la historia gracias a sus recuerdos manuscritos interpretados por su familia: Torcuato Fernández Miranda.

Los secretos del Mensaje

Muchas personas se preguntaron entonces quiénes habían asesorado al Rey para redactar su Mensaje de la jura. Hoy lo sabemos. Pilar y Alfonso Fernández-Miranda han revelado que a las cinco y media de la mañana del 20 de noviembre el Príncipe llamó a Torcuato Fernández Miranda: «Ha muerto. No te muevas de casa». A las tres y media llamaba el coronel Dávila: «El Príncipe le espera a las siete de la tarde».

Tres horas largas duró la reunión en la Zarzuela; asistieron el Príncipe, la princesa Sofía —nunca se había dicho—, los generales marqués de Mondéjar y Alfonso Armada y Torcuato Fernández Miranda. El Príncipe expuso sus ideas básicas y el grupo las iba ordenando y dando forma. Torcuato está convencido de la importancia del primer discurso del Rey, por ello le persuade para pulirlo una y otra vez. El distanciamiento entre don Juan Carlos y don Carlos Arias era tan grande que el presidente del gobierno no intervino para nada en la preparación de un discurso tan trascendental… El Príncipe sólo consultó con la Princesa y con el círculo más íntimo de sus consejeros. Entre ellos el propio Torcuato y el general Armada, a quien Vicente Palacio Atard atribuye gran responsabilidad en la redacción final[23]. No comprendo cómo los Fernández Miranda creen que la información del profesor Palacio Atard se tambalea en torno a la redacción del discurso. Las dos informaciones son perfectamente compatibles. Mientras preparaba el discurso de la jura el Príncipe, desde el mismo día de la muerte de Franco, trató de asegurarse el control de los acontecimientos políticos, que se desarrollaban ya en forma de una feroz y secreta lucha por el poder. De ella vamos a hablar muy pronto; pero ahora conviene tener en cuenta una clarísima clave del discurso regio, que estaba a disposición de todo el mundo, porque se había publicado en la revista americana de alcance mundial Newsweek[24]; no se había prohibido, que yo sepa, su circulación en España y sin embargo influyó mucho más entre los promotores exteriores de la transición democrática y en la opinión pública extranjera (muy positivamente, por cierto) que dentro de España.

La clave estaba incluida en una entrevista que celebró con el Príncipe a fines de octubre, declarada ya; la enfermedad terminal de Franco, el periodista de origen belga, pero que trabajaba en los Estados Unidos, Arnaud de Borchgrave, amigo de don Juan Carlos (y de Luis María Anson) a quien el Rey utilizaría luego como un eficacísimo kamikaze a fines de junio de 1976 para desalojar a Carlos Arias atrincherado con espíritu numantino en la presidencia del gobierno. Borchgrave, periodista de signo conservador, publicó después un libro de resonancia mundial, The spike (El pincho), con datos sangrantes, apenas encubiertos por la forma novelada, de la infiltración orientada y dirigida por la KGB en los grandes medios de comunicación occidentales. Ahora dirige el diario conservador The Washington Times que se esfuerza heroicamente en romper el influjo avasallador del Washington Post, buque insignia de toda la gran cadena mundial de línea masónica, socialdemócrata y liberal en la que se inserta el pontificante diario español El País. Tras su conversación con don Juan Carlos, Arnaud de Borchgrave, tres semanas antes de la muerte de Franco, daba cuenta de los propósitos del Príncipe:

«El gobierno gobernará y Juan Carlos confía en aconsejarlo y orientar sus iniciativas y sus actos. Está decidido a ser rey de todos… por encima de la política de los partidos. La restauración de la auténtica democracia es una de las finalidades, pero España no debe ahorrar esfuerzo para evitar el desorden y el caos… Cree más en la reforma que en la represión, más en la evolución democrática que en la revolución… Se propone constituir un gobierno moderno, dedicado a asegurar el futuro de España, no a conservar el pasado… En cuanto a legalizar al Partido Comunista Juan Carlos desaprueba lo que los comunistas han hecho en Portugal… Así pues, no admite la legalización del Partido Comunista en el sistema político español. Quiere crear una democracia moderna en España y tiene conciencia de que será un proceso delicado y difícil. Piensa que no puede llevarse a cabo con la colaboración de los comunistas, cuya filosofía política considera totalmente ajena al concepto de democracia… A la pregunta de por qué no ha dicho nada en las últimas semanas en relación con la sucesión, como algunas personas le urgían que hiciera, don Juan Carlos tiene una respuesta preparada. Estaba decidido a actuar legal y constitucionalmente en todas y cualesquiera de las circunstancias. Y respecto al Ejército el cronista puntualizaba: Se da cuenta de que algunos observadores temen que se convierta en un cautivo de las fuerzas armadas españolas: sometido a sus exigencias políticas. Como oficial de los tres Ejércitos, piensa que estos temores son exagerados y están basados en una mala comprensión de las Fuerzas Armadas españolas que desean permanecer al margen de la política activa[25]». Conviene apostillar que don Juan Carlos, como probablemente explicó off the record a Borchgrave, ocultó en la entrevista sus verdaderos propósitos sobre la legalización del PCE, cuya divulgación hubiera sido entonces muy imprudente en España y en los Estados Unidos. De haber revelado su pacto con Carrillo se hubiera cerrado irremisiblemente el camino del trono.

Los poderes y los juramentos del Rey:
las acusaciones de perjurio

Para el historiador que suscribe resulta muy claro que Franco, por una parte, pretendía impedir, con el entramado de las Leyes Fundamentales, que el futuro Rey pudiera salirse de la Monarquía del Movimiento; como estaba seguro de que don Juan de Borbón, a pesar de haber aceptado más de una vez las Leyes Fundamentales y la Monarquía del Movimiento, como he demostrado en mi extenso libro Franco y don Juan (Época, 1993) sería fácilmente convencido por sus consejeros antifranquistas para que implantase una democracia de corte liberal, confiaba en que don Juan Carlos, formado a su vera y condicionado por las Leyes Fundamentales, se mantendría dentro de los límites que él había marcado; porque además estaba seguro de que las fuerzas armadas —lo declaró varias veces— no consentirían desviación alguna. Pero por otra parte Franco, que era un gallego pragmático si los hay, no sólo no descartaba una democratización futura (no quería hacerla él, peto no la descartaba) sino que estaba seguro de que el Príncipe trataría de realizarla; entre otras cosas porque don Juan Carlos había declarado ese propósito más de una vez, como veremos al describir la difícil trayectoria del Príncipe entre El Pardo y la pequeña corte de Estoril.

A partir de 1972, tras un ensayo del jurista Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón publicado por la editorial Cuadernos para el Diálogo, bajo el manto de Joaquín Ruiz Giménez, se levantó una polémica que apenas llegó al gran público sobre los poderes del Rey en relación con su capacidad futura para reformar en sentido democrático las Leyes Fundamentales, incluida la Ley de Principios del Movimiento Nacional, que era, por su naturaleza, permanente e inalterable. Los grandes especialistas en Derecho Constitucional se dividieron pero varios de ellos aceptaron la tesis de Herrero en la que se establecía la plena capacidad del futuro Rey para reformar democráticamente el sistema a partir de la reforma de las mismas Leyes Fundamentales incluida la de Principios, que algunos querían presentar como superfundamental; de haberse impuesto esta interpretación restrictiva la democracia sólo hubiera podido llegar a España por el camino de la Ruptura, no por el de la Reforma. Por fortuna casi todos los reformistas fieles al régimen de Franco e incluso algunos extraños al régimen impusieron su criterio de la Reforma posible, que además exigían las fuerzas armadas como garantes de la transición a la democracia.

Además de ese poder, que era en la práctica un poder constituyente aceptado por los reformistas, el Rey gozaba, a la muerte de Franco, de una parte sustancial de los poderes de Franco aunque no de todos. Carecía, evidentemente, de la autoridad histórica de Franco como vencedor de una guerra civil; don Juan Carlos había nacido al final de la primera batalla de Teruel en enero de 1938 y no podía guardar recuerdo alguno de la Guerra Civil, como tampoco de los primeros años del franquismo, que pasó en el exilio junto a sus padres. Carecía también del poder absoluto de Franco, que poseía la facultad de dictar normas jurídicas de carácter general; la división de poderes, aunque no era todavía democrática, existía ya en cierto sentido después del 20 de noviembre de 1975 y el Rey no podría ser un monarca absoluto sino condicionado por las instituciones del régimen, poco útiles para el avance político pero muy capaces de coartar y frenar su camino democrático, como de hecho hicieron desde los primeros momentos de su reinado, aunque por fortuna no totalmente. Con estas salvedades el poder del Rey hasta que se promulgara la Constitución de 1978 era todavía inmenso; podía designar, si controlaba al Consejo del Reino, al presidente del gobierno, cesarle (como de hecho hizo con Carlos Arias en su segundo intento) y oscurecer con ese poder al resto de las instituciones. Desde el primer momento don Juan Carlos estaba decidido a recortar sustancialmente ese poder hasta convertirse en un monarca constitucional al frente de un régimen democrático pleno. La jefatura efectiva de las fuerzas armadas, que ejerció decididamente desde el momento de su jura, sería utilizada por él para garantizar el tránsito a la democracia, y en 1981 para salvar a la democracia, no para esgrimir el imperium al frente de una guardia pretoriana. Pero antes de exponer ante el lector la dramática y secreta lucha por el poder que se desencadenó en tomo a don Juan Carlos desde su elevación al trono tenemos que plantear con cruda sinceridad el sentido de sus dos juramentos de fidelidad a las Leyes Fundamentales, en 1969 cuando fue designado sucesor a título de Rey; y en 1975 antes de ser proclamado Rey. En el curso de este análisis, que considero históricamente vital, quedará descabezada de raíz la famosa polémica suscitada en 1972 sobre los poderes reformadores de don Juan Carlos. Esta aclaración resulta imprescindible; porque curiosamente, tanto desde la extrema izquierda (Santiago Carrillo hasta su pacto con el Príncipe) como desde la extrema derecha se han prodigado las acusaciones de perjurio contra el Rey de España.

Debo indicar en primer lugar que como historiador no concedo una importancia excesiva a los juramentos de signo político. Una primera prueba es que ahora hay muchos políticos, sobre todo en el centro-derecha, que juran sus cargos; otros muchos, seguramente bastantes más, sobre todo en la izquierda y algunos del centro-derecha, que se limitan a prometer esos cargos, y según usos inmemoriales el juramento, como el voto, tiene más fuerza vinculante que la promesa. Tengo la impresión de que hoy el juramento y la promesa en el plano político tienen solamente un valor de confesión y abstención religiosa, el que jura cree en Dios, el que promete no quiere confesarlo. En segundo lugar los juramentos se violan hoy en España y en otros muchos lugares del mundo con una facilidad sorprendente. El juramento matrimonial, asumido en ceremonia religiosa solemne y pública por los contrayentes del matrimonio religioso, era antes para toda la vida; hasta que la muerte nos separe. Ahora el matrimonio civil carece de la característica de indisolubilidad; y el matrimonio religioso se interpreta en demasiadas ocasiones, hasta que me dé la gana o hasta que me harte de ti. Y se trata del juramento más íntimo y sagrado que pueden formular un hombre y una mujer. En el plano político, después de Maquiavelo, la fuerza del juramento ha ido diluyéndose hasta convertirse hoy, entre nosotros, poco más que en un anacronismo. Y que conste que Maquiavelo no inventó el perjurio político sino que se limitó a constatar con sentido muy realista la amplísima extensión de su uso.

Una vez que se prescinde de la ley natural, que es ley de Dios, como fundamento del Derecho, éste se convierte en un conjunto complicado de normas formales y positivas, susceptibles de muy diversas interpretaciones. Pero el Príncipe don Juan Carlos, cuando en 1969 se encontró ante la exigencia de jurar las Leyes Fundamentales del régimen, basadas en la legitimidad del 18 de julio sintió un auténtico problema de conciencia moral, que no había preocupado a su predecesor Enrique IV de Borbón y que pudo resolver gracias a la ayuda y el saber jurídico de un eminente político católico: Torcuato Fernández Miranda. Recuerdo muchas veces al luego duque del mismo nombre, cuando coincidíamos con él y su esposa a la salida de la preciosa parroquia de Navacerrada, desde la que se contempla uno de los paisajes más hermosos y recios de España. Nacido en Gijón en 1915, asturiano de pro muy estimado en su tierra, alférez provisional durante la Guerra Civil, su identificación con el Derecho le valió merecida fama de aperturista y liberal. Fue catedrático de Derecho Político y gracias a su voto y a su sentido de la justicia consiguió el profesor Enrique Tierno Galván, declarado adversario del régimen de Franco, la cátedra universitaria. Catedrático en la Universidad de Madrid, Rector de la de Oviedo, Ruiz-Giménez le escogió para su equipo del ministerio de Educación, donde contribuyó a aquella primera apertura. Político situado dentro del sector abierto del Movimiento entró en el gobierno de 1969, inspirado por Carrero Blanco a raíz de las disensiones provocadas en el gobierno anterior por el caso MATESA y tomó posesión de la Secretaría General del Movimiento con camisa blanca, gesto que fue comentadísimo entonces; consideraba al Movimiento no como una secta sino como una plataforma de integración. Además de nuestras fugaces coincidencias en Navacerrada hablé personal y detenidamente con él durante un almuerzo de trabajo al que me invitó en la Secretaría General del Movimiento, única vez en mi vida que he visitado el edificio de Casa Riera en la calle de Alcalá, cuando la fachada aún estaba cubierta por el enorme emblema rojo del yugo y las flechas. Recuerdo que nos sentamos en los extremos de una larguísima mesa, donde fui sometido a un detallado interrogatorio sobre ideas y perspectivas políticas. Al final el ministro me ofreció la Delegación de Cultura en el Movimiento, puesto dotado de escasas competencias y medios que no me seducía porque entonces estaba embarcado en la preparación de mi cátedra universitaria de historia y comprendí que esa función política me marcaba de forma poco deseable para el futuro. Pero quedamos muy amigos y vinculados por una mutua estima y comprensión.

Yo sabía entonces ya el papel preponderante que el profesor Fernández Miranda había desempeñado en la formación universitaria del príncipe Juan Carlos a partir de 1960, cuando empiezan esos estudios, que precisamente organizó Torcuato Fernández Miranda como director general de Enseñanza Universitaria; el propio Franco —según me contó personalmente— impuso el nombre de Torcuato como director y coordinador del profesorado del Príncipe y fue el ministro de Educación, Jesús Rubio y García-Mina, quien se lo comunicó. La pequeña corte de Estoril había propuesto otros nombres que Franco rechazó tajantemente. Franco instaló al Príncipe en la Casita de Arriba en el Real Sitio de San Lorenzo del Escorial; allí recibía las clases de un selectísimo grupo de profesores, entre los que figuraba, aparte de sus trabajos de dirección, Fernández Miranda como profesor de derecho político e historia del derecho constitucional. Recuerdo que el Príncipe me sorprendió más de una vez con sus puntuales conocimientos en estas materias, aplicados muy concretamente a la realidad y a las posibilidades de España en aquella época. Se sabía, por ejemplo, las Leyes Fundamentales de memoria y relacionaba sus preceptos con datos del derecho comparado que yo nunca llegué a conocer suficientemente. Naturalmente que para esta relación de maestro a discípulo la información más completa se contiene en el libro de Pilar y Alfonso Fernández Miranda[26]. En las clases de Fernández Miranda, por orden de Franco estaba siempre presente uno de los ayudantes militares del Príncipe. El marqués de Mondéjar recuerda que el profesor se ganó muy pronto la confianza del Príncipe y las clases bajaban frecuentemente del plano teórico para extenderse sobre problemas políticos concretos del presente y el porvenir de España. De esta forma, poco a poco, Torcuato Fernández Miranda se convirtió en auténtico mentor de don Juan Carlos, sin que esto suponga negar la influencia —en sentido convergente no antitético— de otros profesores del equipo, como Laureano López Rodó, que también desbordaba en sus lecciones el derecho administrativo y Vicente Palacio Atard, primer especialista en historia contemporánea de España. Como consecuencia de este intenso proceso de formación Torcuato Fernández Miranda pudo decir con verdad: Don Juan Carlos sabía desde 1969 lo que debería hacer para establecer la Monarquía de todos, la "Monarquía democrática. Charles Powell, que no conoce este testimonio de Fernández Miranda, cita otros concordantes de López Rodó y de Fraga. Por cierto que los Fernández Miranda dejan entrever una intensa pugna de influencias entre López Rodó y Fernández Miranda en torno al discurso del Príncipe ante las Cortes en 1969. Esta competencia, enteramente natural en política, se reproduciría con sorda virulencia a la muerte de Franco.

El 18 de julio de 1969, en vísperas de que el Príncipe compareciera ante las Cortes para jurar como sucesor de Franco a título de Rey llamó a Fernández Miranda para una larga conversación sobre el discurso que debía pronunciar en tan alta ocasión. El Príncipe quería examinar con Torcuato el texto del discurso, que estaba ya muy hecho y sin duda provenía del entorno de Carrero Blanco. En esa conversación se discuten y modifican varias frases y matices. Pero el problema fundamental, que ya había planteado el Príncipe ante su profesor varias veces y ahora exigía una respuesta perentoria con vistas al discurso, consistía en combinar los proyectos de reforma democrática que ya tenía decidida el Príncipe con el juramento de fidelidad a las Leyes Fundamentales que necesariamente tenía que pronunciar ante Franco y las Cortes.

Esta cuestión, gravísima, queda plenamente resuelta en el libro de los Fernández Miranda[27], pero justo es reconocer que ya la había planteado y justificado Joaquín Bardavío, periodista afecto al grupo tecnocrático, en su libro El dilema[28]. Los libros de Bardavío sobre la transición conservan hoy todo su interés porque se adelantaron sorprendentemente a otros muchos testimonios. Hay sin embargo un punto en que mi discrepancia con Bardavío es absoluta y casi llega al borde de la indignación. Como Pilar Urbano, afirma Bardavío en su libro Sábado santo rojo²⁹[29] la total ausencia de pruebas contra Santiago Carillo en la tragedia de Paracuellos. Bardavío obra de buena fe, pero ha sido engañado de medio a medio, como Pilar Urbano, por la tupida red de mentiras trenzada por Carrillo y la propaganda comunista, que también logró abusar de la credibilidad del rey don Juan Carlos, quien como sabemos había pactado con Carrillo antes de la muerte de Franco y en 1977 aprobaría la legalización del PCE. Bardavío y Urbano, más o menos próximos al Opus Dei, trataron de quitar a Carrillo los cuernos y el rabo y presentarle, a principios del reinado de don Juan Carlos —para cubrir al Rey en su plan de incluir al comunismo en la democracia— con plumas de ángel. Pero al Rey no se le cubre con mentiras, ni con elogios desmesurados como los del publicista Tusell sino diciéndole la verdad con la historia en la mano.

Volvamos al importante testimonio de Fernández Miranda sobre su sesión de trabajo con el Príncipe el 18 de julio de 1969. El documento es extenso pero interesantísimo y trascendental:

«La cuestión fundamental se planteó en relación a una pregunta del Príncipe, que no era la primera vez que me la hacía: Tú sabes que con toda sinceridad acepto las Leyes Fundamentales que voy a jurar. ¿Cuál es la exacta responsabilidad que asumo con ello? Está claro que la Monarquía tendrá que plantear las cosas de otro modo. No podrá ser sin más el régimen actual, desde el que parto. ¿Quedo encadenado por la situación actual que acepto como punto de partida? Para establecer una Monarquía de todos los españoles ¿no me veré obligado a las reformas necesarias?

«Su preocupación era limpia, clara, noble, muy honda y sincera. Quería tener clara conciencia de lo que hacía y de los compromisos que adquiría. Recibía de Franco una legitimidad que aceptaba pero la Monarquía tenía además su propia legitimidad. El momento era para mí de grave y clara responsabilidad. El segundo párrafo de su discurso, que ganó plenamente a las Cortes y rompió el hielo inicial, era muy claro y significativo: Quiero expresar en primer lugar que recibo de S. E. el Jefe del Estado y Generalísimo Franco la legitimidad política surgida del 18 de julio de 1936.

«Pero también era inequívoca otra afirmación que las Cortes recibieron con respeto pero sin entusiasmo ni aplauso, a diferencia del entusiasmo suscitado por la anterior: pertenezco por línea directa a la Casa Real española y en mi familia, por designio de la Providencia, se han unido· las dos ramas. Confío ser digno continuador de quienes me precedieron. Y en otro párrafo afirmaba: La Monarquía puede y debe ser un instrumento eficaz… si se arraiga en la vida auténtica del pueblo español.

«Sus palabras eran un claro compromiso de aceptación del régimen del que partía, pero eran también una llamada a la propia entidad de la Monarquía, que no quedaba sin más en el sistema en que surgía.

«Había un párrafo aún más expresivo, que Franco le pidió que quitara: Ahora no es prudente, le dijo el Caudillo. Y que era éste:

«Y aquí, en esta ocasión y ante estas Cortes quiero hacer expresa mi devoción filial e inmenso cariño a mi padre, cuya lealtad y amor a España conozco mejor que nadie. Y de quien he recibido todo lo que soy, de su permanente lección de patriotismo.

«Este párrafo desapareció del discurso pero no del corazón y preocupaciones del Príncipe, que sabía que la Monarquía no era tal sin la ley histórica o legitimidad dinástica que sólo podía recibir de su padre. Éste era el tema y ésta la preocupación que más tiempo nos llevó en la conversación de aquella mañana. A petición suya yo repetí con minuciosidad lo que ya había expuesto en varias ocasiones.

«Sí, yo tengo conocimiento —dijo el Príncipe— de que la Monarquía exige reformas incluso profundas. Pero al jurar los Principios y Leyes Fundamentales ¿no estoy adoptando una actitud falsa o al menos dando esa imagen?

«Mi respuesta fue ésta:

«Al jurar las Leyes Fundamentales las juráis en su totalidad, por lo tanto también juráis el artículo 10 de la Ley de Sucesión que dice que las leyes pueden ser derogadas y reformadas. Luego aceptáis desde ellas mismas esa posibilidad de reforma.

«Pero los Principios se declaran permanentes e inalterables —contestó el Príncipe.

«Es un artículo de esa ley —contesté— el que lo establece y ese artículo es también reformable, pues la cláusula de reforma no establece excepciones.

«¿Estás seguro de eso? —preguntó el Príncipe.

«Lo estoy. La Ley de Principios consta de dos partes: el enunciado de esos Principios y la ley de tres artículos que los consagra y establece. Esa ley es una de las siete leyes y a ella se refiere también la cláusula de reforma.

«¿Por qué se dice entonces que no son modificables? —preguntó el Príncipe.

«Es un añadido que no está en la ley —respondí—. La naturaleza de los Principios se define en un artículo de una ley fundamental. La que los establece, y la cláusula de reforma no establecen excepciones. Además está muy claro —añadí—. Ese artículo primero de la Ley de Principios dice que éstos son una síntesis de las Leyes Fundamentales, luego si es modificable su texto, es obvio que modificando éste queda modificada su síntesis.

«Sí, estoy de acuerdo contigo, ya lo hemos hablado otras veces, esto me aclara y me tranquiliza; pero también se dice que los requisitos son tales que prácticamente se hace imposible toda reforma.

«Los requisitos —respondí— que establecen los artículos 10 y 15 de la Ley de Sucesión y 7 y 23 de la Ley Orgánica son muy fuertes y exigentes; informe del Consejo Nacional, dos tercios de votos favorables en las Cortes y referéndum. Esta exigencia es muy fuerte si el pueblo español no quiere la reforma, pero si el pueblo la quiere se podrá alcanzar. Y esto es lo que decís en vuestro discurso: España será lo que todos y cada uno de nosotros queramos que sea… la Monarquía puede y debe ser un instrumento eficaz… si se arraiga en la vida auténtica del pueblo español.

«Acepto con toda verdad lo que juraré ante las Cortes, pero para mí ese juramento sincero está en función de otras obligaciones graves que la naturaleza de la Monarquía me impone —añadió el Príncipe—. Pero para poder dar el paso que voy a dar necesito estar convencido de que ajustándome a las Leyes Fundamentales el futuro no quedará encadenado en el inmovilismo.

«Y así es —afirmé— cabe la reforma si se hace de acuerdo con lo que las Leyes Fundamentales establecen.

«Pero no es ésa la interpretación corriente —dijo el Príncipe.

«No, pero la interpretación corriente en determinados sectores va más allá que las Leyes Fundamentales, es un añadido arbitrario».

Ésta es una de las conversaciones más importantes que se han celebrado en España durante el siglo XX. El Príncipe quedó completamente tranquilizado por su mentor. Todos los reformistas del régimen, que formaban el sector más activo e inteligente del sistema, se mostrarían de acuerdo. La clave estaba en esa intuición de Fernández Miranda sobre la posibilidad de la reforma: pese a las fuertes barreras legislativas que había impuesto Franco, si la mayoría del pueblo español deseaba la reforma, se haría. No la deseaban dos sectores opuestos: los ultras y la oposición rupturista. Pero en 1975 evidentemente, no eran la mayoría; el éxito del referéndum a favor de la Reforma política en 1976 lo iba a demostrar.

El Príncipe ya no volvió a sentir dudas sobre su juramento de 1969; ni siquiera las plantearía ante su juramento de 1975. Entre una y otra fecha, como ha demostrado el libro de Pilar y Alfonso Fernández Miranda, tuvieron lugar otras conversaciones entre el Príncipe y su mentor sobre este problema pero no para resolver dudas sino para corroborar el camino ya decidido. En 1971 el Príncipe expresó ante don Torcuato con exagerado gesto de sus manos la futura desaparición del Movimiento, necesaria para la implantación de la «Monarquía de todos, la que aceptará Europa, la única posible». El Movimiento era una forma atenuada del antiguo partido único de corte fascista; enteramente incompatible con la democracia. El Príncipe revela su decisión en 1972, en 1973: «Tú sabes como yo que cuando sea Rey no podrá haber Secretaría ni Movimiento organización. La Monarquía del 18 de julio carece de sentido. La Monarquía no pude ser azul, ni falangista, ni siquiera puede ser franquista. La Monarquía viene de atrás, de los otros Reyes, de la historia y no se puede concretar en las actuales instituciones excesivamente parciales… La Monarquía tiene que ser democrática…».

Ante estos testimonios creo sinceramente que el problema histórico y jurídico de los juramentos del Rey en 1969 y 1975 queda completamente clarificado y resuelto. En Príncipe se lo había planteado con toda seriedad y aceptó el razonamiento de su profesor, que era un hombre fiel al régimen de Franco pero consciente de que el franquismo no podría pervivir a la muerte de Franco. Fernández Miranda había hecho posible, conceptual y teóricamente, la transición por Reforma. Era natral que el Rey quisiera encomendarle la alta dirección de la fase práctica. No iba a resultar fácil: el último elemento de la misión imposible de don Juan Carlos iba a ser la enconada resistencia al cambio por parte de los ultras del franquismo, entre los que figuraba, lejos ya sus pretensiones aperturistas de 1974, el presidente del gobierno don Carlos Arias Navarro.

El final de don Juan de Borbón

El conde de Barcelona —ya lo demostraremos al exponer, en otro libro de esta serie, la dificilísima posición de don Juan Carlos desde 1968 hasta la muerte de Franco entre Franco y su padre— había concluido con su hijo un pacto dinástico, que por la intervención de la— condesa de Barcelona y la Princesa de España bien pudiera denominarse Segundo Pacto de las Damas. Luego varios autores han hablado de pacto dinástico sin reconocer que fue el historiador que suscribe quien primero lo detectó y lo reveló. El pacto, cuya fecha puede situarse en 1969, antes de que el Príncipe jurase como sucesor a título de Rey, consistía en que debería acceder al trono, según las circunstancias, quien estuviera mejor situado al llegar el momento: el padre o el hijo. Luego los partidarios liberales antifranquistas de don Juan, casi todos los cuales habían sido, en tiempos, franquistas ardientes y ahora albergaban un resentimiento mortal hacia Franco, trataron de convertir a don Juan en cabeza de la oposición democrática contra Franco, y en un momento especialmente peligroso, la primavera de 1974 no estuvieron lejos de conseguir que el buen conde de Barcelona, con su característica volubilidad, aceptase la presidencia suprema de la Junta Democrática, ese circo montado por Carrillo con el Partido Comunista y el ala antifranquista del Opus Dei, para decirlo abreviadamente. El pacto dinástico nunca fue denunciado por don Juan pero al acercarse la muerte de Franco es natural que una persona de sangre real, que había sido hijo de un Rey de España e iba a ser padre de otro sintiera el tirón de la realeza y se dejara querer en exceso por sus más decididos y ucrónicos partidarios de su Corona. El Príncipe, que vivía en España y conocía de cerca el ambiente, sabía desde julio de 1969, al ser designado sucesor, que de producirse la desembocadura del régimen en una restauración monárquica (Franco prefería llamarla instauración, era sólo cuestión de palabras) la Monarquía tendría que venir traída por Franco o no volvería nunca. Digan lo que digan algunos juanistas recalcitrantes el pueblo español y sus fuerzas armadas en 1975 no eran monárquicos; tampoco antimonárquicos, pero estaban dispuestos a aceptar un Rey decidido por Franco. Y el Príncipe sabía que ese Rey sólo podría ser él, nunca su padre; a quien justa o injustamente habían descartado sus vaivenes, la dependencia de consejeros lastrados por un resentimiento insondable y una propaganda tenacísima del régimen y del Movimiento que habían extendido por el pueblo español y las fuerzas armadas una imagen muy negativa de don Juan, una hostilidad y un rechazo contra él que resultaba insalvable. No entro ahora a debatir si esta situación era justa o injusta. Lo único que importa es que se trataba de un hecho incontrovertible. En su importantísima conversación con Fernández Miranda que acabo de transcribir está clarísimo que ya en 1969 don Juan Carlos sabía que su padre no reinaría jamás en España; que de venir un Borbón sería él. Don Alfonso de Borbón Dampierre tuvo, en 1972, muy pocas posibilidades de reinar, pero eran muchas más que las del propio don Juan.

En esa conversación salió a relucir un principio tan esencial a la Monarquía como es el de legitimidad. Los dos interlocutores —el Príncipe y su profesor— estaban de acuerdo en que el Príncipe recibía la legitimidad dinástica de su padre; lo cual me ha resultado siempre curioso porque mientras afirmaban esa tesis estaban convencidos de que el Príncipe, para reinar, tendría que saltarse a su padre. Algunos puristas del juanismo han afirmado muchas veces que este salto contradecía el principio monárquico y por lo tanto anulaba los derechos sucesorios del Príncipe. Olvidaban que el Príncipe no era sucesor de su padre sino de Franco, a título de Rey. «A mí me puso aquí Franco y no tolero que se hable mal de él» dijo don Juan Carlos muchos años después, media Europa y toda España pudieron verlo por televisión. Además los puristas del juanismo no discuten nunca la legitimidad de las renuncias de 1933 por parte de los dos hermanos mayores de don Juan, cuya validez es nula; se hicieron sin las Cortes y por imposición de don Alfonso ΧIIΙ que no era Rey de España desde el 14 de abril de 1931 y no podía forzar la renuncia de nadie a un trono que no era suyo. En cambio la legitimidad de don Juan Carlos ha sido refrendada por el pueblo español dos veces; en 1975 de acuerdo con las Leyes Fundamentales de Franco; en 1978 en virtud de la Constitución democrática. Aunque, nótese bien, don Juan Carlos era Rey de España antes de la Constitución, desde su jura en las Cortes el 22 de noviembre de 1975. Una amplísima mayoría del pueblo español insisto, había refrendado su Corona dos veces; en 1975, porque al año siguiente esa mayoría aceptaba la Reforma política, que reconocía, por su propia naturaleza, la validez de las Leyes Fundamentales como punto de partida; y en 1978, en el referéndum por el que una mayoría semejante aprobó la Constitución democrática como punto de llegada.

Por lo demás los puristas del juanismo que en casi todos los casos habían sido tan ardientes franquistas como ahora eran antifranquistas de toda la vida, no habían estudiado suficientemente la historia de España. Antes de don Juan Carlos se habían saltado el principio dinástico don Fernando VΠ, al derrocar a su padre Carlos IV en 1808; y don Alfonso XII, al aceptar la Corona después de la forzada abdicación de su madre Isabel II. Nadie les consideró por ello como reyes ilegítimos.

Sin embargo el principio monárquico de sucesión regular de padres a hijos —aunque se pudiera de hecho poner entre paréntesis como había sucedido dos veces en el siglo XIX— conservaba una fuerza residual considerable en 1975, cuando el Príncipe, pronto Rey, vio que la actitud de su padre constituía para él un peligro enojoso y tomó las medidas pertinentes para atajarlo.

Durante la segunda semana de noviembre de 1975, con Franco ya en fase terminal y agónica, el conde de los Gaitanes (padre del famoso escritor Alfonso Ussía y seguramente el más fiel y abnegado de los monárquicos) visitó a don Juan Carlos (que ya era Jefe del Estado en funciones) en la Quinta del Pardo supongo, —y no en la Zarzuela como suele decirse— para comunicarle que don Juan, que entonces estaba en París, había preparado un Manifiesto que pensaba difundir a la muerte de Franco, en el que mantenía su titularidad de los derechos dinásticos[30]. (Anson dice que el Manifiesto, obra de Sainz Rodríguez, fue filtrado a la Casa del Príncipe). El Príncipe reunió entonces a los mandos supremos de las fuerzas armadas que, además de estudiar el problema del Sahara, convinieron con el Príncipe que fuese enviado a París el teniente general Manuel Diez Alegría, máximo prestigio militar del momento, para que tratase de disuadir a don Juan de Borbón advirtiéndole que las fuerzas armadas, por unanimidad, iban a respaldar al Príncipe al llegar el momento de la sucesión. La reunión militar se celebró sin convocar al presidente del gobierno y sin que el señor Arias se enterase, por lo que, cuando lo supo, se indignó tanto que, pese a las trágicas circunstancias que vivía España, presentó la dimisión al Príncipe poniéndole en dificilísima situación. El marqués de Mondéjar consiguió que Carlos Arias retirase la dimisión, pero el Príncipe, que no se lo perdonaría nunca a don Carlos, quiso entonces nombrar a Torcuato Fernández Miranda jefe del gobierno, a lo que el profesor le respondió que para controlar la transición era más conveniente que fuese designado presidente de las Cortes y del Consejo del Reino, lo cual era posible porque el presidente actual de los dos organismos, don Alejandro Rodríguez de Valcárcel, cesaba por imperativo de plazos legales el siguiente 26 de noviembre, que ya fue después de la muerte de Franco.

José María Toquero, voluntarioso juanista cuyos curiosos y aberrantes libros acerca de don Juan de Borbón han sido despanzurrados por el de un testigo muy próximo Luis María Anson, publicó un presunto Manifiesto de don Juan que, según Anson, era sólo un borrador que jamás vio la luz, y carece, por tanto, de todo valor histórico. La versión más completa y fidedigna de lo sucedido en torno al Manifiesto la ofrece el propio Anson en su famoso libro; debo únicamente expresar una discrepancia de principio que no afecta a los hechos sino a la opinión de Anson que, hasta su renuncia de 1977 llama a don Juan Rey de derecho y a don Juan Carlos simplemente Rey de hecho. Por las razones que acabo de indicar —la ley de Reforma política, que presupone la legitimidad de don Juan Carlos desde la jura de 1795 el refrendo popular de la Constitución de 1978— estoy completamente seguro de que don Juan Carlos, que sólo pudo ser Rey por la voluntad de Franco, era Rey legítimo de España desde su jura; y que don Juan de Borbón no fue nunca Rey de España, ni siquiera conde de Barcelona (aunque Franco le llamaba así) hasta que el Rey su hijo convalidó en favor de su padre el uso, mientras viviera, de ese título regio que a la muerte de don Juan revirtió a la Corona. Hay otra razón aún de mayor peso, porque marca de forma inequívoca el pensamiento del propio Rey. Cuando don Juan Carlos aprobó la Constitución de 1978 la sancionó pero no la juró; esto significa que, según él ya era Rey de derecho desde su jura de 1975.

Hecha esta salvedad me atengo al relato de Anson para el problema del Manifiesto de don Juan a la muerte de Franco[31].

Sainz Rodríguez envió a don Juan un proyecto de Manifiesto en octubre, cuando se conocía ya la enfermedad de Franco. En la última semana de octubre el conde de Barcelona está en Lausana con un grupo de monárquicos y celebra allí una reunión política con Sainz Rodríguez, Luis Ussía, conde de los Gaitanes que era presidente de su Gabinete de Información e intendente de su Casa y el secretario de ese gabinete que era Anson. Deciden preparar un Manifiesto y Sainz presenta el que ha enviado poco antes a don Juan. Este borrador es el que, con algunas discordancias, publica el infeliz Toquero; Anson dice que alguien lo filtró al grupo de consejeros del Príncipe y produjo el revuelo conocido. A primeros de noviembre don Juan va de Lausana a París, donde se instala en casa del marqués de Marianao. El Príncipe envía a su padre una sucesión de emisarios para que se esté quieto y no publique el Manifiesto; Antonio Fontán, Guillermo Luca de Tena, el general Diez Alegría. La reunión del Príncipe con los generales se celebró el 12 de noviembre, víspera de la egoísta dimisión de Carlos Arias. El Príncipe llama a Anson por teléfono, se muestra muy preocupado por la actitud de su padre; ofrece a Gaitanes un avión para que el propio Príncipe acompañado por el conde viajen a París a frenar a don Juan. El 22 de noviembre, ya muerto Franco, se reúne don Juan con Sainz Rodríguez, Jesús Obregón y Anson. Don Juan renuncia al Manifiesto pero pide a Sainz Rodríguez y Anson que redacten un comunicado «comprometiéndose públicamente con lo que ha asegurado a la oposición democrática desde 1969». Sainz Rodríguez, desmelenado —así le describe Anson— sugiere un comunicado virulentamente antifranquista, que Anson modera dentro de los límites de la prudencia política. El 23 de noviembre don Juan recibe a los dos redactores y aprueba el comunicado sin variar nada. Únicamente tacha la fecha del 23 y pone la del 21: «No quiero que salga nada de mí siendo mi hijo ya Rey». No le llama Rey de hecho. Anson ofrece entonces la versión auténtica del comunicado:

«Ante las reiteradas instancias de relevantes sectores de la vida pública nacional para que el Jefe de la Casa Real española haga una declaración sobre los trascendentes acontecimientos ocurridos en nuestro país durante los últimos días, el gabinete de información de S.A.R. el conde de Barcelona informa que don Juan de Borbón pide a Dios, con espíritu cristiano, por el eterno descanso del alma del Generalísimo Franco quien durante casi cuarenta años gobernó a nuestro país con un poder personal absoluto. Al mismo tiempo que rinde honores a la memoria de los servicios que el Generalísimo prestó a la nación, el conde de Barcelona mantiene su bien conocida y permanente postura política como hijo y heredero de Alfonso ΧΙII y depositario de un tesoro secular cuyos deberes considera irrenunciables.

«El Rey Alfonso XIII se ausentó de España, acatando la voluntad popular, para evitar una trágica guerra entre hermanos, que más tarde los sectarismos terminaron por desencadenar. El jefe de la Casa Real española no olvida ahora que el general Franco, que destacó como gran soldado en tiempos de su augusto padre, culminó con éxito la empresa militar que le confiaron sus compañeros de armas. Al recordar ahora los anhelos patrióticos de todos ellos, así de cuantos combatieron heroicamente a sus órdenes, don Juan de Borbón evoca también con respeto a quienes en el otro ejército lucharon por lo que estimaron ser mejor para su patria.

«Desde que en 1941 aceptó la sucesión de Alfonso XIII el conde de Barcelona se ha esforzado en ofrecer a todos los españoles la Institución monárquica como instrumento de reconciliación nacional y vehículo para el pacífico acceso del pueblo español a la soberanía, a través de la voluntad general libremente expresada.

«No es propósito del Jefe de la Casa Real española constituirse ahora en juez de la obra del General Franco como hombre de Estado. A lo largo de los últimos treinta y cuatro años, cuantas veces lo consideró necesario para el bien de España, hizo pública su opinión aunque en ocasiones sus palabras llegaran mutiladas al pueblo español o fueron silenciadas. En sus últimos discursos y declaraciones, el conde de Barcelona resumió y se ratificó en la línea política que ha presidido toda su vida.

«El jefe de la Casa Real española considera que la Monarquía, para ser útil a España, debe ser un poder arbitral independiente que facilite la superación de la Guerra Civil; el establecimiento de una profunda justicia social que elimine la corrupción; la consolidación de una verdadera democracia pluralista; nuestra plena integración en la Comunidad Europea y el pacífico acceso del pueblo español a la soberanía nacional para que tengan auténtica representatividad las instituciones políticas hasta hoy emanadas de la voluntad del Generalísimo Franco. Objetivos todos ellos que deben ser primordiales para su hijo y heredero don Juan Carlos.

«S.A.R. el conde de Barcelona, que ha decidido guardar ahora silencio en espera de que sea oportuna una declaración más extensa, continúa como siempre a disposición y al servicio de los pueblos que gloriosamente forjaron la nación española y proclama, una vez más, el derecho de todos los españoles a acceder a la soberanía nacional.

París, 21 de noviembre de 1975».[32]

Este Manifiesto perdió mucha fuerza explosiva al aparecer descafeinado como una Nota del gabinete de información de don Juan; y al retrasarse tres días su publicación, por expreso deseo del padre del Rey, que no deseaba causar problemas a su hijo, a quien, insisto, no llama Rey de hecho, sino simplemente Rey. Los párrafos que dedica a la figura de Franco son correctos y de ellos ha desaparecido casi toda la agresividad del borrador; se ve que la influencia de los emisarios de don Juan Carlos surtió el efecto apetecido. Al hablar de la Guerra Civil don Juan olvida los tres intentos (fueron tres) que hizo para combatir contra el bando rojo. Insiste en el acierto de Alfonso XIII al marcharse de España en 1931 para evitar una guerra civil; ya hemos discutido en sentido contrario este punto, la ausencia de Alfonso XIII fue una huida y un abandono de la corona. Luis María Anson estima trascendental este comunicado; siento discrepar, el documento pasó por aquellos días de alta tensión sin obtener la menor atención de los españoles. No merece la pena dedicarle más tiempo.

La Nota del gabinete de información representa el fin de las aspiraciones históricas de don Juan de Borbón. Tanto Luis María Anson como Pedro Sainz Rodríguez como Pilar y Alfonso Fernández Miranda en sus importantes libros dedican extraordinario espacio a exponer versiones contrapuestas sobre la final renuncia de don Juan a sus derechos en 1977. Compararé esas versiones en su momento, pero la Renuncia, que por parte de don Juan fue un acto que revela toda su nobleza, no pasó, históricamente, de simple anécdota. Ya he indicado que la tesis de Luis María Anson que considera a don Juan como Rey de derecho y a don Juan Carlos como simple Rey de hecho hasta esa Renuncia de 1977 me parece completamente insostenible a la luz del derecho constitucional y de la historia. ¿Qué significa Rey de hecho? Significa rey privado de toda legitimidad, rey usurpador, rey ilegítimo. Esta tesis es falsa por elemental reducción al absurdo y desde luego don Juan Carlos jamás le ha prestado la menor atención. Don Juan de Borbón había perdido toda posibilidad al trono en 1947, al rechazar tan airadamente la ley de sucesión sometida luego a referéndum por Franco. Luego se acercó a Franco y durante varios años, varias veces, aceptó de forma expresa la Monarquía del 18 de Julio y las Leyes Fundamentales; lo estudiamos documentalmente en un libro de esta misma serie, donde figuran los desesperados comentarios de sus consejeros principales que criticaban sus incoherencias. Conviene decir en su descargo que a partir de 1969 y sobre todo a partir del 22 de noviembre de 1975, con la jura de don Juan Carlos como Rey de España, don Juan cumplió sacrificadamente el pacto dinástico; él mismo ha revelado que quiso ya formalizar la Renuncia a principios del año 1976, pero no le dejaron hasta 1977. La llegada de don Juan Carlos al trono supuso el final definitivo de las posibilidades de don Juan, que en realidad habían desaparecido desde 1947. Lo demás es retórica.

La lucha por el poder:
la maniobra del general Armada

El incidente, muy grave, del presidente del gobierno Carlos Arias Navarro con el Príncipe, que era Jefe del Estado en funciones, pero con carácter irreversible, el 13 de noviembre de 1975, una semana justa antes de la muerte de Franco, era de pésimo augurio para los propósitos del Rey al subir al trono el 22 de noviembre. Y es que Carlos Arias, que tras la muerte de Carrero a fines de 1973 había intentado, por sugerencia de sus ministros aperturistas Cabanillas y Carro, un movimiento hacia la apertura (que no sentía por dentro), no pudo aguantar la presión creciente de José Antonio Girón al frente del bunker y se fue desprendiendo cada vez más de la apariencia aperturista hasta que, a la muerte de Franco, se había transformado ya permanentemente en el candidato del bunker y en el hombre de la familia Franco. Tienen razón Pilar y Alfonso Fernández Miranda cuando apuntan que al Príncipe le había preocupado muy negativamente el nombramiento de Arias como presidente de Gobierno por evidente presión de doña Carmen Polo de Franco, y el arrinconamiento del vicepresidente Torcuato Fernández Miranda, que se había comportado con serenidad y eficacia al desaparecer Carrero. Fernández Miranda, pese a quedar excluido por Franco en aquella ocasión (de forma, además, innecesariamente dura) había elogiado sin embargo, el discurso aperturista de Arias el 12 de febrero de 1974, que pronto quedó en agua de borrajas. Durante el tenso y angustioso período de la enfermedad y la agonía de Franco, Carlos Arias, que era un político hábil y tenaz, aferrado como una lapa al poder y apoyado ahora de lleno por el bunker y la familia Fraileo, montó el número de su airada dimisión, aprovechándose del fallo del Príncipe al no convocarle a la reunión con los altos mandos militares, para que don Juan Carlos tuviera que rogarle la retirada de la dimisión y afianzarse en el cargo a la muerte de Franco. Realmente según las leyes vigentes el presidente del gobierno no tenía obligación alguna de dimitir a la muerte de Franco; y el Rey, que tan encarecidamente le había pedido que permaneciese una semana antes, carecía ahora de fuerza moral para reclamarle la dimisión, como haría a principios del verano de 1976. Lo peor era que el presidente de las Cortes y del Consejo del Reino, Alejandro Rodríguez de Valcárcel, —incondicional del Movimiento— como mostró su invocación a Franco intercalada en el ritual para el juramento del Rey —una significativa morcilla que todo el mundo interpretó claramente— tenía que cesar por cumplimiento de plazo el 26 de noviembre y Carlos Arias estaba empeñado en proponerle al Consejo del Reino para la reelección. Si Franco no hubiera muerto seis días antes de esa fecha esa reelección era prácticamente segura. Y el Príncipe veía como una condición esencial para sus proyectos contar en la presidencia de las dos decisivas instituciones con un hombre seguro, Torcuato Fernández-Miranda. Según la ley de Cortes, al cesar el presidente Valcárcel el 26 de noviembre, sería el vicepresidente, actuando como presidente en funciones, quien habría de presentar al Rey la preceptiva terna en el plazo máximo de diez días, es decir antes del 6 de diciembre. El mismo plazo sería necesario para la terna del Consejo del Reino. El doble nombramiento era vital; el elegido se convertiría en la segunda personalidad del régimen, antes incluso que el presidente del gobierno, y sus funciones podían condicionar todos los nombramientos importantes del Estado. Fernández Miranda esperaba que, aun sin obligación formal, el presidente del gobierno presentase por cortesía y por uso histórico su dimisión al Rey. No conocía a Carlos Arias, que había aparecido lloroso ante las pantallas del 20 de noviembre como testamentario de Franco. Ahí pensaba que consistía su misión histórica y se dispuso a resistir. Fernández Miranda hizo para su propio uso y para aconsejar al Rey en su momento una lista de personalidades a tener en cuenta para los próximos altos nombramientos; incluyó en esa lista, por cortesía a Carlos Arias y a Alejandro Rodríguez de Valcárcel, seguidos por el embajador Antonio Garrigues, Manuel Fraga, Federico Silva, José María de Areilza, Licinio de la Fuente, José María López de Letona, José Ángel Sánchez Asiaín, Villar Mir, José Solís, el general Gutiérrez Mellado, el almirante Pita da Veiga, Alvaro Rengifo, el general Campano, Alfonso Osorio, Fernando Suárez, Alvarez Miranda (sin de), Adolfo Suárez, Cantarero, López Rodó, López Bravo, Martín Villa, José María Gamazo. La lista es muy interesante y casi todos los nombrados llegarían a altos puestos. Puede que algunos se extrañen de ver en ella a Adolfo Suárez, que hasta el momento no había brillado para la opinión pública, pero había trabajado muy bien en la sombra y cerca siempre dé las alturas. El general Gutiérrez Mellado tenía fama de reformista por sus contactos con el general Diez Alegría (que no aparecía en la lista), pero nadie le consideraba entonces como un convencido demócrata. Más de una vez me han contado personas cercanas a Carlos Arias que el inteligente militar —no sé si antes o después de la muerte de Franco— había acudido a ofrecer su colaboración al chalet que tenía Carlos Arias cerca de la carretera de la Coruña acompañado, como valedor, por José Antonio Girón de Velasco. La vida da algunas vueltas; Para la presidencia del gobierno Fernández Miranda pensaba en la continuidad de Carlos Arias (a la que el Rey se oponía), en Valcárcel, Antonio Garrigues y López de Letona. Pero lo más importante de todo era un acertado nombramiento en la presidencia de las Cortes y en la del Consejo del Reino, a ser posible identificados en la misma persona.

El 19 de octubre de 1975, al confirmarse la gravedad de Franco, Torcuato Fernández Miranda, llamado por el Príncipe, habla con él en la Zarzuela. Don Juan Carlos le comunica tres directrices: «obsesión de perdón purificador. Desligarse de la época que termina y de los políticos franquistas. Nada de condicionamientos. Caras nuevas, sorprender por la novedad del primer gobierno». El Príncipe quiere cesar a Arias y designar a Fernández Miranda, pero no lo cree posible. En la tarde del día de la jura el ya Rey pregunta a su mentor si prefiere la presidencia del gobierno o la de las Cortes; en el fondo el Rey prefería darle el segundo puesto porque, pese a la gran confianza que por él sentía, le temía un poco por su propia sinceridad. Al conocerse la muerte de Franco se produjo —o se intensificó— la «movilización general de la clase política para buscar posiciones, reservar intereses…».[33] Las presiones más tenaces trataban de conseguir la continuidad de Carlos Arias y quien más se distinguía en este terreno era el general Alfonso Armada, de cuyo consejo hacía muchísimo caso don Juan Carlos. En la madrugada del 26 de octubre volvió a llamar el Príncipe a Fernández Miranda y le citó para mediodía, con mucho secreto, con ruego que entrase por otra puerta de la finca de la Zarzuela. Fernández Miranda estaba en su casa con López Rodó, que en aquellos días se movía con la actividad que le caracteriza ante las grandes crisis y estaba empeñado en que el Príncipe nombrase a su interlocutor como presidente del gobierno, para que, una vez en el cargo, llamara al gobierno a los ministros de Carrero. El profesor del Rey consigue que López Rodó se vaya y cuando se encuentra ante el Príncipe éste le confiesa que los dos altos militares de su Casa —Mondéjar y Armada— prefieren que sea presidente del gobierno. Al profesor no le gusta este viraje, insiste en las Cortes y sospecha de una maniobra de Armada que no le gusta. Lo escribe en sus notas: «No me gusta Alfonso Armada, que quería confirmar a Valcárcel en las Cortes y luego conseguir que Torcuato no fuera designado para el gobierno». Fernández Miranda piensa que Armada quiere reducir la influencia del profesor sobre su alumno, anularla. Solía decir al Príncipe: «Torcuato es un gran profesor pero de político, nada». Y cree que en Armada tiene un enemigo secreto, no sólo suyo sino también del Príncipe. «La operación era muy clara: confirmar a Valcárcel para confirmar a Arias y desplazar a Fernández Miranda afirmando el poder de Armada. Crear una situación política para controlarla y administrarla». Este dato de 1975 es importante para comprender lo que sucedió en 1981.

Los papeles del profesor tienen un enorme interés para entender los recovecos del régimen moribundo —aún no muerto del todo— y los primeros recovecos de la Monarquía. Torcuato hace una lista de contrarios en los que figura Martínez Esteruelas, «siempre en contra» como el grupo Opus de Carrero: «López Rodó, Allende, López Bravo, Sordo, etc.». Carlos Arias le considera «independiente pero sin gente detrás, inteligente pero intratable». El 27 de octubre, tras una llamada del Príncipe a Torcuato, éste recibe a Armada en su casa. El general está obsesionado con preparar el discurso del futuro Rey; lo toma con tiempo. Fernández Miranda anota: «Armada tiene celos de toda influencia que no sea la suya, no quiere verme en puesto preeminente». Lleva un borrador del discurso, «del que está muy pagado». Con acierto resumen Pilar y Alfonso Fernández Miranda: «La operación Armada ha fracasado y el Príncipe mantiene su decisión de que Torcuato sea presidente de las Cortes cueste lo que cueste, y le costará mucho». Esto supone la confirmación, al menos provisional, de Carlos Arias en la presidencia del gobierno. Pero este supuesto no acaba de cerrarse, porque se interpone la operación Lolita que este historiador, antes de leer el testimonio de Fernández Miranda, había conocido por la anticipación de Bardavío.

La operación Lolita

En aquella época sufríamos la manía de las operaciones y la que llevó el nombre de Lolita tiene todos los visos de una operación Opus (lo digo para abreviar: mis amigos del Opus me inundarán de cartas pidiéndome que en futuras ediciones me refiera a la operación diseñada por algunas personas que, cada una a título particular y sin la menor instrucción de lo alto, poseen cierta vinculación con el Opus Dei en su vida espiritual). Este paréntesis vale para todas las veces que me refiera a intervenciones de miembros del Opus Dei en la vida pública, pero tengo que abreviar; dedico a esa institución un libro de esta serie). Parece qué se trataba del mismo objetivo que Laureano López Rodo trató de lograr por medio de Torcuato si le nombraban presidente del gobierno; como eso no se veía claro se pensó primero (en esos círculos personalmente vinculados, etc.) en Gregorio López Bravo, a quien sus íntimos llamaban, por lo visto, Lolo, y después en José María López de Letona. Recuerdo que este notable político y banquero, que luego intervino en un momento dramático de la crisis Banesto, nos invitó a comer un día en Jockey a otro periodista (cuyo nombre se me ha olvidado) y a mí, para asegurarnos que no tenía dependencia alguna del Opus Dei, y por supuesto le creo, aunque entonces era voz común. Digamos que era afecto al grupo que por eufemismo se llamaba tecnocrático. Varios ministros y exministros próximos al Príncipe trataban de promocionar a Letona, sobre todo mi amigo Alejandro Fernández Sordo. Por su parte Torcuato Fernández Miranda nunca perteneció al Opus Dei (aunque se ha dicho) ni a su órbita; poseía un concepto muy liberal sobre la separación de la Iglesia y el Estado, aunque era sinceramente católico. No era afín al grupo tecnocrático, como imaginaban quienes lo deducen de que desempeñó la vicepresidencia del gobierno Carrero; que le eligió porque era hombre abierto del Movimiento y hombre del Príncipe. Dicen los Fernández Miranda que el Príncipe recelaba de la operación (aunque le hubiera encantado sustituir al acartonado Carlos Arias por el brillante político-financiero) el cual visitó el 5 de noviembre a Torcuato antes de acudir a la Zarzuela. Le comunica que desea establecer contacto con los jóvenes socialistas, lo que dejaba indiferente al profesor; porque éste creía que, una vez establecida la Reforma todos los grupos de oposición tendrían que incorporarse a ella, como en efecto sucedió. Dos días después, cuando Franco ya está en La Paz, el Príncipe llama a Torcuato con urgencia y le sugiere la candidatura de López de Letona para la presidencia del gobierno. El profesor calla pero desconfía; piensa que la operación es más compleja y menos clara de lo que aparenta. Tres días después Fernández Miranda vuelve a hablar con el Príncipe e intercambian informaciones, que parecen generalizarse en el propio gobierno, sobre la incapacidad de Carlos Arias como presidente en los difíciles momentos que ya se viven. Después de la dimisión de Carlos Arias, que ya conocemos, y de su virtual confirmación por el Príncipe, los enemigos de Fernández Miranda tratan como sea de bloquear su designación por el Consejo del Reino como presidente de las Cortes. Consejeros de derecha dura, como Antonio Oriol o José Antonio Girón, dicen contra él cosas tremendas, es el difícil destino de los independientes.

Muerto Franco la lucha secreta por el poder se recrudece. Recuerdo que, como en todos los momentos de crisis política, seguí mi costumbre de recluirme en mi trabajo hasta que, pasada la tormenta, preguntase a mis amigos mejor situados lo que había ocurrido. Después de contribuir, como sabemos, a dar su forma final al discurso del Rey para la jura, Fernández Miranda recibe el 21 de noviembre a Alejandro Fernández Sordo, un asturiano inteligente y finísimo a quien conocí en el ministerio de Información durante la época Sánchez Bella cuando era director general; entonces fue también cuando hablé por vez primera con Adolfo Suárez, director general de Televisión, que vivía al lado de mi casa. Años después traté más a Fernández Sordo, cuyo criterio, muy sensato, compartí casi siempre. El Príncipe quería que su profesor oyese a Sordo y luego le describiera la posición del que ya era ministro de Relaciones Sindicales con Carlos Arias, a quien ante Torcuato definió como «insostenible». Le indicó su opinión sobre el puesto «que le iba» a Fernández Miranda, el de presidente de las Cortes. El profesor cree intuir que la gestión de Fernández Sordo es convergente con la operación Lolita y en el fondo tiende a desplazar y anular al propio Fernández Miranda, contra quien también apuntaban las baterías del general Armada. Fernández Sordo sugería que en el nuevo gobierno, una vez cesado Arias, Alejandro Rodríguez de Valcárcel recibiera la Secretaría General del Movimiento, lo que Torcuato estimaba contrario a la idea del Príncipe, que deseaba desmantelar cuánto antes al Movimiento, lo que con Valcárcel al frente resultaría inviable. Fernández Miranda se desmarcó de la complicada y sospechosa operación. El 22 de noviembre, uno de los primeros actos del Rey, después de la jura, fue comunicar a su profesor que Arias no dimitía; Fernández Miranda se cubre cuando don Juan Carlos le pregunta por el plan de Fernández Sordo. Piensa en realidad que la operación Lolita es imposible y es lo único que dice al Rey; para él formaban parte de ella Fernández Sordo, Cruz Martínez Esteruelas, Cabello de Alba y por supuesto López de Letona. Por mi parte creo que en aquella guerra de grupos contra grupos, o mejor de todos contra todos, que se había desencadenado ante la muerte de Franco, un independiente como Fernández Miranda tenía que ver enemigos en todas partes. Conozco a Fernández Sordo y se me hace difícil admitir que quisiera engañar a Torcuato. El profesor reaccionaba instintivamente con hostilidad ante cualquier insinuación que le afectara; incluso se cubría las espaldas al hablar con el Príncipe. Eran momentos en que el ya citado Maquiavelo se hubiera quedado atónito ante el navajeo mutuo de los políticos del régimen lanzados a buscar un puesto en el futuro. Muchos quedaron mortalmente heridos en la cuneta de la transición.

Pero el intento del Rey para que el nombre de su profesor quedara incluido en la terna del Consejo del Reino para la presidencia de las Cortes y del propio Consejo se hace cada vez más difícil. Ante el encrespamiento de la clase política del régimen, en sus diversos sectores, contra él, Torcuato se abstiene y se inhibe. Vuelve a ver al Rey en la Zarzuela, al final de la tarde del 26 cuando acaba de vencer el plazo para el cese de Rodríguez de Valcárcel. Al día siguiente los dos asturianos vuelven a reunirse: Fernández Miranda recibe a Fernández Sordo, que sigue empeñado en la operación Lolita. El profesor se niega a participar y Alejandro le dice con crudeza: «El Rey hará lo que tú digas». El día 28 el mismo Sordo visita a Torcuato en su despacho del Banco de Crédito Local y le informa sobre sus escasísimas posibilidades ante el Consejo del Reino. El profesor, ante oposición tan cerrada, siente tentaciones de abandonar, pero el Rey se empeña, casi solo contra todos; los generales de su Casa tampoco le ayudan. El Rey comprende que es imposible terminar, ahora, con Carlos Arias y medita una jugada maquiavélica; se tragará la confirmación de Arias a cambio de la designación de Fernández Miranda para las Cortes. Prefiere el empate en el corto plazo y confía en la suprema habilidad de su profesor para ganar en el plazo medio y entonces acabar con Arias. Y decían todavía algunos que don Juan Carlos era tonto. Había aprendido en dos meses más gramática parda que todos los franquistas juntos. La jugada supone la cancelación de la operación Lolita, Carlos Arias y Fernández Miranda la aborrecen, es lo único que les une. El viernes 28 de noviembre (entre gran expectación), sin confirmar todavía a Carlos Arias, don Juan Carlos le sugiere el trueque y le pide su apoyo para que Torcuato entre en la terna del Consejo. Arias comprende perfectamente la condición y se compromete a hacer las gestiones pertinentes. Se sabe ya virtualmente confirmado y se siente generoso por la emoción. «Este Torcuato —había respondido cínicamente Carlos Arias al Rey— es leal, leal como nadie». El Rey, divertidísimo, se lo contó esa misma noche a su profesor. Arias se compromete a convencer al profesor Lora Tamayo, a Enrique de la Mata, a Miguel Angel García Lomas, alcalde de Madrid, al estupendo vasco Juan María Araluce. Arias quería actuar solo para que el Rey no se gastara; pero don Juan Carlos interviene. Convence a Antonio Oriol, que se mostraba muy duro y se dispone a llamar a los demás, del arzobispo de Zaragoza para abajo. El Rey era el Rey; el presidente del gobierno acumulaba mucho poder, el Consejo del Reino funcionaba con las pautas de Franco. El trueque actuaba. El Rey, metido hasta los ojos en política, iba a ganar. No era franquista pero conocía los engranajes del franquismo como nadie. Me imagino al pobre don Juan de Borbón —otro Carlos IV— metido en este lío, para el que se necesitaba un Fernando VII. El Príncipe era bastante más que Fernando VII pero sabía jugar muy bien las cartas del Deseado.

El lunes 1 de diciembre de 1975 el doctor Manuel Lora Tamayo presidía en funciones la reunión decisiva del Consejo del Reino. Me llevaría todo este capítulo exponer las biografías de sus miembros y mis experiencias personales con ellos. No quisiera que de esta desnuda exposición de política retorcida sacase el lector que los consejeros del Reino eran una manada de borregos. Todo lo contrario. Lo que estaba viciado era la institución. Ellos tenían cada uno sus ideas sobre el futuro de España pero casi todos ponían a España por encima de sus intereses y sus propias ideas políticas y lo digo porque les he conocido a casi todos muy a fondo; infeliz Preston que cuando habla de estas cosas está metido en corral ajeno. Casi todos estaban dispuestos a cumplir el testamento de Franco y seguir al Rey. Una vez evaporada la oposición contra Torcuato por parte del albacea de Franco, Carlos Arias, se mostrarían dispuestos a seguir al Rey sin vacilar. El profesor Lora Tamayo, científico insigne, exministro de Educación, me dio en la Facultad de Ciencias allá por los años cincuenta las clases más rigurosas y perfectas que seguramente he recibido en mi vida. Del admirable arzobispo de Zaragoza, don Pedro Cantero, he contado algunos secretos en mi libro La Hoz y la Cruz; era un hombre de Dios y un hombre de España, sin complejos. También he dicho en ese libro lo que pienso de otros consejeros de aquella jornada. Antonio Oriol, héroe de la guerra, miembro de una dinastía vasco-española de primera magnitud, me ha alentado mil veces en mi difícil camino. Basten estas muestras que podría ampliar muchísimo. La reunión duró de las cuatro y media de la tarde a las once de la noche, la más larga de su historia. El consejero de quien cabría esperar una oposición más enconada, José Antonio Girón, llamó a Fernández Miranda esa misma noche y le visitó al día siguiente para comunicarle su voto favorable, en contra de su voluntad y a favor de la voluntad del Rey, pero le pide que favorezca la continuidad de Carlos Arias. Con una apostilla inconcebible: «En Carlos Arias no hay un átomo de bien pero ahora debe seguir; otra cosa sería borbonismo muy grave». Torcuato piensa que es el marqués de Villaverde quien presiona en nombre de doña Carmen Polo de Franco y deja hacer. Ha obtenido catorce de los dieciséis votos; más que los otros dos miembros de la terna. El 3 de diciembre Torcuato Fernández Miranda jura ante el Rey el cargo de presidente de las Cortes y del Consejo del Reino. Tomó posesión a las cinco en las Cortes. Ni entonces ni nunca renegó de sus servicios a España en el pasado. Pero la frase que destacó toda la prensa era muy corta: «El pasado no me ata». Ni a él ni al Rey. La Reforma política era posible. El Rey, a quien despreciaban varios altos jerarcas del régimen, empezaba a mandar.

El rito de la inauguración
en la iglesia y en la calle

Era tradición de la Monarquía española que a la jura del Rey siguiera un solemne Tedéum, equivalente a la investidura o consagración religiosa de tiempos antiguos. Con acierto innegable se desdoblaron ahora en el tiempo las dos ceremonias ante el caso excepcional de los nuevos Reyes, Juan Carlos y Sofía. El día de la jura estaba aún Franco en Madrid de cuerpo presente. Al siguiente día fue enterrado, sin que José Antonio Girón y sus arriscados compañeros lograsen montar un tinglado en la explanada de Cuelgamuros para forzar al Rey, que había acompañado a Franco hasta la tumba, una jura de Santa Gadea que le condicionara para todo el reinado. En compensación don Juan Carlos recibió esa tarde en la Zarzuela a Girón y demás jerarcas del bunker, con todo respeto y afecto; cuando vi en televisión la delicadeza con que don Juan Carlos colocaba la silla para que el duro exministro falangista, impedido por un grave accidente de automóvil, pudiera sentarse cómodamente, comprendí que los tormentosos recelos del bunker estaban desactivados. El poder discurría ya, lentamente, por otros cauces y la mayoría de quienes habían sido fieles a Franco prestaba ahora fidelidad al Rey en virtud del testamento de Franco, aunque quedasen reductos institucionales de difícil tratamiento, como acabamos de ver en el caso del Consejo del Reino y sucedía también en las Cortes y en el Consejo Nacional, con quienes había que contar necesariamente para el proceso de la Reforma política. La banda terrorista ETA perpetraba el 24 de noviembre el asesinato del alcalde de Oyarzun, como para indicar que el cambio en la cumbre del Estado nada tenía que ver con ellos, separatistas y marxista-leninistas. La organización decía exactamente eso mismo a través de Radio Montecarlo. El Consejo de ministros del 25 crea la Casa del Rey; refrenda la concesión, por el Rey, de dos grandezas de España, la del Señorío de Meirás para la viuda de Franco y la del ducado de Franco para la hija del Caudillo, marquesa de Villaverde. El Consejo de ministros envía a las Cortes un proyecto de ley por la que se concedía a doña Carmen Polo de Franco una pensión extraordinaria; y decreta un indulto general, que no comprende los delitos de terrorismo ni levanta sus condenas a los comunistas y otros miembros de grupos que seguían considerándose subversivos. No es la amnistía general que muchos esperaban y deseaba el Rey, pero marcaba una dirección.

El mismo día 25 de noviembre fracasaba en Portugal un golpe de Estado revolucionario dirigido por el fantasmón de la extrema izquierda, el ya general Otelo Saraiva de Carvalho, ídolo de la izquierda divina española, mientras el general Costa Gomes asumía el mando supremo de todas las fuerzas armadas. El fracaso de Carvalho, a quien apoyaba en la sombra el partido comunista de Portugal, afianzaba la convicción general española de transición en orden. Se reunía en Madrid la sociedad política FEDISA, embrión de un gran partido de centro-derecha, «para ponderar la importancia histórica de las jornadas vividas», según críptica declaración del portavoz, Pío Cabanillas, que nadie creyó; porque el objetivo de la reunión era arropar a las grandes figuras del grupo —Fraga, Areilza, los líderes del grupo Tácito— en la lucha por el poder dentro de la nueva Monarquía, que contaba ya con todos ellos según diversos planos y diversos plazos que entonces nadie adivinaba. El 26 de noviembre se comunican los telegramas intercambiados ya por la Corona española y la Santa Sede, que agradecía el compromiso del Rey: «Me propongo guiar resueltamente a mi pueblo por las sendas de la justicia y de la paz»; era una fórmula pero no sonaba a hueco. A lo largo del 26 de noviembre, mientras entre las densas sombras de la alta política se libraba implacable la lucha por el poder que ya hemos empezado a describir, iban llegando a Madrid las delegaciones extranjeras y altos representantes para el acto inaugural del reinado en la iglesia juradera de los Jerónimos, que se celebraría al día siguiente. Primero se había pensado en el tradicional Tedéum; pero el cardenal Tarancón reconoció después el acierto del Rey al pedir una misa del Espíritu Santo como primer acto oficial solemne de su reinado. Algunos hombres de Estado y de gobierno que habían evitado encontrarse con Franco aunque fuera muerto habían anunciado su presencia en esta inauguración del Rey, que de esta forma adquirió la entidad de un reconocimiento pleno y un espaldarazo a la nueva Monarquía que estaba naciendo con perspectivas democráticas; un reconocimiento de las naciones del mundo y de la Iglesia de España, que cancelaba de esta forma las tensas relaciones que había mantenido con Franco desde el final del Concilio Vaticano II nueve años antes. En la iglesia real de San Jerónimo, donde habían jurado tantos reyes de España y se habían casado los abuelos del Rey, don Alfonso XIII y doña Victoria Eugenia, donde se habían reunido a lo largo de los siglos personalidades como el cardenal Cisneros, el hipercrítico fray Bartolomé de las Casas y el futuro Papa Adriano VI, llegaban en la mañana del 27 de noviembre de 1975, bajo el sol perfecto del otoño en Madrid, con el primer museo del mundo a sus pies, el presidente de la República Federal de Alemania, Walter Scheel, el presidente de la República francesa Valery Giscard d’Estaing, el duque Felipe de Edimburgo, el presidente de Irlanda, el príncipe Alberto de Lieja, el príncipe heredero de Liechtenstein, Hans Adam; el príncipe heredero de Marruecos, Mohammed ibn Hassan; el príncipe Bertil de Suecia, el vicepresidente de los Estados Unidos Nelson Rockefeller, el expresidente de la República italiana, Pella; el hijo del presidente de Túnez Burguiba, el primer ministro de Egipto, Manduh Salem y otros muchos dignatarios. La verdad es que la realeza europea y las naciones de Iberoamérica no se volcaron en favor del Rey de España en cuanto a testas coronadas o presidenciales, pero la presencia de los presidentes de Francia y Alemania y del vicepresidente de los Estados Unidos concentraba el respaldo de Occidente a la nueva Monarquía española. Los tres se llevaron las mayores ovaciones del público que colmaba las calles de Madrid. El presidente del gobierno, Carlos Arias, y la duquesa de Franco, llegaron al templo a las nueve y media. La entrada del vicepresidente Rockefeller, rodeado de motoristas y agentes del Servicio Secreto fue realmente espectacular. Los Reyes de España salieron del palacio de la Zarzuela a las diez; el Rey con uniforme de capitán general sobre el que lucía el Toisón de Oro, la orden europea de la que era Gran Maestre como descendiente de Carlos el Temerario y el emperador Carlos V. La Reina vestía de largo y verde, con mantilla y peina que, después de trabajos ímprobos, había aprendido a lucir no sin cierta gracia. Los Reyes de España entraron en la iglesia juradera bajo palio, preparados para oír la misa solemne concelebrada por los cardenales Vicente Enrique y Tarancón, de Madrid; Marcelo González Martín de Toledo y Narciso Jubany de Barcelona, a quienes servían como diáconos los padres Parto y José María Martín Patino. Los Infantes se sentaron junto a los Reyes y se concedió lugar preferente entre los invitados a los Reyes de Grecia, hermanos de la Reina y a las Infantas de España, hermanas del Rey. Los dignatarios islámicos asistieron a la misa con la cabeza cubierta. Los habituales invitados de alto rango, el príncipe Rainiero de Mónaco y el Gran Maestre de la Orden de Malta ocuparon lugar entre los jefes de Estado. El órgano de San Jerónimo y los coros de Radiotelevisión española ofrecieron una actuación digna del acto. Luego se supuso que antes de la misa el Rey había celebrado un largo desayuno de trabajo con el presidente de Francia. El personaje que más llamó la atención y luego fue más aplaudido fue el príncipe Felipe de España, que se portó con enorme naturalidad y mereció alguna mirada fulminante de su madre.

Las avenidas, calles y plazas de Madrid estaban a rebosar desde antes de la ceremonia pero innumerables personas nos quedamos en casa para verlo todo por televisión y salimos al terminar. Nunca he visto tanta gente en las calles de Madrid. Sonaban por un millar de altavoces antiguas marchas militares de la Restauración; el ambiente había cambiado de golpe. Habíamos llegado, casi sin darnos cuenta, a la calle de Bailén cuando de pronto, no sé de dónde venían, aparecieron los Reyes de pie en coche descubierto, saludando como si conociesen a todo el mundo. No sé qué hora sería, tal vez ya por la tarde, porque luego he leído que hubo desfile y almuerzo en Palacio a las representaciones extranjeras; pero estuvimos en la calle hasta el atardecer, para sumergirnos en aquel ambiente distinto a todo lo que había vivido Madrid en las últimas décadas. Había un toque de diferencia en todo; desde los ornamentos del altar de los Jerónimos, que se conservaban en la capilla de Palacio de los tiempos de Isabel II, hasta los tapices que adornaban la fachada principal del mismo Palacio, nunca exhibidos desde la marcha de Alfonso XIII en 1931. La combinación del pasado de la Monarquía y el futuro de España era irresistible, cegadora en la mañana y la tarde de Madrid. Mientras los exministros de Franco esperaban de pie, junto a su tribuna de la plaza de Oriente, el comienzo del desfile —me lo contó luego uno de ellos— hubo dos que se sentaron en los escalones: Manuel Fraga Iribarne y Torcuato Fernández Miranda, que conversaron durante largo rato. Tengo un recorte de París con un titular dedicado a Giscard: «Madrid bien vale una misa», tal vez en recuerdo de su presunta sangre borbónica. Al día siguiente el diario francés copiaba el titular a los españoles: «Madrid era una fiesta».

Para nosotros, al volver rendidos a casa después de andar durante tantas horas, era una jornada inolvidable. Una jornada que había consagrado a los Reyes como si hubiese durado años. Ante la Iglesia, ante las naciones, ante Occidente, ante el mundo. El Rey tenía que volver de nuevo a la arena política para ganarse su plataforma institucional. Pero desde el 27 de noviembre su fuerza se había agigantado.

Toda la expectación de los millones de españoles que seguimos el acto por televisión se concentraba en la homilía que había preparado, seguramente con directa ayuda de su vicario político Martín Patino, el cardenal Tarancón. No faltaron luego comentarios sobre una cierta altanería en la voz y el ademán del que seguía siendo líder indiscutible de la Iglesia española desde 1969, cuando las intrigas políticas del nuncio Dadaglio habían logrado dar la vuelta a una conferencia episcopal hasta entonces mayoritariamente fiel a Franco. No vimos semejante altanería. El cardenal vivía el momento más alto y decisivo de su vida y supo estar a la altura que de él se esperaba. Hizo una lectura magistral; firme y serena, en la que supo comunicar el apoyo de la Iglesia al Rey y a la nueva época que empezaba para España. La presencia de los dos cardenales concelebrantes era más que simbólica; don Marcelo, cardenal de Toledo, máxima figura intelectual y espiritual de la Iglesia hispánica, que había despedido a Franco en el funeral de la plaza de Oriente; y don Narciso Jubany, el prudente cardenal de Barcelona, que favorecía la idea de una Cataluña diferente en una España única. La Iglesia española, como he explicado a fondo en La Hoz y la Cruz, había iniciado el proceso histórico de la transición desde 1969, se había desbordado con exceso en la política pero ahora entregaba al Rey el testigo dé la Reforma muy lejos de las agitaciones de ruptura que procuraban una parte del bajo clero y el sector minoritario de clérigos (y monjas) politizados y arrastrados por el marxismo. La homilía —como Tarancón tituló modestamente a su trascendental discurso— se titulaba de forma muy significativa El compromiso de la Iglesia con la Patria. Tuvo el gesto de enviármela firmada; voy a presentar lo que creo esencial. Tuvo, dígase ante todo, el acierto de la brevedad.

Desde un atril situado al lado de la Epístola, frente a los Reyes que le escuchaban en sus tronos alzados en el del Evangelio, agradece al Rey su deseo de inaugurar su reinado con esta invocación al Espíritu Santo, según una venerable tradición histórica, que el cardenal interpreta como Una petición de luz divina por parte del Rey. La importancia del momento presente corre pareja con su «extraordinaria dificultad». Alude respetuosamente a Franco, «figura ya histórica que asumió el poder en circunstancias extraordinarias». «La Iglesia —proclama— se siente comprometida con la Patria». La Iglesia agradece la generosidad con que el Rey acepta su enorme carga y le ofrece la colaboración de la Iglesia en el terreno que le es propio. Cita varios documentos de la Iglesia española a partir de 1968, sobre todo el de 1973, La Iglesia y la comunidad política que, por cierto, fue discutido (el cardenal no lo dice) con el gobierno de Franco y apareció muy rebajado de ataques virulentos contra ese régimen, aunque algunos no se hayan enterado todavía.

Habla el cardenal de que la Iglesia desea proyectar sobre la sociedad su doctrina en torno a la promoción de los derechos humanos y el fortalecimiento de las libertades y de la justicia para todos. A cambio, la Iglesia urgirá también a los ciudadanos la obediencia y el respeto a la autoridad legítima. La Iglesia ofrece al Rey, a quien va dirigida la homilía, el apoyo del Evangelio, y el compromiso de su oración.

Pide a Dios para el Rey «un amor entrañable y apasionado a España». Pide «que seáis el Rey de todos los españoles». Pide que el Rey acierte a abrir a la participación de todos las estructuras jurídicas y políticas. Pide una colaboración leal, incluso crítica, entre el Estado y la Iglesia. Pide que el reinado que empieza sea de amor y de justicia y sobre todo de paz. Y termina con una proclamación de esperanza en el Rey y en la obra que va a emprender.

La homilía era perfecta; y el Rey sintió con ella un gran respaldo en momento tan delicado. El Rey estaba de acuerdo en todos y cada uno de los puntos tratados por el cardenal de Madrid. Dijo luego el cardenal que el Rey quedó encantado con la homilía, pero que a dos ilustres invitados, los señores Rockefeller y Giscard, les desagradó; la verdad es que no lo entiendo; eran las palabras justas en el momento justo.

En los Jerónimos y en la calle, tras la agonía que los españoles habíamos soportado durante año y medio en torno a la agonía de Franco, aquel día perfecto no debió terminar nunca. Fue una catarsis universal y profundísima. Quienes tuvimos la fortuna de vivirlo de muy cerca nunca lo podremos olvidar.

El forcejeo a tres bandas
para el nuevo gobierno

El 3 de diciembre de 1975, como sabemos, Torcuato Fernández Miranda juraba sus cargos de presidente de las Cortes y presidente del Consejo del Reino y adquiría, con ellos, una autoridad política muy superior a la que se derivaba de esas instituciones: porque apareció ante toda la alta clase política como elegido e investido por el Rey, es el hombre del Rey para articular la transición. Frente a él, sin embargo, se alza un poder de hecho que resulta paralizante y muy peligroso: el de Carlos Arias Navarro, que se aferra a la presidencia del gobierno en la que las Leyes Fundamentales vigentes le permiten permanecer durante tres años más, es decir hasta principios de 1979; el mandato, mientras las Leyes Fundamentales sigan vigentes, dura cinco años y Arias había sucedido a Carrero Blanco, asesinado en diciembre de 1973. La fuerza de Carlos Arias no es despreciable; tras él se alinea el bunker en pleno, la familia Franco y un importante sector de los altos mandos militares, en el que figuran los dos consejeros íntimos del Rey, generales marqués de Mondéjar y Alfonso Armada. Pese a todo don Juan Carlos, crecido por su victoria al haber impuesto al Consejo del Reino el nombramiento de Fernández Miranda, ejerce una fuerte presión para librarse de Carlos Arias quien ni siquiera presenta la dimisión con carácter protocolario, por si el Rey, que estaba virtualmente comprometido a confirmarle, como hemos explicado, le borboneaba a última hora. El mismo 3 de diciembre el Rey convoca en la Zarzuela una reunión con sus dos generales y el nuevo presidente de las Cortes. El general Armada hace, según Torcuato, una «encendida defensa de Carlos Arias». Mondéjar, con menos entusiasmo, se apunta también a la continuidad de Arias. Fernández Miranda no cree en la capacidad del presidente; considera que su intento de apertura formulado en el demasiado famoso discurso del 12 de febrero de 1974 no pasó de fuegos artificiales; y recuerda que la actitud de Arias frente al Príncipe y ahora Rey ha sido siempre «impertinente y hostil». Fernández Miranda cree que Armada está utilizando contra el Rey un «doble juego nada disimulado». Torcuato, muy a su pesar, tiene que ceder; la sustitución de Arias no es posible, hay que aplazarla. El Rey confiará después al presidente de las Cortes la conclusión de Armada: «¿Veis, Majestad, cómo Torcuato es vencible?». Frase reveladora de la hostilidad de Armada contra Torcuato y del dominio que cree poseer sobre el Rey. Van apuntando así algunas claves para el todavía lejano 23-F. El Rey desea al menos una dimisión pactada con Arias con el compromiso de confirmarle y encarga la gestión a Torcuato, que lo intenta pero tropieza con un muro de hielo. «Quiere seguir —anota Fernández Miranda— y cree que tiene poder para seguir». Pero salvada su continuidad personal que se apoya en el poder histórico de Franco, Carlos Arias, con gran sorpresa de Torcuato, se pone a disposición del Rey para la formación de un nuevo gobierno. Le agrada que se forme ese gobierno; esto refuerza su posición como hombre del Rey y hombre del futuro. Don Juan Carlos convoca inmediatamente a Carlos Arias para confirmarle y pedir que publique la confirmación.

Cada día trae su sorpresa. Al día siguiente, 5 de diciembre, la sorpresa es que Arias no hace pública su confirmación (que parecía llevar implícita la dimisión previa) y convoca, como si tal cosa, Consejo de ministros bajo su presidencia. El Rey —que está con Torcuato en la Zarzuela— saca a Carlos Arias del Consejo y le advierte con sequedad: «Creo, Carlos, que conviene que hagas pública la confirmación». La desfachatez de la respuesta de Arias resulta poco creíble si no estuviera confirmada en los manuscritos de Fernández Miranda, que estaba junto al Rey al otro lado del teléfono: «Perdón, Señor se me había olvidado». Está visto que no pierde ocasión para confundir y humillar al Rey; para presentarse ante él como intocable. Arias cuelga, vuelve al Consejo y revela a sus ministros atónitos: «El Rey me ha llamado por teléfono para confirmarme». En la referencia el ministro de Información y Turismo comunica la confirmación telefónica de Arias y añade, por pudor, una falsedad: «Carlos Arias había puesto su cargo a disposición del Rey». Tiene razón Fernández Miranda al anotar que después de la teatral dimisión del pasado 13 de noviembre esta obstinación de Arias es la segunda herida grave que le produce al Rey. Con la noticia de la confirmación de Arias al fin publicada se abre la crisis, la primera crisis ministerial del Rey. Al describirla debo rendir nuevamente tributo a la magnífica información de Joaquín Bardavío en su libro El dilema, ya citado; que se publicó en 1978 con datos, relaciones y enfoques propios de un gran periodismo de investigación. Luego han aparecido otras fuentes decisivas, como el libro de Pilar y Alfonso Fernández Miranda, el de Alfonso Osorio y el de Fraga[34]. No hace falta repetir que en esta historia sigo muy de cerca al primero de los tres, con los otros dos delante.

Aquel 5 de diciembre me encontraba en Barcelona para presentar en la Asociación de la Prensa uno de los primeros libros que publiqué con Editorial Planeta, el primer tomo de la Historia del franquismo —que fue primer bestseller casi un año— y para asistir, además, a la cena en que se iban a entregar los premios Fraga Iribarne de periodismo, de cuyo jurado formaba parte. Manuel Fraga Iribarne había llegado días antes a Cataluña, donde realizaba una visita de Estado o poco menos. El ambiente de los numerosos reformistas que había en Barcelona era decididamente favorable a Fraga. Después de la presentación de mi libro había muchísima gente en la Asociación de la Prensa y de pronto, entre la conmoción general, entró un conocido empresario, tan adicto a Fraga que bordeaba el fanatismo, profiriendo insultos espantosos que aun ahora no me atrevo a reproducir y que tras unos minutos de alboroto sin precedentes supimos que iban dedicados a Carlos Arias y al propio Rey ante la noticia, recién llegada, de la confirmación del primero para la presidencia del gobierno. No me resisto a copiar de mis notas una de las frases del energúmeno: «Dentro de seis meses habremos barrido a la Corona». Dado el ambiente general de navajeo estoy seguro de que la escena llegó a conocimiento de la Zarzuela antes de pocas horas. En sus entrecortadas Memorias Fraga, que se refiere a esa estancia en Barcelona para los premios que llevaban su nombre, no da más detalles pero al hablar de los días siguientes, ya en Madrid, da por sentada su inclusión en el nuevo gobierno antes de hablar oficialmente con Carlos Arias. Tengo la impresión de que aquella misma noche, en Barcelona, Fraga sabía ya, por alguna conversación telefónica con Carlos Arias o con el propio Rey, que iba a ser vicepresidente del gobierno y ministro de la Gobernación, porque mientras sus partidarios de Barcelona, durante la cena de los premios en el hotel Princesa Sofía, ponían cara de funeral al ver que su ídolo no era designado jefe del gobierno, el exembajador en Londres se mostraba eufórico por las funciones que iba a desempeñar en el primer gobierno del Rey, y recuerdo que entre las mesas de la cena se daban ya por ofrecidos y aceptados esos cargos. Fraga estaba hambriento de poder desde su injusto cese de 1969 y ahora consideraba su retorno al gobierno como una gran victoria personal y como un espaldarazo a su proyecto de reforma; ahora sabemos que se equivocaba, entonces no lo veíamos. Desde luego la confirmación de Arias provocó una gran decepción y un gran rechazo entre la clase política reformista de toda España.

Aquel primer gobierno de la Monarquía, que se arrastró en la impotencia y terminó en desastre, no era, lo sabemos ahora, más que un gobierno provisional del Rey para ganar tiempo y terminar cuanto antes con Carlos Arias. También sabemos ahora que el gobierno se hizo en tres reuniones diferentes: primera, entre el Rey, Carlos Arias y Fernández Miranda, en la tarde del 6 de diciembre; segunda, entre Carlos Arias y Torcuato Fernández Miranda; tercera, entre Arias y Fraga, desdoblada en dos sesiones, los días 9 y 10 de diciembre. Por su parte los ministros cesantes del anterior gobierno Arias se movían desesperadamente para continuar en el que se fraguaba; lo mismo hacían los eternos postulantes en Corte, que acudían a quienes pensaban ser figuras prominentes del nuevo equipo ministerial. Pese a los recuerdos publicados y a las entrevistas que entonces y después he mantenido con algunos testigos no veo todavía claros todos los detalles pero sí los suficientes como para trazar un esquema que me parece objetivo. No se trata sólo de un ejercicio académico; la selección, actuación y fracaso de este primer gobierno de la Monarquía contiene aspectos trascendentales para la historia de la transición que ahora debemos dilucidar.

La primera —y más importante— de las tres reuniones se celebra el 6 de diciembre en la Zarzuela entre el Rey, Fernández Miranda y Arias. Como el Rey sabía ya por la gestión anterior de Torcuato que el conformado Presidente estaba dispuesto a ceder casi todo en cuanto a la formación del gobierno, decidió tomar la iniciativa y ante el silencio aprobatorio de Torcuato fue don Juan Carlos quien trazó las líneas importantes de su primer gobierno, que Carlos Arias aceptaba sin oponerse. José María de Areilza, el político que había escogido justamente como modelo a Talleyrand, el joven bilbaíno que había participado en las negociaciones para el apoyo del mundo financiero a la Falange durante la República, primer alcalde de Bilbao al liberarse la ciudad en 1937, director general y embajador de Franco en Buenos Aires, Washington y París, luego responsable del giro democrático de don Juan de Borbón a fines de los años sesenta, experto en diálogos políticos con toda la oposición antifranquista y ahora político de confianza de don Juan Carlos, fue preconizado como ministro de Asuntos Exteriores; personalidad cultísima, gran escritor, de simpatía y capacidad de convicción irresistibles, conversación fascinante y habilidad política consumada es, a mi ver, el español de nuestro tiempo que más necesita una biografía cabal y urgente; sus libros de memorias son interesantes pero no bastan. Aspiraba a la presidencia del gobierno en cuanto los acontecimientos desbordasen a Carlos Arias, e interpretó algunas insinuaciones del Rey como favorables a sus planes. En aquel momento era insustituible para replantear las relaciones exteriores de España. Se llevaba a matar con Fraga. Nunca enconaba los conflictos y, cuando se pasó a la pequeña corte de don Juan, Franco siguió hablando bien de él.

Según las notas de Fernández Miranda el segundo nombre sugerido por el Rey fue Antonio Garrigues y Díaz Cañabate, tan indiscutible como Areilza a la hora de ofrecer al mundo una nueva imagen de futuro. Jefe de una acrisolada familia liberal de origen murciano, había sido director general con la República en 1931 pero se apartó de la política cuando aquel régimen se deslizó al sectarismo y al suicidio. Logró sobrevivir en el Madrid rojo, desempeñó con acierto las embajadas de Franco en Washington y en el Vaticano de Pablo VI; las fotos de Jacqueline Kennedy llorando sobre su hombro a la muerte de su esposo (que como ella eran grandes amigos del embajador de España) dieron la vuelta al mundo. Casado con una dama norteamericana y estimadísimo por el mundo de la alta política y los negocios en la Costa Este, su nombre, como el de Areilza, garantizaba el designio democrático del Rey. También sugirió don Juan Carlos el nombre de Alfonso Osorio, abogado del Estado, promotor de la asociación democristiana Unión Democrática Española junto a Federico Silva Muñoz, que junto a Fraga era el máximo prestigio del momento, aunque luego Arias frustró esta designación, como veremos. Alfonso Osorio, próximo al grupo Tácito y por lo tanto declarado reformista, miembro de la Asociación Católica de Propagandistas, era yerno del tradicionalista Antonio Iturmendi, que como presidente de las Cortes había intervenido decisivamente en la elaboración de las Leyes Fundamentales y en la orientación del régimen hacia la Monarquía de don Juan Carlos. Político muy sereno y templado, de vasta cultura y acreditada capacidad de maniobra y relaciones humanas, conocía bien el mundo empresarial y financiero, había desempeñado con acierto la subsecretaría de Comercio y nunca desmintió su probada lealtad al Rey. Creo que otro de los nombres sugeridos por el Rey fue el de Carlos Pérez de Bricio, experto en problemas económicos y empresariales, alto funcionario de Aduanas, a cuyo cuerpo técnico pertenecía, afecto al Opus Dei. En sus lamentables y retorcidas desmemorias Leopoldo Calvo Sotelo no nos revela por qué razones consiguió entrar en el primer gobierno de la Monarquía como ministro de Comercio. Ingeniero de Caminos, había hecho una modesta carrera política en el régimen de Franco como sobrino del Protomártir; era proverbial su capacidad de presión para obtener cargos valiéndose de sus amplias relaciones en el mundo de la gran empresa, donde su actuación como técnico y directivo no se recordaba como descollante. No se le citaba como paradigma de buena suerte; una vez escribí en pura defensa propia un ensayo formal sobre tan sugestivo problema, que no me gustaría reeditar ahora, triplicado y reconfirmado, a no ser que el eximio sonetista me obligara a ello con alguna destemplanza sobre mis actuales comentarios, que trataré de mantener a este lado del humor negro si él me lo permite. Era un experto en el difícil arte de pedir los cargos; recuerdo que cuando manifesté antaño mi extrañeza por este modo superdirecto de promoción personal el notable periodista e historiador Joaquín Arrarás me miraba con asombro: «¿Pero no se ha enterado usted de que aquí no se puede subir un solo escalón sin pedirlo, pedirlo y pedirlo?». Lo siento pero sigo sin saber lo que don Leopoldo dominaba a la perfección. Por aquella época, ya meses antes de la muerte de Franco, Pío Cabanillas había instalado un despacho jurídico-político en un entresuelo del paseo de la Castellana, entonces avenida del Generalísimo 24. Allí nos reuníamos frecuentemente con él el letrado de las Cortes Manuel Fraile y el abogado del Estado Fernando Castedo, que habíamos pertenecido a su equipo en el ministerio de Información y Turismo hasta el cese de Pío en octubre de 1974 por presiones del bunker sobre Carlos Arias. Leopoldo Calvo Sotelo pasaba por ese despacho muchas tardes, como escala para sus infatigables excursiones de alpinismo político. A la muerte de Franco, Pío Cabanillas, exministro de Franco, había publicado una necrología profunda y noble sobre la gran figura que entraba en la historia. La leve tonalidad crítica que Cabanillas había manifestado en vida de Franco y ahora dejaba respetuosas huellas en su nota no agradó al sobrino del Protomártir, que hubiera preferido una actitud más rendidamente franquista. «Así no se sube en estos momentos a donde hay que subir» decía, contundente. Luego se hizo liberal de toda la vida; pero su cargo más relevante en el franquismo, después de fracasar en las elecciones a procurador familiar por su provincia de Lugo, que ya era difícil, consistió en lograr al fin introducirse en las Cortes de Franco por el tercio sindical, el franquismo reduplicativo. En sus recuerdos Osorio y Fraga cuentan graciosamente los intentos de Calvo Sotelo para entrar, supongo que por el tercio sindical, en el primer gobierno del Rey. Como Fraga actuaba durante los días de la crisis como fazedor de ministros, don Leopoldo acudió a su casa el 10 de diciembre: «deseaba una cartera económica, preferentemente Hacienda y si no, cualquiera menos Comercio, que fue la que le dieron y aceptó. Pío Cabanillas me pidió encarecidamente cualquier cosa menos quedarse fuera del gobierno». Carlos Arias dijo a Fraga que por el momento no era posible y se le ofreció la embajada ante la Santa Sede pero a Pío no se le había perdido nada en el Vaticano. No sé cuál de las tropecientas maniobras con escalo que perpetró por aquellos días don Leopoldo le abrió las puertas del gobierno; espero que lo cuente en una edición revisada de sus malas memorias, en vez de dedicarse, como en la primera versión, a insultar a la gente y reproducir sus versos horrísonos, capaces de provocar un cataclismo en el Parnaso. En fin, el último nombre que seguramente salió ya decidido de aquella reunión en el palacio de la Zarzuela fue el de Juan Miguel Villar Mir, un competente ingeniero de Caminos, abogado y alto empresario, a quien se encomendó el ministerio de Hacienda, desde donde trató heroicamente de convencer a sus compañeros de gabinete y a la opinión pública de que en medio del frenesí político nos estábamos despeñando en una crisis económica a la que nadie pensaba poner remedio, engañados todos por lo que ya era inercia y rutina del desarrollo. Pero nadie quiso comprender a Villar Mir, que al menos tuvo el singular acierto de ofrecer un diagnóstico por todos menospreciado y que marcaba el único camino.

Al término de la sesión en la Zarzuela el Rey pidió a los dos presidentes que se reunieran lo antes posible para ultimar detalles y flecos del gobierno. La posición de Fernández Miranda resultaba un tanto extraña; intervenir en estas consultas no entraba directamente en sus funciones, ya que ni las Cortes ni el Consejo del Reino tenían nada que ver con la designación de ministros. Como el día siguiente era domingo, Arias invitó a Torcuato a verse con él en su casa al lunes siguiente, 8 de diciembre, fiesta de la Inmaculada. Madrid, y en menor medida toda España, eran un hervidero de rumores y cábalas durante aquellos días. Fernández Miranda actuaba en las consultas como delegado informal del Rey; su papel se iba afirmando con ello, a la vez que aumentaba el recelo de Carlos Arias. Torcuato no se preocupaba con exceso de un gobierno que él sabía provisional; sólo iba a durar hasta que el Rey descabalgase a Carlos Arias en la primera ocasión que se le presentase. Pero, según sus notas, que para la siguiente reunión se vuelven interesantísimas, sí tenía interés personal y político en un caso; pretendía introducir en el gobierno Arias a un ministro de absoluta confianza a quien emplear como correa de transmisión para recibir información fidedigna desde el interior del gobierno y transmitir los impulsos que conviniera realizar para la Reforma política.

Fernández Mirada tenía ya elegido ese nombre: Adolfo Suárez González.

La segunda reunión constitutiva del gobierno se celebró, en efecto, el 8 de diciembre, a la hora del café, en el chalet que poseía el matrimonio Arias, La Chiripa, cerca de la carretera de la Coruña pasada ya la Cuesta de las Perdices. La reunión fue, en el plano político, una partida de mus; a ver quién engañaba a quién. Torcuato quería introducir en el gobierno a Adolfo Suárez; Carlos Arias quería prescindir del que había sido su fiel y eficaz vicepresidente y ministro de Trabajo, otro Suárez González, Fernando. Creo que conozco profundamente a los dos y por eso podré transmitir seriamente la escena, aunque ninguno de los dos ha escrito todavía sus memorias, que me parecen cada vez más necesarias y urgentes. Fernando Suárez, de quien me fío en alto grado, ha publicado fundadas protestas sobre algunas afirmaciones de Joaquín Bardavío. Yo voy a seguir en mi reconstrucción el relato de Torcuato Fernández Miranda a través de sus familiares. Torcuato estimaba muchísimo a Fernando, que había sido discípulo suyo. Inmediatamente advirtió que Arias quería prescindir de él, pero que no pareciese impulso suyo sino propuesta de Torcuato. «¿Es que te ofrece alguna duda Fernando? —escribe Torcuato—. Yo creía, Carlos, que era para ti uno de los colaboradores más leales y firmes». Contestaba Arias: «Sí, sin duda, pero tiene un carácter tan difícil…». Y trataba de demostrarlo con anécdotas banales. Fernández Miranda ve clarísimo que Arias pretende sólo una coartada para excusarse luego ante Fernando: «Torcuato y el Rey me empujaron a sustituirte». Fernández Miranda no podría contar con Fernando Suárez porque él «jamás hubiera aceptado ser espía de nadie, ni siquiera de su profesor y amigo, escribe Torcuato», que con ello lanza un dardo envenenado contra Adolfo Suárez, quien por lo visto sí estaba dispuesto a lo que llama Torcuato «tan desairado papel». Lo cual significa, además, algo muy importante: Fernández Miranda estaba seguro de que podría utilizar a Adolfo Suárez para los planes de Reforma política como si fuese una marioneta. No conocía a Suárez. En política nadie conoce, en el fondo, a nadie cuando las circunstancias de poder pueden variar.

Han pasado más de veinte años de estas escenas y me revuelvo contra esta torpe instrumentación de Fernando Suárez por parte de los dos presidentes. No solamente porque sea mi amigo, una amistad, envuelta por la mutua estima, que ha sobrevivido a todas las convulsiones políticas de la época. Fernando Suárez González hizo un gran sacrificio al aceptar una vicepresidencia en el gobierno Arias. Era un político del Movimiento, pero enteramente abierto a la Reforma. Liberal por temperamento, dotado de hondo sentido de la realidad, catedrático insigne de Derecho del Trabajo, gran conocedor de la historia de España y de la realidad europea, enteramente fiel al Rey, eficaz y trabajador, dotado de amplia capacidad de relación, se tragaría estas marginaciones y serviría decisivamente al proyecto de Reforma. Le han tratado inicuamente Carlos Arias, Fernández Mirada, Manuel Fraga y últimamente José María Aznar que le despidió de su escaño en el Parlamento Europeo —donde sobrevive tanto merluzo y tanto desecho de tienta— peor que a una criada, con engaño y displicencia, cuando Fernando remataba una espléndida gestión europea en América central. Nunca se lo perdonaré a los cuatro y no sólo por Fernando Suárez sino por España. El señor Aznar tiene aún muy poca experiencia y por eso no sabe lo que don Adolfo Suárez conoce más que bien; que en política, quien a hierro mata a hierro muere.

Fernández Miranda se dio cuenta de que Arias iba a prescindir de Fernando Suárez sin remisión. Entonces trató al menos de cubrir el hueco con su hombre, el otro Suárez. ¿Por qué no nombras secretario general del Movimiento a Adolfo Suárez que fue en quien tú pensaste a la muerte de Herrero? Arias lo rechazó; quería mantener en ese puesto a José Solís, porque le había designado Franco. Entonces Torcuato le aconsejó que diera una larga cambiada en argot taurino; que trasladase a Solís al ministerio de Trabajo y colocase a Adolfo Suárez en el Movimiento. Así se hizo; y de esta forma consiguió Adolfo Suárez González su sueño de ser ministro, mientras Fernando Suárez González iniciaba la decadencia más injusta de la transición. Lo más curioso es que el propio Adolfo Suárez, convertido en justicia poética, terminó primero con Carlos Arias y después con Torcuato Fernández Miranda. Así ha sido la política de la transición, y tal vez así es siempre la política. Fernández Miranda no lo apunta, pero creo estar seguro de que en su interés desmedido por Adolfo Suárez existía también un impulso soberano. Con su formidable capacidad para maniobrar junto a la penumbra que rodea a las cumbres, públicas y secretas, del poder, Adolfo había conseguido una excelente imagen entre los consejeros de don Juan de Borbón en Estoril, lo que sospeché inmediatamente cuando el joven político falangista, en pleno ostracismo político, fue designado por Luis María Anson el 2 de julio de 1975 a toda página de Blanco y Negro, la clásica revista de Prensa Española que Anson había hecho revivir de sus cenizas, nada menos que como político del mes. Tras afirmar que la muerte de Carrero y la de Herrero habían truncado de momento la gran carrera de Suárez, Luis María Anson profetizaba: «De Adolfo Suárez pueden esperarse nuevos e importantes servicios al país, sobre todo en la hora gravísima de la transición, pues es hombre que ha sabido conectar con lo que el Príncipe y la sucesión significan de cara a un futuro abierto y estable». Suárez dirigía entonces la asociación continuista Unión del Pueblo español, en la que le ayudaban el procurador en Cortes e ingeniero agrónomo Fernando Abril Martorell, no lejano al Opus Dei (como Suárez en sus orígenes) a quien Suárez había conocido como presidente de la Diputación (franquista) de Segovia; y su hermano Rafael Ansón Oliart, colaborador con el propio Suárez en la presidencia del gobierno a las órdenes de López Rodó. Rafael Ansón era uno de los profesionales con mejor sentido de la comunicación política en la España de aquella época.

Del gobierno en formación se había caído ya Federico Silva, que cuando Arias le llamó propuso una reunión previa con Fraga y Areilza, presidida por Arias, para fijar la línea del gobierno, lo que molestó profundamente al presidente; en realidad Arias no ofreció a Silva cartera alguna y luego difundió falsamente que Silva la había rechazado.

La tercera reunión, doble, tuvo lugar entre Arias y Fraga los días 10 y 11 de diciembre. Del anterior gobierno sólo dejaba Carlos Arias como superviviente a su íntimo amigo el ministro de Obras Públicas Antonio Valdés. Manuel Fraga, que siempre ha protegido a sus compañeros de la carrera diplomática, consigue la entrada de uno de sus superprotegidos Carlos Robles Piquer, en Educación y otro diplomático, Adolfo Martín Gamero en Información y Turismo. (Carlos Robles estaba castigado en la embajada de Libia por haber escrito con seudónimo un artículo contra Carrero en La Codorniz). Federico Silva Muñoz, con su máximo prestigio político, quedó apeado del gobierno por Arias, que hizo correr el falso rumor de que no había aceptado una cartera que en realidad no se le había ofrecido. Los ministros militares eran aceptados por todas las fuerzas armadas; el general Fernando de Santiago, vicepresidente de Defensa, recomendado por el general Gutiérrez Mellado cuando habló con Fraga; Gutiérrez Mellado se inclinaba más bien a la jefatura del Estado Mayor Central o la del Alto Estado Mayor. El general Félix Alvarez Arenas sería ministro del Ejército; el almirante Pita da Veiga, de Marina; el general Carlos Franco, del Aire. Los cuatro ministros militares coincidían en la fidelidad al testamento de Franco y en una ferviente actitud anticomunista. El joven ingeniero Rodolfo Martín Villa, antiguo jefe del SEU, ahora gobernador de Barcelona, trataría de hacer la reforma sindical en el ministerio correspondiente. Virgilio Oñate, de los Propagandistas, y Francisco Lozano completaban el heterogéneo equipo, que por sus principales figuras —Fraga, Areilza, Garrigues— desprendía un inequívoco aire reformista y por eso la opinión pública, que era muy mayoritariamente reformista, ajena tanto a inmovilismos como a rupturas, lo acogió muy bien. Lo que casi nadie podía imaginar entonces es que se trataba de un gobierno imposible. Primero por el inmovilismo de Carlos Arias, que miraba cada vez más al pasado, que no era capaz de comprender el futuro.

Segundo porque Arias tendría que chocar a plazo corto con los grandes reformistas de su nuevo gobierno, Fraga y Areilza, cada uno con un proyecto diferente. Tercero porque Fraga pretendería imponer su propio proyecto, que casi ninguno de los demás compartía. Era un gobierno sin autoridad a la que todos obedecieran, ni siquiera respetaran; sin cohesión interior alguna; sin sentido conjunto de la realidad aunque contara con individualidades muy valiosas. Torcuato Fernández Miranda lo sabía; por eso jugaba, peligrosamente, al fracaso de aquel gobierno, que él no había hecho, y con la esperanza de edificar sobre sus ruinas un auténtico proyecto de reforma. De momento se trataba de un gobierno híbrido, nacido de un forcejeo a tres bandas; a partir de tres reuniones; la del Rey con Arias y Torcuato, la de Fernández Miranda y Arias, la de Arias y Fraga. Arias, que carecía de rumbo, era la única persona presente en las tres reuniones. Pero ni aquél era, en el fondo, su gobierno ni sabría qué hacer con él, sólo pretendía continuar sin proyecto, en el vacío.

Un paso atrás y otro adelante

Ni siquiera los tremendos tirones de la realidad sacaban a los españoles de su obsesión política, en torno al primer gobierno del Rey, que se anunció la misma noche en que Fraga y Carlos Arias lo habían ultimado, el 11 de diciembre, después del diseño regio y las maniobras de Torcuato Fernández Miranda. Nadie se ocupaba de otras maniobras, las del rey Hassan II de Marruecos, que aprovechándose de las tormentas políticas y el desinterés de los españoles había penetrado en el territorio del Sahara y tenía en sus manos desde el 2 de diciembre la capital de la hasta hace poco provincia española, El Aaiun. El 4 de diciembre las Naciones Unidas aprobaron, muy en su estilo, dos decisiones contradictorias sobre el Sahara exespañol. Por 48 votos a favor, 32 en contra y 52 abstenciones se aprobó la propuesta de Túnez en apoyo de los acuerdos de Madrid; pero la propuesta argelina, enteramente contraria, se aprobó también por 84 votos a favor, 42 abstenciones y tres votos en contra. En el fondo los Estados Unidos y la Europa occidental apoyaban los acuerdos de Madrid y por tanto al rey de Marruecos, el gran vencedor en la confrontación montada para aprovechar la agonía de Franco. La resolución argelina echaba sobre España la responsabilidad de tutelar el proceso de autodeterminación del pueblo saharaui; la propuesta tunecina atribuía esa responsabilidad a Marruecos. Tan triste final, que ponía en entredicho la dignidad histórica de España, no afectó para nada a los españoles que vivían apasionadamente la aventura de su nuevo gobierno. Se había conseguido abandonar el Sahara a los lobos del desierto sin traumas ni problemas para la España peninsular; todo se daba por bueno. Sin atender a los fosfatos y a la pesca perdida, sin valorar el impacto negativo por el abandono del Sahara en Canarias.

Además del despreciado Sahara, todos los problemas de España, cada vez más encrespados, aguardaban una acción enérgica y coordinada del gobierno. Pero tal acción no aparecía por parte alguna. Aquello no era un gobierno sino un concurso de méritos para que el Rey, en cuanto se pudiera librar de Carlos Arias (propósito que todos menos Arias conocían), seleccionase el jefe del gobierno definitivo. Carlos Arias no daba pie con bola. Dos testigos inmediatos, Torcuato Fernández Miranda y Alfonso Osorio, coinciden en el fondo sobre la desorientación del presidente. Torcuato le describe como un inmovilista anclado en el pretérito cuyo horizonte sólo era el ajado «espíritu del 12 de febrero» aquella tímida primavera política por él suscitada en 1974 y que congeló el bunker a las primeras de cambio. Osorio, por tratar a don Carlos con caridad cristiana le pone más en evidencia; le describe como figura patética, atormentada. Arias descuidaba todos los frentes excepto el de su pervivencia política, que se jugaba en el tapete verde de la transición con una combinación clara: dobles parejas. Fraga y Areilza, la primera pareja, pensaban que serían capaces (cada uno por su lado) de impulsar la Reforma y aspiraban casi con descaro a suceder a Arias en cuanto el Rey le retirase de escena. No podían entonces imaginar, ni ellos ni la opinión pública que apostaba en su favor como ganadores, que carecían de la menor posibilidad; el Rey no contaría con ellos para la presidencia de su siguiente gobierno y no por falta de estima personal ni de reconocimiento de sus méritos sino porque quería para tan difícil cargo a un hombre nuevo, que tuviese quizá un pasado inevitablemente franquista pero no vinculante; y sobre todo que sintonizase generacionalmente con él, sin las seguras imposiciones que ejercería sobre él la presunta pareja de ganadores. Las mayores probabilidades caían sobre la segunda pareja, la pareja de colocados por la que nadie (fuera de Luis María Anson) apostaba; Adolfo Suárez y Alfonso Osorio. Los dos jóvenes, los dos amigos del Rey a través de una relación personal, no por amagos ni camarillas. Suárez se consideraba un chusquero de la política, como repetía por entonces; con formación escasa, carrera de derecho a trompicones, oposición ayudada a un oscuro organismo, el Instituto Social de la Marina, pasado juvenil en el Opus Dei y tradición familiar modesta y republicana. Osorio mucho más brillante: abogado del Estado, jurídico-militar, altas conexiones financieras, miembro de la otra plataforma del cristianismo político los Propagandistas, monárquico de familia y convicción, yerno de un prócer tradicionalista del Régimen, Antonio Iturmendi. En diciembre de 1975, al formarse el gobierno, las mayores probabilidades estaban a favor de Osorio, cuya ambición quedaba, sin embargo, muy lejos de la que consumía a Suárez; la capacidad política y maniobrera de Osorio era muy alta pero la de Suárez parecía ya insuperable. Osorio era político de ideas asentadas y elaboradas: las ideas de Suárez eran pragmáticas y funcionales.

El sábado 13 de diciembre, con los salones de Presidencia, en Castellana 3, invadidos por una multitud, se celebraba la toma de posesión conjunta del primer gobierno del Rey. El exvicepresidente García Hernández tomó la palabra en nombre de quienes cesaban: «Somos el último gobierno del Caudillo». Se refiere con emotiva brevedad al presidente Arias y al Rey. En nombre de los nuevos ministros habló el vicepresidente militar, general Fernando de Santiago, que evoca extensa y emocionadamente a Franco y se refiere brevísimamente al Rey, exalta los valores tradicionales e insiste en la necesaria atención y dotación de las fuerzas armadas y en la excelencia de un orden constitucional que ha demostrado en la sucesión su eficacia y su funcionalidad, en su espíritu y en su letra. En el cierre del acto el presidente Arias dejó helados a los asistentes y a toda la opinión pública cuando presentó como horizonte del futuro nada menos que su proyecto del Doce de Febrero, es decir la regresión a las horas inciertas del asesinato de Carrero y los estériles forcejeos del bunker en 1974. El Doce de Febrero era un fantasma anacrónico. Evocó el mensaje de despedida del Caudillo; seguía empeñado en su función de albacea de la «obra gigantesca de Franco» que volvió a mencionar inmediatamente. Entonces, por fin, echa unas flores al Rey. Ni una palabra de apertura, ni un horizonte de cambio, ni una invocación al futuro. Ni su peor enemigo hubiera podido preparar a Carlos Arias un discurso tan decepcionante. Las posibilidades de los ministros reformistas quedaban, de momento, congeladas; los tres discursos del nuevo gobierno reflejaban mucho más la inercia del pasado. José María de Areilza se elevaba, en sus cuadernos nocturnos, a la filosofía política: «El Poder es como la muerte, que todo lo cambia». Se estaba produciendo ya todo un trasvase de lealtades en favor de los protagonistas —reales o aparentes— de la nueva situación. La misma tarde de la toma de posesión el ministro de Asuntos Exteriores habla a fondo con el Rey. Los dos rememoran los largos años de su espera. El Rey se refiere a «las dificultades que tuvo para formar gobierno». Elogia a Fernández Miranda como político flexible. Revela a Areilza sus conversaciones telefónicas con Giscard, con Kissinger, con Scheel, para explicarles las razones de la permanencia de Carlos Arias que había provocado grave decepción en las democracias de Occidente. Pero les había pedido que mantuviesen el crédito abierto. El Rey «quiso quedar como poder supremo, arbitral, moderador». Cree don Juan Carlos que no conviene irritar a la extrema derecha y que en cambio conviene aprovechar al máximo la situación expectante en que sigue la izquierda desde la muerte de Franco. Recomienda a su ministro que obtenga de los norteamericanos contrapartidas que demuestren el apoyo al Rey liberalizados Y comenta que los jóvenes militares de la UMD se han extendido más de lo que parece. Una calculada indiscreción: dice el Rey que el príncipe Felipe de Edimburgo le ha comentado el cansancio inglés sobre Gibraltar, «esa colonia carísima» y pide a España que se ponga de acuerdo con las gentes de Gibraltar para llegar a un arreglo. En cuanto al Vaticano los dos interlocutores quedan conformes en no dar la sensación de que se entrega todo y que la Iglesia siga después por libre. Y apuntan que la Seguridad Social es muy importante para mantener la adhesión del clero modesto y envejecido. Salta la idea de alejar a dos personajes con dorados destinos diplomáticos: Pío Cabanillas, que se ha quedado sin cartera y el duque de Cádiz, don Alfonso de Borbón Dampierrre, que se ha quedado definitivamente sin Corona.

Hablan detenidamente de devolver a España los restos de don Alfonso XIII, la operación Dédalo. Parece que podría ser inminente. Un hábil y persistente político entre bastidores, el profesor Antonio Fontán, numerario del Opus Dei, marchaba ese mismo día a Estoril para recabar la aprobación de don Juan. La mejor fecha, el siguiente día de Reyes, con solemnidad protocolaria, respaldo militar y renuncia de don Juan con investidura del Gran Maestrazgo de la Orden del Toisón de Oro en favor de su hijo en presencia de la Grandeza de España. Habría que conceder un status al padre del Rey, como tal[35].

En uno de los libros siguientes de esta serie histórica planteamos desde todos los ángulos el problema de la Renuncia. Ahora debemos acudir al testimonio directo de don Juan, según el cual fue Torcuato Fernández Miranda el causante de que la operación Dédalo se frustrase porque veía en ella una quiebra de la legalidad vigente y de la propia legitimidad del Rey. «Pusieron el grito en el cielo» —dice don Juan— y se desbarató la idea. Generales y almirantes respaldaron la posición de Fernández Miranda. «Ha sido —rubricó don Juan— algo mezquino, como todo el régimen pasado; una mezquindad, una cominería, una cosa absurda, el miedo a unos fantasmas. El no hacer las cosas como se debe»[36]. Dejemos así las cosas por ahora en lo relativo a la Renuncia, donde las posiciones de don Juan y la familia Fernández Mirada son encontradas y no fáciles de dilucidar. Creo que en cuanto a esta operación don Juan tiene razón en atribuir responsabilidades a don Torcuato; pero no la tiene en considerar la provisional negativa como una «cominería». Estaba en juego la legitimidad del Rey, un problema ya resuelto por el consenso nacional y que era aún temprano para replantear jurídica y dinásticamente, por simple razón de Estado.

El lunes 15 de diciembre se celebra el primer Consejo de ministros del primer gobierno del Rey en el palacio de la Zarzuela. Allí se aprobó la declaración que Fraga tenía preparada desde varios días antes, aunque los demás ministros introdujeron retoques. «La declaración, en verdad, no fue audaz, aunque tampoco mala» comenta Osorio. En ella se prometía la ampliación de las libertades y derechos ciudadanos; y la construcción de una democracia española (parece que el adjetivo era de Robles Piquer, claramente redundante, no iba a ser una democracia francesa). El tono general del documento era reformista y estaba muy por encima de los discursos retrógrados pronunciados en la toma de posesión del gobierno y ofrecía compromisos que implicaban el reconocimiento de una etapa histórica nueva. El Rey animó a su gobierno para que tomase la iniciativa en la realización de tan altos propósitos; seguía mereciéndose la descripción de Areilza que haría fortuna al definirle como «motor del cambio». Recordó a los ministros (y sobre todo a su presidente) que la esperanza del pueblo «no se puede defraudar». Seguramente a ruegos de Villar Mir el Rey pide al gobierno que controle la economía, pero aparte de Villar Mir a nadie parecía importarle entonces en España la economía. El gobierno, en su declaración, insiste en la invocación ritual a la memoria y la obra de Franco —la paz y el desarrollo— e inserta un párrafo esencial, que tal vez Alfonso Osorio minusvalora un tanto:

«Dicho compromiso implica el perfeccionamiento constante del sistema institucional, el logro de la convivencia pacífica en la concordia de todas las personas, grupos y tendencias que acceden un orden democrático y justo, y la defensa de la ley y del orden público». Esto ya era un avance de primera magnitud; se formulaba el objetivo democrático y la concordia nacional de todas las tendencias. Sigue una invocación al Rey combinada con el reconocimiento al papel de las fuerzas armadas. Se reconoce, al menos verbalmente, la necesidad de una política de austeridad y trabajo para remediar las profundas dificultades que afectan a la economía nacional; todo en un marco de economía de mercado. Un objetivo prioritario será poner en marcha las reformas institucionales; en orden a la «ampliación de las libertades y derechos ciudadanos». Se propone el «reconocimiento institucional de todas las regiones». Termina la declaración con una aceptación de los valores religiosos y morales. Esta vez los comentarios de la opinión pública resultaron mucho más favorables; la declaración del gobierno marcaba ya el rumbo de la Reforma. No era, sin duda, obra de Carlos Arias. Fraga se había apuntado brillantemente la primera batalla del futuro.

El escándalo Areilza en las Cortes

Poco después Alfonso Osorio, que era en el gobierno Arias uno de los claros hombres del Rey, despachó con el Rey, que le animó a la reforma y le pidió que, como jurídico militar, ayudase al vicepresidente militar. Osorio propuso luego a Carlos Arias el nombre de Sabino Fernández Campo, un militar muy estimado por el Rey, para la subsecretaría de Presidencia. Los Reyes hicieron su primera salida de Madrid el 15 de diciembre y fueron aclamados en Zaragoza. Madrid se llenó de comentarios ante el almuerzo de Manuel Fraga Iribarne en el Horno de Santa Teresa con un antiguo compañero de oposiciones a cátedra de Derecho Político y destacado líder socialista, el profesor Enrique Tierno Galván; era un gesto calculado para marcar la apertura de la Segunda Restauración hacia la izquierda. Enrique Tierno había demostrado su capacidad de diálogo en su aproximación al conde de Barcelona desde fines de los años cincuenta. El ambiente estaba cambiando en el sentido que el Rey deseaba; el propio José Antonio Girón declaraba en Valladolid que «el pluralismo no nos estorba» y que «el Rey nos convoca a todos al servicio de España». Al reunirse, a mediados de mes, la Conferencia Episcopal, el cardenal Tarancón reafirma el apoyo de la Iglesia a la Corona y detecta, con alarma, el evidente fenómeno de la secularización, que sería una de las características de la transición española a la que la Iglesia, por su exagerada entrega de tantos años a la política, no sabía cómo enfrentarse; el vicario político del cardenal, el jesuita Martín Patino, era uno de los muchos hombres de la Iglesia en España que no deseaban enfrentarse a la secularización sino asumirla como uno de los «signos de los tiempos». «Se va acentuando —declaraba el cardenal— la diferencia real entre la sociedad civil y la comunidad eclesial». Aún no había llegado la mente clara y espiritual de Juan Pablo II para señalar que la Iglesia no podía aceptar sin más la secularización de la sociedad sin contradecirse a sí misma; el mundo vivía la fase final, angustiada y agónica, de Pablo VI, el Papa firme en su fe, pero atormentado y dubitativo a la hora de aplicarla a las nuevas realidades del mundo.

Al día siguiente, 18 de diciembre, el ministro de Asuntos Exteriores, José María de Areilza, viajaba a París para asistir a la Conferencia Norte-Sur, donde se convirtió en estrella y vendió acertadamente a los países del mundo la nueva imagen de la Restauración española como camino seguro para la democracia. En sus comparecencias exteriores el conde de Motrico iba un paso por delante de la realidad política española. Allí declaró que Santiago Carrillo era un español más y que si no estaba incurso en responsabilidades recibiría su pasaporte español cuando lo solicitase. Estalló un escándalo descomunal en una de las Comisiones de las Cortes cuyos miembros habían olvidado el decreto—ley firmado por Franco el 21 de marzo de 1969, dos meses antes de la designación del Príncipe como sucesor, en el que, con motivo del XXX aniversario de la Victoria, «se declaran prescritos todos los delitos cometidos con anterioridad al 1 de abril de 1939», sin ninguna excepción y con efectos inmediatos. Por tanto las responsabilidades jurídicas y penales de Carrillo por sus actos durante la Guerra Civil quedaban extinguidas, lo que por supuesto no alcanzaba a sus responsabilidades históricas ni a los delitos que hubiera cometido durante el exilio, tanto contra el Estado como contra sus compañeros de partido, que lo conocían muy bien, como pronto iba a demostrar el general soviético Enrique Líster en un tremendo alegato. Pero la reacción suscitada en España por la declaración de Areilza no se refería a esos hechos más oscuros y recientes, sino a las actuaciones públicas y notorias de Carrillo durante la guerra. El general Galera, héroe del frente de Aragón en la Guerra Civil y otros dos procuradores alzaron su protesta en la comisión de Presupuestos y acusaron a José María de Areilza de gravísima imprudencia e incluso exigieron su comparecencia ante las Cortes, donde sería despedazado. Luis Peralta, hasta el momento subsecretario de Gobernación, esgrimió la reciente entrevista de Carrillo con Oriana Fallaci, desbordante de odio a Franco. La revista de Luis María Anson, Blanco y Negro, reconocía que las declaraciones de Areilza habían sido inoportunas y prematuras, pero se quejaba de que nadie comentase las que acababan de publicar Areilza y Fraga contra la legalización del Partido Comunista por no considerarlo democrático. Y da cuenta de que los socialistas han asegurado ya que no entrarán en el nuevo juego político si no son legalizados los comunistas. Así se abría uno de los más importantes debates de la transición. Y eso que entonces no conocía nadie el secreto del Rey, sus negociaciones y su convenio con Carrillo a través de Manuel Prado y Nicolae Ceaucescu poco antes de la muerte de Franco.

Fraga adelanta su proyecto de reforma

Reunidos en Los Negrales, al pie de la sierra del Guadarrama, los obispos españoles publican una detenida declaración sobre La Iglesia en el momento actual que apenas suscita interés ni comentarios como en los buenos tiempos, cuando cada toma de posición eclesiástica se interpretaba como un ariete contra el régimen anterior. Y eso que en el documento la Iglesia se declaraba independiente del poder que gobierna y de la oposición que espera; sugiere la renuncia a los privilegios propios aunque sin concretar demasiado; pide libertad para la Santa Sede en la designación de obispos y se suma a las peticiones de una amnistía completa. Nadie hace mucho caso ahora a la Iglesia, que se ha ganado a pulso, por su obsesión política de los años anteriores, el desvío de las gentes que la quisieran ver dedicada a sus funciones espirituales en vez de actuar como una fuerza política. Estaba cada vez más claro que la parte del clero, alto y bajo, que tanta actividad política había desplegado, se moría de aburrimiento fuera de la política; la caída de vocaciones y fidelidades se acentuaba.

El primer Consejo de ministros importante se celebró el 26 de diciembre. Según Osorio los ministros militares mostraban su cautela; el ministro de Justicia, Antonio Garrigues, propuso la reforma de la ley antiterrorista y del Código penal; Areilza, pasada la tormenta de las Cortes, se afianzaba como vendedor de la Reforma en el exterior y «Manuel Fraga estaba decidido a ser el capitán de ésta (la Reforma) y a que nadie le arrebatase la capitanía». En aquel Consejo fue cuando Adolfo Suárez pronunció por vez primera su frase: «Yo soy un chusquero de la política», mientras Alfonso Osorio pedía que se acelerasen las medidas de reforma para que cuanto antes hubiera un gobierno legitimado democráticamente. Trazó Osorio todo un breve programa de reformas, que fue el que después efectivamente se seguiría, cuyo punto central era, tras modificar la legislación sobre libertades y derechos, llevar a las Cortes la reforma institucional.

En este momento debemos dar entrada en la historia de la transición a uno de sus personajes menos conocidos y sin embargo más eficaces. Me refiero al joven abogado del Estado y relevante pensador de la política José Manuel Otero Novas, que después de grandes servicios a España y a la causa del centro—derecha ha sido recientemente eliminado de la Ejecutiva del Partido Popular por José María Aznar, que ha aprendido de su inconcebible modelo Manuel Azaña uno de los defectos más graves del gran político republicano: eliminar de su alrededor a políticos de primera magnitud —casi todos los pertenecientes a la mejor clase política de la UCD que se habían acercado al Partido Popular— para apoyarse en muchachitos inexpertos de Valladolid, amiguetes en enjambre y eximios comunicadores de la mordaza totalitaria.

José Manuel Otero Novas, que ha sabido agregar a su relevante formación jurídica calas profundas en la economía, el pensamiento y la historia, había formado en su Galicia natal, durante su destino en Lugo en los últimos años de Franco, unos seminarios sobre política democrática y derechos humanos al amparo de la Asociación Católica Nacional de Propagandistas a la que pertenecía. Estas reuniones tenían un carácter moderado de oposición al régimen pero sus participantes habían entrado en contacto con Fraga, porque coincidían con él en la necesidad de implantar una democracia plural y un gran partido de corte centrista en la España del inmediato futuro[37]. «Yo entendía entonces por centrismo —dice— el espacio democrático limitado por el franquismo vigente y el marxismo emergente». Designado vicepresidente del gobierno Fraga invitó a Otero a trabajar en su proyecto de reforma y le encomendó la dirección general de Política Interior, importante y discreta plataforma, con el encargo de combinar sus trabajos teóricos con el contacto directo con fuerzas de la oposición y representantes extranjeros interesados en la construcción de la democracia española. «Fraga tenía prisa —dice Otero— por hacer su reforma que deseaba programar en dos meses». Desde el principio de las Navidades de 1975 el equipo formado por Otero, José Manuel Romay y Juan Alfonso Santamaría se encerró para preparar un proyecto completo de Constitución que entregaron a su jefe antes de terminar el año. El 2 de enero, ya en 1976, Fraga les ofreció un texto manuscrito, que se conserva, con su proyecto de reforma. «Discrepaba sustancialmente del nuestro —dice el testigo—. Era simple. Básicamente consistía en un pequeño retoque al art. 2 de la Ley de Cortes, estableciendo un sistema bicameral, a cuya Cámara Alta se remitían los representantes “orgánicos” dejando la Cámara Baja para los elegidos por sufragio universal. De entrada nos decepcionó. Pero nos convenció de que ésa sí que era una vía posible y que acababa inevitablemente en el mismo objetivo que nosotros ansiábamos».

Este esquema que Fraga, sin haber estudiado aún el de sus colaboradores, quería adelantar a todo trance es, sin duda, el mismo que propuso a Carlos Arias antes de terminar el año 1975. En el esquema Fraga la Cámara Alta, en efecto, se elegía mediante una combinación de sufragio universal en unos casos, y un procedimiento de designación en otros, todo ello con claro matiz orgánico, algo semejante a lo que habían sido y todavía eran las Cortes de Franco. En realidad la Cámara Baja electiva tendría que prevalecer por su mayor legitimidad democrática, pero la Cámara Alta era también compatible con la democracia, como puede comprobarse en el caso de la Cámara de los Lores inglesa, Fraga había estudiado profundamente el sistema político, electoral y parlamentario del Reino Unido. Tiene razón Osorio; Fraga quería adelantarse a los demás proyectos de reforma política, y lo consiguió, mientras Adolfo Suárez aún no había pensado en el suyo y Torcuato Fernández Miranda trabajaba intensa y pausadamente en el que contaba con mayores posibilidades de éxito.

En aquel mismo Consejo de ministros del 26 de diciembre, tan denso de contenido, planteó su serie de medidas económicas el animoso y lúcido ministro de Hacienda, Juan Miguel Villar Mir. Era un conjunto de disposiciones sumamente duras, en que por vez primera un gobierno de la transición reconocía la tremenda crisis económica desencadenada desde 1973 con motivo de la guerra del Yom Kippur y que no se refería sólo a las represalias árabes contra Occidente que repercutían en el alza del petróleo sino en general a la escasez y carestía cada vez más alarmante de muchas materias primas fundamentales para la industria y la agricultura. España estaba ya gravemente afectada por la crisis y el ministro tuvo el valor de decir al gobierno, a la clase política y a la nación las verdades del barquero; sin embargo experimentó un rechazo total, empezando por sus propios compañeros de gobierno, que le recomendaron prudencia y paños calientes para no excitar a las masas con la verdad económica. Virgilio Oñate, Leopoldo Calvo Sotelo y otros ministros —Solís, Suárez, Martín Villa, Osorio— criticaron la desnuda sinceridad de las medidas y pronosticaron que de ellas iba a derivarse un alarmante rechazo social. Todos, por motivos políticos, dejaron en la estacada al ministro de Hacienda, que tenía toda la razón; aconsejaron, en la práctica, apartar los ojos de la crisis y seguir como si no existiera. Solamente Fraga se negó a atacar a Villar Mir, en virtud de un pacto de no agresión como indica Osorio, y más profundamente porque comprendía que Villar tenía toda la razón y no quiso quitársela bajo pretexto de eficacia política inmediata.

El 29 de diciembre, en el primer pleno de las Cortes después de la muerte de Franco, Juan Miguel Villar Mir lanzó, pese a todo, su discurso con el talante de Solo ante el peligro. «La situación económica —anuncia— es verdaderamente difícil y los problemas pendientes son verdaderamente graves. En dos años de dificultades hemos consumido más de lo que hemos producido, hemos trabajado menos y no más, como era necesario. Hemos asistido a una carrera desmesurada de los precios por un lado y de los salarios por otro. Y hoy, cuando otros países han encauzado sus soluciones, nos encontramos con varios problemas fundamentales en materia de inflación, balanza de pagos, estancamiento de la producción, amenaza de paro creciente y recesión de inversiones». Las Cortes de Franco, acostumbradas a escuchar las encendidas alabanzas al desarrollo y la prosperidad de España, torcieron el gesto ante esta sincera exposición de la realidad económica que nadie había explicado antes con tanta claridad en España. Claro que cuando examinamos las cifras y parámetros de aquella crisis a la luz de las circunstancias económicas de hoy, después de las rapiñas, las alegrías y los escándalos de catorce años de socialismo, nos inclinamos a interpretar aquella situación como de bienandanza. Pero Villar Mir tenía que denunciar el fin de la prosperidad y de la irresponsabilidad con que muchos pretendían prorrogarla cada vez con menos fundamento. Comenta Alfonso Osorio que aquél fue un discurso impolítico «porque propugnar en aquel momento la congelación total de los salarios desde un gobierno que no tenía la posibilidad de instrumentar un pacto social y no quería utilizar la vía del más enérgico autoritarismo era escribir sobre el agua». En esta ocasión la querencia política traiciona, en el propio Osorio, al experto que era en economía y empresa. Con esta opinión reconoce implícitamente el propio Osorio que el gobierno, que prácticamente acabaría por desautorizar al ministro de Hacienda, escribió sobre el vacío al ignorar la crisis económica, al no optar por el autoritarismo económico mientras emprendía la liberalización política. Prefirió prescindir de la agobiante crisis económica y seguir la corriente de la obsesión política nacional en vez de alinearse tras el ministro de Hacienda en el duro camino que señalaba a la nación. Las consecuencias de semejante actitud cobarde las seguimos pagando hoy en parte considerable.

Manuel Fraga declaraba a Le Figaro, antes de acabar el año 1975, que España iría a una sociedad democrática con exclusión del Partido Comunista. (Luego, en uno de los borradores de reforma que propuso a Carlos Arias incluiría como hipótesis la legalización del Partido Comunista, así como la concesión de uso legal a la bandera del partido nacionalista vasco, la ikurriña, que rechazó Arias y aceptó el gobierno de Adolfo Suárez. Antes de acabar 1975 Fraga insistía en que pensaba dar prioridad al problema de las asociaciones políticas; si bien le parece que el término partido político era aún prematuro, ante los malos recuerdos históricos que suscita en España. Fundamenta su rechazo al PCE por la participación de los comunistas en la red de subversión internacional. Cita el ejemplo de Alemania Federal, que excluye por ley a los comunistas, y muestra su convencimiento de que el Partido Comunista de España, a pesar de sus cantos de sirena, no pretende el juego democrático sino la infiltración en los mecanismos de la sociedad y la política para subvertir al Estado. Paradojas de la transición: un año después Santiago Carrillo, ya bajo un gobierno diferente, viviría en España, vería legalizado al PCE y el propio Fraga presentaría en el Club siglo XXI de Madrid, ágora de la transición, su libro de 1977 Eurocomunismo y Estado, pese a que Carrillo defendía en él, descaradamente, esas mismas tesis gramscianas de infiltración que Fraga le reprochaba a fines de diciembre de 1975. Claro que Fraga terminaba esas declaraciones al gran diario de la derecha francesa con esta frase sintomática: «Sepa usted que somos plenamente conscientes del momento decisivo de nuestra historia en que nos encontramos. Cuando ha sonado la hora de que todo es posible en España no tenemos derecho a equivocarnos».

El Mensaje religioso del Rey

Un mes después de la muerte de Franco el gobierno y el Rey acudieron a su tumba para honrar su memoria con un funeral. El líder del Partido Socialista joven, (había otro viejo que se llamaba histórico) todavía clandestino, Felipe González Márquez, empieza a aparecer en los periódicos. «El cambio del autoritarismo a la democracia —declara— comporta la ruptura». Y en su explicación demuestra ya tempranamente las dotes de convicción que tantas veces ha exhibido después para configurar sus sofismas. «¿Cómo pensar si no— decía— en el cambio de las Cortes a un Parlamento democrático? ¿Cómo concebir el paso de las asociaciones a los partidos políticos? Sólo un referéndum no resuelve gran cosa, ya que sin las coordenadas democráticas de los partidos políticos los referéndums no tienen significación alguna». Se presentaba así Felipe González como adalid de la Ruptura contra la Reforma; descalificaba a quienes pretendían llegar a la democracia desde dentro del sistema, en colaboración y convergencia con los de fuera. Sus palabras permitían imaginar que el rechazo a la Reforma tendría que producirse en plena calle, en la que iba a aparecer la Ruptura con toda su fuerza real —mucho menor de la que pensaban sus promotores— a poco de empezar el año 1976. El problema del orden público, elemental para cualquier Estado, aunque estuviera en transformación, iba a presentarse brutalmente al ministro de la Gobernación, Fraga, y a empantanar sus animosos proyectos de Reforma política, cuya bandera tomarán otros. Los españoles se entregaban al ansiado descanso de Navidad. Después de un año tan sobrecargado de sucesos y emociones históricas, en 1976 iba a abrirse de verdad el futuro. En Nochebuena el Rey dirigía su primer mensaje propio de estas fechas. Un mensaje que sorprendió a muchos porque prescindió totalmente de alusiones políticas y se transformó en una alocución de signo casi exclusivamente religioso. Ante las cámaras el Rey acusaba un terrible cansancio por las presiones que había tenido que sufrir durante los tres últimos meses, por los problemas que le acosaban desde todas partes, por el forcejeo entre la Reforma y la Ruptura, que fatalmente tendrían que chocar dentro de pocas semanas. Quizá por eso quiso refugiarse en el ambiente profundo de Navidad y pronunció el discurso más religioso de toda su vida:

«En estas fiestas de Nochebuena y Navidad, en que las familias españolas acentúan su sentido entrañable y parece que quisiéramos ser mejores, me dirijo a todos para felicitaros las Pascuas y desearos un año 1976 lleno de ventura y felicidad.

«El año que finaliza nos ha dejado un sello de tristeza, que ha tenido como centro la enfermedad y la pérdida del que fue durante tantos años nuestro Generalísimo. El testamento dirigido al pueblo español es, sin duda, un documento histórico que refleja las enormes calidades humanas y los sentimientos llenos de patriotismo sobre los que quiso asentar toda su actuación al frente de nuestra nación.

«El hondo significado espiritual de estos días nos puede servir para recordar la actualidad del mensaje de Cristo hace casi dos mil años. Fue un mensaje de paz, de unidad y de amor.

«Paz, que necesitamos para organizar nuestra convivencia, pero que no se confunda con la mera paz material que excluye la violencia sino también la paz de los espíritus y de la conciencia que, evitando tensiones, nos permitirá marchar hacia adelante alcanzando así las metas que deseamos para nuestra Patria.

«La unidad necesaria para lograr la fortaleza que todo progreso demanda, que no elimina en modo alguno la variedad y que refuerza y enriquece los matices de un pueblo tan antiguo y con una historia tan fecunda como la nuestra.

«Y un mensaje de amor, que es la esencia de nuestro cristianismo. El cual nos exige sacrificios para que, prescindiendo de nuestras ambiciones personales, nos demos a los demás.

«En la alegría de esta noche no está quizá de más dejar paso a otros sentimientos; nuestro pensamiento y nuestro corazón han de pararse en aquellas familias en cuyo hogar aún no ha sido plenamente vencido el dolor o la dificultad. Que en todo hogar español reine la prosperidad y la justicia es una de las decididas voluntades dé vuestro Rey.

«Es difícil encerrar en pocas palabras todos mis sentimientos en esta Navidad. Nada me parece bastante cuando se trata de servir a nuestro pueblo. Soy consciente de las dificultades, pues muchas veces no se alcanza todo aquello que nos proponemos. Se necesita la ayuda de todos. Se necesita buena voluntad. Se necesita que se comprenda que hay que sacrificarse en aras de la justicia. El egoísmo de algunos puede perjudicar a muchos.

«Los problemas que tenemos ante nosotros no son fáciles pero si permanecemos unidos y con voluntad tensa el futuro será nuestro. Tengo gran confianza en las nuevas generaciones pues conozco su gran sentido, de la responsabilidad.

«Desearía que estos días meditásemos y que, dejando pequeñas diferencias, nos unamos para que España marche hacia las metas de justicia y grandeza que todos deseamos. Éste es el reto de nuestro tiempo, ésta es la primera exigencia de nuestra generación.

«Que el Año Santo que pronto se abre en Compostela sea un año de avance y progreso por el camino de la unidad. Tenemos las bases muy firmes, que nos legó una generación sacrificada y el esfuerzo titánico de unos españoles ejemplares. Hoy les dedico desde aquí un homenaje de respeto y admiración.

«Al felicitaros otra vez y recordar muy especialmente a los que, ausentes de la Patria, sienten la nostalgia de la lejanía, quiero desearos lo mejor para todos y para vuestras familias y despedirme con las palabras que resonaron en Belén en estos mismos días hace veinte siglos: Paz a los hombres de buena voluntad».

La unidad y el reñidero

Creo adivinar por qué el Rey, en su mensaje de Nochebuena, insistía tanto en la unidad. Es que desde su alto observatorio comprobaba que el panorama de España carecía casi por completo de unidad y se estaba configurando como un peligroso reñidero; tal vez por eso apeló al sentimiento religioso, que seguía siendo una clave de unidad para la mayoría de los españoles. El reñidero aparecía en varios sectores.

En primer lugar la actitud de la oposición, perfectamente manifestada en las declaraciones de Felipe González, no era de Reforma —es decir de concordia hacia el futuro— sino de Ruptura, que con toda probabilidad seguía tomando por modelo a la Revolución portuguesa de 1974. Una ruptura sin torrentes de sangre pero con triunfo, al menos en una primera fase, de la izquierda dura, que se llevaría por delante, sin dudarlo, a la Monarquía y al Rey. Unos días después la revista de pensamiento e información que expresaba las ideas de la izquierda, Triunfo, dominada por ideólogos marxistas y comunistas, lanzaba a toda página un gran editorial titulado abruptamente Monarquía, República y gobierno, en que por primera vez desde el 1 de abril de 1939 se planteaba en España la posibilidad de una República[38]. Entre todos los españoles casi solamente el Rey sabía que el editorial de esa publicación criptocomunista estaba sin duda inspirado por Santiago Carrillo que, implícitamente, le recordaba al Rey su pacto de legalización y a cambio mantenía respeto por la institución monárquica; quienes no estábamos al tanto, que éramos prácticamente todos los españoles, no comprendimos la clave del editorial, pero el Rey, a quien llegaban todos los trabajos publicados que se refirieran a la Monarquía (costumbre que conserva desde entonces hasta hoy) tomó sin duda nota de que su pacto con Carrillo no era eterno, precisamente cuando las Cortes habían reaccionado con tanta dureza al globo-sonda de José María de Areilza. La tercera quiebra de la unidad podía observarla el Rey dentro de su propio gobierno; entre el presidente inmovilista y los ministros reformistas que tampoco actuaban unidos, ni mucho menos. Allí pululaban el reformismo de Areilza, que deseaba pactar abiertamente con toda la oposición; el de Fraga, cuya aproximación a los hombres de la Ruptura era mucho más cautelosa y de momento prefería pactar con los duros del régimen anterior ofreciéndoles su Cámara Alta de carácter orgánico; y la de los ministros más jóvenes, Osorio y Adolfo Suárez, que sin duda atenderían a los requerimientos reformistas del Rey expresados y articulados por Fernández Miranda. Entretanto, sin embargo, el primer gobierno del Rey era un trasunto de confusión. Lo expresaba descarnadamente José María de Areilza, en sus cuadernos de noche, cuando describía así el Consejo de ministros del 26 de diciembre:

«Aquí no hay orden, ni concierto, ni propósito, ni coherencia, ni unidad». Naturalmente que estas impresiones se las transmitía directamente al Rey el conde de Motrico en sus frecuentes despachos. Y seguía: «Así no se puede regir no ya un país sino ni siquiera una empresa de tamaño medio». Areilza era un testigo más de que Carlos Arias no tenía ni orientación ni autoridad para empeño tan difícil… «Aquí está, frente a nosotros —habla Areilza del último pleno de las Cortes— el famoso bunker».

Ante este pavoroso panorama, que muchos observadores intuíamos desde la calle y algunos expresábamos en la prensa, deseo terminar este libro dedicado al primer mes del reinado de don Juan Carlos con el artículo que escribí como cierre de mis Crónicas de la transición al conocer la muerte de Franco el 20 de noviembre de 1975 y se publicó en Gaceta Ilustrada el 30 de noviembre. Esas crónicas habían seguido la actualidad política española a lo largo de todo ese año histórico y veintiún años después compruebo que, al no estar comprometido más que con España, podría firmarlas hoy de nuevo con alguna nota, pero sin introducir ninguna modificación. Este libro se dedica a los primeros pasos de don Juan Carlos, Rey. La última página de aquel artículo se titulaba como el epígrafe que viene a continuación, en el que transcribo exactamente lo que escribí entonces.

El Rey

Termina así, en la misma brecha informativa con que se inició la serie, esta última crónica de la transición. Se alza despacio en el edificio de las Cortes españolas el estrado para el Rey Juan Carlos de Borbón; el sucesor más preparado políticamente de toda nuestra historia moderna y contemporánea, vive ahora sus vísperas con toda la conciencia de su misión. Sabe lo que quiere y también lo que puede. Está probablemente sometido a presiones altísimas que mueren entre las encinas de la Zarzuela. Su misión histórica no va a consistir solamente en continuar lo que deba continuarse, ni sólo en innovar, ni sólo en reanudar. Su misión arbitral consistirá, por encima de todo, en asegurar la viabilidad del campo de juego. No será simplemente un poder moderador ni un árbitro; su abuelo don Alfonso XIII, inteligente y digno Rey de España, pensó que el arbitraje podía ser en cierto sentido una función ajena al juego y por eso dijo en 1918 que si no se cumplían ciertas condiciones estaba dispuesto a abandonar. Con enorme alivio podemos comprobar todos que don Juan Carlos no va a sentir jamás la tentación de abandonar; porque ha superado en los últimos años ocasiones más difíciles de las que llevaron la duda al ánimo de su abuelo. Franco ha sido, además de una persona, una época; Juan Carlos —cuyo reinado efectivo empezó frente a sus oficiales en El Aaiun— será, además de Rey, la Corona; además de una persona, la institución.

Han bastado unos días para que todos pudiésemos comprobar su absoluta inmunidad al chantaje político. El bunker ha pretendido echar sobre sus hombros hipotecas que no le corresponden; algún sector de la izquierda le perdona generosamente sus vinculaciones históricas y le concede magnánimamente, como si hablase con un maletilla político y no con el heredero de cien reyes y veinte pueblos, una oportunidad.

Pero la oportunidad del Rey somos todos; la oportunidad se llama España. Ésta no va a ser su aventura, sino nuestro camino. Su éxito y su fracaso van a ser los nuestros. Ni él está al margen de nosotros ni nosotros al margen de él. Vamos a ayudarle todos a que presida —utilizo conscientemente el verbo— el intento definitivo que tan bien planeó Cánovas, pero que falló, primero, por la agresión exterior de un imperialismo inconsciente; segundo, porque, si bien asumió e integró a los adversarios de la víspera, no logro adivinar que toda una clase inmensa y desheredada pero no enemiga —¿cómo van a ser enemigos de España los pobres de España?— necesitaba y exigía su puesto en la vida social y en la vida pública.

El Rey de 1975, que cuenta además con la presencia callada, captada perfectamente por el sexto sentido secular de nuestro pueblo, de una Reina europea y mediterránea, perfecta traducción española de su palabra materna —sofrosyne— que sólo puede explicar a los españoles a través del seny catalán, conoce su oficio, su objetivo, su misión tan difícil como necesaria. Sabe que la historia ha muerto, presta a revivir en la suya. Sabe que España está con él. Entre esos mismos encinares de la Zarzuela que ven morir, sin acercarse siquiera, las intrigas y las presiones, contempla el Rey cómo se anuda serenamente, sin gritos, sin signos de admiración ni de adulación, todavía con mayor certeza histórica que esperanza, y más como un deseo que como una invocación ritual, el lema para una historia naciente: Viva el Rey.

RICARDO DE LA CIERVA Y HOCES. (Madrid, España; 9 de noviembre de 1926) es un Licenciado y Doctor en Física, historiador y político español, agregado de Historia Contemporánea de España e Iberoamérica, catedrático de Historia Moderna y Contemporánea por la Universidad de Alcalá de Henares (hasta 1997) y ministro de Cultura en 1980.

Nieto de Juan de la Cierva y Peñafiel, ministro de varias carteras con Alfonso XIII, su tío fue Juan de la Cierva, inventor del autogiro. Su padre, el abogado y miembro de Acción Popular (el partido de Gil Robles), Ricardo de la Cierva y Codorníu, fue asesinado en Paracuellos de Jarama tras haber sido capturado en Barajas por la delación de un colaborador, cuando trataba de huir a Francia para reunirse con su mujer y sus seis hijos pequeños. Asimismo es hermano del primer español premiado con un premio de la Academia del Cine Americano (1969), Juan de la Cierva y Hoces (Óscar por su labor investigadora).

Ricardo de la Cierva se doctoró en Ciencias Químicas y Filosofía y Letras en la Universidad Central. Fue catedrático de Historia Contemporánea Universal y de España en la Universidad de Alcalá de Henares y de Historia Contemporánea de España e Iberoamérica en la Universidad Complutense.

Posteriormente fue jefe del Gabinete de Estudios sobre Historia en el Ministerio de Información y Turismo durante el régimen franquista. En 1973 pasaría a ser director general de Cultura Popular y presidente del Instituto Nacional del Libro Español. Ya en la Transición, pasaría a ser senador por Murcia en 1977, siendo nombrado en 1978 consejero del Presidente del Gobierno para asuntos culturales. En las elecciones generales de 1979 sería elegido diputado a Cortes por Murcia, siendo nombrado en 1980 ministro de Cultura con la Unión de Centro Democrático. Tras la disolución de este partido político, fue nombrado coordinador cultural de Alianza Popular en 1984. Su intensa labor política le fue muy útil como experiencia para sus libros de Historia.

En otoño de 1993, Ricardo de la Cierva creó la Editorial Fénix. El renombrado autor, que había publicado sus obras en las más importantes editoriales españolas (y dos extranjeras) durante los casi treinta años anteriores, decidió abrir esta nueva editorial por razones vocacionales y personales; sobre todo porque sus escritos comenzaban a verse censurados parcialmente por sus editores españoles, con gran disgusto para él. Por otra parte, su experiencia al frente de la Editora Nacional a principios de los años setenta, le sirvió perfectamente en esta nueva empresa.

De La Cierva ha publicado numerosos libros de temática histórica, principalmente relacionados con la Segunda República Española, la Guerra Civil Española, el franquismo, la masonería y la penetración de la teología de la liberación en la Iglesia Católica. Su ingente labor ha sido premiada con los premios periodísticos Víctor de la Serna, concedido por la Asociación de la Prensa de Madrid y el premio Mariano de Cavia concedido por el diario ABC.

Notas

[1]Madrid, Temas de Hoy, septiembre de 1994. <<

[2]Madrid, Temas de Hoy, octubre de 1994. <<

[3]Barcelona, Plaza y Janés, 1996. <<

[4]Madrid, Temas de Hoy, 1996. <<

[5] Madridejos, Fénix, octubre de 1996. <<

[6] Son esenciales a este respecto los libros de Vernon Walters Misiones discretas (Barcelona, Planeta, 1977) y las Conversaciones de F. Franco Salgado. <<

[7] Publicado en español por Plaza y Janés el mismo año que la versión original francesa, (Fixot). <<

[8] Barcelona, Editorial Planeta, 1979. <<

[9] Victoria Prego, Así se hizo la Transición, Barcelona, Plaza y Janés, 1995. <<

[10] M. Fraga Iribarne, En busca del tiempo servido, Barcelona, Planeta, 1987. <<

[11] Barcelona, Planeta, 1981. <<

[12]Barcelona, Plaza y Janés, 1993. <<

[13]Barcelona, Plaza y Janés, 1994. <<

[14]Madrid, Alce, 1978. <<

[15]Barcelona, Temas de Hoy, 1995. <<

[16]Publicado luego en forma de libro por Espasa-Calpe, col. Austral, 1989. <<

[17] Barcelona, Plaza y Janés, 1987. <<

[18] Barcelona, Plaza y Janés, 1995. <<

[19] J. Cortés Cavanillas, op. cit. p. 27. <<

[20] S. Carrillo, Memorias, Barcelona, Planeta, 1993, p. 613s. <<

[21] Así lo expongo en Carrillo miente, Fénix, 1994 p. 429. <<

[22] V. Palacio Atard, op. cit. R 69s. <<

[23] P. y A. Fernández Miranda, op. cit p. 105; V. Palacio Atard, op. cit. p. 63. <<

[24] 3 de noviembre de 1975. <<

[25] Cfr. V. Palacio Atard, op. cit. p. 53s. <<

[26] Op. cit. p. 50s. <<

[27] P. y A. Fernández Miranda, op. cit. P. 52s. <<

[28] Madrid, Strips editores, 1978. <<

[29] Madrid, Uve, 1980 p. 13. <<

[30] V. Palacio Atard, op. cit. p. 64. <<

[31] Luis María Anson, Don Juan, Barcelona, Plaza y Janés, 1994 (primera edición) p. 406s. <<

[32] L. María Anson, Don Juan, op. cit. p. 407s. <<

[33] Como en todo este epígrafe sigo y cito al libro de P. y A. Fernández Mirada, op. cit. p. 94s, No cabe testimonio más próximo ni más fidedigno. <<

[34] P. y A. Fernández Miranda, op. cit. p. 118s; Alfonso Osorio, Trayectoria política de un ministro de la Monarquía, Barcelona, Planeta, 1980 p. 50; M. Fraga, En busca del tiempo servido, Barcelona, Planeta, 1987 p. 23. <<

[35] J. M. de Areilza, Diario de un ministro de la Monarquía, Barcelona, Planeta, 1977. <<

[36] Testimonio de don Juan en Pedro Sainz Rodríguez, Un reinado en la sombra, Barcelona, Planeta, 1981. <<

[37] J. M. Otero Novas, Nuestra democracia puede morir, Barcelona, Plaza y Janés, 1987 p. 24s. <<

[38] Triunfo, 678, (24.01.76), 4s. <<