En este nuevo volumen, vigésimo séptimo de la serie «Episodios históricos de España», el autor prosigue el relato de la revolución de Octubre de 1934 en el mismo punto en que lo dejó en el volumen anterior, y hace la crónica política y social de los últimos meses de 1934 y de gran parte de 1935, con especial hincapié en la represión que siguió al frustrado golpe de Estado socialista y el fracaso y la inoperancia de la política de los últimos gobiernos del bienio derechista

Se aborda también el estado del problema religioso en España en aquellas fechas, así como se analizan la verdadera dimensión y fuerza de la Iglesia Católica española en vísperas de la Guerra Civil

Ricardo de la Cierva

Fracaso del Octubre revolucionario

La represión

Episodios históricos de España - 27

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Bacha15 27.05.14

Título original: Fracaso del Octubre revolucionario

Ricardo de la Cierva, 1997

Editor digital: Bacha15

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El aparente final de la Revolución en Asturias

Al final del libro anterior veíamos al general Eduardo López Ochoa entrando con su pequeña columna en Oviedo el 11 de octubre de 1934. Era el remate de una heroica marcha y la ciudad quedó liberada pocas horas después cuando las fuerzas enviadas por el general Franco desde el norte de África, al mando del teniente coronel Yagüe, irrumpieron en la ciudad mártir y se dispusieron al asalto de las cuencas mineras. Mientras tanto, el general Franco, desde el Ministerio de la Guerra, ordenaba al coronel Antonio Aranda que cerrase todos los puertos asturianos de la cordillera cantábrica y descendiese desde ellos hasta el corazón de las zonas rebeldes, que iban a sufrir el ataque simultáneo de las fuerzas africanas. Así iba a terminar militarmente la Revolución de Asturias, que sin embargo no se liquidó durante el tiempo que restaba de República ni por la represión del Gobierno ni por la condena de las Cortes, donde la Revolución de Octubre ni siquiera se llevó a debate. La Revolución de Octubre, por tanto, cerró en falso y no se liquidó hasta la Guerra Civil de 1936, como veremos.

Las fuerzas de África penetran en Oviedo

A la semana justa del estallido revolucionario, durante la noche y la madrugada del 12 de octubre, se produce en toda Asturias la desbandada general de los comités revolucionarios, que siguen el ejemplo del Central de Mieres. A las cero horas de ese mismo día, el Comité Central toma, en ausencia de algunos de sus miembros más destacados (que ya habían huido), el acuerdo de dispersarse. Dos horas más tarde, salen todos los dirigentes en un coche hacia las montañas de Quirós. Para atender las «necesidades más perentorias», los escapados han desvalijado el Banco Herrero (92.053 pesetas) y el Banco Asturiano (86.274 pesetas). En toda Asturias los comunistas creen llegada la hora de apoderarse de una revolución que ya empieza a ser mito y forman nuevos comité controlados por ellos. Se enteran los comunistas disidentes y otros miembros que ya estaban casi en franquía y vuelven indignados a Mieres para impedir la maniobra del comunismo oficial. Es la una de la tarde cuando Manuel Grossi regresa a Mieres y se incorpora de nuevo al «segundo comité» comunista; Lo mismo hacen otros miembros del antiguo, con lo que se forma un tercer comité dominado por los comunistas ortodoxos[1]. A las cuatro de la tarde ha quedado constituido el nuevo comité comunista de Oviedo. La hegemonía de Mieres se diluye: los socialistas que no habían seguido a González Peña en la desbandada se concentran en Sama, donde forman un comité con ciertas pretensiones centralistas, en el que también los comunistas tienen mayor importancia que antes. Pero la jefatura política y militar de la revuelta pasa, con todo, al líder langreano Belarmino Tomás.

Una reunión bien diferente se celebra a las seis de la mañana del mismo día 12 de octubre en el cuarto del cuartel de Pelayo. López Ochoa, tras el merecido descanso de la noche, abronca con inusitada dureza a los jefes de la defensa, que aguantan en silencio tan justísimos reproches. Para demostrar experimentalmente la razón que le asiste, el general ordena que las hasta ahora medrosas compañías del regimiento ovetense número 3 tomen las dos manzanas contiguas al cuartel que tanto les habían preocupado la semana anterior; y les da un cuarto de hora para hacerlo. La orden se cumple. A las ocho de la mañana se levanta la niebla y ente los últimos cendales caen sobre Oviedo las octavillas que arrojan cinco aparatos de reconocimiento escoltados nada menos que por cincuenta cazas.

«España entera con todas sus fuerzas va contra vosotros».

«Si antes de ponerse el sol no habéis depuesto la rebelión y entregado las armas…».

«Después iremos contra vosotros hasta destruiros sin tregua ni perdón».

El duro lenguaje, unido al mazazo moral que ha supuesto la entrada en el Pelayo de la columna liberadora; impresiona por momentos a los rebeldes, cuyos ánimos están por los suelos y se hunden del todo al conocer la noticia de que los jerarcas rojos han huido con todo el dinero. En este día de la Raza se pasan de corazón al Partido Comunista, único que sigue en la brecha, un número incalculable de trabajadores asturianos. El alarde de resistencia ordenado por el PCE no ha podido ser más inteligente ni oportuno, no de cara a un presente perdido, pero sí con vistas a un futuro muy probable.

El desfonde moral de los sitiadores se hace palpable para la defensa del sector central. El comandante Caballero, que todavía ignora la entrada de López Ochoa, reconquista la Telefónica con sus propios medios.

Hacia el mediodía López Ochoa observa que los Regulares aparecen por los altos del manicomio. Es el primer contacto –siquiera visual– del general en jefe con los representantes de la España leal; estaba aislado y sin comunicaciones desde el 8 de octubre. Por medio de un oficial de Regulares, que había liberado, ordena a Yagüe que no se dirija al cuartel, sino que envuelva Oviedo por el SE y ataque desde allí la fábrica de armas. Mientras tanto, dos compañías del bizarro batallón del Regimiento 12. una del 3 y la de Zapadores atacarían 1 por el oeste. Yagüe, que había recibido pocos momentos antes a la segunda expedición africana, había emprendido la marcha al filo del mediodía desde la Corredoria sobre Oviedo; planeó el avance con tres fuertes columnas. Cuenta en total con casi tres mil hombres, todos soldados profesionales y perfectamente entrenados. Ha tenido que esperar al mediodía para poder incorporar a los últimos refuerzos, y porque la niebla se pegaba más al terreno en las faldas del Naranco que lo separaban del objetivo. Recibe las órdenes de López Ochoa en el manicomio, y las cumplimenta inmediatamente. A las cinco de la tarde se ha establecido el enlace entre el cuartel de Pelayo y el sector del Gobierno Civil; al mismo tiempo cae la fábrica de armas, embestida por los dos lados previstos. Muere en el asalto el jefe del Tabor, comandante Ruiz Marcel. El cuartel de Pelayo tenía sobre sus paredes 228 impactos de cañón.

Minutos después, a las cinco y media de la tarde, el general en jefe llega al Gobierno Civil. El pueblo se entera y emerge de los sótanos y las ruinas para aclamarle. López Ochoa tiene que salir al balcón. A las seis de la tarde se celebra una borrascosa entrevista entre López Ochoa y Yagüe, que insiste en recibir órdenes de Madrid, es decir, de Franco. López Ochoa consigue imponerse, aunque algún testigo cree recordar que el impulsivo jefe legionario llegó a acariciar la pistola. Sea cual sea la situación interior de ambos contendientes, la disciplina se impone, y Yagüe colaborará lealmente con el general en jefe de Asturias.

En Gijón la normalidad es casi absoluta. A las 8 de la mañana, el Cervantes había desembarcado en El Musel a la Quinta Bandera de la Legión y al Tabor de Ceuta, a los que hemos visto ya incorporados poco antes del mediodía a la columna Yagüe en la Corredoria. El gene11 Caridad Pita suspende al alcalde y a los concejales de Gijón. Las emisoras de la Escuadra son la comunicación más segura con Madrid; por ellas sabe el Gobierno que López Ochoa tiene ya el control de Oviedo, y Lerroux se apresura a difundir alborozado la noticia. A las tres de la tarde el ministro de la Guerra comunica que en este día se han celebrado en Gijón treinta consejos de guerra sumarísimos.

Por el valle del Lena el general Bosch sigue poco activo. Conquista, sin demasiadas dificultades, la ermita de Santa Cristina, pesadilla de toda la semana anterior. Escarmentado de su estancia en Vega del Rey, traslada su cuartel general a Campomanes, es decir, a retaguardia. En los combates del día muere el líder revolucionario Óscar Duarte, súbdito de los Estados Unidos de América.

Liberado de su principal preocupación –la salvación de Oviedo– y del indudable peligro de hecatombe que se cernía sobre las tropas y el pueblo de la capital asturiana, el general Franco se mueve con agilidad sobre el mapa de operaciones y sobre las líneas de refuerzo y de suministros. Por orden suya se constituye en Bilbao una columna -la quinta columna de Asturias se la llama en los partes– al mando del coronel Solchaga. Son dos batallones de Infantería con ametralladoras, un escuadrón de sables y una batería de montaña. La columna Solchaga sale inmediatamente de Bilbao y pernocta en Santoña, donde se prepara para entrar en Asturias por la ruta oriental. A las diez y media de la mañana del mismo día sale por mar de Ceuta una nueva columna al mando del teniente coronel Sáenz de Buruaga: su base es el tercer Tabor de Regulares de Tetuán y otra bandera del Tercio.

Pero tal vez el movimiento táctico más importante del día es el que Franco ordena ejecutar al coronel Antonio Aranda, perfecto conocedor de Asturias, sus hombres y sus tierras. Al frente de cuatro batallones, desplegados en puestos provistos de ametralladoras y protegidos por una reserva de columnas móviles, Aranda, el brillante táctico igualmente digno de confianza para los republicanos (cuyas ideas políticas compartía) que para los los africanistas, cubre con sus fuerzas un enorme frente de 150 kilómetros en el que controla los puertos de Leitariegos, Somiedo, Ventana, La Cubilla, Pajares, La Coriza, Piedrafita, Vegarada, San Isidro, Tarna, Ventaniella y El Pontón. La red o cordón sanitario del coronel resulta impenetrable. En las alturas, las tropas de Aranda forman además una excelente reserva para las que operarán muy pronto en los valles interiores.

Frente a los acontecimientos del día, poco tienen que hacer ya los decepcionados milicianos rojos. A las seis y media de la mañana intentan rociar de gasolina varias casas de Buenavista para incendiar el barrio. La apariencia numantina es obra clásica de los comunistas, que ya no se preocupan más que de conseguir algún final heroico o, por lo menos, utilizable para la futura propaganda. Unos incontrolados sacan del Hospital de Oviedo al padre Eufrasio, carmelita gravemente herido, a quien fusilan a la salida.

Desde la madrugada del 13 de octubre nuevos incendios surgen en Oviedo. Los revolucionarios, despechados, cada vez menos controlados por los escasos jefes le van quedando, creen así expresar su venganza. Arden los Almacenes Simeón, de cuyo edificio tienen . que huir numerosos refugiados, entre ellos el diputado José María Fernández Ladreda y el escultor Sebastián Miranda. A las once y media de la mañana los rojos incendian la Universidad, que se destruye por completo. oco antes ardían también las casas de la calle de San Francisco. Es gravísima la pérdida de la biblioteca universitaria, la mejor de una ciudad de excelentes bibliotecas, Teodomiro Menéndez, uno de los pocos jefes socialistas importantes que aún permanecen en la ciudad, ordena clasificar a los ciento y pico prisioneros custodiados aún en el Instituto. Son liberados los soldados y varios paisanos.

Dejan encerrados a unos sesenta y -contra la voluntad de Menéndez- incendian el edificio y lo vuelan. Son las dos y media, pero los detenidos consiguieron huir momentos antes de forma que ni ellos mismos saben explicar.

Mientras el enemigo se entrega a tan inútiles desahogos, López Ochoa decide que las tropas de África ejecuten un movimiento envolvente sobre toda la ciudad para atrapar a los aún numerosos restos del ejército rojo. Dos columnas parten a las seis de la mañana del Pelayo: Alcubilla por la derecha con su bandera, dos grupos de Regulares y una sección de ametralladoras; Ramajos por la izquierda con la Quinta Bandera, un grupo de Regulares y una sección de ametralladoras. La caballería actúa como protección de las dos columnas. Yagüe, jefe de toda la operación, marcha tras los Regulares que forman la vanguardia de la columna Alcubilla. Llega muy pronto a la Cárcel Modelo, donde libera a los hombres del teniente Martínez Marina, que se han defendido heroicamente; el director del establecimiento, Ángel Llenín, mantuvo con inaudita habilidad el orden entre los reclusos. Ordena Yagüe desde la cárcel la toma de la estación. Alcubilla ejecuta la orden, y la estación cae en poder de la sección legionaria del teniente Dimitri Ivan Ivanof. Reaccionan violentamente los defensores de la iglesia de San Pedro de los Arcos, entre los que destaca una hermosa muchacha vestida de rojo, Aida (o Nini) Lafuente, hija de un oficial comunista de correos. Aida Lafuente cae acribillada junto a los defensores de la iglesia e inmediatamente se convertirá en un mito comunista.

A las tres de la tarde los revolucionarios se retiran del barrio de Buenavista por el mismo sitio por el que habían entrado la semana anterior. Yagüe baja con su columna por la calle de Uría. La Legión marca su ritmo con inimitable zancada. Los vecinos de la zona más batida de Oviedo se echan a la calle y abrazan a la tropa.

La columna Ramajos se enfrentó con una resistencia mucho más dura; su valeroso comandante no poseía la descollante habilidad maniobrera del teniente coronel Yagüe. Sin completar el cerco previsto, tuvo que replegarse al cuartel con 32 bajas al caer la noche. Al conquistar su objetivo último, el hospital, Yagüe se detiene y conduce al cuartel de Pelayo cerca de sesenta prisioneros, de los que la mitad eran «damas rojas» que, en ocasiones, habían empuñado el fusil. Todas ellas, junto con bastantes presos, son puestas en libertad al día siguiente.

Las noticias del implacable avance de las tropas de África llegan a Mieres de donde, incluso antes de que se iniciase la operación, a eso de las cuatro de la mañana del día 13, había ya huido el tercer Comité. Queda en la ex capital roja Manuel Grossi, como jefe único, y designa un cuarto Comité, cuya primera tarea consiste en la captura de los jerarcas huidos. A las dieciséis horas están casi todos recuperados y, tras una breve detención, se les incorpora de nuevo a sus puestos, con lo que se forma el Comité número 5. Al reunirse, los comunistas oficiales» –que estaban entre los que acababan de huir– acusan a Grossi y le detienen. Sus amigos lo liberan, pero con tanto ajetreo interno pocas actividades puede desplegar la junta rebelde.

En Sama había tenido lugar un rigodón parecido de jerarcas. Por la tarde se convoca una especie de pleno para reorganizar el fenecido Comité Provincial de la rebelión. Se forma un nuevo Comité con socialistas y comunistas, porque los anarquistas se niegan a entrar en él, aunque prometen su acatamiento. El nuevo Comité Central pone su sede en Sama y acepta las directrices de Belarmino Tomás.

A las diez de la mañana, un nuevo refuerzo llega a Campomanes: un batallón de infantería del Regimiento 32. Pero el general Bosch se limita a rectificar posiciones. Tanto las fuerzas de Campomanes como las que ya dominan la situación en Oviedo son considerables: en la capital, López Ochoa cuenta con casi ocho batallones de infantería, dos escuadrones y una batería de montaña, aparte las fuerzas de Asalto y Guardia Civil. Con ellas se dispone a expulsar definitivamente al enemigo.

Mientras tanto, la columna oriental del coronel Solchaga a la bellísima ciudad costera de Llanes; ya está en Asturias. El teniente de la Guardia Civil Martínez García, verdadero héroe de la contrarrevolución, tiende una emboscada al mayor grupo rojo de la zona oriental cerca de Infiesto; obtiene un éxito tan señalado que consigue apoderarse de la importante villa antes de que efectúen su entrada en ella las fuerzas de Solchaga. Martínez García recupera Nava y todos los puestos de su línea.

La controversia sobre la represión

Al difundirse las primeras noticias sobre los avances de las tropas de África, se tiende simultáneamente por parte roja una verdadera cortina de acusaciones e invectivas: hace su aparición en la historia de la revolución de Asturias el difícil tema de la represión. Ante la maraña de contradicciones y calumnias que integran la base de infinitos textos, el historiador solamente puede seleccionar dos que le merecen, en principio, una atención seria: los testimonios de los diputados Marco Miranda y Gordón Ordás.

Vicente Marco Miranda, diputado a Cortes por Valencia, efectúa una detallada inspección sobre el terreno, y el 4 de diciembre de 1934 presenta una denuncia formal al fiscal de la República sobre los excesos cometidos por las tropas moras y legionarias a su entrada en Oviedo. Afirma que el 12 de octubre, durante el asalto de los moros al barrio de la Tenderina Baja se producen tres muertos entre la población civil; en Villafría, el día 13, veintisiete muertos, entre ellos tres mujeres; en San Esteban de las Cruces, el día 14, nueve muertos; en La Cabaña (barrio en la falda del Naranco), siete muertos.

Por su parte, Félix Gordón Ordás, que había emprendido durante el verano una cruzada contra la revolución, afirma en un circunstanciado informe, del que nos ocuparemos más tarde, que por orden de López Ochoa se fusilaron en el cuartel de Pelayo unas diecinueve personas. Gordón Ordás afirma que no ha podido comprobar doce fusilamientos, que se dicen realizados por la Legión, el día 12 en San Pedro de los Arcos.

Hay que comprender toda la dureza de la lucha callejera –inventada, como vimos, por los revolucionarios el día 5 de octubre– para enjuiciar desapasionadamente el tema de los muertos civiles durante el ataque. ¿Cuál es la diferencia, vista desde el lado atacante, entre «civiles» y «revolucionarios»? Las tropas de África estaban sometidas, lo mismo que toda la opinión del país, a una intensa propaganda sobre las atrocidades cometidas por los mineros: circulaban por toda España como artículos de fe las matanzas de niños, las violaciones de monjas, la carne de cura vendida al peso y otras innumerables patrañas de las que nadie dudaba un punto. Las denuncias de Gordón Ordás y Marco Miranda pueden errar en los detalles, incluso en fechas. Pero es evidente que bastantes excesos en ellas contenidos –y otros no reseñados– se cometieron durante los combates por la reconquista de Oviedo. Los fusilamientos del cuartel de Pelayo son confirmados por testimonio fidedigno de algunos defensores treinta y cuatro años más tarde, aunque no recuerdan el número. Ya hemos visto las trágicas consecuencias del ardid de López Ochoa al colocar a sus prisioneros en vanguardia, como sucedió también en el caso de la intentona del sargento Vázquez ante el cuartel de Pelayo. Pero no conviene exagerar las cifras, tendencia muy acusada en los escritores partidistas y en los extranjeros, que parecen recrearse morbosamente en la «brutalidad congénita de los españoles».

Es bastante verosímil que los muertos no combatientes durante las jornadas revolucionarias (5-19 de octubre), incluidos los prisioneros de guerra asesinados o fusilados con un simulacro de juicio, puedan deducirse de las cuidadas estadísticas de Aurelio de Llano que en su momento reproducimos. El número total de muertos en Asturias por todos los conceptos suma medio millar de víctimas. Trágica cifra que, sin embargo, resulta mucho menor que la aireada en algunas fuentes sobre tan espantosa explosión revolucionaria y ante el inusitado despliegue de fuerza de la contrarrevolución. La fría represión posterior a la revuelta es problema bien diferente, del que nos ocuparemos más tarde. Junto a esas causas aplicables a los dos bandos hay que recordar que ambos se consideraban amparados por una legalidad (real o empírica) simplificada por el estado de guerra.

En cuanto a la represión durante los mismos combates, los dos bandos de la revolución asturiana pueden presentar un balance trágico mucho menos abrumador que el resultante de otras conflagraciones europeas más o menos comparables. Luego la propaganda se encargaría de echar sangre y barro sobre estas conclusiones que estimamos más realistas. Lo que sí está desgraciadamente claro es que, por parte de los mineros rebeldes, la represión se cebó en los sacerdotes y religiosos. Al relatar los sucesos hemos ido concretando varios nombres, que en conjunto suman un terrible porcentaje del total de asesinatos. Era la explosión de odio religioso que se aplicaría hasta extremos inconcebibles durante la Guerra Civil.

Durante la noche del 13 al 14 de octubre, una gran parte de los recalcitrantes milicianos abandonan sus puestos en Oviedo por miedo de que al romper el día se consume el copo intentado la víspera. En efecto, cuando alborea el domingo, el teniente coronel Yagüe sale con sus africanos del hospital, ocupa el parque de San Francisco, el hotel Inglés y la Diputación. La columna Ramajos cumple su objetivo del 13 y enlaza con Yagüe. Pero sigue encontrando resistencia en San Lázaro. Las tropas que· acuden a los relevos exteriores aprovechan su paso por las calles de la ciudad para desfilar; el entusiasmo de la gente se desborda. Es domingo y se celebran algunas misas, aunque todavía hay muchos ovetenses que no se deciden a exponerse en la calle.

La lucha se prolonga durante casi todo el día en Villafría y en el cementerio nuevo que por fin cae en poder de las fuerzas de África. Se limpian los escasos focos rebeldes de la ciudad; al ocuparse el cuartel general rebelde, en el Ayuntamiento, los legionarios detienen a Teodomiro Menéndez, al que pueden librar del linchamiento con grandes dificultades. Al anochecer silban algunas balas por las calles de la ciudad, pero proceden de «pacos» aislados en los barrios exteriores. El casco de Oviedo está liberado.

Franco envía nuevas columnas a Asturias

Continúa hasta extremos inauditos la inacción de la columna de Campomanes. Madrid ordena que el general Bosch sea relevado por el general Balmes. Cuenta ya la columna con cinco batallones y tres baterías, cuando, a las nueve de la noche, recibe otro refuerzo aún más temible: la columna Buruaga, que había desembarcado en Galicia. Los defensores del único «frente» rebelde que se mantiene con cierta cohesión empiezan a temer el derrumbamiento.

Por su parte, la columna Solchaga prosigue su labor de limpieza en el oriente asturiano y ese día llega a Ribadesella. Allí se presenta el teniente coronel retirado Juan Vigón Suerodíaz que descansaba en Colunga, y queda incorporado a Solchaga como jefe de Estado Mayor. Desde Madrid no pueden preverse los problemas tácticos con el mismo acierto que los estratégicos, y Franco, sin contar con López Ochoa, envía desde Gijón a San Esteban de Pravia, en el Churruca, dos compañías del Batallón 29 ferrolano que había desempeñado tan poco lucido papel en su aventura de Veranes. En Pravia les agrega otra compañía, que llega por mar desde La Coruña, y allí pernoctan para penetrar el día siguiente hacia Grado.

Al terminar el día, se sabe en toda Asturias que los revolucionarios del valle de Turón han fusilado, de madrugada, al ingeniero Rafael del Riego, al presidente local de Acción Popular, César Gómez, y a Cándido del Agua. La noticia causa indignación porque el ingeniero se había distinguido largos años por su eficaz labor social entre los trabajadores. Estas muertes son nuevas pruebas del caos absoluto en el que se encontraba la organización revolucionaria en las cuencas.

Las dificultades encontradas por la columna Ramajos para dominar el barrio de San Lázaro –único que todavía permanece en Oviedo fuera del control del Gobierno– hacen pensar al general en jefe y a Madrid que la eliminación del reducto rebelde -las cuencas mineras– va a ser empresa costosa y difícil. Hay, además, otra causa para explicar la relativa inacción de las tropas del que ya es Cuerpo de Ejército de Operaciones en Asturias, colocado bajo el mando de López Ochoa. Antes de la entrada de éste en Oviedo, se explicaba la falta de coordinación entre sus órdenes y las emanadas del Ministerio, ya que no existía comunicación entre el general y Madrid. Pero el ministro Hidalgo se había entregado por completo al general Franco y las órdenes de Franco se daban con independencia del general en jefe de Oviedo, quien ya podía enlazar con Madrid por medio de las potentes emisoras de la Escuadra. Esta situación, no solucionada más que con buenas palabras por el inexperto Hidalgo, que se mantenía al margen de las fricciones, se agravaba porque el mejor jefe sobre el terreno, Yagüe, manifestaba una clara inclinación a actuar por iniciativa propia o según las directrices de Franco. Todo ello produjo situaciones muy delicadas, ante las que López Ochoa reaccionó duramente.

El día 15, mientras Yagüe frenaba en seco un intento de contraataque rojo sobre el sur y el oeste de Oviedo, López Ochoa recibe un paquete de telegramas atrasados del Ministerio y un plan detallado para ocupar la cuenca. Indignado, pone un radio al ministro en el que exige toda la responsabilidad y toda la iniciativa del mando en campaña. Su tesis parece confirmarse por el fracaso de las compañías gallegas que, siguiendo órdenes de Madrid, se acercan ese día a Grado, pero tienen que replegarse a Pravia. Cuando Franco ordena a Balmes que tome la ofensiva en Vega del Rey, López Ochoa detiene la operación y ruega al Ministerio que de nuevas instrucciones a Balmes. Franco accede y dl nuevo la columna del sur espera tres días –15, 16 y 17– las órdenes del general en jefe mientras rectifica a vanguardia sus líneas y se prepara para el ataque de revés sobre la cuenca minera.

El día 16 continúa la resistencia roja en el sector de San Lázaro y en parte de Villafría. Sale por tercer día consecutivo la columna Ramajos, pero los revolucionarios, bien enlazados con sus bases de la cuenca, mantienen las posiciones esenciales. En vista de ello el propio Yagüe conduce a la columna reforzada en la madrugada del 16 y termina rápidamente con toda la resistencia de San Lázaro. Los mineros se retiran en tren.

El jefe legionario aprovecha su éxito y amaga un ataque el mismo día 16 sobre la cuenca. Las avanzadas rojas ven a los Regulares coronar con su despliegue desordenado e incontrolable los altos de San Esteban de las Cruces. Ahora son las milicianas quienes transmiten la noticia de que los moros están llegando. Empieza a cundir el pánico, pero Yagüe no sigue el avance ese día.

La columna Solchaga prosigue su labor de limpieza en la zona oriental. El día 15 pernocta en Infiesto, donde se le presenta otro refuerzo sumamente valioso: el comandante Camilo Alonso Vega, perfecto conocedor la región, que en calidad de disponible forzoso estaba destinado en la Caja de Recluta. Solchaga recibe la orden de atacar Noreña, llave de la cuenca minera en sus comunicaciones directas con el mar. Tiene que dar un rodeo por Gijón para evitar el choque frontal con el enemigo, y al anochecer ha llegado a tres kilómetros de Noreña.

En la madrugada del día 17, López Ochoa se ha puesto ya de acuerdo con Franco y acepta el plan de éste para el ataque final a la cuenca minera, decidido para el 19. Este día se efectúan tres operaciones previas de importancia capital. Solchaga, con el auxilio oportunísimo de Camilo Alonso Vega –que conoce palmo a palmo pueblo natal de su esposa–, toma Noreña y amenaza por el Sur a la cuenca langreana. A las siete, Yagüe, con las dos columnas, se dirige hacia Trubia, a cuyas inmediaciones llega ya entrada la noche~ la villa comunista oye aterrada los ecos del himno de la Legión, que le llegan de las alturas. Con eso queda eliminada la última posibilidad de aprovisionamiento de municiones para los rojos. Por último, el coronel Aranda, que ha recibido nuevos refuerzos, concentra cuatro columnas en Villablino, San Emiliano, Lillo y Riaflo, dispuestas para descender a los valles. Los hombres de Balmes, aherrojados días y días en el cepo de Vega del Rey-Campomanes, arden por entrar en acción. Las noticias del gran despliegue militar llegan puntualmente a Sama, y Belarmino Tomás habla a su Comité del «círculo perfecto» que les envuelve. El 17 de octubre por la noche, Belarmino Tomás y los demás responsables de sus hombres están ya decididos a la rendición. El único acto de guerra por parte de los revolucionarios durante el día 17 es el desvalijamiento del Banco Herrero, en Pola de Siero: los rojos se apoderan de 128.975 pesetas en billetes, liberan a los prisioneros y huyen al monte.

El pacto López Ochoa Belarmino Tomás

El 18 de octubre, López Ochoa tiene ya redactadas las órdenes de operaciones para el ataque general y reducción de la cuenca minera con todos los restantes focos rebeldes. Envía a San Esteban de Pravia, donde está reunido el batallón completo del Regimiento 29, fracasado en su intento de liberar la zona de Grado, una compañía de su fiel batallón del 12. La columna, destinada también reconquista de Grado, se pone a las órdenes del comandante Marzo. El mismo día había llegado ya a Campomanes la tercera bandera del Tercio con su comandante, Bartomeu. Casi a la vez, Balmes recibe la orden de operaciones desde Oviedo, y ya se dispone a avanzar cuando de pronto llega contraorden para detener el avance y esperar de nuevo. Por su parte, a las seis de la mañana, las tropas africanas de Yagüe bajan de las alturas sobre Trubia, ocupan inmediatamente el pueblo y liberan a los jefes y oficiales de la fábrica de armas. Para incorporar sus fuerzas al plan general de López Ochoa, Yagüe se contenta con inutilizar los transformadores que surten de energía a la fábrica, y vuelve a Oviedo con su columna. ¿Qué había sucedido para detener en seco el avance de Balmes y para anular, como se hizo antes del mediodía, las órdenes de operaciones ya cursadas?

Había ocurrido un acontecimiento que durante largo tiempo se mantuvo secreto por el Gobierno y por los rebeldes, aunque circularon sobre él toda clase de rumores. Las declaraciones de varios testigos son poco coherentes en cuanto a las horas e incluso en cuanto a las fechas; por su parte, varios comentaristas han contribuido a incrementar la confusión. A las 10,30 del día 18 de octubre Belarmino Tomás, que regresaba de una inspección por los frentes, se reúne en Sama con el eterno mediador, teniente Torréns, que se había pasado a los rebeldes desde casi los primeros combates. El enviado de los rebeldes llega sin dificultad al cuartel de Pelayo y es recibido por López Ochoa, quien no sospecha la verdadera actuación del extraño oficial durante los días de la revuelta. El general le entrega de su puño y letra un pliego de condiciones para la rendición, que son las siguientes, según testimonio del mismo general en jefe:

«1. La sumisión de los grupos armados, deponiendo y depositando sus armas; 2. La liberación de todos los prisioneros en su poder, devolviéndoles sus armamentos, y 3. La entrega como rehenes de la cuarta parte de la junta o comité regional»[2].

Torréns regresa a Sama y tras una dura discusión del Comité, Belarmino Tomás comunica al pueblo la necesidad de rendirse; desde la calle se muestran de acuerdo con él. Sobre las tres de la tarde se presenta de nuevo Torréns ante López Ochoa en el cuartel de Pelayo. y tras un breve intercambio de frases. el teniente solicita permiso para que visite al general el propio jefe revolucionario.

Da garantías López Ochoa. y. ante su sorpresa. Torréns llama al paisano que había quedado a la puerta del despacho; Belarmino Tomás se presenta con altivez ante Eduardo López Ochoa, quien obliga a Torréns a presenciar la entrevista.

Belarmino Tomás insiste en presentarse como general en jefe del ejército rebelde y manifiesta a López Ochoa que la única causa de la rendición es la falta de municiones que acosa a sus tropas. Acepta el general la supresión de la cláusula de los rehenes y el convenio se establece definitivamente de la forma siguiente:

«Comprendiendo yo lo razonable que era lo que manifestaba respecto a los rehenes, y no queriendo demorar ni un instante la entrada de las tropas en la cuenca minera, prescindí de dicha condición sustituyéndola como prueba de buena fe por parte de los revoltosos, por la de que cesasen en el acto las agresiones que todas las tardes se venían ejecutando desde las alturas del barrio de San Lázaro, y le manifesté que las tropas moras no entrarían en los poblados, pero marcharían a retaguardia de las columnas que al amanecer del día siguiente día emprenderían su avance para ocupar la cuenca. Pero que si se ejecutaba la menor agresión. que si sonaba un solo tiro, pasarían a vanguardia entrando a sangre y fuego en los poblados mineros»[3].

Terminado el parlamento, Belarmino Tomás se retira e inmediatamente cesan los paqueos en todo el frente. Al atardecer, Belarmino Tomás publica una proclama notificando el cese de las hostilidades y recomendando la vuelta al trabajo. A las 20 horas se celebra una reunión plenaria en Mieres, con asistencia de Torréns, que decide entregarse al vencedor. Entran en acción los republicanos, y Manuel Grossi les hace entrega del mando. Encargado de la transmisión de poderes queda el delegado gubernativo, Sergio León, del que nadie había sabido durante la revuelta.

El convenio se cumple por ambas partes. En la madrugada del día 19 tiene lugar la última reunión del Comité de Mieres. Manuel Grossi decide quedarse y ocultarse. Cursadas las nuevas órdenes de operaciones, se inicia muy de mañana el avance general sobre el territorio rojo. El coronel Aranda conduce a uno de sus batallones desde el puerto de Leitariegos hasta Grado, donde enlaza con la columna Manso, llegada de San Esteban de Pravia; ordena al batallón ciclista que baje por el valle del Aller hasta la cuenca de Turón; con medio batallón del Regimiento 12 desciende del puerto de Somiedo hasta Trubia; y un batallón del Regimiento 26 baja por el valle de Tarna hasta ocupar Pola de Laviana. El batallón del Regimiento 21 y tres escuadrones quedan de reserva móvil y siguen custodiando los principales pasos. A las siete de la mañana salen de Oviedo las columnas de África, al mando de Yagüe, con los Regulares a retaguardia, como se había pactado. Por cierto, que cuando el teniente coronel se entera por medias palabras del pacto con los rebeldes, tiene lugar su segunda entrevista violenta con López Ochoa, en la que están a punto de sacar a relucir otra vez las pistolas.

El propio Yagüe conduce hacia las cuencas a la quinta bandera de Ramajos, con la que entra en Mieres a la vez que el general Balmes y su imponente columna. A la misma hora, las siete, sale para Sama la columna Alcubilla, que coincide en su objetivo a las nueve con la columna Solchaga, que arrancó desde Noreña. Poco más o menos a la misma hora en que el general en jefe se reúne con los jefes de columna en Sama, el comandante Manso enlaza con la Guardia Civil de Luarca. Al mediodía del 19 de octubre y sin disparar un tiro, se ha consumado la enorme operación que 24 horas antes hubiera parecido un sueño imposible a toda España. La Revolución de Asturias ha terminado.

Las víctimas de la revolución

Ocupada la zona rebelde cesan los combates propiamente dichos, aunque los grupos huidos al monte hostilizan a la tropa por medio de operaciones guerrilleras y atentados diversos, cada vez menos frecuentes. El más resonante de estos atentados es la voladura de un camión militar el día 21 de octubre en la carretera Noreña-Sama; mueren un sargento y 24 soldados. El 20 de octubre López Ochoa publica un durísimo bando para facilitar la recogida de armas. Según Aurelio de Llano, hasta el 31 de julio de 1935 iban recogidas en toda Asturias 24.454 armas cortas.

A raíz del avance sobre la zona rebelde las cifras de recogida de armas dadas por el general en jefe no son altas: dos cañones, 24 ametralladoras, 21 fusiles ametralladores y 4.100 armas largas de todos los tipos. Estas cantidades se incrementaron mucho en los meses siguientes, pero aun así quedaron ocultas en los escondites asturianos muchísimas armas que entraron otra vez en acción en los primeros días de la Guerra Civil; no olvidemos que todos los 30.000 combatientes de la revolución estaban armados. Es probable que el número de armas automáticas o semiautomáticas no recuperadas sumase varios centenares; los fusiles y mosquetones ocultos hasta 1936 pasarían sin duda de diez mil. Dejaron incluso de recuperarse varios cañones ligeros. Las cifras que aduce Gil Robles sobre la recogida de armas son mucho más elevadas. Pero como alguna de ellas –la que se refiere a los cañones– es evidentemente falsa, las dejamos en cuarentena hasta que pueda llegarse a resultados más seguros.

El 21 de octubre López Ochoa envía por avión al general Balmes para que se queje oficialmente ante el Gobierno de las intromisiones continuas del mando madrileño en el desarrollo de las operaciones y la pacificación de Asturias. Tal vez ignoraba López Ochoa que el ministro de la Guerra estaba perfectamente de acuerdo con su asesor, Franco; de todas maneras, un mes más tarde, con motivo de la repatriación de las tropas expedicionarias, vuelve a quejarse en el mismo sentido. Siempre se le dan buenas excusas, pero no se le hace demasiado caso.

A partir del día 22 el general en jefe reorganiza el cuerpo del Ejército de Asturias. Todo el dispositivo coopera con la Guardia Civil y la de Asalto en la búsqueda de culpables y en la recuperación de armas. Con tres batallones el coronel Aranda limpia prácticamente de partidas las montañas cantábricas entre los días 20 y 30 de octubre. El día 23 se presenta al general en jefe el comandante de la Guardia Civil, Lisardo Doval, con poderes especiales del Gobierno. Desde este instante López Ochoa se desentiende directamente de la represión, aunque protege con sus tropas la acción del comandante. El día 24 López Ochoa se encuentra en Mieres con una caravana oficial de Madrid en la que viajan a Asturias los ministros Hidalgo, Aizpún y Cid, a los que acompaña el general Franco. Todas las rencillas se borran, al menos por el momento, en el abrazo que funde a los dos artífices de la victoria asturiana.

El número total de bajas durante los días de combate en Asturias es el siguiente, según la estadística que creemos más fidedigna, debida a Aurelio de Llano.

NÚMERO DE BAJAS DE LAS FUERZAS LEALES

Guardia Civil (muertos):

En Oviedo: 1 comandante, 2 sargentos, 1 cabo y 2 guardias.

En Sama: 1 capitán, 1 teniente, 1 subteniente, 1 brigada, 1 cabo y 34 guardias.

En Arriondas: 1 teniente.

En Olloniego: 1 brigada.

En La Rabaldana: 1 sargento primero y 2 guardias.

En Murias: 1 sargento.

En Campomanes: 1 oficial, 1 sargento y 10 guardias.

En El Entrego: 1 sargento y 3 guardias.

En Ciaño: 1 cabo y 3 guardias.

En Sornado: 1 cabo.

En Avilés: 1 guardia.

En Llanera: 4 guardias.

En Laviana: 4 guardias.

En Santullano: 2 guardias.

En Sotrondio: 2 guardias.

En Carbayín: 1 guardia.

Heridos en diferentes puntos: 1 teniente, 1 subteniente, 3 sargentos, 7 cabos y 65 guardias.

De Asalto (muertos y heridos):

La 18 compañía de Oviedo: 27 y 6.

Sección de servicios locales de Oviedo: 10 y 5.

Compañías expedicionarias:

La 18 compañía de Asalto de La Coruña: 5 y 13.

La 21 de Salamanca: 2 y 13.

La 24 de Burgos: 2 y 6.

La 28 de Valladolid: 2 y 7.

La 2 de Especialidades Madrid: 10 y 4.

Resumen (muertos y heridos):

De la Guardia Civil: 86 y 77.

De Asalto: 58 y 54.

De Seguridad: 10 Y 7.

De Carabineros: 12 y 13.

De Vigilancia: 2 y 13.

Del Ejército: 88 y 475.

TOTAL: 256 muertos y 639 heridos.

Número de paisanos muertos:

Incinerados en el crematorio municipal de Oviedo 182.

Se enterraron en los cementerios de Oviedo: 580.

En varios pueblos: 178.

TOTAL: 940 muertos.

Número de paisanos heridos:

En Oviedo: 1.003.

En los pueblos: 446.

TOTAL: 1.449 heridos.

Resulta un número total de 1.196 muertos y 2.068 heridos.

Esta cifra parece bastante aproximada a la verdad. He oído citar cifras mucho mayores a personas que no saben que, en las cuencas mineras, los revolucionarios apenas han tenido bajas. Por ejemplo, en el valle del Nalón tuvieron unos diez muertos. y en los valles de Turón y Aller han tenido menos que en aquél, y lo mismo ocurrió en Mieres. La enorme cifra de muertos y heridos la dieron Oviedo y el valle de Vega del Rey, lugares en donde se libraron tan grandes batallas.[4]

Las estadísticas del Gobierno son menos detalladas y no difieren de las cifras obtenidas unidad tras unidad por el gran analista de las víctimas de la revolución.

A la hora del balance, parece claro que el Gobierno se mantuvo como angustiado espectador durante toda la revuelta, aunque tuvo el acierto de encargar la solución al Ejército, en el que, sin preocuparse de prejuicios, seleccionó a los hombres indudablemente más indicados para el difícil cometido: Franco, López Ochoa, Aranda y Yagüe. La actuación de estos cuatro militares puede calificarse de excelente y los inevitables fallos hay que achacarlos tanto a la improvisación y falta de comunicaciones como a las hondas divergencias de actitud que ya minaban la unidad del Ejército. Franco acreditó su sentido práctico, su dominio de la logística y dejó entrever una vez más su predilección por las tropas de calidad. López Ochoa fue · un gran general sobre el terreno y demostró un valor increíble, junto a una frialdad extraordinaria y una prudencia negociadora muy encomiable en discordias civiles. Yagüe destacó por su valor a la vez que por su capacidad de maniobra y, en no pequeño grado, por su impulsividad y tendencia a la indisciplina. Aranda quedó en la sombra, pero contribuyó en gran manera al planteamiento de las bases del triunfo. La Escuadra actuó en buena coordinación con el Ejército. La Fuerza Aérea explicó una lección muy digna de tenerse en en cuenta para experiencias futuras: su eficacia, no excesiva en el plano real, se acrecentó de tal forma en el psicológico que hace exagerar así a uno de los caudillos rebeldes:

«Bien puede decirse que el 90 por 100 de nuestra derrota ha sido producto de la Aviación. Ha sido ésta la que más ha introducido el pánico y la desmoralización entre los medios revolucionarios, imposibilitados de luchar eficazmente contra ella» (Grossi).

Pero la gran enseñanza de la actuación militar en Asturias es que, por encima de discrepancias, rencillas y hasta torpezas –como el increíble atrapamiento del general Bosch y la no más creíble cobardía de algunos jefes de Oviedo y algunos militares retirados que no se presentaron–, las Fuerzas Armadas actuaron unidas a favor del Gobierno. Frente a un ejército unido nada tenían que hacer unos revolucionarios por numerosos, valerosos y armados que estuviesen. La cifra de desertores es ridícula, lo que evidencia la escasa eficacia de la propaganda antimilitarista y revolucionaria en cuarteles, barcos y aeródromos. Con las Fuerzas Armadas unidas era totalmente inimaginable una victoria duradera de la revolución, a cualquier escala, en la España de los años treinta. Por eso son tan graves los síntomas de desunión y disgregación que, aún sin aflorar en la realidad pública, se notaban ya en el Ejército español de 1934.

La Revolución de Asturias fue, ya lo hemos dicho, una revolución socialista. A pesar de la participación multicolor de los demás partidos obreros en los Comités, el socialismo fue el que desencadenó, dirigió y terminó la revuela. Cuando se trata de iniciar el movimiento, el 4 de octubre a las diez de la noche, el Comité revolucionario dice por boca de uno de sus miembros no socialistas: «Pero antes debe reunirse la AO y consultar a la Comisión Ejecutiva del Partido Socialista y de la UGT» (Grossi).

La huida de González Peña determina el derrumbamiento más que cualquier decreto de los comités~ La orden de Belarmino Tomás acaba con los tiroteos aislados. La revolución lustral del socialismo a él solo debe atribuirse, y suyo solamente es su fracaso y la responsabilidad por las trágicas consecuencias que desencadenó. No hubo tiempo para que pudiera desarrollarse una actividad revolucionaria de signo positivo en la zona rebelde. Es interesante la opinión del historiador anarquista Juan Gómez Casas: «Durante el breve período revolucionario, los dos conceptos clásicos del socialismo, el autoritario y el libertario, ofrecieron diversa floración, de acuerdo con las zonas de influencia mayoritaria del socialismo o del anarcosindicalismo. El comunismo libertario coexistió en diversos lugares con municipalidades en las que prevalecían las formas del socialismo de Estado»[5].

Estas observaciones parecen demasiado académicas; en la zona rebelde de Octubre se vivía un ambiente de frente único volcado hacia los frentes reales y en el que l autoritarismo socialista había inducido un intento de disciplina militar mientras que el cariz sociopolítico de la retaguardia rebelde era prácticamente anarquista: abolición de moneda, arbitrariedad individual y de grupos, falta de control, etc. Esta concepción se corrobora con la interpretación de Octubre debida a Caballero y De los Ríos y transcrita por Gil Robles[6].

Las izquierdas no aprendieron suficientemente la gran lección política. En efecto, Octubre había demostrado hasta la saciedad la ambición comunista de poder sin atenerse a medios. El PCE, a pesar de su entrada de última hora en la AO, seguía fiel a su táctica de «frente unido por la base», como lo demostró su intento de monopolizar la resistencia mediante las segundas series de comités. En vez de destacar este juego, la derecha, ciega de odio represivo, identificó al comunismo con todo el proceso revolucionario. Con ello hizo la gran propaganda al partido que se iba a apoderar de la herencia de Octubre, hasta del color del símbolo revolucionario; los «rojos» de 1934 rehuirían más tarde. en 1939, ser así llamados, en parte porque desde 1936 los verdaderos «rojos» eran, sin que nadie sepa por qué, los comunistas.

Para cerrar estas consideraciones conviene recordar que en el escenario asturiano de 1934, más aún que en el catalán, aparecen ya numerosas situaciones, numerosos nombres, numerosos lugares que cobrarán una nueva luz trágica en la Guerra Civil. Aunque no todos los casos mantuvieron la continuidad de bando, hemos visto moverse a la luz de los incendios de Octubre a Batet, López Ochoa, Franco, Yagüe, Alonso Vega, Solchaga, Moriones, Aranda, Juan Vigón, Caballero, López Varela, Lizcano de la Rosa, Escofet… y hemos oído a Companys, Belarmino Tomás, González Peña, Durruti, Maurín, Dutor, Pérez Farrás y otros nombres que volverán a aparecer muy pronto. La simple descripción que hemos esbozado nos exime de trazar las semejanzas y las diferencias entre octubre de 1934 y julio de 1936. Son dos procesos totalmente diferentes; Octubre no es un prólogo homogéneo de la Guerra Civil. Pero sí es un obligado y esencial antecedente que justifica la atención que le prestamos.

Un autor sumamente interesante e informativo, que se esconde con el seudónimo «Un testigo imparcial», publica en 1934 un libro (clandestino) en una imprenta carabanchelera que se titula Revolución en Asturias. Relato de la última guerra civil. Se trata de un republicano de la tierra que nos proporciona una excelente clave para adivinar la radicalización creciente y ominosa que se extendía por España como una de las peores consecuencias de Octubre. Después de 1934, hablar en . España de guerra civil era, pues, completamente natural. Para muchos observadores la primera batalla de esa guerra civil ya se había librado en la plaza de San Jaime y en las estrechas cuencas asturianas. Una primera batalla que no era todavía esa guerra y en la que algunos de sus combatientes iban a cambiar de bando. Pero que era ya, sin duda, anuncio inequívoco de la tormenta lejana.

Cómo se vio la Revolución de Octubre en el
resto de España

Junto con Barcelona y Asturias, Madrid era el tercer vértice de la Revolución. El fracaso de Barcelona y la relativa inacción de los revolucionarios madrileños –confiados en que la solución viniese de provincias, con notable olvido de la dinámica centralista española que sólo permite el éxito de los pronunciamientos periféricos cuando en Madrid no puede encontrarse ni un solo piquete de alabarderos para defender el status quo– hizo que los chispazos revolucionarios en el resto de España fueran inmediatamente localizados y reducidos, gracias también en gran parte a la presencia de decididos defensores del Gobierno que ahora recogía los frutos de las previsiones de Rafael Salazar Alonso.

Por simpatía y proximidad con Asturias, el peligro fue bastante grave en las provincias de León y Palencia, que en su parte norte contaban con cuencas mineras bastante trabajadas por los revolucionarios y que intentaran una y otra vez el enlace con Mieres. En la zona minera de Palencia los desórdenes de Barruelo, Orbi y Guardo fueron reducidos el día 7. Tres días tardó también en ser dominada la revuelta minera de León. El pueblo de las dos provincias –no solamente en las capitales– era en abrumadora mayoría católico, conservador y antirrevolucionario. Ya hemos visto que las respectivas guarniciones acudieron en socorro de Asturias, y si bien no actuaron con demasiada brillantez en la provincia vecina fueron muy capaces de ahogar la rebelión en la propia. A escala muy reducida se repitieron en las dos zonas los desmanes, las atrocidades y los excesos represivos de Asturias. Pero el cordón sanitario del coronel Aranda impidió todo contagio revolucionario definitivo.

Tal vez amenazó con peores presagios la revolución en las Vascongadas. Eibar y Mondragón, en Guipúzcoa, presencian los principales desórdenes. A las cinco de la madrugada del día 5 los revolucionarios se apoderan de las dos industriosas villas. Es muy importante notar la firme solidaridad de los obreros vascos, en su mayoría católicos, nacionalistas y hasta clericales, con los socialistas; la semilla de Prieto en Zumárraga daba sus primeros frutos y se preparaba con ello la extraña alianza de 1936.

En Eibar cae asesinado el tradicionalista Carlos Larrañaga; en Mondragón, el diputado de las Constituyentes, Marcelino Oreja Elósegui, cofundador de la ACNP. Cien guardias de Asalto de Bilbao imponen bien pronto el orden en Eibar, y Mondragón es pacificado desde Vitoria por una compañía de infantería flanqueada por la Guardia Civil y tropas de Asalto. El hombre clave del Gobierno en las Vascongadas fue el enérgico gobernador de Vizcaya, Ángel Velarde. Por orden de Franco son destituidos los dos primeros jefes militares de la zona y asume el mando el teniente coronel Joaquín_ Ortiz de Zárate. La zona minera contigua a Bilbao, que contaba con una fuerte reserva de armas, permanece en huelga hasta el día 9 por la noche, en que dos columnas militares la ocupan. Lo más destacable, junto a la incipiente alianza de nacionalistas y rojos, es la relativa inacción de las autoridades guipuzcoanas, cuya provincia ha de pacificarse desde las vecinas; y la poca eficacia revolucionaria del temido feudo bilbaíno de Indalecio Prieto. Claro que aquí no solamente actuó unido el Ejército, sino que coordinó perfectamente con la autoridad civil, que cubrió con energía las primeras indecisiones de los jefes militares luego destituidos.

En el resto de España, una vez estudiados ya los sucesos de Cataluña, solamente nos queda registrar chispazos aislados en la provincia de Albacete (Villarrobledo y Tarazona de la Mancha), además de la eliminación de todo el cuartel de la Guardia Civil en el puesto de Teba (Málaga). En casi todo el país la actitud ante la_ Revolución por uno y otro de los potenciales bandos fue . simplemente de expectativa.

Y más que en parte alguna, en Madrid. Desde los primeros momentos el Gobierno quedó a la deriva, pendiente de la radio como cualquier grupo de ciudadanos. Los historiadores y cronistas de la derecha describen con minuciosidad un complicado plan socialista-comunista para apoderarse de la capital, con Largo Caballero como jefe supremo, el periodista y escritor Antonio Ramos-Oliveira como enlace, y varios jefes de distrito: José Laín Entralgo, el italiano Fernando de Rosa, Amaro del Rosal, Victoriano Marcos, etc. Creímos hasta lace algún tiempo que todo este plan detallado parecía ruto de la fantasía de algún informador exagerado. Y que si algo notable se registraba en la organización del movimiento de Octubre era la absoluta falta de un plan serio por parte de los supremos jerarcas revolucionarios de Madrid. En la capital no funcionaba la Alianza Obrera; las elecciones acababan de demostrar el dominio de Besteiro sobre grandes masas del socialismo madrileño y Besteiro se opuso en todo momento a la idea revolucionarla.

La división interna del socialismo fue, pues, la principal causa de este nuevo desastre del partido, anuncio de mayores males para el futuro próximo. Sí parece que participaron activamente en la poco brillante intentona madrileña algunos oficiales y guardias de Asalto: el teniente Máximo Moreno, el teniente José del Castillo, el suboficial Vicente Perruca y el guardia José del Rey. Es probable la participación del teniente de la Guardia Civil Fernando Condés. Todos ellos estaban personalmente vinculados a Indalecio Prieto, lo que explica su participación en alguna de las algaradas.

Acabo de indicar que hasta no hace mucho tiempo la idea general entre los historiadores era la falta de decisión de los revolucionarios en Madrid. Ahora ya no puede sostenerse esa valoración enteramente negativa, gracias a la publicación de las interesantísimas memorias de Juan-Simeón Vidarte El bienio negro y la revolución de Asturias[7], que es un documento de primera magnitud y agrava notablemente la responsabilidad histórica del PSOE, del que Vidarte era entonces vicesecretario general. Vidarte pertenecía, además, a la masonería en la que ostentaba el supremo grado 33 y, al pasar Largo Caballero a la cárcel, quedó como secretario general en funciones del partido.

En sus memorias nos refiere el papel preponderante que alcanzó Santiago Carrillo, jefe entonces de las Juventudes del PSOE, como jefe de uno de los grupos de asalto que, con disfraz de la Guardia Civil, estaba encargado de perpetrar gravísimos desórdenes, como el secuestro del presidente de la República. De esta forma Santiago Carrillo se convierte en un precursor del teniente coronel Tejero. Una enérgica actuación de las fuerzas del orden al servicio del Gobierno frustró estas intentonas socialistas en Madrid.

Sin embargo, el verdadero acto revolucionario del 5 de octubre de 1934 en Madrid fue la publicación de las famosas notas subversivas de los partidos que se atribuían el monopolio de la República. Es muy curiosa la coincidencia en todas las proclamas de algunas expresiones fundamentales como la de ruptura de las instituciones. No se ha dado, creemos, la debida importancia a estas declaraciones tan antidemocráticas como auténticamente revolucionarias, y por eso merece la pena su transcripción literal: Se trata de la respuesta de los diversos partidos al gesto perfectamente democrático de Alcalá Zamora, que decidió conceder a Gil Robles, líder del partido con más escaños, que tres de sus diputados ingresaran en el nuevo Gobierno presidido desde el 4 de octubre por Lerroux.

Nota de Izquierda Republicana (Azaña)

«Izquierda Republicana declara que el hecho monstruoso de entregar el Gobierno de la República a sus enemigos es una traición; rompe toda solidaridad con las instituciones actuales del régimen y afirma su decisión de acudir a todos los medios en defensa de la República».

Manifiesto de Unión Republicana (Martínez Barrio)

«El Partido de Unión Republicana se cree en el deber de declarar ante la opinión nacional que, al constituirse el Gobierno que acaba de formarse, integrado, entre otros, por un grupo político cuyo pretendido republicanismo no ha recibido la sanción del voto popular, le obliga a apartarse de toda colaboración y rompe toda solidaridad con los órganos del régimen.

Cumple este deber doloroso, al que nos lleva la convicción de que la República ha sido falseada. Pedimos y esperamos de la democracia republicana la más fume adhesión para devolver al régimen su verdadera naturaleza»[8].

En su prólogo al libro de Miravitlles sobre el 6 de octubre, Luis Companys subraya la responsabilidad de los autores de unas notas que le decidieron a precipitar los sucesos de Barcelona. Quizá pensaron los revolucionarios madrileños y sus corifeos republicanos que bastaba con este trompeteo periodístico y con unos cuantos chispazos en la periferia para que se repitiese, sin el menor esfuerzo por su parte, el jericó del 14 de abril. Es curioso cómo los forjadores del mito son los primeros en convertirse en sus víctimas.

Las amenazadoras notas republicanas se complementan con algunas resonantes dimisiones. Por incompatibilidad con el nuevo Gobierno, abandonan sus cargos Álvaro de Albornoz, presidente del Tribunal de Garantías Constitucionales; Luis de Zulueta, embajador en Berlín; Domingo Barnés, que lo era en México. El Gobierno inicia sus actuaciones de forma desconcertante. A las nueve de la mañana del 6 de octubre, el buen ministro Eloy Vaquero habla por radio para tranquilizar al país. A las 13:30 el subsecretario de Gobernación recomienda la asistencia a los espectáculos; poco después el ministro aconseja no salir a la calle después de las ocho de la noche. El pueblo andaba relativamente desorientado con el vaivén de recomendaciones, pero el jefe de la Primera División, general Virgilio Cabanellas, estaba ya decidido desde el mismo día a imponer el orden y fue uno de los primeros defensores de la necesidad del estado de guerra. Aún antes de la proclamación, el Ejército empezó a _ patrullar por las calles y, en realidad, a pesar de «pacos» aislados, en Madrid no perdió ni un momento el dominio de la situación.

Por lo pronto se moviliza inmediatamente a la oficialidad de complemento, que era abrumadoramente derechista y en buena parte ya se había presentado voluntaria. Muchos profesionales madrileños tienen que sacar unos centímetros los botones de sus viejos uniformes, y con soldados en sus propios automóviles patrullan desde el día 6 por las calles de la capital entre los saludos de la gente. «En Madrid, como en todas partes, una exaltación de la ciudadanía nos acompaña», proclama al día siguiente Alejandro Lerroux. Como las izquierdas se han convertido oficialmente en el enemigo, el 6 de octubre madrileño se convierte en una apoteosis centroderechista.

La derecha en bloque se pone sin condiciones al servicio del Gobierno: la CEDA, los agrarios, Renovación Española, los tradicionalistas, Falange, y hasta parte de las Juventudes Republicanas. Sin que nadie pueda adivinarlo, es en Madrid donde con más claridad y exactitud puede hablarse de Octubre como auténtico prólogo de la guerra de 1936; aquí sí que pocos participantes cambiaron de ideales y de bando dos años escasos más tarde.

A las órdenes directas de Gil Robles, el ingeniero José María Pérez Laborda moviliza con asombrosa eficacia a los muchachos de la JAP, que aseguran los servicios civiles más sensibles mientras se va dominando la huelga en toda España. Falange Española publica un manifiesto de apoyo total al Gobierno. Silenciados los periódicos revolucionarios, y en huelga los demás, solamente la prensa de derechas que había reorganizado, como vimos, su personal al margen de la UGT, sale normalmente a la calle, vendida por un amplio frente único de jóvenes derechistas y falangistas aglutinados por la JAP. La euforia derechista alcanza cotas tan altas que incluso corre por Madrid el rumor de que se piensa enviar al general Sanjurjo por avión a Asturias; es posible que algunos destacados militares, como Yagüe o el aviador Ansaldo, lo pidieran. Pero con buen acuerdo el general Franco se opuso.

Ante tal despliegue de entusiasmo contrarrevolucionario, los resultados madrileños de la revolución en este. día 6 son realmente modestos. En el cruce Torrijos-Goya se intenta volcar un tranvía; hay tiros en Atocha, Cuatro Caminos y Vallecas. Moreno, Condés y sus amigos tratan de apoderarse del Cuartel de Asalto en López de Hoyos, pero fracasan. A las nueve de la noche habla por radio el jefe del Gobierno, Alejandro Lerroux, para anunciar el estado de guerra. El Gobierno suspende al alcalde socialista de Madrid, Pedro Rico, y a los concejales socialistas. No faltan recordatorios a que el día de la fecha, 7 de octubre, es el aniversario de la victoria de Lepanto. El aviador Ignacio Hidalgo de Cisneros salva del linchamiento a Indalecio Prieto embutiéndole en el maletero de su coche y lo deja sano y salvo, aunque medio asfixiado, al otro lado de la frontera.

Tuvieron menos suerte sus colegas socialistas que habían formado la directiva revolucionaria en Madrid; el 8 de octubre la policía les encontró en el estudio del pintor Luis Quintanilla, en la calle de Fernando el Católico 30 Y les condujo a la cárcel. Entre ellos, Enrique de Francisco, Santiago Carrillo y Carlos Hernández Zancajo. El 9 de octubre las Cortes ofrecen un aspecto patético, con los escaños de la izquierda, los republicanos favorables a la revolución y los catalanistas de izquierda vacíos, mientras sus ocupantes estaban en la cárcel o camino de ella si no habían logrado escabullirse al exilio. El Congreso aprueba el restablecimiento por un año de la pena de muerte y la suspensión de las sesiones parlamentarias hasta la «completa pacificación». Esta propuesta se debió a Gil Robles y fue también aprobada por aclamación. Alejandro Lerroux cierra la patriótica sesión con un himno al Parlamento que acababa de votar su propia su propia suspensión sine die. José Calvo Sotelo acomete a mamporros al líder nacionalista vasco José Antonio de Aguirre.

El 10 de octubre hay en Madrid ya dos mil detenidos. El 11 se registran muchas vueltas al trabajo y se detiene a 200 personas en Carabanchel. El 12 es la propia CNT la que recomienda la vuelta general al trabajo. El 13, la huelga puede considerarse liquidada. Ángel Galarza, detenido en Zamora, llega a Madrid, donde es capturado a las cuatro de la madrugada Francisco Largo Caballero en su casa de la Dehesa de la Villa.

Muchos meses después, Margarita Nelken sigue sin explicarse el fracaso rojo en la capital de España. Tal vez convenga insistir en que, como indicábamos antes, el 14 de abril seguía poniendo fuera de la realidad a sus protagonistas. Es difícil esperar desde Madrid la solución de los problemas. Revolucionarios y antirrevolucionarios tomaron, sin duda, muy buena nota de ello. En Madrid, como en el resto de España, excepto Asturias, la revolución fracasó, en definitiva, porque no fue una revolución, sino una simple y esperanzada expectativa revolucionaria.

La liquidación de Octubre no se produjo

No vamos a tratar ahora de las «consecuencias» de Octubre, sino más modestamente de «liquidación». Porque todo lo que sucede en España después de Octubre es consecuencia, más o menos directa, de la Revolución, empezando, claro está, por la misma contrarrevolución. En este sentido, todo lo que resta para terminar esta serie de Episodios sobre la República se puede considerar como la consecuencia de Octubre. Por eso en este epígrafe nos limitamos a analizar las derivaciones más explícitas del movimiento revolucionario: la hipoteca que pesó sobre toda la actuación del Gobierno desde el mismo instante en que cesan los tiroteos; las corrientes subterráneas y desbordadas de las propagandas que tratan de convertir el movimiento rojo y la contrarrevolución en bandera partidista. A la vez que tratamos de encontrar un poco de luz y una base fáctica en tan complicado panorama, estudiaremos con toda la detención que se merece un problema que todavía se sigue tratando de forma polémica e irascible: el de la represión gubernamental después de la Revolución. Este propósito es imprescindible por difícil que parezca; porque, como inmediatamente veremos, la liquidación de Octubre está todavía sin formular.

La República desembocó en el 18 de julio sin haber podido realizar, pese a varios intentos frustrados, esa liquidación que por unos y otros se exigía. Al emprender tan ardua tarea, debemos extremar más que nunca la serenidad y el equilibrio. Octubre envenenó a España; casi todos los acontecimientos de la República, incluido el propio 14 de abril, fueron simplemente presenciados por amplios sectores de la población española, que se limitaba a comentar desde fuera el juego de los políticos; lo mismo sucedía, ya lo sabemos, con casi todos los acontecimientos del último reinado. Pero en Octubre hay un momento en que se acaban las abstenciones. Toda España toma partido, pro o en contra de la Revolución. Todo el mundo se cree en la obligación de alinearse, incluso los que expresamente se negaron a participa activamente en los sucesos revolucionarios, como las masas anarquistas fuera de Asturias.

La alineación, que no por consumarse después de los hechos dejaba de ser menos real y peligrosa, se debe en gran parte a la extensión y virulencia de la propaganda basada pro o contra Octubre.

Es muy curioso que los auténticos autores de la Revolución, socialistas por una parte y extremistas totalitarios de la Esquerra por otra, quedasen relativamente al margen de la propaganda desencadenada tras Octubre. Esto puede ser una prueba de que uno y otro partido tomaron conciencia de que habían ido demasiado lejos y de que sus actos de rebeldía estaban siendo aprovechados por agrupaciones ajenas al primer plano de los hechos revolucionarios. Además, Octubre fue en definitiva un fracaso y la primera consecuencia fatal de los fracasos es provocar la desunión.

Catalanistas y socialistas vieron aún más agudizadas tras Octubre las divisiones internas que en parte les condujeron al estallido. Los sectores opuestos al movimiento parecieron cargarse de razón tras el fracaso y no es extraño que ni unos ni otros se inclinasen a jactarse de lo sucedido. La propaganda de Octubre la alimentan otros partidos que desean aprovechar para su expansión la bandera de unidad roja y antiderechista que se había agitado en la Revolución; y desde el frente opuesto los atacados de Octubre, las derechas, atizan una propaganda de signo contrario aunque, justo es decirlo, sea preferentemente negativista. «Contra la Revolución y sus cómplices» será, desde octubre de 1934 a julio de 1936, el eslogan de la CEDA, compartido por el resto de la derecha española.

El anarcosindicalismo tampoco se preocupó demasiado de montar su propaganda sobre Octubre. Sus jefes eran plenamente conscientes de que por su inhibición fueron causa principal en el fracaso del movimiento. La participación de la Regional astur-leonesa-palentina, además de poco lucida sobre el terreno, supuso un acto de rebeldía contra las superiores instancias del anarcosindicalismo. De todas maneras, esa participación fue un hecho y no es extraño que algún que otro anarquista, preferentemente norteño, se uniese al coro de los ditirambos.

Los comunistas se apoderan del mito de Octubre

Desde un punto de vista relativo, el esfuerzo propagandístico de mayor intensidad sobre el tema de Octubre se debió a los escasos pero decididos hombres que más o menos se agrupaban en el comunismo disidente: el Bloque Obrero y Campesino, el BOC. Tres son los grandes propagandistas de Octubre en el comunismo disidente: Joaquín Maurín, Julián Gómez «Gorkin» y Manuel Grossi. Su actividad y los libros que la reflejan evidencian un claro propósito del grupo: apoderarse propagandísticamente del mito asturiano. Los tres –y algunos seguidores menos notorios– insisten en que las Alianzas Obreras fueron prácticamente obra del BOC; exaltan su papel en la organización y desarrollo de la revolución asturiana y hasta tratan de inventarse una seria intentona revolucionaria en Cataluña, al margen de la real. Todas estas pretensiones son ilusorias, aunque se fundan en algunos hechos muy bien aireados. Maurín es el más decepcionante de los tres propagandistas. El capítulo sobre Octubre en su conocida y, por lo demás, muy interesante obra Revolución y contrarrevolución en España, se espera con interés por el lector. Calcúlese el desencanto cuando el lector comprueba que en ese capítulo no hay ni un dato, ni una cifra, ni un enfoque sobre el Octubre español; en una ostentosa cursiva, para que no quepan equívocos, Maurín diserta incansable, con citas de Lissagaray, ¡sobre la Comuna de París! El Octubre de Maurín es el punto negro de su importante libro, pero nos hace sospechar muchas cosas sobre la real participación de su grupo en los sucesos que tan líricamente pasa por alto.

Aún hay que hablar menos de Manuel Grossi como autor. El buen minero, al que nos hemos referido bastantes veces durante el relato, era un semianalfabeto totalmente incapaz de escribir una sola de las cortadas frases de que se compone el libro que lleva su nombre y que se debe –basta leer un par de páginas– a la pluma del gran propagandista del comunismo disidente: Julián Gómez «Gorkin». Parece que Gorkin, detenido a raíz de lo sucesos, todavía se hallaba en julio de 1935 en un penal valenciano, junto a Buenaventura Durruti y otros jefes extremistas.

Pero debió de ser liberado poco después, porque noticias bastante fidedignas nos lo descubren ese mismo verano en París, como orquestador máximo de la propaganda exterior sobre Octubre, uno de cuyos temas predilectos era la amnistía y, en concreto, la consecución del indulto de Ramón González Peña. Gorkin inició esta actividad antes de ser detenido: ignoramos la fecha de la detención. La campaña exterior estaba bien montada, como corresponde a la experta mano de un revolucionario intelectual. Ya el 21-XII-34, Ramiro de Maeztu comenta en ABC que «todos los tópicos de la ferrerada andan en juego».

Es muy posible que haya que atribuir a Gorkin la constitución en Francia de los «Amis de l’Espagne» para «explicar al mundo la verdad de Octubre, sus causas y consecuencias», El manifiesto en que se revelan tan ambiciosas pretensiones está firmado por Georges Duhamel, André Gide, Jean Guéhenno, Henri Barbusse. Es muy interesante para el porvenir inmediato este precedente de los intelectuales europeos que se interesan pasionalmente y sin más que una información deliberadamente parcial por las cosas de España. De todos todos modos la reacción internacional es relativamente tibia: la no estamos en la belle époque y la situación económica europea no permite la erección de monumentos a las víctimas de la represión inquisitorial española. Más aún, según autorizado testimonio de Margarita Nelken, en la Mesa de la II Internacional se discutió la Revolución de Octubre y, para consternación de los socialistas españoles, la revolución fue condenada. Como consecuencia simbólica, los ricos sindicatos socialistas noruegos enviaron por toda ayuda a las víctimas de la represión la cantidad de 4.000 pesetas. Probablemente estos hechos influyeron decisivamente en el próximo viraje político de la ardorosa diputada.

Otro precedente digno de notarse y también consecuencia del pequeño pero eficaz centro propagandístico montado por Gorkin: los políticos europeos empiezan a enviar al laberinto español misiones exploratorias para averiguar la verdad de los hechos. El mismo día en que don Ramiro de Maeztu descubría la nueva «ferrerada», Vincent Auriol, enviado por la SFIO (Partido Socialista de Francia), visita en la Cárcel Modelo de Madrid a Francisco Largo Caballero. Poco antes, el 14 de noviembre, el presidente de las Cortes, Santiago Alba, recibe una misión parlamentaria laborista presidida por lord Listowel, en la que figuraba la interesante M. P. Ellen Wilkinson. Alba reacciona indignado ante la visita, pero decide que no tiene nada que ocultar y los parlamentarios ses recorren Oviedo. A pesar de que cuentan con protección policial, en cuanto la gente se entera del objetivo de su misión se arremolina en torno a los visitantes que a duras penas escapan al linchamiento.

No conviene exagerar el buen trabajo de Gorkin; las gestiones para el envío de la misión Listowel remontan probablemente su origen a la actividad de Willi Münzenberg, quien era ya por entonces principal coordinador de la propaganda de la Comintern –es decir, la propaganda exterior soviética– en la Europa occidental. Porque aunque relativamente hablando la eficacia propagandística del comunismo disidente respecto a Octubre es digna de mención, no puede compararse en intensidad global ni en resultados con la desencadenada inmediatamente por el comunismo oficial alentado, si no impulsado, por la voz de Moscú.

En efecto, la historia oficial del PCE establece de la siguiente forma la interpretación de Octubre que sirvió de base para la orquestación de esa propaganda:

«Uno de los aspectos, y no el menos importante, de la insurrección de Octubre es que ésta representó un viraje importante en el desarrollo del movimiento obrero y progresivo español.

»Hasta entonces la clase obrera había actuado casi siempre en la vida política como una fuerza a remolque de la burguesía republicana. A partir de Octubre se convirtió, de un modo efectivo, en la fuerza dirigente de la marcha de España hacia la democracia y el progreso.

»Hasta Octubre, el Partido Socialista era el partido más importante de la clase obrera española. Después de Octubre, la influencia del Partido Comunista creció a todo lo largo y ancho del país no sólo entre la clase obrera, sino en el campo, en los medios intelectuales Y entre la juventud.

»Los dirigentes socialistas, y personalmente Largo Caballero, a quien José Díaz (secretario general del PCE) fue a visitar a la cárcel, rechazaron la propuesta del PC de que ambos partidos asumieran conjuntamente la responsabilidad del movimiento de Octubre. El Partido Comunista decidió, entonces, asumir públicamente esta responsabilidad, conquistándose con ello un gran prestigio entre los militantes socialistas y entre las masas trabajadoras en general, que conocían su activa participación en los combates de Octubre»[9].

No suelo estar generalmente de acuerdo con los comunistas, pero en esta captación suya de una Revolución de Octubre abandonada por los socialistas estoy casi completamente conforme.

La propaganda comunista no se ciñe al territorio español, como ya hemos insinuado. El SRI (Socorro ojo Internacional) publica un folleto de Henri Barbusse: Pages espagnoles d'Octobre. A medida que pasan los meses, Octubre se convierte en la principal bandera del comunismo y en la plataforma de lanzamiento de la gran propagandista del PCE, Dolores Ibárruri, que reparte en todos sus discursos una docena de latiguillos asturianos, siempre de éxito seguro.

La amnistía de los presos de Octubre va a ser la más enarbolada bandera del soñado Frente Único en 1935 y del Frente Popular en 1936: será el primero de los puntos de convergencia del heterogéneo bloque izquierdista y el único que encerrará suficiente dinamismo para integrar en él, al menos para las elecciones de febrero, a los anarquistas. Cuando a mediados de enero de 1936 se levanta la censura de cara a la campaña, el enorme clamor de toda la izquierda se resume en una sola palabra: Octubre.

La obsesión de Octubre es casi el leitmotiv de los principales mítines y discursos de la primavera trágica; como prueba baste esta tremenda cita de José Calvo Sotelo:

«El señor Largo Caballero ha dicho terminantemente en Oviedo –aquí tengo el texto, pero no es cosa de leerle y os evito esa molestia– que ellos van resueltamente a 1a revolución social, y que esta política, la política de Gobierno del Frente Popular, sólo es admisible para ellos en tanto en cuanto sirva al programa de la Revolución de Octubre, en tanto en cuanto se inspire en la Revolución de Octubre. Pues basta, señor presidente del Consejo; si es cierto eso, si es cierto que su señoría, atado umbilicalmente a esos grupos, según dijo aquí en ocasión reciente, ha de inspirar su política en la Revolución de Octubre, sobran notas, sobran discursos, sobran planes, sobran propósitos, sobra todo; en España no puede haber más que una cosa: la anarquía. (Aplausos).[10]

Es difícil de explicar fuera del terrible apasionamiento de 1936 este aferramiento de la izquierda a un tema que en principio parece que debía de serle poco grato: pero Octubre en 1936 ya no era un recuerdo, sino 1a expresión de un frente único y, sobre todo, la expresión de un mito y un símbolo.

Las derechas buscan la aniquilación de Azaña

La reacción de la derecha ante Octubre fue tan elemental y en el fondo tan propagandística como la de la izquierda. Los partidos gubernamentales cometieron, en el tratamiento del tema, error tras error. Inexplicablemente dejaron que se les escapase una victoria que había puesto a sus pies para decenios a lo más granado sus enemigos; y, aún más inexplicablemente, permitieron que el enemigo les robase la victoria para convertirla en bandera propia.

Es difícil aún hoy explicar cómo pudieron acumularse tantos desatinos políticos. Octubre, que unió a la izquierda, desunió a la derecha; pasada la primera euforia –más alivio que alegría–, el bloque gubernamental se dividió entre sí y con los demás sectores de la derecha a la hora de las responsabilidades, de los castigos, de los perdones y de la represión. No es fácil reseñar aquí todos los errores que nos parecen evidentes. En primer lugar, el refugio en el silencio: cierre del Parlamento e imposición de la más rígida de las censuras. En segundo lugar, no haber acertado a distinguir a los auténticos culpables, en el deseo de hundir en el oprobio a toda la izquierda; los anarcosindicalistas, que no participaron el movimiento con la excepción asturiana, fueron a parar a la cárcel, donde la derecha los obligó a formar un frente único represivo con quienes ellos mismos no habían querido aliarse.

En tercer lugar, el negativismo ciego e impotente de la contrapropaganda, que se manifestaba en la caza de brujas desencadenada por todo el país. Los obsesionados propagandistas de la derecha lanzaban una y otra vez sus viejas invectivas contra la masonería; podían haber repasado la biografía de varios de los jefes militares más leales y decisivos en la represión del movimiento (por ejemplo, López Ochoa) para comprobar que la masonería, o al menos varios de sus miembros distinguidos, se alinearon entre los campeones de la contrarrevolución.

La caza de brujas tuvo su culminación más irresponsable en la indescriptible persecución de Azaña que montó la derecha –y a la cabeza de ella el gran diario ABC en un mínimo de su larga historia de luchas–. Apeló la derecha a todos los trucos, a todas las injusticias, casi diríamos que a todas las bajezas, para hundir por siempre a propósito de Octubre al que seguía creyendo su máximo enemigo, Azaña. Ignoraba, por supuesto, que en octubre de 1934 Manuel Azaña era ya un hombre superado para siempre por los que se decían sus amigos de la izquierda. Tan sañuda resultó la persecución derechista –y en sus primeras fases al menos hay que incluir entre los perseguidores a la Falange–, que no resulta nada injustificada la tesis de Jackson, según el cual la derecha fue la auténtica creadora del Frente Popular en su intento para destruir como fuese a Manuel Azaña.

No es que Azaña emergiese del turbión de Octubre limpio de toda culpa. Está demostrado, incluso por la propia confesión, que el ex presidente del Consejo conoció de antemano los propósitos subversivos de socialistas y totalitarios catalanes. El día 4 de octubre tenía ya ideas muy claras sobre los acontecimientos que se iban a desarrollar. Su culpabilidad no está simplemente, creemos, en no comunicar a Madrid semejantes propósitos; hubiera sido demasiado pedir en el ambiente de partidismo apasionado de aquellos meses.

Ante la Historia, su culpabilidad está en haber permitido, incluso impulsado, la disposición de la nota que su partido publicó oficialmente en la mañana del 5 de octubre. Ahora ya sabemos que esta nota, como todas las demás, no eran más que protestas verbales para salvar la cara ante la invasión derechista del poder. Pero ante la derecha, ante el país, ante el propio Companys, la nota sonaba a declaración de guerra y justifica por sí sola los primeros ímpetus de la reacción derechista contra el ex presidente del Consejo. El error de la derecha estuvo en rebasar las posibles acusaciones justas y persistir ciegamente en las exageraciones cuando tras los primeros días de fiebre polémica llegaban los primeros informes serenos sobre el caso Azaña. El 10 de octubre, a más tardar, el Gobierno sabia perfectamente que en su actuación personal Azaña había tratado de frenar la revolución y se había visto desbordado por ella. Sin embargo, todos los sectores de la derecha insistieron en unas acusaciones que sabían desmesuradas y falsas; incluso cuando se agotaron las más espectaculares se trató de echar mano de otras basadas en sucesos anteriores. El encubridor desbordado se convirtió en frío organizador de la revuelta, en autor del manifiesto subversivo… y, muy a su pesar, en el jefe de una coalición sentimental que sólo podía desembocar en uno de los bandos de una Guerra Civil.

Desde el día siguiente al de su detención y durante todo el mes de octubre, Manuel Azaña se ve sometido en su prisión flotante de Barcelona a una fatigosa serie de interrogatorios. Y, sin embargo, el informe del general Pozas, juez instructor que le interroga ampliamente a bordo del Ciudad de Cádiz el 10 de octubre (aparte de otros interrogatorios anteriores y posteriores), es concluyente: el Gobierno sabe desde muy pronto que Azaña es inocente de los atentados de que se le acusa. Pero la prensa derechista, capitaneada por ABC, no ceja en sus acusaciones.

Todavía resulta más grave, por la información más completa que en esos momentos obraba ya en poder del acusador, la insistencia del presidente del Consejo, Lerroux, el 11 de octubre, en que comunicaba a la prensa que Azaña llevaba a Barcelona «una misión muy importante». El 12 de octubre Ángel Ossorio y Gallardo, el antiguo monárquico sin Rey que se había adherido a la República desde el primer día como republicano sin partido, asume la defensa del ex presidente del Consejo e inicia las gestiones para su liberación. No tarda el primer resultado: Azaña es conducido al destructor Alcalá Galiano, donde se le trata con mayores consideraciones y, poco después, al buque de la misma clase Sánchez Barcaiztegui.

En noviembre de 1934 corre por Madrid un manifiesto de intelectuales y profesionales en el que se denuncia la torpe persecución de que se hace objeto a Manuel Azaña. A todo esto, la Sala Segunda del Supremo pide a las Cortes la concesión del suplicatorio necesario para procesar al diputado. El 27 de noviembre las Cortes conceden el suplicatorio y el Supremo se dispone a procesar a Manuel Azaña y a su correligionario Luis Bello, cuando de pronto la propia Sala que había iniciado el procedimiento da marcha atrás y se niega a proseguirlo, con lo que Azaña queda inmediatamente en libertad.

No cejan en su ofensiva el fiscal Lorenzo Gallardo ni Gil Robles –que va a dirigir a sus huestes ministeriales y parlamentarias hacia la reforma del Tribunal Supremo para liberarle de la influencia del presidente de la República– ni, más que ninguno, el diario ABC, que fue aún más lejos que Gil Robles: en vista de que los hechos de Octubre no parecían ofrecer ya las bases acusatorias inequívocas en las que se había soñado, inventó un segundo frente de ataque y desencadenó una campaña para conseguir el procesamiento del gran enemigo, no por la Revolución de Octubre, sino por su preparación. Esta conversión del frente dialéctico, que entonces pareció hábil, se evidenció en un editorial del diario monárquico publicado el 30 de diciembre de 1934.

En efecto, el 15 de febrero de 1935, el juez Salvador Alarcón presentó a las Cortes un sumario con ochenta kilogramos de peso acerca de la responsabilidad de Manuel Azaña en el suministro de armas a la revolución asturiana. El hasta ahora autor del separatismo catalán se presentaba como proveedor de los socialistas asturianos. Los días 20 y 21 de marzo discuten las Cortes el complejo sumario Alarcón (cuyo autor sería asesinado en la zona republicana durante la Guerra Civil) y las tres acusaciones derechistas: una de la CEDA, una monárquica y otra tradicionalista. Los ataques contra Azaña se hacen cada vez más esotéricos; en realidad la acusación básica queda reducida al auxilio que como ministro de la Guerra prestó a los revolucionarios portugueses en 1931. Azaña se defiende brillantemente en un discurso de tres horas coreado por toda la oposición que ya ha regresado al Congreso. La Lliga se abstiene. Miguel Maura fracasa cuando trata de poner un poco de orden en la confusión jurídica y política. José Antonio Primo de Rivera lanza algunas observaciones de insólita dureza.

El 21 de marzo de 1935 se toma en consideración una de las tres acusaciones dirigidas contra Azaña pero el 20 de julio los radicales, que en aquella fecha de marzo habían votado contra él, se negaron a consumar la comedia. Terminó así, en frío y sin beneficio para nadie, el intento de proceso parlamentario contra Azaña; el judicial se había liquidado antes, cuando el 2 de abril se dictó auto de terminación de la causa y el 6 del mismo mes, auto de sobreseimiento libre, ante la la ausencia de pruebas. Sólo quedaba el encono de un intento inhábil, sectario y fracasado. Bien caro lo pagarían las derechas y su animoso portavoz periodístico, cuya imaginación le había llevado el 7 de octubre a transcribir el «discurso faccioso» pronunciado en Barcelona por Manuel Azaña.

Los rumores sobre las atrocidades de la represión en Asturias acallaron toda otra noticia. A fines de octubre se había hecho cargo de la Diputación asturiana la comisión gestora presidida por Fermín Landete. El 18 de noviembre llegó a Oviedo el nuevo gobernador civil general nombrado por el Gobierno con poderes especiales para Asturias y los territorios anejos que habían estado sometidos a las convulsiones del mes anterior. Ángel Velarde llegaba precedido de justa fama por su actuación en Vizcaya y se dispuso a emprender la difícil reconciliación del país. El 20 de noviembre, desaparecido todo peligro de reavivamiento de los focos revolucionarios, se celebró con especial alborozo el licenciamiento de reemplazos.

El general López Ochoa reorganiza, con muchos menos efectivos, las tropas del que aún se seguía llamando Cuerpo de Ejército de Asturias y el 6 de diciembre cesa también en sus funciones de mando, sustituido el Antonio Aranda, que desde días antes ejercía el mando militar de la zona, en funciones. Por ley de 14 de diciembre se concede un crédito de diez millones de pesetas para la reconstrucción de Asturias y zonas limítrofes; el 21 de diciembre se aprueba otro complemento de crédito de 60 millones más para el mismo fin, de cuya administración se encarga una Junta de Socorro. Pero de vez en cuando surge una noticia que trae oscuros presagios. Así, el 14 de agosto de 1935, la Guardia Civil de Sama de Langreo encuentra en una cueva del monte 160 fusiles, 600 peines de ametralladora y 200 cartuchos de dinamita, en estado de utilización inmediata.

La intervención del Estado en la Autonomía catalana

En Cataluña no había que liquidar una revolución sino una pesadilla. Ya hemos visto que el general Batet instaló en el palacio de la Generalidad a un jefe del Ejército. Insiste el general, por prurito burocrático, en diversas medidas superfluas: anula expresamente la Ley catalana de Contratos de Cultivo –que en opinión del Gobierno había renacido muerta– y, el 14 de octubre, destituye formalmente a Companys y a los demás consejeros, ya suspendidos por el Tribunal de Garantías y por la propia sustitución decretada por Batet.

En cuanto empiezan a calmarse los ánimos, Amadeo Hurtado aconseja al vicepresidente del Parlamento Catalán, Antonio Martínez Domingo (Lliga), que se haga cargo de la Presidencia de la Generalidad, ya que legalmente parecía corresponderle. El político derechista, que no había pensado en tal posibilidad, se muestra dispuesto al intento, pero enterado Companys se opone. Para disipar cualquier duda, la República confirma por decreto presidencial al coronel Jiménez Arenas como presidente en funciones de la Generalidad; el coronel José Martínez Herrera es confirmado como alcalde accidental por el mismo procedimiento. Se retiran al Gobierno catalán los servicios traspasados y se disuelve el Patronato de la Universidad Autónoma.

José María Gil Robles –animado, justo es decirlo, por amplios y significativos sectores de la derecha catalana- decide pescar en río revuelto, y el 25 de octubre se traslada a Barcelona para organizar la Acción Popular catalana en torno a Oriol Anguera de Sojo y el «isidrista» Cirera Voltá. Única intérprete autorizada de la autonomía, la Lliga recomienda a los políticos españoles que no confundan las instituciones catalanas con el grupo de hombres equivocados que hasta semanas antes las habían encarnado. Mientras tanto, los vencidos se descomponen políticamente.

El 6 de diciembre de 1934, Badía –de acuerdo con Dencás– lanza el «manifiesto de Orleans» por el que su grupo se desvincula de la Esquerra: Companys no podía desear mejor noticia. La reacción del catalanismo contra los «totalitarios» no puede ser más moderada en general. Casi nadie les llama abiertamente traidores ni se ensaña con sus torpezas. Miravitlles llega a defenderlos: se limita a acusarlos de omisión. El 15 de diciembre el Comité Ejecutivo de la de las Joventuts de Estat Catalá va más lejos contra sus antiguos jerarcas: declara a Dencás "hombre al margen de nuestra actuación» y afirma de Badía que es «un soldado y nada más». El Comité expresa que con esta declaración «ejecuta políticamente» a los dos jefes, y no le falta en ello razón histórica ni profética:

Dura iba a ser la salida y entrada de año para quienes aún soñaban con un mantenimiento efectivo de las instituciones y libertades catalanas. Como un afrentoso símbolo, unos desaprensivos profanan en esos días de aniversario la tumba de Francesc Maciá. Por ley de 2 de enero se aprueba el proyecto presentado unas semanas a las Cortes sobre suspensión de las instituciones autonómicas. Esta decisión de la derecha -tan explicable como reaccionaria- arrancaba de una proposición presentada al Parlamento por una comisión –controlada por la CEDA– que incluía tres movimientos: la suspensión del Parlamento Catalán, el nombramiento de un gobernador general para sustituir al presidente y al Gobierno de Cataluña y la promesa de estudiar la situación definitiva de competencias y traspasos.

A las extremas derechas y a Falange les parece todavía poco esta marcha atrás, y el 29 de noviembre Honorio Maura Gamazo propone a las Cortes la pura y simple derogación del Estatuto. que llevaba aneja la desaparición de toda sombra de autonomismo e incluso la vuelta al régimen provincial común. Antonio Goicocchea apoya a su colega Maura, pero el tradicionalista Esteban Bilbao trata de mantener un Cierto equilibrio autonómico. Primo de Rivera subraya la propuesta de Maura, mientras Francisco Cambó intenta salvar del naufragio sus decenios de lucha autonomista. Continúan las discusiones dos días más hasta que se rechaza la propuesta de Maura por 134 votos contra 24. El día 13 de diciembre Cambó defiende con valor y agresividad los restos de la autonomía. La Lliga admitiría la retrocesión de los Servicios de Orden Público, pero no se conforma sin lucha con una suspensión sine die que puede no ser más que una supresión disimulada. Por fin se acepta el día 14 la propuesta de la comisión, atemperada con una enmienda presentada conjuntamente por Gil Robles y el radical Guerra del Río; el texto definitivo de la ley-castigo es el siguiente:

«El Presidente de la República Española, a todos los que la presente vieren y entendieren, hace saber:

»Que las Cortes han decretado y sancionado la siguiente ley:

»Art. 1. Quedan en suspenso las facultades conferidas por el Estatuto de Cataluña al Parlamento de la Generalidad, hasta que las Cortes, a propuesta del Gobierno, y después de levantada la suspensión de garantías constitucionales, acuerden el restablecimiento gradual del régimen autonómico.

»Art. 2. En el período transitorio de que se habla en el artículo anterior, asumirá todas las funciones que corresponden al presidente de la Generalidad y a su Consejo Ejecutivo un gobernador general que nombrará el Gobierno, con facultades de delegar, en todo, o en parte, las funciones atribuidas a dicho Consejo.

»Al cesar el período transitorio, si antes no se hubiera reformado el Estatuto, el Gobierno podrá confiar su representación a un delegado para el ejercicio, total o parcial, en Cataluña, de las funciones no atribuidas a la Generalidad.

»Art. 3. El Gobierno nombrará una comisión en el plazo máximo de tres meses, que estudie los servicios traspasados y valorados y proponga los que durante este régimen provisional deban subsistir, los que deban rectificarse y los que deben revertir al Estado, señalando, en cada caso, las normas a que deberá sujetarse la ejecución de los acuerdos adoptados.

»En todo caso, las normas referentes a los Servicios de Orden Público, Justicia y Enseñanza, serán objeto de una ley.

»Por tanto:

*Manda a todos los ciudadanos que coadyuven al cumplimiento de esta ley, así como a todos los tribunales y autoridades que la hagan cumplir.

Madrid, 2 de enero de 1935. Niceto Alcalá-Zamora y Torres. El presidente del Consejo de Ministros, Alejandro Lerroux García»[11].

E1 10 de e[ero de 1935, en presencia del general Batet, toma posesión el nuevo gobernador general de Cataluña, Manuel Portela Valladares. Alto, espigado, elusivo, de mirar lejano y erizada cabellera blanca, don Manuel había nacido en Fonsagrada (Lugo) en 1866. Vizconde de Brías por matrimonio con una rica heredera catalana, fue gobernador de Barcelona en 1910 con Canalejas y en 1923, con García Prieto. Ex ministro de la monarquía, alto grado en la masonería española, pasaba por hombre moderado y enérgico; su complejo historial sociopolítico le predisponía a la tolerancia y al centrismo.

Se presumía su buen recibimiento en una Cataluña a la que estaba ligado por tantos vínculos. La verdad es que la Cataluña de principios de 1935 carecía de fuerzas para reaccionar pro o contra ningún procónsul republicano.

Ante los tristes acontecimientos del año anterior, bastantes políticos catalanes abandonan la lucha partidista y se refugian en la vida profesional o la de negocios. Es el caso de Amadeu Hurtado, quien a primeros le 1935 se retira de la política y de la prensa para continuar sus «quaranta anys d'advocat». El 19 de enero 1935 el vicepresidente del Parlamento Catalán, Martínez Domingo, presenta recurso ante el Tribunal de Garantías contra la ley de 2 de enero; esta vez Companys aprueba la decisión.

A principios del mes de febrero, Gil Robles insiste en sus planes para la expansión de su partido en Cataluña. El 26, Cambó critica estos intentos en un discurso en Tarragona; Gil Robles pretende organizar políticamente a los catalanes «aprovechándose de nuestra desgracia actual». Pero el viejo luchador catalán, experto profeta de tempestades, piensa cada vez más en su próximo refugio a orillas del Adriático: sigue pesando demasiado sobre él, como sobre toda Cataluña, el recuerdo del 6 d octubre.

Proceso y condena de la Generalidad

El problema de la represión por los sucesos de Octubre tiene varias vertientes que no cabe confundir. Hay que estudiar separadamente la represión militar, la gubernativa, la parlamentaria y esto en los dos principales teatros revolucionarios: Asturias y Cataluña; hay que subrayar las interferencias de los problemas represivos en la marcha de la política y las instituciones regionales y republicanas. Ya hemos tocado algunos de estos aspectos; en el resto de este epígrafe esperamos completar el todavía hoy difícil cuadro.

El 19 de noviembre de 1934 el Tribunal de Garantías admite la querella del Gobierno de la República contra el Gobierno de la Generalidad. El vocal ponente de la causa es Gil Gil y Gil; actúa como fiscal el que lo es de la República, Lorenzo Gallardo. A finales de noviembre se ve en el tribunal una causa previa sobre su propia competencia en el proceso del Gobierno faccioso. El 1 de diciembre, superado este obstáculo, el fiscal de la República pide el traslado de los presos a Madrid. Una nueva etapa en la odisea de los encartados; de Capitanía, donde el general Pozas les había tomado la primera declaración en la mañana del 7 de Octubre, pasaron el mismo día al Uruguay, el 9 al Ciudad de Cádiz y un mes más tarde de nuevo al Uruguay.

En los primeros días de diciembre se les traslada a Madrid en camioneta y acompañados por fuerte escolta. Quedan alojados en la cárcel Modelo; los prisioneros «culturales», que integraron el Patronato de la Universidad Autónoma, permanecen en el buque prisión. Mientras tanto, se produce una modificación en el cuadro de defensores, compuesto inicialmente por un brillante cuarteto de abogados: Ángel Ossorio, Luis Jiménez de Asúa, Augusto Barcia y Amadeu Hurtado, que actuaban coordinadamente.

El conseller Esteve retira su confianza a Hurtado, encargado de su defensa, por unas declaraciones que el acusado estimaba ofensivas para la Generalidad. Sustituido el gran jurista catalán por Mariano Ruiz Funes, la defensa intenta recusar a tres miembros del tribunal de Garantías, entre los que figuraba Víctor Pradera. Los defensores sabían perfectamente que el Tribunal estaba dominado por la derecha e incluso contaba con mayoría netamente monárquica, extraña en un dicasterio consagrado a la defensa de la pureza constitucional republicana. Esa misma defensa reconoce siempre la integridad y la competencia del fiscal Gallardo.

En sus conclusiones provisionales, elevadas el 4 de abril de 1935, el fiscal pide 30 años de prisión para los encartados por delito de rebelión militar. La vista comienza el 27 de mayo y en ella raya a la máxima altura el defensor de Manuel Azaña, Ángel Ossorio y Gallardo. Como era ya habitual en los grandes procesos políticos de la época, éste se convirtió también en excelente plataforma propagandística para los acusados, sobre todo, para Luis Companys, que actuó ante el tribunal sin jactancia, pero con serenidad y gallardía. El 6 de junio, en medio de gran expectación, se dicta la sentencia. El tribunal condena al Gobierno catalán faccioso a 30 años de reclusión mayor por delito de rebelión militar. Varios vocales, entre ellos Antonio María Sbert Massenet, emiten un voto particular disconforme; creen que el veredicto debería ser absolutorio Y piden que se tipifique el golpe de Estado como figura de delito.

De los 21 vocales del tribunal solamente 10 votaron la condena, además de los recusados. El resultado no agradó a Companys, quien, seguro además de la impunidad, hubiese preferido la pena de muerte: Lorenzo Gallardo no quiso solicitarla porque consideraba a Companys como un simple seguidor de los auténticos responsables, Dencás y Badía. Companys insistió durante todo el proceso en proclamarse jefe y responsable de la rebelión. El Gobierno francés seguía teniendo detenido a Dencás en la Santé, pero se negó siempre a conceder la extradición solicitada por el Gobierno español. Dictada la sentencia, los políticos catalanes empiezan a cumplirla en los penales de Cartagena y El Puerto de Santa María.

El presidente del Parlamento, Casanovas, había conseguido escapar del Uruguay en marzo con motivo de una diligencia procesal.

La causa del Ayuntamiento de Barcelona pasó al Supremo, quien la devolvió a la Audiencia Militar de Cataluña y ésta a la Audiencia Territorial. El fiscal de este último tribunal, Díez Sala, decidió inmediatamente la libertad provisional de los acusados, en febrero de 1935.

El proceso de Asturias y los indultos

Si la represión de la noche catalana del 6 de octubre se celebraba ante los tribunales, en Asturias trascendía indirectamente a la calle y al campo. El 16 de octubre se dictaron 16 penas de muerte en Gijón. El 10 de noviembre es delatado y detenido Manuel Grossi en su casa de Mieres. El 20 de noviembre las Cortes conceden el suplicatorio para procesar por rebelión militar a Teodomiro Menéndez. El 20 de noviembre un consejo de guerra condena a muerte al misterioso teniente Torréns. En la noche del 2 al 3 de diciembre el segundo de Doval, capitán de la Guardia Civil, Reparaz, detiene en su escondite natal de Ablaña al generalísimo de la revuelta, Ramón González Peña, cuyo nombre va a reavivar todos los rescoldos de Octubre.

El 11 de diciembre es capturado el sargento Diego Vázquez. El 31 de diciembre informa ABC sobre un consejo de guerra contra el teniente de la Guardia Civil Fernando Condés, implicado en los sucesos revolucionarios de Madrid.

Puede decirse que, desde el mismo momento de la pacificación militar, el Gobierno no parece tener encima otro problema que el de los indultos. Toda la política española gira en tomo al tema; todas las demás cuestiones políticas, económicas y sociales han dejado de existir. La tensión provocada por un problema judicial que se convierte en políticamente absorbente por obra de todas las propagandas encontradas se hace insostenible en dos momentos: a mediados de octubre, con motivo de la condena de los militares partidarios de la Generalidad, y a mediados de febrero de 1935, cuando se pone sobre el tapete el indulto de los principales jefes asturianos. Toda la política española gira en tomo a esos procesos y esos indultos; el Gobierno se ve cogido en sus propias redes propagandísticas. Lerroux hubiese sin duda cedido a la voluntad implacable de Gil Robles, que exigía las ejecuciones; pero el presidente Alcalá-Zamora, consecuente con el recuerdo del 10 de agosto, que por lo visto no influyó para nada en el jefe derechista, se negó en redondo a dar curso a las condenas.

El 10 de octubre es condenado el comandante de somatenes Jaime Bosch a cadena perpetua. El 12 de octubre un consejo de guerra condena a muerte en Barcelona al comandante Pérez Farrás, capitanes Escofet y López Gabel, teniente coronel Ricart y comandante de Seguridad Salas Ginestar. La sentencia no se hace inmediatamente pública, pero corre por todo el país. La esposa de Pérez Farrás visita a Gil Robles (recordemos que éste no ejercía cargo oficial alguno) en Madrid, quien le responde a la pobre mujer: «No puedo hacer nada por su marido; los ministros de Acción Popular votarán a favor de la sentencia.» Terribles palabras pronunciadas el 15 de octubre, y desmañadamente explicadas con argumentos escolásticos 34 años más tarde. El día 16, el presidente irrumpe unilateralmente en la escena política y publica una nota en la que se prejuzga el indulto al designarse a Farrás como «caudillo de las libertades catalanas». Dos consejos de ministros se celebran sobre el tema los días 17 y 18 de octubre.

En el último, el presidente reúne al Gobierno en torno a una enorme mesa colmada de telegramas. Don Niceto pronuncia un eterno discurso de 11 cuartos de hora en que, bajo su oratoria barroca, lanza grandes verdades no solamente humanitarias, sino plenas de sentido político. La muerte de Farrás le convertiría en mártir; el recuerdo del 10 de agosto cubriría para siempre a la República y a él mismo con un baldón de injusticia; en definitiva se trata de un delito político. Samper es el primero de los ministros –retenidos para comer en Palacio– que inicia la retirada. ¿Quién podía preocuparse en España porque en la fecha del primero de estos dos melodramáticos consejos falleciera oscuramente Santiago Ramón y Cajal, uno de los grandes científicos de nuestra Historia?

El 31 de octubre se celebran otros dos consejos de ministros en un solo día, sobre el tema obsesivo de los indultos catalanes. En nombre de la CEDA, el ministro Manuel Giménez Fernández exige la ejecución de las condenas. Al día siguiente, en un nuevo Consejo, ceden los radicales y por mayoría se decide el indulto de los militares implicados de la Generalidad. Desde este momento Companys y sus compañeros, lo mismo que el resto de los jefes revolucionarios, se sintieron a salvo. Las izquierdas consideraron el indulto como un triunfo debido al miedo de sus enemigos. Nadie agradeció sus esfuerzos titánicos al presidente de la República; y menos que nadie, los condenados a quienes salvó y salvaría de la muerte, excepto el comandante Pérez Farrás.

Entre los escándalos provocados por la condena y el indulto de los jefes revolucionarios y facciosos, nadie se preocupa de otras condenas más definitivas. El 5 de noviembre Lerroux proclama que el Gobierno va a proponer 21 indultos entre las 23 sentencias de muerte emitidas hasta el momento por la autoridad militar. De hecho, el peso de la ley cae solamente sobre cuatro desgraciados segundones asturianos de la Revolución. El 1 de febrero de 1935 es fusilado en el cuartel de Pelayo el sargento Diego Vázquez, condenado el 3 de enero por un consejo de guerra celebrado en la Diputación Provincial. Con él es ejecutado Jesús Argüelles, el Pichilatu. Los otros dos revolucionarios ejecutados fueron dos campesinos: José Guerra Pardo, que lanzó una bomba sobre un camión de la Guardia Civil en la provincia de León y mató a varios guardias (fusilado el 7 de noviembre en León), y José Naredo, atracador que se aprovechó de las circunstancias en Gijón para cometer diversos crímenes so capa revolucionaria.

Éstas fueron las únicas cuatro víctimas retroactivas de la recién restablecida pena de muerte. Las derechas eligieron bien: ninguno tenía la menor posibilidad de convertirse en mártir. Pero su misma insignificancia resalta más la injusticia y la impotencia de quienes consintieron en su ejecución mientras se perdonaba por razones políticas a los verdaderos responsables.

El 5 de noviembre de 1934 se reanudan brevemente las sesiones de Cortes. Gil Robles propone un nuevo voto de confianza al Gobierno tras deshacerse en elogios a su jefe. Antonio Goicoechea se niega esta vez a sumarse a la mascarada patriótica y acusa al Gobierno de inoperancia y lenidad a la vez que lanza una descarada invitación reaccionaria: «Desandar todo lo andado desde el 14 de abril.» Melquíades Álvarez, el moderado reformista asturiano, anima a la dureza represiva y a la utilización de la pena de muerte, bien ignorante de que con sus palabras estaba firmando la suya. El 6 de noviembre se celebra la segunda sesión parlamentaria sobre la Revolución. El conde de Rodezno tampoco votará la confianza propuesta por la CEDA. En la misma sesión pronuncia un terrible discurso José Calvo Sotelo. Terrible por su ataque al socialismo; por sus acusaciones contra el Gobierno ante su lenidad; por sus invectivas contra el ministro Hidalgo, a quien designa como responsable de lo sucedido. Y, sobre todo, por su carga cerrada contra la democracia parlamentaria: «La posibilidad del diálogo parlamentario ha desaparecido para siempre.»

Las izquierdas tomaron buena nota de dos de los párrafos finales del discurso: «En fin, Lerroux debiera tener presente que la República Francesa vive, no por la Comuna, sino por la represión de la Comuna; no es hija de la Comuna; es hija de la represión de la Comuna. (El señor Maeztu: ¡Cuarenta mil fusilamientos!) Aquellos fusilamientos aseguraron setenta años de paz social. »Estamos en que el Estado liberal democrático, que es la base de la Constitución republicana vigente, no 'puede resolver el problema español. Esa Constitución que se ha ensayado en todas las posturas, en todas las posiciones, es una Constitución inadecuada para España. En eso estamos de acuerdo, y lo estamos también en otra cosa: en que la personalidad del hombre es sustantiva, en que la personalidad es sagrada. ¡Qué duda cabe! La personalidad es sagrada. Ése es un concepto cristiano que, como cristiano, profeso yo sinceramente. En esto tampoco estamos en desacuerdo. No veo por qué S. S. me lanza el apóstrofe con que lo expresaba como un argumento contundente; estamos de acuerdo. Lo que pasa es que de la libertad en el siglo XX se tiene un concepto perfectamente distinto del que se tenía en el siglo XIX; con diferencias cualitativas y cuantitativas.

»En el siglo XIX la libertad era una afirmación ilimitada; en el siglo XX la libertad es una construcción restringida y se sabe separar y diferenciar perfectamente lo que es vital en la libertad de lo que es superfluo o de lo que es complemento. La primera libertad vital es la de vivir; la segunda, trabajar. Lo primero que hoy quiere el pueblo es vida humana respetada, cosa que no ha logrado la Constitución liberal de la República; lo segundo, trabajo asegurado, cosa que tampoco ha conseguido el Estado liberal de la Constitución republicana. En tanto en cuanto sea preciso hundir otras libertades para salvar las fundamentales de la vida, del pensamiento y del trabajo, ¡ah, señor Gil Robles!, habrá que hacerlo, y no por eso hundiremos la personalidad en ningún piélago ni en ningún vacío.

»Y nada más, sino decir al señor Gil Robles que tenga muy presente aquella frase que el Bachiller Alonso de la Torre dijera en cierta ocasión memorable: «Más suele vencer a los hombres la buena que la mala fortuna»[12].

Gil Robles, visiblemente impresionado por el ataque del jefe monárquico, con el que en el fondo estaba de acuerdo, reacciona como puede y salva precariamente la situación con notable habilidad. José Antonio Primo de Rivera habla de la bandera que Lerroux ha dejado abandonada. Con la abstención de monárquicos y tradicionalistas se aprueba la confianza al Gobierno por 233 votos contra ninguno.

En la tercera sesión sobre Octubre, celebrada por las Cortes el día 7 de noviembre de 1934, toca atacar a José María Fernández Ladreda, testigo de los hechos en Oviedo. Pide justicia implacable. El ex presidente del Consejo, Samper, y el ministro Hidalgo se defienden como pueden. Hidalgo reprocha a Ladreda sus acusaciones y veladamente le reprueba por no haberse presentado a las autoridades de Oviedo en su calidad de militar retirado. Pero el ministro de la Guerra estaba tocado de muerte por los ataques de Calvo Sotelo y ni en las Cortes ni en su interesante libro, publicado poco después, puede exculparse de su colaboración con la editorial procomunista Cenit. No van a bastarle sus propósitos de disolver el Consorcio de Industrias Militares.

En la cuarta sesión parlamentaria del 9 de noviembre se aprueba el suplicatorio para procesar a Largo Caballero. Albiñana se duele de ver en el banco azul una alianza de católicos y masones. Las Cortes se ponen en pie para rendir un homenaje al ex diputado muerto en octubre, Marcelino Oreja Elósegui. Fuertes rumores saludan la presencia de Martínez Barrio y Miguel Maura. Pero esto no es nada comparado con el espectáculo en la sesión del día 15 de noviembre, cuando siete valerosos diputados de la Esquerra se atreven a ocupar su puestos. Cuando intenta hablar Ventosa Roig, Calvo Sotelo exige, a gritos, que los recién entrados declaren si son españoles o no. Ventosa, con dignidad y mesura responde que nadie tiene el menor derecho a formular semejante pregunta. Gil Robles se niega a admitir cualquier diálogo con los recién entrados y propone inmediatamente la incompatibilidad de las Cortes con los diputados adictos a la revuelta. Ataca de nuevo al ministro Samper y su propuesta es aprobada por 161 contra 13. Samper e Hidalgo son así expulsados del Gobierno por su propio partido. Gil Robles ha destruido para siempre el Partido Radical.

A1 día siguiente el propio Lerroux se encarga de la cartera de Guerra y Rocha,de la de Estado. A fines de diciembre las Cortes, que se reúnen con tanta intermitencia como ineficacia, y aprovechan el menor pretexte para aplazar las sesiones, acuerdan la prolongación del estado de guerra.

A mediados de febrero los procesos de Teodomiro Menéndez y Ramón González Peña enconan de nuevo el ambiente político español. El 9 de febrero Teodomiro Menéndez, que había intentado suicidarse tirándose al patio de la prisión de Oviedo tras las palizas que le propinaron sus guardianes, es condenado a muerte y a pagar una indemnización de 100 millones de pesetas al Estado y a varios particulares. Muerte, 200 millones de pesetas y disolución del Sindicato Minero Asturiano es la sentencia del consejo de guerra celebrado el l5 de febrero de 1935 contra González Peña. Desde España y desde París se orquesta una nueva campaña tremendista a favor del indulto.

El Tribunal Supremo, que había resistido a los embates reformadores de la CEDA durante todo el invierno, acuerda informar favorablemente al indulto. El 27 de marzo El Debate dictamina que, aunque se produzca el indulto, no debe la CEDA provocar la crisis. Gil Robles, encantado de poder demostrar su independencia del órgano vaticanista, confirma a sus ministros que las órdenes las da él, y no Ángel Herrera. El día 29, en el Consejo de Ministros, Lerroux y los radicales votan por el indulto en contra de los ministros de Gil Robles. Inmediatamente se produce la crisis en la que algunos ven la disolución de la coalición gubernamental.

Tras varios intentos fallidos, es el propio Lerroux quien se encarga de formar un nuevo Gobierno de circunstancias, que entonces se llamó «de técnicos», en el que figuraban ocho ministros sin acta parlamentaria. Es el 3 de abril y las Cortes están suspendidas por otro mes. La crisis de marzo es el último coletazo de Octubre; Gil Robles afirmaba que la tarea del nuevo Gobierno debería ser «liquidar la revolución», pero al prefijar este programa todavía pensaba que la CEDA sería llamada inevitablemente a formar parte del nuevo equipo con mayor participación que en el anterior. Llegó incluso a elegir la cartera de Guerra. La oposición de Alcalá Zamora aplazó, por el momento, la idea, y el nuevo Gobierno quizá pensaba que liquidaba realmente la Revolución cuando el 9 de abril levantaba el estado de guerra en toda España y, con motivo del aniversario de la República, condecoraba con la Cruz Laureada de San Fernando a los dos héroes de Octubre, generales Batet y López Ochoa, a los que no se pudo nombrar, como era deseo de muchos, tenientes generales, porque había desaparecido ese grado. La merecida recompensa parecía, en efecto, poner el punto final a los trágicos episodios revolucionarios. Pero era solamente una apariencia.

Gil Robles propone un pronunciamiento militar

Con motivo de Octubre y sus consecuencias, sucedieron en la sombra algunos hechos muy significativos que solamente se han revelado muchos años más tarde, aunque no faltaron por entonces las sospechas: algunos hechos que tenían como principal protagonista al Ejército español.

Nunca se ha recordado un interesante testimonio de Margarita Nelken sobre la situación del Ejército en Octubre:

«Las traiciones que pudiéramos llamar “indiscutibles”, o sea, defecciones de aquellos militares con cuyo concurso era lícito contar, puesto que lo habían formalmente prometido.

»Hacía varios meses que la propaganda revolucionaría “trabajaba” al Ejército. Las clases se adherían abiertamente a la preparación del movimiento. Había regimientos, principalmente en Madrid, que estaban enteramente comprometidos igual que si fueran organizaciones obreras. Entre los oficiales, el reducido número de los que verdaderamente compartían el ideal de una transformación de la sociedad por medio de la implantación de la dictadura del proletariado hallábanse reforzados por el número bastante considerable de los republicanos asqueados por las vilezas de “la monarquía sin corona”, y que, aún regidos por ideas burguesas, preferían luchar en favor de un régimen socialista, que no seguir sosteniendo los enjuagues lerrouxistas y los privilegios de las antiguas oligarquías. Y había, por fin, el grupo, nada despreciable, de los que, sin matiz político definido, querían, sin embargo, impedir a toda costa, aun a costa de una sociedad sin clases, el avance del fascismo jesuítico, y también el grupo de los que se sentían heridos o despechados por atropellos cometidos en favor de los paniaguados de la situación actual y asociaban su rencilla personal a la sed de justicia de los partidos proletarios. Pero el Ejército no se movió».[13]

De acuerdo con algunas de las apreciaciones básicas de la diputada socialista –que, como hemos insinuado, en Octubre inició un franco viraje hacia la órbita de PCE–, el Ejército de 1934 era fundamentalmente apolítico; estaba escarmentado por las luchas intestinas de 1917, por las rebeliones y represiones de la dictadura por la cirugía de Azaña y por el 10 de agosto. Frente a la gran masa de generales, jefes y oficiales que seguía pensando en España sin intermediarios partidistas, Octubre contribuyó a que se perfilasen más dos minorías, una de derecha y otra de izquierda, dotadas cada vez de mayor agresividad y mayor potencia disgregadora dentro de la gran familia militar. Algunos observadores no militares captaron bien el fenómeno.

En el consejo de guerra contra los sublevados de Barcelona, registraron las actas este trágico diálogo entre el capitán Kunhel y el comandante Pérez Farrás:

K. –«Usted miente.

F. -¡Cobarde!

K. –Eres un traidor al Ejército y a la patria.»

Angel Ossorio y Gallardo apostilla en el proceso de la Generalidad: «El uniforme en España, por desgracia, no distingue la legitimidad de la ilegitimidad».

Ya hemos insinuado suficientemente que algo mucho más grave latía bajo los «piques» y las pequeñas zancadillas de militares «republicanos» (López Ochoa, Balmes) y «africanos» (Yagüe, Franco). La decisión de Hidalgo, pasando por alto al subsecretario del Ministerio y al jefe del Estado Mayor Central, reducidos al papel de simples espectadores, es muy sintomática: los dos generales estuvieron poco después en un campo bien contrario al del joven general de África.

Estos fermentos de división incidían sobre un Ejército tan mal preparado como el de la monarquía; Gil Robles se espanta cuando uno de sus ministros le somete el informe del jefe de la VIII División Orgánica al Ministro de la Guerra. «La descripción del abandono en que estaba el Ejército causaba verdadero espanto», recuerda el propio Gil Robles, quien tampoco comenta aquí la anomalía de que los ministros del Gobierno sometiesen a un particular, por muy jefe de partido que fuese, documentos del más alto secreto. En medio de tanta confusión y abandono destacaba el excelente entrenamiento de las fuerzas de África, que, según el ministro Hidalgo, contaban con efectivos de 12.000 hombres en 1934. y surgía cada vez menos inequívoca la importancia de la figura del joven general Francisco Franco, que mantenía todo su antiguo ascendiente sobre los jefes y oficiales más decididos de esas fuerzas africanas.

En medio del tolle tolle por los indultos de Octubre, Gil Robles confiesa, al cabo de los años, que llegó a planear nada menos que un pronunciamiento militar. La inaudita confesión se contiene en estas palabras: «Necesitaba, ante todo, saber hasta qué punto era posible en última instancia una actitud decidida del elemento militar».

Para averiguarlo, el 18 de noviembre, Cándido Casanueva, vicepresidente de Acción Popular, hace un sondeo entre destacados militares y, por la noche. visita a Gil Robles para comunicarle que los generales Fanjul y Goded deseaban verle con urgencia. Gil Robles da instrucciones a su enlace: «Le expuse claramente el estado del problema político y le encargué que hiciera ver a los generales cómo a nosotros nos era imposible tomar la iniciativa de provocar una situación excepcional, aunque en manera alguna nos opondríamos a que el Ejército hiciera saber al presidente su firme deseo de impedir que vulnerara el código fundamental de la nación, según estaba a punto de hacerlo. «Si yo mantengo la actitud de los ministros de la CEDA –le dije–, no habrá salida para la crisis. El señor Alcalá-Zamora se verá obligado a entregar el poder a un Gobierno de tipo izquierdista y disolverá las Cortes. Será un verdadero golpe de Estado; pero ¿quién lo va a impedir?»[14].

El día 20 de noviembre trae Casanueva la respuesta: «Dos días después volvió a verme Casanueva y me dio cuenta de las conversaciones mantenidas en su domicilio con los generales Goded y Fanjul. Como yo sospechaba, no cabía siquiera el intento de apoyarse en una actuación militar. Después de su primera visita, los propios generales, que habían podido sondear ya la situación de los medios castrenses y el estado de ánimo de las guarniciones, acudieron de nuevo al domicilio de Cándido Casanueva, para pedirle que transigiéramos con el indulto y que de ningún modo abandonáramos el Gobierno. “Aunque haya que indultar a Pérez Farrás, no dimitan ustedes, porque el Ejército no está hoy en condiciones de impedir que el poder caiga en manos de las izquierdas, que en pocos días nos desharían”. Con estas palabras resumieron su posición quienes veinticuatro horas antes planteaban el problema en los siguientes términos: «Sabemos que van ustedes a indultar a ese traidor de Pérez Farrás, y esto es intolerable»[15].

A instancias del jefe de la CEDA, los dos generales habían consultado con sus compañeros de generalato (es decir, con Franco) y con los jefes de la guarnición de Madrid. Estas conversaciones que parecen absolutamente ciertas introducen un nuevo enfoque esencial, para comprender la actitud del Ejército el 18 de julio: una vez más los políticos exigían la intervención política de los militares y se mostraban dispuestos a secundarles. Gil Robles llegaba incluso a animar al Ejército para el pronunciamiento, prometiéndole el apoyo de sus masas. Tantos años más tarde no admite la contradicción entre su «necesitaba saber en última instancia» y su «haremos lo que el Ejército resuelva». Realmente Calvo Sotelo era infinitamente más sincero que el político democrático, quien en nombre de la democracia atacaba a los revolucionarios y exigía el poder mientras se guardaba pretorianamente las espaldas.

Incluso es posible que con estos contactos tratase Gil Robles de impedir que Calvo Sotelo se erigiese como el hombre del Ejército. En el famoso discurso parlamentario del 6 de noviembre de 1934, al que ya nos hemos referido, Calvo Sotelo había trazado las líneas maestras de toda una teoría para cohonestar la intervención política del Ejército. Ataca, sí, a Diego Hidalgo, pero alaba sin reservas al hombre de confianza del ministro, general Franco; por primera vez el Ejército español es designado como «columna vertebral de la patria»; se dibuja incluso una teoría sobre los pronunciamientos.

No solamente las derechas sopesaban la nueva potencialidad política decisiva del Ejército español. Ya hemos transcrito la opinión de la señora Nelken.

Las izquierdas, vencidas, no pudieron olvidar que fue el Ejército el que deshizo en último término su intentona. La propaganda comunista de la Guerra Civil, que trató siempre de enfrentar al Ejército contra el pueblo, evidencia sus falsas raíces ante los desfiles de la Legión por las calles de Oviedo. Nadie pensaba demasiado en que Octubre había acentuado el republicanismo del Ejército: mucha gente había gritado por primera vez «Viva la República» en el curso de esos desfiles. Octubre fue, por el contrario, escenario de una notable confraternización entre el Ejército y el pueblo, si no queremos dar a estas palabras un absurdo sentido restrictivo y partidista que jamás tuvieron.

No consta que la segunda crisis de los indultos, la de primavera, involucrase conversaciones entre la derecha y los militares del tipo de las sostenidas en noviembre. Para entonces la posición de Calvo Sotelo estaba mucho más definida y Gil Robles pretendió adelantarse al jefe monárquico de forma mucho más concluyente: sentándose él mismo en el sillón ministerial de la Guerra. Falló, como vimos, este intento en abril, pero el objetivo seguía en pie.

Para comprender adecuadamente los verdaderos términos del problema histórico de la represión por los sucesos de Octubre, conviene tener en cuenta que tanto la derecha como la izquierda española eran ya en esa fecha depositarias de una tremenda herencia de sangre. Esa herencia era cuantitativamente más importante en la derecha, porque por sí y por sus legítimos antecesores llevaba mucho más tiempo en el poder. En nombre de la ley y el orden se cometieron desde los comienzos de la edad contemporánea –para no remontarnos a etapas históricas que no nos atañen– un ininterrumpido rosario de violencias más o menos legales. Los dos bandos de las guerras carlistas y demás agitaciones decimonónicas cometieron actos reprobables en nombre de bien diversos ideales. La izquierda –en el sentido siglo XX de la palabra– no había llegado al poder hasta 1931, y el confuso humanitarismo que latía en sus diversos credos burgueses y proletarios luchaba hasta 1934 con éxito contra el tremendismo verbal de que hacían gala sus dirigentes, pero los profesionales de la violencia, los anarquistas, formaban sentimentalmente parte de esa izquierda. Hay que tener en cuenta la tradición del empleo de la violencia como instrumento político habitual para comprender la actitud del Gobierno y de la derecha española –profesionalmente católica– en el intento represivo.

El Ejército, por su parte, no era aquí un elemento de atemperación. Todo el mundo recordaba en Asturias el célebre bando «de las alimañas» del general Burguete en 1917 y no faltaron momentos en que una persona tan moderada como López Ochoa llegó a enviar sobre Asturias, desde el aire, la segunda edición corregida del bando de Burguete. Pero a la vez hay que notar que el estado de guerra en octubre de 1934 no fue en Cataluña y Asturias una metáfora jurídica. Allí, sobre todo en Asturias, hubo una guerra, una pequeña guerra civil; la Historia no conoce excepciones en la crueldad de su larga lista de guerras civiles. Excepciones que no se dieron tampoco en España ni antes ni después de octubre de 1934.

Los miles de presos por Octubre

Ya hemos dejado suficientemente en claro la actividad represiva gubernamental y parlamentaria en lo que se refiere a los procesos de los dirigentes principales y a la ejecución de las cuatro únicas condenas a muerte que resultaron firmes. Pero cuando todas las oleadas de la propaganda y de la contrapropaganda se refieren a la represión de Octubre pasan por alto ese aspecto y tampoco tienen en cuenta otros aspectos de la represión en Cataluña, lo que evidencia que fuera de las medidas institucionales y de los grandes procesos contra unas decenas de dirigentes, en Cataluña no puede hablarse seriamente de represión. Este hecho constituye una alabanza para la capacidad de recuperación cívica del pueblo catalán y para la gestión comprensiva y suavizadora del gobernador general Portela. Los autores barajan cifras muy diversas cuando tratan de abordar, a menudo sin más instrumentos que su buena voluntad historiográfica, el tema de la represión de Octubre.

El ex ministro Ruiz del Toro lanza la cifra de 800 a 1.000 muertos para las víctimas de la represión asturiana, confundiendo lamentablemente los que perecieron en combate con las auténticas víctimas de la represión posterior. Gabriel Jackson, quien reconoce unos cuarenta asesinatos de los rebeldes durante la campaña, cree que los presos políticos tras ella llegaron a unos treinta o cuarenta mil. Los historiadores de la derecha dicen que a fines de 1934 las cárceles estaban llenas; y citan al diputado Trabal, quien en las Cortes afirma que solamente en Cataluña había 7.000 encarcelados, aunque el ministro de Estado sólo reconoce la detención continuada de 2.000.

Ésta es la cifra que citan dichos historiadores solamente para los detenidos en Asturias a fines de octubre de 1934. Como cifras globales de detenidos en toda España hablan de 3.000 en Madrid, 3.000 en Barcelona 5.000 en Asturias y 1.500 en Bilbao; unos 12.500, pues, en total. Antonio Ramos Oliveira, que no se distingue por su rigor estadístico, mete en la cárcel por los sucesos de Octubre a 40.000 personas. La historia oficial del PCE se conforma con 30.000. La cifra exacta debe de oscilar entre 10 y 15.000 personas; no es imprescindible conocerla, aun cuando su determinación fuese hoy día posible, con casi toda la documentación eliminada. Unos miles de personas, en su inmensa mayoría trabajadores, detenidos largos meses en espera de un consejo de guerra, es suficiente fermento para aglutinar, como así sucedió, a masas enormes contra el Gobierno de la represión. Bien entrado el año 1935 faltaban por celebrar, solamente en Asturias, mil consejos de guerra, de los que unos seiscientos tuvieron que sobreseerse. Pero recordemos una vez más que solamente cuatro de los casi treinta condenados a muerte por estos consejos sufrieron en realidad la última pena.

La actuación del comandante Doval

Ya sabemos que, terminada la campaña militar en Asturias, se presenta al general López Ochoa el comandante Lisardo Doval, de la Guardia Civil, con plenos poderes del Gobierno para encargarse de la captura de revolucionarios y, sobre todo, para asegurar la recuperación de todas las armas ocultas. Lisardo Doval Bravo había nacido el 15 de abril de 1888 y poseía grandes do)tes para la investigación policial. Acreditado oficial dentro del Instituto, formó parte de una misión a Costa Rica en 1923, pedida por aquel Gobierno para crear en el país una Guardia Civil al estilo español.

Entre 1925 y 1930 mandó la Comandancia de Gijón, con lo que completó 14 años de servicios en Asturias. Hombre popular entre ricos y pobres, de gran éxito entre todo tipo de señoritas y señoras, al ser trasladado a Marruecos se recogieron cientos de firmas femeninas que protestaban por la marcha del capitán «por actuación descarada de la masonería». En octubre de 1934 estaba destinado en Tetuán a las órdenes del alto comisario. Su nombramiento para dirigir la represión asturiana fue idea del asesor del ministro Hidalgo, general Franco, que conocía al comandante porque había sido compañero suyo de promoción. Le dotó de plenos poderes, y comenta al respecto: «En un Estado dominado por la burocracia aportó algo más: un documento firmado por el ministro de la Guerra para que con la necesaria autonomía y especial jurisdicción pudiera realiza su cometido.» y pronostica el ministro: «Si. le dejan actuar con desembarazo, vencerá».

Durante varias semanas, en efecto, le dejaron actuar con desembarazo. Pero muy pronto llegaron incluso a Madrid rumores bastante fidedignos sobre la actuación irregular del comisario especial. Al arreciar los rumores, el 15 de noviembre es enviado por el director general de Seguridad, Valdivia, el inspector de policía Adrover para investigar sobre el terreno las brutalidades que se atribuían a Lisardo Doval. El investigador del Gobierno es expulsado violentamente por el comandante. A la vista de este hecho y de nuevos datos que se filtran por la rígida censura impuesta por Doval en torno a sus actividades en la madrugada del 30 de noviembre de 1934, Valdivia, en presencia del subsecretario, exige del Ministro de la Gobernación la destitución fulminante de Doval. Ésta se consuma en cuanto se hace cargo del gobierno general de Asturias Ángel Velarde, quien se siente apoyado en este espinoso asunto por el propio Gil Robles. La «dimisión» de Lisardo Doval se publica el 7 de diciembre y muy pronto el duro jefe de la Guardia Civil, que sigue gozando de muy poderosas influencias, es destinado de nuevo a un mando de Marruecos. ¿Qué había hecho Doval en Asturias?

La destitución del comandante, como veremos, estaba más que justificada; pero, sin embargo, nada tuvo que ver con el más resonante suceso de la represión asturiana, aireado por una insistente propaganda que todavía aleteaba al estallar la Guerra Civil: el asesinato del periodista Luis de Sirval:

Luis Higón y Rosell –que éste era su más prosaico nombre– había nacido en Valencia en 1899. Periodista de izquierdas y todo lo procomunista que puede ser un valenciano, había fundado una agencia de noticias que tuvo varios nombres y se especializaba en informaciones optimistas sobre la izquierda universal. Durante los primeros tiempos de la República, Sirval trabajó para La Libertad, periódico, como se sabe, controlado por Juan March. Sus ideas no estaban demasiado acordes con las que la propiedad imponía al periódico, y Sirval tuvo que abandonarlo. Desde fuera se revolvió contra quienes le expulsaron y pudo apuntarse en su historial una victoria nada común; March optó por deshacerse de su órgano. Viaja entonces a Rusia, pero al advenimiento de la coalición centroderecha, sus negocios empiezan a ir mal: los periódicos, incluso los izquierdistas, rechazan las colaboraciones de su agencia porque el nombre mismo parecía ahuyentar la publicidad; lo que demuestra que las victorias contra Juan March no solían ser durante la República definitivas. Al permitirse la entrada en Asturias, tras la campaña, a los primeros enviados especiales, Sirval llega a Oviedo y publica dos reportajes relativamente inocuos, pero que no eran precisamente un elogio al Ejército. Recorrió la cuenca minera y en la fonda ovetense La Flora dejó escapar que había presenciado pruebas de crímenes militares y que, en concreto, el oflcial legionario Dimitri Ivan Ivanof había fusilado a la «joven de dieciséis años Daida (sic) Peña», ante tres legionarios que podrían atestiguarlo.

En la noche del 26 de octubre es detenido y conducido a la Comisaría de Vigilancia. Se le ocupa un artículo sobre el asesinato de la joven en cuestión (que no era sino la famosa Aida Lafuente) en el que se citaba a «un teniente» del Tercio. En las notas que aparecieron sobre el cadáver, se contenía un resumen estadístico de 99 revolucionarios muertos, pero incluidos los muertos en combate. El borrador del artículo sobre la joven comunista de San Pedro de los Arcos se llamaba «Los tres legionarios». Con el teniente Ivanof irrumpen el día 28 en el patio de la Comisaría de Vigilancia los tenientes Pando y Florit. Varios vecinos presencian desde los balcones próximos cómo, tras identificar al periodista, éste hace un ademán (seguramente para defenderse) y cae acribillado.

Ivanof y sus compañeros son detenidos muy pronto, pero el 8 de agosto de 1935 son puestos en libertad al no encontrarse pruebas concluyentes contra ellos en el conejo de guerra que los juzgó. El Supremo confirmaría luego la sentencia, pero los «Comités Luis de Sirval» que se formaron en 1935 airearon el nombre del desgraciado periodista en innumerables artículos y publicaciones menores. Este luctuoso suceso es la única mancha que, prescindiendo de tecnicismos legales, pudo arrojarse sin duda sobre un miembro del Cuerpo del Ejército de Asturias.

El 11 de noviembre de 1934 el diputado radical-socialista Félix Gordón Ordás solicita una interpelación parlamentaria sobre los sucesos de Asturias, pero no encuentra eco en las propias izquierdas. El testimonio del político leonés es particularmente interesante porque conoce bien algunos de los teatros de la lucha, porque está exento de pasión –admite sin rebozo varios crímenes de los revolucionarios– y porque durante el verano anterior había hecho por todo el país una campaña contra la violencia revolucionaria que clarividentemente adivinaba. Tras recorrer detenidamente las zonas afectadas por la revolución en Asturias, León y Palencia, el 12 de diciembre de 1934 solicita de nuevo interpelación en nota al presidente del Consejo. En la misma nota denuncia uno de los más resonantes sucesos de la represión, al que llama «crimen de Tuilla Carbayín».

El 19 de octubre entró en Sama López Ochoa sin disparar un tiro. Los guardias civiles supervivientes –terrible expresión del propio Félix– detienen a varios revolucionarios, a quienes se señalaba como responsables de la matanza del cuartel. El día 25 a las tres de la madrugada sacan a varios en una camioneta y, tras darles muerte, los entierran en una escombrera de la mina de Rosellón, cerca de Carbayín. Asustadas por rumores que pronto se extienden, las mujeres excavan la escombrera el día 28 y extraen veinte cadáveres, entre ellos dos muchachos de 16 años y un maestro que pertenecía a Acción Popular. El Gobierno no explicó nunca satisfactoriamente este trágico hallazgo.

El 22 de diciembre de 1934, ante la negativa de Lerroux de dar curso a la interpelación solicitada, Félix Gordón Ordás publica un «requerimiento a la opinión» En vista de ello, Lerroux responde a la nota el día 25 y dice que ha decidido aplazar la interpelación hasta que el Gobierno posea datos fidedignos sobre las acusaciones del diputado leonés. Éste no ceja en su campaña, a la que denomina «cruzada». El 12 de enero de 1935 publica un escrito dirigido al presidente de la República en el que se resumen las atrocidades de la represión gubernamental en Asturias. El 18 de febrero publica un nuevo llamamiento en su «cruzada contra la arbitrariedad y por el derecho», esta vez dirigido a los intelectuales. He aquí los párrafos más concluyentes del «requerimiento a la opinión», publicado por el ex ministro de la República el 22 de diciembre de 1934:

«Dijo V. E. en el ya citado discurso: “Yo no conozco otros procedimientos de violencia de los que se emplearon cuando las fuerzas del Ejército se vieron obligadas a someter en Oviedo a todas aquellas fuerzas rebeldes”. ¿A qué procedimientos se refiere V. E. en esos párrafos? Porque si se refiere a la lucha frente a frente contra la revolución hasta vencerla, nadie podrá poner otra cosa que elogios a la previsión gubernamental y a la eficacia de los elementos ejecutivos de sus órdenes. Pero es que durante esa lucha contra los rebeldes en armas se realizaron también actos como los fusilamientos en el cuartel de Pelayo de Oviedo y ante las tapias del cementerio en San Pedro de los Arcos y como las ejecuciones dentro de los domicilios particulares en La Cabaña, en Tenderina, en Villafría y en San Esteban de la le las Cruces, que será preciso averiguar en virtud de qué precepto legal se pudieron llevar a efecto. Y añade V. E. a continuación: “Después, todo lo que se diga es fábula”.

»¿Fábula que el día 15 de octubre, a los cinco días de haberse pacificado allí todo, murieron a palos en el cuartel de la Guardia Civil de Pola de Gordón los vecinos de La Vid Eusebio Fernández y Juan Suárez? ¿Fábula que en la madrugada del día 25 de noviembre, a los cinco días de haberse ocupado Sama por las tropas sin disparar un tiro, se sacó de la cárcel de dicha villa a unos veinte detenidos y se les asesinó y enterró en una zona intermedia entre Tuilla y Carbayín, propiedad de la Compañía Hullera de Rosellón? ¿Fábula que el día 27 de noviembre, a las cuatro de la tarde, o sea, quince días después de la toma por las tropas de la ciudad, se asesinó en el patio de la Comisaría de Investigación y Vigilancia de Oviedo al ilustre periodista Luis de Sirval? ¿Fábula la muerte el día 7 del actual mes de diciembre de Fernando González Fernández (a) Moscón en una de las dos cárceles de Mieres, después de haber recibido, al mismo tiempo que otros detenidos, una brutal paliza en increíbles condiciones de menosprecio a todo ejercicio de la autoridad legítima? ¿Fábula los sádicos tormentos, que parecen arrancados de El jardín de los suplicios de Mirbeau, a que se ha sometido y se somete a muchos presos, sin distinción de sexos ni de edades, en Fabero, Bembibre, en Pola de Gordón, en León, en Barruelo, en Guardo, en Aguilar de Campoo, en Mieres, en Vega del Ciego, en Valdecuna, en Cenera, etc., y en cárceles como las de Astorga y Oviedo? ¿Fábula que se obliga a firmar a los torturados declaraciones que no habían prestado ante nadie?

»Porque si es evidente que hubo en la revolución actos vituperabas, que repugnan a toda conciencia sensible y que deben castigarse con la adecuada severidad, también lo es que hubo verdaderos actos heroicos, que enaltecen el espíritu humano, y en general es obligado reconocer que preponderó en la revolución un sentido generoso. Ése fue igualmente el sentido que animó a la gran mayoría de las fuerzas represivas, y sería indigno de la función fiscal que me he impuesto si no lo reconociera así, eximiendo de antemano en las responsabilidades a las colectividades Ejército, Guardia Civil y Cuerpo de Asalto, pues ellas no tienen culpa alguna de las demasías cometidas por individuos de dichas instituciones armadas, singularmente desde que actuaron a las órdenes del comandante Doval, quien ha confirmado con su última actuación la fama siniestra que desde hace bastantes años le aureolaba y que por el hecho de habérsele conferido el cargo excepcional de delegado del Ministerio de la Guerra para el Orden Público en las provincias de Asturias y León en un momento tan delicado se ha convertido en una acusación implacable contra V. E. y su Gobierno, que no podían desconocer los antecedentes que le incapacitaban al señor Doval para una misión que tenía más de diplomática que de policíaca, si efectivamente aspiraba a buscar la paz»[16].

Disueltas las Cortes de 1933 en enero de 1936, Gordón Ordás, que ya no puede ampararse en la inmunidad parlamentaria, se ratifica públicamente en sus denuncias sobre Asturias. El teniente coronel Yagüe trata de disuadirlo, pero no lo consigue.

El 30 de diciembre viaja a Asturias Fernando de los Ríos,acompañado por el doctor Juan Negrín. Sus impresiones se reflejan en un informe publicado dos días más tarde

El objeto principal del viaje era establecer contacto con Teodomiro Menéndez, recluido en el Hospital Provincial tras su intento de suicidio en la prisión de Oviedo. Pudo reconocer a sus visitantes, pero divagaba con frecuencia. Les son transmitidas las quejas de los 1.100 presos que se hacinaban en la prisión de Oviedo y de los 1.030 de la cárcel de Astorga. El intento de Teodomiro Menéndez se produjo tras dos meses y medio de incomunicación absoluta.

El 31 de enero de 1935 Julio Álvarez del Vayo dirige una carta a Lerroux en la que le transmite otra firmada por 547 reclusos de la cárcel de Oviedo, entre ellos Javier Bueno y varios familiares de Manuel Llaneza. En la carta se dice que las principales torturas han tenido y siguen teniendo lugar en el Convento de las Adoratrices de Oviedo y se cita nominalmente a 26 muertos y una cifra mayor de lesionados graves como efecto de esas torturas.

¿Cuál era la reacción del Gobierno ante tales imputaciones?

El 30 de noviembre el diputado Marco Miranda intenta suscitar el problema en las Cortes. El Gobierno le contesta que las pretendidas acusaciones son pura imaginación de sus enemigos. En fecha no determinada el mes de enero de 1935, Lerroux ordena abrir una investigación en vista de las denuncias aparecidas sin firma en un periódico francés y atribuidas, con razón, a Fernado de los Ríos. Tras el informe de la Comisión nombrada por el Gobierno, éste niega pura y simplemente los hechos. Ramón Pérez de Ayala, diputado por Asturias, llevado a las Cortes con los votos de los trabajadores asturianos, confirma públicamente la versión del Gobierno y desmiente las alegaciones de la oposición. El Ejército también opta por la más radical negativa.

El 9 de noviembre el teniente coronel Yagüe declara a ABC. que las imputaciones de crímenes son absolutamente falsas. Y Diego Hidalgo afirma más tarde: «Esa idea de que el Tercio y los Regulares puedan emplear el combate procedimientos contrarios al derecho de gentes o dedicarse a la razzia, al despojo y al pillaje es un tópico novelesco.» Afirmación en gran parte exacta, pero que dejaba intactas las principales acusaciones sobre la represión, atribuidas al comisario especial nombrado por el propio ministro de la Guerra.

Nunca se planteó el debate sobre Octubre

Es muy curioso que José María Gil Robles no hiciese nada por esclarecer los hechos durante el año 1934 y primeros meses de 1935 –cuando el Gobierno seguía persistiendo en su negativa cruda a cualquier acusación, y, en cambio, el 30 de octubre de 1935, un año largo después de la Revolución, propusiese un debate formal ante las acusaciones de Gordón Ordás. Es también muy extraño que las izquierdas no acepten el debate propuesto por el líder derechista. El problema puede tal vez aclararse si se advierte el equivoco de la expresión «izquierdas».

La izquierda relativamente moderada de Gordón Ordás no consiguió que la propia izquierda revolucionaria aprobase su temprana idea del debate a raíz de los hechos; cuando Gil Robles suscita de nuevo la cuestión en octubre de 1935, Gordón Ordás, desprevenido, no se atreve a entablar el debate, instado probablemente por sus amigos socialistas. No es extraño este temor de los antiguos revolucionarios. Gil Robles era demasiado buen polemista para admitir un planteamiento exclusivo del tema de la represión; sin duda, aceptaría una serie de hechos aislados –tenía la conciencia tranquila por haber contribuido decisivamente a la destitución de Doval– y elevaría, sin duda, el debate a la condena de la intentona revolucionaria.

Para los socialistas era bien difícil justificar parlamentariamente una revolución contra el mismo Parlamento en el que estaban en minoría absoluta. Por eso ellos y sus aliados hicieron sin duda callar al inoportuno don Félix, e incluso cuando el Frente Popular conquistó el poder no se atrevieron nunca a acudir al difícil terreno en el que una y otra vez los citaba Gil Robles. Optaron, por consiguiente, en seguir utilizando Octubre como acreditada bandera de propaganda.

El 2 de abril de 1936, aprovechando una ausencia del jefe de la CEDA, que aun tras la derrota era temible en una polémica parlamentaria, Dolores Ibárruri esgrime de nuevo el espectro de Octubre, pero tampoco concreta los ansiados datos comprobados. El 16 de junio, en los famosos discursos que ya prenuncian la inmediación de la Guerra Civil, la propia Dolores Ibárruri tras Enrique de Francisco apela otra vez a Asturias; Gil Robles insiste en plantear el debate, pero el Consejo de Ministros de 26 de junio, so capa de apaciguar los ánimos, no acepta el desafío. El 1 y el 15 de julio Gil Robles exige de nuevo el debate asturiano; en esta última solemne ocasión en que se reúne la Diputación Permanente afirma que Prieto y sus amigos tendrían mucho más que explicar ante el país que el «Gobierno de la represión». José Díaz ataca también el tema y trata con él de desviar el horror de todos los presentes por el asesinato de Calvo Sotelo. Por todas estas causas combinadas, que van desde la cobardía del Gobierno de 1935 hasta el temor del Gobierno de 1936, se llega a la Guerra Civil española sin que la República hubiese realizado con luz y taquígrafos la obsesiva liquidación del Octubre rojo español que tanto contribuyó, por las dos partes, a hundirla para siempre.

Han desaparecido casi todos los testimonios y prácticamente todos todos los documentos, destruidos por los herederos legítimos de Octubre en la sublevación de julio de 1936. En pro de la tesis de una represión extensa e implacable está el silencio del Gobierno hasta un año después de los hechos, la falta de mentís concreto a las acusaciones ponderadas como las de Gordón Ordás y, sobre todo, la fulminante destitución de Lisardo Doval. La responsabilidad del Gobierno se atenúa porque a partir del otoño de 1935 tampoco sus enemigos aceptaron el debate que se les proponía y ya desde fines de 1934 eligieron más bien el fácil y atronador camino de la invectiva y la propaganda que la fría comprobación de los hechos imputados al Gobierno.

Sin embargo, las listas de Gordon Ordás no pueden ser enteramente falsas. Sus testimonios no venían corroborados con validez jurídica y probablemente era difícil encontrar testigos dispuestos a declarar contra un Gobierno que actuaba con tanta dureza; y en 1936 ya no interesaban las pruebas documentales, sino la leña propagandística. Es bien posible, por desgracia, que el número de muertes como efecto de la represión gubernamental en Asturias alcanzase una cifra sensiblemente parecida a la que atribuíamos a los excesos de les revolucionarios, y en ambos casos nos referimos a las víctimas en situaciones ajenas al fragor de los combates. Evidentemente Doval y sus hombres abusaron del «tercer grado» y aplicaron en numerosos casos la tortura para obtener confesiones y escondrijos de armamento. Los fusilamientos en el cuartel de Pelayo se ejecutaron más «en caliente», pero resultan probables e injustificables. Doscientos muertos que no pudieron defenderse ni jurídica ni físicamente –cifra que creemos totaliza la trágica contribución de los dos bandos– no parecen muchos en esta época en que estamos acostumbrados a las hecatombes, pero, por desgracia, eran leña más que suficiente para alimentar unas hogueras de odio y venganza mucho más terribles, que pronto volverían a desgarrar el cuerpo y la historia de España.

El dictamen definitivo de Madariaga sobre Octubre

A lo largo de todo este tratado sobre la Revolución de Octubre hemos ido acumulando numerosos comentarios que la atención del lector hará ahora confluir para formar una base de enjuiciamiento sobre tema tan esencial para la comprensión de la Guerra Civil. Pero no conviene cerrar la discusión sin citar algunas opiniones muy interesantes para este enjuiciamiento.

Según Margarita Nelken, el reconocido fracaso de Octubre se debió en buena parte a la falta de autocrítica previa entre los revolucionarios. Subraya Margarita Nelken la obstrucción antirrevolucionaria de los «besteiristas» que, a pesar de la relativa anulación política de sus jefes, seguían incrustados en gran número dentro de las organizaciones locales del PSOE y de la UGT. Esta misma oposición «besteirista», junto a las secuelas de la huelga agraria de junio son, según Nelken, los determinantes de otro factor esencial para comprender el fracaso de Octubre a escala nacional e incluso a escala asturiana: la abstención masiva de los campesinos. Resulta importante retener estos dos rasgos antirrevolucionarios que detecta Margarita Nelken en Octubre y seguirán actuando en pruebas más decisivas y ya inminentes: la división del socialismo acerca de la acción directa revolucionaria y la escasa proclividad del campesinado español para alinearse en una revuelta social de carácter definitivo.

Ya hemos insinuado las consecuencias paralizantes que Octubre arrojaría sobre la marcha política de Cataluña. Salvador de Madariaga comenta desgarrada y certeramente: «La experiencia de la República es terminante: el catalanismo, aun siendo en los mejores catalanes hondamente español, cae con frecuencia en un separatismo políticamente reaccionario, negador de España y francamente marroquí».

La innecesaria y poco comprensible alusión a los problemas norteafricanos no empaña la desnuda verdad de la observación de Madariaga. El 6 de octubre tuvo mucho de revuelta decimonónica: Barcelona estaba acostumbrada a que los pronunciamientos en ella generados cambiasen los rumbos políticos de España. Hay incluso una fabulosa serie de coincidencias con otros 6 de octubre, como los de 1840, 1843, 1869 y 1873, pero el de 1934 se distingue de sus predecesores cronológicos en el carácter ya netamente centrífugo y en el tinte totalitario si no fascistoide que quisieron imprimirle sus más decididos fautores. Muchas cosas murieron en la noche catalana de Octubre, y entre ellas, por bastantes años, la simple posibilidad de algo tan catalán como es la ilusión.

Marcelino Domingo, el viejo revolucionario de 1917, es el autor de una de las más enérgicas y menos conocidas condenas del Octubre rojo:

«Y yo advertía, no sólo que la revolución violenta contribuía a reforzar la contrarrevolución, sino esto otro: que si se daba la lección de la legitimidad de la violencia por quienes más fervorosamente considerábamos legítimo el régimen republicano, habríamos abierto, en el siglo XX, con un precedente que dependía de nosotros, el período de las luchas que ensangrentaron y esterilizaron el siglo XIX y que terminaron, en definitiva, consolidando los principios y los procedimientos opuestos a los nuestros, En política, como con razón afirma Trotsky, mientras no se ha perdido todo, no se ha perdido nada. El temor que me detenía, sintiéndome fuera de la corriente violenta, era éste: el temor de que pudiera perderse todo por una táctica noble, romántica, heroica, pero equivocada»[17].

Consuelo Bergés recalca con acierto el compromiso universal pro o contra Octubre que dio quizá por primera vez una base de profundidad al discutible mito de las dos Españas.

«Pero sobre el fácil servicio a la actualidad periodística está la garantía informativa y crítica de la serenidad no menos periodística. Y la fogarata ha sido demasiado intensa para que en mitad de su llama pudiera nadie conservar la mirada serena y el juicio claro. Ningún español espiritualmente vivo ha dejado de arder en la pasión militante del movimiento revolucionario o de la resistencia contrarrevolucionaria. (Y quizá más de uno ha quedado convertido en pavesas.) Ahora ya es otra cosa. Queda aún, ¡y cómo no!, un humo espeso y un rescoldo dramático, que durará indefinidamente»[18].

Pero es Salvador de Madariaga quien ha formulado la condena más universalmente resonante sobre la sinrazón de los revolucionarios y quien ha formulado con más precisión la conversión de Octubre en un eslabón trágico que arrastraba a la República hacia su aniquilamiento:

«El alzamiento de 1934 fue imperdonable. La decisión presidencial de llamar al poder a la CEDA era inatacable, inevitable y hasta debida desde hacía ya tiempo· El argumento de que Gil Robles intentaba destruir la Constitución para instaurar el fascismo era a la vez hipócrita y falso. Hipócrita porque todo el mundo sabía que los socialistas del señor Largo Caballero estaban arrastrando a los demás a una rebelión contra la Constitución de 1931, sin consideración alguna para lo que se proponía o no Gil Robles; y, por otra, a la vista está que Companys y la Generalidad entera violaron también la Constitución. ¿Con qué fe vamos a aceptar como heroicos defensores de la República de 1931 contra sus enemigos, más o menos ilusorios de la derecha, a aquellos mismos que para defenderla la destruían? Pero el argumento era además falso, porque si Gil Robles hubiera tenido la intención de destruir la Constitución del 31 por la violencia, ¿qué ocasión mejor que la que le proporcionaron sus adversarios alzándose contra la misma Constitución en octubre de 1934, precisamente cuando él, desde el poder, pudo como reacción haberse declarado en dictadura? El señor Gil Robles, lejos de haber demostrado en los hechos apego al fascismo y despego al parlamentarismo, salió de estas crisis convicto y confeso parlamentario hasta el punto de que cesó de ser, si jamás lo había sido, persona grata para los fascistas.

»En cuanto a los mineros asturianos, su actitud se debió por entero a consideraciones teóricas y doctrinarias que tanto se preocupaban de la Constitución del 31 como de las copias de Calainos. Si los campesinos andaluces, que padecen hambre y sed, se hubieran alzado contra la República, no nos hubiera quedado más remedio que comprender y compadecer. Pero los mineros asturianos eran obreros bien pagados de una industria que por frecuente colusión entre patronos y obreros venía obligando al Estado a sostenerla a un nivel artificial y antieconómico que una España bien organizada habrá de revisar.

»Finalmente, tampoco se justifica la actitud de los catalanes. A buen seguro que la política de Madrid careció de sutileza y hasta de sentido común. Nunca debió haber permitido Samper que los terratenientes catalanes y la Lliga pusieran al Gobierno de la República y al Tribunal de Garantías Constitucionales en situación de tener que arbitrar e intervenir en un pleito interior catalán. Pero la Generalidad no debió aun así haber violado la Constitución, tan sólo porque el Tribunal de Garantías había fallado de acuerdo con las opiniones, e incidentalmente con los intereses de una oposición estrictamente catalana. Es evidente que los jefes de la Generalidad pecaron contra la luz, pues Azaña puso especial cuidado en explicarles esta situación con la mayor lucidez. Por otra parte, como los hechos iban a demostrar, la CEDA no tenía intención alguna contra el Estatuto Catalán. El incidente viene, pues, a confirmar lo que en estas páginas se viene sosteniendo: que los catalanes son típicamente españoles y presentan en forma no menos acusada que los demás españoles los defectos que nos afligen como entes políticos. Así, por ejemplo, la derecha catalana, émula como todos los partidos españoles del Conde Julián, se apresuró a buscar apoyo fuera de Cataluña para vencer a la izquierda catalana. Y la izquierda catalana, al ver que el sistema funcionaba contra ella, rompió el sistema. Ambos rasgos caracterizan toda la vida española.

»Con la rebelión de 1934, la izquierda española perdió hasta la sombra de autoridad moral para condenar la rebelión de l936»[19].

Juan Ventosa Calvell cala perfectamente la realidad de las consecuencias directas de Octubre cuando el 21 de marzo de 1935 en las Cortes trata de aconsejar: «Procuremos no envenenar aún más el ambiente de guerra civil en que vive España.» Porque Octubre es, ante todo, eso: el gran antecedente, el imprescindible antecedente de la Guerra Civil. En Octubre y por Octubre surgen muchos nombres, muchas actitudes, muchos temas que anticipan con insólita viveza los nombres, las actitudes y los temas de la Guerra Civil. Ya hemos indicado que tal vez la gran diferencia entre 1934 y 1936, tan grande y que no permite considerar a Octubre como un primer acto de julio, aunque sí como un boceto o un proemio, es la actitud del Ejército y las demás Fuerzas Armadas del país, unánime (en la práctica) en 1934, dividida y perpleja en 1936. Pero también hemos visto que en 1934 afloraban ya las profundas divisiones e incompatibilidades militares que en 1936 serían desbordadas por pronunciamientos castrenses y movimientos populares encontrados.

A la vista de todo lo expuesto no se comprende cómo tantos historiadores de la Guerra Civil pasan como sobre ascuas las difíciles páginas de Octubre. De ese Octubre que seguía sin liquidarse cuando el capitán Lizcano de la Rosa volvía a enfrentarse con el presidente Companys, y cuando Francisco Martínez Dutor regresaba de la URSS para volver a luchar con el coronel Antonio Aranda. Una de las más siniestras consecuencias de Octubre, quizá la más simbólica de todas ellas, es el terrible destino de los dos vencedores republicanos de la Revolución. Ninguna de las dos Laureadas sobrevivió a la Guerra Civil de 1936. El general López Ochoa fue fusilado en zona republicana; el general Batet sufrió la misma suerte en zona nacional.

La contra-revolución en el poder

Derrotados en la Revolución de Octubre de 1934, los revolucionarios demostraron mucha más imaginación que sus enemigos en el planteamiento del futuro inmediato. Los socialistas quedaron abrumados y abochornados durante algunos meses, pero a medida que iba ascendiendo la marea del Frente Popular, en buena parte creada por ellos (Prieto), consideraron a Octubre más como una gloria que como una vergüenza (y había sido realmente una vergüenza) y volvieron a ponerse al frente de la lucha contra las derechas.

Por su parte, los comunistas advirtieron que durante los primeros meses, tras la derrota socialista, los vencidos de Octubre parecían avergonzados de su actitud antidemocrática y entonces decidieron enarbolar las banderas abandonadas de Octubre para encabezar tras ellas una nueva etapa revolucionaria. El Partido Comunista se hizo grande precisamente por haber sabido aprovechar el potencial revolucionario del Octubre vencido pero no aniquilado.

Por el contrario, las derechas no supieron capitalizar su eficaz defensa de la democracia y de la República en octubre de l934; seguramente porque no estimaban excesivamente ni la democracia ni la República. Y trataron de agruparse todas en torno a un ideal negativo, la «contra-revolución». El grito de guerra de Gil Robles y la media España que le seguía se redujo a una expresión negativa: «Contra la Revolución y sus cómplices». Esa actitud suponía colocarse en posición de inferioridad ante el ímpetu positivo y revolucionario de sus enemigos, que muy pronto se rehicieron al calor de otra reclamación universal: la amnistía de los presos de Octubre, que eran varios millares.

No se ha podido encontrar un titulo más positivo para este epígrafe que el de contrarrevolución, porque el historiador no puede ir más allá de lo que intentaron y propusieron los protagonistas. De cara a las elecciones de febrero de 1936, el eslogan doctrinal de las derechas era precisamente «Contra la Revolución y sus cómplices». Después de Octubre, el único programa de la derecha gubernamental –y de la oposicionista– era ése, contrarrevolución, belicoso seudónimo de la reacción pura y simple en lo social y de falta de horizontes en lo político. En las postrimerías de 1934 la derechas entendían por «revolución» la recién conjurada de Octubre; a medida que avanza l935, la «revolución» no es la pasada, sino la que cada día con más vigor vuelven a anunciar los vencidos, que han convertido Octubre de derrota en en bandera. Toda la historia del año derechista por excelencia, 1935, es la historia de ese proceso subconsciente por el que la derecha transmuta su miedo de la revolución pasada en miedo de la revolución futura. En el intermedio caben muy pocos programas de Gobierno, muy pocas salidas en la niebla político-social, cada vez más espesa. 1935 es poco más de eso: el año de la negativa, de la reacción, de la contrarrevolución.

El Gobierno de Octubre, perdido en el laberinto de los indultos y los problemas represivos, va a durar hasta primeros de abril de 1935, aun gravemente tocado por las consecuencias de dos crisis que no pasaron de parciales. Ya hemos hablado de la de noviembre de 1934, cuando ante los cerrados ataques de la extrema derecha, capitaneados por José Calvo Sotelo, tienen que abandonar el Gobierno los ministros Samper e Hidalgo, sustituidos por Juan José Rocha García y el propio presidente del Consejo, respectivamente. La crisis parcial de noviembre resulta explicable como consecuencia directa de Octubre; pero la crisis parcial de 21 de diciembre evidenció la precariedad de la alianza gubernamental y supuso el replanteamiento de la problemática eclesiástica en la política del bienio.

Desde el 28 de abril de 1934, ocupaba la cartera de Instrucción Pública el sucesor de Salvador de Madariaga, Filiberto Villalobos. A pesar de su acrisolada ascendencia castellana, el ministro radical actuaba en su Ministerio de forma muy poco grata a la CEDA. Hemos dicho «actuaba» y es demasiado; en un Ministerio en el que nada pudo hacer un hombre tan superdotado como don Salvador, don Filiberto se limitaba a «dejar hacer» al numeroso núcleo de funcionarios burocráticos y docentes que habían ido recalando en el tortuoso caserón de la calle de Alcalá por las artes directas e indirectas de la Institución Libre de Enseñanza y sus circunstanciales aliados, los intelectuales socialistas. Durante los meses de su mandato, en los que habían ido a caer las épocas de exámenes, Villalobos había alentado a aquéllos de sus funcionarios que reñían en junio y septiembre pequeñas batallas de influencias para impedir unos sospechosos trasiegos de matrículas que favorecían a la enseñanza de la Iglesia,

Eliminados los ministros que, a juicio de la CEDA, se habían manchado con las salpicaduras de Octubre, la contrarrevolución dirige sus dardos contra el ministro Villalobos, quien aparte de los tiquismiquis examinatorios, era una especie de librepensador, ferviente republicano y consecuente con el anticlericalismo que fue bandera de los radicales. Gil Robles, ansioso de preparar a la opinión para la reforma constitucional con pequeñas victorias tácticas del más etimológico cuño reaccionario, consideró que don Filiberto era un obstáculo grave y destacó contra él a uno de los valores jóvenes más prometedores de la CEDA: el diputado Jesús Pabón, buen parlamentario y orador tan incisivo como documentado, quien el 21 de diciembre aniquiló al ministro de Valladolid.

Lerroux tuvo que abandonar a su correligionario, y bajo los fuegos de Pabón pareció que por un momento renacía la conjunción fenecida. Pero ya eran otros tiempos y el radical Villalobos fue sustituido por el radical Dualde que tampoco hizo nada en Instrucción Pública, pero, al menos, no creó problemas al partido vaticanista. Al abandonar el banco azul, Villalobos pronunció unas ominosas palabras que revelaban la contradicción interna de la coalición gubernamental: «Yo he dicho a mi jefe, repetidas veces, que deseaba abandonar el Gobierno, pero él me rogó que continuase aquí. Yo no quiero sufrir una humillación en mi obra y no quiero tampoco seguir aquí ni un minuto más. Quiero decir a SS. SS. que si no entran con lealtad en la República preferible es que hubieran continuado en el campo contrario». (Grandes aplausos en las izquierdas y liberales, demócratas y bastantes radicales. Las derechas protestan).

Es una lástima que el futuro historiador Jesús Pabón no tenga en el escenario de la República más que esta actuación personal, que no refleja todas sus grandes posibilidades políticas.

Consumada la «crisis de los indultos», es decir, de la segunda fase aguda de los indultos de Octubre, el 3 de abril de 1935 Lerroux forma un «Gobierno doméstico», al que se le denominó «de técnicos», sin la participación de la CEDA. El «Gobierno doméstico» estaba formado por amigos de don Niceto y amigos de don Alejandro, algunos de los cuales no contaban con el menor apoyo parlamentario. Entre los ministros procedentes del modificado Gobierno de Octubre se mantenían, además del presidente, los ministros Rocha, Vaquero (traspasado ahora a Trabajo, Sanidad y Asuntos Sociales), Marraco (ahora en Industria y Comercio) y César Jalón. El general Carlos Masquelet Lacaci, pasado por alto cuando en Octubre era nominalmente jefe del Estado Mayor Central, se encargaba de Guerra y el almirante Javier de Salas, de Marina. Los restantes nuevos ministros eran Vicente Cantos Figuerola (Justicia), el hasta ahora gobernador general de Cataluña, Manuel Portela Valladares (Gobernación), Alfredo Zabala y Lafora (Hacienda), Ramón Prieto Bances (Instrucción Pública), el radical Rafael Guerra del Río (Obras Públicas) y el sustituto de Giménez Fernández en Agricultura.

El general Masquelet traía a las alturas del poder unas auras azañistas que no presagiaban nada bueno para Gil Robles y sus amigos. El «Gobierno doméstico» se disuelve en su propio terror el 3 de mayo, cuando su presidente, cierto de que Gil Robles va a someterle a una nueva escena en las Cortes, decide abandonar el campo. Pero don Alejandro había iniciado con anterioridad el acercamiento definitivo a Gil Robles y esta vez la renovada coalición no tenía «Octubres» que temer.

El 6 de mayo, la CEDA, harta ya de demostrar a los radicales quién era el verdadero amo de la situación irrumpe de nuevo en el poder con cinco ministros. Se mantienen del «Gobierno doméstico» el presidente Alejandro Lerroux, bien ignorante de que éste era el último Gobierno que iba a presidir en su vida, además de Rocha, Portela y Marraco. Vuelve Dualde a su breve cartera de Instrucción Pública. El presidente de la República, que ha perdido algunos amigos en el Gobierno. mantiene tres hombres fieles: los, como él, ex ministros de la Monarquía Portela y Chapaprieta y el agrario Nicasio Velayos, que imprime un ritmo negativo a la reforma agraria. El carácter reaccionario del Gobierno se marca, en el terreno de las autonomías regionales, con la presencia del ministro Royo Villanova, campeón del anticatalanismo, hombre de Santiago Alba desde sus años de cátedra en Valladolid y de periodismo en El Norte de Castilla. Pero la noticia más destacada del nuevo Gobierno es la presencia del compacto equipo de la CEDA, encabezado por el propio José María Gil Robles, quien, al fin, consigue su sueño de instalarse en el Ministerio de la Guerra para desbancar desde allí no solamente a los últimos recuerdos de Manuel Azaña, sino, ante todo, a la amenazadora ascensión de José Calvo Sotelo en la estima del Ejército.

En el Ministerio de Justicia instala Gil Robles a su segundo de Acción Popular, Cándido Casanueva, salmantino, notario y antiprogresista. En Comunicaciones coloca a su segundo de la CEDA, Luís Lucia y Lucia, el creador de la Derecha Regional Valenciana. Rafael Aizpún garantiza la continuidad con el primer intento derechista de Octubre. La ausencia más caracterizada es la de Manuel Giménez Fernández, que Gil Robles no consiguió explicar ni entonces ni ahora. La exclusión de Giménez Fernández parece una clara imposición –autoimposición– de los principales apoyos socioeconómicos de la CEDA, anclados en el reaccionarismo, y no fue compensada más que parcialmente por el nuevo ingreso en el Gobierno de su ministro más joven, el brillante catedrático de Burriana, ex director de La Verdad de Murcia, Federico Salmón Amorín, único progresista en tan animosa coalición de viejos y nuevos prohombres del reaccionarismo.

Éste es el «Gobierno largo» del bienio negro; a tal estado había llegado la República que se puede en ella considerar como «largo» un Gobierno que dura seis meses escasos. El 19 de septiembre se produce la crisis por una de las muchas fisuras que amenazaban a la temerosa coalición: los ultras del equipo, Royo Villanova y los agrarios, se declaran incompatibles con la reanudación del traspaso de poderes y funciones a Cataluña. El 25 de septiembre se inicia el trimestre Chapaprieta, con dos Gobiernos. En el primero (un mes), Alejandro Lerroux desciende a Estado y mantienen sus carteras Gil Robles, Salmón, Lucia y el propio Chapaprieta (que conserva Hacienda).

El líder agrario Martínez de Velasco, republicano declarado ya, subsecretario en el último Gobierno de Alfonso XIII, entra en Agricultura, Industria y Comercio y Pedro Rahola (Lliga), en Marina. El número de carteras ha quedado reducido por el plan de estabilización del nuevo presidente del Consejo, que sigue flanqueado por cuatro ministros de la CEDA. El 29 de Octubre se produce la última crisis del período –la crisis del estraperlo–, solamente destacable porque en ella desaparece de la escena política española Alejandro Lerroux, sustituido en Estado por Martínez de Velasco. El equipo de la CEDA permanece hasta la caída de Chapaprieta, y los nuevos ministros radicales son ahora Joaquín de Pablo-Blanco y Torres (Gobernación), Luis Bardají López (Instrucción Pública) y Juan Usabiaga Lasquíbar (Agricultura). Éste es el Gobierno que clausura el bienio negro y va a dar paso, el 14 de diciembre, al grupo de transición aglutinado por el presidente de la República en tomo a Manuel Portela Valladares.

A despecho de tanta danza de nombres y de carteras, la influencia de Gil Robles, iniciada a raíz del inopinado triunfo de noviembre de 1933 y mantenida más o menos «desde fuera» hasta Octubre, es el rasgo más característico de la etapa gubernamental que se abre el 4 de octubre de 1934 y se cierra entre amenazas el 14 de diciembre de 1935. A José María Gil Robles hay que atribuirle las principales iniciativas, los éxitos y los fracasos, en una palabra la responsabilidad política de todo ese año vital para España. Dura, inmensa responsabilidad la de la dura e inmensa tarea que le caía sobre los hombros y en la que le acompañó la ilusión y la esperanza de media España, tanto como la implacable hostilidad de la otra media, en la que para los peores momentos se incluían muchos de los que aparentemente deberían contarse entre sus amigos.

En apartados especiales discutiremos los principales problemas con que tuvo que enfrentarse la coalición derechista: el eclesiástico, el agrario, el militar y el económico-social. Pasemos ahora rápida revista a varios aspectos generales y a otros problemas concretos que no conviene queden sumergidos entre los más espectaculares y acuciantes que trataremos de forma específica.

La difícil colaboración de Gil Robles con los radicales
y el presidente de la República

Repetidas veces insiste Gil Robles en sus Memorias en el que, según él, era el principal objetivo de la CEDA en el poder: la reforma franca y absoluta de la Constitución de 1931. En este sentido llegó a formularse un proyecto de ley que se lee a las Cortes el 5 de julio de 1935, y que afectaba a 40 artículos. Pero la oposición constante del presidente de la República es, según Gil Robles, la causa del fracaso. Sin desdeñar esta aseveración –los celos de don Niceto, otro presunto reformista, eran capaces de todas las zancadillas y todas las obstrucciones–, tal vez hay que buscar el último fundamento del fracaso revisionista en el escaso entusiasmo de los radicales, forjadores de la Constitución y nada inclinados a las reformas teóricas mientras al solemne y demagógico amparo de los grandes textos pudiesen seguir encaramados en el poder y derivándolo a sus propios fines políticos y personales. Ésta es la realidad, a pesar de que –repitiéndose la táctica de la ley de haberes al clero– la propuesta de reforma constitucional fue presentada por los radicales, y en particular por el ministro Dualde. Pese a todos los reiterados propósitos de Gil Robles, la historia de 1935 no parece demasiado sobrecargada de inquietudes revisionistas. Allí lo que a unos y otros interesaba eran las soluciones de facto y cuanto más a corto plazo mejor.

El problema del orden público no resultó demasiado grave en la etapa de Gil Robles. Los métodos de Manuel Portela Valladares eran serenos y eficaces hasta el punto de que los adversarios del ministro atribuían el silencio de las masas a turbios pactos masónicos que el historiador no ve cómo podrían influir, digamos, sobre los anarquistas. A pesar de Octubre y durante gran parte de la etapa derechista, se mantuvo el estado de guerra o de alarma en numerosas provincias españolas, sobre toe en los gobiernos generales de Asturias y Cataluña. En Hoja del Lunes de 3 de marzo de 1969, se publicó un interesante resumen de las diecisiete suspensiones de garantías decretadas por la República

Al abandonar Portela su Gobierno General de Cataluña parece renacer la inquietud en la región, pero el 30 de junio se declara el estado de guerra y todo queda inmediatamente en calma. Al ser nombrado Portela ministro de la Gobernación, deja como suplente al frente de Cataluña a Juan Pich y Pon, uno de los hombres que más anécdotas han suministrado a la pequeña historia contemporánea española. De origen humilde, el simpático lerrouxista asumía las funciones de gobernador general sin abandonar el Ayuntamiento de Barcelona; ninguno de los diversos capitanes generales o presidentes de Cataluña acumuló nunca tamaño poder regional. Pich y Pon pasaría a la historia como arquetipo del nivel cultural y ético-político que la voz común hacía extensivo a los «jóvenes bárbaros» llegados a la madurez. Mientras colmaba de favores a sus amigos y resucitaba de manera increíble los antiguos entusiasmos populares de las capas inferiores barcelonesas en torno a la ajada tradición del radicalismo y en torno a su propia persona, daba los últimos toques a su bien redondeada fortuna personal –una de las más espectaculares de Cataluña– y seguía siendo para todos el hombre que como norma suprema de Gobierno había aconsejado «la norma de las tres M: Ministrasión, Ministrasión y Ministrasión».

Para que no cupiesen dudas respecto a su provisionalidad, muy pronto es confirmado definitivamente en el cargo por Madrid. Lerroux no puede hacerle ministro, pero el hábil gobernador-alcalde se conforma con la prometedora Subsecretaría de Comercio, con la que se le premia al empezar el verano. Desde fines de abril había constituido un Gobierno con hombres de su partido, de la Lliga y del nuevo sector de la CEDA catalana. Como sucesor del curioso Pich y Pon es designado un diputado «gilroblista» por Valencia: el futuro gran banquero Ignacio Villalonga Villalba, quien posteriormente ha aludido a su experiencia política como un fracaso y un espejismo vocacional.

No pensaba lo mismo el nuevo primer magistrado de Cataluña cuando el 25 de noviembre de 1935 tomaba posesión de su cargo con inusitada pompa, de la que pudo gozar bien poco; Portela Valladares, interesado en ganarse las simpatías de la Lliga, nombra para sustituir a Villalonga al conocido financiero Félix Escalas y alcalde de Barcelona a otro prestigioso abogado de la Lliga: Rámón Coll i Rodés. A pesar de las invectivas de Cambó, la vicaría catalana de Gil Robles progresó bastante durante 1935 y diezmó los cuadros de la Lliga, a la que arrebató algunos de sus hombres más combativos. Sólo al declinar la estrella de Gil Robles pareció revivir un poco la potencialidad de la Lliga, pero Francisco Cambó hacía bien en volver los ojos a su preclaro retiro adriático. Todo iba a parecer una efímera revivificación, ahogada en las avenidas del Frente Popular. Y a pesar de ciertas esperanzas y ciertas actividades más o menos superficiales la desilusión del 6 de octubre siguió cerniéndose sobre Cataluña durante todo el año 1935.

Con un ministro de Instrucción Pública dedicado a fiscalizar las trampas en los exámenes y otro ocupado en altos proyectos de reforma constitucional, bien puede comprenderse que el balance educativo del año Gil Robles no elevó considerablemente el ya escaso nivel en que lo había dejado la primera parte de la etapa radical-cedista. Los reductos anticlericales y pro-ILE del Ministerio de Instrucción cejaron en sus actividades abiertas durante 1935, pero mantuvieron su vida latente. Nada importante que señalar durante el año en materia de planes de enseñanza, construcción de escuelas, fomento de la investigación, etc. Puede ser un símbolo del anquilosamiento y la ineficacia del sistema el fracaso de un futuro premio Nobel, el doctor Severo Ochoa, que no consigue en este año ganar unas oposiciones para la cátedra de Santiago. No hace falta revelar la composición del poco clarividente tribunal.

En la primavera de 1935, y bajo la directa inspiración de Gil Robles, la coalición gubernamental intenta someter a las Cortes un nuevo proyecto de Ley de Prensa con amplitud a todo el campo de las comunicaciones sociales entonces conocidas: radiodifusión, discografía. La ley restringía la casi total libertad consagrada en la normativa vigente, pero no llegaba a la institución de la censura previa. Se trataba de crear un tribunal de la prensa para fomentar entre el levantisco estamento la poco conocida virtud de la responsabilidad. En el mes de junio, y ante la cerrada obstrucción de toda la izquierda, fracasó el proyecto de los hombres de El Debate.

Las dificultades principales que obstaculizaban la marcha de los proyectos derechistas eran dos: una de tipo institucional y otra de carácter oportunista. El problema institucional era la permanente hostilidad del presidente de la República cuyos celos y recelos no se disipaban nunca. El propio Gil Robles se encargaba de avivar esos recelos. Decenios más tarde puede proclamar con justicia: «Nunca juré fidelidad a la República». Lo peor de todo no era la actitud íntima del jefe de la CEDA, sino el aluvión de distingos y contradistingos que no se han aclarado hasta 1968.

A principios de 1935, el presidente de la República hunde el proyecto de reforma del Tribunal Supremo, proyecto con el que Gil Robles pretendía neutralizar la influencia del presidente en el alto dicasterio, cargado le amigos suyos. Todo contribuye a que las relaciones entre el presidente de la República y el jefe de la derecha se agríen cada vez más, hasta las anécdotas familiares. El hijo segundo del presidente, que cumplía en 1935 el servicio militar con la mínima graduación que concede el Ejército, trataba de hacerse grato a su novia de entonces, hija del líder socialista Largo Caballero, con inusitada reincidencia en faltas de indisciplina que, sin embargo, no rebasaban los límites de la gamberrada. Eran todavía más peligrosas las dificultades que surgían continuamente ante Gil Robles en la convivencia política con personajes tan poco afines como eran los radicales. Durante el año que historiamos trató Gil Robles de seguir utilizando a sus complacientes aliados con la secreta alegría de seguir desacreditando a los antiguos leones de la República; pero entre las masas del radicalismo, ajenas a los nuevos vientos de convivencia y a los pingües beneficios de los fautores de la convivencia, cundía el descontento y se notaban cada vez más acusados síntomas de descomposición.

Emiliano Iglesias, expulsado por las Cortes Constituyentes, reingresaba en las de 1933 como jefe de la minoría radical e incluso llegaría a vestir la casaca de embajador en 1935. El otro miembro importante de la coalición, el Partido Agrario, estaba regido por un hombre, Martínez de Velasco, que, según Gil Robles, «se empequeñecía ante las dificultades». El grupo, ciudadela de la reacción, estaba siempre a la disposición del presidente de la República, muy vinculado a su jefe por constante amistad.

Tal vez no pueda encontrarse mejor comentario a la labor de las Cortes de 1933 que la palmaria contradicción en que incurre el gran animador de esas Cortes cuando discute su eficacia.

Llevado por su explicable obsesión apologética, dice Gil Robles en la página 165 de su libro: «Las Cortes, hay que decirlo sin paliativos, apenas actuaron en esta etapa».

En cambio, piensa así en la página 279: «Me encontraba además totalmente absorbido por las tareas de la Cámara, que no obstante el marasmo que de cuando en cuando le acometía, realizó una labor muy intensa, aunque no quisieran reconocerlo sus apasionados detractores.»

Entre esos apasionados detractores se encuentra el Gil Robles de la página 165 de sus Memorias.

Los efectivos de la Iglesia

Ha llegado el momento en que hemos de referirnos brevemente a los problemas político-sociales relacionados con la Iglesia en las etapas finales de la República española. Hablando con entera propiedad, todo el bienio derechista está dominado por los hombres de la Iglesia: Gil Robles y su equipo tienen detrás a la Iglesia española y a la Iglesia de Roma. Venideras monografías habrán de explorar el tema, difícil ante la inasequibilidad documental y testimonial con que la Iglesia suele encubrir sus altos designios a los historiadores que no desean hacer apologética. Pero para los propósitos esenciales de esta serie de Episodios resulta fundamental que tracemos aquí una serena aproximación a los problemas históricos que presenta la Iglesia de 1935 en España, dada la importancia trascendental que el problema eclesiástico va a adquirir durante la Guerra Civil.

En 1935 las setenta y dos diócesis españolas estaban agrupadas en nueve provincias eclesiásticas: Burgos, Granada, Santiago, Sevilla, Tarragona, Toledo, Valencia, Valladolid y Zaragoza. Al frente de cada una de estas provincias estaba un arzobispo, titular de la sede metropolitana. Las supremas jerarquías de la Iglesia española eran tres cardenales: el primado de Toledo, Dr. Gomá; el de Tarragona, Francisco Vidal y Barraquer, y el desterrado Pedro Segura, adscrito entonces a la Curia romana. Las diócesis correspondían grosso modo a la división provincial, con numerosas excepciones. Los sacerdotes seculares eran, inmediatamente antes de la Guerra Civil, casi treinta mil: la cifra más fidedigna es 29.902.

Las estadísticas para el número de religiosos son menos exactas; hemos de remontarnos a 1925 para registrar la última cifra segura, 11.436 profesos, agrupados en 42 órdenes y congregaciones. Las congregaciones femeninas eran 54. Éstos son los datos que parecen más aceptables a un especialista de la talla de Antonio Montero. Tal estadística presenta profundas discrepancias con la que Tuñón de Lara ha recogido de la encuesta realizada en 1931 por el Ministerio de Justicia: 35.000 sacerdotes, 36.569 religiosos y 8.396 monjas.

La discrepancia en el número de sacerdotes puede explicarse porque la cifra de Montero se refiere a los diocesanos, a la que habría que añadir cerca de siete mil sacerdotes religiosos. La enorme diferencia en el número global de los religiosos tal vez pueda atribuirse al elevado número de éstos que no eran profesos al confeccionarse la estadística y quizá también a la sustracción, en la cifra de Montero, del número de sacerdotes. Montero no presenta cifras para el número total de religiosas; Tuñón cree contar 8.396, cifra manifiestamente bajísima, ya que el Anuario de la Iglesia de 1953 suma 62.561, incluyendo, naturalmente, el aumento posterior a la Guerra Civil. Tuñón estima en 80.000 el número aproximado de miembros del clero secular y regular en 1931; esta cifra no concuerda con la suma de las estadísticas parciales aducidas por el mismo autor. Hay que tener muy en cuenta, para evitar errores en las extrapolaciones, que desde los comienzos de la dictadura hasta el final de la República disminuyeron sensiblemente los efectivos de uno y otro clero ante unas circunstancias nada propicias. El padre Peiró, en su resumen fundamental editado en 1936, cita el ejemplo de Sevilla: desde 1923 hasta 1935 se registraba un descenso de diez sacerdotes anuales. En el seminario sevillano los alumnos bajaron de 1933 a 1935 de 240 a 170.

En los años 1925-1935 Antonio Montero calcula un descenso de casi el 15 por 100 en los profesos religiosos. Con todos estos datos a la vista, parecen relativamente aproximadas las siguientes cifras para el clero _ secular y regular en vísperas de la Guerra Civil:

Sacerdotes diocesanos: cerca de 30.000.

Religiosos profesos: unos 10.000, de los que más de 6.000 eran sacerdotes.

Seminaristas: 3.000 o 4.000 (estudiantes con destino al clero secular).

Religiosos en formación, coadjutores, legos (no profesos): unos 20.000.

Religiosas: unas 40.000.

El número total de personas consagradas a la Iglesia pasaba, por tanto, de los 100.000; cifra bastante superior a la que totaliza Tuñón y no demasiado divergente, si se tiene en cuenta la disminución real y la disminución aparente por el retraso de las estadísticas, de la que registra el Censo General de la Población de 1930 en el epígrafe de «culto y clero»: 136.181. La dificultad de encontrar aproximaciones más exactas se debe a que varias diócesis no facilitaron al Ministerio de Justicia en 1931 las relaciones que se les exigían; que muchos datos y relaciones están disimulados en vista del clima persecutorio, y que bastantes religiosos, entre ellos todos los jesuitas en formación, se encontraban en el extranjero desde 1932.

La proporción de sacerdotes respecto al número de fieles era en España, aproximadamente, equivalente a la de Italia, es decir, entre 1/600 y 1/700; pero, en cambio, se notaban grandes diferencias en la distribución local del clero. En Francia y en Italia, para hablar de lo países que pueden resultar más ilustrativos, los sacerdotes, más concentrados, como en España, en los núcleos urbanos, ofrecen una distribución bastante más uniforme que en la España de los treinta. En la parroquia de Santa Bárbara, situada en plena zona residencial de Madrid había un sacerdote para 1.250 fieles; en la del Puente de Vallecas, situada a siete kilómetros y en uno de los suburbios más abandonados por la Iglesia, a cada sacerdote le correspondían 16.000 católicos. Pronto extraeremos las consecuencias de éste y otros datos reveladores.

La Iglesia española de los treinta era una Iglesia replegada sobre sí misma y sus problemas, lo que no constituía una excepción dentro de aquella España reconcentrada y cerrada sobre sí misma. Aquella Iglesia que durante los mejores siglos españoles se había volcado sobre todo el mundo destacaba en los frentes misionales de 1935 solamente a 1.792 prelados y misioneros, de los que eran sacerdotes solamente 860. la cifra global de misioneros franceses era -dos años antes– 8.795 y Holanda, un país pequeño que entonces no contaba con mayoría católica, alineaba en ese frente misional casi el doble de efectivos que España: 3.211 personas. Esta triste comparación –que se corrobora con la exigüidad de las contribuciones económicas españolas de los treinta a la obra misional de la Iglesia– es un indicio aparente de falta de vitalidad en la Iglesia española. Sólo aparente, como demostraría el torrente de martirio que pronto iba a brotar de ella.

La formación de los sacerdotes españoles era muy deficiente. Los seminarios se regían todavía por las normas de Trento, que imponían uno para cada diócesis; el plan de estudios, calcado sobre la vieja «Ratio studiorum» de los jesuitas, constaba de unos años de Humanidades mal comprendidas y peor enseñadas, tres años de repaso fosilizado a las viejas tesis escolásticas de los siglos XIII a XIX (las del XIII eran mejores) y cuatro años de una teología formalista, dogmática y extraterrestre. Todo este horrible currículo era ajeno a las raíces científicas de las propias ciencias sagradas y se regaba a diado con las más puras esencias de la alienación. La enorme proliferación de seminarios hacía descender a cotas rastreras el nivel del profesorado y de los estudios. Sólo algunos profesores se habían formado en los dos centros más importante; de la intelectualidad clerical española: la Universidad Pontificia de Comillas, regida en la costa de Santander por los jesuitas, y el Pontificio Colegio Español de Roma, encomendado a un interesante equipo docente sacerdotal: los operarios diocesanos, fundados un siglo antes, pero que en 1935 vieron confirmados sus estatutos y que, a pesar de no contar en esa fecha más que con cien miembros, dirigían con acierto varios seminarios españoles.

Estaba, pues, encomendada a la Compañía de Jesús la formación del porcentaje más escogido del clero español, pues los alumnos del Pontificio Colegio de San José, en Roma, cursaban sus estudios en la Universidad Gregoriana, máximo centro intelectual de los jesuitas. De Roma y de Comillas salían promociones de profesores y rectores de seminarios; el episcopado español se nutría, en no pequeña parte, con los alumnos de ambos centros. Por tanto, comprenderemos mejor la formación de la parte más selecta del clero español cuando tracemos la perspectiva histórica de los jesuitas en los años treinta. Por su categoría de universidad pontificia, Comillas no se cerró tras el decreto que suprimía las actividades de la orden en España. Y so capa de un patronato episcopal, el general de los jesuitas seguía siendo su gran canciller.

Ante la falta absoluta de base monográfica resulta sumamente difícil trazar aquí el panorama humano y socioeconómico del clero español en los años treinta. La dificultad aumenta porque, en general, los historiadores –no digamos los extranjeros- tienden a considerar ese panorama como si se tratase de un bloque lítico, con lo que pasan superficialmente por toda la hondura y toda la diversidad de los cuadros de la Iglesia española.

Obispos y clero ante la República

El episcopado español procedía casi en exclusiva del clero diocesano que entonces se llamaba secular. Algunas órdenes suministraban ocasionalmente algún obispo al país, pero tal medida era poco apreciada por el clero y el resto del episcopado. Los jesuitas, como se sabe, están constitucionalmente impedidos de aceptar una mitra, excepto en los países de misión. Durante los años treinta la mayoría de los obispos habían sido nombrados durante la Monarquía, que seguía gozando de uno de los privilegios llamados de Cruzada, pero que, en realidad, habían cristalizado en el regalismo: el de presentación. A pesar de que el favor regio –en este caso el favor de la camarilla regia y en menor grado la influencia del Gobierno– era el elemento decisivo para la designación de los obispos españoles, salta a la vista que el episcopado de los años treinta estaba formado por una cincuentena a de sacerdotes dignísimos, provenientes, en general, de familias profundamente cristianas, numerosas y modestas, que habían realizado con gran sacrificio y excelente aprovechamiento sus estudios (el porcentaje de cum laude españoles era muy superior en Roma al de cualquier otro país).

Eran, pues, los obispos españoles de la República eximios representantes del pueblo español, y tal vez, el régimen hubiese caminado por derroteros muy diferentes si se hubiese atenido a su promesa de nacer y permanecer como «República de Obispos». Rarísima era entre los miembros del episcopado la sangre azul y más rara aún la sangre dorada. En su conducta personal y en su devoción a la Iglesia, los obispos españoles eran de os conjuntos pastorales más destacados de toda la cristiandad.

Claro que los obispos de España estaban reclutados entre los sacerdotes españoles y el clero español de los : treinta era. en bastantes aspectos. retrógrado. encastillado en una tradición inoperante y, lo que es más grave, vinculado con exceso a las clases medias y elevadas. Tan triste situación era la herencia de muchos decenios y, en concreto, la herencia del siglo XIX. Desde la primera década de ese siglo la Iglesia, que hasta 1813 fue en España más popular que en toda su historia, iba vinculando irremediablemente su causa y sus caminos al absolutismo. al carlismo, a la reacción. Como el abismo cultural que separaba a la Iglesia de las nuevas corrientes del pensamiento y de la ciencia era cada vez más insalvable, y como hasta las ciencias sagradas se sumían cada vez más en la rutina y en toda una gama de complejos de inferioridad apologética, la Iglesia de Francisco Suárez y de los Estudios Reales de San Isidro se convirtió en el lamentable remedo de la Iglesia de Donoso Cortés y de Sardá-Salvany. La desamortización y la derrota carlista hundió las bases económicas de la Iglesia española que a través de la alianza con las corrientes moderadas fue consiguiendo un retorno a su Jasada influencia acelerado por los políticos de la Restauración, entre los que se contaban excelentes católicos que veían en la Iglesia, además de la forma externa de las convicciones íntimas, un valioso elemento de estabilización social.

La Iglesia no analizó suficientemente la irrupción proletaria en la vida social y política; las Internacionales . nacieron ateas y la Iglesia española, ni más ni menos reaccionaria que la Iglesia universal, enseñaba a leer en s escuelas a bastantes hijos de obreros que aplicarían esos conocimientos bebiéndose los invasores folletos de propaganda antirreligiosa. Durante todo el siglo XX la Iglesia de Cristo Rey luchó por consumar de nuevo la lanza entre el trono y el altar y la famosa consagración del Cerro de los Ángeles en 1919 pareció simbolizar también ese objetivo.

Sin embargo, no conviene exagerar en sentido negativo. El clero y las instituciones religiosas atendieron con amplio y profundo interés a las capas más humildes de la población, a quienes trataron de elevar con la enseñanza primaria y profesional así como con las formas más heroicas de beneficencia. Es una caricatura presentar a la Iglesia española como separada de las clases r humildes, a las que en buena parte pertenecían sus sacerdotes. Los revolucionarios conocían perfectamente la dimensión social de la Iglesia española y precisamente por eso arremetieron sádicamente contra ella.

No tiene nada de extraño que la Iglesia, alienada culturalmente y separada en parte de las nuevas masas que reclamaban un puesto al sol, se quedase totalmente sorprendida por el cambio de régimen en 1931. Fue una sorpresa relativa: muchos sacerdotes votaron a favor de la República. Es cierto que la Iglesia española se enteró tan poco como Azaña, su futuro enemigo oficial, de la crisis de 1917. Cuando el advenimiento de la República era inminente, la Iglesia española jerárquica no lo advirtió, pero para entonces el Vaticano contaba ya con bastante mayor experiencia y por . orden directa del Vaticano la Iglesia española decidió consagrar la intervención política como un medio normal de apostolado –de apostolado defensivo, acorralado, apologético– que era el de entonces. Ya sabemos en parte lo que sucedió.

La relativa falta de sincronización de la Iglesia española con las transformaciones socioeconómicas del siglo XX está clarividentemente reflejada en 1936 por el padre jesuita Francisco Peiró: «A tales cambios, que son indudables, parece que debía haber correspondido el ensayo de unas nuevas formas de apostolado o una prudente adaptación de lo existente, de acuerdo con las nuevas exigencias. Esas formas modernas de apostolado no han logrado instaurarse y la apostasía de esas masas ha tenido lugar sin ninguna fuerza de oposición que le contraríe».[20]

Éste es, pues, el panorama del clero diocesano de España durante la época republicana: de origen humilde y, cuando más, medio; proveniente de familias profundamente cristianas y casi siempre numerosas; muy bien formado (pese a una mala formación) en sus capas más selectas, y poco cultivado intelectualmente en su gran mayoría; ejemplar en su vida de austeridad y en sus virtudes personales, pero carente de sentido social y arruinado por el conformismo que le impulsa a dedicarse a las clases elevadas; no suficientemente próximo a los pobres y a los obreros, a los campesinos, es decir, a los preferidos por el mensaje evangélico; aunque sería grave injusticia afirmar que había abandonado a los pobres; sería falso en millones de casos.

Entre el clero diocesano y los religiosos existía una falta de coordinación casi total, agravada por una hostilidad por parte de los primeros que, advertida por los fieles, no dejaba de crear graves problemas de desunión. En teoría, todo católico dependía de una parroquia; las casas religiosas estaban incrustadas en las parroquias, a las que «robaban» fieles, y muchas veces los mejores fieles desde los puntos de vista social y económico. Sacerdotes y religiosos pugnaban por conquistar el favor de las clases elevadas en los distritos elegantes y profesionales de las grandes ciudades, mientras la creciente mies suburbana crecía peor atendida de lo precisado. Este desequilibrio fue advertido ya en la posguerra por un clarividente arzobispo de Madrid, monseñor Casimiro Morcillo, que tocó a rebato con su espléndido plan pastoral y logró la colaboración de todos, con lo que pudo cambiar el panorama religioso de la capital.

Aunque pueda parecer demasiada esquematización, los religiosos españoles de los años treinta –el panorama ha variado esencialmente después– se podían dividir en tres grupos sumamente heterogéneos. En primer lugar, los jesuitas y las demás congregaciones masculinas y femeninas, de vida «mixta», formadas desde el siglo XVI a su imagen y semejanza. En segundo lugar, las órdenes y congregaciones dedicadas exclusivamente a la vida contemplativa o a la caridad; estos miles de hombres y de mujeres ocultos, ignorados, cimentaban en su silencio y en su abnegación la fe secular de España y como no pertenecen a este mundo no pueden, para nuestra desgracia, ser objeto de una historia humana. Como tercer miembro de esta clasificación tan poco canónica, citaremos al grande y heterogéneo conjunto de «los frailes», miembros de órdenes clásicas dedicados también al estudio, la enseñanza y la vida «mixta».

Estos «frailes» clásicos, cuyas órdenes tanto contribuyeron en el siglo XVIII a la expulsión de los jesuitas por envidias y cerrilismos, mantenían durante los años treinta una vida lánguida y precaria. La orden española más numerosa era el conjunto de la familia franciscana, a la que la sublime utopía de su fundador, conservada y fosilizada, defiende de las acusaciones de irrealismo. Pero franciscanos, dominicos, etcétera, rivalizaban en retrogradismo cultural y cubrían sus virtudes personales –muchas veces excelsas– con un absoluto divorcio de las necesidades de los católicos españoles. Lejos estaban los tiempos en que la orden dominicana, por ejemplo, se colocaría en la vanguardia artística e intelectual de nuestro país.

En cuanto al grupo religioso –masculino y femenino- imitador de los jesuitas, hay que decir que a veces imitaban más bien los defectos y la fachada que el espíritu. Los religiosos de este grupo dedicados a la enseñanza se centraban casi exclusivamente en las clases elevadas. En los colegios de religiosas destinados a la aristocracia se dedicaba en ocasiones un destartalado anexo a las «niñas pobres» que entraban por la puerta de atrás y vestían uniforme de tela basta.

En tan repulsiva discriminación, la Iglesia no hacía más que seguir a nuestra egoísta sociedad, cuando hubiera debido sacudirla y enseñarla. Sin embargo, generalizar la descripción que acaba de sugerirse sería caricaturizar la realidad. Tales excesos eran la excepción y no la regla.

Los jesuitas en la Segunda República

Debemos hablar ahora con cierta detención acerca del grupo eclesiástico de vanguardia en la España de los años treinta, a través del cual podremos vislumbrar el camino para comprender algunos problemas históricos esenciales de la Iglesia española en aquellos tiempos y en los posteriores: nos referimos a la asistencia hispánica de la Compaña de Jesús. Al autor de estos Episodios ha tocado en suerte, por vocación y por sentido del deber histórico, detectar, investigar y exponer la acción profunda de los jesuitas, que ha sido y sigue siendo causa fundamental de las convulsiones de la Iglesia en el siglo XX. Este descubrimiento y esta denuncia le ha valido al autor de estos Episodios graves disgustos y ataques que nunca habría esperado de su actividad normal como historiador y escritor. Ahora ve el autor que tal vez esa actividad, muy superior a sus fuerzas, no ha sido precisamente una actividad normal y que las desviaciones y peligros que ha denunciado eran todavía mucho más graves de lo que parecía a simple vista.

No debe extrañar que ataquemos este tema precisamente, dentro de nuestro análisis de 1935, cuando te6ricamente las actividades de la Compañía estaban interrumpidas en España desde tres años antes. La interrupción era solamente parcial y teórica. La República, como vimos, no expulsó a los jesuitas; la limitación de actividades derivada del no reconocimiento de la orden y de la incautación de sus propiedades visibles tuvo en realidad efectos mucho menos decisivos que la auténtica expulsión del siglo XVIII. La propaganda anticlerical se había cebado de tal forma sobre los jesuitas que los interesados en esa propaganda se llegaron a creer toda su mitología y por eso su desencanto fue enorme en pudieron comprobar por sus propios medios tal antológico desacuerdo con la realidad.

La asistencia española de la Compañía de Jesús contaba en el momento de la «disolución» republicana de 1932 con unos tres mil miembros divididos en cuatro provincias: Castilla, Aragón (incluida Cataluña), Toledo (incluido Madrid) y Andalucía. Dado el gran número de «coadjutores temporales» (llamados «legos» en otras órdenes más clásicas) y de estudiantes en período de formación, los sacerdotes jesuitas en activo apenas rebasaban los mil en toda España. Menos de la mitad de ellos pertenecían a la categoría superior de la orden, formada por los profesos de cuatro votos solemnes. Resulta difícil comprender cómo la naciente República española pudo sentir tal temor ante el millar escaso de religiosos a los que tanta influencia se atribuía.

La parte más selecta de ese millar escaso de sacerdotes se ocupaba en la formación de sus estudiantes, mucho más prolongada de lo que era habitual en las demás órdenes y congregaciones. La formación de un sacerdote jesuita en los años treinta consistía en dos años de noviciado, tres de estudios humanísticos, tres de filosofía y cuatro de teología. Entre estas dos últimas etapas se intercalaban de dos a cuatro años de magisterio en los colegios de la orden y la carrera terminaba con un año de intenso retiro espiritual y preparación pastoral.

De nivel mucho más elevado que el conseguido en los seminarios y casas de estudios de otras órdenes, la formación jesuítica estaba entonces en parecida situación de vetustez y alienación, aunque no se mantenía en sus aulas (como sucedía, v. g., entre los dominicos) el culto idolátrico y cerril a la escolástica tomista del siglo XIII impuesto, velis nolis, por las encíclicas de León XIII, ni menos la supersticiosa aquiescencia de los profesores franciscanos hacia su admirable y excéntrico doctor Duns Scoto. Tras un currículo tan esterilizador y prolongado no tiene nada de extraño que la contribución de los jesuitas españoles a la cultura del siglo XX sea, en la época que historiamos, importante, pero debida a un esfuerzo personal capaz de superar los vacíos formativos que les desconectaban de la realidad moderna.

La leyenda sobre las riquezas de los jesuitas constituye uno de los grandes éxitos sectoriales de la propaganda anticlerical en la España contemporánea. Las cifras totalizadas por los servicios de incautación de la República (que en casi total porcentaje correspondían a templos y otros bienes igualmente improductivos) fueron tan exiguas que los perseguidores, para justificar de alguna manera sus espejismos, afirmaron –y siguen afirmando– que «existe la certeza moral de que alguna congregación era propietaria de títulos nobiliarios y hasta de que tenía testaferros en consejos de administración, pero la falta de pruebas –casi imposible de hallar en este dominio– nos impide cualquier afirmación sobre el particular» (Tuñón de Lara).

La «congregación, aquí aludida con tan escasa precisión canónica (los historiadores suelen emplear casi siempre al revés los términos de «congregación» y «orden») es indudablemente la Compañía de Jesús, y no se comprende cómo un historiador exige pruebas procesales para trazar su aproximación histórica. Naturalmente que la Compañía de Jesús –como casi todas las corporaciones eclesiásticas–, escarmentada de la desamortización, trató de montar en parte sus finanzas en el terreno mobiliario. En cada provincia jesuítica, y a las órdenes directas del prepósito provincial, trabajaba un «procurador», que por lo general era un religioso bien relacionado en los medios financieros y muy competente como administrador.

Ante la experiencia de las vicisitudes persecutorias y, sobre todo, después de las amenazas de la política liberal a principios de siglo, los jesuitas –y en menor grado otras entidades eclesiásticas– disimularon la titularidad de su patrimonio mobiliario y hasta de algunas partes del inmobiliario; los «testaferros» utilizados no eran solamente seglares adictos en cuerpo y alma a la Compañía –de los que el más notorio era el banquero Valentín Ruiz Senén–, sino incluso algunos miembros de la orden, como el admirable Hermano Ricardo Peña, que cumplía a la perfección su voto de pobreza a pesar de que nominalmente era no solamente uno de los hombres .s ricos de España, sino hasta duque de Pastrana. La 1, en efecto, había legado a la Compañía de Jesús su cuantiosa fortuna y hasta su título que fue detentado secretamente por el buen Hermano Peña hasta su cesión .. una rama de la aristocracia española. Recientemente un investigador jesuita ha estudiado la incautación de los bienes de la orden por la República en un interesante libro publicado por la editorial Trotta, vinculada a medios . progresistas de la orden ignaciana.

En valor absoluto, las cifras de patrimonio mobiliario inmobiliario de los jesuitas eran capaces sin duda de hacer la fortuna de una o varias familias; pero si se considera que con la rentabilidad «segura», es decir, nada brillante, de ese patrimonio había que atender el mantenimiento y formación de casi dos terceras partes de miembros «improductivos» de la orden, aparte del sostenimiento de innumerables obras antieconómicas, es fácil de comprender que los «procuradores» pasasen gravísimos apuros para cerrar sin pérdidas sus balances anuales. El tremendo poder económico de la Compañía de Jesús era, pues, un deleznable mito que se inserta con n el poco brillante panorama de las finanzas de la Iglesia española, resumida así por un autor nada sospechoso.

«Según las estadísticas del Ministerio de Justicia, en 1931 la Iglesia poseía 11.921 fincas rurales, 7.828 urbanas y 4.192 censos. El valor declarado de dichas fincas y bienes era de 76 millones de pesetas, y su valor comprobado, de 85 millones. Pero como este valor había sido establecido a base de amillaramientos bastante imprecisos, los peritos calculaban que el valor total de esos bienes ascendía a 129 millones, a lo cual había que añadir el de los patronatos dependientes de la Corona (cuyo interés al tres por ciento representaba un capital de 667 millones) y los títulos de renta al tres por ciento concedidos a la Iglesia en «compensación» de las amortizaciones del siglo anterior. Por lo que se refiere a las congregaciones religiosas, la única estadística hecha en 1931, que se refería a la provincia de Madrid, dio un valor de 54 millones de pesetas en fincas urbanas y de 112 millones en las rurales, según los cálculos del catastro».[21]

Por tanto, y a pesar de algunas excepciones superficiales o sectoriales, tienen pleno valor histórico las palabras del arzobispo de Madrid en 1966: «La Iglesia española de 1936, como la de 1931, como la de 1966, como la de hace ochenta años, no es rica».[22]

La disolución oficial supuso, naturalmente, un gravísimo quebranto para los jesuitas españoles. Sus estudiantes, entre los que, como ya sucediera en el siglo XVIII, apenas hubo deserciones, fueron instalándose en varias casas de Francia, Bélgica e Italia, lo que a la larga repercutió favorablemente en su formación. Los colegios de segunda enseñanza mantuvieron por lo general una próspera vida clandestina y a veces resurgieron a pocos metros de los edificios incautados por la República, como el «Didaskalion» de Madrid, en el paseo de Rosales. La escuela técnica del ICAI continuó sus actividades en Bélgica. Las residencias para el trabajo pastoral se fueron reagrupando en pisos que pronto fueron tan frecuentados como los antiguos templos. Como es lógico, durante el bienio radical-cedista –cuyos gobernantes no se atrevieron a derogar la ley de disolución–, la inicial clandestinidad de esta situación se transformó casi en un cambio de domicilios.

No es extraño que el ambiente persecutorio de la República contribuyese a la desorientación apostólica de la Compañía de Jesús en España. Sus bases de acción pastoral eran de tres tipos: los colegios, las residencias y los centros de enseñanza superior. Estos últimos eran cuatro: la Universidad Pontificia de Comillas, destinada a la formación del clero selecto; la Universidad Comercial de Deusto, el ICAI de Madrid y el Instituto Químico de Sarriá. Todas estas obras de envergadura universitaria –aunque no gozaban del reconocimiento estatal– se debieron a la iniciativa particular de algunos jesuitas –los padres López, Ayala y Vitoria entre ellos– y no a la estrategia de la orden, que por entonces descansaba en la tradición del siglo XVIII y carecía de planificación y aun de directrices generales de altura.

Los centros superiores estaban bien orientados, bien dirigidos y muy acreditados en las diócesis y empresas que requerían los servicios de promociones enteras. En cambio, los colegios –de enseñanza primaria y media– nacían orientados entre las exigencias del triste bachillerato español y los recuerdos fósiles de la Ratio Studiorum. Muchas instituciones docentes de la Compañía de Jesús eran por supuesto clasistas y rentables; cada una de ellas había de sufragar un canon destinado al mantenimiento de los estudiantes de la orden y a las necesidades comunes de la misma. La enseñanza profesional, dedicada en buena parte a clases modestas, se complementaba con las numerosas becas dedicadas al mismo fin en los colegios normales.

Las residencias agrupaban a pequeños grupos de sacerdotes dedicados de forma casi siempre individual a los «ministerios apostólicos» y a la dirección de diversas obras, entre las que se contaban algunas de caridad y algunas también de auténtico contenido social. Los «ministerios» eran variadísimos: «misiones apostólicas» por los pueblos, cuyo principal elemento de «conversión» era una adaptación de los ejercicios ignacianos; «congregaciones marianas», que captaban a a una parte considerable de la juventud y dirección espiritual. Las congregaciones y asociaciones regidas por los jesuitas gozaban de alto favor en las capas altas y medias y sus directores alcanzaban gran influencia social, como el padre Alfonso Torres.

Una actividad tan inocente y tan poco agresiva era, sin embargo, considerada por la República como peligrosísima y como alimentada por ingentes poderes financieros. La propaganda antijesuítica es la contrapartida de la propaganda antimasónica, en gran parte desencadenada por los ignacianos. Algunos ex alumnos de la Compañía, como Pérez de Ayala y Ortega y Gasset –«príncipes» en sus colegios respectivos–, formaban en la vanguardia de esa propaganda: Ayala con su sucia AMDG; Ortega, de forma mucho más sutil, negando toda beligerancia intelectual a sus antiguos maestros. La interpretación tradicional que éstos daban a su cuarto voto y a su idea de la obediencia militar ignaciana no les privaba de espíritu crítico, que es un prerrequisito para la vida científica y aun para la vida apostólica auténticamente profunda.

Ésta es una historia humana y solamente puede contar con datos humanos; por eso tal vez la pintura que aquí damos de los cuadros directivos de la Iglesia española de los años treinta puede resultar decepcionante e incompleta. Solamente con esta base resulta difícil explicar la suprema realidad que reflejó Paul Claudel en su célebre verso exagerado en la cifra, exacto en la calidad: «Seize mille martyrs et pas une apostasie»

Ni una sola apostasía en tres años de persecución desatada: ése es el balance de la Iglesia española en la Guerra Civil que, como decimos, no puede explicarse solamente por razones históricas. Hay que concluir que la Iglesia española de los años treinta escondía profundos tesoros de fe, de caridad, de hondura religiosa, de autenticidad y hasta de santidad individual para que su respuesta ante la gran prueba fuese tan unánime y tan asombrosa. Algunos nombres pueden explicarnos el milagro: Arintero, Rubio, Zorzano: un místico dominico, un apóstol jesuita y uno de los universitarios que por entonces hacían germinar al desconocido Opus Dei. Se registraban escándalos entre el clero rural y urbano, pero hay que comprender la situación de un sacerdote, aislado cultural y espiritualmente en un ambiente hostil para admirarse de que esos escándalos fuesen tan pocos y tan disculpables (los escándalos del clero urbano permanecían más ocultos). No acertó la Iglesia a ponerse a tono con los tiempos; las causas fueron la rutina, la desorientación universal, no sólo española, de la metodología apostólica, el reaccionarismo de la institución contra el que poco podían hacer los miembros. Mártires y penitentes, las casi ocho mil víctimas de 1936-39 dieron con su sangre testimonio de sus errores; pero sobre todo de su heroica autenticidad.

La situación religiosa real del pueblo

Cuando se habla de la Iglesia suele limitarse la discusión al episcopado, al clero y a las obras dependientes directamente de ellos. Ni la historia eclesiástica ni la historia general pueden aceptar semejante restricción. La Iglesia no está formada solamente por la jerarquía y el clero; la Iglesia está integrada por todo el conjunto de los fieles. Por eso el siguiente paso en nuestra discusión sobre los hombres de la Iglesia tiene que dirigirse al análisis de la situación eclesial de los católicos españoles.

El primer Anuario de la Iglesia Española, publicado en 1953, que establece sensibles diferencias para el número de habitantes y el número de católicos en Francia y en Italia, repite orgullosamente la cifra para el caso español. En cierto sentido no le falta razón. Los 24 millones de españoles en los años treinta eran casi exactamente 24 millones de bautizados. Con notoria exageración propagandística, los protestantes actuales reclaman una cifra soñada para sus efectivos: «Los treinta mil». El hecho de que en otras publicaciones «evangélicas» se hable de diez mil puede ser un indicio de lo poco seguras que son aquí las estadísticas.

Los protestantes españoles de los años treinta –seguramente no rebasaban la segunda de esas cifras– pertenecían más o menos a cuatro grupos: los presbiterianos (Iglesia Evangélica española), los bautistas, los Hermanos de Plymouth y los anglicanos de la Iglesia Española Reformada Episcopal. El centenar y pico de pequeños templos repartidos por el país dependían de la propaganda británica (es muy curiosa la concentración de los Hermanos de Plymouth en Galicia, zona española muy apetecida siempre desde las islas) o de los fervores finaciero-misionales de las sectas americanas, deseosas de evangelizar a los veinticuatro millones de paganos españoles.

A veces las comunidades protestantes surgían en agradables rincones veraniegos, como las de Piedralaves y Sotillo de la Adrada, en el valle del Tiétar, en el que se dice residía nada menos que un obispo. Es natural que Gibraltar fuera desde siempre un centro de irradiación protestante; alrededor de alguna embajada surgían núcleos en Madrid. En las zonas industriales. menos sometidas al control de los párrocos, aparecían con cierta relativa fuerza, como en el cinturón textil de Barcelona. Pero los protestantes de los años treinta en España eran agresivos; respondían a la propaganda católica con folletos y libros tan poco leídos y tan poco cristianos como los de la que entonces era su «enemiga tradicional». Pero a despecho de todas las propagandas, los protestantes españoles de los años treinta son para la Historia un simple grupo anecdótico.

Desde el momento en que Manuel Azaña pronunció, en un contexto histórico que hemos comentado, su famosa frase «España ha dejado de ser católica», la Iglesia española se rasgó una y otra vez las vestiduras ante el recuerdo de tal tesis. Y, sin embargo, eminentes miembros de la Iglesia española publican durante la República alegatos mucho más directos y mucho más duros, pero desde dentro, y para remediar, no para aniquilar.

Así el canónigo Arboleya Martínez proclamaba en 1934 que se había cumplido su profecía de principios de siglo:

«En la apertura del curso académico de 1900 a 1901 un joven profesor del Seminario Conciliar de Oviedo leyó un discurso cuyo contenido resume este sencillo razonamiento: En una democracia deben gobernar, y tarde o temprano acaban por apoderarse del Gobierno, los más numerosos, que son en toda sociedad culta los trabajadores; España, querámoslo o no, para bien o para mal, de hecho, es una democracia; luego llegará un día, y no tardando mucho, en que se gobierne a nuestra nación como los trabajadores quieran que sea gobernada; por tanto, España dejará de ser oficial y acaso prácticamente católica si permitimos que las clases obreras caigan en la apostasía a que las arrastra el socialismo.

»¿Para qué hablar ahora del recibimiento hostil otorgado a semejante voz de alarma? Un editor generoso, el señor Cuesta, de Valladolid, pretendió extender por toda España el mencionado discurso; pero no interesó el tema, y el folleto, aunque ampliamente combativo, circuló, no diré que fue leído, entre quienes lo recibieron del autor. Han transcurrido desde entonces justamente 33 años, y el autor de aquel inútil aldabonazo viene hoy a esta tribuna a estudiar el hecho ya consumado de la la apostasía popular que anunciara como irremediable si no se ponían los medios conducente a evitarla».[23]

Aún más intencionadas son las frases de otro insigne eclesiástico, Francisco Peiró, en 1936:

«Las masas trabajadoras, en su gran mayoría, no son ya católicas. Hay personas de buena fe, desde luego, que movidas por la mágica influencia de la frase tradicional de que España es una nación católica, se resisten a creer en esa descristianización.

»Pero yo tengo escrito, en otro lugar, que en esta materia solemos padecer el espejismo siguiente: el de no advertir el fenómeno de que las prácticas religiosas subsisten en el alma mucho tiempo después de haber desaparecido de ella la fe, y porque vemos a muchas personas que conservan algunas prácticas religiosas externas, aunque realizadas de una manera mecánica y rutinaria, creemos que en esas almas subsiste todavía la fe, pero no subsisten más que las prácticas religiosas; la fe ha desaparecido»[24].

Peiró es un hombre que conoce perfectamente el valor de la estadística y con ella corrobora su valiosa experiencia personal:

«Tomemos cualquier pueblo de las provincias del centro de España: Cuenca o Guadalajara, por ejemplo; es decir, tomemos varios, porque son bastantes los pueblos de las diócesis de Cuenca, de Toledo, de Madrid y de Ciudad Real en que, de mil habitantes, asisten a la Misa de precepto y cumplen con Pascua 50, esto es, un 5 por 100; y pueblos hay en que el cura dice la Misa sólo para él. Con un 10 por 100 de personas que practican y un 90 por 100 de personas alejadas por completo de sus deberes religiosos, hay una nube de poblaciones rurales del centro y del mediodía de España».

En cuanto a las masas obreras urbanas, Peiró registra los datos siguientes:

«En las grandes ciudades, como Bilbao, Sevilla, Madrid, Barcelona, donde existe una considerable masa obrera industrial, es donde se encuentran grandes contingentes de población en pleno paganismo.

»Tenemos como tipo una parroquia de Madrid: la de San Ramón, de Vallecas. En esta parroquia, de una feligresía de 80.000 almas, se registra lo siguiente: un 7 por 100 cumple con el precepto de la Misa, incluyendo en este número 3.000 niños que asisten a las escuelas parroquiales; cumple con Pascua un 6 por 100; un 10 por 100 muere con sacramentos. Hay un 20 por 100 de matrimonios civiles; los concubinatos son innumerables. Un 25 por 100 de niños no se bautizan. Un 40 por 100 de los que van a casarse no saben el Padrenuestro. Un 90 por 100 de los niños que asisten a las escuelas parroquiales, luego, pasada la edad escolar, ni confiesan, ni van a Misa. Y eso, teniendo en cuenta que esta parroquia hace el bien a manos llenas y tiene numerosas obras de contacto, como una parroquia de las mejor dotadas, aun fuera de España.

»Y no es mejor la situación de la parroquia de Tetuán, ni la de San Millán, ni la de San Miguel, ni la de las Peñuelas.

»La de San Millán: 29.000 almas de feligresía, 10 por 100 oyen Misa de precepto, 10 por 100 cumplen con Pascua, 40 por 100 mueren sin sacramentos. Las Peñuelas: 32.000 almas de feligresía. Un 12 por 100 oye Misa de precepto. Un 16 por 100 cumple con Pascua. Un 25 por 100 muere sin sacramentos».

Las masas obreras españolas, pues, estaban en gran parte perdidas para la Iglesia, cuya fuerza popular descansaba en amplias zonas rurales. En los pequeños pueblos de Castilla y León el párroco controlaba casi toda la vida social y mantenía vivo el depósito secular de fe y tradición religiosa que contra lo que puede creerse no se limitaba a formalismos exteriores, sino que brotaba de un arraigado y consciente espíritu cristiano. El futuro mapa de la Guerra Civil no debe engañarnos y hacernos trazar divisorias demasiado acusadas. Los ambientes rurales de Levante y Cataluña eran también por lo genera! profundamente cristianos; no así los de Andalucía y Extremadura, en los que el absurdo desequilibrio social se hacía intolerable y excluía casi por completo la influencia de la Iglesia. Las clases medias y la pequeña burguesía eran, en parte, bastión de la Iglesia y, en parte, vivero hereditario del progresismo provinciano, una de cuyas características era el anticlericalismo. Las clases elevadas, por desgracia para la Iglesia, se creían profundamente católicas; su fe era sincera, pero no se demostraba en absoluto en las obras. Todavía en 1968 se ha podido escribir: «El noventa por ciento del tiempo de los sacerdotes se invierte en la atención del treinta y dos por ciento de los cristianos» (ABC, 12 de octubre de 1968).

No tenían, por tanto, demasiada razón los detractores de Azaña en reprocharle en exclusiva una tesis que era compartida por algunos de los más ilustres observadores contemporáneos pertenecientes a los propios cuadros de la Iglesia. Esos observadores se preocupaban de analizar las causas de la apostasía de las masas y llegaban a conclusiones sumamente interesantes, diametralmente opuestas a las de Azaña.

Para Arboleya esas causas eran «supuestas» o ficticias y verdaderas. Entre las ficticias enumera la ignorancia religiosa (muchos obreros han sido educados en la doctrina de la Iglesia; concretamente en Asturias han recibido instrucción religiosa casi el 90 por 100), la influencia de los caudillos socialistas, la prensa adversa y los sindicatos. Reconoce Arboleya esta influencia, pero cree que ha triunfado más por la desidia de los católicos que por la eficacia intrínseca de la propaganda contraria.

Las verdaderas causas de la apostasía son, para Arboleya, la miserable situación del proletariado, la falta de sentido social en la prensa católica, la funesta actividad de los católicos «antisociales» y el reaccionarismo patronal vinculado a la religión: «Muchos de ellos, alardeando siempre de su religiosidad ante los obreros, aunque encerrando a Dios en el Oratorio particular y dejando el resto de la casa y sobre todo la caja de caudales en perpetuo laicismo, como dice el P. Guitton con palabras de Goyau, y procurando dejarse ser dirigidos por respetables religiosos, han rechazado siempre la dirección de la Iglesia en las cuestiones económico-sociales relacionadas con la moral y no merecieron jamás las bendiciones de la Iglesia por el trato que daban a sus trabajadores. Éstos, sin embargo, y no podía ser de otro modo, creyeron que sus amos obraban así precisamente por ser católicos, obedientes a las direcciones del más puro catolicismo; y suponiendo una colaboración abominable confundieron en una misma hostilidad a la Iglesia y a los patronos. La defensa excesivamente ardorosa y simplista que en todo caso hicimos de esos capitalistas contribuyó muy eficazmente a que concluyeran las masas proletarias: —Ved cómo la Iglesia católica es la gran aliada de nuestros explotadores…».

Un historiador científico, el profesor José María Jover, coincide con los observadores citados y amplía certeramente el diagnóstico:

«El hecho es éste: el sentimiento de solidaridad social fue general en la inmensa mayoría de las comarcas de esta España provinciana y campesina por esencia, sobre todo en los medios rurales y aldeanos, de donde sacara Fernán Caballero la magnífica estampa de un don Martín Ladrón de Guevara. Ahora bien, mi intento de hoy estriba en subrayar la aparición y desarrollo de una conciencia obrera, de una conciencia de clase. Y esta conciencia obrera sólo aparece netamente diferenciada por definición, en nuestro XIX, allí donde el sentimiento de solidaridad entre los distintos grupos sociales se cuartea; en las grandes poblaciones de incipiente gran industria, cito por ejemplo no único.

»Y precisamente en aquellos medios de solidaridad social escindida, las clases acomodadas que conservaban su fe monopolizaron el catolicismo militante, que quedó sin pescadores, sin el taller de José el Carpintero, sin predominio de la caridad sobre la liturgia, sin la elementalidad y sencillez que hubiera llegado fácilmente a la mentalidad de los trabajadores. Como más tarde había de notar el padre Peiró, los viejos sermonarios heredados del XVIII, las novenas, el aburguesamiento formal de las manifestaciones del culto, mantuvieron alejados del catolicismo activo a los más extensos sectores del pueblo español. El obrero no repudia esencias, sino formas; las formas que chocan con su estilo de vida.

»La paradoja resultante es dramática y sangrienta: una religión que habla preferentemente a los humildes y a los desheredados, cuyo estilo de vida está, sin duda, más cerca del proletario que del burgués, es rechazada por la naciente conciencia de una clase trabajadora, previamente descristianizada, en virtud de un postulado que se le presenta como obvio: a la Iglesia van los ricos y las mujeres. En una palabra: la nueva “clase ascendente” reacciona a su manera ante el aburguesamiento de la parroquia de gran capital; de una parroquia en la que imperan los cánones sociales y estéticos de aquella burguesía hogareña que tiene por núcleo el hogar y por clave a la mujer».

Para Peiró, que también discute las verdaderas y falsas razones para la apostasía, la clave del proceso está en la debilitación del espíritu cristiano. Es evidente que los católicos españoles de los años treinta no marchaban por la vida, en general, de forma acorde con su fe. Esa fe se convertía cada vez más en un patrimonio personal, familiar, tradicional, que no parecía aportar soluciones para los problemas de la sociedad moderna ni se insertaba en las nuevas coordenadas: la ciencia, la cultura, la técnica, el desarrollo social.

En cambio, resultaba mucho más fácil la postura abiertamente contraria, precisamente porque exageraba la alienación religiosa y la interpretaba con una bandera tradicionalmente fácil y demagógica: el anticlericalismo. No debe extrañarnos esta unión de dos conceptos aparentemente antagónicos: anticlericalismo y tradición, La tradición anticlerical española se remonta vigorosamente hasta la época ilustrada y prolifera por todas partes en el siglo XIX, donde se convierte en bandera del progresismo que éste transmite a sus herederos liberales de la Restauración. Típica resonancia decimonónica es esta moda anticlerical, perfectamente detectada por Menéndez y Pelayo:

«Cuanto hacemos es remedo y trasunto débil de lo que en otras partes vemos aclamado. Somos incrédulos por moda y por parecer hombres de mucha fortaleza intelectual. Cuando nos ponemos a racionalistas o positivistas, lo hacemos pésimamente, sin originalidad alguna, como no sea en lo estrafalario y en lo grotesco. No hay doctrina que arraigue aquí; todas nacen y mueren entre cuatro paredes, sin más efecto que avivar estériles y enervadoras vanidades y servir de pábulo a dos o tres discusiones pedantescas. Con la continua propaganda irreligiosa. el espíritu católico, vivo en la muchedumbre de los campos, desfallece en las ciudades, y aunque no sean muchos los librepensadores españoles, bien puede afirmarse de ellos que son de la peor casta de impíos que se conoce en el mundo, porque el español que ha dejado de ser católico es incapaz de creer en cosa ninguna, como no sea en la omnipotencia de un cierto sentido común y práctico, las más de las veces burdo, egoísta y groserísimo. De esta escuela utilitaria suelen salir los aventureros políticos y económicos, los arbitristas y regeneradores de la Hacienda y los salteadores literarios de la baja prensa, que en España, como en todas partes, es un cenagal fétido y pestilente. Sólo algún, aumento de riqueza, algún adelanto material, nos indica a veces que estamos en Europa y que seguimos, aunque a remolque, el movimiento general».[25]

La documentación es copiosísima. La completamos en un próximo Episodio.

RICARDO DE LA CIERVA Y HOCES. (Madrid, España; 9 de noviembre de 1926) es un Licenciado y Doctor en Física, historiador y político español, agregado de Historia Contemporánea de España e Iberoamérica, catedrático de Historia Moderna y Contemporánea por la Universidad de Alcalá de Henares (hasta 1997) y ministro de Cultura en 1980.

Nieto de Juan de la Cierva y Peñafiel, ministro de varias carteras con Alfonso XIII, su tío fue Juan de la Cierva, inventor del autogiro. Su padre, el abogado y miembro de Acción Popular (el partido de Gil Robles) Ricardo de la Cierva y Codorníu, fue asesinado en Paracuellos de Jarama tras haber sido capturado en Barajas por la delación de un colaborador, cuando trataba de huir a Francia para reunirse con su mujer y sus seis hijos pequeños. Asimismo es hermano del primer español premiado con un premio de la Academia del Cine Americano (1969), Juan de la Cierva y Hoces (Óscar por su labor investigadora).

Ricardo de la Cierva se doctoró en Ciencias Químicas y Filosofía y Letras en la Universidad Central. Fue catedrático de Historia Contemporánea Universal y de España en la Universidad de Alcalá de Henares y de Historia Contemporánea de España e Iberoamérica en la Universidad Complutense.

Posteriormente fue jefe del Gabinete de Estudios sobre Historia en el Ministerio de Información y Turismo durante el régimen franquista. En 1973 pasaría a ser director general de Cultura Popular y presidente del Instituto Nacional del Libro Español. Ya en la Transición, pasaría a ser senador por Murcia en 1977, siendo nombrado en 1978 consejero del Presidente del Gobierno para asuntos culturales. En las elecciones generales de 1979 sería elegido diputado a Cortes por Murcia, siendo nombrado en 1980 ministro de Cultura con la Unión de Centro Democrático. Tras la disolución de este partido político, fue nombrado coordinador cultural de Alianza Popular en 1984. Su intensa labor política le fue muy útil como experiencia para sus libros de Historia.

En otoño de 1993, Ricardo de la Cierva creó la Editorial Fénix. El renombrado autor, que había publicado sus obras en las más importantes editoriales españolas (y dos extranjeras) durante los casi treinta años anteriores, decidió abrir esta nueva editorial por razones vocacionales y personales; sobre todo porque sus escritos comenzaban a verse censurados parcialmente por sus editores españoles, con gran disgusto para él. Por otra parte, su experiencia al frente de la Editora Nacional a principios de los años setenta, le sirvió perfectamente en esta nueva empresa.

De La Cierva ha publicado numerosos libros de temática histórica, principalmente relacionados con la Segunda República Española, la Guerra Civil Española, el franquismo, la masonería y la penetración de la teología de la liberación en la Iglesia Católica. Su ingente labor ha sido premiada con los premios periodísticos Víctor de la Serna, concedido por la Asociación de la Prensa de Madrid y el premio Mariano de Cavia concedido por el diario ABC.

Notas

[1] López Ochoa, E., Campaña militar de Asturias en 1934, p. 100, Madrid, 1936. <<

[2] López Ochoa, E., op. cit., p. 160. <<

[3] López Ochoa, E., op. cit., p. 162. <<

[4] A. de Llano y Roza de Ampudia, Pequeños anales de quince días, 1935, p. 136s. <<

[5] J. Gómez Casas, manuscrito citado. <<

[6] J. M. Gil Robles, No fue posible la paz, 1968, p. 188. <<

[7] Barcelona, Grijalbo, 1978. <<

[8] De forma paralela se expresan los demás partidos republicanos. Cf. Prats, El Gobierno de la Generalidad en el banquillo, 1935, p. 11. <<

[9] Guerra y revolución España, 1966, I. p. 62. <<

[10] Cf. mi libro Los documentos de la primavera trágica, 1967, p. 526. <<

[11] Cf. L. Aymamí, op. cit., p. 259. <<

[12] Cf. Octubre Rojo, 1935, p. 187. <<

[13] M. Nelken, Por qué hicimos la revolución,, 1936, p. 148s. <<

[14] Gil Robles, No fue posible la paz,, 1968, p. 147. <<

[15] Ibid. <<

[16] F. Gordón Ordás, Mi política en España II, p 258. <<

[17] M. Domingo, La Revolución de Octubre, 1935, p. 197. <<

[18] C. Bergés, Explicación de Octubre, 1935, p. 265. <<

[19] S. de Madariaga, España, 1964, p. 435s. <<

[20] El problema religioso-moral de España, 1936, p. 25. <<

[21] Tuñón de Lara La España del siglo XX, 1966, p. 126. <<

[22] Prólogo al libro de U. Massimo Miozzi, Storia della Chiesa in Spagna, 1967. <<

[23] Arboleya, La apostasía de las masas, 1922, p. 1. <<

[24] Peiró, F, op. cit., p.13. <<

[25] M. M. Pelayo, Heterodoxos, VII, p. 511. <<