«El factor moral y la convicción religiosa fueron, junto a una disciplina implacable exigida por las Fuerzas Armadas, las características principales de la zona nacional, que se configuraba como un gran campamento pletórico de moral y energía, como recordaba también públicamente Ramón Serrano Súñer en su famoso discurso pronunciado en Burgos como evocación de los años de guerra. El lector debe tener siempre en cuenta estos factores morales porque fueron la clave de la victoria junto con la acertada organización militar e incluso la militarización de la zona desde los primeros instantes del Alzamiento. En este Episodio vamos a presentar un conjunto de documentos, muchas veces olvidados, que son necesarios para comprender la vida y la militancia de la retarguardia nacional, pero que parecerían un frío amasijo de disposiciones si no se les contempla como documentos transidos por ese espíritu que todo lo dominaba y que tal vez sólo pueden valorar y comprender quienes lo vivieron».

Ricardo de la Cierva

España en guerra: la zona nacional

Episodios históricos de España - 39

ePub r1.0

Titivillus 01.07.18

Título original: España en guerra: la zona nacional

Ricardo de la Cierva, 1997

Editor digital: Titivillus

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Para Mercedes 99

La zona nacional:

una historia escamoteada

En nuestro plan primitivo pensábamos dedicar este libro a las dos retaguardias de la Guerra Civil. Pero la documentación nos abruma. Empezamos por la zona nacional, de cuya vida interna existen escasos estudios, pese a que lo ocurrido a ese lado de las trincheras tuvo, para la historia siguiente de España, mucha mayor influencia que los problemas, mucho más aireados históricamente, de la zona republicana. Pero incluso los insuficientes trabajos sobre la vida en zona nacional olvidan lo más importante, que no son las intrigas políticas —casi único objeto de esos trabajos—, sino el ambiente de fervor patriótico, cruzada religiosa y moral altísima que vivía la zona. «Fueron —dice el testimonio de Ramón Serrano Súñer, llegado a la zona a fines del primer invierno— años, meses y días de idealismo trepidante, de pronta abnegación, de absoluto desprendimiento.

Días de austeridad, de honradez y de entrega en los que nadie o casi nadie pensaba en lo suyo ni procuraba su propio porvenir personal porque todo quedaba absorbido por la fiebre creyente, por la esperanza levantada, por la exigencia decidida de una España nueva y mejor. Eran días atroces pero heroicos, dolorosos pero exaltados, en los que algunos nos esforzábamos por hacer lúcida aquella embriaguez con que el español vivía en carne viva el acontecer histórico»[1]. Años después, Ramón Serrano Súñer fue radicalizando sus recuerdos en contra de Franco, por motivos personales. Pero éste y otros testimonios suyos sobre el ambiente de la zona nacional son certeros y exactos.

Dionisio Ridruejo, después de romper abiertamente con Franco, escribe en 1962: «La guerra determinó —a su modo y con características especiales— uno de los momentos de entrega a una causa pública más densa, generalizada y entusiasta que ha conocido España. Es verdad que el entusiasmo o embriaguez en la esperanza no es el modo más sólido y fecundo de politización. Alimentado por una ventolera, suele comenzar por ser cegador como el incendio —cegador y voraz— para remitir pronto y disolverse en nada. Pero sin duda deja transformada la tierra por donde ha pasado» (Escrito en España, Losada, Buenos Aires, 1962, p. 81).

Durante la Guerra Civil, vivida en clima heroico, la sucesión de victorias en la zona nacional exaltaba frecuentemente, hasta varias veces en una semana, la adhesión y el entusiasmo de la gente. La Iglesia, enteramente volcada en favor de la causa nacional, infundía un profundo aliento espiritual que llegaba a contagiarse incluso a los inicialmente partidarios de la República, presentada además por la prensa y radio de la zona nacional como sentina de atrocidades y crímenes en exclusiva de la peor especie. «Podría discutirse —dice allí mismo Ridruejo— cuál fuera la proporción de los simpatizantes sinceros con una y otra causa en 1936, pero no cabe duda de que en 1939, y aún durante los años siguientes, Franco y su régimen tuvieron, por la fuerza de anexión de las causas triunfantes, un crédito de opinión como pocas veces lo ha tenido situación alguna en España» (Ibid. p. 93).

La excelente administración de la Junta de Defensa y luego de la Junta Técnica del Estado, la abundancia de alimentación y artículos de primera necesidad, la estabilidad en el coste de la vida, facilitaban la convivencia en la zona nacional, donde no faltaban aprovechados y emboscados, pero donde la población civil vibraba con las noticias de los frentes. La moral era altísima. Frente al «no pasarán» de la zona republicana, que implicaba una actitud defensiva, los nacionales miraban siempre a la zona contraria como terreno de conquista; se resistían a la fortificación e incluso a la defensa pasiva; sólo pensaban en el avance y no dudaron jamás de la victoria, con la fugaz excepción de algunas semanas de desaliento después del fracaso de noviembre de 1936 ante Madrid, y sobre todo durante la batalla del Ebro en el verano de 1938.

El factor moral y la convicción religiosa, a los que dedicaremos, por su desbordante importancia, un estudio monográfico en estos Episodios, fueron, junto a una disciplina implacable exigida por las Fuerzas Armadas, las características principales de la zona nacional, que se configuraba como un gran campamento pletórico de moral y energía, como recordaba también públicamente Ramón Serrano Súñer en su famoso discurso pronunciado en Burgos como evocación de los años de guerra. El lector debe tener siempre en cuenta estos factores morales porque fueron la clave de la victoria junto con la acertada organización militar e incluso la militarización de la zona desde los primeros instantes del Alzamiento.

A continuación vamos a presentar un conjunto de documentos, muchas veces olvidados, que son necesarios para comprender la vida y la militancia de la retaguardia nacional pero que parecerían un frío amasijo de disposiciones si no se les contempla como transidos por ese espíritu que todo lo dominaba y que tal vez sólo pueden valorar y comprender quienes lo vivieron —quienes lo vivimos—.

La Junta de Defensa Nacional

Hasta fines del mes de septiembre de 1936 no existía el mando único militar y político en la zona nacional, mientras la zona republicana estaba regida por un Gobierno. El general Emilio Mola, director de la conspiración para el Alzamiento, había dispuesto en sus instrucciones la creación inmediata de una junta exclusivamente militar, un directorio como el instaurado por el general Miguel Primo de Rivera en septiembre de 1923 y que duró hasta la creación de un Gobierno formal después de la victoria de Alhucemas dos años después.

Este directorio se denominó Junta de Defensa Nacional, su sede estaba en Burgos y constituía la instancia suprema de poder, que gobernaba por decreto y contaba con importantes asesoramientos de personalidades y expertos civiles. El presidente de la Junta era el más veterano de los generales sublevados, Miguel Cabanellas, pero el alma y principal inspirador del organismo era el general Mola, que ostentaba el mando en jefe del Ejército del Norte, es decir, de la subzona nacional del Norte, que comprendía las provincias de lo que hoy es Castilla y León, Galicia, gran parte de Aragón con las tres capitales, Navarra y parte de Asturias con Oviedo, además de la provincia de Cáceres. El general Queipo de Llano era general en jefe y ostentaba también el mando de la administración y la política en los sectores de Andalucía, donde trataba de establecer un frente continuo, defendible y capaz de expansionarse con los escasos recursos de que disponía. El general Franco actuaba desde su llegada a Tetuán el 19 de julio de 1936 como jefe del Ejército de África, pero con evidente vocación de mando supremo sobre toda la zona, en la que Mola le cedió la gestión de las relaciones exteriores.

Como hemos visto ya, el mando único y total recayó en el general Franco desde fines de septiembre de forma que parecía natural y aceptada por todo el mundo. Pero hasta ese momento la Junta de Defensa actuó intensamente y produjo varias disposiciones muy importantes. Como la de 28 de julio de 1936 en la que daba cuenta de la confirmación del estado de guerra para toda la España bajo su mando:[2]

La Junta de Defensa Nacional de España, y en su nombre y representación el presidente de ella,

HAGO SABER:

Las circunstancias por las que atraviesa España exigen a todo ciudadano español el cumplimiento estricto de las leyes, y por si alguno, cegado por un sectarismo incomprensible, cometiera actos u omisiones que causaren perjuicio a los fines que persigue este movimiento redentor de nuestra patria, esta Junta de Defensa Nacional, celosa de cuanto constituyen sus deberes en momentos tan solemnes, ha decidido ratificar la declaración del estado de guerra, y, en consecuencia, en cumplimiento de lo dispuesto en el decreto de esta fecha, y con el fin de establecer una unidad de criterio, tan necesaria en estos instantes, hace público el siguiente BANDO

Artículo 1. El estado de guerra declarado ya en determinadas provincias se hace extensivo a todo el territorio nacional.

Art. 2. Los insultos y agresiones a todo militar, funcionario público o individuo perteneciente a las milicias que han tomado las armas para defender a la nación se consideran como insultos a fuerza armada y serán perseguidos en juicio sumarísimo, aun cuando en el momento de la agresión o insulto no estuvieren aquéllos desempeñando servicio alguno.

Art. 3. Los funcionarios, autoridades o corporaciones que no presten el inmediato auxilio que por mi autoridad o por mis subordinados sea reclamada para el restablecimiento del orden o ejecución de lo mandado en este bando serán suspendidos inmediatamente de sus cargos, sin perjuicio de la correspondiente responsabilidad criminal, que les será exigida por la jurisdicción de guerra.

Art. 4. Serán juzgados por procedimiento sumarísimo todos los delitos comprendidos en los títulos V, VI, VII y VIII del Tratado Segundo del Código de Justicia Militar.

Art. 5. Quedan también sometidos a la jurisdicción de guerra, y serán sancionados del mismo modo, por procedimiento sumarísimo:

a) Los delitos de rebelión, sedición y sus conexos, atentados, resistencia y desobediencia a la autoridad y sus agentes y demás comprendidos en el artículo 3.1 del Código Penal ordinario bajo el epígrafe de “Delitos contra el orden público”.

b) Los atentados contra toda clase de vías o medios de comunicación, servicios, dependencias o edificios de carácter público.

c) Los cometidos contra las personas o la propiedad por móviles políticos o sociales.

d) Los realizados por medio de la imprenta u otro medio cualquiera de publicidad.

Art. 6. Se considerarán como rebeldes, a los efectos del Código de Justicia Militar, y serán juzgados en la forma expuesta:

a) Los que propalen noticias falsas o tendenciosas con el fin de quebrantar el prestigio de las fuerzas militares y de los elementos que prestan servicios de cooperación al Ejército.

b) Los poseedores de armas de fuego o sustancias inflamables o explosivas; entendiéndose caducadas todas las licencias de armas que no hubiesen sido otorgadas por esta Junta de Defensa Nacional o sus legítimos representantes. Los poseedores de armas, con o sin licencia, quedan obligados a entregarlas en el plazo máximo de doce horas, sin excusa alguna, en el puesto de la Guardia Civil respectivo, donde, en cada caso, podrá convalidarse la autorización para su uso, a discreción del comandante de aquél.

c) Los que celebren cualquier reunión, conferencia o manifestación pública sin previo permiso de la autoridad, solicitado en la forma reglamentaria, y los que asistan a ellas.

d) Los que cometan delitos de los comprendidos en los apartados b), c) y d) del artículo anterior.

e) Los que tiendan a impedir o dificultar el abastecimiento de artículos de primera necesidad, eleven injustificadamente los precios de los mismos o de algún modo contribuyan a su encarecimiento.

f) Los que coarten la libertad de contratación o de trabajo o abandonen éste, ya se trate de empleados, patronos u obreros.

Art. 7. Serán sometidos a la previa censura dos ejemplares de todo impreso o documento destinado a la publicidad.

Art. 8. Se declaran incautados, y a mi disposición, todos los vehículos y medios de comunicación de cualquier clase.

Art. 9. Queda prohibido hasta nueva orden el funcionamiento de todas las estaciones radioemisoras particulares de onda corta o extracorta, considerándose a los infractores como rebeldes, a los fines del Código de Justicia Militar.

Art. 10. La jurisdicción de guerra podrá dejar de conocer, remitiéndolas a la jurisdicción ordinaria, de las causas incoadas que, hallándose comprendidas en este bando, no tengan, a juicio de las autoridades militares, relación directa con el orden público.

Art. 11. Las autoridades civiles y judiciales continuarán desempeñando sus funciones en todo lo que no se oponga a lo anteriormente preceptuado.

Art. 12. El presente bando empezará a regir a partir de la fecha de su publicación.

{Boletín Oficial de la Junta de Defensa Nacional de España, Burgos, 30 de julio de 1936).

Burgos, 28 de julio de 1936. El presidente de la Junta de Defensa Nacional, Miguel Cabanellas».

Dos simples consideraciones que pueden explicarlo casi todo. Primera: la Junta de Defensa declaró al estado de guerra general a raíz de su constitución. El Gobierno de la República, por inexplicables motivos de imagen, no declaró el estado de guerra en su zona hasta 1939, cuando ya era demasiado tarde. Segunda: la primacía absoluta de la jurisdicción militar hacía que en zona nacional se cumplieran a rajatabla las disposiciones de la Junta y las autoridades. En la zona republicana las disposiciones, incluso las de orden militar, representaban más o menos un buen deseo, un propósito del Gobierno, pero generalmente no se cumplían o tardaban mucho en hacerlo.

La Junta suprime las organizaciones

políticas enemigas

Las declaraciones iniciales del estado de guerra en los focos del Alzamiento eliminaban ya los partidos políticos y organizaciones afines al Frente Popular enemigo, que desaparecieron de manera fulminante. Pero el 13 de septiembre, dos semanas antes de su extinción, la Junta de Defensa dictó un decreto expreso para declarar fuera de la ley a esas instituciones. Es el siguiente:

DECRETO

Durante largo tiempo ha sido España víctima de actuaciones políticas desarrolladas por algunos partidos que, lejos de cooperar a la prosperidad de la patria, satisfacían ambiciones personales con detrimento del bien común, pero nunca, como en los momentos anteriores al presente, ha culminado el antipatriotismo en la formación de entidades que, bajo apariencia política, envenenaron al pueblo con el ofrecimiento de supuestas reivindicaciones sociales, espejuelo para que las masas obreras siguieran a sus dirigentes, quienes las aprovecharon para medrar a su costa, lanzarlas a la perpetración de toda clase de desmanes y cristalizar al fin, en la formación del funesto llamado Frente Popular, de cuyos males, si responsables son las agrupaciones no lo son menos aquéllas personas físicas que, con su actuación anterior o coetánea, directa o indirecta, han sido autores materiales o por inducción de los daños y perjuicios sufridos por el Estado y por los particulares, con motivo de la absurda resistencia sostenida contra el movimiento nacional, por lo que procede adoptar, contra unos y otros, medidas encaminadas a garantizar la responsabilidad que en su día pueda alcanzarles para la indemnización procedente en la inteligencia de que medida elemental y básica de saneamiento es declarar fuera de la ley a las agrupaciones de actividades ilícitas que siempre estuvieron al margen de ella; en vista de lo cual, como presidente de la Junta de Defensa Nacional y de acuerdo con la misma vengo en decretar:

Artículo 1. Se declaran fuera de la ley todos los partidos y agrupaciones políticas o sociales, que desde la convocatoria de las elecciones celebradas con fecha dieciséis de febrero del corriente año han integrado el llamado Frente Popular, así como cuantas organizaciones han tomado parte en la oposición hecha a las fuerzas que cooperan al movimiento nacional.

Art. 2. Se decreta la incautación de cuantos bienes muebles, inmuebles, efectos y documentos pertenecieron a los referidos partidos o agrupaciones, pasando todos ellos a la propiedad del Estado.

Art. 3. Los funcionarios públicos y los de empresas subvencionadas por el Estado, la provincia o el municipio o concesionarios de servicios públicos, podrán ser corregidos, suspendidos y destituidos de los cargos que desempeñen cuando aconsejen tales medidas sus actuaciones antipatrióticas o contrarias al Movimiento nacional.

Art. 4. Las correcciones y suspensiones a que se refiere el artículo anterior, serán acordadas por los jefes del centro en que preste sus servicios el funcionario y, en su defecto, por el superior jerárquico del corregido, y aquéllos, en su caso, previa la formación del oportuno expediente, propondrán la destitución a la autoridad, empresa o corporación a quien correspondiera hacer el nombramiento.

Art. 5. Los generales jefes de los Ejércitos de operaciones o los de columna o unidad a quienes éstos hayan dado instrucciones al efecto podrán, en las plazas ocupadas y que en lo sucesivo se ocupen, tomar medidas precautorias encaminadas a evitar posibles ocultaciones o desaparición de bienes de aquellas personas que por su actuación fueran lógicamente responsables directos o subsidiarios, por acción o inducción, de daños y perjuicios de todas clases ocasionadas directamente o como consecuencia de la oposición al triunfo del Movimiento nacional.

Art. 6. Las autoridades expresadas remitirán a los juzgados de primera instancia relación de las personas y bienes que posean y que a su juicio estén comprendidas en el artículo quinto, para que se decrete el embargo de éstos, con arreglo a lo dispuesto en el artículo seiscientos y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y concordantes de la de Enjuiciamiento Civil, quedando subsistentes tales medidas hasta la depuración de las responsabilidades criminales o civiles que se declaren.

Art. 7. Las medidas precautorias de los dos artículos anteriores se llevarán a efecto no obstante aparecer los bienes enajenados o gravados a favor de personas distintas de los supuestos responsables, siempre que la enajenación o gravamen haya sido hecho en fecha posterior al diecinueve de julio último y a reserva de la convalidación de los mencionados actos.

Artículo adicional. Para el desarrollo definitivo de las disposiciones contenidas en el presente decreto, se dictarán las oportunas normas.

Dado en Burgos a trece de septiembre de mil novecientos treinta y seis.

Miguel Cabanellas.

(Boletín Oficial de la Junta de Defensa Nacional de España, Burgos, 16 septiembre 1936.)

Pero la Junta de Defensa no prohibía solamente las actividades políticas del Frente Popular, como rezaba el decreto que acabamos de transcribir. Cuatro días antes de entregar al general Franco todos los poderes del Estado, la Junta de Defensa declaraba que era el Ejército el que asumía esos poderes y prohibía toda actividad política que no estuviese expresamente subordinada a la propia Junta de Defensa. Este significativo decreto apenas se ha comentado y revela la escasa disposición de la Junta (sobre todo de su presidente, el general Cabanellas) a desprenderse de su poder omnímodo. El decreto siguiente dejaría en situación muy comprometida a las organizaciones políticas de la zona nacional, a las que no se suprimía pero se conminaba a la total subordinación al Ejército.

DECRETO

El carácter netamente nacional del Movimiento salvador iniciado por el Ejército y secundado, entusiásticamente, por el pueblo exige una apartamiento absoluto de todo partidismo político, pues todos los españoles de buena voluntad, cualesquiera que sean sus peculiares ideologías, están fervorosamente unidos al Ejército, símbolo efectivo de la unidad nacional.

La conveniencia de utilizar valiosas colaboraciones personales, ofrecidas al servicio de la nación, sin distinción de matices políticos que puedan en cada caso caracterizarlas, exige, imperiosamente, por parte de todos, una abstención absoluta de toda actividad política y de la sindical que signifique inclinación o parcialidad a favor de determinadas ideologías o engendre el equívoco de que, por parte de la Junta de Defensa Nacional, merezcan preferencia unas u otras de las referidas organizaciones políticas o sindicales.

El interés supremo de España y los heroicos servicios que vienen prestando tantos españoles de buena voluntad exige, a todo trance, mantener la unión fervorosa de todos los ciudadanos, mientras el Ejército asuma los poderes del Estado, aniquilando, si preciso fuera, todo brote de actividades o de parcialidades políticas o sindicales de partido, aun descontando los más elevados móviles en las referidas actuaciones. Día llegará en que el Gobierno que rija los destinos de España sabrá desarrollar la única política y la única sindicación posible en toda la nación bien organizada: la política y sindicación que rijan y controlen los directores de la cosa pública, como depositarios de la confianza del pueblo.

Por cuanto antecede, como presidente de la Junta de Defensa Nacional y de acuerdo con ésta, vengo a decretar:

Artículo 1. Quedan prohibidas, mientras duren las actuales circunstancias, todas las actuaciones políticas y las sindicales obreras y patronales de carácter político; aunque se autoricen las agremiaciones profesionales sometidas, exclusivamente, a la autoridad de esta Junta de Defensa Nacional y de sus delegados.

Art. 2. Las personas que reciban nombramientos para el desempeño de funciones públicas de autoridad, o sean designadas para formar parte de comisiones o entidades administrativas o consultivas, se abstendrán de toda actuación, propaganda y actividades políticas o sindicales.

Art. 3. Las autoridades militares cuidarán, rigurosamente, del cumplimiento de este decreto, imponiendo las sanciones que procedan a los infractores del mismo.

Dado en Burgos a veinticinco de septiembre de mil novecientos treinta y seis. Miguel Cabanellas.

(Boletín Oficial de la Junta de Defensa Nacional de España, número 30, 28 de septiembre de 1936.)

El decreto para el

nombramiento de Franco

Unos días después del decreto anterior, la Junta de Defensa cedió al general Franco todos los poderes del Estado y acto seguido desapareció. Conocemos la virtual unanimidad de la Junta de Defensa para el nombramiento de Franco como jefe supremo militar y las reticencias para conferirle a la vez el mando supremo en el ámbito político. Pero al fin se vencieron las discrepancias y la vinculación personal de Franco con la liberación del Alcázar de Toledo, un hecho que alcanzó resonancia mundial, llevó a la Junta de Defensa a proponer el último de sus decretos:

La Junta de Defensa Nacional, creada por decreto de veinticuatro de julio de mil novecientos treinta y seis, y el régimen provisional de mandos combinados respondían a las más apremiantes necesidades de la liberación en España.

Organizada con perfecta normalidad la vida civil en las provincias rescatadas, y establecido el enlace entre los varios frentes de los Ejércitos que luchan por la salvación de la patria, a la vez que por la causa de la civilización, impónese ya un régimen orgánico y eficiente, que responda adecuadamente a la nueva realidad española y prepare con la máxima autoridad su porvenir.

Razones de todo linaje señalan la alta conveniencia de concentrar en un solo poder todos aquéllos que han de conducir a la victoria final y al establecimiento, consolidación y desarrollo del nuevo Estado, con la asistencia fervorosa de la nación. En consideración a los motivos expuestos y segura de interpretar el verdadero sentir nacional, esta Junta, al servicio de España, promulga el siguiente

DECRETO

Artículo 1. En cumplimiento del acuerdo adoptado por la Junta de Defensa Nacional, se nombra jefe del Gobierno del Estado español al excelentísimo señor general de División don Francisco Franco Bahamonde, quien asumirá todos los poderes del nuevo Estado.

Art. 2. Se le nombra, asimismo, Generalísimo de las fuerzas nacionales de tierra, mar y aire, y se le confiere el cargo de general jefe de los ejércitos de operaciones.

Art. 3. Dicha proclamación será revestida deforma solemne ante representación adecuada de todos los elementos nacionales que integran este movimiento liberador, y de ella se hará la oportuna comunicación a los gobiernos extranjeros.

Art. 4. En el breve lapso que transcurra hasta la transmisión de poderes, la Junta de Defensa Nacional seguirá asumiendo cuantos actualmente ejerce.

Art. 5. Quedan derogadas y sin vigor cuantas disposiciones se opongan a este Decreto.

Dado en Burgos a veintinueve de septiembre de mil novecientos treinta y seis. Miguel Cabanellas.

(Boletín de la Junta de Defensa Nacional de España, Burgos, 30 septiembre 1936.)

Ya hemos descartado cualquier interrelación alambicada del término «Jefe del Gobierno del Estado» que, junto a la afirmación de que el así nombrado «asume todos los poderes del Estado», no significa más que jefe del Estado y así lo comprendió todo el mundo cuando Franco comenzó pronto a utilizar la forma abreviada de su cargo.

Precisamente su primera disposición, que adoptó forma de ley, organizaba, el mismo día 1 de octubre en el que asumió sus poderes supremos, la administración del Estado mediante la creación de la Junta Técnica, que no era propiamente un gobierno, sino un organismo de colaboración ejecutiva con el jefe del Estado. Éste era el sistema que Franco hubiera preferido conservar toda su vida, porque aborrecía la burocracia y sus excesos y estaba firmemente convencido de que con una estructura mínima el Estado actuaría de forma mucho más funcional y barata.

LEY

La estructuración del nuevo Estado español, dentro de los principios nacionalistas, reclama el establecimiento de aquellos órganos administrativos que, prescindiendo de un desarrollo burocrático innecesario, respondan a las características de autoridad, unidad, rapidez y austeridad, tan esenciales para el desenvolvimiento de las diversas actividades del país.

Por ello, sin tomar como definitiva la que actualmente se implanta, aunque sea anuncio de la permanente a establecerse, una vez dominado todo el territorio nacional, dispongo:

Artículo 1. Se crea una Junta Técnica del Estado, que se compondrá de las siguientes secciones:

a) Comisión de Hacienda, que tendrá por misión el estudio y preparación de los siguientes asuntos: Divisas, Donativos, Impuestos, Contribuciones, Bancos, Tesoro Nacional, Aduanas, Timbre, Presupuestos, Cámaras de Compensación, Aranceles, Monopolios, Operaciones de Crédito y Gastos.

b) Comisión de Justicia, a la que compete la proposición de aquellas normas que en el orden procesal no tienen en la actualidad aplicación tangible, así como la modificación o alteración de las vigentes.

c) Comisión de Industria, Comercio y Abastos, cuyo objeto será el estudio estadístico de las diversas actividades, mercancías y provisiones existentes en las provincias ocupadas, régimen de coordinación entre las mismas y auxilios que necesiten, fomento de las exportaciones y determinación de las importaciones necesarias, así como arbitrar los primeros medios necesarios para la subsistencia de las industrias.

d) Comisión de Agricultura y Trabajo Agrícola, cuya función será fijar las normas indispensables para la continuación de las actividades agrícolas y preparar la revalorización de productos de la tierra, establecimientos, patrimonios familiares, cooperativas agrícolas y mejoras de la vida campesina.

e) Comisión de Trabajo, a la que compete todo lo relacionado con las bases vigentes.y laudos de trabajo y el estudio de nuevas orientaciones que tiendan al bienestar y la colaboración de éste con los demás elementos de la producción.

f) Comisión de Cultura y Enseñanza, que se ocupará de asegurar la continuidad de la vida escolar y universitaria, reorganización de los centros de enseñanza y estudio de las modificaciones necesarias para adaptar éstos a las orientaciones del nuevo Estado.

g) Comisión de Obras Públicas y Comunicaciones, que tendrá por misión asegurar la continuación de las obras públicas en curso, emprender obras nuevas donde sea indispensable, restablecer las líneas de transporte de toda clases, organizar un perfecto servicio de comunicaciones postales y telegráficas en toda la región ocupada, así como el personal necesario para estos servicios. Se ocuparán además estas comisiones de cuantos otros asuntos no mencionados especialmente sean de su general cometido.

Art. 2. El presidente de esta Junta resolverá los distintos asuntos que a las comisiones se asignan, presidirá sus reuniones parciales y totales, recabará la cooperación de técnicos que con carácter consultivo se nombrarán oportunamente y someterá sus dictámenes a la aprobación del jefe del Estado.

Art. 3. Se crea el cargo de gobernador general, el cual tendrá por cometido la inspección de las provincias ocupadas y cuanto se refiere a la organización de la vida ciudadana, abastos, trabajo y beneficencia en estrecha relación con las autoridades de las mismas y con los departamentos correspondientes de la Junta Técnica del Estado.

Art. 4. Se crea una Secretaría de Relaciones Exteriores que tendrá a su cargo las diplomáticas y consulares con los demás países, y una sección de prensa y propaganda, que será presidida por un jefe que dependerá directamente del jefe del Estado.

Art. 5. Se crea la Secretaría General del Jefe del Estado con personal especialista en las materias que son objeto de las distintas secciones de la Junta Técnica y con un miembro destacado del Departamento de Relaciones Exteriores.

Art. 6. Por el presidente de la Junta Técnica, gobernador general y secretario general se dictarán las normas necesarias para el funcionamiento de estos servicios.

Promulgado en Burgos a primero de octubre de mil novecientos treinta y seis.

Francisco Franco.

(Boletín Oficial del Estado, Burgos, 2 de octubre de 1936.)

Se organiza la depuración

Un conjunto de medidas político-administrativas semejante en las dos zonas establecía un duro sistema de depuraciones para garantizar que los funcionarios desafectos dejaran de prestar servicios en el Estado. Hace años encontré unas nutridas carpetas con las disposiciones depuradoras que se aplicaron en la zona republicana, donde la abanderada de la depuración, en términos feroces, fue Margarita Nelken, activista del Frente Popular y jefa de patrullas represivas.

En la zona nacional, el encargado de decretar y aplicar la depuración en la enseñanza fue el gran escritor monárquico José María Pemán, que firmó la disposición siguiente:

Innecesario resulta hacer presente a los señores vocales de las comisiones depuradoras del personal docente la trascendencia de la sagrada misión que hoy tienen en sus manos. Con pensar que la perspectiva del resurgir de una España mejor de la que hemos venido contemplando estos años, está en razón directa de la justicia y escrupulosidad que pongan en la depuración del Magisterio en todos sus grados, está dicho todo.

El carácter de la depuración que hoy se persigue no es sólo punitivo, sino también preventivo. Es necesario garantizar a los españoles, que con las armas en la mano y sin regateos de sacrificios y sangre salvan la causa de la civilización, que no se volverá a tolerar, ni menos a proteger y subvencionar, a los envenenadores del alma popular, primeros y mayores responsables de todos los crímenes y destrucciones que sobrecogen al mundo y han sembrado el duelo en la mayoría de los hogares honrados de España.

No compete a las comisiones depuradoras el aplicar las penas que los códigos señalan a los autores por inducción, por estar reservada esta facultad a los tribunales de justicia, pero sí proponer la separación inexorable de sus funciones magistrales de cuantos directa o indirectamente han contribuido a sostener y propagar a los partidos, ideario e instituciones del llamado «Frente Popular».

Los individuos que integran esas hordas revolucionarias, cuyos desmanes tanto espanto causan, son sencillamente los hijos espirituales de catedráticos y profesores que, a través de instituciones como la llamada «Libre de Enseñanza», forjaron generaciones incrédulas y anárquicas.

Si se quiere hacer fructífera la sangre de nuestros mártires, es preciso combatir resueltamente el sistema seguido desde hace más de un siglo de honrar y enaltecer a los inspiradores del mal, mientras se reservaban los castigos para las masas víctimas de sus engaños.

Tres propuestas pueden formular las comisiones depuradoras, conforme a la orden de 10 de noviembre, a saber: 1. Libre absolución para aquéllos que puestos en entredicho hayan desvanecido los cargos de haber cooperado directa o indirectamente a la formación del ambiente revolucionario. 2. Traslado para aquéllos que, siendo profesional y moralmente intachables, hayan simpatizado con los titulados partidos nacionalistas vasco, catalán, navarro, gallego, etc., sin haber tenido participación directa ni indirecta en la subversión comunista-separatista, y 3. Separación definitiva del servicio para todos los que hayan militado en los partidos del «Frente Popular» o sociedades secretas, muy especialmente con posterioridad a la Revolución de Octubre y, de un modo general, los que perteneciendo o no o esas agrupaciones hayan simpatizado con ellas u orientado su enseñanza o actuación profesional en el mismo sentido disolvente que las informa.

Las comisiones depuradoras, al dirigirse a cualquier autoridad o particular en demanda de informes, deberán hacerles presente la gravísima responsabilidad en que incurren para con Dios y con la patria ocultando determinados extremos, cuando no llegando a falsear los hechos, valiéndose de reprobables reservas mentales o sentimentales extemporáneas.

También se ha de combatir y de hacer público, para perpetua vergüenza del que en tal falta de ciudadanía incurra, el nombre de quienes aleguen indebidamente desconocer los hechos o las personas sobre los que se interesen informes. Sería indigno que al heroísmo de nuestros oficiales, soldados y voluntarios que en las líneas de fuego desafían a la muerte soñando con una España mejor, correspondieran con la cobardía y falta de valor cívico las personas que gozan de la paz de las retaguardias.

Si todos cuantos forman parte de las comisiones depuradoras se compenetran de esta manera de pensar y la transmiten en patriótico contagio a aquéllos que han de coadyuvar a su labor con sus informes, es cosa segurísima que, antes de mucho tiempo, en esta España que hoy contemplamos destruida, empobrecida y enlutada, una vez restaurado su genio y tradición nacional, veremos amanecer en alborada jubilosa un nuevo siglo de oro para gloria de la Cristiandad, de la civilización y de España.

Burgos, 7 de diciembre de 1936.

El presidente de la Comisión de Cultura y Enseñanza. José María Pemán.

(Circular de la Comisión de Cultura y Enseñanza, en Boletín Oficial del Estado, Burgos, 10 de diciembre de 1936.)

El Ejército pasa a segundo plano

en la vida civil

Hemos visto cómo en los primeros días de la guerra de España la Junta de Defensa militarizaba virtualmente toda la actividad civil. En esta España de bandazos es sobrecogedor el contraste entre la época en que se escriben estas líneas, en la que reina un sentimiento cada vez más antimilitarista y las fuerzas armadas viven absurda e injustamente arrinconadas y marginadas por buena parte de la sociedad y los presupuestos del Estado, y la época de la Guerra Civil, donde al menos en la zona nacional era cada vez más evidente el predominio de lo militar, la imitación de lo militar, la identificación castrense de los elementos civiles.

Por eso es significativo que Franco, a través nada menos que de un decreto-ley, entregara a las autoridades civiles la competencia sobre organización de la vida civil, sin perjuicio de considerar como suprema a la autoridad militar. Se trataba de un avance hacia la normalización de la zona, mientras el mando militar de región o sector se dedicaba en exclusiva al esfuerzo de guerra.

DECRETO-LEY

Restablecida la normalidad de la vida civil en las provincias ocupadas por el Ejército, y desapareciendo con ello las singulares circunstancias que demandaron en un principio la acumulación de cometidos, es llegado el momento en que, sin restar atribuciones a las autoridades militares, las cuales, conforme al artículo cincuenta y ocho de la vigente Ley de Orden Público pueden adoptar cuantas medidas estimen necesarias, se precise el alcance de tan amplia locución, tanto más cuanto que de este modo podrán dedicarse preferentemente a la finalidad que les es privativa. Asimismo, la jerarquización inherente al estado de guerra hace inadecuados algunos preceptos de la ley invocada, razón por la cual es indispensable el establecimiento de una escala de atribuciones en la sanción de multa, haciendo que ésta sea consonante con los fines de punición perseguidos y sin atribuirle un marcado carácter absoluto e inapelable. Ello no obsta para que, al desenvolverse determinadas funciones dentro de la órbita asignada a las autoridades civiles conserven éstas una subordinación estrecha y obligada a los mandos superiores mili-| tares.

En su consecuencia,

DISPONGO:

Artículo 1. Los jefes superiores de las columnas y fuerzas que operan en las zonas de contacto con el enemigo podrán nombrar, con carácter interino, las autoridades civiles de las ciudades, pueblos y provincias que ocupen, para que, a las órdenes directas de la autoridad militar de ocupación, atiendan a los problemas de orden civil que se planteen y cooperen con aquélla en cuanto les ordenase a la resolución de los problemas de alojamiento y avituallamiento de las fuerzas.

Art. 2. Al quedar asegurada la ocupación de la provincia o plaza y haber dejado de constituir su territorio o zona parte de la de vanguardia del Ejército, se observarán las siguientes reglas:

a) La autoridad militar será la autoridad superior, pasando a la competencia directa de las autoridades civiles y administrativas todas las cuestiones que les son peculiares, con exclusión de las referentes al orden público. Sin perjuicio de ello, la autoridad civil podrá desempeñar aquellos cometidos que la autoridad militar de quien dependa le delegue de modo expreso.

b) La designación de las autoridades locales o provinciales de orden y civil, y la provisión de los cargos de orden civil administrativo, corresponderá a las autoridades civiles dentro de sus respectivas atribuciones.

c) La autoridad civil subordinará sus gestiones a las necesidades de la guerra, a cuyo efecto atenderá y dará preferencia a las órdenes que, con ella relacionadas, reciba de la autoridad militar. Si las que ésta dicte se hallasen en contraposición a las que deba cumplimentar del gobernador general del territorio ocupado, elevará a éste la oportuna consulta con el carácter de urgente y recabará simultáneamente de la autoridad militar, a quien dará noticia de esta circunstancia, la confirmación de lo ordenado antes de proceder a la ejecución.

d) Las autoridades militares de plaza o sector podrán proponer, al general de la División de quien dependan, la suspensión de aquellas autoridades civiles incursas en algunos de los siguientes casos:

Primero. Gestión perjudicial a la buena marcha de las operaciones de guerra o a su preparación.

Segundo. Falta de celo en las órdenes relacionadas con el alojamiento o avituallamiento de fuerzas.

Tercero. Ausencia de concurso en el mantenimiento del orden, si hubiesen sido para ello requeridas.

Cuarto. Desprestigio notorio en el ejercicio de sus funciones.

Quinto. Faltas de moralidad o buena administración.

En casos graves y urgentes y asumiendo la responsabilidad de la medida, la autoridad militar podrá acordar por sí misma tal suspensión, dando inmediatamente cuenta razonada al gobernador general y a la autoridad militar divisionaria. Esta pondrá, en todo caso, su resolución en conocimiento del gobernador general.

e) Los distintos organismos que con las denominaciones de Jefatura de Policía, Delegaciones del Ejército, Jefaturas Supremas de Orden Público, Delegación Militar Gubernativa u otros de análoga significación que hayan sido creados con carácter transitorio para atender a circunstancias extraordinarias desaparecerán, quedando asignados sus servicios y personal que tuviesen, adscrito a las Comisarías de Vigilancia y Seguridad respectivas; sin embargo, la autoridad militar podrá delegar su función, en lo que al orden público se refiere, en persona designada libremente por ella, la cual se denominará «Delegado de Orden Público» y sustituirá a la autoridad militar en dichas funciones. Los generales jefes de Ejército podrán, por sí o a instancia de la autoridad militar divisionaria, acordar en caso necesario el cese del comisario, nombrando libremente el sustituto, así como disponer que el personal de aquellos organismos sea reforzado, caso preciso, con los que, en forma honorífica, deseen desempeñar el cargo de agente, y tengan aptitud; tales acuerdos tendrán el carácter de transitorios, y para su ejecución bastará el traslado de los mismos a la Jefatura Superior de Policía a los fines de conocimiento y estadística.

Art. 3. Las incautaciones provisionales de bienes y los embargos de éstos que se acuerden por las autoridades militares y civiles, se ajustarán a las normas previstas en el decreto número ciento ocho y órdenes para aplicación del mismo.

Art. 4. Las facultades de imposición de multas corresponderán a las autoridades civiles y militares dentro de sus respectivas esferas de competencia, debiendo acomodarse las que se acuerden a los límites que a continuación se señalan, y estar necesariamente en relación con la capacidad y estado económico del infractor, así como el grado de malicia revelado en la transgresión.

El límite máximo de imposición será el siguiente:

Comandantes militares y alcaldes, hasta quinientas pesetas.

Gobernadores civiles y militares, hasta diez mil pesetas.

Generales de División, hasta veinte mil pesetas.

Generales Jefes de Ejército y Gobernador General, hasta cincuenta mil pesetas.

Cuando el motivo que dé ocasión a la imposición de multa sea de la misma naturaleza que el anterior, se hará constar así en la resolución por la que se acuerde la segunda, pudiendo ser esta última en una cantidad equivalente al duplo de la primeramente impuesta.

Contra las multas podrán interponerse recurso de revisión ante la autoridad superior a la que acordó la sanción, siempre que se ejercite dentro del plazo de ocho días, a contar desde el siguiente al de la notificación al corregido. El recurso no paralizará la acción de la multa, que será satisfecha en el plazo prudencial que la autoridad señale. Contra las multas que se impongan directamente por los generales jefes de Ejército y contra las resoluciones de los recursos de alzada, sólo se dará el de súplica ante el Jefe del Estado.

Art. 5. Si por las condiciones económicas del infractor y el grado de malicia revelado en la transgresión que se sancione con multa, estimase la autoridad llamada directamente a imponerla que la cuantía de la que se acuerde debe exceder de la que, como límite máximo se establece dentro de sus atribuciones, lo expondrán motivadamente a su superior en grado, a fin de que, por la misma, se acuerde dentro de las suyas respectivas el alcance de la multa.

En este caso, la notificación al corregido sólo se practicará cuando por la autoridad superior se resuelva.

Art. 6. Los generales de las divisiones y gobernador general quedan obligados a la formación de un estado

comprensivo de las multas impuestas por las distintas autoridades dependientes de su jurisdicción, en el que se hará constar el nombre de los corregidos, su cuantía, infracción que motivó la imposición y sifué apreciada reincidencia, forma en que se hizo efectivo el pago y destino atribuido a las sumas recaudadas en el caso de que se hiciera en metálico por carecerse de papel apropiado y si se entabló recurso.

Dado en Salamanca, a dieciséis de febrero de mil novecientos treinta y siete. II Año Triunfal. Francisco Franco.

(Boletín Oficial del Estado, 19 de febrero de 1937).

La Falange aspira al monopolio político

La jefatura suprema de Franco no se discutió jamás entre los militares ni entre las fuerzas políticas ni en la inmensa mayoría del pueblo. Carlistas y falangistas pugnaban por afirmarse en sus parcelas de poder, que en el caso de Falange tendía hacia el monopolio político de la zona nacional, dada la neutralidad política que mostraban, salvo excepciones como la del falangista general Yagüe, los militares de la zona.

Al fallecer el rey de los carlistas, el anciano don Alfonso Carlos de Borbón y Austria-Este, el 29 de septiembre de 1936 en Viena, no quedó vacante la jefatura suprema de la causa tradicionalista por el nombramiento previo del príncipe don Javier de Borbón Parma como regente, aunque se mantuvo la tensión entre la Junta Nacional, presidida por el carlista andaluz don Manuel Fal Conde, y la Junta navarra, más proclive a seguir las orientaciones unificadoras que desde el mes de diciembre emanaban cada vez con mayor claridad del Cuartel General.

Falange, en cambio, por la prisión de José Antonio y otros jefes superiores en la zona republicana, estaba acéfala y los jefes presentes en la zona buscaron pronto la unidad de mando. Así se intentó en una reunión de jefes en Valladolid en agosto de 1936. El jefe provincial de Santander, Manuel Hedilla, un trabajador bronco y austero dotado de gran sentido social y de claro sentido común, aunque sin relevantes dotes políticas, se presentó en Castilla después de haber organizado el levantamiento y el reclutamiento de voluntarios en Galicia y comenzó a imponerse junto al jefe nacional de Milicias, el falangista de Madrid Agustín Aznar Gerner, cuya noble obsesión era liberar a José Antonio Primo de Rivera.

Por iniciativa de la Falange sevillana se convocó una reunión del máximo nivel en Valladolid para el 2 de septiembre, a la que asistieron los consejeros nacionales supervivientes, y los jefes territoriales y provinciales. Allí se constituyó —con gran resonancia popular en la ciudad llena de colgaduras— una Junta de Mando de seis miembros, presidida, como jefe, por Manuel Hedilla, propuesto por Aznar. La reunión falangista pidió a los jefes militares que designasen el mando único militar. Hedilla y la Junta de Mando se instalaron en Burgos.

El 8 de septiembre de 1936 llega Rafael Garcerán, expasante de José Antonio Primo de Rivera, a quien Hedilla confía la Jefatura Territorial de Salamanca, León y Zamora y quien pronto comenzará a intrigar contra Hedilla. También llegó, y fue readmitido en Falange, el escritor Ernesto Giménez Caballero, quien al final de la República se había alejado de José Antonio para aproximarse de nuevo después a él.

Hedilla desempeñaba sus funciones con ejemplar austeridad. Trató de organizar los sindicatos falangistas, las Centrales Obreras Nacional Sindicalistas, con oposición de los militares. Su afán era incorporar a los obreros desafectos a la causa nacional por medio de la Falange, cuyos efectivos, muy escasos antes de la guerra, iban creciendo desmesuradamente desde el verano de 1936.

En sus discursos, Hedilla reclamaba la reconciliación y el perdón, con la consigna de incorporar a los antiguos enemigos a la Falange, como había sucedido en Alemania con bastantes antiguos comunistas. Proclamaba el programa y el ideal social de la Falange y no disimulaba sus recelos ante el reaccionarismo de las derechas, lo que le valió la hostilidad de las derechas, muy poderosas en la sombra, y de muchos militares. Salvó del fusilamiento al gran periodista Manuel Aznar, detenido el 29 de octubre de 1936 con uniforme falangista en Zaragoza; Hedilla intercedió ante los generales Valdés Cavanilles y Mola, y logró que Aznar fuese puesto en la frontera. Escribió luego desde Francia artículos favorables a los nacionales que acabaron por admitirle en la zona, donde inició una importante carrera informativa y política.

El 21 de noviembre se celebraba el III Consejo Nacional de Falange convocado por Hedilla, donde se supo —como en el Cuartel General— la noticia del fusilamiento de José Antonio Primo de Rivera el día anterior en Alicante; pero tanto los falangistas como Franco optaron por no declarar el hecho y alimentaron durante meses el mito del Ausente (Cfr. para todos los datos sobre Falange el libro de Hedilla y M. G. Venero Falange en la guerra de España, Ruedo Ibérico, París, 1967, p. 256 ss; Hedilla publicó después las que consideraba sus Memorias, que constituyen parte sustancial del libro que acabo de citar, el cual llegó a la editorial antifranquista de París tras oscuras intrigas).

La Junta de Mando propuso al Consejo la instalación de los órganos de Falange en Salamanca, junto al Cuartel General. Hedilla organizó una eficaz agencia de colaboraciones para prensa y radio, que actuaba en paralelo con el grupo de propaganda falangista en Pamplona (Fermín Yzurdiaga, Eugenio d’Ors, Pedro Laín Entralgo, Rafael García Serrano) y con una jefatura de prensa y propaganda instalada en San Sebastián, con permiso de Hedilla, por Vicente Cadenas y Vicente Gaceo.

Al centro falangista de Pamplona, que editaba la revista doctrinal Jerarquía, envió desde Roma don Juan de Borbón en la primavera de 1937 una adhesión incondicional de signo fascista, en forma manuscrita, que he reproducido íntegramente en facsímil en mi libro de 1997 Don Juan de Borbón, toda la verdad, para desesperación de los neojuanistas.

La nómina de estos centros de propaganda falangista era realmente impresionante, superior en calidad al conjunto que trabajaba para la propaganda del Frente Popular en Valencia y en Barcelona. Baste con algunos nombres más: Antonio Tovar, Juan José López Ibor, Edgar Neville, Alfonso García Valdecasas, Juan Beneyto, Juan Francisco Yela, Luis Moure Mariño, Ignacio Agustí, Dámaso Santos, Luis Felipe Vivanco, Manuel Sánchez del Arco, Alvaro Cunqueiro y muchos más. En el Congreso Nacional de Prensa y Propaganda, celebrado en febrero de 1937 por iniciativa de Hedilla, se aprobó una ponencia para formar la agencia informativa España —la futura Efe—, otra para crear el Instituto de Estudios Políticos y otra para la Editora Nacional.

Junto con los falangistas de Burgos y Salamanca es muy interesante la actuación de otro de los grupos importantes, el de Valladolid, que vivía con notable independencia, en contraste con el de Sevilla, muy conectado con el general Queipo de Llano por medio de Sancho Dávila. A principios de diciembre, el jefe territorial de Castilla, Andrés Redondo, expresó sus desacuerdos con José Antonio Girón —que formaba parte del grupo calificado por Dionisio Ridruejo como los centuriones— y llegó a insolentarse con Hedilla, quien lo destituyó abruptamente. Nombró Hedilla jefe provincial de Valladolid al joven propagandista Dionisio Ridruejo, destacado ya como orador político, quien describe la pugna por el mando supremo entre Hedilla, Redondo y Sancho Dávila.

Los militares habían instalado en Valladolid, como jefe de Milicias de Falange para controlar al ardiente grupo de jefes, al militar de Caballería y antiguo campeón olímpico José Navarro Morenés, después conde de Casa de Loja y jefe de la Casa Civil de Franco en la posguerra. Navarro mandaba también una unidad orgánica que efectuó un intenso reclutamiento en Valladolid y provincias colindantes: la Primera Bandera de Castilla, distinguida en varios frentes.

Ridruejo nombró a un antiguo militante de la FUE y ya prometedor intelectual, Antonio Tovar, jefe de Prensa y Propaganda en Valladolid, que dirigió con acierto una emisora local conectada con la Junta de Mando en Salamanca y fue agredido a balazos por un arriscado falangista con vocación de mal escritor, pero Tovar salvó afortunadamente la vida y Girón escondió al agresor.

El 2 de febrero de 1937, a iniciativa de Hedilla, los falangistas difundieron por folletos y por radio, contra las órdenes de la Jefatura de Propaganda del Estado, el famoso discurso de José Antonio en el cine Europa de Madrid del que se celebraba el primer aniversario; en el discurso se subrayaba el programa social de Falange y se atacaba duramente el reaccionarismo de las derechas.

Algunos falangistas, como el propio Ridruejo, fueron detenidos aunque pronto liberados. Falange había aceptado reluctantemente la bandera bicolor, pero algunos jefes se negaban ostensiblemente a saludar cuando se interpretaba la Marcha Reai, querían el Cara al Sol como himno nacional. Por estos comportamientos muchos militares, y sobre todo el general Franco, miraban cada vez con mayor recelo a los falangistas y buscaban la forma de controlar su ardor y sus actividades políticas. Seguramente este tipo de incidentes aceleraron en la mente de Franco los proyectos de unificación política en la zona.

La unificación necesaria

Franco, las Fuerzas Armadas y casi toda la zona nacional tenían clarísimo que el primer objetivo esencial consistía en ganar la guerra y en una España donde la democracia había fracasado de forma tan estrepitosa en 1923, en 1931 y en 1934-1936, la condición ineludible para ganar la guerra era impedir que las disensiones políticas amenazasen la victoria.

Con razón, el general Vicente Rojo establece, como veremos, que una de las principales razones de la victoria de Franco y la derrota de la República fue que Franco logró la unidad y la República sucumbió en la división interna, que llegó a plantearse dos veces, en 1937 y 1939, como guerra civil dentro de la Guerra Civil.

La política de la zona nacional en relación con la Iglesia de España y de Roma se analiza en otro Episodio posterior, que dedicaremos a la dialéctica de la persecución y la cruzada; el cardenal Gomá, nombrado en esta época delegado especial del Vaticano ante el Gobierno de Franco, actuó muy intensamente. Franco alternaba la atención a los frentes con el impulso a la Junta Técnica del Estado, que trabajaba a fondo pese a sus escasos recursos. Se creaban incluso instituciones tan eficaces como la Fiscalía General de la Vivienda y el Patronato Nacional Antituberculoso, el 20 de diciembre de 1936.

El día anterior el político carlista Román Oyarzun publicó en El Pensamiento Navarro un resonante artículo, «Una idea: Requeté y fascio», que constituía la primera propuesta pública para la unificación política en la zona nacional.

Desde Lisboa, y en más de una ocasión, José María Gil Robles expresaba en la prensa de la zona nacional su total adhesión a Franco y al Alzamiento, e instaba a sus partidarios a volcarse en las milicias nacionales.

A fines de 1936 la unificación estaba ya en el ambiente, favorecida por el Cuartel General, donde Nicolás Franco y sus colaboradores esbozaban un proyecto de partido único bajo la jefatura de Franco, quien pensaba más bien en la unificación, bajo su mando, de los dos principales partidos que lo apoyaban, la Falange y el Requeté.

Los líderes de una y otra formación política entraban en conversaciones para conseguir mantener su personalidad, y los monárquicos participaban en esas conversaciones para evitar que Franco lo absorbiera todo, como terminó por hacer.

El general Emilio Mola hizo algunas insinuaciones políticas que preocuparon a Franco, quien se dispuso a tomar cartas en todo este delicado asunto, para lo que recibiría, a mediados de febrero de 1937, una ayuda providencial y técnica de primer orden: la llegada de su cuñado Ramón Serrano Súñer.

La unificación inevitable

La llegada de Ramón Serrano Súñer, inteligente abogado del Estado con vocación y experiencia política, que había sido vicepresidente de la minoría parlamentaria de Acción Popular en el Congreso y había logrado huir de Madrid explicablemente conmocionado por el asesinato de sus dos hermanos, fue decisiva para la articulación política de la zona nacional.

Cuñado de Franco, el Generalísimo lo alojó en el Cuartel General de Salamanca, donde su influencia se impuso pronto a la del desordenado Nicolás Franco, que desempeñaba la Secretaría General de la Jefatura del Estado.

Serrano había sido muy amigo de José Antonio Primo de Rivera y convirtió esa amistad en un pasado falangista inexistente. Él mismo ha contado sus largos paseos con Franco, durante los cuales el político conseguía ir articulando las ideas generales de Franco sobre un régimen nuevo que se inspirase en la tradición política española del reinado de los Reyes Católicos y los Austrias mayores del siglo XVI. Serrano coincidía con Franco en que la forma moderna de revivir esa tradición debería consistir en un Estado totalitario como los que parecían imponerse en Europa, aunque separado radicalmente del sistema fascista por una sincera convicción católica. Serrano Súñer aportaba al proyecto su hondo sentido jurídico (que tampoco acordaba con el fascismo genuino) y fue encargado por Franco de preparar la unificación.

Las circunstancias militares de la unificación eran muy delicadas y la hacían inevitable. Fracasaba la serie de intentos de Franco para apoderarse de Madrid; el general Queipo de Llano se preparaba para desencadenar su ofensiva sobre el saliente republicano de Málaga y el general Mola recibiría, tras la fallida actuación del CTV italiano sobre Guadalajara, la orden de conquistar la franja cantábrica de la República en el norte, con la conquista de Bilbao como objetivo inmediato. En Sevilla, donde Franco había viajado una vez conocidos los primeros resultados favorables de la ofensiva, habla con Queipo sobre el proyecto de unificación, y obtiene la conformidad del virrey de Andalucía.

El 2 de abril se desahoga Franco ante los falangistas del cuartel sevillano: «Camaradas de la Falange, estáis en el cuartel. Cuartel significa disciplina. Cuartel es autoridad… austeridad, vida monástica, sin particularismos bastardos». Por aquellos días Mola le había dicho en conversaciones de primera línea: «No comprendo a los falangistas. Ni saben lo que quieren». Y Franco revelaría al embajador de Alemania, Faupel, que Hedilla «era una buena persona pero carecía de dotes políticas y de capacidad de mando para imponerse a los ambiciosos que le rodeaban».

Con Franco en Sevilla, publica el Diario de Burgos (2 de abril) una carta de Franco a Gil Robles en la que el jefe del Estado condena la absurda campaña que se hace contra el antiguo ministro de la Guerra por parte de la Falange. «Quedan desmentidas —dice un comunicado del Cuartel General en esa misma fecha— las noticias sobre supuestos atentados al Generalísimo, sobre sublevaciones y complós». Pero eran ciertas: Angel Alcázar de Velasco proponía entonces a los falangistas la eliminación de Franco para anticiparse a la unificación.

Franco habla con el embajador de Italia, Cantalupo, a punto ya de terminar su misión. Y autoriza la iniciación secreta, por vía eclesiástica, de conversaciones para lograr la capitulación del Gobierno de Euzkadi ante la ofensiva que ya estaba en marcha. Para cortar la oleada de rumores, Franco dispuso la inserción de un curioso suelto el 4 de abril de 1937: «Queda terminantemente prohibida tanto a militares como a paisanos toda noticia que no encuentren en la prensa».

Se celebra en Pamplona ese mismo día una reunión de la Junta Central Carlista —adicta a Franco— en la que se desautoriza a los dirigentes de la Junta Nacional —adicta a Fal Conde— y, al confirmarse las conclusiones recientes del Consejo de la Tradición (22 de marzo), se nombra una comisión para que «requiriese del príncipe (Javier de Borbón-Parma) la aceptación del partido único». Y es que los bravos carlistas de Navarra apoyaron desde el primer momento la idea de Franco en favor de la unificación, que Franco, a partir de diciembre, filtraba a través de portavoces fieles.

En Salamanca ascendía la estrella de Ramón Serrano Súñer, en torno a quien teje, según sus propias palabras, «una leyenda sombría de eminencia gris»; y continúa, con forzada ingenuidad: «sin que yo hiciera nada para ello, la mayor parte de las visitas políticas del Cuartel General vinieron desde entonces a polarizarse en mí»; quizás porque la estrella de Nicolás Franco bajaba: no cabían cómodamente dos señoras de Franco en el Cuartel General y la esposa de Franco era hermana de Zita, la de Serrano Súñer. El 10 de febrero un proyecto de Nicolás, el Partido Franquista, había naufragado públicamente.

El Pensamiento Navarro y otros diarios de la zona publicaban esta noticia: «Los artículos aparecidos en la prensa sobre el franquismo en sentido partidista no han sido autorizados ni sugeridos por representación auténtica alguna ni responde a la concepción impersonal de idealismo puro que anima al Caudillo». Era la primera vez que se utilizaba en España el término franquismo.

Serrano Súñer nos ha confiado la entraña de su pensamiento político en aquellas jornadas tensas. Vicepresidente todavía de la minoría parlamentaria de Acción Popular, amigo personal de José Antonio pero nunca militante de Falange, «en España —creía firmemente— se había demostrado que la democracia sólo es posible en un estado de pureza explosiva que la conduciría a su propio suicidio».

Manuel Hedilla, el jefe de la Junta de Mando de Falange, trató con cierta desconsideración a Serrano Súñer al hacerle esperar una vez en su antedespacho; y tres jefes falangistas, el de Milicias, Agustín Aznar; el de Sevilla, Sancho Dávila, y el antiguo pasante de José Antonio, Rafael Garcerán, a quien Hedilla había nombrado jefe territorial de Salamanca, como sabemos, urdían una trama para arrebatarle la primacía, en la que los jefes provinciales del norte estaban con Hedilla, y los del sur con sus adversarios.

A través del excelente servicio de información del Cuartel General, Franco estaba puntualmente al tanto de estos manejos, y se disponía a ponerles rápidamente remedio. Como la unificación y los propósitos de Franco flotaban en el ambiente, los presuntos afectados conversaban entre sí sobre la forma de realizar anticipadamente la unificación e imponérsela a Franco. Ésta era la idea de los monárquicos de Acción Española, dirigidos para la maniobra por el profesor Pedro Sainz Rodríguez con quien colaboraba el joven político bilbaíno José María de Areilza.

Carlistas y falangistas se dividían cada uno por su parte en dos grupos: uno (Fal Conde, Falange de Valladolid) repudiaba la unificación, otro (Junta Navarra, Sancho Dávila) la favorecía. Manuel Hedilla no se oponía a los proyectos del Cuartel General, pero pretendía mantener cierta autonomía política para Falange, sobre todo en el plano de inspirar la política social.

Franco, ante todo este complicado panorama latente, incorporó al Cuartel General, y a las órdenes del asesor jurídico Lorenzo Martínez Fuset, al antiguo director de la represión durante la revolución asturiana de 1934 y fracasado jefe de columna en los primeros meses de la Guerra Civil por los frentes de Ávila, el comandante de la Guardia Civil Lisardo Doval, quien se encargó de los Servicios de Seguridad del Cuartel General, y en concreto de vigilar los movimientos de los diversos clanes falangistas.

El 5 de abril, el embajador Cantalupo, ya en Roma, envía al conde Ciano un importante informe: «Políticamente la situación actual se caracteriza por el intento, débilmente conducido por Franco, de apoderarse de todos los partidos y fundar sobre su fusión su propia jefatura personal sobre las fuerzas políticas y sindicales. Los que sostienen a Franco de buena fe saben que no es fascista. Nicolás Franco está de acuerdo con los secesionistas (de Falange) para eliminar a Hedilla y sustituirlo por un jefe dispuesto a hacer la fusión». Era el último informe de Cantalupo sobre España. El testimonio de Dionisio Ridruejo coincide con el de Cantalupo en un punto esencial. Ridruejo afirma tajantemente que la Falange de abril de 1937 —incluido él mismo—- era netamente fascista, pero Franco no.

Franco viaja a Vitoria el 6 de abril y pasa a primera línea para inspeccionar las operaciones sobre los puertos de Barázar y Urquiola, ocupados al día siguiente, con lo que termina la primera fase de la ofensiva y quedan dominados los accesos a los valles de Vizcaya. En este viaje, Mola le comunica sus aprensiones sobre la desorientación de los jefes de la Falange acéfala, que seguía cultivando el mito de José Antonio ausente, quizás por su reconocida incapacidad de sustituirlo. Mola imprime y deja caer de los aviones nacionales su célebre proclama, que puede leerse en la prensa nacional del 7 de abril: «Último aviso: he decidido terminar la guerra en el norte de España. Quienes no sean autores de asesinatos y depongan las armas serán respetados en vidas y haciendas. Si vuestra sumisión no es inmediata, arrasaré Vizcaya empezando por las industrias de guerra. Tengo medios sobrados para ello. El general Mola».

El 9 de abril Indalecio Prieto trata desesperadamente de ayudar desde la zona centro a su villa de Bilbao y convence al Gobierno y al general Miaja para que desencadenen dos ataques locales simultáneos. En la sierra de Alcubierre (frente de Aragón), 60 falangistas son pasados silenciosamente a cuchillo antes de que pueda darse la alarma; pero, el día 10, la Falange de Castilla venga a sus camaradas aragoneses en el frente de Madrid, al rechazar con enormes pérdidas enemigas un durísimo ataque del Ejército Popular en la Cuesta de las Perdices. Las reservas locales garantizan la situación: Franco no distrae una sola unidad del norte. Y los falangistas de los frentes están demasiado ocupados como para participar en las escenas políticas que se preparan en la retaguardia.

A fines de la primera semana de abril, Manuel Hedilla decide pasar a la acción política. Emprende un viaje al frente norte con el propósito de entablar contactos con unidades falangistas de combate y recabar su apoyo ante las tormentas que se avecinan, mientras un emisario suyo, Vicente Gaceo, realiza parecidas gestiones en los frentes de Madrid. Franco, inmediatamente informado, reprueba esta intromisión de la política en los frentes pero, ante los escasos resultados de las dos visitas, deja hacer. Hedilla hablaba —como en algún viaje anterior al frente— con los jefes carlistas para tratar de llegar a un acuerdo que luego presentaría a Franco como hecho consumado.

El 12 de abril Hedilla se reúne en Elgóibar con el coronel Sagardía, jefe de una columna de base falangista en el frente estabilizado del norte. Y logra que lo acompañen en su viaje de retorno a Salamanca algunos combatientes de Falange que le son totalmente adictos, entre ellos el dirigente nacional del SEU José María Alonso Goya. Tanto Sagardía como el general Yagüe apoyaban de lejos a Manuel Hedilla pero no llevaron a término su compromiso con él, convenientemente advertidos desde el Cuartel General. De su viaje al norte, como del viaje de Gaceo, quedó claro que Hedilla no podría utilizar las unidades combatientes para asegurar su independencia política. El poderoso grupo de Valladolid (Girón, Ridruejo) mantuvo cierta neutralidad en la disputa entre Hedilla y sus rivales. Hedilla aprovechó su viaje al norte para entrevistarse con algunos políticos monárquicos, pero es él quien queda convencido por estas palabras de Pedro Sainz Rodríguez: «La única manera de salvarnos todos es que aparezcamos juntos en una unificación realizada por nosotros mismos».

El suicidio de Falange

en Salamanca

Al tanto de todos estos manejos —la capacidad de información fue siempre, durante toda su vida, una de las características esenciales de Franco—, el Caudillo reacciona de forna inmediata e irreversible. El 11 de abril establece algunos contactos de suma importancia. Habla en ese día con el embajador alemán Faupel, le comunica la opinión sobre Hedilla que ya hemos citado, y le revela que «había tenido que decidirse, de manera inmediata, a proceder a la fusión de Falange y Tradición en una sola fuerza, de la que él mismo sería jefe, pero a la que gobernaría un órgano colectivo, la Junta Política, en la que se proyectaba dar a Falange un claro predominio sobre todos los demás. Servirse de Falange para lograr una unificación y servir al mismo tiempo a Falange haciendo de ella la primera y más vigorosa fuente de doctrina».

En cuanto al retorno de la monarquía, «no se plantearía en España antes de mucho tiempo». (Les archives sécrets de la Wilhelmstrasse, III, pág. 209 ss.) Ese mismo día 11 de abril urge a Serrano Súñer para que termine de perfilar el decreto de unificación, y convoca para el día 12 a los principales dirigentes carlistas adictos a la Junta navarra a quienes comunica los puntos principales de ese decreto. Además, y por medio de los «capitanes de Mallorca» —falangistas de la isla adictos al grupo March y destacados en Salamanca— López Bassa y Orbaneja, que desempeñaron un papel clave en el proceso de unificación, logra que sea precisamente la Falange de Baleares la que inicie públicamente un movimiento de aproximación a los carlistas.

La Delegación de Prensa y Propaganda se encarga de difundir (el mismo día 12 de abril) el llamamiento, titulado Habla Falange, que firma Santiago Sancho Nebot, jefe de Propaganda de Falange en Mallorca. Allí se dice: «Dios, Patria y Franco es nuestro lema. Dios y Patria son aceptados por el Caudillo, por Requeté y Falange. Franco decidirá a la postre el nombre que haya de completar la trilogía: decisión que ha de ser adoptada, con todo entusiasmo, por nosotros».

El mismo día 12, el jefe cooperativista del carlismo, Arauz de Robles, recoge la insinuación falangista en un acto celebrado en Zaragoza: «Debemos ser hermanos en la hora de la reconstrucción, como hermanos somos ahora ante la muerte».

El 14 de abril, cuando Franco acaba de dividir cronológicamente la Guerra Civil en «años triunfales» desde el 17 de julio de 1936, la Junta Carlista de Baleares contesta con entusiasmo a la propuesta de la Falange insular en favor de la unión política. En Pamplona se celebra una nueva asamblea carlista en la que el conde de Rodezno consigue imponer una vez más las tesis de Franco. Hedilla, mientras tanto, mantiene en San Sebastián una entrevista borrascosa con uno de los jefes de su propaganda, Vicente Cadenas; encarga a Alcázar de Velasco que le prepare una amplia información sobre sus enemigos dentro de Falange y decide convocar inmediatamente el tercer Consejo Nacional de la Falange para el 25 de abril en Burgos. Decide también regresar inmediatamente a Salamanca donde sospecha, no sin razón, que le están socavando el terreno bajo los pies.

La Juventud de Acción Popular aprovecha el día 14 de abril, aniversario de la República, para hacer públicas por Radio Castilla las conclusiones de su asamblea celebrada el 19 de marzo, mantenidas en secreto hasta el momento y difundidas ahora con la expresa autorización de Gil Robles: «La JAP se afirma como milicia al servicio de España sin otra preocupación que la de colocarse a las órdenes del jefe del Estado, representante supremo del Ejército. Afirma también su propósito de no ser un obstáculo para la transformación espiritual de España. No consentirá que la sangre derramada sirva para hacer florecer los partidos políticos».

De regreso a Salamanca, Hedilla se detiene el 14 de abril en Burgos, donde propuso la organización de manifestaciones falangistas en su apoyo, caso de producirse súbitamente la unificación, mientras Alcázar de Velasco reitera su propuesta de asesinar a Franco. Hedilla no quiso escucharle.

El 15 de abril Hedilla y Garcerán regresan, por caminos diferentes, a Salamanca, donde Franco ha obtenido ya expresa conformidad para sus planes de unificación de parte de Mola, Queipo y Yagüe. Aparece muy oportunamente en las librerías de la zona nacional el importante folleto de García Mercadal Ideario del Generalísimo en el que se dice: «No volveremos al sistema parlamentario; pudo ser bueno para otros países, pero para nosotros ha sido una verdadera maldición, porque ha abierto la puerta al odio extranjero y a la intriga extranjera. Nuestro sistema se basará en un modelo portugués o italiano, aunque conservaremos nuestras instituciones históricas siempre que contribuyan a nuestra nacionalidad y a nuestra unidad». Al llegar a Salamanca, Hedilla había adelantado el día 16 de abril la fecha prevista para la celebración del III Consejo Nacional de la Falange.

Amanece ese 16 de abril de 1937, el más largo y más triste en la historia breve y trágica de esa Falange que, tras la muerte de su fundador, marchaba acéfala y desorientada en opinión de Franco, para quien Falange se había convertido ya en una grave interferencia dentro de un momento estratégico delicadísimo. Por la mañana van afluyendo a Salamanca los consejeros; el comandante Doval, con las carreteras tomadas, informa puntualmente al Cuartel General.

A las once de la mañana el grupo que Hedilla llama «de los conjurados» se reúne en el local administrativo cabe la Junta de Mando. Designan un triunvirato —Agustín Aznar, José Moreno, Sancho Dávila, con Garcerán como secretario— que visita inmediatamente a Hedilla para comunicarle su destitución. Hedilla informa al teniente coronel Barroso, en el Cuartel General. A las cuatro y media de la tarde Franco recibe a los nuevos triunviros y les exhorta a la unión y a la disciplina. A lo largo de la tarde los hedillistas se reponen del golpe y van recuperando el control. A las diez de la noche los informes que llegan al Cuartel General hacen temer un choque, por lo que Barroso invita a Hedilla a pasar la noche bajo la protección de Franco. Hedilla confía en sus propias fuerzas y se niega.

La actitud del Cuartel General durante toda esta jornada es de tensa observación y espera: Franco está seguro de que los clanes falangistas le van a facilitar el proyecto de unificación, y encomienda el manejo de la disputa al teniente coronel Barroso, a Martínez Fuset y al comandante Doval, mientras él se prepara a dar la orden para descabezar el movimiento cuando los contendientes cometan el error irreparable e inevitable que Franco esperaba. Nicolás Franco y Ramón Serrano Súñer reñirán su última batalla política con el envío de informes detallados sobre la situación. En ningún momento escapan los acontecimientos al control de Franco, quien tampoco hace nada por evitar su curso. Los jefes falangistas de Valladolid, Girón y Ridruejo, se presentan ese día en Salamanca, valoran acertadamente la situación y deciden marcharse antes de que termine la jornada. Quedarán por tanto prudentemente fuera del aquelarre.

El triunvirato había hecho lo imposible para presentarse ante la Falange como patrocinado por Franco, quien no tomó partido en toda la jornada. Hedilla consiguió bloquear en Telégrafos todas las comunicaciones del triunvirato. El Cuartel General refuerza su convicción de que los dos bandos están preparando un choque violento. En el domicilio de Hedilla se decide, ya de noche, detener en su residencia, próxima a la Plaza Mayor, a Sancho Dávila, que se había retirado allí con fuerte escolta. Todo el testimonio de Hedilla sobre los sucesos de la noche del 16 al 17 es una trama tendenciosa destinada a convencer al lector de que Hedilla y sus gentes pretendían una conversación amistosa y conciliadora con Dávila. Pero Hedilla había enviado a la academia de mandos de Pedro Lien una misión compuesta por su secretario José Antonio Serrallach y el exaltado Ángel Alcázar de Velasco, quienes exigen allí en nombre de Hedilla el envío a Salamanca de un grupo de acción dispuesto a todo contra el triunvirato.

El instructor finlandés Von Haartman exige a su vez una orden firmada que los emisarios no llevan. Retornan entonces a la casa de Hedilla, quien entrega la orden a Serrallach; obedece Von Haartman y acude a la ciudad con los falangistas de Sagardía —José María Alonso Goya entre ellos— y un grupo nutrido de jóvenes, con quienes ocupará, esa misma noche, el edificio de la Junta de Mando, mientras los 600 falangistas acuartelados por el jefe provincial, Laporta, se mantienen, como los de Valladolid, neutrales a instancias del Cuartel General.

El comando hedillista dirigido por José María Alonso Goya se presenta en la casa donde reside Sancho Dávila. Se entabla una lucha con pistolas y bombas de mano, en la que mueren Alonso Goya y un escolta de Dávila, un antiguo socialista sevillano llamado Manuel Peral. Las fuentes hedillistas atribuyen la muerte de Goya a Peral; las contrarias, sobre todo Alcázar de Velasco, al propio Sancho Dávila. El comando agresor —resulta inocente atribuir propósitos conciliadores a quienes irrumpen de madrugada en casa de un rival político en momento de alta tensión y armados hasta los dientes— prosigue su misión y trata de apoderarse de Garcerán, quien los recibe a tiros. Intervienen entonces los hombres del comandante Doval, quienes detienen a todos los alborotadores y los encierran en celdas separadas. La guardia mora del Cuartel General rodea el Gran Hotel, donde se alojaban otros dirigentes falangistas. Así se suicidó, en una noche de primavera salmantina, Falange Española de las JONS.

El discurso y el Decreto

de Unificación

Esa madrugada decidió Franco adelantar su juego y realizar lo que Serrano Súñer denomina «acto unilateral», pero «no se decidió a dar el paso de la unificación que laboriosamente se iba gestando, sino en virtud de los sucesos que se produjeron en Salamanca». Jornada en tenso silencio la del 17 de abril.

Los falangistas, con algunos de sus dirigentes y activistas encerrados, meditan lo disparatado de su proceder: los gravísimos sucesos habían ocurrido a unos metros del Cuartel General. El general Mola que preparaba su segundo asalto a Vizcaya tras dominar, en el primero, los puertos de acceso, no hacía al Decreto de Unificación que le presentaba Serrano Súñer más que una olímpica corrección gramatical «en relación con un verbo admitido ya por el uso, pero no regulado por la Academia».

Todos los periódicos de la zona nacional amanecen el domingo 18 con el anuncio destacado del discurso que Franco dirigirá a toda España por Radio Nacional después del parte de guerra, a las 22:30 de esa noche. Muy de mañana el teniente coronel Antonio Barroso asiste, en nombre del Cuartel General, al entierro de José María Alonso Goya. El III Consejo Nacional de Falange se abre inmediatamente después, sin la presencia macabra del velatorio, pero con toda su pesada inminencia. En su informe al Consejo, Hedilla explica claramente que Franco se propone asumir el mando político de la zona, sin dilación. A pesar de todo, los consejeros nombran a Hedilla jefe nacional de la Falange por diez votos contra cuatro, con ocho abstenciones.

Hedilla, invitado por Franco, se dirige, poco antes de las diez de la noche, flanqueado por Roberto Reyes y Martín Ruiz Arenado, a enterarle oficialmente de su designación. Sabe muy bien que Franco va a pronunciar un discurso trascendental. A la hora prevista, diez y media de la noche del domingo 18 de abril, en presencia de Manuel Hedilla, Franco pronuncia su anunciado discurso que escribió Ernesto Giménez Caballero y completó Serrano Súñer. «Es necesaria la unificación», se lee en los textos taquigráficos del discurso. «El Alzamiento glorioso más que programa es un movimiento. Algo no rígido, sino flexible, que obedecerá a etapas distintas. A esa democracia verbalista y formal del Estado liberal oponemos nosotros la democracia efectiva».

Se alude al carácter de cruzada que tiene la Guerra Civil, pero en sentido patriótico, no religioso todavía. Franco inserta su movimiento como una etapa más en los grandes períodos de la historia de España: la primera etapa es la que se inicia y culmina en los Reyes Católicos y los primeros Austrias; la segunda, tradicionalista, integra los esfuerzos de recuperación nacional en los siglos de decadencia. La tercera, contemporánea, ofrece varios momentos de marcha: el primero, la dictadura de don Miguel Primo de Rivera, el segundo la creación de las JONS y su incorporación a la Falange; el tercero es la presente unificación, que aprovecha el remanso de fuerza tradicional en que se ha convertido Navarra.

En el decreto del día 19 de abril, que Hedilla había recibido en la jornada anterior junto con una copia del discurso de Franco, Serrano Súñer, que es el autor, acusa de incapacidad a las organizaciones políticas de la zona, y propone «la creación de una sola entidad política nacional, enlace entre el Estado y la sociedad». «Como en otros países de régimen totalitario, la fuerza tradicional viene ahora en España a integrarse en la fuerza nueva».

Por su importancia, reproducimos aparte el Decreto de Unificación, cuya aceptación en la zona nacional fue prácticamente unánime. El testimonio de Ridruejo es clarísimo para la Falange: «Pero no resistimos. No resistió nadie. Ni Hedilla y sus amigos. Ni los triunviratos. Ni las duras milicias castellanas. Ni los agresivos andaluces. Ni los gallegos innumerables. El espíritu de la guerra era absorbente y —ahora lo veíamos— neutralizante, aunque la palabra suene a paradoja. Se luchaba para vencer. ¿Para qué más? Ésa era una incógnita a la que intentaban responder varias hipótesis. Desde ahora la hipótesis sería una sola, y no tardaríamos en saber que era una hipótesis casi exclusivamente personal.» (Casi unas memorias, Barcelona, 1976, pág. 94; para toda la documentación sobre la unificación en su contexto ver fuentes en Ricardo de la Cierva, Francisco Franco, Barcelona, 1981, III, 133 ss.).

El triste destino de Manuel Hedilla

José María Gil Robles, de pleno acuerdo con la decisión de Franco, le dirige una carta de aceptación total. «En nombre de Acción Popular me complazco en recoger el llamamiento y decirle que pongo en sus manos toda la organización, tanto el partido actualmente en suspenso, como las milicias, ya militarmente organizadas, para que adopte las medidas que estime convenientes en orden a esa deseada unificación.» En su carta a Luciano de la Calzada, Gil Robles le ordena «cancelar nuestras actividades políticas… para que la unificación de la conciencia nacional sea un hecho, es preciso que Acción Popular muera».

Los carlistas de Navarra no sólo aceptaron, sino que promovieron, como hemos visto, la unificación. Se ha dicho en cambio que el príncipe Javier de Borbón Parma se opuso. No es cierto. En carta autógrafa de 30 de abril pedía a Franco hora para una audiencia «con el único empeño de cooperar eficazmente al anhelo de unidad política a que responden sus últimas disposiciones». La entrevista no se celebró. Se adhirieron a la unificación, por carta y con su testimonio personal, el ex jefe del Gobierno de la Monarquía Manuel García Prieto, marqués de Alhucemas; Alejandro Lerroux, ex jefe del Gobierno en la República, que envió su adhesión a Franco el 18 de julio de 1937; Manuel Burgos y Mazo, otro ex ministro de la Corona y constitucionalista; monárquicos de Acción y Renovación Española, como Sainz Rodríguez y Goicoechea.

El 19 de abril se ordena a los jefes de Falange que seguían en Salamanca su inmediata vuelta a los frentes o a su lugar de residencia. Manuel Hedilla, junto con cuatro miembros de la Junta Política, visitaba a Franco el día 20 para ofrecerle su lealtad incondicional; había destituido veinticuatro horas antes a Agustín Aznar como jefe de Milicias. El 22 de abril el decreto de Franco número 26 nombra a Manuel Hedilla en cabeza de los nuevos miembros de la nueva Junta o Secretariado de FET y de las JONS, junto con otras personalidades falangistas, carlistas y militares.

La prensa sigue recogiendo adhesiones a la unificación en toda España, en todos los sectores políticos. Esa tarde del 22, Hedilla visita a los embajadores de Italia y Alemania y les comunica que piensa renunciar; y el dirigente falangista José Sainz, a lo que parece sin intervención de Hedilla, envía a todas las sedes provinciales de Falange un telegrama en el que ordena que ante las interpretaciones sobre el Decreto de Unificación, sólo debe obedecerse lo que indique el mando de Falange por línea jerárquica. El Cuartel General creyó que el telegrama se había enviado por orden de Hedilla y lo consideró subversivo.

El 24 de abril la Secretaría de Guerra ordena a las milicias de Falange su plena integración en el Ejército, aunque las de primera línea conservarían su organización y distintivos. Queda disuelta la academia de mandos de Pedro Lien, con algunos incidentes. En la reunión del Secretariado Político de FET y de las JONS celebrada el 25 de abril, ya no figura Manuel Hedilla, detenido esa misma jornada y entregado a la justicia militar. La documentación de los procesos ha sido revelada con datos del archivo de Franco por el profesor Luis Suárez.[3]

Se acusó a Hedilla de intento de desprestigio contra Franco y de haber ordenado el envío del citado telegrama subversivo. Hedilla lo negó, y reiteró su lealtad a Franco en carta que no obtuvo respuesta. La sentencia de muerte fue confirmada el 9 de junio; pero Franco decidió el indulto, que también impidió la ejecución de otros encartados. Hedilla salió de la cárcel el 18 de julio de 1941, para un confinamiento en Mallorca. En 1946 quedó en libertad plena y se le concedió un empleo en la compañía Iberia. Pero reclamó una y otra vez hasta su muerte la revisión de su proceso, desde 1947; Franco se negó para no comprometer a la justicia militar.

Hablé extensamente con Hedilla, persona excelente y correctísima, en 1963; seguía empeñado en su reivindicación, aunque era muy feliz en su vida particular. Hedilla es una de las víctimas más patéticas de la Guerra Civil española. Franco apartó a Hedilla y a Fal Conde implacablemente de la vida política.

El 20 de abril de 1937, al día siguiente de la unificación, con la retaguardia política en calma total, Franco aprueba la iniciativa de Mola para el segundo asalto a Vizcaya. Este simple dato cronológico avala por sí mismo la importancia y la necesidad de la unificación. Por haber descuidado el frente político interior, la zona republicana experimentaría al comenzar el mes de mayo una convulsión interior de gravísimas consecuencias para el desarrollo de la Guerra Civil, como en su momento comprobaremos.

El saludo romano

Tal vez para congraciarse con la Falange, tan duramente tratada en la unificación, Franco estableció como oficial, pocos días después, el saludo romano que era el de Falange. Por medio del siguiente decreto:

En los albores del Movimiento Nacional, cuando los patriotas perseguidos caían víctimas de los enemigos de España, el cortejo de los mártires saludaba precursoramente con el brazo en alto en señal de homenaje.

Falange Española adoptó como símbolo lo que era exponente del sentir popular y al producirse la gesta se generalizaron aquellas demostraciones de respeto como manifestaciones de hermandad, de disciplina y de justicia social que conducen al engrandecimiento de la patria.

Al fundirse en el Estado aquella organización, la savia de sus aspiraciones toma los caracteres de norma y el saludo que constituye en las costumbres de los pueblos el testimonio más elevado de la reciprocidad y mutuos auxilios será forma generosa que patentice el holocausto al más sublime de los ideales y el destierro de una época de positivismo materialista.

En su consecuencia,

DISPONGO:

Artículo primero. Se establece como saludo nacional el constituido con el brazo en alto con la mano abierta y extendida y formando con la vertical del cuerpo un ángulo de cuarenta y cinco grados.

Artículo segundo. Al paso de la enseña de la patria y al entonarse el himno y cantos nacionales en los casos previstos en el decreto número 226, se permanecerá en posición de saludo.

Artículo tercero. El personal del Ejército y de la Armada conservará su saludo reglamentario en los actos militares.

Dado en Salamanca a veinticuatro de abril de mil novecientos treinta y siete.

FRANCISCO FRANCO.

Leer el Decreto de Unificación

Antes de comentar anacrónicamente el Decreto de Unificación, conviene leerlo, porque fue una disposición importantísima de la zona nacional.

Una acción de gobierno eficiente cual cumple ser la del nuevo Estado español, nacido por otra parte bajo el signo de la unidad y la grandeza de la patria, exige supeditar a su destino común la acción individual y colectiva de todos los españoles.

Esta verdad tan claramente percibida por el buen sentido del pueblo español es incompatible con la lucha de partidos y organizaciones políticas que si bien —todas— pugnan noblemente por el mejor servicio de España gastan sus mejores energías en la lucha por el predominio de sus estilos peculiares o, lo que es peor, en cuestiones de tipo personalista que dan lugar a discordias pequeñas dentro de las organizaciones resucitando la vieja intriga política y poniendo en trance de descomposición organizaciones y fuerzas cuyas masas se mueven a impulsos de los más puros ideales.

Llegada la guerra a punto muy avanzado y próxima la hora victoriosa, urge ya acometer la gran tarea de la paz cristalizando en el Estado nuevo el pensamiento y el estilo de nuestra Revolución Nacional. Unidos por un pensamiento y una disciplina común, los españoles todos han de ocupar su puesto en la gran tarea.

Esta unificación que exijo en el nombre de España y en el nombre sagrado de los que por ella cayeron —héroes y mártires—, a los que todos y siempre guardaremos fidelidad, no quiere decir ni conglomerado de fuerzas ni mera concentración gubernamental ni unión pasajera. Para afrontarla de modo decisivo y eficaz, hay que huir de la creación de un partido de tipo artificial siendo por el contrario necesario recoger el calor de todas las aportaciones para integrarlas por vía de superación en una sola entidad política nacional enlace entre el Estado y la sociedad, garantía de continuidad política y de adhesión viva del pueblo al Estado. Precisa para ello tener en cuenta que aparte valiosísimas aportaciones colectivas e individuales de patriotas que desde la hora primera voluntariamente vistieron uniformes de soldados de España, Falange Española y Requetés han sido los dos exponentes auténticos del espíritu del Alzamiento nacional iniciado por nuestro glorioso Ejército el 17 de julio.

Como en otros países de régimen totalitario, la fuerza tradicional viene ahora en España a integrarse en la fuerza nueva. Falange Española aportó con su programa masas juveniles y propagandas con un estilo nuevo, una forma política y heroica del tiempo presente y una promesa de plenitud española: los Requetés junto a su ímpetu guerrero, el sagrado depósito de la tradición española tenazmente conservado a través del tiempo con su espiritualidad católica que fue elemento formativo de nuestra nacionalidad y en cuyos principios eternos de moralidad y justicia ha de seguir inspirándose.

Siendo uno el sentir de las organizaciones análogas, la inquietud patriótica que las anima con un ansia de unión respaldada por el anhelo con que España la espera no debe ésta retrasarse más.

Así pues fundidas sus virtudes estas dos grandes fuerzas tradicionales hacen su presencia directa y solidaria con el servicio del Estado. Su norma programática está constituida por los veintiséis puntos de Falange Española; debiéndose hacer constar que como el movimiento que conducimos es precisamente esto, más que un programa no será cosa rígida ni estática, sino sujeto en cada caso al trabajo de revisión y mejora que la realidad aconseje.

Cuando hayamos dado fin a esta ingente tarea de reconstrucción espiritual y material, si las necesidades patrias y los sentimientos del país así lo aconsejaran, no cerramos el horizonte a la posibilidad de instaurar en la nación el régimen secular que forjó su unidad y su grandeza histórica.

Por todo lo expuesto

DISPONGO:

Artículo primero. Falange Española y Requetés con sus actuales servicios y elementos se integran bajo mi Jefatura en una sola entidad política de carácter nacional que de momento se denominará Falange Española Tradicionalista y de las JONS.

Esta organización intermedia entre la sociedad y el Estado tiene la misión principal de comunicar al Estado el aliento del pueblo y de llevar a éste el pensamiento de aquél a través de las virtudes político-morales de servicio, jerarquía y hermandad.

Son originariamente y por propio derecho afiliados de la nueva organización todos los que en el día de la publicación de este decreto posean el carné de Falange Española o de la Comunión Tradicionalista y podrán serlo previa admisión los españoles que lo soliciten. Quedan disueltas las demás organizaciones y partidos políticos.

Artículo segundo. Serán órganos rectores de la nueva entidad política nacional el jefe del Estado, un Secretariado o Junta Política y el Consejo Nacional. Corresponde al Secretariado o Junta Política establecer la constitución interna de la entidad para el logro de su finalidad principal: auxiliar a su jefe en la preparación de la estructura orgánica y funcional del Estado y colaborar en todo caso a la acción de Gobierno.

La mitad de sus miembros, con los que iniciará sus tareas, serán designados por el jefe del Estado y la otra mitad elegidos por el Consejo Nacional.

El Consejo Nacional conocerá de los grandes problemas nacionales que el jefe del Estado le someta en los términos que se establecerán en disposiciones complementarias.Mientras se realicen los trabajos encaminados a la organización definitiva del Nuevo Estado totalitario, se irá dando realidad a los anhelos nacionales de que participen en los organismos y servicios del Estado los componentes de Falange Española Tradicionalista y de las JONS para que les impriman ritmo nuevo.

Artículo tercero. Quedan fundidas en una sola Milicia Nacional las de Falange Española y la de Requetés conservando sus emblemas y signos exteriores. A ella se incorporarán también con los honores ganados en la guerra las demás milicias combatientes.

La Milicia Nacional es auxiliar del Ejército.

El jefe del Estado es jefe supremo de la Milicia. Será jefe directo un general del Ejército con dos subjefes militares procedentes respectivamente de las Milicias de Falange Española y de Requetés.

Para mantener la pureza de su estilo se nombrarán dos asesores políticos del mando.

Dado en Salamanca a diecinueve de abril de mil novecientos treinta y siete.

FRANCISCO FRANCO.

En el Decreto de Unificación no se menciona el factor religioso ni el factor jurídico, en los que Serrano Súñer ve los elementos que distinguen a la FET del fascismo (como José Antonio Primo de Rivera había afirmado para definir que la Falange no tenía carácter fascista). Esos factores existían en la realidad, pero el Decreto de Unificación, sería inútil negarlo, así como los posteriores Estatutos de la FET poseen una configuración antidemocrática, totalitaria y fascista.

Por la condición de partido único; por el carácter intermedio entre la sociedad y el Estado; por el monopolio de la vida política; por la aceptación del líder carismático; por la estructura de servicios enteramente paralelos a los del Estado. Sin embargo, la existencia real de los factores de corrección religiosa y jurídica diluyeron desde el principio la impronta fascista de la FET.

Los tradicionalistas, los monárquicos y los antiguos militantes de la CEDA que se integraron en la FET nada tenían de fascistas. Muchos falangistas tampoco, aunque no cabe negar que existía, y se mantuvo durante bastantes años, un sector de la FET que era verdaderamente fascista. Aquél al que se adhirió por escrito en 1937 don Juan de Borbón.

Son importantes dos pasajes del Decreto: la afirmación de que la FET no es un partido sino un Movimiento, aunque el Movimiento nunca se definió políticamente; y el velado compromiso de Francisco Franco sobre la restauración de la Monarquía, un compromiso en el que casi nadie creyó seriamente en 1937 pero que Franco fue cumpliendo gradualmente.

El primer paso se produjo en el año de 1947 (declaración de España como reino), y después en 1969 (designación de sucesor a título de Rey) y 1975 (testamento del Caudillo y restauración efectiva con Franco de cuerpo presente).

Por lo demás, el Decreto de Unificación consiguió su objetivo máximo. Franco eliminó todos los obstáculos políticos y ganó la Guerra Civil. Quod erat demonstrandum.

La retaguardia nacional

después de la unificación

La principal preocupación interior de la zona nacional, a medida que las provincias de la franja cantábrica se iban incorporando a una convivencia nueva, era precisamente volcar a su favor el enorme potencial estratégico de esos territorios y asimilarlos plenamente para la nueva España, como ya se decía entonces, y para el esfuerzo de guerra.

Ésta fue la gigantesca tarea de organización a la que se dedicaron los elementales organismos administrativos de la zona nacional y sobre todo la administración militar. No se reconocieron los servicios en filas al enemigo, naturalmente, y los jóvenes en edad militar, con inclusión de nuevos reemplazos, fueron integrados, previa depuración, en el Ejército Nacional, cuya masa de combatientes recibió así un refuerzo considerable. El comandante general de Artillería, coronel Joaquín García Pallasar, se dedicó a un intenso trabajo de recuperación y normalización de material capturado. La poderosa industria de guerra en Vizcaya, Santander y Asturias se puso en funcionamiento inmediatamente; las destrucciones no eran importantes. La minería del norte se convirtió en un factor de negociación internacional que afectó positivamente a la actitud británica respecto a la zona nacional. Las regiones militares orgánicas recibieron el encargo de nutrir y aprovisionar cada una a un cuerpo de Ejército: de Galicia, de Castilla, de Aragón, con lo que el Ejército del Norte, integrado por ellos, sería en el siguiente invierno una máquina de guerra formidable contra la zona centro-sur republicana.

La victoria en el norte potenció los contundentes efectos universales de la Carta Colectiva del Episcopado Español —que fue publicada íntegramente, por ejemplo, en el New York Times— y en el otoño de 1937 todo el mundo se acostumbraba ya a considerar a Franco como el deseable, o inevitable, vencedor de la guerra de España. Concentrado en las operaciones del norte y del centro, Franco dejaba a su cuñado Ramón Serrano Súñer, convertido después de la unificación en la eminencia gris del régimen, según sus propias palabras, la orientación y dirección de la política.

La pugna familiar entre Nicolás Franco y Ramón Serrano Súñer por el número dos del régimen fue decidida fácilmente, aunque no sin tenaz resistencia del hermano, a favor del cuñado, que contaba con la discreta pero decidida ayuda de doña Carmen Polo de Franco. Dionisio Ridruejo, que por entonces conoció personalmente a Franco y a Serrano, ha descrito en Casi unas memorias la selecta agitación política de la zona nacional, de la cual apenas se enteraban unos cuantos iniciados.

Se formaba en torno a Ramón Serrano Suñer un influyente grupo falangista-fascista, con el propio Ridruejo, Pedro Laín y Antonio Tovar como estrellas, que gozaban también de la legitimidad falangista y, como dice Ridruejo, matriarcal de Pilar Primo de Rivera. Los monárquicos sevillanos y los de Acción Española mantenían el contacto con los generales amigos o afines —Queipo de Llano los de Sevilla, Kindelán y Orgaz los de Burgos y Salamanca— y trataban de adscribirse a la línea política que creían dominante, y que no era la de Serrano Súñer.

En la zona republicana, Indalecio Prieto se empeñó en provocar convulsiones políticas en la zona nacional por medio de falangistas disidentes, algunos de los cuales, como Vicente Cadenas, participó en la creación de una extraña «Falange Española Auténtica», pero tales intrigas no alcanzaron resultado alguno en la España de la unificación, que se dedicaba, bajo la dirección indiscutida de Franco, exclusivamente al esfuerzo de guerra.

Para llevar la unificación al extremo, el Secretariado de FET y de las JONS aprovechó la reunión en Salamanca de un Congreso de Sindicatos Católicos (CESO) para intimarles la fusión con las Centrales Obreras Nacional Sindicalistas (CONS), que estaban entonces en trance de gestación. Hizo la propuesta Ladislado López Bassa, uno de los «capitanes de Mallorca» que fueron instrumento de Franco en el proceso unificador y pronto se eclipsaría. Los obispos miraron con recelo esta idea integradora, típicamente fascista, pero nada pudieron hacer contra ella. (Cfr. Ricardo de la Cierva, Francisco Franco, Planeta, Barcelona, 1982, para todo este Episodio).

El 25 de mayo de 1937 había llegado a la España nacional un joven monseñor romano, Ildebrando Antoniutti, aparentemente para ocuparse de los niños vascos emigrados, pero en realidad para ir preparando el reconocimiento formal del Gobierno de Franco por la Santa Sede con motivo de la conquista del norte. La prensa nacional, después de una entrevista de Antoniutti con Franco, anticipó el reconocimiento el 3 de agosto. El 10 de ese mes fallecía el cardenal de Sevilla, monseñor Llundain, y una rápida gestión del cardenal Gomá con monseñor Antoniutti, de pleno acuerdo con Franco, le sustituía por el antiguo cardenal primado de Toledo, ahora cardenal de Curia en Roma, Pedro Segura y Sáenz, lo que causó excelente impresión en toda la zona.

Mientras atendía al desarrollo de la batalla de Brunete, durante el mes de julio de 1937, con la que el Gobierno de la República pretendía salvar Santander, sin conseguir más que un leve retraso en su caída, Franco desplegó una intensa actividad política. El 10 de julio dio un decreto por el que se declaraba a José Calvo-Sotelo primer mártir de la cruzada; seguramente es la primera mención oficial a la cruzada —en sentido religioso— por parte de Franco, porque como hemos repetido la cruzada fue una idea y una proclamación de la Iglesia. Ramón Serrano Súñer aprovechó la ocasión para pronunciar por Radio Nacional de España un discurso sobre Calvo-Sotelo en las Cortes. «Un día —dijo, refiriéndose a Casares— el monstruo que ocupaba la cabecera del banco azul anunció el crimen de Estado.»

El decreto 324, de 15 de julio, declaraba fiesta nacional el 18 de julio, fecha en la que empezaría el «segundo año triunfal». Franco nombró jefe nacional de Educación de FET y de las JONS, de acuerdo con Serrano Súñer, al catedrático y dirigente del Bloque Nacional, Pedro Sainz Rodríguez, a quien El Noticiero de Zaragoza atribuye verazmente esta declaración: «La democracia es un mal y sólo con el mando único puede levantarse una patria grande».

Uno de los periodistas asiduos al Cuartel General de Franco en Villa del Prado, durante la batalla de Brunete, fue el director de ABC de Sevilla, Juan Ignacio Luca de Tena, a quien concedió para el 17 de julio una importantísima entrevista sobre el futuro del régimen. Allí anunció Franco la próxima constitución de un Gobierno nacional y prosiguió: «He hablado, en efecto, de una posibilidad (de la Monarquía). Esa posibilidad habrá de estar sujeta a las circunstancias del momento y el ambiente. Sobre este tema mis preferencias son conocidas. Pero ahora no cabe más que terminar la guerra. Luego habrá que liquidarla para constituir al Estado sobre base firme. Si el momento de la restauración llegara, el nuevo Estado tendrá que ser muy distinto del que cayó el 14 de abril de 1931. Desde luego, aunque nos duela a muchos, hay que atenerse a que esta promesa encaje. Sería éste el momento para un nuevo lazo de unión entre el Estado español por el que se está luchando».

«—¿Es cierto, mi general —pregunta Luca de Tena— que el príncipe Juan de Borbón no hace mucho tiempo solicitó permiso para incorporarse al Ejército español?

—Exacto —responde Franco—. Don Juan de Borbón, de cuyo talento y simpatía tengo el más alto concepto, intentó a primeros de agosto ponerse a las órdenes de la Marina Española. Precisamente alegaba su carrera de marino, comenzada en España y terminada en Inglaterra. Solicitaba un mando en un barco de guerra, encuadrado a su graduación, y se comprometía, para evitar posibles conflictos, a no desembarcar nunca ni a recibir ninguna visita. Pero yo no pude acceder a sus deseos, porque mi responsabilidad era muy grande, y no podíamos poner en peligro una vida que algún día podría sernos preciosa. Debe añadir a lo anterior que hay actualmente dos bandos españoles en guerra, uno de los cuales está integrado por los sin patria y por los sojuzgados por el látigo ruso, pero ya nos encontraremos todos solos en España y no podrá haber más que españoles, y si en el cambio de Estado volviera un rey, tendría que venir con el carácter de pacificador, y no podría contarse en el número de los vencedores».

En efecto, don Juan de Borbón, tras su frustrado intento de presentarse en el frente de Somosierra a fines de julio de 1936, pidió a Franco un mando en el Baleares y Franco, al negárselo, salvó a la dinastía cuya misión pronosticó profundamente en Villa del Prado.

El 21 de julio, mediante el decreto 325, Franco declaró a Santiago apóstol patrón de España. En uno de sus viajes a retaguardia, Franco había reiterado la promesa de un Gobierno durante un discurso en la radio (el 18 de julio) y con este motivo el general Jordana, presidente de la Junta Técnica del Estado, se defendió de algunas acusaciones que cundían en la zona sobre los defectos de ese «gobierno de retaguardia».

El 4 de agosto se publicaban los Estatutos de FET y de las JONS, que dividían a los afiliados en militantes y adheridos. Serían militantes los afiliados al Requeté y la Falange antes de la unificación y todos los militares, de generales a clases. Se creaban doce servicios políticos paralelos a la Administración, lo que constituye un rasgo fascista del Estado-partido; y en el artículo 47 se decía; «El jefe nacional de FET y de las JONS, supremo Caudillo del Movimiento, personifica todos los valores y todos los honores del mismo. Como autor de la era histórica donde España adquiere las posibilidades de realizar el destino y con él los anhelos del Movimiento, el jefe, en su entera plenitud, asume las más absolutas autoridades. El jefe responde ante Dios y ante la Historia».

Así cumplía Ramón Serrano Súñer, autor de este proyecto totalitario, su misión principal en 1937, que consistía en la exaltación absoluta del mando y de la personalidad de Francisco Franco.

El importantísimo Decreto

de Ordenación Triguera

No quiero esperar al Episodio dedicado a la economía de guerra para incluir esta referencia a la ordenación triguera, porque ésta se reguló mediante un decreto de enorme importancia política y social, recibido, sobre todo en Castilla, con entusiasmo desbordante.

El 11 de agosto de 1937 regresaba de su breve exilio portugués el dirigente carlista Manuel Fal Conde para dedicarse, según declaró, a cooperar en el esfuerzo de guerra. Franco concedía a la United Press unas declaraciones de corte populista en las que dijo: «Nuestro régimen tomará de los autoritarios el principio jerárquico; tendrá al mismo tiempo características nacionales definidas.» El Régimen impondría el deber junto al derecho; mantendría las mejoras sociales adquiridas; y «no negocia con los votos de los obreros ni con la protección de los bancos».

Se conoce a mediados de agosto el robo de tres cuadernos de memorias de Azaña custodiados imprudentemente en el Consulado de Ginebra por el cuñado de Azaña, Cipriano de Rivas Cherif; Franco encargó al periodista Joaquín Arrarás la conversión de esos diarios en arma de guerra; acaban de recuperarse cuando se escriben estas líneas.

El 15 de agosto Franco firma un artículo en La Revue Belge en el que afirma: «No basaremos el régimen futuro en sistemas democráticos que decididamente no convienen a nuestro pueblo»; era una convicción profundísima nacida del fracaso de la democracia en 1931, en 1934, en 1936. Ese mismo día doña Carmen Polo de Franco devolvía en Bilbao las joyas de la Virgen de Begoña y el joven alcalde de la ciudad, el ingeniero monárquico José María de Areilza, pronunciaba encendidas palabras de elogio a Franco y de repudio a los dirigentes separatistas, poco antes de invocar a la Alemania de Hitler y la Italia de Mussolini en otro discurso próximo.

Se comunica un avance de la cosecha triguera de 1937, que es desbordante: 1.198.000 quintales en la zona, frente a los 1.500.000 para toda España en la cosecha anterior. Esto significaba la abundancia de pan frente a la espantosa penuria de la zona enemiga.

Las excelentes previsiones para esta cosecha habían impulsado a un clarividente grupo de técnicos de la economía en zona nacional —entre los que destacaban el ingeniero Dionisio Martín Sanz y el letrado Pedro González Bueno— a proponer, con ejemplar insistencia, a las autoridades del Estado —Jordana y Franco, por medio de la decisiva influencia de Ramón Serrano Súñer— un Decreto-ley de Ordenación Triguera, que tras muchas vicisitudes vio la luz el 23 de agosto de 1937, en medio de una invocación que se haría clásica: «Arriba el campo».

El decreto solucionaba de una vez por todas los problemas endémicos del agricultor pequeño y medio, sometido antes al arbitrio del almacenista, que incumplía sistemáticamente las normas sobre tasas. El decreto garantizaba al agricultor un precio mínimo y un pronto pago por su cosecha, y motivó un afianzamiento de la adhesión del campo castellano al régimen de Franco, que se conservó durante décadas. Franco apoyó personalmente la nueva ordenación triguera, en cuanto advirtió que respondía de lleno a sus criterios populistas en favor de las clases medias. Dice con razón uno de los promotores de la reforma, González Bueno, que el decreto ley «es la primera disposición importante de carácter civil y ambiente público que firmó el Generalísimo como jefe del Estado».

La represalia de Franco

contra Guipúzcoa y Vizcaya

En períodos de exacerbación autonómica y horizonte parcial separatista, como el que ahora atravesamos, no se comprende el factor unitario que inspiró a la España nacional, y dentro de ella a miles y miles de vascos y catalanes, regiones donde quienes se sienten españoles lo son realmente más que el resto de los españoles.

Ese espíritu, que respondía en el año de 1937 a una de las oscilaciones pendulares entre unidad y dispersión que desgraciadamente caracterizan a la historia de España, inspiró a Francisco Franco el decreto por el que cancelaba en ese mismo año de 1937 los conciertos económicos otorgados por Cánovas a las Provincias Vascongadas en compensación por haberles suprimido los Fueros a raíz de la última guerra carlista. Éste es el texto:

DECRETO-LEY

El sistema que en materia económica rige en las Provincias Vascongadas entraña un notorio privilegio con relación al resto del territorio nacional sujeto al régimen común, no sólo por la amplísima autonomía de que gozan en este respecto las diputaciones de dichas provincias, sino por el menor sacrificio con que el contribuyente atiende en ellas al levantamiento de las cargas públicas, tanto más sensible cuanto que de antiguo han sido manifiestas y frecuentes las evasiones de carácter fiscal realizada al amparo de ese sistema, en perjuicio siempre del Estado.

Olvidando muchísimos de los favorecidos por el concierto esta prodigalidad que les dispensó el poder público, se alzaron en armas en Guipúzcoa y Vizcaya contra el Movimiento Nacional iniciado el 17 de julio último correspondiendo así con la traición a aquella generosidad excepcional, sin que los constantes requerimientos realizados en nombre de España para hacerles desistir de su actitud lograsen el efecto pretendido.

No es, pues, admisible que subsista ese privilegio sin agravio para las restantes regiones que, con entusiasmo y sacrificio sin límites, cooperaron desde un principio al triunfo del Ejército, y sin mengua también de aquellas normas de elemental y obligada justicia en que ha de inspirarse el nuevo Estado.

Mientras la singularidad de régimen fiscal y administrativo sirvió en algunas provincias, como en la lealísíma Navarra, para exaltar cada día más su sentimiento nacional y el fervor de su adhesión al común destino de la patria, en otras, por el contrario, ha servido para realizar la más torpe política antiespañola; circunstancia ésta que, al resultar ahora hasta la saciedad comprobada, no ya aconseja, sino que imperativamente obliga poner término en ellas a un sistema que utilizaron como instrumento par causar daños tan graves.

Las mismas consideraciones imponen que el sistema vigente en la actualidad en la provincia de Álava continúe subsistiendo, porque ella no participó en acto alguno de rebeldía y realizó por el contrario aportaciones a la causa nacional que no pueden ni deben ser olvidadas.

Finalmente, interesa hacer constar que, al promulgar esta disposición, se tiene muy presente que tanto en Guipúzcoa como en Vizcaya existen españoles de acendrado patriotismo que antes y ahora sintieron vivamente la causa de España.

Reconocido y proclamado así, nadie en definitiva podrá afirmar con fundamento que el equiparar unas provincias a la inmensa mayoría de las que integran la nación, sometiéndolas a idéntico régimen tributario, no obstante ser notorias las diferencias en su manera de proceder, sea acto de mera represalia y no medida de estricta justicia.

DISPONGO

Artículo primero. Desde el día primero de julio Próximo, la gestión y recaudación de todas las contribuciones, rentas e impuestos ordinarios y extraordinarios del Estado se realizará en las provincias de Guipúzcoa y Vizcaya, con arreglo al régimen común vigente y en la forma que establecen las disposiciones de la hacienda pública que constituye la norma general de la Administración nacional.

Queda, por tanto, sin efecto en aquellas provincias, desde la indicada fecha, el régimen concertado con sus diputaciones que en materia económica estaba vigente en la actualidad.

Artículo segundo. Los servicios de carácter general que efectuaban las citadas corporaciones en lugar del Estado y que deban subsistir se cumplirán y costearán por éste de igual manera que viene haciéndolo en el resto del territorio español sujeto al régimen ordinario.

Artículo tercero. Las obligaciones provinciales en Guipúzcoa y Vizcaya serán atendidas con los recursos de ese carácter que la legislación común reserva a las diputaciones en general.

Artículo cuarto. El concierto económico aprobado por decreto de nueve de junio de mil novecientos veinticinco, y reglamentado por el de veinticuatro de diciembre de mil novecientos veintiséis, subsistirá en toda su integridad para la provincia de Álava, continuando, por tanto, la diputación de la misma investido de las facultades que aquél la reconoce.

Artículo quinto. Por la Junta Técnica del Estado se dictarán las instrucciones necesarias para el cumplimiento de esta disposición.

El propio organismo fijará de acuerdo con las diputaciones interesadas las oportunas normas encaminadas a facilitar el tránsito de uno a otro régimen.

Artículo sexto. Quedan derogadas todas las disposiciones, cualquiera que sea su carácter, que se opongan a las contenidas en el presente decreto-ley.

Dado en Burgos a veintitrés de junio de mil novecientos treinta y siete.

FRANCO.

(Boletín Oficial del Estado, Burgos, 24 de junio de 1937).

Los Estatutos de FET y de las JONS

El partido-movimiento que se creaba el 19 de abril de 1937 recibió su organización estatutaria poco después. El texto de los Estatutos es importante porque FET y de las JONS perduró, entre muy diversos avatares y orientaciones, durante casi cuatro décadas.

Nunca comprendió al conjunto de los partidarios del Alzamiento que reconocían a Franco y cuyos dirigentes se agrupaban en las pronto llamadas «familias políticas del régimen». A mediados de los años sesenta FET y de las JONS renunció, aunque nunca de forma expresa, a su vocación y su misión universal y se convirtió, a la defensiva, en una de esas familias o como dijo todavía en vida de Franco uno de los miembros activos del Movimiento, Manuel Fraga, «en una burocracia». Pero el texto de los Estatutos refleja, sobre todo, el proyecto de Franco para la FET y las directrices nacientes de la organización. Contiene además otros rasgos fundamentales del nuevo sistema político, por lo que merece un estudio atento.

«DECRETO

Elevada por la Junta Política de Falange Tradicionalista y de las J.O.N.S., en cumplimiento de lo preceptuado en el artículo segundo de mi decreto número doscientos cincuenta y cinco, la ponencia de su constitución interna,

DISPONGO:

Artículo único. Quedan aprobados los Estatutos de Falange Española Tradicionalista y de las J.O.N.S. en los términos siguientes:

Estatutos de Falange Española Tradicionalista y de las J.O.N.S.

CAPÍTULO 1

Normas generales

Artículo 1. Falange Española Tradicionalista y de las J.O.N.S. es el movimiento militante inspirador y base del Estado español, que, en comunión de voluntades y creencias, asume la tarea de devolver a España el sentido profundo de una indestructible unidad de destino y la fe resuelta en su misión católica e imperial, como protagonista de la Historia, de establecer un régimen de economía superadora de los intereses de individuo, de grupo y de clase, para la multiplicación de los bienes al servicio del poderío del Estado, de la justicia social y de la libertad cristiana de la persona.

Falange Española Tradicionalista y de las J.O.N.S. es la disciplina por la que el pueblo, unido y en orden, asciende al Estado y el Estado infunde al pueblo las virtudes de servicio, hermandad y jerarquía.

Y para el logro de todos estos fines, con la fundación heroica del Estado, integra en una sola fuerza a la Comunión Tradicionalista, garantía de la continuidad histórica, y la Falange Española de las J.O.N.S., vocación, forma y estilo de la Revolución Nacional.

Falange Española Tradicionalista y de las J.O.N.S., se constituye en guardia permanente de los valores eternos de la patria, virilmente defendidos en tres guerras civiles, exaltados con voz y con sangre el 29 de octubre de 1934 por la nueva generación, y definitivamente rescatados en la coyuntura histórica del 17 de julio de

1936 por el Ejército y por el pueblo hecho Milicia.

Art. 2. Forman el emblema de Falange Española Tradicionalista y de las J.O.N.S. cinco flechas en haz abierto y un yugo sobre la intersección de las mismas.

Art. 3. El Movimiento constituye una sola persona jurídica con un solo patrimonio. Toda adquisición de bienes que realicen sus órganos para ello autorizados se entenderá hecha en beneficio del patrimonio de la Falange Española Tradicionalista y de las J.O.N.S.

Un reglamento especial determinará las normas por las que han de regirse los diversos órganos de Falange Española Tradicionalista y de las J.O.N.S. en su vida económica.

Art. 4. Falange Española Tradicionalista y de las J.O.N.S. estará integrada por los siguientes elementos y órganos:

1. Los afiliados.

2. Las falanges locales.

3. Las jefaturas provinciales.

4. Las inspecciones regionales.

5. Servicios.

6. Milicias y sindicatos.

7. Inspecciones nacionales.

8. Delegados nacionales.

9. Secretario General del Movimiento.

10. Junta Política.

11. Consejo Nacional.

12. El Caudillo o Jefe Nacional del Movimiento.

CAPÍTULO II

De los afiliados

Art. 5. Los afiliados se dividen en militantes y adheridos.

Serán militantes aquéllos que, aceptando resueltamente la disciplina de todos los órganos del Movimiento y diciendo consagrarse al logro de sus fines, se hallen comprendidos en las siguientes condiciones:

a) Los que formaran en una de las dos fuerzas integrantes del Movimiento el día 20 de abril de 1937 o hayan sido admitidos directamente por la Junta Política con anterioridad a la publicación del presente Estatuto.

b) Los generales, jefes, oficiales y clases de los Ejércitos Nacionales de Tierra, Mar y Aire, en activo o en servicio de guerra.

c) Los que obtengan esta condición por decisión personal del Caudillo, o resolviendo propuestas de las jefaturas provinciales, en atención a los servicios eminentes prestados a la Causa Nacional en la preparación del Alzamiento militar o durante la guerra.

España en guerra. La zona nacional 107

(

d) Los que obtengan esta condición por virtud de lo dispuesto en el artículo séptimo.

Art. 6. Los militantes tendrán la plenitud de derechos y obligaciones que los presentes Estatutos y todas las disposiciones reglamentarias les confieran.

Acreditarán su condición mediante el carné único, aprobado por la Jefatura.

Art. 7. Los adheridos podrán ser admitidos, previa solicitud, por la Secretaría General, los jefes provinciales y locales.

Los adheridos servirán a la Falange Española Tradicionalista y de las J.O.N.S., sin ninguno de los derechos del miembro de la misma y sin carácter de tal. Antes del plazo de cinco años, el jefe provincial a quien corresponda deberá decidir forzosamente sobre la situación del adherido, elevándole a la categoría de militante o excluyéndole de la organización. Contra esta decisión se podrá recurrir ante el secretario general.

En cuanto un adherido demuestre haber prestado a la patria servicios importantes durante la guerra, se decidirá sobre su situación en un plazo máximo de quince días. Si el jefe provincial no le concediese entonces la condición de militante, el adherido podrá interponer recurso ante el secretario general con el aval de doce militantes o acompañando a la petición un informe del jefe de unidad de combate o de las autoridades civiles.

Los que hubiesen ejercido cargos políticos de Administración Central antes del 17 de julio de 1936 deberán solicitar su admisión directamente del secretario general.

Art. 8. Todos los afiliados deberán suscribir la fórmula de adhesión y juramento que establezca la Jefatura Nacional del Movimiento.

Los afiliados a Falange Española Tradicionalista y de las J.O.N.S. pagarán la cuota progresiva que se señale.

Art. 9. Todo afiliado a Falange Española Tradicionalista y de las J.O.N.S. recibirá y transmitirá cualquier comunicación relativa al funcionamiento de ella por medio de quien ocupe el puesto directa o inmediatamente superior al suyo en la jerarquía.

Sólo será lícito acudir a los órganos superiores en el caso de ser desatendido por los inmediatos o por razones graves que deberán poner en conocimiento de aquél a quien se dirija, en el mismo momento de hacerlo.

Art. 10. Se pierde la cualidad de adherido, a voluntad propia o por decisión del secretario general del Movimiento, de los jefes provinciales o de los jefes locales. La de militante, por voluntad propia o por decisión del secretario general del Movimiento o de los jefes provinciales.

En ambos casos, cuando esta decisión se tome por las jerarquías del Movimiento, deberá ser aprobada por uno de los motivos siguientes:

1. Conducta denigrante.

2. Falta grave contra los deberes de cooperación al Movimiento.

3. Grave quebranto de la disciplina.

4. Por algún acto contra la dignidad nacional. Contra la decisión de expulsión del Movimiento, podrá recurrir ante la autoridad inmediatamente superior y en última instancia ante el secretario general.

CAPITULO III

Organización Local

Art. 11. Para constituirse una falange local, se necesitarán al menos veinte afiliados militantes y la autorización de la Jefatura Provincial.

Si el número no llegase a veinte, los militantes se adscribirán, en tanto, a la falange de la localidad más próxima.

Art. 12. Las falanges locales ostentarán, sin necesidad de apoderamiento expreso, la representación de la Jefatura del Movimiento, para llevar a cabo actos jurídicos de administración de sus propios recursos, dentro de las normas y limitaciones que determina el reglamento correspondiente.

Art. 13. Los órganos de las falanges locales son los siguientes:

1. El jefe local, nombrado y destituido por el jefe provincial.

2. El secretario.

3. El tesorero.

4. Los delegados locales de Servicios y el jefe local de Milicias.

Art. 14. La Jefatura de cada falange local designará y destituirá a sus propios secretario y tesorero. En cuanto a los delegados de Servicios propondrán a su nombramiento y destitución a los delegados provinciales respectivos.

Art. 15. La Jefatura local dirigirá su vida con plena autoridad y dignidad, siempre dentro del espíritu de los presentes Estatutos y con sumisión a la Jefatura Provincial y Nacional del Movimiento.

Reunirá una vez al mes a los delegados locales de Servicios para examen de cuentas y asuntos de trámite; de igual forma procederá siempre que lo considere pertinente para la buena marcha de la organización.

Art. 16. Los secretarios, tesoreros y delegados locales de Servicios tendrán, respecto a la Jefatura local, los deberes y atribuciones que el secretario general, la Administración y los delegados nacionales de Servicios tienen respecto a la Jefatura Nacional del Movimiento, según los capítulos cinco y diez de los presentes Estatutos.

Art. 17. Los afiliados a las falanges locales cuidarán de conservar en todo momento su actitud militante y mantener con dignidad el contacto con el pueblo, haciendo llegar al mismo la constante emoción y ejemplaridad de la Falange Española Tradicionalista y de las J.O.N.S.

Un Reglamento especial detallará su estructura, sus normas y deberes.

CAPÍTULO IV

De las Jefaturas Provinciales Inspectoras Regionales

Art. 18. El Caudillo designará para cada provincia una Jefatura encomendada a un solo militante.

Estos jefes, con plena autoridad y responsabilidad, serán los encargados de transmitir a las falanges locales, enclavadas en su provincia, las decisiones del jefe nacional del Movimiento, velando por el exacto cumplimiento de las mismas y de inspeccionar los servicios de su demarcación, siendo el órgano superior jerárquico de las falanges locales.

Art. 19. Los artículos 14, 15 y 16 se entenderán aplicados a las Jefaturas Provinciales y a sus cargos y servicios, con arreglo a su jurisdicción jerárquica.

Los órganos provinciales del Movimiento son los siguientes:

El jefe provincial.

El secretario.

El tesorero.

Los delegados provinciales de Servicios y el jefe provincial de Milicias.

Art. 20. Las Jefaturas Provinciales ostentarán, sin apoderamiento expreso, la representación de la Jefatura del Movimiento para llevar a cabo actos jurídicos de administración de sus propios recursos, con las limitaciones que oportunamente se establezcan.

Reunirá una vez al mes a los delegados provinciales de Servicios para examen de cuentas y asuntos de trámite; de igual forma procederá siempre que lo considere pertinente para la buena marcha de la organización.

Art. 21. Cuando la Jefatura Nacional del Movimiento lo crea necesario, y por el tiempo que juzgue conveniente, podrá nombrar inspectores regionales con servicio en varias provincias colindantes sin sede fija, y cuya misión será:

1. Hacer que se cumplan por las Jefaturas Provinciales cuantas órdenes y disposiciones emanen de la Jefatura Nacional del Movimiento.

2. Vigilar la actividad administrativa de cuantos servicios dependan de estas Jefaturas Provinciales.

3. Informar por escrito sobre cuantas inspecciones de funcionamiento de servicios, y otras, se le encomienden.

Los gastos de las delegaciones inspectoras territoriales serán satisfechos por el Servicio Nacional de Administración, con cargo, por igual, a las Jefaturas Provinciales que afecten.

CAPÍTULO V

De los Servicios

Art. 22. La Jefatura Nacional del Movimiento creará los servicios que considere convenientes para la especificación y multiplicación del trabajo, poniendo las energías de la Falange Española Tradicionalista y de las J.O.N.S. al servicio del Resurgimiento Nacional.

Al frente de cada Servicio Nacional habrá un delegado, nombrado y destituido libremente por el jefe nacional. Dentro de la disciplina de cada Servicio se crearán las secciones necesarias para el pleno desarrollo de la obra nacional-sindicalista.

Art. 23. Necesariamente existirán los siguientes servicios:

1. Exterior.

2. Educación Nacional.

3. Prensa y Propaganda.

4. Sección Femenina.

5. Obras Sociales.

6. Sindicatos.

7. Organización Juvenil.

S. Justicia y Derecho.

9. Iniciativas y Orientaciones de la Obra del Estado.

10. Comunicaciones y Transportes del Movimiento.

11. Tesorería y Administración.

12. Información e Investigación.

Habrá también un inspector nacional de Educación y Asistencia Religiosa.

Art. 24. El jefe nacional de cada Servicio responde de la eficacia del mismo y establecerá las delegaciones provinciales y locales, con los órganos que sean precisos, manteniendo con ellos relaciones directas a los fines de la función.

Art. 25. Los delegados provinciales de Servicios actuarán bajo la disciplina política de los jefes provinciales y bajo la autoridad y orientación directa de los jefes nacionales de Servicio, que deberán nombrarlos y destituirlos libremente, consultados los jefes provinciales del Movimiento.

El jefe provincial podrá destituir provisionalmente a los delegados de Servicio, sometiendo, con rapidez, tal medida a la aprobación definitiva del jefe nacional de dicho Servicio y comunicándola al secretario general.

Art. 26. Se crearán en cada falange local los servicios que deban existir.

Sus relaciones de dependencia seguirán, en su grado, las normas señaladas en el artículo anterior.

CAPÍTULO VI

De la Milicia

Art. 27. En la guerra y en la paz, las Milicias representan el espíritu ardiente de Falange Española Tradicionalista y de las J.O.N.S., y su viril voluntad de servicio a la patria, en guardia vigilante de sus postulados ante todo enemigo interior. Más que una parte del Movimiento son el Movimiento mismo, en actitud heroica de subordinación militar.

Art. 28. El Mando Supremo de las Milicias lo encarna el Caudillo, quien delegará sus prerrogativas en un jefe directo y responsable.

La distribución y ordenación jerárquica de las Milicias serán objeto de un reglamento especial.

CAPÍTULO VII

Sindicatos

Art. 29. Falange Española Tradicionalista y de las J.O.N.S. creará y mantendrá las organizaciones sindicales aptas para encuadrar el trabajo y la producción y reparto de bienes. En todo caso, los mandos de estas organizaciones procederán de las filas del Movimiento y serán conformados y tutelados por las jefaturas del mismo, como garantía de que la organización sindical ha de estar subordinada al interés nacional e infundida de los ideales del Estado.

Art. 30. La Jefatura Nacional de Sindicatos será conferida a un solo militante y su orden interior tendrá una graduación vertical y jerárquica a la manera de un Ejército creador, justo y ordenado.

CAPÍTULO VII

De la Junta Política

Art. 31. La Junta Política, Delegación Permanente del Consejo Nacional, que estará integrada por doce miembros de éste: seis designados por el mismo y otros seis por el Caudillo. Las vacantes que ocurran serán cubiertas por el Caudillo, siempre entre los miembros del Consejo Nacional.

Cuando el jefe nacional asisto a las reuniones de la Junta Política, será él quien las presida. Cuando no asista, será presidida por el secretario general.

Art. 32. Misión de la Junta Política es:

1. El estudio de cuantos problemas tengan interés para la marcha general del Movimiento.

2. Presentación a la Jefatura de cuantas proposiciones estime convenientes en todos los órdenes.

3. El asesoramiento a la Jefatura en los asuntos que ésta le someta.

Siempre que lo considere oportuno, la Junta Política podrá requerir de cualquier militante informe oral o escrito acerca de las materias de su competencia.

Art. 33. La Junta se reunirá, al menos, una vez al mes y siempre que sea convocada por el jefe nacional del Movimiento o el secretario general.

Art. 34. Esta Junta declinará sus funciones ante el segundo Consejo Nacional, que prevé en los presentes Estatutos.

Art. 35. Constituido el segundo Consejo Nacional, la Junta estará integrada por los jefes nacionales de Servicios y otros tres miembros del Consejo, designados por el Consejo Nacional y sustituidos libremente por el mismo, sin que el cese de estos últimos implique la pérdida de su condición de consejero. Entiéndese que en todo momento los miembros de la Junta serán, con anterioridad a su designación, militantes de la Falange Española Tradicionalista y de las J.O.N.S. Presidirá las tareas de la Junta el secretario general o el miembro en quien delegue, excepto en los casos en que sea convocada por el jefe nacional.

CAPÍTULO IX

El Consejo Nacional

Art. 36. El primer Consejo Nacional de Falange Española Tradicionalista y de las J.O.N.S. será nombrado en la totalidad de sus miembros por el Caudillo, quien podrá en cualquier momento sustituirlos o deponerlos individualmente.

Las vacantes que se produzcan serán cubiertas por igual procedimiento, dentro de un plazo de quince días.

El número de miembros no será superior a cincuenta ni inferior a veinticinco. Las vacantes podrán cubrirse por el jefe, libremente y en cualquier momento.

Art. 37. Cuando conquistada la paz el jefe del Movimiento decida la creación de un nuevo Consejo, será integrado por:

1. El secretario general.

2. El jefe de Milicias.

3. El delegado nacional del Servicio Exterior.

4. El delegado nacional de Educación Nacional.

5. El delegado nacional de Prensa y Propaganda.

6. El delegado nacional de la Sección Femenina.

7. El delegado nacional de Sindicatos.

8. El delegado nacional de la Obra Social.

9. El delegado nacional de los Servicios de Justicia y Derecho.

10. El delegado nacional de Organizaciones Juveniles.

11. El delegado nacional de Iniciativas y Orientaciones a la Obra del Estado.

12. El delegado nacional de Información e Investigación.

13. El delegado nacional de Comunicaciones y Transportes del Movimiento.

14. El delegado nacional de Tesorería y Administración.

Como servicios del Movimiento.

Por las personas que el Caudillo designe por razón de sus jerarquías del Estado hasta un número no superior a doce.

Militantes designados por el Caudillo, en atención a sus méritos y servicios excepcionales.

El número total del Consejo no será superior a cincuenta, ni inferior a veinticinco. Las vacantes podrán cubrirse libremente por el jefe nacional en cualquier momento.

Art. 38. Los miembros que pertenecen el Consejo por su función o cargo perderán con éste su condición de consejero.

Los que pertenezcan por razón a los servicios internos del Movimiento perderán igualmente su condición de consejeros al abandonar su cargo, siendo sustituidos por quien asuma sus funciones.

Los demás se nombran por tres años y son susceptibles de reelección, no pudiendo ser sustituidos, en tanto, sino por causa grave que estimara el Caudillo oído del Consejo.

Art. 39. Ningún consejero podrá ser detenido, sino por orden del jefe nacional del Movimiento, a no ser en flagrante delito, comunicando inmediatamente la detención al jefe.

Art. 40. Corresponde al Caudillo convocar el Consejo, fijando la orden del día a la cual se atendrán estrictamente las deliberaciones.

El jefe del Movimiento preside el Consejo. En caso de ausencia inevitable por enfermedad del mismo, lo convocará y presidirá el secretario general.

Art. 41. Al Consejo Nacional de Falange Española Tradicionalista y de las J.O.N.S. corresponde decidir:

1. Las líneas primordiales de la estructura del Movimiento.

2. Las líneas primordiales de\ la estructura del Estado.

3. Las normas de ordenación sindical.

4. Todas las grandes cuestiones nacionales que le someta el jefe del Movimiento.

5. Las grandes cuestiones de orden internacional.

El Consejo emitirá consultas siempre que el jefe del Movimiento lo solicite.

Art. 42. El Caudillo designará secretamente su sucesor, el cual será proclamado por el Consejo en caso de muerte o incapacidad física.

Art. 43. El Consejo se reunirá obligatoriamente todos los años el día 17 de julio y cuantas veces sea convocado por el Caudillo.

En la primera reunión prestarán litúrgicamente, el jefe y los miembros del Consejo, el juramento de la Falange Española Tradicionalista y de las J.O.N.S., por España, ante Cristo y los Santos Evangelios.

Art. 44. Todos los miembros serán convocados por escrito con diez días de anticipación, con el fin de que puedan conocer los asuntos contenidos en la orden del día y proponer nuevos temas por escrito. Sin embargo, siempre que el Caudillo lo crea conveniente, la convocatoria podrá ser inmediata.

CAPÍTULO X

Art. 45. El Caudillo designará libremente al secretario general, cuyos deberes y atribuciones son:

1. Recibir de la Jefatura todas las órdenes que hayan de transmitirse a cualquiera de los órganos del Movimiento.

2. Mantener la comunicación entre el jefe nacional y todas las jerarquías.

3. Inspeccionar y dirigir, por delegación del jefe nacional, la marcha de todas las demás jefaturas y servicios.

4. Proponer al Mando las medidas que considere convenientes a la disciplina y ala actividad del Movimiento y que transciendan a la competencia del Consejo Nacional.

5. Llevar constancia documental de las actuaciones de Falange Española Tradicionalista y de las J.O.N.S.

6. Actuar como secretario en las reuniones del Consejo Nacional.

7. Servir de enlace entre el Movimiento y el Estado, participando en las tareas del Gobierno.

Art. 48. El secretario general podrá ser depuesto por el jefe nacional, siempre que lo considere conveniente o cuando se pronuncien en tal sentido los dos tercios del Consejo Nacional.

Esta última facultad sólo podrán ejercerla los Consejos que se nombren una vez conquistada la paz.

CAPÍTULO XI

El jefe nacional del Movimiento

Art. 47. El jefe nacional de Falange Española Tradicionalista y de las J.O.N.S., supremo Caudillo del Movimiento, personifica todos los valores y todos los honores del mismo. Como autor de la era histórica donde España adquiere las posibilidades de realizar su destino, y con él los anhelos del Movimiento, el jefe asume en su entera plenitud la más absoluta autoridad.

El jefe responde ante Dios y ante la Historia.

Art. 48. Corresponde al Caudillo designar a su sucesor, quien recibirá de él las mismas dignidades y obligaciones. El modo de sucesión, previsto en los presentes Estatutos, será reglamentado en sus detalles por el Consejo Nacional.

Art. 49. En caso de ausencia limitada del Caudillo, y siempre que éste lo crea pertinente, delegará sus atribuciones en el secretario general, quien le dará cuenta de los actos realizados durante la ausencia o mientras dure la Delegación.

CAPÍTULO XII

De la reforma e interpretación de los Estatutos

Art. 50. Este estatuto podrá ser modificado, a propuesta del jefe nacional, por el Consejo Nacional.

Su interpretación y doctrina corresponde siempre al Caudillo, único que puede determinar las modalidades de circunstancia, ritmo y tiempo para dar eterna presencia al Ausente, a los forjadores y continuadores de la Tradición Española, y a todos aquéllos que han caído por la gloria de España.

Dado en Salamanca a cuatro de agosto de mil novecientos treinta y siete. Segundo Año Triunfal.

(Boletín Oficial del Estado, Burgos, 7 de agosto de

1937 y Boletín del Movimiento de F.E.T. y de las J.O.N.S., 15 de agosto de 1937.)

En los Estatutos que se acaban de reproducir se incluían algunas expresiones detonantes que deben juzgarse según el ambiente exaltado en que se redactaron.

Pero hay también datos de sumo interés. En primer lugar, la exaltación y mitificación del Caudillo, obra del equipo de intelectuales que había reclutado Ramón Serrano Súñer quienes muchos años después, con su jefe, viraron ciento ochenta grados en sentido antifascista y democrático pero que entonces decían lo que decían. Es cierto que se recalcan los caracteres fascistas del Movimiento pero también las correcciones religiosas y jurídicas, incompatibles con el fascismo. Es importante la norma para la sucesión de Franco.

En los Estatutos no se concreta la función ni la estructura de los sindicatos, aunque se expresa su carácter «vertical» y se da por descontada su exclusividad, con la que se prohibían virtualmente los sindicatos católicos, que eran muy poderosos y habían contribuido decisivamente al Alzamiento en Castilla. No debe menospreciarse la estructura provincial y local del Movimiento, que de hecho creaba una ancha y decidida clase política, que subsistiría cuarenta años y sólo se desmoronó después de la muerte de Franco al ser manipulada y en cierto sentido traicionada por sus mandos superiores, que se pusieron con cierto cinismo al frente de la ola democrática tras dejar en la estacada a sus subordinados en bloque.

Franco consideraba al Consejo Nacional no como un sustituto parlamentario, sino como un vivero de fidelidades al régimen y una preselección de altos cargos. En este sentido, tiene mucho interés la designación del primer Consejo Nacional en el mismo año 1937, compuesto por las personalidades siguientes, seleccionadas de acuerdo a los Estatutos:

DECRETO

Mi decreto de diecinueve de abril abrió el proceso integrador en una síntesis superior —Falange Española Tradicionalista y de las J.O.N.S.—, de las dos grandes organizaciones políticas consideradas como exponentes auténticos del espíritu del Alzamiento Nacional, iniciado por nuestro Glorioso Ejército el diecisiete de julio de mil novecientos treinta y seis. Para su realización y para el gobierno del partido unificado, se estableció un Secretariado Político, en cierto modo provisional, que había de servir de tránsito a una estructura más perfecta.

En los seis meses transcurridos, desde aquella fecha hasta hoy, se ha cumplido aquel cometido y se han incorporado al Movimiento Nacional elementos nuevos, contrastando con el conveniente rigor su autenticidad y la rectitud de su propósito. A la vez se ha iniciado la ineludible revisión de afiliados.

Aquella etapa que puede llamarse de unificación está en la actualidad superada.

El Secretariado Político ha cumplido su difícil cometido con abnegación y patriotismo que le hacen acreedor a la gratitud de todos, y que aquí se consigna. El Decreto de Unificación tuvo su desenvolvimiento magnífico en los Estatutos de Falange Española Tradicionalista y de las J.O.N.S., elaboración del propio partido dictándose su constitución interna, y que obtuvieron mi aprobación en mi decreto de cuatro de agosto.

En los términos que allí se establecen y para iniciar la etapa de unidad, precisa proceder a la constitución de los órganos que bajo mi jefatura asumen su dirección y gobierno.

Por lo expuesto, dispongo:

Artículo primero. Con arreglo al artículo treinta y seis de los Estatutos, nombro miembros del Consejo Nacional de Falange Española Tradicionalista y de las J.O.N.S. a:

1. Doña Pilar Primo de Rivera y Saenz de Heredia.

2. Don Tomás Domínguez Arévalo (conde de Rodezno).

3. Excelentísimo señor don Gonzalo Queipo de Llano y Sierra.

4. Don José María Pemán Pemartín.

5. Don Eugenio Montes.

6. Don Esteban Bilbao Eguía.

7. Don Raimundo Fernández Cuesta.

8. Don Julio Muñoz Aguilar.

9. Don Juan Beigbeder Atienza.

10. Doña Mercedes Sanz Bachiller.

11. Excelentísimo señor don Fidel Dávila Arrondo.

12. Don Joaquín Baleztena.

13. Don Jesús Suevos.

14. Doña María Rosa Urraca Pastor.

15. Excelentísimo señor don José de Yanguas Mesía.

16. Don José Luna Meléndez.

17. Don José María Valiente Soriano.

18. Don Agustín Aznar Gerner.

19. Don Dionisio Ridruejo Jiménez.

20. Don Ramón Serrano Súñer.

21. Don Alfonso García Valdecasas.

22. Don Pedro Sainz Rodríguez.

23. Don Manuel Fal Conde.

24. Don Ernesto Giménez Caballero.

25. Don José Antonio Jiménez Amau.

26. Excelentísimo señor Francisco Gómez Jordana.

27. Don José María Oriol Urquijo.

28. Don Javier Martínez de Bedoya.

29. Don José Mazón.

30. Don Pedro González Bueno.

31. Don Juan Yagüe Blanco.

32. Don Tomás Dolz de Espejo.

33. Don Joaquín Miranda.

34. Don Eugenio Vegas Latapié.

35. Don Fermín Izurdiaga Lorca.

36. Excelentísimo señor José Monasterio Ituarte.

37. Don Ladislao López Basa.

38. Don Leopoldo Panizo Piquero.

39. Don Darío Gazapo Valdés.

40. Don Augusto Barrado.

41. Don Pedro Gamero del Castillo.

42. Excelentísimo señor don Eduardo Aunós Pérez.

43. Don Fernando González Vélez.

44. Don José Antonio Girón.

45. Don Antonio Urbina Melgarejo.

46. Don Manuel Halcón.

47. Don Luis Arellano Dihinx.

48. Don Sancho Dávila.

49. Don Romualdo de Toledo y Robles.

50. Don José Rivas Seva.

Artículo segundo. La prerrogativa a que se refiere el artículo treinta y nueve quedará en suspenso hasta que se haya celebrado el juramento de los consejeros.

Dado en Burgos a diecinueve de octubre de mil novecientos treinta y siete. II Año Triunfal.

FRANCISCO FRANCO».

En este primer Consejo Nacional, Franco intenta un claro equilibrio entre falangistas y carlistas y militares como grupos principales, pero con significativa presencia de monárquicos alfonsinos y antiguos miembros de la CEDA. Las «familias» del régimen están adecuadamente representadas. El orden para la designación, encabezada por Pilar Primo de Rivera, es también muy significativo. Durante las cuatro décadas de su mandato Franco mantendrá un equilibrio semejante en la sucesión de sus gobiernos formales. Que se abrieron a fines de enero de 1938 con el nombramiento del primero de todos, el Gobierno de Burgos, cuando el Cuartel General se había trasladado a la nueva capital de la España nacional.

El Gobierno de Burgos

La Junta Técnica del Estado había desempeñado sus funciones con acierto y sin ansias de protagonismo, con sus centros administrativos principales repartidos por diversos lugares de la zona nacional; por ejemplo, el Gobierno General tenía su sede en Valladolid; otros organismos en Burgos o en Vitoria.

Por su parte, el general Queipo de Llano realizaba desde el principio de la Guerra Civil una labor administrativa y de gobierno en Andalucía, donde ejercía virtualmente como virrey, con una competencia y una eficacia que los historiadores superficiales no suelen reconocerle, más por ignorancia y desidia que por malicia.

El gran vacío político lo había dejado el general Mola, militar de amplia vocación y experiencia política, con su trágica desaparición en accidente aéreo al capotar su avioneta no lejos de la ciudad de Burgos el día 3 de junio de 1937, cuando acababa de contener la ofensiva del Ejército Popular en La Granja y se disponía para dirigir el asalto al Cinturón de Hierro de Bilbao.

En cuanto podemos permitirnos la tentación del futurible, la pérdida del general Mola fue gravísima porque con toda probabilidad hubiera complementado a Franco políticamente y hubiera impedido el desmesurado crecimiento de la influencia de Ramón Serrano Súñer, que a principios de 1938 era ya omnímoda y suscitaba muchos recelos en el Ejército y en la opinión pública.

El caso es que a finales del mes de enero de 1938, cuando Francisco Franco había iniciado ya las operaciones para la recuperación de Teruel, perdido al comenzar ese mes, y se preparaba para asestar al enemigo el golpe decisivo de su ofensiva de primavera en Aragón, creyó necesaria la formación de un gobierno pleno.

A finales del otoño anterior había logrado a su favor romper el equilibrio estratégico con la conquista de toda la franja cantábrica del Frente Popular y concebía a ese nuevo gobierno como un órgano ejecutivo donde se deberían conjugar las principales familias del régimen, con clara presencia de los antiguos colaboradores del general Miguel Primo de Rivera y predominio evidente de Ramón Serrano Súñer; y con la misión principal de preparar aceleradamente el futuro inmediato de una España en paz después de la victoria que todo el mundo daba por segura y lo era, por más que la agonía de la República se iba a prolongar durante más de un año, pero ofrecía ya caracteres irreversibles.

Para cumplir esos fines, Franco dictó al comenzar el año 1939 la disposición siguiente:

«LEY

Exposición:

La Ley de 10 de octubre de 1936 creó, como órganos principales de la Administración Central del Estado, la Junta Técnica con sus comisiones, el gobernador general del Estado, las Secretarías de Relaciones Exteriores y General del Jefe del Estado.

Con posterioridad, se agregó la Secretaría de Guerra.

En aquella fecha tenía la guerra un carácter exclusivamente nacional que, de haberse mantenido, hubiera terminado rápidamente el empuje siempre victorioso de nuestras armas.

Y muy especialmente al servicio de las atenciones de guerra, que absorbían la parte principal en la actividad de nuestra vida pública, fue dirigida aquella organización administrativa.

La rapidez con que hubo de proveerse a la organización embrionaria del Estado imprimió a ésta, de modo necesario, un carácter de provisionalidad. En la actualidad, la insuficiencia de aquella organización es notoria, tanto si se la considera en su constitución cuanto si se atiende a su funcionamiento.

En efecto, a pesar del esfuerzo de los hombres al servicio de aquella organización, exclusivamente administrativa, la normalidad de la vida pública en la parte liberada del solar de la patria, el volumen y la complejidad creciente de las funciones de gobierno y de gestión, y la necesidad de tener montado de modo completo el sistema administrativo, aconsejan la reorganización de los servicios centrales que, sin prejuzgar una definitiva forma del Estado, abra cauce a la realización de una obra de gobierno estable, ordenada y eficaz.

La experiencia de largos años, en que la Administración al mismo tiempo que multiplicaba sus fines perfeccionaba sus medios, no autoriza a prescindir por completo de un sistema de división de trabajo que, teniendo fuerte raigambre en el país, es susceptible de precisar perfeccionamientos.

En todo caso, la organización que se lleva a cabo quedará sujeta a la constante influencia del Movimiento Nacional.

De su espíritu de origen, noble y desinteresado, austero y tenaz, honda y medularmente español, ha de estar impregnada la administración del Estado Nuevo.

Implantar esta reforma a fondo es aspiración a cuya realización marchamos desde ahora con voluntad decidida y segura.

En su virtud dispongo:

Artículo 1. La Administración Central del Estado se organiza en departamentos ministeriales, al frente de los cuales habrá un ministro asistido de un subsecretario.

Los ministros subordinados a la Presidencia, que constituirá un Departamento especial, serán los siguientes: Asuntos Exteriores, Justicia, Defensa

Nacional, Orden Público, Interior, Hacienda, Industria y Comercio, Agricultura, Educación Nacional, Obras Públicas y Organización y Acción Sindical.

Art. 2. Cada uno de los expresados ministerios comprenderá la respectiva subsecretaría y los servicios nacionales que se indican en los artículos que siguen.

Art. 3. Al frente de cada servicio nacional habrá un jefe de Servicio que desempeñará las funciones que antes se hallaban encomendadas a los directores generales.

Cada servicio se organizará en las secciones y negociados que sean indispensables.

Art. 4. La Presidencia comprenderá: Servicio de Política General y Coordinación.

Art. 5. El Ministerio de Asuntos Exteriores comprenderá los siguientes servicios:

Política Exterior.

Tratados Internacionales.

Relaciones con la Santa Sede.

Protocolo.

Art. 6. El Ministerio de Justicia comprenderá los siguientes servicios:

Justicia.

Prisiones.

Asuntos Eclesiásticos.

Art. 7. El Ministerio de Defensa Nacional se organiza así:

Independientemente de las facultades del ministerio encargado de la gestión de este Departamento, el Generalísimo conservará el mando supremo de los Ejércitos de Tierra, Mar y Aire.

Con funciones meramente administrativas existirán tres subsecretarías correspondientes a las tres ramas indicadas (Tierra, Mar y Aire).

Los servicios técnicos de los Ejércitos encomendados a los Estados Mayores de Tierra, Mar y Aire.

Existirán además los siguientes organismos:

Consejo Superior del Ejército

Consejo Superior de la Armada.

Consejo Superior del Aire.

Alto Tribunal de Justicia Militar.

Dirección de Industrias de Guerra

Dirección de Armamento.

Dirección de Movilización, Instrucción y Recuperación.

Art. 8. El Ministerio de Orden Público comprenderá los siguientes servicios:

Seguridad.

Fronteras.

Inspección de la Guardia Civil.

Correos y Telecomunicación.

Policía de Tráfico.

Se establecerá la adecuada conexión de los servicios de Seguridad con el Ministerio del Interior a los efectos de secundar la acción política a éste encomendada.

Art. 9. El Ministerio del Interior comprenderá los siguientes servicios:

Política Interior.

Administración Local.

Prensa.

Propaganda.

Turismo.

Regiones Devastadas y Reparaciones.

Beneficencia.

Sanidad.

Los delegados de Orden Público en las provincias, en cuanto se refiere a la gestión de los problemas específicos del orden público, dependerán directamente de aquel ministerio.

Pero en todos aquellos asuntos de las provincias respectivas que, aún siendo concernientes al orden público, transciendan a la acción política y demás competencias de los gobernadores civiles, dependerán también de éstos.

Si en algún caso el gobernador civil de una provincia asumiera las funciones del delegado de Orden Público, dependerá, a estos efectos, del Ministerio de Orden Público.

Art. 10. El Ministerio de Hacienda comprenderá los siguientes servicios:

Intervención.

Presupuesto.

Propiedades y Contribución Territorial.

Deuda Pública y Clases Pasivas.

Rentas Públicas.

Aduanas.

Timbre y Monopolios.

Contencioso del Estado.

Banca, Moneda y Cambio.

Seguros.

Régimen Jurídico de Sociedades Anónimas.

Art. 11. El Ministerio de Industria y Comercio comprenderá los siguientes servicios:

Industria.

Comercio y Política Arancelaria.

Minas y Combustibles.

Tarifas y Transportes.

Comunicaciones Marítimas.

Pesca Marítima.

Art. 12. El Ministerio de Agricultura comprenderá los siguientes servicios:

Agricultura.

Montes.

Pesca Fluvial.

Ganadería.

Reforma Económica y Social de la Tierra.

Art. 13. El Ministerio de Educación Nacional comprenderá los siguientes servicios:

Enseñanza Superior y Media.

Primera Enseñanza.

Enseñanza Profesional y Técnica.

Bellas Artes.

Art. 14. El Ministerio de Obras Públicas comprenderá los siguientes servicios:

Puertos y Señales Marítimas.

Obras Hidráulicas.

Caminos y Ferrocarriles.

Art. 15. El Ministerio de Organización y Acción Social comprenderá los siguientes servicios: Sindicatos.

Jurisdicción y Armonía del Trabajo.

Previsión Social.

Emigración.

Estadística.

Art. 16. La Presidencia se vincula al jefe del Estado.

Los ministros, reunidos con él, constituirán el Gobierno de la nación.

Los ministros, antes de tomar posesión de sus cargos, prestarán juramento de fidelidad al jefe del Estado y al Régimen Nacional.

El Gobierno tendrá un vicepresidente y un secretario, elegidos entre sus miembros por el jefe del Estado.

Dependerán de la Vicepresidencia una Subsecretaría, el Instituto Geográfico y Estadístico, el Servicio de Marruecos y Colonias y el Servicio de Abastecimientos y Transportes.

Ejercerá, además, todas las funciones que en ella delegue la Presidencia.

Una vez posesionados de sus cargos, los ministros procederán a organizar sus departamentos, proponiendo al jefe del Estado las disposiciones referentes a su constitución interna y normas de funcionamiento.

Art. 17. Al jefe del Estado, que asumió todos los poderes por virtud del decreto de la Junta de Defensa Nacional de 29 de septiembre de 1936, corresponde la suprema potestad de dictar normas jurídicas de carácter general.

Las disposiciones y resoluciones del jefe del Estado, previa deliberación del Gobierno, y a propuesta del ministro del ramo, adoptarán la forma de leyes cuando afecten a la estructura orgánica del Estado o constituyan las normas principales del ordenamiento jurídico del país, y decretos en los demás casos. En el ejercicio de la potestad reglamentaria y, en general, en la realización de las funciones administrativas, las resoluciones y disposiciones de los ministros revestirán la forma de órdenes.

Artículo transitorio. Constituido el Gobierno, cesarán en sus funciones la Junta Técnica del Estado con sus comisiones, las secretarías de Guerra, Relaciones Exteriores y General del Jefe del Estado, y el Gobierno General.

La Presidencia .y los demás ministros se harán cargo de la documentación procedente de aquellos centros en las materias que les competan.

Quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan a lo establecido en esta ley.

Dada en Burgos a treinta de enero de mil novecientos treinta y ocho.

II Año Triunfal.

FRANCISCO FRANCO.

(Boletín Oficial del Estado, Burgos, 31 de enero de 1938.)

Al asumir la Jefatura del Estado el 1 de octubre de 1936, Franco, el mismo día, ya había dictado una ley formal, amparado en que la Junta de Defensa le entregaba «todos los poderes del Estado».

Ahora, en la ley de 30 de enero de 1938, Franco establecía que el jefe del Estado podría dictar «disposiciones de carácter general», es decir, leyes y decretos.

El Nuevo Estado no dispondría de un organismo parlamentario hasta 1942; el Consejo Nacional, expresamente, no lo era. Franco acumulaba el poder ejecutivo y el poder legislativo.

No se presentaba, desde luego, como un demócrata; estaba demasiado afectado por los sucesivos fracasos de la democracia en España. La zona republicana mantenía las Cortes truncadas, con el hueco de docenas de diputados víctimas de asesinato, como un simple adorno; apenas celebraron alguna sesión simbólica. No había democracia, ni sombra de ella, en una y otra zona de la Guerra Civil.

La derogación

del Estatuto de Cataluña

El Estatuto del País Vasco, que no había logrado imponer la República antes del 18 de julio de 1936, fue aprobado en una de esas sesiones fugaces de las Cortes ya después de estallar el conflicto, pero desapareció, junto con el Gobierno y las instituciones autonómicas vascas, al ocuparse la zona republicana del Norte en la primavera y verano de 1937. Antes de un año después, cuando a principios de abril de 1938 el Ejército del Norte irrumpía en territorio catalán y tomaba la capital y parte de la provincia de Lérida, Franco, con la plena aprobación de su Gobierno, dicta una ley para la derogación del Estatuto de Cataluña. El texto rezaba así:

«LEY

El Alzamiento Nacional significó, en el orden político, la ruptura con todas las instituciones que implicasen negación de los valores que se intentaba restaurar.

Y es claro que, cualquiera que sea la concepción de la vida local que inspire normas futuras, el Estatuto de Cataluña, en mala hora concebido por la República, dejó de tener validez, en el orden jurídico español, desde el día diecisiete de julio de mil novecientos treinta y seis. No sería preciso, pues, hacer ninguna declaración en este sentido.

Pero la entrada de nuestras gloriosas armas en territorio catalán plantea el problema, estrictamente administrativo, de deducir las consecuencias prácticas de aquella abrogación.

Importa, por consiguiente, restablecer un régimen de derecho público que, de acuerdo con el principio de unidad de la patria, devuelva a aquellas provincias el honor de ser gobernadas en pie de igualdad con sus hermanas del resto de España.

En consecuencia, a propuesta del ministro del Interior y previa deliberación del Consejo de Ministros, DISPONGO:

Artículo primero. La Administración del Estado, la provincial y la municipal en las provincias de Lérida, Tarragona, Barcelona y Gerona se regirán por las normas generales aplicables a las demás provincias.

Artículo segundo. Sin perjuicio de la liquidación del régimen establecido por el Estatuto de Cataluña, se consideran revertidos al Estado la competencia de legislación y ejecución que le corresponde en los territorios de derecho común y los servicios que fueron cedidos a la región catalana en virtud de la ley de quince de septiembre de mil novecientos treinta y dos.

Así lo dispongo por la presente ley, dada en Burgos a cinco de abril de mil novecientos treinta y ocho.

II Año Triunfal.

FRANCISCO FRANCO.

(Boletín Oficial del Estado, Burgos, 8 de abril de 1938.)

La Ley de Prensa

La Guerra Civil había empezado en la prensa, que durante el siglo XIX y primer tercio del XX era el máximo medio de comunicación, mucho antes del 18 de julio de 1936. La Guerra Civil se había determinado en cierto sentido nada metafórico en la prensa, que se enfrentó ya en dos bandos irreconciliables desde las Cortes de Cádiz en 1810 y mantuvo cada vez con mayor acritud ese enfrentamiento hasta esa fecha del 18 de julio. A partir de entonces la prensa de cada zona se alineó, con sumisión y obediencia totalitaria, al servicio de la causa nacional o la republicana.

Los periódicos de tendencia enemiga fueron incautados en una y otra zona; el ABC de Madrid se convirtió, según su cabecera, en «diario republicano de izquierdas» (situación a la que, en el campo cultural, ha vuelto en nuestros días, sorprendentemente) y así en todos los casos, a uno y otro lado de los frentes.

Franco estaba seguro de que la prensa era la causante principal de los males de la patria. Ramón Serrano Súñer, ministro del Interior, Prensa y Propaganda, participaba en esa misma convicción. Él fue el responsable principal de la Ley de Prensa de 1938, auténticamente feroz, que estuvo vigente nada menos que hasta 1966, cuando Manuel Fraga logró a duras penas sustituirla por una ley de apertura con serias limitaciones, pero suficiente para abrir un cauce irreversible a la apertura democrática. Veamos el punto de partida:

«LEY

Uno de los viejos conceptos que el Nuevo Estado había de someter más urgentemente a revisión era el de la prensa. Cuando en los campos de batalla se luchaba contra unos principios que habían llevado a la patria a un trance de agonía, no podía perdurar un sistema que siguiese tolerando la existencia de ese «cuarto poder», del que se quería hacer una premisa indiscutible.

Correspondiendo a la prensa funciones tan esenciales como las de transmitir al Estado las voces de la nación y comunicar a ésta las órdenes y directrices del Estado y de su Gobierno; siendo la prensa órgano decisivo en la formación de la cultura popular y, sobre todo, en la creación de la conciencia colectiva, no podía admitirse que el periodismo continuara viviendo al margen del Estado.

Testigos quienes hoy se afanan en la empresa de devolver a España su rango de nación unida, grande y libre, de los daños que una libertad entendida al estilo democrático había ocasionado a una masa de lectores diariamente envenenada por una prensa sectaria y antinacional (afirmación que no desconoce aquel sector que actuó en línea rigurosa de lealtad a la patria), comprenden la conveniencia de dar unas normas al amparo de las cuales el periódico viva en servicio permanente del interés nacional, y que levante, frente al convencional y anacrónico concepto del periodismo, otro más actual y exacto, basado exclusivamente en la verdad y en la responsabilidad. Esa noble idea, de la que ha de estar impregnada la actividad de toda la prensa, hará imposible el fácil mercado de la noticia y de la fama que ayer pudo desviar la opinión pública con campañas promovidas por motivos inconfesables.

Tan urgente como derribar los principios que pretendían presentar a la prensa como poder intangible —poseedora de todos los derechos y carente de todos los deberes— es el acometer la reforma de un estado de cosas que hacía vivir en la dificultad, cuando no en la penuria, todo el material humano agrupado en torno del periodismo, olvidado de antiguo por quienes, preocupados en garantizar el libertinaje de los periódicos, negaron su atención a los hombres que vivían de una profesión a la que habrá de ser devuelta su dignidad y su prestigio, sólo defendido antes por un grupo de periódicos tan reducido como ejemplar.

No permite el momento tratar de llegar a una ordenación definitiva, por lo que inicialmente deberá limitarse la acción de gobierno a dar unos primeros pasos que luego se continúen, firmes y decididos, hacia esa meta propuesta de despertar en la prensa la idea del servicio al Estado y de devolver a los hombres que de ella viven la dignidad material que merece quien a tal profesión dedica sus esfuerzos, constituyéndose en apóstol del pensamiento y de la fe de la nación recobrada a sus destinos.

Que estos primeros pasos que fijan la responsabilidad de la empresa y del director, que crean un servicio de prensa que mantenga fácilmente unidos los periódicos más lejanos, que dan carácter de profesionalidad al periodismo, desde hoy encuadrado oficialmente en su Registro (primera etapa hacia la futura selección en centros especiales), que determinan las sanciones con que serían reprimidos los entorpecimientos a la acción de gobierno, sean sólo el adelanto de una resuelta voluntad de llenar la obra propuesta, convirtiendo a la prensa en una institución nacional y haciendo del periodista un digno trabajador al servicio de España.

Así, redimido el periodismo de la servidumbre capitalista de las clientelas reaccionarias o marxistas, es hoy cuando auténtica y solemnemente puede declararse la libertad de la prensa. Libertad integrada por derechos y deberes que ya nunca podrá desembocar en aquel libertinaje democrático, por virtud del cual pudo discutirse a la patria y al Estado, atentar contra ellos y proclamar el derecho a la mentira, a la insidia y a la difamación como sistema metódico de destrucción de España decidido por el rencor de poderes ocultos.

En su virtud, y a propuesta del Ministerio del Interior, previa deliberación del Consejo de Ministros, DISPONGO:

Artículo 1. Incumbe al Estado la organización, vigilancia y control de la institución nacional de la prensa periódica. En este sentido compete al ministro encargado del Servicio Nacional de Prensa la facultad ordenadora de la misma.

Art. 2. En el ejercicio de la función expresada corresponde al Estado:

Primero: La regulación del número y extensión de las publicaciones periódicas.

Segundo: La intervención en la designación del personal directivo.

Tercero: La reglamentación de la profesión de periodista.

Cuarto: La vigilancia de la actividad de la prensa.

Quinto: La censura mientras no se disponga su supresión.

Sexto: Cuantas facultades se deduzcan del precepto contenido en el artículo primero de esta ley.

Art. 3. Si en el ejercicio de la facultad primera de las enunciadas en el artículo anterior se produjese lesión patrimonial, sin provocación anterior por parte del lesionado, el Estado atenderá a su justa reparación en la forma que se determine.

Art. 4. Las funciones antedichas se ejercerán a través de órganos centrales y provinciales. Serán órganos centrales el ministerio correspondiente y el Servicio Nacional de Prensa. En cada provincia se crea el Servicio de Prensa, dependiente del Servicio Nacional del mismo nombre, y afecto al respectivo Gobierno Civil.

Art. 5. Corresponde a los órganos centrales el ejercicio superior y directivo de la función. En el Servicio Nacional radicará el Registro Oficial de Periodistas.

Art. 6. Corresponde al jefe del Servicio de Prensa de cada provincia:

a) Ejercer la censura, mientras ésta subsista, de acuerdo con las orientaciones que se le dicten por el Servicio Nacional de Prensa, o, en su caso, por el gobernador civil de la provincia, cuando ésas se refieran a materia local o provincial; en materia de censura de guerra, el ejercicio de esta censura quedará sometida a la autoridad militar.

b) Llevar el duplicado del Registro Oficial de Periodistas en la forma que la presente ley determina.

c) Servir de enlace entre el Servicio Nacional de Prensa y los directores de los periódicos de la provincia.

d) Servir de enlace entre el Gobierno Civil de la provincia y los directores de los periódicos de la misma.

e) Informar sobre la marcha de los periódicos de la provincia, poniendo en su conocimiento los delitos o infracciones que pudiesen producirse.

f) Llevar un archivo de las publicaciones diarias y periódicas.

Art. 7. El nombramiento del jefe del Servicio de Prensa de cada provincia será hecho directamente por el ministro.

Art. 8. De todo periódico es responsable el director, que deberá necesariamente estar inscrito en el Registro Oficial de Periodistas, que se llevará en el Servicio Nacional de Prensa, y ser aprobado para este cargo por el ministro.

Art. 9. La empresa tiene responsabilidad solidaria de la actuación, por comisión u omisión, del director. En el caso de que la empresa no fuese propietaria de la maquinaria con la que se edite el periódico, la responsabilidad se extenderá, con carácter de subsidiaria, al particular o entidad dueño de aquélla.

Art. 10. En los artículos firmados, la responsabilidad del firmante no exime en modo alguno de la que pueda recaer sobre el director del periódico por la publicación del artículo.

Los artículos, informaciones o notas no firmados, o firmados con seudónimo, deberán haberlo sido en el original con nombre y apellidos del autor y conservados durante seis meses por el periódico.

Art. 11. Dentro de los quince días siguientes a la publicación de esta ley, las personas físicas o jurídicas propietarias de los periódicos deberán presentar una instancia al ministro, a través del Servicio de Prensa de su provincia respectiva, solicitando la aprobación para el cargo de director del periodista de que se trate.

En dicha instancia deberán figurar, además del nombre, edad, estado y domicilio de la persona propuesta, la declaración de la persona o empresa propietaria del periódico del conocimiento de la responsabilidad solidaria con la actuación del director, por el hecho de su propuesta.

En la instancia deberá figurar el nombre del redactor que provisionalmente se encargaría de la dirección del periódico en el caso de ser el director destituido.

En los periódicos de Falange Española Tradicionalista y de las J.O.N.S., la propuesta se hará por el delegado nacional de Prensa y Propaganda de dicho Movimiento.

El Jefe del Servicio de Prensa de la provincia en que radique el periódico cursará al Servicio Nacional de

Prensa dichas instancias, acompañadas de un informe sobre las personas propuestas, siempre que éste sea posible.

Art. 12. El fallo del ministro, rechazando la propuestas, es apelable ante el jefe del Gobierno en el plazo de quince días.

Contra la resolución del jefe del Gobierno no cabe recurso alguno.

Art. 13. Cuando por hechos del director el ministro estime que su permanencia al frente del periódico es nociva para la conveniencia del Estado, podrá removerlo.

Contra esta resolución se da idéntico recurso en el plazo de quince días ante el jefe de Gobierno, recurso que no produce efectos suspensivos.

Inmediatamente que sea notificada la destitución, el director dejará su puesto a cargo del redactor que hubiese figurado en la propuesta y al que se refiere el párrafo tercero del artículo undécimo de esta ley.

Art. 14. Vacante la dirección del periódico, se proveerá en idéntica forma a la preceptuada en el artículo undécimo.

Art. 15. Se crea el Registro Oficial de Periodistas, que será llevado por el Servicio Nacional de Prensa. En cada Servicio Provincial de Prensa se conservará un duplicado de las fichas correspondientes a la respectiva declaración.

Art. 16. Nombrados los jefes del Servicio de Prensa de cada provincia, cuidarán de organizar rápidamente la inclusión de los periodistas de la misma en el Registro Oficial.

Figurarán en él los que en la actualidad y habitualmente se dedican a la confección literaria del periódico desde hace más de un año mediante retribución. También tendrán derecho a ser inscritos en el Registro Oficial de Periodistas los que, hallándose en la actualidad sin empleo, se dedicasen en la fecha de la iniciación del Movimiento a los trabajos periodísticos en las condiciones señaladas.

No figurarán en el Registro Oficial de Periodistas los que sean meramente colaboradores.

Para la conceptuación de periodistas de los corresponsales, se tendrá en cuenta la naturaleza y el lugar en que ejerciten la corresponsalía y la del periódico en que ésta se ejerza, no pudiendo ser inscritos como periodistas los corresponsales de ciudad no capital de provincia

o los de periódicos que no radiquen en ellas.

Los que en el momento de crearse el Registro no fueran periodistas no podrán entrar a formar parte de él en tanto sea regulada la organización académica del periodismo, sino tras la permanencia de dos años en un trabajo periodístico. Mientras no se regule de modo definitivo la organización académica del periodismo, el ministro no podrá autorizar la inscripción en el Registro Oficial de Periodistas de personas en las que no concurran las circunstancias expuestas en los párrafos segundo y quinto del presente artículo.

Art. 17. Los periodistas inscritos en el Registro obtendrán su carné oficial, firmado por el jefe del Servicio Nacional de Prensa.

Los jefes del Servicio de Prensa de cada provincia enviarán copia de cada ficha de periodista que figura en su Registro al Servicio Nacional de Prensa, donde existirá el Registro Oficial de Periodistas.

Art. 18. Independientemente de aquellos hechos constitutivos de delitos o faltas, que se recogen en la legislación penal, el Ministerio encargado del Servicio Nacional de Prensa tendrá facultad para castigar gubernativamente todo escrito que directa o indirectamente tienda a mermar el prestigio de la nación o del régimen, entorpezca la labor de gobierno en el nuevo Estado o siembre ideas perniciosas entre los intelectualmente débiles.

Art. 19. Sin perjuicio de la sanción penal que proceda, las autoridades, las personas naturales y los representantes de personas jurídicas, públicas o privadas, agraviadas por actuaciones periodísticas ofensivas, insidiosas o simplemente contrarias a la verdad, podrán recurrir gubernativamente ante la Jefatura del Servicio Nacional de Prensa para que decida sobre la rectificación procedente y proponga en su caso al ministro la sanción que estime oportuna.

Art. 20. Las sanciones a directores y empresas que el ministro del Interior podrá decretar oscilarán, según la gravedad del hecho, entre las siguientes:

a) Multa.

b) Destitución del director.

c) Destitución del director acompañada de la cancelación de su nombre en el Registro de Periodistas.

d) Incautación del periódico.

Art. 21. Las medidas citadas en el artículo anterior, con excepción de la última, serán acordadas por el ministro.

Las prevenidas en los apartados b) y c) del mismo artículo habrán de ser precedidas de la audiencia del interesado.

Contra todas ellas podrá interponerse alzada en término de quince días ante el jefe del Gobierno, que resolverá sin ulterior recurso.

Art. 22. La incautación, que solamente podrá decidirse ante falta grave contra el régimen y siempre que exista repetición de hechos anteriormente sancionados que demuestre reincidencia de la empresa, será decidida por el jefe del Gobierno en decreto motivado e inapelable.

Art. 23. Quedan derogadas cuantas disposiciones anteriores se opongan a las contenidas en esta ley.

Disposición transitoria. Los periodistas pertenecientes a periódicos de poblaciones de la zona roja solicitarán directamente del Servicio Nacional de Prensa su inscripción en el Registro Oficial de Periodistas.

Así lo dispongo por la presente ley.

Dada en Burgos a veintidós de abril de mil novecientos treinta y ocho.

II Año Triunfal.

FRANCISCO FRANCO.

(Boletín Oficial del Estado, Burgos, 24 de abril de 1938).»

La Ley de Prensa era totalitaria y se aplicaba con el mismo rigor que en la zona enemiga, donde no apareció texto semejante porque no era necesario: la nómina de periodistas asesinados en ella es impresionante y la autocensura del terror ejercía de sobra la misma función.

Es notable en la ley Serrano Súñer la expresión del propósito de conceder rango académico, es decir, universitario, al periodismo. La prensa en zona nacional pasó al estricto control del Estado y así se mantuvo hasta 1966.

Pero más curioso todavía es que, en la práctica y en la España democrática de los años ochenta y noventa, una comunidad autónoma española, la de Cataluña, esté regida de hecho por un espíritu de control político y cultural casi total que mantiene en vigor una misteriosa, pero efectiva, tutela de la Generalidad sobre los medios de comunicación en Cataluña. Éste es un hecho innegable, del que nadie se atreve a hablar en Cataluña, pero contra el que se producen cada vez más protestas en los medios de comunicación libres de toda España. El señor Pujol y sus controladores de información carecen de legitimidad real para criticar la Ley de Prensa de 1938, cuyo espíritu y demoledora eficacia parecen haber asimilado de forma intolerable. Y con métodos mucho más sutiles.

El populismo

y la política social

En sus primeras actuaciones como jefe del Estado, a comienzos de octubre de 1936, Franco adelantó el propósito de ensanchar la base de las clases medias e imponer en su régimen la justicia social.

Éste fue precisamente su mayor logro histórico dentro de la positiva transformación de España que impulsó continua y conscientemente y que alcanzó en buena parte.

Hubo claros antecedentes en los gobiernos conservadores de Alfonso XIII, a partir de Antonio Maura y Eduardo Dato, muy pocos en la República, pero el auténtico creador de la política social en España fue, sin duda alguna, Francisco Franco, como veremos en el Episodio correspondiente.

El instrumento de base para esa política fue el Fuero del Trabajo, sobre el que los historiadores discuten

problemas más o menos fútiles de origen e inspiración. Lo importante históricamente es que sirvió de fundamento para la articulación de la política social del régimen, un hecho comprobado que don Felipe González debería estudiar antes de envolver con insultos y necedades la historia de la España real, que desconoce profundamente.

El texto del Fuero del Trabajo es el que sigue:

«PREÁMBULO

Renovando la tradición católica, de justicia social y alto sentido humano que informó nuestra legislación del imperio, el Estado Nacional en cuanto es instrumento totalitario al servicio de la integridad patria, y sindicalista, en cuanto representa una acción contra el capitalismo liberal y el materialismo marxista, emprende la tarea de canalizar -con aire militar, constructivo y gravemente religioso- la revolución que España tiene pendiente y que ha de devolver a los españoles, de una vez para siempre, patria, el pan y la justicia.

Para conseguirlo -atendiendo por otra parte a cumplir las consignas de unidad, libertad y grandeza de España- acude al plano de lo social con la voluntad de la riqueza al servicio del pueblo español, subordinando la economía a su política.

Y partiendo de una concepción de España como unidad de destino, manifiesta mediante las presentes declaraciones, su designio de que también la producción española, en la hermandad de todos sus elementos, sea una unidad que sirva a la fortaleza patria y sostenga los instrumentos de su poder.

El Estado español, recién establecido, formula fielmente, con estas declaraciones que inspirarán su política social y económica, el deseo y la exigencia de cuantos combaten en las trincheras y forman, por el honor, el valor y el trabajo, la más adelantada aristocracia de esta era nacional.

Ante los españoles, irrevocablemente unidos en el sacrificio y en la esperanza,

DECLARAMOS:

I

1. El trabajo es la participación del hombre en la producción mediante el ejercicio voluntariamente prestado de sus facultades intelectuales y manuales, según la personal vocación, en orden al decoro y holgura de su vida y al mejor desarrollo de la economía nacional.

2. Por ser esencialmente personal y humano, el trabajo no puede reducirse únicamente a un concepto material de mercancía, ni ser objeto de transacción incompatible con la dignidad personal de quien lo preste.

3. El derecho de trabajar es consecuencia del deber impuesto al hombre por Dios, para el cumplimiento de sus fines individuales y la prosperidad y grandeza de la patria.

4. El Estado valora y exalta el trabajo, fecunda expresión del espíritu creador del hombre y, en tal sentido, lo protegerá con la fuerza de la ley, otorgándole las máximas consideraciones y haciéndole compatible con el cumplimiento de las demandas individuales, familiares y sociales.

5. El trabajo, como ente social, será exigido inexorablemente en cualquiera de sus temas a todos españoles no impedidos, estimándole tributos pagados al patrimonio nacional.

6. El trabajo constituye uno de los más nobles atributos de jerarquía y de honor, suficiente para exigir la justicia y tutela del Estado.

7. Servicio es el trabajo que se presta con heroísmo, desinterés o abnegación, con ánimo de contribuir al bien superior que España representa.

8. Todos los españoles tienen derecho al trabajo. La satisfacción de este derecho es misión primordial del Estado.

II

1. El Estado se compromete a ejercer una acción constante y eficaz en defensa del trabajador, su vida y su trabajo.

Limitará convenientemente la duración de la jornada para que no sea excesiva y otorgará al trabajo toda suerte de garantías de orden defensivo y humanitario.

En especial, prohibirá el trabajo nocturno de las mujeres y niños, regulará el trabajo a domicilio y libertará a la mujer casada del taller y de la fábrica.

2. El Estado mantendrá el descanso dominical como condición sagrada en la prestación del trabajo.

3. Sin pérdida de la retribución, y teniendo en cuenta las necesidades técnicas de las empresas, las leyes obligarán a que sean respetadas las festividades religiosas que las tradiciones imponen, las civiles declaradas como tales y la asistencia a las ceremonias que las jerarquías nacionales del Movimiento ordenen.

4. Declarado fiesta nacional el 18 de Julio, iniciación del glorioso alzamiento, será considerado, además, como «Fiesta de exaltación del trabajo».

5. Todo trabajador tendrá derecho a unas vacaciones anuales retribuidas, para proporcionarle un merecido reposo, organizándose al efecto las instituciones que aseguren el mejor cumplimiento de esta disposición.

6. Se crearán las instituciones necesarias para que en las horas libres y en los recreos de los trabajadores tengan éstos acceso al disfrute de todos los bienes de la cultura, la alegría, la milicia, la salud y el deporte.

III

1. La retribución del trabajo será, como mínimo, suficiente para proporcionar al trabajador y su familia una vida moral y digna.

2. Se establecerá el subsidio familiar por medio de organismos adecuados.

3. Gradual e inflexiblemente se elevará el nivel de vida de los trabajadores en la medida que lo permita el superior interés de la nación.

4. El Estado fijará bases para la regulación del trabajo, con sujeción a las cuales se establecerán las relaciones entre los trabajadores y las empresas. El contenido primordial de dichas relaciones será tanto la prestación del trabajo y su remuneración, como el recíproco deber de lealtad, la asistencia y protección en los empresarios y la fidelidad y subordinación en el personal.

5. A través del sindicato, el Estado cuidará de conocer si las condiciones económicas y de todo orden en que se realiza el trabajo son las que en justicia corresponden al trabajador.

6. El Estado velará por la seguridad y continuidad en el trabajo.

7. La empresa habrá de informar a su personal de la marcha de la producción en la medida necesaria para fortalecer su sentido de responsabilidad en la misma, en los términos que establezcan las leyes.

IV

l. El artesanado —herencia viva de un glorioso pasado gremial— será fomentado y eficazmente protegido, por ser proyección completa de la persona humana en su trabajo y suponer una forma de producción, igualmente apartada de la concentración capitalista y del gregarismo marxista.

V

1. Las normas de trabajo en la empresa agrícola se ajustarán a sus especiales características y a las variaciones estacionases impuestas por la naturaleza.

2. El Estado cuidará especialmente la educación técnica del productor agrícola, capacitándole para realizar todos los trabajos exigidos por cada unidad de explotación.

3. Se disciplinarán y revalorizarán los precios de los principales productos, a fin de asegurar un beneficio mínimo en condiciones normales al empresario agrícola y, en consecuencia, exigirle para los trabajadores jornales que les permitan mejorar sus condiciones de vida.

4. Se tenderá a dotar a cada familia campesina de una pequeña parcela, pl huerto familiar, que le sirva para atender a sus necesidades elementales y ocupar su actividad en los días de paro.

5. Se conseguirá el embellecimiento de la vida rural, perfeccionando la vivienda campesina y mejorando las condiciones higiénicas de los pueblos y caseríos de España.

6. El Estado asegurará a los arrendatarios la estabilidad en el cultivo de la tierra por medio de contratos a largo plazo que lo garanticen contra el desahucio injustificado y les aseguren la amortización de las mejoras que hubieren realizado en el predio.

Es aspiración del Estado arbitrar los medios conducentes para que la tierra, en condiciones justas, pase a ser de quienes directamente la explotan.

VI

1. El Estado atenderá con la máxima solicitud a los trabajadores del mar, dotándoles de instituciones adecuadas con el fin de impedir la depreciación de la mercancía y facilitarles el acceso a la propiedad de los elementos necesarios para el desempeño de su profesión.

VII

1. Se creará una nueva magistratura del trabajo, con sujeción al principio de que que esta función de justicia corresponde al Estado.

VIII

1. El capital es un instrumento de la producción.

2. La empresa, como unidad productora, ordenará los elementos que la integran, en una jerarquía que subordine los de orden instrumental a los de categoría humana y todos ellos al bien común.

3. El jefe de empresa asumirá por sí la dirección de la misma, siendo responsable total de ella ante el Estado.

4. El beneficio de la empresa, atendido un justo interés del capital, se aplicará con preferencia a la formación de las reservas necesarias para su estabilidad al perfeccionamiento de la producción y al mejoramiento de las condiciones de trabajo y vida de los trabajadores.

IX

1. El crédito se ordenará en forma que, además de atender a su cometido de desarrollar la riqueza nacional, contribuya a crear y sostener el pequeño patrimonio agrícola, pesquero, industrial y comercial.

2. La honorabilidad y la confianza basada en la competencia y en el trabajo, constituirán garantías efectivas para la concesión de créditos.

El Estado perseguirá implacablemente todas las formas de usura.

X

1. La previsión proporcionará al trabajador la seguridad de su amparo en el infortunio.

2. Se incrementarán los seguros sociales de: vejez, invalidez, maternidad, accidentes del trabajo, enfermedades profesionales, tuberculosis y paro forzoso, tendiéndose a la implantación de un seguro total. De modo primordial se atenderá a dotar a los trabajadores ancianos de un retiro suficiente.

XI

1. La producción nacional constituye una unidad económica al servicio de la patria. Es deber de todo español defenderla, mejorarla e incrementarla.

Todos los factores que en la producción intervienen, quedan subordinados al supremo interés de la nación.

2. Los actos individuales o colectivos que de algún modo turben la normalidad de la producción o aten-ten contra ella, serán considerados como delitos de lesa patria.

3. La disminución dolosa del rendimiento en el trabajo habrá de ser objeto de sanción adecuada.

4. En general, el Estado no será empresario, sino cuando falta la iniciativa privada o lo exijan los intereses superiores de la nación.

5. El Estado, por sí o a través de sus sindicatos, impedirá toda competencia desleal en el campo de la producción, así como aquellas actividades que dificulten el normal establecimiento o desarrollo de la economía nacional, estimulando, en cambio, cuantas iniciativas tiendan a su perfeccionamiento.

6. El Estado reconoce la iniciativa privada como fuente fecunda de la vida económica de la nación.

XII

1. El Estado reconoce y ampara la propiedad privada como medio natural para el cumplimiento de las funciones individuales, familiares y sociales. Todas las formas de propiedad quedan subordinadas al interés supremo de la nación, cuyo intérprete es el Estado.

2. El Estado asume la tarea de multiplicar y hacer asequibles a todos los españoles las formas de propiedad ligadas vitalmente a la persona humana: el hogar familiar, la heredad de tierra y los instrumentos o bienes de trabajo para uso cotidiano.

3. Reconoce a la familia como célula primaria natural y fundamento de la sociedad, y al mismo tiempo como institución moral dotada de derecho inalienable y superior a toda ley positiva. Para mayor garantía de su conservación y continuidad se reconocerá el patrimonio familiar inembargable.

XIII

1 La Organización Nacional-Sindicalista del Estado se inspirará en los principios de unidad, totalidad y jerarquía.

2. Todos los factores de la economía serán encuadrados por ramas de la producción o servicios en sindicatos verticales. Las profesiones liberales y técnicas se organizarán de modo similar, conforme determinen las leyes.

3. El sindicato vertical es una corporación de derecho público que se constituye por la integración en un organismo unitario de todos los elementos que consagran sus actividades al cumplimiento del proceso económico, dentro de un determinado servicio o rama de la producción, ordenado jerárquicamente bajo la dirección del Estado.

4. Las jerarquías del sindicato recaerán necesariamente en militantes de F.E.T. y de las J.O.N.S.

5. El sindicato vertical es instrumento al servicio del Estado, a través del cual realizará, principalmente, su política económica. Al sindicato corresponde conocer los problemas de la producción y proponer sus soluciones, subordinándolas al interés nacional. El sindicato vertical podrá intervenir por intermedio de órganos especializados en la reglamentación, vigilancia y cumplimiento de las condiciones de trabajo.

6. El sindicato vertical podrá iniciar, mantener o fiscalizar organismos de investigación, educación moral, física y profesional, previsión, auxilio y las de carácter social que interesen a los elementos de la producción.

7. Establecerá oficinas de colocación para proporcionar empleo al trabajador, de acuerdo con su aptitud y mérito.

8. Corresponde a los sindicatos suministrar al Estado los datos precisos para elaborar las estadísticas de su producción.

9. La Ley de sindicación determinará la forma de incorporar a la nueva organización las actuales asociaciones económicas y profesionales.

XIV

1. El Estado dictará las oportunas medidas de protección del trabajo nacional en nuestro territorio y, mediante tratados de trabajo con otras potencias, cuidará de amparar la situación profesional de los trabajadores españoles residentes en el extranjero.

XV

1. En la fecha en que esta carta se promulga, España está empeñada en una heroica tarea militar, en la que salva los valores del espíritu y la cultura del mundo a costa de perder buena parte de sus riquezas materiales. A la generosidad de la juventud que combate, y a la de España misma, ha de responder abnegadamente la producción nacional con todos sus elementos.

Por ello, en esta carta de derechos y deberes, dejamos aquí consignados como más urgentes e ineludibles lo de que aquellos elementos productores contribuyan con equitativa y resuelta aportación a rehacer el suelo español y las bases de su poderío.

XVI

1. El Estado se compromete a incorporar la juventud combatiente a los puestos de trabajo, honor o de mando, a los que tienen derecho como españoles y que han conquistado como héroes.

(Boletín Oficial del Estado, 10 de marzo de 1938 y Boletín del Movimiento, número 16).»

El Fuero del Trabajo extrae su inspiración principal de la Doctrina Social de la Iglesia entonces (y hoy) vigente.

En varios puntos esenciales transcribe literalmente las orientaciones pontificias desde León XIII a Pío XI. Hace expresa profesión de sentido religioso en el impulso de una política social que se había puesto en marcha antes de la promulgación del Fuero.

Regula, al fin, la estructura fundamental de los Sindicatos Verticales, que estaban entonces admitidos por la Iglesia (como confirmaría expresamente nada menos que Juan XXIII muchos años después) y durante décadas ofrecieron, hasta que fueron minados por dentro, un instrumento muy efectivo de política económica y social.

Estas expresiones seguramente sonarán a chino a los dogmáticos vergonzantes de la historia marxista, pero expresan rasgos fundamentales de la historia de España, que es nuestro propósito.

La Ley de Responsabilidades

Políticas

Ya en 1939, cuando la victoria en la guerra civil estaba al alcance de la mano, Franco dictó la Ley de Responsabilidades Políticas sobre la que se ha desbarrado a placer. Antes de comentarla conviene transcribirla para no caer en ese extremo ni en el contrario:

«LEY

Próxima la total liberación de España, el Gobierno, consciente de los deberes que le incumben respecto a la reconstrucción espiritual y material de nuestra patria, considera llegado el momento de dictar una Ley de Responsabilidades Políticas, que sirva para liquidar las culpas de este orden contraídas por quienes contribuyeron con actos u omisiones graves a forjar la subversión roja, a mantenerla viva durante más de dos años y a entorpecer el triunfo providencial e históricamente ineludible, del Movimiento Nacional, que traduzca en efectividades prácticas las responsabilidades civiles de las personas culpables y que, por último, permita que los españoles que en haz apretado han salvado nuestro país y nuestra civilización y aquéllos todos que borren sus yerros pasados mediante el cumplimiento de sanciones justas y la firme voluntad de no volver a extraviarse, puedan convivir dentro de una España grande y rindan a su servicio todos sus esfuerzos y todos sus sacrificios.

Los propósitos de esta ley y su desarrollo le dan un carácter que supera los conceptos estrictos de una disposición penal encajada dentro de moldes que ya han caducado. La magnitud intencional y las consecuencias materiales de los agravios inferidos a España son tales que impiden que el castigo y la reparación alcancen unas dimensiones proporcionadas, pues estas repugnarían al hondo sentido de nuestra Revolución Nacional, que no quiere ni penar con crueldad, ni llevar la miseria a los hogares. Y, por ello, esta ley, que no es vindicadora, sino constructiva, atenúa, por una parte, el rigor sancionador, y, por otra, busca dentro de la equidad, fórmulas que permitan armonizar los intereses sagrados de la patria con el deseo de no quebrar la vida económica de los particulares.

Las sanciones económicas se regulan con una humana moderación, de la que son ejemplo los preceptos encaminados a no coartar las actividades de quienes basan su subsistencia en negocios modestos. Y estas sanciones, en aquellos casos en que se deba prevenir el peligro dimanante de posibles actuaciones futuras de los inculpados, podrán ir acompañadas de otras que en rigor, tienen el carácter de medidas de seguridad y que consistirán en la inhabilitación para el ejercicio de determinados cargos y en el alejamiento de los lugares en que se residía anteriormente, llegándose, en ciertos casos de gravedad suma, a declarar la pérdida de nacionalidad de los que no merecen el honor de seguir siendo españoles.

Los actos y omisiones que dan lugar a la exigencia de responsabilidades políticas se enumeran con la amplitud necesaria para que resulten comprendidas todas las actuaciones que, a juicio del Gobierno, son merecedoras de castigo. Esta extensión obligada de la materia penal se compensa con la amplísima latitud que se concede para fijar la medida de las sanciones y que permitirá que éstas puedan resultar intrínsecamente justas y perfectamente adecuadas a los distintos grados de responsabilidad. El arbitrio judicial será tan grande como lo exige la complejidad de los actos y omisiones que han de juzgarse.

Los tribunales encargados de imponer las sanciones estarán compuestos por representantes del Ejército, de la Magistratura y de la Falange Española Tradicionalista y de las J.O.N.S. que darán a su actuación conjunta el tono que inspira al Movimiento Nacional. Y para conseguir que funcionen con perfecta armonía todos los tribunales y organismos a quienes se encomienda la aplicación de la ley, se crean un tribunal superior y un órgano administrativo, anejo al mismo, que, bajo una sola dirección, y de acuerdo con el Gobierno, imprimirán al conjunto la unidad necesaria para conseguir todos los resultados que en el orden jurídico y en el económico se pretenden.

Los procedimientos para la imposición de las sanciones, para su ejecución práctica y para la resolución de las reclamaciones de terceros se regulan con normas sencillas, en las que se aúna la conveniencia de obtener resoluciones rápidas con la necesidad de respetar los derechos de defensa y los intereses legítimos de personas no responsables.

Y, por último, la adaptación de las situaciones jurídicas creadas en virtud de los preceptos anteriores a la nueva ordenación legal, se determina por medio de las disposiciones transitorias con que termina la ley.

Los elevados propósitos en que ésta se inspira, la madura reflexión que ha puesto el Gobierno en redactarla y el patriótico y sereno espíritu de justicia de los tribunales y organismos que la han de aplicar conducirán seguramente a hacer de ella uno de los más firmes cimientos de la construcción de España. Y, por ello,

DISPONGO:

TÍTULO I (Parte sustantiva)

CAPÍTULO 1 Declaraciones generales

Artículo 1. Se declara la responsabilidad política de las personas, tanto jurídicas como físicas que desde el 1 de octubre de 1934 y antes de 18 de julio de 1936, contribuyeron a crear o a agravar la subversión de todo orden de que se hizo víctima a España y de aquellas otras que, a partir de la segunda de dichas fechas, se hayan opuesto o se opongan al Movimiento Nacional con actos concretos o con pasividad grave.

Art. 2. Como consecuencia de la anterior declaración y ratificándose lo dispuesto en el artículo 1. del Decreto número 108, de fecha 13 de septiembre de 1936, quedan fuera de la ley todos los partidos y agrupaciones políticas y sociales que, desde la convocatoria de las elecciones celebradas en 16 de febrero de 1936, han integrado el llamado Frente Popular, así como los partidos y agrupaciones aliados y adheridos a éste por el solo hecho de serlo, las organizaciones separatistas y todas aquellas que se hayan opuesto al triunfo del Movimiento Nacional.

Se entenderán comprendidos en esta sanción los siguientes partidos y agrupaciones: Acción Republicana, Izquierda Republicana, Unión Republicana, Partido Federal, Confederación Nacional del Trabajo, Unión General de Trabajadores, Partido Socialista Obrero, Partido Comunista, Partido Sindicalista de Pestaña, Federación Anarquista Ibérica, Partido Nacionalista Vasco, Acción Nacionalista Vasca, Solidaridad de Obreros Vascos, Esquerra Catalana, Partido Galleguista. Partido Obrero de Unificación Marxista, Ateneo Libertario, Socorro Rojo Internacional, Partido Socialista Unificado de Cataluña, Unión de Rabassaires, Acción Catalana Republicana, Partido Catalanista Republicano, Unión Democrática de Cataluña, Estat Catalá, todas las logias masónicas y cualesquiera otras entidades, agrupaciones o partidos filiales o de análoga significación a los expresados, previa declaración oficial de hallarse, como los antes relacionados, fuera de ley.

Art. 3. Los partidos, agrupaciones y organizaciones declaradas fuera de la ley, sufrirán la pérdida absoluta de sus derechos de toda clase y la pérdida total de sus bienes. Estos pasarán íntegramente a ser propiedad del Estado.

Quedan confirmadas las incautaciones llevadas a cabo en aplicación de lo dispuesto en el artículo 2. del Decreto número 108 antes citado y en sus disposiciones complementarias y concordantes.

CAPÍTULO II

De las causas de responsabilidad y de las circunstancias que la modifican:

Art. 4. En virtud de lo dispuesto en el artículo 1, quedan incursos en responsabilidad política y sujetos a las sanciones que se les impongan en los procedimientos que contra ellos se sigan, las personas individuales que se hallen comprendidas en alguno de los casos supuestos siguientes:

a) Haber sido o ser condenado por la jurisdicción militar por alguno de los delitos de rebelión, adhesión, auxilio, provocación, inducción o excitación a la misma, o por los de traición, en virtud de causa criminal seguida con motivo del Glorioso Movimiento Nacional.

b) Haber desempeñado cargos directivos en los partidos, agrupaciones y asociaciones a que alcanza la declaración del artículo 2., así como haber ostentado la representación de los mismos en cualquier clase de corporaciones y organismos, tanto públicos como privados.

c) Haber figurado, a virtud de inscripción efectuada antes del 18 de julio de 1936, y mantenida hasta esta fecha, como afiliado de los partidos, agrupaciones y asociaciones a que se refiere el apartado anterior, excepción hecha de los simples afiliados a organismos sindicales.

d) Haber desempeñado cargos o misiones de carácter político o administrativo de índole civil y calificada confianza por nombramiento del Gobierno del Frente Popular, con retribución o sin ella, salvo los que deban su nombramiento a la elección y fueran de filiación política completamente hostil al mismo. También se considerarán comprendidos en este caso los que, sin nombramiento de dicho Gobierno, hubieren continuado desempeñando con él cargos de aquella índole en la Administración central.

e) Haberse significado públicamente por la intensidad o por la eficacia de su actuación en favor del Frente Popular o de los partidos y agrupaciones comprendidos en el artículo 2., o contribuido con ayuda económica a los mismos, prestada de manera voluntaria y libre y con propósito deliberado de favorecerles, aunque no se hubiesen desempeñado puestos directivos o de representación, ni cargos o misiones de confianza, ni se tratase de afiliados a aquéllos.

f) Haber convocado las elecciones para diputados a Cortes del año 1936; formado parte del Gobierno que las presidió o desempeñado altos cargos con el mismo, o haber sido candidato del Gobierno, o candidato, apoderado o interventor de cualquiera de los partidos del Frente Popular y de sus aliados o adheridos en ellas, o haber sido compromisario de tales partidos para la elección de presidente de la República en el propio año.

g) Los diputados que en el Parlamento de 1936, traicionando a sus electores, hayan contribuido, por acción o abstención, a la implantación de los ideales del Frente Popular y de sus programas.

h) Pertenecer o haber pertenecido a la masonería, con excepción solamente de los que hayan salido de la secta antes del 18 de julio de 1936 por baja voluntaria por haber roto explícitamente con ella o por expulsión de la misma fundada en haber actuado en contra de los principios en que se inspira o de los fines que persigue.

i) Haber intervenido desde el 18 de julio de 1936, salvo casos de justificación muy calificada, en tribunales u organismos de cualquier orden, encargados de juzgar a personas por el solo hecho de ser adictas al Movimiento Nacional, o el haber sido los denunciantes de éstas o intervenido en la incautación de sus bienes, a no ser que lo hayan verificado obligatoriamente en virtud de las funciones que le están asignadas por razón de su cargo y sin iniciativa por su parte.

j) Haber excitado o inducido a la realización de los hechos comprendidos en alguno de los apartados anteriores, bien sea de palabra, bien por medio de la imprenta, de la radio o de cualquier otro medio de difusión, bien en escritos dirigidos a diferentes personas.

k) Haber realizado cualesquiera otros actos encaminados a fomentar con eficacia la situación anárquica en que se encontraba España y que ha hecho indispensable el Movimiento Nacional.

I) Haberse opuesto de manera activa al Movimiento Nacional.

m) Haber permanecido en el extranjero desde el 18 de julio de 1936 sin reintegrarse al territorio nacional en un plazo máximo de dos meses, salvo que tuvieren establecido en aquél su residencia habitual y permanente, o que desempeñaron alguna misión encomendada por las autoridades de la España liberada, o que estuvieron imposibilitados físicamente para regresar al territorio nacional, o que concurriera alguna otra causa extraordinaria y de carácter destacado que justificase suficientemente su permanencia en el extranjero.

n) Haber salido de la zona roja después del Movimiento y permanecido en el extranjero más de dos meses, retrasando indebidamente su entrada en el territorio nacional, salvo que concurriera alguna de las causas de justificación expresadas en el apartado anterior.

ñ) Haber cambiado la nacionalidad española por la extranjera o haber autorizado para ello a los que estén sometidos a su potestad o guarda, siempre que tal hecho se haya producido a partir del 18 de julio de 1936, y no haya sido como medio de evitar persecuciones o para evadirse de la zona roja, habiendo ingresado en el momento en que fue posible en la zona nacional liberada, solicitando la recuperación de la nacionalidad española o realizando actos que demuestren tal propósito.

o) Haber aceptado de alguna de las autoridades rojas, o rojo-separatistas, misiones para el extranjero, excepto en el caso de que, una vez en él, no las hayan desempeñado y sólo fuesen aceptadas como medio de evasión de la zona enemiga, y se hayan presentado en la nacional seguidamente de haber salido por primera vez de aquélla.

p) Haber adoptado en el desempeño del cargo de presidentes, consejeros o gerentes de sociedades y compañías, de manera voluntaria y libre, acuerdos de ayuda económica al Frente Popular o a partidos y entidades incluidos en el artículo 2., o para propaganda, o para empresas periodísticas de dicho ideario, o para los gastos de las elecciones de 1936, o para los Gobiernos rojos o rojo-separatistas.

Art. 5. Están exentos de responsabilidad los menores de catorce años.

Los servicios extraordinarios prestados al Movimiento Nacional; el haber obtenido en su defensa la Cruz Laureada de San Fernando o la Medalla Militar individuales; el haber resultado herido grave, en el caso que se haya incorporado al Ejército voluntariamente desde los primeros momentos del Movimiento, o que, habiéndole hecho con posterioridad, lo haya efectuado por lo menos con seis meses de antelación al llamamiento de su quinta, y el ostentar el título de «Caballero Mutilado Absoluto», serán consideradas como circunstancias eximentes de responsabilidad.

El arrepentimiento público, anterior al 18 de julio de 1936, seguido de adhesión y colaboración al Movimiento Nacional, será apreciado como eximente o atenuante al prudente arbitrio de los tribunales.

Art. 6. Se considerarán circunstancias atenuantes para los inculpados:

Primera. La de ser responsable menor de 18 años.

Segunda. Haber prestado servicios eficaces al Movimiento Nacional.

Tercera. Haber sido herido en campaña en defensa de España, no concurriendo las circunstancias especificadas en el artículo anterior.

Cuarta. Haberse alistado voluntariamente en el Ejército o la Armada o en las Milicias combatientes de primera línea en el momento de iniciarse el Movimiento Nacional, o con posterioridad, siempre que se haya hecho por lo menos con seis meses de antelación al llamamiento de su quinta y que haya observado buen comportamiento durante su permanencia enfilas, acreditada por los respectivos jefes.

Quinta. Haber perdido un hijo o el padre por muerte en campaña en defensa del Movimiento, o haber sido asesinados en zona roja uno de los padres o un hijo del responsable.

Sexta. Y, últimamente, cualquiera otra circunstancia análoga a las anteriores.

Art. 7. Se tendrá en cuenta para agravar la responsabilidad del inculpado su consideración social, cultural, administrativa o política cuando por ella pueda ser estimado como elemento director o prestigioso en la vida nacional, provincial o local, dentro de su respectiva actividad.

En el caso h) del artículo 4. se apreciarán asimismo como circunstancias agravantes el haber obtenido en la masonería alguno de los grados 18 al 33, ambos inclusive, y el haber tomado parte en las asambleas de la Asociación Masónica Internacional y similares o en las Asambleas Nacionales del Gran Oriente Español, de la Gran Logia Española o de otras cualesquiera organizaciones masónicas residentes en España.

(Boletín Oficial del Estado, 13 de febrero de 1939.)

Para no excedernos en el texto no hemos transcrito la lista de sanciones que a continuación incluye la ley.

Casi ninguno de los abominadores del franquismo lo hace; prefieren dejar correr la especie de que la pertenencia a la masonería se penaba con la muerte, una falsedad descomunnal. Las sanciones son, como advierte el preámbulo, mucho más suaves, no excedieron de los doce años y la inhabilitación y casi nunca se cumplieron de forma íntegra. Era, sin duda, una durísima ley de guerra, pero no tan dura como los criterios que, de hecho, rigieron en el campo contrario donde, por ejemplo, la Iglesia quedó fuera de la ley desde el principio del conflicto y ser sacerdote implicaba casi siempre la muerte sin juicio previo.

En los episodios siguientes, vamos a completar el panorama de la zona nacional y la republicana con el estudio monográfico de nuevos aspectos: el religioso y el económico. Pero ante todo debemos trazar, a través de documentos y testimonios seguros, las líneas esenciales de la vida en zona republicana.

RICARDO DE LA CIERVA Y HOCES. (Madrid, 9 de noviembre de 1926 - Madrid, 19 de noviembre de 2015). Licenciado y Doctor en Física, historiador y político español, agregado de Historia Contemporánea de España e Iberoamérica, catedrático de Historia Moderna y Contemporánea por la Universidad de Alcalá de Henares (hasta 1997) y ministro de Cultura en 1980.

Nieto de Juan de la Cierva y Peñafiel, ministro de varias carteras con Alfonso XIII, su tío fue Juan de la Cierva, inventor del autogiro. Su padre, el abogado y miembro de Acción Popular (el partido de Gil Robles), Ricardo de la Cierva y Codorníu, fue asesinado en Paracuellos de Jarama tras haber sido capturado en Barajas por la delación de un colaborador, cuando trataba de huir a Francia para reunirse con su mujer y sus seis hijos pequeños. Asimismo es hermano del primer español premiado con un premio de la Academia del Cine Americano (1969), Juan de la Cierva y Hoces (Óscar por su labor investigadora).

Ricardo de la Cierva se doctoró en Ciencias Químicas y Filosofía y Letras en la Universidad Central. Fue catedrático de Historia Contemporánea Universal y de España en la Universidad de Alcalá de Henares y de Historia Contemporánea de España e Iberoamérica en la Universidad Complutense.

Posteriormente fue jefe del Gabinete de Estudios sobre Historia en el Ministerio de Información y Turismo durante el régimen franquista. En 1973 pasaría a ser director general de Cultura Popular y presidente del Instituto Nacional del Libro Español. Ya en la Transición, pasaría a ser senador por Murcia en 1977, siendo nombrado en 1978 consejero del Presidente del Gobierno para asuntos culturales. En las elecciones generales de 1979 sería elegido diputado a Cortes por Murcia, siendo nombrado en 1980 ministro de Cultura con la Unión de Centro Democrático. Tras la disolución de este partido político, fue nombrado coordinador cultural de Alianza Popular en 1984. Su intensa labor política le fue muy útil como experiencia para sus libros de Historia.

En otoño de 1993, Ricardo de la Cierva creó la Editorial Fénix. El renombrado autor, que había publicado sus obras en las más importantes editoriales españolas (y dos extranjeras) durante los casi treinta años anteriores, decidió abrir esta nueva editorial por razones vocacionales y personales; sobre todo porque sus escritos comenzaban a verse censurados parcialmente por sus editores españoles, con gran disgusto para él. Por otra parte, su experiencia al frente de la Editora Nacional a principios de los años setenta, le sirvió perfectamente en esta nueva empresa.

De La Cierva ha publicado numerosos libros de temática histórica, principalmente relacionados con la Segunda República Española, la Guerra Civil Española, el franquismo, la masonería y la penetración de la teología de la liberación en la Iglesia Católica. Su ingente labor ha sido premiada con los premios periodísticos Víctor de la Serna, concedido por la Asociación de la Prensa de Madrid y el premio Mariano de Cavia concedido por el diario ABC.

Notas

[1] Entre Hendaya y Gibraltar. Nauta, Barcelona, 1973, p. 482. <<

[2] Los dos conjuntos documentales más importantes sobre la Guerra Civil son el de Femando Díaz Plaja La historia de España en sus documentos. La guerra, Madrid, 1963, y el de M. Carmen García Nieto y Javier Donézar Bases documentales de la España contemporánea, vol. 10 La guerra de España, Guadiana, Madrid, 1974. <<

[3] Francisco Franco y su tiempo, 1984, vol. II, pág. 197 ss. <<