«El 19 de julio de 1936, domingo, se dijeron las últimas misas en público en la que empezaba a ser zona republicana. Ya el día anterior había empezado la profanación de iglesias, los incendios y la persecución a sacerdotes y religiosos, que se generalizó en los días siguientes. Vestir sotana o hábito era optar a una muerte inmediata que muchas veces se consumaba. En la zona republicana la Iglesia católica quedó fuera de la ley desde las primeras horas del conflicto.

En la zona rebelde la actitud fue exactamente la contraria. La sublevación adquirió desde los primeros momentos un signo y una motivación religiosa antes de que algunos obispos decidieran que la causa del Ejército y las derechas era también una cruzada religiosa contra los sin Dios. La componente religiosa llegó a ser muy pronto la clave del factor moral en el que veo la diferencia más importante entre la actitud de las dos zonas.

Por supuesto que la persecución contra la Iglesia no se inició en la Guerra Civil; venía de lejos, se declaró en las quemas de conventos de 1834 y 1835, en la Semana Trágica de Barcelona en 1909, en las medidas anticlericales de la República en el bienio 1932-1933 y en la hostilidad del Frente Popular de enero a julio de 1936».

Ricardo de la Cierva

España en guerra
Persecución, represión, cruzada

Episodios históricos de España - 42

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Titivillus 15.09.18

Título original: España en guerra. Persecución, represión, cruzada

Ricardo de la Cierva, 1997

Editor digital: Titivillus

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Para Mercedes, 103

La Iglesia, fuera de la ley

en la zona republicana

El 19 de julio de 1936, domingo, se dijeron las últimas misas en público en la que empezaba a ser zona republicana. Ya el día anterior había empezado la profanación de iglesias, los incendios y la persecución a sacerdotes y religiosos, que se generalizó en los días siguientes. Vestir sotana o hábito era optar a una muerte inmediata que muchas veces se consumaba. En la zona republicana la Iglesia católica quedó fuera de la ley desde las primeras horas del conflicto.

En la zona rebelde la actitud fue exactamente la contraria. La sublevación adquirió desde los primeros momentos un signo y una motivación religiosa antes de que algunos obispos decidieran que la causa del Ejército y las derechas era también una cruzada religiosa contra los sin Dios. La componente religiosa llegó a ser muy pronto la clave del factor moral en el que veo la diferencia más importante entre la actitud de las dos zonas. Por supuesto que la persecución contra la Iglesia no se inició en la Guerra Civil; venía de lejos, se declaró en las quemas de conventos de 1834 y 1835, en la Semana Trágica de Barcelona en 1909, en las medidas anticlericales de la República en el bienio 1932-1933 y en la hostilidad del Frente Popular de enero a julio de 1936. A la persecución, que acabó con la vida de trece obispos, ocho mil sacerdotes y religiosos y decenas de miles de católicos, la Iglesia respondió con la Cruzada. Éste es el resumen de la verdadera historia.

La persecución del Frente Popular contra la Iglesia tomó estado legal —de forma increíble— en el siguiente decreto firmado por Azaña en pleno mes de agosto del primer verano.

La transcripción es indeclinable:

DECRETO

Por el artículo 23 de la Ley de Confesiones y Congregaciones Religiosas, se halla prohibido a las órdenes y congregaciones de dicho carácter ejercer actividad política de ninguna clase, sancionándose la infracción de dicho precepto, cuando la referida actividad constituya un peligro para la seguridad del Estado, con la clausura preventiva de los establecimientos de la sociedad religiosa a que pudiera imputársele y, en su caso, con la disolución del instituto, y habiéndose observado que algunas asociaciones religiosas han cooperado más o menos directamente al movimiento insurreccional declarado el día 18 del pasado mes de julio, procede hacer aplicación de lo ordenado en el artículo 23 de la Ley de 2 de junio de 1933.

En méritos de lo expuesto, de acuerdo con el Consejo de Ministros y a propuesta del de Justicia,

Vengo a decretar lo siguiente:

Artículo 1. Quedan clausurados, como medida preventiva, todos los establecimientos de las órdenes y congregaciones religiosas existentes en España que de algún modo hubieran intervenido en el presente movimiento insurreccional, participando en él directamente o indirectamente, favoreciéndolo o auxiliándolo, o favoreciendo o auxiliando, cualquiera que sea la manera empleada, a los rebeldes o sediciosos.

Art. 2. Se entenderá que las órdenes y congregaciones a que se refiere el artículo anterior han participado en el movimiento insurreccional cuando cualesquiera de sus casas o miembros hubieren realizado alguno de los siguientes actos:

Primero. Sumarse al movimiento sedicioso formando parte de los grupos combatientes, de los estados mayores, equipos u organizaciones de avituallamiento o intendencia, comités políticos o militares, servicios de enlaces o espionajes o desempeñando cualquier empresa o cargo, aunque sean subalternos a las órdenes o al servicio de los rebeldes o sediciosos.

Segundo. Favorecer el movimiento subversivo mediante la aportación a los rebeldes de cualquier cantidad, ya sea en metálico o en especies, o a la cesión o entrega, aunque sea temporal, de sus bienes muebles o inmuebles, incluso la mera utilización momentánea para alojamientos, instalaciones o servicios de cualquiera otra clase.

Tercero. Haberse adherido de cualquier modo al movimiento insurreccional, aunque no sea con participación activa en el mismo; haber hecho votos o elevado preces por el triunfo de la rebelión, propagado o ensalzado de cualquier modo los fines de la misma o esparcido falsos rumores.

Cuarto. Tener o poseer armas de cualquier clase sin la debida guía y licencia.

Quinto. Haberse hecho fuego u hostilizado a las fuerzas leales al Gobierno legítimo desde los edificios ocupados por las órdenes y congregaciones religiosas.

Sexto. Haber realizado cualquier otro acto que, aunque no comprendido en los casos anteriores, pueda estimarse como de participación directa o indirecta o de auxilio mediato o inmediato al movimiento sedicioso.

Art. 3. Para la ejecución de lo ordenado en el presente decreto se constituirá una Comisión compuesta por tres funcionarios judiciales, uno de los cuales presidirá. Esta Comisión, que será designada por el ministro de Justicia, instruirá sumariamente los expedientes necesarios para la comprobación de los hechos, y después de oír en cada caso al ministerio fiscal, propondrá al ministro de Justicia la adopción de la medida que estime pertinente.

Art. 4. De las medidas adoptadas por el Consejo de Ministros se dará cuenta a las Cortes, a fin de que éstas decidan sobre la clausura definitiva de los establecimientos o la disolución de los institutos implicados en el movimiento subversivo. En caso de disolución de alguna orden y congregación religiosa, sus bienes serán nacionalizados, dándoseles el destino que más analogía guarde con los fines de cada institución o con la actividad que viniera desarrollando.

Art. 5. Los establecimientos que, como medida preventiva, queden clausurados, a tenor de lo dispuesto en el artículo 1. podrán ser utilizados transitoriamente, y en tanto no decidan las Cortes la disolución del instituto, para el cumplimiento de los mismos o análogos fines a que se hallaban dedicados.

Esta utilización transitoria será dispuesta en cada caso por orden del ministro de Justicia,

Los establecimientos que, sin ser propiedad de las órdenes y congregaciones religiosas comprendidas en este decreto, se hallaren ocupados por ellas, cualquiera que fuera la situación jurídica de ellos, seguirán afectos al cumplimiento de los fines a que lo estuvieran o al de los que se establezca, con arreglo al presente artículo.

Art. 6. Del presente decreto se dará cuenta a las Cortes.

Dado en Madrid a once de agosto de mil novecientos treinta y seis. Manuel Azaña.

El ministro de Justicia, Manuel Blasco Garzón.

(Gaceta de Madrid, 13 de agosto de 1936.)

A un jurista tan experto como Azaña debió de temblarle la mano al firmar la sarta de disparates jurídicos contenidos en el decreto recién transcrito, que no tiene pies ni cabeza. Pero que sirvió como declaración de guerra de la República a la Iglesia, con trágicas consecuencias para las dos.

La falsa y tardía rectificación

del Frente Popular

La persecución desatada contra la Iglesia en la zona republicana enfrentó a la República con todos los católicos del mundo y actuó de forma terriblemente negativa contra la causa republicana. Para remediar en lo posible tal estado de cosas, el Gobierno del doctor Negrín tomó varias medidas contemporizadoras en 1938. Por ejemplo, el siguiente decreto sugerido por el ministro nacionalista vasco y por tanto católico Manuel de Irujo. Nadie se lo creyó y continuó con igual ferocidad la perseución contra sacerdotes y católicos en toda la zona; el obispo de Teruel, por ejemplo, fue asesinado en febrero de 1939. Éste es el texto del falso decreto:

La Constitución española, respetuosa con las creencias y con los sentimientos de índole religiosa en grado que puede igualar, pero no superar, el derecho público de cualquier país civilizado, establece solemnemente la libertad de conciencia y el derecho de profesar y practicar libremente cualquier religión.

Desarrolló estos principios la Ley de 2 de junio de 1933 con el mismo espíritu amplio de la Constitución, y en las presentes circunstancias, en que la nación española se defiende enérgicamente contra ataques extraños, el Gobierno de la República reafirma, como uno de sus fines de guerra, la libertad de conciencia y el libre ejercicio de las creencias y prácticas religiosas.

No ha sido ciertamente el espíritu de libertad que a la República animaba el que ha determinado una situación de hecho, que ha significado la anormalidad en el ejercicio de cultos. El olvido capital por parte de altos jerarcas de la Iglesia de los deberes de convivencia social que las propias convicciones religiosas hondamente sentidas obligan a guardar, han determinado reacciones de defensa del espíritu público en un sentido contrario a esa libertad. Por otra parte, las necesidades de la guerra que el pueblo español sostiene en defensa de su independencia han motivado ocupación de edificios destinados al culto y las inevitables anormalidades de su ejercicio.

Ha procurado siempre el Gobierno de la República el más delicado respeto a las convicciones religiosas. Dentro del mismo Ejército al servicio de la libertad nacional, se ha cuidado de asegurar la asistencia religiosa, y recientes son disposiciones dictadas en tal sentido.

Quiere, además, el Gobierno, órgano de un país que tan dramática y generosamente prueba su vocación por la civilización y el derecho, facilitar la normalización del ejercicio de los cultos, dentro del espíritu de nuestra

Constitución. En virtud de estas consideraciones, de acuerdo con el Consejo de Ministros, y a propuesta de su presidente, vengo a decretar:

Artículo 1. Se constituye en la Presidencia del Consejo de Ministros un Comisariado General de Cultos, encargado de la información, trámite y propuesta de las cuestiones referentes al ejercicio de cultos y prácticas de actividades religiosas en España.

Art. 2. Al frente del Comisariado figurará un comisario general, nombrado por decreto, a propuesta de la Presidencia del Consejo de Ministros, y, anejo a él, una Junta Consultiva integrada por las personas designadas por el mismo Centro ministerial.

Art. 3. Los diversos departamentos ministeriales, y especialmente los de Justicia y Gobernación, facilitarán los datos e informes que reclame el comisario general de Cultos.

Art. 4. Por el Ministerio de Hacienda y Economía se habilitarán los créditos necesarios para las atenciones del Comisariado de Cultos.

Art. 5. La Presidencia del Consejo de Ministros dictará las disposiciones necesarias para el cumplimiento de este decreto.

Dado en Barcelona, a ocho de diciembre de mil novecientos treinta y ocho. Manuel Azaña.

El presidente del Consejo de Ministros, Juan Negrín López.

(Gaceta de Madrid, 9 de diciembre de 1938.)

El Comisariado de Cultos sólo realizó algunas actividades secundarias de propaganda que no obtuvieron efecto alguno ni en España ni fuera.

El crucifijo del general Rojo

Más que mediado el mes de enero de 1939 el general Vicente Rojo, jefe de Estado Mayor Central de la República y católico muy sincero, dirigió por radio una alocución a los combatientes y pueblo de la zona republicana en la que trataba desesperadamente de presentar a la causa de la República como tolerante en materia religiosa. Era ya un poco tarde y pocas semanas después el propio general Rojo abandonaba la lucha y se quedaba en Francia sin regresar a la zona centro-sur. De su alocución tomamos el párrafo más significativo:

El crucifijo que aún tenemos sobre el lecho.

Pero, mientras se mantenga planteado el problema así y sea la independencia y libertad de España lo que se ventila, nuestro deber está siempre claro; nos lo marca todos los días el crucifijo que aún tenemos sobre el lecho; nos lo imponen nuestros hijos, cuya espantada mirada se clava imborrablemente en nuestro cerebro cuando estuvieron próximos a morir asesinados por las bombas italianas; nos lo exigen angustiosamente las mujeres españolas que viven prostituidas por la invasión; las ciudades deshechas y los campos arrasados por la barbarie de vuestros aviones; las caravanas de los campesinos que huyen de la tortura y de la muerte pidiendo venganza; los viejos que esperan en las colas unos granos de alimento para no perecer del hambre a que les condena vuestro bloqueo.

Es un deber impuesto por Dios, por la patria, por nuestros hijos, por los compatriotas desvalidos, y es un deber de todos los días, de todos los momentos, indeclinable, y que hay que cumplir hasta el fin, para que España pueda salvarse. Así lo entendemos quienes tenemos el deber de mandar, y así lo cumpliremos cuantos estamos dispuestos al sacrificio, sin perder la esperanza de que haya un rayo de luz en la obcecación de vuestros dirigentes.

Porque así entiendo el deber, os dije al principio que no os pedía magnanimidad ni perdón. Solamente os pido un poco de comprensión y de patriotismo; basta con ello para poner fin al calvario de España.

Los obispos vascos

a los nacionalistas vascos

El mayor contrasentido de la Guerra Civil fue la incorporación del Partido Nacionalista Vasco, formado íntegramente por católicos, a la causa del Frente Popular.

Esta trágica inconsecuencia, cuyos efectos perduran hasta hoy, divorció al PNV de la causa de las derechas, a las que estuvo unido en 1931-1933 y provocó toda suerte de despropósitos y gravísimas secuelas durante la Guerra Civil y la posguerra.

En fecha tan temprana como la del 6 de agosto de 1936 los obispos vascos Mateo Múgica y Marcelino Olaechea, en cuyas diócesis estaban integradas las Provincias Vascongadas y Navarra, dirigieron esta pastoral conjunta a los católicos nacionalistas vascos que alcanzó en aquellos momentos un efecto demoledor.

A nuestros amadísimos diocesanos:

Razón de este documento.

En estos momentos gravísimos, tal vez decisivos para la suerte de la religión y de la patria, un deber pastoral en que van envueltos los puros amores que debemos a Dios y a nuestro país nos obliga a dirigiros este documento de paz.

Y lo hacemos en forma conjunta los obispos de Vitoria y Pamplona porque es en la demarcación territorial de nuestra jurisdicción en toda ella y no fuera de ella, donde ha surgido un problema pavoroso de orden religioso-político, a cuya solución va ordenado este documento.

Conocemos nuestra responsabilidad al publicarlo; hasta podríamos abrigar temores sobre su eficacia, si vuestra fe acendrada y el respeto que siempre habéis profesado al magisterio eclesiástico no nos diera la certeza moral de que seremos obedecidos. Sobre todo temor humano está el santo amor y temor de Dios a quien, antes que a todo lo humano, debemos el servicio de nuestra conciencia y de nuestra vida. Obispos de este país vasco-navarro, hijos de él, nacidos de vuestra raza y sangre, compenetrados con vuestra historia y tradición que son las nuestras, encumbrados a la altísima dignidad episcopal y representantes por razones de naturaleza y de oficio, de la vieja fe cristiana, que aún lo informa todo en este país, podemos deciros con el Apóstol que «sólo Dios sabe cómo os amamos a todos en las entrañas de Jesucristo», con amor de hermanos según la sangre, de hijos de una misma patria, de padres según el espíritu.

En virtud de esta paternidad que nos obliga, como al Apóstol, a pesar de todo y contra todo, a toda suerte de esfuerzos para conformarse según Cristo, os decimos hoy, cuando nuestra tierra sagrada se empapa en sangre, generosamente vertida por los hijos de este país: Hijos nuestros de Vasconia y Navarra; en el fragor de la lucha, que asola nuestros campos y destruye nuestras bellas ciudades, cuando el estampido del cañón retumba en nuestros deliciosos valles, oíd a vuestros obispos y recapacitad sobre lo que os decimos. Os hablamos puesta la mente y el corazón en Dios y en la Iglesia, en vosotros, en nuestra historia gloriosa y en nuestro país, por fuera y por encima de toda conveniencia puramente humana, de todo partidismo político. Oídnos.

El espectáculo de nuestra religión.

España pasa por días de prueba como no los haya sufrido en siglos. A un quinquenio de revolución política ha sucedido, bruscamente, cruentísima revolución social. Luchan unos ejércitos contra otros, mientras en campos y poblados las pasiones desatadas revuelven y ensangrientan todo. Vasconia y Navarra se han alzado en armas. En el fondo del movimiento cívico-militar de nuestro país late, junto con el amor de patria, en sus varios matices, el amor tradicional de nuestra religión sacrosanta. El espectáculo que ofrece hoy nuestra región es único en el mundo. Habéis hecho a Dios la ofrenda de docenas de miles de vidas. Muchas de ellas han sucumbido ya. Vasconia y Navarra llevan la marca gloriosa de la sangre derramada por Dios.

Amadísimos hijos nuestros: Nos, obispos de la Santa Iglesia, no podemos pronunciarnos más que en el fuero de nuestra conciencia sobre el magno hecho de que es teatro España en estos momentos. Pero sí que podemos y debemos hacerlo pública y autoritativamente en el gravísimo episodio que, efecto de la lucha general, se ha producido en nuestro país. Adivináis seguramente lo que vamos a deciros, porque está en el fondo de la conciencia de todos. Pero a los hijos se les habla claro, y queremos vaciar nuestro corazón en el vuestro en palabras que no tendrán más voladuras que la de la emoción del dolor con que os lo decimos. Quisiéramos, y lo hemos intentado con todo empeño, antes que volaran en alas de prensa y radio a todo hogar vasco-navarro y a toda España, decírselas al fondo del alma de los dirigentes, para añadir al de nuestra autoridad el prestigio de sus nombres y la eficacia de su buena voluntad. Quiénes luchan en el frente de batalla.

Y lo que os decimos sabéis todos, hijos de Vasconia y Navarra, es que en los frentes de batalla luchan encarnizadamente, y se matan, hijos de nuestra tierra, de la misma sangre y raza, con los mismos ideales religiosos, con igual amor a Dios, a su Cristo y a su Iglesia, que tienen por ley de su vida la doctrina y la ley de Jesucristo, que comulgan todos en su Cuerpo Santísimo, pero que han sufrido la aberración de batirse por la diferencia de un matiz de orden político.

Esto es gravísimo. Pero lo que conturba y llena de consternación nuestro ánimo de prelados de la Iglesia es que hijos nuestros, amantísimos de la Iglesia y seguidores de sus doctrinas, han hecho causa común con enemigos declarados, encarnizados de la Iglesia: han sumado sus fuerzas a las de ellos; han fundido su acción con la de ellos y acometen fieramente, con todo género de armas mortíferas, a los enemigos de ellos, que son sus propios hermanos. Así se realiza en nuestro país —que lo fue en todo tiempo de paz de égloga, de unidad de espíritu— la tremenda palabra del Evangelio, según la que los hijos se levantarán contra el padre y el hermano contra el hermano; con la desventaja de que en el Evangelio de la paz no hay guerra, sino con los enemigos del propio Evangelio, y aquí, región cristianísima, se matan los hijos del Evangelio.

Lo que no es lícito.

Hijos amadísimos; Nos, con toda la autoridad de que nos hallamos investidos, en la forma categórica de un precepto que deriva de la doctrina clara e ineludible de la Iglesia, os decimos: «Non licet».

No es lícito, en ninguna forma, en ningún terreno, y menos en la forma cruentísima de la guerra, última razón que tienen los pueblos para imponer su razón, fraccionar las fuerzas católicas ante el común enemigo. La doctrina de la unión ante los enemigos del cristianismo, antes que todo, sobre todo, con todos, tan reiteradamente inculcada por el Papa actual en el orden pacífico de las conquistas del espíritu, en la estrategia del apostolado, en las luchas blancas de los comicios o de la labor legislativa, debe aplicarse totalmente, sin género de excusas a los casos de guerra en que se juega el todo por el todo doctrinas e ideales, haciendas y vidas, presente y futuro de un pueblo.

Lo absolutamente ilícito.

Menos lícito es, mejor, absolutamente ilícito es, después de dividir, sumarse al enemigo para combatir al hermano, promiscuando el ideal de Cristo con el de Belial, entre los que no hay compostura posible; y el ideal, prescindiendo de otros que quizá quieran conservarse incontaminados, es exterminio del enemigo, del hermano en este caso, ya que la intención primera de toda guerra es la derrota del adversario.

Llega la ilicitud a la monstruosidad cuando el enemigo es este monstruo moderno, el marxismo o comunismo, hidra de siete cabezas, síntesis de toda herejía, opuesto diametralmente al cristianismo en su doctrina religiosa, política, social y económica. Y cuando el Sumo Pontífice, en documentos recientísimos, dice anatema al comunismo, y previene contra él a todos los poderes, aun no cristianos, y le señala como ariete destructor de toda civilización digna de tal nombre, dar la mano al comunismo en el campo de batalla, y esto en España, y en este cristianísimo país vasco-navarro, es aberración que sólo se concibe en los ilusos, que han cerrado los ojos a la luz de la verdad que ha hablado por su oráculo en la tierra.

Otras razones.

Hay más aún, que no hacemos más que apuntar. Hay la razón del escándalo social que produce este contubernio: hasta nuestro enemigo tiene derecho a exigimos seamos consecuentes con nuestras doctrinas.

Hay la razón de la caridad, en su mandato más grave, y su fundamento más profundo, que es el respeto a la vida del hermano. La ilicitud del pacto de guerra no exime de la responsabilidad del Quinto Mandamiento de la Ley de Dios, que pudiese ceder ante las exigencias de una guerra justa y lícita.

Y hay, amadísimos hijos nuestros, una razón que no queremos callar, razón que no desdora a nadie y que es timbre de gloria para el país vasco-navarro. En el quebranto profundo que ha sufrido el sentimiento religioso en España, Vasconia y Navarra, sin que desconozcamos el declive del espíritu religioso que sufren todos los pueblos modernos, ha conservado, más que nación alguna, nuestras viejas creencias. Unidos todos, seremos para España ejemplo y esperanza en las horas difíciles de reconstrucción espiritual, que tal vez se aproximen. Rotos por la discordia, perdemos la fuerza de cohesión que conserve nuestro cristianismo ancestral y quebrantamos el resorte de expansión, no material, que jamás se movió nuestra raza para la conquista de ningún vellocino de oro, sino de esta fuerza de apostolado que nos ha dado secularmente la primacía del espíritu, fuera de nuestra propia casa.

Una consideración errónea.

No queremos terminar sin manifestaros una convicción íntima y sin deshacer un reparo.

Es la convicción, hija del conocimiento que de vosotros tenemos, que nadie hay capaz en nuestro país, de los que hacen profesión de católicos, que preste su nombre y su colaboración a los enemigos de la Iglesia sin la intención ulterior de sacar, de la concordia circunstancial, mejor partido para los intereses de la religión del país. Celosos de vuestras tradiciones y costumbres, de vuestros fueros y franquicias, celosos sobre todo de la fe que profesáis y que tan enraizada está en el alma de las generaciones que os precedieron, vuestro deseo íntimo y vuesta intención última es conservar el sagrado depósito de tantas cosas, nobles y santas, que os han dado entre las regiones de España una fisonomía inconfundible.

Nos, amadísimos diocesanos, estamos, como vosotros, enamorados de todo lo nuestro. A nadie queremos ceder el primer puesto, que nos toca por derecho de naturaleza y de jerarquía, en el amor legítimo a la región y a todos los factores espirituales e históricos que la han conformado según nos la legaron nuestros progenitores. Pero hemos de deshacer el reparo que podría derivar del fundamento mismo de nuestra condición. Si vamos —podríais decirnos—a la conquista de atribuciones autonómicas históricas en el orden político-religioso, ¿no podría ceder la fuerza de las razones aducidas, dando un momento la mano al adversario, pero conservando íntegras nuestras posiciones espirituales, no dando un paso en el camino del abismo que de él nos separa?

No es lícito hacer un mal para que de él derive un bien.

No: esta razón no debilita un ápice las nuestras. Primero, porque para un católico la primera de las razones es la de autoridad, cuando se ventilan intereses del espíritu y aquéllos otros que, sin ser puramente espirituales, dicen relación a la conducta moral y a la vida eterna. Luego, porque no es lícito hacer un mal para que de él derive un bien, ni se puede anteponer la política a la religión: antes que la patria está Dios, a quien debemos amor sobre todas las cosas. Y, finalmente, porque es grave peligro pactar con un enemigo tenaz, poderoso, irreductible, como lo es el que hoy pretende la hegemonía sobre España: porque la fidelidad a los pactos no obliga a los sin Dios, fundamento único de toda obligación moral; porque el comunismo no se contenta con menos que con todo, y porque al final de la contienda, cuando os halléis, tal vez en minoría, frente a un enemigo irreconciliable, por principios y por objetivo social, quedareis en el desamparo civil que quedan siempre las minorías en régimen de democracia auto-crática, ya que el comunismo ha hecho compatible en el hecho de la vida social esta antología de regímenes políticos.

En España, como en el regazo de una madre.

Meditad lo que os decimos, carísimos hijos nuestros. Pensad que la ruina de España es la de todos: Que en ella, como en el regazo de una madre, caben todos sus hijos, sin perder su fisonomía particular. Un régimen de sensatez y de comprensión puede en España resolver toda aspiración legítima. Vuestra actitud de hoy podría ser gaje de futuras ventajas, como podría acarrearnos la pérdida definitiva de lo que más queremos después de Dios. No os faltarán mentores, en estas horas gravísimas, que os señalen los caminos que debáis seguir.

Nos, entretanto, amadísimos hijos, quedamos levantando el corazón y las manos a Dios, pidiéndole con gemidos del alma que abrevie los días de prueba que pasamos. Que la memoria de los muertos haga pensar a los vivos. Que ellos, desde el cielo, logren la paz y las ventajas para la religión y la patria, por las que lucharon. Ved cuánta ruina ha acumulado nuestro enemigo en nuestro solar patrio. Oremos todos para que cese la calamidad presente y para que aparezca la aurora precursora de días felices. Que la sangre de los hijos de esta tierra haga germinar en ella frutos de grandeza temporal y de vida eterna.

Si, como lo esperamos confiadamente, escucháis amadísimos hijos, nuestros implorantes gemidos y auténticas y superiores enseñanzas, tendremos además el grandísimo bien de que se derramará menos sangre de todos los de Vasconia, hijos también nuestros muy amados.

Con estos sentimientos, y reiterándoos a todos el amor entrañable, que en Cristo os profesamos, os damos nuestra bendición que queremos sea especialísima para cuantos se sacrifican en estos momentos por la religión y por la patria.

A 6 de agosto de 1936, fiesta de la Transfiguración del Señor. Marcelino, obispo de Pamplona.

(Diario de Navarra, Pamplona, 8 de agosto de 1936.)

La carta de los obispos de Pamplona y Vitoria unificaba ya la causa nacional con la causa de la Iglesa. La carta confirmó a los navarros y a los numerosos vascos que se habían incorporado al movimiento nacional. Sembró las dudas y el desánimo en el campo del PNV, cuyos dirigentes, sin embargo, se mantuvieron obstinadamente en la cooperación con el Frente Popular. Por eso el cardenal arzobispo de Toledo, el catalán monseñor Isidro Gomá, que había conseguido salvarse de la persecución enemiga y actuaba sin discusión como líder de toda la Iglesia en zona nacional y como representante supremo de la Santa Sede en España, decidió escribir en enero de 1937 a José Antonio de Aguirre, lendakari del Gobierno vasco y fiel católico, miembro de la Asociación de Propagandistas, una carta muy importante y poco conocida que debemos transcribir:

Una mano amiga, interesadísima, como buen cristiano y patriota, en que termine la cruentísima lucha en que se consume España, hace llegar a las mías un ejemplar del periódico «Euzkadi», de Bilbao, número 7.485, en que se inserta el discurso pronunciado por usted el 22 de diciembre último. Por las reiteradas alusiones que hace al silencio de la jerarquía sobre determinados puntos cuya gravedad no puede ocultarse en estos momentos, me creo en el deber de contestarle, como representante más alto que ha querido la Santa Sede fuese, en mi insignificancia personal, de la gloriosa jerarquía eclesiástica española.

No creo salirme de mis atribuciones de primado, ya porque estoy comprendido dentro de la apelación general que usted hace a la conciencia universal y a la jerarquía, ya porque tengo la seguridad de que interpretaré el sentir de su prelado, el venerable y queridísimo hermano de Vitoria, hoy ausente de la diócesis. Ni quiero deje de tener este escrito el carácter de instrucción pastoral dirigido a mis diocesanos, por cuanto las cuestiones que en el discurso de usted se tratan y que son objeto de esta carta afectan a todos los españoles, que nunca como hoy necesitan luz que les oriente en las gravísimas cuestiones de orden político-religioso.

Un doble ruego me permito hacerle antes de entrar en materia. Esta carta no es polémica. Me sitúo en ella en el plano a que llama usted a la jerarquía, no para entablar un diálogo, en que difícilmente llegaría a un Pensamiento concorde, sino para contestar, con toda claridad, a sus requerimientos con la fundada esperanza de que, por ley misma de caridad, que no busca el bien propio sino el de todos, llegaremos a la coincidencia de criterio, disipadas las dudas que encierran sus interrogantes dirigidos a la jerarquía. Por lo mismo, no se imponga usted por cortesía el deber de contestar mi pobre escrito, que yo no podría corresponderle.

Mi otro ruego es que usted, que tiene ahí fáciles medios de propaganda, dé a estas cuartillas la máxima publicidad. Me tortura la idea, señor Aguirre, de que ese querido pueblo vasco no ha conocido toda la verdad en los problemas de doctrina y de hecho que ahí se han agitado estos últimos tiempos; y que cuando la verdad, por el magisterio categórico de los pastores de la Iglesia, ha querido abrirse paso e iluminar las inteligencias, ha quedado entre voladuras por la interposición de humanas conveniencias, más atentas a las conquistas de orden político que a los altísimos intereses de orden sobrenatural, que deben tener siempre la primacía en todo.

Hechas estas indicaciones, he de decirle, señor Aguirre, que leí su discurso de un tirón. Ha dejado en mi alma la impresión de haber oído la voz de un católico convencido que ama su tierra con el amor que sigue al de Dios y que se ha empeñado nobilísimamente en labrar la felicidad de su pueblo. Si el orador es el «Vir bonus dicendi peritos», usted, señor Aguirre, es un buen orador. Dios le ha dado un alma buena, y usted, por su parte, la ha puesto, con toda su fuerza, al servicio de lo que juzga una buena causa, que defiende bravamente con todos los recursos de su inteligencia.

Algunos reparos al discurso

Éste es usted. Del fondo de su discurso, aún reconociendo las muchas verdades que contiene, tal vez no podría decir igual. Tendría que oponerle serios reparos. Pero no es mi objeto hacer del mismo un análisis, ni una censura de los puntos de discrepancia con mi criterio, y sí sólo buscar coincidencias en el fondo claro y tranquilo del pensamiento cristiano que nos informa, a usted y a mí, para derivar de ello consecuencias que podrían ser provechosísimas para todos en estos graves momentos.

Dejo la parte de su discurso en que pone realidades logradas y define proyectos para el engrandecimiento del pueblo vasco. Todos anhelamos el bien máximo para todas las regiones españolas, del que derivaría el bien máximo para la gran patria, España, multiplicación, más que suma, de bien parcial de cada país. Es lamentable equivocación, hija del amor, que ciega cuando se desvía, creer que un enjambre de pequeñas repúblicas pudiese labrar para todos los españoles un bien mayor que el que podría venirnos de un gran Estado bien regido, en que se tuviera cuenta de los relieves espirituales o históricos de cada región. Reconcentrarse en los pequeños egoísmos comarcales es reducir el volumen y el tono de la vida del Estado y de la región. Un gran diamante que se quiebra en varios pierde automáticamente la mayor parte de su estima.

Pero esto es cosa de derecho político, que no es de este sitio. Siguen a ellos dos afirmaciones rotundas, que usted intenta probar sin conseguirlo, que encierran una flagrante contradicción con los hechos y con la conciencia de gran parte de la nación. «La lucha se ha planteado —dice usted— entre el capitalismo abusivo y egoísta y un hondo sentido de justicia social. La guerra que se desenvuelve en la República Española, sépalo el mundo entero, no es una guerra religiosa, como ha querido hacerse ver». Permítame una sencilla glosa a las dos afirmaciones.

Cuanto a la primera, no creo que haya una docena de hombres que hayan tomado las armas para defender sus haciendas. Ni para defenderse de los vejámenes de los que las tienen y administran. Admitimos un fondo de injusticia social como una de las causas remotas del desastre; pero negamos en redondo que ésta sea una guerra de clases. Un pretexto no es una razón; y las reivindicaciones obreras no han sido más que un pretexto de la guerra. Ésta ha sido más cruel y más dura donde razón y pretexto eran menores, en Asturias, en Vizcaya, en Cataluña, donde el obrero está económicamente al nivel, o sobre, de los más retribuidos de Europa.

Más; una razón no se impone por la suprema de las razones, que es la guerra, sino cuando han fallado todos los recursos de orden legal y moral para dirimir las querellas sociales de clase; y la guerra estalló cuando una tupida red de leyes protegía al obrero y facilitaba su acceso a la propiedad y a la participación en los negocios. Ni ha cesado la guerra, antes se ha convertido en querella intestina entre los obreros, en las regiones que paulatinamente se sovietizan. Como procedimiento, la guerra ha sido un gran expolio de ricos y pobres, no en bien de la comunidad, sino en provecho de los vivos, de los audaces, de los fuertes. Quien lleva la guerra, Franco, no ha hecho las partes de los ricos, sino que predica en todos los tonos la necesidad de una mayor justicia social. Se cuentan, por fin, por docenas de millares los que se han alistado en la guerra sin más haber que el fusil que se ha puesto en sus manos, ni más ideal que su Dios y su patria.

La afirmación segunda, que pudiese contener una alusión a mi folleto «El caso de España», y que es una apelación al mundo entero, no concuerda con la realidad. Es, en el fondo, guerra de amor y de odio por la religión. El amor al Dios de nuestros padres ha puesto las armas en manos de la mitad de España, aún admitiendo motivos menos espirituales de la guerra; el odio ha manejado contra Dios las de la otra mitad. Ahí están los campamentos convertidos en templos, el fervor religioso, el sentido providencialista, de una parte; de otra, millares de sacerdotes asesinados y de templos destruidos, el furor satánico, el ensañamiento contra todo signo de religión. Ahora vienen de Rusia cientos de ateos para dar la forma doctrinal a esta gran ruina religioso-social.

La misma Euzkadi no podría justificar el consorcio de católicos y comunistas sin el factor religioso. ¿No se ha afirmado que este contubernio era la única manera de salvar la religión en Vizcaya y Guipúzcoa, cuando las hordas rojas la hubiesen eliminado de España? De hecho, no hay acto ninguno religioso de orden social en las regiones ocupadas por los rojos; en las tuteladas por el Ejército nacional la vida religiosa ha cobrado nuevo vigor. Un pacto político y militar, frágil como las promesas en labios informales, conserva en Vizcaya sacerdotes, templos y culto. ¿Qué ocurrirá cuando venga la conveniencia de romper los pactos, o el desorden de una derrota, o la hegemonía de una victoria comunista ? Leemos que han ardido ya algunos templos en Vizcaya. A última hora, anuncia la radio el asesinato de sacerdotes por los comunistas.

Sacerdotes asesinados y desterrados

Y vamos a lo más grave de su discurso, señor Aguirre, a la angustiosa invocación que hace usted a la conciencia universal.

Afirma usted que «los sublevados han asesinado a numerosos sacerdotes y religiosos beneméritos por el mero hecho de ser amantes de su pueblo vasco».

Ni discuto sobre adjetivos; sólo hago una reflexión sobre el hecho de la muerte violenta de unos sacerdotes vascos. Más que nadie hemos lamentado el hecho. El fusilamiento de un sacerdote es algo horrendo, porque lo es de un ungido de Dios, situado por este hecho en un plano sobrehumano, a donde no debieran llegar ni el crimen, cuando lo hay, ni las sanciones de la justicia humana que suponen el crimen. Pero también lamentaríamos, profundamente, la aberración que llevara a unos sacerdotes ante el pelotón que debiese fusilarlos; porque el sacerdote no debe apearse de aquel plano de santidad, ontológica y moral, en que le situó su consagración para altísimos ministerios. Es decir, que si hubo injusticia, por la parte que fuese, la deploramos y la reprobamos, con la máxima energía. No creemos que la haya en amar bien al propio pueblo; por esto nos resistimos a creer que algunos sacerdotes hayan sido fusilados por el mero hecho de ser amantes de su pueblo vasco.

Y aquí el presidente del Gobierno de Euzkadi sigue el discurso católico, pregunta con el corazón dolorido: «¿Por qué el silencio de la jerarquía?».

Yo le aseguro, señor Aguirre, con la mano puesta sobre mi pecho de sacerdote, que la jerarquía no calló en este caso, aunque no se oyera su voz en la tribuna clamorosa de la prensa o de la arenga política. Hubiese sido menos eficaz. Pero yo puedo señalarle el día y el momento en que se truncó bruscamente el fusilamiento de sacerdotes, que no fueron tantos como se deja entender en su discurso. Y como el lamentable hecho se ha explotado en grave daño de España —nos consta— y conviene, en estos gravísimos momentos, que se pongan las cosas en su punto, yo le aseguro, señor Aguirre, que aquellos sacerdotes sucumbieron por algo que no cabe consignar en este escrito, y que el hecho no es imputable ni a un movimiento que tiene por principal resorte la fe cristiana de la que el sacerdote es representante y maestro, ni a sus dirigentes, que fueron los primeros sorprendidos al conocer la desgracia. Deje a la jerarquía, señor Aguirre, para la cual el sacerdote es la niña de sus ojos y la prolongación de su propio ser oficial y público.

En cambio, deje que le pregunte a mi vez, señor Aguirre: ¿Por qué su silencio, sí, de usted y el de sus adictos, ante esta verdadera hecatombe de sacerdotes y religiosos, flor de intelectualidad y santidad de nuestra clerecía, que en la España roja han sido fusilados, horriblemente maltratados, por muchos miles, sin proceso, por el único delito de ser personas consagradas a Dios? ¡Sólo en los seis arciprestazgos reconquistados de Toledo, señor Aguirre, de los dieciséis que tiene mi diócesis, han sucumbido doscientos y un sacerdotes, de los quinientos y pico que ejercían santamente su ministerio! Cuente los miles que han sido villanamente asesinados en las tierras dominadas por los rojos.

Es endeble su catolicismo en este punto, señor Aguirre, que no se rebela ante esta montaña de cuerpos exánimes, santificados por la unción sacerdotal y que han sido profanados por el instinto infrahumano de los aliados de usted; que no le deja ver más que una docena larga, catorce, según lista oficial —menos de dos por mil— que han sucumbido víctimas de posibles extravíos políticos, aún concediendo que hubiese habido extravío en la forma de juzgarlos.

«¿Por qué el silencio de la jerarquía —sigue preguntando usted—, cuando es notorio y de público conocimiento que son desterrados violentamente sacerdotes vascos, llevándolos a tierras alejadas de la suya natal?».

¿Quién los ha desterrado?, pregunto. La mayor parte, ellos mismos, prudentemente y según costumbre universal en momentos de conmoción política popular. A veces, los superiores religiosos legítimos, es decir, la jerarquía, que nada tiene que hablar, porque no tiene que razonar en público sus decisiones; son contadísimos casos. Tal vez, lo ignoramos, ambas jerarquías de acuerdo, la eclesiástica y la civil, para evitar mayores males; y en este caso no es ante el presidente del Gobierno de Euzkadi donde deban justificarse. Quizá la autoridad militar o la civil con el derecho —salvando la forma debida en un Estado católico con que se aparta de la República un ciudadano nocivo, simple hipótesis—; porque una autoridad española no tiene el deber de agradar ni de requerir el consentimiento del presidente de un Gobierno político heterodoxo, y sabe, por otra parte, que ninguna jerarquía, que no es más que la forma organizada de la autoridad social, puede ignorar que el más grave peligro de una sociedad es el ciudadano que trabaja en desorganización.

La jerarquía y la defensa del régimen

«Y cuando numerosos católicos de la República Española han preguntado si está obligado el católico a defender el régimen legalmente constituido, ¿por qué silencia la respuesta la jerarquía?».

Señor Aguirre: si se refiere usted a la jerarquía eclesiástica —creemos que sí—, la pregunta, a más de superflua, encierra una imputación tácita, que un católico no debe lanzar contra los representantes del magisterio de la Iglesia. Sobra, ante todo, la pregunta; porque usted, católico, abogado, diputado y amigo de sacerdotes, sabe que es doctrina tan vieja como el cristianismo que el católico viene obligado a defender el régimen legalmente constituido. Usted sabe que, cuando España se dio su régimen actual, la Iglesia oficialmente lo reconoció, y se prodigó en la literatura pastoral el acatamiento al régimen, aún doliendo a muchos el tener que sacrificar de momento principios políticos que se consideraban más en consonancia con la vida y la historia de nuestro pueblo. Usted sabe que la jerarquía, aún a trueque de desagradar a impacientes y ultrancistas, sostuvo el principio intangible del respeto al régimen, por más que ella, la jerarquía, fue la primera víctima de las intemperancias doctrinales y de los excesos legales de los hombres que lo representaban. Es ésta una gloria de la jerarquía, sin que le sean imputables los yerros de unos hombres que no supieron llevar con honor ni con justicia la representación que el pueblo les había confiado. ¿A qué viene, señor Aguirre, su impertinente pregunta, sino a confundir nociones, enredar hechos e infundir recelos contra los jerarcas a quienes parece tener usted en tanta estima ? Confunde nociones, porque aún no ha aparecido nadie que se haya alzado contra el régimen, que sigue siendo en sustancia el que el pueblo se dio; y adopto esta fórmula, tan democrática como falaz, porque ya la historia ha fallado sobre un momento de alucinación de nuestra vida política que ha llevado a España al borde del abismo. Enreda hechos, porque promiscua usted lastimosamente el gesto viril de un gran pueblo que quiere salvarse con la travesura política que trata de erigir en cantón independiente a la antes españolísima Vizcaya. E infunde recelos contra la jerarquía, que se ha mantenido en las alturas de verdad y de la caridad y que usted quisiera ver enzarzada, a lo menos en concepto de ese cristianísimo pueblo, en una querella que forzosamente llevará a la ruina de la paz idílica en que vivió durante siglos y del bienestar que se había conquistado con el esfuerzo de su inteligencia y de sus brazos.

La defensa contra la agresión injusta

Increpa usted, por fin, a la jerarquía por su silencio ante el gesto de la juventud vasca que, «siendo en gran parte cristiana, e interpretando rectamente la doctrina cristiana del derecho de defensa e incluso con las armas en la mano contra la agresión injusta, hubiese querido encontrar allá donde la justicia tiene su asiento, es decir, en la jerarquía, una voz que aprueba una conducta ajustada al derecho».

Este lenguaje, doblemente injusto, porque prescinde de un hecho ruidoso como lo fue la intervención de la jerarquía en el movimiento vasco hace cinco meses, y porque quisiera coaccionarla, arrastrándola a la consagración pública de un disparate y de una injusticia, no es digno de un hombre que se dice a sí mismo presidente de un Gobierno.

Señor Aguirre: hay situaciones de orden social que reclaman la circunspección máxima en el hablar. Usted es rector de un pueblo; a lo menos se arroga usted este nombre y oficio. Por lo mismo, es su ordenador y legislador, su mentor y su padre, que tales oficios ha asignado siempre la doctrina cristiana a un presidente político de un pueblo. Y estos oficios son incompatibles con el disimulo y la astucia.

Lo que ocurre, señor Aguirre, es que no hay peor sordo que el que no quiere oír. Más tratándose de un católico, no hay peor situación espiritual que la que crea la conveniencia de cerrar los oídos a la verdad. Porque esta conducta «ajustada a derecho» de las juventudes vascas la jerarquía la condenó al cuajar el contubernio vasco-comunista, con todos los pronunciamientos desfavorables. Oiga usted otra vez la misma voz de la jerarquía, contenida en el documento pastoral que tenemos a la vista, publicado en agosto último:

«No es lícito —decían en el mismo los Excmos. Sres. obispos de Vitoria y de Pamplona—, en ninguna forma, en ningún terreno, y menos en la forma cruentísima de la guerra, última razón, fraccionar las fuerzas católicas ante el común enemigo…».

«Menos lícito, mejor absolutamente ilícito es, después de dividir, sumarse al enemigo para combatir al hermano, promiscuando el ideal de Cristo con el de Belial, entre los que no hay compostura posible…».

«Llega la ilicitud a la monstruosidad cuando el enemigo es este monstruo moderno, el marxismo o comunismo, hidra de siete cabezas, síntesis de toda herejía, opuesto diametralmente al cristianismo en su doctrina religiosa, política, social y económica…».

¡Doctrina cristiana clásica del derecho de defensa! No entramos en la cuestión política que insinúa en su última pregunta sobre la agresión injusta, de la que deriva la otra cuestión moral del derecho de defensa contra el injusto agresor. También la jerarquía, por la pluma de un sabio y venerable prelado, ha hablado sobre este punto, dando luminoso criterio y segurísimas normas; y no hace todavía un mes que en la Universidad Gregoriana de Roma —el gran centro de estudios eclesiásticos del mundo—, se aplicaba la lección moral al caso de España por un sabio profesor español de esta asignatura. Concretando la censura a la coalición vasco-comunista, pactada, seguramente, para el ejercicio del derecho de defensa contra la agresión injusta, un conspicuo nacionalista, tan buen vasco como ferviente católico, cara a la muerte ocho días después de estallar el movimiento militar, la calificaba de heterodoxo, indiscreta e insincera. Es voto de calidad, emitido en hora solemne de la vida.

¡Una voz que apruebe una conducta ajustada a derecho! Nada más ajustado a derecho que decir la verdad, señor Aguirre; y cuando la verdad se ha pronunciado desde el sitial sagrado donde —según expresión de usted— la justicia tiene su asiento, es un deber de todos difundirla a los cuatro vientos, más por quienes son rectores de los pueblos, no ocultarla entre sofismas e insinuaciones tendenciosas.

No, señor Aguirre: no se trata de una cuestión de derecho ni de moral. O mejor, se trata de la moralidad de un procedimiento para el logro de reivindicaciones políticas que constituyen tan anhelo popular.

Comprendemos el ansia de un pueblo, maduro y fuerte y hasta, dentro de nuestro concepto político personal del Estado español, la aplaudimos y quisiéramos verla cristalizada en una fórmula que lo fuera a la vez de unión irrompible con la gran patria y de reconocimiento público de las virtudes y de la historia del pueblo vasco.

Hace pocas semanas concretábamos nuestro pensamiento en un pobre escrito en que decíamos: «El verdadero CASO DE ESPAÑA» sería éste: Que, dentro de la unidad, intangible y recia, de la gran patria, se pudieran conservar las características regionales, no para acentuar hechos diferenciales, siempre muy relativos ante la sustantividad del hecho secular que nos plasmó en la unidad política e histórica de España, sino para estrechar, con la aportación del esfuerzo de todos, unos vínculos que nacen de las profundidades del alma de los pueblos iberos y que nos impone el contorno de nuestra tierra y el suave cobijo de nuestro cielo incomparable.

Así, los rasgos físicos y psicológicos distintivos de los hijos traducen mejor la unidad fecunda de los padres».

Pero se ha tomado mal camino, señor Aguirre; para la defensa de la tradición y de la patria, se ha pactado una alianza con gente sin tradición y sin patria, o que laboran contra ambas por un postulado de su doctrina política; y en el ansia de conservar en el fondo del pueblo vasco las puras esencias de nuestra religión santísima, sentida y practicada en Vizcaya, tal vez más que en región alguna del mundo, se ha cometido la locura de andar del brazo, ambos armados, de quienes tienen como punto primero de su programa —acaban de decirlo los obispos alemanes— la extirpación del nombre de Dios de la vida pública y del fondo de las conciencias. Antes que lo hubiese dicho el Episcopado Alemán, los aliados de usted lo habían hecho, en forma horrenda, en el suelo sagrado de la España sometida al cetro de hierro de los comunistas. Ahí están Cataluña y Valencia, Murcia, Castilla la Nueva y gran parte de Andalucía: sin templos, sin sacerdotes, sin culto, sin Cristo, sin Dios.

Invitación a la reflexión serena

CONCLUSIÓN

Yo le invito a la reflexión serena, señor Aguirre; y toda vez que es usted católico ferviente, este pobre prelado de la Iglesia española, que siente como nadie el desgarro profundo que una equivocación política ha producido entre los hijos de nuestras madres, la Iglesia y España, le invita a una meditación ascética la que, puestos el pensamiento y la conciencia ante Dios, ante sus justos juicios ante el momento supremo en que quisiéramos haberlo hecho todo bien, resuelva lo que juzgue mejor para el bien espiritual y material de su pueblo.

No tema rectificar el camino andado, señor Aguirre. Queda todavía mucho por salvar en esa bella y rica Vizcaya. Quedan sus hermosas ciudades, sus industrias florecientes, millares de vidas que deberán sucumbir en una lucha fratricida o víctimas de la miseria y del desamparo. Queda el honor, que nunca es más limpio que cuando es hijo de una rectificación heroica. Queda la paz, hoy profundamente alterada por una guerra feroz y por los odios más feroces que de ella derivan, y que se hubiese abrazado ya con la justicia hace semanas si en los montes de Guipúzcoa se hubiesen dado la mano los hermanos de esta bella tierra para la fácil conquista de las costas del Cantábrico, desde Irún la desgraciada a Oviedo la mártir.

Y queda Dios y tantas cosas como tiene Dios en esa bendita tierra de Vizcaya. Ayude a su pueblo, señor Aguirre, a conservar a Dios que peligra en él. Es forma humana de hablar, porque Dios ha querido someterse, sin pérdida de su tremendo dominio, a la voluble libertad del hombre. Sus aliados no le ayudarán a salvar a Dios, porque Vizcaya no será una excepción en el mundo comunista. Y yo tiemblo por Dios en Vizcaya —como temblaría por una España sin Dios, que tal fuera una España comunista—, el día en que unos barcos rusos depositaran en las calas rocosas del Cantábrico unos millares de esos hombres rubios sin Dios que alteran el equilibrio en que se mantienen hoy las fuerzas aliadas. Porque, señor Aguirre —acaba de decirlo en una pastoral el Episcopado Alemán— «entre el comunismo y nuestro catolicismo —que es el de Vizcaya— hay la misma separación que entre el día y la noche, el fuego y el agua; y si los comunistas llevan la bandera roja a través de la Europa central y occidental, no quedará más que un campo de escombros, y la Iglesia católica se hundirá en el caos y en la desolación».

Termino esta larga carta, señor Aguirre, y con ella las molestias que le ocasiono. Ofrézcalas a Dios en caridad. Me dicen que estos días se nota en toda Vizcaya una intensificación de la vida religiosa. Nunca se piensa más en Dios que cuando se palpa la impotencia del hombre en estos terribles azotes generales que la humanidad no ha podido barrer de su historia: el hambre, la peste, la guerra, que suelen andar juntos… Señor Aguirre: he predicado en los templos de Bilbao; me he postrado muchas veces ante la bendita Virgen de Begoña; he admirado la fe religiosa y las virtudes cristianas de ese pueblo; siento veneración y amor para esa clerecía de Vizcaya, de espíritu tan sacerdotal, inteligente y celosa, tan íntimamente compenetrada con el pueblo, al que puede decir lo del Apóstol: «Yo te engendré para Jesucristo». Y me escalofrío el pensamiento de que un día, quizá no lejano, pudiese apearse de los altares la Cruz bendita de Cristo, y ser convertidos los templos en almacenes y cuarteles, y callar el sacrificio y la oración pública, y ser asesinados los sacerdotes o buscar un refugio en esos montes y extinguirse esa sonrisa de la Madre de Begoña que es el encanto de la gran ciudad. No es una pesadilla inverosímil, porque es un hecho en gran parte de España.

Señor Aguirre: yo le invito en el nombre de todos estos amores, que usted tiene, como buen vasco, arraigados en su corazón; por la caridad de Dios, que quiere que todos seamos una cosa con El, a que, como padre y rector de ese pueblo, busque coincidencias y excogite medios y medio halle una fórmula eficaz y suave de devolver a su pueblo la paz perdida. Cuando no se lograra más, se tendría el mayor bien que pueden apetecer los pueblos, porque es el fundamento y corona de todo bien. ¡Quién sabe si con la paz, y a más de ella, se podrían lograr anhelos legítimos de ese noble pueblo!

Piénselo, señor Aguirre, mientras quedo de usted affmo. amigo y siervo en Cristo, que le bendice a usted y a ese querido pueblo.

El Cardenal Arzobispo de Toledo. Pamplona, 10 de enero de 1937.

(El Pensamiento Navarro, Pamplona, 12 de enero de 1937.)

La persecución religiosa

en el País Vasco

El carácter católico y hasta clerical de los gobernantes vascos en la Guerra Civil —los hombres del PNV—, su alianza antinatural con el Frente Popular, denunciada por la propia Iglesia jerárquica del País Vasco y de Navarra, y la angustiosa propaganda del Gobierno vasco ante la opinión pública mundial nos obligan, según nuestro método en la presente historia, a considerar en este momento una de las claves de la Guerra Civil: la dialéctica de la persecución y la cruzada. Un sector aberrante de la Iglesia española, que utilizó como plataforma de manipulaciones a aquella gran manipulación que fue la Asamblea Conjunta Obispos-Sacerdotes de 1971, repudió la actuación de la Iglesia de España durante la guerra civil con argumentos ucrónicos y sectarios. En cambio, la versión definitiva del documento episcopal de 1986, Constructores de la paz, una vez descartadas anteriores versiones debidas a teólogos liberacionistas y revanchistas, ha expresado de forma admirable la solidaridad de la Iglesia actual con aquella Iglesia, y ha aceptado como norma de interpretación histórica la que llamamos dialéctica de la persecución y la cruzada. Justo cuando la Santa Sede proclamaba oficialmente la condición de mártires —era la primera vez— de tres religiosas de Guadalajara —las hermanas Teresa, Pilar y Ángeles—, asesinadas por odio a su fe por los milicianos en 1936. Hemos, por tanto, de abordar con claridad y brevedad el problema de la Iglesia ante la Guerra Civil española.

Lo haremos partiendo del problema vasco. Acabamos de ver que el cardenal Gomá había replicado duramente el 10 de enero de 1937 a la explicación dada por el lendakari Aguirre sobre la alianza del PNV y el Frente Popular, donde afirmaba —el 22 de diciembre de 1936— que la Guerra Civil «no es una guerra religiosa, es una guerra de tipo económico arcaico y de un contenido social». En la campaña anterior de Guipúzcoa las columnas nacionales fusilaron a 16 ó 18 eclesiásticos por razones políticas, y cuando el cardenal Gomá conoció el hecho protestó ante Franco, que declaró desconocer esos fusilamientos y prometió cortarlos inmediatamente, como así fue. Treinta y cuatro obispos felicitaron al cardenal Gomá por su carta abierta a Aguirre. El 29 de diciembre de 1936 Franco pidió al cardenal Gomá una acción de la Santa Sede ante el pueblo vasco en favor de la causa nacional. Y, por entonces, se iniciaron unas negociaciones con el PNV, que fracasaron por los asesinatos perpetrados a principios de enero en Bilbao.

Una nueva negociación de iniciativa vaticana abortó porque Franco no quiso ceder un ápice en concesiones autonómicas a los nacionalistas. Precisamente en este contexto el cardenal Pacelli, secretario de Estado, sugirió que los obispos de España preparasen una carta colectiva en torno a la cooperación de católicos y marxistas en el País Vasco; pero el cardenal Gomá lo desestimó y propuso en cambio la preparación de una carta sobre el sentido de la guerra de España. Es la idea de la Carta Colectiva del Episcopado Español que maduró rápidamente en el primer semestre de 1937.

El bombardeo de Guernica a fines de abril de 1937 aplastó nuevos intentos de aproximación negociadora entre los dos bandos, pero a primeros de mayo la Santa Sede volvió a proponer al cardenal Gomá la apertura de negociaciones. Gomá convino con Mola condiciones para la rendición de Euzkadi, pero el mando nacional exigió que se aceptasen sus condiciones antes de la ruptura del cinturón de hierro de Bilbao. El Vaticano no logró su propósito.

Cuando se conquistó, sin negociaciones, la provincia de Vizcaya, los nacionales comprobaron que el PNV no había podido impedir la ejecución de unos 45 eclesiásticos por el Frente Popular, cifra que figura en el documentado catálogo de José Echeandía La persecución roja en el País Vasco (Barcelona, 1945), pese a que monseñor Antonio Montero, en su obra magna La persecución religiosa en España (Madrid, BAC 1961), sólo aporta la cifra de 35 sacerdotes seculares asesinados en toda la diócesis de Vitoria, que comprendía entonces las tres provincias vascongadas. Varios canónigos se incluían entre estas víctimas de la represión republicana en Vizcaya, y por lo menos tres sacerdotes pertenecientes al PNV y asesinados por el Frente Popular, los señores Atucha, Zavala y Gorostiza, de los que nadie habló jamás. En mi libro de 1990 Misterios de la Historia, reproduzco las esquelas publicadas en el Diario Vasco de San Sebastián con inclusión de todos los sacerdotes vascos asesinados por el Frente Popular durante la época de gobierno de Euzkadi. Las tropas de Franco por las gestiones de la Santa Sede y el cardenal Gomá, no fusilaron en Vizcaya a sacerdote alguno en 1937; una pena capital fue conmutada. Fueron juzgados 35 sacerdotes en Bilbao y desterrados varios más, según el mejor estudio monográfico sobre la Iglesia y la Guerra Civil española, debido a la investigadora María Luisa Rodríguez Aisa, El cardenal Gomá y la guerra de España, que ha estudiado a fondo el archivo del cardenal.

Como en Guipúzcoa fueron fusilados por el Frente Popular unos seis sacerdotes y religiosos, y parecido número en la parte de Álava que estuvo bajo dominio republicano, según las relaciones de José Echeandía, resulta que el Frente Popular eliminó en el País Vasco a casi 60 sacerdotes y religiosos, que son el triple de los fusilados allí por las tropas de Franco antes del cese de las ejecuciones; y hemos procurado contrastar las listas de Echeandía para evitar repeticiones según procedencias de las víctimas.

Las cifras globales

de la persecución

Esto significa que las cifras finales dadas en el magnífico estudio de monseñor Montero habrán de ser corregidas por defecto en bastantes ocasiones. Sin embargo, no disponemos de otra estadística más completa y fiable, que nos ofrece la siguiente relación de víctimas sacerdotales y religiosas del Frente Popular a lo largo de toda la Guerra Civil:

Trece obispos: Nieto, de Sigüenza; Huix, de Lérida; Laplana, de Cuenca; Asensio, de Barbastro; Serra, de Segorbe; Basulto, de Jaén; Borrás, auxiliar de Tarragona; Esténaga, de Ciudad Real; Ventaja, de Almería; Medina Olmos, de Guadix; Irurita, de Barcelona; Polanco, de Teruel (capturado en enero de 1938 y fusilado en 1939 por los comunistas); Ponce, administrador apostólico de Orihuela; 4.184 sacerdotes seculares; 2.365 religiosos; 283 religiosas.

Como en 1936 había en España 29.902 sacerdotes seculares, fueron eliminados en zona republicana pese a que en ella solamente radicaba una cuarta parte de las diócesis, el 13 por 100; el porcentaje de víctimas de los religiosos es todavía superior, un 23 por 100. Ante la cifra que creemos probable, de unas 70.000 u 80.000 ejecuciones en zona republicana, y ante la casi seguridad de que las cifras de Antonio Montero han de aumentarse un tanto, parece segura la conclusión de que el clero y los religiosos dieron un 10 por 100 aproximadamente de las víctimas de la represión del Frente Popular durante la guerra. Desde la época de Roma nunca había sufrido la Iglesia católica en todo el mundo una persecución tan espantosa. Y nos hemos fijado sólo en las cifras heladas; renunciamos a detallar, ni siquiera como ejemplos, las terribles circunstancias de muchísimos de esos asesinatos. Aunque las víctimas hayan sufrido, a manos de los eclesiásticos alucinados que ahora, desde 1971, abominan de ellas, un segundo y más doloroso martirio que sacerdotes como el canónigo González Ruiz reiteraba cincuenta años después (Cfr. El País, 7-5-1986).

La persecución religiosa tuvo en la República, como en los tiempos de Roma, alcance legal, como sabemos por el decreto de 1936 que firmó Azaña. Pero el decreto era superfluo. Se cerraron en la zona republicana todas las iglesias y todas las casas religiosas. Se interrumpió el culto. Los sacerdotes fueron buscados y perseguidos como alimañas, y en muchísimos casos ejecutados y martirizados.

La proclamación de cruzada

La Iglesia respondió a la persecución con la Cruzada. La persecución, que ya provenía de los tiempos de la República, se convirtió en desatada carnicería durante la Guerra Civil. En las primeras semanas de la guerra saltaron ya voces de cruzada en la prensa de la zona nacional, como ha recordado el profesor Palacio Atard en un memorable análisis que ha dedicado al problema en su libro Cinco historias de la República y de la guerra (Madrid, Editora Nacional, 1973). El mismo general Franco habló de cruzada en sus mensajes desde África, pero en sentido patriótico, no religioso. Recuerda el mismo autor que sólo dos grupos católicos, el PNV y la Unión Democrática de Cataluña, dejaron de unirse al Alzamiento. La primera declaración episcopal en favor de los rebeldes fue la pastoral colectiva de los obispos de Vitoria, monseñor Múgica, y Pamplona, monseñor Olaechea, el 6 de agosto de 1936, que he reproducido y que como ha demostrado María Luisa Rodríguez Aisa fue propuesta por el cardenal Gomá. Esta pastoral incluye una enérgica reprobación contra el PNV por su coyunda antinatural con los marxistas, y contiene la declaración de cruzada aún sin mencionar el término: «En el fondo del movimiento cívico-milítar de nuestro país late, junto con el amor de patria en sus varios matices, el amor tradicional de nuestra religión sacrosanta». El 8 de septiembre de 1936 se radió desde Vitoria una ratificación a ese documento, firmada por monseñor Múgica, una vez que los nacionalistas vascos pusieran en duda su autenticidad.

Debo al prócer carlista Dr. Roberto G. Bayod Pallares un importante documento original —el Boletín Eclesiástico Oficial del Arzobispado de Zaragoza, número 15 de 1936— en que se demuestra que fue el prelado de esa diócesis, monseñor Rigoberto Doménech —persona apolítica que se había abstenido en las elecciones de febrero de 1936— quien proclamó oficialmente la Cruzada en su circular número 16 de 29 de agosto de 1936, sobre rogativas para el feliz término de la guerra. «Ha transcurrido poco más de un mes desde que nuestro glorioso Ejército, secundado por el pueblo español, emprendió la presente cruzada en defensa de la patria y de la religión». El 14 de septiembre de 1936 el Papa Pío XI, en Castelgandolfo, en presencia del secretario de Estado Pacelli, dirigió una significativa alocución a 500 peregrinos españoles en que abiertamente declaró su apoyo al Movimiento Nacional, y eso que el cardenal Pizzardo, como nos revela María Luisa Rodríguez Aisa, quitó intensidad a la proclamación. Pero al referirse a las víctimas del Frente Popular en España declaró el Papa que se trataba de «verdaderos martirios en todo el sagrado y glorioso significado de la palabra», expresión pontificia que más de un teólogo a la violeta debería repasar en su torre anacrónica de marfil. El profesor Gonzalo Redondo ha citado alguna declaración más de Cruzada durante las primeras semanas de la guerra.

El 30 de septiembre de 1936, víspera de la proclamación del general Franco como jefe de Estado, la Cruzada —que como vemos fue invocada por la Iglesia de España mucho antes que por el Estado— entraba oficialmente en la doctrina episcopal española dentro de un gran documento pastoral: Las dos ciudades, del obispo de Salamanca don Enrique Pía y Deniel, a quien pese a la precedencia cronológica de la circular zaragozana, debe mantenerse por ello el título de obispo de la Cruzada. Se trata de una importante introducción doctrinal a la guerra justa, donde se reconoce el apoyo del Papa y la Iglesia española al Alzamiento y se dice: «Ya no se ha tratado de una Guerra Civil, sino de una cruzada por la religión y la patria».

El cardenal primado de Toledo, Isidro Gomá, refugiado en Pamplona, completa la triada de obispos que orientan prontamente a la Iglesia de España y del mundo sobre el carácter de la Guerra Civil española. El 23 de noviembre de 1936 el cardenal Gomá dirigió el primero de sus escritos doctrinales sobre la guerra de España ante las tergiversaciones y las dudas que se habían suscitado en el mundo católico por el sentido de la guerra de España. El documento se titula El caso de España y tuvo una difusión enorme. En él se dice, a propósito de la Guerra Civil, que «en el fondo debe reconocerse en ella un espíritu de verdadera cruzada en pro de la religión católica»; no es una guerra de clases como poco después apuntaría el lendakari Aguirre, sin duda muy mal asesorado por otros eclesiásticos de mira menos universal.

La actuación

del cardenal Gomá

Muy poco después, el 19 de diciembre de 1936, el cardenal Gomá fue designado en Roma «encargado confidencial ante el Gobierno de Franco», cargo oficioso que retendría hasta octubre de 1937. Después se publicaba en Bélgica una antología con 16 pastorales de obispos españoles en apoyo pleno al Movimiento Nacional, considerado como lucha religiosa. El 24 de diciembre de 1936 y en su mensaje de Navidad, el Papa Pío XI se refería a la guerra de España: «Han querido hacer —dijo del campo marxista— una experiencia suprema de las fuerzas deletéreas a sus órdenes». El apoyo de la Santa Sede a la España nacional seguía muy claro.

En su gestión oficiosa, el cardenal Gomá consiguió el decreto de Franco de 6 de mayo de 1937 por el que se organizaba la ya preexistente y espontánea asistencia espiritual a las fuerzas armadas y milicias, dentro de la tradición del Ejército y la Marina Española desde los comienzos de la Edad Moderna. El 8 de abril el cardenal envía un «informe político a la Santa Sede» en el que señala:

«El aspecto político del Gobierno dista mucho de ofrecer la garantía de competencia y acierto del militar».

»Aunque el Generalísimo cada vez ha acentuado más y más su sentir netamente católico, en parte porque él es de profundas convicciones religiosas, y en parte también por la presión de la opinión pública, que ha considerado y considera esta guerra como una verdadera cruzada». Expresa el cardenal sus recelos por el predominio de la Falange en la unificación donde los carlistas aportan el aliento espiritual, según él; y a mediados de abril de 1937 pretende traducir y difundir la declaración del Papa Mit brennender Sorge contra el totalitarismo nazi, pero desiste por la delicada situación de la España nacional en su dependencia militar de la Alemania nazi. Sin embargo, no se trata de una cancelación, sino de un aplazamiento; el documento del Papa sobre el nazismo se publica por fin en el Boletín del Arzobispado de Toledo el 15 de enero de 1938. Y en mayo de 1937 Franco dice al cardenal que no piensa permitir la extensión del racismo hitleriano a España.

El 19 de marzo de 1937, el Papa Pío XI se refería nuevamente a España —en plena batalla de Guadalajara— dentro de su encíclica Divini Redenptoris, donde acusa al comunismo de haber causado la muerte de varios obispos y de millares de sacerdotes y seglares católicos en España, en una «lucha contra todo lo que es divino. El comunismo es, por naturaleza, antirreligioso». El cardenal Gomá, que por entonces —fin de mayo de 1937— había desaconsejado netamente una iniciativa del cardenal Pizzardo para lograr una mediación entre los beligerantes de la guerra de España —en plena coherencia con su concepción de la guerra como conflicto internacional a muerte— se había definido ya el 30 de enero de 1937, con mayor claridad todavía en una carta sobre El sentido cristiano español de la guerra ante el choque que enfrentaba a las dos Españas «Nuestra guerra —decía— bien pudiera ser el instrumento de la justicia de Dios con que tratara de purificarnos». Alude negativamente a la frase de Azaña: «España ha dejado de ser católica». Critica por igual al egoísmo de los pudientes y a la impaciencia revolucionaria. Acusa a la prensa. «Nunca en la historia —dice— se vio una matanza de sacerdotes como la que hemos visto en España». Pide arrancar el rencor contra los enemigos; y aplaude a Franco por haber salvado a la Iglesia de España.

En la primavera de 1937 alentaba ya, pues, la idea de una carta colectiva del Episcopado Español, cuya sugerencia vino del cardenal Pacelli, aunque luego el cardenal Gomá ampliase el alcance del documento, como le pedían numerosos obispos. El 23 de febrero de 1937, el cardenal escribe a los obispos sobre el proyecto de carta y el 16 de marzo (datos de María Luisa Rodríguez Aisa), el cardenal Pacelli deja al criterio del cardenal, que ya se ha convertido en líder indiscutible de la Iglesia española, la forma y fondo del documento, a cuya publicación sólo se opone el cardenal Vidal y Barraquer, sobre todo por temor a que pueda recrudecerse la persecución contra sus diocesanos de Cataluña. Los obispos, incluso monseñor Múgica, aprobaron la idea. El 10 de mayo el general Franco pidió formalmente al cardenal Gomá que el documento se dirigiera a los obispos de todo el mundo para reducir tergiversaciones de una parte de la opinión católica mundial sobre la guerra de España.

El cardenal Gomá comunica a los arzobispos el ruego de Franco y todos acceden excepto Vidal y Barraquen

Pronto envía el cardenal a Roma el borrador de carta, remitido también a todos los obispos para su firma. Dos —el cardenal Vidal y el obispo Múgica— se negaron. Lo firmaron prácticamente todos: 43 obispos y 5 vicarios capitulares. No lo firmaron los 12 obispos ya asesinados entonces, aunque sí el obispo de Teruel, fray Anselmo Polanco, que luego, capturado por el enemigo, pagaría esta firma con el martirio; hoy es uno de los tres obispos de la Guerra Civil beatificado por Juan Pablo II.

En la Carta Colectiva no se menciona la palabra cruzada, aunque casi todos los comentarios dicen que sí. Se publica el 1 de julio de 1937, menos de dos semanas después de la caída de Bilbao, aunque resulta una frivolidad la de mi admirado amigo Hugh Thomas, quien en su clásica obra sobre la Guerra Civil española (que tiene el enorme mérito de su primera fecha de edición, 1961) considera a la Carta Colectiva como una «consecuencia teológica de la caída de Bilbao». Estaba ya planeada y redactada y consultada mucho antes; y nada tiene que ver con un hecho concreto, aunque sea tan importante, de nuestra guerra.

La carta quiere compensar el «desconocimiento de la verdad de cuanto en España ocurre» y se queja de la actitud de «una buena parte de la prensa católica extranjera». Afirma que «la guerra de España es producto de pugna de ideologías irreconciliables». Reconoce que «nuestra misión es de reconciliación y de paz» y reafirma que la Iglesia no suscitó ni quiso la guerra. «Con nuestros votos de paz —dice la Carta en una frase nunca citada— juntamos nuestro perdón generoso para nuestros perseguidores». «La Iglesia…. ha organizado cruzadas. No es éste nuestro caso. La Iglesia no ha querido esta guerra ni la buscó».

«Ésta es la posición del Episcopado Español frente al hecho de la guerra actual: se la vejó y persiguió antes de que estallara; ha sido víctima principal de la furia de una de las partes contendientes». Atribuyen los obispos la guerra al desgobierno de la República. Y a una decisión de la Comintern —que no demuestran— en febrero de 1936. Y a otro hecho mucho más real: el armamento deliberado de las milicias marxistas.

El Movimiento es «cívico-militar». Rusia intentó la subversión profunda del Ejército mediante su infiltración en él (lo cual era describir objetivamente la situación del Ejército Popular, como sabemos). La reacción del alma nacional fue de tipo religioso. «La guerra es como un plebiscito armado. La división en dos bandos es tajante; el espiritual, con la defensa de la patria y de la religión; el materialista, con el comunismo, el marxismo y el anarquismo». «Hoy por hoy no hay en España más esperanza para reconquistar la justicia y la paz que el triunfo del Movimiento Nacional». Hacen los obispos una terrible descripción de lo que llaman revolución comunista. Citan la cifra de 20.000 iglesias y capillas destruidas y 6.000 sacerdotes asesinados; estaban las dos cifras muy cerca de la verdad. Hablan del martirio de los sacerdotes. «Se les cazó con perros, se les persiguió a través de los montes…, se les mató sin juicio las más de las veces». La Carta termina con una defensa del Movimiento Nacional y —ante los expresos deseos de Roma— con una condenación del nacionalismo vasco.

Leída y meditada en su contexto, lejos de fáciles ucranias, la Carta Colectiva mantiene hoy toda su fuerza y su vigor. Yerra o exagera en cuestiones de detalle, según datos acerca de la revolución española preparados sin duda por el Cuartel General. Pero las principales tesis y las principales razones se mantienen vivísimas hoy. Ante el hecho de la persecución, la Iglesia se sumó, aunque no la proclamaba colectivamente, a la Cruzada. Es un alivio histórico inmenso comprobar que la Iglesia de España en este fin de siglo, superadas algunas aberraciones sectoriales como la Asamblea Conjunta de 1971 y el Congreso de la Evangelización de 1985, vuelve a verlo así.

No lo ve en cambio así el profesor Julián Marías, por cuya persona y cuya obra siente el autor de esta historia un gran respeto. Acaba de decirnos el profesor Marías que la Iglesia de España actuó mal y debió ofrecer en 1936 la otra mejilla. No cabe mayor anacronismo. En el Blanco y Negro secuestrado el 1 de febrero de 1938 Julián Marías no predicaba la reconciliación; reclamaba mayor información militar para que el pueblo de la zona republicana participase más profundamente en el espíritu de la Guerra Civil. «Falta la crónica diaria, o poco menos, de las operaciones». Y declaraba que en las filas del Ejército Popular «está hoy toda la juventud española». Para él la guerra desde el Frente Popular era «nuestra lucha». Con toda la Iglesia católica enfrente. No parece la mejor vivencia para exigir a la Iglesia española un comportamiento utópico que en cambio sí que se dio en miles de sus miembros, que murieron por todos con el perdón en los labios y el martirio en el alma.

Franco y Gomá lograron sus objetivos con la Carta Colectiva que alcanzó en todo el mundo una difusión colosal. Sólo en los Estados Unidos se agotaron las varias ediciones, que sumaban 100.000 ejemplares. Todos los episcopados contestaron, individual y colectivamente, al cardenal Gomá sumándose a las tesis de la Iglesia de España.

La propaganda de Euzkadi y la de algunos grupos católicos progresistas quedó aplastada. En 1938 el doctor Negrín permitió, por razones de contrapropaganda, la creación en Barcelona de un Instituto Católico de Estudios Religiosos que no pasó de caricatura siniestra y publicó un curioso diálogo contra la Carta Colectiva, que leído hoy parece sarcasmo. La Iglesia de España, junto a la de Roma, había dicho en julio de 1937 su palabra.

Resulta increíble la sistemática deformación que a lo largo de las décadas se ha hecho de la Carta Colectiva del Episcopado. Después de las consideraciones introductorias que acaban de hacerse, creo que el medio mejor para comprender lo que realmente afirmaron los obispos es publicar el importantísimo documento, como hacemos a continuación.

CARTA COLECTIVA DEL EPISCOPADO ESPAÑOL A LOS OBISPOS DE TODO EL MUNDO

1. Razón de este documento.

Venerables hermanos:

Suelen los pueblos católicos ayudarse mutuamente en días de tribulación, en cumplimiento de la ley de caridad, de fraternidad que une en un cuerpo místico a cuantos comulgamos en el pensamiento y amor de Jesucristo. Órgano natural de este intercambio espiritual son los obispos, a quienes puso el Espíritu Santo para regir la Iglesia de Dios. España, que pasa una de las más grandes tribulaciones de su historia, ha recibido múltiples manifestaciones de afecto y condolencia del Episcopado católico extranjero, ya en mensajes colectivos, ya de muchos obispos en particular. Y el Episcopado Español, tan terriblemente probado en sus miembros, en sus sacerdotes y en sus iglesias, quiere hoy corresponder con este documento colectivo a la gran caridad que se nos ha manifestado de todos los puntos de la tierra.

Nuestro país sufre un trastorno profundo; no es sólo una Guerra Civil cruentísima la que nos llena de tribulación; es una conmoción tremenda la que sacude los mismos cimientos de la vida social y ha puesto en peligro hasta nuestra existencia como nación. Vosotros lo habéis comprendido, venerables hermanos, y «vuestras palabras y vuestro corazón se nos han abierto», diremos con el Apóstol, dejándose ver las entrañas de vuestra caridad para con nuestra patria querida. Que Dios os lo premie. Pero con nuestra gratitud, venerables hermanos, debemos manifestaros nuestro dolor por el desconocimiento de la verdad de lo que en España ocurre. Es un hecho, que nos consta por documentación copiosa, que el pensamiento de un gran sector de opinión extranjera está disociado de la realidad de los hechos ocurridos en nuestro país. Causas de este extravío podrían ser el espíritu anticristiano, que ha visto en la contienda de España una partida decisiva en pro o contra la religión de Jesucristo y la civilización cristiana; la corriente opuesta de doctrinas políticas que aspiran a la hegemonía del mundo; la labor tendenciosa de fuerzas internacionales ocultas; la antipatía que se ha valido de españoles ilusos que, amparándose en el nombre de católicos, han causado enorme daño a la verdadera España. Y lo que más nos duele es que una buena parte de la prensa católica extranjera haya contribuido a esta desviación mental, que podría ser funesta para los sacratísimos intereses que se ventilan en nuestra patria.

Casi todos los obispos que suscribimos esta carta hemos procurado dar a su tiempo la nota justa del sentido de la guerra. Agradecemos a la prensa católica extranjera el haber hecho suya la verdad de nuestras declaraciones, como lamentamos que algunos periódicos y revistas, que debieron ser ejemplo de respeto y acatamiento a la voz de los prelados de la Iglesia, las hayan combatido o tergiversado.

Ello obliga al Episcopado Español a dirigirse colectivamente a los hermanos de todo el mundo, con el único propósito de que resplandezca la verdad, oscurecida. Por ligereza o por malicia, y nos ayude a difundirla. Se trata de un punto gravísimo en que se conjugan no los intereses políticos de una nación, sino los mismos fundamentos providenciales de la vida social: la religión, la justicia, la autoridad y la libertad de los ciudadanos.

Cumplimos con ello, junto con nuestro oficio pastoral —que importa ante todo el magisterio de la verdad— con un triple deber de religión, de patriotismo y de humanidad. De religión, porque, testigos de las grandes prevaricaciones y heroísmos que han tenido por escena nuestro país, podemos ofrecer al mundo lecciones y ejemplos que caen dentro de nuestro ministerio episcopal y que habrán de ser provechosos a todo el mundo; de patriotismo, porque el obispo es el primer obligado a defender el buen nombre de su patria, «térra patrum», por cuanto fueron nuestros venerables predecesores los que formaron la nuestra, tan cristiana como es, «engendrando a sus hijos para Jesucristo por la predicación del Evangelio»; de humanidad, porque, ya que Dios ha permitido que fuese nuestro país el lugar de experimentación de ideas y procedimientos que aspiran a conquistar el mundo, quisiéramos que el daño se redujese al ámbito de nuestra patria y se salvaran de la ruina las demás naciones.

2. Naturaleza de esta carta.

Este documento no será la demostración de una tesis, sino la simple exposición, a grandes líneas, de los hechos que caracterizan nuestra guerra y la dan su fisonomía histórica. La guerra de España es producto de la pugna de ideologías irreconciliables; en sus mismos orígenes se hallan envueltas gravísimas cuestiones de orden moral y jurídico, religioso e histórico. No sería difícil el desarrollo de puntos fundamentales de doctrina aplicada a nuestro momento actual. Se ha hecho ya copiosamente, hasta por algunos de los hermanos que suscriben esta carta. Pero estamos en tiempos de positivismo calculador y frío y, especialmente cuando se trata de hechos de tal relieve histórico, como se han producido en esta guerra, lo que se quiere —se nos ha requerido cien veces desde el extranjero en este sentido— son hechos vivos y palpitantes que, por afirmación o contraposición, den la verdad simple y justa.

Por esto tiene este escrito un carácter asertivo y categórico de orden empírico. Y ello en sus dos aspectos. el de juicio que solidariamente formulamos sobre la estimación legítima de los hechos, y el de afirmación «per oppositum», con que deshacemos, con toda caridad, las afirmaciones falsas o las interpretaciones torcidas con que haya podido falsearse la historia de este año de vida de España.

3. Nuestra posición ante la guerra.

Conste antes que todo, ya que la guerra pudo preverse desde que se atacó ruda e inconsideradamente al espíritu nacional, que el Episcopado Español ha dado, desde el año 1931, altísimos ejemplos de prudencia apostólica y ciudadana. Ajustándose a la tradición de la Iglesia, y siguiendo las normas de la Santa Sede, se puso resueltamente al lado de los poderes constituidos con quienes se esforzó en colaborar para el bien común.

Y a pesar de los repetidos agravios a personas, cosas y derechos de la Iglesia, no rompió su propósito de no alterar el régimen de concordia de tiempo atrás establecido «Etiam discolis». A los vejámenes respondimos siempre con el ejemplo de la sumisión leal en lo que podíamos; con la protesta grave razonada y apostólica cuando debíamos; con la exhortación sincera que hicimos reiteradamente a nuestro pueblo católico a la sumisión legítima, a la oración, a la paciencia y a la paz. Y el pueblo católico nos secundó, siendo nuestra intervención valioso factor de concordia nacional en momentos de honda conmoción social y política.

Al estallar la guerra hemos lamentado el doloroso hecho más que nadie, porque ella es siempre un mal gravísimo, que muchas veces no compensan bienes problemáticos, y porque nuestra misión es de reconciliación y de paz: «Et in térra pax». Desde sus comienzos hemos tenido las manos levantadas al cielo para que cese. Y en estos momentos repetimos la palabra de Pío XI, cuando el recelo mutuo de las grandes potencias iba a desencadenar otra guerra sobre Europa: «Nos invocamos la paz, bendecimos la paz, rogamos por la paz». Dios nos es testigo de los esfuerzos que hemos hecho para aminorar los estragos que siempre son su cortejo.

Con nuestros votos de paz juntamos nuestro perdón generoso para nuestros perseguidores y nuestros sentimientos de caridad para todos. Y decimos sobre los campos de batalla y a nuestros hijos de uno y otro bando la palabra del Apóstol: «El Señor sabe cuánto os amamos a todos en las entrañas de Jesucristo».

Pero la paz es la «tranquilidad del orden, divino, nacional, social e individual, que asegura a cada cual su lugar y le da lo que le es debido, colocando la gloria de Dios en la cumbre de todos los deberes y haciendo derivar de su amor el servicio fraternal de todos». Y es tal la condición humana y tal el orden de la Providencia —sin que hasta ahora haya sido posible hallarle sustitutivo— que siendo la guerra uno de los azotes más tremendos de la humanidad, es, a veces, el remedio heroico, único, para centrar las cosas en el quicio de la justicia y volverlas al reinado de la paz. Por esto la Iglesia, aún siendo hija del Príncipe de la Paz, bendice los emblemas de la guerra, ha fundado las órdenes militares y ha organizado Cruzadas contra los enemigos de la fe.

No es éste nuestro caso. La Iglesia no ha querido esta guerra ni la buscó, y no creemos necesario vindicarla de la nota de beligerante con que en periódicos extranjeros se ha censurado a la Iglesia en España. Cierto que miles de hijos suyos, obedeciendo a los dictados de su conciencia y de su patriotismo, y bajo su responsabilidad personal, se alzaron en armas para salvar los principios de religión y justicia cristianas que secularmente habían informado la vida de la nación; pero quien la acuse de haber provocado esta guerra, o de haber conspirado para ella, aún de no haber hecho cuanto en su mano estuvo para evitarla, desconoce o falsea la realidad.

Esta es la posición del Episcopado Español, de la Iglesia española, frente al hecho de la guerra actual. Se la vejó y persiguió antes de que estallara; ha sido víctima principal de la furia de una de las partes contendientes; y no ha cesado de trabajar, con su plegaria, con sus exhortaciones, con su influencia para aminorar sus daños y abreviar los días de prueba.

Y si hoy, colectivamente, formulamos nuestro veredicto en la cuestión complejísima de la guerra de España, es, primero, porque aún cuando la guerra fuese de carácter político o social, ha sido tan grave su repercusión de orden religioso, y ha aparecido tan claro, desde sus comienzos, que una de las partes beligerantes iba a la eliminación de la religión católica en España, que nosotros, obispos católicos, no podíamos inhibirnos sin dejar abandonados los intereses de Nuestro Señor Jesucristo y sin incurrir en el tremendo apelativo de «canes muti», con que el Profeta censura a quienes, debiendo hablar, callan ante la injusticia; y luego porque la posición de la Iglesia española ante la lucha, es decir, del Episcopado Español, ha sido torcidamente interpretada en el extranjero; mientras un político muy destacado, en una revista católica extranjera, la achaca poco menos que a la ofuscación mental de los arzobispos españoles, a los que califica de ancianos que deben cuanto son al régimen monárquico y que han arrastrado por razones de disciplina y obediencia a los demás obispos en un sentido favorable al movimiento nacional, otros nos acusan de temerarios al exponer a las contingencias de un régimen absorbente y tiránico el orden espiritual de la Iglesia, cuya libertad tenemos obligación de defender.

No; esta libertad la reclamamos, ante todo, para el ejercicio de nuestro ministerio; de ella arrancan todas las libertades que vindicamos para la Iglesia. Y, en virtud de ella, no nos hemos atado con nadie —personas, poderes o instituciones—, aún cuando agradezcamos el amparo de quienes han podido librarnos del enemigo que quiso perdernos, y estemos dispuestos a colaborar, como obispos y españoles, con quienes se esfuercen en reinstaurar en España un régimen de paz y de justicia. Ningún poder político podrá decir que nos hayamos apartado de esta línea, en ningún tiempo.

4. El quinquenio que precedió a la guerra.

Afirmamos, ante todo, que esta guerra la han acarreado la temeridad, los errores, tal vez la malicia o la cobardía de quienes hubiesen podido evitarla gobernando la nación según justicia. Dejando otras causas de menos eficiencia, fueron los legisladores de 1931, y luego el poder ejecutivo del Estado, con sus prácticas de Gobierno, los que se empeñaron en torcer bruscamente la ruta de nuestra historia en un sentido totalmente contrario a la naturaleza y exigencias del espíritu nacional, y especialmente opuesto al sentido religioso predominante en el país. La Constitución y las leyes laicas que desarrollaron su espíritu fueron un ataque violento y continuado a la conciencia nacional. Anulados los derechos de Dios y vejada la Iglesia en lo que tiene de más sustantivo la vida social, que es la religión. El pueblo español, que en su mayor parte mantenía viva la fe de sus mayores, recibió con paciencia invicta los reiterados agravios hechos a su conciencia por leyes inicuas; pero la temeridad de sus gobernantes había puesto en el alma nacional, junto con el agravio, un factor de repudio y de protesta contra un poder social que había faltado a la justicia más fundamental, que es la que se debe a Dios y a la conciencia de los ciudadanos.

Junto con ello, la autoridad, en múltiples y graves ocasiones, resignaba en la plebe sus poderes. Los incendios de los templos en Madrid y provincias, en mayo de 1931; las revueltas de octubre de 1934, especialmente en Cataluña y Asturias, donde reinó la anarquía durante dos semanas; el período turbulento que corre de febrero a julio de 1936, durante el cual fueron destruidas o profanadas 411 iglesias y se cometieron cerca de 3.000 atentados graves de carácter político y social, presagiaban la ruina total de la autoridad pública, que se vio sucumbir con frecuencia a la fuerza de poderes ocultos que mediatizaban sus funciones.

Nuestro régimen político de libertad democrática se desquició, por arbitrariedades de la autoridad del Estado y por coacción gubernamental que trastocó la voluntad popular, constituyendo una máquina política en pugna con la mayoría de la nación, dándose el caso, en las últimas elecciones parlamentarias, febrero de 1936, de que, con más de medio millón de votos de exceso sobre las izquierdas, obtuviesen las derechas 118 diputados menos que el Frente Popular, por haberse anulado caprichosamente las actas de provincias enteras, viciándose así en su origen la legitimidad del Parlamento.

Y a medida que se descomponía nuestro pueblo por la relajación de los vínculos sociales y se desangraba nuestra economía, y se alteraba sin tino el ritmo del trabajo, y se debilitaba maliciosamente la fuerza de las instituciones de defensa social, otro pueblo poderoso, Rusia, empalmando con los comunistas de acá, por medio del teatro y del cine, con ritos y costumbres exóticas, por la fascinación intelectual y el soborno material, preparaba el espíritu popular para el estallido de la revolución, que se señalaba casi a plazo fijo.

El 27 de febrero de 1936, a raíz del triunfo del Fren te Popular, el Komintern ruso decretaba la revolución española y la financiaba con exorbitantes cantidades. El primero de mayo siguiente centenares de jóvenes postulaban públicamente en Madrid «para bombas y pistolas, pólvora y dinamita para la próxima revolución». El 16 del mismo mes se reunían en la Casa del Pueblo de Valencia representantes de la U.R.S.S. con delegados españoles de la III Internacional, resolviendo, en el noveno de sus acuerdos: «Encargar a uno de los radios de Madrid, el designado con el número 25, integrado por agentes de Policía en activo, la eliminación de los personajes políticos y militares destinados a jugar un papel de interés en la contrarrevolución». Entre tanto, desde Madrid a las aldeas más remotas aprendían las milicias revolucionarias la instrucción militar y se las armaba copiosamente, hasta el punto de que al estallar la guerra contaban con 150.000 soldados de asalto y cien mil de resistencia. Os parecerá, venerables hermanos, impropia de un documento episcopal la enumeración de estos hechos. Hemos querido sustituirlos a las razones de derecho político que pudiesen justificar un movimiento nacional de resistencia. Sin Dios, que debe estar en el fundamento y a la cima de la vida social; sin autoridad, a la que nada puede sustituir en sus funciones de creadora del orden y mantenedora del derecho ciudadano; con la fuerza material al servicio de los sin-Dios ni conciencia, manejados por agentes poderosos de orden internacional, España debía deslizarse hacia la anarquía, que es lo contrario del bien común y de la justicia y orden social. Aquí han venido a parar las regiones españolas en que la revolución marxista ha seguido su curso inicial.

Éstos son los hechos. Cotéjense con la doctrina de Santo Tomás sobre el derecho a la resistencia defensiva por la fuerza y falle cada cual en justo juicio. Nadie podrá negar que, al tiempo de estallar el conflicto, la misma existencia del bien común —la religión, la justicia, la paz— estaba gravemente comprometida; y que el conjunto de las autoridades sociales y de los hombres prudentes que constituyen el pueblo en su organización natural y en sus mejores elementos, reconocían el público peligro. Cuanto a la tercera condición que requiere el Angélico, de la convicción de los hombres prudentes sobre la probabilidad del éxito, la dejamos al juicio de la Historia: los hechos, hasta ahora, no le son contrarios.

Respondemos a un reparo, que una revista extranjera concreta al hecho de los sacerdotes asesinados y que podría extenderse a todos los que constituyen este inmenso trastorno social que ha sufrido España. Se refiere a la posibilidad de que, de no haberse producido el Alzamiento, no se hubiese alterado la paz pública: «A pesar de los desmanes de los rojos —leemos—, queda en pie la verdad de que si Franco no se hubiese alzado, los centenares o millares de sacerdotes que han sido asesinados hubiesen conservado la vida y hubiesen continuado haciendo en las almas la obra de Dios». No podemos suscribir esta afirmación, testigos como somos de la situación de España al estallar el conflicto. La verdad es lo contrario; porque es cosa documentalmente probada que en el minucioso proyecto de la revolución marxista que se gestaba, y que había estallado en todo el país, si en gran parte de él no lo hubiese impedido el movimiento cívico-militar, estaba ordenado el exterminio del clero católico, como el de los derechistas calificados; como la sovietización de las industrias y la implantación del comunismo. Era por enero último cuando un dirigente anarquista decía al mundo por radio: «Hay que decir las cosas tal y como son, y la verdad no es otra que la de que los militares se nos adelantaron para evitar que llegáramos a desencadenar la revolución».

Quede, pues, asentado como primera afirmación de este escrito que un quinquenio de continuos atropellos de los súbditos españoles en el orden religioso y social puso en gravísimo peligro la existencia misma del bien público y produjo enorme tensión en el espíritu del pueblo español; que estaba en la conciencia nacional que, agotados ya los medios legales, no había más recurso que el de la fuerza para sostener el orden y la paz; que poderes extraños a la autoridad tenida por legítima decidieron subvertir el orden constituido e implantar violentamente el comunismo; y por fin, que por lógica fatal de los hechos no le quedaba a España más que esta alternativa; o sucumbir en la embestida definitiva del comunismo destructor, ya planeada y decretada, como ha ocurrido en las regiones donde no triunfó el movimiento nacional, o intentar, en esfuerzo titánico de resistencia, librarse del terrible enemigo y salvar los principios fundamentales de su vida social y de sus características nacionales.

5. El Alzamiento militar y la revolución comunista.

El 18 de julio del año pasado se realizó el Alzamiento militar y estalló la guerra, que aún dura. Pero nótese, primero, que la sublevación militar no se produjo, ya desde sus comienzos, sin colaboración con el pueblo sano, que se incorporó en grandes masas al movimiento, que, por ello, debe calificarse de cívico-militar; y, segundo, que este movimiento y la revolución comunista son dos hechos que no pueden separarse, si se quiere enjuiciar debidamente la naturaleza de la guerra. Coincidentes en el mismo momento inicial del choque, marcan desde el principio la división profunda de las dos Españas que se batirán en los campos de batalla.

Aún hay más: el movimiento no se produjo sin que los que lo iniciaron intimaran previamente a los poderes públicos a oponerse por los recursos legales a la revolución marxista inminente. La tentativa fue ineficaz, y estalló el conflicto, chocando las fuerzas cívico-militares, desde el primer instante, no tanto con las fuerzas gubernamentales que intentaran reducirlo como con la furia desencadenada de unas milicias populares que, al amparo, por lo menos, de la pasividad gubernamental, encuadrándose en los mandos oficiales del Ejército y utilizando, a más del que ilegítimamente poseían, el armamento de los parques del Estado, se arrojaron como avalancha destructora contra todo lo que constituye un sostén en la sociedad.

Ésta es la característica de la reacción obrada en el campo gubernamental contra el Alzamiento cívico-militar. Es, ciertamente, un contraataque por parte de las fuerzas fieles al Gobierno; pero es, ante todo, una lucha en comandita con las fuerzas anárquicas que se sumaron a ellas y que con ellas pelearán juntas hasta el fin de la guerra. Rusia, lo sabe el mundo, se injertó en el

Ejército gubernamental, tomando parte en sus mandos, y fue a fondo, aunque conservándose la apariencia del Gobierno del Frente Popular, a la implantación del régimen comunista por la subversión del orden social establecido. Al juzgar de la legitimidad del movimiento nacional, no podrá prescindirse de la intervención, por la parte contraria, de estas «milicias anárquicas, incontrolables» —es palabra de un ministro del Gobierno de Madrid—, cuyo poder hubiese prevalecido sobre la nación.

Y porque Dios es el más profundo cimiento de una sociedad bien ordenada —lo era la nación española—, la revolución comunista, aliada de los ejércitos del Gobierno, fue, sobre todo, antidivina. Se cerraba así el ciclo de la legislación laica de la Constitución de 1931, con la destrucción de cuanto era cosa de Dios. Salvamos toda intervención personal de quienes no han militado conscientemente bajo este signo; sólo trazamos la trayectoria general de los hechos.

Por esto se produjo en el alma nacional una reacción de tipo religioso, correspondiente a la acción nihilista y destructora de los sin-Dios. Y España quedó dividida en dos grandes bandos militantes; cada uno de ellos fue como el aglutinante de cada una de las dos tendencias profundamente populares; y a su alrededor, y colaborando con ellos, polarizaron, en forma de milicias voluntarias y de asistencias y servicios de retaguardia, las fuerzas opuestas que tenían dividida la nación.

La guerra es, pues, como un plebiscito armado. La lucha blanca de los comicios de febrero de 1936, en que la falta de conciencia política del Gobierno nacional dio arbitrariamente a las fuerzas revolucionarias un triunfo que no habían logrado en las urnas, se transformó, por la contienda cívico-militar, en la lucha cruenta de un pueblo partido en dos tendencias: la espiritual, del lado de los sublevados, que salió a la defensa del orden, la paz social, la civilización tradicional y la patria, y muy ostensiblemente, en un gran sector, para la defensa de la religión; y de la otra parte, la materialista, llámese marxista, comunista o anarquista, que quiso sustituir la vieja civilización de España, con todos sus factores, por la novísima «civilización» de los soviets rusos.

Las ulteriores complicaciones de la guerra no han variado más que accidentalmente su carácter: el internacionalismo comunista ha corrido al territorio español en ayuda del Ejército y pueblo marxista; como, por la natural exigencia de la defensa y por consideraciones de carácter internacional, han venido en ayuda de la España tradicional armas y hombres de otros países extranjeros. Pero los núcleos nacionales siguen igual, aunque la contienda, siendo profundamente popular, haya llegado a revestir caracteres de lucha internacional.

Por esto, observadores perspicaces han podido escribir estas palabras sobre nuestra guerra: «Es una carrera de velocidad entre el bolchevismo y la civilización cristiana». «Una etapa nueva, y tal vez decisiva en la lucha entablada entre la revolución y el orden». «Una lucha internacional en un campo de batalla nacional; el comunismo libra en la península una formidable batalla, de la que depende la suerte de Europa».

No hemos hecho más que un esbozo histórico, del que deriva esta afirmación: El Alzamiento cívico-militar fue en su origen un movimiento nacional de defensa de los principios fundamentales de toda sociedad civilizada; en su desarrollo, lo ha sido contra la anarquía coaligada con las fuerzas al servicio de un Gobierno que no supo o no quiso tutelar aquellos principios.

Consecuencia de esta afirmación son las conclusiones siguientes:

Primera: Que la Iglesia, a pesar de su espíritu de paz y de no haber querido la guerra ni haber colaborado en ella, no podía ser indiferente en la lucha; se lo impedían su doctrina, su espíritu, el sentido de conservación y la experiencia de Rusia. De una parte se suprimía a Dios, cuya obra ha de realizar la Iglesia en el mundo, y se causaba a la misma un daño inmenso en personas, cosas y derechos, como tal vez no lo haya sufrido institución alguna en la Historia; de la otra, cualesquiera que fuesen los humanos defectos, estaba el esfuerzo por la conservación del viejo espíritu, español y cristiano.

Segunda. La Iglesia, con ello, no ha podido hacerse solidaria de conductas, tendencias o intenciones que, en el presente o en lo porvenir, pudiesen desnaturalizar la noble fisonomía de movimiento nacional, en su origen, manifestaciones y fines.

Tercera. Afirmamos que el levantamiento cívico-militar ha tenido en el fondo de la conciencia popular un doble arraigo; el del sentido patriótico, que ha visto en él la única manera de levantar a España y evitar su ruina definitiva; y el sentido religioso, que lo consideró como la fuerza que debía reducir a la impotencia a los enemigos de Dios, y como la garantía de la continuidad de su fe y de la práctica de su religión.

Cuarta. Hoy por hoy, no hay en España más esperanza para reconquistar la justicia, y la paz, y los bienes que de ellas derivan, que el triunfo del movimiento nacional. Tal vez hoy menos que en los comienzos de la guerra, porque el bando contrario, a pesar de todos los esfuerzos de sus hombres de Gobierno, no ofrece garantías de estabilidad política y social.

6. Caracteres de la revolución comunista.

Puesta en marcha la revolución comunista, conviene puntualizar sus caracteres. Nos ceñimos a las siguientes afirmaciones, que derivan del estudio de hechos plenamente comprobados, muchos de los cuales constan en informaciones de toda garantía, descriptivas y gráficas, que tenemos a la vista. Notamos que apenas hay información debidamente autorizada más que del territorio liberado del dominio comunista. Quedan todavía bajo las armas del Ejército rojo, en todo o parte, varias provincias: Se tiene aún escaso conocimiento de los desmanes cometidos en ellas, los más copiosos y graves.

Enjuiciando globalmente los excesos de la revolución comunista española, afirmamos que en la historia de los pueblos occidentales no se conoce un fenómeno igual de vesania colectiva, ni un cúmulo semejante, producido en pocas semanas, de atentados cometidos contra los derechos fundamentales de Dios, de la sociedad y de la persona humana. Ni sería fácil, recogiendo los hechos análogos y ajustando sus trazos característicos para la composición de figuras de crimen, hallar en la

Historia una época o un pueblo que pudieran ofrecernos tales y tantas aberraciones. Hacemos historia, sin interpretaciones de carácter psicológico o social, que reclamarían particular estudio. La revolución anárquica ha sido «excepcional en la Historia».

Añadimos que la hecatombe producida en personas y cosas por la revolución comunista fue «premeditada». Poco antes de la revuelta habían llegado de Rusia setenta y nueve agitadores especializados. La Comisión Nacional de Unificación Marxista, por los mismos días, ordenaba la constitución de las milicias revolucionarias en todos los pueblos. La destrucción de las iglesias o a lo menos de su ajuar fue sistemática y por series. En el breve espacio de un mes se habían inutilizado todos los templos para el culto. Ya en 1931 la Liga Atea tenía en su programa un artículo que decía: «Plebiscito sobre el destino que hay que dar a las iglesias y casas parroquiales»; y uno de los comités provinciales daba esta norma: «El local o locales destinados hasta ahora al culto se destinarán a almacenes colectivos, mercados públicos, bibliotecas populares, casas de baños o higiene pública, etc., según convenga a las necesidades de cada pueblo». Para la eliminación de personas destacadas que se consideraban enemigas de la revolución, se habían formado previamente las «listas negras». En algunas, y en primer lugar, figuraba el obispo. De los sacerdotes decía un jefe comunista, ante la actitud del pueblo que quería salvar a su párroco: «Tenemos orden de quitar toda su semilla».

Prueba elocuentísima de que la destrucción de los templos y la matanza de los sacerdotes, en forma totalitarias, fue cosa premeditada, es su número espantoso. Aunque son prematuras las cifras, contamos unas veinte mil iglesias y capillas destruidas o totalmente saqueadas. Los sacerdotes asesinados, contando un promedio del 40 por 100 en las diócesis devastadas —en algunas llegan al 80 por 100— sumarán, sólo el clero secular, unos seis mil. Se les cazó con perros; se les persiguió a través de los montes; fueron buscados con afán en todo escondrijo. Se les mató sin juicio las más de las veces, sobre la marcha, sin más razón que su oficio social.

Fue «cruelísima» la revolución. Las formas de asesinato revistieron caracteres de barbarie horrenda. En su número, se calculan en número superior a trescientos mil los seglares que han sucumbido asesinados, sólo por sus ideas políticas y especialmente religiosas: en Madrid, y en los tres meses primeros, fueron asesinados más de veintidós mil. Apenas hay pueblo en que no se haya eliminado a los más destacados derechistas. Por la falta deforma: sin acusación, sin pruebas, las más de las veces sin juicio. Por los vejámenes: a muchos se les han amputado los miembros o se les ha mutilado espantosamente antes de matarlos; se les han vaciado los ojos, cortado la lengua, abierto en canal, quemado o enterrado vivos, matado a hachazos.

La crueldad máxima se ha ejercido con los ministros de Dios.

Por respeto y caridad no queremos puntualizar más.

La revolución fue «inhumana». No se ha respetado el pudor de la mujer, ni aún la consagrada a Dios por sus votos. Se han profanado las tumbas y cementerios. En el famoso monasterio románico de Ripoll se han destruido los sepulcros, entre los que había el de Wifredo el Velloso, conquistador de Cataluña, y el del obispo Morgades, restaurador del célebre cenobio. En Vich se ha profanado la tumba del gran Balmes, y leemos que se ha jugado al fútbol con el cráneo del gran obispo Torras y Bages. En Madrid y en el cementerio viejo de Huesca se han abierto centenares de tumbas para despojar a los cadáveres del oro de sus dientes o de sus sortijas. Algunas formas de martirio suponen la subversión o supresión del sentido de humanidad.

La revolución fue «bárbara», en cuanto destruyó la obra de civilización de siglos. Destruyó millares de obras de arte, muchas de ellas de fama universal. Saqueó o incendió los archivos, imposibilitando la rebusca histórica y la prueba instrumental de los hechos de orden jurídico y social. Quedan centenares de telas pictóricas acuchilladas, de esculturas mutiladas, de maravillas arquitectónicas para siempre deshechas. Podemos decir que el caudal de arte, sobre todo religioso, acumulado en siglos, ha sido estúpidamente destrozado por los comunistas. Hasta el Arco de Bará, en Tarragona, obra romana que había visto veinte siglos, llevó la dinamita su acción destructora. Las famosas colecciones de arte de la catedral de Toledo, del palacio de Liria, del Museo del Prado, han sido torpemente expoliadas. Numerosas bibliotecas han desaparecido. Ninguna guerra, ninguna invasión bárbara, ninguna conmoción social, en ningún siglo, ha causado en España ruina semejante a la actual, juntándose para ello factores de que no se dispuso en ningún tiempo: una organización sabia puesta al servicio de un terrible propósito de aniquilamiento, concentrado contra las cosas de Dios, y los modernos medios de locomoción y destrucción al alcance de toda mano criminal.

Conculcó la revolución los más elementales principios del «derecho de gentes». Recuérdense las cárceles de Bilbao, donde fueron asesinados por las multitudes de forma inhumana centenares de presos; las represalias cometidas en los rehenes custodiados en buques y prisiones, sin más razón que un contratiempo de guerra; los asesinatos en masa, atados los infelices prisioneros e irrigados con el chorro de balas de las ametralladoras; el bombardeo de ciudades indefensas, sin objetivo militar.

La revolución fue esencialmente «antiespañola». La obra destructora se realizó a los gritos de «¡Viva Rusia!», a la sombra de la bandera internacional comunista. Las inscripciones murales, la apología de personajes forasteros, los mandos militares en manos de jefes rusos, el expolio de la nación en favor de extranjeros, el himno internacional comunista, son prueba sobrada del odio al espíritu nacional y al sentido de patria.

Pero, sobre todo, la revolución fue «anticristiana». No creemos que en la historia del Cristianismo y en el espacio de unas semanas se haya dado explosión semejante, en todas las formas de pensamiento, de voluntad y de pasión, del odio contra Jesucristo y su religión sagrada. Tal ha sido el sacrílego estrago que ha sufrido la Iglesia en España, que el delegado de los rojos españoles enviado al Congreso de los sin-Dios, en Moscú, pudo decir: «España ha superado en mucho la obra de los soviets, por cuanto la Iglesia en España ha sido completamente aniquilada».

Contamos los mártires por millares; su testimonio es una esperanza para nuestra pobre patria; pero casi no hallaríamos en el martirologio romano una forma de martirio no usada por el comunismo, sin exceptuar la crucifixión; y, en cambio, hay formas nuevas de tormento que han consentido las sustancias y máquinas modernas.

El odio a Jesucristo y a la Virgen ha llegado al paroxismo. y en los centenares de crucifijos acuchillados, en las imágenes de la Virgen bestialmente profanadas, en los pasquines de Bilbao en que se blasfemaba sacrílegamente de la Madre de Dios, en la infame literatura de las trincheras rojas, en que se ridiculizaban los divinos misterios, en la reiterada profanación de las Sagradas Formas, podemos adivinar el odio del infierno, encarnado en nuestros infelices comunistas. «Tenía jurado vengarme de Ti —le decía uno de ellos al Señor encerrado en el Sagrario; y encañonando la pistola, disparó contra él, diciendo—: Ríndete a los rojos, ríndete al marxismo».

Ha sido espantosa la profanación de las sagradas reliquias: han sido destrozados o quemados los cuerpos de San Narciso, San Pascual Bailón, la Beata Beatriz de Silva, San Bernardo Calvó y otros. Las formas de profanación son inverosímiles, y casi no se conciben sin sugestión diabólica. Las campanas han sido destrozadas y fundidas. El culto, absolutamente suprimido en todo el territorio comunista, si se exceptúa una pequeña porción del Norte. Gran número de templos, entre ellos verdaderas joyas de arte, han sido totalmente arrasados: en esta obra inicua se ha obligado a trabajar a pobres sacerdotes. Famosas imágenes de veneración secular han desaparecido para siempre, destruidas o quemadas. En muchas localidades la autoridad ha obligado a los ciudadanos a entregar todos los objetos religiosos de su pertenencia para destruirlos públicamente; pondérese lo que esto representa en el orden del derecho natural, de los vínculos de familia, y de la violencia hecha a la conciencia cristiana.

No seguimos, venerables hermanos, en la crítica de la actuación comunista en nuestra patria, y dejamos a la Historia la fiel narración de los hechos en ella acontecidos. Si se nos acusara de haber señalado en forma tan cruda estos estigmas de nuestra revolución, nos justificaríamos con el ejemplo de San Pablo, que no duda en vindicar con palabras tremendas la memoria de los profetas de Israel y que tiene durísimos calificativos para los enemigos de Dios; o con el de nuestro Santísimo Padre, que en su encíclica sobre el comunismo ateo habla de «una destrucción tan espantosa, llevada a cabo en España, con un odio, una barbarie y una ferocidad que no se hubiese creído posible en nuestro siglo».

Reiteramos nuestra palabra de perdón para todos y nuestro propósito de hacerles el bien máximo que podamos. Y cerramos este párrafo con estas palabras del «Informe Oficial» sobre las ocurrencias de la revolución en sus tres primeros meses: «No se culpe al pueblo español de otra cosa más que de haber servido de instrumento para la perpetración de estos delitos…».

Este odio a la religión, a las tradiciones patrias, de las que eran exponente y demostración tantas cosas para siempre perdidas, «llegó de Rusia, exportado por orientales de espíritu perverso». En descargo de tantas víctimas, alucinadas por «doctrinas de demonios», digamos que al morir, sancionados por la ley, nuestros comunistas se han reconciliado en su inmensa mayoría con el Dios de sus padres.

En Mallorca han muerto impenitentes sólo un dos por ciento; en las regiones del sur no más de un veinte por ciento, y en las del norte no llegan tal vez al diez por ciento. Es una prueba del engaño de que ha sido víctima nuestro pueblo.

7. El movimiento nacional: sus caracteres.

Demos ahora un esbozo del carácter del movimiento llamado «nacional». Creemos justa esta denominación. Primero, por su espíritu; porque la nación española estaba disociada, en su inmensa mayoría, de una situación estatal que no supo encarnar sus profundas necesidades y aspiraciones; y el movimiento fue aceptado como una esperanza en toda la nación; en las regiones no liberadas sólo espera romper la coraza de las fuerzas comunistas que le oprimen.

Es también nacional por su objetivo, por cuanto tiende a salvar y sostener para lo futuro las esencias de un pueblo organizado en un Estado que sepa continuar dignamente su historia. Expresamos una realidad y un anhelo general de los ciudadanos españoles; no indicamos los medios para realizarlo.

El movimento ha fortalecido el sentido de patria contra el exotismo de las fuerzas que le son contrarias. La patria implica una paternidad; es el ambiente moral, como de una familia dilatada, en que logra el ciudadano su desarrollo total; y el movimiento nacional ha determinado una corriente de amor que se ha concentrado alrededor del nombre y de la sustancia histórica de España, con aversión de los elementos forasteros que nos acarrearon la ruina.

Y como el amor patrio, cuando se ha sobrenaturalizado por el amor de Jesucristo, nuestro Dios y Señor, toca las cumbres de la caridad cristiana, hemos visto una explosión de verdadera caridad que ha tenido su expresión máxima en la sangre de millares de españoles que la han dado al grito de «¡Viva España! ¡Viva Cristo Rey!».

Dentro del movimiento nacional se ha producido el fenómeno, maravilloso, del martirio —verdadero martirio, como ha dicho el Papa— de millares de españoles, sacerdotes, religiosos y seglares; y este testimonio de sangre deberá condicionar en lo futuro, so pena de inmensa responsabilidad política, la actuación de quienes, depuestas las armas, hayan de constituir el nuevo Esttado en el sosiego de la paz.

El movimiento ha garantizado el orden en el territorio por él dominado. Contraponemos la situación de regiones en que ha prevalecido el movimiento nacional a las dominadas aún por los comunistas. De éstas puede decirse la palabra del Sabio: «Ubi non est gubemator, dissipabitur populus»; sin sacerdotes, sin templos, sin culto, sin justicia, sin autoridad, son presa de terrible anarquía, del hambre y la miseria.

En cambio, en medio del esfuerzo y del dolor terrible de la guerra, las otras regiones viven en la tranquilidad del orden interno, bajo la tutela de una verdadera autoridad, que es el principio de la justicia, de la paz y del progreso que prometen la fecundidad de la vida social. Mientras en la España marxista se vive sin Dios, en las regiones indemnes o reconquistadas se celebra profusamente el culto divino y pululan y florecen nuevas manifestaciones de la vida cristiana.

Esta situación permite esperar un régimen de justicia y paz para el futuro. No queremos aventurar ningún presagio. Nuestros males son gravísimos.

La relajación de los vínculos sociales; las costumbres de una política corrompida; el desconocimiento de los deberes ciudadanos; la escasa formación de una conciencia íntegramente católica; la división espiritual en orden a la solución de nuestros grandes problemas nacionales; la eliminación, por asesinato cruel, de millares de hombres selectos llamados por su estado y formación a la obra de la reconstrucción nacional; los odios y la escasez que son secuelas de toda guerra civil; la ideología extranjera sobre el Estado, que tiende a descuajarle de la idea y de las influencias cristianas; serán dificultad enorme para hacer una España nueva injertada en el tronco de nuestra vieja historia y vivificada por su savia.

Pero tenemos la esperanza de que, imponiéndose con toda su fuerza el enorme sacrificio realizado, encontraremos otra vez nuestro verdadero espíritu nacional. Entramos en él paulatinamente, por una legislación en que predomina el sentido cristiano en la cultura, en la moral, en la justicia social y en el honor y culto que se debe a Dios. Quiera Dios ser en España el primer bien servido, condición esencial para que la nación sea verdaderamente bien servida.

8. Se responde a unos reparos.

No llenaríamos el fin de esta Carta, venerables hermanos, si no respondiéramos a algunos reparos que se nos han hecho desde el extranjero.

Se ha acusado a la Iglesia de haberse defendido contra un movimiento popular haciéndose fuerte en sus templos y siguiéndose de aquí la matanza de sacerdotes y la ruina de las iglesias. Decimos que no. La irrupción contra los templos fue súbita, casi simultánea en todas las regiones, y coincidió con la matanza de sacerdotes. Los templos ardieron porque eran casas de Dios, y los sacerdotes fueron sacrificados porque eran ministros de Dios. La prueba es copiosísima. La Iglesia no ha sido agresora. Fue la primera bienhechora del pueblo, inculcando la doctrina y fomentando las obras de justicia social. Ha sucumbido —donde ha dominado el comunismo anárquico— víctima inocente, pacífica, indefensa.

Nos requieren del extranjero para que digamos si es cierto que la Iglesia en España era propietaria del tercio del territorio nacional, y que el pueblo se ha levantado para librarse de su opresión. Es acusación ridícula. La Iglesia no poseía más que pocas e insignificantes parcelas, casas sacerdotales y de educación, y hasta de esto se había últimamente incautado el Estado. Todo lo que posee la Iglesia en España no llenaría la cuarta parte de sus necesidades, y responde a sacratísimas obligaciones.

Se le imputa a la Iglesia la nota de temeridad y partidismo al mezclarse en la contienda que tiene dividida a la nación. La Iglesia se ha puesto siempre del lado de la justicia y de la paz, y ha colaborado con los poderes del

Estado, en cualquier situación, al bien común. No se ha atacado a nadie, fuesen partidos, personas o tendencias. Situada por encima de todos y de todo, ha cumplido sus deberes de adoctrinar y exhortar a la caridad, sintiendo pena profunda por haber sido perseguida y repudiada por gran número de sus hijos extraviados. Apelamos a los copiosos escritos y hechos que abonan estas afirmaciones.

Se dice que esta guerra es de clases, y que la Iglesia se ha puesto del lado de los ricos. Quienes conocen sus causas y naturaleza saben que no. Que aún reconociendo algún descuido en el cumplimiento de los deberes de justicia y caridad, que la Iglesia ha sido la primera en urgir, las clases trabajadoras están fuertemente protegidas por la ley, y la nación había entrado por el franco camino de una mejor distribución de la riqueza.

La lucha de clases es más virulenta en otros países que en España. Precisamente en ella se han librado de la guerra horrible gran parte de las regiones más pobres, y se ha ensañado más donde ha sido mayor el coeficiente de la riqueza y del bienestar del pueblo. Ni pueden echarse en olvido nuestra avanzada legislación social y nuestras prósperas instituciones de beneficencia y asistencia pública y privada, de abolengo español y cristianísimo.

El pueblo fue engañado con promesas irrealizables, incompatibles no sólo con la vida económica del país, sino con cualquier clase de vida económica organizada. Aquí está la bienandanza de las regiones indemnes, y la miseria, que se adueñó ya de las que han caído bajo el dominio comunista.

La guerra de España, dicen, no es más que un episodio de la lucha universal entre la democracia y el estatismo; el triunfo del movimiento nacional llevará a la nación a la esclavitud del Estado. La Iglesia de España —leemos en una revista extranjera—, ante el dilema de la persecución por el Gobierno de Madrid o la servidumbre a quienes representan tendencias políticas que nada tienen de cristiano, ha optado por la servidumbre. No es éste el dilema que se ha planteado a la Iglesia en nuestro país, sino éste: La Iglesia, antes de perecer totalmente en manos del comunismo, como ha ocurrido en las regiones por él dominadas, se siente amparada por un poder que hasta ahora ha garantizado los principios fundamentales de toda sociedad, sin miramiento ninguno a sus tendencias políticas.

Cuanto a lo futuro, no podemos predecir lo que ocurrirá al final de la lucha. Sí que afirmamos que la guerra no se ha emprendido para levantar un Estado autócrata sobre una nación humillada, sino para que resurja el espíritu nacional con la pujanza y la libertad cristiana de los tiempos viejos. Confiamos en la prudencia de los hombres de gobierno, que no querrán aceptar moldes extranjeros para la configuración del Estado español futuro, sino que tendrán en cuenta las exigencias de la vida íntima nacional y la trayectoria marcada por los siglos pasados. Toda sociedad bien ordenada se basa sobre principios profundos y de ellos vive, no de aportaciones adjetivas y extrañas, discordes con el espíritu nacional. La vida es más fuerte que los programas, y un gobernante prudente no impondrá un programa que violente las fuerzas íntimas de la nación. Seríamos los primeros en lamentar que la autocracia irresponsable de un parlamento fuera sustituida por la más terrible de una dictadura desarraigada de la nación. Abrigamos la esperanza legítima de que no será así. Precisamente lo que ha salvado a España en el gravísimo momento actual ha sido la persistencia de los principios seculares que han informado nuestra vida y el hecho de que un gran sector de la nación se alzara para defenderlos. Sería un error quebrar la trayectoria espiritual del país, y no es de creer que se caiga en él.

Se imputan a los dirigentes del movimiento nacional crímenes semejantes a los cometidos por los del Frente Popular. «El ejército blanco, leemos en acreditada revista católica extranjera, recurre a medios injustificables contra los que debemos protestar… El conjunto de informaciones que tenemos indica que el terror blanco reina en la España nacionalista, con todo el horror que presentan casi todos los terrores revolucionarios… Los resultados obtenidos parecen despreciables al lado del desarrollo de crueldad metódicamente organizada de que hacen prueba las tropas». El respetable articulista está malísimamente informado. Tiene toda guerra sus excesos; los habrá tenido, sin duda, el movimiento nacional; nadie se defiende con total serenidad de las locas arremetidas de un enemigo sin entrañas. Reprobando en nombre de la justicia y de la caridad cristianas todo exceso que se hubiesen cometido, por error o por gente subalterna y que metódicamente ha abultado la información extranjera, decimos que el juicio que rectificamos no responde a la verdad, y afirmamos que va una distancia enorme, infranqueable, entre los principios de justicia, de su administración y de la forma de aplicarla entre una y otra parte. Más bien diríamos que la justicia del Frente Popular ha sido una historia terrible de atropellos a la justicia, contra Dios, la sociedad y los hombres. No puede haber justicia cuando se elimina a Dios, principio de toda justicia. Matar por matar, destruir por destruir; expoliar al adversario no beligerante, como principio de actuación cívica y militar: he aquí lo que se puede afirmar de los unos con razón y no se puede imputar a los otros sin injusticia.

Dos palabras sobre el problema del nacionalismo vasco, tan desconocido y falseado y del que se ha hecho arma contra el movimiento nacional. Toda nuestra admiración por las virtudes cívicas y religiosas de nuestros hermanos vascos. Toda nuestra caridad por la gran desgracia que les aflige, que consideramos nuestra, porque es de la patria. Toda nuestra pena por la ofuscación que han sufrido sus dirigentes en un momento grave de su historia. Pero toda nuestra reprobación por haber desoído la voz de la Iglesia y tener realidad en ellos las palabras del Papa en su encíclica sobre el comunismo: «Los agentes de destrucción, que no son tan numerosos, aprovechándose de estas discordias (de los católicos), las hacen más estridentes, y acaban por lanzar a la lucha a los católicos los unos contra los otros. Los que trabajan por aumentar las disensiones entre los católicos toman sobre sí una terrible responsabilidad ante Dios y ante la Iglesia. El comunismo es intrínsecamente perverso, y no se puede admitir que colaboren con él, en ningún terreno, los que quieren salvar la civilización cristiana. Cuanto las regiones donde el comunismo consigue penetrar más se distingan por la antigüedad y grandeza de su civilización cristiana, tanto más devastador se manifestará allí el odio de los sin-Dios».

En una revista extranjera de gran circulación se afirma que el pueblo se ha separado en España del sacerdote porque éste se recluta en la clase señoril; y que no quiere bautizar a sus hijos por los crecidos derechos de administración del Sacramento. A lo primero respondemos que las vocaciones en los distintos seminarios de España están reclutadas en la siguiente forma: Número total de seminaristas en 1935: 7.401; nobles, 6; ricos, con un capital superior a 10.000 pesetas, 115; pobres, o casi pobres, 7.280. A lo segundo, que antes del cambio de régimen no llegaban los hijos de padres católicos no bautizados al uno por diez mil; el arancel es modestísimo, y nulo para los pobres.

9. Conclusión.

Cerramos, venerables hermanos, esta ya larga Carta, rogándoos ayudéis a lamentar la gran catástrofe nacional de España en que se ha perdido, con la justicia y la paz, fundamento del bien común y de aquella vida virtuosa de la Ciudad de que nos habla el Angélico, tantos valores de civilización y de vida cristiana. El olvido de la verdad y de la virtud, en el orden político, económico y social, nos ha acarreado esta desgracia colectiva. Hemos sido mal gobernados, porque, como dice Santo Tomás, Dios hace reinar al hombre hipócrita por causa de los pecados del pueblo.

A vuestra piedad añadid la caridad de vuestras oraciones y las de vuestros fieles; para que aprendamos la lección del castigo con que Dios nos ha probado; para que se reconstruya pronto nuestra patria y pueda llenar sus destinos futuros, de que son presagio los que ha cumplido en siglos anteriores; para que se contenga, con el esfuerzo y las oraciones de todos, esta inundación del comunismo, que tiende a anular al espíritu de Dios y al espíritu del hombre, únicos polos que han sostenido las civilizaciones que fueron.

Y completad vuestra obra con la caridad de la verdad sobre las cosas de España. «Non est addenda afflictio ajflictis»; a la pena por lo que sufrimos se ha añadido la de no haberse comprendido nuestros sufrimientos. Mas la de aumentarlos con la mentira, con la insidia, con la interpretación torcida de los hechos. No se nos ha hecho siquiera el honor de considerarnos víctimas. La razón y la justicia se han pesado en la misma balanza que la sinrazón y la injusticia, tal vez la mayor que han visto los siglos.

Se ha dado el mismo crédito al periódico asalariado, al folleto procaz o al escrito del español prevaricador, que ha arrastrado por el mundo con vilipendio el nombre de su madre patria, que a la voz de los prelados, al concienzudo estudio del moralista o la relación auténtica del cúmulo de hechos que son afrenta de la humana historia.

Ayudadnos a difundir la verdad. Sus derechos son imprescriptibles, sobre todo cuando se trata del honor de un pueblo, de los prestigios de la Iglesia, de la salvación del mundo. Ayudadnos con la divulgación del contenido en estas letras, vigilando la prensa y la propaganda católica, rectificando los errores de la indiferente o adversa. El hombre enemigo ha sembrado copiosamente la cizaña; ayudadnos a sembrar la buena semilla.

Consentidnos una declaración última. Dios sabe que amamos en las entrañas de Cristo y perdonamos de todo corazón a cuantos, sin saber lo que hacían, han inferido daño gravísimo a la Iglesia y a la patria. Son hijos nuestros. Invocamos ante Dios y en favor de ellos los méritos de nuestros mártires, de los diez obispos y de los miles de sacerdotes y católicos que murieron perdonándoles, así como el dolor, como de mar profundo, que sufre nuestra España. Abogad para que en nuestro país se extingan los odios, se acerquen las almas y volvamos a ser todos unos en el vínculo de la caridad. Acordaos de nuestros obispos asesinados, de tantos millares de sacerdotes, religiosos y seglares selectos que sucumbieron sólo porque fueron las milicias escogidas de Cristo; y pedid al Señor que dé fecundidad a su sangre generosa. De ninguno de ellos se sabe que claudicara en la hora del martirio; por millares dieron altísimos ejemplos de heroísmo. Es gloria inmarcesible de nuestra España. Ayudadnos a orar, y sobre nuestra tierra, regada hoy con sangre de hermanos, brillará otra vez el iris de la paz cristiana y se reconstruirá a la par nuestra Iglesia, tan gloriosa, y nuestra patria, tan fecunda.

Y que la paz del Señor sea con todos nosotros, ya que nos ha llamado a todos a la gran obra de la paz universal, que es el establecimiento del Reino de Dios en el mundo por la edificación del Cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, de la que nos ha constituido obispos y pastores.

Os escribimos desde España, haciendo memoria de los hermanos difuntos y ausentes de la patria, en la fiesta de la Preciosísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo, de julio de 1937.

Cardenal Isidro Goma y Tomás, arzobispo de Toledo; Cardenal Eustaquio Ilundain y Esteban, arzobispo de Sevilla; Prudencio, arzobispo de Burgos; Rigoberto, arzobispo de Zaragoza; Tomás, arzobispo de Santiago; Agustín, arzobispo de Granada, administrador apostólico de Almería, Guadix y Jaén; José, arzobispo obispo de Mallorca; Adolfo, obispo de Córdoba, administrador apostólico del Obispado Priorato de Ciudad Real; Antonio, obispo de Astorga; Leopoldo, obispo de Madrid-Alcalá; Manuel, obispo de Palencia; Enrique, obispo de Salamanca; Valentín, obispo de Solsona; Justino, obispo de Urgel; Miguel de los Santos, obispo de Cartagena; Fidel, obispo de Calahorra; Florencio, obispo de Orense; Rafael, obispo de Lugo; Félix, obispo de Tortosa; Fray Albino, obispo de Tenerife; Juan, obispo de Jaca; Nicanor, obispo de Tarazona, administrador apostólico de Tudela; Feliciano, obispo de Plasencia; José, obispo de Santander; Antonio, obispo de Quersoneso de Creta, administrador apostólico de Ibiza; Juan, obispo de Vich; Luciano, obispo de Segovia; Manuel, obispo de Curio, administrador apostólico de Ciudad Rodrigo; Manuel, obispo de Zamora; Lino, obispo de Huesca; Antonio, obispo de Tuy; José María, obispo de Badajoz; José, obispo de Gerona; Justo, obispo de Oviedo; Fray Francisco, obispo de Coria; Benjamín, obispo de Mondoñedo; Tomás, obispo de Osma; Fray Anselmo, obispo de Teruel-Albarracín; Santos, obispo de Ávila; Balbino, obispo de Málaga; Marcelino, obispo de Pamplona; Antonio, obispo de Canarias; Hilario Yabén, vicario capitular de Sigüenza; Eugenio Domaica, vicario capitular de Cádiz; Emilio F. García, vicario capitular de Ceuta; Fernando Alvarez, vicario capitular de León; José Zurita, vicario capitular de Valladolid.

Heraldo de Aragón, 6 de agosto de 1937, páginas 3 a 9

La Carta Colectiva fue publicada íntegramente en el New York Times y se difundió por todo el mundo. Insisto en que los datos sobre la persecución contra la Iglesia —obispos, sacerdotes, religiosos, templos, martirios por odio a la fe— son fundamentalmente exactos. Los obispos, conscientemente, identifican como «comunistas» a todas las fuerzas activas del Frente Popular. Saben que es una simplificación y alguna vez detallan una por una esas fuerzas. Pero la identificación no es infundada; el comunismo pugnaba por la hegemonía en la España republicana y la consiguió en 1938 gracias al doctor Negrín; el magistral estudio de Bolloten es una confirmación, en este sentido, de la Carta Colectiva. La minusvaloración de la represión en la zona nacional es errónea aunque los obispos estaban convencidos de lo que decían. Varias veces piden perdón para los enemigos en nombre de toda la Iglesia, un año antes de la invocación al perdón que pronunciaría el presidente de la República, Azaña. Las tesis fundamentales de la Carta Colectiva siguen siendo válidas hoy. El efecto del documento fue demoledor para la causa republicana en la Guerra Civil que resultó herida de muerte ante la opinión mundial. Todos los episcopados y los católicos del mundo se alinearon con la Iglesia de España.

La Carta Colectiva nos ha introducido en el gravísimo problema de la represión, referida al clero y a los católicos. Para el conjunto de la represión contamos hoy por fin con dos estudios esenciales: el del general Ramón Salas, Pérdidas de la guerra (Ed. Planeta) y el recentísimo del sacerdote extremeño Ángel David Martín Rubio, Paz, piedad, perdón y verdad, que prepara Editorial Fénix con intención de publicarlo en el otoño de 1997. Pero antes de fijar el número de víctimas de la represión vamos a citar dos casos, uno por cada bando, que siguen suscitando altísimo interés: el de José Antonio Primo de Rivera y el de Federico García Lorca. Lo haremos con base en documentos más que en consideraciones.

La ejecución de José Antonio

Primo de Rivera y su testamento

Sírvase entregar a las fuerzas encargadas de ejecutar la sentencia de muerte a los detenidos José Antonio Primo de Rivera, Ezequiel Mira Iniesta, Luis Segura Baus, Vicente Muñoz Navarro, Luis López López.

Alicante, 19 noviembre 1936. Por la Comisión, R. Llopis. Visto bueno el gobernador civil (ilegible). Membrete: Gobierno Civil. Comité Popular Provincial de Defensa. Orden Público. Sellos: Gobierno Civil. Alicante, y Comité Popular Provincial de Defensa. Alicante.

Ilmo. Sr.: Tengo el honor de participar a V. I. que en el día de la fecha, y en virtud de lo dispuesto por el Comité Popular Provincial de Defensa, Orden Público, de esta localidad, ha sido ejecutada la sentencia dictada por el Tribunal Popular de esta misma población condenando a muerte a José Antonio Primo de Rivera y

Sáenz de Heredia por delito de rebelión militar, el cual se encontraba, además, a disposición de ese Juzgado de Instrucción de su digno cargo por causa número 178 de 1936, sobre tenencia ilícita de armas.Alicante, 20 de noviembre de 1936. Adolfo Crespo (?), Sr. juez de Instrucción del Juzgado número 9. Madrid.

Membrete: República Española (sello en seco, ilegible), número 3.316.

Testamento que redacta y otorga José Antonio Primo de Rivera y Sáenz de Heredia, de treinta y tres años, soltero, abogado, natural y vecino de Madrid, hijo de Miguel y Casilda (que en paz descansen), en la Prisión Provincial de Alicante, a dieciocho de noviembre de mil novecientos treinta y seis.

Condenado ayer a muerte, pido a Dios que si todavía no me exime de llegar a ese trance, me conserve hasta el fin la decorosa conformidad con que lo preveo y, al juzgar mi alma, no le aplique la medida de mis merecimientos, sino la de su infinita misericordia.

Me acomete el escrúpulo de si será vanidad y exceso de apego a las cosas de la tierra el querer dejar en esta coyuntura cuenta sobre algunos de mis actos; pero como, por otra parte, he arrastrado la fe de muchos camaradas míos en medida muy superior a mi propio valer (demasiado bien conocido de mí, hasta el punto de dictarme esta frase con la más sencilla y contrita sinceridad), y como incluso he movido a innumerables de ellos a arrostrar riesgos y responsabilidades enormes, me parecería desconsiderada ingratitud alejarme de todos sin ningún género de explicación.

No es menester que repita ahora lo que tantas veces he dicho y escrito acerca de lo que los fundadores de Falange Española intentábamos que fuese. Me asombra que, aún después de tres años, la inmensa mayoría de nuestros compatriotas persistan en juzgarnos sin haber empezado ni por asomo a entendernos, y hasta sin haber procurado ni aceptado la más mínima información. Si la Falange se consolida en cosa duradera, espero que todos perciban el dolor de que se haya vertido tanta sangre por no habérsenos abierto una brecha de serena atención entre la saña de un lado y la antipatía del otro. Que esa sangre vertida me perdone la parte que he tenido en provocarla, y que los camaradas que me precedieron en el sacrificio me acojan como el último de ellos.

Ayer, por última vez, expliqué al tribunal que me juzgaba lo que es la Falange. Como en tantas ocasiones, repasé, aduje los viejos textos de nuestra doctrina familiar. Una vez más observé que muchísimas caras, al principio hostiles, se iluminaban, primero con el asombro y luego con la simpatía. En sus rasgos me parecía leer esta frase: «¡Si hubiésemos sabido que era esto, no estaríamos aquí!». Y ciertamente no hubiéramos estado allí, ni yo ante un tribunal popular, ni otros matándose por los campos de España. No era ya, sin embargo, la hora de evitar esto, y yo me limité a retribuir la lealtad y la valentía de mis entrañables camaradas, ganando para ellos la atención respetuosa de sus enemigos.

A esto atendí, y no a granjearme con gallardía de oropel la postuma reputación de héroe. No me hice responsable de todo ni me ajusté a ninguna otra variante del patrón romántico. Me defendí con los mejores recursos de mi oficio de abogado, tan profundamente querido y cultivado con tanta asiduidad. Quizá no falten comentadores postumos que me afeen no haber preferido la fanfarronada. Allá cada cual. Para mí, aparte de no ser primer actor en cuanto ocurre, hubiera sido monstruoso y falso entregar sin defensa una vida que aún pudiera ser útil y que no me concedió Dios para que la quemara en holocausto a la vanidad como un castillo de fuegos artificiales. Además que ni hubiera descendido a ningún ardid reprochable ni a nadie comprometía con mi defensa, y sí, en cambio, cooperaba a la de mis hermanos Margot y Miguel, procesados conmigo y amenazados de penas gravísimas. Pero como el deber de defensa me aconsejó, no sólo ciertos silencios, sino ciertas acusaciones fundadas en sospechas de habérseme aislado adrede en medio de una región que a tal fin se mantuvo sumisa, declaro que esa sospecha no está ni mucho menos, comprobada por mí, y que si pudo sinceramente alimentarla en mi espíritu la avidez de explicaciones exasperadas por la soledad, ahora, ante la muerte, no puede ni debe ser mantenida.

Otro extremo me queda por rectificar. El aislamiento absoluto de toda comunicación en que vivo desde poco después de iniciarse los sucesos sólo fue roto por un periodista norteamericano que, con permiso de las autoridades de aquí, me pidió unas declaraciones a primeros de octubre. Hasta que hace cinco o seis días conocí el sumario instruido contra mí, no he tenido noticia de las declaraciones que se me achacaban, porque ni los periódicos que las trajeron ni ningún otro me eran asequibles. Al leerlas ahora, declaro que entre los distintos párrafos que se dan como míos, desigualmente fieles en la interpretación de mi pensamiento, hay uno que rechazo del todo: el que afea a mis camaradas de la Falange el cooperar en el movimiento insurreccional con «mercenarios traídos de fuera». Jamás he dicho nada semejante, y ayer lo declaré rotundamente ante el tribunal, aunque el declararlo no me favoreciese. Yo no puedo injuriar a unas fuerzas militares que han prestado a España en África heroicos servicios. Ni puedo desde aquí lanzar reproches a unos camaradas que ignoro si están ahora sabia o erróneamente dirigidos, pero que a buen seguro tratan de interpretar de la mejor fe, pese a la incomunicación que nos separa, mis consignas y doctrinas de siempre. Dios haga que su ardorosa ingenuidad no sea nunca aprovechada en otro servicio que el de la gran España que sueña la Falange.

Ojalá fuera la mía la última sangre española que se vertiera en discordias civiles. Ojalá encontrara ya en paz el pueblo español, tan rico en buenas calidades entrañables, la patria, el pan y la justicia.

Creo que nada más me importa decir respecto a mi vida pública. En cuanto a mi próxima muerte, la espero sin jactancia, porque nunca es alegre morir a mi edad, pero sin protesta. Acéptela Dios Nuestro Señor en lo que tenga de sacrificio para compensar en parte lo que ha habido de egoísta y vano en mucho de mi vida. Perdono con toda el alma a cuantos me hayan podido dañar u ofender, sin ninguna excepción, y ruego que me perdonen todos aquellos a quienes deba la reparación de algún agravio grande o chico. Cumplido lo cual, paso a ordenar mi última voluntad en las siguientes cláusulas:

Primera. Deseo ser enterrado conforme al rito de la religión católica, apostólica, romana, que profeso, en tierra bendita y bajo el amparo de la Santa Cruz.

Segunda. Instituyo herederos míos por partes iguales a mis cuatro hermanos, Miguel, Carmen, Pilar y Fernando Primo de Rivera y Sáenz de Heredia, con derecho de acrecer entre ellos si alguno me premuriese sin dejar descendencia. Si la hubiere dejado, pase a ella en partes iguales, por estirpes, la parte que hubiera correspondido a mi hermano premuerto. Esta disposición vale aunque la muerte de mi hermano haya ocurrido antes de otorgar yo este testamento.

Tercera. No ordeno legado alguno ni impongo a mis herederos carga jurídicamente exigible; pero les ruego:

A) Que atiendan en todo con mis bienes a la comodidad y regalo de nuestra tía María Jesús Primo de Rivera y Orbaneja, cuya maternal abnegación y afectuosa entereza en los veintisiete años que lleva a nuestro cargo no podremos pagar con tesoros de agradecimiento.

B) Que, en recuerdo mío, den algunos de mis bienes y objetos usuales a mis compañeros de despacho, especialmente a Rafael Garcerán, Andrés de la Cuerda y Manuel Sarrión, tan leales durante años y años, tan eficaces y tan pacientes con mi nada cómoda compañía. A ellos y a todos los demás doy las gracias y les pido que me recuerden sin demasiado enojo.

C) Que repartan también otros objetos personales entre mis mejores amigos, que ellos conocen bien, y muy señaladamente entre aquéllos que durante más tiempo y más de cerca han compartido conmigo las alegrías y adversidades de nuestra Falange Española. Ellos y los demás camaradas ocupan en estos momentos en mi corazón un puesto fraternal.

D) Que gratifiquen a los servidores más antiguos de nuestra casa, a los que agradezco su lealtad y pido perdón por las incomodidades que me deben.

Cuarta. Nombro albaceas contadores y partidores de herencia, solidariamente, por término de tres años, y con las máximas atribuciones habituales, a mis entrañables amigos de toda la vida Raimundo Fernández Cuesta y Morelo y Ramón Serrano Súñer, a quienes ruego especialmente:

A) Que revisen mis papeles privados y destruyan todos los de carácter personalísimo, los que contengan trabajos meramente literarios y los que sean simples esbozos y proyectos en período atrasado de elaboración, así como cualesquiera obras prohibidas por la Iglesia o de perniciosa lectura que pudieran hallarse entre los míos.

B) Que coleccionen todos mis discursos, artículos, circulares, prólogos de libros, etc., no para publicarlos —salvo que lo juzguen indispensable—, sino para que sirvan de pieza de justificación cuando se discuta este período de la política española en que mis camaradas y yo hemos intervenido.

C) Que provean a sustituirme urgentemente en la dirección de los asuntos profesionales que me están encomendados, con ayuda de Garcerán, Sarrión y Maúlla, y a cobrar algunas minutas que se me deben.

D) Que con la mayor premura y eficacia posible hagan llegar a las personas y entidades agraviadas a que me refiero en la introducción de este testamento las solemnes rectificaciones que contiene.

Por todo lo cual les doy desde ahora las más cordiales gracias. Y en estos términos dejo ordenado mi testamento en Alicante el citado día dieciocho de noviembre de mil novecientos treinta y seis, a las cinco de la tarde, en otras tres hojas además de ésta, todas foliadas, fechadas y firmadas al margen.

(Primo de Rivera, J.A., Obras Completas, Madrid, 1945, páginas 993-998.)

El testamento de José Antonio es uno de los documentos más emotivos y elevados de toda la Guerra Civil. Recientemente su sobrino, el actual duque de Primo de Rivera, ha publicado los «papeles póstumos» de José Antonio, en cuidada edición de Plaza y Janés, según las pautas del ministro socialista Indalecio Prieto, que ya había publicado en su libro de 1966 Convulsiones de España los más significativos de esos documentos, con motivo de lo cual rendía emocionado tributo al fundador de Falange. En la zona nacional se tardó mucho tiempo en reconocer la muerte de José Antonio, aunque en las alturas se supo de manera inmediata. El reconocimiento tomó forma en el siguiente decreto:

El día 19 de noviembre de 1936 fue asesinado, en Alicante, JOSÉ ANTONIO PRIMO DE RIVERA. El Estado Español, que surge de la guerra y de la Revolución Nacional por él anunciada, toma sobre sí, como doloroso honor, la tarea de conmemorar su muerte. El ejemplo de su vida, decisivamente consagrada a que fuese posible la grandeza de España por la honda y firme comunidad de todos los españoles, y el ejemplo de su muerte, serenamente ofrecida a Dios por la patria, le convierten en héroe nacional y símbolo del sacrificio de la juventud de nuestros tiempos. Su llamamiento a esta juventud española, cuya alma partida supo ver con dolorosa pasión, será motivo de perenne recuerdo para la que heroicamente combaten en los campos de batalla. En consecuencia, como jefe del Estado y de la Revolución Nacional Española, vengo a disponer:

Artículo 1. Se declara día de luto nacional el 20 de noviembre de cada año.

Art. 2. Previo acuerdo con las autoridades eclesiásticas, en los muros de cada parroquia figurará una inscripción que contenga los nombres de sus Caídos, ya en la presente cruzada, ya víctimas de la revolución marxista.

Art. 3. Se creará una Cátedra de Doctrina Política en las universidades de Madrid y de Barcelona, destinada a explicar y desarrollar las ideas políticas de JOSÉ ANTONIO PRIMO DE RIVERA. Ambas llevarán el nombre de «Cátedra JOSÉ ANTONIO» y no serán ocupadas por titular fijo, sino por sucesivos profesores nombrados por el jefe nacional del Movimiento. Las cátedras serán subvenidas con fondos del Movimiento.

Art. 4. El ministro del Interior, Prensa y Propaganda queda encargado de abrir un concurso nacional, en el que se premien los mejores trabajos artísticos, literarios y doctrinales sobre la figura y la obra de JOSÉ ANTONIO PRIMO DE RIVERA.

Art. 5. Para perdurable memoria de JOSÉ ANTONIO PRIMO DE RIVERA en el seno de la juventud española, llevarán su nombre las primeras instituciones que se organicen con carácter nacional para la formación y disciplina políticas de la juventud y para la educación artesana de los obreros.

Art. 6. El Ejército Español, encarnación genuina del pueblo para el servicio de la patria con las armas, se une al homenaje a JOSÉ ANTONIO PRIMO DE RIVERA y, al efecto, llevarán su nombre una unidad de nueva construcción de nuestra Armada, otra unidad del Ejército de Tierra y otra del Ejército del Aire.

Art. 7. Para conmemoración definitiva de JOSÉ ANTONIO PRIMO DE RIVERA, en su día se erigirá un monumento de importancia adecuada a los honores que en el presente decreto se le señalan.

Art. 8. Los ministerios de Defensa Nacional, del Interior y de Educación Nacional, así como la Secretaría General de Falange Española Tradicionalista y de las J.O.N.S., se encargarán de dictar cuantas disposiciones sean necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto con el presente decreto.

Dado en Burgos a dieciséis de noviembre de mil novecientos treinta y ocho. III Año Triunfal.

Francisco Franco.

(Boletín Oficial del Estado, 16 de noviembre de 1938.)

El discurso de Azaña sobre

la paz, la piedad y el perdón

El 18 de julio de 1938 el presidente de la República, Manuel Azaña, pronunciaba en el Ayuntamiento de Valencia un discurso memorable en el que lo importante es su final. Es necesario reproducirlo:

Cada vez que los gobiernos de la República han estimado conveniente que me dirigiera al país —empezó diciendo el jefe del Estado—, lo he hecho desde un punto de vista impersonal, dejando a un lado las ocupaciones más importantes y cotidianas que me incumben, para discurrir sobre actos capitales de nuestro problema, confirmado en sus manifestaciones preeminentes.

A pesar de cuanto se hace para destruirla, España subsiste. España no está dividida en dos zonas delimitadas por la línea de fuego. Donde haya un pensamiento español, que se angustia pensando en el país, allí hay una voluntad que entra en cuenta. Hablo para todos, incluso para los que no quieren oír lo que se les dice. Es mi deber estricto hacerlo así.

No me cuesta trabajo cumplir con mi deber; todo lo contrario. Al cabo de dos años, cuando todos mis pensamientos se han concentrado, no voy a convertirme en lo que nunca he sido. Incumbe a los gobiernos dirigir la guerra. Se forman y se hunden éstos, según los vaivenes de su popularidad; y puesto a discurrir sobre política y sobre la guerra desde el punto de vista que me corresponde por obligación, he preferido siempre afirmar verdades que son y que seguirán siéndolo. Hemos discurrido entre todos: unos por raciocinio, otros por emoción. Lo que importa es tener razón y saber después difundirla, porque sería triste cosa que, teniendo razón, pareciese como si la hubiésemos perdido a fuerza de palabras locas y hechos irresponsables. A la larga, la verdad y la justicia se abren paso. Pero es necesario que salgan a la luz respaldadas por una responsabilidad. Desde mi puesto he procurado que todos lo hagan así. El derecho de enjuiciar públicamente la labor del gobernante subsiste a pesar de la guerra, excepto para las operaciones militares, como es lógico. Con esta crítica es como se constituye y se forma una opinión. El ejercitar esta crítica compete a todos. Es obligación difícil de cumplir, lo sé. Pero es tan necesaria para la vida del país como lo es el valor en los combatientes para la vida de la República. En esta tarea de conseguir lo que en mi opinión conviene al país, no he regateado nunca mi concurso. Tampoco hoy. Los que están acostumbrados a escucharme saben que nunca digo cosa contraria a lo que pienso. Sentadas estas advertencias, voy a llamar vuestra atención sobre hechos que todos conocéis acerca de las fases diferentes del problema español.

De todas ellas, la que hoy absorbe mayor interés es la fase internacional. El drama español surgió, aparentemente, como un gigantesco problema de orden interior. Todos los gobiernos que ha tenido la República desde entonces se han esforzado en situarlo así. Pronto se descubrió el aspecto del problema internacional. Se acusaba porque otros Estados europeos, principalmente Alemania e Italia, acudían con hombres y material en apoyo de los que atacaban a la República. Esto, ¿por qué? ¿Por simpatía política o por una razón de cruzada ideológica? No.

En el fondo, al Estado alemán e italiano les importaba poco cuál sea el régimen político de España; y si en vez de mantenernos en nuestro puesto internacional clásico, nos hubiésemos prestado a servir el interés de Italia en el Mediterráneo y la política occidental que propugna, entonces en Roma y en Berlín se hubiese creído, se hubiese dicho, que nuestra República era un régimen de la mejor perfección estatal. Cuando sentamos la realidad de esta intervención, no fuimos creídos. Se creyó que eran manejos de la República. Yo mismo, en julio o agosto de 1936, lo dije; por lo visto se creyó también que yo me había adscrito a los servicios de propaganda de la República. Los gobiernos de la República han remitido después a todas partes pruebas del hecho, que fueron recibidas con reservada desconfianza o con simpatía casi tímida. Pero hoy nadie puede ponerlo en duda.

Ha sido preciso que los propios agresores confiesen su agresión y la tomen como moneda de cambio. ¿Qué han hecho ante esta situación los gobiernos de la República?

Han ido con su derecho a las instituciones creadas para el mantenimiento de la legalidad internacional. Aunque no compartía por completo la doctrina, España había tomado en serio los fines de la Sociedad de Naciones; España había aceptado las limitaciones que allí se ponían a una obra de conjunto, para sumarse a una política general de paz.

En servicio de esta colaboración España se sumó a las sanciones que se acordó imponer a Italia por su invasión de Etiopía. Al aceptarlas, España se sumaba a los poderosos, y cuando fracasaron aquellas sanciones, España apareció como víctima caída con el costado descubierto a la lanzada; al rencor. (Muy bien.)

España, lo mismo con la monarquía que en la República, se ha mantenido fiel al equilibrio del Mediterráneo, basado en la hegemonía de Inglaterra y en la seguridad de las comunicaciones de Francia con su imperio de África. Esta colaboración nuestra era obligada por nuestra situación geográfica. Retirarla hubiera sido gravísimo, tal ha sido el crimen de la República.

Cuando los gobiernos de España fueron a exponer sus quejas y querellas ante quien procedía, todas las reclamaciones fracasaron. Para rechazarlas se mantuvo la tesis de que dar paso a las peticiones del Gobierno español hubiera producido una guerra europea. No puedo admitir tal tesis ni en el orden teórico. En esta creencia me acompañan numerosos estadistas extranjeros, que han tenido en sus manos la responsabilidad de las riendas políticas de sus países. Es desatinado afirmar que los gobiernos de la República buscaban una guerra general. Hubiese sido una táctica equivocada que nosotros aconsejáramos a los demás. Como sería absurdo creer que la política exterior de un país se debe a analogía o diferencias de un régimen político con otro. Las relaciones internacionales están regidas por leyes inmutables. Por ello, la República ha hecho la misma política exterior que la monarquía, y por idénticas razones nadie ha tenido entre nosotros la intención de provocar una conflagración europea. Y, como principal motivo, por éste: si la hubiera habido, nuestra causa hubiese quedado relegada a un segundo término.

Es necesario que acaben las inquietudes y el desasosiego de los que esperaban actos desatinados de las autoridades de la República. Aquí nadie está desesperado. Los hombres de mi generación, que en nuestra juventud fuimos conmovidos por el hecho, conservamos aún la huella en nuestro espíritu. El desastre del 98 ha influido, sin duda, en nuestra formación política, y sería demasiado que fuésemos a cometer a estas alturas un dislate todavía más grave. Yo, por mi parte, declaro que no podría colaborar con ningún Gobierno que aspirase a convertir la guerra española en una guerra general.

En esa tesis que anda por el exterior, se dice que es imprescindible el deber de limitar la guerra de España. Ya hemos tenido ocasión de decir por nuestra parte que limitar la guerra de España es obligación de los demás. Les incumbe a los demás. Nosotros no tenemos medios de que dejen de desembarcar toneladas de material y miles y miles de hombres en las costas de España. Esa obra incumbe a los demás. La República Española ha sufrido sacrificios inmensos en interés de aquella política, como de aquella tesis ha surgido la política de no intervención y ese Comité que la Historia juzgará. Pero, por nuestra parte, tenemos derecho a decir que por lo realizado parece que el único que no tenía derecho a intervenir en la guerra española era el Gobierno español.

Producto de esa tesis y de esa política ha sido el Comité de Londres y el acuerdo reciente de todos conocido. Ha llegado a aprobar un texto en virtud del cual se sacarán de España ésos que llaman «voluntarios extranjeros».

Hace un año un texto igual, análogo, no pudo ser aprobado. Yo pienso que, si entonces se hubiera hecho, ya estaría España pacificada, y ahora afirmo que limitar la guerra de España es escindirla, porque ésta sólo la mantiene la invasión extranjera. ¿El valor del Acuerdo de Londres? ¿Es de buena o de mala fe? Convendría declarar que el Gobierno de la República no tiene ni pidió permiso a nadie para aceptarlo o rechazarlo, y que, sosteniendo de siempre que la guerra debe quedar reducida a un conflicto interno, no puede negarse a todo lo que tienda a dar a esto realidad. En octubre del 36 se mareó por nosotros el camino. Los gobiernos de la República han insistido en pedir solución a este particular. El Gobierno español podría criticar aquella resolución, pedir aclaraciones, pero, en el fondo, no podía discrepar, porque nuestra posición es conocida: que se vayan los invasores.

Y al realizarlo no lo hacemos sin que nos cause dolor, ya que hemos de adherimos a que se marchen de nuestro lado los hombres de buena fe que vinieron junto a nosotros a defender la libertad y la justicia.

Yo no sé lo que ocurre en los recovecos de los despachos diplomáticos; pero sé que, si se quiere de verdad extinguir la guerra de España, no hay más que cumplir con rapidez el Acuerdo de Londres.

En realidad, si los españoles —me refiero a los de la otra zona— quisieran dar muestras de su carácter, ya no haría falta el Comité de Londres, porque serían los mismos españoles, desengañados y avergonzados, los que arrojarían a los invasores.

Al Comité de Londres no se le puede, ni tiene por qué, pedir que mire la ira de los españoles. Pero es un baldón para nuestro país ese Acuerdo. Me avergüenza que lo hayan permitido españoles, aunque sean enemigos nuestros. Ya sé que para dominar su impaciencia soportan esa invasión, que es la piedra angular en que se va a hundir un fantástico imperio español. Sería un singular imperio el que para nacer necesita que sus súbditos se arrojen a los pies de sus valedores. Cuando los españoles de otros tiempos fundaban imperios, no traían a los extranjeros a luchar a su propio país. Iban a Alemania, saqueaban Roma, encarcelaban al Papa, con mejores o peores medios… Yo me pregunto si habrá todavía algún español que, cuando vea sus compatriotas muertos por millares, se consolará en su dolor de español pensando en ese imperio… (Muchos aplausos.)

Para buscar antecedentes a la invasión que sufre nuestra patria hay que recordar las guerras del siglo

XVII en que al socaire de una cruzada religiosa se defendía una hegemonía política. Los españoles hacían, en efecto, cosa parecida a lo que los italianos nos hacen ahora en España, y entonces a los facciosos, segregados de sus antepasados, no se les ocurría decir que estaban fundando un imperio. Tan pronto como el rey Enrique dispuso de un imperio y de una fuerza militar, el Ejército español, que guarnecía París, salió, y el rey Enrique les dijo:

«¡Españoles: os agradezco lo que habéis hecho por mí; pero no volváis más». La salida de los italianos es para los españoles una cuestión de honra, debe serlo para todos, y, por tanto, una cuestión previa. (Aplausos.)

Las otras fases que ha ido atravesando el pueblo español están vencidas o están agotadas. Me refiero al pronunciamiento inicial y a la Guerra Civil de que aquel pronunciamiento fue señal. El pronunciamiento militar fracasó a las cuarenta y ocho horas; y estos dos años transcurridos, en que nuestros enemigos han recibido portentosos recursos en hombres y en material, y la numerosa presencia de morisma, están demostrando que hubiese cedido el movimiento, seguidamente al pronunciamiento, sin la ayuda exterior. La Guerra Civil está agotada, no porque se haya agotado; está agotada por la experiencia terrible de estos dos años. En el bagaje del movimiento hubo errores infundados, explotados con fines bastardos. Uno de ellos era que nuestro país estaba en vísperas de una insurrección comunista.

¿Cómo Alemania e Italia podrían dar una interpretación a la invasión de nuestro suelo? ¿Cómo podrían mantenerla, cuando el Partido Comunista era, al producirse el movimiento, el de menos influencia y menos numeroso; cuando, a pesar de haber ido a unas elecciones en coalición, no había conseguido más que diecisiete actas? ¿Quién iba a hacer esa insurrección? Lo lógico es que esas fuerzas que se llamaban «fuerzas de orden», que se sublevaron, hubieran formado el cuadro en derredor del Gobierno para protegerlo.

Otro error fue creer que el Estado no iba a saber defenderse. La realidad es que se pospusieron a los intereses particulares y que por los agentes del exterior se explotó el tema de los intereses que se creían amenazados por una revolución bolchevique.

El enemigo de un español es siempre otro español. Lo español es hacer uno siempre lo que gusta, decir lo que se le antoja, pero le molesta que haya otro español que goce de igual libertad. Este modo de ser, egoísta y provocador, ha dado lugar a un sistema terrible que llena de sangre nuestro suelo. Congregados estos elementos, se produjo el alzamiento contra la República, contra la solución de término medio que representaba la República. ¿ Qué podían esperar de la violencia los que creían en el triunfo rápido de los militares? Miles y miles de muertos; ciudades y pueblos desaparecidos del mapa; la riqueza nacional comprometida en dos generaciones; y aquéllos que pensaban en sus intereses, profundamente lesionados en su interés particular mucho más que si la República, en vez de ser parlamentaria, hubiera sido una República revolucionaria.

Los daños alcanzan a todos: al burgués, al republicano, al proletario y al fascista. Durante cincuenta años los españoles estarán condenados a una pobreza estrecha y a trabajos forzados, si no quieren alimentarse con las cortezas de los árboles. El obrero que cobre 27 pesetas tendrá medios adquisitivos mucho menores que cuando cobraba 5 ó 6. Ya no tiene remedio. Donde se notará más la daga clavada en lo más profundo del ser español será en el orden económico. Si se realizaran los planes de los agresores, durante dos o tres generaciones lo más florido del trabajo español iría a las arcas de Alemania e Italia, porque España sería entonces una nación vencida y sojuzgada. Los que alentaron la guerra comprueban que con ella han perdido y comprometido mucho más de lo que querían comprometer y querían salvar al empezar el Movimiento; y después, si fuese posible, querrían volver al 1936. La guerra está agotada. No es ya una guerra política; es una guerra contra la nación española entera, incluso contra los propios fascistas, que la sufren, como nosotros, en su propia sangre. No puede tener justificación alguna el haber sometido al país a esta horrible tragedia. Hace dos años empezó este drama, incubado por no querer respetar la voluntad del sufragio universal; y hubiera podido ocurrir, si en vez de ocasionar esta locura se hubiese desarrollado todo normalmente, que tal vez estaríamos de nuevo en vísperas de otra consulta electoral, en que todos hubiesen podido expresar su opinión. ¿Qué negocio ha sido éste de desencadenar la Guerra Civil en España?

Todos los españoles tienen un mismo destino, un destino común, cualquiera que sea su profesión, y nadie puede echarse a un lado. No puede fiarse nada a la indisciplina ni al arbitrio personal. En la vida no se improvisa nada, y cuando se confunde con el arbitrismo, se cosechan tanteos y fracasos. Nuestra lucha (no se olvide) es de defensa, y su justificación única es la defensa del Derecho estatuido, y no es lícito anticipar a los fines de la guerra fines secundarios, por respetables que sean. Muchas veces me he hecho ya intérprete de esa verdad ante el pueblo español.

Hace año y medio recordábamos que el Estado español sostenía la guerra porque se le hacía, y nosotros no soportábamos ningún despotismo, que somos demasiado hombres para sometemos a la tiranía de las pistolas. No se ventila en esta guerra ninguna cuestión de amor propio. El triunfo no será, no podrá ser, de un partido: será el triunfo de la nación entera. En una guerra civil no se triunfa contra un contrario, aunque éste sea un delincuente. El exterminio del adversario es imposible; por muchos miles de uno y otro lado que se maten, siempre quedarán los suficientes de las dos tendencias para que se les plantee el problema de si es o no es posible seguir viviendo juntos. He de recordar que ya en Madrid, al dirigirme a los soldados, les dije que luchaban por la libertad de los que no quieren la libertad. Ésta es la grandeza del pueblo español, donde el burgués y el proletario han aprendido a conocerse y a conocer la emoción de ser españoles, lo que a todos como calidad racial nos satisface.

Ese Ejército que creó su tesón, con un terrible aprendizaje, está formando con sus pechos el escudo para que entretanto la verdad y la justicia se abran paso en el mundo. Hacia él va no sólo nuestra admiración, sino nuestro respeto. Tejedle con vuestros aplausos la corona que merece su ejemplar ciudadanía. (Gran ovación.)

Ellos forjan el porvenir, y yo del porvenir no sé nada. El papel de profeta no me incumbe. Ha hablado ya el Gobierno, y ello está en sus funciones. El Gobierno ha hecho una declaración política que ha producido bastante ruido. Es la pura doctrina republicana. Al prestarle mi aprobación, me bastó recordarle mis pensamientos de estos años. Para llevarla a la práctica no debe imponerse a éste o a otro Gobierno que la aplique.

En esta declaración, el Gobierno alude a la colaboración de todos los españoles, el día de mañana, en la obra de reconstrucción nacional. Ha hecho bien en decirlo así. Será ésa una obra gigantesca, enorme. No será, no puede ser, una cosa personal. Será la obra de la colmena en su conjunto. Cuando renazca la paz, la reconstrucción nacional, por el esfuerzo de todos, creará una nación de hombres libres y para hombres civiles. Cuando todo el pueblo español pueda emplear en esa obra su caudal de energías, que, por lo visto, son inagotables, nosotros tenemos que defender todo el patrimonio moral acumulado por los españoles en veinte siglos. La reconstrucción será completa; alcanzará, en fin, a cuanto atañe al cuerpo físico de la nación. Pero hay otro capítulo en el que tendrá que ser construcción y no reconstrucción. Construcción desde los cimientos. Y esto es cosa que no depende de los partidos.

La conmoción que se ha producido ha echado por los suelos todas las convicciones, poniendo a todos en opción entre la vida y la muerte, demostrando todos lo que son y lo que llevan dentro. Será el posterior a la guerra un juicio como el que se anunció al pueblo hebreo en el valle de Josafat. Todos sabremos ya quiénes somos cada uno. Muchos en esta guerra se han engrandecido; por el contrario, se han envilecido otros. ¡Dichoso aquél que muere sin esclarecer el límite de su grandeza! Otros no han muerto, por desgracia para ellos… (Aplausos.)

Esa situación creará un porvenir difícil de prever. Para muchos, una posición incómoda. No cabrán después excusas; se preguntará: ¿qué has hecho durante la guerra?

Aún queda la consideración más importante. Nunca ha habido nadie ni ha podido predecir nadie lo que puede dar de sí una guerra, que comienza siempre con éstos o aquellos fines, con tales o cuales propósitos, pero ninguna guerra consiguió vaticinar desde el primer día cuál había de ser su repercusión social y política. Las guerras no son sólo las batallas. Es el signo de dos estados de ánimo que luchan uno contra el otro y la violencia de cuyo choque nadie puede calcular. Muchas guerras que se hicieron con un fin religioso o imperialista dieron luego un resultado completamente contrario. Es la moral de un país que nadie puede constreñir.

Después de un terremoto, a nadie le es posible distinguir o reconstruir el perfil anterior del terreno. Este fenómeno que se da en la tierra me impide a mí hablar del porvenir de España en el orden político y en el orden moral, cuando los españoles se pongan a considerar lo que han hecho durante la guerra. De esta colección de males saldrá algo bueno. No tengo el optimismo de un Pangloss. No es verdad eso de que no hay mal que por bien no venga; pero del dolor sufrido procuraremos sacar, como es lógico, el mayor bien posible.

Mas cuando los años pasen, las generaciones vengan y la antorcha pase a otras manos y se vuelvan a enfrentar las pasiones de unos y otros, pensad en los muertos que reposan en la madre tierra, y que nos envían destellos de su luz, de que la patria debe a todos sus hijos, paz, piedad y perdón. (Grandes aplausos.)

(El Socialista, Madrid, 19 de julio de 1938, página 1).

Lo trascendental del discurso de Azaña es el último párrafo. Como profeta se equivocó de medio a medio; pronosticó cincuenta años de penuria y lo que produjo la victoria de sus enemigos fue la mayor transformación de España en toda su historia. Aseguró que España quedaría enfeudada a las tropas fascistas extranjeras, pero esas tropas volvieron a sus países pocas semanas después del 1 de abril de 1939. Todo el discurso, hasta su párrafo final, es simple y falaz propaganda de guerra, pero he querido respetar íntegramente el texto. Las razones de la Guerra Civil no fueron las que Azaña indica, como sabe ya el lector. La «invasión» de los aliados extranjeros de la zona nacional vino después de la invasión de los combatientes enviados por la Internacional Comunista. El papel del Partido Comunista es deliberadamente ignorado por Azaña, que lo conocía perfectamente.

Pero Azaña nos ha contado después que todo el discurso se montó para pronunciar el último párrafo, sobre la paz, la piedad y el perdón. Párrafo al que el Gobierno del Frente Popular respondió alevosamente —lo dice Azaña— con un recrudecimiento de las ejecuciones, contra las que se dirigía el discurso. Sin embargo, ese párrafo final es admirable y constituye un patrimonio común de los españoles.

Tardía e ineficaz rectificación

de la República

Un ministro católico de la República, el nacionalista vasco Irujo, mostró en mayo de 1938 sus excelentes deseos para lograr una normalización religiosa de la zona republicana. Era ya tarde y el daño, que estaba hecho, resultó irreversible, por lo que la persecución y su consecuencia, la Cruzada, se mantuvieron hasta el final. Pero es de justicia consignar el buen deseo. Es terrible la confesión de que hay en la cárcel cientos de sacerdotes sin haber cometido delito alguno.

… Aliento la esperanza de reducir considerablemente la población penal. Existen en las prisiones cientos de ministros del culto católico que no han cometido delito alguno. Bastó su carácter sacerdotal para ser detenidos. En algunos casos, la medida pudo tener carácter de protección contra las peligrosas repercusiones del espasmo popular provocado por la sublevación. Hoy carece de fundamento. Los sacerdotes y religiosos que no resulten afectos al procedimiento criminal serán puestos en libertad gradualmente, comenzando por aquéllos que ejerzan cargos jerárquicos de la organización eclesiástica. En adelante, los sacerdotes podrán ejercer su ministerio bajo la protección del Gobierno y con arreglo a las leyes. Si alguno conspira contra ellas, será juzgado. Pero sus actividades de ejercicio ministerial son en todo caso legítimas y están expresamente autorizadas por la ley. Somos muchos los católicos que las requerimos para nuestra asistencia espiritual. Pero, aunque no hubiera uno solo, la República, que es la libertad, la tolerancia y el respeto a las ideas, hecho orden jurídico, ampararía el ejercicio de la religión de la caridad, del amor y de la fraternidad, sobre la que se fundó en el curso de los siglos la civilización occidental y la democracia.

Los anarcosindicalistas se burlan del ministro Irujo

Nos ha sorprendido… un proyecto tan chusco como el que ha anunciado el ministro de Justicia, señor Irujo, pretendiendo restablecer la libertad de cultos.

¿Qué quiere decir restablecer la libertad de cultos? ¿Que se puede volver a decir misa? Por lo que respecta a Barcelona y Madrid, no sabemos dónde se podrá hacer esta clase de pantomimas. No hay un templo en pie ni un altar donde colocar un cáliz. ¿Acaso esa libertad consiste en que un cura vaya por las casas de sus parroquianos a hacer confesiones?

Paracuellos y la represión:

Carrillo es culpable

Desde hace muchos años, el autor de este libro ha denunciado con pruebas la culpabilidad histórica de los comunistas españoles y soviéticos en las matanzas que tuvieron lugar en Paracuellos del Jarama en noviembre de 1936. Nadie discute hoy a Israel y a los judíos que recuerden de manera verídica y tenaz la persecución que sufrieron sus mayores en el Holocausto. Espero que los lectores comprendan que, tras haber aceptado la prescripción de los crímenes de la Guerra Civil, dictada por Franco en 1969 para preparar el nombramiento del príncipe don Juan Carlos, los afectados por esas matanzas las recordemos.

Mientras las vanguardias del Ejército de África intentaban el asalto a Madrid, el Frente Popular comenzaba la ejecución en masa —sin proceso alguno— de centenares y pronto millares de presos custodiados, hasta entonces, en las cárceles de la capital. El principal escenario de las matanzas fue una ladera bajo el pueblo de Paracuellos del Jarama, al otro lado del aeródromo de Barajas. La polémica se ha centrado, sin mucho fundamento, sobre la responsabilidad de los comunistas, y concretamente de Santiago Carrillo, delegado de Orden Público en la Junta de Defensa de Madrid, en estas brutales ejecuciones en masa; y atribuimos la falta de fundamento a la polémica, no a la responsabilidad de Carrillo, que como vamos a demostrar fue directa; porque ¿cómo va a salvarse de esa responsabilidad quien actuó como consejero de Orden Público en ausencia del Gobierno, durante la fase más dura de esas matanzas? Pero Carrillo ha negado sistemáticamente esa responsabilidad; ahora va a encontrarse una vez más con la historia.

Al redactar la primera versión de este capítulo en 1986, el autor tenía completamente clara la responsabilidad de Carrillo en las matanzas de Paracuellos. Sin embargo, el dirigente comunista, aprovechándose de que los estudios publicados en España sobre este problema (excepto el escrito por el general Ramón Salas en la revista Nueva Historia, dirigida por el autor) eran a veces muy insuficientes, y no utilizaban los definitivos fondos custodiados en la Causa General, que contienen documentos aplastantes, engatusó a varios periodistas jóvenes, justos y benéficos, incluso de derechas, que aceptaron la inocencia de Carrillo después de un estudio muy superficial del asunto.

En 1994, cuando ya el autor había creado la Editorial Fénix, leyó detenidamente las memorias que Carrillo había publicado poco antes en Planeta, donde insiste en su candorosa inocencia histórica, con mayor cinismo todavía del que había derramado en sus conversaciones con

Max Gallo y Régis Debray en el libro Mañana España. Entonces decidí adentrarme en el tema hasta el final, lo que hasta entonces, por el insondable dolor que aún me asaltaba cuando pensaba en el trágico final de mi padre en Paracuellos, había retrasado una y otra vez. Decidí además enmarcar las mentiras de Carrillo sobre Paracuellos en la sucesión interminable de mentiras sobre las que ha construido su vida espantosa. Pasé unos meses horribles pero publiqué para las Navidades de 1994 el libro Carrillo miente, primero de la Serie Máxima de esa Editorial, que apareció casi a la vez que la exhaustiva investigación del general R. Casas de la Vega, cuyo padre fue también asesinado en la provincia de Madrid, El Terror, Madrid 1936. Uno y otro libro obtuvieron un éxito notabilísimo y terminaron para siempre con las torpes exculpaciones y mentiras de Carrillo, a quien desde entonces nadie pregunta ya por su responsabilidad en Paracuellos. Carrillo y sus congéneres no se han atrevido a replicar a esos dos libros nuestros, que el lector puede consultar si quiere ampliar la información de este capítulo.

En el Pleno Ampliado del PCE que se celebró en Valencia en marzo de 1937, Carrillo reconoció abiertamente su trágica responsabilidad en la represión de Madrid, cuya fase más virulenta comenzó a las pocas horas de ser designado él consejero de Orden Público de la Junta de Defensa y terminó cuando el Gobierno de la República, aterrado por las protestas internacionales, le privó del poder de que había gozado para los «traslados» de presos enemigos desde las cárceles de Madrid. Esto sucedía a principios de diciembre de 1936 y poco después Carrillo fue destituido de su cargo.

El análisis histórico sobre las matanzas de Paracuellos nos depara la ocasión de seguir una vez más nuestro método y resumir la situación actual de la investigación en el tema delicado y trágico de la represión en las dos zonas de la Guerra Civil española. Fue el primado de España, cardenal Gomá, quien primero acuñó en una de sus cartas de guerra la cifra siniestra de un millón de muertos que luego José María Gironella consagró en el título de una famosa novela. Es lamentable la parcialidad con que cada uno de los bandos habla todavía de las víctimas provocadas por el contrario, mientras minimiza las del bando propio; véase, como último ejemplo, el lamentable análisis de la represión que ofrece el profesor Arostegui en una muy insuficiente obra colectiva de ensayos sobre la Guerra Civil, dirigida por Manuel Tuñón de Lara, La Guerra Civil española, cincuenta años después. La Guerra Civil española fue una tragedia. Como en las anteriores guerras civiles de España, y en las que pronto surcarían el mapa de Europa (sobre todo, en los casos de Francia e Italia), la represión, la crueldad, la venganza y la arbitrariedad no fueron patrimonio de un solo bando, sino de los dos. Las voces que en uno y otro bando pretendieron frenar la orgía de sangre fueron ignoradas o acalladas. La teoría de Azaña sobre el desbordamiento del odio a impulsos del miedo se cumplió en una y otra zonas. Pero hoy, más de sesenta años después, sí que podemos escuchar el mensaje que el propio Azaña detectaba en las tumbas de los muertos de España: el mensaje de la paz, la piedad y el perdón. Con este espíritu, que no ahoga la verdad histórica sobre la represión, sino que la enmarca en su justo recuadro, abordamos este problema todavía desgarrador; pero ineludible.

El antecedente: Los asesinatos

de la cárcel Modelo

El 22 de agosto de 1936 el Frente Popular destinó a la Cárcel Modelo de Madrid, donde estaban detenidos, sin proceso alguno, numerosos presos políticos, a un destacamento de funcionarios adictos que dejaron a varios presos en un patio y soltaron, dentro de la prisión, a los presos comunes. Reclamaron éstos su libertad y provocaron para ello un incendio que fue pronto sofocado por los bomberos. Los milicianos de la CNT difundieron la noticia de que los presos fascistas trataban de escapar y entonces milicias de diversas tendencias, dirigidas por el socialista Enrique Puente, penetraron en la cárcel ante la pasividad del ministro de la Gobernación, general Pozas, y del director general de Seguridad, Manuel Muñoz (diputado de Izquierda Republicana), y asesinaron a un grupo de personalidades selectas —en la madrugada del 23 de agosto—, entre las que se contaban Melquíades Álvarez, decano del Colegio de Abogados de Madrid, muchas veces diputado, fundador del Partido Reformista en que había militado Manuel Azaña; José Martínez de Velasco, jefe del Partido Agrario, exministro de la República; Julio Ruiz de Alda, héroe del Plus Ultra, uno de los triunviros iniciales de Falange; Femando Primo de Rivera, oficial del Ejército y médico, hermano de José Antonio; Rafael Esparza, diputado a Cortes; Manuel Rico Avello, exministro y alto comisario en Marruecos; el conde de Santa Engracia, liberal-monárquico; Ramón Álvarez Valdés y Castañón, miembro del Partido Republicano Liberal—Demócrata y exministro de la República; José María Albiñana, exdiputado y fundador del Partido Nacionalista; el general Oswaldo F. Capaz, que incorporó el territorio de Ifni en 1934, distinguido africanista; el general Rafael Villegas Montesinos, el comisario Santiago Martín Báguenas, colaborador de Mola, y Enrique Matorras, antiguo comunista que había abjurado en su libro El comunismo en España.

En su diario del 17 de junio de 1937, Manuel Azaña habla, a propósito de una visita de Angel Ossorio y Gallardo, de los «espantosos sucesos de la Cárcel Modelo», ante los que «no le oculté mi abatimiento, mi horror, ni el conflicto de conciencia en que el caso me había puesto». La tragedia de la Cárcel Modelo de Madrid había suscitado una oleada de propaganda republicana para exagerar las ejecuciones de Badajoz por parte de los vencedores.

En Carrillo miente, demuestro las numerosas ejecuciones que se perpetraron en Madrid antes de Paracuellos, como la terrible saca de militares en la cárcel de Porlier la noche del 4 al 5 de noviembre, hasta el cementerio de Vaciamadrid.

Paracuellos: Los hechos

En las laderas de Paracuellos del Jarama habían aparecido ya, desde el comienzo de la Guerra Civil, cadáveres de diversas víctimas de la represión incontrolada. Esta represión se inició en Madrid el mismo 18 de julio, por parte de los partidos y sindicatos, en las 200 chekas que instalaron. Los muertos rebasaban los cien diarios, sin previo proceso. Pero los asesinatos en masa, y los enterramientos en grandes fosas comunes, empezaron el 7 de noviembre de 1936 y se prolongaron durante todo ese mes y comienzos del siguiente. El autor realizó una extensa investigación en el archivo de la Asociación de Familiares de los Mártires, que bajo la dependencia de la Diputación Provincial de Madrid existió durante bastantes años en un piso de la calle de Fernanflor, 6, y comprobó la veracidad de los datos registrados en carta del 21 de junio de 1972 por Félix Melendo, encargado de dicho archivo. El general Salas Larrazábal, en el importante artículo Carrillo y la represión en el Madrid republicano, publicado en el número 5 de Nueva Historia (1977), y dos historiadores que han tratado el problema de Paracuellos con notable competencia y sentido monográfico, Ian Gibson y Carlos Fernández, nos suministran, junto a esa investigación propia, los datos definitivos sobre Paracuellos y el dictamen claro sobre la responsabilidad de Carrillo.

Madrid fue, durante la Guerra Civil española, la capital de la muerte. Las víctimas producidas por el Frente Popular fueron 16.449, según los datos fidedignos del general Salas, lo que da el porcentaje más alto de todas las provincias, casi el 12 por 1.000 habitantes. De estos muertos, hay enterrados en Paracuellos del Jarama, según datos del archivo de la citada asociación, unos diez mil, de los cuales fueron identificados como provenientes de las sacas de las cárceles madrileñas de Porlier, San Antón, Ventas y la Modelo 2.570. Otras 5.300 personas, cuya filiación es mucho menos clara, corresponden a las exhumaciones hechas en diversos lugares de la provincia fuera de los cementerios; la diferencia hasta la cifra de 10.000 (más de 2.000) corresponde a las víctimas de la represión incontrolada generalmente anteriores a las grandes sacas; las víctimas habían sido inmoladas en aquellas inmediaciones. Además de los enterrados en Paracuellos, hay otras víctimas en Torre -jón de Ardoz, y la asociación tenía datos de otras 296 personas, inmoladas en el término de Vicálvaro de las que 181 están identificadas y enterradas en el cementerio municipal de la villa. También se conocen los nombres de 66 personas asesinadas en el «túnel de la muerte» con engaño; más los caídos en el Cuartel de la Montaña.

Las investigaciones citadas de Salas, Casas de la Vega, Gibson y Fernández dejan totalmente en claro la responsabilidad de Santiago Carrillo designado consejero de Orden Público en la noche del 6 al 7 de noviembre —inmediatamente antes de que comiencen las sacas— y que ejerce sus funciones hasta el 24 de diciembre, según él mismo revela. En infinidad de declaraciones y entrevistas, Carrillo niega rotundamente su culpabilidad, la arroja sobre su subordinado Segundo Serrano Poncela, delegado de Orden Público a las órdenes de Carrillo para la relación con la Dirección General de Seguridad, e insinúa que los asesores soviéticos fueron responsables en principio de la iniciativa de las sacas. Atribuye también Carrillo la ejecución incontrolada de los asesinatos a bandas de milicianos que actuaron por su cuenta, extraño subterfugio rebatido de forma contundente por el general Salas en la investigación citada; Madrid estaba totalmente controlado por la Junta de Defensa.

La firma de Carrillo

El 9 de noviembre, con las firmas de Miaja y Carrillo (Gibson, O. C., página 37), aparece una orden de la Junta en virtud de la cual «la vigilancia del interior de la capital y sus accesos estará exclusivamente a cargo de las fuerzas organizadas que a tal efecto disponga esta Consejería». El 11 de noviembre otra orden con la firma de Carrillo (Gibson, O. C., página 38) nombra un Consejo en el seno de la Dirección General de Seguridad —presidido por el segundo de Carrillo, Serrano Poncela— que «entenderá en todo cuanto se relacione con el mantenimiento de detenciones y libertades, así como también en el movimiento, traslado, etc. de detenidos». No hay acción incontrolada; insistamos que esa orden lleva la firma de Carrillo. El cual, en su entrevista con Gibson, lo reconoce: «El día 8 ya no había eso, porque, repito, todas esas policías paralelas habían desaparecido» (O. C., pág. 41). Y el día 8 los asesinatos en masa de Paracuellos no habían hecho más que empezar. El citado «consejillo» funcionaba desde la madrugada del 7 de noviembre.

Según la declaración de Manuel Rascón, miembro de la Comisión de Interrogatorios creada por Carrillo ante la Causa General sobre las propuestas de concesión o denegación de libertad, «dichas propuestas eran resueltas por el consejero de Orden Público —es decir, por Carrillo—, que se encargaba de la resolución final». «La implicación comunista en la matanza —concluye Gibson— parece fuera de duda» (O. C., página 72).

Parece que la primera saca en masa de la Cárcel Modelo tiene lugar no el 6 sino el 7 de noviembre. La cuidadosa investigación de Gibson concluye que entre el 7 de noviembre y el 4 de diciembre de 1936 salieron de San Antón unos 1.000 presos —la última saca mala, como se decía trágicamente entonces, tuvo lugar el 29 de noviembre—, de los que unos 400 fueron fusilados. Las víctimas de la Cárcel Modelo, en las sacas del 7 de noviembre, ascienden a 970. De la cárcel de Porlier salieron entre el 18 de noviembre y el 4 de diciembre 561 presos, de los que fueron asesinados como mínimo 318. La cifra total a que llega Gibson para las sacas de Madrid durante la época en que Carrillo fue consejero de Orden Público supera pues las 2.000 personas, y coincide con el orden de magnitud que nosotros encontramos en los archivos de la Asociación de Familiares. Gibson, en sus conclusiones, propone una cifra muy próxima, la de 2.400 personas (O. C., página 191).

El famoso cuadro de las matanzas de Paracuellos es una reconstrucción exacta. Se conserva en el Museo del Ejército y es obra de don Mariano Izquierdo y Vivas (1893-1985) académico y director de la Escuela de Artes y Oficios.

Los testimonios de Galíndez,

Koltsov y Torrecilla

Después de la última matanza de Madrid, que tiene lugar el 3 de diciembre, un anarquista, Melchor Rodríguez García, nombrado delegado especial de Prisiones para Madrid y su comarca, se impone con varios actos de valor e impide, de momento, la ejecución de los 1.532 presos de la cárcel de Alcalá de Henares. Madrid se resistió mucho a aceptar la autoridad de Melchor Rodríguez, pero el nuevo inspector demostró ante la historia que la decisión de un hombre justo era capaz de reducir enormemente la represión; cosa que evidentemente no hizo Santiago Carrillo durante las semanas más duras de su mandato. «Yo no puedo decir -afirma cínicamente- que si eso pasó siendo yo consejero, sea totalmente inocente de lo que pasó» (Gibson, O. C., página 211). Jesús de Galíndez, que era miliciano del PNV, en su libro Los vascos en el Madrid sitiado, afirma que la matanza de prisioneros fue «el borrón más grave de la defensa de Madrid… el consejero de Orden Público, Santiago Carrillo, que daba órdenes de libertad que significaban contraseñas convenidas para sacar a determinados presos de las prisiones y matarlos en las afueras de Madrid»; y Galíndez escribe desde una posición favorable a la República. El delegado soviético en España, Mikhail Koltsov, convierte una parte de su diario de guerra en una estremecedora confesión sobre su responsabilidad, obsesiva, en arrancar del Gobierno republicano la decisión para eliminar a los prisioneros, y atribuye al Partido Comunista la ejecución. Carrillo había ingresado formalmente en el Partido Comunista por esos días, el 6 de noviembre, según confesión propia (Gibson, O. C., página 217). Los comunistas continuaron la política de eliminación que habían iniciado, antes de huir de Madrid, el ministro socialista Galarza y su equipo, como se demuestra en la declaración de un miembro del Consejo de Orden Público, el comunista Ramón Torrecilla: «Ya llevaban seleccionada la mitad del fichero (de los presos selectos) cuando de madrugada (7 de noviembre) se presentó el delegado de Orden Público o director general de Seguridad, Serrano Poncela (el segundo de Carrillo), y ordenó que todos los seleccionados en los grupos 1 y 2 (militares y burgueses) saliesen de las galerías a las naves exteriores porque los fascistas avanzaban y si los liberaban, les serían un refuerzo formidable. Mandó prepararlos, porque enseguida llegarían unos autobuses para trasladarlos y refirió que el ministro de la Gobernación (lo era Angel Galarza), cuando marchó a Valencia la noche del 6 de noviembre, había dado orden por teléfono desde Tarancón de que los trasladasen y añadió en tono malicioso que quien mandaba la expedición ya tenía instrucciones de lo que había de hacerse con los presos, que era una evacuación definitiva». (Gibson, O. C., página 228). Galarza es responsable. Los asesores soviéticos son responsables. «Pero —concluye, con razón, Gibson— la máxima culpabilidad por lo que ocurrió sigue pesando, a nuestro parecer, sobre el Partido Comunista español».

Rodríguez, Poncela y el PCE

acusan a Carrillo

Gibson y Salas deshacen, como simples falsedades, los subterfugios de Carrillo sobre la evacuación de los presos realizada con custodia militar, y su ejecución posterior a manos de incontrolados. «Todo funcionó, tanto en Paracuellos del Jarama como en Torrejón de Ardoz, con la precisión de una máquina bien engrasada. De improvisación, nada. Fue una operación cuidadosamente montada desde Madrid» (Gibson, O. C., página 233). Carrillo trata de arrojar toda la responsabilidad sobre Segundo Serrano Poncela, a quien dice luego que destituyó (Gibson le demuestra que eso no ocurrió en la fecha alegada por Carrillo) por asesino y por ladrón; aparecieron en efecto en su casa objetos de las víctimas. Pero el comunista Torrecilla afirma: «Serrano Poncela tenía que ir a despachar diariamente con el consejero de Orden Público, Santiago Carrillo, en la oficina de éste.

Además, Santiago Carrillo iba con frecuencia a la Dirección de Seguridad a conferenciar con Serrano Poncela». (Gibson, O. C., página 233). Carrillo echa la culpa a Poncela; Poncela a Carrillo. Jesús de Galíndez, en su citada obra, acusa directamente a Carrillo: «Según sus palabras, él (Poncela) ignoró totalmente que el traslado a Chinchilla o las órdenes de libertad posteriores fueran una contraseña convenida para sacarlos de la prisión y matarlos en las afueras de Madrid; las órdenes le eran pasadas por el consejero de Orden Público, Santiago Carrillo, y él se limitaba a firmarlas; tan pronto como averiguó la trágica verdad, a primeros de diciembre, dimitió de su cargo» (Galíndez, O. C., página 68, nota 12). Melchor Rodríguez, el humanitario inspector anarquista de Prisiones, en un testimonio de extraordinario valor publicado en plena Guerra Civil (CNT, Madrid, 17 de abril 1937, página 4), lo que da fe decisivamente, «declaro —dice Melchor— hallarme dispuesto a comparecer ante autoridades o comités responsables para verbal y documentalmente demostrar la funesta política seguida desde la Consejería de Orden Público por Santiago Carrillo y Serrano Poncela primero, y por José Cazorla últimamente». Y la propia historia oficial del PCE, Guerra y revolución en España, reconoce la responsabilidad de Carrillo: «El consejero Santiago Carrillo y su adjunto Cazorla tomaron las medidas necesarias para mantener el orden de la retaguardia, lo cual era no menos importante que la lucha en el frente. En dos o tres días se asestó un serio golpe a los pacos y quintacolumnistas». Un elogio se vuelve acusación.

Un documento definitivo:

Las Actas

En sus exculpaciones frente a Gibson, Carrillo reconoce que ni uno solo de los militares presos a quienes ofreció la libertad a cambio de servir en el Ejército Popular lo aceptó. Más o menos un tercio de las víctimas de la represión de Madrid en noviembre eran precisamente militares cuya integración en las tropas de Franco se quería impedir a toda costa. El líder comunista del Quinto Regimiento, Enrique Castro Delgado, ha confesado que dio la siguiente orden al acercarse a Madrid las tropas de África: «Comience la masacre. Sin piedad. La quinta columna de que habló Mola debe ser destruida antes que comience a moverse».

Carrillo ha conseguido engañar a algunos periodistas de la transición, que han jaleado su inocencia ante las matanzas de noviembre en Madrid. Carrillo trata de echar la culpa a todo el mundo menos a sí mismo. Al hablar de la orden de evacuación de la Cárcel Modelo, dice a Gibson: «Una orden de evacuación que yo creo que debió firmar Miaja, yo no sé…, creo que incluso yo no la firmé, porque era una decisión…, pero tampoco aseguro que yo no la haya firmado. No tengo recuerdo. Pero ésa fue una decisión de la Junta, y bueno, las órdenes para eso las dio el general, las dio él». (O. C., página 207.)

Para vergüenza de Carrillo, y para bien de la historia, se han publicado después de los libros de Salas, Gibson y Fernández las «Actas de la Junta de Defensa de Madrid». Julio Aróstegui y Jesús A. Martínez en su libro La Junta de Defensa de Madrid suministraban la prueba final sobre la responsabilidad personal de Carrillo en las sacas de presos, que a finales de noviembre tuvieron un recrudecimiento mortal. (El libro hay que buscarlo en el almacén de la Comunidad: increíblemente no se ha difundido en librerías. Los autores son ejemplos del sectarismo histórico comunista; seguramente habrán recibido un buen correctivo por haber dejado escapar esta terrible prueba). A las sacas malas de finales de noviembre se refieren las órdenes firmadas por el segundo de Carrillo, Serrano Poncela, los días 26 y 27 de noviembre, 1 y 2 de diciembre (Gibson, página 217, pese a que Carrillo dice en Gibson, página 201, que a los quince o veinte días le destituye), mientras que Carrillo afirma taxativamente ahora (Gibson, página 199): «Yo directamente en ningún momento me hice cargo de esas cosas», tras acusar a su padre, Wenceslao Carrillo, subsecretario de Gobernación, de «que no hacía nada» (ibid, página 199). Pues bien, el Acta de la Reunión del

Consejo de la Junta de Defensa de Madrid del 11 de noviembre de 1936, bajo la presidencia del camarada Mitje (comunista), publicada en la página 295 del citado libro de Aróstegui y Martínez demuestra la intervención personal y directa de Santiago Carrillo en la evacuación y traslado (se trata de una segunda o tercera evacuación) de los presos de la Cárcel Modelo de Madrid.

«Caminero pregunta a Carrillo si ha sido evacuada la Cárcel Modelo, cuestión que considera urgentísima».

«Carrillo contesta detalladamente diciendo que tiene todas las medidas tomadas aunque no ha sido hecha aún la evacuación en consideración a determinadas razones que expone».

«Diéguez hace algunas declaraciones y propone que continúe haciéndose la evacuación por ser un problema grave el número de presos que existe».

«Carrillo insiste en sus anteriores razonamientos argumentando con la actitud adoptada últimamente por el Cuerpo Diplomático y lo atribuye al hecho de haberse suspendido la evacuación».

«Enrique García propone que se trasladen los presos de la Cárcel Modelo con más seguridad exterior».

«Se concede un voto de confianza al camarada Carrillo para que resuelva esta cuestión».

Queda claro pues que para la Junta de Defensa Carrillo era el encargado natural de organizar la evacuación y saca de los presos de las cárceles de Madrid; a él se dirigen todos para informarse sobre el problema; a él le conceden la confianza para resolverlo. La inhibición que afecta Carrillo en sus declaraciones de la transición es una simple mentira histórica. En el acta de la sesión del 15 de noviembre, víspera de la última evacuación de la Cárcel Modelo, Carrillo «informa sobre la cuestión de la cárcel en relación con los acontecimientos de hoy» (La Junta…, página 306). En realidad, dado el cargo que ostentaba Carrillo, lo lógico es atribuirle la responsabilidad superior por los traslados y ejecuciones. Al día siguiente de ese informe de Carrillo, se producía la última evacuación de la Modelo. Muchos presos —como Arturo Soria— fueron trasladados a San Antón y luego asesinados (Gibson, O. C., página 18).

La responsabilidad por

las primeras sacas

Aunque la represión incontrolada había provocado en Madrid, como vemos, muchas víctimas antes de noviembre, e incluso las sacas de noviembre se habían adelantado a la llegada del Ejército de África a los arrabales, lo cierto es que los asesinatos en masa empiezan con la designación de la Junta de Defensa, y terminan cuando Melchor Rodríguez impone su autoridad en las cárceles de Madrid, al comenzar el mes de diciembre. «Que los comunistas empezaron a organizar unas sacas de presos en la madrugada del 7 de noviembre de 1936 —dice Gibson (O. C., página 717— nos parece seguro, pues, siendo el testimonio del soviético Kolstov en este sentido de un peso innegable». En la declaración del comunista Ramón Torrecilla ante la Causa General, que un historiador socialista como Gibson tiene por auténtica, se demuestra la responsabilidad del tándem Carrillo-Poncela a partir de las primeras sacas en masa, que como demuestra Gibson no empiezan el 6, sino el 7 de noviembre:

«La noche del 6 al 7 de noviembre tuvo aviso el declarante de que iba a ser nombrado vocal del Consejo de la Dirección General de Seguridad, nuevo organismo que entonces se creaba, y aunque hasta el día 10 del mismo mes no recibieron él y los demás consejeros sus nombramientos escritos, expedidos por Santiago Carrillo, ya en la madrugada del 7 de noviembre celebró con otros consejeros una reunión y a partir de este momento empezó a funcionar aquel Consejo en la Dirección General de Seguridad» (Gibson, O. C., página 46.)

El propio Torrecilla, testigo presencial, demuestra la intervención de Poncela (es decir, de Carrillo) en las primeras sacas de la Cárcel Modelo, contra los subterfugios de Carrillo:

«El 7 de noviembre de 1936 el secretario de la Dirección General de Seguridad conocido por Pachuli (tenía seis dedos en una mano) dio al declarante… la orden de parte del delegado de Orden Público, Serrano Poncela, de presentarse en la Cárcel Modelo para hacer una selección entre los presos allí encerrados… en cumplimiento de esta orden de Serrano Poncela suspendieron la selección de fichas el declarante y sus compañeros. Era entre tres y cuatro de la madrugada. Sacaron a los seleccionados a las naves y con cuerdas les ataban las manos a su espalda uno a uno y a veces por parejas. No puede precisar el número de ellos, pero sí que pasaban de los 500. La mayoría eran militares, pero también había paisanos».

En el Servicio Histórico Militar se conservan algunos teletipos entre el Gobierno en Valencia y el general Miaja en los que se muestra la alarma producida en parte del Gobierno ante las primeras sacas, que el ministro de la Gobernación, Galarza, su instigador, había ocultado a otros ministros. «He tenido noticias —dice el ministro del PNV Irujo el 10 de noviembre— de haberse producido en las cárceles días pasados hechos lamentables como consecuencia de los cuales han sido fusilados gran número de detenidos, sirviéndose las milicias, para extraerlos de las cárceles, de órdenes de traslado suscritas por la Dirección General de Seguridad». Irujo pretendía con esos datos informar a Manuel Azaña. Miaja negó cínicamente los hechos, como Galarza.

En los diversos escenarios de la represión en Madrid fueron asesinados el patriarca de la intelectualidad derechista en España, Ramiro de Maeztu; el comediógrafo Pedro Muñoz Seca; el presidente de la Asociación de la Prensa, Alfonso Rodríguez Santamaría, con otros muchos periodistas, como Manuel Delgado Barreto; el fundador de las JONS y destacado intelectual Ramiro Ledesma Ramos, además de la lista que dimos con motivo de los asesinatos de agosto en la Cárcel Modelo. Quienes claman años y años por la muerte de García Lorca no tienen una lágrima, ni una línea, para estas grandes figuras eliminadas por el Frente Popular. A las que habría que añadir centenares, como los tenientes generales José Rodríguez Casademunt, Pío López Pozas, Joaquín Milans del Bosch y Carrio, Felipe Navarro y Ceballos Escalera, Jorge Fernández Heredia, al frente de otros muchos generales, jefes y oficiales del Ejército y la Marina. Registremos además, entre los civiles, el abogado Manuel Quiñones Robles, el abogado Félix María Llanos, hermano del famoso sacerdote primero fascista y luego comunista padre Llanos; Gregorio Sáenz de Heredia; el bibliotecario de El Escorial padre Julián Zarco, académico de la Historia; el abogado Ricardo de la Cierva Codomiu, padre del historiador que suscribe; el exministro de la CEDA Federico Salmón; el urbanista Arturo Soria, hijo del genial creador de la Ciudad Lineal, cuya muerte fue ridiculamente manipulada por el Ayuntamiento socialista de Madrid en 1982; el periodista Federico Santander; los duques de Peñaranda, de Sesto, de Veragua y de la Vega; los marqueses de Aymerich y de Cortina; e innumerables sacerdotes y religiosos. En las listas de víctimas figuran seis con el apellido Borbón.

Queda por tanto demostrada ya fehacientemente ante la historia, pese a las cínicas negativas y subterfugios de Galarza, Miaja y Carrillo, la responsabilidad del Gobierno de la República, de la Junta Delegada de Defensa de Madrid, de la Consejería de Orden Público y de los asesores soviéticos apoyados por el PCE en las matanzas de Madrid durante el mes de noviembre y primeros días de diciembre de 1936. No es que la represión terminase entonces ni muchísimo menos; pero el frío cálculo con que fueron perpetradas esas matanzas no puede ya ponerse en duda ante la acumulación de convergencias, datos y testimonios. El hecho de que venturosamente se haya logrado ya la reconciliación histórica de los españoles, y que sobre los hechos de la Guerra Civil haya recaído jurídicamente una amnistía completa no libera a nadie del juicio de la historia. En su libro El terror (Ed. Fénix), el general R. Casas proporciona un catálogo de 9.000 víctimas en la provincia de Madrid, con fechas y profesiones. Entre ellas, un millar de mujeres y varios niños.

Los testimonios distorsionados

Durante la Guerra Civil española aparecieron, en uno y otro bando, testimonios sobre la represión. Ninguno de estos testimonios, emitidos bajo la brutal presión de la tragedia, mantiene hoy igual valor, aunque entonces su impacto fue enorme. La Carta Colectiva del Episcopado Español, para 1 de julio de 1937, que es su fecha, calcula con sorprendente aproximación la cifra real de sacerdotes asesinados —unos 6.000—, pero exagera al elevar el número de muertes violentas en zona republicana hasta 300.000 (Cfr. A. Montero, La persecución religiosa en España, BAC, 1961, página 734 ss.), y ya hemos citado el millón de muertos en palabras del cardenal primado, Isidro Gomá. Dos tránsfugas del bando nacional hablaron, en difundidos testimonios, sobre la represión en la zona que habían abandonado en 1937. El secretario judicial de Burgos, Antonio Ruiz Vilapla-na, en Doy fe, andaba muy desorientado; creía por ejemplo, tras vivir un año en Burgos, que los hombres clave en la política de la zona eran «Pemán, Sangróniz y Gil Robles». Pero describe bien la creación de los juzgados militares y los consejos de guerra eventuales (página 129) nutridos por militares y por hombres de ley (abogados, notarios…) militarizados, que en un bando de Queipo de Llano se denominan consejos sumarísimos de urgencia. Aunque reconoce que la Falange poseía juzgados especiales, reivindica su actuación, sorprendentemente: «La Falange, a la que con injusticia notoria se han achacado generalmente y casi con exclusividad los crímenes perpetrados, ha sido seguramente la que menos víctimas ha causado» (página 134). Vilaplana cree que las fuerzas más represivas en zona nacional fueron la Guardia Civil y las «fuerzas clericales». Hubo en zona nacional, carente de mando único, hasta octubre, una intensa actividad represiva que dependía del jefe de cada sector militar, y de la actitud de los jefes de milicias en cada provincia o comarca. Dionisio Ridruejo confesó genéricamente la actividad represiva de los falangistas (que en algunos lugares como en Valladolid fue intensa), pero no dio cifras concretas, como tampoco las da Vilaplana.

Mucho más disparatado es el alegato del antiguo delegado de Propaganda de Queipo de Llano, Antonio Bahamonde, evadido de la zona en septiembre de 1937 Un año con Queipo, Ediciones Republicanas, Buenos Aires, en el que dice cosas tan peregrinas como que en la zona republicana «no se persigue a la religión católica. En España no se queman los templos del Señor ni se asesina sus ministros». (página 84). Y comunica la disparatada cifra de 150.000 ejecuciones por represión en el territorio de la Segunda División durante el primer año de guerra, en el que sólo en Sevilla hubo 20.000 muertos (página 106).

El testimonio de Dionisio Ridruejo

El estudio definitivo de la represión en la Guerra Civil española no está hecho, en toda su amplitud y profundidad —con la excepción importantísima del general Salas—, aunque esta editorial está próxima a publicar un análisis muy completo y fundado para las dos zonas, debido al sacerdote e investigador A. Martín Rubio. Hoy por hoy los dos testimonios más importantes que conocemos se deben al presidente Manuel Azaña para la zona republicana —que ya hemos transcrito— y al jefe de Falange y director general de Propaganda en zona nacional Dionisio Ridruejo, que por su fiabilidad y su escasa difusión en España se publicó fuera en el libro de 1962 Escrito en España, Buenos Aires, Ed. Losada. Debemos reproducirlo aquí: (pág. 92 ss.).

El terror comenzó tempranamente. La normalización del uso de la violencia impone una depreciación al valor de la vida humana y del fuero individual, aconseja y en cierto modo impone los métodos de seguridad y coerción más extremados y expeditivos. Para asegurar el automatismo de la obediencia en el campo de batalla y la fidelidad de un orden de cooperación en la retaguardia, se crean figuras de delito, se señalan penas y se usan métodos procesales de excepción. Con frecuencia se prescinde de toda formalidad y se opera bajo el principio de que un error de justicia, un abuso de autoridad e incluso un crimen son cosas menos graves que el fallo en un senñcio auxiliar o el contagio de cualquier actitud desmoralizadora o indisciplinada.

Pero si esto sucede en cualquier guerra, en una guerra civil, ideológica, política o social el cuadro se complica horriblemente puesto que la tensión se desdobla en dos frentes: el que pudiéramos llamar exterior, con el enemigo armado y en orden, el frente propiamente dicho, y el interior, porque una parte copiosa de la propia retaguardia ha de ser considerada también como enemiga, puesto que los beligerantes de hoy convivían ayer mezclados en un mismo espacio. Para asegurarse la inhibición de este frente interno, inerme pero siempre acechante, no hay más que dos caminos: la vigilancia o la represión preventiva. No es fácil, cuando la pasión de enemistad ha llegado al punto de encender una guerra civil, que los hombres elijan entre esos dos métodos el más fatigoso, inseguro y razonable.

Hay que suponer, a falta de comprobaciones más firmes, que las primeras represiones de la Guerra Civil, del lado que conozco, fueron o acciones punitivas contra las resistencias de hecho o preventivas contra las resistencias u hostigamientos probables. Si la cosa no hubiera pasado de ahí, un político —jamás un moralista— podría incluso hablar de estados de necesidad y de justificaciones. Los hechos, sin embargo, rebasaron muy pronto, casi desde el mismo principio, ese nivel de la «necesidad militar».

La represión adquirió el carácter y el volumen de una purga de adversarios, intencionalmente exhaustiva, no con miras a la seguridad presente, sino destinada a retirar para el futuro todo obstáculo probable, toda veleidad de oposición, todo rebrote de las fuerzas o significaciones condenadas.

En cada uno de los dos bloques enfrentados, la violencia aniquiladora adoptó el estilo apropiado: el de la venganza popular, con frecuencia orgiástica y truculenta, o bien el de la purga revolucionaria metódica, en el lado republicano; el de la pura represión, implacable, con frecuencia disimulada y poco escandalosa, aunque de vez en cuando publicada con pretensiones de escarmiento, en el lado nacionalista.

De la primera se ha hablado mucho y dentro de España se sigue hablando, venga o no a cuento, de un modo deslealmente exclusivo. Pero las consecuencias de esa represión o purga sólo cuentan, a efectos de nuestro análisis, por la reacción que produjo y que el régimen sigue cumpliendo en una medida nunca antes registrada la ley por la que se establece que, para todo vencedor, las violencias del adversario son crímenes que deben castigarse e infamar perpetuamente a quienes los cometieron, e incluso a quienes se vieron forzados a admitirlos, mientras que las propias violencias son actos de justicia o cuando más excesos de celo inevitables para los que no cabe un serio reproche.

Son, sin embargo, las consecuencias de esos «actos de justicia» y de esos «excesos de celo» los que estamos examinando y por lo tanto tendrá que ser a ese lado de la represión al que principalmente deberemos referirnos. No para juzgarlos, sino, mucho más fríamente, para valorar su influencia en el desarrollo de los acontecimientos que es lo que aquí nos interesa.

La derrota de la causa republicana privó de todo efecto político a la purga revolucionaria —salvo el de convertirla en arma de la propaganda adversaria y disculpa o pantalla de sus violencias— e impidió que fueran la República o la revolución las que exigieran las responsabilidades de la guerra y de las violencias contra el enemigo. El Movimiento triunfante, en cambio, pudo cargar la totalidad de estas responsabilidades al bando contrario y usó de la ocasión que tal liquidación de cuentas le ofrecía para profundizar aún más en la obra de eliminación de los oponentes ideológicos, bajo el lema poco evangélico aunque bastante clerical de «desarraigar la mala hierba».

Consumada en tres tiempos, la represión cruenta alcanzó un volumen cuyas cifras escapan a mis cálculos pero que debemos calificar de aplastante, cuantitativa y cualitativamente. Es verdad que toda represión directa y en masa tiende a ser por fuerza azarosa. La purga «roja» o revolucionaria, inspirada por la ira y apuntando principalmente a las circunstancias de clase, lo fue en extremo. También lo fue la contraria pero, en comparación con aquélla, esa primera fase de la represión dirigida por las autoridades del nuevo Estado, fue planificada y certera, guiándose sobre todo por consideraciones de conducta o ideología personales. Ello resultaba fácil porque en el campo dominado por la rebelión habían quedado las ciudades menos pobladas donde, al igual que en los centros rurales, todo el mundo se conocía y más aún cuando la jactancia, desencadenada como ya dijimos por el triunfo del Frente Popular, había autodenunciado a innumerables personas pocos días antes ocultas en la sombra. Cuando de estos lugares se pasó a las poblaciones que se habían mantenido por más o menos tiempo leales a la República, la guerra ya se había encargado de separar el trigo de la paja, poniendo de relieve a las personas más activas de la izquierda y manteniendo en la persecución o la zozobra a los futuros denunciantes de sus convecinos, que acaso tuvieron que vengar muertes de parientes y amigos o, en el mejor caso, las propias agonías y sobresaltos y liberar el odio o el miedo reprimidos en las horas inciertas.

Para la represión informal o espontánea, entraron en trágico concurso todas las milicias, las fuerzas de seguridad y los partidos de ocasión, bajo la tutela de autoridades aquiescentes o inspiradoras y con la instigación y denuncia de sanedrines reaccionarios y cacicatos rurales. Pasados los primeros meses, el Ejército tomó el control exclusivo de ella, formalizándola a través de los consejos de guerra, salvo cuando la ejecutaban directamente las fuerzas de ocupación. Más tarde aún y durante años y años sería dirigida —siempre en el ámbito militar— por los llamados juzgados especiales de represión. Pero en las tres fases mantuvo una única y misma intención central: la destrucción física de los cuadros de los partidos del Frente Popular, de los sindicatos obreros y de las organizaciones masónicas, sin perder de vista tampoco a los partidos democráticos más moderados y a las personalidades independientes que, en el orden intelectual o profesional, gozaban un prestigio de izquierdistas o decididamente liberales. Si al abundante número de los ejecutados o condenados a penas de prisión aniquiladora, se une el número de los que —optando por la emigración— pudieron salvarse de la quema, a cambio de perder todo contacto con su país, se puede y debe hablar de una operación perfecta de extirpación de las fuerzas políticas que habían patrocinado y sostenido la República y representaban corrientes sociales avanzadas o simples movimientos de opinión democrática y liberal.

Pero Dionisio Ridruejo colaboró en el «terror blanco». Lo reconoce y lo explica profundamente así:

A pesar de todo esto, queda el hecho concreto: conviví, toleré, di mi aprobación al terror con mi silencio público y perseverancia militantes. Sólo podré decir para explicarlo que en aquel tiempo mis esperanzas —la ebria esperanza de que ya he hablado— eran capaces de sobreponerse a las partidas negativas más evidentes de la empresa en que estaba viviendo y contrapesar su valor. Si hubiera sido un espectador marginal no hubiera soportado aquello; se me habría impuesto, sin más, la idea de su maldad sustancial. Pero mi politización era en aquellos tiempos muy subida y el político —lo he dicho también— tiende a juzgar desde los fines. Sólo cuando éstos se me mostraron en su cruda realidad fue para mí enteramente patente todo lo otro y el terror recobró su verdadero aspecto de maldad intolerable, frente a la que no caben medias tintas. No creo que psicológicamente este proceso de juicio desde el desencanto o de juicio diferido constituya un caso excepcional. La mayor parte de los hombres que han fraguado su humanismo moral en la disipación de ciertas esperanzas indebidas y terribles, y en la vivencia testifical del terror, han llegado a rebelarse contra este último y a convertirlo en clave de su reacción, sólo porque antes habían comprobado la vanidad de aquellas esperanzas. Con todo esto no quiero abogar por el reconocimiento de mi inocencia. Nadie que haya militado en una causa terrorista es inocente del terror, aunque personalmente se haya abstenido de él y aunque en su intimidad —e incluso en el ámbito de sus relaciones oficiales— lo haya condenado. Éste es mi caso. Por desgracia, éste es el caso de millares de españoles de los que componen la justamente llamada «generación fraticida». ¿Se puede y se debe echar a la hoguera, en bloque, a esa generación? ¿Será, cuando menos, necesario condenar a sus hombres más significativos, con independencia de su conducta estrictamente personal? No será a mí —ni a ninguno de «nosotros»— a quien toque decirlo. Entretanto creo que un culpable capaz de calibrar su culpa tiene aún el deber del testimonio y de la reflexión para sí y para los otros. Y el deber de compadecer a sus iguales y exhortarles a la confesión y a la reflexión. Porque quizá de ello dependa en buena parte la posibilidad de un futuro pacífico para los españoles que no pudieron ser culpables porque no llegaron a tiempo.

En las dos zonas, pues, hubo una fase de represión espontánea, incontrolada, que se prolongó durante el verano de 1936; seguida por una fase de represión controlada por los gobiernos u organismos gubernamentales, si bien la represión incontrolada nunca cesó del todo, sobre todo en zona republicana, donde el control gubernamental era menor ante la independencia de los partidos y las milicias. En la zona nacional se crea, por el decreto número 55 de 1 de noviembre de 1936, y en previsión de la inminente entrada en Madrid, la Auditoría de Guerra del Ejército de Ocupación, cuyo estreno fue en Málaga conquistado el 8 de febrero de 1937.

Los cálculos estadísticos

del general Salas

En su magna obra de investigación Pérdidas de la guerra (Barcelona, Planeta, 1977), inútilmente mordisqueada por algunos aficionados partidistas, el general Ramón Salas Larrazábal consigue las cifras más fiables, provincia por provincia (tras aplicar un método riguroso fundado en los datos de Estadística y registros de defunciones), entre todas las que se han aventurado sobre el problema. Su conclusión final es que las muertes producidas directamente por la Guerra Civil española, incluida la represión de los nacionales en la primera fase de la posguerra, son algo superiores al cuarto de millón de muertos. Este es su resumen final, que creemos muy ajustado a la realidad:

Una atenta reflexión sobre este frío y dramático cuadro nos revela que, en valores absolutos, las provincias con mayor represión en zona gubernamental fueron Madrid (la represión más alta de todas), Barcelona, Valencia, Jaén, Toledo, Málaga, Córdoba y Ciudad Real; mientras que las provincias con más muertes por la represión de los nacionales fueron Córdoba, Málaga, Zaragoza, Badajoz, Valencia, Barcelona, Madrid, Sevilla y Granada. Los muertos en acción de guerra (la gran mayoría en los frentes) fueron 138.888 entre las dos zonas; las víctimas de la represión en zona gubernamental fueron 71.744 y en la zona nacional 57.662, de los que 35.021 cayeron durante la guerra y el resto, 22.641, fueron ejecutados después de la victoria por causas derivadas de la Guerra Civil.

«Hoy —dice el general Salas—, al recordar que 552 españoles de cada 100.000 fueron sacrificados de forma tan estúpida como cruel, lamento una vez más el haberme visto obligado a hacer este inconcebible inventario».

Parece demostrado, pues, que, durante el período estricto de la Guerra Civil, la represión republicana fue exactamente doble que la nacional; aunque en la inmediata posguerra las cifras se aproximaron, sin llegar a igualarse. Pero no se trata de averiguar quién fue más cruel, más inhumano y más injusto. Todos mataban en nombre de una legalidad, de una idea o de un odio exterminador. Nadie puede arrojar la primera piedra a la hora de la Historia.

Nos queda un capítulo esencial dentro del estudio de la represión; el hecho trágico de la persecución religiosa en la zona republicana. Alrededor de un 10 por 100 de sus víctimas —un porcentaje enorme—, incluidas en las cifras anteriores fueron obispos, sacerdotes, religiosos y monjas.

El asesinato de

Federico García Lorca

Durante la fase militar en que Granada fue una isla cercada por el enemigo, se desataron los odios acumulados en los años anteriores por un enfrentamento político radical. Las derechas vencieron ampliamente en las elecciones del 16 de febrero, pero el Frente Popular anuló arbitrariamente las actas y ordenó la repetición de las elecciones, con triunfo coactivo y arrollador de las izquierdas, que conquistaron sospechosamente la mayoría y la minoría electoral. El historiador socialista Ian Gibson, que ha investigado con amplitud los últimos días de García Lorca (El asesinato de García Lorca, Barcelona, Crítica, 1979), se muestra parcialísimo hasta la exageración en las evaluaciones políticas y ha sido netamente superado en puntos esenciales por la última investigación importante sobre el problema: Eduardo Molina Fajardo, Los últimos días de García Lorca, Barcelona, Plaza y Janés, 1983. Aun así, la investigación de Gibson contiene datos muy estimables.

Federico García Lorca, entre premoniciones de su muerte próxima, había salido, aterrorizado, de Madrid en la noche del 13 de julio de 1936, después del asesinato de Calvo Sotelo. Se refugió en su domicilio familiar, la Huerta de San Vicente, donde grupos armados de la represión granadina se interesaban sospechosamente por sus actividades hasta el punto de que Lorca hubo de refugiarse en casa de la familia Rosales, Angulo 1, donde su amigo, el poeta Luis Rosales —que había elogiado a Lorca en la revista progresista cristiana Cruz y Raya y acababa de publicar el primero de sus libros importantes, Abril—, convenció fácilmente a una familia afiliada en bloque a Falange para que acogiesen al genial poeta, entonces en su plenitud; muy poco antes de su salida de Madrid había leído ante sus íntimos La casa de Bernarda Alba y el año anterior había estrenado Yerma. Como reconoce y establece Gibson, García Lorca se consideraba un poeta revolucionario y había firmado varios manifiestos identificándose con el Frente Popular. Estuvo refugiado en casa de los Rosales desde el 5 de agosto, como otros granadinos comprometidos en favor de la República.

Era entonces jefe de Milicias de Falange y gobernador civil en funciones el comandante José Valdés Guzmán, promotor de una durísima represión de guerra entre los partidarios del Frente Popular en Granada; figuraban entre su equipo tres hermanos Jiménez de Parga y el ex diputado obrero de la CEDA Ramón Ruiz Alonso, privado de su acta por el pucherazo del Frente

Popular y antiguo afiliado a las JONS, que luego mantuvo malas relaciones con Falange. Más que un falangista genuino, el comandante Valdés —que conocía perfectamente Granada por su estancia en la ciudad desde 1931— era un derechista duro típico, que cuando se despidió como gobernador civil en 1937 pidió excusas a la ciudad por su duro comportamiento durante los anteriores tiempos de la guerra, pero sin mostrar por ello el menor arrepentimiento. Ruiz Alonso, por su parte, era exhibido por la CEDA como su único diputado obrero; trabajaba en el diario de La Editorial Católica Ideal y en sus declaraciones muestra una peligrosa mezcla de hipocresía y beatería permanente.

El 16 de agosto de 1936, cuando el general Varela había iniciado ya su marcha sobre Granada, pero la ciudad seguía en situación de isla cercada por el enemigo, el cuñado de García Lorca y ex alcalde de Granada Fernández Montesinos fue fusilado en las tapias del cementerio y Ramón Ruiz Alonso, con otros compañeros de la CEDA y gran aparato policial, se presentó en casa de los Rosales —que estaban ausentes— para detener a Federico García Lorca por orden del gobernador civil y en virtud de una probable denuncia presentada por él mismo. Un falangista sin pelos en la lengua, Patricio González de Canales, que conocía perfectamente el ambiente de Granada por haber desempeñado allí misiones políticas, dice que «García Lorca fue fusilado víctima de un pleito entre Falange y la CEDA por el poder político»; arrebatarle el refugiado a unos falangistas tan notorios como los Rosales fue, en efecto, un triunfo político para la CEDA de Granada ante toda la ciudad.

Los Rosales —sobre todo Luis, que se comprometió con derroche de valor y humanidad— trataron de rescatar a García Lorca de la oscura venganza de sus captores, pero sin el menor éxito. Cuando obtuvieron su libertad, ya estaba, probablemente, fusilado. El crimen ocurrió ante el barranco de Víznar, junto a unos pozancos y cerca de una fuente legendaria, la Fuente Grande, y casi seguramente en la madrugada del 17 de agosto, como ha establecido Molina Fajardo frente a Gibson, que con débil argumentación fija la muerte de Lorca en dos madrugadas después. Junto a García Lorca fueron fusilados en Víznar dos banderilleros y dos rateros. Los custodios de La Colonia, el edificio que servía de cárcel para la muerte, eran guardias de Asalto con los que colaboraban miembros de una banda represiva tolerada por las autoridades granadinas. No está probada la confirmación personal de la sentencia por el propio Queipo de Llano.

Federico García Lorca, en cuya condición homosexual han querido también ver algunos la razón de su asesinato, es la más conocida de los millares de víctimas que la barbarie de la Guerra Civil produjo en Andalucía. En las provincias dominadas por el Frente Popular, éste se adelantó trágicamente en la represión, como en Málaga, donde perpetró 2.761 asesinatos, o en Jaén, donde llegó a 3.509; o en Almería con 985; o en su parte de Córdoba, con 2.642; o en su parte de Granada, con 961. Luego la venganza de los vencedores compensó trágicamente tales muertes; a veces superó a los asesinatos del Frente Popular, como en Málaga, con 3.864 muertos; o en Huelva, con 1.597 sobre 437. En otras provincias, el balance fue para el Frente Popular, como sobre todo en Jaén (3.509 contra 606), o en Almería (985 contra 386). En Córdoba fueron en cambio los nacionales, que dispusieron de más tiempo, quienes fusilaron a 3.864 contrarios. La crueldad y el terror no fueron patrimonio de ninguno de los bandos; se abatieron sobre todos los españoles sacrificados en el altar maldito del miedo y el odio, que produjeron y alentaron la Guerra Civil.

El testimonio de Luis Rosales

Camarada jefe provincial:

Doy para tu conocimiento información exacta de mi conducta en relación con la detención de Federico Garda Lorca.

En fecha (?) una escuadra de Falange al mando del jefe de Milicias practicó un registro en casa del detenido con resultado infructuoso. Este día le fue comunicado por nuestro jefe que no existía acusación alguna contra él.

Al día siguiente, y por elementos distintos, se practicó otro registro en dicha casa, para capturar al antiguo arquitecto de Granada Alfredo Rodríguez. El resultado fue también infructuoso.

A los dos días, varios individuos armados irrumpieron en el domicilio del detenido, con la finalidad de aprehender a uno de sus colonos. En este registro se procedió con bastante violencia.

Habida información sobre el caso en la Comisaría, se puso en libertad al acusado.

Teniendo en cuenta que los que practicaron el segundo y tercer registro no habían presentado la orden necesaria para practicarlos, la insistencia en la molestias, y con la única finalidad de que no pudiera ser violentado por personas que no tuvieran autoridad para ello, le albergué en mi casa a partir de último registro, en que había sido golpeado, hasta el día de su detención dejando orden en su domicilio para que si había nuevos requerimientos, indicasen el lugar en que se encontraba, para ponerlo inmediatamente a disposición de la justicia.

En apoyo de mi actitud, digo:

1. Que no había en aquel momento ninguna clase de requerimiento oficial contra el detenido.

2. Que nuestro jefe de Milicias en el primer registro y dados sus resultados le había puesto en libertad.

3. Que, dado el carácter literario de mi relación con el detenido, nunca supuse pudiera ser enemigo para la causa que defiendo.

4. Que mi obligación como autoridad era defender al detenido contra cualquier atropello o incorrección.

5. Que mi obligación como autoridad era tener al detenido a disposición de la justicia cuando ésta procediera contra él.

6. Que no contento con esto y comprendiendo que si no había orden de detención el primer día, pudo haberla después, pregunté por medio del camarada jefe de Sector Cecilio Cirre al camarada jefe de Milicias Rojas si había alguna clase de denuncia u orden de detención contra él, con la única finalidad de ponerlo a disposición de la autoridad competente.

7. Que me fue comunicado, dos horas antes de la detención de García Lorca, que no había nada contra él, por nuestro jefe de Milicias por mediación de Cecilio Cirre.

8. Que durante el tiempo que estuvo en mi casa, no solamente no estuvo oculto, sino que de modo bien ostensible lo han visto y conversado con él cuantos falangistas han pasado por allí: Rojas, Cirre, Serrano, Reyes y muchísimos más.

9. Que, cumpliendo mis órdenes, al primer requerimiento, se puso al detenido a disposición de la justicia.

10. Que he podido saber, después de practicada la detención, que, un día antes, la Escuadra al mando de Francisco Díaz Esteve se personó con orden de prenderlo en su domicilio, sito en los Callejones de Gracia, y allí se le notificó, cumpliendo mis órdenes, que estaba en mi casa.

11. Que el mismo día le fue dada orden al jefe de esta Escuadra por el camarada Sánchez Rubio para que se me presentara con la intención de que yo pusiera al detenido a la disposición de la autoridad.

12. Que dicho jefe no cumplió esta orden por lo cual yo no pude saber que se procedía contra el preso.

Creo que he cumplido siempre con celo en la defensa de mi religión, mi bandera y mi patria.

Mis escritos, mi palabra y mi conducta han respondido, responden y responderán en todo momento de ello.

Tengo que contestar urgentemente ahora a una imputación calumniosa y pido se exijan las responsabilidades derivadas de la conducta observada por quien o quienes hayan ordenado se rodease mi domicilio con fuerza armada, realizando con ello un intolerable atropello, y una notoria vejación hacia mi casa, mi familia y el crédito de mi nombre.

Dejo el cargo que ostento a tu disposición en tanto no tenga un certificado de la legalidad de mi conducta. ¡Arriba España!

Luis Rosales.

El informe

del Capitán Nestares

Era un edificio municipal que tenía dos plantas, la de abajo servía para comedor y servicios y la de arriba se habitaba para dormitorios. Este edificio durante todo el año era para las oficinas del Ayuntamiento y al llegar el verano se habitaba de residencia para los niños de los colegios de Granada. Cuando la columna llegó a Víznar, allí estaban ya los niños que les decían los colonos, de aquí que al edificio le llamaran «Las Colonias». Una vez desalojada por los «colonos», el edificio lo destinaron a prisión provincial (…). Para la custodia de los presos (…), se designó a la Guardia de Asalto que allí residía a estos efectos. El régimen administrativo de «Las Colonias» era independiente, se administraba con 150 pesetas diarias que daba el pueblo de Viznar y ellos tenían allí un cocinero que era Valentín, el casero del edificio; con ese dinero comían los presos y la guardia.

Su organización militar era también independiente, estas fuerzas dependían directamente del mando de la Guardia de Asalto, y eran enviadas periódicamente no eran llamadas ni alternaban con el resto de las existentes en el sector de Víznar, que estaban alojadas en casas particulares.

El capellán de este edificio era don Mariano García, párroco de Domingo Pérez, que era de la columna, no teniendo nada que ver el párroco del pueblo; además, existía en la columna otro capellán, Fray Pablo de Ardales, pero que por su enfermedad de pulmón estaba residiendo en La Alfaguara.

De Granada eran enviados por el Gobierno Civil los diversos reos, llegaban transportados en coches de turismo, autobuses o camionetas, según el número de individuos. La custodia del transporte era realizada normalmente por Guardias de Asalto, otras veces por voluntarios. Para entrar en el sector militar, tenían que pedir permiso al jefe del sector militar (…). Muchas veces las órdenes de petición de paso se recibían por teléfono desde el Gobierno Civil.

Los reos los dejaban en la parte baja de «Las Colonias» y allí les ponían un altar, atendiéndolos el capellán don Mariano, las fuerzas de la columna nada tenían que ver en este asunto, por lo que yo tenía ordenado que no se acercasen por allí por no ser asunto de ellos, todo lo que se sabía es lo que contaban los guardias de Asalto que custodiaban en «Las Colonias».

A Federico García Lorca, en unión del Gadalí y el Cabezas y dos más, lo subieron para fusilarlo en Víznar fuertemente escoltado, el vehículo paró en la plaza en que estaba el Cuartel General, el que mandaba las fuerzas de escolta entró a darme la nota y como era asunto que no me gustaba (…). En «Las Colonias» había un maestro cojo que habían subido aquella tarde procedente de Pulianas, donde lo habían detenido y llevado a Víznar unos voluntarios falangistas; a los cinco les unieron el maestro cojo y los fusilaron en las primeras horas de la madrugada, por lo que debieron estar muy poco tiempo en la prisión, ya que la subida de los cinco a Víznar fue entre las 12 de la noche y una de la madrugada.

El Gadali y el Cabezas eran pistoleros peligrosísimos del Frente Popular que habían sido muy buscados en los primeros días del Alzamiento, se les achacaba de haber asesinado al (…) sargento que estaba destinado en Huétor Santillán; la pistola del sargento apareció con las municiones en poder de estos pistoleros, también habían sido los jefes de las columnas que el Frente Popular organizó el día 19 para salir a aplastar la sublevación de Córdoba. Contaba González Aurioles, q.e.p.d., que a Federico lo había detenido y acusado Ruiz Alonso y que los cargos contra Federico eran numerosos y hechos por escrito. El capellán don Mariano los atendió lo mismo que lo hacía con todos, es falsa pues la noticia de que el párroco de Víznar no los atendiese, porque no lo hacía con ninguno ni nada tenía que ver con los reos que para eso estaba un capellán de la gran calidad humana de don Mariano(…).

He querido transcribir estos documentos poco conocidos en honor de Federico García Lorca, cuya muerte fue absurda y trágica pero no fue la única muerte de la Guerra Civil española, como parecen obstinarse en proponer muchos comentaristas en la práctica. Ramiro de Maeztu, el autor de Defensa de la Hispanidad, asesinado por el Frente Popular en Madrid, era un intelectual de fama mundial que no puede considerarse inferior en méritos al genial poeta granadino, pero hoy nadie habla de Ramiro de Maeztu, ni siquiera los medios informativos y políticos de la derecha española, que se vuelcan en la memoria de García Lorca. La represión de la Guerra Civil ha sido nefasta para toda España y establecer comparaciones falsas y exculpaciones absurdas de una o de otra zona es atentar contra la memoria común de los españoles ante la tragedia. Utilizar a estas alturas a los muertos de la Guerra Civil como bandera política o como carnaza para la polémica partidista es un crimen de lesa historia. El único camino es el que marcó el 18 de julio de 1938 Manuel Azaña en su discurso de Valencia: la paz, la piedad y el perdón, para todos, para España… O el que señaló en su testamento José Antonio Primo de Rivera.

RICARDO DE LA CIERVA Y HOCES. (Madrid, 9 de noviembre de 1926 - Madrid, 19 de noviembre de 2015). Licenciado y Doctor en Física, historiador y político español, agregado de Historia Contemporánea de España e Iberoamérica, catedrático de Historia Moderna y Contemporánea por la Universidad de Alcalá de Henares (hasta 1997) y ministro de Cultura en 1980.

Nieto de Juan de la Cierva y Peñafiel, ministro de varias carteras con Alfonso XIII, su tío fue Juan de la Cierva, inventor del autogiro. Su padre, el abogado y miembro de Acción Popular (el partido de Gil Robles), Ricardo de la Cierva y Codorníu, fue asesinado en Paracuellos de Jarama tras haber sido capturado en Barajas por la delación de un colaborador, cuando trataba de huir a Francia para reunirse con su mujer y sus seis hijos pequeños. Asimismo es hermano del primer español premiado con un premio de la Academia del Cine Americano (1969), Juan de la Cierva y Hoces (Óscar por su labor investigadora).

Ricardo de la Cierva se doctoró en Ciencias Químicas y Filosofía y Letras en la Universidad Central. Fue catedrático de Historia Contemporánea Universal y de España en la Universidad de Alcalá de Henares y de Historia Contemporánea de España e Iberoamérica en la Universidad Complutense.

Posteriormente fue jefe del Gabinete de Estudios sobre Historia en el Ministerio de Información y Turismo durante el régimen franquista. En 1973 pasaría a ser director general de Cultura Popular y presidente del Instituto Nacional del Libro Español. Ya en la Transición, pasaría a ser senador por Murcia en 1977, siendo nombrado en 1978 consejero del Presidente del Gobierno para asuntos culturales. En las elecciones generales de 1979 sería elegido diputado a Cortes por Murcia, siendo nombrado en 1980 ministro de Cultura con la Unión de Centro Democrático. Tras la disolución de este partido político, fue nombrado coordinador cultural de Alianza Popular en 1984. Su intensa labor política le fue muy útil como experiencia para sus libros de Historia.

En otoño de 1993, Ricardo de la Cierva creó la Editorial Fénix. El renombrado autor, que había publicado sus obras en las más importantes editoriales españolas (y dos extranjeras) durante los casi treinta años anteriores, decidió abrir esta nueva editorial por razones vocacionales y personales; sobre todo porque sus escritos comenzaban a verse censurados parcialmente por sus editores españoles, con gran disgusto para él. Por otra parte, su experiencia al frente de la Editora Nacional a principios de los años setenta, le sirvió perfectamente en esta nueva empresa.

De La Cierva ha publicado numerosos libros de temática histórica, principalmente relacionados con la Segunda República Española, la Guerra Civil Española, el franquismo, la masonería y la penetración de la teología de la liberación en la Iglesia Católica. Su ingente labor ha sido premiada con los premios periodísticos Víctor de la Serna, concedido por la Asociación de la Prensa de Madrid y el premio Mariano de Cavia concedido por el diario ABC.