«El precursor de los fascistas españoles es, sin duda, Ernesto Giménez Caballero, el “Gecé” de La Gaceta Literaria… El prólogo que escribió para un libro de Curzio Malaparte, publicado el 15 de febrero de 1929 en La Gaceta, constituye el primer documento del fascismo español. Era hombre sencillo, nada pagado de sí mismo, dotado de humor negro muy castellano, poseedor de honda sensibilidad estética, de inagotable inquietud ante las novedades culturales y políticas de Europa y, como él mismo se define con gran acierto, resulta un nieto —un nieto legítimo— del 98. Su gran audacia —que entonces parecía genialidad— fue aplicar quirúrgicamente sus categorías histórico-estéticas en una dirección histórica que parecía irreversible y después se ha revelado —así se cree hoy— como una vía muerta. Apostó todo a la carta fascista y perdió. Quemó todas sus naves y tuvo después la nobleza de no regresar, como polizón, a bordo de otra escuadra, como hicieron otros ardorosos fascistas».

En este libro se describe brevemente, pero con hondura, el panorama de la derecha radical española en vísperas de la llegada del Frente Popular al poder, así como los orígenes del fascismo español, dejando, para el siguiente volumen de la serie, el desarrollo de la Falange y sus enfrentamientos con los comunistas.

Ricardo de la Cierva

El fascismo y la derecha radical española

Episodios históricos de España - 28

ePub r1.0

Titivillus 05.01.15

Título original:El fascismo y la derecha radical española

Ricardo de la Cierva, 1997

Editor digital: Titivillus

ePub base r1.2

El anticlericalismo municipal

La marea negra y roja del anticlericalismo irracional no dejó de crecer después del fracaso de la Revolución de Octubre. La explosión de odio contra la Iglesia que marcó el episodio asturiano de la Revolución mantuvo, de forma soterrada, toda su virulencia durante la larga etapa de la represión, mientras el hecho de la Revolución, como hemos visto, cerraba en falso. Debemos continuar, ante todo, la trágica antología del anticlericalismo que seguía acechando a la Iglesia católica después de la Revolución, como si aguardase la nueva oportunidad que, ya sin traba alguna, reventó en la zona republicana desde el 18 de julio de 1936.

Durante la República proliferó una típica herencia «progresista» del siglo XIX, el anticlericalismo «municipal» que tantos ejemplos, no por cómicos menos significativos, aporta a la veraz historia de la República española. Miguel Maura recuerda el famoso telegrama de abril: «Proclamada la República, diga qué hacemos con el cura». Durante la euforia del primer bienio, el Ayuntamiento de Huelva decide cobrar a las parroquias un impuesto especial por ruidos que grava el sonido de las campanas. El concejal González Roldán propone el 27 de enero de 1932 que se apliquen tarifas publicitarias a las casas que exhiban imágenes en las tradicionales hornacinas. El alcalde de Cascellas (Huesca) consultó por oficio al gobernador civil sobre «si existía algún procedimiento legal para eliminar párroco».

Menos inocente y mucho más coordinada era la campaña desencadenada contra la Iglesia por la prensa anticlerical que, según datos reunidos por el jesuita Constantino Bayle, en 1936, contaba con 146 diarios. La antología del anticlericalismo periodístico es inefable e incluso tantos años después cubre de vergüenza al recuerdo de sus autores. Un día del que nadie —excepto un grupo de oficiales africanos— conocía su trascendencia, el 17 de julio de 1936, reunía el repelente semanario valenciano La Traca los resultados de una encuesta sobre el tema: «¿Qué haría usted con la gente de sotana?». La única respuesta moderada que podemos seleccionar para reproducirse aquí es ésta: «Ahorcar a los frailes con las tripas de los curas».

Pero sin apelar al florilegio de las sentinas profesionales, he aquí muestras de la prensa diaria de la que cabía esperar, si no mayor responsabilidad, al menos mejor gusto:

«Basta recordar ahora, con la rápida reproducción de varios textos cogidos al azar entre millares, que el odio había sido tenazmente atizado antes del conflicto. El Liberal, de Madrid, ya el 30 de mayo de 1931 llamaba al Papa negrero de todos los pueblos esclavos, judío de nacimiento, campeón del carlismo…, hijo legítimo de una judía holandesa…, etc.; Mundo Obrero calificaba a Su Santidad en el número de 5 de junio de el general de los envenenadores del pueblo.

»Del semanario republicano Eco del Pueblo, que se publicaba por aquellas fechas en Albacete, son estos versos tan burdos, escritos a raíz de la quema de conventos:

«Obispos, curas y frailes

no os metáis en jaleos,

porque podrían arder

hasta los mismos manteos».

Si estudiamos con cierta aproximación las características de la ACNP, este grupo de auténticos hombres de la Iglesia, podremos apreciar inmediatamente varios rasgos comunes y significativos. Todos son jóvenes, incluso muy jóvenes; todos han realizado estudios brillantísimos y empiezan a conquistar un puesto profesional relevante; su dedicación al servicio de la Iglesia es entusiasta, desinteresada y profunda. No solamente son militantes, son grandes y ejemplares católicos. La Iglesia depositó en ellos tanta confianza que sus nombres se barajaban en todos los frentes: en los gobiernos y las actividades políticas, en las directivas de las asociaciones de apostolado, en las columnas de El Debate, en los organismos supremos de la nunca revitalizada Acción Católica Española. A ellos hay que atribuir en gran parte el mérito de equipo que hizo posible la espectacular vuelta de las derechas a una República que inicialmente las había barrido; si los frutos de su obra no llegaron a cuajar, ello se debe a que el tiempo trabajaba contra ellos —lo mismo que contra los republicanos— y les aventaría —como a los republicanos— tras el estallido de la Guerra Civil. Pero hay que notar además alguna otra característica de conjunto para este grupo porque sus componentes, de forma más o menos aislada, estaban destinados a ejercer notable influjo en los destinos de España.

Los militantes, cuya lista de honor acabamos de referir, eran en su inmensa mayoría monárquicos; provenían de capas sociales acomodadas e incluso muy acomodadas; su preocupación social era, salvo excepciones, puramente nominal y negativista; aceptaban las directrices vaticanas identificando de forma absoluta al Vaticano con la Iglesia y —lo que es más grave— sin efectuar una elaboración personal, responsable y crítica, de esas directrices.

Lo mismo que sus criterios morales —y en esto eran perfectos católicos de su tiempo— descansaban en una ética impuesta preceptivamente, sus criterios políticos, sociales y eclesiásticos eran criterios que además de preferentemente defensivos y negativos eran algo peor: imposiciones del exterior, nunca asimiladas de forma convincente. Más aún, esos criterios contribuían bastante al confusionismo, ya que no sólo yuxtaponían, sino que identificaban los temas políticos con los temas religiosos y los temas eclesiásticos. La obediencia acrítica ignaciana, transmitida a sus discípulos más selectos por los jesuitas que dirigían las agrupaciones de militantes, convertía a éstos en dóciles instrumentos, pero no les capacitaba para la crítica ni menos para la autocrítica. Mal conoce los procedimientos vaticanos y jesuíticos quien cree que las consignas de Roma se transmitían a los militantes católicos españoles de forma tajante y bajo el formalismo de órdenes de operaciones. No. Esas consignas llegaban a los militantes por medio de conversaciones, casi siempre sin intermediarios, entre la Nunciatura y Ángel Herrera, quien a su vez las comunicaba a los diversos equipos políticos, Acción Católica, etc.

La Iglesia se contentaba con marcar las grandes directrices estratégicas, apuntaladas con oportunas observaciones y consejos. La aplicación táctica quedaba reservada a los militantes, cada uno en su esfera de responsabilidad. El sistema funcionaba con tanta eficacia que incluso los políticos católicos pensaban a veces que operaban con auténtica independencia; por lo que se deduce de sus recientes Memorias, don José María Gil Robles lo seguía pensando treinta años largos más tarde. Pero no era así. La sustitución de un bagaje político y estratégico propio por la fidelidad a la sinuosa política vaticana era un grave suceso destinado a profundas consecuencias para el futuro de España.

Tras varios intentos y fracasos, la Conferencia de Metropolitanos de Madrid lanza por fin de forma más coherente la Acción Católica Española en noviembre de 1931; se crean la Junta Central y las cuatro ramas de apostolado. En 1933 Ángel Herrera deja la dirección de El Debate para concentrarse en la presidencia de la Junta Central de AC, a la que lleva varios de los miembros de su brillante equipo.

Sin embargo, los esfuerzos de Herrera por revitalizar y personalizar a la ACE tienen poco éxito; por entonces Pío XI estaba también sacrificando la ACI a su entente con el fascismo. En 1935, Ángel Herrera, obediente a una vocación íntima que le llevaba a un servicio personal a la Iglesia más profundo aún, quizá desilusionado por el cariz que tomaba la obra político-apostólica de sus compañeros de grupo, abandona la presidencia de la ACNP y la dirección de la Escuela de Periodismo de El Debate; renuncia a todas sus actividades en España y marcha a Friburgo de Suiza para prepararse al sacerdocio. El delfín que le señala la Iglesia es Fernando Martín Sánchez Juliá, de currículo universitario y profesional tan brillante como el de Herrera, de fidelidad a la Iglesia tan acrisolada como la de su predecesor, pero mucho más «jesuítico», es decir, menos creador, más ejecutivo, menos personal. Tal vez para los duros tiempos que se preveían era el tipo de hombre que la Iglesia deseaba.

El historiador de la República no tiene por qué poner en duda el espíritu sobrenatural que guiaba a la Iglesia de Roma en sus relaciones con el episcopado, los católicos y el Gobierno de España; pero a sus limitados alcances humanos solamente le es dable juzgar de las manifestaciones externas de ese espíritu y esas manifestaciones pueden observarse en un terreno sociológico y en un terreno político, que es lo que trataremos de resumir en los párrafos con los que se concluye este epígrafe.

Para comprender la política vaticana en la España de los treinta conviene tener en cuenta varios factores cuya interrelación no corresponde a esta historia, pero en todo caso debemos señalar: la influencia del secretario de Estado, cardenal Eugenio Pacelli, en las decisiones del papa Pío XI; las consecuencias que para la política vaticana respecto de España se derivan de las ideas mantenidas en Roma acerca de la situación en Francia y en Italia. El fracaso de la experiencia Primo de Rivera contrastaba con el éxito de la de Mussolini, a cuyo espejismo tantas cosas estaba sacrificando el Vaticano dentro de su propia política italiana. Otros factores esenciales eran la personalidad y actuación del nuncio en Madrid, monseñor Tedeschini; las relaciones entre el nuncio y la Embajada de Italia, alguno de cuyos informadores actuaba de enlace directo con la Nunciatura. Hay que formarse una idea, por aproximada que sea, sobre tan complejo entramado político-diplomático para no perderse en el tópico a la hora de estudiar lo poco que se puede estudiar acerca de la política vaticana en la España de los treinta.

Pues bien, cuando Juan de la Cierva y Peñafiel descubría con indignación que la Iglesia apoyaba con algo más que la neutralidad el advenimiento de la República, sus fuentes de información, habitualmente excelentes, tampoco le engañaban esta vez. He aquí la traducción española de uno de los informes más interesantes sobre las relaciones Vaticano-Madrid entre 1931 y 1934, publicado ahora por primera vez. El informe revela importantes desacuerdos en el alto clero español con motivo del 14 de abril.

La Iglesia, por tanto, puede considerarse hoy, a plena luz histórica, como el más insospechado, pero no por ello menos sospechoso y decisivo, de los grupos conspiradores para el advenimiento de la República. Ésta fue probablemente la causa que decidió a Juan de la Cierva y Peñafiel a retirarse para siempre de la política activa después del 14 de abril de 1931.

Las ilusiones de tolerancia que la Iglesia se había forjado tras las promesas públicas y los contactos secretos con los prohombres republicanos se aventaron bien pronto, como ya sabemos. He aquí el informe aludido:

«Para facilitar la restauración, que exigía la sumisión del clero carlista, la Monarquía española se apoyó sobre el Vaticano, pero tras la coronación de Alfonso XIII las relaciones se entibiaron tanto que en el período de agitación antimonárquica el Nuncio tomó contacto con los jefes republicanos, lo que sucedió por primera vez en casa del embajador de Alemania, conde Von Welczeck, donde llegó a un acuerdo con el presidente Alcalá Zamora. Con base en dicho acuerdo, el comité revolucionario se obligaba a renovar el Concordato y se presume que el Vaticano no se opondría a la propaganda republicana entre el bajo clero, al que la Monarquía había negado modestas mejoras económicas.

»De hecho, la proclamación de la República no suscitó hostilidad más que en una parte del alto clero, más ligado a la Monarquía, de la que recibía amplios privilegios; su exponente principal era el cardenal Segura, adversario notorio de la Nunciatura.

»Por otra parte, el cardenal Vidal y Barraquer, de Tarragona, representaba el ala catalanista y republicanizante del alto clero; a pesar de pasados sinsabores derivados de la ingerencia del Nuncio para combatir la propaganda catalanista del clero, esta fracción coincidió con la Nunciatura en la política antimonárquica y contribuyó a la aceptación del cambio de régimen por parte del clero. El fracaso de la política religiosa moderada acentuó el disenso entre los católicos monárquicos intransigentes, de tendencia autonomista respecto de Roma, y los católicos posibilistas vaticanistas, dejando en difícil posición a la Nunciatura que, de hecho, abandonó, al menos aparentemente, toda actividad política llevada directamente por el Vaticano, al que acudían numerosos católicos españoles sin pasar por la Nunciatura; tras un accidente de carretera, muy aireado, el Nuncio trasladó su residencia por seis meses a Ávila.

»Después de las elecciones de noviembre de 1933, el Nuncio volvió a Madrid y reemprendió sus actividades, fruto de las cuales fue la declaración ministerial relativa a la firma de un nuevo concordato y a continuación la demanda de placel para un embajador de la República en el Vaticano.

»Con ello quedaba restablecido el prestigio de la Nunciatura entre los católicos españoles y el Vaticano obtenía de la República el reconocimiento formal de sus reivindicaciones, lo que le permitía dedicarse a la reconciliación de posibilistas e intransigentes.

»Pero la situación política no parecía ofrecer las garantías suficientes y por eso el Vaticano, obtenido el objetivo fundamental de establecer una hipoteca religiosa, no tenía interés en precipitar las tentativas con el Gobierno de Lerroux, hasta que los populistas de Gil Robles consolidasen la victoria electoral obtenida en coalición con los intransigentes.

»El Vaticano, al agradecer la propuesta de envío del embajador Pita Romero, ministro de Asuntos Exteriores, en calidad de enviado extraordinario, hacía constar que el Gobierno español deseaba reparar los agravios hechos al Vaticano por las Cortes Constituyentes, lo que provocó las protestas de los ministros masones sobre los que se ejercieron fuertes presiones de sus correligionarios.

»El Gobierno Lerroux, fiel a la táctica de su presidente, contemporizaba; en ocasión de la fiesta del Papa, el presidente de la Acción Católica y el Nuncio, tras la solemne función de la catedral, en presencia del Cuerpo Diplomático, revalidaron el punto de vista del Vaticano ante el Gobierno, lo que terminó de exasperar a los ministros masones, que tomando como pretexto el hecho de que la catedral era propiedad del Estado cedida exclusivamente al culto, provocaron el envío de una protesta al Vaticano contra una pretendida ingerencia del Nuncio en la política interna española.

»Evidentemente, se trata de un episodio en la sorda y encarnizada lucha que los elementos jacobinos eliminados del Gobierno conducen para atraerse a sus correligionarios del Gobierno Lerroux; tratan así de que Martínez Barrio y Guerra del Río provoquen un conflicto contra el presidente de la República, al que dichos elementos atribuyen su alejamiento del poder. Pero al mismo tiempo la maniobra coincide con los intereses del Vaticano, el cual no tiene el menor interés en llegar a acuerdos concretos con la República mientras no se estabilice la situación como él desea.

»Con la propuesta del envío de un embajador por parte de España, el Vaticano ha obtenido por ahora las ventajas máximas; si la situación actual se consolida, ya llegará la conclusión del Concordato; si la situación evoluciona, la existencia de un acuerdo definitivo podría constituir un inconveniente, dado el escaso respeto demostrado por los gobiernos españoles por este tipo de tratados.

»Tal concepción no es exclusiva de los republicanos españoles; sus precedentes históricos llegan a los tiempos de Felipe II y el saco de Roma».[1]

El silencio de los obispos durante
el bienio de Gil Robles

Con las descripciones sobre la situación real de la Iglesia, hemos analizado con relativa profundidad la situación histórica de la Iglesia española durante el bienio regido por el centro-derecha. Sabemos que durante la Revolución de Octubre en Asturias numerosos sacerdotes y religiosos fueron sacrificados por odio a su fe: y que este sacrificio fue un trágico anuncio de la suerte que esperaba a millares de religiosos durante la Guerra Civil. Pero una vez vencida la Revolución en Asturias y en Cataluña dentro del mismo mes de octubre de 1934, la Iglesia española se sumerge en un profundo silencio.

Por desgracia, ninguna declaración episcopal, individual o colectiva, viene a protestar durante los dos años del centro-derecha contra el revanchismo reaccionario de la derecha triunfante. Conseguida la precaria estabilización de la lucha antirreligiosa, con sus destacamentos de la CEDA en el poder, la Iglesia cae de nuevo en el marasmo, solamente sacudido por los cada vez más ciertos temores de una recuperación de sus enemigos temporalmente amordazados. En vano clamaba justamente el jesuita padre Peiró para que nadie esperase de la actividad política la recuperación religiosa del país:

«Lo tercero será no esperar de la política, ni de los acontecimientos políticos, la recristianización de las masas. Aunque es un hecho que la política ha favorecido, en ocasiones, la propaganda anticristiana, no es lícito hacer el razonamiento siguiente: «La política ha descristianizado las almas, luego por la política se han de recristianizar»; porque esto es un sofisma.

»La descristianización de nuestras masas se ha verificado por las propagandas anticristianas a través del libro, del periódico, del grabado, de la palabra, de todos los recursos de propaganda de que se sirve el mal. Esta propaganda anticristiana ha podido ser acompañada de la propaganda política, enmascarando la una a la otra o sirviéndole de pretexto, pero si ha sido la propaganda anticristiana la que las ha descristianizado, en buena lógica deberá ser la propaganda cristiana, la propaganda pura y neta del Evangelio, la que las deba recristianizar.

»Es curioso lo que acontece a este respecto. Para buen número de católicos españoles, depende la recristianización del país de un golpe de fuerza, que desplace de los puestos directivos de la gobernación del país a los elementos revolucionarios; según otros, hay que esperarlo todo de una dictadura; para otros, está la salvación en un cambio súbito de régimen; otros, más modestos, finalmente, la hacen depender de la pureza con que se celebren las próximas elecciones. Todo ello es puro deseo de divagar».[2]

Entre los pocos indicios que poseemos acerca de la actividad política de la Iglesia en el bienio al que las izquierdas llamaban negro, destaca un recuerdo de Gil Robles: la misa que los domingos celebraba en la recuperada capilla del Ministerio de la Guerra el jesuita padre Romaña, eminente enlace de la Compañía de Jesús —y, por tanto, del Vaticano— con los militantes católicos que detentaban el poder. Esas misas —a las que asistía habitualmente el general Fanjul, alguna vez el general Goded— iban seguidas por un desayuno de trabajo en el que no se debía hablar exclusivamente del tiempo. Con bastante mala idea Gil Robles, que publica su libro en 1968 (es decir, bajo el mandato de Franco), deja entrever que Franco, entonces jefe del Estado Mayor Central, nunca asistía a esas misas; tal vez porque no sabía que el general acudía invariablemente con su esposa y su hija a la que se celebraba en el Cristo de Ayala, cerca de su domicilio.

Otro jesuita importante, el padre Azpiazu, era el experto en corporativismo que trataba de apuntalar ideológicamente a los militantes católicos para la construcción del nuevo Estado, sobre el que tan pocas ideas claras poseían. Pero no hubo ni energía, ni tiempo, ni decisión para implantar nada nuevo. La Iglesia de 1934 y 1935 comulgó gustosa con el reaccionarismo gubernamental y se limitó políticamente a vegetar, como reconociendo que la iniciativa estaba con el silencioso bando vencido. A medida que se acerca 1936, y sobre todo después de las elecciones de febrero, el ambiente es ya otra vez de lucha y la metodología política vuelve a ser una pura defensiva apologética. La conquista pacífica y legal del poder no ha servido para nada: algunos intelectuales eclesiásticos se dedican durante 1935 y los primeros meses de 1936 a elaborar una nueva teoría, la teoría de la subversión abierta y de la guerra justa, pero no están en la órbita de la CEDA sino en la de los monárquicos de Acción Española.

La Iglesia empieza a hacer más caso de los derechistas extremos y no colaboracionistas. Roma solicita informe tras informe sobre las actividades y posibilidades reales del carlismo. La Falange, como veremos, no concedía oportunidades visibles de participación política a la Iglesia y, por eso, el Vaticano no pudo recomendar a sus vicarios españoles la repetición de la «vía lateranense» (los pactos de Letrán entre el Vaticano y Mussolini en 1929) con el fascismo español. La Iglesia, que tan importante, aunque oculta, parte había desempeñado en el advenimiento de la República, se preparaba más o menos conscientemente a destruirla.

El centro-derecha y la contrarreforma agraria

La República, en los dos primeros bienios, hizo bien poco en favor del campo y de los campesinos españoles. Quizá para compensar esta casi absoluta carencia de efectividad los portavoces de cada uno de los bienios convirtieron en retórica toda la ineficacia. Calcúlense los regadíos de tinta que todavía siguen haciendo pensar al lector que la reforma agraria fue políticamente un hecho importante. No nos engañemos: la reforma agraria del primer bienio y la contrarreforma agraria del segundo no fueron nada importantes en el terreno de los hechos: el campo durante la República fue una bandera política y, tantos años después, continúa siendo una bandera de propaganda.

Si consideramos las publicaciones oficiales del IRA (Instituto de Reforma Agraria) posteriores a febrero de 1936 como portavoces de la propaganda del primer bienio y, naturalmente, al señor Gil Robles como portavoz de la propaganda del segundo, veremos inmediatamente la habilidad más bien formal (y hasta escolástica) que dialéctica con que ambos voceros ocultan los propios fallos y magnifican los propios y mínimos aciertos. Ni una sola palabra dicen los partidarios de Azaña acerca del número de campesinos asentados por sus enemigos, y menos aún se atreven a comparar cifras de bienio con cifras de bienio.

Más aún, cuando apelan a las estadísticas tienen que incluir en las de «su bienio» las que corresponden al año 1934, que, como es bien sabido, son debidas a la gestión de la coalición que les derrotó en noviembre de 1933[3]. Para justificar la falta de resultados, los portavoces del primer bienio inventan unos fantásticos proyectos que estaban a punto de realizarse al caer Azaña; durante todo el año 1933 Azaña bastante hacía con impedir el estallido de su precaria coalición, en la que los socialistas, cuyo partido era esencialmente urbano e industrial, sólo consideraban al campo como un escenario político donde ensayar, en junio de 1934, el fracaso en gran escala de octubre.

Gil Robles, por su parte, describe con gran habilidad las grandes y sucesivas batallas que riñó su peón de brega para los problemas del campo, Manuel Giménez Fernández, como si la cruzada del bizarro ministro hubiese sido fruto de una política cedista sobre el conjunto de los problemas agrarios, política inspirada por el jefe, naturalmente. El desarrollo de este apartado dejará, esperamos, en su justo lugar las pretensiones de Gil Robles, quien trata comprensiblemente de apuntarse un poco de través algunos de los pocos laureles que desde todos los sectores de la Historia se vienen concediendo a su año de Gobierno.

El 31 de diciembre de 1934 se habían expropiado 468 fincas con cerca de 90.000 hectáreas en las que se habían instalado 8.609 colonos; se habían ocupado 61 fincas con cerca de 28.000 hectáreas entregadas a 3.651 colonos. Total, 529 fincas, 116.838 hectáreas y 12.660 colonos. El viajero que en 1997 recorra la carretera de Madrid a Salamanca puede comprobar que sólo dos planes locales de ordenación rural —La Moraña y Peñaranda— totalizan bastantes hectáreas más; pero no lo verá en cartel alguno porque esa reordenación se hizo durante la época del general Franco, sobre una extensión mayor de la que corresponde a todo el esfuerzo reformista republicano sobre todo el territorio español.

Hay que tener en cuenta que la gran mayoría de las fincas «reformadas» habían pasado a depender de los planes del IRA con motivo de la explosión emocional posterior al 10 de agosto; y que de los 12.260 campesinos instalados entre 1931 y 1934 unos 6.500 corresponden a los diez meses de Gobierno radical (desde las elecciones de noviembre hasta la Revolución de Octubre), lo que constituye la prueba más definitiva del fracaso agrario en el bienio Azaña. Las razones de este fracaso son varias; pueden resumirse en que, con la efímera e insuficiente excepción de las expropiaciones en 1932 después de agosto, los republicanos de izquierda no se decidieron a emprender la reforma agraria en sentido revolucionario, sino en sentido retórico y burocrático. No había tierras que adquirir por ese camino sin exponerse a graves riesgos políticos: la nobleza poseía solamente un 6 por 100 de la tierra cultivable y a la Iglesia, después del siglo XIX, no le quedaban bienes agrarios. No había dinero para indemnizar o comprar tierras, aun cuando la capitalización se montase de acuerdo con los datos fiscales.

La instalación de colonos se pudo hacer solamente por medidas de excepción: una legalización provisional en 1932 de la ocupación de tierras extremeñas por unos 40.000 yunteros es la medida más revolucionaria del período. Los defensores del primer bienio airean que durante ese período los salarios agrícolas se duplicaron; pero era un aumento ficticio, que hacía aún más angustiosa la situación del creciente número de parados y que no correspondía ni a aumentos de producción ni a mejoras sensibles de estructura. Aún sin el seguro tumo reaccionario, era un aumento condenado a hundirse en una nueva sima depresiva.

Sin ánimo alguno de paradoja, hay que reconocer que el bienio Azaña lanzó la mística de la reforma agraria, pero no la convirtió en resultados; en cambio, durante el bienio derechista, el clima político fue netamente reaccionario y, sin embargo, los resultados de la reforma agraria son cuantitativamente más estimables. Recordemos las medidas reaccionarias de la etapa radical: decreto de 11 de febrero de 1934 para la evicción de yunteros; decreto de 4 de mayo de 1934 sobre la anulación de las expropiaciones por el 10 de agosto; decreto de 28 de mayo de 1934 sobre retribuciones laborales, que se dejaban otra vez al arbitrio del propietario o arrendatario; circular de 16 de febrero sobre jurados mixtos. Y, sin embargo, como ya hemos visto, en los diez meses de Gobierno radical no se suprimió el IRA ni sus actividades; se continuó la labor de acopio informativo; y, de hecho, se instalaron más campesinos que en todo el bienio Azaña por medio de aplicaciones legales. El número de accidentes de trabajo compensados fue en 1934 casi doble que en 1933, cuádruple que en 1932, séxtuple que en 1931.

Resumamos ahora la política agraria durante el año gilroblista por antonomasia: 1935. Después de la desmitificación que ya hemos emprendido en parte en el resumen anterior, no debe extrañar que iniciemos este análisis con una cita de Gabriel Mario de Coca, el clarividente socialista que escribía en 1936: «Los gobiernos derechistas asentaron a 20.000 campesinos, y bajo las Cortes reaccionarias de 1933 se efectuó el único avance social realizado por la República». Creemos que esta frase es enormemente sintomática, aunque no estemos del todo de acuerdo con ella.

La actitud de los gobiernos derechistas, y en particular de los gobiernos posteriores a Octubre, sobre los problemas del campo es francamente reaccionaria, con las excepciones inoperantes que vamos a registrar. El hecho de que durante el bienio de centro-derecha se asentasen por vía legal más campesinos que durante el bienio republicano no indica que los derechistas fuesen socialmente avanzados (porque eran, no nos cansaremos de repetirlo, socialmente retrógrados), sino que sus predecesores eran, en el problema agrario, unos impreparados demagogos. De todas maneras, los fracasados del primer bienio deberían tener la suficiente prudencia como para evitar en absoluto suscitar el problema del campo en la crítica a los gobiernos derechistas. Por no hacerlo se exponen a que la nueva Historia, que sabe sumar y restar, utilice sus argumentos para finalidad bien diferente de aquélla con la que fueron laboriosamente concebidos.

Para comprender la trascendencia política y socioeconómica del problema agrario en la República, conviene recordar que durante los años treinta la producción agropecuaria española de conjunto alcanzaba, aproximadamente, un valor triple de la industrial. Atendiendo solamente a Cataluña, la proporción se invierte: la Cataluña de 1934 producía industrialmente un valor triple del que arrrojaba su esfuerzo agropecuario (Miravitlles). Por eso el problema agrario en Cataluña, por intensa que fuese la música de fondo social que quiso ponerle Companys, fue siempre un problema esencialmente político; en cambio, el problema agrario del conjunto español era, además de político, un enorme problema social que desbordaba las estrechas orejeras de los diversos sectores políticos.

Del campo surgían los grandes movimientos sociales y populares que luego se estructuraban artificialmente en formas de política urbana: las raíces del anarquismo estaban en el campo; cuando el socialismo quería pulsar su savia popular, trataba de remover el campo con su FETT y, no lo olvidemos, la nueva derecha republicana surgió arrolladora en unos cuantos mítines de agricultores castellanos mientras Gil Robles trataba de penetrar en Cataluña precisamente a través de los empresarios del campo catalán.

La esperanza y el fracaso de las derechas españolas en el campo fue la esperanza y el fracaso de un solo hombre: Manuel Giménez Fernández. Ningún otro político de la República, ni de derechas ni de izquierdas, hizo más por el campo español que este insigne sevillano, nacido el 6 de mayo de 1896. Ningún dato de su currículo, si no es su inteligente juventud, podía anticipar la personalidad del hombre destinado a convertirse en el político derechista republicano de recuerdo más perdurable y beneficioso. Alumno de los jesuitas, licenciado en Filosofía y en Leyes, catedrático de Derecho Canónico en 1930, su obra escrita más importante no tiene nada que ver con los problemas agrarios: son las «Instituciones jurídicas de la Iglesia Católica», publicadas en 1940-42.

Aficionado quizá a la política desde su época de teniente de alcalde en tiempos de la Dictadura, maduró su vocación pública en la ACNP, en las columnas de El Debate y en el Rectorado del CEU. Todo andaluz entiende las cosas del campo; ese conocimiento debió de profundizarse y cargarse de sentido social cuando el joven catedrático fue elegido en 1933 diputado a Cortes por Badajoz. Giménez Fernández era un conservador; estaba compenetrado con su jefe político y junto a los demás ministros de la CEDA defendió la línea dura en los célebres Consejos de los Indultos; sus intervenciones parlamentarias antes y después de las elecciones de febrero no le acreditan precisamente de progresista. Tal vez porque no lo era; tal vez porque Manuel Giménez Fernández era solamente un conservador inteligente y no cerrado a priori en materia social. Esta condición le acredita como excepcional figura del conservadurismo español y como excepcional republicano de derechas. Porque el áspero y recto catedrático sevillano era uno de los pocos políticos de la CEDA que no tenía que disimular sus preferencias sobre la forma de Gobierno. Tal vez su inicial monarquismo se desvaneció ante el impenitente reaccionarismo de la inmensa mayoría monárquica.

En el terreno de la teoría social cristiana, podemos estar seguros de que Gil Robles se encontraba identificado con la lucha de su ministro de Agricultura; aunque en la asignación de cartera a Giménez Fernández intervinieron, sin duda, motivos políticos oportunistas, como el republicanismo y las convicciones sociales del candidato. Pero muy pronto empezaron a presionar sobre el jefe los ultras de la derecha, los aliados agrarios y el bloque monárquico; esto hizo que a medida que avanzaba el semestre de su Ministerio (4 de octubre de 1934 a 3 de abril de 1935) Giménez Fernández tuviese que luchar cada vez más solo y consciente de que los intereses reaccionarios de su partido le señalaban como víctima inevitable.

Cinco fueron, según Gil Robles, las batallas de Giménez Fernández por la mejora económica y social del campo español. La primera de estas batallas se riñó en favor de los yunteros de Extremadura. El 21 de noviembre de 1934 se iniciaba en las Cortes el debate sobre el proyecto de ley de prórroga de ocupación de fincas. Gil Robles habla de unas 25.000 familias, dato compaginable con la cifra de 40.000 personas ofrecida en otras fuentes. La oposición monárquica al proyecto, basada en argumentos de ley y orden, es feroz; pero el 20 de diciembre se aprueba la ley (publicada en la Gaceta del día 29) «sobre tierras que hubieran sido objeto de ocupación». La ley no consagra la ocupación de forma definitiva, sino que la prorroga simplemente durante el corriente año agrícola, «que se considerará terminado el 31 de julio de 1935». El artículo cuarto de la ley cerraba el camino a la propiedad para los yunteros: terminada la prórroga, se aplicaría el artículo segundo de la ley de 11 de febrero de 1934, denominada pudorosamente «relativa a la intensificación de cultivos en Extremadura».

El artículo en cuestión determinaba taxativamente que la simple terminación del plazo equivalía al desahucio. Menguada fue, pues, la mejora que Giménez Fernández consiguió arrancar a los partidarios del Derecho, como se llamaban a sí mismos los reaccionarios que se opusieron a la «consumación del desafuero». Justo es notar que la ley de 21 de diciembre de 1934 fue la base legal utilizada por el general Queipo de Llano para prorrogar en el territorio de su mando la ocupación de numerosas tierras, iniciada durante la República.

La «segunda batalla» agraria de Giménez Fernández se libró en tomo a la Ley de Arrendamientos Rústicos. En su discurso de 14 de marzo de 1935 ante las Cortes, día en que quedó aprobada la nueva ley, Gil Robles expuso el «plan social» de la CEDA para el campo: conseguir el acceso de los colonos a la propiedad mediante la compra por el Estado de las tierras en su justo valor y reembolso de esa compra en un plazo de cuarenta años. En el discurso de Gil Robles no se resolvían, como es natural, ni siquiera se planteaban los gravísimos problemas económicos que convertían semejante «plan social» en un proyecto para las nubes. Aun así, la oposición monárquico-derechista-terrateniente arreciaba en las sesiones.

El diario El Sol, en su número de 13 de diciembre de 1934, cita las siguientes palabras del diputado tradicionalista Lamamié de Clairac, que se han atribuido en diferentes textos a otras personalidades de la derecha: «Como el ministro de Agricultura siga citando encíclicas de Papas para defender sus proyectos, yo le aseguro a usted que terminaremos haciéndonos cismáticos griegos». La Ley de Arrendamientos Rústicos lleva la fecha de 13 de marzo de 1935 y aparece en la Gaceta del 23 y 24.

La ley simplifica laudablemente las denominaciones y formas de efectuar el contrato. La fijación de la renta anual queda al arbitrio de las partes, que pueden solicitar la revisión. La renta deberá ser reducida e incluso condicionada en casos fortuitos extraordinarios no asegurables; la reducción podrá hacerse a petición del arrendatario. La duración mínima de los contratos será de cuatro años, y de tres años cuando el principal aprovechamiento sea pecuario. El arrendatario podrá prorrogar el contrato mientras lo desee, previa notificación; el arrendador puede oponerse a la prórroga, pero ante los tribunales y aduciendo una causa equivalente a las admitidas para el desahucio. El derecho de prórroga queda sin vigor cuando el propietario decida cultivar por sí mismo la finca o cuando se proponga instalar en ella una industria. El arrendatario goza de derecho de retracto en caso de venta de la finca. La ley regula también los contratos de aparcería, para cuya prórroga se requiere la voluntad expresa de ambas partes.

En principio, la Ley de Arrendamientos era sólo la primera parte de una disposición más general y mucho más avanzada que regulaba también el acceso a la propiedad de los arrendatarios y aparceros. La oposición ultraderechista obligó a Giménez Fernández a aplazar sine die esta esencial «segunda parte» de su ley. Quedó aprobada solamente la parte que se refería a arrendamientos, que es la que acabamos de resumir. Técnicamente es una pieza legislativa estimable, cuyas disposiciones siguen en gran parte vigentes en la actualidad. Cabe reprocharle una diferencia de trato desfavorable para los aparceros, pero en conjunto daba a los hombres del campo una seguridad mucho mayor de la que habían gozado hasta su promulgación. Aun así, la ley quedó, en frase de Gil Robles, «muy desfigurada» y permitía toda una serie de interpretaciones restrictivas. Sin embargo, los valores positivos de la ley hicieron que su vigencia se mantuviese en las dos zonas de la Guerra Civil e incluso en la posguerra.

Con habilidad dialéctica que no se le puede reconocer del todo en un libro de historia, Gil Robles llama «tercera batalla» de la CEDA por el campo la de la repoblación forestal. Los puntos importantes del plan debido al diputado José Larraz se recogen en la Ley sobre el Patrimonio Forestal de 9 de octubre de 1935. Se destinan al proyecto 100 millones de pesetas distribuidas en diez anualidades. Se constituye el «patrimonio forestal del Estado» que cooperará con entidades locales y particulares en el esfuerzo repoblador. El plan Larraz era todavía más ambicioso: se extendía durante cuarenta años y preveía una repoblación iniciada en la periferia y orientada desde allí de forma centrípeta. Con esta importante ley, para cuyo cumplimiento tan poco pudo hacer la República, se ponían los cimientos del gran esfuerzo repoblador de la posguerra civil.

Nuevamente luce la habilidad dialéctica de Gil Robles al presentarnos como «cuarta batalla» la escaramuza perdida en la tercera, y ofrecernos en último lugar la batalla política del campo que él llama «reforma de la reforma agraria»: en realidad fue la primera preocupación política de la CEDA, aunque ahora que el reaccionarismo abierto está menos de moda convenga relegarla al final de la discusión.

Por disposición de 4 de enero de 1935, Giménez Fernández fija en diez mil el número de campesinos que se deberían asentar en el año 1935. Esta cifra, superior a la de cualquier año anterior, incluso a la conseguida en 1934, ¿se llegó a obtener en la realidad? Las estadísticas disponibles no permiten comprobarlo, si bien la cifra de veinte mil asentados atribuida por Coca a todos los gobiernos derechistas hace suponer que tal vez sí. No fueron tan brillantes, sin embargo, los resultados del balance legislativo del año.

La ley de reforma de la reforma agraria —como expresamente la designa Gil Robles— que pretendía establecer Giménez Fernández se fundaba en estos principios: desaparición del inventario en curso y, por tanto, eliminación de la amenaza que los primeros reformistas del bienio Azaña habían dejado surgir irresponsablemente contra la pequeña propiedad; establecimiento del tipo de finca objeto de la reforma y expropiación con indemnización. Ni siquiera este utópico proyecto pudo ser realizado. La legislación de 1935 sobre reforma agraria, es decir, la contrarreforma agraria de 1935, impuesta por los ultras de la derecha a los escasos progresistas de la CEDA y a los totalmente desinteresados radicales, consiste en la ley de 1 de agosto de 1935, en los decretos y disposiciones que la desarrollaron y, ante la maraña legislativa que desde hacía cuatro años ensombrecía el problema, en el aldabonazo final de la reacción, promulgado en la etapa de Chapaprieta: el texto refundido de 4 de noviembre.

En la ley de agosto, aprobada cuando Giménez Fernández se hallaba ya en el ostracismo, se deroga la base séptima de la ley azañista y se anula el inventario constituido sobre esta base, así como las declaraciones exigidas a los titulares. Se determina nebulosamente que «en todo el territorio de la República podrá el IRA declarar de utilidad social y expropiar cualquier finca cuya adquisición se considere necesaria para la realización de alguna de las finalidades previstas en la mencionada ley…». Cláusula que sonaría a leninista si no supiésemos quiénes eran en 1935 los encargados de «considerar necesaria» tamaña medida.

Se deroga también la base octava de la ley de 1932 en cuanto autoriza la indemnización sin expropiación de fincas rústicas. Las expropiaciones realizadas hasta la fecha se convierten en ocupaciones temporales con plazo máximo de nueve años; naturalmente que se establece el pago a los propietarios de la renta correspondiente. (No se olvide el decreto de 4 de mayo que había devuelto ya las fincas a los Grandes expropiados por los sucesos de agosto). Las expropiaciones necesarias se harán no solamente con indemnizaciones, sino mediante pago al contado.

En la valoración intervendrían de manera decisiva los propietarios, con lo que la expropiación podría convertirse en excelente sistema para deshacerse de grandes extensiones poco rentables. El importe de las expropiaciones se hará efectivo en títulos de la Deuda perpetua interior al 4 por 100, que equivalían prácticamente a dinero en mano. Dada la revalorización artificial que desde 1914 venía experimentando el suelo agrícola, fácil es de comprender que resulta innecesario proseguir el comentario de la ley; el Estado tardaría un número infinito de años en conseguir asentar a una parte importante de los campesinos sin tierra. La ley fue, además, en frase de Gil Robles, «desnaturalizada» por las disposiciones complementarias, de forma que el texto refundido de noviembre no era otra cosa que una lápida impuesta por la triunfante reacción sobre las infundadas ilusiones del primer bienio, que por lo menos eran eso: ilusiones. El balance de 1935 es, por tanto, lamentable para el campo.

Al caer Giménez Fernández, la ofensiva de los terratenientes contra los yunteros y arrendatarios alcanza proporciones no solamente anticristianas (puesto que los terratenientes españoles jamás se comportaron colectivamente como cristianos, ni antes ni después de 1935), sino, además, de auténtico ensañamiento; los decretos de enero no fueron prorrogados tras la línea roja de agosto. Disposiciones adicionales, complementarias e interpretaciones judiciales permitieron tergiversar la ley de arrendamientos y utilizarla para el desahucio de los arrendatarios. La ley de agosto permitiría un asentamiento anual apenas superior al que tan tristemente consiguieron los republicanos del primer bienio. Se extendió por los anchos campos de España el eslogan «Comed República» lanzado por algún propietario irresponsable que conocía bien el amordazamiento sindical y, en concreto, la práctica aniquilación organizativa y operacional de la FETT socialista. Anarquismo y comunismo proliferaban en las zonas latifundistas y en las de cultivo participado.

Reconoce Gil Robles que al abandonar Giménez Fernández el Ministerio de Agricultura se incrementaron alarmantemente los desahucios y los desafueros patronales en el campo. Pudo remediar la situación cuando la CEDA volvió de nuevo al poder tras el precipitado mutis del «Gobierno doméstico», es decir, en mayo. Pero entonces, por turbias y a la vez muy claras razones, confiesa el jefe: «No me atreví a que Giménez Fernández ocupase de nuevo la cartera de Agricultura». No me atreví. Terrible expresión en el hombre de quien dependían entonces los destinos de España.

Las razones aducidas suenan incluso hoy a veto, a vaciedad, a eco de la más quintaesenciada reacción. La actuación de las derechas y de los derechistas en el campo —donde vivía la mayor parte de España, donde se producían las tres cuartas partes de la riqueza de España— en el segundo semestre de 1935 fue uno de los principales determinantes del odio de la Guerra Civil y, probablemente, de la Guerra Civil misma. Para colmo de males, 1935 fue un mal año en los campos de España, es decir, un mal año para la economía española de entonces. El tema económico se trata en otro epígrafe, pero sabida es la ominosa influencia de los «años malos» en los países que dependen del cielo, de las lluvias y los vientos. Pésimo momento eligieron los legisladores y los hombres de la derecha para recordar a los trabajadores del campo el nombre de la República a la difícil hora de comer.

La sombra de la espada

Como sabemos, el líder de la CEDA, José María Gil Robles, exigió y obtuvo el Ministerio de la Guerra en la primavera de 1935. Con él figuraban en el Gobierno Lerroux otros cuatro ministros más de la derecha católica. Gil Robles trabajó con intensidad y eficacia en esta importantísima cartera, pero, al tratarse de un político de envergadura, no se limitó a reorganizar la Administración militar, sino que pretendió aplicar a las Fuerzas Armadas una teoría militar en la que había meditado mucho. Frente a la idea de José Calvo Sotelo que consideraba al Ejército como columna vertebral de la patria, José María Gil Robles, más adicto a la idea de poder civil, definía al Ejército como brazo armado.

En uno de los momentos dialécticos más duros de su vida, Gil Robles acusa a la derecha monárquica de refugiarse siempre «a la sombra de una espada» en el momento decisivo. En este epígrafe vamos a estudiar las relaciones de Gil Robles no con las sombras, sino con las espadas que acataban sus órdenes como ministro de la Guerra. Podemos adelantar sin temor a precipitaciones que bien poco fundamento histórico posee el jefe cedista para dedicar en exclusiva tan grave acusación a sus vecinos por la derecha.

Curiosamente, la acusación de Gil Robles la prodigan también en la España del siglo XX, las izquierdas españolas y sus portavoces en la política y en la Historia. Pero carecen de razón al atribuir a las derechas la exclusiva del recurso a las armas. A lo largo del siglo XIX el pronunciamiento militar, las invocaciones a la intervención política de los militares, era una costumbre tanto de las derechas como de las izquierdas. Las fuerzas políticas que se opusieron al absolutismo de Fernando VII organizaron varios pronunciamientos que deben considerarse históricamente «de izquierdas» para restablecer el régimen constitucional.

Casi todos fracasaron, pero uno de ellos triunfó: el del comandante Rafael del Riego en Cabezas de San Juan el 1 de enero de 1820. Riego arrastró en su favor a gran parte del Ejército de la Isla, que acantonaba junto a la ciudad de Cádiz; impidió que ese ejército embarcase en la expedición dirigida por el Rey contra los rebeldes de Buenos Aires y resultó decisivo para consolidar la victoria de San Martín y Bolívar y, por tanto, para la independencia de la América española. Tras ese pronunciamiento se implantó el régimen constitucional, derribado a su vez en 1823 por la invasión europea de «los Cien Mil Hijos de San Luis», que fue un pronunciamiento de derechas. A lo largo del siglo los progresistas y los moderados, es decir, las izquierdas y las derechas, se fueron alternando en la sucesión de los pronunciamientos. Jaime Balmes formuló el diagnóstico preciso: las fuerzas políticas del siglo XIX eran en España tan débiles, y carecían de arraigo popular hasta el punto de que invocaban a los jefes militares que creían afines para que organizaran un pronunciamiento con sus unidades armadas con el fin de tomar el poder.

Vistos desde la perspectiva de Gil Robles, los últimos pronunciamientos no invalidan la regla general que acaba de enunciarse. La Revolución de 1868 fue un pronunciamiento de fuerzas políticas de izquierda (progresistas, demócratas de cátedra) y generales, tanto de la Unión Liberal, que era de centro, como progresistas, que representaban a la izquierda, que echó a Isabel II e implantó el régimen liberal-progresista del sexenio que se llamó revolucionario. El pronunciamiento del general Pavía el 3 de enero de 1974 acabó con la Primera República y a fines de diciembre de ese mismo año el pronunciamiento del general Martínez Campos en Sagunto proclamó la monarquía de Alfonso XII; fue un pronunciamiento de la derecha moderada cuyo líder era Cánovas que se había opuesto al golpe militar.

Tanto la Dictadura de Primo de Rivera como el golpe de Sanjurjo el 10 de agosto de 1932 habían sido pronunciamientos de derechas. Pero la sublevación de Octubre de 1934, que contó también, según hemos visto, con elementos militares, aunque minoritarios, había sido un pronunciamiento de izquierdas. Me niego a denominar el Alzamiento del 18 de julio de 1936 como un golpe o un pronunciamiento; en su momento veremos que fue más bien una convulsión que escapa a todo encasillamiento en modelos previos.

Uno de los puntos en que resalta con mayor claridad la diferencia entre las personalidades políticas de José María Gil Robles y José Calvo Sotelo es precisamente el de las teorías y las relaciones de uno y otro con las Fuerzas Armadas Españolas. Calvo Sotelo, desilusionado radicalmente de la experiencia republicana, que para él no tenía otra salida que el caos, invocaba al Ejército como único posible salvador de la patria en semejante trance de disgregación y aniquilamiento. En las Cortes de noviembre de 1934 había fundamentado esta invocación en su teoría del Ejército como columna vertebral de la patria a punto de desvertebrarse. La teoría y la actuación de Gil Robles en el plano militar son más imprecisas, algo indecisas y en el fondo resultaron dominadas por los acontecimientos.

Prescindamos ahora del ingenuo desahogo antimilitarista que al principio de su libro de 1968 se escapa por una larga nota bibliográfica. En las zonas serias de su pensamiento se dibuja un principio de teoría histórico-político-castrense que podemos resumir en los siguientes puntos: Primero, el Ejército accede a la política por una especie de «horror vacui» y por la llamada de los grupos reaccionarios. Segundo, el ministro católico que se encuentra en 1935 a un Ejército deshecho trata de reforzarlo con dos fines: la guerra exterior y la lucha antisubversiva. Tercero, el ministro católico quiere un ejército apartado de la política. La primera de estas tesis, aceptada por varios historiadores eminentes, constituye un buen punto de partida para ulteriores aproximaciones, pero como acabo de decir debe aplicarse históricamente a derechas e izquierdas. La segunda coincide de lleno con las ideas de Calvo Sotelo, pero está en abierta contradicción con la tercera. Ya no es el Ejército solamente un brazo armado, como quiere Gil Robles al oponerse expresamente a la tesis de la «columna vertebral»; es un elemento esencial para la lucha contra la subversión, es decir, un elemento esencial en la política interior del país.

En sus notas de 1968 acentúa Gil Robles las vetas antimilitaristas de su teoría militar; vetas que si existían en su pensamiento de 1935, quedaban totalmente ocultas en las palabras y los hechos del jefe, instalado en el Ministerio de la Guerra con el fin, muy comprensible en un político que trataba de hallar caminos en tiempos tan agitados, de hacerse con el Ejército, de convertirse en el hombre civil del Ejército antes de que su principal rival, José Calvo Sotelo, consiguiese el mismo objetivo.

Intenta, por tanto, Gil Robles, como él mismo afirma, «convertirlo (al Ejército) en instrumento adecuado de una vigorosa política nacional». Las intenciones del ministro de la Guerra, expresadas en 1968, no ofrecen[4] demasiado interés; están evidentemente postfabricadas con la ya clásica habilidad dialéctica del gran político. Aun así basta repasar sus párrafos para comprender sus auténticas intenciones de 1935. «Una intervención delegada del Ejército para salir al paso de actividades de tipo subversivo y defender en consecuencia a la patria de enemigos exteriores e interiores podría contar con el apoyo decidido de extensos y poderosos sectores de la nación, incluso de quienes se hallaban separados de nosotros por discrepancias de política partidista». Para Gil Robles el Ejército es la pieza clave en la integración de «todas las fuerzas que entonces secundaban» y que poseían «un indudable empuje de gran movimiento nacional». Es inútil seguir acumulando más citas.

Fue José María Gil Robles uno de los grandes ministros de la Guerra en la historia contemporánea española. Su balance legislativo y organizador es encomiable, y el propio Ejército, por boca de sus más prestigiosos generales, así lo reconoció. El 27 de mayo de 1935 reforma el Consejo Superior de la Guerra, que para sus planes era la institución más decisiva contra la arbitrariedad y el favoritismo que habían plagado la gestión de los asuntos militares durante la Monarquía y la República. Al día siguiente quedan semirrestablecidos los tribunales de Honor. La legislación y reglamentaciones para acabar con la lacra de favoritismos y arbitrariedades se continúa durante todo el semestre del Gobierno.

En junio de 1935 se traza un plan de modernización de la fuerza aérea. Deberían importarse ocho prototipos para ser fabricados en serie dentro de España. El plan paralelo para la modernización de la artillería contaba con fabricar 24 baterías ligeras en la SECN (Sociedad Española de Construcción Naval) de Reinosa, reformar en Trubia el material anticuado y adquirir en Francia diversas partidas de material pesado. Del 14 de junio es un nuevo ataque al favoritismo: el decreto para el intercambio de oficiales en las distintas Armas. Tiene muy en cuenta Gil Robles el efecto que los símbolos ejercen sobre la moral del Ejército, al que tanto se había dañado precisamente en los símbolos, y el 25 de junio restablece los nombres tradicionales de los Regimientos, designados desde el Gobierno Azaña por simples números. Dos leyes de marzo y julio de 1935 disuelven el Consorcio de Industrias Militares, bien pensado en un principio pero de no feliz recordación después de Octubre, cuyas factorías se integran bajo una Dirección de Material e Industrias Militares.

Ante el aumento de la tensión mediterránea por la guerra de Etiopía, se refuerza la base de Cartagena, que en opinión del almirante Juan Cervera Valderrama, su jefe, queda «magníficamente fortificada». Se intenta mejorar el armamento de la Infantería; el decreto de 8 de agosto de 1935 prevé la guerra química; se crea el Centro de Estudios y Experimentaciones de La Marañosa, sobre el río Jarama; y el decreto de 19 de agosto, sobre coordinación de órganos en el Ministerio de la Guerra, hacía prever la reorganización general del Ejército contenida en las disposiciones de 26 de septiembre. Se aumentan en un 25 por 100 los efectivos de las divisiones. Dos de ellas se reestructuran como divisiones de montaña y otras dos como mixtas.

Se incrementó la motorización, se reorganizan las fuerzas de Marruecos, se proyecta una brigada para guarnecer la zona del Estrecho y otra para la frontera portuguesa. Se monta un plan general de relocalización. Diversas disposiciones regulan otras reformas orgánicas sobre instrucción, campos de tiro y restricción de permisos de verano. El 2 de octubre de 1935 se traspasa a Guerra la Dirección General de Aeronáutica, que dependía de Presidencia. El 4 de octubre el Ejército recupera los Servicios de Cría Caballar que el ministro veterinario Félix Gordón Ordás había trasladado a Agricultura. La crisis de diciembre impidió que se convirtiesen en realidad varios proyectos militares de Gil Robles: el de movilización, que agilizaba el sistema y le libraba de complicaciones burocráticas (las izquierdas se opusieron cerradamente porque pensaban que el proyecto equivalía a someter al país al fuero militar); el de rearme total, que tras un plan de tres años invertiría en Guerra 1.100 millones y en Aeronáutica 400 millones (este proyecto, aprobado en Consejo de Ministros de 30 de julio y 4 de noviembre como presupuesto extraordinario de guerra debería canalizar las inversiones hacia las industrias nacionales); el de recreación de la Academia General Militar, y la reforma de la justicia castrense.

El equipo militar de Gil Robles

Para desarrollar tan importante actividad administrativa, Gil Robles, que no poseía especiales conocimientos técnicos, tuvo el acierto de rodearse de militares dotados de notable prestigio y eficacia. El general Franco había sido nombrado por Alejandro Lerroux (sucesor de Diego Hidalgo en Guerra) jefe superior de las Fuerzas de Marruecos en el mes de febrero de 1935 (el nombramiento no fue hecho por Diego Hidalgo, como cree Gil Robles). Cuando Gil Robles asume el Ministerio en el mes de mayo, nombra a Franco para un puesto que en otros gobiernos republicanos había resultado poco menos que decorativo, pero que en manos del joven general se convierte en lo que en realidad era: el puesto clave del Ejército español.

Franco es designado jefe del Estado Mayor Central en mayo porque, como dice Gil Robles, «la voz casi unánime del Ejército le designaba como jefe indiscutible». El 11 de mayo, pocos días después de la toma de posesión, se reunía el nuevo ministro con los jefes de las Divisiones y con el general Franco, que era aún jefe de las Fuerzas de Marruecos. La opinión de los generales sobre el estado moral y material del Ejército fue desconsoladora; de aquella reunión salió la decisión de Gil Robles para nombrar a Franco jefe del Estado Mayor Central.

Es muy importante destacar las figuras principales colaboradoras de Gil Robles durante su etapa ministerial, ya que todos ellos van a adquirir muy pronto relevante importancia histórica. El subsecretario, pieza esencial para el movimiento de personal, destinos y situaciones administrativas, era el general Joaquín Fanjul Goñi, a quien Lerroux había ascendido a divisionario a fines de marzo de 1935, pero seguía como disponible forzoso en Madrid.

Fanjul, vitoriano y fogoso, era un tipo definido de militar político. Diputado y senador maurista, fue también, como vimos, diputado por Cuenca en las Cortes de 1931 y 1933, y abandonó el Partido Agrario en cuanto éste se declaró oficialmente compatible con la República. Protagonista de otro «round» parlamentario-militar (la víctima de la bofetada fue esta vez el diputado Álvarez Angulo) y de varias polémicas con Azaña, Joaquín Fanjul calmó en una ocasión a un detractor del Ejército con la frase simbólica: «Todos los parlamentos del mundo no valen lo que un soldado español». Puede comprenderse la aprensión de las izquierdas al ver sentado en los mandos del Ministerio de la Guerra al brioso general, quien, como sabemos, era también un intelectual, e incluso el primer intelectual español que se ocupó expresamente de temas de sociología castrense.

Si Fanjul era un militar y político monárquico, Goded, el tercer hombre de Gil Robles, era el conspirador. Goded no era monárquico; incluso había conspirado contra la monarquía y luego aceptó de Azaña, por algún tiempo, la jefatura del Estado Mayor Central que abandonó después de los graves incidentes de Carabanchel. Uno de los jefes más brillantes en el desembarco de Alhucemas era general de división desde 1927. Conservador en ideología, católico practicante, lo mismo que Fanjul, su teoría militar coincidía plenamente con la enunciada por Calvo Sotelo. Hombre de gran prestigio y amplios contactos en el Ejército, Goded actuaba como enlace entre los militares francamente monárquicos y los que, indiferentes ante las formas de Gobierno, veían en la posible acción política del Ejército el único freno ante la previsible desintegración del país.

Los cargos que Gil Robles confió a Goded eran muy aptos para desarrollar sus cualidades: primero, una Inspección General del Ejército, y después, cuando Guerra recuperó la Dirección de Aeronáutica, el importante mando de la aviación que entonces no formaba un ejército independiente.

Las divisiones interiores de la familia
militar

Durante el año 1935 se podían detectar en la familia militar española tres grupos diferenciados. Uno era el de los militares de izquierda, ideológicamente conformes con la República, más o menos favorecidos por las arbitrariedades del equipo Azaña, liberales en su formación o por su herencia, francamente anticlericales, aunque en ocasiones practicasen ejemplarmente la religión católica. En el extremo de este grupo pululaba un sector francamente extremista, heredero directo, y en ocasiones identificado, de los militares jóvenes que en 1930 conspiraron con los partidos marxistas y sindicalistas.

El sector extremo del grupo no era demasiado numeroso: sus nombres más conocidos eran los generales de división Juan García Gómez-Caminero y José Fernández Villa-Abrille Calivara; los tenientes coroneles Juan Hernández Saravia y Julio Mangada Rosenorn; el comandante Eleuterio Díaz Tendero; varios capitanes, entre los que destacaban Condés y Uribarry, destinados los dos en la Guardia Civil; y bastantes oficiales de las Fuerzas de Orden Público.

Pero si el sector extremo no era demasiado numeroso, el primer grupo —que llamaremos «liberal»— sí lo era; podría considerarse como heredero directo de los militares progresistas del siglo XIX, comprendía, en 1935, tal vez a una cuarta parte de los jefes y oficiales españoles, pero, dato muy importante, la lista de generales en activo de ese porcentaje aumentaba hasta constituir una franca mayoría.

Entre los 24 generales de división que estaban en activo durante el año 1935, pertenecían a este grupo liberal, aparte de los dos citados dentro del «sector extremo», los generales López Ochoa, Cabanellas (Miguel y Virgilio), Queipo de Llano, Gómez Morato, Riquelme, Núñez de Prado, Batet, Masquelet y Molero, es decir, 12 de los 24. De los 57 generales de brigada, podían catalogarse en este primer grupo los generales Pozas, Balmes, Llano de la Encomienda, Martínez Monje, Castelló, Romerales, Cruz Boullosa, Martínez Cabrera, Gámir Ulibarri, Caridad Pita, Manuel Cardenal y Carlos Bernal, y otros hasta casi la mitad del conjunto.

El grupo opuesto al anterior se nutría de militares o bien francamente monárquicos o, por lo menos, tan heridos por la actitud de la República hacia el Ejército que podía contarse con ellos para cualquier intento serio de derribarla. Este grupo se aglutinaba por un factor negativo —su antirrepublicanismo— y por otro positivo: la conciencia de que el Ejército debería intervenir, cuando fuese necesario, para asegurar el mantenimiento de la patria tal como la patria era entendida por la tradición que ellos representaban. Es posible que este grupo —al que designaremos como grupo antirrepublicano— comprendiese también una cuarta parte —algo larga, quizá— del Ejército. En sus filas se alineaba también un sector extremo, tal vez más numeroso que su homólogo del primer grupo, al que pertenecían, entre los generales de división, Goded y Fanjul; entre los de brigada, Orgaz, Mola (nombrado jefe superior de las fuerzas militares de Marruecos a fines del verano de 1935), López Pinto y Varela. Otros generales destacados de este segundo grupo podrían ser Villegas, Losada, González Carrasco, entre los de división; y González de Lara, Álvarez Arenas, Fernández Burriel, entre los de brigada.

Pero es posible que toda una mitad de los cuadros en activo del Ejército español no estuviese adscrita a ninguna de las dos tendencias generales, y mucho menos a los dos sectores extremos cuyas inclinaciones eran repudiadas por esa mayoría. Patriotas, preocupados por los problemas profesionales, pero cada vez menos inclinados a inmiscuirse en política, los militares de este tercer grupo —cuyos límites con los otros dos eran sumamente difusos y tal vez penetraban en ellos bastante más de lo que una división tajante parece sugerir— contaban con varios jefes muy prestigiosos a los que los abanderados de los extremos trataban de atraerse.

Representantes de este tercer grupo eran varios generales, entre los que destacaba el joven jefe de Estado Mayor Francisco Franco; la manía dicotómica que luego han impuesto las metodologías propagandísticas impulsa a varios historiadores a trazar insalvables líneas divisorias basadas en la Guerra Civil sobre unos cuadros militares cuyas diferencias en 1935 eran mucho más matizadas de lo que se supone.

En la Marina podía señalarse una división parecida, aunque bastante más escorada a estribor; en la Aviación, que entonces dependía del Ejército de Tierra, el esquema de triple división difuminada se aplica bastante bien en 1935, aunque, a pesar de la experiencia de Octubre, muchos observadores atribuían a los jefes y oficiales del Aire inclinaciones más izquierdistas que las reales. Los institutos armados se inclinaban a priori por la fidelidad al Gobierno de la República con más fuerza aún que los militares puros; para ellos la múltiple experiencia de Sanjurjo resultaba decisiva en este sentido, y aunque ideológicamente estaban más cerca del grupo derechista, poco podría contarse con ellos a la hora de una posible rebelión. Los nutridos cuadros de reservistas y retirados eran mayoritariamente (no exclusivamente) antirrepublicanos, pero en Octubre no habían mostrado demasiados deseos de reincorporarse a las responsabilidades castrenses. La actitud definitiva del Ejército habría de depender de los generales, jefes y oficiales con mando en servicio activo.

El equipo militar que secundaba la gestión de Gil Robles en 1935 (al que conviene añadir a dos jóvenes promesas, el comandante Carrasco Verde, secretario militar del ministro, y el teniente coronel Monasterio, ayudante) actuó de forma muy unida durante todo el período y se constituyó, más o menos conscientemente, en representante oficial del segundo de los grupos indicados. El motor de todas las iniciativas y reformas del período es, sin duda, el general Francisco Franco, quien no se mezclaba habitualmente en las discusiones de tipo político y consagraba todo su esfuerzo a las tareas estrictamente profesionales de reorganización y orientación. Fanjul y Goded hacían conjuntamente mucho trabajo de tipo político en el Ejército, y en ocasiones trataron de desmantelar las posiciones que los representantes del grupo liberal y su sector extremo habían conquistado dentro de la maquinaria militar. Así, al reconquistar para el Ministerio la Dirección de Aeronáutica, eliminaron la influencia de algunos izquierdistas notorios como Ignacio Hidalgo de Cisneros, Sandino y Ramón Franco. La ley de 24 de julio de 1935, por la que la edad reglamentaria para el pase a la reserva se rebajaba en dos años, favorecía a los miembros del segundo grupo, como puede verse en una consulta a las escalillas.

Sin mengua de la seriedad y falta de favoritismo que imponía el ministro, los ascensos de 1935 se concedieron, dentro de lo posible, a elementos del grupo más adicto al ministerial, lo que, en realidad, equivalía a una compensación por el desdén con que ese grupo fue tratado en el bienio anterior. Varela es ascendido a fines de año a general de división, pero hay también otros ascensos que no pueden considerarse como partidistas.

El equipo de 1935 no revocó la ley azañista por la que se había hecho retroceder en la carrera a los ascendidos discrecionales de la Dictadura, como José Moscardó. Cuando la ley de 26 de junio de 1935 crea una brigada independiente mixta de montaña con destino a Asturias y se la hace depender de una comandancia militar autónoma, el coronel Antonio Aranda es confirmado en el mando; pero el coronel Aranda era un ferviente republicano al que todo el mundo adscribía al primero de los grupos citados y las maniobras de la nueva unidad a fines de julio demostraron la justicia de su elección.

Podemos ver, después de todos estos datos, que el equipo militar de 1935 cooperaba lealmente con el ministro de la Guerra, pero no se le entregó nunca en el terreno político; que el equipo se aglutinaba más bien de cara a los enemigos del Ejército y frente a sus propios adversarios militares que de acuerdo a unas estrictas directrices internas; que en el Ministerio de la Guerra de 1935 no se conspiraba oficialmente, a pesar de la conspicua presencia de uno de los grandes conspiradores y que la labor cohesiva desarrollada por el equipo sobre el conjunto del Ejército era más bien una operación de reconstrucción y de prestigio que un intento partidista. La afirmación gratuita de casi todos los historiadores adversos al grupo, cuando describen a Gil Robles y su equipo de generales preparando fortificaciones en la sierra para una inminente marcha sublevada sobre Madrid, es uno de los más insostenibles cañarás de la historia irresponsable.

El general Franco veta un golpe de Estado
en 1935

Aunque no de manera oficial, se conspiraba, sí, en el Ejército de 1935, y el 3 de octubre Diego Martínez Barrio pide explicaciones al Gobierno en el Parlamento sobre ciertos rumores que se extendían acerca de un inminente golpe militar. Los rumores llegan muy alto, y el presidente de la República se hace eco de ellos; en su virtud, ordena al ministro de la Gobernación del Gobierno Chapaprieta, Joaquín de Pablo-Blanco, que vigile las andanzas del ministro de la Guerra, José María Gil Robles. Era el 11 de diciembre de 1935, día en que Gil Robles hizo su último desesperado intento para que Alcalá Zamora le entregase la jefatura del Gobierno y abandonase su idea obsesiva de disolver las Cortes de 1933.

La Guardia Civil vigila estrechamente al ministro de la Guerra y controla visiblemente los accesos al Palacio de Buenavista. A eso de las seis de la tarde, cuando Gil Robles vuelve hundido de Palacio, entra en su despacho el subsecretario, general Fanjul, quien le propone lisa y llanamente un golpe de Estado a las órdenes del ministro y con la guarnición de Madrid. El general Varela (ascendido pocas semanas antes) y otros apoyarían el intento. Es la segunda vez que Gil Robles trata con un grupo de generales sobre los «riesgos y posibilidades de un golpe de Estado».

En el relato que nos entregó en 1968 el propio protagonista, corre el lector de asombro en asombro. Esta vez no hay intermediarios; es el propio ministro de la Guerra de la República quien recibe la propuesta de su subsecretario para sublevarse contra la República. El ministro, que no accede inmediatamente porque «me lo impide la firmeza de mis convicciones democráticas» (el historiador podría jurar sin riesgo que no se utilizó en aquella tarde ni una sola vez la palabra democracia, tan desacreditada en las tardes españolas de 1935), comunica al subsecretario lo siguiente:

«Estoy convencido de que el decreto de disolución en que piensa el presidente, contrario a toda ortodoxia constitucional, representa un verdadero golpe de Estado que nos llevará a la Guerra Civil. Alabo y admiro su patriotismo, tantas veces evidenciado. No me parece, sin embargo, adecuado el medio que me propone para evitar la catástrofe. Hoy no se hacen los pronunciamientos como en el siglo XIX, sobre todo cuando hay que contar con una fuerte reacción de las masas encuadradas en el Partido Socialista y en la CNT, que se lanzarán a la calle, después de haber desencadenado una huelga general. Además, yo no intentaré ningún pronunciamiento a mi favor, pues me lo impide la firmeza de mis convicciones democráticas, y mi repugnancia invencible a poner las Fuerzas Armadas al servicio de una fracción política. Ahora bien, si el Ejército, agrupado en torno a sus mandos naturales opina que debe ocupar transitoriamente el poder con objeto de que se salve el espíritu de la Constitución y se evite un fraude gigantesco de signo revolucionario, yo no constituiré el menor obstáculo y haré cuanto sea preciso para que no se rompa la continuidad de acción del poder público.

»Exijo, eso sí, como condición esencial, que los jefes responsables del pronunciamiento den su palabra de honor de que la acción se limitará rigurosamente a restablecer el normal funcionamiento de la mecánica constitucional y a permitir que la voluntad de la nación se exprese con plena e ilimitada libertad. Consulte usted inmediatamente con el jefe del Estado Mayor Central y con los generales que más confianza le inspiren. Deme mañana mismo la contestación. Yo no asistiré a esas reuniones, en primer lugar porque no proyecto ni patrocino un golpe de Estado que me lleve al poder y, además, para que puedan ustedes deliberar con libertad completa».[5]

Sin aliento para trazar el más leve comentario al texto anterior, que pasará, sin duda, a varios tipos de antologías, recojamos el final de la historia. Gil Robles acepta plenamente dos testimonios sobre el mismo hecho, uno de Juan Antonio Ansaldo y otro de Raimundo Fernández Cuesta. El secretario general de la Falange trata de anticipar acontecimientos (escribe en 1942) y de involucrar en esta crisis a José Antonio Primo de Rivera, al coronel Moscardó y a los cadetes del Alcázar; lo curioso es que cuando Felipe Ximénez de Sandoval divulgó tan sorprendente historia nadie, ni siquiera el propio Moscardó, quien en 1935 nada tenía que ver con el Alcázar, se tomase la molestia de comprobar cronologías. Dejemos este testimonio para la leyenda y aceptemos, en cambio, con las desconfiadísimas reservas que suscita el personaje, el de Juan Antonio Ansaldo, citado así por Gil Robles:

«Esta actitud del general Franco aparece plenamente confirmada por el testimonio de Juan Antonio Ansaldo. Según se refiere en su libro de memorias ¿Para qué…?, en los mismos momentos en que se tramitaba la crisis acudió al Ministerio de la Guerra por delegación de Calvo Sotelo, que se encontraba en cama con fuerte ataque de ciática, para que requiriese a los generales Franco, Fanjul y Goded que se opusieran al golpe de Estado presidencial. De no hacerlo, en frase de Calvo Sotelo, «la Historia habría de exigirles un día responsabilidades implacables».

Tansmitió Ansaldo su encargo al teniente coronel de Estado Mayor Valentín Galarza, quien pasó inmediatamente al despacho en que se hallaban los generales reunidos en sesión ininterrumpida. Volvió al poco rato, con cara de circunstancias, sin atreverse a hacer ninguna afirmación concreta.

Poco después recogían, en el café Aquarium, Vigón y Ansaldo al teniente coronel Yagüe, a quien trataron de embalar en la empresa. Todo fue en vano; y cuando aquella noche, según escribe Ansaldo, el conde de los Andes, desde Biarritz, telefoneó para recibir la confirmación del golpe de Estado, que creía irremediable, hubo de contestarle aquél, con su característico desgarro: «Los generales de siempre… dicen que no pueden responder de su gente y que aún no ha llegado el momento».

Si los datos de Ansaldo no son verdad están ben trovati y la escena tuvo que ser parecida con, más o menos, los mismos personajes. Pero, en definitiva, lo que cuenta para la Historia es el testimonio irrecusable de Gil Robles:

«Con ansiedad enorme aguardé el resultado de las conversaciones mantenidas aquella noche por los generales Franco, Fanjul, Varela y Goded. En un principio, no hubo entre ellos absoluta identidad de criterio. Al fin, la resolución fue unánime. El general Franco les convenció de que no podía ni debía contarse con el Ejército, en aquellos momentos, para dar un golpe de Estado. Así me lo comunicaron, a primera hora de la mañana siguiente, los generales Fanjul y Varela».

Muchas cosas se aclaran al historiador ante tan sorprendentes revelaciones. En efecto, no se conspiró oficialmente en el Ministerio de la Guerra de 1935… hasta el 11 de diciembre, claro. Gil Robles publica en 1968 una interesantísima carta del general Franco en todo acorde con la versión de los hechos aquí señalada. No fue el general Franco quien propuso al ministro un golpe de Estado; fue el general Fanjul. No es probable que la República se preocupase entonces, de haberlas conocido, ante semejantes distinciones personales. Pero la conspiración del 11 de diciembre demostró a Gil Robles que, a pesar de sus esfuerzos, no había conseguido erigirse en el hombre del Ejército. El día 14 el jefe de la CEDA, derrotado en toda la línea, se despide de sus colaboradores. El general Franco le ofrenda el respeto y la gratitud de todos ellos y de todo el Ejército por la nobleza y el acierto en su gestión: «Jamás el Ejército se ha sentido mejor mandado que en esta época en que V. E. ha estado al frente de nuestros destinos». Al jefe del Estado Mayor Central se le saltaron las lágrimas en la despedida.

El hombre que pocas horas antes había encendido la luz intermitente ante los proyectos de pronunciamiento, José María Gil Robles, abandona su último cargo en la República y cuando marcha a su casa le acompañan los generales Fanjul, Varela y Goded. Ellos no lo saben, pero es un cortejo hacia la Historia.

Una estabilización mortal de
la economía

Desde el punto de vista económico, el año 1935 es un mal año para España.

Durante el año anterior, 1934, nuestra economía, que por su anacrónica estructura dependía relativamente menos que otras europeas de los coletazos de la crisis mundial, pareció experimentar una incipiente reactivación gracias a las espléndidas cosechas, pero la mejora, sin embargo, no se notó demasiado en las zonas industriales, y terminó por hundirse en las ruinas de Octubre. En pesetas constantes (de 1929), la renta por habitante, que en el período 1931-32-33 había sido, respectivamente, de 1.020,1.083 y 967 pesetas, sube a 1.078 en 1934 y desciende otra vez a 1.033 en 1935; cifra inferior incluso a la de 1927.

La República no consigue mantener el bajísimo ritmo de crecimiento de la economía, cifrado alrededor del 1 por 100 anual para la etapa monárquica en su conjunto.

Nada hay que añadir al desolador panorama económico del primer bienio. Después del segundo, España seguía siendo un país agrícola, y el campo, el atrasadísimo e invertebrado campo español, contribuía nada menos que con las tres cuartas partes al flujo anual de nuestra riqueza. Esto quiere decir que cuando el campo iba bien (como en 1934) las cosas iban relativamente bien y que en la España de 1935 se seguía mirando diariamente al cielo, incluso desde el asfalto de las ciudades. Pues bien, si 1934 había sido un buen año agrícola, 1935 fue un desastre que esparció la miseria y la quiebra por todo el país.

El índice principal de nuestra producción agrícola era, sin duda, el trigo. Los casi 51 millones de quintales de 1934 (récord de la década) bajaron a 42 millones escasos en 1935. Todos los cereales, excepto el arroz, reducen drásticamente sus producciones en el mismo año. Pésimo año también de uva y aceituna, de vino y aceite, pilares de la economía en la submeseta sur y sus aledaños. Baja sensible en patata y en los cítricos, nuestra entonces principal fuente de divisas. Descenso en la producción ganadera cifrada para 1935 en 6.536 millones de pesetas, cifra ridícula para un país tan dotado como abandonado en su riqueza pecuaria. Las ligeras, aunque significativas, mejoras en los índices de producción extractiva e industrial (mejoras debidas en gran parte a la mayor estabilidad social y política de 1935) no compensan más que una pequeña parte de las esenciales pérdidas agrícolas y la economía española cae otra vez en el año de Gil Robles.

El reflujo económico característico de los países de economía atrasada actúa también sensiblemente en la España de 1935, sobre cuya pésima cosecha incide, paradójicamente, un problema inverso: el gravísimo problema derivado de la abundancia triguera de 1934. El excedente de la producción sobre el consumo equivalía a unas 400.000 Tm. Dado un valor de 2.000 millones de pesetas para la cosecha, la baja de una peseta en quintal —impuesta por las exigencias del mercado— equivalía a una pérdida de 400 millones de pesetas para el campo español, esquilmado en 1935. La baja calidad del cereal excluía las exportaciones eficaces; el mercado triguero se hallaba paralizado a principios de 1935 y las excelentes soluciones arbitradas por Giménez Fernández sólo pueden ser llevadas a efecto circunstancialmente por la cerrazón de sus sucesores. Gil Robles capta perfectamente la trascendencia política del problema y lo ataca de frente.

El Ejército acude en socorro de la economía española y compra trigo hasta para piensos. José Larraz, nombrado comisario nacional del Trigo, traza otro de sus espléndidos planes económico-sociales, arrancando de la construcción en masa de nuevos silos para facilitar el almacenamiento y la comercialización del vital producto. Gil Robles intenta defender el plan en el Consejo de 2 de noviembre de 1935 (la fecha demuestra la duración de la crisis, que domina todo el panorama económico español de 1935), pero la caída del Gobierno derechista transmite el problema del trigo como una de las mandas más onerosas de las derechas al Frente Popular.

Todos los factores —el mal año agrícola, la actitud represiva de los empresarios y patronos— se complican para que la cifra de parados de 1934 —381.278 en paro total, 240.541 en paro parcial— (619.000 en 1933, de los que 395.000 eran obreros agrícolas) aumente en 1935 hasta un trágico máximo de 434.931 y 262.059, respectivamente (setecientos mil en números redondos). Dentro de las limitadas posibilidades intervencionistas de aquellos tiempos, hay que reconocer a la CEDA la toma de conciencia del problema y un intento muy considerable para su solución. El 26 de junio de 1935 publica la Gaceta la «Ley Salmón» para combatir el paro. La cifra consignada no era espectacular, pero la ley estaba pensada para movilizar unos 1.000 millones de pesetas en dieciocho meses. El brillante ministro cedista dio también su nombre a una ley sobre arrendamientos urbanos, cargada de sentido social, que favorecía notablemente a las familias medias y modestas, fomentó ampliamente la construcción de iniciativa privada y proyectó su influjo durante largos años de la posguerra civil.

Otra solución importante para el problema del paro fue el Plan de Obras Públicas del ministro Lucia: se preveía una inversión de 1.700 millones en ese «gran plan de pequeñas obras» que, como todo lo anterior, se truncó al caer el Gobierno de derechas, mediante el mismo mecanismo rencoroso con que las derechas habían truncado el desarrollo de los grandes proyectos de Indalecio Prieto solamente porque eran de Indalecio Prieto. Los 1.500 millones del plan Gil Robles-Franco para inversiones militares hubieran podido inducir también una beneficiosa reactivación de la economía por parte del sector público. Éste es el incipiente, pero profundo, sentido económico de todas las iniciativas de la CEDA, naufragadas en el sectarismo político imperante.

Como siempre sucedía en este pobre país, los momentos malos de la economía eran peores al descender en la escala social. En 1935 la población española había seguido aumentando al ritmo de los años anteriores. El aumento vegetativo de la población en los años 1931-1935 había sido de 261.000 personas, y el aumento relativo (10,7 por 1.000) sería el más elevado de la primera mitad del siglo. Ante el estancamiento de las cifras macroeconómicas, eso equivale a decir que a fines de 1935 había en España 200.000 pobres más que en 1931, y que además el inmenso ejército de los pobres españoles había dado unos pasos más hacia la miseria.

Ninguna modificación importante cabe señalar cuando analizamos la distribución sociológica de los casi 25 millones de españoles al terminar el segundo bienio republicano, excepto esta dramática extensión y profundización de la pobreza. Los ricos, en cambio, seguían siendo cada año más ricos. Razones le sobran a Joaquín Maurín para criticar al Banco de España, nido oligárquico por antonomasia, como factor regresivo de la economía republicana: los datos de 1934 evidencian que el banco obtenía mayores beneficios en plena crisis. Cinco de los seis grandes bancos privados aumentaron su cifra de capital y reservas de 1934 a 1935, como cinco de ellos habían incrementado positivamente esa cifra de 1932 a 1934. La circulación fiduciaria permaneció estacionada durante todo el período republicano: las cifras totales de cuentas corrientes —verdadero baldío económico del país— obtenían un récord en 1935. Resulta históricamente trágica esta evidente indiferencia del capital español ante la crisis personal y familiar de la inmensa mayoría de los hombres de España. Sobre este clima tan tenso en lo económico como en lo social inciden las medidas estabilizadoras de los gobiernos derechistas, que se resumen en las ideas y el plan del ministro Chapaprieta. No se han comentado con la gravedad que merecen estas medidas, cuyas consecuencias históricas solamente ahora se comprenden en toda su magnitud.

Joaquín Chapaprieta Torregrosa ocupó la cartera de Hacienda desde el 6 de mayo hasta el 30 de diciembre de 1935. Entre el 25 de septiembre y el 14 de diciembre desempeñó simultáneamente la Presidencia del Consejo de Ministros. Hombre ya maduro (64 años), ministro de la Monarquía en 1923, el político de Torrevieja era gran trabajador, experto hacendista y consejero de importantes grupos bancarios e industriales. Gozaba de la plena confianza del presidente de la República, y perteneció al Partido Republicano Conservador. En 1935 actuaba como políticamente independiente y sin apoyo parlamentario. Su capacidad técnica era indiscutible. Era, tal vez, el hombre que hubiese podido arreglar las finanzas de la República si éstas hubiesen tenido arreglo.

Pertenecía Joaquín Chapaprieta a la rara especie política de los años treinta que se atrevía a programar por encima de las preocupaciones inmediatas. Con gran fe en la eficacia de su diagnóstico y de sus medidas, estaba seguro de conseguir la nivelación de la economía nacional para el año 1937. Esas medidas suponen, sencillamente, el primero de los planes de estabilización de la España contemporánea —los precedentes que se citan no pasan de drásticos oportunismos emprendidos un poco a ciegas— y consisten abreviadamente en el sistema de presupuestos semestrales de liquidación, con carácter transitorio y dirigidos a la inmediata reducción del creciente déficit; mientras que, con la mira más alta, la ley Chapaprieta de restricciones promulgada el 1 de agosto de 1935 y los decretos complementarios de 19 y 28 de septiembre aplicaban a los gastos públicos una cirugía de hierro.

Don Salvador de Madariaga conserva tan pésimo recuerdo de los cuerpos españoles de funcionarios que a ellos les atribuye gravísimas responsabilidades en el atraso y la tragedia del país. La desigualdad, la arbitrariedad y la anarquía retributiva del personal del Estado hieren profundamente al ministro Chapaprieta, acostumbrado a la empresa privada, cuyo personal arrojaba un rendimiento económico incomparablemente superior. Las Cortes escucharon asombradas las fundadísimas diatribas del ministro y la confianza de la opinión condujo a aquel hombre solitario a la Presidencia del Consejo.

Las medidas restrictivas de Chapaprieta tratan de conseguir un ahorro presupuestario de 400 millones de pesetas mediante la supresión de tres ministerios (en la reestructuración de la Administración Central quedarían reunidos Justicia-Trabajo, Industria-Comercio-Agricultura, Obras Públicas y Comunicaciones), cuatro subsecretarías, 20 direcciones generales, 300 automóviles oficiales. La reorganización de las retribuciones de funcionarios trataba de conseguir un propósito loable: recortar los escandalosos sueldos de los privilegiados y elevar en lo posible los inferiores hasta imponer un mínimo de 3.000 pesetas al año.

Las consecuencias del plan de estabilización de Chapaprieta fueron, sin culpa alguna para el honrado y eficaz ministro, políticamente desastrosas. Mal o bien, los altos funcionarios recuperaron sus prebendas; la unificación de criterios retributivos se reveló como utópica y la proliferación de cajas especiales continuó bajo disfraces unitarios.

En cambio, el general corte de gratificaciones y horas extraordinarias afectó duramente a las economías familiares de los numerosísimos funcionarios modestos; miles recayeron en el proletariado. Las consecuencias directas de la estabilización fueron pagadas por las clases modestas, pues el Gobierno reaccionario se cuidó muy bien de desviar cualquier seria amenaza a los intereses que en definitiva le sostenían. Algún sagaz observador detectó perfectamente el fenómeno, como el exministro radical Rafael Guerra del Río en su conferencia de 21 de noviembre de 1935. Creemos esencial reproducir tan certeras palabras:

«Y conste bien claro, para que no se interpreten en sentido distinto al del pensamiento estas palabras mías, que cuando yo me refiero a la confianza que nos ha de merecer a nosotros los radicales el actual Gobierno y su política, pienso en todo menos en el programa peculiar de Hacienda del Sr. Chapaprieta.

»Porque aquí se está engarzando a la primera una segunda maniobra. El señor Chapaprieta, titular de la cartera de Hacienda, escogido precisamente por Alejandro Lerroux para desempeñar esa cartera, tiene un programa: restricciones, impuesto progresivo sobre las herencias, impuesto de la renta; en definitiva, aumentar los tributos en pequeña proporción para las clases modestas, y en gran proporción, con mayores sacrificios, para las clases poderosas. Y en este instante los señores de la derecha, los que están usufructuando el máximo poder en el Gobierno, están explotando la falta de interior satisfacción de los radicales para decir: ellos se encargarán de combatir estos proyectos de Chapaprieta, que van principalmente contra las clases poderosas, que ellos, las derechas, es lo que representan. No. A ese juego tampoco nos prestamos. (Gran ovación).

»Voy a aclarar mi pensamiento. Nosotros hemos votado la Ley de Restricciones, aunque anunciando nuestra oposición a aquellas aplicaciones de la Ley que van dedicadas exclusivamente a mermar el sueldo de modestísimos empleados; contra eso vamos y debemos ir todos los radicales. Pero dejar pasar esas medidas de la Ley de Restricciones y en cambio levantamos contra el ministro de Hacienda cuando se trata de hacer pagar más a las herencias ricas, a las grandes sociedades, a los grandes terratenientes españoles, ése no es nuestro papel.

»Yo recuerdo una reciente crónica de Fernández Flórez en la que se habla de unos náufragos refugiados en una almadía; al llegar el momento del hambre, y contando a bordo con un cirujano, le encargaron que fuera quitando trozos de carne a unos y otros. Empezó por los flacos, a los que dejó en los huesos; pero cuando llegó la hora de los gordos, éstos se reunieron y echaron al agua al cirujano. Nosotros decimos que si los gordos quieren echar al agua al cirujano por eso, que lo intenten; pero que con nosotros no cuenten, porque estamos al lado del cirujano». (Grandes aplausos.)[6]

Entre los observadores contemporáneos que mejor captan la funesta desviación reaccionaria impuesta por la extrema derecha a las reformas de Chapaprieta, destacan Félix Gordón Ordás, Manuel Azaña, Ramiro Ledesma y José Antonio Primo de Rivera.

El impacto del Plan de Estabilización de Chapaprieta sobre las clases modestas de funcionarios y pequeños burgueses se agregaba al creciente descontento por las consecuencias a escala nacional del pésimo año agrícola y por el reaccionarismo del Gobierno, injustamente volcado hacia la protección de los intereses de las clases elevadas en la durísima crisis económica. Ésta es la verdadera base para comprender el inminente fracaso del centro-derecha en las elecciones de febrero y la desintegración del Partido Radical, cuyos ministros autorizaban con su presencia unas medidas dirigidas contra la inmensa mayoría de los miembros del partido. Concebidos con tanta honradez y buen deseo como falta de sentido político, defendidos con dureza inversamente proporcional al nivel social de sus destinatarios, los proyectos y las medidas de Chapaprieta minaron la confianza de las masas neutrales y centristas a las que paradójicamente quería atraer el presidente de la República. Las medidas restrictivas de 1935 influyeron en el desastre de febrero mucho más que las invocaciones rituales a octubre y los demasiado famosos escándalos del otoño. Todo se confabuló para que un plan de estabilización, que económicamente resultaba imprescindible, políticamente se convirtiera en revulsivo. Tal inevitabilidad contradictoria es otra de las raíces de la cada vez más inminente tragedia de 1936.

Los monárquicos se orientan al
totalitarismo

Con previsiones tan ominosas termina nuestro estudio del bienio de centro-derecha. Los que vivieron aquellos años suelen evocarlos como «el tiempo de las derechas». Los remolinos de la Guerra Civil han contribuido notablemente a limar las diferencias que entonces tan escarpadas parecían, entre las diversas acepciones de esas «derechas». El eslogan «unión de derechas» sonaba sumamente atractivo para las masas conservadoras, monárquicas y una buena parte de las moderadas que no acababan de explicarse las discrepancias, a veces tan violentas, entre sus políticos afines.

Pero el hecho es que durante todo el bienio la unión de derechas, que todas ellas presentían como algo no solamente inevitable, sino incluso preexistente, no consiguió configurarse de manera políticamente eficaz. Las dificultades accesorias se convertían en dogmas esenciales; los celos y envidias personales se sublimaban como sagradas banderas; la coincidencia de intereses no cristalizaba nunca en corrientes estables y concepciones unitarias. Ni siquiera la creciente y brutal presión del enemigo común consiguió elevar la mira de los líderes del centro-derecha.

No es que faltara conciencia de este absurdo, ni deseos concretos de encontrar soluciones, avivados por el acoso creciente de un enemigo en trance de reconstruir su también perdida unidad de acción. Resulta muy ilustrativo el siguiente texto de José María Gil Robles:

«Durante estos años tuve que asistir a numerosas reuniones promovidas por los monárquicos, para tratar del problema de la unión de las derechas. A algunas asistieron, además de los elementos propiamente políticos, los representantes de los periódicos derechistas; El Siglo Futuro, ABC, El Debate, La Nación, La Epoca… Siempre mantuve un criterio favorable a las coaliciones circunstanciales, pero opuesto a las alianzas permanentes. Estas reuniones hubieron de prolongarse durante buena parte del período de las Cortes de 1933. Más de una vez, al concluir las conversaciones que pudiéramos llamar oficiales, hablé particularmente con alguno de mis interlocutores, en términos de mayor intimidad. Nunca dejé de llamar la atención sobre la gravedad del momento y las consecuencias que tendría mi fracaso. No dudaba en reconocer —y así lo proclamé en varias ocasiones— que la posición que ocupaba en la política española era muy desproporcionada a mis merecimientos, cosa que ocurre con bastante frecuencia en las épocas revolucionarias. Pero aun sin merecerlo, era yo entonces, al frente de la CEDA, el único valladar contra la revolución. De resultar vencido, no quedaría otra salida que la Guerra Civil, con su cortejo de víctimas, devastaciones y saqueos.

»Visto el rumbo que después tomaron los acontecimientos, tendría derecho a pensar que lo que algunos buscaban era precisamente hacer inevitable esa Guerra Civil».[7]

La unión efectiva de las derechas —es decir, de los tres grandes grupos derechistas, CEDA, monárquicos y carlistas, porque de la precaria unión gubernamental ya hemos comentado suficientes detalles— se veía obstaculizada por la tradicional e insalvable intransigencia carlista, partido noblemente utópico e intemporal que seguía exhibiendo su tendencia disruptiva y su inevitable proclividad a convertir en dogma inmutable las más discutibles contingencias. Ya dentro del mundo real la dificultad principal surgía de la absoluta incompatibilidad política entre los dos grandes jefes de la derecha, José Calvo Sotelo y José María Gil Robles. Nada más ilustrativo sobre este tema que la durísima polémica entablada entre ambos a finales de diciembre de 1934, cuyas raíces arrancaban de las famosas sesiones parlamentarias sobre Octubre.

La principal actividad de los monárquicos durante el año 1935 consistió en criticar negativamente y obstaculizar todo lo posible los caminos de la CEDA. Aun ahora resulta bastante difícil discernir los porcentajes de convicción política y de envidia partidista que integraban el impulso para esa ofensiva. En uno de sus asaltos retrospectivos con el marqués de Luca de Tena, ha escrito José María Gil Robles:

«La participación de los grupos monárquicos en la ofensiva que determinó el fracaso de la CEDA no parece que pueda ser materia de discusión. En un nobilísimo artículo que ha publicado en el Heraldo de Aragón del 5 del mes actual (abril 1968), don Luis Horno Liria, cuya sincera y constante vinculación a la política monárquica nadie puede negar, se pueden leer estas palabras: «Pero, en segundo término, tampoco quisimos que triunfase Gil Robles los militantes de los partidos de extrema derecha, nosotros los monárquicos de Renovación Española, ni los tradicionalistas de Fal o de Rodezno, ni los seguidores de Calvo Sotelo o de Pradera». ¿Que la oposición nació, como el propio señor Horno declara, del convencimiento de que yo estaba equivocado, de que estaba malbaratando el tiempo, de que las izquierdas jamás me aceptarían, de que la democracia era un mal y que era menester imponer fórmulas tradicionales de autoridad y de Gobierno? Lo admito de buen grado. Pero la rectitud de los motivos deja en pie la realidad de los ataques…».

El portavoz de la ofensiva monárquica contra Gil Robles seguía siendo el diario ABC, que en este punto no estaba demasiado de acuerdo con las opiniones del rey exiliado. En efecto, el 11 de enero de 1935 Alfonso XIII regaña al fogoso periodista Julián Cortés Cavanillas, a quien llama «cabezota» por no cejar en sus ataques contra la CEDA y su jefe. Y en octubre de 1935, con motivo de la boda del heredero de la Corona, don Juan de Borbón, los jefes monárquicos celebran varias reuniones con el Rey, que ponen de manifiesto cierta tirantez. Incluso algunos representantes más decididos hablan privadamente de las posibilidades de abdicación. Los partidarios de Alfonso XIII, a partir del 14 de abril, insistían en su costumbre de parecer más monárquicos que su rey. Pero los consejos de Alfonso XIII no conseguían resultados positivos. En la primavera de 1935, Antonio Goicoechea visita a Gil Robles en el Ministerio de la Guerra para iniciar tanteos con vistas a una posible coalición no simplemente electoral entre las derechas y posiblemente para sondear las nuevas posiciones de Gil Robles en el corazón del Ejército. Pero nada práctico sale de esas conversaciones.

Aparte de proclamar el peligro comunista (que en verdad crecía vertiginosamente en 1935) por la izquierda y el peligro del ralliement, la concordia de Gil Robles con los republicanos, calcada sobre las directrices de León XIII a los católicos franceses a fines del siglo anterior por la derecha, los monárquicos se esfuerzan durante el bienio centro-derechista en revestirse de una nueva doctrina con resonancias de futuro y en convertirse en núcleo aglutinante de esas masas conservadoras inopinadamente descubiertas por los jóvenes vaticanistas.

Agrupados ya decididamente bajo la sugestiva figura de José Calvo Sotelo, crean el Bloque Nacional en diciembre de 1934 que durante todo 1935 permanece monolítico, es decir, integrado exclusivamente por los escasos miembros de Renovación Española (que sigue existiendo como partido político, dirigida por Goicoechea) y algún que otro superviviente de la TYRE, los tradicionalistas afines. El Bloque Nacional es una idea de Pedro Sáinz Rodríguez que brotó en la primavera de 1934 ante la amenaza revolucionaria y tomó cuerpo en las manos de Calvo Sotelo a fines de ese mismo año. El correspondiente manifiesto aparece en un folleto de fines de diciembre, porque la inserción en la prensa fue prohibida. El objetivo del Bloque Nacional es la conquista del Estado. Su misión, según las palabras de Calvo Sotelo: «sembrar la mística de la reforma estatal totalitaria» (junio 1934). En abril de 1935 fracasan unas negociaciones con los carlistas por la intransigencia de Manuel Fal Conde. La derecha monárquica, desengañada de la democracia, se reorientaba hacia formas de totalitarismo, y lo decía bien claro.

Resulta sumamente interesante la serie de coincidencias entre las fuerzas que se llamaban a sí mismas «contrarrevolucionarias». Los monárquicos del Bloque y la Falange tendían sus raíces hacia la dictadura de Primo de Rivera; Calvo Sotelo era un hombre de la dictadura. La nostalgia dictatorial —eficacia material, respaldo popular, «Monarquía militar», como decía Ramiro de Maeztu— no impedía a los monárquicos la búsqueda de una base intelectual que evitase el ridículo y el fracaso de la experiencia de 1923 a manos de los intelectuales, causa principal, según Calvo Sotelo y José Antonio, del hundimiento de don Miguel.

El antiparlamentarismo, la desconfianza hacia el sufragio universal, el dogmático y definitivo rechazo de las posibilidades democráticas, tan explicable en medio de los años treinta, empujaban a los nuevos teóricos de la monarquía hacia un corporativismo cuya distinción del fascismo era cada vez menos visible para los alarmados observadores de la izquierda. La «Monarquía militar» era algo más que una evocación nostálgica; era la base de los intentos cada vez más abiertos de Calvo Sotelo para galvanizar al Ejército. De todas maneras, el desmoronamiento del 14 de abril de 1931 estaba demasiado cerca para que los monárquicos soñasen en una restauración próxima.

Más o menos subconscientemente, sus esperanzas coincidían con las del propio Gil Robles y dependían del afianzamiento del jefe cedista. La conciencia monárquica se sumía, por tanto, en dudas y radicalismos antidemocráticos y en una continua frustración que les inclinaba cada vez más a buscar en la violencia la inevitable revancha por el 14 de abril. La coincidencia de monárquicos y falangistas en las páginas de Acción Española durante el año 1935 supone, creemos, una prueba más de ese acercamiento inevitable de los dos movimientos, que también participaban en su aversión hacia la experiencia republicana de los católicos profesionales.

Los locales de Acción Española, cerrados desde el 5 de agosto de 1932, se reinauguran el 3 de mayo de 1934. El día 4 regresa del destierro José Calvo Sotelo, y en la sesión de reapertura habla Sáinz Rodríguez, quien pocos días más tarde, en sesión de homenaje a Calvo y Yanguas, lanza sus primeras anticipaciones para la creación del Bloque Nacional, al que (todavía con minúscula) se refiere expresamente. Convoca para su inclusión en ese bloque a «nuestros hermanos tradicionalistas» y a «esas juventudes que saludan brazo en alto». Pero no se trata de una fusión, sino de una atracción. El propio doctor Albiñana, creador del Partido Nacionalista Español, figura entre los convocados. En el discurso que, dentro del mismo acto, pronuncia José Calvo Sotelo, se advierten claras semejanzas con los que por entonces prodigaba José Antonio Primo de Rivera, hasta en el estilo: «la recta, que es el camino más corto, en política puede suceder que no lo sea…». Acción Española ha «intelectualizado a las derechas».

En cuanto a la eficacia de la nueva institución monárquica, baste anotar que, según J. A. Ansaldo, uno de sus más entusiastas militantes, el «apogeo del Bloque» consistió en la colocación de una pancarta provocativa en la Gran Peña de Madrid, en enero de 1935.

Con todo el peso de su experiencia, el rey exiliado Alfonso XIII observaba con suma aprensión el deslizamiento totalitario de los jóvenes monárquicos, capitaneados por Calvo Sotelo. Pero Alfonso XIII se quedaba solo. Sus viejos ministros seguían con él y se oponían a toda idea de totalitarismo y de abdicación: García Prieto, Romanones, Juan de la Cierva. Pero el magnetismo de Calvo Sotelo, que se había aproximado a la Action Française de extrema derecha durante su exilio en París, arrastraba a las generaciones más jóvenes. Calvo Sotelo había intervenido en las renuncias de los dos infantes mayores e impedidos —que Alfonso XIII forzó en 1933 con el fin de abrir el camino para la abdicación del Rey exiliado en su hijo Juan de Borbón—. Con motivo de la boda de don Juan, celebrada en Roma, según hemos dicho, en 1935, nació el juanismo; y los nuevos juanistas —con Calvo Sotelo al frente— casi organizaron una rebelión contra don Alfonso, que les dirigió una severa reprimenda. Pero los jóvenes monárquicos se agruparon en torno a don Juan que les dedicó un manifiesto según las orientaciones totalitarias de Acción Española. Los jóvenes monárquicos querían un Rey totalitario y ya proclamaban su nombre: don Juan de Borbón.

El ya Príncipe de Asturias se mostraba muy conforme a este proyecto, aunque no quería forzar, de momento, la abdicación de su padre. Subrayemos, sin embargo, que el primer manifiesto de don Juan era de signo netamente totalitario y antidemocrático; Luis María Anson y los que llama graciosa y certeramente Alfonso Ussía «monárquicos residuales» lo saben perfectamente, pero no lo dicen nunca. Sólo airean lo que les interesa en cada momento. Ahora todos ellos son demócratas de toda la vida y pretenden hacernos creer que don Juan de Borbón también lo fue, de principio a fin. No puedo estar de acuerdo; éste es un libro de Historia.

La noble y utópica posición del
tradicionalismo

Si durante el bienio de centro-derecha los monárquicos se inclinaban cada vez más al corporativismo, es decir, a insertar su nostalgia de los viejos tiempos y su constitutivo reaccionarismo en los nuevos vientos fascistas, los tradicionalistas propendían cada vez más al aislamiento, al inmovilismo, al monte. En 1933 se publica en Madrid un interesante Proyecto de organización social y política sobre los principios de la Comunión Tradicionalista. El autor de este programa no aparece en la publicación, pero se trata sin duda de un distinguido partidario de Juan Vázquez de Mella, tal vez Esteban Bilbao. Resulta importante recorrer los postulados de esta rara publicación, por la evidente influencia que estaban llamados a ejercer en el futuro doctrinal de España.

Ante todo se define al enemigo. «El enemigo es el judío, el instrumento es la masonería, el ideario es el liberalismo». En el capítulo dedicado nada menos que a «Dios», se acepta el Syllabus como orientación política. «Conviene en nuestra época (y siempre) que la religión católica sea tenida como la única religión del Estado, con exclusión de cualquier otra». La Iglesia nombrará libremente sus prelados y dignidades. Defiende el sistema de elección colegial para párrocos y obispos, con informe del Rey en este último caso.

Para consumar la restitución de bienes desamortizados, se propone una complicada transacción económica mediante la creación, vía Roma, de un patrimonio mobiliario eclesiástico basado en una enorme cartera de valores extranjeros. Suprime los fueros en el lema tradicionalista (este programa evita cuidadosamente el adjetivo carlista) porque se trata de un programa nacional, no local. Propugna, sin embargo, un federalismo regional, pero con respeto a los derechos adquiridos por las capitales de provincia. Establece la reivindicación de Gibraltar dentro de la aceptación de los «dogmas nacionales» de Mella: espíritu cristiano, confederación y federación sucesivas con Portugal, dominio de las llaves del Estrecho, federación espiritual hispano-americana, paz y progreso. La representación popular nacional debe hacerse por vía corporativista. Las «clases» —profesionales— han de agruparse corporativa y gremialmente. La representación «por clase» o profesiones (clase médica, clase ingenieril) ha de combinarse con la representación electiva por regiones, distritos y ciudades.

Se rechaza el sufragio universal inorgánico y se defiende el orgánico cualificado y selectivo. Sólo podrán votar los que «acrediten cierto grado de cultura». El nivel cultural que se exige a los votantes es elevado: nada menos que el título académico. La forma de gobierno es la «Monarquía católica», «responsable, federativa, limitada o templada, representativa, orgánica, hereditaria y aristocrática».

Con semejantes premisas puede comprenderse cuál fuese la actitud de los tradicionalistas hacia la CEDA. Mejor que nadie lo explica el curiosísimo Boletín de orientación tradicionalista en sus diversos números.

Ya conocemos la marcha histórica del carlismo español, tras los virajes del abanderado —don Alfonso Carlos, hermano del último pretendiente— y las intransigentes directrices del nuevo jefe delegado, Manuel Fal Conde.

Bajo ese mando se acentúan la independencia y la belicosidad de los carlistas. José Luis Zamanillo es designado delegado nacional de requetés; Antonio Lizarza queda confirmado como delegado regional para Navarra. Mítines y aplechs reúnen batallones de boinas rojas en Potes, en Estella, en Cataluña; el carlismo, muy arraigado en Cataluña, poseía allí numerosos adeptos, pero sus jefes no parecían especialmente dotados. Uno de ellos, pasado a Falange, llegaba incluso a afirmar que «el partido carlista era una manada de leones dirigidos por borregos» (Fontana). Bajo el enérgico mando de Fal Conde, el tradicionalismo insiste cada vez más en los aspectos bélicos y descuida un tanto los culturales. Tal vez para consolar a los derrotados unionistas —los tradicionalistas partidarios de la unión electoral con los monárquicos en la TYRE—, se les deja crear en la primavera de 1934 un Consejo de Cultura (Víctor Pradera con Rodezno y Esteban Bilbao, Marcial Solana y Jesús Comín). El Comité de Propaganda (Lamamié, Romualdo de Toledo, barón de Cárcer) se inclinaba también a la unión con los partidarios de Alfonso XIII y quedaba un poco fuera de los preparativos militares para la sublevación contra la República, principal preocupación de la nueva directiva carlista durante todo el año 1935. Claro que las subdivisiones minidinásticas de conjuración distaban mucho de soldarse por completo incluso en aquellos tiempos de preparación insurreccional.

El 29 de noviembre de 1934 el archiduque don Carlos, candidato del grupo «El Cruzado español», envía una curiosa carta a Manuel Fal en la que le dice que acaba de comprobar, por medio de su tío don Alfonso, que no tiene derecho alguno a la Corona de España. El 7 de marzo de 1935 las banderas de la AET (Agrupación de Estudiantes Tradicionalistas) se encresponan por Gibraltar. Ante la boda de don Juan, Alfonso XIII visita otra vez a don Alfonso Carlos y trata de convencerle para continuar los viejos proyectos de reunión dinástica. Todo inútil; Fal Conde niega a las conversaciones otro sentido que el familiar. La boda se celebra en Roma el 12 de octubre de 1935, sin testigos tradicionalistas. Por fin, y como demostración suprema de su permanente posición utópica, el carlismo elige el peor de los momentos para proclamar su tenaz independencia.

El 23 de enero de 1936, en plena campaña electoral, don Alfonso Carlos consuma la desunión con los «liberales» al firmar un documento, redactado por Luis Hernando de Larramendi, por el que se designa regente al príncipe don Javier de Borbón Parma, de nacionalidad francesa. Tan triste conclusión de las tentativas unitarias se debió, más que a la iniciativa del noble anciano, a la cerrada obsesión independentista de los nuevos dirigentes carlistas, desvinculados de la trayectoria política española, incrustados en la nostalgia romántica y concienzudamente separados del grupo intelectual que trataba de trasplantar a la realidad española de los años treinta las hondas y nobilísimas raíces del movimiento tradicionalista.

Las veleidades antidemocráticas
de la CEDA

Decididamente, el denominador común de todos los grupos de la derecha española en los años treinta era la desconfianza ante la democracia, que, según los matices, llegaba hasta la franca condenación. El aspecto «positivo» de esta actitud era para todos esos grupos, Falange incluida, el «corporativismo», piadosa antesala semántica del fascismo. Gil Robles se esfuerza en distinguir entre corporativismo y parlamentarismo. Éste, que equivale a la concentración del poder ejecutivo en el Parlamento, es desastroso; en cambio, «el programa de la CEDA», aprobado por el Congreso fundacional del partido en marzo de 1933, tuvo buen cuidado de sentar el principio corporativo como aspiración en el orden político y económico, pero sin presentarlo como una solución sencilla y menos como una fórmula de realización inmediata.

En los textos de la época pueden hallarse condenas antifascistas y veleidades fascistas, a gusto de cada intérprete. Las capas más dinámicas del movimiento cedista eran «más avanzadas», según el propio Gil Robles, es decir, más directamente influidas por el fascismo. La revista de la JAP clamaba el 8-XII-34: «Somos antiparlamentaristas»…, «el bien común no puede ser interpretado a través de una asamblea elegida por sufragio universal inorgánico».

En efecto, la JAP marchaba «cada día más apartada de las tendencias democráticas», reconoce Gil Robles, pero de vez en cuando, tal vez asustada ante el final del camino, proclamaba su oposición al fascismo, traducida solamente como oposición verbal, no sin cierta razón, por las izquierdas. Este tema de las relaciones doctrinales con el fascismo era, a su vez, una permanente fuente de indecisiones, malentendidos y contradicciones en el difícil camino de José María Gil Robles. Otra fuente de paralela amargura era, para utilizar sus palabras, la «… oposición interna» cada día más endurecida, formada dentro de la CEDA por los reaccionarios natos y por «un sector de nuestro grupo aferrado a rígidas formas capitalistas».

El momento de mayor intensidad totalitaria por el que atravesó la CEDA fue sin duda el congreso de las Juventudes de Acción Popular celebrado en la Lonja de El Escorial en la primavera de 1934. El talante y las expresiones de aquella gran reunión se salían netamente fuera de la democracia y se aproximaban al fascismo.

Los lemas coreados por la muchedumbre eran «Los jefes no se equivocan nunca» y «Todo el poder para el Jefe». Jóvenes ardientes como Joaquín Ruiz Giménez inflamaban a sus compañeros con este tipo de consignas. Los socialistas habían enviado observadores clandestinos a la reunión y quedaron convencidos de que la JAP era un movimiento fascista; de ahí arrancó su campaña contra Gil Robles como «pequeño Dollfuss». El miedo de los socialistas europeos hacia el fascismo que trataba de aniquilarlos, ese mismo año, en Francia y en Austria, se contagió a los socialistas españoles y les impulsó a intensificar sus preparativos para la Revolución de Octubre. No advirtieron que José María Gil Robles nunca fue un fascista, pero evidentemente sus juventudes asumían cada vez más el talante fascista.

Y sabemos que Gil Robles, sin ser fascista, fomentó un golpe de Estado militar por dos veces contra las arbitrariedades del presidente de la República: en 1934 y al final del bienio de centro-derecha, en diciembre de 1935. No eran tiempos propicios para la democracia en España, cuando un hombre de «sinceras convicciones democráticas» como se define a sí mismo, se comportaba así y permitía que sus Juventudes reclamasen para él «todo el poder». Las izquierdas, por su parte, se comportaban en 1934 con desprecio total por la democracia al rechazar su derrota electoral de 1933; y en 1935 se dedicarían afanosamente a la preparación del Frente Popular, una alianza situada completamente al margen de la democracia. Y aún anda por ahí el pobre Javier Tusell proclamando la ejemplaridad democrática de la República; hace falta optimismo, dogmatismo y desorientación total, explicable, por otra parte, por el contagio antidemocrático del conjunto de medios en que actualmente colabora.

Éste era el enrarecido ambiente por el que reptaban la coalición gubernamental y la inestable «unión de derechas» cuando los escándalos del otoño vinieron a servir de pretexto para la disolución del tinglado. Entendamos bien esto: los escándalos del otoño solamente fueron un pretexto y un altavoz para la amplificación propagandística de males políticos mucho más profundos.

La extraña banda del «estraperlo»

El primero de los grandes escándalos del otoño de 1935 es el del «estraperlo». Esta fea palabra, que con bien diverso significado se incorporó durante los años del hambre de la posguerra civil al léxico de la picaresca española, reunía en doble abreviatura los apellidos de dos logreros judíos europeos, Strauss y Perl, inventores de un ruleta tramposa. Empeñados en resucitar el juego en España con su inocente aparato, consiguieron, tras una serie de contactos con personajes influyentes del Partido Radical, que el ministro Salazar Alonso dedicase un rato al examen del artefacto. Y lo que es más grave, consiguieron que el artefacto funcionase una tarde en el Casino de San Sebastián y unos días en un hotel de Mallorca.

Todo esto sucedía en el verano y otoño de 1934; ante las protestas indignadas de varios grupos moralistas, se precintaron los amañados resortes y se olvidó el asunto, al que nadie había concedido mayor importancia.

Strauss no se conformó y apeló al chantaje. En vista de que Alejandro Lerroux reaccionó como era de prever ante el torpe intento, el repulsivo aventurero destapó el asunto en carta-denuncia dirigida nada menos que al presidente de la República.

La reacción de don Niceto marca uno de sus puntos más bajos y nubla su habitual caballerosidad. Sin mayores averiguaciones, saltándose por completo el procedimiento, arroja el asunto a las fieras. Ninguna prueba mejor para evidenciar el nivel político de la España de 1935: un aventurero cuya personalidad ni estaba acreditada en España consigue nada menos que un debate y una comisión parlamentaria, que actúa con rapidez fulgurante. El debate se celebra el día 22 de octubre de 1935; el informe condenatorio de la comisión se aprueba en Consejo de Ministros del 28. Tras el nuevo debate parlamentario, las Cortes condenan y el Gobierno destituye a Valdivia, Benzo (subsecretario de Gobernación durante los hechos), Pich y Pon, Vinardell, Galante y Aurelio Lerroux, hijo adoptivo de don Alejandro. La condena arrastra consigo la caída del primer Gobierno Chapaprieta, y Alejandro Lerroux abandona, por tan triste causa, la política activa, aunque su honorabilidad personal no sufrió mengua. Salazar Alonso queda exculpado aunque por un margen humillante e injusto. Los ministros radicales abandonan el Gobierno y son sustituidos por dos correligionarios incógnitos: Luis Bardají y Juan Usabiaga, mientras Martínez de Velasco ocupa el puesto de Lerroux en Estado. Chapaprieta, muy blando con el presidente de la República en todo este asunto, sigue al frente del Gobierno. La consecuencia directa de este turbio «affaire» fue la desintegración del Partido Radical.

Con mayor perspectiva puede comprenderse que el affaire del estraperlo —extraño escandalillo que giró en torno a unos cuantos regalos de relojes y que algunos exaltados compararon nada menos que con el affaire Stavisky— no fue la causa, sino la prueba, de la desintegración del movimiento radical y de la precariedad de la coalición derechista. Cierto que, como proclamó un optimista manifiesto de intelectuales, las instituciones habían funcionado bien y la República quedaba purificada. Pero nunca se había visto a una democracia europea a merced de las criminales represalias de un chantajista espontáneo, jefe de una banda de estafadores. El pueblo español no acabó nunca de enterarse de los detalles del feo asunto; acontecimientos infinitamente más graves derivaron su atención a otros problemas. Pero su certera conciencia histórica anotó el término y cuando se buscó una palabra para resumir las trampas y los fraudes comerciales de otros años, brotó de esa conciencia histórica la palabra justa: «estraperlo».

La denuncia Nombela

No se habían apagado aún los indignados ecos del affaire Strauss cuando otro asunto infinitamente más turbio acabó de deshacer las últimas esperanzas de los radicales, aferrados a su supervivencia, y las últimas amarras que por pura inercia seguían manteniendo la imposible coalición con la CEDA bajo la indiferente presidencia de Chapaprieta. Se trata de la «denuncia Nombela», hábilmente maquillada en el alegato de Gil Robles, pero definitivamente aclarada para la Historia por el propio protagonista, Antonio Nombela Tomasich, en una abrumadora serie de artículos aparecidos en el diario Arriba durante la primavera de 1968.

Nombela, militar retirado, espejo de honradez y competencia, laureado de San Fernando, funcionario de la Administración Civil desde 1931, fue designado, en atención a sus méritos, como inspector general de Colonias a finales de agosto de 1934. La Inspección General de Colonias dependía de la Presidencia del Gobierno, y durante la presidencia de Samper nada turbó las relaciones entre el experto e íntegro inspector general y sus superiores jerárquicos. Pero el 4 de octubre, como sabemos, ocupa la presidencia Alejandro Lerroux, y el nuevo jefe directo de Nombela es el subsecretario Moreno Calvo, de quien Nombela escribe duras palabras, que por desgracia son históricamente exactas:

«Sin embargo, al entrar el nuevo Gobierno, y con él otro subsecretario, obtuve en seguida la triste convicción de que a la incompetencia y absoluto desinterés de éste, mi nuevo jefe, por la obra colonizadora, se unía un decidido afán de dificultar toda labor que no respondiese exclusivamente a inconfesables propósitos, que como único fin parecía allí le habían llevado».

»El subsecretario —continúa Nombela— no ocultaba sus apetencias hacia aquellos fondos de los que sin duda, pensaba, si lograba vencer mi rectitud podría disponer sin gran ruido, pero como a sus constantes intentonas salía yo siempre al paso, ideó encontrar la solución para él apetecida si conseguía desfigurar un cierto expediente que averiguó allí dormía».

»El 12 de julio de 1935 el subsecretario ordena al inspector general el pago de 3.033.000 pesetas a la compañía África Occidental».

La orden había sido acordada en Consejo de Ministros, pero faltaban requisitos formales. Nombela se niega a ejecutar la orden y para evitar la segura expoliación intenta visitar ante todo al propio Gil Robles, ministro de la Guerra. Un correligionario del ministro transmite esta respuesta del jefe a los informes que le había hecho llegar Nombela:

«Que se encontraba usted (GR) atarugado, porque, efectivamente, se había sorprendido (en el Consejo) su buena fe y la de los otros ponentes; que si se lo hacía saber al presidente sería provocar una crisis que de ninguna forma interesaba al país, y que como mal menor era preferible transigir con el hecho aun lamentándolo profundamente».

Nombela no ceja en sus esfuerzos para evitar se consume el desafuero, pone en antecedentes al secretario del Consejo, Lucia, y al presidente de la República. El 17 de julio se celebra nuevo Consejo sobre el asunto, y Gil Robles, convencido ya por la insistencia de Nombela de «la enorme irregularidad que se pretendía cometer» (son sus palabras), consigue que el Consejo revoque el anterior acuerdo favorable. Y entonces sucede lo inaudito: el despechado subsecretario convence a Lerroux para que destituya ilegalmente (por orden ministerial) al inspector general de Colonias, nombrado por decreto. El 26 de julio el diputado Cano López denuncia en las Cortes el atropello. Gil Robles sale al quite, pero Cano López insiste: «Si el día en que en Consejo se aprobó no haber lugar a la indemnización fue coincidente con la destitución… Si el Presidente de la República, al felicitar al Gobierno, aprobó el criterio del inspector general y del secretario, ¿por qué se destituyó a éstos? Esto, insiste, ha dado lugar a que alguien haya supuesto que fueron venales; pero los que los conocemos creemos que fueron destituidos porque se negaron a firmar el cheque de los tres millones».

Esto era lo que en realidad había sucedido. Pero en vista de que su honor quedaba en entredicho, Nombela entrega al presidente de las Cortes, Santiago Alba, su famosa denuncia el 28 de noviembre de 1935. La única razón que movía al denunciante era la defensa de su honor y la reivindicación del atropello sufrido, aunque Gil Robles, víctima historiográfica de una disculpable manía persecutoria, afirma, sin la menor prueba, que la denuncia era poco menos que parte de un compló contra la CEDA. Sin necesidad de repasar detenidamente la denuncia, puede acusarse a los ministros de la CEDA que intervinieron en el asunto no de complicidad —nadie ha podido jamás atreverse a discutir la honorabilidad personal de esos ministros—, pero sí de precipitación, negligencia y excesiva confianza en sus avisados colegas radicales. El nuevo escándalo echa aún más arena en la difícil marcha de los proyectos económicos de Chapaprieta.

Gil Robles acepta en las Cortes la investigación. La Comisión nombrada al efecto probó la culpabilidad del subsecretario Moreno Calvo, pero dejó a salvo la buena fe de Alejandro Lerroux, otra vez engañado por los suyos. El dictamen de la Comisión, dado a conocer el 5 de diciembre, reivindica totalmente a Nombela y al secretario de la Inspección. Condenado el subsecretario, la no culpabilidad de Lerroux triunfó por mayoría. El diputado Recaséns Siches trató de extender la responsabilidad a los ministros de la CEDA. La decisiva influencia del escándalo está perfectamente captada por Gil Robles: «Al conocerse el dictamen, los diputados radicales mostraron de manera violenta su disconformidad, manifestando que se hallaban dispuestos a adoptar importantes decisiones. La suerte del bloque mayoritario, y del Gobierno en consecuencia, estaba echada».[8]

Los radicales estaban descalificados, pero algunos optimistas se resistían a admitir tan dura realidad. Emiliano Iglesias y el secretario general del partido, el ferrolano Fernández Dopico, reexaminaron a fondo la situación y coincidieron en que el inevitable término de la coalición gubernamental contribuiría al resurgimiento del moribundo partido.

En el discurso de 21 de noviembre, ya citado aquí, Rafael Guerra del Río recuerda los escándalos del juego durante la monarquía y, tras reconocer que el acuerdo con la CEDA había resultado inevitable, cree también que ha llegado la hora de la ruptura. Gil Robles, vilipendiado ya más que atacado por la derecha monárquica y por la Falange, se encuentra casi a la deriva; las salpicaduras de los escándalos y la impopularidad de las restricciones del plan Chapaprieta no le dejan el menor margen de maniobra. Varias son las causas que determinan el desenlace del bienio centro-derechista: la intransigencia del presidente del Consejo, Chapaprieta, en sus reformas que afectaban sobre todo a las clases modestas, la nueva ley de derechos reales y la desigualdad de trato favorable a los intereses oligárquicos, los ataques de los viejos jabalíes parlamentarios, entre los que Joaquín Pérez Madrigal seguía sembrando el griterío y la confusión, las indiscreciones antiparlamentarias del propio presidente del Consejo, tan dotado para la gerencia como incómodo en el ambiente de las Cortes y, por último, como gota que rebasa el nivel, la denuncia Nombela. En el debate de la noche del 7 al 8 de diciembre de 1935, la CEDA consigue escapar indemne en lo esencial, pero los radicales acaban de hundirse y quedan ya virtualmente borrados del mapa político español.

La crisis se plantea al día siguiente y el presidente de la República cree llegada la hora de recuperar la iniciativa. Entre tanta turbulencia y tanta tristeza, cae el telón sobre el bienio de centro-derecha y termina la contradictoria época de aquellas Cortes estériles que, como comenta genialmente un pensador marxista, Gabriel Mario de Coca, «nacieron como contrarrevolucionarias cuando no existía el necesario antecedente revolucionario que justificase su denominación». La Revolución, ya lo sabemos, vino después.

El tirón totalitario y fascista en
la derecha española

En los epígrafes anteriores, al analizar la ideología y las vacilaciones de la derecha española, hemos topado una y otra vez con el fascismo. Y es que el fascismo era en los años treinta una pujante realidad europea que suscitaba por todas partes, hacia la derecha, imitadores de los más diversos pelajes. La idea y la práctica democrática yacían en crisis casi total fuera de Inglaterra y los Estados Unidos; el fascismo ofrecía, en medio de la crisis económica y política de Europa y América, soluciones espectaculares que para muchas gentes, sobre todo muchos jóvenes, resultaban muy atractivas. Se habla mucho de fascismo en España.

En los años posteriores a la victoria aliada en la Segunda Guerra Mundial, a partir de 1945, la palabra «fascismo» dejó de ser una etiqueta política para convertirse en un insulto, y así sigue. Éste no es un panfleto de invectivas, sino un libro de Historia; por eso vamos a investigar a partir de este momento los orígenes del fascismo español.

Uno de los mayores éxitos soviéticos —revelado por una de las más sorprendentes intuiciones de Ramiro Ledesma Ramos— fue precisamente inventar el antifascismo incluso en lugares a los que el fascismo no había llegado nunca. León Trotsky, que había captado perfectamente lo que él mismo llama «fascismo auténtico», concreta todavía más la intuición de Ledesma: según Trotsky, la Comintern disloca la significación estricta de «fascismo» en diciembre de 1930, cuando sus teóricos advierten la inminencia en España de una intentona republicana que no habían previsto. De ahí, y con la primera mira en España, arranca la propaganda de los «socialfascismos», «anarcofascismos» y demás palabrotas compuestas por el término «fascismo» utilizado preferentemente como insulto.

No hace falta acumular demostraciones para subrayar una vez más un hecho que estimamos completamente probado a estas alturas y desde todos los ángulos de opinión: la universal y aparentemente absoluta crisis de la democracia europea durante todos y cada uno de los años treinta. Acabamos de evocar esa crisis, pero nunca será suficiente insistir en ella. La democracia parecía un concepto caduco y su concreción institucional, el parlamentarismo, perdía cada vez más prestigio. Esta situación, que necesitaría la más espantosa catástrofe de la Historia para revelarse como espejismo provisional y que a fines de los años sesenta contempla una reedición intelectual a cargo de escritores como Arnold Toynbee, produce en todos los sectores del espectro político universal —y español— un auténtico vértigo que no es simplemente un vértigo fascista, sino, con mayor amplitud, un vértigo totalitario. Porque afecta a la izquierda burguesa y a la izquierda proletaria tanto o más que a la derecha media y a la derecha aristocrática. La propaganda soviética de la Segunda Guerra Mundial conseguiría deformar la situación hasta presentar a la URSS como «la gran democracia socialista», respetable matrona en medio de las democracias redivivas. Pero ahora sabemos que la explosiva alianza de Hitler y Stalin entre 1939 y 1941 era coyunda oportunista de dos totalitarismos.

La actitud de la izquierda española en Octubre de 1934 —ya lo hemos visto— y en esa reacción en cadena basada en Octubre que será la génesis del Frente Popular, como veremos en otros Episodios, era una actitud profundamente totalitaria. En éste ya hemos empezado a destacar otra actitud de mimetismo e incluso de radicación totalitaria: la de las derechas españolas, aquejadas, tras la caída de la monarquía, de un auténtico y creciente vértigo totalitario, en su modalidad fascista o al menos prefascista.

Ledesma Ramos —el primer fascista español auténtico— expresa esta misma idea de «vértigo fascista» mediante su característica expresión «los fascistizados». El término es lo suficientemente expresivo para que necesite una definición estricta, y por eso Ledesma se contenta con una enumeración escrita en 1935:

«¿Quiénes son los fascistizados? Empresa bien fácil y sencilla es señalarlos con el dedo, poner sus nombres en fila: Calvo Sotelo y su Bloque Nacional, Gil Robles y sus fuerzas, sobre todo las pertenecientes a la JAP; Primo de Rivera (José Antonio) y sus grupos, hoy todavía a la órbita de los dos anteriores, aunque no, sin duda, mañana. Sin olvidar, naturalmente, a un sector del Ejército, de los militares españoles».[9]

Todos estos grupos sometidos al vértigo fascista —luego discutiremos la precisión del término aplicado al que seguía a José Antonio Primo de Rivera, del que ahora prescindimos—, es decir, todos estos elementos de lo que Payne llama «fascismo aguado» están, aunque remotamente, preocupados por la sustitución institucional de la democracia y por conferir un sentido positivo a su principal tendencia que es la contrarrevolucionaria, esencialmente negativa. Tal preocupación se remedia, de cara a la acción directa, cada vez más inminente, con una palabra mágica que ya había seducido a los hombres de la dictadura: el corporativismo.

Ninguno de los grupos «fascistizados» se preocupa de definir con demasiada profundidad los conceptos del corporativismo. De forma bastante confusa parece sobreentenderse siempre que el corporativismo «está ahí» y funciona como algo prometedor y vital en Portugal y en Italia (el brillante final del caos portugués en manos del profesor de Coimbra doctor Antonio de Oliveira Salazar fascinaba a las derechas españolas tanto o más que las zigzagueantes improvisaciones de Mussolini). El corporativismo, palabra de grande y grato sonido, evocaba pasadas grandezas. Todo el mundo la relaciona con otra palabra mágica: los «gremios». Parecía proporcionar un cauce institucional a los sustitutivos del nefando sufragio universal inorgánico y contaba, en principio, con las bendiciones de Roma; uno de los jesuitas más influyentes de la época, el padre Azpiazu, era presentado como «gran especialista mundial en temas corporativos».

Es muy curioso que tal vez las más tempranas desconfianzas hacia el solemne corporativismo viniesen del mismo José Antonio Primo de Rivera, que reservó para él algunas de sus más demoledoras expresiones. En su época de apogeo ideológico y doctrinal, el primer semestre de 1935, dice una vez que «hoy en día el Estado corporativo ni existe ni se sabe si es bueno» y, un mes más tarde, en el Círculo Mercantil de Madrid, concreta: «¿Y el Estado corporativo? Ésta es otra de las cosas. Ahora son todos partidarios del Estado corporativo; les parece que si no son partidarios del Estado corporativo les van a echar en cara que no se han afeitado aquella mañana, por ejemplo. Esto del Estado corporativo es otro buñuelo de viento».[10]

Ya hemos recordado en otro lugar las nebulosas explicaciones de Gil Robles sobre el tema. Es inútil tratar de profundizar más en esas explicaciones porque el corporativismo de las derechas españolas durante la República —bandera cuyo significado sólo explicó, en aquella época, don Salvador de Madariaga en su libro publicado por Aguilar en 1935, Anarquía o jerarquía, que era una propuesta para instaurar una democracia orgánica— no se llevó a la práctica nunca en España, salvo de forma muy incompleta en la articulación política del régimen de Franco.

El mimetismo fascista de la derecha católica se pone de manifiesto, entre cientos de ejemplos, en esta cita del boletín de la JAL, número 19:

«Aquí en Madrid, estercolero del enchufismo español, hay también un derechismo del tipo más cerrilmente egoísta. A las maravillosas mujeres de nuestro partido no quieren ni darles los datos para el censo. En algunas casas de derechas, de esas casas con piano de cola y perro de lanas, les dan con la puerta en las narices».

«Aconsejamos a esas valientes compañeras de trabajo que hagan la lista negra de esa gentuza».

«Preferimos a los sindicalistas».

«Mejor que con esta chusma dorada nos entenderemos con gentes de ideales, aunque estén enfrente de nosotros. A la gente de ideales se les puede convencer. Al que piensa con el estómago no le preocupan más que las buenas digestiones».

El mismo jefe de la Falange se indigna ante lo que considera un plagio[11].

Y, lo que es más importante, el jefe de la derecha católica va siendo gradualmente considerado por los suyos con óptica prefascista, como nota certeramente Dionisio Ridruejo, falangista en 1935:

«Que estos partidos ofrecían escasas garantías de fidelidad al sistema democrático es evidente. La imagen concreta que de su caudillo Gil Robles tenían sus más fervorosos militantes no era la de un Dom Sturzo ni la de un anticipado Adenauer, sino la del pequeño Dollfuss austríaco, dictador corporativista o jefe fascista bañado en la linfa de la moderación cristiana»[12].

Por supuesto que las «garantías de fidelidad al sistema democrático», ahora ofrecidas tan generosamente por el autor de estas líneas, eran en los momentos a que se refiere todavía más escasas: su jefatura fascista no estuvo bañada en linfa alguna, como él mismo reconoce, aunque eso es otra historia.

La tesis de que Gil Robles no era, en realidad, un fascista es una tesis históricamente clara. Pero en 1934, en 1935 y de cara a las elecciones de febrero de 1936 prevalecía entre la izquierda —y se extendía por fuertes núcleos de la derecha— la tesis contraria, que no por académicamente falsa dejaba de ser políticamente eficaz.

La derecha monárquica sintió también, como era natural, el vértigo fascista.

Con dos excepciones muy dignas de notarse, y muy ilustrativas para la historia posterior.

La primera excepción es el carlismo, al que ni antes ni después del 18 de julio de 1936 cuadra el calificativo, siquiera sea sectorial, de fascista. Y esto por dos razones perfectamente comprensibles: el carlismo, en sus diversas ramas, poseía ya una tradición totalitaria peculiar; y dada su alergia absoluta a todo lo moderno, no podía gravitar hacia un fenómeno tan absolutamente moderno como era el fascismo. A pesar, pues, de sus entrenamientos militares, sus quintillos y sus aplechs, los bizarros hombres de la boina roja quedan exentos de la revisión programada en este capítulo. Imposible hablar de fascismo en el campo de la tradición.

La segunda excepción —no por aislada menos brillante y sintomática— es el diario monárquico ABC. El veterano periódico era el órgano de la monarquía caída en abril y en cierto sentido el órgano de Renovación Española y del Bloque Nacional. Pero mantuvo siempre su independencia ideológica entre las corrientes tácticas de cada grupo afín. ABC —guiado por la dura y valiente mano del marqués de Luca de Tena— clamó contra la supresión del primer número de El Fascio, pero colocó un decidido stop al fascismo naciente en una resonante polémica con el que sería fundador de Falange en la primavera de 1933. Luca de Tena se revela en esa polémica como un profundo analista político y como un creador de perspectivas a primera vista imposibles. La polémica es un documento esencial para la historia del fascismo español y resultaría sumamente injusto pasar por alto su referencia.

El vértigo fascista de José Calvo Sotelo es una realidad histórica que no por cuidadosamente oculta —después de 1936— es menos concluyente. El prefascismo de Calvo Sotelo —que se apoyaba a parte ante y a parte post en el fantasma corporativo— reconocía, como ya hemos explicado, una fuerte raíz maurrasiana, sobre todo desde sus contactos con el grupo de Maurras, la Acción Francesa, durante el exilio del líder monárquico en París, del que regresaba en 1934. Calvo Sotelo procedía de las Juventudes Mauristas, que no seguían precisamente con entusiasmo las claras directrices democráticas de Antonio Maura. Había contribuido con fuerte protagonismo a las realizaciones de la Dictadura de Primo de Rivera y estaba naturalmente muy desencantado con la República que por dos veces había intentado desposeerle de un acta de diputado ganada en buena lid; no se puede recriminar excesivamente a un joven político tratado así por un régimen que se decía democrático el hecho de que se defienda con un ataque cerrado a la democracia. Calvo Sotelo recibía, pues, la tentación fascista por vía francesa, por vía italiana —admiraba las realizaciones de Mussolini— y por vía republicana; jamás creyó que la República española fuese un régimen democrático y no le faltaba razón.

Para la extrema izquierda, el carácter fascista de Gil Robles y sus huestes era un dogma y un presupuesto estratégico. Los testimonios de Margarita Nelken y Joaquín Maurín son los primeros que vienen a la memoria cuando se trata de comprobar el aserto, una de cuyas consecuencias más claras fue Octubre. Sin embargo, los historiadores van haciendo la luz sobre tan precipitada tesis y el propio Southworth, atrapado en su lógica polémica, no hace más que juguetear con el «fascismo clerical» de Gil Robles, al que en un momento dado exime taxativamente del sambenito.

El 8 de septiembre de 1933 —el año de la aurora hitleriana— Gil Robles se encontraba en Berlín, como sabemos, de regreso del Congreso Nacional Socialista de Nürenberg, al que había asistido como observador. Ya sabemos que la noticia de la caída de Manuel Azaña se la dio un hombre habitualmente bien informado: el doctor Goebbels. Al conocer la noticia, Hitler decidió aplazar por unos meses la ya concedida audiencia. Toda España conocía estas andanzas del jefe católico por la nueva Alemania, y toda España, con mayor o menor injusticia, las interpretaba como coqueteos totalitarios. Unos días más tarde, en octubre de 1933, escribía sobre Gil Robles José Antonio Primo de Rivera:

«Así pues, cuando el señor Gil Robles, en contradicción consigo mismo, dice que la democracia habrá de someterse o morir, que una fuerte disciplina social regirá para todos y otras bellas verdades, proclama principios «fascistas». Podrá rechazar el nombre; pero el nombre no hace la cosa. El señor Gil Robles, al hablar así, no se expresa como caudillo de un partido demócrata-cristiano. Si lo fuera tendría toda la estéril frialdad de tales partidos, fracasados en toda Europa. Andaría revestido de esa laica palidez que sólo ve de las cosas lo externo; que sólo ve, por ejemplo, del fascismo, la organización técnica corporativa, las camisas de uno u otro color, los desfiles, las estadísticas, lo instrumental. Algunas veces ha caído en ello Gil Robles; pero no en su último discurso. Éste ha sido, en gran parte, un discurso caliente, tajante…, «fascista». Yo se lo aplaudo y estoy de acuerdo con él. Pero ¿por qué misterioso motivo se empeña él en decir que está en desacuerdo con nosotros?».

Tratar de fijar el fascismo o el antifascismo de Gil Robles por medio de la crítica textual es un resabio escolástico que pasa por alto el clima real de la España de entonces. Hay textos para todos los gustos y de todos ellos, combinados en un análisis histórico más profundo, lo único que se deduce es que Gil Robles y su movimiento no fueron fascistas, pero sintieron, con intensidad y localización variable, en ocasiones muy intensa, el vértigo del fascismo, del que no escapó ni el propio jefe.

Por su fecha en relación con los fantasmas del socialismo austríaco, el acto de El Escorial de fines de abril de 1934 —ya lo hemos comentado— marca el apogeo de la «fascistización gilroblista» antes del famoso cartelón de la Puerta del Sol en 1936. «Nosotros —dijo allí el jefe, jurado por sus mesnadas— actuaremos siempre dentro de la legalidad, y hoy, en este acto, somos los más firmes defensores de la legalidad establecida. ¡Que la revolución se eche a la calle! ¡Nosotros nos echaremos también!».

El fascismo «auténtico» —la Falange— no veía con demasiado placer la inusitada competencia que se le hacía desde las nutridas filas de la derecha más o menos republicana. Uno de sus portavoces más caracterizados comenta en La Nación el acto de El Escorial, al que agudamente denomina «espectáculo fascista», no «acto fascista».

Con esta perspectiva debemos volver por un instante al presunto carácter fascista de José Calvo Sotelo. Era, por tanto, un prefascismo; decimos mejor un vértigo aristocrático, más descarnadamente contrarrevolucionario, más deshumanizado en cuanto a la consideración concreta de los proletarios. No se ha comentado con la necesaria profundidad el repetido intento de Calvo Sotelo a su regreso del exilio, cuando, al fin, la República había tenido que doblegarse a tres elecciones populares seguidas e inequívocas: el ingreso en la Falange. Fracasado el intento —por incompatibilidad y resentimiento de José Antonio contra el político que a última hora había abandonado a su padre el Dictador en apuros—, Calvo Sotelo crea el Bloque Nacional a fines de 1934 con marcados matices totalitarios. En el manifiesto del Bloque se hablaba de «la hora de los Césares» y en las célebres sesiones de Cortes del 6 de noviembre, Calvo Sotelo entona el panegírico del totalitarismo, lo que provoca su primer duelo parlamentario con José María Gil Robles. Los fascistas españoles critican duramente al nuevo peligroso competidor. Por ejemplo, José Antonio Primo de Rivera:

«Mientras tanto, cada día nos sale un curandero para el mal. Gil Robles sigue pronunciando discursos prometedores, como si no tuviera tres ministros en el Gobierno y la minoría más numerosa en las Cortes. El Bloque Nacional luce suntuosamente. Éste ya trae palabras nuevas, para que no se diga: ¡habla de unidad de mando, de Estado corporativo y de otras cosas fascistas! ¡En seguida le van a creer! Un orden nuevo traído por las ultraderechas, es decir, por los partidos privilegiados en el orden antiguo. ¡En seguida lo van a creer los obreros, los estudiantes y todos los añejamente descontentos contra el caduco tinglado español!».

Y Ramiro Ledesma le incluye lógicamente, como hemos visto, en su lista de «fascistizados».

Cuando después de las elecciones de febrero de 1936 el vértigo fascista de las derechas adquiere aceleración decisiva, Gil Robles quedará violentamente excluido por sus propios partidarios que volcarán sus desilusiones sobre una nueva y doble fidelidad: José Antonio Primo de Rivera y José Calvo Sotelo. El jefe monárquico, que jamás dejó de serlo, trataría de distinguir entre fascismo y fascismo, pero, en definitiva, se proclamaría fascista ante las Cortes atónitas. No eran tiempos academicistas; eran tiempos para arrebatar a la palabra y a la idea todo su potencial que unos creían subversivo, otros creían salvador.

El vértigo fascista de las derechas españolas arrastró un curioso subproducto: el hombre que intentó ser fascista. Pero incluso entonces, en plena era fascista, no era fascista quien quería, sino quien podía; y éste no era el caso, evidentemente, del otrora célebre doctor Albiñana.

José María Albiñana Sanz era un universitario valenciano al que bastantes comentaristas llaman simplemente «médico», olvidando su disculpable ufanía nada menos que por tres doctorados (dado el alto nivel universitario de entonces se trataba de un mérito extraordinario).

Procedía el triple doctor Albiñana de Valencia, lo mismo que la FAI; había nacido en 1885 y durante la dictadura divulgó bastantes panfletos poco doctorales en los que el más rabioso nacionalismo se vestía de xenofobia, de antijudaísmo y, por supuesto, de retórica. «Los Protocolos de los sabios de Sión», esa desafortunada invención de la policía secreta rusa divulgada por los jesuitas franceses y objeto de importación por los jesuitas españoles, adquirieron valor bíblico para el confuso agitador levantino, quien en abril de 1930, en plena liquidación de las ilusiones monárquicas, funda su Partido Nacionalista Español. En el manifiesto del partido —además de los resabios indicados—, destaca un expreso respeto a los militares y una intención de mantenerse «por encima de los partidos» que constituye uno de los pocos precedentes albiñanistas de fascismos más auténticos. La República no trata demasiado bien a Albiñana antes y después de la aprobación de los Estatutos de su partido —en 1932—; el belicoso doctor pasa siete meses en la cárcel y diez confinado en Las Hurdes. Ambos retiros le permiten escribir breves y curiosos libros no desprovistos de interés humano, aunque totalmente desfasados políticamente.

Mientras tanto, sus secuaces, conocidos como «Legionarios de Albiñana», encuadran a varios centenares de seguidores un tanto fanáticos en Burgos y en otras localidades castellanas, si bien el origen formal del movimiento parece que estuvo en Barcelona. El nacionalismo albiñanista es el primer prefascismo español de exportación; durante la República podía un viajero español tropezarse con albiñanistas en América.

En las elecciones de noviembre de 1933 la aureola de mártir le vale a Albiñana un escaño por Burgos. Su actuación en el Parlamento es todo lo reaccionaria que podía preverse: parece que fue él quien espetó el lamentable «Muera Cataluña» en la sesión necrológica de Maciá y tuvo que sufrir al menos un k.o. a puños de Indalecio Prieto, lo que fue desfavorablemente criticado por los falangistas. Firmó Albiñana el manifiesto de Renovación Española en noviembre de 1934 y participó en el Bloque Nacional, con gran espanto de los demás monárquicos. A medida que avanzaba la República, los albiñanistas se iban pasando a Falange, aunque el grupo de Burgos formó con sus camisas claras y sus cruces de Santiago entre los primeros voluntarios de la Guerra Civil. Algunos núcleos albiñanistas se disfrazaron, durante las persecuciones contra su jefe, con extraños nombres, como la «Unión Gremial» de Santander. Toda esta dilatada anécdota, de la que solamente emerge el innegable patriotismo del fundador nacionalista y de sus legionarios, debe zanjarse con la aquiescencia más completa a un certero juicio de Ramiro Ledesma Ramos: «Había existido, sí, la gesticulación reaccionaria de Albiñana, al servicio descarado de la aristocracia terrateniente y de los núcleos más regresivos del país, y que quiso presentarse, desde luego, como émulo del Duce fascista de Italia».[13]

Esta rápida revista al campo de las derechas debe completarse con una cita muy interesante que si, por una parte, revela el confusionismo político de los años treinta en España, demuestra, por otra, que el hundimiento de la democracia era tan profundo que algunos demócratas sinceros trataban de buscar su resurrección nada menos que en el propio fascismo. No hablaba solamente en su nombre, sino en el nombre de un insospechado número de españoles moderados, Félix Rangil Alonso cuando en 1934 publicaba esta alucinante declaración: «Y ahora serenamente surge una pregunta: ¿No está justificada una fuerza política que defiende la integridad nacionalista en un país contra todos los ataques de elementos disolventes sin Dios, patria ni hogar, puede censurarse la existencia de asociaciones patrióticas públicas que se forman precisamente para salvaguardar esas tres bases fundamentales de la vida de un pueblo que se precie de civilizado?

»Ni fascismo ni socialcomunismo, pues; más antes el primero que el segundo como un puente para la restauración de la democracia».[14]

Hemos indicado al comienzo de este epígrafe que el totalitarismo era denominador común de todos los grupos —derechas o izquierdas, burgueses o proletarios, monárquicos y comunistas— en la España de los años treinta. Pero lo más curioso es que entre las más opuestas versiones del totalitarismo no dejaban de advertirse, en ocasiones, extraños trasvases. Luis Araquistáin pronosticaba bien pronto la radicalización del país al ir avanzando la República: «El dilema fatal es éste: franca dictadura burguesa o franca dictadura socialista».

Pero es que dentro de la misma izquierda antifascista —e incluso dentro de la misma izquierda teóricamente democrática— puede el asombrado historiador tropezarse con declaraciones de típico corte no ya antidemocrático, sino pura y simplemente fascista, como algunas del imprevisible luarqués Álvaro de Albornoz. El nacionalismo izquierdista y proletario de Joaquín Maurín le atraía las condenaciones de fascismo por parte de sus no menos totalitarios colegas del comunismo ortodoxo. Ya hemos discutido en otro lugar la profunda sospecha de fascismo que una mayoría de comentaristas arroja sobre el doctor José Dencás con motivo de su desdichada actuación en el 6 de octubre. Sería muy injusto motejar sin más de fascistas a los empecinados nacionalistas vascos sin más pruebas que su atravesada svástica; pero la misma honradez histórica no puede ignorar algunas latencias fascistoides en el grupo que exaltaba anacrónicamente al racismo y que, al menos en la intención de algunos altos patrocinadores, estaba destinado a servir de pantalla política a un sector muy sensible y reaccionario del gran capital norteño. Como en el razonamiento anterior, conviene también acudir a Ledesma Ramos para cerrar la discusión acerca de los residuos fascistas del antifascismo:

«En España las derechas son aparentemente fascistas y en muchos extremos esencialmente antifascistas. Y las izquierdas son aparentemente antifascistas y, en muchos aspectos y pretensiones, esencialmente fascistas. Esto, si no tiene un 100 por 100 de verdad, habrá que convenir que se acerca mucho a ella.

»Ahora bien, el fascismo que puede desarrollar la pequeña burguesía izquierdista, cuando está flanqueada por el marxismo, como le acontece a la española, y cuando no dispone de una doctrina nacional fervorosa, como también le ocurre aquí, ese fascismo, repito, tiene un nombre poco envidiable: México».[15]

El profeta del fascismo español

Es posible que el lector, al ver que este libro se refiere, según el título, a la aparición del fascismo en España, se extrañe de haber recorrido hasta ahora todo el panorama de las derechas e incluso de parte de las izquierdas, sin encontrarse más que indirectamente a los grupos propiamente fascistas. La explicación está en que hemos aceptado la profunda tesis de Ramiro Ledesma Ramos para explicar en 1935 la escasa entidad del fascismo español, que no había llegado a ser, como en Italia, en Alemania e incluso en Francia, una agrupación de masas, sino un conjunto de varias mesnadas que al fin logró unir José Antonio Primo de Rivera en la Falange; y es que los partidos de la derecha católica y monárquica habían asumido el horizonte totalitario y en muchos casos las ideas y las formas del fascismo, por lo que Ramiro Ledesma les llamaba «fascistizados». A partir de este momento vamos a considerar a los grupos fascistas en sentido estricto.

No se puede comprender el nacimiento y desarrollo de los fascismos españoles —utilizamos el plural porque fueron varios— sin considerarlos dotados de una esencial dimensión castellana. Esto no quiere decir que el fascismo no arraigase en otras regiones de España; Castilla ha sido siempre un foco a la vez centrífugo e integrador, jamás excluyente. A lo largo de todo este epígrafe vamos a contemplar las raíces castellanas del fascismo español. Esta castellanía no depende solamente de un capricho fundacional: acabamos de ver que la cuna del albiñanismo fue Barcelona y a nadie se le ocurre catalogar al movimiento como de raigambre catalana. Existe, sí, una excepción: el fascismo de Estat Catalá, reconocido por los propios catalanistas moderados; y los elementos fascistas que se escondían en las zonas más radicales del nacionalismo vasco y que un día lejano emergerían en los comportamientos fascistas y totalitarios de ETA. Pero en los casos más importantes y significativos los fascismos españoles son castellanos en su mentalidad, en sus hombres, en su talante histórico y político, en su retórica.

Un primer capítulo clave en la historia del fascismo español va a cerrarse precisamente en el acto del teatro Calderón de Valladolid en marzo de 1934, acto castellano que discurre entre una apoteosis múltiple de Castilla. Por todo esto conviene advertir a comentaristas demasiado alegres que la comprensión de los fascismos españoles va a ser más difícil de lo que parece: hay demasiada gente que cree comprender a Castilla con unos párrafos de Azorín y unos paseos por las rutas del Quijote. Sin rechazar el método, conviene advertir que Azorín no era castellano y que Don Quijote de la Mancha tenía, como se sabe, un corazón catalán.

Antes de iniciar la búsqueda concreta de los orígenes diversos del fascismo español, conviene discutir unos datos preliminares. En todo nuestro estudio del fascismo daremos preferencia a lo intuitivo sobre lo académico: el objetivo de este análisis no es llegar a una definición perfecta, sino a una comprensión adecuada. Los fascismos españoles presentan límites demasiado difusos para prestarse a diferenciaciones tajantes.

Ante todo, eso: los fascismos españoles. En España no ha existido nunca del todo un fascismo unívoco, un movimiento fascista unitario y excluyente. La dispersión fascista española es relativamente paralela a la francesa. Para comprender los fascismos españoles conviene conocer a fondo los fascismos franceses; en cambio, los comentaristas se obstinan en derivar toda la influencia de los fascismos unitarios alemán e italiano. Esto es un libro de historia y no una investigación de teoría política, pero no resulta fácil sustraerse a la tentación de preguntar por qué el fascismo es unitario en Alemania y en Italia, y por qué es múltiple en Francia y en España. Tal vez porque en Alemania y en Italia las oligarquías y los grupos derechistas se encuentran con un fascismo temprano que originalmente les es exterior; en cambio, en Francia y en España es la propia derecha la que evoluciona por algunos sectores extremos para convertirse a sí misma en fascismo tardío y mimético. De todas maneras, tanto en Francia como en España los diversos fascismos derivaban, al menos en parte, de una tradición intelectual y nacionalista común y por eso, al conjuro de las circunstancias exteriores, emprenden una difícil y vacilante carrera hacia la unificación. En 1933 existían varios focos fascistas en España. En 1936, aunque la soldadura no es completa, solamente alentaba un fascismo.

Los fascismos españoles, lo mismo que todos los fenómenos históricos realmente importantes de nuestro país en la época contemporánea —con la eterna excepción del carlismo— nacen de una conjunción de factores internos y exteriores. Hay que evitar un error muy común: cargar todo el acento en uno de esos grupos de factores y considerar a nuestros fascismos como pura eclosión interior o, lo que es más frecuente, como puro mimetismo europeo. Los principales factores, cuya diversa dosificación da paso al brote de nuestros fascismos, son, probablemente, los siguientes: la tradición nacionalista-regeneracionista desde fines del siglo XIX; la radicalización intelectual de esa tradición; la nostalgia de la dictadura de 1923, considerada como empeño no caduco, sino malogrado.

Todo este sustrato, que descansaba sobre la conciencia histórica castellana de una grandeza injustamente perdida, se fecundaba por los nuevos vientos de Europa que irrumpían en el desierto político español a través de una doble ventana: la desesperada observación de algunos jóvenes universitarios y el frío cálculo de los elementos más europeos del capitalismo español, concentrados en los dos polos de un eje político-económico tan importante como poco estudiado: el eje Bilbao-Madrid.

Stanley Payne, el historiador que más testigos ha podido interrogar, cree estar seguro de que en la primavera de 1933 la gran finanza buscaba un jefe fascista; animada por la posibilidad de Indalecio Prieto, tan conocido en el Norte, parecía deseosa de investirle como tal, pero diversas dificultades —entre las que probablemente resultó decisiva la sincera fe socialista del candidato— hicieron que se considerase a un futuro ministro de Franco, Demetrio Carceller.

Sin embargo, la infraestructura del poder potencial era en España muy diferente que en Alemania o en Italia y los grupos oligárquicos se contentaron en principio con la creciente radicalización del gilroblismo, con la evolución de Calvo Sotelo y —sobre todo— con la secreta esperanza de que en el momento decisivo intervendría el Ejército sin intermediarios políticos. Tal vez por esta profunda —y realista— convicción de los medios oligárquicos el fascismo español no llegó nunca a cuajar hasta febrero de 1936, cuando ya era tarde.

«A mi modo de ver, es Maeztu el inventor del fascismo», escribe Salvador de Madariaga. No parece exacta tan tajante afirmación. Maeztu es, como bien dice el mismo autor, «el teorizador de lo que ahora se llama Gobierno autoritario», pero su influencia se vertió más bien en la «fascistización» de la derecha que en la formación de una conciencia auténticamente fascista. Maeztu era a fines de los años veinte un intelectual descartado por las versiones universitarias del 98, que son las auténticas creadoras de los caldos de cultivo para el fascismo español. Tengo la satisfacción personal de que Dionisio Ridruejo, intelectual con fino sentido histórico y fascista en su juventud, dedicó uno de sus últimos artículos a ratificar esta discrepancia mía con Madariaga a propósito de Maeztu y el fascismo.

«La semilla del fascismo español fue sembrada por un filósofo, José Ortega y Gasset», afirma Southworth, vendedor americano de bibliotecas y antifascista irracional; pese a ello esta aproximación sí que ofrece rasgos de validez. Un destacado falangista catalán, José María Fontana, escribirá mucho más tarde: «A mí me hizo falangista José Ortega y Gasset mucho antes del teatro de la Comedia». Sin embargo, no conviene extremar las influencias. Al final de los años veinte la universidad española se podía resumir en dos palabras: Ortega y Unamuno. Ortega y Unamuno —que tanto contribuyeron a derribar a la Dictadura— eran, cada uno en su estilo, radicalmente antifascistas: Ortega no dejó nunca de ser un liberal, y esa veta liberal terminó por apartarle de la tentación socialista. Unamuno era todo lo anarquista que puede ser un vasco enamorado de Castilla y conocedor frontal del helenismo; también superó un sarampión socialista cuando comprobó la vacuidad cultural de la Agrupación Socialista de Bilbao. Ortega y Unamuno conectaban a la juventud universitaria española con Europa y con el 98; pero su oposición a la dictadura frenaba cualquier posible veleidad fascista en su magisterio. En el fondo, los dos pensadores estaban bastante más próximos a la democracia que al fascismo, aunque sus discípulos, y a veces sus propios maestros, pareciesen a menudo no darse cuenta de esta realidad.

A la hora de teorizar sobre los fascismos españoles, conviene tener mucho cuidado con las etiquetas demasiado unívocas. Herbert R. Southworth exagera de tal forma la dimensión imperialista del fascismo español que consigue solamente una imagen distorsionada, una caricatura. Olvida Southworth algo tan perogrullesco como que la idea de Imperio no es una característica esencial del fascismo, sino del imperialismo. El «imperio» del fascismo español, como iremos demostrando en el análisis individual de sus principales pensadores y hombres de acción, era un telón de fondo equivalente al famoso «corporativismo» y desempeñaba en el plano exterior la misma función que el corporativismo ejercía en el plano interior. Por supuesto que también en este capítulo del imperio fascista se pueden encontrar textos para todos los gustos.

Es muy curioso que los mismos autores que niegan toda validez sistemática a las truculentas declaraciones revolucionarias del socialismo «caballerista» recojan una a una las declaraciones imperialistas de los prohombres del fascismo y atribuyan a cada una de ellas, independientemente de su contexto y su carga emocional, un decisivo valor probatorio. Las tesis han de brotar del conjunto de los hechos, y no se pueden forzar los hechos para acomodar en tesis preconcebidas. Por eso en ésta y otras ocasiones hemos denunciado el carácter escolástico-decadente de las tesis de Southworth sobre Falange.

Algo parecido cabe indicar sobre las tesis antifascistas aplicadas al tratamiento de la violencia fascista. El luminoso análisis de Nolte sobre la violencia fascista se aplica, en el caso español, mucho mejor a la violencia socialista que a la violencia de la Falange. El criterio del mismo autor para detectar los verdaderos fascismos —dejar que se reconozcan unos a otros— naufraga en el caso español, a no ser que se utilice aquí el sentido lato, soviético, del concepto fascista. Por todas estas razones conviene aplicar al estudio de los fascismos españoles un procedimiento analítico, no una construcción tan armónica como apriorística basada en el método deductivo.

Para cerrar estos preliminares, es preciso señalar que las circunstancias de 1933 y 1934 eran, en España, sumamente propicias para el desarrollo del fascismo. No faltaron agudos analistas de la izquierda española que percibieron inmediatamente esta posibilidad. Joaquín Maurín cree que estas circunstancias podían resumirse en la profundidad de la crisis económica, el callejón sin salida del capitalismo y el clima mundial favorable. Como medida de las ideas sobre el fascismo español por parte del sector más inteligente —y desoído— de nuestra izquierda hemos de recomendar también aquí el precioso librito de Consuelo Bergés Explicación de Octubre.

No es pequeño el acierto de Stanley Payne cuando quita importancia a las excesivas teorizaciones sobre el fascismo español: «Su contenido ideológico era, en definitiva, menos importante que su tono emocional».[16]

Tras estas consideraciones preliminares, abordemos el análisis concreto de los fascismos españoles en su nacimiento castellano y hasta la unificación de 1934.

El precursor de los fascistas españoles es, sin duda, Ernesto Giménez Caballero, el «Gecé» de la Gaceta Literaria, el hombre abierto a Europa hasta por las raíces castellanas de su cultura —profunda cultura— y de su honda emoción estética. No tiene nada de extraño que la vibrante, ondulatoria personalidad de «Gecé» haya sido enjuiciada de forma contradictoria y hasta sectaria. Me refiero a él de primera mano; le conocí a principios de los años sesenta, hablé con él innumerables veces, me encantaba su fastuosa memoria, su agudeza vivísima, la amplitud sin límites de su cultura.

En sus últimos años estaba de vuelta de todo pero no perdió jamás, hasta su muerte, la ilusión por la vida y por el pensamiento. La castellanía del protofascista español se matiza de algo muy específico: el madrileñismo. Hijo de Madrid (nació en 1899), de familia conocida, se crió entre el polvo de plomo de los chibaletes y, como tantos muchachos de Madrid, estudió en San Isidro; luego se licenció en Letras y consiguió una cátedra de Instituto. La imprenta de su padre —que dirigió— era una empresa moderna y don Ernesto, inconformista desde su primer balbuceo literario —una novela sobre sus experiencias africanas—, surgió a la vida de las letras entre la misma «crema de la intelectualidad» madrileña, que, por entonces, durante los años veinte, coqueteaba frenéticamente con todos los «ismos».

Figura vital y proteica, no se deja encasillar fácilmente en un juicio unidimensional. Payne, después de designarle sencillamente como «fascista» durante la Dictadura, cree que su fascismo es «estrafalario y estético». David Jato le llama «cónsul intelectual del fascismo italiano». García Venero, portavoz de Manuel Hedi11a, sucesor de José Antonio al frente de Falange, le acomete con ferocidad. Herbert Southworth recalca justamente su importancia y tal vez la exagera porque en algunos alardes imperiales de «Gecé» encuentra el sectario crítico americano aparentes pruebas para su teoría imperial del fascismo español. Si hubiera conocido de cerca a Giménez Caballero, hubiera comprobado que nada más ajeno que él al imperialismo.

En todas estas opiniones hay verdad y espejismo. Giménez Caballero era hombre sencillo, nada pagado de sí mismo, dotado de humor negro muy castellano, poseedor de honda sensibilidad estética, de inagotable inquietud ante las novedades culturales y políticas de Europa, y, como él mismo se define con gran acierto, resulta un nieto —un nieto legítimo— del 98. Su gran audacia —que entonces parecía genialidad— fue aplicar quirúrgicamente sus categorías histórico-estéticas en una dirección histórica que parecía irreversible y después se ha revelado —así se cree hoy— como una vía muerta. Apostó todo a la carta fascista y perdió. Quemó todas sus naves y tuvo después la nobleza de no regresar como polizón a bordo de otra escuadra, como hicieron otros ardorosos fascistas.

El prólogo que Giménez Caballero escribió para un libro de Curzio Malaparte constituye —según Southworth— «el primer documento del fascismo español». El prólogo aparece en el número de 15 de febrero de 1929 de la primera gran creación de «Gecé»: la revista La Gaceta Literaria. Esta interesantísima publicación de vanguardia informó estéticamente a toda una generación: la atención que, por ejemplo, prestaba «Gecé» al cine —fue el creador del primer cineclub español— tiene aún hoy confundidos a casi todos los críticos españoles, empeñados en trascendentalizar algo que para la inmensa mayoría de la gente no pasa de ser diversión. La franca alineación fascista de «Gecé» en ese número de La Gaceta provocó la escisión del cuerpo de colaboradores. Salieron de la revista, rumbo a la ortodoxia intelectual de entonces, Antonio Espina, Díaz Fernández, los liberales, los de la FUE y los socializantes. Quedaron fieles a «Gecé» los primeros reclutas del fascismo, Guillén Salaya, Arconada (luego comunista) y un silencioso intelectual joven llamado Ramiro Ledesma Ramos. La revista se convirtió desde ese mismo momento en el antecedente de «La Conquista del Estado» y de todos los demás focos fascistas españoles, como reconoce expresamente el propio Ledesma.

La incontenible simpatía de alguno de esos focos fascistas hacia el movimiento sindicalista español puede explicarse bien ante el número de 15 de agosto de 1931, en el que Giménez Caballero anunciaba:

«La única definición política que me permito dar de mí mismo es la de anarcosindicalista… Al anarcosindicalismo le falta solamente una dimensión de espacio y de tiempo que es la historia. Le falta únicamente un sentido de la tradición. Dicho en otras palabras, le falta ¡Hispanidad!».

Sin embargo, la categoría de «Gecé» como precursor y vanguardia del fascismo español se fundamenta, más todavía que en su Gaceta, en dos libros tan citados como poco leídos hoy: Genio de España (1.ª edición 1932) y La nueva catolicidad (1.ª edición 1933).

Genio de España —el más importante de los dos, y uno de los libros de mayor impacto e influjo de los años treinta españoles— consta de tres partes. En la primera —«Los nietos del 98»—, Giménez Caballero subtitula «Notas a Unamuno». El autor se declara formalmente nieto del 98. Recorre los «trece noventa y ochos», los trece pactos que jalonan la decadencia de España, desde la paz de Münster en 1648 hasta el Pacto de San Sebastián en 1930. La filosofía de la decadencia esbozada por Giménez Caballero no consigue evitar la impresión de forzamiento y de atracón histórico. Esto no obsta para que el lector admire ocasionalmente auténticas gemas intuitivas, como el análisis de la «tradición republicana» y algunos atisbos sobre «la generación abuela».

El subtítulo de la segunda parte, «Notas a Ortega», resulta bastante más aceptable que el título: «Los huevos de la urraca». La urraca es Ortega, que, como el pájaro de la metáfora, apunta a una parte distinta de la que fecunda. Se declara «Gecé» discípulo ferviente de Ortega. Pero ahora se atreve a anunciar el derrumbe de ese «libro tímido» (España invertebrada), al que se califica como «el último de los arbitrismos». Es, para «Gecé», un libro pesimista y fatídico en el que se puede detectar una zona oscura y contradictoria junto a otra perspicua y perspicaz. Duras críticas al racismo orteguiano y a otras graves inconsecuencias. Proclamación ferviente de antiparlamentarismo. Ortega —resume— se queda a la vista del objetivo sin atreverse a dar el último paso.

La tercera parte —«César y Dios»— equivale a unas «Notas a una juventud con genio de España». Ganivet, Costa, Unamuno, Baroja, Azorín, Maeztu, Valle, Pérez de Ayala, Madariaga, Marañón, Gómez de la Serna son ejemplos de una antinomia permanente e íntima, de una verdadera doble personalidad. Esta dicotomía intelectual ha degenerado en la división política de izquierdas y derechas.

El genio de un país —para Giménez Caballero el genio es un concepto esencialmente nacionalista— es como una acumulación tradicional, pero real, física, de las esencias históricas de una patria. Los nuevos grandes del mundo —los geniales creadores del fascismo europeo— triunfan porque al revés de los intelectuales españoles, no se encuentran divididos, bastardeados. Esos grandes creadores han encontrado el genio de sus pueblos: el autor analiza la trayectoria de Hitler, Mustafá Kemal, Lenin y Mussolini, el genio más genio de todos los genios.

La España del siglo XX, que ha permanecido arrinconada en la gran convocatoria bélica de la Gran Guerra, no tiene secreto. Francia, dulce y admirable enemiga, es la fautora de 14 de abril; el Estatuto de Cataluña es un plan francés para crearse, entre reminiscencias napoleónicas, un estado-tampón.

Oriente y Occidente son dos conceptos antagónicos que expresan una dualidad «genial y divina»: el genio de Asia, el genio de Cristo. El fascismo de Mussolini es el integrador de ambos. Para España el fascismo puede ser un hiperensayo que trate de poner al día una España moribunda a la misma vera de la nueva erupción vital europea. El genio de Oriente, que hoy reflorece en el comunismo asiático, se aplicó a España por medio del Islam; el genio de Occidente sigue vivo en nuestra tradición germánica. Ocho siglos de Reconquista fueron ocho siglos de agonía de Oriente y Occidente sobre nuestro suelo. Tras un breve recorrido teórico sobre la historia de España, concluye el autor que España no es Oriente ni Occidente, sino cristiandad, catolicidad. Análisis de las izquierdas españolas; recorrido —en ocasiones verdaderamente genial, sin ironías— por varias de nuestras instituciones: Rey, Iglesia, Ejército, aristocracia, burguesía.

Hay que elegir, por tanto, entre Oriente, Occidente y Cristo, o lo que es lo mismo, entre comunismo, democracia y fascismo.

Esta delirante conclusión puso en guardia a la Iglesia y a los católicos españoles, quienes motejaron de una vez para todas al fascismo como panteísta y anticatólico. Pero «Gecé», lejos de amilanarse, recoge el año siguiente un concepto impreciso de «Genio de España» y lo desarrolla, ante el estupor de los católicos, en su segundo libro importante, La nueva catolicidad.

El libro es una «teoría general sobre el fascismo en Europa, en España». El autor confiesa sobre sí mismo: «Soy un místico». Giménez Caballero, como legítimo admirador del Duce, cree en el internacionalismo fascista: ésta es una de sus principales diferencias con Ramiro Ledesma Ramos, para quien el fascismo era tan esencialmente nacionalista e introvertido que el concepto de internacional fascista era una contradicción in terminis.

El libro es, en esencia, un comentario al «Congreso Volta» de la Villa Farnesina en 1932, al que asistieron: Rohan, Carcopino, Charles Petrie, Rosenberg y un hombre de Cambó, Joan Estelrich. Giménez Caballero hace suyas muchas de las ideas del Congreso: una de las más interesantes y menos efímeras es la de considerar a Rusia y Norteamérica como los dos grandes peligros para Europa. En el Congreso estaban representados varios separatismos fascistoides, y Joan Estelrich, quien por entonces no se distinguía por un ardoroso españolismo, defendió la tesis de la nacionalidad basada en la lengua. Entre exaltaciones a la unidad europea ataca «Gecé» ferozmente a Ginebra, «la bastarda de Erasmo, la barragana de Lutero, la viuda de Rousseau».

Por supuesto que la nueva catolicidad es el fascismo. No hay que confundir catolicidad (sentido metafísico y universal) con catolicismo (sentido real, vital, concreto). La catolicidad fascista integrará al catolicismo en crisis; al catolicismo que cada vez tiene menos de catolicidad. Mussolini es el sucesor de San Pablo, San Agustín, Santo Tomás, Carlos V y San Ignacio de Loyola. Teoría del héroe: «Napoleón fue un falso Mussolini». Nueva exaltación del Duce. Todo el libro está saturado de excursiones por la Historia, no siempre ridículas. Giménez Caballero ve en el fascismo la nueva posibilidad de reunión de España, Alemania e Italia; la reedición, frente a Francia también, del Imperio de los Austrias.

El libro termina con un «Plan para la resurrección nacional de España» que puede simbolizarse en un haz | de flechas y una cruz. Otros puntos del programa: Unidad e Imperio. Estado fascista. La vida es milicia; pero hay dos clases de milicia: la civil y la espiritual.

Ante todos estos esquemas pueden expresarse numerosas opiniones; pero lo que no aparece por parte alguna es la idea imperialista-física como clave de la abigarrada construcción. Giménez Caballero es el hermano mayor de todas las cofradías fascistas; pero no dejará nunca su puesto de ideólogo para descender a la prosaica calle. Le veremos aparecer en el grupo de «La Conquista del Estado», en las JONS, en «El Fascio» y en Falange.

El año 1936 le sorprendería al margen de los fascismos concretos, enemistado con José Antonio Primo de Rivera, sumergido entre sus nubes y sus sueños. Pero sin él, precursor, abanderado y creador de crepúsculos, la trayectoria del fascismo español no puede comprenderse. Juzgar su obra a golpe de lógica cartesiana resulta tan fácil como injusto y estéril. Por incomprensible que nos parezca ahora a nosotros, tan demócratas, las ideas de «Gecé» fueron por los años treinta, como se decía también entonces, verdaderas «ideas fuerza». Durante una temporada creyó ver al hombre providencial en la figura de Manuel Azaña; así lo publicó, pero Azaña le despreció según su costumbre.

Durante la Guerra Civil apareció en Salamanca, se incorporó a los servicios de propaganda de Franco y colaboró activamente con Serrano Suñer en las tareas de la unificación de partidos. Luego fue nombrado embajador en Paraguay, donde alcanzó un éxito personal duradero y resonante. Escribió, al final de su vida, un sugestivo libro de recuerdos, Memorias de un dictador. Su figura evoca por igual la ilusión, la confusión y la búsqueda de nuevos caminos en una España cada vez más privada de horizontes. Esto es lo que le interesa al historiador.

El misterio de Ramiro Ledesma Ramos

A la sombra de Ernesto Giménez Caballero, y un poco como su hermano menor espiritual, se formó el fascista español por excelencia: Ramiro Ledesma Ramos. Durante muchos años la figura de Ramiro Ledesma se ha velado cuidadosamente ante la atención de los españoles, porque su ruptura con José Antonio Primo de Rivera le dejó al margen de la mitología oficial de la FET. Hasta 1968 no se pudo reeditar en España la importantísima obra escrita de Ledesma, sus dos grandes tratados políticos, que solamente se conocían por referencias y en cenáculos.

La memoria de Ledesma, sin embargo, se ha conservado con amor y esmero por un grupo de amigos, y nunca faltan flores —muchas veces flores jóvenes— en su tumba de Aravaca. Es muy posible que, a pesar del universal fracaso fascista, la obra de Ledesma pase definitivamente al clasicismo político español. Tal vez nuestro análisis consiga poner de manifiesto la causa de esa presunción.

«El mayor genio del movimiento», como le llama Southworth, era, todavía más que castellano, leonés de pura cepa, nacido en una aldea zamorana en 1905. Uno de sus más fieles seguidores, el profesor Santiago Montero Díaz, ha resumido su vida en tres etapas. La primera fue de sueños novelísticos, pero bajo el creciente influjo de Nietzsche y Unamuno. La segunda etapa es universitaria: se licencia en Filosofía y cursa la carrera de Ciencias Exactas. Admira a Ortega; Nietzsche le conduce a Heidegger. Sumergido en la cultura germánica, colabora en Gaceta Literaria y en la Revista de Occidente; se había ganado la estimación de Ortega.

Sus ensayos y sus traducciones revelan una poderosa inteligencia, un implacable rigor científico, derivado de su formación matemática, una búsqueda controladamente desesperada de una Weltanschauung y una síntesis definitiva. La licenciatura en Filosofía es de 1930; tal vez la imposibilidad de hundir sus raíces castellanas en las movedizas ideologías del Herrenvolk impulsan a Ledesma hacia una acción política fundada, sí, en toda su experiencia intelectual, pero concebida inconscientemente como evasión intuicionista. Arrebatado por la magia de Giménez Caballero, no solamente le secunda en los duros momentos de la crisis de Gaceta Literaria, sino que en agosto de 1929 publica lo que Southworth llama «la primera declaración oficial de fe fascista de Ledesma». El fascismo del universitario zamorano es una transformación intelectual de su nacionalismo filosófico. En 1929 proclama: «Somos el único gran pueblo que no ha esgrimido aún el cetro filosófico»; si bien resulta extraño que Ledesma, tan impregnado de la cultura alemana, ignorase la enorme y decisiva influencia que para la universidad y el pensamiento germánico de los siglos XIX y XX se derivaba de un centro metafísico español: el de Francisco Suárez. Tal vez esta inadvertencia se debiera a que la cultura germánica llegó hasta la profunda mente de Ledesma de forma importada, sin contacto personal y envuelta en la irresistible sugestión de José Ortega y Gasset, a quien ponía enfermo —nunca sabré por qué— la misma sombra del Doctor Eximio.

Hay una característica en la personalidad humana de Ramiro Ledesma que no hemos visto comentada nunca, hasta el punto de que el silencio parece premeditado: esa característica es el misterio. ¿Quién es este joven introvertido y soñador que tiene que refugiarse en la acción? ¿Trata de huir en la acción solamente de sus ideas o tal vez de algún drama íntimo? Su lenguaje de hierro y cristal deja entrever una sensibilidad extraordinaria. Nadie nos ha revelado el paso de una mujer por su vida. A través de un libro tan misterioso, tan esquivo y tan sugerente como el que le dedicó su amigo Emiliano Aguado se entrevé que la vida de Ramiro Ledesma —su vida y su muerte— fueron, más que un gran misterio, un gran secreto. Para asomarnos a ese secreto, enrojecido de tragedia, no nos queda más ventana que sus escritos.

En el invierno de 1930-1931 Ramiro Ledesma consigue ensamblar los cimientos de su teoría política: descubre la dimensión sindicalista de su idea básica, la revolución nacional. En 1931 convence a una docena escasa de universitarios jóvenes y, con Ernesto Giménez Caballero a los flancos, lanza el semanario La Conquista del Estado, cuyo primer número, el de 14 de marzo de 1931 —un mes exactamente antes del 14 de abril—, incluye un vibrante manifiesto político; sale a la calle con quinientas pesetas proporcionadas por los fondos secretos de Gobernación, ministerio regido entonces por el marqués de Hoyos y Mariano Marfil.

El manifiesto había empezado a circular poco antes, aunque casi nadie se enteró. Empezaba con la proclamación de que España se encuentra «en las mismas lindes de la descomposición histórica». El Estado monárquico agonizante no cohíbe a Ledesma para afirmar: «Defenderemos, por tanto, un panestatismo». El tema eclesiástico refulge por su total ausencia. El manifiesto es esencialmente universitario: de «exaltación universitaria». Pero de una universidad nueva, investigadora y antiburocrática». Los firmantes del manifiesto viven en Madrid, pero como todavía no han conquistado individualmente Madrid, dejan escapar un resentimiento provinciano ante la capital, con el que debió transigir «Gecé», el madrileño: «La primera realidad española no es Madrid, sino las provincias».

Se fija la postura del nuevo movimiento, antiliberal y antimarxista. La reforma agraria se concreta en la expropiación y en la explotación cooperativa. Nuestra cultura ha de propagarse mediante una «difusión imperial». Nada de autonomismos: «Extirpación de los focos regionales que den a sus aspiraciones un sentido de autonomía política». En cambio, se fija como ideal el fomento de «la comarca» y la autonomía municipal. En una frase aislada y sin intención expresa se habla de «nuestras falanges». Aparte de Ledesma, los dos únicos firmantes de este manifiesto que han pasado a la historia de España son Ernesto Giménez Caballero y Juan Aparicio López.

La Conquista del Estado era, como se ha dicho, un periódico «nacionalista y revolucionario, social y subversivo». Era un periódico fascista, aunque evitó cuidadosamente el término. El presidente Maciá lo prohibió en Cataluña. Para Emiliano Aguado, su valor máximo consiste en «haber servido de entrenamiento a Ramiro».

Ramiro Ledesma Ramos trabajaba para vivir. Oficial de Correos por oposición, estaba a cubierto de las necesidades más perentorias, pero podía comer la última semana del mes solamente porque era soltero. No pertenecía a un Cuerpo privilegiado y la modestia de su función no era incompatible, por tanto, con la «identificación emocional con el movimiento proletario», como certeramente nota Payne. El «movimiento proletario» era precisamente el anarcosindicalista, no el socialista ni menos el comunista de cuyos miembros escribiría en 1935: «El militante rojo es el mismo en todas partes». En este flirteo con el anarcosindicalismo, Ledesma coincidía con Giménez Caballero.

De acuerdo con estas tendencias, el 13 de junio de 1931 aparece un número de La Conquista del Estado expresamente dedicado al Congreso de la CNT que se celebraba del 10 al 14 en el antiguo teatro de la Princesa, llamado ahora Conservatorio. El grupo de Ledesrna asiste ese día al Congreso en el que tratan de enlazar definitivamente con la CNT. Cuando en la primera semana de julio estalla la primera huelga importante del período republicano, la de la Telefónica, La Conquista del Estado colabora con cinco mil pesetas —cuya procedencia se ignora— y entonces el Gobierno, que según Ledesma «favorecía de modo lacayuno los intereses yanquis», decide acabar con el oscuro periódico fascista, que no vuelve a salir hasta el 3 de octubre.

Es probable que esas difíciles cinco mil pesetas de junio proviniesen de los atentos banqueros bilbaínos, que tanteaban ya las posibilidades de financiar un movimiento fascista en España y a quienes seducía, sin duda, la táctica de sobornar al anarcosindicalismo a través de intermediarios, y no directa y crudamente al modo de los oligarcas meridionales. De todas formas, el fracaso de Ledesma, arrastrado por el fracaso de la CNT en su primera huelga, cerró por el momento las subvenciones y La Conquista del Estado, que no había tenido tiempo para enterarse de la crisis interna de la CNT entre moderados, «los Treinta» y radicales de la FAI, desapareció definitivamente tras el 25 de octubre de 1931.

La dispersión de su grupo fundacional es muy sintomática. Juan Apiricio, que había llegado hasta Ledesma a través de la Escuela de Periodismo de El Debate, «se debatía en la sima comunista pugnando por entrar en ella, pero no pasando nunca de la puerta», como dice su mentor. Ricardo de Jaspe, diplomático, se pasó al azañismo. Bermúdez Cañete, economista católico, abandonó el grupo ante los ataques de Ángel Herrera. Francisco Mateos se escapó a La Tierra. Alejandro Raimúndez ingresó en el lerrouxismo. Iglesias Parga pasó al comunismo y acabó en una casa de salud. Emiliano Aguado, luego «editorialista en un periódico reaccionario», conservó una fidelidad radical al fundador de La Conquista del Estado, lo mismo que Aparicio y Souto.

La trayectoria del efímero periódico pasó desapercibida en el agitado momento político español, pero no careció de fuerza seminal, como puede comprobarse por la atención que le prestó Miguel de Unamuno, en fulgurante carta publicada en la reciente edición de las obras de Ledesma. Según Payne, los escritos de Ramiro «provocaron una reacción en cadena muy lenta en algunos universitarios», y de esa lenta reacción surgirían, con carácter pujante y masivo, los movimientos fascistas españoles de 1933.

La dimensión castellana de la ideología y la tensión política de Ramiro Ledesma nacía del íntimo reconocimiento ante «la España mejor, la España de los campos», los campos donde había nacido el fundador. Por eso La Conquista del Estado continuó en sus diversos números la postura antiautonomista del manifiesto inicial.

En el número 14 del periódico, Ledesma responde a la prohibición catalana contra su periódico pidiendo «fusilar a Maciá por traidor». Esto no es obstáculo para que bastante más tarde, con motivo de la célebre discusión acerca de la ley de contratos de cultivo, Ramiro Ledesma otorgue la razón a la Generalidad de izquierdas.

Para comprender la personalidad política de Ledesma es importante fijar su posición ante la Iglesia católica. Emiliano Aguado, que bien puede saberlo, nos dice que «ni era católico ni decía que lo era». Más aún, en sus conversaciones y en sus escritos aparece como francamente anticlerical. Se ha dicho que el respeto a la religión católica que se subraya en el manifiesto de las JONS es «una concesión que Ledesma hizo a Onésimo Redondo». Esto no parece ni exacto ni acorde con la sinceridad rabiosa de Ledesma. La postura de Ledesma obedecía a una convicción más inteligente y más profunda: toda una estrategia política.

En efecto, Ledesma fija de esta forma su posición en torno al problema eclesiástico-religioso: en primer lugar, no se puede atentar políticamente contra la religión de todos los españoles. Sin embargo, es factible y deseable edificar una doctrina nacional sin apelar el signo católico. Y, por fin, «el yugo y las saetas, como emblema de lucha, sustituye con ventaja a la cruz para presidir las jornadas de la revolución nacional».

El segundo de los postulados anteriores queda perfectamente fundamentado en la mente de Ledesma con estos otros textos:

«El factor religioso y católico en la España actual puede muy bien no ya ser ineficaz para una posible vigorización española, sino hasta convertirse en un instrumento de debilidad y de resquebrajamiento, esto es lo cierto y lo demás vana palabrería tradicionalista».

Y a continuación, la causa de la anterior tesis:

«Hoy el catolicismo no influye sino en una parte del país y comprende, además, en su seno una gran porción de gentes desprovistas de espíritu nacional brioso».

Por tanto, la posición fascista primordial ante la religión y la Iglesia no es una concesión, sino que brota de una estrategia. Anticlerical, desconfiado ante el potencial revolucionario de los católicos, Ledesma trata, sin embargo, de integrar las valencias positivas y nacionales del catolicismo español en su revolución nacional. En este aspecto emerge de su cimentación política una evidente influencia —más o menos consciente— del maurrasianismo, de la Action Frangaise, del prefascismo; tradicionalista francés. Esto puede explicar en parte una | de las mayores contradicciones de la vida de Ledesma: su acercamiento a los «fascistizados» monárquicos —sometidos directa y expresamente a aquella influencia— después de su escisión con Falange, y su resistencia a integrarse en el centro lógico de su trayectoria escisionista: el movimiento proletario de la CNT. Claro que para 1935 es casi seguro que un observador político tan penetrante como Ledesma había advertido ya la conquista de la CNT por la FAI, cuyos pródromos se le escaparon en 1931.

«Ledesma Ramos era un fascista cien por cien», dice H. R. Southworth, visiblemente impresionado por las cortantes aristas de su pensamiento y su personalidad. Sin entrar ni salir en porcentajes, hay que destacar, cuando se estudia el fascismo de Ledesma, su convicción absoluta del fracaso democrático. «El fracaso del sistema demoburgués ofrece hoy, efectivamente, características universales». A la constatación del fracaso sigue la irrevocable condena:

«Asistimos al hundimiento de las justificaciones morales, políticas y económicas que han sido el soporte del Estado liberal parlamentario, de la democracia burguesa. Cada día son los pueblos más incompatibles con todo cuanto ese régimen significa, y tal incompatibilidad llega a la exasperación y a la violencia cuando se trata de las juventudes mundiales, que son los sectores más implacablemente cercenados por la hipocresía y la flacidez de tal sistema»[17].

La fracasada democracia tiene que sustituirse por el fascismo, cuyos caracteres esenciales son, para Ledesma, seis: el patriotismo trascendente, «idea nacional profunda»; el partido único triunfante sobre el Estado liberal-parlamentario; el movimiento de clases medias que superan a las «capas feudalistas» y se enfrentan a la revolución intemacionalista del proletariado; la superación del marxismo a fuerza de sentido social nacional; la necesidad de la transformación revolucionaria concebida como un gran movimiento de protesta y, por último, «el nuevo sentido de la autoridad, de la disciplina y de la violencia». Los teóricos del fascismo imperial tienen que forzar la primera de estas características para salvar las apariencias de su tesis, hundida por completo en la dura realidad de éste y otros textos esenciales.

El hombre que ha atribuido «características universales» a la crisis democrática se las niega al fascismo: «Nos inclinamos a negar al fascismo propiamente dicho características universales». Ésta es una frase difícil, que si se interpreta literalmente no puede evitar la contradicción. Ledesma, en efecto, considera clarividentemente al nazismo como una variedad de fascismo:

«El triunfo del nacionalsindicalismo hitlerista en Alemania entra de lleno en la fenomenología mundial del fascismo». Con su negación de universalidad al fascismo, lo que en realidad, quiere subrayar Ledesma es su carencia de objetivos políticos e ideológicos supranacionalistas, no la negación de sucesivas reencarnaciones nacionales independientes. «No hay ni puede haber una Internacional Fascista», escribía, leal a su razonamiento, cuando Mussolini estaba intentando crear esa Internacional y cuando la Internacional Comunista —como el propio Ledesma nota agudamente— se convertía rápidamente en el instrumento de un imperialismo nacionalista puramente decimonónico.

Ledesma no comparte los arrebatos de Giménez Caballero sobre la doble milicia de la nueva catolicidad. Su concepción acerca de la milicia real, es decir, sobre las Fuerzas Armadas Españolas de su época es infinitamente más realista:

«Su incapacidad (del derechismo) para la violencia puede, quizá, suplirla, como ya ha ocurrido, con el apoyo de la espada militar, con la apelación al Ejército, cuya doctrina nacional predominante es todavía concorde con la doctrina nacional de las derechas».

En cambio, en el «Discurso a las juventudes» desarrolla un concepto que un año después le robarían los comunistas españoles, el concepto de Ejército Popular: «Pero en la España de nuestros días, a la luz de las juventudes y de las ansias históricas de liberación nacional, una milicia robusta, un magno Ejército, es y constituye una primordial necesidad. Ahora bien, ese Ejército y esa milicia no pueden ser concebidos sino como producto popular y como proyección armada del espíritu popular nacionalizado. No como un Ejército de pura técnica, al margen del ritmo y de las angustias diarias de la patria, testigo vegetal y mudo».

Carente de raíces y de subconscientes liberales, al revés que su maestro Ortega y Gasset, Ledesma Ramos se muestra antibritánico y antifrancés, mas no por ello convierte su vinculación intelectual germánica en germanofilia política y mucho menos en mimetismo hitleriano. Con sus escritos no puede montarse una síntesis coherente acerca de política internacional. Cierto que pueden aducirse textos para demostrar la tesis del «imperialismo físico»; pero se trata de textos marginales, alejados de las síntesis programáticas, y encuadrados en un contexto en el que el «soñador de acción», como le llama Aguado, se dedica a soñar. La prueba de la inconsistencia programática de semejantes sueños es su contraste con la visión infinitamente más prosaica de una especie de imperialismo comercial que se trasluce en más de un pasaje del «Discurso a las juventudes».

Cualquier habitante del mundo hispánico actual firmaría esta declaración «imperialista» de Ledesma:

«Los pueblos hispánicos de aquí y de allí se debaten entre dificultades de tipo mediocre y es deber nuestro facilitar e incrementar su desarrollo».

Y su tesis sobre la unión de España y Portugal podría pasar por auténtica dentro de las páginas federalistas de don Salvador de Madariaga:

«Hay, pues, que someter a un orden la península toda, sin la excepción de un solo centímetro cuadrado de terreno. Hay que dialogar para ello con los camaradas portugueses, ayudándoles a desasirse de sus compromisos extraibéricos, e instaurar la eficacia de la nueva voz».

El concepto fundamental del pensamiento ledesmiano no es el imperialismo grosero, sino la revolución nacional. La falta de patriotismo, evidente en nuestro país, se debe a que España todavía no ha realizado su revolución nacional. Esta revolución se contrapone a la revolución roja —que en su versión comunista es la extensión internacional de la revolución nacional rusa— y se concibe expresamente como lucha de liberación:

«En nombre de esa moral y de lo que nos obliga, desarrollamos una acción revolucionaria, una lucha de liberación; liberación del español partidista, aniquilando los partidos. Liberación de los catalanes y vascos, luchando contra lo que les impide ser y sentirse españoles plenos. Liberación de los trabajadores, atrayéndolos a la causa nacional y aniquilando la injusticia».

Esta revolución nacional ha de implantarse de forma violenta: las verdades que debe descubrir la revolución nacional deben ser abrazadas por todo el pueblo «sin posibilidad de crítica ni disidencia»; la «unidad moral» ha de imponerse al pueblo aun de forma sangrienta. He aquí uno de los fragmentos más inequívocamente totalitarios y fascistas, y más rechazables por una sensibilidad democrática hoy recuperada, aunque en el momento de escribirse estas declaraciones se encontraba en pleno eclipse:

«En nombre de la patria y en nombre de la liberación social de todo el pueblo, no nos temblaría el pulso para cualquier determinación, por grave y sangrienta que fuese».

Las fuentes para conocer el pensamiento de Ramiro Ledesma Ramos son la colección de La Conquista del Estado y las dos obras que escribió después de su separación de Falange: ¿Fascismo en España?, publicado a fines de 1935, del que proceden la mayoría de las citas anteriores, y una obra más armónica y elaborada: el Discurso a las juventudes de España, de mayo 1935. Bastan las citas ya acumuladas para demostrar la calidad de Ledesma como observador y analista político.

En el Discurso a las juventudes se remonta, según la moda de la época y de otras épocas en este país en que casi nadie sabe historia, pero todo el mundo habla de historia, hasta Carlos V y regresa a la realidad a través del siglo XIX y de la Restauración. Se muestra como absoluto antiautonomista. Apunta un sistema embrionario de política económica que resulta excepcional si se le compara con otros doctrinarios de su tiempo, incluidos los demás pensadores fascistas: defiende una nacionalización de la nueva industria —pero manteniendo el estatus privado de la existente— y el mantenimiento de relaciones comerciales serias —no simplemente líricas— con la América española.

Predice el porvenir económico de África y sueña con duplicar la población española como factor económico clave: la «España de cuarenta millones de habitantes». Evidencia una vez más su hostilidad hacia las democracias y sus cautelas hacia la nueva Alemania. Se ratifica en sus conocidas opiniones acerca del tema eclesiástico; habla profundamente de las juventudes y extiende sus sueños a una Europa nueva. Del Discurso es precisamente una de sus más geniales intuiciones: la consideración del bolchevismo como revolución nacional y nacionalista de la URSS, no como realidad universal supranacional. (Southworth, naturalmente, omite toda referencia a este dato, así como a otros muchos que no le convienen). Al comentar la situación italiana, advierte profundamente los peligros que acechan al fascismo de parte del gran capital. Admira, con reservas, el «racismo socialista» de Hitler, pero habla del jefe alemán con acentos ajenos, que deberían alarmar a quienes con resbaladiza superficialidad etiquetan a Ledesma como «nazi». El Discurso termina en el punto de partida lógico de sus razonamientos: en un ataque durísimo contra la fracasada democracia liberal.

Éste es el pensamiento de Ramiro Ledesma, el gran fascista español que creía en las posibilidades de un fascismo puro e íntimo, como expresión moderna para la ineludible revolución nacional de una España inencontrada. Ante la sumaria exposición de ese pensamiento, que en su mayor parte quedó virgen de realizaciones, sólo nos queda constatar la capacidad de Ledesma como creador de símbolos y los vaivenes personales de un hombre que soñaba demasiado y que en su trágica evasión de la intimidad filosófica encontró la incomprensión y la muerte. En adelante su nombre será casi solamente anécdota y referencia. La hondura de su pensamiento y de su misterio deja ya ahora de acompañarnos.

Onésimo Redondo
«caudillo de Castilla»

Del corazón mismo de la misma Castilla surgía casi a la vez que Ramiro Ledesma, y al principio de forma independiente, otro de los grandes nombres del fascismo español, Onésimo Redondo, a quien sus seguidores, nada modestos, han pretendido inmortalizar precisamente como «caudillo de Castilla». Onésimo Redondo Ortega nació (1905) y se crió en Quintanilia, pueblo de la provincia de Valladolid.

Estudia en Valladolid el bachillerato en el colegio de Lourdes, de los jesuitas, y cursa la licenciatura de Derecho en la Universidad de Salamanca, donde se licencia en 1928. De Castilla pasa sin solución de continuidad a Heidelberg y Mannheim, donde ejerce un año como lector de español, y regresa a fines de 1929 con un cordial atracón de esperanzas nazis. Entonces, y siempre en la órbita de sus maestros de enseñanza media, reorganiza en Valladolid un antes mortecino «Sindicato de cultivadores de remolacha de Castilla la Vieja». Uno de sus amigos comenta pudorosamente que en ese momento «Onésimo todavía no es un sindicalista». Ni en ese momento ni en otro alguno. Algún que otro historiador se ha dejado ofuscar por la palabra «Sindicato» y considera la obra de Redondo poco menos que como un paralelo católico y leal de la CNT. Nada más lejos de la realidad.

Onésimo Redondo era un típico sindicalista católico; su «sindicato» era una agrupación cooperativista para la protección económica de los pequeños propietarios y para el control paternalista de los escasos obreros que se atrevían a manifestarse como «amarillos» en una ciudad en la que los sindicatos revolucionarios controlaban la gran mayoría de un proletariado poco numeroso: aquel hermoso Valladolid de cincuenta mil habitantes escasos, que se titulaba orgulloso «la segunda ciudad de Castilla después de Madrid», era una ciudad monumental y campesina, que nada tenía que ver con el gigante industrial de hoy. Redondo, fervoroso miembro de la Asociación de Propagandistas, era católico practicante y consciente; hasta su misma muerte se consideró como discípulo de los jesuitas y mantuvo abierto el enlace con Angel Herrera y sus obras político-sociales.

El 13 de junio de 1931 funda el semanario Libertad, que a fines de año se convierte en órgano de las Juntas Castellanas de Actuación Hispánica fundadas por Redondo, a quien Castilla le brotaba por todos los poros, como demuestran las citas de sus discursos.

Redondo poseía una inteligencia despierta, per° mucho más superficial que la de Ledesma; su formación media y universitaria resultó incomparablemente menos profunda; su contacto con la nueva Alemania no tuvo un poso crítico, como evidencian estas entusiastas afirmaciones:

«Por de pronto, la revolución germana ha encontrado un jefe. Siempre la Svástica, la cruz-hacha, símbolo de prehistoria, abrió los caminos de la cruz latina. Y donde se consagró la Svástica, como símbolo de pureza patriarcal, llenó luego la historia la cruz de Cristo, penetrando en las entrañas de la familia y de la tierra, abriendo allí surcos de siglos (Vasconia, raíz de España; Baviera, nudo católico de Austria y Prusia…)».

«Demos la mano, con soberbio aliento de castellanos de fe y hambrientos de conquistas, a la otra mitad secular, erguida en número de millones, para la gran cruzada».[18]

Para Onésimo Redondo Ortega, la violencia constituía un recurso no solamente necesario, sino conveniente y casi grato:

«La juventud, además, necesita el tónico de la lucha física, sin la que toda energía creadora perece. La violencia nacional y juvenil es necesaria, es justa, es conveniente».[19]

Ante esta actitud no debe extrañar que ya en 1932 se declare en situación subversiva y propugne, más que profetice, la Guerra Civil:

«Repetimos una vez más que el porvenir de España es inevitablemente un porvenir de guerra. Se aproxima una situación de violencia absoluta, porque los fermentos de lucha social y los objetivos de revolución política cruenta ganan rápidamente terreno y conquistan día tras día la adhesión de una mayoría definitiva del proletariado español. La guerra se avecina, pues; la situación de violencia es inevitable. No sirve que nos neguemos a aceptarla, porque nos la impondrán. Es necio rehuir la guerra cuando con toda seguridad nos la han de hacer. Lo importante es prepararla, para vencer. Y para vencer será preciso incluso tomar la iniciativa en la calle».[20]

En su escasa obra escrita resulta imposible trazar un sistema coherente de pensamiento y de acción. Hombre «de cuna aldeana», dicen sus amigos que «se lanzó a la política por imperativos religiosos» y que su lenguaje era «el lenguaje de un labrador que hablaba a los suyos». Los ecos de uno de sus maestros, el jesuita Coloma, que en leída novela llamaba a Madrid «la gran charca», resuenan en el manifiesto antimadrileñista que Onésimo llevaba en el bolsillo el día en que murió, camino de Madrid, en el cual los vengadores de Castilla «lanzan sobre Madrid el aviso histórico de que su perversión y sus errores van a terminar».

Onésimo Redondo no puede considerarse como específica y definidamente fascista, aunque pertenecía al tipo de líderes regionales que podían resultar útiles al fascismo. En el fondo era un patriota que sustituía la teoría política por la violencia. Es auténtico, eso sí, su patriotismo, su obsesión por «el pueblo» castellano al que pertenecía. Si se permite la paradoja, Onésimo es quizá el único autonomista castellano en potencia que ha alcanzado cierta notoriedad en la Historia de España por la derecha. De sus maestros tomó no solamente el reaccionarismo, sino su fobia antijudía, excepcional en el fascismo español. La única política que le interesaba era la política agraria, o mejor, agrícola[21].

Sin embargo, resulta injusto juzgarle por sus escritos, porque, al revés que Ledesrna, Redondo no fue nunca un intelectual. Hombre de acción, orador directo y certero, buen organizador y provisto de abundantes dotes de mando, es tal vez uno de los políticos totalitarios anteriores a 1936 que puede considerarse con mayor justeza como políticamente malogrado. En España abunda en demasía la tendencia a juzgar a los hombres políticos por sus escritos; tal vez porque los historiadores son demasiado honrados para sospechar cómo se escriben muchas veces los escritos de los políticos.

La creación de las JONS

Las dos organizaciones embrionarias del fascismo español —el grupo Ledesma y el grupo Redondo— entran en contacto, por medio de sus jefes, en el mes de septiembre de 1931. Es muy posible que el contacto no fuese fortuito, tal vez lo facilitó el prestigio de Giménez Caballero y los buenos oficios de los agentes políticos de la banca bilbaíno-madrileña, atentos al cultivo de brotes fascistas prometedores. De cualquier forma, en el penúltimo número de La Conquista del Estado, 10 de octubre de 1931, se anuncia la creación de las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista, larguísima etiqueta política que combinaba elementos gratos a los dos líderes castellanos. Inicialmente, las JONS se rigen por un duunvirato que poco después se transforma en un triunvirato ejecutivo central. Los focos locales se rigen también por una directiva triple. El 30 de noviembre se presentan en la Dirección General de Seguridad los estatutos de las JONS, más moderados que el manifiesto de La Conquista del Estado. La fusión de las dos ramas jonsistas, la de Madrid y la de Valladolid, no fue nunca completa. Nada menos que el 20 de noviembre de 1933 se publica en Valladolid un manifiesto de las Juntas Castellanas de Actuación Hispánica.[22] Esto parece confirmar que la unión fue inducida desde fuera y que los dos elementos de la nueva agrupación fascista conservaron su independencia debida, además, a la penuria económica que no permitía ni siquiera un contacto telefónico frecuente.

Ramiro Ledesma eclipsa bien pronto a Onésimo dentro del breve plano común de las JONS. A Ledesma, infatigable creador de símbolos, se deben casi todos los que de las JONS pasaron más tarde a la Falange y a la mitología derivada de la FET: la bandera rojinegra con los colores anarquistas, pero con el añadido de un nuevo rectángulo rojo que recordaba el carácter nacional de la enseña y, mediante su verticalidad, el propósito revolucionario del grupo; el yugo y las flechas de los Reyes Católicos, creadores de la primera nacionalidad española; el grito de «Arriba», la invocación a España una, grande y libre; la lucha por la patria, el pan y la justicia. El mismo nombre de las JONS se debe, quizá, a ese maestro de las síntesis brillantes y certeras que fue Ledesma, quien sugiere unas JONS fundadas por él a las que inmediatamente se incorporaron los hombres de Valladolid. Esto no parece exacto; el castellano nombre de «Juntas» es todo él de Onésimo Redondo y todo hace indicar que el grupo nació bífido y fusionado, no producto de una absorción.

Con toda objetividad reconoce Ramiro Ledesma que «durante todo el año 1932 la actividad de las JONS fue casi nula». Podía haberse ahorrado el «casi». Los militantes jonsistas no llegaban a 25 en Madrid, a pesar de lo cual Ledesma se presentó el 2 de abril en el Ateneo dispuesto a disertar sobre «Fascismo frente a marxismo». Lucía el presunto orador camisa negra y corbata roja, pero su auditorio, poco aficionado a las síntesis simbólicas que tanto agradaban al ponente, no le permitió hablar y aquello terminó, como era de prever, entre rotura de cristales y lesiones varias. El 10 de agosto de 1932 Ramiro Ledesma, que no participó para nada en la intentona de Sanjurjo, fue brevemente detenido. Redondo, que algo tramó en Valladolid, tuvo que exiliarse en Portugal, donde permanecería hasta muy entrado 1933. Ésta fue una de las causas de que el marasmo de las JONS se prolongase durante todo el año.

Meditaba Ledesma en la cárcel Modelo sobre sus desmanteladas esperanzas cuando recibió la visita de tres estudiantes —uno de ellos Juan Aparicio López— que consiguieron reanimarle. Poco a poco resurge el movimiento. El pintor Pancho Cossío inspira la fundación de las JONS en Santander, que nacen bajo los auspicios de la Agrupación Regional Independiente, entidad electoral monárquica y reaccionaria dirigida por Pedro Sáinz Rodríguez, auténtica anticipación local del Bloque Nacional de 1934. Por fin llega 1933 y con la subida de Hitler al poder cobran nuevos arrestos los fascistas españoles. El nacionalsindicalismo soñado por Ledesma a fines de 1930 germina al fin en el primer sindicato jonsista: el universitario, conocido como SEU, cuya fuerza numérica mayor se componía de estudiantes muy jóvenes a los que se agregaban bastantes de bachillerato. El 5 de abril Ledesma conferencia con Redondo en Lisboa. En el mes de mayo surge la revista del movimiento, que lleva su mismo nombre: JONS. De porte teórico y periodicidad mensual, JONS tiraría once números durante año y medio.

Sus colaboradores más notables, aparte de los dos fundadores, fueron Giménez Caballero, Juan Aparicio (frecuentes invocaciones al Imperio y los Césares), José María de Areilza, el joven letrado y financiero bilbaíno que perteneció formalmente a las JONS, pero pronto volvió al redil monárquico, en el que actuó como enlace para asuntos económicos con el fascismo; Francisco Bravo, J. M. Cordero Torres, aficionado y pronto experto en asuntos internacionales; Santiago Montero Díaz, profesor excomunista; Emiliano Aguado, Guillén Salaya, Javier Martínez de Bedoya y García Blázquez. José Ignacio Ramos, exportador temprano del jonsismo a la Argentina, se trajo de Buenos Aires 1.500 pesetas en suscripciones protectoras para la revista.

Con nostalgia y entusiasmo recuerda Ramiro Ledesma que 1933 «es el verdadero año de las JONS». En la primavera se crea formalmente el sindicato estudiantil cuyos afiliados se cuentan pronto por centenas. Se crea también un sindicato de taxistas en Madrid. La revista es bastante leída y llama en ella la atención la crítica sucesiva de cada uno de los partidos políticos españoles. A fines de junio las JONS organizan unas embrionarias milicias para la acción directa y bajo la directa inspiración nazi: llegan a formarse veinte grupos de cinco militantes encuadrados por una tercera parte de exlegionarios. No se olvide que Redondo había defendido ya en enero de 1932 la creación de las milicias nacionales, con mucho mayor realismo que el de un proyecto utópico de Giménez Caballero.

Onésimo Redondo regresó del exilio en abril de 1933 y se lanzó de nuevo a un intenso trabajo político dentro de las JONS. En 1933 Ledesma viaja a Bilbao y consigue por medio de José María de Areilza y José Félix de Lequerica una cantidad que entonces pareció fabulosa a las JONS: diez mil pesetas. Un nutrido grupo de la CNT ingresaba en las JONS de Madrid. Se van creando núcleos jonsistas en Barcelona, Bilbao, Zaragoza, Galicia y Valencia. Pero durante la campaña electoral de 1933 aparece ante las JONS en pleno auge un competidor temible: José Antonio Primo de Rivera, que produce un poderoso impacto en la opinión con su discurso del 29 de octubre de 1933 en el teatro de la Comedia, día que se toma como fecha fundacional de Falange Española. Los dirigentes de las JONS asisten al mitin y quedan profundamente impresionados. Ledesma y Redondo reconocen que las JONS están en peligro de extinción ante el empuje de Falange Española y deciden pactar con José Antonio Primo de Rivera para fusionar los dos movimientos fascistas: el «falangista» de José Antonio Primo de Rivera y el «nacionalsindicalista» de las JONS.

Los orígenes políticos de José Antonio

El lector se habrá extrañado de que al exponer las doctrinas de Ramiro Ledesma y Onésimo Redondo no hayamos dedicado grandes párrafos a la explicación del nacionalsindicalismo. Esta palabra, simbiosis del eco hitleriano y la inclinación cenetista, era, como invención de Ledesma, un símbolo, una bandera, un anhelo confuso. Jamás se explayó en una seria doctrina concreta, ni económica ni social, por parte de los jonsistas presentes o futuros, fusionados o autónomos.

A pesar de que nace en Madrid, en la calle de Génova 22, el 24 de abril de 1903, José Antonio Primo de Rivera no puede catalogarse simplemente como un castellano en sentido restringido; vinculado por sangre, por espíritu, por contacto personal y por afecto a todas las regiones de España, José Antonio Primo de Rivera es, ante todo, un español integral, y esta misma integración es la que, sin juzgar ahora los resultados, pretenderá conscientemente imprimir a su pensamiento y a su obra política. Es también, por tanto, un hombre de Castilla; pero de una Castilla extrovertida, brillante, urbana, que no mira a sus aldeas como término, sino como remanso de emociones tradicionales y como punto de partida. No es la primera vez que el nombre de Primo de Rivera asoma a la historia de España: José Antonio pertenecía a la quinta generación del apellido que interviene en la historia contemporánea española, siempre, hasta él, en las filas del Ejército. Como era normal en las dinastías militares destacadas, la familia Primo de Rivera estaba ya vinculada con grandes familias y grandes intereses en la España del sur: la capital familiar era Jerez de la Frontera.

Entre 1910 y 1914 José Antonio Primo de Rivera recibe la enseñanza primaria en el Colegio Alemán de Madrid. Durante los años de la Primera Guerra Mundial cursa el bachillerato en el Instituto Cardenal Cisneros, de Madrid, y en los de Cádiz y Jerez. Estudia por enseñanza libre la carrera de Derecho y el 20 de enero de 1923 se licencia en Madrid e inicia los estudios del doctorado. Fue un estudiante normal, no excesivamente brillante, según la moda memorística de su tiempo; pero acabó la carrera enamorado del Derecho y con una fuerte y definida vocación intelectual.

Un Primo de Rivera en los años veinte parecía predestinado para la milicia; pero los consejos de un amigo íntimo, el hijo del médico de la familia, Raimundo Fernández Cuesta, confirmaron la inclinación del propio padre del interesado e inminente dictador, quien aconsejó a su hijo que fuese abogado «viendo la gran inteligencia y energía del muchacho, su amor a la justicia y a la verdad», como nota, con sorprendente frase, el biógrafo Felipe Ximénez de Sandoval. Cumplía José Antonio Primo de Rivera el servicio militar en Barcelona cuando su padre decidió intervenir antirreglamentariamente en la historia de España. El cabo Primo de Rivera siguió a su padre, el capitán general, a Madrid, y terminó su servicio como oficial de complemento en los Húsares de la Princesa. La Dictadura iba a marcar para siempre los rumbos de su vida.

Cuando escribo este Episodio se ha vuelto a demostrar que la figura de José Antonio sigue interesando a la opinión pública española. La publicación de sus papeles póstumos ha obtenido un gran éxito editorial. En el apunte histórico que empiezo a trazar sobre él en este Episodio, y completaré en otros posteriores, trataré, de corresponder a esa expectación y procuraré describir los rasgos más importantes de su vida, su obra política y su actuación histórica.

Más que vocación intelectual, la primera gran vocación de José Antonio Primo de Rivera fue la jurídica. Abre su bufete en Madrid en 1925, y afluyen los asuntos atraídos por el nombre, más que por la competencia, mayor cada día, del jovencísimo abogado, a quien ayudan dos fieles pasantes: Rafael Garcerán y Roberto Reyes, sus seguidores políticos más tarde. En 1925 informa por primera vez ante el Tribunal Supremo, nada menos que frente a José Bergamín, y sale del difícil paso con desusada brillantez. Con el estilo directo y agresivo que le caracterizaba, el dictador tuvo que salir una vez en pública defensa de su hijo, en 1924: y decía con orgullo en una de sus notas que nada tenía que pedir ilegalmente ese joven brillante «que habla inglés y francés como el español».

Poco a poco se iba enrareciendo el ambiente de la Dictadura y José Antonio Primo de Rivera se empezaba a enfrentar, con singular elegancia, con los años difíciles, que acumularían, en su hasta ahora despejado camino, todos los obstáculos. Por lo pronto su bufete empezó a declinar. Intelectual de formación y de vocación —vocación paralela a la jurídica, no simplemente superpuesta—, José Antonio Primo de Rivera creyó que la causa principal, si no única, del fracaso de su padre fue la oposición de los intelectuales. Por un sentido torrencial de la defensa paterna decidió investirse de intelectual a marchas forzadas. Abandona su exclusiva dedicación al pensamiento jurídico; ayudado por su excelente base idiomática lee a Spengler, Keyserling, Marx, Lenin, Ortega. Ya desde sus años universitarios Primo de Rivera no se perdía un número de El Sol, el altavoz orteguiano, pero su apresurada inmersión filosófico-política data de 1928 y resultó demasiado agitada para fundamentar una asimilación correcta. Meditó muy a fondo sobre el fascismo mussoliniano y sobre la trayectoria de Hitler; estudió todavía con más profundidad el totalitarismo monárquico de la vecina Francia. Precisamente por sentirse ya un intelectual, recrimina amargamente a los intelectuales, a los que quizá con demasiada pasión toma como causa eficiente de la caída de su padre cuando tal vez más que causa total eran símbolo y bandera:

«De Platón aquí la historia del mundo guarda los nombres de muchos intelectuales. Por fortuna para nosotros, los españoles del siglo XX, nunca hubo tantos ni tan ilustres como aquí ahora. Detrás de cada esquina, en cada redacción de periódico, en cada ajado y maloliente saloncillo del Ateneo, damos con dos docenas de «Platones». Tampoco ha habido tiempos en que se alcance la omnisciencia tan fácilmente como en nuestros días. Antes era preciso quemarse las pestañas, sangrar por los codos sobre los duros ejercicios, encanecer en las universidades y no desmayar en la frecuencia de los textos. Hoy todo estudiante que sepa rudimentos de alemán puede aspirar a catedrático, y sin más que un misterioso gesto taciturno, unas gafas de concha, cierto lenguaje anguloso, con mucho ademán y mucho transido, y tal cual somera lectura de los ensayistas de moda, le es lícito a cualquier jovenzuelo alistarse en esa muchedumbre que se conoce con el vago apelativo de la intelectualidad».[23]

Desde los comienzos de 1930 José Antonio Primo de Rivera va orientando irresistiblemente su vida hacia la vindicación de la memoria de su padre, atacado con saña desde casi todos los ángulos de la izquierda y la derecha. Por esa memoria renuncia a todo y lo pierde todo. Pierde prácticamente su bufete, desierto en 1930 y 1931; pierde a muchos de sus amigos; pierde su uniforme militar, porque tras una polémica con el general Burguete y unas bofetadas que propina en pleno centro de Madrid al general Queipo de Llano es expulsado de la escala complementaria del Ejército por un consejo de guerra. Pierde, sobre todo, lo que más le importaba: el gran amor de su vida, que, contra lo que ha repetido una propaganda mitográfica no fue una idea o un ideal, sino una mujer, Pilar Luna, heredera de una vieja casa ducal aragonesa, y novia eterna del nuevo marqués de Estella que, por respeto a su padre, no quiso comprometerse con su presunta familia política a arrinconar su título decimonónico en favor del añejo ducado de Pilar.

Todas las tristezas bajaban sobre su alma cuando la noticia de la muerte de su padre despierta en él, como un aldabonazo, su tercera gran vocación: la vocación política. Por entonces accede a recibir la vicepresidencia de la UMN (Unión Monárquica Nacional), disfraz constitucional —era la moda— de la poco gloriosa Unión Patriótica, el partido-movimento que pretendió crear, sin éxito, el dictador. El nuevo grupo estaba presidido por el conde de Guadalhorce y en su plana mayor formaban todos los ministros de la dictadura, excepto José Calvo Sotelo, a quien José Antonio no se lo perdonó jamás. La violencia personal que, contra su seriedad y pacifismo profundo tuvo que suscitar en defensa de su padre, amargaba todavía más su carácter amable, tendido naturalmente hacia la amistad y la comprensión. El 24 de julio de 1930 un oscuro periódico comarcal, El Pueblo Manchego, da testimonio de la «primera comparecencia política con radio nacional» del hombre a quien todo el mundo conocía como «el chico de Primo de Rivera». Manifiesta allí que no entiende una palabra de elecciones y se mantiene moderadamente monárquico: «Me parece que a España no le conviene una República». Proclama también expresamente su idea de las dos Españas: la fecundada por la Dictadura y la falsa España de los intelectuales. Es muy sintomático que la primera manifestación política de José Antonio Primo de Rivera sea en pleno campo de La Mancha. Poco antes había defendido, con eficacia, a tres pueblos manchegos contra lo que aún se llamaba «el Estado de Medinaceli». En las Cortes de la República se oirán los ecos de la preparación de este resonante pleito.

1930 es también el año en que «el chico de Primo de Rivera» empieza a destacar con personalidad propia. En parte gracias a Manuel Delgado Barreto, director de La Nación por encargo del dictador y defensor desde sus columnas de los ideales —cada vez más ajados— de la Unión Patriótica. El antiguo periodista de La Acción, de Maura, y del semanario El Mentidero reverdece durante la República sus laureles políticos merced al descomunal periódico satírico Gracia y Justicia, que supuso para Delgado Barreto la firma diaria de su sentencia de muerte. (Lo mismo les sucedía, por supuesto, a colegas contemporáneos en el extremo opuesto de la política española).

Encargado de La Nación, al rehusar Azorín, Delgado Barreto mantiene durante la República su fidelidad al dictador. Su periódico es un antecedente imprescindible para seguir la evolución profunda de José Antonio Primo de Rivera y para estudiar los precedentes del fascismo español.

Con el advenimiento de la República, la trayectoria política de José Antonio Primo de Rivera experimenta una nueva inflexión. Antes de analizarla hemos de señalar una de sus más extraordinarias cualidades humanas que se transfiguraba en atractivo irresistible dentro del plano político: la fuerza serena y suave de su personalidad generosa y sincera. Sus peores enemigos, los que permitieron, si no alentaron, su muerte, nos han dejado testimonios de ese atractivo, desde el neocomunista Balbontín al embajador americano Bowers, pasando por todos los grandes nombres de la República en paz y en guerra: Azaña, Barnés, Zugazagoitia, Prieto. En el prólogo de un libro editado —ya que no compuesto— para remachar la destrucción de su obra, un tránsfuga de su Falange tiene que confesar:

«En sus escritos y discursos… si hay pocas ideas originales hay también pocas tonterías», lo que por desgracia no puede aplicarse al comentarista. Una personalidad tan fuerte como la de Tomás Borrás se convierte a la Falange —porque las gentes se convertían en los años treinta— con sólo presenciar la andadura de José Antonio por las calles calcinadas de Oviedo. Entre las innumerables descripciones de su personalidad vamos a seleccionar solamente dos, escritas por dos antiguos secuaces que luego fueron enemigos de su doctrina y de su obra. Ramiro Ledesma Ramos comenta:

«Distingue y caracteriza a Primo de Rivera que opera sobre una serie de contradicciones de tipo irresoluble, procedentes de su formación intelectual y de las circunstancias político-sociales de donde él mismo ha surgido. Posee seriedad en los propósitos y le mueve seguramente un afán sincero por darles caza. El drama o las dificultades nacen cuando se percibe que esos propósitos no son los que a él le corresponden, que es víctima de sus propias contradicciones y que, en virtud de ellas, puede devorar su misma obra y —lo que es peor— la de sus colaboradores. Véasele organizando el fascismo, es decir, una tarea que es hija de la fe en las virtudes del ímpetu, del entusiasmo a veces ciego, del sentido nacional y patriótico más fanático y agresivo, de la angustia profunda por la totalidad social del pueblo. Véasele, repito, con su culto por lo racional y abstracto, con su afición a los estilos escépticos y suaves, con su tendencia a adoptar las formas más tímidas del patriotismo, con su afán de renuncia a cuanto suponga apelación emocional o impulso exclusivo de la voluntad, etc. Todo eso, con su temperamento cortés y su formación de jurista, le conduciría lógicamente a formas políticas de tipo liberal y parlamentario. Varias circunstancias han impedido, sin embargo, esa ruta. Pues ser hijo de un dictador y vivir adscrito a los medios sociales de la más alta burguesía son cosas de suficiente vigor para influir en el propio destino. En José Antonio obraron en el sentido de obligarle a torcer el suyo, y a buscar una actitud político-social que concillase sus contradicciones. Buscó esa actitud por vía intelectual, y la encontró en el fascismo. Desde el día de su descubrimiento, está en colisión tenaz consigo mismo, esforzándose por creer que esa actitud suya es verdadera y profunda. En el fondo, barrunta que es algo llegado a él de modo artificial y pegadizo. Sin raíces. Ello explica sus vacilaciones y cuanto en realidad le ocurre. Esas vacilaciones eran las que a veces le hacían preferir el régimen de triunvirato, refrenando su aspiración a la jefatura única. Sólo al ver en peligro, con motivo de la crisis interna, su posición y preeminencia, se determinó a empuñar su jefatura personal. Es curioso, y hasta dramático, percibir cómo tratándose de un hombre no desprovisto de talentos, forcejea con ardor contra sus propios límites. Sólo, en realidad, tras de ese forcejeo, puede efectivamente alcanzar algún día la victoria».[24]

Y Dionisio Ridruejo, inventor y víctima de todas las propagandas, dedica a su antiguo ídolo uno de sus párrafos más penetrantes:

«En 1935 conocí personalmente, fuera de los círculos falangistas, a José Antonio Primo de Rivera, un hombre sugestivo, inteligente, de gran elegancia dialéctica, gallardía y segura honradez personal, que a estas gracias añadía la de un punto de timidez delicada y diferente, enormemente atractiva. Me impresionó como no me ha impresionado ningún otro hombre y me pareció ver en él el modelo que el joven busca instintivamente para seguirle e imitarle: algo así como el amigo mayor que siempre orienta el despegue rebelde de los adolescentes cuando sienten la necesidad de romper con lo más inmediato e impuesto. Con esto, mi sistema de mitificaciones quedó completo.

»Nunca he dejado ni dejaré de sentir por la figura de José Antonio el gran respeto y el vivo afecto que me inspiró entonces, aunque muchos de sus pensamientos me parezcan hoy inmaduros y otros contradictorios y equivocados. Creo aún en su buena fe con tanto rigor acreditada por las actitudes humanísimas que antecedieron a su muerte. En verdad José Antonio no tenía aquella seguridad histriónica de los jefes fascistas —e incluso no fascistas— y parecía estar siempre en actitud crítica frente a sí mismo, buscando lo que no acababa de encontrar. En conversación particular —aun con una persona muy joven, que tenía ante él la actitud contenida de la admiración incondicional— no ocultaba sus dudas sobre la calidad de la pequeña masa que le acompañaba. Trataba de distinguir su movimiento de los modelos fascistas, no renunciaba a la esperanza de tener audiencia entre los hombres de izquierda para que ellos hicieran innecesario su propio partido tomando la dirección que a él le interesaba. Creía en la amenaza de la revolución comunista, pero no temía menos que el país cayese en manos de la derecha tradicional, medio el más seguro para que la revolución fuera, al final, irremediable. Su pensamiento evolucionó visiblemente desde los años en que hizo su primera aparición pública como hijo del dictador, cuando pensaba que «España era el país socialmente más sano del mundo» —como reza un texto de 1920— hasta la víspera de su muerte en que la España trágica, corrompida por la injusticia, se le aparecía con todo su relieve»[25].

Los años 1931 y 1932 son años estrepitosos durante los que la posición política de José Antonio Primo de Rivera va separándose insensiblemente de sus presupuestos iniciales y va orientándose cada vez más hacia objetivos del futuro. Ésta es, en resumen, la dinámica de su trayectoria política: desvincularse del pasado, orientarse al futuro. La gran tragedia de su vida y de su idea es que no consiguió nunca, ni en los momentos más intuitivos, realizar de forma efectiva ese cambio. En este hecho esencial radican todas sus contradicciones y todas sus frustraciones; pero nunca un conductor de masas contó con tan escaso tiempo frente a tan agitado ambiente y tan intrincados problemas de toda índole. Esto no se dice en descargo de Primo de Rivera porque una historia no se escribe para disculpar: solamente para comprender.

El 16 de enero de 1931 José Antonio pronuncia en el local de la UMN una conferencia sobre Rousseau y la ineficacia democrática. El tema estaba destinado a convertirse en leitmotiv de sus meditaciones y de su política; pero este punto de partida habrá de sufrir en los próximos años una profunda evolución:

«No caigamos en las exageraciones extremas, que traducen su odio por la superstición sufragista en desprecio hacia todo lo democrático. La aspiración a una vida democrática, libre y apacible será siempre el punto de mira de la ciencia política»[26].

Pero el leitmotiv de su etapa de lanzamiento brota incontenible en las páginas de ABC, dos días después de que Ramiro Ledesma, sin que nadie lo advirtiese, lanzara el primer número de La conquista del Estado. Es otra vigorosa defensa de su padre, de la que basta citar el título: «La hora de los enanos».

Se ha repetido que José Antonio Primo de Rivera estaba cargado de resentimiento personal contra Alfonso XIII. Razones, por supuesto, no le faltaban para ello, pero sería una gran injusticia atribuir a causas rastreras y exclusivamente personales los certeros análisis del joven político acerca de la alegría popular del 14 de abril, que están en el recuerdo de muchos.

La actitud de Primo de Rivera hacia la República fue noble y esperanzada, pero profundamente crítica, como se desprende de esta denuncia formulada ya el 12 de junio de 1931:

«Como se está dejando arrastrar en casi todo. Porque, en verdad, puede afirmarse que nunca ha llegado ningún poder arbitrario español a lo que la República ha hecho en dos meses de vida, jamás se han respetado menos los derechos individuales, ni han sido menos previsibles las consecuencias jurídicas de nuestros actos: prisiones gubernativas, espionajes, delaciones, violación de secretos, suspensión de periódicos, persecuciones políticas, disolución de tribunales se han prodigado con abundancia desconocida. Nunca el estatuto jurídico de cada español ha sido muralla más frágil que ahora. Ni el principio de irretroactividad de las normas se respeta. Nadie sabe los derechos que tendrá al día siguiente. Vivimos en una dictadura que ni aún se justifica por la necesidad de vencer fuertes movimientos reaccionarios. La masa monárquica de ningún país aceptó la Repúlica con más tranquila resignación que la española. ¿Para qué entonces esto?»[27].

Cuando en septiembre de 1931 se anuncian elecciones legislativas parciales para cubrir una vacante por Madrid en las Constituyentes, el manifiesto electoral de José Antonio es solamente un grito:

«¡Un puesto en las Cortes para defender la memoria de mi padre!». Madrid ve con enorme simpatía el gesto y aunque Manuel Bartolomé Cossío vence con 56.000 votos de la Conjunción Republicano-Socialista, José Antonio derrota con sus 28.000 al líder comunista José Bullejos, que solamente reúne 6.000. Políticamente es casi una victoria.

Basten estas consideraciones para introducir en esta historia los orígenes políticos de José Antonio Primo de Rivera. En su momento volveremos a seguir sus pasos con suma atención.

RICARDO DE LA CIERVA Y HOCES. (Madrid, España; 9 de noviembre de 1926) es un Licenciado y Doctor en Física, historiador y político español, agregado de Historia Contemporánea de España e Iberoamérica, catedrático de Historia Moderna y Contemporánea por la Universidad de Alcalá de Henares (hasta 1997) y ministro de Cultura en 1980.

Nieto de Juan de la Cierva y Peñafiel, ministro de varias carteras con Alfonso XIII, su tío fue Juan de la Cierva, inventor del autogiro. Su padre, el abogado y miembro de Acción Popular (el partido de Gil Robles), Ricardo de la Cierva y Codorníu, fue asesinado en Paracuellos de Jarama tras haber sido capturado en Barajas por la delación de un colaborador, cuando trataba de huir a Francia para reunirse con su mujer y sus seis hijos pequeños. Asimismo es hermano del primer español premiado con un premio de la Academia del Cine Americano (1969), Juan de la Cierva y Hoces (Óscar por su labor investigadora).

Ricardo de la Cierva se doctoró en Ciencias Químicas y Filosofía y Letras en la Universidad Central. Fue catedrático de Historia Contemporánea Universal y de España en la Universidad de Alcalá de Henares y de Historia Contemporánea de España e Iberoamérica en la Universidad Complutense.

Posteriormente fue jefe del Gabinete de Estudios sobre Historia en el Ministerio de Información y Turismo durante el régimen franquista. En 1973 pasaría a ser director general de Cultura Popular y presidente del Instituto Nacional del Libro Español. Ya en la Transición, pasaría a ser senador por Murcia en 1977, siendo nombrado en 1978 consejero del Presidente del Gobierno para asuntos culturales. En las elecciones generales de 1979 sería elegido diputado a Cortes por Murcia, siendo nombrado en 1980 ministro de Cultura con la Unión de Centro Democrático. Tras la disolución de este partido político, fue nombrado coordinador cultural de Alianza Popular en 1984. Su intensa labor política le fue muy útil como experiencia para sus libros de Historia.

En otoño de 1993, Ricardo de la Cierva creó la Editorial Fénix. El renombrado autor, que había publicado sus obras en las más importantes editoriales españolas (y dos extranjeras) durante los casi treinta años anteriores, decidió abrir esta nueva editorial por razones vocacionales y personales; sobre todo porque sus escritos comenzaban a verse censurados parcialmente por sus editores españoles, con gran disgusto para él. Por otra parte, su experiencia al frente de la Editora Nacional a principios de los años setenta, le sirvió perfectamente en esta nueva empresa.

De La Cierva ha publicado numerosos libros de temática histórica, principalmente relacionados con la Segunda República Española, la Guerra Civil Española, el franquismo, la masonería y la penetración de la teología de la liberación en la Iglesia Católica. Su ingente labor ha sido premiada con los premios periodísticos Víctor de la Serna, concedido por la Asociación de la Prensa de Madrid y el premio Mariano de Cavia concedido por el diario ABC.

Notas

[1] Informe de Cesare Gullino, informador de la Embajada de Italia y del Vaticano, fechado el 27 de diciembre de 1934. <<

[2] F. Peiró, op. cit., p. 92s. <<

[3] Toda esta discusión se basa, como fuente principal, en el informe publicado por el IRA en zona republicana durante la Guerra Civil: La reforma agraria en España (Valencia 1937). <<

[4] Las citas están tomadas, naturalmente, del alegato gilroblista, publicado en 1968, No fue posible la paz. <<

[5] Gil Robles, No fue posible la paz, 1968, p. 365. <<

[6] Guerra del Río, R., El Porvenir del Partido Radical, 1935, p. 9 s. <<

[7] Gil Robles, No fue posible la paz, p. 90 s. <<

[8] Gil Robles, No fue posible la paz, 1968, p. 341. <<

[9] Ledesma Ramos, R. («Roberto Lanzas»), ¿Fascismo en España?, 1935, p. 47. <<

[10] Primo de Rivera, J. A., Obras, 1964, p. 588. <<

[11] Prirno de Rivera, J. A., Obras, 1964, p. 594. <<

[12] Ridruejo, D., Escrito en España, 1962, p. 63. <<

[13] ¿Fascismo en España?, 1935, p. 52. <<

[14] El ensayo socialista en la República española, p. 81. <<

[15] ¿Fascismo en España?, 1935, p. 39. <<

[16] Payne, S. G., Falange, 1965, París, Ediciones Ruedo Ibérico. <<

[17] ¿Fascismo en España?, 1935, p. 11. <<

[18] Onésimo Redondo, 1941, p. LVI. <<

[19] Ibid., p.LV. <<

[20] Ibid., p. LIX. <<

[21] Ibid., p. XXX. <<

[22] Onésimo Redondo, p. LVII <<

[23] La Nación, 29 de julio de 1930. <<

[24] ¿Fascismo en España?, 1935, p. 186. <<

[25] D. Ridruejo, Escrito en España, 1962, p. 11 <<

[26] La Nación, 17 de enero de 1931. <<

[27] La Nación, 12 de junio de 1931. <<