«Desde el 19 de febrero hasta el 13 de julio de 1936, las supremas instituciones del poder republicano carecen, ante todo, de la continuidad personal imprescindible para la realización de una profunda y eficaz obra de gobierno. En estos cinco meses, las República española está regida nada menos que por tes presidentes: Niceto Alcalá Zamora, Diego Martínez Barrio y Manuel Azaña. Tres son también los gobiernos del periodo (Azaña, Barcia y Casares). En los tres se mantiene la misma línea a través casi de las mismas personas.

A pesar de que estaba dominado por la sombra de dos grandes bloques o frentes, el Parlamento del Frente Popular constaba de 33 partidos y grupos políticos nada menos, lo que, como puede preverse, en nada facilitaba la labor constructiva de la Cámara. Pero mucho más graves eran las grietas que dividían a cada uno de los grandes bloques, las “fisuras marcadas” que decía Azaña, y los abismos que separaban a un bloque de otro».

Ricardo de la Cierva

El Frente Popular: triunfo y radicalización

Episodios históricos de España - 31

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Bacha15 30.05.14

Título original: El Frente Popular: triunfo y radicalización

Ricardo de la Cierva, 1997

Editor digital: Bacha15

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Las elecciones de febrero de 1936:
análisis de resultados

Más de sesenta años después de las elecciones de febrero de 1936, siguen publicándose, en España y fuera de España, análisis más o menos minuciosos que siguen conduciendo a conclusiones absolutamente contradictorias. He aquí una nueva prueba, esta vez no solamente histórica, sino incluso historiográfica, de que el estudio de los sucesos de febrero de 1936 se encuentra ya oscurecido por las nubes pasionales y propagandísticas de la controversia sobre el origen y sentido de la Guerra Civil española.

El estallido de la Guerra Civil impidió la normal conservación de los documentos electorales y la normal publicación de los resultados en las estadísticas oficiales. La atribución de sumandos a los grandes bloques no se hizo nunca, después de las elecciones, de forma general, autorizada y definitiva; por eso incluso los autores mejor intencionados tienen que apoyarse más de lo aconsejable en fuentes secundarias, como sucede a Jean Bécarud, dependiente en exceso de un autor tan poco serio como Gerald Brenan. A pesar de que se han dedicado a las elecciones de febrero estudios casi monográficos, se nota en ellos una excesiva dependencia de fuentes secundarias y de apreciaciones subjetivas junto con argumentos de variable autoridad. La implicación propagandística desempeña aquí un papel decisivo incluso en cuestiones muy alejadas de los hechos.

Antes de entrar en el análisis de los resultados repasemos sumariamente el status questionis según los más estimables tratadistas de las principales tendencias políticas e historiográficas. Como de este repaso apenas sacaremos otro resultado que la confusión, apuntaremos a continuación las hipótesis de trabajo que creemos más fundadas y, tras ellas, los caminos más recomendables para conseguir aproximaciones históricas de mayor validez. Por fortuna, como vamos a ver, la estadística precisa sobre todos y cada uno de los detalles electorales, y no digamos las apreciaciones más o menos metafísicas sobre el problema comportan cada vez más un interés bizantino al lado de unas conclusiones básicas que encontrarán fácilmente –así lo esperamos– el asenso del desapasionado lector.

La propaganda del bando nacional durante la Guerra Civil y después de ella ha negado tajantemente la validez de la victoria del Frente Popular. El 15 de febrero de 1939, a punto de terminar la guerra de España, se publicó oficialmente el llamado Dictamen de la Comisión sobre ilegitimidad de poderes actuantes en 18 de julio de 1936. Esta imponente Comisión, creada por orden de 21 de diciembre de 1938, estaba integrada por ex ministros de la Monarquía (Goicoechea, Romanones, Gascón y Marín, Aunós), ex ministros de la República (Pedregal, Cid, Aizpún), diputados a Cortes de la Monarquía y de la República, catedráticos, juristas, magistrados del Tribunal Supremo, etc. Todos los miembros de la Comisión eran partidarios del bando nacional, aunque, en general, no desempeñaron puestos políticos ni se significaron en él por su extremismo. La primera de las conclusiones del Dictamen se refiere precisamente a la validez de las elecciones de febrero, validez que se niega de forma absoluta. Esta postura, como decimos, se ha mantenido oficialmente durante toda la época de Franco y en ella se ha querido fundar una de las bases de la legitimidad del movimiento de julio. El Dictamen es muy serio, está fundado en argumentaciones irrebatibles y constituye una pieza de convicción innegable. Quienes abominan de él desde la izquierda harían mejor en leerlo primero. Los protagonistas de la izquierda, sin excepción, han aceptado siempre la validez del triunfo del Frente Popular. Discrepan en los resultados concretos y en la fijación de los porcentajes de cada elemento coaligado. No solamente se atribuyen la victoria de acuerdo con la aplicación de la ley electoral entonces vigente, sino que, además, insisten en que la mayoría absoluta de los votos registrados se inclina decidida, aunque no aplastantemente, en favor de su tesis. Las incertidumbres históricas que todavía encierran las elecciones de febrero se ponen de manifiesto en el largo y detallado capítulo que al tema dedica José María Gil Robles. Por una parte, el jefe de la CEDA reconoce y acepta la derrota: «No había más remedio que aceptar el resultado ad verso».[1]

Pero, al juzgar con la aplicación de la ley electoral, corrige: «No es cierto que las derechas perdieran las elecciones».[2]

He aquí una contradicción evidente: parece incidir Gil Robles, después de tantos años, en la «aceptación apresurada» de una derrota, aceptación que primero censura y después practica él mismo.

La tesis de Gil Robles sobre las elecciones es la siguiente: El Frente Popular conquista inicialmente la mayoría, pero no la mayoría absoluta; desde la misma noche del 16 de febrero, mediante la coacción, el fraude y el pucherazo a escala local y a escala parlamentaria, consigue la mayoría absoluta y aplastante. El principal testimonio en favor de esta tesis aducido por Gil Robles y antes que él por todos los herederos y militantes de la derecha, a partir del propio Dictamen de Burgos, es el del propio presidente de la República durante las elecciones, Niceto Alcalá Zamora. El ataque de Alcalá Zamora a la República de febrero –publicado en 1937 en el Journal de Généve– se recoge, como decimos, en el Dictamen y posee tal fuerza que los partidarios de la tesis contraria tratan de invalidarlo con desviaciones personalistas.

Cuando las discrepancias globales se observan proyectadas en un plano de abstracción de menor grado pierden importancia si no frente a la estadística pura sí al menos frente a la historia, que es lo que nos interesa. Establezcamos los puntos básicos para ese análisis.

a) El número total de votos, distribuido por bloques.

Podemos resumir todas las principales opiniones en dos: la de José María Gil Robles, que recoge y elabora la tradición derechista, y la de Jean Bécarud, que, a pesar de su imparcialidad general, en este punto se apoya fundamentalmente en obras tan favorables al Frente Popular como las de Brenan y Rama. Una y otra tesis parten de los resultados publicados en la prensa coetánea, en los que ya se advierte un principio de manipulación sobre los resultados oficiosos de las juntas provinciales del censo, datos que, como hemos indicado, no se establecieron central y conjuntamente debido al advenimiento de la Guerra Civil. Es decir que los republicanos de 1931 y de 1936 estaban tan poco seguros de su victoria que no se atrevieron a demostrarla con datos oficiales.

Esto supuesto, podemos establecer el cuadro siguiente:

| Gil Robles | Bécarud
Total de electores | 13.528.609 | 13.400.000
Total de votantes | 9.418.514 | 9.300.000
Abstenciones | 4.110.095 | 4.100.000
Derechas | 4.187.571 | 4.000.000
Centro | 325.197 | 450.000
Nac. vascos | 141.137 | —
Izquierdas | 3.912.086 | 4.800.000

Es importante señalar que las cifras de Gil Robles se han obtenido de forma mucho más cuidadosa que las de Bécarud, quien acepta las de Brenan, aducidas por el comentarista británico sin la menor prueba ni indicación de fuentes. Si una estadística solamente se vence con otra mejor, a la vista queda que es mejor la de Gil Robles. Un representante del Frente Popular que ya nos ha dado en este libro pruebas de su minuciosidad testimonial, Félix Gordón Ordás, habla de 4.500.000 votos para las izquierdas y 4.300.000 para las derechas.[3]

La cifra de votos de la izquierda aceptada por Brenan-Bécarud parece a todas luces excesiva; para explicarla queremos pensar que esos autores han trabajado sobre cifras que totalizan los resultados de las dos vueltas de las elecciones, mientras que Gil Robles opera sobre los datos facilitados por las juntas el 20 de febrero, es decir, antes de la segunda vuelta. De todas formas, es muy importante señalar la coincidencia de todos los resultados en cuanto a los votos de las izquierdas.

Ante estos datos, y teniendo en cuenta que las actas parlamentarias no se establecían mediante proporcionalidad, sino a través de un sistema de primas a las mayorías locales, no tiene demasiado interés llegar a conclusiones definitivas acerca del porcentaje absoluto de los votos individuales; lo verdaderamente esencial –admisible por todas las tendencias hoy– es subrayar la equivalencia aproximada de los dos bloques y la práctica aniquilación del apoyo popular al centro. Sentado esto, poca importancia tiene que el pequeño margen global se inclinase a las derechas o a las izquierdas, cosa que probablemente no podremos determinar nunca con exactitud.

b) La atribución de puestos parlamentarios.

En este punto es donde realmente reside el principal de los problemas políticos –entonces– y ahora históricos suscitados por las elecciones de febrero.

Pero creemos que con un poco de serenidad se puede llegar hoy a conclusiones relativamente seguras sobre tema tan esencial.

En la misma noche del 16 de febrero dos realidades –simultáneas, pero diferentes– fueron aceptadas, con cierto apresuramiento, es posible, pero no con errores invalidantes, por todos los sectores políticos sin la menor excepción: las derechas no podían ganar las elecciones; las izquierdas habían ganado. «Ganar las elecciones» suponía, entonces y siempre, ganar una mayoría parlamentaria. Nadie se preocupaba ni ese día ni los siguientes de atribuir excesiva importancia a las cifras absolutas de votos, sino a calcular, con la ley electoral en la mano, la probable distribución de los escaños.

Coincidían, pues, entonces –y siempre– todos los observadores, de derecha y de izquierda, en que las izquierdas habían conseguido la mayoría relativa en el Parlamento. ¿Conquistaron legalmente la mayoría absoluta? Aquí está el problema. Es evidente la utilización, por parte de la izquierda, de las habituales tácticas de coacción, pucherazo y fraude; es también evidente que, a escala local, la derecha y el centro utilizaron las mismas tácticas en cuanto pudieron hacerlo, aunque con resultados muy inferiores. Pero al atardecer del 16 de febrero el desánimo –y la exaltación– del 14 de abril se extendieron por toda España; y entonces se inclinó notablemente hacia la izquierda la curva de la deformación electoral. Lo más grave, por más descarado y público, fue que la izquierda continuó abiertamente este deplorable proceder con luz y taquígrafos en pleno Parlamento. Excelente el comentario de Bécarud sobre el tema.[4]

Desde el Dictamen de Burgos, los propagandistas antirrevolucionarios han insistido tanto en el fraude electoral de la izquierda que le atribuyen nada menos que el cambio de signo de 50 actas, es decir, el vuelco de la mayoría absoluta. Las pruebas aducidas son concretas y contundentes y la conclusión no es rechazable. Sin embargo, en la confusión –provocada– de los primeros resultados del domingo 16, la opinión pública creyó que las izquierdas ganaron las elecciones en la primera vuelta. A partir de ese momento manipularon los resultados y las atribuciones de actas con deslealtad y pretendido confusionismo. Pero es muy posible que aún sin la mayoría absoluta hubiesen conseguido el control del Parlamento mediante un pequeño apoyo de sectores afines, deseosos como siempre de uncirse al carro, que parecía irresistible, del vencedor.

Todos los enemigos de la izquierda reconocieron inmediatamente la derrota propia y la victoria del enemigo, desde El Debate a José Antonio Primo de Rivera. Cierto que durante la discusión de las actas se registraron protestas, no sólo de la derecha, sino incluso de la izquierda, como la muy resonante de Indalecio Prieto, quien abandonó la presidencia de la Comisión de Actas asqueado por «las arbitrariedades cometidas en ella». Pero las protestas se dirigían contra procedimientos y pucherazos parciales, no contra una validez global de la victoria de las izquierdas, admitida entonces por todos sus enemigos. Los 237 diputados, mitad más uno del total de la Cámara y límite de la mayoría absoluta, eran presa fácil del Frente Popular, que al insistir con sectarismo en que la mayoría absoluta se convirtiese en aplastante procedió con una ceguera y un apasionamiento político que nada bueno presagiaban para los próximos meses de Gobierno.

En cuanto a las lamentaciones derechistas sobre la injusticia de la ley electoral, carecen de sentido. Dos años enteros tuvieron los gobernantes de la derecha para modificar una ley a la que, por cierto, estaban sumamente agradecidos tras el espléndido regalo que les proporcionó en las elecciones de 1933, tan injusto como el que ahora entregaba al Frente Popular.

La impresionante lista de partidos representados en las Cortes de 1936 llegaba a numerar treinta y tres. Según Gil Robles (y la mayoría de los comentaristas aduce cifras muy parecidas), los diputados se distribuían de esta forma: 297 para las izquierdas, 125 para las derechas y 51 para el centro. Para cerrar estas consideraciones globales acerca de las elecciones de febrero, y confirmar de nuevo el indudable triunfo del Frente Popular, hemos de evocar el recuerdo del 14 de abril. Ante él recordamos que el pueblo español, en algunas ocasiones –abril y febrero entre ellas–, quizá consciente de la sucia tradición caciquil con que tantas veces se le ha manejado electoralmente, encuentra medios misteriosos para dar paso, por encima de las componendas y los pucherazos, a la autentica expresión de su voluntad general, o al menos de la voluntad de zonas importantes de opinión. Cuando esa expresión es inequívoca, de poco valen unos resultados numéricos que en parte se han obtenido a base de deformaciones parciales. El bando vencido, aun cuando en alguna ocasión le favorezca la ficticia aritmética, no puede enfrentarse con su propia conciencia de derrota y suele refugiarse en la critica destructiva y en el desánimo. La decepción esta siempre en razón directa de la excesiva o inconsciente esperanza. Esta era, tal vez, la realidad profunda que rodeó con el aura popular a las victorias izquierdistas de 1931 y 1936, lo mismo que había confirmado, con el mismo carisma, la victoria derechista de 1933.

Los comentarios de conjunto sobre las elecciones son innumerables. Solamente citamos algunos que nos parecen mas sintomáticos e informativos.

Certero es el diagnostico de El Debate el 26 de febrero: «Ahí esta España: ahí la tenéis, partida en dos mitades, con triste exactitud casi matemática».[5]

Amadeo Hurtado comenta los resultados electorales con una gran dosis de sentido común.[6]

El comentario de José Antonio Primo de Rivera marca una de las cimas de su poder analítico sobre la circunstancia política: Sucedió lo que tenia que suceder. Las derechas –Acción Popular sobre todo– cubrieron las paredes de toda España con millones de carteles horribles… Acción Popular, en una última muestra de delirio, cubrieron toda una fachada de la Puerta del Sol con el famoso biombo que tardaremos en olvidar. El aplastamiento de las izquierdas era seguro. Y, en efecto, ganaron las elecciones.

Hay que reconocer que, pese a todos sus grandes defectos, el sufragio universal ha dado esta vez considerables señales de tino y justicia; por lo pronto, ha desautorizado de manera terminante la insufrible vacuidad del bienio estúpido; después ha raído del mapa político al descalificado Partido Radical; en el País Vasco ha puesto freno al nacionalismo, que es, como se sabe, un intento de reintegro a la precultura primitiva; ha señalado la preferencia, en general, por los partidos y los hombres menos frenéticos y, por ultimo, ha deparado el triunfo a uno de los bandos en tan prudente dosis, que ninguna mitad de España puede considerarse que ha aplastado a la otra mitad».[7]

Uno de los más celebres análisis sobre el conjunto de los resultados electorales es el de Salvador de Madariaga.[8] El comentario de Madariaga coincide con el de Primo de Rivera en algunas apreciaciones esenciales. Su interpretación de los resultados como repulsa a una revolución socialista inmediata y a una rebelión militar parece forzado y caprichoso. España votó dividida y a favor de dos grandes bloques enemigos. Esos dos grandes bloques estaban amenazados por la radicalización y, en el momento de las elecciones, invadidos por ella. Muchos electores, es cierto, votaron por la moderación. Pero muchos también –no una exigua minoría como cree Madariaga– votaron, inconsciente pero decisivamente, por la Guerra Civil.

Todavía más numerosos son los análisis sobre aspectos parciales y concretos de las elecciones, su preparación y sus resultados. Un conjunto de estos análisis, que resume otros muchos más o menos coincidentes, queda recogido en el amplio y confuso capítulo de Gil Robles, quien titula este fragmento, con metodología bastante anticuada, «Causas de la derrota». Estas causas son: la intervención masiva de la CNT, la emoción popular ante la promesa de amnistía, el autonomismo de las izquierdas frente al centralismo de las derechas, la indisciplina de los votantes de derecha, las abstenciones de la derecha, relativamente más numerosas que las de la izquierda, el miedo derechista, traducido en una auténtica riada de pasaportes, el desgaste del bienio anterior, el hundimiento de los radicales, que alcanzó sensiblemente a su aliada la CEDA; los efectos de la ley de restricciones, la deficiente actuación social de las derechas, las falsificaciones y atropellos electorales (Gil Robles atribuye nada menos que 35 actas a esta partida, y con ellas la conquista de la mayoría absoluta), los excesos personalistas de la propaganda y, por último, la injusta ley electoral.

Si exceptuamos los dos últimos puntos, ya descartados, es difícil no sentirse de acuerdo con el sincero examen de conciencia que nos comunica el protagonista, convertido aquí en sereno historiador. Completamos El Frente Popular: Triunfo y radicalización 19 este panorama de aspectos parciales con las reflexiones siguientes:

a) El voto femenino, decisivo en 1933, ya que a través de él se canalizó una parte sustancial del influjo político de la Iglesia, contribuyó también ahora en gran medida a las altas cifras conseguidas por las derechas. Pero en esta ocasión se vio contrapesado por el voto femenino de la izquierda, animado por la esperanza de la amnistía.

b) La victoria del Frente Popular tiene el mérito de haberse conseguido frente a una maquinaria –la gubernamental– adversa, como muy atinadamente anota Pla. Portela Valladares creyó en una España más corrompida electoralmente de lo que en realidad estaba.

c) El derrumbamiento del centro privó de acta a parlamentarios tan conspicuos como Lerroux, Álvarez Mendizábal, Cirilo del Río, Cámara, Echeguren, Samper, Melquíades Álvarez, Martínez de Velasco, Salazar Alonso, De Pablo, Cambó, Vaquero, Burgos Mazo, Usabiaga, Royo Villanova. Este innegable derrumbamiento –que para el Partido Radical supuso una auténtica eliminación política– confirma nuestra tesis de la radicalización y no abona el «plebiscito de la moderación» elaborado un tanto a modo de prestidigitador por Salvador de Madariaga. A la misma conclusión apunta el fracaso de los socialistas moderados en las elecciones, refrendado por uno de ellos, Gabriel Mario de Coca, que registra la pérdida de actas de Saborit, Trifón Gómez, Lucio Martínez y Narciso Vázquez.[9]

d) Conforme a lo previsto, Falange Española no obtuvo una sola acta. El aislamiento electoral producido por el egoísmo de algunos jerarcas falangistas y decretado por el bloque de derechas originó, en definitiva, el previsto desastre. José Antonio Primo de Rivera trató con habilidad y elegancia de salvar dialécticamente algo que tenía poca salvación.

Con las salvedades derivadas de su poco crítica aceptación de las cifras izquierdistas, el análisis geográfico-sociológico de Jean Bécarud es una de las más lúcidas aportaciones a la interpretación de las elecciones de febrero.

De todas maneras, y aunque el mapa de las elecciones de febrero presenta evidentes analogías con los primeros mapas zonales de la Guerra Civil, no debemos considerar estas preponderancias geográficas como exclusivas, sino como situaciones de tipo mayoritario. Toda una gama de matices se puede establecer entre la provincia más izquierdista y la más derechista en 1936. En muchas de ellas el equilibrio electoral –y el real– podía considerarse casi matemático. El enfrentamiento de 1936 –el electoral de febrero, el armado de julio– se debería, como todos los enfrentamientos socio-políticos de la Historia, al activismo de núcleos extremistas y minoritarios; pero contaba, en uno y otro caso, con una fuerte base de asenso popular. La muy extendida mitología de todo un sector de la Guerra Civil, empeñado en enfrentar «ejército» y «pueblo» empieza ya a resquebrajarse ante la serena contemplación de las elecciones de febrero. Un historiador marxista, que después abrazará tan mitológica postura, Antonio Ramos Oliveira, comenta con acierto difícilmente rebatible una de las consecuencias de febrero que más han olvidado muchos propagandistas de julio, entre otros él mismo: «Es decir, las veleidades de la ley electoral, que no debieron nublar el juicio de la oligarquía al extremo de impulsarla en 1933 a exasperar vesánicamente a las clases populares, tampoco debían ocultar a los republicanos en 1936 el formidable poder político-social de los vencidos».[10]

Estas palabras de Antonio Ramos Oliveira adquieren resonancias muy interesantes cuando se releen ante el mapa de las elecciones de febrero. Con todas las matizaciones que se quiera, el mapa electoral de febrero de 1936 sugiere las zonas enfrentadas pocos meses más tarde en la Guerra Civil. Pero no se trata de zonas nítidas, monocolores, una roja y otra blanca. En las dos zonas latía su porción respectiva de la otra media España, de izquierdas y derechas, de las dos Españas. Esto es lo que se ignoró casi siempre una vez declarada la guerra. Éste es el origen de las quintas columnas y los entusiasmos con que se recibía a los vencedores cuando entraban en una ciudad. Las elecciones habían sido el choque de dos entusiasmos y de dos miedos. De ellas saldría, inexorablemente, la Guerra Civil.

Portela abandona el poder en medio
del arroyo

Aunque en aquellos momentos casi ninguno de los personajes poseía la clave para la descripción completa de la trama, la historia de España estuvo varias veces a punto de cambiar durante «tres días de febrero», los inmediatamente siguientes al de las elecciones, es decir, 17, 18 y 19. Hoy ya es posible confrontar los textos de varios protagonistas –José María Gil Robles, Manuel Azaña, en su Crónica de dos días; Diego Martínez Barrio, el general Franco por medio de su primer biógrafo–, que coinciden en lo esencial.

La notable e influyente parte de las Fuerzas Armadas que se mostraban de acuerdo con la política militar del bienio derechista esperaba, como tantos españoles, una victoria de las derechas y tal vez no se había preparado psicológicamente para una eventualidad contraria. Cuando a medida que avanzaba la tarde del 16 de febrero esa parte del Ejército empezó a prever la seria posibilidad del triunfo del Frente Popular, fácil es de comprender su aprensión. Determinadas cláusulas del pacto del 15 de enero sonaban esa tarde ya como francas amenazas, sobre todo tras los excesos demagógicos y polémicos de la campaña. Y para nadie constituía un secreto que una victoria frentepopulista equivalía a una entrega del poder a Manuel Azaña, a quien el importante sector militar a que nos estamos refiriendo, que no era todo el Ejército, pero sí una parte sustancial, consideraba, con mayor o menor precisión histórico-política, como su más temible enemigo.

La preocupación de las Fuerzas Armadas se concentró en torno a los principales responsables de la política militar del bienio derechista: el general Fanjul –de regreso en Madrid tras su destino canario, abandonado al presentar su candidatura electoral–, el general Goded, con licencia en la capital, y el propio ex ministro de la Guerra, Gil Robles. Pero lo característico del episodio militar de febrero se resume en dos circunstancias: los generales prescinden casi por completo de la colaboración de Gil Robles –a quien en los dos intentos anteriores de 1934 y 1935 habían tenido al tanto de sus proyectos– y la dirección efectiva del asunto pasa esta vez, junto con la iniciativa de las intervenciones, al general Francisco Franco, jefe del Estado Mayor Central, quien en las dos ocasiones anteriores se había mantenido más al margen.

A medida que avanzaba la tarde del domingo 16, se ensombrecían las perspectivas de la derecha y se anulaba la moral del presidente del Consejo, Portela, quien a las seis de la tarde anunciaba aún una probable victoria del centro-derecha, a las ocho de la noche vacilaba en el pronóstico y, a las diez, con la moral por los suelos, admitía ante sus visitantes la derrota total. Mucho contribuyó a su abatimiento el telefonazo de Félix Escalas, desde Barcelona, quien ante los resultados de Cataluña dimitía precipitadamente de la presidencia de la Generalidad y del Gobierno General para los que suplicaba a Madrid una sustitución inmediata en la persona de Juan Moles. En su primera gran claudicación, Portela autoriza el traspaso que se consuma la mañana siguiente.

Por esos mismos momentos finales del día 16, el general Francisco Franco llama por teléfono al director general de la Guardia Civil, general Pozas, para alertarle ante el peligro de la victoria izquierdista y pedirle su concurso para que el ministro, general Molero, solicite inmediatamente la declaración del estado de guerra en todo el país. Pozas se muestra tranquilo y responde a Franco que no hay motivo para tanta alarma.

A las tres y cuarto de la madrugada, Gil Robles, preocupado por las noticias de sus delegaciones provinciales, llega al Ministerio de la Gobernación y despierta al presidente del Consejo, que le recibe a las cuatro. El jefe de la CEDA denuncia el –para él– inminente peligro de anarquía; algunos grupos extremistas pululaban aún bajo los balcones de Gobernación. Y trata de convencerle para que declare el estado de guerra. En un aparte, mientras Portela pide confirmación telefónica a varios gobernadores de tan alarmantes nuevas, Gil Robles envía a su fiel secretario, conde de Peña Castillo, para que por medio del comandante Carrasco Verde transmita la alerta al general Franco. Desde su domicilio, el jefe del Estado Mayor Central, quien probablemente ya había hablado con el director general de la Guardia Civil, ruega al ministro de la Guerra, general Molero, que proponga en Consejo de Ministros la declaración del estado de guerra la mañana siguiente. Habla también con Portela, a quien todavía acompañaba Gil Robles; y el presidente del Consejo consulta entonces telefónicamente con el presidente de la República sobre la conveniencia de la declaración. Don Niceto se niega, aunque se muestra conforme con la declaración del estado de alarma. Gil Robles se retira a las cinco de la madrugada y al hacerlo se cruza con el portavoz de Izquierda Republicana, Ramos, que «iba a negociar la entrega de poderes».

Por esos mismos momentos, el general Goded se había presentado en el Cuartel de la Montaña y trataba de sublevar a los jefes y oficiales, que reaccionaban con frialdad ante su ardiente insistencia. Tras su fracaso se reúne con los generales Fanjul y Rodríguez del Barrio, inspector general de la Primera Zona, quienes, por consejo de Franco, sondean a las guarniciones principales con vistas a una sublevación inmediata. Este gravísimo intento puede considerarse absolutamente probado tras la declaración del Servicio Histórico Militar.[11]

Mientras los generales pulsaban las posibilidades de un pronunciamiento sin que Gil Robles se enterase –es la tercera vez desde octubre de 1934 que se planteó formalmente el asunto–, el presidente del Consejo llama a José Antonio Primo de Rivera no para tratar de la entrega de armas a la Falange, como ha dicho algún historiador, sino para hacerle responsable de los actos violentos que pudieran ocurrir con motivo de la derrota. Tras él recibe a Largo Caballero y Álvarez del Vayo, a quienes, en el colmo de la irresponsabilidad, declara: «Yo no puedo hacer más que entregarles ahora mismo el poder» (Gil Robles). A primera hora de la tarde se celebra un Consejo de Ministros en el que Portela, presionado por el general Molero, obtiene el decreto para la declaración del estado de guerra que, por el momento, no aplica; pero enterado Franco por su ministro de la concesión, adelanta la proclamación en algunas provincias. Las noticias llegan al presidente de la República, quien vuelve de su aquiescencia y fuerza la retirada del bando en los lugares en que se ha fijado.

No se conforma el general Franco con esta marcha atrás y por medio de Natalio Rivas consigue una entrevista no demasiado reglamentaria con el presidente del Consejo, a quien anima a proseguir las declaraciones del estado de guerra, a pesar de la posición contraria de la presidencia de la República. Portela, cada vez con menos control de sus responsabilidades, pregunta a Franco por qué no se levanta el Ejército por su cuenta; es la misma pregunta de Gil Robles en 1934 y 1935. Terriblemente significativa es la respuesta del jefe del Estado Mayor Central: «El Ejército no tiene aún la unidad moral necesaria para acometer la empresa.» Tras varias evasivas, Portela se niega a autorizar la declaración.

Durante todo el día 18 de febrero, dos grandes movimientos cubren de rumores y de conjeturas el mapa de España. Un movimiento estruendoso, amenazador, de la izquierda, crecida ante el miedo de sus enemigos derrotados, exige la entrega inmediata del poder mientras se van liberando anárquicamente centenares de presos políticos.[12]

Y otro movimiento secreto, vacilante, continuador de los intentos y las consultas militares del día anterior. El general Franco permanece atento, pero, convencido de que la hora no ha llegado aún, cede la iniciativa a los siempre combativos Fanjul y Goded, quienes desean agotar las posibilidades.

Los dos movimientos contrapuestos impresionan, por lo imprevisible de los resultados, a Diego Martínez Barrio, principal personaje en los acontecimientos de este día. Temprano visita a Manuel Azaña, a quien informa de uno y otro peligro. Respecto al golpe militar, anota Azaña en su diario: «No creo que haya ninguno resuelto a jugarse nada en serio»[13], con lo que el nuevo árbitro de España parece persistir en su actitud del 10 de agosto de 1932. En esta ocasión ganó de nuevo su difícil apuesta, lo que sin duda confirmó su teoría de que el Ejército no se levantaría jamás contra la República. Recomienda Azaña a Martínez Barrio en esta primera conversación que no tome iniciativa alguna y así se hace; pero por la tarde acude el yerno y confidente de Portela, Martí de Veses, para buscar a Martínez Barrio de parte del presidente del Consejo. En la entrevista, celebrada en Gobernación, se muestra Portela ansioso El Frente Popular: Triunfo y radicalización 29 de abandonar el poder: «Háganse cargo rápidamente del poder porque yo no puedo responder de nada».[14] En ese momento irrumpen en el despacho los generales Pozas y Núñez de Prado, afirmando que Franco y Goded sublevan ya a las guarniciones. Portela llama al presidente de la República y le manifiesta su decisión irrevocable de entregar el poder al día siguiente. Poco antes de la medianoche, cuando Portela, roto, se ha retirado ya a sus habitaciones del hotel Palace, recibe secretamente la inesperada visita de José Calvo Sotelo, quien le conmina a que llame al general Franco y con él salve a España. Decidido al abandono, Portela corta muy pronto la conversación.

A las ocho de la mañana del 19 de febrero, Gil Robles intenta el último esfuerzo. Visita por última vez a Portela, que ya se encontraba en La Moraleja, finca situada a la salida de Madrid por uno de los ramales de la carretera de Francia. Lo único que pide Gil Robles es que el Gobierno se mantenga en el poder hasta la celebración de la segunda vuelta electoral, lo cual por lo demás era obligatorio. Todo resulta inútil.

Son las diez de la mañana cuando Martínez Barrio, que hoy culminaría su papel de universal mediador iniciado durante las negociaciones del Frente Popular, llama por teléfono a Azaña para instarle a la aceptación del poder. A las dos y media de la tarde, el general Franco trata de entrevistarse de nuevo con el presidente del Consejo, quien no puede recibirle hasta media hora después, quizá por encontrarse hasta entonces en el Consejo de Ministros en el que se decidió definitivamente el abandono y la crisis. Los consejos del general Franco resultan tan inútiles como los de Calvo Sotelo y Gil Robles. A las tres y media Martínez Barrio vuelve a visitar a Azaña, quien, por fin, a las cuatro de la tarde, se dirige a Palacio, donde se encuentra con Portela, dimisionario. Azaña comentaría esa misma noche: «Ha tirado (Portela) el poder sin reparar en las consecuencias».[15]

Se ha dicho que Azaña utilizó este día despectivamente el teléfono al comunicar al presidente de la República la lista de su nuevo Gobierno. Nada más exagerado. Azaña evacuó su consulta por teléfono, lo mismo que todos los demás consultados, muy escasos en esta crítica ocasión. En su visita de primera hora de la tarde, recibió el encargo para la formación de un Gobierno de Frente Popular. Tras esta visita –que alguna fuente retrasa un poco, hasta las seis y media de la tarde–, el presidente del Consejo designado visita, en Gobernación, a su antecesor, a quien encuentra acompañado por el general Pozas. Azaña tiene un recuerdo irónico para su juez instructor de Barcelona y pasa luego visita protocolaria a Felipe Sánchez Román. Vuelve a Palacio para comunicar de palabra la lista del nuevo Gobierno a Niceto Alcalá Zamora y a las nueve de la noche, a la salida de Palacio, da la noticia a la prensa. Se hace cargo inmediatamente del poder, que encuentra, como en los buenos tiempos del 14 de abril, casi en medio del arroyo.

Mientras tanto, José María Gil Robles, deshecho y doblemente fracasado (aunque en 1968 insista en que ganó las elecciones), abandona la capital. El gesto suscita tan vehementes repulsas que al día siguiente regresa a su puesto de combate en Madrid, aunque previsoramente traslada a su familia a Biarritz, donde viajará muchos fines de semana de la primavera. En cuanto a los generales, no se arriesgaron al paso definitivo, y tal vez fue la indiferencia y la disciplina de los institutos armados el elemento decisivo de su abstención. El día 20 de febrero anuncia El Sol que el general Franco había asegurado a Portela el día anterior «su alejamiento completo de toda actividad política». Y cuando el día 22 Franco y Goded asisten con toda normalidad a la toma de posesión del nuevo ministro de la Guerra, los escasos iniciados supieron que el tercer intento de golpe militar desde la Revolución de Octubre estaba definitivamente cancelado.

«Comparece un hombre excesivamente
fatigado» (Azaña)

Para titular este epígrafe hemos preferido utilizar unas palabras del mismo testigo que, durante los hechos aquí reseñados, va a ser designado presidente de la República española en un ambiente definido por él mismo como de «impotencia y barullo», estupenda síntesis del Frente Popular en el poder.[16] Habíamos pensado, para la misma finalidad del título, en otras frases de Azaña: «El desordenado empuje del Frente Popular» o la enormemente descriptiva «Las ambiciones, divergencias, rivalidades, conflictos e indisciplina que tenían atascado al Frente Popular…». Baste esta última referencia, tomada de La velada en Benicarló, para demostrar que, en el pensamiento íntimo de Azaña, la trágica anarquía político-social de los primeros meses de la República en guerra no es más que la secuencia histórica de la «impotencia y barullo» de los últimos meses de la República en paz. Para que no quede la menor duda respecto al pensamiento de Azaña, terminemos con él la última de estas citas: «Las ambiciones, divergencias, rivalidades, conflictos e indisciplina que tenían atascado al Frente Popular, lejos de suspenderse durante la guerra, se han centuplicado… La granada se ha roto en mil pedazos, precisamente por donde estaban marcadas las fisuras».

En esta historia, por desgracia, la detección de las fisuras acabará prevaleciendo sobre la evocación de las esperanzas. Y eso que las esperanzas de una gran mayoría del país, incluso de amplios sectores de la derecha, se concentraban –desde que se confirmaron las primeras noticias electorales– en la persona de Manuel Azaña. Él lo sabía, y por eso improvisa su Gobierno, en la tarde del 19 de febrero, «en diez minutos».

La lista se entrega a los periodistas poco antes de las diez de la noche. Se componía de ocho miembros de Izquierda Republicana: Augusto Barcia (Estado), José Giral (Marina), Gabriel Franco (Hacienda), Marcelino Domingo (Industria), Amós Salvador (Gobernación), Santiago Casares (Obras Públicas), Mariano Ruiz Funes (Agricultura), Enrique Ramos (Trabajo); otros dos de Unión Republicana: Antonio Lara (Justicia), Blasco Garzón (Comunicaciones); un republicano independiente, afín a Martínez Barrio: Álvarez Buylla (Industria), y un general adicto al presidente del Consejo (Masquelet). Martínez Barrio queda reservado para la presidencia de las Cortes. Mientras regresa de Mallorca el general Masquelet, se encarga interinamente de la cartera el general José Miaja Menant. Marcelino Domingo tiene que resignarse a ceder la cartera de Agricultura, con la que estaba muy ilusionado. En la enjundiosa Crónica de dos días, Azaña ha dedicado un impresionante epitafio político al abandono de su antecesor Portela.

El mismo día 19 decide Azaña relevar en la Dirección de Seguridad al capitán Santiago por su amigo Alonso Mallol; de acuerdo con él y con Martínez Barrio y Amós Salvador, Azaña designa personalmente durante esa noche a casi todos los gobernadores.

El crédito de esperanza que casi todo el país abría a la gestión de Manuel Azaña va a durar casi dos meses; cobra nueva fuerza con la alocución radiada que el jefe del Gobierno dirige a toda España al día siguiente, 20 de febrero: «A todos los ciudadanos españoles, el Gobierno de la República se dirige con palabras de paz».

La adhesión de las izquierdas a los primeros actos del presidente era natural; pero junto a ellas conviene destacar la aprobación de muy significativos sectores totalmente extraños al Frente Popular. Así, el jefe tradicionalista Fal Conde.

En Arriba del 23 de marzo –«Aquí está Azaña»–, José Antonio recuerda el cumplimiento de su vaticinio. Concede a Azaña un margen de confianza. Habla de revolución nacional, pero admite la posibilidad de que sea Azaña quien la realice.

Todavía debió sonar más inesperada para el presidente del Consejo la reacción favorable de Álvaro Alcalá Galiano en las páginas de ABC el 25 de febrero. La buena disposición de las derechas no se limitó a las palabras. La Diputación Permanente de las Cortes –de las Cortes de 1933–, controlada por las derechas, colaboró con el nuevo Gobierno en la aceleración, no demasiado ortodoxa desde un punto de vista estrictamente jurídico, de algunos proyectos urgentes destinados a destruir la obra legislativa y de Gobierno de la etapa representada precisamente por esa Diputación. En parte por patriotismo, en parte por miedo y en parte por un sincero deseo de contribuir, como tanto se repetía entonces, a la «pacificación de los espíritus», la Diputación vota el 21 de febrero la aprobación de un decreto-ley sobre amnistía y el 26 la de otro sobre reanudación de las funciones del Parlamento catalán para hacer posible la designación del Gobierno de la Generalidad. Casi todos los representantes de la derecha votan, con el Frente Popular, este borrón y cuenta nueva a temas tan trascendentales del anterior bienio.

El Frente Único de los republicanos, que antes de las elecciones no había podido soldarse con independencia del Frente Popular, se consuma el 14 de marzo, cuando, frente a la creciente amenaza disgregadora por parte de los partidos y grupos proletarios, se constituye un solo grupo parlamentario con los diputados de Izquierda Republicana, Unión Republicana y la Esquerra. Con las espaldas mejor guardadas, se decide entonces Azaña a presentarse ante el Parlamento, que durante la segunda quincena de marzo se había entretenido en el turbio regateo de las actas derechistas.

El primer discurso de Manuel Azaña en las Cortes de 1936 confirma otra vez las esperanzas pacíficas del país: «Comparece ante vosotros el bulto todavía parlante de un hombre excesivamente fatigado» dice Azaña, antes de recordar su versión de la anterior historia de la República. En su exordio notan las derechas rasgos dignos de un auténtico hombre de Estado, ansioso sinceramente de superar el sectarismo pendular que parecía consustancial a la reciente marcha del país: «Fundamos un régimen para todos los españoles, incluso para los que no son republicanos». Al criticar los errores de los hombres de la derecha, a los que designa como «nuestros legítimos adversarios», se muestra humilde, admite la posibilidad de haber cometido también errores. Aquél parecía otro Azaña, y la tensión política se relajó mucho.

Advertencia de Azaña a la extrema izquierda: sólo el Gobierno es el ejecutor de la política del Frente Popular. Ataca entonces Azaña al desorden y a su raíz, el espíritu de violencia. Afirma que la política a seguir por el Gobierno tendrá que dañar a determinados intereses, porque, en definitiva, la acción de Gobierno tendrá que ser una lucha contra el privilegio económico.

El orador tiene conciencia –y trata de transmitirla al Parlamento y al país– de que se trata de la última oportunidad «para el asentamiento definitivo del régimen republicano en España».

Es posible que en este discurso del 3 de abril alcance Manuel Azaña su cima como hombre de Estado. La misma altura se mantiene en su segunda intervención ante las Cortes, el día 15 de abril, cuando, destituido ya el presidente de la República, su nombre andaba en el ánimo de todos para sucederle.

En esta ocasión Azaña presenta a las Cortes su programa de Gobierno, que no es otro que el del Frente Popular. Afirma que investigará los posibles delitos cometidos durante la represión por los sucesos de Octubre, pero de forma legal, no demagógica. Anuncia la restauración de la legalidad laboral mediante la derogación del decreto injusto de 1934 que suprimió «la jurisdicción normal para los conflictos de trabajo». Anuncia también la restauración de la legislación autonómica para Cataluña, tras la sentencia del Tribunal de Garantías, que acababa de declarar inconstitucional la ley de enero de 1935.

Las primeras medidas proyectadas, de tipo institucional, son las siguientes, para cuyo desarrollo reclama la colaboración de las oposiciones: Reforma del sistema electoral por el Tribunal de Garantías; reforma de la elección de presidente del Supremo; Ley de Competencias Jurisdiccionales y reforma del Reglamento de las Cortes.

La segunda serie de medidas –las que afectan a la economía nacional– es, en realidad, más importante. Basta recordar la situación del cambio y las abrumadoras cifras del paro para comprender lo crítico del punto a que ha llegado la economía del país. La causa de este panorama hay que buscarla, según Azaña, en la mala gestión de los gobiernos de derecha. Propone Azaña una política basada en la austeridad e incluso en las privaciones y anuncia una reforma fiscal, además de un giro eficaz, no demagógico ni menos electorero, para la política de obras públicas.

En cuanto al vital tema de la reforma agraria, anuncia la derogación de la legislación derechista. Pero el restablecimiento de la legislación anterior ha de complementarse con medidas positivas, entre las que destaca la organización de un adecuado crédito agrícola. La reforma agraria no es un simple proyecto: es una realidad ya en marcha, de la que se están beneficiando en estos momentos setenta mil yunteros en Extremadura. Claro que Azaña no comenta el origen de tal situación; los yunteros se tomaban la ley por su mano y ocupaban las tierras sin esperar a la Gaceta que corría tras ellos.

Hay que restablecer –dice Azaña– la legislación social de las Constituyentes, deshecha por los gobiernos derechistas: «se derogarán las derogaciones» y se creará una nueva figura de delito, la de «envilecimiento doloso del salario».

Se promete también una ley orgánica para la reforma radical de la Administración de Justicia.

La declaración ministerial de Azaña se extiende incluso a la política exterior. Manifiesta su apoyo a la Sociedad de Naciones en la «crisis grave» de Europa. Cuando vuelve sobre el tema de la política interior, rechaza la acusación –frecuente en las derechas– de «antipatria», y registra un «fenómeno nuevo»: «el acceso al poder político de nuevas clases sociales». Termina el discurso con una inequívoca afirmación de españolismo, no reñida con la democracia y con una nueva exhortación pacificadora.

Desgraciadamente, la inflexible realidad política vino muy pronto a truncar tantas amplias esperanzas puestas en la gestión de Manuel Azaña al frente de un Gobierno republicano de Frente Popular. Tal vez la raíz del nuevo –y definitivo– fracaso de la República pueda encontrarse en la contradicción interna, en el carácter explosivo de la heterogénea alianza de las izquierdas, que ya hemos oído comentar al propio Manuel Azaña. Nadie ha descrito mejor esta contradicción interna que el diputado de la Lliga y ex ministro Juan Ventosa Calvell, uno de los hombres que con más denuedo e inteligencia luchaban entonces por salvar la convivencia pacífica de los españoles. Diría así Ventosa en su discurso de 16 de junio en las Cortes:

«… He de proclamar claramente que yo, que creo que el Frente Popular pudo ser un tema electoral formidable, estoy convencido de que no puede ser un instrumento eficaz de Gobierno porque es una combinación imposible la de marchar unidos, para realizar una obra constructiva, los que pretenden destruir las organizaciones democráticas y la sociedad capitalista y la organización presente y aquéllos que siguen afirmando todavía que quieren mantener las instituciones democráticas y el régimen capitalista, aunque sea con tales o cuales condiciones. Forzosamente hay una contradicción, una diferencia de rutas que tiene que llevar a unos o a otros a la impotencia y a todos a la perturbación. La consecuencia de ello que estamos viendo es la impotencia parlamentaria».[17]

Mas no se crea que las culpas de la ruptura y el desbordamiento han de atribuirse en exclusiva a la extrema izquierda del Frente Popular. El propio Manuel Azaña participa de la ceguera nacional cuando, en abierta contradicción con sus palabras de paz, choca el día 20 de febrero con uno de los hombres de la derecha que más podían ayudarle a tender auténticos puentes de convivencia, Manuel Giménez Fernández. El decepcionante comentario de Manuel Azaña, ante la visita del avanzado ex ministro de la CEDA, nos muestra, después de tantos años, las verdaderas posibilidades de la decantada moderación.[18]

Cuando durante la segunda quincena de marzo las Cortes, dominadas por la izquierda, convirtieron el análisis de las actas en una continua serie de «polacadas» –la palabra es de Madariaga–, la esperanza suscitada por la serenidad inicial de Manuel Azaña empieza a diluirse. La retirada en bloque de las derechas, que abandonan el Parlamento el 31 de marzo como resonante protesta ante las arbitrariedades de la izquierda –tanto más lamentables cuanto más innecesarias, como hemos insinuado en el capítulo anterior–, marca probablemente el comienzo de la degeneración de las Cortes y es la primera declaración, por parte de las derechas, de la Guerra Civil parlamentaria. Sin embargo, los discursos del jefe del Gobierno los días 3 y 15 de abril reavivan unas posibilidades de convivencia que todos los españoles responsables se obstinaban en mantener. Vana ilusión.

La incalculable arbitrariedad de la destitución presidencial estaba ya por entonces consumada; crecía por horas la amenaza callejera, eco de una amenaza mucho más honda, la amenaza de descomposición social y de desintegración nacional. Y es el propio Manuel Azaña quien pierde el control al día siguiente del último de sus grandes discursos parlamentarios, el día 16 de abril. En las rectificaciones a los discursos del 15, destruye por su propia mano las esperanzas acumuladas frenéticamente en torno a su persona: «¿No queríais violencia? ¿No os molestaban las instituciones sociales de la República? Pues tomad violencia. Ateneos a las consecuencias».[19]

El momento vital de España antes
de la tragedia

Con rarísimas excepciones, casi todas las historias y ensayos acerca de los antecedentes de la Guerra Civil española consideran a la primavera trágica exclusivamente como un período de desgarramiento y de amenaza desintegradora. Los tratados oscilan entre los polos de la revolución y la conspiración. Este tipo de descripciones está sin duda justificado por la gravedad de la crisis política española de aquellos meses, pero tampoco sería justo reducir a la trágica tensión que culminó en la Guerra Civil toda la densidad de la vida española en el primer semestre de 1936. Vamos a intentar –sin pretensiones exhaustivas, ni siquiera sistemáticas– sugerir varios aspectos importantes del momento vital de la España de entonces, que por tantos conceptos, y a pesar de la honda conmoción que la enloquecía, atravesaba uno de los períodos más profundos y sugestivos de toda su historia. Al hacerlo no solamente completaremos los esquemas político-sociales de nuestra obra, sino que pondremos de manifiesto el carácter primordial que la catástrofe de julio iba a conferir al fracaso final de la República, carácter primordial que, con una perspectiva suprapartidista y española, no iba a ser ni el de cruzada, ni el de revolución, ni el de prólogo: iba a ser sencillamente el de tragedia.

«El año 1935 –dice Gabriel Jackson– no estuvo dominado, ni mucho menos, por los fracasos políticos de las Cortes o las emociones políticas de la juventud. Fue un año culminante en el renacimiento cutural de España. De hecho, apenas sí hubo en el medio siglo anterior un contraste tan grande entre el estancamiento de la política y la vitalidad de la cultura española»[20]. Justísimas apreciaciones que se empañan, por desgracia, a la hora de los ejemplos, reservados por Jackson con sectarismo que merecería ser español a representantes del mundo de la cultura escogidos abrumadoramente del campo izquierdista. Para no caer en aberración semejante, vamos a ampliar por nuestra parte todo lo posible el ángulo de nuestra evocación y dentro de la panorámica cultural vamos a incluir todos los campos, no solamente el artístico y el literario.

«El advenimiento de la República –anota certeramente Carlos Seco Serrano– coincide con un momento de plenitud en la creación literaria». Y de tal plenitud que en nuestra exposición no podemos ni siquiera mostrar al lector una galería de retratos: solamente una gloriosa galería de nombres. En el primer semestre de 1936, y en diversos momentos de su trayectoria vital, vivían y escribían en España los principales monstruos sagrados del 98: Unamuno, Baroja, Azorín, Valle-Inclán (que muere, como Unamuno, en este año), Maeztu; la generación «filial» en pleno, con Ortega y Gasset, Ramón Pérez de Ayala, Gregorio Marañón, y los jóvenes «nietos», bautizados por Ernesto Giménez Caballero y recién curados, no del todo, de muchos «ismos».

El teatro se llama Benavente, Marquina, los Quintero; pero se empieza a llamar Alejandro Casona, Federico García Lorca. Si la cultura española, en general, ha creado su propia edad de plata, la lírica revive un segundo siglo de oro: Antonio Machado, Juan Ramón Jiménez, Vicente Aleixandre, Rafael Alberti, Federico García Lorca, Luis Cernuda, Gerardo Diego, Dámaso Alonso, León Felipe, Pedro Salinas, Jorge Guillén, José María Pemán, Agustín de Foxá, Luis Rosales, Leopoldo Panero, Miguel Hernández, Luis Felipe Vivanco, Manuel Machado y Gabriel Celaya. En los anchos horizontes de la narrativa, Ramón Sender, Max Aub, Arturo Barea, Tomás Borrás, Rafael Sánchez Mazas, Camilo José Cela, Ignacio Agustí, Luis Romero, Álvaro Cunqueiro, Darío Fernández Flórez, Zunzunegui, empiezan a triunfar, o por lo menos a escribir, según edades, cuentos y novelas.

Muchos auténticos intelectuales alternan la creación con otras actividades que van desde la crítica hasta la política: Federico Carlos Sáinz de Robles, Benjamín Jarnés, Guillermo de Torre, Eugenio Montes, Ramiro Ledesma, Joaquín de Entrambasaguas, Guillermo Díaz Plaja. Tan prestigiada está en España la figura de intelectual que desde su trono intelectual nunca abandonado salta a la cumbre política –precisamente en 1936– el hombre que no solamente encarna ya la «República» de 1931, sino la misma «República» de Platón: Manuel Azaña, a quien todavía no se ha reconocido en España como una cumbre de la cultura española de todos los tiempos; su figura se utiliza más bien como bandera de secta –por la izquierda– o pretexto de imagen, como en el caso de José María Aznar, que en el fondo ignora profundamente quién es Azaña.

La plenitud cultural de la España de 1936 es tan honda que surgen figuras humanísticas absolutamente inclasificables: Eugenio d’Ors, Ramón Gómez de la Serna. Salvador de Madariaga. La baja política prostituye con desgraciada frecuencia a un periodismo digno de mucha mejor suerte, sólo por contar con profesionales como Ángel Herrera, Manuel Aznar, Manuel Chaves Nogales, Julián Zugazagoitia, Agustín Calvet, Pedro Gómez Aparicio, Indalecio Prieto, Carlos de Baráibar, Julio Caniba, Juan Ignacio Luca de Tena, Víctor de la Serna, José Antonio Primo de Rivera, Manuel Delgado Barreto y con colaboradores entre los que podría citarse a toda la nómina de la intelectualidad española; entre los todavía no llamados a estas líneas, César González Ruano y Enrique Azcoaga.

Uno de los rasgos más prometedores de aquella ebullente e intelectualizada cultura española de 1936 era el nuevo humor de «Tono» y Miguel Mihura, que en aquellos meses se ensayaba en el cine. En un cine influido quizá con exceso por Hollywood mediante la áurea vinculación personal de sus mejores creadores y protagonistas.

Las artes plásticas navegaban ya en 1936 a todos los vientos, liberadas de la esclerosis de las primeras décadas por la teoría poderosa de Eugenio d’Ors y, sobre todo, por el milagro del primer artista mundial del siglo XX: Pablo Picasso. La pintura española de 1936 se mostraba ante todo el mundo como digna heredera de la tradición áurea y la revolución goyesca. Joon Miró, Salvador Dalí, Gutiérrez Solana, Vázquez Díaz, José María Sert, Ignacio Zuloaga, Gregorio Prieto, Pancho Cossío son ya o van a ser muy pronto nombres universales. El propio Pablo Picasso encabeza la nómina menos nutrida, pero no menos selecta, de nuestros grandes escultores; con él, José Clará, y con ellos, Julio Antonio, Victorio Macho, Mariano Benlliure. Manuel de Falla sigue dominando la música española, y durante la República se han consagrado Rodolfo Halffter, Gustavo Pittaluga, S. Bacarisse, Pablo Sorozábal y el autor de la última de las grandes zarzuelas españolas, Federico Moreno Torroba. Empieza ya a oírse el nombre mágico de Joaquín Rodrigo. Barcelona es la capital musical de España, con Luis Millet y Pablo Casals en el centro de la armonía.

La República ha marcado también la irrupción de los aires nuevos en una arquitectura apastelada con la gloriosa e imposible excepción de Gaudí, y un urbanismo no solamente anárquico, sino prácticamente inexistente, que solamente podía vivir hasta entonces de los recuerdos de Salamanca y Cerdá. José Luis Sert inicia en Barcelona el impulso racionalista, funcional, y en definitiva liberador, del GATEPAC; surgen en el Madrid horrendo y monótono la Casa de las Flores, los Nuevos Ministerios, el edificio Carrión, y sobre todo la Facultad de Filosofía y Letras; entre ellos, los nombres de Zuazo, Feduchi, Feced y Modesto López Otero. El 10 de julio, en vísperas del final, Indalecio Prieto recibe, con toda justicia, la Medalla de Oro de Madrid por haber marcado a la capital de España el recto y único camino de su expansión urbana: el norte.

El fantástico nivel que, como evidencian estos nombres y los que van a seguir inmediatamente, estaba alcanzando la cultura española tras el primer tercio del siglo XX –nivel que contrasta con el marasmo cultural del XIX– se debe en gran parte a una conjunción de esfuerzos individuales, favorecidos, eso sí, por un ambiente en el que vertían sus influjos benéficos la calidad reconcentrada de los hombres del 98, la seriedad selectiva de la Institución Libre de Enseñanza y, con todos sus radicales defectos, la Universidad española en evidente trance de superación.

Caeríamos en infantil triunfalismo histórico si no recalcáramos las nefastas influencias del sectarismo y el politiqueo en la propia Institución Libre, creadora de hipertensiones inútiles y esterilizadoras en el seno de la Universidad, a cuyo margen, un poco despectiva, un poco protectora y un poco parásita, se había creado y seguía subsistiendo. Cierto que esa creación marginal fue efecto de otro sectarismo de signo contrario: derechista, conservador y católico. Pero los organismos oficiales controlados en 1936 por la Institución –Junta de Ampliación de Estudios y centros de investigación científica, como el Instituto Rockefeller, etc.– amparaban sectarismos reactivos, si no reaccionarios, que prolongaban en el terreno sagrado de la ciencia y de la cultura la eterna distensión pendular de la vida espiritual española contemporánea.

La Universidad de 1936 seguía siendo un coto clasista, dominado estérilmente por las eternas «Letras» y por el Derecho, controlada, lo mismo que el resto de la enseñanza oficial, por un alicorto Ministerio de Instrucción Pública, poblado por enjambres de funcionarios tan estrechos de miras que el sectarismo de los de izquierdas solamente podía parangonarse con el sectarismo de los de derechas. Como un símbolo de esta pobre Universidad, atenazada por la burocracia retrógrada de la calle de A!calá, hemos visto morir a Santiago Ramón y Cajal en 1934 sin que el país se conmoviese, y hemos visto partir en 1935, para la gloria extranjera, a Severo Ochoa de Albornoz, (el miembro de la familia famoso entonces en España era Álvaro, el político de Luarca).

Con tan nefastos cimientos, resulta un verdadero milagro de la improvisación hispánica que en la Universidad de 1936 floreciesen no solamente grandes sabios, sino lo que en España estaba casi olvidado: grandes maestros. Lo eran Ramón Menéndez Pidal, que en 1936 lanzaba los primeros tomos de su Historia de España, hoy degradada en otras manos; Rafael Altamira, jubilado en ese mismo año; el arabista Miguel Asín Palacios, los historiadores y humanistas Sánchez Albornoz, Ballesteros Beretta, Bosch Gimpera, Valbuena Prat, García de Valdeavellano y Carande. Es lógico que en un país con tal historia brillara tanto el grupo de sus historiadores.

La filosofía era patrimonio de la Universidad, en la que florecían seis grandes maestros: Xavier Zubiri, José Ortega y Gasset, Juan Zaragüeta, Manuel García Morente, Julián Besteiro y Ferrater Mora. En Medicina no desmerecen de Cajal nombres como Gregorio Marañón y Pío del Río Hortega, representantes, en frase de Pedro Laín Entralgo, de «la generación científica que, heredando colectivamente el espíritu de Cajal, supo implantar en la medicina española la ineludible exigencia de la técnica»[21].

La inteligencia española brillaba, en contraste con épocas anteriores, en un campo tan desusado para ella como es el de la ciencia matemática y experimental, tanto en la puesta al día y transmisión del saber (Julio Rey Pastor, José Baltá Elías, Enrique de Rafael, Emilio Jimeno), como en el de vanguardia investigadora, en la que forman, con relieve mundial, los físicos Julio Palacios y Arturo Duperier; los físico-químicos Catalán y Moles; el matemático, ya citado, Julio Rey Pastor, y el ingeniero Eduardo Torroja. El también ingeniero de Caminos Juan de la Cierva y Codorniu, Medalla Guggenheim, es, probablemente, el investigador técnico español más trascendente y conocido fuera de España en la primera mitad del siglo XX. En 1936 tenía ya puestas a punto las líneas maestras de la teoría y la técnica de su autogiro.

Junto a las grandes figuras, una pléyade de jóvenes promesas aseguran el digno relevo a las cátedras de la universidad española, a las cumbres de la vida académica. En algunos casos han efectuado ya en 1936, con esperanzadora brillantez, ese relevo: Emilio García Gómez, Rafael Lapesa Melgar, Francisco Javier Sánchez Cantón, José Camón Aznar, Pedro Laín Entralgo, Juan José López Ibor, Julián Marías, Gonzalo Torrente Ballester, Ángel Valbuena Prat, Ferrán Soldevila, Manuel Giménez Fernández, Antonio Tovar, Antonio Ríus, Manuel Lora Tamayo, Manuel Bermejillo, Samuel Gili Gaya, Alonso Zamora Vicente, J. A. Maravall, Luis Díez del Corral, José Larraz. Estos nombres nos hacen evocar aquí la extraordinaria inquietud científica de los primeros economistas profesionales españoles: Flores de Lemus, Perpiñá Grau, Gual Villalbí.

A pesar de que la enfermiza politización del pueblo español se propagaba con redoblado sectarismo entre nuestras élites intelectuales, existía entre los trabajadores de la cultura un sexto sentido suprapartidista que, fuera de ocasiones límite, hacía posible entre muchos de ellos la amistad e incluso la hermandad. Podrían multiplicarse los ejemplos. En los cursos de verano internacionales de Santander confluían en 1936 grupos de jóvenes promesas –algunas muy cuajadas ya– que discutían amigablemente sus respectivas posiciones durante la primera quincena de julio, muy ignorantes de que en la segunda dirimirían a tiros sus ahora académicas y amistosas discrepancias. José María Fontana evoca con nostalgia las tertulias intelectuales y los grupos juveniles catalanes anteriores a la guerra que reunían generosamente a hombres de muy diversos ideales. Lo mismo hace una de las grandes plumas de España que entonces empezaba a brillar, Ignacio Agustí.

No pueden recorrerse ahora sin pena las noticias de 1935 y 1936, en las que aparecen, sin divisiones de sangre de lágrimas, nombres bien pronto aventados y separados. El 23 de febrero de 1936 el Gobierno del Frente Popular confirmaba en su cargo –excepcionalmente– a un hombre mantenido también en él por los gobiernos derechistas: José Castillejo, director administrador del Instituto de la Fundación Nacional para Investigaciones Científicas. El 11 de mayo se cumplían triunfalmente las 200 representaciones de Nuestra Natacha, de Alejandro Casona, tal vez el mayor éxito de la temporada, junto a una obra de Juan Ignacio Luca de Tena –Quién soy yo–, en la que el público, puesto en pie, aclamaba a un general que proponía a un político la técnica de un golpe de Estado. (El público de Nuestra Natacha aplaudía, puesto en pie, una rosada evocación del paraíso soviético).

En junio del mismo año Unamuno comenta, encorajinado e interesado, la aparición del libro de Gregorio Marañón sobre el Conde Duque de Olivares; y reconoce que escribe su primer comentario sin haber leído la obra, lo que también forma parte de la metodología unamuniana. Picasso ha esculpido sus toros trágicos a partir de los días de la Revolución de Octubre; desde entonces ha lanzado Pemán su Cisneros y su Cuando las Cortes de Cádiz. Marea del silencio, de Gabriel Celaya, es obra de 1935, como Abril, que marca un punto de inflexión en la poesía de Luis Rosales, como Mr. Witt en el cantón, de Ramón Sender, Premio Nacional de Literatura en ese mismo año. Pero para cerrar esta evocación literaria recordemos dos noticias enormemente simbólicas de la misma primavera trágica. El 13 de marzo de 1936 es trasladado a Madrid el catedrático Antonio Machado al Instituto Cervantes. La cátedra que reserva –tras oposición y concurso– la República española al primero de nuestros poetas contemporáneos es ¡de lengua francesa! Y la gran obra dramática de Federico García Lorca, La casa de Bernarda Alba, la más notable aportación de España al teatro contemporáneo universal en justa frase de un ilustre historiador, queda terminada en la primavera de 1936, pero no puede estrenarse. Su estreno –seguramente contra el símbolo del autor– se montaría muchos años más tarde como una venganza.

De los incompletos, aunque muy sugestivos, catálogos anteriores, ha podido deducir el lector, entre otras, una muy interesante conclusión: la Iglesia católica está prácticamente ausente de la vida cultural, de la espléndida vida cultural española de 1936. Por supuesto que bastantes nombres entre los citados corresponden a católicos e incluso católicos practicantes; pero muy pocos de ellos pueden considerarse como católicos militantes, incluso los que pertenecen a partidos o ideologías de derecha. La Iglesia ha preferido orientar a sus militantes hacia la vida profesional y hacia la política; ha descuidado el campo de la intelectualidad.

De esta situación se ha hecho consciente un sacerdote de Zaragoza, José María Escrivá de Balaguer, quien para 1936 tiene ya formado un grupo militante embrionario fundado hacia 1928 –como resultado, según sugiere él mismo con modestia, de una especie de iluminación– y orientado ya hacia campos de apostolado muy descuidados hasta entonces, como el intelectual, el universitario y el financiero. Pero en 1936 nadie conocía semejantes propósitos fuera del grupo que seguía al fundador del Opus Dei, un español que iba a cambiar la historia de la Iglesia en la segunda mitad del siglo XX.

Lo que sí está claro es que entre los nombres del anterior catálogo casi no figura sacerdote ni religioso alguno. Los intelectuales eclesiásticos se dedicaban por entonces al cultivo de las llamadas «ciencias sagradas» y también a las «humanidades clásicas», única vía de acceso a tales ciencias; no faltaban en todos esos campos algunos, no demasiados, cultivadores de nota, pero su influjo se reducía al estrecho auditorio de sus alumnos y ejercía bien escasa influencia en la sociedad. Ni siquiera los jesuitas, otrora poderosos en las ciencias y las letras, podían ofrecer muchas figuras culturales de primer orden, como no fuera algún orador sagrado descollante o algún maestro insigne: los padres Torres, gran expositor de lecciones sacras; Pérez del Pulgar, ingeniero desterrado con su ICAI (en el que explicaba Matemáticas el ya citado e insigne maestro Enrique de Rafael). Vitoria y Romaña, científicos en Cataluña, y algún otro. Lo más grave para la Iglesia es que ni siquiera en las «ciencias sagradas» mantenían sus hombres de España la tradición y la jerarquía de otros siglos.

El primer tercio del siglo XX español no cuenta con ningún Balmes. Este silencio cultural de la Iglesia en 1936 es uno más entre los varios silencios que nos retrotraen inesperadamente a la situación de 1917; fuera de alguna que otra salida de tono en las Cortes, el tema eclesiástico se considera agotado y no se plantea de forma expresa durante la primavera trágica. Tras la declaración del cardenal Gomá durante la campaña electoral, la Iglesia calla y espera. No podían sospechar sus hombres que les aguardaba para ese mismo verano la más terrible prueba colectiva de toda la historia de España desde los tiempos de la dominación romana.

El impacto de la crisis mundial en la economía de la España subdesarrollada se había producido de forma amortiguada, pero atenazadora; por eso mismo, en la primavera de 1936, cuando el mundo salía de la crisis por una u otra vía, en España las cabezas más claras seguían pensando que la crisis era endémica al sistema de economía liberal y que España seguía encadenada a sus consecuencias.

La realidad no discurría por esos cauces. El impacto de la crisis, como sabemos, se exageró mucho aquí; en el fondo eso equivalía a conceder a nuestro país una importancia industrial y unas conexiones con la realidad económica universal de las que carecía en gran medida. Lo que pasa es que la economía española, flanqueada, eso sí, por la crisis universal, traducida aquí en importantes y poco estudiadas alteraciones de los mercados exteriores (sobre todo de los mercados fáciles), se había complicado gravemente con la inquietud empresarial y el desánimo financiero para las empresas de altos vuelos después de la terrible Revolución de Octubre y ante el constante clima de revanchismo proletario que se advertía entre las fuerzas del trabajo. A pesar de todo, puede aplicarse con justicia a la primavera de 1936 la apreciación de Seco Serrano: «España, todavía un país agrícola subdesarrollado, estaba, en los años treinta, a punto de entrar en una fase mejor…»; «factores decisivos habían de ser para ese nuevo impulso la extensión del regadío –decididamente emprendida por los gobiernos republicanos– y la expansión de los cultivos de exportación».

La inseguridad y la carencia de estadísticas se agravan para el estudio de los momentos finales de la República, pero los economistas no han dejado de advertir ciertos síntomas de recuperación económica en 1935; las exportaciones de mineral de hierro pasan de dos millones de toneladas en 1934 a casi cuatro en 1935; las de piritas, de 2.093 a 2.185; las de mercurio, de 4.000 a 5.500 toneladas. 1935 fue un año agrícola menos que regular, pero gravitaban sobre la economía de 1935 y 1936 los efectos de los excedentes trigueros de 1934.

Por lo demás, los condicionamientos de la estructura subdesarrollada y arcaica de la economía española se mantenían en 1936 como los dejamos expuestos para 1934, con lo que no tiene nada de extraño que las magnitudes macroeconómicas permanezcan estancadas, si no con un ligero retroceso, en los resultados de 1935. «Un 30 por 100 de la población de España –decía José Calvo Sotelo el 16 de junio de 1936 en las Cortes–, que es la ciudad, consume el 60-70 por 100 de la renta nacional, y el 70 por 100 de la población de España, que es el campo, consume el 40 ó 30 por 100 restante». En cuanto al año 1936, el desorden crónico en que se debatía la vida social del país no permitía el menor progreso de la vida económica, como comprenderá el lector ante los epígrafes que siguen en este mismo libro. De todas formas, notemos que en 1936 el mundo, abocado a una crisis bélica espantosa, se estaba liberando, sin embargo, del abrazo mortal de la crisis económica. Nunca sabemos lo que hubiera podido hacer España en este terreno si hubiese acertado a liberarse de su propia crisis, que era infinitamente más profunda.

La obra de gobierno del
Frente Popular

Nuevamente conviene notar en este apartado la exageración exclusivista de quienes solamente quieren ver desorden, anarquía y caos en el intento gubernamental del Frente Popular desde febrero a julio de 1936. El intento, sí, fracasó, entre la impotencia y el barullo. Pero en honor de la República hemos de afirmar que no dejó de emprenderse una obra de Gobierno. Conscientes de que habían perdido estúpidamente la gran ocasión de 1931, los hombres de la República, liberados ya de bastantes prejuicios y de bastantes rémoras, intentaron a partir de febrero de 1936 realizar la auténtica revolución burguesa que seguía inédita en España.

No supieron o no pudieron, pero la responsabilidad de semejante fracaso recae sobre toda España; sobre la izquierda revolucionaria, ante todo, que parecía buscar en la catástrofe lo que tenía seguro en la vía legal; sobre la derecha, por su culpable y reaccionaria actitud de los dos años anteriores; sobre los mismos elementos moderados de la República, que no aciertan a coordinar sus esfuerzos y romper sectarismos para la salvación de España; sobre la extrema derecha, que a partir del 16 de febrero no concede a la República la menor posibilidad, a pesar de las declaraciones aisladas de alguno de sus miembros ilustres.

Pero a la izquierda republicana –es decir, a los republicanos del Frente Popular y a los elementos moderados del socialismo– hay que concederles la gloria del intento y eximirles de la culpa de torpedearlo, al menos de forma consciente. Ellos intentaron la conversión de España en un país moderno por caminos democráticos. Su fracaso final, que fue el fracaso de la República, será por eso un elemento fundamental de la tragedia que historiamos. Los heterogéneos vencedores de 1939 pueden identificar con el mismo rasero a todos «sus» culpables; pero este epígrafe no es la continuación del Dictamen de Burgos, sino una parte de un libro de historia.

Desde el 19 de febrero hasta el 17 de julio de 1936, las supremas instituciones del poder republicano carecen, ante todo, de la continuidad personal imprescindible para la realización de una profunda obra de Gobierno. En esos cinco meses, la República española está regida nada menos que por tres presidentes: Niceto Alcalá Zamora, Diego Martínez Barrio (provisional) y Manuel Azaña. Tres son también los gobiernos del período (Azaña, Barcia, Casares), aunque el segundo no es sino la prolongación protocolaria del primero (durante dos días). En los tres se mantiene la misma línea a través casi de las mismas personas. En abierta contradicción con los propósitos de austeridad administrativa y económica tan aireados por estos gobiernos, el primero de ellos se apresura a derogar (20 de febrero de 1936) el decreto de Chapaprieta (19 de septiembre de 1935) y a recrear los ministerios concentrados por el hacendista del anterior bienio. El Ministerio de Trabajo, Justicia y Sanidad se divide en dos: Justicia, por una parte, y Trabajo, Sanidad y Previsión, por otra. El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones se divide en Obras Públicas y en Comunicaciones-Marina Mercante. Y el de Agricutura, Industria y Comercio recupera su división anterior, con la Agricultura en departamento autónomo.

A pesar de que estaba dominado por la sombra de dos grandes bloques o frentes, el Parlamento del Frente Popular constaba de treinta y tres partidos y grupos políticos nada menos, lo que, como puede preverse, en nada facilitaba la labor constructiva de la Cámara. Uno de estos grupos era el partido mesócrata, representado por un solo diputado, José Acuña, cuyo lema político era «cuchara, tenedor y cuchillo». Mucho más graves eran las grietas que dividían a cada uno de los grandes bloques –las «fisuras marcadas» que decía Azaña– y los abismos que separaban a un bloque de otro. Guerra declarada mantenían dos de los grandes grupos firmantes del manifiesto del Frente Popular: los comunistas estalinianos y los comunistas disidentes del POUM, atacados frenéticamente por sus rivales con el apelativo, poco exacto, de «trotskistas»; guerra sorda, que a veces emergía trágicamente, latía en las entrañas del Partido Socialista, dividía al PSOE de la UGT, enfrentaba a socialistas y comunistas, a unos y otros con los anarco-sindicalistas, a sindicalistas de Ángel Pestaña con sindicalistas controlados por la FAI que, aunque no pertenecían formalmente al Frente Popular, le habían facilitado a éste la victoria en las urnas. No eran menos acusadas las divisiones de la derecha, como tendremos ocasión de comprobar a lo largo de este capítulo. Y de la implacable hostilidad que separaba a uno y otro bloque no hace falta acumular más pruebas en este momento. Se verán todas muy pronto.

La sorda enemistad nunca desmentida entre Niceto Alcalá Zamora y Manuel Azaña entró en fase virulenta durante el breve período en el que los dos prohombres convivieron de nuevo al frente de los destinos de la República, período casi reducido al mes de marzo de 1936. La descripción que Azaña nos ha dejado de esas relaciones es insoslayable:

«Nos encontramos con un enemigo furioso, encarnizado, en el presidente de la República. Sofocando apenas el enojo, la aversión política y personal, con espuma en la comisura de los labios, nos echaba en Consejo de Ministros unos discursos dignos de Goicoechea. Desde luego impropios del jefe del Estado, aunque tenga que soportar un Gobierno que le sea antipático. Parecía el jefe de la oposición antirrepublicana. Un día le contesté largamente. Hablé quince o veinte minutos, en voz baja, sin ademanes ni exclamaciones, para decirle cosas irrebatibles. Creo que es lo mejor que yo he hecho. No conservo notas, porque todo fue improvisado, según las circunstancias. Se lo tragó todo, sin chistar. Cuando pudo recobrar la palabra, ¿sabe usted lo que me dijo? “El señor presidente del Consejo es ahora más fuerte que yo”. Enorme. Ahí se revela de cuerpo entero».[22]

Es evidente que los partidos y grupos proletarios tenían plena conciencia de su fuerza política durante la primavera trágica. Dominados, como veremos, por la fiebre revolucionaria, Azaña no era para ellos más que un instrumento para quemar etapas. Uno de sus líderes más inteligentes, Joaquín Maurín, le define de este modo:

«Azaña ha sido un girondino que ha ido a la escuela de Kerenski» y el fantasma del fracasado demócrata ruso perseguirá a Manuel Azaña desde entonces, incluso en las acusaciones de la derecha proferidas desde los bancos de la oposición. Sombra de Kerenski, o tal vez con mayor exactitud sombra de sí mismo, Azaña podía ser un político cansado y desbordado durante la primavera trágica, pero nadie le negará su categoría de político eminente. (Por cierto, me alegro de establecer aquí la paternidad auténtica de la frase sobre Azaña y Kerenski, que a veces atribuyo a otros testigos, quizá porque la repetían sin citar al autor. Con Maurín como autor, la frase adquiere mucha más fuerza que si se la hubieran dicho desde la derecha).

No podía decirse lo mismo de sus colaboradores. En su última etapa, la República española –que como anotaba Calvo Sotelo no podía considerarse como vivero de estadistas– quemó absurdamente con tantos cambios en la cumbre y tantos proyectos abortados las posibilidades de los escasos hombres de Gobierno que tal vez pudieron haberla salvado y con ella a España. Pero dentro del restringido campo del republicanismo de izquierda la escasez de hombres de Gobierno, a todos los niveles era tan alarmante que el propio Azaña se hace eco de ella con acentos patéticos: «No existe el centenar de personas que se necesita para los puestos de mando».

Solamente a esa escasez cabe atribuir el nombramiento de Amós Salvador para el cargo de ministro de la Gobernación, más importante que nunca en período tan agitado. El antiguo «melquiadista» no tenía otras credenciales que su probada amistad con Azaña. Con tanto cambio en las cumbres, el ajetreo burocrático mantuvo su ritmo acelerado desde los efímeros gobiernos Portela. Cesan uno tras otro los protegidos de situaciones anteriores: Ricardo Samper en la Presidencia del Consejo de Estado, Martí de Veses en una consejería de la CAMPSA, Rafael Sánchez Guerra en la Secretaría General de la Presidencia, para no contar los innumerables cambios en los destinos militares, cuya trascendencia se estudiará en el Episodio correspondiente.

Ascienden a los puestos de confianza y de Gobierno hombres adictos y amigos personales: Francisco Barnés sustituye a Samper en el Consejo de Estado, Cándido Bolívar es el nuevo secretario general de la Presidencia de la República, tras un breve interregno de Adolfo Álvarez Buylla para el breve período de Martínez Barrio, quien envía a Arturo Álvarez Buylla y Godino a la Secretaría General de la Alta Comisaría de España en Marruecos. En ocasiones, estos nombramientos respondían a un claro concepto de la justicia administrativa e histórica, como el de Antonio Nombela, designado el 4 de julio de 1936 para la Secretaría Técnica de Colonias en la recién creada Dirección General; en ocasiones, se derivaban de la estrechez de miras políticas combinada con las desalentadoras perspectivas del funcionariado español, circunstancias sin las cuales un energúmeno como Rafael Bosque no hubiera podido jamás soñar con un Gobierno Civil tan comprometido como el de Oviedo. Está claro que el hundimiento de la República comenzó por el fracaso absoluto de la política interior en este período: el 17 de marzo de 1936 se convocan elecciones municipales, hasta que pronto el Gobierno se da cuenta del mal paso, y el 5 de abril suprime tranquilamente la convocatoria. Pero el hombre que quedará asociado a la historia y al fracaso de esta política interior es el hombre que, desbordado por la derecha y por la izquierda, prostituirá la línea elevada del Gobierno y echará a la hoguera de la lucha civil el supremo prestigio arbitral de su posición clave; nos estamos refiriendo al jefe del tercer Gobierno del Frente Popular: Santiago Casares Quiroga.

Poco debemos añadir a estas alturas para completar el retrato de Manuel Azaña en los momentos en que se disponía a asumir la presidencia de la República española. Como muy pronto vamos a comprobar, ese elevado puesto equivalía a una eliminación, y a esta circunstancia contribuyó notablemente la ausencia de colaboradores de talla en la presidencia y en las filas del último Gobierno de paz republicana. El cansado desinterés de Manuel Azaña en esta triste etapa final se debe a la conciencia de su desbordamiento, pero también a un frío y profundo propósito de tranquilizar a la tripulación CO la imperturbable serenidad del capitán en medio de la tormenta. Así lo ha advertido Amadeo Hurtado.[23]

El 13 de mayo aparece en la Gaceta de Madrid la lista del nuevo Gobierno de la República, presidido por Santiago Casares Quiroga. Joaquín Maurín nos ha transmitido la opinión que aquel equipo rector de la República merecía a amplios sectores de la base revolucionaria del Frente Popular:

«Ahora bien, Azaña, presidente de la República, quería gobernar él personalmente, y nombró presidente del Consejo de Ministros a uno de los personajes más grises de su partido, pero subordinado y manejable: Casares Quiroga.

»Y Casares Quiroga, a su vez, se nombró a sí mismo ministro de la Guerra, y ministro de Gobernación a una momia del republicanismo provinciano de comienzos de siglo: Juan Moles.

»Siguiendo la voluntad de Azaña, se juntaron tres funciones de una importancia decisiva –Presidencia del Consejo, ministro de Guerra y ministro de Gobernación– en dos nulidades políticas».[24]

Para evitar apreciaciones personales del historiador en torno a la figura del nuevo presidente del Consejo, hemos preferido dejar la palabra a uno de los más inteligentes firmantes del pacto del Frente Popular. El lector puede completar la galería de testimonios sobre Casares –coincidentes en lo esencial– con los de personalidades tan diferentes como Amadeu Hurtado, Antonio Ramos Oliveira y Carlos Seco Serrano. El Gobierno Casares estaba formado así:

«Presidencia y Guerra, Casares (Izquierda Republicana); Estado, Barcia (Izquierda Republicana); Justicia, Blasco Garzón (Unión Republicana); Gobernación, Juan Moles (Independiente); Marina, José Giral (Izquierda Republicana); Hacienda, Ramos (Izquierda Republicana); Instrucción Pública, Francisco Barnés (Izquierda Republicana); Obras Públicas, Velao (Izquierda Republicana); Agricultura, Ruiz Funes (Izquierda Republicana); Industria y Comercio, Álvarez Buylla (Unión Republicana); Trabajo, Lluhí (Esquerra); Comunicaciones, Giner de los Ríos (Unión Republicana)».

Después de los dos decretos-leyes de febrero, publicados con el apoyo de las Cortes anteriores por medio de su Diputación Permanente, la primera disposición legislativa importante que emana del Frente Popular es el decreto de 1 de marzo sobre readmisión de trabajadores despedidos con motivo de los sucesos de Octubre. La medida confundía lamentablemente lo administrativo, lo político y lo económico; no se utilizó como instrumento de paz social y de lucha contra el paro, sino como instrumento de venganza social y de venganza política. Sus consecuencias –que en casos límite llegaron a verdaderos sarcasmos como en Toledo, ciudad en la que la viuda de una víctima de la revolución se vio obligada a readmitir y a indemnizar a los asesinos de su marido–, resultaron incalculables en cuanto a pérdida de moral empresarial y en cuanto a trastornos para la marcha, ya de por sí vacilante, de innumerables empresas grandes y pequeñas. El trato de favor para los amigos de la revolución hizo revertir sobre los trabajadores contrarrevolucionarios y neutrales –que se contaban por millares– la injusticia que con la medida se trataba de subsanar. Desde las alturas del Gobierno, y con terribles efectos retroactivos, se glorificaba la actitud sediciosa de Octubre. Octubre se actualizaba en febrero, desde el Gobierno y desde la ley. Estaba claro que el Gobierno preparaba incomprensiblemente una nueva oscilación represiva.

Aparte de ésta, pocas novedades nos ofrece la legislación laboral del Frente Popular, como no sea la sistemática inversión de todo lo dispuesto y actuado, a nivel de reglamento y arbitraje, durante el período anterior. Hay que señalar, sin embargo, un avance muy interesante: la Ley de Enfermedades Profesionales, aprobada en vísperas de la tragedia, a mediados de julio, y para la que colaboró el ejemplar técnico de la medicina oficial en el bienio derechista, el profesor Manuel Bermejillo, cuyas intervenciones en las Cortes fueron sectariamente interrumpidas por la mayoría, lo que motivó las protestas de bastantes diputados de izquierda, entre ellos el profesor Besteiro. Muy pronto, como era de prever, decidió el Frente Popular la continuación de otro de sus grandes proyectos, planteado durante el primer bienio, pero apenas resuelto más que con palabras: la reforma agraria.

El 24 de febrero de 1936 un decreto de Justicia deja prácticamente en suspenso los procedimientos judiciales de desahucio derivados de la Ley de Arrendamientos de 15 de marzo de 1935. Ante la presión social del campo, manifestada por medio de noticias esporádicas sobre ocupaciones aisladas de fincas, el 3 de marzo firma el Gobierno el «decreto de los yunteros» para estabilizar las ocupaciones de tierras en Extremadura; por decreto de 14 de marzo se aplican los beneficios de los yunteros extremeños a los de las provincias limítrofes con el antiguo reino de Extremadura. Poseemos datos sobre la aplicación de este decreto en la provincia de Cáceres, en la que los asentamientos legalizados cubrieron 78.083 hectáreas.

La nueva legislación agraria del Frente Popular no se debe, por lo general, a la iniciativa del Gobierno, sino al deseo de legalizar las ocupaciones de fincas emprendidas espontáneamente por los campesinos, orientados, eso sí, por las organizaciones sindicales del proletariado. No otro fue el origen del primer levantamiento comunal en el campo español de 1936, la rebelión de Cenicientos, pueblo situado en la intersección de las provincias de Madrid, Toledo y Ávila, que en los primeros días de marzo ocupó las tierras abandonadas de sus tres grandes propietarios y desencadenó por todo el país una ola revolucionaria, tras cuya espuma corría el Gobierno con tan buena voluntad como marcada impotencia. Volveremos sobre el asunto en otro epígrafe de este mismo Episodio.

Félix Gordón Ordás, el veterinario político, no forma parte del Gobierno, pero en el decreto de 4 de marzo, que devuelve los servicios de cría caballar al Ministerio de Agricultura, recibe una primera compensación a sus desvelos anteriores. El 5 de marzo se restablece la dirección del Instituto de Reforma Agraria y se nombra para desempeñarla a Adolfo Vázquez Humasqué; por cierto que éste redacta apresuradamente el decreto y se atribuye la categoría de director general, exageración corregida bien pronto por la Gaceta. Adolfo Vázquez inaugura así una costumbre bastante extendida en épocas posteriores, donde más de un «director» conseguirá elevarse a «director general».

El 17 de marzo se reorganiza el IRA y el 17 aparece en la Gaceta la definitiva solución para los yunteros de Extremadura y asimilados: la ocupación de tierras se configura en forma de arrendamiento perpetuo con un canon del 4 por 100, aunque desde el punto de vista jurídico la situación quedará considerada como ocupación temporal. Muy poco después, el 28 de marzo, el Gobierno trata de detener la ola de ocupaciones por medio de un decreto en el que se fijan las nuevas condiciones para las fincas expropiables por el IRA: gran concentración de la propiedad, censo campesino elevado en relación con el número de habitantes, reducida extensión del término comparada con el censo campesino, predominio de los cultivos extensivos. Ya entrado abril, el Gobierno decide tomar la iniciativa de la reforma por medio de legislación menos urgente y más encarada al futuro.

El 19 aparece un decreto autorizando al Ministerio de Agricultura a presentar a las Cortes un proyecto de ley sobre bases de la reforma agraria; otro, derogando la disposición de 1 de agosto de 1935 y reponiendo la de 15 de septiembre de 1932; otro sobre adquisición de propiedad por arrendatarios y aparceros; otro sobre rescate y adquisición de bienes comunales; otros sobre revisión de desahucios de fincas rústicas y, el 3 de mayo, otro sobre arrendamientos de fincas rústicas. El estallido de la Guerra Civil se produjo antes de que estos proyectos se convirtiesen en leyes, con excepción de uno de ellos: la ley de 19 de junio deroga la de 1 de agosto de 1935 y declara en vigor la de Reforma Agraria de 15 de septiembre de 1932.

Según datos del IRA publicados durante la Guerra Civil, entre el 20 de febrero y el 30 de junio de 1936 se legalizó la ocupación, o se dispuso, según los casos, en 232.000 hectáreas, en las que se pudo asentar a 71.919 familias campesinas. Según la misma fuente, entre el 17 de febrero y el 18 de julio de 1936 se concedieron créditos agrícolas por valor de 28.960.545 pesetas, lo que demuestra que la ocupación no fue meramente revolucionaria, sino que contó, en medida limitada al menos, con el apoyo financiero y técnico del Gobierno. Por supuesto que el innegable factor revolucionario de este proceso justificaba las censuras de ABC el 19 de abril:

«En el campo no se han hecho distingos entre terratenientes y labradores modestos. Unos y otros son víctimas de multas, alojados forzosos. En la ciudad tampoco se ha separado el gran industrial del humilde, ni a la entidad mercantil poderosa del comerciante que sostiene a duras penas un negocio precario…».

El estallido de la Guerra Civil aceleró la aplicación de la reforma agraria revolucionaria en una de las zonas, y produjo, en la opuesta, la congelación primero y luego la reversión del proceso. Por eso ahora resulta prácticamente imposible valorar desde un punto de vista económico y político las consecuencias de las nuevas realizaciones de la reforma agraria durante el período de paz del Frente Popular, único que nos interesa en este libro. Cuatro meses escasos al final de la cosecha cerealista no pueden suministrar ni un solo elemento de juicio para valorar un esfuerzo que, indudablemente, señalaba un camino interesante y, en algunas fases generales y locales, relativamente controlado por el Gobierno. Pero todo el proceso de ocupaciones estaba inspirado en la arbitrariedad revolucionaria y la venganza local. Por eso hay que buscar en él una de las causas más claras de la Guerra Civil.

La política educativa del Frente Popular estuvo regida, durante el Gobierno Azaña, por Marcelino Domingo, con Domingo Barnés en la Subsecretaría; durante el Gobierno Casares, por Francisco Barnés. Dominaban, pues, la educación española los hombres de la Institución Libre (a los que hoy José María Aznar llama «los hombres de la reconciliación»), mientras los socialistas mantenían el control de la enseñanza primaria y las escuelas normales. El decreto de 25 de febrero deroga el de 1 de abril de 1934 y restituye en sus funciones al Patronato de la Universidad de Barcelona; por los mismos días se resucita la suprimida Dirección General de Bellas Artes.

Las dos etapas de Gobierno educativo fraternal –en sentido real y figurado– comportan, como era de prever, un sectario recrudecimiento de la política antieclesiástica en el terreno de la educación. Los gobiernos de centro-derecha, sin atreverse a suprimir radicalmente la legislación del bienio Azaña, limitaron casi por completo su aplicación. Los gobiernos del Frente Popular encontraron un fácil sistema para reanudar la política del primer bienio sin más que poner en marcha las disposiciones oxidadas, aunque vigentes: a esto se le llamó oficialmente «la preparación de la sustitución». Fue precisamente Domingo Barnés quien provocó una tormenta de protesta por su imprudente afirmación parlamentaria de que las órdenes religiosas «prostituían» al niño.[25]

Durante la etapa de Domingo, el Ministerio investigó la reglamentación de la anterior y la desmontó cuidadosamente; cedió un local a la FUE dentro del propio Ministerio; preparó activamente la «sustitución», es decir, la eliminación efectiva de la Iglesia dentro del campo educativo, aunque dado lo avanzado del curso escolar esta preparación quedó en proyecto para el siguiente. Francisco Barnés, consciente de los errores del primer bienio, trata con singular prudencia de evitar a la República inútiles quebraderos de cabeza y, en pleno mes de junio de 1936, publica una nota que causa la mejor impresión por su moderación y ecuanimidad:

«El problema planteado en España por la sustitución de la enseñanza dada por las congregaciones religiosas es necesario resolverlo con toda clase de mesura, sin odios ni proselitismos. Es preciso cumplir la ley, pero con prudencia y discreción, sin perjudicar los intereses de nadie ni traspasar las conciencias. El Estado, mientras no realice la estatificación total de la enseñanza, debe respetar y hasta proteger la enseñanza privada, como cooperación de la que el Estado proporciona en sus centros…».[26]

Los beneficiosos efectos de tan buena disposición de ánimo han quedado para siempre vírgenes en el arcón de los futuribles. No correspondían los pocos hechos que se produjeron desde esa nota hasta el 18 de julio con tan prudentes palabras. Proseguía implacable el control socialista sobre el magisterio y las escuelas normales. Para la presidencia de la Asociación de Catedráticos de Instituto era designado Antonio Jaén Morente, jefe de bandería, no hombre de unión. En esta misma línea se había prohibido con argumentos falaces el 27 de marzo de 1936 la constitución de una asociación católica de maestros en Vizcaya. Los estudiantes, por su parte, mantenían su multiforme rebeldía y el curso 1935-36 puede considerarse nulo a efectos formativos en casi todas las universidades españolas. El 19 de marzo de 1936 el Ministerio castiga con la pérdida general de matrícula a todos los alumnos, oficiales y libres, de la Facultad de Derecho de Madrid. El mismo día publica la Gaceta un decreto muy revelador sobre perturbaciones de la vida académica, en el que se establecen sanciones sumamente graves.

Resulta paradójico, aunque no inexplicable, que las dos únicas regiones de España en las que reinaba una excepcional tranquilidad durante la primavera trágica fuesen –y en este mismo hecho radica la explicación de la experiencia– las principales víctimas de la Revolución de Octubre: Asturias y Cataluña. El 27 de febrero aparece en la Gaceta el decreto-ley –refrendado por la Diputación Permanente de las Cortes– autorizando al Parlamento catalán para reanudar sus funciones al efecto de designar el nuevo Gobierno de la Generalidad. El 1 de marzo regresan triunfalmente a Barcelona Lluis Companys y el Gobierno liberado, que será presentado al Parlamento por el presidente de la Generalidad el día 28. En él se nota, desde luego, la ausencia del doctor Dencás. El día 5 de marzo había cesado en sus funciones Juan Moles como gobernador general de Cataluña, cargo que, como antes de Octubre, queda acumulado a la presidencia de la Generalidad. Por razones que no pueden ser explicadas solamente mediante el paralelismo con Madrid, el 23 de mayo se forma un nuevo Gobierno en Cataluña. Dos días más tarde se celebra un congreso de Estat Català, que sanciona la escisión del grupo respecto de la Esquerra, ya decidida en el exilio, como sabemos. Esta sanción se debe, sin duda, a la helada acogida que la defensa del 6 de octubre, hecha por el doctor Dencás pocos días antes, tuvo en el seno del Parlamento de Cataluña.

Con el ambiente relativamente tranquilo, Cataluña encuentra tiempo para leer y comentar con interés –aunque no con general aprobación– los artículos que a partir del 7 de febrero, y hasta el 26 de marzo, escribe, desde Ginebra y con seudónimo, Salvador de Madariaga en La Vanguardia. En la recapitulación de esta controversia para la historia del catalanismo, Madariaga concluye: «Así se verá cómo íbamos todos en orden disperso al desastre de la Guerra Civil».

El espíritu antimadariaguista era francamente mayoritario entre la izquierda catalana, que se enfrenta, por tanto, con la Guerra Civil sobre una convicción francamente separatista. La izquierda republicana y la derecha, agrupada en torno a los restos de la Lliga, las frustradas esperanzas de la CEDA y las inciertas vanguardias de la Falange heredan indirectamente el terrible desencanto del 6 de octubre y se preparan para los acontecimientos próximos con una extraña mezcla de incertidumbre, cansancio y desesperación. Porque como ya hemos indicado antes, el fantasma del 6 de octubre va a gangrenar los recuerdos y las actitudes de Cataluña durante toda la Guerra Civil.

La fiebre autonomista, complicada muchas veces con tendencias francamente separatistas, se extiende por la España del Frente Popular. El 2 de mayo representantes de las tres provincias aragonesas se reúnen en Caspe; el 20 de abril son los agrario-cedistas los que empiezan a hablar de un Estatuto para Castilla (otro brote regionalista diferente se nota en León); el 9 de mayo el alcalde de Burgos patrocina un Estatuto para Castilla la Vieja; el 29 de mayo se pide en Gijón uno para Asturias; y el 6 de junio, en medio de un rebrote de las ilusiones autonómicas andaluzas, el Ayuntamiento de Huelva propone la anexión regional de Murcia y de Badajoz, e incluso amenaza con segregar su provincia de Andalucía y unirla a una Extremadura autónoma.

Algo más serio –aunque no mucho– es el plebiscito de 26 de junio en Galicia, donde una votación exigua se transforma por pucherazo en tan enorme afluencia de votantes que incluso supera al censo en numerosos ayuntamientos; calcúlese lo que son capaces de hacer los gallegos en su tierra con sus propias cifras y con un paisano en la jefatura del Gobierno, tras los ensayos de las elecciones generales. El caso es que el trámite plebiscitario para el Estatuto gallego se da por bueno, y nadie hace demasiado caso a otro político gallego, José Calvo Sotelo, cuando el 20 de mayo pide la autonomía para todas las regiones españolas. El 15 de abril el Estatuto vasco se presentaba a las Cortes. Todo este conjunto de noticias, que revelaban a partes iguales un sano despertar de las conciencias regionales y un peligroso revivir de los instintos cantonal-taifeños, caían como quien oye llover sobre la conciencia nacional, ocupada en problemas más perentorios, como parecía ser la propia supervivencia del régimen y aun quizá de la nación. Por eso no encontramos en la prensa de la época el eco 01» que hubiesen, sin duda, alcanzado en tiempos mejores.

Las divergentes perspectivas revolucionarias no eran, evidentemente, favorables a la buena salud de una economía montada sobre los presupuestos del capitalismo liberal, apenas atenuado por un incipiente intervencionismo de Estado. Por eso, después de los síntomas económicos relativamente alentadores que parecían advertirse en 1935, no puede negarse la fuerza del testimonio de Gil Robles sobre el hundimiento de la economía frentepopulista. En un país convulso, no se podía trabajar ni producir.

El Gobierno procura hacer lo posible para controlar el proceso inflacionista que sus compromisos políticos llevaban consigo. El 1 de abril de 1936 se prorrogan los presupuestos para el segundo trimestre; el 5 de junio para el tercero. El 5 de marzo el Ministerio de Hacienda queda autorizado para emitir Deuda del Tesoro por una cifra imponente: 350 millones de pesetas; el decreto es, en realidad, la actualización de una disposición tomada durante la etapa de Gobierno derechista. Es de notar la absoluta despreocupación de los partidos revolucionarios por los programas del Gobierno sobre la reforma fiscal, aunque José Díaz proponía durante este período un modesto progreso en la legislación tributaria directa. El Gobierno piensa en soluciones de largo alcance y el 4 de julio el ministro de Industria y Comercio queda autorizado a proponer a las Cortes un proyecto de ley de bases para la creación de otro Consejo ordenador de la economía nacional. Mientras tanto, nadie se preocupaba de poner en servicio el espléndido tesoro del Banco de España, como muy bien anota alguien que, en 1936, tampoco se acordó de las grandes posibilidades esterilizadas: Manuel Azaña.[27]

El 6 de marzo de 1936 tres aviones parten de Barajas con 4.410 kilos de oro (504.000 libras esterlinas en oro amonedado) para aumentar los depósitos que el Banco de Francia custodiaba, como prenda para futuros créditos a la República, en Mont de Marsan. Las motivaciones inmediatas de este nuevo envío de oro quedan inéditas, como uno de los más sugestivos misterios del Gobierno del Frente Popular. ¿Hacía éste, por fin, caso a las insinuaciones de Prieto y a otros numerosos informes sobre los próximos acontecimientos de España y se preparaba para posibles compras de materiales urgentes? Hasta ahora no tenemos elemento de juicio más que para sospecharlo, si la noticia indicada es, como parece, exacta.

Tras cinco años de República, el Gobierno del Frente Popular insiste bastantes veces, por medio de las declaraciones de sus portavoces en las Cortes y en la prensa, en la necesidad de la «republicanización» de las instituciones y de la vida pública. «Republicanizar» equivalía, en 1936, a depurar esas instituciones y esa vida de forma que quedasen liberadas del peligro derechista, mucho más amenazador de lo que se había creído en 1931. Es, por tanto, un concepto sectario y estrecho, esgrimido, además, como una excusa frente a las cada vez más apremiantes exigencias de los grupos y partidos proletarios. A pesar de tan sonoros propósitos, la «republicanización» de 1936 quedó prácticamente reducida a un intento parcial, aunque profundo, de reforma de la justicia.

El 10 de junio se aprueba en Cortes una ley que modificaba el nombramiento de presidente del Tribunal Supremo. Más grave es la ley que se sanciona al día siguiente, sobre la creación de un tribunal especial para exigir responsabilidades a jueces, magistrados y fiscales: el tribunal especial se compondrá de cinco magistrados del Supremo como jueces de derecho y doce jurados como jueces de hecho. He aquí el precedente inmediato de los «tribunales populares» de la Guerra Civil. Esta disposición tendía claramente a reducir la independencia del poder judicial frente al poder ejecutivo orientado por la política del Frente Popular; es decir, tendía a politizar la justicia.

La tendencia responde, evidentemente, a un espíritu de reacción antidemocrática frente a algunas absoluciones recaídas durante el período sobre la Falange y sus hombres. No es extraño que prosperase en un ambiente en que la ley de 3 de julio sobre amnistía, verdadera glorificación institucional de la Revolución de Octubre y que no cuenta ya con la excusa de la euforia por el triunfo electoral, se presenta ante la opinión como un instrumento de Gobierno progresivo y democrático. Todos los esfuerzos contemporizadores resultaban inútiles. El 16 de junio, y en la misma tribuna de las Cortes, un portavoz de la revolución, Joaquín Maurín, acusa al Gobierno de no haber realizado absolutamente nada de lo pactado en el programa del Frente Popular.[28]

Cada vez más cerrada sobre sí misma, España se despreocupaba de la marcha del mundo. Sus dirigentes, del Gobierno y de la oposición, de la República y de sus enemigos, solamente miraban al exterior para extraer argumentos útiles a la enconada polémica interna, que iba truncando, una a una, todas las soluciones de convivencia. El mundo, por su parte, seguía absolutamente despreocupado por las cosas de España, que desde más de un siglo antes había dejado de ser noticia para los gobiernos y las gentes de Europa. Europa seguía siendo el ombligo del mundo en 1936, aunque ya por poco tiempo, salvo contadas excepciones de alianzas santas o alianzas revolucionarias. Y, sin embargo, como ya recordamos en el Episodio correspondiente, un sereno examen de la realidad exterior tal vez hubiese podido resultar sumamente útil a los gobernantes y a los políticos españoles.

En marzo de 1936 se consumaba la militarización de la Renania; el 26 de abril y el 3 de mayo las dos vueltas electorales de Francia daban un abrumador triunfo al «otro» Frente Popular dominado por el socialismo, sí, y con una participación comunista mayor que nunca, pero que tras el 1 de junio, en que constituidas las Cámaras –sin apresuramientos morbosos– el presidente Lebrun concede el poder al Gobierno de León Blum, y el Gobierno del Frente Popular sabe alternar el progreso en la reforma social con el mantenimiento de la línea democrática por medio de los accords Matignon.

El 9 de mayo Víctor Manuel III de Italia se proclama emperador de Etiopía, tras la victoriosa entrada del mariscal Badoglio en Addis Abeba. La URSS montaba su política exterior sobre el apaciguamiento defensivo y se colocaba tácitamente –en ocasiones expresamente, como en el pacto franco-soviético– del lado de las democracias frente a la amenaza de los fascismos. La República española trataba sí, modestamente, de alzar su voz en la inoperante Sociedad de Naciones a favor de la causa universal de las democracias, pero la Sociedad de Naciones retiraba sus sanciones a Italia muy poco después de la invasión consumada del nuevo imperio fascista africano. Con esa sombría y verbalista excepción, la política exterior de la República española durante este período se redujo a unas esperadas sustituciones de puestos diplomáticos: quedan cesantes el embajador en México, Emiliano Iglesias, el mismo 18 de febrero; el embajador en la Santa Sede, Leandro Pita Romero, el 22 de marzo; el embajador en Londres, Ramón Pérez de Ayala, el 3 de mayo.

El 14 de abril son nombrados Claudio Sánchez Albornoz para la Embajada de Lisboa; Luis de Zulueta, «cerca de Su Santidad», como reza el decreto, y Félix Gordón Ordás en México. Nuevos nombramientos el 5 de mayo: Teodomiro de Aguilar, en Brasil; Domingo Barnés, en Cuba; Manuel Aguirre de Cárcer, en Italia; Julio López Oliván, en Londres. Tres de estos nombramientos recaen en diplomáticos de carrera, con lo que la República trata de atraerse al Cuerpo Diplomático, que, como bien recuerda Manuel Azarla en sus Memorias, le era manifiestamente hostil. Casi la única decisión que toma el Frente Popular en materia de política exterior –salvo la ratificación de algún instrumento internacional secundario– es la concesión, el 10 de marzo de 1936, de la Gran Cruz del Mérito Militar con distintivo blanco, designada para premiar servicios especiales, al jefe de Estado Mayor del Ejército Constitucional de la República de Cuba, el coronel Fulgencio Batista.

La dinámica revolucionaria: la eliminación
de los moderados por el Frente Popular

La primavera trágica de 1936 es un período que se caracteriza políticamente por el creciente poder de los elementos revolucionarios dentro del Frente Popular. La manifestación más evidente de este poder es la sucesiva eliminación de los moderados, eliminación que con perspectiva histórica puede ya contemplarse sistemáticamente. Tanto se hace notar la aceleración revolucionaria que, en el mismo momento en que un elemento moderado surge con algunas posibilidades de éxito, la vorágine revolucionaria segrega inmediatamente el anticuerpo, lo cerca, lo desmantela y en definitiva lo esteriliza y lo elimina. Para asegurar el golpe, los grupos extremistas no dudan en aprovechar a unos moderados contra otros. Al término de cada operación, ha quedado en la cuneta un frustrado obstáculo y la revolución emprende la etapa siguiente con un obstáculo menos. Este sistema lo desarrollan durante la primavera trágica los socialistas del ala «caballerista», guiados por los dos agentes soviéticos que flanqueaban a Caballero, es decir, Álvarez del Vayo y Luis Araquistáin, y apoyados discretamente por la minoría comunista del Congreso y por las Juventudes Socialistas que desde seis meses antes de la Guerra Civil estaban a las órdenes de los agentes de Stalin en España, que habían captado el año anterior en la cárcel a Santiago Carrillo, líder de las Juventudes.

La más resonante de todas estas maniobras –mediante las que la República, en trance de suicidio, aniquilaba a unos líderes de los que, como sabemos, no andaba sobrada– es la temprana destitución del presidente de la República por las fuerzas combinadas del Frente Popular.

Es muy posible que los antecedentes de la destitución haya que buscarlos en la actitud del presidente de la República con motivo de la Revolución de Octubre. Ni los revolucionarios ni Manuel Azaña perdonaron a su antiguo compañero en el Gobierno provisional revolucionario el apoyo prestado en Octubre a Lerroux y las derechas. El reportaje retrospectivo de Claridad el 8 de abril de 1936, acertadamente evocado por Gil Robles al tratar de este tema, afirma que don Niceto estaba condenado desde que el 4 de octubre de 1934 engañó con deliberación a los socialistas al prometerles que la CEDA no entraría en el Gobierno. Tal promesa no existió probablemente más que en la exaltada imaginación del periodista, pero el pretexto es lo de menos. La destitución del presidente es un nuevo ramalazo de Octubre sobre la primavera trágica.

En el último Consejo de Ministros presidido por don Niceto, el día 2 de abril de 1936, se produce abiertamente el choque del presidente de la República con Manuel Azaña. El odio entre los dos prohombres republicanos es ya tan intenso que, en plena Guerra Civil, Azaña se olvida de los acuciantes problemas del presente y dedica páginas y páginas de sus diarios a rebatir unas afirmaciones de Alcalá Zamora reproducidas por un periódico valenciano. De esas páginas y de aquella ocasión hemos tomado el impresionante texto recién transcrito.

Azaña conoce su fuerza en abril de 1936, aunque no ignora que en gran parte se trata de una fuerza prestada. Pero el choque del día 2 es demasiado violento y Azaña decide que no tiene por qué tolerar más los desplantes del presidente de la República. Une sus fuerzas a las suscitadas por los demás agraviados de Octubre; sólo así puede explicarse que al día siguiente, 3 de abril, en el mismo momento en que se constituyen las Cortes, Indalecio Prieto presente la primera proposición contra don Niceto. Prieto va a actuar en todo este asunto como el orquestador de la izquierda; pretende repetir maniobras anteriores de Besteiro y erigirse en líder de la revolución ante la galería expectante. Sólo más tarde comprobará que, inconscientemente, no hace sino servir a designios más profundos que los suyos y poner con su propia mano las bases de su propia eliminación.

El caso es que por 181 votos contra 88 se aprueba el 3 de abril de 1936 en el Pleno del Congreso la proposición de Prieto según la cual la disolución del 7 de enero ha agotado la prerrogativa presidencial. Don Niceto estaba perdido.

Para destituir al presidente de la República, la Constitución permitía dos posibilidades. Una, la aplicación del artículo 82, no parecía viable a las izquierdas, porque exigía los 3/5 de la votación y comportaba la posible inmediata disolución de las Cortes que la acordasen. Estas dificultades no existían ante el artículo 81:

«El presidente podrá disolver las Cortes hasta dos veces como máximo durante su mandato, cuando lo estime necesario…

»En el caso de segunda disolución, el primer acto de las nuevas Cortes será examinar y resolver sobre la necesidad del decreto de disolución de las anteriores. El voto desfavorable de la mayoría absoluta de las Cortes llevará aneja la destitución del presidente».

Por supuesto que al Frente Popular le tenía perfectamente sin cuidado la evidente inconsecuencia –constitucional y política– de su postura. Las razones de su decisión contra el presidente eran mucho más hondas, como acabamos de ver. Don Niceto estaba condenado por sus actos del pasado y podía constituir una rémora para el futuro inmediato. Decidida su eliminación, había que buscar un camino efectivo que guardase las apariencias de legalidad, aunque se fundase en una colosal inconsecuencia no sólo jurídica, sino política: las Cortes de 1936 que debían su existencia a un acto del presidente (la disolución de las Cortes de 1933, que las izquierdas habían reclamado clamorosamente) decretaban tres meses más tarde –exactamente tres meses– que ese acto no había sido necesario. Ésta era una abierta contradicción con la postura del Frente Popular en la Diputación Permanente de las Cortes anteriores, y con la propia base de la existencia de las Cortes actuales. Pero nada de eso preocupaba al Frente Popular cuando el 7 de abril –con las firmas de socialistas, comunistas y la Esquerra– Indalecio Prieto encabeza una segunda proposición Ien la que se afirma que el decreto de disolución de las Cortes anteriores no era necesario. Para que la paradoja se convierta en explosivo sainete, son las derechas las que en el debate, sin defender al presidente –a quien aborrecen más que las izquierdas– se oponen a la ilegalidad y denuncian la inconsecuencia.

Gil Robles y Ventosa intentan de facto salvar al presidente de la República: triste destino el de don Niceto, que va a ser víctima de los republicanos entre la indiferencia de todos y a pesar de la interesada y aborrecible defensa de sus enemigos. Con cinco votos portelistas en contra –a ellos quedaban reducidas las cenizas del famoso centro–, las Cortes aprueban la proposición con 238 votos a favor. Según la Constitución, la destitución es automática. La Mesa de las Cortes, y entre sus miembros, los profesores Sánchez Albornoz y Jiménez Asúa, se persona en casa del presidente, a quien acompañaban en momentos tan tristes su fiel Rafael Sánchez Guerra, el general Queipo de Llano, Samper y Fernández Castillejo. Don Niceto se niega a recibir a la Mesa –dicen que les observó tras unas cortinas–, que se traslada a Palacio, donde el secretario general de la Presidencia, Rafael Sánchez Guerra, había llegado para hacerse cargo de la notificación.

Pasa ya de la medianoche cuando los expedicionarios regresan al Congreso donde inmediatamente promete el cargo, como presidente provisional de la República, Diego Martínez Barrio. Al amanecer, el extraño cortejo presidencial enfila la Carrera de San Jerónimo y por la dormida Puerta del Sol se dirige a Palacio. El Grande Oriente emérito de la masonería hispánica toma allí posesión de su alta magistratura ante el Gobierno, Sánchez Guerra, el general Batet y el jefe de la escolta presidencial, comandante Segismundo Casado.

Un asombrado país lee en la Gaceta del 8 una comunicación de las Cortes: «Ha cesado en sus funciones de Presidente de la República Niceto Alcalá Zamora y Torres y ha entrado a ejercer dichas funciones, con carácter de interinidad, Diego Martínez Barrio». Hasta la salida del cortejo, permaneció en las Cortes, rodeado por un comprensivo y sonriente corro en el que no todos los oyentes eran monárquicos. Álvaro de Figueroa y Torres, conde de Romanones, con todo su gracejo amargo y reconcentrado, recordaba el plazo terminante que don Niceto había dado a Alfonso XIII: «Ni un minuto más tarde tras la puesta del sol». Para nada hizo falta el sol en aquella noche del 7, una semana antes del quinto 14 de abril.

La destitución del presidente de la República es uno de los argumentos más importantes del Dictamen de Burgos para condenar por ilegítimo al Frente Popular: «arbitraria, y por su forma inválida destitución» rezan las conclusiones del Dictamen, con las que será difícil no estar de acuerdo. Salvador de Madariaga aplica al asunto masivas dosis de sentido histórico.[29]

Pero tal vez los comentarios más profundos y sensatos sobre el episodio se deban a otro de los fieles amigos del presidente depuesto, Amadeu Hurtado.[30] Abrumado por la pena, la desilusión y el fracaso, Niceto Alcalá Zamora se refugia en la intimidad. El 6 de mayo convoca un pleno del Partido Progresista, que puede holgadamente reunirse en su domicilio particular: once miembros. Digno y resignado, el ex presidente emerge en una reunión de la Academia Española. Según parece, fue advertido a tiempo de la inminencia del estallido y el 8 de julio de 1936 toma en Santander el barco para Ham-burgo, para el exilio y para la Historia.

El epitafio comunista resulta, como era de prever, bastante menos ponderado, y justifica sin más nuestra tesis en este epígrafe:

«Alcalá Zamora ha hecho pública una nota. Es decir, ha elevado la voz después del punterazo de la dimisión. No parece que las prolongadas fechas de silencio hayan servido para algo. Se han reunido en el domicilio del “cacique de Priego” los residuos del Partido Progresista. Han examinado la actual situación política y como consecuencia han dado una nota a la publicidad, redactada en el estilo barroco que durante varios años atormentó la retina y el cerebro de la totalidad de los españoles…».[31]

Al segundo presidente de la República española –tal vez tercero, si como tal se considera el brevísimo espacio en que Julián Besteiro ocupó de hecho, en 1931, la jefatura del Estado–, Diego Martínez Barrio, no hizo falta eliminarlo porque no se le concedió, en realidad, una verdadera oportunidad. Su breve presidencia provisional le deparó profundas satisfacciones personales; por su tierra sevillana, que le vio nacer a la política, anduvo luciendo la banda tricolor.

No sin cierta nostalgia recuerda don Diego, ya en el olvido, que todo el mundo, desde Marañón al propio Gil Robles, sin excluir al consuegro del presidente depuesto, Gonzalo Queipo de Llano, le rindió pleitesía a raíz de su fugaz encumbramiento. Don Diego acreditó de sobra durante la primavera trágica sus grandes cualidades para el compromiso; hora es ya de proclamar que fue tal vez él, presidente de las Cortes, la figura noble ponderada y patriótica que mantuvo hasta el último instante la esperanza de la convivencia frente a las marejadas incontrolables de sus diputados. Pero su antiguo entronque con el proscrito Partido Radical y con su no menos proscrito jefe, Alejandro Lerroux, pesaron demasiado a la hora de que el Frente Popular considerase seriamente las posibilidades personales de don Diego para ostentar definitivamente la presidencia de la República, y se quedó como precaria reserva de compromiso, serenidad y paz para el futuro. En calidad de tal dispuso durante unas horas de la suprema posibilidad de impedir la tragedia, y trató titánicamente de reducirla. Pero era una posibilidad remotísima, cuya actualización excedía las fuerzas de un solo hombre.

El Partido Comunista de España, tras su epitafio a Niceto Alcalá Zamora, añadía un estrambote agresivo y mordaz dedicado a la personal advertencia de su preconizado sucesor, Manuel Azaña. Helo aquí:

«La lección es inmejorable en estos momentos, cuando nos hallamos a punto de elegir nuevo presidente de la República. Tan elevada magistratura no puede caer en manos de necios, de vanidosos, de almácigas de envidia, de reaccionarios personalistas. Ya sabemos que Azaña se halla cien brazos por encima del “cacique de Priego”. Pero bueno es desconfiar para prevenir».

Es más que posible que Azaña tomase buena nota de tan intolerable, y sin embargo tolerada, advertencia, que presagiaba la segunda gran eliminación de la primavera: la de la propia «encarnación» y esperanza ya casi única de la República española a manos del propio Frente Popular que él formó y desencadenó.

En el mismo momento en el que se consumó la destitución del presidente Alcalá Zamora, se perfilaba ya ante la opinión general del país la figura de Azaña como imprescindible sustituto. Esto es evidente para el historiador que recorre la prensa de la época, en todas sus tendencias y sectores. Sin embargo, la reducida campaña presidencial –prácticamente la hicieron los partidos y los periódicos, sin intervención activa de candidatos– facilitó una auténtica plataforma de «pim, pam pum» para que voces desaforadas provenientes de los extremos y de otras zonas del Frente Popular destruyesen, incluso antes de formularse seriamente, las posibilidades de numerosas figuras moderadas. Más que de eliminación cabe en estos momentos de abril hablar de verdadera caza de los moderados con el pretexto de una campaña presidencial ya prejuzgada.

Así, Miguel de Unamuno es calificado por Claridad como «tontiloco»; Felipe Sánchez Román como «torpedeador»; Besteiro y Fernando de los Ríos como «notoriamente inadecuados» y Heraldo de Madrid, tras proponer tímidamente la candidatura de José Ortega y Gasset, queda abrumado por la rechifla extremista y reconsidera que su candidato está adornado de una «incapacidad supina». La eliminación de los moderados se extiende incluso a la derecha y el periódico de La Editorial Católica Ya (recién fundado como diario de la tarde) publica una encuesta entre sus lectores en la que obtuvo el número uno para la presidencia de la República, pasando sobre Gil Robles, José Antonio Primo de Rivera.

La candidatura de Manuel Azaña se pone a punto, sin duda, por los desvelos de Indalecio Prieto, quien con esta nueva actuación en primer plano sigue haciéndose ilusiones de protagonista. Ante el examen conjunto de todas las fuentes, parece que en torno a la candidatura de Azaña se dibuja, en la intención del propio Azaña y de Indalecio Prieto, la candidatura de éste para una jefatura de Gobierno que, de acuerdo con el nuevo presidente de la República, garantizase la pervivencia del ideal republicano dentro de los límites, aunque fuesen límites algo radicalizados, de una democracia tolerable para todas las fuerzas del país. Es lo que apunta Salvador de Madariaga:

«Aspiraba (Prieto) a dirigir como presidente del Consejo un equipo de todos los partidos del Frente Popular, incluso los comunistas. Su plan era elevar a Azaña a la presidencia de la República e iniciar bajo su propia dirección como presidente del Consejo una etapa de seis años de dirección política de izquierda activa, vigorosa, pero sin violencia ni desorden. El plan era excelente tanto desde el punto de vista de su finalidad y métodos como desde el de los hombres para realizarlo, pues Azaña y Prieto constituían un equipo perfecto cuyas cualidades y defectos se complementaban de un modo feliz, y eran ambos demócratas sinceros que ansiaban el bien de la República. Si hubiesen logrado salirse con la suya en esta ocasión, es muy posible que Azaña y Prieto hubiesen evitado a España la Guerra Civil».[32]

Pero frente a este plan Azaña-Prieto se había sospechado ya desde entonces otro plan siniestro al que los historiadores no se habían atrevido a tomar demasiado en serio, hasta que, al publicar las Obras Completas de Azaña, el profesor Juan Marichal arrojó sobre la hipótesis todo el peso de su autoridad azañista y su testimonio personal. Este segundo plan, o más bien compló en el que Azaña-Prieto son relegados a la categoría de sujetos pasivos o víctimas mereció la confirmación, un tanto asombrada, del propio Indalecio Prieto, y nosotros lo reseñamos con las exactas palabras de Marichal, junto a las que consignamos nuestro asombro:

«Tiendo, sin embargo, a dar considerable peso de verdad al siguiente relato que me hizo Luis Araquistáin poco antes de su muerte en París. Según Araquistáin, el grupo extremista del Partido Socialista –en el cual él mismo era la cabeza más «pensante»– quería eliminar a Azaña de toda posición gubernamental de carácter ejecutivo y de impedir asimismo que Prieto fuera nombrado primer ministro. De ese modo, el Gobierno estaría en manos sobradamente incapaces para frenar a las masas o para calmar a las derechas y se precipitaría el paso a un Gobierno francamente revolucionario. La maniobra, según Araquistáin, fue sencilla de realizar; se «empujó» a Azaña hacia la presidencia de la República y cuando éste (como era de esperar) pensó en Prieto para sustituirle a la cabeza del Gobierno, se encontró con un veto absoluto del partido Socialista. “Así los inutilizamos a los dos”, me dijo el antiguo dirigente socialista, añadiendo: "¿No le parece a usted que fuimos unos bárbaros?”. Debo también indicar que en 1960 repetí a Indalecio Prieto en la Ciudad de México el relato de Araquistáin y su comentario fue el siguiente: “Algo de eso sospechaba yo, pero nunca pensé que fueran tan maquiavélicos mis adversarios del partido”.[33]

Plan o compló, la maniobra cuenta con la aquiescencia del protagonista, quien desea la presidencia por prestigio, por cansancio, por conformidad con su desbordado destino… y tal vez por conservar esa brizna de esperanza que nunca muere en los políticos cuando, al menos aparentemente, ascienden ante las candilejas. El caso es que Azaña se proclama candidato, y candidato único; el 26 de abril tienen lugar en toda España las elecciones para compromisarios de la elección a la presidencia.

Desánimo general: las derechas se abstienen y, sin duda, se registran las votaciones más bajas de toda la historia republicana. El Socialista nota un dato sumamente importante: el enorme número de papeletas en blanco que se advierten en Madrid, procedentes, sin duda, de funcionarios, a los que se les exige el voto bajo la pena de deducciones en la nómina. Son 13.026 estas inútiles, pero significativas, papeletas madrileñas, y tan preocupante cifra influyó, sin duda, en el famoso decreto de conceder largas vacaciones del que nos ocuparemos en otro momento. Mundo Obrero de 5 de mayo anuncia que la minoría comunista en el colegio de compromisarios votará la candidatura de Azaña.[34]

Esta nota explica, seguramente, bastantes confusiones posteriores de las derechas, antes y después del 18 de julio; el español es poco amigo de establecer matices en lo que considera un bloque enemigo. El 10 de mayo de 1936 se celebran las elecciones en un improvisado hemiciclo dentro del Palacio de Cristal del Retiro; las puertas del parque de Madrid están cerradas al pacífico público habitual. La CEDA se abstiene. Es abrumadoramente elegido presidente de la República española –segundo o cuarto, depende de la precisión del cómputo– Manuel Azaña Díaz, por 754 votos de los 817 compromisarios (los diputados a Cortes más un número equivalente de personas elegidas expresa y únicamente para la ocasión). En la mesa electoral encontramos a un vicepresidente inesperado: Francisco Martínez Dutor, jefe de Estado Mayor de la revolución asturiana. Este simple símbolo puede demostrar el acierto de Salvador de Madariaga cuando resume:

«Así quedó puesto en evidencia para todos los que tenían ojos para ver y juicio libre para pensar que el Frente Popular había urdido una encerrona para Azaña, a favor de cuya inmensa personalidad entonces los partidos revolucionarios se habían apoderado de los resortes del poder en los oscuros recovecos de la máquina política nacional, al par que rehuían el poder a la luz clara de las alturas ministeriales y parlamentarias».[35]

Mediante la citada encerrona, tramada por la maniobra y el compló de sus interesados amigos extremistas, Manuel Azaña queda, pues, eliminado escaleras arriba. Porque su influjo positivo y moderador, aherrojado en ese otro permanente palacio de cristal que era la presidencia, necesitaba para ejercerse sobre el país el puente de un jefe de gobierno poderoso, independiente y adicto. Dentro de las posibilidades reales del momento, solamente Indalecio Prieto parecía reunir estas condiciones. Y, en un segundo movimiento de la operación Azaña, Indalecio Prieto va a convertirse en el cuarto de los grandes eliminados de la primavera trágica.

El veto a Indalecio Prieto va a ser formulado por el sector mayoritario y extremista de su propio partido; pero el primero de los ataques abiertos viene de los comunistas, lo que refuerza la hipótesis que hemos designado como compló. La condena comunista –casi simultánea con la de Claridad– se formula públicamente el 15 de abril, en plena maniobra para la aparente exaltación de Azaña, y se monta con motivo de unas declaraciones de Prieto al periódico de París L’Intransigeant. He aquí lo que el PCE piensa sobre Indalecio Prieto:

«Indalecio Prieto manifiesta, pública y ostensiblemente, al redactor francés, que no cree posible para España un régimen comunista porque el individualismo peculiar español no permite tales transformaciones…

»Se desprende una sola afirmación: Indalecio Prieto debe abandonar el Partido Socialista voluntariamente para encajarse en cualquiera de los partidos republicanos. La tremenda responsabilidad de esas declaraciones donde se abomina, no ya de la lucha violenta por el poder, sino de la esencia del marxismo, y se solicita una colaboración obrera –a la antigua usanza– con la República burguesa, incapacita a su autor para permanecer al frente de un organismo proletario. Indalecio Prieto tiene todas las dotes necesarias y precisas para no estar en un partido de clase».[36]

El momento cumbre de Indalecio Prieto en la primavera trágica –y tal vez en toda su vida política– lo marca, sin duda alguna, el célebre discurso de Cuenca, pronunciado con triple motivo: la fiesta del Primero de Mayo, la presencia en la candidatura derechista de personalidades a las que había que eliminar por cualquier procedimiento; ante todo, José Antonio Primo de Rivera. Mientras los muchachos de su «guardia personal» o «motorizada» –procedentes del Sindicato de Artes Blancas de Madrid, Juventudes Socialistas– preparaban sus razzias no demasiado democráticas por la provincia, con las que conseguirían, por una razón u otra, aterrorizar y eliminar a las derechas victoriosas, Prieto alcanza una apoteosis nacional con su discurso, tan importante en su concepto que antes, durante y después del 18 de julio será reeditado varias veces por su iniciativa y la de sus partidarios.

El Prieto del exordio es «don Inda» típico, estupendo y despiadado demagogo que la toma –no sin razón, aunque sí con ensañamiento– con el pobre señor de Paredes, al que configura como uno de los «malos» permanentes de la escena político-social española. Casi sin transición, el célebre elogio al general Franisco Franco, elogio en el que se expresa la alegría por su retirada de la lucha electoral y, con escasos rebozos, la advertencia ante su posible jefatura de una sublevación inminente:

«No he de decir ni media palabra en menoscabo de a figura del ilustre militar. Le he conocido de cerca, cuando era comandante. Le he visto pelear en África; y para mí, el general Franco, que entonces peleaba en la Legión a las órdenes del hoy también general Millán Astray, llega a la fórmula suprema del valor, es hombre sereno en la lucha. Tengo que rendir este homenaje a la verdad. Ahora bien, no podemos negar, cualquiera que ea nuestra representación política y nuestra proximidad al Gobierno –y no lo podemos negar porque, al negarlo, sobre incurrir en falsedad, concluiríamos por patentizar que no nos manifestábamos honradamente– que entre los elementos militares, en proporción y vastedad considerables, existen fermentos de subversión, deseos de alzarse contra el régimen republicano, no tanto seguramente por lo que el Frente Popular supone n la presente realidad, sino por lo que, predominando en la política de la nación, representa como esperanza para un futuro próximo. El general Franco, por su juventud, por sus dotes, por la red de sus amistades en el Ejército, es hombre que en el momento dado puede acaudillar con el máximo de probabilidades –todas las que se derivan de su prestigio personal– un movimiento de ese género. No me atrevo a atribuir al general Franco propósitos de esta naturaleza. Acepto íntegra su declaración de apartamiento de la política. ¡Ah! Pero lo que yo no puedo negar es que los elementos que, con autorización o sin autorización suya, pretendieron incluirle en la candidatura de Cuenca, buscaban su exaltación política con objeto de que, investido de la inmunidad parlamentaria, pudiera, interpretando así los designios de sus patrocinadores, ser el caudillo de una subversión militar».[37]

Para quitar armas a sus enemigos de la derecha –y a la vez para tender hacia ellos puentes sentimentales– desborda Indalecio Prieto su nunca desmentido amor a España:

«Se nos acusa a quienes constituimos el Frente Popular de que personificamos la antipatria, de que odiamos todo lo español o se nos dice que, si no lo odiamos, tenemos para lo español, por estar embebidos en ideales de tipo universal, desdén y desprecio. Yo os digo que no es cierto. A medida que la vida pasa por mí, yo, aunque internacionalista, me siento cada vez más profundamente español. Siento a España dentro de mi corazón, y la llevo hasta el tuétano mismo de mis huesos. Todas mis luchas, todos mis entusiasmos, todas mis energías, derrochadas con prodigalidad que quebrantó mi salud, los he consagrado a España…».[38]

En vísperas del 18 de julio resulta significativa la mención a la cruzada frentepopulista: «Completar la hombría de los españoles para que sean ciudadanos de España y no esclavos sometidos a una taifa cerril» es el contenido de la cruzada. Señala Prieto con acierto una de las causas menos comentadas de la inquietud socioeconómica española: «La válvula de la emigración está cerrada».

Los gravísimos problemas que atenazan al país no han de resolverse con gritos y desorden, sino mediante la disciplina y el esfuerzo común: «Trabajadores y ciudadanos de Cuenca; la disciplina es un elemento absoluto, totalmente indispensable en la sociedad moderna. España pudo triunfar llenando páginas de la historia universal cuando el valor individual tenía alto precio. Hoy las complejidades de la vida moderna exigen el esfuerzo en común.» Admite, por supuesto, la existencia de un trágico ambiente de desorden y trata, demagógica e ineficazmente, de explicarlo con el recuerdo de Octubre; peligroso sistema controlar el fuego con el rescoldo. El discurso de Prieto es tan importante que lo ofrecemos en otro lugar de estos Episodios sin miedo a repeticiones.

Los innumerables moderados que, en todos los sectores y en todas las regiones del país, se veían irresistiblemente abocados al despeñamiento por dos únicas alternativas de violencia cifran a partir de este instante sus esperanzas en que Indalecio Prieto pueda formar equipo con Manuel Azaña, no para la ejecución del programa del Frente Popular, sino para un objetivo infinitamente más vital: la salvación de España. Entre ellos no se alinea, naturalmente, el diario marxista y «caballerista» Claridad, que el 4 de mayo inocula en sus páginas un comentario feroz al discurso de Indalecio Prieto. Molesta particularmente a los «caballeristas» la férvida declaración de amor a España pronunciada bajo el hermoso sol de Cuenca; para Claridad, España es «sólo un sistema de relaciones económicas», apostilla el periódico con la mezcla de pedantería y materialismo que incluso hoy nos parecen insufribles. En resumen, el titular del discurso es, para la extrema izquierda del socialismo, solamente «consejos equivocados y peligrosos». El veto, por tanto, está formalmente enunciado. El 12 de mayo Azaña encarga a Indalecio Prieto la formación de un gobierno moderado de Frente Popular. Como estaba previsto, Prieto se ve obligado a declinar. Una esperanza más –y no la menor– eliminada.

Son dos las explicaciones concretas del fracaso de Prieto, que matizan su eliminación, aunque, sea cual sea la auténtica, no le privan de su valor sintomático ni de sus trágicas consecuencias. Las dos pueden fundarse en testimonios, separados en el tiempo, de la propia víctima. Muchos años después, en las Cartas a un escultor (su amigo Sebastián Miranda), Prieto explica que todo fue una farsa de Azaña, quien ya sabía, antes de llamarle para el encargo, la oposición cerrada de la mayoría socialista. Prieto, por tanto, interpreta que Azaña quiere tomarle el pelo, al aceptar el consejo de Felipe Sánchez Román para encargar a Prieto la formación de un Gobierno.

Esta interpretación puede ser reflejo de las frustraciones posteriores derivadas de la fricción Azaña-Prieto durante la guerra que por parte del presidente han quedado tan asombrosa como discretamente reflejadas en el personaje Pastrana de La velada en Benicarló (es indudable que Pastrana es Prieto en un 90 por 100). En las propias Cartas a un escultor indica Prieto la verdadera, la profunda causa del fracaso de su designación: «Mas cuando se me ofreció el poder, encontré cerrado el paso; me lo cerraba mi propio partido». Ésta es la explicación pura y simple, la que todo el mundo dedujo a raíz de los propios sucesos.

Al día siguiente de éstos, el 13 de mayo, El Debate titula: «Prieto explica su negativa: coincide con el presidente; sería con gusto jefe del Gobierno, pero un sector del socialismo entorpecería su labor». En efecto, la mañana anterior, la minoría parlamentaria socialista, que semanas antes parecía controlada por Prieto, votaba e contra de su participación ministerial. He aquí las palabras del testimonio que completan esta visión del problema:

«Sintiéndome muy atraído hacia la aceptación del cargo, porque la magnitud de la obra a realizar reclama el esfuerzo de todos y las dificultades que la obra entraña exigen no acuciamientos irresponsables desde fuera, sino cooperación responsable desde dentro, un deber superior al que se deriva de estas consideraciones me ha impedido aceptar el encargo, y ese deber primordial es el de no ahondar divisiones dañosas para el Partido Socialista y, en consecuencia, para el Frente Popular».[39]

Azaña, pues, no trataba de engañar ni menos de ensañarse con su soñado jefe de Gobierno. ¿Trató tal vez el presidente de forzar a Prieto a una decisión desesperada, la ruptura con su propio partido y el montaje improvisado, pero salvador quizá, de una base parlamentaria moderada con elementos incluso del centro y la derecha? Nunca lo sabremos, pero a la luz de cuanto nos resta por exponer en este epígrafe, he aquí una posibilidad que nunca podremos descartar del todo. Consta, por ejemplo, que algunos miembros de la CEDA, animados por el abogado del Estado José Larraz, se ofrecieron a Prieto para un proyecto así.[40]

Durante toda la primavera, y hasta las mismas vísperas de la tragedia, se mantuvo en el cada vez más amenazador horizonte de los moderados españoles la esperanza de Prieto. El 23 de mayo de 1936 es el propio José Antonio Primo de Rivera quien, en uno de sus más impresionantes artículos, comenta el discurso de Cuenca bajo el titular «Prieto se acerca a la Falange»:

«El último neófito ha sido de marca mayor: Indalecio Prieto. El 1 de mayo se fue a Cuenca y pronunció un discurso. ¿Estaría, quizá, más presente la Falange en el ánimo de Prieto por hablar en el acto donde se preparaba el gatuperio electoral de que ha sido víctima? Tal vez pasara esto; lo cierto es que el discurso del tribuno socialista se pudo pronunciar, casi desde la cruz a la fecha, en un mitin de Falange Española».[41]

Al día siguiente, 25 de mayo, es el propio Prieto quien en su discurso del coliseo Albia se encarga de atar las múltiples esperanzas concentradas en su ira.[42]

Todo iba a resultar inútil. Y si sus maniobras de líder revolucionario nada le valdrían al «centrista» Indalecio Prieto ante la desbordada «hybris» del ala extremista de partido, calcúlense las perspectivas que otro gran moderado, el «reformista» Julián Besteiro, descartado desde mucho antes por sus amigos, podría ofrecerles en momentos tan propicios al desequilibrio sectario. Una prueba de la no por sabida menos expresada eliminación del antiguo número uno del socialismo español es este demoledor ataque contra él proferido por Mundo Obrero el 15 de mayo:

«Cuando se carece de fe en los destinos históricos de clase, es fácil considerar sus necesidades como una avalancha… contra la clase a que se pertenece íntimamente; sobre todo cuando la clase que avanza ha conocido a sus falsos pastores y los ha apartado inexorablemente de su ruta».[43]

Con la eliminación casi simultánea de las cinco grandes figuras republicanas moderadas, consumada en dos meses escasos, abril y mayo de 1936, quedaban libres y sin compuertas las avenidas de la revolución. Sólo un deseo de perfeccionismo metodológico nos impulsa a reseñar brevemente aquí la eliminación, mucho más descontada desde el mismo 16 de febrero, de las esperanzas moderadas con base en personalidades menos arraigadas en la República.

El gran eliminado del 16 de febrero había sido, por supuesto, José María Gil Robles. Su actuación durante la primavera trágica, una vez repuesto del pánico inicial y del consiguiente desánimo, va a ser estudiada en el resto de esta serie de Episodios a la luz de posibilidades bien diferentes de las que ofrece el presente epígrafe. Bajo el actual enfoque, digamos solamente que el 19 de mayo Gil Robles hace expresa declaración de antifascismo en las Cortes.[44] Esta declaración le será muy útil a la hora de las apologías e impresionará justamente a los historiadores moderados, como a Salvador de Madariaga. Pero en aquellas aguas revueltas pasó sin pena ni gloria, lo mismo que sus sinceros, aunque un tanto tardíos, proyectos para el reajuste de la CEDA en sentido social.

Más sensible, por todavía más injusto, fue el nuevo y poco comentado fracaso de Manuel Giménez Fernández, a quien ya hemos visto absurdamente zarandeado por un Manuel Azaña exaltado por esa victoria que, según sus amigos –¿por qué?–, no deseaba tan completa. Durante las idas y venidas, públicas y semisecretas, de la primavera trágica, a Manuel Giménez Fernández le hace bien poco caso el Frente Popular, mientras gran parte de sus correligionarios –nada digamos de las extremas derechas– le sigue considerando como un peligro revolucionario. Cuando Martínez Barrio abdica de su bien probada ecuanimidad y se une al coro sectario en el asunto de las actas de Cuenca, Giménez Fernández decide retirarse a su tierra para esperar allí, con la conciencia tranquila y el ánimo dolido, la catástrofe que prevé inevitable. Antes, el 2 de junio, declara en el Parlamento que la convivencia se ha hecho ya imposible.

No seremos nosotros quienes nos atrevamos a considerar al José Antonio Primo de Rivera de la primavera trágica como un elemento moderado, pero entonces y siempre todo el mundo tendrá que considerarle como un patriota dispuesto y preparado para posibles contactos salvadores con derechas e izquierdas simultáneamente. Es un testigo nada sospechoso, Julián Zugazagoitia, quien nos afirma que el principal apoyo de Indalecio Prieto para sus pretensiones gubernamentales era el entonces poco conocido doctor Juan Negrín, el cual, según el mismo autor, actuó durante este período como enlace entre Prieto y José Antonio Primo de Rivera, quien pretendió entablar contactos definitivos con el líder socialdemócrata tras el discurso de Cuenca.

No hemos podido confirmar en otras fuentes estos contactos, aunque una carta terrible, y probablemente auténtica, dirigida por José Antonio Primo de Rivera a las gentes de La Época y publicada con su habitual intención de posguerra por Indalecio Prieto, parece demostrar que la actitud del fundador de la Falange hacia la extrema derecha en vísperas del alzamiento no era precisamente amistosa. No suponía ello mérito alguno para la izquierda, decidida a mantener lejos de toda posible actuación conspiratoria al que, seguramente sin razón, consideraba como máximo enemigo personal e institucional.

Si las posibilidades de los moderados, dentro de los cauces normales de las instituciones republicanas, resultaban cada día más utópicas, como acabamos de ver en la serie de eliminaciones sucesivas que fueron sufriendo, puede calcularse, a la fría luz de la Historia, la escasísima viabilidad de los intentos de superación partidista e incluso de bloques en los que algunos políticos llegaron a soñar en aquellos días de convivencia decreciente.

Sin embargo, y esto es ya casi un milagro, esos intentos existieron. La historia es bastante confusa, y sería inútil tratar de encontrar una única línea directriz para los contactos entre personalidades de la derecha, la izquierda y el centro. Gil Robles reúne y amplía las dispersas informaciones anteriores. Parece que inmediatamente después del 16 de febrero tuvieron lugar varias conversaciones entre Giménez Fernández –con anuencia de Gil Robles–, en nombre de la CEDA, y varias personalidades de la izquierda, entre las que destacaba y llevaba la voz cantante Indalecio Prieto, flanqueado por Amós Salvador, Claudio Sánchez Albornoz y Marcelino Domingo. Estas conversaciones se celebraron, sobre todo, durante el mes de abril. En ellas intervinieron también Miguel Maura y Julián Besteiro, quienes, lo mismo que Salvador y Domingo, tenían detrás, indudablemente, la inspiración y la aprobación de Azaña. Parece que el intento se cifraba en conseguir una fuerza parlamentaria suprapartidista que hiciese posible un Gobierno Prieto con socialdemócratas, republicanos moderados y derechas templadas. En este ambiente puede explicarse la cordialidad de Manuel Azaña al llamar a consulta, el 12 de mayo, a José María Gil Robles.

Anota éste con toda justeza que las conversaciones o pasaron de «tanteos recíprocos». El más espectacular de todos ellos tiene lugar el día de San Isidro, 15 de mayo de 1936, y se relaciona con el testimonio de José Larraz que hemos adelantado. José Larraz, consejero delegado de La Editorial Católica, pero no perteneciente la CEDA, visita ese día a Gil Robles. La víspera se había entrevistado con Prieto en su guarida de la calle de Carranza, acompañado por Jerónimo Bugeda, socialista. Prieto, según parece, deseaba suplir con votos de la CEDA los que le arrebataría una inevitable escisión del socialismo. Gil Robles no se atreve a dar el paso, que desde luego no le ofrecía demasiadas garantías ante el enorme precio de desmantelar a la CEDA; porque a la escisión de la extrema izquierda seguiría inmediatamente el cataclismo de la derecha, poco amiga en aquellos tiempos de excesivas comprensiones.

Semejantes tanteos son estructurados un poco más espectacularmente por Joaquín Arrarás, quien basa su relato en el testimonio directo de Manuel Giménez Fernández. Según Arrarás, Sánchez Albornoz, Giménez Fernández y Maura coinciden en el Congreso a fines de marzo. Alarmados por la creciente anarquía, visitan juntos a Besteiro y, con él, a Manuel Azaña. Como efecto de esta visita, el Gobierno suspende, el 3 de abril, las proyectadas elecciones municipales.

Desde entonces, Miguel Maura, que piensa ya decididamente en su idea de dictadura republicana, sigue en contacto con los indicados políticos, además de con Sánchez Román y Prieto. Giménez Fernández se encarga de provocar una real o simulada disidencia cedista con Lucia al frente de unos 40 diputados; en vista de la prometida colaboración de Sánchez Román y el agrario Cid, Martínez Barrio, con sus 40 escaños, quedaría de árbitro –aliado– de la situación. Indalecio Prieto, con unos 40 diputados también, sería jefe del Gobierno.

A fines de abril –siempre según Arrarás–, Giménez Fernández informa a Gil Robles de estas gestiones. Indalecio Prieto se mostraba dispuesto a provocar la escisión dentro del socialismo. En este ambiente tiene lugar la que pudo ser decisiva entrevista entre Larraz y Gil Robles. El 29 de mayo Manuel Aznar, enterado de la intriga y favorable a ella, lanza un globo sonda en Heraldo de Aragón. El 2 de junio Gil Robles desautoriza las negociaciones. Pero Miguel Maura persiste aisladamente en el empeño y desde el 18 de junio publica sus famosos seis artículos en El Sol; Arrarás sugiere que Manuel Aznar colabora muy especialmente en esos artículos.

Todo este sugestivo artilugio parece demasiado bello para ser verdad. De la versión Arrarás puede deducirse, eso sí, que tal vez la colaboración entre Giménez Fernández y Gil Robles era menos íntima de lo que el jefe de la CEDA, tras la muerte de su ministro, trata una y otra vez de sugerir: la insistencia parece ya algo sospechosa. Pero para la valoración general del asunto nos atenemos a los «tanteos recíprocos» de Gil Robles, aunque, en realidad, las dos versiones no difieren en lo verdaderamente esencial. Por lo demás, existen al menos tres testigos que pudieron darnos la última palabra sobre los detalles del asunto y sólo lo realizaron parcialmente. De las dos versiones se deduce que la responsabilidad de la ruptura recae, en definitiva, sobre José María Gil Robles; pero el jefe de la CEDA no obraba ante la frialdad de la Historia, sino ante un ambiente enmarañado y complicadísimo, supuesto el cual su decisión no parece nada ilógica. Lo verdaderamente importante de todo este asunto es señalar que, en un amplísimo sector de la República, del que solamente quedaban excluidos los extremos derecho e izquierdo, se tuvo plena conciencia de la catástrofe y se llegó a soñar, e incluso a intentar, una solución heroica basada en la generosidad, en el patriotismo, en la máxima altura de miras políticas que nos puede ofrecer quizá toda la historia del siglo XX español hasta ese momento. El intento resultaría frustrado, pero la Historia no puede menos de tomar nota –que aún hoy es una esperanza– de que al menos fuese tenido en consideración.

Y éste es el momento en que Miguel Maura se despide de la Historia con esa fantástica quijotada que son sus artículos de El Sol, para la instauración de una dictadura republicana. La rechifla fue universal, sobre todo por la extrema derecha y por la extrema izquierda. El hombre del 11 de mayo era ahora el «diputado de la CEDA por Soria», como se le echaba en cara desde uno y otro extremo. Pero la salida de don Miguel hacia la Historia, ilógica y si se quiere poco consecuente, es una de las escasísimas notas de gallardía y esperanza que nos ofrece el mes de junio de 1936.

Es posible que en sus últimos años el anciano don Miguel alcanzara a leer la anticipación de estas ideas que publiqué en vida suya y de esta manera se enterase de que con sus intentos finales en la República conquistó el más inesperado de los discípulos: el general Emilio Mola Vidal, que como veremos se refiere a la «dictadura republicana» en el más incitante de sus manifiestos subversivos.

Y ya estamos frente a las mismas vísperas de la tragedia cuando el último de los moderados, Salvador de Madariaga, tiene un gesto simbólico con el que funda, aún sin saberlo, su «tercera España». El mismo 9 de julio de 1936 el entonces poco leído autor de Anarquía o jerarquía «declara que no puede seguir a disposición del Estado» como protesta a las intrigas de Álvarez del Vayo que se habían interpuesto en su camino de Ginebra.

Al margen, pues, los moderados, vamos ahora a estudiar lo que hicieron los exaltados –la terminología decimonónica no se emplea aquí casualmente– con el campo libre que, al fin, parecían tener delante.

El anarcosindicalismo declara la
guerra total

El hecho de que el anarcosindicalismo declare la guerra al Estado y a la sociedad institucionalizada –cualquier Estado, cualquier sociedad, cualquier tiempo– no es noticia, y menos referida a la España de los años treinta. Pero es que durante la primavera trágica el anarcosindicalismo va más allá y en la más solemne y oficial de sus ocasiones declara la guerra total a la República democrática y trata formalmente de establecer un pacto revolucionario de signo puramente destructivo con el ala extremista del socialismo.

El recrudecimiento de la actitud anarcosindicalista se hace notar a partir del triunfo electoral del Frente Popular, como si sus portavoces deseasen advertir a las izquierdas que el indudable apoyo electoral de la CNT se había producido con finalidades particularistas que, por un momento, habían coincidido negativamente con los intereses de la izquierda. En efecto, Solidaridad Obrera de 6 de febrero desencadena un violento ataque contra Azaña, contra la República y contra todo lo atacable. Tampoco sería esto noticia excepcional, a no ser porque semejante ataque se esmalta con oportunas citas a las epístolas de San Pablo. El Debate de 16 de abril confirma la actitud de arriscada independencia de la CNT, cuyos dirigentes no quieren contestar al llamamiento de los «caballeristas», dirigido desde las columnas de Claridad. La CNT se entenderá con la base del socialismo, no con los líderes. En la misma línea, la CNT se manifiesta el 24 de abril contraria a los acuerdos –que pronto tendremos ocasión de discutir– tomados por la Agrupación Socialista Madrileña.

Éste era el ambiente interno del anarcosindicalismo en vísperas de su gran acontecimiento de la primavera de 1936: el Congreso extraordinario y general de la Confederación, celebrado en Zaragoza durante casi toda la primera quincena de mayo, a partir del día 1.

Fuentes anarcosindicalistas proclaman la presencia de 649 delegados de 982 sindicatos, que representan, en total a 550.595 cotizantes; algunos comentaristas –a nuestro juicio exageradamente– tratan de insinuar que la cifra total de afiliados en España a la CNT debería ascender al doble de los representados en Zaragoza; mantenemos, sin embargo, el mismo criterio de Episodios anteriores y seguimos pensando que incluso la cifra aludida, considerada como total, resulta algo excesiva, si bien es posible que tras el fracaso de Octubre y el hundimiento sindical de la Falange, la cifra de afiliados a la CNT de 1934 pudiese experimentar un ligero aumento referida a mayo de 1936. Discute el Congreso –«discutir» es un eufemismo tratándose de tal asamblea– la participación, o mejor dicho la no participación, de la Confederación en la intentona de Octubre; se aprueba la actitud general abstencionista, ya que de haber participado, los militantes hubiesen sido utilizados, sin duda, como carne de cañón por los organizadores socialistas. La segunda gran jornada del Congreso –cuyas sesiones de conjunto no eran diarias– trata «de la unidad confederal a la alianza revolucionaria». Se aprueba, entre grandes aclamaciones, una feroz crítica a la colaboración del socialismo con la burguesía republicana. Entre los firmantes de la proposición, que se aprobó, figura el dirigente faísta de la construcción, Cipriano Mera; la proposición equivale a una propuesta de pacto entre la CNT y la UGT, que trata de imponer a la sindical socialista condiciones muy duras:

«Al Congreso.

»Desde el asalto al poder por el general Primo de Rivera, el proletariado español vive en latente inquietud revolucionaria. Durante el período dictatorial fueron innumerables los incidentes de revuelta del pueblo, determinando que las altas esferas políticas del país se preocupasen por canalizar el sentimiento revolucionario de los trabajadores por los senderos conformistas revolucionarios de la democracia, lo que fue posible al conseguir que organismos obreros ugetistas se encontrasen en la convocatoria de elecciones, que determinó el triunfo político de la República.

»Al derrumbamiento de la monarquía, la UGT y el partido que le sirve de orientador han sido fieles servidores de la democracia republicana, pudiendo constatar por propia experiencia la inutilidad de la colaboración política y parlamentaria. Merced a esta colaboración, el proletariado en general, al sentirse dividido, perdió parte del valor revolucionario que en otros momentos le caracterizó. El hecho de Asturias demuestra que, recobrado ese sentido de su propio valor revolucionario, el proletariado es algo imposible de hundir en el fracaso.

»Analizado, pues, todo el período revolucionario que ha vivido y está viviendo España, esta ponencia ve la ineludible necesidad de unificar, en el hecho revolucionario, a las dos organizaciones: Unión General de Trabajadores y Confederación Nacional del Trabajo.

»Por lo expuesto, recogiendo el sentir de los acuerdos generales de los sindicatos afectos a la Confederación, hemos acordado someter al Congreso el siguiente dictamen:

»Considerando que es ferviente deseo de las clases obreras españolas el derrocamiento del sistema político y social existente, y considerando que la UGT y CNT aglutinan y controlan en su seno a la totalidad de los trabajadores organizados en España, esta ponencia entiende:

»Que la Confederación Nacional del Trabajo de España debe dirigirse oficial y públicamente a la UGT, emplazándola para la aceptación de un pacto revolucionario, bajo las siguientes bases fundamentales:

»Primero. La UGT, al afirmar el pacto de alianza revolucionaria, reconoce explícitamente el fracaso del sistema de colaboración política y parlamentaria. Como consecuencia lógica de dicho reconocimiento, dejará de prestar toda clase de colaboración al actual régimen imperante.

»Segundo. Para que sea una realidad efectiva la revolución social, hay que destruir completamente el régimen político y social que regula la vida del país.

»Tercero. La nueva regulación de convivencia, nacida del hecho revolucionario, será determinada por la libre elección de los trabajadores, reunidos libremente.

»Cuarto. Para la defensa del nuevo régimen social es imprescindible la unidad de acción, prescindiendo del interés particular de cada tendencia. Solamente defendiendo el conjunto será posible la defensa de la revolución de los ataques del capitalismo nacional y extranjero.

»Quinto. La aprobación del presente dictamen significa que el Comité Nacional queda implícitamente encargado, si la UGT acepta el pacto de entrar en relación con la misma, con objeto de regularizar la buena marcha del pacto, ateniéndose a los acuerdos arriba expresados y a los ya existentes en el seno de la CNT en materia revolucionaria.

»Artículo adicional. Estas bases representan el sentido mayoritario de la CNT, y tienen un carácter provisional, y deberán servir para que pueda tener lugar una entente con la UGT, cuando este organismo, reunido en Congreso Nacional de Sindicatos, formule por su parte las bases que crea conveniente para la realización obrera revolucionaria. Al efecto, se nombrarán dos Comités Nacionales de enlace, los cuales, procurando concretar los puntos de vista de ambas centrales sindicales, elaborarán una ponencia de conjunto que será sometida a la discusión y referéndum de los sindicatos de ambas centrales.

»El resultado de este referéndum será aceptado como acuerdo definitivo, siempre que sea la expresión de la mayoría representada, por lo menos, por el 75 por 100 de votos de ambas centrales sindicales.

»Por tanto, todas las relaciones que se entablen en este sentido serán refrendadas por los organismos sindicales.

»Los ponentes:

»San Felíu de Guixols, Francisco Iglesias; Construcción de Barcelona, F. Roca; Gastronómica de Valencia, José Pros; Industrias varias de Alcoy, Enrique Vañó; Metal de Santander, Gregorio Gómez; Construcción de San Sebastián, Aniceto Galluráldez; Metalúrgicos de La Felguera, Eladio Fanjul; Construcción de Madrid, Cipriano Mera; Construcción de Sevilla, Juan Arcas; subsección Madrid Norte, Jaime Escalé; Oficios varios de Santa Cruz de Tenerife, José Talavera; Carga y Descarga de Santa Cruz de Tenerife, Horacio Paz Martín; Oficios varios de Formentera, Ángel Palom; Mineros de Louzabe, Enrique Fernández; Panaderos de La Coruña, Juan Hermida; Metalurgia de Zaragoza, Emilio Lapiedra; Madera de Granada, Evaristo Torralba; Ferroviarios Norte Zaragoza, Antonio Bello.

»Zaragoza, 7 de mayo de 1936».[45]

Como antecedente para comprender el comportamiento anarcosindicalista durante la Guerra Civil, es muy importante este resumen documental del programa revolucionario, debido al errático doctor Isaac Puente y clamorosamente aprobado por el Congreso:

«Al final de la etapa violenta de la revolución se declarará abolida la propiedad privada, el Estado, el principio de autoridad y, en consecuencia, las clases que dividen a los hombres entre explotados y explotadores, opresores y oprimidos. Una vez que se socialice la riqueza, los productores ya libres recibirán el encargo de administrar directamente la producción y el consumo. Después de instaurar en cada localidad la comuna libertaria, pondremos en pie el nuevo mecanismo social. Los productores decidirán libremente la forma en que quieran organizarse. La comuna libre se apoderará de la propiedad que era anteriormente de la burguesía: comida, vestido, instrumentos de trabajo, materias primas, etc. Todo esto pasará a los productores, de forma que ellos administrarán directamente esos bienes para beneficio de la comunidad. Las comunas suministrarán el máximo de comodidades para cada habitante, asegurarán la asistencia a los enfermos y la educación a los jóvenes; todos los hombres hábiles se preocuparán de llevar a cabo sus tareas voluntarias en favor de la comunidad de acuerdo con su fuerza y habilidad. Todas estas funciones no tendrán carácter ejecutivo ni burocrático. Aparte de los que desempeñen funciones técnicas, el resto desempeñarán sus tareas como productores, reuniéndose en sesión al fin del día para discutir las cuestiones de detalle que no requieren la aprobación de las asambleas comunales. Cualquier período constructivo demanda un sacrificio».

La base de la administración serían las comunas autónomas, aunque se federarían regional y nacional mente. «El derecho de autonomía no excluirá el deber de llegar a convenios de conveniencias colectivas».

Un grupo de pequeños pueblos puede unirse en una comuna única. La asociación de productores industriales y agrícolas en cada comuna (como el Consejo de Estadística) se federaría nacionalmente; el intercambio de bienes entre comunas estaría a cargo de diversas asociaciones profesionales y de otro tipo. En cuanto a la familia, la revolución no operaría violentamente contra ella en principio, pero tendría que desaparecer el trato diferente social o profesional de las mujeres. «La comunidad libertaria proclama el amor libre sin más regulación que la voluntad del hombre y la mujer garantizándose la salvaguardia de la comunidad en los niños». Al mismo tiempo y mediante una buena educación sexual que comenzará en la escuela, se debería inculcar la selección eugenésica de forma que los seres humanos en adelante se formasen conscientes en orden a producir niños sanos y hermosos.

«Sobre los problemas de índole moral que el amor puede traer a la sociedad libertaria, la comunidad y la libertad tienen solamente dos caminos abiertos: la ausencia y la religión. Para muchas enfermedades se recomienda un cambio de aires. Para la enfermedad del amor se recomienda un cambio de comuna. La religión, esa manifestación puramente subjetiva, será reconocida mientras quede en el santuario de la conciencia individual, pero en ningún caso será permitida como una manifestación pública o una coacción moral o intelectual».

El analfabetismo será atacado enérgicamente. Se restaurará la cultura para aquéllos que han sido desposeídos de ella. Se creará una Federación Nacional de Educación, cuya misión será educar una nueva humanidad en la libertad, la ciencia y la igualdad social.

Todo tipo de premio y castigo será eliminado. El cine, la radio, las misiones culturales serán excelente y efectiva ayuda para una rápida transformación intelectual y moral de las generaciones actuales. El acceso a las artes y a las ciencias será gratuito. No habrá distinción entre trabajador intelectual y manual: todo el mundo será las dos cosas.

«La misma evolución es una línea continua, aunque a veces no sea recta; el individuo tendrá siempre aspiraciones: hacerlo mejor que sus padres, que sus contemporáneos. Todas estas ansiedades de creación artística, científica y literaria no estarán del todo fuera de lugar en la sociedad libre, que las cultivará; habrá días de recreo general, ciertas horas al día para visita a exposiciones, teatros y cines. Mientras la revolución social no haya triunfado internacionalmente, será necesario difundir, defender la revolución.

»Un ejército permanente será un peligro. El pueblo armado será la mejor garantía contra la restauración de la vieja sociedad».[46]

Tras discutir –y por supuesto aprobar– la conveniencia de la instauración del amor libre, hacia el final de sus sesiones el Congreso toma una decisión trascendental: trasladar el Comité Nacional de la Confederación desde Zaragoza y Barcelona, donde radicaba habitualmente, a Madrid, para no quedarse fuera del centro de la agitación revolucionaria y para tratar de arrebatar a la UGT el monopolio de la dirección de las masas hacia la revolución total. Esta iniciativa es importantísima: Mariano Rodríguez Vázquez, secretario general, que contaba con casi treinta meses de cárceles republicanas, y Cipriano Mera, el «gran estratega revolucionario» como ya le designaban sus compañeros, son los dos dirigentes anarcosindicalistas más destacados que van a centralizar desde la capital la acción subversiva de la CNT.

Otros miembros relevantes de la FAI, como Durruti y los Ascaso, permanecen en Barcelona en estrecha coordinación con los primeros, y sus antiguas relaciones amistosas con Companys son bastante útiles al Gobierno autónomo para mantener el control del orden público y en cierto sentido el orden laboral. En Madrid, como veremos, el traslado de la plana mayor anarcosindicalista va a notarse inmediatamente. Pero no podemos pasar sin más comentario la alucinante proclamación del ideal anarquista propuesto por el doctor Isaac Puente en pleno siglo XX. No era una simple utopía.

Durante la Guerra Civil este comunismo libertario se implantó de hecho en el territorio dominado por las columnas anarquistas que habían marchado desde Barcelona hacia las capitales aragonesas; en ese territorio se formó el Consejo de Aragón idealizado por películas lunáticas actuales de Ken Loach y Vicente Aranda, padres de la mentira. La Arcadia anarquista se convirtió en un foco de podredumbre y absurdo hasta que los comunistas, a las órdenes de Enrique Líster, decidieron aventarla por simples razones higiénicas. Es uno de los episodios más sórdidos de la historia española del siglo XX.

La colaboración revolucionaria, por el momento, no resulta fácil de conseguir entre los dirigentes de la CNT y la UGT; por eso el anarcosindicalismo continúa por su cuenta, y con la independencia que siempre le ha caracterizado, su proceso de aceleración revolucionaria. En un mitin anarcosindicalista celebrado en Andalucía el 25 de mayo, precisamente para difundir en aquella región las consignas del Congreso libertario de Zaragoza, intervienen otros dos destacados dirigentes recién trasladados a Madrid: Federica Montseny y Juan García Oliver.

«Todos dieron a conocer los acuerdos del Congreso de Zaragoza; combatieron los saludos marxistas del puño cerrado y las milicias uniformadas, y afirmaron que los anarquistas no han desertado de su puesto, y que los trabajadores acabarán con los falsos directores que, en Asturias y cuando la revolución, se escondieron debajo de la cama para no aparecer responsables. Elogiaron el comunismo libertario».[47]

Solidaridad Obrera del 2 de junio se queja de que el Gobierno Casares ha desatado una acción represiva contra la CNT, y culpa al presidente del Consejo, tomando sus mismas palabras, de portarse como «beligerante contra la CNT», no contra el fascismo, según sus promesas. El Gobierno, en efecto, se alarmaba justamente ante la virulenta presencia de los jefes anarcosindicalistas en la capital de España, medida a la que se debió, probablemente, el aumento de la presión revolucionaria que señala Antonio Ramos Oliveira:

«En el último decenio, la Compañía Telefónica había atraído a Madrid una multitud de obreros no especializados, trabajadores del campo convertidos en peones, el mismo elemento humano que formaba la levadura del anarquismo barcelonés. Esta masa, sobremanera fácil de impresionar y de adoctrinar en la violencia y en la utopía, se unía ahora al peonaje de la industria de la edificación, y así se aclimataban en Madrid los procedimientos de lucha y la táctica vehemente que caracterizaban a los centros industriales de Cataluña. Por lo demás, las turbulencias del momento favorecían al anarquismo, que en pocos meses parecía alzarse con la dirección moral del movimiento obrero de Madrid».[48]

La energía ciega de la CNT, excitada por las nuevas consignas, no se limita al ataque de objetivos reaccionarios. Los días 10 y 11 de junio, así como el 14 de julio de 1936, se registran en Málaga, como denuncia toda la prensa no anarcosindicalista, auténticos choques armados, con secuela de asesinatos, entre anarcosindicalistas y socialistas. A pesar de las insinuaciones e invitaciones expresas de Francisco Largo Caballero, a pesar de las respuestas, altisonantes pero, en definitiva, prometedoras, de los comités cenetistas, las intoxicadas masas del anarcosindicalismo –controladas, desde luego, por la FAI– se mostraban día a día con todo su potencial disgregador en cada vez más pleno despliegue.

La CNT había declarado oficialmente la guerra total a la República y esta vez todo parecía indicar que la República no se iba a contentar con otro Casas Viejas y menos con otras simbólicas deportaciones al trópico.

Bolchevización y descomposición
del socialismo

La descomposición del socialismo durante la primavera trágica no es concepto que, después de nuestro estudio, necesite justificación alguna. Algún bienintencionado lector puede tal vez sospechar intenciones peyorativas en el otro término, el de «bolchevización». No hay razón para ello. Uno de los documentos fundamentales emanados de los propios dirigentes socialistas, el admirable libro de Gabriel Mario de Coca, escrito desde dentro, se subtitula precisamente Crítica marxista a la bolchevización del P.S. y se publica, para mayor coincidencia, ya bastante dentro de 1936, después de las elecciones de febrero.

Por lo demás, en los mismos textos del ala extremista del socialismo, que vamos a citar, se admite, y a mucha honra, el carácter «bolchevique» de la dirección propia. No estamos, por tanto, caricaturizando; recogemos de las mismas fuentes socialistas una adecuada descripción.

«La circunstancia que hizo inevitable la Guerra Civil en España fue la guerra civil dentro del Partido Socialista», ha dicho Salvador de Madariaga[49], y resulta sumamente difícil no conceder un peso decisivo a sus palabras. El lector no necesita más explicaciones a estas alturas para comprender el grado de exaltación revolucionaria a que había llegado en la primavera de 1936 el hombre que ya en 1933 había creído convertirse en el «Lenin español». Tras la eliminación de Besteiro en 1934, las polémicas con Prieto en 1935 y la trabajosa lectura de los clásicos revolucionarios en la prisión, le habían reafirmado en su posición tremendista, con la cual conseguía de paso desviar el recuerdo de las masas acerca de su bien poco brillante página personal de Octubre.

Octubre se había convertido en el estandarte de todo el proletariado –gracias a la propaganda comunista– y la enseña estaba en manos de los prietistas. Había que arrebatársela como fuese; he aquí la razón más íntima de la conjunción caballerista-comunista, bien arropada por los nuevos «capellanes», como graciosa y profundamente llama Salvador de Madariaga a los ocultos hombres de Moscú que aconsejaban a Largo Caballero y le hacían Claridad. Esto de «hombres de Moscú» suena a desacreditada propaganda derechista, pero a pesar de ella es la verdad pura, como uno de ellos, Luis Araquistáin, empezaría a revelar inequívocamente en su libro de 1939. (El otro era Álvarez del Vayo, fiel al comunismo hasta la muerte). La veneración de las masas, la pleitesía de los intelectuales extremistas, la unción suprema que una y otra vez llegaba de Moscú en forma de telegramas, enormes retratos y ditirambos continuos –no eran ya los jóvenes alocados de Torrelodones, era la propia Comintern– resultaron demasiados estímulos para Caballero, un hombre de tan recta intención, pero tan cortos alcances, quien, además, temía fundadamente que se le adelantasen los comunistas, sus circunstanciales aliados, en la vanguardia de la revolución. Efecto conjunto de tan poderosos estímulos y temores fue la decisión de Largo Caballero de adelantarse a todos en fervor revolucionario. No era el presidente de la UGT hombre flexible, y matizar se convertía para él en sinónimo de subrayar y acelerar. Su demarrage revolucionario resultó tan efectivo que incluso en el propio Moscú que le lanzaba había ya quien pensaba en frenarle.

Un socialista revolucionario también salido de la cárcel de Octubre, Antonio Ramos Oliveira, ve así las consecuencias de la hipertensión revolucionaria de Largo Caballero durante la primavera trágica:

«Largo Caballero arrastraba –si no era arrastrado por ella– a la mayoría del movimiento socialista. Estimulado por la juventud socialista, ya ganada por el ideario comunista, y sacado de la realidad por un grupo de intelectuales de su tendencia, se proponía depurar el Partido Socialista de elementos «centristas» y «derechistas» –esto es, cambiar de caballo en medio de la corriente–; y desde las columnas de Claridad se infundía al proletariado un optimismo revolucionario injustificado y temerario».[50]

Como veremos en el epígrafe siguiente, se ha entablado una estéril polémica acerca del famoso compló comunista a fecha fija para apoderarse de la República. La cuestión se convierte en bizantina porque prescinde de la auténtica dinámica revolucionaria: la combinación –expresamente pretendida, como ya sabemos y en seguida vamos a confirmar– entre el desbordamiento anarcosindicalista y la trayectoria acelerada e implacable del socialismo revolucionario. Éste es el verdadero compló, que no necesitaba documentos expresos –aunque también los ha dejado, y nada dudosos, vamos a verlo inmediatamente tras recordar de nuevo el famoso manifiesto del Congreso anarcosindicalista de Zaragoza– porque las intenciones y la metodología se encontraban a la vista de todos, en medio de la calle y en las columnas de la prensa. Con toda razón apunta Madariaga extrañado de que se gaste tanta pólvora en salvas polémicas cuando el auténtico peligro resulta tan evidente:

«Mucha tinta se ha vertido discutiendo si cuando se sublevaron los militares en julio de 1936 se estaba preparando o no un alzamiento de extrema izquierda. Largo Caballero no ocultó jamás su intención sobre este punto. Siempre fue su propósito llevar a España a una dictadura del proletariado. Ya por el camino de la violencia, la nación, en cuyo seno una masa considerable tiende siempre a ceder a esta tentación, se fue dejando contagiar por la violencia».[51]

Uno de los documentos esenciales acerca de los objetivos directos del «caballerismo» es el manifiesto del socialismo revolucionario emanado del nuevo comité –caballerista– de la ASM (Agrupación Socialista Madrileña) y publicado en Claridad el 19 de marzo de 1936. El Comité presenta su declaración como «un documento trascendental: el proyecto de reforma del PSOE», y cree que de prevalecer el proyecto «elevaría al socialismo español al más alto nivel doctrinal y táctico que jamás haya alcanzado ningún otro partido socialista en el mundo».[52]

La hipótesis económica de este manifiesto es falsa y retrógrada: la crisis económica mundial, según él, ya no es cíclica, sino permanente, y su causa, para los desastres del proletariado, se debe a los avances del maquinismo. Tras enunciar tan reaccionario sofisma, proclama el manifiesto que solamente quedan dos salidas a esa crisis permamente: el fascismo esclavizante y el socialismo revolucionario. Por si alguien conservase aún alguna duda, insiste el manifiesto en el objetivo de la dictadura del proletariado, «con objeto de reprimir toda resistencia de la clase explotadora».

He aquí no el efecto de una improvisación demagógica en un mitin electoral, sino un manifiesto oficial, meditado y concebido como aspiración inmediatamente realizable, no como ideal lejano. Algunos detalles del programa –insistimos en que se trata de un programa de acción, no de un desahogo oratorio– son los siguientes:

«El Partido Socialista tiene por aspiración inmediata: La conquista del poder político por la clase trabajadora y por cualesquiera medios que sean posibles. La transformación de la propiedad individual o corporativa de los instrumentos de trabajo en propiedad colectiva, social o común. En el período de transición de la sociedad capitalista a la socialista, la forma de gobierno será la dictadura del proletariado, organizada como democracia obrera.

»Medidas políticas: Confederación de las nacionalidades ibéricas, incluyendo el actual protectorado de Marruecos, y reconocimiento de su derecho a la autodeterminación política en todo instante, incluso a la independencia. Supresión de la lengua oficial, obligatoria, del Estado, e igualdad de derechos de todas las lenguas. Supresión de los ejércitos permanentes y armamento general del pueblo. Prohibición de ocupar cargos civiles y electivos a los militares. Supresión del presupuesto al clero, confiscación de todos sus bienes y disolución de todas las órdenes religiosas…

»Medidas económicas: Control obrero en todos los establecimientos de la industria y el comercio.

»Medidas financieras: Nacionalización de toda la banca. Abolición de todos los impuestos indirectos. Impuesto progresivo sobre las rentas y beneficios mayores de 6.000 pesetas. Tributación de las tierras y solares no por lo que producen, sino por lo que deben producir. Abolición de la Deuda Pública. Nacionalización de las minas, aguas, arsenales, medios de transporte y la tierra, salvo la que los pequeños propietarios cultivan por sí o por su familia. Reversión de los monopolios al Estado.

»La Comisión Ejecutiva concertará con el Partido Comunista, con el que ya hay iniciadas conversaciones al respecto, la unificación de ambos partidos en uno solo de clase sobre la base de los respectivos programas. Hecha esta unificación, se procurará hacerla extensiva a los demás partidos obreros». Dada la importancia del manifiesto, lo reproducimos al final en versión íntegra.

Las derechas se dieron cuenta inmediatamente de la trascendencia de este manifiesto que no era una amenaza habitual. Refiriéndose a él, comenta ABC, que ya conocía el documento antes de su inserción en las páginas del diario extremista: «El Partido Socialista se lanza ya decididamente por el camino de la insurrección».[53]

El gran diario monárquico –cuya influencia y ámbito de lectores resulta ocioso destacar– copia de Claridad, el 2 de mayo, una nueva e importante declaración acerca de lo innecesario que resulta un programa jurídico ante los decididos propósitos revolucionarios:

Y, más ingenuo, el periódico de Largo Caballero dice que «es inútil contener el proceso revolucionario con promesas legales que se cumplirán o no, y que después de tantos desengaños es forzoso oír con escepticismo; y que es más prudente y racional permitir que la revolución siga su espontaneidad biológica y que la ley se limite a encauzarla y legitimarla».[54]

Los historiadores escorados hacia la izquierda y los apologistas a ultranza de la República tratan desde antiguo de quitar hierro a las amenazas de los partidos proletarios durante la primavera trágica para invalidar, de paso, alguna de las más fuertes razones de los sublevados de julio. Por eso insistimos en la detección de la auténtica dinámica revolucionaria y en los documentos de tipo programático y ejecutivo, no en los arrebatos demagógicos fácilmente excusables. Pero en un ambiente tan sobrecargado, incluso las palabras en sí pueden ser vectores de un desenlace trágico. Los ingenuos creyentes en la inocencia revolucionaria del socialismo demagógico debieran meditar seriamente en esta frase de José María Fontana:

«¿A qué catástrofe babélica no darían origen las relaciones humanas basadas en el reconocimiento de la plenitud expresiva de las palabras? Pero es que, marchando por tan peligroso camino, habíamos llegado a tales perfecciones en el método expresivo –conversación y escritura– que ya el remedio se nos había emancipado y personalizado. Las palabras mandaban tiránicamente en nosotros y las ideas y los sentimientos se subordinaban al continente expresivo. Por lo que pronto identifiqué muchas palabras que eran más peligrosas para la paz humana que bombas de mano sin horquilla».[55]

Por entre los diversos episodios de la Guerra Civil del socialismo se mezcla su problema institucional. Recordemos que Largo Caballero, presidente de la UGT, entra en 1936 dimitido de la presidencia del partido, en cuya Ejecutiva se mantiene su vacante y las de varios miembros de la Comisión solidarizados con él. Los restos de la Ejecutiva siguen dominados por los «centristas» de Indalecio Prieto. En cierto sentido, la guerra civil del socialismo durante la primavera trágica es una guerra entre el PSOE y la UGT, aunque naturalmente habría que matizar tanto esta descripción que la aducimos solamente como una aproximación muy elemental. Ya vimos cómo en las antevotaciones para la designación de candidatos para las elecciones legislativas, Largo Caballero había triunfado sobre Besteiro-Prieto y, en consecuencia, el «caballerismo» se imponía, si bien por escaso margen, dentro de la nutrida minoría parlamentaria socialista.

El 8 de marzo se celebran elecciones para la designación del nuevo Comité de la Agrupación Socialista Madrileña, pieza clave dentro del PSOE. Triunfa la tendencia «caballerista» por 1.554 votos contra 478 de la «prietista». En vista de eso el nuevo Comité, presidido por Largo Caballero, propone que el Congreso del partido, reclamado por todas las tendencias para ver de solucionar la crisis interna del socialismo, se celebre en Madrid y no en Sama como querían los supervivientes de la Ejecutiva y, naturalmente, Prieto.

No contentos con el control de la UGT y de la ASM, los «caballeristas» organizan extraoficialmente un plebiscito, que ganan. Por el carácter extrarreglamentario de este plebiscito, la Ejecutiva centrista –que aun plagada de vacantes continuaba siendo la legítima– se niega a abandonar el campo y durante este período crucial existe de hecho en el seno del PSOE una situación de cisma, con dos ejecutivas rivales disputándose la primacía.

En marzo de 1936 se eligen dentro de la minoría parlamentaria del PSOE los puestos directivos, para los que triunfan los «caballeristas» sobre los «prietistas» por 49 votos contra 23. Largo Caballero se convierte entonces en el líder del socialismo en la Cámara. Por fin, el 30 de junio se celebran elecciones para cubrir los seis puestos de la Ejecutiva del partido, vacantes desde fines de diciembre. La candidatura del bandido revientabancos de Asturias, Ramón González Peña (centrista, y apoyada por Prieto) triunfa por 10.933 votos contra 2.876 de los «caballeristas», a los que les son invalidados 7.442, maniobra considerada por Largo como «pucherazo», aunque incluso con esos votos no hubiese conseguido la victoria.

Asume, pues, Ramón González Peña la presidencia del partido, con otro centrista en la Secretaría General: Ramón Lamoneda. Esta tardía reacción moderada (¡González Peña se consideraba moderado!) del socialismo –que provoca un manifiesto conciliador de la nueva Ejecutiva, con llamada a la disciplina– no puede ya detener la marcha frenética de Largo Caballero, quien a partir de este momento se desentiende de sus enemigos del partido para intensificar sus alianzas generales del proletariado. Los moderados del socialismo, totalmente desbordados, han perdido toda esperanza de forzar la colaboración gubernamental y, además, se desalientan cada vez más por las exactas informaciones que su jefe real, Prieto, está recibiendo sobre los progresos de la gran conspiración militar. En semejante situación de desbordamiento y crisis, se enfrentará el PSOE con la prueba terrible de la guerra civil.

En medio de tan confuso marco institucional se desarrollan los episodios dramáticos que van convirtiendo la «guerra civil del socialismo» en algo mucho más profundo que la simple alegoría. El recrudecimiento de la crisis apunta ya en un manifiesto de la Ejecutiva del partido que aparece en El Socialista de 27 de febrero, cuando, al exponer sus propósitos para la convocatoria de Congreso Ordinario, invoca al «partido, no las camarillas erigidas no se sabe con qué derecho en voceros suyos».[56] Y subraya:

«Con daño para todos –y sin beneficio para nadie– se han desencadenado, hasta llevarlas a punto de violencia, as querellas internas del partido».

El 26 de febrero contrataca la Ejecutiva de la UGT contra la Ejecutiva del PSOE:

«Simplemente porque está usufructuando esos puestos –con plena indignidad– un grupito de hombres horros de toda preparación marxista y carentes de fe en los destinos de su clase».

Tras la ofensiva de Claridad contra Indalecio Prieto, una de cuyas fases es la cadena de comentarios a las declaraciones del líder «centrista» a L’Intransigeant, tiene lugar el famoso round en el hemiciclo del Palacio de Cristal, el día de la elección presidencial de Azaña en el que, según Madariaga, «el socialismo estuvo a punto de causar al socialismo una o varias víctimas sensibles»; se refiere Madariaga a la doble bofetada Araquistáin (caballerista) y Zugazagoitia (centrista) que resonó en los jardines del Palacio de Cristal durante un entreacto de la elección de Azaña.

El lector agradecerá sin ninguna duda que insertemos a continuación un extraordinario documento sobre la crisis agónica del socialismo español. Se trata del testimonio de Justo Martínez Amutio, uno de los más destacados e inteligentes líderes del sector «caballerista», que volvió tras el exilio a España y que conservaba una memoria excepcional. El testimonio, expuesto en varias cartas recientes al autor de este libro, ha de ser cotejado con el resto de nuestra información, pero contiene datos esenciales que deben transmitirse a la Historia. Hélos aquí:[57]

«Estaba sentado con Araquistáin y otros tres compañeros ante una de las mesas que había cerca del Palacio de Cristal del Retiro cuando se produjo (el incidente).

»Pero además de “testigo directo”, fui la causa de tan desagradable incidente, precisamente entre dos buenos amigos y compañeros míos. Tuvo su origen en ciertos escritos que por aquellos días y con motivo de la elección para presidente de la República, publicaron El Socialislista y Claridad que dirigían ambos, a propósito de mis intervenciones y propuestas en dos reuniones de la minoría socialista de compromisarios y diputados. En la primera presenté un voto de censura contra Prieto y la Ejecutiva del partido por la forma tan turbia como aquél obró y el apoyo de ésta a sus maniobras, que burlaban descaradamente nuestras normas, en la presentación y apoyo a la candidatura de Azaña para tan alto cargo. Dicho voto de censura fue aprobado por gran mayoría tras enconada discusión entre Prieto y otros miembros de la Ejecutiva y otros compañeros que me apoyaban y yo.

»Como consecuencia de este voto y al ponerse al descubierto tan feo proceder, quedaron nulos acuerdos anteriores y se obligó a celebrar una sesión extraordinaria y secreta para reconsiderar la cuestión que estimábamos muchos de importancia trascendental para la nación. Dicha reunión se celebró a la noche siguiente, en el salón de sesiones del Congreso, y en ella presenté y defendí otra propuesta para que el partido retirase su apoyo a la candidatura presentada y presentase su propio candidato, por estimar que Azaña no reunía las condiciones que para el cargo se precisaban, dado el confusionismo y delicada situación política del país.

»Si enconado fue el debate de la sesión anterior, en ésta adquirió caracteres casi violentos. La forma que Prieto y los que le apoyaban presentaban la cuestión, a pesar de su gran capacidad como orador y sus recursos, no sólo no convencieron a la gran mayoría, sino que la soliviantaron. Al final de la sesión, y a punto de votarse mi propuesta, que hubiera sido aprobada por un 75 por 100 de la minoría, Largo Caballero, que presidía, pidió un margen de tiempo para conferenciar con los que firmábamos la propuesta y otros cuatro compañeros, a la vista de cómo estaba el ambiente y unas notas que le habían pasado durante el transcurso de la reunión.

»Sería muy extenso de explicar esto, pero ante las razones que nuestro compañero nos expuso y la gravedad de la situación, sin que fuésemos coaccionados en forma alguna, decidimos retirar la propuesta y aceptar la candidatura del señor Azaña. Cierta relevante personalidad de nuestro partido insistió en su negativa a ser designado nuestro candidato; de haber aceptado es seguro hubiera variado mucho el problema. Sólo pusimos los firmantes una condición: ser autorizados para votar en blanco, cosa que se aceptó. Pero al acordar por gran mayoría una propuesta de Araquistáin para que el partido no formase parte del nuevo Gobierno que había de designarse, aunque sí se le apoyase en el Parlamento, Prieto y sus amigos se sintieron indignados y el clima, ya tenso, se enrareció aún más, planteándose ya de hecho la escisión en nuestras filas. A la propuesta de Araquistáin había añadido yo otra, por la que se obligaba a nuestra Ejecutiva a reunir al Comité Nacional, que sería el que decidiese en cualquier problema de trascendencia que se presentase, que fue también aprobada.

»Yo era entonces Vocal representante de la Región de Levante en el Comité Nacional y Secretario General de la Federación Socialista Valenciana y estuve sumergido en esa cuestión durante diez días, y esto fue el origen de esas “bofetadas históricas” que espero conocer en su versión.

»Sinceramente le manifiesto que no ha estado usted acertado al tomar la de Madariaga para dar su versión de esa “bofetada histórica”. Este señor podrá tener talla sobresaliente para la cátedra que desempeña en Oxford. Pero para escribir sobre la historia de la política española desde el año 31, en que se vio, con gran sorpresa suya, metido en ella, y sobre la guerra, carece de autoridad, condiciones y de las cualidades que debe tener un historiador. A su gran vanidad y pedantería, que en ocasiones le han hecho juzgar al pueblo español inferior al de un país subdesarrollado, porque su condición de profesor de Oxford lo endiosó, une la absoluta falta de conocimientos y documentación sobre lo que trata, y el resentimiento y rencor hacia algunos hombres de la República y algunas organizaciones le hace incurrir muchas veces en errores y falsedades.

»En ese relato, “cuyo dictamen acepta de plano”, ocurre todo lo que le expongo antes y claramente se le ha reprochado, incluso personalmente, por bastantes personas, lo que en su obra España escribe sobre la guerra y su prólogo. Ese dictamen dice algunas verdades a medias que me voy a permitir rebatir, detallándolas, al mismo tiempo que las fantasías que dice. Su juicio sobre la intención de Largo Caballero no es exacto; él, como otros, lo consideraba como dice, pero se equivocaban, y bien claro estaba expuesto en el pacto que se firmó para la constitución del Frente Popular, pacto que, como el del 31, se burló descaradamente por los republicanos. Prieto no se "convirtió en París” a la política del mismo; se unió cuando supo que los republicanos de izquierda lo aceptaban.

»Acierta en que el plan de Prieto era el que dice, pero no sabe que la conducta de Prieto en el exilio se centraba principalmente en eludir las responsabilidades de la huelga del 34, que aprobó con su voto, aunque el 5 de octubre, y sin dar cuenta a nadie, apareciese en Hendaya, dando a su “salida” un aire de aventura que encajaba muy bien en su temperamento y para embobamiento de papanatas. Y Madariaga sabe muy bien esto, pero lo silencia.

»Naturalmente, a los republicanos, incluido Madariaga que no vio realizadas sus aspiraciones al unirse a Lerroux, les «caía» muy bien Prieto como hombre demócrata. De esto lo sabíamos bien los que en tantas ocasiones habíamos tenido que sufrir sus desplantes, y hasta sus burlas. De demócrata tal y como lo consideraban muchos, no tenía nada. Y para lograr esa aspiración de ser jefe de Gobierno, se saltó a la torera todas las normas democráticas que regían nuestras organizaciones. Todos ansiábamos el bien de la República y el de España, por tanto, aunque sigan dudándolo algunos.

»Discrepo también de esa fábula, que ya entonces se empezó a urdir, sobre que Prieto era el único que podía evitar la Guerra Civil. Es una de tantas cosas que piensa Madariaga y que da por verdades irrebatibles. Es exacto en que la principal circunstancia que hizo posible la guerra fue nuestra escisión, aunque hubo otras más profundas y una de ellas la de la elección de Azaña, impuesta de forma desvergonzada por un grupo, con Prieto entre ellos, tras de una cena en el Buffet Italiano, de la Carrera de San Jerónimo.

»Sobre la fundación de Claridad puedo opinar mejor que él, que recoge algo de la porquería que se lanzó, no sólo por El Socialista, sino por otra prensa. Fui uno de los fundadores y respecto a esa pregunta insidiosa que él repite, apenas la formuló por primera vez El Socialista nos presentamos mi compañero Ricardo Zabalza y yo en la Dirección de El Socialista y al mismo “Zuga” (como le llamábamos los amigos) le presentamos las pruebas del origen de ese dinero, que aceptó sin reservas. Prometió rectificar sin entrar a detallar más, y no lo hizo. En esto empezó su enfrentamiento con Araquistáin y otros, y también hizo más venenosa la polémica suscitada. Claridad se fundó como órgano de la UGT y por acuerdo de su Comité Nacional. Los fondos y créditos los aportaron organizaciones de dicha sindical, y tenían origen más limpio, desde luego, que el de otra prensa y que los ingresos que ahora y en muchas ocasiones ha tenido Madariaga en el exilio, durante el cual ha dado constantes resbalones y cometido infinidad de insensateces, a las que encontró buena réplica.

»Es insidioso en extremo al presentar a “Zuga” como estrecho y fanático. Tenía una formación política y periodística mucho más sólida que él, intelectual de élite y “oxfordiano”. Su posición política era otra cuestión, y no había tal lucha contra los vascos. Tampoco hubo tal «desautorización de la Ejecutiva» del partido a Largo Caballero. Fue la maniobra urdida de forma sucia por Prieto, y otros responsables de lo ocurrido el 34, la que hizo que, en contra de lo que señalaban los Estatutos y uno de los tantos excesos de respeto a ellos y al sentido democrático de nuestras asambleas y congresos por parte de Largo Caballero, hábilmente «cazado» por Prieto, que reunió un Comité Nacional a finales del 35, con delegados improvisados por él en muchas regiones al estar ausentes los vocales efectivos. Fue dimisión de la Ejecutiva en pleno, cuyos componentes, salvo Fernando de los Rios y Prieto, estaban entonces presos en Madrid. Ahí sí que hubo dinero que nadie quiso explicar su procedencia. Tras de dicho Comité Nacional y ante lo antirreglamentario de sus acuerdos y su constitución, fueron destituidos por sus federaciones respectivas el 80 por 100 de los vocales, puesto que votaron contra el mandato que llevaban como representantes de las mismas.

»Las antevotaciones para la candidatura de los socialistas en la del FP es cierto que produjeron verdadera convulsión. La nueva Ejecutiva, fabricada e impuesta burlando descaradamente todas nuestras normas, fue la que impusieron a las federaciones los 16 diputados que sacaron los comunistas. Todas se rebelaron contra ese atropello, así como contra la inyección de ciertos elementos que por carecer de personalidad por donde debían o querían ser elegidos, tanto socialistas como de otras organizaciones, pero sólo algunas lograron mantenerse en su negativa. Fue de esa forma como se inyectó a Pestaña en Cádiz, a Lamoneda y M. Lejarraga Martínez-Sierra con P. Tomás en Granada y a ciertos republicanos en otros sitios. Los efectivos que tenía el PC entonces no le hubieran permitido sacar, solos, ni un solo diputado y enfrente de esto que patrocinaba Prieto, tan anticomunista como quería presentarse, estábamos la inmensa mayoría del partido y la UGT.

»Ciñéndonos a lo de la «bofetada» también resbala de lo lindo Madariaga. Desde luego él no estaba ese día ni siquiera cerca. Y usted señala ya uno de esos resbalones, al decir él que fue en los pasillos, cuando ocurrió como corrige, en los jardines contiguos al Palacio de Cristal. No se enfrentaron paseando los contendientes. Como le decía en mi anterior, Araquistáin estaba sentado con mis compañeros Fernando Arias, profesor de Derecho Internacional; Luis Menéndez, consejero del INP y dirigente de la UGT; Federico Landrove, catedrático y diputado por Valladolid, y yo. Vio venir a “Zuga” por el paseo y hacía poco habíamos hablado sobre la polémica planteada y las insidiosas frases de un redactor de El Socialista a propósito de la postura dentro del partido que manifestaba Araquistáin.

»Recordar a éste lo que dijo en su libro de hacía muchos años, El militarismo mexicano, era algo más que insidioso, porque la evolución suya dentro del socialismo era limpia y bien razonada, más que la de algunos «reformistas» y «centristas» que su cambio de posición obedecía a motivos inconfesables y al deseo de eludir graves responsabilidades por lo sucedido el 34, y entre ellos, el más destacado, el que Prieto entronizó como presidente de la Ejecutiva tan desvergonzada y antidemocráticamente impuesta; me refiero a R. González Peña, uno de los hombres más funestos que hemos tenido. Y el mismo “Zuga” tenía una posición muy distinta de la que había sustentado siendo directivo juvenil de Bilbao el 21 y redactor de nuestro semanario de dicha villa La Lucha de Clases y hasta hacía muy poco tiempo, el 34, ya director de El Socialista. No tenía “Zuga” razón ni fuerza moral para reprocharle nada a quien en muchas ocasiones había llamado su maestro en el periodismo.

»Araquistáin, al ver venir a “Zuga” acompañado por otro redactor del periódico hacia el Palacio de Cristal, sin decirnos nada, se levantó y salió a su encuentro, diciéndole al tenerlo enfrente: “¿Por qué no juega usted limpio? Yo no le he enseñado eso”. Y al notar un gesto despectivo en “Zuga”, que no contestó ni una palabra a la pregunta, le dio una sonora bofetada. Estas palabras y la acción no las percibimos más que nosotros y otros tres o cuatro que había sentados en la mesa de enfrente, entre los que recuerdo estaban el catedrático de Sevilla y diputado por esa capital, Fernández Ballesteros, y el compromisario y alcalde de Granada, Fernández Montesinos, médico y hermano político de Federico García Lorca.

»No es cierto que Besteiro se llevase y “lograse reducir a ‘Zuga’”. Apareció cuando ya se había disuelto el tumulto. Quien se llevó a Zuga fue el que le acompañaba y Jerónimo Bugeda, diputado por Jaén, que estaba por allí cerca y acudió cuando Fernández Ballesteros, Landrove y yo separábamos a Zuga y Araquistáin. Aquél le dio un empujón a éste. Pero la intervención de los guardias de Asalto es una invención de la mente de Madariaga. Estaba a unos metros el comandante Armando Álvarez hablando con Wenceslao Carrillo, que se había levantado de la mesa donde estaba con Caballero y al que acompañaba un teniente cuyo nombre no recuerdo. Álvarez, gran amigo de Araquistáin precisamente, le agarró del brazo y después con él sobre el hombro lo apartó a otra mesa. No hubo tal intención de Prieto para una reconciliación sur le champ. Anduvo de un lado a otro haciendo comentarios, como todos. Cierto que Caballero acudió al lado de Araquistáin tratando de calmar su estado de ánimo.

»Cierto que en un grupo de prietistas surgió la frase de “Esto lo decidirá un Congreso”. Cuando R. Zabalza le oyó esa frase a Castillo, diputado por Zaragoza, le contestó: “¿Y por qué no se ha celebrado ya, siendo tan necesario?”. Es verdad que Jiménez Asúa acudió a donde estaba Zuga, en el Palacio de Cristal, para pedirle calma, como también lo hizo yendo a donde estaba Araquistáin. Nadie intentó que hubiese entendimiento entre los rivales; no se trataba solamente de una cuestión personal, era algo más profundo y de enorme importancia lo que se discutía y, ciertamente, el incidente no ayudó a suavizar las cosas. Fue lamentable, pero en el campo centrista hicieron mella lo que dijo en las dos reuniones de la minoría, especialmente en la última en que estuvo a punto de desecharse la candidatura de Azaña y quedó en sueño el propósito de Prieto de ser premier.

»Éste fue el desarrollo de la “bofetada socialista”, la verdad que la recuerdo muy bien, no la de Madariaga. Sobre su segundo párrafo y lo que señala sobre la crisis del socialismo español, deseo aclararle que ésta empezó realmente el año 21, cuando el Congreso Extraordinario que se celebró para decidir sobre la adhesión a la III Internacional y que tuvo fases de violencia y tragedia cuando los disidentes, que después fundaron el PC y la IC, rabiosos por la derrota sufrida, quisieron desahogarse. Fue la primera demostración de los métodos que adoptaba el comunismo para dominar.

»En el Congreso del 28, y cuando se discutió el ofrecimiento del general Primo de Rivera de puestos en la Asamblea Parlamentaria que había organizado, se perfiló ya la fracción que después se llamaría reformista, que propugnaba la aceptación del ofrecimiento. Influyó mucho en la decisión y el debate, la entrevista que tuvo bastante antes el líder de los mineros de Asturias, Manuel Llaneza, con el general. Éste, ante un serio conflicto que había en la zona minera del norte y las grandes dificultades de llegar a un acuerdo por la cerrazón de los patronos, llamó a Llaneza para dicha entrevista, a la que acudió previa autorización de su sindicato, y de las ejecutivas de la UGT y del partido. Un hecho de extraordinaria importancia que no es conocido.

»La fracasada huelga del 30 y las graves responsabilidades en que incurrieron ciertos dirigentes de Madrid y algunas provincias produjo gran conmoción entre los afiliados y el deseo de imponer severas sanciones. La necesidad de no presentar fisuras cuando empezó a formarse la Conjunción Republicano-socialista, y la sorpresa del 14 de abril, hizo demorar la depuración y examen de ese fracaso hasta el Congreso del 32, en que ya queda abierta y claramente señalada la fracción «reformista». Tras de un largo debate que duró tres días, y cuando se veía que el final sería la aplicación de graves sanciones que alcanzaban a militantes muy destacados, se puso fin al debate y se impidió la “campanada” gracias a una propuesta que presentamos R. Zabalza, M. Ranchal, J. Otero y yo, que sometida a la consideración de Caballero nos la devolvió diciendo: “Preséntenla, la defienden brevemente y se pondrá a votación inmediatamente. Yo la votaré”. Zabalza la defendió magníficamente y se aprobó por aclamación.

»Pero a partir de entonces se produjo lo que señala como “aherrojamiento del besteirismo”; no fue más que la separación de la inmensa mayoría de los que apoyaban el ala “reformista” de los puestos de dirección de sindicatos y agrupaciones, mediante asambleas y congresos provinciales y por mayorías aplastantes en su mayor parte. Sucede después la huelga de campesinos del 34, saboteada desvergonzadamente por elementos reformistas y ya, en Octubre del 34, la huelga revolucionaria, en la que se volvieron a presentar casos de diversa índole, con responsabilidades mucho más graves que en la del 30. Y fue la decisión de eludir éstas lo que dio origen al centrismo que Prieto empezó a organizar en París, durante su exilio.

»El ilegal Comité Nacional que consiguió organizar, el nombramiento de nueva Ejecutiva, haciendo burla de todas nuestras normas, como digo antes, así como lo de las antevotaciones abrieron totalmente el foso producido por las disensiones reformista y centrista, que no representaban ni al 25 por 100 de la totalidad del partido y la UGT. Sobre todo esto tengo hecho apuntes para un guión, porque desde el 21, en que fui delegado al Congreso de la J. S., he vivido muy en su interior la progresiva crisis que se produjo.

»Finalmente, deseo que sepa que Araquistáin no era capellán ni cosa parecida de Caballero. Éste no necesitaba de capellanes porque tenía suficiente inteligencia y criterio propio y una formación política que nadie superó. Admitía consejos, exponía su criterio y sus dudas, pero nadie influía sobre él como quiere darse a entender con la frase que pone usted sobre la fotografía de Araquistáin, que lo que le ligaba a Caballero era un gran afecto y mayor respeto. Ambos se conocían muy bien y por eso se compenetraban».

Hasta aquí el testimonio de Martínez Amutio, que me parece del más alto interés, aunque revela su inclinación poco crítica en favor de Caballero y su aborrecimiento a Madariaga; como historiador no participo en ninguna de las dos actitudes. Odia también a Prieto, injustamente; es cierto que Prieto varió más de una vez de orientación, pero desde 1935 Caballero estaba entregado a las orientaciones de sus capellanes, que eran simplemente agentes soviéticos. Lo que sí corrobora Martínez Amutio es la profundidad de la crisis socialista que provenía de los años veinte, nada menos.

El Socialista de 15 de mayo acusa a Largo Caballero de intentar una alianza extremista con la CNT; pero los momentos más dramáticos de la crisis interna del socialismo se producen a fines de mayo, cuando el día 17 Prieto, que toma parte en un mitin junto con González Peña, es clamorosamente abucheado por los socialistas locales (Egea de los Caballeros). El día 26 el Comité Nacional del PSOE, dominado por los prietistas, exhorta a la moderación:

«La opción no es entre capitalismo y socialismo, sino, como ha definido Dimitrov, entre fascismo y democracia».[58] «El Frente Popular no nos pertenece enteramente». De nada les valen a los moderados del socialismo sus críticas a la dictadura del proletariado, que podían fundarse en los argumentos de aquél a quien los caballeristas proclaman una y otra vez como mentor, Giorgi Dimitrov; ABC, en su edición de 27 de mayo, anotaba con excesivo optimismo que Prieto, con 47 diputados, contaba con la mayoría del Grupo Parlamentario Socialista contra «el sector extremista que dirige Largo Caballero». Las cosas quedaron en su punto con la resonante noticia del día 31 de mayo. En esa fecha, mientras en Zaragoza los «caballeristas», encabezados por su jefe y por Santiago Carrillo, quien entonces aún permanecía teóricamente en la obediencia del PSOE, celebraban un mitin conjunto con José Díaz y los comunistas en esa ciudad, Carrillo clamaba contra los centristas, «héroes de barraca que recorren el país haciendo el ridículo». Algo más que el ridículo. Casi a la misma hora, en un mitin organizado por la Casa del Pueblo de Écija, al que asistían exclusivamente militantes del PSOE y de la UGT, Prieto, Peña y Belarmino Tomás se ven impedidos en el uso de la palabra y tienen que abandonar el local a botellazos y, lo que parece increíble, a tiro limpio. Los líderes moderados se salvan por la acción de la Policía y de los muchachos de «La Motorizada». «A varios de ellos y de modo singular a uno… debo yo el haber salido con vida del mitin de Écija», recuerda aterrado, años más tarde, la propia víctima.[59]

La polémica furiosa, destructiva, entre El Socialista y Claridad ruge durante la segunda quincena de junio, y en ella se esgrimen los más bajos argumentos y los habituales insultos.

Claridad del 28 de mayo había atacado la noción misma de colaboracionismo gubernamental y delimitaba con nitidez la honda discrepancia de los dos sectores socialistas. El 2 de julio la Ejecutiva prietista publica el manifiesto «conciliador» al que nos hemos referido antes. Calcúlese a qué grado de frenesí llegaría el ala revolucionaria del socialismo cuando su sector moderado proclama en esa fecha que «la actitud del Partido Socialista es, en lo fundamental, exactamente la misma que en el otoño de 1934». Firman tan tranquilizadora aseveración Ramón Lamoneda y el generalísimo de Asturias, Ramón González Peña.

Desde el campo extrarrevolucionario –republicano, derechista– la implicación más grave de la dinámica revolucionaria del socialismo era la posibilidad del establecimiento efectivo de una alianza revolucionaria entre el «caballerismo» y los demás grupos extremistas del proletariado. Este peligro se palpaba constantemente incluso en las declaraciones y tomas de posición públicas de dichos grupos; resulta lógico suponer que las conexiones internas, más o menos secretas, ofrecían una consistencia aproximadamente igual a la de los cimientos en relación con una estructura visible. En febrero de 1936, tras las elecciones, la UGT ha decidido llevar al próximo Congreso, que se creía inminente, aunque hora ya es de decirlo, no se celebró en toda la primavera trágica –algunos congresos provinciales, como el de Guipúzcoa, se habían convocado precisamente para el 18 de julio de 1936–, el problema de las alianzas obreras.[60]

El 6 de marzo de 1936 la Ejecutiva de la UGT, controlada por los «caballeristas», lanza la idea de constituir un organismo de enlace entre los diversos partidos y grupos del proletariado. La Ejecutiva del PSOE se niega a participar en este organismo. Entonces ocurre un hecho gravísimo que creemos no ha sido nunca debidamente calibrado por los historiadores: la UGT declara no pertenecer ya al Frente Popular. Merece la pena transcribir texto tan esencial:

«Por todo lo dicho, comprenderéis que la representación de este organismo obrero nacional, lamentando vuestra negativa a intervenir en una acción conjunta del proletariado, a los efectos dichos, procurará la unión con todos los demás trabajadores que estén conformes con su criterio, para seguir trabajando en pro de que rápidamente serán una realidad todas las condiciones del pacto firmado.

»En cuanto a que el Frente Popular subsista para las próximas luchas electorales, en lo que a la Unión General de Trabajadores se refiere, entendemos, dado el carácter de variedad de aspectos que esas luchas han de tener en las diferentes localidades de España, que no puede adherirse, sin que por ello dejen de hacerse las coaliciones necesarias con otros partidos políticos afines. Cordialmente vuestro y de la causa obrera, por la Comisión Ejecutiva, el secretario general, Francisco Largo Caballero (firmado)».[61]

Con el alborozo consiguiente, el PCE acepta la propuesta «caballerista» y designa, para el Comité de Enlace, a José Díaz y Vicente Uribe. He aquí la finalidad del organismo de enlace, según sus creadores:

«Pese a quien pese, pues, el proletariado englobado en el frente de izquierdas contará con un organismo de enlace para la mejor vigilancia y cumplimiento del compromiso pactado con la pequeña burguesía republicana, organismo en el que nosotros vemos el germen, inmensamente prometedor para el porvenir de un Frente Obrero, real y activo, para cuantas acciones políticas se deparen…».[62]

En las reuniones del «organismo de enlace» se trataba, pues, frecuentemente de un tema tan propio de las recomendaciones del VII Congreso de la IC como era el Partido Único del Proletariado.

En plena aceleración subversiva, publica la misma fuente el 2 de abril un llamamiento «caballerista» para la constitución de milicias conjuntas de la izquierda revolucionaria:

«Queremos reiterar a todos nuestros camaradas socialistas, comunistas y sindicalistas la necesidad, imprescindible y urgente, de constituir en todas partes, conjuntamente y a cara descubierta, las milicias del pueblo. Todas las conquistas que va obteniendo la clase trabajadora peligran en tanto que ella no tenga una fuerza propia que las respalde… Sólo si ven en cada pueblo un centenar de milicianos valientes y bien disciplinados, y si este centenar forma hermandad con los de los pueblos vecinos, y los milicianos de todos los partidos de una provincia se mantienen en contacto, dispuestos a concentrarse rápidamente en lugar donde nuestros camaradas estén en peligro, sólo entonces, repetimos, podremos tener aseguradas nuestras conquistas…

»La República no tiene más fuerza real que el pueblo, los obreros organizados de la ciudad y de la tierra. Y a ese pueblo hay que organizar militarmente. Formando, o ayudando a que se formen las milicias del pueblo».[63]

Pero la gran noticia socialista de principios de abril es la absorción de las belicosas Juventudes Socialistas, con sus cuadros casi íntegros, por el comunismo. Fue una absorción virtual y disimulada pero irreversible; el principio de la gran traición de Santiago Carrillo a Francisco Largo Caballero. De nada sirvió que Largo Caballero pensase inicialmente que la absorción la había hecho él. Esto, que resultó exacto en el caso de la insignificante CGTU, disuelta en la enorme UGT a fines del año anterior, sucedió al revés en el proceso de unificación de las Juventudes, entre otras cosas porque su jefe indisputable, Santiago Carrillo, futuro secretario general del PCE, era ya por entonces un comunista de corazón.

El día 5 de abril se celebra en la plaza de toros de Madrid un «mitin monstruo», como se decía entonces, para sellar la unificación de las Juventudes. Carrillo no se anda por las ramas: para él este momento equivale al cierre de un paréntesis cismático abierto nada menos que en 1921. Largo Caballero –quien pronto se daría cuenta de la colosal trampa en que había caído– habla con sus desbocados acentos habituales. Al día siguiente, el alborozo del órgano del PCE, Mundo Obrero, es perfectamente explicable. Santiago Carrillo habla sobre la fusión: ¡cuánto ha cambiado el crítico analista de las «Actas pro Frente Único» de 1934! Revela sin ningún empacho que las bases de la unidad de las Juventudes se han concertado en Moscú; presenta la nueva unidad como un legado de Octubre; y en su euforia victoriosa no tiene ningún reparo en hablar de la necesidad de un partido bolchevique para España: «No hay más vanguardia revolucionaria del proletariado que el partido bolchevique, que crearemos con la unión de la izquierda del Partido Socialista y el Partido Comunista».[64]

Con cinismo difícil de describir advierte que no hay absorción alguna por parte de las Juventudes Socialistas. En su trabajo se insinúa ya el nombre de la nueva agrupación de obediencia comunista, aunque de forma oficial ese nombre no se va a aplicar hasta después del 18 de julio: Juventudes Socialistas Unificadas. Un documento socialista de 24 de abril evidencia ya una total identidad de tono y de contenido con los documentos comunistas de la época, volcados hacia el frente único en toda su amplitud:

«Unidas las Juventudes; en identificación creciente la tendencia socialista de izquierda con el Partido Comunista; votada por la Asamblea de la Agrupación Socialista Madrileña la unidad de los dos partidos y con la voluntad inquebrantable de ambos de hacer cuanto esté de su parte para conseguir, en el terreno sindical, una inteligencia parecida con los camaradas de la CNT…».[65]

No contento con su efectiva aproximación al comunismo, Largo Caballero, que antes de mayo no admitía a su vieja creación de las alianzas obreras más que como esquema insurreccional inepto para la normal convivencia independiente de los grupos proletarios, piensa en resucitar su eficacia inmediatamente, y con amplitud que comprenda incluso a las masas de la CNT; tal cambio se deduce claramente del importantísimo Material de discusión para el Congreso Provincial del Partido Comunista, documento del que tendremos ocasión de ocuparnos con la detención que se merece. Es posible que semejante inflexión le viniese impuesta a Largo Caballero por el impulso de la actividad revolucionaria de la CNT, muy apreciable desde la preparación del Congreso de Zaragoza.

El 14 de mayo de 1936 Mundo Obrero reproduce un artículo de Santiago Carrillo en Claridad. Recordemos que, de acuerdo con las nóminas y los carnés, el jefe de las Juventudes Socialistas pertenecía aún plenamente a la disciplina del socialismo. En él habla Carrillo de la primera etapa de la futura Alianza Obrera:

«En la primera etapa, la Alianza, tal como la prevé Largo Caballero, aglutinará a las fuerzas cuantiosas que hoy están organizadas ya en el Partido Socialista, Comunista, en la UGT y CNT y en las Juventudes».

Insiste en la necesidad de los soviets en España.[66] Clama por la unión efectiva de PSOE y PC, a la vez que formula un frío y calculado programa general de insurrección y guerra civil:

«Desde el momento en que a la Alianza se le da el carácter de órgano insurreccional, implícitamente se la considera órgano de poder. Porque la revolución proletaria es todo un proceso en el cual no se pueden separar las etapas a capricho. Es imposible decir: Las Alianzas van a vivir hasta el momento en que termine la insurrección. Pero una vez en el poder el proletariado, ¿ha terminado la guerra civil? Pues si no ha terminado, como parece probable, las alianzas seguirán luchando contra los enemigos del proletariado; el ejército que se ha ido corporeizando a través de la insurrección, será el mismo que continuará la lucha desde el poder».

¿Es posible que los historiadores, ante ejemplos como éste, afirmen todavía la carencia de pruebas sobre los propósitos insurreccionales del comunismo español en 1936, prácticamente identificados con los del ala revolucionaria, mayoritaria y decisiva del socialismo? ¿O es que prefieren confiar de verdad en el carné socialista de Santiago Carrillo? Aunque así fuese legítimamente, la tendencia de la dinámica revolucionaria no podía modificarse de forma esencial, al menos vista desde un plano elevado, no digamos desde un plano derechista o moderado. Baste este nuevo e importante documento para demostrar toda la razón que asistía a Indalecio Prieto cuando afirmaba que el socialismo sirvió de amplificador a los temores de la derecha sobre el peligro comunista.

Desalentado por la abrumadora marea extremista dentro del socialismo, Gabriel Mario de Coca, portavoz de los moderados del partido, cierra su luminosa meditación poco antes del estallido de la Guerra Civil con la sombría convicción de que el proceso bolchevizante está tocando su triunfo final.

Una considerable parte de España decidió bien pronto que tal panorama era lo suficientemente sombrío para considerarlo como casus belli civilis.

El comunismo anti-estaliniano

Una de las pruebas más claras para demostrar el éxito de los agentes soviéticos en la España de 1936 –Vayo, Araquistáin, Santiago Carrillo– es que casi no hace falta ampliar más el estudio del comunismo estaliniano en la primavera trágica una vez que hemos estudiado ya suficientemente la actuación del socialismo revolucionario y «caballerista», llevado del ronzal por los comunistas y los agentes soviéticos. Aun así hablaremos de actuaciones concretas del PCE en el Episodio siguiente, pero para completar el panorama que describimos en éste conviene exponer lo más esencial del comunismo anti-estaliniano o disidente, justo en el año en que la vesania de Stalin iba a desatarse, en la URSS, en España y en todo el mundo, contra los que él llamaba «trotskistas».

En enero de 1936 se constituye formalmente el POUM (Partido Obrero de Unificación Marxista), mediante la fusión del pequeño grupo trotskista de Andrés Nin (que había roto jerárquicamente con Trotsky en 1934) llamado Izquierda Comunista y, como elemento básico los restos de la antigua Federación Catalano-Balear evolucionada en el BOC (Bloque Obrero y Campesino) y agrupada en torno a Joaquín Maurín, principal jefe del nuevo partido. Éste aparece ya como tal en el conjunto de los firmantes del manifiesto del Frente Popular, lo que, sin duda, motivó las iras de Moscú, que transmitió inmediatamente al PCE la orden de persecución implacable contra los mal llamados «trotskistas» españoles, porque esa descripción era parcial e inadecuada; en realidad eran comunistas disidentes, decididos a no aceptar la brutal dictadura de Stalin sobre el partido.

El POUM, que se presentaba como depositario ortodoxo de las esencias del marxismo-leninismo, era, en realidad, un serio intento de comunismo nacional. El 20 de abril de 1936 Joaquín Maurín, en su discurso de Gijón, se expresaba en estos términos, deseoso de situarse ante las masas en la vanguardia de la revolución:

«… Unificado el proletariado organizado y susceptible de organizar, sumará unos cuatro millones de personas, que tendrían en sus manos la fuerza suficiente para apoderarse del poder en un movimiento de violencia y establecer el régimen que más convenga a la masa obrera, con o sin Estado, pero de tipo esencialmente revolucionario».

Aludió a la perspectiva económica del país y terminó haciendo un llamamiento a todos los obreros de distinto ideario, a fin de formar un frente proletario que consiga «que España sea el segundo país del mundo que empuñe, encendida, la tea roja del régimen soviético».[67]

En 1935 Joaquín Maurín había demostrado su valía como uno de los más destacados intelectuales de la izquierda española con la publicación de su libro Revolución y contrarrevolución en España. De una reedición posterior (1966) tomamos esta panorámica de la situación del POUM en vísperas del estallido de la Guerra Civil:

«Cuando estalló la Guerra Civil, el POUM era el primer partido obrero en Cataluña; había hecho imposible que arraigara el Partido Comunista; disponía de una gran fuerza sindical que en Lérida, Gerona y Tarragona superaba a la CNT; contaba con bases iniciales en diferentes lugares de la península… Su aspiración lejana era llegar a fusionarse un día con el Partido Socialista».

Aparte de cierto tonillo triunfal, que con frecuencia se escapa de la pluma de Maurín, esta información contiene rasgos interesantes, aunque, en Barcelona, la influencia del POUM resultaba menos apreciable al lado de la CNT, si bien era cierto que Maurín, antiguo cenetista, ejercía notable atractivo sobre bastantes de sus antiguos correligionarios. Lo de «primer partido obrero de Cataluña» es un hábil sofisma, desvirtuado ante la evidente politización de la CNT.

El POUM era un comunismo nacional, pero sobre todo un comunismo independiente. Uno de sus líderes más conspicuos, Jordi Arquer, se permitía por entonces estas increíbles afirmaciones sobre la nacionalidad e incluso la realidad española:

«Nosotros creemos que España, como unidad nacional, no existe más que en forma de una organización centralista-unitaria de carácter burocrático-administrativo-militar-eclesiástico-político. Creemos que España es una ficción y hay que combatirla. Existe Cataluña, Vasconia, Galicia, Castilla… España no. No es una República Federal lo que hay que estructurar, sino una Federación de Estados que tenga soberanía propia, que traten de igual a igual, que pacten libremente las condiciones de la Federación».[68]

El 6 de junio de 1936 Santiago Carrillo –insisto que ya era un agente soviético– ha captado perfectamente la onda de la Comintern y comienza oficialmente la cruzada antitrotskista, que tan insospechados vuelos tomará durante la Guerra Civil cuando el firmante de este ataque se encuentre ya francamente bajo la bandera comunista.[69]

Comunismo nacional o comunismo independiente –en el pensamiento de Maurín y Andrés Nin no tuvieron nunca cabida los delirios taifeños de Arquer, quien en su ancianidad los recordaba como «pecados de juventud»–, el más interesante quizá de los textos transcritos es el que revela el propósito del POUM de entablar negociaciones con el socialismo –y el socialismo que contaba en 1936 no era otro que el caballerista– en orden a una fusión de los dos grupos.

Porque en casi todos los sectores, aun los más extremistas, del proletariado revolucionario español de 1936 se advierte una veta nacional más o menos oculta, más o menos ahogada, pero no por ello menos vital. El anarco-sindicalismo, ya lo hemos comentado in extenso, entraba fácilmente en resonancia con íntimos registros del alma popular española. El arriscado independentismo celtibérico no podía quedar desmentido nunca totalmente bajo la atracción y la disciplina internacionalista de los diversos grupos del marxismo.

Largo Caballero, el hombre que en la primavera trágica –y desde 1933– hacía más o menos conscientemente el juego a los propósitos de la Comintern, expulsaría (en el invierno de esa primavera) de su despacho en la presidencia del Consejo al embajador soviético Rosenberg y a su servil adlátere Julio Álvarez del Vayo, a quien Madariaga designa como uno de los dos capellanes del propio líder socialista. Y a la postre, Largo Caballero sería expulsado del poder por altas instrucciones provenientes en 1937 del mismo lugar de donde ahora, en la primavera de 1936, afluían los halagos.

En 1934, cuando Araquistáin aún no estaba deslumbrado por el resplandor del Kremlin, veía precisamente en Largo Caballero al conductor español de una IV Internacional –que nada tenía que ver con la trotskista–. Por eso no hay que conceder demasiada permanencia, ni menos consecuencia, a los matices de la política exterior del Kremlin cuando se trata de valorar las posibilidades reales de la dinámica revolucionaria española en la primavera trágica. Los «caballeristas» eran muy capaces de ser más papistas que el Papa –en sentido rojo, se entiende–, pues no en balde se sentían en el fondo tan españoles como el célebre diputado derechista que rechazaba las encíclicas sociales con amenazas de cisma. Esas posibilidades y esa dinámica hay que estudiarlas históricamente con datos españoles y en el entorno histórico español, no basándose únicamente en conjeturas acerca de las oscuras intenciones de la política exterior soviética. Y los datos españoles –que son los esenciales para España– nos están revelando, y nos seguirán revelando a lo largo de esta serie, que la revolución del proletariado español en la primavera trágica tomaba caracteres de irremediable y explosiva escalada para fecha inmediata –aunque tal vez no fija– por encima o por debajo de los consejos y las consignas que transmitía, desde miles de kilómetros helados y tensos, Giorgi Dimitrov.

Con lo cual hemos terminado el importante esquema previo del Frente Popular mientras emergía de su gran victoria de febrero y se disponía a poner en marcha su estrategia que para los partidos republicanos era revanchista y reformista; para los que se llamaban a sí mismos «partidos obreros» resultaba irremisiblemente revolucionaria. Hemos acumulado numerosas pruebas para demostrar que los partidos obreros, dirigidos por el Partido Socialista, es decir, por la mayoría «caballerista» de ese partido, pero orientados por el Partido Comunista bajo el horizonte soviético, se habían hartado de proclamar que marchaban a una segunda Revolución de Octubre dispuestos a no repetir el fracaso de la primera.

El Frente Popular estaba sometido, como nos ha explicado Azaña con sus propias palabras, a unas tensiones internas que se aplicaban a reventar las fisuras que brotaban de su núcleo y ya emergían en su superficie. Para desarrollar esta dinámica revolucionaria, el Frente Popular había arrinconado sucesivamente a sus líderes más moderados, más capaces de encauzar el ímpetu de la victoria de febrero sin romper la convivencia fundamental de los españoles. Ahora, una vez situado Manuel Azaña en la presidencia de la República y con un inepto integral como Santiago Casares en la presidencia del Gobierno, el Frente Popular iba a llevar a cabo su revolución, que no era un ensueño fascista o una calumnia derechista, sino un firme y proclamado propósito político.

El mayor problema que se presentaba ante el Frente Popular era que, aunque parecía creer lo contrario, no estaba solo en España después de su victoria. Y tenía enfrente a otra media España que, como dijo muy pronto su principal líder político, no se resignaba a morir.

El manifiesto del socialismo
revolucionario

Marxismo puro el de este manifiesto. Identidad completa de teoría y métodos con el comunismo. Para acentuar aún más esta identidad, ahí queda el suelto que Claridad publica en primera página sobre la unificación socialista-comunista, y que también reproducimos. En el manifiesto pueden verse, junto a garrafales faltas de perspectiva, como la pretendida permanencia de la gran crisis económica, considerables aciertos intuitivos, como algunos comentarios al fascismo.

Un documento trascendental. Proyecto de reforma del programa del Partido Socialista Obrero Español.[70]

«Llamamos la atención de nuestros lectores sobre el magnífico documento que a continuación publicamos en toda su integridad, presentado a la Asamblea de la Agrupación Socialista Madrileña por su nuevo Comité, como proyecto de reforma del programa de nuestro partido, a discutir en el próximo Congreso Nacional del mismo, y que de prevalecer en él elevaría al socialismo español al más alto nivel doctrinal y táctico que jamás haya alcanzado ningún otro partido socialista en el mundo.

Consideraciones Generales

»En vista de los cambios profundos que se han operado de unos años a esta parte en la estructura económica de casi todos los países y en muchos de sus Estados, junto a las mutaciones, también extraordinarias, que en el orden social y político ha experimentado España por consecuencia de la instauración de la República en 1931 y de sus vicisitudes posteriores, es necesario modificar el programa del Partido Socialista Obrero, tanto en sus principios o fundamentos teóricos como en los métodos adecuados para realizarlos.

»En el cuarto considerando del viejo programa se dice que “la necesidad, la razón y la justicia exigen que la desigualdad y el antagonismo entre una y otra clase desaparezcan, reformando o destruyendo el estado social que los produce”. Hay que eliminar la ilusión de que la revolución proletaria socialista, o sea, la transformación de la propiedad individual o corporativa de los instrumentos de trabajo en propiedad común de la sociedad entera y la consiguiente abolición de todas las clases, fundiéndolas así en una sola comunidad de trabajadores, podrá realizarse reformando el estado social vigente. No queda otro recurso que destruirlo de raíz.

»La ilusión de reformismo, la esperanza de que la sociedad capitalista pueda transformarse en sociedad socialista por medio de reformas graduales, tuvo su explicación, ya que no su justificación, en el periodo de ascenso y auge del capitalismo y, sobre todo, en su fase imperialista, cuando los enormes beneficios obtenidos de la explotación de países coloniales y semicoloniales permitieron al proletariado arrancar a la clase dominante crecientes ventajas económicas y, en general, más favorables condiciones de vida, que la hicieron creer en la posibilidad de que la clase obrera consolidara sus posiciones conquistadas, las mejorara constantemente y, a la postre, desplazara de las suyas a la burguesía, dentro y en virtud de la propia legalidad burguesa.

»Hoy esa ilusión aparece como completamente quimérica. El capitalismo está ya en su curva descendente. De la etapa expansiva ha pasado a la restrictiva o defensiva, principalmente por obra de dos causas. Una es la progresiva industrialización de los países coloniales y semicoloniales, que ha reducido en ellos la importación de manufacturas elaboradas en el extranjero, paralizando de este modo una porción considerable de la economía de los países capitalistas más desarrollados y creándoles un paro obrero permanente, irremediable dentro del capitalismo.

»La otra causa es el progreso tecnológico, que, de una parte, elimina la mano de obra, sustituyéndola por las máquinas, y acrecienta en proporciones gigantescas el número de trabajadores en paro forzoso, y de otra, crea una sobreproducción al mismo tiempo que se disminuye, por efecto del paro, la capacidad de consumo en el mundo entero, lo que determina, a su vez, un envilecimiento de los precios, la quiebra de numerosas empresas capitalistas y otro incremento correlativo de obreros sin trabajo. La crisis económica actual ya no es cíclica o pasajera, como las anteriores, sino que se presenta con caracteres de permanencia, y ni siquiera con tendencia a estabilizarse, antes bien a agravarse de día en día.

»Esta crisis no tiene más que dos salidas: una, antinatural, antihistórica y transitoria: el fascismo, y otra, natural, histórica y definitiva: el socialismo. El fascismo, en esencia, es la supresión de la democracia burguesa para despojar más cómodamente a la clase obrera de las mejoras materiales y de las libertades políticas y sindicales que dentro de esa democracia había conquistado, o sea, para someterla de nuevo a las condiciones de esclavitud en que había vivido en épocas precapitalistas.

»El fascismo representa un retroceso de siglos en la historia humana. Es la dictadura, ya desenmascarada de toda forma parlamentaria y democrática, del alto capitalismo para cubrir sus pérdidas y evitar la quiebra final a costa exclusivamente de la esclavización de la clase obrera. Es la respuesta brutal, ya inequívoca, de la burguesía a los cándidos que esperaban la transformación radical de la sociedad mediante reformas paulatinas. En el fascismo no hay reformas ni libertades. No hay más que jornadas, todo lo altas, y salarios, todo lo bajos que convengan a la clase capitalista; sólo pobreza o miseria. Ningún derecho; sólo obligaciones. Ninguna libertad; sólo despotismo político y social.

»Por otro lado, el fascismo lleva indefectiblemente a la guerra, para evitar aplazar la revolución social interna con la esperanza de una victoria exterior que distraiga de su malestar al proletariado nativo y que al mismo tiempo desplace sobre el proletariado de la nación vencida parte de la servidumbre que gravita sobre el de la propia. La guerra fascista es una necesidad económica y política por la cual una burguesía, después de haber esclavizado a la clase obrera de su país y cuando ésta está llegando al límite de su resistencia, trata de transferir a los trabajadores de otros países las cargas y pérdidas de su capital en bancarrota.

»La otra salida a la presente crisis económica es el socialismo revolucionario. La democracia burguesa ha cumplido ya su misión histórica en unos países, y donde no la ha cumplido aún será difícil que, por sí sola, pueda hacer frente a las fuerzas capitalistas que procuran aniquilarla y sustituirla con un estado totalitario fascista. La única clase que puede impedir el fascismo es el proletariado; pero allí donde se plantee la lucha –y de hecho, de un modo actual o latente, está planteada en todos los países–, el proletariado no debe conformarse con defender a la democracia burguesa, sino procurar, por todos los medios, la conquista del poder político, para realizar desde él su propia revolución socialista y la democracia integral o humana: una democracia sin clases.

»En el periodo de transición de la sociedad capitalista a la socialista, la forma de gobierno será la dictadura del proletariado, con objeto de reprimir toda resistencia de la clase explotadora, impedir todo intento de restauración del capitalismo privado y destruir toda la infraestructura y superestructura de la actual organización social.

»Dictadura no quiere decir, necesariamente, como muchos la entienden, arbitrariedad y violencia sin ley. Del mismo modo que la democracia burguesa es una dictadura legal de la burguesía contra las otras clases, antes contra la aristocracia y ahora contra el proletariado, así también la democracia obrera será una dictadura legal del proletariado contra los restos de la aristocracia y contra la burguesía. Es decir, que aun tratándose de una dictadura, será la democracia más extensa y perfecta que haya habido jamás en la Historia, porque en ella será soberana, por primera vez, la clase más numerosa, la clase obrera, y porque en ella también los derechos de los trabajadores no serán meramente formales, como en la democracia burguesa, sino que el Estado proletario pondrá a su disposición los medios materiales de realizarlos: edificios donde reunirse y asociarse para fines políticos y culturales; periódicos y cuantos recursos sirvan a la difusión del pensamiento, independencia económica para elegir libremente y revocar en cualquier momento todos los cargos públicos, desde el jefe del Estado hasta los funcionarios, los jueces, los oficiales del ejército, etc.

»La igualdad de razas, de sexos, de religión y de nacionalidades será absoluta. A las colonias y a cualquier provincia o región se les reconocerá el derecho de su autodeterminación política, incluso hasta la independencia. Insensiblemente, la dictadura del proletariado o democracia obrera se convertirá en una democracia integral o sin clases, de la cual habrá desaparecido gradualmente el Estado coactivo. El órgano de esta dictadura será el Partido Socialista, y la ejercerá en el período de transición de una sociedad a otra, y mientras la amenaza de los estados capitalistas circundantes hagan necesaria la existencia de un fuerte estado proletario.

»Ante la eventualidad de una dictadura del proletariado, en países como España suelen hacerse dos objeciones principales: una, que la clase obrera no está culturalmente preparada para gobernar, y otra, que el atraso del capitalismo español no favorece el tránsito a un régimen socialista.

»En cuanto a la primera objeción, hay que declarar que el proletariado español no está, en efecto, preparado para resolver desde el Gobierno los problemas del capitalismo sin nacionalizarlo previamente, entre otras razones porque esos problemas y, sobre todo, el del paro, no tienen solución dentro del régimen económico actual; la verdad es que los partidos burgueses tampoco están más preparados que el Socialista, como lo acreditan sus fracasos en el mundo entero.

»Pero si se trata de organizar y dirigir un Estado obrero y una economía colectivizada, el proletariado se preparará, si no estuviera preparado ya, con la misma eficiencia, por lo menos, con que la burguesía ejerció el poder al derrocar a la aristocracia, pues otra cosa sería suponer que la historia humana se detiene con el imperio de la clase burguesa, y que de ahí no se puede pasar. Lo cual es suponer un absurdo.

»En cuanto a la segunda objeción, es cierto que el atraso del capitalismo español hará más difícil que en los países económicamente más avanzados su conversión en un sistema socialista; pero hay que tener en cuenta dos circunstancias: una, que la crisis permanente del capitalismo mundial hace ya imposible que el español alcance, dentro de los límites de la empresa privada, las formas más altas y pujantes de la economía capitalista; el capitalismo se detendrá y decaerá en España si un Estado socialista no toma en sus manos los instrumentos de producción y cambio y los desarrolla intensamente como propiedad colectiva, racionalizando al máximo la explotación industrial y agrícola del país. El atraso capitalista de España exige precisamente una solución socialista –y no hay otra– para impedir el estancamiento y decadencia de la economía nacional.

»La otra circunstancia es la debilidad política de la pequeña burguesía como resultado de que el capitalismo esté pasando en España de una economía feudal a las formas más complejas del capital financiero. El órgano natural de la revolución democráticoburguesa es la pequeña burguesía; pero cuando no tiene fuerza propia o está mal organizada políticamente, su debilidad se traduce en impotencia para destruir las oligarquías históricas, la gran propiedad territorial, el poder económico de la Iglesia, la burocracia, la oficialidad del ejército, la policía, la magistratura y todas las supervivencias del antiguo estado monárquico.

»En estas supervivencias, junto al resentimiento y a la medrosidad de un semiproletariado sin conciencia de clase y de una clase media a punto de proletarizarse, se incuba el fascismo. Por tanto, una democracia burguesa sin arraigo, sin propias formaciones sociales de lucha y defensa, está más expuesta que ninguna otra a los embates fascistas y más necesitada de transformarse rápidamente en una democracia obrera para evitar el esclavizamiento del proletariado y el sacrificio de la pequeña burguesía, legalmente y por razón de Estado, al capital financiero, y ésta es otra de las finalidades del fascismo. Por dondequiera que se le mire, el atraso del capitalismo español hace más imperiosa e inaplazable que en otros países la conquista del poder político por el proletariado y la implantación de su dictadura democrática.

»Para ello es imprescindible la unidad inmediata de todas las acciones revolucionarias mediante la fusión política y sindical de todos los grupos obreros, y la ruptura completa del Partido Socialista con toda tendencia reformista o centrista: la primera, porque paraliza la acción revolucionaria del proletariado con ilusiones de una transformación gradual y legal de la sociedad, y la segunda, porque le hace olvidar su propia revolución social, sugiriéndole que ni él ni el capitalismo nacional están preparados para ella y que debe resignarse a apoyar indefinidamente a la democracia burguesa.

»Finalmente, conviene suprimir del viejo programa la idea imposible de que la clase trabajadora percibirá “el producto total de su trabajo”, porque de él han de salir necesariamente los gastos de sostenimiento del Estado obrero en su periodo de transición, y el costo y amortización de los instrumentos de producción, transporte y cambio, y toda la organización de la vida cultural, sanitaria, etc. de la nueva sociedad.

»Por todos estos motivos, considerando: Que esta sociedad es injusta, porque divide a sus miembros en dos clases desiguales y antagónicas: una, la burguesía, que, poseyendo los instrumentos de trabajo, es la clase dominante. Que la sujeción económica del proletariado es la causa primera de la esclavitud en todas su formas: la miseria social, el envilecimiento intelectual y la dependencia política. Que los privilegios de la burguesía están garantizados por el poder político, del cual se vale para dominar al proletariado. Que la necesidad, la razón y la justicia exigen que la desigualdad y el antagonismo entre una clase y otra desaparezcan, destruyendo el estado social que los produce. Que esto no puede conseguirse sino transformando la propiedad individual o corporativa de los instrumentos de trabajo en propiedad común de la sociedad entera. Que la poderosa palanca con que el proletariado ha de destruir los obstáculos que a la transformación de la propiedad se oponen ha de ser el poder político, del cual se vale la burguesía para impedir la reivindicación de nuestros derechos.

»El Partido Socialista declara que tiene por aspiración inmediata:

La conquista del poder político por la clase trabajadora y por cualesquiera medios que sean posibles.

La transformación de la propiedad individual o corporativa de los instrumentos de trabajo en propiedad colectiva, social o común. En el período de transición de la sociedad capitalista a la socialista, la forma de gobierno será la dictadura del proletariado, organizada como democracia obrera. Entendemos por instrumentos de trabajo la tierra, las minas, los transportes, las fábricas, máquinas, el capital-moneda, los bancos, las grandes organizaciones capitalistas (sindicatos, trusts, cartels, etc.).

La organización de la sociedad sobre la base de la federación económica, el usufructo de los instrumentos de trabajo por las colectividades obreras, garantizando a todos sus miembros la satisfacción de sus necesidades en relación con los medios de que la sociedad disponga, y la enseñanza general científica y especial de cada profesión a los individuos de uno u otro sexo.

»En suma: el ideal del Partido Socialista Obrero es la completa emancipación de la clase trabajadora; es decir, la abolición de todas las clases sociales y su conversión en una sola de trabajadores libres, iguales, cultos y útiles a la sociedad.

»El Partido Socialista Obrero considera necesario para realizar su aspiración obtener las siguientes medidas políticas y económicas:

Políticas

»Libertad de prensa. Derecho de manifestación, de petición, de reunión y de asociación. Derecho de coligación.

»Confederación de las nacionalidades ibéricas, incluyendo el actual Protectorado de Marruecos, y reconocimiento de su derecho a la autodeterminación política en todo instante, incluso a la independencia. Supresión de la lengua oficial, obligatoria, del Estado, e igualdad de derechos de todas las lenguas que se hablen dentro de la confederación ibérica.

»Seguridad individual. Inviolabilidad de la correspondencia y del domicilio. Imposibilidad de suspender las garantías constitucionales.

»Sufragio universal para ambos sexos a los veintiún años y con sólo seis meses de vecindad, garantizando el secreto del voto, haciendo desaparecer las trabas que se oponen a la presentación de candidatos, convirtiendo en servicio oficial y gratuito la fe notarial.

»Retribución de todos los cargos electivos.

»Supresión de las diputaciones provinciales.

»Supresión de los ejércitos permanentes y armamento general del pueblo.

»Derecho exclusivo de las personas de condición civil para desempeñar los cargos de ministros.

»Prohibición de ocupar cargos civiles y electivos a los militares.

»Supresión del presupuesto al clero, confiscación de todos sus bienes y disolución de todas las órdenes religiosas.

»Justicia gratuita. Jurado para toda clase de delitos. Abolición de la pena de muerte. Inamovilidad de los funcionarios judiciales, mientras no se llegue al nombramiento de los magistrados por elección.

»Revisión del Código de Justicia Militar. Actuación de la justicia militar sólo en tiempo de guerra y para los delitos militares cometidos por militares.

»Responsabilidad criminal efectiva de los patronos por incumplimiento de la legislación social.

»Enseñanza gratuita, técnica y laica en todos sus grados.

»Económicas

»Jornada legal máxima de cuarenta horas semanales de trabajo para los adultos. Prohibición del trabajo a los menores de dieciséis años y reducción de la jornada de trabajo a seis horas para los de dieciséis a dieciocho años. Descanso de dos días por semana y vacaciones anuales pagadas de tres semanas.

»Salario mínimo legal. Salario igual para los obreros de uno u otro sexo.

»Prohibición del trabajo de las mujeres en las labores que les sean nocivas, físicas o moralmente.

»Inspección del trabajo, por intervención en las sociedades obreras, mediante delegados retribuidos por el Estado.

»Establecimiento del seguro obligatorio contra los accidentes del trabajo, enfermedades, invalidez, vejez y paro forzoso.

»Leyes relativas a la higiene y seguridad en el trabajo.

»Leyes de protección a la infancia.

»Reforma total del sistema penitenciario y reglamentación del trabajo en las prisiones.

»Abolición del trabajo a domicilio. Reforma de las leyes de inquilinato y desahucio. Casas para obreros.

»Control obrero en todos los establecimientos de la industria y el comercio.

»Financieras

»Nacionalización de toda la banca. Abolición de todos los impuestos indirectos. Impuesto progresivo sobre las rentas y beneficios mayores de 6.000 pesetas. Tributación de las tierras y solares, no por lo que producen, sino por lo que deben producir. Abolición de la Deuda Pública. Nacionalización de las minas, aguas, arsenales, medios de transporte y la tierra, salvo la que los pequeños propietarios cultivan por sí o por su familia. Reversión de todos los monopolios al Estado.

»Programa municipal

»Salario mínimo y jornada máxima para todos los obreros y empleados del municipio, fijos y eventuales.

»Abolición de los impuestos indirectos. Impuestos sobre el aumento del valor debido a la urbanización.

»Autonomía integral políticoadministrativa. Lavaderos y baños públicos gratuitos. Cantinas, colonias y roperos escolares.

»Asistencia médica y servicio farmacéutico gratuitos.

»Albergue y alimentación a obreros transeúntes. Casas para ancianos e inválidos, con la obligación de establecer en ellas todo lo necesario para la educación profesional de los inválidos. Casas de maternidad para los hijos de los obreros durante las horas de trabajo.

»Creación de casas del pueblo.

»Municipalización de los servicios.

»Todas y cada una de las medidas enumeradas representan conquistas parciales, paliativos que nos vayan capacitando para realizar nuestro objetivo fundamental: la conquista del poder político y la conversión de la propiedad en colectiva y común».

Proposición sobre unificación de un partido de clases

«El Comité de la Agrupación Madrileña ha sometido a la Asamblea la siguiente proposición, para, en su caso, presentarla al Congreso del partido:

»Haciéndose intérprete de la gran corriente de opinión existente en la masa trabajadora española en pro de la unificación política del proletariado, la Agrupación Socialista Madrileña, considerándola ella misma condición esencial para el triunfo de nuestra causa común, propone al Congreso:

»La Comisión Ejecutiva concertará con el Partido Comunista, con el que ya hay iniciadas conversaciones al efecto, la unificación de ambos partidos en uno solo de clase sobre la base de los respectivos programas. Hecha esta unificación, se procurará hacerla extensiva a los demás partidos obreros».

RICARDO DE LA CIERVA Y HOCES. (Madrid, España; 9 de noviembre de 1926) es un Licenciado y Doctor en Física, historiador y político español, agregado de Historia Contemporánea de España e Iberoamérica, catedrático de Historia Moderna y Contemporánea por la Universidad de Alcalá de Henares (hasta 1997) y ministro de Cultura en 1980.

Nieto de Juan de la Cierva y Peñafiel, ministro de varias carteras con Alfonso XIII, su tío fue Juan de la Cierva, inventor del autogiro. Su padre, el abogado y miembro de Acción Popular (el partido de Gil Robles), Ricardo de la Cierva y Codorníu, fue asesinado en Paracuellos de Jarama tras haber sido capturado en Barajas por la delación de un colaborador, cuando trataba de huir a Francia para reunirse con su mujer y sus seis hijos pequeños. Asimismo es hermano del primer español premiado con un premio de la Academia del Cine Americano (1969), Juan de la Cierva y Hoces (Óscar por su labor investigadora).

Ricardo de la Cierva se doctoró en Ciencias Químicas y Filosofía y Letras en la Universidad Central. Fue catedrático de Historia Contemporánea Universal y de España en la Universidad de Alcalá de Henares y de Historia Contemporánea de España e Iberoamérica en la Universidad Complutense.

Posteriormente fue jefe del Gabinete de Estudios sobre Historia en el Ministerio de Información y Turismo durante el régimen franquista. En 1973 pasaría a ser director general de Cultura Popular y presidente del Instituto Nacional del Libro Español. Ya en la Transición, pasaría a ser senador por Murcia en 1977, siendo nombrado en 1978 consejero del Presidente del Gobierno para asuntos culturales. En las elecciones generales de 1979 sería elegido diputado a Cortes por Murcia, siendo nombrado en 1980 ministro de Cultura con la Unión de Centro Democrático. Tras la disolución de este partido político, fue nombrado coordinador cultural de Alianza Popular en 1984. Su intensa labor política le fue muy útil como experiencia para sus libros de Historia.

En otoño de 1993, Ricardo de la Cierva creó la Editorial Fénix. El renombrado autor, que había publicado sus obras en las más importantes editoriales españolas (y dos extranjeras) durante los casi treinta años anteriores, decidió abrir esta nueva editorial por razones vocacionales y personales; sobre todo porque sus escritos comenzaban a verse censurados parcialmente por sus editores españoles, con gran disgusto para él. Por otra parte, su experiencia al frente de la Editora Nacional a principios de los años setenta, le sirvió perfectamente en esta nueva empresa.

De La Cierva ha publicado numerosos libros de temática histórica, principalmente relacionados con la Segunda República Española, la Guerra Civil Española, el franquismo, la masonería y la penetración de la teología de la liberación en la Iglesia Católica. Su ingente labor ha sido premiada con los premios periodísticos Víctor de la Serna, concedido por la Asociación de la Prensa de Madrid y el premio Mariano de Cavia concedido por el diario ABC.

Notas

[1] Gil Robles, J. M., No fue posible la paz, p. 5. <<

[2] Ibid., p. 521. <<

[3] Gordón Ordás, E., Mi política en España, II, 525. <<

[4] Bécarud, J., La Segunda República española, 1967, p. 154 s. <<

[5] Cfr. Los documentos de la primavera trágica, p. 135. <<

[6] Cfr. Quaranta anys d’advocat, p. 375. <<

[7] Arriba, núm. 33, 23 de febrero de 1936. Obras, 1964, p. 896 s. <<

[8] España, 1964, p.448 s. <<

[9] Anticaballero, 1936, p. 207. <<

[10] Ramos Oliveira, A., Historia de España, 1952, III, p. 242. <<

[11] Histora de la guerra de liberación, 1945, p. 421. <<

[12] Díaz-Plaja, F., op. cit., p.840 <<

[13] Azaña, M., Obras Completas, VI, p. 566. <<

[14] Gil Robles, J. M., No fue posible la paz, p. 498. <<

[15] Azaña, M., Obras Completas, VI, p. 566. <<

[16] Azaña, M., Obras Completas, IV, p. 568. <<

[17] Cfr. Los documentos de la primavera trágica, p. 544. <<

[18] Azaña, M., Obras Completas, IV, p. 572. <<

[19] Gil Robles, J. M., No fue posible la paz, 1968, p. 540. <<

[20] Jackson G., La República española y la Guerra Civil, 1967, p. 157. <<

[21] Cita en Seco Serrano, p. 416. <<

[22] Azaña, M., Obras Completas, IV, p. 719. <<

[23] Quaranta anys d’advocat, p. 400. <<

[24] Maurín, J., Revolución y contrarrevolución en España, 1966, p. 238. <<

[25] Los documentos de la primavera trágica, p. 274. <<

[26] Castro Marcos, M., El Ministerio de Instrucción Pública bajo la dominación roja, 1939, p. 44. <<

[27] 0bras Completas, III, p. 439. <<

[28] Cfr. Los documentos de la primavera trágica, p. 546. <<

[29] España, 1964, p. 212. <<

[30] Quaranta anys d’advocat, p. 380 s. <<

[31] Mundo Obrero, 7 de mayo de 1936. Cfr. Los documentos de la primavera trágica, p. 410. <<

[32] España, 1961, p. 458. <<

[33] Marichal, J., en Azaña, Obras Completas, III, p. 32s. <<

[34] Cf. Los documentos de la primavera trágica, p. 409 s. <<

[35] Cfr. Los documentos de la primavera trágica, p. 211. <<

[36] Cfr. Los documentos de la primavera trágica, p. 458. <<

[37] Prieto, I., Convulsiones de España, 1, p. 388. <<

[38] Ibid., p. 390 s. <<

[39] Cfr. Los documentos de la primavera trágica, p. 252. <<

[40] Testimonio personal del ex ministro José Larraz después de la Guerra Civil. <<

[41] Primo de Rivera, J., Obras, 1964, p. 936. <<

[42] Gil Robles, J. M., No fue posible la paz, p. 622 s. <<

[43] Cfr. Los documentos de la primavera trágica, p. 459. <<

[44] Gil Robles, J. M., No fue posible la paz, p. 688 <<

[45] Cfr. Los documentos de la primavera trágica, p. 264 s. <<

[46] Cfr. Los documentos de la primavera trágica, p. 262 s. <<

[47] Los documentos de la primavera trágica, p. 230. <<

[48] Ramos Oliveira, A., Historia de España, 1952, III, p. 250. <<

[49] España, 1964, p. 458. <<

[50] Ramos Oliveira, A., Historia de España, 1952, III, p. 248. <<

[51] Madariaga, S. de, España. Cfr. Los documentos de la primavera trágica, p. 215. <<

[52] Cfr. Los documentos de la primavera trágica, p. 190 s. Esta referencia corresponde también a las citas que se aducen a continuación. <<

[53] Ibid., p. 281. <<

[54] Cfr. Los documentos de la primavera trágica, p. 275. <<

[55] Fontana, J. M., Los catalanes en la guerra de España, 1951, p. 48 s. <<

[56] Los documentos de la primavera trágica, p. 224. <<

[57] En una extensa correspondencia con el autor, antes de que los dos coincidiesen en el Senado constituyente de 1977. <<

[58] Cfr. Los documentos de la primavera trágica, p. 226. <<

[59] I. Prieto, Cartas a un escultor, p. 815. <<

[60] Cfr. Los documentos de la primavera trágica, p. 256. <<

[61] Ibid., p. 219. <<

[62] Ibid., p. 793. <<

[63] Ibid., p. 197. <<

[64] Ibid., p. 462. <<

[65] Claridad, 25 de abril de 1936. <<

[66] Cfr. Los documentos de la primavera trágica, p. 455. <<

[67] Los documentos de la primavera trágica, p. 399. <<

[68] Arquer, J., Los comunistas ante el problema de las nacionalidades. Cfr. Los documentos…, p. 359. <<

[69] Cfr. Mundo Obrero, 6 de junio de 1936. <<

[70] Claridad, 19 de marzo de 1936. <<