«Según noticias muy próximas, el sumario del almirante Carrero Blanco refleja una instrucción ejemplar, detallada y muy comprometedora. Como en el caso Prim, se registraron en torno al sumario algunos movimientos extraños. Después llegó la época idílica de la UCD, y el asesinato de Carrero, considerado, como otros terribles sucesos, un simple delito político, cayó en el ámbito de la amnistía y nunca más se supo de él. Hace un par de años seguí una pista que era buena, pero se me cerró. Voy, pues, a estudiar el problema exclusivamente desde el saber histórico. Aún así vamos a encontrarnos con datos, sugerencias, testimonios y proyecciones del más alto interés. Hay tres personas hoy que saben dónde está el sumario Carrero, que me pueden facilitar el seguimiento de la pista perdida. No cejaré hasta que me cuenten lo que saben; en parte ya lo han hecho, pero me deben mucha más información».

Ricardo de la Cierva

¿Dónde está el sumario de Carrero Blanco?

Episodios históricos de España - 7

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Titivillus 30.01.15

Título original:¿Dónde está el sumario de Carrero Blanco?

Ricardo de la Cierva, 1996

Editor digital: Titivillus

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Para Mercedes 65

Carrero Blanco: una antesala decorada
como un panteón

Algo después de las nueve menos cuarto de la mañana, el jueves 20 de diciembre de 1973, el presidente del gobierno, almirante Luis Carrero Blanco, salía de su casa en la calle de los Hermanos Bécquer, a cien metros de la embajada de los Estados Unidos, para oír misa en la iglesia de San Francisco de Borja, adosada a la casa profesa que había levantado la Compañía de Jesús en un gran solar entre las calles de Serrano, Maldonado y Claudio Coello. El Estado de la posguerra había favorecido esta construcción con fuertes ayudas, como compensación por la pasividad inconcebible del Estado republicano el 11 de mayo de 1931, cuando las turbas desmandadas arrasaron por el fuego la anterior casa profesa de la Orden, situada en la calle de la Flor, junto al que entonces era el último tramo de la Gran Vía madrileña, con pérdidas incalculables de obras de arte, libros y el archivo de uno de los primeros historiadores de este siglo, el padre Zacarías García Villada. También asistieron a la que iba a ser la última misa del almirante: el exministro Gregorio López Bravo, que vivía lejos y, como muchos miembros del Opus Dei no sentía especial devoción por los jesuitas, pero seguía una inveterada costumbre de algunos políticos próximos al mismo Instituto, que cultivaban el arte de hacerse encontradizos con políticos de mayor envergadura —recuerdo los casos de Rafael Calvo Serer y Adolfo Suárez— y otra persona siniestra, la comunista Eva Forest, esposa del dramaturgo comunista Alfonso Sastre, que cubierta la cabeza con un pañuelo vigilaba al almirante desde hacía tiempo, por cuenta de la organización terrorista ETA, de la que ejercía como informadora.

El caso es que el presidente del gobierno, sin especiales precauciones, terminó su misa, en la que como siempre había comulgado, salió a la calle de Serrano, justo frente a la embajada americana, donde le esperaba su Dodge negro, y para volver a su casa bajó hasta la segunda calle que parte de Serrano a la izquierda, subió por Juan Bravo, giró a la izquierda por Claudio Coello, seguido por su coche de escolta, cruzó la de Maldonado, que hace esquina a la casa profesa por la fachada de atrás y a los pocos segundos, entre una tremenda explosión, el coche del almirante saltó por los aires y describió una rama de parábola que le hizo sobrepasar tres plantas y terminó estrellándose contra la terraza interior de la casa profesa, donde rezaba el breviario un jesuita famoso, el padre José Luis Gómez Acebo, tío de mis primos, que había sido profesor mío en el colegio de Areneros, y entonces dirigía con gran aceptación una congregación de matrimonios. Varios testigos en la calle ni siquiera se dieron cuenta de la desaparición del pesado automóvil. Sobreponiéndose a la sorpresa y al horror el jesuita bajó, en un acto reflejo, a la calle para comprobar la explosión, y cuando volvió a la terraza interior vio cómo otro sacerdote trataba de aplicar los auxilios espirituales a unos cuerpos destrozados que se agitaban dentro. Los sacerdotes reconocieron al presidente y dieron aviso para que vinieran a recogerle. Murió en el camino cuando le trasladaban al Hospital Provincial que entonces se llamaba Francisco Franco.

El joven político Ignacio Camuñas, que militaba entonces en la oposición moderada al régimen de Franco, publicó bajo su dirección a las pocas semanas un libro que, especialmente por la fecha, resulta muy interesante; tanto él como el abogado y político José María Ruiz Gallardón (q.e.p.d.), atribuyen extraordinaria importancia al asesinato de Carrero Blanco y lo interpretan como una conmoción decisiva en la evolución política española; no sin señalar que al aplicarse por vez primera las Leyes Fundamentales, los mecanismos del régimen habían funcionado con normalidad, por lo que la clase política del franquismo sintió un visible alivio ante el futuro[1]. Como se explica en otro de los Episodios Históricos de esta serie, el período histórico que denominamos transición había empezado ya en 1966 con el tirón de futuro que sintió la Iglesia de España, impulsada por la de Roma; pero el asesinato de Carrero Blanco supuso un indudable acelerón en la transición española, tanto que algunos autores, por ejemplo Luis García San Miguel, sitúan el inicio de la transición en este año 1973[2]. El autor, politólogo muy bien preparado, que formaba parte de la oposición moderada al franquismo, tiene el acierto de señalar como impulsoras de la transición a las fuerzas evolutivas del sistema entonces vigente.

Conocí fugazmente al almirante Carrero muchos años antes, pero no le traté hasta los años setenta, en la etapa final de su vida. Desde 1970 tuve con él tres encuentros, uno indirecto y dos personales y prolongados. Era ministro de Información y Turismo desde fines de octubre de 1969, después del cese de Fraga en la crisis MATESA, Alfredo Sánchez Bella, que venía de desempeñar la embajada ante el Quirinal, desde la que había enviado a Carrero y a Franco informaciones interesantísimas sobre la vida italiana y las complicadas maniobras de la Santa Sede. (En la serie Francisco Franco y su tiempo, del profesor Luis Suárez, quedan huellas abundantes y sugestivas de esos informes.) Me nombró director de Editora Nacional, donde procuré realizar una labor cultural abierta, sin que Carrero, directa o indirectamente, me hiciera nunca observación alguna. Por entonces tuve una interesante y para mí decisiva conversación con dos profesores (eminentes, por cierto) de la Compañía de Jesús, antiguos compañeros míos de colegio, que me abrieron los ojos sobre la tremenda crisis que experimentaba su Orden, de lo que sólo me habían llegado noticias e indicios dispersos. Aquella conversación duró varias horas y me produjo una auténtica convulsión conocer la situación interna de la Iglesia y de la Compañía de Jesús en la etapa posconciliar, asunto que me afectaba muchísimo como católico y sobre el que empecé a investigar muy a fondo inmediatamente; de dicha investigación han salido los cuatro libros y los numerosos artículos que he dedicado al problema en los últimos doce años, porque era necesaria una profunda preparación previa. Recuerdo que comuniqué esas noticias al ministro Sánchez Bella, que conocía muy bien el asunto desde su reciente perspectiva romana, pero alguna de las revelaciones que yo le transmitía eran tan insólitas y tan alarmantes que le faltó tiempo para enviárselas al almirante Carrero, quien, lo mismo que Franco, se interesaba muchísimo por la vida y los problemas de la Iglesia. El cardenal Tarancón nos ha transmitido la emocionante carta que, ya presidente del gobierno, poco después de una crisis muy peligrosa entre su Gobierno y la Iglesia de España, le envió el almirante. En ella resaltaba una frase que el cardenal reveló en su homilía durante el funeral de Carrero: «Para mí ser católico es mucho más importante que ser presidente del gobierno». Éste es el primer rasgo de su personalidad: una fe católica profunda, vivida, innegable, desde su óptica personal, naturalmente, pero que todo lo subordinaba a sus creencias religiosas. El caso es que, muy impresionado por mis informes, que le transmitió Alfredo Sánchez Bella, los comentó detenidamente con Franco y mostró deseos de verme para hablar sobre ése y otros problemas.

La primera conversación a fondo tuvo lugar el 8 de octubre de 1971, en el despacho que el almirante, entonces vicepresidente del gobierno (cargo por el que había competido duramente con Fraga, que se llevó un berrinche espantoso al perder la batalla), ocupaba en la segunda planta del palacete de Presidencia, en el edificio de Castellana 3, la misma estancia que utilizaron el general Primo de Rivera (al trasladarse desde la antigua sede presidencial en la calle de Alcalá) y don Manuel Azaña, que la redecoró con alfombras de la Real Fábrica aún supervivientes en la época de Cañero, conservó el mismo despacho hasta su muerte. La antesala donde me hizo esperar me produjo un efecto macabro de panteón histórico: allí estaban los cuatro grandes retratos de los cuatro presidentes del gobierno español asesinados desde la muerte del primero de ellos, el general don Juan Prim, en 1871; como un patético recordatorio para los ilustres inquilinos de aquellas dependencias. Desde entonces han cambiado mucho las cosas y, por eso, como la historia me parece cada vez mejor avenida con el humor negro, debo proponer al margen una modificación, para alegrar un poco al ambiente de tan alto despacho.

Estoy ahora menos versado en las oficinas vicepresidenciales, porque las presidenciales se han trasladado, desde que así lo decidió don Adolfo Suárez, al palacio de la Moncloa, cuya verdadera historia tengo que escribir algún día, desde que lo ocupó el cobarde asesino del pueblo madrileño mariscal Murat, duque de Berg, hasta la reforma —que luego se quedó en nada, mal presagio— del matrimonio Aznar. El capítulo de la noche de bodas, por así llamarla, que allí pasaron la joven reina Isabel II y su infeliz marido don Francisco de Asís, festoneada de puntillas su ropa interior, puede resultar emocionante, así como la espantosa competencia de minas y contraminas en sus jardines a partir de noviembre de 1936. No sé si las oficinas y residencia vicepresidenciales se fueron definitivamente al edificio de Semillas, dentro del complejo Moncloa, del que salió con frase memorable don Alfonso Guerra para el ostracismo, o se han conservado en Castellana 3. Tampoco sé si en las actuales han reaparecido, ampliados ya a cinco, los cuatro magnicidios históricos que tan pésima impresión me causaron. Estén donde estén esos cuadros opino que el actual vicepresidente bien podría ordenar su sustitución por otras efigies históricas mucho más alegres; las de las jóvenes esposas por algún concepto atípicas, o en su defecto las novias o compañeras, o «acompañantes» como señala ya hasta el protocolo de la Casa del Rey, según me dicen, de los últimos vicepresidentes e incluso presidentes que han hecho uso, enteramente legal, de las normas vigentes. Así podría don Francisco Álvarez Cascos inmortalizar a su segunda esposa doña Gema Ruiz; acompañada en la histórica galería por doña María Jesús Llorente; por la eminente actriz doña Conchita Montenegro, compañera del último jefe del gobierno de la República, doctor Juan Negrín; e incluso por la novia del presidente del gobierno de la Dictadura, don Miguel Primo de Rivera, ya viudo, señorita Niní Castellanos, aunque por el agravamiento de su diabetes crónica no llegara a celebrarse el matrimonio. Cierto que en 1970 aún no se habían producido algunas de estas originalidades mientras esperaba entrar a presencia del almirante, por lo que sólo me cabía meditar sobre los cuatro magnicidios anteriores.

Sabido es cuáles fueron, y hasta libros se han dedicado a ellos[3]. El general Juan Prim fue tiroteado a la salida de las Cortes, una noche de ventisca, el 27 de diciembre de 1870, poco después de negarse a asistir a la gran fiesta de su logia, San Juan de Invierno, y, deficientemente atendido, murió pocos días después. Don Antonio Cánovas del Castillo fue asesinado por un anarquista italiano, Angiolillo, de la rama relacionada con la masonería, el 8 de agosto de 1897 en el balneario guipuzcoano de Santa Agueda; el asesino murió en el garrote vil. El tercer presidente, don José Canalejas y Méndez, fue abatido de un disparo frente a la librería de San Martín, en la Puerta del Sol, el 12 de noviembre de 1912, después de haber reprimido duramente una huelga general de ferrocarriles. Su asesino era un anarquista de la misma tendencia, Manuel Pardinas, que se suicidó al no conseguir la huida.

Don Eduardo Dato Iradier, liberal-conservador, fue atacado a tiros el 8 de marzo de 1921, cuando atravesaba en su coche la plaza de la Independencia, por el trío anarquista Mateu, Casanellas y Nicolau; consta que este último era miembro de la masonería. Casanellas logró escapar y refugiarse en Rusia. Sus dos cómplices fueron capturados, uno en España y otro en Alemania, de donde fue extraditado a España. Condenados a muerte, fueron indultados a la llegada de la República en 1931. La sombra de la masonería no estuvo lejos de los cuatro magnicidios. La duquesa de Carrero Blanco pensó, desde el primer momento, que su esposo había muerto por su hostilidad a la masonería, sobre la que había reunido una documentación abundantísima. Pero todo eso son sombras, sospechas, deducciones. La última verdad de los cinco asesinatos no se ha sabido nunca. Excepto en un caso: la muerte de Prim.

La actuación de la Justicia ante el asesinato de Prim fue ejemplar, aunque en algún caso el Gobierno consiguió desviar las acusaciones y al fin terminó por forzar el archivo del sumario. Este hecho tiene muchísimo interés en relación con el último magnicidio, el del almirante Carrero Blanco, La ocultación del sumario de Prim la impuso el gobierno de la Restauración por razón de Estado (esa acreditada excusa, utilizada demasiadas veces en la historia para encubrir o borrar las huellas de los crímenes de Estado). Pero, en el caso de Prim, la Justicia ha terminado por resplandecer, gracias a un jurista insigne, el ya fallecido decano del Colegio de Abogados de Madrid, don Antonio Pedrol Ríus, que había nacido en Reus, como el general, conde de su patria chica, además de marqués de los Castillejos y duque de Prim. (Todos los presidentes asesinados han recibido de la Corona el título ducal de su apellido: los ducados de Cánovas, Canalejas, Dato y Carrero Blanco, además del primero). Pues bien, don Antonio Pedrol descubrió en un armario del Supremo el perdido sumario de Prim y, tras una ímproba labor de investigación histórica con técnicas detectivescas, nos ha ofrecido un libro singularísimo, Los asesinos del general Prim, en que todo queda aclarado: los autores materiales, los inductores y las causas de la entrada del sumario en vía muerta.

Unas palabras para resumir las tremendas conclusiones: El ejecutor material del crimen fue José Paúl Angulo, un señorito criminal jerezano, que había sido revolucionario de 1868, y luego quedó muy resentido contra Prim porque no había premiado sus servicios como él se esperaba. Los inductores eran de alta cuna: nada menos que el general Serrano, regente de España y enemigo mortal de Prim desde mucho antes; y el duque de Montpensier, que había contribuido con sus buenos dineros a la revolución de 1868 contra su cuñada Isabel II, pese a lo cual Prim, árbitro de España, que no se fiaba del duque, le cerró el camino del trono. Luego hay toda una caterva de segundos, terceros y cuartos cómplices, pero los personajes importantes son esos tres. Lo malo es que Montpensier, si bien no llegó a rey de España, era el padre de la infanta Mercedes, que fue reina de España al casarse con su primo Alfonso XII. Era la hija de un criminal, como demostraba el sumario prohibido, pero la razón de Estado impidió que ese sumario prosperase, hasta que Pedrol lo resucitó. Aun así, desaparecieron después bastantes páginas del mismo, cuando ya Pedrol lo había utilizado ampliamente.

Según noticias muy próximas, el sumario del almirante Carrero Blanco refleja una instrucción ejemplar, detallada y muy comprometedora. Como en el caso Prim, se registraron en tomo al sumario algunos movimientos extraños. Después llegó la época idílica de la UCD y el asesinato de Carrero, considerado, como otros terribles sucesos, simplemente delito «político» cayó en el ámbito de la amnistía. Luego volveré sobre la primera etapa del sumario, pero después de la amnistía nunca más se supo de él.

Hace un par de años seguí una pista y, sigo creyendo que era buena, pero se me cerró. Voy, pues, a estudiar el problema exclusivamente desde el saber histórico y como diría el profesor Pabón, «por líneas exteriores». Aun así vamos a encontrarnos con datos, sugerencias, testimonios y proyecciones del más alto interés. Hay tres personas hoy que saben dónde está el sumario Carrero, que me pueden facilitar el seguimiento de la pista perdida. Espero volver a hablar pronto con ellas. No cejaré hasta que me cuenten lo que saben; en parte ya lo han hecho, pero me deben mucha más información.

«Quisiera contarle por qué estoy
en este sillón»

El almirante Luis Carrero Blanco, un gran desconocido antes de la presunta biografía que le ha dedicado Javier Tusell, lo es aún más después de ella. Se trata de un fenómeno historiográfico corriente; Franco es mucho más desconocido ahora que antes de la nefanda biografía de Paul Preston (espero arreglar definitivamente dentro de unos tres años ese entuerto, con o sin la Fundación Franco), y don Manuel Azaña, que era conocidísimo por sus contemporáneos, se ha convertido en un desconocido después de la biografía que le dedicó su cuñado Cipriano Rivas Cherif y, sobre todo, tras los retazos biográficos retorcidos que sobre él prodiga don José María Aznar (confío arreglarlo en esta misma serie).

El rostro de Carrero, dominado por sus cejas, transpiraba simultáneamente preocupación y serenidad. Cuando entré en su luminoso despacho, que daba a una esquina del palacete, estaba de pie ordenando unos papeles que, en un único montón, pequeño, tenía sobre su mesa, situada en el rincón entre las dos ventanas del fondo. «Esto —me dijo— no será un despacho sino una conversación». Nos sentamos en dos sillones pequeños separados por una mesita baja, en la esquina opuesta a la mesa grande. «Quiero contarle por qué estoy en este sillón».

Recordaba con mucha precisión las fechas, los lugares, los detalles. Le interesaba que yo conociera su versión para mi biografía de Franco, ya muy avanzada, y de la que luego el Caudillo confirmó todos los datos. Daba la impresión de decir la verdad en todo momento. Tomé muchas notas y le interrumpí poco. Mientras hablaba me di cuenta de que su personalidad estaba integrada por seis elementos: primero, ya lo he dicho, la convicción inquebrantable de su fe católica; segundo, su entrega a una idea de España, la España tradicional, muy semejante a la de Franco: la España de los Reyes Católicos, los Austrias mayores, la defensa de la fe y el horizonte universal. Tercero, la vocación y la profesionalidad de marino. Cuarto, el hábito del estudio en dos planos: el perfeccionamiento profesional, el estar al día; y el fortalecimiento intelectual de sus principios mediante un estudio constante. Quinto, la identificación absoluta con el modo de pensar y los designios de Franco sobre España, que es la clave de su actitud política; y sexto, su vista larga de marino, su sentido estratégico de las relaciones internacionales y de la situación de España en el mundo. Curiosamente esta vista larga permitía que sus opiniones se modelasen con una flexibilidad y un pragmatismo que muchos desconocen; y que, por ejemplo, si no le hubiesen eliminado sus enemigos (que no eran solamente los terroristas ejecutores), habría dirigido, a las órdenes del Príncipe, una transición diferente de la que hemos experimentado, pero en ningún caso una involución pura y dura, como piensan quienes no le conocen. Estos seis elementos de su personalidad se me iban entrelazando a medida que me contaba su vida y luego surgieron con toda claridad en mis notas cuando las pasé a limpio en casa.

Al terminar el año 1924, Franco había llegado a Tetuán, después de dirigir la retaguardia de una nutrida columna española que se retiraba de una ciudad indefendible en la zona central del protectorado de Marruecos, Xauen, en medio de una ofensiva desatada de las harkas del líder rifeño Abd-el-Krim, muy crecido desde su terrible victoria de tres años antes en Annual. En enero de 1925 ascendió a coronel, retuvo el mando del Tercio de Extranjeros y recibió la orden de ensayar un desembarco en fuerza sobre el entrante de Alcázar Seguer —El Ksar Seghir— desde el cual Tárik condujo a los invasores de España en el siglo VIII. El Alto Mando español preparaba ya secretamente el gran desembarco de Alhucemas, que tendría lugar en septiembre del mismo año. Y sería precisamente en el ensayo de Alcázar Seguer donde iba a producirse el primer encuentro entre Franco y Carrero.

«Yo no era nadie —me decía el almirante— y Franco era ya una figura famosa en las Fuerzas Armadas». El pequeño convoy recibió orden de zarpar en Ceuta a la una de la madrugada del 30 de marzo de 1925. El coronel Franco iba al frente de dos banderas del Tercio que ocupaban seis lanchas de desembarco tipo K, adquiridas por el gobierno Maura poco después del desastre de Annual cuando se proyectó por primera vez el desembarco en Alhucemas, luego frustrado por los manejos políticos. «En medio del viaje Franco subió al guardacostas Arcila —Carrero lo estaba viendo mientras me lo contaba— donde yo prestaba servicio como alférez de navío; era mi segundo destino, después de mi bautismo de fuego en el acorazado Alfonso XIII, cuando poco después del Desastre de 1921 bombardeamos las posiciones enemigas en el Gurugú, que domina Melilla. Yo era segundo comandante del guardacostas en 1925 y cuando iba a empezar el desembarco ofrecí a Franco un plato de sopas de ajo. El coronel lo rechazó amablemente y explicó por qué: desde su herida casi mortal en El Biutz, muy cerca de donde hablábamos, entraba siempre en combate sin comer nada; porque creía haber salvado la vida en aquel encuentro por no haber tenido tiempo de tomar nada antes».

«Ya amanecía —seguía el almirante— cuando Franco trasbordó a la barcaza y dio orden a las seis unidades gemelas para que enfilaran la pequeña playa que cierra la caleta». Carrero le vio saltar al agua con sus dos banderas de la Legión y dirigir la fortificación de las alturas. El ensayo se había realizado felizmente, y Franco regresa a Ceuta en otro barco. Carrero no olvidaría nunca ese primer encuentro; Franco no lo recordó después. A bordo de su guardacostas, Carrero presencia el desembarcó del coronel Franco en las playas de Alhucemas el 8 de septiembre siguiente, pero no se encuentran físicamente. Como tampoco el 14 de abril de 1931, cuando Carrero, entonces comandante del submarino B-5, salió para unos breves ejercicios a la mar, y al regresar al día siguiente, 15 de abril, arbolaba la ya abolida bandera bicolor. Franco, en la Academia General de Zaragoza, había ordenado izarla aquella mañana, hasta que tuvo que cambiarla por la tricolor, ante una orden por escrito del nuevo capitán general. Fue, desde luego, una simple coincidencia[4].

Continúo con el testimonio de Carrero, casi exactamente con sus mismas palabras (puedo incurrir en algún pequeño error pero esto es lo que me dijo): «En 1931, tras unos trabajos encargados por la Armada en Guinea y África occidental, donde conocí al futuro almirante Moreu, que había sido ayudante de don Alfonso XIII el 14 de abril, y luego intervino de forma importante en mi carrera, fui destinado a la Escuela Superior de Guerra en Madrid, porque ya eran conocidas mis inclinaciones a la teoría y la estrategia. Pasé el curso de 1932-1933, donde entablamos amistad de matrimonios con Antonio Barroso (destinado también él en la École de Guerre) y Pepe Ungría, agregado militar en la embajada. Hacia la Semana Santa de 1933 Franco, que era comandante general de Baleares, pidió a Ungría una lista de documentación y bibliografía sobre defensa de costas. Ungría nos transmitió el encargo a Barroso y a mí, que lo investigamos en la biblioteca de la Escuela. Advertí entonces que allí no había más que fuentes dispersas sobre el problema y me dediqué a estudiarlo a fondo, hasta que redacté un informe-síntesis que el agregado militar envió al comandante general de Baleares. Franco me agradeció el estudio en una carta que comenzaba así: “Mi querido amigo y compañero”. Después de ese verano y durante la campaña electoral de 1933 regresé a Madrid».

Continuaba el almirante Carrero en 1971: «Al volver a España era aún teniente de navío, por lo que no podía ser nombrado aún profesor titular de la Escuela de Guerra Naval. Entonces se creó para mí una plaza de ayudante de profesor de táctica naval con encargo de la cátedra». Ascendió a principios de 1935 y recibió el nombramiento efectivo de profesor. El 11 de mayo de 1936 participó en el viaje de la Escuadra a las Canarias, dentro de la división naval que fondeó en Santa Cruz de Tenerife. Se le puede ver perfectamente en una foto tomada durante una recepción ofrecida por el comandante general al almirante Salas, jefe de la Flota, sus jefes y oficiales. Franco replicó con una invectiva «¡cállese, majadero!», cuando el gobernador civil dio, fuera de lugar, un viva a la República. Los oficiales gritaban a Franco «que embarque, que embarque», para llevárselo a la Península y alzarse contra el Frente Popular; el día anterior Azaña había sido elegido presidente de la República. Pero Carrero nada me dijo sobre un encuentro personal con Franco en esta ocasión. Tusell dice que lo hubo, pero no cita fuente.

El siguiente episodio que me refirió Carrero en 1971 se refiere al principio de su carrera política en 1939, ya terminada la Guerra Civil. Había pasado como sobre ascuas sobre su peripecia personal en nuestra guerra; no había sabido nada sobre el Alzamiento (aunque en medios militares «se mascaba», como había demostrado lo sucedido en la recepción que Franco ofreció en Canarias a los mandos de la Armada en mayo de 1936), pero es que en aquella fecha ni siquiera Franco se había comprometido concretamente para pronunciarse en África. Perdido Madrid para los sublevados, el capitán de corbeta Carrero pudo esconderse en casa de un vecino y luego, tras una estancia en la embajada de México, pasó a la de Francia, «de donde pude evadirme a la zona nacional gracias a las gestiones de mi antiguo director en la Escuela de Guerra francesa. Fui destinado al mando del destructor Huesca, comprado a Italia, hasta que sobrevino la catástrofe del Baleares».

El 6 de marzo de 1938, cuando los cuerpos de ejército de Franco habían roto ya por varios puntos el frente rojo de Aragón y avanzaban en la gran maniobra que rompería en dos la zona enemiga, una división naval de la República, al mando del almirante habilitado Luis González Ubieta, se encontró, setenta y cinco millas mar adentro, a la altura de Cabo de Palos, con los tres cruceros de la Escuadra nacional: Baleares, Canarias y Almirante Cervera, que escoltaban un convoy. Los destructores y cruceros de la República concentraron sus fuegos y sus torpedos sobre el Baleares, que aún estaba completando sus instalaciones tras una apresurada botadura. El crucero se hundió y con él numerosos miembros de la dotación, incluido el Estado Mayor de la Flota que estaba a bordo. La Flota republicana recuperaba con esta victoria la superioridad naval en un momento crítico, cuando el teatro general de operaciones basculaba hacia el Mediterráneo; y el alto mando del bloqueo, con base en Palma de Mallorca, tendría que intensificar su esfuerzo para el corte de suministros a la costa enemiga, que se hacía preferentemente por vía marítima. La Marina nacional adoptó disposiciones de urgencia; aceleró la puesta a punto del viejo crucero República, rebautizado como Navarra, donde se instaló el nuevo Estado Mayor de la Flota, para cuya jefatura fue designado el almirante Moreu. «El almirante —me decía Carrero— me recordaba del tiempo que colaboré con él en Guinea y me llamó porque conocía mi especialidad en la Escuela de Guerra Naval. Fui nombrado jefe de operaciones en el Estado Mayor de la división de cruceros, que significaba prácticamente el Estado Mayor de la Armada, en plaza de superior categoría». Desempeñó el puesto con aceptación general, sobre todo entre los oficiales jóvenes y los marineros voluntarios, personas de toda confianza pertenecientes a familias conocidas, para evitar sorpresas desagradables, como las que habían provocado la pérdida de varios barcos al principio de la guerra por deslealtad de la tripulación.

«Uno de estos voluntarios era el joven Pedro Gamero del Castillo, muy bien relacionado en Sevilla y colaborador de Serrano Súñer, aunque era convencido monárquico, que terminó la guerra en el Canarias, donde estaba también yo, que, a raíz de la victoria, tuve que dejar el puesto de mayor categoría que acababa de desempeñar. Al conocerse el cese se produjo una discreta protesta entre la oficialidad joven y yo recibí un destino equivalente; cuando el Gobierno aún estaba en Burgos fui nombrado jefe de la Sección de Operaciones en el Estado Mayor de la Armada y, para gran sorpresa mía, Franco me designaba consejero nacional del Movimiento. Esto se debía a que Pedro Gamero, que me había conocido bien en el Canarias, había sido nombrado ministro vicesecretario general del Movimiento y al estudiarse la lista de los nuevos consejeros nacionales recomendó mi nombre». Para Franco el Consejo Nacional «que nada tiene que ver, —dijo al constituirlo— con el antiguo Senado», era una cámara inoperante, que sin embargo adquiría mucha importancia como vivero para futuros altos cargos del régimen. Es decir, que en 1939, mientras empezaba a actuar en el Estado Mayor de la Armada como jefe de la sección de operaciones, el joven capitán de corbeta, cuyos informes de guerra habían llegado alguna vez hasta Franco, que siempre supervisó la guerra naval muy de cerca, estaba ya preconizado por el Caudillo para una carrera política que no tardaría en iniciarse.

Cuando Franco vio mis notas para este capítulo de la biografía hizo dos observaciones. Primera, se asombró, a propósito del hundimiento del Baleares, de que los rojos tuvieran almirantes; cuando le aclaré que tuvieron dos, Ubieta y Miguel Buiza, preguntó más extrañado aún sobre Ubieta: «Pero éste ¿no era nuestro?». Posiblemente recordaba el excelente comportamiento de Ubieta al entregar sin lucha la isla de Menorca al final del conflicto. La segunda observación ponía en duda la protesta de la oficialidad joven cuando Carrero tuvo que dejar su puesto en el Estado Mayor de la división de cruceros: «No hubo tal protesta». Pero Carrero estaba allí y me dijo que sí la hubo; Franco no exigió que se suprimiera la observación. En todo caso, cuando ya se planteaba la Segunda Guerra Mundial, el capitán de corbeta Luis Carrero Blanco, con una brillante actuación de guerra, esperaba, tranquilo y sin ambición política alguna, su destino. «Nunca pedí un puesto en mi carrera, nunca sentí la más mínima ambición política —me repetía en 1971— pero nunca vacilé en obedecer y servir al Caudillo». He transcrito nuestra conversación en estilo directo; otras veces me he referido a ella de forma indirecta, cuando aún vivía Carrero.

El vital informe Carrero en
noviembre de 1940

Desde antes de terminar la Guerra Civil se había configurado un poderoso frente militar contra Ramón Serrano Súñer, cuñado de Franco y ministro que tenía fama de omnipotente[5]. La fuente principal de poder para Serrano Suñer era, desde su presencia en el primer gobierno de Franco nombrado el 30 de enero de 1938, el ministerio del Interior, Prensa y Propaganda, en el que había reunido un equipo de relevantes intelectuales que le apoyaban en puestos clave: Pedro Laín Entralgo, Dionisio Ridruejo y Antonio Tovar. En la biografía definitiva de Franco, que preparo despacio, pero sin pausa, para reducir a pavesas la de Preston, espero dejar completamente en claro la auténtica actuación política de don Ramón Serrano Súñer, que había pertenecido a la CEDA de Gil Robles, y al poco de evadirse de la zona roja al fin del primer invierno de la Guerra Civil, se convirtió en el principal colaborador político de Franco, después de desplazar al hermano, Nicolás, que era secretario general de la Jefatura del Estado. Digo que tengo que aclararlo porque don Ramón Serrano, abogado del Estado, político de excelente sentido cultural y que goza de una envidiable lucidez y dotes polémicas en su avanzada ancianidad, ha publicado varios libros y ha concedido cientos de entrevistas cada vez más enconadas contra Franco, hasta convertirse seguramente en el más empecinado antifranquista de la época, con tal empeño que estoy seguro de que a estas alturas se cree ya que sus actuales opiniones sobre Franco son las verdaderas.

He estudiado muy de cerca su interesante figura y tengo la impresión de que don Ramón se ve ahora a sí mismo como un demócrata, y para ello entronca con su época anterior a 1936, donde sin duda ejerció como tal dentro de la CEDA, partido católico cuyos duros tirones autoritarios tampoco cabe desconocer. Pero cuando Serrano Súñer empezó su colaboración con Franco en la primavera de 1937 se acabó la democracia. Fue el artífice del nuevo partido único, FET y de las JONS. Hizo aprobar la Ley de Prensa de 1938, que era fascista y totalitaria. Se enfrentó duramente a la Iglesia cuando ésta quiso refrenar los excesos del equipo fascista —no simplemente falangista— de Serrano. Él fue quien proyectó y dirigió la propaganda totalitaria que exaltaba a Franco como Caudillo hasta extremos difícilmente superables. Fue jefe de la Junta Política, organismo supremo del Movimiento. El 15 de octubre de 1940 fue cesado como ministro de la Gobernación y nombrado ministro de Asuntos Exteriores (sustituyó al general Juan Beigbeder, porque, según Franco, éste tenía una querida inglesa que actuaba como espía). Serrano recibió instrucciones de llevar adelante una política exterior completamente favorable al Eje Roma-Berlín y se entregó de lleno a esa tarea. Según mi análisis histórico y tras consultar todas las fuentes serias, estoy convencido de que el antifranquismo cada vez más virulento de Serrano Súñer se debe a que Franco le cesó abruptamente en septiembre de 1942 y desde entonces no le confió cargo político ejecutivo alguno.

Ramón Serrano Súñer no se enteró de que el principal responsable de su ruina política había sido el marino Luis Carrero Blanco hasta que leyó mi libro Historia del franquismo·, ahora lo explicaré. La ofensiva de Carrero contra Serrano se hace en tres tiempos: noviembre de 1940, junio de 1941 y septiembre de 1942. No fue fruto de una iniciativa aislada del marino sino de su participación, secreta aunque muy destacada, en la campaña de un importante sector de todas las Fuerzas Armadas contra la Falange que Serrano Súñer encamaba. Los militares que intervenían en esta campaña eran generalmente monárquicos, como el propio Carrero, partidario de la Monarquía desde la infancia en su ciudad natal, Santoña. Esta batalla política me la resumió Carrero en nuestra ya citada entrevista, de octubre de 1971 y me la amplió en la última, a mediados de diciembre de 1973, pocos días antes de su muerte. En esta segunda ocasión tomé notas más precisas que en la primera. Respondo de que las palabras de Carrero que transmito son exactas; prefiero transcribirlas como están en mis notas.

En la entrevista de Franco con Hitler en Hendaya —23 de octubre de 1940— el canciller alemán no pudo conseguir el compromiso definitivo para la entrada de España en la Guerra Mundial a favor de Alemania. En el estudio que dentro de esta misma serie dedicamos a Hendaya describiremos muchos datos y detalles más: pero ésta es la conclusión esencial. Hitler, acuciado por su Estado Mayor, seguía insistiendo y de esa insistencia surgieron los dos viajes que Serrano Súñer tuvo que realizar a Alemania para verse con el Führer. El 22 de noviembre el ministro regresa del segundo viaje y no se detiene hasta el palacio del Pardo, donde Franco convoca con urgencia una reunión de ministros militares. Previamente el general Dávila, entonces jefe del Alto Estado Mayor, había reunido en el que hasta los tiempos de Adolfo Suárez fue edificio de la Presidencia del Gobierno, Castellana 3, a los técnicos principales de los tres ejércitos. En diciembre de 1973 Carrero me decía sobre aquellas dos vitales reuniones estas palabras: «Insisto en que recuerdo bien la fecha: noviembre de 1940. Dávila reúne en el actual (1973) edificio de Presidencia —donde entonces estaba el Alto Estado Mayor— a los jefes de Operaciones del Ejército (Cuesta), Marina (Carrero) y Aire (Lacalle), junto a los jefes de sección del Alto Estado Mayor. Serrano Súñer regresaba de Berlín con el virtual compromiso de entrar en guerra a favor del Eje hacia Navidad[6]. Dávila preguntó por la preparación de España. Cuesta dijo que ante todo habría que invadir Portugal. Lacalle dijo que aviones y bombas son insuficientes, lo que queda de nuestra guerra. Carrero pregunta al jefe de Intendencia del Alto Estado Mayor cuánto tiempo resistiría España sin la línea del trigo (El Plata) y la línea del petróleo (USA-Caribe). Es decir, no planteó el problema en plan táctico o logístico, sino como un corte estratégico total. Por otra parte Salvador Moreno (el ministro) ya había entregado mi informe en este sentido».

Luego, según palabras del propio Carrero, el informe de la Marina, preparado por él, se lo había entregado a Franco el ministro de Marina, indicándole quién era su redactor, antes de la fecha de esa reunión. El almirante Carrero, al repasar en 1972 el capítulo de mi biografía de Franco que se refiere a estos hechos, anotó de su puño y letra (conservo el ejemplar) estas palabras: «Hacer referencia a España y el mar, tomo II. Esto fue a la vuelta de Serrano de Alemania». Ese libro siempre me pareció el más importante del almirante, y los párrafos a que se refiere su nota manuscrita, presentados como opiniones de Franco, incluyen realmente lo esencial del informe Carrero, en este sentido:

«El Caudillo resistió firmemente a las instigaciones de dentro, que fueron muchas y poderosas, y a las presiones de fuera, que se hacían, no se olvide, con el respaldo de un ejército que acababa de derrotar, en semanas, a todos los de Europa, y se mantuvo en la neutralidad… Esta actitud, que salvó a España de una catástrofe tan, grande como la que acabábamos de pasar (la Guerra Civil), se fundamentaba en dos razones: una de orden moral y otra de tipo militar. El Caudillo ha manifestado en varias ocasiones que el mayor crimen que un jefe de Estado puede cometer es llevar a su nación a una guerra, si no es por una razón de vida y muerte. Ésta fue la razón moral, evidentemente de peso; pero había otra de tipo militar. El Caudillo vio el problema de aquellos momentos, pese a la impresionante victoria que acababa de lograr el III Reich, con serenidad y con la mentalidad naval de que carecían los mariscales alemanes. España acababa de salir de nuestra guerra, no teníamos reservas de nada y la vida de la nación dependía, en lo más fundamental, del tráfico marítimo con El Plata, que nos traía el pan de cada día, y el de la línea con las Antillas, que nos proporcionaba el combustible indispensable para nuestros transportes. Al entrar en la guerra, estas dos líneas de tráfico vital quedarían cortadas. Y ¿podrían ser sustituidas —en la hipótesis de que Alemania nos suministrase el trigo y la gasolina necesarios— por los dos ferrocarriles del Pirineo? Indudablemente no. Por otra parte las Canarias quedarían aisladas… ¿Qué suerte correrían las Baleares? Además todo nuestro litoral quedaría en vanguardia del dispositivo alemán como frente de mar… El Caudillo tuvo entonces presente que somos un inmenso archipiélago y que enfrentarse con un enemigo que dominaba el mar era arriesgar la destrucción de la nación sin existir una razón de vida o muerte que lo exigiera»[7].

Junto a este informe decisivo (Tusell dice que no fue decisivo, es asombroso)», el ministro disponía también del informe del agregado naval en Roma, Alvaro Espinosa de los Monteros, en sentido semejante, pero el de Carrero tuvo un peso abrumador. El consejo de guerra celebrado en el palacio del Pardo se inclinó ante la decidida abstención de Franco, convencido por el informe de la Marina.

Si el infeliz Paul Preston atendiese a la documentación y a los contextos, en vez de dejarse obnubilar por el odio a Franco, repasaría los telegramas del embajador de Alemania en Madrid, von Stohrer, del 28 y 29 de noviembre —una semana después de las reuniones secretas de Madrid que acabo de evocar— para comprender por qué no entró España en la Segunda Guerra Mundial.

Carrero fuerza el cese de
Serrano Súñer

Franco acudió a la entrevista con Hitler en Hendaya en octubre de 1940 con información muy precisa sobre la derrota de Alemania en la batalla aérea de Inglaterra. A partir de entonces y a pesar de los espectaculares éxitos del general Rommel en África, el Eje iba entrando poco a poco en declive, con la consiguiente decadencia del hombre del Eje, Ramón Serrano Súñer.

El 2 de mayo de 1941, en un discurso pronunciado en el hermoso pueblo manchego de Mota del Cuervo, Serrano dejó escapar su amargura, que se confirmaría angustiosamente unos días después ante los nombramientos que decide Franco entre militares antifalangistas, como el nuevo ministro de la Gobernación, coronel de Estado Mayor Valentín Galarza, «el Técnico» de las conspiraciones para el 10 de agosto de 1932 y el 18 de julio de 1936. Galarza dejaba vacante la subsecretaría de la Presidencia y Franco le sustituye por el capitán de fragata Luis Carrero Blanco. El diario de Falange, Arriba, daba la noticia en última página. Carrero me refirió en diciembre de 1973 cómo se había producido el nombramiento:

«Franco quería recortar la influencia política de Serrano, sin echarle aún del Gobierno; era su sistema. Recorrió la lista de consejeros nacionales y me seleccionó. Le pidió al ministro de Marina que me lo comunicase. Paseaba yo de noche con el ministro y, cuando me lo dijo, le respondí que yo era un soldado, un marino, y no sabía nada de política. Repetí el argumento a Franco y me replicó que no sabía si entraríamos en guerra y que él, Carrero, sí que entiende de guerra».

Pronto demostró que también entendía de política, a costa de Serrano Súñer. En mayo de 1942 recomendó a Franco que cesara a su cuñado como presidente de la Junta Política, ya que le realzaba como máximo inspirador político del régimen, y asumiera personalmente el cargo. A mediados de agosto se había producido el oscuro atentado ante la basílica de Begoña, que en su momento aclararé porque creo tener todos los datos. El grave incidente, que presenció el ministro del Ejército, general Varela, derivó en un enfrentamiento entre la Falange y las Fuerzas Armadas, es decir, entre Serrano Súñer y el general Várela. Franco decidió la destitución de éste, y lo comentó con Carrero en San Sebastián, en una conversación mantenida en el coche del Caudillo. Carrero vio la ocasión clara y tiró a matar. «Si V.E. —así le llamaba— mantiene a Serrano, todo el mundo va a pensar que es él y no el Caudillo quien manda en España». Franco le hizo caso, cesó a los dos —eran los primeros días de septiembre— y asumió la presidencia de la Junta Política, como le había recomendado Carrero en mayo. Desde aquel momento el marino se convirtió, hasta su muerte, en la eminencia gris del régimen de Franco.

Serrano Súñer no se enteró de este suceso hasta que en 1975 leyó el primer tomo de mi Historia del franquismo, en el que resumí, como testimonio de Carrero Blanco, lo que acabo de contar sobre la intervención de éste en el cese de Serrano en septiembre de 1942. José Manuel Lara había encargado a Serrano Súñer la presentación de mi libro, que tuvo lugar en el salón abarrotado de Mayte. Afortunadamente Emilio Romero pudo hacerse con el discurso de presentación de don Ramón, que por cierto supuso un gran honor para mí[8]. En ese discurso, tras cubrirme de elogios inmerecidos, arremetía contra Carrero sin nombrarle y parecía echarme a mí la culpa de su testimonio, corroborado además por el propio Franco. Tuve que contestarle con todo respeto y firmeza, y la polémica, que fue larga y enérgica, saltó a la calle y favoreció mucho la difusión del libro.

La principal discrepancia entre Serrano Súñer y Carrero, que nunca se manifestó en debate alguno entre los dos, era la organización del Estado. Serrano había preparado, antes de su caída, un proyecto sin referencia alguna a la Monarquía y con preponderancia total de la Falange; un proyecto que anticipaba el que después presentaría el ministro secretario general del Movimiento, Arrese, a quien Serrano consideraba enemigo mortal, y que la Iglesia., con sus políticos afines como Alberto Martín Artajo, harían fracasar. Carrero en cambio, una vez eliminado Serrano Súñer, pasó a Franco un informe el 28 de septiembre de 1942 en el que le decía: «Es evidente que V.E. ha podido coronarse rey de España y desde mi punto de vista personal creo que nunca más clara la designación providencial del rey tradicional como en el caso de V.E., pero V.E. no ha querido tal cosa».

A la vez comenta Carrero a Franco que un sector importante de generales, partidarios de don Juan (era el año en que empezaban las conspiraciones monárquicas antifranquistas), le han convencido de que toda España desea su regreso y que sólo Franco se opone.

Carrero, como es natural, desaprueba esos manejos monárquicos, pero dice abiertamente a Franco que «no hay más rey que don Juan» y que Franco debe entrevistarse urgentemente con él para llegar a un acuerdo y sobre todo evitar un más que probable manifiesto del conde de Barcelona. Éste es Carrero de cuerpo entero: idólatra de Franco hasta la exageración de atribuirle la realeza; y vista larga de marino en la previsión de un manifiesto de don Juan en favor, naturalmente, de los aliados[9]. Cita sin embargo Tusell un texto significativo del almirante, que supongo habrá sentado como un tiro a la familia Carrero, pero allá ellos por haber puesto en sus manos la documentación del almirante, que sale del libro de Tusell hecho unos zorros[10]. Éste es el texto:

«El frente anglosajón soviético que ha llegado a constituirse por una acción personal de Roosevelt al servicio de las Logias y los Judíos es realmente el frente del Poder Judaico donde alzan sus banderas todo el complejo de las democracias, masonería, plutocracia y comunismo, que han sido las armas clásicas de que el Judaísmo se ha valido para provocar una situación de catástrofe que pudiera cristalizar en el derrumbamiento de la Civilización Cristiana». Ésta era también una idea fija en Franco, que es en definitiva un revoltijo esotérico de explicaciones falsas. Sin embargo Tusell, que no analiza los rastros inconexos, pero reales, de verdad que puede haber en ese diagnóstico (no los analiza porque no los conoce), podría haber intentado averiguar por qué Carrero y Franco pensaban así. El rastro de verdad que late en el fondo de esa síntesis, o más bien amasijo de inexactitudes, podría asimilarse a una especie de anticipación de lo que hoy se denomina «mundialismo» y que puede significar elementos reales de unas redes multinacionales de poder que brotan de líneas masónicas y a veces establecen contactos con organizaciones mundiales dirigidas por ideólogos y financieros de determinadas procedencias.

Carrero y Franco simplificaban y expresaban ingenuamente una realidad que se les escapaba. Pero que no era sólo una fantasmagoría. Pienso analizarlo a fondo en mi tercer libro sobre la Iglesia en nuestro tiempo, porque hay personas y entidades empeñadas en que esos rastros de realidad no se conozcan nunca.

El encuentro de Carrero con
don Juan de Borbón

Carrero pasó junto a Franco el resto de la Guerra Mundial y todos los años duros del cerco internacional contra España. Durante todo ese período el problema principal era de orden económico, y Carrero, bien preparado en estrategia, llegó a familiarizarse con los aspectos más importantes de una economía de supervivencia. Carrero era el consejero principal del Caudillo en todos los asuntos, especialmente en las crisis ministeriales y en las difíciles relaciones con don Juan de Borbón, que trataba de suavizar alentando los movimientos de una red de enlaces entre el Pardo y Lausana hasta 1946, y entre el Pardo y Estoril después. Cuando por fin don Juan de Borbón siguió el consejo de sus amigos antifranquistas y publicó el Manifiesto de Lausana en marzo de 1945, Carrero lo interpretó como un acto de patriotismo al ofrecerse como alternativa a la República que supondría de nuevo la guerra civil; pero a la vez, en el campo de la práctica, se mostró de acuerdo con Franco en atribuir el Manifiesto al desconocimiento, por parte de don Juan, de la situación de España y de la internacional. Carrero interpreta como un acto necesario de gratitud el apoyo de la Iglesia al régimen de Franco en 1945, cuando destacados católicos entraron en el Gobierno; Franco había salvado a la Iglesia, la Iglesia salvaba a Franco. No se extraña Carrero ni del asedio internacional de que fue objeto España por parte de los vencedores en la Guerra Mundial a partir de 1944 ni de que el régimen de Franco fuese condenado en Potsdam por los Tres Grandes, por motivos históricamente falsos y además sarcásticos; uno de los jueces era el «demócrata» Stalin.

A partir de 1946 las primeras ráfagas de la guerra fría —anticipada ya por Churchill, por Franco y por Carrero— son para el consejero principal de Franco un hecho no sólo previsto sino también muy positivo, porque fortalecía al régimen ante la estrategia defensiva de Occidente y sobre todo ante los Estados Unidos. Precisamente la aproximación estratégica de los Estados Unidos al régimen de Franco se inicia en 1946 —el año de las grandes condenas contra España en los foros internacionales— a través de contactos de la inteligencia naval, en los que Carrero toma parte muy activa; las Marinas occidentales siempre han estado próximas, como demostró la Marina británica en favor de la España nacional durante toda la Guerra Civil; yo fui salvado con mi familia por la admirable acción humanitaria de la Home Fleet y nunca dejaré de agradecérselo mientras viva.

Ya seguro del apoyo estratégico norteamericano, Franco decide, con aprobación del Consejo de ministros el 28 de marzo de 1947, enviar a las Cortes un proyecto de Ley de Sucesión a la Jefatura del Estado, con elementos de monarquía electiva y exigencia al futuro sucesor de mantenerse en línea con los principios fundamentales del Movimiento. Para informar sobre el proyecto a don Juan de Borbón Franco envía al subsecretario de la Presidencia a Estoril, con el fin de poner a don Juan ante el hecho consumado; porque el propio Franco anuncia la ley sucesoria la noche del mismo día en que Carrero se la había entregado al conde de Barcelona, sin posibilidad alguna de rectificación.

La entrevista entre don Juan y Carrero resultó sumamente penosa e incluso violenta. Tuvo lugar el 31 de marzo y don Juan no apreció en absoluto el detalle de ser «el primer español que conociera el texto después del Gobierno». Carrero redactó para Franco un documento con la conversación, que empezó declarándose, ante don Juan, católico y monárquico de siempre. Franco, le dice, ha pensado siempre en la Monarquía como continuación del Movimiento y en don Juan como rey de esa Monarquía. «Tenemos enfrente —sigue Carrero— a la masonería y al comunismo y no claudicaremos ante una ni otro». Don Juan responde con una frase terrible: «No podrán», que vale por un retrato sobrecogedor.

Carrero, en el momento más discutible de su audiencia, entregó a don Juan fichas con la vida y milagros de algunos de sus colaboradores; podemos imaginar su contenido después del libro de Luis María Anson, que refiere con tan inconcebibles detalles la vida privada de don Pedro Sainz Rodríguez, el más asiduo cliente, sin duda, de todos los putiferios de la península, pero don Juan, con buen acuerdo, se niega a recibir el regalito de Franco. Enterado del golpe sucesorio que éste le propina, él y sus consejeros pierden los nervios y proyecta presentarse por sorpresa en el palacio del Pardo, de lo que por fortuna desiste. Don Juan recibe de nuevo a Carrero el 2 de abril, se queja del hecho consumado, aunque reconoce a Franco como poder legítimo, y hace entrega a Carrero de una nota insultante sobre el proyecto, pero a petición del marino la retira. El conde de Barcelona no se muestra convencido por las razones de Carrero pero sí por su convicción. Y el 7 de abril acepta el nuevo Manifiesto que sus consejeros le preparan y que ya equivale a una ruptura total con el régimen franquista. Yo supe directamente por Franco y por Carrero dos cosas importantes. Primera, que se sintieron obligados a desencadenar una feroz campaña de prensa y radio contra don Juan por lo que consideraban un acto de hostilidad; el hijo de Alfonso XIII fue cubierto de insultos terribles durante mucho tiempo. Segundo, que, a partir del Manifiesto de Estoril, Franco, y por supuesto su fiel segundo, prescindieron ya definitivamente de don Juan para el proyecto sucesorio del Régimen, y decidieron la continuación de la misma dinastía pero con otra persona como sucesor: el príncipe don Juan Carlos, que acababa de cumplir nueve años y debería ser formado en España, según la realidad española y el horizonte del Movimiento.

Cómo entró Carrero en el gobierno
de 1951

Franco está preparando a primeros de julio de 1947 el referéndum para la Ley de Sucesión cuando la prestigiosa revista americana Foreign Affairs, que tiene carácter oficioso, publica uno de los artículos esenciales de toda esa época, Las fuentes del comportamiento soviético, del superexperto George Kennan, en el que denuncia la estrategia expansiva del comunismo soviético y sienta las bases de la política americana de la contención, que Traman asume con plena responsabilidad. El artículo institucionaliza la guerra fría y favorece a Franco, que había predicho, como Carrero, el inevitable enfrentamiento de los aliados occidentales y la Unión Soviética tras la victoria contra el III Reich.

Con el nuevo trasfondo estratégico, Franco no se arredra ante la conjunción del socialista Prieto, el liberal Madariaga y el católico Gil Robles, consejero de don Juan, cuando tratan de articular un frente democrático contra el régimen español. Las realidades mundiales iban por otro camino. Un nuevo informe de George Kennan, ahora dedicado monográficamente a España, determina el viraje estratégico de los Estados Unidos a favor de España en octubre del mismo año 1947. La oposición no tiene nada que hacer y el cerco internacional se abre por varias brechas.

El 29 de agosto de 1948 la prensa española publica una noticia que conmociona a la opinión pública y desconcierta en toda la línea a la oposición de todos los signos —monárquica, socialista, liberal—, que para unos días después tenía concertada la firma de un pacto llamado de San Juan de Luz. Según la noticia, el caudillo y el conde de Barcelona habían mantenido una larga entrevista a bordo del yate de Franco, el viejo Azor, en aguas de San Sebastián, y habían convenido que el príncipe don Juan Carlos iniciase el curso siguiente, en España, sus estudios de bachillerato. Una nota de don Juan, publicada poco después en España, puntualizaba que la decisión sobre los estudios del Príncipe no afectaba a los derechos de sucesión de su padre. Franco y Carrero daban la salida a la operación sucesoria en favor de don Juan Carlos; Franco llevaría la alta dirección de los estudios, Carrero cuidaría de que todo marchara bien, y su concurso sería decisivo para que el complicado proyecto alcanzase buen fin. En mi libro Franco y don Juan[11] he descrito con todo detalle esta larga operación, que sin Carrero no hubiera obtenido el éxito final.

A lo largo de los años 1949 y 1950, Franco y Luis Carrero Blanco compiten en la prensa. Uno y otro estaban convencidos de que, ante la desorientación ideológica general, tendrían que arrojarse a la palestra de las ideas y defender con la pluma su sentido de España. Eran capaces de utilizar plumíferos a sueldo, pero no de crear una plataforma intelectual que defendiese de forma independiente sus ideas, y eso que no faltaban en España intelectuales, escritores y periodistas capaces y deseosos de hacerlo. Les faltaba el talento de Serrano Súñer cuando en 1937 formó en tomo suyo el más brillante equipo de intelectuales políticos que ha existido en la España del siglo XX, si bien, por desgracia, se inclinaron al fascismo. En vista de ello Franco publicó durante esos años en el diario oficioso Arriba una larga serie de artículos sobre la masonería bajo el seudónimo «Jakin Boor», con exageraciones y fallos, pero con una nada desdeñable información; y Carrero utilizó el seudónimo «Juan de la Cosa», el gran piloto del Descubrimiento, para firmar sus trabajos de orientación política. Ambos sienten de nuevo que Occidente les da, por fin, la razón, cuando en julio de 1949 el papa Pío ΧII publica su decreto por el que excomulga a los católicos que se afilien a los partidos comunistas.

La ayuda económica de los Estados Unidos empieza a fluir hacia España, pero la reconstrucción del país después de las ruinas de la Guerra Civil se realiza gracias al esfuerzo de los españoles y, en particular, de una nueva clase de empresarios independientes, que levantaron a la nación a fuerza de clarividencia y de trabajo; he aquí una gesta colectiva que los Preston y compañía no han sido capaces de apreciar. Es cierto que Carrero Blanco, en el texto que hemos transcrito y que se refiere al período final de la Guerra Mundial, mezcla lamentablemente diversas explicaciones contradictorias sobre los enemigos de España e incluye entre ellos a las democracias, el comunismo, los judíos y la masonería. Pero es que los vencedores de la Guerra Civil conservaban un pésimo recuerdo de la República, que se había identificado con la democracia, y ahora, en la Segunda Guerra Mundial, contemplaban al criminal comunismo de Stalin aliado con las democracias occidentales y condenando a la España victoriosa desde el mismo plano que ellas, lo cual era también una aberración.

Un hombre tan culto, tan conocedor de Occidente, como José María de Areilza, que en los años sesenta se convertiría con armas y bagajes a la democracia occidental, escribía el 19 de febrero de 1950 en el diario oficioso Arriba estas palabras terribles: «Los apuros en que ahora se debaten los doctrinarios democráticos anticomunistas son verdaderamente peregrinos». Y critica duramente «la discordia electoral como base del sistema y la extensión del sufragio no calificado y el azar de las urnas». Es decir, que Carrero en 1950, evidentemente, no era un demócrata. Ni Areilza. Ni don Juan. Ni Santiago Carrillo, que había practicado una original democracia en Paracuellos y ahora la practicaba en la persecución brutal contra sus compañeros de partido, como ha relatado copiosamente uno de ellos, Enrique Lister, y otro íntimo amigo suyo, Femando Claudín. (El único demócrata que vivía en España en 1950 era Javier Tusell, hijo de un ilustre partidario del régimen de Franco que fue designado para un alto cargo en el Sindicato Nacional del Espectáculo. En cambio Javier Tusell ya era un demócrata convencido y precoz. Acababa de cumplir los cuatro años de edad.)

En 1951 el esfuerzo titánico de los empresarios y los trabajadores españoles había conseguido salvar, en términos económicos, el tremendo bache de retroceso y hundimiento abierto en 1931 con la llegada de la República y que se cerraba ahora, cuando España, recuperado su nivel económico de 1930, iba a comenzar una nueva era, la de la recuperación, el progreso, el desarrollo y la transformación económica, social y cultural más importante que ha experimentado en toda su historia. A este cambio correspondía otro, político, que Franco, con el consejo de Carrero, aplicó a la designación de un nuevo Gobierno. Es un Ejecutivo más joven, más equilibrado entre todas las tendencias del régimen. Continúan, en el sector falangista, el mítico José Antonio Girón, artífice de la política social de Franco, y el antiguo secretario de Falange con José Antonio, Raimundo Fernández Cuesta. El austero Agustín Muñoz Grandes es ministro del Ejército. Se crea el ministerio de Información y Turismo, para el que se nombra a un político falangista, Gabriel Arias Salgado, de concepción integrista y receloso de todo lo que sonase a libertad en la prensa y la cultura.

La influencia de los Propagandistas aumenta al mantenerse en Exteriores Alberto Martín Artajo, «el canciller de la Resistencia», como le llama su equipo, y acceder además a Educación el profesor Ruiz Giménez, quien intentará seriamente un esfuerzo de apertura después de reunir un extraordinario equipo de pensamiento y acción en el que figuraban los antiguos colaboradores falangistas de Serrano Súñer reconvertidos a una forma de liberalismo; Pedro Laín y Antonio Tovar, más tres catedráticos jóvenes e independientes, Joaquín Pérez Villanueva y otros dos procedentes del Movimiento en sentido muy amplio: Torcuato Fernández Miranda y Manuel Fraga Iribarne, que habían sido delegados nacionales de Cultura y de Asociaciones. Contra este equipo aperturista de Ruiz Giménez (alférez provisional en la Guerra Civil y que se enorgullecía de conservar su camisa azul, pero que por encima de todo se consideraba un hombre de la Iglesia), se alineaba, extramuros del ministerio de Educación, otro equipo de pensamiento más tradicional, vinculado al Opus Dei, y que consideraba al grupo de Ruiz Giménez como innovadores peligrosos. Eran también (menos uno) intelectuales de valía reconocida: el diplomático Gonzalo Fernández de la Mora, el profesor Florentino Pérez Embid, el profesor Rafael Calvo Serer (éste es la excepción; era hombre sin fondo); todos ellos próximos a un extraordinario personaje, catedrático universitario de Humanidades y numerario del Opus Dei, el profesor Antonio Fontán, cuya influencia en la historia de España durante toda la segunda mitad del siglo XX ha sido bastante oculta pero muy importante y significativa. A este equipo (salvo a Calvo Serer, a quien consideraba un cantamañanas) se sentía muy próximo el almirante Carrero Blanco, que colocó en el ministerio de Información y Turismo, como director general de Información, a Florentino Pérez Embid. Carrero Blanco desconfió siempre de Joaquín Ruiz Giménez, sobre todo cuando llegó el pontificado de Pablo VI en 1963. El debate, muy vivo, entre el equipo Ruiz Giménez y el grupo intelectual próximo al Opus Dei no se mantuvo exclusivamente en el plano académico: pronto adquirió envergadura política, relacionada con los problemas de la interpretación de la cultura y la historia de España.

En aquel importante y complejo gobierno de 1951 figuraba un experto bancario, Manuel Arburúa de la Miyar, que había prestado servicios importantes en la Guerra Civil cuando se pasó del Banco de España rojo al nacional; manejaba muy bien los cambios de divisas y la financiación de los carburantes, se relacionaba estupendamente con los medios financieros y comerciales norteamericanos y se consideraba hombre de Carrero, de quien además era amigo personal. Contrastaba el austero marino, a quien jamás se detectó la más mínima irregularidad, con el fastuoso Manuel Arburúa, que consiguió amasar, no precisamente de su sueldo, una de las mayores fortunas nuevas del régimen de Franco (éste lo sabía, pero le dejaba hacer, porque necesitaba sus servicios técnicos y sus relaciones exteriores). No mucho antes de su muerte me invitó a comer don Manuel Arburúa en un restaurante de la Castellana junto con mi amigo Tomás Zamora, que nos presentó. Por mis preguntas comprendió enseguida —era un águila— que yo sabía sobre su vida y milagros más de lo necesario, y entonces empecé a notar en sus ojos acerados algo parecido al recelo o incluso al miedo de que pudieran aparecer alguna vez sus trapos sucios en un libro de historia.

La mano de Carrero se nota también en los diversos monárquicos que entran en el gobierno de 1951: el conde de Vallellano, antiguo vicepresidente de Renovación Española y empeñado en la concordia entre Franco y don Juan; Rafael Cavestany, ministro de Agricultura; el de Hacienda, Gómez de Llano, antiguo colaborador de Primo de Rivera; y Antonio Iturmendi, tradicionalista, abogado del Estado y constitucionalista, que desde el ministerio de Justicia y la Presidencia de las Cortes realizaría un excelente trabajo técnico en la articulación y mejora de las Leyes Fundamentales; además, muy de acuerdo con Carrero, sería decidido partidario de la solución Príncipe. Volvió a la cartera de Marina el almirante Salvador Moreno y, al comentar Franco con Carrero la selección de este Gobierno, le dijo, según Carrero me contó en su última entrevista: «De pronto Franco se quedó un momento pensativo y me sorprendió con estas palabras: Siempre tengo que dedicar mucho tiempo a comentar con usted los Consejos de ministros. Me parece mucho más cómodo que asista usted a ellos». Así fue designado Carrero ministro subsecretario de la Presidencia del Gobierno.

La crisis de horizonte en 1956
y sus consecuencias

En el verano de 1953 Franco consigue lo que un historiador antifranquista, Max Gallo (luego asesor de François Mitterrand) califica como «segunda victoria»: el Concordato con la Santa Sede y el pacto de alianza y ayuda con los Estados Unidos. Carrero Blanco siguió muy de cerca, siempre junto a Franco, la preparación y feliz culminación de ese doble acuerdo, que devolvía definitivamente a España al concierto de las naciones. Vigila muy estrechamente las operaciones políticas que puedan amenazar al proyecto de sucesión centrado en la persona del Príncipe; esos movimientos promueven en la sombra gestiones, en favor de una Regencia, prevista en la Ley de Sucesión, que podría recaer en el prestigioso general Agustín Muñoz Grandes, y más tarde en el primo de don Juan Carlos, don Alfonso de Borbón Dampierre, hijo mayor del hijo mayor de Alfonso XIII, el infante don Jaime de Borbón, duque de Segovia. Estos proyectos regencialistas surgen siempre desde medios falangistas y encuentran algunos partidarios en los sucesivos gobiernos. Para neutralizarlos y vincular la sucesión a la dinastía que considera legítima, Carrero aconseja a Franco sucesivos contactos con don Juan, que vuelve por vez primera a España desde que trató de participar como voluntario en la Guerra Civil de 1936.

El encuentro se celebró a fines de diciembre de 1954, en la finca extremeña de Las Cabezas, propiedad del conde de Ruiseñada. El régimen de Franco atravesaba por un período de tranquilidad política y crecimiento económico después de los grandes pactos exteriores de 1953; pero el ímpetu de la economía era desordenado y la estabilidad política, sin amenazas exteriores, empezaba a resentirse ante un hecho natural: entraban ya en las Universidades las generaciones jóvenes que no habían vivido la Guerra Civil y que empezaban a conocer directamente la situación de España en relación con los demás países de Occidente, gracias a la beneficiosa «invasión» turística, que en la década de los cincuenta crecía año tras año, gracias al cine y las revistas y, sobre todo, a la televisión, que metía dentro de España al mundo exterior a partir, precisamente, de 1956. Franco había previsto en su mensaje para fin de año la irrupción de las nuevas generaciones, pero no podía imaginar la reacción negativa de las mismas ante el régimen autoritario cuando lo comparaban con la democracia que regía en las naciones próximas.

En febrero de 1956 se producen en la Universidad de Madrid graves disturbios, por diversos motivos y pretextos culturales y políticos; el más llamativo fue un congreso de escritores jóvenes organizado por Dionisio Ridruejo, antiguo falangista del equipo fascista de Serrano, Suñer, escritor exquisito y deseoso de promover una evolución del régimen en sentido democrático. Chocaron, en la calle y la Facultad de Derecho, los estudiantes del sindicato falangista y sus contrarios, entre los que figuraban monárquicos, independientes, socialistas (organizados por Miguel Boyer, entonces convencido marxista) y comunistas, agitados por Jorge Semprún, entonces convencido comunista (tres años antes había entonado sentidas endechas, plagadas de ripios, a la muerte de Stalin) y por el joven guipuzcoano Enrique Múgica.

Las algaradas de febrero en Madrid eran realmente graves como síntoma pero no en la realidad cotidiana; pero Franco, Carrero y algunos mandos militares creyeron amenazado, por vez primera, el futuro del régimen y reaccionaron con extrema dureza. Según la costumbre de Franco, los dos ministros que creía enfrentados y responsables, el del Movimiento Fernández Cuesta y el de Educación Ruiz Giménez, fueron cesados abruptamente y el ensayo aperturista en Educación saltó por los aires.

Ruiz Giménez y algunos colaboradores evolucionaron rápidamente hacia la oposición contra el régimen; otros, como Fraga y Fernández Miranda, se mantuvieron fieles, pero se orientaron cada vez más decididamente hacia una apertura mejor fundada.

Y entonces el ministro subsecretario, Luis Carrero Blanco, trató de demorar el problema político, para concentrar todos los esfuerzos del régimen en el desarrollo y la prosperidad económica, lo que en su opinión era el camino para conseguir el progreso y la transformación de España en todos los órdenes sin caer en las veleidades de un sistema democrático, algo que aborrecía tanto como el mismo Franco. Para ello tendría Carrero que librar una nueva y más dura batalla con la Falange que la de 1941/1942, cuando dejó fuera de juego a otro equipo falangista, el que dirigía Ramón Serrano Súñer. Aunque ahora Franco y Carrero hablaban cada vez menos de Falange y sustituían el término por el más impreciso de «Movimiento».

Por el momento, sin embargo, ambos tienen que resolver el serio problema que Francia plantea a España con el reconocimiento de la independencia de Marruecos en la persona del rey —hasta entonces se le solía llamar sultán— Mohammed V, sin contar para nada con España. Franco, que consideraba a la zona española de Marruecos como una parte integrante de su ser, no tiene más remedio que apelar una vez más a su permanente sentido de las realidades mundiales (la expresión es también de Max Gallo) y reconocer a pie forzado la independencia del reino alauita, con el que pacta el calendario para la evacuación honrosa del Ejército español de África; lo que parecía un problema insoluble se resuelve pacíficamente, sin traumas en las Fuerzas Armadas ni apenas impacto en la opinión pública.

Después de la crisis de febrero de 1956, que fue una crisis de horizonte, en España se había producido un vacío político, y, aunque el crecimiento económico resultaba innegable, la dirección de los asuntos de la economía presentaba serios fallos técnicos, la reserva de divisas se agotaba peligrosamente y la diversidad de tipos de cambio introducía alarmantes factores de distorsión. El conjunto de los dos planos, el político y el económico, parecía cada vez más alarmante. Seguramente el mérito histórico fundamental del almirante Carrero se va a producir entonces, entre 1956 y 1962, gracias al nuevo equipo que tuvo el acierto innegable de descubrir y potenciar: el equipo llamado «de los tecnócratas» o, con simplificación excesiva pero significativa, «del Opus Dei», a quien entregó, bajo su directa supervisión, el poder económico, el poder administrativo y, en definitiva, el poder político para preparar y articular el futuro. Porque no es cierto que ese nuevo equipo se ocupase solamente de solucionar y encauzar la economía española. También, a más largo plazo, reorientó la política, que en 1956 carecía de rumbo, gracias a su respaldo a la propuesta de futuro que se llamó con varios nombres, entre los que el más adecuado me parece el de Operación Príncipe.

Entra Laureano López Rodó
e il suo complesso

Justo es reconocer que, con excelentes reflejos políticos, fue José Luis de Arrese, que volvía a ser ministro secretario general del Movimiento en la crisis de febrero de 1956, quien primero se lanzó a colmar el acuciante vacío político que esa crisis había evidenciado. La verdad es que Franco se había quedado sin doctrina política aplicable a una España que se transformaba; su discurso político parecía completamente agotado y alguien tenía que crear un nuevo estilo, un nuevo lenguaje. El propio Franco se daba cuenta de ello. En Sevilla, a fines de abril del mismo año 1956 dijo: «En política no se puede ser estacionario, hay que renovarse, no renovarse sería empezar a morir». Luego define al régimen como nunca lo había hecho: «Somos de hecho una Monarquía sin realeza, pero somos una Monarquía». (Por eso el gran historiador militar duque de la Torre hablaría años después del «reinado de Franco».)

Y como había sufrido en Sevilla un desvío total por parte de la aristocracia, con el disgusto apenas disimulado de doña Carmen Polo de Franco, se desahoga: «La Falange puede vivir sin la Monarquía. Lo que no podría vivir es la Monarquía sin la Falange».

Animado por esa invectiva de Franco, el ministro del Movimiento, Arrese, creó inmediatamente una ponencia dentro de la Junta Política, en sesión presidida por Franco, para redactar el nuevo conjunto de las Leyes Fundamentales. El 17 de julio de 1956, ante el Consejo Nacional del Movimiento, Franco confirma que son necesarias unas nuevas Leyes Fundamentales pero de ninguna manera las identifica con las que prepara la ponencia dirigida por Arrese. No es ésta la ocasión de discutir el proyecto Arrese; baste decir que se trataba de implantar en España no un régimen que pudiera evolucionar hacia una Monarquía abierta, sino un Estado virtualmente fascista, con preponderancia de la Falange sobre el aparato del Estado, hegemonía de una clase política falangista y una Corona reducida a figura apenas decorativa. Nada más conocerse el proyecto Arrese, el ministro Carrero coordinó la ofensiva general contra él. Se lanzaron contra esas inconcebibles leyes fundamentales la mayoría de los ministros, sobre todo Alberto Martín Artajo; varios altos mandos de las Fuerzas Armadas y los obispos, que envían a Franco una delegación de cardenales para oponerse cerradamente en nombre de la Iglesia. Franco llegó a decirles: «Si ustedes me lo dicen, me voy», porque sabía bien que no se lo iban a decir. Las leyes de Arrese, ante semejante reacción, abortaron; y Carrero aceleró la creación de su nuevo equipo para contrarrestar y arrinconar al nuevo intento —que sería el último— de la Falange franquista.

A primeros de noviembre de 1956 el profesor Laureano López Rodó, catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad de Santiago de Compostela, acudía al despacho del capitán de navío Luis Carrero Blanco, ministro subsecretario de la Presidencia, para hablar de las ideas del profesor sobre la reforma administrativa[12]. Aquél fue un encuentro histórico entre dos grandes personalidades, no simplemente del régimen de Franco, sino de la España del siglo XX. Siento un especial orgullo de haber conocido y tratado a ambos.

López Rodó acababa de cumplir 36 años. Había nacido en Barcelona, en una familia de clase acomodada, profundamente católica y monárquica. Pasaron las angustias y privaciones previsibles durante la Guerra Civil en Barcelona y, al terminar el conflicto, el joven Laureano estuvo unos meses en el Ejército, hasta que logró prórroga por estudios y se incorporó a los cursos de la carrera de Derecho en Barcelona. Ingresó en el Opus Dei, que suscitaba en la posguerra numerosas vocaciones en su ciudad natal, donde los jesuitas montaron contra la institución una injusta y duradera campaña. Terminada la carrera, ejerció la docencia en el CEU de los Propagandistas mientras hacía el doctorado en la Universidad de Madrid. Ganó brillantemente, a los veinticinco años, la cátedra de Derecho Administrativo en la Universidad de Santiago de Compostela.

Laureano López Rodó es un hombre alto, elegante, con distinción y amabilidad típicamente catalana; deja entrever un dominio absoluto de sí mismo. De férrea disposición para el trabajo, posee una mente muy ordenada junto con el arte para saber elegir a colaboradores eficaces. En un viaje de estudios a Lisboa, antes de la cátedra, había conocido al profesor Marcelo Caetano, con cuya amistad se ha honrado siempre. Me dicen sus alumnos que en Santiago daba unas clases perfectas y publicaba trabajos de gran altura jurídica. No mostraba entonces, al menos externamente, predisposición a la política pero ya se revelaba como un organizador nato. Había pertenecido a la Falange en Barcelona, en el sentido amplio del Movimiento, pero sin buscar una carrera política. Era exactamente el tipo ideal de colaborador que Carrero Blanco estaba buscando tras la gran crisis de horizonte de 1956, y tuvo la suerte de encontrarlo.

Para explicar el auge que desde fines de aquel año adquirió López Rodó y tras él otros miembros del Opus Dei que se incorporaron al equipo Carrero «se han escrito fábulas disparatadas», dice el interesado. Pese a mi experimentada prevención sobre el arte de la mentira como cualidad más destacada de los políticos —y López Rodó es un político cien por cien— siento una irresistible inclinación a creerle, tal vez porque le he tratado de forma suficiente para ello. Aunque no lo dice, se refiere López Rodó a una novela rosa y negra que circuló muchísimo por «los medios bien informados» de la política española a partir del invierno de 1956/1957, y durante muchos años. La novela consistía más o menos en que López Rodó, con el auxilio de algunos sacerdotes del Opus Dei, como el canonista don Amadeo de Fuenmayor, había salvado in extremis el matrimonio de Luis Carrero Blanco y Carmen Pichot, tras una crisis conyugal que estuvo a punto de separarles. En su aburrida biografía de Carrero, encargada por la familia del almirante, Javier Tusell dedica páginas y páginas a desmentir el infundio, pero lo hace con tal ramplonería y mal gusto que el lector se siente inclinado a creérselo. A mí han venido personas de alta situación en el régimen de Franco dándome nombres, apellidos, circunstancias y lugares escabrosos. Nunca me lo creí por una razón bien simple: los casos más o menos semejantes los conozco inequívocamente y mis testigos predilectos, que conocían hasta el último entresijo de vida privada dentro del régimen de Franco, jamás me han dicho una palabra del asunto. Me bastan, pues, media docena de líneas para descartarlo y aún me parecen demasiadas.

La aproximación entre Carrero y López Rodó resultó mucho más sencilla. En el verano de 1956 el profesor intervino en un Congreso de Ciencias Administrativas, en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas de Madrid, del que había sido nombrado secretario, y además expuso con brillantez su propia ponencia; su nombre empezaba a sonar en Madrid, donde por su estancia durante el doctorado y la oposición ya tenía un prestigio incipiente en los medios especializados. El Congreso había versado sobre la reforma administrativa, y López Rodó redactó una conferencia con ese título para el VIII Curso Internacional de Verano en Santiago. Asistieron a la conferencia el ministro de Educación, Jesús Rubio García Mina, y el director general de Enseñanza Universitaria, profesor Torcuato Fernández Miranda, repescado por Rubio del equipo Ruiz Giménez; Torcuato fue el único que se mantuvo en el nuevo equipo de Educación. El asunto de la conferencia estaba en el ambiente, y en el Consejo de ministros celebrado poco después en el Pazo de Meirás, el ministro Jesús Rubio elogió la conferencia de López Rodó como muy orientadora para la ineludible reforma de la Administración. Ya en Madrid, a los pocos días, el ministro de Justicia Antonio Iturmendi llamó a López Rodó para pedirle el texto, que deseaba ofrecer a Franco, el cual ordenó a Carrero que pidiese al profesor una nota en que concretase la reforma que proponía en la conferencia. Éste es el secreto de la aproximación de López Rodó a Carrero; una conferencia sobre reforma administrativa pronunciada en el lugar y ante el auditorio adecuado.

La entrevista con Carrero tuvo lugar inmediatamente en el despacho del ministro subsecretario. Carrero, de parte de Franco, le encargó formalmente esa nota sobre cómo realizar en la práctica la reforma de la Administración, que estaba anticuada. El 14 de noviembre el ministro recibía el informe, que consistía básicamente en la creación, dentro de la Presidencia del Gobierno, de una secretaría general técnica con un pequeño equipo que se encargase de la reforma. López Rodó envió copia al ministro Iturmendi, con quien desde entonces colaboró estrechamente. Un mes más tarde el Consejo de ministros aprobó la creación del nuevo organismo, destinado a adquirir un poder amplísimo en la estructura del Estado; y nombró a López Rodó para dirigirlo. El profesor catalán se instaló en el palacete de Castellana 3, junto a Carrero, con diecisiete funcionarios técnicos y trece auxiliares. Antes de cumplir un mes en el cargo, López Rodó entregó a Carrero su proyecto para reorganizar la Administración. A fines de febrero de 1957 Carrero, según las pautas de López Rodó, propuso a Franco una crisis de Gobierno, que suscitó dentro y fuera de España muchos comentarios: un equipo nuevo, generalmente conocido como «los tecnócratas del Opus Dei», irrumpía en los ministerios económicos. Era, por fin, el equipo que Carrero había buscado para llenar el vacío político producido por la crisis de febrero de 1956 y para crear un horizonte nuevo por el que pudiera orientarse el futuro del régimen.

Padre Escrivá:
«nos han hecho ministros»

En el libro siguiente de esta serie voy a exponer, según mi leal saber y entender, el misterio del Opus Dei. Pero en este momento de la evocación de Carrero Blanco es imprescindible dejar las cosas claras, en lo posible, sobre las relaciones del marino con el Opus, a propósito de la llegada de López Rodó, numerario de la Obra, a un puesto clave de la Presidencia del Gobierno, a la sombra de Carrero; y poco después el nombramiento de varios ministros del Opus Dei, en el gobierno que Franco y Carrero designaron a fines de febrero de 1957. Hablaré con el corazón en la mano, sin dejarme llevar por lo que dicen los enemigos jurados del Opus Dei ni por las apologías, generalmente desmañadas, que a veces intentan las personas entregadas a la llamada Obra de Dios.

La crisis de 1957 fue importantísima, pero también fue típicamente franquista, aunque lleva la impronta de Carrero Blanco más que cualquier otra anterior. Por la eliminación de otras grandes figuras del régimen, la influencia del «segundo de a bordo» se afianzó como decisiva, hasta el fin de su vida. Salieron del Gobierno el teniente general Muñoz Grandes —único adversario potencial de Carrero, que fue ascendido a capitán general, único además de Franco, con lo que sus altas posibilidades de futuro se mantuvieron en cierto grado—; Alberto Martín Artajo, líder de los Propagandistas y hombre de la Iglesia; José Antonio Girón, el más influyente de los falangistas, siempre hostiles a Carrero; Blas Pérez González; Manuel Arburúa; José Luis de Arrese (que dejó la Secretaría del Movimiento aunque continuó, contra su voluntad, en Vivienda); los monárquicos Vallellano y Cavestany; Francisco Gómez de Llano; el general Gallarza y el almirante Moreno. Se redujo al mínimo el peso de la Falange.

A pesar del escaso tiempo que llevaba junto a Carrero, López Rodó intervino activamente en esta crisis; se deduce de sus Memorias que Carrero le consultaba sobre algunos nuevos ministros (Ullastres); por su consejo Carrero disuadió a Franco del nombramiento del falangista Elola (por antimonárquico) y, en cambio, recomendó al catalán Pedro Gual Villalbí y a José Solís; sin embargo, recuerdo el encono con que Solís me habló siempre de López Rodó; sin citar casos concretos, me repetía con gran aversión que el libro de don Laureano La larga marcha hacia la Monarquía no era más que un amasijo de mentiras, con lo que nunca estuve de acuerdo; se trata, por el contrario, de un testimonio documentado y fundamental. La opinión de Solís se debe a que el ministro falangista fue uno de los promotores principales de la sucesión en favor de don Alfonso, mientras que López Rodó se inclinó desde el principio por la designación de don Juan Carlos, objetivo político fundamental de Carrero.

Algunos nuevos nombramientos de 1957 continuaban la línea de sus predecesores (por ejemplo, el embajador Fernando María Castiella, sustituto de Martín Artajo, pertenecía a su misma línea católica y había sido uno de sus más distinguidos colaboradores). Arrese, Solís y el sustituto de Girón, Fermín Sanz Orrio, eran inequívocamente falangistas; pero Arrese estaba arrinconado en Vivienda y entre los tres no formaban un frente poderoso capaz de contrarrestar al equipo de Carrero. La sustitución de los ministros militares constituyó un relevo profesional sin alcance político. El comentario unánime fue que el aspecto más nuevo e importante de la crisis consistía en la designación de dos ministros vinculados personalmente al Opus Dei; el de Hacienda, Mariano Navarro Rubio, y el de Comercio, Alberto Ullastres. El nuevo ministro de la Gobernación, general Camilo Alonso Vega, compañero de promoción e íntimo amigo de Franco —uno de los pocos españoles que se permitían tutearle y además hablarle con absoluta claridad— era también monárquico, partidario de don Juan Carlos y afecto al Opus Dei.

Laureano López Rodó hace esfuerzos inauditos para convencer al lector de que él nada tuvo que ver en el nombramiento de los ministros de Hacienda y de Comercio. En las biografías que se facilitaron a la prensa se mencionaba la procedencia de uno y otro, absolutamente fieles al régimen desde la Guerra Civil, y su condición de profesionales relevantes; Navarro Rubio era letrado del Consejo de Estado y subsecretario de Obras Públicas; Ullastres, brillante economista y especialista en asuntos monetarios, estabilizaciones y devaluaciones. (También se presentó a López Rodó como falangista en su juventud.) Todos esos datos biográficos eran ciertos, pero cabía disimular el hecho de que la pertenencia al Opus Dei en aquellos momentos, cuando el padre Escrivá de Balaguer llevaba ya diez años firmemente establecido en Roma y la institución por él fundada había penetrado profundamente en la sociedad española, era un factor determinante para definir al nuevo equipo de Carrero, que, al difuminarse dentro del Gobierno el peso de las familias del régimen —falangistas, tradicionalistas y Propagandistas— quedaba como el conjunto político más importante, el auténtico equipo de Carrero, al que se encomendaba la reorientación y dirección de la política económica y la política administrativa. López Rodó ejercía mucha mayor influencia que la de un secretario general técnico; reorganizaba la Administración, en buena parte la controlaba y avanzaba, poco a poco, mediante organismos como el Servicio Central de Planes Provinciales, hacía la planificación del desarrollo económico, que llegó a dirigir no mucho después, ya como ministro; sin embargo, el poder del profesor de Derecho Administrativo consistía, sobre todo, en que el ministro de la Presidencia, de quien actuaba como consejero principal, no daba un paso sin contar con él.

La coordinación entre el ministro de Hacienda, Navarro Rubio, y el de Comercio, Alberto Ullastres, entre sí y con López Rodó y con Carrero, era perfecta y sin fisuras. El respaldo que en todo momento les prestó el general Alonso Vega cubría, ante Franco, aún más las espaldas del equipo.

Aunque trataremos este asunto más detalladamente en el libro próximo de esta serie, dedicado al Opus Dei, adelantemos que, por supuesto, no se trataba de «un equipo del Opus Dei», eso sería una simplificación. Desde sus tiempos de alumno en la Academia de Infantería de Toledo en 1907, Franco estimaba por encima de todo a los políticos —como los del equipo Maura, entonces en su gobierno Largo— que se distinguían por su profesionalidad y por el enfoque técnico de su actuación, que no subordinaban a las exigencias y los trucos de la pequeña política; lo que entonces se llamaba «gobierno de capacidades». Y una vez que el 1 de octubre de 1936 asumió todos los poderes del Estado, creó una estructura gubernamental a la que denominó «Junta técnica del Estado». En plena Guerra Civil se planteó una polémica, que nunca se cita, sobre la pugna entre «técnicos» y «políticos» y Franco se inclinó decididamente a favor de los técnicos. Desde la crisis de febrero de 1956 Franco, que en sus tiempos de organizador de la Legión en África se interesó mucho por los problemas de la administración y la economía, y que luego dirigió la Guerra Civil en el difícil aspecto económico tanto como en el militar (lo que generalmente se ignora), buscaba, junto con Carrero, un equipo capaz de replantear la orientación de la política económica, desbordada y carente de rumbo.

Carrero, como vimos, se familiarizó, junto a Franco, con los problemas de la economía de supervivencia durante la difícil navegación de España entre las tormentas de la Guerra Mundial.

A lo largo del año 1956 fueron seleccionando candidatos; es verdad lo que dice López Rodó sobre la recomendación del ministro de Agricultura, Cavestany, en favor de Navarro Rubio, y acerca del conocimiento personal de Franco sobre el padre y un hermano de Alberto Ullastres, uno y otro profesionales muy competentes. Pero Franco, dice don Laureano, «buscaba un ministro de Comercio». López Rodó se había ganado a pulso la confianza de Franco y de Carrero con motivo de su conferencia de Santiago y de sus primeros informes en Presidencia. De su contexto, interesantísimo, sobre los entresijos de la crisis de 1957, queda claro que influyó en aconsejar y desaconsejar ministros. Consta que habló de Ullastres con Carrero. No puedo aceptar que se desentendiera del nombramiento de los ministros económicos. La formación del equipo Carrero, y la preponderancia política del mismo, con sus diversas variantes, hasta el asesinato del almirante en 1973, no fue ajena a la condición de miembros del Opus Dei que poseían sus componentes.

El Opus Dei se fundó para llevar el apostolado, es decir, el mensaje del catolicismo, a todos los ambientes del mundo y con el expreso designio de conquistar posiciones de influjo social en el sector intelectual, universitario y político. ¿Por qué ocultarlo o disimularlo cuando se consiguen esas posiciones? Por supuesto que los miembros del Opus Dei pueden asumir libremente las ideas políticas que prefieran y que en 1957 varios de ellos se habían decidido por la militancia en la oposición al régimen de Franco. Sería ridículo pensar que la política económica del gobierno de 1957 se dirigía desde la sede central del Opus Dei en Roma o sus delegaciones en España. Pero tampoco sería exacto insistir, como se hace frecuentemente desde medios del Opus Dei o afines, en que la acción pública de los miembros de la Obra es puramente individual, cuando está a la vista la fuerte cohesión que existe entre ellos, su tendencia, por otra parte natural, a ayudarse unos a otros. En 1956 Franco y Carrero buscaban casi con angustia un equipo de personas técnicamente preparadas para acometer la orientación y dirección de la economía española. Encontraron ese equipo en el conjunto que se denominó entonces «los tecnócratas del Opus Dei». Creo que esa denominación es correcta. Tecnócratas significa lo que antaño se conocía como «capacidades»; personas para quienes la preparación y el rigor técnico están por encima de la pequeña política. Eso era el equipo Carrero.

¿Cómo se llegó a seleccionarlas? Siento disentir en este punto de López Rodó, pero estoy convencido de su directa intervención en algunos casos. Y hay otro factor que me parece decisivo. Por el libro de Tusell, aunque no concreta fechas, sabemos —y es una información valiosa— que el ministro subsecretario de la Presidencia, muy interesado siempre por contar con una buena dirección espiritual (que recomendaba también a sus hijos), había elegido durante mucho tiempo para este cometido, a los jesuitas, y cita a los padres Santiago y Jiménez (no concreta más estos nombres, supongo que se trata de los padres Javier de Santiago y Jiménez Martínez de Velasco, uno y otro de gran categoría personal y espiritual), pero que, en el momento histórico de que tratamos, su confesor habitual era el sacerdote del Opus Dei y catedrático de Historia contemporánea don Federico Suárez Verdeguer, de la Universidad de Navarra. He conocido al padre Federico Suárez en circunstancias difíciles y no tengo buena opinión de él ni como historiador ni como persona; no veo claro su sentido de la justicia y en cambio creo tener una prueba palpable de su integrismo y de su sectarismo. Pero hay algo que me preocupa más. El padre Federico Suárez fue propuesto por Franco y por Carrero a don Juan de Borbón para que actuase como una especie de preceptor del príncipe don Juan Carlos, un extraño episodio del que hablaré en el libro de esta serie dedicado al Opus Dei. Y luego actuó como capellán en el palacio de la Zarzuela. Me temo que Torcuato Fernández Miranda, en las notas que han publicado sus familiares recientemente, se refiere al padre Suárez, sin nombrarle, cuando alude a las barreras integristas y reaccionarias que rodeaban al Rey en su círculo íntimo durante la primera época de su reinado. El oficio de confesor áulico ha resultado muy conflictivo y peligroso para la institución de la que proviene, y siempre se ha utilizado para influir en los altos nombramientos del Estado. No creo incurrir en temeridad si apunto, como hecho probable, que influencias semejantes hayan tenido lugar en el acceso de los «tecnócratas» a las esferas de poder a partir de 1956. Franco y Carrero estaban muy interesados en el desarrollo y los progresos del Opus Dei; el padre Escrivá había entusiasmado a Franco cuando, en los tiempos de su marcha a Roma para fijar allí su cuartel general, dio al Caudillo unos ejercicios espirituales en el palacio del Pardo que le convencieron por completo y le predispusieron en favor del Opus Dei, hasta que, por los motivos que explicaremos en el citado libro, sufrió una profunda decepción con la Obra por motivos políticos. Carrero, por el contrario, se mantuvo a favor del Opus Dei hasta su muerte.

Recuerdo que, cuando fui nombrado ministro en 1980, una de las primeras visitas que recibí fue la de un amigo editor, miembro del Opus Dei, que me felicitó con una frase célebre: «Nos han hecho ministros». La frase se atribuyó unánimemente a monseñor Escrivá de Balaguer en 1957, cuando conoció la noticia del nombramiento de los señores Ullastres y Navarro Rubio. Fuentes del Opus Dei han negado siempre casi con furia la paternidad de la misma, que si non è vera, è bene trovata. Y me parece un comentario natural, por el que no hay que buscarle tres pies al gato. Y no significa más que el cumplimento de uno de los objetivos que el Opus Dei se había propuesto: conseguir que sus miembros ocupasen puestos de influencia en la sociedad, como había empezado a suceder desde que Laureano López Rodó impresionó tan favorablemente al ministro de Educación con su atinada conferencia en Santiago de Compostela.

Desde que tomaron posesión de las carteras de Hacienda y de Comercio, Navarro Rubio y Ullastres adoptaron una serie de medidas económicas acertadísimas, de las que ahora se llaman «de libro», pero que entonces sólo ellos poseían la preparación y la decisión de plantearlas y llevarlas a cabo. Las directrices para el saneamiento y la racionalización económica de España dieron paso a un plan formal de estabilización que se convirtió en plataforma para el desarrollo, el llamado «milagro español» de los años sesenta, en cuya planificación específica tomó parte, como protagonista, Laureano López Rodó, designado ministro para el Plan en 1962. El mérito principal de los tecnócratas del Opus Dei fue canalizar y coordinar mediante adecuadas estructuras y acciones administrativas el impulso de los empresarios españoles, que habían contribuido de forma ejemplar a la reconstrucción del país, devastado por la Guerra Civil.

Los llamados tecnócratas rayaron también a gran altura en el delicado terreno de las relaciones económicas internacionales y adquirieron un merecido prestigio fuera de España, sobre todo en los Estados Unidos. No sólo se entregaron a la reorientación económica, sino que promovieron conscientemente la transformación social y cultural de España. Y además, por medio de López Rodó, flanquearon eficazmente a Carrero en la difícil empresa de preparar y llevar a feliz término el camino del príncipe Juan Carlos hasta el trono. La desmesurada hostilidad que despertaron en sus émulos y en sus enemigos se debía en gran parte a la envidia política y al odio, provocados por su condición de católicos que manejaban con maestría las cosas de este mundo. Lo que más enfurecía a sus enemigos era precisamente su grandioso éxito. En resolución, contribuyeron a la historia del régimen de Franco y a la historia de España de forma impagable. Su mérito ha de ser compartido por los estadistas que supieron encontrarles y elegirles; el general Franco y el ministro de la Presidencia, Carrero Blanco.

La crisis de 1962
y el futuro

Para Franco y para Carrero la adhesión personal y la fidelidad institucional a la Iglesia católica eran parte de su personalidad y clave de su política. Se encontraban perfectamente a gusto bajo el pontificado de Pío XII, que falleció en octubre de 1958; nadie, y menos ellos, imaginaba la convulsión que iba a provocar en la Iglesia católica el Papa que le sucedió, Juan XXIII, que muy pronto sorprendió a todo el mundo con el anuncio del próximo Concilio Vaticano II. Otro acontecimiento, de alcance universal y trascendentales repercusiones en España, fue la puesta en marcha del Mercado Común europeo el 1 de enero de 1959. Mientras seguía con creciente confianza las etapas de la reestructuración económica que diseñaban y ejecutaban los tecnócratas, Luis Carrero Blanco encomendaba a López Rodó los contactos personales con don Juan de Borbón, para inclinarle a la colaboración con el régimen de Franco, con vistas a una restauración dinástica; y para ello pretendía Carrero incorporar al grupo de consejeros de don Juan a monárquicos de mentalidad tradicional y más o menos afectos al régimen de Franco, para contrarrestar el influjo de los consejeros liberales antifranquistas, dirigidos por el exministro de Franco profesor Pedro Sainz Rodríguez. El 21 de diciembre de 1959 Franco recibía un nuevo espaldarazo internacional con la visita del presidente Eisenhower. Era la primera vez que un presidente de los Estados Unidos venía a España y el recibimiento popular resultó apoteósico.

En 1960, tras una segunda entrevista de Franco y don Juan en la finca extremeña de Las Cabezas, el príncipe Juan Carlos, terminados sus cursos de estudio en cada una de las Academias de los tres ejércitos —siempre se considerará un militar de profesión— empezó en España su etapa de formación universitaria, encomendada a profesores eminentes, coordinados por un personaje singular: el profesor Torcuato Fernández Miranda, director general de Enseñanza Universitaria, quien desde que entró en contacto con el Príncipe se ganó por completo su confianza y empezó a orientarle hacia un horizonte democrático, al que ya se inclinaba don Juan Carlos por los mismos motivos que casi toda su generación.

Ya hemos presentado a Fernández Miranda en uno de los anteriores libros de esta serie; de familia derechista y católica, era hombre del Movimiento en sentido amplio, independiente a carta cabal, con clara visión del futuro político, y dotado de tal rigor y precisión conceptual y jurídica, y tan exquisita prudencia, que los tecnócratas del Opus Dei le respetaron, como el propio Carrero, muy sinceramente. Por el momento el proyecto de Carrero y López Rodó para la aproximación de don Juan y Franco, con Pemán en la presidencia del Consejo Privado del conde de Barcelona, marchaba satisfactoriamente. La Nochebuena de 1961 (el Príncipe ya residía en el palacio de la Zarzuela), Franco sufrió un grave accidente de caza; le reventó un cartucho de su escopeta y le causó una herida muy seria en la mano izquierda, pero la intervención del doctor Garaizábal fue muy satisfactoria, por más que la convalecencia resultó lenta y con dolores muy intensos, que se combinaron con las dolencias dentales, continuas desde su estancia en África, y que ha revelado recientemente el doctor Julio González Iglesias[13].

El 14 de mayo de 1962 se celebra en Atenas la boda, ortodoxa y católica, del príncipe don Juan Carlos con la princesa Sofía de Grecia, otra de las personas a las que sin duda debe el Rey el trono, por la maestría con que, una vez casada, llevó las relaciones con Franco y doña Carmen Polo. A Carrero y su equipo el hecho de que la princesa no fuera católica les conmocionó hasta el punto que el ministro de la Presidencia envió a Estoril, cuando se conoció el noviazgo, a un miembro de su equipo, el profesor Florentino Pérez Embid, del Opus Dei, con una queja desgarradora a don Juan de Borbón: «Desde Recaredo no ha sucedido en España nada semejante». Los Príncipes y la prudencia del papa Juan XXIII salvaron el escollo admirablemente, y la Princesa se casó «como catecúmena de la Iglesia católica», según he podido comprobar en el expediente que se conserva en el archivo de Palacio; luego formalizó su incorporación, que no supuso para ella dificultad dogmática alguna. Cada vez más encauzada la política económica, que mostraba ya resultados importantes, la oposición democrática contra el régimen participa unida en el Congreso del Movimiento Europeo que se celebra en Munich a partir del 5 de junio de 1962, y se hace palpable la necesidad de una apertura política del régimen para concordar con Europa.

Una clara consecuencia del «contubernio» de Munich, como le llama enconadamente la prensa del régimen, es la crisis que Franco decide el 10 de julio de 1962 y que equivale a primera vista a un retroceso de la influencia de Luis Carrero Blanco. Porque su rival, el capitán general Agustín Muñoz Grandes, se convierte en número dos del régimen al asumir la vicepresidencia del gobierno, acumulada a sus funciones como jefe del Alto Estado Mayor; con lo cual —y con la incorporación del almirante Nieto Antúnez como ministro de Marina— los partidarios de una Regencia para suceder a Franco, encabezados abiertamente por Solís, cobran nuevos bríos y la Operación Príncipe entra en zona peligrosa. Pero no se trata de un retroceso irreversible; Carrero ha movido bien su influencia y consigue situar en el Gobierno a un ministro militar monárquico —el general Pablo Martín Alonso, antiguo ayudante de Alfonso XIII— y además, por sugerencia de López Rodó, logra de Franco el nombramiento de tres ministros adictos a sus planes de sucesión y a su equipo: el de Industria, Gregorio López Bravo, miembro del Opus Dei, prestigioso ingeniero naval que se convierte muy pronto en predilecto de Franco; el de Educación, profesor Manuel Lora Tamayo, investigador químico de fama mundial; y el de Trabajo, Jesús Romeo Gorría, letrado del Consejo de Estado. Cesó

Gabriel Arias Salgado, el ministro de Información y Turismo y fervoroso integrista, a quien sustituyó un hombre abierto del Movimiento, Manuel Fraga Iribarne, catedrático y diplomático, con inmensa capacidad para el trabajo político y más que relevantes cualidades, a quien habían patrocinado Castiella, Solís y el almirante Nieto. Era adversario de los tecnócratas, muy receloso del Opus Dei y poco afecto a Carrero; pensaba en una apertura democrática urgente.

Don Juan Carlos me dijo en 1976 que Fraga se inclinaba al principio al grupo regencialista, pero que su jefe de gabinete, Gabriel Elorriaga, le atrajo a la causa del futuro Rey. Representaba en el Gobierno un serio intento de apertura política, que procuró, en unión de su subsecretario liberal, el eximio jurista Pío Cabanillas, mediante la liberalización de la Prensa. Creo que tal vez López Rodó, o alguien próximo a él, al ver que no podían suprimir (como había propuesto años antes don Laureano) el ministerio de Información y Turismo, procuraron controlarle en sus mandos intermedios mediante el ingreso en bloque de una nutrida promoción afecta al Opus Dei en el reciente Cuerpo de Técnicos de Información y Turismo, entre ellos Rafael Ansón Oliart, hermano del célebre periodista juanista y experto en relaciones públicas como miembro del equipo de López Rodó, donde trabajaba en colaboración con otra joven promesa procedente, en su juventud, del Opus Dei, Adolfo Suárez González.

El ingreso en Información de esta «promoción del Opus Dei» lo conozco bien porque yo ingresé en la promoción siguiente, en 1963, cuando ya era ministro Fraga; al principio me llevé muy mal con él y con su subsecretario Cabanillas, aunque por fortuna los roces iniciales se fueron transformando en una sincera amistad. Poco después de esta crisis, Franco, antes de acabar el año 1962, cumplía setenta años —todavía en excelente forma física y mental—, y daba comienzo él Concilio Vaticano II, en el que los obispos españoles entraron formando un bloque de fidelidades al régimen, con poco más de media docena de excepciones que ya pensaban en un despegue de la Iglesia respecto del régimen y apostaban por un futuro más o menos democrático inclinado a la izquierda. Pero este cambio de orientación episcopal no se notaría en España hasta el final del Concilio en 1966. Sin embargo, a partir de 1962, mientras se producía abiertamente el «milagro económico» y la transformación histórica de España, la nación y la clase política se iban orientando lentamente hacia un futuro que aún parecía imprevisible, aunque no comenzaría hasta la muerte de Franco, o como se empezaba a decir con sordina, «hasta el cumplimiento de las previsiones sucesorias».

El acoso del papa Pablo VI
a España

En junio de 1963, terminada la primera sesión del Concilio Vaticano II, en un ambiente de controversia e incertidumbre, por no decir de dudas y confusiones, ocurrió en Roma un acontecimiento que influiría de forma profunda en la historia de España. Murió santamente el papa Juan XXIII, que había convocado el Concilio e inclinado a la Iglesia hacia un compromiso social y aun político netamente favorable a la izquierda y al diálogo con soviéticos, socialistas y comunistas, situando en importantes puestos asesores del Concilio a teólogos progresistas anteriormente descartados, a veces con suma dureza, por Pío XII; algunos de ellos contribuyeron a elevar y modernizar el nivel y el talante de la teología católica, otros cayeron en la espectacularidad e incluso en la heterodoxia. El pontificado de Juan XXIII respecto del de Pío XII representó un bandazo, y todos los bandazos, en una institución casi bimilenaria como la Iglesia católica, producen una inevitable confusión. Media Iglesia consideró a Juan XXIII como un santo reformador; la otra media como un innovador imprudente y peligroso, que en definitiva favoreció a la estrategia de la izquierda mundial. Para sucederle, el Cónclave de 1963 eligió sin vacilaciones, de forma inmediata y por abrumadora mayoría, al cardenal arzobispo de Milán, Giovanni Battista Montini, colaborador durante muchos años de Pío XII en la Secretaría de Estado, muy influido por la cultura francesa, experimentado en la Curia romana y en el trabajo pastoral de su vasta diócesis, y considerado como un avanzado progresista y como un enemigo político obsesivo del régimen de Franco. Las dos consideraciones eran ciertas.

He dedicado a Pablo VI y su época partes extensas de mis dos últimos libros sobre la historia de la Iglesia, publicados por Editorial Fénix, en 1995, Las puertas del infierno, y en 1996, La hoz y la cruz. En el primero describo sus años de juventud y su trayectoria hasta el Concilio Vaticano II, inclusive; en el segundo, trato de presentar la actuación de Pablo VI en el posconcilio, hasta su muerte en 1978. En ese segundo libro analizo, con documentación hasta ahora desconocida y muchas veces sorprendente, la evolución de la Iglesia española, desde 1945 hasta la caída del Muro de Berlín en 1989. Puede imaginar el lector el interés con que he estudiado, unos días antes de escribirse estas líneas, las Memorias del cardenal don Vicente Enrique y Tarancón, que, con numerosos rasgos interesantes, me han producido una decepción relativamente profunda; y desde luego no me hacen variar un ápice la información sobre la historia de la Iglesia española y la trayectoria de Pablo VI que describo en esos dos libros que acabo de citar.

La Iglesia católica es una institución jerárquica y la Iglesia de España se ha distinguido siempre, desde los tiempos de Recaredo, como diría el profesor Pérez Embid, por una especial devoción y obediencia a la Santa Sede. El papa Pablo VI, aparentemente favorable al régimen de Franco mientras estuvo al servicio directo de Pío XII, después dio muestras frecuentes de desvío y hostilidad.

En su época de Milán, para congraciarse demagógicamente con la poderosa izquierda de su diócesis, se permitió alguna intervención extemporánea y pública en los asuntos políticos de España, con información deplorable (protesta por alguna sentencia de muerte que nunca fue dictada), que mereció una respuesta contundente por parte de un ministro tan devoto de la Iglesia como Fernando María Castiella. Elegido Papa después de una resonante y bien orquestada actuación en la primera fase del Concilio, intervino varias veces con su potestad suprema en momentos críticos de la asamblea con gran sentido de la responsabilidad y en defensa del depósito de la fe; en esa misión esencial siempre se mostró a la altura de su posición como pontífice. Pero en sus relaciones con España parecía siempre vinculado a su carrera política dentro de la Democracia Cristiana de Italia y parecía empeñado en conseguir un movimiento político semejante para los católicos españoles. Trató por todos los medios —que para un Papa eran muchos y poderosos— de orientar al Episcopado español al margen del régimen e incluso en contra del régimen de Franco, por medio del nuncio Antonio Riberi; y, cuando éste no secundó debidamente sus directrices, le sustituyó en 1967 por un nuevo nuncio, Luigi Dadaglio, que acosó a la jerarquía episcopal española con partidismo descarado, que he podido demostrar de manera inequívoca en el segundo de mis libros citados. El ministro subsecretario de la Presidencia, Carrero Blanco, se sentía hijo de la Iglesia, pero no compartía las directrices políticas de Pablo VI, que además estaba muy en desacuerdo con el Opus Dei y procuró tremendos quebraderos de cabeza a monseñor Escrivá de Balaguer en Roma. Su primer enviado político a España, monseñor Giovanni Benelli, designado ya por Juan XXIII como sustituto de la nunciatura en Madrid, demostraba un auténtico aborrecimiento hacia el Opus Dei y su creciente influjo político en España; y chocó con el ministro Carrero, con resultados catastróficos para él, porque Carrero aprovechó un desliz administrativo menor, en torno a la importación de un automóvil, para ponerle, sin escándalo, en la frontera.

Tras unos años en virtual ostracismo, monseñor Benelli fue repescado para un puesto clave en la Secretaría de Estado, desde el que trabajó con ahínco contra el régimen español, por convicción y por explicable resentimiento. La enemiga conjunta del Papa, Benelli y el nuncio Dadaglio a partir de 1967 constituyó un problema gravísimo para Franco y muy especialmente para Carrero, que asistieron impotentes al inevitable despegue del episcopado español, impulsado desde Roma y desde la nunciatura. El instrumento de esta política antifranquista, cada vez más clara, sería un prelado español, monseñor Tarancón, que había logrado todo un récord: obtener cuatro firmas sucesivas de Franco para sus importantes nombramientos episcopales. Las designaciones de obispos auxiliares, que no necesitaban el visto bueno del régimen, así como la presión de Roma y la nunciatura lograron por fin el vuelco de la Conferencia Episcopal española en 1969, cuando la nueva mayoría eligió como presidente al cardenal don Vicente Enrique y Tarancón, a quien el Papa sacó de Oviedo para entregarle la sede primada de Toledo, nombrarle casi inmediatamente cardenal y situarle en la diócesis de Madrid, mediante una maniobra semejante a un golpe de Estado, al fallecer el gran arzobispo don Casimiro Morcillo en el momento más oportuno para los planes de Roma. Franco, que había tragado carros y carretas cuando se enfrentó con él, años antes, el arriscado cardenal arzobispo de Sevilla, don Pedro Segura, ahora hizo acopio de paciencia en espera de tiempos mejores, que por parte de la Iglesia no le llegaron en vida. Carrero era hombre con tanto dominio interior como sinceridad católica, pero se le llevaban los diablos, dicho sea con todo respeto, al interpretar el desvío político de la Iglesia como un acto de enorme e injustificada ingratitud, y este conflicto amargó tanto los últimos años de su vida como los de Franco.

Sin embargo, el más patente fallo político de Pablo VI, de monseñor Benelli y del nuncio Dadaglio, en relación con su política española, consistió en elegir como artífice de esa política a un hombre como Joaquín Ruiz Giménez. Éste había sido más franquista que Franco durante más de dos décadas, y después de su abrupto cese en 1956 como ministro de Educación trató de articular una democracia cristiana, que el pueblo español rechazaba porque no quería más intervenciones de la Iglesia en política; luego se deslizó a la izquierda y acabó su carrera política como triste satélite de un Partido Socialista laico y agnóstico. Basten estas sugerencias para resaltar la decisiva importancia de la Iglesia como adelantada de la transición española, cuestión histórica fundamental, a la que dedicaremos un libro de esta serie. No era sólo la Iglesia (de Roma y de España) la interesada en la evolución política del régimen; fuerzas muy importantes de la sociedad y de la política española proponían también, de forma insistente, incluso a Franco, esa evolución.

Como es natural, también el almirante Carrero Blanco y su equipo de tecnócratas pretendían conseguir una estabilización y un encauzamiento político, cada vez más necesario por el éxito indiscutible del desarrollo económico; pero pensaban que, con la designación del príncipe Juan Carlos como sucesor, el problema político del régimen quedaba virtualmente resuelto, lo cual no era suficiente; y además coincidían con las fuerzas aperturistas en que la panacea inmediata para todos los problemas era una reformulación de las Leyes Fundamentales, mediante la elaboración de la llamada Ley Orgánica del Estado, considerada por todas las tendencias del régimen como una especie de talismán.

La Ley Orgánica del Estado y la designación del Príncipe: ésos eran, a partir de 1965, los objetivos supremos de Luis Carrero Blanco, que miraba mucho más a la consolidación de la esencia del régimen que a su reestructuración democrática. Para interpretarlo con los términos que hizo mundialmente famosos veinte años después Mikhail Gorbachov, lo que pretendían Carrero y su equipo tecnocrático era consolidar el desarrollo económico y, a su amparo, generar una especie de perestroika; mientras, Manuel Fraga Iribarne trabajaba para imponer al régimen un desarrollo político, como él decía, exigido cada vez más por el desarrollo económico; y, como palanca para ello, preparaba a corto plazo una especie de glasnost.

La Ley Orgánica y su frustración:
Carrero vicepresidente

A fines del año 1964 los arzobispos españoles manifestaban ya públicamente su preocupación «por la institucionalización de la vida pública». No eran ellos solos. Al comenzar el año siguiente los colaboradores más lúcidos y más influyentes del general Franco —desde el almirante Carrero y los ministros que formaban su equipo, hasta el ministro reformista de Información Manuel Fraga— insistían ante Franco, en nombre de un sector creciente de la opinión pública, en que, sin merma de su autoridad, que sólo discutían en España minorías de oposición más o menos marginal, empeñadas en la ruptura, procediera a una institucionalización del Estado (con los matices divergentes que acabo de indicar) y asegurarse al régimen una sucesión sin traumas ni problemas insolubles. Era una esperanza general de apertura, que apuntaba en el fondo a una aproximación de las formas políticas del régimen, mediante las necesarias reformas, al modelo político normal en Europa. Esa reclamación se fue concretando —exageradamente, como veremos— en que Franco dictase, como una especie de carta otorgada que luego refrendaría el pueblo, una Ley Orgánica del Estado, sin que casi nadie adelantase ideas de fondo, ni menos borradores, para tan importante documento político. Cuando empezaban a menudear esas peticiones a Franco, el ministro Fraga anuncia en Londres, abiertamente, la candidatura del príncipe Juan Carlos a la sucesión de Franco, y manifiesta la seguridad de que las Fuerzas Armadas estaban dispuestas a garantizar la transición. Seguramente fue la primera vez que se expresaba un designio concreto para esa transición, palabra que de momento todo el mundo evitaba.

Hemos de dedicar un libro de esta serie a la complicada evolución política de don Juan de Borbón, que captó perfectamente la onda renovadora que surcaba la superficie del régimen, y el 1 de octubre de 1966, en vísperas de que Franco propusiera, por fin, la Ley Orgánica del Estado, extremó sus consideraciones hacia Franco, y le dirigió este significativo telegrama:

«Al cumplirse treinta años del día en que V.E. fue elevado al mando de nuestro pueblo, como un español más me uno a cuantos en esta fecha le manifiestan su congratulación. Lo que hay en mi persona que más singularmente me vincula a los dolores y alegrías de nuestra Patria me impulsa a elevar a V.E. el testimonio de mi gratitud por cuanto hizo y sufrió por ella. Y de mi segura esperanza de que su obra quedará en la Historia como un ejemplo de un esfuerzo excepcional culminado con clarividencia, en pacífica y evolutiva continuidad. Juan, conde de Barcelona».[14] Era el último esfuerzo de don Juan de Borbón para congraciarse con Franco y recuperar sus posibilidades sucesorias; confiaba en Carrero y López Rodó, cuya adhesión conocía y era cierta en el plano personal; pero los dos sabían muy bien que don Juan estaba descartado por Franco desde 1947 y solamente pretendían que no se opusiera al camino del Príncipe, ante quien se abría en aquellos momentos una disyuntiva tremenda: su padre o Franco.

En marzo de 1966 las Cortes aprueban la Ley de Prensa e Imprenta —la que hemos llamado glasnost de Fraga—, quien hubo de reñir con los núcleos inmovilistas del régimen una descomunal batalla que no le permitió completar en la ley su deseo de una apertura mucho más amplia. Pero aun así todos los historiadores y comentaristas serios de hoy reconocen que la nueva Ley de Prensa, que sustituía al texto totalitario y feroz de Serrano Súñer de 1938, significaba ya un primer paso decisivo e irreversible en el camino de la apertura y la democratización. Lo más importante es que desaparecía la censura previa obligatoria para periódicos, libros y toda clase de publicaciones. Cierto es que el tristemente célebre artículo segundo de la nueva Ley, impuesto a Fraga por los inmovilistas, coartaba de forma importante la nueva libertad; pero en nombre de todo el mundo de la información el diario monárquico ABC agradeció a Fraga en portada «haber devuelto a la Prensa su dignidad». Para calmar a los críticos retrógrados Fraga, con su ardor característico, tuvo que replicarles que «con esta ley puedo secuestrar al ABC —precisamente— cuando lo creamos conveniente». Desgraciadamente cumplió su previsión. No faltan, desde luego, hipercríticos cicateros que siguen, a estas alturas, considerando a la Ley de Prensa de 1966 como una leve corrección del texto fascista que venía a sustituir. Pero con la Ley Fraga no desaparecía sólo la censura previa sino el control totalitario sobre las empresas periodísticas y la humillante obligación de publicar las célebres «consignas» del Gobierno, que exigía su inserción obligatoria. No era una Ley plenamente democrática pero sí predemocrática y, sobre todo, la experiencia demostró que la brecha abierta en el monolitismo del régimen ya era irreversible. La prensa colaboró por lo general con prudencia y mesura al éxito de la Ley, y también con una presión permanente que lograba poco a poco avances hacia la libertad. Se impuso el pluralismo en los periódicos; ya no bastaba con leer uno solo.

Fraga había organizado, para ganarse la voluntad de Franco, el año 1964, una campaña de gran envergadura para celebrar los «XXV años de paz». Consiguió colaboraciones muy importantes de escritores, intelectuales y artistas, que cuando pasaron los años viraron a posiciones menos colaboracionistas. Sólo citaré un caso, el de un joven cantante que se dio a conocer con una emotiva canción en honor de los XXV años de Franco; tuve la intuición de hacerme con él disco y a veces, cuando necesito un desahogo de humor negro, lo coloco en el viejo microsurco que conservo sólo a este efecto y vuelvo a gozar lo indecible. El cantante era nada menos que Víctor Manuel, que ahora sigue siendo uno de los iconos del Partido Comunista, pero entonces entonaba con ardor emocionante las glorias de Franco, a quien agradecía la paz de España. Cosas veredes.

A fines de 1966 estaba ya muy claro que la inmensa mayoría del pueblo español, incluido, como acabamos de ver, el conde de Barcelona, deseaba la democratización del régimen sin rupturas traumáticas, por vías de reforma profunda. Esta actitud realista e inteligente se mantendría hasta después de la muerte de Franco, como acabaría por demostrar el éxito de la Ley de Reforma Política en 1976, contra las insistentes llamadas de los partidos y grupos de izquierda a la ruptura.

Franco captó en 1966 esa onda reformista y, en su discurso de 21 de noviembre ante las Cortes, presentó el proyecto de Ley Orgánica del Estado como un acto trascendental de apertura democrática. «El diálogo —dijo— es la base de la política». El discurso, en cuya campaña de propaganda y en cuya misma redacción había intervenido Fraga, con la conformidad aparente de Carrero y su equipo, significaba, según Fraga hizo decir a Franco, «una amplia democratización del proceso político». Aludió a los «demonios familiares» de los españoles, una expresión afortunada que había introducido en el discurso el embajador Joaquín Juste, secretario general técnico en el Ministerio de Información, político con gran experiencia internacional y estupendo sentido del humor, que casi era la única persona capaz de frenar y encauzar los arrebatos de Fraga. Esos demonios familiares eran, según Franco, «el extremismo y la insolidaridad». Es cierto que en ese mismo discurso Franco cerró la puerta a cualquier sistema político que la pudiera abrir a esos demonios familiares; pero todo el mundo, sin molestarse en repasar, ni siquiera en leer el proyecto de Ley, creyó en la formal promesa de democratización, ratificada por Franco en las pantallas de televisión la antevíspera del referéndum, cuando el Caudillo, con ademán sereno y humilde, volcó todo su prestigio histórico en pedir a los españoles que aprobasen la Ley Orgánica. Así lo hicieron, por mayoría abrumadora, en el referéndum que se celebró el 14 de diciembre de 1966. No fue un referéndum democrático porque no se permitió la defensa pública ni la propaganda de posiciones contrarias; pero ningún observador negó ni la popularidad ni la autenticidad de la amplia respuesta afirmativa.

¿Qué era la Ley Orgánica del Estado, cuya imagen democrática se debía a los esfuerzos de Fraga, pero cuyo texto era obra de Carrero y su equipo? Llevaba la fecha del 10 de enero de 1967, pero su texto refundido se publicó en el Boletín Oficial del Estado el 21 de abril siguiente. Se presenta en el preámbulo como un texto actualizador y coordinador del conjunto de Leyes Fundamentales anteriores, un conjunto que, con la Ley Orgánica, se presentó como una «Constitución abierta» al modo de la británica, fruto de la experiencia y el funcionamiento de todas ellas durante largos años. Se afirma que fue aprobada en referéndum por el 85,5 por ciento del cuerpo electoral y casi el 96 por ciento de los votantes. ¿Era una ley democratizadora?

Establece que el Estado español está constituido en Reino; el Estado ejerce la soberanía, y su sistema institucional «responde a los principios de unidad de poder y coordinación de funciones». La soberanía nacional se personifica en el jefe del Estado, no en el pueblo. Se instaura la figura del presidente del gobierno. Se establece el Consejo Nacional, formado por consejeros electivos por cada provincia y por las entidades orgánicas (familia, municipio y sindicato), más cuarenta designados por el jefe del Estado y seis nombrados por el presidente del propio Consejo.

La composición y elección de las Cortes no se contempla en la Ley Orgánica del Estado sino en la Ley Fundamental de Cortes, que era la vigente desde 1942, con las ampliaciones para incluir a los procuradores familiares. Las Cortes eran de tipo orgánico, con numerosos procuradores natos en virtud del cargo, otros de designación, y todos los consejeros nacionales. En resumen, la Ley Orgánica del Estado fue, en cuanto a carácter democrático, el parto de los montes. El equipo Carrero y el propio Franco impusieron sus recelos antidemocráticos y toda la presentación «democratizadora», que había ofrecido Franco en su discurso y Fraga en su propaganda, quedó en agua de borrajas. La Ley Orgánica no era más que una especie de síntesis y de recapitulación de las antiguas Leyes Fundamentales. Ni por asomo mencionaba a los partidos políticos, ni establecía una Cámara de elección popular por sufragio universal directo. La decepción, en cuanto los españoles que habían votado apertura democrática comprobaron el texto, fue general. Aquello no era un avance democrático sino un estancamiento medroso.

Fraga, que había comunicado toda su energía y toda su esperanza democratizadora en la campaña de la Ley y el referéndum, anota en su diario: «Un gran momento perdido y que pudo haber sido de otro modo. Pero hay que trabajar con lo que se tiene». Las decisiones de Franco a lo largo de 1967 marcan claramente algo peor que un estancamiento: una verdadera involución. La Ley Orgánica permitía el nombramiento de un presidente del gobierno distinto de Franco, pero el nombramiento no se hizo; el Caudillo manifestaba en sus conversaciones íntimas su decisión de no delegar el poder. «El resultado —dice Fraga— fue que se hizo todo lo posible por decirle a Franco: el que ha ganado es usted, con su sistema; la verdad es que la gente creyó que también había votado cambio. En definitiva, se aplazó toda idea de crisis, se torpedeó la idea de nombrar presidente del gobierno hasta poder lograr que lo fuera el propio Carrero; y se pudo hacer muy poco en la aceleración de las reformas». El declive físico de Franco, cada vez más visible desde 1964, se convertirá, al acabar el verano de 1967, en una decadencia acelerada cada vez más alarmante, pero Franco, aferrado al poder, se negaba a discutir siquiera la posibilidad de compartir lo que llamaba siempre «el mando».

Confiesa paladinamente el 16 de noviembre de 1967: «Por ahora pienso seguir al frente del Gobierno; por estar convencido de que ni las nuevas Cortes ni el nombramiento de un vicepresidente son motivos suficientes para que deje la presidencia». Ya no habla de Ley Orgánica; los aperturistas del régimen se concentraron entonces en pedirle que concretase la sucesión, mientras los inmovilistas trataban de sugerir la designación de una Regencia, también prevista en las leyes sucesorias. Recuerdo que el 27 de septiembre de 1967 estuve un momento, y a otro propósito, con Fraga, que echaba fuego como un dragón herido; luego supe que su indignación y su frustración se debían a que acababa de conocer el nombramiento del almirante Carrero Blanco como vicepresidente del gobierno, puesto por el que había luchado con todo su ímpetu el ministro de Información. Carrero había captado de cerca el tirón involucionista de Franco a propósito de la Ley Orgánica y prefirió seguirle la corriente y cooperar en el frenazo de 1967. Había que programar el futuro no a través de una aceleración de la apertura sino a través de la designación del sucesor. En esto Carrero y su equipo coincidían con Fraga. Y el nombramiento de Carrero como vicepresidente parecía sugerir que sería él quien se encargase de dirigir la transición a la muerte de Franco. Por el momento, sin embargo, dejó de hablarse de democracia en las alturas del régimen. En su discurso del 17 de noviembre ante las Cortes, Franco aventaba las últimas esperanzas que suscitó, un año antes, la Ley Orgánica. «Las normas constitucionales españolas —dijo— que se integran en las Leyes Fundamentales han sido calificadas de abiertas, lo que ciertamente implica su progresiva evolución, pero no puede implicar en ningún caso su irresponsable destrucción». Admite Franco, para el futuro, el contraste entre varias tendencias de opinión; pero condena a ciertos paladines democráticos «ansiosos de poder, a pretexto de defender una democratización del régimen, aunque en realidad lo que pretenden es impedir esa evolución, intentando sumimos en una situación catastrófica como aquella de que partimos».

Poco antes, según el testimonio de Calvo Serer, Franco había sufrido un ataque cerebral, no corroborado por otras fuentes; pero su decadencia era ya, en todo caso, ruinosa. No le fallaba, sin embargo, junto a su sentido del mando, ni la ocasional lucidez política ni el sentido político. Por ejemplo, descalificaba como representantes exclusivos de quienes habían combatido en la Cruzada al nutrido grupo que dirigía José Antonio Girón, frente a la gran masa de antiguos combatientes que, insertos en la sociedad, no reclamaban protagonismo político alguno; mantenía (según un testimonio directo que puede recoger a fines del 66) su elemental, pero eficaz, servicio de información; frenaba al capitán general Muñoz Grandes, máxima esperanza de los regencialistas; y detectaba con precisión los proyectos americanos sobre el inmediato futuro de España, sugeridos por la CIA en dos aspectos concretos. Primero, el apoyo de la central estratégica a los movimientos estudiantiles, laborales y culturales de oposición al régimen; segundo, el proyecto político para la transición, que consistía en la formación de dos partidos «uno socialista y otro democrático» —se llamarían, en efecto, PSOE y UCD— en conversaciones perfectamente documentadas[15].

Franco sabía, sin duda posible, en 1967 que la comunidad occidental estaba dispuesta a patrocinar una transición democrática para España, pero dejaba esa tarea a su sucesor; él no permitiría jamás, mientras viviera, la creación de partidos políticos, causantes según su dura experiencia de los años veinte y treinta, de la ruina de España. La involución del año 1967 dejaba, además, una huella institucional, nada menos que una ley fundamental nueva, la Ley Orgánica del Movimiento y de su Consejo Nacional, fechada el 27 de junio. De esta forma la involución de 1967 se remachaba nada menos que con un reflejo fascista; quedaba consagrada entre las leyes supremas de la nación la pervivencia de una Falange disimulada y «modernizada», que asegurase el porvenir a una clase política que como tal resultará incompatible con la apertura democrática. El régimen, frustrada ya del todo la esperanza de la Ley Orgánica, entraba políticamente en vía muerta y la reforma política que propugnaba Manuel Fraga quedaba en difícil posición ante la ruptura que trataba de imponer, con poca audiencia, la oposición.

A partir de 1967 el estancamiento y la involución del régimen de Franco seguían dominando el presente, pero carecían cada vez más de futuro. Sin embargo, un reducido grupo de políticos —el ala política del equipo Carrero— trataba de mantener, incluso teóricamente, la vigencia del régimen. Ante todo, el propio vicepresidente del gobierno y ya preconizado sucesor político de Franco, almirante Luis Carrero Blanco, que saltó a la palestra desde la famosa tercera página de ABC, el sábado 4 de abril de 1970, con un artículo célebre, Un poco de formalidad, y con un seudónimo que todo el mundo le atribuyó inmediatamente: Ginés de Buitrago; donde se defendía la tesis de que la democracia liberal era inviable para España por sus anteriores fracasos históricos, todo ello envuelto en una farragosa alegoría sanitaria. Con bastante más capacidad de convicción, el brillante diplomático e intelectual Gonzalo Fernández de la Mora, que había dirigido magistralmente la sección de Crítica de libros en ABC, respondía a la pregunta formulada cada vez con más insistencia: ¿Y qué sucederá después de Franco?— con esta tesis, publicada en la revista Mundo el 18 de julio de 1970: «Funcionarán las instituciones creadas por las Leyes Fundamentales». Y funcionaron, para gran sorpresa de muchos, en el difícil trance de la sucesión e incluso en el año de transición desde la muerte de Franco a la implantación de la reforma política; pero no poseían energía histórica suficiente para prolongar el régimen. Mientras los falangistas y un sector de excombatientes, guiados por José Antonio Girón de Velasco, se atrincheraban en el inmovilismo numantino, el almirante Carrero creaba en septiembre de 1968 un Servicio de Información Especial a las órdenes del comandante José Ignacio San Martín, inteligente militar que aprovechó una amplia red informativa formada por oficiales jóvenes y colaboró con el almirante Carrero en sus esfuerzos para detectar los movimientos contra el régimen. A fines de mayo de 1970 el Servicio Especial contaba con 380 personas dedicadas a la «defensa institucional», como recuerda su jefe, cuyo trabajo se concentraba en los ambientes universitarios y en el control informativo de los ministerios a través de un conjunto de oficinas de enlace. Los ambientes intelectuales, informativos, religiosos y los centros de la oposición de todas clases eran objeto de atención por parte del Servicio Especial, que en marzo de 1972 pasó a denominarse Servicio Central de Documentación, estructurado como una dirección general en la Presidencia del Gobierno.

El Servicio era una pieza fundamental en la estrategia política del almirante Carrero Blanco; a quien San Martín y sus hombres servían con dedicación, prudencia y moderación. Además de sus miembros efectivos, contaba con unos cinco mil colaboradores. Sin embargo, este notable equipo para la defensa institucional no podía impedir que la cada vez más patente involución del régimen esterilizase en buena parte su actuación integradora[16].

Carrero lleva a buen puerto
la sucesión

A principios del año 1968, célebre después por la cadena mundial de violencias y convulsiones juveniles, el príncipe don Juan Carlos cumplía los treinta años, edad hábil para reinar según le Ley de Sucesión vigente. Fracasada la esperanza de la Ley Orgánica, los reformistas y los aperturistas del régimen habían concentrado ya toda su influencia en la figura del Príncipe como salida del régimen para un futuro sin catástrofes y sin rupturas; y desde entonces las presiones de todos esos sectores sobre Franco, a los que se agregaba, para este efecto, Carrero y su equipo, se intensificaron abiertamente. El año se abre en España con dos sucesos sintomáticos: el cierre, que se agrega a otros, de la Facultad madrileña de Ciencias Políticas; y el nacimiento de un heredero varón para don Juan Carlos, el príncipe Felipe, hecho especialmente conveniente mientras se mantuviera la Ley de Sucesión, que contenía rasgos sálicos. Con este motivo regresó a España, por primera vez desde el 15 de abril de 1931, la reina doña Victoria Eugenia, recibida discretamente por el pueblo de Madrid, quien después del bautizo se dirigió a Franco ante su hijo Juan, su nieto Juan Carlos y su bisnieto Felipe con estas palabras: «Ahí tiene usted a los tres, Franco, escoja». La frase y la escena la comunicó el profesor Pabón, que estaba presente, a su discípulo el profesor Seco Serrano, que la ha confirmado varias veces.

El equipo del ministro de Educación, José Luis Villar Palasí, publicó un Libro Blanco sobre la reforma educativa que pronto se convirtió en una más de las grandes decepciones del régimen. En esa primavera estallan los Sucesos de Mayo en París, vacila, antes de reafirmarse democráticamente, el general Charles de Gaulle, y Franco deja bien claro a su Gobierno que lo que se espera del ministerio de Educación es que mantenga el orden público en la Universidad, cada vez más alejada del régimen. Nadie se ocupa en España de una peligrosa conjunción. El tenaz propagandista americano y procomunista Herbert R. Southworth, el profesor Manuel Tuñón de Lara, afincado en la Universidad de Pau y (según indica el excomunista Jorge Semprún) relacionado con la KGB, y un grupo de colaboradores intelectuales y marxistas españoles, organizan un amplio movimiento de manipulación histórica en sentido izquierdista y comunista, para el que captan a numerosos jóvenes historiadores españoles, que han llegado hoy a varias cátedras, no han producido apenas obras históricas de mérito pero han contribuido a la demolición de la auténtica historia de España, según se queja, con toda la razón, la ministra del ramo en el gobierno Aznar, pero sin denunciar nunca las raíces del mal; por eso alguno de los colaboradores de ese ministerio otorgan premios y distinciones a personajes que han contribuido en primera fila a esa demolición de la historia española, para lo que cuenta con un notorio ejemplo en el propio señor Aznar. Esos deformadores no explican, sin duda, a sus alumnos las causas de la invasión soviética de Checoslovaquia, que se desencadenaba en agosto de 1968 en pleno apogeo del imperialismo marxista-leninista de la Unión Soviética. Poco después, a primeros de septiembre, un ataque cerebral terminaba con la larga dictadura paternalista del profesor Antonio de Oliveira Salazar, uno de los pocos estadistas reconocido como modelo por Franco; y el 12 de octubre Manuel Fraga Iribarne presidía en Guinea los actos de la independencia de la hasta entonces colonia española, sin preparación por parte de España y con una falta completa de coordinación entre el almirante Carrero y el ministro aperturista de Asuntos Exteriores, Fernando María Castiella, como revela una interesante correspondencia que no transcribo por falta de espacio, en que aparece ya un inteligente y rocambolesco personaje que brillará intensamente, hasta quemarse, en la primera fase de la transición: el notario, relacionado con medios financieros internacionales, Antonio García Trevijano.

El año 1969 será el de la sucesión, en la que Carrero viene desempeñando desde 1947, como sabemos, un papel preponderante, junto con su equipo. En un Consejo de ministros a fines de enero Federico Silva Muñoz pasa una nota al artífice de los planes de desarrollo, Laureano López Rodó, donde expresa lacónicamente la situación casi desesperada del régimen en lo político, precisamente cuando la transformación económica, social y cultural cuajaba en la España real y penetraba en la conciencia popular. La planificación y el impulso para el desarrollo era principal responsabilidad y mérito del equipo Carrero y en especial del ministro del Plan, Laureano López Rodó: pero habían colaborado a esa transformación histórica de España ministros de otras «obediencias» (permítaseme la inoportuna metáfora propia de otras «sectas»), como Manuel Fraga Iribarne, que supo fomentar y encauzar la benéfica inundación del turismo, que fecundaba a España con anual riada, dejándola cubierta de beneficios, como las antiguas avenidas del Nilo; y Federico Silva Muñoz, que llegó seguramente en aquellos años a convertirse en el ministro más admirado y popular, por una labor en la construcción y dotación de infraestructuras que había superado hasta las realizaciones admirables de la dictadura de Primo de Rivera. Fraga y Silva eran además, políticamente reformistas y partidarios de la solución Príncipe. La nota de Silva decía así: «Esto se hunde por horas. Pensemos qué hacer. Si se abre la Universidad nos corren. Si fracasamos, todo se irá en dirección al bunker, Y el fracaso de la represión no hay que ser un augur para verlo». Es la primera vez que un documento de la época (La larga marcha, de López Rodó) usa esa palabra para designar al grupo estancado e involucionista que se agrupaba en tomo a José Antonio Girón y se empeñaba en recabar la herencia política de Franco contra la historia y contra la realidad. Independientemente de ello, es interesante observar que un ministro tan inequívocamente aperturista como Silva no consideraba a Carrero como hombre del bunker; porque esa nota se la pasaba al principal colaborador de Carnero.

Ante esta situación precrítica, tanto el equipo Carrero como sus aliados militares (tenientes generales Alonso Vega y Castañón, entre otros), como los ministros no tecnócratas pero reformistas (Fraga, Silva, Castiella) y los obispos más influyentes combinan sus fuerzas para conseguir que Franco designe oficialmente sucesor al príncipe don Juan Carlos de Borbón, en quien todos estos consejeros confiaban, unos con mayor claridad que otros, que podría asegurar la conservación de todos los logros del régimen y conducirlo hacia una salida; no todos coincidían en el tipo de salida, pero sí en que debería consistir en una Monarquía reformista y abierta a un horizonte democrático que no renegara del régimen anterior sino que lo adecuara a Europa.

Se oponía a este proyecto el bunker, aferrado al ideal franquista inmóvil, y presionaba cada vez más desde Estoril el grupo de consejeros liberales de don Juan de Borbón, dirigido ahora por José María de Areilza, para quienes saltarse el orden dinástico equivalía a menospreciar la figura de don Juan de Borbón y viciar de raíz las esencias de la Monarquía. En esta pretensión chocaban con la realidad. Ni Franco ni don Juan Carlos, al prescindir de don Juan de Borbón desde 1947 (en el caso de Franco), lo hacían con menosprecio alguno sino con altísimo respeto; y saltarse un eslabón de la cadena dinástica era no sólo práctica comente en la Casa española de Borbón sino costumbre ya más que secular. En el primer libro de esta serie, Acoso y derribo de Alfonso XIII, ha comprobado el lector que se saltaron a sus padres, por motivos diversos, don Fernando VII, don Alfonso XU, y el propio don Juan de Borbón. No creo necesario volverlo a explicar.

Sí es verdad que cunde la alarma en Estoril ante las noticias que llegan en 1968 sobre la creciente vinculación del Príncipe y Franco. «Enseguida me di cuenta —recuerda con viveza el propio don Juan en sus valiosísimas conversaciones transmitidas por Sainz Rodríguez— de que el panorama había cambiado totalmente; que [el Príncipe] estaba decidido a pasarse al otro lado», es decir, a aceptar la sucesión de Franco de manos del propio Franco. El Príncipe, contra lo que habían propalado sus enemigos, no sólo no era tonto, sino que era despiertísimo, sobre todo para los asuntos dinásticos; y tanto por sí mismo, como por sus conversaciones con Carrero, López Rodó y Fernández Miranda, estaba al cabo de la calle sobre los propósitos de Franco y con suma delicadeza se lo dio a entender a su padre.

Entonces don Juan escribió a su hijo con fecha 12 de octubre una carta dramática en que le dice que, ante la posibilidad de una inminente declaración sucesoria «sería imperdonable que tú y yo no hubiéramos llegado de común acuerdo a un concepto definido de lo que en esa coyuntura es mejor para España». Elogia don Juan «la concepción clarividente del general Franco» pero advierte a su hijo sobre los peligros de «desnaturalizar la Institución al enturbiar su diáfana rectitud personal y dinástica».

Y condena de antemano una posible ruptura de la línea dinástica, por decisión que no atribuye a Franco sino a turbias maniobras de sus consejeros. «Lo más destructivo que pudiera ocurrirle a la serenidad antipolémica que requiere el momento de la instauración es presentar ante los españoles como dividida o rota la Familia que tiene que ser ejemplo y norma al frente de la Patria, puesto que ello sería dar al país un Rey tachado desde su origen por una incorrección dinástica que inevitablemente recibirá interpretaciones ofensivas de deslealtad e infidelidad». De hecho el almirante Carrero, consejero principal de Franco, leyó a éste un memorándum el 24 de octubre en que razonaba la necesidad de designar cuanto antes al Príncipe para tranquilidad de los españoles, seguridad de las Fuerzas Armadas, conveniencia de las relaciones económicas y necesidad de acabar con las especulaciones. Franco contesta con tres palabras: «Conforme con todo»[17].

La carta de don Juan, que de momento queda en secreto, produce un profundo efecto en el Príncipe, que tenía a su lado eminentes consejeros jurídicos y políticos, pero no me consta que consultara tan delicado extremo con historiador alguno; uno de sus profesores era además el primer especialista de España en la historia del siglo XIX y hubiera podido explicarle cómo Femando VII reinó después del 19 de marzo de 1808, fecha en que echó del trono a sus padres mediante un motín, y ellos vivieron muchos años más sin corona; cómo el joven Alfonso XII tuvo que aceptar en 1875 que su madre Isabel II se quedase en el exilio mientras él venía a reinar a España; cómo su padre, don Juan, aceptó en 1933 la sucesión que le ofrecía su propio padre, don Alfonso XIII, saltándose a sus dos hermanos mayores ilegalmente, porque don Alfonso no era Rey, la renuncia no se pudo hacer en Cortes sino que la firmaron sus hijos, sometidos a coacción sin que ley alguna les obligase, digan lo que digan algunos idólatras de leyes inaplicables. El caso es que el Príncipe, impresionado por la admonición paterna, hizo unas declaraciones a la revista francesa Point de vue (que las publicó el 22 de noviembre) en las que se mostraba de acuerdo con su padre y afirmaba que nunca pasaría por delante de él. Según López Rodó esas declaraciones del Príncipe eran apócrifas[18].

Conociendo el ambiente estoy convencido de que fueron ciertas pero nacidas de una trampa de los juanistas; el Príncipe estaba muy afectado, adoraba a su padre y se las arrancaron. Para no obligar al Príncipe a enviar un desmentido formal a la revista, Fraga, de acuerdo con Franco, consigue que los dos ilustres militares de la Casa de Príncipe, Mondéjar y Armada, comuniquen a Point de vue que la posición del Príncipe es ajena a esas declaraciones; y el propio Príncipe se ve obligado a atender la sugerencia que Fraga le hace para que acepte formular unas declaraciones menos improvisadas a la agencia oficial española de noticias, Efe, cuyo director, Carlos Mendo, lleva al Príncipe unas nuevas y definitivas declaraciones en las que dice lo que Franco quería que dijese.

El trago es muy duro para don Juan Carlos; pero sin unas declaraciones que se lleva el viento no había trono, y él estaba por el trono. En vista de lo cual, el 7 de enero de 1969, el Príncipe ratifica su plena aceptación de las Leyes Fundamentales y afirma que si su padre quedaba descartado de la sucesión él, por servicio a España, estaba dispuesto a aceptarla. Era, para el Príncipe, el paso del Rubicón y todo quedaba en su sitio. Entonces don Juan, por motivos de dignidad, publicó la carta que había enviado a su hijo con fecha 12 de octubre; y el 15 de enero Franco, que comprendía la tormenta interior del Príncipe, le aconsejó: «Tenga mucha tranquilidad, Alteza. No se deje atraer ahora por nada. Todo está hecho». Éste es el día en que, según reveló luego el Príncipe, y confirma López Rodó, Franco le propuso ya formalmente la sucesión y él la aceptó «como español y como soldado». A poco de exponer Laureano López Rodó en las Cortes el Segundo Plan de Desarrollo, el teniente general Alonso Vega, de acuerdo con él y con Carrero, decide dar a Franco un nuevo impulso para que haga pública su decisión sucesoria. La escena tiene lugar el 28 de mayo, entre los dos viejos soldados, amigos de la infancia, compañeros de milicia desde la adolescencia. Alonso Vega pide a Franco la pública designación del sucesor y el nombramiento de Carrero Blanco como presidente del gobierno. Pero los regencialistas presentaban a Franco la sucesión como una deserción hasta que después de la conversación entre Franco y don Camilo, Carrero y el Príncipe saben que Franco tiene decidido el nombramiento de sucesor para antes del verano.

A mediados de junio Carrero y Franco consideran ya la situación sucesoria definitivamente madura e irreversible y por ello no tienen inconveniente en que don Juan Carlos viaje a Estoril entre el 17 y el 23 de junio de 1969. La fecha está fijada inequívocamente por López Rodó en sus Memorias (II, p. 450), que suele ser extremadamente cuidadoso con este tipo de datos. Es muy importante, en estos acontecimientos, una precisión absoluta. Sabemos que Franco había manifestado al Príncipe el 15 de enero de 1969 «su decisión de nombrarle sucesor en el curso de aquel año» y que éste había aceptado (L. Rodó, Memorias II, p. 384). Por tanto, cuando el Príncipe viaja a Estoril el 17 de junio ya conoce que va a ser nombrado por Franco dentro de 1969, aunque no ha recibido la comunicación oficial. El día antes de regresar a España, es decir, el 22 de junio, habla largamente con su padre (Ibid. p. 450). No me explico cómo, ante los datos inequívocos de que disponemos —tanto la versión de don Juan Carlos como la de don Juan sobre esas conversaciones de Estoril— pueden aún quedar dudas. Está clarísimo que en ellas se confirmó el que desde hace muchos años he denominado pacto dinástico entre los dos. Pero en el presente Episodio me limito a dejarlo apuntado: se trata de un problema crucial que desarrollaré en otro libro de esta serie, el dedicado a la figura de don Juan Carlos entre su padre y Franco.

En el actual Episodio lo que nos interesa es la trayectoria y la actuación del almirante Carrero en orden a la sucesión en la persona de don Juan Carlos, que se consumó, como en su momento analizaremos con la atención que merecedlos días 22 y 23 de julio de 1969. A primeros de ese mes de julio, Carrero Blanco tenía ya seguro su gran objetivo y, según su costumbre, se retiró a segundo plano a la hora del triunfo. El Príncipe captaba perfectamente esta actitud de Carrero, la apreciaba en todo lo que valía y la agradecía con una confianza sin límites.

Entre MATESA y el auge
de ETA

Poco después de fijarse la sucesión, en ese mismo verano estalló la crisis MATESA, de cuyo cierre en falso el almirante Carrero fue políticamente responsable, con el agravante de que sus motivos fueron partidistas. El episodio hizo, además, un daño incalculable al régimen de Franco, porque éste terminó por solidarizarse con los causantes, aunque fuera por omisión, del desaguisado. Algunos ministros y autoridades menores del equipo Carrero serían condenados por los tribunales por graves negligencias y favoritismos crediticios en favor de un industrial heterodoxo, don Juan Vilá Reyes, creador de un imperio industrial que se fundaba en la exportación de un telar sin lanzadera. La exportación era en gran parte ficticia y para fomentarla se obtenían de las arcas del Estado cuantiosas ayudas, pero los telares «exportados» se pudrían muchas veces, sin comprador, en los puertos de llegada. La honorabilidad personal de los ministros afectados por la crisis no se debe poner en duda; ninguno se lucró personalmente por la lamentable operación, en la que sin embargo se cometieron, por favoritismo descarado y falta de control, irregularidades que acarrearon al Estado, pérdidas por valor de más de nueve mil millones de pesetas.

El problema se politizó de manera fulminante cuando los ministros procedentes del Movimiento, Solís y Fraga, se lanzaron en el seno del Gobierno y en la propia prensa, con indignación indescriptible de Franco y Carrero, contra los tecnócratas del Opus Dei. La atribución del entuerto al Opus Dei carece de sentido; fue precisamente el director general de Aduanas, Víctor Castro San Martín, miembro del Opus Dei, quien denunció el escándalo. Pero Vilá Reyes estaba próximo al Opus Dei, así como los ministros implicados en la negligencia y el favoritismo, y resultó inevitable que todo el asunto recayera, por injusto que fuese, sobre el Opus Dei. Franco, en plena decadencia personal, apoyó a los responsables, confirmó su plena confianza en Carrero y le entregó la solución de la inevitable crisis, que se produjo a fines de octubre de 1969, con el resultado exactamente contrario al que exigían la justicia política y la opinión pública: los denunciantes —Fraga y Solís— fueron eliminados del Gobierno (a quienes pronto siguió, por dimisión, Federico Silva, incomodísimo a las órdenes de Carrero), y el grupo tecnocrático, herido de muerte por el asunto en sentido político, emergió como triunfante.

La crisis MATESA sería, para la opinión pública, la prueba suprema de la descomposición política del régimen, que desde entonces marchaba a la deriva. Para colmo y a propuesta del Gobierno manejado por Carrero, Franco indultó a los posibles encartados en el escándalo antes de que se celebrase juicio, y todas las pretensiones de presentar al régimen de Franco como Estado de derecho se vinieron abajo. Es cierto que durante la época democrática que siguió a la reforma política, sobre todo en el período socialista de 1982 en adelante, se cometieron atrocidades de corrupción mucho más graves que el caso MATESA y que hasta el momento de escribirse estas líneas, siguen en gran parte impunes; ya llegará el momento de ocuparse de ellas en estos Episodios; pero el caso es que el asunto MATESA fue un torpedo en la línea de flotación del régimen de Franco, que por entonces se enfrentaba —en eso tampoco hemos mejorado mucho— con una amenaza mortal conocida por sus siglas: ETA, Euskadi Ta Askatasuna, Tierra Vasca y Libertad.

En mi reciente libro La hoz y la cruz (Madrid, Fénix, 1996), he estudiado los orígenes de esta agrupación separatista y terrorista, que surgió a fines de la década de los años cincuenta del sector más radical de las juventudes del Partido Nacionalista Vasco, con fermento clerical: algunos consiliarios de las Juventudes de Acción Católica Rural en Vizcaya y Guipúzcoa y en medios radicalizados de algunas instituciones religiosas, como la Universidad de Deusto, regida por los jesuitas. El respaldo y el apoyo clerical formó parte poco después de la propia infraestructura y logística de ese tipo de terrorismo, que no fue en modo alguno una derivación, sino a lo sumo, y en algún sector, una degradación de grupos carlistas que habían perdido el rumbo. Cuando Pablo VI se empeñó en nombrar a don José María Setién obispo de San Sebastián, como expongo en mi citado libro, aseguró al embajador de España que el tiempo daría la razón al nombramiento. Lo que ha demostrado el tiempo es que ese nombramiento (que Franco aceptó fiado en la palabra del Papa) ha sido uno de los errores más trágicos de Pablo VI respecto de España; la última ocurrencia del increíble prelado ha consistido en equiparar a los presos de la organización terrorista, en cuanto a su derecho a la libertad, con los españoles de bien secuestrados por ella. La simple presencia de ese obispo no es sólo, ante casi toda España, un descrédito permanente de la Iglesia, es un atentado continuo a la propia racionalidad.

Dotada de una ideología totalitaria, con resabios de nazismo y de fascismo, así como de los recientes movimientos de liberación anticolonialistas (sobre todo el argelino, de creer a las propias fuentes de ETA), a lo largo de toda la década de los sesenta la organización desplegó sus sangrientas actividades, que nada tienen que ver con el horizonte democrático de España; porque esas actividades, que empezaron en plena época de Franco, han continuado sin solución alguna de continuidad, sin variación alguna en los métodos, durante la transición a la democracia y en la fase democrática del reinado de don Juan Carlos, contra cuya persona también ha llegado a preparar ETA un atentado en Palma de Mallorca. Por cierto que, como nos contó el Rey en una larga conversación marítima en el mes de agosto de 1976, fue precisamente el almirante Carrero quien más le insistió para que fijase en Mallorca el lugar de sus vacaciones, porque allí le resultaba inverosímil que ETA pudiera tramar un atentado contra su vida. Cierto que la posibilidad se ha reducido mucho pero no se ha cancelado, como demuestra el intento abortado al que me acabo de referir.

Cuando se escriben estas líneas el pueblo vasco, por abrumadora mayoría, repudia las ideas y los métodos de ETA; y el Partido Nacionalista Vasco, como intérprete de una parte considerable de ese pueblo, se manifiesta continuamente contra ETA en nombre de la democracia. Todo es inútil y el desdichado tratamiento de los gobiernos —sobre todo el de Felipe González— al problema terrorista ha degenerado en un terrible deterioro del propio Estado, hasta extremos que siguen pareciendo inconcebibles ante cada nueva catástrofe, ante cada nueva revelación. Todo el Estado español, su Gobierno, sus tres poderes fundamentales —ejecutivo, legislativo y judicial— han abocado ante el problema terrorista no ya al descrédito sino al esperpento.

Y nadie ha sido capaz de proponer un camino de salida fuera de las rutinarias condenas verbales y vaguedades que casi parecen rituales de impotencia.

En los últimos cinco años de la vida del almirante Carrero Blanco, entre 1968 y 1973, la ejecutoria de ETA consistió en ocho asesinatos, 137 sabotajes, cuatro secuestros y hasta un total de 330 acciones de guerrilla, casi siempre urbana, al servicio del independentismo vasco y en nombre de una confusa ideología que se define como marxista-leninista. Pronto conectó ETA con otros movimientos subversivos de Europa, África, el Medio Oriente y América, desde el IRA irlandés a los sandinistas de Nicaragua, y todas las encrucijadas del terrorismo mundial, Libia, el Líbano, Yemen.

En una conversación informal de 1980 durante un descanso entre actividades de las Cortes, y al pie de la tribuna presidencial, escuché al entonces jefe del gobierno, Adolfo Suárez, que estaba convencido de que ETA gozaba de cobertura por parte de la central estratégica soviética KGB, «muy interesada —decía— en mantener ese puñal asestado contra un previsible punto flaco de la OTAN» cuando España aún no había ingresado en la Alianza Atlántica, un acontecimiento natural al que don Adolfo Suárez se oponía cerradamente, aunque sus actuales hagiógrafos lo disimulan como pueden, y pueden mal. Esto corrobora la comprensión de que ETA había gozado por parte del Partido Comunista de España, al menos mientras éste no se incorporó a la naciente democracia española; creo haber demostrado en mi libro Carrillo miente la extraordinaria comprensión del PCE a ETA en la época del atentado contra el almirante Carrero.

Por otra parte altos testigos —pronto voy a dar dos nombres de primera magnitud— me han dejado perfectamente clara la cooperación entre la central estratégica americana CIA y la ETA; y, para acabarlo de arreglar, tanto la CIA como la KGB se arrojaron la una a la otra la acusación de cooperar con ETA.

No son todo nubes de humo en tan complicado panorama; hay rastros muy serios de verdad, y dosis de cinismo por toneladas. Por el momento me contentaré con señalar que el proceso de Burgos, montado por el régimen a través de la justicia militar como un proceso contra ETA, al año siguiente de MATESA, resultó un amargo fracaso para el régimen. Varios personajes que intervinieron en ese proceso se convirtieron tras él en figuras de primer o segundo orden en la cada vez más inminente transición. El servicio especial del teniente coronel San Martín tuvo una actuación destacada con motivo de ese proceso.

La implantación y la actitud de ETA contribuyeron sin duda no sólo a las dificultades crecientes del régimen de Franco sino también al planteamiento de la transición democrática en una zona tan estratégicamente sensible como el País Vasco. Los grupos clandestinos de la izquierda española miraban en esta época las actuaciones de ETA como si fueran las de un aliado contra la persistencia del franquismo; luego comprobarían, a veces a su costa, que para ETA no había aliados españoles sino permanente combate a muerte contra la idea y la realidad de España.

La presidencia americana prepara
la transición española

Pero el año 1970 ofrece a nuestra perspectiva dos importantes hitos históricos en orden al planteamiento de la transición: la comunicación pública de la futura actitud democrática del príncipe Juan Carlos y la confirmación de la cobertura atlántica para la cada vez más próxima crisis histórica española. Estos dos acontecimientos quedaron, en 1970, ocultos, marginados, y, en el segundo caso, totalmente secretos; pero cobran hoy, ante nuestra perspectiva, toda su importancia.

A principios de febrero de 1970 el Príncipe de España, con gran sentido del riesgo y del futuro, concedió unas difundidas declaraciones a la gran prensa de Estados Unidos que las tituló así: «Juan Carlos promete un régimen democrático». Como además don Juan Carlos había reanudado, por medio de José María de Areilza, jefe del secretariado político de don Juan, sus relaciones con Estoril,

Franco le refrenó: «Ya lo sabe, Alteza: Príncipe o persona privada». Los testimonios convergentes de López Rodó, en primer lugar, y del general Franco Salgado resultan preciosos para seguir de cerca esta evolución. Doña Carmen Polo de Franco montó, desde el palacio del Pardo, un verdadero acoso contra el palacio de la Zarzuela; su baza principal consistirá en resucitar un proyecto anterior de conectar a su propia familia —por medio de Carmen, la hija mayor de los marqueses de Villaverde— con la Familia Real, a través de don Alfonso de Borbón Dampierre, «el Príncipe del Movimiento», hijo mayor del hijo mayor vivo de Alfonso XIII, don Jaime de Borbón, duque de Segovia.

En este momento delicado —que se prolonga unos tres años— brilla la capacidad de visión, consejo y conciliación de la princesa doña Sofía, que logra capear el temporal y ganarse a doña Carmen Polo, quien sin embargo vuelve una y otra vez a sus planes. El equipo Carrero trata de «marcar» al Príncipe, que no abandonaba su línea independiente. «No juegue, Alteza», le aconsejaba López Rodó, principal coordinador de la Operación Príncipe a las órdenes de Carrero, cuya supervisión era constante. Pero don Juan Carlos, con la experiencia de su abuelo Alfonso ΧΙII y la de su cuñado Constantino siempre grabadas a fuego en su mente, se muestra muy firme: «Yo estoy dispuesto a no irme pase lo que pase. Naturalmente no puede preverse el estado de ánimo en que uno se encontraría si viniesen mal dadas, pero ya he hablado con la Princesa y estamos decididos a no irnos, ni nosotros ni nuestros hijos. Esto nos dará seguridad; no se atreverán a matar a unos niños». La permanencia en su puesto ante cualquier presión y el claro horizonte democrático eran ya dos firmes convicciones en el ánimo de don Juan Carlos, comprobadas hoy documentalmente desde 1960 por las recientemente publicadas notas de Torcuato Fernández Miranda y por los diversos libros testimoniales de López Rodó.

El comienzo de la nueva década traía, pues, aires de transición. En 1970 había muerto el capitán general Muñoz Grandes y en 1971 moría el capitán general Alonso Vega después de haber arrancado a Franco, como sabemos, el adelanto en la designación del Príncipe como sucesor. Franco se quedaba cada día más solo ante el futuro. Y entonces los Estados Unidos toman ya decididamente cartas en el asunto de la transición española. A primeros de octubre de 1970 el presidente Richard Milhous Nixon visita oficialmente España. El consejero de la Casa Blanca para misiones especiales, que le acompañaba, era el general Vernon Walters, que había vivido antaño en España, conocía muy bien a los españoles y el ambiente de las Fuerzas Armadas, y era el militar que aparecía entre los generales Franco y Eisenhower en la famosa foto de 1959, tomada al iniciarse la visita a España del anterior presidente en 1959. Muchos años después el general Walters reveló un testimonio trascendental para la historia de la transición española[19].

Según él, Nixon recibió al vicepresidente Carrero Blanco y sostuvo con él «una de las conversaciones más interesantes de todos sus viajes». Nixon participaba de ideas semejantes a las de Franco y Carrero sobre el comunismo, y era objeto del mismo odio que los dos militares españoles por parte de aquél. Carrero expuso al presidente su convicción de que la estrategia soviética trataba de minar a Occidente mediante la guerra subversiva, a través de una utilización sesgada de las libertades democráticas. La estrategia soviética consistía en un socavamiento de los valores cristianos y «con la explotación de los estupefacientes y de la pornografía reforzaban su ataque a la sociedad burguesa». Centraban ese ataque en la juventud; y obtenían la cooperación de profesores e intelectuales en todo Occidente.

Explicó Carrero a Nixon que la situación de Occidente era parecida a la de Roma en su despeñamiento por la decadencia antes de la invasión de los bárbaros. Nixon asintió en todos los puntos: las ideas de Carrero Blanco coincidían con las suyas en estos aspectos morales de la estrategia enemiga. Fue seguramente esta conversación con el almirante español la que decidió a Nixon a participar en el asunto de la transición española. Puede que la ambientación con que Carrero exponía habitualmente sus convicciones en este terreno resultase tosca y simplificada; pero su información era excelente y sus conclusiones fundamentalmente acertadas. Bien lo hemos experimentado después, cuando esta línea estratégica de la Tercera Internacional ha sido heredada por los continuadores de la Segunda, los socialistas de todo el mundo, que según reconocen ellos mismos poseen y practican un sentido de la «modernidad» muy semejante al que cultiva la masonería del siglo XX.

De esta visita oficial de Nixon a Madrid se derivará inmediatamente el apoyo de los Estados Unidos a la figura del Príncipe como promotor de la transición democrática en España, como «motor del cambio» que dirá, en su momento, José María de Areilza.

Quizá por las turbulencias posteriores del caso Watergate, la historia de España, que nada tiene que ver con ese asunto, no ha hecho todavía justicia a la intervención directa y personal del presidente Nixon a la transición democrática en nuestro país. A fines de enero de 1971 los príncipes Juan Carlos y Sofía devolvían la visita a Nixon, y llevaron a Washington y Nueva York el aire nuevo que Franco había pedido a don Juan Carlos al comunicarle su decisión sucesoria. Jóvenes y brillantes, hablaban inglés mejor que algunos de sus cerrados interlocutores y se ganaron al presidente, a sus consejeros y a los círculos dirigentes de Estados Unidos, junto con el mundo informativo y cultural. Laureano López Rodó, promotor de este viaje, anota exactamente el éxito: «Los observadores de todo el mundo se dan cuenta del apoyo americano a la solución sucesoria del régimen».

Esa sucesión, encamada en un Príncipe comprometido ya públicamente con el horizonte democrático, se convierte, tras este viaje, en una de las prioridades estratégicas de los Estados Unidos. Son el presidente y el Partido Republicano quienes se erigen en patronos de la transición española pero en nombre del Estado, no de su partido, porque los demócratas se mostraban de pleno acuerdo. Desde aquel momento dos políticos españoles, vinculados al mundo de las finanzas y las multinacionales americanas, y representantes de los grandes intereses económicos de los Estados Unidos en España, van a aparecer —al sol o a la sombra, según convenga— como figuras importantes de la transición española en puertas. El más eficaz, so capa de superficialidad e intrascendencia, es José Mario Armero, director de un despacho de negocios e influencias, rondador tenaz de la Zarzuela y orientador de la opinión pública —como presidente de la agencia de información, inspirada por el Opus Dei, Europa Press— El más espectacular, por su posición propia y la fuerza de su poderoso clan familiar, era el abogado, y colaborador de la Banca americana, Joaquín Garrigues Walker, que llegaría a ministro de la Corona como jefe de una agrupación selecta, pero exigua, de liberales españoles, mimada por muchos periodistas. Llegaría a ministro de la Corona sin que don Juan Carlos superase nunca el recelo que le producía por unas convicciones republicanas que no se cuidaba de recatar.

Impresionado por los Príncipes —que desplegaban entonces mejor sus capacidades fuera de España que en Madrid, donde ya se les sometía, como hemos apuntado, a un acoso cada vez más implacable desde la familia Franco— el presidente Nixon encargó a su embajador volante y secreto, el general Vernon Walters, un nuevo viaje a España para concretar algunos puntos directamente con el general Franco. Ya hemos subrayado las excelentes condiciones de Walters para estos contactos; añadamos que era católico, hablaba perfectamente el castellano y había seguido, en su adolescencia, con apasionado interés la Guerra Civil española, desde un colegio del sur de Francia donde convivió con jóvenes de familias derechistas españolas. Consideraba a Franco como el primer vencedor importante del comunismo gracias a su victoria en la Guerra Civil, y coincidía con el Príncipe en su visión del futuro de España. El interés estratégico por España que sentía el presidente Nixon —recuerda Walters— «le indujo a encomendarme la misión especial de entrevistarme con el general Franco para hablarle de los años futuros en que Franco ya no fuera jefe del Estado». Y añade: «Muchos de los que combatieron a España durante aquellos años procuraban disfrazar su hostilidad como si sólo estuviera dirigida contra el régimen de Franco, cuando en realidad tenía raíces mucho más profundas».

En febrero de 1971 Vernon Walters visita a Franco, detenidamente, en el palacio del Pardo. Le comunica que Nixon se inclina a que proclame Rey a don Juan Carlos, para que el propio Franco pueda dirigir personalmente la transición. «De no adoptarse esta solución —decía el general americano al Caudillo— el presidente Nixon albergaba la esperanza de que Franco nombrase a un primer ministro fuerte, que se encargara de llevar a cabo la transición del régimen de Franco a la Monarquía». Luego añadía que Nixon que no hacía más que pensar en voz alta, y que estas ideas no eran una intromisión en los asunto de España. La misión de Walters consistía en «averiguar qué medidas había tomado Franco con vistas a su propia muerte». Nixon encargó a su enviado que, al regresar, entregara su informe en las propias oficinas del presidente y no al secretario de Estado, Kissinger.

La llegada de Walters a España tuvo lugar el 27 de febrero de 1971. Se entrevista ante todo con el almirante Carrero, para gestionar la audiencia con Franco, a solas; pero Franco impone la presencia del ministro de Asuntos Exteriores, Gregorio López Bravo. Franco se encontraba tan mal que no pudo tomar personalmente la carta de Nixon; indicó con los ojos a López Bravo que lo hiciera por él y le pidió que le leyera la traducción que venía también en el sobre. Nixon decía en su carta que concedía un alto valor a las opiniones de Franco sobre la situación general. Éste dijo que la muerte de Nasser era un factor negativo para la paz en Oriente Medio; que los acuerdos para la reducción de armamento chocarían con la inclinación de los soviéticos a no cumplir sus promesas.

En cuanto a la sucesión española Franco insistió en que no había más solución que el Príncipe. España avanzaría un trecho por el camino que procuraban los Estados Unidos, pero no llegaría al final porque España no era Norteamérica, ni Inglaterra, ni Francia. Las Fuerzas Armadas no permitirían que las cosas se salieran del cauce y el Príncipe era capaz de dirigir la situación después de que él muriera. Había creado instituciones para garantizar la sucesión; algunos no creen en ellas, pero funcionarán. «Diga al presidente Nixon que el orden y la estabilidad de España quedarán garantizados por las medidas que estoy adoptando». Y terminó con una observación esencial: «Mi verdadero monumento no es el Valle de los Caídos sino la clase media española. Cuando asumí el gobierno, no existía. La lego a la España de mañana». Walters asintió y se quedó asombrado de la tranquilidad con que Franco hablaba de su propia muerte. El enviado de Nixon habló luego con varios amigos suyos de las Fuerzas Armadas y todos le garantizaron el apoyo a don Juan Carlos[20].

A partir de este encuentro se crea todo un sistema de cobertura atlántica para la transición española, en el que participan altísimas personalidades de Francia (Valéry Giscard d’Estaing), Inglaterra (Felipe de Edimburgo), Bélgica (el rey Balduino), y, más tarde, Alemania (el SPD, que seguía las directrices americanas y tenía línea directa con Felipe González y el PSOE). Todos los participantes en esa cobertura estratégica se mostraban favorables al Príncipe y algunos de ellos se comunicaban cada vez más frecuentemente con él, personalmente o por teléfono. El apoyo más complicado era precisamente el de los Estados Unidos, próximos ya a su terrible convulsión interna del Watergate, que terminó con la presidencia de Richard Nixon. Acabamos de ver cómo Nixon pedía al general Walters que su informe sobre la inmediata transición española se lo entregara directamente, sin pasarlo al secretario de Estado Kissinger.

El embajador de los Estados Unidos en Madrid era en aquella época una especie de simio llamado Robert Hill, que ante la evidente debilidad española se sentía como un procónsul y a veces se permitía dar órdenes a algunos ministros de España. La estación de la central estratégica CIA en Madrid tenía su cuartel general en el mismo edificio de la embajada, calle de Serrano casi esquina a Diego de León, y tengo razones para sospechar que llevaba su propia política acerca de la transición española, una política que no creo muy acorde con la sugerida por el presidente Nixon y el general Walters. Y por supuesto la otra gran potencia mundial con estrategia propia, la URSS, que tenía sus propias ideas sobre la transición española, mantenía, pese a las veleidades independentistas del PCE, estrechas relaciones de dependencia con sus dirigentes; y acabamos de ver cómo el presidente Suárez, años más tarde, estaba convencido de las vinculaciones entre la agencia soviética y el principal foco del terrorismo español.

Franco y Carrero quieren crear
el principado de Borbón

Conocí al príncipe don Juan Carlos el 12 de diciembre de 1972. Me hizo el honor de llamarme para comentar algunos capítulos que acababa de leer en mi primera biografía de Franco. «Te diré algo para que lo apuntes, algún día será historia». Creo que ya es historia. Aquél había sido un año negro para don Juan Carlos, después de su viaje triunfal a los Estados Unidos, del que se derivó una aceptación universal a su figura. Pero 1972 había sido para él y la Princesa un año negro, del que deseaba contarme algunas cosas. Le molestaba un comentario aparecido en la gran prensa mundial (creo que era el Herald Tribune): «He is a prince without a job», es un príncipe sin nada que hacer. En aquel año el acoso del palacio del Pardo al de la Zarzuela había llegado casi al paroxismo, con Franco al margen; allí quien hacía y deshacía era doña Carmen Polo de Franco. En efecto, el 8 de marzo se había celebrado en la capilla regia del Pardo la boda solemnísima de don Alfonso de Borbón Dampierre, embajador de España en Suecia, con la bellísima nieta mayor del Caudillo, María del Carmen Martínez Bordíu y Franco. «El Caudillo ya no puede con la edad —me decía don Juan Carlos— Esa familia que tiene…» Y concretó: «Doña Carmen está fuera de sí con la boda». Era casi natural; si su nieta tenía sucesión, un bisnieto de Franco y doña Carmen sería también bisnieto de Alfonso XIII y doña Victoria Eugenia. Ni en sus más desbordantes sueños de gloria entrevió jamás semejante destino la muchachita de buena familia ovetense que se había casado cincuenta años antes con el prometedor «comandantín» que se jugaba la vida, año tras año, frente a los mejores francotiradores del mundo. (Sobre los cincuenta años de la boda: me llamaron del palacio del Pardo para que les diese la fecha exacta, sobre la que discutía el ilustre matrimonio).

Sería imposible que doña Carmen no elevase sus sueños un poco más lejos y no soñara, ahora despierta, con ver a su nieta en el trono de España. Sí, había un sucesor proclamado en 1969. Pero don Alfonso, el «príncipe del Movimiento» era el ídolo de los regencialistas, arrinconados pero no rendidos después del 23 de julio de 1969. Corría por muchos despachos un dictamen de doce páginas nada desdeñable, fechado el 15 de septiembre de 1972, por el que se solicitaba un título regio (duque de Toledo, duque de Borbón) para don Alfonso; y otro dictamen anterior, obra de un insigne jurista, por el que se declaraban los derechos preferentes de don Alfonso al trono de España, ante la nulidad de la renuncia exigida en 1933 por don Alfonso XIII, cuando ya no era Rey, a sus dos hijos mayores. Don Alfonso se había casado muy enamorado, lo que no le había impedido pedir la embajada de España en Roma o bien la presidencia del Banco Exterior de España, del que era funcionario. Al salir de la «bodísima», oficiada por el cardenal de Madrid don Vicente Enrique y Tarancón con sus más vistosos capisayos, la gentil desposada se permitió llamar «Juanito» al Príncipe de España, que no puso precisamente cara de fiesta. El 12 de octubre se celebraba en Estoril la boda de la infanta Margarita con el doctor Carlos Zurita Delgado. No fue invitado el marqués de Villaverde, ya suegro de don Alfonso; y entonces el Gobierno vetó la asistencia del embajador de España en Lisboa. A la vuelta, los Príncipes invitaron a almorzar a los marqueses de Villaverde, que cancelaron su aceptación media hora antes. Eran pequeñeces vistas desde ahora, sobre todo después de la vida y la muerte trágicas de don Alfonso, uno de los príncipes más desgraciados de nuestra historia; pero entonces parecían montañas.

El hecho es que aquella mañana de diciembre el príncipe Juan Carlos mostraba una sombría preocupación. «No sé lo que quiere mi primo Alfonso —me decía—. Yo le he dicho que para pedir hay antes que demostrar que se sirve al país. Que me parece mal ponerme de ejemplo, pero que vea que yo llevo quince años tragando para servir al país. Que me han tirado tomates y hasta basura en Llodio, en Valladolid, en la Universidad. Que él haga eso. Ha pedido la Delegación de Deportes en el Valle de los Caídos…»

Comentamos el discurso de Carrero; la dura requisitoria del almirante a la Iglesia española por su politización contra el régimen. Le dije que pensaba escribir a Carrero sobre ese discurso, exagerado de fondo y forma. Le interesaba mucho todo lo que se refiriese a relaciones con la Iglesia, pero siempre me habló con gran respeto y afecto de Carrero. Durante la boda de la infanta Margarita en Estoril don Juan Carlos había pedido a su padre, de acuerdo con Franco, su conformidad para que Franco pudiera nombrar a don Alfonso duque de Cádiz, que era un título de la Casa Real, el que había llevado el Rey consorte don Francisco de Asís, esposo de Isabel II. La cuestión del título se suscitó ante las noticias sobre el estado de buena esperanza de la esposa de don Alfonso. Pero la familia Franco quería más; me decía don Juan Carlos, escandalizado, que pretendían para don Alfonso el principado de Borbón, nada menos. El almirante Carrero —por indicación de Franco— había presentado al Príncipe el 16 de noviembre un proyecto de decreto en que, a petición del Príncipe de España, se designaba Príncipe de Borbón a don Alfonso. «Franco —dice el Príncipe a Carrero— puede hacerlo, pero no a petición mía. Un Rey no puede cometer esa equivocación». Carrero replicó: «Un Rey debe ser generoso». Pero el Príncipe contestó que Franco se desacreditaría al conceder semejante título; «y yo no paso por ello, y alguien tiene que decírselo al Caudillo, usted o yo». Poco antes de morir Carrero Blanco recordaba admirativamente esta actitud del Príncipe. Que en efecto, va inmediatamente al palacio del Pardo (hay comunicación entre las dos fincas, sin salir al exterior) y queda citado con Franco para después del funeral por José Antonio, que se celebraría en el Valle de los Caídos el 20 de noviembre.

Había tenido, pues, don Juan Carlos, una primera conversación con Franco antes de la boda de Estoril y otra antes del funeral; pero el 14 de noviembre también don Alfonso había hablado con el Caudillo. Le dijo que su nieta Carmen se negaba a vivir en Suecia. Propone don Alfonso varios destinos. El que más le interesa es el ministerio de Deportes, a través de una vicesecretaría general del Movimiento, para preparar el terreno.

A la vuelta del funeral el Príncipe acude a la cita con Franco, después de un ligero rifirrafe de dos ministros en el Valle de los Caídos, a propósito de don Alfonso; Torcuato Fernández Miranda, ministro del Movimiento, se negaba a facilitar al nieto político de Franco un puesto directivo en la Secretaría General. Don Juan Carlos entrega a Franco una nota personal en que propone que no se conceda principado alguno y reitera la anterior propuesta del ducado de Cádiz. Tiene que transigir en el tratamiento de Alteza Real y admitir la posibilidad de que en el futuro don Alfonso pueda ser elevado a la dignidad de Infante de España. Franco aceptó al fin la sugerencia del Príncipe y el 22 de noviembre de 1972 nació el esperado bisnieto de Alfonso ΧIIΙ y Francisco Franco.

El Príncipe me contaba todo este esperpento nobiliario con preocupación y pena, al ver a Franco tan manejado por las veleidades de su familia. López Rodó, en sus espléndidas Memorias de esta época, confirma que Franco parecía cada vez más ajeno a todo, se dormía frecuentemente en los Consejos de ministros y el Gobierno suplía en precario la casi total ausencia de iniciativa por parte de su jefe. Y en medio de tantas frivolidades alienadas, España se disponía a entrar en un año, 1973, de grandes convulsiones mundiales y nacionales.

El almirante Carrero,
presidente del gobierno

El 20 de enero de 1973 se inauguraba el segundo mandato del presidente Nixon, después de una victoria electoral aplastante; pero algunos colaboradores de la campaña habían cometido el disparate de allanar el cuartel general de los demócratas en el edificio Watergate de Washington, hecho que luego condujo a una serie de despropósitos, que acabaron en el abrupto final de ese segundo mandato del presidente anticomunista y gran amigo de España. El 6 de octubre del mismo año, aprovechando el descuido de las tropas israelíes en la orilla asiática del Canal de Suez por la fiesta del Yom Kippur, el ejército egipcio consiguió penetrar en el campo enemigo con graves pérdidas para Israel, en una guerra que terminó por inclinar a su favor, pero que desencadenó una tremenda crisis económica mundial en los sectores de la energía y las materias primas. La transición española iba a inscribirse en esa crisis, ante la que un régimen agonizante no fue capaz de arbitrar las medidas imprescindibles; todo cedía a la obsesión política, con descuido de las más elementales previsiones económicas.

A principios del año 1973 la organización terrorista ETA —nunca ha sido una simple «banda» como sugiere la rutina de los medios de comunicación— se lanzó a la conquista de Navarra. La estrategia diabólica de ETA, nacida al fin y al cabo en el sector más radical de las juventudes del PNV, coincidía, en los grandes objetivos, con los del PNV, aunque siempre existió un abismo de diferencias en los métodos, y, mientras ETA formula con claridad brutal esos objetivos, el PNV suele manifestarlos con mucha mayor ambigüedad. Pero uno de los grandes objetivos siempre ha sido idéntico para las dos agrupaciones: la captación de Navarra por Euzkadi.

Las provincias Vascongadas siempre se han enfrentado históricamente al reino de Navarra; en la actualidad Navarra es una región vasta y poco poblada, Euzkadi es una región de poca superficie y densa población. En medios nacionalistas y separatistas se considera a Navarra como un desahogo expansivo, un hinterland imprescindible para que Euzkadi pueda alcanzar una entidad nacional. El problema consiste en que Navarra es clave y cifra de españolidad; sin menospreciar por ello, ni mucho menos, la españolidad de un importante porcentaje de la población vasca, tan importante que cuando se escriben estas líneas el número de diputados del Partido Popular es el mismo que el de los del Partido Nacionalista Vasco. Y los vascos que se sienten españoles son más españoles que los del resto de España. En los debates constitucionales la españolidad de Navarra sufrió graves atentados parlamentarios, que se concretaron en concesiones absurdas y humillantes, que Navarra supo contrarrestar heroicamente, con toda la fuerza de sus raíces hispánicas; desde el punto de vista constitucional esas agresiones están hoy superadas por la firme voluntad de Navarra, aunque por desgracia las divisiones internas del centroderecha navarro parecen resucitar de vez en cuando los peligros que creíamos definitivamente conjurados.

Durante la contraofensiva de las fuerzas del orden contra el terrorismo etarra en 1973, esas fuerzas abatieron en Algorfa, el 19 de abril, a un dirigente de primera magnitud: Eustaquio Mendizábal, alias Txiquia. La rama que luego se llamaría político-militar de ETA, es decir, la ETA-V Asamblea, anudaba relaciones en ese mismo año con la red terrorista mundial alentada por la KGB soviética. El Partido Comunista de España, como ha revelado en un libro sobrecogedor la militante de entonces Lidia Falcón[21] y ha confirmado el propio Santiago Carrillo en testimonios tremendos, por ejemplo, Mañana España[22], colaboró con ETA, aunque después de la incorporación del Partido Comunista a la vida democrática española en la transición Carrillo ha tratado, inútilmente, de negar o al menos quitar hierro a esa colaboración, que se ha querido presentar como actuaciones personales de militantes comunistas en relación con ETA; como si no existiese el documento personalizado de Lidia Falcón o como si los militantes comunistas de 1973/1974 pudieran emprender, ni en sueños, ese tipo de colaboraciones por cuenta propia. La organización terrorista gozaba en 1973 de las simpatías, y algo más que las simpatías, de la izquierda rupturista, según la confesión del ministro socialista Barrionuevo en 1983: «Nos equivocamos con ETA». La militante comunista Eva Forest, esposa del dramaturgo del mismo partido Alfonso Sastre, era uno de los contactos de colaboración entre el Partido Comunista de 1973 y la organización terrorista.

El almirante Carrero Blanco aparecía ya claramente, a mediados del año 1973, como el piloto del franquismo para la inminente transición. Respondía perfectamente al apremiante consejo del presidente Nixon a Franco por medio del general Walters; si Franco no quería dejar la jefatura del Estado, que nombrase al menos un jefe del gobierno con la fuerza suficiente para dirigir la transición en vida de Franco. El 1 de marzo el almirante, que cada vez actuaba más, aunque fuera virtualmente, como jefe del gobierno, emplazó al Consejo Nacional del Movimiento para que plantease a fondo una reorientación de la política española; pero la institución, anémica de nacimiento y de ejecutoria, no encontró ideas ni energías para atender al requerimiento.

El asesinato, en plena calle de Madrid, el 1 de mayo, de un inspector de policía por la extrema izquierda, decidió a Franco a plantear una crisis total de Gobierno y el 7 de junio de 1973 nombró por fin al almirante Carrero Blanco presidente del Ejecutivo, cargo que ostentaba ininterrumpidamente el propio Franco desde el 30 de enero de 1938. Los Príncipes de España habían apoyado esta decisión. Movidos por el hundimiento de la Monarquía en su tierra familiar, Grecia, acontecimiento que, como la caída de Alfonso XIII el 14 de abril de 1931 se convirtió en guía histórica para el sucesor de Franco a título de Rey. Que concibió, como demuestran testimonios directos (algunos de ellos comunicados ante el historiador que suscribe), dos decisiones permanentes: primera, no apoyarse nunca en golpes militares para su continuidad en el trono; segunda, no abandonar jamás su puesto por presiones políticas o militares de cualquier tipo.

A mediados de 1973 el Príncipe estaba más decidido que nunca a dirigir España hacia un régimen democrático de corte occidental, y según testimonios privados e incluso públicos (por ejemplo ante la BBC-TV en enero de 1981 y ante la periodista Selina Scott años después) sabemos, por el propio don Juan Carlos, que Franco conocía esa decisión y la toleraba como una necesidad del futuro. El esquema mental que Franco, en plena decadencia, tenía muy claro es que la reforma democrática que impulsaría el Príncipe tendría como contrapeso la experiencia y la presencia del almirante Carrero, nuevo presidente del gobierno.

La crisis de junio parecía imponer la orientación definitiva del régimen para esa transición. Carrero era el hombre. Había contribuido en 1967 al giro involutivo del régimen tras la esperanza, pronto agostada, de la Ley Orgánica. Pero ¿era simplemente Carrero Blanco un involucionista, un retrógrado? De ninguna manera. En los momentos decisivos de la Guerra Mundial, tras las aplastantes victorias alemanas de 1940, cuando prácticamente todo el generalato español presionaba a Franco para que España entrase en el conflicto al lado de Alemania, Carrero actuó fría y decisivamente, por encima de sus propias simpatías personales, de acuerdo con su sentido estratégico de la realidad mundial. En 1970 y 1971 había llegado a un pleno acuerdo sobre el futuro de España con el presidente Nixon y su enviado el general Walters. Frente al empuje de los regencialistas, anclados en el inmovilismo, había patrocinado la Operación Príncipe y sabía perfectamente lo que don Juan Carlos quería para el futuro de España. Se había opuesto tenazmente, desde los primeros años cuarenta, cuando Franco le aproximó al poder, a las pretensiones de la Falange y aborrecía de manera innata el fascismo; hasta 1947 defendió siempre una Monarquía con don Juan de Borbón como Rey. Había eliminado del gobierno a Fraga en 1969, pero le había pedido que aceptase la embajada en Londres para mantenerle en activo de cara al futuro de España. Una vez nombrado presidente del gobierno dio muestras suficientes de que deseaba preparar una apertura prudente pero decidida, superando con su vista larga de marino las estrecheces de su propia ideología personal y sus prejuicios.

Posesionado de la Presidencia del Gobierno designó como vicepresidente a un hombre abierto que procedía, como Fraga, del Movimiento y nunca se ponía la camisa azul, el profesor Torcuato Fernández Miranda, independiente y mentor político del Príncipe, cuyas inclinaciones democráticas fomentaba desde que entró en contacto con él en 1960. Franco impuso a Carrero un solo ministro, el de la Gobernación, Carlos Arias Navarro, un eficaz antiguo alcalde de Madrid, que no supo organizar la seguridad del Estado. En cierto sentido Carrero se despegó un tanto del que había sido su equipo desde 1957 y marginó, relativamente, al hombre fuerte de ese equipo, Laureano López Rodó, a la importante cartera de Asuntos Exteriores, que sería valiosa para presentar ante los gobiernos extranjeros los nuevos proyectos para la transición española. Con motivo del nombramiento de Carrero como presidente del Gobierno surgió, en la plataforma católica de los Propagandistas, un grupo de opinión bajo el seudónimo «Tácito», cuyos nombres más significativos eran Alfonso Osorio, José Luis Álvarez, Marcelino Oreja, Landelino Lavilla y Gabriel Cañadas, orientados todos a un horizonte democrático al que deseaban llegar por vía de reforma, no de ruptura, como pretendía la oposición de izquierdas contra el régimen, a la que Carrero nunca concedió excesiva importancia.

Carrero se preocupaba mucho más por otra oposición, la de la Iglesia, empeñada en despegarse del régimen, y contaba con la plena fidelidad de las Fuerzas Armadas para garantizar la transición entre Franco y el Príncipe. Don Juan Carlos pensaba utilizar a Carrero en la primera fase de la transición a la democracia, y estaba completamente seguro de que el almirante dejaría el poder en cuanto él se lo pidiera. Carrero estaba dispuesto a lo mismo.

El almirante incorporó a su Gobierno como ministro de Información y Turismo a un político competente y honrado, Fernando de Liñán, que me ofreció la dirección general de Cultura Popular en ese ministerio, donde yo era funcionario por oposición. Dediqué el segundo semestre de 1973 a promover intensamente la apertura en el mundo del libro y a tomar contacto con intelectuales exiliados para animarles a regresar a España, lo que conseguí en algunos casos. La historiadora Carmen Llorca, a quien designé para la presidencia del Ateneo de Madrid, ha dedicado a aquella época de apertura cultural un libro desenfadado y verídico que me exime de ampliar aquí gratos y a veces duros recuerdos personales[23]. Parece que Adolfo Suárez, que había sido director general de Radio y Televisión en la fase anterior, con Alfredo Sánchez Bella como ministro de Información, estuvo a punto de ser designado por Carrero, con quien se llevaba muy bien, para esa cartera, dada su proximidad al Príncipe; pero no lo consiguió y quedó en el ostracismo, si así puede llamarse al dorado retiro que le fue asignado al frente de la empresa turística nacional ENTURSA, con tiempo para meditar acerca de su definitivo asalto al poder.

El ignorado testamento del almirante
Carrero Blanco

El mejor análisis sobre el semestre que el almirante Carrero Blanco pasó como presidente del gobierno se debe, como ya nos tiene acostumbrados, a Laureano López Rodó, a quien algún extraño «biógrafo» copia frecuentemente sin citarle, es decir, plagia[24]. El presidente estaba preocupado con la articulación de las Asociaciones políticas en el seno del Movimiento pero sin que se convirtieran de tapadillo en partidos políticos; es decir, pretendía la cuadratura del círculo. Porque de hecho los partidos se estaban ya configurando dentro y fuera del régimen, aunque no emergerían como fuerzas relativamente organizadas hasta el año 1977. El 14 de diciembre se celebró en el palacio del Pardo el último Consejo de ministros del gobierno Carrero, bajo la presidencia de Franco, que mostró mayor atención y firmeza que en los Consejos anteriores. El ministro de la Gobernación, Carlos Arias, anunció inminentes acciones terroristas de ETA, pero ni él ni sus servicios, incluido el Servicio Especial de la Presidencia del Gobierno, poseían la menor información sobre el trascendental proyecto de ETA contra el almirante Carrero, que entraba ya en su fase final de preparación. El martes 18 de diciembre llegó a Madrid en visita oficial el secretario de Estado norteamericano Henry Kissinger, que fue recibido inmediatamente en audiencia por Franco; conversaron sobre la crisis del petróleo y las grandes líneas de la política internacional que se derivaban de ella. Luego Kissinger visitó al Príncipe y hablaron con gran cordialidad sobre las gestiones del secretario de Estado en favor de la paz en Oriente Medio; López Rodó advirtió que don Juan Carlos hablaba ya casi como Rey. Al día siguiente, 19 de diciembre, el secretario de Estado visitó durante casi una hora al presidente del gobierno.

El almirante interpretó la crisis de Oriente Medio como un agravamiento del imperialismo soviético, que era precisamente una idea de Kissinger; éste asintió y escuchó con atención a Carrero cuando le exponía que, a su juicio, el arma principal de la URSS era el fomento de la guerra subversiva. Coincidió también el secretario de Estado con los temores del almirante sobre la expansión de la Marina soviética en el Mediterráneo. Luego Carrero propuso a su visitante la posible estrategia de Europa ante una posible agresión soviética, y manifestó que la OTAN necesitaba de España, por si el rodillo soviético penetraba hacia el Atlántico; la península Ibérica ofrecía la única plataforma viable para asegurar la llegada de las fuerzas de Norteamérica. Carrero estaba en su terreno e impresionó a Kissinger, que se mostró conforme con el ingreso de España en la OTAN. La conversación estratégica continuó en el ministerio de Asuntos Exteriores, donde Kissinger elogió los puntos de vista de Carrero, y las dos partes avanzaron en el planteamiento de la renovación del acuerdo bilateral entre España y los Estados Unidos. La jornada, la última de su vida, había constituido un gran éxito personal para el presidente del Gobierno español, que se llevó la última alegría de su vida cuando supo esa noche que en las elecciones para el Colegio de Abogados de Madrid la candidatura profesional de don Antonio Pedrol Ríus, antiguo oficial jurídico militar en el bando nacional de la Guerra Civil, había casi doblado a la del exministro de Franco, y ahora figura de la oposición contra él, don Joaquín Ruiz Giménez, lo cual por lo demás no extrañó a nadie; el líder político preconizado por el papa Pablo VI no ganó jamás en su vida una elección.

Al día siguiente, 20 de diciembre, se iban a celebrar dos acontecimientos, que Carrero había preparado con sumo cuidado. Uno era la iniciación del juicio contra la dirección del sindicato comunista Comisiones Obreras, encabezada por Marcelino Camacho, en el que se esperaban condenas gravísimas que, naturalmente, tenían con el alma en vilo a las familias de los procesados. Algunas señoras directamente afectadas, como la esposa de Camacho, doña Josefina, vinieron a verme a casa para expresarme su angustia. No recuerdo exactamente la fecha, creo que fue el 18 de diciembre cuando fui a ver al almirante y le comuniqué la preocupación de las señoras. Carrero, como nueva muestra de su actitud ante la transición que pensaba presidir, me atajó muy decidido: «Puede usted decirles que no se preocupen demasiado. He tomado las medidas necesarias para que las penas sean leves, en todo caso no superiores a un año». Al día siguiente, tras el asesinato del almirante, las familias de los procesados esperaban una especie de venganza judicial, y para tranquilizarlas publiqué lo que el almirante me había confiado; los abogados de la defensa utilizaron mi artículo como argumento y, como es natural, no hubo venganza —no la hubiera habido con o sin mi artículo— y se cumplió la previsión de Carrero, que luego confirmó el teniente coronel San Martín al referir que el presidente del gobierno había hecho una petición en el mismo sentido al fiscal general del Estado. Me alegré mucho al poder demostrar en vivo que había otro Carrero muy distinto a la imagen sombría y truculenta que se había intentado trazar sobre él.

La víspera de su asesinato el almirante preparó además otra actuación. Estaba convocado en Presidencia para el 20 de diciembre el habitual consejillo de los jueves, que teóricamente servía para preparar el Consejo de ministros formal que Franco presidía los viernes. Como Franco, con algunas excepciones, estaba cada vez peor, la reunión de los jueves acabó por ser la importante y la de los viernes cada vez más formularia, para dar a Franco la impresión de que seguía gobernando. Carrero había anunciado a los ministros que la reunión del 20 se iba a referir exclusivamente a un problema de suma trascendencia, y muchos pensaron que se trataba del espinoso proyecto sobre Asociaciones políticas. Laureano López Rodó, en su obra que acabo de citar, nos ha revelado la verdad, equivalente al auténtico testamento político de Carrero. Era un documento manuscrito de dieciséis folios, en que se hablaba exclusivamente de las que para él eran las dos grandes amenazas del presente y el futuro: el comunismo y la masonería. Sin yuxtaponerlas ni confundirlas, como había hecho a poco de acabar la Guerra Civil la ley que creaba el Tribunal de Represión contra la masonería y el comunismo. Pero esos «entes», como les llamaba el almirante, tenían algo en común: eran totalitarismos extranacionales que buscan dominar al mundo, haciendo que las naciones queden, de hecho, en sus manos. Para Carrero el comunismo tiene por objeto el dominio universal, mediante la guerra general (que frenó en 1945 el temor a la bomba atómica), las guerras limitadas, como la de Corea, Vietnam, Oriente Próximo; y la guerra subversiva, que busca la destrucción del «elemento hombre» mediante la destrucción de los valores religiosos y morales, a través de la infiltración en la Iglesia y la Universidad.

(Harán mal quienes desde una posición despectiva rechacen este punto de vista. En 1973 el marxismo-leninismo se encontraba en plena expansión mundial. Utilizaba precisamente esos tres sistemas de guerra en diversas fases. Y esos mismos métodos de penetración, concretamente la teología marxista de la liberación. Carrero tenía toda la razón; su visión no era esperpéntica, sino estratégica. Creo haberlo demostrado en mis dos libros recientes, Las puertas del infierno y La hoz y la cruz. Por supuesto esta visión estratégica del almirante coincidía con la que, sin atreverse a confesárselo a sí mismo, intuía Pablo VI cuando hablaba de la «autodemolición de la Iglesia» y el «humo del infierno»; y coincidiría mucho más con la visión estratégica sobre el marxismo-leninismo —«pecado contra el Espíritu Santo»— que ha inspirado todo el pensamiento y la acción de Juan Pablo II. )

El segundo enemigo del futuro era, para Carrero, la masonería. En su testamento, al menos en los párrafos que López Rodó transmite, no había elaborado esta cuestión con tanta claridad como la del comunismo. Por el documento que transcribe López Rodó creo que el almirante pensaba en lo que hoy, sobre todo después del hundimiento del marxismo y del comunismo en 1989, suele interpretarse como mundialismo, ese inmenso poder semioculto que los Papas del siglo XX han identificado como el liberalismo radical e inhumano, el otro materialismo que equipara al poder multinacional con el dinero, al margen de toda valoración espiritual.

Voy a dedicar el tercero de mis libros sobre la historia de la Iglesia en el siglo XX, Iglesia y masonería ante la llamada del milenio, a esta fuerza agnóstica y atea, inhumana, que Juan Pablo II, en textos tan claros como los que ha dedicado al marxismo y al comunismo, ha condenado con igual energía, al denunciar cómo esa fuerza, radicada en Occidente y en el mundo libre, se ha lanzado a llenar el vacío angustioso dejado por el marxismo-leninismo en Rusia y otros países de Europa central y oriental. En sus notas sobre esta versión de la masonería, el testamento del almirante Carrero no incurre en simplificaciones groseras e indemostrables. Apunta lo que intuye, porque este enemigo es mucho más difícil de captar. Pero, en conjunto, el testamento del almirante es un documento sobrecogedor; a mí me sugiere de forma irresistible que estas ideas tuvieron que ver más de lo que se cree con su violenta desaparición.

Las fuentes hasta hoy más importantes para reconstruir el asesinato de Carrero Blanco son, primero, el citado libro de López Rodó, tomo tercero de sus Memorias; segundo, el preparado por la propia organización terrorista ETA y escrito por la comunista Genoveva Forest, Operación ogro, con el seudónimo «Julen Agirre»[25]. Tercero, el relato de un equipo de investigación del diario El País, formado por Ismael Fuente, Javier García y Joaquín Prieto, Golpe mortal: asesinato de Carrero y agonía del franquismo[26], y, para demostrar la cooperación entre etarras y comunistas, el libro ya citado de Lidia Falcón.

Son además interesantes, para esta cooperación, las actas del VIII Congreso del Partido Comunista, 1972, y la larga entrevista de Max Gallo y Régis Debray con Santiago Carrillo, Mañana España, París, Colección Ebro, 1975. Sobre ETA conviene consultar a Gurutz Jáuregui, Ideología y estrategia política de ETA[27], y José Mari Garmendia, Historia de ETA, en dos vols[28]. Conservan su interés el relato de Joaquín Bardavío, La crisis[29], y el estudio informativo de Manuel Campo Vidal, Información y servicios secretos en el atentado al presidente Carrero Blanco[30]. El libro de los etarras ofrece datos de interés pero es una nueva arma de guerra, destinada a la desorientación y el encubrimiento; se obstina demasiado en asegurar que los asesinos actuaron solos, sin cooperaciones ajenas a la organización.

El magnicidio y la red comunista
de apoyo a ETA

La esposa del almirante Carrero sintió una especie de premonición el 19 de diciembre por la noche. «No te preocupes —la tranquilizó su marido, pensando sin duda en el juicio contra la dirección de Comisiones Obreras— el ministro de la Gobernación me ha dicho que no pasará nada». Volvamos ahora, con mucho más detalle, a los acontecimientos del 20 de diciembre de 1973.

Amanecía densamente nublado en Madrid, con chubascos intermitentes, como la víspera. A las siete de la mañana el portero de la casa número 104 de la calle Claudio Coello, frente a la fachada trasera de la Casa Profesa de la Compañía de Jesús, —la profesión principal del portero era la de número de la Policía Armada— salía a la calle, de uniforme, para prestar servicio en su destino habitual, la casa no lejana del ministro de Agricultura, Tomás Allende. Dice un cronista que el etarra de vigilancia frente al portal del 104, José Miguel Beñarán Ordeñana, (a) Argala, jefe del comando Txiquia y principal ejecutor del atentado, se sobresaltó al ver al portero de uniforme; lo cual resulta absurdo porque todo el comando conocía, desde varias semanas antes, la profesión del portero, que añade al magnicidio un matiz de ironía trágica. Argala no se inmuta y termina de empalmar, sobre la acera, los cables que salen de la ventana del bajo, con los que corren a tres metros de altura hasta la esquina de Diego de León.

A las ocho y media llegan frente al portal del almirante Carrero, en la calle hermanos Bécquer 6, los tres policías de su escolta: Juan Antonio Bueno Fernández, Rafael Galiana del Río y Miguel Alonso de la Fuente. Saludan a los dos miembros de la Policía Armada que custodian el portal y esperan al presidente. Una primera evidencia señala el espantoso descuido del Gobierno por la seguridad personal del presidente. Su escolta, en ese momento, constaba de ocho policías, para turnarse de tres en tres. Se conculcaban, en gran parte por culpa del propio Carrero, que exageraba su providencialismo hasta la imprudencia más atroz, las más elementales normas de seguridad en un mundo plagado de organizaciones terroristas. Los servicios de información y seguridad del Estado, que entonces eran casi una docena, totalmente inconexos, fallaron increíblemente. La repetición diaria de los movimientos de Carrero casi parecía una provocación. Hacía siempre el mismo recorrido, a la misma hora, en un coche sin blindaje alguno. Después del magnicidio aparecieron muchos testimonios de aviso, un tanto tardíos. La escolta había advertido la escasa seguridad que ofrecía el sistema de protección. Consta que, una semana antes del atentado, el director general de la Guardia Civil, general Carlos Iniesta Cano, había advertido al teniente coronel San Martín que ETA proyectaba secuestrar al presidente y su esposa durante un viaje; el jefe del SECED comunicó a Carrero la advertencia, pero él no hizo el menor caso. El exministro Federico Silva Muñoz había insistido ante Carrero, en vísperas del atentado, que la seguridad de su despacho y su domicilio estaban bajo mínimos; hasta que Carrero le prometió un próximo traslado a la Quinta del Pardo.

Ya hemos descrito al principio de este libro los pasos de Carrero hacia la mina subterránea donde le esperaba la muerte. Mientras tanto su ejecutor, Argala, antiguo admirador de Franco y José Antonio Primo de Rivera, se situaba en el cruce de Claudio Coello con Diego de León y llevaba en la mano una cartera con el pulsador que activaría la mina colocada en el túnel subterráneo, justo en el centro de la calle, frente al número 104. Argala el Flaco era un vizcaíno de 24 años, nacido en Arrigorriaga, que a los 17 se incorporó a la Legión de María, donde un clérigo le inició en el marxismo y el terrorismo y le guió hasta ETA, en la que su pasado franquista suscitaba menos recelos que su total ignorancia del euskera. Un segundo miembro del comando se apostaba cerca de la mina para dar la señal; otro, el único de los tres que sabía conducir, había dejado aparcado el coche para la huida en Diego de León cerca de Lagasca, paralela a la calle del crimen, y había situado un Austin Morris 1300 en doble fila junto al portal del 104 para obligar al coche del presidente a que pasara sobre la mina. Cuando los dos automóviles cruzan el bulevar de Juan Bravo el etarra de la esquina, subido a una escalera, da la primera señal de aviso a Argala, y la segunda cuando el Dodge se empareja con el Morris dejado por los etarras. Eran las nueve horas, veinticinco minutos y cuarenta segundos en el exactísimo reloj del almirante, que estalló como todo dentro de su coche. Ya sabemos dónde terminó.

Los policías del segundo automóvil llaman por radio inmediatamente a su central en la Dirección General de Seguridad. Miguel Alonso da cuenta de la explosión, dice no ver el coche del presidente y que huele a gas; los etarras, en su huida, gritaron «Gas, gas». Los etarras salen Lagasca abajo, cruzan la Castellana por el paso elevado al final de Juan Bravo, y abandonan el coche frente a la escuela de Policía, para mayor irrisión. Desde allí huyen a su refugio del Hogar-68, en el vecino pueblo de Alcorcón, que les había preparado el verano anterior la red comunista de apoyo, coordinada por Eva Forest; cooperaron a la preparación los propios etarras y el albañil Durán, del sindicato comunista. Contra las nubes de humo para desorientación general que figuran en el libro Operación ogro (cuyos datos acepta sin crítica un pretencioso biógrafo), los etarras pasaron un mes en su refugio, hasta que Eva les trajo órdenes de la dirección terrorista en San Juan de Luz: a fines de enero de 1974 abandonaron el refugio y se escondieron en otro, frente a la playa de Fuenterrabía, de donde una motora les trasladó a la orilla francesa de Hendaya. En Madrid cunde la interpretación del gas. El ministro de la Gobernación, los Príncipes y Franco se enteran de la explosión a eso de las diez; Franco, enfermo de gripe, se niega a aceptar la realidad (ya no es el Franco que toda su vida se había distinguido por lo contrario). El jefe del Alto Estado Mayor, general Diez Alegría, resume la sensación general: «El miedo paralizó a todo el mundo». Se disuelven como la espuma todas las huelgas organizadas por Comisiones Obreras en España entera como protesta por el proceso contra sus dirigentes. La jomada fue, en la calle, de tranquilidad absoluta; hasta la Bolsa cambió con toda normalidad. El Gobierno se reúne en Presidencia a la hora señalada por el ya difunto almirante; Torcuato Fernández Miranda asume la presidencia en funciones, pero deja libre el sillón de Carrero. El Consejo de ministros fue breve y Fernández Miranda ni siquiera consideró el declarar el estado de excepción. El gran fallo del Gobierno ante un país tranquilo, pero angustiado, fue no comunicar el asesinato del presidente —del que tuvo seguridad— hasta bien entrada la tarde. Hasta entonces sólo se habló oficialmente de «fallecimiento». La culpa fue de Franco, que se obstinaba en aferrarse a la tesis del accidente.

A las once y media de la mañana, en efecto, el comisario general de Investigación Criminal, Lorenzo de Benito, descubrió los cables que conducían al sótano y comunicó al ministro de la Gobernación que se trataba de un atentado. El Ayuntamiento de Madrid descartó la hipótesis de la explosión por gas. Esa misma noche varios encapuchados de ETA reivindicaron el atentado, en una rueda de prensa que convocaron en Bayona. El Servicio Especial del teniente coronel San Martín, que no había podido impedir el atentado contra su jefe supremo, atribuyó después en un informe reservado la responsabilidad a la rama de ETA conocida como «V-Asamblea». A raíz del proceso de Burgos en 1970 ETA se escindió en dos ramas: la V-Asamblea o «político- militar», que optaba por mantener la lucha armada en solitario hasta conseguir la independencia de Euzkadi, y la ETA-VI Asamblea, que prefería la acción política de masas en alianza con otras organizaciones de extrema izquierda extendidas por el territorio español, sobre todo la Liga Comunista Revolucionaria. La ETA-V estaba organizada en cuatro «frentes»: político, militar, obrero y cultural. «Las juventudes del PNV —concluyen los investigadores de El País— constituyeron un apoyo importantísimo para la reorganización»; se refieren a la reestructuración de ETA-V después de la escisión. «El reducido número de militantes que habían quedado en ETA-V tras separarse de la rama conocida como ETA-VI no habría ido muy lejos sin el aparato aportado por los jóvenes nacionalistas. Éstos abandonaron a su propio partido, considerado inoperante, y llevaron a los milis veteranos mucho entusiasmo, deseos de acción directa y una estructura implantada en casi todo el territorio vasco». Así pues, se produce un segundo trasvase de las juventudes del PNV a ETA, que ellas mismas habían fundado al escindirse por primera vez del PNV a finales de los años cincuenta.

La colaboración con ETA de prácticamente todos los grupos de extrema izquierda, desde la época del proceso de Burgos, es un hecho demostrado por los investigadores de El País y por los testimonios de Carrillo hasta 1975. Militantes de ETA, tanto de la rama ETA-V como de ETA-VI, reconoce Carrillo en Mañana España, ingresaron en el Partido Comunista; Carrillo les llama «jóvenes militantes nobles y generosos». El análisis de Carrillo sobre la importancia del atentado de ETA contra Carrero Blanco coincide con el de ETA. «Independientemente —dice— de quién haya sido el autor, admitía que fue un acto muy positivo por sus consecuencias. Así puede decirse que hay un buen uso del terrorismo». Con motivo del posterior atentado de la calle del Correo, la Policía descubrió que las conexiones ETA/PCE ya habían funcionado para el atentado contra Carrero. El capitán de la Guardia Civil Sánchez Valiente (que intervino luego en el golpe del 23-F) fue uno de los encargados de la investigación del caso Carrero. «A partir de este hecho —dice— yo comencé a concienciarme de las cosas, veo cosas rarísimas que no puedo tragar, que no puedo acomodarme a ellas, y me rebelo íntimamente. Investigamos y descubrimos quién había sido; tarde, pero lo descubrimos. Cogimos a toda la red que los había amparado (Genoveva Forest, etc.) Y al cabo de dos años les soltaron, cuando estábamos a punto de sacar lo que había detrás»[31].

Los investigadores de El País describen cómo, a raíz del proceso de Burgos, enviados de ETA consiguieron montar una eficaz red de apoyo en Madrid, que estaba lista para el año 1972. La célula clave para esta conexión fue la pareja comunista Eva Forest la Tupamara y el dramaturgo Alfonso Sastre, quienes, según dijeron luego los comunistas, se habían distanciado del PCE antes del atentado; imagine el lector la credibilidad de esos distanciamientos. Para garantizar la idoneidad del enviado de ETA funcionó nada menos que una conexión jesuítica; entre un sacerdote vasco de la Compañía de Jesús, hermano del emisario etarra, y el jesuita comunista José María de Llanos, que fue utilizado sin saberlo él. Argala —afirman los investigadores de El País— entró en relación con la pareja Sastre-Forest desde mediados de 1972. La pareja había viajado sucesivamente a Cuba, donde la Tupamara había establecido la relación internacional que la conduciría a la creación de la red de apoyo a ETA en Madrid. Un contacto de la KGB, que ella describe vagamente como «un argelino», y otras personas expresaron su interés —declaraba la Forest al salir de la cárcel de Yeserías en junio de 1977— por la existencia de un movimiento de liberación en Euzkadi.

Eva Forest estaba aún más vinculada que su marido a la estrategia soviética. Asumía y comunicaba todas las directrices soviéticas para la guerra fría. Los investigadores de El País describen la red de pisos que podrían servir de refugio a los dirigentes de la oposición clandestina, en la que colaboraron personas próximas a la revista Cuadernos para el diálogo y por supuesto los representantes del Partido Comunista en el interior. «Todo parece indicar —concluyen— que aquel sistema de la clandestinidad… fue aprovechado para alojar en Madrid a los miembros de ETA necesitados de casa, así como para ayudarles en diversos cometidos. En el Comité de Solidaridad participó un gran número de intelectuales de la oposición, incluidas personas del PCE».

Es casi inconcebible la desidia con que un presunto biógrafo de Carrero trata el atentado del 20 de diciembre de 1973. Descarta por completo la cooperación comunista, ignora las declaraciones de Carrillo, parece pensar seriamente que un comunista de 1973 pudiera emprender acciones gravísimas de apoyo logístico al terrorismo por su cuenta, sin la menor idea de la dirección. No dice una palabra sobre el hallazgo, por la Policía, en el piso donde habían vivido los etarras del comando asesino, del teléfono de un miembro importantísimo de la dirección comunista en Madrid. No conoce el testimonio de Lidia Falcón y piensa que Eva Forest era una aficionada. Por supuesto niega toda posibilidad de intervención de la CIA; quizá porque el presunto biógrafo suele aparecer en las listas de amigos de la CIA, lo cual es razón suficiente para explicar los notorios deslices de la central estratégica americana en España.

Una docena de etarras se prepara
en Madrid

Los investigadores de El País —en el admirable trabajo que ya hemos citado y del que dependemos todos los historiadores y cronistas del magnicidio— han demostrado que fue precisamente en casa de Sastre-Forest donde los emisarios de ETA obtuvieron información —casual, según mendaces fuentes etarras; buscada, con toda probabilidad— sobre la inconcebible negligencia del almirante Carrero y de los altos responsables de la Seguridad del Estado acerca de la seguridad personal del presidente del gobierno. La información llegó a ETA en Madrid dos veces dentro del año 1972. Una en primavera, en casa de Eva Forest, donde otro intelectual amigo de la pareja contó que Carrero iba regularmente a oír misa en la iglesia de los jesuitas, sin tomar precaución alguna.

En octubre del mismo año dos etarras significados, José María Beñarán Ordefiana, Argala, e Ignacio Pérez Beotegui, Wilson, vinieron a Madrid para confirmar la noticia, se disfrazaron de clérigos (sin dejar las pistolas) y acompañaron a misa al todavía vicepresidente. El informador del primer encuentro era un militante de la Liga Comunista Revolucionaria vinculado a ETA-VI; y en torno a una paella. Argala captó en el País Vasco la información, y, previo permiso de la dirección terrorista, vino a Madrid con Wilson para confirmarla.

Un pequeño enjambre de terroristas —más de una docena— bajaron a Madrid, con Argala al frente, desde el otoño de 1972, y prepararon la agresión a Carrero hasta el mismo momento del magnicidio, divididos en dos o tres grupos sin conexión entre sí. A mediados de octubre Argala y Wilson fueron citados en el Hotel Mindanao por un misterioso personaje, joven y de buena facha, que les suministró información completa sobre los movimientos diarios y regulares del almirante; probablemente se trataba de un miembro de la red de apoyo exterior, es decir, de un centro estratégico inductor de la Operación ogro, como empezaron a denominarla los etarras al conocer físicamente al presidente del gobierno.

Argala llegó una mañana a comulgar inmediatamente detrás de Carrero; la operación se montó no sólo para servir a directrices de tipo estratégico, sino además para desahogar tensiones internas en la organización terrorista, que continuaban pese a la llegada de bastantes jóvenes del PNV, uno de los cuales resultó muerto en un encuentro con la policía en el verano del 72. Las tensiones aumentaron entre los distintos frentes de ETA-V; y surgieron de ellas algunas filtraciones y confidencias, como la que apodada Turrón Negro llegó a las redes secretas de la Guardia Civil a fines de 1972, sin que Carrero, al enterarse, tomase otra resolución que mejorar la seguridad de su esposa. Se imponía mientras tanto en ETA-V el activismo terrorista del Frente Militar, dirigido por Eustaquio Mendizábal alias Txiquia, contra el frente obrero que seguía muy de lejos los pasos de ETA-VI y prefería la acción de masas a la lucha armada. Al volver de Madrid en diciembre de 1972 —mientras quedaban de retén otros etarras en la capital, gracias a la infraestructura clandestina del movimiento solidario articulado por los comunistas— Argala y Wilson hablaron con los responsables del frente militar, Txiquia y Miguel Pagoaga, Peixoto; era éste un antiguo misionero en El Ecuador. Mientras preparaba un recrudecimiento terrorista en el País Vasco, Txiquia, que actuaba en la práctica como jefe militar de ETA, animó a Argala para su gran aventura en Madrid. Querían, en un primer plan, secuestrar al almirante para canjearle por unos 150 presos de la organización, entre los que se encontraban, condenados a cadena perpetua sin redención de pena, los indultados del proceso de Burgos.

Se envió a Madrid, en enero de 1973, a un nuevo comando especializado en técnicas de secuestro, dirigido por Ignacio Múgica Arregui, alias Ezkerra, donostiarra de 27 años y destacado miembro de las juventudes del PNV, que habían salvado de la inanición el año anterior a ETA-V. Argala se encargó de poner en contacto a Ezkerra con Eva Forest y su red comunista de apoyo. El comando alternaba los trabajos de infraestructura —como la construcción de refugios en pisos francos para custodiar a posibles secuestrados— con ciertas acciones de entrenamiento para mantenerse en forma. Se fingieron policías para comprar unas esposas; robaron en una armería de la calle San Francisco de Sales; arrancaron un subfusil a un centinela desprevenido en Capitanía General. Lo verdaderamente asombroso es que ni la Policía ni los Servicios Secretos ni organismo alguno de los Servicios de Seguridad del Estado detectasen a los etarras durante el año largo que operaron en Madrid.

ETA en Madrid:
casi absolutamente increíble

Para cubrir en una acción diversiva a los comandos etarras que preparaban el gran golpe de Madrid, el jefe del frente militar de ETA-V, Txiquía, dirigió la que parecía ser principal ofensiva terrorista en el País Vasco, durante los últimos meses de 1972 y primeros de 1973. Txiquia era un terrorista de fría audacia, antiguo novicio benedictino que había colgado los hábitos para dedicarse a la guerrilla urbana, en la que pronto se reveló como maestro. En La hoz y la cruz he publicado una lista bastante completa de antiguos sacerdotes, misioneros, religiosos y seminaristas vascos que, después de abandonar su primera vocación, se han dedicado con ahínco a la política nacionalista, hasta los máximos niveles. Ahora, al reconstruir la actividad de ETA, estamos comprobando cuántos terroristas, incluso algunos de los más sanguinarios, han cambiado el camino de la vida por las oscuras sendas de la muerte. Comprendo la evolución del clericalismo a la política; en el País Vasco, hasta que se extendieron las nuevas Universidades, muchos jóvenes prometedores, sobre todo de familias humildes, casi no tenían otra salida que los seminarios o noviciados para buscar posiciones respetables o de influencia en la sociedad. Pero abandonar la vocación sacerdotal o religiosa por la militancia terrorista, el ideal de la conciliación por el fanatismo de la intolerancia, el culto a la vida por el culto a la muerte es una realidad trágica que no acierto a comprender.

Tal vez la vocación anterior era también fanática, como en el caso de los jesuitas fascistas que pasaron con toda naturalidad al comunismo; cambiaron un totalitarismo por otro. El caso es que en esa ofensiva las agrupaciones de acción dirigidas por Txiquia secuestraron al gran industrial navarro Felipe Huarte, uno de los creadores de riqueza para toda España, a quien ocultaron en un escondrijo del pueblo natal de Txiquia, Isasondo, y después en la vecina Lasarte. El Gobierno tuvo que autorizar secretamente el pago de los cincuenta millones que exigía ETA por el rescate; y exaltado por el triunfo, Txiquia robó, al frente de sus hombres, nada menos que tres toneladas del explosivo plástico goma—2 en un polvorín de la Unión Española de Explosivos en Hernani, población guipuzcoana que los terroristas consideraban como terreno propio.

Las fuerzas de seguridad del Estado consiguieron al fin seguir de cerca la pista de Txiquia, que se confiaba demasiado, y le abatieron en Algorta el 19 de abril de 1973 con sus propias tácticas: un disparo del policía perseguidor desde una moto. Los comandos etarras de Madrid, a quienes el jefe terrorista muerto había tratado de cubrir con sus acciones, dieron el nombre de Txiquia al grupo que finalmente se encargó del asesinato de Carrero, cuando la elevación del almirante a la presidencia del Gobierno les aconsejó abandonar la idea del secuestro. El explosivo colocado por ese grupo dentro del túnel de la calle Claudio Coello sería precisamente la goma-2 conseguida en Hemani. Ezkerra, el segundo de Txiquia, se encargó de reconstruir el frente militar. Para reanimar a este frente y cerrar las divergencias que cundían en la organización después de perder a su jefe más activo, los etarras convocaron una reunión sobre líneas estratégicas precisamente en Madrid.

El futuro comando Txiquia, cuando aún vivía el jefe militar de ETA-V, alquiló un piso franco en Madrid, frente al borde sur de la Casa de Campo, en la calle del Mirlo número 1, planta 12-C; la zona contaba con numerosas salidas para una eventual huida rápida, junto a las carreteras de Extremadura, de Boadilla del Monte y de Aravaca-Pozuelo. Era un barrio nuevo, donde las familias aún se conocían poco. Wilson firmó el contrato de alquiler con opción de compra y allí vivieron los etarras, sin levantar sospecha alguna, hasta el mismo día del magnicidio. Solamente uno de los habitantes del piso supo que, a fines de mayo de ese año 1973, se reunió en la ciudad de Getafe el comité ejecutivo de ETA-V, en un auténtico alarde de capacidad de movimientos clandestinos y de organización de infraestructura; en aquella ciudad, con mucha industria pesada, el sindicato comunista Comisiones Obreras tenía una fuerte implantación.

Los investigadores de El País, a quienes estamos siguiendo durante esta fase previa al atentado, han conseguido averiguar los nombres de los participantes principales en la reunión de Getafe: los miembros del Frente Militar de ETA-V Ezkerra, Peixoto y Domingo Iturbe Txomin; Eduardo Moreno Bergareche Pertur (el etarra con mayor sentido estratégico, que acabaría asesinado por sus compañeros); y hasta una docena de representantes de los frentes. Parece que algunos asistentes a la reunión de Getafe se tropezaron por casualidad, en plena Gran Vía, con algunos miembros del comando Txiquia. En la reunión de la Ejecutiva se discutieron los planes del secuestro, que pronto iban a abandonarse, y Ezkerra se quedó en Madrid para apoyar al comando encargado de la gran operación. Los reunidos en Getafe ordenaron el envío de refuerzos a Madrid, entre ellos dos mujeres, encargadas de alquilar un piso próximo al estadio Bernabéu y una tienda de ropa, donde se instalaría la cárcel del pueblo en que pensaban encerrar al almirante una vez secuestrado.

Poco después, cuando ya se habían hecho con el piso y la tienda, sufrieron su primer contratiempo; habían contado con la pasividad de las fuerzas del orden pero no con la maestría de los cacos madrileños, que robaron las existencias de la tienda, por lo que se presentó la Policía, que departió amablemente con los etarras y no averiguó nada del uso que se pensaba dar al local, que quedó, naturalmente, neutralizado.

Al quemarse el proyecto y ascender Carrero a la presidencia del Gobierno, la ejecutiva cambió de planes y ordenó el asesinato. El comando se hizo entonces con otros pisos francos en la avenida del Mediterráneo, en la avenida del general Perón y en la calle Alberto Aguilera. Sin embargo instalaron su refugio principal en la urbanización Hogar-68, en el vecino pueblo de Alcorcón, no lejos del piso franco de la calle del Mirlo, y a Alcorcón se fue el albañil comunista Durán para acondicionar el refugio que utilizarían los etarras en su huida. Dos etarras albañiles le ayudaron en las obras.

La Sexta Asamblea de ETA-V se reunió ese mismo verano en Hasparren, localidad del país vasco-francés, que por entonces era base de operaciones y tierra franca de ETA. Los jefes del Frente Militar anunciaron la proximidad de una acción de gran envergadura, sin ofrecer detalles; no hubo filtraciones y las divergencias internas se calmaron con la esperanza de un gran triunfo. En septiembre de 1973 regresaron a Madrid dos personas a quienes un próximo destino iba a unir trágicamente: el presidente del gobierno, almirante Carrero Blanco, decidido a empezar en serio sus trabajos para preparar la transición, y su ya preconizado asesino, Argala, que toma inmediatamente contacto con la coordinadora de la red comunista de apoyo, Eva Forest, y ultima con sus compañeros de la calle del Mirlo el plan para asegurar el éxito del atentado y los detalles de la huida.

El 11 de septiembre Argala dirigió una reunión de etarras en casa de Eva. Poco después se produjeron en el comando algunos cambios. Wilson, en desacuerdo con la sustitución del proyecto de secuestro por el de asesinato, se marchó de Madrid y fue sustituido por Jesús Zugarramurdi, Kiskur. Un miembro del comando, Atxulo, se encargó de alquilar el oportunísimo semisótano de Claudio Coello 104 y, poco después, el Morris que utilizaron para desviar al coche de Carrero hasta el lugar exacto de la explosión. En San Juan de Luz el principal estratega de la dirección etarra, Pertur, planificó la operación en su contexto, y procuró la proximidad del atentado a la vista del proceso 1001 contra Comisiones Obreras. Se ha dicho que esa coincidencia fue casual; pero en la organización del atentado contra Carrero Blanco nada se dejó a la casualidad. El Partido Comunista realizó un sondeo en los barrios periféricos de Madrid sobre las movilizaciones que deberían prepararse para el día en que comenzara el juicio, y los resultados del sondeo, que fueron favorables, llegaron, según los investigadores de El País —que son irrebatibles en cuanto a los hechos, aunque muy discutibles en su empeño de exculpar a los comunistas de toda relación con el crimen— a la dirección etarra en el sur de Francia.

El 7 de diciembre de 1973 los miembros del comando Txiquia empezaron la más difícil y arriesgada de sus tareas; la construcción del túnel desde el semisótano al centro de la calle Claudio Cuello, para colocar en su extremo la mina destinada a explotar bajo el coche del almirante, que seguía pasando por allí todos los días sin la menor precaución. Parece mentira que Carrero, experto en teoría de la guerra subversiva, careciera de toda orientación e intuición sobre su práctica. Dos de los etarras viajaron al norte para traerse los detonadores y otros accesorios precisos para la explosión. Ellos mismos transportaron en coche, desde la estación de Burgos, la goma-2 robada en Hemani. Una de las «cosas rarísimas» que sorprendieron al capitán Sánchez Valiente es que el portero—policía del número 104 no advirtiese la estrepitosa perforación del túnel, donde a veces toda la calle se llenaba de emanaciones de gas. La obra, con su parte extrema en T, para que cupiese la carga, terminó el 17 de diciembre. La voladura se retrasó dos días por la visita de Kissinger a Carrero. Durante la tarde y noche del 18 se dieron los retoques finales al túnel. Argala y Kiskur tendieron esa noche del 18 los cables, desde la altura del semisótano hasta la calle Diego de León, sin que ni el portero ni nadie hiciese una sola pregunta. Conociendo a los porteros de Madrid —había varios hasta Diego de León— y la curiosidad de los vecinos ante cualquier ruido o cualquier anomalía molesta, que se reiteraban durante varias semanas, resulta casi absolutamente increíble que nadie molestara lo más mínimo a los etarras en sus trabajos de zapa para colocar su mina. Casi absolutamente increíble.

¿Quién inspiró el atentado?

En el libro de propaganda política de ETA Operación ogro escrito, según parece, por el propio ejecutor, Argala, con la colaboración literaria de Eva Forest, se insiste por activa y por pasiva en que ETA, por medio del comando Txiquia, fue la única organización que, por sus motivaciones propias, preparó y realizó el atentado contra el almirante Carrero Blanco. La insistencia es tan machacona que se hace por sí misma sospechosa. Dos entidades que disponían, cada una por su lado, de una información excelente, negaron de forma inmediata esa exclusividad de ETA; el gobierno vasco en el exilio, por medio de su presidente, señor Leizaola y el pleno del comité ejecutivo del Partido Comunista de España. El señor Leizaola declaró inmediatamente que la principal responsabilidad no correspondía a ETA; la ejecutiva comunista atribuyó el atentado principalmente a la CIA, como después haría también la agencia soviética Tass. ETA decidió publicar Operación ogro para recabar su responsabilidad única y total, pero además en el segundo de los cuatro comunicados que difundió a raíz del atentado, con fecha 22 de diciembre de 1973[32], descalifica las declaraciones del señor Leizaola y del comité ejecutivo comunista. No cabe duda alguna de que el comando Txiquia fue el ejecutor material del atentado; pero creo que a estas alturas se ha incrementado la grave sospecha de que cooperaron, además, otros organismos.

El primero es la red comunista de apoyo informativo y logístico a la que nos venimos refiriendo. Para mí el testimonio definitivo es el de Lidia Falcón, en su citado libro sobre el atentado de la calle del Correo, que ofrece muchos datos sobre el atentado previo contra Carrero, y con el que se muestra de acuerdo el teniente coronel San Martín, con testimonio que recoge Campo Vidal en su libro citado.

Enrique Barón, defensor de Comisiones Obreras en el Proceso 1001 y luego ministro socialista y presidente del Parlamento Europeo, resume las dudas de muchos: «Uno tiene sus dudas todavía hoy de que un atentado así, en pleno Madrid, en esa localización exacta, pueda haberlo cometido una organización por su cuenta y riesgo. Se ha hablado tanto de conexiones del terrorismo que ante un suceso así uno no sabe qué pensar»[33].

Existen tres posibles organizaciones sobre las que han recaído sospechas de haber cooperado decisivamente con ETA en el magnicidio, aparte de la red de apoyo logístico comunista, cuya actuación está, como acabo de decir, plenamente probada: la central estratégica americana CIA, la central estratégica soviética KGB y un sector de los innumerables e inconexos Servicios Secretos españoles, cuyos inspiradores pretendían quitar de en medio al almirante Carrero, para que no presidiese la transición. Sobre estos tres organismos se han formulado acusaciones expresas o veladas.

«Al iniciarse la discusión previa a la entrada de España en la OTAN —resume Campo Vidal en su excelente estudio— una noticia de la agencia soviética Tass acusaba a la CIA de haber colaborado con ETA para la eliminación de Carrero, porque se oponía a la entrada de España en la organización de defensa atlántica»[34]. Pero esta acusación de la Tass cae por su base; acabamos de ver cómo Carrero y Kissinger quedaron de acuerdo en la conveniencia de que España entrase cuanto antes en la OTAN, y fue el almirante español quien llevó la iniciativa en esa discusión. Carrero era ya atlantista en 1940, como sabemos. Santiago Carrillo, alineado siempre con la URSS (aunque a veces lo negaba) para el horizonte estratégico, llegó a negar, al acusar del atentado a la CIA, la intervención de ETA en el atentado[35]. En otra ocasión Carrillo fue aún más explícito. El brazo ejecutor del atentado contra Carrero fue ETA, pero con la anuencia y probable colaboración de los servicios secretos americanos».[36]

El siguiente testimonio, sorprendente, no me parece despreciable, aunque Campo Vidal no concede excesiva credibilidad al testigo. Y lo tomo muy en cuenta por el gran testimonio superpuesto que voy a referir. El 24 de junio de 1978 se celebraba en Palacio la recepción que entonces ofrecía el Rey en esa fecha por el día de su santo. José María de Areilza, que había sido ministro de Asuntos Exteriores en el primer gobierno del Rey, dos años antes, se acercó e hicimos un aparte. «¿Has leído el libro de Gonzalez Mata? No el primero, Cisne, sino el que acaba de aparecer, que se titula Terrorismo internacional»[37]. Le dije que lo tenía pero aún sin leer. «Pues míralo esta misma noche, porque te puedo garantizar que su versión sobre el atentado a Carrero es la exacta». González Mata, antiguo miembro de los Servicios Secretos españoles, me parecía, por su primer libro, un autor informado, pero la recomendación de Areilza revaloriza decisivamente su interpretación sobre el atentado de Carrero.

Al volver a casa lo leí y encontré en la página 312 y siguientes, con mucho detalle, esa interpretación. Que atribuye a ETA, como todo el mundo, la preparación y ejecución del atentado; pero dice que la cobertura del atentado, en favor de ETA, se debe a «elementos paraestatales» españoles que dejaron hacer a los etarras; y a la propia CIA, que desde su estación en la embajada de los Estados Unidos, al otro lado de la calle de Serrano frente a la iglesia de los jesuitas, no solamente dejó hacer sino que reforzó la carga con explosivos poderosos la noche anterior. Todo ello bajo inspiración de signo mundialista. Agentes de la CIA, además de detectar a los etarras y al grupo paraestatal español, sobrecargaron, la noche anterior al atentado, la carga explosiva del túnel. González Mata ofrece todo género de detalles, día por día, sobre la fase previa al atentado. De todo el testimonio de Cisne puedo aceptar, en espera de mayor información, el conocimiento previo de la CIA: pero rechazo tajantemente, por experiencia personal directa de muchos años, que, como él insinúa, el «grupo español paraestatal» que dio cobertura a ETA fuese «el más querido por Carnero de sus servicios» es decir, el Servicio Especial del teniente coronel San Martín; ante todo porque no era un servicio paraestatal sino una Dirección General plena de la Presidencia del Gobierno. Tal vez Cisne pretenda ocultar a otros sectores secretos españoles; tal vez intente un ajuste de cuentas con el SECED. Pero implicarle en el atentado carece totalmente de sentido.

No descarto en modo alguno que la CIA conociese previamente el proyecto de ETA para el atentado. Más aún, lo creo probable; la estación CIA en la calle Serrano disponía de elementos modernísimos de detección, que podían captar la excavación del túnel y fotografiar a los etarras y cómplices de vigilancia. Por otra parte, la CIA mantenía infiltrados en todos los sectores políticos del régimen y la oposición, sin excepciones. Desde hace décadas la CIA ha demostrado sobradas veces su capacidad para la equivocación y el disparate; consta, por ejemplo, que ayudó a la editorial de propaganda antifranquista Ruedo Ibérico, y que puede cometer errores estratégicos peligrosísimos, como los que provocaron la caída de un gran amigo de los Estados Unidos, el sha del Irán, y la toma del poder por el imán Jomeini. Más difícil me parece probar una intervención activa de la central estratégica americana en el asesinato de Carrero; bastante barbaridad es ya haber conocido el plan de ETA y no haberlo puesto en conocimiento de los Servicios españoles. Pero testimonios y valoraciones mucho más serias apuntan a que la cobertura exterior y el impulso estratégico de la Operación ogro correspondió a la KGB. Una primera prueba, más que indicio, ha aparecido ya en nuestro relato, la actuación de la red comunista de apoyo logístico a ETA en Madrid, así como el contacto informativo argelino que guió a los etarras. ETA se consideraba marxista-leninista, no democrático-occidental. Pero concretemos los datos siguientes:

La sospechosa actuación del destacado dirigente comunista Simón Sánchez Montero, cuyo número de teléfono, correspondiente a su refugio clandestino, apareció sobre un envoltorio de medicamentos en el piso franco de los etarras en la calle del Mirlo[38].

La no menos sospechosa insistencia de los aterras autores del libro Operación ogro en decir que operaron solos, sin ayuda de nadie; cuando en otros casos han insistido con el mismo vigor, se ha podido demostrar su falsedad: por ejemplo, cuando relatan su huida de Madrid hacia Portugal, que ha engañado a muchos cronistas.

El informe de la especialista americana Claire Sterling (muy documentada y fiable), La red. del terror[39], sobre los contactos ETA/IRA a través de un enlace de la KGB en Argelia desde 1971.

Las acusaciones, muy fundadas y jamás desmentidas (con el intento añadido de evitar la salida y difusión del libro) de Lidia Falcón, en su libro citado sobre el atentado en la calle del Correo.

La opinión reiterada del teniente coronel San Martín, quien tras reconocer el lamentable fallo de todos los Servicios españoles de Seguridad, incluido el suyo, atribuye a la KGB la inspiración del atentado en su citado libro; idea que coincide con la apreciación del capitán Sánchez Valiente, reproducida en el libro de Campo Vidal:

De Carrero, un miembro del Comité Central del PCE había dicho: «Carrero es más peligroso para el Partido que veinte Francos… es el hombre fuerte con el cual habrá que contar en el futuro»[40]. Este diagnóstico refleja exactamente el comunicado por ETA en su nota oficial número 1 después del atentado, publicada como apéndice en Operación ogro.

¿A quién favorecía su muerte? «En el concierto de las naciones, España, con su posición inquebrantable, era una amenaza para el comunismo y sus compañeros de viaje. Carrero les estorbaba. A Carrero le mató ETA, pero recibió la inspiración y ayuda de algunos, que se limitaron a declarar su repulsa ante la creciente ola de atentados a la que venimos asistiendo. Éstos son los hombres del Kremlin, cualquiera que sea su ropaje»[41].

«No pensábamos que la ETA hubiese llegado a la capital de España, lo que no hubiera logrado de no contar con apoyo en la clandestinidad de algún partido político»[42],

«ETA fue el instrumento, el brazo armado que puso trágicamente fin a su vida. Quién señaló el objetivo, quién inspiró el crimen, hay que buscarlo bastante lejos de España. Quiénes dieron su apoyo, los mismos que lo dieron para la realización del atentado en la calle del Correo; Lidia Falcón probablemente lo sabe»[43].

Tusell indica que medios familiares del almirante asesinado se inclinan aún hoy a atribuir la inspiración superior del atentado a la central estratégica americana. Es la misma tesis de Cisne, que considera a esa central como obediente a una inspiración suprema, que hoy llamaríamos mundialista, y que para Carrero, como dijo en su testamento, respondía al concepto más recóndito de la masonería. Me consta que la viuda del almirante —y no era ella sola— pensó desde el principio, y durante muchos años, en esa atribución. Pero, sin descartar el conocimiento previo del atentado por parte de la CIA, me parece mucho más probable señalar a la KGB como central estratégica de información y cooperación para los etarras. Ironía trágica: los dos grandes enemigos que Carrero señalaba en su testamento, el comunismo y la masonería, serían, si esta conclusión es, como creo, verosímil e incluso probable, el inspirador probable y el inspirador posible de su asesinato.

La investigación judicial
y el sarcasmo

Me consta de la existencia de tres jueces sobre el atentado del almirante Carrero Blanco, y conozco con toda seguridad algunos contenidos esenciales del sumario. López Rodó, en su imprescindible libro, que venimos siguiendo[44], cita y extracta un sumario instruido en el Juzgado número 8 de Madrid por el magistrado don Andrés Martínez Sanz, en virtud del cual se dictó el 9 de enero de 1974 —es decir veinte días después del magnicidio— auto de procesamiento contra Argala, Wilson, Atxulo y otros siete etarras. A ellos se añadió después Ezkerra y el 9 de noviembre de 1974, Genoveva Forest y Antonio Durán, los dos colaboradores comunistas. Los datos principales que transmite López Rodó los hemos recogido en el relato. Apoyándose en una cita del famoso autor inglés Paul Johnson, López Rodó se inclina a la tesis de que la inspiradora y cooperadora máxima del atentado fue la KGB.

López Rodó nos informa, además, de que por el decreto-ley de 26 de agosto de 1975, todavía en vida de Franco y bajo el gobierno de Carlos Arias Navarro, el desacreditadísimo ministro de la Gobernación en el gobierno Carrero, impuesto a Carrero por Franco e incapaz de evitar, ni siquiera ventear la preparación y ejecución del magnicidio, el enjuiciamiento de los delitos de terrorismo se entregó a la jurisdicción militar, en vista del recrudecimiento del terrorismo durante la fase preagónica de Franco; y entonces la instrucción del sumario por el atentado del almirante Carrero correspondió al comandante-juez don Jesús Valenciano Almoyna.

Pero en su número de 28 de marzo a 3 de abril de 1984 la revista Interviú nos proporcionó una gran sorpresa. Esta revista, famosa por sus desnudos y otras amenas frivolidades, ofrece frecuentemente informaciones interesantes y aun importantes o, como en este caso, importantísimas. En este caso la revista publicaba unas declaraciones verdaderamente trascendentales del magistrado Luis de la Torre Arredondo, que empieza sus revelaciones afirmando que le pusieron de pantalla, por su prestigio y solvencia, al frente de la investigación sobre el asesinato de Carrero por vía de jurisdicción ordinaria, «para ver si con ese cuento los franceses nos concedían la extradición de los autores del atentado». Al ver que el truco no funcionaba quisieron que el juez pasara “el paquete” a los militares y entonces yo me negué y ocurrió de todo». El magistrado realizó su investigación en el sumario 142/73, cuya relación con el del juzgado número 8, que extracta López Rodó, debe ser de identidad. Don Luis de la Torre trabajó durante un año y veintidós días en la investigación del atentado. Según sus palabras, la instrucción del sumario no tenía como fin la celebración de un juicio.

El sumario consta de cinco tomos, declaraciones de ciento sesenta y una personas, entre técnicos y testigos, y un total de dos mil seiscientas cincuenta y cuatro páginas. Pero el magistrado no habla solamente de las indagaciones y resultados de la investigación oficial, sino de las conversaciones reservadas que se susurraban por los pasillos de la Administración de Justicia y del poder. Don Luis de la Torre era, en el momento del atentado, presidente de la sección cuarta de lo criminal en la Audiencia Provincial de Madrid. El 20 de diciembre estaba en Barcelona y, al regresar, recibió el recado de presentarse ante el presidente de la Audiencia Territorial, don Acisclo Fernández Carriedo. Estoy siguiendo el extraordinario reportaje que publican en la citada revista Enrique Barrueco y la fotógrafa María España.

El magistrado Fernández Carriedo había sido jurídico militar y luego pasó a prestar servicios en la jurisdicción ordinaria. Le entregó un nombramiento en que la Sala de Gobierno, a propuesta del presidente del Supremo, le designaba juez especial en el sumario de Carrero Blanco, con jurisdicción en todo el ámbito nacional. El entonces ministro de Justicia, don Francisco Ruiz Jarabo, conocía al magistrado Arredondo desde la infancia. El magistrado había cumplido ya setenta años. Le nombraron como fiscal al señor Raya, por iniciativa de don Fernando Herrero Tejedor, fiscal general del Estado. El magistrado empezó a trabajar en un despacho del juzgado número 8 (el mismo que cita López Rodó, por lo que supongo que se trata del mismo sumario). Vino a ponerse a su disposición el jefe superior de Policía de Madrid, coronel Federico Quintero, a quien exigió que no se hiciese objeto de malos tratos a los detenidos que pudieran llevarle; y que buscase, ante todo, pruebas. Sin embargo, el magistrado asegura que se utilizó la tortura contra Eva Forest y Antonio Durán, implicados también en el sumario posterior por el atentado de la calle del Correo, que se añadió al de Carrero. En el interrogatorio, el albañil Durán relató lo sucedido «el día que se acordó ejecutar al presidente». Es decir, que estaba al cabo de la calle sobre los propósitos de los etarras para quienes trabajaba.

A medida que avanzaba la investigación, el magistrado advertía cada vez con mayor intensidad «una sombra de sospecha. Había alguien más que ETA». Le llegaron rumores de que ETA había actuado como una pandilla al servicio de otros, la CIA. Consultó con Quintero, que lo negó. El magistrado reafirmaba sus sospechas; pensaba que a la CIA le interesaba la desaparición de Carrero. Insistió con Quintero, que se mostraba reticente. Tentó otros caminos, como el general Gutiérrez Mellado, a quien conocía; pero le contestó que no sabía nada. «Aquí hay tantos —añadió— que querían quitarse de en medio a Carrero». Sigue diciendo el magistrado que los únicos partidarios de la llegada de don Juan Carlos al trono eran Carrero y López Rodó. Y que algunos Servicios de Seguridad conocían el peligro que corría Carrero, pero no les hizo caso. El magistrado se quedó «con esa convicción, con esa sospecha… la posibilidad de que la estación CIA en Madrid —así lo había planteado el periodista— hubiera detectado al comando etarra y lo hubiera comunicado a la Policía española, sin que ésta hubiera hecho nada para evitar el atentado». (Verá el lector que es una tesis semejante a la de Cisne.) Don Luis de la Torre buscó las pistas de la cobertura exterior. No las encontró. «Creo que nunca será posible saber nada más». «Como la ETA —seguía— actúa a veces de una forma que parece que está pagada por elementos no precisamente muy comunistas…Yo hice lo posible… Es que ahí… en cuanto surge una cosa de éstas… claro, hay que empezar por arriba».

«No se empezó. Se empezó por los ejecutores materiales y de ahí no se pasó. Y había, había elementos…» Le pregunta el periodista si intentó pasar. Y lo intenté, lo intenté, sí…» Le ponían obstáculos en su camino». Creo sinceramente que los inspiradores del atentado quedaron en la sombra». Un día el fiscal le pidió que si resultaba algo contra fulano y zutano mejor es que lo pasara por alto. Uno de los nombres era el de un etarra, Aya Zulaica. Según el periodista, el fiscal general Fernando Herrero Tejedor dijo, el 16 de septiembre de 1974, en el discurso de apertura del año judicial, que no se descartaba la participación de organizaciones ajenas a ETA en el atentado. En este sentido envió un largo informe a Franco, directamente, del que nunca más se supo. Femando Herrero Tejedor, preconizado como director de la transición, murió, como se sabe, en un trágico accidente de automóvil, en el cruce de Adanero.

El magistrado estaba a punto de redactar sus conclusiones cuando el fiscal le pidió que se inhibiera a favor de la justicia miliar. El juez De la Torre se negó, pero el Supremo decidió el traspaso de la causa. Propuesto el magistrado para ascender al Supremo, su nombre desapareció de la terna. Por ley de 15 de octubre de 1977 se concedió «amnistía general por todos los delitos de intencionalidad política». Se declaró concluso el sumario del almirante Carrero y extinguida la responsabilidad penal de sus autores. La tragedia degeneraba en esperpento y desembocaba en sarcasmo.

RICARDO DE LA CIERVA Y HOCES. (Madrid, España; 9 de noviembre de 1926) es un Licenciado y Doctor en Física, historiador y político español, agregado de Historia Contemporánea de España e Iberoamérica, catedrático de Historia Moderna y Contemporánea por la Universidad de Alcalá de Henares (hasta 1997) y ministro de Cultura en 1980.

Nieto de Juan de la Cierva y Peñafiel, ministro de varias carteras con Alfonso XIII, su tío fue Juan de la Cierva, inventor del autogiro. Su padre, el abogado y miembro de Acción Popular (el partido de Gil Robles), Ricardo de la Cierva y Codorníu, fue asesinado en Paracuellos de Jarama tras haber sido capturado en Barajas por la delación de un colaborador, cuando trataba de huir a Francia para reunirse con su mujer y sus seis hijos pequeños. Asimismo es hermano del primer español premiado con un premio de la Academia del Cine Americano (1969), Juan de la Cierva y Hoces (Óscar por su labor investigadora).

Ricardo de la Cierva se doctoró en Ciencias Químicas y Filosofía y Letras en la Universidad Central. Fue catedrático de Historia Contemporánea Universal y de España en la Universidad de Alcalá de Henares y de Historia Contemporánea de España e Iberoamérica en la Universidad Complutense.

Posteriormente fue jefe del Gabinete de Estudios sobre Historia en el Ministerio de Información y Turismo durante el régimen franquista. En 1973 pasaría a ser director general de Cultura Popular y presidente del Instituto Nacional del Libro Español. Ya en la Transición, pasaría a ser senador por Murcia en 1977, siendo nombrado en 1978 consejero del Presidente del Gobierno para asuntos culturales. En las elecciones generales de 1979 sería elegido diputado a Cortes por Murcia, siendo nombrado en 1980 ministro de Cultura con la Unión de Centro Democrático. Tras la disolución de este partido político, fue nombrado coordinador cultural de Alianza Popular en 1984. Su intensa labor política le fue muy útil como experiencia para sus libros de Historia.

En otoño de 1993, Ricardo de la Cierva creó la Editorial Fénix. El renombrado autor, que había publicado sus obras en las más importantes editoriales españolas (y dos extranjeras) durante los casi treinta años anteriores, decidió abrir esta nueva editorial por razones vocacionales y personales; sobre todo porque sus escritos comenzaban a verse censurados parcialmente por sus editores españoles, con gran disgusto para él. Por otra parte, su experiencia al frente de la Editora Nacional a principios de los años setenta, le sirvió perfectamente en esta nueva empresa.

De La Cierva ha publicado numerosos libros de temática histórica, principalmente relacionados con la Segunda República Española, la Guerra Civil Española, el franquismo, la masonería y la penetración de la teología de la liberación en la Iglesia Católica. Su ingente labor ha sido premiada con los premios periodísticos Víctor de la Serna, concedido por la Asociación de la Prensa de Madrid y el premio Mariano de Cavia concedido por el diario ABC.

Notas

[1]España, perspectiva 1974, Madrid, Guadiana, 1974. <<

[2]L. García San Miguel, Teoría de la transición, Madrid, Editora Nacional, 1981. <<

[3]E. Comín Colomer, Magnicidios políticos, Madrid, San Martín 1974. <<

[4]Tusell me copia con descaro y sin cita el encuentro de marzo de 1925 y cree «incomprobable» (palabra inexistente y horrible, así escribe) la anécdota de la bandera de Cartagena, que vio en mi biografía de Franco, ante la que se obsesiona en tomar datos sin cita. Por lo visto el encuentro del Arcila era comprobable pese a venir de la misma fuente. <<

[5]Tusell cree que la hostilidad militar contra Serrano empezó en 1940. Como casi siempre al señalar las crisis importantes, se equivoca. Recuerdo el ambiente de la retaguardia nacional en San Sebastián, donde se palpaba, con datos muy concretos, esa hostilidad. <<

[6]Serrano Súñer puso el grito en el cielo cuando conoció esta opinión de Carrero. Sólo puedo decir que el almirante me la recalcó mucho, con seguridad total. <<

[7]L. Carrero Blanco, España y el mar, Madrid, Instituto de Estudios Políticos, 1964, vol II, p. 58-59. <<

[8]E. Romero, Los papeles reservados de E.R., Barcelona, Plaza y Janés, 1986, vol. II, p. 356s. <<

[9]A partir de este momento cfr. tomos 5 y 6 de mi segunda biografía de Franco (Planeta 1982), y las fuentes en ella detalladas entre las que figura con carácter preferente L. López Rodó, La larga marcha hacia la Monarquía, Barcelona, Noguer, 1977, una maravilla de documentación y análisis. En cambio Tusell hace ministro a Gerardo Salvador Merino, cosa que Franco no logró nunca. En el fondo Tusell es tan franquista que hasta le nombra ministros a Franco. Puesto a inventar llama Gregorio a Salvador Merino, cuyo nombre era Gerardo. <<

[10]J. Tusell, Carrero, Madrid, Temas de Hoy, 1993, p. 61. <<

[11]Madrid, Época, 1993. <<

[12]L. López Rodó, Memorias, vol. I. Barcelona, Plaza y Janés, 1990, p. 66. <<

[13]Los dientes de Franco, Madrid, Fénix, 1996. <<

[14]Relaciones y documentación entre don Juan y Franco en mi libro Franco y don Juan, los reyes sin corona, Madrid, Época, 1993. <<

[15]Para este período es fundamental el libro de F. Franco Salgado Mis conversaciones privadas con Franco, Barcelona, Planeta, 1976. Y el de Vernon Walters Misiones discretas, Barcelona, Planeta, 1981. <<

[16]J. I. San Martín, Servicio Especial, Barcelona, Planeta, 1983. <<

[17] L. Rodó, Memorias II, p. 358. <<

[18] L. Rodó, Memorias II, p. 369. <<

[19] V. Walters, Misiones discretas, Barcelona, Planeta, 1981. <<

[20] V. Walters, Misiones discretas, Barcelona, Planeta, 1981 p. 330s. <<

[21] Viernes y trece en la calle del Correo, Barcelona, Planeta, 1981. <<

[22] Para el problema ETA/PCE ver mi análisis en Carrillo miente, ed. Fénix, 1994. <<

[23] Del aperturismo al cambió, mi testimonio, Barcelona, Plaza y Janés, 1986. <<

[24] L. López Rodó, Memorias III, Barcelona, Plaza y Janés, 1992, p. 391s. <<

[25]Ediciones Mugalde, Hendaya, 1974, y Ediciones Ruedo Ibérico, París. <<

[26] 3a ed. Madrid, El País, 1984. <<

[27] Madrid, Siglo XXI de España, 1981. <<

[28] San Sebastián, Haranburu, 1975. <<

[29] Madrid, 1974. <<

[30] Barcelona, Argos-Vergara, 1983. <<

[31] M. Campo Vidal, op. Cit. P. 31. <<

[32] Incluido en el apéndice documental de ese mismo libro. <<

[33] En Campo Vidal, op. cit. p. 35. <<

[34] Campo Vidal, p. 31. <<

[35] Ibid. p. 32. <<

[36] Equipo de El País, Golpe mortal, p. 46. <<

[37] Barcelona, Argos-Vergara, mayo de 1978. <<

[38] Ver San Martín, Servicio Especial, p. 90, nota. <<

[39] Ed. francesa, 1981. <<

[40] Servicio especial, p.96. <<

[41] Ibid. p. 88. <<

[42] Ibid. p. 90. <<

[43] Ibid., p. 10. <<

[44] Memorias III, Barcelona, Plaza y Janés, 1992, p. 521 s. <<