«Prácticamente todos los estudios sobre la Guerra Civil española se refieren a cuestiones militares y políticas. No faltan publicaciones sobre la intervención extranjera ni sobre la represión. En menor número disponemos de investigaciones sobre cultura y propaganda. Pero la economía es la gran asignatura pendiente; hasta hace poco los estudios económicos sobre la Guerra Civil eran muy escasos, dispersos e insuficientes. Hoy la situación se ha remediado sustancialmente gracias a investigaciones como las del profesor Juan Velarde, la del profesor Ángel Viñas y la muy completa, con visos de definitiva, que ha emprendido y publicado, para los frentes financiero y económico, el economista, banquero y académico de la Historia José Ángel Sánchez Asiaín. Pero aún así faltaba por reunir y presentar en un solo cuerpo de doctrina todo el conjunto de datos y estudios sobre la Guerra Civil en las dos zonas. Éste es el objetivo del presente libro, en el que analizamos primero los principales textos, documentos y análisis sobre la economía de la zona republicana para contraponerles después los referidos a la zona nacional. La conclusión brotará por sí sola».

Ricardo de la Cierva

Claves económicas de la Guerra Civil

Episodios históricos de España - 41

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Titivillus 28.08.18

Título original: Claves económicas de la Guerra Civil

Ricardo de la Cierva, 1997

Editor digital: Titivillus

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Para Mercedes 102

La guerra económica,

asignatura pendiente

Prácticamente todos los estudios sobre la Guerra Civil española se refieren a cuestiones militares y políticas. No faltan publicaciones sobre la intervención extranjera ni sobre la represión. En menor número disponemos de investigaciones sobre cultura y propaganda. Pero la economía es la gran asignatura pendiente; hasta hace poco los estudios económicos sobre la Guerra Civil eran muy escasos, dispersos e insuficientes.

Hoy la situación se ha remediado sustancialmente gracias a investigaciones como las del profesor Juan Velarde, la del profesor Ángel Viñas y la muy completa, con visos de definitiva, que ha emprendido y publicado, para los frentes financiero y económico, el economista, banquero y académico de la Historia José Ángel Sánchez Asiaín. Pero aún así faltaba por reunir y presentar en un solo cuerpo de doctrina todo el conjunto de datos y estudios sobre la economía de la Guerra Civil en las dos zonas. Éste es el objetivo del presente libro, en el que analizaremos primero los principales textos, documentos y análisis sobre la economía de la zona republicana para contraponerles después los que se refieren a la zona nacional. La conclusión brotará por sí sola ál final de nuestra comparación.

Desde los primeros momentos del conflicto la diferencia de comportamiento económico en una y otra zona es patente y explica casi todo lo que va a suceder después.

En la zona rebelde la propiedad de los medios de producción fue respetada y la actividad económica se fomentó al máximo. En la zona republicana y de forma inmediata, a partir del mismo 19 de julio de 1936, la actividad económica se paralizó y se impuso el caos en el campo y en las empresas. He aquí el decreto urgente del Ministerio de Hacienda:

Ministerio de Hacienda

Decreto

Las circunstancias actuales de todos conocidas, la necesidad de poner coto a pánicos en nada justificados, que podrían dar lugar a depresiones absolutamente contrarias a lo que demanda la serenidad de los momentos presentes, aconsejan limitar o suspender, aunque por breve plazo, las operaciones de carácter mercantil que impliquen movimiento de fondos en los establecimientos de crédito. Como esta medida necesita ir acompañada de la suspensión de términos, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 955 del Código de Comercio,

De acuerdo con el Consejo de Ministros y a propuesta del de Hacienda,

Vengo en decretar lo siguiente:

Artículo 1. Se suspenden en España por cuarenta y ocho horas las operaciones y funcionamiento de las Bolsas de Comercio.

Durante este plazo, los agentes de Cambio y Bolsa ni los corredores de Comercio autorizarán pólizas ni otro documento que produzca transacciones sobre efectos públicos y valores mercantiles.

Art. 2. Dentro de las indicadas cuarenta y ocho horas no se podrá retirar cantidad superior a 2.000 pesetas de cuentas corrientes, depósitos, Cajas de Ahorro, en los bancos y entidades de crédito de cualquier clase en toda España.

En este plazo, los bancos, asociaciones e institutos de crédito en general que se dedican a esta clase de negocios no accederán a la retirada de depósitos o cuentas de ninguna clase que se pidan por sus titulares y en lo que excedan de 2.000 pesetas.

Art. 3. Se establece una moratoria de cuarenta y ocho horas para todos los vencimientos de pago de efectos mercantiles de cualquier clase.

Art. 4. De este decreto se dará en su día cuenta a las Cortes.

Dado en Madrid, a diecinueve de julio de mil novecientos treinta y seis

El ministro de Hacienda Enrique Ramos Ramos Manuel Azaña.

Gaceta de Madrid, 20 de julio de 1936, número 202.

A los pocos días y en una clásica exhibición de doble poder anárquico, el Ministerio de Industria republicano decretaba la intervención industrial cuando la gran mayoría de las industrias privadas y públicas habían sido ya ocupadas por los sindicatos revolucionarios:

Ministerio de Industria y Comercio Decretos

Con objeto de llegar a la normalización de todas las actividades industriales en el más breve plazo posible, el Gobierno estima absolutamente indispensable la intervención directa del Estado en todas las industrias, y muy especialmente en las que afectan a servicios públicos.

A este efecto, y de acuerdo con el Consejo de Ministros, y a propuesta del de Industria, y Comercio,

Vengo en decretar lo siguiente:

Artículo 1. Se crea en Madrid un Comité de Intervención Provisional en las Industrias, presidido por D. Melchor M. Mundet, presidente del Consejo Ordenador de la Economía Nacional, asistido de los señores siguientes: D. Miguel Rovira Malé, don Nicasio Navascués de Sota y D. Javier Osés Claris, ingenieros industriales del Cuerpo al servicio del Ministerio de Industria y Comercio.

Art. 2. Este Comité, asesorado por los técnicos que estime conveniente, ejercerá el control de todas las industrias y asumirá la dirección inmediata de aquéllas que considere necesarias, a cuyo efecto bastará una comunicación a los directores actuales.

Las industrias controladas o dirigidas por el Comité deberán cumplir cuantas disposiciones se dicten por éste o sus delegados, incurriendo en grave responsabilidad quienes hicieran la más leve oposición.

Art. 3. Al ministro de Industria y Comercio corresponderá determinar el momento en que deberá cesar este Comité en sus funciones.

Art. 4. De este decreto se dará cuenta a las Cortes.

Dado en Madrid a veinticinco de julio de mil novecientos treinta y seis

Manuel Azaña.

El ministro de Industria y Comercio, Plácido Álvarez Buylla.

Gaceta de Madrid, número 86.

Las compañías ferroviarias habían salido del control de sus Consejos de Administración al estallar el conflicto. En zona republicana las dirigían y controlaban a su manera los comités sindicales con criterios revolucionarios. El Gobierno Giral intenta, sin el menor éxito, ponerlas bajo la dirección del Estado sin que los comités hicieran el menor caso:

Como consecuencia de las circunstancias actuales, la explotación de las principales compañías de ferrocarriles ha sufrido una evidente transformación, a la cual concurren circunstancias de distinto orden y en la que es principal característica la falta de dirección de las Compañías y la de asistencia de sus Consejos de Administración. Los obreros ferroviarios, con un patriotismo ejemplar, se han hecho cargo de la materialidad de esta explotación en las distintas líneas en que el tráfico puede desarrollarse de una manera normal. Esta conducta del personal ferroviario ha normalizado la circulación del tráfico propiamente dicho, pero se hace preciso atender a la normalidad de la explotación en todos sus órdenes, por lo cual el Gobierno estima absolutamente indispensable, por causa de utilidad pública, hacerse cargo de esta explotación ferroviaria con la colaboración del personal a que se hace referencia y que ha demostrado en estos días competencia excepcional para llevarla a cabo.

En virtud de todo ello, de acuerdo con el Consejo de Ministros y a propuesta del Ministerio de Obras Públicas,

Vengo en decretar lo siguiente:

Artículo 1. A partir de la fecha de este decreto, el Estado se hará cargo, con carácter provisional, de la explotación de las redes de que son actualmente concesionarias las compañías de los Caminos de Hierro del Norte, Madrid a Zaragoza y a Alicante, Central de Aragón y de la parte que aún no es del Estado de la Compañía del Oeste, constituyéndose una sola red con todas estas líneas y con las ya incautadas de la Compañía de los Andaluces.

Art. 2. Como consecuencia, el Estado dispondrá del material fijo y móvil, estaciones, almacenes, depósitos, talleres, oficinas y cuantos elementos y dependencias constituyen las redes ferroviarias mencionadas, así como del metálico afecto a explotación y cuantos fondos tengan actualmente las compañías en sus cajas, cuentas bancarias o en poder de entidades particulares, así como de las reservas afectas a la explotación, levantándose por el Comité a que se refiere el artículo 4. y por una representación de las compañías la oportuna acta contradictoria.

Art. 3. La contabilidad se llevará por separado para las redes que ahora son de distintas compañías. Los ingresos todos de la explotación estarán afectos en primer término al pago de los haberes y jornales íntegros del personal ferroviario, de tal modo que en general no se podrá disponer de cantidad alguna en tanto no estén cubiertas dichas atenciones. Se abonarán en segundo término todos los restantes gastos de explotación y quedará en suspenso el abono de cargas financieras.

Art. 4. Se constituye un Comité de Explotación compuesto de doce vocales, que serán: tres representantes del Ministerio de Obras Públicas, dos del Ministerio de Hacienda, uno del Ministerio de Industria y Comercio y seis representantes de los agentes ferroviarios. Los representantes del Estado serán designados libremente por el Gobierno, a propuesta de los ministros respectivos, y los de los agentes ferroviarios serán designados por las organizaciones sindicales de carácter nacional actualmente existentes.

Este Comité tendrá todas las facultades de los consejos de administración de las compañías, los cuales quedan en suspenso, así como el personal directivo que esté actualmente en funciones en dichas compañías hasta que se resuelva acerca de su situación definitiva, entendiéndose por personal directivo los directores, directores adjuntos, subdirectores e ingenieros agregados o consultores de la Dirección y de los consejos.

Los gastos que ocasione el funcionamiento de este Comité de Explotación se considerarán como gastos de explotación a repartir entre las redes en la proporción que determine el propio Comité. Dicho Comité actuará por medio de sesiones del Pleno y de secciones designadas por el mismo en relación con los servicios de las compañías.

A estas sesiones asistirán los jefes de los expresados servicios para asesoramiento y ejecución de los acuerdos que se adopten. El Comité elegirá su presidente de entre los representantes del Ministerio de Obras Públicas.

Art. 5. Los ministerios competentes dictarán las disposiciones oportunas para acoplar a este régimen interino los organismos del Estado o mixtos cuyas funciones hayan de variar.

Art. 6. Quedan derogados los artículos 2. y 3. del decreto de 9 de mayo último relativos al Comité de Administración de la red incautada de Ferrocarriles Andaluces.

Art. 7. Del presente decreto se dará cuenta en su día a las Cortes.

Dado en Madrid a tres de agosto de mil novecientos treinta y seis.

MANUEL AZAÑA.

El ministro de Obras Públicas, Antonio Velao Oñate.

Gaceta de Madrid, 4 de agosto de 1936, número 217, páginas 1.029 y 1.030.

Es muy curiosa la coincidencia: tanto la Junta de Defensa de Burgos como el Gobierno de la República en Madrid decretan, casi a la vez, la prohibición de subir los precios de los artículos de consumo. El resultado es conocido: en la zona nacional se obedeció casi siempre el decreto; en la zona republicana, casi nunca.

Ministerio de Industria y Comercio

Decreto

A fin de evitar la elevación injustificada de los precios de venta de los artículos de alimentación y vestido, de acuerdo con el Consejo de Ministros y a propuesta del de Industria y Comercio,

Vengo en decretar lo siguiente:

Artículo 1. Queda prohibida toda elevación en los precios de venta de cualquier clase de mercancías destinadas a la alimentación y vestido, por encima de los que regían en 15 de julio de 1936.

Art. 2. Los que quebranten tal prohibición serán sancionados con el decomiso de las mercancías que tuviesen en almacén y con multas de 1.000 a 100.000 pesetas, sin perjuicio de la imposición de sanciones más graves en los casos en que fuesen de aplicación.

Art. 3. El ministro de Industria y Comercio dictará las disposiciones necesarias para asegurar la efectividad del cumplimiento del presente decreto.

Dado en Madrid a tres de agosto de mil novecientos treinta y seis.

MANUEL AZAÑA

El Presidente del Consejo de Ministros.

(Gaceta de Madrid, 4 de agosto de 1936, número 217).

El género literario a que pertenecen las disposiciones oficiales de la República en los primeros meses de la Guerra Civil es el puro eufemismo. Se elogia el patriotismo de los sindicatos revolucionarios en el mismo decreto en que se trata de quitarles el control de las industrias que han ocupado. Ahora se justifica la ocupación de fincas por abandono de sus dueños, que en muchas ocasiones han sido presos o ejecutados por los nuevos ocupantes de esas fincas.

Este decreto es una simple redundancia: las fincas estaban ya ocupadas al arbitrio de los comités locales del Frente Popular. El Gobierno trata sólo de sancionar el hecho:

Ministerio de Agricultura Decreto

Las circunstancias actuales obligan al Gobierno, en defensa de la riqueza nacional, a tomar aquellas medidas indispensables que salven de una pérdida segura el patrimonio común del país.

Estas medidas son más inexcusables tratándose del campo, cuya explotación ordenada y segura garantiza el abastecimiento público, a más de proporcionar trabajo a nuestras masas campesinas.

Por estas razones, de acuerdo con el Consejo de Ministros y a propuesta del de Agricultura,

Vengo en decretar lo siguiente:

Artículo 1. Todo cultivador directo, propietario, colono, arrendatario o aparcero que abandone o haya abandonado voluntariamente su explotación rural, dejando en suspenso las labores de recolección y trilla; las preparatorias de la siembra, las atenciones requeridas por el ganado de renta; el entretenimiento de los aparatos elevadores de agua de riego, y en general cualquier trabajo indispensable al sistema de aprovechamiento de la finca cuya explotación venía realizando en el momento presente, se considerará que incurre en responsabilidad y que consiste en que su explotación sea intervenida, a los fines del oportuno y racional rendimiento de la misma.

Art. 2. Por las autoridades municipales se procederá a hacerse cargo inmediato de los terrenos rústicos de cultivo, así como de todo el capital de explotación existente en los mismos. Antes de ello, y por medio de edictos, y en el plazo de ocho días como máximo, se hará un requerimiento público al interesado para que cumpla con sus deberes de cultivador en la forma que señalan las disposiciones vigentes.

Art. 3. Los alcaldes de los ayuntamientos leales al Gobierno de la República quedan nombrados delegados especiales al efecto de la intervención temporal del Instituto de Reforma Agraria para el cumplimiento de lo dispuesto en este decreto, debiendo remitir a la Dirección de dicho organismo relación detallada de las personas incursas en las sanciones que en él se pronuncian y de los bienes afectados, y cumplimentando las instrucciones que reciban a los efectos de dicha intervención temporal del inventario y de la puesta en marcha de las explotaciones abandonadas por los cultivadores directos de las mismas.

Art. 4. Este decreto empezará a surtir sus efectos a partir del décimo día de su publicación en la «Gaceta de Madrid».

Dado en Madrid a ocho de agosto de mil novecientos treinta y seis.

MANUEL AZAÑA

El ministro de Agricultura, Mariano Ruiz Funes García

Gaceta de Madrid, 10 de agosto de 1936, número 223, páginas 1.181-82.

El trascendental discurso de

Indalecio Prieto el 8 de agosto

Indalecio Prieto, ex ministro y diputado socialista, no tenía cargo oficial alguno en los primeros meses de la Guerra Civil, hasta que entró en el Gobierno Largo Caballero el 4 de septiembre de 1936. Pero, con general aprobación de su zona, se había instalado en el Ministerio de Marina y, desde allí, trataba de llenar huecos y coordinar el esfuerzo de guerra del Frente Popular. El 8 de agosto, pronunció por los micrófonos de Unión Radio de Madrid, un importantísimo discurso basado en datos reales y objetivos en el que pronosticaba la segura victoria del Gobierno en la Guerra Civil por su superioridad total en medios materiales y, sobre todo, financieros.

El político a quien el jefe del Gobierno de 1938, doctor Negrín, expulsaría del poder entre acusaciones de pesimismo y derrotismo mostraba ahora, en agosto de 1936, un optimismo desaforado que adolecía de un solo fallo: no tuvo en cuenta el factor moral que en definitiva decidió la Guerra Civil. Pero es imprescindible reproducir el discurso, según la versión oficial publicada en El Socialista del día siguiente:

1. Los medios de resistencia en una guerra

Mis palabras de hoy, que quiero dejar desprovistas de acentos de pasión, han de ser, si ellas responden a mi propósito, profundamente reflexivas.

Es muy viejo el concepto de que una guerra la gana aquélla de las partes de lucha que disponga de más medios para resistir. Una guerra no es simplemente heroísmo; una guerra no es simplemente valentía; una guerra, en suma, no se resuelve por la superioridad exclusiva del factor humano; una guerra es infinitamente más que eso; una guerra es, sobre todo, medios de resistencia. Nos lo han enseñado muchísimas contiendas bélicas. Si quisiéramos buscar el ejemplo más reciente, que, además, es el más magno, lo encontraríamos en la guerra europea. No veáis en esta cita de aquella contienda, de cuyas perturbaciones no ha podido curarse todavía el mundo civilizado, afanes hiperbólicos de mi parte.

Pero pensad conmigo que la contienda, de la cual estamos siendo actores en el suelo ensangrentado de nuestra patria, no es un simple motín ni una trivial asonada: es una guerra. Con todo el terrible acento que la palabra lleva: una guerra. Y más aún que una guerra: es una guerra civil; es una guerra entre compatriotas, es una guerra entre hermanos. Pues como una guerra hay que tratarla, como una guerra hay que examinarla.

Éste es el examen que voy a hacer, con la concisión a que me obligan las circunstancias en que hablo y el imperio del tiempo.

2. Superioridad de medios por parte del Gobierno

¿De quién pueden estar las mayores posibilidades del triunfo en una guerra? De quien tenga más medios, de quien disponga de más elementos. Ello es evidentísimo. Pues bien: extensa cual es la sublevación militar que estamos combatiendo, los medios de que dispone son inferiores a los medios del Estado español, a los medios del Gobierno. Si la guerra, cual dijo Napoleón, se gana principalmente a base de dinero, dinero y dinero, la superioridad financiera del Estado, del Gobierno de la República, es evidente.

He hecho días atrás, bajo mi firma, esta consideración que repito hoy ante el micrófono, convencido de que su divulgación es mucho mayor por la radio que la que alcanzaron mis líneas escritas. Doy por cierto todos los auxilios financieros que se dicen prestados a los organizadores de la subversión. Pero, aun dándolos por ciertos, no puedo dejar de reconocer que esos medios han podido ser suficientes para preparar la sublevación, para iniciarla, para desencadenarla; pero que son, a todas luces, insuficientes para sostenerla. Podría juntarse todo el capitalismo español en la voluntad suicida de ayudar la subversión.

Pues, aún así, todos los elementos financieros de que el capitalismo puede disponer libremente en estos instantes son escasísimos ante los dilatadísimos del Estado. Porque para auxiliar una sublevación, ya en armas, se necesita eso que ya dijo Napoleón: dinero. De nada sirven cualesquiera otros signos de riqueza en estos instantes. ¿Es que el capitalismo puede enajenar sus participaciones en las grandes empresas industriales para traducir esas participaciones en dinero y entregarlo al tesoro de la rebelión? ¿Es que puede enajenar sus minas, vender sus fábricas, ceder sus tierras? ¿Dónde están los compradores de dichas fuentes de riqueza en estas circunstancias, tan angustiosamente dramáticas? No existen, no hay comprador posible. Y no habiendo compradores, no habiendo manera de traspasar esos bienes y traducirlos en dinero que pueda invertirse en el mantenimiento de la sublevación, los auxilios que pueden seguir prestando los capitalistas a los subversores son escasos, nimios, insignificantes, ante los recursos amplísimos del Estado.

3. El oro, única moneda de transacción para los españoles en el extranjero

No olvidéis, españoles que me estáis escuchando, que, como consecuencia fatal e indeclinable de esta sublevación insensata, nuestro signo monetario ha perdido todo su prestigio, ha perdido su valor en el extranjero. La peseta no tiene cotización más allá de nuestras fronteras. Sirve para nuestras transacciones interiores. No tocamos aún aquí —lo tocaremos, desgraciadamente— el efecto del desmoronamiento de nuestro crédito. Pero fuera de España, los españoles que quieren hacer transacciones han de hacerlas con moneda extranjera, con francos franceses, con francos suizos, con dólares, con libras esterlinas…, es decir, con signo monetario que represente oro. No hay más moneda para el español, perdido nuestro crédito público en el extranjero, que la moneda oro. Pues bien; todo el oro de España, todos los recursos monetarios españoles válidos en el extranjero, todos, absolutamente todos, están en poder del Gobierno: son las reservas de oro que han venido garantizando nuestro papel moneda. El único que puede disponer de ellas, porque en sus manos se hallan, es el Gobierno. Este tesoro nacional permite al Gobierno español, defensor de la legalidad republicana, una resistencia ilimitada, en tanto que, en dicho orden de cosas —no examino de momento otros— ,la capacidad del enemigo es nula. ¿De qué le sirve haberse apoderado de cantidades considerables en billetes del banco en los establecimientos de crédito de aquellas ciudades donde domina la subversión? Para el tráfico interior, temporalmente, momentáneamente, pueden serle útiles. Para la adquisición de elementos de auxilio, de material, todo eso es nulo, porque fuera de España no sirve, ni significa, ni vale nada.

4. Las zonas industriales de España son adictas a la República

Pero, además, la guerra es hoy principalmente una guerra industrial. Tiene más medios de vencer aquella parte contendiente que disponga de mayores elementos industriales. Pasad imaginativamente vuestra mirada por el mapa de España. Ved las zonas dominadas por la rebelión y aquellas otras libres de ella, que, por fortuna, mantienen incólume su adhesión al Gobierno que representa la República, y que hoy nos representa a todos los ciudadanos españoles, no ya amantes de la democracia, sino sencillamente enemigos de la reacción. Todo el poderío industrial de España, todo lo que puede ser cooperación eficaz al mantenimiento de la lucha en orden a la protección industrial, todo eso, absolutamente todo —y no hay en la rotundidez de la expresión hipérbole alguna—, todo eso está en nuestras manos. Aplico la palabra «nuestro» porque, como os he dicho antes, la causa que personifica el Gobierno de la República es la causa de toda la democracia española.

Con los recursos financieros, totalmente en manos del Gobierno; con los recursos industriales de la nación, también totalmente en poder del Gobierno, podría ascender hasta la esfera de lo legendario el valor heroico de quienes impetuosamente se han lanzado en armas contra la República, y aún así, aún cuando su heroísmo llegara a grados tales que pudiera ser cantado ensalzadoramente por los poetas que quisiesen adornar la historia de esta época triste, aún así, serían inevitable, inexorable, fatalmente vencidos.

Pero yo, que hablo principalmente de lo que soy testigo, digo en honor de estas bravas milicias populares, que han hecho del desdén a la vida el culto más generoso a su ideal, que no hay superioridad de bravura, de heroísmo, de valentía en los elementos sublevados. Y no haré, a cuenta de esto, parangones que para nuestros amigos podrían sonar a halago y a adulación —y yo no adulo nunca a la fuerza, aunque esa fuerza esté adscrita a lo más íntimo y profundo de mis sentimientos—, y con respecto a los otros adversarios podrían parecer un desdén o una injuria. No es ése mi propósito.

5. El signo de la ferocidad

El Gobierno ha de estar y está al unísono de esas vibraciones, manteniendo enhiesto su espíritu, como lo mantienen las masas populares que le asisten, sabiendo que al asistirle realizan su propia defensa, aseguran su porvenir, impiden, en fin, que España sea un ejemplo triste, porque a juzgar por hechos en cuyo comentario no quiero entrar, los regímenes autoritarios que han suscitado con justicia, la hostilidad de todas las democracias mundiales, serían algo así como plácidos y paternales sistemas de gobierno ante éste que se implantaría en España, y cuya característica es la ferocidad. ¡Oíd la palabra, españoles! ¡La ferocidad! ¡La ferocidad!

No insisto en el tema. Me duele el alma cuando lo rozo. Porque sé que aquí, dentro del recinto patrio, podremos inculparnos unos a otros, con justicia o con injusticia, ya que la pasión política suele ser el sudario en que se envuelve muchas veces el cadáver de lo justo; pero fuera de aquí, ante el mundo, todos somos españoles, y lo que aquí ocurra, lo que aquí viene ocurriendo, puede llenarnos de sonrojo y constituir, ¡oídlo bien!, una afrenta ante el mundo.

No sé qué autoridad tendrá mi palabra cerca de las multitudes que luchan por la República, y que al luchar por ella han conquistado el derecho a una ordenación jurídica de los frutos de la victoria; pero con mi autoridad, poca o mucha, quiero decirles esto: por muy fidedignas que sean las terribles y trágicas versiones de lo que haya ocurrido y esté ocurriendo en tierras dominadas por nuestros enemigos, aunque día a día nos lleguen agrupados, en montón, los nombres de camaradas, de amigos queridos, en quienes la adscripción a un ideal bastó como condena para sufrir una muerte alevosa, no imitéis esa conducta; os lo ruego, os lo suplico. Ante la crueldad ajena, la piedad vuestra; ante la sevicia ajena, vuestra clemencia; ante todos los excesos del enemigo, vuestra benevolencia generosa. Quienes constituimos esta generación que declina no nos podremos ir de la vida con la angustia de dejar una España endurecida de corazón, insensible a la solidaridad humana.

6. Pecho duro y corazón sensible

Oídme bien: son las mías palabras reflexivas que hacen tremolar la emoción, pero palabras sinceras, nacidas en lo más íntimo de mi alma. ¡No los imitéis! ¡No los imitéis! Superadlos en vuestra conducta moral; superadlos en vuestra generosidad. Yo no os pido, conste, que perdáis vigor en la lucha, ardor en la pelea. Pido pechos duros para el combate, duros de acero, como se denominan algunas de las milicias valientes; pechos de acero; pero corazones sensibles, capaces de estremecerse ante el dolor humano y de ser albergue de la piedad, tierno sentimiento, sin el cual parece que se pierde lo más esencial de la grandeza humana.

(Discurso radiado. El Socialista, 9 de agosto de 1936, página 1).

Segundo decreto para

la incautación de fincas rústicas

Acabamos de reproducir el primer decreto de la República para la ocupación de fincas rústicas. No fue suficiente y el Gobierno amplió las confiscaciones —que en su mayor parte ya estaban consumadas—, añadiendo ahora el carácter reivindicativo, en el decreto siguiente:

Interesa de modo urgente al Gobierno de la República mantener la normalidad de la vida campesina, no solamente en lo que se refiere a la continuidad del trabajo en las explotaciones rurales, sino también en lo que afecta a la conservación de aquellos elementos de capital mobiliario, mecánico y vivo que son precisos para la obtención de los productos.

De igual modo, es necesario que los campesinos leales al Gobierno de la República tengan la absoluta seguridad de que su adhesión al poder legítimo ha de recibir como merecido premio la posesión de las tierras intervenidas del término municipal de su vecindad y el abono en numerario del valor a precio de mercado de los productos obtenidos por su esfuerzo, que el Gobierno interviene por sus órganos autorizados para el sostenimiento de la población civil.

Para lograr estas finalidades, es indispensable unificar la acción inicial de las intervenciones, con el fin de que un criterio invariable sea el que resuelva y dirija, evitando el daño emanado de la variedad de las resoluciones y de la multiplicidad de las iniciativas que pueden perjudicar a la conservación de la riqueza agrícola.

Por lo que antecede, de acuerdo con el Consejo de Ministros y a propuesta del de Agricultura,

Vengo en decretar lo siguiente:

Artículo 1. Las intervenciones que hayan de efectuarse en las fincas rústicas por razón de abandono en su normal explotación, según el decreto de 8 de agosto de 1936, o por cualquier causa de utilidad social, se realizarán única y exclusivamente por los ayuntamientos leales al Gobierno de la República, asistidos de las organizaciones obreras de carácter agrícola existentes en la localidad.

Las organizaciones explotarán las fincas intervenidas y percibirán los productos en almacén y las cosechas en pie. De dichas intervenciones se dará cuenta inmediata al Instituto de Reforma Agraria, según previene el decreto mencionado anteriormente, con el fin de que dicho organismo ejerza sobre el patrimonio rústico intervenido la debida tutela técnica y económica.

Art. 2. El disfrute de las fincas rústicas intervenidas según lo dispuesto en el decreto de referencia corres-pondera a las organizaciones obreras legalmente constituidas con fecha anterior al 18 de julio pasado y avecindadas en el término municipal donde se hallen emplazadas las fincas intervenidas, con exclusión de toda persona natural o jurídica ajena a la citada vecindad que pretenda para sí o en nombre de tercero la posesión de las fincas y los productos agrícolas y pecuarios de las mismas.

Las concesiones de la explotación y la dirección de la misma correrán a cargo del Instituto de Reforma Agraria, que podrá a dicho efecto designar las delegaciones que juzgue preciso.

Dado en Madrid, a diecisiete de agosto de mil novecientos treinta y seis.

Manuel Azaña

El ministro de Agricultura, Mariano Ruiz Funes.

Gaceta de Madrid, 18 de agosto de 1936, número 231, página 1.319.

La autonomía catalana en acción

Sindicatos revolucionarios y gobiernos autónomos fueron la pesadilla del presidente de la República y de su Gobierno. Azaña se refería sarcásticamente al «eje Barcelona-Bilbao» para criticar —en secreto— los excesos y extralimitaciones autonómicas. Un buen ejemplo puede verse en el siguiente decreto de la Generalidad de Cataluña para el campo de la economía:

Barcelona, 19. En la Generalidad ha sido facilitado el siguiente decreto, cuya parte dispositiva es la siguiente:

Primero. Regulación de la producción de acuerdo con las necesidades del Consejo, sacrificando aquellas industrias o producciones que estime necesarias y estimulando enérgicamente la instalación de las nuevas industrias que por efecto de la alteración del valor de la peseta sea conveniente instaurar en nuestro pueblo.

Segundo. Monopolio del comercio exterior para evitar nuevas acometidas desde fuera contra el nuevo orden económico que está naciendo.

Tercero. Colectivización de la gran propiedad rústica para ser explotada por sindicatos de campesinos con la ayuda de la Generalidad, y sindicación obligatoria de los productores agrícolas que exploten la pequeña y mediana propiedad.

Cuarto. Desvalorización parcial de la propiedad urbana mediante la reducción de alquileres o el establecimiento de tasas equivalentes cuando no sea conveniente beneficiar a los inquilinos.

Quinto. Colectivización de las grandes industrias, de los servicios públicos y de los transportes en común.

Sexto. Incautación y colectivización de los establecimientos abandonados por sus propietarios.

Séptimo. Intensificación del régimen cooperativo y distribución de los productos, y en particular explotación en régimen cooperativo de las grandes empresas de distribución.

Octavo. Control obrero de los negocios bancarios hasta llegar a la nacionalización de la banca.

Noveno. Control sindical obrero en todas las industrias que continúan explotadas con régimen de empresa privada.

Décimo. Reabsorción enérgica por la agricultura y la industria de los obreros sin trabajo. A este efecto se estimulará la revalorización de los productos del campo; el retorno al campo, en lo posible, de los obreros que pueda absorber la nueva organización del trabajo agrícola; creación de grandes industrias para suplir artículos manufacturados que sería difícil importar, y electrificación integral de Cataluña, y principalmente de los ferrocarriles.

Undécimo. Supresión rápida de los diversos impuestos para llegar a la implantación del impuesto único.

(Política, Madrid, jueves 20 de agosto de 1936, página 6).

Como ha comprendido sin duda el lector, este insólito decreto catalán combina el ansia de soberanía por parte de la autonomía catalana y la demagogia anarquista, que entonces se imponía al presidente de la Generalidad, hasta el estallido de los sucesos de Barcelona en mayo de 1938. Es una extraña mezcla de rebelión contra el Gobierno de la República y conjunto de utopías inviables.

La autonomía catalana en acción

Sindicatos revolucionarios y gobiernos autónomos fueron la pesadilla del presidente de la República y de su Gobierno. Azaña se refería sarcásticamente al «eje Barcelona-Bilbao» para criticar —en secreto— los excesos y extralimitaciones autonómicas. Un buen ejemplo puede verse en el siguiente decreto de la Generalidad de Cataluña para el campo de la economía:

Barcelona, 19. En la Generalidad ha sido facilitado el siguiente decreto, cuya parte dispositiva es la siguiente:

Primero. Regulación de la producción de acuerdo con las necesidades del Consejo, sacrificando aquellas industrias o producciones que estime necesarias y estimulando enérgicamente la instalación de las nuevas industrias que por efecto de la alteración del valor de la peseta sea conveniente instaurar en nuestro pueblo.

Segundo. Monopolio del comercio exterior para evitar nuevas acometidas desde fuera contra el nuevo orden económico que está naciendo.

Tercero. Colectivización de la gran propiedad rústica para ser explotada por sindicatos de campesinos con la ayuda de la Generalidad, y sindicación obligatoria de los productores agrícolas que exploten la pequeña y mediana propiedad.

Cuarto. Desvalorización parcial de la propiedad urbana mediante la reducción de alquileres o el establecimiento de tasas equivalentes cuando no sea conveniente beneficiar a los inquilinos.

Quinto. Colectivización de las grandes industrias, de los servicios públicos y de los transportes en común.

Sexto. Incautación y colectivización de los establecimientos abandonados por sus propietarios.

Séptimo. Intensificación del régimen cooperativo y distribución de los productos, y en particular explotación en régimen cooperativo de las grandes empresas de distribución.

Octavo. Control obrero de los negocios bancarios hasta llegar a la nacionalización de la banca.

Noveno. Control sindical obrero en todas las industrias que continúan explotadas con régimen de empresa privada.

Décimo. Reabsorción enérgica por la agricultura y la industria de los obreros sin trabajo. A este efecto se estimulará la revalorización de los productos del campo; el retorno al campo, en lo posible, de los obreros que pueda absorber la nueva organización del trabajo agrícola; creación de grandes industrias para suplir artículos manufacturados que sería difícil importar, y electrificación integral de Cataluña, y principalmente de los ferrocarriles.

Undécimo. Supresión rápida de los diversos impuestos para llegar a la implantación del impuesto único.

(Política, Madrid, jueves 20 de agosto de 1936, página 6).

Como ha comprendido sin duda el lector, este insólito decreto catalán combina el ansia de soberanía por parte de la autonomía catalana y la demagogia anarquista, que entonces se imponía al presidente de la Generalidad, hasta el estallido de los sucesos de Barcelona en mayo de 1938. Es una extraña mezcla de rebelión contra el Gobierno de la República y conjunto de utopías inviables.

La protesta de Burgos

sobre la utilización del oro

En agosto de 1936, las reservas de oro almacenadas en los sótanos del Banco de España no habían salido todavía de Madrid. Pero la Junta de Defensa había recibido informes seguros sobre los propósitos del Frente Popular para aplicar esas reservas de oro al esfuerzo de guerra (Prieto acababa de confesarlo en el discurso que hemos reproducido) y publicó un decreto, en gran parte cautelar, para impedir la enajenación del oro por el enemigo. En estos términos:

Decreto número 65

Interesa a esta Junta, en el orden moral, destacar, una vez más, el escándalo que ante la conciencia universal ha producido la salida de oro del Banco de España, decretada por el mal llamado Gobierno de Madrid. Pero le incumbe más principalmente señalar las consecuencias de esas operaciones en el terreno jurídico, porque, efectuadas con abierta infracción de preceptos fundamentales de la vigente Ley de Ordenación Bancada, es evidente que conducen por su manifiesta ilegalidad a la conclusión inexcusable de su nulidad, que ha de alcanzar en sus efectos civiles a cuantas personas nacionales o extranjeras hayan participado en ellas, con independencia de la responsabilidad criminal, ya regulada en otro decreto. Y es lógico complemento de esta declaración el prevenir los daños que se irroguen, con medidas de caución, que han de adaptarse con la urgencia que la defensa de los intereses nacionales exige•

En su virtud, como presidente de la Junta de Defensa Nacional, y de acuerdo con ella, vengo en decretar lo siguiente:

Artículo primero. Se declaran nulas todas las operaciones que se hayan verificado o se verifiquen con la garantía del oro extraído del Banco de España, a partir del dieciocho de julio último, y en su día se ejercitarán cuantas acciones correspondan en Derecho para el rescate del oro referido, sea cual fuere el lugar en que se halle.

Artículo segundo. Sin perjuicio de la responsabilidad criminal definida en el decreto número 36, los valores, créditos, derechos y bienes de todas clases que posean en España las personas o entidades nacionales o extranjeras que hayan intervenido o intervengan directa o indirectamente en las operaciones a que se contrae el artículo precedente, serán inmediatamente embargados, a fin de asegurar las responsabilidades de cualquier especie que se deriven de tales actos.

Dado en Burgos a veinticinco de agosto de mil novecientos treinta y seis.

Miguel Cabanellas.

La enajenación del oro de España:

el decreto reservado de Azaña y Negrín

Cuando las columnas de los generales Franco y Mola convergían sobre Madrid, el Gobierno del Frente Popular, regido por el socialista Largo Caballero, decidió «ocultar» el oro del Banco de España y trasladarlo a la Unión Soviética como «garantía» para los suministros soviéticos de armamento pesado que ya empezaban a afluir a la zona republicana. Esta operación fue autorizada por el presidente de la República, Manuel Azaña, a propuesta del ministro de Hacienda, doctor Juan Negrín, mediante el decreto reservado que se reproduce a continuación:

Ministerio de Hacienda. Excmo. Sr.: Por Su Excelencia el presidente de la República, y con fecha 13 del actual, ha sido firmado el siguiente decreto reservado de este departamento ministerial: «La anormalidad que en el país ha producido la sublevación militar aconseja al Gobierno adoptar aquellas medidas precautorias que considere necesarias para mejor salvaguardar las reservas metálicas del Banco de España, base del crédito público. La índole misma de la medida y la razón de su adopción exigen que este acuerdo permanezca reservado. Fundado en tales consideraciones, de acuerdo con el Consejo de Ministros y a propuesta del de Hacienda, vengo en disponer, con carácter reservado, lo siguiente: Artículo 1. Se autoriza al ministro de Hacienda para que en el momento que lo considere oportuno ordene el transporte, con las mayores garantías, al lugar que estime de más seguridad, de las existencias que en oro, plata y billetes hubiera en aquel momento en el establecimiento central del Banco de España. Artículo 2. El Gobierno dará cuenta en su día a las Cortes de este decreto. Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efectos oportunos. Madrid, trece de septiembre de mil novecientos treinta y seis».

(La dominación roja en España, Causa general. Madrid, 1961, 4ª ed„ Anexo XIII).

El oro y la economía republicana

en la historia oficial del Banco de España

En 1970, el Servicio de Estudios del Banco de España publicó una importante obra colectiva, El Banco de España, una historia económica, que contó con la colaboración de economistas e historiadores relevantes más bien inclinados a la causa republicana, aunque el libro se publicó, con cierta sordina, en plena época de Franco. Vamos a reproducir ahora lo que se refiere a la economía de la República en la Guerra Civil.

El estallido del 18 de julio escindió al país en dos bandos, que erigieron, en definitiva, dos administraciones en lucha. El Banco de España quedó también escindido en dos instituciones que siguieron los avatares de sus respectivos Gobiernos. Sólo al final de la contienda civil se reconstituyó la unidad del Banco de España.

El Banco de España, que quedó bajo el control del Gobierno de Madrid, no experimentó formalmente solución de continuidad. En aquel momento su gobernador, nombrado por el Gobierno de la República en marzo de 1936, era don Luis Nicolau d’Olwer y los demás órganos del Gobierno derivaban de la legalidad establecida. Sin embargo, por decreto de 4 de agosto, hubo de ser removido de su cargo el subgobernador 1º, don Pedro Pan, que fue la principal figura en la creación del Banco de España en Burgos. En sustitución del mismo quedó don Julio Carabias, quedando como segundo subgobernador Suárez Figueroa. Más adelante se creó el cargo de subgobernador 3o (decreto 19 mayo, 1937), nombrándose a don Gonzalo Zabala Lumbier.

Al fraccionarse la autoridad del Gobierno, numerosas sucursales del banco quedaron en plazas bajo ocupación militar, lo que fue origen de la reconstitución del banco en la zona llamada nacional, de la que nos ocuparemos más adelante. En la zona bajo el Gobierno republicano, las principales incidencias se reseñan a continuación.

Como las defecciones continuaron, fueron suspendidos la mayoría de los consejeros del banco representantes de los accionistas, excepto tres (uno de los cuales murió y dos presentaron la dimisión). Por ello, por decreto de 21 de noviembre de 1936, se autorizó a la Administración para nombrar nuevos consejeros en representación de los accionistas, lo que se realizó más adelante.

Sucesivamente, se produjeron nuevas alteraciones y dimisiones, incluso las de los representantes de los intereses generales, señores Antonio Flórez de Lemus, Agustín Vmuales y Rodríguez Mata, que fueron sustituídos por don Toribio Echevarría, don Julio Isi y don Antonio Velao.

Por otra parte, en la vida del banco durante este período, se produjo una incidencia motivada por el decreto de 27 de agosto, 1936, del Gobierno de la Generalidad de Cataluña, que nombró un comisario para el control de las sucursales del banco en Cataluña —Barcelona, Tarragona, Gerona, Lérida, Reus y Tortosa—, directamente dependiente del consejero de Finanzas de la Generalidad. La razón y el sentido de esta intervención aparecen en un informe posterior publicado por la Consejería de Finanzas de la Generalidad. Esta intervención tuvo como línea directriz mantener la liquidez a través de operaciones de redescuento de los bancos radicados en Cataluña, incluso de efectos sobre plazas donde no era posible hacerlos efectivos por haber sido ocupadas por el Ejército de Burgos. También se dieron las facilidades de redescuento (mediante decreto de 25 de septiembre, 1936, de la Generalidad) de efectos impagados, que, dada la situación del país, ponían en peligro a varios bancos. Según el informe citado, se abrieron cuentas de crédito a dos bancos de Barcelona, que utilizaron un importe total de 43,5 millones de pesetas que en parte se amortizaron antes de terminar la intervención. Tal intervención terminó el 11 de mayo de 1938 después de trasladarse la sede central del Banco de España en territorio republicano a Barcelona.

Entre tanto, se había producido el traslado de la Administración Central del banco, siguiendo al Gobierno de la República, a Valencia en noviembre de 1936.

Luego se fijó el domicilio central en Barcelona (orden 21 de septiembre, 1937). Cuando por la ruptura del frente por el Maestrazgo da la zona dominada por el Gobierno de la República quedó escindida en dos, el Consejo General del banco creó una Junta Delegada de la Administración y del Consejo General del Banco de España para la zona no-catalana, presidida por un delegado del gobernador.

En esta situación, llegó el banco republicano a su última actuación oficial en terreno español, en la Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el día 8 de enero de 1939, que tuvo lugar en el Ministerio de Hacienda del Gobierno republicano de Barcelona. Según las listas de los accionistas a quienes se facilitó papeleta, aparecen representadas 31.389 acciones, la mayoría de entidades de crédito, corporaciones y entidades benéficas, la mayor parte incautadas por el Ministerio de Trabajo. En dicha Junta se aprobó el balance del Banco de España publicado en 30 de abril de 1938. Que se examinará más adelante.

Medidas financieras y financiación interior republicana de la guerra

Después del 18 de julio se inició en la zona bajo el control del Gobierno de la República una intensa actividad reglamentaria de emergencia en materia financiera para hacer frente a la situación. Para seguir con cierto orden las diversas líneas y hechos que se producen en aquel momento, hay que mencionar las que afectan al sistema financiero en general y a otras materias que atañen directamente al Banco de España de créditos sumas. En cuanto a lo que se refiere al sistema crediticio, el Gobierno de la República, por decreto de 19 de julio de 1936, ordenó una moratoria general de pagos y vencimientos, durante 48 horas, y la prohibición de retirar de las cantidades superiores a 2.000 pesetas. Esta situación de bloqueo en extracción de fondos iba a continuar «defacto» durante toda la Guerra Civil, aunque con diversas modificaciones que se fueron instrumentando posteriormente.

En ulteriores disposiciones se autoriza a las empresas para retirar remesas superiores a las 2.000 pesetas, siempre que sean destinadas al pago de jornales, y, más adelante, para pago de materiales e impuestos, y, en general, se da mayor flexibilidad a los pagos, aunque manteniendo el principio de la moratoria y de la reglamentación de extracción de fondos de los bancos. Sólo en 1937 se autorizó la libre disposición de saldos de empresas.

El 9 de septiembre de 1937, con motivo del traslado del Gobierno y de la central del Banco de España a Barcelona, se autorizaron libremente las transferencias, siempre que fueran hacia Barcelona. En definitiva, sin embargo, toda la política financiera interna del Gobierno republicano se mantuvo en esta actitud meramente defensiva utilizando poco las posibilidades de actuación bancaria.

Por otra parte, se planteaba el problema de la financiación interna de la guerra. La evolución del Banco de España controlado por el Gobierno republicano da una serie de indicaciones de la forma como se financió la Guerra Civil.

Para ello se puede utilizar la comparación entre la evolución de las principales partidas del balance del banco según los últimos datos publicados antes del 18 de julio de 1936 y el que se presentó a la Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada en Barcelona el día 8 de enero de 1939, poco tiempo antes, por tanto, de que esta ciudad fuera ocupada por las tropas nacionales.

En dicha Junta se dio cuenta de que por orden ministerial de 5 de agosto de 1936 se había suspendido la publicación de los balances del Banco de España y que por otra orden ministerial de 30 de abril de 1938 se autorizó la publicación del balance del banco en dicha fecha.

Los saldos que se dieron en dicha Junta son los de esta fecha. Los hechos posteriores modifican algo la situación, que sólo puede reconstruirse a través de las cuentas que sirvieron de base para reunificar el balance y liquidación de los ejercicios 1936-1942.

La evolución de las principales cuentas entre julio de 1936 y abril de 1938, según los datos suministrados en la indicada Junta General, son los siguientes:

ACTIVO
A) ORO MILLONES DE PESETAS
Existencia en 30 de junio de 1936 | 2.202,30
Existencia en 30 de abril de 1938 custodiado por el Minist. | 1.592,85
Otro oro en las Cajas | 13,37
Total en 30 de abril de 1938 | 1.606,22
Diferencia | 596,08

Claro está que este cálculo se obtiene considerando como oro custodiado por el Ministerio el que, como veremos, se depositó en la U.R.S.S.

La diferencia está constituida, en parte, por el saldo de la cuenta «Tesoro Público por Préstamos en Oro», que era en 30 de abril de 1938 de 321,44 millones, que se entregaron al Tesoro para suministrarle oro en virtud de lo convenido por la ley de 2 de junio de 1936. La parte correspondiente al Banco de España debía estar en «Corresponsales extranjeros».

B) CUENTA DE CORRESPONSALES Y AGENCIAS DEL BANCO EN EL EXTRANJERO. MILLONES DE PESETAS
Saldo en 30 de junio de 1936 | 301,54
Saldo en 30 de junio de 1938 | 187,60
Diferencia en menos | 113,94

El movimiento de corresponsales, en definitiva, juega en gran parte con el Tesoro, ya que se trata de operaciones que le conciernen.

C) TESORO PÚBLICO: SU CUENTA CORRIENTE PLATA. MILLONES
Saldo en 30 de junio de 1936 | 351,94
Saldo en 30 de junio de 1938 | 9.181,54
Diferencia en más | 8.829,60

Se trata, en definitiva, de la cuenta de crédito en pesetas del Tesoro y a través de la cual se financiaron básicamente los gastos de guerra en el interior. Dicha cuenta se formó en parte por el abono de los billetes de 50 y 25 pesetas y los certificados de plata de 5 y 10 pesetas que se pusieron en circulación y de los abonos al crédito de Tesorería del importe de gastos por necesidades de guerra, autorizados por un decreto de 28 de abril de 1938.

En la liquidación final realizada después de la guerra al cerrar el ejercicio 1936-42, se fijó el importe de la cuenta del Tesoro «rojo» en 22.740 millones.

PASIVO
BILLETES EN CIRCULACIÓN. MILLONES DE PESETAS
Existencia en 30 de junio de 1936 | 5.399,37
Existencia en 30 de abril de 1938 | 9.212,13
Diferencia | 3.812,76

Según el decreto de 29 de abril de 1938, se podían poner en circulación billetes por encima de la cifra prevista en la Ley de Ordenación Bancaria hasta un cierto porcentaje de la cuenta del Tesoro.

La situación posterior al 30 de abril de 1938 resulta de la liquidación final realizada con motivo del cierre de los ejercicios 1936-42; el volumen de billetes «rojos» se fijó en 12.754 millones.

Operaciones exteriores (el oro)

Desde el primer momento de la Guerra Civil, se vio que las reservas de oro del Banco de España iban a jugar un papel trascendental, pues ante una guerra prolongada era el medio más inmediato para el financiamiento de las compras exteriores que necesariamente se producirían, tanto de material de guerra como de otros suministros para un país cuya actividad productiva se reduciría considerablemente.

El oro se hallaba almacenado en Madrid, en la caja fuerte de los sótanos del Banco de España y, por tanto, al quedar la capital bajo el control del Gobierno de la República, éste era el que disponía del oro. Un ministro del Gobierno republicano (Prieto), en una alocución radiada, alegó, como uno de los motivos fundamentales de su confianza en el triunfo, que el Gobierno disponía del oro del Banco de España, o sea, de las reservas internacionales del país. (N. del A.: En esa alocución -del 8 de agosto de 1936-, Prieto no era todavía ministro). Las existencias de oro, según el último balance del Banco de España en 30 de junio de 1936, eran de 2.202.301.767,37pesetas-oro, valorado a la paridad de 1868. No hay que olvidar que entre este oro figuraba también el depositado en Mont de Mar san (257 millones de pesetas-oro) en garantía de la operación concertada con el Banco de Francia en 1931.

A los pocos meses, en septiembre de 1936, se hizo el primer movimiento oficial en torno a esta cuestión. El decreto reservado de 13 de septiembre de 1936, que se transcribe a continuación, dice así: (Ya lo hemos transcrito anteriormente en las páginas 39 y 40, N. del A.)

Este decreto llegó inmediatamente al Banco de España, donde se reunió el Consejo General el día 14 de septiembre. El Consejo General, en aquel momento, era sumamente reducido, ya que la mayoría de los representantes de los accionistas no estaban presentes o habían desaparecido de Madrid. Los reunidos en aquella dramática sesión eran el gobernador, señor Nicolau; los subgobernadores, señores Carabias y Suárez Figueroa; los señores Viñuales y Rodríguez Mata, consejeros representantes del Estado, y los señores Álvarez Guerra y Martínez Fresneda, representantes de los accionistas. El gobernador dio cuenta del decreto reservado y manifestó que la orden se circunscribía concretamente al oro y que aún estimando que las máximas seguridades las ofrecía la cámara subterránea del banco, se trataba de una orden del Gobierno que había que cumplir, aunque debía quedar a salvo la responsabilidad moral de los reunidos. En definitiva, los subgobernadores y consejeros representantes del Estado se adhirieron, con varios matices, a esta posición. Los dos representantes de los accionistas hicieron constar su oposición a la medida y presentaron su dimisión, aunque accedieron a dejar su curso en manos del gobernador.

Después de esta reunión, e incluso durante la misma, el acuerdo de traslado del oro del Banco se estaba ejecutando. No se conoce con detalle el camino que siguió este oro, y sólo que, vía Cartagena, fue embarcado en dirección a la Unión Soviética. Entre los días 6 y 10 de noviembre, fue recibido en Moscú por el Depósito del Estado de Metales Preciosos del Comisariado de Hacienda de la U.R.S.S. Según la nota final de recepción del oro español firmada el 5 de febrero de 1937 (sustituyendo actas anteriores, noviembre de 1936), el depósito español, ya que éste es el título que se le da, comprende 7.800 cajas que contienen piezas de oro acuñado en distintas denominaciones, además de lingotes y trozos con un peso total de 510.079.529,3 gramos-oro de aleación. El acta final fue firmada por el embajador de la República Española en la U.R.S.S., Marcelino Pascua, y por el comisario del pueblo para Hacienda de la U.R.S.S., G. F. Grinko, y por el comisario adjunto de la U.R.S.S. para Asuntos Exteriores, N. M. Krestinski.

El valor del oro perteneciente al banco y depositado por el Tesoro Público republicano en Moscú, teniendo en cuenta el peso de aleación, tiene un valor de 1.592.851.910 pesetas-oro, a la paridad establecida en 1868 de 0,29032 gramos de oro fino por peseta, que viene a resultar en torno a 500 millones de dólares U.S.A. del valor posterior a la devaluación del dólar en 1934. Esta cifra es la que se da en el último balance formulado por el Banco de España en la Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada en Barcelona en enero de 1939, donde consta como oro en custodia por el Ministerio la suma de 1.592.851.910.

El depósito de esta masa de oro en la U.R.S.S. se hizo evidentemente por el Gobierno republicano por considerarlo el único lugar seguro, al abrigo de un posible bloqueo. Con cargo al mismo, la U.R.S.S. cobró los suministros al Gobierno republicano y bancos rusos pagaron suministros de otros países, como a Checoslovaquia y Estados Unidos.

La disposición del oro depositado en la U.R.S.S. por el Gobierno de la República puede seguirse con detalle a través de la documentación entregada por el hijo del que fue ministro de Hacienda, Negrín, al cónsul de España en París en 18 de diciembre de 1956. (Toda esta documentación se custodia en el Archivo del Banco de España).

El ministro de Hacienda de la República, Juan Negrín, firmó hasta 21 órdenes a partir del 16 de febrero de 1937, consistentes en ordenar la fundición de las monedas del Tesoro español y su conversión en dólares (al curso del día del mercado de Londres), abonándose el importe bien a la Banque Commerciale pour l’Éurope du Nord en París, banco de propiedad de la U.R.S.S., desde donde hacía pagos el Gobierno republicano, o bien al Comisariado para el Comercio Exterior de la U.R.S.S. u otras organizaciones soviéticas.

De las operaciones que aparecen en los documentos mencionados resulta que partiendo de 510 toneladas de oro de aleación, sólo aparece la orden de fundición de hasta 449 toneladas.

Sin embargo, la equivalencia de tales 449 toneladas supondrían 373 toneladas de oro fino, mientras que se abonaron a la cuenta del Gobierno de la República 441 toneladas de oro refinado. Los dos saldos, o sea, el del oro de aleación con saldo a favor de España, y del refinado, con saldo a favor de la U.R.S.S., no concuerdan totalmente y el saldo en oro refinado sería en favor de la U.R.S.S.

Aunque las diferencias son pequeñas, no se puede, naturalmente, establecer un saldo absolutamente preciso, aunque sí una estimación bastante aproximada. Tampoco se conoce la evolución de las cuentas de suministros y las cuentas con la Banque Commerciale pour l’Éurope du Nord, o las cuentas de crédito con organizaciones comerciales de la U.R.S.S. o con Campsa-Gentibus.

Sobre los saldos del Banco Comercial para la Europa del Norte, sobre cantidades recibidas del Banco Central de la U.R.S.S. no se dispone de documentación.

Sin embargo, todo hace creer que las diferencias existentes han de ser muy pequeñas y que el tesoro español entregado a la U.R.S.S. fue efectivamente gastado en su totalidad por el Gobierno de la República durante la guerra.

Además del traslado de la masa principal de oro a la U.R.S.S. y su disposición, el Banco de España fue autorizado por el Ministerio de Hacienda por órdenes sucesivas y convenios, para que, a efectos de intervención sobre el cambio internacional situara y vendiera a través del Banco de Francia sucesivas partidas del oro con cargo por mitades del Banco del Tesoro, tomándose esta última con cargo a los préstamos otorgados por el banco al Tesoro. Así tenemos las operaciones realizadas en septiembre de 1936, por 25.220.000 pesetas-oro, en octubre de 1936por 75.666.000 pesetas-oro y en enero de 1937por 100.880.000pesetas-oro. Tales operaciones suman, en conjunto, 201 millones de pesetas (o sea, en tomo a 70 millones de dólares U.S.A.).

Hay que hacer notar que, por otra parte, el Banco de España republicano realizó la operación de liquidación de la operación de préstamo con el Banco de Francia, con garantía de oro depositado en Mont de Marsan (257 millones de pesetas-oro), operación que liberó una parte importante del oro depositado por haberse liquidado la operación en francos devaluados. El sobrante de oro fue entregado más tarde al Banco de España reunificado una vez terminada la guerra.

Con estas operaciones se puede cuadrar el proceso que siguieron las reservas de oro existentes antes de la guerra, o sea:

MILLONES DE PESETAS ORO.
Oro en Mont de Marsan | 257,00
En depósito en URSS | 1.592,00
Préstamos al Tesoro durante la guerra | 201,00
Total | 2.050,00

Por tanto, la conclusión de los especialistas convocados por el Banco de España para la redacción del libro de 1970 suponen que la enorme masa de oro entregada a la Unión Soviética, antes de la fase final de la marcha sobre Madrid, se gastó íntegramente en suministros de guerra. Esta conclusión me parece apresurada ante un hecho cierto y una sospecha. El hecho cierto es que, como reconocen los expertos del banco, no se conocen con detalle los contenidos de los suministros ni el precio que la URSS atribuyó a cada uno de éstos. Historiadores como el general Ramón Salas (en el precioso libro Los datos exactos de la Guerra Civil) han calculado con bastante detalle la entidad de los suministros soviéticos. Sin embargo, ese mismo ilustre historiador militar comentaba frecuentemente que el precio de los suministros de guerra estaba muchas veces inflado de forma arbitraria por el proveedor, ante la clara situación de inferioridad del que recibía los envíos. La Unión Soviética impuso a sus suministros y gastos en favor de la República el precio que le vino en gana, probablemente muy exagerado. Por supuesto que los expertos del Banco de España, así como el profesor Ángel Viñas que coincide con ellos, no prueban su tesis, simplemente exponen una creencia. Conviene acudir a otras fuentes inmediatas para matizarla.

El testimonio de Indalecio Prieto:

«Delitos patentes, un desfalco y una estafa»

Indalecio Prieto presenció en el puerto de Cartagena y en octubre de 1936, cuando era ministro de Marina y Aire, el embarque del tesoro del Banco de España en cuatro buques soviéticos que lo trasladaron al puerto soviético de Odessa. Una vez rotas sus hostilidades con el doctor Juan Negrín en la fase final de la Guerra Civil Prieto denunció, en 1940, la enajenación del oro en un comunicado público y después volvió varias veces sobre el problema. Nadie negará a Prieto su condición de testigo relevante para lo que vio con sus propios ojos. Reproduzco ahora uno de sus artículos Un desfalco y una estafa, que publicó en el tomo segundo de sus Convulsiones de España en 1966.

En abril de 1940 hube de revelar públicamente que en octubre de 1936 se enviaron a Odesa desde Cartagena siete mil ochocientas cajas llenas de oro, conté cómo el embarque se efectuó en virtud de órdenes personales de Juan Negrín y cómo estuvieron secuestrados en territorio soviético los cuatro funcionarios del Banco de España que marcharon con el cargamento, escribiendo a guisa de comentario: «Entretanto, la revista gráfica “La U.R.S.S. en construcción” dedicaba un número especial al aumento de las existencias de oro en Rusia, atribuyéndolo al desarrollo de la explotación de yacimientos auríferos allí. Era el oro de España».

Estas palabras señalaron mi sospecha de que el Kremlin tenía propósitos de quedarse con la preciadísima mercancía. De no abrigarlo ¿qué finalidad perseguía secuestrando a los bancarios españoles durante dos años? ¿Y qué objetivo buscaba haciendo desaparecer de escena a altos funcionarios soviéticos que habían intervenido en el asunto? Éstos fueron, según entonces dije, el ministro de Hacienda, Grinko; el director del Grosbank, Marguliz; el subdirector, Cagan; el representante del Ministerio de Hacienda en dicho establecimiento del crédito, Ivanoski, y el nuevo director del Grosbank, Martinson. Todos cesaron en sus puestos —agregué—, varios pasaron a prisión y Grinko fue fusilado.

Medidas de esa naturaleza respondían indudablemente a deseos de mantener en secreto tan magna transferencia. Para impedir cualquier golpe de mano de Franco o de sus aliados Hitler y Mussolini, el sigilo era preciso en el embarque y mientras navegaban los buques transportadores del tesoro, pero, una vez llegado éste a su destino, ¿qué necesidad había de que el traspaso continuara envuelto en absoluto misterio? El depositante, aunque temerariamente, actuó por razones de seguridad, y el depositario parecía haberse avenido a serlo por motivos de amistad o, si quieren desecharse estos motivos, por afán de garantizar previamente el pago de suministros de material de guerra y géneros alimenticios a la República Española, precaución que, si bien desprovista de generosidad y confianza, no imponía, por su licitud, tamaña reserva.

Procede, pues, deducir que ésta obedeció a fines inconfesables, y el de quedarse con el oro era para Moscú un fin que no podía confesar. Mis sospechas al respecto tenían más vuelo que el proporcionado por la revista soviética arriba mencionada.

Un hijo en rehenes.

El derrumbamiento republicano se produjo más precipitadamente de lo que sin duda calculó Juan Negrín. No de otra manera cabe explicar que quedase en el castillo de Figueras, a veinticinco kilómetros de Francia, la mayor parte de los bienes incautados por el Gobierno a particulares y bancos. Lo que a México trajo el yate Vita era una parte muy pequeña de esos bienes que se almacenó desordenadamente en la Embajada española de París. Lo demás pudo rescatarlo Franco con toda comodidad.

Y no fue Negrín quien mandó despachar el Vita para México. Su ministro de Hacienda, Francisco Méndez Aspe, que se hallaba en Francia, viendo contadas las horas de la República, dispuso que se cargara en el Vita lo que buenamente se pudiera —no alcanzó ni mucho menos a cuanto había pasado a Francia— y que el barco se hiciese sin demora a la mar. En aguas mexicanas, el capitán del buque y el jefe de la escolta de carabineros a bordo aguardarían las instrucciones de un emisario que saldría después. Mas el emisario llegó tarde.

El arribo a Veracruz de una lujosísima nave de recreo, con bandera de los Estados Unidos, que acababa de cruzar el Atlántico sin un solo norteamericano como pasajero ni como tripulante, era ya de por sí bastante novelesco. La fantasía popular encargóse del resto afirmando que el pasaje —un pasaje inexistente— estaba formado por Negrín y sus ministros. Del escándalo se hizo eco la prensa nacional y extranjera. El cónsul de los Estados Unidos, no queriendo que su pabellón amparase irregularidades, desabanderó el barco. Sin bandera, trasladóse el Vita a Tampico, donde, bajo eficaz protección, desembarcó el centenar de maletas que trajo, unas repletas de alhajas valiosísimas y otras llenas de bisutería. El desembarque y el traslado a la capital del singularísimo equipaje movilizó a caravanas de reporteros y fotógrafos que llenaron con descripciones y clisés planas enteras de los periódicos. ¿ Cómo deshacer ya todo aquel embrollo? Un reembarque lo hubiera embarullado más.

De haber estado Negrín en Francia cuando allí zarpó el Vita, ¿hubiese éste hecho rumbo al Golfo de México o hubiese enfilado hacia el Báltico para fondear en algún puerto ruso? Me inclino a creer lo último. Y no baso mi suposición únicamente en la manifiesta preferencia de Negrín por Rusia como depositaría.

Rómulo Negrín, el segundo de los hijos del último jefe del Gobierno republicano español, encontrábase en la URSS, adonde fue para perfeccionarse como aviador.

Concluida nuestra guerra, la estancia de Rómulo en tierras soviéticas resultaba inútil. Su padre, queriendo tenerlo junto a sí, gestionó el retorno a Francia. Pero en Moscú encadenábanse demoras y excusas que impedían la salida de Rómulo. El padre comenzó a inquietarse. Hombre acostumbrado a resguardar sus preocupaciones tras una recia coraza, no descubrió a nadie su inquietud, mas alguien creyó adivinarla en el hecho, ciertamente inusitado, de que la fotografía de Rómulo apareciese noche a noche como único adorno en el dormitorio paterno. En vez de proteger un sueño, aquella imagen parecía arrebatarlo.

Juan Negrín libraba briosas batallas por recobrar el cargamento del Vita. Las perdió ante mí primeramente, ante el Gobierno de México después, y ante la Diputación Permanente de Cortes de la República por último. ¿Las perdió él o las perdió Rusia? No huelgan las dudas acerca del verdadero vencedor. Lo indiscutiblemente cierto es que Moscú no permitió salir a Rómulo Negrín hasta tener pleno convencimiento de que don Juan no era árbitro en el destino definitivo de los bienes que el Vita condujo.

De esa circunstancia cualquier espíritu suspicaz —y el mío lo es—, deducirá que la URSS tuvo a Rómulo Negrín en rehenes, afanosa de captar los últimos despojos, por pequeños que fuesen, de bienes en manos de los republicanos derrotados. El deseo de servir como fiel depositaría no le conduciría hasta extremos tales. A lo visto, no sació su avaricia con las siete mil ochocientas cajas colmadas de oro que se le remitieron desde Cartagena.

Honores a un papel mojado.

Meses atrás, a raíz del fallecimiento de Juan Negrín, el Gobierno franquista pidió albricias al proclamar gozoso que obraba en su poder, merced a la intercesión de familiares y amigos del difunto, el recibo original del oro depositado en Rusia en 1936. Centenares de toneladas de oro, retornando enseguida a las cuevas del Banco de España, sostendrían a la enfermiza peseta que, vacilante, anda dando traspiés y ala que tremenda emigración de capitales, realizada principalmente por enriquecidos funcionarios y ex funcionarios de ese Gobierno, va empujando al abismo.

No se regatearon medios de publicidad para divulgar el fausto suceso. La noticia se encabezó con grandes titulares en los periódicos españoles, que, además, ilustraron sus primeras páginas con instantáneas del acto, ciertamente grotesco por su solemnidad, celebrado en el palacio de Santa Cruz —Ministerio de Asuntos Extranjeros—, para entregar al representante del banco emisor el famoso recibo.

Los reflectores que en 1953 iluminaron a fotógrafos y camarógrafos en aquel mismo edificio para dejar constancia gráfica de dos despojos —el de prerrogativas estatales significado por el Concordato y el de soberanía nacional implicado en los convenios con Norteamérica— iban a deslumbrar en una escena restitutoria y casi salvadora, pues con la exhibición del papel que el Ministerio pasaba al banco la economía franquista, en trance de naufragio, mantendríase boyante. Claro que, aún cuando las siete mil ochocientas cajas volvieran de Rusia sin faltarles un adarme de oro, tal salvación resultaba imposible. Pero, a lo menos, constituirían un alivio.

El Kremlin, silencioso frente a tanta algazara, ha hablado meses después para decir que el medio millar de toneladas de oro lo gastó íntegramente, sin dejar un gramo, la República Española, y que la URSS, lejos de adeudar nada, es acreedora, pues el Gobierno republicano quedó a deberle cincuenta millones de dólares. Consiguientemente, en Madrid se rindieron honores a un papel mojado.

Aunque para nada intervine en el depósito ni en la administración del oro conducido a Rusia, estoy segurísimo de que es falsa la afirmación difundida por «Pravda» de que el importe de las quinientas toneladas de oro transportadas de Cartagena a Odesa se consumieron por la República. Estamos en presencia de un colosal desfalco. Sea cualquiera mi opinión sobre Juan Negrín, le declaro incapaz de la macabra broma de disponer que al morir él —si así lo dispuso—, se entregara a Franco un documento que nada positivo representaba.

Los comunistas franceses, cajeros del Estado español.

Entre mis revelaciones de 1940 figuraron las siguientes:

«Que el Partido Comunista Francés administró para compras de material de guerra dos mil quinientos millones de francos entregados por Negrín, sin que la administración de tan enorme suma la hubiese controlado, poco ni mucho, ningún funcionario del Estado español.

»Que el Partido Comunista Francés había retirado para sí, quizá como beneficio de intermediario, cantidades considerables del dinero proporcionado por Negrín.

»Que la propaganda, pública primero y clandestina después, del Partido Comunista Francés se costeaba con dinero así extraído del Estado español, pues los auxilios de la III Internacional eran nulos y el producto de las cotizaciones distaba muchísimo del gasto enorme de esa propaganda.

»Que, ávido de dinero, el Partido Comunista Francés, rectificando constantemente sus liquidaciones por nadie examinadas, reclamaba mayores sumas a los señores Negrín y Méndez Aspe.

»Que el espléndido diario comunistoide “Ce Soir”, remedo del triunfante “Paris Soir”, se sostenía con fondos de los suministrados por Negrín.

»Y que la flota, compuesta de doce buques, perteneciente a la France Navigation, era propiedad de España, pues con dinero español se compraron todos los barcos, no obstante lo cual los comunistas franceses, administradores de dicha compañía, se negaron a devolverlos considerándolos suyos».

Pues bien, aunque todos esos gastos se hicieran con cargo al oro depositado en Rusia, es imposible la completa consunción de éste. Repito que se trata de un desfalco descomunal.

A fin de exculparse, Rusia habrá falsificado cuantos documentos justificativos le sean menester, en la misma forma que falsificó tantos y tantos para fundamentar procesos monstruosos contra enemigos del bolchevismo y contra bolchevistas más o menos descarriados. Negrín, desde la tumba, no podrá negar autenticidad a firmas suyas, trazadas por expertos falsificadores.

Vestigios de una estafa.

La propaganda anticomunista explota afondo el desfalco soviético, pero callando una estafa que en otras latitudes se cometió con nosotros, juego burdo al que no me presto.

El mundo democrático contrajo con la España liberal una deuda que no pagó ni quiere pagar. ¿ Trátase de deuda dudosa? No, por cuanto que el deudor la ha reconocido, si bien luego ha roto el recibo que él mismo extendió y firmó, incorporándolo a su libro de cuentas. La deuda se contrajo entre 1936 y 1939 con el abandono en que ese mundo dejó a quienes en España combatían para defender elementales derechos humanos.

Ahora, fórmanse alianzas —por ejemplo, la del Atlántico Norte— para defender en común esos mismos derechos, y los aliados se comprometen a ir en socorro del país que sufra cualquier ataque por mantener, juntamente con su independencia, la sustantividad de los derechos del hombre.

Entonces, la República Española clamó en vano. No pedía aportaciones humanas. Le sobraban hombres, pero estos hombres carecían de armas, por lo cual las solicitaba, no regaladas ni prestadas, sino pagadas anticipadamente. Los países democráticos se las negaron; más aún, se concertaron para que nadie de entre ellos las suministrara. Este concierto denegatorio tuvo dos instrumentos; en Europa, el Pacto de No-Intervención y en Norteamérica, la Ley de Neutralidad. Con arreglo a ambas disposiciones, el Gobierno legítimo de

España quedó privado de indispensables elementos defensivos. El Pacto de No-Intervención y la ley de Neutralidad, según sus respectivos textos, se aplicarían por igual a los sostenedores de un Gobierno archilegítimo y a quienes se rebelaron contra él, lo cual teóricamente era por sí mismo monstruoso, pues entrañaba una equiparación inadmisible; pero prácticamente la monstruosidad subió de punto dejando manos libres a Italia y a Alemania, cooperadoras de la rebelión, y maniatando a quienes quisieran auxiliar —si alguien se lo proponía— a la legitimidad.

El mundo libre admitió a la postre, y cuando ya las cosas carecían de remedio, que su absurda conducta suponía considerable deuda con la España liberal.

¿Dónde, cuándo y cómo reconoció esa deuda? ¿Dónde? En San Francisco. ¿Cuándo? En 1945 al constituirse las Naciones Unidas. ¿Cómo? Mediante un acuerdo unánime de esta organización estatuyendo que no podría pertenecer a ella ningún país cuyo régimen político se hubiera establecido merced al apoyo militar de Italia y Alemania, en tanto dicho régimen subsistiera. Ése era el caso de Franco.

En su primera asamblea ordinaria celebrada en Londres, la ONU ratificaba el acuerdo de San Francisco citando nominalmente al régimen de Franco como característico de exclusión.

En 1946, la segunda asamblea, reunida en Nueva York, además de reiterar lo acordado en San Francisco y Londres, recomendó una serie de medidas contra el Gobierno falangista, a las que seguirían otras más enérgicas si aquéllas no daban resultado.

La deuda quedó así pública y solemnemente reconocida. Pero los Estados democráticos, rasgando sus compromisos, se resolvieron a sostener a Franco. Bajo el patrocinio descarado y la coacción manifiesta de los Estados Unidos, la ONU anuló en 1950 todo aquello que contra el oprobioso régimen español había decidido en 1945 y 1946. Los Estados Unidos propulsores del desquiciamiento se aliaron con Franco y ahora pugnan por que se le dé ingreso en la Organización del Atlántico Norte.

El deudor ha roto el recibo que extendió, firmó e incorporó a su libro de cuentas. Este libro no es otro que el de Actas de la ONU, y el recibo arrancado de sus folios, el texto de los acuerdos citados.

En resumen, los españoles hemos sido víctimas de dos delitos patentes: un cínico desfalco y una vil estafa. Poner de relieve el desfalco silenciando la estafa, equivale a denunciar un delito mientras se encubre otro no menos repulsivo.

El testimonio de Azaña:

La ruina de la estrategia y de la economía

A estas alturas de 1997, cuando se escribe este libro, el actual líder del partido socialista, don Joaquín Almunia, intenta prohibir a los políticos de la derecha que utilicen las figuras y los textos de la izquierda en sus intervenciones. Se trata de un rasgo de partidismo y de totalitarismo histórico sin pies ni cabeza.

Los testimonios del pasado son patrimonio común de los españoles, sea cual sea la ideología y la procedencia de cada uno. Por eso voy a utilizar, como ilustración y confirmación de este análisis económico de la Guerra Civil, el más alto testimonio que cabe imaginar en la zona republicana: el que nos ha legado el presidente de la República don Manuel Azaña sobre estos problemas. Helo aquí:

Los reveses de la campaña hicieron comprender a todos la necesidad de tomar la guerra en serio, y prestaron al Gobierno el resorte necesario para imponer un cambio de conducta, pero a costa de demasiado tiempo. No puede negarse que el precio del aprendizaje fue elevadísimo y, en su mayor parte, irrescatable. La reacción comenzó por el Ejército. El nuevo Gobierno (Largo Caballero, septiembre de 1936, n. del A.) sometió a todos a la disciplina militar y comenzó la organización metódica de las fuerzas. Empezaron a formarse las grandes unidades, y el Estado Mayor fue recuperando la dirección de la campaña. Antes no podía hacerse otra cosa que operaciones locales, para acudir como se podía a los apuros más urgentes. El enemigo tenía ya, entre otras ventajas, la de una dirección única, y la de que todo su territorio estaba unido (después de la toma de Mérida y Badajoz), aseguradas sus comunicaciones interiores. Ya partido en dos trozos incomunicables por el aislamiento del norte, el territorio del Gobierno de la República estaba, para los efectos de dirigir la campaña, dividido en tres o cuatro pedazos, como resultado de la situación de Cataluña y el País Vasco. Las consecuencias fueron deplorables.

En agosto del 36, los que mandaban en Barcelona decidieron enviar, auxiliados por Valencia, una expedición contra Mallorca. No contaron con el Gobierno de Madrid ni siquiera para pedirle informes sobre cuál pudiera ser el estado militar de la isla. La expedición, anunciada ruidosamente en la prensa, desembarcó, perdió quinientos soldados, casi toda la artillería, cerca de un centenar de ametralladoras tiradas al agua, sin lograr la conquista de las Baleares para la «gran Cataluña», y malogró, para lo sucesivo, cualquier empresa sobre un objetivo tan importante. Otros ejemplos, no tan desastrosos, podrían citarse de aquella dirección de la guerra desde cada provincia. Realmente, la unidad de mando superior no fue completa sino a mediados de 1937, y todavía quedó, hasta su pérdida, el sector excéntrico del norte.

La creación de un nuevo ejército, capaz de hacer frente al enemigo, no podía lograrse plenamente, ni en cuanto a la organización y disciplina, ni en cuanto a la selección del personal, si no se operaba al mismo tiempo una transformación en el estado de la retaguardia. Donde más se hacía sentir el desorden de las iniciativas privadas, que ahogaban al Estado o rivalizaban con él, era en el funcionamiento de los servicios públicos relacionados con la guerra, y en el rendimiento de la industria. Aquellas iniciativas eran de dos clases: o bien de orden regional y político, como las del Gobierno catalán, o bien de orden sindical. Claro está que dentro del marco regional, se manifestaban también las obras de la actividad sindical. En los servicios y empresas de cuya dirección se habían apoderado los sindicatos, la calidad y la cantidad de trabajo descendieron. El derrame sindical produjo un efecto paralizante. En 1937 me dijo el director general de Minas que la extracción del carbón en Utrillas se había reducido a la décima parte de lo normal. Encareció el costo de las obras: emprendida la construcción de un ferrocarril transversal desde la provincia de Valencia a Madrid, para asegurar el abastecimiento de la capital, cada metro cúbico de tierra removida venía a costar unas cuarenta mil pesetas. Disolvía la responsabilidad en comités anónimos. El servicio de transportes pagaba sueldo a diez y seis mil chauffeurs, y no se conseguía regularizar el envío de víveres a Madrid, cuando todavía no escaseaban Si la memoria no me engaña, fue el señor Largo Caballero, a la sazón presidente del Consejo, quien ordenó la prisión del Comité de transportes. Se daban tan poca cuenta de la gravedad de la guerra, o anteponían de tal manera las ventajas del momento presente, que en septiembre del 36, habiendo en Madrid tres aviones de caza, los obreros del taller de reparaciones del aeródromo de los Alcázares se negaban a prolongar una hora la jornada y a trabajar los domingos. Estas muestras, tomadas de la realidad, bastan para formarse una idea de la situación en ese aspecto y de la inmensa tarea que los Gobiernos debían cumplir.

En los párrafos finales de su artículo «La revolución abortada», Azaña expone su tesis: La revolución sólo sirvió para destruir; no tomó el Gobierno, simplemente lo despreció e hizo la guerra por su cuenta. Nunca salió del doble poder. Ya hemos citado algunos fragmentos pero, aun a precio de reiteraciones, debemos reproducirlos ahora:

Tanto desbarajuste, tales movimientos desordenados, que arruinaban la producción, estaban destinados al fracaso. La opinión pública, en general, los reprobó. Los resultados obtenidos, acabaron de desacreditarlos. Pero su efecto, desastroso para la República, estaba ya producido. Es seguro que, después de los italianos y los alemanes, no han tenido los “nacionalistas ’’ mejor auxiliar que todos aquellos creadores de una economía dirigida, o más bien, secuestrada por los sindicatos».

Cómo consiguió la zona nacional

su primer oro

El Gobierno del Frente Popular se apoderó de las cuantiosas reservas oro del Banco de España y las enajenó, como acabamos de comprobar. Además las organizaciones políticas de ese Frente Popular desvalijaron las cajas fuertes particulares de prácticamente todos los Bancos y robaron el oro y joyas que contenían, así como los vasos sagrados y tesoros diversos de las iglesias profanadas y clausuradas. Una parte de estos bienes de procedencia particular fue enviada, al final de la guerra, por el presidente del gobierno, doctor Negrín, a México dentro de un gran número de maletas rebosantes. Pero el gobierno mexicano negó a Negrín el tesoro del Vita y se lo entregó, para su administración con miras a la subsistencia de los refugiados españoles, a una entidad creada por Indalecio Prieto. Al detectar irregularidades en la gestión del tesoro el gobierno mexicano, se incautó de lo que quedaba. Cuando el escultor Sebastián Miranda escribió a su antiguo amigo Prieto, para protestar por el comportamiento de la entidad presidida por el líder socialista, éste trató de replicarle desmañadamente en sus Cartas a un escultor.

Sin embargo, el autor de este libro recuerda que, durante los años sesenta, mantuvo en Madrid una conversación muy interesante con el antiguo líder de la UGT, Teodomiro Menéndez, muy amigo de Prieto, quien le comentó lapidariamente, en su piso próximo a la estación del Norte, la actuación de Prieto en torno al tesoro del Vita con estas palabras textuales: «Se ha cubierto de mierda».

En la zona nacional no había oro fuera de los patrimonios familiares. La Junta de Defensa de Burgos necesitaba oro para sus transacciones exteriores más vitales y acudió a la población en demanda de donativos.

El autor de este libro recuerda, con viveza, cómo las familias evadidas de la zona republicana con lo puesto entregaban sus joyas, que trabajosamente pudieron salvar, a las autoridades, de acuerdo con las demandas de la Junta en el llamamiento siguiente:

Apenas iniciado el movimiento libertador de España por el Ejército y las milicias de patriotas y constituida esta Junta de Defensa Nacional en Burgos, han comenzado a afluir los donativos de entidades y particulares, en términos que evidencian el entusiasmo que anima a todos los buenos españoles.

Por su cuantía o por el sacrificio personal que representan, y por ello les da un valor simbólico, revisten importancia excepcional muchos de esos donativos, y en algunos casos han tenido la publicidad suficiente para que sirvan de estímulo y de ejemplo.

Pero las necesidades de un Estado que se está reorganizando en plena guerra son muchas, y no serán excesivos cuantos recursos se le procuren para acudir a ellas. El primero ha de ser el de las contribuciones voluntarias que en forma de donativos se le hagan, porque cada uno de ellos representará una adhesión explícita a lo que el nuevo Estado representa, una colaboración y un esfuerzo que, aun siendo grande, en cada caso, no igualará al de quienes voluntariamente han dado sus vidas ni al de los que han perecido en las ciudades transitoriamente dominadas por la barbarie roja que precisamente hemos de reconquistar.

En este instante en que, después de muchos años de indiferencia ante los problemas comunes, los españoles demuestran haber recuperado sus cualidades marciales, su sentido de la solidaridad nacional, su capacidad de abnegación, su voluntad de constituir una nación digna y no una mera asociación organizada para el disfrute o la disputa de los bienes materiales, sería un crimen y una torpeza inhibirse de la participación en el sacrificio común, y pensar que una empresa, en la que los más generosos dan su sangre y su dinero, va a realizarse para el beneficio de quienes, con callado egoísmo se mantengan como simples espectadores de ella. Bastará que lo comprendan así para que nadie se abstenga de acudir con su aportación a una obra patriótica, en la que, al mismo tiempo que principios eternos, se defienden el bienestar de todos y cada uno de los ciudadanos, su derecho a la paz, a la libertad y ala vida.

No han necesitado los españoles que se les razonara todo esto para comprenderlo claramente. Pero como esta Junta ha sido consultada en muchos casos respecto a la naturaleza de los donativos que estime preferibles, se cree en el deber de manifestar que para el servicio de la nación, para las atenciones del Ejército y para la administración pública, todos son aceptables. Más prelación, sin embargo, debe darse a los recursos monetarios y, sobre todo, al oro en moneda o en cualquier otra forma como instrumento de cambio de valor universal.

Las donaciones en oro deben hacerse directamente a esta Junta o a las comandancias militares que en esta Junta centralizarán sus envíos, puesto que con todos los elementos de conocimiento puede en cada instante aplicar esos recursos a las necesidades más urgentes, y tiene la seguridad de que ni un español que sin avergonzarse pueda dialogar a solas consigo mismo, guardará un solo gramo de oro en reserva cuando los hijos del pueblo, la juventud de todas las clases sociales sin distinción, los sacerdotes, las mujeres honradas y hasta las criaturas inocentes, están dando su sangre a raudales como combatientes heroicos o como víctimas de la barbarie comunista.

El oro que cada español tenga en su poder debe ser entregado sin demora para esta causa, y en nada podría ser mejor invertido que en liberar al propio país de la ignominia, del dolor y de la ruina. Quien no procediera así tendría el día del triunfo inminente la íntima humillación de ser un intruso en la común alegría, un partícipe sin derecho en la satisfacción y la gloria de la España libertada. El oro se vende y se compra. La conciencia de ser un hombre leal, un hombre de bien, y no un miserable roído por la avaricia, no hay medio de readquirirla si en este trance único en la vida de cada español se pierde.

Burgos, 16 de agosto de 1936.

(Diario de Burgos. Lunes 17 de agosto de 1936).

El petróleo de la Guerra Civil

Hemos estudiado ya las intervenciones, aportaciones y actividades diplomáticas extranjeras en tomo a la guerra de España, desde el estallido del conflicto hasta las vísperas de la batalla de Madrid, y hemos completado los datos hasta el final de la guerra. Hemos visto cómo, entre Seseña y Esquivias, el 29 de octubre de 1936, las aportaciones masivas soviéticas de aviación y de carros rompen el equilibrio e inician la segunda fase, llamada por el general Salas La escalada del otoño. Pero hemos dejado para este tratado de economía bélica el estudio de una aportación esencial e ignorada: la de los carburantes a una y otra zona.

El autor de estas líneas investigó monográficamente este importantísimo y desconocidísimo problema del petróleo y publicó los resultados en la revista Hacienda Pública Española, número 46 (1977), páginas 120s, bajo el título «El suministro y la financiación de los carburantes en la Guerra Civil: datos y testimonios». Reproducimos aquí las principales conclusiones.

El presidente de los Estados Unidos Ronald Reagan ha dicho en 1985 que «quizá nos equivocamos de bando en la guerra civil española». Para mi absoluta sorpresa un hombre tan ponderado como el general Sáenz de Santamaría ha repetido la misma frase recientemente, al final de la época socialista, pero con sentido diametralmente opuesto; confío en que se haya tratado de un “pronto ” del ilustre militar. El señor Reagan, fascinado por la propaganda literaria de Ernest Hemingway, de la que ya hablaremos en su momento, piensa quizá que los Estados Unidos favorecieron al bando republicano durante la guerra civil. Pero el asunto del petróleo demuestra justamente lo contrario. El Gobierno Roosevelt aplicó pronto el embargo de armas a los dos contendientes de la guerra civil, y lo mantuvo por las presiones de los católicos norteamericanos conmovidos por la gesta del Alcázar y por la Carta Colectiva de los obispos de España en 1937; porque el embargo favorecía a los rebeldes. Pero la sociedad norteamericana favoreció de facto mucho más a los rebeldes, hasta el punto de que la intervención de los Estados Unidos en favor de Franco fue realmente decisiva, y no desmerece de la germano-italiana. Gracias a un personaje de leyenda, el capitán Thorkhild Rieber, presidente de la Texas Oil Company, y su representante para Europa, con sede en París, señor Brewster. Seguramente en la primera quincena de octubre el magnate americano —que era un franquista acérrimo— y su representante conferenciaron en Burgos con el consejero de la CAMPSA y del Banco Hispano Americano don Celedonio Noriega, marqués de Torrehoyos, y el alto empleado de la misma compañía don José Antonio Álvarez Alonso. Según testimonio de don Juan Zulueta, el marqués ofreció a la Texaco sus pozos de petróleo en Venezuela como garantía para el suministro a la zona nacional.

El presidente del banco, marqués de Aledo, dio todas las facilidades desde Estoril a la hora de las garantías; pero el presidente Rieber rompió el borrador del contrato y declaró que le bastaba la palabra de los españoles. Las condiciones fueron pago aplazado hasta cuando fuera posible (entonces el pago aplazado del petróleo era una extraordinaria excepción) con un tres por ciento de interés anual sobre el precio de los carburantes vigente para cada envío en la zona del golfo de México. Mientras la República, con todo el oro del Banco de España en sus sótanos no era capaz de conseguir créditos apreciables en el extranjero, Franco lograba un éxito económico de esta envergadura sin más respaldo que la palabra de sus colaboradores y la esperanza de sus vanguardias que marchaban sobre Madrid. El análisis materialista que exhibió Indalecio Prieto en su famoso discurso del 8 de agosto demostraba su falsedad. Entre la casi general abundancia de suministros que caracterizó, desde el principio al fin de la guerra, la vida en la zona nacional, destacaba la falta de restricciones opresivas en una gama de productos tan vital como los petrolíferos.

La elevación de Franco a la jefatura del Estado fue decisiva para romper las iniciales reticencias de don

Andrés Amado (enemistado con las multinacionales del petróleo desde la ofensiva que desencadenaron durante la Dictadura contra su jefe, el ministro Calvo Sotelo por la creación de la CAMPSA) y conseguir la ayuda casi incondicional de la Texaco a la economía de guerra de la zona nacional. Ya antes de la firma del convenio, y por orden directa de Rieber, tres petroleros norteamericanos en ruta hacia Europa fueron desviados hacia Vigo; dos con gasoil, uno con gasolina. Surgieron luego algunas dificultades en los pagos, por los obstáculos que impedían el cobro de los cheques españoles en el extranjero, aun respaldados por divisas. El problema fue solucionado por Alvarez Alonso que desde enero de 1937, llamado del frente de Madrid, se encargó de la secretaría accidental de CAMPSA. El capitán Rieber volvió a la zona nacional en 1938. En una carta a un consejero de la compañía española revela los motivos de su inquietud: «Comprendo perfectamente su problema, esto es una cruzada del comunismo contra el capitalismo y yo soy capitalista cien por cien». Es importante señalar que en los momentos más angustiosos de la guerra, cuando el avance sobre Madrid y luego la presencia del material pesado alemán e italiano exigía un consumo de combustible mucho mayor, el petróleo americano fue transportado en buques americanos hasta que la CAMPSA de Franco fue creando una pequeña flota de transporte, incrementada gracias a algunas capturas de barcos por la escuadra. Los datos que hemos podido comprobar en las publicaciones e informes de CAMPSA sobre suministro de carburantes a una y otra zona son muy elocuentes. En la zona nacional los buques propios realizaron un total de 225 viajes para traer 1.986.651 toneladas de petróleo y los barcos fletados —en su mayoría de la Texaco y sus subsidiarias— realizaron 156 viajes, con 1.484.732 toneladas; total, 3.471.383 toneladas. En la zona republicana, los buques propios realizaron 282 viajes para transportar 861.647 toneladas; los barcos fletados, que hicieron 229 viajes, llevaron 642.592 toneladas. Total de los suministros de petróleo a zona republicana, 1.504.239 toneladas. Es decir, que la zona nacional recibió y consumió durante la guerra civil bastante más del doble del carburante utilizado en la zona republicana; y que los tanques y aviones enviados por Alemania e Italia marchaban con carburante de los Estados Unidos.

Como hemos dicho, estos datos hablan por sí solos e iluminan desde un ángulo nuevo el problema de las aportaciones extranjeras. El Gobierno norteamericano impuso a la Texaco algunas multas simbólicas por quebrantar el embargo con el envío de materiales estratégicos; pero en el fondo de la cuestión hizo la vista gorda.

No me cansaré de subrayar la trascendencia de esta aportación norteamericana a la zona nacional para resolver el problema de los carburantes. El Gobierno del Frente Popular tuvo que importar el petróleo de la Unión Soviética a través de una flota de petroleros propios, adquiridos a peso de oro en el extranjero gracias a la mediación, costosísima, del Partido Comunista de Francia, como hemos visto denunciar a Indalecio Prieto. Me parece increíble que los historiadores de la guerra civil pasen por alto este esencial capítulo petrolífero de la guerra económica.

Franco protesta por la

enajenación del oro

Hemos visto cómo la Junta de Defensa de Burgos denunció proféticamente, en agosto de 1936, los propósitos enemigos de disponer de las reservas oro del Banco de España.

Por desgracia esas previsiones se cumplieron y el general Franco, que tenía algún importante agente de la Quinta Columna en los entresijos del Banco de España, tuvo puntual noticia de la secretísima enajenación del oro español y elevó su protesta ante el mundo entero en los términos siguientes:

Nota oficial del Jefe del Gobierno del Estado El general Franco se dirige por radio a los Gobiernos de todas las naciones para protestar contra la expoliación sin precedentes que realiza el llamado Gobierno de Madrid al disponer libremente de las reservas nacionales de oro.

El Gobierno español no tiene derecho a disponer del oro depositado en el Banco de España para los fines a que acaba de ser aplicado por los rojos de Madrid. Ese oro cumple la finalidad exclusiva de garantizar la cobertura de los billetes de acuerdo con los preceptos constitucionales y forma parte del patrimonio nacional de igual modo que el territorio de la nación.

Conforme al artículo 8 de la Constitución republicana, es preciso el voto de las Cortes para exportar oro destinado a compras o empréstitos en el extranjero y el voto deberá establecer al mismo tiempo los procedimientos y modalidades de esta operación.

El régimen del Banco de España, en sus relaciones con el Estado y con los portadores de billetes, ha sido fijado por las leyes votadas por las Cortes y no modificadas por ellas. Contra el uso que ahora se hace de las reservas nacionales de oro han protestado enérgicamente los consejeros del Banco de España, unos en Burgos, donde hace poco tiempo se reunieron a este efecto; otros en Madrid, donde han hecho sentir su voz valerosa, aunque inútilmente.

Es de señalar que la aceptación de estas reservas por cualquier Estado extranjero constituiría una flagrante violación de la neutralidad, ya que además de facilitar la exportación equivaldría a prestar auxilio a una de las partes en el conflicto, auxilio tanto más directo si se considera que el uso a que se destina este oro suele ser la adquisición de armas y material de guerra y que una vez fuera de España puede pasar fácilmente de un país a otro. Su sola presencia en el extranjero estimula las ofertas de armas hechas en favor de uno de los combatientes, dando lugar a posibles repercusiones internacionales. No hay neutralidad efectiva si se tolera que una de las partes en conflicto disponga libre y exclusivamente de nuestro oro nacional, y por ello cabe pedir que los Gobiernos que a propuesta del francés se han adherido a la prohibición estricta de exportar material de guerra a las fuerzas que luchan en nuestra nación, ejerzan estrecha vigilancia sobre el oro ilegalmente exportado al extranjero.

Es de observar que estos envíos de oro, contra los que protestó en su día la Junta de Burgos, exceden de las cantidades necesarias para la adquisición inmediata de armamentos y municiones. El propósito de continuar la expoliación de que se hace víctima a España parece continuarse con el traslado a un puerto mediterráneo del «stock» que quedaba en el banco.

Los depósitos establecidos en París y Toulouse tienden a restar recursos al Gobierno nacional, que pronto ocupará Madrid, y no es menos grave el peligro que estos fondos queden eventualmente en poder de los extremistas, que los utilizarán seguramente para seguir creando conflictos.

El general Franco tratará de rescatar ese oro por todos los medios y perseguirá como culpables defraude por robo a cuantos intervengan en este tráfico ilícito, defendiendo así no sólo los intereses de España, sino los de aquellas naciones con las cuales mantiene España relaciones comerciales, que resultarían perjudicadas como consecuencia del empobrecimiento de nuestras reservas.

Heraldo de Aragón, jueves 15 de octubre de 1936.

El Banco de España

en la zona nacional

En el mismo libro esencial El Banco de España, una historia económica, publicado entre dificultades y reticencias en 1970 (pero publicado al fin, esto es lo importante), se dedica un extenso capítulo a la evolución del banco y de la economía de guerra en la zona nacional. Vamos a reproducir este análisis con el mismo criterio que nos impulsó a presentar el capítulo dedicado en ese libro a la zona republicana.

El Banco de España nacional: 1936-1939.

Poco después del 18 de julio de 1936, en las plazas ocupadas por las fuerzas militares fueron reuniéndose los elementos de la administración del banco afectos a la nueva situación y, finalmente, establecieron una nueva administración central en Burgos, cuando en aquella ciudad se constituyó la Junta de Defensa. En 24 de septiembre de 1936, se reunió en Burgos un Consejo del Banco de España, bajo la presidencia del subgobernador 1.°, don Pedro Pan, asistiendo los consejeros señores Urquijo, Aritio, Marios, De Céspedes y Rivera, de la representación de los accionistas. La primera labor de este Consejo fue la de unificar la política de las sucursales en las ciudades de la zona ocupada, hacer recuento de las existencias en las cajas de las mismas y tomar decisiones para el futuro suministro de billetes. Al propio tiempo, el mismo Consejo se dirigió en septiembre a la mayoría de los bancos extranjeros con quienes mantenía relación el Banco de España para comunicarles que no reconocía las salidas de oro del banco de Madrid. Uno de los principales agentes del banco en las gestiones exteriores fue el ex ministro señor Ventosa.

La organización personal del nuevo banco fue haciéndose sobre la marcha. En 16 de diciembre de 1936, se decretó el cese del señor Suárez Figueroa, que continuaba como subgobernador en Madrid, y se nombró subgobemador en Burgos a don Ramón Artigas, y a continuación se hicieron ulteriores nombramientos de personal. La situación tuvo durante bastante tiempo un acentuado carácter de provisionalidad por estimarse inminente la toma de Madrid. Sólo más tarde se empezó a reconstruir totalmente la nueva administración. Por ello, por decreto de 12 de marzo de 1938, fue nombrado gobernador don Antonio Goicoechea, a quien al mismo tiempo se le atribuyó la Comisaría de la Banca Oficial. En efecto, un decreto de la misma fecha había creado el cargo de comisario de la Banca Oficial, que asumía las funciones de gobernador del Banco de España y de los bancos Hipotecario y Banco Exterior de España y presidente de la Delegación del Estado en el Banco de Crédito Industrial.

También se produjeron otros cambios en el Banco de España, nombrándose subgobernador 2.° a don César Arruche y se reconstituyó la representación del Estado en el Banco de España con José Larraz, Ángel Gutiérrez y Eduardo Aunós. Algunos de los representantes del Estado fueron sustituidos después, una vez terminada la guerra.

Con el fin, seguramente, de reforzar jurídicamente la función de la nueva administración del Banco de España, que tuvo que asumir en nombre del banco gestiones oficiosas y procesos judiciales en el extranjero para disputar al Banco de España republicano la disposición de ciertos activos del exterior, se autorizó la celebración de una Junta General Extraordinaria de Accionistas que tuvo lugar en Santander el 18 de diciembre de 1938. Concurrieron a dicha asamblea la representación de 154.163 acciones y los acuerdos fueron aprobados por unanimidad. Los acuerdos adoptados consistieron, en definitiva, en aprobar las acciones judiciales y gestiones que había venido realizando el Consejo de Burgos para recuperar fondos en oro y otras cuentas y efectos que habían sido remitidos al extranjero por el banco republicano. Por ello, se decidió: 1.- La aprobación de las acciones promovidas en Francia (tribunales de París y La Rochelle) en reivindicación de las garantías oro depositadas en Mont de Marsan, así como los valores y bienes expoliados de las sucursales de San Sebastián, Bilbao, Santander y Gijón. 2.- Aprobación de las acciones judiciales interpuestas ante los tribunales holandeses por metálico y valores retenidos en Flessinga. 3.- Ratificación de las acciones judiciales ejercitadas en Nueva York en reivindicación de reservas de plata vendidas por la Administración republicana. 4.- Autorización a los consejeros que comparecieron ante los tribunales ingleses en el pleito con el Martin’s Bank en reclamación de fondos depositados en dicho banco, y 5.- Voto de confianza al Consejo de Administración no sólo para los pleitos que se siguen, sino para aquéllos otros que por la misma causa se realicen en las mismas u otras jurisdicciones. Además, la Junta declaró prorrogado el mandato de varios de los consejeros: Conde de Limpias, Duque de Alba, Marqués de Aledo, Conde de Heredia Spínola, Vizconde de San Alberto y don Jesús Coronas.

Política monetaria interior

y financiación de la guerra

La organización del Banco de España en la zona dominada por la Junta de Burgos se enfrentó principalmente con dos líneas de problemas monetarios y financieros: la ordenación monetaria en las zonas ocupadas por el ejército «nacional» y la financiación interior de la Junta Técnica del Estado de Burgos, y, por tanto, financiación interior de la guerra. Como veremos luego, en los aspectos Exteriores el Banco de España quedó casi completamente al margen.

La primera cuestión que se planteó fue el determinar el área monetaria dominada por la Junta de Burgos y separarla de la dominada por el Gobierno de Madrid. El decreto de 12 noviembre de 1936, aprobando una declaración del Banco de España de no reconocer validez a sus billetes, incluso certificados de plata puestos en circulación con posterioridad al 18 de julio de 1936, fue el paso esencial que se dio en este tema. Anteriormente la Junta de Defensa había dado diversas disposiciones bloqueando las retiradas de fondos en las cuentas corrientes bancarias. En este sentido es importante el decreto 106, de 12 de septiembre de 1936, en el que se limitan las retiradas sin autorización a 1.500pesetas, tanto si se trata de cuentas corrientes como de cuentas de crédito. También fijaba límites a los créditos y redescuentos del Banco de España.

El decreto de 12 de noviembre de 1936 es trascendental para la evolución financiera de las dos zonas en lucha, porque al establecer la obligación de estampillaje, contiene, además, un apartado (art. 5) que es sumamente significativo para explicar la evolución ulterior de la situación monetaria en la zona nacional. Los tenedores de billetes de la zona ocupada, obligados al estampillaje, pueden optar entre aportarlos para la mera ejecución de la operación o ingresarlos en cuenta corriente, «bien entendido que en este último caso las cantidades en ellas abonadas serán de libre disposición y no sujetas a ninguna de las restricciones del decreto número 106 de la Junta de Defensa Nacional». De hecho, esta disposición que constituía una gran ventaja para los depositantes canalizó una gran parte del efectivo existente en la zona ocupada hacia las cuentas bancarias y evitó desde el primer momento la expansión excesiva de los billetes en circulación. En efecto, se puede señalar que según manifestaciones del subgobernador, señor Artigas, el estampillado de billetes «produjo una elevación de Tesorería de 900 millones de pesetas, con reflejo paralelo en los capítulos de cuentas corrientes y de crédito, removiendo en sus más hondas raíces el vicio del ocultamiento».

En efecto, se pudo constatar que mientras el 18 de julio de 1936, el Banco de España, en conjunto (antes de la escisión), tenía una cifra de cuentas corrientes para todo el territorio nacional de 1.128 millones de pesetas, en el primer estado de situación de las sucursales del banco en zona liberada, para el 31 de diciembre de 1937, aparecieron 1.715 millones de cuentas corrientes libres sólo para las zonas liberadas. Los billetes en circulación son sólo 3.405 millones, mientras que los canjeados fueron 3.223 millones.

El resumen de la situación de las sucursales del Banco de España de la zona liberada permiten hacerse una idea de la evolución financiera de aquella administración del banco y de los hechos expuestos.

Se trata de un balance de situación para 31 de diciembre de 1937, en que aparecen como principales cuentas las siguientes:

ACTIVO
A) ORO MILLONES DE PESETAS
Oro (del Banco, Estado, particulares, suscrip. nacional) | 9,20
Plata | 73,57
Bronce por cuenta de la Hacienda | 110,86
Descuentos | 335,61
Pólizas de crédito (con garantía) | 1.159,44
Cuenta corriente de crédito | 306,73
Tesoro Público, e/c. plata | 2.500,00
Compras de oro por cuenta del Estado | 11,22
Comité de Moneda Extranjera | 34,51
Billetes retirados de circulación de emisiones anteriores | 3.223,65

PASIVO
Billetes en circulación | 3.405,17
Cuentas corrientes libres | 1.715,40
Cuentas corrientes bloqueadas | 289,16
Disponible en créditos Banco de España Madrid su c/c | 913,03

Es de notar que efectivamente, como se confirma con otros documentos, lo que se da en el Activo como c/c. plata con el Tesoro público son las pólizas de crédito firmadas entre el Banco de España y el Tesoro nacional, que eran de un importe de 2.500 millones de pesetas hasta fin de 1937. En efecto, la financiación interna de la guerra en el Banco nacional daba lugar a considerables adelantos del Banco al Tesoro Nacional amparándose en el apartado C, Base 3ª del artículo 1 de la L. 0. B. La formalización de las diversas pólizas, hechas en Burgos y la última ya en Madrid, después de terminadas las operaciones militares, fueron publicadas más adelante. Los préstamos otorgados y sus importes son:

N.º DE PÓLIZA | FECHA | PESETAS
1. Burgos | 28 de abril de 1937 | 200 millones
2. | 26 de junio de 1937 | 200 millones
3. Burgos | 21 de agosto de 1937 | 600 millones
4. | 28 de septiembre de 1937 | 400 millones
5. Burgos | 4 de noviembre de 1937 | 600 millones
6. | 28 de diciembre de 1938 | 500 millones
7. | 15 de febrero de 1938 | 500 millones
8. | 21 de abril de 1938 | 600 millones
9. | 9 de junio de 1938 | 500 millones
10. | 27 de julio de 1938 | 500 millones
11. | 7 de septiembre de 1938 | 500 millones
12. | 13 de octubre de 1938 | 500 millones
13. | 22 de noviembre de 1938 | 500 millones
14. | 28 de diciembre de 1938 | 500 millones
15. | 2 de febrero de 1939 | 500 millones
16. | 7 de marzo de 1939 | 500 millones
17. | 10 de abril de 1939 | 500 millones
18. | 12 de mayo de 1939 | 500 millones
19. | 23 de junio de 1939 | 500 millones
20. Madrid | 24 de septiembre de 1939 | 1.000 millones
TOTAL |  | 10.100 millones

La cifra final es, pues, la que puede considerarse como coste financiero interior de la guerra pagado por el Gobierno de Burgos. Dicha cifra aparece luego en el Balance del Banco de España cerrado en 31 de diciembre de 1941, bajo la rúbrica de Pólizas del Tesoro.

Operaciones monetarias

exteriores nacionales

El Banco de España quedó en el campo nacional al margen de la financiación de la guerra con recursos exteriores aun en mayor medida que en la parte que sirvió al Gobierno republicano. Así se consolidó una tendencia que ya había empezado con la creación del C. O. C. M. de crear un órgano especial para las transacciones monetarias exteriores, y que se continúa con la separación definitiva de las dos vertientes de la autoridad monetaria al crearse el Instituto Español de Moneda Extranjera.

Los pasos dados por la Junta Técnica del Estado en Burgos en materia de moneda extranjera se concretan en el decreto de 18 de noviembre de 1936, sobre contratación de moneda extranjera, que llevaría el Comité de Moneda Extranjera, a la que siguieron el decreto-ley de 16 de marzo de 1937, que establece la cesión de divisas, valores extranjeros y oro de los ciudadanos españoles en favor del Gobierno, y orden de 16 de abril siguiente sobre compras de oro por cuenta del Estado.

Evidentemente, en esta nueva estructura de emergencia que se iba creando, el Banco de España dejaba de tener toda intervención. En esta situación, el Consejo del Banco de España en Burgos, en sesión presidida por el subgobernador, señor Artigas, planteó, aunque en términos muy marginales, la cuestión. En primer lugar se discutió el tema de las obligaciones pendientes en 18 de julio de 1938 del Tesoro y C. O. C. M. con el Banco de España, como consecuencia de las operaciones de intervención anteriores a dicha fecha, y además se añadía: «Con independencia de la opinión que se tenga respecto a la conveniencia de que el Banco participe, como venía haciéndolo con el Tesoro, en la contratación de divisas, estimaba ser conveniente llamar la atención a la Junta Técnica sobre el cumplimiento de lo dispuesto en la Ley sobre concierto relativo a las condiciones de auxilio que el banco viene prestando al Comité». El acuerdo tomado fue, sin embargo, sólo de «realizar la gestión necesaria a fin de puntualizar mediante concierto, conforme ala L 0. B., el alcance del auxilio que el banco preste al Comité, aplazando para otro momento decidir si convenía o no tener intervención directa con el Tesoro en la contratación de moneda extranjera en vista de lo que resultara de las gestiones a practicar cerca de la Junta Técnica». Además, se acordó que en vista de que el decreto de 14 de marzo de 1937 y orden de 16 de abril se referían a compras de oro por cuenta del Estado, y no por cuenta del banco, «realizar la gestión conducente a recabar la declaración permisiva para que el banco pueda adquirir oro».

Aunque la financiación de la guerra con recursos exteriores por parte de los nacionales no es propiamente el tema de este trabajo, hay que mencionarlo, ya que su interés para la historia financiera del país es notorio. Las operaciones del crédito exterior concertadas por el Gobierno de Burgos son conocidas parcialmente a través del Resumen Provisional sobre la Evolución de la Hacienda desde el 18 de julio de 1936 hasta el presente. Sin embargo, hay otras operaciones exteriores, además de las detalladas en dicha nota, especialmente con Alemania. Las deudas exteriores que se resumen en tal nota dan una deuda con Italia de 5.000 millones de liras (Convenio de 8 de mayo de 1940). Sin embargo, en nota de Roma a Burgos, citada por Thomas, se había hablado de una deuda pendiente con Italia de 7.500 millones de liras; es posible que esta diferencia se deba a que parte de este crédito se hubiera cancelado previamente con exportaciones. Entre otras deudas citadas en la nota de referencia hay: libras esterlinas, 3.200.000; francos suizos, 12.000.000; y escudos portugueses, 50.000.000.

La asistencia de Alemania fue situada desde el primer momento en términos estrictamente comerciales a iniciativa del agente alemán Bemard, hombre del Partido Nacional Socialista. Sin embargo, hubo constantes forcejeos entre las autoridades españolas y los alemanes en esta cuestión. Se estableció una compañía binacional formada por Hisma (Compañía Hispano-Marroquí de Transportes) y Rowak (Rohstoffe una Wareneinkaufs Gessellschaft), que organizó los suministros a España y las exportaciones de contrapartida a Alemania. En agosto de 1936 las minas del Riffueron requisadas y desde enero de 1937 se estableció un contrato para suministrar a Alemania el 60 por 100 de la producción de Río Tinto.

Más tarde, en 1938, fue creada Montana, como consolidación de cinco compañías mineras españolas en que los alemanes tenían el 40 por 100 del capital. Las relaciones económicas hispano-alemanas se trataron en los protocolos Jordana-Faupel de 12, 15 y 16 de julio de 1937, en el último de los cuales España aceptaba pagar los saldos pendientes, aunque sin fijación de fechas, en Reichsmark y con un interés del 4 por 100 sobre los mismos.

En 1939 los gastos totales realizados por Alemania en España se estimaban en 500 millones de marcos, de los cuales 182 millones correspondían a entregas al Ejército nacional y el resto correspondía al equipamiento de la Legión Cóndor. Una parte de esta cifra eran gastos del personal alemán en España que este país no reclamaba. De la deuda pendiente se habían pagado 60,8 millones de marcos hasta el final de la guerra, en exportaciones y otras prestaciones. Alemania acreditaba, según cálculos admitidos por España, 378 millones de marcos al comienzo de la Segunda Guerra Mundial, o sea, poco después de la terminación de la guerra española.

Las negociaciones y presiones alemanas sobre España en tomo a esta cuestión fueron muy fuertes, pero virtualmente la posición negociadora alemana fue perdiendo fuerza a medida que avanzaba la guerra mundial y la independencia económica de España se pudo mantener. La única contribución de la que hay noticia, durante la guerra, fue un crédito de 100 millones de marcos concedido en 1943 a Alemania para financiar compras de «wolfram» en España. Sin embargo, al mismo tiempo el Gobierno español presentó una cuenta a Alemania por 220 millones de marcos como gastos de la División Azul y fuerzas de trabajo españolas en Alemania. Subsiguientemente, al final de la guerra mundial estas cuentas y otros saldos nacidos durante la misma guerra mundial quedaron integrados en los arreglos entre España y los aliados al procederse a la expropiación de bienes alemanes en España. Finalmente, España y la República Federal Alemana renunciaron a ulteriores reclamaciones por todos los conceptos por el Convenio de 10 de mayo de 1948.

(N. del A. La conclusión del Servicio de Estudios del Banco de España sobre el asunto Montana coincide con el detallado estudio del profesor Juan Velarde sobre este problema histórico; según Velarde, España preservó en todo momento su plena soberanía sobre los recursos mineros que sirvieron para pagar gradualmente la deuda de la Guerra Civil con Alemania).

En conjunto, el total de recursos utilizados vendría a representar una cifra en torno a los 500 millones de dólares U.S.A. de la época. La deuda italiana, cuya liquidación se convino en 25 anualidades, se ha terminado de liquidar en condiciones muy ventajosas en 1967. Al no contener la cláusula oro, la liquidación en liras repetidamente devaluadas ha sido extremadamente favorable. También hay noticias de otras operaciones de crédito que es difícil decir si vienen incluidas en las anteriores. En efecto, el Banco de España intervino en consorcio con el Banco Hispano Americano y Español de Crédito para obtener un crédito de 125 millones de liras, concedido por un grupo bancario italiano (entregando el Banco de España deuda del Estado como garantía). Dicho crédito iba destinado a pagar mercancías adquiridas por el Gobierno español en Italia. Parece además que ciertas grandes compañías petroleras consintieron un crédito importante al Gobierno nacional, llegándose a aplazar el pago de todos los suministros de carburante.

(N. del A.: Con estas palabras finales tan insuficientes y cicateras despacha el estudio del Banco de España la solución al gravísimo problema del suministro de carburantes a la zona nacional. Con muchos menos medios y simplemente con asomarme al archivo de CAMPSA, gracias a las facilidades que me dio su entonces presidente, el ya ex ministro don Federico Silva Muñoz (q.e.p.d.), pude conseguir todos los datos sobre la excepcional venta a crédito del petróleo de la Texaco al Gobierno nacional, como ya he adelantado en este libro).

El funcionamiento

de los ferrocarriles

Es imposible atender, en una obra de estas características, al funcionamiento de la Administración en zona nacional. Pero vamos a dar un ejemplo revelador, debido al testimonio de un protagonista de la época, el ingeniero don Sebastián Notario, escrito especialmente para el autor de este libro,

Mientras en zona republicana basta leer las «Memorias» de Azaña para comprender el caos ferroviario en general y el asunto tragicómico del nuevo ferrocarril Madrid-Valencia, que se arrastró en la inoperancia durante meses, en la zona nacional se resolvía el gravísimo problema del transporte ferroviario hasta la liberación del Norte de esta forma:

A finales del año 1935 y principios del 1936, se creó una grave crisis en el consumo de carbón, por parte de las tres empresas ferroviarias más importantes, y que afectó de una manera muy grave a la empresa Sdad. Minero Siderúrgica de Ponferrada, la cual hizo presente al Gobierno de la República su crítica situación ya que un porcentaje muy importante del carbón extraído de sus minas se destinaba al consumo por dichas empresas ferroviarias.

El problema se presentaba tan grave que, al tener abarrotado el almacenamiento de carbón en los lavaderos de carbón de Ponferrada, se llegaría en plazo muy breve a suspender el trabajo en las minas.

Hay que aclarar que el carbón que se extrae de las minas de Villaseca y Caboalles es trasladado íntegramente por el ferrocarril Ponferrada-Villablino a dichos lavaderos de carbón en los cuales se clasifica y se lava para eliminarle las impurezas posibles y hacerlo apto para su consumo.

El Gobierno, sin duda preocupado, envió a Ponferrada un diputado asturiano, que, creo, se apellidaba Llaneza, al cual acompañé a los lavaderos y pudo comprobar la situación, prometiendo informar debidamente al Gobierno, sin que por éste se resolviera el problema.

Hay que tener presente que la tracción de los trenes en zona nacional se efectuaba únicamente por locomotoras de vapor y por ello era imprescindible el suministro del carbón apropiado. Gracias a la indecisión del Gobierno de la República en resolver la cuestión planteada por la Sociedad Minero Siderúrgica de Ponferrada, y ala que se expone en el apartado Antecedentes, la Junta de Defensa de Burgos se encontró con más de 60.000 toneladas de carbón apto para ser consumido por las locomotoras de la zona nacional, lo que permitió la circulación de todo el transporte ferroviario por aquélla. Sin embargo, se calculó que dicho carbón sería consumido durante el mes de agosto, por lo que la referida Junta indicó a Minero Siderúrgica de Ponferrada la necesidad acuciante de que, para el día 1 de septiembre, deberían funcionar las minas y poder entregarle el carbón necesario.

Por lo que se refiere a la producción minera, podía asegurarse lo solicitado, pero la situación del transporte por el ferrocarril Ponferrada-Villablino era catastrófica debido a la voladura de varios puentes, para cuya reparación eran precisos diversos materiales de carácter siderúrgico de los que no se disponía.

La Junta de Defensa, enterada de ello, resolvió comunicar el apoyo de ella para adquirir dichos materiales en donde los hubiere. Por indagaciones particulares se localizaron dichos materiales, con los que se pudo trabajar intensísimamente en la reparación de los puentes, incluso trabajando 24 horas diarias durante muchos días, aunque en algunos sitios se estaba bajo fuego enemigo, hasta el punto de que en uno de dichos tiroteos fue herido el jefe de Vía y Obras del ferrocarril que inspeccionaba la reparación adecuada de la vía.

Por fin, el día 1 de septiembre, circuló el primer tren transportando carbón, lo que con gran satisfacción se comunicó a la Junta de Defensa, la cual hizo presente su satisfacción interesando fuese felicitado el personal que lo había conseguido.

Pero después se presentaron varias dificultades, por las necesidades creadas de conservación y reparación de elementos para los que era preciso obtener el lingote de hierro necesario. Dichas necesidades fueron principalmente la sustitución de las zapatas de freno de los vagones del ferrocarril y las carcasas de las bombas hidráulicas de los lavaderos, que sufren un gran desgaste y que las incapacitaba para funcionar debidamente.

Teniendo en cuenta que Bilbao se liberó el 17 de junio de 1937, el abastecimiento de lingote era nulo y ello creó una preocupación seria. Como se disponía de abundante chatarra de 3ª clase de fundición y de chatarra de acero, se estudió la posibilidad de transformarla en lingote aceptable. Como resultado de diversos estudios y ensayos se llegó a la solución de que se podría resolver la situación adquiriendo la aleación llamada ferrosilicio.

Esta aleación se produce mediante un alto horno dedicado exclusivamente a ello, por lo que las dificultades en zona nacional eran grandes. Sin embargo, se pudo averiguar que en la provincia de Álava podía producirla la empresa Ajuria-Aranzábal.

Puestos en contacto con dicha empresa, se tuvo la satisfacción de saber que lo producían, remitiendo un pedido de dicha aleación que nos fue entregada oportunamente.

Después de algunos ensayos, se llegó a obtener un lingote lo suficientemente bueno para llenar nuestras necesidades.

Otra dificultad que se presentó fue la carencia de cok siderúrgico para fundir el hierro, pues dicho material se obtenía de las factorías en aquellos momentos en zona roja. Se resolvió el problema obteniendo cok de «pila» ya que unas capas de carbón, que se explotaban por la Minero-Siderúrgica, eran aptas para ello.

Todo funcionó normalmente hasta la liberación del Norte de España.

Hasta aquí la nota de nuestro comunicante.

Es interesantísima la referencia final sobre la importancia de la conquista del Norte republicano para la economía de la zona nacional. Y no sólo para este caso, sino para otros innumerables. La toma del Norte dio el vuelco estratégico a la Guerra Civil. Los testimonios de Azaña y de Prieto son concluyentes a este respecto. En el Norte encontraron los nacionales minas e industrias imprescindibles, en muchos casos intactas, que se pusieron en servicio de forma inmediata. Cientos de miles de combatientes se pudieron incorporar a los nuevos cuerpos del Ejército nacional. La riqueza agrícola y ganadera de la franja cantábrica se agregó también a la economía de la zona. La victoria en el Norte equivalía a la victoria final e Indalecio Prieto tuvo la intuición de adivinarlo. Fue una gran victoria económica además de una gran victoria militar.

El informe Larraz sobre

la financiación de la Guerra Civil

Hemos comentado ya el Decreto-ley de Ordenación Triguera, que constituye la medida de política económica más importante de la zona nacional durante la Guerta Civil. Según nuestros métodos, vamos ahora a exponer algunos aspectos económicos fundamentales del conflicto —sobre los que no existe ningún estudio monográfico completamente satisfactorio— acerca de los cuales ya hemos anticipado, en su momento, varios datos muy importantes: la enajenación del oro de España, el balance de las importaciones de petróleo y el de las aportaciones extranjeras de material de guerra y voluntarios, que han sido valoradas seriamente por Jesús Salas Larrazábal.

Los datos básicos sobre financiación de la Guerra Civil —que es uno de los frentes más importantes de la que llamamos en este capítulo «guerra secreta»— se contienen en el trascendental «documento Larraz», que el insigne ministro de Hacienda en la posguerra consiguió por fin publicar (en la sección de anuncios) del Boletín Oficial del Estado, el 4 de agosto de 1940, contra la oposición cerrada de Ramón Serrano Súñer. El estudio del Banco de España cita, como no podía ser menos, este documento, pero no lo valora ni lo aprovecha como se merece. La primera parte del documento se refiere a la Guerra Civil y la vamos a reproducir íntegramente, porque resulta de una claridad abrumadora.

MINISTERIO DE HACIENDA

Resumen provisional sobre la evolución de la Hacienda desde el 18 de julio de 1936 hasta el presente.

Suspendida desde julio de 1936 la publicación de los datos financieros, el Gobierno quiere iniciar en este punto la restauración paulatina de la normalidad con la presente exposición. Este documento no es una información del proceso de la economía española durante los últimos cuatro años. Es, puramente, un esquema de la evolución de la Hacienda en dicho período y de las modificaciones más salientes del mercado monetario interior. Conviene advertir que las cifras son en muchos casos provisionales y en otros aproximadas, pero en todos de valor práctico suficiente.

1.-La Hacienda de la guerra de liberación.

El estado provisional de ingresos y pagos del Tesoro durante la guerra, en la España nacional, se cifra así:

MILLONES DE PESETAS
| INGRESOS | PAGOS | DÉFICIT
2º semestre de 1936 | 396 | 819 | 428
1° semestre 1937 | 552 | 1.291 | 739
2º semestre de 1937 | 680 | 2.252 | 1.572
1° semestre 1938 | 791 | 2.602 | 1.811
2º semestre de 1938 | 8.473 | 258 | 2.411
1° semestre 1939 | 4.181 | 722 | 1.304
2º semestre de 1939 | 8.473 | 258 | 2.411
TOTALES | 3.684 | 11.944 | 8.260

El déficit fue cubierto con anticipos del Banco de España al Tesoro y con los saldos acreedores en dicho establecimiento en las delegaciones de Hacienda inicialmente nacionales. Los anticipos concedidos por el banco emisor al Tesoro nacional, desde el comienzo del Movimiento hasta 1 de abril de 1939, importan 7.600 millones de pesetas.

La Hacienda marxista dispuso de anticipos en el Banco de España por una cantidad del orden de los 23.000 millones de pesetas. Esta cifra es superior a la contabilizada por el Banco en la época final de la guerra, debido a que el Tesoro marxista apeló al subterfugio de tomar a su cargo la circulación fiduciaria representada por billetes de 50 y 25 pesetas, obteniendo en contrapartida un abono correlativo del Banco de España. Descubierto y deshecho el subterfugio, resulta el citado saldo deudor de 23.000 millones de pesetas, en el cual no se comprenden las expoliaciones cometidas en las reservas metálicas de oro y plata, que el banco poseía.

Por tanto, el déficit del Tesoro marxista fue tres veces superior al del Tesoro nacional. Esta proporción debe ser corregida si se aspira a comparar objetivamente, dado que las antiguas cargas financieras de la Hacienda radicaban en el territorio marxista más que proporcionalmente, y dado, asimismo, que en la zona nacional hubo suspensión del pago del cupón y de una parte importante de los suministros y transportes de guerra. La corrección nos llevaría a concluir que el Tesoro nacional, sin exceder el 45 por 100 del déficit «rojo» consiguió financiar al Ejército vencedor.

Para completar la medida del esfuerzo financiero realizado durante la guerra, es necesario considerar otro punto: el modo como se saldaron las aportaciones extranjeras no cubiertas con el producto de exportaciones y demás recursos ordinarios de la balanza exterior. En esencia, la España nacional utilizó el crédito mientras que la España marxista realizó la reservas metálicas.

La deuda de guerra de España con Italia ha sido consolidada —sin cláusula oro— en 5.000 millones de liras, por convenio de 8 de mayo de 1940. La amortización se realizará en 25 años, desde el 31 de diciembre de 1942, hasta el 30 de junio de 1967. La cuota inicial de amortización será de 80 millones de liras por año; la final, de 300 millones de liras año. La deuda devengará intereses desde el 30 de junio de 1942, conforme a una escala que se inicia con el tipo de 1/4 por 100 y termina con el de 4 por 100. Existe además con Italia un crédito, concedido por un consorcio de bancos de dicho país, renovado de seis en seis meses, e importa 300 millones de liras. Los suministros alemanes durante la guerra de liberación se saldaron en gran parte compensándolos con exportaciones de mercancías españolas. La porción que ha quedado diferida será objeto de negociación para determinar su cuantía, su forma y plazo de pago. Puede, desde luego, anticiparse que la deuda pendiente con Alemania es considerablemente inferior a la consolidada con Italia. En los primeros tiempos de la guerra obtuvo, además, la España nacional un crédito de 175.000 libras y otro de 1.200.000 dólares.

Realmente, el endeudamiento puro de la Hacienda española con el exterior, por razón de la guerra y para los fines consuntivos de ésta, se halla comprendido en el párrafo anterior. Mas para que la comparación con la Hacienda marxista resulte todo lo correcta y objetiva que sea posible, debe hacerse mención del grupo de créditos comerciales contratados por el Gobierno nacional para fines de regulación de balance de pagos durante la guerra, con contrapartida de pesetas recibidas de los cesionarios de divisas y con garantía de títulos entregados por sus propietarios en virtud del decreto—ley de 14 de marzo de 1937. El importe de dichos créditos —en parte liquidados— alcanzó las siguientes cifras: 3.200.000 Libras esterlinas; 12.000.000 Francos suizos; 50.000 Escudos portugueses.

Dados los cambios actuales de las divisas de exportación y el precio oficial del oro, se puede estimar en una cifra inferior a 1.200 millones de pesetas oro, el endeudamiento exterior de la economía española «nacional» durante la guerra, como suma global de los dos grupos de créditos antes mencionados.

Frente a la referida cifra de 1.200 millones de pesetas oro, ha de fijarse la suma de reservas metálicas de la propiedad del Banco de España que realizó el marxismo en el extranjero, la cual importa, en cifras redondas, 2.250 millones de pesetas oro. Para que la comparación fuera de todo punto correcta, sería preciso añadir, al gasto de las reservas metálicas del banco, la cantidad, de imposible evaluación, pero sin duda ingente, representada por expolios de títulos, joyas, oro, plata y tesoros artísticos que asimismo fueron a parar al extranjero. Peca, pues, de prudente esta afirmación: la España nacional tuvo durante la guerra en su balanza de cuentas exteriores un déficit, saldado con crédito, inferior a la mitad del oro, plata, títulos, joyas y obras de arte vendidas por el marxismo en el extranjero. Y si es digna de ser notada la diferencia cuantitativa entre los dos déficits de las balanzas de cuentas, no lo es menos la diferencia de métodos, por cuanto que si uno —el «rojo»— privó de medios efectivos y propios a la reconstrucción inmediata de España, el otro es una carga del futuro, graduada.

La deuda exterior del Estado queda, pues, incrementada. Si prescindimos de los créditos comerciales, que estricta y prácticamente no son una deuda estatal, y computamos la deuda perpetua exterior antigua y los bonos oro de Tesorería en poder de extranjeros, podemos afirmar que la actual deuda exterior del Estado se aproximará a una cifra del orden de 1.250 millones de pesetas oro. Calculando la base de la cuenta general del Estado de 1900 —año siguiente al decreto de mayo de 1899 que declaró cerrado el plazo de estampillado de los títulos poseídos por extranjeros— y habida cuenta del cambio de la peseta durante dicho año, se puede estimar en 1.080 millones de pesetas oro la deuda perpetua exterior del Estado que a la sazón estaba en manos extranjeras. Y como la conversión de los billetes hipotecarios de Filipinas dio lugar a que tenedores extranjeros de dichos títulos vinieran a quedar en acreedores de la Hacienda española, puede afirmarse sin temeridad que la deuda del Estado español en el exterior es actualmente del orden de la que existía al liquidarse la guerra de Cuba. Cierto que la deuda en el exterior a comienzos del siglo era perpetua; pero cierto también que su rentabilidad la hacía más onerosa que la actual; que la capacidad productiva de España es, al presente, más grande que en 1900; que de nuestros pagos exteriores ha desaparecido el renglón importantísimo de las cargas financieras de los ferrocarriles; que la deuda en el exterior no impidió a España, hace cuarenta años, iniciar una etapa de prosperidad y, finalmente, que el peso de la actual no deberá ser independiente del futuro de Europa.

El autor de este libro debe comunicar aquí un dato íntimo para la pequeña historia. Ya exministro, José Larraz le llamó la atención sobre este documento, y le pidió que lo incluyera como pieza básica en una historia de la Guerra Civil española. Hoy es el día.

Franco defiende

la soberanía económica

El importantísimo documento —prácticamente desconocido, como se quejaba su autor— que acabamos de transcribir no sólo tiene un inmenso valor informativo —sus cifras no han sido discutidas nunca en lo esencial—, sino también un alto valor político: era la rendición de cuentas del Estado a la sociedad española después de la Guerra Civil.

En el documento Larraz se habla de que la liquidación de la deuda de guerra de España con Alemania estaba ya muy adelantada en 1940. Todo arrancó del 12 de julio de 1937, fecha del convenio Jordana-Faupel sobre relaciones comerciales, donde se concretó poco y se dejó para fecha futura la fijación de las relaciones comerciales y económicas de España con Alemania.

Al producirse la caída de Bilbao, se entabló una competencia económica sobre España entre Alemania, situada muy favorablemente por su alianza abierta con Franco, e Inglaterra, que no quería perder toda su influencia económica en España, tradicionalmente muy importante.

El político conservador Anthony Edén —en claro acercamiento a la España nacional— propuso en la Cámara de los Comunes la concesión a Franco de los derechos de beligerancia, mientras la City otorgaba dos créditos de 40 y 50 millones de libras a la España nacional, y el Reino Unido abrió en Bilbao un consulado general.

Alemania consideraba punto menos que como propia la conquista del norte y trató de montar un sistema de concesiones mineras en torno a la HISMA, la sociedad hispano-germánica que había servido de eficaz cobertura para las importaciones españolas de material pesado desde Alemania, a partir de los primeros momentos de la guerra. Era el famoso proyecto Montana que ha sido estudiado en profundidad, como he anticipado, por el profesor Juan Velarde.

Sin embargo, a raíz de la conquista del norte, Franco firmaba el trascendental decreto-ley del 9 de octubre, por el que se anulaban todas las concesiones mineras concedidas desde el comienzo de la Guerra Civil, así como las posibles enajenaciones. De esta manera, la minería española quedaba al servicio de España y al arbitrio del Estado español en cuanto a sus aplicaciones estratégicas.

La protesta germánica desbordó los límites de la indignación y Franco mantuvo, durante el resto de la Guerra Civil, una dura batalla en favor de la soberanía económica de la España nacional frente a los intereses alemanes, en la que resultó claramente vencedor, como tendremos ocasión de recordar; pero era preciso mantener el arranque de este interesante frente de la guerra secreta.

Los estudios monográficos

del académico Sánchez Asiaín

Los historiadores y los lectores interesados en la Guerra Civil hemos tenido recientemente la suerte de que un economista, que ha desempeñado importantes cargos públicos en la Administración y en la alta banca, don José Ángel Sánchez Asiaín, haya decidido dedicarse de lleno a la historia económica y financiera de la Guerra Civil española.

Uno de sus trabajos, que comunicó en una conferencia dictada en la Real Academia de la Historia cuatro años después de ingresar en ella, se refiere a la visión general sobre la economía en una y otra zona y alcanza, en mi opinión, un interés altísimo. Por este motivo, me parece muy conveniente reproducirla:

Mi primer acercamiento a los aspectos económicos de la Guerra Civil española del 36 fue ya hace más de cuatro años, con motivo de mi ingreso en esta Real Academia de la Historia. Mi objetivo en aquel momento era examinar el comportamiento del sector bancario español durante la contienda, pero la conveniencia de situar mi investigación en el marco general que condicionaba la problemática bancaria me llevó a realizar un análisis previo de la economía española, en su conjunto, durante la guerra, análisis que resultó ser verdaderamente apasionante.

Por ello, y una vez terminado mi trabajo sobre banca, continué con mi estudio sobre el comportamiento de la economía española, durante los años de nuestra Guerra Civil. Con esta intervención de hoy, quiero ofrecer una primera aproximación a una cuestión, sobre la que, sin duda, todavía queda mucho por explorar.

Mi punto de partida debe ser, necesariamente, el marco socioeconómico anterior al conflicto. Es decir, el análisis de la situación social, política, y económica de España en aquellos momentos.

Una situación que, al final, desembocó, en julio del 36, en un enfrentamiento civil, en el que jugaron importante papel, como es muy conocido, fenómenos como la pésima situación económica del país, el escaso peso de la clase media española, los fuertes desequilibrios en la distribución de la renta, o una visión demasiado doméstica del estamento militar.

Sin olvidar las fallidas ilusiones de mejora del nivel de vida que despertó la llegada del régimen republicano, ni los temores que, a capas muy tradicionales de la población española, infundía una República laica, que cuestionaba sus formas de vida.

Y en este contexto, lo que debieran haber sido normales alternancias ideológicas en el ejercicio del poder, se convirtieron en una sucesión de enfrentamientos entre grupos políticos, que al final llevaron al país a una profunda incompatibilidad social y política.

Es claro que la dificilísima situación económica previa a la Guerra Civil no explica por sí sola el estallido de la contienda, pero no se puede dudar de que, al menos, aceleró los preparativos del levantamiento del 18 de julio. Especialmente a principios del 36, cuando se vio que el paro se generalizaba progresivamente hasta cotas hasta entonces desconocidas, y cuando el índice de la producción industrial, que había caído un 13% en 1935, experimentó, sólo en el primer trimestre del 36, una caída adicional de casi un 12%. Cuando el transporte ferroviario y marítimo, o el descuento de papel comercial, o las bolsas de valores, descendían espectacularmente en relación a 1935, a la vez que se producían graves estrangulamientos en el sector exterior, y España vivía, en los mercados internacionales, una tácita suspensión de pagos.

El ambiente social no contribuía a serenar los ánimos. Porque en aquellos momentos reinaba en España un fuerte clima de intranquilidad. Una creciente crispación exigía en el campo una amplísima reforma agraria. Y las ocupaciones de fincas menudeaban, sin que las autoridades reaccionaran.

Pero el alud de acontecimientos terminó por reducir el problema económico a algo marginal dentro del conjunto de preocupaciones que la sociedad española tenía.

Y a partir de ese cúmulo de realidades, y sin soluciones que restablecieran el equilibrio, el estallido de la guerra definió dos situaciones políticas y militares enfrentadas, y generó dos áreas económicas contrapuestas.

De esta manera, el mercado único español se fragmentó en dos parcelas, a la búsqueda de un nuevo punto de equilibrio, a partir del momento en que los presupuestos básicos de la nación, es decir, unidad legislativa y monetaria, fronteras comunes, y mercado interior unificado, habían saltado por los aires.

La ruptura de la unidad de mercado fue el primer resultado del estallido de las hostilidades desde el punto de vista económico, porque la estabilización de los frentes militares partió brutalmente un mercado interior integrado. Un mercado que, mediante un lento proceso histórico, había ido definiendo un cuadro estable de asignación de papeles productivos, en el conjunto de España. Todo ello quedó roto. Zonas mineras en un lado, y sectores transformadores en el otro. Excedentes de productos alimenticios en una zona, frente a una población hambrienta en la otra. Areas con alta capacidad de ahorro, y áreas productivas necesitadas de esa financiación.

Añádase el colapso producido en muchas empresas, localizadas en una zona y privadas del contacto con sus clientes o proveedores de la otra. Imposibilitadas de cobrar a sus deudores o de pagar a sus acreedores. Y añádase el desmembramiento de las empresas multirregionales, con directivos en distintos territorios, incomunicados, a veces enfrentados, y con instalaciones desconectadas.

Avanzada la guerra, también se rompió la unidad monetaria. En las primeras semanas de la contienda nadie creyó en la posibilidad de un largo enfrentamiento, y, por lo tanto, la idea de una ruptura en lo monetario no llegó a plantearse en ninguno de los dos bandos. Pero cuando se tomó conciencia de que el enfrentamiento no iba a ser corto, ambas partes acomodaron a esa percepción sus diferentes estrategias financieras, produciéndose la ruptura formal de la circulación monetaria en noviembre de 1936, fecha en que la estabilización en el frente de Madrid hizo evidente que la guerra iba a prolongarse más tiempo del previsto. El autoproclamado Gobierno nacional de Burgos rompió la comunidad dineraria, y el Gobierno republicano lo aceptó inmediatamente, dando origen a dos sistemas monetarios enfrentados. Dos pesetas diferentes. Luego hablaremos de ello.

Desde el primer momento pudo apreciarse la notable desigualdad económica de las dos zonas. En primer lugar, la consolidación de los frentes definió dos comunidades demográficamente desiguales. La población de España era, en aquellos momentos, de 24 millones de habitantes. Catorce quedaron en territorio republicano, y diez en el nacional. El Gobierno de la Segunda República mantenía, al iniciarse el conflicto, el control sobre 22 capitales de provincia, 28 los sublevados. Y la estructura económica y social de una y otra zona eran notablemente diferentes.

La zona republicana era de carácter industrial y de alta densidad de población. Comprendía la casi totalidad de las grandes áreas urbanas e industriales, y la mayor parte del litoral marítimo. Su agricultura se centraba en la producción de agrios dirigidos a la exportación (90% de la naranja y 95% del limón), integraba el 50% de la producción de aceite, y la mayor parte de la producción hortofrutícola. Era el área de mayor nivel de renta y de capacidad de consumo, aunque tenía notables carencias de productos básicos de subsistencia, situación agravada por el bloqueo naval de la zona republicana, que impidió complementar los suministros por vía de importaciones. De esta manera, la escasez de productos básicos de consumo, especialmente grave en las grandes ciudades, fue un componente constante de la vida en la retaguardia republicana.

La zona nacional, por su parte, comprendía fundamentalmente las zonas rurales del país, con graves limitaciones en cuanto a producción industrial, pero con abundancia de productos básicos de consumo. Contaba con las dos terceras partes de la producción de trigo, con la mitad de la de maíz, con el 60% de la producción de leguminosas, y con la mayor parte de la de patatas. Disponía también de la mayor parte del ganado y de la producción lanera.

En resumen, puede estimarse que al empezar la Guerra Civil, el 30% del producto rural correspondía aproximadamente a la zona republicana y un 70% a la zona nacional, frente a casi un 60 y un 30% respectivamente de población.

Del producto industrial, alrededor del 80% se encontraba en la zona republicana, frente al 20% en la zona nacional. En otro orden de cosas, el territorio republicano coincidía aproximadamente con el 70% del presupuesto estatal, frente al 30% que podía imputarse a la zona nacional.

Por lo que al sector financiero se refiere, la ruptura dejó inicialmente en manos de la República los centros financieros de Cataluña, Madrid y País Vasco, con todas las centrales de los grandes bancos, las tres bolsas de valores, y aproximadamente los dos tercios de las oficinas bancarias. No disponemos de cifras regionalizadas del balance financiero, pero índices bastante precisos me permiten decir que unas tres cuartas partes del ahorro existente en España correspondían a la zona republicana.

Desde el punto de vista económico y financiero, la República superaba, pues, y muy ampliamente, los recursos de la zona nacional. El propio Indalecio Prieto lo manifestaba en los primeros días del Alzamiento, en un discurso radiado: «Todos los elementos financieros de que la sublevación que combatimos puede disponer en estos instantes, decía, son escasísimos, ante los dilatadísimos del Estado (…). Todo el oro de España, todos los recursos monetarios españoles válidos en el extranjero, todo el poderío industrial están en poder del Gobierno. España está en nuestras manos».

Aunque esta indiscutible posición de fuerza de la República debe matizarse en función de las condiciones de su territorio, partido y malamente comunicado, así como por el práctico bloqueo que sufrió la República por parte de los poderes económicos internacionales, con la única excepción de la Unión Soviética. Lo que contrasta con el hecho de que los nacionales contaron desde el primer momento con la decidida ayuda económica y militar de las potencias del Eje y, desde luego, con la connivencia del capitalismo internacional.

El superior punto de partida de la República debería haber sido determinante para un temprano y favorable cierre del conflicto.

Pero ya sabemos que las cosas no fueron así. Y creo, con la información de que hoy disponemos, que puede afirmarse ya, y ésta va a ser mi tesis de esta tarde, que el que las cosas discurrieran de otra manera se explica, en alguna medida, en términos económicos.

Se explica por la distinta concepción que, cada una de las áreas en conflicto, tenía sobre lo que debería ser el modelo de conducción de la política económica.

Pues mientras en la España nacional se impuso, desde el principio, un férreo control centralizado sobre todos los recursos económicos, en el contexto de un esquema nacionalista dirigido hacia el exclusivo objetivo de ganar la guerra, en el ámbito republicano la atomización de la dirección económica, y las diferentes definiciones conceptuales de lo que se pretendía, fue un fenómeno generalizado, que introdujo mucho desorden en la administración de los recursos.

Especialmente porque tenía como telón de fondo el continuo enfrentamiento entre los que querían la revolución antes de ganar la guerra y los que deseaban precisamente lo contrario.

(N. del A. El lector está comprobando que no cabe un planteamiento económico más lúcido de la Guerra Civil. No se trata de debatir ideologías en este trabajo, sino simplemente de plantear de qué lado caía la eficacia económica y, por tanto, la superioridad estratégica, clave final de la victoria pese a la notoria inferioridad de recursos de la zona nacional).

Desde luego, las políticas económicas fueron muy distintas. El contenido de la política económica de la Segunda República quedó definido por tres componentes. Por el germen anarcosindicalista de la revolución popular, que desde el primer momento tomó la iniciativa en la calle. Por el cambio violento del esquema de reparto de la renta nacional. Y por el desarrollo mismo de las medidas que fueron planteando unas fuerzas políticas de contenido ideológico muy dispar, y a veces contradictorio.

La doctrina que subyacía en la política económica de los sublevados, por su parte, era de corte absolutista, de larga historia en España, y renovada en el golpe del 18 de julio, a partir del éxito del nacional-corporativismo italiano y del nacionalsocialismo alemán. Porque Franco defendió siempre un nacionalismo económico a ultranza, manifestado en una política proteccionista, y en un dirigismo total que arrinconaba los planteamientos liberales y capitalistas.

El Estado republicano mantuvo en los primeros momentos la apariencia de continuidad institucional. Pronto, sin embargo, quedó claro que la superestructura gubernamental no se correspondía con la realidad de la calle, donde el Estado se iba disolviendo, día a día, como un azucarillo en el agua de los poderes obreros y populares, que con una inusitada rapidez asumieron el control de instituciones y empresas.

De esta manera, en el territorio republicano convivieron a lo largo de la contienda formas de producción libertarias, nacionalizaciones, pequeñas propiedades privadas, e incluso fórmulas de producción basadas en puros esquemas capitalistas, como era el caso de Vizcaya. Todo lo cual introdujo una enorme confusión, e imposibilitó la más mínima dirección económica. Para acabar de agravar esta situación, las colectivizaciones, por un lado, y por otro la sustitución de las organizaciones municipales por comités político-sindicales, rompieron por completo la cadena de mando republicano, forzando al Gobierno central a dedicar su atención a varios frentes al mismo tiempo. La tarea fundamental era ganar la guerra a los nacionales, pero en muchas ocasiones, y con parecida intensidad, se superponían otras guerras contra los órganos de poder paralelos que iban surgiendo en lugares donde las organizaciones obreras revolucionarias eran hegemónicas.

Aparece todavía más patente la complejidad que suponía la conducción de la economía republicana, si se considera la intensa utilización que la República hizo de modelos de descentralización regional.

Porque vascos y catalanes tuvieron desde el principio una organización política propia, asumiendo facultades legislativas y ejecutivas. Lo que significó que, durante una buena parte de la contienda, el área republicana actuara con poderes a tres bandas: Estado, Cataluña y País Vasco.

A lo que hay que sumar los territorios controlados por otras instituciones con vocación autonómica, como el Consejo Revolucionario de Aragón, el Consejo de Asturias y León, y el Consejo Interprovincial de Santander, Burgos y Patencia, que de hecho se convirtieron en verdaderos enclaves autónomos, con amplísimas facultades de gestión.

El resultado práctico fue que, durante el primer tercio de la contienda, coexistieron en el territorio fiel a la Segunda República seis gobiernos con plenos poderes, a los que habría que añadir una infinidad de poderes locales. Todos ellos mantuvieron esquemas jurídicos e institucionales independientes, en los que la intervención del sistema económico fue una realidad, el control del sistema financiero total, y la ruptura con el sistema monetario republicano un hecho. En algunos de ellos, incluso, se realizaron extraños experimentos sociales, se establecieron verdaderos límites aduaneros, o se acuñó moneda propia, lo que introdujo en el sistema medios de pago complementarios. Las causas que dieron lugar a esta multiplicidad de monedas fueron diversas. Porque algunas constituían una clara manifestación de independencia política, pero otras sólo respondían a la escasez de medios de pago, o simplemente eran producto de esa variopinta gama de experimentos de carácter económico y social. Todo ello, sin embargo, introdujo en la gestión económica notables factores distorsionantes.

En el sector agrario, la política de la República se decantó desde el principio por derroteros de corte revolucionario.

En agosto del 36 se llevó a efecto la intervención municipal de las tierras, aunque, de hecho, fueron casi siempre los sindicatos o los comités los que se hicieron cargo de la colectivización.

Entre octubre del 36 y la primavera del 38, por lo menos un 60% de la tierra sembrada pasó a manos de los campesinos.

Por lo que se refiere a la producción industrial, la amalgama de intervenciones oficiales de las diferentes autoridades, además de las extraoficiales, llevaron a la industria republicana a una situación verdaderamente confusa, que el Gobierno de la Segunda República no consiguió atajar.

Con la llegada de Negrín al poder en mayo del 37, la dirección republicana en lo económico pareció mejorar, porque diseñó un programa que pretendía recuperar para el Estado las áreas de poder perdidas en los primeros meses de la guerra, así como el fortalecimiento interno del sistema monetario, del abastecimiento, y de la industria de guerra. Pero este intento, que nunca fue profundo, llegó tarde, porque ya estaba próxima la caída del norte, con sus importantes recursos económicos.

Y aunque, a partir de este momento, el Gobierno republicano trató de recuperar la capacidad de decisión que le habían arrebatado los poderes autónomos, ello no evitó el colapso final del sistema productivo republicano, afectado por la falta de una política económica racional, y especialmente de una política monetaria que tuviera un mínimo rigor.

El punto de partida de la España nacional fue radicalmente distinto, porque tuvo que crearse de nuevo todo el aparato administrativo y político. Se hizo inspirándose en criterios absolutamente intervencionistas. Porque, con una voluntad de control de corte militar, la Junta de Defensa Nacional actuó, desde el inicio de la sublevación, como poder político supremo, e impuso un dominio absoluto. Especialmente en lo que afectaba a la economía, donde se estableció un riguroso control sobre todos los recursos. Y hay que destacar el pragmatismo de Franco que, pese a ello, no nacionalizó ni la industria, ni la banca, ni siquiera el Banco de España, a pesar de las presiones que tuvo, especialmente de una Falange que, en determinados puntos, estaba más a la izquierda que algunos partidos del Frente Popular.

En política agraria de la zona nacional pudo desarrollarse desde una cómoda posición, puesto que se contaba con una parte sustancial de las producciones alimentarias básicas. En agosto del 36 se abolió la política agraria implantada por la Segunda República, suprimiendo radicalmente la distribución de la tierra entre los braceros, e introduciendo una especie de reforma agraria cuyo objetivo era la colonización, la puesta en regadío, la parcelación, y otras mejoras técnicas, dejando en un segundo término la redistribución. También se devolvieron inmediatamente a sus antiguos propietarios las fincas expropiadas. Y la optimización de los recursos agrarios se intentó resolver a través de la creación de los «Servicios Nacionales», el más importante de los cuales fue el «Servicio Nacional del Trigo», que concentraban en sus manos la recolección, y la comercialización, de los productos que tenían asignados, así como la gestión de créditos bancarios a los agricultores.

Por lo que se refiere a la industria, la Junta de Defensa Nacional impuso desde los primeros días un dominio absoluto sobre todos los sectores económicos, y sobre las empresas privadas, estableciendo mecanismos para intervenir todos los resortes fabriles.

Sin excepción, las instalaciones industriales estuvieron sujetas a una férrea intervención a lo largo de toda la guerra, necesitando autorización previa para modificar sus esquemas de producción. Y desde el primer momento se procedió a decretar la incautación de toda clase de minerales, y de sus derivados, así como de los productos procedentes de transformaciones industriales, incluida la producción de las minas de Río Tinto, de propiedad inglesa.

Debe quedar claro, en todo caso, que la Guerra Civil española no fue una guerra convencional. Porque fue una guerra total, especialmente desde el lado de los nacionales, con todos los frentes abiertos, pero con especial atención al económico.

Se conocen múltiples episodios que demuestran esa obsesión por la guerra económica. Por ejemplo, controlando desde la zona nacional decisiones empresariales de la zona republicana, o presionando a terceros países para que no se exportara trigo a la República, o tratando de hundir el cambio de la peseta republicana, o introduciendo masas monetarias para presionar sobre la inflación, o propagando rumores económicos, especialmente sobre el futuro de la peseta republicana, para incrementar el consumo y por lo tanto acentuar el sentido de la escasez.

Tenemos testimonios de que en el Estado Mayor de Burgos se respiraba un clima de ofensiva total, que se manifestaba en el hecho de que los más dispares estamentos, comisiones y grupos de trabajo estaban permanentemente investigando, o debatiendo, las más diversas alternativas para lesionar al enemigo a través de toda clase de instrumentos, pero especialmente en el terreno económico. Ya lo dijo Larraz al terminar la contienda: durante la guerra, hasta las normas de política monetaria tuvieron un espíritu bélico.

(N. del A. Esta tensión de guerra total, que se extendía a todos los campos de acción, es decir, la política, la economía y la táctica, está perfectamente vista por Sánchez Asiaín. Buena parte de la vida republicana se desentendió del conflicto. La sociedad de la zona nacional vivía sólo para la guerra. Ésta fue otra de las razones de la victoria).

La influencia de cada una de estas aproximaciones a lo económico sobre el desarrollo de cada una de las áreas en conflicto fue clara en las magnitudes económicas.

En la zona nacional, crecimiento importante de la producción, y un satisfactorio control de la masa monetaria y de los precios. En la zona republicana, caída de la producción, aumento incontrolado de la circulación fiduciaria, y una inflación galopante. Vamos a verlo con un poco más de detalle.

Por lo que respecta a la evolución de la producción agraria, los experimentos socioeconómicos implantados por la República arruinaron rápidamente el campo. En el trigo, uno de los productos fundamentales del agro español, las cosechas de la República no fueron capaces de mantener los niveles de preguerra, mientras que en la zona nacional se aumentó hasta tal punto su producción, que la saturación del mercado llegó a provocar una caída de los precios.

La zona republicana era muy rica en productos agrícolas de exportación, y en ello se habían depositado grandes esperanzas de conseguir las divisas necesarias para financiar las importaciones de material de guerra. Pero las desavenencias entre anarquistas, que controlaban la exportación naranjera del Mediterráneo, los comunistas y los propios agricultores, así como las dificultades de navegar por aguas hostiles arruinaron esta posibilidad.

El comportamiento del sector minero fue otro reflejo del desorden con que la República explotó sus recursos económicos. Y el carbón, principal fuente de energía de la España de aquella época, constituye un buen ejemplo. Porque, aunque gran parte de este mineral se encontraba en Asturias en manos de los republicanos, su escasez fue la característica en el territorio de la República, en la medida que su producción fue prácticamente nula a lo largo de la contienda. En contraste con la favorable evolución de la producción de carbón bajo control de los nacionales, primero en León, y más tarde en Asturias, donde la producción se recuperó tan rápidamente que para 1938 se había alcanzado ya el 75% del nivel prebélico, y en el 39 el 100%.

Lo mismo puede decirse del mineral de hierro, en el que los nacionales alcanzaron importantes volúmenes de producción, donde los republicanos sólo habían alcanzado cifras modestas. En la Vizcaya republicana, por ejemplo, la producción de mineral de hierro en la segunda mitad de 1936 sólo alcanzó los dos tercios del primer semestre, y en la primera mitad del 37 la producción era ya sólo de un tercio. Tras la toma de esta provincia por los nacionales, la producción de mineral de hierro creció rápidamente, y en 1938 superaba ya el nivel de preguerra. Otro ejemplo lo constituye el de las minas de cobre de Huelva, donde, presionados por la necesidad de fomentar las exportaciones para financiar sus importaciones, los nacionales cuadruplicaron la producción sobre el nivel de preguerra.

La industria pesada permaneció fundamentalmente en manos de la República hasta la segunda mitad de 1937, momento en que la cornisa cantábrica pasó a manos de los nacionales. Y aunque el área republicana siguió manteniendo el control de la siderurgia de Sagunto, ésta no pudo desarrollar plenamente su actividad, por dificultades de aprovisionamiento.

Hay que destacar también que el Gobierno de Burgos fue en todo momento consciente de la importancia que para el buen fin de la guerra representaba el contenido económico de la Ría de Bilbao y del conjunto del eje Asturias-País Vasco. Y a su conquista y explotación posterior, coordinada e intensiva, centró sus esfuerzos. Una política que contrastó fuertemente con la que la República había practicado en la primera parte de la guerra en las diversas provincias de ese eje cantábrico, donde al bajo ritmo de producción se sumó la descoordinación.

Para precisar un poco más la efectividad de ambas políticas económicas, he tratado de hacer una valoración de la evolución comparada de la producción industrial, a través de un índice que, aunque elemental, creo que es bastante representativo. He calculado, por un lado, el valor en pesetas constantes de la producción minera, siderúrgica y de las industrias derivadas de la minería, de las 23 provincias que permanecieron en el lado nacional desde el comienzo de la guerra. Por otro, el de las 15 que estuvieron en el lado republicano hasta finales del 38. Es una muestra que sólo representa el 45% de la producción total española, pero pienso que el índice puede considerarse válido, porque el resto del territorio no es significativo por haber cambiado de manos en distintas épocas durante la guerra. Pues bien, a partir de mis cálculos se puede deducir que, con índice 100 en 1935, la producción en esas 15 provincias republicanas bajó hasta el índice 37 en 1936, al 29 en el 37, y el 28 en el 38. Es decir, la producción republicana experimentó durante la guerra un retroceso aproximado del 72%. En el lado nacional, a partir del mismo índice 100 en 1935, el valor de la producción de las 23 provincias descendió hasta 70 en 1936, recuperó el 84 en 1937, y alcanzó prácticamente el nivel de preguerra en 1938, con un índice 96 sobre 100.

(N. del A. Éste es uno de los datos comparativos más originales y contundentes que jamás se hayan ideado y publicado para describir el esfuerzo de guerra económica en las dos zonas. Es la contrapartida económica, sobre datos reales, de las amargas quejas formuladas por el presidente Azaña en sus publicaciones de posguerra).

En cuanto al sector terciario, la zona nacional recuperó una aceptable normalidad al poco de comenzar la guerra, al amparo del respeto a la propiedad privada y a la estabilidad monetaria. Las intervenciones sin control, por el contrario, y el desbarajuste monetario, descabalaron el desarrollo de los servicios en la zona republicana. De esta manera, mientras el transporte terrestre se iba normalizando en la zona nacional, incluso con incremento del número de viajeros y kilómetros recorridos, en el territorio republicano las dificultades de conseguir combustible impidieron el servicio que demandaban las operaciones bélicas, y desde luego el servicio a la población civil.

En lo relativo al transporte marítimo, el hecho de que las más importantes navieras tuvieran su sede social en las provincias de la cornisa cantábrica, tuvo como consecuencia que, en los comienzos de la contienda, la flota mercante republicana fuera muy superior a la nacional. La caída de esa zona, sin embargo, sobre todo de Bilbao, donde se encontraba lo más granado de la flota mercante española, supuso que un fuerte volumen del tonelaje de la flota republicana se internara voluntariamente en puertos extranjeros hasta final de la guerra, eludiendo la reincorporación a una zona u otra. Fue también motivo de reducción de la flota republicana, la confiscación de buques que la Unión Soviética practicó, como garantía adicional para el cobro de los suministros de guerra. De esta manera, mientras los republicanos veían descender drásticamente sus efectivos marítimos, los nacionales aumentaban paulatinamente los suyos, mediante el apresamiento de buques españoles republicanos y de algunos extranjeros.

La ruptura tenía que reflejarse necesariamente en la gestión bancaria. La República mantuvo desde el primer momento en su poder la capital del Estado, y con ella los órganos centrales del sistema bancario, el Banco de España y el Consejo Superior Bancario, así como todas las sedes de los grandes bancos.

Ello y la huida a la zona nacional de la mayoría de los responsables de las cúpulas bancarias forzó al Gobierno republicano a tomar progresivamente en sus manos el control directo de todos los resortes del sistema financiero, hasta que terminó por convertirlo en poco más que un apéndice del Ministerio de Hacienda.

La banca republicana fue viendo, además, cómo desaparecían poco a poco los fundamentos de su negocio, en paralelo a la progresiva disminución del espacio geográfico en que desarrollaba su actividad, y a la descomposición de la moneda republicana, que en algunos momentos llegó a contabilizar una inflación de hasta el 900% anual, en absurdo maridaje con unos tipos de interés del 3 ó 4%.

Los nacionales partieron del polo opuesto, pero con el mismo objetivo de control. Y a partir de unos pocos bancos regionales y de las sucursales de las grandes instituciones financieras, así como con los efectivos de los Consejos de Administración de los grandes bancos, que fueron pasándose al territorio nacional, terminaron por reconstruir un sistema bancario relativamente ortodoxo y eficiente, aunque fortísimamente intervenido. Siempre al servicio de la guerra, sin concesión alguna, pero respetuoso con la propiedad privada y con cierto margen de iniciativa para los banqueros.

La mayor coherencia de la política económica de la zona nacional se trasladó también a otros órdenes de la vida financiera. De esta manera, la peseta nacional vio cómo su poder adquisitivo se mantenía bastante estable, mientras en la zona republicana se desarrollaba una inflación galopante, por la desproporción existente entre circulación monetaria y oferta de productos, por la desconfianza que despertaba la evolución de la guerra, tanto en el interior como en el exterior, y por la intensificación de la guerra monetaria. También en los mercados internacionales la peseta nacional se fue distanciando cada vez más de la republicana.

Como no podía ser menos, el sector exterior estuvo subordinado en todo momento, y en ambas zonas, al sostenimiento de la maquinaria de guerra. Pero las condiciones de las que partía la economía de cada contendiente crearon dos modelos muy diferentes de comportamiento exterior. La República financió sus importaciones utilizando las reservas de oro del Banco de España. Los nacionales se decantaron por el endeudamiento, y por la compensación con exportaciones. En algo coincidieron, aunque con diferencias de talante en lo que se refiere al respeto a la propiedad privada. Y fue en que ambos persiguieron afanosamente las divisas y valores extranjeros que poseían sus respectivos ciudadanos, y en que ambos se hicieron cargo, más o menos forzosamente, de los objetos de oro, plata y piedras preciosas de propiedad privada. Sirva de ejemplo de hasta dónde se llegó en estas prácticas en la zona nacional, que a principios de 1938 una orden ministerial reclamaba sin ningún complejo como propiedad del Estado, los residuos de metales preciosos, incluso las llamadas «escobillas» sobrantes de los dentistas.

La ruptura dejó en manos de la República todas las reservas de oro, trasladadas posteriormente, como es conocido, a Cartagena, y desde allí a Odessa, lo que permitió al Gobierno de la Segunda República sostener por bastante tiempo su esfuerzo de guerra.

Pero agotado en 1938 el oro, y en el contexto de una negativa evolución de la guerra, con declaraciones internacionales del Gobierno de Burgos sobre no asunción de los créditos de la República, y con la hostilidad del capital internacional, la capacidad de la República para financiar sus adquisiciones en el exterior terminó siendo nula, mientras los nacionales continuaron financiando sus suministros sin grandes dificultades, con exportaciones y con créditos internacionales.

En lo que al comercio se refiere, el de la República se desarrolló fundamentalmente con Rusia, y en menor medida con Francia y México, mientras los nacionales lo hacían con Alemania, Italia y Portugal. La República sufrió por ello continuos problemas en el suministro exterior, al depender éstos básicamente de un solo origen, Rusia, comunicado muy deficientemente a través de un mar hostil. Los nacionales, por el contrario, consiguieron mantener un suministro regular de material bélico de Alemania e Italia, energético de Estados Unidos en cuanto al petróleo, y de carbón de Alemania. Importaciones recibidas, además, bajo la constante y eficaz vigilancia de la flota del Eje italo-alemán.

Por lo que respecta a la política monetaria, cada día aparece más claro e importante el papel que jugó en la contienda.

Cuando en noviembre del 36 la estabilización del frente de Madrid era ya patente, los nacionales sumaron la política monetaria a la serie de medidas económicas que venían tomando. Sus objetivos eran meridianos.

Conseguir una bandera de soberanía diferenciada, descolgarse de un sistema monetario que hasta ese momento era común, organizando su propio sistema desde la ortodoxia económica, y destruir el sistema monetario enemigo mediante un conjunto de medidas que, en otro momento, no he dudado en calificar como de verdadera guerra monetaria. Una guerra monetaria perfectamente planificada y con una estrategia muy meditada.

Las hostilidades monetarias se iniciaron en noviembre del 36. Un decreto de los nacionales ordenaba estampillar todos los billetes en circulación en su territorio, a la vez que declaraba nulos los puestos en circulación por la República después del 18 de julio. Al otro lado del frente, el Gobierno republicano prohibía la tenencia de los billetes estampillados por los nacionales. Y de esta manera, de la extinguida comunidad monetaria, salían independizadas dos monedas opuestas, dos pesetas diferentes.

Unos pocos meses más tarde, los nacionales ponían en circulación nuevos billetes para sustituir a los estampillados. Y ya con la moneda perfectamente identificada y separada, el Gobierno de Burgos inició un continuado acoso contra la moneda republicana, tanto en los mercados interiores como en los exteriores, lo que terminó por acabar con la peseta de la República.

La fase más intensa y sofisticada de este acoso monetario se alcanzó con la elaboración, en agosto de 1938, de un decreto reservado por el que se aprobaban diversas disposiciones para utilizar, en beneficio del Estado nacional, los billetes puestos en circulación por la República con posterioridad al 18 de julio, que iban siendo confiscados en los territorios conquistados. Dada su índole reservada, el decreto no fue publicado en el «Boletín Oficial del Estado» de Burgos. En él se disponía la creación con carácter secreto, por razones de Estado, de un Comité Gestor de un llamado «Fondo de papel moneda puesto en circulación por el enemigo», cuyos objetivos eran fundamentalmente tres: convertir en divisas el papel moneda republicano, deprimir el curso de los billetes republicanos en el mercado exterior, y financiar el costo de «servicios informativos» y «humanitarios» en la zona aún no liberada.

En primer lugar, pues, se trataba de convertir las pesetas republicanas, válidas en los mercados internacionales, en divisas, en un momento de absoluta escasez de éstas para financiar las importaciones de material de guerra. Consta que se hizo, aunque ignoramos en qué cuantía.

Se trataba, también, de financiar con esos billetes, devueltos irregularmente a las zonas no conquistadas, la actuación de las «quintas columnas», que operaban en zona republicana, objetivo real camuflado bajo el eufemismo de «servicios informativos y humanitarios» de que hablaba el decreto.

He tenido acceso a unas notas o memorias escritas a máquina y firmadas por el general Ungría, jefe del Servicio de Información y Policía Militar de la zona nacional y presidente que ha resultado ser del Comité Secreto, contando las penurias presupuestarias que el Servicio de Información y Policía Militar tenía para financiar sus tareas de espionaje e información en la zona republicana. Sin embargo, se decía en ellas, «todo ello mejoró cuando el Servicio fue autorizado a vender en el extranjero la moneda republicana que era confiscada al enemigo al compás de los avances militares». Porque de esta manera, se añadía, y cito textualmente, «conseguimos mantener pujante y eficaz una organización de corresponsales en el extranjero, con la que ni habíamos soñado, y adquirir material técnico, especialmente de transmisiones, para mejorar los servicios de la Quinta Columna de Madrid». Y concluía diciendo que el reenvío de los fondos requisados en el avance de las tropas en territorio republicano hizo posible «la creación de una sutil y cerradísima malla de entorpecimientos, sabotajes y captación de secretos».

(N. del A. El autor habló en bastantes ocasiones con el general Ungría no mucho antes de su muerte. Me entregó documentación del más alto interés que tengo el propósito de utilizar en un estudio, ya muy avanzado, sobre la Quinta Columna. Esos papeles confirman de lleno lo que acaba de revelar José Ángel Sánchez Asiaín sobre un hecho prácticamente desconocido: la financiación de la Quinta Columna, nada menos. Y la participación de la Quinta Columna en el sabotaje a la moneda republicana, un arma de guerra como otra cualquiera. En la zona nacional todo se convertía en arma de guerra, desde el rapto de los diarios de Azaña en Ginebra hasta el «bombardeo» de Valencia con billetes de banco «rojos»).

Mucho más importante fue la utilización del dinero confiscado en el avance de las tropas para hundir la cotización de la moneda republicana en el exterior, colocando en los mercados contingentes de esa moneda. He tenido la oportunidad de disponer de algunos de los interesantísimos informes del Servicio de Estudios del Banco de España, que constituyeron los antecedentes del decreto reservado. En uno de ellos, y al hablar de los billetes requisados en los avances, se pregunta el autor del informe, y cito textualmente: «Por qué no servirse de esos billetes y utilizarlos, en lícita cooperación a los fines de la guerra, hundiendo la cotización de la peseta roja en el extranjero». Esta actuación, concluía, «originaría el cierre de una de las escasas probabilidades de comercio exterior con que aún cuenta el Gobierno de Barcelona: la de importar, pagando con sus propios billetes».

En el mismo sentido, otro informe, de enero de 1938, firmado por José Larraz, proponía el no reconocimiento al terminar la guerra de los billetes republicanos poseídos en el extranjero por entidades o personas individuales, pero advertía del peligro que se corría de que se pusieran en marcha por parte de los tenedores de aquellos billetes acciones ante el Tribunal Internacional de La Haya, reclamando contra la anulación de los mismos, y pidiendo al Estado español su convalidación.

Y para ello recomendaba forzar a la baja la cotización de los billetes republicanos en el extranjero, a través de una depreciación rápida y violenta, en orden a cubrirse de la eventualidad de verse obligados en algún momento a dar una contrapartida a precios de mercado a la masa de billetes emitidos por los republicanos.

En parte gracias a estas campañas, y por supuesto, y de manera fundamental, a la evolución que seguía la guerra, la cotización en París de la peseta republicana cayó desde los 26 francos por 100 pesetas de julio del 38, a 9 francos a finales de ese mismo año, y a 2 francos en febrero de 1939.

Pienso también que es posible que esos reenvíos irregulares de billetes republicanos pudieran haber tenido algún efecto inflacionario en la España republicana.

Aunque esto sea algo muy difícil de concretar, por las dificultades de conocer el volumen que alcanzaron esos reenvíos, en relación a la ya abundante expansión monetaria que sufría la República.

Y no creo que lleguemos a saber nunca cuánto de la terrible inflación que sufrió la República se debió al gran desequilibrio manifestado entre una producción que se iba desplomando y una incontrolada emisión de billetes, y cuánto al reenvío desde Burgos a las zonas todavía en poder de la República de billetes republicanos confiscados.

Lo cierto es que, al terminar 1937, la pérdida de poder adquisitivo de la moneda republicana era ya de un 75% del nivel de preguerra, frente a sólo un 17% de pérdida de poder adquisitivo de la moneda nacional, y que afínales de 1938 la moneda republicana ya no conservaba prácticamente ningún valor, mientras que la nacional sólo se había depreciado en una cuarta parte desde el comienzo de la guerra.

Como la propia Ley de Desbloqueo decía en su exposición de motivos afínales de 1939, «es ya innegable que la tajante división de los billetes en legítimos y nulos constituyó un arma de guerra eficacísima que forzó los precios y la velocidad monetaria en la zona republicana».

En todo caso, los esfuerzos del Gobierno de la República por regular el volumen de su circulación fiduciaria nunca consiguieron su propósito. Porque la moneda vasca, la catalana, o las aragonesas, santanderinas, o asturianas, junto a otras de las más variadas características, como los vales de empresas y los sustitutos anarquistas a la moneda, dibujaban un bosque de medios de pago de imposible control. Sólo en Cataluña, de los 1.075 municipios existentes, 687 emitieron su propio papel moneda. Y en las provincias valencianas lo hicieron 386 municipios de un total de 545.

El fin de la contienda exigió el paso de una economía de guerra a una economía de paz, totalmente intervencionista. La normalización del sistema productivo, la unificación de las dos monedas, la creación de un nuevo sistema monetario no respaldado por reservas metálicas y la reconstrucción económica del país eran las tareas más importantes a las que se enfrentaban las autoridades del nuevo régimen.

En consecuencia, nada más acabar la guerra se procedió a desmilitarizar las empresas industriales. Se aceleró la normalización de los pagos de intereses y principal de la deuda pública. Comenzaron a eliminarse las moratorias mercantiles de pagos. Se sometió a bloqueo una buena parte de los pagos realizados en la República con dinero desvalorizado. Y las bolsas volvieron a operar.

Pero los principales problemas, los monetarios y los financieros, seguían pendientes de solución, constituyendo el principal obstáculo para el restablecimiento de la normalidad económica. Porque, tras el derrumbe territorial de la Segunda República, existían en circulación cantidades importantes de billetes republicanos válidos, junto a otros invalidados desde Burgos. En la zona que fue republicana había también grandes masas de dinero bancario bloqueado. Y la moneda del nuevo Estado español vivía en precario por la pérdida definitiva de su respaldo metálico tradicional. El Banco de España, por otra parte, seguía pendiente de sanear y fusionar los balances de los dos bancos emisores, Burgos y Madrid, que hasta entonces habían operado.

El Gobierno se movió con rapidez. Se posibilitó el canje de los billetes republicanos válidos por pesetas nacionales, disponiéndose la recogida forzosa del resto de los billetes republicanos, sin ningún tipo de contrapartida. Pero el problema crucial consistía en movilizar las grandes masas de dinero depositado y bloqueado en las cuentas bancarias de la zona que fue republicana, para evitar que esas masas introdujeran en la economía del nuevo régimen, un proceso inflacionario similar al que había sufrido la República.

La Ley de Desbloqueo de diciembre de 1939 solucionó el problema con eficacia, al reglamentar la transformación de saldos bancarias de moneda republicana a cuentas bancarias en moneda nacional, mediante la aplicación de unos coeficientes correctores, de acuerdo con la relación existente entre los valores de las dos pesetas en el momento en que se había producido cada ingreso en cuenta bancaria.

Pero, pese a su éxito, la Ley de Desbloqueo planteó importantes problemas éticos. Porque el Gobierno de Burgos no reconoció ningún valor al dinero en efectivo republicano, a pesar de la opinión en contra de instituciones como el Banco de España, que alegaba razones de justicia y de imagen. Y porque la rigidez del mecanismo de aplicación llevó a flagrantes injusticias y a agravios comparativos, tanto derivados de la propia mecánica, como de la arbitrariedad y discrecionalidad de que disponían las instituciones bancarias en su aplicación. Puede decirse, incluso, que la Ley de Desbloqueo fue una continuación de la guerra monetaria, porque su mecanismo de aplicación terminó utilizándose también como arma de represalia contra los ciudadanos de la República.

En todo caso, desde el punto de vista económico, el problema más importante fue que la moneda española, tradicionalmente respaldada por las reservas de oro del Banco de España, tenía que prescindir de dicho apoyo. En noviembre de 1939 se dio paso al nuevo sistema. Se derogó la garantía metálica de oro y plata de los billetes en circulación. Se eliminó el límite de crédito bancario que podía conceder el banco emisor al Estado. Y los títulos del Estado pasaron a ser la contrapartida en el activo a los billetes en circulación del Banco de España.

De esta manera, la circulación monetaria del sistema español, hasta entonces rígidamente relacionada con las reservas de oro del Banco de España, quedaba abierta a un crecimiento sin límites, mediante la contabilización de los billetes en su pasivo, y la adquisición con él de deuda del Tesoro, que pasaba a su activo.

Y la política monetaria del país, que había dependido en gran medida de las directrices del Banco de España, pasó a la tutela del Ministerio de Hacienda, que en el futuro no sería tan disciplinado como lo había sido en el pasado el banco emisor. Pero éste es otro problema.

En marzo de 1942, el Banco de España unificó las cuentas de los dos bancos de España de Madrid y Burgos en un solo balance, en el que ya no figuraban en el activo ni el oro, ni los créditos contra entidades republicanas, mientras que en el pasivo desaparecían los billetes de la República.

Paralelamente, comenzó la reconstrucción industrial del país. La creación del Instituto Nacional de Industria fue el eje sobre el que esa política descansaría, con el complemento de una política de bajos tipos de interés.

Aunque los niveles prebélicos de producción no se recuperaron hasta el comienzo de la década de los 50, porque la incipiente recuperación de los seis meses siguientes de 1939 se cortó con el estallido de la Segunda Guerra Mundial. Y porque el sesgo de nuestra política exterior dificultó el comercio con los aliados. España no pudo repetir la acumulación de capital que logró con su neutralidad en la Primera Guerra Mundial.

Posteriormente, las restricciones económicas impuestas por las potencias europeas y norteamericanas a España tras la derrota del Eje dificultarían aún más la reconstrucción, hasta colocar al país al borde del desastre económico, tal como la Administración americana reconocía en 1947. Hasta que en los años finales de los cuarenta, y coincidiendo con el bloqueo de Berlín, Estados Unidos comenzó a abrir la mano, y en España comenzó otra historia.

La Guerra Civil significó para España un alto coste. Efectos notablemente perversos se produjeron, por supuesto, en lo demográfico. La Comisaría del Plan de Desarrollo Económico y Social afirmaba en 1963 que la población activa española se redujo en medio millón de hombres durante la contienda, cifra casi con seguridad bastante inferior a la real.

En lo económico, los costes vinieron dados por los gastos militares, por la destrucción del «stock» de capital, y por la caída de la producción.

El coste de las operaciones militares, así como su financiación, ha sido un campo de investigación muy trabajado. Un país de recursos militares modestos, como España, se vio abocado desde los dos bandos en conflicto a una urgente carrera de armamentos, que hubo que adquirir y financiar en el extranjero, con el empleo de las reservas del país y con endeudamiento exterior. La Comisaría del Plan valoró en 300.000 millones de pesetas de 1962 los gastos militares de ambos ejércitos, lo que equivale aproximadamente a seis veces el presupuesto de preguerra, o a una renta anual de aquella época.

Se consumieron así unas reservas de oro que al iniciarse la contienda eran las cuartas del mundo, pero que tuvieron que ser utilizadas como fuente de financiación exterior del esfuerzo de guerra de la República. Los nacionales, y por un importe no muy diferente al de la República, encontraron en el endeudamiento exterior el principal instrumento de financiación de sus compras de material bélico.

Las destrucciones del «stock» de capital fueron muy importantes. Medio millón de viviendas destruidas o dañadas. 225.000 toneladas de la flota mercante hundidas. La mitad del parque móvil ferroviario perdido. Y las redes de carreteras y de ferrocarriles notablemente dañadas. Independientemente de las destrucciones sufridas por el resto del equipo capital.

En lo que se refiere a la caída de la producción, en los tres años de guerra el carbón no producido equivalió a las extracciones de más de un año normal.

En lingote de hierro se dejaron de producir los dos tercios de la producción anual o una anualidad completa de acero.

En cemento, la producción perdida en los tres años pudo llegar a equivaler al doble de la que se obtenía en un año normal. En electricidad significó media anualidad.

Medido todo ello en términos de producto interior bruto, como resumen puede afirmarse, según mis cálculos, que en los tres años de guerra el país dejó de producir el equivalente aproximado al PIB de un año normal como el de 1935. Efecto negativo que se prolongó en el tiempo, porque la producción de 1940 se consolidó en un nivel de entre el 15 ó 20% inferior al de 1935, desfase que se tardó mucho tiempo en recuperar.

Y termino. Hasta donde he sido capaz de llegar y documentar, creo que se defiende bastante bien la tesis de que el resultado final de la Guerra Civil española de 1936 se explica, en parte, en términos de las distintas políticas económicas practicadas.

Aunque en todo caso, ésta sea una historia cuya investigación sigue todavía abierta y sujeta a revisión. Porque todavía existen muchas incógnitas sin despejar, o sin documentar suficientemente. Y porque mucha información no ha sido puesta todavía a disposición de los investigadores.

(N. del A. Esta conclusión, irrebatible, vale por un libro. Y puede confrontarse con las opiniones, enteramente coincidentes, del general Vicente Rojo y el presidente Manuel Azaña sobre las razones profundas de la derrota y la victoria. La contribución del señor Sánchez Asiaín a la historia profunda de la Guerra Civil es, por tanto, impagable).

Creo, también, que continuar esta investigación no es sólo un deber histórico, sino una fuente inagotable de reflexión económica. De reflexión sobre el verdadero sentido económico de las guerras. De reflexión sobre la responsabilidad de aquellos economistas que intervienen en el diseño y aplicación de técnicas y estrategias económicas en períodos bélicos. Y de reflexión sobre el verdadero sentido de las llamadas economías de guerra.

Porque pienso que la economía debería ser siempre una economía de paz y de concierto entre los pueblos. Y nunca un arma al servicio de los intereses de la guerra.

El jefe de la

Quinta Columna

El académico Sánchez Asiaín no ha citado a la Quinta Columna y a su jefe, el coronel Ungría. Para terminar este libro agregaré unas notas sobre la organización y su jefe, aunque volveré sobre una y otro en el libro final de esta serie sobre la Guerra Civil.

Con gran eficacia trabajaba en Europa y en la España enemiga el servicio secreto, organizado en favor de Franco por los hombres de Cambó, SIFNE, cuando se presentó en la zona nacional, huido desde la Embajada de Francia en Madrid; un singular personaje que pronto se convirtió, sin que casi nadie lo haya advertido ni reconocido hasta hoy, en una figura clave como director de la información secreta, el espionaje y el contraespionaje.

Esta notable personalidad, digna de una novela de John Le Carré, era el teniente coronel de Estado Mayor

José Ungría Jiménez, nacido en Barcelona en 1890, hijo de un funcionario del Ayuntamiento de San Gervasio e ingresado en el Ejército a los quince años.

Hablé detenidamente con el ya general Ungría en su despacho del INI durante la primavera de 1968, poco antes de su muerte ese mismo verano. Me contó sus estudios en la Escuela Superior de Guerra donde obtuvo el número 1 de su promoción de Estado Mayor. Fue luego compañero de Charles de Gaulle en L’École de Guerre de París y agregado militar en Francia. Degradado a comandante por la arbitrariedad de la política militar republicana, gozaba de la estima y la amistad del general Mola, que le recomendó a Franco para la organización de los servicios de contraespionaje; pero insensiblemente se hizo cargo también de toda la gama del espionaje, lo que motivó, como me repetía Ungría muy divertido, una irónica pregunta de Franco, al ver los primeros resultados: «¿Pero es que Ungría se encarga también del espionaje?».

Inevitablemente las actividades de Ungría rozaban y se superponían a las del SIFNE, que a fines de 1937 había crecido ya de forma exorbitante para mantenerse como red de iniciativa y dirección privada, aunque tan leal a la causa como siempre se mostraba el equipo Cambó.

Para coordinar las informaciones, incompletas y deficientes, de las segundas secciones y las que gracias a Ungría empezaban a afluir de otras fuentes, Franco había creado el Servicio de Información Militar (SIM), del que hemos encontrado alguna documentación (no muy importante) en el otoño de 1937. Poco después Ungría se encargó de la jefatura conjunta del SIM y el SIFNE, con el decidido, propósito de integrar en el SIM la red privada, cosa que se realizó mediante el decreto de 28 de febrero de 1938. Desde entonces la red del SIF-NE dejó de depender de sus jefes civiles y fue financiada por el recién creado Gobierno nacional de Burgos, aunque Cambó y sus hombres siguieron prestando una colaboración informativa y financiera muy valiosa, por ejemplo mediante la revista Occident, que se mantuvo como principal órgano de la propaganda nacional en Francia hasta algo después de terminada la Guerra Civil.

El nuevo servicio pasó a llamarse SIPM (Servicio de Información y Policía Militar), que alcanzó una enorme extensión e importancia, con treinta mil hombres, el equivalente a tres divisiones, en sus filas, nutridas por movilizados de cierta edad (unos veintinueve años), más voluntarios civiles de todas las edades.

El SIPM mantenía secciones destacadas en cada uno de los ejércitos. La del centro era, con mucho, la más desarrollada, y sus núcleos de la Torre de Esteban Hambrón y Sepúlveda tuvieron una intervención decisiva en la fase final de la Guerra Civil.

La jefatura del SIPM, que dependía del Cuartel General del Generalísimo, redactaba para Franco un «Resumen de informaciones para cuenta de S. E»., que en los documentos del Servicio Histórico Militar aparecen con numerosas notas y subrayados de la mano de Franco. Desde las secciones destacadas se controlaba la actividad de los agentes en territorio enemigo, que formaban parte del Servicio de Información Exterior (SIE) del SIPM.

El embajador Quiñones de León, cofundador del SIFNE, había colaborado con la red Cambó-Musitu y lo siguió haciendo con el SIPM, pero mantuvo línea directa con el Cuartel General del Generalísimo, al que enviaba sus puntuales informes desde el hotel Meurice de París, a partir del 3 de diciembre de 1936 hasta el final de la guerra. En el legajo 230 del Servicio Histórico Militar se conservan estos informes de Quiñones, completísimos, obra de un corto equipo de evidente competencia, muy introducido en medios políticos y militares de Francia.

Los componentes de una red secretísima de la Quinta Columna estaban tratando, ya en 1938, con los conspiradores militares amigos del coronel Casado, y con los socialistas disidentes que acaudillaba Julián Besteiro. Mientras, la Quinta Columna y el SIPM, que tenían ya acceso normal a todos los grupos anticomunistas, intensificaban su acción demoledora y trataban de coordinar la acción político-militar contra el Gobierno Negrín.

Es dudoso, aunque probable, que los agentes de Franco atizasen la revuelta de Barcelona en mayo de 1937; pero es absolutamente cierto, y está documentalmente demostrado —el informe Palacios, los papeles del SIPM—, que combinaron con sumo acierto las disidencias políticas y militares de Madrid y la zona centro-sur, desde poco después de la victoria en el Ebro, e incluso desde antes.

Pero, como colofón de este libro sobre la economía de guerra, el punto que más nos interesa es la colaboración de los servicios secretos de Franco con el almirante Moreno y el general Kindelán para obtener información que facilitase el bloqueo de las costas mediterráneas, una actividad que contribuyó de forma esencial a la victoria nacional en la Guerra Civil.

El bloqueo aeronaval

colapsa el tráfico republicano

Las tres consecuencias militares de alcance estratégico que produce la derrota republicana en Cataluña son: primero, el intemamiento, y por tanto desaparición, del Grupo de Ejércitos de la Región Oriental, en el que se incluía el Ejército de Maniobra más importante de la zona republicana, junto con la ruptura de todo contacto por tierra de la zona con el extranjero; segundo, la rendición de Menorca, con lo que la flota y la aviación de la República no pueden actuar holgadamente contra el esfuerzo nacional de bloqueo; y en tercer lugar, la intensificación de ese bloqueo aeronaval que produce necesariamente el colapso de la zona centro-sur. Analicemos ahora brevemente el tercero de esos puntos.

El general Franco demostró, desde los primeros momentos de la Guerra Civil, un claro sentido estratégico. Inventó el puente aéreo militar para el traslado del Ejército de África a la península; y, sin el menor mando oficial en las Baleares, dirigió desde sus cuarteles generales de Sevilla y Cáceres la defensa de esas islas precisamente porque pensaba que, con Menorca en manos enemigas, las bases aeronavales de Mallorca e Ibiza le resultaban esenciales para montar un bloqueo efectivo sobre la costa republicana.

Una vez que los cruceros de El Ferrol dominaron la zona del Estrecho y compitieron ventajosamente con la Escuadra republicana, casi encerrada en Cartagena, Franco no dejó nunca de preocuparse por la intensificación del bloqueo, que dirigían, desde el Cuartel General de Burgos, el almirante Cervera y el general del Aire Kindelán; y que realizaba, desde su cuartel general de Palma de Mallorca, el vicealmirante jefe del bloqueo, Francisco Moreno Fernández, cuyo hermano, Salvador, era el segundo jefe del Estado Mayor de la Armada en Burgos. En el Cuartel General del Aire se ocupaba preferentemente del apoyo al bloqueo el coronel Moreno Abella.

En este cuadro de mandos, que demostró un sentido de la información, una coordinación y una eficacia asombrosas, no faltaban tensiones.

El almirante del bloqueo, lobo de mar que se pasó la guerra a bordo, y era de la generación de Franco, estaba enemistado con el almirante jefe del Estado Mayor, sacado del retiro por Franco (por su capacidad de organización, bien confirmada en la guerra), a quien Franco trataba con respeto casi filial.

Tampoco eran perfectas las relaciones entre don Francisco y don Salvador, por varios motivos, mientras el jefe del Aire —también de una generación mayor— tuvo con Franco, a propósito de su hermano Ramón, a quien aborrecían muchos aviadores, algunas tarascadas de antología. Pero Franco sabía imponerse y todas estas desavenencias no influyeron lo más mínimo en la marcha de los asuntos militares, aunque reventaron al final, cuando ya estaba ganada la Guerra Civil.

Tras la dramática pérdida del crucero Baleares en marzo de 1938, que afectó a Franco vivísimamente, la Marina se anotó un tanto de primera magnitud cuando al mando del minador Vulcano, y con el apoyo del cañonero Calvo Sotelo, el capitán de fragata Femando Abárzuza se lanzó al abordaje contra el destructor republicano José Luis Diez, que pretendía refugiarse en Cartagena, obligándole a varar en la playa gibraltareña de los Catalanes. Es el 30 de diciembre de 1938 y con esta victoria Moreno produjo «un verdadero colapso». La Escuadra nacional obstaculizaba la navegación rusa por el Mediterráneo y mantuvo hasta el final de la guerra el dominio del mar que correspondía, por número, a la flota soviética de guerra, cuyos mandos, como el futuro almirante Kuznetsov, «camarada Nicolás», comprendía la importancia vital de los suministros a la costa republicana.

Con la Marina coopera la aviación nacional, mediante reconocimientos exhaustivos y bombardeos de buques mercantes en los puertos enemigos. Por su parte, el SIPM contribuye positivamente al bloqueo mediante la información de sus agentes en varios puertos del Mediterráneo y el mar del Norte; y la actuación novelesca del yate Vagabond Roi basado en Mónaco y conectado por radio con enlaces en la costa francesa.

El resumen informativo del SIPM para Franco fechado el 12 de febrero de 1939, tras la caída de Cataluña, dice: «Según los rojos, en lo sucesivo el transporte de material de guerra por vía marítima seguirá la ruta Orán-Cartagena, a cuyo puerto y siguiendo dicha ruta llegó ya un barco con importante cargamento».

El 19 de febrero, Franco celebra una importante cena con el almirante Cervera en Terminus, situado entonces en el castillo de Raymat, y le ordena «apretar el bloqueo de Valencia al cabo de Gata si mantenían la resistencia». Esa mañana había fondeado en Barcelona la división nacional de cruceros y la flotilla de destructores. Franco consulta a Cervera sobre la posibilidad de realizar un desembarco en el puerto murciano de Águilas, con el fin de caer sobre Cartagena y desarticular así en su núcleo el previsible proyecto enemigo de repliegue escalonado sobre la gran base naval. Con este fin, Franco ordena la preparación de dos fuerzas de desembarco, una en Castellón y otra en Málaga, hasta que se decida definitivamente la operación. Pero hay un aspecto de la guerra naval en este período que casi nadie advierte: el enorme incremento del tráfico marítimo nacional en el Mediterráneo durante la fase final de la guerra, con entero (y tal vez exagerado) desprecio por la capacidad naval del enemigo. Ello permitió acelerar los preparativos de Franco para la ofensiva general.

Un especialista de primer orden, Rafael González Echegaray, subraya la eficacia del bloqueo, que algunos comentarios han puesto en cierta duda. El bloqueo del almirante Moreno apretaba cada vez más el dogal al tráfico enemigo. El mismo González Echegaray resume así la eficacia del bloqueo de enero a marzo de 1939: «Desarticulación casi total del tráfico gubernamental y destrucción masiva de unidades mercantes en los puertos sometidos a los ataques por mar y aire».

Mientras la flota mercante de la España nacional solamente perdió 24 unidades en toda la guerra, las dos últimas listas de incautación de buques mercantes republicanos por el enemigo arrojan cifras tremendas: 230 unidades la del 17 de febrero y 221 unidades la del 10 de marzo de 1939.

El 28 de enero de 1939, el Estado Mayor de la Armada comunicaba en Burgos al Cuartel General su información número 28: «Las autoridades soviéticas han dado orden a todos los buques rusos para que se abstengan de entrar en el Mediterráneo». La dificultad principal del bloqueo era la actuación de los navíos de la Home Fleet. El 15 de marzo de 1939, por ejemplo, el crucero Sussex protegía la entrada en Valencia del Stanhope, que salió de allí el día 23 escoltado por el Penélope; por este motivo, la aviación nacional intensificó sus bombardeos de mercantes extranjeros en los puertos de la República.

Desde fines de enero de 1939, la principal preocupación del jefe del Aire, general Alfredo Kindelán Duany, era evitar que las escuadrillas de Cataluña pudieran incorporarse a los aeródromos de la zona centro-sur. Lo consiguió en gran medida. Por ejemplo, el 1 de febrero fue interceptada una escuadrilla de «ratas» («moscas») que no logró pasar, y muchos aviones hubieron de refugiarse en Francia donde la mayoría fueron internados. La eficacia de los bombardeos contra puertos enemigos se puso de manifiesto cuando, al entrar los nacionales en Valencia, hallaron hundidos en El Grao 32 buques mercantes, más diez en otros puertos de la provincia.

Los datos aportados por González Echegaray son concluyentes. En la zona nacional, la Marina Mercante experimentó un crecimiento enorme, que sin duda constituye una de las claves ocultas de la victoria. Al principio de la guerra, los rebeldes disponían de 176.000 toneladas de registro bruto de las 1.180.000 totales. Al final tenían 400.000. Fueron capturados en acción de guerra 238 buques mercantes de la República. Para el período que nos interesa, los resúmenes del tráfico republicano son éstos:

Enero de 1939. Cargan 122 barcos en puertos europeos para el Gobierno republicano. Llegan 32 a Valencia. De esos barcos, 91 son británicos, 12 franceses, y en menor número, españoles y panameños.

Se importaron unas 250.000 toneladas de mercancías, unas 60.000 por semana, casi todo víveres; aunque se incrementó el tráfico de material de guerra de procedencia soviética a los puertos franceses del Atlántico (El Havre y Burdeos).

Desciende el tráfico desde Marsella y aún es importante el de Orán. En Tarragona fueron hundidos por la aviación nacional 6 barcos: 33 en Barcelona y 14 en otros puertos de Cataluña.

Febrero de 1939. Por la pérdida de Cataluña, el tráfico marítimo cae abruptamente. Sólo 68 barcos cargan en puertos de Europa: 52 británicos, 6 franceses, 3 griegos y 2 noruegos. Llegan a Valencia 34 buques; los demás, a Cartagena; y a Alicante casi todos. Proceden, por orden de importancia, de Marsella, Orán, mar Negro (URSS) y Gran Bretaña.

Marzo de 1939. El tráfico hacia y desde puertos republicanos se verifica de forma desorganizada y casi a ciegas. Sólo intervienen 40 barcos: 24 británicos y 13 franceses. De ellos, 29 llegan a Valencia. El bloqueo nacional ha conseguido colapsar el tráfico enemigo; la zona centro-sur tiene que vivir entregada a sus propios recursos. El coronel Casado tenía toda la razón frente a los ficticios entusiasmos del doctor Negrín.

Para el lector que desee profundizar en los efectos del bloqueo, cuyo análisis desbordaría el marco de este libro, ofrecemos en nuestra obra 1939, Agonía y Victoria una relación completa de fuentes.

Analizado, pues, el contexto del bloqueo aeronaval después de la pérdida de Cataluña por la República, volvamos a la sucesión de los acontecimientos, cada vez más acelerada hacia un final inevitable.

El 14 de febrero de 1939 Franco dicta dos disposiciones importantes. Se dirige a su jefe de Estado Mayor, Martín Moreno, para distribuir por los demás ejércitos los efectivos del Ejército del Norte que disuelve tras la conquista catalana:

«Deseo conocer —le dice— con la máxima urgencia la composición de los Ejércitos del Sur, Centro y Levante, con todo detalle, excepto las unidades de Infantería que componen cada división; pero sí la artillería que afecta a cada una de éstas, la de Cuerpo de Ejército, artillería y elementos de Ejército, incluso servicios con que cuenta cada uno, a fin de poder, a la vista de los elementos que tiene el Ejército del Norte, hacer un reparto de medios en relación con la nueva misión que a cada uno se le asigne».

Las cuatro secciones del Cuartel General trabajaron de firme para organizar los efectivos que debían utilizarse en la ofensiva general que Franco preparaba intensamente desde antes de caer Cataluña, con plena independencia de los contactos secretos que los agentes del SIPM llevaban a cabo en la zona enemiga.

La Quinta Columna

se reorganiza en Madrid

Destrozada la Quinta Columna por la brutal represión de noviembre de 1936, que tuvo su expresión trágica en las fosas de Paracuellos abiertas por inspiración comunista y soviética, el profesor Antonio Luna fue el creador de una de las nuevas redes secretas que se mantuvo hasta final de la guerra: la Organización Antonio. A ella pertenecían también el profesor Julio Palacios, insigne científico; el ingeniero agrónomo Eduardo Rodrigáñez; el médico militar laureado Ricardo Bertoloty, que había ganado la máxima condecoración militar española en el mismo combate africano de 1916 donde el capitán Francisco Franco cayó herido de muerte junto a El Biutz; y el comandante médico Diego Medina.

También pertenecían a la Organización Antonio los profesores Luis de Sosa, vicesecretario de la facultad regida por Besteiro y salvado por él de la muerte, así como los profesores Carmelo Viñas, Luis Morales Oliver, Huberto Pérez de la Ossa y Julio Martínez Santa Olalla, falangista, además de los catedráticos García Gómez y García Bellido.

El general Cores (que firma bajo el seudónimo de Armando Paz) fija la creación de la Organización Antonio en septiembre de 1937, y la atribuye a un jefe de Intendencia que murió al final de la guerra. Creo que se trata de la misma que animaba Antonio Luna. En su declaración durante el proceso de Besteiro, Luna afirma que mantuvo contacto quincenal con él desde la primavera de 1937, hasta que, en abril de 1938, el propio Besteiro se suma a la conspiración; una fecha muy temprana que se demuestra así:

«Hacia abril de 1938 consigue el declarante (Luna) ponerse al habla con la organización clandestina de Falange Española por medio de los camaradas Lisarrague, Rodrigáñez, Serrano Novo y José María Alfaro, exponiendo un plan para conseguir la dimisión del Frente Popular y terminar de este modo la dictadura comunista liquidando la guerra. El señor Besteiro desempeñaba, dada su actitud, un importante papel. Aceptada la ejecución del plan trazado, el declarante empieza a ponerlo en práctica incitando al señor Besteiro para que no se limitase a no adquirir responsabilidad política alguna con los actos del Gobierno rojo, que condenaba, y pasase a una actuación política para liquidar la guerra, cuyos horrores, según sus frases, no eran los mayores los de derramamiento de sangre en los frentes y por los asesinatos de la retaguardia, sino por las numerosas muertes blancas que sufría una población condenada a morir lentamente de hambre. De acuerdo el señor Besteiro con este plan y con algunos ministros republicanos, logra ser llamado a Barcelona…».

Julián Besteiro, pues, está ya conspirando o al menos contactando con la Quinta Columna y contra el Gobierno de Negrín, durante la primavera y el otoño de 1938. Segismundo Casado, que todavía no ha entrado en contacto con Besteiro, aunque siempre le ha admirado, entabla esa conjunción algo después, pero no más tarde de octubre del mismo año. Y serán estos contactos con la Quinta Columna —una vez que tome la firme dirección de las actividades secretas pro Franco en Madrid el eficaz Servicio de Información y Policía Militar, el SIPM del coronel Ungría, hacia el mes de octubre del mismo año— los que produzcan, antes de terminar 1938, la conjunción Casado-Besteiro que pondrá fin a la Guerra Civil desde dentro de la zona republicana. Vamos a verlo documentalmente.

Las primeras misiones

del SIPM en Madrid

Un miembro de la Quinta Columna, Antonio Bouthelier, que pertenecía simultáneamente a la Falange clandestina y a la red de Antonio Luna, y fue tras la victoria un importante cronista de la revuelta del PCE contra Casado, afirma, con su reconocida autoridad testimonial, que hacia los meses de septiembre u octubre de 1938 la red secreta de Franco inició los primeros contactos con Casado en Madrid, gracias a relaciones familiares y a la propia mujer del coronel, que de momento no hizo caso.

Pero él mismo insinúa que los contactos conspiratorios de Casado con su amigo Matallana, general jefe del grupo de ejércitos con cuartel general en la casa de los jesuitas en Torrente, Valencia (nombre clave, Posición Pekín), se entablan en el otoño de 1938, y, desde luego, antes de la ofensiva catalana de Franco.

El SIPM, denominación con la que se conocía el Servicio en los medios de la Quinta Columna, había iniciado sus actividades en Madrid hacia septiembre de 1937, como indica el general Cores; y el agente secreto principal del SIE (Servicio de Información Exterior del SIPM) en Madrid, teniente coronel José Centaño, ya inició sus primeros trabajos a comienzos del año 1938. Sin embargo, las primeras pruebas de la actividad organizada del SIPM las hemos encontrado hacia el mes de octubre de 1938.

Con notable sentido de la organización, el SIPM de Madrid instaló una potente red de comunicaciones radiofónicas en la capital de España y en otros puntos de la zona republicana, con emisoras enlazadas entre sí y con dos centros receptores principales junto a las vanguardias de la zona nacional: el principal, en el pueblo toledano de la Torre de Esteban Hambrán, cerca de Torrijos; y el segundo, en el frente del Guadarrama, altos de Lozoyuela y cuartel general en Sepúlveda. Dirigía la estación de la Torre el teniente coronel Francisco Bonel Huici; la de la sierra, el comandante Justo Ortoneda.

El nombre clave de la emisora del SIPM en el interior de Madrid es EMM (España, Melilla, Madrid) y seguramente el de la Torre es RCT. Entre estas dos emisoras se cruzan los mensajes cifrados o en clave más interesantes para la fase final de la Guerra Civil.

La emisora RCT llama a veces, en rueda, a EMM, R-20, TC y FVS, situadas en varios puntos de la zona republicana. Es importante señalar que los servicios de escucha del Ejército republicano del Centro captaron casi todos estos mensajes del SIPM, pero no consta que llegaran a descifrarlos ni a interceptarlos. Más aún, en momentos especialmente delicados, el propio Casado prestó al SIPM, una vez que hizo contacto oficial con los agentes de Franco en enero de 1939, la potente emisora de Unión Radio para que enviaran sus mensajes, a los que muchas veces contestaba descaradamente Radio Nacional de España en cifra y por medio de consignas.

En octubre de 1938, el agente del SIPM que ha logrado montar esta eficaz red de comunicaciones por radio recibe las claves de Burgos (por medio de correos que arriesgaban sus vidas al cruzar el Tajo, medio habitual para la transmisión de documentos de una a otra zona), y pide que Radio Nacional de España emita cinco días seguidos la consigna «El castillo encontró torres». Franco, a quien encantaban estos métodos de información secreta, añade de su puño y letra sobre esta petición de la Quinta Columna: «Lo hará SIPM. » El técnico radiofónico de Madrid apunta un enlace rápido: «Comunicación puede buscarse por entronque Puente de los Franceses».

No he visto alusión alguna a este sistema de comunicación, excepto el testimonio de un escucha británico que captó varios mensajes en clave cifrada desde «Radio España del frente de Madrid» a la Quinta Columna.

La primera misión importante que el SIPM encomendó al teniente coronel Centaño fue, como consta en la hoja de servicios secretos de este jefe, «cartografía que se consideraba necesaria y de la que no había ejemplar alguno en zona nacional. El señor Centaño intervino de manera decidida y eficaz…, se lograron 32 hojas 1/50.000 del mapa nacional». Sin duda, son envíos de Centaño (hacia octubre de 1938), mediante sus agentes infiltrados en el Estado Mayor del Ejército del Centro: el conjunto de planos, proyectos de fortificación y una completísima relación de material que figura en los archivos del Cuartel General del Generalísimo para esta época, y que comprende hasta el número de tijeras para corte de alambradas en los almacenes del Ejército del Centro (eran 669, con 82.500 metros de alambre de espino); así como la colección completa de planimetría, claves, despliegue, puestos de mando del Ejército republicano del Centro, con indicación del consumo de gasolina (1/ 50.000 litros); además de la reserva total de carburantes para toda la zona centro-sur, que era entonces diez millones de litros contenidos en depósitos subterráneos que se habían construido en Alicante.

Pero antes de entablar contactos formales con el enemigo, los jefes militares de la República se concertaban entre sí contra Negrín para prevenir un posible levantamiento comunista. Esto sucedía ya a fines de 1938, antes del desencadenamiento de la ofensiva de Franco en Cataluña, según el importante informe número 20 del SIPM, transmitido por la red de Centaño, cuyo nombre clave interno era Lucero Verde.

Allí se refiere una reunión en Madrid de Casado, Miaja y Matallana contra un «posible levantamiento comunista». Los tres militares se mostraban dispuestos a hacerse cargo del poder en el caso de que Negrín se decidiera a abandonar el Gobierno. En esa reunión, Casado propone a sus compañeros «adelantarse a todo intento de alzamiento». Es interesante señalar que, por tanto, el Cuartel General del Generalísimo disponía, gracias a Lucero Verde, de esta vital información antes de desencadenar la ofensiva catalana.

Con lo que se confirman plenamente las opiniones de dos ilustres historiadores sobre la gestión lejana del pronunciamiento militar en Madrid. Dice Luis Romero: «Lo que luego se convertirá en sublevación casadista comenzó por un estado de opinión, pasó a tema de tertulias militares y poco a poco fue perfeccionándose y ampliándose».

Estas reuniones fueron cristalizando muy de acuerdo con la tradición militar española en varias juntas, detectadas a veces por el SIM rojo, que procedió, por ejemplo, a la detención del coronel Basilio Fuentes en Cartagena a fines de 1938. «La idea de una negociación entre militares —escribe, con su habitual precisión, Martínez Bande— nace sin duda a lo largo de los meses otoñales de 1938 y sobre todo tras el fracaso de Peñarroya».

El propio Martínez Bande certifica que Franco conocía además los propósitos abandonistas de los militares de la República, desde el mes de noviembre de 1938, gracias a otra fuente.

Así lo había declarado un evadido de la zona republicana, el catedrático del Instituto Cervantes de Madrid don Manuel Cardenal Iracheta, que había salido de Alicante el 9 de octubre y que, al sufrir el habitual proceso de información depuradora, afirmó: «Casado teme quedar rodeado y sin víveres y se ofrece a una mediación».

Creo que estas notas son más que suficientes para ilustrar al lector sobre las redes secretas del coronel Ungría dentro y fuera de la España republicana. Por el momento, es bastante. Volveremos sobre el problema en el último de estos Episodios dedicado a la Guerra Civil.

RICARDO DE LA CIERVA Y HOCES. (Madrid, 9 de noviembre de 1926 - Madrid, 19 de noviembre de 2015). Licenciado y Doctor en Física, historiador y político español, agregado de Historia Contemporánea de España e Iberoamérica, catedrático de Historia Moderna y Contemporánea por la Universidad de Alcalá de Henares (hasta 1997) y ministro de Cultura en 1980.

Nieto de Juan de la Cierva y Peñafiel, ministro de varias carteras con Alfonso XIII, su tío fue Juan de la Cierva, inventor del autogiro. Su padre, el abogado y miembro de Acción Popular (el partido de Gil Robles), Ricardo de la Cierva y Codorníu, fue asesinado en Paracuellos de Jarama tras haber sido capturado en Barajas por la delación de un colaborador, cuando trataba de huir a Francia para reunirse con su mujer y sus seis hijos pequeños. Asimismo es hermano del primer español premiado con un premio de la Academia del Cine Americano (1969), Juan de la Cierva y Hoces (Óscar por su labor investigadora).

Ricardo de la Cierva se doctoró en Ciencias Químicas y Filosofía y Letras en la Universidad Central. Fue catedrático de Historia Contemporánea Universal y de España en la Universidad de Alcalá de Henares y de Historia Contemporánea de España e Iberoamérica en la Universidad Complutense.

Posteriormente fue jefe del Gabinete de Estudios sobre Historia en el Ministerio de Información y Turismo durante el régimen franquista. En 1973 pasaría a ser director general de Cultura Popular y presidente del Instituto Nacional del Libro Español. Ya en la Transición, pasaría a ser senador por Murcia en 1977, siendo nombrado en 1978 consejero del Presidente del Gobierno para asuntos culturales. En las elecciones generales de 1979 sería elegido diputado a Cortes por Murcia, siendo nombrado en 1980 ministro de Cultura con la Unión de Centro Democrático. Tras la disolución de este partido político, fue nombrado coordinador cultural de Alianza Popular en 1984. Su intensa labor política le fue muy útil como experiencia para sus libros de Historia.

En otoño de 1993, Ricardo de la Cierva creó la Editorial Fénix. El renombrado autor, que había publicado sus obras en las más importantes editoriales españolas (y dos extranjeras) durante los casi treinta años anteriores, decidió abrir esta nueva editorial por razones vocacionales y personales; sobre todo porque sus escritos comenzaban a verse censurados parcialmente por sus editores españoles, con gran disgusto para él. Por otra parte, su experiencia al frente de la Editora Nacional a principios de los años setenta, le sirvió perfectamente en esta nueva empresa.

De La Cierva ha publicado numerosos libros de temática histórica, principalmente relacionados con la Segunda República Española, la Guerra Civil Española, el franquismo, la masonería y la penetración de la teología de la liberación en la Iglesia Católica. Su ingente labor ha sido premiada con los premios periodísticos Víctor de la Serna, concedido por la Asociación de la Prensa de Madrid y el premio Mariano de Cavia concedido por el diario ABC.