«La victoria aliada de 1945 se quiso interpretar engañosamene como una derrota de España, que no había intervenido en la guerra. La intervención aliada en España, cuya situación estratégica era delicadísima, parecía inminente, y tanto republicanos como monárquicos estaban seguros de volver a España subidos al carro de la victoria aliada, sin advertir lo desairado de su posición. No se produjo esa intervención exterior, pero sí lo que entonces se llamó el “cerco internacional”, entre 1944 y 1946; pero las duras realidades de la guerra fría provocada por las disensiones entre los aliados democráticos y el totalitario comunista Stalin acercaron inevitablemente a los aliados hacia España, que fue regresando paso a paso a la convivencia internacional, objetivo que lograría mediante los acuerdos de 1953 con los Estados Unidos y con el Vaticano, mientras la nación consolidaba y aceleraba su recuperación económica e iniciaba una profunda transformación social y cultural».

Ricardo de la Cierva

Asedio exterior y conspiración
Segunda victoria

Episodios históricos de España - 47

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Titivillus 18.11.2018

Título original: Asedio exterior y conspiración. Segunda victoria

Ricardo de la Cierva, 1997

Editor digital: Titivillus

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Mercedes 109

El primer Manifiesto
de don Juan de Borbón

En la madrugada del 8 de noviembre de 1942, el presidente de los Estados Unidos, Franklin D. Roosevelt, y el primer ministro británico, Wínston Churchill, daban seguridades plenas a Franco de que el inmenso ejército aliado que desembarcaba en aquellos momentos en las costas del Marruecos francés y la Argelia francesa con la misión de echar de África a las fuerzas italianas, alemanas y francesas colaboracionistas no rozaría siquiera los territorios españoles de las islas Canarias, plazas de soberanía, posesiones del golfo de Guinea y Protectorado de Marruecos. Desde aquella madrugada, España limitaba al norte con los alemanes en Hendaya y al sur con los aliados en Gibraltar y las cabezas de puente africanas. La situación estratégica era delicadísima. En este Episodio vamos a seguir el difícil camino de España durante el resto de guerra mundial, con presiones crecientes de los aliados a quienes atizaban contra Franco y su régimen los exiliados de la vencida República y los monárquicos partidarios de don Juan de Borbón que seguía en Lausana con propósito de trasladarse a Portugal.

La victoria aliada de 1945 se quiso interpretar engañosamene como una derrota de España, que no había intervenido en la guerra. La intervención aliada en España parecía inminente y tanto republicanos como monárquicos estaban seguros de volver a España subidos al carro de la victoria aliada, sin advertir lo desairado de su posición. No se produjo esa intervención exterior, aunque sí lo que entonces se llamó «el cerco internacional» entre 1944 y 1946; pero las duras realidades de la «guerra fría» provocada por las disensiones entre los aliados democráticos y el totalitario rojo Stalin acercaron inevitablemente a los aliados hacia España, que fue regresando paso a paso a la convivencia internacional, objetivo que lograría mediante los acuerdos de 1953 con los Estados Unidos y con el Vaticano, mientras la nación consolidaba y aceleraba su recuperación económica e iniciaba una profunda transformación social y cultural. A continuación, describiré el esquema del presente Episodio.

El título La segunda victoria del general Franco al que se hace referencia no es mío, sino del historiador socialista francés Max Gallo. Al producirse el desembarco aliado en el norte de África, el frente monárquico entra en febril actividad. Por lo pronto, los consejeros de don Juan le persuaden para que publique el manifiesto que se venía preparando. Don Juan accede al fin, pero se aliene a la versión más moderada, que se publica en forma de entrevista en el Journal de Genéve del día 11 de noviembre de 1942. González Doria cree que don Juan, en Lausana, hace estas declaraciones «sin consejo que poder reunir, ni opiniones que consultar, a solas con su conciencia». A juzgar por los testimonios de Sainz Rodríguez y Gil Robles, don Juan sí se había asesorado: su moderada decisión prevaleció sobre algunos consejos que se inclinaban a la ruptura. [Para todo el problema de las relaciones entre Franco y don Juan, véase mi estudio extenso y documentado Don Juan de Borbón, toda la verdad (Ed. Fénix, 1997), donde creo haber liquidado todas las falsedades y todos los delirios de los juanistas profesionales.]

«No soy el jefe de ninguna conspiración —decía don Juan—. Soy el depositario de un tesoro político secular: la monarquía española. Estoy seguro de que la monarquía será restaurada. Lo será cuando lo exija el interés de España; no antes, pero tampoco ni una hora después del momento oportuno. Cuando el pueblo español estime llegado el momento, no vacilaré un instante en ponerme a su servicio».

Don Juan no quiere imponer por su propia autoridad formas e instituciones políticas. «Mi suprema ambición es ser rey de una España en la cual todos los españoles, definitivamente reconciliados, podrán vivir en común». Y en esta reconciliación —que es el primero en anunciar— cifra la misión histórica de la monarquía. Promete hacer lo posible para corregir las desigualdades sociales; preconiza la amistad estrecha con Portugal y con la América de nuestra raza; reclama el mayor respeto de los beligerantes en el actual conflicto; no concibe más que la neutralidad completada con la firmísima resolución de defenderla, «no importa a qué precio, hasta con las armas en la mano, si un país, cualquiera que fuese, pretendiera violarla». En tal prueba, termina don Juan, «mi espada de soldado español estaría al servicio de mi patria».

La declaración de don Juan no cita, pero tampoco se opone, a Franco. Es más, sus principales postulados eran los mismos de Franco, que también había aludido a la coronación de su obra. Éste no hizo gesto alguno contra la declaración de don Juan —y el nombre del que ya se presentaba como titular de la Corona siguió encerrado en la «cajita secreta» que vio el general Kindelan—. Pero Franco consideraba que el gesto de don Juan repercutiría inevitablemente en la mayor agitación del campo monárquico. Para dirigir y coordinar los esfuerzos de su causa, don Juan designó al duque de Sotomayor, jefe de su Casa, como representante especial, acompañado por un comité del que formaban parte, además, el vizconde de Manzanera y el conde de Motrico, José María de Areilza.

El mismo día en que se publicaban en Suiza las declaraciones de don Juan —el primero de los manifiestos—, el capitán general de Cataluña, Alfredo Kindelán, vuela a Madrid para hablar con Franco. El jefe del Aire en tiempos de la Guerra Civil poseía una clara mente estratégica y estaba preocupadísimo por la nueva situación de España ante el desembarco aliado en África. Preguntó a Franco si España había asumido algún compromiso secreto con Alemania que fuese vinculante en aquel momento, y éste le respondió que no, tras hacerle historia de anteriores contactos. (Franco decía la verdad; el Protocolo Secreto de Hendaya dependía, para su puesta en vigor, de la voluntad de España.) Franco propuso a Kindelán otra vez entrar en el Gobierno, a lo que éste se negó, «para ahora y para después». Hablaron del problema del régimen. «Le dije —recuerda Kindelán— que España carecía de Estado, pues no lo hay sin continuidad». Franco apeló entonces a la cajita sellada. Kindelán propuso proclamar la monarquía y que Franco asumiese temporalmente la regencia, a lo que éste respondió con evasivas.

Al regresar a Barcelona, el capitán general reúne a los generales y jefes de Cuerpo de la guarnición y, tras expresar ante ellos sus dudas sobre el resultado de la Guerra Mundial, les manifiesta que la situación interna de España es mala y que «el remedio no puede salir del propio régimen». No existe, según él, otra opción que la monarquía, y entonces Kindelán propone ya unas líneas básicas para organizar su proclamación.

La reacción de Franco tardó unas semanas —se tomó a principios del año 1943, cuando se había comprobado ya que la iniciativa de Kindelán era personal, y que nadie pensaba seguirle— y fue enteramente lógica: la destitución. El ministro llamó a Madrid al capitán general y le comunicó su cese, que fue acatado. Kindelán explica en una carta a don Juan los hechos; le comunica que el nombramiento del duque de Sotomayor como representante le parece desacertado, y revela algún dato importante más sobre su conversación con Franco en el viaje anterior, porque en éste no fue recibido. Éste le había dicho que «los monárquicos éramos cuatro gatos» y que la Falange arraigaba sólidamente, y aunque se expresó con respeto y afecto hacia don Juan, criticó como inoportuna la declaración del 11 de noviembre. Al despedirse de don Juan, el general destituido pronostica su destierro a Canarias y promete restaurar la monarquía «allá para el verano».

Las noticias de Stalingrado la segunda mitad de noviembre ensombrecen definitivamente las perspectivas alemanas: el 19 comienza la contraofensiva soviética —que solamente se detendrá sobre las ruinas de la Cancillería berlinesa— y el 23 queda completado el cerco del VI Ejército alemán en la antigua Tsaritsin. Los trágicos errores militares de Hitler van a acelerar el desastre. Un último ramalazo de la guerra sobre el horizonte español: Raeder insiste de nuevo ante Hitler en abordar la conquista de Gibraltar a través de una intervención sobre España, en documentos del 19 y 23 de noviembre de 1942.

Va a terminar el año 1942. Con una carta de Roosevelt para cerrar más efectivamente que un cuerpo de ejército el flanco sur, el flanco aliado de la angustia española, Franco reanuda su actividad normal de la paz. Nuevos informes secretos confirman el alivio. El 4 de diciembre, Edén promete al duque de Alba una declaración inmediata sobre la no interferencia aliada en la política interna española. El día 8, el embajador norteamericano Hayes acuña por su cuenta la nueva expresión de la postura de Franco, «imparcialidad», en un informe a su Gobierno. Era verdad; mientras autorizaba el día 6 de diciembre la apertura de consulados estadounidenses en Ceuta y Tetuán, Franco firmaba el día 16 un nuevo acuerdo comercial con Alemania.

El 2 de diciembre abre con una evocación clásica su alocución a los cadetes de la Academia General Militar restablecida en Zaragoza: «Decíamos ayer…». Recuerda el homenaje de otros cadetes, los de 1931, a la bandera bicolor recién arriada. «No hay mejor manera —dice— de guardar la paz que estar dispuestos para la guerra». En una de sus improvisaciones más llamativas continúa: «Yo niego la existencia de la paz». El fantasma amigo de André Maginot le inspira una elegía por el hundimiento del «mejor Ejército de Europa», el de Francia. Y termina con un «¡arriba España!, el grito de hoy». Al día siguiente, el embajador Ginés Vidal y Saura presenta sus credenciales al Führer en Berlín. Según expresas instrucciones de Jordana, le pide el rearme intensivo de España, sin condiciones políticas ni contraprestaciones económicas; sólo en interés del propio Reich. Hitler pide una lista, que se le entrega.

Queda constituida, el 8 de diciembre, la nueva Junta Política. Son miembros por designación el general Asensio, Esteban Bilbao, José Antonio Girón, Miguel Primo de Rivera y el obispo Eijo. Miembros natos: Blas Pérez González, Carceller, Fernández Cuesta, Sánchez Mazas, Agustín Aznar, Arrese, Mora, Valdés, Arias, Sanz Orrio, Ibáñez Martín, Pilar Primo de Rivera, Elola y Castiella. Una nómina netamente falangista —vieja guardia—, lo mismo que la que nutre el III Consejo Nacional del Movimiento, que se constituye el mismo día y ante el que Franco afirma: «Sucumbe el mundo liberal». Cita a Mussolini, pero no a Hitler; habla de la «revolución pendiente». Expone fríamente —todavía en 1942— las posibilidades de una victoria de la URSS; a Europa le espera una solución totalitaria, roja o fascista (frase muy criticada, a pesar de que ha resultado exacta para media Europa; a pesar de que un gran país de Europa occidental montará sobre esa misma alternativa, en los años setenta y aún en los ochenta, los dos frentes de su propaganda electoral). La URSS victoriosa —pronostica con plena exactitud— «no permitirá la existencia de sistemas demoliberales fronterizos con el comunismo ruso». Checoslovaquia, Hungría, Rumania, Bulgaria, Polonia, Yugoslavia y los estados bálticos serían la prueba. Aprovecha la ocasión para repasar las impaciencias monárquicas; «Vosotros sabéis bien que el régimen no ha cerrado el camino a que, el día que el interés de España lo demande, instauremos el sistema tradicional… Los regímenes y las personas han de ser para España, y no ésta sacrificarse a aquéllos».

La referencia de prensa sobre la clausura del curso en la Escuela Superior del Ejército resulta críptica; no se da el nombre del general director (que era todavía Aranda) ni se cita in extenso el discurso de Franco. Se insiste, en cambio, en «la identificación perfecta entre el Caudillo y sus generales»; el río sonaba. El 21, Franco celebra su tercer acto militar del mes; entrega en el Alcázar toledano los fajines y el diploma a una nueva promoción de Estado Mayor.

En su visita a Lisboa, el conde de Jordana aplaude el brindis con que Antonio de Oliveira Salazar proclama el bloque peninsular al que Jordana denomina en su respuesta «Bloque Ibérico», que consagra la complementariedad de una y otra política exterior y resultó muy útil para España ante la Guerra Mundial.

El año incierto, 1943, se abre con un cese espectacular: el veterano embajador de Alemania en España, Eberhard von Stohrer, destituido por Hitler a causa de sus reiterados fracasos políticos españoles, desde el asunto Montana al de las consecuencias de Begoña, pasando nada menos que por las entrevistas de Hendaya y Berlín. Franco despide con cierto sentimiento a un hombre que supo conquistar, sin dejar el servicio de su país, el respeto de muchos españoles. Y se prepara para recibir a su sustituto, el duro conde Von Moltke, último embajador del Reich en Polonia, que llega muy pronto y provoca una corriente inicial de antipatía por su rigidez y estiramiento.

Viene Von Moltke a España cuando los servicios secretos alemanes urden, según el entonces director español de Política Exterior, Doussinague, un compló para sustituir a Franco, sin haber aprendido nada de la experiencia Faupel, y cuando, por otra parte, abortaba una situación parecida, más sutil y compleja, por impulso de la Embajada británica. Está comprobado documentalmente que Hitler trató de preparar la caída de Franco utilizando a falangistas de la División Azul y pensó en el general Muñoz Grandes como sustituto.

Principios de enero de 1943. Franco, que acababa de relevar a Alfredo Kindelán de la Capitanía General de Cataluña, le nombra el día 9 director de la Escuela Superior del Ejército, tras la destitución de Antonio Aranda. El héroe de Oviedo no pasaría de general de división ni recibiría mando ni cargo alguno en el futuro.

La destitución de Aranda coincide con las primeras pruebas documentales de su actividad en la conspiración monárquica. Franco estuvo siempre muy bien informado sobre los movimientos de sus adversarios. La suposición de que Aranda estuviera implicado en la conspiración desde 1941 se basa en un testimonio seguro de Sainz Rodríguez.

Perfectamente informado de los intentos monárquicos, Franco inicia con el nuevo año una misión imposible descrita por el joven historiador socialista francés Max Gallo como «le grand dessein de Francisco Franco». ¿Por qué puede haber en Francia historiadores socialistas serios y en España no? En una recepción ofrecida el 6 de enero al Cuerpo Diplomático, Franco se aparta ostensiblemente con el embajador británico Hoare. Le expone sus temores sobre la previsible irrupción europea de la URSS victoriosa. Juega con habilidad la carta del anticomunismo de los conservadores británicos: Franco sabe que Churchill se impresionará cuando su embajador en Madrid le transmita el inquietante cuadro de las vanguardias soviéticas en el Canal. Hoare promete estudiar y consultar con su Gobierno las ideas de Franco, quien desencadena simultáneamente una ofensiva de paz —conscientemente prematura— entre los neutrales: Irlanda, Argentina, Suiza, Suecia, el Vaticano. Sólo Suiza —secundada luego por Suecia— rechaza secamente la idea.

El 7 de febrero, Franco comunica su lista de cincuenta nuevos procuradores designados para la apertura de las Cortes. Si el Consejo Nacional era netamente falangista, los cincuenta procuradores «directos» del Caudillo ofrecían una abrumadora mayoría monárquica y conservadora. Los seis primeros eran Suanzes, Alarcón de la Lastra, Galarza, Larraz, el cardenal Segura y el arzobispo Pía y Deniel; figuraban en la sorprendente relación cinco obispos más, nueve altos jefes militares, incluido Millán Astray; cuatro duques (Alba, Infantado, Arión, Sevilla) y un marqués (Huétor); varios financieros (Garnica, Ventosa) e intelectuales (González Oliveros, Miguel Asín, Luis Ortiz Muñoz). Algún miembro, pues, de La Editorial Católica y del carlismo; prácticamente, ningún falangista.

Cuando España aún no se había repuesto de tal sorpresa política, dos divisiones soviéticas, con ochenta carros de apoyo, se lanzan sobre la División Azul en la batalla de Krasnybor, que hace del 10 de febrero de 1943 el día más largo para los españoles en Rusia. Los 800 cañones enemigos acallan rápidamente a las seis baterías divisionarias españolas. Tras resistir como de él se esperaba a la oleada de carros, cae prisionero el capitán Teodoro Palacios, futuro laureado; el soldado Antonio Ponte Anido, de la compañía Aramburu, destruye un tanque soviético al arrojarse contra él abrazado a una mina magnética: otra laureada.

La división española no cede brecha, pero pierde 2.500 hombres, entre ellos 127 oficiales de los 250 que se encontraban en el sector más afectado. Los españoles, en orden sorprendente que admiró a sus vecinos alemanes, retroceden veinte kilómetros manteniendo sus líneas y sus enlaces de flanco. Frenado el primer ataque, la batalla continuará con mayor o menor virulencia hasta el mes de marzo, con un balance de 11.000 bajas soviéticas y más de 3.000 españolas. El intento soviético de aplastar y humillar a la división española fracasó al fin.

Llegaban a España las primeras noticias de tal resistencia cuando el teniente coronel Alejandro Goicoechea, el hombre que entregó a Mola los planos del cinturón de hierro de Bilbao, explica su idea de un tren articulado para el cual, tras diversos avatares comunes a todos los grandes inventores hispanos, encontró luego el generoso mecenazgo de la familia Oriol.

La conspiración monárquica:
Don Juan apela a la conciencia de Franco

A principios de marzo de 1943 los conspiradores monárquicos han podido ver confirmadas sus previsiones de victoria aliada cada vez más probable; y a través de sus contactos británicos y norteamericanos conocen, sin duda, la conclusión fundamental de la Conferencia de Casablanca: los aliados van a volcarse en la lucha contra Alemania en Europa, totalmente decididos a establecer un segundo frente que apoye el esfuerzo soviético e impida a la vez que la URSS se apodere de Europa entera tras aplastar al Reich. La conspiración monárquica va a convertirse, pues, en ofensiva. A través del diario de Gil Robles podemos seguir de cerca la marcha de la misma.

Desde mediados de noviembre de 1942, don Juan lo considera ya —alentado por Sainz Rodríguez— colaborador activo en la causa monárquica. Gil Robles trata de convencer a don Juan de que no busque el menor compromiso con Franco; que debe venir «desligado totalmente de quien encama los tremendos errores y las gravísimas responsabilidades de la actual política española». Gil Robles, que había designado a Franco para los más altos puestos militares cuando fue ministro de la Guerra en 1935, sirvió después lealmente a la causa de Franco en Portugal durante la Guerra Civil, pero desde 1943 se convierte, junto a Sainz Rodríguez —exministro de Franco en 1938-39—, en el peor enemigo de Franco. Ninguno de los dos era, ni de lejos, demócrata, como tampoco lo era don Juan. Según el secretario de éste, Padilla, el titular de la causa monárquica descarta a Vigón.

El 4 de enero de 1943 Gil Robles se entrevista con el agregado naval británico en Madrid, quien le asegura que Inglaterra no desea el retorno de las izquierdas ni una situación caótica en España. El 15 de enero Gil Robles, ante nuevos informes de Madrid, cree que Franco ha reafirmado su posición (acaba de apartar a Kindelán y Aranda de sus destinos). «Contra Franco —dice certeramente el informador de Gil Robles—, no se puede intentar ahora nada».

La designación de conspicuos monárquicos como procuradores en Cortes alarma a Sainz Rodríguez y a Juan March —incorporado ya a la conspiración, pero sin romper con Franco—, que visitan a Gil Robles el 14 de febrero. Los tres coinciden en que don Juan debe declarar públicamente su insolidaridad con Franco y con sus nuevas Cortes. El frente militar contra Franco está formado, según March, por Kindelán, Orgaz, Aranda y Varela. Sin embargo, don Juan se resiste a romper con Franco y no prohíbe a los monárquicos la colaboración en las nuevas Cortes. Ante la solución dada por Franco a los funerales regios, dimite como enlace el duque de Sotomayor. El 11 de marzo, Gil Robles anota: «Me dicen que el Rey ha escrito una carta a Franco, con motivo de la próxima convocatoria de las Cortes».

Era verdad. Con fecha 8 de marzo de 1943, don Juan envía a Franco una larga carta —seguramente preparada por Sainz Rodríguez y Vegas— cuya confección supone un desaire a Gil Robles, a quien, como acabamos de ver, nadie consulta sobre el particular. Recordemos que Franco, a vuelta de varias disquisiciones históricas (con las que don Juan, en carta a Javier de Parma, se había mostrado de acuerdo), recomendaba a don Juan que se apartase de sus consejeros proaliados y que aceptase la sucesión —sine die— de una monarquía totalitaria y populista, fundada en la tradición histórica española interpretada por Franco. Los consejeros de don Juan se vengan ahora de aquella carta. Dice don Juan que se intensifica «la ansiedad que ya abrigaba yo entonces sobre los riesgos gravísimos a que expone a España el actual régimen provisional y aleatorio».

Don Juan se opone al régimen personal de Franco y le echa en cara sus alusiones a la restauración. Califica de muy vagos los proyectos renovadores del Caudillo. Cree, en cambio, que «apremia adelantar lo más posible la fecha de la restauración», sin formas intermedias, como la rumoreada regencia. Se niega rotundamente don Juan a identificarse con la Falange, como Franco le pedía (y como don Juan había hecho en carta manuscrita de 1937), y ahora cree que ello sería «una patente negación de la esencia misma de la virtud monárquica». El advenimiento de don Juan tiene que ser reconciliador, no partidista. De esta forma se cerraría la solución de continuidad histórica malhadadamente abierta en abril de 1931, cuando la despedida incruenta de Alfonso XIII.

No cabe, en efecto, según don Juan, otra política, ante la guerra, que la neutralidad. Pero el régimen no es neutral, sino análogo a uno de los beligerantes. Si resulta victorioso el bando opuesto, sólo la monarquía puede salvar a España.

«Apelo, pues, solemnemente a la conciencia española de V. E. señalando a su atención la grave responsabilidad en que, como árbitro supremo de los destinos de nuestra patria en esta coyuntura, habría de incurrir ante la Historia, si no se empeña en la rápida evolución que el momento exige».

Fracasadas sus intrigas monárquicas en el interior, Juan Antonio Ansaldo sigue el camino de su viejo enemigo Ramón Franco y se fuga a Portugal con un avión militar. Llega a Lisboa, donde, según su testimonio, «por entonces Gil Robles había hecho públicas declaraciones de monarquismo y su personalidad, representativa de masas considerables, aportaba a la causa de don Juan un efectivo apoyo». Ansaldo, tan valiente aviador como historiador discutible, olvida las fechas; las masas a que él se refiere eran las de 1935; pero, según el testimonio de Gil Robles, esas masas se integraron después en lo que él mismo llama «el pueblo del Movimiento», y nada hacía presagiar que estuviesen decididas a abandonar a Franco por el antiguo, y todavía desacreditado, ministro republicano de la Guerra, quien, por lo pronto, concitó la reprimida ira de los verdaderos republicanos al confirmar, desde Lisboa, el monarquismo que ocultara en otros tiempos.

Entre primeros de marzo y últimos de mayo, Franco gesta su contestación a don Juan. Releamos el resumen de la carta, que acabamos de ofrecer: se trata de una virtual ruptura. La situación es trágica: don Juan, ante las circunstancias reales que captaba perfectamente, no tenía otra solución que escribir esa carta, no sólo por oportunidad, sino por patriotismo; sus consejeros, que, resentimientos aparte, eran gentes de fina inteligencia, no podían darle otro consejo. Cuando Gil Robles recibe el texto de la carta unos días después, lo aprueba sin vacilar y registra algunas reacciones de Franco: persecuciones contra monárquicos, destierro de Quintanar, petición de extradición de Ansaldo, expediente para privar de su cátedra a Sainz Rodríguez. Sin embargo, son medidas discretas, que no aparecen a la luz.

Los informadores de Gil Robles, entre ellos Pedro Gandarias, le confirman que no se puede hacer una restauración contra Franco; que los generales jóvenes están con él; que la opinión española no quiere aventuras. Una Ley para la defensa del Estado —16 de marzo— anuncia una dura represión contra los enemigos del régimen. Franco ha avisado a March de que tenga cuidado; y se ha quejado al Gobierno portugués por tolerar las actividades de Sainz Rodríguez.

Ante la firmeza de Franco, el frente monárquico se desmorona. Gil Robles habla de «pequeñeces, rencillas, ambiciones menudas y vanidades grotescas». Escribe el 12 de abril a don Juan, con apremio, para que deje Suiza y venga a Portugal. Ya a comienzos de mayo, expone su primera crítica sobre don Juan: «Advierto que don Juan no acaba de decidirse a venir a Portugal ni tiene un criterio fijo en ciertos problemas políticos». El 10 de mayo le insiste, y le pide que rompa públicamente toda solidaridad con Franco. Los procuradores monárquicos nombrados por Franco están preparando, desde mediados de mayo, un documento muy crítico. Por la correspondencia de Gil Robles se advierte que el consejero principal de don Juan en Lausana es Julio López Oliván, junto a Eugenio Vegas. Mientras don Juan trata de acercarse a los tradicionalistas, Gil Robles hace el 18 de mayo en La Nación, de Buenos Aires, una declaración apremiante sobre la necesidad de restaurar la monarquía en España.

El 25 de mayo Juan March vuelve a ver a Gil Robles y le refiere una conversación con Nicolás Franco. El «embajador y negociante», como le llama Gil Robles, dice una gran verdad que la Historia ratificaría pero que Gil Robles se negó a aceptar: «Con su carta al Caudillo el rey había perdido la corona». Es un hecho trágico; pero es un hecho. Justo en aquellos momentos, Franco escribía una durísima carta a don Juan de Borbón, que suponía, por su parte, la ratificación de la ruptura virtual. El nombre de don Juan desapareció de la cajita sellada de Franco en aquella primavera de 1943, cuando las probabilidades de don Juan contra Franco eran 99 contra una. Pero prevaleció, contra todo pronóstico, esa probabilidad de Franco, que luchó además por ella de forma denodada, a vida o muerte; intensificando la adhesión del Ejército y de la Falange, y la comunicación directa con el pueblo español.

Todo está a punto para que Franco presida, el 17 de marzo de 1943, la sesión constitutiva de las nuevas Cortes. Habla en su discurso de «iniciar un sistema institucional de plenitud jurídica». Evoca las Cortes de Castilla en la Edad Media; cree que «bajo la dinastía borbónica las Cortes sólo alcanzan una existencia nominal». Identifica el de 1808 y el de 1936 como «alzamientos nacionales». «Hemos de hacernos —añade— el traje a la medida, español y castizo». Define arriesgadamente el régimen: «Instauramos un sistema de gobierno ilustrado y paternal». Critica la labor «jeremíaca y extranjerizante de los intelectuales» y recalca: «El pueblo español no se dejará vencer más por el espejismo del prestigio de intelectuales trasnochados». Añade: «No nos basta sobrevivir; el dilema está entre renovarse o perecer. Queremos libertad, pero con orden». Y apunta un principio que suena gratamente a nuevo entre los reunidos: «Agradeceré tanto las asistencias concordantes como las discrepancias». No era fácil, sin embargo, articular en la España de los años cuarenta algo parecido a una «oposición de Su Majestad». No abundan los matices en un pueblo tan afecto al maniqueísmo político y cuyos dirigentes no se han esforzado nunca en corregir esta tendencia simplista.

En su discurso aludió también despectivamente a los conspiradores monárquicos, «grupos decadentes, barridos de los cuadros directivos de la nación», entregados ahora, según él, a la torpe imitación extranjera. A lo largo de todo el mes de mayo de 1943, Franco monta un duro contraataque político contra los disidentes del campo monárquico, muy excitado por las difundidas copias de la carta de don Juan del 8 de marzo. Por lo pronto conviene complicar un poco el panorama, excesivamente simplificado por los historiadores sensacionalistas. Franco no opera contra «los monárquicos», sino contra «los disidentes del campo monárquico». Innumerables monárquicos, militares y civiles, incluyendo numerosos títulos de Castilla, Aragón y Cataluña, permanecen inequívocamente al lado del Caudillo y, aunque sentimentalmente deseen una avenencia total con don Juan (ése es también el deseo de Franco), no darán ningún paso contra el Generalísimo.

Un ejemplo, el del general Carlos Martínez de Campos, duque de la Torre, quien precisamente en este crítico mes de mayo retorna a Alemania en delicadísima misión informativa y militar. A esta luz hay que analizar el enigmático —y a la vez decidido— viaje que Franco emprende por toda Andalucía desde el 1 de mayo. Esa tarde habla a los cordobeses condenando al «siglo maldito de las divisiones, de las cobardías» e invocando, una vez más, a la unidad. Llega anochecido a Sevilla. Pulsa allí el ambiente durante todo el día 2: estaba enrarecido, sobre todo en ciertos círculos, por los dimes y diretes en torno a una semifrustrada recepción en el palacio del duque de Alba. Al día siguiente inaugura la feria de ganados. Al agradecer el día 4 en Huelva el ofrecimiento de una espada, recuerda con intención que la decadencia española fue de las clases directoras, no del pueblo. Confronta los tres sistemas políticos actúales: el liberal, el marxista y «el nuestro, que nace de la moral cristiana y la tradición». En Sevilla recibe el día 6 la medalla de oro de la ciudad y arranca un universal y sorprendido aplauso cuando recomienda que se otorgue urgentemente la misma distinción al general Queipo de Llano. Al sacar así del ostracismo al viejo héroe exrepublicano del 18 de julio, tiene ganada sin más la batalla de la opinión pública sevillana.

Remacha su éxito por la tarde, en Jerez, con elogios para don Miguel Primo de Rivera y con esta salutación espontánea que todos comprenden: «Aquí está Jerez, que produjo tantas divisas en la cruzada». El día 7 expone ante los jefes y oficiales de Sevilla su teoría de las tres guerras. «La no beligerancia —recuerda— no quiere decir intervención, pero tampoco indiferencia». No dice lo que quiere decir. «Supliremos el armamento con valor». Descubre el fondo de su misión: «Veis esta preocupación mía con este peregrinar por las ciudades y por los pueblos, sembrando nuestra unidad».

Arriba publica un editorial pacificador el día 25 de mayo. El 27, seguro ya de su renovado respaldo popular, Franco decide iniciar a fondo la contraofensiva sobre el frente monárquico y para ello firma una durísima carta a don Juan de Borbón, calificada por Indalecio Prieto, que fue el primero en publicar algunos extractos de ella, como «dura catilinaria» y como «uno de los puntapiés de Su Excelencia a Su Alteza». Merece la pena analizar el documento, porque Franco despliega en él toda su idea de la monarquía, y también toda su frustración al ver que don Juan se ha desviado de la misma. Aunque la ruptura no se consuma formalmente, Franco responde a la disconformidad de don Juan en su carta de marzo con otra disconformidad que sería irreversible. Notemos este importante dato histórico: es en la primavera de 1943 cuando virtualmente se produce ya la ruptura entre Franco y don Juan de Borbón.

Antes de entrar en el análisis de la carta, Franco, que ha espaciado su respuesta para corresponder al retraso del propio don Juan en la suya, cree conveniente «fijar nuestras respectivas posiciones para reforzar la autoridad y responsabilidad de mis palabras y prevenir la contrariedad que pudieran causaros».

Franco fija su posición de forma clarísima. «Otras personas —dice— pueden hablaros con la sumisión que un celo dinástico o su conveniencia cortesana les dicte; yo cuando os escribo no puedo prescindir de hacerlo como jefe del Estado de la nación española que se dirige al pretendiente al trono de la misma nación; y considero necesario recordar esta situación, por veros desviado de la posición que corresponde a un príncipe que aspira a reinar por la vía natural (semejante a la del príncipe heredero), de acuerdo con la voluntad del que ejerce la potestad actualmente y en continuación de la gran obra política que nuestra cruzada hizo posible».

Es decir: que a la España de Franco sólo podrá venir un rey como sucesor de Franco; de su persona y de su obra. Franco comprende las dificultades «que se presentan para poder exigiros una fe ciega en nuestra obra; que tendría que ser resultado de un conocimiento de la situación de España, así como de mi persona y de mi historia, desfigurado todo ello en vuestro ánimo por las informaciones maliciosas o erróneas de elementos fracasados, extranjerizados o disidentes, apartados de la comunidad política nacional»; y aconseja a don Juan que compruebe «la personalidad moral, política y financiera de quienes os visitan». No puede ocultar a don Juan «la preocupación que muchos buenos españoles sienten por vuestra formación» e insinúa que la misma no ha sido la adecuada.

Entra entonces en el análisis de la carta. Con duro estilo oratorio critica la afirmación de que el régimen de España es «provisional y aleatorio». Pregunta a don Juan si la cruzada no supone nada para él; si no comprende el esfuerzo de reconstrucción desde cero y sin ayudas; si no conoce la liquidación del problema de la justicia con más de 400.000 procesados, reducidos ahora a menos de 70.000 presos; si no percibe el valor de la doctrina social del Movimiento en marcha; si se ha informado de los avances en centros de enseñanza e investigación. «Por ello, a un Estado que tanto ha rendido a la nación no puede sin injusticia ponérsela en interinidad ni en entredicho, porque una docena de politicastros despechados o de capitalistas insaciables pretenden difamarlo».

Cuando don Juan alude a la «vinculación exclusiva del poder en una sola persona», Franco le contesta que «ésa es precisamente la característica del régimen monárquico, se titule o no de rey quien ejerce la suprema potestad»; otra prueba de que, según Franco, su régimen era una monarquía. Franco dice a don Juan que mucho más importante que la sucesión es consolidar lo ya logrado y conseguir que el sucesor se forme y se informe adecuadamente. Lo importante es la continuidad del régimen, haya o no un príncipe a su cabeza.

Expone su absoluta falta de prisa: «Precisamente por esta responsabilidad histórica que sobre mí pesa, estoy obligado y resuelto a que no se malogre lo que se ha levantado con tantos sacrificios, cualquiera que fuese el tiempo y las medidas que esto requiriese».

En cuanto a los conceptos políticos de la carta, «la disparidad es más evidente». La Falange «es precisamente lo contrario de lo que suponéis». Porque «no es un partido, es un Movimiento». Y una nueva convicción esencial de Franco: «Cuando lleva la nación siglo y medio de envenenamiento, extinguiéndose España bajo la pluralidad de los partidos y desmoralizándose con la siembra de ideales disolventes que la colocaron en el nivel más bajo a que los pueblos pueden llegar, no es posible abandonarla a su propio ser». El Movimiento no es un partido de aprovechados; «soy yo, su conductor, el que después de haber sacado a España de la ruina donde aparecía hundida, interpretando el sentir general de cuantos participaban en el Alzamiento y ante las necesidades imperiosas de la nación, le señalé en aquel momento histórico, cuando aún teníamos la guerra por delante, el rumbo político que había de seguir, y que viene siguiéndose desde entonces, al tiempo que se depura nuestra doctrina, que es hoy la de toda la nación. Por ello no debería extrañarnos el que se os pida os identifiquéis con estos principios, que son los comunes de nuestra juventud y sobre los que no cabe discusión».

Fue precisamente don Juan, sigue Franco, quien, comprendiéndolo así, se presentó en España para combatir «vistiendo la camisa azul y tocándose con la boina roja» Critica la actitud de Alfonso XIII al abandonar el trono sin lucha: «Las nobles palabras y su desinterés apreciable como hombre no le elevan en cambio como rey». La caída de la monarquía «dimana del momento en el que por decisión real fue expulsado del poder el general Primo de Rivera, a cuya instauración como dictador tanto había contribuido la Corona».

El error de la dictadura fue no haber formado en la nación una conciencia política que sustituyera a la derrotada; y el entierro de la dictadura fue el entierro de la monarquía. «Esta es la historia que interesa no se repita. Ninguno de los que pretenden aleccionaros arrastra más que sus propias ambiciones: el puesto perdido, la embajada malograda, el condado frustrado, el bufete perdido o los intereses afectados». Se opone a los pretextos de reconciliación y pacificación de los espíritus; porque «la vida es una continua batalla». Hay que llegar a la posesión de la verdad y entonces defenderla con tenacidad, distinguiendo los principios irrenunciables de los matices en que se puede ceder.

En el orden internacional, España inició su andadura ante la guerra mundial primero como neutral pura, luego con atención vigilante; lo mismo que ante el problema comunista España no puede ser indiferente ante la bolchevización de Europa. La posición del régimen es exclusivamente española, «sin que por ello haya dejación de la hidalguía característica de nuestra raza».

Si el lector quiere comprender los entresijos del pensamiento de Franco, lea y medite esta carta. Seguramente es la pieza más sincera que Franco escribió en toda su vida. Muchos años habrían de pasar hasta que España conociese el contenido de esta carta. Se comentaron mucho, en cambio, dos noticias contemporáneas: el coronel Valentín Galarza, el técnico de las conspiraciones de 1932 y 1936, el ministro de la Gobernación cesante tras la asonada de Begoña, leía el 30 de mayo la orden de su retiro en la prensa. Y al día siguiente pronuncia Luis Carrero Blanco una comentada conferencia en la Sociedad Geográfica sobre el problema naval de España.

La carta de los procuradores
y de los generales

El contraataque de las impaciencias monárquicas no se hace esperar. Cuando Franco fuerza el retiro de Valentín Galarza, es porque tiene ante la vista el borrador de la carta que, con pocas variaciones, van a dirigirle a finales de junio 27 procuradores designados por él para las nuevas Cortes, entre los que figuraba el exministro de la Gobernación. El documento, que algún comentarista exterior llama «carta de los caballeros», está redactado con todo respeto. Se eleva a Franco como moción de las Cortes y a través de su Presidencia. Se dice en él que «no es posible realizar eficazmente la labor encomendada a las Cortes sin resolver el problema esencial de la definición y ordenamiento de las instituciones fundamentales del Estado».

«Los acontecimientos bélicos últimamente ocurridos en África del norte —dicen los procuradores— determinan para España, potencia mediterránea y africana, consecuencias políticas inmediatas que sería insensato desconocer». No cabe ignorar el elevado sentido patriótico de los procuradores, aliado con un oportunismo discutible que les lleva a proponer una solución exterior para España sin valorar, a pesar de los datos disponibles, lo que suponía Franco para España; por eso aseguran que «al terminar la guerra convendrá que exista en España un régimen que reúna las condiciones más adecuadas para realizar en el interior la unidad moral entre los españoles y para inspirar en el exterior confianza».

Conclusión y propuesta: «Sobre la base de salvaguardar por todos los medios la independencia nacional, aparece con claridad meridiana la conveniencia para España de mantener una política de estricta neutralidad que la monarquía puede encarnar de manera auténtica, eficaz e indiscutido».

No es, en rigor, un documento subversivo, sino un apremio: el intento histórico y la obra de Franco «ha de tener su natural remate en la restauración de la monarquía continuadora de nuestra tradición histórica, que sea en el interior instrumento de suprema reconciliación entre los españoles y en el exterior garantía de estabilidad y de eficacia de nuestra acción». De esta forma se completaría «la obra iniciada por V. E., Generalísimo de los Ejércitos y artífice de la victoria». La moción está evidentemente inspirada en la carta de don Juan a Franco del mes de marzo. Firma a la cabeza de los 27 procuradores el duque de Alba; siguen Juan Ventosa, Pablo Garnica, José de Yanguas, Manuel Halcón, Alfonso García Valdecasas, Pedro Gamero del Castillo, Antonio Goicoechea, E. Martínez Sabater (decano del Colegio de Abogados de Valencia), A. García de Vinuesa, Antonio Sala Amat, Jesús Merchante (alcalde de Cuenca), el duque de Arión, N. Armero (alcalde de Requena), Ignacio Muñoz Rojas, I. Delclaux, Alfonso de Zayas, Galarza, el general Ponte (capitán general de Andalucía), el almirante Moreu, Luis Alarcón de la Lastra, Antonio Gallego Burín (alcalde de Granada), Rafael Lataillade (alcalde de San Sebastián), Juan Manuel Fanjul, Jaime de Foxá, el conde de Ibarra y Antonio Joaniquet. Entre las firmas, pues, cuatro ministros de la Corona; tres exministros del propio Franco.

Es, sin duda, uno de los momentos más difíciles de la vida política de Francisco Franco. Pero su reacción es típica. Cae inmediatamente en la cuenta de que las ausencias son, en el documento, tan conspicuas como las presencias, y mucho más numerosas. La firma de alcaldes de ciudades importantes, pero no de las más importantes, es un plebiscito selectivo al revés. Aparte del retiro de Galarza se registran algunas bajas aisladas y espaciadas en Cortes y cargos; pero se mantiene en sus puestos —vitales— a hombres como el duque de Alba, el general Ponte, el almirante Moreu. Los seis consejeros nacionales que figuran entre los firmantes («fuimos fulminados —dice uno de ellos— por su rayo mortífero»): Fanjul, Yanguas, Halcón, Valdecasas, Gamero y Joaniquet terminaron allí abruptamente su carrera política. Algún firmante, como Goicoechea, fue pronto «repescado» por Franco y se opuso frontalmente a don Juan. Los dos firmantes que eran miembros de la vieja guardia —Foxá y Fanjul— fueron expulsados de ella por un tribunal de honor.

Por encargo de Franco, Jordana ordena al embajador Vidal que intente convencer a Alemania «del error gravísimo que comete al menospreciar la importancia del Vaticano» y que eleve al Führer —fecha, 1 de junio— la expresa protesta hispana por «la persecución contra la Iglesia católica en Alemania». Berlín responde con ira y, en su audiencia del 15 de junio con Jordana, el embajador Dieckhoff manifiesta que «Alemania está dispuesta a alcanzar la victoria total y para ello necesita de completa libertad, por lo que ruega al Caudillo que no lleve a cabo gestiones de paz». Jordana replica con escepticismo a esas seguridades de victoria.

Según Proctor, «Franco analiza por entonces profesionalmente la situación estratégica y concluye que a los aliados no les conviene el ataque a España». Sería muy pronto, exactamente, la postura de Stalin. El embajador americano Hayes llega a formar frente común con Franco y con Jordana contra las oleadas —cada vez más implacables— de propaganda adversa en el mundo anglosajón.

Después de la catilinaria de Franco a don Juan en mayo, el frente monárquico pasa unas semanas de desconcierto; está ya definitivamente claro que Franco no va a cooperar en una restauración inmediata y la iniciativa del intento pasa a los partidarios de la ruptura, que son, en Lisboa, Pedro Sainz Rodríguez; y en Madrid, el general Antonio Aranda.

Gabriel Maura informa a Gil Robles el 30 de junio sobre los efectos de la carta de los procuradores; Franco ha conseguido desmantelar el frente monárquico, una vez que algunos ministros, como Jordana y Vigón, retiran su apoyo inicial al intento, que sólo aprueba ya, entre los ministros, el almirante Moreno; mientras, Franco corta de plano los movimientos del infante don Alfonso de Orleans, que anudaba contactos en Madrid. «Desde luego, Franco sigue impertérrito», dice Maura a Gil Robles, el cual repasa el 2 de julio un plan político que le presenta Sainz Rodríguez «de acuerdo con las izquierdas, hecho por el general Aranda bajo su exclusiva responsabilidad». Es el primer intento de conspiración combinada entre derechas e izquierdas antifranquistas, del que Franco tiene inmediatamente puntual información.

El 17 de julio Franco envía, a través de Carrero, una instrucción secreta a los ministros militares para que la transmitieran a los capitanes generales. Carrero se encargó de redactar la instrucción, retocada personalmente por Franco.

Franco y Carrero interpretan que existe «un vasto plan de acción, urdido por la masonería internacional, para, aprovechando las circunstancias apasionadas de la guerra, provocar en España situaciones de debilidad que la pongan de momento al servicio de intereses extranjeros y posteriormente en el mismo estado de aniquilamiento que se encontraba en julio de 1936».

Franco anticipa la conjunción de los medios de izquierda —Prieto, Negrín, Sánchez Román, Madariaga— con los promotores de la Restauración; lo que acabamos de ver iniciado en la información de Gil Robles sobre Aranda. Ambas corrientes creen «encontrar en el príncipe don Juan un candidato manejable», sigue Francisco Franco.

El propio Franco añade de su puño y letra este párrafo: «Se trata de desvirtuar y deshacer toda nuestra cruzada y, en la imposibilidad de alcanzar directamente la república masónica soñada, intentan explotar a los grupos monárquicos para, aprovechando la benevolencia que éstos gozan ante los poderes públicos, instaurar una monarquía aparentemente inocua que ellos se encargarían de hacer democrática, que volviese las cosas al 17 de julio de 1936. Con este plan, que consiste en sustituir al Caudillo por don Juan, se hará imposible la restauración monárquica en el futuro; se pretende inutilizar a la figura que podría mañana ceñir la Corona de esta monarquía»; las palabras «en el futuro» y «mañana» están subrayadas personalmente por Franco.

El documento es fundamental; resume la estrategia de Franco para su contraofensiva contra el frente monárquico, y demuestra, a pesar de ciertas informaciones distorsionadas, que la información de Franco sobre los objetivos finales e inmediatos de la conspiración era adecuada. Al frente de la contraofensiva, una voluntad decidida a todo: la de Franco, y con información completa; al frente de la conspiración, una figura vacilante con información inadecuada. Esto puede explicar el resultado.

Los adversarios de Franco —y España entera— contemplan con encontrada pasión los gravísimos acontecimientos italianos en la noche del 24 al 25 de julio de 1943. El Gran Consejo Fascista, reunido en el Palazzo Venezia, se declara a favor del rey y en contra de Mussolini por 19 votos contra siete; el primero depone al segundo y le sustituye por Badoglio, que nombra un Gobierno no fascista, aísla a Mussolini y decide iniciar, precisamente en Madrid, contactos con los aliados por medio del general Castellano. España tiene puntual y extraordinaria noticia de tales convulsiones mediante una estupenda crónica de Ismael Herraiz fechada el 29, publicada en Arriba el 31 de julio, y base del best-seller político de los siguientes meses, el libro del mismo insigne periodista Italia, fuera de combate, que impresiona vivamente a Francisco Franco y le proporciona la base de su tesis sobre la caída italiana: falta de horizonte, de decisión por la lucha.

Aquel verano de 1943 se produjo un nuevo intercambio de mensajes —reiterativos, breves— entre Franco y don Juan, así como varios contactos entre diversos tenientes generales a quienes Aranda y Kindelán convencieron para que presentasen a Franco un ruego en orden a adelantar la restauración monárquica.

El 15 de septiembre está Franco otra vez en El Pardo. Uno de sus ministros, que espera despacho, contempla con preocupación la entrada —poco protocolaria— del general Varela en el alargado salón, con tonalidades rojas dominantes, desde el que el Caudillo regía los destinos de España. Venía indignado el general; se le notaba hasta en las comisuras de la boca. Penetra con decisión y al medio minuto sale con mayor indignación, pero más contenida; deja la fusta sobre una consola y vuelve a entrar después de pedir, comedidamente, el permiso debido. Varela acudía a una llamada de Franco por una carta que, con otros tenientes generales, había firmado el 8 de septiembre dirigida a Franco, pero entregada por medio del ministro del Ejército, general Asensio Cabanillas.

Enviada, pues, por conducto reglamentario, la carta es tan respetuosa y correcta que Gil Robles, al conocerla, comentó que se trataba de un escrito «redactado en términos de vil adulación».

Los firmantes, en efecto, doraban la píldora a Franco, con el objetivo de que accediese a su propuesta principal: «preguntar con lealtad, respeto y afecto a nuestro Generalísimo si no estima con nosotros llegado el momento de dotar a España de un régimen estatal que como nosotros añora, que refuerce el Estado con aportaciones unitarias, tradicionales y prestigiosas inherentes a la forma monárquica. Parece llegada la ocasión de no demorar más el retorno a aquellos modos de gobierno genuinamente españoles de los que se desvió por imitar modas extranjeras». El ruego, que no imposición, se eleva Franco «dentro de la mayor disciplina y sincera adhesión».

La propuesta se hace con los solos nombres de los firmantes, «sin arrogarse la representación de la colectividad armada, ni requerida, ni otorgada», con lo que ya le estaban dando a Franco su principal argumento de réplica negativa.

Garantizan que en «los cambios de impresiones a que obligó su patriotismo no intervinieron jerarquías subordinadas». Y aducen una exageración: tras reconocer el mérito singular de Franco como vencedor de la Guerra Civil, acuden a él «los mismos, con variantes en personas, impuestas algunas por la muerte que hace cerca de siete años, en el aeródromo de Salamanca, os investimos con los máximos poderes en el mando militar y en el Estado».

Firman la carta los tenientes generales Orgaz, Kindelán, Dávila, Solchaga, Saliquet y Varela.

Según comunicó al autor el almirante Jesús Fontán Lobé, pariente y entonces ayudante de Franco, fue el joven profesor Rafael Calvo Serer quien, al enterarse de las conversaciones de los generales previas a la carta, tomó apresuradamente un taxi en Sevilla, y no paró hasta el pazo de Meirás, donde contó a Franco todo lo que sabía.

Para salvar el muy deteriorado efecto de la carta de los generales, José María Gil Robles se atreve el 28 de septiembre a escribir una larguísima misiva al ministro del Ejército, Asensio, en la que le quiere convencer de que «el rey no puede venir traído de la mano del Generalísimo». Y añade: «Lo que os pido es que hagáis ver al Generalísimo que su política está irremisiblemente condenada; que haga lo que haga no puede conservarse en el poder».

La angustia de Gil Robles es sincera; su móvil patriótico, innegable; su capacidad profética, menor. Lo que hizo Asensio fue poner la carta en manos de Franco, quien ordenó se desencadenase una implacable persecución contra su antiguo ministro de la Guerra.

Dos días antes de enviar su carta a Asensio, Gil Robles tenía datos más que suficientes para concluir que el episodio militar de septiembre estaba cancelado. El mismo Orgaz, que pocas semanas antes soñaba con sublevarse al frente de 100.000 hombres, ahora —26 de septiembre— «lo ve difícil, pues los generales jóvenes y la oficialidad, de comandante para abajo, están con Franco». Gil Robles le llama «pobre hombre».

Mediante llamadas individuales, Franco desactivó fácilmente la carta, por lo demás relativamente inocua, de sus compañeros de armas. Pronto hubo de preocuparse de un peligro exterior más grave: la invasión de unidades comunistas en cuadro por el Pirineo.

Peligro en el Pirineo

Sin ánimo de molestar a nadie, creo que la oposición republicana exterior contra el régimen de Franco era tan inoperante como la oposición monárquica. Una y otra no deseaban jugarse nada; su única posibilidad consistía en irrumpir en España subidos al carro de los aliados si éstos ocupaban Francia y decidían atacar España. Los enemigos más decididos eran los comunistas que animaron la Resistencia en Francia, pero no hasta que en 1943 la inminencia de una acción de los aliados les sirviera de cobertura. Los comunistas crearon una Junta de Unión Nacional ese mismo año con ánimo de imponerla a todo el exilio, pero fracasaron.

Los comunistas españoles habían mantenido en el sur de Francia los símbolos (poco más) del «XIV Cuerpo de Guerrilleros» de la Guerra Civil; en el otoño de 1943 sus renovados, aunque poco operativos, cuadros se fusionan con los Franc-Tireurs Partisans (comunistas también) de los que nacerían, ya en 1944, las famosas FFI, Forces Françaises de l’Intérieur. Pero hay que insistir una vez más en que la resistencia francesa no pasa de las acciones aisladas y el terreno de los símbolos hasta bien entrado el año 1944 y que, aún entonces, hubiera hecho bien poco sin los españoles. La información sobre estos movimientos era muy incompleta en España; los alemanes se resistieron siempre a comunicar a los españoles cualquier tipo de información, sobre todo ésta que podría desacreditarles.

Nadie sabe cómo Franco reunió, a fines de 1943, los datos suficientes para ordenar el traslado a los Pirineos de fuerzas importantes. Pero ahora, frente a la cordillera, no reactiva las fortificaciones de 1940, sino que concentra en varias cabeceras de región importantes contingentes móviles. Estas cabeceras correspondían a las regiones Cuarta, Quinta y Sexta, más una agrupación de divisiones de reserva centrada en Lérida y encomendada a Pablo Martín Alonso. Nadie sospechaba contra qué enemigo preparaba Franco tal aparato defensivo; parece que intuyó el peligro durante una tranquila jornada de pesca en Asturias. Y sabía que el peligro no vendría ya de la Wehrmacht. Los crecientes núcleos guerrilleros españoles en Francia carecían por completo de información sobre este extraño despliegue subpirenaico español. Ellos reclutaban a los antiguos veteranos de Aragón y del Ebro en puntos cercanos a la frontera, con dinero comunista y bajo pacíficas etiquetas de empresas forestales, entre las que destacaba la que en su razón social inscribía a dos jefes de unidad en el Ebro: Fernández, Valledor & Cía.

La entrevista Franco-Hitler en Hendaya, y las semanas previas al desembarco americano en el África del norte francesa suelen señalarse como los momentos de máximo peligro para España en la Segunda Guerra Mundial. Franco no lo cree así. En un importante testimonio, pronunciado el 18 de mayo de 1949 —más de cinco años después—, al abrir la tercera legislatura de las Cortes, va a dar su opinión retrospectiva sobre el momento de máximo peligro. Pudo Franco afrontar tamaña prueba confortado con la bendición de Pío XII, quien, según comunicaba hacia fin de año al embajador español, reconocía en Franco «su devoción a la Santa Sede y su política esencialmente católica».

No se ha meditado suficientemente la importancia que tenían, para Franco, estas confirmaciones pontificias, que se iniciaron antes de terminar el año 1936, por boca de Pío XI. Dos grandes papas, en momentos de gravísima convulsión española y mundial, manifestaban a Franco su expreso apoyo. ¿Debe culpársele porque se lo creyera, sobre todo cuando la Iglesia de España, prácticamente unánime, se acercaba a él con formas todavía más explícitas de gratitud y de homenaje? Cuando, andando las décadas, cambió la Iglesia, no podía cambiar ya la mentalidad de Franco, cristalizada en momentos agónicos, y él se limitó a esperar, con todo respeto, que la Iglesia cambiase de nuevo, de lo que no faltaban ejemplos en su larga historia.

Vayamos al testimonio de Franco sobre la angustia española de 1944: «Los momentos más graves que en la guerra pasamos —dice— fueron en los primeros días de 1944. En las otras ocasiones pudo jugar nuestra voluntad; en ésta, no. Fuimos sujetos pasivos de las maquinaciones extrañas. Acabábamos de lograr en aquellos días, después de penosas diligencias, el mejorar los días de carga de combustible para nuestra nación; se abría la esperanza a un razonable optimismo por el giro de la guerra y por las promesas solemnes recibidas cuando una campaña artificial en la prensa y radio universales se desencadenó contra nuestra patria, campaña que coincidía con la emergencia de una negativa en los suministros de carburantes, fundamentada en nuestra venta de wolframio a Alemania (…). Defendimos nuestro derecho como neutrales a comerciar (…), aunque sólo fuera el derecho simbólico a ese comercio.

»Y cuando, durante un mes, las negociaciones se desarrollaban lentamente, la visita del embajador británico, a espaldas del norteamericano, vino a indicamos que el temporal había pasado, al anunciarnos que si la otra parte no quería suministrarnos, estaban dispuestos a hacerlo ellos desde Oriente Medio. Pero, coincidiendo con esto, también las radios y la prensa de Nueva York daban el episodio por saldado, aceptando la fórmula simbólica por nosotros propuesta. Más tarde supimos lo que había pasado: los informes de los servicios aliados acusaban la fortaleza y las dificultades de la barrera del Atlántico. Rusia apretaba para que se cumpliese el segundo frente prometido en Teherán; había que ganar tiempo e iba a ser la península Ibérica la sacrificada. Se propuso, en consecuencia, cambiar por un desembarco en la península el proyecto de desembarco en Francia, y fue el realismo de los soviets, como veréis por los dos telegramas que voy a leeros, el que evitó que se llevase a cabo aquella acción que la historia se encargaría de calificar.

»Telegrama del Foreign Office al State Departament como consecuencia del informe presentado por el oficial general Jorge Strong:

»Londres, 31 de enero de 1944. Llega a nuestro conocimiento y al Gobierno de S. M. el magnífico informe trasladado por Mr. Harry Hopkins que el jefe de Información Secreta Americana ha presentado bajo la firma prestigiosa y respetable del oficial general Mr. Jorge Strong. La Gran Bretaña ve con el máximo interés, simpatía y deseo de acierto las sugerencias del distinguido firmante, tanto más cuanto que a las facilidades que brinda la península Ibérica (sobre todo de lograrse una doble protesta impotente previa) se une el agrado con que seguramente nuestra magnífica y heroica aliada la URSS acogería este puente de acceso a la fortaleza europea. Con la conformidad absoluta de nuestro premier y el Gobierno de S. M. británica y nuestra felicidad por el indudable acierto, Robert Armit.

»Telegrama de la URSS como consecuencia del informe presentado por el general americano Jorge Strong y la aprobación inglesa:

»Moscú, 7 de febrero de 1944. Salud y Unión. Reunido el Politburó de la nueva República Federada Socialista Rusa, bajo la alta presidencia del compañero M. I. Kalinin, ve con agrado las frases del comunicado de Washington del 4 de febrero corriente, mas no así la copia de la conformidad británica para algo que hemos rechazado sin discusión. A la RFSR no le interesa en el momento presente la península Ibérica como simple paso que pudiera detener a sus aliados con una segunda triste parte de la hazaña en Italia, sino el ataque a fondo al Reich por la fortaleza del Atlántico. Toda otra cosa no la estima este Politburó materia de discusión al presente. Ciertamente acogemos la afirmación británica de nuestro enorme interés permanente por la península Ibérica, pero sabemos cuál es el mejor procedimiento para nuestra mayor necesidad del momento.

(Siguen otros párrafos de menor interés, para terminar):

»La victoria o la muerte. En la torre gris del Kremlin por orden suprema del camarada Stalin, Anatoly Laurentiev».

Soldados y tanques
españoles en París

Tres años después del ataque de Hitler a la URSS, el 22 de junio de 1944 el Ejército Rojo devuelve el golpe. «Rusia se lanza al asalto», titula Manuel Aznar el comienzo de la ofensiva general soviética para cooperar al segundo —mejor, tercer— frente europeo; una ofensiva que venía de las ruinas de Stalingrado y no se iba a detener hasta las ruinas de Berlín.

El 20 de julio de 1944 pudo cambiar el curso de la historia de Europa; fracasaba, en efecto, de forma poco creíble, el atentado contra Hitler audazmente urdido por el general Stauffenberg y perpetrado en el propio cuartel general de Rastenburg. El enloquecido Führer desencadena, como consecuencia, una persecución lunática que cubrirá de sangre y de odio la prevista agonía del III Reich. Como si esperasen la señal, los americanos presionan de forma salvaje sobre las líneas alemanas de Avranches, franqueadas por fin entre el 25 y el 27 de julio por los carros de Patton.

Quizá para evadirse de su nueva soledad diplomática —por la muerte del ministro Jordana—, Franco, tras unas jornadas de silencio, habla el 9 de agosto largamente con los pescadores de Santa Eugenia de Ribeira. Dos días más tarde recibe en el Pazo de Meirás el juramento del sucesor de Jordana en Exteriores, José Félix de Lequerica, embajador de Vichy y con rara simultaneidad concejal in absentia del Ayuntamiento bilbaíno por expresa concesión del jefe del Estado.

El veterano político monárquico heredaba de su tierra un tradicional y acreditado espíritu diplomático; entreveraba su lealtad —nunca desmentida desde sus raíces mauristas— con buenas dosis de oportunismo y, si se terciaba, hasta de un cinismo que sacaba de quicio a sus enemigos y a sus émulos, pero que no resultaba nada despreciable —y Franco lo sabía perfectamente— en los duros momentos de transición que se avecinaban sobre la «neutralidad benévola».

En sus primeras declaraciones, el nuevo ministro —formado, como oportunamente se recordó, en Gran Bretaña (se ocultó cuidadosamente, en cambio, su amistad con Otto Abetz, «virrey» de Hitler en Francia)— dejó bien claro el camino: «España —dijo, con toda verdad, además— es una nación americana». Definió su política como de «coordinación atlántica», ya que en las dos riberas del mar occidental sólo existían de forma simultánea grupos homogéneos de tres culturas: española, lusitana y anglosajona. Dejó también muy claro, desde el principio, que la política exterior ni la iba a hacer él ni la había hecho Jordana; Franco seguía siendo el mismo, aunque cambiasen los tiempos y las personas.

Se hunde la historia bajo las pisadas de Alemania. El 23 de agosto, el rey Miguel de Rumania detiene al conducator Antonescu, ordena cesar el fuego y se rinde a los aliados. La tarde siguiente es la gran tarde de su vida para un hombre nacido en el pueblo castellonense de Burriana, el teniente Amado Granell, exjefe de la 49 Brigada Mixta (aunque luego exageró el autonombrarse jefe de división) en la guerra de España, evadido de Alicante en el último barco, el Stanbrook, antes del final de esa guerra, quien desembarcaba en junio en Normandía en cabeza de las Fuerzas Francesas Libres, después de una larga marcha que inició en el Chad bajo las banderas del capitán De Hauteclocque, llamado ahora general Leclerc.

Todo era fantástico en el ambiente de ese grupo de iluminados que dirigía Granell (entre ellos, naturalmente, numerosos españoles), que, contra las expresas órdenes de todos los generales aliados conocedores de su intento —con excepción del propio Leclerc—, avanzaban esa tarde desde Fresnes, cruzaban el Sena por el puente de Sèvres y, llevados en volandas por una multitud enfebrecida, abrazaban al jefe de la Resistencia parisina, Bidault, en el Hotel de Ville, después de pasar a la historia como la vanguardia que liberó París.

Perdidos en la gran plaza, aquellos 120 hombres pusieron otra vez en marcha sus 22 carros y blindados, que pasearon ante los parisinos incrédulos nombres olvidados de otra guerra que sus tripulantes creían la misma, a pesar de ser tan distinta: Brunete, Teruel, Ebro. Se habían contagiado, sin duda, de la proximidad napoleónica; también fueron derrotas Bailén y Vitoria, que figuran como triunfos bajo el arco de la Estrella.

Pero eran españoles e hidalgos; lo demostraron inmediatamente. La primera orden de Granell, harto de rendir alemanes, fue proteger con una patrulla el abandonado edificio de la Embajada de España. Al lado de todo esto, nadie hizo el menor caso a otro veterano de la guerra de España, Emest Hemingway, cuando se presentó después para apuntarse el tanto de la liberación de París. Y eso que, por si acaso, también se había rodeado de españoles.

La invasión
de los maquis

Ya desde la última semana de septiembre, Radio Toulouse, dominada por el maquis franco-español, se convierte en portavoz de la agresión armada contra España. Incendia noche tras noche las esperanzas del exilio —y las primeras planas de la prensa mundial— con noticias como éstas: «Franco va camino de los Pirineos para entregarse a un Gobierno republicano presidido por Miguel Maura» o «estallan sublevaciones en Barcelona, Málaga, Bilbao…».

La tensión sube tanto que Arriba publica una protesta oficiosa por la agitación enemiga en el sur de Francia, sobre todo por los homenajes de las FFI a los «rojos españoles» en Foix y Tarbes.

Un lejano alivio se extiende por las alturas españolas cuando el presidente Roosevelt hace, por primera vez en toda la guerra, pública profesión de anticomunismo el 6 de octubre, al rechazar con aspereza el apoyo electoral que le brindaba, ingenuamente, el Partido Comunista de los Estados Unidos. Pero ni Franco ni sus colaboradores tienen tiempo para congratularse de la noticia, porque otra noticia, a través de la agencia británica Reuter, conmovía esa misma noche del 6 de octubre a la opinión mundial, hasta el punto de que El Pardo se convirtió, en lo que quedaba de mes, en un nuevo Terminus. La noticia, básicamente cierta, anunciaba la invasión de España por el maquis y concluía: «Los maquis son unos 3.000; van armados con fusiles, ametralladoras y bombas de mano. Han robado ganado».

La invasión pirenaica de 1944, tan olvidada y, paradójicamente, tan tergiversada hasta hoy, sucedió así: Una docena de «divisiones» —en realidad se trataba de unidades en cuadro, cada una de 40 a 400 hombres, increíblemente seguras de convertirse en auténticas grandes unidades por espontánea incorporación popular— penetraron por dos valles del Pirineo navarro, Roncesvalles y El Roncal, en una operación diversiva destinada a encubrir el principal intento, dirigido sobre el valle de Arán, en el Pirineo de Lérida, a través del puerto de Bosost y también con violación previa, a cargo de numerosas partidas, del territorio andorrano por la subida desde la localidad francesa de L’Hospitalet. Entre las numerosas estimaciones sobre el número de invasores, parece más ajustada la de Comín Colomer, que cita unos 5.000 hombres.

El esfuerzo principal se lanzó el 19 de octubre; poco después, «los maquis», como se les llamaba ya en toda España, superaban la dura resistencia de pequeñas guarniciones locales y se apoderaban de su primer objetivo, el valle de Arán, donde pensaban establecer una base territorial para una «España libre» que hasta pudiera lograr reconocimientos exteriores. El biógrafo militar británico Hilis resume la operación: «En la historia moderna no existe ninguna ocasión en la que 1.500 guerrilleros bien armados —la cifra, como sugerimos, sería triple— hayan sido tan fácilmente derrotados». Y es que, como inmediatamente pudieron comprobar los «cuadros», una ciega propaganda había logrado, en efecto, convencer plenamente… a ellos mismos, pero nada más. Falló estrepitosamente el primer presupuesto de la posibilidad de una guerrilla: la cooperación popular. Fue una imprevisión insensata tantear la invasión por Navarra, laureada cuna de la cruzada de Franco, y por Lérida, provincia que había dado el máximo porcentaje de evadidos a zona nacional de toda la España republicana.

Tres veteranos de la guerra —Moscardó, desde Barcelona; Monasterio, desde Zaragoza; Yagüe, desde Burgos— lanzaron sobre los Pirineos sus agrupaciones de reserva, perfectamente entrenadas; pero antes declararon francotiradores a los «maquis», con lo que se convertían en legales piezas de caza para cualquier ciudadano. Alguna autoridad local, como el alcalde de un pequeño pueblo fronterizo, ahorcó en la plaza a toda una patrulla de guerrilleros, excepto al más joven, al que dejó marchar, desorejado, para contar lo sucedido a sus amigos. Cometieron los «maquis» el imperdonable error de asesinar a un par de párrocos, con lo que acabaron de identificarse con los «rojos» de la Guerra Civil.

Las divisiones 41 y 42, de Lérida, al mando directo del general Marzo, reconquistaron rápidamente el valle de Arán. Yagüe dirigió en persona las operaciones de choque y limpieza en las montañas navarras, sobre las que lanzó a las divisiones 62 y 171, con los generales Alcubilla, Navarro y Pimentel. Monasterio tuvo que intervenir menos, porque sus especialistas de montaña no permitieron infiltración alguna; pero prestó a los capitanes generales vecinos sus patrullas montadas de descubierta y enlace y su regimiento de carros medios «Dragones del Alfambra». El 30 de octubre comunicaba Marzo: «El último rojo español ha pasado la frontera».

Los «peinados» de limpieza siguieron hasta el 14 de noviembre, fecha en que se dio por finalizada la lucha contra la «invasión». Unos 2.000 «maquis» resultaron muertos o prisioneros; las bajas de la defensa no rebasaron el centenar. Santiago Carrillo, el jefe comunista, dio personalmente las órdenes para consumar la retirada. Unas docenas de invasores huyeron hacia el sur y se refugiaron en ciudades o sierras, desde las que alentarían diversas acciones subversivas que pronto degeneraron en bandolerismo. El general Carlos Martínez de Campos tomó poco después el mando de la Agrupación de Divisiones en Lérida, por todo el año siguiente; pero ya no se alteró la nueva paz en los Pirineos.

La persecución de los «maquis» en el resto de la quebrada orografía española fue inmediatamente encomendada a los expertos en guerra subversiva en campo abierto, las comandancias de la Guardia Civil, que tardarían tres años en extinguir la difícil amenaza. Pero los resultados políticos de la invasión en regla de 1944 se volvieron contra sus autores. El mismo 31 de octubre reconocía el Observer londinense que el affaire —no llegaba a más— había favorecido, realmente, a Franco.

El encuentro
de Yalta

Tras el fracaso militar de los «maquis», se abre en el frente exterior español el período del retorno de los espectros. Viejos nombres, gastadas ideas, tratan de resucitar para dirigir a España en medio de los graves —y reales, no fantasmagóricos— problemas y el inmediato futuro. El 12 de noviembre se conoce el primer episodio: el intento de Miguel Maura en París. Visita allí al representante de Franco, Sangróniz, y le propone, como si tal cosa, que Franco ceda el poder a un Gobierno republicano—sindical—separatista «para devolver a España la normalidad constitucional». «He advertido —dice al señor Sangróniz— que estoy dispuesto a negociar aquí o en España con quien el Gobierno español designe». Además, repudia al comunismo.

Creía don Miguel que podría repetirse en la España de 1944 el clima del Pacto de San Sebastián, o el de la visita de Sánchez Guerra a la cárcel Modelo. Otro fantasma histórico, el de Guemica, sirve a lord Beaverbrook para proponer la exclusión de Franco de la Conferencia de la Paz ese mismo día 12 de noviembre, y eso que conocía, sin duda, los planes del mariscal del Aire, Harris, para el aniquilamiento de las ciudades alemanas, ya convocada la Conferencia.

Dos días más tarde, es el turno de Diego Martínez Barrio, que declara en México: «Seguiremos adheridos a la Constitución de 1931». Y profetiza: «El régimen republicano quedará instaurado en 1945». Eso sí, las memorias de la guerra española estaban tan vivas que don Diego, lo mismo que Indalecio Prieto en el mismo acto, excluye también toda colaboración con los comunistas. «No nos uniremos al PC —recalca Prieto— para el Gobierno de España. Los comunistas sirven intereses de otra nación».

El cuarto de los grandes espectros de la República fuerza su entrada en la escena exterior española con un telegrama dirigido el 5 de diciembre a Julio Álvarez del Vayo. Es Juan Negrín, que no ha abdicado su jefatura del Gobierno y que afirma desde Londres haber «resuelto participar en la vida política» para oponerse a la proyectada reunión mexicana de las Cortes errantes del Frente Popular. Encontradas iniciativas tratan de poner orden en la agitada situación europea. El 8 de diciembre advierte Churchill en los Comunes: «La democracia no es un golpe de estado realizado por cuadrillas de asesinos».

En vista de que Franco permanece inconmovible ante la evolución de la Guerra Mundial, don Juan de Borbón, aislado en Lausana, decide inclinarse según los consejos del sector rupturista —Oliván, Sainz Rodríguez— y escribe el 23 de noviembre una larga carta al general Kindelán que puede resumirse así: ante el peligro de que los exiliados del Frente Popular recuperen el poder en España subidos al carro de la victoria aliada, es necesario iniciar una enérgica acción política dentro del campo monárquico.

La situación de don Juan la define él mismo como angustiosa. El universal interés por las recientes declaraciones de Franco al señor Bradford (que muchas veces fue duramente crítico, pero no siempre) se interpreta parcialmente por parte de los consejeros de don Juan como «acogida sarcástica e irritada». No pueden seguir callados e inactivos los monárquicos ante el «inevitable derrumbamiento del general Franco». Don Juan está decidido, como supremo recurso, a dirigir un requerimiento público y solemne a Franco para que se marche, y a ordenar a los monárquicos que dejen de servir al régimen. Duda don Juan de la eficacia con que Franco haya podido alejar a los españoles del ideal monárquico, pero en todo caso está seguro de que España necesita de la monarquía.

El conde de Barcelona debió de meditar amargamente sobre sus posibilidades reales al comprobar que Kindelán, el hombre más fiel que tenía en España, tardó dos meses en contestar a su urgente requerimiento. Contestó don Juan a su vez el 10 de febrero de 1945, sumido en un mar de dudas, que produjeron serios retrasos en la gestación del Manifiesto, en el que don Juan y sus consejeros cifraban esperanzas milagrosas.

La Iglesia está con Franco para los momentos difíciles que otra vez se avecinan: el 15 de enero de 1945 «juran en El Pardo», reza la noticia, cinco nuevos obispos. Tres días antes, el mariscal Zukov lanza desde Varsovia una devastadora ofensiva con doscientas divisiones que saltan sobre los ríos y los mares helados, inundan Prusia Oriental y cortan la producción silesiana, recorren en dos semanas los cuatrocientos kilómetros de llanura que separan el Vístula del Oder y dejan virtualmente sin esperanza alguna al III Reich.

Contrariado por la incomprensión que muestra Churchill en su respuesta del día 15 y por los manejos políticos del exilio, Franco, con uniforme del Movimiento, clausura el 18 de enero el IV Congreso del Frente de Juventudes y el VII del SEU en la Ciudad Universitaria de Madrid. La síntesis del siglo XIX es, para Franco, España contra España. «Por eso un día y otro, en todos los sitios y en todos los lugares, repito la misma consigna: la consigna de la unidad».

El segundo encuentro de los «tres grandes» se celebró en el viejo palacio de Livadia, en Yalta, una recogida ciudad veraniega de la reconquistada Crimea, entre los días 4 y 11 de febrero de 1945. Se acentúan ya las fisuras apuntadas en la propagandística armonía de los aliados contra Hitler y los observadores imparciales —eran pocos— podían ya pronosticar que al desaparecer, con Hitler, la cohesión negativa de los «tres», las disensiones podrían dar origen, como de hecho sucedió, a un auténtico estado de guerra, por fría que fuese.

Pero el encuentro de Yalta marcó el triunfo más colosal de cualquier negociación de la historia a favor de uno de sus partícipes, José Stalin, a quien Roosevelt, rodeado de consejeros equívocos (luego se demostraría que alguno de ellos era simplemente un traidor), entregó un tercio de Europa a cambio de su simbólica declaración de guerra al Japón. En Yalta se decidió la división de Alemania en rebanadas horizontales para los aliados, y todo un enorme corte vertical a oriente para el «bloque socialista». Se conviene también el quinto reparto de Polonia, la nación mártir por la que aún se pretendía haber declarado la guerra.

Según comunica la United Press en plena Conferencia, los círculos exiliados españoles de Londres confían en que una de las conclusiones de Yalta sea la caída de Franco. «El primer paso —dicen esos círculos— sería quitar de en medio al obstáculo de la dictadura franquista». De posible aplicación española, salió solamente de Yalta este párrafo del comunicado conjunto: «Los tres grandes contraen, en nombre de los pueblos a quienes representan, la obligación sagrada de trabajar unidos para que todos los países liberados y los que actuaron en la órbita del nazismo elijan libremente sus gobiernos por medio de elecciones libres». Nadie comentó entonces en voz alta la curiosa postura del gran vencedor de Yalta, Stalin, como apóstol de las elecciones libres.

Una de las primeras consecuencias de Yalta fue el bombardeo, iniciado en la noche siguiente y prolongado dos días y una noche más por los angloamericanos, de la ciudad de Dresde, donde se acumulaban decenas de miles de refugiados ante la marea soviética sobre Silesia. Con la siembra de bombas rompedoras después de las incendiarias, los muertos inútiles de la histórica ciudad —que desapareció— ascendieron, según estimaciones mínimas, a 130.000; según las oficiosas del State Department, recogidas por un autor antifranquista, Ramón Garriga, a un cuarto de millón.

El Manifiesto
de Lausana

Como si presintiera la ofensiva general que sobre su persona y su régimen iba a desencadenarse con la primavera, Franco reajusta, a primeros y a mediados de marzo, su apoyo básico militar, cuya práctica unanimidad no había vuelto a resentirse desde la Pascua Militar del año anterior. Varela será alto comisario en Marruecos; Muñoz Grandes, capitán general de Madrid; Solchaga, el eficaz jefe de los navarros durante la Guerra Civil, gobernará la trascendental Capitanía catalana y se mantendrá a otro acrisolado monárquico, el duque de la Torre, al frente de la Agrupación Leridana de Divisiones Pirenaicas.

Otro monárquico de pro, Luis Orgaz, es designado para el cargo de jefe adjunto del Alto Estado Mayor, cuyo mando supremo militar seguía en manos del general Dávila desde que cesó el 5 de mayo de 1941 como capitán general de Sevilla hasta que fue nombrado ministro del Ejército en julio de 1945. Durante esta etapa, y con carácter secreto, Dávila tuvo mando sobre las tres capitanías generales cuyas tropas operaban en la defensa de los Pirineos.

El nuevo embajador norteamericano, Norman Armour, recibe de Roosevelt instrucciones poco tranquilizadoras para España: «Nuestra victoria sobre Alemania —dicen— supondrá el exterminio de la ideología nazi y otras semejantes… No hay lugar en las Naciones Unidas para un Gobierno fundado sobre los principios fascistas». Nadie se preocupaba entonces de definir el fascismo, considerado como un insulto.

Empate, pues, a noticias buenas y malas, como empate en fútbol con el temible equipo del Portugal hermano, dos a dos, el 12 de marzo. A mediados de mes, el ministro Lequerica pasea por Sevilla y La Rábida a los embajadores de América. «La profunda democracia española —les dice— ha existido siempre a través de mil formas políticas».

El día 15, Patton ataca con sus carros entre el Mosela y el Sarre; el día de San José, 19 de marzo, el núcleo monárquico de Lausana lanza un tremendo manifiesto, firmado por don Juan, que toma la forma de un ultimátum irreversible a Franco —cuya jefatura se declara ilegítima, contra comunicaciones anteriores— y cuya renuncia se exige, si bien excluye expresamente la vía sediciosa. Ésta es la esencia del documento, sobre el que se han dado toda clase de interpretaciones. A salvo siempre el patriotismo y la alta intención del firmante, que antes, en y después de ese manifiesto ha sido y es un gran español, responsable y digno depositario de una tradición secular, no es difícil vislumbrar que su intención fue procurar para España una alternativa de orden —aceptable para los vencedores— que salvase a España de una nueva guerra civil como la que estaba devastando la convivencia en Francia, Italia y Grecia en esos momentos; que evitase un retorno pendular, de inspiración soviética, a una situación controlada en exclusiva por los vencidos de la Guerra Civil.

Ésta fue la intención del príncipe y sin duda la de sus colaboradores, cuyo patriotismo de raíz tampoco cabe poner en duda. Lo que a unos y a otros falló por completo fue una característica elemental del político en momentos capitales: la información. Desconocían a Franco; desconocían las vinculaciones del pueblo español con Franco; desconocían la auténtica intención de los aliados sobre intervenir o no en España. La prensa española guardó entonces un silencio total sobre el manifiesto, que sólo se publicó, como se va a ver, dos años más tarde y para fines no históricos, sino tácticos.

Es importante el dictamen del antifranquista —y juanista— Ramón Garriga: «Mal informado y peor aconsejado, actuó don Juan de Borbón». Su testimonio es de primerísima mano; visita, en efecto, a don Juan unos días después en Lausana y escribe: «Cuando comenté el manifiesto con algunos consejeros del pretendiente, ninguno de ellos pudo aclararme con qué fuerza verdadera contaba entre los militares y el clero». (Por el pueblo, ni se preguntaba en aquellos altos círculos). Nota Garriga que uno de los consejeros diplomáticos de don Juan acababa de reingresar en el servicio después de su expulsión por los nacionales como consecuencia de su intervención en Washington para el envío de armas al Frente Popularen 1936.

La presencia de otros graves resentimientos políticos en Lausana es bien conocida. Rafael Calvo Serer, que también andaba por allí, recuerda que, a pesar del manifiesto, «nunca cesaron las actividades de diversas personalidades monárquicas con el fin de mantener un puente entre Franco y don Juan. Aún en los momentos en que se detuvo el juego político —continúa— hubo siempre quien se esforzó en mantener las relaciones personales. Para entender el sentido y valor de tales intervenciones, hay que recordar que Franco siempre dio beligerancia a estas personas, que gozaban de su confianza y a la vez tenían buenas relaciones con don Juan». En aquellos difíciles momentos tomó el relevo José María Oriol, según Calvo Serer, quien termina: «Los esfuerzos de éste por restañar la difícil situación creada por el Manifiesto de Lausana… tuvieron como único logro el traslado de la residencia del conde de Barcelona desde Suiza a Estoril».

El recurso a los manifiestos se consideraba como definitivo y milagroso en el círculo de los consejeros de don Juan de Borbón, quien pensaba que esta declaración solemne del 19 de marzo de 1945, histórica efeméride en la vida constitucional española desde las Cortes de Cádiz, sería suficiente para que los aliados se decidiesen a intervenir en favor de la monarquía y para que se derrumbasen, sin más esfuerzo, las murallas del régimen de Franco. Sucedió todo lo contrario; los aliados, enfrascados en su esfuerzo supremo contra Hitler, no prestaron atención al manifiesto y dentro de España no se enteró casi nadie porque Franco interfirió su difusión con la misma férrea censura en que envolvía las operaciones de resistencia contra el maquis comunista.

Para que pudiera regresar la monarquía, debía presentarse «no como continuación del régimen actual, sino por el contrario lo más desligada e incluso enemiga». En otros términos: «La monarquía será exteriormente tanto más viable cuanto más contraria sea al régimen del general Franco». Hay por tanto que comunicar al mundo un manifiesto: «El manifiesto me propongo lanzarlo yo aquí y no supeditar su salida a oportunismos o razones ocasionales apreciadas por algunos amigos de Madrid».

Con estas aclaraciones —preciosas a la hora de la interpretación,— nos queda totalmente en claro el hecho de que don Juan y sus consejeros están casi exclusivamente preocupados por la dimensión exterior del manifiesto, y en cambio dejan en blanco el análisis de su viabilidad interior. Trabajan en interés de España, pero pretenden entrar en España con el apoyo de los cien mil hijos de San Jorge. El fallo de enfoque les costaría, contra todo pronóstico, una derrota total de la que tratarían simbólicamente de resarcirse en 1975, cuando se realizó la Restauración de Franco.

«Españoles —decía el Manifiesto de Lausana de 19 de marzo de 1945, que los españoles sólo pudieron conocer en 1947, mezclado y tergiversado con el manifiesto de esa segunda fecha, hasta el punto de que la confusión continúa—, conozco vuestra dolorosa desilusión, y comparto vuestros temores». Hace historia desde 1931; atribuye a la República el caos que se abismó en la Guerra Civil, y reconoce la inutilidad del generoso sacrificio de su padre. No dice una palabra de la guerra en que quiso don Juan por tres veces luchar como voluntario en favor del bando de Franco. Y cede a los postulados de la propaganda antifranquista en puntos clave: «El régimen del general Franco, inspirado desde el principio en los sistemas totalitarios de las potencias del Eje, tan contrario al carácter y a la tradición de nuestro pueblo, es fundamentalmente incompatible con las circunstancias que la guerra presente está creando en el mundo».

Ni el régimen actual ni la República podrían ser solución; sólo la monarquía. «Millones de españoles —exagera don Juan— ven en la monarquía la única institución salvadora». La verdad es que no eran miles, ni siquiera centenares.

«Desde que por renuncia y subsiguiente muerte del rey don Alfonso XIII en 1941 asumí los deberes y derechos a la Corona de España, mostré mi disconformidad con la política exterior e interior seguida por el general Franco». Nuestros lectores saben que don Juan adelanta su disconformidad, y que sus consejeros, varios de los cuales habían jurado lealtad al régimen de Franco, fuerzan las cosas y anticipan las posturas. El párrafo fundamental viene ahora:

«Por estas razones me resuelvo, para descargar mi conciencia del agobio cada día más apremiante de la responsabilidad que me incumbe, a levantar mi voz y requerir solemnemente al general Franco, para que, reconociendo el fracaso de su concepción totalitaria del Estado, abandone el poder y dé libre paso a la restauración del régimen tradicional de España».

El contenido del régimen monárquico se esboza a continuación: aprobación democrática de una Constitución; reconocimiento de los derechos humanos y garantía de las libertades; asamblea legislativa elegida por la nación; reconocimiento de la diversidad regional; amplia amnistía política; política social progresiva. «No levanto bandera de rebeldía ni incito a nadie a la sedición, pero quiero recordar aquí a quienes apoyan al actual régimen la inmensa responsabilidad en que incurren».

El manifiesto fue entregado en la legación de España en Berna, junto con una nota en la que explicaba su deseo de haber conferenciado antes con el general Franco, lo que ha resultado imposible: «No se le oculta al rey que, de momento, su actitud sea torcidamente interpretada e incluso tildada de poco patriótica, pero está percatado de que muy pronto los acontecimientos confirmarán el desinteresado y oportuno acierto de su proceder».

La reacción de Franco se manifestó en dos planos. En un plano teórico, calificó de «patriótica la actitud de don Juan en 1945, al ofrecer una alternativa frente a la república marxista que se hubiera implantado en España caso de llegar a sucumbir el régimen a causa de la presión interna y exterior». Esta opinión de López Rodó proviene del testimonio del almirante Carrero transmitido al autor de este libro, y coincide plenamente con el de Luis María Anson, gran conocedor de los entresijos de este período. La capacidad de reacción de Franco se explayaba de forma muy diferente a la que era de esperar en caracteres más rectilíneos; Franco jamás habló mal de don Juan, aun cuando criticara sus actitudes de forma mesurada y jamás en público.

En el plano táctico, la reacción de Franco fue mucho más dura. El propio López Rodó la expresa: «Como contestación al manifiesto, don Juan de Borbón fue objeto de una de las más duras campañas de prensa que en España han podido desencadenarse».

En 1945, Carrero, y por tanto Franco, cuya sombra era ya el marino, piensan en el príncipe Juan Carlos como sucesor, el cual «podrá ser un buen rey, con la ayuda de Dios, pero empezando ya a abordar ese problema». De momento, no conviene reaccionar contra don Juan violentamente: «no desahuciarle, aunque se piense que él ya no puede ser rey, pues no convienen nuevas estridencias; que unos cuantos monárquicos de confianza se vayan a Lausana; que se ponga el mayor cuidado en la elección del preceptor y que se le envíe perfectamente aleccionado. Abordar decididamente el problema de las Leyes Fundamentales que faltan, y definir el régimen de España. En orden a lo que debe ser el régimen definitivo, y como las naciones no pueden ser más que repúblicas o monarquías, y en España hay que desechar la república como sinónimo de desastre, el régimen tiene que ser monarquía».

Con el Manifiesto de Lausana empieza el último movimiento de la restauración: el que Kindelán denomina contra Franco. El representante oficial de don Juan, general infante don Alfonso de Orleans, renuncia a su mando en Sevilla, «con la esperanza de que pronto volveré a desempeñarlo al servicio de los altos intereses de mi patria y fiel a los principios de nuestra gloriosa cruzada, que siempre estimé había de culminar en la restauración monárquica».

Esta dimisión se hace en carta a Franco, fechada el 4 de abril, y con uso del tuteo, por haber sido el infante compañero de academia del Caudillo. Franco responde con el confinamiento del infante en Sanlúcar, y sigue en contacto con Kindelán, quien pide, sin éxito, ver a Franco. Kindelán afirma que no se puede contar con el general Dávila.

Ante su confinamiento, el general infante nombra delegado suyo al general Kindelán, que se pone en movimiento desde su destino en Madrid. El infante, desde Sanlúcar, se mueve sin eficacia y con desorden, lo que motivará una dura reprimenda de don Juan al año siguiente; en uno de sus cruces de cartas con Kindelán, éste le pregunta qué funciones pueden asignarse a la duquesa de Valencia dentro de la conspiración y contesta el confinado: «La duquesa de Valencia se debe utilizar para multicopiar escritos y repartirlos; es muy activa». Y desaconseja una medida represiva de Kindelán: quitar títulos de nobleza a los colaboracionistas con Franco.

Poco después todo lo que se le ocurre al infante es convertir a la causa monárquica en una central de rumores y de chistes contra el régimen de Franco. Luego manifiesta el infante su propósito de escribir a Franco, «preguntándole si el confinamiento va a durar mucho» y si ello representa que debe poner fin a su misión como representante de don Juan.

La Iglesia, en auxilio
del Régimen

Innumerables monárquicos, por convicción o por intereses, hicieron caso omiso de las instrucciones de don Juan; no dimitieron ni retiraron su cooperación a Franco, y ni siquiera se molestaron en conocer el manifiesto. Se destacó entre todos el jefe natural e histórico de la política monárquica dentro de España, el último presidente de Renovación Española, Antonio Goicoechea, que respondió con respeto y energía a don Juan, y sus palabras alcanzan gran importancia, porque la gran mayoría de los monárquicos españoles (alguno de los cuales dijo luego otra cosa) las hicieron entonces suyas. «Mi conciencia y la lealtad que le debo —decía Goicoechea— me obligan a hacer llegar al rey, por si tuviera a bien escucharlas, las razones en que se apoya lo que es mi firme creencia: que cometería por mi parte un pecado de lesa patria y causaría a la vez a la causa monárquica, que siempre serviré, un daño irreparable si adoptara, frente al Gobierno del generalísimo Franco, una actitud de ostensible y hostil disconformidad».

Franco preside una reunión excepcional del Consejo Superior del Ejército que se prolonga los días 20, 21 y 22 de marzo. Asisten los generales Asensio, Saliquet, Varela, Orgaz, Dávila, Ponte, Kindelán, Muñoz Grandes, Moscardó, Solchaga, Monasterio, Yagüe, Juan Bautista Sánchez, Los Arcos, García Valiño y Barrón. No se da comunicado alguno, pero el simple anuncio de la reunión, con detalle de los nombres, fue suficiente respuesta de Franco, por el momento, al manifiesto que algunos de sus émulos pusieron a la firma de don Juan de España, junto a las brumosas orillas del lago Leman, tan aborrecidas por José Antonio Primo de Rivera.

Sobre estas reuniones hay unas notas en los archivos americanos, procedentes de la OSS, y resumidas —desde un punto de vista despectivo— por el señor Marquina Barrio. Queda claro que Franco dominó por completo la situación, que sólo Kindelán expuso algunas objeciones y que, a los pocos días de firmarse el Manifiesto de Lausana, los generales reunidos en el Consejo Superior no hicieron a Franco objeción alguna de fondo ni de carácter colectivo. Es probable que las opiniones de Franco en aquel momento fueran tergiversadas por los informantes de la OSS, y, en todo caso, conocemos más fehacientemente esas opiniones por la publicación, ordenada por Franco, de su correspondencia con el Gobierno británico.

Como presagio de los duros tiempos que se avecinaban, un tremendo incendio se inicia en Cádiz a las 10 de la noche del 9 de abril. Franco se reúne en los días siguientes con la Junta Política y con el Gobierno; se aprueba el proyecto de Fuero de los Españoles —que todavía no se publica— y se lleva a efecto la ruptura de relaciones con el Japón una vez confirmada la matanza de españoles en Filipinas. La ruptura con el Japón no es un simple oportunismo para el final de la guerra. Es el día 11 de abril; a las 17:35 de la tarde siguiente fallece repentinamente en Warm Springs el presidente Franklin Delano Roosevelt, tras doce años de mandato que dejarían encontrado recuerdo: el salvador intervencionismo del New Deal y las aberraciones de Yalta. Para España, a pesar de su carta del 8 de noviembre de 1942, no fue un amigo. Le sucede un hombre de Missouri, Harry Truman, «el hombrecillo más importante en la historia de los Estados Unidos», como le llamaría la primera revista de su país en el momento de su muerte, casi treinta años más tarde. Entre sus variados títulos para la presidencia —algunos ciertamente muy positivos—, los dirigentes españoles notan con aprensión su grado de gran maestre en la masonería. Como un presagio, el nuevo embajador americano Norman Armour comunicaba a Lequerica las duras reservas de Roosevelt contra el régimen español a la misma hora en que moría el presidente.

Por acuerdo del Consejo de Ministros, se dan por conclusos los expedientes de responsabilidades políticas originados durante la Guerra Civil; es una medida «para que se reintegren a la patria los emigrados exentos de responsabilidad criminal». Pocos lo hicieron; querían reintegrarse en el cortejo del triunfo aliado. Pronto se conoce en España una triste noticia: un gran amigo de España, el almirante Canaris, había perecido el 9 de abril en una prisión de las SS ahorcado lentamente con una cuerda de piano.

El 16 de abril los mariscales Zukov y Koniev lanzan sus dos millones de soldados a la última ofensiva contra Hitler, mientras, obsesionado con la conquista del inexistente «reducto alpino», Eisenhower deja en manos soviéticas las tres grandes capitales de la Europa central, Praga, Viena y, sobre todo, Berlín, cercada por los soviéticos a los cuatro días del comienzo de su gran ataque, el 20 de abril, para «celebrar», quizá, el 56 cumpleaños del Führer. El veterano de la 12 Brigada Internacional Garibaldi, Walter Audisio, coronel Valerio, captura en Como a Benito Mussolini, que trataba de huir a Suiza, y le fusila, junto a Claretta Petacci, en las tapias de Villa Belmonte, a la salida de Dongo. Las víctimas del asesinato permanecerán durante las horas más vergonzosas de la historia contemporánea italiana colgadas por los pies en el piazzale Loreto de Milán; el final de Mussolini —simultáneo a la agonía de Berlín— causó honda y amarga impresión en Francisco Franco y en toda España.

La noche de ese día trágico, Adolfo Hitler se casa en los sótanos de su búnker, en la Cancillería berlinesa, con Eva Braun. A las tres y media de la tarde del 30 de abril, mientras Martin Bormann huye al parecer hacia lo desconocido, se consuma en esos mismos sótanos el crepúsculo de los dioses nazis. El doctor Goebbels se suicida con su familia; le siguen los generales Burgdorf y Krebs; muerta Eva Braun, Hitler se suicida también. Esa tarde, los últimos defensores de la Cancillería del III Reich rechazan desesperadamente tres ataques de la infantería soviética, que no logrará poner pie en el reducto hasta el día siguiente. Mucho tiempo después se supo, con cierto estupor, que aquellos hombres eran 200 españoles de la Legión Clandestina.

«Adolfo Hitler ha muerto en su puesto de mando», titula Arriba el 1 de mayo, mientras el diario ultragermanófilo Informaciones bate, con el mismo tema, todos los récords de lo increíble. El 2 de mayo izan los soviéticos su bandera en el Reichstag. Berlín capitula. El almirante Doenitz forma un Gobierno en el Holstein; Alemania tiene aún en pie dos millones de soldados. Por fin, el 8 de mayo, el sucesor de Hitler publica su última orden general: «A las cero horas un minuto de la madrugada del 9 de mayo, todas las fuerzas armadas, en todos los teatros de la guerra, deben terminar las hostilidades». Los vencedores estallan de júbilo. Ese día 9, los soviéticos organizan un cortejo romano en la plaza Roja, con los generales alemanes prisioneros al frente de sus humilladas columnas decrépitas.

Todavía faltan unas horas para que termine la Guerra Mundial en Europa cuando la Iglesia española, por boca del arzobispo primado doctor Pía y Deniel, acude en socorro de Franco y su régimen, situados en posición dificilísima. Este hecho es decisivo: la Iglesia de España tiene aún en carne viva los recuerdos de la persecución y no duda en alinearse abiertamente, públicamente, con Franco en estos momentos críticos para Franco. La reacción de la Iglesia debería ser más tenida en cuenta por algunos comentaristas utópicos cuando afirman la posibilidad, en 1945, de una España reconciliada bajo una monarquía indecisa —entre tradicional y liberal, que de una y otra forma se definía— a los seis años de la Guerra Civil más cruenta y vengativa de toda la historia europea; cuando todos los fermentos del odio y el miedo estaban prestos a rebrotar. La Iglesia acudió durante el mes de mayo de 1945 en auxilio de Franco mediante dos movimientos de compromiso: primero, la pastoral del cardenal primado sobre el final de la guerra en Europa; segundo, el viaje de dos jóvenes dirigentes católicos a Lausana para defender ante don Juan la posición de Franco y tratar de restablecer ese puente de comprensión hacia el futuro que recomendaba Carrero Blanco a raíz del Manifiesto de Lausana.

El segundo movimiento importante de la Iglesia española al servicio de Franco tiene un protagonista: Joaquín Ruiz-Giménez, exdirigente de los Estudiantes Católicos, directivo ahora de la organización católica internacional Pax Romana, quien acompañado por Alfredo Sánchez Bella, ardoroso militante de la Acción Católica valenciana y miembro del primer círculo de jóvenes ingresado en el Opus Dei al iniciarse la posguerra, visitó a don Juan —dentro de las directrices de Carrero Blanco— y envió un importante informe a Franco, revelado ahora por la publicación del archivo Kindelán.

Los dos jóvenes dirigentes católicos (y no Alberto Martín Artajo, a quien Gil Robles y Salmador atribuyen la gestión, sin que hubiera participado para nada en ella) salen de España a raíz del manifiesto «en misión católica y universal» tras haber recogido en círculos monárquicos españoles «impresión de dolor y disgusto por los términos de aquel manifiesto». Los emisarios van a Lausana para convencer a don Juan de que la Restauración no puede venir mediante una «intolerable imposición extranjera». Hablan primero con Eugenio Vegas y manifiestan haberle convencido. Vegas les dice que el manifiesto se ha dado exclusivamente para oponerse a una maniobra de toma del poder en España por los republicanos apoyados en los vencedores. Vegas se presenta como portavoz de la tendencia «verdaderamente española y antiliberal» —subraya Ruiz-Giménez— entre los consejeros de don Juan. Los emisarios reafirman ante Vegas su absoluta lealtad a Franco, lo que no creen incompatible con la idea monárquica.

Ruiz-Giménez subrayó la gravedad de la ruptura pública y solemne de don Juan con Franco. Le instó a que contase con Franco y el rey —dice— «no me contradijo». Insiste: «El rey ha de venir a prolongar los ideales de la cruzada». Y propone un método singular: «Eliminar las apariencias externas de un partido único, pero con aceptación de los principios y postulados que éste alentó».

En sus impresiones personales que forman la tercera parte del revelador informe, Joaquín Ruiz-Giménez tranquiliza a Franco sobre la cancelación de las irregularidades en la vida privada de don Juan gracias a unos ejercicios espirituales que acaba de hacer y a la benéfica influencia espiritual de Vegas. Ruiz-Giménez coincide plenamente con las directrices de Carrero: «En todo caso parece absolutamente indispensable que fuese a vivir junto al rey un capellán de verdadero prestigio y sólida virtud y dos o tres personas (en calidad de secretarios o consejeros) que, siendo fieles a los ideales del Alzamiento y aún al Caudillo, resultaran del agrado del monarca».

La última recomendación del emisario es que, preparado así espiritualmente el terreno, Franco podría abordar la instauración mediante un ajuste de las instituciones del régimen a la Monarquía y una incorporación de personalidades monárquicas al Gobierno del Caudillo, para que los españoles, «que tienen que agradecerle ya para siempre al Caudillo el haber triunfado en la guerra, le tendrían que agradecer el haber sabido, en un proceso de autolimitación de sus poderes, abrir el camino a una forma de gobierno que, a más de ser la tradicional en España, es la que hoy mejor puede conciliar la autoridad con la libertad y frustrar las turbias maniobras de los elementos rojos, sin defraudar los ideales y los entusiasmos de los que lucharon y murieron en la cruzada».

Éste es el informe Ruiz-Giménez, decisivo para ilustrar el apoyo del catolicismo político —sus dos ramas estaban representadas en la misión, tanto los propagandistas como el Opus Dei— a Franco, bajo la orientación de la jerarquía, en los momentos de máxima gravedad internacional y máximo peligro por parte de los conspiradores monárquicos del interior. Franco supo captar la importancia de ese apoyo y se disponía ya a acomodar la apariencia de su régimen y la composición de su Gobierno a la gran posibilidad de cooperación política que le brindaba, en la primavera de 1945, la Iglesia de España.

El pleno de las Cortes que se celebra los días 13 y 14 de julio aprueba —en el primer caso, por aclamación— dos leyes importantes: el Fuero de los Españoles —carta de derechos básicos de la persona— y la Ley de Bases de Régimen Local. El objetivo de la primera «era quitar argumentos a las críticas exteriores, pero estaba reducida, sobre todo durante sus veinte primeros años de vigencia, a una apariencia democrática formal que después, al convertirse en ley fundamental, cobraría cierta efectividad» constituyente, aunque no equiparable a las cartas constitucionales de derechos humanos. La Ley de Régimen Local trataba de fortalecer las haciendas municipales y provinciales y establecía la elección de las corporaciones por tercios —uno directo, dos orgánicos—, aunque la designación de los alcaldes se reserva a la autoridad gubernativa. Es un avance democrático, pero ni suficiente ni convincente de cara al exterior. Claro que el ambiente exterior no admitía, por el momento, ni asomos de diálogo con España.

A la sombra del primer hongo atómico de la historia —que surgió el 16 de julio de 1945 en un lugar del desierto de Nevada con nombre español—, los «tres grandes» (Stalin, Traman y Churchill) abren, el 17, la Conferencia de Potsdam. En decidido ataque antifranquista, Stalin propone que «el régimen español es un peligro para la paz». El ataque de Stalin es durísimo. Se inicia con una falsedad histórica: «El régimen de Franco no se originó como consecuencia de fuerzas internas del país, sino por imposición del Eje»; el régimen «constituye un grave peligro para las naciones europeas y suramericanas amantes de la libertad» (nada dijo Stalin del amor de la Unión Soviética por la libertad). La propuesta consistía en «romper totalmente las relaciones con Franco y apoyar a las fuerzas democráticas para restablecer la libertad en España».

El cinismo de Stalin era tan palmario que Churchill desbarató fácilmente la argumentación. El Gobierno de Franco era el de España; la medida provocaría la aproximación de los españoles a Franco; España no luchó contra los aliados. Traman se identificó con Churchill; Stalin hubo de ceder, no sin advertir misteriosamente «que él tenía medios para resolver la cuestión con Franco». Stalin pide entonces que para la siguiente reunión los expertos redacten un documento menos agresivo, y así se acepta. Nuevamente la defensa de Churchill resultó vital para Franco y su régimen.

El 17 de julio de 1945 Franco proclama ante el Consejo Nacional: «En la nueva etapa que hoy comenzamos, se hace necesario enfrentarse con el problema de la sucesión». El carácter espiritual del Movimiento «le llena de sentido popular y democrático».

No se habían acallado los comentarios por estas palabras cuando, el día 20 de julio —la misma fecha que lleva un impaciente informe Kindelán—, José Félix de Lequerica, que cena con unos amigos, recibe una llamada —nunca concretó de quién era— que le anuncia amablemente su cese como ministro de Asuntos Exteriores, aunque debe esperar a que el Boletín Oficial del 21 le revele el nombre de su sucesor. Es una completa renovación del equipo gobernante. Sólo permanecen cuatro ministros anteriores: Blas Pérez, Girón, lbáñez Martín y Benjumea. Con Girón mantiene la presencia falangista el nuevo ministro de Justicia, Raimundo Fernández Cuesta, presidente del Consejo de Estado. Vuelve también, excepcionalmente, al Gobierno el general Dávila, monárquico, como ministro del Ejército. Un veterano de Alhucemas y del Cuartel General en la guerra, el almirante Francisco Regalado, es ministro de Marina. Y un héroe del Aire, ayudante de Alfonso XIII —Eduardo González Gallarza—, es el primer aviador que rige su propio ministerio.

José María Fernández Ladreda, ministro de Obras Públicas, fue alcalde de Oviedo con la dictadura, general de Ingenieros, doctor en Ciencias y catedrático, defensor de la ciudad en 1936-1937. Era miembro de la Asociación de Propagandistas y perteneció a la CEDA, aunque se confesaba militar, no político. También era monárquico el nuevo ministro de Agricultura, Carlos Rein, ingeniero agrónomo, alcalde de Cazorla con Primo de Rivera, vieja guardia de Falange y vicesecretario de Ordenación Económica en Sindicatos. El creador y presidente del INI, Suanzes, es el nuevo ministro de Industria. Pero en esta constelación de hombres jóvenes, monárquicos, con raíces en la dictadura precursora, destacan un nombramiento y un cese. El cese es el del ministro secretario del Movimiento, José Luis de Arrese, a quien no se designa sustituto, aunque tampoco se suprime la Secretaría General, encomendada al vicesecretario. Es un pase a segundo plano de la Falange, ante el que Arriba reacciona con disciplina: «Somos movimiento y no partido». Una nueva decisión completa esta retirada falangista: la poderosa Vicesecretaría de Educación Popular, que controlaba la prensa, la radio, los espectáculos y los libros, desaparece en el Consejo de Ministros del 26 de julio y sus competencias se transfieren a la Subsecretaría del mismo título, encomendada a un hombre de La Editorial Católica, Luis Ortiz Muñoz, a las órdenes del confirmado ministro de Educación, el antiguo cedista José lbáñez Martín.

No conviene olvidar, sin embargo, que Franco no prescinde del vital apoyo interno que le seguirá prestando la Falange, cuyos hombres más destacados —Fernández Cuesta y Girón— siguen en el Gobierno, y cuya mujer-símbolo, Pilar Primo de Rivera, continúa al frente de la Sección Femenina.

Pero el nombramiento más significativo en el nuevo Gobierno es el de ministro de Asuntos Exteriores a favor de Alberto Martín Artajo. Antiguo editorialista de El Debate —y ahora de Ya—, era letrado y secretario del Consejo de Estado, jurista eminente y presidente de la Junta Técnica de La Editorial Católica. Según declaró pronto en público, pidió y obtuvo la conformidad del primado y del nuncio. En una época en que la Democracia Cristiana daba a Europa gobernantes de enorme influencia —Schumann y Bidault en Francia, Aicide de Gasperi en Italia, pronto Konrad Adenauer en Alemania—, la Iglesia mostraba un claro apoyo al régimen de Franco con la simple presencia de dos de sus hombres —Artajo e lbáñez Martín— en el Gobierno con que Franco encaraba el temporal más formidable que, desde el exterior y en tiempo de paz, ha sufrido régimen alguno en la edad contemporánea. Fue un insigne servicio que la Iglesia prestó al régimen de Franco en su momento más difícil, casi desesperado.

El nuevo equipo para la defensa internacional de España entra en funciones inmediatamente, sin rodaje posible; porque el 26 de julio el electorado británico derriba sin gratitud ni contemplaciones al salvador de Inglaterra, Winston Churchill, e instala en el 10 de Downing Street al político laborista que dio su nombre a una compañía de la XV Brigada Internacional en España, Clement Attlee. «Por el entendimiento con la URSS, vota al Partido Laborista» fue el eslogan victorioso en las elecciones.

El 2 de agosto de 1945, los «tres grandes» firman y publican su declaración de Potsdam, que consagra la enorme victoria política de Stalin: once países de Europa, con cien millones de habitantes, quedan bajo la férula soviética. Desde su amargo desengaño, Winston Churchill comentaría que Traman arrastró a Attlee para que consintiese en sacrificar España a la URSS y comprar así la colaboración soviética contra Japón; persistía la obsesión de Roosevelt, y los reunidos proclamaron así la condena antiespañola: «Los tres gobiernos se sienten obligados a especificar que, por su parte, no apoyarán solicitud alguna que el Gobierno español pueda presentar para ser miembro de las Naciones Unidas, por haber sido establecido dicho Gobierno con ayuda de las potencias del Eje y porque, en razón a su origen, naturaleza, historia e íntima asociación con los Estados agresores, no reúne las cualidades necesarias para justificar su admisión».

Indalecio Prieto se apresura a interpretar esta declaración —dos días más tarde— como desahucio de Franco; le sigue en la profecía, el día 5, Diego Martínez Barrio: «Cualquier solución podrá intentarse en España menos la permanencia del general Franco en el poder». No piensa así el Gobierno español, que el mismo día 5 responde dignamente con una nota contundente, en la que llama simplemente «tres» a los firmantes de Potsdam: «Ante la insólita alusión a España que se contiene en el comunicado…, el Estado español rechaza, por arbitrarios e injustos, aquellos conceptos que le afectan… España (…) se ve obligada a declarar que ni mendiga puesto en las conferencias internacionales ni aceptaría el que no estuviese en relación con su historia».

Aquella mañana del 5 de agosto un paracaídas americano retardaba la caída sobre la ciudad japonesa de Hiroshima de una bomba atómica de veinte kilotones, que produjo una hecatombe todavía sin saldar hoy, más de cincuenta años más tarde. Al día siguiente, 6 de agosto, Franco preside el concurso hípico en las pistas de La Coruña. La entrega de Pierre Laval por España a la venganza francesa ha de apuntarse a la venganza francesa más que a España.

El 1 de septiembre de 1945, al cumplirse los cinco años —como expresamente se menciona— de la Guerra Mundial que acababa de agonizar, el primado de España, Enrique Pía y Deniel, participa de nuevo con aguerrida carta pastoral en primera línea de la defensa española. Es un documento revelador, muy poco comentado. «España —dice el arzobispo de Toledo— no entró en la guerra a pesar de poderosas presiones y situaciones difíciles. Desde hace muchos siglos no se había reconocido teórica y prácticamente la independencia de la Iglesia como por el actual Gobierno». El recién promulgado Fuero de los Españoles «marca una orientación de cristiana libertad, opuesta a un totalitarismo estatista». Y para quienes, desde el exilio, claman por la suprema solución formal del plebiscito para arreglar milagrosamente el futuro español, el primado concluye con una frase durísima y auténtica: «La pasada cruzada vino a ser un plebiscito armado».

Don Juan se establece
en Estoril

Ramón Serrano Súñer escribe a Franco para sugerirle un gobierno de intelectuales: Franco no le hizo el menor caso. La historia secreta del verano y el otoño de 1945 se ha desvelado ya hoy y confirma dos movimientos cuyo objetivo era el mismo: la utilización suprema de don Juan de Borbón, al que uno y otro bando (sus consejeros rupturistas y los consejeros-enlace con Franco) habían convencido de la necesidad de salir del encierro suizo y trasladarse a Estoril como antesala para saltar al trono.

El frente monárquico trabaja en inconcebible desunión, con sus centros personales en Lausana (Juan Oliván-Vegas), Portugal (Gil Robles, Sainz Rodríguez, separados) y el interior (Kindelán, alejado de don Alfonso de Orleans y en total incomunicación con Aranda, que trabaja para la unión conspiratoria con los republicano-socialistas de dentro). La desconexión entre todos estos centros es increíble a la vista de los documentos, y explica el fracaso de la conjura, en la que además interviene Franco por medio de emisarios intermitentes que introducen falsas esperanzas y una confusión total.

A partir del 14 de agosto se reúnen en Sanlúcar, lugar del confinamiento del general infante don Alfonso, el general Kindelán y el enlace —equívoco enlace— Rafael Calvo Serer. Discuten un borrador de documento conminatorio que don Juan pensaba dirigir a Franco. Se encarga al general Orgaz que dirija a los demás tenientes generales el documento por vía de consulta. Se discute sobre la formación de un gobierno provisional.

Pero Franco entregaba a Orgaz la jefatura del Alto Estado Mayor —hasta entonces era sólo jefe adjunto—, vacante por el nombramiento de Dávila como ministro; la toma de posesión se hizo sin testigos y sin publicidad. Orgaz, ya investido del alto cargo, manifiesta a Kindelán sus dudas sobre la viabilidad de la conspiración: «Cuando a mí algunas gentes me hablan de un gobierno de generales, yo miro en derredor y no los encuentro».

Con tan sencillos movimientos, Franco abortó el nuevo proyecto de carta de los generales, que se escribió pero no se envió, contra lo que, sin prueba alguna, cree Víctor Salmador al transcribir el proyecto no nato; así lo confirma Gil Robles en su diario del 10 de diciembre de 1945. La conminación era durísima; pero quedó inédita. Puede que el decreto de constitución del gobierno provisional, y los nombres para ese Gobierno —presidido por Kindelán— se refieran a esta coyuntura. Como otras cartas y documentos del archivo Kindelán referentes al segundo semestre de 1945, no se trata más que de planes, ensueños y constataciones de sucesivos fracasos. El ascenso de Orgaz —totalmente hundido ya moralmente— y el cese de Kindelán acabaron con la viabilidad de la representación monárquica oficial en España; la durísima carta de don Juan a su tío Alfonso ya en 1946 sería la mejor prueba.

El diario de Gil Robles, espectador más que actor, confinado en el norte de Portugal, se mueve en una dirección más realista: el apoyo de Inglaterra, la previsión del traslado de don Juan a Portugal y las negociaciones con los católicos que han accedido al poder en el Gobierno de Franco.

Fue el propio Franco quien, por medio del exembajador en Francia Miguel Mateu Pía, invitó formalmente a don Juan para que estableciera su residencia en España. De esta forma, Franco trataba de contrarrestar el creciente acoso exterior contra su persona y su régimen. Luca de Tena y Sangróniz reiteraron el ofrecimiento. Don Juan no aceptó y además comunicó a los emisarios que varios generales pensaban sublevarse contra Franco después de la frustrada conminación. Franco no va a oponerse al viaje de don Juan a Lisboa; y sigue pensando, al empezar el año 1946, en la conveniencia de entrevistarse con él porque confía en atraérselo a su causa. Pero volvamos a los sucesos de septiembre de 1945.

El exembajador americano Carlton J. Huntley Hayes sale briosamente en defensa de España a mediados de noviembre, con su célebre libro Misión de guerra en España. No le imita su desdibujado sucesor, Norman Armour, que dimite por esos días, quizá por aburrimiento, aunque permanecerá en su puesto hasta fin de año. De Gaulle tiene que ceder el 16 de noviembre ante los comunistas, a quienes otorga cinco carteras. Tras el rebato del primado, es el propio Papa quien, el 18 de noviembre de 1945, bendice públicamente a Franco y recuerda a los españoles «la fuerza del espíritu que salvó la fe en la hora dolorosa».

Al día siguiente, la prensa mundial, dispuesta a creerse cualquier dislate sobre España, publica los primeros rumores sobre una fabricación de bombas atómicas en lugar tan quijotesco e increíble como Ocaña, el escalón manchego. Con motivo de una nota del «Gobierno republicano», que el 20 de noviembre rechaza toda posibilidad de plebiscito sobre la monarquía, Giral, Prieto y Negrín se enzarzan cada uno en su particular Bizancio.

En estas amargas circunstancias de Europa, llega a Lisboa el sacerdote Ángel Herrera, gestor y alma de los propagandistas católicos, que abraza a José María Gil Robles, con quien había compartido la gran aventura posibilista de la CEDA y El Debate en la República. Herrera llega a Portugal como virtual emisario de Franco a través del grupo católico instalado en el Gobierno; y trata de convencer, inútilmente, a su amigo —que le ayudó a misa por la mañana— para que colabore en el proyecto franquista de restauración, a la vez que le informa sobre la fuerza irresistible de Franco en el interior de España. Gil Robles vacila y lo piensa; y por la noche recomienda a un emisario británico que se intensifique la presión exterior sobre España. ¿Cómo no vería Gil Robles el lado negro de tal sugerencia?

Al día siguiente, Gil Robles comunica a don Ángel Herrera su contrapropuesta: Franco debe reconocer a don Juan como rey; se acepta la idea de Franco para la creación de un Consejo del Reino, pero Franco habrá de fijar un plazo para la transmisión del poder. Un plazo fijo, aunque sea amplio. Herrera regresa sabiendo que Franco no aceptará jamás esa pauta.

Por iniciativa británica se comunican a Gil Robles proyectos para un acuerdo entre monárquicos y republicanos para crear una confederación nacional democrática contra Franco. Los generales Aranda y Beigbeder, que dirigen el núcleo más activo de la conspiración interior, han aceptado la idea. Gil Robles, con sus recuerdos de la República muy vivos, la rechazará varios meses.

El 7 de enero de 1946 don Juan escribe al general Kindelán para explicarle que ha accedido a viajar a Portugal según propuesta que le hace Franco por medio de José María Oriol, y una vez oído el consejo de los embajadores de los Estados Unidos y Gran Bretaña sobre la necesidad de ceder algo en las formas ante Franco, ya que «en el momento presente el general Franco era dueño absoluto de la situación interior». Por tanto, don Juan va a Portugal «sin otro compromiso que una vez allí organizar la entrevista con el general Franco», en la que deberá quedar claro que la monarquía no será jamás el remate del régimen; porque Franco debería percatarse «del inmenso servicio que prestaría a España abandonando voluntariamente el poder».

Los dos altos personajes pensaban, pues, en su entrevista desde ángulos diametralmente opuestos; quizá por eso la entrevista no se realizó entonces, aunque Carrero aduzca unas razones circunstanciales —las filtraciones— para su cancelación.

Dos días antes de que don Juan emprenda viaje hacia Estoril, le alcanza una carta de Franco en la que éste le manifiesta su decepción por la gestión de Oriol —que transmitía a Franco una total identificación doctrinal entre don Juan y el propio Franco—, y le confiesa que se arrepiente de haber sugerido el viaje a Portugal, sin comprobar antes «el alcance verdadero de vuestro viaje y las limitaciones que razones de orden internacional e interior imponen». Pero ya es tarde. Inglaterra patrocina el viaje; Inglaterra manda más que Franco en el Portugal de Salazar, y Franco, además, no se atreve a volver sobre su palabra y pedir a Salazar que impida la llegada de don Juan.

Tras breve escala en Londres, don Juan llega a Lisboa y se instala en Villa Papoila, que poseen en Estoril los marqueses de Pelayo, que financiaron antaño la empresa de Acción Española. El mismo día se conoce una importantísima declaración del líder laborista Ernest Bevin en Londres: «La propaganda de Moscú y del Partido Comunista constituye hoy el mayor peligro para el mundo y su paz». Franco siente que el mundo libre comienza a darle la razón; se vuelve contra Stalin el mismo argumento que éste esgrimió en Potsdam contra Franco, y un secretario laborista del Foreign Office pone, en plena ONU, uno de los más claros jalones iniciales del camino hacia la guerra fría. Ante semejante anticipo, poco importa que, por interesada inercia, la sección londinense de la ONU ratifique e incluso agrave el 9 de febrero la sentencia de Potsdam contra Franco; tanto más cuanto que siguen afluyendo a El Pardo adhesiones decisivas, como la que envían, unánimes, las empresas periodísticas españolas el 6 de febrero, o la que comunican personalmente, antes de salir para Roma, los tres nuevos cardenales españoles, Pía, Arce y García Parrado, el día 4.

Al historiar estos momentos graves de España, no debe disociarse la coincidencia en el tiempo de dos procesos: la conspiración monárquica y la brutal presión exterior, ahora a cargo de los comunistas franceses. Esta coincidencia ponía a veces en situación tan desairada a los monárquicos que éstos se sintieron en alguna ocasión obligados a repudiar los excesos de la campaña exterior que ellos mismos, según acaba de confesar Gil Robles, habían alentado sin medir las consecuencias. En su primer encuentro, celebrado el 4 de febrero de 1945, Gil Robles propone a don Juan crear la Coalición Monárquica Nacional (llamada después Confederación de Fuerzas Monárquicas), pero se sigue oponiendo a negociar con la plataforma de izquierdas Agrupación Nacional de Fuerzas Democráticas al enterarse de que los comunistas han ingresado en ella.

Por su parte, Sainz Rodríguez, en conexión con los conspiradores militares del interior Aranda y Beigbeder, tiene menos empacho en montar los contactos con la izquierda; entre él y Gil Robles la desconexión es patente, y se deriva de la aguda desconfianza entre monárquicos y católicos durante la República.

El 13 de febrero de 1946 un nutrido grupo de personalidades monárquicas publica el Manifiesto de los Quinientos (en realidad son 456), interpretado por Gil Robles como «documento de salutación», en el que se dice: «Queremos que reciba V. M. el testimonio de nuestra más firme adhesión. No pretendemos con ello exteriorizar simplemente un sentimiento, sino expresar una convicción profunda de que sólo la monarquía encarnada por V. M. por feliz conjunción sucesoria de las dos ramas dinásticas puede ser base sólida de un régimen estable y definitivo, conforme a la tradición histórica española, adecuada a las necesidades del momento presente, apto para colaborar con las demás naciones».

La relación completa, publicada por una fuente próxima al propio Franco, es aparentemente abrumadora: casi toda la gran banca, numerosos catedráticos, varios representantes de la alta nobleza, muchos profesionales (abundan los ingenieros de caminos), un bloque de exministros de la Corona y algunos del propio Franco. No hay un solo militar en la relación; se preparaban otros dos escritos de salutación, uno firmado por diputados republicanos y otro por militares, que no llegaron a producirse.

Franco y las izquierdas quedan asombrados ante el documento constitucional que Gil Robles y Pedro Sainz publican con el solemne título Bases Institucionales de la Monarquía Española, que nada tiene que ver con un proyecto democrático; acepta un Consejo del Reino, unas Cortes casi orgánicas y señala tres postulados esenciales: la confesionalidad católica del reino, la unidad sagrada de la patria y el carácter representativo de la monarquía. «Y para eso ¿tiene que irse Franco?», comentaban, incrédulos, los pocos demócratas que figuraban en la oposición contra Franco. Como consecuencia de la renovada actividad monárquica, Franco decreta el confinamiento del general Kindelán en la isla canaria de La Palma, en fecha 25 de febrero de 1946.

El 5 de marzo Winston Spencer Churchill declaraba formalmente la guerra fría de Occidente a la Unión Soviética en solemne ocasión, en presencia del presidente Truman, durante un discurso que se comentaría semanas y semanas, año tras año en el Westminster College de Fulton, Missouri. «De Stettin, en el Báltico, a Trieste, en el Adriático —decía el hombre que ganó la batalla de Inglaterra—, una cortina de hierro ha descendido sobre Europa». Y ratifica su postura con frases que parecen arrancadas de los discursos de Franco: «Los partidos comunistas constituyen una amenaza y un peligro para la civilización cristiana». Lord Templewood, en su silencio londinense, recordaría ciertas predicciones de su interlocutor en El Pardo. La reacción de Stalin fue terrible, espumeante. Y la comunicó al mundo —titulaba Arriba en Madrid— «por uno de sus dos cuernos sonoros, el diario Pravda».

El 1 de abril, los espectadores del Desfile de la Victoria se lanzan tras el automóvil de Franco y llenan la plaza de Oriente. «Acto absolutamente inesperado —dice, con toda razón, la prensa— y sin el menor precedente en nuestra memoria». Franco saluda desde el balcón central del palacio, con un discurso brevísimo y entrecortado: «Dos palabras para agradeceros vuestro entusiasmo y vuestra unidad». Grupos de estudiantes improvisaron pancartas de acera a acera que aludían a la condena del nuevo Barba Azul francés, un hombre que, según sus defensores, «sólo había cometido 19 asesinatos»: «pitié pour le pauvre petit Petiot». Desde este instante, la plaza de Oriente va a convertirse en el inmenso altavoz de la adhesión a Franco, sí, pero, sobre todo, de la protesta popular española por la insaciable intervención de la propaganda extranjera. A la orilla opuesta del océano hispánico, otra multitud sin límites ovacionaría en Buenos Aires al ya preconizado presidente, Juan Domingo Perón, tres días más tarde.

La manifestación
de diciembre

Los informes que había enviado en febrero y marzo de 1946 a Washington el encargado de Negocios George F. Kennan sobre el interés político y estratégico de la URSS en España causaron profunda impresión en el Gobierno norteamericano: el diplomático empezaba ya a ser una figura clave de la inminente guerra fría. El 12 de mayo se presenta José Giral en Nueva York para testificar ante el subcomité Lange. Le acompañan Fernando de los Ríos y José Antonio de Aguirre. El día 14 entrega al secretario de las Naciones Unidas, Trygve Lie, un memorándum de 350 páginas que, por fortuna para su equipo redactor, no se ha publicado jamás. El 27, en uno de los más tristes momentos de su vida, Giral confirma ante el subcomité las desatadas sospechas de Lange; habla de las minas de uranio y de la investigación atómica en España. Pide, además, que el general Agustín Muñoz Grandes sea declarado criminal de guerra. El notable especialista Javier Rubio considera las actuaciones de Giral como «cúmulo de dislates» y critica su «doblegamiento a los consejos soviéticos».

Avergonzado por las crecientes críticas sobre lo inconsistente de sus pruebas, el subcomité Lange emite el 1 de junio de 1946 un informe «pasado por agua»: España es, no un peligro real, sino una amenaza potencial para la paz del mundo. Con la moral hundida por la insuficiente condena contra su país, el doctor Giral cae en el surrealismo. Denuncia el día 4, en México, la colosal amenaza que supone para Occidente la nueva flota de guerra española, que, según él, consta ya de dos poderosos acorazados en servicio —el José Antonio y el Mola— y otros dos a punto de terminarse. Ante la divertida reacción general, el ilustre farmacéutico decide pasar a la acción y teledirige contra el enclave español en los Pirineos a unas partidas guerrilleras que se retiran al comprobar que Carlos Martínez de Campos ha enviado previsoramente una compañía para defender la jamás desmentida fidelidad de aquellos españoles.

El secretario general de la ONU, el noruego Trigve Lie, prende otra vez, ante la general sorpresa que inhibe toda reacción inicial, la campaña antiespañola en plena Asamblea General de las Naciones Unidas, tras lograr que el caso español salga del atasco en el Consejo de Seguridad y pase a la Asamblea. Exige la definitiva condena del régimen español con argumentos ideológicos, una vez comprobado el fracaso de las absurdas acusaciones «atómicas»; un gobierno fascista, según Lie (los anglosajones bordaron los chistes sobre su apellido, que en inglés significa simplemente mentira), como el español, no puede coexistir con las democracias (Unión Soviética y satélites incluidos) después de la mortal derrota de los países del Eje. El pueblo madrileño aprovecha la primera ocasión —el entierro del falangista vallecano Hipólito Díaz, asesinado por un grupo comunista— para mostrar su indignación ante la nueva campaña; es el 26 de octubre.

El presidente del Comité Político de la ONU, que no es otro que el delegado soviético, Manuilsky -el mismo dirigente que orientó el VII Congreso de la Komintern en 1935, trascendental para la historia del Frente Popular en España, abre el debate suscitado por la iniciativa de Trygve Lie. El senador Connally adelanta una agresiva propuesta que retira ante la fulminante reclamación de Martín Artajo en Washington, por medio del ministro de España, Manuel Aznar. A los dos días, el Consejo de Seguridad pasa el asunto a la Asamblea General una vez que Gromyko cancela su veto de junio.

La condena contra España en la ONU se va a concretar definitivamente en el mes de diciembre de 1946. El día 3, el Gobierno publica una dura réplica a la moción americana en la Asamblea: «El pueblo español rechaza el calificativo de fascista». Sin dar tiempo a que las Naciones Unidas formulen su condena, ese pueblo español se encarga —en alarde de democracia directa— de desmentir y desautorizar la intervención extranjera en sus asuntos. Y lo hace con las más fervorosas manifestaciones políticas en toda la historia española desde las muchedumbres plebiscitarias de 1935, desde las riadas humanas que celebraban, durante la guerra, una batalla ganada. Esta vez no fue todo espontaneidad, como el 1 de abril, y se advirtieron signos de organización; pero la respuesta popular fue sincera y desbordó a los propios organizadores. Es el 9 de diciembre de 1946, una de las dos o tres fechas esenciales en la vida política de Francisco Franco. Decenas de millares de madrileños, entre ellos numerosos enemigos de la guerra, afluyen a la plaza de Oriente: Franco, avisado en El Pardo corre a su encuentro. «En el mismo escenario de 1808 —dice la prensa, unánime—, Madrid levanta el grito de la independencia nacional».

Franco, aclamado con delirio durante más de una hora, pronuncia unas palabras breves y rasgadas, que nadie puede oír entre el clamor ronco de medio millón de voces airadas. «No debe extrañarnos que los hijos de Giral y la Pasionaria encuentren tolerancias. Prueba de nuestro resurgimiento es llevar al mundo colgado de los pies». La repercusión en España es enorme; todas las poblaciones, mayores y menores, se echan a la calle ese día y el siguiente. En el extranjero se acusa el desengaño, aunque se trate de disimularlo con fingido desprecio, pero la historia ya hizo la luz hace años, como en las frías conclusiones de los profesores Gallo y Trythali. «No hay dudas —dice el de Oxford— de lo genuino de la ovación que recibió Franco de la multitud». La ovación iba a quedar; el epílogo agresivo debe registrarse aquí sólo como triste anécdota con un par de años de vergonzante vigencia.

Al día siguiente, 10 de diciembre, cinco naciones hijas de España, pero que en ese momento actúan como títeres de su poderoso vecino del norte —México, Venezuela, Panamá, Guatemala y Chile—, proponen una condena que no puede prosperar por un empate a veinte votos: la ruptura total de relaciones con España. La delegación belga adelanta entonces una fórmula más suave: se mantienen las relaciones, pero se recomienda la retirada de embajadores. El Gobierno español queda excluido de los organismos y conferencias relacionados con las Naciones Unidas, y el Consejo de Seguridad estudiará medidas a adoptar si en un plazo razonable no se establece en España un gobierno democrático. Esta bofetada triunfa por 27 votos contra 7, y por 34 contra 5 la total exclusión de España de los organismos internacionales y actividades de la ONU. La votación para la propuesta belga se celebra en la Asamblea General el 12 de diciembre. Argentina, Costa Rica, la República Dominicana, Ecuador, El Salvador y Perú votan a favor de España. Se abstienen trece países: Afganistán, Egipto, Líbano, Arabia Saudita, Siria, Canadá, Colombia, Cuba, Honduras, Holanda, Grecia, Turquía y Sudáfrica. La reacción de Argentina fue típicamente española: no sólo votó contra la mayoría, sino que anunció inmediatamente su desobediencia expresa a la recomendación de la ONU y el envío a Madrid de su nuevo embajador, doctor Radío, en un buque precisamente español.

En el curso de diciembre van desfilando los embajadores: el 25, sir Victor Mallet; el 28, el holandés Tappena; el 30, Cotti, embajador de Italia, nación que, tras su cambio de bando en la guerra, ni siquiera pertenecía a la ONU y cuyo elemento oficial justificó así las acusaciones, otras veces injustas, que suelen dirigirse al valor de su pueblo. Quedan en Madrid dos embajadores: el nuncio Cicognani, y el portugués Teotonio Percira. Y dos ministros plenipotenciarios: los de Suiza e Irlanda. Martín Artajo envía una circular a todas las embajadas españolas; España retira sus jefes de misión de las grandes potencias, pero ordena a los demás que sigan en sus puestos. El 13 de diciembre, el Gobierno español comenta desdeñosamente los acuerdos de la ONU, que, según la nota oficial, carecen de virtualidad y eficacia; Manuel Aznar embarca el día 14 de diciembre en Nueva York; allí volvería con más alto rango. Ese mismo día recibe Franco el homenaje desbordante de Zaragoza, antes de hablar a los cadetes de la Academia General; un viaje simbólico a la ciudad de la independencia. Le Monde publica, dos días más tarde, el mejor comentario político al aquelarre neoyorquino: «Con alfilerazos no se mata al toro».

Pronto van a comprender los aliados occidentales que su política de apaciguamiento hacia la URSS les ha llevado a una trampa española. Arrecian las ráfagas precursoras de la guerra fría. El 22 de diciembre, el ministro Bevin predice en la BBC una tercera guerra mundial. El día de Navidad se reanuda la contienda civil en China, entre el Kuomintang y los comunistas de Mao. El mismo día, Francia lucha ya en Hanoi y Haiphong con otros comunistas, los que siguen a Ho Chi Minh.

En su nuevo ostracismo (que no ha hecho sino sancionar espectacularmente, y con una tristísima colaboración de españoles, toda una situación de dos siglos). España alterna la espada con el arado y demuestra su confianza en el futuro con la promulgación de leyes importantes, como la que el último día de 1946 ordena el sistema bancario del país. Consagra la ley una mayor intervención del Ministerio de Hacienda en la política del Banco de España.

No había horizontes —aparentemente, porque Franco, seguro de su razón interior y su visión exterior, sí los tenía y los sentía—, a finales de 1946, para la España maldita y cercada. El año había marcado el apogeo de la actividad de los «maquis» —con 1.085 acciones, según Líster— que se superaría en el año siguiente, 1947, con un máximo absoluto de 1.317 actos de violencia política en campos y ciudades. La Guardia Civil, cada vez más entrenada, daría a lo largo de ese año la batalla decisiva a las actividades guerrilleras, que degeneraban por todas partes en bandolerismo de pretexto político.

Otros «maquis» más peligrosos, los cobardes del casi siempre alicorto capitalismo español, solían despotricar contra el régimen en Suiza, después de depositar a buen recaudo las ganancias sustraídas a la paz de Franco, obtenidas en España por procedimientos no siempre confesables. Los bares de la calle de Serrano se volvían zocotín para los grandes negocios sucios, no siempre de la esfera privada. Eran tiempos de carestía y racionamiento, de fortunas rápidas y acechos para la traición política de bajos vuelos en altas esferas. Pero, para la inmensa mayoría del pueblo español, eran también tiempos de fe. Florecían, como nunca en la historia contemporánea, vocaciones sacerdotales y religiosas en todos los rincones de España. Construía o ampliaba el Estado seminarios menores y mayores en casi todas las diócesis. El cerco de la ONU reavivaba los estudios sobre Trento y el espíritu defensivo de la Contrarreforma. Avanzaban grupos del Opus Dei en su conquista de las cátedras universitarias, mientras otros de sus socios se especializaban en teoría y gestión económica, o mostraban preferencias hacia los temas informativos y el estudio de problemas contemporáneos. Franco hacía ejercicios espirituales con el fundador del Opus, José María Escrivá de Balaguer, a quien quiso nombrar obispo castrense para que toda la juventud pasara por sus manos.

La subversión
y la conjura

Un resumen hostil a Franco publicado después en la editorial parisina Ruedo Ibérico —subvencionada por la CIA— resume así la actividad política de 1947: «El régimen toma la iniciativa…; en el interior se termina en este año de sofocar los reductos guerrilleros». Entre la Policía y la Guardia Civil, con ocasional colaboración del Ejército y la Marina, a fines del año puede darse por liquidada la extraordinaria aventura de los «maquis», mientras los comités clandestinos de comunistas, socialistas y sindicalistas caían uno a uno, sin remisión, víctimas de una infiltración implacable y de sus propios errores al confundir realidad española con deseos propagandísticos.

No se ha comentado con profundidad histórica aún la tremenda eficacia de la policía española urbana y rural en la desarticulación sistemática de toda posibilidad subversiva, a veces en oculta lucha contra la directa o indirecta intervención de la CIA norteamericana y otros servicios secretos extranjeros. Los españoles tardaron muchos años en conocer las cifras definitivas de esta guerra interior. Según fuentes de la Guardia Civil, murieron 2.173 bandoleros políticos, y más de tres mil fueron capturados o se presentaron. En 1.826 choques armados, la Guardia Civil registró 257 muertos y 370 heridos: se detuvo a 19.444 cómplices. Mueren además en la misma lucha doce miembros del Cuerpo General de Policía, once policías armados y doce militares. Aniquilado así el esfuerzo subversivo de origen comunista, tomaron el relevo los anarquistas, desde 1947: su meta era restablecer la FAI con centro en Barcelona, a pesar de espectaculares acciones aisladas, que terminaron con la muerte de sus protagonistas (Facerías 1957, Sabater 1960, Caraquemada 1963).

La conjura interior fue desarticulada y neutralizada por Franco. Por otra parte, don Juan de Borbón, al destituir al infante don Alfonso como representante suyo, crea un Consejo de Acción Monárquica en el interior —designado por las dos camarillas de Estoril como «Tontilandia», según reconoce el interesado— bajo la dirección del general Kindelán, quien no mantiene contactos serios con esas dos camarillas (la de Gil Robles-Vegas, tradicionalista, y la de Sainz-Oliván, satélite británica y, según Franco, netamente masónica) ni menos con Aranda-Beigbeder. Añádase a esto el conjunto de grupúsculos dirigidos por políticos civiles y nobles palatinos y se comprenderá la total insolidaridad e inoperancia del frente monárquico, muy infiltrado además por hombres de Franco que se presentaban más o menos como enlaces o como emisarios.

El 1 de febrero de 1947 se perfila ya una nueva fase española de la conjura política contra Franco. Participan en ella, desde las nubes, la Confederación de Fuerzas Monárquicas, presidida en Estoril por José María Gil Robles y dirigida en el interior de España por un exministro de Franco, el general Juan Beigbeder Atienza; la Alianza Nacional de Fuerzas Democráticas, que engloba a todos los vencidos de la Guerra Civil y cuyo núcleo más activo son los socialistas anticomunistas Prieto y Llopis, con base en Francia; el Gobierno republicano en el exilio, presidido por Giral, teóricamente identificado con la ANFD, pero radicalmente opuesto a toda negociación con los monárquicos, y una serie de indefinidos intereses políticos, representados en las negociaciones por un alto empleado de la casa March, Tomás Peire, a quien los documentos del Departamento de Estado llaman, ingenuamente, «contacto con los socialistas del interior». Beigbeder actúa, según decimos, como ayudante de Aranda: la Confederación de Fuerzas Monárquicas, sigue en precario a las dos camarillas de Estoril y se reconoce tan poco en el interior que se crea en Madrid otra del mismo título.

Nunca ha sido este tipo de inspiraciones propenso a dejar huellas documentales, pero conviene notar, no sólo como coincidencia, que Franco, perfectamente enterado de todas estas conexiones, actuó con energía tan discreta como implacable y encargó a su amigo el general Fernando Roldán una delicadísima misión cerca del señor March, con el éxito apetecido. Franco conocía bien a Peire, militar retirado, miembro de su misma promoción y diputado radical durante la República. La documentación diplomática ya publicada es una fuente preciosa para el seguimiento de estas operaciones.

Monárquicos y demócratas —es decir, socialistas—entablan relaciones ya en enero. La primera consecuencia es la explosión del Gobierno Giral, que se desintegra a fines de enero de 1947, cuando le abandona el ministro Rafael Sánchez Guerra, antiguo secretario presidencial en la II República (al que pronto concedería Franco permiso para regresar a España y terminar sus días en un convento de Navarra), seguido por los representantes socialistas y sindicalistas. Entonces Martínez Barrio encomienda la jefatura del Gobierno al socialista Rodolfo Llopis, quien, a su vez, encarga a Trifón Gómez las negociaciones con los monárquicos y forma un gabinete en el que está representada toda la ANFD.

El 1 de febrero, Beigbeder y Peire se presentan en casa del encargado norteamericano de Negocios, Bon-sal, y le comunican los planes para establecer un gobierno provisional formado por siete monárquicos, siete miembros de la ANFD y cuatro militares. Dicen ampararse en la decisión tripartita de 4 de marzo de 1946; desgarbado apoyo para un exministro de Franco, como Beigbeder, quien demuestra conocer bien al Caudillo al afirmar: «Si Londres y Washington no apoyan, Franco podrá durar 30 años». Beigbeder afirma que luego de la proclamación del Gobierno, la mitad de sus miembros serían arrestados y la otra mitad llegarían a Tánger para operar allí. Según Beigbeder, el nuevo Gobierno debería asegurar la «eliminación del general Franco».

El Manifiesto
de Estoril

El Pardo y Estoril van a reñir la gran batalla política de aquella primavera. Poseemos ya toda la evidencia documental y testimonial para reconstruir este importante episodio, que acabará en una nueva ruptura entre Franco y don Juan; ruptura tan efímera que desembocará en una reconciliación decisiva en cuanto a sus efectos principales.

Desde hacía varios meses, don Juan de Borbón había concedido unas declaraciones al periódico de Londres Observer que sufrieron diversas modificaciones y retenciones mientras sus consejeros discutían sobre su oportunidad. En este contexto interno, y mientras los Estados Unidos e Inglaterra quitaban cada vez más hierro a sus proyectos antifranquistas en vista de los progresos de la guerra fría, Franco decide proseguir el proceso de institucionalización de su régimen y en el Consejo de Ministros del 28 de marzo decide, con aprobación del Gobierno, enviar a las Cortes un proyecto de Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado, que de momento se mantiene secreto para que don Juan sea el primer español, fuera del Gobierno, que lo conozca. Con este fin, Franco envía a Estoril al subsecretario de la Presidencia, Luis Carrero Blanco, que pide y obtiene una audiencia con don Juan el Lunes Santo, 31 de marzo. La reseña de la misión se encuentra en un minucioso documento redactado por el propio Carrero para Franco.

El emisario empieza presentándose: «Yo, señor, lo mismo que me crié católico me crié monárquico». Hace historia de su vida; su trágica experiencia en el Madrid rojo le impulsó a formularse a sí mismo «el voto de dedicar el resto de mi vida al servicio de España sin pensar para nada en mi porvenir ni en mis conveniencias particulares».

Confirma luego Carrero a don Juan la idea de Franco sobre la monarquía: «El ha pensado siempre en que la monarquía fuese continuación del Movimiento y en V. A. como futuro Rey de esa monarquía». Para preparar el camino, Franco ha decidido enviar a las Cortes un proyecto de Ley de Sucesión que se hará público esa noche; no se trata, por tanto, de una consulta a don Juan, sino de una notificación anticipada. Carrero entrega a don Juan el proyecto, que recibe este solo comentario: «Bueno, esto es la monarquía electiva».

Carrero no está de acuerdo; es una monarquía «hereditaria selectiva»; una monarquía tradicional y no liberal, basada en las Cortes del régimen, a las que nadie —según Carrero— puede tachar de no democráticas.

Carrero insiste: «En España se abrió el año 1936 una trinchera, y hay que estar de este lado de la trinchera o enfrente». Como hizo don Juan en 1936 cuando se presentó para luchar en uno de los bandos: el de Franco. «Tenemos —dice Carrero— enfrente a la masonería y al comunismo y no claudicaremos ni ante una ni ante el otro».

—No podrán ustedes, replica don Juan.

Entonces Carrero ataca a los colaboradores de don Juan y le entrega varias fichas personales; algunas enormemente agresivas, como las de Sainz Rodríguez y López Oliván.

Don Juan termina entonces la entrevista; le ha disgustado la entrega de las fichas. Carrero se va, y a poco vuelve para comunicar al gentilhombre de servicio que Franco pronunciaría esa misma noche un discurso sobre la sucesión.

Franco, en efecto, habló por radio esa misma noche y presentó el proyecto de ley sucesoria, que lee luego un locutor. A Gil Robles el proyecto le parece «un engendro que niega la esencia misma de la institución monárquica hereditaria; España se transforma en reino, pero, bajo la jefatura vitalicia de Franco, éste podrá nombrar un sucesor…».

El efecto de la iniciativa de Franco fue tan demoledor que don Juan y sus consejeros organizan un viaje desesperado del pretendiente hasta el palacio de El Pardo, donde trataría de imponer a Franco un acuerdo sucesorio inmediato. Desisten al fin cuando se enteran de que Franco ha salido de Madrid, y se contentan con preparar un manifiesto.

Los consejeros de don Juan, unidos ante el mazazo de Franco, habían tratado de desorientar a Carrero dándole un día y hora de nueva audiencia para retenerle en Lisboa mientras se consumaba el descabellado viaje a Madrid. Cancelado éste, don Juan recibe a Carrero otra vez el día 2 de abril. Don Juan se queja del hecho consumado; Carrero excusa a Franco por ser su poder legítimo y don Juan acepta de lleno esa legitimidad. Franco, según Carrero, utiliza su poder total precisamente para autolimitarse. Don Juan entrega a Carrero una nota en la que se calificaba de absurdo y monstruosa el proyecto; ante una sugerencia de Carrero, don Juan retira la nota.

Don Juan, según el informe Carrero, se muestra mucho más próximo a la posición de Franco que a los exabruptos de sus consejeros; y de hecho critica a los intermediarios. Carrero predice que para evitar el comunismo los grandes países de Occidente tendrán que abrazar un sistema parecido al de Franco: «El camino es el nuestro». Don Juan queda visiblemente impresionado por la convicción del mensajero, que le rebate otras razones basadas en el liberalismo económico; Carrero se despide seguro de que en el fondo don Juan ha quedado convencido, y de que son sus consejeros quienes le malmeten. Esta seguridad de Carrero sobre el pensamiento de don Juan regirá en adelante las relaciones Estoril-Madrid y será clave para asegurar la victoria de Franco.

Pero, tras el regreso de Carrero a Madrid, los consejeros de don Juan le convencen fácilmente para que lance a todos los vientos una protesta formal. Que se publica en dos tiempos: el Manifiesto de Estoril —7 de abril— y las declaraciones al Observer, modificadas tras los meses de retención, y publicadas por fin una semana después, el día 13. En el Manifiesto, don Juan repudia el proyecto de Franco como ilegítimo y como sometido a unas Cortes que son «mera creación gubernativa. La ley que así nazca será nula». Critica don Juan al régimen de Franco, «de puro arbitrio gubernamental» y al proyecto como definidor de un «caudillaje electivo». Los momentos «son demasiado graves para que España vuelva a añadir una ficción constitucional a las que hoy integran el conjunto de disposiciones que se quieren hacer pasar por leyes orgánicas de la nación».

La reacción de Franco fue inmediata. Por lo pronto, ordena publicar juntos los dos manifiestos de 1945 y 1947, lo que produce una gran confusión en la opinión pública española, que en parte dura hasta hoy. Aun así, Franco modera su primera reacción —que consistía en una absoluta y definitiva condena de don Juan— y permite comentarios políticos muy duros, pero no insultos. Pero los consejeros rupturistas de don Juan acaban por imponerse a los colaboracionistas y fuerzan al fin la publicación, el 13 de abril, de las declaraciones al Observer. En ellas don Juan se ratifica en su Manifiesto de 1945 y explica que el único acuerdo posible con Franco es la transmisión de poderes. La monarquía no puede depender de la voluntad de una mayoría transitoria; pero una vez instalada en España pedirá la confirmación popular. Se niega don Juan a admitir interferencias exteriores en los asuntos de España, pero critica la actuación de las potencias, proclives a las agresiones verbales, que han logrado un efecto contrario. La monarquía permitirá la libre actuación de organizaciones legales, como el Partido Socialista y las centrales UGT y CNT. Don Juan dice no negociar pactos políticos, pero los patrocina. La monarquía será católica, pero deberá concordar con la Santa Sede la mayor separación administrativa entre el Estado y la Iglesia; don Juan preconiza la libertad religiosa. Se declara partidario de una total amnistía acerca de los delitos cometidos con motivo de la Guerra Civil. Defenderá una descentralización dentro de la unidad nacional. Reconoce su deseo de combatir en el bando de Franco, pero cree que eso no será obstáculo para presidir una etapa política de paz y de reconciliación.

Tan moderadas y medidas declaraciones contenían, sin embargo, un par de puntos entonces explosivos —la legalización de los grupos políticos y sindicales de izquierda, la amnistía— que cayeron como una bomba en el ambiente interno español. El propio Consejo de Acción Monárquica, presidido por Kindelán, protestó duramente y presentó la dimisión: «Las acogidas favorables —dice Kindelán en carta a don Juan— no exceden del uno por mil, y, en cambio, hay monárquicos que opinan que S. M. se ha jugado y perdido la Corona». Gil Robles se desespera en su diario, Franco da rienda suelta a la campaña de insultos contra don Juan, cuya «virulenta insensatez» denosta Arriba, que truena el 15 de abril: «Desde la traición del condestable de Borbón a esta conspiración contra la patria de un heredero de su estirpe, pocas veces las flores de lis se han mustiado tanto». Los ataques a los consejeros de don Juan, motejados de masones y otros insultos, desbordan toda credibilidad. Éste sí que es el momento en el que Franco consuma, con carácter definitivo e irreversible, su ruptura con don Juan de Borbón, cuyas posibilidades sucesorias habían resucitado durante la visita de Carrero a Estoril.

Desagradable coincidencia; con la misma fecha del Manifiesto, el Departamento de Estado envía, firmado por Dean Acheson, un mensaje a la Embajada norteamericana en Londres: «Moscú —dice el desorientado secretario en funciones— está interesado en mantener a Franco en el poder hasta que la desazón política y económica de España alcance el punto de revolución». Propugna el Departamento una acción directa en España —según los consejos de Madariaga—, para lo cual ingleses y norteamericanos deberán ganarse a las principales figuras del Ejército. Esta vez el fracaso es completo: las Fuerzas Armadas se mantienen unánimemente alrededor de Franco. Así lo reconoce el 10 de abril el embajador de los Estados Unidos en Londres, Douglas, en un mensaje top secret a Washington: «El Ejército es fundamentalmente leal a Franco…; lo mismo sucede con los hombres de la industria y los negocios… En muchos países amigos, la situación es peor que en España…».

Mientras tan desalentadoras noticias sembraban la confusión en el campo antifranquista internacional, la Conferencia de Moscú daba un nuevo giro al torniquete de la guerra fría; entre el 10 y el 24 de abril los antiguos aliados de la Segunda Guerra Mundial no logran llegar a ningún acuerdo sobre el reparto de la paz. El 27 de abril Franco, impertérrito, declara al Sunday Times: «En la ley de Sucesión no se trata de una restauración, sino de una instauración». Uno de los titanes de la Restauración (más por lo que pudo y no pudo hacer que por lo que hizo), Francisco Cambó, el prócer que durante todo un reinado quiso catalanizar a Castilla, moría lejos de España, en Buenos Aires, el último día de abril de 1947.

El 6 de mayo, el encargado de Negocios Bonsal telegrafía a Acheson: «En conjunto, creo que el anuncio por Franco de la Ley de Sucesión el 31 de marzo ha favorecido al régimen y que con ello Franco ha demostrado una hábil comprensión de la situación política local». Subraya Bonsal que numerosos monárquicos desaprueban el Manifiesto de Estoril.

La apoteosis
de «Evita»

Según su método habitual, Franco, que conoce perfectamente los nuevos peligros internacionales —con apoyo interno— que se ciernen sobre su régimen, decide buscar también ahora el apoyo directo de su pueblo. Escoge, para su inmediato viaje político de primavera, un entorno mediterráneo particularmente sensible. El 10 de mayo está en Valencia, donde inaugura la XXV Feria Internacional de Muestras y dice al claustro de la Universidad: «Los universitarios siempre fueron la flor de la nación». El 15 arriba a Palma de Mallorca con una lucida división de la Escuadra y arbola su insignia de capitán general de la Mar en el antiguo crucero enemigo Miguel de Cervantes. Alterna allí los discursos de realismo político con los de fervor mariano: «Desgraciado el pueblo —dice— que confía en la buena fe de los demás».

El 23 de mayo, por primera vez en su vida, preside en Barcelona un Consejo de Ministros. El 26 agradece el banquete que le ofrecen en la Lonja las entidades económicas catalanas: «La gente ya no se mueve por conceptos abstractos e ideológicos. Hoy priva lo concreto». (Muchas desilusiones, muchas decepciones de signo ideológico se habían diluido en las últimas resacas de esos años treinta que el mundo, anacrónicamente, seguía aún echando en cara a la España del gran cerco). Después de diversas visitas a la región catalana, todas con intensos contactos populares —Mataró, Granollers, Vic—, el 2 de junio está Franco otra vez en su habitual observatorio del palacio de El Pardo.

Las Cortes aprueban el texto definitivo del proyecto de Ley de Sucesión. Se ha restringido bastante la idea de la monarquía electiva en favor de la hereditaria y se han limado algunas aristas. Pero, como opinan conjuntamente López Rodó y Gil Robles, la oposición de Estoril ha endurecido el texto, en el que aparece la posibilidad de que se cancele el derecho sucesorio de un príncipe por razones de indignidad política; durísima alusión personal, en una Ley Fundamental del Estado, a la actitud de don Juan de Borbón. Gil Robles, totalmente abatido, piensa en marcharse a América, aunque sus amigos le hacen quedarse, «sin el menor horizonte y sin la más leve esperanza», como escribe amargamente el 7 de junio en su diario.

Ese mes de junio iba a marcar la merecida apoteosis española de la primera dama argentina, Eva Duarte de Perón, que llega a Madrid el día 9; Franco toma la excepcional decisión de recibirla personalmente en Barajas al frente de todo el Gobierno. Hierve Madrid, la ciudad que posee un sexto sentido para reconocer a los auténticos amigos de España. La gente se vuelca en la tercera gran manifestación de la plaza de Oriente, para celebrar la visita y la aprobación por las Cortes de la Ley de Sucesión, sólo pendiente ya del anunciado referéndum. Franco impone a su huésped la Gran Cruz de Isabel la Católica; el ídolo de los «descamisados» recorre en triunfo El Escorial, el castillo de la Mota, Granada, Sevilla, Santiago. España comprende su hermoso mensaje: «No he venido a formar ejes, sino a tender un arco iris». Y Franco, que ha advertido prudentemente la víspera que «España no tiene problema alguno con la gran nación norteamericana», vuela a Barcelona el 24 de junio para despedir a Evita Perón, recibida con frío desdén en la Italia democrática, mientras España celebraba sus últimas declaraciones: «He comprendido toda la grandeza del hombre que preside vuestra patria». El 30 de junio, calladamente, recibe su consagración episcopal en Santander el veterano abogado, periodista y creador de grandes empresas, puente entre Madrid y Roma, don Ángel Herrera Oria.

Salía de las prensas la influyente revista oficiosa americana Foreign Affairs con el célebre artículo del primero de los kremlinólogos, George Kennan, The Sources of Soviet Conduct, en el que se asientan definitivamente las bases teóricas de la doctrina Truman sobre la contención del comunismo internacional. En un atardecer de fiesta nacional norteamericana, el 4 de julio, Franco pide a todos los españoles su voto en el referéndum del día 6. La nueva ley es, según Franco, «definidora de nuestro Estado». «Con esta ley —añade—, entraremos en pleno período de normalidad constitucional». Desde hacía semanas, tanto la prensa como la Iglesia española actuaban intensamente a favor del voto afirmativo en el referéndum. El apoyo de la Iglesia fue tan desbordante que la jefe de la guerrilla urbana monárquica, Luisa de Narváez, duquesa de Valencia, propuso «dar algunas palizas a algunos curas»; tan enérgica señora acabaría afiliándose a Fuerza Nueva, como es natural. «Es evidente —escribía el 4 de julio Gil Robles— que las derechas, con la Iglesia a la cabeza, no tienen otro ideal que Franco». Prueba importante: el general de los jesuitas dictó instrucciones a sus subordinados en las que se recordaban, con expreso motivo del referéndum, los insignes servicios prestados por Franco a la Compañía de Jesús, en virtud de los cuales se le había otorgado la condición de fundador, máximo reconocimiento de la orden a sus colaboradores más distinguidos.

En una esfera de propaganda bien distinta, y con escaso sentido de la oportunidad, el encargado de Negocios Bonsal pide por aquellos mismos días al ministro de Asuntos Exteriores, Martín Artajo, la introducción en España de una revista intensamente pasada por agua, pero que el Departamento de Estado considera siempre como exponente supremo de la american way of life: el Reader’s Digest, que, en efecto, se introduciría en el país del brazo de los más distinguidos intelectuales de La Editorial Católica.

El referéndum
de julio

Era domingo el 6 de julio, día escogido por Franco para la celebración de su primer referéndum nacional. Enormes colas se forman ante los colegios. Es la primera votación general que se realiza en España desde el 16 de febrero de 1936; ni la República en guerra, ni sus enemigos convocaron después al pueblo, sobre el que gravitaba la ominosa memoria de aquellas elecciones que configuraron «democráticamente» una guerra civil.

Enjambres de periodistas extranjeros —que por acertada decisión del Gobierno gozaron de plena libertad de observación— atisbaron los menores detalles y muchas veces buscaron descaradamente la noticia tendenciosa. En ocasiones se les dio causa para ello; en algunos planos se interpretó el voto como una obligación más que como un derecho y en más de un colegio la rueda de votantes pasó media docena de veces por las mismas urnas; las mesas electorales expedían papeletas acreditativas de haber emitido el voto, lo que indujo a pensar a muchos que su falta podría ser causa de represalias. Pero, en general, la votación discurrió con normalidad y corrección y el triunfo de Franco, que se descontaba, resultó aplastante. Blas Pérez, ministro de la Gobernación, estimó el mismo día 6 que el porcentaje de votos positivos llegaba al 70 por 100. La Junta Central del Censo ofreció a Franco los resultados definitivos el día 26 en El Pardo. Los votos emitidos fueron 15.219.563; los afirmativos, 14.145.153, es decir, casi el 93 por 100. No se registraron reclamaciones por parte de las juntas provinciales. «Es —dijo Franco entonces— el acto político formal más trascendente en nuestra historia contemporánea».

Podrá discutirse algún punto del porcentaje; pero no cabe disimular el triunfo plebiscitario de Franco en ésta su primera consulta popular. Todos los historiadores solventes lo reconocen hoy. Baste como símbolo de todos ellos la opinión del socialista francés Max Gallo: «Casi exactamente once años después del desencadenamiento de la Guerra Civil, ocho años después de su victoria, Franco acababa de demostrar que el régimen tenía por completo en la mano al país, técnica y políticamente. La opinión internacional, tal como se expresaba por la voz de las grandes potencias en la ONU, habría de tener en cuenta esta realidad: el Caudillo, sean cuales fueren las condiciones del referéndum, había conseguido el apoyo popular. Lo de menos es que, al día siguiente del voto, mientras los periódicos y la radio magnificaban los resultados, muchos españoles, imprudentemente, dijeron para resarcirse que habían votado sí por miedo. La Policía no les molestó, porque ahí estaba el resultado. La historia no registra los problemas de conciencia más que cuando se manifiestan en forma de fuerzas políticas. Así, después de su victoria del 6 de julio de 1947, el franquismo podía ofrecer a quienes se lo exigiesen una fachada democrática».

En los documentos que, veinticinco años después de los hechos, reveló el Departamento norteamericano de Estado, puede fecharse la temprana reacción estadounidense, que impone un definitivo viraje a favor de Franco el día 24 de julio, cuando ni siquiera se han proclamado aún en España las cifras oficiales del referéndum. Prieto, en Francia, fuerza la disolución del Gobierno de coalición republicana al ordenar a los socialistas que lo abandonen; Rodolfo Llopis dimite y, por encargo de Prieto, se dispone, con Trifón Gómez, a buscar otra vía por medio de una negociación con los monárquicos de Estoril.

Otra fuente nada sospechosa, el grupo de Ruedo Ibérico, registra el hundimiento del Gobierno Llopis y su sustitución por un gabinete republicano puro —presidido por Álvaro de Albornoz— que, según dicha fuente, «pierde toda representatividad en el mismo exilio». Max Gallo abunda en la misma sentencia: «Este Gobierno republicano no representa ya nada. El tiempo de la Guerra Civil va a extinguirse; y surge poco a poco otra España, con otros problemas». Por supuesto que el respaldo que Franco acababa de obtener no era democrático; en el referéndum no se permitió una propaganda contraria, ni se instauraba un sistema democrático de gobierno. Pero no puede dudarse de que la mayoría que respaldaba a Franco en 1947 era efectiva, popular y convincente de cara al realismo de las potencias democráticas en los inicios de la guerra fría. La Ley de Sucesión refrendada en 1947 tendría efectividad veintiocho años después, en 1975, y se cumpliría entonces rigurosamente en sus propios términos. No en beneficio de don Juan, pero sí de la dinastía de don Juan. No era, pues, simplemente un documento unilateral ni despreciable.

Franco se dispone a librar la última batalla formal de la Guerra Civil española, que van a desencadenar contra él, con firme apoyo anglosajón, tres titanes de la política llamados Indalecio Prieto, José María Gil Robles y Salvador de Madariaga.

Gil Robles, como jefe monárquico, el 13 de julio conferencia con Salvador de Madariaga en Oxford; según el gran profeta liberal, Inglaterra se opone a la caída de Franco por influencia de los católicos en el Foreign Office, y Gil Robles anota: «Su convicción monárquica y su repulsión al sufragio universal son mayores que nunca», pese a lo cual Madariaga ha pasado a la historia como un republicano liberal. No quedan, pues, en nada. El 31 de julio, Gil Robles habla en Rorna con el cardenal Tedeschini, y el 3 de agosto le recibe el Papa, a quien entrega, sin abrir, una carta de don Juan en la que se exponen los peligros a que el régimen de Franco somete en España a la Iglesia, por el apoyo prestado por la Iglesia «al régimen totalitario». Habla después Gil Robles con monseñor Tardini, quien se muestra muy adicto a las tesis del político católico, quien recomienda que la Iglesia se convierta en factor de evolución. Tardini replica que, en efecto, es el único camino. Seguramente Gil Robles ha colocado en la línea de flotación del régimen la más peligrosa carga de profundidad de toda su historia.

Tras una estancia en Portugal por motivos familiares, Gil Robles regresa a Inglaterra a mediados de octubre. El día 15 mantiene dos entrevistas con Prieto; ese contacto hubiera podido salvar a España en la primavera de 1936; ahora cae muy al margen. No llegan tampoco ahora al soñado acuerdo; Prieto acepta la nota vejatoria de las potencias contra España del 4 de marzo de 1946; Gil Robles la rechaza. Tampoco avanza mucho Gil Robles en su conversación con el ministro británico Bevin. Nuevo fracaso en la negociación con Prieto, a quien Gil Robles entrega un documento de siete puntos con la posición de los monárquicos. Tan escasos resultados no justifican la tremenda campaña de prensa que Franco, enterado del viaje, suscita contra Gil Robles, a quien la prensa española llama de todo. Gil Robles replica en su diario con duros epítetos contra Martín Artajo, «medroso infatuado». A pesar de los buenos oficios de Inglaterra, pues, la oposición antifranquista no se pone de acuerdo. La evolución exterior, ya de por sí favorable a Franco, va a descartar inmediatamente a sus adversarios.

El concertado ataque contra Franco alcanza su apogeo durante el mes de septiembre. El día 6 se reúne en Toulouse, entre grandes esperanzas un congreso del socialismo español. El ideal de Madariaga —la «monarquía de izquierdas»— parece a punto de cuajar. Monárquicos y socialistas aceptan la teoría y la técnica del plebiscito para instaurar un nuevo régimen en España. Indalecio Prieto prodiga sus rasgos de comprensión hacia Gil Robles.

Un comité de coordinación en el que acepta trabajar otro socialista histórico, Luis Jiménez de Asúa, colabora activamente con los delegados de la Confederación de Fuerzas Monárquicas. Todo parece a punto cuando el Foreign Secretary, Bevin —amigo de Madariaga y de Trifón Gómez—, recibe a Prieto y a Gil Robles, casi de forma oficiosa, a pesar de las serias protestas de Alberto Martín Artajo.

En octubre, la trayectoria de Franco, vista desde el mirador internacional, parece entrar en barrena; es la primera vez, después de la irresponsable euforia neoyorquina de 1946, en la que sus enemigos españoles llegan a creer de verdad que pueden vencerle en las semanas siguientes. Para colmo de presagios, el 5 de octubre se anuncia la creación de la Cominform, organización soviética para asegurarse el control de la Europa oriental y evidente heredera de la disuelta Comintern; puede esperarse un recrudecimiento de la actividad comunista en el interior de España, desarticulada ya totalmente la acción guerrillera (Franco, con evidente razón, considera la noticia como favorable para él a corto plazo; la guerra fría se institucionalizaba por el lado soviético).

Franco, a pesar de todo, se siente mucho más seguro que en 1946. Sabe que sus enemigos queman sus últimas energías. Los laboristas británicos pueden ceder a los resentimientos del mayor Clement Attlee y a sus recuerdos de los campos de Teruel. Pero Teruel no dice nada a los hombres del Pentágono, mucho más preocupados por la creación de la Cominform y por las muestras cada vez más evidentes de una renovada agresividad soviética. Manuel Aznar y José Félix de Lequerica montan un callado pero eficacísimo lobby español en los recovecos de las Naciones Unidas; aunque ni ellos, ni el propio Franco puedan suponer, a finales de octubre, que la iniciativa de Lange, de clara inspiración soviética, nace sin alas. En efecto, el 24 de octubre, el secretario de Estado, George C. Marshall, ha aprobado un documento top secret redactado por George Kennan en el que se consagra con carácter definitivo e irreversible el cambio de política norteamericana respecto a España.

A mediados de noviembre, para que Lange no haga totalmente el ridículo, las Naciones Unidas aprueban la muy comentada «resolución del lamento» que hace sonreír a Franco; lo que «se lamenta», en efecto, es que el propio Franco no haya prestado atención a la decisión de la ONU del 12 de diciembre de 1946. Aun así, la resolución sólo consigue 29 votos favorables, contra 6 por Franco y 20 abstenciones. El 17 de noviembre se vota aparte el párrafo en el que el Comité Político recomienda la acción contra España del Consejo de Seguridad. Nuevo fracaso de Lange: la votación (29 a favor, 16 en contra y 8 abstenciones) no logra la mayoría requerida de dos tercios y, lo que resulta todavía más sintomático, los Estados Unidos votan por primera vez a favor de la España de Franco. Esta noche corre el champán en el lobby español y cunde la desmoralización entre sus enemigos. «El resultado concreto —apunta, certero, Max Gallo— es que las Naciones Unidas abandonaron así toda intervención activa en los asuntos españoles».

Las últimas misivas de la correspondencia diplomática secreta americana en diciembre de 1947 confirman la nueva posición de fuerza internacional y de esperanza política ganada por Franco después de la maldición de la ONU a finales de 1946. Prieto y Gil Robles ven cómo cae la victoria de Franco en la ONU sobre sus esperanzas de plebiscito pacífico; su fino sentido político les hace sospechar que ese plebiscito podría ya haber sido el montado por Franco en julio, al que ellos, obsesionados en su reconciliación liberal-británica, habían menospreciado como engendro de propaganda totalitaria. Repasan entonces, en su triste invierno, las noticias de España en las que no creyeron durante su ardoroso y ajetreado verano.

La entrevista de Franco
y don Juan en el Azor

El año 1948 se abre con una retirada significativa en el más sensible sector del frente antiespañol: Francia anuncia la reapertura total de su frontera con España; la medida entrará en vigor el 10 de febrero. Para justificar la estancia prolongada de Lequerica en Washington, el Gobierno le nombra inspector de embajadas; desde la capital federal puede dirigir así, sin problemas, la acción de un equipo realista, cada vez más eficaz en los medios políticos, económicos, militares y periodísticos de los Estados Unidos. Forman el equipo, junto al ministro Aznar, el antiguo periodista José Cacho Zabalza y el encargado de Negocios Propper de Callejón, casado con una Rotschild. Al comenzar febrero llega a Madrid en visita aparentemente particular el almirante Forrest Sherman, jefe de la Flota de los Estados Unidos en el Mediterráneo. El almirante, muy influyente dentro del Pentágono, tiene una hija casada con el agregado naval en Madrid; pero durante su visita a la capital de España conversa con altos mandos de la Marina española y queda tan excelentemente impresionado que se convertirá, desde entonces, en uno de los más tenaces defensores de España en América.

Queda constituido el Consejo del Reino, organismo al que Franco concedía una desmesurada importancia (aunque le manipuló a mansalva), a fines de febrero de 1948; por lo visto, la institución era sustantivamente manipulable, porque volvió a suceder lo mismo después de la desaparición de Franco, aunque con mayores dificultades. Arranca en la primavera de 1949 la providencial ayuda a Europa del Plan Marshall y España queda al margen de sus generosos tentáculos. El Gobierno español compensa como puede tan lamentable exclusión con diversos acuerdos económicos bilaterales —Francia, Gran Bretaña—, entre los que destaca el protocolo Franco-Perón, firmado el 9 de abril de 1948. La firma del protocolo —adicional al convenio de pagos de 30 de octubre de 1946— tuvo lugar en Buenos Aires; por parte española firmó el embajador Areilza.

España, en situación angustiosa en cuanto al abastecimiento de trigo tras la trágica cosecha anterior, podría utilizar un descubierto autorizado de hasta trescientos millones de pesos, que para el año 1948 podrían ampliarse a cuatrocientos millones más. El pago se haría en condiciones muy favorables para España: inmuebles argentinos en España, concurrencia argentina a ferias y exposiciones, construcción en astilleros y factorías españoles de buques, material ferroviario, maquinaria diversa, etc. Se concedía, durante cincuenta años, una zona franca para el tráfico argentino en el puerto de Cádiz.

El 14 de mayo de 1948 nace el Estado de Israel tras una resolución de las Naciones Unidas sobre Palestina; los ejércitos árabes se lanzan sobre la nueva nación que logrará sobrevivir milagrosamente, gracias a su voluntad de vencer. Renace Alemania en los acuerdos de Londres, el 4 de junio de 1948, con un Gobierno federal que administrará el territorio de las tres zonas ocupadas por los occidentales; y comienza casi inmediatamente el milagro de la recuperación germánica en plena crisis de Berlín. Por fin parece que izquierdas y derechas se ponen de acuerdo en puntos esenciales: Gil Robles anota satisfecho el 21 de agosto que Gregorio Marañón y el conde de Romanones se han entrevistado con Prieto en San Juan de Luz, donde han hablado de coaliciones liberal-socialistas; Gil Robles sospecha que el propio Serrano Súñer participa en las conversaciones. Unos días más tarde, el 27 de agosto, el secretario de la Embajada británica en Lisboa pregunta a Gil Robles si es verdad que Franco y don Juan se han entrevistado en el mar. Gil Robles lo niega rotundamente; no podía ni imaginar que don Juan diera paso de tal trascendencia sin advertírselo. Pero pocas horas después se convencerá de su error.

«El pasado miércoles día 25, en alta mar —dirían los periódicos españoles del 29—, a la altura de San Sebastián y a bordo del yate Azor de S. E. el Jefe del Estado, se celebró una entrevista del Caudillo con S.A.R. el conde de Barcelona, que pasaba de Arcachon a bordo del yate Saltillo. Después de saludarse y conversar sobre temas generales de actualidad, se trató de la educación del príncipe don Juan Carlos, quien, por deseo de su padre, el conde de Barcelona, comenzará el próximo curso sus estudios de bachillerato».

Poco después, el 8 de octubre, la prensa española reproducía una noticia de la agencia Efe, de parte de la Secretaría de don Juan: «Es absolutamente falso cuanto algunos periódicos o agencias vienen propalando con respecto a que, con motivo de la educación en España del príncipe don Juan Carlos, hijo de S.A.R. el conde de Barcelona, haya hecho éste la menor abdicación de cuantos derechos le corresponden como heredero de S. M. don Alfonso XIII».

Esto es todo lo que los españoles de 1948 pudieron saber acerca de la entrevista de Franco y don Juan, cuya enorme importancia consistía en haberse celebrado, con independencia de su contenido, y en la tremenda desautorización que comportaba el encuentro para los consejeros de don Juan, que se enteraron por la prensa o por los diplomáticos ingleses. Don Juan contó por Fin todo a Gil Robles, que se sentía desairadísimo, el 1 de septiembre ya de regreso a Portugal.

Julio Danvila, historiador y miembro del grupo monárquico que defendía la colaboración don Juan-Franco, había aprovechado la anunciada presencia de don Juan en unas regatas británicas para tramar el encuentro marítimo, con hábil aprovechamiento de las aficiones marineras de los protagonistas. El jefe de la Casa de don Juan, duque de Sotomayor, que como otros miembros de la nobleza deseaba defender sus fuertes intereses económicos en España, patrocinó decisivamente el proyecto y acabó de convencer a don Juan, que estaba harto de la inoperancia de sus consejeros. Franco fijó el orden del día: «El problema político en general y la educación del príncipe de Asturias en particular».

La cita se realizó a mediodía del 25 de agosto, cinco millas al norte del Monte Igueldo; Franco envía una falúa que recoge a don Juan, saludado al subir ágilmente al Azor con las pitadas de almirante. La primera conversación duró tres horas, los dos solos. Don Juan se sentía muy decepcionado por Franco, quien le trató despectivamente, como «entregado a consejeros amargados y totalmente ignorante de los problemas de España». Sabemos por parte de Franco que el desencanto fue correspondido: «se cayeron muy mal», dijo al autor de este libro un familiar de Franco. La conversación discurrió como un diálogo de sordos; don Juan hablaba del presente, Franco aludía vagamente al futuro. Franco admitió que pensaba quedarse otros veinte años en el poder; don Juan le urgía para que preparase la sucesión. A los argumentos de don Juan sobre el deterioro de la situación económica, Franco contestaba que todo se iba a arreglar y cortó secamente el tema. Franco, que ya había llorado al saludar al infante, volvió a derramar lágrimas cuando se declaró monárquico, y dijo que se sentía capaz de suscitar el fervor monárquico del pueblo español que ahora estaba sumido en la indiferencia. Se quejó don Juan sobre la marea de propaganda antimonárquica, y Franco (que tomó nota) se fue por los cerros de Ubeda al evocar a la Santa Hermandad. Habló de la próxima guerra en sentido semejante a Kindelán y criticó de forma dura a varios generales suyos y muy especialmente a Romanones, «fantasmón liberal». Cuando don Juan protestaba por la forma como había sido marginado en el golpe de la Ley de Sucesión, Franco contestó: «No lo hice porque quería tener a V.A. como un gallo tapado».

El acuerdo principal de la entrevista, muy amortiguado por Gil Robles en su transcripción, fue decidir que don Juan Carlos iniciaría ya en el próximo curso su educación media en España, mientras Franco, en compensación, cortaría los excesos de la propaganda antimonárquica. Franco propuso que el duque de Sotomayor actuase en el futuro como intermediario entre los dos. La idea de educar en España al infante partió de don Juan, y fue aceptada por Franco, quien pensaba ya en él como posible sucesor.

Mientras dos diarios monárquicos —ABC y Diario de Barcelona— tendrían vía más libre para difundir actitudes favorables a la monarquía, don Juan prometió también moderar la agresividad antifranquista de sus consejeros.

Los portavoces del antiguo campo católico de la República se persiguen y se insultan en la estela del Azor. Gil Robles llama sepulcros blanqueados a Martín Artajo y Serrano Súñer cuando se confirma la presencia conspiratoria de don Ramón en Francia para hablar con Prieto. El 30 de agosto se firmaba en San Juan de Luz un acuerdo de ocho puntos entre la Confederación de Fuerzas Monárquicas y el PSOE, sin participación alguna de Gil Robles, que la desmiente, aunque Félix Vejarano, el negociador monárquico, llevaba un mandato suyo y de Sainz Rodríguez. Los firmantes fueron Indalecio Prieto y el conde de los Andes. Pero ante la situación estratégica y la entrevista del Azor el pacto nació como papel mojado y careció de toda efectividad; Prieto se volvería después contra don Juan v los monárquicos en durísimos artículos. En una «larga y penosa conversación» con Gil Robles, don Juan manifiesta su decisión de colaborar con Franco. «Está obcecado —dice el interlocutor—. Comprende que no habrá acción internacional contra Franco, habla lleno de desprecio por los anglosajones y dice que no hay más camino que entenderse con el dictador».

Pese a la tenacísima oposición del maltrecho Consejo de Acción Monárquica y de las camarillas de Estoril, don Juan licencia como preceptor a Eugenio Vegas y despide a su hijo el príncipe don Juan Carlos, que llega a Madrid el 9 de noviembre de 1948 para iniciar su bachillerato en la finca madrileña de Las Jarillas, propiedad de los marqueses de Urquijo, situada en la carretera de Madrid a Colmenar y casi lindante con el monte de El Pardo. Le acompañarían en sus estudios un grupo de jóvenes aristócratas: Alfonso Gómez Torres, futuro ingeniero agrónomo que casaría con una Mora-Figueroa-Domecq; Alfonso Álvarez de Toledo, hijo del marqués de Villanueva de Valdueza, terrateniente de Badajoz; José Luis Leal Maldonado, futuro ministro de Economía; Jaime Carvajal y Urquijo, hijo del conde de Fontanar y futuro financiero; Juan José Macaya, futuro promotor financiero, que casaría con una Sartorius; Álvaro de Urzaiz, hijo del duque de Luna; Carlos de Borbón, futuro esposo de Ana de Francia; Fernando Falcó, hijo del duque de Montellano y siguiente marqués de Cubas. La lista fue aceptada por Franco y propuesta por el duque de Sotomayor y sus amigos; está muy clara la tendencia selectiva. Con varias interrupciones, don Juan Carlos, en cuya personalidad dejarían honda huella los intentos de manipulación de que ya se sentía objeto, proseguiría su educación media en España en Las Jarillas y en el palacio guipuzcoano de Miramar hasta 1954, junto con su hermano don Alfonso.

El efecto de la entrevista del Azor y la llegada del príncipe a Madrid en los diversos centros del campo monárquico fue demoledor. Don Alfonso refleja en amarga nota la decepción de los conspiradores del interior: «Los monárquicos, en su mayoría, piensan que, ahora que don Juan ha entregado a su hijo y ha visitado a Franco, la situación es excelente y hay que hacer lo menos posible». Por eso se dedican a disfrutar de la vida; los ánimos están bien apocados. En Estoril las reacciones eran más duras. Dice Gil Robles sobre don Juan: «Por sí y ante sí, rodeado de una camarilla de idiotas, ha accedido a enviar a España dentro de pocos días al príncipe. Ante esta claudicación no hay nada que hacer. El rey está entregado».

Pero el balance de 1948 era enormemente favorable para Franco que, con su victoria sobre el maquis, su desarticulación permanente de la oposición interior y su encuentro con don Juan, había sabido aprovechar la coyuntura exterior favorable por la guerra fría y había anulado para muchos años la acción concertada de sus enemigos interiores y exteriores.

Aproximación de
Estados Unidos a España

Con un Mediterráneo oriental en llamas, Luis Carrero Blanco publica por entonces El espíritu de Lepanto, mientras el mundo anglosajón, alucinado por las perspectivas de una tercera guerra mundial, se impresiona el 8 de enero con unas tranquilizadoras fotografías de Francisco Franco en el Illustrated London News que le ha captado a bordo del Azor dedicado a la pesca del pez espada en aguas del estrecho de Gibraltar. Por su parte, el ministro de Industria y Comercio, Suanzes, difunde a mediados de mes unas declaraciones en las que demuestra concretamente la voluntad de «marchar solos», si es preciso, hacia el futuro de España. Insiste, ante todo, en que España, pese a su aislamiento, tiene un programa de industrialización; en vez de atender a la mejora superficial y consumista de la agricultura, el Gobierno se ha decidido por las soluciones económicas a largo plazo, por el montaje de una auténtica infraestructura centrada en la producción de energía y en las industrias de base. No se trata de palabras: cuarenta grandes instalaciones entrarán en servicio a lo largo del año 1949, durante el cual se construirán también doce grandes buques. El mismo día en que se publican estos planes —20 de enero—, el presidente Truman pronuncia el discurso inaugural de su nuevo mandato, del que los titulares de prensa destacan una frase que parece entresacada de los discursos de Franco: «El comunismo propaga el engaño, la miseria y la tiranía». En labios de uno de sus peores enemigos, ha sonado, pues, por lógica de las circunstancias, la hora de Franco.

El príncipe don Juan Carlos, a quien un bando trataba como baza y otro como rehén, creció como un infante triste; se sentía manipulado por intereses encontrados, que no comprendía bien; la preservación de su patriotismo y de su sentido de servicio a España, aparte de herencia de su padre, fueron, en esta época, una especie de milagro.

La victoria contra los conspiradores deja libre a Franco el terreno para desencadenar, personalmente y por medio de sus habituales colaboradores periodísticos de semioculta identidad, nuevas ofensivas ideológicas en la prensa española. Así, Luis Carrero Blanco —Juan de la Cosa— comenta en Arriba la condena comunista del primado húngaro Mindszenty; en el mismo periódico que mantiene su carácter de portavoz oficioso aparece otro seudónimo anticomunista, Juan Español, y es el propio Franco quien, encubierto bajo la firma de Jakim Boor, publica a lo largo de los años 1949 y 1950 una larga serie de artículos, casi todos titulados con la misma palabra única: «Masonería». En el correspondiente al 16 de febrero, por ejemplo, se dice: «La filiación masónica de Bevin, de Blum, de Auriol, de Trifón Gómez, de Madariaga y de algún otro personaje monárquico-liberal español explica igualmente aquel compló propagandístico que se urdió y se frustró en flor en el último verano». Siempre en primera página de Arriba, «J. Boor» truena muy poco después ante la revelación de Life: un solemne retrato del presidente Truman en hábitos masónicos.

El más importante artículo de esta serie es el que se publica el 5 de noviembre de 1950 bajo el título Masonería y Ejército. Es cierto que Franco y Carrero Blanco atribuían a la secta masónica todos los males de España de forma mitológica más que histórica; es cierto que incurrían en graves errores históricos, como confirmar la presencia activa de la masonería en España durante el siglo XVIII, lo que no está probado aún por la crítica seria. Pero también es cierto que la leyenda rosa de los masones coincidía con la leyenda negra difundida por Franco; y que las intuiciones de Franco sobre la influencia negativa de la actuación masónica en la pérdida de América, en el servilismo liberal frente a la política británica, en el encono anticlerical y en el apoyo total al advenimiento de la República, en la pérdida de las últimas colonias y en las desuniones crónicas de las Fuerzas Armadas durante el siglo XX, están comprobadas o sugeridas por la documentación auténtica y la crítica histórica más rigurosa. Resulta muy cómodo descartar la validez de las tesis de Franco sobre la masonería a partir de los evidentes desenfoques y las comprobadas exageraciones de Franco sobre la historia de la secta en el contexto de la historia de España. Sin embargo, muchas de estas tesis pueden interpretarse correctamente, mientras que las vivencias antimasónicas de Franco en África respondían a experiencias dramáticamente reales.

No se olvide que en el archivo Kindelán hay pruebas del intento de este general para formar, antes de la Guerra Civil, una orden militar antimasónica que recuerda la Orden Militar Española creada por el general Narváez contra la agrupación masónica de los militares liberales.

Mientras tanto, y en el mismo mes de febrero de 1949, la primera ayuda americana llega a España por vía privada. Es un préstamo de 25 millones de dólares concedido por el Chase Manhattan Bank, que provoca la protesta de algunos exiliados. El general Kindelán evalúa por entonces en doscientos mil la cifra de monárquicos militantes en España; reducida cifra, aún exagerada por uno de sus jefes.

Joaquín Ruiz-Giménez, designado embajador de España ante el Vaticano, es recibido allí con frialdad, como anota complacido Gil Robles. Las gestiones de Gil Robles en el Vaticano y la revelada enemistad de monseñor Tardini contra el régimen contrapesan, pues, los apoyos que el presidente de Pax Romana conserva en Roma, que, como es tradicional, juega simultáneamente la carta del Gobierno y la carta de la oposición respecto de España, mientras la Iglesia española se mantiene inequívocamente fiel al régimen en todo este período. Por ejemplo, las dos cartas colectivas del Episcopado en 1950 (27 de julio) y 1951 (3 de junio) introducen sólo críticas marginales al régimen y la última de ellas, cuya publicación sufrió un semestre de retraso para recabar la autorización pontificia, es un ataque al liberalismo y al totalitarismo moderno que se aplica al totalitarismo comunista, mientras alaba la legislación familiar de Franco y confirma expresamente la idea de Franco sobre la Guerra Civil. Mientras tanto, los Estados Unidos intensifican su viraje en favor del régimen de Franco.

Lleva fecha 1 de marzo de 1949 un documento básico del Departamento de Estado en el que se hace historia de ese viraje, iniciado en octubre de 1947 y plenamente confirmado ahora por razones estratégicas en el contexto de la guerra fría. «El sistema nacional militar de los Estados Unidos —reza el documento— desea hondamente (is anxious) suscitar y mantener una atmósfera amistosa en España ante la posibilidad de un conflicto internacional». En el mismo documento se reconoce que la resolución antiespañola de las Naciones Unidas en diciembre de 1946 es un «fracaso total».

En este contexto se firma el 4 de abril en Washington el Pacto del Atlántico, con exclusión de España; nace la OTAN, alianza militar contra el bloque soviético. Franco, que poco antes había declarado al periodista americano Kalterborn que «el pacto atlántico sin España es una tortilla sin huevos», comenta, después de la firma, al International News Service: «Un acuerdo entre España y los Estados Unidos tendría más estabilidad que el pacto atlántico». Esta declaración refleja la directriz exterior de Franco más importante: despreocuparse de una Europa que no admite a España; brindar a los Estados Unidos la plataforma estratégica española.

Se agrieta, con la primavera de 1949, el cerco internacional contra la España de Franco. Cuatro naciones iberoamericanas —Brasil, Bolivia, Colombia y Perú— presentan a las Naciones Unidas una moción en la que se pide la revocación de las condenaciones de 1946. Polonia y la Unión Soviética —ésta por boca de Andrei Gromyko— contraproponen la ratificación de la condena. El 7 de mayo la derrota de la propuesta polaco-soviética es total, mientras España obtiene en la ONU su primera victoria con los resultados de la votación sobre la propuesta iberoamericana: 25 a favor, 16 en contra, 16 abstenciones. «Sin perjuicio de las declaraciones contenidas en la resolución de 12 de diciembre de 1946 —rezaba el texto aprobado—, se deja en libertad absoluta de acción a los Estados miembros respecto a sus relaciones diplomáticas con España».

Esta votación se ha registrado en el Comité Político; pasa, con su refrendo favorable, a la Asamblea General, donde deberá obtener una mayoría de dos tercios para ser firme. Entretanto, Winston Churchill sale de nuevo por los fueros de España: el 12 de mayo comenta en los Comunes la exclusión de España de la OTAN, «grave brecha en los arreglos estratégicos para la defensa de Europa».

Eran aún tiempos de enemigos claros, de tajantes anatemas. El 13 de julio se publica en Acta Apostolicae Sedis el decreto del Santo Oficio por el que quedan excomulgados los militantes del comunismo y se prohíbe la propaganda roja en todo el mundo católico. Herían entonces la conciencia vaticana casos como el de los futuros cardenales Mindszenty, Beran y Stepinac, nuevos mártires de la que ya se llamaba «Iglesia del Silencio». Franco honraba también a sus grandes testigos. Un año antes había concedido los ducados póstumos de Calvo Sotelo, Mola y Primo de Rivera, amén del condado del Alcázar de Toledo; el 18 de julio de 1949 demuestra su propósito de instaurar toda una tradición al nombrar a Onésimo Redondo conde de Labajos; a Víctor Pradera, conde de Pradera, y marqués de Dávila a su fiel colaborador de la guerra, ministro del Ejército a la sazón. Dos días después, el director general de Prensa entrega a Franco el primer carné de periodista de honor; a pesar de que conocía bien la colección de la Revista de Tropas Coloniales, el antiguo corresponsal en África Indalecio Prieto se indignará copiosamente.

El 3 de septiembre una división de la Escuadra americana recala en El Ferrol. La U.S. Navy ha arrancado el permiso al comandante supremo, Truman, sin dignarse informar siquiera al secretario de Estado, Acheson, quien palidece cuando se entera, por las agencias, de que el almirante Richard A. Connally ha presentado a Franco sus respetos en el pazo de Meirás. Quizá la noticia tiene también alguna culpa del ataque cardíaco que sufre Prieto en San Juan de Luz, la ciudad del pacto inútil.

Conjurada, aunque a precio muy alto, la penúltima aparición del espectro del hambre en la posguerra española, Franco puede realizar, en la decena final de octubre, uno de sus sueños: el viaje oficial a Lisboa. Llega al estuario del Tajo a bordo del Miguel de Cervantes, y desde Cascais a la Torre de Belem admira uno de los más atractivos panoramas de Europa, erguido en el segundo puente del crucero. Le siguen el Canarias, el Galicia y el Cervera, flanqueados por destructores españoles y portugueses. Queda sellado una vez más el pacto ibérico con discursos y brindis; y con el doctorado que Franco recibe en Coimbra el 25 de octubre.

El 6 de diciembre, según rumores, se repiten ciertos movimientos en algunos medios dinásticos marginales. Los rumores se confirman: Franco no se opone a unas declaraciones de don Jaime, que se considera curado y apto para la sucesión. Por entonces se ha consumado el desastre de la China nacionalista; el mariscal Chiang Kai-Shek se refugia, con sus fieles, en la isla de Formosa, con todo el Imperio del Centro ya en manos de Mao. Fiesta familiar el 18 de diciembre en El Pardo: los condes de Argillo piden la mano de Carmen Franco Polo, en todo el esplendor de sus 23 años, para el doctor Cristóbal Martínez Bordiú, marqués de Villaverde, uno de los ídolos de la juventud femenina madrileña. La prensa celebra el acontecimiento, que se mantiene en los límites de la discreción familiar.

Aun en este momento bajo de sus relaciones con Franco, don Juan desautoriza expresamente las actividades antifranquistas de los monárquicos, según revela Kindelán. Al cerrarse el año 1949, Albert Einstein anuncia la teoría general de la gravitación, uno de los puntos de inflexión del pensamiento científico y creador de Occidente. Gil Robles cierra también su diario de 1949 con unas impresionantes palabras, que reproducimos con todo respeto: «Creo sinceramente que nosotros no somos ya más que un recuerdo en la política española. Las defecciones y la muerte van a diario aclarando nuestras filas. Las nuevas generaciones nos resultan por completo extrañas. Durante catorce años hemos salvado con nuestro sacrificio la significación que un día tuvimos. Nuestra tarea está cumplida».

Los lectores del New York Times quedan estupefactos ante el signo del nuevo año 1950 para las relaciones hispano-norteamericanas: la carta del secretario del Estado, Acheson, al senador Tom Connally, que supone una completa retractación a favor de España. Prieto declara en París: «El pacto atlántico ha sido apuñalado por la espalda». Los ideólogos del régimen mantienen, mientras tanto, alta la guardia para las nuevas polémicas; así, José María de Areilza, el 19 de febrero, en el mismo periódico de la Falange, afirma: «Los apuros en que ahora se debaten los doctrinarios democráticos anticomunistas son verdaderamente peregrinos». Y critica duramente a «la discordia electoral, como base del sistema, y la extensión del sufragio no calificado y el azar de las urnas». Pero la Guerra Civil no había terminado fuera de España: el 20 de febrero cae asesinado en México el diplomático español José Gallostra y Coello de Portugal, que sentaba las bases para la reanudación de relaciones con la gran república hispana de Norteamérica. El 1 de marzo, Franco, en gesto excepcional, preside una misa de cuerpo presente en el Palacio de Santa Cruz.

El lunes 10 de abril es un día feliz en la vida de Francisco Franco, padrino en la boda de su hija Carmen con Cristóbal Martínez Bordiú. La ceremonia se celebra a las doce y media de la mañana en la capilla del Palacio de El Pardo «con una elegante discreción muy del gusto español y familiar», según apostilla el cronista de Arriba. Revestía el novio un espectacular hábito de caballero del Santo Sepulcro; en presencia del nuncio celebra la misa el obispo de Madrid, Eijo, con plática del cardenal primado, Pía y Deniel, que pudo decir: «Teneis un modelo ejemplarísimo en la familia de Nazareth y otro más reciente en el hogar cristiano, ejemplar, del jefe del Estado». Para Franco y su familia la nueva adquisición, el marqués de Villaverde, no resultaría muy afortunada: Franco acabó por prescindir en absoluto de él.

Poco después, el 14 de abril, inicia su cruzada —los aterrados radlibs americanos prefirieron llamarla «caza de brujas»— el intrépido senador por Wisconsin, Joe McCarthy: «El Departamento de Estado está totalmente infectado de comunistas». Lo malo es que, en gran parte, decía la verdad. Inicia así McCarthy su cuatrienio de gran inquisidor; uno de sus primeros objetivos sería el exjefe de división en la guerra de España y conspicuo comunista Gustavo Durán, ya ciudadano americano. Como una de las primeras consecuencias de la «cruzada de Joe», se niega a Pablo Picasso el visado de entrada en los Estados Unidos. Mientras tanto, en París se reúne el Consejo Federal Español del Movimiento Europeo bajo la presidencia de Salvador de Madariaga y con una obsesión táctica inmediata: frenar la retractación de la ONU. Asiste un monárquico a las reuniones: Juan Antonio Ansaldo.

En la madrugada del 25 de junio, cinco divisiones norcoreanas comunistas invaden el territorio de Corea del Sur. Tres días más tarde, el presidente Truman ordena la intervención armada norteamericana tras arrancar la aprobación del Consejo de Seguridad. Comienza en la posguerra mundial el método estratégico de las guerras localizadas, que desahogan peligrosamente las tremendas tensiones acumuladas por la guerra fría. No desahogan, en cambio, el miedo cósmico que, como tierra de nadie entre los dos bloques nucleares, surca las entrañas de Europa en esta nueva primavera cargada de presagios. Cada observador podrá emitir el juicio de valor que desee, pero si no comprende la razón por la que el 3 de julio de 1950 quedaron desiertos en España las calles y los campos, mientras la inmensa mayoría del país se agolpaba ante los receptores de radio, debe renunciar a toda interpretación de la verdadera historia de una España acosada y real.

El silencio estalló en la mayor algarabía callejera de los tiempos modernos cuando un árbitro desconocido, en un lejano estadio brasileño, pitaba el final del partido de fútbol Inglaterra-España; el delantero centro español Telmo Zarraonaondía, Zarra, logró la victoria con un remate histórico que alcanzó los mayores titulares en muchos años como «alarde de una raza». El telegrama de Franco es de los primeros en llegar a Río de Janeiro, donde España se clasificaría en cuarto lugar mundial, si bien algunos comentarios del exilio (la masa del exilio vibró al unísono con el país) minimizaban: «el último lugar entre los cuatro finalistas».

Efecto fulminante del peligro coreano: la gran prensa americana llama habitualmente «rojos» a sus nuevos enemigos, y muchos recuerdan que el Ejército vencido por Franco en «otra» guerra localizada, por tantos conceptos precursora, era precisamente un «ejército rojo». Efecto, más pragmático, de la misma amenaza: en pleno mes de agosto: el Congreso de los Estados Unidos aprueba la enmienda McCarran por la que se autoriza una línea de crédito a España hasta un total de sesenta y dos millones de dólares.

Otro tesoro, éste histórico, provoca el estupor de las gentes cuando el capitán del yate Vita revela que al final de la guerra de España marchó a México, fletado por Negrín, y entregó allí a Prieto el producto de las rapiñas en casas particulares y templos: el jefe socialista Teodo-miro Menéndez no se recata en acusar a su antiguo amigo Indalecio: «Te has cubierto de mierda». Prieto se defenderá como puede en unas famosas Cartas a un escultor que le reprocha lo mismo: su amigo Sebastián Miranda. Pero no podrá negar la procedencia del tesoro del Vita.

Franco, mientras tanto, logra un importante acuerdo parcial con la Santa Sede en el delicado terreno de la jurisdicción castrense, lo que le compensa más que sobradamente de una decisión simbólica tomada el 10 de agosto por la Asamblea Consultiva del Consejo de Europa: «La Asamblea expresa el deseo de que en el futuro próximo el pueblo español pueda celebrar elecciones libres y establecer un régimen constitucional, cuyos parlamentarios puedan ser miembros de esta Asamblea». Franco llega a finales de agosto al pazo de Meirás.

Hasta Francia parece impulsar la nueva marca: el 7 de septiembre, la Policía francesa emprende una redada contra los comunistas españoles, declara ilegal el partido y suspende todas sus publicaciones de propaganda. La medida francesa viene detrás de unas turbias actuaciones de Santiago Carrillo, a quien su entonces correligionario Semprún acusa de gravísimas decisiones contra algunos compañeros —incluso la delación y la entrega—, sin que Carrillo haya replicado jamás.

Las Naciones Unidas van a examinar de nuevo el caso español. En un alarde de indiferencia —válida sólo en el terreno espectacular—, Franco decide emprender entonces uno de los más largos viajes de su vida, y el 19 de octubre saluda solemnemente a los habitantes de Sidi Ifni: «Que la paz del Señor sea con vosotros todos, españoles e indígenas». El 23, a bordo del Canarias, arriba a Santa Cruz de Tenerife después de catorce años de ausencia. Es inevitable la evocación de las vísperas del Alzamiento, y de los colaboradores principales que salieron de Canarias para la guerra en la península: el artillero Pallasar, el jurídico Fuset. Como en los angustiosos meses de 1936, Franco recorre ahora todas las islas de las dos provincias: sus recuerdos emergen otra vez irresistibles después de su llegada el 26 de octubre a Las Palmas.

Dos noticias importantes van a enmarcar su regreso a la península. El 31 de octubre, el Comité Político de la ONU logra, por fin, una mayoría decisiva para recomendar a la Asamblea la revocación de los acuerdos antiespañoles de 1946: 37 votos a favor, 10 en contra y 12 abstenciones. Aprueba, además, la posibilidad de que España sea admitida en los organismos técnicos internacionales. El primer día de noviembre, mientras Franco revista a la Escuadra en la bahía gaditana, Pío XII proclama bajo el cielo de la plaza de San Pedro el último de los dogmas de la Iglesia católica: la Asunción de la Virgen. Al día siguiente, Truman declara que «pasará mucho tiempo» antes de que los Estados Unidos envíen un embajador a Madrid. Pudo ahorrarse el pronóstico y el disgusto de comprobar que el «mucho tiempo» se iba a reducir a unas pocas semanas.

Franco toma con mucha calma su éxito en las Naciones Unidas. «Son ellos quienes han cambiado, no nosotros» es su comentario favorito. El 10 de diciembre declara a Arriba: «Gibraltar no vale una guerra: se trata de una fruta que cualquier día ha de caer madura». El volteo de campanas corre a cargo de Alberto Martín Artajo, al que sus amigos llaman —justamente— «el canciller de la Resistencia», cuando, el 14 de diciembre, explica ante las Cortes una gran lección: «La política de aislamiento de España seguida por las Naciones Unidas en el quinquenio 1945-1950».

El despegue económico
y el final del hambre

En una coyuntura económica especialmente delicada, y en coincidencia con los postreros coletazos de la última sequía, se producen acontecimientos importantes al comenzar el mes de marzo de 1951: los primeros disturbios sociales de cierta envergadura en la España de la posguerra. La noticia es tan insólita que pronto acalla los comentarios por la desaparición, el 9 de marzo, de una leyenda viva de la Guerra Civil, el general marqués de Queipo de Llano, fallecido, naturalmente, en Sevilla. El 17 de junio recibe Franco en El Pardo por segunda vez al almirante Sherman, durante dos horas. Llegan a un acuerdo de principio sobre la ayuda económica y militar de los Estados Unidos a España; al día siguiente, el almirante asiste a la recepción ofrecida por Franco en los jardines de La Granja. Por desgracia para el acercamiento de los dos países, Sherman muere unos días después, en Nápoles, de un ataque al corazón; su desaparición retrasa quizá en dos años la firma de los acuerdos bilaterales. Aun así, en una próxima conferencia de prensa (19 de julio) el presidente Truman dulcifica ostensiblemente su posición respecto de España; habla de «relaciones más amistosas».

A primeros de julio de 1951, un ministro de Franco, el general del Aire Eduardo González Gallarza, visita por primera vez los Estados Unidos y declara en Washington: «Ha llegado el momento para la colaboración total de España y los Estados Unidos». El 10 de julio don Juan de Borbón envía una importante carta al general Franco: «Se me ha acusado, creo que maliciosamente, por la propaganda antimonárquica de no estar identificado con el Movimiento Nacional, al que dos veces me ofrecí como voluntario». Explica —con plena sinceridad— su auténtica intención al autorizar anteriormente ciertos contactos; con lo que consiguió hacer «prácticamente desaparecer en la esfera internacional la idea de República como posible alternativa del régimen actual». Y finaliza su carta con esta invocación: «Si V.E. está animado de los mismos deseos de concordia en bien de España —lo que no puedo ni siquiera dudar—, estoy completamente seguro de que encontraremos con facilidad la fórmula práctica susceptible de superar las dificultades presentes y asentar las soluciones definitivas». La desilusión de los últimos recalcitrantes de la última conjura fue total. Franco, como recuerda López Rodó, hizo caso omiso de esta carta, contra la que truena Indalecio Prieto, en sus artículos de ruptura total y desesperada con sus efímeros aliados de la monarquía.

A pesar de esta significativa carta, y a pesar de que en los días siguientes iba a decidir Franco un acontecimiento tan importante como es una renovación casi total de su Gobierno, la perspectiva histórica nos revela ya ahora que julio de 1951 no iba a ser, en la posguerra española, un hito político, sino, por encima de todo, un jalón económico de trascendental importancia; tanta, que supondría nada menos que el final de toda una etapa histórica, la que hasta esos días pudo llamarse quizá con ese nombre, posguerra (española y mundial), y que desde entonces debe designarse ya con otro nombre histórico: quizá despegue, precursor del desarrollo. No puede llamarse simplemente posguerra a un período que duró más de 36 años después de una guerra que no llegó a los tres, por honda y trágica que fuese su huella en el surco de la historia española.

El despegue, en efecto, comenzó un amanecer cualquiera de ese mes de julio de 1951. No se trata de elegir arbitrariamente un arranque, sino de materializar un hecho no por imperceptible menos real y trascendente. En esa madrugada cualquiera, el nivel económico de España, reflejado imperfecta pero significativamente por las estadísticas de renta per capita, alcanzaba una cota modesta, sí, pero enormemente evocadora: la que quedó como una especie de sueño imposible tras el máximo empuje de la Dictadura, en el año 1929. En efecto, la renta anual del español medio volvía en 1951 —para no perder jamás ese nivel— al entorno de las ocho mil pesetas (referencia de 1953) que había alcanzado en el último de los años veinte. Y volvía —esto es lo importante— no como un nuevo récord, sino como una plataforma de lanzamiento para alturas inéditas. Las primeras ayudas americanas, interesantes en medio de su escasez de cuentagotas, no habían tenido apenas tiempo material para contribuir a este resultado, que se debió casi exclusivamente al esfuerzo solitario de los españoles cercados en su fortaleza incomprendida, en torno a Francisco Franco. Habían pasado, sí, veintidós años trágicamente perdidos para la economía española; pero habían pasado, y esto era lo importante, para siempre, si España quería.

Ese gran humanista e historiador que se esconde bajo modesta capa de experto económico, Juan Velarde Fuertes —quien por entonces hacía ya sus primeras armas importantes en el comentario político-económico—, destaca con su habitual acierto la fecha del 19 de julio de 1951 como arranque para la nueva etapa. «Se da oficialmente por concluida —dice— la etapa de desarrollo por inflación». Y explica el logro y el dolor del período que termina: «El 1 de abril de 1939 la economía española se encontraba en ruinas. La tarea fundamental era la de su reconstrucción. Los procedimientos no eran, desgraciadamente, demasiado abundantes. La imposibilidad —por lógicas causas políticas— de concertar un empréstito exterior obligó a buscar la financiación en el interior del país. En buena parte se consigue esto con el desarrollo inflacionista —pues el sistema impositivo no es capaz de obtener las cifras de ahorro necesarias— al que ayuda algo el comercio exterior, gracias a la elevación de los precios de los artículos que exporta España en relación con los de importación. Pero tanto el desarrollo por inflación como la mejoría en la relación real de intercambio originan inversiones no deseables —relacionadas con actividades de lujo, por ejemplo— al par que un lógico descontento social. Sin embargo, el esfuerzo es considerable. En 1951 el nivel de vida se ha elevado y puede calificarse ya de aceptable».

En 1951 comienza ya a notarse la incidencia favorable de un factor económico que para la década siguiente alcanzará visos de milagro: el turismo de Europa sobre España. Durante la improvisadora época del aislamiento, una de las palancas de la recuperación ha sido, evidentemente, esa grande y desordenada ilusión llamada Instituto Nacional de Industria, que se lanzó a poner cimientos bajo la retracción tradicional del capitalismo español. Como dice Juan Velarde citando al profesor Torres: «La injusticia mayor que con el INI se ha cometido es que las críticas mayores se le hayan hecho precisamente por aquello que debiera alabársela; se han hecho justamente por aquéllas de sus empresas que contribuyen a reforzar nuestro desarrollo industrial; se le ha criticado más acerbamente que nada por lo que es su mayor mérito: por el incremento de la producción eléctrica y por la promoción de la producción del hierro y del acero».

La reconstrucción, pues, se había logrado a base de sacrificios; y cuando terminaba, por primera vez en toda la historia de España (antigua, media, moderna y contemporánea), la amenaza del hambre. Ello convierte a 1951, con perspectiva total, en el final de una era y el comienzo de otra nueva fundada en un hecho profundamente humano para el pueblo español; hay que reconocer, con pesadumbre, que el sacrificio principal había recaído sobre las capas sociales más débiles. En esto el naciente despegue español no constituye excepción alguna en la historia de la economía mundial y europea; pero conviene registrar el hecho.

A pesar de la ciega obstrucción de algunos abanderados liberales del exilio que contribuyeron a mantener durante años la amenaza del hambre sobre España, esa amenaza, en sus aspectos más dramáticos, desaparecía definitiva y globalmente de las ciudades y los campos españoles en la primavera de 1951, cuando, a pesar de las heladas y los calores intempestivos, vinieron, al fin, las lluvias abundantes. Era aquella España, todavía, una nación agrícola, la cosecha se salvó y contribuyó en gran medida a la repetición, tardía pero ya segura, de los niveles económicos de 1929.

Las estadísticas de los años siguientes ya no mirarían más al pasado; enfocarían a un futuro incierto, pero inevitablemente ascensional. Comenzaba, sí, no sólo una etapa, sino todo un nuevo siglo de España, si España lograba mantener alejada para siempre al hambre vencida por vez primera, con visos de permanencia, en lo que llamaría Ramón Tamames —comunista todavía— la era de Franco.

Polémicas culturales
olvidadas

Lo que la historiografía europea ha llamado la segunda victoria de Franco se inicia, realmente, con la desautorización práctica de los movimientos de oposición exiliada e interior, republicana y monárquica, que al conjuro de la guerra fría deciden los Estados Unidos y Gran Bretaña entre 1947 y 1949; y es ya un hecho con la retractación de las Naciones Unidas en 1950.

Los jalones siguientes de ese proceso victorioso, que supone para el régimen de Franco una relativa reincorporación a Occidente, serán el ingreso de España en la Unesco, la formalización de acuerdos directos con el Vaticano y los Estados Unidos en 1953 y la admisión formal en las Naciones Unidas en 1955. Franco completa esta victoria con la gradual cesación de hostilidades en torno a la sucesión entre Madrid y Estoril, lo que supone el licenciamiento de los veteranos conspiradores monárquicos y la incorporación permanente del príncipe don Juan Carlos —preconizado ya in pectore sucesor a título de rey— a la vida civil y militar de España. Por otra parte, el despegue económico se afianza; y las lamentaciones de José María Gil Robles, felizmente regresado a España, reflejan más su amarga situación interior que la realidad española objetiva.

En la prensa del Movimiento escribe crónicas triunfales un futuro contestatario entristecido, el padre José María de Llanos, cuya evolución desde el falangismo de cruzada al comunismo de convivencia es uno de los dramas peor explicados y más inquietantes de nuestro tiempo. Con asombro reprimido, conoce Franco la singular nueva de que, al amparo del Congreso Eucarístico, don Javier de Borbón Parma reúne a sus fieles en Montserrat y se proclama allí nada menos que rey de España con el nombre de Javier I; su primo don Juan de Borbón se lo reprocharía irónicamente después en Estoril y don Javier le prodigaría sus incómodas excusas.

El 11 de junio, Pío XII dirige al Congreso Eucarístico un mensaje radiado; unos días más tarde envía a Franco un mensaje personal. Franco, que asiste al Congreso Eucarístico, seguiría unos días en Barcelona; desde allí viaja al Monasterio de Poblet con motivo de la inhumación de las cenizas de los reyes de la Corona de Aragón, y luego inaugura la Feria de Muestras. En Poblet hace Franco de secreto protagonista de una escena antimasónica que he narrado en otros libros, como Misterios de la Historia; cuando inexplicablemente ordenó aventar las cenizas del duque de Wharton, fundador de la masonería española, sin que gracias a Dios los monjes le hicieran el menor caso, aunque le hicieron creer lo contrario. Regresa Franco a Madrid el día 20, cuando la prensa de Nueva York reproduce las entusiastas declaraciones del cardenal Speliman: «Todo el mundo en España quiere a Franco». Los amigos de Franco en España registraban con satisfacción el evidente ocaso del presidente Truman y el auge de un tándem político —Eisenhower-Nixon— al que se atribuían, con justicia, mejores intenciones respecto a España. «Richard Nixon es un anticomunista fervoroso y un buen amigo de España», escribía Arriba el 13 de julio.

Mientras Franco recorría, con la primavera, los campos y las ciudades mediterráneas, una tormenta intelectual repartía sus ráfagas desde encrespados ambientes madrileños. Hoy es una polémica ajada, pero en su tiempo alcanzó una resonancia enorme. Todo por la aparición espectacular de un nuevo libro de Rafael Calvo Serer, Teoría de la Restauración, en el que se limitaba a reforzar las tesis reaccionarias de España sin problema: España se identificaba con el catolicismo histórico de los Austrias y de la Contrarreforma. Franco, a quien agradaba por otros motivos esta interpretación histórica, observó con interés algunas de las tesis del brillante ideólogo, sin sospechar, como tampoco sospechaba el ideólogo, que un día Rafael Calvo Serer escribiría un libro contra él; nadie podría entonces preverlo, al leer las decididas líneas del más puro franquismo con las que Calvo Serer cierra su prólogo.

Rafael Calvo Serer, que formaba ya entonces en la que Marrero llama «minoría activa de 1948», actuaba como entusiasta heredero de los intelectuales de Acción Española. En esa misma primavera se incorpora al grupo político del conde de Ruiseñada, Claudio Güell y Churruca, quien, según el propio Calvo, «creía que la solución del problema político español era el acuerdo personal pleno y sin reservas entre Franco y don Juan», y en tal sentido venía trabajando desde 1948. Teoría de la Restauración fue un nuevo ataque contra el aperturismo falangista, amparado entonces por el democristiano Joaquín Ruiz-Giménez desde su Ministerio de Educación, y sería objeto de los naturales contraataques, como el formulado por un grupo intelectual de base falangista, que redactaba las páginas económicas de Arriba, encabezado por Juan Velarde, Enrique Fuentes y Alfredo Cerrolaza.

Las elecciones norteamericanas elevan en la primera semana de noviembre a dos amigos de España: Eisenhower y Nixon. Júbilo en El Pardo y en la opinión profranquista, que se confirma con la designación de John Foster Dulles como secretario de Estado; el Foggy Bottoni, principal objetivo de la cruzada mccarthysta, pasaba por ser un nidal de comunistas y traidores en potencia visto desde Madrid… y desde algunas altas oficinas de la nueva Casa Blanca.

Una victoria internacional mucho mayor merece ampliamente el calificativo de trascendental con que la saluda la prensa española, el 18 de noviembre de 1952, y por una lucida votación (45 naciones a favor, entre ellas Francia; 3 en contra y 7 abstenciones), España ingresa en la organización cultural de las Naciones Unidas, la Unesco, que hasta entonces había actuado como refugio y portavoz de bastantes intelectuales españoles en el exilio. Uno de ellos, el insigne cellista Pablo Casals, retira su colaboración al organismo; pero la victoria de Franco se refuerza cuando se conoce que el Congreso milanés de la II Internacional Socialista había recomendado inútilmente el portazo a España. Dentro del país corrían vientos de unanimidad más o menos sincera. Uno de los más destacados intelectuales políticos del régimen, José María de Areilza, conde de Motrico, publicaba en Arriba del 20 de noviembre, dos días después de la victoria en la Unesco, estas extraordinarias manifestaciones, dentro de un artículo titulado José Antonio o la continuidad: «La Falange fue la esencia del Alzamiento de julio y es ahora la esencia de la continuidad del régimen… Su razón de ser es tan auténtica, tan arraigada está en la entraña nacional, que aún olvidada o suprimida habría que inventarla de nuevo. Y eso lo saben mejor que nadie cuantos tratan de escamotear su presencia, ironizar sobre su contenido o mostrarse escépticos ante su perenne vitalidad».

En la misma página, Dionisio Ridruejo, quien luego afirmaría que sus dudas emergieron en 1942, no las expresa hasta diez años después: «El bando vencedor —decía en 1952— esta vez no es un partido ni media España; es un todo. Izquierdas y derechas se comprenden en la victoria nacional, que por ello es nacional. Lo otro —resentidos en exilio o neoizquierdas en casa— son los restos anacrónicos de una derrota».

Dos acontecimientos secretos, de suma importancia, deben inscribirse en los anales de 1952, junto con otros tres cuya trascendencia no se supo medir entonces bien. Empecemos por éstos. En octubre de 1952, y como obra propia, el Opus Dei funda en Pamplona el Estudio General de Navarra, centro universitario que alcanzaría primera magnitud y notabilísima influencia (Franco patrocinaría decididamente la fundación). Por impulso de Joaquín Ruiz-Giménez, se celebran en Gredos unas conversaciones católicas, con participación de los profesores Laín, Aranguren, Millán Puelles, Diez Alegría y García Escudero, entre otros, que actuarán como seminario de inquietud y dinamismo en el ambiente, hasta entonces conformista, del catolicismo español.

En tercer lugar, el sultán de Marruecos, Mohamed V, exigió por vez primera, y en declaraciones dirigidas a los ambientes políticos norteamericanos, la revisión del sistema de Protectorado que desencadenaría un proceso de independencia mal conducido por Francia, pero que dejaría a España lamentablemente marginada, mientras los Estados Unidos lograban erigirse en protectores de la nación que pugnaba por revivir en el Magreb.

Los dos acontecimientos importantes en la historia secreta de 1952 tienen a Franco como protagonista. Sabemos que, tras el Manifiesto de 1947 y el apoyo de don Juan a la conjunción de derecha monárquica e izquierda socialista contra Franco, éste había descartado de forma irreversible la candidatura del conde de Barcelona a la sucesión. Según testimonio de López Rodó, Franco se mantenía firme en ese veto; en este año 1952 se lo dijo taxativamente a Juan Antonio Sangróniz. El segundo acontecimiento es el proyecto de Dionisio Ridruejo, comunicado a Franco, sobre la reforma interna del régimen en sentido democrático: el primer movimiento de apertura política en plena coincidencia con los designios y la actuación del equipo liberal-falangista de Joaquín Ruiz-Giménez en el Ministerio de Educación.

Acabamos de ver cómo Dionisio Ridruejo se mantenía públicamente fiel en 1952 a una idea integradora de la Falange. En sus dos visitas a Franco (años 1951 y 1952) le expone el esquema para la democratización del régimen: aprovechando la concentración de autoridad en Franco, hacer auténtica la vida municipal (postulado básico de la democracia orgánica), desburocratizar los sindicatos, democratización de las Cortes y primeros pasos en la regionalización. Tras una etapa de reformas estructurales, «podría procederse con serenidad a la reestructuración del sistema entero con vistas a una democracia efectiva». Franco dio en principio una opinión favorable al plan, que recibió el apoyo total del equipo Ruiz-Giménez y la total repulsa del equipo autoritario de Calvo Serer, apoyado por Carrero Blanco.

Dionisio Ridruejo manifiesta con claridad esta actitud aperturista dentro del régimen en sus artículos de la época, sobre todo en la Meditación para el primero de abril que publica en Arriba para esa fecha de 1953. Esta importantísima fase en la vida y en la evolución ideológica de Dionisio Ridruejo —verdadero precursor de la apertura definitiva del régimen que culminó en la transición predemocrática y democrática entre 1973 y 1977— durará hasta la primavera de 1955, cuando pronuncia una conferencia resonante en el Ateneo barcelonés, desde dentro del régimen y en presencia de las autoridades. Allí terminará el intento. La siguiente etapa de Ridruejo será ya de abierta oposición al sistema.

Los acuerdos
de 1953

El nuevo año va a discurrir bajo el signo de la aproximación a la Santa Sede y a los Estados Unidos, y con el claro objetivo de sellar mediante sendos pactos esa aproximación.

Desaparece, el 5 de marzo de 1953, de un mundo que él tanto contribuyó a complicar, uno de los máximos enemigos históricos de la España tradicional en todos los tiempos: el dictador soviético José Stalin. Le sustituirá, tras varios tanteos, Nikita Kruschev, cuyo primer objetivo será la eliminación de Beria.

El día 27 de agosto monseñor Domenico Tardini, por parte vaticana, y Alberto Martín Artajo y Femando Castiella, por parte española, firman, en el nombre de la Santísima Trinidad, el Concordato entre la Santa Sede y el Estado español. Una revista avanzada de la Iglesia española comenta muchos años después: «Antes de ese 27 de agosto sobre ese tema no hubo en España otra cosa que silencio. Y después de ese 27 de agosto no se escuchó sobre el Concordato otra cosa que aplausos». Vinieron los aplausos sobre todo desde la propia Iglesia, como reconoce el equipo Vida Nueva: «Que aquel documento fue considerado en los medios eclesiásticos el no va más de los acuerdos concordatarios queda claro con la lectura de las páginas dedicadas por Ecclesia, órgano de la dirección central de Acción Católica española, al acontecimiento». Si la Iglesia proclamaba su satisfacción, la seguía el Estado; la conciencia católica de sus gobernantes recibía, además del más alto respaldo político que cabe imaginar por parte del Vaticano, cuya autoridad salió muy robustecida de la Guerra Mundial con la derrota de su enemigo, el totalitarismo nazi, y se corroboró en la guerra fría, por la decidida alineación de la eterna Roma en el frente anticomunista.

El propio impulsor del Concordato de 1953, Alberto Martín Artajo, ha descrito la fase de anteproyecto y negociación, bajo el patrocinio y el estímulo de Franco. Las dos partes quedaron muy beneficiadas: el Estado de Franco recibía un respaldo mundial decisivo, y mantenía el privilegio de presentación; la Iglesia ganaba un no menos decisivo terreno de maniobra mediante el nombramiento directo de los obispos auxiliares, que eludía de hecho ese privilegio y permitiría a la Iglesia renovar al Episcopado al margen del régimen; amén de otras muchas ventajas espirituales y materiales que afianzaban su control de la sociedad española y la hacían sentirse claramente ganadora en el acuerdo. Franco presentó a las Cortes el Concordato en su discurso del 30 de octubre de 1953 con acento filial y triunfal. Se congratula «de haber podido prestar a la nación y a nuestra Santa Madre la Iglesia el servicio más importante de nuestros tiempos».

Desarrolla Franco la tesis de que «la religión católica es la gran fuerza moral que ha formado el alma colectiva de nuestra nación», desde la Edad Antigua a la Cruzada de 1936, y compromete formalmente al Estado en la identificación con los fines de la Iglesia. El retraso en el Concordato durante «el quinquenio de la torpe conjura internacional contra nuestra patria» no se debió a la Iglesia, sino al régimen «que no quiso envolver a la Iglesia, a ningún precio, en nuestras propias dificultades interiores», lo cual es una interpretación tan hábil como forzada. Por eso, sigue Franco, «sólo cuando a fines del año 50 terminó en la Asamblea de las Naciones Unidas la farsa montada contra España, sólo entonces propusimos formalmente a la Santa Sede la elaboración de un acuerdo general».

Las cláusulas sobre el matrimonio se han incluido para la defensa de la familia, clave de esa España como reserva espiritual del mundo. Franco, que ha contemplado desde San Sebastián el logro de su victoria romana, presenciará desde su pazo de Meirás, a orillas del océano, los preparativos de su segunda victoria de 1953, la atlántica; pero la noticia va a recibirla en Madrid, a donde llega el 22 de septiembre. Poco antes, un artículo suyo con el seudónimo Hispánicus en Arriba —el día 12— expresaba «la repulsa española» ante la deposición de Mohamed V de Marruecos por Francia; dos días más tarde, en El Ferrol, inauguraba la plaza de España.

Los acuerdos entre España y los Estados Unidos se firman en Madrid el 26 de septiembre de 1953; se conocen por ello como pacto de Madrid. Al pie del extenso documento, firman Alberto Martín Artajo (que consigue de este modo un extraordinario doble justamente en un mes) y el nuevo embajador, James Clement Dunn. Se fijaban en los convenios las condiciones de la ayuda militar, económica y técnica de los Estados Unidos a España, y la contraprestación española, que en esencia consistía en la cesión temporal para su uso conjunto de determinadas bases consideradas vitales por el Pentágono en medio de la compleja trama estratégico-defensiva de la guerra fría.

Lo mismo que en el caso del Concordato, los acuerdos de Madrid fueron recibidos, dentro y fuera de España, como un decisivo triunfo de Franco; así lo reconoció inequívocamente la más radical oposición al régimen español, que, desconcertada por el doble triunfo de ese régimen en el verano de 1953, buscó desde entonces nuevos derroteros para su propaganda. De esos derroteros nacerían nuevas críticas, que bastantes años después se generalizaron incluso en ambientes que poco tenían que ver con dicha oposición. Pero las circunstancias que ampararían tales críticas iban a ser, afortunadamente para España, bien diferentes. Hasta los años cincuenta, el odio internacional contra Franco le había colocado —ante la opinión internacional— de espaldas contra la pared; ahora no debía extrañarse nadie de que la presión defensiva de Franco, apoyado sin duda por la mayoría efectiva del pueblo español, derribase la pared. No es otro el significado del extraordinario doble de 1953.

Los convenios España-EEUU firmados en 1953 fueron realmente tres: el primero se refiere a la ayuda para la mutua defensa, dentro de la aplicación de la ley americana de 1949 y 1951. Es un marco jurídico-técnico y una declaración de principios en servicio del mundo libre. Un segundo acuerdo se refiere a la ayuda económica. Incluye un compromiso del Estado español para estabilizar su moneda, fijar y mantener un tipo de cambio real, y restablecer la confianza en su sistema monetario, junto con una liberalización de la economía. Se trata, pues, de todo un compromiso en orden a la política económica, para garantizar la eficacia de la ayuda americana. El tercer convenio es el defensivo, «frente a los peligros que amenazan al mundo occidental». Las relaciones entre España y EEUU han de desarrollarse «sobre una amistad estable». Estados Unidos concede una importante ayuda militar; España concede a los Estados Unidos el uso conjunto —es decir, sin soberanía ni cesión formal de territorio— de las nuevas bases que funcionarán bajo pabellón y mando español. Este convenio extenderá su vigencia durante diez años, prorrogables automáticamente por dos períodos de cinco años cada uno.

Como hemos resumido en otra obra, «el sistema de bases a que se referían los acuerdos, y que se iría realizando poco a poco hasta que quedaron listas para servicio entre 1957 y 1959, eran tres aéreas en Zaragoza, Madrid (Torrejón) y Morón de la Frontera, cerca de Sevilla; y una gran base naval en Rota, en la bahía de Cádiz. Desde ella partiría un oleoducto hasta Zaragoza. En cuanto a la ayuda económico-militar, la primera anualidad era de 226 millones de dólares; 125 millones ya consignados en 1951 y 1952, y 101 millones para el año fiscal que terminaba en 30 de junio de 1954.

En resumen, desde nuestra perspectiva, pero teniendo en cuenta las coordenadas de 1953, los pactos con los Estados Unidos, a pesar de romper la secular neutralidad de España, tuvieron una influencia netamente positiva para el régimen; supusieron una aportación incompleta y cicatera para la modernización de las Fuerzas Armadas, pero provocaron la ruptura del aislamiento militar total en que se debatían los Ejércitos, cuyos mejores oficiales empezaron a familiarizarse, dentro y fuera de España, con las técnicas y tácticas modernas; y contribuyeron a la reorientación de la economía española y a la fecundación exterior del despegue que había logrado ya, en 1951, recuperar los horizontes perdidos tras la primera dictadura. En conjunto, pues, Franco tenía toda la razón para sentirse satisfecho; el abatimiento de la oposición exterior ante los acuerdos es toda una prueba.

El 1 de octubre, Día del Caudillo, se lee un mensaje de Franco en las Cortes. «Ésta es la hora de la plenitud para nuestra política exterior», dice justamente Franco, a quien la multitud de sus fieles madrileños aclama con el habitual entusiasmo en una concentración en la plaza de Oriente, la cuarta ya de la posguerra y la paz. Pero Franco, aclamado una y otra vez, no pronuncia discurso alguno. Con el horizonte exterior asegurado, el jefe del Estado ordena que se aceleren todo lo posible los grandes proyectos económicos; el más importante del año 1953 es la creación de una siderúrgica integral en Avilés (Ensidesa), con capital del INI, y fuerte apoyo financiero y técnico exterior. Franco está evidentemente decidido a que la recuperación económica, lograda a la vez que la ruptura del cerco internacional, no se detenga sobre los laureles. Pero los nuevos tiempos renuevan también los problemas ideológicos de la política; los últimos meses de 1953 registran, desde una perspectiva posterior, tres hechos que parecen muy sintomáticos para el replanteamiento histórico de la evolución intelectual y política en una España cada vez más nueva, que merecen capítulo aparte.

Rafael Calvo Serer publica por entonces en una oscura revista francesa, Écrits de Paris, un artículo, «La política interior de la España de Franco», según cuyas apariencias abandona el conformismo total integrista y acrítico para asumir una postura táctica de oposición crítica relativa. En varios de mis libros suelen criticarse, por inconexas, ciertas reacciones del profesor, a quien no cabe negar sorprendentes cualidades de anticipación. Calvo ataca a las dos fuerzas políticas que, a su vez, configuran la hora actual de España: la Falange, a la que considera de izquierdas y acatólica, y los democristianos del tipo Martín Artajo y Ruiz-Giménez, cuyos órganos de prensa, como el moderado Ya, son, para Calvo Serer, «atraídos por la izquierda, por la República y el anticlericalismo, actualmente en estado latente, pero ya perceptible».

El escritor de Arbor pretende articular nada menos que una fuerza política de recambio: la Tercera Fuerza nacional, formada por una serie de nombres más bien dispersos. Algunos se vinculan a la tradición —un tanto momificada ya— de Acción Española; otros pertenecen individualmente al Opus Dei; hasta los intelectuales jesuitas de la Casa de Escritores, que editan la revista doctrinal Razón y Fe, se integran para él en el grupo.

La reacción no se hizo esperar. Calvo Serer hubo de abandonar súbitamente la dirección de Arbor, aunque conservó su doble cátedra de Historia de la Filosofía Española y Filosofía de la Historia. Este episodio se ofrece aquí, más que por su relevancia —muy limitada—, por perfilar el marco de una de las mayores preocupaciones de Franco: la confusión ideológica y política provocada, a fuerza de incoherencia, por determinados portavoces de una ortodoxia ficticia que terminaría fatalmente en el hastío o en el abandono. Porque ya se habrá advertido que en la descripción de fuerzas adelantada por Calvo Serer en 1953 sobraban algunos nombres y faltaba, entre las fuerzas reales del régimen, casi todo (faltaba, principalmente, el pueblo de las plazas de Oriente). En ese horizonte, sin embargo, la figura de Franco quedaba todavía para Calvo Serer por encima de las discusiones y de la crítica; como una especie de árbitro supremo cara al futuro. Pero Franco, en 1953, no era un árbitro: era precisamente el futuro para más de dos décadas.

El 7 de mayo de 1954, una dramática noticia conmueve al mundo: cae en manos del general vietnamita comunista Giap la fortaleza francesa de Dien Bien Fu, lo que equivale al principio del fin de Francia en Indochina. Franco recibe la noticia en Salamanca, donde evoca sus días de cuartel general y las circunstancias de su designación para la jefatura del Estado con su imagen repetidísima, favorita: «Los guerreros elevaban sobre el pavés a su caudillo». Se denomina a sí mismo «conductor de la Cruzada» y sale al paso de futuras polémicas formalistas con palabras bien claras: «Aquellos generales prestigiosos, aquellos hombres severos echaron sobre mis hombros la carga del Gobierno de la nación, del caudillaje de la cruzada y de la jefatura del Estado». Revela también su temprana participación en los preparativos contra el Frente Popular, con una alusión inequívoca a las instrucciones de Mola: «No era ya posible la realización del pensamiento de los días en que nos concertábamos para la cruzada: que el Movimiento nacional pudiera ser un paseo militar con ligeras escaramuzas».

Al día siguiente, 8 de mayo, Franco recibe el doctorado honoris causa de la universidad salmantina de manos de su rector magnífico —y antiguo director, en los días afanosos de la guerra, de la primera Radio Nacional de España en la misma ciudad—, Antonio Tovar, quien comienza su oración con un «egregio señor don Francisco Franco, y termina con una evocación de los Reyes Católicos: «El Caudillo para la Universidad; la Universidad para el Caudillo». Sobre las eternas piedras doradas de la fachada septentrional, en la Catedral Nueva, quedó impreso el víctor rojo del nuevo doctor Francisco Franco.

Regresa don Juan
y España entra en la ONU

Durante el mes de julio, Franco escribe a don Juan de Borbón para pedirle, en su condición de jefe del Estado, que le sea confiada la continuación de los estudios en España del príncipe Juan Carlos, al terminar su bachillerato. La carta no se ha enviado aún cuando llega a El Pardo una nota verbal del conde de Barcelona donde don Juan comunica a Franco sus decisiones sobre el mismo tema: don Juan Carlos hará un curso en la Universidad de Lovaina —planificado y gestionado por Gil Robles—, para estudiar Derecho, Sociología y Economía, y conocer Europa.

Franco remite a don Juan, a pesar de todo, su carta previa. Evoca su recepción reciente a los príncipes, el 22 de junio, para felicitarles por su aprovechamiento. Franco, en nombre de la nación, recaba su principal responsabilidad (superior, dice, a la de don Juan) en la educación de don Juan Carlos. El primer objetivo ha de ser la formación moral indispensable «a quien está llamado a regir un Estado».

Debe atenderse, en segundo lugar, a la formación de su carácter, en la Academia General Militar de Zaragoza, durante dos años. Pasará entonces por las otras dos academias: Naval y Aérea. Seguiría luego dos cursos universitarios sobre política y economía. Luego deberá conocer los ciclos de producción nacional agrícola, industrial y minera; mantendrá un frecuente contacto con el Caudillo y practicará en la Presidencia del Gobierno. «Considero importante que el pueblo se acostumbre a ver el Príncipe cerca del Caudillo». Un plan semejante se propone para don Alfonso, hermano menor de don Juan Carlos. Franco sugiere emplear un curso en perfeccionar las matemáticas del Príncipe antes de su ingreso en la Academia General.

Como larga posdata, Franco rechaza el plan Lovaina, e insiste en el suyo. El punto siete es una conminación en regla: o se acepta el plan o se cierra «el camino natural y viable que se puede ofrecer a la instauración de la monarquía en nuestra patria».

Don Juan consulta el camino a seguir a los miembros de su Consejo Privado. Gil Robles ve muy claro: «Las dos comunicaciones suponen la práctica eliminación de don Juan y el intento de restauración en la persona del Príncipe». La mayoría de los consejeros —Pemán, Pabón, Kindelán, Sainz Rodríguez— se inclinan por ceder ante Franco. Aranda y Gil Robles se oponen. Don Juan da la razón a los primeros. Gil Robles se retira de la colaboración con don Juan.

En sus primeras anotaciones de diario, un precioso documento para penetrar en la intimidad de Franco y en los entresijos de su tiempo, el general Franco Salgado apunta varios datos sobre la corrupción que Franco tolera en las alturas del régimen, y a la que solamente opone argumentos formalistas, como el de que determinadas importaciones se hacen legalmente. En las frecuentes cacerías a que asiste Franco, se venden favores y se traman negocios importantes al amparo de la proximidad a Franco. Esta corrupción tolerada irá corroyendo los cimientos del régimen, y cuando desaparezca Franco, a quien la opinión pública no asoció nunca personalmente, aunque sí familiarmente, con la corrupción y el despilfarro, será principalísima causa que impida la pervivencia del franquismo, tras los grandes escándalos finales que terminaron con el régimen mucho más que los ataques de sus enemigos.

El 15 de diciembre, y ante el pleno de las Cortes españolas, el presidente, Esteban Bilbao, lee una carta del conde de Argillo, consuegro de Franco y procurador, en la que solicita el cambio de apellidos para su recién nacido nieto Francisco, que es también el primer nieto varón de Franco. Las Cortes aprueban por unanimidad la propuesta y, como en ella se pide, el niño se inscribe con los nombres de Francisco Franco Martínez.

Corrieron por toda España innumerables chistes sobre el acontecimiento. Franco Salgado anota: «Si van a ser los españoles tan olvidadizos con Franco, el nieto de éste no se alegrará demasiado con el cambio de apellido y tal vez prefiera algún día ser un Martínez cualquiera».

El día de Navidad, la Asamblea Nacional francesa rechaza la ratificación de la Unión Europea Occidental; aunque luego vuelve precariamente de su acuerdo, el New York Times acusará: «En la Asamblea Nacional francesa actúan el rencor, el cinismo, la cobardía y la irresponsabilidad».

El 28 de diciembre de 1954 fue un día inolvidable para don Juan de Borbón: su primer retorno físico a España desde su intento de marchar al frente de Madrid en 1936. Llegó a la finca extremeña de Las Cabezas, propiedad del conde de Ruiseñada, al volante de su automóvil, desde Portugal. Se entrevistó con Franco en dos largas sesiones, antes y después de comer (seis horas en total) al día siguiente, 29 de diciembre, según la lápida que el propietario de la finca fijó en sus muros. Tras la sesión de la mañana, don Juan y los acompañantes de los dos personajes (Pedro Nieto Antúnez, el conde de los Andes, Ramón Padilla, Fontanar, Julio Danvila) tomaron un whisky; Franco, su habitual zumo de limón.

Aparte de consideraciones generales sobre la situación política de España, el principal resultado de las conversaciones fue decidir el ingreso de don Juan Carlos en la Academia General Militar y el corte de la perjudicial y contradictoria propaganda antimonárquica que seguía aflorando en la prensa falangista. El general Carlos Martínez de Campos, duque de la Torre, seguiría dirigiendo la formación del Príncipe. Don Juan permanecerá una noche más en España, después de despedir cordialmente a Franco. Poco después, Eisenhower designaba embajador en España a un ilustre diplomático, John Davis Lodge, el enviado de los Estados Unidos más querido por los españoles desde los días del primero de todos ellos, Benjamín Franklin. En su mensaje de fin de año, y por encima de las especulaciones que se prodigaban después de la entrevista en Las Cabezas, Franco fue tajante: «La salida del Movimiento nacional es el mismo Movimiento nacional. España no está en un paréntesis».

Es ahora evidente —y Franco lo confesaría abiertamente en 1969— que no sólo en 1954, sino desde el mismo plebiscito que confirmó la ley de Sucesión, Franco pensaba en la solución Juan Carlos para esa «sucesión del Movimiento por el Movimiento mismo»; aunque en las declaraciones que publica Arriba el 23 de enero de 1955 impone un compás de espera: «No se ha tratado de realizar actos ni reconocimientos formales, pues no ha llegado esa hora».

Cundían también algunas protestas desde ciertos círculos tradicionalistas. Franco recibe el 27 de diciembre al teniente general Martínez de Campos, que dirigirá la educación del Príncipe en España: con un selecto grupo de colaboradores, entre los que figuran el contraalmirante laureado Abárzuza y el comandante de Artillería Alfonso Armada y Comyn.

La respuesta de don Juan a la carta de Franco fue desabrida: «Parecía que él no era el padre para educar a su hijo y se convertía en un cero a la izquierda». Franco le contestó que «una cosa era la educación de su hijo y otra la de un príncipe que va a reinar; que si no le parecía bien que no lo mandase, pero que se perdía un buen príncipe para la monarquía».

En Las Cabezas quedó aclarado todo. Es el momento cumbre de la Operación Ruiseñada. Franco y su testigo, Nieto, comunicaron varios detalles a Franco Salgado. En las conversaciones, Franco resumió la historia de España bajo su mando. Recriminó a don Juan por sus malos consejeros y le confirmó que el Manifiesto de 1947 le costó el trono. Franco prefirió a don Juan contra la aristocracia —que abandonó a su padre— y le manifestó que el sostén de la monarquía, como del régimen, sólo podía ser el Ejército. Se opuso a la proclamación de don Juan Carlos como príncipe de Asturias: no quiso comprometerse a la sucesión. Descartó una objeción marginal de don Juan sobre la tumba de José Antonio en El Escorial. Don Juan, al final, aceptó de plano las propuestas de Franco sobre la educación del Príncipe.

Fueron Danvila y Andes quienes arreglaron la entrevista. Franco juzgaba a don Juan como «inteligente y culto» pero «acepta la opinión del último que llega». Franco en persona recuerda cómo expuso su veto a don Juan: «V.A. se hizo incompatible con la España de hoy, pues en contra de mi consejo de que estuviera callado… publicó un manifiesto». Cuando don Juan le contesta que «lleva callado mucho tiempo», Franco replica con helada dureza: «A mí no me preocupa ahora la situación suya».

Cuando Franco le dice que dado el partidismo de don Juan abdicaría si para bien de España fuera necesario, don Juan respondió que desde luego. Don Juan quedó, ahora, fascinado por Franco. «Es para matar a quienes me han estado durante tantos años hablando mal de este hombre». Don Juan, antes de abandonar la finca, comentó: «Bueno, ahora no hay más que darle nuestra confianza y colaborar, colaborar…».

El 30 de mayo de 1955 una autoridad destacada —José Antonio Elola, alma de las Juventudes Falangistas, consejero nacional y miembro de la Junta Política— menciona abiertamente, por primera vez en España, la formal perspectiva sucesoria del Príncipe Juan Carlos de Borbón.

Nadie comentó por entonces tan acertada hipótesis, que se formuló durante un discurso en Barcelona: «El sentido previsor de Franco —dijo Elola— le ha llevado a preocuparse de la educación de un príncipe que pueda recibir la herencia gloriosa del 18 de julio».

Antes de terminar el año 1955, Franco va a recoger ante el mundo el fruto de tantos años de tenacidad y fe en su propio futuro unido al futuro de España. El 3 de diciembre declara a la prensa extranjera: «España no tendrá relaciones con Rusia mientras la Unión Soviética siga sojuzgando países ayer soberanos o siga perturbando la vida de otras naciones». Desafía con ello abiertamente la posibilidad de un veto soviético para el eventual ingreso de España, a punto de discutirse, en la ONU. «La Monarquía —añade— no puede significar jamás el poder para los ricos, los aristócratas o determinados grupos o camarillas».

El 8 de diciembre, la Asamblea General de la ONU acuerda la admisión de España y otros 17 países al aprobar una propuesta canadiense por 52 votos a favor, 2 en contra y 7 abstenciones. Cuba y China nacional son los dos únicos países que votan, no contra España, como se apresuran a explicar, sino contra la admisión simultánea de cinco naciones comunistas. El 13 de diciembre la resolución pasa al Consejo de Seguridad para ser ratificada. Es la jornada de los vetos. China nacional veta a la Mongolia comunista; la URSS deja caer su veto sobre los trece países no comunistas (España incluida), uno a uno. España logra en el Consejo nueve votos favorables y una abstención. Victoria moral aparte, todas las esperanzas de victoria definitiva internacional parecían hundirse, cuando el 14 de diciembre ocurre un cambio dramático en el Consejo de Seguridad: la URSS propone a los demás «grandes» retirar sus vetos si se le garantiza la admisión de Mongolia y la exclusión del Japón.

Aceptado el trato, España va a entrar ese mismo día en la ONU que la condenara en aquel lejano diciembre de 1946; y para colmo de paradojas, va a entrar a propuesta de la Unión Soviética. Obtiene ahora diez votos a favor y una abstención; el día 15, la Asamblea General consagraba definitivamente el ingreso de España por un resultado espléndido para Franco: 55 votos a favor, ninguno en contra y dos abstenciones. Recae el dudoso honor del silencio sobre dos países que antaño fueron españoles: México y Bélgica. A Franco el éxito le parece simplemente una retractación; por eso no echa las campanas al vuelo.

Una noticia destacada, sí, pero no con exceso en los titulares de aquel mes de diciembre sería para el futuro de España, junto con los deshechos cerrojos de la ONU, la noticia del año 1955: el mismo día en que las Naciones Unidas reparaban la injusticia de 1946, el 15 de diciembre, juraba la bandera de España, en el patio de la Academia General de Zaragoza creada por Franco, un caballero cadete llamado Juan Carlos de Borbón y Borbón. Presidía el acto el ministro del Ejército, teniente general Muñoz Grandes, quien no hizo alusión alguna a la presencia del Príncipe.

RICARDO DE LA CIERVA Y HOCES. (Madrid, 9 de noviembre de 1926 - Madrid, 19 de noviembre de 2015). Licenciado y Doctor en Física, historiador y político español, agregado de Historia Contemporánea de España e Iberoamérica, catedrático de Historia Moderna y Contemporánea por la Universidad de Alcalá de Henares (hasta 1997) y ministro de Cultura en 1980.

Nieto de Juan de la Cierva y Peñafiel, ministro de varias carteras con Alfonso XIII, su tío fue Juan de la Cierva, inventor del autogiro. Su padre, el abogado y miembro de Acción Popular (el partido de Gil Robles), Ricardo de la Cierva y Codorníu, fue asesinado en Paracuellos de Jarama tras haber sido capturado en Barajas por la delación de un colaborador, cuando trataba de huir a Francia para reunirse con su mujer y sus seis hijos pequeños. Asimismo es hermano del primer español premiado con un premio de la Academia del Cine Americano (1969), Juan de la Cierva y Hoces (Óscar por su labor investigadora).

Ricardo de la Cierva se doctoró en Ciencias Químicas y Filosofía y Letras en la Universidad Central. Fue catedrático de Historia Contemporánea Universal y de España en la Universidad de Alcalá de Henares y de Historia Contemporánea de España e Iberoamérica en la Universidad Complutense.

Posteriormente fue jefe del Gabinete de Estudios sobre Historia en el Ministerio de Información y Turismo durante el régimen franquista. En 1973 pasaría a ser director general de Cultura Popular y presidente del Instituto Nacional del Libro Español. Ya en la Transición, pasaría a ser senador por Murcia en 1977, siendo nombrado en 1978 consejero del Presidente del Gobierno para asuntos culturales. En las elecciones generales de 1979 sería elegido diputado a Cortes por Murcia, siendo nombrado en 1980 ministro de Cultura con la Unión de Centro Democrático. Tras la disolución de este partido político, fue nombrado coordinador cultural de Alianza Popular en 1984. Su intensa labor política le fue muy útil como experiencia para sus libros de Historia.

En otoño de 1993, Ricardo de la Cierva creó la Editorial Fénix. El renombrado autor, que había publicado sus obras en las más importantes editoriales españolas (y dos extranjeras) durante los casi treinta años anteriores, decidió abrir esta nueva editorial por razones vocacionales y personales; sobre todo porque sus escritos comenzaban a verse censurados parcialmente por sus editores españoles, con gran disgusto para él. Por otra parte, su experiencia al frente de la Editora Nacional a principios de los años setenta, le sirvió perfectamente en esta nueva empresa.

De La Cierva ha publicado numerosos libros de temática histórica, principalmente relacionados con la Segunda República Española, la Guerra Civil Española, el franquismo, la masonería y la penetración de la teología de la liberación en la Iglesia Católica. Su ingente labor ha sido premiada con los premios periodísticos Víctor de la Serna, concedido por la Asociación de la Prensa de Madrid y el premio Mariano de Cavia concedido por el diario ABC.